CASO LEZO : UN POZO GENOVÉS SIN FONDO

  

Caso Lezo. Boletin nº 15. Las noticias.15.05.18
Caso Lezo. Boletin nº 14. Las noticias.15.04.18
Caso Lezo. Boletin nº 13. Las noticias.28.02.18
Caso Lezo. Boletin nº 12. Las noticias.31.01.18
Caso Lezo. Boletin nº 11. Las noticias.31.12.17
Caso Lezo. Boletin nº 10. Las noticias.30.11.17
Caso Lezo. Boletin nº 09. Las noticias.31.10.17
Caso Lezo. Boletin nº 08. Las noticias.30.09.17
Caso Lezo. Boletin nº 07. Las noticias.07.09.17
Caso Lezo. Boletin nº 06. Las noticias.31.07.17
Caso Lezo. Boletin n 05. Las noticias.05.06.17
Caso Lezo. Boletin 04. Las noticias.12.05.17
Caso Lezo. Boletin 03. Las noticias.27.04.17
Caso Lezo. Boletin 02. Las noticias.24.04.17
Caso Lezo. Boletin 01. Las noticias.21.04.17

LAS NOTICIAS

UN ARREPENTIDO ACUSA A CRISTINA CIFUENTES DE MANIPULAR EL FRAUDE DEL CANAL CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

EL ARREPENTIDO DE LEZO AFIRMA QUE DIRECTIVOS DEL CANAL COBRARON COMISIONES POR LA COMPRA DE INASSA

EL DELATOR DE 'LEZO' SEÑALA A IGNACIO GONZÁLEZ: "ESTÁ DE MIERDA HASTA AQUÍ"

EL DELATOR DE 'LEZO': "IGNACIO GONZÁLEZ ERA EL JEFE, DABA ÓRDENES A TODOS DE TODO"

EL ARREPENTIDO DE 'LEZO' DECLARA QUE GONZÁLEZ DIO UN CONTRATO MULTIMILLONARIO A UNA EMPRESA PARA ASEGURARSE SU SILENCIO

LA BÚSQUEDA DE LA “HABITACIÓN ACORAZADA” DEL ‘CASO LEZO’

EL JUEZ DEL CASO LEZO IMPUTA A GALLARDÓN POR LA COMPRA DE INASSA

JUEZ Y FISCAL INVESTIGAN EN COLOMBIA EL CASO LEZO DE LA ÉPOCA GALLARDÓN

EL JUEZ DE 'LEZO' CITA COMO TESTIGO AL EXCONSEJERO MADRILEÑO MANUEL LAMELA

EL JUZGADO DE ESTEPONA ENVÍA EL CASO DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ AL TRIBUNAL DEL ‘CASO LEZO’

LA JUSTICIA BUSCA EN DOCE PAÍSES EL BOTÍN DEL CASO LEZO

EL JUEZ RECHAZA EL RECURSO DEL PSOE PARA QUE CIFUENTES ENTREGUE LOS PAPELES DEL CANAL

“ESPEREMOS QUE NO TENGA NADA, SE PUEDE MONTAR LA DE DIOS”

VILLAR MIR INTENTA DINAMITAR LA INVESTIGACIÓN DEL SOBORNO A IGNACIO GONZÁLEZ ALEGANDO QUE LE SOMETIERON A ESCUCHAS ILEGALES

VILLAR MIR FALSIFICÓ CON SU MÉDICO QUE TENÍA GRIPE PARA NO ACUDIR ANTE LA GUARDIA CIVIL

EL JUEZ ENCARGA A LA UCO QUE DESCUBRA QUÉ MAGISTRADA DIO EL CHIVATAZO A GONZÁLEZ

LA FISCALÍA ESPERA EL RESULTADO DE VARIOS INFORMES PERICIALES SOBRE INASSA PARA CITAR A GALLARDÓN

EL TESTAFERRO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “SOY MUY AMIGUETE DEL MINISTRO DE JUSTICIA, JUEGO CON ÉL AL GOLF TODOS LOS MESES”

EL PSOE RECURRE UN AUTO SOBRE EL CASO LEZO AL "ATENTAR CONTRA LA DIVISIÓN DE PODERES"

EL PSOE CREE QUE LA JUSTICIA VIOLA "LA DIVISIÓN DE PODERES" AL NEGAR LOS PAPELES DEL CANAL

EL JUEZ CITA A DECLARAR COMO INVESTIGADO A IGNACIO GONZÁLEZ POR UN PRESUNTO AMAÑO EN UN CONTRATO DE UNA WEB DEL CANAL

GONZÁLEZ NO QUIERE QUE LA IGAE INVESTIGUE EL GOLF DEL CANAL Y EL TREN A NAVALCARNERO IGNACIO GONZÁLEZ

LÓPEZ MADRID ANOTÓ EN UNA AGENDA LA “INSTRUCCIÓN” DE GONZÁLEZ PARA QUE LE ADJUDICARAN MÁS OBRAS

UNA HUELLA LLEVA A VILLAR MIR DE NUEVO ANTE EL JUEZ DEL ‘CASO LEZO’

EL JUEZ DEL CASO LEZO DECIDIRÁ ANTES DE SEMANA SANTA SI IMPUTA A GALLARDÓN

PEDRO CALVO SEÑALA A CARLOS MAYOR OREJA POR LA COMPRA DE INASSA DESDE PANAMÁ Y EXCULPA A GALLARDÓN

ÉSTE ES EL AVAL DE 2,2 MILLONES QUE FIRMÓ EL CANAL CUANDO NO SE HABÍA AUTORIZADO LA COMPRA DE INASSA

GONZÁLEZ ENCARGÓ PERSONALMENTE A SU CUÑADA EN CUATRECASAS EL INFORME DE INASSA CONTRA GALLARDÓN

EL JUEZ PIDE QUE SE INVESTIGUE A MAURICIO CASALS POR OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA

EL CAREO ENTRE CASALS Y GONZÁLEZ NO DESVELA QUÉ MAGISTRADA DIO EL CHIVATAZO DEL ‘CASO LEZO’

GONZÁLEZ DONÓ 145.000 EUROS A SUS HIJAS PARA COMPRAR DOS PISOS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

JOSÉ MARÍA GARCÍA NIEGA QUE HABLARA DE VILLAR MIR AL REFERIRSE A LOS SOBORNOS DE UN CONSTRUCTOR AL PP

LA FISCALÍA A UN IMPUTADO: "¿RECIBIÓ INSTRUCCIONES DE AGUIRRE PARA ADJUDICAR EL CONTRATO A OHL?"

EL JUEZ PERMITE A IGNACIO GONZÁLEZ Y EL NÚCLEO DURO DE LEZO EXPURGAR LOS DATOS PERSONALES DE LOS MÓVILES INTERVENIDOS

PABLO GONZÁLEZ SE NIEGA A DECLARAR ANTE LA ASAMBLEA DE MADRID POR EL CASO LEZO

CASO LEZO: DESFILE DE EMPLEADOS DEL GRUPO VILLAR MIR ANTE LA GUARDIA CIVIL

LA CITACIÓN DE CIFUENTES EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN "NO ERA CONTRARIA A DERECHO"

LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DECIDEN APLAZAR LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES

EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID

CIFUENTES TENÍA DESDE AGOSTO AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PARA DAR LAS ACTAS DEL CANAL A LA OPOSICIÓN Y LAS SIGUIÓ NEGANDO

PEDRO CALVO RESPONSABILIZA A GONZÁLEZ Y TIENE TIEMPO DE IRONÍAS CON EL JUEZ

UN EXCONSEJERO DEL CANAL CONFIESA ANTE EL JUEZ QUE SOSPECHÓ DE LA COMPRA DE INASSA

LOS CONSEJEROS DEL CANAL DICEN QUE NO SABÍAN QUE INASSA SE COMPRÓ A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA

EL JUEZ, CONTRA LA ‘AMNESIA’ DE UN IMPUTADO DEL CANAL: “¿SI FUERA CON SU DINERO SE ACORDARÍA?”

UN TESTIGO DEL PELOTAZO DEL CANAL EN ÉPOCA DE GALLARDÓN: "SE APROBÓ SIN NINGUNA DOCUMENTACIÓN"

EL JUEZ ARRANCA LA FASE CLAVE PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE GALLARDÓN EN EL PRIMER PELOTAZO DEL CANAL

UN AUTO JUDICIAL DE HACE SOLO DOS MESES INCLUÍA A GALLARDÓN COMO "INVESTIGADO" EN 'LEZO'

JUAN BRAVO DEFIENDE ANTE EL JUEZ LA COMPRA DE INASSA POR EL CANAL DE ISABEL II

LOS TÉCNICOS DESMONTAN LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL PARA IMPUTAR A LA CÚPULA DE GALLARDÓN EN EL CANAL

UN INFORME DESACONSEJÓ LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA

EL JUEZ ORDENA A LA UCO DEVOLVER LOS COCHES DE IGNACIO GONZÁLEZ QUE USAN LOS AGENTES

MAURICIO CASALS NIEGA EL CHIVATAZO DE LA "MAGISTRADA AMIGA" SOBRE LOS PINCHAZOS TELEFÓNICOS A LOS INVESTIGADOS EN 'LEZO'

VILLAR MIR ACUDE A LA GUARDIA CIVIL PARA QUE LE TOMEN LAS HUELLAS

EL CONTABLE DE LA EMPRESA PANTALLA EN EL PELOTAZO DEL GOLF DESMONTA LA COARTADA DE IGNACIO GONZÁLEZ

UN SOCIO DE LA FIRMA QUE MONTÓ EL GOLF DEL CANAL DECLARA QUE LA EMPRESA DE LOS GONZÁLEZ ESTABA EN EL PROYECTO PARA "ROBAR Y MALVERSAR"

LA UCO INVESTIGA ADJUDICACIONES DEL CANAL POR 138 MILLONES A UN IMPUTADO EN 'LEZO'

IGNACIO GONZÁLEZ SOSTIENE QUE LA CONFESIÓN DE EDMUNDO RODRÍGUEZ SE CONSIGUIÓ BAJO AMENAZAS

EL JUEZ RECONSTRUYE EL PILLAJE DEL CANAL DE ISABEL II TRAS LA COMPRA DE UNA EMPRESA RUINOSA EN BRASIL

POR QUÉ GALLARDÓN SE HA ‘SALVADO’ DE DECLARAR COMO INVESTIGADO POR LA LEZO?

LO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE SEPAS DEL CASO LEZO

DIMITE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL 'CASO LEZO'

EL JUEZ DE LEZO CERCA A GALLARDÓN E IMPUTA A TODA LA CÚPULA DEL CANAL DURANTE SU PRESIDENCIA

EL FISCAL RECLAMA A CIFUENTES EL EXPEDIENTE QUE IMPLICA A GALLARDÓN EN EL ‘CASO LEZO’

ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ AL JUEZ NUEVAS PESQUISAS PARA RESOLVER SI CITA A GALLARDÓN COMO IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'

IGNACIO GONZÁLEZ PIDE EXCLUIR DEL CASO SUS AGENDAS CON DATOS SOBRE "PERSONAS Y EMPRESAS DE RELEVANCIA PÚBLICA"

 HACIENDA DETECTA QUE INDRA PAGÓ 3,3M POR TRABAJOS ILOCALIZABLES A UN PROVEEDOR DEL PP

LA FISCALÍA PIDE IMPUTAR A GALLARDÓN Y AGUIRRE

LA FISCALÍA SIGUE SIN PEDIR QUE GALLARDÓN DECLARE COMO IMPUTADO EN 'LEZO' 10 MESES DESPUÉS DE QUE LA AUDIENCIA DIESE VÍA LIBRE

EL NÚMERO DOS DE GONZÁLEZ EN EL CANAL CALIFICÓ DE "ALTAMENTE IRREGULAR" LA OPERACIÓN POR LA QUE SE INVESTIGA A GALLARDÓN EN 'LEZO'

LA FISCALÍA INVESTIGA A 29 EX ALTOS CARGOS DE GALLARDÓN POR EL PRIMER EXPOLIO DEL CANAL

IGNACIO GONZÁLEZ PIDE EXCLUIR DEL CASO SUS AGENDAS CON DATOS SOBRE "PERSONAS Y EMPRESAS DE RELEVANCIA PÚBLICA"

ZAPLANA, A IGNACIO GONZÁLEZ: "DICE AZNAR QUE HABLES CON CATALÁ PARA ASEGURAR EL PUESTO DE FISCAL JEFE EN LA AUDIENCIA"

LÓPEZ MADRID ACUSA A GONZÁLEZ DE "PREFABRICAR" UNA ACUSACIÓN CONTRA SU SUEGRO PORQUE SABÍA QUE ERA GRABADO

EL JUEZ ACUSA A IGNACIO GONZÁLEZ DE TAPAR LOS DELITOS DEL CANAL EN LA ETAPA DE GALLARDÓN

IGNACIO GONZÁLEZ ABANDONA LA CÁRCEL DE SOTO DEL REAL

EL JUEZ DE 'LEZO' RECLAMÓ A LA COMUNIDAD EL "EXPEDIENTE COMPLETO" DEL CAMPO DE GOLF Y SE INVESTIGA SI AGUIRRE PREVARICÓ

ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ INVESTIGAR A GALLARDÓN POR “DEPREDAR” EL DINERO DE MADRID

GALLARDÓN, A LAS PUERTAS DE SER IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'

LA UCO PIDIÓ INTERVENIR EL 'MAIL' DE GALLARDÓN DÍAS ANTES DE QUE ESTALLARA LEZO

ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE INASSA" POR EL CANAL

LA BÚSQUEDA DEL SUPUESTO PAGO EN SUIZA A IGNACIO GONZÁLEZ ABRE UNA LÍNEA DE CONEXIÓN ENTRE 'LEZO' Y 'GÜRTEL'

EL JUEZ QUE INVESTIGA A IGNACIO GONZÁLEZ PIDE INFORMACIÓN DE UN PAGO DE 50.000 EUROS A BÁRCENAS

EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA, CAZADO CON IGNACIO GONZÁLEZ

LA UCO CONCLUYE QUE INDRA DESVIÓ 600.000 EUROS PÚBLICOS AL PP CON EMPRESAS PANTALLA

VILLAR MIR, INVESTIGADO POR EL SUPUESTO SOBORNO A IGNACIO GONZÁLEZ EN EL 'CASO LEZO', SE OFRECE A COOPERAR

EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA LOS SOBORNOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ EN FALSO SERVICIOS JURÍDICOS A UNA VIUDA AMIGA

CIFUENTES DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE GONZÁLEZ, SIN NOMBRARLE

EL PADRE DE IGNACIO GONZÁLEZ Y LA HIJA DE EDMUNDO RODRÍGUEZ, LOS PRIMEROS DE LOS 51 INVESTIGADOS EN DECLARAR

DOBLE VARA DE MEDIR DE CIFUENTES: ABOGADOS PRIVADOS PARA LEZO Y LA PÚNICA, LA DEJA EN CASA

EL JUEZ DE LEZO ESCUCHARÁ AL TESTIGO CLAVE DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

UN EMPRESARIO AMIGO DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ 139 MILLONES AL CANAL

EL 'NÚMERO DOS' DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA AL JUEZ EL COBRO DE COMISIONES EN SUIZA

TRASLADAN A IGNACIO GONZÁLEZ AL MÓDULO DE LOS UNIVERSITARIOS

VILLAR MIR ESTRENARÁ LA TEMPORADA DE LEZO: EL JUEZ RECHAZA SU RECURSO

LA AUDIENCIA NACIONAL MANTIENE EN UNA "NECESARIA" PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ

EL JUEZ ANDREU ACEPTA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID SEA ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL 'CASO LEZO'

MALAS NOTICIAS PARA CIFUENTES Y EL PP DE MADRID. CARMENA ESTARÁ PERSONADA EN LA LEZO

REGISTRAN LA CAJA FUERTE DE UN CARGO DE AZNAR SOSPECHOSO DE OCULTAR FONDOS DE GONZÁLEZ

EL CANAL BUSCA ABOGADOS PRIVADOS PARA SU DEFENSA EN 'LEZO'

LOS CINCO MOTIVOS QUE MANTIENEN A IGNACIO GONZÁLEZ EN PRISIÓN INCONDICIONAL

LESMES IMPONE AL JUEZ DE REFUERZO DE LEZO Y EVITA QUE INVESTIGUE EL MAGISTRADO QUE AUTORIZÓ LAS ESCUCHAS A LA TRAMA

EL JUEZ MANTIENE LA PRISIÓN INCONDICIONAL PARA IGNACIO GONZÁLEZ

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SEPARA A IGNACIO GONZÁLEZ Y EDMUNDO RODRÍGUEZ SOBRINO POR DECISIÓN DEL JUEZ DEL 'CASO LEZO'

GONZÁLEZ SE EXPLICA ANTE EL JUEZ PERO NO SOLICITA TODAVÍA SU LIBERTAD

PABLO GONZÁLEZ SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR LA FIANZA DE 200.000 EUROS

LA EX DIRECTORA FINANCIERA DEL CANAL SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR UNA FIANZA DE 100.000 EUROS

EL NÚMERO 2 DE LA TRAMA LEZO EVITA IMPLICAR A IGNACIO GONZÁLEZ

EL HERMANO DE GONZÁLEZ, IMPUTADO A LA PAR POR CORRUPCIÓN EN DOS JUZGADOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

UN JUZGADO PIDE LA GRABACIÓN DEL CHIVATAZO A LA 'TRAMA LEZO' DE LA "MAGISTRADA AMIGA"

CANAL DE ISABEL II: EL JUEZ DICE QUE LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE PANAMÁ FUE “FRAUDULENTA”

VILLAR MIR NIEGA PAGOS A GONZÁLEZ POR EL TREN DE NAVALCARNERO: "FUE RUINOSO PARA OHL"

LEZO: EL SUMARIO QUE DESNUDÓ LA POLÍTICA MADRILEÑA, LAS MANIOBRAS DEL PP EN LA JUSTICIA Y A EJECUTIVOS DE LA PRENSA

EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “PAPÁ, CUANTO MÁS DISCRETO SE SEA... MEJOR”

EL NUEVO JUEZ DE LEZO Y PÚNICA PIDE AYUDA PARA EVITAR QUE COLAPSE EL JUZGADO

LA GUARDIA CIVIL REGISTRÓ UNA CITA ENTRE IGNACIO GONZÁLEZ Y GALLARDÓN TRAS LOS PRIMEROS ESCÁNDALOS DEL CANAL

EL FISCAL VE 66 MILLONES DE "PLUSVALÍAS ILÍCITAS" EN EL PELOTAZO DEL CANAL EN LA ERA GALLARDÓN

HACIENDA CORROBORA LOS INDICIOS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA OPERACIÓN LEZO

ARTURO FERNÁNDEZ LLAMÓ A GONZÁLEZ EL DÍA QUE DECLARÓ ANTE EL JUEZ PREOCUPADO POR FUNDESCAM

GONZÁLEZ SE LAMENTÓ ANTE AGUIRRE DEL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES: "LA MANO DE CRISTINITA"

ZOIDO A GONZÁLEZ: "OYE, YO ME TOMO UN CAFÉ QUE QUIERO HABLAR CONTIGO"

LOS CINCO FRENTES DE LA OPERACIÓN LEZO QUE AMENAZAN A GALLARDÓN

GONZÁLEZ OCULTÓ DESDE SU LLEGADA AL GOBIERNO UN INFORME EXCLUSIVO PARA ÉL QUE PONÍA EN EL DISPARADERO AL EQUIPO DE GALLARDÓN

IGNACIO GONZÁLEZ SEGUIRÁ EN PRISIÓN ANTE EL RIESGO DE FUGA Y DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS

ACEBES, A GONZÁLEZ: CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN "NOS PUEDEN HACER PASAR UN MAL RATO"

INVESTIGAN A LA HERMANA DIPUTADA DE GONZÁLEZ POR DAR CONTRATOS A DEDO A EMPRESAS DE LA PÚNICA

UN JUZGADO DE MADRID INVESTIGA QUIÉN FUE LA MAGISTRADA “AMIGA DE LA CASA” QUE DIO EL CHIVATAZO DE LEZO A MAURICIO CASALS

ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS EN SUIZA DEL EX JEFE DE GABINETE DE VILLALOBOS

LA UCO INVESTIGA A TODO EL GOBIERNO DE GALLARDÓN DE 2001: CORTÉS, COBO, CALVO...

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID "NO RECUERDA" SI PRESIDIÓ LA EMPRESA COLOMBIANA QUE INVESTIGA EL JUEZ VELASCO

ESTOS SON LOS 52 INVESTIGADOS EN LA OPERACIÓN LEZO

LOS CABECILLAS DE LEZO SABÍAN SEIS MESES ANTES DE SU ARRESTO QUE ANTICORRUPCIÓN CURSABA UNA COMISIÓN A SUIZA

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA LOS INGRESOS DE GALLARDÓN POR EL CASO DEL CANAL

LAS FILTRACIONES DEL ‘CASO LEZO’

ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE INASSA" POR EL CANAL

EL CEREBRO DE LA OPERACIÓN ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NO HUBO ERROR AL HABLAR DEL CHIVATAZO DEL SECRETARIO DE ESTADO", SEGÚN LOS INVESTIGADORES

LA FISCAL DEL 'CASO LEZO' ACLARA QUE EN SU ESCRITO NO QUERÍA IMPUTAR NINGÚN DELITO A NIETO POR EL 'CHIVATAZO'

INTERIOR PIDE A LA FISCALÍA QUE ACLARE SI ACUSA AL SECRETARIO DE ESTADO DEL CHIVATAZO A IGNACIO GONZÁLEZ

NIETO COINCIDIÓ CUATRO AÑOS CON IGNACIO GONZÁLEZ EN LA DIRECCIÓN DE CASA ÁRABE PERO SOSTIENE QUE "NUNCA" HABLARON NI SE REUNIERON

OHL ADMITE TRANSFERENCIAS DE 1,8 MILLONES DE EUROS A LA CUENTA SUIZA QUE EL JUEZ VINCULA A IGNACIO GONZÁLEZ

IGNACIO GONZÁLEZ PIDE SALIR DE LA CÁRCEL PORQUE SU HIJA SE CASA Y NO PIENSA FUGARSE

"TABOADA ME LO DEBE TODO": GONZÁLEZ INTENTÓ LLEGAR A LA CÚPULA DE SU ENEMIGA CIFUENTES

LA “PRÁCTICA CRIMINAL MAFIOSA” DE IGNACIO GONZÁLEZ SA: CONTROL DE FISCALÍA, POLICÍA Y MEDIOS

GONZÁLEZ MANIOBRÓ CON UN EXVOCAL DEL CGPJ VINCULADO AL PP PARA COLOCAR A FISCALES AFINES

LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES

LA UCO GRABÓ A GONZÁLEZ Y A SU HERMANA DIPUTADA INTENTANDO EVITAR LA OPERACIÓN LEZO

UN JUEZ DEL TS PIDIÓ A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE CONTRATADA POR GONZÁLEZ

EL DENUNCIANTE DEL JUEZ VELASCO PIDE QUE SE INVESTIGUE SI HABLÓ CON SALVADOR VICTORIA PARA COLOCAR A SU MUJER

EL CGPJ INVESTIGARÁ SI EL JUEZ VELASCO SOLICITÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO GONZÁLEZ

DENUNCIAN ANTE EL CGPJ AL JUEZ VELASCO PARA DETERMINAR SI PIDIÓ A GONZÁLEZ QUE COLOCARA A SU MUJER

ESPERANZA AGUIRRE DIMITE DE TODOS SUS CARGOS PÚBLICOS

EL PP RECIBIÓ VARIAS DENUNCIAS SOBRE GONZÁLEZ Y NO INVESTIGÓ NADA

EL PSOE Y CIUDADANOS SE UNEN PARA REPROBAR Y PEDIR EL CESE DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

COLECTIVOS Y PARTIDOS POLÍTICOS SE QUERELLAN CONTRA AGUIRRE POR ENCUBRIMIENTO EN EL MARCO DE LA 'OPERACIÓN LEZO'

GONZÁLEZ MANIOBRÓ PARA ECHAR AL JUEZ VELASCO: “TENEMOS AL GOBIERNO, AL MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE LE MANDEN A ESCARBAR CEBOLLINOS”

IGNACIO GONZÁLEZ SABÍA CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN QUE MOIX IBA A SER EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

EL DIPUTADO QUE DESTAPÓ LA CORRUPCIÓN: "DENUNCIÉ AL PP LA CUENTA SUIZA DE GONZÁLEZ Y AGUIRRE LO VIO UNA TRAICIÓN"

CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"

EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE CIERREN PRONTO LOS LÍOS”

LA OPERACIÓN LEZO CONTAMINA LAS INSTITUCIONES Y ARRINCONA AL GOBIERNO

LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO

LA AUDIENCIA EVITÓ POR UN DÍA LA PRESCRIPCIÓN DE IRREGULARIDADES DE LA ETAPA GALLARDÓN

EL JUEZ DE LA OPERACIÓN LEZO INVESTIGA A EDUARDO ZAPLANA

"EL ENCUENTRO HA SIDO MUY INTERESANTE. TE LO CONTARÉ PERO NO POR TELÉFONO"

EL AUTO QUE ENVÍA A PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ DESTAPA UN ESCENARIO DE SAQUEO GENERAL Y COMPLICIDADES

¿QUIÉN ES LA PERIODISTA QUE IGNACIO GONZÁLEZ ‘COLOCÓ’ EN TVE PARA LAVAR SU IMAGEN?

LA GUARDIA CIVIL, A LA CAZA DEL CHIVATO QUE ALERTÓ A IGNACIO GONZÁLEZ DE SU DETENCIÓN

EL AUTO QUE DESTAPA EL JUEGO SUCIO DEL PP

IGNACIO GONZÁLEZ: “LO DE 2001 SÍ QUE FUE UN PELOTAZO”

VELASCO CONCLUYE QUE GONZÁLEZ SE VALIÓ DE MAURICIO CASALS “PARA OBTENER INFORMACIÓN SENSIBLE” DEL CASO

ELOY VELASCO, JUEZ DE LA 'OPERACIÓN LEZO': "ASÍ NO PUEDO HACER BIEN MI TRABAJO. HE PEDIDO OTRO DESTINO"

BÁRCENAS Y LAPUERTA PAGARON A UN DETECTIVE POR LA PISTA QUE ARRANCÓ LA INVESTIGACIÓN CONTRA GONZÁLEZ

LA ACUSACIÓN QUE HA SENTADO A RAJOY COMO TESTIGO EN GÜRTEL SE PERSONA CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

PODEMOS Y PSOE SE PERSONAN COMO ACUSACIÓN POPULAR EN LA TRAMA DE IGNACIO GONZÁLEZ

CIFUENTES SE DESVINCULA EN TWITTER DE LA CORRUPCIÓN EN TORNO AL CANAL DE ISABEL II

LA 'OPERACIÓN LEZO' DISPARA EL MALESTAR ENTRE LOS FISCALES POR EL DETERIORO EN ANTICORRUPCIÓN DESDE EL NOMBRAMIENTO DE MOIX

LAS CUATRO OPERACIONES QUE LLEVAN A IGNACIO GONZÁLEZ A PRISIÓN

LO QUE SE SABE SOBRE LA OPERACIÓN LEZO

LA TRAMA DE GONZÁLEZ DESVIÓ 23,3 MILLONES DE "DINERO MADRILEÑO" A CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES

EL PSOE SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL “CASO LEZO”

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN IMPONE RETIRAR LA ACUSACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL A IGNACIO GONZÁLEZ

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

MANUEL MOIX, NUEVO TROPEZÓN TRAS UN NOMBRAMIENTO CONTROVERTIDO

ASOCIACIONES DE FISCALES CREEN QUE LA 'REBELIÓN' EN ANTICORRUPCIÓN POR EL 'CASO LEZO' DESAUTORIZA A MOIX

MERCASA CESA AL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y A OTRA DIRECTIVA Y SU PRESIDENTE DIMITE

CIFUENTES NIEGA ANTE EL JUEZ HABER SIDO COACCIONADA POR MARHUENDA Y CASALS

DETENIDO EL EMPRESARIO JAVIER LÓPEZ MADRID POR FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP

LÓPEZ MADRID, EL "COMPI YOGUI" DE LA REINA CAÍDO EN DESGRACIA

UN EMPRESARIO APORTA DATOS SOBRE UNA COMISIÓN DE OHL PAGADA EN SUIZA POR EL TRANVÍA DE NAVALCARNERO

DRAGADOS PAGÓ TRES MILLONES A LA EMPRESA DE LA FAMILIA GONZÁLEZ EN EL CAMPO DE GOLF DEL CANAL

CASALS A GONZÁLEZ: "EDMUNDO ESTÁ ACOJONAO. UNA MAGISTRADA AMIGA DE LA CASA HA LLAMADO PARA DECIR QUE NOS GRABAN"

INVESTIGAN SI GALLARDÓN COMPRÓ UNA FILIAL DEL CANAL POR 11 VECES SU PRECIO

LAS SEIS GRANDES FIRMAS INVESTIGADAS POR LA UCO EN LA OPERACIÓN LEZO

MARHUENDA NIEGA COACCIONES A CIFUENTES: "SOLO QUERÍA AYUDAR A UN AMIGO DESESPERADO"

IGNACIO GONZÁLEZ ALABÓ LA AFINIDAD CON EL PP DEL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN EN UN PINCHAZO CON ZAPLANA

EL EMPRESARIO DE LA 'JET SET' ADRIÁN DE LA JOYA, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO POR MEDIAR EN EL PAGO DE UNA COMISIÓN DE OHL

REGISTRAN LA SEDE DE OHL POR UNA COMISIÓN DE 1,4 MILLONES DESTINADA A IGNACIO GONZÁLEZ

LA HERMANA DE IGNACIO GONZÁLEZ, "DESTROZADA", ACUDE A LA ASAMBLEA

LA UCO CREE QUE GONZÁLEZ BLANQUEÓ DINERO A TRAVÉS DE SU PADRE, DE 90 AÑOS, QUE SE ENCUENTRA EN ARRESTO DOMICILIARIO

CAEN IGNACIO GONZÁLEZ Y SU CLAN FAMILIAR TRAS UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS IMPUNES

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

OHL, INDRA E IMC, ENTRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA ENTRADO LA GUARDIA CIVIL

IGNACIO GONZÁLEZ Y SEIS DE SUS COLABORADORES PASAN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS

EL JUEZ INVESTIGA AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR DE ‘LA RAZÓN’ POR COACCIONES A CIFUENTES

CIFUENTES PREFIERE DECLARAR POR ESCRITO ANTE EL JUEZ

CIFUENTES ESTABA EN EL CONSEJO DEL ENTE DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ETAPA DE IGNACIO GONZÁLEZ

CUANDO ESPERANZA AGUIRRE PONÍA "LA MANO EN EL FUEGO" POR IGNACIO GONZÁLEZ


UN ARREPENTIDO ACUSA A CRISTINA CIFUENTES DE MANIPULAR EL FRAUDE DEL CANAL CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

Un arrepentido acusa a Cifuentes de manipular en Lezo para perjudicar a González

El ex director de Negocios de Inassa, la empresa del Canal de Isabel II en Latinoamérica, ha acusado al Gobierno de Cristina Cifuentes de "manipular" las tasaciones de la adquisición de empresas para perjudicar a Ignacio González.

Diego Arias, que ha decidido colaborar con la Justicia para desentrañar el presunto pago de comisiones en la expansión de la empresa madrileña de aguas en Latinoamérica, relató hace varios meses a la Fiscalía Anticorrupción que fue forzado por el Ejecutivo regional del PP que dirigía Cifuentes para "manipular por un tema político" la valoración de la empresa brasileña Emissao, adquirida en 2013. De esta forma, siempre según su versión, se engordaba el escándalo.

Arias lanza en su comparecencia lo que él mismo denomina como una "grave acusación" contra el actual director de la empresa de aguas madrileña, Rafael Prieto, al que señala como la persona que le dio la orden de manipular la tasación a la baja para aparentar que el Gobierno que presidía González adquirió la sociedad con un importante sobreprecio.

Por su parte, fuentes de la empresa de aguas madrileña han negado tajantemente en declaraciones a este periódico que se le diera semejante instrucción a Arias. Por el contrario, señalan que se trata de "un delincuente confeso", en referencia a que ha admitido que cobró comisiones por la compra de Emissao que, por tanto, "no tiene ninguna credibilidad" y consideran "lógico" que arremeta contra quienes han instado su encarcelamiento por parte de la Audiencia Nacional.

Un ex directivo del Canal asegura que ordenó "manipular" información contra el ex presidente

"No sé si actuó inducido por [Ángel] Garrido -actual presidente de la Comunidad de Madrid- o por Cifuentes para manejar un tema político en el precio", razonó el ex directivo de la empresa pública madrileña en Latinoamérica en relación con la petición que asegura que le hizo Prieto.

"Cuando salió lo que Canal está diciendo le dije a Rafael: 'Tú sabes que Emissao no vale eso'", explicó Arias a la Fiscalía Anticorrupción. "A nosotros nuestra valoración nos daba alrededor de 24 millones de dólares -el Canal la compró en 2013 por unos 25 millones de euros-", añadió. "Me llamó entonces el director financiero del Canal y me dijo: 'Diego, nosotros estamos haciendo una versión que nos da 10 millones de dólares'". "¡Cómo me vas a salir con eso!", asegura que le replicó.

"Me dijeron que esa valoración no se debía mover de ahí por orden de Rafael Prieto porque lo iban a mandar al juzgado y no podían quedar mal". "Yo dije: 'No me presto para esto'". Tras la disputa, Arias señala que el Canal contrató a Deloitte cuyo dictamen, añade Arias, "también fue manipulado por Canal" y "no querían que se viera".

En relación con este apartado las mismas fuentes oficiales del Canal de Isabel II consultadas por este periódico admiten que "hubo discrepancias en las valoraciones iniciales", que técnicamente se califican como "test de deterioro", pero que en ningún caso se le impuso a Arias que fijara una cifra concreta.

Arias añadió que Prieto llegó a presentar su dimisión "porque lo están presionando". "Se quiere ir", agregó. Al mismo tiempo señaló que el director financiero del Canal "también se quiere ir porque le están presionando".

Sostiene que le obligaron a tasar Emissao en un tercio de su valor

En alusión a este último, señaló que le confesó en una ocasión que había "un grupo de intelectuales" que rodeaban a Cristina Cifuentes. "Cuatro gerentes que venían de empresas privadas y forman un cónclave que se reúne todas las semanas en un sitio". "Ahí decidían la información que se mandaba a la prensa para apoyar a la jefa", añadió. "Aquí ha habido manipulación de información toda la que usted quiera", apostilló el arrepentido colombiano.

Por otra parte, desvinculó a Alberto Ruiz-Gallardón de cualquier irregularidad del Canal y subrayó que nunca escuchó hablar de él.

Arias ha asegurado que el ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica le contó lo mismo que Edmundo Rodríguez Sobrino relató en sede judicial en relación con Ignacio González. Es decir, que él mismo cobró una comisión y que una parte iba destinada al ex presidente madrileño.

Rodríguez Sobrino, tal y como desveló EL MUNDO, percibió 2,5 millones de dólares de comisión y sostiene que una parte iba destinada a González, aunque también ha asegurado que no retiró el dinero.

http://www.elmundo.es/espana/2018/05/12/5af5e5a646163f40148b45dc.html

EL ARREPENTIDO DE LEZO AFIRMA QUE DIRECTIVOS DEL CANAL COBRARON COMISIONES POR LA COMPRA DE INASSA

Diego García Arias sostiene que Edmundo Rodríguez Sobrino le confesó que el exdirector gerente, Arturo Canalda, el directivo Gaspar Cienfuegos y otras dos personas, percibieron mordidas por la compra de la empresa colombiana en 2001, aunque asegura que a él "no le consta" el cobro de comisiones. Canalda lo niega en la SER. El arrepentido también exculpa a Alberto Ruiz Gallardón del cobro de comisiones

Anticorrupción Carlos Yáñez en el interrogatorio practicado en Colombia, que el exdirector gerente del Canal Isabel II, Arturo Canalda, el exdirector económico de la misma empresa pública, Gaspar Cienfuegos y otras dos personas a las que no logra identificar, se llevaron comisiones por la compra de la colombiana Inassa en 2001.

http://cadenaser.com/ser/2018/05/11/tribunales/1526040763_910776.html

EL DELATOR DE 'LEZO' SEÑALA A IGNACIO GONZÁLEZ: "ESTÁ DE MIERDA HASTA AQUÍ"

Afirma que el número 2 del expresidente González, Edmundo Rodríguez, “siempre” le dijo que estos cuatro cobraron por la compra de Inassa.

La SER se ha puesto en contacto con Arturo Canalda, quien niega este extremo. Sostiene que no ha cobrado una comisión "en su vida". Por otra parte, el arrepentido de Lezo exculpa a Alberto Ruiz Gallardón. Dice que ni Edmundo Rodríguez ni Ignacio González mencionaron que hubiera cobrado nunca comisiones por esta operación. La adquisición de Inassa ha provocado la imputación de Gallardón, que comparecerá ante el juez el próximo 7 de junio.

En su declaración de este viernes ante el juez De Egea en la Audiencia Nacional, García Arias ha puntualizado según fuentes jurídicas, que a él “no le consta” directamente que ni Canalda ni el resto de mencionados cobrasen las comisiones por la compra de Inassa en 2001. García Arias, tal y como aseveró el pasado mes de noviembre en Colombia, reproducía lo que según asegura, afirmó el expresidente de la filial latinoamericana del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino.

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EL DELATOR DE 'LEZO': "IGNACIO GONZÁLEZ ERA EL JEFE, DABA ÓRDENES A TODOS DE TODO"

En la cúspide de la trama del Canal de Isabel II, Ignacio González, lo controlaba todo: quiénes llevaban el negocio, la cuantía de las comisiones y la parte de cada uno en el reparto. Es la confesión del exdirector de negocios de Inassa, Diego García Arias, en diciembre de 2017 en la cárcel de La Picota, en Bogotá (Colombia) ante el juez y fiscal que instruían entonces el caso Lezo, Eloy Velasco y Carlos Yáñez. Es la confesión más completa conocida hasta ahora de la operativa que afecta directamente al expresidente de Madrid.

El exempleado de Inassa, Diego García Arias, detenido en agosto de 2017 tras la explotación del caso, relató desde prisión, cómo se llevó a cabo la compra de Emissao por parte del Canal. En la declaración, a cuya grabación ha tenido acceso la Cadena SER, arrancó directamente por las presuntas mordidas. "Ignacio González dio el siguiente reparto". Y comienza el relato. "Edmundo me dice en Barranquilla, 'Diego, se ha acordado que la comisión es de 6 millones de dólares por la operación de Emissao'", convencido de que el expresidente madrileño "tenía información de lo que iban a pagar de comisión con la empresa Essentium y se la trasladó a Edmundo".

El exnúmero dos de Ignacio González en Colombia y gerente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, continuó. "Esa es la comisión que deben pagar, ya está hablado, solo te tienes que reunir con él. Tres millones de dólares tienen que ser para España y tres millones para Colombia, yo me encargo de repartir esta parte. De la parte de España son dos para mí, es decir, para Ignacio González, y otra parte para la persona que me ha ayudado mucho y me trajo el negocio, Luis Vicente Moro (exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta). Dos y uno -en referencia a los 3 millones de euros-".

El arrepentido asegura que González preguntó a Edmundo Rodríguez cómo iba a repartir la parte de Colombia y se preocupó por el papel de Diego García. "Le dijo, es de mi total confianza. Edmundo me lo contó como cosas clave de la conversación".

Mordidas sin IVA

En la compra del Canal de Isabel II de la sociedad local Emissao por 30 millones de dólares, Diego Arias explica al juez Eloy Velasco cómo el empresario brasileño y dueño de la empresa Emissao, Sebastiao Cristovam, rebajó la comisión a 5,4 millones de dólares. Él le llegó a decir: "Sebastiao esa es la orden que tengo yo, tú me tienes que cumplir. - No Diego, además yo tengo que pagar impuestos (en Brasil) - ¿Qué tienes que pagar de impuestos? - El 10%. - Vale, descuenta los seis millones de ahí". Y continúa "Esa decisión la tomo yo, a estos les digo que hay que descontar los impuestos". Finalmente, el empresario brasileño pagó todas las comisiones en un plazo de seis meses.

Las cuantías de las mordidas quedaron presuntamente de la siguiente manera. "1,8 millones para Ignacio González y 900.000 para cuatro personas, que éramos Diego García (en referencia a él mismo), Edmundo Rodríguez, Luis Vicente Moro y Ramón Navarro. Entonces Edmundo me dice: la parte de Ignacio González la voy a recibir yo porque Ignacio está de mierda hasta aquí, no tiene cómo procesar dinero y no tiene como sacar, no tiene como hacer nada y me ha pedido que sea yo quien lo tenga". En 2014 Ignacio González, al frente de la presidencia del gobierno de Madrid, ya estaba siendo investigado por un delito de blanqueo en la compra del ático de lujo en Estepona.

El fiscal, Carlos Yáñez, pregunta al investigado si conoce el acuerdo interno al que llegaron Ignacio González y Edmundo Rodríguez sobre cuándo o cómo se lo iba a devolver. "A Ignacio González desde que sale de la Comunidad de Madrid y le investigan por lo del ático le saltan todas las alarmas. Edmundo estaba desesperado por tener ese dinero, eso me consta a mí. En la conversación que tuvimos en la oficina personal de Ignacio González, nos sentamos en la cocina. Edmundo le dice a Ignacio -Tenemos que hablar del tema de Emissao, dime qué hago macho". Y concluye "No tengo ninguna duda de que haya dinero para Ignacio González".

Sobre Ignacio González el fiscal preguntó expresamente qué papel le atribuía. "El jefe, el que organizó todo, el que dio la orden, el que trajo a la empresa desde Emissao, el que repartió las comisiones, el que dio la orden a todo el mundo de todo". El fiscal insiste "- ¿Lo sitúa usted en la cúspide de la organización? - Si" remata.

¿Y sobre el papel de Edmundo Rodríguez? continúa el fiscal. "El segundo de Ignacio González, mi jefe. Ellos no eran amigos. Se hicieron amigos a raíz de la salida de Javier Soler (consejero de Extensia hasta el año 2009), el verdadero amigo de González, ellos lo hacían todo juntos".

Suiza y Panamá

En noviembre de 2013, Diego García, con autorización y los poderes de Edmundo Rodríguez, firma la compra de Emissao por 30 millones de dólares. La financiera de Inassa, Rosario Pérez, le dio las instruccciones sobre la forma de pago ya que el dinero para comprar Emissao salió de Inassa. Para depositar las comisiones, todos los participantes, a excepción de él mismo (que usó, según relata, su propia cuenta corriente), utilizan sociedades instrumentales. Los ingresos irían "el primero a Suiza, el segundo a Brasil y el tercero a Suiza, en estas cuentas".

Edmundo Rodríguez Sobrino abrió "dos cuentas en la entidad Helm Bank de Panamá", escriturados a nombre de las empresas tapadera. Supuestamente una para guardar su parte y la otra para el dinero de Ignacio González.

El empresario brasileño simuló los pagos a través de contratos de prestación de servicios para eludir la los controles de blanqueo. En total, en el desembolso de la operación 26,6 millones de euros fueron supuestamente para Sebastiao Cristovam por la compra de Emissao y 5,4 millones en comisiones.

Declaración en la Audiencia

En este momento procesal, tanto Diego García Arias como Edmundo Rodríguez, han reconocido la operación fraudulenta, las mordidas en Brasil y la vinculación del expresidente madrileño. Esta mañana (11 de mayo) el arrepentido vuelve a declarar en la Audiencia ante el juez Manuel García Castellón para ratificar su confesión.

http://cadenaser.com/ser/2018/05/10/tribunales/1525977849_996216.html

EL ARREPENTIDO DE 'LEZO' DECLARA QUE GONZÁLEZ DIO UN CONTRATO MULTIMILLONARIO A UNA EMPRESA PARA ASEGURARSE SU SILENCIO

El exgerente de Inassa confirma las mordidas y que el clan evitó con una adjudicación del Canal de Isabel II que el grupo al que dejó fuera de la compra de la brasileña Emissao denunciara las irregularidades "O pagan o meten una demanda", fue el mensaje que, según Diego García Arias, les hizo llegar Essentium, una de cuyas filiales terminó recibiendo en julio de 2014 una adjudicación de 14,4 millones para un proyecto hidráulico

Ignacio González acompañado de agentes de la UCO en el marco de la 'operación Lezo'.
"O pagan o demandan". Ese fue el mensaje que, según el colombiano Diego García Arias, exgerente de Inassa y principal arrepentido del caso Lezo, transmitió el grupo Essentium a los directivos del Canal de Isabel II en Latinoamérica cuando supo que había sido excluido de la que inicialmente iba a ser una operación conjunta, la compra de la firma brasileña Emissao. Siempre según García Arias, Essentium conocía las graves irregularidades que rodeaban esa operación, realizada a finales de 2013. Así que para asegurarse el silencio del holding, Ignacio González y su círculo de confianza articularon una costosa fórmula pagada con dinero público: adjudicarle un contrato multimillonario a Essentium, el grupo que capitanea Susana Monje, exvicepresidenta del Barça, y ahora en liquidación. En julio de 2014, una de sus filiales, Assignia Infraestructuras SA, obtuvo del Canal una adjudicación de 14,44 millones, IVA incluido, para un proyecto de suministro de agua de riego en el municipio de Rivas Vaciamadrid.

Todo eso lo declaró este miércoles García Arias ante el magistrado que investiga el caso, Manuel García Castellón. Como ya desveló infoLibre, García Arias efectuó el año pasado en Colombia una primera confesión demoledora en la que no solo detalló, casi al céntimo, cuánto pagó en comisiones el antiguo dueño de Emissao a Ignacio González y cuatro de los suyos –el propio arrepentido también– y de qué forma y dónde se ocultó el dinero sino que señaló al político madrileño como el que ordenó el sistema de reparto: de un total de 5,4 millones de dólares, González se reservó para sí 1,8 millones y dejó que sus cuatro –presuntos– cómplices se quedaran 900.000 dólares cada uno. La parte del entonces jefe del Ejecutivo madrileño quedó camuflada en cuentas de Panamá abiertas a nombre de dos compañías instrumentales de Edmundo Rodríguez, que en Latinoamérica era su hombre fuerte. Los 900.000 dólares de García Arias ya están en poder de la justicia española.

Uno de los partícipes del botín de Emissao fue Luis Vicente Moro, ex alto cargo del Gobierno de Aznar y considerado uno de los testaferros de González. Y resulta que Luis Vicente Moro fue miembro del consejo de administración de Essentium hasta dos meses antes de la compra de Emissao.

Contactadas por infoLibre, fuentes cercanas a Ignacio González evitaron entrar en el fondo del asunto pero remarcaron que el exgerente de Inassa reconoció ante el juez García Castellón que no había hablado sobre la eventual demanda de Essentium con el político sino con su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez. El relato del exdirectivo colombiano sobre ese episodio, subrayan las citadas fuentes, es por tanto de mera "referencia" en lo que concierne al expresidente de Madrid.

Essentium, declaró este miércoles García Arias ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, lanzó la amenaza porque conocía los agujeros de la compra de Emissao, cifrada en 29,5 millones de dólares más 1,5 de aportación de capital. Entre esas irregularidades –o ilegalidades– destaca una: materializada a través de una compañía que solo operaba con cuentas de Panamá, la transacción no contaba con la autorización previa del Consejo de Gobierno de Madrid.

Los investigadores ya le seguían la pista al contrato a Assignia sobre el que ayer se extendió García Arias. Se la seguían desde el primer momento, como lo acredita el hecho de que el juez que instruyó el caso en su fase inicial, Eloy Velasco, ya lo mencionó en el auto por el que envió a prisión a Ignacio González y a otros presuntos miembros de la trama el 18 de abril de 2017. "También existen indicios -escribió entonces el magistrado- de que Adrián Martín, como Director Gerente del Canal de Isabel II, habría intervenido activamente en la manipulación de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid, dirigiendo y asegurando su adjudicación a una sociedad del grupo empresarial Essentium".

Una ruidosa cocina y sospecha de micrófonos

García Arias, que seguirá declarando el viernes, le contó al juez García Castellón algo a lo que ya se había referido en su primera confesión, cuando todavía estaba preso en una cárcel colombiana donde –como explicaron a este periódico fuentes conocedoras del caso– pagaba por dormir tumbado. Lo que relató entonces y ha vuelto a explicar este miércoles es que se vio con González cuatro veces en España.

Y que la última de ellas lo hizo en 2016, un año después de que la investigación sobre su ático de lujo en Estepona hubiese forzado al PP a descabalgar al político en favor de Cristina Cifuentes. Celebrada en el despacho privado abierto por González, a esa cuarta reunión acudió García Arias en compañía de Edmundo Rodríguez, que ya había sido destituido como presidente de Inassa.

Lo extraño –dijo García Arias en Colombia y volvió a repetir este miércoles en Madrid– fue que el anfitrión no los condujo a su oficina sino a una especie de cocina ruidosa. El hombre que había sido gerente de Inassa –y así se lo dijo al juez y a la Fiscalía en su declaración en Colombia– llegó a la conclusión de que entre aquellas paredes había micrófonos. Uno de los puntos más controvertidos del caso Lezo lo conforman los múltiples indicios de que Ignacio González sabía que se le estaba investigando.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/10/el_arrepentido_lezo_declara_que_gonzalez_dio_contrato_multimillonario_una_empresa_para_asegurarse_silencio_82660_1012.html

LA BÚSQUEDA DE LA “HABITACIÓN ACORAZADA” DEL ‘CASO LEZO’

El juez autorizó el 26 de abril el registro de dos viviendas de un colaborador de Ignacio González en busca de un zulo con documentación y dinero. Se localizó el habitáculo pero sin nada relevante.

Más de un año después de que la Guardia Civil detuviera a los principales implicados en el caso Lezo, los investigadores siguen haciendo registros en busca de pruebas y del dinero no recuperado. El último, el pasado 26 de abril. Ese día, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, ordenó de manera urgente la entrada en dos viviendas propiedad del imputado Ildefonso de Miguel -gerente del Canal de Isabel II hasta el verano de 2009 y hombre de la máxima confianza del expresidente madrileño Ignacio González- en un intento de localizar documentación comprometedora. El registro se realizó ese mismo día e incluyó la participación de arquitectos del Instituto armado, además de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). El motivo: buscaban lo que el magistrado denominaba en el auto una “habitación acorazada” ante la sospecha de que De Miguel pudiera ocultar pruebas del caso. Fuentes cercanas a la investigación señalan a EL PAÍS que la Guardia Civil localizó el habitáculo secreto, pero que en su interior solo había servidores informáticos. Ni rastro de papeles ni dinero.

La autorización del juez se produjo después de que la UCO remitiese a la Audiencia Nacional un oficio en el que alertaba de la posible existencia de un habitáculo secreto en el domicilio que el imputado tiene en la calle Burgohondo, de Madrid, y que figura como sede social de Zubelnelgenubi SL, “matriz del entramado societario” del propio De Miguel. La sospecha había surgido tras analizar un “archivo informático” intervenido en el que se apuntaba la existencia de antiguas obras de reforma en la vivienda para levantar una nueva habitación con “fuertes medidas de seguridad”. Los agentes sospecharon que el presunto cabecilla de la trama podía estar utilizando “para guardar de manera segura documentación y bienes que podrían estar relacionados con los hechos delictivos que se investigan”.

En su escrito, la Guardia Civil pedía también el registro de un segundo inmueble de De Miguel, este situado en un chalé de la calle Paseo del Río, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), así como el de posibles trasteros, garajes y “cualesquiera otras dependencias anexas” que ambas construcciones pudieran tener, incluidos “cuartos de contadores, de calefacción” y azoteas. Para asegurar el éxito de la búsqueda, el juez García-Castellón pidió a los ayuntamientos donde se encuentran dichas viviendas –Madrid y Pozuelo de Alarcón- que entregasen a los agentes los planos de ambas construcciones y cualquier documentación sobre “reformas estructurales realizadas con posterioridad” en los inmuebles. Asimismo, reclamaba a dos empresas de construcción que supuestamente había contratado De Miguel para dichos trabajos que facilitaran de manera “inmediata y urgente” a la Guardia Civil los proyectos de obra realizados en dichos edificios y la identificación de la persona responsable de dichos trabajos con el objeto de localizar “la cámara acorazada”.

El auto del juez que autorizaba el registro señalaba que la UCO podía estar acompañado de “personal especialista en arquitectura” de la propia Guardia Civil para que auxiliara “en la interpretación de los planos” para localizar la habitación. También permitía “el uso de la fuerza proporcionalmente necesaria” para acceder a las viviendas y a la habitación buscada, así como a cajas fuertes “o muebles cerrados”. Y ordenaba el clonado de los dispositivos informáticos y de telefonía que se encontrasen, así como la intervención de cualquier documentación relativa a cuentas y productos financieros, aunque figurasen a nombre de terceras personas, y de “obras de arte, joyas y similares”. Todo ello con carácter de urgencia “para garantizar la sorpresa de su ejecución”. Incluso contemplaba que se adoptaran “medidas de vigilancia para evitar la fuga de personas supuestamente implicadas” en la ocultación de las hipotéticas pruebas que se buscaban.

Fuentes cercanas a la investigación confirman a EL PAÍS que el registro se realizó el 26 de abril, como indicaba el auto judicial, y que se encontró una habitación oculta. Sin embargo, señalan que en el interior de la misma no se halló documentación contable de la trama ni dinero. Solo los servidores informáticos con los que trabajaban las sociedades de De Miguel, en cuyo primer análisis los agentes no localizaron material relevante para la causa.

De Miguel, considerado estrecho colaborador del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien acompañó en el polémico viaje a Cartagena de Indias en 2008, está acusado de los delitos de blanqueo, prevaricación, fraude, cohecho y pertenencia a organización criminal. La investigación lo relaciona tanto con las supuestas irregularidades en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II como con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en unos terrenos de la empresa pública en Madrid. Tras su detención en abril de 2017, el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, le impuso una fianza 100.000 euros para eludir la prisión provisional.

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/08/actualidad/1525772053_918707.html

EL JUEZ DEL CASO LEZO IMPUTA A GALLARDÓN POR LA COMPRA DE INASSA

Le cita como investigado por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II

El magistrado imputa también a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como investigado el 7 de junio al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

El magistrado ha citado también como investigados los días 5 y 6 de junio a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo. En este rama del caso Lezo ya han declarado todos los integrantes del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, entre ellos Juan Bravo, consejero de Economía en la etapa de Gallardón al frente de la Comunidad de madrid. 

Bravo firmó junto a Gallardón la creación de una empresa que sirvió de vehículo para comprar Inassa en 2001. Pero el proceso se desarrolló de manera distinta a la reflejada en los documentos que aprobó el Gobierno, y según explica Anticorrupción, en la compra se incluyó, además de Inassa, una sociedad dominicana llamada Watco. Las dos compañías se adquirieron a través de una sociedad pantalla con sede en un paraíso fiscal. En precio total fue de 73 millones de dólares.

Hace unos días, el juez Manuel García-Castellón, la fiscal Ana Cuenca y un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron a Colombia para ahondar en la investigación de la compra de Inassa. Según fuentes próximas al caso, la comisión judicial se desplazó para profundizar en la obtención de información solicitada a través de comisiones rogatorias pendientes. El viaje se extendió también a Panamá.

La Fiscalía sostiene que en esa operación pudo haberse pagado un sobreprecio por Inassa y que el Cana no tenía competencias en ese momento para afrontar una operación de este tipo. Se dan, en definitiva, de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición".

En ese escrito, la Fiscalía pidió la imputación de todo el Consejo de Administración del Canal, y advirtió de que no pedía todavía la del gobierno regional de esa época porque no disponía entonces de los acuerdos que habían adoptado para autorizar la compra de Inassa.

https://www.eldiario.es/politica/Lezo-imputa-Gallardon-compra-Inassa_0_765024572.html

JUEZ Y FISCAL INVESTIGAN EN COLOMBIA EL CASO LEZO DE LA ÉPOCA GALLARDÓN

El exministro continúa en el punto de mira por la comprar de las empresas colombianas Triple A e Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II

El juez Manuel García Castellón y la fiscal Ana María Cuenca se han trasladado a Colombia para recabar información relacionada con la presunta trama de corrupción del Canal de Isabel II y el caso Lezo en la compra de la empresa colombiana Triple A.

Según ha recogido El Heraldo de Colombia, una delegación española se ha personado en la sede de dicha empresa junto con personal de la fiscalía del país sudamericano. Este medio afirma que Triple A no se ha pronunciado sobre estos registros pero que está colaborando y facilitando información del caso.

La rama colombiana de las investigaciones dentro de la operación Lezo se centran en las operaciones de compra de las empresas Triple A e Inassa en 2001 por el Canal de Isabel II. Estas pesquisas señalan directamente al exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

Miembros de la Fiscalía Anticorrupción, de la Agencia Tributaria, de la UCO y equipos de la Audiencia Nacional ya realizaron en junio de 2017 diversos registros en Barranquilla (Colombia), en las sedes de Inassa y Triple A.

El Canal pagó por ella diez veces más de su valor, a través de una offshore. En total, 83 millones por tres cuartas partes de una empresa que se había valorado en poco más de 7 millones un año antes.

La operación la cerró Pedro Calvo, el hombre que el propio Gallardón había colocado al frente del Canal de Isabel II. Arturo Canalda, el actual presidente del Tribunal de Cuentas, y entonces gerente del Canal, ejecutó la operación, a pesar de sus intentos de mantenerse al margen. Ambos, Calvo y Canalda, habían sido facultados "expresamente" para presentar ofertas en nombre del Canal para hacerse con la empresa colombiana. El Consejo de Gobierno, presidido por Gallardón, dio el visto bueno a la compra el 21 de noviembre de 2001.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/18/juez-fiscal-investigan-colombia-caso-lezo-epoca-gallardon

EL JUEZ DE 'LEZO' CITA COMO TESTIGO AL EXCONSEJERO MADRILEÑO MANUEL LAMELA

El que fuera titular de la Consejería de Transportes e Infraestructuras será interrogado por la obra del tren entre Móstoles y Navalcarnero por la que Ignacio González pactó una mordida de 1,4 millones de euros

Lamela, que no está imputado, será interrogado sobre la adjudicación y construcción de la línea de tren de cercanías entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, por el que según la investigación del procedimiento, Ignacio González pactó con la constructora Obrascon Huarte Laín (OHL) una mordida de 1,4 millones de euros.

La citación se produce, según especifica el juez De Gea, después de leer un informe de la Fiscalía Anticorrupción y a petición del dueño de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, que debe declarar como imputado este jueves junto a su yerno Javier López Madrid.

La citación de Lamela se conoce semanas después de que el 5 de abril la exjefa de prensa de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, confesara que Lamela fue uno de los consejeros que designaba un 1% de las obras de Sanidad a la publicidad para promocionar sus políticas.

Comisiones del 1%

Gallego aludió a comisiones del 1%, que consistían en destinar ese porcentaje de cada adjudicación a contratos para promocionar las actividades del Gobierno madrileño. La jefa de prensa de Aguirre aseguró que este mecanismo "lo impulsó Manuel Lamela, consejero de Sanidad entre 2004 y 2007 y de Transportes de 2007 a 2008".

Gallegó completó en su declaración que esta actuación "fue copiada por otras Consejerías pero no había una norma que lo regulara, de hecho, otros consejeros como Beteta o Güemes se negaron a aplicarla".

En su declaración, Gallego llegó a explicar de forma gráfica el pago de la publicidad:

"Chiringuito Alfredo Prada: Ciudad de la Justicia; chiringuito Francisco Granados: Agencia de la la Inmigración; chiringuito Lucía Figar: Fundación Madri+d; chiringuito Manuel Lamela: 1 por ciento. No se lo puedo explicar más claro", dijo Gallego, que matizó que esto no quería decir que obtuvieran algún beneficio personal sino que tenían sus propios medios para hacer sus campañas.

Presunto testaferro

Asimismo, el nombre de Lamela también apareció vinculado en el caso 'Lezo' tras conocerse que participó en una reunión con el presunto testaferro uruguayo el abogado Fernando Belhot, que según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco utilizaba Ignacio González para sus inversiones en negro.

El presunto testaferro uruguayo participó en 2012, según adelantó infoLibre, en una reunión con el embajador de Uruguay en Madrid, Francisco Bustillo, y el exconsejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela, que entre 2003 y 2007 promovió siete hospitales de gestión privada bajo los Gobiernos de Esperanza Aguirre. Al abandonar la política, Lamela acabó trabajando para uno de estos hospitales, en concreto en el Hospital del Tajo (Aranjuez).

Lamela negó que la Fundación Lafer, que él preside, mantenga relaciones de cualquier tipo con el testaferro uruguayo de González: "Tuvimos la oportunidad de conocerlo por una jornada en noviembre del 2012 organizada junto con la Embajada de Uruguay en España. Desde entonces no hemos tenido relación alguna profesional ni de otro tipo", especificó Lamela al diario infoLibre.

Identidades de Mintra

En la misma providencia, el juez De Gea también ordena requerir a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para que, en el plazo de diez días, remita certificación de la identidad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte) durante el año 2007, "con expresa indicación de las alteraciones que hubieran podido producirse en la composición de ese órgano a lo largo de ese año".

El magistrado reclama asimismo, una copia del acta de la reunión de la mesa de contratación de Mintra celebrada el 2 de octubre de 2007, "en la que se acordó elevar el órgano de contratación del Ente propuesta de adjudicación del contrato objeto de investigación, acta en la que habrán de figurar los asistentes a la citada reunión".

De Gea también accede a una petición realizada por el imputado Javier López Madrid para requerir a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, a través de un mandamiento entregado a la UCO, para que aporte a los agentes, de forma inmediata, el expediente de contratación íntegro del tren a Navalcarnero.

https://www.vozpopuli.com/politica/exconsejero-madrileno-Manuel-Lamela-Nalvarcarnero_0_1135986945.html

EL JUZGADO DE ESTEPONA ENVÍA EL CASO DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ AL TRIBUNAL DEL ‘CASO LEZO’

La jueza coincide con la Fiscalía en que los presuntos delitos del expresidente “se consideran conexos”

El juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha decidido inhibirse en la Audiencia Nacional en el caso del ático de Ignacio González en el municipio costero. La jueza cree que el caso debe unirse al caso Lezo, según consta en el auto al que ha tenido acceso El Plural, para que se investigue dentro de las presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.

El auto responde a la petición de la Fiscalía de Málaga, que cree que el caso Lezo temporalmente se conecta con el año 2008, "fecha coincidente con la adquisición de los inmuebles de la presente causa" por la entidad Coast Investor LLC y del contrato de arrendamiento, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Ignacio González admitió haber comprado el ático de Marbella donde veraneaba en diciembre de 2012 cuando lo adquirió por un importe de 770.000 euros y defiende que previamente solo fue inquilino, con un contrato de alquiler, desde julio de 2008.

El 80 por ciento de la propiedad pertenece a su esposa, ya que tienen separación de bienes, es decir, que ella pagó 566.000 euros y el resto, 154.000 euros, el presidente de la Comunidad.

En Estepona se investigaban los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y contra la Hacienda Pública. La jueza también cree en que el caso coincide “temporalmente” con los hechos investigados por la Audiencia Nacional de la macrocausa del caso Lezo y que los delitos en ambos casos “se consideran conexos”.

Para la jueza, los presuntos delitos que se investigan son “supuestamente cometidos por la misma persona y que tienen analogía o relación entre sí”. Y que el presunto delito de blanqueo de capitales, “tiene relación y analogía con los presuntos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos que se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional”.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/11/ignacio-gonzalez-atico-estepona-caso-lezo

LA JUSTICIA BUSCA EN DOCE PAÍSES EL BOTÍN DEL CASO LEZO

La Audiencia Nacional ha librado una docena de comisiones rogatorias en Europa, Reino Unido y América

La Audiencia Nacional sigue la pista de las comisiones de la operación Lezo en doce países a los que ha librado otras tantas comisiones rogatorias: Suiza, Panamá, Liechtenstein, Luxemburgo, Colombia, Bélgica, Andorra, Brasil, República Dominicana, Jersey, Reino Unido y Guernsey.

El grueso de las peticiones de cooperación internacional va dirigido a la compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II. Hasta nueve comisiones rogatorias se han librado por este motivo para obtener documentación “de gran importancia para acreditar el pago de comisiones por la adquisición de Emissao y rastrear el patrimonio oculto de Ignacio González”, dice el sumario.

Las comisiones rogatorias dirigidas a Reino Unido, Jersey, Bélgica y Luxemburgo tienen por objeto aclarar el patrimonio del hombre del Canal de Isabel II en Latinoamérica y exconsejero de La Razón, Edmundo Rodríguez, y también de su hija. Los investigadores escriben que “Reino Unido y Jersey han avisado a través del Sepblac de intentos de retirada de fondos en Jersey”.

El resto de solicitudes afectan a OHL y a la rama de la presunta financiación irregular del PP de Madrid que llega hasta Liechtenstein donde rastrean las transferencias de más de medio millón de euros del exjefe de la agencia informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.

http://cadenaser.com/ser/2018/03/30/tribunales/1522407219_115697.html


EL JUEZ RECHAZA EL RECURSO DEL PSOE PARA QUE CIFUENTES ENTREGUE LOS PAPELES DEL CANAL

García Castellón recuerda que los documentos son pruebas de la causa que mantiene abierta

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, Manuel García Castellón, ha vuelto a negar a la oposición parlamentaria (PSOE, Ciudadanos y Podemos) los denominados ‘papeles del Canal de Isabel II’, tal y como le reclamaban en un recurso de reforma y subsidiario de apelación el PSOE y la asociación de abogados Adade. Considera que los 80 documentos son pruebas del ‘caso Lezo’ (presunta compra fraudulenta de empresas en Iberoamérica por del Canal) y que solo él puede decir cuándo y cuáles se entregan a la Asamblea.

Al igual que hizo la semana pasada con el recurso interpuesto por Adade, el magistrado considera que estos documentos reclamados por los partidos de la oposición de la Asamblea de Madrid forman parte del “acervo probatorio” del caso Lezo. Para el juez, solo es el “juzgado a quien le toca decidir si es procedente la entrega de la documentación integrada en el procedimiento, por cuya legalidad y seguridad jurídica debe velar”.

Tras destaparse el caso en 2015, la Asamblea de Madrid abrió una comisión de investigación en la que se integraron los cuatro grupos parlamentarios. Para llevarla a cabo, los diputados necesitaban la documentación que probaría las presuntas irregularidades del Gobierno del expresidente regional Ignacio González (PP) y de determinadas personas de su confianza.

Pero el Gobierno de Cristina Cifuentes —sucesora de González— siempre se negó a entregarla con el argumento de que el juez lo prohibía. Las peticiones de la oposición para acceder a los archivos fueron constantes desde finales de 2015. Pero el ejecutivo las rechazó todas con el mismo argumento: sub iudice. Finalmente, cuando un el magistrado suplente Fernando Andreu dio luz verde a la entrega el 21 de agosto, el Ejecutivo regional extravió la autorización y siguió sin dar a PSOE, Ciudadanos y Podemos los 80 archivos que hacen referencia al Canal en Lezo.

El 15 de enero, los diputados se enteraron del extravío y exigieron todos los papeles. La presidenta regional destituyó al subdirector general de Régimen Jurídico —cargo que supuestamente cometió el error al no recoger la autorización judicial—, porque lo sucedido era “muy grave”. “Ni el secretario general técnico, ni la presidenta, ni yo lo conocíamos [que la Comunidad hubiera recibido el permiso judicial]“, puntualizó aquellos días el consejero de Presidencia, Ángel Garrido. El Gobierno regional comenzó a enviar, a regañadientes, los archivos, aproximadamente la mitad (unos 40).

Cinco días después, García Castellón firmó un nuevo auto donde insistía en que “no ha lugar a la reforma [la entrega de los documentos]”, por lo que la documentación debía seguir en el juzgado. Cifuentes reclamó entonces las cuatro docenas de archivos enviados a la Asamblea, a lo que la oposición se negó.

Mientras, Adade y el PSOE interpusieron recursos contra la negativa del juez, y ahora el magistrado los ha rechazado: no hay documentos hasta que él lo considere oportuno.

¿Pero qué esconden los buscados documentos?

En los 40 archivos entregados a la oposición no hay apenas novedades. Son informes de auditorías y actas en las que se detallan supuestas ilegalidades en operaciones de compra del Canal. Faltan otros 40. En ellos, la oposición buscará la firma de Cifuentes concediendo ilegalmente el contrato de la cafetería de la Asamblea. Cifuentes se muestra tranquila porque dice que ese documento no existe. La oposición cree que sí. Solo el juez lo sabe.

https://elpais.com/ccaa/2018/03/19/madrid/1521470663_861229.html

“ESPEREMOS QUE NO TENGA NADA, SE PUEDE MONTAR LA DE DIOS”

El juez investiga destrucción de pruebas y presiones a un testigo del 'caso Lezo' tras el pinchazo telefónico a un exdirectivo de OHL

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo de corrupción, acaba de abrir nuevas líneas de investigación para recabar pruebas sobre el supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de las obras del tren a Navalcarnero a la constructora OHL. El magistrado ha reclamado a esta compañía el volcado del equipo informático y del correo electrónico de una secretaria de esta empresa después de que una reciente intervención telefónica a un exdirectivo revelase "la profunda preocupación" de este por el material que la mujer pudiera guardar. El antiguo alto cargo de la compañía mostraba en sus conversaciones su interés en que se forzase a la testigo a declarar en determinado sentido y se destruyera dicha información: “Esperemos que no tenga nada, se puede montar la de Dios”. Además, el magistrado ha solicitado toda la información sobre las llamadas realizadas o recibidas entre el último año por ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas pertenecen al máximo accionista de OHL, el empresario Juan Miguel Villar Mir.

La decisión del juez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera dos escritos en los que le solicitaba la práctica de estas nuevas diligencias para recabar indicios sobre el abono de dicha mordida por la que están imputados el propio Villar Mir; su yerno, Javier López Madrid; el empresario Adrián de la Joya; y tres exdirectivos de la compañía, además de Ignacio González. La transferencia de los 1,4 millones de euros se realizó en 2007 desde dos filiales de la constructora en México y tuvo como destino una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la fundación panameña Lauryn Group. Según los investigadores, el dinero tenía como destino pagar un soborno a Ignacio González. Solo un mes después del pago, OHL se hizo con el concurso. Hasta ahora, González ha asegurado que nunca recibió el dinero. Sin embargo, el titular de la fundación panameña que recibió los fondos, Adrián de la Joya, admitió que López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera a su vez al presidente madrileño, pero que se quedó con los fondos para saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir tenían con él por un proyecto en África.

En uno de sus escritos, la Guardia Civil solicita al juez que reclame a la constructora que entregue el ordenador utilizado por Olga G. T., la secretaria de la compañía que trabajaba junto a uno de los exdirectivos bajo sospecha. También que pida copia de los archivos elaborados por esta empleada que pudieran estar guardados en los servidores de la compañía, así como de su buzón de correo electrónico desde el año 2007, fecha en la que se pagó el supuesto soborno. En el auto en el que acepta la práctica de dichas diligencias, el juez destaca que cuando esta mujer declaró como testigo ante la Guardia Civil aportó “determinados archivos informáticos que contienen documentos que tiene en su poder con motivo de sus servicios” a este exdirectivo. Entre ellos figuraba un documento denominado ‘contrato consultori.doc’ en el que se incluían “determinados datos que se corresponden con los conceptos que constan en las facturas investigadas supuestamente emitidas por [la fundación panameña] Lauryn Group que sirvieron de soporte para las transferencias” vinculadas al pago de la supuesta comisión por el tren a Navalcarnero.

El magistrado añade que una reciente intervención telefónica al ex director general de OHL Rafael Martín de Nicolás reveló “la profunda preocupación” de este porque la trabajadora “pudiera conservar ciertos archivos”. El ex alto cargo de la compañía pedía en esa llamada a su interlocutora que “comprobase que se hubiesen borrado” y le insinuaba que se le diesen “ciertas instrucciones a Olga sobre su posible declaración”. García-Castellón reproduce el fragmento de una conversación de este exdirectivo que, en su opinión, demuestra “la importancia que pudieran tener los archivos” en poder de dicha secretaria: “Pues… pues esperemos que no tenga nada, porque si es así, tener la sesta (sic) que no queda nada por ahí, porque es que, es que podemos montar, vamos, la de Dios”. El juez mandó el pasado 22 de marzo a la UCO a recoger dicho ordenador a la sede de la OHL.

En esta misma línea, García-Castellón ha autorizado una segunda diligencia solicitada por la Guardia Civil. Los investigadores habían pedido al magistrado tener acceso al tráfico de llamadas registrado entre el 1 de abril de 2017 –algo más de dos semanas antes de que se produjeran las primeras detenciones del caso Lezo- y el pasado 16 de febrero de ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas -tres móviles y una fija- tienen como usuario a Villar Mir, quien ya declaró como imputado por estos hechos y que volverá a hacerlo en las próximas semanas. El empresario ha negado hasta ahora cualquier irregularidad en su actuación. De otro de los números investigador es titular su yerno, López Madrid, mientras que las tres restantes figuran a nombre de los exdirectivos de OHL Felicísimo Ramos y Rafael Martín de Nicolás, este último el que alertaba sobre el contenido presuntamente incriminatorio del ordenador de la secretaria. La UCO también reclamaba las llamadas que pudieran haber hecho dos líneas de móvil británicas durante la estancia de sus usuarios en España. El juez ha admitido su práctica ante “la existencia de fundadas sospechas de que supuestamente tales datos pudieran dar información sobre relaciones o vinculaciones con los autores del delitos investigado y pruebas que permitieran avanzar en la investigación”.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/29/actualidad/1522344937_013452.html

VILLAR MIR INTENTA DINAMITAR LA INVESTIGACIÓN DEL SOBORNO A IGNACIO GONZÁLEZ ALEGANDO QUE LE SOMETIERON A ESCUCHAS ILEGALES

El empresario, que invoca la sentencia del caso Garzón, aduce que se ha vulnerado su derecho a la defensa y a la intimidad y pide que se anulen todas las pruebas obtenidas a partir de la interceptación de esas conversaciones

El dueño de OHL, que logró con su escrito que el juez suspendiera su declaración de hace una semana, maniobra así para frenar la investigación del supuesto soborno a Ignacio González por el tren de Navalcarnero

Juan Miguel Villar Mir, fundador de la constructora OHL, ha desplegado una estrategia con la que, invocando la sentencia que le costó la carrera judicial a Baltasar Garzón por interceptar las conversaciones de los jefes de Gürtel con sus abogados, busca dinamitar una de las piezas esenciales de la Operación Lezo: la investigación sobre el supuesto soborno de 1,4 millones a Ignacio González por la adjudicación a OHL del tren a Navalcarnero. A través de un escrito remitido al juez del caso el pasado día 19, el empresario sostiene la ilegalidad de las escuchas policiales de que fue objeto a partir de diciembre. Esas escuchas, aduce el texto, vulneran el derecho a la defensa de Villar Mir porque captaron conversaciones sostenidas con su abogado. La grabación de esas conversaciones, exhorta al juez la defensa del empresario, debe declararse nula. Y la nulidad –agrega el escrito– ha de alcanzar también a "toda prueba o elemento que derive y guarde relación con esas intervenciones" telefónicas.

Con su escrito, adelantado el domingo por el diario El Mundo, Villar Mir ya consiguió hace una semana que el juez dejara en suspenso el interrogatorio programado para el día 21. En enero, había logrado un primer aplazamiento con la presentación de un certificado médico que la Guardia Civil considera el resultado final de "una actuación preconcebida y perfectamente planificada para evitar acudir al mandato judicial".

La UCO alcanza esa conclusión tras analizar las conversaciones mantenidas por el empresario con su médico en lo que la defensa del investigado considera también una vulneración de derechos, en este caso a la intimidad.

A lo largo de las 13 páginas remitidas al juez Manuel García Castellón por el letrado de Villar Mir, Carlos Domínguez Luis, el escrito lanza una durísima diatriba contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de actuar a espaldas del magistrado: "La actividad policial se consuma sin control judicial", dice el texto tras subrayar que la UCO no dio "cuenta inmediata al Juez de la interceptación de una conversación letrado-cliente".

Providencia del juez

Un día después de la presentación del escrito, el juez García Castellón dictó el 20 de marzo una providencia donde se deja constancia de que en la plataforma cibernética (plataforma Icloud) a través de la cual acceden al sumario los abogados personados en Lezo no hay "ninguna conversación entre letrado-cliente". La providencia especifica que un informe de la Guardia Civil que "por error" se incorporó a uno de los tomos y permaneció en el Icloud "exclusivamente durante un día" fue retirado de inmediato. Solo había accedido a él la letrada de uno de los altos directivos de OHL investigados en Lezo.

Si prosperase la maniobra del ahora expresidente de OHL para anular las escuchas y lo que de ella se derive, podría quedar muy dañada la investigación sobre el destino del dinero (1,7 millones de euros) que en noviembre de 2007 transfiró OHL desde México a una cuenta abierta en el Anglo Irish Banck de Suiza por la compañía panameña Lauryn Group.

El propietario de Lauryn Group es el empresario Adrián de la Joya, quien hace ya un año confesó ante el juez García Castellón que el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, le pidió que enviase el grueso del dinero (1,4 millones de los 1,7 transferidos) al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Los investigadores mantienen que ese pago, que al parecer nunca llegó a Ignacio González, escondía un soborno por la decisión del Ejecutivo autonómico de adjudicar a una empresa mayoritariamente participada por OHL –Cemonasa– la línea de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. La adjudicación, por importe inicial de 362 millones, se había producido en octubre de 2007. Es decir, un mes antes de que OHL hiciera desde México la transferencia bajo sospecha. El proyecto ferroviario acabó siendo ruinoso.

Hasta ahora, todos los directivos de OHL que han desfilado ante el juez García Castellón han negado de forma categórica que la transferencia de 1,7 millones a Lauryn Group ocultase un soborno. Se trataba -es la versión del equipo de Villar Mir- del pago de servicios prestados al grupo por Adrián de la Joya.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/28/villar_mir_busca_desacreditar_caso_lezo_por_las_escuchas_que_captaron_hablando_con_abogado_81122_1012.html

VILLAR MIR FALSIFICÓ CON SU MÉDICO QUE TENÍA GRIPE PARA NO ACUDIR ANTE LA GUARDIA CIVIL

El empresario dio instrucciones por teléfono a su galeno, que nunca le llegó a explorar: "Tiene que decir que padezco un fuerte ataque gripal, no sé si lo de guardar cama una semana sea un poco excesivo"

El pasado 8 de enero, Juan Miguel Villar Mir, fundador del grupo empresarial que lleva su nombre y uno de los investigados más relevantes del caso Lezo, estaba citado ante la Guardia Civil a las 9.30 horas para que le tomaran las huellas dactilares. El juez de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción quería avanzar en la investigación de la comisión de 1,4 millones de euros que presuntamente pagó la constructora OHL por llevarse las obras del tren a Móstoles y Navalcarnero. Las huellas encontradas en unos documentos pueden tener la llave. Sin embargo, Villar Mir, marqués y exministro de Hacienda, siguió las instrucciones de su abogado para que un médico de confianza le emitiera un parte de baja falso por una gripe que no tenía y eludiera así la citación judicial.

La Guardia Civil incorpora esta novedad en un reciente informe policial aportado al sumario al que ha tenido acceso El Confidencial. "Curiosamente Villar Mir llega a aleccionar al doctor Abreu sobre lo que este debe poner en el certificado médico oficial a petición de su abogado", señala la Benemérita, que incorpora las grabaciones del teléfono de Villar Mir, que ha seguido pinchado durante varias fases de la instrucción por orden del juez. "Le he preguntado al abogado que cosa conviene decir y él me dice que cree bueno una cosa muy sencilla (...) Tiene que decir que padezco un fuerte ataque gripal o la expresión médica que tú creas oportuna, y que estoy sujeto a medicación y debo guardar reposo (...) Oye, no sé si lo de guardar cama una semana, quizás sea un poco excesivo", le comenta el empresario a su galeno.

Los investigadores ya saben qué directivo ordenó las transferencias a Suiza, la presunta comisión a Ignacio González. Ahora intentan dirimir qué alto cargo de OHL se lo indicó a su vez a ese directivo

El informe policial añade además que el médico preveía entregar "el certificado a un vigilante sin ni siquiera llegar a explorar al paciente" siguiendo las instrucciones que Villar Mir le dio. "Mañana si por la razón que tú no estás no te preocupes yo te lo dejo un sobre allí con, con mi colegiado, el sello y todo ¿eh? (...) con el vigilante de lo dejo allí (...) a tu nombre en un sello cerrado", le responde el doctor Luis Abreu. "Nótese que en ese momento Villar Mir ni siquiera preveía estar en casa", relata la Guardia Civil. No podía estar por tanto enfermo. "Me ha 'pillao' esto fuera de Madrid y yo calculo que voy a llegar a casa, probablemente como a las dos y media", le asegura el empresario al médico.

Finalmente, el investigado no compareció a la citación judicial (lo hizo en una posterior, días después), "aportando a través de su procuradora un certificado médico oficial. Del análisis de las conversaciones interceptadas se evidencia que no se trata en realidad de una circunstancia sobrevenida y sí de una actuación preconcebida y perfectamente planificada para evitar acudir al mandato judicial y por tanto realizar la diligencia de investigación interesada". La Guardia Civil incluye este suceso en unos de los informes en los que solicita al magistrado continuar con los teléfonos intervenidos de algunos de los investigados.

El informe también revela que Villar Mir, de 86 años, estaba dispuesto a acudir a la cita con la Guardia Civil pero que al final decidió no acudir inventándose lo de la gripe debido a la recomendación de su letrado, Carlos Domínguez. "El abogado me dice que como es poco importante, que como él cree que va a conseguir que lo aplacen, porque me citan el lunes a las nueve y media y entonces es mucho madrugar. Y que él cree que lo conseguirá, pero que a lo mejor te tendría que pedir si no que me dieras un certificado de que estoy resfriado", le comenta el empresario al doctor.

En esta pieza, que investiga si OHL pagó comisiones por llevarse la obra ferroviaria, ya están investigados Juan Miguel Villar Mir; su yerno el empresario Javier López Madrid; el empresario Adrián de la Joya (titular de la cuenta suiza donde fue a parar el dinero); Tomás García Madrid, ex consejero delegado de OHL; Rafael Martín de Nicolás, exconsejero de OHL y director general de construcción área España, y Felicísimo Ramos, sin cargo concreto dentro de la compañía. También lo está Ignacio González, el supuesto destinatario del dinero. Él siempre lo ha negado y Adrián de la Joya declaró que se quedó con el dinero cuando López Madrid le dijo que era para pagar sobornos a cargos públicos, concretamente a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y estrecho colaborador de González. Este también está investigado y ha negado taxativamente que recibiera ninguna cantidad.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-24/villar-mir-lezo-gripe-medico-baja_1540155/

EL JUEZ ENCARGA A LA UCO QUE DESCUBRA QUÉ MAGISTRADA DIO EL CHIVATAZO A GONZÁLEZ

Manuel García-Castellón ordena a la Guardia Civil que practique una prueba pericial con los datos de los teléfonos móviles del presidente y vicepresidente de La Razón, Mauricio Casals y Joaquín Perera Roig, para enviar el resultado al juez de Madrid que investiga el soplo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practiquen una prueba pericial y analicen los datos de los móviles que fueron obtenidos de los teléfonos del presidente y vicepresidente de La Razón, Mauricio Casals y Joaquín Perera Roig, respectivamente, para determinar qué juez alertó a los integrantes de la trama 'Púnica' de que estaban siendo investigados, según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El instructor del 'caso Lezo' toma esta decisión antes de enviar sus pesquisas al juez de Madrid que investiga el soplo, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, que es competente por decisión del Tribunal Supremo.

Según una de las grabaciones del 'caso Lezo', Ignacio González le dijo al exministro Eduardo Zaplana que Casals le había contado que el presunto testaferro Edmundo García Sobrino estaba "acojonao", ya que sabía que les estaban grabando. Y sobre la persona que le había alertado explicó: "Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han 'grabao' una conversación de Edmundo muy extraña".

Información disponible

De esta forma García-Castellón, que en todo momento defendió que la investigación sobre la presunta delación no debía formar parte del 'caso Lezo', y que por tanto otro juez debía encargarse de este caso, aportará al juez García de Dios toda la información disponible en la Audiencia Nacional.

El magistrado Ramiro García de Dios Ferreiro había archivado la causa abierta en un auto de 30 de enero de 2018, en el que el instructor informaba de que tras las actuaciones practicadas no existían "motivos suficientes para atribuir" la comisión de un delito de revelación de secretos a "persona alguna determinada".

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González contesta a las preguntas de los periodistas a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González contesta a las preguntas de los periodistas a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla EFE

Pese a archivar el caso, el juez de Madrid solicitó al Decanato que le diera autorización para investigar a Mauricio Casals por un delito de desobediencia a la Justicia "al negarse a facilitar a la autoridad judicial el nombre de la magistrada que le avisó de que el señor Ignacio González estaba siendo investigado", tal y como adelantó ElEspañol.com.

Desobediencia grave

Ramiro García de Dios Ferreiro considera que Mauricio Casals debe ser investigado por dos delitos contra la Administración de Justicia: el de falso testimonio, castigado con la pena de multa y suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, y por el de desobediencia grave a la autoridad.

Por otra parte, la formación política Podemos, que ejerce la acusación popular en el 'caso Lezo', ha interpuesto ante el juez García-Castellón un recurso contra la decisión del instructor de "no entregar la documentación requerida por la Comisión de Investigación de la Asamblea de la Comunidad de Madrid", según una resolución de 22 de febrero.

https://www.vozpopuli.com/espana/juez-UCO-telefonos-Gonzalez-investigaban_0_1117389294.html

LA FISCALÍA ESPERA EL RESULTADO DE VARIOS INFORMES PERICIALES SOBRE INASSA PARA CITAR A GALLARDÓN

La Fiscalía Anticorrupción espera el resultado de varios informes periciales solicitados sobre la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa para decidir la citación como imputado del expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en el marco del caso Lezo.

El Ministerio Público investiga la adquisición de Inassa en 2001 por 73 millones de dólares a través de la compañía panameña Sociedad de Aguas de América SAA, que fue disuelta tras la operación. Anticorrupción solicitó hace un mes varios informes periciales sobre esta compra con el objetivo de esclarecer los presuntos hechos delictivos que se produjeron.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el resultado de estos informes periciales para poder acreditar la posible compra “fraudulenta” de Inassa será clave, ya que se podrá identificar a los responsables, valorar los indicios delictivos y tras considerar si los posibles delitos han prescrito o no, citar en consecuencia como investigado a Alberto Ruiz Gallardón.

Estas mismas fuentes aseguran que dichos informes podrían ser recibidos en las próximas 2 o 3 semanas y tras analizarlos se tomará una decisión sobre el futuro procesal de Gallardón. Cabe recordar que en los últimos meses ya comparecieron como investigados sus hombres fuertes en el Canal de Isabel II y en el Ejecutivo regional que estuvieron relacionados con la operación investigada.

Entre ellos, el exconsejero de Hacienda madrileño y actual presidente de ADIF, Juan Bravo; el expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo; o el exgerente del Canal, Arturo Canalda, que presentó su dimisión como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tras conocer su imputación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitó al Canal de Isabel II, Rothschild España SA, la Sociedad General de Aguas de Barcelona AGBAR, JP Morgan Asset Management, el despacho Garrigues y la Intervención General de Administración del Estado IGAE, varios informes relacionados con la adquisición de Inassa, la adjudicación del tren a Navalcarnero y el contrato del campo de Golf del Canal.

El expresidente madrileño, Ignacio González, presentaba recientemente un recurso de reforma contra los informes periciales encargados a la IGAE sobre el tren a Navalcarnero y el Golf del Canal. Su defensa indicaba que “debe dejarse sin efecto la pericial acordada hasta tanto no se tome declaración a todas las personas que participaron en los expedientes de adjudicación que el Juzgado considera que deben ser objeto de análisis”.

El letrado de González apuntaba además que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ‘todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos’, debiendo ser ambos expertos en la materiaque va a analizarse y pudiendo ser nombrado uno de ellos a solicitud de las partes”.

El aval “irrevocable” de Inassa

Tal y como publicó este diario, uno de los documentos que investiga la Fiscalía Anticorrupción es el aval “irrevocable y no transferible” de 1,8 millones de dólares suscrito por el Canal de Isabel II para formalizar la compra de la sociedad Inassa a través del paraíso fiscal de Panamá tres semanas antes de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) que presidía Alberto Ruiz Gallardón aprobara la operación.

El aval sobre la adquisición de las acciones de la filial colombiana del Canal, que se fraguó a través de la offshore panameña Sociedad de Aguas de América (SAA) se firmó el 8 de noviembre de 2001, 21 días antes de la autorización del Consejo de Gobierno.

El escrito citaba textualmente: “Por instrucciones de Canal de Isabel II Banco Español de Crédito, S.A. por la presente establece este aval irrevocable y no transferible n° AV1292-211-1255 a favor de Soluciones Ambientales, S.A., Stanke Investments, S.A. y Fianzas Internacionales Real, S,A., por un importe máximo de un millón ochocientos setenta y cinco mil dólares con efecto a partir del 15 de Noviembre de 2001, fecha de adjudicación de la operación de venta del 100% de la Sociedad Aguas de América y con vencimiento el 20 de Febrero de 2002, fecha en la cual caducará y quedará sin efecto ni validez”.

https://okdiario.com/investigacion/2018/03/09/fiscalia-espera-resultado-varios-informes-periciales-sobre-inassa-citar-gallardon-1933876

EL TESTAFERRO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “SOY MUY AMIGUETE DEL MINISTRO DE JUSTICIA, JUEGO CON ÉL AL GOLF TODOS LOS MESES”

Edmundo Rodríguez presumía de usar su relación con Rafael Catalá y para presionar a la “zorra” de Cristina Cifuentes

El escenario, el restaurante La Paloma, en el Barrio de Salamanca, con cuatro símbolos de euro €€€€ en TripAdvisor. Son las 9 de la noche y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el testaferro de Ignacio González y uno de los principales implicados en el caso Lezo se reúne con Ignasi Maestre, acusado de montar el entramado opaco de empresas del Canal de Isabel II en Latinoamérica. Pero hay otro invitado más oculto, un micrófono de la Guardia Civil que, entre otras cosas, capta a Edmundo Rodríguez presumiendo de “contactos”: “el que es muy amiguete mío, es el ministro de Justicia, Rafa Catalá, juego con él al golf todos los meses”.

Se trata de una grabación realizada por la Guardia Civil dentro de la investigación de la Operación Lezo, a la que ha accedido El Plural, y que fue entregada al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En total, son dos horas de conversación al calor de los platos de La Paloma en los que la conversación se centra en cuentas bancarias en Andorra, residencias fiscales en Panamá y las sospechas de corrupción que ya ambos sabían que pensaban sobre ellos.

Por ejemplo, en uno de los pasajes, Ignasi Maestre comenta “a mí me han machacado... y... y en Andorra, trabajo con un solo banco, porque me han cerrado cuentas, además me lo han dicho claramente, si usted nos trae solamente dinero de aquí de Andorra vale, dinero de fuera no queremos saber nada”.

Cifuentes, la filtradora

En cierto momento, la conversación deriva hacia el Canal de Isabel II y a la compra de Emissao en Brasil, por la que Edmundo Rodríguez está siendo investigado. “Me están tratado de involucrar en el tema de Brasil”, dice Edmundo, que reconoce que “sí que es cierto que me salté ese acuerdo [excederse de sus poderes y saltarse a los intermediarios] porque era un acuerdo lesivo para la sociedad”.

En esos momentos, Edmundo Rodríguez ya estaba siendo señalado y empezaba a aparecer en varias noticias. Por eso, Ignasi Maestre le pregunta “quién da toda esta información” a los medios, a lo que Rodríguez contesta: “La Cristina Cifuentes, la jefa de Gabinete de Cristina Cifuentes es la que está filtrando todo, cuando hablan de administración desleal que yo ni sabía que existiera ese delito, lo acabo de leer por primera vez en mi vida”.

Poco después, Edmundo Rodríguez saca a colación su puesto de consejero en el periódico La Razón, que no le está dando mucho dinero y que casi prefiere jubilarse. Entonces, Maestre le señala que ese puesto le abre “un mundo de relaciones”. A lo que Rodríguez añade que “los contactos que me tengo son poquísimos, algunos curiosos. Porque por ejemplo el que es muy amiguete mío es el ministro de Justicia, cosa curiosa, Rafa Catalá, juego con él al golf todos los meses”.

Rodríguez añade que utiliza su amistad con Catalá para intentar cortar las alas a Cifuentes. “Le doy la vara, le cuento, es que esta tía es una zorra vale… ministro cojonudo es una zorra, vale, pero y… y… ¿y?”, le narra a Maestre, que termina la frase: “La vais a dejar que continúe mordiendo, o qué”. A lo que Rodríguez remacha: “La odia mucha gente, eh”.

La Guardia Civil termina resumiendo en su informe el final de la conversación sobre Cifuentes: “Ambos departen sobre lo bien que les va, a los que ellos se refieren como "ésta tía", con los de Ciudadanos, comentando EDMUNDO que la odia mucha gente. Así mismo EDMUNDO dice que ella lo que quiere es ser Presidenta del Gobierno. EDMUNDO comenta sobre la actuación de Ciudadanos a nivel nacional”.

Amistades peligrosas

Esta no es la primera relación sospechosa que salpica a Rafael Catalá. El ministro de Justicia fue el único que ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados en democracia, junto al entonces fiscal general y al fiscal jefe de Anticorrupción, puesto que la mayoría del Parlamento consideró que se dedicaban a entorpecer las investigaciones de corrupción.

Esa reprobación llegó poco después de que se supiera que Catalá había escrito un mensaje a Ignacio González en respuesta a su enhorabuena por la elección para el cargo de ministro. El mensaje de Catalá decía "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos". Aunque González ya tenía sobre él varias sospechas y un proceso judicial abierto por el ático de Marbella, Catalá defendió que su mensaje transmitía el “deseo” de que España “tuviese estabilidad”.

Pero no es el único caso. Durante el Congreso Nacional del PP, en febrero de 2017, Catalá fue grabado buscando al entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, para reunirse en los pasillos. Era domingo y tras el encuentro, Sánchez canceló una rueda de prensa y se fue a casa. Al día siguiente se hizo público el auto del juez Velasco que le atribuía tres delitos en Púnica y se supo que la Fiscalía no había acompañado al juez.

Información privilegiada

Ese lunes y ese martes, Pedro Antonio Sánchez dio sendas ruedas de prensa en las que dio detalles del caso, de la acusación y de la posición de la Fiscalía que era imposible que conociera, por ser detalles inaccesibles para las partes personadas. El ministro de Justicia fue interrogado por este conocimiento del presidente murciano y apenas fue capaz de contestar más allá de que la información había pasado "por las manos suficientes como para que (Sánchez) haya oído hablar del asunto".

Además, Rafael Catalá también fue descubierto pasando un fin de semana en Baqueira Beret y se pegó una comilona en un restaurante del hotel mientras celebraba el cumpleaños del defraudador Manuel Torreblanca. Torreblanca, anfitrión del ministro, fue condenado a una pena de dos años de cárcel por siete delitos fiscales en junio de 2015, aunque no pisó la prisión gracias al trato laxo que le dieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El Plural preguntó al gabinete de Catalá si la estancia y el banquete en el Pirineo Catalán lo había pagado él o había corrido a cargo del defraudador. No obtuvimos respuesta. Igualmente, hemos preguntado al ministro sobre sus partidas de golf con Edmundo Rodríguez, con idéntico resultado.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/28/rafael-catala-lezo-ignacio-gonzalez-golf-justicia-edmundo-rodriguez

EL PSOE RECURRE UN AUTO SOBRE EL CASO LEZO AL "ATENTAR CONTRA LA DIVISIÓN DE PODERES"

El PSOE ha recurrido el auto del juez Manuel García Castellón que impide la entrega de documentación relacionada con el caso Lezo a la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid al alegar entre otros motivos que es "incongruente" y que "atenta contra la división de poderes".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dictó el pasado mes de enero un auto en el que determinó que "no ha lugar la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción" relativa al caso Lezo por estar en fase de instrucción.

Esta resolución judicial se produjo después de que el juez Fernando Andreu, que estaba temporalmente al frente del mismo Juzgado, dictara en agosto de 2017 una providencia que daba vía libre a la entrega de documentación sobre el Canal de Isabel II a la comisión.

En el recurso, fechado el 26 de febrero y facilitado hoy a los medios de comunicación, el PSOE considera que el auto de enero "adolece de incongruencia" y pide que sea "aclarado o reformado".

"Es evidente que su utilización para zanjar un conflicto entre el poder ejecutivo y legislativo de la Comunidad de Madrid excede de la competencia del Juzgado y atenta contra la división de poderes", dice el escrito.

Para el PSOE, el auto es una "intromisión de especial relevancia" porque asegura que "interfiere en el derecho y el deber de la Asamblea de Madrid de controlar al Gobierno" regional.

Los socialistas han señalado que el auto tiene lugar tras una consulta presentada por el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, para saber si "el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe facilitar la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción".

Una consulta que, según recuerdan, ya se hizo con anterioridad el Gobierno regional y que tras el auto de agosto llevó al Ejecutivo a trasladar la documentación solicitada por la comisión "a regañadientes" y de forma "desordenada" y "parcial".

Tras el auto ahora recurrido, el de enero, el PSOE señala que el Ejecutivo madrileño "ha procedido a reclamar la documentación parcial anteriormente entregada".

Por todo ello, la formación ha pedido la declaración de la "total nulidad" de este auto o bien "aclarar o reformar" su parte dispositiva para dejar constancia de que la entrega de documentación "sólo se refiere al propio Juzgado y en ningún caso a las relaciones entre la Comunidad y la Asamblea".

https://www.eldiario.es/politica/PSOE-recurre-Lezo-atentar-division_0_744726324.html

EL PSOE CREE QUE LA JUSTICIA VIOLA "LA DIVISIÓN DE PODERES" AL NEGAR LOS PAPELES DEL CANAL

Propone que sea la propia Asamblea de Madrid la que haga saber al Poder Judicial “que no recibir documentos dificulta nuestra labor” de control

El PSOE en la Asamblea de Madrid ha anunciado que quiere que sea la propia Comisión de Investigación sobre la corrupción la que reclame a la justicia madrileña explicaciones por la entrega de la documentación del Canal de Isabel II que reclamó este órgano hace meses, denunciando la “incongruencia” de la decisión judicial conocida el pasado enero y que retiraba, según el Gobierno de Cifuentes, el permiso para entregar estos documentos que en un primer momento se dio.

En rueda de prensa, su portavoz Ángel Gabilondo ha explicado que se plantean “dudas” sobre “si es el juez instructor quien debe determinar si se da o no la documentación que pide el Legislativo al Ejecutivo”, por lo que se va a plantear en la Mesa de la Comisión cómo elevar al Consejo General del Poder Judicial la solicitud de que el Legislativo, “como poder autónomo, haga saber que no recibir documentos dificulta nuestra labor” de control del Ejecutivo.

Tanto PSOE como Podemos ya presentaron, representados por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ante el juez que instruye la investigación por el caso Lezo, un recurso ante la decisión del juez Manuel García Castellón, después de que afirmarse que “no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial”.

"Es evidente que su utilización para zanjar un conflicto entre el poder ejecutivo y legislativo de la Comunidad de Madrid excede de la competencia del Juzgado y atenta contra la división de poderes", dice el escrito presentado por los socialistas.

Contra la división de poderes

Desde el Grupo parlamentario del PSOE defienden una vez más que lo que se solicitan no son documentos incluidos en un sumario sino papeles “de carácter administrativo”, concretamente las actas de los consejos de Administración del Canal de Isabel II. Gabilondo ha señalado su preocupación por “la autonomía del poder legislativo, de esta Cámara, que representa a los ciudadanos, y su capacidad para tener acceso a documentos que necesitamos para nuestra labor, que nos corresponde obligatoriamente, de control”.

En el escrito de recurso, se recuerda que una providencia del juez Andreu, dictada en agosto de 2017, no impedía la entrega de la documentación requerida porque esos documentos solicitados “no están incluidos en el sumario, y su entrega se rige por disposiciones administrativas, sin que el juez de instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”.

Pero a petición del Gobierno regional, hubo posteriormente un auto sobre el mismo asunto, conocido en enero y firmado por otro juez, en este caso Manuel García Castellón, que instruye la causa Lezo. Este auto indica que “no ha lugar la entrega de la documentación requerida”. En su recurso, los socialistas entienden que “no procede un nuevo auto resolviendo sobre lo mismo”.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/27/recurso-psm-canal-isabel-ii-division-poderes-asamblea-madrid

EL JUEZ CITA A DECLARAR COMO INVESTIGADO A IGNACIO GONZÁLEZ POR UN PRESUNTO AMAÑO EN UN CONTRATO DE UNA WEB DEL CANAL

González favoreció presuntamente a una empresa para hacer supuestos pagos a las empresas de Alejandro de Pedro, vinculadas a la trama 'Púnica' El expresidente madrileño está siendo investigado como presunto responsable de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación

Ignacio González acompañado de agentes de la UCO en el marco de la 'operación Lezo'.
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado a declarar como investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el presunto amaño de un contrato público del Canal de Isabel II en el que se adjudicó una web interactiva. La cita tendrá lugar el 5 de marzo.

Tal y como han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, tras la información adelantada por El Confidencial, González está siendo investigado como presunto responsable de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Junto a él también ha sido citado el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria; el subdirector de Contratación del Canal, Miguel Ángel Casanueva; el administrador único de Imagen de Síntesis Digital, empresa que resultó beneficiada del contrato tras el supuesto amaño, y el propio Canal como persona jurídica.

La querella fue presentada por la agencia de comunicación y publicidad Take Away, que se presentó a un concurso de la empresa de aguas para realizar, entre otras, una web interactiva por un presupuesto que, según la oferta pública, partía de 340.000 euros más IVA.

La empresa de comunicación explica que su oferta fue de 259.000 euros. Sin embargo, perdió el contrato frente a Imagen de Síntesis Digital, que, siempre según la agencia de comunicación, habría ofertado 298.600 euros más IVA.

El contrato recogía que la oferta económica suponía el 70% de la puntuación. Por ello, desde Take Away reclaman que se concrete qué valoró el 30% restante para que la otra empresa fuera la adjudicataria del contrato pese a ofrecer unos 40.000 euros menos.

Relación con la trama Púnica

La empresa querellante aprecia que se adjudicó ilegalmente el contrato a Imagen de Síntesis Digital porque su verdadero fin era financiar las campañas publicitarias y de marketing que estaban realizando las empresas de Alejandro de Pedro, vinculadas a la trama Púnica, Eico y Madiva, para mejorar la imagen de González.

Señala que González era "conocedor de lo que estaba ocurriendo" en el Canal Isabel II, mientras que atribuye el delito de cohecho a Salvador Victoria, que presidió el Canal Isabel II después que González. También imputa la prevaricación a éste y a Miguel Ángel Casanueva y el de malversación a todos los querellados.

Precisamente, el anterior juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, ya subrayó en un auto dictado en junio de 2016 que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y que se realizaron traspasos de efectivo "por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid".

De hecho, algunos testigos de este caso de corrupción, que continúa investigando el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, ya indicaron en su día que Eico y Madiva, recibieron una "facturación ficticia" a través de dicha empresa pública.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/26/el_juez_cita_declarar_como_investigado_ignacio_gonzalez_por_presunto_amano_contrato_una_web_del_canal_76904_1012.html

GONZÁLEZ NO QUIERE QUE LA IGAE INVESTIGUE EL GOLF DEL CANAL Y EL TREN A NAVALCARNEROIGNACIO GONZÁLEZ

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha recurrido la decisión del juez del caso Lezo de encargar a un perito de la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, que emita un informe sobre la “regularidad de la tramitación y ejecución” del campo de Golf del Canal de Isabel II y la adjudicación del tren a Navalcarnero.

En la pieza 2 de Lezo se investigan las posibles irregularidades cometidas en la adjudicación de la construcción de las instalaciones de Golf Canal que se llevó a cabo entre los años 2003 a 2007 y en la adjudicación de la gestión y explotación de estas instalaciones que se desarrolló durante los años 2007 y 2012.

Mientras, en la llamada pieza 3 de la causa se investigan las posibles irregularidades cometidas en la contratación de la redacción del proyecto, construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles-Central y Navalcarnero realizada en el año 2007.

Con el objetivo de avanzar en la instrucción, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitaba recientemente que un perito judicial de la IGAE emitiera “a la mayor brevedad posible, informe sobre la regularidad de la tramitación y ejecución de dichos expedientes y, especialmente, sobre la conformidad y adecuación en la aplicación y valoración de los criterios técnicos recogidos en los respectivos pliegos de condiciones en los informes técnicos de valoración emitidos”.

La defensa de González ha presentado un recurso de reforma indicando que “debe dejarse sin efecto la pericial acordada hasta tanto no se tome declaración a todas las personas que participaron en los expedientes de adjudicación que el Juzgado considera que deben ser objeto de análisis”.

El letrado del exdirigente popular señala que para que la práctica de dicha diligencia se desarrolle en términos óptimos, “los peritos que deban llevarla a cabo deben contar con toda la información necesaria, no sólo la documental que obra en la causa, o la que puedan instar, como indica la resolución que impugno, sino también con la que puedan ofrecer las personas que participaron en todos los expedientes de contratación que van a analizar. Por ello, es fundamental que, con carácter previo, se les tome declaración testifical a todos ellos”.

“Ello es obvio”, añade, “ya que se pretende analizar la regularidad en la tramitación y la conformidad con los criterios técnicos de las adjudicaciones, así como la declaración de interés general del proyecto modificado de construcción del campo de golf, pues deben acudir al Juzgado tanto los técnicos que elaboraron los pliegos de condiciones, como los que participaron en la valoración de las ofertas presentadas de los distintos expedientes, así como las personas que formaron parte de las Mesas de Contratación y elevaron al órgano colegiado la propuesta de adjudicación”.

La defensa de González apunta además que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ‘todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos’, debiendo ser ambos expertos en la materia que va a analizarse y pudiendo ser nombrado uno de ellos a solicitud de las partes”.

Dos adjudicaciones bajo sospecha

Tal y como recoge el sumario del caso Lezo, Ignacio González intercedió para que el Gobierno madrileño aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí y declarase las obras de interés general. En esas fechas, González era vicepresidente del Ejecutivo regional y presidente del consejo de administración del Canal de Isabel II, propietario de los terrenos.

Según los investigadores, gracias a González, el Canal de Isabel II adjudicó la gestión del campo de golf al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que no era la mejor oferta económica. El grupo al que se adjudicó el proyecto estaba formado por varias empresas en las que participaban el hermano de Ignacio González, Pablo González, y su cuñado José Juan Caballero.

Sobre la supuesta comisión de 1,4 millones destinada al expresidente de la Comunidad de Madrid por la adjudicación del tren a Navalcarnero, los investigadores han acreditado que se hizo una transferencia por esta cantidad desde la filial de la constructora en México al banco Anglo Irish Bank en Suiza y que terminó en la sociedad Lauryn Group del empresario de la ‘jet set’, Adrián de la Joya. La UCO interceptó una llamada telefónica a González en la que señalaba a López Madrid como responsable de dicha transferencia.

https://okdiario.com/investigacion/2018/02/26/gonzalez-no-quiere-igae-investigue-golf-del-canal-tren-navalcarnero-1818954

LÓPEZ MADRID ANOTÓ EN UNA AGENDA LA “INSTRUCCIÓN” DE GONZÁLEZ PARA QUE LE ADJUDICARAN MÁS OBRAS

El empresario Javier López Madrid anotó en su agenda una referencia a la “instrucción” de Ignacio González al exdirector de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid Jesús Trabada para que le adjudicaran más contratos de obra. Los investigadores sospechan que esta orden podría estar vinculada con la presunta mordida de 1,4 millones de euros que iba a cobrar González por dicha adjudicación.

En la agenda intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO a López Madrid en su despacho, recogida en el sumario del caso Lezo al que ha tenido acceso OKDIARIO, el empresario escribe la siguiente anotación en el año 2007: “Jesús Trabada sin contar Navalcarnero (darle instrucción de Nacho)”.

Los investigadores consideran que estas anotaciones se refieren a la orden de “amaño” del expresidente madrileño que el propio López Madrid tenía que transmitir al entonces director de Infraestructuras para adjudicar obras a la constructora del empresario.

En su declaración del pasado 20 de abril de 2017 como investigado ante la UCO, López Madrid reconocía que realizó esas anotaciones en el marco de una reunión con el directivo Rafael Martín de Nicolás que le estaba explicando la cartera de posibles clientes y de posibles contratos.

Según su testimonio, lo que el directivo le quiso decir es que habría hablado o pretendía transmitir a Jesús Trabada, entonces director de Infraestructuras de la región, que si no contaban “la adjudicación de Navalcanero, que realmente era una concesión y no un contrato de obra, estaban por debajo de las adjudicaciones recibidas por otras compañías”.

Sobre la afirmación “darle instrucción de Nacho”, no recordaba a la persona llamada Nacho a la que se estaba refiriendo, “pudiendo referirse a algún empleado o directivo de la compañía”. Al día siguiente, López Madrid comparecía en sede judicial y volvía a reconocer sus apuntes insistiendo en que estaba hablando “de la cartera de obra” por eso se cita a Teatros del Canal, Mintra (empresa del Metro de Madrid) o Colombia.

De la mención a Navalcanero, repetía que en Mintra iban bajos respecto “a la cuota de mercado que nos correspondía y que sólo con Navalcarnero, que no es una obra propiamente dicha, sino una concesión y que por tanto hay que poner balance, hay que poner inversión llegaríamos a esa cuota de mercado y por eso es lo que se refiere”.

A preguntas del juez, negaba haber dado instrucciones a Jesús Trabada al que en ese momento “desconocía” y sobre la anotación de “darle instrucciones de Nacho”, López Madrid señalaba que “pudo ser hasta un director financiero que teníamos que se llamaba Nacho, que era el que hacía los cuadros donde hablábamos de las adjudicaciones y las que nos pasaban”.
Meses después el pasado 7 de noviembre, en el careo que mantuvo con el empresario Adrián de la Joya, López Madrid volvió a ser preguntado sobre la anotación. En esta ocasión, afirmó que “ese Nacho yo estoy convencido de que es Nacho Martínez, que era el que miraba las carteras”. De esta forma, mantuvo hasta en dos ocasiones que la anotación de “Nacho” se correspondía con el directivo Nacho Martínez.

Sin embargo, el propio aludido negaba esta afirmación en su comparecencia como testigo ante la UCO del pasado 15 de diciembre . Al ser preguntado por los agentes sobre la afirmación de López Madrid que le identificaba como “Nacho” en su agenda, éste lo negaba y añadía “que él no confeccionaba ningún cuadro relativo a adjudicaciones y menos de ámbito nacional”.

La mordida para González

Los investigadores de Lezo han acreditado que se hizo una transferencia por 1,4 millones de euros desde la filial de la constructora en México al banco Anglo Irish Bank en Suiza y que terminó en la sociedad Lauryn Group del empresario de la ‘jet set’, Adrián de la Joya.

La UCO interceptó una llamada telefónica a Ignacio González en la que éste señalaba a López Madrid como responsable de dicha transferencia. Adrián de la Joya aseguró al juez haber recibido ese dinero tras una llamada del propio López Madrid.

Al enterarse que el destino del dinero era pagar una comisión al expresidente de la Comunidad, según la versión de este empresario, se quedó con el dinero como pago de una operación que tenía pendiente, negándose a pagar comisiones a “políticos o funcionarios”.

https://okdiario.com/investigacion/2018/02/26/lopez-madrid-anoto-agenda-instruccion-gonzalez-adjudicaran-mas-obras-1784474

UNA HUELLA LLEVA A VILLAR MIR DE NUEVO ANTE EL JUEZ DEL ‘CASO LEZO’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha vuelto a citar como imputado al expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar-Mir por los supuestos sobornos por la adjudicación del contrato para la construcción del tren de Móstoles a Navalcarnero, una obra que no llegó a ejecutarse. El magistrado investiga, en la pieza número 3 del caso Lezo, una supuesta comisión de 1,4 millones de euros que se ingresó en una cuenta suiza de titular desconocido pero que se sospecha que pertenece al expresidente madrileño Ignacio González o alguien de su entorno. La cantidad es el 3% del importe de adjudicación de los trabajos de esta infraestructura.

La citación del empresario, de 86 años, ante el juzgado se produce después de que la Guardia Civil le tomase una huella para cotejarla con otra que había aparecido en un “objeto” supuestamente relacionado con el pago de esta presunta comisión.

El empresario y exministro de Hacienda en el primer Gobierno del reinado de Juan Carlos I, deberá comparecer el 21 de marzo a las 9.30 en la Audiencia Nacional. Ese día también se ha citado a su yerno Javier López Madrid, exconsejero de OHL. El día anterior han sido citados, también como imputados los exconsejeros delegados de la compañía Rafael Martín de Nicolás y Tomás García Madrid.

Villar Mir ya declaró ante el magistrado en septiembre de 2017 por estos mismos hechos. En aquella ocasión ya negó tener ningún conocimiento sobre el supuesto pago en 2007 de una millonaria mordida al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para que se adjudicara a OHL la construcción de parte de la línea de tren que debía unir las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.

La transferencia de los 1,4 millones de euros se realizó desde una filial de la constructora en México y tuvo como destino una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la sociedad panameña Lauryn Group. Según los investigadores, el dinero tenía como destino pagar un soborno a Ignacio González. Solo un mes después del pago, la constructora se hizo con el concurso.

Por esta operación fue detenido el yerno de Villar Mir, el empresario Javier López Madrid, también imputado en el caso Púnica. Hasta ahora, González ha asegurado que nunca recibió el dinero. Sin embargo, el titular de la fundación panameña que recibió los fondos, el empresario Adrián de la Joya, admitió que López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera a su vez al presidente de la Comunidad de Madrid, pero que se quedó con los fondos para saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir tenían con él por un proyecto en África.

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/09/actualidad/1518185523_376163.html

EL JUEZ DEL CASO LEZO DECIDIRÁ ANTES DE SEMANA SANTA SI IMPUTA A GALLARDÓN

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene encima de la mesa decidir si imputa, o no, al ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la pieza número 1 del caso Lezo, donde se investiga la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II que conllevó un sobrecoste de 70 millones de euros, según las pesquisas y elindependiente.com avanza que lo decidirá antes de Semana Santa.

Asegura el mencionado digital, citando fuentes jurídicas, que el pasado jueves el instructor se reunió con la Fiscalía Anticorrupción y acordaron que antes de las vacaciones de Semana Santa tomarían una decisión sobre si se debe investigar o no a Ruiz- Gallardón en la trama que lideró Ignacio González.

Explica el diario que dirige Casimiro García-Abadillo que “hasta ahora, el juez –a petición de los fiscales Ana Cuenca y Antonio Romeral- ha practicado en las últimas semanas una treintena de interrogatorios para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon a la compra de Inassa en el año 2001”. E informa que “en concreto, García Castellón ha estado tomando declaración a todos los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en aquel momento”. Además, el instructor citó como testigos a los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid que elaboraron los informes de la citada operación.

Y asegura que tanto el magistrado como Anticorrupción tienen claro que si se acuerda la citación de Alberto Ruiz-Gallardón como investigado es porque haya serios indicios de que conoció e impulsó la compra presuntamente fraudulenta.

Recuerda elindependiente.com que “los investigadores sospechan que la adquisición de la sociedad Inassa fue irregular puesto que se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la mercantil panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal, para llevarla a cabo”.

La operativa paralela habría sido diseñada por Arturo Canalda, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, que gestionaron la adquisición de Inassa de una forma muy diferente al acuerdo de compra que se rubricó en el Consejo de Administración celebrado el día 8 de octubre de 2001 a petición del propio Canalda.

Subrayando que “aunque la operación se autorizó formalmente en el Consejo de Administración del Canal el 14 de noviembre de 2001, lo cierto es que seis días antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa”.

El 29 de noviembre se dictó acuerdo por parte del Gobierno madrileño autorizando al Canal la creación de Canal Extensia y la adquisición del 75% del capital social de Inassa por 73 millones de euros. Ese acuerdo está firmado por los entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y consejero de Hacienda, Juan Bravo. De ahí, que el nombre del ex ministro haya estado en el foco desde que salió a la luz que dicha operación de compraventa estaba siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Por su parte, el que fuera titular de Justicia señaló durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre que no le parece que hubiese un sobrecoste en la adquisición de Inassa y que, además, él no formaba parte del Consejo de Administración que llevó a cabo la compra aunque esta le pareció “una buena operación”.

https://www.elboletin.com/noticia/159838/nacional/el-juez-del-caso-lezo-decidira-antes-de-semana-santa-si-imputa-a-gallardon.html

PEDRO CALVO SEÑALA A CARLOS MAYOR OREJA POR LA COMPRA DE INASSA DESDE PANAMÁ Y EXCULPA A GALLARDÓN

Declaración del expresidente del Canal de Isabel II en el caso Lezo

Los ex consejeros del Canal afirman que confiaron en Canalda para la compra de Inassa

El expresidente del Canal, Pedro Calvo: “La compra de Inassa en Panamá fue transparente y legal”

El expresidente del Canal de Isabel II y consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, Pedro Calvo, señaló a su antecesor en la presidencia del Canal, Carlos Mayor Oreja, como uno de los responsables de la compra de la filial colombiana Inassa a través de una sociedad panameña por 73 millones de dólares.

Durante su declaración como investigado en el marco del caso Lezo del pasado 10 de enero ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Pedro Calvo declaraba inicialmente que no recordaba haber hablado con Alberto Ruiz Gallardón sobre la operación, porque les daba “autonomía” en el Gobierno y que si el expresidente madrileño hubiera conocido la operación hubiese dado su autorización porque “era beneficiosa”.

A continuación, la Fiscalía Anticorrupción le pregunta sobre el papel de Gallardón en la compra de la filial colombiana por 73 millones de dólares a través de la empresa panameña Sociedad de Aguas de América: “¿Podía iniciarse una operación de estas características sin contar con el conocimiento, el beneplácito del señor Ruiz Gallardón? ¿Se podía hacer a espaldas de Gallardón?”.

Calvo afirma que la pregunta tiene una respuesta “difícil”. “Durante la etapa de Carlos Mayor Oreja se produce un cambio en la orientación del Canal, se retoma la misión de que el Canal tenga una expansión internacional. Es cuando se crea el departamento de Nuevos Negocios, se le da una nueva orientación”.

En ese momento, el magistrado García Castellón pide a Calvo mayor concreción en su respuesta y este prosigue señalando que “la respuesta no puede ser un sí o un no”.

“Entiendo que el señor Carlos Mayor Oreja cuando en el mes de mayo del año 2001 el Canal decide retirar toda la documentación que formaba parte de la licitación se lo comentaría al señor Ruiz Gallardón. Yo también entiendo que antes de llevar ese asunto al Consejo de Administración pude haber tenido alguna conversación informal, pero usted comprenderá que no pueda conocer los detalles después de 16 años”.

La valoración y compra de Inassa

Durante su comparecencia, Pedro Calvo no recordaba si en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II del 8 de octubre de 2001 se informó sobre la compra de Inassa a través de la sociedad panameña Sociedad de Aguas de América, SAA. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2001 se dio el visto bueno a realizar una oferta por el 75 % de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros), incluyendo el 51% de la sociedad dominicana Watco.

Según Calvo, el valor de Inassa radicaba en las “concesiones de abastecimiento del agua en las ciudades de Barranquilla y Santa Marta en Colombia, el estado de Zulia en Venezuela o Ciudad de Santo Domingo en República Dominicana”.

El expresidente del Canal de Isabel II afirmaba que en el Consejo del Canal se ofreció “información exhaustiva” sobre la compra y que “las formas en las que se podía efectuar la compra figuraba en la documentación”. “Hacer la operación de compra directamente en Colombia o a través de una empresa de Panamá era fiscalmente similar”, añadía.

Calvo aseguraba que desconocía porque la valoración de Inassa pasó de 25 a 73 millones de dólares, afirmando que lo que “no entendía” era que hubiera sido valorada inicialmente por 25 millones. Después señalaba que la valoración se incrementó por “los años de las concesiones” de la sociedad colombiana.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid “tenía que dar el visto bueno sobre la creación de Canal Extensia y para autorizar el endeudamiento de 51 millones de la compra de Inassa“. Dicho Consejo tuvo lugar el 29 de noviembre de 2001.

Por último, negaba que “la elevación de la propuesta” al Consejo de Gobierno de compra de Inassa correspondiera a la Consejería de Medio Ambiente que él dirigía, sino a la “Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda”, que dirigía Juan Bravo.

https://okdiario.com/espana/2018/02/05/pedro-calvo-senala-carlos-mayor-oreja-compra-inassa-desde-panama-exculpa-gallardon-1774686

ÉSTE ES EL AVAL DE 2,2 MILLONES QUE FIRMÓ EL CANAL CUANDO NO SE HABÍA AUTORIZADO LA COMPRA DE INASSA

La fiscal deja sin palabras a Calvo por el aval de Inassa: “No puedo dar una explicación”

OKDIARIO publica el aval “irrevocable y no transferible” de 2,2 millones de euros (1,8 millones de dólares) que suscribió el Canal de Isabel II para formalizar la compra de la sociedad Inassa a través del paraíso fiscal de Panamá tres semanas antes de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) que presidía Alberto Ruiz Gallardón aprobara la operación.

EL aval sobre la adquisición de las acciones de la filial colombiana del Canal, que se fraguó a través de la offshore panameña Sociedad de Aguas de América (SAA) se firmó el 8 de noviembre de 2001, 21 días antes de la autorización del Consejo de Gobierno.

El escrito cita textualmente lo siguiente: “Por instrucciones de Canal de Isabel II (“Los Ordenantes”) Banco Español de Crédito, S.A. (“El Banco”) por la presente establece este aval irrevocable y no transferible n° AV1292-211-1255 a favor de Soluciones Ambientales, S.A., Stanke Investments, S.A. y Fianzas Internacionales Real, S,A. (“Los Beneficiarios”), por un importe máximo de un millón ochocientos setenta y cinco mil dólares (USD$ 1.875.000,-) (El “Monto Original”) con efecto a partir del 15 de Noviembre de 2001, fecha de adjudicación de la operación de venta del 100% de la Sociedad Aguas de América (La “Fecha Efectiva”) y con vencimiento el 20 de Febrero de 2002, fecha en la cual caducará y quedará sin efecto ni validez”.

“Este aval”, añade, “está a disposición de los Beneficiarios contra letras pagaderas a la vista, giradas por estos contra el Banco, acompañadas de Certificado (El “Certificado”) firmado para el efecto por persona/s con poderes suficientes para representar a los Beneficiarios (poderes que se acompañaran al Certificado y que deberán esta debidamente legitimados a fin de surtir efectos en España)”.

También contempla el aval los supuestos por incumplimiento en la firma de la compra o en el pago: “Los Ordenantes, adjudicatarios del proceso de venta de la Sociedad Aguas de América según carta de adjudicación a presentar, han incumplido las obligaciones adquiridas bajo la Carta de Oferta suscrita el 14 de Noviembre de 2001 (La “Carta de Oferta”) incumplimientos que constan de: Incumplimiento en firmar, a más tardar el 27 de Diciembre de 2001, el ‘Acuerdo de Compra Venta de Acciones’ y/ó incumplimiento en el pago a más tardar el 27 de Diciembre de 2001 de la cuota inicial del precio ofertado en la Carta de Oferta por la suma de diez millones de dólares estadounidenses (USD$ 10.000.000)”.

El escrito indica que el pago “se efectuará dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del Certificado. Los pagos bajo el presente aval serán efectuados por el Banco mediante transferencia bancaria de fondos inmediatamente disponibles a la cuenta bancaria designada para el efecto por los Beneficiarios”.

“Salvo estipulación en contrario, este aval esta sujeto a las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos Documentarios Revisión de 1993, Publicación n° 500 CCI y cualquier discrepancia que surja del presente aval o de su ejecución, estará sujeta a la legislación Española. Madrid, a 8 de Noviembre de 2001″ concluye el escrito.

La fiscal dejó sin palabras de Calvo

Tal y como publicó este diario, la fiscal anticorrupción del caso Lezo dejó sin palabras al expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo, tras preguntarle por el citado aval de 2,2 millones que firmó la empresa pública del agua.

En la declaración de Pedro Calvo como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del pasado 10 de enero, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el 8 de noviembre de 2001 los gerentes de la empresa pública madrileña, antes de que su Consejo de Administración aprobara la compra, ya disponían de “una aval irrevocable y no transferible a favor de unas sociedades panameñas y uruguayas”, que eran las propietarias de SAA, “en la que estaban ya garantizando esta operación”.

La fiscal preguntaba entonces cómo era posible que, sin las autorizaciones, ya dispusieran de “una aval irrevocable que conllevaba una pérdida de casi 1,9 millones de dólares si no se aprobaba”. Pedro Calvo se quedaba prácticamente sin palabras y respondía que “no tenía conocimiento de ese aval” y que “en estos momentos” no podía dar una explicación.

https://okdiario.com/investigacion/2018/02/07/este-aval-22-millones-firmo-canal-cuando-no-habia-autorizado-compra-inassa-1790519

GONZÁLEZ ENCARGÓ PERSONALMENTE A SU CUÑADA EN CUATRECASAS EL INFORME DE INASSA CONTRA GALLARDÓN

El expresidente de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II, Ignacio González, exigió "máxima confidencialidad" y que el trabajo no lo pagara la empresa pública de aguas

La cuñada de Ignacio González, Pilar Cavero, gestionó directamente con el entonces presidente del Canal de Isabel II y vicepresidente de Madrid, Ignacio González, el informe que hizo Cuatrecasas sobre la compra de Inassa por parte de la empresa pública de aguas en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón.

En el sumario del caso Lezo figura un correo electrónico dirigido al director general del despacho con copia al adjunto en el que Cavero asegura que es González quién le ha pedido el encargo y quien ha puesto las condiciones del trabajo. Un informe ad hoc de “máxima confidencialidad”, que debía pagarse incluso bajo una operativa opaca “desde otras sociedades diferentes” con el objetivo de buscar "agujeros o zonas grises" en Inassa, la empresa matriz del Canal.

Bajo el título "CANAL DE ISABEL II ASUNTO. CONFIDENCIALIDAD", Cavero explica que "parece que ya por fin podemos ponernos a trabajar y dedicarnos a nuestros business". Y continúa señalando que "como he comentado a Julián -adjunto a la dirección de Cuatrecasas- me ha llamado González, Vicepresidente Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, y a su vez presidente del Canal de Isabel II, para comentarme si Cuatrecasas, podría hacerse cargo de llevar a cabo una AUDITORÍA OPERATIVA", de todas las sociedades del grupo de Aguas (Canal de Isabel II).

En concreto, Cavero se refiere a "hacer la foto y la revisión de todos los aspectos fiscales, contables, legales y dar datos e información sobre compras, ventas, e incluso revisar si los precios de ventas eran razonables o ridículos, pues parece que alguno de los precios de venta son inaceptables". Según la cuñada de González "tienen la impresión de que en la sociedad colombiana y otras hay más de un agujero o zona gris". Cuatrecasas concluyó que la compra de Inassa era “muy cuestionable desde el punto de vista de su idoneidad y legalidad” y que el precio que se pagó fue muy superior al de mercado ya que “la valoración está relacionada con personas que eran parte vendedora”.

Las condiciones del encargo fueron explícitas y contemplaban incluso pagarlo por fuera del Canal. "Quieren máxima confidencialidad en la operación, incluso los honorarios se abonarían desde otras sociedades diferentes". El informe debía incluir la actividad del Canal en Colombia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, México, Chile, Santo Domingo y España.

Es la propia cuñada de González quien sugiere también qué personas debían hacer el informe. Da tres nombres "Como mercantilista sugiero Javier Villasante o Rai, un fiscalista, sugiero Antonio Plaza, y probablemente algún experto del área financiera de R. Mínguez, pero este extremo lo detallaremos".

La relación entre el encargo de González a través de su cuñada es tal, que Pilar Cavero detalla hasta qué punto han hablado del informe "Le he explicado a Ignacio González que podríamos coordinarlo nosotros íntegramente pero necesitaríamos probablemente apoyarnos en abogados locales de cada zona". Y concluye "Me gustaría poder mañana comentar la operatoria con vosotros".
"Felicidades por el encargo"

En otro correo, fechado el mismo día, 25 de febrero de 2004, el entonces director general de Cuatrecasas y hoy presidente ejecutivo, Rafael Fontana, responde al correo inicial de Cavero y le da la enhorabuena. "Felicidades por el encargo, mañana hablamos" y añade "buen asunto que debemos procurar liderar y ejecutar". Ese año Pilar Cavero Mestre ya era socia del despacho jurídico.

http://cadenaser.com/ser/2018/02/06/tribunales/1517940610_814861.html

EL JUEZ PIDE QUE SE INVESTIGUE A MAURICIO CASALS POR OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA

Ramiro García de Dios considera que ha podido incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial al no querer dar el nombre de la "magistrada amiga de la casa" que le avisó de que Ignacio González estaba siendo investigado.

El juez Ramiro García de Dios, que ha investigado el caso del presunto chivatazo de una "magistrada amiga de la casa" que habría avisado de que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, estaba siendo investigado en el marco del caso Lezo al presidente de La Razón, Mauricio Casals, solicita que se investigue a éste último por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El titular del juzgado de instrucción número seis de Madrid tuvo que archivar la investigación la semana pasada precisamente por la falta de colaboración de Mauricio Casals que, a pesar de que declaró como testigo, no quiso desvelar el nombre de la "magistrada amiga de la casa" a la que se refirió en una conversación con Ignacio González. Según contó el expresidente de la Comunidad de Madrid al exministro Eduardo Zaplana durante una conversación intervenida en Lezo, el presidente de la Razón le contó: "Edmundo está 'acojonao', me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'".

Tanto Rodríguez Sobrino como Mauricio Casals e Ignacio González declararon ante el juez por este motivo. Dado que las versiones de los dos últimos eran contradictorias, el juez solicitó un careo entre ambos. Dicho careo tampoco sirvió para esclarecer el nombre de la jueza que les habría puesto al tanto de la investigación.

Por eso, el juez Ramiro García de Dios solicita al Decanato que de autorización al juzgado de instrucción número seis para investigar a Mauricio Casals por un delito de desobediencia a la Justicia "al negarse a facilitar a la autoridad judicial el nombre de la 'magistrada amiga de la casa' que le avisó de que el señor Ignacio González estaba siendo investigado y grabado en sus intervenciones telefónicas por decisión judicial".

Concretamente, el juez solicita que se le investigue por dos delitos contra la Administración de Justicia: el de falso testimonio, previsto en el artículo 460 del Código Penal y castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años y por el de desobediencia grave a la autoridad, previsto en el artículo 556 del mismo código.

Según éste, "serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses los que (...) resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180209/piden-investigue-mauricio-casals-obstruccion-justicia/283721989_0.html

EL CAREO ENTRE CASALS Y GONZÁLEZ NO DESVELA QUÉ MAGISTRADA DIO EL CHIVATAZO DEL ‘CASO LEZO’

El presidente de La Razón niega ante el juez haber dicho que una juez "amiga de la casa" le advirtiera de la investigación

El careo celebrado este lunes por el juez de Madrid Ramiro García de Dios entre el expresidente madrileño Ignacio González y el presidente de la empresa editora de La Razón, Mauricio Casals, no ha servido para averiguar la identidad de la "magistrada amiga de la casa" que supuestamente advirtió a los cabecillas del caso Lezo de corrupción de que estaban siendo investigados. Fuentes presentes en el careo han señalado que Casals ha negado haber dicho a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón e investigado en Lezo, que una juez cercana al periódico le hubiera dado un chivatazo sobre la investigación.

En las escuchas telefónicas de ese sumario de corrupción se escucha al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González explicarle al exministro del PP Eduardo Zaplana que Mauricio Casals le había contado que una “magistrada amiga de la casa” le había “llamado” para informarle de que la Guardia Civil les estaba grabando.

En esa grabación, de noviembre de 2016, Ignacio González le relataba a Zaplana la siguiente conversación con Casals: “Edmundo [Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón e imputado en Lezo] está acojonao, me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'”. Edmundo Rodríguez Sobrino fue presidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II en América Latina ingresó en prisión el 21 de abril y salió bajo fianza de 100.000 euros en noviembre.

Fuentes presentes en el careo han informado de que Casals ha negado haber dado tal referencia a una magistrada amiga, y que González ha afirmado que "le pareció" haber entendido eso tras esa conversación con el máximo directivo de la empresa editora de La Razón. Otras fuentes próximas a Casals han apuntado que quizá la expresión de la "magistrada amiga" fuera una "fabulación" de este para tranquilizar a Edmundo Rodríguez.

El primer juez instructor del caso Lezo, Eloy Velasco, preguntó el pasado abril a Casals por esta magistrada a la que hacía referencia González en su conversación, pero no logró que el directivo de Atresmedia le diera la identidad de la supuesta delatora alertó a los imputados.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/29/actualidad/1517217865_886001.html

GONZÁLEZ DONÓ 145.000 EUROS A SUS HIJAS PARA COMPRAR DOS PISOS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

El juez del caso Lezo investiga una donación de 145.000 euros del expresidente madrileño, Ignacio González, a dos de su hijas para comprar sendas Viviendas de Protección Pública Básica (VPPB) en el barrio madrileño de Valdebebas donde se encuentra ubicada la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el frustrado Campus de la Justicia.

Según se desprende del sumario de la causa, al que ha tenido acceso OKDIARIO, González y su esposa firmaron dos escrituras ante el notario Eusebio Javier González Lasso de la Vega para efectuar dos donaciones en metálico de 72.284,11 euros cada una para sus hijas Lourdes y Patricia el 17 de diciembre de 2010.

La escritura indica literalmente que “los cónyuges Don Jaime Ignacio González González y Doña María Lourdes Cavero Mestre donan pura y simplemente” a sus hijas Lourdes González Cavero y Patricia González Cavero la suma de 72.284,11 €.

Las donaciones se efectuaron mediante “transferencias bancarias realizadas los días 11 de octubre de 2010, 26 de octubre de 2010 y 29 de noviembre de 2010, justificantes de las cuales, dejo unidos a esta matriz, y en la que constan las respectivas cuentas de cargo y de abono de la totalidad de la suma donada”.

“Los señores donantes hacen constar”, añade la escritura, “que después de esta donación, les quedan bienes suficientes para su subsistencia, que esta donación, no perjudica los derechos legitimarios de sus herederos forzosos y que disponen expresamente los donantes que la presente donación, tenga el carácter de no colaccionable para la parte donataria”.

Los justificantes bancarios aportados en la escritura que publica este diario reflejan como al menos parte de esa cantidad, un importe de 9.084,11 euros respectivamente, sirvió de reserva para comprar dos pisos de Protección Pública Básica en la promoción C.B. Valdebebas 136. Así consta en el concepto de dichas transferencias que publica este diario.

González y su esposa compraron su chalet adosado de 3 plantas en una de las zonas más exclusivas del barrio madrileño de Aravaca por 1.060.600 euros el 28 de febrero de 2006. En el año 2010, donaban los citados 145.000 euros a sus dos hijas y dos años más tarde compraban el polémico y lujoso dúplex de Estepona por 741.000 euros. Ambos son investigados en el caso

Lezo por presunto blanqueo de capitales.

Las tres hijas de Ignacio González y Lourdes Cavero no están imputadas en la causa, sin embargo, sus cuentas bancarias fueron bloqueadas por el juez para esclarecer si en ellas el matrimonio ingresó dinero procedente de presuntas actividades ilícitas. Hace 3 meses, la defensa de las tres hijas solicitaba al magistrado García Castellón el desbloqueo de dichas cuentas y de sus depósitos de ahorro.
Los pisos de Valdebebas

Esta promoción fue desarrollada por el arquitecto Francisco Mangado, y por sus elevadas prestaciones y la utilización de los materiales obtuvo el reconocimiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid otorgando a la promoción el Premio COAM 2015. La parcela está muy próxima a la estación de cercanías y al parque urbano de Valdebebas. Su ubicación permite un rápido desplazamiento al centro de Madrid, tanto en vehículo privado como en transporte público.

El conjunto inmobiliario tiene diferentes alturas conformando un conjunto arquitectónico singular. Según la web de la promoción, “conviven en el mismo edificio el uso residencial y el comercial, con la presencia de locales en planta baja en torno a una plaza que será centro de atracción de actividad económica y vida urbana”.

Las zonas comunes de Residencial Valdebebas 136 cuentan con piscina y amplias zonas ajardinadas. “El acceso a cada uno de los siete portales se hace desde el interior de la urbanización, cuyo control de acceso estará centralizado con una conserjería”.

Estos pisos están sujetos a un Precio Máximo Legal de Venta (PMLV), que fija la Comunidad Autónoma de Madrid por metro cuadrado de superficie útil en cada municipio y por encima del cual no puede ser vendida. Esto facilita el acceso a la vivienda para las personas con menores recursos económicos, como por ejemplo los jóvenes.

Para acceder a viviendas VPP, los ingresos familiares no deben superar 5,5 veces el IPREM. Las hijas mayores de Ignacio González que firmaron su escritura de propiedad el 30 de enero de 2014.

https://okdiario.com/investigacion/2018/02/09/gonzalez-dono-145-000-euros-hijas-comprar-dos-pisos-proteccion-publica-1789736

JOSÉ MARÍA GARCÍA NIEGA QUE HABLARA DE VILLAR MIR AL REFERIRSE A LOS SOBORNOS DE UN CONSTRUCTOR AL PP

El periodista dijo que un constructor le contó que pagó mordidas al PP a cambio de contratos

El periodista José María García ha negado que se estuviera refiriendo al constructor Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, al manifestar en el programa Salvados, de La Sexta, que un empresario, cuyos datos coincidían con Villar Mir, le había contado que “compraba a políticos”. García ha declarado durante media hora como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructror del caso Lezo de corrupción, en la que se investiga una supuesta mordida de 1,4 millones de euros al PP a cambio de la adjudicación de la obra del tren de Móstoles a Navalcarnero.

"Sí. Un día a un empresario importantísimo, cazado in fraganti, le digo. 'Tú que has tenido cargos políticos importantísimos en este país, ¿por qué estás comprando a políticos?", relató García. A lo que el empresario, según la versión de García, contestó: "Yo tengo una empresa que tiene más de 30.000 obreros, si yo no hago obra pública yo no puedo sobrevivir. Y para hacer un metro de obra pública, tengo que pasar por caja".

El presentador del programa, Jordi Évole, le preguntó a continuación a García: "¿Financiaba ilegalmente a un partido político ese constructor? Porque entiendo que es un constructor…". "Un constructor importante y poderosísimo", contesta José María García.

Évole sigue preguntando: "¿Y que había tenido cargos políticos? ¿Igual había sido ministro en otra época de este país? Es que claro… Es que son muchas pistas. ¿Empieza por Villar y acaba por Mir?". Y José María García concluye: "Empieza por V y acaba por R".

Según ha manifestado García a la salida del interrogatorio, la mención a Villar Mir fue una deducción de Jordi Évole, y que las letras V y R, que dijo él, no fueron una corroboración, sino una simple constatación de que fue Évole el que se refirió al constructor y exministro de Hacienda en el primer reinado de Juan Carlos I.

Villar Mir está imputado en la pieza 3 del caso Lezo, en la que se investiga una supuesta comisión de 1,4 millones de euros que se ingresó en una cuenta suiza de titular desconocido pero que se sospecha que pertenece al expresidente madrileño Ignacio González o alguien de su entorno. La cantidad es el 3% del importe de adjudicación de los trabajos de esta infraestructura.

El empresario, de 86 años, ha vuelto a ser citado ante el juzgado el próximo 21 de marzo después de que la Guardia Civil le tomase una huella para cotejarla con otra que había aparecido en un “objeto” supuestamente relacionado con el pago de esta presunta comisión.

Villar Mir ya declaró ante el magistrado en septiembre de 2017 por estos mismos hechos. En aquella ocasión ya negó tener ningún conocimiento sobre el supuesto pago en 2007 de una millonaria mordida al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para que se adjudicara a OHL la construcción de parte de la línea de tren que debía unir las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.

La transferencia de los 1,4 millones de euros se realizó desde una filial de la constructora en México y tuvo como destino una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la sociedad panameña Lauryn Group. Según los investigadores, el dinero tenía como destino pagar un soborno a Ignacio González. Solo un mes después del pago, la constructora se hizo con el concurso.

Por esta operación fue detenido el yerno de Villar Mir, el empresario Javier López Madrid, también imputado en el caso Púnica. Hasta ahora, González ha asegurado que nunca recibió el dinero. Sin embargo, el titular de la fundación panameña que recibió los fondos, el empresario Adrián de la Joya, admitió que López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera a su vez al presidente de la Comunidad de Madrid, pero que se quedó con los fondos para saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir tenían con él por un proyecto en África.

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/12/actualidad/1518443590_797770.html

LA FISCALÍA A UN IMPUTADO: "¿RECIBIÓ INSTRUCCIONES DE AGUIRRE PARA ADJUDICAR EL CONTRATO A OHL?"

El ministerio público trata de determinar si la expresidenta de la Comunidad de Madrid participó en las irregularidades detectadas en la adjudicación de la construcción del tren Móstoles-Navalcarnero

La fiscal del 'caso Lezo' preguntó de forma directa en el interrogatorio que realizó el 12 de septiembre al ex director de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y exdirector de la empresa de Metro (Mintra), José Trabada, si la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre le había dado instrucciones para que la obra del tren entre Móstoles y Navalcarnero, por el que su 'número dos' habría pactado cobrar una comisión de 1,4 millones de euros, se adjudicara a OHL, según la grabación de la comparecencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

"¿Usted ha recibido alguna instrucción de Ignacio González para que le fuese adjudicado este contrato [el tren a Navalcarnero] a OHL?", interpeló la representante del ministerio público, a lo que Trabada respondió: "Nunca". Y fue entonces cuando la fiscal aludió a la actuación de la expresidenta madrileña: "¿Y de la señora Esperanza Aguirre, de la que usted ha dicho que está detrás de que se construyese esto?". "No", contestó de forma categórica el imputado.

Según las pesquisas del 'caso Púnica', Javier López Madrid, exconsejero de la empresa OHL, habría abonado 2,1 millones que la constructora había destinado supuestamente a la caja b del PP madrileño para financiar las elecciones autonómicas de 2011, con Aguirre de candidata, o las europeas de 2014. Así lo consideraron el juez y los investigadores tras analizar un cuaderno con anotaciones manuscritas del cabecilla de la 'Púnica', el ex secretario general del PP y exconsejero madrileño Francisco Granados.

Precisamente, el expresidente y ex director general de OHL, Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid, están imputados en 'Lezo' y en 'Púnica', los casos de corrupción en los que se investiga la presunta financiación ilegal del PP de la propia Aguirre, con Francisco Granados e Ignacio González como 'lugartenientes'. De forma reciente, el juez unificó las causas sobre la financiación ilegal del PP que se habían abierto en ambos casos de corrupción.

Precisamente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, dictó este jueves un auto en el que citaba como imputado a Juan Miguel Villar Mir y a Javier López Madrid. Tanto el expresidente de OHL como el exconsejero del grupo deberán declarar por las irregularidades en la realización de obras en el Metro de Madrid cuando Francisco Granados era consejero.

Consejería de Transportes

En el auto del magistrado, al que ha accedido Vozpópuli, se establece que esta decisión se adopta en relación a las "adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes" durante los años 2003 y 2004. El tiempo en el que transcurrió el mandato de Francisco Granados, en la que su 'número dos' era José Trabada.

El juez considera que hubo "tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones", especifica la resolución, que se conoce después de la declaración de 12 de septiembre de Trabada, que el 28 de diciembre de 2011, tras perdonar una millonaria multa a OHL por paralizar la obra del tren Móstoles-Navalcarnero, creó una empresa en la que también participaron un testaferro de Granados [Ignacio Palacios] y el propio López Madrid.

En su declaración, Trabada reconoció que "Ignacio Palacios era el jefe de gabinete de Granados. "No sé de quién era el dinero porque podía ser de cualquiera, ya que las acciones tenían un carácter nominal”, especificó Trabada, que no supo dar una respuesta convincente a la fiscal del motivo por el que acabó siendo socio de López Madrid después de perdonarle una multa millonaria a su empresa.

'Caso Púnica'
Esta respuesta fue suficiente para la fiscal, que reconoció que esta parte del interrogatorio del imputado “es objeto de otro procedimiento”, en referencia a la Púnica, “ya lo miraremos tranquilamente”, explicó la funcionaria, que volverá a interrogar a Trabada, aunque en este caso en la causa contra Granados.

En el auto en el que se imputa al expresidente de OHL en 'Púnica', el juez indica que Granados abusó de su condición para favorecer a la empresa Obrum con un lote de adjudicaciones, vinculada a David Marjaliza, "a cambio del pago de importantes comisiones". Fueron concedidos desde la empresa pública Mintra. García-Castellón señala que todo el proceso se estaba desarrollando con total conocimiento y participación del consejero delegado Jesús Trabada.

El grupo OHL ha negado por su parte cualquier irregularidad en los procesos de licitación y contratación en los que ha participado, y ha recalcado que todos ellos se han ejecutado "con la máxima transparencia" y "de acuerdo a la Ley y a las mejores prácticas de gobierno corporativo".

https://www.vozpopuli.com/espana/Fiscalia-Recibio-instrucciones-Aguirre-OHL-imputado-fraude-caso-lezo_0_1105389646.html

EL JUEZ PERMITE A IGNACIO GONZÁLEZ Y EL NÚCLEO DURO DE LEZO EXPURGAR LOS DATOS PERSONALES DE LOS MÓVILES INTERVENIDOS

El juez da un plazo de diez días a las defensas de Ignacio González, su entorno familiar investigado y el resto de la cúpula del Canal de Isabel II, entre otros, para solicitar qué partes quieren expurgar de los móviles intervenidos qeu afecten a "datos personales fuera del objeto de investigación".

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, da diez días de plazo a las defensas de Ignacio González, su mujer, Lourdes Cavero, su cuñado, José Juan Caballero y su hermano Pablo González; al hombre fuerte de González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, su hija, Patricia Rodríguez y su secretaria, Clarisa Guerra; al exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, la exdirectora financiera, Mª Fernanda Richmond, a Jaime Antoñanzas, Juan Miguel Madoz, el exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta, Luis Vicente Moro y el exsecretario de Estado con Aznar, José Manuel Serra Peris para que aleguen qué "fragmentos de textos, imágenes o conversaciones" quieren excluir del sumario porque afectan a su vida íntima y están fuera del objeto de la investigación.

Los investigados no se podrán llevar los dispositivos del juzgado sino que tendrán que acudir con un disco diro para el volcado de los datos íntimos o personales. Las defensas tendrán que hacer alegaciones sobre aquellos "fragmentos, textos, imágenes o conversaciones que interesan excluir por afectar a su intimidad y estar fuera del objeto de la ivnestigación" dice el escrito.

El juez admite así parte de la petición de la defensa de González que solicitó eliminar un amplísima batería de documentos incautados al expresidente de Madrid durante los registros de la operación Lezo. Aunque en este caso se refiere únicamente a los teléfonos móviles, González pidió excluir varias "agendas con anotaciones" que contenían "reflexiones políticas estrictamente personales para la elaboración de artículos, preparación de campañas electorales, anotaciones de frases de políticos relevantes, así como claves de acceso informáticas personales", un contenido que ya ha sido expurgado por la defensa del expresidente autonómico.

La diligencia de ordenación, a fecha 31 de enero, advierte a González y al resto de investigados que de no acudir en los próximos diez días el se entenderá que desisten del expurgo del teléfono móvil y se incorporara íntegro al procedimiento. Contra la resolucion cabe recurso de las partes.

http://cadenaser.com/ser/2018/02/01/tribunales/1517506528_519595.html

PABLO GONZÁLEZ SE NIEGA A DECLARAR ANTE LA ASAMBLEA DE MADRID POR EL CASO LEZO

Se intentaba analizar la operación que culmino con unas instalaciones de golf en una solar de Chamberí

Había mucha expectación ante esta cita, aunque se veía venir que este imputado fundamental en el caso Lezo no iba a abrir la boca. Y así ha sido por lo que no ha estado en la sala ni 20 minutos.

"No haré declaración alguna ante esta comisión y solicito de sus señorías el debido respeto a los derechos que me asisten", ha manifestado nada más iniciar su intervención y ahí ha acabado todo.

Pablo González ha recordado a los diputados regionales que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha fijado en un auto que no es procedente entregarles documentación relacionada con el caso Lezo al estar bajo investigación.

De esta forma, se ha referido a documentos del Canal de Isabel II reclamados por los grupos parlamentarios de la oposición, como las actas de la empresa púbica madrileña relacionadas con la compra de la empresa brasileña Emissao y la colombiana Inassa, operaciones investigadas en el caso Lezo.

La Audiencia Nacional señala que la operación Canal Golf en los terrenos de esa empresa pública en el barrio de Chamberí han generado más de un millón de euros en dinero negro que se repartieron, presuntamente, imputados en esta causa.

http://cadenaser.com/emisora/2018/02/16/radio_madrid/1518801284_668440.htm

CASO LEZO: DESFILE DE EMPLEADOS DEL GRUPO VILLAR MIR ANTE LA GUARDIA CIVIL

En las últimas semanas, la Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de testigos a seis empleados del grupo Villar Mir por la presunta comisión pagada por OHL a cambio de la adjudicación de las obras del tren de Navalcarnero.

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han tomado en las últimas semanas declaración a seis testigos, todos ellos empleados del grupo Villar Mir, por la adjudicación a la constructora OHL de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid), por la que se habría pagado presuntamente una ‘mordida’ de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González.

En concreto, según la documentación que obra en poder de El Independiente, la Guardia Civil citó a todos ellos los pasados meses de enero y diciembre para interpelarles por las transferencias que en el año 2007 giraron las filiales mejicanas CPVM y OHL Sucursal por valor de 2,5 millones de dólares a una cuenta del banco suizo Anglo Irish Bank titulada por la mercantil panameña Lauryn Group Inc.

Según las pesquisas, dicha cuenta era en realidad del empresario Adrián de la Joya, quien aseguró en sede judicial que dichos pagos no obedecían a ningún servicio “sino que en realidad Javier López Madrid le había pedido que transfiriese parte de ellos a Ildefonso de Miguel”, entonces gerente del Canal de Isabel II. De la Joya se negó a cursar los pagos a De Miguel. Sin embargo, estos movimientos bancarios han sido vinculados con una presunta comisión por la adjudicación del contrato de “construcción y explotación para la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero” a la compañía OHL. Todos estos hechos están siendo investigados en la pieza separada número 3 del caso Lezo.

El empresario Juan Miguel Villar Mir declaró ante el juez que instruye el caso Lezo que siempre mantuvo una actitud de "distanciamiento" y "cautela" con Ignacio González porque "tenía dudas[...]

Junto a la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II, esta es la otra pieza de esta macrocausa cuya investigación se encuentra más avanzada.

En relación a estos hechos, la UCO interrogó a Ignacio Martínez Esteban, quien en el año 2007 ostentaba el cargo de director de control de construcción internacional de OHL; a Olga García Torres, empleada del departamento de comunicación de OHL; María Pilar Martin; secretaria de la citada constructora; Óscar Fernández Fernández, ingeniero de la empresa del grupo Villar Mir, Espacio Información Tecnology (EIT); Carmelo José Fernández, director de Recursos Humanos de OHL; y, Adolfo Soto, directivo de OHL en México. Excepto este último testigo, que explicó que de manera inusual recibió “órdenes de realizar esos pagos directamente desde Madrid”, el resto de empleados no relataron ninguna irregularidad ante los agentes.

Por esta pieza de Lezo ya declaró en la Audiencia Nacional el propio Juan Miguel Villar Mir el pasado mes de septiembre, cuando negó saber nada de un supuesto pago de 1,4 millones de euros al ex presidente González por interceder para la adjudicación a su empresa de la construcción del citado tramo del tren.

No obstante, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha llamado a citarlo como investigado el próximo 21 de marzo, día en el que también declarará yerno Javier López Madrid, también imputado este procedimiento.

https://www.elindependiente.com/politica/2018/02/27/caso-lezo-desfile-de-empleados-del-grupo-villar-mir-ante-la-guardia-civil/

LA CITACIÓN DE CIFUENTES EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN "NO ERA CONTRARIA A DERECHO"

La SER ha tenido acceso al acta de la Mesa de la Asamblea en la que Ciudadanos cambió su voto y decidió salvar a la Presidenta para que no compareciese en la Comisión para hablar del papel perdido de la Audiencia Nacional.

La máxima responsable de los servicios jurídicos de la Cámara madrileña aclaró a todos los grupos que "en caso de haber encontrado algún tipo de ilegalidad lo habría avisado". Esa versión desmonta el criterio que ha defendido la propia Cifuentes

Las actas acreditan que Cs frenó la citación de Cifuentes porque “no se sentían cómodos con su voto”, por eso pidieron a la Mesa cambiarlo

El lunes 22 de enero pasará a la historia parlamentaria madrileña como el día en el que Ciudadanos cambió su propio voto para evitar que la Presidenta madrileña, Cristina Cifuentes fuese citada en la Comisión de Investigación de la Corrupción, para hablar de fax de la Audiencia Nacional, supuestamente traspapelado, que acreditó que la documentación del Canal de Isabel II que reclamó la oposición no estaba bajo secreto de sumario.

Aquel lunes, la formación naranja anunció una cosa por la mañana, y votó la contraria por la tarde.
Lo que ocurrió en la Mesa de la Asamblea de aquel día es confidencial. Pero la Cadena SER ha tenido acceso al acta de aquella reunión de la Mesa del Parlamento madrileño. Esas actas demuestran varias cosas. La primera, se desmonta el argumento defendido por el PP y Cs.

Públicamente, aquel lunes, Ciudadanos alegó su cambio “en un defecto de forma”. El Partido Popular fue más allá, habló de "prevaricación". Incluso la propia Presidenta Cristina Cifuentes aseguró en RNE que “los servicios jurídicos presentaron un informe que decía que esa comparecencia no se podía producir porque era ilegal”.

Sin embargo, eso nunca ocurrió. Los letrados nunca dijeron eso. El acta de la Mesa a la que ha tenido acceso la SER acredita que la máxima responsable de los servicios jurídicos de la Asamblea aclaró a todos los grupos que la citación de Cifuentes "no era contraria a derecho". Es más, el representante socialista en la Mesa, Modesto Nolla preguntó a la Secretaria General de los Servicios Jurídicos que aclarase si lo que habían votado “era ilegal”. La respuesta de la letrada fue que “si estuviese ante una ilegalidad manifiesta, ella lo habría puesto sobre la mesa y habría advertido de ellos a los miembros de la misma”.

La letrada también aclaró a los grupos que su opinión “no era vinculante”.

Cs frenó la comparecencia de Cifuentes porque "no se sentían cómodos"

El acta de la Mesa también ha permitido conocer por qué Ciudadanos cambió el sentido de su voto. En la primera votación, el vicepresidente primero de la Mesa, Juan Trinidad – diputado de Ciudadanos- votó a favor de citar a la Presidenta para hablar de la providencia de la Audiencia Nacional, supuestamente traspapelada. Sin separarse de su teléfono móvil, minutos después el mismo diputado de Ciudadanos sorprendió a todos cuando dijo que “había estado reflexionando sobre el informe verbal emitido por la Secretaria General [de los Servicios Jurídicos de la Asamblea de Madrid]” y manifestó “que no se siente cómodo con el voto que ha emitido anteriormente”, esa incomodidad provocó su cambio de voto. Según recoge el acta de la Mesa, Juan Trinidad “pidió cambiar el sentido de voto para todas las iniciativas afectadas que se han sometido a votación”.

El cambio de voto de Ciudadanos fue clave, su voto en contra se frenó en seco la comparecencia de la Presidenta madrileña para hablar del misterioso fax de la Audiencia Nacional que acreditó que el Gobierno de Cifuentes vetó a la oposición información del Canal que no estaba bajo secreto de sumario

Como ya avanzó la SER, la intención inicial de Ciudadanos de citar a la Presidenta madrileña en la Comisión sobre la Corrupción malestó profundamente a la propia Cristina Cifuentes, hasta el punto de que la propia Presidenta envió un mensaje a Albert Rivera advirtiéndole de que si Ciudadanos la citaba, habría consecuencias políticas inmediatas en su relación con la formación naranja.

http://cadenaser.com/emisora/2018/01/31/radio_madrid/1517408877_978581.html

LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DECIDEN APLAZAR LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES

La Mesa de la comisión que investiga la corrupción ha acordado sacar la comparecencia del orden del día de este viernes La oposición toma la decisión un día después de que el juez del caso Lezo haya rechazado dar documentos del sumario a la comisión Justifican que necesitan tiempo para "valorar el auto" mientras el Ejecutivo les exige que pidan "perdón" por acusar a Cifuentes de "ocultación"

La Mesa de la comisión de corrupción de investigación sobre corrupción política ha acordado aplazar la comparecencia de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, prevista para este viernes en la citada comisión después de que el juez del caso Lezo dictara en un auto hace dos días que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida" por los diputados de la Asamblea de Madrid.

Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la comisión (el PP ya no está porque la abandonó) han decidido cancelar la comparecencia del orden del día del viernes y fiar las explicaciones a otra fecha en el futuro. Justifican que necesitan tiempo para "valorar el auto" del martes, explica el diputado de Podemos Miguel Ongil. El portavoz de la formación en la comisión asegura que les "faltan documentos" y no tienen "una imagen completa" de lo sucedido. A su juicio, es intolerable el movimiento de ocultación que está haciendo el Gobierno de Cifuentes". "Ha tenido cierto éxito en meter al poder Judicial en lo que solamente es un conflicto entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo. Tenemos todo el derecho a tener esta información", ha apostillado.

"Al final parece que Cifuentes se sale con la suya. Una vez que tengamos claro todo el asunto. Cuando tengamos todo claro, podremos poner una fecha. El letrado de la Mesa ha dicho que hay puntos que no se ven claro", ha valorado el portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, a la salida de la reunión de la Mesa, que ha dicho que para el PP "cualquier excusa, jurídica o política, es válida para no dar las explicaciones que tienen que dar".

Desde el PSOE, la portavoz en la comisión, Encarnación Moya, ha sostenido que han tomado esta decisión "por prudencia y respeto" al auto del juez, pese a no tener aún conocimiento del oficial del mismo. "El auto hay que estudiarlo detenidamente y ver las repercusiones que tiene a corto plazo o de manera inmediata en las sesiones de la comisión, la primera era este viernes y por ello hay que aplazarla", ha argumentado la diputada regional.

Moya ha insistido en que desde su grupo siguen manteniendo que pedirán a la Mesa de la Asamblea la reconsideración de la comparecencia de Cifuentes y de diez personas más por la pérdida de la providencia en el mes de agosto.

La presidenta regional había sido citada para dar explicaciones sobre su etapa en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II en una comparecencia que se pidió a raíz de que eldiario.es publicara que el Gobierno tenía desde agosto una providencia judicial que le daba vía libre para entregar documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo a la oposición.

Tras cambiar Ciudadanos su sentido del voto, decayeron las solicitudes ad hoc de PSOE y Podemos para que Cifuentes hablara concretamente de la providencia "traspapelada" y en su lugar salió adelante una petición genérica de los de Aguado, registrada en abril, que ahora se ha cancelado. En todo caso, Cifuentes no habría tenido que dar explicaciones sobre las acusaciones de "ocultación" de documentación a la oposición porque no era el objeto de su comparecencia.

El pronunciamiento del magistrado Manuel García Castellón señala que un juzgado no puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas, registros o datos tributarios. Es una respuesta a una consulta del consejero de Presidencia Ángel Garrido remitida al juzgado vía Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada por el Gobierno tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en diciembre.

Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de los consejos de administración del Canal de Isabel II a la oposición. En la consulta, Garrido hace referencia a 52 documentos que incluyen actas públicas del Canal de Isabel II y otros documentos privados.

El Gobierno asume que el juez le respalda

Sobre estos papeles, el magistrado afirma que no está facultado para hacer entrega de documentación a la Asamblea "sobre procedimientos que se están conociendo por los jueces y tribunales". "La facultad de recabar información y documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la Administración, sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o documentación al Poder Judicial", sostiene.

Una parte de esos documentos ya está en manos de los diputados y el consejero de Presidencia ha pedido que se devuelvan. Los grupos han coincidido en que no tienen notificación oficial de que deban devolverlas y que será al tener la información pertinente cuando decidirán.

El Gobierno de Cifuentes interpreta que este auto les da la razón, una posición que no tiene clara la oposición, y confirma el criterio de los informes de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que justificaba que era necesario consultar al juez habida cuenta de que los documentos estaban incorporados a una causa en fase de instrucción. Con este argumento, consideran que la oposición debe "pedir perdón" por acusar al Ejecutivo de "ocultar" la información.

"Nosotros obedecemos siempre las decisiones judiciales. No las comentamos. Hubo una primera providencia y lo que ha habido después es un auto, que tiene un rango superior y que está emitido por el juez titular que instruye la causa Lezo. Y lo que nos dice es con toda claridad que lo que tenemos que hacer es no entregar esa documentación", ha señalado el portavoz y consejero Ángel Garrido.

El número dos de Cifuentes explicado que ese auto "abunda" en explicaciones "sobre lo que no debe ser" una comisión de investigación, indicando que "no debe convertirse en un juicio paralelo", "ni provocar indefensión de los acusados".

http://www.eldiario.es/madrid/diputados-comision-corrupcion-comparecencia-Cifuentes_0_735277006.html

EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID

El auto firmado por Manuel García Castellón resuelve que el Poder Judicial no está facultado para entregar esta información a la comisión de corrupción

El magistrado no hace referencia explícita a si los documentos sobre los que se pronuncia son las actas del Canal de Isabel II

El juez pone como ejemplo los datos fiscales de un investigado, pero añade que los parlamentarios se los pueden requerir a la Agencia Tributaria

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha dictado en un auto con fecha 29 de enero de 2018 que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación sobre la corrupción política" relativa a la operación que instruye, según ha adelantado El País. Señala que un juzgado no puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas, registros o datos tributarios.

El pronunciamiento del magistrado, al que ha tenido acceso eldiario.es, es una respuesta a una consulta del consejero de Presidencia remitida al juzgado vía Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada por el Gobierno tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en diciembre. Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de los consejos de administración del Canal de Isabel II a la oposición. No obstante, en el auto no se recoge el contenido de dicha consulta ni los documentos concretos sobre los que versa.

El magistrado afirma que no está facultado para hacer entrega de documentación a la Asamblea "sobre procedimientos que se están conociendo por los jueces y tribunales". "La facultad de recabar información y documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la Administración, sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o documentación al Poder Judicial", sostiene.

Una parte importante de esos documentos que el juzgado se niega a entregar ya están en manos de los diputados de la Asamblea. El Ejecutivo de Cifuentes los empezó a pasar hace unas semanas, después de publicar eldiario.es que una providencia procedente del mismo juzgado pero firmada por el magistrado Andreu (sustituto de García Castellón en vacaciones) resolvía que la justicia no puede "dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de proporcionarla" porque la petición de información "se rige por disposiciones administrativas".

Los diputados no pidieron documentos al juez

En este caso concreto, los diputados no se han dirigido al juez a solicitarle información, sino que han acudido únicamente a la administración a solicitar unos documentos que son de libre acceso para los parlamentarios.

Es un caso distinto al de la Comisión del Congreso que investiga la financiación del PP, donde los jueces de Gürtel también se han negado a entregar documentos, en este caso informes policiales que solo consta en el sumario. Los diputados sí que hicieron la petición específica al Poder Judicial, que la rechazó.

"La consecuencia de lo anteriormente expuesto no puede ser otra que la de entender que no procede la entrega de documentación de causas que se encuentren en la fase de instrucción", añade el juez del caso Lezo, que apoya su decisión en el "derecho a la presunción de inocencia de los acusados".

El juez pone ejemplos de algunos documentos que se incorporan a un sumario a medida que se desarrolla una investigación: entradas y registros, intervenciones telefónicas, comisiones rogatorias o información tributaria. En este punto, señala que los datos fiscales, por ejemplo, "no pueden ser cedidos por el órgano judicial a terceros, lo que no obsta a que la propia Comisión de Investigación solicite a la AEAT -Agencia Tributaria- los que precise en el marco legalmente establecido".

La primera providencia del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, "traspapelada" por el Ejecutivo, respondía a una primera consulta de la Comunidad de Madrid sobre si podía o no entregar la información a la oposición, pese a que las actas son públicas y los diputados tienen derecho a conocerlas. Entonces, Andreu le dio vía libre para hacerlo. El segundo auto, firmado por García Castellón, es la respuesta a una segunda consulta emitida a principios de enero.

http://www.eldiario.es/madrid/Lezo-niega-documentacion-Asamblea-Madrid_0_734927521.html

CIFUENTES TENÍA DESDE AGOSTO AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PARA DAR LAS ACTAS DEL CANAL A LA OPOSICIÓN Y LAS SIGUIÓ NEGANDO

La presidenta se ha excusado en que necesitaba un permiso del juez cuando éste dictó hace cinco meses una providencia asegurando que no es así

La Comunidad de Madrid justifica que ha tenido conocimiento de la resolución este viernes porque se "traspapeló" y cesa al subdirector general que la recibió

El Ejecutivo ha negado peticiones de información desde entonces con el argumento de que no les había llegado y ahora asegura que enviará la documentación "de inmediato" a la Asamblea de Madrid

El Gobierno de Cristina Cifuentes se ha quedado sin excusas para demorar la entrega a la oposición de la documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo. El Ejecutivo tenía desde agosto una resolución de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso eldiario.es, que le daba vía libre para hacerlo pero ha seguido negando la información a los diputados. Solo tras preguntar este medio por dicha providencia, la Comunidad de Madrid confirma que la notificación llegó pero se traspapeló y hasta este viernes no había tenido conocimiento de ella, según su versión de los hechos.

La información, negada durante meses a la comisión parlamentaria que investiga la corrupción, se hará llegar de "inmediato" a la Asamblea de Madrid, aseguran fuentes de la Comunidad de Madrid. Entre los documentos se encuentran los informes sobre la compra de Emissao, el pelotazo del Canal en Brasil en el que un arrepentido declaró que el expresidente Ignacio González se llevó 1,8 millones de euros, o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que se realizó bajo la presidencia de Gallardón a través de un paraíso fiscal. La Audiencia Nacional la investiga porque ha visto en el proceso un "cúmulo de irregularidades".

En la batería de documentos hay informes sobre los pagos a Edmundo Rodríguez, testaferro de González, así como los documentos de cuando se aprobó su ascenso a presidente de Inassa. Y también, entre las actas solicitadas, una relativa a la creación de Canal Isabel II Gestión, en un Consejo de Administración en el que la propia presidenta regional intervino activamente para avalar el proceso y zanjar las criticas de quienes tenían dudas.

La consulta no tenía "base legal"

La providencia firmada por el juez Fernando Andreu, de guardia en agosto en el Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, deja claro que la entrega de documentos a los diputados de la oposición "se rige por disposiciones administrativas sin que el juez pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no" de proporcionarla. Y añade que la consulta del Ejecutivo regional "no tiene base legal en la medida en que es ajena a las competencias que la LOPJ y la LECrim atribuyen al juez instructor de un procedimiento".

Desde que la resolución se notificó a la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Cifuentes ha negado hasta en tres ocasiones que dispusiera de esa respuesta y ha continuado ocultando la documentación a los diputados.

La primera, el pasado 2 de noviembre en sede parlamentaria ante una pregunta en el pleno de la diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta; la segunda, en una contestación el 24 de noviembre a una petición de información acordada por la Mesa de la comisión de investigación, esta vez por escrito. Además, fuentes de la Comunidad de Madrid aseguraron a eldiario.es el 23 de noviembre que el magistrado no había respondido y esa circunstancia se había interpretado como una negativa a autorizar el envío de las actas.

Un "error humano", según la Comunidad de Madrid

Fuentes de la Comunidad de Madrid justifican que la providencia no se envío a la persona que emitió la consulta del Ejecutivo al juzgado que instruye el caso Lezo, en este caso Enrique Ruiz Escudero, entonces vicepresidente de la Consejería de Presidencia y actual consejero de Sanidad. "Llegó por fax a una subdirección general de la Abogacía en agosto, que lo remite al subdirector general de régimen jurídico, que estaba de vacaciones. Y a la vuelta no la vio. Como no tuvo conocimiento, no dio traslado a sus superiores. Todo se debe a un error humano, no ha habido mala fe", explican las mismas fuentes. Este "negligencia" se ha llevado por delante a este alto cargo, según ha podido saber eldiario.es. La Comunidad de Madrid no ha querido aportar más información a eldiario.es más información sobre el cese.

En la diligencia de notificación, a la que ha accedido este medio, el juez alude a la presidencia del "letrado de la Comunidad de Madrid", extremo que no aclaran las fuentes del Ejecutivo regional consultadas, que aseguran que solo llegó vía fax.

En los últimos meses, el Gobierno de Cifuentes se había apoyado en un informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid que ahora desmonta la resolución del juez. El documento de los letrados, fechado en 23 de mayo, concluye que es ineludible consultar al magistrado del caso Lezo, Manuel García Castellón, para entregar los documentos del Canal de Isabel II a la oposición debido al carácter secreto de la investigación. La premisa queda sin validez una vez conocido el escrito del juez Andreu porque, además, el conjunto de papeles solicitados "no están incluidos en el sumario", afirma el magistrado.

El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito apuntó que el juez solo puede decidir sobre los documentos de un sumario "a los que solo pueden tener acceso las partes personadas". Es el mismo criterio que el expresado por los expertos consultados por eldiario.es, que apuntaron que el secreto de sumario no puede afectar a documentos cuyo acceso es público.

En noviembre, la Mesa de la comisión de investigación sobre la corrupción solicitó expresamente al Gobierno la copia de la respuesta del juzgado de instrucción –que le había llegado en agosto– y obtuvo por respuesta que "hasta la fecha" no se había "recibido respuesta a la carta enviada por el Gobierno", según la contestación firmada por la directora general Blanca Pinedo Texidor, a la que ha tenido acceso eldiario.es. El día 2 del mismo mes, la presidenta Cristina Cifuentes reiteró en el pleno de la Asamblea de Madrid que había hecho una consulta al juez instructor y que su gobierno haría "exactamente lo que nos diga".

El Ejecutivo regional se parapeta para no dar información a la oposición en el criterio de dos informes de la Abogacía de la Comunidad de Madrid. El primero, fechado en 23 de mayo, repasa la doctrina del Tribunal Constitucional para concluir que los diputados tienen derecho a reclamar esa información, pero recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias de investigación "serán reservadas y no tendrán carácter público hasta la fase de juicio oral".

El segundo se solicitó a los letrados después de levantamiento del secreto de sumario del caso para saber , según argumenta la Comunidad de Madrid, si esta nueva circunstancia "afecta al deber del Consejo de Gobierno de facilitar la información solicitada". El Ejecutivo lo pidió a los letrados pese a que el juzgado ya se había pronunciado cuatro meses sobre que tenía vía libre para hacerlo. El documento, al que ha accedido este medio, redunda en los argumentos del primero y concluye que "la remisión de documentación obrante en un sumario sometido a la reserva prevista en el artículo 301 de la LECrim queda condicionada a la previa ponderación del órgano jurisdiccional que instruye la causa".

El informe de la Abogacía aparece adjunto a la respuesta fechada en 26 de diciembre a una nueva petición acordada por la comisión de investigación que incluye más expedientes, informes y actas relacionadas con el Canal de Isabel II. Esta fue la última vez que se negó información a la oposición.

Solo dos semanas después, el PP ha anunciado que sus diputados no seguirán participando en la comisión parlamentaria que ha sentado en los dos últimos años frente a los diputados de la Asamblea de Madrid a los cuatro presidentes que ha tenido el PP en la Comunidad de Madrid: Ignacio González, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

La "huida" del PP, calificada así por la oposición, se produce en un momento crítico para sus causas judiciales: todos los expresidentes aparecen en investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el futuro judicial de los tres últimos va a depender de los próximos informes de esta fiscalía para el juez de los casos Púnica y Lezo.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno de Cifuentes ha puesto trabas a la investigación en la comisión ocultando los documentos que pedían, extremo que siempre ha negado el Gobierno regional.

http://www.eldiario.es/madrid/Cifuentes-autorizacion-entregar-oposicion-Canal_0_728277358.html

PEDRO CALVO RESPONSABILIZA A GONZÁLEZ Y TIENE TIEMPO DE IRONÍAS CON EL JUEZ

Declaración como imputado del exconsejero de Gallardón y su 'hombre fuerte' en el Canal de Isabel II en la Audiencia Nacional

El expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo, exconsejero del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid, ha negado ante el juez del caso Lezo cualquier irregularidad en la compra de Inassa, una empresa que, en su opinión, hoy valdría casi el triple de lo que costó. Calvo ha comparecido en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón junto a los exconsejeros de la empresa pública de aguas Roberto Molero, Andrés Muñoz y José Antonio Llanos, este último director general de Carreteras de la Comunidad con Esperanza Aguirre de presidenta.

Calvo ha tenido tiempo incluso para ironizar con el tema cuando ha pedido agua y le han dicho que complicado poder hacerlo. "¿Qué pasa, que aquí no llega el Canal?", ha replicado sarcástico, según recoge El Confidencial.

El que fuera hombre fuerte de Gallardón en la empresa pública de aguas, a su salida del tribunal, ha culpado a Ignacio González de su situación. "Es el responsable de que estemos aquí", ha dicho. El exconsejero ha respondido a todas las preguntas de la Fiscalía, del juez y de las partes, "excepto del abogado de González".

Durante dos horas de declaración, Calvo ha defendido la compra del 75 % de Inassa por 73 millones de dólares en 2001 e incluso ha asegurado que esta filial colombiana del Canal de Isabel II valdría hoy unos 200 millones de euros, por lo que la operación fue, a su juicio, beneficiosa para la Comunidad, según han informado fuentes presentes en la declaración.

Ha negado cualquier tipo de sobrecoste o irregularidad en la compra de la empresa colombiana, pese a que el juez cree que pudo existir "una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales" para el Canal.

A preguntas de la fiscal Ana Cuenca sobre el grado de conocimiento y participación de Gallardón en la operación investigada en el caso Lezo, tanto Calvo como el resto de exconsejeros han negado conocer algo al respecto. Sin embargo, Calvo sí que ha apuntado que Gallardón, en su condición de presidente madrileño, podría haberlo conocido y que en tal caso le hubiera parecido una buena operación.

Desconocían la sociedad panameña interpuesta

Por su parte, todos los exconsejeros han explicado que dieron credibilidad al informe presentado por el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y entonces director gerente del Canal Arturo Canalda y por el exdirector de Nuevos Negocios José Antonio de Cachavera. Han precisado que éstos nunca le hablaron de que Inassa se compraría a través de la mercantil panameña interpuesta Sociedad Aguas de América sino que se haría mediante Canal Extensia, una sociedad vehículo creada al uso por el Canal para la compra.

Según la versión de los exconsejeros investigados, la explicación ofrecida por Canalda y Cachavera -citados a declarar el próximo 23 y 24 de enero, respectivamente- en las reuniones del 8 y 14 de noviembre del Consejo de Administración del Canal les pareció convincente pese a que recibieron la documentación con tan solo 24 o 48 horas de antelación y de una forma poco exhaustiva. Es por ello que -según las citadas fuentes- han querido dejar claro que si hubo irregularidades en la adquisición de la mercantil colombiana, ellos no lo podían saber.

Según el juez, esta operación, llevada a cabo a través de una "compleja estructura societaria", contravino "de plano" los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.

Por estos hechos deberá declarar el próximo lunes el presidente de Adif, Juan Bravo, que formaba parte del Consejo de Administración del Canal en el momento de los hechos, junto con otros exconsejeros.

https://www.elplural.com/politica/2018/01/11/caso-Lezo-pedro-calvo-declaración-culpa-ignacio-Gonzalez

UN EXCONSEJERO DEL CANAL CONFIESA ANTE EL JUEZ QUE SOSPECHÓ DE LA COMPRA DE INASSA

Merino asegura que no recuerda que se hablara de Panamá y no acudió a la votación porque no sabía lo que se votaba

El pasado martes 9 de enero comenzó el desfile ante los tribunales de la cúpula del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón para explicar la compra de Inassa. El exconsejero del Canal de Isabel II Rafael Merino declaró ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, y confesó que percibió irregularidades y sospechó de algunas operaciones financieras, poniendo el acento en que el objeto no debía ser ganar dinero y, según su testimonio, pudieron ocultarse datos relevantes durante la primera reunión, celebrada en octubre del año 2001.

Merino asegura que en ese primer encuentro, acaecido el 8 de octubre, tan solo se habla de la expansión en Sudamérica, y para él, era la primera vez que se trataba el asunto. No recuerda que se hablaran de cifras concretas de la operación, ni de cuánto o dónde se invertiría, como tampoco recuerda quién era el vendedor y mucho menos que se mencionara nada de sociedades panameñas. Cabe recordar que la investigación Lezo pretende dilucidar si se cometió algún tipo de delito en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II, que utilizó Canal Extensia para articular la compra de la filial colombiana Inassa a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá. La compra se realizó por 83 millones de euros y se calcula un sobrecoste de entorno a 25 millones. Pues bien, todos estos datos se omitieron en la primera reunión (o al menos, el exconsejero Merino no recuerda que se mentaran).

En días posteriores, concretamente el 14 de noviembre, el Consejo de Administración del Canal vota la adquisición de Inassa, pero Merino no acudió a la cita puesto que la documentación le llegó tarde y no tuvo tiempo de estudiarla. Además, ha declarado que desconocía la cantidad por la que se iba a realizar la operación y que sospechó de la misma porque el Canal se debía centrar en el agua de los madrileños y no en ganar dinero.

Es precisamente en esa reunión del 14 de noviembre cuando el Consejo del Canal autoriza a iniciar la operación y hacer una oferta concreta, así como de trasladar la propuesta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Gallardón.

La declaración del exconsejero del Canal Juan María del Álamo pivotó en torno a las mismas líneas maestras que el relato de Merino, con la diferencia de que este último sí que votó favorablemente en la cita del 14 de noviembre. Del Álamo aseguró que no recuerda que se hablara de una sociedad panameña en la reunión de octubre de 2001, que tan solo se mencionó a Inassa y que el director Económico del Canal, José Antonio de Cachavera, dio una explicación.

Del Álamo tampoco recuerda haber dado autorización para comprar una empresa panameña, así como no recuerda que en las primeras reuniones se hablara de una valoración de Inassa de entre 25 y 50 millones de dólares. Todo parece indicar que, aunque conste en el acta la valoración de la filial colombiana y la compra a través de una sociedad en Panamá, estos datos no se los mostraron.

Juan María del Álamo rubricó la operación el 14 de noviembre y dice que lo hizo en base a la explicación de Cachavera. También menciona que no vio nada negativo y que el informe del despacho de abogados Garrigues no planteaba ningún problema. A partir de entonces, cuando el asunto se trasladó al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, no supo nada más.

https://www.elplural.com/politica/2018/01/10/un-exconsejero-del-canal-confiesa-ante-el-juez-que-sospecho-de-la-compra-de

LOS CONSEJEROS DEL CANAL DICEN QUE NO SABÍAN QUE INASSA SE COMPRÓ A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA

Los exdirectivos de la empresa de aguas madrileña declaran ante el juez del caso Lezo

Cuatro exconsejeros del Canal de Isabel II han manifestado este miércoles ante el juez instructor del caso Lezo de corrupción, que desconocían que la compra de la sociedad colombiana Inassa en el año 2001 por parte de la empresa pública de aguas madrileña se realizó a través de una sociedad interpuesta en el paraíso fiscal de Panamá. La adquisición de Inassa costó al erario público 73 millones de dólares (61 millones de euros al cambio actual), un precio supuestamente sobrevalorado. Los investigadores creen que parte del exceso de coste de la operación acabó en manos de intermediarios.

El exdirectivo más relevante de cuantos han declarado hoy es Pedro Calvo, exconsejero de Medio Ambiente y, como tal, presidente del Canal en la fecha de la operación. Calvo, según fuentes presentes en la declaración, manifestó que no le consta que el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón tuviera constancia de los detalles de la compra de Inassa. Según él, Gallardón les daba mucha autonomía de actuación pero aventuró que si hubiera tenido conocimiento de la operación la habría autorizado porque resultó muy ventajosa para la Comunidad. Inassa tiene un valor actual de unos 200 millones de euros, según manifestó Calvo.

Además del exconsejero de Medio Ambiente, también comparecieron ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, tres exconsejeros del Canal: José Antonio Llano, Roberto Molero y Andrés Muñoz. Todos han explicado, según las mismas fuentes, que dieron por buena toda la información sobre la compra de Inassa que los directivos dieron al Consejo de Administración del Canal. No obstante, todos ellos han coincidido en un aspecto: que no supieron que en la adquisición había una empresa interpuesta con sede en Panamá. “Nunca nos hablaron de ello”, señalaron varios, según fuentes jurídicas.

La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.

El pasado 17 de diciembre, Ruiz-Gallardón rechazó cualquier tipo de irregularidad en la compra de Inassa en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid. El expresidente afirmó que la actuación fue "legal" y resultó "beneficiosa para los madrileños". El exministro de Justicia manifestó entonces que "nadie puede dudar de que fue una buena operación", que ha cosechado posteriormente un buen resultado. "A día de hoy no encuentro ningún reproche", dijo.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/10/actualidad/1515609062_068857.html

EL JUEZ, CONTRA LA ‘AMNESIA’ DE UN IMPUTADO DEL CANAL: “¿SI FUERA CON SU DINERO SE ACORDARÍA?”

Juan María del Álamo, ex consejero de la empresa pública de aguas, cree que Gallardón debía conocer la compra de Inassa bajo sospecha

“¿Si fuera con su dinero, se acordaría?”. De este modo el juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón trató de poner fin a las distintas evasivas de Juan María del Álamo, exmiembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Prestó declaración como uno de los más de veinte investigados por la compra de Inassa en 2001. Se investiga si en la operación que se produjo un presunto desfalco de 70 millones de euros procedentes de la empresa pública madrileña de gestión de aguas.

Las explicaciones de Juan María del Álamo no arrojaban nada en claro. Según informan fuentes jurídicas, replicaba con respuestas como “no lo sé” o “no me acuerdo”. En un momento del interrogatorio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 le recriminó su actitud: “¿No se acuerda? ¿Si fuera con su dinero se acordaría?”. El imputado admitió que sí. “¿Pero si es con dinero público no?”, zanjó el magistrado. Daba muestras de tener agotada la paciencia, según los testigos en la sala.

Por su parte, la fiscal Ana Cuenca preguntó al imputado acerca del conocimiento que tenía de la operación el entonces presidente de la Comunidad Alberto Ruiz Gallardón. Del Álamo tampoco supo responder con claridad y se limitó a opinar que debía saberlo en su calidad de máximo mandatario regional. Pese a que muchos de los altos cargos de la administración madrileña de la época se encuentran imputados, Gallardón aún no ha sido declarado oficialmente como investigado, aunque fuentes de la investigación afirman que las pesquisas “van subiendo escalones”.

El expresidente de la Comunidad y exalcalde de Madrid declaró el pasado 15 de diciembre en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid. Fue citado para hablar de la compra de Inassa en 2001. Gallardón, que recordó que estuvo 30 años en política, defendió su gestión y la de sus equipos durante su vida política al tiempo que no quiso poner la mano en el fuego por sus sucesores ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento.

Este martes también prestó declaración en calidad de testigo el único consejero no imputado en la causa, Rafael Merino. Certificó que no estuvo presente en la reunión del Canal en la que se aprobó la compra de Inassa ya que recibió la documentación apenas unas horas antes sin posibilidad de analizarla, algo habitual. Según las fuentes consultadas, Merino precisó que las presentaciones del proyecto las hizo Arturo Canalda, entonces gerente del Canal. Actualmente desempeñaba el cargo de presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, cargo del que dimitió en diciembre tras ser imputado en esta causa.

Manifestó este testigo que él estaba en contra de operaciones especulativas, aunque mostró lagunas a la hora de explicar cómo era el proyecto en concreto después de más de 15 años.

http://www.vozpopuli.com/espana/juez-contra-imputado-Canal-isabel-dinero-Gallardon-corrupcion_0_1098191325.html

UN TESTIGO DEL PELOTAZO DEL CANAL EN ÉPOCA DE GALLARDÓN: "SE APROBÓ SIN NINGUNA DOCUMENTACIÓN"

Rafael Merino López-Brea es el único consejero de entonces que no está imputado porque no avaló la compra de Inassa "Aquello era un cortijo que no tenía nada que ver con la gestión del agua" afirma este exconcejal del PSOE, que declara como testigo El juez toma este martes declaración a parte de los consejeros del Canal por aprobar una compra en la que hubo "un cúmulo de irregularidades"

Rafael Merino López-Brea formaba parte del Canal de Isabel II que investiga el juez del caso Lezo por aprobar el primer pelotazo en América Latina, el que tuvo lugar bajo la presidencia regional de Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, es el único de ese Consejo de Administración que no está imputado porque se negó a avalar la operación.

Anticorrupción señala que no acudió el día que se certificó la compra de Inassa y por eso el juez Manuel García Castellón le cita solo en calidad de testigo. Este exconsejal del PSOE comparece este martes en la Audiencia Nacional, donde asegura que dejará claro que la operación bajo sospecha se llevó a cabo sin que los consejeros dispusieran de ninguna documentación fiable.

Merino asegura que la adquisición de Inassa por 73 millones de dólares -mediante una sociedad interpuesta y usando una empresa en un paraíso fiscal- se aprobó sin detalles, sin "sin ninguna documentación". "No aparecieron nunca documentos" afirma, y añade que solo se les facilitaron informes redactados por el propio Arturo Canalda, entonces gerente del Canal y ahora imputado.

Según explica, esos informes no contenían detalles de la compra y se limitaban a destacar las ventajas económicas que tendría para la empresa pública. "No había documentación fiable, te tenías que fiar de ellos", asegura Merino, que explica que contará todo esto al juez de Lezo, que trata de determinar si, como apunta la Fiscalía, la compra incluyó un sobreprecio que resultó perjudicial para las cuentas públicas.

"Aquello era un cortijo"

Insiste en que se aprobó sin documentación y apunta a que la opacidad era el sello del Canal. Afirma que siempre se habían escuchado sospechas de que la empresa pública estaba cometiendo irregularidades con las compras y adjudicaciones, pero que jamás pudo probarlo con documentos: "Aquello era un cortijo que no tenía nada que ver con la gestión del agua".

Relata que en alguna ocasión llegó a enfrentarse con el propio Canalda cuando le afeó que dirigía la sociedad como "una república bananera". "Siempre voté en contra y nunca aprobé las cuentas", añade, aunque admite que no podrá dar demasiados detalles al juez de la operación concreta que se investiga. Ocurrió en 2001 y afirma que no recuerda cada paso.

Insiste en que dejará claro al juez que no solo se opuso a esta compra, sino también a todas las operaciones que se hacían en el extranjero para engordar el patrimonio de la empresa pública. El magistrado cree que esta en concreto se hizo saltándose las normas del Canal y apoyándose en un decreto que se firmó después de la compra.

"Siempre voté en contra", dice, de todas esas operaciones que se hacían para "ganar dinero" y que no tenían nada que ver con garantizar el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid. Merino estuvo tres años de consejero por su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Asegura que dejó la empresa pública cuando Gallardón fue elegido alcalde y acabó con la representación de la oposición municipal en el Canal.

Sus compañeros, imputados

Merino está citado este martes a las 15.30 horas en la Audiencia Nacional. Coincidirá a esa hora con parte de sus excompañeros en el Consejo de Administración, que están imputados por avalar una operación en la que se dieron "un cúmulo de irregularidades". El juez expone alguna en el auto de citaciones, como que Canalda y otros cargos del Canal iniciaron el proceso de compra antes de tener la autorización del gobierno regional.

Además, explica el juez, hay indicios de que los 73 millones que se pagaron por Inassa son superiores al precio real de la compañía. El visto bueno que dio el gobierno regional de Gallardón no contenía autorización para llevar a cabo la compra como finalmente se hizo: a través de una empresa radicada en Panamá, y adquiriendo junto al 75% Inassa el 51% de una compañía dominicana llamada Watco.

La Fiscalía y el juez estudian ya el dossier del que dispusieron los consejeros de Gallardón y los informes que desaconsejaban la compra, para decidir si finalmente imputan al expresidente regional y al resto de su Gobierno.

http://www.eldiario.es/politica/testigo-pelotazo-Canal-Gallardon-documentacion_0_727227944.html

EL JUEZ ARRANCA LA FASE CLAVE PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE GALLARDÓN EN EL PRIMER PELOTAZO DEL CANAL

Anticorrupción y el juez de Lezo ya tiene en su poder toda la documentación sobre la compra de la filial colombiana a través de una sociedad pantalla

Según la Fiscalía, el Gobierno de Gallardón aprobó una operación con un "cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición"

El juez de Lezo toma esta semana declaración a los principales implicados en la operación, entre los que están dos consejeros del expresidente Madrileño

Dos grabaciones efectuadas por agentes de la Guardia Civil pusieron a los investigadores sobre la pista. En una, Ignacio González le contaba a Eduardo Zaplana que había tenido que tapar un pelotazo del Canal de Isabel II en época de Alberto Ruiz Gallardón. En otra, Zaplana hablaba sobre el elevado nivel de vida del exministro de Justicia: "Alberto habla como diciendo que está ganando una fortuna…. O aflorando algo".

Las conversaciones entre González y el exministro de trabajo llevaron a Anticorrupción a iniciar una investigación sobre los ingresos de Gallardón. Pero la magnitud del caso Lezo obligó a posponer las diligencias sobre esta vertiente de la causa, hasta que se cerrasen las pesquisas sobre González. Con este atrapado por la confesión de dos implicados en los negocios del Canal -uno de ellos, su testaferro- el juez ahonda ahora en la compra de Inassa.

Manuel García Castellón ha accedido a todas las citaciones que le pedía Anticorrupción para adentrarse en la investigación. Durante las dos próximas semanas interrogará a todos los que participaron en el proceso de compra de Inassa, una operación que se llevó a cabo en 2001 con el beneplácito del Gobierno regional. Entre los imputados está Juan Bravo, consejero de Economía de Gallardón.

Bravo firmó junto a Gallardón la creación de una empresa que sirvió de vehículo para comprar Inassa. Pero el proceso se desarrolló de manera distinta a la reflejada en los documentos que aprobó el Gobierno, y según explica Anticorrupción, en la compra se incluyó, además de Inassa, una sociedad dominicana llamada Watco. Las dos compañías se adquirieron a través de una sociedad pantalla con sede en un paraíso fiscal.

Un "cúmulo de irregularidades" en la operación

La Fiscalía también duda de que el Canal tuviese competencias para adquirir una sociedad en el extranjero. Se dan, en definitiva, de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición". Además, como se desprende de las conversaciones de González y Zaplana, pudo haber, al igual que en el pelotazo de Emissao, "una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador".

Bravo declarará el martes. Fue el quien firmó con Gallardón la autorización para la compra de Inassa. Otro exconsejero de esa época, Pedro Calvo, se sentará ante el juez un día después, en este caso por haber sido el presidente del Canal cuando se realizó la operación. Habrá que esperar para ver si finalmente Gallardón y el resto de sus consejeros son finalmente imputados en esta rama de la investigación.

La Fiscalía ya advirtió de que, si no lo había pedido todavía, era porque no disponían de toda la información necesaria. Por ejemplo, de los documentos que manejaron los consejeros y el presidente regional para autorizar la compra. La Comunidad de Madrid ha enviado ya esa documentación tras el requerimiento del juez.

Cuatro fiscales, dos jueces y la Sala de lo Penal

Así, Anticorrupción analiza ya el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de Noviembre de 2001, así como el dossier que pasó por las manos de los consejeros. Con esos datos decidirán los nuevos pasos en la investigación, en la que cuatro fiscales, dos jueces y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han visto indicios de irregularidades.

Los primeros, lo fiscales de Anticorrupción que iniciaron la causa, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, pidieron en noviembre de 2016 un auto de dirección para evitar la prescripción del delito de malversación de fondos públicos. Tres magistradas de Sala de lo Penal -Angela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma González- apuntaron en su auto que "el presunto responsable de esta fase delictiva no es el señor González sino otras personas o entidades con responsabilidades en la Comunidad de Madrid".

El juez Eloy Velasco dio luz verde a investigar los ingresos de Gallardón y su sucesor al frente del caso indicó en el auto de libertad de González que este había tapado las irregularidades de su antecesor. "Dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito" al ocultar un informe que recogía las irregularidades de la compra.

De hecho, la Fiscalía ya apuntó a la posible existencia de un "pacto de silencio" entre los dos presidentes autonómicos. Ahora, Antonio Romeral y Ana Cuenca, los dos nuevos fiscales del caso, vuelven a incidir en la posible existencia de delitos para reactivar la investigación. Gallardón está pendiente de lo que puedan encontrar en la documentación enviada por el Gobierno de Cristina Cifuentes.

http://m.eldiario.es/politica/investigacion-pelotazo-Canal-Gallardon_0_726177853.html

UN AUTO JUDICIAL DE HACE SOLO DOS MESES INCLUÍA A GALLARDÓN COMO "INVESTIGADO" EN 'LEZO'

La resolución por la que el juez de refuerzo encomendó el 17 de octubre a un nuevo organismo la localización de bienes menciona expresamente al exministro entre aquellos contra los que se dirige el procedimiento

Anticorrupción insiste en que a día de hoy sigue sin estar formalmente imputado aunque se investiga su actuación

Un año después de que la Audiencia Nacional diese vía libre de forma implícita a la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón en la Operación Lezo, la situación procesal del exministro de Justicia se ha convertido en un confuso enigma.

El año acabó con una decisión judicial que si bien le acorrala le mantiene todavía oficialmente ajeno al círculo de investigados: la citación como imputados, anunciada el 27 de diciembre, de los que bajo su mandato como presidente de Madrid integraban la cúpula del Canal de Isabel II cuando la empresa de aguas adquirió en 2001 la firma colombiana Inassa mediante una operación bajo sospecha. Pero lo que no había trascendido en ese momento es que apenas dos meses antes, el 17 de octubre, un auto del juzgado central 6 al que ahora ha tenido acceso infoLibre ya asignaba a Gallardón de forma inequívoca la condición de "investigado" en Lezo.

El auto reproduce de manera literal en ese punto un escrito fechado cuatro días antes y firmado por el entonces fiscal del caso, Carlos Yáñez, que renunció poco después. ¿Introduce algún cambio el contenido de ese texto? Funtes de la Fiscalía Anticorrupción aseguran que no. Y que aunque la resolución mencione de forma expresa a Gallardón su situación procesal no ha variado: sobre el exministro no pesa a día de hoy ninguna imputación formal aunque su actuación y su eventual responsabilidad penal en aquella compra siguen bajo investigación.

En otras palabras: Gallardón no está imputado pero sí investigado en la acepción clásica del término. Cuando la Fiscalía tenga en sus manos el resultado de las nuevas pesquisas solicitadas al juez y posea elementos "sólidos" tomará una decisión definitiva sobre el veterano político. "En tanto no se le cite a declarar asistido de abogado no tendrá la calificación de investigado o de lo que antes se conocía como imputado", enfatiza una de las fuentes consultadas. Algunos expertos en el caso consideran que Gallardón está recibiendo un trato similar –por las múltiples cautelas adoptadas– al que la justicia reserva a los políticos aforados. Otros entienden por el contrario que citar al exministro sin unas mínimas garantías previas de que la imputación no se desmoronará perjudicaría al conjunto de una investigación que tiene como principal protagonista nada menos que a otro expresidente de Madrid, Ignacio González.

Dictada por el juez Diego de Egea, asignado en tareas de refuerzo al juzgado que dirige Manuel García Castellón, la resolución del 19 de octubre tenía por objeto encargar a un nuevo organismo público, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), la localización de bienes vinculados a los delitos investigados en Lezo. Es en el extenso relato de hechos sobre la compra de Inassa donde el nombre de Gallardón aparece. Y esta vez, a diferencia de lo que sucedía con el auto por el que el 19 de enero de 2017 la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional abrió la puerta para que Anticorrupción pidiera la comparecencia del político como investigado, la mención es nominal y no admite interpretaciones. Bajo el epígrafe "Investigados", el juez De Egea arranca escribiendo lo siguiente: "El procedimiento se dirige contra Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja, Juan Bravo Riera, resto de integrantes del Consejo de Gobierno que adoptó el acuerdo de 2001...". Y a partir de ahí, una larga lista de nombres o cargos que alcanza a los 25 cuya citación quedó decidida hace una semana.

El magistrado cita a todos los nuevos imputados, entre ellos el recién dimitido presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid y el todavía presidente de Adif, al atender punto por punto la petición de la Fiscalía Anticorrupción. También su auto del 17 de octubre aplicaba la misma regla: asumir la solicitud de Anticorrupción. Entonces, el fiscal era Carlos Yáñez. Ahora, Ana Cuenca. Desde el inicio de la investigación, Yáñez se declaró partidario de llamar a declarar a Gallardón. Tras una primera negativa judicial, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional dio la razón a Yáñez y a la otra fiscal originalmente asignada al caso, Carmen García Cerdá. Pero lo hizo con un auto cuya parte dispositiva –la reservada a la decisión judicial– no incluía la citación del exministro. Ni la de ningún nuevo imputado. Gallardón entró así en una especie de limbo jurídico todavía por despejar.

La incógnita de Panamá

En espera de esa decisión, el exministro ha anticipado ya cuál será su estrategia de defensa llegado el caso. Hace tres semanas, Gallardón compareció ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Allí defendió la legalidad de la compra de Inassa, la calificó de ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y negó que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó una afirmación: que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.

La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón ante la Cámara madrileña– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó nada reprochable.

Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década y presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, quien de manera involuntaria puso el foco sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares– cuando en realidad no valía ni 30.

González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en un cajón ese informe.

Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual –aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente relevante".

En sucesivos escritos, tanto la Fiscalía como los jueces que hasta ahora han investigado el caso cifran en 73 millones de dólares (83.655.000 euros al cambio de la época) el desembolso de dinero público efectuado por la compra de Inassa. El informe de Cuatrecasas mencionado por Gallardón destapaba múltiples fisuras en esa operación, en la que el Canal de Isabel II dio entrada a una empresa valenciana, Tecvasa, de capital netamente privado. Tecvasa estaba constituida por antiguos directivos de Aguas de Barcelona, es decir, de la compañía que inicialmente poseía la mayoría de las acciones de Inassa.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/03/un_auto_judicial_hace_solo_dos_meses_incluia_gallardon_como_investigado_lezo_73675_1012.html

JUAN BRAVO DEFIENDE ANTE EL JUEZ LA COMPRA DE INASSA POR EL CANAL DE ISABEL II

Juan Bravo, presidente de Adif y exconsejero de Hacienda en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy que la adquisición de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, se hizo de forma regular y que en las actas constaba que el precio de compra era de 73 millones de dólares.

Durante hora y media, el presidente de Adif ha declarado como investigado ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, y ha contestado a todas las preguntas que le han formulado sobre esta operación la fiscal Ana Cuenca, las defensas y la acusación que ejerce Adade en esta causa, han informado fuentes presentes en la declaración.

Ha explicado al juez que dado que esta compra se produjo en 2001, ha tenido que repasar lo que ocurrió en los dos consejos del Canal y en el Consejo de Gobierno autonómico en los que se dio luz verde a la operación.

Para ello ha recopilado la mayor parte de la documentación que obra en la causa, además de pedir documentos también a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel II, que se los negó alegando que el juez no lo había permitido, si bien al parecer ya existía esa autorización, según las fuentes consultadas.

La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la colombiana a través de la sociedad de Panamá.

A este respecto Bravo ha relatado que un despacho de abogados asesoró al Consejo a través de un informe señalando que si una de las condiciones para la compra era que se hiciese a través de esa sociedad se hiciese así y una vez hecha la operación se disolviera la sociedad inmediatamente.

También, según su relato, fue necesaria la autorización del Consejo de Gobierno y de la comisión de Hacienda para permitir la creación de la empresa Extensia, que fue constituida el mismo mes de la operación, y su endeudamiento para proceder a la compra de Inassa a través de la citada mercantil panameña.

Además de Bravo han declarado como investigados el consejero de Presidencia con Joaquín Leguina y expresidente del Canal Agapito Ramos; un alto cargo en el Ayuntamiento de Madrid con Ruiz-Gallardón de alcalde y Miguel Ángel Saldaña, quienes han corroborado la versión de Bravo de que la compra fue regular.

Todos ellos, incluido Bravo, eran miembros del Consejo de Administración del Canal en 2001, cuando se produjo la operación.

Esta nueva ronda de declaraciones en Lezo por la compra de Inassa empezó la pasada semana con la comparecencia como investigado del que fuera consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal, Pedro Calvo, quien negó irregularidad alguna en la adquisición de la filial y dijo desconocer el grado de conocimiento de Ruiz-Gallardón sobre esta operación.

La semana que viene esta previsto que declare también como investigado Arturo Canalda, expresidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y que dimitió de este cargo al ser imputado en Lezo.

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de la capital y ministro de Justicia está desde hace meses bajo la lupa de la Fiscalía, a cuya instancia el juez ha pedido a la Comunidad que identifique a los miembros del Gobierno regional que firmaron el contrato de compra de Inassa (entre ellos estaban Gallardón y Bravo), como paso previo a su posible imputación.

Con estas diligencias, el juez pretende "impulsar" la investigación por la que fue a prisión el expresidente madrileño Ignacio González, que todavía se encuentra "en una fase muy incipiente".

Según Anticorrupción, la operación de compra del 75 % de Inassa por 73 millones de dólares se hizo mediante Canal Extensia, pero no se adquirió directamente a Inassa sino a través de una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.

Una operación que para la Fiscalía adoleció de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público", que se centraron principalmente "en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato".

Hay además "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar".

https://www.eldiario.es/politica/Bravo-Inassa-Canal-Isabel-II_0_729677981.html

LOS TÉCNICOS DESMONTAN LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL PARA IMPUTAR A LA CÚPULA DE GALLARDÓN EN EL CANAL

Los profesionales que idearon en 2001 la compra de Inassa defienden con documentos la limpieza y rentabilidad de una operación que Ignacio González puso bajo sospecha

El juez del caso Lezo, que investiga una trama supuestamente corrupta encabezada por el expresidente madrileño Ignacio González, interrogará en los próximos días a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que en noviembre de 2001 aprobaron por unanimidad la compra por 73 millones de dólares del 75% de Inassa, una empresa privada dedicada a la distribución de agua en Colombia y otros países de Latinoamérica.

El magistrado intentará aclarar si esa operación supuso un quebranto económico para las arcas de la Comunidad de Madrid y, como sostiene la Fiscalía, un desvío de fondos públicos por 66 millones.

Algunas de las personas citadas a declarar como imputadas pertenecían en 2001 al Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), como Juan Bravo, hoy presidente de Adif y entonces recién nombrado consejero de Hacienda -llegó al consejo de administración del Canal un mes y medio antes de aprobar la operación ahora investigada-. Entre los imputados también hay representantes de PSOE -quien fuera durante muchos años presidente del Canal de Isabel II y consejero de Presidencia, Agapito Ramos-, de IU, de CCOO y de UGT. El magistrado instructor intenta determinar si los hechos tienen alguna relevancia penal y, de tenerla, quienes son los responsables.

Las primeras sospechas sobre una compra fraudulenta de Inassa en 2001 surgen 15 años después de los hechos, a finales de 2016, cuando la guardia civil, en el curso de una investigación judicial secreta a Ignacio González, graba una conversación de quien fue mano derecha y sucesor de Esperanza Aguirre con el exministro y expresidente autonómico Eduardo Zaplana.

En aquellas fechas –finales de 2016-, González ya contaba a su círculo de confianza o de negocios la situación desesperada que vivía al sentirse acorralado por la justicia. El nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes (PP), había presentado en verano de ese año una denuncia en Anticorrupción por una ruinosa operación en Brasil del Canal de Isabel II en la que se habían perdido 25 millones de euros.

La Guardia Civil graba, en ese contexto y con mandato judicial, el desahogo de González ante Zaplana: "Alberto (Ruiz-Gallardón), su gente, compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares por 100, con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad en Colombia y compraron una sociedad en Panamá. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II (...) Yo no soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo me encontré a alguien muerto y dije o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo. Y tratamos de arreglarlo. Yo tengo todavía un dictamen de Cuatrecasas sobre toda la operación que no te puedes imaginar".

Esa conversación abrió una nueva línea de investigación en el caso Lezo que afectaba al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, aunque en las palabras del expresidente madrileño González había muchas mentiras, según se ha comprobado ahora.

El Canal de Isabel II adquirió Inassa en diciembre de 2001 cuando Alberto Ruiz Gallardón presidía la Comunidad de Madrid, pero nunca pagó 100 millones de dólares sino 73 millones.

Nadie tasó esa sociedad en menos de 30 millones.

La autorización del Consejo de Gobierno fue para un crédito de 51 millones con el que comprar Inassa; el permiso autonómico no determinó ni impuso el lugar de la compra.

Nunca hubo un crédito del Banco Mundial de Desarrollo ni tampoco un aval del Canal de Isabel II. El préstamo de 51 millones lo concedió el BBVA sin necesidad de avales porque a esta entidad le pareció suficiente conocer las cuentas de la sociedad que se iba a comprar, Inassa, como garantía del cobro del crédito.

El Canal pagó 19 millones de sus fondos propios; el resto pertenecía al crédito solicitado al BBVA que Inassa devolvió con los beneficios que generaba.

Los fiscales encargados del caso Lezo tiraron del hilo de aquella delación tóxica de González y sacaron sus propias conclusiones, que fueron detallando al juez en distintos escritos.

Esas conclusiones, que han llevado al magistrado instructor a citar como imputados a todos los consejeros del Canal de Isabel II que aprobaron en diciembre de 2001 la compra de Inassa, han sido desmentidas o rebatidas por los técnicos que intervinieron en la operación desde su origen. Esos técnicos que participaron en los hechos, del Canal y de otras compañías, comparecieron durante horas en la Asamblea de Madrid, donde también se investiga esta compra.

Las diferencias entre la versión que detallan los fiscales en sus escritos, salpicada de suposiciones, y la que explican los técnicos del Canal, que han manejado documentación oficial de la operación en sus intervenciones parlamentarias, son abismales.

Desvío de 66 millones de euros

"Sospechosamente", escribe la Fiscalía, "la sociedad Aguas de Barcelona vendió en 2000 sus participaciones en la sociedad Inassa a la sociedad Aguas de América". Aguas de Barcelona cobró por aquella venta siete millones. En diciembre de 2001, el Canal de Isabel II compra Inassa por 73 millones. Y la Fiscalía señala: "Esta doble venta pudo generar a los denunciados en el espacio temporal de un año una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros".

Se trata de una operación matemática sencilla pero engañosa. Si Aguas de Barcelona vendió Inassa por siete millones en 2000, y el canal de Isabel II compró en diciembre de 2001 por 73 millones, basta una resta para concluir que el desvío es de 66 millones. Una tesis parecida al lamento de Ignacio González en su conversación con Zaplana: "compraron por 100 millones algo que no valía ni 30".

Los hechos son muy distintos.

Salvador Cardona, exdirectivo de la empresa privada Tecvasa que se asoció con el Canal de Isabel II para comprar Inassa, explicó así a los diputados madrileños los errores de cálculo de la Fiscalía: "Aguas de Barcelona tenía un 20% de Inassa y lo vendió en 2000; el Canal de Isabel II compra a finales de 2001 un 75% de Inassa. Además, cuando Aguas de Barcelona vende su parte, Inassa tenía un negocio para explotar Barranquilla hasta 2013 a través de la Triple A. Desde que Aguas de Barcelona se va hasta que el Canal de Isabel II compra Inassa, se amplía la concesión de Barranquilla 20 años más. A cualquiera que esté en el sector, imagínate lo que valen 20 años más de concesión de una capital que, como mínimo, es más grande que Valencia. Pero es que, además del negocio de Barranquilla, cuando el Canal de Isabel II compra Inassa, esta sociedad tiene además la empresa de Ecuador, la de Dominicana, la de Metroagua y acaba de firmar un contrato con Venezuela por 30 millones de dólares".

La comparación entre la venta que hace Aguas de Barcelona de su 20% de Inassa en el año 2000 por 7 millones y la compra que hace a finales de 2001 el Canal de Isabel II por 73 millones es manifiestamente engañosa y sólo conduce a un error grueso a la hora de evaluar si hubo o no sobrevaloración de la empresa.

La empresa privada Aguas de Barcelona vendió un trozo pequeño (20%) de un negocio por 13 años, y el Canal de Isabel II compró un trozo enorme (75%) de ese mismo negocio por 33 años y, además, otros cuatro negocios más.

Sobrevaloración del precio de compraventa

"Existen claros indicios de que hubo una sobrevaloración del precio de compraventa claramente perjudiciales para el comprador y por ende para los intereses públicos por los que el Canal de Isabel II debió velar", escribe la Fiscalía.

José Antonio de Cachavera y Pablo López de las Heras, extécnicos del Canal de Isabel II y gestores de la operación –uno como subdirector de Nuevos Negocios y el otro como director económico y de desarrollo comercial-, explicaron en el parlamento regional el origen, nudo y desenlace de la compra de Inassa.

Los propietarios de la empresa colombiana de aguas deciden en 2001 poner a la venta el 75% de las acciones, cuya propiedad tienen a través de una sociedad domiciliada en Panamá. Para esta iniciativa contratan al Banco de Inversión Norteamericano Rothschild, que cursa distintas invitaciones a empresas del sector (dos estadounidenses, una francesa, una italiana y el Canal de Isabel II) para que presenten sus ofertas.

Rothschild envía a todos los invitados su propio informe de valoración: el 75% de Inassa costaría 97 millones de dólares. El Canal de Isabel II se interesa por la compañía, manda a sus técnicos a Colombia, hacen su estudio y cifran el valor de Inassa en 87,6 millones de dólares. Por último, la empresa privada valenciana Tecvasa, que se asocia con el Canal de Isabel II para quedarse con un 25% del paquete de acciones, encarga a los consultores de CAP-AFI un estudio sobre el valor de la sociedad en venta que arroja un resultado de 94 millones.

El precio final fue 73 millones, lo que supone 24 millones de dólares menos del fijado inicialmente por la banca de inversión que dirigía la operación de venta de Inassa.

De esa cantidad, tan sólo 19 millones salieron de fondos propios del Canal. Otros 51 corresponden al préstamo concedido por el BBVA, devuelto hace cinco años, con los propios beneficios de Inassa, sin utilizar un euro del Canal de Isabel II.

El exdirector económico del Canal, José Antonio de Cachavera, no entiende las sospechas sobre una supuesta sobrevaloración de Inassa: "Si yo tengo una empresa que vale 10 y usted me la va a comprar por 100, y usted y yo nos repartimos 45 para usted y 45 para mi. ¿Vale? Somos unos golfos. Pero cuando uno paga el precio justo, incluso paga un precio muy duro, no hay para repartir, y esta empresa está bien comprada (...) No, nunca, jamás se pagaron comisiones. Hubiera sido absolutamente innecesario".

El Fiscal sostiene que los técnicos del Canal que se desplazaron a Colombia para hacer su estudio se basaron en las valoraciones efectuadas previamente por los asesores contratados por TECVASA y Rothschild, que supuestamente eran parte interesada para sobrevalorar la compañía.

No hay ningún dato que pueda acreditar ese hecho, más bien al contrario a juzgar por las cantidades que propone cada uno de los informes. El del Canal de Isabel II es casi 10 millones inferior al que efectúa Rothschild. El directivo de TECVASA niega cualquier amaño: "Tienen que haber engañado a los técnicos del Canal, que me consta que son gente preparada, y tienen que haber engañado a nuestros asesores de CAP-AFI, que son economistas, los tres, son doctores de Economía de la Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid, y uno de ellos es el director de banca on line en Caixa Bank".

El quebranto del erario público

La operación, presentada por la Fiscalía como muy perjudicial para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid, ha resultado especialmente rentable. Hasta el punto que uno de los técnicos del Canal de Isabel II que propuso la compra, Pablo López de las Heras, saca esta conclusión: "Se puede explicar con hechos que la compra de Inassa económicamente es una de las operaciones más ventajosas que se han hecho en los últimos 20 años en el sector del agua en el mundo".

Los hechos demuestran que, 16 años después de adquirir la compañía por 73 millones de dólares, de los que 51 correspondían a un préstamo del BBVA pagado por Inassa de sus propios beneficios, el Canal ganó cerca de 60 millones de euros en dividendos que repartió la sociedad colombiana.

Además, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido ahora vender Inassa y las valoraciones más moderadas estiman que el precio puede estar entre 160 y 200 millones de euros.

El fin de esta aventura empresarial es, según los técnicos, muy positivo: por una inversión directa de 19 millones de euros (el resto que pidió prestado lo pagó Inassa de sus propios beneficios), el Canal habrá obtenido al menos 60 millones de beneficio directo por reparto de dividendos en estos años y, caso de venderse la compañía por el valor que todos los expertos le suponen, otros 200 millones.

El pago en Panamá

La Fiscalía sostiene en su escrito que "se utilizó una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal ya que lo que se compró en realidad fue la totalidad de una sociedad panameña (Sociedad de Aguas de América) propietaria de Inassa".

Cuando el Canal de Isabel II presenta su oferta para adquirir el 75% de Inassa, los propietarios de la empresa ya poseen una sociedad en Panamá donde tienen depositadas sus acciones. De hecho, cuando adquieren en 2000 el 20% de acciones que tenía Aguas de Barcelona, lo hacen a través de esa sociedad panameña.

Pablo de las Heras recuerda que para dar más transparencia a la operación, el Canal encargó un informe de fiscalidad al despacho de abogados de Garrigues y lo puso a disposición de todos los consejeros: "Hablaba de distintas posibilidades de hacer la operación, bien una compra directa, bien una compra a la tenedora de las acciones, que era una sociedad panameña, bien a través de otras sociedades en Holanda, Uruguay o Estados Unidos. Desde el principio, la voluntad de los accionistas era vender a través de una sociedad panameña. Y el informe de Garrigues se centró en esa posibilidad y lo que deducía es que tenía el mismo efecto fiscal para el Canal de Isabel II el hecho de comprar la sociedad en Panamá y liquidar la sociedad en el mismo acto de compra (cosa que se hizo) que comprar las acciones en Colombia".

El exdirector económico del Canal, José Antonio de Cachavera, ofrece más explicaciones: "Nuestra obligación era pagar los menos impuestos posibles porque iban en contra de los ciudadanos de Madrid, pero evidentemente haciéndolo dentro de la legalidad. Nos asesoramos como una empresa de primer nivel como es Garrigues (...) La compra en Panamá, que yo entiendo que en este momento en el que estamos, con todo lo que ha pasado, suena como que se hizo algo oscuro, fiscalmente no tenía ninguna trascendencia y era la forma en la que los accionistas vendían la sociedad. Nosotros no hemos operado en paraísos fiscales, lo único que hicimos en un paraíso fiscal, en este caso Panamá, por obligación, porque así estaba en el libro de venta y porque así fuimos autorizados por el Consejo de Administración, fue materializar la venta que se había hecho en diciembre, ir al notario a materializar lo que se había comprado y disolver la sociedad en el mismo acto, eso es lo que hicimos en Panamá".

La necesidad de crear una sociedad intermedia

Para comprar Inassa, el Canal de Isabel II creó una sociedad denominada Canal Extensia. El fiscal sostiene: "No era necesaria la creación de Canal Extensia. Canal de Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin la necesidad de la interposición instrumental de Canal Extensia y, mucho menos, con la interposición fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Esta actuación carece de justificación en el sector público y se concive ordinariamente como una forma de huída del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la actuación pública".

Cachavera, director económico del Canal de Isabel II cuando se compró Inassa, rebate así la tesis del fiscal "No sé qué conocimiento empresarial tiene el fiscal de este caso, pero la utilización de sociedades está dentro del común de lo mercantil. Además ¡no es una cosa que inventásemos nosotros!. Esto es una sociedad anónima, no se le puede llamar sociedad pantalla. En contra de lo que dice el fiscal, a mi me parece una medida de prudencia: cuando uno hace un negocio y más cuando es un negocio internacional, aislar el riesgo que pueda tener ese negocio en una sociedad que no es la matriz (es lo prudente). Porque si no, la matriz responde con todos sus bienes acerca de lo que suceda en esa sociedad. En cambio, cuanto tú haces una sociedad, respondes con los bienes de esa sociedad y, por lo tanto, ¡estás protegiendo el patrimonio de los madrileños!".

El Canal no puede hacer negocios fuera de Madrid

Otro de los argumentos que esgrime la Fiscalía en distintos escritos es que el Canal de Isabel II, según la ley autonómica 17/1984 que lo regula, no puede participar en otras sociedades mercantiles ni competir en concursos fuera de la Comunidad de Madrid. Los técnicos lo niegan y ponen ejemplos. López Heras: "Desde 1991 (con Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid) hasta 1999, el Canal de Isabel II había intentado hacer múltiples incursiones en el mercado internacional y nacional, y excepto Cáceres, que lo hizo en una operación con el Grupo Suez, con Aguas de Barcelona, a través de una sociedad, no había conseguido nada". El concurso de Cáceres que ganó el Canal de Isabel II fue avalado por decisiones judiciales.

José Antonio de Cachavera, el exdirector económico del Canal, detalló más proyectos de su etapa que superaron las fronteras de la Comunidad de Madrid: "Estuvimos viendo negocios en Cuba, en Panamá, en Colombia, en Asunción en Paraguay, multitud de operaciones en el ámbito de la diversificación internacional del sector del agua pero también desde el punto de vista de la diversificación sectorial. Montamos una sociedad para la distribución de energía en la Comunidad de Madrid con Hidrocantábrico, con quien ya éramos socios en Hidráulica Santillana. Es decir, la creación de empresas participadas para explotar negocios laterales o colaterales del Canal ya era una práctica habitual, como es normal y de sentido común. Hay que aprovechar el conocimiento y la posición que tenía el Canal para optimizar los medios que los madrileños ponían a nuestra disposición y nada más".

En el sumario no existen pruebas de que parte del dinero pagado por el 75% de Inassa fuera destinado a comisiones ilegales.

http://cadenaser.com/ser/2018/01/01/tribunales/1514830543_660977.html

UN INFORME DESACONSEJÓ LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA

Un informe del despacho Garrigues y Andersen desaconsejó la compra en 2001 por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa a través de una sociedad en Panamá.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, forma parte de la documentación remitida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la Asamblea relacionada con el caso Lezo solicitada por los grupos de la oposición.

El Ejecutivo regional comenzó el pasado día 15 a enviar al Parlamento madrileño esta documentación tras conocer que el juez que instruye el caso Lezo entiende que la entrega de ésta no afecta al carácter reservado que tiene la causa en este momento procesal.

El Gobierno de Cristina Cifuentes recibió el pasado mes de agosto una providencia del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo que le daba vía libre para entregarle a la oposición las actas del Canal de Isabel II relacionadas con el caso Lezo.

Sin embargo, el Ejecutivo no los entregó entonces, ya que el subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, que ha sido cesado, no vio el correo electrónico con la provincia por "un error grave".

Uno de los documentos remitido a la Asamblea de Madrid es un informe de Garrigues y Andersen, fechado el 7 de noviembre de 2001.

En dicho informe, se analizan las tres posibilidades para la compra de Inassa, entre ellas, el Canal de Isabel II adquiera el directamente la empresa colombiana y que, según este análisis, era "la mejor alternativa desde el punto de vista fiscal".

Sin embargo, finalmente el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, el 29 de noviembre de 2001 autorizó la adquisición de Inassa a través de la Sociedad Aguada de América, una empresa radicada en Panamá.

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha citado declarar como investigados a miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que el 14 de noviembre de 2001 apoyaron realizar una oferta por el 75 % de Inassa por 73 millones de dólares, lo que, en opinión del magistrado, acabó generando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares.

Según un auto juez, la operación se llevó a cabo a través de una "compleja estructura societaria" y contravino "de plano" los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.

Además, cree el magistrado que existen "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar".

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8879831/01/18/Un-informe-desaconsejo-la-compra-de-Inassa-a-traves-de-una-sociedad-panamena.html

EL JUEZ ORDENA A LA UCO DEVOLVER LOS COCHES DE IGNACIO GONZÁLEZ QUE USAN LOS AGENTES

Otra vez en evidencia el deficiente estado del parque móvil de la Guardia Civil

La precariedad con la que los guardias civiles desarrollan muchas veces su trabajo ha quedado en evidencia nuevamente con motivo de los coches de Ignacio González y otros implicados en el caso Lezo, intervenidos en el marco de esta operación. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Gurdia Civil estaba usando estos vehículos y ahora el juez ha ordenado la devolución a sus dueños.

Los guardias van en coches de medio millón de kilómetros

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ordenado a la UCO la devolución de los seis coches intervenidos al expresidente madrileño, a su mujer, Lourdes Cavero, su hermano Pablo y al jefe de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, según adelanta la SER. La Guardia Civil había pedido utilizar estos vehículos por el deficiente estado su parque móvil. Como ha publicado El Plural, los agentes realizan su trabajo en coches de hasta medio millón de kilómetros.

El juez ha admitido el recurso de la defensa del expresidente madrileño Ignacio González que pidió la devolución de los coches alegando que “no consta claramente acreditado la vinculación de dichos vehículos con la comisión de los delitos que se atribuyen a los investigados ni que hayan sido producto de las ganancias ilícitas obtenidas”.

En su auto, el juez dice a los investigados que tras la devolución de sus coches deberán conservarlos en “buen estado” y que deben de estar “en todo momento a disposición del juzgado” al estar embargados. Incluso, les insta a “acordar la venta anticipada de los vehículos para cubrir las elevadas responsabilidades civiles en las que pudieran incurrir”.

https://www.elplural.com/politica/2018/01/31/el-juez-ordena-la-uco-devolver-los-coches-de-ignacio-gonzalez-que-usan-los

MAURICIO CASALS NIEGA EL CHIVATAZO DE LA "MAGISTRADA AMIGA" SOBRE LOS PINCHAZOS TELEFÓNICOS A LOS INVESTIGADOS EN 'LEZO'

Mauricio Casals ha precisado que lo que hizo fue una "fabulación" para intentar tranquilizar a Rodríguez Sobrino, ya que se encontraba nervioso por las informaciones que publicaron algunos medios de comunicación

Ignacio González, que ha tenido el careo con Casals, ha aclarado que a él le pareció entender que el aviso venía de una "magistrada amiga de la casa", pero no ha podido confirmarlo

El presidente de la empresa editora de La Razón, Mauricio Casals, negó este lunes ante el juez haber avisado de que una "magistrada amiga de la casa" le advirtió de que los teléfonos de los investigados en la Operación Lezo estaban siendo intervenidos, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, citó este lunes a Casals y al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, principal investigado en la causa, para realizar un careo con el fin de averiguar quién es esa "magistrada amiga". Ambos comparecieron en calidad de testigos.

En una conversación intervenida por la Guardia Civil durante la investigación sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, se puede escuchar cómo Ignacio González le contaba al expresidente valenciano Eduardo Zaplana que el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino le había advertido de los pinchazos telefónicos.

"Fabulación" para tranquilizar a Rodríguez Sobrino

Fuentes jurídicas apuntaron que Casals negó haber utilizado esta expresión, por lo que no pudo facilitar el nombre de esa jueza, aunque el magistrado instructor se lo haya pedido. Asimismo, precisó que lo que hizo fue una "fabulación" para intentar tranquilizar a Rodríguez Sobrino, ya que se encontraba nervioso por las informaciones que publicaron algunos medios de comunicación sobre las supuestas irregularidades de Inassa.

De hecho, las mismas fuentes apuntaron que González aclaró que a él le pareció entender que el aviso venía de una "magistrada amiga de la casa", pero no pudo confirmarlo. En este cara a cara, que duró 20 minutos, no intervino la Fiscalía.

El pasado mes de mayo, el juez de Plaza Castilla admitió la denuncia presentada por el partido Contrapoder para investigar quién es la jueza que podría haber incurrido en un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se mostró favorable que se inhibiera a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo.

El juez García de Dios rechazó abandonar la causa, mientras que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para que decida quién es el competente para investigar este caso.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/29/el_presidente_editora_razon_niega_chivatazo_magistrada_amiga_sobre_los_pinchazos_telefonicos_los_investigados_lezo_74644_1012.html

VILLAR MIR ACUDE A LA GUARDIA CIVIL PARA QUE LE TOMEN LAS HUELLAS

El empresario está investigado dentro de la operación Lezo por una comisión de 1,4 millones de euros

Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL, ha acudido este viernes por la mañana a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) para que los agentes le tomen las huellas con motivo de la investigación contra él que hay en el caso Lezo.

El objetivo es contrastar la autenticidad de un documento incautado dentro de uno de los registros vinculados a este caso de corrupción, en una pieza secreta, según informa El Diario.

Villar Mir está investigado en la Operación Lezo con relación a la supuesta mordida de 1,4 millones de euros para conseguir la adjudicación del tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. Esta comisión se la habría quedado por el camino el empresario Adrián de la Joya, tal y como confesó él mismo, aunque se habría utilizado para acusar desde el Partido Popular a Ignacio González de tener una cuenta en Suiza, tal y como revelan las grabaciones realizadas al expresidente de la Comunidad de Madrid y ofrecidas por El Plural.

El expresidente madrileño contó a sus contactos, en las grabaciones que le realizó a la Guardia Civil, que dicho ingreso nunca fue para él, pero que los datos de la transferencia fueron utilizados por Villar Mir, en connivencia con Mariano Rajoy y el entonces tesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, para acusar a Ignacio González de tener una cuenta en Suiza. Algo que, según afirmaba, se habría hecho con un "montaje" audiovisual en la grabación del espionaje que se realizó en Colombia, en una visita relacionada con las operaciones del Canal de Isabel II.

La fijación de Ignacio González con el asunto le llevó a contactar con Luis Vicente Moro, un personaje turbio que fue delegado del Gobierno con Aznar y con quien el expresidente madrileño hablaba de montar "puticlubs". Su intención era que sus contactos pudieran investigar quién estaba detrás de la comisión para "cogerle por las pelotas al hijo puta de Villar Mir y decirle mira, aquí tengo el circuito y lo que hiciste hijo puta, tú has pagado esto, esto, esto... y además tal... y ya no te quiero contar si sabemos quiénes son los destinatarios de la pasta”.

https://www.elplural.com/politica/2018/01/12/villar-mir-caso-lezo-partido-popular-guardia-civil

EL CONTABLE DE LA EMPRESA PANTALLA EN EL PELOTAZO DEL GOLF DESMONTA LA COARTADA DE IGNACIO GONZÁLEZ

Fernando Serrano declaró ante el juez que el hermano y el cuñado de González ya eran socios de Tecnoconcret cuando el Canal de Isabel II le adjudicó la gestión de un campo de golf en pleno centro de Madrid

"Llegué a entregarle a Pablo González 80.000 euros", relató en la declaración, a la que ha tenido acceso infolibre. Sacó el dinero en ventanilla y se lo dio "en mano": "Les aseguro que iba temblando"

El contable dejó constancia en un archivo informático almacenado en su ordenador de las cantidades en metálico que se repartían. Ese documento fue incautado por la Guardia Civil

Un imputado prácticamente desconocido pero cuyo testimonio se ha revelado esencial pulverizó con su declaración judicial la coartada de Ignacio González sobre el pelotazo que los investigadores del caso Lezo le atribuyen gracias a un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II en pleno centro de Madrid. Ese imputado se llama Fernando Serrano. Y era el contable de Tecnoconcret, empresa en la que participaban el hermano y el cuñado de Ignacio González y que en diciembre de 2006 obtuvo en unión de otras dos mercantiles la adjudicación para construir y explotar aquel campo de golf.

La declaración de Serrano, a la que infoLibre ha tenido acceso, agrava la posición del expresidente madrileño, máximo responsable del Canal de Isabel II durante ocho años y antiguo delfín de Esperanza Aguirre. Porque lo que el investigado detalló ante el juez del caso Lezo es que, en contra de lo que Ignacio González ha sostenido siempre, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero ya eran accionistas de Tecnoconcret cuando el contable se incorporó a comienzos de 2007 a la compañía en calidad de empleado y socio minoritario con un 5% de los títulos. A preguntas del fiscal, que manejaba datos oficiales de la Seguridad Social, Serrano admitió que su entrada en Tecnoconcret pudo producirse ya en diciembre de 2006.

Gracias a aquella concesión otorgada justamente aquel mes de diciembre por la empresa de aguas de Madrid, que entonces presidía el propio Ignacio González, Tecnoconcret cobró tres millones de una filial de Dragados, compañía mayoritaria en la UTE adjudicataria. Todos los datos recabados hasta la fecha indican que su papel real en la construcción del campo de golf fue el de simple conseguidor. Como ya desveló este diario, de esos tres millones y una vez descontado lo que pagó a un subcontratista por la ejecución real de los trabajos, Tecnoconcret se reservó una comisión de 600.000 euros.

"Los tres eran mis jefes"

Hasta ahora, y tras una investigación periodística que Ignacio González intentó parar en los tribunales, se sabía que el hermano y el cuñado del expresidente madrileño habían tomado participaciones de Tecnoconcret en noviembre de 2008. Y que ya antes eran socios de su fundador, José Antonio Clemente, en una tercera mercantil, Tamanaco Consulting SL. Pero la declaración de Fernando Serrano reafirma la tesis de Anticorrupción: que la familia González estuvo presente en esa operación desde el comienzo. Es decir, desde el momento de la adjudicación del golf del Canal. Y cuando el Gobierno que presidía Esperanza Aguirre declaró en enero de 2007 aquella instalación deportiva de "interés general" para modificar el planeamiento urbanístico y eliminar así de un plumazo 50.000 metros cuadrados de zona verde pública en Chamberí, el distrito madrileño con mayor densidad de cemento.

Nada más comenzar el interrogatorio del contable, el fiscal Carlos Yáñez le preguntó si Pablo González y José Juan Caballero trabajaban ya en Tecnoconcret en 2007. El imputado respondió así: "Eran socios, yo creía que eran socios aunque luego supe que formalmente no lo eran todavía pero ellos actuaban como tales socios". En ese momento, Yáñez repreguntó: "Pero no eran socios formales". Y Serrano no solo convino en que así era sino que amplió su respuesta: "Lo supe después. Para mí había tres dueños, que eran José Antonio Clemente, que de hecho tenía el nombre de la empresa, y ellos dos [Pablo González y José Juan Caballero] como socios también, al 33%". "Los tres eran mis jefes", apostilló Serrano.

En la media hora escasa que duró su declaración, el contable de Tecnoconcret confirmó que entre 2008 y 2011 él mismo y José Antonio Clemente retiraron en ventanilla 532.000 euros. Todo el dinero, aseguró Serrano, fue a parar a José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero. Del reparto exacto de cantidades, anunció, quedó constancia en un archivo informático almacenado en su ordenador. La Guardia Civil se llevó ese ordenador tras el estallido del caso. Pero Serrano se ofreció a guiar a los investigadores para localizar el documento con rapidez. Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que el contable cumplió lo prometido.

¿Recuerda Serrano alguna extracción superior a 50.000 euros?, inquirió en otro momento el fiscal. Y el contable contestó afirmativamente para narrar cómo cuando la compañía se disolvió en 2010 y él mismo fue despedido en febrero de aquel año, ocurrió lo siguiente: "Cuando se hizo esa disolución y me despidieron se repartió el dinero entre los socios y recuerdo haber sacado para un socio como 80.000 euros y para otro algo parecido".

Del reparto en metálico a las empresas factureras

Esos dos socios, añadió a renglón seguido, eran José Juan Caballero y Pablo González. "A Pablo González se lo entregué en mano", corroboró Serrano ante la nueva pregunta del fiscal, que prosiguió en esa dirección. Y le hizo notar a Serrano que sacar 80.000 euros en metálico y llevárselo en mano a su destinatario implicaba casi jugarse la vida. El contable asintió con estas palabras: "Les puedo asegurar que esos días iba temblando". Los días, a eso se refería, de aquellas entregas en mano que –dijo– nunca le hicieron ser consciente de que podía estar siendo utilizado como instrumento de blanqueo. "Pero sí –fue su precisión– de estar actuando de una manera que no era, digamos, demasiado regular".

Pero aunque Serrano evitó reconocer que hubiese albergado cualquier sospecha de blanqueo, su relato apunta exactamente hacia ese delito: porque, como justificantes de las cantidades que recibían en efectivo, los tres socios principales le entregaban al contable facturas de una serie de sociedades que supuestamente proveían de servicios a Tecnoconcret aunque –terminó concediendo ante las preguntas del fiscal– jamás supo qué trabajos reales efectuaban. Tamanaco, Proyectos Ecosistemas, Reimex y Asesora 25 –"esa me suena pero no tanto"– se contaban entre las compañías que suministraban facturas a Tecnoconcret. Eran lo que fuentes conocedoras del caso definen como "factureras". Y consideran que todas ellas estaban controladas por la familia González.

Serrano admitió que tras su despido recibió 30.000 euros "como anticipo" de lo que le habría correspondido por su porcentaje de participación en Tecnoconcret en un futuro proyecto que no llegó a materializarse. El 5% de títulos que ostentaba se lo había adjudicado Clemente tras su contratación como contable y administrativo a modo de gratificación en contratos futuros. Es decir, no en el del campo de golf. Pero –así al menos lo subrayó Serrano– jamás tuvo poder real como accionista. ¿Ejercía algún derecho como socio?, le preguntó el fiscal."En las reuniones en que decidieron disolver la sociedad expresé mi disconformidad total". ¿Y le trataron como a un socio?, siguió avanzando Yáñez. El contable dio aquí una respuesta amarga: "Me trataron como si no fuera nadie".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/11/el_contable_empresa_pantalla_pelotazo_del_golf_desmonta_coartada_ignacio_gonzalez_73947_1012.html

UN SOCIO DE LA FIRMA QUE MONTÓ EL GOLF DEL CANAL DECLARA QUE LA EMPRESA DE LOS GONZÁLEZ ESTABA EN EL PROYECTO PARA "ROBAR Y MALVERSAR"

El testigo, uno de los tres accionistas de la compañía subcontratada para instalar el césped, definió Tecnoconcret como "una empresa intermedia que estaba allí para llevarse dinero"

Tecnoconcret, controlada por el hermano y el cuñado de Ignacio González, "no prestó ningún servicio en la construcción" del equipamiento promovido por el Gobierno de Aguirre

Un testigo directo de la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II, que proporcionó a la familia de Ignacio González un pelotazo de 600.000 euros, ya acorraló este verano al expresidente de Madrid con su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El testigo, José Jesús Vallenilla, era uno de los tres socios paritarios de Onlygolf, la firma a la que la empresa pantalla de los González, Tecnoconcret, subcontrató para instalar el césped del campo. Cuando los agentes le preguntaron por qué intermedió Tecnoconcret en el proyecto si realmente fue Onlygolf la que prestó el servicio de colocación de hierba para Dragados, encargada de construir el campo, Vallenilla dio la siguiente respuesta: "Que el único sentido que pudo tener la intermediación de Tecnoconcret era para robar y malversar".

Prestada el 14 de julio de 2017, su declaración fue la primera pero no la única que desmontó la coartada del antiguo delfín de Esperanza Aguirre. Como publicó este jueves infoLibre, el contable de Tecnoconcret le confirmó luego al juez instructor de Lezo que, cuando a finales de 2006 o comienzos de 2007 se incorporó a su plantilla, el hermano y el cuñado de Ignacio González –Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente– ya eran socios de facto de la empresa.

Tanto el testimonio del contable como el previamente aportado por el socio de Onlygolf refuerzan las tesis de la Fiscalía Anticorrupción: que la familia del político estuvo presente en la operación del campo de golf desde el inicio y que su único objetivo era lucrarse gracias a esa instalación, adjudicada en diciembre de 2006 a una UTE capitaneada por una filial de Dragados y de la que Tecnoconcret formaba parte. Como ya publicó este diario tras el estallido del caso, Tecnoconcret cobró de Dragados tres millones por la instalación del césped. De esos tres millones, la firma de la familia González se quedó con 600.000 euros y destinó el resto a abonar los servicios de quien realmente puso el césped: Onlygolf.

No prestó "ningún servicio"

Antes de concluir que el objetivo de Tecnoconcret era "robar y malversar", el antiguo socio de Onlygolf, quien según sus palabras vendió entre 2007 y 2008 el 33,3% que poseía en el accionariado, había afirmado rotundo que Tecnoconcret no prestó "ningún servicio en la construcción" del campo. Es más, aseguró que ni siquiera "había escuchado nunca el nombre de la empresa Tecnoconcret" hasta que lo leyó en la prensa.

A quien José Jesús Vallenilla conocía era a José Antonio Clemente, que nunca le habló de esa mercantil ni de cómo iba a conseguir que Onlygolf entrara en el contrato del campo de golf cuando la colocación del césped había sido previamente asignada a otra empresa. Clemente le decía –así lo sostuvo el testigo– que "eso era secreto profesional" y que no le iba a revelar "la fuente".

Que ni siquiera tenía noción de la existencia de Tecnoconcret lo declaró José Jesús Vallenilla cuando la UCO inquirió sobre a qué respondía la relación comercial entre Tecnoconcret y Onlygolf. La compañía de Clemente, Pablo González y José Juan Caballero "es una empresa intermedia que estaba ahí para llevarse el dinero". El testigo explicó que jamás pudo ver la facturación entre Tecnoconcret y Onlygolf porque sus dos socios lo mantuvieron siempre en el ostracismo.

La construcción del campo de golf del Canal generó una fortísima resistencia ciudadana. Para vencerla, el Gobierno de Esperanza Aguirre lo declaró en enero de 2007 como instalación deportiva de "interés general". Ese paso le permitió modificar el planeamiento urbano del céntrico distrito de Chamberí y eliminar 50.000 metros cuadrados de zona verde pública.

La plataforma vecinal que durante años batalló contra el campo de golf jamás logró que el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, investigara las irregularidades denunciadas. El 22 de febrero de 2017, Moix fue designado jefe de la Fiscalía Anticorrupción. El 1 de junio dimitió después de que este diario destapase que era copropietario de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/12/un_socio_firma_que_monto_golf_del_canal_declara_que_empresa_los_gonzalez_medio_proyecto_para_robar_73990_1012.html

LA UCO INVESTIGA ADJUDICACIONES DEL CANAL POR 138 MILLONES A UN IMPUTADO EN 'LEZO'

La Fiscalía y la Guardia Civil consideran que el empresario Joaquín Molpeceres, cuyo nombre apareció también en 'Gürtel', aceleró sus ingresos con Ignacio González como presidente madrileño llegando a facturar un total de 840 millones

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos a la investigación del 'caso Lezo' siguen la pista de contratos al empresario Joaquín Molpeceres por un valor de 138 millones de euros adjudicados durante diez años por la empresa pública Canal de Isabel II, cuyo presidente era Ignacio González, el presunto cabecilla de la trama 'Lezo', según se desprende de la declaración del propio empresario propietario de las sociedades Licuas y Coarsa.

Además, estas dos firmas, también implicadas en el 'caso Gürtel', se beneficiaron de contratos de la empresa madrileña del agua por entre 56 y 58 millones anuales, de los que 13 millones anuales procedían de los concursos públicos del Canal, tal y como reconoció el empresario en su declaración como imputado: "En los últimos 15 años nos hemos presentado a unos 200 concursos", se defendió Molpeceres, que trataba de restar importancia al peso de los contratos de la sociedad pública de la Comunidad de Madrid en la contabilidad de Licuas y Coarsa.

Sin embargo, la Fiscalía y la UCO consideran que las adjudicaciones podrían estar relacionadas con la presencia en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de Ignacio González, primero como presidente y después como presidente. Pero siempre como máximo responsable del Canal de Isabel II.

"¿A partir del año 2012 sabe usted si se incrementaron las adjudicaciones o el volumen de ingreso de Licuas que provenían del Canal de Isabel II?", preguntó la fiscal del caso 'Lezo', que completó su pregunta interesándose en si ese dato aportado por la UCO en su informe era o no cierto: "En el 2015 y 2016 tuvimos las menores adjudicaciones de toda la historia de trabajo con el Canal de Isabel II, 200.000 euros", contestó Molpeceres.

58 millones en 2014

Pero la fiscal retomó su interrogatorio preguntando al imputado sobre si en 2014, año en el que González ya era presidente del Gobierno madrileño, Licuas había facturado 58 millones del Canal, de los cuales 26 millones procedían del Canal Gestión, la empresa con la que la Comunidad de Madrid quería privatizar la gestión del agua: "Mi empresa ha facturado siempre 58 millones, era lo general", respondió el empresario, que aseguró que además del Canal de Isabel II también recibió adjudicaciones y obras de Ayuntamientos y otras empresas.

Precisamente, en el sumario del 'caso Gürtel', los informes policiales ponen de manifiesto que las dos firmas de Molpeceres, Licuas y Coarsa, recibieron entre 2002 y 2008 del Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP y considerado junto con Boadilla del Monte el epicentro de la trama liderada por Francisco Correa, contratos por un valor superior a los 43,7 millones de euros.

'Papeles de Bárcenas'
El nombre de Molpeceres también aparece como presunto donante de 60.000 euros en negro al PP en los denominados 'papeles de Bárcenas' en los que se refleja la presunta contabilidad B llevada por los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, también resultó mencionado en el juicio del 'caso Gürtel' como uno de los empresarios presuntamente favorecidos por el PP nacional.

En el juicio de la primera época del 'caso Gürtel', el exalcalde de Majadahonda (Madrid) y responsable de las campañas del PP madrileño en 1999 y 2003, Guillermo Ortega, declaró al tribunal que el entonces tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, le llamó para que "intentara echar una mano a las empresas Licuas y Coarsa, porque era gente que colaboraba con la casa".

En el interrogatorio, la fiscal también preguntó al imputado sobre la gestión realizada por el propio Ignacio González para que la Comunidad de Madrid cediera agua al campo de golf de Joaquín Molpeceres, en El Encín, en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, que durante su construcción fue regado con agua potable: "¿Llegó usted a reunirse con el director [del Imidra], en concreto con el señor Moreno Martín?".

¿Entonces esa reunión la consiguió gracias a la intervención que tuvo González?", preguntó la fiscal, a lo que el imputado contestó: "Sí, González me facilitó su teléfono. Le llamé y me dijo: ven a verme".

"Perfectamente", contestó Molpeceres que completó: "Y con mi gerente. Fue un fracaso, porque nos dijo que si no se lo mandaban no podía hacerlo", dijo el empresario, que dijo a la fiscal que él tenía intención de pagar el agua que necesitaba para su campo de golf. ¿Entonces esa reunión la consiguió gracias a la intervención que tuvo el señor González?", volvió a preguntar la fiscal, a lo que el imputado contestó: "Sí, el señor González me facilitó su teléfono. Le llamé y me dijo: ven a verme".

La fiscal preguntó entonces al empresario si también llegó a reunirse con el actual senador del PP Jaime González Taboada, hasta hace unos meses consejero de Medio Ambiente: ¿No le llegó a comentar el señor González algunas de las conversaciones, y que era el consejero de Medio Ambiente y a quién también podrían acceder?". "No", respondió de forma categórica Joaquín Molpeceres.

https://www.vozpopuli.com/espana/UCO-investiga-adjudicaciones-Canal-Isabel-138-millones-imputado-Lezo-Gurtel-Barcenas_0_1102390868.html

IGNACIO GONZÁLEZ SOSTIENE QUE LA CONFESIÓN DE EDMUNDO RODRÍGUEZ SE CONSIGUIÓ BAJO AMENAZAS

El expresidente de la Comunidad de Madrid asegura que su mano derecha en el Canal de Isabel II reconoció el reparto de comisiones por miedo a que su hija embarazada acabara en prisión

El presunto cabecilla de la operación Lezo, Ignacio González, se defiende de los últimos avances en la investigación que la UCO sigue contra él. La defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid ha aprovechado la presentación de un escrito en el que vuelve a reclamar la devolución de los coches del matrimonio, tal y como ha acordado la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, para cuestionar, como adelantó la Cadena SER, la confesión del hombre del Canal de Isabel II en Latinoamérica y exconsejero de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Rodríguez Sobrino aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que recibió una comisión de 2,3 millones de euros por la compra de Emissao que se iba a repartir con González. En el escrito, sin embargo, el expresidente madrileño asegura que esa confesión “carece por completo de corroboración material” y que, además, “se efectuó después de un receso en el que se advirtió al investigado que existía una gran posibilidad de que su hija embarazada ingresara en prisión provisional si no colaboraba con la Justicia”.

El escrito también considera “patético” que la UCO afirme que hay indicios de delito de blanqueo por el hecho de haber encontrado tres billetes de 500 euros en el ático de Ignacio González en Estepona y que es “sencillamente falso” que Dragados diseñara el jardín de la vivienda familiar, tal y como asegura la Guardia Civil, porque esos trabajos fueron realizados por otra empresa según las facturas aportadas.

http://cadenaser.com/ser/2018/01/14/tribunales/1515921837_506317.html

EL JUEZ RECONSTRUYE EL PILLAJE DEL CANAL DE ISABEL II TRAS LA COMPRA DE UNA EMPRESA RUINOSA EN BRASIL

“Mi comisión iba a ser mayor porque ese dinero estaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera”, cuenta al juez Edmundo Rodríguez, la mano derecha del expresidente para los negocios de Latinoamérica y exconsejero de La Razón.

Directivos de Inassa en Latinoamérica cuentan al juez que se pactaron mordidas de hasta seis millones a repartir entre políticos y técnicos por comprar la sociedad Emissao

La Cadena SER les detalla todas las confesiones que el juez que instruye el caso Lezo ha recogido durante meses para reconstruir cómo se sobrevaloró una pequeña empresa de aguas brasileña para cobrar unas comisiones ilegales multimillonarias.

El primer testimonio es de julio del pasado año. Edmundo Rodríguez, máximo responsable de Inassa, la empresa del Canal de Isabel II que explota sus principales negocios en Latinoamérica, confiesa al juez que cobró una mordida de 2,7 millones de euros tras cerrar la operación de compra de Emissao.

Edmundo Rodríguez fue la persona elegida por Ignacio González para dirigir Inassa. Además, era uno de los principales consejeros del diario La Razón. Cuando el expresidente madrileño se siente acosado por investigaciones judiciales y periodísticas, recurre a Edmundo Rodríguez, quien utiliza el periódico La Razón para presionar a la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, y exigirle que no siga denunciando su gestión en el Canal de Isabel II.

En julio pasado decide confesarse ante el juez y el fiscal del caso. Les cuenta que recibió 2,7 millones de euros de comisión por la compra de Emissao y que ingresó ese dinero en dos sociedades que creó el propio Edmundo Rodríguez llamadas Amalfi y Rafaelo. Y que esa comisión millonaria se la tenía que repartir con Ignacio González:

EDMUNDO: “Luis Vicente Moro me dijo que mi participación o mis honorarios o mi comisión o lo que queramos llamar iba a ser mayor porque ese dinero quedaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera, cuando me lo pidieran”.
FISCAL: Y le dijo la cantidad que cobraría Ignacio González.
EDMUNDO. La cantidad era la misma que cobraba yo.
FISCAL. ¿Y cuánto cobró el señor González?
EDMUNDO. No cobró nada. Yo cobre 2,3 millones, eso es cierto. Según Vicente Moro me había dicho, la mitad de esa cantidad debería haber sido para Ignacio González, estoy diciendo lo que me dijeron. Qué es lo que hice? Por deformación empresarial yo no quería tener ese dinero en metálico, porque ese dinero se devalúa. Entonces… compré productos financieros, y para cuando me pidieran, cosa que no han hecho, pues para cuando me pidieran la liquidación de esas cantidades, yo quería que las cuentas estuvieran claras. Entonces dejé en una de las dos sociedades que creé la cantidad exacta y de ahí las trasferencias.
FISCAL. Entonces, usted está guardándole esa comisión al señor Ignacio González hasta que se la pida…¿Significa eso?
EDMUNDO. Así quedó al final de lo que yo sé. Yo estoy esperando a que Luis Vicente Moro me diga si o no. Lo que sé es lo que le he dicho, no sé más.
FISCAL. ¿Usted se considera testaferro de Ignacio González?
EDMUNDO. No me obligue a que me autocalifique.

Luis Vicente Moro es un viejo conocido de Ignacio González. La compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II a través de Inassa se realiza a iniciativa de Luis Vicente Moro, que trabaja como directivo de Essentium/Asignia y le ofrece a González esta posibilidad, según la investigación.

Dos directivos de Inassa, la empresa del Canal de Isabel II en Latinoamérica, prestaron declaración judicial en Colombia hace menos de dos meses y afirmaron que Ignacio González estaba detrás de la operativa para comprar la empresa brasileña Emissao. Uno de los directivos, Ramón Navarro, explicó que había cobrado una comisión de 1,4 millones de euros desde Suiza en una cuenta bancaria de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes. De esa cantidad, según le ordenó su jefe Edmundo Rodríguez, le tenía que dar 500.000 euros a Luis Vicente Moro.

El otro directivo, Diego García Arias, explicó al juez que Ignacio González autorizó un reparto de 6 millones de dólares si la operación de compra de Emissao salía bien. Tres millones sería “para la gente de España”: dos millones para González y un millón para Luis Vicente Moro. Y los otros tres para la gente de Colombia: Edmundo Rodríguez, Ramón Navarro y Diego García Arias cobrarían un millón cada uno. Posteriormente, según este testimonio, la mordida a repartir fue de 5,4 millones de euros y no 6. Diego García Arias relató al juez que negoció este reparto de comisiones con el propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam. Y que una vez recibió el dinero, Edmundo le pidió ayuda para canalizar parte de la comisión a cuentas de Luis Vicente Moro. García Arias recibió 1,5 millones, de los que transfirió 200.000 a una sociedad de Edmundo Rodríguez en Panamá y otros 400.000 se los entregó en efectivo en República Dominicana a Luis Vicente Moro. La investigación ha podido acreditar que Moro viajó a República Dominicana en las fechas correspondientes a los pagos.

http://cadenaser.com/ser/2018/01/01/tribunales/1514818609_491143.html

POR QUÉ GALLARDÓN SE HA ‘SALVADO’ DE DECLARAR COMO INVESTIGADO POR LA LEZO?

El año en que la Fiscalía cercó al exministro de Justicia

¿Por qué Gallardón no ha sido citado por el juez del caso Lezo y todos sus consejeros sí? En el trasfondo de este asunto está la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa de aguas colombiana Inassa a la que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde el 29 de noviembre de 2001. Todos los consejeros han sido citados a declarar como investigados por esta operación que, según la investigación habría supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de 25 millones de euros.

A la espera de que se aclara la situación jurídica de Gallardón, te contamos por qué desde hace un año, el exministro de Justicia, exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid está en el punto de mira de la Lezo.

El fiscal Carlos Yáñez siempre sostuvo que la cúpula de Gallardón, con él incluido, debían ser investigados por esta operación a la que dieron luz verde en el año 2001. Sin embargo, ni el juez de refuerzo del caso Lezo Alejandro Abascal ni el fiscal Anticorrupción de entonces, el dimitido Manuel Moix estaban de acuerdo con esta tesis. Ambos consideraron que este asunto no tenía nada que ver con la trama de corrupción liderada por Ignacio González.

Abascal dictaminó en un auto del 29 de noviembre de 2016 que no había razón alguna para investigar esta operación en el marco de Lezo y, por tanto, a aquellas autoridades o funcionarios públicos que participaron en la misma, tal y como pedía la Fiscalía. Entre otros, señalaba a Alberto Ruiz-Gallardón y los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que dieron luz verde a la compra de Inassa.

Los argumentos del fiscal contra Gallardón...

Sin embargo, el fiscal Yañez no tiró la toalla y, enfrentándose incluso a su jefe Moix, presentó un recurso de apelación ante la Sala de la Audiencia Nacional que, finalmente, le dio la razón. El fiscal insiste en que “presuntas inversiones fraudulentas realizadas por el Canal de Isabel II en Sudamérica desde la operación de compra en el 2001 de la sociedad Inassa deben seguir investigándose” en el marco del caso Lezo.

Y añade: “Esta línea de investigación comparte un mismo modus operandi, el desvío de dinero público a través de inversiones en Sudamérica, todas ellas alejadas de la fiscalización pública. (…) Dicho modus operandi y la continuidad delictiva aconsejan una investigación única para garantizar el buen fin de la misma”.

...avalados por la Audiencia Nacional

Finalmente, la sección cuarta de la Audiencia Nacional zanja esta polémica el 19 de enero de 2017 dando la razón a la Fiscalía y revocando la decisión del juez instructor de dejar fuera de Lezo a Gallardón y todos aquellos que participaron en la compra de la empresa de aguas colombiana.

Casi un año después de esa decisión, los antiguos consejeros de Gallardón han sido imputados en el caso, al igual que los responsables del

Canal de Isabel II en 2001. El exministro de Justicia, exalcalde de Madrid y expresidente de la Comunidad queda, de momento, fuera de esta investigación a la espera de que el Gobierno de Cristina Cifuentes envíe a la Audiencia extensa documentación sobre Inassa.

Se trata de la misma documentación que la presidenta madrileña ha ocultado a la oposición y que ahora no va a tener más remedio que entregar. En el auto de imputación de la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón, el instructor de la Lezo requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviembre de 2001 que dio el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al consejo para autorizarla. Una vez examinada esa documentación, decidirá sobre la petición de la Fiscalía de imputarle.

Gallardón no sólo ha sido ministro de Justicia, sino que es fiscal de carrera. Según ha podido saber El Plural de fuentes conocedoras de la instrucción, jueces y fiscales van con pies de plomo en este asunto y no quieren dejar ningún cabo suelto. Los delitos que se investigan en esta causa son muy graves y podrían implicar penas de cárcel. Recordemos que se habla de organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. De ahí el hecho de recibir de facto un trato de aforado pese a que perdió esta condición cuando dimitió en septiembre de 2014 cuando dimitió como ministro al sentirse desautorizado por Mariano Rajoy por la retirada de la reforma de la ley del aborto que había impulsado y renunció también a su acta de diputado en el Congreso.

La situación jurídica del exministro resulta compleja. Lleva más de un año en el punto de mira de la Lezo, donde ya están imputados algunos de sus hombres de confianza. En un auto del juez de refuerzo que sustituyó a Abascal del pasado 17 de octubre, asumiendo los argumentos de la Fiscalía se habla de él como “investigado”, algo que resulta contradictorio con el dictado el pasado 26 de diciembre, en el que se imputa a todo su equipo de gobierno.

Gallardón, "orgulloso" de la compra de Inassa

Con independencia de su situación judicial, Alberto Ruiz-Gallardón sí se ha defendido ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde dijo que estaba “profundamente orgulloso” de la compra de la colombiana. El antiguo dirigente popular insistió en que se trató de una operación lícita e incluso fue más lejos al afirmar que, con todo lo que sabe hoy, la habría aprobado. “No encuentro ni un solo motivo de reproche en nada de lo que hizo el Canal de Isabel II”, concluyó.

El expresidente se presentó como una víctima de maledicencias, aunque celebró al mismo tiempo que la Asamblea le diera la “oportunidad” de defenderse. "No dejen ustedes de investigar porque es la garantía para aquellas personas a las que se ha cuestionado su honorabilidad, a las que se ha intentado meter en un corral que no era suyo homologándoles con conductas que no han tenido, despejen toda duda", pidió entonces.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/29/por-que-gallardon-se-ha-salvado-de-declarar-como-investigado-por-la-lezo

LO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE SEPAS DEL CASO LEZO

Aprovecha la personación de la Comunidad de Madrid en el proceso para defenderse como presidenta del PP

La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, está personada en el caso Lezo y, por tonto, goza de información en tiempo real sobre la instrucción. Además, hay dos empresas públicas, también controladas por la administración popular, que gozan de información privilegiada sobre los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PP madrileño. Es el caso del Canal de Isabel II (personado en Lezo) y Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio), en la Púnica.

Uno de los ejemplos de cómo está manejando la defensa de los intereses de su partido utilizando el privilegio que le da esa personación es su negativa a facilitar documentos sobre la compra de Inassa a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Podemos hizo la solicitud y la presidenta contestó con un rotundo no alegando que las actas solicitadas forman parte de las diligencias del caso Lezo y que hasta que no se decrete la apertura del juicio oral gozan de “carácter reservado”.

Sin embargo, su apelación a la ley de Enjuiciamiento Criminal es falaz y ella lo sabe. Al menos desde el pasado 18 de agosto cuando un auto del juez Fernando Andreu responde a una consulta de la propia Comunidad de Madrid en relación a si debe entregar o no los documentos sobre la compra de Inassa y Emissao a la comisión anticorrupción de la Asamblea.

Respuesta contundente del juez

El magistrado hace suyo el pronunciamiento del fiscal y deja en evidencia los argumentos esgrimidos por Cifuentes. Aclara que su petición no tiene base legal y que no le corresponde pronunciarse porque los documentos solicitados “no están incluidos en el sumario”. “Su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”, concluye.

La presidenta madrileña optó por ignorar la postura del juez y ha seguido manteniendo los documentos sólo a la vista de los que la interesaban. Se los facilitó al propio Alberto Ruiz-Gallardón para preparar su comparecencia ante la comisión, pero no a Podemos y el resto de grupos parlamentarios.

Podemos lleva ante la Justicia a Cifuentes

El partido de Pablo Iglesias, harto del boicot de Cifuentes, puso el pasado mes de octubre un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid por su negativa a facilitar los documentos.

No sólo ha ignorado la orden del juez, sino que ha faltado a la verdad. Cuando Íñigo Errejón le recriminó el pasado 23 de octubre su actitud, no dudó en responder, a través de la cuenta oficial del PP de Madrid, que ella denunció la trama Lezo y “somos los primeros interesados en conocer la verdad”. Para demostrarlo se escuda en que han respondido a “más de 600 peticiones de información de la Asamblea sobre el Canal”. Todo ello dos meses después de haber recibido la respuesta del juez.

No solo el PP madrileño, también la Comunidad de Madrid mintió sobre este asunto o, al menos, no contó toda la verdad. Ese mismo 23 de octubre varios medios difundieron la explicación de que Cifuentes había consultado con el juez del caso, Manuel García Castellón (a quien sustituyó Fernando Andreu por las vacaciones de verano) la pertinencia de facilitar los documentos y que todavía no había contestado. “El juez todavía no ha dado permiso”, explicaron textualmente.

El juez también le pide los papeles

Pero el cerco a Cifuentes por el caso Lezo no queda ahí. El juez ha imputado oficialmente a su protegido Arturo Canalda, hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que se ha visto obligado a dimitir. Durante meses, y a pesar de las elevadas sospechas que pesaban sobre él, Cristina Cifuentes lo mantuvo en su puesto. Entre otras cosas, tal y como reveló El Plural, su papel en la compra de Inassa, una de la operaciones fraudulentas que se investiga en la trama, no fue tan irrelevante como él se ha empeñado en contar.

En el auto de imputación de Canalda y la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón el magistrado reclama a la Comunidad los papeles que lleva meses negando a la oposición. Los polémicos papeles los había reclamado la Fiscalía y ahora, el juez requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviebre de 2001 que dio el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al consejo para autorizarla, entre otros papeles.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/28/lo-que-cristina-cifuentes-no-quiere-que-sepas-del-caso-lezo

DIMITE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL 'CASO LEZO'

Arturo Canalda renuncia por su presunto papel en la compra irregular de la filial Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001 Otras 25 personas han sido imputadas, entre ellas antiguos colaboradores de Gallardón como Juan Bravo, actual presidente de Adif, y el exconsejero Pedro Calvo

El presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, ha presentado este jueves en la Asamblea de Madrid un escrito en el que comunica su dimisión del cargo, han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La renuncia de Canalda se produce tras su imputación en el caso Lezo en lo relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El escrito de renuncia de Canalda ha llegado a la cámara regional a las 9 horas, al ser la Asamblea de Madrid la que nombra al presidente y designa por mayoría absoluta a los consejeros del organismo.

En el escrito, Canalda ha señalado que ha tenido conocimiento "a través de los medios de comunicación" de que la Audiencia Nacional va a imputarle.

El hasta hoy presidente de la Cámara de Cuentas ha asegurado que a lo largo de los 20 años dedicado a la vida pública "siempre ha actuado con honestidad y siempre ha adoptado las decisiones basándose en informes que le avalaban", pero que dimite tras ser imputado en el caso de corrupción Lezo para "no perjudicar" a la institución.

Ha recordado que como este órgano depende de la Asamblea y no de la Comunidad de Madrid no tendría que dimitir, como sí lo hacen los miembros del Gobierno regional y altos cargos en aplicación del Código Ético. Y como tampoco es afiliado al PP le deja fuera del ámbito de aplicación del Código Ético de este partido.

Además, señala que según la Ley 11/1999 de la Cámara de Cuentas en su artículo 35 apartado g) establece como causa para la pérdida de la condición de consejero de la Cámara la de "haber sido declarado, en virtud de sentencia judicial firme, responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso", circunstancias que a fecha de hoy no se dan en su caso.

"No obstante lo anterior, en el pleno convencimiento de que he actuado siempre conforme al ordenamiento jurídico, soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos seis años", apunta.

"Con el único y exclusivo fin de no perjudicar a la institución pública que presido, por medio del presente escrito y con efectos del día de hoy, te comunico mi decisión de dimitir de forma irrevocable como presidente y consejero de la Cámara de Cuentas", ha pedido Canalda a Paloma Adrados, que le ha rogado que traslade su decisión al a Mesa de la Asamblea agradeciéndole "sinceramente todo su apoyo" a lo largo de esos años.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/28/dimite_presidente_camara_cuentas_madrid_tras_imputacion_caso_lezo_73548_1012.html

EL JUEZ DE LEZO CERCA A GALLARDÓN E IMPUTA A TODA LA CÚPULA DEL CANAL DURANTE SU PRESIDENCIA

El instructor cita a declarar a 24 personas por la compra en 2001 de la sociedad colombiana Inassa

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo de corrupción, estrecha el círculo sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. El magistrado ha citado este miércoles como imputadas a 24 personas relacionadas con la compra en 2001 por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas madrileña, de la sociedad colombiana Inassa. Esta sociedad se adquirió por 73 millones de dólares (61 millones de euros al cambio actual), un precio sobrevalorado, a través de una sociedad pantalla en Panamá. Los investigadores sospechan que parte de este sobrecoste fue a parar al bolsillo de intermediarios.

Entre los nuevos imputados, a petición de la Fiscalía, figuran colaboradores estrechos de Ruiz-Gallardón en el Canal, como Juan Bravo, actual presidente del ente público ferroviario ADIF; Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas madrileña y el exconsejero madrileño Pedro Calvo Poch. También están en la lista Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, gerente de la sociedad Canal Extensia, utilizada para realizar la compra de Inassa; Pablo López de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios del Canal), José Antonio de Cachavera (director económico y comercial) por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana.

El magistrado ordena en su auto todas las peticiones que le realizó la Fiscalía la semana pasada. Así, García-Castellón reclama a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes el “expediente completo” del acuerdo de noviembre de 2001 por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, dio luz verde a la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal.

La fiscalía quiere que Cifuentes, “tal y como se le requirió” en el pasado, entregue “de forma urgente” y en todo caso antes de 10 días la información completa que implica a su antecesor en el cargo. El ministerio público reclama, concretamente, que se identifique a “todos los miembros del Gobierno de la Comunidad” que aprobaron el acuerdo y el acta de esa sesión. Además, solicita una copia de toda la documentación con la que contaron los consejeros para valorar y dar el visto bueno a la operación, que supuso un quebranto para las arcas públicas.

La petición de la fiscalía es un paso previo a la posible imputación de Ruiz-Gallardón en el caso Lezo. El ministerio público recuerda que hasta ahora en el sumario no consta ni el acta de la sesión del Consejo de Gobierno que autorizó al Canal la compra de Inassa ni la documentación de la que dispusieron los consejeros para adoptar la decisión. Esta información, afirma la fiscalía, “resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que adoptaron ese acuerdo”.

La operación de compra de Inassa, recuerda el fiscal en su escrito, “contravino de plano los acuerdos” adoptados por el Consejo de Gobierno regional. El Canal, a través de una sociedad constituida a tal efecto, se excedió en el objeto de compra, ya que además de Inassa, adquirió una mercantil dominicana llamada Watco S. A. Además, la compra no fue directa, como se había autorizado, sino que se usó una sociedad interpuesta residenciada en Panamá, país considerado paraíso fiscal.

La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.

El pasado 17 de diciembre, Ruiz-Gallardón rechazó cualquier tipo de irregularidad en la compra de Inassa en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid. El expresidente afirmó que la actuación fue "legal" y resultó "beneficiosa para los madrileños". El exministro de Justicia manifestó entonces que "nadie puede dudar de que fue una buena operación", que ha cosechado posteriormente un buen resultado. "A día de hoy no encuentro ningún reproche", dijo.

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/27/actualidad/1514381270_522403.html

EL FISCAL RECLAMA A CIFUENTES EL EXPEDIENTE QUE IMPLICA A GALLARDÓN EN EL ‘CASO LEZO’

El ministerio público prevé imputar al expresidente madrileño por la compra de una sociedad colombiana por el Canal de Isabel II en 2001

La Fiscalía Anticorrupción solicitó este viernes al juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón que reclame a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, el “expediente completo” del acuerdo de noviembre de 2001 por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, dio luz verde a la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas madrileña. La adquisición, por 73 millones de dólares (61 millones de euros), un precio sobrevalorado, se realizó a través de una empresa pantalla en Panamá y parte del dinero de la operación se sospecha que terminó en los bolsillos de intermediarios.

La fiscalía quiere que Cifuentes, “tal y como se le requirió” en el pasado, entregue “de forma urgente” y en todo caso antes de 10 días la información completa que implica a su antecesor en el cargo. El ministerio público reclama, concretamente, que se identifique a “todos los miembros del Gobierno de la Comunidad” que aprobaron el acuerdo y el acta de esa sesión. Además, solicita una copia de toda la documentación con la que contaron los consejeros para valorar y dar el visto bueno a la operación, que supuso un quebranto para las arcas públicas.

La petición de la fiscalía es un paso previo a la posible imputación de Ruiz-Gallardón en el caso Lezo. El ministerio público recuerda que hasta ahora en el sumario no consta ni el acta de la sesión del Consejo de Gobierno que autorizó al Canal la compra de Inassa ni la documentación de la que dispusieron los consejeros para adoptar la decisión. Esta información, afirma la fiscalía, “resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que adoptaron ese acuerdo”.

La operación de compra de Inassa, recuerda el fiscal en su escrito, “contravino de plano los acuerdos” adoptados por el Consejo de Gobierno regional. El Canal, a través de una sociedad constituida a tal efecto, se excedió en el objeto de compra, ya que además de Inassa, adquirió una mercantil dominicana llamada Watco S. A. Además, la compra no fue directa, como se había autorizado, sino que se usó una sociedad interpuesta residenciada en Panamá, país considerado paraíso fiscal.

La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.

El pasado 17 de diciembre, Ruiz-Gallardón rechazó cualquier tipo de irregularidad en la compra de Inassa en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid. El expresidente afirmó que la actuación fue "legal" y resultó "beneficiosa para los madrileños". El exministro de Justicia manifestó entonces que "nadie puede dudar de que fue una buena operación", que ha cosechado posteriormente un buen resultado. "A día de hoy no encuentro ningún reproche", dijo.

La fiscalía pide la imputación del entonces director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas madrileña, Arturo Canalda, y de Pablo López de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios), José Antonio de Cachavera (director económico y comercial) por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana. También pide citar como investigados al consejo de administración de la empresa de aguas en 2001 por votar a favor de esta operativa. Este estaba integrado por Pedro Calvo, Juan Bravo (actual presidente del ente público ferroviario ADIF), Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

Solicita que se investigue al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos, por haber intervenido supuestamente en "aspectos relevantes" de la compra de la filial colombiana del Canal y a Diego Fernando García Arias, vinculado a Inassa en el momento que se concretó la operativa.

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/22/actualidad/1513959502_412097.html

ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ AL JUEZ NUEVAS PESQUISAS PARA RESOLVER SI CITA A GALLARDÓN COMO IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'

La Fiscalía ultima un informe al que incorporará la solicitud de nuevas diligencias para dirimir el papel desempeñado por los responsables políticos de Madrid que en 2001 dieron vía libre a la compra de Inassa

La Intervención del Estado analiza nuevos documentos sobre esa adquisición de la empresa colombiana, articulada a través de una empresa pantalla panameña con un hipotético sobrecoste multimillonario

El exministro de Justicia, que entonces presidía la Comunidad de Madrid, sostiene que la operación fue legal y "ética"

Casi a punto de cumplirse un año desde que la Audiencia Nacional dio vía libre para la citación de Alberto Ruiz-Gallardón como investigado en el caso Lezo por la controvertida, multimillonaria y opaca compra de la firma colombiana Inassa en su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid, Anticorrupción pedirá al juez del caso nuevas diligencias antes de decidir qué posición adopta respecto al exministro de Justicia.

Fuentes de la investigación han confirmado a infoLibre que la solicitud de nuevas pesquisas sobre esa compra, cerrada a finales de 2001, se incorporará a un informe que la Fiscalía planea elevar al juez en cuestión de días y en el que detallará "el estado del procedimiento". Las fuentes consultadas por este diario no han precisado qué tipo de diligencias contempla Anticorrupción pero sí que con ellas busca acotar de manera precisa el papel desempeñado por los responsables políticos madrileños en la adquisición de Inassa. Es decir, en la primera operación del Canal de Isabel II bajo sospecha y que, según el principal imputado de Lezo, el también expresidente regional Ignacio González, se efectuó con un sobreprecio de casi 70 millones de dólares.

La Fiscalía se encontraba a la espera del dictamen encomendado a la Intervención General del Estado (IGAE) sobre las presumibles irregularidades de aquella compra. Pero la espera tendrá que prolongarse: la IGAE analiza ahora "nuevos documentos" de reciente obtención y relevantes para alcanzar una conclusión.

Aunque algunos juristas conocedores de la causa sostienen que la Fiscalía está recibiendo presiones para que cambie su posición inicial sobre Gallardón –llamarlo a declarar como imputado, o investigado en la actual terminología–, Anticorrupción niega ese extremo de manera taxativa. El relato de la Fiscalía sobre la lentitud en cuanto al veterano político ahora retirado pasa por dos coordenadas: la primera, que el tiempo transcurrido desde la sospechosa compra de Inassa es de tal magnitud que los hipotéticos delitos atribuibles a Gallardón –prevaricación y malversación– pueden haber prescrito; la segunda, que aunque Gallardón se haya retirado formalmente de la política y ahora sea en teoría solo un abogado más, forzar su comparecencia judicial sin tener unas mínimas garantías de que esa imputación puede mantenerse en el tiempo representaría un golpe importante para la causa.

Sea cual sea el escenario real de los acontecimientos, lo cierto es que la marcha del fiscal que hasta hace poco más de un mes capitaneaba la investigación, Carlos Iáñez, ha coincidido en el tiempo con el triunfo de lo que podría denominarse estrategia de prudencia. Fue el recurso planteado en noviembre de 2016 por Iáñez y la fiscal Carmen García, entonces también asignada al caso y ahora centrada en el otro gran caso de corrupción sobre el PP destapado tras Gürtel, la Operación Púnica, el que condujo a la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a dar en enero de este año vía libre a la imputación de Gallardón y su gobierno. Pero el auto con que la sección cuarta se alineó con los fiscales frente al juez de apoyo a la instrucción del caso Lezo, que era contrario a ampliar la investigación a la compra de Inassa, no hacía mención expresa en su parte resolutiva o dispositiva ni a Gallardón ni a nadie. Y las imputaciones –recalca una de las fuentes consultadas– o son nominales o no lo son.

Gallardón: ignorancia total sobre Panamá

Gallardón, que el viernes compareció ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid, defiende la legalidad de aquella compra, la considera ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y niega que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó varias afirmaciones que parecen dibujar una eventual estrategia de defensa: lo primero de todo, que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.

La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó nada reprochable.

Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década y presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, quien de manera involuntaria puso el foco sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares– cuando en realidad no valía ni 30. González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en un cajón ese informe.

Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual –aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente relevante".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/18/anticorrupcion_pedira_juez_nuevas_pesquisas_para_resolver_si_cita_gallardon_como_imputado_caso_lezo_73141_1012.html

IGNACIO GONZÁLEZ PIDE EXCLUIR DEL CASO SUS AGENDAS CON DATOS SOBRE "PERSONAS Y EMPRESAS DE RELEVANCIA PÚBLICA"

El expresidente de la Comunidad de Madrid reclama a la Audiencia Nacional que sea expurgada numerosa documentación “a fin de que no se filtre a los medios de comunicación”. Entre ella, cuatro agendas con “reflexiones políticas” y datos de personas y empresas de “relevancia pública”, así como información sobre sus otras causas judiciales

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha solicitado al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que instruye la operación Lezo, que excluya del caso numerosa documentación que fue intervenida por la Guardia Civil en los registros practicados a su domicilio y despacho laboral el pasado mes de abril, porque según dice, es “ajena a la causa”.

Si el juez no es de esta opinión, González pide al menos que se impida el acceso a las “partes personadas”, con el objetivo de imposibilitar “que se conozcan con detalle y se filtren a los medios de comunicación” no solo “cuestiones personales y privadas”, sino información sobre “terceras personas o empresas de relevancia pública”.

González hace referencia a cuatro agendas. Las tres primeras con un total de 135 folios que contienen “reflexiones políticas estrictamente personales para la elaboración de artículos” periodísticos; información para “la preparación de campañas electorales”; anotaciones de “frases de políticos relevantes”; así como “claves de acceso informáticas personales y meras listas de canciones”.

La cuarta es una agenda “personal” que contiene “el seguimiento de asuntos por Consejerías” de la Comunidad de Madrid, porque tal y como expone el propio González, era “coordinador de Gobierno de la Comunidad”; y “números de teléfono que afectan a la privacidad de terceros”.

Además, pide el expurgo de otros documentos por “afectar a su intimidad” y tratarse de “datos estrictamente personales que no tienen relevancia alguna para la causa, y en algunos casos, afectan a la intimidad de terceras personas ajenas a la misma”. También 49 folios con anotaciones sobre “cuestiones estrictamente de estrategia política, fechas de ceses de autoridades, cronología y comentarios sobre denuncias”.

http://cadenaser.com/ser/2017/11/27/tribunales/1511812478_633032.html

HACIENDA DETECTA QUE INDRA PAGÓ 3,3M POR TRABAJOS ILOCALIZABLES A UN PROVEEDOR DEL PP

La UCO investiga presuntas facturas falsas abonadas por Indra a la agencia de comunicación Lata Latina, implicada en Gürtel por organizar actos amañados para el Gobierno de Esperanza Aguirre

La investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular en el caso Lezo ha dado un nuevo salto. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando facturas por valor de 3,3 millones de euros que Indra abonó a una agencia de comunicación y publicidad, Lata Latina SL, que ya fue implicada en Gürtel por organizar actos del Gobierno de Esperanza Aguirre con contratos amañados. La multinacional tecnológica ha reconocido al juez que, entre 2011 y 2014, subcontrató a Lata Latina SL casi la totalidad de una concesión millonaria adjudicada en 2010 por el Gobierno autonómico del PP a través de otro ente público relacionado con la caja B de la formación: la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM). La Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria ha descubierto ahora que los supuestos trabajos realizados por Lata Latina no aparecen y que Indra fabricó facturas con la agencia para no sobrepasar el límite legal de subcontratación. Se da la circunstancia de que, durante ese mismo periodo, Lata Latina organizó actos públicos para el Ejecutivo de Aguirre.

La propia tecnológica ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el que se investiga el caso Lezo, las diligencias abiertas por Hacienda para conocer el objeto de sus encargos a Lata Latina y los motivos por los que algunas facturas fueron giradas a la agencia con IVA y otras sin el impuesto. En 2011, Indra abonó a esa sociedad 1.164.316 euros; en 2012, 1.284.903; y en 2013, 867.856. Es decir, un total de 3.317.075 euros en solo tres ejercicios. Los contratos continuaron en vigor en 2014, sin embargo Indra no pagó ningún importe. Casualmente, en octubre de ese último año estalló el caso Púnica y aparecieron los primeros indicios que relacionaban a la cotizada con la financiación ilegal del PP.

Indra habría firmado el primer contrato comercial con Lata Latina el 11 de mayo de 2011 para que la agencia “colaborara en la ejecución del concurso público anunciado por la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid-ICM para la contratación de servicios con destino al 'diseño, mantenimiento, programación y edición del front-end' de la estructura de portales integrados dentro de Madrid.org y Portal de la Presidencia”, según consta en las diligencias efectuadas por la Agencia Tributaria. Efectivamente, en noviembre de 2010, el Ejecutivo de Aguirre, a través de ICM, le otorgó a Indra un contrato con ese objeto por importe de 1.487.129 euros. Tras el primer contrato de colaboración de 2011 y después de que ICM decidiera prorrogar la adjudicación durante otros 17 meses y 21 días, Indra y Lata Latina firmaron en 12 de junio de 2012 un segundo acuerdo para extender su relación comercial.

Los inspectores de Hacienda se han fijado ahora en elementos que apuntarían a un nuevo episodio de financiación ilegal del PP. Primero, ponen el foco en facturas de Lata Latina pagadas por Indra en fechas próximas a sus contratos de colaboración para ICM. Se trata de facturas por supuestas labores de consultoría y asesoría en la obtención de contratos públicos. La multinacional española admite que se trata documentos simulados que tenían como objetivo camuflar otros encargos relacionados con el acuerdo por ICM. Según recogen las diligencias de la Agencia Tributaria, el motivo por el que pactaron utilizar otro concepto fue que, con “el compromiso de volumen de subcontratación que se había alcanzado con Lata Latina para el citado contrato 'front-end" ya se superaban "los límites legales de subcontratación permitida en contratos con el sector público”.

El otro gran agujero detectado por la Agencia Tributaria es que, en realidad, no existe ninguna prueba de que se realizaran esos trabajos, ni siquiera los amparados por el acuerdo principal. A pesar de las múltiples diligencias efectuadas por los inspectores de Hacienda -las últimas se produjeron durante los pasados meses de septiembre y octubre-, Indra solo ha aportado los contratos comerciales y las facturas que abonó a la agencia investigada en Gürtel. La multinacional no ha encontrado en sus archivos ninguna documentación que demuestre que obtuvo algún servicio a cambio de los 3,3 millones de euros que pagó en tres años a una sola agencia de comunicación.

Estas averiguaciones y la información suministrada por la propia Indra ya han sido trasladadas al instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón. La UCO también está estudiando estos datos, que parecen reproducir un mecanismo descrito en informes previos de esta unidad de la Guardia Civil que ya situaban a Indra como una pieza clave en la presunta financiación ilegal del PP. Como adelantó El Confidencial, los agentes del Delitos contra la Administración del Instituto Armado han descubierto que la tecnológica inyectó en esos mismos años hasta 600.000 euros en la caja B de Génova utilizando una compleja red de empresas instrumentales. El dinero también salía de adjudicaciones de ICM. Después, la cotizada abonaba presuntas facturas falsas a una firma de formación, Formaselect. Y por último, esta desviaba los fondos a un grupo de agencias de 'marketing' y publicidad (Swat SL, Pamaz Image SL, Strat Map SL y The Cell Core SL) que, al igual que Lata Latina, era proveedor de administraciones del PP y del propio partido, sobre todo, en campañas electorales. También del Partido Popular nacional. Entre 2011 y 2013, a juicio de la UCO, Indra habría participado en este sistema diseñado presuntamente por Génova para saldar sus deudas con dinero de adjudicaciones públicas licitadas por el Gobierno madrileño.

Esta es la primera vez que aparece el nombre de Lata Latina en el caso Lezo. Los 3,3 millones de euros de Indra que circularon por esta agencia multiplican por cinco los fondos presuntamente irregulares de la cotizada que habían sido detectados hasta el momento. La UDEF ya incluyó la empresa Lata Latina en la investigación sobre la primera época del caso Gürtel cuando examinó todos los contratos que las empresas de Francisco Correa se llevaron de distintas consejerías del Gobierno presidido entonces por Aguirre. El entonces instructor del caso, el juez Pablo Ruz, bautizó como "guion-CAM” el procedimiento de actuación preestablecido e ideado por Alberto López Viejo (alto cargo de Aguirre durante cinco años) y Correa para amañar la contratación de 348 actos públicos en los que intervino la expresidenta madrileña.

Entre esos eventos estuvo el acto de entrega de medallas al mérito ciudadano de la Comunidad de Madrid, que ganó Lata Latina por 11.093,85 euros. Al final fueron 12 las empresas vinculadas a Correa que la UDEF pudo identificar como beneficiarias de estos amaños, aunque Lata Latina quedó al final fuera del proceso judicial. Y eso que un informe de 2014 de la Agencia Tributaria reveló que estas sociedades de Correa también facturaron con Lata Latina trabajos subcontratados por valor de 400.000 euros. En esa pieza de la Comunidad de Madrid, los investigadores cifraron en 8,7 millones de euros el valor de los contratos presuntamente amañados por Correa y López Viejo. De este total, "el beneficio irregularmente generado" por sobrecostes y comisiones ascendió a 4,9 millones de euros.

Lata Latina también apareció en el interrogatorio judicial a Aguirre, que declaró como testigo y por escrito en el caso Gürtel en diciembre de 2013. El instructor le preguntó sobre esta firma, a lo que la expresidenta contestó que apenas la conocía. “Lata Latina en un momento dado llevó la página web de la Comunidad de Madrid”, fue su lacónica respuesta.

/https://www.elconfidencial.com/espana/2017-12-26/caso-lezo-indra-pago-trabajos-ilocalizables-proveedor-pp_1495965/

LA FISCALÍA PIDE IMPUTAR A GALLARDÓN Y AGUIRRE

La petición estaría retenida por el fiscal de Anticorrupción y Aguirre se enfrentaría a delitos de prevaricación malversación de fondos públicos

Los fiscales del caso Lezo han pedido la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón y de su rival política, la exlideresa, Esperanza Aguirre.

Según ha sabido La Sexta, fue el instructor del caso Lezo hasta hace no mucho, el magistrado Carlos Yáñez, el encargado de los dos escritos que ahora ponen al filo del banquillo a los dos populares. Según parece, Yáñez le dejó los escritos a su sustituto pero, de momento, su informe con las dos propuestas está retenido por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien sustituyó a Manuel Moix, y todavía no se ha remitido al juez para que tome la decisión de citarles como imputados.

Aguirre: malversación y prevaricación

Si Esperanza Aguirre tuvo un empeño a lo largo de su mandato en la Comunidad de Madrid fue conseguir la construcción de un campo de golf en pleno centro de Madrid. Como buena golfista, lo quería y lo hizo.

Ahora, Yáñez aconsejaría su imputación por prevaricación y malversación de fondos públicos precisamente por la construcción de este campo de golf. Según han explicado en La Sexta, sin tener ningún tipo de permiso, la exlideresa tramitó el nacimiento del campo a través de Ignacio González. Nada más y nada menos que González, la persona que la Justicia señala como el presunto cabecilla de la trama Lezo.

Gallardón y la compra de Inassa

El que fuera alcalde de Madrid y ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, también fue señalado por Yáñez antes de su marcha.

En este caso, se investigaría su participación en la compra de la empresa Inassa a través del Canal de Isabel II en el año 2001. Un movimiento que dejó un gran agujero en las cuentas y arcas públicas de Madrid.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/01/la-fiscalia-del-caso-lezo-pide-imputar-gallardon-y-aguirre

LA FISCALÍA SIGUE SIN PEDIR QUE GALLARDÓN DECLARE COMO IMPUTADO EN 'LEZO' 10 MESES DESPUÉS DE QUE LA AUDIENCIA DIESE VÍA LIBRE

Anticorrupción aguarda informes sobre la eventual responsabilidad de Gallardón antes de tomar una decisión

La Audiencia Nacional dio la razón en enero a los fiscales del caso, que pidieron dirigir el procedimiento también contra los miembros del Gobierno de Madrid que aprobaron en 2001 el acuerdo para la compra de Inassa

Diez meses después de que la Audiencia Nacional avalara que las diligencias de la Operación Lezo se dirigieran también contra los miembros del Gobierno de Madrid que en noviembre de 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, la Fiscalía Anticorrupción no tiene decidido aún si pedirá la declaración como imputado de quien presidía ese Gobierno, Alberto Ruiz-Gallardón.

Así lo han confirmado a infoLibre fuentes del ministerio público, que aducen razones estrictamente procesales y niegan de manera taxativa la existencia de presiones que hayan dotado a Gallardón de un blindaje especial. La Fiscalía sostiene que antes de dar un paso como el que implicaría llamar al veterano político –hoy dedicado a la abogacía– en calidad de investigado hay que cimentar la hipótesis de que su actuación pudo tener relevancia penal. Y disponer de ciertas garantías de que la investigación no se vería abortada en todo caso por el hecho de que los supuestos delitos hayan prescrito ya.

Tanto el delito de prevaricación como el de malversación, que son los que distintas fuentes jurídicas consideran que pudo cometer Gallardón, prescriben a los diez años. Algunos juristas entienden que de haber existido una continuidad, por ejemplo, en los pagos derivados del acto inicial asociado a esas infracciones penales –la compra de Inassa– hoy aún sería factible perseguirlos.

Hace justamente un año, el 28 de noviembre de 2016, los fiscales entonces asignados a la Operación Lezo, Carlos Iáñez y Carmen García, pidieron a la Audiencia Nacional que el procedimiento, que aún tardaría cinco meses en salir a la luz pública, se dirigiera también contra “los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo” en virtud del cual el Canal de Isabel II adquirió a finales de 2001 la compañía colombiana Inassa en lo que el primer juez instructor del caso, Eloy Velasco, consideró la primera gran operación de compra “fraudulenta” de la empresa pública de aguas. Fue una de las conversaciones intervenidas a Ignacio González la que puso el foco sobre esa adquisición. Porque, según el también expresidente madrileño y antiguo delfín de Esperanza Aguirre, esa compra se hizo con un sobreprecio de 70 millones pero él mismo se encargó de tapar las irregularidades una vez detectadas tras su desembarco en el Canal de Isabel II, en 2004.

Al supeditar su decisión final al contenido de informes como el encargado a la Intervención del Estado (IGAE) sobre la compra de Inassa, Anticorrupción enfría las expectativas de una rápida comparecencia del exministro ante el juez del caso.

Nadie, no obstante, puede descartar un viraje en lo que parece uno de los aspectos menos pacíficos en las pesquisas de la Operación Lezo y que ya desencadenó un choque frontal entre los primeros fiscales encargados del caso y Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción hasta que el 1 de junio dimitió tras desvelar infoLibre que era copropietario de una empresa panameña. Cuando el caso estalló en abril, Moix se opuso a que los registros en la sede del Canal de Isabel II incluyeran la búsqueda de documentos sobre la compra de Inassa. Aquel encontronazo estuvo a punto de costarle el puesto a uno de los dos fiscales de Lezo, Carlos Iáñez. Finalmente, Iáñez renunció hace menos de un mes y ha regresado a Andalucía.

En aquel escrito del 28 de noviembre de 2016, los fiscales se referían de forma expresa a Gallardón: “Esta resolución [la de dirigir el procedimiento contra los miembros del Consejo de Gobierno] se impone procesalmente para garantizar los derechos de los investigados desde el momento en que el procedimiento apunta claramente a la responsabilidad en estos hechos de autoridades de la Comunidad Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz Gallardón”.

“Entendemos –razonaban los fiscales– que, para el total esclarecimiento de los hechos, para alcanzar la verdad material de los mismos y para recuperar el patrimonio de la comunidad Autónoma de Madrid presuntamente depredado por los investigados, serán necesarias medidas de investigación respecto de determinadas personas contra las que expresamente no se ha dirigido el procedimiento hasta el momento”. Y esas medidas de investigación, proseguía su razonamiento, “sólo pueden acordarse cuando previamente se haya valorado desde un punto de vista indiciario la presunta participación de las mismas en los hechos delictivos investigados”. “Ordenar –finalizaba su argumento– que el procedimiento se dirija contra determinadas personas sobre la base de unos indicios objetivos no impedirá que una vez que se realicen las diligencias de investigación pertinentes, pueda depurarse con mayor precisión el grado de responsabilidad (o por el contrario la falta de participación) de cada una de estas personas”

Una especie de limbo jurídico

Tras una negativa inicial, firmada el 29 de noviembre de 2016 –un día después de que los fiscales presentaran su escrito– por el magistrado Alejandro Abascal, destinado a reforzar a Eloy Velasco en el juzgado encargado del caso, la Sala Penal de la Audiencia terminó dando la razón a Iáñez y García, ahora desligados de la Operación Lezo. Pero el auto con el que la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia estimó el 19 de enero el recurso de los fiscales sumergió a Gallardón en una especie de limbo jurídico por cuanto su nombre –ni el de ningún otro miembro del Gobierno madrileño de la época ni del consejo de administración del Canal– aparecía mencionado en la parte dispositiva.

Y la imputación implícita no existe. Eso es lo que viene a argumentar ahora la Fiscalía. ¿Está gozando Gallardón de un blindaje adicional por su condición de expresidente autonómico, exalcalde y exministro? ¿Ha recibido Anticorrupción presiones en su favor, como deslizan otros agentes jurídicos conocedores del caso y ajenos a la Fiscalía? Las fuentes consultadas en la fiscalía especializada lo niegan de manera rotunda. Y añaden lo siguiente: que nunca –insisten– ha habido una decisión formal sobre la citación de Gallardón. Se indaga –remachan– su papel en la compra de Inassa pero eso no significa que se le considere investigado como sinónimo de lo que hasta la reforma del PP se denominaba imputado.

El auto de la Sección Cuarta de la Audiencia solo incorporaba el nombre de Gallardón en un párrafo donde, en referencia a la compra de Inassa y citando el relato de hechos trazado por los fiscales, el tribunal dice esto: que la compra de Inassa fue “llevada a cabo bajo control del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid presidido en aquellas fechas por Alberto Ruiz Gallardón que, de consuno con los máximos responsables del Canal Isabel II, tratarían de desviar fondos públicos para otras finalidades ajenas a las legalmente establecidas”.

Pero ya fuese implícita o explícitamente, ese auto avalaba las pretensiones de la Fiscalía para someter a investigación a Gallardón y quienes bajo su presidencia integraban el Gobierno de Madrid en noviembre de 2011. “Se trata, en definitiva, de una ampliación del número de investigados en relación a la presunta y anterior actividad delictiva de un ente público ya denunciada con el único objeto de hacerles saber su existencia, para que se defiendan y, sin que, dadas las circunstancias del caso se entiendan aplicables las normas de la conexidad procesal”.

A comienzos de este mes, Gallardón negó en una entrevista con el diario El Mundo haber cometido cualquier ilegalidad en la compra de Inassa. “Ni he cobrado comisiones del Canal ni he pactado con Ignacio González”, fueron sus palabras.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/28/la_incognita_si_gallardon_declarara_como_imputado_lezo_sigue_pendiente_meses_despues_que_audiencia_diese_via_libre_72420_1012.html

EL NÚMERO DOS DE GONZÁLEZ EN EL CANAL CALIFICÓ DE "ALTAMENTE IRREGULAR" LA OPERACIÓN POR LA QUE SE INVESTIGA A GALLARDÓN EN 'LEZO'

Ildefonso de Miguel declaró ante la UCO que pagar 90 millones de dólares por la firma colombiana Inassa no pudo obedecer en ningún caso a "razones de eficiencia económica"

El exgerente del Canal reconoce que facilitó a Intereconomía una grabación donde un empresario ofrecía hacer pagos al PP a cambio de contratos

Ildefonso de Miguel, durante años factótum de Ignacio González en el Canal de Isabel II y ahora en libertad bajo fianza, lanzó ante la Guardia Civil un ataque directo a la compra millonaria y según el juez "fraudulenta" por la que desde enero se investiga a Alberto Ruiz-Gallardón en el caso Lezo. En su declaración ante la UCO, fechada el 24 de abril y a la que ha tenido acceso infoLibre, De Miguel calificó como "altamente irregular" la adquisición de la empresa colombiana Inassa en 2001 por 90 millones de dólares –unos 80 millones de euros al cambio– diez veces más de lo que, según sus datos, realmente valía.

El 19 de enero, la Audiencia Nacional dio la razón a la Fiscalía en su pretensión de que el procedimiento penal se dirigiera también contra "los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid" que "propusieron y adoptaron el acuerdo" previo a la compra de Inassa. Y el máximo responsable de aquel Gobierno era el entonces presidente regional, luego alcalde de la capital y finalmente ministro de Justicia en el primer gabinete de Mariano Rajoy. Eso implica que desde aquel exacto momento Gallardón se encuadra formalmente en el grupo de investigados, y así lo confirman fuentes conocedoras del caso. Pero el hecho de que el citado auto, dictado por la sección cuarta de la Audiencia, no contenga una relación nominal de las nuevas imputaciones, sumado a que todavía no hay fecha para su interrogatorio judicial, le ha situado en un terreno pantanoso y de fronteras difusas.

Durante el interrogatorio de abril, De Miguel, que no confesó nada que pudiera incriminarle en la larga lista de delitos investigados, disparó un segundo misil pero este de muy diferente tenor. El exgerente del Canal de Isabel II se reconoció autor de una grabación que, según sus propias palabras, intervino la Guardia Civil durante el registro a su despacho y donde un empresario con el que se reunió "a solicitud del señor Bárcenas" le ofrece en 2008 hacer pagos al PP a cambio de lograr contratos.

Ese es el episodio sobre el que gira una conversación grabada a Ignacio González y en la que relataba a Eduardo Zaplana cómo tras acabar en manos de Julio Ariza, cabeza visible de Intereconomía, esa cinta se había utilizado para "chantajear" a Rajoy, extremo que Moncloa niega de manera tajante. De Miguel admitió ante la Guardia Civil que fue él mismo quien la grabó –una cinta de audio, dijo, no de vídeo– y que, tras comunicárselo a Ignacio González, entregó la cinta a Ariza. Supuestamente, "para que la custodiara". Este diario omite el nombre del empresario que, según De Miguel, hizo aquel ofrecimiento dado que ni ha podido localizarlo para recabar su versión ni figura entre los investigados en la causa.

"Su valoración real desaconsejaba la compra"

Gerente del Canal desde 2003 y hasta que en 2009 se dedicó a sus negocios para de inmediato obtener cuantiosas adjudicaciones y ayudas públicas, Ildefonso de Miguel abundó durante su declaración ante la UCO en que el precio abonado por Inassa no pudo obedecer en ningún caso a "razones de eficiencia económica" aunque dijo ignorar si se había producido un desvío de fondos o si alguien se había beneficiado de la transacción. "No son razones de eficiencia económica ya que la situación de esa empresa y su valoración real desaconsejaban su compra". En 2003, insistió De Miguel, "el valor de Inassa sería de unos ocho o nueve millones de dólares". "Existía –reiteró en otro momento– un informe de Garrigues que desaconsejaba la compra, un informe demoledor".

Había un segundo informe, este elaborado por el bufete Cuatrecasas e igualmente demoledor. Su contenido fue elaborado y fechado en junio de 2004 para el "exclusivo interés" –literal– de Ignacio González. El entonces vicepresidente madrileño y delfín de Esperanza Aguirre lo guardó en un cajón y lo ocultó, como él mismo se vanaglorió en otra de las conversaciones interceptadas por la UCO y donde carga contra la actual jefa del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes, por haber denunciado la segunda compra latinoamericana del Canal que los investigadores de Lezo tienen bajo el foco: la de la empresa brasileña Emissao, efectuada en 2013.

De Miguel no es el único miembro del equipo de Ignacio González que ha atacado abiertamente la compra de Inassa. Según el diario El Mundo, su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, arremetió contra la compra de Inassa en su declaración ante el juez Eloy Velasco, primer instructor del caso. Y lo hizo también señalando a Gallardón y su equipo.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/10/26/el_numero_dos_ignacio_gonzalez_canal_califico_altamente_irregular_operacion_por_que_investiga_gallardon_lezo_71122_1012.html

LA FISCALÍA INVESTIGA A 29 EX ALTOS CARGOS DE GALLARDÓN POR EL PRIMER EXPOLIO DEL CANAL

Anticorrupción va definiendo la identidad y participación de todos los exmiembros del Gobierno y exdirectivos del Canal que participaron en la compra de la colombiana Inassa en 2001

La Fiscalía Anticorrupción va definiendo poco a poco la investigación abierta contra el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón en el marco del caso Lezo. Bajo su mandato, el Gobierno regional ordenó al Canal de Isabel II iniciar su primera aventura empresarial al otro lado del Atlántico, que se fraguó con la compra de la empresa colombiana Inassa a finales de 2001. Una operación que, según el ministerio público, pudo generar una "ilícita plusvalía de 66 millones de euros a costa del erario de la Comunidad de Madrid". Desde el principio, los investigadores han tenido claro que sus pesquisas debían dirigirse a determinar la identidad de los directivos de varias empresas públicas y mixtas que participaron en esta adquisición y que "adoptaron las presuntas decisiones ilícitas".

No solo su identidad, también su grado de participación y responsabilidad en estos hechos. Según ha podido saber El Confidencial, la Fiscalía ya ha identificado a una treintena de ex altos cargos y exdirectivos que formaron parte del Ejecutivo de Gallardón y que aprobaron la compra de Inassa. Se trata de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que en noviembre de 2001 votaron a favor; y los miembros de los consejos de administración de Canal de Isabel II y de Canal Extensia (esta última, la sociedad que se creó para oficializar la compra) que intervinieron en la adquisición investigada.

Gallardón citó en casa a su equipo para expiar los pecados del Canal

El ex presidente de la Comunidad ha reunido en su casa a su núcleo duro preocupados por la investigación que les salpica dentro del caso Lezo. Arturo Canalda tuvo que dar explicaciones

En el primer bloque, aparte de Ruiz-Gallardón, había 11 consejeros. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. En el consejo del Canal había 17 nombres, aunque dos repiten como consejeros (Pedro Calvo y Juan Bravo). Los otros 15 son Ignacio López-Galiacho, Juan Manuel del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Francisco Granados (imputado en Punica), José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Rafael Merino López, Roberto Molero, Andrés Muñoz, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz, Arturo Canalda (hoy presidente de la Cámara de Cuentas) y Ángel Varona (ya imputado en Lezo).

En el año 2001, los administradores de Canal Extensia eran Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Adrián Martín López- Huertas (ya imputado en Lezo), Arturo Canalda González y Salvador Cardona Aucejo. Una de las figuras clave es Gaspar Cienfuegos, que fue director económico y de desarrollo comercial del Canal. La Fiscalía está determinando la identidad de directivos de otras dos empresas que también tuvieron su participación en esta operación: Técnicas Valencianas del Agua SA (Tecvasa), socio comprador de Inassa junto a Canal Extensia, y Aguas de Barcelona (Agbar), una de las firmas vendedoras. Aquí aparece otra figura que el ministerio público considera clave: Francisco Olmos Fernández Corujedo.

La Fiscalía estudia pedir la citación como investigados de todos ellos ante el juez instructor del caso, aunque está delimitando las funciones concretas de cada uno con la ayuda de la Intervención General del Estado. El ministerio público trabaja en dos líneas de actuación: constatar que los trámites administrativos de la compra fueron irregulares, y averiguar si hubo desvío de fondos públicos. "El uso instrumental de sociedades radicadas en un paraíso fiscal solo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra", señala la Fiscalía. No hay fecha para fijar las citaciones, aunque esta pieza del caso Lezo (hay seis) es una de las más avanzadas. También se ha de decidir si las citaciones se producirán en varias tandas.

Una operación en paraísos fiscales

Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). El comprador de las acciones fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.

Suiza rastrea si Gallardón se enriqueció con el primer pelotazo del Canal

Las autoridades helvéticas comprueban si el expresidente de la Comunidad de Madrid o personas de su entorno político obtuvieron un beneficio ilícito tras la compra de Inassa en 2001 SAA, el reciente dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España: el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa). Ambas decidieron crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración del Canal acordó la compra de Inassa, y ese mismo día se decidió también que se hiciera a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la comunidad, presidido por Gallardón, había ratificado toda la operación el 29 de noviembre.

El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Las arcas públicas han estado pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron para financiar la adquisición de Inassa.

Los investigadores ya saben que Aguas de América (SAA) fue constituida por el bufete de abogados Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000 y que fue disuelta el 21 de febrero de 2002, "circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a Canal Extensia". Entre los directivos de SAA están Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José Ramón García de Paredes, Kira Ivette Degracia y Violeta Annet Holness, "todos ellos miembros del despacho de abogados, en lo que parece ser un ardid para la ocultación de los verdaderos accionistas y receptores del dinero público presuntamente desviado".

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-10-30/la-fiscalia-investiga-a-32-ex-altos-cargos-de-gallardon-por-el-primer-expolio-del-canal_1467536/

IGNACIO GONZÁLEZ PIDE EXCLUIR DEL CASO SUS AGENDAS CON DATOS SOBRE "PERSONAS Y EMPRESAS DE RELEVANCIA PÚBLICA"

El expresidente de la Comunidad de Madrid reclama a la Audiencia Nacional que sea expurgada numerosa documentación “a fin de que no se filtre a los medios de comunicación”. Entre ella, cuatro agendas con “reflexiones políticas” y datos de personas y empresas de “relevancia pública”, así como información sobre sus otras causas judiciales

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha solicitado al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que instruye la operación Lezo, que excluya del caso numerosa documentación que fue intervenida por la Guardia Civil en los registros practicados a su domicilio y despacho laboral el pasado mes de abril, porque según dice, es “ajena a la causa”.

Si el juez no es de esta opinión, González pide al menos que se impida el acceso a las “partes personadas”, con el objetivo de imposibilitar “que se conozcan con detalle y se filtren a los medios de comunicación” no solo “cuestiones personales y privadas”, sino información sobre “terceras personas o empresas de relevancia pública”.

González hace referencia a cuatro agendas. Las tres primeras con un total de 135 folios que contienen “reflexiones políticas estrictamente personales para la elaboración de artículos” periodísticos; información para “la preparación de campañas electorales”; anotaciones de “frases de políticos relevantes”; así como “claves de acceso informáticas personales y meras listas de canciones”.

La cuarta es una agenda “personal” que contiene “el seguimiento de asuntos por Consejerías” de la Comunidad de Madrid, porque tal y como expone el propio González, era “coordinador de Gobierno de la Comunidad”; y “números de teléfono que afectan a la privacidad de terceros”.

Además, pide el expurgo de otros documentos por “afectar a su intimidad” y tratarse de “datos estrictamente personales que no tienen relevancia alguna para la causa, y en algunos casos, afectan a la intimidad de terceras personas ajenas a la misma”. También 49 folios con anotaciones sobre “cuestiones estrictamente de estrategia política, fechas de ceses de autoridades, cronología y comentarios sobre denuncias”.

Ignacio González pide además que le sean devueltos sin el conocimiento de las partes un total de 37 folios del “denominado caso del ático” que se instruye en el juzgado 5 de Estepona; así como 47 folios del “denominado caso de los espías” del juzgado número 47 de Madrid, por “afectar a su derecho y estrategia de defensa”, entre otra documentación sobre asuntos judiciales y del Canal Isabel II, que según dice, solo tenía para “preparar su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid”.

Ignacio González solicita además que le sea devuelta diversa documentación “sin interés” para la causa como datos personales y sobre las viviendas de sus hijas; listado de clientes y negocios de su esposa, Lourdes Cavero; o del padre del expresidente de la Comunidad de Madrid.

http://cadenaser.com/ser/2017/11/27/tribunales/1511812478_633032.html

ZAPLANA, A IGNACIO GONZÁLEZ: "DICE AZNAR QUE HABLES CON CATALÁ PARA ASEGURAR EL PUESTO DE FISCAL JEFE EN LA AUDIENCIA"

La grabación, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, muestra cómo González maniobra para que Jesús Alonso ocupe el cargo, al que finalmente accedió

No es la primera conversación interceptada en la que queda de manifiesto la preocupación de González por tener a personas afines en la cúpula fiscal

Una conversación interceptada el 19 de enero por la Guardia Civil, mantenida entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, ha dejado en evidencia la hiperactividad del político madrileño para influir en la colocación de miembros de la cúpula judicial. La grabación, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, muestra cómo González maniobra para que Jesús Alonso ocupe el puesto de fiscal jefe de la Audiencia Nacional -al que finalmente ha accedido- con la mediación de su amigo el exministro Eduardo Zaplana y los consejos del expresidente José María Aznar.

Tal y como relata el periódico, Zaplana le dice a González que tiene un mensaje para él. Entonces, González comenta que ese día ha quedado a comer con Ángel [una persona a la que no se identifica]. Zaplana le propone ir a tomar el café con ellos y comenta: "Tengo una cosa que deciros a los dos (...). Me dijo (José María) Aznar que lo hablara con Ángel para que habléis los dos, que sois amigos, con (Rafel) Catalá”.

Zaplana, que también fue presidente de la Comunidad Valenciana, insiste en la necesidad de hablar el tema con Rafael Català, ministro de Justicia: “De poner…, bueno, poner…, él ya se lo gana por escalafón y por puntos. Se va Zaragoza –en referencia Javier Zaragoza– de fiscal jefe de la Audiencia Nacional”.

"¿Y tu amigo?", le pregunta González, en referencia al posible sustituto de Zaragoza. "Está el segundo, de teniente fiscal", le contesta Zaplana, en referencia a Jesús Alonso, quien finalmente fue nombrado fiscal jefe, en sustitución de Zaragoza. "¿No lo iban a poner aquí?", le pregunta González en referencia al puesto del que estaban hablando. "¡Yo creo que sí, pero para asegurar!", responde Zaplana.

Esta conversación se produjo tres meses antes de que González fuera detenido en el marco de la Operación Lezo y enviado a prisión por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La pasada semana salió en libertad tras pagar 400.000 euros en 24 horas.

Esta no es la primera conversación interceptada en la que queda de manifiesto l a preocupación de González por tener a personas afines en la cúpula de la carrera fiscal, una vez el político debía hacer frentes a varios procesos judiciales. El expresidente madrileño también movió sus hilos para que Manuel Moix fuese ascendido a fiscal jefe de Anticorrupción. Moix acabó dimitiendo meses después por tener participaciones en una sociedad en Panamá.

González también intercambió mensajes telefónicos con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando ya estaba siendo investigado por el caso del ático en Estepona. Tras felicitar a Catalá por mantenerse en el cargo tras la reelección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en las elecciones de junio de 2016, el ministro responde a González deseando que se acaben todos sus líos judiciales.

Todos los partidos del Congreso de los Diputados, salvo el Partido Popular, v otaron a favor de la reprobación de Catalá, además de rerpobar y reclamar los ceses del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de Moix. La oposición pidió la dimisión del ministro desde que se hizo público un mensaje de apoyo a González en el que decía: " Ojalá se cierren pronto los líos".

http://m.eldiario.es/politica/Gonzalez-influencia-politica-Audiencia-Nacional_0_707979523.html

LÓPEZ MADRID ACUSA A GONZÁLEZ DE "PREFABRICAR" UNA ACUSACIÓN CONTRA SU SUEGRO PORQUE SABÍA QUE ERA GRABADO

En las escuchas que se interceptaron en el despacho de González el expresidente relataba a un "amigo" que Villar Mir dio dinero al extesorero popular Álvaro Lapuerta

Las escuchas que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) realizó en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han sido una pista fundamental en la operación Lezo porque González relataba entre otras cosas aspectos de la presunta financiación ilegal del PP.

En una de estas escuchas Ignacio González cuenta a diferentes personas de su entorno que Javier López Madrid le ha contado como su suegro, el expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, daba dinero al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta para el Partido Popular. Esta revelación se la hacía el expresidente de la Comunidad de Madrid al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro en su despacho profesional.

La UCO da verosimilitud a esta prueba pero la defensa de López Madrid acusa al expresidente de la Comunidad de Madrid de inventársela porque sabía o intuía que sus conversaciones estaban siendo intervenidas judicialmente. Lo que dice la defensa del empresario madrileño en un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER que ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, es que si se confirma el extremo de que González encargó un “barrido completo” de su despacho cabe pensar “que es lógico presumir que el señor González acomodase su discurso a este contexto y la presencia de oyentes remotos”. Es decir, que Ignacio González prefabricó una acusación contra su suegro, el presidente de OHL, porque sabía que estaba siendo grabado.

La defensa del empresario investigado en la operación Lezo pide a la Audiencia Nacional la declaración testifical del director general de la Agencia de Detectives que hizo el barrido en el despacho de González. Es decir, lo que pide la defensa de Javier López Madrid es la declaración testifical del director de la agencia “Grupo Novo” para que aclare “el contenido del encargo o encargos realizados por Ignacio González” a partir de octubre del año 2016 que es la fecha en la que según varios medios de comunicación González encargó el barrido de su despacho. Según el escrito que López Madrid ha enviado a la Audiencia Nacional se requiere además las copias de todos los trabajos que realizó esta agencia para el expresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2016 y 2017.

Para la Guardia Civil de la confidencia de González se puede extraer indicios de que el expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, financió irregularmente al PP dando dinero al extesorero. Este empresario aparece además en los “papeles de Bárcenas” como uno de los principales donantes del Partido Popular.

Villar Mir y López Madrid están siendo investigados por la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Lezo por haber pagado presuntamente una comisión de 1,4 millones de euros en Suiza por la adjudicación de la obra para construir el tren de Navalcarnero. La cuenta en la que se ingresó el dinero estaba a nombre del empresario Adrián de la Joya, pero la investigación apunta a que el destinatario de la comisión era Ignacio González.

http://cadenaser.com/ser/2017/11/28/tribunales/1511900060_310975.html

EL JUEZ ACUSA A IGNACIO GONZÁLEZ DE TAPAR LOS DELITOS DEL CANAL EN LA ETAPA DE GALLARDÓN

Asegura que "dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito" cometidos con la compra de Inassa en 2001

En la causa se investiga a Gallardón por ese pelotazo porque la Fiscalía sospecha que él o "su gente" controlaron la operación

El juez también acusa a González de apropiarse de dinero público procedente del campo de golf del Canal

Ignacio González supo que el Canal de Isabel II, durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón, había cometido delitos en la compra de una sociedad latinoamericana, pero los ocultó. En palabras del juez del caso Lezo, el expresidente madrileño "dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito", al ocultar un informe que recogía esas irregularidades.

Así consta en el auto por el que el juez Manuel García Castellón, instructor del caso, accede a conceder a González la libertad si paga 400.000 euros. Anticorrupción había informado previamente a favor de que salga de prisión, donde lleva desde el pasado 21 de abril. En el auto, el juez repasa todos los indicios delictivos e indica que González pagó con dinero público un informe sobre la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal en 2001, cuyo pago se alargó hasta 2012.

Ese informe elaborado por la consultora Cuatrecasas "contenía indicios claros de una conducta delictiva" durante la operación, que se produjo bajo la presidencia regional de Gallardón, también investigado en esta causa. Sin embargo, González ocultó ese informe.

El expresidente madrileño y su socio, Edmundo Rodríguez Sobrino, tuvieron "pleno conocimiento de un hecho delictivo que no fue denunciado", permitiendo "el pago de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012 y le dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito".

"Pacto de silencio"

Anticorrupción ya había señalado a Gallardón en este desvío de fondos. Fue él quien autorizó en 2001 la compra por 83 millones de la filial del Canal en Latinoamérica, a través de una sociedad en Panamá, cuando su precio era mucho menor. González lo resumió en una conversación con Eduardo Zaplana: "Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100".

La Fiscalía cree que esa operación estuvo controlada por Gallardón o por "su gente", en referencia al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. De hecho, la Fiscalía pidió investigar sus ingresos después de que Zaplana mencionase en una conversación su alto nivel de vida.

Anticorrupción también sospecha que los dos expresidentes madrileños sellaron "un pacto de silencio" sobre el saqueo del Canal. Se remiten a la conversación en la que el propio González admite haber tapado el pelotazo: "yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar".

De hecho, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la visita de Ruiz Gallardón y el productor Enrique Cerezo al despacho profesional de González el 19 de mayo de 2016, tres días después de la destitución de Rodríguez Sobrino.

Desvío de fondos del campo de golf

El juez repasa el resto de acusaciones contra González, como la compra de Emissao, un pelotazo aprobado por el Canal en 2013 y similar al de Inassa. La operación estaba "en manos" del expresidente madrileño, que se repartía las tareas con Rodríguez para "alejar" el centro delictivo y lograr así "una mayor protección e impunidad de los máximos responsables". También se concertaron para recuperar el dinero de sus actividades delictivas.

El auto también dedica una buena parte a las obras del Campo de Golf del Canal. Según desveló eldiario.es, la Guardia Civil detectó indicios de que ACS había pagado a familiares de González a cambio de que este modificase el proyecto inicial.

García Castellón da veracidad al relato de los agentes de la UCO y señala multitud de irregularidades como, por ejemplo, que no consta expediente de licitación definitivo. Señala directamente a González y su clan, que "presuntamente se concertaron" para hacerse con los contratos de mantenimiento del campo de golf.

"Los investigados con el fin de obtener individualmente un incremento patrimonial ilícito a costa de fondos públicos de la CAM, convinieron presuntamente el desvío de capitales públicos", añade. Es más, "crearon una estructura societaria que les proporcionó opacidad", dice el juez en referencia a Tecnoconcret, la empresa creada por el cuñado de Ignacio González.

"Con pleno conocimiento de que se trataba de una sociedad instrumental y en cumplimiento del concierto ilícito antes descrito, Tecnoconcret fue subcontratada por la mercantil ACS para la ejecución de las obras de las instalaciones deportivas, constando documentación en la causa que acredita que la designación de esta mercantil se hizo por orden de Canal", escribe el juez.

En total, apunta García Castellón, González y su gente se quedaron con 578.474 euros gracias a la interposición de empresas durante las obras. Con los contratos de mantenimiento ascendió a 1,2 millones. Para aflorar ese dinero, "los investigados crearon un sistema de facturación mendaz" con ayuda de otras sociedades.

https://eldiario.us6.list-manage.com/track/click?u=c69ba1ef3f044e29f01e39064&id=36aa730d3b&e=fad5001efc

IGNACIO GONZÁLEZ ABANDONA LA CÁRCEL DE SOTO DEL REAL

El expresidente de la Comunidad de Madrid sale de prisión después de que 11 fiadores hayan abonado la fianza de 400.0000 euros

El Juzgado Central de Instrucción acordó su libertad bajo fianza y le impuso como medidas cautelares la prohibición de salir de España, entrega de pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha abandonado este miércoles la cárcel de Soto del Real (Madrid) a las 19.48 horas tras depositar esta mañana la fianza de 400.000 euros que acordó este martes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y tras pasar 202 días preso, informa Europa Press.

En total once fiadores han consignado la caución impuesta por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Familiares del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se habían personado este miércoles en la Audiencia Nacional para depositar la fianza de 400.000 euros.

González ha salido con rostro cansado, serio y sin hacer declaraciones pese a la numerosa presencia de los medios de comunicación a las puertas del centro penitenciario, que ha abandonado en un turismo de color negro.

Pasada la una de esta tarde ha llegado a la sede del tribunal la hermana del expresidente, la diputada madrileña Isabel González, y dos de sus hijas para consignar el pago de la cuantía establecida y certificar así que son ellos los pagadores de los 400.000 euros. Tras su entrega, García Castellón procederá a valorar el pago y acordar la libertad del presunto cabecilla de la trama de corrupción en la empresa pública de gestión de agua.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó este martes la libertad bajo fianza de González y le impuso como medidas cautelares la prohibición de salir de España, entrega de pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado. Adoptó esta decisión tras el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y al entender que había disminuido el riesgo de reiteración delictiva y de fuga.

La hermana del exdirigente regional ya había informado a primera hora de esta mañana que la familia estaban recaudando la fianza impuesta por el magistrado. Se trata de la cuarta vez en la que el acusado solicitaba su excarcelación alegando que, tras medio año en prisión, había disminuido el riesgo de fuga.

Disminuye el riesgo de fuga

Según explicó el magistrado instructor en su auto, se acordaba su libertad dado que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá y también el riesgo de fuga debido al avance de la instrucción.

No obstante, precisa que sus acciones dentro del Canal de Isabel II son constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recuerda que González está siendo investigado por cuatro hechos concretos: las compras de Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente, las licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos.

En relación al primer punto, el juez instructor explica que tanto el cabecilla de la trama Lezo como su socio en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino supieron que la operación de compra de la empresa colombiana se hizo con un grave perjuicio de fondos públicos, que podría alcanzar los 70 millones de euros.

Sobre la compra de la brasileña Emissao en 2013 determina que aunque esta se efectuó cuando González ya no era presidente del Canal, el inicio de la operativa se llevó a cabo mucho antes y existen indicios que demuestran que los dos acusados se beneficiaron "ilícitamente" del patrimonio de la Comunidad de Madrid mediante el abuso de su posición.

Cuatro peticiones de libertad

Durante los seis meses que lleva en prisión, la defensa del expresidente madrileño ha solicitado su puesta en libertad en otras tres ocasiones, pero la Audiencia Nacional siempre lo ha rechazado por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, y también por entender que ejerció un "papel decisivo" en la trama de corrupción.

El pasado 24 de octubre, el abogado de González, Esteban Mestre, volvió a recurrir la medida de prisión provisional para su cliente alegando que, transcurrido el medio año, ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. En ocasiones anteriores el letrado alegó como razones para salir el arraigo por la boda de una de sus hijas, su deterioro físico e incluso pidió la sustitución de la cárcel por su arresto domiciliario.

El recurso de González coincide con la finalización de las comparecencias de los más de 60 investigados en la trama que lideraba el exdirigente del PP madrileño, a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción estudie toda la documentación de la que dispone por si viera necesario imputar a otros presuntos responsables.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/08/familiares_ignacio_gonzalez_acuden_audiencia_nacional_para_pagar_fianza_400_000_euros_71677_1012.html

EL JUEZ DE 'LEZO' RECLAMÓ A LA COMUNIDAD EL "EXPEDIENTE COMPLETO" DEL CAMPO DE GOLF Y SE INVESTIGA SI AGUIRRE PREVARICÓ

El Gobierno de Aguirre declaró de “excepcional interés general” en 2007 la construcción de un campo de golf en el Canal basándose en un expediente que se elaboró en menos de 48 horas y que está plagado de irregularidades

El acuerdo lo firmó la propia Aguirre y ese campo de golf sirvió para que Ignacio González y su familia obtuvieran unos beneficios ilícitos de 1,2 millones de euros

El juez de ‘Lezo’ reclamó, el pasado 27 de abril, el “expediente completo” del acuerdo. Ese mismo día se lo remitió el Gobierno de Cifuentes. Fuentes judiciales explican a infoLibre que los hechos podrían constituir un delito de prevaricación urbanística

El campo de golf construido en 2007 en las instalaciones del Canal de Isabel II es una de las principales operaciones de corrupción descubierta en el caso Lezo. De acuerdo con la investigación de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, sirvió para que se enriquecieran de forma ilícita el expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo y un cuñado, todos ellos imputados en la causa. Pero esa operación también puede causar problemas judiciales a Esperanza Aguirre, cuyo Gobierno adoptó el 18 de enero de 2007 el acuerdo de declarar de “excepcional interés general” la construcción del campo de golf [Puedes consultar el acuerdo aquí]. Y lo hizo basándose en un expediente que, según ha podido saber infoLibre, se elaboró en menos de 48 horas y está repleto de irregularidades. El acuerdo lo firmaron la propia Esperanza Aguirre y su entonces consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía.

El 27 de abril de este año, ocho días después de que fuese detenido Ignacio González como cabecilla de la presunta trama criminal, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid recibió un requerimiento del juez del caso Lezo solicitando "la documentación del expediente completo de tramitación del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de enero de 2007 por el cual se aprueba el proyecto modificado de la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II". Una portavoz oficial del Gobierno de Cristina Cifuentes indicó, a preguntas de este periódico, que "el expediente completo se le envió al juez el 27 de abril", el mismo día que se recibió el requerimiento.

Fuentes judiciales explicaron a este periódico que los investigadores deberán analizar si Esperanza Aguirre y el resto de los miembros de aquel Gobierno –en el que estaban Ignacio González como vicepresidente y Francisco Granados como consejero– cometieron un delito de prevaricación urbanística, tipificado en el artículo 320 del Código Penal, que cuando se cometieron los hechos estaba castigado con una pena de prisión "de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses", además de la "inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años". El delito lo comete "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes".

Un campo de golf "de excepcional interés general"

La decisión del Gobierno de Aguirre tenía un único objetivo: burlar la paralización de las obras del campo de golf que había decretado el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón. Aquel acuerdo adoptado el 18 de enero de 2007 indicaba expresamente que producía "los efectos propios de la licencia municipal".

El acuerdo se apoyó en un expediente administrativo con múltiples irregularidades. Por citar sólo algunas: no consta la petición de inicio, no consta quién lo insta, no se da audiencia al Ayuntamiento de Madrid ni se le notifica, incluye un informe enviado por fax en fecha posterior al acuerdo... Y la guinda: se inició el 17 de enero y se finalizó un día después, todo en menos de 48 horas. "En esos términos, no se puede decir que jurídicamente sea un expediente administrativo", resumió gráficamente a infoLibre un jurista experto en temas urbanísticos y administrativos.

La historia que termina con la construcción del campo de golf se inició en marzo de 2003. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid acordaron entonces "impermeabilizar y ajardinar el tercer depósito del Canal de Isabel II", la principal empresa pública madrileña y cuyo objeto principal es el suministro de agua. Aquel proyecto original contemplaba la construcción de un parque público y un campo de fútbol. Pocos meses después, en noviembre de 2003, Aguirre se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid. Y nombró a Ignacio González como su número dos en el Gobierno, además de presidente del Canal de Isabel II.

En el proyecto original del Canal no existía ni rastro de un campo de golf. Pero Aguirre y González pensaron que era buena idea sustituir el parque público por unas instalaciones para practicar dicho deporte. Así que decidieron modificar el proyecto y, sin licencia, iniciar la construcción del campo de golf. El 16 de octubre de 2006, el Ayuntamiento ordenó la suspensión inmediata de las obras. Pese a no tener licencia, el Canal adjudicó el 27 de diciembre la explotación del campo de golf a un consorcio del que formaba parte la empresa Tecnoconcret, que estaba controlada por González y por su familia. Dos días después, el 29 de diciembre, el Ayuntamiento denegó la modificación de la licencia para construir el campo de golf. El 8 de enero de 2007, el Colegio de Arquitectos de Madrid adoptó un acuerdo en el que se indicaba que "destinar seis hectáreas a prácticas de golf en una zona necesitada de espacios verdes ya sería cuestionable de haberse seguido los trámites legales, pero resulta inadmisible si se está haciendo al amparo de una licencia de obra distinta en naturaleza y uso a la originariamente prevista: un parque público".

Ante esta panorama, Aguirre y González optaron por declarar el campo de golf como obra de "excepcional interés general". Gracias a ello, ya no necesitaban la licencia del Ayuntamiento, que quedaba sustituida por el acuerdo del Gobierno autonómico. La decisión se adoptó el 18 de enero de 2007 y se motivó con el siguiente argumento: "El afán de potenciar la práctica deportiva entre todos los ciudadanos de la región". Para entonces, las obras del campo de golf ya estaban muy avanzadas. De hecho, el 28 de marzo de aquel año, Aguirre y González asistieron alborozados a la inauguración pública.

A aquel acto de inauguración también acudieron decenas de vecinos del barrio madrileño de Chamberí, donde estaban las instalaciones, para protestar por el cambiazo que les había dado el Gobierno del PP al sustituir un parque público, en uno de los barrios de Madrid con menos zonas verdes, por un campo de golf que iban a explotar empresas privadas. Parte de aquellos vecinos constituyeron la asociación Parque Sí en Chamberí, que inició una batalla legal contra el campo de golf. Su lucha dio fruto en el ámbito contencioso-administrativo, ya que en enero de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el acuerdo por el que se declaraba el campo de golf de "excepcional interés general".

Menos suerte tuvieron los vecinos de Chamberí en la vía penal, donde chocaron con el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía que dirigía Moix archivó dos denuncias y se opuso a una querella contra Ignacio González, en las que se detallaba la trama corrupta montada por el político madrileño para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf. En la segunda denuncia, presentada en 2009, Parque Sí en Chamberí pedía que se realizase una sencilla diligencia de investigación –solicitar a Hacienda la declaración de ingresos y gastos de la empresa Tecnoconcret–, que habría descubierto la trama corrupta. Moix no lo hizo y tuvieron que pasar otros ocho año hasta que, en abril de 2017, la Justicia puso en marcha la operación Lezo. La trama corrupta en torno al campo de golf que no investigó Moix es uno de los elementos centrales del caso. El pasado mes de julio, la asociación TCJ-15M presentó una querella contra el ahora fiscal del Supremo –quien tuvo que dimitir después de que infoLibre desvelase que era dueño de una empresa en Panamá– por no investigar la trama de González. El Tribunal Supremo aún no ha decidido si admite a trámite dicha querella.

Unos beneficios ilícitos de 1,2 millones de euros

La empresa utilizada por Ignacio González para lucrarse con la adjudicación del campo de golf del Canal fue Tecnoconcret, en la que figuraba como testaferro un socio de su hermano Pablo y de su cuñado José Juan Caballero.

Según consta en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión a González, “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007 ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de golf.

En realidad, Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató el trabajo con otra sociedad (Only Golf Planning and Design). Así consta en el auto del juez Velasco, en el que se asegura que Tecnoconcret “declaró ventas a una sociedad denominada Only Golf, supuestamente dedicada a la construcción de pistas de golf, por importe de unos 2,68 millones de euros durante los años 2006 y 2007”.

La diferencia entre ambas cantidades son aproximadamente 578.000 euros, que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de actuar como intermediaria en la operación.

Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y 2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo destaca el magistrado en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”. Desde abril de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret.

El juez Velasco habla de desvinculación “formal” porque la explotación del campo de golf, realizada por el Canal cuando Ignacio González era su presidente, se adjudicó en diciembre de 2006 a un consorcio formado inicialmente por tres empresas: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y la propia Tecnoconcret, que era clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf. A principios de 2008, Iridium compró sus acciones a las otras dos compañías.

En definitiva, sólo en la operación del campo de golf, la empresa controlada por Ignacio González obtuvo según los investigadores unos beneficios ilícitos de 1,2 millones de euros.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/28/el_juez_lezo_reclama_comunidad_expediente_del_campo_golf_para_investigar_si_aguirre_cometio_prevaricacion_70017_1012.html

ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ INVESTIGAR A GALLARDÓN POR “DEPREDAR” EL DINERO DE MADRID

Los investigadores sospechan que se aprobó la compra de una empresa colombiana con el fin de generar un sobrecoste “con el consiguiente desvío de capitales públicos”.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó investigar al exministro de Justicia Alberto Ruiz- Gallardón por “depredar” el patrimonio de la Comunidad de Madrid al autorizar la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.

En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL el Ministerio Público ya pidió en noviembre de 2016 a la Audiencia Nacional que se abriera un procedimiento contra Ruiz-Gallardón y todo el Consejo de Gobierno que aprobó la compra por un importe muy superior al real en detrimento de los fondos públicos. La sospecha de los investigadores del caso Lezo es que de esa operación se pudieron obtener hasta 25 millones de euros en comisiones, tal y como aseguró uno de los investigados en una conversación interceptada por la Guardia Civil.

Según recoge el informe que consta en el sumario del caso que instruye el magistrado Manuel García Castellón, fue el expresidente del conglomerado societario del Canal en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino -actualmente en prisión junto a Ignacio González- quien relató en una de las conversaciones captadas el “robo” de 25 millones al Canal en una inversión de 95 millones de dólares. “Datos que encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte de Canal Extensia en el año 2001”, recoge el escrito de los fiscales.

Para el Ministerio Fiscal, estos hechos apuntan a la existencia de “indicios de criminalidad contra determinadas personas”. “En este momento procesal las diligencias permiten una mayor individualización subjetiva de los hechos, lo que impone que se dicte una resolución judicial por la que se dirija el procedimiento contra todos aquellos que directa o indirectamente han participado en los hechos, sin perjuicio de realizar una concreción más detallada una vez que se ejecuten las diligencias de investigación pendientes. Esta resolución se impone procesalmente para garantizar los derechos de los investigados desde el momento en que el procedimiento apunta claramente a la responsabilidad en estos hechos de autoridades de la Comunidad Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz Gallardón”, subraya Anticorrupción.

Recuperar el dinero de Madrid

Para la Fiscalía, ya en noviembre era necesario abrir procedimiento contra estas personas “para el total esclarecimiento de los hechos, para alcanzar la verdad material de los mismos y para recuperar el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid presuntamente depredado por los investigados”.

El Ministerio Público considera que los indicios de criminalidad de la operación de compra de Inassa se refuerzan con la “pasividad institucional de la Comunidad de Madrid en el control de las operaciones del grupo Canal Isabel II en Sudamérica a lo largo de los años”. Es reseñable que “nadie dentro de la administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal para la compra de Inassa”.

Además, se añade que esta sociedad panameña que se utilizó para vehiculizar la compra de la colombiana se disolvió inmediatamente después de la operación “y nuevamente nadie lo cuestionó”. En la misma línea -añade la Fiscalía-, nadie se cuestionó que la autorización conferida por el Consejo de Gobierno fue para la adquisición de Inassa y sin embargo se adquirió junto con ésta una sociedad denominada Watco Dominicana SA, sin ningún tipo de autorización para ello”.

Endeudó a Madrid con 51 millones

La compra, según al Fiscalía, se llevó a cabo sin los informes y trámites preceptivos. “De haber existido, con toda seguridad no se habría realizado la compra o se hubiese realizado en otros términos. Cabe preguntarse en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares”, subraya el escrito.

Las investigaciones apuntan indiciariamente que el soporte documental fue cuanto menos “insuficiente”, así como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o “por su gente”.

Con todos los datos que constan en la causa, para la Fiscalía existen indicios de que la solicitud del acuerdo de adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente a propuesta del consejero de Hacienda entonces, Juan Bravo, “fue elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la adquisición de Inassa con el consiguiente desvío de capitales públicos”.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170913/246475369_0.html

GALLARDÓN, A LAS PUERTAS DE SER IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'

La Fiscalía Anticorrupción planea pedir la citación del exministro de Justicia como investigado por el presunto desfalco de 70 millones de euros en la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por el Canal de Isabel II

La Fiscalía Anticorrupción planea pedir al juez la citación como investigado en el caso Lezo del expresidente madrileño y exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón por el presunto desfalco en la compra en 2001 de la colombiana Inassa por el Canal de Isabel II, y lo hará una vez se termine de analizar la documentación incautada.

La Fiscalía reclamó al juez de Lezo investigar a Gallardón en noviembre de 2016 por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de Inassa por parte del Canal de Isabel II, una operación que estuvo controlada por él o por "su gente".

El juez primero y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después aceptaron la apertura de diligencias pedida por Anticorrupción para investigar esa operación, que finalmente se lleva dentro de la pieza 1 de Lezo, sobre la expansión del Canal en Latinoamérica.

En concreto, la Fiscalía pidió en noviembre de 2016 al juez indagar esa compra por delictiva y en su escrito reclamaba además dirigir la investigación contra el exministro.

Ahora, Anticorrupción tiene previsto solicitar al juez Manuel García Castellón su citación como imputado, pero no lo hará hasta que no se analice la documentación incautada en los registros realizados en la operación, según han informado a Efe fuentes del ministerio público.

Gracias a su petición de noviembre, los fiscales pararon la prescripción del delito, ya que la compra la acordó 15 años antes el Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por unos 83 millones de euros cuando, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.

Las acusaciones contra Gallardón se basan en parte en una conversación pinchada en noviembre de 2016 a Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot, en la que González afirma que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares".

"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", dice González en la conversación.

"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100"

Para la Fiscalía, esto demuestra "la connivencia que tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición" y apunta a que esos acuerdos podrían haber reportado al propio González beneficios económicos o políticos.

En otro momento, González afirma: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos (opciones): o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar...".

De estas palabras los fiscales concluyen "el alto grado de conocimiento que el mismo (González) tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma" y también que González ocultó el fraude "en beneficio de la organización".

Gallardón, por su parte, "tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González".

Dentro de esta causa han declarado este jueves cuatro personas como imputadas sobre otra operación investigada, la construcción y explotación del Canal Golf adjudicadas a ACS, por las que, según las investigaciones, empresas vinculadas a Ignacio González cobraron 4 millones de euros.

Uno de ellos es el administrador de la empresa que lo construyó, que se ha negado a declarar, y la otra imputada es la mujer del administrador de la empresa vinculada a González que cobró el dinero, Tecnoconcret, quien se ha desvinculado totalmente de los negocios de su marido.

Otros medios, como la cadena Ser, citando fuentes judiciales, apuntan que Gallardón ya tiene "la consideración de investigado en la causa desde enero de 2017", cuando lo ordenó la Sala de lo Penal. Sin embargo, según ha podido saber Público, Gallardón aún no está imputado ni ha sido citado aún, aunque la petición de la Fiscalía seguramente terminará con el exministro declarando ante el juez.

http://m.publico.es/politica/2013783/gallardon-a-las-puertas-de-ser-imputado-en-el-caso-lezo

LA UCO PIDIÓ INTERVENIR EL 'MAIL' DE GALLARDÓN DÍAS ANTES DE QUE ESTALLARA LEZO

Los incluyeron en un listado de cargos y empresas para cotejar sus relaciones mercantiles con las empresas vinculadas a la compra de Inassa

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) pidió ocho días antes de que estallara la operación Lezo el volcado del correo corporativo del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y del que fuera su consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior. Según precisa el atestado que el Instituto Armado remitió al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para preparar el operativo, los investigadores rastreaban la intervención del también exministro de Justicia por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El documento, fechado el 11 de abril y al que ha tenido acceso El Confidencial, detalla las entradas, registros y diligencias complementarias que quería llevar a cabo la UCO y reserva un apartado completo a las pesquisas vinculadas con la adquisición de esta empresa bajo mandato de Gallardón. La Guardia Civil también reclamó ya entonces acceder a la información tributaria completa del expresidente madrileño. Debían cruzar los datos de los miembros de los órganos de administración de Canal Extensia, la propia Inassa en Colombia y Panamá, Sociedad de Aguas de América, Sociedad Latina de Aguas, Agbar, Tecvasa y Aguas de Valencia. También examinar los productos financieros de los que fueran titulares. En el caso de su consejero, la Guardia Civil reclamó la propuesta presentada para adquirir el 75% de las participaciones de la mercantil colombiana, así como toda la documentación que se aportase para que el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid decidiese sobre esa operación.

Anticorrupción seguía el rastro de la compra desde el año 2016 y reflejó en uno de sus informes que la "operación fue controlada por Alberto Ruiz-Gallardón" o 'por su gente'. El Ministerio Público basaba sus sospechas en una conversación intervenida al cabecilla de la trama, Ignacio González, en la que este confesaba que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares". "Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100", decía en concreto. El informe acusaba también a Gallardón de haber establecido "un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González". Por estos hechos, el exministro de Justicia es objeto de investigación en la causa, confirman a El Confidencial fuentes jurídicas.

66 millones del bolsillo de los madrileños

Este primer pelotazo del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico pudo generar una "ilícita plusvalía a costa del erario público" que rondaría los 66 millones de euros y salpica directamente al consejo de gobierno que autorizó esta aventura empresarial, lanzada bajo la presidencia del que fuera también alcalde de la capital. La Justicia trata ahora de acreditar el grado de implicación de Gallardón en esta operación presuntamente fraudulenta y espera los resultados de comisiones rogatorias remitidas a Suiza. Tras examinar las cuentas y negocios en España del exministro, los investigadores no hallaron rastro de irregularidades.

La Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había costado un año antes 10 veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores. Aunque González no tuvo nada que ver con esa operación (llegó más tarde al Gobierno regional y al Canal), heredó sus consecuencias, ya que las arcas públicas estuvieron pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron para financiar la adquisición de Inassa.

Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros) a la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA), que enseguida buscó nuevos socios en España.

Los encontró en el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa) para crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, y comprar Inassa, iniciando el desembarco madrileño en Colombia. El Canal tenía el 75% de Extensia, y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración del Canal acordó la compra del 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ruiz-Gallardón, ratificó toda la operación el 29 de noviembre.

El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con las acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Esta "doble venta", primero de SAA para adquirir Inassa, "pudo generar en un espacio temporal inferior al año, una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros", según las valoraciones de la Fiscalía.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-15/uco-pidio-intervenir-mail-gallardon-antes-estallar-lezo_1443708/

ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE INASSA" POR EL CANAL

La Fiscalía afirma que el exministro "estableció un pacto de silencio y cooperación" con Ignacio González.

"Presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", afirman los fiscales de la 'operación Lezo' respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II comenzó su expansión en Latinoamérica, realizada en 2001.

En un escrito dirigido al juez instructor Eloy Velasco conocido por EL ESPAÑOL, la Fiscalía Anticorrupción no sólo apunta hacia el exministro de Justicia, exalcalde y expresidente del Gobierno de Madrid sino también hacia su brazo derecho para las cuestiones de finanzas, Juan Bravo, que era consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando se produjo la compra de la mercantil colombiana Inassa.

Esta operación es considerada por los fiscales del 'caso Lezo' como el inicio de las actividades "fraudulentas" relacionadas con el Canal. De acuerdo con el relato de Anticorrupción, el Gobierno de Gallardón facultó el 29 de noviembre de 2001 al Canal a realizar una inversión internacional "cuando de conformidad con sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad". No fue hasta 2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.

Para acometer la compra de Inassa, el Ejecutivo regional autorizó la constitución de Canal Extensia como una 'sociedad vehículo', es decir, con un mero carácter instrumental. "En el sector privado", recuerda la Fiscalía, "este tipo de sociedades suelen cumplir la función (al margen de eventuales beneficios fiscales) de alejar la responsabilidades derivadas de la adopción de acuerdos respecto de las personas físicas que realmente los adoptan, sirven a modo de pantalla de protección de las personas que dominan realmente la toma de decisiones y protegen a la sociedad matriz frente a eventuales responsabilidades".

"Desde luego", sostienen los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García respecto a la constitución de la sociedad Canal Extensia, "esta actuación carece de justificación en el sector público y se concibe ordinariamente como una forma de huida del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la actuación pública".

"No era necesaria la creación de Canal Extensia (a modo de holding privado dependiente de una administración pública para lograr mayor agilidad operativa) ya que esta función la podía cumplir la propia sociedad que estaban adquiriendo. Canal Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin necesidad de la interposición instrumental del Canal Extensia y mucho menos con la interposición fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal", afirman en referencia a la Sociedad de Aguas de América SA, la mercantil panameña a través de la que se articularon los pagos y que "se disolvió inmediatamente después de la operación". "Esta forma de proceder sólo tiene justificación como instrumento societario que se crea presuntamente con un fin defraudatorio", señalan.

Los fiscales consideran que "repugna a la lógica jurídica más elemental" situar a Canal Extensia en el dominio de la operación de adquisición de Inassa. A su juicio, hay indicios de que se trató de una decisión "de arriba hacia abajo". El acuerdo de comprar Inassa y la forma en que se ejecutó "se gestó en el Consejo de Gobierno" de la CAM que presidía Ruiz Gallardón "y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables de Canal Isabell II, Canal Extensia SA y por los administradores de Inassa".

Entre otros indicios, destacan que "nadie dentro de la Administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal" y que "no consta" que se cumplieran los requisitos administrativos para el control de la operación.

En este sentido, los fiscales se preguntan "en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares". "Las investigaciones apuntan indiciariamente a que el soporte documental fue cuando menos insuficiente, así como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o 'por su gente'", como dijo Ignacio González en una de las conversaciones intervenidas.

Una propuesta de Bravo

Según Anticorrupción, hay "indicios de que la solicitud del acuerdo de adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente [de la que entonces dependía el Canal] a propuesta del consejero de Hacienda Juan Bravo Rivera fue elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la adquisición de Inassa, con el consiguiente desvío de capitales públicos".

Todo ello, afirma la Fiscalía, fue conocido por Ignacio González a partir de 2003, cuando se le nombró vicepresidente de la CAM y responsable del Canal. "Hasta tal punto conocía la operación que ordenó una investigación forense al despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido", añaden los fiscales. Ese informe, pagado con fondos públicos, "se ocultó" en su día pero ha aparecido en los registros judiciales practicados el pasado 19 de abril, cuando el expresidente de la Comunidad de Madrid fue detenido.

Ignacio González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público (es decir, proceder a la denuncia de los hechos ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial competente), lo ocultó y continuó abonando con dinero público las cuotas del préstamo que se concertó con las entidades BBVA y Caja Madrid", pago que se prolongó hasta 2012.

A su juicio, esa forma de actuar "sólo puede responder", de un lado, a "la connivencia que González tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición de Inassa", connivencia que "podría reportarle beneficios económicos o políticos. Y, de otro, "a la oportunidad de negocio que el propio Ignacio González apreció en la operación, oportunidad que presuntamente repitió en el año 2013 con la sociedad brasileña Emissao".

En todo caso, para los fiscales la "impunidad" en una operación "del calado e importancia" de la compra de Inassa "sólo fue posible con la connivencia a un máximo nivel en la comunidad autónoma".

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170511/215229012_0.html

LA BÚSQUEDA DEL SUPUESTO PAGO EN SUIZA A IGNACIO GONZÁLEZ ABRE UNA LÍNEA DE CONEXIÓN ENTRE 'LEZO' Y 'GÜRTEL'

El juez de la 'Operación Lezo' incorpora al sumario la rogatoria que destapa cómo el empresario a quien se atribuye el encargo de transferir 1,4 millones de OHL al expresidente de Madrid ya había enviado fondos a Luis Bárcenas en 2008

Los investigadores rastrean los papeles enviados por Suiza sobre los movimientos de la cuenta que poseía en el ABN Amro la sociedad Frankford Trade Inc, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes y propiedad de Adrián de la Joya

Los documentos remitidos a España, a los que ha accedido infoLibre, muestran trasvases a la compañía panameña Lauryn Group, ahora bajo la lupa en la operación contra González y también ligada a De la Joya

Las búsqueda del supuesto pago de 1,4 millones a Ignacio González que los investigadores del caso Lezo atribuyen a OHL como soborno por la concesión del tren de Navalcarnero (Madrid) ha tenido ya una consecuencia de alcance todavía desconocido. El juez Manuel García Castellón, y tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción desvelada este lunes por infoLibre, ha incorporado al sumario de Lezo la abultada documentación remitida por Suiza mediante comisión rogatoria y que a finales de 2016 destapó en Gürtel, ya con el juicio iniciado, un dato hasta entonces inédito.

Ese dato que ahora tiende un puente que vincula los casos Gürtel y Lezo es el siguiente: que Adrián de la Joya, el empresario sobre quien recaen las sospechas de que usó una sociedad panameña, Lauryn Group, para mediar en el hipotético soborno de OHL y lograr que el dinero llegase a Ignacio González, ya había transferido fondos a Luis Bárcenas en diciembre de 2008. Exactamente, 50.000 euros. También en Suiza. En ese caso, a través de una de las cuentas –Obispado– de la constelación financiera que giraba en torno al extesorero del PP y que llegó a ocultar 47 millones de euros, propiedad exclusiva de Bárcenas –ese es su relato– y de varias personas de su entorno, todas ellas vinculadas en algún momento a las finanzas del partido salvo su esposa.

Las fuentes consultadas por este diario han confirmado la incorporación de la rogatoria suiza que el tribunal que juzga la llamada Primera Época de Gürtel recibió en noviembre y que ha aportado con celeridad todos los documentos requeridos para la instrucción de Lezo. Los papeles de Suiza no solo constatan la transferencia a la cuenta de Obispado –oficialmente, titularidad de Francisco Yáñez, fallecido en 2014 y considerado testaferro de Bárcenas– sino que muestran los movimientos de dinero entre la cuenta que De la Joya poseía en el ABN Amro a nombre de Frankford Trade Inc, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, y la compañía panameña Lauryn Group, ahora bajo la lupa en la operación contra González y también ligada al empresario. Tantmo en la transferencia de 50.000 euros a Bárcenas como en distintos traspasos de fondos a Lauryn Group intervino Frankford, como certifican los documentos de la comisión rogatoria.

Villar Mir y su mensaje de cooperación

Las mismas fuentes han confirmado igualmente que los cuatro tomos que configuran la rogatoria ya están sometiéndose a análisis. Pero responden con cautela a la pregunta de si la presencia de Adrián de la Joya en ambas operativas obedece a una simple y estricta casualidad o si la línea que ahora se abre establece un nexo de relevancia entre ambos casos, Lezo y Gürtel. En distintas piezas de ambos, al igual que ocurre en Púnica, se investiga la financiación del PP. ¿Aportará algún elemento novedoso Juan Miguel Villar Mir, fundador y jefe histórico de OHL, y quien, como publicó este lunes infoLibre, acaba de lanzar el mensaje de que quiere "cooperar con la justicia"? De nuevo, es pronto para aventurarse, opinan quienes siguen el caso de cerca.

Todavía, viene a ser la respuesta de los investigadores, no se sabe si bajo ese puente que ahora conecta Lezo y Gürtel hay material explosivo capaz de dibujar una línea continua y de reabrir incógnitas sobre el verdadero sentido de los pagos ocultos en Suiza y la verdadera identidad de los beneficiarios de las cuentas opacas o si, por el contrario, todo es fruto del azar.

OHL admite que en noviembre de 2007 transfirió a De la Joya desde México el equivalente en dólares a 1,6 millones de euros, aunque niega de manera taxativa que aquello fuese algo distinto a un movimiento inscrito en el tráfico comercial ordinario. Según el diario El Mundo, De la Joya sostiene que Javier López Madrid, consejero delegado de OHL, yerno del fundador y cabeza visible del grupo, Juan Miguel Villar Mir, e imputado en Púnica y Lezo, le envió 1,4 millones con la indicación de que podía quedarse un tercio y entregar el resto al "hombre de Ignacio González": Ildefonso de Miguel, mano derecha del político durante su etapa al frente del Canal de Isabel II. Pero, según De la Joya, como OHL le debía dinero por un trabajo en África, se lo quedó todo.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/20/la_busqueda_del_supuesto_pago_suiza_ignacio_gonzalez_abre_una_linea_conexion_entre_lezo_gurtel_69708_1012.html

EL JUEZ QUE INVESTIGA A IGNACIO GONZÁLEZ PIDE INFORMACIÓN DE UN PAGO DE 50.000 EUROS A BÁRCENAS

El magistrado del 'caso Lezo' ha reclamado, a petición de los fiscales, toda la documentación enviada por Suiza al procedimiento de 'Gürtel' sobre las cuentas de la empresa Frankford Trade Inc, que recibió 1,4 millones de OHL tras la adjudicación del ferrocarril Móstoles-Navalcarnero con destino al expresidente madrileño.

Los casos Lezo y Gürtel ya tienen un punto de unión. Eloy Velasco, el anterior instructor del caso en el que se investiga al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, solicitó el 6 de abril a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "toda la documentación" que obra en el sumario del caso de la trama encabezada por Francisco Correa sobre la firma Frankford Trade INC, propietaria de la cuenta de una cuenta en Suiza en la que la constructora OHL habría abonado la comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación de la construcción de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero, según consta en un auto de 6 de abril al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, recibió esta documentación de Suiza con la intención de esclarecer el motivo por la que esta firma, propiedad del empresario Adrián de la Joya, había abonado 50.000 euros a la cuenta Obispado, cuyo titular era el extrabajador de la Tesorería del PP Francisco Javier Yáñez, ya fallecido, que era padre del principal testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez.

Los movimientos bancarios remitidos por las autoridades del país helvético al caso Gürtel, tal y como publicó este diario, acreditan que a finales de 2008, De la Joya, expresidente de Telson y exvicepresidente de Avanzit, abonó a Yañez la citada cuantía que era para el exgerente popular y ésta fue entregada a su vez a Bárcenas, quien dio instrucción para que esos 50.000 euros se transfiriesen a la cuenta abierta a nombre de su esposa Rosalía Iglesias en el Lombard Odier.

Los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Iañez Martínez reclamaron el pasado 6 de abril al magistrado Velasco que pidiera esta documentación que obra en el sumario de Gürtel al considerar que la información de dichas cuentas "es importante para avanzar en la línea de investigación vinculada al pago de comisiones por la mercantil OHL, por la adjudicación del contrato para la construcción y posterior concesión de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero".

Un escrito de Bárcenas
Pero los fiscales, en su petición, que fue atendida por completo por el juez Velasco, reclamaban que además de los miles de documentos remitidos por las autoridades helvéticas se solicitara "el testimonio de todos aquellos particulares que legitimaron la solicitud de dicha información a Suiza, incluido el escrito presentado por el Ministerio Fiscal de 6 de noviembre de 2014 que despachaba el traslado del escrito en representación de Luis Bárcenas".

En noviembre de 2014, el juez Pablo Ruz cursó a Suiza una Comisión Rogatoria para averiguar quién estaba detrás de la empresa Frankford Trade y cuál era el origen del dinero. En la citada documentación se detallan cientos de entradas y salidas de dinero de dicha mercantil perteneciente al matrimonio compuesto por el empresario de la jet set Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y su esposa Cristina Fernández Longoria, domiciliada en la Isla de Tórtola.

En su declaración como imputado, el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir negó ante el juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, saber nada de un supuesto pago de 1,4 millones de euros a Ignacio González por interceder para la adjudicación a su empresa de la construcción del tren entre Navalcarnero y Móstoles (Madrid).

Instrucciones a Trabada
Sin embargo, en unas anotaciones de Javier López Madrid que obran en la causa figura que el yerno de Villar Mir, que trabajaba en OHL cuando la constructora optaba al concurso, tendría que dar unas indicaciones a Jesús Trabada acerca "de un tercero llamado Nacho", que podría referirse al expresidente madrileño.

Jesús Trabada era entonces el consejero delegado de la ahora desaparecida empresa pública Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), encargada de valorar los candidatos que optaban a la obra.

http://www.vozpopuli.com/espana/Ignacio-Gonzalez-Gurtel-informacion-pago-Barcenas-caso-Lezo_0_1064294687.html

EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA, CAZADO CON IGNACIO GONZÁLEZ

Fernando Benzo, número dos de Íñigo Méndez de Vigo, se citó en junio de 2016 con el ex presidente de la Comunidad de Madrid, encarcelado por el caso Lezo. Cultura asegura que fue por motivos de "asesoramiento laboral".

Ese día no pidieron “el mejor gin-tonic del barrio de Salamanca”. Se quedaron en un café largo en El Velázquez, un “moderno espacio con paredes de papel pintado” con motivos vegetales. Son los que aparecen en el fondo de las fotografías tomadas por la Guardia Civil durante la cita que mantuvieron, el siete de junio de 2016, el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, con Ignacio González.

El cabecilla de la operación Lezo, considerado por la Fiscalía Anticorrupción como responsable de una organización criminal dedicada al cobro y blanqueo de comisiones ilegales, estaba sometido a un fuerte dispositivo de vigilancia las 24 horas. Aquel día, a las 9:45, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL al revisar los informes de la Guardia Civil obrantes en la investigación del caso, Ignacio González mantuvo una reunión de una hora “con un individuo sin identificar y que tras salir de la cafetería ocupó como pasajero el vehículo marca Volvo modelo S60 de color verde”, con matrícula reservada por ser un coche escolta. A la Guardia Civil le llamó la atención la cita lo suficiente como para incluirla en los informes del caso.

Ese individuo sin identificar no es otro que el actual responsable de la gestión de las cuentas de la Cultura en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que dirige Íñigo Fernández de Vigo. Cuando se reunió con González en libertad, Benzo era subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La mano derecha de Méndez de Vigo, sobre todo, en asuntos educativos. Unos meses después, en noviembre, sustituyó a José María Lassalle, en el cargo de máximo gestor de las cuentas culturales públicas.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Cultura para conocer el contenido de la cita, y aseguran que la cita fue para despejar las dudas de González. "Quería saber cómo los funcionarios que habían estado a su servicio podían volver a su puesto original en la administración", explican. Una pregunta de asesoramiento laboral para recolocar a los hombres de confianza del condenado, que se alargó durante una hora.

Cuando Benzo concede la cita a González en el restaurante mencionado, el que fuera líder de los populares madrileños era un cadáver político, retirado como candidato del PP a las Elecciones autonómicas de mayo de 2015. La sombra de su fraude en el ático de Marbella era escandalosa y en marzo de 2016 fue imputado por el juzgado de instrucción número 5 de Estepona (Málaga), por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

En medio del derrumbe de una de las figuras políticas más corruptas de la historia de la democracia española, Benzo -que entre sus cargos destaca el de asesor del Gabinete del Ministro del Interior durante cinco años y director del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad y secretario general Técnico- decidió reunirse con el sospechoso número uno. De hecho, González limpió su casa y su despacho de micrófonos en octubre, gracias a un soplo que le advirtió de la situación de vigilancia total. Contrató a una agencia de detectives de confianza para que barriera de escuchas su inmueble, en el número 89 de la calle Alcalá.

La conversación no ha trascendido, aunque González es marido de Lourdes Cavero, dueña del 50% de la casa de subastas Segre -su socia, Carmen Cafranga, ha sido condenada por las tarjetas 'black'- y Benzo podría haber incurrido en un conflicto de intereses, por sus responsabilidades en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

https://www.elespanol.com/cultura/20170913/246475913_0.html

LA UCO CONCLUYE QUE INDRA DESVIÓ 600.000 EUROS PÚBLICOS AL PP CON EMPRESAS PANTALLA

Los investigadores del caso Lezo descubren que la tecnológica del Ibex 35 pagó presuntamente a proveedores electorales del Partido Popular por servicios inexistentes

La presunta trama corrupta que lideraba Ignacio González y que se investiga en la operación Lezo tiene una importante derivada que salpica a la multinacional tecnológica española Indra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido de forma preliminar que la compañía tuvo un papel decisivo en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, facilitando la entrada de más de 600.000 euros en su caja B a través de una compleja red de empresas instrumentales. La mecánica habría funcionado al menos entre 2011 y 2013, con Javier Monzón aún al frente de Indra (dejó la presidencia en enero de 2015), y supuestamente se alimentó con fondos que salieron del erario público mediante adjudicaciones infladas.

Los agentes sitúan el origen de esta enésima red de dinero opaco del PP en el ente público ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid), responsable de implantar y mantener los sistemas tecnológicos que utiliza la Administración regional. Para cumplir con esa función, ICM subcontrató a Indra trabajos por valor de 16,1 millones de euros en 2011, de 13,2 millones en 2012 y, por último, de 15 millones en 2013. Sin embargo, los pinchazos telefónicos, los datos recabados durante la instrucción del caso Púnica —donde también se investiga la caja B del PP de Madrid— y la declaración de un antiguo directivo de ICM, Silvano Corujo, alertaron a la UCO de que el valor real de esos servicios era muy inferior al pagado por el Ejecutivo madrileño. La diferencia habría terminado en Génova.

La reconstrucción de las relaciones comerciales de Indra con empresas proveedoras del PP ha confirmado esas sospechas, según recoge un informe de la Guardia Civil del pasado 10 de abril al que ha tenido acceso este diario. El dinero público de ICM se transfirió a Indra a través de las adjudicaciones y, posteriormente, esta compañía participada por el Estado contrató una supuesta firma de formación, Formaselect, que actuó como simple tapadera.

En 2012, por ejemplo, Indra pagó servicios a la sociedad por importe de 566.497 euros. La cifra constituye el 99,4% de todo lo que facturó en ese ejercicio Formaselect, una mercantil propiedad del empresario Óscar Sánchez Moyano, también investigado. En 2013, Indra se prestó a realizar la misma operación. Del dinero en contratos que le adjudicó ICM ese año, al menos 121.000 euros volvieron a salir rumbo a Formaselect, el 90,1% de lo que ingresó esa firma en ese otro ejercicio. No hay ningún dato que avale que Indra recibió algún tipo de prestación a cambio de esos pagos. De hecho, ni siquiera consta que Formaselect haya tenido nunca algún empleado.

Los investigadores precisan que esa empresa instrumental se integraba en un grupo mercantil controlado por Sánchez Moyano que prestó servicios al PP de Madrid en las autonómicas de 2011. Una de las mercantiles de ese 'holding', Troyano Marketing y Diseño SL, por ejemplo, facturó en esa campaña 200.069 euros a los populares madrileños. En 2012, sin embargo, fue el PP nacional el que contrató a otra empresa de ese grupo. En concreto, según las pesquisas de la UCO, Génova abonó 10.043 euros en supuestos servicios de funcionamiento ordinario a Braveheart SL, propiedad igualmente de Sánchez Moyano. Los investigadores apuntan que el dinero abonado por Indra a Formaselect pudo servir para cubrir trabajos realizados al PP por ese mismo grupo que nunca fueron declarados por la formación.

La trama era aún más compleja. En la mayoría de ocasiones, el dinero de Indra no fue directamente a Génova a través del 'holding' de Sánchez Moyano, sino que intervino un segundo empresario para dificultar el rastreo de estas operaciones. Se trata de Juan Miguel 'Juancho' Madoz Medina, dueño de la agencia de publicidad Swat SL y otras mercantiles del sector como Pamaz Imagen SL, Strat Map SL y The Cell Core SL. La UCO resume la operativa en dos esquemas incorporados al sumario. En el año 2012, de los 13,2 millones que pagó ICM a Indra, 566.497 euros salieron luego hacia Formaselect y, automáticamente, una cifra casi idéntica, 562.400 euros, se movió de nuevo a Swat SL y el resto de empresas del grupo. En el segundo esquema, correspondiente a 2013, los investigadores reflejan que de los 15 millones abonados por ICM a Indra, la cotizada movió 121.000 euros al grupo de Sánchez Moyano que, nuevamente, movió esa misma cantidad al grupo de Juancho Madoz.

Las empresas de este último figuran como proveedoras del PP nacional. En 2011, Génova pagó a Swat SL un total de 21.140 euros. En 2012, la cifra aumentó a 95.530 euros. Y, finalmente, en 2013 abonó otros 21.780 euros. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil sostienen que, en realidad, el valor de los trabajos realizados por ese grupo para el PP también era mucho mayor y que la diferencia se saldó con el dinero que llegó a esas mismas empresas a través de Indra. En total, la compañía del Ibex 35 habría contribuido a que proveedores de los populares recibieran de forma presuntamente irregular 687.497 euros que salieron de ICM, es decir, de los presupuestos madrileños.

La UCO atribuye a Ignacio González un papel clave en esta trama. Considera que fue el expresidente madrileño el que ordenó en 2012 al entonces consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, que adjudicara a Indra contratos inflados para poder saldar las deudas que había contraído el PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2011. El propio Martínez Nicolás, imputado ya en Púnica por otro presunto desvío de fondos de ICM, también está investigado en Lezo. Además, el informe implica al ex director general de Estrategia de Indra Santiago Roura y al director de Procesos Electorales de la misma compañía, Jesús Gil Ortega, entre otros.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-19/uco-concluye-indra-financio-pp-madrid-empresas-pantalla_1445621/

VILLAR MIR, INVESTIGADO POR EL SUPUESTO SOBORNO A IGNACIO GONZÁLEZ EN EL 'CASO LEZO', SE OFRECE A COOPERAR

Los investigadores observan con cautela las maniobras de acercamiento del dueño de OHL, figura clave para avanzar en las pesquisas sobre el presunto pago de 1,4 millones en Suiza a cambio del contrato que su empresa logró para el tren a Navalcarnero

Imputado primero en los 'papeles de Bárcenas' por presunta financiación del PP, luego en el caso balear de 'Son Espases', ya archivado para él, ahora en 'Lezo' y con su yerno también bajo sospecha en 'Púnica', el empresario comienza a tantear la posibilidad de un acuerdo

Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL e investigado sucesivamente por presunta financiación del PP en distintas causas, ha lanzado un mensaje a los investigadores de la Operación Lezo: dice estar dispuesto a cooperar con la justicia. Fuentes del caso han confirmado que Villar Mir, quien declaró hace una semana por una de las piezas de Lezo, ha transmitido en efecto ese propósito. El conato de oferta ha sido recibido con máxima cautela. Y puede ser perfectamente un brindis al sol, asegura una de las fuentes consultadas por infoLibre. Este diario no logró localizar este viernes por la tarde al abogado de Villar Mir.

De ser cierta esa voluntad de cooperación, el testimonio del empresario podría resultar clave para esclarecer uno de los episodios más graves que la Fiscalía Anticorrupción y la UCO examinan en esta operación de largo alcance bajo la batuta del juez Manuel García Castellón, que heredó de Eloy Velasco la instrucción del caso antes del verano. Y ese episodio no es otro que el presunto pago de un soborno de 1,4 millones que Ignacio González habría podido recibir en Suiza en 2007 a cambio de que OHL resultara adjudicataria de uno de los grandes proyectos de infraestructura del Gobierno de Madrid, la construcción del tren Móstoles-Navalcarnero. En su declaración judicial del 12 de septiembre Villar Mir negó de forma taxativa cualquier participación en ningún soborno. La trayectoria de distintos grandes casos de corrupción de los últimos años indica que la Fiscalía Anticorrupción solo se aviene a sellar los llamados acuerdos de conformidad si el interesado en alcanzarlo ofrece información realmente valiosa.

Aunque lo sucedido con el pago de OHL en Suiza permanece envuelto en una densa niebla, lo que a día de hoy parece fuera de duda es lo siguiente: que, en efecto, OHL transfirió el dinero –la empresa así lo ha admitido pero niega que hubiera en ello la menor ilegalidad– a una cuenta suiza abierta en el Anglo Irish Bank de Ginebra a nombre de la sociedad panameña Lauryn Group. Esa sociedad guarda relación con el empresario Adrián de la Joya, un conspicuo miembro de la jet durante los años del cambio de siglo y fue constituida en el país del istmo centroamericano por uno de los grandes bufetes especializados en sociedades opacas, Igra. El trípode Anglo Irish Bank-Lauryn Group-Igra saltó a la palestra en 2009 con la difusión del vídeo que unos detectives grabaron de manera subrepticia durante un viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias (Colombia) en el verano del año anterior.

Por lo que ha trascendido hasta el momento, De la Joya –que declaró en abril como imputado en Lezo– declaró que Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir e igualmente investigado en el caso, le transfirió el dinero para que llegase a manos de Ignacio González. Pero que no efectuó ese traspaso porque OHL le adeudaba ciertas cantidades por unos trabajos desarrollados por él mismo en África, así que se quedó los fondos.

En uno de los primeros informes policiales sobre lo que luego se convirtió en la Operación Lezo, y al repasar aquel viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias en agosto de 2008, la UCO hace constar la triple coincidencia –fecha aproximada de creación, 2005; bufete que acometió los trámites, Igra; y testaferro profesional, Harmodio Herrera– entre Lauryn Group y la fundación panameña Sinequeanon, utilizada por Luis Bárcenas para ocultar pagos en Suiza. No ha trascendido si esa serie de coincidencias son fruto estricto de la casualidad o no, pero hay una cuarta.

Y esa cuarta coincidencia aparece en el escenario de la Operación Lezo: el 6 de abril de este año, dos semanas antes del estallido del caso por el que Ignacio González permanece desde entonces en prisión incondicional, los dos fiscales encargados del caso pidieron al juez Eloy Velasco que reclamase al tribunal que juzga la llamada Primera Época de Gürtel toda la información remitida por Suiza sobre una cuenta abierta en el ABN Amro de Zurich a nombre de Frankford Trade Inc., una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes. Y resulta no solo que Frankford Trade pertenece a Adrián de la Joya sino que en 2008 transfirió 50.000 euros a una de las cuentas suizas del entorno de Bárcenas: Obispado, oficialmente propiedad de Francisco José Yáñez, fallecido en 2014 y que durante años había trabajado en la tesorería del PP.

¿Pertenece al campo de la casualidad que el mismo empresario que, según los investigadores, tenía la misión de hacer de intermediario entre OHL e Ignacio González, a quien la investigación atribuye no solo maniobras para enriquecerse sino también para financiar al PP madrileño, aparezca en Gürtel con una transferencia de 50.000 euros que, según aseguró él mismo a infoLibre en diciembre, respondía a un simple préstamo altruista y nunca devuelto a un histórico del equipo de Luis Bárcenas, Francisco Javier Yáñez? Este diario carece de datos que puedan proporcionar una respuesta.

Varada desde 2010, la construcción de la línea Móstoles-Navalcarnero y la hipotética comisión ilegal atribuida a OHL mantiene también en el pelotón de investigados de la Operación Lezo a su yerno, Javier López Madrid, que ya estaba imputado en Púnica. Amigo de los reyes, su nombre quedó reflejado en la agenda de Francisco Granados junto a elevadas cantidades que la Guardia Civil y la Fiscalía consideran pagos al PP.

Y si López Madrid aparece en la libreta del antiguo número 2 del PP de Madrid, a quien tuvo como invitado en el yate que figuraba a nombre del empresario, el nombre de su suegro, ministro postfranquista de Hacienda, es uno de los que emergió tras conocerse los papeles de Bárcenas: los manuscritos del extesorero del PP recogen tres supuestos pagos de OHL que suman más de medio millón y que Villar Mir negó categóricamente cuando declaró como imputado por esa causa.

En abril, a punto de estallar la Operación Lezo, la Fiscalía Anticorrupción pidió el sobreseimiento provisional de la imputación que pesaba sobre Villar Mir en otras diligencias: el caso Son Espases, bautizado así por el mayor hospital de Baleares y cuya adjudicación investigaba el juez José Castro. Antiguos altos cargos del Govern balear declararon haber recibido órdenes del expresidente Jaume Matas para adjudicar la obra a OHL, aunque eso no llegó a ocurrir. Las informaciones que apuntaban a que Matas podía haber recibido instrucciones de la sede central del PP para favorecer a OHL como donante del partido no han sido corroboradas. En junio, el juez Castro dictó así el sobreseimiento provisional para el empresario.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/16/villar_mir_investigado_por_supuesto_soborno_ignacio_gonzalez_caso_lezo_ofrece_cooperar_69583_1012.html

EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA LOS SOBORNOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Pablo González, hermano del ex presidente madrileño Ignacio González, saliendo del cuartel de la Guardia Civil el pasado 21 de abril.

Admite mordidas por el campo de golf del Canal de Isabel II y acusa a Rodríguez Sobrino de "funcionar a golpe de comisión"

Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha admitido ante la Audiencia Nacional la existencia del cobro de comisiones ilegales en varios contratos públicos de la Administración regional. Entre ellos, la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II, en pleno centro de la capital, una operación en la que admite haber participado.

Según González, que se encuentra en libertad bajo fianza desde el pasado mes de julio y a cuya declaración ha tenido acceso EL MUNDO, él mismo intervino en el cobro de comisiones a través de sus empresas a cambio de la adjudicación de la referida instalación deportiva. Los pagos, señaló, fueron realizados como «agradecimiento» por parte de la empresa adjudicataria, Dragados, a cambio de «gestiones realizadas con funcionarios de la Comunidad de Madrid».

Siempre según su testimonio, los fondos fueron pagados a una sociedad participada con él, Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, y entregados acto seguido a terceros, entre los que apuntó a Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable del Canal en Latinoamérica. «Él pudo ser uno de los beneficiarios», señaló en su declaración, al tiempo que dijo desconocer la identidad del resto. En esta operativa no implicó a su hermano Ignacio, que era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y responsable del Canal cuando se construyó el campo, de quien afirmó que no le consta que participara en ilegalidad alguna en este asunto.

Detalla el pago por "gestiones en la Comunidad" a cambio del contrato

No obstante, admitió que él sí se acabó quedando una parte de esas «comisiones de agradecimiento». No porque realizara gestión alguna para conseguir el negocio con cargos públicos, se encargó de matizar, sino por sus labores de intermediación. Es decir, por ceder su sociedad para la operación. Pero también, dijo, en concepto de «trabajos que se le adeudaban» y que le fueron abonados con cargo a estos fondos. Por ello aseguró haber percibido «una cantidad próxima pero inferior a 100.000 euros» que le fue entregada en metálico después de que el administrador de la sociedad sacara el dinero de la entidad bancaria.

Pablo González tomó la decisión de colaborar con la Justicia poco antes de abandonar la prisión de Soto del Real hace dos meses y extendió su confesión a otras operaciones vinculadas con la Comunidad de Madrid.

Esta confesión no es la primera que tiene lugar en el caso Lezo. Estuvo precedida por la de Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue adelantada por EL MUNDO.

Dice que participó en la operación al ceder una sociedad y que cobró por ello

En su comparecencia, el ex consejero del diario La Razón admitió abiertamente haber percibido un soborno de 2,7 millones de euros mediante dos sociedades suizas bajo su control en el marco de la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. Una operación en la que los investigadores sostienen que medió un importante sobreprecio, que ha sido confirmado por este imputado, al que el juez mantiene todavía en prisión aunque separado de González en un centro penitenciario distinto.

Siempre según Sobrino, el dinero del soborno de Emissao se dividió en tres lotes de 900.000 euros: uno para él, otro para el ex delegado del Gobierno en Ceuta Vicente Moro y el tercero para Ignacio González. Con respecto a este último indicó que el dinero nunca fue retirado por el ex presidente madrileño aunque lo mantuvo intacto «a su disposición». Un extremo que el ex presidente González niega tajantemente y asocia a un intento de Rodríguez Sobrino por salvar a toda costa a su hija, imputada también en el caso Lezo.

Anticorrupción ha exigido tanto a González como a Rodríguez Sobrino que documenten sus afirmaciones para que les sean aplicados los atenuantes de confesión.

Este periódico se puso en contacto con la defensa de González, representada por el letrado Juan Alberto Díaz, que no quiso hacer declaraciones.

Compra de Emissao

Confirma las comisiones de Sobrino y sus testaferros

González también ha confesado comisiones a nivel internacional en operaciones llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid. En este sentido volvió a señalar, esta vez de manera mucho más contundente, al ex responsable de la empresa de aguas madrileña en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, al que acusó de percibir comisiones ilícitas en la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao. Llegó a señalar incluso al brasileño Sebastiao Cristovam, que hizo de agente en la operación, como su testaferro. «Edmundo funcionaba a golpe de comisión en el extranjero», declaró al juez.

Actividad de Mercasa

Revela los sobornos por el mercado angoleño de Luanda

Pablo González ha decidido colaborar también en la investigación judicial abierta en torno a las irregularidades de la empresa pública Mercasa. Con respecto a esta entidad, en la que ocupó el puesto de consejero, ha detallado el pago de comisiones a funcionarios angoleños a cambio de la construcción de un mercado en Luanda y ha implicado en la trama a otros responsables de la empresa pública y al prófugo de la justicia española Guillermo Taveira. En este sentido el hermano del ex líder popular madrileño ha relatado que llegó a elaborar un informe interno denunciando la corrupción existente.

Trabajos inexistentes

Reconoció servicios fantasma para encubrir las comisiones

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en los cobros de sociedades vinculadas a Pablo González, como Tecnoconcret o Asesora 25 -en la primera es accionista y en la segunda, apoderado- procedentes de constructoras como empresas como Dragados o Urbaser. Los investigadores han detectado pagos de importantes cantidades que consideran que no corresponden a servicio profesional alguno. Este extremo ha sido confirmado por el hermano del ex presidente madrileño, que ha reconocido que lo que él denomina «comisiones de agradecimiento» fueron camufladas como trabajos fantasma.

https://amp.elmundo.es/espana/2017/09/23/59c56fcc46163f79048b462d.html

IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ EN FALSO SERVICIOS JURÍDICOS A UNA VIUDA AMIGA

La UCO defiende que los conceptos reflejados no se corresponden con la realidad y esconden una operativa de blanqueo entre personas del círculo más estrecho de González

El sumario de la operación Lezo desvela nuevos detalles del sistema de facturación "triangular" presuntamente falsa que se les imputa al expresidente de la Comunidad de Madrid y a otros investigados en el marco de la trama de blanqueo de capitales. Durante la declaración ante la Guardia Civil de uno de los participantes en estos pagos cruzados bajo sospecha, el abogado y exsecretario de Estado de Industria y Energía José Manuel Serra Peris intentó justificar dos transferencias por un importe superior a los 40.000 euros que realizó a González con la explicación de que se le abonaron por su labor de asesoramiento a la viuda de un amigo.

La facturación a tres bandas bajo sospecha implica, además, al empresario Jaime Antoñanzas, administrador de la sociedad Comunica +A Agencia de Publicidad, y también imputado en la causa. Según la teoría de la Unidad Central Operativa (UCO), los conceptos reflejados no se corresponden con la realidad y esconden una operativa de blanqueo entre personas del círculo más estrecho de González.

Los lazos entre Serra Peris y el expresidente madrileño se remontan a 1996, cuando se conocieron porque coincidían en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios de los ministerios respectivos en los que trabajaban por aquel entonces. Se sentaron codo con codo durante cuatro años y fueron haciendo amistad. Después de aquello, siguieron manteniendo una relación personal y, con motivo del nombramiento de González como vicepresidente de la CAM, su amigo accedió al consejo de administración del Canal.

Por su vinculación con el Canal de Isabel II, el excargo del Gobierno de Aznar se encuentra en el centro de la pesquisas sobre presuntas irregularidades relacionadas con la compra de la brasileña Emissao y el desvío de comisiones que fueron a parar a los bolsillos del cabecilla de la red y sus colaboradores. La UCO detectó que una de sus empresas, Asecon, mantuvo una doble facturación durante el año 2016 con González y con la empresa de Antoñanzas Brothers Comunica.

Durante el interrogatorio, Serra Peris trató de justificar estas facturas y explicó que prestó de forma conjunta con su amigo servicios de asesoramiento, redacción de un protocolo familiar y transmisión de acciones para modificar los porcentajes del grupo de los Antoñanzas tras la muerte de uno de los hermanos, Pablo. Tras reconocer que no firmó con el expresidente madrileño contrato alguno por esta "colaboración", explicó a los agentes que el fallecido era amigo íntimo de Ignacio González, que mantenía "muy buena interlocución con su viuda", y prefería que fuera él quien se ocupara.

Los agentes preguntaron por los motivos que le llevaron a facturar a Brothers Comunica de forma directa y, después, abonar su parte a González en otras dos facturas, a lo que el imputado contestó que al predecesor de Cristina Cifuentes en la CAM le faltaba "práctica en el ejercicio de la abogacía y solicitó su ayuda para que le orientara". A continuación, precisó que su empresa, Asecon, tenía contrato con los Antoñanzas para la prestación de este servicio. En 'emails' intervenidos durante la operación Lezo, Serra le indica a González cómo facturar los servicios y le dice: "Nacho, no te líes, la factura me la tienes que enviar tú a mí".

Durante el interrogatorio, los agentes preguntaron también a Serra Peris si facilitó información al hombre fuerte de la trama en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, sobre la petición de datos formulada por la Fiscalía española a la Fiscalía suiza ante las sospechas de la UCO de que fue una de las personas que alertaron de que había una investigación en marcha. El investigado aseguró que no conocía estos contactos y no le informó "de nada", aunque sí le contó que se había interpuesto una denuncia por parte del Canal.

La UCO reflejó en el acta previa a la toma de declaración que había quedado evidenciado que el interrogado participó "en presuntas prácticas de blanqueo de capitales en favor de Ignacio González a través de la empresa Comunica Más A", y que intermedió en una facturación triangular "sobre la que se han recabado numerosos indicios que apuntan a que sería ficticia". También la mujer de González, Lourdes Cavero, recibió retribuciones de las empresas de los Antoñanzas, añadía la Guardia Civil, que precisaba: "El objetivo era justificar ingresos y aflorar dinero en efectivo de origen indeterminado".

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-20/lezo-ignacio-gonzalez-viuda-facturacion-negro_1446221/

CIFUENTES DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE GONZÁLEZ, SIN NOMBRARLE

La Presidenta madrileña cree que cualquier persona, incluso "el peor asesino" merece la presunción de inocencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha subrayado hoy que al exjefe del Ejecutivo autonómico Ignacio González "se le tiene que aplicar" la presunción de inocencia, "porque así lo dice el Estado de derecho", aunque no ha querido mencionar su nombre, como ya viene ocurriendo desde que ingresase en prisión preventiva en el mes de abril.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Cifuentes se ha referido así a su antecesor en la Presidencia regional, a quien la Audiencia Nacional decidió el pasado 25 de agosto mantener en prisión imputado en el caso Lezo porque maneja una "ingente cantidad de fondos de origen delictivo" y a medida que avanza la investigación se van afianzando las pruebas contra él.

"La presunción de inocencia es un asunto que no está en discusión por parte de nadie", ha respondido Cifuentes al ser preguntada por si confía en la inocencia de González después de que, como hoy publica el diario El Mundo, Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre fuerte del expresidente madrileño en Latinoamérica, haya tirado de la manta, al confesar al juez que cobraron comisiones en Suiza.

La presidenta madrileña ha resaltado "la colaboración total y absoluta" de la Comunidad y el Gobierno regional con la Justicia.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico está personado en el caso Lezo como acusación particular y que defenderá el interés general de los madrileños que haya podido verse perjudicado por la acción de determinadas personas que deben ser juzgadas.

http://cadenaser.com/emisora/2017/09/05/radio_madrid/1504620922_554592.html

EL PADRE DE IGNACIO GONZÁLEZ Y LA HIJA DE EDMUNDO RODRÍGUEZ, LOS PRIMEROS DE LOS 51 INVESTIGADOS EN DECLARAR

La Fiscalía afirma que la hija de Rodríguez ayudó a su padre a blanquear dinero, y que el expresidente Madrileño utilizó a su padre con el mismo fin

Estaba previsto que las declaraciones comenzaran el 12 de septiembre, pero se han adelantado por motivos de salud: el padre de González es nonagenario y la hija de Rodríguez en avanzado estado de embarazo

El padre del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y la hija del presidente de Inassa, filial del Canal Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, han declarado este martes ante el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en el marco de la 'operación Lezo'. Son los primeros de los 51 investigados en la causa en comparecer ante el magistrado.

La ronda de declaraciones estaba prevista que comenzase el próximo martes, día 12 de septiembre; pero su inicio se ha adelantado a este martes a petición de los familiares del expresidente regional y de su hombre fuerte en los negocios en Latinoamérica por motivos de salud, según han hecho saber fuentes jurídicas, de lo que se hace eco Europa Press.

El padre de González, Pablo González Liberal, tiene una avanzada edad y la hija de Edmundo Rodríguez, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, está embarazada en avanzado estado.

El anterior juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que comenzó a investigar la causa, imputó a un total de 68 personas y citó a declarar a 51 de ellas, entre las que se encuentran el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez; la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero; las sobrinas de ésta y el propietario de la empresa Licuas, Joaquín Molpeceres.

El interrogatorio a Rodríguez, previamente citada a declarar el día 22 de septiembre, guarda relación a la pieza principal del caso Lezo —inicialmente compuesto por seis piezas, aunque la última de ellas relativa a Mercasa fue remitida al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional que ya investigaba a esta empresa— que estudia la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II con las adquisiciones con desvío de dinero público de Inassa y Emissao.

Manipulación de contratos

El auto del juez Velasco explica que Rodríguez Sobrino pagó sobornos a cargos públicos y funcionarios de Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" la obtención de contratos para Inassa. Unos contratos que habrían multiplicado el patrimonio "oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito" que se le ha descubierto tanto en Inglaterra como en Colombia y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.

También, se investiga a la hija del presidente de Inassa por los hechos relativos de la pieza número 5 sobre los delitos de blanqueo de capitales. La Fiscalía afirma que Rodríguez Sobrino, con la ayuda de su hija, se sirvió de un entramado societario para blanquear el dinero obtenido.

Por esta pieza también ha sido llamado a declarar Pablo González Liberal, padre del expresidente madrileño y uno de los principales acusados en la 'operación Lezo' —en libertad tras pagar una fianza de 200.000 euros—, y que en un principio le tocaba comparecer el 15 de octubre. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ignacio González blanqueó dinero utilizando a su nonagenario padre.

Ignacio González y Edmundo Rodríguez llevan en prisión incondicional desde el pasado 21 de abril cuando el juez Velasco decretó su ingreso en la cárcel por los presuntos delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/06/el_padre_ignacio_gonzalez_hija_edmundo_rodriguez_los_primeros_los_investigados_declarar_69241_1012.html

DOBLE VARA DE MEDIR DE CIFUENTES: ABOGADOS PRIVADOS PARA LEZO Y LA PÚNICA, LA DEJA EN CASA

¿Por qué la Comunidad de Madrid, personada en ambas causas, actúa de forma diferente? El consejero Jaime González Taboada, cercado por la Fiscalía por su actuación en Arpegio, podría ser la clave

La Comunidad de Madrid está personada en las dos grandes causas de corrupción que afectan al PP madrileño: los casos Púnica y Lezo. Tramas diferentes, pero con una significativa coincidencia en el modus operandi. Ambas utilizaron una empresa pública para sus corruptelas: Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio), en la Púnica, y el Canal de Isabel II, en la Lezo. Sin embargo, resulta llamativa la doble vara de medir que aplican estas empresas -y en última instancia la Comunidad de Madrid, de la que dependen- en su estrategia para defender, supuestamente, los intereses públicos.

Mientras el Canal de Isabel II busca un abogado privado que defienda sus intereses en la Audiencia Nacional, Nueva Arpegio deja este asunto en manos de los abogados de la Comunidad de Madrid.

El pasado 21 de junio Nueva Arpegio decidió personarse en el caso Púnica y que fueran los servicios jurídicos de la Comunidad los que la representasen. El consejero de Medio Ambiente y mano derecha de Cristina Cifuentes, Jaime GonzálezTaboada, sobre el que crecen las sospechas en relación a este caso de corrupción, como presidente del Consejo de Administración de Nuevo Arpegio, es quien firma el acuerdo.

Para rizar el rizo, Ángel Garrido, el consejero de Presidencia, Justicia, portavoz del Gobierno regional y también presidente del Canal de Isabel II, es la persona que firma el convenio entre la Comunidad de Madrid y Nuevo Arpegio para la prestación de dichos servicios jurídicos. ¿Por qué no aplica al Canal de Isabel II la misma solución?

La clave podría estar en González Taboada, que se libró de la imputación del juez Velasco gracias a su aforamiento por ser diputado en la Asamblea de Madrid. Es el único miembro de la mesa de contratación del Plan Prisma, a través del cual se desviaron supuestamente fondos, que no está siendo investigado por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sí le pone en el punto de mira al reclamar a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”.

El consejero madrileño tuvo que comparecer ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid para explicar la desaparición de unos contratos suscritos por Arpegio, de los que dijo no saber absolutamente nada porque "nunca" pasaron por sus manos. "Nunca estuve en esa mesa de contratación porque no era miembro de esa mesa de contratación", dijo entonces.

Cristina Cifuentes tendría muy complicado proteger a su número tres si también hubiera privatizado la acusación popular en este caso. Mejor en manos de los letrados de casa que un despacho externo. En el caso Lezo no hay problema ya que tiene a Ignacio González para cargar con todas las culpas. Lo dejó muy claro el día de la Comunidad de Madrid, cuando en su mensaje institucional proclamó, justo después del estallido de la Lezo que el "tiempo de los corruptos" había llegado a su fin en Madrid. Pese a que se erigió en la abanderada de la "regeneración", las maniobras de los suyos para controlar, en la medida de lo posible la justicia, cuestionan la sinceridad de sus proclamas.

http://www.elplural.com/politica/2017/08/16/doble-vara-de-medir-de-cifuentes-abogados-privados-para-lezo-y-la-punica-la-deja

EL JUEZ DE LEZO ESCUCHARÁ AL TESTIGO CLAVE DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

Citará a Silvano Corujo, que declaró ante la UCO sobre las maniobras de González para desviar un millón de euros en contratos de una empresa pública

El testigo clave de la financiación irregular del PP de Madrid de la que se acusa al cabecilla de la trama Lezo, Ignacio González, y sus más estrechos colaboradores declarará en la Audiencia Nacional. El juez ha aceptado interrogarle en relación al desvío de fondos de una empresa pública a la caja B del PP madrileño por un valor total de un millón de euros. El dinero, que habría servido para "pagar deudas" de la formación, salió de la Agencia para la Administración Digital, antigua Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).

El juez ha aceptado la petición de uno de los principales imputados en esta pieza, el exdirector del organismo José Martínez Nicolás, para que escuche al que fuera su principal colaborador en el ente, el exdirectivo de ICM Silvano Corujo, cuyo testimonio ante la Fiscalía Anticorrupción marcó el origen de las pesquisas. Según una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, esperará para fijar una fecha a que finalice el análisis de la documentación incautada en los registros. La declaración se considera fundamental para "esclarecer" lo sucedido, agrega el escrito.

Como "testigo privilegiado de los hechos", Corujo desveló las presiones de González sobre su antiguo jefe para lograr que se desviara un millón de euros que se destinaría a sanear las cuentas del partido en Madrid. Fue citado como testigo a raíz de una denuncia sobre estos hechos presentada por UPyD y concretó ya entonces que González utilizó presuntamente su influencia sobre ICM para adjudicar contratos de dos empresas privadas, Indra y Pwc, por importes muy superiores al coste real de los servicios. Con la diferencia, las adjudicatarias abonaron facturas de proveedores del PP regional falsificando los conceptos mercantiles. La mayoría de esas facturas se correspondía con gastos de campañas electorales de la primera planta de Génova.

Según explicó el juez Eloy Velasco, entonces instructor del caso, en el auto en el que ordenó el ingreso en prisión de Ignacio González, este, como secretario general del PP madrileño, le pidió a Martínez Nicolás el famoso millón en una reunión celebrada el 7 de junio de 2012. Corujo no asistió a la reunión, pero conoció su contenido gracias a la estrecha relación que le unía por aquel entonces con su jefe. Además, formaba parte de todas las mesas de contratación de la agencia informática.

Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado registraron las oficinas de ese ente público en el marco de la operación Lezo y se llevaron los contratos. También acudieron a las compañías que habrían colaborado en el fraude. La principal investigada es la multinacional tecnológica española Indra, participada mayoritariamente por el Estado (22%). En 2006, ICM adjudicó a Indra un contrato de 16,1 millones de euros para prestar asistencia informática a los funcionarios de la Comunidad de Madrid. En 2007, el mismo organismo concedió a Indra otro encargo para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas que ascendió a 13,5 millones. Y en 2010, ICM volvió a confiar en la misma compañía de telecomunicaciones para implantar la plataforma de gestión académica de la comunidad por un importe de 15,8 millones.

Las licitaciones de Indra

Las licitaciones de ICM siguieron engrosando la cuenta de resultados de Indra durante los siguientes años. La UCO rastrea esas adjudicaciones y también otras que específicamente tenían como objetivo el procesamiento y la difusión de los datos de las elecciones autonómicas. En los comicios de 2007, Indra asumió ese servicio por 1,2 millones. Volvió a hacerlo en las elecciones de 2011 por 2,9 millones de euros. Y en las elecciones de 2015, ICM destinó otros 4,5 millones para Indra, pero finalmente se anuló el concurso y la Comunidad de Madrid firmó un convenio con el Ministerio del Interior para ceder el recuento de esos comicios.

ICM e Indra ya habían sido investigadas en Púnica por el juez Velasco, precisamente por haberse concertado para pagar servicios de reputación 'online' de Ignacio González. Los investigadores acreditaron en ese procedimiento un pago de 10.000 euros con dinero en efectivo no declarado. Por esos hechos fueron imputados el propio Martínez Nicolás y dos directivos de la empresa tecnológica, Santiago Roura y Javier de Andrés. Se da la circunstancia de que este último es marido de la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, detenida e imputada también en la operación Lezo por haber autorizado operaciones ruinosas de la empresa pública del agua en Sudamérica que presuntamente fueron utilizadas por González para desviar 23 millones de euros.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-29/lezo-financiacion-irregular-pp-madrid-testigo-clave_1433938/

UN EMPRESARIO AMIGO DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ 139 MILLONES AL CANAL

La Guardia Civil rastrea en el extranjero al ex presidente y a su tesfaferro en busca de los 19 millones en comisiones de la venta de Emissao

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil investigan si hubo delitos en la relación entre el ex presidente de Madrid Ignacio González y el empresario Joaquín Molpeceres. Hay grabaciones en las que Ignacio González se ofrece al empresario como conseguidor de contratas y favores ante la Comunidad de Madrid. Y denotan una estrecha amistad entre ambos. Los agentes de la UCO investigan si tal relación unió a ambos accionariamente en algún momento y en alguna sociedad. Y si Molpeceres le pagó comisiones por contratas públicas cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, ante "las evidencias" de que existió un trato beneficioso y reiterado del expresidente al empresario, que figura imputado en el caso Lezo.

La UCO, con información de Hacienda, ha descubierto que entre 2006 y 2016, Licuas, la empresa que preside Molpeceres, recibió en contratas, sólo del Canal, y por orden de la Comunidad, casi 139 millones de euros, según un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS. En 2014, por ejemplo, un 50% de la facturación de Licuas procedía de un organismo público, el Canal de Isabel II, controlado por Ignacio González. La facturación se incrementó todavía más cuando González asumió en 2012 la máxima jefatura del Canal, siendo además vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre. Las conversaciones entre ambos muestran que González intercedió ante cargos públicos de la Comunidad, sobre los que antes él había mandado, para que desbloquearan asuntos del empresario.

En 2014, un 50% de la facturación de Licuas, la empresa de Molpeceres, procedió del Canal de Isabel II

Las pesquisas se están centrando en los contratos que tuvo la filial colombiana de Licuas del entramado de firmas filiales del Canal en América. Molpeceres tiene cuentas en Suiza, en el Credit Suisses AG, según la investigación. En 2016, ambos viajaron juntos a los festejos de San Sebastián. Y hay una grabación en la que hablan de “temas societarios y financieros en los que ambos parecen compartir intereses”, destaca la UCO. “El gran volumen de facturación entre Licuas y el Canal, el interés de los hermanos González en participar en una operación de compra de la firma Urbaser a través de Molpeceres y las influencias que utiliza Ignacio González en favor del empresario" llevan a la UCO a pensar que ambos han compartido intereses económicos.

La Audiencia Nacional ha desestimado por tres veces las peticiones de libertad provisional de Ignacio González, que ha alegado problemas de salud y que no piensa huir ni destruir pruebas, porque tiene la convicción de que el ex presidente de Madrid oculta aún muchos millones de los saqueados a las arcas públicas madrileñas. También sigue preso su principal testaferro, Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos esconden al menos 19 millones en el extranjero, según se desprende de las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil. Y otros tres ”en dinerillo B” que la Guardia Civil calcula oculta el ex presidente en España. Los investigadores tiene fijada especialmente su lupa en Hong Kong, Brasil, Colombia, isla de Jersey, Luxemburgo y Estados Unidos. El “dinerillo B” de González procede supuestamente de comisiones derivadas, entre otros turbios negocios, de la construcción y explotación del Campo de Golf que levantó por 40 millones de euros el Canal de Isabel II en unos costosos terrenos de su propiedad sitos en el madrileño barrio de Chamberí.

Campo de golf

La explotación del Campo de Golf, que años después el Tribunal Supremo ordenó derribar por ser contraria la instalación al ordenamiento urbanístico de Madrid, acabó en manos de su cuñado y de su hermano Pablo González, merced a la mediación en la sombra del ex presidente. Los 19 millones en comisiones que busca la UCO procederían del pelotazo por la compra de la firma brasileña Emissao, por la que el Canal pagó casi cinco veces más (unos 25 millones de euros) de lo que realmente valía, apenas 5,5 millones. Casi 16 millones salieron de Brasil con destino a Suiza. Operación de la que Ignacio González estaba “absolutamente informado”, según detalla en las grabaciones Edmundo Rodríguez Sobrino, el urdidor de la compra de Emissao en nombre del Canal. Era su jefe en América, y está considerado el principal testaferro del ex presidente.

Los papeles de Panamá revelaron que Edmundo Rodríguez Sobrino tiene tres cuentas en Hong Kong, dos ellas compartidas con otro interviniente en la compra de Emissao, Ignasi Maestre. Edmundo Rodríguez ha manifestado que tales cuentas son en realidad del dueño del 23% de las acciones del periódico La Razón, a quien dice representar en España. La hija de Edmundo Rodríguez tiene cuentas en Jersey y un amplio capital inmobiliario en varios países, según la investigación. En las grabaciones, Edmundo Rodríguez reconoce ser acreedor de delitos fiscales, pero rechaza que se le puedan atribuir los otros siete que le imputa el juez. Los agentes tienen fotografiados al menos cinco encuentros secretos entre Edmundo Rodríguez e Ignacio González, que se sabían vigilados.

Edmundo Rodríguez Sobrino tiene tres cuentas en Hong Kong, dos ellas compartidas con otro interviniente en la fraudulenta compra de Emissao, Ignasi Maestre

En busca del dinero que oculta en el extranjero, la UCO indaga las relaciones del ex presidente madrileño y del ex ministro Eduardo Zaplana con el abogado uruguayo Fernando Belhot, especialista en montar estructuras financieras en paraísos fiscales. “Lo que también estuve hablando”, cuenta en una grabación González a Zaplana, en alusión a Belhot, “…porque él me dice que está especializado en los temas de montar estructuras financiera (…) es una estructura fundamentalmente financiera, eh, para ofertar, pues, los sitios donde fiscalmente es mejor para las empresas, en Uruguay, en Holanda y en Estados Unidos, o sea, que yo creo que tiene ahí toda una estructura para poder ir… mm, dar cobertura en todos estos sitios a los clientes”. Y añade: “Yo le he dicho, oye tú, que montas estructuras financieras, que tienes gente y tal, oye no podemos montarnos alguna historia para canalizar algún tipo de inversión a medio, largo plazo… o invirtiendo capital”. Zaplana ha asegurado a este periódico que nunca ha tenido ningún negocio con González ni participado en sociedad alguna con él.

Cuando registraron su despacho en la calle de Alcalá y sus viviendas, los agentes buscaban con afán el “dinerillo B” de Ignacio González. Pero no hallaron nada, pese a las evidencias de que utilizaba a su padre, Pablo González Liberal, y a su hermano Pablo, para aflorar dinero con el que ir pagando los gastos del despacho jurídico, apenas tenía clientes, y de sus casas. Ignacio González lleva casi cuatro meses en prisión.

https://politica.elpais.com/politica/2017/08/11/actualidad/1502413549_176251.html

EL 'NÚMERO DOS' DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA AL JUEZ EL COBRO DE COMISIONES EN SUIZA

El hombre fuerte de Ignacio González al frente del Canal de Isabel II en Latinoamérica ha confesado el cobro de comisiones en Suiza. Edmundo Rodríguez Sobrino ha admitido a los investigadores que se infló el precio de la compra de la empresa brasileña Emissao a cambio de una importante comisión. Precisa que la parte correspondiente a González fue ingresada en una cuenta independiente y acaba de aportar documentos.La mano derecha de Ignacio González le ha implicado en el cobro de comisiones ilegales en Suiza por compras millonarias realizadas a través del Canal de Isabel II. Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable de la empresa pública de aguas madrileña en Latinoamérica, prestó declaración de forma voluntaria el pasado mes de julio ante el magistrado Manuel García Castellón y ha venido revelando desde entonces datos a los investigadores sobre el funcionamiento de la trama, tal y como ha podido acreditar EL MUNDO.

Afirma que percibió su parte y reservó la de González en otra cuenta independiente

Su relato se concentra en el supuesto plan urdido por el ex presidente de la Comunidad de Madrid para lucrarse mediante la adquisición por más de 20 millones de euros públicos, en el año 2013, de la empresa brasileña Emissao. Según el testimonio de Rodríguez Sobrino, considerado por la Fiscalía Anticorrupción como testaferro del ex alto cargo popular, González ordenó abonar un sobreprecio por la entidad brasileña a cambio de una comisión que fue percibida en Suiza. En esta misma línea, Rodríguez Sobrino, que se encuentra actualmente en prisión, se incriminó y admitió no sólo haber participado en la operación para inflar el precio, sino que confesó haber recibido la totalidad del soborno a través de una sociedad en el país helvético. Siempre según los datos que ha facilitado a los investigadores, a los que ha tenido acceso este periódico a través de fuentes de las pesquisas, dividió la comisión ilegal obtenida por la compra en dos partes que ingresó acto seguido en dos depósitos bancarios diferentes. Esto explica, en palabras del ex responsable de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, que dejase al margen la parte reservada para González. No obstante, Rodríguez Sobrino ha recalcado que la comisión que supuestamente correspondería a González nunca se le llegó a entregar y que permaneció desde entonces en dicho depósito bancario «a su disposición».

Precisa que el ex líder del PP de Madrid nunca llegó a sacar el dinero del banco

A pesar de que la empresa brasileña fue adquirida por más de 20 millones de euros, su valor contable un año después ascendió a apenas cinco, lo que se considera una prueba evidente del sobreprecio abonado por parte de la Comunidad de Madrid.

Las mismas fuentes precisan que se ha establecido una línea de colaboración con Rodríguez Sobrino y que confían en que próximamente documente todas y cada una de sus afirmaciones para otorgarles veracidad.

El ex directivo del Canal de Isabel II y ex consejero del diario La Razón negó, sin embargo, compartir otros negocios con González así como haber actuado como testaferro del ex presidente madrileño en otras operaciones. Con esta colaboración, Rodríguez Sobrino intenta que el juez García Castellón le dispense un trato favorable aplicándole atenuantes y que éstos se extiendan a su hija, también investigada en la operación Lezo como supuesta testaferro de su padre y que se espera que próximamente aporte nuevos datos sobre la trama. La situación procesal de Rodríguez Sobrino y de su hija se ha complicado durante los últimos meses después de que fueran incautados 260.000 euros en metálico durante el registro de su domicilio en Colombia. Cabe recordar que el juez Eloy Velasco, que fue el primer instructor de la denominada operación Lezo, ordenó el ingreso en prisión incondicional de González y Rodríguez Sobrino el pasado mes de abril basándose, entre otras cuestiones, en la operación de Emissao.

En el auto mediante el que ordenaba los encarcelamientos recalcaba que la operación estuvo repleta de «irregularidades», que se materializó «en contra de la opinión de auditores independientes» y que mediaron en ella «comisiones prohibidas». Dicha compra se articuló, además, «sin informes de secretarios técnicos ni interventores ni la autorización de la Consejería de Hacienda» de la Comunidad de Madrid. E indicó que para materializar la adquisición se emplearon sociedades instrumentales que desviaban fondos a cuentas bancarias «con opacidad respecto de las titularidades reales». «Existen indicios de la concertación de González con Rodríguez Sobrino, Adrián Martín (ex director gerente del Canal de Isabel II) y María Fernanda Richmond (ex directora financiera) para consentir y/o propiciar la compra de Emissao».Edmundo Rodríguez, tras su detención.

La Fiscalía le exige pruebas que avalen su confesión

Edmundo Rodríguez Sobrino ha aportado al juez que investiga la 'operación Lezo' copia de documentos vinculados a la operación de compra de la entidad brasileña para reforzar su relato.

En este sentido, el antiguo ejecutivo del Canal de Isabel II ha entregado a los investigadores pruebas que confirman, a su juicio, el pago de la comisión en Suiza a la que alude en su confesión.

No obstante, los investigadores confían en que quien fuera el hombre fuerte del Canal de Isabel II en Latinoamérica continúe aportando pruebas documentales que demuestren de manera inequívoca que González se lucró con las operaciones realizadas por la empresa de aguas madrileña. La Fiscalía considera que la documentación aportada no constituye una prueba definitiva contra González, toda vez que sostiene que no figura un apoderamiento o la titularidad de la misma a nombre de González sobre la cuenta suiza aludida por Rodríguez Sobrino.

Al comprobar la intención de colaborar con la Justicia por parte de Rodríguez Sobrino, el juez de la Audiencia Nacional García Castellón acordó sólo un día antes de tomarle declaración el pasado mes de julio ubicar en prisiones distintas al ex presidente de la Comunidad de Madrid y a su antiguo directivo para evitar que se comuniquen durante las pesquisas.

http://www.elmundo.es/espana/2017/09/04/59adbc6be2704e602d8b45ec.html

TRASLADAN A IGNACIO GONZÁLEZ AL MÓDULO DE LOS UNIVERSITARIOS

Instituciones Penitenciarias alega "falta de espacio" en la prisión de Soto del Real

Instituciones Penitenciarias ha trasladado recientemente a Ignacio González al módulo de Soto del Real en el que los internos estudian carreras universitarias a distancia, si bien el motivo tiene más que ver con la falta de espacio en el anterior módulo en el que cumplía prisión preventiva.

Fuentes de Prisiones han indicado a Europa Press, tal y como ha adelantado 'OkDiario', que el expresidente madrileño cumple desde hace días prisión en el 'módulo UNED', si bien necesariamente no tiene que estar estudiando nada. Este modulo, el 10 de Soto del Real, se denomina así por la colaboración de la prisión con la Universidad Nacional de Educación A distancia.

Así, han señalado que el traslado se ha realizado siguiendo "criterios de separación interna". "En este modulo no solo hay internos que estudian, sino que puedan estar ahí por su clasificación, comportamiento o características", han precisado las misma fuentes, que han agregado que se trata de un lugar con un ambiente "más tranquilo y sosegado".

Fuentes jurídicas han señalado que el traslado al modelo 10 se produjo por "falta de espacio" en el anterior, siendo un cambio no solicitado por su defensa. Además, han indicado que al ser un preso preventivo no tendría acceso a los "privilegios" que podrían disfrutar otros internos.

González cumple prisión preventiva desde el pasado 21 de abril por su implicación en la denominada 'Operación Lezo'. Hasta ahora, pasaba los días en el módulo 1 de Soto del Real en una celda junto a su hermano Pablo González. Éste último salió recientemente de prisión al depositar una fianza de 200.000 euros.

http://cadenaser.com/emisora/2017/08/16/radio_madrid/1502897775_678662.html

VILLAR MIR ESTRENARÁ LA TEMPORADA DE LEZO: EL JUEZ RECHAZA SU RECURSO

Su comparecencia por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero abrirá la ronda de medio centenar de declaraciones de la trama

El empresario Juan Miguel Villar Mir estrenará el próximo 12 de septiembre la temporada judicial de la trama Lezo, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya rechazado el recurso que presentó contra la decisión del magistrado de imputarle en la investigación sobre la trama de comisiones ilegales que presuntamente lideraba el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 no ha atendido su petición de archivo y le interrogará como imputado en la primera jornada de la maratoniana ronda de declaraciones prevista para el otoño.

Villar Mir comparecerá en la pieza tercera de la causa, en la que se investiga su participación en un pago de 1,4 millones de euros de su empresa a cuentas vinculadas al PP a cambio de la adjudicación de una parte del proyecto del tren de Móstoles a Navalcarnero. La operación se llevó a cabo desde una filial de la constructora en México, que realizó a su vez el ingreso en una cuenta de Suiza. También está imputado por estos hechos su yerno Javier López Madrid. El mismo día 12 están citadas otras dos personas, el que fuera consejero delegado de Mintra Jesús Trabada Guijarro y el ex consejero delegado y exmiembro del consejo de administración de OHL Rafael Martín Nicolás.

OHL se lleva su supertuneladora y 'entierra' para siempre el fallido tren a Móstoles

La constructora está retirando la máquina, de su propiedad, aunque no aclara que hará con ella. Comunidad y empresa se enfrentan en los tribunales exigiendo indemnizaciones

En el recurso presentado hace unas semanas, adelantado por El Confidencial, el empresario negó rotundamente haber participado en ninguna de las transacciones que están bajo sospecha y alegó que la supuesta adjudicación por la que su constructora OHL habría abonado la comisión millonaria resultó ruinosa para la compañía. Acusaba también al entonces titular del juzgado, Eloy Velasco, de no concretar las acusaciones en su contra y de basarse en "meras conjeturas".

Argumentaba que este supuesto pago por parte de su empresa "de una comisión a funcionario o autoridad pública por la adjudicación del contrato de concesión de la línea ferroviaria que debía unir Móstoles Central con la localidad de Navalcarnero" no se sustenta, ya que aquel negocio resultó tan desastroso que llegó a provocar una ampliación de capital en OHL. Se incurrió en "enormes pérdidas por inversiones no recuperadas e incumplimientos administrativos", decía el escrito. Las obras del tren no llegaron a terminarse y la empresa mantiene un litigio con la comunidad por la resolución del contrato.

Los indicios que manejan los investigadores apuntan a que el yerno de Villar Mir realizó una transferencia en septiembre de 2007 de 1,4 millones de euros desde una filial mexicana de OHL a una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la sociedad panameña Lauryn Group. El dinero tenía como objetivo recompensar a Ignacio González por su presunta mediación para que la constructora se llevara las obras del Cercanías. Solo un mes después del pago, OHL logró el contrato.

Villar Mir niega pagos a González por el tren de Navalcarnero: "Fue ruinoso para OHL"

El presidente del Grupo Villar Mir solicita su desimputación en el caso Lezo alegando que no tuvo ninguna participación en el presunto pago de una comisión al cerebro de la trama

Sin embargo, González alega que nunca recibió el dinero. El propietario de Lauryn Group, Adrián de la Joya, ha admitido que López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera al presidente madrileño, pero ha declarado que se quedó los fondos para saldar las deudas que le había dejado el Grupo Villar Mir por un proyecto conjunto en Burkina Faso. Con todo, el juez Velasco consideró que el pago es suficiente para imputar la existencia de la comisión y se sigue rastreando el dinero de la cuenta suiza para conocer dónde acabó depositándose.

La defensa del presidente del grupo empresarial niega por completo esa conclusión. “En ningún pasaje de las actuaciones se concreta la intervención personal que se achaca al señor Villar Mir en los hechos investigados. Ningún comportamiento se le atribuye al respecto, activo o pasivo”, asegura. “Cierto es que, en el año 2007 —cuando se produce la adjudicación del contrato administrativo en cuestión—, ostentaba el cargo de presidente de OHL”, continúa su recurso de reforma. “Sin embargo, este cargo no es por sí mismo expresión de ninguna acción criminal (…) En suma”, termina el escrito, “no hay en la causa nada que pueda decirse del señor Villar Mir, pues nada ha hecho y en nada ha participado”. El empresario puede aún presentar recurso de apelación contra la imputación que sería contestado con la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-01/lezo-villar-mir-audiencia-nacional-tren-navalcarnero_1436170/

LA AUDIENCIA NACIONAL MANTIENE EN UNA "NECESARIA" PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ

La sala de lo penal ratifica la negativa del juez a dejar en libertad al expresidente de la Comunidad de Madrid reiterando el riesgo de que el supuesto cabecilla de la trama Lezo se fugue o destruya pruebas en caso de abandonar la prisión

Que Ignacio González esté entre rejas es "necesario", a día de hoy, para que la investigación de la trama corrupta Lezo pueda seguir adelante sin problemas. Es lo que argumenta la sala de lo penal para rechazar una nueva petición del expresidente madrileño para ser liberado de la cárcel de Soto del Real, donde permanece desde el pasado mes de abril.

En su auto, los jueces avalan la decisión del magistrado Manuel García-Castellón de no sacarle de prisión y aseguran que esta medida es, en este momento, "aún más necesaria si cabe a la vista del resultado" de las diligencias puestas en marcha por los investigadores en los últimos meses. Tanto la Fiscalía como ADADE y Podemos, las acusaciones populares, habían impugnado la petición de libertad.
La defensa de González esgrimía, entre otros motivos con los que solicitaba su puesta en libertad, que el magistrado instructor no se hubiese pronunciado sobre las medidas cautelares alternativas propuestas en sus escritos, así como que se basase en "meras sospechas" para asegurar que el expresidente madrileño se dará a la fuga en cuanto ponga un pie en la calle.

El pasado mes de julio, el juez García-Castellón decidió mantener en prisión a Ignacio González

Los jueces reiteran que los indicios contra él van "cristalizando" a medida que avanza la investigación, destacando las "ingentes cantidades" de dinero de procedencia ilegal que habría manejado González y, sobre todo, la conversaciones telefónicas intervenidas en las que el expresidente madrileño planteaba poder empezar una "nueva vida" en Sudamérica.

Financiación ilegal del PP

En su auto, los jueces de lo penal de la Audiencia Nacional resumen y recuerdan los motivos y delitos por los que abrieron la conocida como 'operación Lezo' contra la corrupción en la región de Madrid: cohecho, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y todo bajo el paraguas de un último delito de integración en organizacíon criminal.

Un rosario de delitos supuestamente cometidos, por ejemplo, en la financiación irregular del PP madrileño, en la adjudicación de las obras del tren a la localidad madrileña de Navalcarnero, en la expansión de la empresa pública Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico, y por último la adjudicación igualmente fraudulenta de las obras del campo de golf ubicado en el centro de la capital.

http://cadenaser.com/ser/2017/08/25/tribunales/1503668604_891522.html

EL JUEZ ANDREU ACEPTA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID SEA ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL 'CASO LEZO'

La Comunidad de Madrid también está personada como acusación particular en los casos Gürtel y Púnica

"En todo delito por el que se perjudican los intereses patrimoniales de una administración pública, el perjuicio irradia sus efectos en la ciudadanía", dicta el auto

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Fernando Andreu ha aceptado la personación de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II como acusación particular en el caso Lezo, que investiga una presunta trama corrupta liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El pasado abril, Cristina Cifuentes dio instrucciones para la personación del Gobierno regional conforme al criterio de la Abogacía General de la Comunidad, que puso de relieve que las irregularidades investigadas afectaban a diferentes organismos de la Administración regional.

En un auto fechado el pasado 18 de agosto, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado acepta a sendas instituciones como parte del proceso judicial en calidad de acusación particular. Contra esta resolución, cabe recurso de reforma.

En los razonamientos jurídicos, se expone que resulta evidente que "en todo delito por el que se perjudican los intereses patrimoniales de una administración pública, esencialmente el delito de malversación, el perjuicio que se ocasiona irradia sus efectos en el conjunto de la ciudadanía a la que se le priva de recursos públicos para atender las necesidades esenciales para que tales recursos están destinados".

Agrega que "cualquier ciudadano tiene en abstracto dicha condición de perjudicado, lo que no le otorga en este sentido jurídico estricto dicha condición", añadiendo que en los delitos contra los intereses patrimoniales el titular último del bien jurídico protegido es "la propia sociedad".

"Las entidades de derecho privado persiguen un fin lucrativo y los accionistas o partícipes que lo integran, lo hacen precisamente con la expectativa de obtener una ganancia", señala.

Así, indica que estos principios se podrían aplicar a esta causa respecto a la Comunidad como "partícipe en el ente público Canal de Isabel II", teniendo un "interés directo que le autoriza a actuar como acusación particular e instar directamente la protección de los intereses patrimoniales de los ciudadanos de Madrid".

La Comunidad de Madrid también está personada como acusación particular en los casos Gürtel y Púnica. Desde el actual Gobierno regional han explicado en diversas ocasiones que esta estrategia de personación responde a la estrategia de "tolerancia cero" contra la corrupción y el defender los intereses de los madrileños.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/08/22/el_juez_andreu_acepta_que_comunidad_madrid_sea_acusacion_particular_caso_lezo_68806_1012.html

MALAS NOTICIAS PARA CIFUENTES Y EL PP DE MADRID. CARMENA ESTARÁ PERSONADA EN LA LEZO

La Audiencia Nacional la admite como acusación particular, al igual que a la Comunidad de Madrid

El juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dado luz verde a la personación del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, en el caso Lezo. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en la cárcel desde que estalló el escándalo, habría liderado una trama de corrupción que, entre otras cosas, desvió millones de fondos públicos del Canal de Isabel II a cuentas privadas.

El Ayuntamiento de Madrid es titular del 10% del capital social del Canal de Isabel II y había solicitado la personación como acusación particular en esta causa. Sin embargo, un auto del pasado 21 de julio de 2017 les dejaba fuera. Los abogados municipales recurrieron y, ahora, la juez Carmen Lamela Díaz les ha dado la razón.

La magistrada entiende que el Ayuntamiento de Madrid, como partícipe en el ente público Canal de Isabel II, está autorizado a actuar como acusación particular para proteger los intereses patrimoniales de los ciudadanos. Amplía de esta manera la interpretación estricta de la personación, que se atribuye a la persona jurídica pública de la que se han obtenido directamente los fondos ilícitos.

La Audiencia Nacional también ha admitido a la Comunidad de Madrid como acusación particular en condición de “perjudicado”. El juez Fernando Andreu, que es quien firma un auto del pasado 18 de agosto, mantiene los mismos argumentos de Lamela para admitirla. En el otro gran caso de corrupción en el que está personada, la Púnica, la actuación de la CAM se ha limitado a no hacer nada o a poner todo tipo de obstáculos a los jueces negándoles documentación.

Por mucho que Cristina Cifuentes se proclame abanderada de la regeneración, su actuación no lo corrobora. Ahora, en la Lezo va a coincidir con un consistorio nada 'amigo', por mucho que se abrace en público con Manuela Carmena, que no le va a bailar el agua.

http://m.eldiario.es/politica/gestion-Catala-Justicia-ministerio-fallido_0_672283343.html

 REGISTRAN LA CAJA FUERTE DE UN CARGO DE AZNAR SOSPECHOSO DE OCULTAR FONDOS DE GONZÁLEZ

El Ministerio Público sospecha que Moro cuenta con una holgada capacidad de mover fondos de González que vincula con frecuentes desplazamientos a la República Dominicana y Panamá

Nuevos datos detectados por los investigadores del caso Lezo han provocado registros a un excargo del Partido Popular de la etapa de José María Aznar, sospechoso de actuar como testaferro en la sombra del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Los agentes de la UCO abrieron una caja fuerte vinculada al que fuera delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, tras localizar anotaciones que apuntaban a movimientos sospechosos de fondos, informan a El Confidencial fuentes del caso. La encontraron vacía.

El detonante de esta nueva fase de la operación, que abre una nueva vía en las pesquisas sobre el paradero del dinero presuntamente desviado por González, surgió durante la entrada llevada a cabo el pasado mes de abril en el domicilio de Moro. La estrecha amistad entre ambos y el contenido de algunas de las comunicaciones intervenidas le colocaban, ya por entonces, en el centro de la diana. Entre la documentación localizada en la casa se encontraron unas notas tomadas por la mujer del exdelegado popular en las que mencionaba que había sacado algo de una caja a su nombre.

Las anotaciones llevaron a los agentes hace unas semanas hasta la sede del Banco Popular en la calle Ortega y Gasset de Madrid, donde la mujer de Moro tenía contratado este servicio de seguridad de cuya existencia los investigadores no tuvieron conocimiento hasta ese momento. El hecho de que la caja no contuviera absolutamente nada precipitó los acontecimientos y provocó que la Fiscalía Anticorrupción reclamara tomar declaración de forma urgente como investigado a Moro.

El Ministerio Público sospecha que el exdelegado del Gobierno cuenta con una holgada capacidad de mover fondos de González que vincula con frecuentes desplazamientos a la República Dominicana y Panamá. Le considera uno de sus hombres de confianza, a la altura de otros testaferros de la trama como el hombre fuerte del Canal en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino o el hermano de González, Pablo. Tras el interrogatorio que se llevó a cabo en la Audiencia Nacional, en que Moro lo negó todo, la Fiscalía reclamó el ingreso en prisión del recién estrenado testaferro, apuntan las fuentes consultadas.

No obstante, el instructor de la causa, Manuel García-Castellón, no vio motivos suficientes para enviarle a la cárcel y le dejó libre, sin perjuicio de que el avance de las pesquisas aporte nuevas pruebas que provoquen un cambio en su situación. En el sumario de la Lezo obran conversaciones entre los dos amigos en las que González le pide que envíe "a sus chicos" para que efectúen averiguaciones sobre los procedimientos judiciales abiertos en su contra. En aquel momento, finales del año 2016, se encontraba inmerso en el caso ático, donde investiga la titularidad de una vivienda de lujo en Estepona.

Amistad desde hace años

La relación entre González y Moro se remonta a la etapa en la que el presunto cabecilla de la trama Lezo ocupaba el puesto de secretario de Estado de Inmigración en el Ministerio de Interior. Según reconoció el excargo del PP en 2009, ambos planearon en aquella etapa la puesta en marcha de un servicio secreto de espionaje autonómico con el objetivo de proteger a altos cargos del Gobierno regional.

La etapa de Moro al frente de la Delegación de Gobierno ceutí, que dirigió entre 1998 y 2004, no estuvo exenta de polémica. Fue juzgado y condenado por idear un informe en falso para desprestigiar al juez Fernando Tesón con el apoyo de su cúpula policial. El TS confirmó una condena de 21 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación en su contra al considerar que "aprovechó el malestar y la alarma" que pudo crear la decisión de Tesón de poner en libertad a varios acusados de narcotráfico para difundir en prensa que su actuación estaba movida por intereses particulares y arbitrarios.

También fue juzgado y, en este caso, absuelto por la expulsión irregular de menores marroquíes que tuvo lugar en 1998.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-17/lezo-ignacio-gonzalez-luis-vicente-moro-caja-de-seguridad_1429475/

EL CANAL BUSCA ABOGADOS PRIVADOS PARA SU DEFENSA EN 'LEZO'

La empresa pública vuelve a tirar de un bufete privado tras gastar más de 12 millones de euros en despachos ajenos a pesar de contar con un equipo jurídico propio

En plena fase de instrucción de la operación Lezo, el Canal de Isabel II, personado en la causa como acusación particular para resarcir el daño patrimonial que supuestamente ha sufrido de manos de sus saqueadores -entre otros, presuntamente, Ignacio González-, busca abogado privado que lo defienda en la Audiencia Nacional. El contrato está ahora mismo en fase de licitación, aún no ha sido adjudicado, pero el Canal esta dispuesto a gastar 63 mil 307 euros no solo por su defensa, también por la de su filial Canal Extensia.

El contrato contempla la asistencia jurídica para ambas empresas en la fase de instrucción que se sigue ahora mismo en los juzgados así como desde la apertura de juicio oral hasta que haya sentencia firme. La cantidad a pagar incluye también los gastos en dietas y desplazamientos y el Canal se reserva el derecho de solicitar el cese de la representación de Extensia.

Fuentes del Canal aseguran que de nuevo se va a echar mano de un bufete privado porque el servicio jurídico propio de la empresa pública no incluye un despacho penal y desconocen si lo hay en la Comunidad de Madrid, a la que también podrían haber acudido para su representación letrada.

La asistencia privada ha sido la práctica habitual del Canal durante años. Como ya les contamos en la Ser, entre 2003 y 2016 la empresa pública facturó 12’5 millones de euros a casi 50 despachos de abogados, tanto nacionales, como internacionales, la gran mayoría bufetes vinculados al PP. Incluso, llegaron a contratar el despacho de Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales imputados de la trama Lezo, cuando ya trabajaba en Canal.

Fuentes del Canal precisan a la Ser que es habitual que las empresas públicas, como Metro, utilicen este procedimiento de contratación de despachos privados para la defensa de sus intereses en determinados procedimientos judiciales. Ahora mismo, según los datos proporcionados desde el Canal, la asesoría jurídica de la empresa pública trabaja en la adjudicación de 250 contratos, en 2.500 expedientes contenciosos, en 300 señalamientos judiciales, 1.500 expedientes relativos a procedimientos administrativos de agua y medio ambiente, 650 expedientes de reclamaciones de contratistas y expedientes sancionadores en obras, 2.000 expedientes relacionados con la gestión patrimonial de la empresa y 240 expedientes de reclamaciones de clientes, arbitraje y convenios con ayuntamientos y urbanizaciones.

http://cadenaser.com/emisora/2017/08/14/radio_madrid/1502695321_336618.html

LOS CINCO MOTIVOS QUE MANTIENEN A IGNACIO GONZÁLEZ EN PRISIÓN INCONDICIONAL

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha fracasado en su intento de salir de la cárcel por su papel "decisivo y necesario" en el caso Lezo

En su auto, el juez desliza en dos ocasiones que las declaraciones de otros investigados, sin aclarar quienes, han ratificado los indicios contra González

Su patrimonio oculto y sus intenciones de abandonar España han pesado a la hora de mantenerle en Soto del Real

Ignacio González ha fracasado en su intento de que el nuevo juez del caso Lezo le deje en libertad. Pidió declarar voluntariamente ante Manuel García Castellón tras llevar en prisión desde el pasado abril, y unos días después su defensa presentó un escrito para que, al menos, el juez le impusiese una fianza que pagar para abandonar Soto del Real. Pero el magistrado cree que los indicios contra el expresidente madrileño, refrendados durante la investigación, obligan a mantenerle recluido.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en un auto el nuevo instructor del caso Lezo, que sustituyó a Eloy Velasco tras el ascenso de este a la Sala de Apelaciones. El cambio motivó varias peticiones para declarar voluntariamente por parte de algunos investigados, con el objetivo de conseguir la rebaja de las medidas cautelares que les había impuesto Velasco.

La ex directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, lo consiguió. Pablo González, hermano de Ignacio, también ha logrado que el nuevo juez de Lezo le impusiese una fianza que le ha permitido salir de prisión. Pero García Castellón no ha accedido a los deseos del expresidente madrileño, al que ha contestado con un auto en el que reúne las razones por las que considera que debe seguir encerrado.

1. Un papel "decisivo y necesario"

El juez considera que el caso Lezo tiene un cabecilla y ese es Ignacio González. El juez le vincula con las diferentes ramas de la causa y las investigaciones han ido confirmando ese papel. Durante estos meses se ha producido "una cristalización progresiva de los indicios de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando".

Sirve como ejemplo el documento elaborado por el Canal de Isabel II tras la investigación interna que realizaron a raíz del estallido del caso. El informe resultante situaba a González tras el pelotazo de esa empresa pública en Brasil: estaba informado de cada paso a través de su testaferro, Edmundo Rodríguez, y de otro hombre de confianza al que colocó en la operación sin justificación alguna.

El sumario del caso también apunta a su papel central en el presunto amaño del Campo de Golf de Chamberí, edificado en los terrenos del Canal gracias a una modificación del contrato inicial. González propuso esa modificación como presidente del Canal y la aprobó como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil cree que buscaba beneficiar a ACS, que luego firmó contratos millonarios con la empresa vinculada a su hermano y su cuñado.

2. Sus deseos de abandonar España

Para convencer a un juez de que te deje en libertad hay que argumentar que no existe riesgo de fuga. La defensa del expresidente madrileño aseguró en la petición de libertad que González tiene arraigo familiar y sus padres, a los que tiene "mucho apego", son ancianos. Sin entrar a valorar esas razones, el juez echa mano de las intervenciones telefónicas de la Guardia Civil para contestar a esos argumentos.

El auto hace constar que la "trama criminal" que se investiga "ha operado en diferentes países", como es el caso de Colombia, donde el testaferro de González residía habitualmente. Pero el juez destaca que la razón fundamental que sostiene el riesgo de fuga es que él mismo manifiesta en una conversación su intención de abandonar España.

En una conversación telefónica con Salvador Victoria, le confiesa que ha estado preguntando a sus contactos "si hay algo por ahí fuera de interés". "Hay que montarse algo fuera", le dice a un antiguo colaborador suyo. En las conversaciones menciona sobre todo Colombia, pero no descarta países como Panamá o México, donde dice tener contactos.

3. Su patrimonio oculto

Buena parte de la investigación del caso Lezo se centra en localizar el dinero negro que posee el clan González. Varias intervenciones telefónicas apuntaban a su disponibilidad de dinero en B del que el expresidente madrileño podía disponer gracias a las operativas de blanqueo en las que colaboraba su hermano.

"Otra hostia que me han metido del honorario de los abogados de los cojones estos", comenta González en una de esas grabaciones, para justificar que vuelvan a hacer "otra operación como la de la otra vez". "¿Qué era? Un préstamo de papá, ¿no?", pregunta su hermano Pablo, a lo que contesta Ignacio afirmativamente. "¿Dinero B entonces?”, inquiere Pablo. "Sí, dinero B", responde su hermano.

Esa "disponibilidad de dinero ilícito", como apunta el juez en su auto, se reveló también en sus movimientos para montar estructuras para aflorarlo y en los detalles que han ido llamando la atención a los agentes de la Guardia Civil durante su investigación. Por ejemplo, el gusto de González por los relojes caros, su rapidez en cerrar la caja fuerte del banco cuando sospechó que le investigaban o la donación de 144.568 euros a sus hijas.

Su defensa alegó que su patrimonio está embargado, pero el juez cree que González podría apoyarse en su dinero negro para huir del país.

4. Las declaraciones confirman los indicios

En este punto del auto el juez señala que ha obtenido una confirmación de la existencia de ese dinero negro durante algunas declaraciones de investigados. No aclara quién habría confirmado este punto y se limita a escribir que la disponibilidad de dinero ilícito "ha sido reconocida en las diferentes declaraciones".

Unos párrafos más tarde regresa sobre ello. García Castellón asegura que los indicios documentales gozan "de la ratificación obtenida en las declaraciones". Es decir, que algunos de los que han desfilado ante los jueces del caso han confirmado las sospechas delictivas contra el expresidente madrileño.

Varios implicados podrían haberlo hecho, dado su grado de conocimiento de las actividades de González. Más allá de sus familiares, conocedores y partícipes de sus operativas de blanqueo, Edmundo Rodríguez, su hombre en en Canal, y Richmond, la directora financiara, trataron en más de una ocasión la disponibilidad de "dinerillo B" de González.

5. Su capacidad de coaccionar a terceros

El juez señala en una parte de su auto que las declaraciones y el examen de documentación "motivan a su vez nuevas declaraciones y la petición de más documentación", así que la permanencia de González en prisión permite "evitar precisamente coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba".

"La puesta en libertad del investigado es un factor que podría afectar directamente a dichas fuentes de prueba", añade el magistrado. El expresidente madrileño ha demostrado a lo largo de la investigación que está dispuesto a hacer todo lo posible por frenar las investigaciones en su contra.

En un informe, la Guardia Civil afirmó que González había actuado de manera similar al crimen organizado cuando trató de influir en la Justicia. Contactó con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, e intentó influir en la investigación del caso Ático y se movió para que nombraran a Manuel Moix como nuevo jefe de Anticorrupción.

http://m.eldiario.es/politica/motivos-mantienen-Ignacio-Gonzalez-incondicional_0_670883454.html

LESMES IMPONE AL JUEZ DE REFUERZO DE LEZO Y EVITA QUE INVESTIGUE EL MAGISTRADO QUE AUTORIZÓ LAS ESCUCHAS A LA TRAMA

El presidente del CGPJ saca adelante a su favorito, Diego de Egea, con la ayuda de su voto de calidad. El titular del juzgado, Manuel García Castellón, reclamaba al anterior juez de refuerzo del caso, Alejandro Abascal

Atado y bien atado. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha impuesto su criterio en este órgano para que salga elegido como juez de refuerzo del caso Lezo un magistrado distinto del que pedía el propio titular del juzgado, Manuel García Castellón, quien había pedido expresamente a Alejandro Abascal, el anterior juez de refuerzo que autorizó las escuchas al expresidente de Madrid Ignacio González.

La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado este jueves nombrar al magistrado Diego de Egea y Torrón como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que es el órgano que instruye casos de corrupción como "Lezo" y "Púnica".

La decisión ha dividido en dos al órgano de gobierno de los jueces y ha precisado del voto de calidad de Lesmes.

De Egea ha recibido el apoyo Lesmes -que ha emitido voto de calidad, que dirime en caso de empate- y de los vocales Mar Cabrejas -de su entera confianza- así como los progresistas Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda.

Los otros cuatro vocales de la Permanente, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Fernando Grande-Marlaska y Juan Martínez Moya han votado al magistrado Alejandro Abascal, quien ya conoce casos como el de "Púnica" y otros que lleva este juzgado por haber sido refuerzo en su día del juez Eloy Velasco, quien precedió en este órgano a Manuel García Catellón.

Cuesta fue elegido vocal a propuesta del PSOE, mientras que los demás lo fueron a propuesta del PP.

Bloqueo a quien autorizó las escuchas de Lezo

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional fue el primer filtro impuesto por Lesmes para evitar que Abascal regresara al caso Lezo.

Abascal fue el magistrado que autorizó la colocación de micrófonos en el despacho de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y quien decidió que los líderes de esta trama corrupta fueran escuchados con sofisticados sistemas de espionaje electrónico utilizados hasta entonces en la lucha antiterrorista.

Este juez es un activo miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, pero cuya cúpula está enfrentada a Carlos Lesmes por su gestión de ta manera que se ha aliada con las otras asociaciones judiciales para reclamar más medios para la Justicia.

Otoño caliente
De fondo se encuentra también el run-run de un otoño judicial caliente que circula entre los jueces y funcionarios, desbordados por la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medios. Todos a una, APM, Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (AfV) y Foro Judicial Independiente (FJI), han sido muy críticos con el plan de urgencia de cláusulas suelo creado por Carlos Lesmes y que ha colapsado juzgados especializados, como el de Madrid.

Evitar que Lezo sea un nuevo Gürtel
Es más, el magistrado Eloy Velasco que llevaba este juzgado optó por renunciar al Juzgado Central 6 ante la negativa del CGPJ a renovar el juez de refuerzo en el caso Lezo, donde el PP de Madrid y su excúpula están en el epicentro de la investigación.

La renuncia de Velasco originó entonces otra maniobra para controlar el caso Lezo y evitar que se convierta en una sangría para el PP como ha ocurrido con el caso Gürtel.

El sector de Lesmes intentó nombrar de manera interina a un juez afin, en lugar de sacar la plaza a concurso. Pero los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se plantaron y se ofrecieron a reemplazar a Velasco hasta que la plaza pudiera convocarse.

Fue entonces cuando el titular de dicha plaza, Manuel García Castellón, pidió su reingreso como juez y su reincorporación a dicho juzgado, que había dejado hacía 17 años para dedicarse a la diplomacia judicial en Francia. De esta manera no se sacó a concurso la plaza.

García Castellón llegó al juzgado y, esta vez sí, consiguió que el CGPJ accediera a otorgar un juez de refuerzo para estos casos de especial complejidad como Lezo o Púnica. Pero defendió ante Lesmes y la Audiencia Nacional su preferencia por quien ya conocía el caso: Abascal.

El deseo de García Castellón chocó contra los integrantes de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que forman parte del círculo de confianza de Lesmes (todos ellos de su especialidad, en lo contencioso). En un voto de bloqueo dejaron fuera de su propuesta a Abascal.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional sólo propuso como candidatos a dos magistrados, cuando lo habitual es presentar una terna. Los elegidos fueron De Egea, seguido de Miguel Ángel Torres, titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada.

Diego De Egea es el actual titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid y tiene más antigüedad que todos los que solicitaron la comisión de servicio. Ingresó en la Carrera Judicial en 1991 y tiene veinte años de experiencia en la jurisdicción penal.

El refuerzo se establece inicialmente hasta el próximo 31 de diciembre. Si se considerara precisa la renovación de la medida, la Audiencia Nacional deberá remitir al CGPJ la correspondiente propuesta con al menos cuarenta días de antelación a su fecha de vencimiento.

http://m.publico.es/politica/2010700/lesmes-impone-al-juez-de-refuerzo-de-lezo-y-evita-que-investigue-el-magistrado-que-autorizo-las-escuchas-a-la-trama

EL JUEZ MANTIENE LA PRISIÓN INCONDICIONAL PARA IGNACIO GONZÁLEZ

Rechaza la petición de la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid que había solicitado su puesta en libertad alegando la variación sustancial de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha medida.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido mantener en prisión incondicional –comunicada y sin fianza- a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que está en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en la operación Lezo desde el pasado 21 de abril.

En un auto, que ha sido notificado hoy, el juez rechaza la petición de la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid que había solicitado su puesta en libertad alegando la variación sustancial de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha medida.

"Un papel decisivo y necesario"

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional explica que, conforme avanza la investigación, se desprende que Ignacio González ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos que se investigan en este causa (malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales).

Las penas que conllevan estos delitos, afirma el juez en su auto, ya justificarían el mantenimiento de su situación personal, pero a ello añade otras circunstancias para confirmar la prisión. García-Castellón afirma que no han variado las circunstancias que en su día motivaron la medida, sin todo lo contrario, “asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa”.

Otro de los motivos en los que se basa el juez para adoptar esta decisión es el riesgo de fuga. En este caso, indica, es evidente con "una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones) patentiza el riesgo de fuga".

Riesgo de acceso a las fuentes de pruebas

El juez valora también otro riesgo, el de acceso a las fuentes de pruebas. En este sentido, afirma que las diligencias que se están practicando en el juzgado, declaraciones y examen de documentación que a su vez dan lugar a nuevas declaraciones y a la petición de más documentación, requieren que las actuaciones estén secretas para evitar coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, máxime en este caso en el que la documentación ha sido ratificada en las declaraciones, por lo que la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid podría afectar a esas fuentes de prueba.

Como consecuencia de todo ello, García-Castellón concluye que se mantienen todos los elementos que llevaron a adoptar la prisión de Ignacio González y que el avance de la investigación, de una forma rápida y ágil, pasa necesariamente por mantener la medida adoptada, no siendo éste el momento procesal para variarla, pues las nuevas pruebas recabadas desde que se acordó la misma "patentizan la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito".

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170731/235476651_0.html

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SEPARA A IGNACIO GONZÁLEZ Y EDMUNDO RODRÍGUEZ SOBRINO POR DECISIÓN DEL JUEZ DEL 'CASO LEZO'

Edmundo Rodríguez Sobrino ha sido trasladado de la cárcel de Soto del Real a la de Estremera después de que el juez García Castellón pidiera por escrito al Ministerio del Interior

Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití

Instituciones Penitenciarias ha separado de prisión a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino por decisión del juez instructor del caso Lezo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, han informado a Europa Press fuentes de este Departamento dependiente del Ministerio del Interior.

Edmundo Rodríguez Sobrino, el "hombre fuerte" de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, ha sido trasladado de la cárcel de Soto del Real a la de Estremera después de que el juez García Castellón pidiera por escrito al Ministerio del Interior que no se facilitara la comunicación diaria entre ambos internos.

El juez García Castellón tomará declaración mañana a Edmundo Rodríguez Sobrino después de aplazar su citación fijada en un principio para el pasado martes. Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el investigado quiere aportar información después de casi dos meses y medio en prisión incondicional dictada el 21 de abril por el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco.

El expresidente de Inassa y mano derecha de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II, la empresa de aguas situada en el centro de la operación Lezo, pidió declarar voluntaria ante el nuevo juez. El supuesto líder de la trama, el expresidente madrileño Ignacio González, también ha pedido comparecer ante García-Castellón.

Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino son los únicos imputados en la trama de corrupción Lezo contra los que el juez Velasco dictó prisión incondicional. A Pablo González, hermano del expresidente madrileño, y a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond les impuso prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros.

Tras el relevo de magistrado en el Juzgado Central 6, Richmond quiso declarar voluntariamente para aportar nueva documentación sobre la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 y solicitar una rebaja en las medidas cautelares para poder "defenderse desde la libertad".

Un día después, el juez García Castellón rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza para poder salir de la cárcel, lo que se hizo efectivo el pasado viernes a última hora. Ahora es Rodríguez Sobrino el que quiere declarar voluntariamente y ofrecer nuevos datos al magistrado para intentar obtener una mejora en sus condiciones, aunque su caso es diferente al de Richmond, ya que él está en prisión provisional sin fianza.

Sobornos en el extranjero

Según el auto de prisión redactado por el juez Velasco el pasado 21 de abril, Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" los procesos de obtención de contratos para Inassa, filial del Canal de Isabel II en América Latina.

En el auto se explicaba también que los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido "oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito" tanto en Inglaterra como en Colombia y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.

Durante la investigación del caso Lezo, el expresidente de Inassa fue consciente de la intervención de su teléfono, por lo que inició "operaciones de transformación de su patrimonio conocido", de ahí que se deduzca que "habría intentado alejar su patrimonio con la doble intención de dificultar el descubrimiento de su origen y eludir las posibles responsabilidades civiles que pudieran serle atribuidas".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/12/instituciones_penitenciarias_separa_ignacio_gonzalez_edmundo_rodriguez_sobrino_por_decision_del_juez_del_caso_lezo_67510_1012.html

GONZÁLEZ SE EXPLICA ANTE EL JUEZ PERO NO SOLICITA TODAVÍA SU LIBERTAD

Durante más de 3 horas, el expresidente madrileño ha declarado por decisión propia ante el juez Manuel García Castellón. Ha defendido su inocencia, ha dicho que no existe ningún riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas y tampoco reiteración delictiva.

Tres líneas de investigación le señalan como responsable penal de numerosos delitos: el inconcluso tren a Navalcarnero, la posible financiación irregular del PP a través de la empresa pública madrileña de informática y el Canal de Isabel II.

Una parte de esa investigación ya no tiene carácter secreto por lo que González puede defenderse porque conoce las acusaciones sobre él. Y ha hablado tal y como quería para negar su participación en los hechos intentando no implicar a terceros, especialmente a su hermano Pablo González.

Un Pablo González que también se ha sometido a interrogatorio pero por el caso Mercasa, otro sumario de presunta corrupción que se centra en averiguar que sucedió con 50 millones de euros para un proyecto de mercado de abastos en la capital angoleña, Luanda.

En todo caso, Ignacio González ha intentado con esta declaración voluntaria mostrar su voluntad de colaborar con la Justicia, aunque no ha solicitado expresamente su libertad bajo fianza.

Esta posibilidad la va solicitar su defensa en las próximas horas mediante un escrito ante el juez, pero pidiendo medidas cautelares para que el detenido pueda regresar a casa con su familia.

Fuentes de la investigación han señalado a Radio Madrid que el juez García Castellón no va a modificar por ahora la situación penitenciaria de Ignacio González. La Fiscalía tiene la misma opinión.

http://cadenaser.com/emisora/2017/07/19/radio_madrid/1500476043_962477.html

PABLO GONZÁLEZ SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR LA FIANZA DE 200.000 EUROS

El juez Manuel García Castejón ha rebajado la fianza de 4 millones de euros a 200.000 euros después de tener en cuenta los motivos de salud acreditados, el tiempo transcurrido en prisión y el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El exdirectivo de Mercasa, Pablo González, el día de su detención el pasado 21 de abril de 2017.

Pablo González ha salido de prisión tras haber abonado los 200.000 euros que el juez, Manuel García Castejón, ha acordado rebajar de la fianza de 4 millones de euros que le impuso cuando ingresó en prisión el pasado 21 de abril. Según fuentes judiciales, la fianza ha sido abonada en efectivo por cuatro fiadores, entre ellos familiares y amigos, que han aportado distintas cantidades.

Según el auto, el juez ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido en la cárcel, los motivos de salud acreditados en informes médicos y el informe favorable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para rebajar la fianza.

La pieza que motivó fundamentalmente el ingreso en prisión de González fue la denominada "Mercasa", la investigación de la trama de sobornos desde la empresa pública a través de adjudicaciones en el extranjero. El juez asegura que "durante este tiempo se han realizado diferentes actuaciones tendentes a la comprobación de los hechos, así como la recogida de elementos de prueba". Estos tres motivos, continúa, "y en concreto la inhibición de Mercasa, fundamentan, por una parte el mantenimiento de la medida cautelar adoptada, pero por otra, la rebaja de la fianza, en 200.000 euros".

Por tanto, "el tiempo transcurrido, las medidas adoptadas y las piezas en las que ahora se le investiga (Tecnoconcret y blanqueo de capitales) han disminuido considerablemente su capacidad de destrucción o alteración de fuentes de pruebas" concluye.

Una vez acreditado también el arraigo familiar y la menor capacidad para destruir pruebas, Pablo González podrá que en libertad tras el pago de la fianza con la obligación de comparecencias quincenales y la entrega del pasaporte con la prohibición de salir del país sin permiso del juzgado.

Pablo González esta en prisión desde el pasado abril, comparte celda con su hermano Ignacio González por el 'caso Lezo' y está investigado, entre otras tramas, por el pago de sobornos desde Mercasa donde su papel, subraya el escrito, es especialmente relevante.

http://cadenaser.com/ser/2017/07/27/tribunales/1501157509_824876.html

LA EX DIRECTORA FINANCIERA DEL CANAL SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR UNA FIANZA DE 100.000 EUROS

María Fernanda Richmond quiere aportar nueva información que precisa que su posición en la empresa no le permitía conocer los desvíos de fondos de Lezo

Se le rebajó la fianza inicial de cuatro millones de euros tras tomarle declaración en las dependencias judiciales

La ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond quedó en libertad a última hora de este viernes tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que le rebajó la cuantía inicial de cuatro millones de euros acordada por el anterior instructor del caso Lezo, el juez Eloy Velasco.

Según han informado fuentes de la defensa a Europa Press, Richmond abandonó la madrileña cárcel de Soto del Real donde permanecía desde el pasado 20 de abril por su implicación en la trama investigada ante presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública de agua.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional le rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza impuesta a la acusada un día después de tomarle declaración en las dependencias judiciales. Richmond solicitó una la imposición de otras medidas cautelares que le permitieran "defenderse desde la libertad".

La ex directora financiera del Canal quería aportar nueva información que precisa que su posición en la empresa pública no le colocaba en situación de conocer el presunto desvío de fondos que llevó a cabo la trama liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Precisamente la defensa de González solicitó ayer al mismo magistrado declarar voluntariamente, al igual que su mano derecha en Sudamérica y expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos permanecen en la prisión de Soto del Real desde el pasado 21 de abril cuando se les decretó prisión incondicional sin fianza por su implicación en la trama Lezo.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/08/la_directora_financiera_del_canal_sale_prision_tras_abonar_una_fianza_100_000_euros_67369_1012.html

EL NÚMERO 2 DE LA TRAMA LEZO EVITA IMPLICAR A IGNACIO GONZÁLEZ

El expresidente de la filial sudamericana del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino, intenta justificar sus acciones durante cerca de cinco horas de interrogatorio en la Audiencia Nacional, y rehúsa responsabilizar al expresidente autonómico y supuesto líder de la organización criminal

El expresidente de la filial sudamericana del Canal Isabel II, Inassa, y mano derecha de Ignacio González, Edmundo Rodríguez, ha declarado este jueves durante cerca de cinco horas ante el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en las que ha intentado justificar sus acciones, proteger a su hija y no ha derivado la responsabilidad de los hechos en el expresidente autonómico, según fuentes jurídicas. Sin embargo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han obtenido pruebas contundentes de la implicación y actividad delictiva de Ignacio González.

En prisión desde el pasado 21 de abril por su implicación en el caso Lezo, Edmundo Rodríguez había solicitado comparecer de forma voluntaria después de cambiar de abogado, y de que el magistrado rebajara de 4 millones a 100.000 euros, la fianza para otra imputada: María Fernanda Richmond.

Hay numerosas evidencias que implican a Edmundo Rodríguez en el caso. Guardaba más de 400.000 euros en Suiza y le fueron incautados 262.000 en metálico en el registro a su piso en Colombia. Además, a nombre de su hija han sido localizadas varias propiedades producto de comisiones ilegales en Colombia, Panamá y Reino Unido, según los investigadores.

Supuestamente, y por orden de González, el expresidente de Inassa ejecutó la polémica adquisición de la brasileña Emissao, que supuso un perjuicio para las arcas públicas de 25 millones de euros, que acabaron en cuentas suizas y de los que las autoridades judiciales han conseguido bloquear 18.

Al finalizar su declaración, Edmundo Rodríguez ha regresado a la cárcel de Estremera.

http://cadenaser.com/ser/2017/07/13/tribunales/1499975203_326819.html

EL HERMANO DE GONZÁLEZ, IMPUTADO A LA PAR POR CORRUPCIÓN EN DOS JUZGADOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La investigación por las presuntas irregularidades de Mercasa han sido asumidas exclusivamente por el juzgado que dirige José de la Mata después de que el titular del Central de Instrucción 6 haya enviado esta pieza separada del caso Lezo a su compañero. Se da la circunstancia de que ahora Pablo González está siendo investigado en Mercasa y en Lezo por dos jueces distintos.

La investigación del caso Lezo pierde una de sus piezas separadas -el juez Eloy Velasco troceó el caso en seis ramificaciones- después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional se haya inhibido a favor del magistrado José de la Mata, en lo referente a las irregularidades de Mercasa.

Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, De la Mata ya ha dictado un auto donde ha decidido asumir dicha investigación en la que se encuentra imputado el hermano de Ignacio González, Pablo González.

El pasado 16 de mayo, el juez Velasco dividió la macrocausa Lezo en las siguientes piezas separadas: la número 1, que englobaba la causa principal sobre la expansión del Canal de Isabel II en Sudamérica; la pieza 2, que versaba sobre las irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf; la pieza 3, sobre la adjudicación del tren de Navalcarnero; la pieza 4, destinada a la supuesta financiación ilegal del PP a través de Indra; la 5, donde se investiga el blanqueo de capitales de la familia González; y, la 6, las irregularidades en Mercasa, donde se encontraba imputado Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González.

Sin embargo, en el caso de las presuntas irregulares de la empresa pública Mercasa se dio la circunstancia de que, cuanto estalló la operación Lezo, el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ya tenía abierta una investigación -a raíz del caso Defex- por estos hechos. De ahí, que finalmente el Juzgado 6 se inhibiese a favor de José de la Mata.

La principal consecuencia jurídica de estos movimientos entre togados de la Audiencia Nacional es que Pablo González a falta de estar ahora imputado por corrupción en un juzgado de dicho órgano judicial lo está en dos.

El acusado, en prisión

En el Juzgado de José de la Mata por su implicación en el caso Mercasa, donde se investigan operaciones de la empresa pública en países como República Dominicana, Angola, Argentina y Panamá, ciertos pagos y el supuesto desvío de fondos; y en el Juzgado que ahora capitanea Manuel García Castellón por las irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf de Isabel II.

El investigado se encuentra desde el pasado mes de abril en prisión preventiva después de que el instructor de Lezo ordenara su ingreso en la cárcel eludible previo pago de una fianza de cuatro millones de euros.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha citado a declarar el próximo día 17 a varios exdirectivos y exmiembros del consejo de administración investigados en el caso Mercamadrid, entre los que figura el hermano de Ignacio González.

http://www.vozpopuli.com/espana/Gonzalez-imputado-corrupcion-juzgados-AN_0_1041496881.html

UN JUZGADO PIDE LA GRABACIÓN DEL CHIVATAZO A LA 'TRAMA LEZO' DE LA "MAGISTRADA AMIGA"

Un juzgado de Plaza Castilla apremia a la UCO de la Guardia Civil a que entregue las transcripciones de las comunicaciones interceptadas en la 'operación Lezo' a los jefes de la presunta trama donde hablan de una "magistrada amiga de la casa"

El presunto chivatazo que alguien dio a los cabecillas de la trama Lezo es uno de los asuntos más urgentes que queda por resolver en esta operación en la que los líderes de la presunta trama, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, continúan en prisión. Este fleco que queda por investigar es clave porque el aviso permitió, según las diligencias elaboradas, que siete meses antes de que se produjesen las detenciones González y Rodríguez supiesen incluso que la justicia había cursado comisiones rogatorias internacionales a diferentes países.

La formación política Contrapoder presentó un denuncia por revelación de secretos en un juzgado de Plaza Castilla en la que se indicaba que según las diligencias "fue una magistrada amiga de la casa" la que supuestamente chivó que los teléfonos del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y de otros investigados estaban intervenidos.

Solicita que se entreguen las transcripciones de las intervenciones telefónicas

Ahora el Juzgado de Instrucción número 6 de Plaza Castilla apremia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a que entregue la copia de las transcripciones de las intervenciones telefónicas efectuadas a lo largo de estas diligencias referidas al presunto chivatazo que alguien dio a Edmundo Rodríguez, en aquel momento consejero delegado del diario La Razón. "El Juzgado Central de Instrucción número 6 no se puede negar a la autoridad judicial que resuelve que la UCO entregue a este Juzgado la copia requerida de las transcripciones de las intervenciones telefónicas efectuadas", señala este auto del pasado 23 de junio al que ha tenido acceso la Cadena SER.

Es decir, Plaza Castilla va a investigar la supuesta revelación de secretos que hubo a lo largo de esta investigación tal y como recogen las conversaciones telefónicas interceptadas judicialmente en este caso concreto a Edmundo Rodríguez quien según la investigación también actuó de presunto testaferro de Ignacio González. El juez que está investigando este fleco es el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, que ha tramitado la denuncia presentada por la formación política Contrapoder.

Además el partido político Contrapoder solicita al Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid que cite como testigo de la causa a Edmundo Rodríguez Sobrino que sigue en prisión incondicional porque "fue Edmundo el que alertó a Ignacio González de que una magistrada amiga de la casa le había chivado la existencia de pinchazos telefónicos".

http://cadenaser.com/ser/2017/06/29/tribunales/1498758577_763799.html

CANAL DE ISABEL II: EL JUEZ DICE QUE LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE PANAMÁ FUE “FRAUDULENTA”

El juez Manuel García Castellón considera que la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II a través de Panamá fue una operación “fraudulenta”. Así lo asegura en un auto fechado el 21 de julio al que ha tenido acceso OKDIARIO.

García Castellón rebate de esta forma los argumentos aportados por varios socios involucrados en la compra de Inassa que pedían el archivo de la causa. Entre ellos Francisco Olmos Fernández-Corugedo, gerente general de la sociedad Triple A de Barranquilla, una de las filiales de Inassa, presidente de Inassa, director general de Tecvasa -la sociedad que reunía al grupo de empresarios españoles que dio el pelotazo– y consejero de Canal Extensia de la que también era socio.

El Canal de Isabel II desvió 73 millones de dólares, unos 83 millones de euros entonces y 67 al cambio actual, en el año 2001 al paraíso fiscal de Panamá para la compra de Inassa. Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, fue el gerente de la empresa pública de aguas de Madrid, entre septiembre de 2001 y 2003, periodo en el que el Canal consumó la operación de compra de Inassa, la sociedad de aguas de Barranquilla, en Colombia.

El magistrado que sustituyó a Eloy Velasco en la instrucción del ‘caso Lezo’ asegura que se utilizó la Sociedad de Aguas de América (SAA) radicada en Panamá como “sociedad interpuesta que permitió indiciariamente el desvío de una ingente cantidad de dinero público de la CAM”.

Esta sociedad offshore fue liquidada el mismo día de la venta, por la que se pagó una cantidad 10 veces mayor de su valor real, según las investigaciones de la Audiencia Nacional.

Canalda y Olmos son señalados en la causa como dos de los actores que intervinieron en la operación de ingeniería financiera por la que una entidad pública como el Canal de Isabel II pagó con dinero de los contribuyentes una operación de compra de una sociedad colombiana a través de un paraíso fiscal.

Vanos intentos por callar a OKDIARIO

Arturo Canalda ha intentado por todos los medios evitar que este periódico continúe publicando informaciones sobre la adquisición de Inassa cuando él era gerente del Canal de Isabel II. Canalda accede al cargo el 25 de septiembre de 2001 y la compraventa por el Canal de la sociedad extranjera de aguas se produce el 13-12-2001. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid ha dictado un auto tirando por tierra las intenciones de Canalda ya que suponen una “censura previa” a un medio de comunicación.

Una pieza importante del puzzle societario en el que estaba involucrado Canalda, y que tuvo en cuenta el magistrado, son los informes del despacho de abogados Cuatrecasas, contratado por el Canal en 2004 y 2009 para auditar y fiscalizar todo ese proceso mercantil. En estos informes de auditoría se constata que la utilización de la sociedad instrumental en Panamá fue ocultada por los gestores del Canal a la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Consejo de Administración de la empresa de aguas.

https://okdiario.com/investigacion/2017/07/29/canal-isabel-ii-juez-dice-compra-inassa-traves-panama-fue-fraudulenta-1199774

VILLAR MIR NIEGA PAGOS A GONZÁLEZ POR EL TREN DE NAVALCARNERO: "FUE RUINOSO PARA OHL"

El presidente del Grupo Villar Mir solicita su desimputación en el caso Lezo alegando que no tuvo ninguna participación en el presunto pago de una comisión al cerebro de la trama

Juan Miguel Villar Mir ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que le desimpute en el caso Lezo, la investigación sobre la trama de comisiones ilegales que presuntamente lideraba el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El empresario no sólo asegura que no participó en ninguna de las transacciones que están bajo sospecha, sino que la supuesta adjudicación por la que su constructora OHL habría abonado una comisión de 1,4 millones de euros al exdirigente del PP, la concesión de las obras del Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, se saldó con un resultado ruinoso para su compañía.

El recurso de reforma que ha presentado la defensa de Villar Mir contra su imputación recuerda en primer lugar que, en el auto que dictó el juez Eloy Velasco para citarlo a declarar el próximo 12 de septiembre, su nombre sólo aparece en dos ocasiones: “Para ubicarlo como investigación en la pieza separada número 3 y para fijar su declaración. Ni una sola referencia más al señor Villar Mir en toda la resolución judicial”. En opinión de sus abogados, el auto debería concretar cuáles son los motivos, más allá de una “mera conjetura o simple sospecha”, que llevan al juez a concluir su participación en los hechos. “El auto ahora recurrido no cumple en absoluto las exigencias expuestas”.

En opinión de sus abogados, el auto debería concretar cuáles son los motivos, más allá de una “mera conjetura o simple sospecha”

El empresario insiste en que el auto en el que se acuerda su citación como investigado únicamente menciona “diferentes tramas delictivas, no siempre sobre hechos semejantes o involucrando a las mismas personas, que tienen como denominador común al investigado D. Ignacio González y que afectan a diferentes órganos de contratación e, incluso a diferentes contratos”. Pero, sostiene Villar Mir, el auto “no dice absolutamente nada de los que tendría que decir para justificar la imputación”.

No es el único argumento al que se agarra el presidente del hólding Villar Mir para tratar de quedarse al margen de esta causa, en la que también está imputado su yerno Javier López Madrid, consejero delegado del grupo familiar y consejero igualmente de OHL. El industrial alega que los hechos que se investigan en la pieza separada número 3 del caso Lezo, el pago por parte de su empresa “de una comisión a funcionario o autoridad pública por la adjudicación del contrato de concesión de la línea ferroviaria que debía unir Móstoles Central con la localidad de Navalcarnero”, fue “tan ruinoso para OHL que llegó a provocar una ampliación de capital en la compañía, dadas las enormes pérdidas por inversiones no recuperadas e incumplimientos administrativos en las que la compañía incurrió”.

En efecto, las obras del tren no llegaron a terminarse y OHL mantiene un litigio con la Comunidad por la resolución del contrato. Sin embargo, las pesquisas se centran en el periodo previo a la adjudicación del proyecto. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil han aportado al sumario un aluvión de pruebas de que el yerno de Villar Mir realizó una transferencia en septiembre de 2007 de 1,4 millones de euros desde una filial mexicana de OHL a una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank controlada por la sociedad panameña Lauryn Group. El dinero tenía como objetivo recompensar a Ignacio González por su presunta mediación para que la constructora se llevara las obras del Cercanías. Sólo un mes después del pago, OHL logró el contrato.

Sin embargo, González alega que nunca recibió el dinero. El propietario de Lauryn Group, Adrián de la Joya, ha admitido que López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera al presidente madrileño, pero ha declarado que se quedó los fondos para saldar las deudas que le había dejado el Grupo Villar Mir por un proyecto conjunto en Burkina Faso. Con todo, el juez Velasco consideró que el pago es suficiente para imputar la existencia de la comisión y se sigue rastreando el dinero de la cuenta suiza para conocer el destino de hasta su último euro.

El juez Velasco consideró que el pago es suficiente para imputar la existencia de la comisión y se sigue rastreando el dinero de la cuenta suiza

La defensa del presidente del grupo empresarial niega por completo esa conclusión. “En ningún pasaje de las actuaciones se concreta la intervención personal que se achaca al señor Villar Mir en los hechos investigados. Ningún comportamiento se le atribuye al respecto, activo o pasivo”, asegura. “Cierto es que, en el año 2007 -cuando se produce la adjudicación del contrato administrativo en cuestión- ostentaba el cargo de presidente de OHL”, continúa su recurso de reforma. “Sin embargo, este cargo no es por sí mismo expresión de ninguna acción criminal (…) En suma”, termina el escrito, “no hay en la causa nada que pueda decirse del señor Villar Mir, pues nada ha hecho y en nada ha participado”.

Las acusaciones populares personadas en el procedimiento ya se han opuesto a la petición del empresario recordando la implicación de su grupo en el principal soborno atribuido a González y justificando la necesidad de que el industrial comparezca ante el juzgado para aclarar su responsabilidad en ese capítulo del caso Lezo. González se encuentra en prisión provisional desde el 21 de abril.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-27/villar-mir-niega-soborno-a-gonzalez-tren-navalcarnero_1406135/

LEZO: EL SUMARIO QUE DESNUDÓ LA POLÍTICA MADRILEÑA, LAS MANIOBRAS DEL PP EN LA JUSTICIA Y A EJECUTIVOS DE LA PRENSA

Arrancó como una investigación al expresidente Ignacio González y la gestión que ha hecho del caso el Gobierno derivó en la reprobación en el Congreso de un ministro, un fiscal general y un secretario de Estado

La operación contra las corruptelas del Canal ha jubilado políticamente a Esperanza Aguirre y puesto en entredicho al director de La Razón y a un importante ejecutivo de Atresmedia

Las escuchas en las que los principales imputados conspiraban para situar a Manuel Moix como responsable de Anticorrupción y sus primeras decisiones arruinaron el prestigio del anterior fiscal jefe de Madrid

Hubo un tiempo en que nadie se atrevía a toser a Ignacio González. Fueron lustros de poder omnímodo del PP de Madrid. De mayorías absolutísimas que alcanzaron su cénit tras las municipales de 2011 cuando la expresidenta de la región, del partido y de casi todo, Esperanza Aguirre, decretó el fin del "cinturón rojo" al sur de la Comunidad tras ver a sus candidatos sentados en alcaldías históricas del PSOE como Parla, Móstoles o Alcorcón.

Desde el Gobierno regional el PP manejaba presupuestos anuales de 20.000 millones de euros. Controlaba la televisión pública y la mayor parte de la prensa privada comía de su mano amamantada por sus generosos convenios publicitarios. La patronal, con su presidente Arturo Fernández a la cabeza, estaba a partir un piñón con el Gobierno haciendo donaciones a través de Fundescam y el futuro contemplaba faraónicas muestras de poderío como la Ciudad de la Justicia, con sus 15 edificios de autor encargados a eminencias de la arquitectura como Zaha Hadid o Norman Foster.

Ese era el ambiente en 2012 cuando Aguirre decidió legar su ingente capital político al delfín preferido, Ignacio González, a quien ya había entregado las llaves del partido con la secretaría general. La crisis azotaba todavía con fuerza pero había un Gobierno amigo en La Moncloa. En la primera de las tres despedidas de la presidenta y tras años de luchas intestinas, González era el elegido. Su oponente de siempre, Francisco Granados había dado un paso atrás resignado a comentar la actualidad política desde las tertulias. Alberto Ruiz Gallardón había dejado de ser un rival mucho antes cuando permitió a Aguirre hacerse con todo el control territorial del partido y en ese momento ejercía de ministro de Justicia a las órdenes de Mariano Rajoy.

De aquellas fotos en sepia que retrataron la felicidad total del PP madrileño hace solo cinco años no queda nada y hoy el legado de Aguirre y González está hecho añicos. La presidenta, tuvo que despedirse en tres actos, sacudida por la corrupción, y su sucesor mata ahora los días en una celda de Soto del Real.

El entierro del aguirrismo

El futuro del aguirrismo ya empezaba a pintar mal con las primeras informaciones del lujoso ático de Estepona y cuando el dedo de Mariano Rajoy eligió para el cartel de la Comunidad a Cristina Cifuentes. Para colmo, ella ganó mientras que Esperanza Aguirre salió derrotada en las urnas por lo que ella misma calificaba como un grupo de populistas y elementos antistema, Ahora Madrid, que desde el verano de 2015 gobierna el Ayuntamiento de la capital.

Pero todo se tiñó de negro carbón la mañana del pasado 19 de abril: agentes de la Guardia Civil detuvieron a González a las puertas de su chalé de Aravaca, en las afueras de la capital. La Operación Lezo, que llevaba año y medio fraguándose bajo el sigilo del secreto de sumario, veía la luz para derrocar lo que quedaba en pie del régimen aguirrista. Cayó Ignacio González, cayó su hombre de confianza en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, cayó el hermano del expresidente, Pablo, por sus manejos en la empresa pública Mercasa, y también el hombre que movía los hilos de otro ente paralelo la Comunidad José Martínez Nicolás, por su gestión como consejero de la Agencia Informática de Madrid.

Los arrestos coincidieron con la semana en la que Aguirre estaba citada a declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. En la sala, ante el juez repitió ya con poca convicción el estribillo de que ella fue quien destapó la trama. A la salida, rodeada de micrófonos y cámaras hizo una firme defensa de su inocencia pero ya no puso la mano en el fuego por González, que pasaba sus primeras horas en el calabozo a la espera de declarar ante el juez Eloy Velasco. La teoría del par de cargos que le habían salido rana estaba hecha trizas. La cuenta atrás para su abandono de la política había comenzado y Aguirre no pudo contener las lágrimas.

Con el auto del juez que enviaba a prisión a González un viernes de madrugada acusado de malversar millones de euros a través del Canal y de otros negocios como alto cargo de Madrid, Aguirre tomó la decisión de marcharse por última vez y dejar el acta de concejal en el consistorio. El comunicado que firmó el PP de Cifuentes para despedirla parecía escrito sobre un bloque de hielo. Ni un solo adjetivo cariñoso, como si su sucesora quisiera cerciorarse de que esta vez la carrera de Aguirre no volvería a resucitar.

Campañas bajo sospecha

Los informes de Anticorrupción, de la Guardia Civil y los autos del juez Velasco también han buceado en el origen del dinero para pagar los despliegues propagandísticos de las vacas gordas. El magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que un millón de euros salió de inflar contratos en el Canal de Isabel II y mantiene la lupa sobre oscuras compraventas en el Canal de Isabel II. La oposición en Madrid se ha apresurado a decir que el PP regional no solo estaba repleto de presuntos sino que acudía dopado a las campañas. Cifuentes que se presentó como denunciante del caso, pese a que este ya estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional, proclamó que " el tiempo de los corruptos se ha terminado". Su credibilidad también está en entredicho después de que la Guardia Civil haya pedido investigarla en otro sumario gemelo, el caso Púnica, por la adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid a un viejo conocido del partido, el empresario Arturo Fernández. De momento, ni el juez ni los fiscales han pedido su imputación y ella repite que está limpia.

La Guardia Civil hurga también en el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad y ha registrado una cita con quien fue uno de sus enemigos acérrimos en el partido, Ignacio González, en el despacho que este tiene en pleno centro de Madrid. Anticorrupción sospecha de un pacto de silencio y tiene subrayada en rojo una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana en la que el primero se jacta de haber tapado una supuesta corruptela del Gobierno de Gallardón en América, donde según González la Comunidad pagó 100 millones de euror por una filial del Canal "que no valía ni 30".

Conspiraciones en la Justicia

Los miles de folios y las decenas de horas de grabaciones telefónicas y con micros del sumario Lezo no solo han enterrado lo que quedaba de aguirrismo, también destaparon las maniobras del Partido Popular en la Justicia. Antes incluso de que se levantara el secreto de sumario, afloraron conversaciones en las que Ignacio González, cabecilla de lo que el magistrado Eloy Velasco llama "organización criminal", conspiraba con compañeros de partido y directivos de comunicación para que se nombrase como jefe de Anticorrupción a Manuel Moix, "un tipo cojonudo", según sus propias palabras. La Unión Progresista de Fiscales desveló que había trasladado las sospechas de que Moix figuraba en las escuchas al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y que este pese a todo lo puso al frente de Anticorrupción. Moix estaba chamuscado por Lezo y su puntilla fue la noticia de que tenía participaciones en una sociedad familiar constituida en Panamá. Se fue semanas después de que el Congreso de los Diputados lo reprobase. Maza, en idéntica situación, sigue al frente de la Fiscalía General.

Un ministro en el alambre

En el teléfono de Ignacio González los investigadores también hallaron mensajes con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien horas después de ser confirmado en el puesto, deseaba al expresidente madriñeño " que se acaben los líos". Catalá, quien dijo tener el apoyo y la comprensión del presidente, Mariano Rajoy, que también envío sms parecidos a Bárcenas, sabe desde entonces que la mayoría del Congreso exige su cese. Ha sido reprobado por la Cámara donde reside la soberanía nacional, pero tanto el ministro como el Gobierno y el propio Partido Popular, dan a entender que eso no tiene importancia.

El último cargo público reprobado esta semana ha sido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por recibir en su despacho a Pablo González, hermano de Ignacio, y según apunta el sumario, cerebro de una trama para sacar dinero público de la firma Mercasa a través de un fraude de facturas falsas y de la compra de funcionarios en terceros países.

Los casi dos años de seguimientos, escuchas y sobre todo los movimientos de dinero a paraísos fiscales apuntan también a las grandes constructoras de este país. La Guardia Civil inspeccionó ACS y mantiene que la empresa de Florentino Pérez pagó mordidas en los expedientes del campo de golf ilegal que el Gobierno de Aguirre levantó sobre terrenos del Canal de Isabel II. Y una de las cabezas visibles del Grupo OHL, Javier López Madrid, el compiyogui al que tuteaban los reyes de España para desearle suerte cuando afloraron sus primeros escándalos en la prensa, el yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, ha evitado la cárcel pagando una fianza de 100.000 euros. Está acusado de pagar una mordida a través de un banco suizo a Ignacio González a cambio de adjudicarle la obra del tren a Navalcarnero, un proyecto fallido que no se llegó a realizar. Los tres Porsches deportivos de López Madrid están incautados por el juzgado y crecen las sospechas de que el conglomerado empresarial de su familia era uno de los financiadores del PP.

Junto a él han caído media docena de pequeños empresarios que según desliza la instrucción han jugado un papel clave para camuflar la caja B del PP de Madrid y una serie de trabajos realizados para el partido que acaba pagando la Administración o sus subcontratas.

Periodistas y directivos de medios, en la picota

El collage sobre la corrupción en Madrid que constituyen las distintas patas del caso Lezo deja también mal parados a periodistas y directivos de medios de comunicación. Las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil han permitido aflorar conversaciones en las que el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y un alto directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, hablan con uno de los principales imputados, Edmundo Rodríguez, consejero de ese grupo de comunicación y hombre fuerte del Canal en América, y maniobran para intentar que el Gobierno de Cifuentes deje de colaborar con la Justicia aportando documentación de la empresa pública. Casals y Marhuenda fueron imputados en un primer momento por coacciones -las charlas revelan insultos muy graves a la presidenta madrileña y a parte de su equipo- pero tras tomar declaración a Cifuentes y a su jefa de gabinete, Marisa González, decidió levantar la acusación, después de que ambas quitasen hierro a las llamadas que recibieron.

El sumario que ha levantado la última -al cierre de esta edición- tapa de las alcantarillas de la política madrileña sigue su curso, ahora con un nuevo instructor, el magistrado Manuel García Castellón, después de que Velasco haya sido ascendido a un tribunal de nueva creación y que ejercerá de segunda instancia para las sentecias dictadas por la Audiencia Nacional. Quienes conocen las tripas del caso sostienen que a Lezo le queda mucho recorrido todavía. De momento, todos los implicados son presuntos.

http://m.eldiario.es/politica/Lezo-madrilena-PP-directivos-comunicacion_0_657584483.html

EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “PAPÁ, CUANTO MÁS DISCRETO SE SEA... MEJOR”

La sospechosa inversión de la esposa del expresidente de Madrid en guarderías de la mano del grupo empresarial 'Mis Pollitos'

"Pero bueno, papá, que cuanto más discreto se sea, mejor...". Pablo González, hermano del expresidente de Madrid Ignacio González, no vio con buenos ojos que su cuñada, Lourdes Cavero, constituyera una sociedad para gestionar guarderías en Salamanca y otras ciudades españolas con lo que él denomina "dinero B liberado". Según un informe de la UCO de la Guardia Civil, la inversión de Lourdes Cavero en guarderías escolares, 500.000 euros, procedía realmente de inversores estrechamente ligados a su marido, un Ignacio González que en las grabaciones del caso Lezo se le ve desesperado por aflorar dinero

A Pablo González no le gusta "la exposición mediática y/o judicial" que puede acarrear a su cuñada estar presente en una empresa dedicada a guarderías. En las grabaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS, Pablo comenta su padre, el histórico militante del PP Pablo González Liberal, otro de los 51 implicados por el juez Velasco en la Operación Lezo, los pormenores de la operación.

Mientras hablan, se pone al teléfono la madre de Pablo y este también le muestra a ella su contrariedad por cómo se va a realizar la inversión: "Muy mal hecho, dile que ya se lo diré yo...", se enfada Pablo González. La madre concede: "Claro, cuanto menos figure ella, mejor". De nuevo se pone al teléfono el padre y su hijo reitera: "Pero bueno, papá, que cuanto más discreto se sea, mejor... (...). Les he estudiado yo el negocio entero, pero lo veo regulín, pero bueno, si se quieren meter ahí, pues que se metan". Los hermanos aún no sabían que tenían los teléfonos pinchados. Lo supieron semanas después, lo que llevó al juez a introducir micrófonos en el despacho de Ignacio González.

La madre del expresidente de la Comunidad también recela de la entrada de Lourdes Cavero en la guardería: "Claro, cuanto menos figure ella, mejor"

Pablo González asesoró sobre esta inversión en guarderías tanto a Lourdes como a su hermano Ignacio, quien desde un primer momento tiene claro quiénes aportarán el dinero, en torno a 500.000 euros. Se trata de personas que figurarán como inversores solo durante un año y luego se marcharán dejando todo en manos de Lourdes Cavero, que figura también como investigada en la trama Lezo. Para esta operación, la esposa de Ignacio González se alía con el grupo empresarial Mis Pollitos, cuya administradora y socia será Carmen Pazos. La firma Mis pollitos se dedica a prestar servicios de restauración y enseñanza no obligatoria en diferentes colegios de España.

La gestión de esta operación se inicia en septiembre de 2016. Poco antes, Ignacio González había dejado la presidencia de Madrid. Lourdes Cavero indica a su marido que ha estado comiendo con Carmen Pazos y que en ese momento está visitando locales para abrir guarderías. Y encuentra dos que le gustan, pero que requieren obras de acondicionamiento por importe de 180.000 euros. "Es un local que alquilas y que tienes que meter un pastón", cuenta Lourdes a su marido.

Ignacio González se sirvió de su padre y su hermano para realizar falsas facturaciones cruzadas y aflorar dinero negro

A la UCO de la Guardia Civil le llama la atención que el matrimonio planee una inversión de este tipo "teniendo en cuenta las operativas a las que tiene que recurrir Ignacio González para lavar 13.000 euros porque", dice, "no tiene dinero en sus cuentas". Los agentes, merced a las grabaciones, saben que Ignacio González controla "dinerillo B", según lo define su testaferro Edmundo Rodríguez, y que se sirve tanto de su padre como de falsas facturaciones para aflorarlo mediante alambicadas transferencias que buscan ocultar el rastro sobre la procedencia del dinero.

Las grabaciones revelan que detrás de toda la operación está realmente Ignacio González. "Ella será la consejera delegada y tú la directora general, ¡qué cojones, con un contrato de alta dirección y a tomar por culo!". González se encargaría de buscarle los supuestos socios capitalistas. Al final concluye que estos aportan 500.000 euros.

Ignacio y su hermano Pablo hablan sobre esta inversión el 24 de noviembre de 2016 en el despacho del expresidente. Ignacio le comenta que la socia será Carmen Pazos, que gestiona numerosas concesiones públicas de guarderías en Salamanca "y le han prometido que le van a dar otras cuatro guarderías nuevas en Salamanca, de concesión municipal", señala el expresidente.

Pablo González a su hermano: "Es decir, B liberao, ¿no?, vale, joder...".

Pablo González relata que conoce a un concejal de Salamanca, Enrique Sánchez, que les puede "introducir". Ignacio le comenta inicialmente que ha conseguido ("levantado", dice) financiación "de 400.000 o 500.000 euros" para la guardería. Es decir, Lourdes Cavero pondría 500.000 euros provenientes de cuatro accionistas, un 21 % del capital, y que Carmen Pazos aportaría otras guarderías que ya tenía en funcionamiento.

"Ese negocio no vale", esgrime Pablo González, si ella se queda el 21 % quiere decir que estás valorando la empresa en dos millones, es de guasa...". Ignacio le matiza que "No, no, no, ella se queda liberado...en realidad se queda el 60 % puesto que se valora la empresa en 1 millón de euros". Eso a Pablo si le parece bien. Pero antes se cerciora: "Es decir, B liberado, ¿no?, vale, joder...". Ignacio asiente y añade: "Esos se van el primer año, que no sé si lo dijiste tú", en alusión a que los supuestos accionistas que ha buscado el expresidente dejaran la compañía a su esposa pasado el primer año. La UCO deduce que el matrimonio pretende con esta operación aflorar dinero de procedencia ilícita.

Ignacio González. [Carmen Pazos] ella aporta guarderías en funcionamiento y el cáterin, libre de todas las historias. Se hace una nueva sociedad, y ella dice que le han prometido que le van a dar cuatro guarderías nuevas en Salamanca, por concesión municipal.

Pablo González. Yo me entero de eso en Salamanca.

I.G. Sí, ella con el alcalde... Me dice ella: ¿Tú conoces al alcalde? Le digo sí (risas), yo conozco bastante a, a Alfonso (...) con este no se debe de llevar [Pazos] muy bien; pese a eso tiene el monopolio de todas las guarderías de Salamanca.

P.G. Dame el nombre de ella, porque yo se lo pregunto a Enrique Sánchez, que es el concejal, este... ciego... de Deportes o de no sé qué, y no sé si de él dependerá esto también, quizás de Cultura...

IG. Pero vamos, ella me ha dicho que estuvo el otro día con... este le ha dicho que le va a dar las cuatro guarderías, o sea... Pero ella [su esposa Lourdes] ha levantao ya el dinero, 500.000 euros, que no está mal. Para montar una guardería aquí... Ella [Carmen Pazos] se queda el 40 % y 500.000 Lourdes.

PG. Es decir, B liberado, vale, joder y tal. Y los otros son financieros. ¿Y Lourdes qué papel va a tener ahí?

IG. Pues estos se van el primer año, o sea, que debe ponerse un sueldo fijo para tener 4.000 euros al mes para eh, gastos, por ejemplo, va a pagar de aquí a la secretaria [la del expresidente], o sea, va a pagar una parte del despacho [se refiere al despacho que el expresidente posee en la madrileña calle de Alcalá, donde se dedica a la intermediación y corretaje, utilizando sus influencias, según la UCO.

En diciembre de 2016, la UCO interceptó otro diálogo entre Lourdes Cavero y su cuñado Pablo González. La gestión de las guarderías estaba aún en ciernes. Su marido le había dicho que antes de constituir la sociedad de las guarderías lo consultase con su hermano. "Quería hablar contigo, porque estoy ya aquí a punto de constituir mi empresa, y Nacho [Ignacio González] me ha dicho que no haga nada sin hablar contigo. No para de decirme: ya has hablo con Pablo, has hablao ya... Así todos los días... Ay, que pesao, te juro que hoy hablo". Lourdes y Pablo quedan en hablar en el despacho del segundo.

El 16 de diciembre de 2016, Ignacio González llamó a su notario habitual, un amigo de la universidad, y quien, según él, le informa de todo lo relacionado con el polémico ático que el matrimonio posee en Marbella y que es objeto de una investigación judicial en la creencia de que el dinero de su compra, en 2008, casi un millón de euros, le fue regalado por un constructor a cambio de una recalificación de terrenos en Arganda del Rey (Madrid).

Ignacio comenta con su notario de confianza, Javier Lasso de la Vega, a quien Ignacio llama Chevi, la visita que le ha hecho su esposa para firmar la constitución de la sociedad de las guarderías. "Ya hemos firmado, gordito (...) he traído una botella de champan", le dice Lourdes al otro lado del teléfono. Le acompañan amigas suyas y acaba de firmar ante Chevi,

Al tanto de la operación de las guarderías estaba también el expresidente de los empresarios de Madrid, Arturo Fernandez, implicado en la financiación ilegal del PP madrileño en el marco de la trama Púnica. Recientemente, Fernández declaró ante el juez Velasco que su relación con González era estrictamente "protocolaria". Pero las grabaciones de Lezo le desmienten. Revelan que la relación entre ambos es de estrecha amistad. Arturo Fernández le pide favores a los que accede Ignacio González. Y, además, está al corriente de los negocios de Lourdes Cavero. Ignacio González señala a Arturo Fernández: "Lo de Salamanca, fenomenal... ya hemos firmado, ya hemos constituido la empresa y entran los restos (los socios inversores de Lourdes Cavero) con ampliación de capital".

La UCO ha comprobado que ciertamente se llegó a constituir la citada sociedad. Como socios figuran Lourdes Cavero y el grupo Mis Pollitos, de Carmen Pazos. La Sociedad queda radicada en la sede del despacho de Ignacio González. Llama la atención la UCO sobre el hecho de que inicialmente solo figuren como socios en la empresa Lourdes Cavero y Carmen Pazos y que los otros inversores no entren desde el principio y hagan una ampliación de capital solo unos días después. La sociedad se constituye con un capital de 800.000 euros, de los que 500.000 euros "los ha levantado", en palabras del expresidente, su esposa Lourdes Cavero.

Inversionistas efímeros

Entre los inversionistas que se van al año se halla Rocío Bonet Cavero y su pareja sentimental. La UCO identifica a Bonet Cavero como sobrina de Lourdes Cavero. La sobrina también ha participado en otros negocios del matrimonio. La pareja sentimental de la sobrina fue consejero delegado de una empresa presidida por Jaime Antonio Antoñanzas, quien, según los investigadores, estaría involucrado, junto con Ignacio González y José Manuel Serra Peris, otro hombre de confianza del expresidente y exalto cargo del Canal de Isabel II, en "facturaciones cruzadas ficticias" encaminadas supuestamente a aflorar dinero negro.

Otro de los inversores de la guardería es la sociedad Marmara Patrimonial, de Alberto Pérez de la Sal, amigo personal de Ignacio González y con actividades societarias comunes. Pérez de la Sal es consejero delegado de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España.

La obsesión de González (para lavar el dinero que la UCO sospecha esconde y que solo en España calcula en unos tres millones de euros) es intercalar sociedades aparentemente activas en las que camuflarse.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/23/actualidad/1498223454_752672.html

EL NUEVO JUEZ DE LEZO Y PÚNICA PIDE AYUDA PARA EVITAR QUE COLAPSE EL JUZGADO

El titular del Central 6 de la Audiencia Nacional tomará posesión el lunes y reclama un juez de apoyo y más funcionarios para sacar adelante las macrocausas

El Juzgado de la Audiencia Nacional encargado de las macrocausas de corrupción Púnica y Lezo se encuentra al borde del colapso. Su nuevo titular, Manuel García-Castellón, aterrizará la próxima semana y tendrá que hacer frente a un calendario de infarto que le exige afrontar, en un plazo de poco más de dos meses, un centenar de interrogatorios de estos dos procedimientos. La insostenible situación ha conducido al veterano juez a pedir ayuda y a reclamar apoyo para el Central 6, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El magistrado ha lanzado un doble grito de auxilio. Ve no sólo necesario sino imprescindible contar con un juez de refuerzo, figura esencial para sacar adelante el ingente trabajo que se avecina para el próximo curso. También solicitará que se apuntale el Juzgado con dos nuevos funcionarios. El objetivo primordial es conseguir controlar en algo más de 60 días los dos monstruosos procedimientos que hereda de Eloy Velasco y continuar tramitando otras causas menos mediáticas pero que serán también su responsabilidad. El 6 se ocupa de instruir el sumario sobre la empresa pública de gestión de agua Acuamed y, en breve, recibirá desde Valencia la instrucción sobre otro caso de corrupción, el que investiga en la 'trama del fuego' el amaño de contratos para la extinción de incendios.

Y es que el riesgo de no atender sus reclamaciones es evidente. El avance de Púnica y Lezo podría quedar congelado en puntos muy sensibles para ambas investigaciones. Las pesquisas sobre la red dirigida por Francisco Granados se encuentran a medio camino, con decenas de flecos pendientes de rematar en muchas de sus 16 piezas. Las fuentes consultadas apuntan que debe citarse de forma inminente a medio centenar de personas. A esto se suma la revisión de la documentación incautada. A modo de ejemplo, hace sólo unas semanas se intervinieron más de 100 cajas en los registros de la sociedad Arpegio

No sólo se trata de un deseo del nuevo titular que ha resultado ser el antiguo ya que García-Castellón recupera una plaza que es de su propiedad y dejó por otras funciones hace 17 años. Según apuntan distintas personas a este diario tanto las unidades policiales que trabajan con el Juzgado como las Fiscalías de la Audiencia Nacional y de Anticorrupción aconsejan el refuerzo inmediato.

El magistrado ha recibido una oferta por parte del juez Eloy Velasco designado para un nuevo puesto en la Sala de Apelaciones. A última hora ha solicitado que se prorrogue su presencia en el Juzgado hasta el 31 de julio para auxiliarle, aunque sólo durante el próximo mes. Se da el caso de que durante agosto ambos disfrutarán de sus vacaciones y que la avalancha de diligencias explotará a partir de septiembre. Velasco declinó permanecer en el Juzgado cuando fue nombrado hace unas semanas.

El calendario

Las dos macrocausas requerirán a partir de septiembre un sobreesfuerzo evidente. La Púnica suma, además de las declaraciones mencionadas y que aún no han sido fijadas, otras diligencias urgentes que quedaron reflejadas en un auto por el que se prorrogó la instrucción para los próximos 18 meses. El magistrado deberá pronunciarse sobre si propone la imputación de varios aforados. Más allá del caso de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, a la que la UCO vincula con un contrato concedido al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, la lista incluye a su número tres, Jaime González Taboada, y al diputado Bartolomé González.

Otra pincelada que dan pistas sobre lo que Velasco dejó en el apartamento de 'cosas por hacer' es la petición de informes sobre los pelotazos inmobiliarios del Valdemoro de Granados. En este apartado es necesario reclamar al Ayuntamiento información sobre siete proyectos: el planteamiento inmobiliario completo del municipio, el de El Majuelo, Las Zanjas Norte, el Pozo de San Pedro, el sector UDE Oeste Norte, Canto Negro y el paraje Merino Restón. También sobre otros ayuntamientos 'púnicos' como el de Serranillos del Valle.

La pieza relativa a la actividad de Waiter Music requiere, además de varios interrogatorios, indagaciones relativas a empresas y ayuntamientos. En concreto el auto detallaba que hay que recabar "los expedientes de contratación de los 47 Ayuntamientos de Madrid que contrataron sus servicios durante los años 2004 a 2014 por importe de 28 millones" y los contratos de "FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Grupo DHO y Urbaser a los que también dirigió su facturación Waiter Music por 1.341.423 euros".

Un detalle más que significativo del trabajo acumulado que aguarda al nuevo titular es el que afecta a las peticiones de sobreseimiento que plantearon las defensas de Lucía Figar y otros seis investigados. A pesar de que se formularon hace más de un año, aún no han sido contestadas por el 6.

A la Púnica se suma la Lezo, recién iniciada y en la que Velasco citó a declarar como imputadas a 51 personas, entre ellas el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez; la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero; las sobrinas de ésta y el propietario de la empresa Licuas, Joaquín Molpeceres. La causa ya suma seis piezas separadas y 68 investigados y una maratón de declaraciones a celebrar entre los próximos 18 de septiembre y 31 de octubre.

Según informan las fuentes consultadas, la intención de García-Castellón es tomar posesión el próximo lunes y solicitar esta ayuda, que debe ser avalada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional con la intención de que pueda ponerse en marcha lo antes posible.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-23/lezo-punica-garcia-castellon-eloy-velasco-audiencia-nacional-pp_1402536/

LA GUARDIA CIVIL REGISTRÓ UNA CITA ENTRE IGNACIO GONZÁLEZ Y GALLARDÓN TRAS LOS PRIMEROS ESCÁNDALOS DEL CANAL

La Fiscalía sospecha que los dos expresidentes madrileños sellaron "un pacto de silencio" sobre el saqueo del Canal de Isabel II

Rivales políticos irreconciliables, ambos se vieron en el despacho de Ignacio González el 19 de mayo de 2016 en compañía de Enrique Cerezo

En una conversación intervenida, González se jacta de haber tapado el pelotazo cometido con la empresa pública en tiempos de Gallardón

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón, dos rivales políticos irreconciliables, dejaron a un lado sus diferencias y mantuvieron una reunión el 19 de mayo de 2016, tres días después de la destitución de Edmundo Rodríguez Sobrino, otro de los nombres clave de la Operación Lezo, de su puesto en el Canal de Isabel II.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Ruiz-Gallardón y González sellaron “un pacto de silencio” para ocultar las irregularidades cometidas en tiempos del primero con la expansión del Canal por Latinoamérica y poder continuar con ellas durante el mandato del segundo.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la visita de Ruiz-Gallardón y el productor Enrique Cerezo al despacho profesional de Ignacio González ese 19 de mayo. Los investigadores aún no habían colocado micrófonos en el despacho de Ignacio González con autorización del juez, por lo que no consta grabación del encuentro. Como muñidor del encuentro, el presidente del Atlético de Madrid, íntimo de González, y una y otra vez en los pinchazos telefónicos al tanto de las maniobras del expresidente para influir en la justicia.

La reunión se produjo cuando el Gobierno de Cristina Cifuentes había empezado ya a revolver los documentos sobre la gestión de sus antecesores en la Comunidad de Madrid. Un par de meses después de la cita en el despacho de González, el actual Gobierno autonómico presentó una denuncia ante Fiscalía. Para entonces, la Guardia Civil llevaba ya diez meses con la Operación Lezo.

El Canal de Isabel II dependió del Ejecutivo de Ruiz-Gallardón durante el mandato de éste como presidente de la Comunidad de Madrid, entre 1995 y 2003, año en el que Ignacio González tomó el control de la empresa pública como vicepresidente de Esperanza Aguirre, la gran rival en el PP de su antecesor.

Esta investigación periodística es posible gracias a más de 20.000 socios

González se encuentra en prisión desde el pasado 19 de abril como cabecilla de una organización criminal dedicada a saquear las arcas públicas, entre otros hechos delictivos. Gallardón no está imputado formalmente, pero la Audiencia Nacional investiga sus ingresos por si se hubiera enriquecido con fondos del Canal de Isabel II.

Tres días antes de la cita entre los expresidentes autonómicos, el Ejecutivo regional había destituido al hombre de González en Latinoamérica, Rodríguez Sobrino. Su nombre aparece vinculado a tres empresas en los Papeles de Panamá, la investigación sobre paraísos fiscales difundida en España por La Sexta y El Confidencial.

Edmundo Rodríguez Sobrino, hoy en prisión provisional, está acusado de inflar la compra de la brasileña Emissao para repartir las plusvalías entre distintos protagonistas de la operación. Esa compra se produjo en 2013, en época de Ignacio González, y doce años después de que el Canal de Isabel II arrancara su aventura hispanoamericana del mismo modo, comprando una sociedad por un precio muy superior a su valor real y, en ese caso, a través de una empresa radicada en el entonces paraíso fiscal de Panamá.

"Pacto de silencio y cooperación"

La compra de Inassa fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, a pesar de no contar con el marco legal para ello. Los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá afirman en uno de sus escritos que, "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta (de Inassa en 2001) y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González".

El 11 de noviembre de 2016, cuando los micrófonos de la Guardia Civil ya estaban escondidos en el despacho de Ignacio González, éste se reunió con Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. En un momento de la conversación, Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el Canal a los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana.

El expresidente González apostilla: "No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".

Y añade el que representa otro de los indicios del “pacto de silencio” entre Gallardón y González. "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar", comenta Ignacio González.

La expansión por Latinoamérica que nadie fiscalizaba

Los investigadores han incluido en el sumario de la Operación Lezo cuatro informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003, 2013 y 2015) que alertan de la falta de fiscalización del conglomerado de empresas del Canal en Latinoamérica, un gigante que crecía lejos de cualquier control. El grupo de aguas es auditado por KPMG, pero se trata de un tipo de auditoria sobre las cuentas anuales, de tipo financiero, al que le basta constatar que las cuentas publicadas se corresponden con la verdad.

“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas públicas”. La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la falta de fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió Gallardón y continuó González crea “una situación potencial de riesgo y de falta de control”.

El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo 3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial (Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios”.

Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.

http://m.eldiario.es/politica/Guardia-Civil-Gallardon-Gonzalez-Cerezo_0_656184711.html

EL FISCAL VE 66 MILLONES DE "PLUSVALÍAS ILÍCITAS" EN EL PELOTAZO DEL CANAL EN LA ERA GALLARDÓN

Los investigadores dilucidan ahora si la compra de la filial colombiana Inassa en 2001 fue una decisión que se tomó "de arriba hacia abajo" y si "se gestó en el consejo de gobierno"

El primer pelotazo del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico, la compra de la empresa colombiana Inassa en el año 2001, pudo generar una "ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid" que rondaría los 66 millones de euros. Así lo cree la Fiscalía Anticorrupción, que sigue avanzando en su investigación sobre esta operación que se fraguó bajo la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón en la presidencia del Gobierno regional. Fuentes cercanas al caso señalan que hay indicios de que la compra de Inassa fue una decisión que se tomó "de arriba hacia abajo" y que "se gestó en el consejo de gobierno".
Como ya adelantó El Confidencial, la Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que a finales del año 2001 autorizaron la compra de Inassa, la operación que supuso la primera aventura del Canal de Isabel II en Sudamérica. La Comunidad de Madrid, presidida por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había costado un año antes 10 veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores.

La UCO investiga a todo el Gobierno de Gallardón de 2001: Cortés, Cobo, Calvo...

La Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a todos los miembros del Consejo de Gobierno, doce personas, que en diciembre de 2001 autorizaron la compra de la filial colombiana del Canal

La Fiscalía habla de "falta de control y opacidad". No hay que olvidar que los investigadores tienen en su poder comprometedoras grabaciones de los cabecillas de la trama Lezo, el ex presidente regional Ignacio González y el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez, que señalaron en conversaciones grabadas por la UCO que la compra de Inassa fue "un robo" millonario. Aunque González y Rodríguez no tuvieron nada que ver con esa operación (llegaron más tarde al Gobierno regional y al Canal), heredaron sus consecuencias, ya que las arcas públicas estuvieron pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron en 2002 para financiar la adquisición de Inassa.

Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso. Y lo está porque los fiscales reclamaron en noviembre de 2016, tras escuchar estas conversaciones, una ampliación de su querella inicial, que giraba únicamente sobre las irregularidades del Canal cometidas bajo el mandato de González (2003-2015), primero como vicepresidente del Gobierno regional y después como presidente. Este se quejó de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón, asuntos sucios, y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué, me tuve que comer todos los marrones", entre los que figuraba la compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. "Eso sí que fue un pelotazo…", describe González. La ampliación de la querella por parte de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en esta parte del caso. El juez ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".

Los investigadores están tratando ahora de delimitar quiénes fueron los responsables de la compra. Lo que está claro para la Fiscalía es que hubo una "situación de impunidad" que solo fue posible "con la connivencia a un máximo nivel dentro de la comunidad autónoma". Aparte del presidente Ruiz-Gallardón, había otros 11 consejeros, tres mujeres y ocho hombres, en el consejo de gobierno que autorizó la compra. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. En diciembre de 2001, el presidente del Canal era el consejero Pedro Clavo y el director gerente de la empresa pública, Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Los investigadores también tienen sobre la mesa el nombre de Francisco Olmos, un hombre clave en la operación, que durante todo el proceso estuvo en la parte vendedora y luego en la compradora. En lo que se refiere al consejo de gobierno presidido por Gallardón, fuentes cercanas al caso creen que "adoptó un acuerdo indiciariamente irregular, que evidencia cierta ligereza o laxitud, carente de justificación tanto desde el punto de vista de la Administración pública como desde la óptica puramente económica o mercantil". La Comunidad de Madrid "asumió un compromiso de gasto millonario" siguiendo "unos cauces anómalos con la creación de una sociedad vehículo, Canal Extensia".

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Una operación en paraísos fiscales

Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). El comprador de las acciones fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.

SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España: el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa). Ambas decidieron crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración de Canal acordó la compra de Inassa y ese mismo día se decidió también que se hiciera a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la comunidad, presidido por Gallardón, había ratificado toda la operación el 29 de noviembre.

El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Esta "doble venta", primero de SAA para adquirir Inassa, "pudo generar en un espacio temporal inferior al año, una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros", según valoraciones de la Fiscalía.

La UCO ya sabe que Aguas de América (SAA) fue constituida por el bufete de abogados Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000 y que fue disuelta el 21 de febrero de 2002, "circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a Canal Extensia". Entre los directivos de SAA están Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José Ramón García de Paredes, Kira Ivette Degracia y Violeta Annet Holness, "todos ellos miembros del despacho de abogados, en lo que parece ser un ardid para la ocultación de los verdaderos accionistas y receptores del dinero público presuntamente desviado".

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La Fiscalía también incluye en esta operación de 2001 a Ignacio González (que llegó a la comunidad en 2003) y a Edmundo Rodríguez (que llegó a la presidencia de Inassa en 2006) "mediante el conocimiento total de la operación fraudulenta que ocultaron y permitieron el pago de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012. Presuntamente, Alberto Ruiz-Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González". Está claro que este último conocía los pormenores de la operación iniciada por Gallardón, ya que "ordenó una investigación forense al despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio Ignacio González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido".

Fuentes cercanas al caso se preguntan por qué González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público, es decir, proceder a la denuncia de los hechos, lo ocultó y continuó abonando con dinero público las cuotas del préstamo que se concertó" para comprar Inassa. Los investigadores están tratando de dilucidar ahora si González actuó así por "la connivencia que tenía con los responsables públicos que decidieron la compra de Inassa". El propio González sitúa al frente de ellos a Alberto Ruiz-Gallardón y a "su gente". También si esa connivencia pudo reportar a González "beneficios económicos o políticos" y si la oportunidad de negocio que el propio González apreció en la compra de Inassa la repitió años después, en 2013, con la compra de la sociedad brasileña Emissâo, que también se investiga.

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-06-20/canal-inassa-pelotazo-gallardon-fiscalia-investigacion_1400069/

HACIENDA CORROBORA LOS INDICIOS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA OPERACIÓN LEZO

La agencia tributaria apunta a que el clan González se embolsó casi cuatro millones de euros en comisiones por el Canal Golf La IGAE revela múltiples irregularidades en la compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II en la etapa de Edmundo Rodríguez

El Ministerio de Hacienda, a través de la agencia tributaria y la IGAE, se acaba de sumar a la tesis que han defendido desde el verano de 2015 la UCO, la fiscalía anticorrupción y el juez Eloy Velasco. Dos informes corroboran indicios de delito en la adjudicación y explotación de las instalaciones de Canal Golf en Madrid y en la compra de Emissao. Dos de las siete líneas de investigación abiertas en la Audiencia Nacional contra una presunta organización criminal que dirigían Ignacio González y el exconsejero de La Razón, Edmundo Rodríguez.

La agencia tributaria apunta al presunto cobro de comisiones por parte de la familia González en la construcción y gestión de las instalaciones del canal golf en el centro de Madrid. El fisco sostiene que los más de 3,8 millones de euros que la empresa Tecnoconcret recibió de Dragados y Green Canal no tienen fundamento en una actividad empresarial real y que podría tratarse del pago de comisiones.

La investigación considera que cuando Pablo González, hermano del presunto cabecilla de la operación Lezo, y su cuñado, José Juan Caballero, entraron en el accionariado de la sociedad investigada se produjo una mera desvinculación formal del consorcio que explotaba Canal Golf. Pudo tratarse, según la Guardia Civil, de un "ardid" para obtener un beneficio económico del contrato. En conclusión, dicen los informes a los que ha tenido acceso la Cadena SER, una sociedad del entorno de Ignacio González habría obtenido importantes beneficios directa o indirectamente de dos contratos adjudicados por el Canal de Isabel II.
Negocios con Venezuela

La Audiencia Nacional mantiene abierta en este apartado una investigación internacional sobre las actividades de Tecnoconcret al haber detectado exportaciones a Venezuela por importe de 3,6 millones de euros y la entrada de fondos entre los años 2005 y 2015 por valor de 1,5 millones de euros: 300.000 euros desde Venezuela, 800.000 euros desde Estados Unidos y 400.000 euros procedentes de Austria.

El informe de la IGAE

No solo ha sido la agencia tributaria quien ha puesto la operación Lezo bajo la lupa, también lo ha hecho la Intervención General del Estado que ya ha remitido a la Audiencia Nacional un primer informe sobre la compra de Emissao. El documento es demoledor y detalla una a una decenas de irregularidades en una operación en la que tuvo un papel central Edmundo Rodríguez. Señala que la compra se hizo sin las preceptivas autorizaciones legales. No consta autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ni se comunicó a la Asamblea de Madrid con lo que "se desconocen los motivos jurídicos y económicos" que sustentan la operación.

Además, se desconocen los informes que sirvieron de base para fijar el precio de compra en 31 millones de dólares y los peritos subrayan que con el dictamen en contra de KPMG, el Canal debió "paralizar la inversión y profundizar en el análisis". Por último, dice la IGAE, los pagos por esta operación estaban sujetos a distintas condiciones que no se cumplieron y que no impidieron el desembolso de dinero público. Entre ellas, una fianza del vendedor para hacer frente a "cualquier contingencia oculta".

http://cadenaser.com/ser/2017/06/18/tribunales/1497792985_720307.html

ARTURO FERNÁNDEZ LLAMÓ A GONZÁLEZ EL DÍA QUE DECLARÓ ANTE EL JUEZ PREOCUPADO POR FUNDESCAM

En ese pinchazo telefónico, que forma parte del sumario de la operación Lezo, cada vez que el delfín de Esperanza Aguirre era preguntado por Arturo Fernández por Fundescam y las donaciones que se hacían a esta fundación, González evadía responder de forma clara al donante del PP. El expresidente madrileño ya sabía que tenía las comunicaciones intervenidas.

El empresario Arturo Fernández, imputado por la presunta financiación irregular del Partido Popular (PP) de Madrid, declaró el pasado 8 de marzo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por el caso Púnica. Ese mismo día, tras quedar en libertad sin medidas cautelares, el dueño del grupo Cantoblanco realizó una llamada telefónica que ha sido muy reveladora a los ojos de los investigadores de la operación Lezo.

Tras abandonar a mediodía el tribunal por su propio pie, Fernández llamó al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para hablarle de la Fundación Fundescam, a través de la que distintos empresarios habrían alimentado la Caja B del PP de Madrid para sufragar comicios electorales.

Según informan fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli, en el citado 'pinchazo' telefónico entre Arturo Fernández e Ignacio González queda perfectamente reflejado cómo el ex presidente madrileño hablaba con extremada cautela con el empresario al que apenas respondía de forma monosilábica con 'síes' y 'noes'. Cada vez que el delfín de Esperanza Aguirre era preguntado por Fundescam, y las donaciones que se hacían a esta fundación, éste evadía responder de forma clara al donante del PP.

Este dato hizo que tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), como la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Velasco no tuvieran ninguna duda de que el presunto cabecilla de la operación Lezo era consciente de que tenía el teléfono intervenido. Si bien es cierto que a lo largo de toda la investigación secreta de esta causa, los investigadores tuvieron esa sensación hubo un par de datos de que fueron claves para tener la certeza de que González sabía que estaba siendo investigado. Uno de estos datos fue las escuetas respuestas que dio el pasado 8 de marzo a un preocupado Arturo Fernández.

El hecho de que el principal acusado de la operación Lezo supiese de antemano que estaba siendo investigado hizo que las pesquisas secretas de esta causa de corrupción no se pudieran prolongar más en el tiempo, puesto que en la Audiencia Nacional se era muy consciente de que este hecho podría perjudicar la investigación y, sobre todo, la posterior recuperación de activos presuntamente evadidos, apuntan fuentes del caso.

La tapadera de Fundescam
Tal y como consta en la contabilidad de Fundescam, Arturo Fernández era uno de los empresarios que donaba con cierta frecuencia fondos a las arcas de los 'populares'. En concreto, consta una trasferencia a dicha fundación por valor de 57.030 euros entre 2003 y 2004 y otra por valor de 60.000 euros realizada el 7 de marzo de 2007.

Según queda reflejado el sumario de la operación Púnica, tanto el juez Velasco, como Anticorrupción y la UCO sostienen que "se ha podido acreditar como importantes gastos electorales en las elecciones de los años 2007 y 2008 (e indiciariamente en el año 2011) del Partido Popular que se habrían sufragado a través de la Fundación Fundescam, utilizando para ello subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid, las cuales eran justificadas por la referida fundación con facturación por conceptos mercantiles falsos que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid".

Además, en uno de sus informes, la UCO sostiene que Ignacio González era "conocedor del abono de gastos electorales mediante subvenciones públicas (…) y por lo tanto directo partícipe privilegiado en los hechos citados, no en vano se encontraba donde se promueve y paga la subvención (CAM), donde se justifica (Fundescam) el gasto de la subvención y donde se materializa realmente el gasto (como jefe de campaña)", subraya la UCO en uno de los informes del caso Púnica.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Arturo-Fernandez-Ignacio-Gonzalez-Fundescam_0_1033997260.html

GONZÁLEZ SE LAMENTÓ ANTE AGUIRRE DEL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES: "LA MANO DE CRISTINITA"

El expresidente madrileño acusó a su sucesora de parte del acoso mediático que sufría. La llama "hija de puta" por quitarle los abogados de la comunidad en el caso del espionaje en Colombia

Ignacio González intentó descubrir quién estaba detrás del acoso mediático que sufría a finales de noviembre del año pasado, cuando varios medios de comunicación retomaron el espinoso tema del espionaje que el expresidente madrileño sufrió en un viaje a Colombia en el verano de 2008. Las conversaciones grabadas a González, incluidas en el sumario del caso Lezo, desvelan una llamada que le hizo Esperanza Aguirre el mismo día que 'El Mundo' publicaba una información titulada "Los detectives que espiaron a González se jactaron de tener pruebas de sus comisiones". Aguirre le preguntó "quién estaba moviendo todo esto", y el que fuera su mano derecha en el Gobierno regional, que ya veía fantasmas por todos lados, dio dos nombres: Villarejo (el polémico comisario) "o puede que llegue de la mano de Cristinita", en clara alusión a su rival política dentro del PP y actual presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.

Según precisan a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación, la conversación entre Aguirre y González tuvo lugar el 21 de noviembre de 2016 al final de la mañana, cuando ambos analizaron la información con la que se habían desayunado, unas grabaciones de los dos detectives imputados entonces en un juzgado de Madrid por realizar el ya famoso seguimiento de González a Cartagena de Indias (Colombia). Uno de ellos le comentaba al otro que aún guardaba, ocho años después, documentación que incriminaba a González en el cobro de comisiones.

González también habló con Zoido: "Le dije 'limpia como Paquirri' y cambió a todo Dios"

El expresidente madrileño contó a Cerezo que se llevaba muy bien con el ministro del Interior y que este le propuso reunirse porque quería hablar con él

González señaló que "no descarta" que Cifuentes estuviera moviendo esa información y le explica a Aguirre que los detectives, al estar imputados y no ser policías, no tenían la obligación de decir la verdad en sede judicial. González da más detalles a Aguirre, y señala que uno de los detectives, el dueño de la agencia Mira, era amigo de Alfredo Prada (ex consejero de Aguirre y compañero de Gobierno de González, que también denunció otro espionaje). "Todo es una mierda de esta [en teoría, en alusión a Cifuentes], con la connivencia de 'El Mundo". El cacao de González en este punto es importante, ya que confunde el nombre de periodistas con medios en los que no trabajan, y a los que llama "hijos de puta" porque también "han estado dando a Lourdes varios días" (se refiere a su esposa, Lourdes Cavero).

Aguirre se muestra interesada en todo momento en conocer quién pudo encargar el espionaje a González en 2008. "Estos señores no lo van a decir. Hay un informe de la policía en el que pone Inmobiliaria Espacio, de Villar Mir, que pagó a estos señores por el espionaje". González va más allá y explica a su interlocutora que Villar Mir ya ha declarado "que las facturas son suyas, pero que se pagó para espiar a Ramón Calderón [expresidente del Real Madrid], no a mí". González señala que la policía sostiene "que en el precio que les pagaron están incluidos los dos espionajes", el suyo y el de Calderón.

La comunidad le ha quitado los abogados

González también informó a Aguirre del momento procesal del caso, que llevaba el juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Los detectives habían pedido el archivo a la Audiencia Provincial y él estaba pendiente de recurrir esa petición, "pero como Cifuentes me ha quitado los abogados, ahora estoy en proceso de buscar yo uno, para que le den la venia y que se estudie los ocho años de expedientes". González asegura que por ello "Cifuentes no es ajena a toda esta mierda. Cifuentes no solo me ha quitado los abogados de la comunidad, sino también a los que estaban en el servicio jurídico". Esto fue en noviembre de 2016. Seis meses después, en mayo de 2017, el juzgado decidió archivar el caso del espionaje porque los denunciantes y la Fiscalía renunciaron a formular escrito de acusación. La Comunidad de Madrid alegó que ya no representaba al expresidente madrileño.

Ese 21 de noviembre, antes de hablar con Aguirre, González recibe otra llamada de José Manuel Serra Peris, una de las personas que en 2008 le acompañaron en el viaje a Cartagena de Indias. En esa época, era consejero de la constructora Martinsa, investigada en el mayor pelotazo de la trama Gürtel en Arganda del Rey y que podría estar detrás del ático que González tiene en Estepona. También fue secretario de Estado en los gobiernos de Aznar, consejero de Bankia, de Canal Gestión y la Triple A dominicana, dos filiales del Canal de Isabel II. Hoy está imputado en el caso Lezo.

Ambos, Serra Peris y González, vuelven a hablar de Cifuentes, una obsesión para el exdirigente popular. De todos es conocida la animadversión que se profesan Cifuentes y González, sobre todo después de que la primera fuera la elegida por Mariano Rajoy para liderar la candidatura en 2015 al Gobierno regional, descabezando así a González. Serra Peris le pregunta a González por la famosa grabación que la Cadena SER desveló en 2009 sobre su viaje a Colombia. "¿Tú tienes la solicitud que hizo tu abogado pidiendo que se aportara el audio, y la contestación de ellos diciendo que se había destruido?". A lo que González le contesta: "Es que no tengo nada, porque lo llevaban los abogados de la comunidad, y esta hija de puta [por Cifuentes] me los ha quitado todos".

González prosigue asegurando que no le compensa seguir ejerciendo la acusación: "Si tuviera un abogado y un procurador en la causa, pues podría pedirlo, pero como me lo ha quitado, macho, para qué voy a poner un abogado aquí que me cuesta una pasta que no tengo".

Montar su propio medio

Las grabaciones del sumario del caso Lezo inciden en que Ignacio González estaba obsesionado con el tratamiento que los medios de comunicación hacían de las causas judiciales en las que estaba implicado, y que intentó mover sus hilos para tratar de montar su propio diario. El expresidente de la Comunidad de Madrid confesó a su amigo Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que ya le había contactado un periodista para crear una cabecera. Para que el proyecto saliera adelante, debía poner 300.000 euros. El diálogo se produjo el 22 de noviembre de 2016. Cerezo llama a González para seguir comentando las noticias que continuaban apareciendo esos días sobre el caso del espionaje. González lamenta que no tenga más eco en los medios y que, a su juicio, durante la instrucción ya quedó demostrado que el espionaje fue pagado por el empresario Juan Miguel Villar Mir a través de una de las empresas de su Grupo OHL, Inmobiliaria Espacio.

Cerezo a González: "La que lio el gilipollas de OHL y ahora pringado con las concesiones"

El expresidente de la Comunidad de Madrid realizó una serie de llamadas que evidencian su preocupación por la reapertura de otro de sus frentes judiciales

Según el sumario de Lezo, es en ese momento cuando el presidente del Atlético de Madrid le sugiere a González que "una solución podría pasar por crear un diario digital que critique a estas personas", en referencia a los periodistas, empresarios, policías y políticos a los que el exdirigente del PP de Madrid acusa de estar filtrando información para intentar destruirle. González no solo acepta el consejo de Cerezo, sino que le reconoce que ya ha recibido una oferta para montar su propio medio de comunicación. En concreto, según las diligencias, el presunto cabecilla de Lezo asegura que "ya se lo habría ofrecido un periodista por 300.000 euros".

El sumario no aclara si finalmente González llegó a un acuerdo para impulsar su digital. Cinco meses después de que esa llamada fuera intervenida, la Guardia Civil lo detuvo en su casa de Aravaca. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) tratan de determinar ahora su verdadero patrimonio. Sospechan que utilizó testaferros para ocultar el dinero B que manejaba.

Las 'presiones' a Cifuentes

Las conversaciones intervenidas por la UCO en el caso Lezo también revelan que Cifuentes pudo ser presionada por el director de 'La Razón', Francisco Marhuenda, y el presidente de la compañía, Mauricio Casals, para que el Gobierno regional que ella presidía no denunciara judicialmente a uno de los entonces consejeros del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino, en prisión por ser uno de los cabecillas de la trama. Cifuentes tuvo que declarar como testigo y al final el juez Eloy Velasco decidió archivar esta pequeña pieza del caso porque ella aseguró no sentirse presionada. Lo cierto es que las conversaciones recogen varios insultos y amenazas de Marhuenda y Casals.

Por otra parte, el sumario incluye varios episodios que también demostrarían la capacidad de influencia que González (que dejó la política en junio de 2015) seguía teniendo en el Ejecutivo autonómico que ahora preside Cifuentes. González intentó utilizar su influencia política (estuvo 12 años en las más altas instancias del Gobierno regional) para intentar pedir a determinados cargos públicos favores para empresarios próximos a él. La Guardia Civil añade además en un informe que el expresidente tenía una especie de topo en la comunidad, que le seguía facilitando información. Se trataría de la interventora general, hermana de la que fuera jefa de prensa del PP de Madrid entre 2010 y 2015.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-13/gonzalez-lezo-aguirre-cifuentes-sumario-conversaciones_1398121/

ZOIDO A GONZÁLEZ: "OYE, YO ME TOMO UN CAFÉ QUE QUIERO HABLAR CONTIGO"

El expresidente madrileño contó a Cerezo su charla con el ministro: “Le dije que limpiara como Paquirri… y cambió a todo Dios”

El expresidente madrileño Ignacio González aconsejó al actual titular de Interior, Juan Ignacio Zoido que “limpiara” la Policía, durante una conversación telefónica mantenida por ambos, 15 días después del nombramiento del ministro.

“Yo solo te doy un consejo, tío. Limpia como Paquirri, doctor, corte todo lo que haga falta, hasta dentro, macho, porque como no lo hagas, te comen en el minuto uno", le dijo González al ministro Zoido, según la conversación interceptada en el marco de la operación Lezo, y que reproduce este lunes El Confidencial.

"Y cambió a todo Dios"

En la conversación, de 18 de noviembre de 2016, Ignacio González le cuenta al empresario Enrique Cerezo su conversación con Zoido, en la que le recomendó que limpiara "como Paquirri" la Policía, que "cortara todo lo que hiciera falta" y se metiera "hasta dentro". Según aseguró el expresidente madrileño, el recién nombrado ministro le hizo caso y cambió "a todo Dios, y ya le están dando leches, macho, es una cosa... puff".

"Que si ha puesto a los suyos de Sevilla, que si ninguno sabe no sé qué de la Policía, que si no sé cuantos. Buah, es acojonante", dice el expresidente a Cerezo, que contesta: "Oye, y los que estaban cuando llegaron, ¿sabían algo?".

El ministro "quería hablar" con González

González le habría dicho a Enrique Cerezo que mantiene con Zoido una buena relación, que le habría felicitado por su nombramiento y que el ministro contactó con él para mantener una reunión porque “quería hablar”. Los investigadores enmarcan la conversación en los intentos del expresidente madrileño para influir sobre altos cargos del Gobierno para que le favorecieran en los procesos judiciales.

"Vamos, entre tú y yo, yo me llevo muy bien con él. Yo le llamé a felicitarle y me llamó él y me dijo, 'oye, yo me tomo un café que quiero hablar contigo' y no sé qué. Yo digo,'bueno, cuando tengas todo organizao, llámame”.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/12/zoido-gonzalez-oye-yo-me-tomo-un-cafe-que-quiero-hablar-contigo

LOS CINCO FRENTES DE LA OPERACIÓN LEZO QUE AMENAZAN A GALLARDÓN

Autorizó la compra por el Canal de la colombiana Inassa en 2001 sin marco legal para ello y la adquisición se ejecutó a través de un paraíso fiscal

Los investigadores creen que se desviaron al menos 25 millones de euros de fondos públicos tras pagar por la compañía un valor muy superior al real

En las grabaciones a los imputados hay cinco referencias sospechosas a Ruiz-Gallardón, cuyos ingresos son investigados ya por la Audiencia Nacional

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sospechan que el Canal de Isabel II (CYII) fue utilizado para dar un pelotazo en Colombia en 2001, doce años antes de la operación que dio origen a las pesquisas sobre la empresa pública, la adquisición con sobreprecio de una empresa en Brasil en 2013. El modus operandi parece repetirse, pero no así sus protagonistas. La compra de la colombiana Inassa tuvo lugar mucho antes de que Ignacio González tuviera el control de la empresa pública de aguas; en aquella época el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón.

Los indicios existentes en el sumario de la Operación Lezo motivaron que Anticorrupción solicitara dirigir el procedimiento contra Ruiz-Gallardón y todo su equipo de Gobierno, un movimiento que impidió la prescripción de los posibles delitos el pasado noviembre de 2016. El expresidente de la Comunidad de Madrid no está en estos momentos imputado, pero como avanzó eldiario.es, la Audiencia Nacional estudia el histórico de sus ingresos. En un escrito del pasado mes de abril, los fiscales del caso recogen que, "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González"

Estos son las cinco líneas de investigación que aparecen en el sumario de la Operación Lezo sobre Alberto Ruiz-Gallardón y varios miembros de su Gobierno, en las que trabajan la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y las unidades adscritas a ésta de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

1. La decisión de expandir el Canal por Latinoamérica

La empresa pública abastecía de agua exclusivamente a los madrileños desde 1851. Los funcionarios de IGAE han analizado toda la legislación que concierne al CYII y han encontrado dos reales decretos de 1977 que establecen: “Corresponde al Canal la gestión del servicio público de suministro y distribución de agua potable en el área de Madrid mediante la realización de los estudios, obras y servicios necesarios”. El segundo de esos dos reales decretos también dice que “el Gobierno, por decreto, podrá ampliar las funciones del Canal a nuevos servicios relacionados con los que constituyen su objeto”.

Un informe de la IGAE de hace un año, incorporado al sumario, concluye que la normativa no aclara “qué se entiende por servicios relacionados con los que constituyen su objeto, en particular si estos pudieran referirse únicamente a nuevos servicios dentro de su ámbito territorial o también a un nuevo ámbito territorial”. Al tiempo, recoge otros cinco decretos, publicados entre 1992 y 1994, y que fueron destinados a autorizar participaciones concretas en distintas licitaciones públicas, concretamente en la provincia de Badajoz y en los países de Argentina y Perú.

El CYII también cuenta con una ley reguladora, posterior a los decretos de 1977. Se trata de la 7/1984, que en su apartado 6 establece, de forma general, que “la explotación de los servicios de aducción y depuración promovidos directamente o encomendados a la Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de Isabel II en todo el territorio de la Comunidad de Madrid”. Colombia y Brasil quedaban por entonces lejos.

2. Comprar en Colombia y aprobar el marco legal cinco meses después

El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo 3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial (Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios”.

Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.

En la querella que dio origen a la causa que investiga la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción ya afirmaba: “La propia autorización concedida por dicho Consejo de Gobierno resulta cuando menos dudosa, si se tiene en cuenta que en el año 2001 Canal de Isabel II podría no estar legalmente facultado para la constitución de Canal Extensia S.A, ya que su actividad y objeto social se limitaba a la Comunidad de Madrid hasta que en abril de 2002 (una vez adquirida Inassa) se habilitó al Canal de Isabel II para prestar sus servicios en cualquier territorio)”.

3. La utilización de una sociedad radicada en un paraíso fiscal

La compra de las acciones de Inassa a través de una sociedad radicada en Panamá se acordó “a solicitud” del consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja; “a propuesta” del Consejero de Hacienda, Juan Bravo; y previa “deliberación” del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las firmas estampadas son del consejero de Hacienda y del presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, según recoge el informe de la Guardia Civil de abril pasado. Mayor Oreja afirma que él ya no era consejero cuando se aprobó la compra de Inassa, al haber sido sustituido por Pedro Calvo.

Interamericana de Aguas y Servicios Sociedad Anónima (Inassa) fue creada en el año 1996 y era operada por la sociedad Triple A de Barranquilla (Colombia). El 51% de Inassa pertenecía a una sociedad pública española, la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar) y el 49% restante a un fideicomiso vinculado al Banco Ganadero de Colombia.

Aunque falta por determinar la cantidad, los investigadores creen que Agbar vendió en el año 2000 su participación por 7 millones de dólares a la Sociedad de Aguas de América, la mercantil panameña utilizada por el Canal para la adquisción del 75% de las acciones de Inassa. Nada se sabe aún sobre cómo llegó Extensia a hacerse con las tres cuartas partes de la sociedad, toda vez que Agbar solo tenía el 51%. Con la compra del 100% de la panameña, Extensia también adquiría el 51% de otra sociedad llamada Watco Dominicana. El informe de la IGAE concluye que Canal Extensia no cumplió el acuerdo del Consejo de Gobierno, que solo autorizaba a comprar Inassa. A pesar de ello, nada se hizo desde la Comunidad de Madrid.

Es en este punto donde los investigadores sitúan el primer pelotazo del Canal. Al comparar el valor de venta de las acciones de Agbar y los 83 millones de euros que pagó un solo año después el Canal con fondos públicos de los madrileños, se pudo generar “una ilícita plusvalía” de 66 millones, recoge la querella de Anticorrupción.

Pero no solo eso. La operación recoge el entramado turbio en el que se incurre por recurrir a una sociedad en Panamá. Resulta que la Guardia Civil ha descubierto que el “vehículo mercantil”, según se refería el Gobierno de Gallardón a la sociedad panameña, es propiedad de un bufete de abogados del país, por aquel entonces considerado en España un paraíso fiscal. Obaldía & García Paredes constituyó Aguas de América el 2 de marzo de 2000 y la disolvió el 21 de febrero de 2002, “circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a la mercantil Canal Extensia”, dice la querella.

“El uso instrumental de sociedades erradicadas (sic) en un paraíso fiscal sólo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra”, afirma Anticorrupción. Los fiscales del caso destacan que se utilizó esta vía a pesar de que era una compra-venta de acciones entre dos sociedades del sector público español, Extensia y Agbar. “La utilización instrumental de esta sociedad panameña carecía de toda justificación económica y repudiaba la regularidad jurídica, no obstante lo cual la operación se realizó”.

“Su carácter opaco -añade la Guardia Civil- impide a fecha de hoy identificar a los primeros beneficiarios de los fondos ya que sus directores parecen ser abogados de un conocido bufete panameño que actuarían como pantalla, sin que hasta la fecha se haya podido conocer de manera fehaciente quién o quiénes se encontraban realmente tras esa sociedad”.

4. Los pinchazos telefónicos y las reuniones grabadas

Una parte importante de la Operación Lezo se apoya en las conversaciones intervenidas a los principales imputados. En ellas también se habla del pelotazo en la época de Alberto Ruiz-Gallardón. El 21 de julio de 2016, agentes de la UCO se sentaron cerca del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino en la cafetería del hotel Villamagna. Frente al presunto testaferro de Ignacio González, fotografiaron a un hombre en silla de ruedas, el empresario colombiano José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. En el encuentro, Rodríguez Sobrino se ofreció a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.

"¿Cuánto le entraba al Canal?", pregunta en un momento el empresario colombiano. Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: "A Canal le han entrao, te digo la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao" (…) "A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces 95… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10".

Esos 95 millones es una cifra próxima a los que se invirtieron para la compra del 75 por ciento de Inassa y el 51% de Watco en 2001. Rodríguez Sobrino entró en Inassa en 2006 y se refiere a una operación anterior en el tiempo, lo que parece concordar con el pelotazo de 2001. Los investigadores anotan los 25 millones de desfalco de los que habla Rodríguez Sobrino, hoy en prisión incondicional.

Otro de los indicios contra Gallardón fue obtenido por la UCO el 11 de noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.

En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste, "sin cortarse", le dijo: "Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de América porque tengo que ganar mucho dinero". "Delante de cinco o seis personas", añade Zaplana, quien apostilla: "Como diciendo que está ganando una fortuna… O aflorando algo".

Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio González. Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el Canal a los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de la Comunidad: "No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".

González añade: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar".

Edmundo Rodríguez Sobrino también habla de Inassa en otra conversación intervenida el 13 de diciembre de 2016 en su despacho profesional. Charla con el abogado Carlos Rodríguez Fernández sobre la posible venta de Inassa y recuerdan cómo se adquirió. “Qué tipo de acuerdo se hizo con los búgaros (fonético) para impedir un concurso público. Ahora, bueno, eso es Gallardón, ¿no? Y no eso no eres tú… Eso es Gallardón”. Los investigadores creen que se refieren a cómo el Gobierno de Ruiz-Gallardón evitó la fórmula del concurso público en la adquisición de Inassa en 2001.

En una llamada desde el teléfono fijo de su despacho, Rodríguez Sobrino habla el 15 de marzo de 2017 con el abogado Manuel Gómez de la Bárcena. Queda poco más de un mes para su detención y Rodríguez Sobrino adopta medidas porque cree que tiene las comunicaciones intervenidas. Se desconoce si habla seguro por el fijo o sospecha que le están grabando. Ambos se refieren a la investigación por la compra de Emissao en 2013 y comentan una publicación de elconfidencial.com del día anterior sobre el pelotazo de Inassa. “Se están remontando a la época de…”, dice Gómez de la Bárcena. “Sí, de Gallardón”, contesta Rodríguez Sobrino (…) Es donde realmente hubo”, añade más adelante.

5. Un ambicioso proyecto de expansión en Latinoamérica que nadie fiscaliza

Los investigadores destacan cuatro informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003, 2013 y 2015) que alertan de la falta de fiscalización del conglomerado de empresas del Canal en Latinoamérica, un gigante que crecía lejos de cualquier control. El grupo de aguas es auditado por KPMG, pero se trata de un tipo de auditoria sobre las cuentas anuales, de tipo financiero, al que le basta constatar que las cuentas publicadas se corresponden con la verdad.

“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas públicas”.

La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la falta de fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió Gallardón crea “una situación potencial de riesgo y de falta de control”.

http://m.eldiario.es/politica/frentes-operacion-Lezo-amenazan-Gallardon_0_653384712.html

GONZÁLEZ OCULTÓ DESDE SU LLEGADA AL GOBIERNO UN INFORME EXCLUSIVO PARA ÉL QUE PONÍA EN EL DISPARADERO AL EQUIPO DE GALLARDÓN

Un análisis del bufete Cuatrecasas fechado en junio de 2004, al que ha tenido acceso infoLibre, ya destapaba en sus 80 páginas múltiples agujeros negros en la compra de la firma colombiana Inassa en 2001.

El Canal pagó 83 millones por el 75% de la firma, diez veces el valor fijado un año antes, pese a que la prórroga de su principal concesión pendía de un hilo y a que ni siquiera tenía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua

La valoración 'independiente' previa a la compra fue realizada por la auditora que propuso Tecvasa, una empresa valenciana ligada a la extinta CAM y a la que el Canal escogió como socia para su desembarco en Colombia

Un análisis del bufete Cuatrecasas, fechado en junio de 2004 y cuya introducción remarca que fue elaborado para el exclusivo interés del entonces vicepresidente de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, y su mano derecha como gerente en el ente público de agua, Ildefonso de Miguel, ya destapaba múltiples agujeros negros en la compra de la colombiana Inassa, efectuada dos años y medio antes. Privado y confidencial, ese informe, al que ha tenido acceso infoLibre, ponía en el disparadero al equipo de Alberto Ruiz Gallardón. El expresidente y exalcalde de Madrid también se encuentra bajo la lupa de los investigadores en la Operación Lezo, aunque fuentes del caso han confirmado a este diario que a día de hoy no se le atribuye expresamente la condición de investigado.

A lo largo de las 80 páginas, el informe de Cuatrecasas retrata una operación oscura, cargada de incertidumbres para las arcas públicas de Madrid y de incumplimientos legales, articulada a través del paraíso fiscal de Panamá y en la que, por razones desconocidas, se dio entrada a un grupo privado valenciano. La compra se cerró sin obstáculos para los vendedores e incluso en el plazo establecido por ellos mismos –Cuatrecasas sugiere que posiblemente no había más ofertas– pese a que la prórroga de la principal concesión de Inassa para extenderla hasta 2033 pendía entonces de un hilo porque había sido impugnada judicialmente. Tres pesos pesados del momento como Acciona, Urbaser y Cajamadrid habían desechado participar en la operación por el llamado "riesgo país". Es decir, por la convulsa situación que vivía Colombia, atrapada en la bisectriz del narcotráfico y la guerrilla y zarandeada por una corrupción política en la que, a tenor de lo ya investigado, participó activamente el Canal de Isabel II.

De hecho y aunque una instancia superior anuló luego esa decisión, el informe relata cómo un tribunal había llegado a suspender el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Barranquilla para ampliar la concesión hasta 2033, que en teoría era el elemento que mayor valor confería a Inassa y su filial Triple A. El Canal pagó religiosamente los 83 millones de euros también pese a que Triple A ni siquiera poseía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua para Barranquilla.

Fue el equipo de Gallardón el que en noviembre de 2001 capitaneó la compra de la compañía de Barranquilla, en la región caribe de Colombia, por 83 millones de euros, lo que significaba diez veces más del valor fijado un año antes, y así lo hace constar el informe. Pero González mantuvo el dossier de Cuatrecasas oculto hasta que de manera involuntaria él mismo alertó a la Guardia Civil de su existencia durante una conversación con el ex ministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana que estaba siendo grabada.

Es todavía una incógnita por qué guardó silencio Ignacio González sobre una operación que según Cuatrecasas poseía claros ribetes de ilegalidad y que afectaba al jefe de una facción rival del PP madrileño. Pero un dato emerge con nitidez: el esquema seguido para la adquisición de Inassa es muy parecido al que una década más tarde utilizó el Canal de Isabel II para, ya con Ignacio González en la presidencia del Gobierno regional, hacerse en 2013 con la empresa brasileña Emissao, igualmente investigada en Lezo. Para el juez Eloy Velasco, hasta ahora instructor del caso, la compra de Inassa fue la primera operación "fraudulenta" detectada en el Canal.

El texto de Cuatrecasas pone el acento en que de la entrada en escena de Panamá podrían derivarse responsabilidades para los administradores y representantes del Canal que suscribieron el acuerdo de compraventa. ¿Por qué? Porque lo que aprobó el Consejo de Gobierno de Madrid fue la adquisición de una compañía colombiana, no de una panameña como estación de paso hacia Colombia. Un informe previo a la compra que había formulado el bufete Garrigues para el Canal de Isabel II –el Informe de Planificación Fiscal Internacional– señalaba la utilización de Panamá como la opción más desfavorable.

Un regalo del Canal cifrado en seis millones

En febrero de 2002, fecha del cierre de la compra de Inassa, acordada en noviembre del año anterior, Panamá tenía la consideración de paraíso fiscal a todos los efectos, incluso los oficiales. Y así lo enfatiza Cuatrecasas cuando advierte del coste adicional que ese hecho implicó para el Canal. Porque además de los 97 millones de euros destinados a la compra y a una inmediata ampliación de capital ese coste adicional es el que tendrá que pagar el Canal cuando venda Inassa: seis millones de euros según las fuentes consultadas en el grupo público madrileño.

La explicación, detallada en el informe, es la siguiente: en lugar de adquirir directamente las acciones de Inassa, lo cual habría implicado que los vendedores hubiesen tributado en Colombia por la plusvalía generada, el Canal adquirió una sociedad panameña, Sociedad de Aguas de América (SAA), que de forma simultánea a la operación se liquidó. La liquidación, avisa el informe, tampoco recibió del Consejo de Gobierno la preceptiva autorización.

Al efectuarse en Panamá, la compra de acciones de SAA, que poseía el 75% de Inassa anhelado por el Canal, quedaba exenta de tributación en Colombia para los vendedores. Pero en el momento en que el Canal venda sus participaciones en Inassa –donde la Guardia Civil y Anticorrupción hicieron una batida de registros hace dos semanas– será el erario madrileño el que deba asumir aquella plusvalía diferida. Cuatrecasas no da cifras. Son las fuentes consultadas por este diario en el Canal de Isabel II las que cuantifican en seis millones su importe a día de hoy.

Así que, resumidamente, quienes vendieron las acciones de Inassa al Canal de Isabel II–un antiguo grupo de directivos de Aguas de Barcelona, empresa que había sido socio de referencia de Inassa, pero también otras personas físicas o jurídicas cuya identidad pormenorizada no detalla el informe– no solo recibieron un precio diez veces superior a aquel que un año antes les había permitido hacerse con el control. De propina, obtuvieron un regalo también millonario por la plusvalía diferida.

Cuatrecasas sí desvela algunos nombres significativos del accionariado de la panameña SAA: Francisco Olmos, exdirectivo de Aguas de Barcelona y uno de los ejes centrales de la conexión valenciana; y el propietario de uno de los bufetes panameños especializados en el montaje de estructuras societarias opacas, José Ramón García de Paredes. Si García de Paredes poseía títulos como beneficiario real de SAA o solo como miembro del equipo habitual de testaferros panameños es algo que el informe no aclara.

Una firma valenciana elegida no se sabe por qué

Para acometer su inversión en Latinoamérica, el Canal había creado una sociedad mercantil operativa –Canal Extensia SA– en la que se reservó un 75% de las acciones mientras que dejó el 25% en manos de una firma valenciana denominada Tecvasa.

El informe remarca que ni un solo papel ni testimonio de ningún tipo permitió averiguar en 2004 por qué el ente público madrileño había dado el paso de compartir su poder con una empresa privada. Y ni había en 2004 ni hay hoy rastro de por qué los gestores a los que Alberto Ruiz-Gallardón había dado las riendas del ente público del agua eligieron justamente a Tecvasa, que contaba con el apoyo financiero de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Cuatrecasas apunta a que los contactos pudieron empezar en septiembre de 2001. De ser así, la negociación fue meteórica, dado que la oferta sobre Inassa se cerró el 13 de noviembre de ese año y de inmediato nació Canal Extensia.

Como presidente de Canal Extensia fue designado Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, es decir, del organismo que debe fiscalizar las cuentas públicas. Canalda no figura entre los investigados del caso Lezo cuya identidad ha trascendido. Y a diferencia de lo que sucede con otros altos directivos del Canal en aquella época, el informe de Cuatrecasas no le menciona.

La supuesta valoración independiente que determinó el precio a pagar por Inassa lo determinó una auditora que había recibido el encargo no del Canal de Isabel II sino de Tecvasa. Cuatrecasas llegó a alertar de que uno de los personajes clave en el entramado latinoamericano del Canal, el ya citado Francisco Olmos, había jugado un doble papel en la operación: lideraba el grupo que ofrecía en venta sus acciones de Inassa al Canal de Isabel II a la vez que pertenecía al consejo de administración de la Técnicas Valencianas del Agua SA, nombre completo de Tecvasa. Es decir, simultáneamente estaba en el lado vendedor y en el comprador. Y eso entrañaba un potencial conflicto de intereses. Así lo hizo constar el bufete al que Ignacio González había encargado el informe sobre Inassa, privado y confidencial, nada más aterrizar en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre en noviembre de 2003.

Pese a todo, el informe jamás vio la luz. Al igual que una segunda edición igualmente encargada a Cuatrecasas en 2009, permaneció oculto hasta que el propio Ignacio González se traicionó a involuntariamente a sí mismo el 11 de noviembre de 2016. Ese día, durante una charla en su despacho con el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, el antiguo delfín de Aguirre dijo lo siguiente: "Alberto hizo una operación que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá".

En esa misma reunión, cuyo contenido se ha incorporado al sumario de Lezo, González coloca otra vez en el disparadero a Gallardón: "Yo no soy como esta gilipollas [Cristina Cifuentes] que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos opciones, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo todavía tengo un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/19/ignacio_gonzalez_oculto_desde_llegada_gobierno_informe_exclusivo_para_que_ponia_disparadero_equipo_gallardon_66520_1012.html

IGNACIO GONZÁLEZ SEGUIRÁ EN PRISIÓN ANTE EL RIESGO DE FUGA Y DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS

La Sala de lo Penal de la Audiencia confirma la prisión provisional del expresidente madrileño ante el riesgo de fuga, destrucción de pruebas o su capacidad para volver a delinquir en el marco de la investigación contra él y su entorno familiar.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración / Santi Donaire (EFE)

La Sección 4ª avala la prisión provisional sin fianza para Ignacio González por el papel que ocupa el expresidente de Madrid en la trama, "la compleja organización" creada con fines delictivos y su posible implicación en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero que podría constituir delitos de cohecho, prevaricación y fraude. Todo esto sumado a la expansión del grupo societario Canal de Isabel II por Sudamérica, adquiriendo empresas y adjudicando obras que podrían constituir los mismos delitos además de organización criminal, corrupción en los negocios y malversación.

Los magistrados inciden en la participación de González en la adjudicación y explotación del campo de Golf del Canal y en la financiación ilegal del PP de Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).

La Sala rechaza así el recurso que interpuso González contra el auto de prisión incondicional y comunicada del juez Eloy Velasco, al entender que el arraigo familiar no es un eximente en este momento de la instrucción para evitar el riesgo de fuga. "La necesidad de apoyo familiar en estos momentos tampoco minimiza el riesgo de fuga cuando hay otros miembros de su familia investigados y que podrían llegar a estar en sus mismas circunstancias" señalan los jueces. Y recuerdan que en el mismo auto recurrido se decretó prisión provisional para su hermano Pablo González, exdirectivo de Mercasa.

Además, la notoriedad pública que alega González tampoco evitaría que intentara evitar la acción de la Justicia, al menos, "no en otros países donde no goce de esa notoriedad y podría buscar refugio en los que haya un menor nivel de cooperación policial y judicial con España". En este caso, "podría mantenerse con los fondos que presuntamente ha desviado al extranjero y que no han sido intervenidos".

"No es una mera especulación", aseguran los magistrados, que hacen referencia a la conversación entre el expresidente del Canal en América, Edmundo Rodríguez y la exdirectora financiera, María Fernanda Richmond, en noviembre de 2016, donde ésta considera "que el ritmo de vida de González no puede sostenerse con los ingresos justificados que tiene y Edmundo afirma que tiene "dinerillo B" y subrayan la facilidad del exdirigente popular de Madrid para "desenvolverse en el extranjero".

La Sala señala también la capacidad de González para ocultar pruebas y obstaculizar la investigación para justificar su permanencia en prisión provisional.

http://cadenaser.com/ser/2017/06/02/tribunales/1496415433_214281.html

ACEBES, A GONZÁLEZ: CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN "NOS PUEDEN HACER PASAR UN MAL RATO"

El sumario revela conversaciones entre el exministro de Interior y el presunto cabecilla de la operación Lezo

Las conversaciones intervenidas por orden judicial a Ignacio González no dejan de deparar sorpresas. El expresidente de la Comunidad de Madrid habló por teléfono con el exministro de interior y justicia, además de antiguo secretario de organización del PP, Ángel Acebes. Ambos comentan la actualidad y la presión de la oposición a Mariano Rajoy reclamando una comisión de investigación sobre las presuntas corruptelas de los populares. Acebes reconoce a su interlocutor que con una comisión de investigación "nos pueden hacer pasar un mal rato", aunque ambos coinciden en que a ellos ya nos les queda nada de lo que dimitir.

Nuevos mensajes de Catalá

El sumario también revela nuevos SMS del ministro de justicia, Rafael Catalá a Ignacio González. Catalá le felicita el pasado verano por un artículo de opinión publicado en el diario 'La Razón', del que es consejero el también detenido por la operación Lezo, Edmundo Rodríguez. El artículo lleva por título 'El alcance de la negociación' en el que González apuesta por "equilibrar" las cuentas públicas y donde también habla de de las comisiones de investigación. Escribe el columnista de 'La Razón' que "las comisiones de investigación cuando la responsabilidad política se ha dirimido en las urnas y las penales se están dilucidando en los tribunales se convierten en causas generales para tratar de pasar facturas políticas que no se lograron en las urnas". Ignacio Gonzalez fija a Mariano Rajoy las líneas rojas en la negociación que mantenía aquellos días con Ciudadanos para formar Gobierno. Los mensajes entre Rafael Catalá e Ignacio González se suceden y ambos también comentan el estado de las negociaciones para la investidura y los asuntos judiciales que afectaban al segundo.

http://cadenaser.com/ser/2017/05/28/tribunales/1495985727_950764.html

INVESTIGAN A LA HERMANA DIPUTADA DE GONZÁLEZ POR DAR CONTRATOS A DEDO A EMPRESAS DE LA PÚNICA

La investigación de la trama Púnica también afecta a la hermana del ex presidente madrileño, Ignacio González. Según ha podido saber OKDIARIO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, investiga el presunto “fraccionamiento fraudulento” de contratos efectuado por Isabel González a tres empresas de la trama corrupta durante su mandato como concejal de Cultura en el ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón.

La hermana del ex presidente madrileño es diputada del PP en la Asamblea de Madrid, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de la comisión de Cultura y Turismo. En apenas un mes, ha visto como su marido, José Juan Caballero, y sus dos hermanos, Ignacio y Pablo, eran detenidos en el marco de la ‘Operación Lezo’.

Los agentes analizan los contratos menores adjudicados por González entre 2011 y 2015 en su etapa de edil de Cultura en Pozuelo a las empresas Back Rvs Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y Croma 21, S.L., que podrían estar relacionadas con la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Los investigadores consideran que dichos contratos “fueron fraccionados” para ser adjudicados directamente y de esta forma no superar el límite de 18.000 euros fijado en la Ley de Contratos para convocar un concurso público. Muchos de estos contratos suscritos desde hace años por este ayuntamiento madrileño fueron adjudicados desde el Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo.

El informe de la UCO recogido en el sumario de la trama Púnica, al que ha tenido acceso este diario, afirma que “parece evidente como por parte del Patronato Municipal de Cultura fueron tramitados contratos menores sucesivos para responder a necesidades concretas de carácter recurrente, previsibles y cuantificables en un momento determinado del tiempo; que podría suponer que por parte de ese ente público se adjudicaron esos contratos contraviniendo la normativa en materia de contratación pública fraccionando el objeto de los mismos”.

“Las mercantiles Back Rvs Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y Croma 21, S.L han participado activamente en relaciones contractuales con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y con el Patronato Municipal de Cultura. Este hecho resulta de interés debido al elevado número de contratos menores que esos entes públicos han adjudicado a esas tres mercantiles”.
UCO

“Así las cosas”, añade el informe de la UCO, “la mercantil Back Rvs Producciones Culturales S.L desde el año 2006 al año 2008 recibió adjudicaciones directas de esos dos entes públicos por un montante de 553.111,53 euros. Por su parte, la mercantil Digital Plane ha sido adjudicataria de contratos menores de manera ininterrumpida desde el año 2006 hasta el año 2014 por un montante de 662.106,06 euros, y la mercantil Croma 21 sólo en el año 2007 recibió contratos menores del Ayuntamiento y del Patronato por valor de 109.506,30 euros“.

Algunos de los contratos menores adjudicados se efectuaron en la época de concejal de Isabel González, que a día de hoy no está formalmente imputada en la causa.

El informe subraya “las destacadas cantidades facturadas por las mercantiles Back Rvs Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y Croma 21, S.L mediante contrato menor tanto al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como al Patronato Municipal de Cultura; que los servicios contratados tengan por causa necesidades recurrentes, previsibles y cuantificables en un momento determinado; que además esos contratos menores hayan sido adjudicados y/o ejecutados en las mismas fechas sobrepasando de manera agregada el límite cuantitativo establecido para este tipo de contratos”.

Por último, la UCO concluye que “todo ello parece indicar que pudiera tratarse de un fraccionamiento fraudulento del objeto del contrato que tuvo como consecuencia que esas mercantiles fueran acreedoras de un trato preferencial en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón”.

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Según el organigrama de este municipio madrileño, la concejal de Cultura “coordina y gestiona las unidades administrativas que integran la Concejalía, incoa y tramita y resuelve, en su caso, cuantos expedientes sean propios de la concejalía, ostenta la vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura y supervisa y dirige la actuación” del mencionado Patronato.

Isabel González ocupó esta concejalía entre 2011 y 2015, sin embargo, no fue la única concejal de Cultura de este ayuntamiento madrileño que adjudicó contratos menores a las tres empresas investigadas en la trama Púnica. Antes de ser edil de Cultura en Pozuelo, fue coordinadora del Gabinete de Esperanza Aguirre, cuando ésta era presidenta del Senado, y después, coordinadora del Gabinete de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid.

Las 3 empresas “están vinculadas”

Back Rvs Producciones Culturales S.L fue constituida y es administrada por Ricardo Vázquez Segura. Dicha sociedad estaría vinculada con Croma 21 y Digital Plane. Los investigadores sostienen que existe una “relación de servicios, existiendo facturación cruzada entre estas empresas”.

Según recogen los investigadores de la UCO en su informe, “existen además indicios de que las tres empresas habrían facilitado facturas falsas al Partido Popular regional que fueron presentadas para justificar el destino de una subvención otorgada por la Comunidad de Madrid, cuyo verdadero destino fue el pago de gastos electorales”.

Fuentes cercanas a Croma 21 y Digital Plane afirman a OKDIARIO que no tienen ninguna vinculación con la presunta financiación ilegal del PP regional, y con la trama Púnica. “No conocemos a ningún miembro del PP, somos 11 empleados y nunca hemos emitido facturas falsas”.

“Nuestras empresas se dedican a la iluminación y al montaje de sonido y escenarios para conciertos, mitines y cualquier tipo de acto. Ricardo Vázquez Segura nos subcontrataba para eventos del PP, hasta que nos dejó de pagar entre 2007 y 2009, de hecho todavía nos debe dinero”.

Sobre los contratos menores aseguran que en muchas ocasiones “no se cerraban las contrataciones con los artistas hasta última hora y no daba tiempo a que se convocara a un concurso público. Con este tema, van a conseguir que nos vayamos a la quiebra y deje sin trabajo a mis empleados” concluyen.

https://okdiario.com/investigacion/2017/05/26/investigan-hermana-diputada-gonzalez-dar-contratos-dedo-empresas-punica-1011379

UN JUZGADO DE MADRID INVESTIGA QUIÉN FUE LA MAGISTRADA “AMIGA DE LA CASA” QUE DIO EL CHIVATAZO DE LEZO A MAURICIO CASALS

Investigará un posible delito de revelación de secretos tras la denuncia interpuesta por un letrado.

El juez Eloy Velasco, hasta ahora encargado de la operación Lezo, ha dejado la instrucción sin haber mostrado entusiasmo por indagar en el 'chivatazo' atribuido a "una magistrada" y gracias al cual los investigados en esas diligencias secretas fueron alertados de que sus teléfonos estaban intervenidos. Pero un Juzgado de Madrid sí ha abierto un procedimiento para indagar quién puede encontrarse detrás de la filtración.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, al que ha correspondido tramitar la denuncia interpuesta por el abogado José Luiz Mazón en representación del partido Contrapoder, ha dictado un auto en el que acuerda incoar diligencias previas por un presunto delito de revelación de secretos. La resolución señala que los hechos que se relatan en la denuncia "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

La denuncia se refiere a una conversación intervenida el pasado noviembre al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión por malversación, fraude en la contratación pública y otros delitos de corrupción. En esa charla González manifestó que el presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, le había informado de que "una magistrada amiga de la casa" les había alertado de que tuvieran cuidado porque "han grabado una conversación de Edmundo muy extraña". Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue mano derecha de Ignacio González en la expansión del Canal de Isabel II en Iberoamérica y es consejero de La Razón, se encuentra también en prisión por la operación Lezo.

'Oye, cuidao'

Según Ignacio González, Casals le dijo que "Edmundo está 'acojonao', me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'".

Una mujer denuncia una agresión sexual en el concierto de Gun N' Roses de BilbaoUna mujer denuncia una agresión sexual en el concierto de Gun N' Roses de BilbaoEfeNo recuerda nada porque cree que le echaron algo en la bebida. Despertó en el baño de un bar mientras un hombre trataba de quitarle la ropa.
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La interceptación durante meses de las conversaciones mantenidas por los investigados permitió conocer que estos estuvieron claramente prevenidos de las pesquisas. Ya en octubre de 2016 González fue alertado de un posible seguimiento, lo que le llevó a cambiar de ubicación, por medio de su mujer, Lourdes Cavero, del contenido de una caja de seguridad abierta en un banco.

También en octubre, Rodríguez Sobrino trató de hacer averiguaciones sobre una petición de información que la Fiscalía española realizó a las autoridades suizas sobre el supuesto cobro de comisiones. Por este mismo tema se interesó posteriormente el propio González.

La constancia de que los investigados conocían que los teléfonos estaban intervenidos la proporcionó Pablo González, hermano del expresidente de la CAM, cuando le comentó a su hermana Isabel González que a Ignacio "le han avisado de que tenía pinchados los teléfonos. Vamos, vamos, que se quedó un poco preocupado".

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, ha citado al letrado Mazón para el próximo 13 de junio para que se ratifique en su denuncia. Será a partir de entonces cuando el instructor decidirá qué diligencias corresponde, en su caso, practicar.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170526/218978297_0.html

ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS EN SUIZA DEL EX JEFE DE GABINETE DE VILLALOBOS

Se trata del ex consejero delegado de Arpegio entre los años 2004 y 2008, Eduardo Larraz, ex director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad. La Fiscalía Anticorrupción ha cursado una Comisión Rogatoria a Suiza investigando los movimientos bancarios de las cuentas que el imputado en la trama Púnica y su mujer abrieron en el país helvético.

Nuevas revelaciones del caso Púnica. La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional investigan dentro de esta macrocausa de corrupción al que fuera director de gabinete de Celia Villalobos, Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio entre los años 2004 y 2008, y las cuentas que abrió en Suiza.

Según ha podido saber Vozpópuli, las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez aprecian indicios de corrupción en el comportamiento de este imputado y han cursado una Comisión Rogatoria al país helvético solicitando los movimientos bancarios de las cuentas abiertas en dicho país por Larraz y su esposa María Ángeles de Diego Suso. Ambos abrieron en mayo de 2016 -cuando ya era conocido que la Audiencia investigaba la gestión de Arpegio- nuevas cuentas en el Juluis Bar & Co Aga, de Zurich, que están ahora bajo la lupa de Anticorrupción.

De hecho, los investigadores sospechan que Suiza pudo ser el destino final de "fondos malversados" a través de la entidad Arpegio (ahora denominada Nuevo Arpegio). De ahí, que se hayan cursado distintas Comisiones Rogatorias – las fiscales tienen intención de enviar otra nueva petición de auxilio judicial próximamente, según informan fuentes jurídicas- en aras de poder recuperar los activos desviados de la Comunidad de Madrid.

Tanto el Ministerio Público como el juez creen que el que fuera secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años en la entidad para manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. Se da la circunstancia de que la ejecución de los citados consorcios urbanísticos y de los planes Prismas dotados con 1000 millones de euros se llevaron a cabo "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de la mesa de contratación".

Imputada la mesa de contratación
Se da la circunstancia de que Eduardo Larraz y su mujer son dos de los últimos imputados en esta causa debido a su vinculación con la gestión de Arpegio. El que fuera director de gabinete de Villalobos era miembro de su mesa de contratación.

El pasado día 16, fechas antes de abandonar el Juzgado Central 6 de la Audiencia rumbo a la Sala de Apelaciones, el magistrado Eloy Velasco acordó nuevas entradas y registros relacionadas con la gestión que Granados hizo de Arpegio. Junto con dichas entradas y registros, llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el instructor acordó la imputación de los miembros de la mesa de contratación de Arpegio formada por Larraz; el jefe de Gabinete de Granados, Ignacio Palacios; y el ex secretario general de la Fundación Arpegio Francisco Esquivias.

Larraz y su esposa abrieron en mayo de 2016 nuevas cuentas en el Juluis Bar & Co Aga, de Zurich, que están ahora bajo la lupa de Anticorrupción

Asimismo, están siendo investigados el administrador de la empresa análisis y gestión de desarrollos urbanos (Dusa) y encargado de gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma en 2006-2007, Adolfo Fernández Maestre; la exdirectora de Proyectos del Plan Prisma en Arpegio Pilar Rubio Izquierdo; y el director de Proyectos de Nuevo Arpegio, Pedro Bernad Moreno.

También fueron imputados en esta pieza separada la lista la directora de la Asesoría Jurídica de Arpegio entre 2006 y 2009, Pilar Roca Suárez-Inclán; la abogada y ex secretaria de la mesa de contratación María Dolores Nogal González; así como José Luis Jaraba, Tomás Fernández Jiménez y Sagrario Gómez Hernando.

Todos ellos debían comparecer los próximos 12, 13 y 14 de julio en la Audiencia Nacional pero dichas declaraciones han sido aplazadas 'sine die' a la espera de que un nuevo juez asuma la investigación de Púnica.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Anticorrupcion-investiga-Suiza-Gabinete-Villalobos_0_1029797957.html

LA UCO INVESTIGA A TODO EL GOBIERNO DE GALLARDÓN DE 2001: CORTÉS, COBO, CALVO...

La Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a todos los miembros del Consejo de Gobierno, doce personas, que en diciembre de 2001 autorizaron la compra de la filial colombiana del Canal

La Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que a finales del año 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, la operación que supuso la primera aventura del Canal de Isabel II en Suramérica. Como ya adelantó El Confidencial, la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había costado un año antes diez veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores.

Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso Lezo. Y lo está porque los fiscales reclamaron en noviembre de 2016 una ampliación de su querella inicial, que giraba únicamente sobre irregularidades del Canal cometidas bajo el mandato de Ignacio González (2003-2015), primero como vicepresidente del Gobierno regional y después como presidente. Pero faltaban pocos días para que se cumplieran 15 años de la adquisición de Inassa (y por lo tanto que prescribieran algunos delitos) y el contenido de una de las escuchas telefónicas que obran en el sumario dió la voz de alarma.

Así empezó el 'chollo' del Canal de Isabel II: Gallardón pagó 83M por lo que costó 8

La Comunidad de Madrid compró en el año 2001 Inassa, la matriz del Canal en Sudamérica, por 10 veces más de lo que habían pagado los vendedores un año antes

En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón, asuntos sucios y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué me tuve que comer todos los marrones", aseguraba en una de las conversaciones intervenidas. Uno de los "marrones" a los que se refería era la compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. "Eso sí que fue un pelotazo…", describe González. La ampliación de la querella por parte de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en esta parte del caso. El juez Eloy Velasco ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".

El juzgado ha pedido a la UCO los nombres de los políticos que en diciembre de 2001 formaban parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aparte del presidente Ruiz-Gallardón había otros once consejeros, tres mujeres y ocho hombres. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. El juez también quiere saber quien formaba parte del consejo de administración del Canal. En diciembre de 2001 el presidente del Canal era el consejero Pedro Clavo y el director gerente de la empresa pública Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Según Canalda, que compareció el pasado 10 de mayo en la Asamblea de Madrid, tres valoraciones distintas cifraron entre los 117 y los 129 millones de dólares el valor de Inassa en el año 2001. "No sé de donde ha salido que valía menos", señaló, recalcando que la operación se hizo con luz y taquígrafos y que fue aprobada por el consejo del Canal, por el consejo de Gobierno y por la Asamblea de Madrid.

La UCO ya tiene en su poder un informe del despacho jurídico Cuatrecasas, que en abril de 2009 (por encargo del Gobierno de Ignacio González) elaboró un extenso informe analizando la compra que Gallardón había ejecutado ocho años antes. Este informe describe varias irregularidades de la operación. Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se había constituido en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionado el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía.

El principal socio del Canal en Iberoamérica es una empresa 'offshore' en Panamá

El 18% de Inassa, matriz del grupo al otro lado del Atlántico, pertenece a la firma Slasa. Cifuentes amenaza a un directivo de Inassa con destituirle si no comparece en la Asamblea

Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). "La desinversión de Agbar habría estado motivada o al menos influenciada por una serie de actuaciones propiciadas por determinados directivos de Inassa, que podrían calificarse de desleales". El comprador de las acciones de Agbar fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.

SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España. Este proceso se encargó a la banca Rothschild, que se puso en contacto con distintas empresas españolas, como Unión Fenosa, Iberdrola, Urbaser o Ferrovial, para ofrecerles las acciones de SAA en Inassa. No hubo ningún acuerdo y en mayo de 2001 SAA empezó a negociar con el Canal de Isabel II, que a su vez también buscó aliados para crear un consorcio y comprar Inassa. Se negoció con Acciona y Caja Madrid, pero dicho consorcio no fructifica porque hacer negocios en Colombia suponía entonces "un riesgo". El Canal también intenta convencer al BBVA y a Urbaser. Sin éxito. Al final el Canal se alía con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa), y ambas crean una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Suramérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y Tecvasa el otro 25%.

El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración de Canal acordó la compra de Inassa y ese mismo día se decide que se haga a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). "No consta que el Canal pidiese asesoramiento externo para llevar a cabo la valoración de Inassa, sino que se limitó a llevar a cabo una valoración por personal interno del Canal", señala Cuatrecasas. El Consejo de Gobierno de la Comunidad había ratificado toda la operación el 29 de noviembre. "Las condiciones legales de la compraventa resultan sumamente desfavorables para el comprador, no había ofertas competidoras".

A través de Panamá

"La estructura jurídica mediante la que se llevó a cabo la compra pudo haber resultado gravosa para Extensia desde el punto de vista fiscal. En lugar de adquirir directamente las acciones de Inassa (una sociedad colombiana), lo cual hubiese supuesto que los vendedores hubieran tributado en ese país por la plusvalía generada, se adquirió una sociedad panameña (SAA), radicada en un paraíso fiscal, que de forma simultánea a la operación se liquidó". Cuatrecasas deja claró que el Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. "Dicha estructura se llevó a cabo en contra del consejo de Garriges&Andersen, despacho que emitió un informe de carácter fiscal en el que desaconsejaba llevar a cabo la operación de esta manera", concluye Cuatrecasas.

El jefe Anticorrupción quiso parar registros vinculados a Inassa, empresa clave

Moix ordenó "desvincular cronológicamente" UN registro y el "bloque de hechos" relativo a esta diligencia concreta, una decisión a la que los fiscales del caso se opusieron

La compra de Inassa fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad y el consejo de administración del Canal. "En ningún momento se aprobó que la operación se articularía a través de la adquisición de SAA. De dicha circunstancia podrían derivarse responsabilidades para los administradores y representantes de Extensia que suscribieron el acuerdo de compraventa". Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso.

Un mes antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación le costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros.

El informe de Cuatrecasas exime en cierta medida al equipo que presidía Gallardón, ya que lo que finalmente hizo el Canal de Isabel II supuso una "desviación del acuerdo de Consejo de Gobierno, que ha dado lugar a que se produzca una infracción de las normas de patrimonio y administración institucional", ya que lo que se aprobó fue la compra del 75% de las acciones de Inassa, no la compra de SAA. Ya con Ignacio González en la presidencia madrileña, Canal Extensia siguió con las compras en Suramérica. En 2005, compró otro 3% de Inassa que pertenecía a otra empresa española, Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa), pagando 600.000 dólares (unos 511.000 euros). Al año siguiente, en 2006, una nueva ampliación de capital hizo que Canal Extensia se hiciera con el 81,24% de Inassa, desembolsando otros 16,1 millones de euros.

Fricciones en Fiscalía

La investigación de esta operación provocó la primera fricción entre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, y los dos fiscales encargados del caso Lezo. La jefatura de Anticorrupción defendía que la compra de Inassa (ordenada por Gallardón) no podía vincularse con otras operaciones posteriores de Inassa (ya bajo la presidencia de Ignacio González), y que por tanto no podían estar bajo el paraguas del mismo sumario. De hecho, Moix quiso vetar registros vinculados a la compra de Inassa, lo que provocó la queja de los dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. Moix les trasladó su decisión primero verbalmente y luego por escrito, pero ambos se opusieron y pidieron el amparo del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que permite convocar una Junta de Fiscales con el resto de los compañeros para que voten si la orden debe ser acatada.

Otro problema era la fecha. Transcurridos 16 años desde la compra de Inassa, Moix consideró que los presuntos hechos delictivos podrían estar prescritos. Las discrepancias surgen a la hora de fijar desde cuándo se debe calcular el plazo de prescripción, desde la firma de la compra, o desde el momento en que se dejó de pagar la operación.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-20/la-uco-cerca-a-todo-el-equipo-de-gallardon-de-2001-cortes-cobo-calvo-mayor-oreja_1385228/

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID "NO RECUERDA" SI PRESIDIÓ LA EMPRESA COLOMBIANA QUE INVESTIGA EL JUEZ VELASCO

Un mes después de que el magistrado tildase de fraudulenta la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001, en época de Gallardón, Arturo Canalda invoca el tiempo transcurrido para justificar el olvido

Canalda, que niega que los 83 millones que costó la compañía de Barranquilla ocultasen un sobreprecio, remacha que entró en su consejo solo por su condición de gerente del Canal

Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, no recuerda si fue presidente de la compañía colombiana Inassa, adquirida en diciembre de 2001 por el Canal de Isabel II a cambio de 83 millones en lo que el juez Eloy Velasco considera la primera gran "compra fraudulenta" de la empresa pública de aguas. Un mes después de que el magistrado incluyera ese misil en el auto por el que ordenó prisión incondicional para el expresidente madrileño Ignacio González, Canalda confirmó este viernes a infoLibre que había pertenecido al consejo de administración de la mercantil colombiana. Pero aduce que, como han transcurrido 14 años desde su cese como gerente del Canal, presidente de Extensia y representante del grupo en varias filiales, entre ellas Inassa, no recuerda si llegó a situarse en la cúpula de la firma colombiana.

El estallido de la Operación Lezo hizo aflorar el intento del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, de evitar que los registros afectasen a los papeles relativos a la compra de Inassa bajo el argumento de que esa transacción se inscribía en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón y era por tanto previa al desembarco –en 2003– de Ignacio González en el Canal de Isabel II, su feudo durante una década. A partir de ahí trascendió que Canalda presidía Canal Extensia –filial del Canal de Isabel II– cuando se produjo la compra de Inassa, operación vehiculada a través de un paraíso fiscal: Panamá. Pero su pertenencia al consejo de Inassa justo tras la controvertida compra, era un hecho desconocido. Ahora, documentos del Registro Mercantil de Colombia constatan que en 2003 aún formaba parte de su "junta directiva". Canalda fue gerente del Canal entre septiembre de 2001 y junio de 2003.

El presidente del tribunal contable madrileño compareció el pasado día 10 en la Asamblea de Madrid a requerimiento de Podemos. Allí calificó de "absoluta y radicalmente falso" que el Canal hubiese desembolsado por Inassa un precio muy superior al de su valor real, negó tajante que se hubiera producido la "malversación" que observa el juez Velasco y reiteró que la compra había sido autorizada por el consejo de administración del Canal, el Consejo de Gobierno autonómico y la Asamblea de Madrid. De su participación en el consejo de Inassa no dijo nada.

La compra de Inassa centra una de las conversaciones intervenidas a Ignacio González por la Guardia Civil. "Eso sí que fue un pelotazo", exclamó el expresidente. En el auto de prisión de González, el juez Velasco sustenta con los siguientes datos la presunta malversación perpetrada: "La inversión realizada por el CYII [Canal de Isabel II] a través del Canal Extensia rondaría los 100 millones y el valor de la mercantil según los investigados sería muy inferior, cifrándolo en unos 30 millones".

Pero los indicios de sobreprecio no se limitan a las palabras proferidas por Ignacio González. "Como vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y presidente del CYII (Canal de Isabel II) -escribió también el juez Velasco en el auto de prisión- no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de un determinado informe jurídico".

Los investigadores aseguran que, elaborado por el bufete Cuatrecasas, ese informe había sido encargado por González. Y que cuando lo tuvo en sus manos lo ocultó en un cajón. Fuentes del caso aseguran que el expresidente no accedió a responder a las preguntas que se le plantearon sobre ese episodio durante el interrogatorio previo a su ingreso en prisión. ¿Ocultó González el informe de Cuatrecasas para dotarse de munición de reserva contra sus enemigos políticos? No se sabe. El asunto sigue siendo una incógnita.

"Que yo recuerde no cobré"

Los documentos registrales a que ha tenido acceso infoLibre muestran el nombre de Canalda como miembro de la "junta directiva" de Inassa encabeza una lista a la que se suman otros cargos del Canal en esa época, entre ellos los imputados Adrián Martín López de las Huertas y Avelino Alfredo Martínez. Sobre Canalda no pesa la condición de investigado o imputado.

En un intercambio de correos con una portavoz que recalcó el hecho de que Canalda había respondido a las preguntas de este periódico sin consultar ningún documento, el máximo responsable del órgano fiscalizador madrileño aseguró que su papel en Inassa consistía en acudir a las sesiones del consejo. Inassa tiene su domicilio social en Barranquilla, a poco más de 120 kilómetros de Cartagena de Indias.

¿Participó Canalda en la elaboración y aprobación de las cuentas de Inassa en algún ejercicio? Su respuesta fue esta: "Habría que ver las actas y si yo participé en los consejos donde se aprobaron. No lo recuerdo de verdad, pero no lo descarto". ¿Y cobró, sueldo, dietas, compensaciones de cualquier tipo como miembro del consejo de administración de la sociedad colombiana? Canalda respondió así: "No he cobrado cantidad alguna de ninguna [de las filiales del Canal a cuyos consejos se incorporó] que yo recuerde. ¡Han pasado 14 años!".

¿En cuántos consejos de administración de filiales del Canal participó Canalda? "Lo desconozco exactamente pero siempre que fui consejero en alguna de ellas lo fui en mi condición de gerente del Canal de Isabel II. También fui consejero de la Sociedad Estatal de Aguas del Tajo, igualmente como gerente del Canal".

En la conversación sobre Inassa intervenida a González, el política llegó más lejos: "La gilipollas esta no tapa nada –dijo– mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001". El expresidente y antiguo delfín de la recién dimitida Esperanza Aguirre estaba aludiendo a su sucesora al frente del Ejecutivo madrileño,Cristina Cifuentes.

En julio de 2016, cuando Anticorrupción ya investigaba lo que el juez Velasco describe ahora como un largo y continuo saqueo y después de que Podemos diera la voz de alerta en la Asamblea de Madrid, el equipo de Cifuentes denunció ante la Fiscalía General del Estado la compra de otra empresa: se trata de la brasileña Emissão Engenharia e Construção, una de las piezas esenciales de la Operación Lezo. Por Emissao, Inassa pagó 21,5 millones de euros (31 millones de dólares) en noviembre de 2013. En un mes, su valor se había desplomado ya a la mitad.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/20/el_presidente_camara_cuentas_madrid_recuerda_presidio_empresa_colombiana_que_investiga_juez_velasco_65291_1012.html

ESTOS SON LOS 52 INVESTIGADOS EN LA OPERACIÓN LEZO

El juez Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González Entre los nuevos imputados destacan el empresario Villar Mir, el exconsejero de Deportes de Aguirre Alberto López Viejo y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez Además hay nombres de directivos del Canal, empresarios implicados en otros casos y familiares de Ignacio González

El juez Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González

Entre los nuevos imputados destacan el empresario Villar Mir, el exconsejero de Deportes de Aguirre Alberto López Viejo y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez

Además hay nombres de directivos del Canal, empresarios implicados en otros casos y familiares de Ignacio González

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En la investigación aparecen nombres como el de Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL. Pero también nombres vinculados al Canal de Isabel II, empresarios investigados en otros casos de corrupción y familiares de Ignacio González. Esta es la lista completa de las personas investigadas por el juez en el caso Lezo.

Ignacio González: expresidente madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre. El juez decretó prisión sin fianza por considerarle uno de los cerebros del desfalco del Canal de Isabel II. La Operación Lezo ha revelado que sacó un millón de euros de la Comunidad de Madrid para "sanear" las cuentas del PP y el juez también le atribuye el cobro de una comisión de 1,4 millones pagada por OHL a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero y la distracción de dinero de las filiales del Canal en Latinoamérica.

Juan Miguel Villar Mir: empresario y dueño de la constructora OHL que fue registrada en el marco de la operación Lezo el pasado jueves. Villar Mir fue imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente el juez levantó su imputación, como hizo con el resto de empresarios. Según Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero.

Alberto López Viejo:imputado en el caso Gürtel por ordenar el fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco Correa. Ha ocupado cargos en la administración desde hace más de 20 años. Desde 2003 hasta 2009 fue diputado en la Asamblea de Madrid. En 2004 fue nombrado viceconsejero de Presidencia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en 2007 Consejero de Deportes. Antes había ostentado el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, puesto desde el que Esperanza Aguirre le fichó para la Comunidad de Madrid.

Pablo Manuel González: hermano del expresidente madrileño, también se encuentra imputado por la Operación Trajano, con importantes vínculos con la Operación Lezo. Está acusado de reproducir el saqueo del Canal de Isabel II en Mercasa, la empresa pública dependiente de la SEPI, que gestiona los mercados madrileños y de la que Pablo González era director de Operaciones. Como su hermano Ignacio, permanece en la cárcel de Soto del Real, de la que solo podrá salir si reúne cuatro millones de euros para la fianza.

Pablo González Liberal: padre de Ignacio González, el juez de la Operación Lezo cree que ayudó a su hijo a blanquear dinero mediante préstamos ficticios.

Beltrán Gutiérrez Moliner:exgerente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Fue condenado en las black y está imputado en la pieza sobre la financiación irregular del PP de Madrid en la operación Púnica.

Eduardo Ameijide Montenegro:expresidente de la empresa pública Mercasa y, por tanto, jefe de Pablo González en la compañía. Presentó su dimisión tras la detención del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

José Juan Caballero: cuñado de Ignacio González. El juez le considera uno de los beneficiarios del pelotazo del campo de golf de Chamberí. Los investigadores sospechan que se usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan familiar de los González. El magistrado le envió a prisión bajo fianza de 100.000 euros.

Francisco Javier López Madrid: amigo de los reyes, yerno del empresario Villar Mir e involucrado en varios casos de corrupción. Está condenado por las tarjetas Black e imputado en la Púnica. Esa investigación le señala por haber financiado al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. La Operación Lezo también le responsabiliza de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por una adjudicación a OHL, empresa en la que es consejero.

José Antonio Clemente: ingeniero adjudicatario -a través de la empresa Tecnoconcret- de las obras del campo de golf de Chamberí otorgadas por el Canal de Isabel II. Esa adjudicación, por la que intercedió Ignacio González, es una de las piedras angulares de la investigación de la Audiencia Nacional. Clemente es también accionista de otra sociedad, Tamaco 07 Consulting, junto con Pablo González, el hermano del expresidente madrileño, y José Juan Caballero.

Edmundo Rodríguez Sobrino: hombre de Ignacio González en Latinoamérica. El juez cree que es el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra de la sociedad brasileña Emissao. En prisión sin fianza, Rodríguez Sobrino fue destituido del Canal de Isabel II cuando apareció en los Papeles de Panamá, vinculado a sociedades en Hong Kong. Además, se acogió a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy en 2012.

Clarisa Guerra Soto: secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino. Figura como apoderada en una de las sociedades de su jefe. Fue una de las detenidas en el marco de la Operación Lezo. El juez la dejó en libertad, pero tendrá que acudir al juzgado una vez al mes.

María Fernanda Richmond: exdirectora financiera del Canal de Isabel II a la que se le ha impuesto una fianza de cuatro millones de euros para eludir la prisión provisional. El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao, que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. La exresponsable de finanzas del Canal está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta Púnica a través del Canal, según el juez Velasco.

Adrián Martín López de las Huertas: exgerente del Canal de Isabel II. El juez le responsabiliza también dela compra ruinosa de Emissao, la sociedad brasileña que se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real. El juez le mandó a prisión con una fianza de 100.000 euros.

Diego Fernando García: gerente de gestión corporativa de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II. Sustituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino como responsable de la sociedad, según El País. García Arias se negó a acudir a la comisión de investigación sobre la deuda de la Asamblea de Madrid, que abordó el desfalco del Canal.

Ignasi Maestre: abogado relacionado con la evasión fiscal de futbolistas como Xabi Alonso. Aparece como socio de Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, en una de las sociedades que tenía en Honk Kong, según revelaron los Papeles de Panamá. El juez cree que ayudó a Rodríguez en la operación de compra de Emissao.

José Martínez Nicolás: consejero delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Ya ha sido detenido dos veces, en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica está salpicado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, bajo las órdenes de Salvador Victoria. El juez le impuso el pago de una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril para eludir la prisión.

José Manuel Serra Peris: abogado del Estado, nombrado presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a bolsa de Bankia, caso por el que continúa investigado. También fue consejero de Red Eléctrica y secretario de Estado de Industria y Energía con Aznar.

Fernando José de Cevallos Aguarón: director de la secretaría técnica del Canal de Isabel II -puesto por el que tenía un asiento en el consejo de administración de la empresa pública de gestión del agua- y marido de Regina Plañiol, exconsejera de Presidencia y Justicia de Madrid y hoy diputada de Cristina Cifuentes.

Oriol Serra Ibars: Abogado miembro de la sociedad andorrana Igmasa -de Ignasi Maestre- a la que recurrió el Canal para materializar la compra de la sociedad brasileña Emissao. La filial en Latinoamérica del Canal le otorgó a él los poderes.

Luis Vicente Moro Díaz: exdelegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante la presidencia de José María Aznar. Trató con Ignacio González la necesidad de crear un servicio secreto. Moro es amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro como Delegado del Gobierno en Ceuta.

José Javier Soler Gallego: El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha obtenido también indicios de que la sociedad española Mercasa Incatema habría pagado algún tipo de comisión a este exconsejero del Canal Extensia, lo que podría estar relacionado con contratos de obra pública adjudicada en Haití. Las actas policiales revelan un encargo en enero de 2008 bajo el concepto de 'control laboral'.

Francisco Javier Domínguez Anaya: Gerente general de Inassa Panamá. "La persona identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino", escribe el juez. Velasco también ha descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. Ángel Rondón, socio de Inassa en la República Dominicana, es la figura clave en estos pagos, describe Velasco.

Carlos Isidro Bello Vicente: Directivo de la empresa Cleop. Según el juez se encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar" para conseguir adjudicaciones públicas para el Canal de Isabel II en Panamá.

Carlos Turro Homedes: presidente de Cleop, empresa adjudicataria de diversas obras públicas en Valencia. Además, Turró contrajo una deuda de 9,5 millones de euros con la Agencia Tributaria, y hace tres años, la Fiscalía investigó los créditos concedidos a su empresa por el Banco de Valencia.

Sergio Vidal Balaguer: empresario alicantino, hermano de Javier Vidal Balanguer, exedil del PP en Alicante.

Óscar Sánchez Moyano: Administrador único de cuatro empresas investigadas en la Púnica. Se trata de las compañías Formaselect Consulting, Escuela Europea de Dirección de Empresas SL, Sintra Gestión Patrimonial SL y Sintra Consultores SL especializadas, especializadas en consultoría y formación.

Juan Miguel Madoz Echeverría:Administrador único de la empresa Swat, una consultora de publicidad organizadora de campañas del PP en distintos lugares de España y proveedor habitual del Gobierno de Aguirre. Según los informes de la Guardia Civil en poder de Eloy Velasco, y tal y como han refrendado varios testigos en la Audiencia Nacional, Swat fue una de las empresas a las que la multinacional Indra -una potente subcontrata del Gobierno regional- debía abonar una factura de 20.000 euros siguiendo órdenes del entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.

José Miguel Alonso Gómez: Fue administrador y luego liquidador de Swat. En la actualidad es el propietario de Strat Map, según Velasco, una de las sociedades interpuestas de las que se sirvió Ignacio González para financiar al PP de Madrid gracias a empresas como Indra.

Jesús Arranz Monje:hijo del empresario burgalés Jesús Arranz Acinas, propietario de la empresa Construcciones Arranz. Según el auto del juez Eloy Velasco, Arranz Monje es propietario de una cuenta en Panamá en la que se ingresaron 545.980,66 euros procedentes de las cuentas en Liechtenstein del antiguo responsable de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás.

Ángeles Monje Gutiérrez: Mujer del constructor Jesús Arranz Acinas. Según el auto del juez Velasco, recibió en una cuenta a su nombre en Suiza más de medio millón de euros procedente de una cuenta en Liechtenstein de José Martínez Nicolás.

Adrián de la Joya Ruiz de Velasco: denominado empresario de la 'Jet Set'. El juez Eloy Velasco le tomó declaración el pasado jueves en calidad de investigado por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL y quedó en libertad sin medidas cautelares.

María del Pilar Olivo Valverde: esposa de José Antonio Clemente, socio del hermano y del cuñado de Ignacio González e implicado en la adjudicación del Campo del Gol del Canal de Isabel II.

Dimitris Tsalidis: socio de una de las empresas vinculadas a la construcción del Campo de Golf del Canal.

Luis Vicente Moro:asesor de Essentium, la compañía de la directiva del FC Barcelona Susana Monje que, según el juez, consiguió un contrato del Canal de Isabel II gracias a la mediación del exdirector general de esta empresa pública, Adrián Martín.

Joaquín Molpeceres Sánchez: la vinculación entre Molpeceres y el PP ha estado más veces entredicho. La UDEF investigó en el marco de la trama Gürtel los pagos que dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían efectuado a las compañías controladas por Francisco Correa entre 2002 y 2005. También la Guardia Civil ha investigado al empresario en el marco de la trama Púnica después de que David Marjaliza mencionase la empresa Licuas, también registrada el pasado jueves en el marco de la Operación Lezo.

María Lourdes Cavero: esposa de Ignacio González, imputada además en el caso del ático de Marbella por el que también se investiga a su marido. Lourdes Cavero fue presidencia de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños que preside Arturo Fernández. Actualmente preside Subastas Segre (en cuya directiva se encuentran su hermana Pilar y su íntima Carmen Cafranga).

Miguel Sáiz de la Hoya: director financiero de Saerco, compañía especializada en servicios de navegación aérea, registrada en el marco de la operación Lezo, a la que también está vinculado Ildefonso de Miguel, quien creó la empresa.

Ildefonso de Miguel: Director gerente del Canal Isabel II entre 2006 y 2009, es uno de los investigados, y detenidos, en la Operación Lezo junto con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Creador de Saerco, compañía especializada en servicios de navegación aérea.

Fernando Manuel Serrano Fuentes: socio de la empresa Tecnoconcret, empresa del hermano de Pablo González (hermano de Ignacio González) a la que se le adjudicó las obras del campo de golf del Canal Isabel II.

Pedro Antonio Martín Martín: uno de los hombres de confianza de Ignacio González durante su vicepresidencia en la Comunidad de Madrid y ex alto cargo del PP: fue secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar.

Avelino Alfredo Martínez Herrero: dirigió las áreas de Producción y Medio Ambiente, Abastecimiento y Medio Ambiente, Saneamiento y Reutilización, Gestión Hídrica y Abastecimiento de Canal de Isabel II.

Ángel Varona Grande: abogado. Secretario del Consejo Hispanagua, filial del Canal de Isabel II. Un extrabajador de esta empresa aseguró que se utilizaba para contratar a personas afines al PP.

Jesús Trabada Guijarro: administrador y propietario de Bustren PM. Fue Consejero delegrado de la empresa pública de transportes MINTRA (Madrid Infraestructuras y Transportes) entre 2003 y 2011. Trabada se describe en su cuenta profesional de Linkedin "máximo responsable de las actuaciones acometidas [en MINTRA] durante las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011".

Alberto Pérez de la Sal: empresario vinculado a la inmobiliaria Seinsa, la empresa que vendió a la mujer de González la casa de 450 metros en la que el matrimonio reside en la localidad madrileña de Aravaca. Fue consejero de Cofely, una de las empresas centrales de la trama Púnica.

Carmen Pliar Pazos Bajarano: fundadora de la red de guarderías Mis Pollitos. Según el juez, habrían servido para blanquear dinero de la trama corrupta.

Pino Escudero del Castillo: Consejera de la empresa Emalsa, la empresa mixta de aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

María Teresa de Mingo Azárate: consejera del grupo empresarial Chickies, empresa de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

Rocío y Leticia Bonet Cavero: sobrinas de Lourdes Cavero, mujer de Ignacio González, y trabajadoras de su empresa Chickies.

Manuel Martínez Téllez: Director Nacional en S.U en Urbaser, empresa filial de ACS. Las oficinas de Urbaser fueron registradas el pasado jueves en el marco de la operación Lezo.

Jaime Antoñanzas de Toledo:Empresario. Fundador de la agencia de márketing Comunica+A, que gestiona y dirige con sus hermanos.

El resto de investigados son Rafael Martín Nicolás, Sebastiao, Cristovam, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, abogada , Guido Vicenzini, Álvaro Curiel Fernández, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, José Ángel Martínez Ferreiro, Ivo Kratsmer, Manuel Estrada-Nora, Ángel Ventura Cano, María Jesús Prieto Jiménez, Juan Puertas Hernández, Javier Pardo de Santayana Dubois, Guillerme Taveira Pinto, Luis Hermosilla Ibáñez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir.

http://www.eldiario.es/politica/investigados-Operacion-Lezo_0_644286061.html

LOS CABECILLAS DE LEZO SABÍAN SEIS MESES ANTES DE SU ARRESTO QUE ANTICORRUPCIÓN CURSABA UNA COMISIÓN A SUIZA

El presunto testaferro de Ignacio González siete meses antes de su detención se mostró preocupado por la auditoría que había encargado el Canal de Isabel II con “buscadores de mierda”

Las filtraciones de la investigación secreta abierta por el caso Lezo son más groseras de lo que parecía. Los investigados, según les adelanta hoy la Cadena SER, no sólo conocían que la Fiscalía andaba tras la pista de la compra sospechosa de una sociedad brasileña por parte de la filial internacional del Canal de Isabel II sino que supieron seis meses antes de ser detenidos que Anticorrupción había cursado una comisión rogatoria a Suiza. Esta comisión tenía como objetivo conocer el destino dado a los 24 millones de dólares pagados al dueño de la empresa brasileña a través de una cuenta abierta en una sucursal bancaria suiza.

El 19 de octubre de 2016, seis meses antes de la detención del expresidente Ignacio González y de su mano derecha en la filial internacional del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón, éste conocía detalles de los pasos que estaba dando la Fiscalía Anticorrupción para aclarar los hechos. No sólo conocía que había una investigación abierta sino que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado información a través de una comisión rogatoria a las autoridades suizas. Así se lo expone en una conversación telefónica a la directora financiera del Canal, María Fernánda Richmond, también imputada en el caso, según se desprende del sumario del caso.

Fuentes de la investigación aseguran a la Cadena SER que fue en el mes de octubre cuando los investigadores instaron a la justicia a solicitar esa comisión rogatoria después de que la investigación tuviese indicios de que los investigados habían depositado dinero en el país helvético.

Los investigados manejaban información de primera mano, conocían la investigación al detalle, sabían que se había cursado una comisión rogatoria a Suiza e incluso conocían que desde el Canal de Isabel II se había encargado una auditoría sobre la compra de Emissao.
Edmundo Rodríguez estaba tan preocupado con la investigación abierta por esa compra, que en septiembre de 2016, siete meses antes de que le detengan, sabe que desde el Canal de Isabel II han encargado una auditoria a Ernst and Young sobre la compra de Emissao la sociedad brasileña. Según recoge el sumario llama a un abogado amigo suyo y se manifiesta en estos términos:

Edmundo Rodríguez Sobrino: "Han encargado una auditoria a Ernst and Young, forense. Te traduzco, consiste en meter una docena de perros dentro de la empresa a ver si encuentran mierda en algún sitio. O sea, son buscadores de mierda. Entonces… pon unos tías especializados en buscar mierda, siempre hay algo claro, pero no en esta, en todas las del mundo"

El sumario aclara el sospechoso sobrecoste de la empresa brasileña

El sumario del caso desvela además el “modus operandi” que los detenidos utilizaron para inflar el sobrecoste de las empresas que compraban en el extranjero. Los investigadores señalan que el cerebro de la operación, Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González, expuso ante el consejo de administración de la filial internacional del Canal de Isabel II que la empresa brasileña que iban a comprar presentaba unos beneficios antes de impuestos de 13,3 millones de dólares en 2012 y 14,8 millones de dólares en 2013.

Sin embargo, los registros contables de esa sociedad brasileña registraban unos beneficios muy inferiores: nueve millones de euros en 2012 y siete millones de euros en 2013. Es más una auditoría de KMPG señaló que los beneficios antes de impuestos de la sociedad brasileña eran de 1,1 millones en 2012 y 3,4 millones de 2013. Esta sobrevaloración llevaba la firma de Edmundo Rodríguez Sobrino.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/15/tribunales/1494874093_246439.html

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA LOS INGRESOS DE GALLARDÓN POR EL CASO DEL CANAL

Solicita la información tributaria "completa" del exministro y sus "operaciones con terceros derivadas de actividades profesionales"

Zaplana, en un pinchazo de la Operación Lezo: "Alberto habla como diciendo que está ganando una fortuna…. O aflorando algo"

Anticorrupción aprecia prevaricación, fraude en la contratación, malversación y falsedad en el pelotazo con el que vincula a Gallardón

La investigación de la Audiencia Nacional por el desvío de fondos públicos en el Canal de Isabel II afecta de lleno al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción pidieron el pasado abril al juez Eloy Velasco que reclamara al Ministerio de Hacienda la "información tributaria completa" del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, así como sus ingresos derivados de "operaciones con terceros de actividades profesionales", según consta en documentos incorporados al sumario de la Operación Lezo a los que ha tenido acceso eldiario.es.

Estas solicitudes se enmarcan en la parte de la causa que investiga el posible desvío de fondos en la compra-venta de la sociedad colombiana Inassa, el primer paso de la expansión por Latinoamérica de la empresa pública Canal de Isabel II en 2001. Alberto Ruiz-Gallardón presidía entonces el Consejo de Gobierno que autorizó la adquisición y el método empleado para la misma, la creación previa de una sociedad en Panamá.

La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones, hace concluir a los investigadores que se produjeron unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación. En sus sospechas acerca del "supuesto desvío de fondos públicos" abunda que se utilizara una sociedad radicada en un "paraíso fiscal", según el término utilizado por Anticorrupción.

La propuesta de solicitud de información de la UCO sobre Ruiz-Gallardón fue avalada por los fiscales de la Operación Lezo, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. El entonces juez instructor, Eloy Velasco, aceptó las peticiones, según fuentes del caso. Eran parte de otros requerimientos para la fase de explotación de la investigación, que arrancó el 19 de abril.

Uno de los indicios contra Gallardón había sido obtenido por la UCO el 11 de noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.

En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste, "sin cortarse", le dijo: "Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de América porque tengo que ganar mucho dinero". "Delante de cinco o seis personas", añade Zaplana, quien apostilla: "Como diciendo que está ganando una fortuna… O aflorando algo".

Ruiz-Gallardón presidió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado el 29 de noviembre de 2001, en el que se autorizó la creación de empresa pública Canal Extensia S.A. El Gobierno autonómico también acordó que esta empresa, una vez constituida, adquiriera acciones de la sociedad colombiana Inassa por valor de 73 millones de dólares, aprobando un endeudamiento de 51,1 millones. Informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) apuntan a irregularidades en este proceso.

El 28 de noviembre de 2016, a punto de cumplirse quince años del acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se aprobó la compra de Inassa, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez una resolución que interrumpiera el plazo de prescripción de los posibles delitos. Los destinatarios eran Ruiz-Gallardón y el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y el de Canal Extensia e Inassa, así como "aquellas autoridades o funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, informaron o auditaron la operación sin reparo alguno". De este modo, Anticorrupción se reservaba la posibilidad de solicitar la imputación de Gallardón y otros miembros de su equipo de Gobierno cuando los tiempos de la instrucción lo aconsejen.

En otro escrito del 17 de abril, dos días antes de que explotara la Operación Lezo, los fiscales vuelven a aludir al presunto pelotazo con Inassa y señalan de nuevo a todos aquellos para los que ha pedido la diligencia de ordenación, además de a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, el expresidente de la firma en Colombia tras su adquisición por el Canal, en prisión provisional como el político. Yáñez y García Cerdá dicen en ese escrito que "la acción penal por estos hechos debe dirigirse contra" todos ellos, "sin perjuicio de la individualización que se realice en el curso de la instrucción judicial".

A continuación, los fiscales enumeran los delitos que aprecian en el pelotazo de Inassa: "Los hechos narrados indiciariamente son constitutivos de delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos cualificada, sin perjuicio de las falsedades documentales que pudieran tener relación con estos hechos y las actividades dirigidas a la ocultación y afloramiento de capitales".

"Le robaron 25 millones al Canal"

Cuatro meses antes de la conversación grabada en el despacho de González, los agentes de la UCO fotografiaron y captaron la charla entre el expresidente Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino y el empresario colombiano José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. El encuentro se celebró el 21 de julio de 2016 en el Hotel Villamagna de Madrid. Rodríguez Sobrino se ofrecía a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.

"¿Cuánto le entraba al Canal?", pregunta en un momento el empresario colombiano. Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: "A Canal le han entrao, te digo la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao" (…) "A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10".

En un informe del 10 de abril, la UCO se refiere a las gestiones realizadas por sus agentes, la información aportada por la Fiscalía y de sus unidades de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) para afirmar que "concurren una serie de indicios que apuntan a que en la ejecución y planificación de esta operación (la compraventa de Inassa) se pudieron producir ilícitos penales, así como un supuesto desvío de fondos públicos -calificado por Edmundo Rodríguez como un robo de 25 millones-, hechos que no podrían haberse llegado a ejecutar sin la aprobación del Acuerdo de Gobierno de la Comunidad de Madrid".

La Guardia Civil añade a continuación que ese acuerdo fue "suscrito por el entonces presidente de la Comunidad de Madrid y del Consejo de Gobierno de la CAM, Alberto Ruiz-Gallardón, y el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bravo". "Igualmente -continúa- hay que recordar que la solicitud partió de la Consejería de Medio Ambiente, dirigida en aquellos momentos por Carlos Mayor Oreja, quien compatibilizaba este cargo con el de presidente del Canal de Isabel II".

"Pacto de silencio" entre González y Gallardón

Con esta información en su poder, la Fiscalía Anticorrupción firmó el escrito del mencionado antes, de fecha 17 de abril. En el mismo, los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá afirman que "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", quien se convirtió en presidente del Canal como número dos de Esperanza Aguirre y que habría repetido una operación similar a la de Inassa con otra firma brasileña en 2013. De hecho, los investigadores se interesan por el presunto pelotazo de Inassa a partir de la investigación de la compraventa de la sociedad brasileña.

Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio González, en el barrio de Salamanca. Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el Canal a los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de la Comunidad: "No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".

González añade: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar".

Las diligencias de investigación sobre la época de Gallardón que solicitó Anticorrupción motivaron el primer enfrentamiento entre el jefe, Manuel Moix, por una parte, y los fiscales del caso y sus compañeros, por otra. Moix se oponía a incluir en la causa de Lezo la investigación de Inassa por falta de conexidad con el resto de hechos de las pesquisas. También quería retirar la acusación por organización criminal contra los imputados.

Los fiscales Yáñez y Cerdá invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite reunir a la Junta de Fiscales para analizar la situación. La práctica totalidad de los miembros de Anticorrupción respaldaron a sus compañeros y Moix, que podía haber ignorado su posicionamiento, accedió a que se solicitara el registro vinculado a Inassa y el resto de diligencias.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con Ruiz-Gallardón y los otros dos miembros de su Gobierno señalados en los informes para recabar su versión, Juan Bravo y Carlos Mayor Oreja, pero de los tres solo este último ha contestado."De toda la información que he recabado, lo único que puedo decir es que se ajusta a derecho", ha afirmado, y añade que él ya no era consejero de Medio Ambiente ni presidente de Canal cuando se materializó la compra. Abandonó esos puestos apenas unas semanas antes de que se firmase el acuerdo de Gobierno, ya con Pedro Calvo Poch al frente de la empresa pública.

http://m.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-investiga-Gallardon-Canal_0_648135314.html

LAS FILTRACIONES DEL ‘CASO LEZO’

Los investigadores aluden en sus escritos a fugas de información desde la esfera política, judicial y policial

Si el caso Púnica tuvo su chivatazo —un guardia civil se sentará en el banquillo acusado de revelación de secreto por alertar a Francisco Granados—, la Operación Lezo puede tener varios. Los responsables de la investigación consideran demostrado que alguien alertó a Ignacio González y a su familia de que estaban siendo investigados y que por ello hicieron posteriormente numerosas gestiones en la esfera judicial, policial y política para conocer más detalles.

Las medidas de seguridad que el político y su entorno adoptaron en sus comunicaciones telefónicas a partir de aquel momento dificultaron las pesquisas y obligaron a colocar con autorización judicial un micrófono en el despacho que el expresidente autonómico tenía en Madrid para continuar con las mismas. El contenido de estas reveló que tanto el político como otros investigados se valieron “de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento”, dice la fiscalía en su último informe.

En dicho escrito, Anticorrupción llega a asegurar que tanto González como su presunto lugarteniente en la trama, Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del Canal de Isabel II y consejero del diario La Razón “han recurrido a personas pertenecientes al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial” con dicho fin, aunque no revela ninguna identidad. El propio González las reconoció en su declaración ante el juez, aunque sin concretar.

El juez Velasco ya interrogó sobre estas fugas de información a algunos de los imputados. Al presidente de La Razón, Mauricio Casals, que declaró el 20 de abril como investigado, aunque días después se le retiró dicha condición, le preguntó por la identidad de la magistrada que supuestamente le había alertado de la existencia de las pesquisas sobre González y si esta era de la Audiencia Nacional. En el auto por el que al día siguiente envió a prisión al político, el juez Velasco ya destacaba que Ignacio González había conseguido a través de Casals “información sensible sobre la investigación judicial el curso”.

En ese mismo auto, el magistrado hizo hincapié en el encuentro que Pablo González tuvo el 8 de marzo, cuando ya era investigado, con el número dos de Interior, José Antonio Nieto, en la sede del Ministerio. Tras aquella reunión, el hermano del expresidente madrileño mantuvo una conversación telefónica con una tercera persona en la que calificó la misma de “muy interesante” aunque prefirió no dar más detalles “por teléfono”. Ahora, Anticorrupción vuelve a llamar la atención sobre dicho encuentro con Nieto en su último escrito.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/09/actualidad/1494357613_615115.html

ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE INASSA" POR EL CANAL

La Fiscalía afirma que el exministro "estableció un pacto de silencio y cooperación" con Ignacio González.

"Presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", afirman los fiscales de la 'operación Lezo' respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II comenzó su expansión en Latinoamérica, realizada en 2001.

En un escrito dirigido al juez instructor Eloy Velasco conocido por EL ESPAÑOL, la Fiscalía Anticorrupción no sólo apunta hacia el exministro de Justicia, exalcalde y expresidente del Gobierno de Madrid sino también hacia su brazo derecho para las cuestiones de finanzas, Juan Bravo, que era consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando se produjo la compra de la mercantil colombiana Inassa.

Esta operación es considerada por los fiscales del 'caso Lezo' como el inicio de las actividades "fraudulentas" relacionadas con el Canal. De acuerdo con el relato de Anticorrupción, el Gobierno de Gallardón facultó el 29 de noviembre de 2001 al Canal a realizar una inversión internacional "cuando de conformidad con sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad". No fue hasta 2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.

Para acometer la compra de Inassa, el Ejecutivo regional autorizó la constitución de Canal Extensia como una 'sociedad vehículo', es decir, con un mero carácter instrumental. "En el sector privado", recuerda la Fiscalía, "este tipo de sociedades suelen cumplir la función (al margen de eventuales beneficios fiscales) de alejar la responsabilidades derivadas de la adopción de acuerdos respecto de las personas físicas que realmente los adoptan, sirven a modo de pantalla de protección de las personas que dominan realmente la toma de decisiones y protegen a la sociedad matriz frente a eventuales responsabilidades".

"Fin defraudatorio"

"Desde luego", sostienen los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García respecto a la constitución de la sociedad Canal Extensia, "esta actuación carece de justificación en el sector público y se concibe ordinariamente como una forma de huida del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la actuación pública".

"No era necesaria la creación de Canal Extensia (a modo de holding privado dependiente de una administración pública para lograr mayor agilidad operativa) ya que esta función la podía cumplir la propia sociedad que estaban adquiriendo. Canal Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin necesidad de la interposición instrumental del Canal Extensia y mucho menos con la interposición fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal", afirman en referencia a la Sociedad de Aguas de América SA, la mercantil panameña a través de la que se articularon los pagos y que "se disolvió inmediatamente después de la operación". "Esta forma de proceder sólo tiene justificación como instrumento societario que se crea presuntamente con un fin defraudatorio", señalan.

Los fiscales consideran que "repugna a la lógica jurídica más elemental" situar a Canal Extensia en el dominio de la operación de adquisición de Inassa. A su juicio, hay indicios de que se trató de una decisión "de arriba hacia abajo". El acuerdo de comprar Inassa y la forma en que se ejecutó "se gestó en el Consejo de Gobierno" de la CAM que presidía Ruiz Gallardón "y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables de Canal Isabell II, Canal Extensia SA y por los administradores de Inassa".

Entre otros indicios, destacan que "nadie dentro de la Administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal" y que "no consta" que se cumplieran los requisitos administrativos para el control de la operación.

En este sentido, los fiscales se preguntan "en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares". "Las investigaciones apuntan indiciariamente a que el soporte documental fue cuando menos insuficiente, así como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o 'por su gente'", como dijo Ignacio González en una de las conversaciones intervenidas.

Una propuesta de Bravo

Según Anticorrupción, hay "indicios de que la solicitud del acuerdo de adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente [de la que entonces dependía el Canal] a propuesta del consejero de Hacienda Juan Bravo Rivera fue elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la adquisición de Inassa, con el consiguiente desvío de capitales públicos".

Todo ello, afirma la Fiscalía, fue conocido por Ignacio González a partir de 2003, cuando se le nombró vicepresidente de la CAM y responsable del Canal. "Hasta tal punto conocía la operación que ordenó una investigación forense al despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido", añaden los fiscales. Ese informe, pagado con fondos públicos, "se ocultó" en su día pero ha aparecido en los registros judiciales practicados el pasado 19 de abril, cuando el expresidente de la Comunidad de Madrid fue detenido.

Ignacio González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público (es decir, proceder a la denuncia de los hechos ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial competente), lo ocultó y continuó abonando con dinero público las cuotas del préstamo que se concertó con las entidades BBVA y Caja Madrid", pago que se prolongó hasta 2012.

A su juicio, esa forma de actuar "sólo puede responder", de un lado, a "la connivencia que González tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición de Inassa", connivencia que "podría reportarle beneficios económicos o políticos. Y, de otro, "a la oportunidad de negocio que el propio Ignacio González apreció en la operación, oportunidad que presuntamente repitió en el año 2013 con la sociedad brasileña Emissao".

En todo caso, para los fiscales la "impunidad" en una operación "del calado e importancia" de la compra de Inassa "sólo fue posible con la connivencia a un máximo nivel en la comunidad autónoma".

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170511/215229012_0.html

EL CEREBRO DE LA OPERACIÓN ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, fue uno de los cerebros de la operación por la que el Canal de Isabel II pagó 67 millones de euros –75 millones de dólares– por Inassa, pagando 10 veces más de lo que costaba la empresa de aguas colombiana.

Canalda era gerente del Canal de Isabel II cuando se produjo la operación por la que el Canal adquirió Inassa, empresa que controla Aguas de barranquilla, a través del paraíso fiscal de Panamá bajo el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

El ex gerente de la empresa pública y actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha reconocido a OKDIARIO la compra de Inassa a través de una sociedad panameña. Canalda asegura que fue un “concurso internacional”, que la compra “nunca se ocultó, fue legal y se realizó a través de la sociedad Slasa de Panamá porque era la tenedora de Inassa, así se reflejaba en la licitación” señala.

Además, Canalda sostiene que la compra de Inassa “fue aprobada por el Consejo del Canal de Isabel II, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid. El sobreprecio se justifica en los años de concesión y en las otras sociedades que posteriormente formaron parte de Inassa” concluye.

Don Arturo Canalda González hace saber a OKDIARIO que: “En absoluto en su excargo de gerente de Canal de Isabel II tuvo relación alguna con la compra de Inassa, pagando 10 veces más de lo que costaba la empresa de aguas colombianas, siendo totalmente incierto que participara en el desvío de 83 millones de euros a Panamá para efectuar la compra de la filial colombiana Inassa”.

https://okdiario.com/investigacion/2017/05/09/cerebro-operacion-actual-presidente-camara-cuentas-comunidad-madrid-975186

NO HUBO ERROR AL HABLAR DEL CHIVATAZO DEL SECRETARIO DE ESTADO", SEGÚN LOS INVESTIGADORES

Fuentes jurídicas desmienten “con rotundidad” al fiscal general del Estado. “No hubo error” al hablar de la supuesta investigación chivada del número dos de Interior, según las mismas fuentes, quienes recuerdan en cualquier caso que el escrito “con la supuesta redacción confusa” fue “revisado, aprobado y distribuido sin modificarlo” por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y la Fiscalía General de Maza, en contra de los propios fiscales del caso quienes apelaron al secreto del sumario

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha manifestado este jueves por la mañana en la Universidad Complutense de Madrid, que en realidad los fiscales del caso Lezo no querían decir lo que dijeron al incluir en su escrito la “presunta investigación chivada del secretario de Estado” de Seguridad, José Antonio Nieto.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER desmienten con rotundidad al fiscal general del Estado. Sostienen que los fiscales del caso “se ratifican y dijeron lo que dijeron”, por la “existencia de una investigación al número 2 de Interior” debido al supuesto chivatazo. Y recalcan que tal y como recoge el escrito, la reunión de Nieto con el hermano de Ignacio González fue de “especial gravedad”.

Una investigación “incipiente” que ha sido “dinamitada” al filtrar el escrito secreto a los medios de comunicación, desde la misma Fiscalía General del Estado que dirige José Manuel Maza.

El fiscal general del Estado ha llegado a pedir perdón al secretario de Estado de Seguridad en Onda Cero, y a culpar a los fiscales del caso porque a su entender la polémica ha sido provocada por una redacción confusa del texto.

Pero las fuentes consultadas se ratifican en el contenido. Recuerdan que han sido censuradas más de 30 páginas del mismo, y que hay más información sobre el secretario de Estado en el resto. Todo junto cobra coherencia, según estas fuentes.

Además, ese escrito fue revisado por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que según fuentes fiscales, remite cualquier documento de la operación Lezo a José Manuel Maza, antes de su publicación o de que sea remitido a la justicia. Por lo tanto, ambos conocían de esa supuesta “redacción confusa” antes de que fuera conocido, y no lo cambiaron.

Y por otra parte, fue Manuel Moix quien decidió publicar ese escrito del chivatazo, con la opinión contraria de los fiscales del caso, quienes le recordaron que estaba secreto y pidieron distribuir a los medios solo una nota al uso, que expusiera simplemente los motivos para no excarcelar a González. Moix obvió a sus fiscales, trasladó el escrito a la Fiscalía General, y ésta lo difundió a los medios.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/11/tribunales/1494506736_610285.html

LA FISCAL DEL 'CASO LEZO' ACLARA QUE EN SU ESCRITO NO QUERÍA IMPUTAR NINGÚN DELITO A NIETO POR EL 'CHIVATAZO'

"La redacción del texto no dice eso", asegura la Fiscalía General en referencia a la interpretación del escrito

El secretario de Estado reconoció haber recibido en su despacho al hermano del presunto cabecilla de la trama corrupta, Pablo González

La Fiscalía General del Estado ha hecho público un comunicado en el que aclara que una de las fiscales del caso Lezo, Carmen García Cerdá, ha precisado que Anticorrupción no quería imputar "en modo alguno" ningún delito al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al mencionarle en un escrito del Ministerio Público con la "presunta investigación chivada".

La aclaración ha sido la siguiente: "La Fiscalía Anticorrupción confirma que la expresión recogida en el dictamen del Ministerio Fiscal en modo alguno quiere imputar ningún delito al Secretario de Estado de Seguridad en el presunto 'chivatazo".

Previamente, la Fiscalía General del Estado ya había interpretado que el escrito en el que Anticorrupción se oponía a la excarcelación de Ignacio González por la operación Lezo no señalaba al secretario de Estado de Seguridad como autor del presunto chivatazo al expresidente de la Comunidad de Madrid.

El párrafo del escrito firmado por los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, dice textualmente lo siguiente: "El día 6 de marzo del 2017, en el despacho de Ignacio González sito en la C/ Alcalá 89 de Madrid, se grabó una conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 horas por los tres hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del Secretario de Estado de Seguridad. El auto recurrido valora la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar".

Preguntadas fuentes de la Fiscalía General si la frase "presunta investigación 'chivada' del Secretario de Estado de Seguridad" apunta a Nieto como autor del chivatazo, éstas señalaron: "La redacción del texto no dice eso".

El escrito que ha sido facilitado a la prensa –y del que se han eliminado 38 páginas aludiendo al secreto de las actuaciones–, se señala que en una de las conversaciones intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año, los tres hermanos González se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente" de la Policía Nacional.

El pasado 28 de abril el secretario de Estado confirmó en el Congreso que recibió en su despacho a Pablo González, directivo de Mercasa y hermano de Ignacio González, el presunto cabecilla de la trama corrupta. En dicho encuentro, según su versión, no se habló de ninguna investigación y menos de la operación Lezo que no conoció hasta que estalló el 19 de marzo.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/09/nieto_exige_los_fiscales_que_aclaren_acusan_ser_chivato_lezo_hagan_una_nota_desmentido_64855_1012.html

INTERIOR PIDE A LA FISCALÍA QUE ACLARE SI ACUSA AL SECRETARIO DE ESTADO DEL CHIVATAZO A IGNACIO GONZÁLEZ

En un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER, José Antonio Nieto exige saber "los cargos que se le imputan y sobre la base de que hechos objetivos"

El Ministerio del Interior responde a la Fiscalía Anticorrupción. En un escrito remitido esta tarde a la Fiscalía, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el ministerio exige a los fiscales que aclaren si le acusan del "chivatazo" al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Según recoge este documento, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha pedido a los fiscales que están coordinando la conocida como operación Lezo que aclaren si le imputan algún delito al relacionarle con el presunto hecho delictivo de haber alertado a Ignacio González de que se iba a desarrollar la operación Lezo.

La Fiscalía Anticorrupción asegura en su escrito de oposición a la petición de excarcelación de Ignacio González que "en una reunión mantenida en el despacho de González el pasado 6 de marzo los tres hermanos González evidenciaron intere por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación "chivada" del Secretario de Estado de Seguridad.

Ahora Interior exige saber si es cierta esta acusación y de serlo saber "en qué términos se ha producido, cuáles son los cargos que se imputan al Secretario de Estado y sobre la base de qué hechos objetivos".

Interior añade que en caso de que la acusación sea cierta la Fiscalía Anticorrupción tiene que explicar por qué hasta ahora "no ha sido notificada a quien suscribe referencia alguna sobre hechos tan graves como para sustentar dicha acusación en un escrito oficial del Ministerio Fiscal".

Finalmente el secretario de Estado de Seguridda solicita a Anticorrupción que si no existe acusación emita una nota aclaratoria a los medios de comunicación "matizando o desmintiendo la noticia para evitar el daño que dicha información está provocando a la Secretaría de Estado de Seguridad y a su titular".

http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/09/tribunales/1494358535_359362.html

NIETO COINCIDIÓ CUATRO AÑOS CON IGNACIO GONZÁLEZ EN LA DIRECCIÓN DE CASA ÁRABE PERO SOSTIENE QUE "NUNCA" HABLARON NI SE REUNIERON

El secretario de Estado de Seguridad afirmó este miércoles que en su vida había hablado con Ignacio González

Ambos políticos formaron parte del Consejo Rector del consorcio público Casa Árabe entre 2011 y 2015

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Nieto insiste en que ambos ni se conocen ni hablaron porque Nieto nunca asistió a ninguna reunión de Casa Árabe

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró este miércoles en una entrevista concedida a Onda Cero que en su vida había hablado con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Que no le conocía. infoLibre ha podido comprobar que entre 2011 y 2015 ambos formaron parte del consejo rector de Casa Árabe, un consorcio público que celebra reuniones periódicas. Según defiende Interior, Nieto no coincidió jamás en Casa Árabe con el expresidente madrileño, ahora encarcelado en el marco de la operación Lezo. "Nunca coincidieron ni compartieron ninguna reunión porque el secretario de Estado no acudió a ninguna", insisten a preguntas de este periódico.

"No conozco a Ignacio González. Nunca le he conocido. Nunca he tenido relación con él [...] Con Ignacio González no he hablado en mi vida". Así se pronunciaba este miércoles ante los micrófonos de Onda Cero el secretario de Estado de Seguridad. Si cuando estalló la operación Lezo, se supo que Nieto se había reunido con el hermano de Ignacio González, Pablo González, esta semana un escrito de los fiscales del caso le apuntaba como responsable de la "chivada" a los González para alertarles de la operación. Una afirmación que llevó a Fiscalía a aclarar que no quería imputar ningún delito a Nieto. Los dos hermanos González están ahora en prisión.

El primero de los episodios llevó a Nieto ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde reconoció haberse reunido con Pablo González pero sólo para cuestiones de Mercasa, la empresa pública en la que el hermano del presidente madrileño era directivo. El segundo, le condujo a pedir a la Fiscalía que le imputase si tenía pruebas de ese chivatazo.

Dependiente de Exteriores

Casa Árabe es, según se explica en su página web, "un consorcio público español liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que opera como centro estratégico en las relaciones de España con el mundo árabe". Con sedes localizadas en Madrid y en Córdoba, fue fundada en el año 2006 mediante un convenio de colaboración suscrito entre Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba.

A día de hoy, está presidida por el ministro del ramo, y sus vicepresidentes son la presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de Córdoba. Los Reyes de España son sus patronos de honor. Esta estructura es la que llevó a Nieto y a González a formar parte del Consejo Rector. El secretario de Estado, y así figura en documentos oficiales de Casa Árabe y en el BOE, integró el citado órgano en sus años al frente de la Alcaldía de Córdoba (junio 2011-junio 2015). González, por su parte, figura como vocal en la reunión de diciembre de 2011. Era vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno regional. Un año después, en la cita del Consejo Rector de diciembre de 2012, ya figura como vicepresidente de este órgano. Fue en septiembre cuando Esperanza Aguirre le cedió el testigo en su primer anuncio de dejar la política.

Rastro en el BOE y en las memorias oficiales

"El Consejo Rector actúa como órgano colegiado de dirección de Casa Árabe y ostenta la superior autoridad dentro del Consorcio y está conformado por los miembros designados y revocados por las administraciones consorciadas", informa Casa Árabe.

Boletines Oficiales del Estado de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 consultados por infoLibre incluyen a González y Nieto como integrantes de este Consejo Rector. Asimismo, se les menciona, como asistentes, "bien personalmente o mediante representación", a estas reuniones en los documentos de la Casa Árabe en los que este ente rinde cuentas de su funcionamiento anualmente. Concretamente, se trata de los días 2 de diciembre de 2011, 12 de diciembre de 2012, 18 de diciembre de 2013 y 1 de diciembre de 2014.

Pese a ello, en Interior insisten en desvincular al secretario de Estado de Seguridad y al expresidente de la Comunidad de Madrid. Destacan que el puesto de "patrono" de Nieto en Casa Árabe se debía exclusivamente a su condición de alcalde de la ciudad de Córdoba y que que "jamás coincidieron en ninguna reunión, ni hablaron por teléfono sobre los asuntos de dicha entidad, ni intercambiaron correo o documento alguno sobre las actividades de Casa Árabe". En definitiva, que no tuvieron contacto de ningún tipo.

Delegaba en otros consejeros

Esto fue así, informan en el ministerio, porque Nieto delegó su asistencia a estas reuniones en otros miembros de su equipo. "Siempre delegaba en el concejal de Cultura o en el concejal de Presidencia", aseguran las citadas fuentes.

Desde que Ignacio González fue detenido el pasado 19 de abril en el marzo de la operación Lezo, el Gobierno de Rajoy se ha visto salpicado por múltiples sospechas de injerencias en la Justicia. Este escándalo no sólo ha puesto el foco sobre las prácticas de Ignacio González y sus fieles en sus años en la Comunidad de Madrid y en el PP regional, sino que ha hecho que salgan a la superficie las actuaciones de algunos de sus protagonistas para intentar tapar o frenar los hechos investigados. Unas actuaciones que han salpicado a los departamentos de Interior y de Justicia. Si en el caso del departamento de Interior, el grueso de los focos está sobre Nieto, en el caso de Justicia, el ministro Rafael Catalá, y el propio Rajoy, han tenido que salir a defender la labor del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.

Tal y como ha publicado infoLibre, Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.

De la defensa de Nieto se ha encargado el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, desde el momento en el que, días después de la detención de González, la cadena Ser adelantó unas grabaciones en las que su hermano Pablo se refería así a la reunión con el secretario de Estado: "El encuentro ha sido muy interesante. Te lo contaré pero no por teléfono". Un encuentro que según el auto del juez Velasco se produjo justo al día siguiente de que Ignacio González recibiese el chivatazo de que estaba siendo investigado.

"Ojalá la conversación con Pablo González esté grabada y termine ya esta pesadilla", deseaba Nieto en la misma entrevista radiofónica en la que aseguró no conocer al expresidente de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP madrileño.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/12/nieto_coincidio_cuatro_anos_con_ignacio_gonzalez_direccion_casa_arabe_pero_sostiene_que_nunca_hablaron_reunieron_64943_1012.html

OHL ADMITE TRANSFERENCIAS DE 1,8 MILLONES DE EUROS A LA CUENTA SUIZA QUE EL JUEZ VINCULA A IGNACIO GONZÁLEZ

El empresario De la Joya admite al juez que OHL transfirió 1,4 millones de México a Suiza para Ignacio González

El juez rastrea una comisión de OHL a González en Suiza que el PP conocía

La constructora OHL ha emitido un comunicado en el que admite haber realizado en noviembre de 2007 dos transferencias que suman 2,5 millones de dólares a la cuenta en el Anglo Irish Bank de Suiza de la sociedad panameña Lauryn Group, aunque niega cualquier irregularidad. Esa cantidad se corresponde al cambio de la época con 1,8 millones de euros. Lauryn Group es una empresa controlada por el empresario Adrián de la Joya, que ante el juezEloy Velasco y en una entrevista en EL MUNDO señaló que el consejero de OHL Javier López Madrid le había indicado que le había hecho una transferencia de 1,4 millones de euros desde México destinada a pagar una comisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. "No recuerdo realmente si fue esa cantidad o si incluso fue algo mayor", le dijo De la Joya a este diario.

El juez de la operación Lezo considera que pudo tratarse de un intento de soborno a cambio de que la constructora recibiera la adjudicación del tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. De la Joya añade no obstante a su versión que, cuando supo que ese dinero era para pagar a un político, se negó a entregarlo y decidió quedárselo para cubrir los gastos de un trabajo que estaba haciendo para OHL en Burkina Faso. López Madrid fue detenido después del registro de las oficinas de OHL en Torre Espacio y quedó en libertad con la condición de abonar una fianza de 100.000 euros, después de negar cualquier participación en los hechos.

El Grupo OHL ha llevado a cabo una investigación interna voluntaria, de cuyo resultado ha dado traslado al juez, y ha obtenido el rastro de esas transferencias "sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo". De estos hechos ha informado igualmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Según la empresa, la investigación interna no ha identificado ninguna transferencia ordenada por Javier López Madrid, consejero externo dominical del grupo desde el año 2002, "que nunca ha tenido responsabilidad ejecutiva ni representativa alguna en el grupo". Además, según las conclusiones del análisis interno preliminar, "no resulta ni el menor indicio ni sospecha de que exista la más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución de Cemonasa", el contrato de concesión del Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. OHL ha optado por realizar un rastreo general de todas las transferencias realizadas en 11 años por cualquier empresa del grupo pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le pidió solo las efectuadas por OHL México, informaron a Europa Press en fuentes de la investigación.

"Transacciones normales"

Las transferencias identificadas a través del sistema informático no coinciden exactamente con la supuesta transferencia referida, pero sí están dirigidas a la misma sociedad (Lauryn Group). OHL asegura que dichas transferencias están "debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte, que aparentemente corresponden a transacciones normales dentro del tráfico ordinario" entre sus empresas, "y no hay ningún indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo". Según las conclusiones del análisis interno, "ni en las fechas en las que se supone que se realizó la supuesta transferencia, ni en ninguna otra fecha, Javier López Madrid ha tenido poder o capacidad para ordenar, autorizar o instruir a empleados del grupo para realizar pagos de cualquier tipo, incluidas transferencias y, en general, jamás ha tenido funciones ejecutivas ni de representación en el grupo OHL".

http://www.elmundo.es/espana/2017/05/05/590c326a22601d7a788b460b.html

IGNACIO GONZÁLEZ PIDE SALIR DE LA CÁRCEL PORQUE SU HIJA SE CASA Y NO PIENSA FUGARSE

El expresidente madrileño alega la boda "en pocos meses" en su recurso de excarcelación

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión preventiva desde el pasado 21 de abril por su implicación en la Operación Lezo, ha solicitado su excarcelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse porque tiene sus bienes embargados y la mayor de sus hijas "va a celebrar su boda en pocos meses".

Argumenta González que es "materialmente imposible" que se fugue porque carece de medios económicos al estar los suyos embargados y porque dispone de un "arraigo notorio" en España, donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales está a punto de casarse.

Así se señala en el recurso, adelantado por la Cadena Ser, en el que la defensa de González asegura que las pruebas contra él de las que dispone el instructor del caso, el juez Eloy Velasco, no justifican una medida tan gravosa como es su prisión incondicional.

Tanto González como su hombre fuerte en Latinoamérica, el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión sin fianza- han recurrido directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esta medida cautelar, eludiendo de esta forma el trámite del recurso de reforma ante el instructor del caso, que consideran perdido de antemano.

En relación con su situación familiar, González alega igualmente ante la Sala de lo Penal que una de sus hijas, de 18 años, es estudiante; que su padre tiene más de 90 y que no existe ningún indicio de que "desee romper su relación familiar". Tanto su mujer como su padre, su hermano y su cuñado están siendo investigados por la causa derivada de la Operación Lezo.

"Huir es impensable"

"Huir es impensable", según la defensa del exmandatario madrileño, porque ello daría lugar al abandono de sus hijas "en una situación en la que es necesario un apoyo mutuo y del entorno familiar y de amistades para la tranquilidad y el sosiego que en estos momentos necesita". La "notoriedad pública" de González, añade el escrito, hace igualmente impensable la posibilidad de huida.

A lo largo de su recurso, el abogado Esteban Mestre destaca también que el auto de prisión dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 "no fundamenta, exterioriza ni razona con la mínima solidez cuál es el verdadero motivo que lleva a aplicar una medida tan drástica como es la prisión provisional y, además, incondicional".

Considera la defensa de González que la prisión puede entenderse como una "medida punitiva anticipada y en cierto modo ejemplarizante y de castigo" debido a la alarma social generada "en relación con las causas que etiquetan socialmente como vinculadas con la corrupción", algo que para el letrado "resulta inadmisible".

El recurso presentado por el abogado Miguel Bajo en representación de Rodríguez Sobrino argumenta, por su parte, la falta de motivación del auto recurrido y la inexistencia de indicios racionales de criminalidad suficientes que justifiquen la medida de prisión incondicional del exdirectivo.Incide igualmente en la inexistencia de riesgo de sustracción de la justicia o destrucción u ocultación de pruebas, así como en el arraigo familiar del investigado.

El abogado de Rodríguez Sobrino pide a la Sala que, en todo caso, y con carácter subsidiario, imponga una medida "menos gravosa e igual de efectiva" que la prisión incondicional como podría ser la prestación de una fianza, como se ha hecho en el caso de otros imputados en la causa, o la obligación de comparecer ante el Juzgado "los días que tuviera a bien señalar" la Sala de lo Penal.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/03/actualidad/1493831423_932259.html

"TABOADA ME LO DEBE TODO": GONZÁLEZ INTENTÓ LLEGAR A LA CÚPULA DE SU ENEMIGA CIFUENTES

Ignacio González intentó influir en altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente para que se suministrara agua al campo de golf gestionado por su amigo el empresario Joaquín Molpeceres

Ignacio González intentó utilizar su influencia política (estuvo 12 años en las más altas instancias del Gobierno regional) para intentar pedir a determinados cargos públicos favores para empresarios próximos a él. El sumario del caso Lezo, que ha acabado con González en prisión, revela que el ex presidente madrileño intentó presionar a varios miembros de la actual cúpula de la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo de Cristina Cifuentes para que ayudaran al empresario Joaquín Molpeceres, que tenía problemas de riego en el campo de golf que gestiona en Alcalá de Henares. Molpeceres aparecía como donante en los papeles de Bárcenas y ha declarado como testigo en el caso Gürtel. No lo consiguió, ya que Medio Ambiente rechazó de plano lo que solicitó el empresario.

Los investigadores han hecho un relato secuencial de la ayuda reclamada por Molpeceres y las gestiones hechas por González. El empresario, ya mayor, pidió al ex presidente regional que intercediera ante el director del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) para que este último, José María Moreno Martín (antes alcalde de Moralzarzal), supiera de primera mano que Molpeceres era "amiguete" y que iba "recomendado". González llamó a Moreno, al que pidió discreción porque no quería "aparecer en ningún lado" y presentó a Molpeceres como empresario de "toda la vida". Imidra es el dueño de la finca El Encín, donde se ubican las 153 hectáreas del campo de golf de Molpeceres.

El problema, según explica González en las llamadas que estaban siendo escuchadas por la UCO, es que el desarrollo urbanístico de la zona quedó paralizado por la crisis y no se construyó una depuradora que estaba prevista en el municipio de Meco para abastecer de agua al campo de golf. Para salir del apuro, Molpeceres estaba tomando agua de Alcalá, "pero está colmatada y no era suficiente, y luego del río". González señala que Molpeceres estaba teniendo problemas "con los cambios de la gente" (en el Ejecutivo regional) y pide a Moreno que reciba a Molpeceres. El alto cargo lo hace: "Vemos cuál es el problema que tiene y en lo que podemos ayudar lo hacemos", le dice Moreno a González. Este insiste en que su nombre no puede aparecer, ya que basta con que Cifuentes lo sepa para que piense que es algo "malo".

La reunión no debió salir bien. Molpeceres le dice a González que encontró a Moreno "muy dubitativo" y señala que este le comentó que debería tratar el asunto con el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, número tres del Gobierno de Cifuentes y coordinador general del PP de Madrid. Taboada ya fue alto cargo en los ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Molpeceres le pregunta a González si "llegan" a Taboada, a lo que el ex presidente responde: "Sí llegamos, sí, sí".

Taboada, más próximo "a la otra"

Lo único que quería Molpeceres es que alguien relevante de la comunidad escribiera a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que cede agua al Imidra, para que a su vez derivara 40.000 metros cúbicos al campo de golf. En una llamada intervenida el 19 de diciembre de 2016, González le explica que Taboada le debe todo, pero que quizás en estos momentos su posición sea más próxima "a la otra", en relación a Cifuentes. Molpeceres pregunta a González cómo tratar a Taboada en una futura reunión: "¿Y qué tal?, ¿se puede hablar de ti con él o no?, ¿es amigo tuyo?".

Molpeceres consulta a González si cree conveniente que también le diga a Taboada que "de vez en cuando echa una manita y tal, porque es el que puede darme lo del agua de ahí, lo del campo de golf a través de Imidra, porque este es el consejero del que está de director general del Imidra". A pesar de esa 'manita', Molpeceres acaba de declarar en el juicio de la Gürtel que no donó ni financió al PP. González le transmite tranquilidad porque "está todo controlado", ya que también conoce al nuevo director general de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, nombrado en noviembre de ese año. "A ese, a ese también le conozco, entonces bueno, pues se puede hacer alguna cosilla por ahí". Sanjuanbenito ya estuvo en el Gobierno regional entre 2004 y 2010, primero como asesor y luego como jefe de gabinete de la Consejería de Deportes y Turismo.

González también intentó contactar con otro alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente, Mariano González Sáez, que fue el predecesor de Sanjuanbenito hasta que fue destituido. Cifuentes le ha recolocado ahora como nuevo comisionado para el Cambio Climático. González pide ayuda para contactar con él a Borja Sarasola, exconsejero de Medio Ambiente. "No se pueden enterar que hablo con él", menciona González. El sumario revela que finalmente Ignacio González contactó con Mariano González y que le envió documentación. Pero días después la secretaria personal del expresidente le dice que han cesado a Mariano, "el de los papeles que estaba con Taboada". Las gestiones de Ignacio González fueron infructuosas, ya que el Imidra rechazó finalmente atender las peticiones de Molpeceres.

Adjudicado en el año 2006

La UCO ha hecho sus pesquisas sobre el campo de golf. La finca donde se construyó, El Encín, está en Alcalá de Henares. En el año 2006, la empresa pública Alcalá Natura 21 adjudicó a la empresa Desprosa, de Molpeceres, la explotación de la instalación deportiva durante 35 años. En 2009, Desprosa y el Canal de Isabel II suscribieron un convenio para suministrar agua regenerada para el riego del campo. En ese año, González ya era presidente del Canal. En 2010, González también asumió la presidencia de Alcalá Natura 21. En 2011, Desprosa también ganó la adjudicación de otro proyecto, Naturalcalá, un complejo de ocio independiente al campo de golf pero anexo. En junio de 2013, el Supremo declaró ilegal el plan urbanístico de Alcalá que autorizó la construcción del campo de golf, pero este siguió abierto y operativo, con los problemas de riego que llevaron a González a interceder.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-01/taboada-cifuentes-ignacio-gonzalez-lezo-golf-encin_1373568/

LA “PRÁCTICA CRIMINAL MAFIOSA” DE IGNACIO GONZÁLEZ SA: CONTROL DE FISCALÍA, POLICÍA Y MEDIOS

El expresidente madrileño y sus acólitos ampliaron sus influencias en la carrera judicial y fiscal, en la Policía y en prensa para protegerse de la Justicia.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sabía que era cuestión de tiempo que la Justicia diese con él. Durante años ha utilizado sus cargos públicos para enriquecerse personalmente de manera ilícita a través del desvío de dinero público y comisiones ilegales, lo que le ha permitido vivir por encima de sus posibilidades tal y como acreditan sus inversiones y sus adquisiciones. Sin embargo, el hombre fuerte de Esperanza Aguirre y sus principales cómplices han intentado hasta el último momento mover todos sus hilos para evitar ser atrapados.

De la investigación de la Operación Lezo, por la que fue detenido y enviado a prisión la semana pasada, se desprende que los principales investigados -es decir, González, su hermano Pablo y el consejero delegado de La Razón y exdirectivo del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, principalmente- habían ampliado su círculo de acción en los últimos meses a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía.

“Todo ello para lograr la impunidad de sus acciones. Aparece un ejemplo claro de práctica criminal mafiosa como es el uso de los medios de comunicación para protegerse frente a la acción de la justicia”, recogen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, que han liderado la investigación.

Tal y como se ha ido publicando en EL ESPAÑOL en los últimos días, González mantuvo contactos con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien le llegó a decir a través de un mensaje de texto telefónico "ojalá se arreglen pronto los líos” cuando el expresidente madrileño ya estaba investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la compra de un ático en Estepona y tenía abierta esta otra investigación, aunque en ese momento (noviembre de 2016) era secreta.

En busca de una fiscalía amable

Con sus comunicaciones intervenidas en los últimos meses, los investigadores han podido escuchar cómo González mantenía comidas, por lo menos mensuales, con magistrados de la Audiencia Nacional, del propio Tribunal Constitucional, y con exvocales, vinculados al Partido Popular, del Consejo General del Poder Judicial.

Una de las principales preocupaciones de González era que los cambios que debían venir en la Fiscalía con el nuevo Gobierno le fueran favorables para intentar archivar la causa por el ático de Estepona y evitar que saltara un nuevo escándalo sobre él, como al final ha ocurrido.

Su fiscal favorito para ocupar la Fiscalía Anticorrupción era Manuel Moix, como así ocurrió. Sus influencias con gente que mantenía contactos con personas del más alto nivel en el Tribunal Supremo le ayudaron a saber con antelación que el nuevo fiscal general del Estado iba a ser una persona que a su juicio iba a ser beneficiosa para él; este es José Manuel Maza.

Como publicó en exclusiva este diario, en las grabaciones a Ignacio González aparece una conversación entre el ex presidente madrileño y el ex ministro Eduardo Zaplana, en el que hablan del nombramiento de Moix. González estaba muy preocupado con su investigación abierta por la compra de un ático en Marbella y comenta con Zaplana la necesidad de cambiar al fiscal de Anticorrupción que llevaba el asunto. Antes de eso, se debía nombre al fiscal jefe de esta Fiscalía especial.

Ignacio González: “Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo, porque el que quieren poner de fiscal… El que quieren poner de fiscal Anticorrupción, te digo yo a ti, que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Él era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío... bueno… se llama Moix, es un tío serio y bueno”.

Sin embargo, González llegó tarde. Para cuando el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy fue reelegido, en noviembre del pasado año, la investigación por el caso Lezo ya estaba muy avanzada. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil llevaban investigando desde 2015. El asunto ya se había judicializado en la Audiencia Nacional y desde julio de 2016 ya estaban siendo investigados por un juez, primero por Alejandro Abascal y después por Eloy Velasco. Cuando Moix aterrizó en Anticorrupción, a finales de febrero, la operación para proceder a la detención de los principales investigados ya estaba prácticamente cerrada.

González llegó tarde

El juez tenía todos los informes de la UCO y de Anticorrupción encima de la mesa, con el aval y visto bueno del anterior fiscal jefe, Antonio Salinas, y de la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. González llegaba tarde y su detención sería difícil de evitar. Es más, en las grabaciones al expresidente madrileño también se desprende cómo éste estaba preocupado por si Madrigal seguía en su puesto, tal y como se había publicado en aquellos días en la prensa. Un magistrado de la Audiencia Nacional le tranquilizó explicándole que había sido una filtración interesada del entorno de Madrigal pero en realidad el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se había declinado por Maza, un magistrado fuera de la carrera fiscal.

No obstante, este “grupo mafioso” lo intentó hasta el final. Según se desprende de la investigación, en el mes de marzo el hermano de González, Pablo -también en prisión hasta que consiga recaudar una fianza de 4 millones de euros-, consiguió reunirse con el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto. Larevelación de este encuentro ha obligado al número dos del ministro Juan Ignacio Zoido a comparecer en el Congreso de los Diputados.

Los tentáculos de los González han obligado ya a dar explicaciones al ministro de Justicia, al secretario de Estado de Interior, y ha forzado la dimisión de Esperanza Aguirre como portavoz el PP en el Ayuntamiento de Madrid, por no vigilar las fechorías de sus número dos durante años cuando presidía la Comunidad de Madrid. Varios trabajadores del Canal y miembros del PP intentaron denunciar las irregularidades de González, pero en el partido se prefirió mirar hacia otro lado, como se ha desvelado tras el estallido de la Operación Lezo.

Este caso judicial también ha puesto entre las cuerdas al recién llegado fiscal jefe de Anticorrupción, por ordenar dos días antes de lanzar la operación que no se procediera a los registros en el Canal de Isabel II que afectaran a la 'era Gallardón', lo que provocó la férrea oposición de los dos fiscales del caso, con el apoyo de todos sus compañeros. Todos los partidos de la oposición ya han solicitado la comparecencia de Catalá para explicar las presiones en la Fiscalía y la reprobación tanto del fiscal general como del propio Moix.

En estos días, también se ha conocido que tras el enfrentamiento de los fiscales Anticorrupción con su jefe, quien nada más llegar al cargo ordenó frenar parte de la investigación, este último ha 'invitado' a los dos encargados del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez a abandonar el caso y su puesto en Madrid. Según diversas fuentes conocedoras de lo ocurrido, a uno de ellos le dio una semana para dejar la causa y a otro le dio tres días para presentar su cese en la Fiscalía Anticorrupción.

Estos encuentros y contactos de González y su entorno tienen mayor relevancia si se tiene en cuenta que alguien alertó a González de que estaba siendo investigado. Los investigadores sitúan el posible 'chivatazo' por lo menos dos meses antes del operativo. En las conversaciones telefónicas mantenidas por González se detecta que en los últimos meses habían rebajado su nivel de confidencias. Es más, el día antes del encuentro de Pablo González con el secretario de Estado de Interior, todos los hermanos se reunieron a primeros de marzo y el expresidente madrileño les comunicó que estaba siendo investigado.

Los investigados tuvieron un 'chivatazo'

A pesar de que se desconocía hasta hace diez días que era el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco quien capitaneaba la investigación a González, el expresidente madrileño ya mantuvo conversaciones de la necesidad de echar a este juez de la Audiencia, tal y como publicó este diario.

Según consta en la causa, González y su círculo próximo mantenían relaciones con un sector del Cuerpo Nacional de Policía (no identificado plenamente hasta el momento) del que parecen obtener informaciones reservadas y que pueden ser de interés para los asuntos judiciales que les atañen. Aprecian igualmente que tratan de hacer uso de indiciarias influencias dentro de la carrera judicial para tratar de constatar la existencia del procedimiento judicial y conocer las medidas de investigación acordadas en el mismo, hasta el punto que ponen de manifiesto que sus teléfonos pudieran estar “pinchados” porque se lo ha dicho una magistrada amiga (sin identificar).

Medios de comunicación como aliados

El núcleo duro de la organización también tenían claro que necesitaban a los medios de comunicación como otra medida de presión para evitar que sus investigación fueran a buen puerto. En este marco, los investigadores destacaban la relación que los investigados mantenían con el presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y con su director, Francisco Marhuenda: “Se aprecia la capacidad de los investigados para protegerse frente a la instrucción con el uso de medios totalmente ajenos a la legalidad. Entre estos instrumentos destaca el uso de los medios de comunicación, en especial de los periodistas Mauricio Casal y Francisco Maruhenda, como instrumentos adecuados para ejercer presiones en los actuales mandatarios públicos en la Comunidad de Madrid”, recogen los informes policiales.

Casals y Marhuenda han estado investigados aunque el juez, a petición de la Fiscalía, finalmente decidió archivar el caso respecto de ellos después de que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, negara que haya sido coaccionada -a pesar de las conversaciones grabadas que dicen todo lo contrario- para evitar que se denunciaran las irregularidades del Canal.

De las conversaciones intervenidas se desprende el “alto grado de complicidad” que existe entre los periodistas y los investigados, que en gran medida proyectan una unidad de acción para proteger a quienes consideran “uno de los suyos” -en referencia a Edmundo Rodríguez, consejero delegado de La Razón y ex directivo del Canal-. “No dudan en planificar actuaciones exclusivamente dirigidas a amedrentar o, cuando menos a condicionar, las posibles acciones judiciales de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En esta línea, se aprecian igualmente evidencias que indican que los mencionados periodistas tienen conocimiento directo de hechos presuntamente delictivos ejecutados por responsables políticos de la Comunidad de Madrid”, recoge uno de los informes de la Guardia Civil.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170430/212478977_0.html

GONZÁLEZ MANIOBRÓ CON UN EXVOCAL DEL CGPJ VINCULADO AL PP PARA COLOCAR A FISCALES AFINES

El expresidente de la Comunidad de Madrid y Enrique Arnaldo Alcubilla maniobraron para intentar detener los frentes judiciales de González mediante fiscales afines

El exvocal del PP en el CGPJ y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte Enrique Arnaldo Alcubilla maniobró para que Ignacio González se viera favorecido en los frentes judiciales que tenía abiertos, según se desprende de las conversaciones telefónicas pinchadas incluidas en el sumario de la Operación Lezo, que han sido reveladas por La Sexta.

En la conversación que mantiene con Enrique Cerezo, empresario y presidente del Atlético de Madrid, González se refiere a la jueza que investiga el caso del ático, Isabel Conejo, de la que dice: "Ahora la niñata esta de mierda de ahí abajo, es una tonta del culo, pues claro...". A continuación, el expresidente del la Comunidad de Madrid entra ya en terreno de los fiscales: "Y luego, el otro, pues... el fiscal... otro que tal baila, macho".

En otro diálogo, Cerezo le dice a González: "A ver si ahora con este fiscal general más o menos se le pone en orden al de abajo. Ahora me imagino que ya no estarán protegidos como antes". El exdirigente del PP le responde: "Bueno, de momento, ahora está vacante la Fiscalía Anticorrupción. O sea, tienen que nombrar un fiscal anticorrupción".

Es entonces cuando se produjo la charla desvelada hace unos días entre el exministro de Trabajo con Aznar, Eduardo Zaplana, y González sobre la llegada al puesto de Manuel Moix, en la que González le dice: "Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Se llama Moix. Es un tío serio y bueno". También le comenta González, sin una clara referencia: "Este venía diciendo que era muy amigo de Marchena [el juez]. Yo creo que quien mueve a todos estos es ese círculo. Enrique López [exportavoz del Consejo General del Poder Judicial y exmagistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP y ahora juez de la Audiencia Nacional] más Enrique Arnaldo".

En otra conversación, el expresidente de la Comunidad de Madrid habla con Zaplana de la siguiente manera: "En un reservado siempre [...]. Y yo le digo a estos: Oye, joder, es que antes de poner a estos hijos de puta que tenemos es mejor poner a Marchena. Y me dice Enrique Arnaldo: Pues no estaría mal".

Según las conversaciones reveladas por La Sexta, meses antes del estallido de la Operación Lezo, y días antes del nombramiento (el 11 de noviembre de 2016) de José Manuel Maza como fiscal general del Estado, se produce la siguiente conversación entre Arnaldo y González:

Arnaldo: Hay movimientos de cambios en la Fiscalía General. Esto... ¡ahora se ponen en marcha las piezas! Desde luego, sí que sé que es voluntad del ministro cambiar la pieza principal.

González: ¡Joder, estarás ahí! Je, je. Moviéndote como corresponde, ja, ja, ja.

Arnaldo: Estoy moviéndome, ¿eh? Para que el nuevo que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal] sea bueno.

Tras el nombramiento de Maza, Arnaldo y González vuelven a charlar:

Arnaldo: ¡No me equivocaba mucho!

González: No, ¿no? Has acertado.

Arnaldo: Je, je, je. ¡He acertado!

González: Ah, bueno. O sea, que estamos contentos, ¿o no?

Arnaldo: ¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí. Cuando nos veamos, te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior, que es la que hay que seguir.

Según las escuchas, el expresidente de la Comunidad también le preguntó al exvocal del CGPJ por la Fiscalía Anticorrupción y la de la Audiencia Nacional.

González: ¡Oye! ¡Y los de abajo!

Arnaldo: ¡Claro! Y que toque todo, claro, efectivamente

González: Porque es que si no...

Arnaldo: Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada. Ahora, hombre, es una garantía que siga Rafael [Catalá] porque ya se lo conoce.

Según La Sexta, días después charla con Zaplana sobre Maza y Moix.

González: Este es un tío serio, este es un tío que sabe lo que tiene que hacer, que tal y que cual. Y digo, oye, quedan aún nombramientos importantes. Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? El que quieren poner de fiscal Anticorrupción, te digo yo a ti que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío bueno, se llama Moix. Es un tío serio y bueno.

Tras el efectivo nombramiento de Moix como fiscal Anticorrupción, vuelven a charlar sobre otro puesto, en este caso el del fiscal de la Audiencia.

González: Hombre, yo no soy quien, pero yo no me corto en decirle a Rafa: Oye, Rafa. ¿Sabes? Este, ¿cómo se llama? Jesús [ininteligible]. Voy a ver si se lo puedo hacer llegar.

El nombramiento de Jesús Alonso Cristóbal como fiscal jefe de la Audiencia Nacional también se produjo. Hace unos días se supo que el titular de Justicia envió un SMS el pasado noviembre a Ignacio González en el que le decía: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", en el que hacía referencia supuestamente a la implicación del expresidente de la Comunidad de Madrid en el caso del ático de Marbella.

http://m.publico.es/politica/1997836/gonzalez-maniobro-con-un-exvocal-del-cgpj-vinculado-al-pp-para-colocar-a-fiscales-afines

LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES

Las conversaciones del expresidente madrileño con el empresario madrileño se centran en su imputación en el caso del ático, pero sobre todo atacan a la jueza Isabel Conejo y al fiscal Juan Carlos López Caballero

El juez Eloy Velasco advierte de que Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales integrantes de la trama del Canal de Isabel II, ha realizado gestiones para tratar de conocer las medidas solicitadas por la Fiscalía a Suiza

Los nuevos mensajes y grabaciones conocidos y que fueron interceptados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la trama liderada por el expresidente madrileño Ignacio González, ponen de manifiesto las maniobras que realizaron los integrantes de la red corrupta para tratar de desplazar a jueces y fiscales, según se desprende de los mensajes hechos públicos por laSexta en exclusiva.

En sus conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; con el exministro del PP Eduardo Zaplana; con el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte, Enrique Arnaldo Alcubilla; y sus SMS con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, Ignacio González muestra sus anhelos por influir en la jueza que instruye en Estepona el caso del ático, Isabel Conejo, y en el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero; pero también porque sus candidatos a puestos clave en la judicatura y en la Fiscalía acaben siendo elegidos.

Esas conversaciones muestran que en todo momento González apostaba por los mismos candidatos que al final acabó eligiendo Catalá. Así, el ministro de Justicia optó por el magistrado conservador del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, como fiscal general del Estado, y "un tío serio" para González. Maza apartó a Consuelo Madrigal, que en marzo de 2015 había pedido al embajador de Estados Unidos en España que acelerara las comisiones rogatorias del caso del ático del expresidente madrileño.

Especial relevancia tiene las conversaciones con el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte, Enrique Arnaldo Alcubilla, considerado una persona de la esfera del PP. Y el expresidente madrileño conversaba con Arnaldo Alcubilla sobre el nombramiento del fiscal general, que explicaba a González que los "cambios en la Fiscalía General", que se ponían "en marcha las piezas" y que sabía que era "voluntad del ministro cambiar la pieza principal".

"Moviéndote como corresponde"

A sus palabras, González respondía, según laSexta: "Joder, estás ahí moviéndote como corresponde". A continuación Arnaldo Alcubilla añadía: "Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", en clara referencia a Consuelo Madrigal.

El 11 de noviembre del año 2016, Maza accede al cargo y tanto González como el exvocal del Poder Judicial se muestran entusiasmados en sus conversaciones grabadas por la UCO. Y González afirmaba: "Estamos contentos, ¿o no?" y Alcubilla le respondía: "Estamos muy contentos, sí [...] cuando nos veamos te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior que es la que hay que seguir".

Después de conseguir al fiscal general de su gusto, González se interesa por otros nombramientos. Y entonces Arnaldo Alcubilla asegura: "Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción". Las nuevas designaciones, ya estaban preparadas, según Arnaldo Alcubilla, que explicó a González: "Esa operación, que yo sepa, está preparada; ahora es una garantía que siga Rafael porque ya se lo conoce".

Al final los dos elegidos al frente de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional fueron Manuel Moix y Jesús Alonso, respectivamente. Precisamente, en una de las conversaciones ya conocidas entre González y Zaplana, el primero explicaba al exministro del Gobierno de José María Aznar su predilección por Moix.

"No me corto"

En la conversación Arnaldo Alcubilla, Ignacio González asegura que va a hablar con el ministro de Justicia: "No soy quién, pero no me corto en decirle a Rafa: oye Rafa, ¿sabes? Este ¿cómo se llama? Jesús, voy a ver si se lo puedo hacer llegar". En la escucha, según laSexta, no se entiende el apellido, aunque al final fue nombrado como fiscal jefe de la Audiencia el hasta entonces teniente fiscal, Jesús Alonso.

El pasado 3 de noviembre le envió un mensaje que el propio González valoró: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos". En una conversación posterior de González con el presidente del Atlético de Madrid, el expresidente madrileño le dice al empresario que recibió de Rafael Catalá un "mensaje encantador" en el que hablaba de "terminar con los líos". Un día antes, el 2 de noviembre, González había reclamado a la jueza de Estepona el sobreseimiento.

Sin embargo, las conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, muestran la principal y lógica obsesión de González: el procedimiento del ático de Estepona por el que está imputado por cohecho y blanqueo de capitales junto a su mujer, Lourdes Cavero.

Cerezo, que asegura mantener con el ministro Catalá una relación fluida, asegura a González que ve "con frecuencia por el tema del estadio, siempre se lo digo y siempre, pero es que no se lo tengo que decir, que siempre lo recuerda él" se felicita el empresario, que también está imputado en el caso del ático de Estepona.

"Que lo estaban mirando"

En otra conversación, González vuelve a interesarse por su imputación: "¿Tienes una noticia de algo?", le interpeló, a lo que Cerezo responde: "El otro día me encontré con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando". Y en otro de los pasajes de las conversaciones grabadas por la UCO el presidente del club colchonero saca pecho por su influencia en el ministro: "¿Te acuerdas de que dije yo lo de las acusaciones particulares [populares]? Le dije, no tenéis cojones a quitar y tal. Lo van a quitar".

El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: Ojalá se cierren pronto los líos El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: Ojalá se cierren pronto los líos

Este desparpajo de Cerezo con el ministro Catalá llega hasta el punto, siempre según las conversaciones hechas públicas por el programa Al Rojo Vivo de laSexta, de asegurar a González que le va a preguntar por "las comisiones rogatorias".

Precisamente, este viernes infoLibre informa de que cuatro años después de que la jueza de Estepona reclamara los primeros datos a las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Panamá sobre los verdaderos compradores del ático de lujo que ahora es propiedad del expresidente madrileño, los continuos errores en las peticiones de información han impedido saber si el testaferro mexicano Rudy Valner adquirió desde el primer momento el dúplex para el matrimonio González-Cavero.

Y el propio González, que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real la noche del viernes al sábado, también arremetió en sus conversaciones con Cerezo contra la jueza de Estepona Isabel Conejo: "Ahora, la niñata esta de mierda de ahí abajo es una tonta del culo; pues claro y luego el otro, el fiscal, otro que tal baila", dijo en una conversación con Enrique Cerezo, en una nueva referencia de la jueza Isabel Conejo y el fiscal jefe de Málaga. Juan Carlos López Caballero, que esta semana acudió a Madrid en un viaje de trabajo.

El fiscal superior de Málaga

González hace especial hincapié en la figura del fiscal López Caballero, que fue el que reclamó en febrero de 2016 su declaración como imputado: "A ver si ahora con este fiscal general más o menos se le pone en orden al de abajo. Ahora me imagino que no estarán protegidos como antes", se jacta el expresidente, que en otro momento de la conversación completa: "Bueno, de momento ahora está vacante la Fiscalía Anticorrupción, tienen que nombrar un fiscal Anticorrupción". Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción de Málaga estaba vacante desde la salida del propio López Caballero, que pasó a ser fiscal jefe superior de la provincia andaluza.

Asimismo, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en la Comunidad de Madrid estaba muy interesado en otros movimientos en el poder judicial: "Antes de poner a estos hijos de puta es mejor Marchena", en referencia al magistrado del Tribunal Supremo conservador Manuel Marchena.

Además, y tal y como ha podido advertir este periódico, el juez que instruye en la Audiencia Nacional la Operación Lezo, Eloy Velasco, destaca en el auto con el que envía a González a prisión que uno de los principales responsables del Canal de Isabel II con Ignacio González, en concreto Edmundo Rodríguez Sobrino, realizó gestiones "para tratar de conocer las medidas solicitadas por la Fiscalía a Suiza".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/las_maniobras_gonzalez_con_catala_fiscalia_los_jueces_64465_1012.html

LA UCO GRABÓ A GONZÁLEZ Y A SU HERMANA DIPUTADA INTENTANDO EVITAR LA OPERACIÓN LEZO

Isabel, Ignacio y Pablo fueron grabados por la Guardia Civil en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid cuando intentaban frenar la operación

La diputada popular en la Asamblea de Madrid, Isabel González, conspiró con sus hermanos Ignacio y Pablo para detener las repercusiones de la investigación destapada por la operación Lezo, en la que se acusa al expresidente de madrileño de liderar una trama de cobro masivo de comisiones irregulares. Según se desprende de las escuchas practicadas por los investigadores de la Guardia Civil, los tres se reunieron en el despacho del que fuera hombre fuerte de Aguirre para montar una estrategia y evitar que las pesquisas judiciales acabaran perjudicando a Ignacio González.

Los hermanos González intentaron frenar Lezo

Los hermanos organizaron un encuentro privado, celebrado en el bufete que abrió el exhombre fuerte de Esperanza Aguirre tras quedar apartado de la política, para hablar de la existencia de informaciones en prensa que les hicieron sospechar de que las diligencias llevadas en secreto durante 18 meses por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional estaban a punto de desencadenar un operativo.

Ignacio, Pablo e Isabel decidieron quedar en la calle Alcalá 86 para evitar ser indiscretos en sus conversaciones telefónicas, que presumían intervenidas después de que alguien les avisara. El hermano mayor advirtió a la pequeña que tuviera cuidado si llamaba y la diputada regional contestó: "Yo es que nunca le llamo...¿sabes? Cuando quiero algo le llamo a casa, por eso", dicen las grabaciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial.

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La Audiencia investiga operaciones del Canal no solo en Brasil, también en Colombia, Panamá, República Dominicana y Haití. En este último, se llevó 21 millones en obras tras el seísmo de 2010

La cita se celebró el pasado 6 de marzo pasadas las siete y media de la tarde. En la primera parte de una conversación a tres bandas que se prolongó durante media hora y fue captada por los micrófonos de ambiente instalados en la sala, Isabel González pregunta a sus hermanos "¿quién está en la poli ahora?" y se interesa por el que parece ser el actual Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Florentino Villabona. También comentan que es José Antonio Nieto quien ocupa la Secretaría de Estado de Seguridad. Pablo González se reunió con él sólo dos días después, el 8 de marzo, en una visita que ha reconocido el número dos de Interior que, eso sí, niega que se debatiera la investigación en ciernes.

A continuación, los hermanos González pasan a tratar la información que les ha puesto en alerta, publicada en 'La Gaceta', y en la que se anunciaba que Ignacio González iba a ser noticia "por novedades judiciales que afectaban muy directamente al político popular".

Rastreó el origen de una información en prensa

Según se desprende del contenido del sumario, Isabel, que ya había manifestado su preocupación por lo publicado en una llamada, se ocupó de rastrear el origen de esta noticia y de intentar averiguar el alcance de la información. Comunica a sus hermanos lo que ha podido averiguar por 'Natali', una secretaria de Enrique Ossorio, que la UCO identifica como el ex consejero de Economía y actual portavoz del PP en la Asamblea, y por tanto, jefe de filas de Isabel González. Los investigadores creen que Natalie había obtenido la información de Julen Ariza, hijo del presidente del Grupo Intereconomía del que forma parte La Gaceta, Julio Ariza, en una etapa en la Ariza junior estuvo vinculado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad. Un portavoz del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid quiere matizar que nunca ha habido una secretaria en el grupo que responda al nombre de 'Natali' o Natalia.

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A Ignacio González parece extrañarle todo mucho. "¿Ariza salía con esa información?", se pregunta y después menciona al exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, que estaba relacionado con este grupo de comunicación. "¿Ahí no sigue Ildefonso?", dice. Expresa a sus hermanos sus temores por los datos que la prensa pueda tener y especula con que pueda tratarse del "tema de Brasil" -en referencia a la adquisición en 2013 de Emissao- o "alguna conversación". "Eso es lo que más que acojona a mí. Lo que va a salir por teléfono. No creo que haya sido tan gilipollas, pero....", se lamenta. Isabel, por su parte, parece inquieta por el uso que pueda hacer su hermano de los datos que acaba de darle y le pide reiteradamente que "no meta en un lío" a la tal 'Natali'.

Trata también con sus hermanos otros de sus temores como unas conversaciones mantenidas con el abogado uruguayo Fernando Belhot en la que le pedía asesoramiento para constituir una sociedad sin que figurara en el registro. "Le han tenido que decir algo muy gordo para que... espero....empiezo a ponerme en lo peor", dice y recibe el apoyo de sus hermanos que le recomiendan que consulte con su abogado "para que no le pille por sorpresa".

El escándalo de la Lezo que salpica a la familia González afecta de lleno a la diputada regional que, además, está casada con otro de los principales implicados en el entramado, Juan José Caballero, que evitó este martes el ingreso en prisión tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez. Es directivo de Mercasa y de otra de las empresas de la trama, Tecnoconcret.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-27/uco-grabo-ignacio-gonzalez-hermana-diputada-intentando-evitar-operacion-lezo_1373431/

UN JUEZ DEL TS PIDIÓ A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE CONTRATADA POR GONZÁLEZ

El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusación por parte de los abogados de Ignacio González.

El juez del Supremo contactaba con el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en la mañana del pasado viernes, poco después de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid fuera detenido en su domicilio de Aravaca, en la periferia de Madrid, como pieza principal de la denominada ‘operación Lezo’.

Marchena manejaba información de primera mano, obtenida de una periodista: la esposa de Velasco, la abogada Beatriz Saura Alberdi, había conseguido, en octubre de 2012, un contrato externo en un organismo adjunto de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad, por indicación directa del entonces recién nombrado presidente de Madrid, Ignacio González, a quien una persona próxima al juez de la Audiencia Nacional le había pedido el favor, según ha podido saber OKDIARIO. Paradójicamente, seis años después, el empleador de la esposa del magistrado, se sentaba ante él como reo y, horas después, era conducido en un furgón a la cárcel de Soto del Real.

Se daba la curiosa circunstancia de que Marchena, el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo que apartó de la carrera judicial a Baltasar Garzón, advertía a Velasco sobre las intrigas en torno a su mujer, que durante un tiempo, cuando se quedó sin trabajó, probó suerte como abogada en el despacho del ex magistrado inhabilitado de la Audiencia Nacional.

Algunos medios periodísticos han adjudicado la contratación de la abogada alicantina al ex consejero Salvador Victoria, sin embargo en aquella fecha, desde un mes antes, ya era consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz, cargos en los que se mantuvo hasta junio de 2015. Entonces, se vio obligado a dimitir por las investigaciones del juez Velasco en el ‘caso Púnica’. El número dos de González fue imputado por el magistrado por pedir, supuestamente, a la empresa INDRA que saldara una deuda de 10.000 euros que la Comunidad de Madrid mantenía con uno de los detenidos en la operación policial. El consejero desde el primer momento negó la acusación, aunque dimitió para no afectar las negociaciones entre el PP y Ciudadanos.

En octubre de 2012 el consejero de Asuntos Sociales era Jesús Fermosel, hoy día senador por designación de la Comunidad de Madrid.

Salvador Victoria, ex consejero de Asuntos Sociales y de Presidencia y Justicia, se negó a confirmar ni desmentir a OKDIARIO la relación laboral de la esposa de Velasco con la Consejería de la Comunidad de Madrid: “Desde que dejé la política he decidido no hacer declaraciones y no voy a romper ahora ese compromiso“, señaló.
Avisó al juez Velasco

El magistrado del Supremo se decidió a llamar a su compañero de la Audiencia Nacional, “única y exclusivamente, para advertirle de que la prensa ya tenía esa información en su poder y que podía tener problemas por los antecedentes de la contratación”, según fuentes judiciales. Las mismas fuentes niegan la intención por parte de Marchena de presionar o influenciar en Velasco. Además, habría sido una labor infructuosa pues el titular del Juzgado número 6, nacido en Bilbao, tiene fama entre sus compañeros de judicatura de ser una persona trabajadora, insobornable y tozuda.

El magistrado de la Audiencia Nacional recibió con cierta preocupación la llamada de su compañero del edificio vecino del Supremo, en la otra esquina de la Plaza de París, por lo que algunos pudieran estar cociendo a sus espaldas, pero no le cogió por sorpresa. Los agentes de la UCO de la Guardia Civil ya le habían puesto sobre aviso. En una de las conversaciones de González, intervenidas por la Guardia Civil, el ex presidente aseguraba a su interlocutor que el juez Velasco estaba contaminado porque su esposa había trabajado para la Comunidad de Madrid, siendo él presidente.

Con la advertencia de la UCO y de su compañero del Supremo, Velasco se reservó un movimiento de ficha por sorpresa. Antes de iniciar el interrogatorio, le preguntó a González: “¿Hemos comido usted y yo alguna vez?”. Y el ex presidente de la Comunidad de Madrid, sorprendido con la pregunta, le contestó: “No”. Y el magistrado insistió: “¿Cree usted que existe alguna incompatibilidad que pudiera propiciar la recusación de este juez?”. La respuesta fue también negativa.

Tras ese arranque y el posterior interrogatorio, ni los fiscales anticorrupción ni Ignacio González se sumaron a la solicitud de ninguna medida de recusación.

Beatriz Saura Alberdi, la esposa de Velasco, es una prestigiosa abogada que copreside la sección de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Madrid. También es directora de penal y compliance en el despacho Legal y Económico, dirigido por Pedro Martín Molina. Con anterioridad ha sido fiscal sustituta de Madrid durante cuatro años y secretaria judicial en la Audiencia Nacional. La letrada ha escrito a medias con Velasco el libro “Cuestiones

Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance“, el cumplimiento de las normativas internas de las corporaciones, mediante el código de buenas prácticas.

https://okdiario.com/investigacion/2017/04/27/juez-del-ts-pidio-velasco-inhibiera-recordarle-mujer-fue-contratada-gonzalez-946438

EL DENUNCIANTE DEL JUEZ VELASCO PIDE QUE SE INVESTIGUE SI HABLÓ CON SALVADOR VICTORIA PARA COLOCAR A SU MUJER

El abogado José Luis Mazón amplía la denuncia disciplinaria interpuesta en el Consejo General del Poder Judicial.

El abogado José Luis Mazón, en representación del partido Contrapoder, ha presentado en el Consejo General del Poder Judicial una ampliación de la denuncia interpuesta contra el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de las operaciones Púnica y Lezo, en relación a una supuesta actuación del magistrado ante la Comunidad de Madrid pidiendo la contratación de su esposa, abogada de profesión.

La denuncia inicial se basaba en una conversación interceptada al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los investigadores de la operación Lezo, en la que el político habría hecho alusión a supuestas peticiones del juez Velasco para que se colocara a su mujer. De ser acreditadas, sostiene, el instructor podría haber incurrido en faltas disciplinarias de "abuso de la condición de juez" e incumplimiento del deber de abstención. El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ya ha pedido un informe al magistrado sobre esos extremos.

Este martes Mazón ha presentado en el órgano de gobierno de los jueces un nuevo escrito en el que precisa que el puesto al que accedió la mujer de Velasco fue el de fiscal sustituta y señala que "la persona con la que el magistrado gestiona la contratación de su esposa es el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria (2012-2015), hoy imputado-investigado en la operación Púnica a cargo del mismo juez".

Victoria fue también portavoz del Gobierno presidido por Ignacio González en ese mismo trienio. Según el nuevo escrito de Contrapoder, los contactos de Velasco no habrían sido con el entonces jefe del Gobierno regional madrileño sino con su consejero de Justicia, gestor de las competencias transferidas en esta materia.

El denunciante solicita que el informe pedido a Velasco se amplíe a sus supuestos contactos con Salvador Victoria.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170509/214729015_0.html

EL CGPJ INVESTIGARÁ SI EL JUEZ VELASCO SOLICITÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO GONZÁLEZ

El promotor de la Acción Disciplinaria pide un informe al juez y excluye un posible chivazato a González por una magistrada

La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una conversación telefónica intervenida a González en las que este se asombra de la conducta del juez

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado diligencias informativas sobre la denuncia realizada por el partido Contrapoder para aclarar si el juez de la Operación Lezo, Eloy Velasco, habría solicitado un trabajo para su mujer Beatriz Saura al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien ha encarcelado por su presunta implicación en esta trama corrupta.

Según el acuerdo del 4 de mayo de 2017 y al que ha tenido acceso Europa Press, el promotor del CGPJ, Antonio Jesús Fonsceca-Herrero, pide un informe al propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los hechos denunciados. También excluye de las diligencias el chivatazo que dio una magistrada al exdirigente madrileño de que estaba siendo investigado, aunque deduce testimonio para que se investigue si se cometió algún delito.

Precisamente, la denuncia presentada el pasado 26 de abril señala que el instructor del caso Lezo preguntó a González –antes de tomarle declaración como investigado– si consideraba que debía abstenerse de la causa, dada a la existencia en el sumario de una grabación en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a la esposa del magistrado a petición de éste.

La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una conversación telefónica intervenida a González en las que el exmandatario madrileño se asombra de la conducta del magistrado, ya que éste le habría pedido en una ocasión que contratara a su esposa. Dicha contratación efectivamente se produjo, como prestadora de los servicios jurídicos para la Consejería de Asuntos Sociales. Tanto González como su letrado rechazaron entonces que esta circunstancia comprometiera la objetividad del magistrado, por lo que la declaración siguió adelante.

Según dice Contrapoder en la denuncia, de haberse producido "el hecho de pedir un juez a un político que contrate a su mujer estaríamos ante un delito de cohecho impropio y también ante una falta disciplinaria de carácter muy grave" prevista en el artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) . En concreto, se trataría de "abuso de la condición de juez para obtener prebendas de autoridades o profesionales", según los denunciantes.

La formación política considera que Velasco debería haberse abstenido de la investigación de este caso "por estar comprometido en el deber de devolver el favor que le hizo el investigado a su familia contratando a su mujer en la entidad pública que dirigía".

Por otro lado, el Promotor excluye de esa petición de informe otros hechos denunciados como "conexos" referidos a un posible chivatazo a González y otros implicados en la operación Lezo por parte de una magistrada de que estaban siendo investigados. Según Fonseca-Herrero, estos hechos "no guardan relación de ningún tipo con el objeto real de la denuncia".

Aún así, cree que sí "parecen estar relacionados con el objeto del proceso penal" que investiga Velasco, por lo que afirma que se deducirá testimonio "por si los mismos pudieran constituir algún tipo de infracción penal".

Para Contrapoder esta filtración supone la comisión de un delito de revelación de secretos, ya que la magistrada "amiga de la casa" que advirtió al expresidente de la Comunidad de Madrid del pinchazo de su teléfono, "tuvo que recibir la información de persona directamente implicada en la investigación", haciendo alusión a Velasco.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/08/el_cgpj_investigara_juez_velasco_solicito_trabajo_para_mujer_ignacio_gonzalez_64774_1012.html

DENUNCIAN ANTE EL CGPJ AL JUEZ VELASCO PARA DETERMINAR SI PIDIÓ A GONZÁLEZ QUE COLOCARA A SU MUJER

El partido Contrapoder cree que, de ser cierto, constituiría una falta muy grave por "abusar de la condición judicial".

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, tendrá que pronunciarse sobre la trascendencia de una supuesta actuación del instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien, de acuerdo con una conversación interceptada durante la Operación Lezo, habría pedido a Ignacio González que colocara a su esposa en la Comunidad de Madrid. González, ex presidente del Gobierno madrileño, está en prisión desde el pasado viernes por orden de Velasco.

El abogado José Luis Mazón, en representación del partido político Contrapoder, ha presentado este miércoles una denuncia ante el CGPJ para que esta institución determine si el hecho es cierto y si, en ese caso, Velasco podría haber incurrido en una falta muy grave consistente en "el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales" (artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Toda denuncia sobre la actuación de un juez debe ser objeto de un informe de la jefa del Servicio de Inspección, Esperanza Córdoba, en el plazo de un mes. Habitualmente se pide al juez afectado que exponga las consideraciones que desee sobre la denuncia y luego la Inspección decide si procede el archivo, la apertura de diligencias informativas para realizar más averiguaciones o la apertura directa de un expediente disciplinario.

La denuncia de Contrapoder se basa en la información publicada por EL ESPAÑOL en la que se daba cuenta de que el instructor de la Operación Lezo se ofreció a abandonar la investigación sobre Ignacio González momentos antes de tomarle declaración dada la existencia de una grabación interceptada por la Guardia Civil. En ella, el expresidente de Madrid aseguraba que Velasco podría estar contaminado para investigarle, ya que la Comunidad, con González al frente, contrató a la esposa del juez, que es abogada, para que prestara servicios legales tras una presunta petición del magistrado. No obstante, ni Ignacio González, ni su defensa ni la Fiscalía vieron motivo alguno de abstención o recusación.

La denuncia se centra en si esa petición pudo tener lugar realmente. "Si existe esa grabación y su mujer ha sido efectivamente contratada, lo que parece que es cierto, que lo ha sido dentro del organigrama de la Consejería de Asuntos Sociales dependiente del Gobierno presidido entonces por González, los hechos son gravísimos", sostiene el denunciante.

En su opinión, si un juez pide a un político trabajo para su mujer "evidentemente tiene interés directo o indirecto en devolverle el favor y se tiene que abstener a la fuerza".

Apariencia de imparcialidad

"Velasco se ofrece a apartarse si se lo pide el propio presunto patrocinador del empleo de su mujer, como si la apariencia de imparcialidad fuera cosa dependiente de que él quiera o de que lo pida el encausado, que puede tener interés en que más adelante le devuelva el favor. La prisión incondicional no lava la presunta acción del juez pidiendo empleo para su mujer a quien luego instruye causa penal", añade la denuncia, que considera que la posible infracción disciplinaria estaría en "colocar el juez a la mujer valiéndose de sus influencias profesionales".

La denuncia recuerda también que del Juzgado Central de Instrucción número 6 pudo salir el 'chivatazo' de que Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino tenían interceptadas sus comunicaciones meses antes de que se produjeran sus detenciones.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170426/211479469_0.html


ESPERANZA AGUIRRE DIMITE DE TODOS SUS CARGOS PÚBLICOS

La expresidenta de la Comunidad de Madrid deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid

"Tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades. Por eso dimito", ha afirmado Aguirre, que estaba bajo el punto de mira de todos los grupos políticos desde el arresto de Ignacio González, sucesor de la dirigente popular en la Comunidad de Madrid y su estrecho colaborador, por un supuesto caso de desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II. "Me siento engañada y traicionada por Ignacio González. No vigilé lo que debía", ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid en una breve comparecencia ante los medios de comunicación.

"Mi manera de concebir la política como servicio a España y a los ciudadanos me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González, por no haber descubierto antes lo que ahora ha descubierto la Guardia Civil y el Juez", ha reconocido la ya exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

La corrupción se ha convertido en "un problema central" de la política española, ha puntualizado la popular. "Para luchar contra ella no es suficiente la acción de la justicia, siempre rigurosa pero demasiado lenta. Los ciudadanos tienen derechos a exigir que los políticos asumamos todas las responsabilidades con dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades", ha afirmado antes de salir de la sala de prensa abarrotada de cámaras y periodistas.

Unos minutos antes Aguirre envió un sms al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que estaba reunido con el presidente de Brasil, Michel Temer, que iba a presentar su dimisión, según han explicado fuentes del PP a EL PAÍS. Sin hablar directamente con Cristina Cifuentes, la popular decidió utilizar un método parecido al empleado en 2016 cuando renunció a liderar el PP madrileño. Su número dos, Íñigo Henríquez de Luna, habló con Fernando Martínez-Maíllo, vicesecretario general de organización del PP, para comunicárselo oficialmente.

Entre 2003 y 2012, Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid. En este periodo González ejerció de mano derecha de la dirigente popular, controlando el Canal de Isabel II. En 2012, Aguirre dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid "por motivos personales" y González, su segundo, la sustituyó hasta el año 2015. El pasado 20 de abril, el expresidente de la Comunidad de Madrid fue arrestado junto a otros 11 sospechosos por participar en una presunta red de corrupción investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y dirigida por el juez Eloy Velasco. A partir de ese momento, recibió presiones tanto dentro como fuera del PP para que reflexionara sobre su continuidad.

En febrero de 2016, Aguirre ya dejó la dirección del PP madrileño por su "responsabilidad política in vigilando" ante distintas imputaciones de corrupción por el caso Púnica de dirigentes del partido en su comunidad. Algunos dirigentes del PP invocaron ese mismo principio para forzarla a presentar la dimisión. La trama Púnica involucró a Francisco Granados, antiguo número dos del PP en la Comunidad de Madrid, arrestado en octubre de 2014 por estar supuestamente implicados en una red de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales.

Durante los años de gobierno de la región, Aguirre y sus más estrechos colaboradores hicieron de la Comunidad de Madrid el laboratorio de corte más liberal del Partido Popular. Los arrestos de Granados y González han sido determinantes para que Aguirre tomara la decisión de dejar el acta de concejal.

En 2015, la dirigente volvió a la política activa para liderar la lista del PP en las elecciones municipales. Tras la llegada a la alcaldía de Manuela Carmena (Ahora Madrid), gracias al apoyo del PSOE, la popular lideró la oposición al gobierno local. La misma Carmena sostuvo la semana pasada que, a raíz de la relación de Aguirre con varios imputados en numerosas supuestas tramas delictivas, su continuidad como concejal tenía que ser cuestionada.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/24/madrid/1493024718_660049.html

EL PP RECIBIÓ VARIAS DENUNCIAS SOBRE GONZÁLEZ Y NO INVESTIGÓ NADA

Jesús Gómez, diputado regional y exalcalde de Leganés, advirtió sin éxito tres veces a Aguirre y dos al equipo de Rajoy

La dirección nacional del PP recibió desde finales de 2014 varias denuncias sobre cuentas ocultas en Suiza del expresidente madrileño Ignacio González y no investigó ni denunció nada. Mariano Rajoy esperó a que fuera Esperanza Aguirre la que le apartara de repetir en la candidatura a la Comunidad de Madrid pero no lo hizo. Un diputado del PP madrileño, Jesús Gómez, relató este miércoles las advertencias que formuló en ese tiempo a Aguirre y al equipo de Rajoy contra González. Otra denuncia anónima convenció a Rajoy en febrero de 2015 de que debía desprenderse de González y nominó a Cristina Cifuentes.

Las derivadas políticas de la Operación Lezo han anegado al PP y a la Comunidad de Madrid de sospechas de corrupción en toda la etapa de gobierno de Ignacio González, es decir desde que relevó a Esperanza Aguirre en septiembre de 2012. Pero sus responsabilidades alcanzan de lleno a la dirección nacional del partido presidido por Mariano Rajoy tras admitir públicamente también este miércoles dos de sus principales cargos en el PP en 2014, Carlos Floriano y Juan Carlos Vera, que recibieron denuncias contra González y no pudieron o supieron hacer nada.

El actual diputado popular en la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, exalcalde de Leganés (190.000 habitantes) en la anterior legislatura, puso primero nombres, apellidos y fechas a varias advertencias que él mismo formuló sobre posibles cuentas en Suiza de González tanto a Aguirre como a la cúpula del PP más próxima a Rajoy. Gómez avanzó primero en El Mundo su malestar con el partido por no hacerle caso y este miércoles ratificó que entre abril de 2014 y comienzos de 2015 alertó varias veces a la propia Aguirre y a responsables nacionales del PP de la cuenta suiza de González.

Jesús Gómez hubo un tiempo que mantuvo buenas relaciones con Aguirre, porque le hacía discursos y tenía buena opinión intelectual sobre él y le designó para la alcaldía de Leganés en 2011. Pero Aguirre no fue receptiva a sus avisos, que le repitió tres veces entre abril y verano de 2014, y los interpretó como suele ser habitual en estos casos: como la reacción desesperada de un rebotado al que se iba a apartar de la candidatura municipal. González ya le había avanzado que no iba a repetir.

Gómez decidió entonces actuar por elevación y llamó al secretario nacional de Organización del PP, Juan Carlos Vera, para pedirle una cita fuera de la sede de Génova 13 porque desconfiaba de posibles actuaciones de González. Vera le citó en el Congreso de los Diputados en la tarde del martes 25 de noviembre de 2014. Gómez le reiteró las mismas ideas: que González tenía una cuenta en Suiza y le explicó que Aguirre no quería hacer nada porque confiaba ciegamente en su número dos. Vera no le dejó entonces que le enseñara el número bancario porque quería tener testigos de la denuncia ante la gravedad de los hechos y le volvió a convocar al día siguiente pero en el despacho de su jefe, el entonces vicesecretario nacional de Organización, Carlos Floriano.

Gómez reiteró a Floriano lo que le había anticipado a Vera, enseñó un número de una cuenta, que él atribuyó al Anglo Irish Bank de Suiza, pero en el papel no venía siquiera el nombre de González. En esa reunión se explayó, sobre todo, en sus problemas políticos en Leganés, en el boicot que sentía con González (entonces secretario general del PP madrileño tras la detención y encarcelamiento de Francisco Granados) y pidió ayuda para superarlo. Floriano le informó de que las candidaturas locales las aprobaba y ratificaba la dirección regional sin intervención alguna de la nacional.

El encuentro acabó y los representantes del PP nacional no dieron crédito ni a la denuncia sobre la cuenta (por falta de datos fiables y ahora sostienen que por su incapacidad para investigar más internamente) ni tampoco a Gómez, al que atribuyeron intereses políticos para seguir en el cargo. Gómez sí añadió en esa charla que la información sobre la cuenta Suiza le había llegado a través del abogado Gonzalo Boyé, entonces contratado por el ayuntamiento de Leganés para un pleito sobre corrupción y que había tenido acceso a la misma a través de investigaciones por su papel en el sumario del caso de los papeles de Bárcenas.

Gómez aclaró este miércoles que a esa cuenta Suiza llegó el cheque de 1,4 millones de euros de una subsidiaria de OHL en Latinoamérica. En el PP aseguran que nunca les dio a ellos esa información.

En cualquier caso, Carlos Floriano no abrió una investigación interna, no acudió ni a la fiscalía ni al juzgado ni elevó el asunto, según aseguró este miércoles en el Congreso, ni a su superior directa, Dolores de Cospedal, ni a Mariano Rajoy. Consideró la información “más o menos habitual del periodo previo a la formación de las listas” y casi un chascarrillo. Sí pidió una entrevista con González, acudió a su despacho en la Puerta del Sol y le informó de que les había llegado una denuncia sobre una cuenta en Suiza. González reaccionó airado, mencionó de entrada el nombre de Gómez y le descalificó. El PP no hizo nada más.

A los pocos días, el 13 de diciembre, Esperanza Aguirre e Ignacio González se encontraron con Floriano y Vera en una cumbre de presidentes autonómicos del PP en La Granja (Segovia) sobre la Constitución que presidió Rajoy. Se abalanzaron sobre ellos y les reprendieron por dar pábulo a Gómez. Aguirre añadió, además, que el propio denunciante estaba arrepentido e iría al partido a retirar sus acusaciones. Dos días después, el 15 de diciembre, Gómez acudió efectivamente a ver a Vera y le precisó que él no podía acreditar nada pero que la información le había llegado por varias fuentes distintas y pidió que fuera el partido el que indagara más. El PP no lo hizo.

Gómez niega ahora que en su afán hubiera entonces o ahora ningún interés electoral. En aquel final de 2014 estaban por decidir los candidatos locales y el aspirante a la Comunidad de Madrid a las elecciones de mayo de 2015. Gómez anhelaba seguir en Leganés y González en la presidencia regional. Pasaba el tiempo y ninguno era ratificado. Fuentes de la dirección del PP confirman que Rajoy aguardaba a que Aguirre convenciera a González para que abandonase voluntariamente. Nunca se llevaron bien. En 2008, en plena disputa para el polémico congreso de Valencia donde Rajoy se jugó su futuro ante los amagos de Aguirre y la derecha mediática, González le retó incluso en un violento comité ejecutivo.

En febrero de 2015 llegó a Génova 13 otra denuncia anónima sobre otra cuenta Suiza de González. Vera se encargó de nuevo del caso y volvió a llamar a Jesús Gómez para cotejar las dos cuentas. Sus números no coincidían pero Rajoy aprovechó la reincidente sospecha para sentenciar políticamente al expresidente madrileño hoy en la prisión de Soto del Real.

Floriano y Vera, preguntados este miércoles por su participación en esos encuentros, les restaron trascendencia y se remitieron al argumentario oficial del PP que destaca que lo importante de este caso es que González no fue candidato y Cifuentes fue la que lo denunció ante la Fiscalía. Así lo subrayó Floriano: "Aquí ni se tapa ni se encubre a nadie sino que afortunadamente funciona el Estado de derecho. González no fue candidato y sí lo fue Cifuentes, y todo lo relacionado con la Operación Lezo sale a raíz de una denuncia que presenta la Comunidad de Madrid que preside Cifuentes". Vera destacó que el PP no actuó porque no tenía "datos que pudiéramos contrastar". El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, incidió en esa línea: "Quien tenga información que uno cree relevante debe ponerlo en comunicación de personas que puedan tomar una decisión en el partido o por supuesto si ve un hecho delictivo, como hicimos nosotros, llevarlo a la Fiscalía o a los tribunales".

Una semana más tarde de la elección en marzo de 2015 de Cifuentes en detrimento de González, el exregidor se autoproclamó de nuevo candidato a la alcaldía de Leganés, sin esperar al comité electoral del PP de Madrid y en una clara muestra de desafío a Aguirre. El 25 de marzo se confirmó que la cabeza de lista en Leganés sería María Eugenia Carballedo, entonces diputada regional y viceconsejera de Empleo del Gobierno madrileño, en lugar de Gómez. Carballedo es en la actualidad diputada en la Asamblea de Madrid tras renunciar como portavoz popular en la ciudad, donde gobierna el PSOE.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/26/actualidad/1493207220_107051.html

EL PSOE Y CIUDADANOS SE UNEN PARA REPROBAR Y PEDIR EL CESE DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Plantean que la Cámara baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo por incumplimiento "grave y reiterado" de sus funciones

Además, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites para hacer efectiva su destitución

El PSOE y Ciudadanos han sumado fuerzas para que el Congreso repruebe tanto al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, por sus "maniobras" para "obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales" frente a determinados casos de corrupción, como al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por su "respaldo" a esas "inaceptables actuaciones", y para exigir al Gobierno que destituya a ambos.

En una proposición no de ley registrada conjuntamente en el Congreso para su debate en el Pleno, PSOE y Cs plantean que la Cámara Baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones". Asimismo, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites necesarios para hacer efectiva su destitución.

Concretamente, el texto registrado este miércoles se refiere a la operación Lezo, en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su actuación presuntamente delictiva en el Canal de Isabel II, a la investigación que afecta al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y al caso del tres por ciento en Cataluña.

En opinión de socialistas y ciudadanos, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada "ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales contra la corrupción".

En relación con la operación Lezo, indican que Moix ha dado "instrucciones contrarias a la realización de determinados registros", provocando que los fiscales del caso invocaran el mecanismo que prevé el artículo 27 de su Estatuto Orgánico ante órdenes o instrucciones que consideren contrarias a las leyes o improcedentes.

También destacan que el fiscal anticorrupción "intentó impedir que se prorrogaran las escuchas a los investigados" y que se han hecho públicas "determinadas maniobras" para trasladar a otro destino a uno de los fiscales encargados de la causa en la que se desarrolló la operación.

Mientras, el fiscal general del Estado, "en lugar de garantizar el sometimiento del Ministerio Público al principio de legalidad y preservar la posición de los fiscales encargados, ha venido respaldando esas actuaciones" de Moix, dice la proposición no de ley.

Caso del 3% e investigación al presidente murciano

Sobre la investigación a Pedro Antonio Sánchez en Murcia en relación con la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este municipio, el PSOE y Ciudadanos recuerdan que Maza "impidió que el Ministerio Público le acusara" a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para imputarlo.

Por último, censuran la reciente decisión de relevar a los fiscales encargados desde hace años del caso del tres por ciento, relativo al cobro de comisiones ilegales por parte de Convergència i Unió en la adjudicación de obras públicas en Cataluña.

PSOE y Ciudadanos consideran "absolutamente inadmisible" que quienes están constitucionalmente encargados de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad realicen este tipo de actuaciones, "poniendo bajo sospecha a la propia institución del Ministerio Público", especialmente en las causas judiciales que se siguen por delitos de corrupción y en las que están implicadas "personas que han ocupado relevantes cargos públicos".

Blanquear la corrupción del PP

En declaraciones en el Congreso, el diputado de Cs y vicepresidente primero de la Cámara, Ignacio Prendes, ha manifestado que, a juzgar por las informaciones conocidas en los últimos días, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y, especialmente, la Fiscalía Anticorrupción están haciendo una "obstrucción de la labor de combate y de investigación de la corrupción".

En cuanto a Moix, ha dicho que en vez actuar frente a las prácticas corruptas, "parece más interesado en poner trabas y obstáculos al trabajo de sus propios fiscales", a quienes Prendes ha elogiado por su "labor de defensa y protección de las instituciones democráticas, absolutamente necesaria". Además, le ha acusado de intentar "descafeinar" las investigaciones y "blanquear la corrupción del PP".

PSOE y Ciudadanos se unen para reprobar y pedir el cese del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción El diputado de Ciudadanos ha subrayado que en un momento como el actual, no se puede permitir que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción sufran una "pérdida de credibilidad" como consecuencia de estos hechos.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/psoe_ciudadanos_unen_para_reprobar_pedir_cese_del_fiscal_general_del_estado_del_fiscal_anticorrupcion_64360_1012.html

COLECTIVOS Y PARTIDOS POLÍTICOS SE QUERELLAN CONTRA AGUIRRE POR ENCUBRIMIENTO EN EL MARCO DE LA 'OPERACIÓN LEZO'

IU, Equo y varios colectivos ponen el foco también en el exministro Eduardo Zaplana, al que acusan, junto a Aguirre, de "maniobrar" para encubrir" los delitos cometidos por Ignacio González

También se querellan contra el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos

Izquierda Unida, Equo, Ecologistas en Acción y varios colectivos –Los Verdes, Paz con Dignidad, Attac Madrid, Asociación Anticapitalistas, Fravm y el Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí– han presentado este miércoles una querella criminal ante el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exconcejal del Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; y el exministro Eduardo Zaplana, entre otros. Se suman de esta manera a la causa abierta en el marco de la operación Lezo.

En el escrito, facilitado a los medios de comunicación, acusan a la también expresidenta del PP de Madrid –entre 2004 y 2016–, y a la cúpula de la formación conservadora, de "maniobrar" para encubrir "los delitos cometidos" por el expresidente Ignacio González y "sus criminales cooperadores". "Existen evidentes elementos de que esta labor de encubrimiento ha podido ser cometida por Esperanza Aguirre Gil de Biedma además de por los señores Álvaro Lapuerta –tesorero del PP entre 1990 y 2008–, Luis Bárcenas –gerente en el mismo periodo de tiempo y tesorero entre 2008 y 2012– o Eduardo Zaplana", recoge la querella, presentada por vía telemática.

El texto judicial acusa a los mencionados de haber puesto "los medios necesarios" para evitar que el escándalo que rodeaba a Ignacio González, y que ha terminado con el expresidente madrileño entre rejas, "aflorase a la opinión pública y de ello tuvieran conocimiento las autoridades judiciales". Con su actuación, continúa, se ha facilitado "durante estos últimos meses" que se "haya podido ocultar la documentación y diversas pruebas, así como diversas cantidades de dinero B obtenidas por la trama".

En este sentido, afirman que "existe constancia" de que tanto Lapuerta como Bárcenas tenían conocimiento, desde 2007, del supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros de OHL a González por la adjudicación del tren que iba a unir Móstoles Central y Navalcarnero. Una información que también tenía el ex alcalde de Leganés Jesús Gómez y que había puesto en conocimiento de varios dirigentes del PP, tanto regional como nacional, según ha afirmado este miércoles en una entrevista en el diario El Mundo.

"Sin que por su parte o del propio partido se diese cuenta a las autoridades judiciales dadas la gravedad de los hechos", recoge la querella. Como tampoco consta, continúa el escrito, que Aguirre pusiera "en manos de la justicia información o documentación" sobre las actividades "ilícitas" llevadas a cabo por "su mano derecha" a pesar de que existen "indicios" de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid "tenía supuestamente pleno conocimiento" de la información manejada por Lapuerta, Bárcenas y Gómez sobre González "y la organización criminal que él encabezaba".

"Así como fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su secretario general al tiempo que era presidenta del PP de Madrid", prosigue. Por todo ello, los querellantes consideran que existen "sobrados elementos indiciarios" para que Aguirre comparezca en sede judicial como investigada "para responder sobre su participación, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las actividades ilícitas".

Revelación de secretos

Izquierda Unida, Equo y el resto de colectivos también incluyen en la querella al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos. Su nombre ha sido incluido después de que el pasado domingo se revelara que Pablo González, hermano del expresidente madrileño y otro de los detenidos y encarcelados en el marco de la operación Lezo, se había reunido el 8 de marzo con el número dos del Ministerio del Interior al sospechar que estaban siendo investigados.

Una reunión en la que, según la cartera dirigida por Juan Ignacio Zoido, "no hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación". Sin embargo, los querellantes consideran que podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos y señalan el "relevante daño para la causa pública" que genera "divulgar una información de esa índole" dado que se trata de "obstaculizar, entorpecer o bloquear" la investigación policial de un delito, "menoscabando así la prestación de un servicio público de suma importancia para el bien de la comunidad".

En esta línea, también muestran en el escrito judicial su preocupación por el supuesto 'soplo' que salió de "una magistrada amiga de la casa", tal y como, según publicó El Español, se recoge en una de las conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "El comunicar a una persona, que sabe de su implicación en operaciones de investigación de blanqueo de capitales y otros delitos muy graves, sí ocasiona un perjuicio a la causa pública ya que permite adoptar al implicado precauciones más intensas y eficaces", sostiene el escrito presentado ante la Audiencia Nacional.

Villar Mir y el PP de Madrid

Sin embargo, Aguirre, Zaplana, Lapuerta, Bárcenas y Nieto Ballesteros no son los únicos querellados. IU, Equo y el resto de colectivos también han puesto el foco sobre ocho nombres más: Ignacio González; su hermano Pablo; el expresidente de Inassa Edmundo Fernández Sobrino; el gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; el exdirector de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás; el presidente de La Razón Mauricio Casals; el exconsejero de OHL Javier López Madrid, y el presidente de la compañía, Juan Manuel Villar Mir, sobre quien el juez Eloy Velasco ya ha pedido información.

En relación con la constructora, que recuerdan que "dicha empresa y su presidente ya aparecen en los manuscritos atribuidos a Bárcenas como financiadores del PP", los querellantes creen que existen "indicios más que suficientes" de que "los pagos efectuados por las empresas a la trama criminal y/o al PP son el fruto de conversaciones previas entre empresa y dirigentes del partido o las instituciones públicas controladas por él, en las que las partes se concertaron para perfeccionar el delito de tal forma que el pago era la contrapartida a que desde el poder político se realizasen concesiones a las empresas financiadoras".

A lo largo de las 84 páginas de querella, se argumenta la posible comisión de un total de 13 delitos: organización criminal; malversación de caudales públicos; alteración de precio en concursos y subastas públicas; receptación y blanqueo de capitales; cohecho; apropiación indebida; prevaricación; tráfico de influencias; delitos contra la Hacienda pública; fraude y exacciones ilegales; encubrimiento; falsedad y apropiación indebida de fondos electorales; y revelación de secretos.

De todos ellos, "fácilmente se pueden imputar" al PP de Madrid, contra el que también se querellan, "cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral". "A la par, este modo de actuar por parte del PP de Madrid debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento", señala la querella.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/colectivos_partidos_politicos_querellan_contra_aguirre_zaplana_numero_dos_interior_64358_1012.html

GONZÁLEZ MANIOBRÓ PARA ECHAR AL JUEZ VELASCO: “TENEMOS AL GOBIERNO, AL MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE LE MANDEN A ESCARBAR CEBOLLINOS”

El expresidente de la Comunidad cuenta en conversaciones cómo se reúne con jueces para intentar colocar a otros magistrados y fiscales de su conveniencia.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, maniobró hasta el final para intentar que sus asuntos judiciales fueran archivados y no acabar, como ha acabado, en prisión. En las grabaciones de sus comunicaciones realizadas por la Guardia Civil se desprende cómo el hombre fuerte de Esperanza Aguirre intentó de todas las maneras posibles mover sus hilos para echar al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y colocar al frente de la Fiscalía a personas que le pudieran ser favorables en sus procesos judiciales.

En el caso de Velasco, sorprende que ya mostrara su antipatía hacia él cinco meses antes de que hubiera estallado la Operación Lezo y, por tanto, no debería saber que Velasco le estaba investigando. Sin embargo, es cierto que este magistrado también investiga el caso Púnica y en éste proceso otro de los hombres fuertes de Aguirre, Francisco Granados, está en prisión desde hace dos años y medio.

En una conversación interceptada por la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción y el propio Velasco, y de la que ha tenido conocimiento EL ESPAÑOL, González le comenta al exministro 'popular' Eduardo Zaplana que "un poli me ha dicho que a Velasco le van a mandar al Supremo pero yo creo que no".

En esa conversación, de noviembre del pasado año, Zaplana le explica que hay una "jugada" planeada, respecto a una salida de Velasco. Entonces, González le comenta: "Vamos a ver, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y tenemos a un juez que está provisional".

González está haciendo referencia a que la plaza en propiedad que ocupa Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es de otro juez, Manuel García-Castellón, que está de juez de enlace en Roma. "Yo le digo, a ver, venga usted pa acá ¿cual es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular. Que ya me las apañaré con el titular, coño. Que al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente rogelio y le dan de magistrado de enlace en Roma, y gana una pasta vive como dios y el tío no quiere saber nada, claro. Yo le llamo a éste y le digo, oye ven aquí, el titular aquí y a éste a tomar por culo. Pero ¿qué te cuesta eso? Y a este tío le pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. ¡Pero qué cojones de chantaje! Pero como to el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla", se queja González.

"Poner en marcha las piezas"

A lo largo de varias conversaciones, González -en prisión incondicional acordada por el juez Velasco el pasado viernes- muestra su conocimiento sobre el funcionamiento de una parte de la carrera judicial: "El otro día me fui a hablar con Enrique López (magistrado de la Audiencia Nacional) y le dije, oye Enrique, he oído que Catalá, lo cual es una bomba, quería a la que estaba (hablando del nuevo nombramiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza) y me dijo, esto se ha filtrado porque se la iban a follar. A Catalá le viene bien esto porque parece que él no ha puesto al otro, y fuera, este es un tío serio, este es un tío que sabe lo que tiene que hacer".

Ignacio González también mantiene conversaciones con Enrique Arnaldo Alcubillas, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y letrado de las Cortes Generales,quien tiene amplios conocimientos de los movimientos del Gobierno en relación a nombramientos que afectan al mundo judicial: "Hay movimientos de cambios en la Fiscalía General, ahora se ponen en marcha las piezas. Desde luego sí que sé que es voluntad del ministro cambiar la pieza principal. Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", en referencia a la posible sustitución de Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado, en fechas anteriores a los cambios.

La preocupación del expresidente madrileño es que hubiera cambios en la Fiscalía Anticorrupción de Málaga para cerrar la causa en la que está investigado por la compra de un ático en Estepona, por un posible delito de blanqueo de capitales. "¿Y los de abajo?", le recuerda González a Arnaldo. "Claro, y que toque todo, efectivamente", le contesta.

"La operación está preparada"

Este ex vocal del CGPJ le relata los planes del Gobierno: "Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La gente de la Nacional sí que pretende que salga Zaragoza, que es uno de los elementos más principales. Está operación, que yo sepa, está preparada. Es una garantía que siga Rafael porque ya lo conoce".

González concluye la conversación: "A ver si damos un paso en la buena dirección, joder". Esta conversación se produce en noviembre del pasado año, pocas semanas después de que Mariano Rajoy volviera a ser elegido como presidente del Gobierno. Tres meses después, el nuevo fiscal general del Estado hizo los nuevos nombramientos en la Fiscalía, y decidió sacar a Javier Zaragoza de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en sustitución de Jesús Alonso. En ese mismo Consejo Fiscal, Maza también eligió a Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción en sustitución de Antonio Salinas, que se había jubilado.

El mismo día que se conoce que el Gobierno nombrará a Maza como fiscal general del Estado, el 11 de noviembre, González mantiene otra conversación con Arnaldo: "¡No me equivocaba, he acertado!", le dice este último. "Entonces, estamos contentos, ¿o no?", pregunta González. "Estamos muy contentos", le explica su interlocutor, quien define a Maza como una "persona con criterio y valiente, no es un timorato y lleva muchos años resolviendo estos asuntos". "Qué alegría, tío, a ver si lo celebramos, a ver si seguís", le responde González.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170426/211478878_0.html

IGNACIO GONZÁLEZ SABÍA CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN QUE MOIX IBA A SER EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

La difusión a lo largo del día de ayer de una nueva batería de SMS y conversaciones intervenidas al ex presidente de Madrid Ignacio González durante la investigación de la operación Lezo puso de manifiesto la aparente relación de complicidad que mantenía con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la capacidad de influencia que conservaba: tanta como para conocer de antemano, con seis meses de antelación a su nombramiento, que Manuel Moix sería designado fiscal jefe Anticorrupción o para arrogarse capacidad para remover a los jueces y fiscales que intervienen en los casos que le afectaban.«Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa [Catalá]: 'Oye Rafa...'. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estas muerto».El que habla es Ignacio González y su interlocutor es el ex ministro Eduardo Zaplana. La conversación, según precisó ayer La Sexta, tuvo lugar en agosto de 2016. Es decir, tres meses antes de que el Gobierno, que en esa fecha ni siquiera tenía la certeza de que fuera a salir adelante la investidura de Mariano Rajoy, designase a José Manuel Maza como fiscal general del Estado. Sólo Maza tendría, legalmente, la capacidad de elegir a su fiscal jefe Anticorrupción, después de escuchar el dictamen de su Consejo Fiscal, lo que sucedió el reciente mes de febrero. Pues bien, seis meses antes, González maniobraba ya con ese objetivo.

El ex presidente madrileño se arroga esa influencia en primera persona -«vamos a ver si podemos colocar...»-, se muestra convencido de que Moix es la opción del Gobierno -«yo creo que va a ser él»-, muestra su satisfacción por que eso sea así -«si sale es cojonudo»-, se atribuye una ascendencia sobre el ministro de Justicia -«yo no me corto en decirle a Rafa»- y añade que el nuevo fiscal jefe servirá para tener controlado «el aparato del Estado». González estaba en ese momento imputado por su ático en Estepona -lo sigue estando-. En otra conversación, reconoce haber mediado por Moix en la anterior ocasión en la que éste, que fue fiscal superior de Madrid, optó a la plaza de jefe Anticorrupción, en 2011.

Catalá asegura que 'los líos' de su mensaje a Ignacio González no hacen referencia a asuntos judiciales

Que entre Ignacio González y algunas de sus amistades existía un canal de comunicación permanente con Rafael Catalá lo ponen de manifiesto las conversaciones, también difundidas por el espacio Al Rojo Vivo de La Sexta, intervenidas por la Guardia Civil con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, imputado también en el asunto del ático. Los tres suelen coincidir en el palco colchonero. «Hablé el otro día con Rafa [Catalá], que lo estaban mirando, Nacho».Es Cerezo el que habla y se refiere a una gestión con el ministro acerca del procedimiento abierto por presuntos cohecho y blanqueo. La juez de Estepona investiga si el empresario Cerezo adquirió el ático para González a través del célebre testaferroRudy Valner y una red de sociedades pantalla radicadas en Panamá.Después, Cerezo comunica al ex presidente madrileño que la gestión con el ministro fue infructuosa:«Joder macho, pero y e... y 'tos estos' ¿qué dicen? Que el juez es el juez, y que no hace nada, que no se puede hacer nada».A lo que González responde:«Exactamente, no, yo les he dicho: 'Mira, yo estoy hasta los cojones, o sea, decidme, aquí que queda ¿pegarle dos tiros a la juez? ¿Qué alternativas tengo? ¿No se puede hablar con el fiscal?».El presidente del Atlético advierte de que insistirá en pedir la intercesión del ministro Catalá:«Volveremos a hablar con éste a primeros de septiembre, porque si quieren guerra vamos a tener guerra».En este contexto, en el que aparece como habitual que González y Cerezo contacten con Catalá para tratar de su imputación por el ático para pedirle que medie por ellos, y cuando González ya había sido advertido por un miembro del Ejecutivo de la investigación de Lezo, el ex presidente de Madrid felicita en noviembre el cumpleaños al ministro y éste contesta afectuoso:«Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos».

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/26/58ffb9ccca47415a148b46b7.html

EL DIPUTADO QUE DESTAPÓ LA CORRUPCIÓN: "DENUNCIÉ AL PP LA CUENTA SUIZA DE GONZÁLEZ Y AGUIRRE LO VIO UNA TRAICIÓN"

Entrevista a Jesús Gómez.

Quien fuera el autor de los discursos de Esperanza Aguirre le alertó en tres ocasiones de que conocía por varias vías una cuenta en la que Ignacio Gonzálezcobraba de OHL. Ella le contestó que «veía fantasmas» y él se fue a ver a Juan Carlos Vera y Carlos Floriano. Su jefa lo consideró «una puñalada trapera» y prescindió de él como candidato en Leganés.

Jesús Gómez (Madrid, 1967), diputado del PP en la Asamblea de Madrid e histórico hombre de confianza de Esperanza Aguirre, fue junto al ex tesorero Álvaro Lapuerta quien alertó a Génova de que Ignacio González cobraba comisiones en Suiza. Gómez facilitó hace años a su partido los mismos datos que ahora el juez Eloy Velasco ha dado por buenos. Sin embargo, este economista fue tildado de loco y de traidor y pagó una alta factura por su osadía: dejar de ser el candidato a alcalde de Leganés. Dice que todavía está esperando que en el partido le llamen para pedirle disculpas mientras relata, por primera vez en esta entrevista a EL MUNDO, cómo el PP tuvo la oportunidad de haber evitado el gran cataclismo de la operación Lezo.

¿Cómo tuvo conocimiento de que González tenía cuenta en Suiza?

De una manera rocambolesca. Ignacio González me llamó el 26 de febrero de 2014. Me preguntó si tenía un teléfono fijo a mano y le devolví la llamada. Me dijo, como si fuera una pedrada, que los de azul, en referencia a la Policía, le habían dicho que yo tenía una cuenta en Suiza. Le dije que ojalá, que era falso y que debía ser una confusión.

¿Qué tiene que ver todo eso con la cuenta de González?

Mucho, porque le conté lo que me había pasado a un abogado de mi confianza. Me dijo que quien sí tenía una cuenta en Suiza era mi jefe. Me quedé asombrado, me precisó que el banco era el Anglo Irish Bank y me facilitó el número de cuenta. Esos mismos datos me llegaron después por otras dos vías. Una de ellas ustedes que, como periodistas de EL MUNDO, me contaron que les habían llegado exactamente los mismos datos.

¿Qué hizo usted entonces con la información?

Me alarmé y fui a ver a Esperanza Aguirre hasta en tres ocasiones. Le dije: «Me ha llegado esto por casualidad». Le expliqué que había peligro porque lo tenía por varias fuentes distintas y que nos haría un daño irreparable si nos estallaba en la cara. Se enfadó un poco, no le dio credibilidad y lo despachó como un burdo rumor. Sólo pedí que lo investigaran, porque era mi responsabilidad; si lo hubiera tenido acreditado me hubiera ido directamente a la Policía.

¿Sabe si Aguirre hizo alguna gestión para verificar los datos?

Habló con González y a partir de ese momento arreció una campaña sucia contra mí en la prensa local de Leganés acusándome de tener una cuenta en Suiza y de manejar dinero negro. Además, se compró una web, Estrella Digital, para que dejara de investigar el Canal de Isabel II y se empleó para atacar a los enemigos de González. La operación se materializó a través del abogado de Ildefonso de Miguel [ex gerente de la empresa de aguas madrileña], presuntamente siguiendo instrucciones de Ignacio González.

¿Qué explicación le dio González a Aguirre?

Esperanza me dijo que, según le había dicho Nacho, todo era una sarta de calumnias y mentiras y que me olvidara de ese asunto y dejara de ver fantasmas. Esa era la versión de Ignacio González, en quien confiaba ciegamente y sin ninguna reserva. Y esa ha sido la causa de su desgracia política. Ahí podía haber acabado todo, pero un sexto sentido me decía que algo no funcionaba bien, sobre todo por la extraña llamada de González, y no quise dejar el tema así.

Agotada la vía de Aguirre, ¿cuál fue el siguiente paso?

Utilizando el símil de la Administración, agotado el recurso ordinario fui a lo Contencioso-Administrativo. Vi un grave peligro y que Esperanza no estaba dispuesta a escuchar nada en contra de González. Por eso me dirigí a Juan Carlos Vera, que era secretario de Organización del PP nacional y diputado en el Congreso. Me fui a verle, le conté la información, le dije que en esa cuenta se podía haber ingresado una comisión ilegal de la constructora OHL y me citó al día siguiente en la sede de Génova con Carlos Floriano, su superior directo en el partido.

¿Le dieron visos de veracidad?

Lo consideraron. Pero al igual que Esperanza metió la pata al contárselo a González, uno de ellos habló con Aguirre o con González. Recibí entonces una llamada al día siguiente de Esperanza haciéndose portavoz de la indignación de Nacho. Me dijo que consideraba una traición, una puñalada trapera, ir a ver a Floriano y a Vera porque eran nuestros enemigos y querían quitar a González de la circulación.

¿Volvió a tener noticias de Vera y Floriano?

Me llamó Vera en febrero de 2015 y me citó en su despacho de Génova. Me preguntó otra vez el número de cuenta porque decía que era falso o estaba incompleto. Le facilité el número de nuevo y no volví a saber nada más hasta que en marzo la dirección nacional anunció que el candidato sería Cristina Cifuentes y no González. El País ya citó entonces como una de las razones las informaciones que habían llegado al PP sobre posibles cuentas en Suiza. Pocos días después, Esperanza me llamó para decirme que no contaban conmigo como candidato para la Alcaldía de Leganés y me dijo que era por lo de la cuenta.

¿Cree entonces que Esperanza Aguirre encubrió a González?

No era ninguna encubridora, pero estaba cegada por el amor hacia él, aunque que quede claro que no eran amantes.

¿Esperanza tampoco sospechaba de González por episodios como el ático de Marbella o el espionaje en Colombia?

Siempre lo consideró una víctima pese a que su ídolo administrativo era un vulgar ratero.

¿Habló con Cristina Cifuentes de todos estos asuntos en alguna ocasión?

Coincidí con ella en Leganés en 2015 y me dijo: «No me voy a comer yo los marrones de estos chorizos». Le honra, pero denunciar no es una herocidad sino su obligación.

¿Rajoy llegó a saber algo en algún momento?

Le di los datos a un registrador amigo de su hermana.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/26/58ffb45fca474139198b4682.html

CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"

El ministro de Justicia afirma que no mantiene "una relación de amistad" con el expresidente de la Comunidad de Madrid, tras revelarse el SMS que le envió en el que le decía: "Ojalá se cierren pronto los líos"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado hoy que en el mensaje que envió a Ignacio González en noviembre de 2016 se refiriera a "cuestiones judiciales" que tuvieran que ver con el expresidente madrileño, al expresarle su deseo de que se cerrasen "los líos", es decir, según él, la situación política en España.

"Yo no me refiero en absoluto a cuestiones judiciales, no me refiero en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el señor González", ha manifestado Catalá en los pasillos del Senado tras responder a las dos preguntas de control al Ejecutivo que le ha formulado la oposición en el Pleno de la Cámara y dónde el PSOE ha llegado a pedir su dimisión.

En los pasillos del Senado, Catalá ha explicado también que él mantiene una "relación" con González, en razón a su trayectoria institucional y "no una relación de amistad" y ha ratificado que el expresidente de la Comunidad de Madrid "nunca" le ha pedido ayuda para solucionar sus problemas en los tribunales.

Catalá ha explicado que esos días recibió "cientos de mensajes de felicitación" y ha añadido que "a todos" esos mensajes respondió con "amabilidad y educación", "entre ellos" el de Ignacio González, a quien, según ha dicho "conoce desde 1996" porque ha desempañado funciones dentro del Gobierno como "subsecretario, como secretario de Estado, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y como presidente de la Comunidad de Madrid.

"Por lo tanto, es evidente que tengo una relación de personalidad con él, no una relación de amistad", ha declarado, para añadir que ese SMS se ha conocido tras una "violación flagrante" del secreto de sumario, aunque "eso parece que no importa demasiado en este momento".

El ministro ha asegurado que cuando él dice "ojalá se cierren pronto los líos" le está transmitiendo su "voluntad y deseo" de que el país tenga "pronto estabilidad" porque llevaban ya un año con el Gobierno en funciones, "con dos procesos electorales e investiduras fallidas". Según ha recalcado, él no se refería "en absoluto a cuestiones judiciales".

Preguntado expresamente si el expresidente de la Comunidad de Madrid le ha pedido ayuda alguna vez para arreglar sus "líos", ha contestado: "Nunca". Según ha añadido, el ministro de Justicia no tiene "ninguna capacidad de influir ni sobre los jueces ni sobre los fiscales para que una investigación judicial vaya en una dirección o en otra". En este sentido, ha recalcado que la labor del ministro de Justicia "no está en decirle a los jueces ni a los fiscales lo que tienen que hacer", porque "no puede", sino en "hacer que la justicia sea más ágil". Y este último punto, ha afirmado que el Gobierno del PP está "comprometido".

Catalá también ha defendido al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada que intentó frenar los registros de la Operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", ha enfatizado.

Lo que hizo Moix, según Catalá "como muy bien él dijo", fue manifestar a los fiscales que adentrarse en una "investigación del año 2001" relacionada con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión incondicional desde la noche del pasado viernes-, "cuando no trabajaba" en dicha Administración regional, podía "enturbiar" la operación, ha precisado Catalá.

Según el ministro, Moix tenía la intención de "ayudar a la buena marcha de la investigación" y ha reprochado que esté "diciendo justo todo lo contrario". "Se está enturbiando la labor de un magnífico profesional de muchas décadas de servicio al derecho y a la ley", ha concluido.

http://m.publico.es/politica/1997398/catala-niega-que-tratara-cuestiones-judiciales-con-ignacio-gonzalez-el-sms-fue-una-respuesta-de-cortesia

EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE CIERREN PRONTO LOS LÍOS”

El expresidente de Madrid, ya investigado, le había felicitado previamente por su continuidad en el Gobierno

“Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Ese es el mensaje que recibió en su teléfono móvil el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El autor no era un remitente cualquiera, sino el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El exmandatario madrileño había escrito previamente para felicitarle por su confirmación al frente del Ministerio y esa fue su respuesta. Catalá mandó el mensaje el pasado 3 de noviembre, un día antes de su toma de posesión oficial tras el periodo en funciones.

Según informan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al caso, González tenía en ese momento el teléfono intervenido, y de ese modo, los investigadores tuvieron conocimiento de la comunicación con el ministro. A ese mismo mensaje se refirió González en otra conversación posterior con su amigo y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. El mandatario rojiblanco le dice que había charlado también con Catalá sobre el caso de su ático: “Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, Nacho”. A esas palabras, González responde que había recibido de parte del ministro “un mensaje encantador”.

Esta charla entre Cerezo y González, ambos imputados en el caso del ático, se produce apenas unos días después del sms de Catalá. El presidente del Atlético de Madrid le dice al expresidente madrileño que unos días atrás estuvo cenando con una persona que, según afirma, fue "jefa" de Catalá. Según las fuentes consultadas, el presidente del Atlético de Madrid parece estar refiriéndose a una superior de Catalá en el pasado. Cerezo le hizo saber a González que esta persona le había tranquilizado diciéndole que el ministro "mantiene muy buena sintonía con todos los jueces". González contesta a Cerezo recordándole que Catalá fue antes secretario de Estado del mismo Departamento.

Prisión sin fianza para González

Pese a que en su mensaje, el ministro de Justicia habla de “líos” en plural, en ese momento González sólo tenía comunicación oficial de su imputación en el caso de su ático de Marbella (desde marzo de 2016). Las pesquisas de la Operación Lezo estaban ya en marcha pero permanecían secretas y para entonces, la Comunidad de Madrid había enviado también su informe a la Justicia sobre las inversiones del Canal de Isabel II.

Pese a las palabras del ministro, el deseo que deslizaba Catalá en su mensaje de apoyo a González no se materializó. El caso del ático ha seguido su curso con el ministro de Justicia al frente de la cartera y la Audiencia Nacional ha detonado la causa que se centra directamente en los negocios del número dos del gobierno madrileño. En lugar de cesar, los problemas para González han crecido de forma exponencial con Catalá como ministro. No sin polémica, si tenemos en cuenta la confrontación del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, con los responsables del Ministerio Público que investigan la causa.

En las intervenciones telefónicas y según fuentes cercanas al caso, es el propio González el que se queja del escaso apoyo que en realidad le están prestando sus compañeros de partido a la hora de paralizar sus problemas judiciales. Sin embargo, tal y como informó este diario, González fue alertado de su detención dos meses antes de que se produjera. El chivatazo le vino de parte de un alto cargo del Gobierno, pero según creen los investigadores, este no procedió del Gabinete de ministros, sino de un cargo intermedio. Eso descartaría por completo la implicación de Catalá en los hechos.

Fueron avisados

De forma complementaria y tal y como informó este diario, unos meses antes de aquel soplo también tuvo conocimiento de que sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían él y el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals porque "una magistrada amiga de la casa (del periódico)" había llamado para prevenirles.

Por su parte, de la relación entre Catalá y Cerezo -también investigado en el caso del ático- da cuenta la presencia del ministro en la comitiva vip que acudió a la final de la Copa de Europa en Milán el pasado mayo invitada por el Atlético de Madrid. En aquella expedición estaban también la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y su compañero de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. También el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y José Luis Martínez Guijarro (PSOE) o el concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Carmona, entre otros.

En otra ocasión más reciente Catalá se vio inmerso en otra polémica por demostrar cercanía personal con personas con problemas con la Justicia. El pasado mes de marzo, el ministro se desplazó a Baqueira Beret, la estación de esquí en el pirineo catalán, para asistir a una fiesta organizada por el empresario Manel Torreblanca, condenado a dos años de prisión por siete delitos fiscales y que evitó la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía. Aquel episodio provocó que el grupo socialista en el Congreso de los Diputados presentase una batería de preguntas para saber por qué fue a la fiesta, hasta dónde sabía el ministro del acuerdo con la Fiscalía por el que Torreblanca evitó la prisión y quién pagó su desplazamiento y gastos. No consta respuesta parlamentaria por el momento.

"Luis sé fuerte" o "compi yogui"

La difusión de mensajes privados entre altos representantes del Estado y personas investigadas por la Justicia también afectaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien se llegó a intercambiar comunicaciones con el extesorero de su partido Luis Bárcenas, según desveló el diario El Mundo. “Sé fuerte” o "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo" son algunos de los mensajes que mantuvo el líder del Ejecutivo con un Bárcenas al que se le pedía guardar silencio sobre la contabilidad B del partido.

Incluso la indiscreción con los mensajes de móvil salpicó a la reina Letizia hace un año cuando Eldiaro.es difundió el mensaje que le escribió al empresario de OHL Javier López Madrid, amigo personal de los reyes e implicado en el escándalo de las tarjetas black: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”.

http://www.elespanol.com/espana/20170425/211229083_0.html

LA OPERACIÓN LEZO CONTAMINA LAS INSTITUCIONES Y ARRINCONA AL GOBIERNO

Los escándalos y la corrupción copan la agenda política con peticiones de dimisión

La llamada Operación Lezo, además del efecto directo de los graves hechos de presunta corrupción que se investigan, ha causado la contaminación de importantes instituciones, como varios ministerios o la fiscalía. Todo ello en un contexto de corrupción, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, citado a declarar como testigo en un juicio por uno de los escándalos que afectan al partido más votado. Ese clima perturba la complicada legislatura y, en todo caso, marca y distorsiona la agenda política. Acorrala al Gobierno y dificulta su intención de llegar a acuerdos en el momento en el que negocia los Presupuestos para 2017.

Por el momento, la Operación Lezo ya ha desencadenado la dimisión de una destacada dirigente como Esperanza Aguirre y agita los cimientos del PP. Ese procedimiento incluye, además, indicios de cierta connivencia de los implicados con algunas instituciones, concretados en zonas de sombra que apuntan a que los ahora encarcelados pudieron ser alertados de las investigaciones. Se incluye la posible alerta de una magistrada, cuya identidad intenta determinar el juez Eloy Velasco.

El número dos de Interior, José Antonio Nieto, recibió en su despacho a Pablo González, ahora encarcelado y hermano del presidente de la Comunidad de Madrid, también en prisión. Hay indicios de presión a los políticos que, como la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, han aportado datos a la investigación. Y este martes se supo que en el sumario consta un SMS del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Ignacio González.

“Ojalá se cierren pronto los líos”, decía el mensaje de noviembre de 2016. Esta es la versión de Catalá: “Me felicita por el nombramiento. Como 300 mensajes más... Y le digo: ‘Gracias. Ojalá se cierren pronto los líos’. No tus líos, ni tus temas judiciales, ni nada parecido. Venimos de estar un año en funciones, dos elecciones, investiduras fallidas... A esos líos me refiero”.

En todo caso, esa relación desató las peticiones de comparecencia de la oposición y las dudas de todos los grupos, salvo el PP. Ya antes, la fiscalía quedó en esa zona de sombra cuando se supo que el propio Ignacio González se felicitaba del nombramiento de Manuel Moix como fiscal anticorrupción, incluso antes de producirse. El expresidente de la Comunidad de Madrid y el exministro Eduardo Zaplana sabían en verano que Moix ocuparía ese cargo, es decir, cuando el Gobierno estaba en funciones y faltaban meses para que el fiscal presentara su candidatura para ocupar la vacante.

Y fue necesaria hace una semana una insólita rebelión de una veintena de fiscales ante Moix, que se plantaron ante su intención de impedir uno de los registros.

Antes ya hubo polémica por los cambios en puestos clave de la fiscalía, tras el cese de Consuelo Madrigal por negarse a hacer esos nombramientos. Todas esas polémicas tienen reflejo directo en el Parlamento, donde el resto de la agenda ha quedado arrinconada para que dos ministros, un secretario de Estado y el fiscal general sean llamados a comparecer para dar explicaciones.

No hay pleno de control en el Congreso hasta el 10 de mayo, pero ya este martes este caso centró el crispado pleno del Senado, con peticiones de dimisión de Catalá de PSOE y Podemos por supuesta obstaculización a la justicia. Para Catalá, la prueba de su voluntad de combatir la corrupción son las detenciones y acciones judiciales. “Ustedes se alinean con las tesis más antisistema y hacen un gravísimo daño”, respondió el ministro. Juan Ignacio Zoido, titular de Interior, dijo en el Senado que su número dos se limitó a recibir a un directivo de Mercasa —Pablo González— y “no tenía la menor idea de que iba a ser investigado”. PSOE, Podemos y Ciudadanos reprocharon a Zoido sus contactos con los investigados. Él los minimizó y dijo que fueron “meramente protocolarios”.

Explicación de Rajoy

Al tiempo, PSOE y Ciudadanos piden que la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP se constituya antes de 10 días, para que Rajoy comparezca en mayo. Tendrá obligación de decir verdad, lo que no ocurriría si acudiera al pleno. El artículo 502.3 del Código Penal asegura que “el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.

En este clima, el Gobierno debe cerrar un pacto antes del próximo miércoles con el PNV para superar el primer trámite de los Presupuestos. La negociación avanza, pero el clima turbio dificulta el anuncio formal del pacto.

Micrófonos ocultos en el despacho de González

Ignacio González y otros investigados en la Operación Lezo, sobre todo Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa, sabían desde el primer minuto —en julio de 2016— que les estaban investigando y hablaban con precaución por teléfono. González, además, tenía un sistema de encriptación en su teléfono móvil que hacía aún más inaccesible el contenido de sus llamadas. Por este motivo, el juez instructor que actuaba como refuerzo en la causa, Alejandro Abascal, ordenó que se colocaran micrófonos en su despacho, donde el expresidente de la Comunidad de Madrid hablaba sin tapujos al sentirse seguro, según la Cadena SER.

La medida, poco habitual, se complementó con seguimientos con micrófonos portátiles de última generación para grabar conversaciones a distancia y está recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 2015 para casos de especial gravedad. Agentes de la Guardia Civil fueron de madrugada al despacho, abrieron la puerta con una ganzúa y escondieron los micrófonos, con la presencia del secretario judicial, que levantó acta.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/25/actualidad/1493141521_564192.html

LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO

Las grabaciones muestran que el ministro de Justicia dio ánimos a Ignacio González, cuando estaba imputado en el caso del ático y se le investigaba en secreto en la operación Lezo

El expresidente madrileño habla también con el exministro Zaplana sobre su interés en cambiar a la jueza y en reunirse con el fiscal encargado del caso del ático de Estepona

Las grabaciones de las conversaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los integrantes de la trama muestran las conexiones que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, presunto cabecilla de la trama disuelta con la Operación Lezo, ha mantenido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que también está imputado en el caso del ático de Estepona.

Catalá, de cuyo departamento dependen las comisiones rogatorias reclamadas por la jueza de Estepona que investiga el caso del ático, Isabel Conejo, contestó el 3 de noviembre de 2016, según han adelantado laSexta y El Español, a un SMS de felicitación que le había remitido previamente González en el que le daba la enhorabuena por su nombramiento como ministro de Justicia: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

Precisamente, las comisiones rogatorias de este caso han sufrido una extrema lentitud, que ya ha tenido importantes consecuencias en la investigación, según se especifica en una providencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número, Isabel Conejo. Esta resolución, de 6 de noviembre de 2015, explica que el US Bank, la entidad financiera de Estados Unidos desde la que se realizaron en marzo de 2008 las dos transferencias de 100.000 y 650.000 euros con los que la empresa offshore pagó el ático de Estepona, ya no disponía de la documentación relativa al origen del dinero, según una nota enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades españolas.

Cuando el ministro Catalá envió el SMS, González, su mujer, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llevaban ya nueve meses imputados por la jueza de Estepona, al mismo tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigaba en secreto la denominada trama Lezo.

Un portavoz del Ministerio de Justicia ha asegurado a laSexta que cuando el ministro se refiere en el mensaje a los "líos" está hablando de los problemas políticos de cara a la gobernabilidad. Sin embargo, tan sólo un día después del SMS, el 4 de noviembre, Catalá tomaba posesión de su cargo de ministro.

En el palco con Cerezo

El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que todavía no estaba imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en una sociedad con vínculos con Telemadrid. Al día siguiente, el 18 de marzo, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a la Audiencia Provincial de Málaga, al mismo tiempo que acudió al Colegio de Abogados de esta provincia andaluza.

Asimismo, Rafael Catalá viajó invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League celebrada en Milán, en la que el conjunto de Cerezo, que ya estaba imputado en Estepona, se enfrentó al Real Madrid. En el viaje también participaron otros políticos madrileños como Begoña Villacís (Ciudadanos). A la final también acudió el testaferro profesional y empleado de Cerezo que compró el ático desde EEUU, Rudy Valner, y tras visitarlo la mujer de González, Lourdes Cavero.

El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha). El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).


Pero los mensajes interceptados por la UCO de la Guardia Civil apuntan a otras maniobras de González en relación con la justicia. En una conversación intervenida por orden del juez Velasco,el expresidente de la Comunidad de Madrid explica al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana su intención de cambiar a un juez: "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y escucha: tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo: a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca?¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular".

Precisamente, en el caso del ático la jueza sustituta, Mariana Peregrina, se encargó de la instrucción durante los meses de baja maternal de la titular Isabel Conejo. Esta jueza ordenó en un primer momento imputar a la mujer de González, Lourdes Cavero, al mismo tiempo que solicitó que el caso se enviara a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga revocó esa decisión, por lo que dejó el caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. Su titular, Isabel Conejo, de vuelta a su puesto, fue más allá y acordó la imputación del matrimonio con el respaldo del fiscal delegado de Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero.

Sin embargo, el diario El Español asegura que González hace referencia a que la plaza en propiedad que ocupa Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es de otro juez, Manuel García-Castellón, que está de juez de enlace en Roma.

En otra de las conversaciones que González mantiene con Zaplana, el primero alude a sus deseos sobre quién debe ser fiscal jefe de Anticorrupción: "A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, Yo creo que va a salir él, si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío bueno y serio. Yo no soy quién, pero no me corto a decirle a Rafa: "Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto", indica el expresidente madrileño a Zaplana.

Moix rechazó investigar el campo de golf

Precisamente, según adelantó infoLibre, Moix rechazó el registro de la sede del Canal para reclamar información de la etapa de la presidencia de la Comunidad de Alberto Ruiz-Gallardón al considerar que esta investigación debería desgajarse del caso Lezo, por lo que deberían encargarse del mismo otro instructor y otros fiscales diferentes a los de la trama de Ignacio González. Este fue el motivo por el que los fiscales de Anticorrupción invocaron el artículo 27 de su Estatuto para oponerse a la decisión del fiscal jefe de Anticorrupción.

Además, tal y como ha adelantado este diario, el propio Moix ya había cerrado en 2009 la investigación por la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid a una empresa de un hermano y un cuñado del expresidente madrileño.

En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este martes al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción sobre los registros de la operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", enfatizó.

El relevo de Velasco

Pero en sus conversaciones grabadas, González también se refiere al relevo del juez Velasco, que además del caso Lezo instruye la Púnica, en la que aparece el nombre de Zaplana vinculado a la trama liderada por Francisco Granados: "Este poli me ha dicho que al Velasco le van a mandar al Supremo, pero yo creo que hay una jugada, me ha contestado este, si hay un juez de apoyo, para sacarlo de ahí y dejar al de apoyo".

Tal y como adelantó infoLibre, el juez Velasco reclamó un puesto en la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Velasco tomó esta decisión después de que el Consejo General del Poder Judicial no prorrogara la presencia del juez Alejandro Abascal como refuerzo de Velasco, que se incorporó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en marzo de 2016.

González también mantuvo conversaciones con el expresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en las que también hablan de cómo evitar la investigación de la jueza de Estepona Isabel Conejo. en la conversación, siempre según La Sexta, Cerezo asegura: "Dicen que el juez es el juez y que no se puede hacer nada, yo ya les he dicho, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros a la jueza? ¿Qué alternativas tengo?¿no se puede hablar con el fiscal?", a lo que Cerezo contesta: "Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si quieren guerra vamos a tener guerra".

Con el ministro del Interior

Asimismo, el expresidente de la Comunidad de Madrid propuso al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tomarse un café en una llamada de teléfono en la que le felicitó por su nombramiento como ministro del Interior, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de la conversación, que precisan que dicho encuentro no llegó a celebrarse.

Zoido concluyó su intervención en el Senado señalando que él y otros miembros del Ministerio del Interior recibieron "centenares" de felicitaciones a su llegada al Departamento, incluyendo la que expresó en persona Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, en su cita con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Según Zoido, esa reunión fue solicitada días después de Reyes y se celebró el 8 de marzo para tratar cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de Mercasa, la empresa pública que abastece a los mercados de diferentes ciudades españolas.

"Se ha reunido con luz y taquígrafos en su despacho", dijo sobre el secretario de Estado, añadiendo que éste "no tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni en ningún reservado, ni dar ningún chivatazo para que algún servicio se tenga que desmontar", aludiendo de esta forma de forma indirecta a diferentes polémicas de la etapa del PSOE en el Gobierno.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/las_grabaciones_del_caso_lezo_llevan_catala_cerezo_actualidad_64304_1012.html

LA AUDIENCIA EVITÓ POR UN DÍA LA PRESCRIPCIÓN DE IRREGULARIDADES DE LA ETAPA GALLARDÓN

El Central 6 dictó un auto 24 horas antes de que se cumplieran 15 años de la compra de Inassa por Canal Extensia en 2001

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional salvó la investigación de los orígenes de la trama Lezo 'in extremis'. Las pesquisas sobre el inicio de la aventura empresarial del Canal de Isabel II en el extranjero, que arrancó en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Gobierno regional, se encuentran ahora bajo el foco del juez y la Fiscalía Anticorrupción gracias a un auto dictado sólo 24 horas antes de que prescribieran los delitos de malversación de caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan a esta parte de la trama.

Según han informado a El Confidencial fuentes de la investigación, los fiscales encargados del caso reclamaron en noviembre de 2016 al Juzgado una ampliación de su querella inicial que giraba únicamente sobre irregularidades cometidas bajo la presidencia de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. Faltaban pocos días para que se cumplieran 15 años de la compra del 75% de Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) y el contenido de una de las escuchas telefónicas que obran en el sumario dió la voz de alarma.


En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor asuntos sucios y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué me tuve que comer todos los marrones", aseguraba en una de las conversaciones intervenidas. Uno de los 'marrones' a los que se refería era esta operación, cuya compra se cerró el 13 de diciembre de 2001, un mes después de que el consejo de administración del Canal de Isabel II acordara la creación de Canal Extensia, el vehículo que se empleó para ultimar la operación.

Según explican las citadas fuentes, el auto dictado entre ambos actos interrumpió la prescripción, pero no coincidía con la visión propuesta al juez por los fiscales Carlos Yañez y Carmen García. En él se decretaba la apertura de una pieza separada para investigar estos hechos con el criterio de que pese a que la compra sí tenía vínculos con el ente público de gestión de aguas, no estaba relacionada con Ignacio González, foco y centro de todo el resto del operativo de cobro masivo de comisiones.

La UCO investiga el primer pufo del Canal en Colombia en el año 2001 con Gallardón

Los investigadores analizan la compra de Inassa en 2001. El Canal pagó 83 millones por una empresa que valía ocho un año antes. Los registros relacionados han provocado la primera fricción en Fiscalía

La decisión provocó que la Fiscalía recurriera y obtuviera el respaldo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que dió por buena la ampliación del sumario a nuevos investigados del entorno del que fuera también ministro de Justicia.

La discrepancia se repite

Curiosamente, esta misma discrepancia jurídica se ha repetido meses más tarde en el seno de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Manuel Moix defendió frente a los encargados del caso que los registros relacionados con la compra de 2001 debían realizarse en otro bloque, de forma desvinculada a la investigación central sobre González. Yañez y García defendían que se incluyeran en el mismo paquete y lograron el apoyo de sus compañeros de plantilla en una junta celebrada horas antes de que estallara la Lezo.

Inassa existía desde 1996, cuando se creó en la ciudad colombiana de Barranquilla para llevar agua potable al municipio. Su primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000. El negocio, al parecer, no era rentable.

Caja Mágica, centro acuático...: 430 millones de agujero en otra firma de la era Gallardón

Una auditoría desmonta la gestión de Madridec, la empresa municipal que en 2013 perdió 74 millones: obras de arte extraviadas, tasaciones a la baja y ruinosas ventas de edificios

Los socios colombianos que tenían el otro 49% decidieron adquirir el resto de Inassa a través de la Sociedad de Aguas de América. La compra se efectuó por siete millones de dólares (ocho millones de euros de la época). Pero Inassa enseguida encontró nuevos pretendientes. Empezó a negociar con el Gobierno regional, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón y con Carlos Mayor Oreja como presidente del Canal. Ambos decidieron que la comunidad debía crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica.

Como ya publicó El Confidencial, la Comunidad de Madrid pagó 73 millones de dólares (entonces 83,6 millones de euros) por una sociedad que había costado un año antes poco más de siete millones de dólares (ocho millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para el comprador.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-25/operacion-lezo-audiencia-nacional-gallardon-ignacio-gonzalez_1372237/

EL JUEZ DE LA OPERACIÓN LEZO INVESTIGA A EDUARDO ZAPLANA

El exministro popular aparece en un listado de 60 personas relacionadas con el caso que ha enviado a prisión a Ignacio González

El juez titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga a 60 personas en el caso Lezo, entre ellos el exministro Eduardo Zaplana, según ha avanzado Europa Press y confirma EL PAÍS. Entre los investigados están también el empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL, y el que fuera viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid e imputado en la Gürtel, Alberto López Viejo. Sus nombres aparecen en un auto remitido por el citado magistrado a los registros de la propiedad, con el fin de embargar los bienes de algunos de ellos. Las personas citadas en ese auto no son forzosamente imputados, según confirman fuentes judiciales a EL PAÍS.

La semana pasada se supo que Ignacio González había mantenido conversaciones con el exministro de José María Aznar acerca de sus intenciones de entrar en negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos ocultos en el extranjero, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Zaplana desmintió este sábado a través de un comunicado cualquier relación mercantil con González y aseguró no haber "participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno". El expresidente valenciano añadía en su nota a los medios que ni conocía el auto del Velasco ni había sido citado judicialmente para declarar en la Audiencia Nacional.

Uno de los pinchazos al teléfono del expresidente de la Comunidad de Madrid recoge cómo este propuso al valenciano "montar una estructura financiera" a través del abogado uruguayo Fernando Belhot porque trabaja en países de legislaciones laxas como Holanda, EEUU o Uruguay "para canalizar algún tipo de operación a medio o largo plazo". Junto a Zaplana, González pretendía adquirir el 50% de una sociedad y controlar así "los derechos de patente de un producto de desinfección del agua".

Velasco cita también en el auto a Zaplana al referirse a las supuestas gestiones que él y González hicieron para favorecer al empresario Conrado Rodríguez-López Braun en un "litigio" que este mantenía con el Ministerio de Defensa. Según destaca el auto, lo hicieron presuntamente "mediando una contraprestación económica".

Los nombres de los 60 investigados

En esas órdenes de embargo, firmadas por el juez Velasco el 18 de abril, se explica que se siguen diligencias por presunta comisión de delitos contra: Ignacio González, Pablo Manuel González, José Antonio Clemente, José Juan Caballero, Edmundo Rodríguez Sobreino, María Fernanda Richmond, Adrián Martín López de las Huertas, Diego Fernando García, Sebastián Chistovan, Ignasi Maestre Cánovas, Clarisa Guerra Soto, José Martínez Nicolás, Francisco Javier López Madrid, Fernando José de Cevallos Aguarón, Oriol Serra Ibars, Luis Vicente Moro Díaz, Avelino Alfredo Martínez Herrero, Ángel Varona Grande, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, Santiago Barreno Sevillano, José Javier Soler Gallego, Francisco Javier Domínguez Anaya, Carlos Isidro Bello Vicente, Carlos Turro Hemedes, Sergio Vidal Balaguer, Oscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría, José Miguel Alonso Gómez, Angeles Monje Gutiérrez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir, Jesús Arránz monje, María del Pilar Olivo Valverde, Dimitris Tsalidis, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, Luis Vicente Moro. También figuran: el padre de Ignacio González, Pablo González Liberal, Alberto Pérez de la Sal, Eduardo Andrés Julio Zaplana, Carmen Pliar Pazos Bajarano, Pino Escudero del Castillo, María Teresa de Mingo Azárate, Rodcío Bonet Cabero, Leticia Bonet Cabero, Guizo Vicenzini, Manuel Martínez Téllez, Joaquín Molpeceres Sánchez, María Lourdes Cabero, Miguel Sáiz de la Olla, Ildefonso de Miguel, José Manuel Serra Peris, Jaime Antoñanzas de Toledo, Fernando Manuel Serrano Fuentes, Pedro Antonio Martín Martín, Alberto López Viejo, Juan Miguel Villar Mir, Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y Jesús Trabada Guijarro.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/24/actualidad/1493027190_777838.html

"EL ENCUENTRO HA SIDO MUY INTERESANTE. TE LO CONTARÉ PERO NO POR TELÉFONO"

Así se recoge en las conversaciones telefónicas interceptadas al hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, tras la salida del encuentro que mantuvo con el secretario de Estado

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Eloy Velasco en la operación Lezo que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II.

De nuevo, el Ministerio del Interior vuelve a estar en el ojo del huracán. Interior reconoce el encuentro entre el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Pablo González, pero asegura que no hubo ni una sola referencia a la operación Lezo ni a Ignacio González entre otras cosas porque el Secretario de Estado de Seguridad desconocía las diligencias que se estaban practicando por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Sin embargo, el fragmento de conversación que aparece en la instrucción judicial del caso y que este lunes publica la Cadena SER pone en duda el argumento oficial, según fuentes cercanas a este caso. Tras la salida del encuentro que mantuvo en el Ministerio del Interior con el Secretario de Estado de Seguridad, el hermano de Ignacio González, Pablo González, llamó por teléfono a una persona y le aseguró textualmente que "el encuentro" había sido "muy interesante" y que se "lo contaría aunque no por teléfono".

El encuentro tuvo lugar el pasado 8 de marzo según el auto del juez Velasco justo al día siguiente de que Ignacio González recibiese el chivatazo de que estaba siendo investigado. Según Interior, el encuentro duró quince minutos y trato sobre temas de seguridad de la empresa Mercasa de la que el hermano de González era consejero.

Textualmente el Ministerio asegura: "El objeto del encuentro fue la coordinación de diferentes medidas de seguridad en los nuevos centros construidos de Mercasa. Lo cierto es que la empresa de capital público Mercasa está en el punto de mira de los investigadores por las posibles conexiones que se ha podido llevar la trama de González, con la gestión de los mercados centrales en España.

El PSOE ya ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, de su número dos, José Antonio Nieto y del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

http://cadenaser.com/ser/2017/04/24/tribunales/1493013428_997588.html

EL AUTO QUE ENVÍA A PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ DESTAPA UN ESCENARIO DE SAQUEO GENERAL Y COMPLICIDADES

Las conversaciones interceptadas, la reunión de su hermano con el número 2 de Interior, las decisiones administrativas que permitieron el desvío de fondos y la implicación de gigantes como OHL, Dragados o Indra alimentan la inquietud sobre el colchón de ‘lealtades’ que sostuvo al expresidente incluso tras su retirada política

La resolución destaca las inversiones millonarias que González y su clan familiar planeaban abordar en España y en países opacos y concluye que esa era la fórmula con la que el antiguo delfín de Aguirre pensaba blanquear dinero oculto

El auto por el que el juez Eloy Velasco encarceló la noche del viernes a quien hasta 2015 fue presidente de Madrid por el PP, Ignacio González, destapa un escenario de largo, continuo y multimillonario saqueo sostenido con la complicidad o al menos la tolerancia de terceros. De esas complicidades hablan, por ejemplo, las conversaciones del propio Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana –con quien planeaba asociarse mediante empresas constituidas en países opacos. Y emerge como elemento cargado de interrogantes la reunión que su hermano Pablo mantuvo con el número 2 de Interior tras conocer la existencia de una investigación en marcha.

Pero también retrata ese escenario de complicidades la participación de gigantes como OHL, Dragados (ACS) o Indra en las macrooperaciones supuestamente delictivas que González y los otros investigados tejieron presuntamente en su propio beneficio o el del PP.

OHL le habría pagado un soborno de 1,4 millones en Suiza a cambio de la adjudicación del tren Móstoles-Navalcarnero, cuya vía ni siquiera llegó a construirse. Como adelantó infoLibre, Dragados garantizó a su familia una comisión de 600.000 euros en un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II bajo su presidencia.

Y, al igual que ocurrió en Valencia con la trama Gürtel, otras empresas –es el caso de Indra, que pagó 687.497 euros- habrían asumido el pago de facturas falsas que en realidad escondían trabajos para la campaña electoral del PP en 2011.

El auto alimenta la inquietud sobre el colchón de lealtades del que se benefició González hasta poco antes de su arresto al reflejar cómo una de las conversaciones interceptadas a su hermano Pablo desvela que se habría entrevistado con un secretario de Estado en fechas recientes tras conocer la existencia de una investigación judicial que era secreta. O cuando desmenuza cómo se produjo la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao por parte de la poderosa filial latinoamericana del Canal de Isabel II, Inassa: porque el material analizado conduce al juez a una hipótesis negra. “No puede descartarse –dice el auto- que el Consejo de Administración de Canal Gestión estuviera al tanto de los pormenores y el desarrollo de la operación de compra de Emissao”. Canal Gestión es la sociedad nuclear del grupo Canal.

La resolución sostiene que entre los leales a González se contaba el presidente del diario La Razón: "Se ha evidenciado el uso de la influencia sobre Mauricio Casals, presidente de La Razón, para detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el objetivo de conseguir impunidad y obtener información sensible sobre la investigación
judicial en curso".

Una decisión meteórica del Gobierno de Aguirre

Que González siempre gozó del respaldo de Esperanza Aguirre y del del PP hasta poco antes de que fuera desplazado por Cristina Cifuentes en la carrera hacia las elecciones de 2015 era algo sabido. Pero, aun sin citar en ni una sola línea de sus 28 páginas a la hoy portavoz municipal del PP en Madrid, el auto del juez Eloy Velasco remarca ese aspecto. El paradigma es el relato que traza sobre cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre, tardó “solo dos días” en enero de 2007 en declarar de interés general el campo de golf auspiciado por el Canal de Isabel II bajo la batuta de Ignacio González para acometer una modificación urbanística que terminó reportando a su familia una comisión de 600.000 euros gracias a un encargo de la adjudicataria de la obra, Dragados, a la empresa donde participaba primero su cuñado y después también su hermano. Esa empresa, Tecnoconcret, se vio luego igualmente favorecida al participar en la UTE que se alzó con la concesión del campo de golf, declarado ilegal por el Supremo en 2016. Tecnoconcret se convirtió para el clan González y su socio en esa empresa en una fuente de provisión de fondos en metálico: el auto revela que solo entre 2008 y 2011 salieron de una de sus cuentas bancarias 532.339 euros mediante el cobro de cheques.

El –supuesto– saqueo del Canal de Isabel II y las adjudicaciones amañadas -el auto cita la del tren de Navalcarnero o la del videomarcador del Palacio de Deportes y deja el interrogante de a quiénes exactamente beneficiaron los manejos en otros países- permitieron a Ignacio González y su familia acumular un patrimonio real muy superior al oficial, sostiene el juez. La información analizada –expone el auto– “arroja fuertes discrepancias entre su patrimonio declarado y los importes de las inversiones que planean acometer” los González. O las que ya estaban ejecutando cuando el miércoles estalló la Operación Lezo.

El magistrado alude aquí a varias inversiones millonarias como la compra de una parte del accionariado de la empresa de ingeniería Auditel -la del videomarcador mencionado en el párrafo anterior- por un monto que el auto cifra entre uno y tres millones de euros. O a que el expresidente y su esposa se dispusieran a adquirir otro paquete, este del 20% y valorado en unos 200.000 euros, en una empresa de guarderías. O a que el antiguo delfín de Aguirre se preparase para comprar junto con el exministro Eduardo Zaplana el 50% de una empresa especializada en desinfección de aguas y en la que participaría a través de sociedades opacas y testaferros con la ayuda de un abogado uruguayo experto en estructuras internacionales.

Velasco infiere de ese cúmulo de datos que González planeaba blanquear dinero oculto y no solo el "dinerillo B" mencionado en una conversación por el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, igualmente encarcelado sin fianza: “El hecho de que [González] pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot [el abogado uruguayo] podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/23/el_auto_que_envia_prision_ignacio_gonzalez_destapa_escenario_saqueo_general_complicidades_64183_1012.html

¿QUIÉN ES LA PERIODISTA QUE IGNACIO GONZÁLEZ ‘COLOCÓ’ EN TVE PARA LAVAR SU IMAGEN?

El auto del juez Eloy Velasco deja abierta esta incógnita y UGT exige investigar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario y al Consejo de Administración de la CRTVE

El auto de Eloy Velasco al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y por el que el magistrado envió este viernes a prisión a Ignacio González y otras cuatro personas, evidencia que para detener la cobertura mediática de sus presuntas actividades criminales, y bajo el objetivo de conseguir impunidad y obtener información sensible sobre la investigación judicial en curso, la trama corrupta habría ‘colocado’ a una periodista de su confianza en RTVE. Todo ello para que defendiese su imagen e intereses en la radio televisión pública.

El auto no señala quién es la periodista en cuestión. Por ello, el sindicato UGT ha adelantado a este periódico que pedirá la realización de una “investigación interna” para depurar las responsabilidades.

“Exigimos la apertura inmediata de una investigación para saber que persona es a la que se refiere el auto. Quién o quienes tenían conocimiento de esta operación en la dirección de RTVE, y si por tango fueron colaboradores necesarios en esta operación. Qué criterios de contratación fueron establecidos para que esta persona haya entrado en la CRTVE”, expone el sindicato en un escrito remitido a la Comisión Mixta de Control Parlamentario y al Consejo de Administración de la CRTVE.

En concreto, UGT pide al Consejo de Administración de RTVE “que se proceda al cese inmediato y fulminante de quien o quienes haya podido participar, de ser cierto, en esta operación”.

De forma paralela, el sindicato solicita a la Comisión Mixta de Control Parlamentario para la CRTVE, que abra “cuantas vías de actuación sean necesarias, para esclarecer este asunto, e ir más allá para saber si ha existido esta practica en otros casos o piezas judiciales relacionados con tramas de corrupción, así como determinar si existe una redacción paralela cuyas misión ya no solo es la manipulación, sino la colaboración con prácticas delictivas”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492870521_379791.html

LA GUARDIA CIVIL, A LA CAZA DEL CHIVATO QUE ALERTÓ A IGNACIO GONZÁLEZ DE SU DETENCIÓN

Los agentes sospechan que González fue alertado de su detención y pudo destruir documentación

Sospechan que la delación pudo salir del entorno del Gobierno

La Guardia Civil se muestra convencida. Ignacio González, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, recibió un chivatazo desde «esferas de poder» en el que le alertaron de su inminente detención. Y los agentes de la Unidad Central Operativa sospechan que ese chivatazo le permitió desprenderse de documentación que hubiera podido ser localizada durante los registros que los agentes han practicado durante las últimas horas en el marco de la operación Lezo.Fuentes de la investigación explicaron a EL MUNDO que se ha detectado que González recibió «información privilegiada» sobre las pesquisas contra él hace aproximadamente dos meses y que esa información pudo partir desde alguien del Gobierno. Argumentan que en instancias gubernamentales podían conocer indirectamente el avance de las pesquisas que llevaba a cabo la Guardia Civil en coordinación con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

«Desde ese momento cambió todo su modus vivendi», explican estas fuentes. Sus comunicaciones se vieron claramente alteradas. Los teléfonos del ex presidente estaban bajo vigilancia policial, con el control del juez Eloy Velasco, desde hacía muchos meses. Y los especialistas detectaron un cambio radical en el contenido de sus comunicaciones, que pasaron a ser inocuas para la investigación. Además, modificó sus horarios e, incluso, alteró su estancia en su propia casa.

Los agentes del Instituto Armado deducen que se produjo una delación. Han revisado de nuevo todas las conversaciones intervenidas y han llegado a la conclusión de que ese chivatazo se produjo de manera indirecta, que alguien que conocía de primera mano que la operación Lezo estaba a punto desencadenarse encargó a «alguien» que fuera a ver a González y le alertara. Ese chivatazo no se realizó por teléfono sino en persona, según concluyen los mismos investigadores. Y creen que ha podido afectar gravemente al material y a la documentación que trataron de localizar durante las casi 10 horas en las que estuvieron practicando registros tanto en la vivienda de González como en su despacho profesional.

Los investigadores entienden que el juez instructor de la Audiencia Nacional debería abrir una pieza separada del sumario para indagar la autoría de ese chivatazo, toda vez que ha podido tener consecuencias importantes para las investigaciones. Las fuentes recuerdan como el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados también fue alertado por parte de dos guardias civiles de que la Unidad Central Operativa estaba tras la pista de su amigo, el empresario David Marjaliza, en la denominada operación Púnica. Tanto los autores del chivatazo como el propio Granados están encausados por esta delación.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/21/58f8fdf4e2704e93098b466f.htm

EL AUTO QUE DESTAPA EL JUEGO SUCIO DEL PP

El juez dibuja una trama corrupta en Madrid que salpica a políticos, empresarios y a la Justicia

Son 38 páginas a espacio simple y estilo administrativo, pero describen —tanto de forma expresa y detallada como entre líneas— un panorama de corrupción masiva y presunto juego sucio institucional con el PP de Madrid como foco. El auto por el que el juez Eloy Velasco envió el viernes por la noche a prisión al expresidente madrileño Ignacio González, recoge cobros de comisiones por adjudicaciones públicas de algunas de las empresas más poderosas de España, el saqueo de fondos públicos a gran escala y financiación ilegal del partido. Estas conductas suponen una continuación de los casos Gürtel y Púnica, que han sacudido al partido del Gobierno y que han marcado la agenda política desde 2009.

Sin embargo, el caso Lezo, como ha sido bautizado por la Guardia Civil, va un paso más allá. Los pinchazos telefónicos han puesto de relieve cómo los imputados —principalmente González y su familia y Edmundo Rodríguez, consejero de La Razón— contaron con la ayuda de al menos una magistrada que les alertó de que estaban siendo investigados. También ha sacado a la luz las supuestas maniobras del partido para colocar al frente de los puestos claves de la Fiscalía a personas que consideraban más cómodas para sus intereses.

El auto, rico en detalles sobre la influencia de la trama, señala que sus tentáculos alcanzaban al propio Ministerio del Interior: El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se reunió el pasado marzo con el hermano de Ignacio González, Pablo, alto cargo de la empresa pública Mercasa y ahora en prisión. El caso Lezo solo acaba de empezar.

El hermano de González se reunió con el ‘número dos’ de Interior

El auto del juez Eloy Velasco por el que envió este viernes a prisión a Ignacio González y otras cuatro personas, destaca la existencia de una reciente reunión entre el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y también encarcelado por su presunta implicación en la Operación Lezo.

Nueve empresas interpuestas para financiar la campaña electoral del PP de 2011

A finales de 2011 Ignacio González, entonces secretario general del Partido Popular y vicepresidente del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, pidió al entonces máximo responsable de dicho ente público, José Martínez Nicolás, "en torno a un millón de euros" para "sanear las cuentas" del PP de Madrid.

González se valió de Mauricio Casals “para obtener información sensible”

Ignacio González, se valió de "la influencia" que tiene sobre el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, imputado en la causa, para "obtener información sensible sobre la investigación judicial el curso". Casals tuvo que declarar el pasado jueves ante el magistrado como imputado por estos hechos y fue interrogado por este por sus supuestos contactos con "una magistrada" que supuestamente le alertó de que el político estaba siendo investigado.

El juez vincula a Zaplana con operaciones de blanqueo de González

Las supuestas maniobras del expresidente de Comunidad de Madrid Ignacio González para entrar en negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos ocultos en el extranjero salpica a Eduardo Zaplana, exjefe del ejecutivo valenciano y ministro en los Gobierno de José María Aznar.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492890305_108146.html

IGNACIO GONZÁLEZ: “LO DE 2001 SÍ QUE FUE UN PELOTAZO”

Un pinchazo telefónico desvela que el expresidente madrileño conocía la primera compra irregular que hizo el Canal de Isabel II en Sudamérica y que nunca denunció

Ignacio González define como "pelotazo" en una grabación de la Operación Lezo la compra de la firma colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II. Inassa, empresa radicada en Colombia y matriz de los negocios del Canal en Sudamérica, fue adquirida por casi 100 millones, cuatro veces más del precio de venta que tenía fijado solo dos meses antes. “Eso sí que fue un pelotazo…”, describe el expresidente González, en las grabaciones interceptadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En esa grabación, Ignacio González alude a la actual presidenta de Madrid, su sucesora Cristina Cifuentes, y señala: "La gilipollas esta no tapa nada, mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001".

La intención del fiscal jefe Moix era abrir una pieza diferenciada sobre esta compraventa, ya que los hechos se remontan a hace 15 años y eran personas diferentes

Ignacio González se refiere a que Cifuentes entregó el pasado verano un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que detalla que la adquisición en 2013 por parte del Canal de la firma brasileña Emissao Engenharia e Construcao estuvo plagada de irregularidades y que la operación se realizó saltándose los preceptivos controles administrativos e incluso los resultados de una auditoría hecha por KPMG que ponía grandes reparos a esa compra y al valor real de la firma. Se compró por 31 millones, seis veces su valor, según las pesquisas judiciales.

La intención del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, sobre esta operación de 2001 era abrir una pieza diferenciada de la Operación Lezo, ya que los hechos se remontan a 2001, hace 15 años; y, al margen de que jurídicamente podrían estar prescritos, las personas investigadas ahora en Lezo nada tienen que ver con los responsables del Canal en esa fecha. En 2001 la Comunidad de Madrid estaba gobernada por Alberto Ruiz-Gallardón, con quien este periódico ha intentado contactar sin éxito. Cuando habla del pelotazo, Ignacio González no se refiere a nadie en concreto. A petición de la junta de fiscales, y aunque sus decisiones no vinculan al fiscal jefe, Moix convino en que todo se investigase ahora de forma conjunta. Y, en su caso, segregar tales diligencias cuando la investigación estuviese más avanzada y una vez verificada la ausencia de conexión de personas y hechos.

Siguiendo este criterio, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el Canal el pasado martes y se llevaron abundante documentación de la compra de Inassa en 2001 por cuatro veces su valor (se compró por unos 100 millones y apenas valía unos 30), así como de otras adquisiciones de empresas sospechosas en Sudamérica por parte del Canal en los años siguientes y referidos ya a la época de Ignacio González.

El juez Velasco señala en un auto de 28 folios que también "hay indicios de actividad corrupta" en Inassa una vez que Ignacio González se convierte en principal responsable del Canal. "Se ha puesto de manifiesto [en la investigación] que, en 2012, el consorcio de empresas denominado Inassa-Cleop (...) fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de Cocle". Según el juez, todo indica que se "manipuló el proceso de licitación" para que la contrata recayera en Inassa-Cleop y en la firma MG Infraestructuras, representada por el "ciudadano español Sergio Vidal, quien habría pagado una comisión ilegal de 273.672 dólares, velando su verdadera naturaleza ilícita mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito con una firma, Eduholding Corps, radicada en las islas Vírgenes Británicas". Señala el juez que el pago de comisiones ha sido frecuente con otros contratos públicos en Panamá, y casi siempre "con la intermediación de Sergio Vidal Balaguer", un empresario panameño.

Otra pieza clave en estas operaciones corruptas ha sido, añade el juez, el español Carlos Isidro Bello, directivo de Cleop, quien se encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar", de las que "tenía informado al presidente de Cleop, Carlos Turro". Explica el juez: "La persona identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino", el hombre de confianza de González en la presidencia de Inassa. El juez también ha descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. Ángel Rondón, socio de Inassa en la República Dominicana, es la figura clave en estos pagos, describe Velasco.

El juez enviará comisiones rogatorias a los paraísos fiscales donde el testaferro de González llevó cinco de los 20 millones de Suiza

El expresidente madrileño se halla en prisión desde el viernes junto a los que el juez considera sus principales testaferros, a petición de la Fiscalía Anticorrupción que, desde hace poco más de un mes, dirige Moix. Se trata de Edmundo Rodríguez Sobrino, a quien González colocó como responsable de Inassa y, por extensión, de todos los negocios del Canal en Sudamérica; su hermano Pablo González, destituido como directivo de la firma pública Mercasa tras el estallido esta semana del escándalo, y María Fernanda Richmond, directora financiera del Canal desde 2007 hasta su relevo el pasado verano por orden de la actual presidenta de Madrid Cristina Cifuentes.

La lupa del juez Velasco está ahora, sin embargo, en el otro gran pelotazo del Canal en Sudamérica, que data de 2013. Y no solo no está prescrito , sino que los investigadores lo tienen bien atado desde la perspectiva penal. Se trata de la compra en Brasil por decisión de Ignacio González de la firma Emissao Engenharia e Construcao a través de una sociedad instrumental situada en Uruguay por casi 31 millones, Soluciones Andinas del Agua SRL. El juez Velasco asegura en un auto sobre esta operación que el desfalco a las arcas del Canal ascendió a 25 millones, ya que a esa misma firma, dos meses después, el propio Canal le dio en sus propias cuentas un valor de 5,5 millones.

Los pinchazos telefónicos revelan que el expresidente González y su entorno fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación Lezo de que sus teléfonos estaban intervenidos.

Según las pesquisas, justo tras la compra al Canal, los vendedores de Emissao transfirieron cinco millones de dólares en comisiones a una cuenta de Edmundo Rodríguez Sobrino y otros 20 millones a cuentas en Suiza también vinculadas con él. Rodríguez Sobrino puso como hombre de paja en la citada firma uruguaya a Ignasi Maestre Casanovas. La investigación tiene acreditado que, nada más llegar los 20 millones a Suiza, hubo otras transferencias desde el país helvético, fraccionadas, por otros casi cinco millones, a bancos situados en paraísos fiscales. El juez Velasco va a enviar comisiones rogatorias a Suiza y al resto de países destinatarios de esos envíos convencido de que detrás de ellas están el propio Ignacio González, algún miembro de su entorno familiar y su testaferro Rodríguez Sobrino, consejero delegado del diario La Razón.

Los pinchazos telefónicos a los miembros de la trama revelan que el expresidente González y su entorno fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación Lezo de que sus teléfonos estaban intervenidos. Y que entonces se produjo un cambio sustancial en los diálogos de los investigados. Antes del chivatazo, sí hablaban con tranquilidad. Y tales pinchazos muestran que Ignacio González y su entorno estaban gestionando grandes inversiones en el extranjero y en España. En concreto, querían comprar una sociedad mercantil en Brasil. Las gestiones con un intermediario de la sociedad las hizo su hermano Pablo, que también se halla preso. “Si vale 800.000 euros, no hay problema... tenemos el dinero”, suelta Pablo González a su cuñado, José Juan Caballero, en otra grabación, y refiriéndose a su hermano Ignacio. La operación no se llegó a concretar. Caballero es el marido de Isabel González, hermana de Ignacio y en la actualidad portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid.

Los pinchazos telefónicos al hermano del expresidente de Madrid Ignacio González y a su hermano también revelan que el clan familiar dispone de un abultado patrimonio que no se corresponde con sus ingresos: Ignacio González empezó a trabajar en un despacho de abogados tras dejar la presidencia de Madrid y su hermano era (ha sido destituido esta semana) directivo de la empresa pública Mercasa, desde la que sobornó a políticos de países extranjeros en busca de contratas y de su lucro personal.

En el registro en la casa y despacho del expresidente no se ha encontrado ninguna cantidad importante de dinero, pero los investigadores están convencidos que tanto él como su entorno ocultan abundante dinero negro. El propio Rodríguz Sobrino lo ha reconocido ante el juez tras su detención: "Tiene dinero B", refiriéndose al expresidente. Los investigadores indagan llegadas fraccionadas de dinero desde firmas radicadas en el extranjero a cuentas de sociedades regentadas por Pablo González. Rodríguez Sobrino posee sociedades opacas en Hong Kong creadas en Panamá. Para lavar dinero, el expresidente simulaba préstamos con sus parientes.

El expresidente en persona pidió tres millones para el partido

Documentos en poder del juez Velasco acreditan que el expresidente de Madrid Ignacio González pidió personalmente a su hombre de confianza en la firma pública ICM, José Martínez Nicolás, para el partido en Madrid, un total de tres millones de euros. Uno de ellos sí lo consiguió y los otros dos estuvo a punto de obtenerlos de no ser porque estalló la Operación Púnica el 27 de octubre de 2014, que entonces se llevó por delante a Francisco Granados, ex secretario general del PP y otra de las personas, junto a Ignacio González, en las que se apoyó Esperanza Aguirre durante su etapa al frente del Gobierno regional. Ambos se llevaban muy mal y uno y otro se espiaban entre ellos.

Los dos ya entre rejas, en diferentes cárceles, Granados desde hace mas de dos años y González desde el viernes. Por corrupción. Si no es porque estalla la operación Púnica (octubre de 2014), González habría conseguido para el partido casi dos millones de euros. Estaba todo atado y con las bendiciones de la mesa de contratación y del Consejo de Gobierno. Fue una adjudicación a una empresa informática por importe de 4,6 millones para que esta computara la información y escrutinio de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en Madrid. Esta misma tarea electoral fue adjudicada a la misma empresa en las elecciones anteriores de 2011, pero con una diferencia: la tarea se hizo entonces por sólo 2,7 millones. La diferencia estaba destinada al partido, según la investigación judicial. La adjudicación tenía el visto bueno del Consejo de Gobierno, pero en esa misma fecha, 27 de octubre de 2014 estalló Púnica y el Gobierno regional se apresuró días después a anular el contrato. El otro millón que personalmente pidió Ignacio González a Martínez Nicolás para el partido sí lo consiguió inflando un contrato de ICM con una empresa privada con la que estaba en connivencia.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492870521_379791.html

VELASCO CONCLUYE QUE GONZÁLEZ SE VALIÓ DE MAURICIO CASALS “PARA OBTENER INFORMACIÓN SENSIBLE” DEL CASO

Las pesquisas han revelado los contactos entre ambos y que el expresidente madrileño colocó a una periodista "de confianza" en RTVE para defender "su imagen"

El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, destaca que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se valió de "la influencia" que tiene sobre el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, imputado en la causa, para "obtener información sensible sobre la investigación judicial el curso". Casals tuvo que declarar el pasado jueves ante el magistrado como imputado por estos hechos y fue interrogado por este por sus supuestos contactos con "una magistrada" que supuestamente le alertó de que el político estaba siendo investigado. El presidente del diario negó los hechos.

Pese a ello, el juez Velasco señala en el auto por el que ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de González la "influencia" de este último sobre Casals y que ello le permitió, no sólo tener acceso a "información sensible" sobre la Operación Lezo que desembocó en su detención el pasado miércoles, sino también "detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el objeto de conseguir impunidad".

Por estos hechos, también tuvo que declarar como imputado el pasado jueves Francisco Marhuenda, actual director de La Razón. Tanto a este como a Casals, el juez Velasco les interrogó por las presiones que ejercieron sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su equipo para que retiraran la denuncia que habían presentado sobre las supuestas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II durante la gestión de González.

El auto también recoge que el expresidente madrileño colocó "a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses". Velasco recalca que González se valió de su "influencia" como político para actuar en "otros ámbitos como la Administración, habiéndose detectado episodios en los que Ignacio trata o planea influir en terceros -de manera directa o indirecta- para beneficio propio o de otros".

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492856956_699314.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s

ELOY VELASCO, JUEZ DE LA 'OPERACIÓN LEZO': "ASÍ NO PUEDO HACER BIEN MI TRABAJO. HE PEDIDO OTRO DESTINO"

"Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político"
"Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior"
"Un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional precisa más medios"

Eloy Velasco (Bilbao, 1963) es el juez del momento, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Respetó su compromiso previo de conceder esta entrevista a EL MUNDO, pese a que tuvo lugar el pasado miércoles tras lanzar la operación Lezo. La entrevista había sido concertada con motivo de una conferencia organizada por la Deusto Business School sobre el libro que ha escrito con su esposa Beatriz Saura llamado Cuestiones Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance. Velasco quiere que cale que la reforma penal permite incluso disolver empresas o partidos políticos cuando sus dirigentes incurren en delitos. Rechazó desde el principio comentar la Operación Lezo y el resto de procedimientos en curso que instruye, pero confirma sus planes de futuro y no se muerde la lengua en temas relevantes.

¿Qué opina al menos de la situación de la corrupción en España?

No quiero contestar a eso, porque se puede hacer una lectura sobre casos concretos. Prefiero hablar sobre la importancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Gracias por entenderlo.

Pero está relacionado...

Es uno de los muchos delitos en que puede incurrir una persona jurídica.

¿Cree que hay arsenal jurídico suficiente para castigar a las personas jurídicas delincuentes en España con incluso la disolución?

La disolución es una pena prevista. Es la muerte de la empresa. Para las instrumentales que se usan torticeramente para hacer trampas no es mala solución, pero para las que tienen vocación de permanencia y plantilla de trabajadores, no parece que sea la más adecuada. En la importante sentencia de 29 de febrero de 2016, que llamamos «la bisiesta», el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional, que condenó a la disolución de una empresa con 100 trabajadores. El Supremo prefirió otra opción menos grave como es la sanción. Es importante que no es sólo responsabilidad de las empresas, hay personas jurídicas como son las fundaciones, los partidos, los sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro como puede ser la Iglesia, los equipos de fútbol... El Barcelona ya tiene condena y es el primer equipo que está jugando con antecedentes penales, el Osasuna está siendo investigado, están apareciendo los fraudes en las apuestas en Tercera División... Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido.

¿A un partido político?

Es muy importante que el mensaje no va solo a las empresas, sino a cualquier persona jurídica, salvo al Estado, y que se pueden graduar las distintas sanciones. La normal es la de multa y la más drástica la de la disolución, pero hay otras formas intermedias. Lo que ha querido el legislador es llevarlo al terreno penal y no al administrativo como en Italia o Alemania. Han decidido que el empresario tiene que poner procedimientos para evitar casos como el de Enron. Tiene que ser el empresario el que ponga los costes de la prevención. Eso sí, el plan de prevención de delitos o compliance es voluntario. El premio es que el que haya hecho planes puede llegar a ser eximido de la acción penal o le puede atenuar la responsabilidad con la correspondiente graduación de la multa.

¿Y en los partidos políticos?

Para los partidos políticos sí es obligatorio. Con la reforma que hizo Rajoy sobre partidos políticos, que introdujo delito de financiación, les obligó a tener planes de prevención.
Entonces nunca veremos la disolución de un partido político, porque tendrá el eximente de contar con un plan de prevención...

Son cosas distintas, un partido puede tener un plan de compliance, pero pese a eso puede que alguien que lo conoce, evite esos controles fraudulentamente y cometa delito. Si es directivo y lo hace para procurar un beneficio al partido, será el partido el que comete el delito. El responsable arrastra a la responsabilidad del conjunto. Es que lo que hace el presidente del
Gobierno es como si lo hiciera el Gobierno y lo que hace el representante de la empresa es como si hiciera la empresa. Luego es verdad que los accionistas de una empresa pueden emprender acciones contra el directivo y pedirle que les indemnice.

Disolver a un partido sería privar a los militantes de una fuerza política...

Sí, podría ser interpretado como una interferencia en la expresión política, pero hay otras alternativas. Otras penas son prohibir actividades temporalmente, cerrar locales de una parte del país...

Si no quiere hablar de casos concretos, ¿puede aclarar al menos si va a dejar su actual puesto?

Sí. He pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso.

Pero puede dejar casos importantes empantanados...

Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor.

Pero así se ralentizan los procesos judiciales...

Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser.
Hay que bajar el déficit público...

Ya pero en un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional pedí un refuerzo y me lo pusieron seis meses. Es ridículo que lo pongan por un plazo tan corto y eso que el compañero trabajó perfectamente. Ahora se ha ofrecido a echarme una mano, pero no es legal que dos jueces funcionen a la vez si no están nombrados por el Consejo. La Audiencia Nacional necesita más medios.

¿Por eso se quiere ir?

Y porque llevo 10 años en la Audiencia Nacional de mis 30 a