CASO LEZO : UN POZO GENOVÉS SIN FONDO
CASO LEZO : UN POZO GENOVÉS SIN FONDO
LAS NOTICIAS
EL JUZGADO DE ESTEPONA ENVÍA EL CASO DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ AL TRIBUNAL
DEL ‘CASO LEZO’
LA JUSTICIA
BUSCA EN DOCE PAÍSES EL BOTÍN DEL CASO LEZO
EL JUEZ RECHAZA EL RECURSO DEL PSOE PARA QUE CIFUENTES ENTREGUE LOS PAPELES DEL
CANAL
“ESPEREMOS
QUE NO TENGA NADA, SE PUEDE MONTAR LA DE DIOS”
VILLAR MIR INTENTA DINAMITAR LA INVESTIGACIÓN DEL SOBORNO A IGNACIO GONZÁLEZ
ALEGANDO QUE LE SOMETIERON A ESCUCHAS ILEGALES
VILLAR MIR FALSIFICÓ CON SU MÉDICO QUE TENÍA GRIPE PARA NO ACUDIR ANTE LA
GUARDIA CIVIL
EL JUEZ ENCARGA A LA UCO QUE DESCUBRA QUÉ MAGISTRADA DIO EL CHIVATAZO A GONZÁLEZ
LA FISCALÍA ESPERA EL RESULTADO DE VARIOS INFORMES PERICIALES SOBRE INASSA PARA
CITAR A GALLARDÓN
EL TESTAFERRO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “SOY MUY AMIGUETE DEL MINISTRO DE JUSTICIA,
JUEGO CON ÉL AL GOLF TODOS LOS MESES”
EL PSOE RECURRE UN AUTO SOBRE EL CASO LEZO AL "ATENTAR CONTRA LA DIVISIÓN DE
PODERES"
EL PSOE CREE QUE LA JUSTICIA VIOLA "LA DIVISIÓN DE PODERES" AL NEGAR LOS PAPELES
DEL CANAL
EL JUEZ CITA A DECLARAR COMO INVESTIGADO A IGNACIO GONZÁLEZ POR UN PRESUNTO
AMAÑO EN UN CONTRATO DE UNA WEB DEL CANAL
GONZÁLEZ NO QUIERE QUE LA IGAE INVESTIGUE EL GOLF DEL CANAL Y EL TREN A
NAVALCARNERO IGNACIO GONZÁLEZ
LÓPEZ MADRID ANOTÓ EN UNA AGENDA LA “INSTRUCCIÓN” DE GONZÁLEZ PARA QUE LE
ADJUDICARAN MÁS OBRAS
UNA HUELLA LLEVA A VILLAR MIR DE NUEVO ANTE EL JUEZ DEL ‘CASO LEZO’
EL JUEZ DEL CASO LEZO DECIDIRÁ ANTES DE SEMANA SANTA SI IMPUTA A GALLARDÓN
PEDRO CALVO SEÑALA A CARLOS MAYOR OREJA POR LA COMPRA DE INASSA DESDE PANAMÁ Y
EXCULPA A GALLARDÓN
ÉSTE ES EL AVAL DE 2,2 MILLONES QUE FIRMÓ EL CANAL CUANDO NO SE HABÍA AUTORIZADO
LA COMPRA DE INASSA
GONZÁLEZ ENCARGÓ PERSONALMENTE A SU CUÑADA EN CUATRECASAS EL INFORME DE INASSA
CONTRA GALLARDÓN
EL JUEZ PIDE QUE SE INVESTIGUE A MAURICIO CASALS POR OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
EL CAREO ENTRE CASALS Y GONZÁLEZ NO DESVELA QUÉ MAGISTRADA DIO EL CHIVATAZO DEL
‘CASO LEZO’
GONZÁLEZ DONÓ 145.000 EUROS A SUS HIJAS PARA COMPRAR DOS PISOS DE PROTECCIÓN
PÚBLICA
JOSÉ MARÍA GARCÍA NIEGA QUE HABLARA DE VILLAR MIR AL REFERIRSE A LOS SOBORNOS DE
UN CONSTRUCTOR AL PP
LA FISCALÍA A UN IMPUTADO: "¿RECIBIÓ INSTRUCCIONES DE AGUIRRE PARA ADJUDICAR EL
CONTRATO A OHL?"
EL JUEZ PERMITE A IGNACIO GONZÁLEZ Y EL NÚCLEO DURO DE LEZO EXPURGAR LOS DATOS
PERSONALES DE LOS MÓVILES INTERVENIDOS
PABLO GONZÁLEZ SE NIEGA A DECLARAR ANTE LA ASAMBLEA DE MADRID POR EL CASO LEZO
CASO LEZO: DESFILE DE EMPLEADOS DEL GRUPO VILLAR MIR ANTE LA GUARDIA CIVIL
LA CITACIÓN DE CIFUENTES EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN "NO ERA CONTRARIA A
DERECHO"
LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DECIDEN APLAZAR LA COMPARECENCIA DE
CIFUENTES
EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE
CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID
CIFUENTES TENÍA DESDE AGOSTO AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PARA DAR LAS ACTAS DEL CANAL
A LA OPOSICIÓN Y LAS SIGUIÓ NEGANDO
PEDRO CALVO RESPONSABILIZA A GONZÁLEZ Y TIENE TIEMPO DE IRONÍAS CON EL JUEZ
UN EXCONSEJERO DEL CANAL CONFIESA ANTE EL JUEZ QUE SOSPECHÓ DE LA COMPRA DE
INASSA
LOS CONSEJEROS DEL CANAL DICEN QUE NO SABÍAN QUE INASSA SE COMPRÓ A TRAVÉS DE
UNA SOCIEDAD PANAMEÑA
EL JUEZ, CONTRA LA ‘AMNESIA’ DE UN IMPUTADO DEL CANAL: “¿SI FUERA CON SU DINERO
SE ACORDARÍA?”
UN TESTIGO DEL PELOTAZO DEL CANAL EN ÉPOCA DE GALLARDÓN: "SE APROBÓ SIN NINGUNA
DOCUMENTACIÓN"
EL JUEZ ARRANCA LA FASE CLAVE PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE GALLARDÓN EN
EL PRIMER PELOTAZO DEL CANAL
UN AUTO JUDICIAL DE HACE SOLO DOS MESES INCLUÍA A GALLARDÓN COMO "INVESTIGADO"
EN 'LEZO'
JUAN BRAVO DEFIENDE ANTE EL JUEZ LA COMPRA DE INASSA POR EL CANAL DE ISABEL II
LOS TÉCNICOS DESMONTAN LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL PARA IMPUTAR A LA CÚPULA DE
GALLARDÓN EN EL CANAL
UN INFORME DESACONSEJÓ LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA
EL JUEZ ORDENA A LA UCO DEVOLVER LOS COCHES DE IGNACIO GONZÁLEZ QUE USAN LOS
AGENTES
MAURICIO CASALS NIEGA EL CHIVATAZO DE LA "MAGISTRADA AMIGA" SOBRE LOS PINCHAZOS
TELEFÓNICOS A LOS INVESTIGADOS EN 'LEZO'
VILLAR MIR ACUDE A LA GUARDIA CIVIL PARA QUE LE TOMEN LAS HUELLAS
EL CONTABLE DE LA EMPRESA PANTALLA EN EL PELOTAZO DEL GOLF DESMONTA LA COARTADA
DE IGNACIO GONZÁLEZ
UN SOCIO DE LA FIRMA QUE MONTÓ EL GOLF DEL CANAL DECLARA QUE LA EMPRESA DE LOS
GONZÁLEZ ESTABA EN EL PROYECTO PARA "ROBAR Y MALVERSAR"
LA UCO INVESTIGA ADJUDICACIONES DEL CANAL POR 138 MILLONES A UN IMPUTADO EN
'LEZO'
IGNACIO GONZÁLEZ SOSTIENE QUE LA CONFESIÓN DE EDMUNDO RODRÍGUEZ SE CONSIGUIÓ
BAJO AMENAZAS
EL JUEZ RECONSTRUYE EL PILLAJE DEL CANAL DE ISABEL II TRAS LA COMPRA DE UNA
EMPRESA RUINOSA EN BRASIL
POR QUÉ GALLARDÓN SE HA ‘SALVADO’ DE DECLARAR COMO INVESTIGADO
POR LA LEZO?
LO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE SEPAS DEL CASO LEZO
DIMITE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL
'CASO LEZO'
EL JUEZ DE LEZO CERCA A GALLARDÓN E IMPUTA A TODA LA CÚPULA DEL CANAL DURANTE SU
PRESIDENCIA
EL FISCAL RECLAMA A CIFUENTES EL EXPEDIENTE QUE IMPLICA A GALLARDÓN EN EL ‘CASO
LEZO’
ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ AL JUEZ NUEVAS PESQUISAS PARA RESOLVER SI CITA A GALLARDÓN
COMO IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'
IGNACIO GONZÁLEZ PIDE EXCLUIR DEL CASO SUS AGENDAS CON DATOS SOBRE "PERSONAS Y
EMPRESAS DE RELEVANCIA PÚBLICA"
HACIENDA DETECTA QUE INDRA PAGÓ 3,3M POR TRABAJOS ILOCALIZABLES A UN
PROVEEDOR DEL PP
LA
FISCALÍA PIDE IMPUTAR A GALLARDÓN Y AGUIRRE
LA FISCALÍA SIGUE SIN PEDIR QUE GALLARDÓN DECLARE COMO IMPUTADO EN 'LEZO' 10
MESES DESPUÉS DE QUE LA AUDIENCIA DIESE VÍA LIBRE
EL NÚMERO DOS DE GONZÁLEZ EN EL CANAL CALIFICÓ DE "ALTAMENTE IRREGULAR" LA
OPERACIÓN POR LA QUE SE INVESTIGA A GALLARDÓN EN 'LEZO'
LA FISCALÍA INVESTIGA A 29 EX ALTOS CARGOS DE GALLARDÓN POR EL PRIMER EXPOLIO
DEL CANAL
IGNACIO GONZÁLEZ PIDE EXCLUIR DEL CASO SUS AGENDAS CON DATOS SOBRE "PERSONAS Y
EMPRESAS DE RELEVANCIA PÚBLICA"
ZAPLANA, A IGNACIO GONZÁLEZ: "DICE AZNAR QUE HABLES CON CATALÁ PARA ASEGURAR EL
PUESTO DE FISCAL JEFE EN LA AUDIENCIA"
LÓPEZ MADRID ACUSA A GONZÁLEZ DE "PREFABRICAR" UNA ACUSACIÓN CONTRA SU SUEGRO
PORQUE SABÍA QUE ERA GRABADO
EL JUEZ ACUSA A IGNACIO GONZÁLEZ DE TAPAR LOS DELITOS DEL CANAL EN LA ETAPA DE
GALLARDÓN
IGNACIO
GONZÁLEZ ABANDONA LA CÁRCEL DE SOTO DEL REAL
EL JUEZ DE 'LEZO' RECLAMÓ A LA COMUNIDAD EL "EXPEDIENTE COMPLETO" DEL CAMPO DE
GOLF Y SE INVESTIGA SI AGUIRRE PREVARICÓ
ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ INVESTIGAR A GALLARDÓN POR “DEPREDAR” EL DINERO DE MADRID
GALLARDÓN, A LAS PUERTAS DE SER IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'
LA UCO PIDIÓ INTERVENIR EL 'MAIL' DE GALLARDÓN DÍAS ANTES DE QUE ESTALLARA LEZO
ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE
INASSA" POR EL CANAL
LA BÚSQUEDA DEL SUPUESTO PAGO EN SUIZA A IGNACIO GONZÁLEZ ABRE UNA LÍNEA DE
CONEXIÓN ENTRE 'LEZO' Y 'GÜRTEL'
EL JUEZ QUE INVESTIGA A IGNACIO GONZÁLEZ PIDE INFORMACIÓN DE UN PAGO DE 50.000
EUROS A BÁRCENAS
EL
SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA, CAZADO CON IGNACIO GONZÁLEZ
LA UCO CONCLUYE QUE INDRA DESVIÓ 600.000 EUROS PÚBLICOS AL PP CON EMPRESAS
PANTALLA
VILLAR MIR, INVESTIGADO POR EL SUPUESTO SOBORNO A IGNACIO GONZÁLEZ EN EL 'CASO
LEZO', SE OFRECE A COOPERAR
EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA LOS SOBORNOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ EN FALSO SERVICIOS JURÍDICOS A UNA VIUDA AMIGA
CIFUENTES DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE GONZÁLEZ, SIN NOMBRARLE
EL PADRE DE IGNACIO GONZÁLEZ Y LA HIJA DE EDMUNDO RODRÍGUEZ, LOS PRIMEROS DE LOS
51 INVESTIGADOS EN DECLARAR
DOBLE VARA DE MEDIR DE CIFUENTES: ABOGADOS PRIVADOS PARA LEZO Y LA PÚNICA, LA
DEJA EN CASA
EL JUEZ DE LEZO ESCUCHARÁ AL TESTIGO CLAVE DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
DE MADRID
UN EMPRESARIO AMIGO DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ 139 MILLONES AL CANAL
EL 'NÚMERO DOS' DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA AL JUEZ EL COBRO DE COMISIONES EN
SUIZA
TRASLADAN A IGNACIO GONZÁLEZ AL MÓDULO DE LOS UNIVERSITARIOS
VILLAR MIR ESTRENARÁ LA TEMPORADA DE LEZO: EL JUEZ RECHAZA SU RECURSO
LA AUDIENCIA NACIONAL MANTIENE EN UNA "NECESARIA" PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ
EL JUEZ ANDREU ACEPTA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID SEA ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL
'CASO LEZO'
MALAS NOTICIAS PARA CIFUENTES Y EL PP DE MADRID. CARMENA ESTARÁ PERSONADA EN LA
LEZO
REGISTRAN LA CAJA FUERTE DE UN CARGO DE AZNAR SOSPECHOSO DE OCULTAR FONDOS DE
GONZÁLEZ
EL CANAL
BUSCA ABOGADOS PRIVADOS PARA SU DEFENSA EN 'LEZO'
LOS CINCO MOTIVOS QUE MANTIENEN A IGNACIO GONZÁLEZ EN PRISIÓN INCONDICIONAL
LESMES IMPONE AL JUEZ DE REFUERZO DE LEZO Y EVITA QUE INVESTIGUE EL MAGISTRADO
QUE AUTORIZÓ LAS ESCUCHAS A LA TRAMA
EL JUEZ MANTIENE LA PRISIÓN INCONDICIONAL PARA IGNACIO GONZÁLEZ
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SEPARA A IGNACIO GONZÁLEZ Y EDMUNDO RODRÍGUEZ
SOBRINO POR DECISIÓN DEL JUEZ DEL 'CASO LEZO'
GONZÁLEZ SE EXPLICA ANTE EL JUEZ PERO NO SOLICITA TODAVÍA SU LIBERTAD
PABLO GONZÁLEZ SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR LA FIANZA DE 200.000 EUROS
LA EX DIRECTORA FINANCIERA DEL CANAL SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR UNA FIANZA DE
100.000 EUROS
EL NÚMERO 2 DE LA TRAMA LEZO EVITA IMPLICAR A IGNACIO GONZÁLEZ
EL HERMANO DE GONZÁLEZ, IMPUTADO A LA PAR POR CORRUPCIÓN EN DOS JUZGADOS DE LA
AUDIENCIA NACIONAL
UN JUZGADO PIDE LA GRABACIÓN DEL CHIVATAZO A LA 'TRAMA LEZO' DE LA "MAGISTRADA
AMIGA"
CANAL DE ISABEL II: EL JUEZ DICE QUE LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE PANAMÁ FUE
“FRAUDULENTA”
VILLAR MIR NIEGA PAGOS A GONZÁLEZ POR EL TREN DE NAVALCARNERO: "FUE RUINOSO PARA
OHL"
LEZO: EL SUMARIO QUE DESNUDÓ LA POLÍTICA MADRILEÑA, LAS MANIOBRAS DEL PP EN LA
JUSTICIA Y A EJECUTIVOS DE LA PRENSA
EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “PAPÁ, CUANTO MÁS DISCRETO SE SEA... MEJOR”
EL NUEVO JUEZ DE LEZO Y PÚNICA PIDE AYUDA PARA EVITAR QUE COLAPSE EL JUZGADO
LA GUARDIA CIVIL REGISTRÓ UNA CITA ENTRE IGNACIO GONZÁLEZ Y GALLARDÓN TRAS LOS
PRIMEROS ESCÁNDALOS DEL CANAL
EL FISCAL VE 66 MILLONES DE "PLUSVALÍAS ILÍCITAS" EN EL PELOTAZO DEL CANAL EN LA
ERA GALLARDÓN
HACIENDA CORROBORA LOS INDICIOS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA OPERACIÓN LEZO
ARTURO FERNÁNDEZ LLAMÓ A GONZÁLEZ EL DÍA QUE DECLARÓ ANTE EL JUEZ PREOCUPADO POR
FUNDESCAM
GONZÁLEZ SE LAMENTÓ ANTE AGUIRRE DEL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES: "LA MANO DE
CRISTINITA"
ZOIDO A GONZÁLEZ: "OYE, YO ME TOMO UN CAFÉ QUE QUIERO HABLAR CONTIGO"
LOS CINCO FRENTES DE LA OPERACIÓN LEZO QUE AMENAZAN A GALLARDÓN
GONZÁLEZ OCULTÓ DESDE SU LLEGADA AL GOBIERNO UN INFORME EXCLUSIVO PARA ÉL QUE
PONÍA EN EL DISPARADERO AL EQUIPO DE GALLARDÓN
IGNACIO GONZÁLEZ SEGUIRÁ EN PRISIÓN ANTE EL RIESGO DE FUGA Y DESTRUCCIÓN DE
PRUEBAS
ACEBES, A GONZÁLEZ: CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN "NOS PUEDEN HACER PASAR UN
MAL RATO"
INVESTIGAN A LA HERMANA DIPUTADA DE GONZÁLEZ POR DAR CONTRATOS A DEDO A EMPRESAS
DE LA PÚNICA
UN JUZGADO DE MADRID INVESTIGA QUIÉN FUE LA MAGISTRADA “AMIGA DE LA CASA” QUE
DIO EL CHIVATAZO DE LEZO A MAURICIO CASALS
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS EN SUIZA DEL EX JEFE DE GABINETE DE
VILLALOBOS
LA UCO INVESTIGA A TODO EL GOBIERNO DE GALLARDÓN DE 2001: CORTÉS, COBO, CALVO...
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID "NO RECUERDA" SI PRESIDIÓ LA
EMPRESA COLOMBIANA QUE INVESTIGA EL JUEZ VELASCO
ESTOS SON LOS 52
INVESTIGADOS EN LA OPERACIÓN LEZO
LOS CABECILLAS DE LEZO SABÍAN SEIS MESES ANTES DE SU ARRESTO QUE ANTICORRUPCIÓN
CURSABA UNA COMISIÓN A SUIZA
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA LOS INGRESOS DE GALLARDÓN POR EL CASO DEL CANAL
LAS FILTRACIONES DEL
‘CASO LEZO’
ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE
INASSA" POR EL CANAL
EL CEREBRO DE LA OPERACIÓN ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
NO HUBO ERROR AL HABLAR DEL CHIVATAZO DEL SECRETARIO DE ESTADO", SEGÚN LOS
INVESTIGADORES
LA FISCAL DEL 'CASO LEZO' ACLARA QUE EN SU ESCRITO NO QUERÍA IMPUTAR NINGÚN
DELITO A NIETO POR EL 'CHIVATAZO'
INTERIOR PIDE A LA FISCALÍA QUE ACLARE SI ACUSA AL SECRETARIO DE ESTADO DEL
CHIVATAZO A IGNACIO GONZÁLEZ
NIETO COINCIDIÓ CUATRO AÑOS CON IGNACIO GONZÁLEZ EN LA DIRECCIÓN DE CASA ÁRABE
PERO SOSTIENE QUE "NUNCA" HABLARON NI SE REUNIERON
OHL ADMITE TRANSFERENCIAS DE 1,8 MILLONES DE EUROS A LA CUENTA SUIZA QUE EL JUEZ
VINCULA A IGNACIO GONZÁLEZ
IGNACIO GONZÁLEZ PIDE SALIR DE LA CÁRCEL PORQUE SU HIJA SE CASA Y NO PIENSA
FUGARSE
"TABOADA ME LO DEBE TODO": GONZÁLEZ INTENTÓ LLEGAR A LA CÚPULA DE SU ENEMIGA
CIFUENTES
LA “PRÁCTICA CRIMINAL MAFIOSA” DE IGNACIO GONZÁLEZ SA: CONTROL DE FISCALÍA,
POLICÍA Y MEDIOS
GONZÁLEZ MANIOBRÓ CON UN EXVOCAL DEL CGPJ VINCULADO AL PP PARA COLOCAR A
FISCALES AFINES
LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR
EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES
LA UCO GRABÓ A GONZÁLEZ Y A SU HERMANA DIPUTADA INTENTANDO EVITAR LA OPERACIÓN
LEZO
UN JUEZ DEL TS PIDIÓ A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE
CONTRATADA POR GONZÁLEZ
EL DENUNCIANTE DEL JUEZ VELASCO PIDE QUE SE INVESTIGUE SI HABLÓ CON SALVADOR
VICTORIA PARA COLOCAR A SU MUJER
EL CGPJ INVESTIGARÁ SI EL JUEZ VELASCO SOLICITÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO
GONZÁLEZ
DENUNCIAN ANTE EL CGPJ AL JUEZ VELASCO PARA DETERMINAR SI PIDIÓ A GONZÁLEZ QUE
COLOCARA A SU MUJER
ESPERANZA
AGUIRRE DIMITE DE TODOS SUS CARGOS PÚBLICOS
EL
PP RECIBIÓ VARIAS DENUNCIAS SOBRE GONZÁLEZ Y NO INVESTIGÓ NADA
EL PSOE Y CIUDADANOS SE UNEN PARA REPROBAR Y PEDIR EL CESE DEL FISCAL GENERAL
DEL ESTADO Y DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
COLECTIVOS Y PARTIDOS POLÍTICOS SE QUERELLAN CONTRA AGUIRRE POR ENCUBRIMIENTO EN
EL MARCO DE LA 'OPERACIÓN LEZO'
GONZÁLEZ MANIOBRÓ PARA ECHAR AL JUEZ VELASCO: “TENEMOS AL GOBIERNO, AL
MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE LE MANDEN A ESCARBAR CEBOLLINOS”
IGNACIO GONZÁLEZ SABÍA CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN QUE MOIX IBA A SER EL FISCAL
ANTICORRUPCIÓN
EL DIPUTADO QUE DESTAPÓ LA CORRUPCIÓN: "DENUNCIÉ AL PP LA CUENTA SUIZA DE
GONZÁLEZ Y AGUIRRE LO VIO UNA TRAICIÓN"
CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS
FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"
EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE
CIERREN PRONTO LOS LÍOS”
LA OPERACIÓN LEZO CONTAMINA LAS INSTITUCIONES Y ARRINCONA AL GOBIERNO
LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL
MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO
LA AUDIENCIA EVITÓ POR UN DÍA LA PRESCRIPCIÓN DE IRREGULARIDADES DE LA ETAPA
GALLARDÓN
EL JUEZ DE LA OPERACIÓN LEZO INVESTIGA A EDUARDO ZAPLANA
"EL ENCUENTRO HA SIDO MUY INTERESANTE. TE LO CONTARÉ PERO
NO POR TELÉFONO"
EL AUTO QUE ENVÍA A PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ DESTAPA UN
ESCENARIO DE SAQUEO GENERAL Y COMPLICIDADES
¿QUIÉN ES LA PERIODISTA QUE IGNACIO GONZÁLEZ ‘COLOCÓ’ EN
TVE PARA LAVAR SU IMAGEN?
LA GUARDIA CIVIL, A LA CAZA DEL CHIVATO QUE ALERTÓ A
IGNACIO GONZÁLEZ DE SU DETENCIÓN
EL AUTO QUE DESTAPA EL JUEGO SUCIO DEL PP
IGNACIO GONZÁLEZ: “LO DE 2001 SÍ QUE FUE UN PELOTAZO”
VELASCO CONCLUYE QUE GONZÁLEZ SE VALIÓ DE MAURICIO CASALS
“PARA OBTENER INFORMACIÓN SENSIBLE” DEL CASO
ELOY VELASCO, JUEZ DE LA 'OPERACIÓN LEZO': "ASÍ NO PUEDO
HACER BIEN MI TRABAJO. HE PEDIDO OTRO DESTINO"
BÁRCENAS Y LAPUERTA PAGARON A UN DETECTIVE POR LA PISTA
QUE ARRANCÓ LA INVESTIGACIÓN CONTRA GONZÁLEZ
LA ACUSACIÓN QUE HA SENTADO A RAJOY COMO TESTIGO EN GÜRTEL
SE PERSONA CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
PODEMOS Y PSOE SE PERSONAN COMO ACUSACIÓN POPULAR EN LA
TRAMA DE IGNACIO GONZÁLEZ
CIFUENTES SE DESVINCULA EN TWITTER DE LA CORRUPCIÓN EN
TORNO AL CANAL DE ISABEL II
LA 'OPERACIÓN LEZO' DISPARA EL MALESTAR ENTRE LOS FISCALES
POR EL DETERIORO EN ANTICORRUPCIÓN DESDE EL NOMBRAMIENTO DE MOIX
LAS CUATRO OPERACIONES QUE LLEVAN A IGNACIO GONZÁLEZ A
PRISIÓN
LO QUE SE SABE
SOBRE LA OPERACIÓN LEZO
LA TRAMA DE GONZÁLEZ DESVIÓ 23,3 MILLONES DE "DINERO MADRILEÑO" A CUENTAS EN
PARAÍSOS FISCALES
EL PSOE
SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL “CASO LEZO”
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN IMPONE RETIRAR LA ACUSACIÓN DE ORGANIZACIÓN
CRIMINAL A IGNACIO GONZÁLEZ
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA
OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
MANUEL MOIX, NUEVO TROPEZÓN TRAS UN NOMBRAMIENTO CONTROVERTIDO
ASOCIACIONES DE FISCALES CREEN QUE LA 'REBELIÓN' EN ANTICORRUPCIÓN POR EL 'CASO
LEZO' DESAUTORIZA A MOIX
MERCASA CESA AL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y A OTRA DIRECTIVA Y SU PRESIDENTE
DIMITE
CIFUENTES NIEGA ANTE EL JUEZ HABER SIDO COACCIONADA POR MARHUENDA Y CASALS
DETENIDO EL EMPRESARIO JAVIER LÓPEZ MADRID POR FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
LÓPEZ
MADRID, EL "COMPI YOGUI" DE LA REINA CAÍDO EN DESGRACIA
UN EMPRESARIO APORTA DATOS SOBRE UNA COMISIÓN DE OHL PAGADA EN SUIZA POR EL
TRANVÍA DE NAVALCARNERO
DRAGADOS PAGÓ TRES MILLONES A LA EMPRESA DE LA FAMILIA GONZÁLEZ EN EL CAMPO DE
GOLF DEL CANAL
CASALS A GONZÁLEZ: "EDMUNDO ESTÁ ACOJONAO. UNA MAGISTRADA AMIGA DE LA CASA HA
LLAMADO PARA DECIR QUE NOS GRABAN"
INVESTIGAN SI GALLARDÓN COMPRÓ UNA FILIAL DEL CANAL POR 11 VECES SU PRECIO
LAS SEIS GRANDES FIRMAS INVESTIGADAS POR LA UCO EN LA OPERACIÓN LEZO
MARHUENDA NIEGA COACCIONES A CIFUENTES: "SOLO QUERÍA AYUDAR A UN AMIGO
DESESPERADO"
IGNACIO GONZÁLEZ ALABÓ LA AFINIDAD CON EL PP DEL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN EN
UN PINCHAZO CON ZAPLANA
EL EMPRESARIO DE LA 'JET SET' ADRIÁN DE LA JOYA, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO
POR MEDIAR EN EL PAGO DE UNA COMISIÓN DE OHL
REGISTRAN LA SEDE DE OHL POR UNA COMISIÓN DE 1,4 MILLONES DESTINADA A IGNACIO
GONZÁLEZ
LA
HERMANA DE IGNACIO GONZÁLEZ, "DESTROZADA", ACUDE A LA ASAMBLEA
LA UCO CREE QUE GONZÁLEZ BLANQUEÓ DINERO A TRAVÉS DE SU PADRE, DE 90 AÑOS, QUE
SE ENCUENTRA EN ARRESTO DOMICILIARIO
CAEN IGNACIO GONZÁLEZ Y SU CLAN FAMILIAR TRAS UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS IMPUNES
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA
OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
OHL, INDRA E IMC, ENTRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA ENTRADO LA GUARDIA CIVIL
IGNACIO GONZÁLEZ Y SEIS DE SUS COLABORADORES PASAN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS
EL JUEZ INVESTIGA AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR DE ‘LA RAZÓN’ POR COACCIONES A
CIFUENTES
CIFUENTES
PREFIERE DECLARAR POR ESCRITO ANTE EL JUEZ
CIFUENTES ESTABA EN EL CONSEJO DEL ENTE DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ETAPA DE
IGNACIO GONZÁLEZ
CUANDO ESPERANZA AGUIRRE PONÍA "LA MANO EN EL FUEGO" POR IGNACIO GONZÁLEZ
EL JUZGADO DE ESTEPONA ENVÍA EL CASO DEL ÁTICO DE IGNACIO GONZÁLEZ AL TRIBUNAL
DEL ‘CASO LEZO’
La jueza coincide con la
Fiscalía en que los presuntos delitos del expresidente “se consideran conexos”
El juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha decidido inhibirse en la
Audiencia Nacional en el caso del ático de Ignacio González en el municipio
costero. La jueza cree que el caso debe unirse al caso Lezo, según consta en el
auto al que ha tenido acceso El Plural, para que se investigue dentro de las
presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.
El auto responde a la petición de la Fiscalía de Málaga, que cree que el caso
Lezo temporalmente se conecta con el año 2008, "fecha coincidente con la
adquisición de los inmuebles de la presente causa" por la entidad Coast Investor
LLC y del contrato de arrendamiento, según han informado a Efe fuentes
judiciales.
Ignacio González admitió haber comprado el ático de Marbella donde veraneaba en
diciembre de 2012 cuando lo adquirió por un importe de 770.000 euros y defiende
que previamente solo fue inquilino, con un contrato de alquiler, desde julio de
2008.
El 80 por ciento de la propiedad pertenece a su esposa, ya que tienen separación
de bienes, es decir, que ella pagó 566.000 euros y el resto, 154.000 euros, el
presidente de la Comunidad.
En Estepona se investigaban
los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y contra la Hacienda
Pública. La jueza también cree en que el caso coincide “temporalmente” con los
hechos investigados por la Audiencia Nacional de la macrocausa del caso Lezo y
que los delitos en ambos casos “se consideran conexos”.
Para la jueza, los presuntos delitos que se investigan son “supuestamente
cometidos por la misma persona y que tienen analogía o relación entre sí”. Y que
el presunto delito de blanqueo de capitales, “tiene relación y analogía con los
presuntos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos que se
investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional”.
https://www.elplural.com/politica/2018/04/11/ignacio-gonzalez-atico-estepona-caso-lezo
LA JUSTICIA
BUSCA EN DOCE PAÍSES EL BOTÍN DEL CASO LEZO
La Audiencia Nacional ha
librado una docena de comisiones rogatorias en Europa, Reino Unido y América
La Audiencia Nacional sigue la pista de las comisiones de la operación Lezo en
doce países a los que ha librado otras tantas comisiones rogatorias: Suiza,
Panamá, Liechtenstein, Luxemburgo, Colombia, Bélgica, Andorra, Brasil, República
Dominicana, Jersey, Reino Unido y Guernsey.
El grueso de las peticiones de cooperación internacional va dirigido a la compra
de Emissao por parte del Canal de Isabel II. Hasta nueve comisiones rogatorias
se han librado por este motivo para obtener documentación “de gran importancia
para acreditar el pago de comisiones por la adquisición de Emissao y rastrear el
patrimonio oculto de Ignacio González”, dice el sumario.
Las comisiones rogatorias dirigidas a Reino Unido, Jersey, Bélgica y Luxemburgo
tienen por objeto aclarar el patrimonio del hombre del Canal de Isabel II en
Latinoamérica y exconsejero de La Razón, Edmundo Rodríguez, y también de su
hija. Los investigadores escriben que “Reino Unido y Jersey han avisado a través
del Sepblac de intentos de retirada de fondos en Jersey”.
El resto de solicitudes afectan a OHL y a la rama de la presunta financiación
irregular del PP de Madrid que llega hasta Liechtenstein donde rastrean las
transferencias de más de medio millón de euros del exjefe de la agencia
informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.
http://cadenaser.com/ser/2018/03/30/tribunales/1522407219_115697.html
EL JUEZ RECHAZA EL RECURSO DEL PSOE PARA QUE CIFUENTES ENTREGUE LOS PAPELES DEL
CANAL
García Castellón recuerda
que los documentos son pruebas de la causa que mantiene abierta
El magistrado del Juzgado
Central de Instrucción número 6 de Madrid, Manuel García Castellón, ha vuelto a
negar a la oposición parlamentaria (PSOE, Ciudadanos y Podemos) los denominados
‘papeles del Canal de Isabel II’, tal y como le reclamaban en un recurso de
reforma y subsidiario de apelación el PSOE y la asociación de abogados Adade.
Considera que los 80 documentos son pruebas del ‘caso Lezo’ (presunta compra
fraudulenta de empresas en Iberoamérica por del Canal) y que solo él puede decir
cuándo y cuáles se entregan a la Asamblea.
Al igual que hizo la semana pasada con el recurso interpuesto por Adade, el
magistrado considera que estos documentos reclamados por los partidos de la
oposición de la Asamblea de Madrid forman parte del “acervo probatorio” del caso
Lezo. Para el juez, solo es el “juzgado a quien le toca decidir si es procedente
la entrega de la documentación integrada en el procedimiento, por cuya legalidad
y seguridad jurídica debe velar”.
Tras destaparse el caso en 2015, la Asamblea de Madrid abrió una comisión de
investigación en la que se integraron los cuatro grupos parlamentarios. Para
llevarla a cabo, los diputados necesitaban la documentación que probaría las
presuntas irregularidades del Gobierno del expresidente regional Ignacio
González (PP) y de determinadas personas de su confianza.
Pero el Gobierno de Cristina Cifuentes —sucesora de González— siempre se negó a
entregarla con el argumento de que el juez lo prohibía. Las peticiones de la
oposición para acceder a los archivos fueron constantes desde finales de 2015.
Pero el ejecutivo las rechazó todas con el mismo argumento: sub iudice.
Finalmente, cuando un el magistrado suplente Fernando Andreu dio luz verde a la
entrega el 21 de agosto, el Ejecutivo regional extravió la autorización y siguió
sin dar a PSOE, Ciudadanos y Podemos los 80 archivos que hacen referencia al
Canal en Lezo.
El 15 de enero, los diputados se enteraron del extravío y exigieron todos los
papeles. La presidenta regional destituyó al subdirector general de Régimen
Jurídico —cargo que supuestamente cometió el error al no recoger la autorización
judicial—, porque lo sucedido era “muy grave”. “Ni el secretario general
técnico, ni la presidenta, ni yo lo conocíamos [que la Comunidad hubiera
recibido el permiso judicial]“, puntualizó aquellos días el consejero de
Presidencia, Ángel Garrido. El Gobierno regional comenzó a enviar, a
regañadientes, los archivos, aproximadamente la mitad (unos 40).
Cinco días después, García Castellón firmó un nuevo auto donde insistía en que
“no ha lugar a la reforma [la entrega de los documentos]”, por lo que la
documentación debía seguir en el juzgado. Cifuentes reclamó entonces las cuatro
docenas de archivos enviados a la Asamblea, a lo que la oposición se negó.
Mientras, Adade y el PSOE interpusieron recursos contra la negativa del juez, y
ahora el magistrado los ha rechazado: no hay documentos hasta que él lo
considere oportuno.
¿Pero qué esconden los buscados documentos?
En los 40 archivos entregados a la oposición no hay apenas novedades. Son
informes de auditorías y actas en las que se detallan supuestas ilegalidades en
operaciones de compra del Canal. Faltan otros 40. En ellos, la oposición buscará
la firma de Cifuentes concediendo ilegalmente el contrato de la cafetería de la
Asamblea. Cifuentes se muestra tranquila porque dice que ese documento no
existe. La oposición cree que sí. Solo el juez lo sabe.
https://elpais.com/ccaa/2018/03/19/madrid/1521470663_861229.html
“ESPEREMOS
QUE NO TENGA NADA, SE PUEDE MONTAR LA DE DIOS”
El juez investiga destrucción de pruebas y presiones a un testigo del 'caso
Lezo' tras el pinchazo telefónico a un exdirectivo de OHL
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso
Lezo de corrupción, acaba de abrir nuevas líneas de investigación para recabar
pruebas sobre el supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros
al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la
adjudicación de las obras del tren a Navalcarnero a la constructora OHL. El
magistrado ha reclamado a esta compañía el volcado del equipo informático y del
correo electrónico de una secretaria de esta empresa después de que una reciente
intervención telefónica a un exdirectivo revelase "la profunda preocupación" de
este por el material que la mujer pudiera guardar. El antiguo alto cargo de la
compañía mostraba en sus conversaciones su interés en que se forzase a la
testigo a declarar en determinado sentido y se destruyera dicha información:
“Esperemos que no tenga nada, se puede montar la de Dios”. Además, el magistrado
ha solicitado toda la información sobre las llamadas realizadas o recibidas
entre el último año por ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas pertenecen al
máximo accionista de OHL, el empresario Juan Miguel Villar Mir.
La decisión del juez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil le remitiera dos escritos en los que le solicitaba la
práctica de estas nuevas diligencias para recabar indicios sobre el abono de
dicha mordida por la que están imputados el propio Villar Mir; su yerno, Javier
López Madrid; el empresario Adrián de la Joya; y tres exdirectivos de la
compañía, además de Ignacio González. La transferencia de los 1,4 millones de
euros se realizó en 2007 desde dos filiales de la constructora en México y tuvo
como destino una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la
fundación panameña Lauryn Group. Según los investigadores, el dinero tenía como
destino pagar un soborno a Ignacio González. Solo un mes después del pago, OHL
se hizo con el concurso. Hasta ahora, González ha asegurado que nunca recibió el
dinero. Sin embargo, el titular de la fundación panameña que recibió los fondos,
Adrián de la Joya, admitió que López Madrid le envió el dinero para que se lo
transfiriera a su vez al presidente madrileño, pero que se quedó con los fondos
para saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir tenían con él
por un proyecto en África.
En uno de sus escritos, la Guardia Civil solicita al juez que reclame a la
constructora que entregue el ordenador utilizado por Olga G. T., la secretaria
de la compañía que trabajaba junto a uno de los exdirectivos bajo sospecha.
También que pida copia de los archivos elaborados por esta empleada que pudieran
estar guardados en los servidores de la compañía, así como de su buzón de correo
electrónico desde el año 2007, fecha en la que se pagó el supuesto soborno. En
el auto en el que acepta la práctica de dichas diligencias, el juez destaca que
cuando esta mujer declaró como testigo ante la Guardia Civil aportó
“determinados archivos informáticos que contienen documentos que tiene en su
poder con motivo de sus servicios” a este exdirectivo. Entre ellos figuraba un
documento denominado ‘contrato consultori.doc’ en el que se incluían
“determinados datos que se corresponden con los conceptos que constan en las
facturas investigadas supuestamente emitidas por [la fundación panameña] Lauryn
Group que sirvieron de soporte para las transferencias” vinculadas al pago de la
supuesta comisión por el tren a Navalcarnero.
El magistrado añade que una reciente intervención telefónica al ex director
general de OHL Rafael Martín de Nicolás reveló “la profunda preocupación” de
este porque la trabajadora “pudiera conservar ciertos archivos”. El ex alto
cargo de la compañía pedía en esa llamada a su interlocutora que “comprobase que
se hubiesen borrado” y le insinuaba que se le diesen “ciertas instrucciones a
Olga sobre su posible declaración”. García-Castellón reproduce el fragmento de
una conversación de este exdirectivo que, en su opinión, demuestra “la
importancia que pudieran tener los archivos” en poder de dicha secretaria:
“Pues… pues esperemos que no tenga nada, porque si es así, tener la sesta (sic)
que no queda nada por ahí, porque es que, es que podemos montar, vamos, la de
Dios”. El juez mandó el pasado 22 de marzo a la UCO a recoger dicho ordenador a
la sede de la OHL.
En esta misma línea, García-Castellón ha autorizado una segunda diligencia
solicitada por la Guardia Civil. Los investigadores habían pedido al magistrado
tener acceso al tráfico de llamadas registrado entre el 1 de abril de 2017 –algo
más de dos semanas antes de que se produjeran las primeras detenciones del caso
Lezo- y el pasado 16 de febrero de ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas
-tres móviles y una fija- tienen como usuario a Villar Mir, quien ya declaró
como imputado por estos hechos y que volverá a hacerlo en las próximas semanas.
El empresario ha negado hasta ahora cualquier irregularidad en su actuación. De
otro de los números investigador es titular su yerno, López Madrid, mientras que
las tres restantes figuran a nombre de los exdirectivos de OHL Felicísimo Ramos
y Rafael Martín de Nicolás, este último el que alertaba sobre el contenido
presuntamente incriminatorio del ordenador de la secretaria. La UCO también
reclamaba las llamadas que pudieran haber hecho dos líneas de móvil británicas
durante la estancia de sus usuarios en España. El juez ha admitido su práctica
ante “la existencia de fundadas sospechas de que supuestamente tales datos
pudieran dar información sobre relaciones o vinculaciones con los autores del
delitos investigado y pruebas que permitieran avanzar en la investigación”.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/29/actualidad/1522344937_013452.html
VILLAR MIR INTENTA DINAMITAR LA INVESTIGACIÓN DEL SOBORNO A IGNACIO GONZÁLEZ
ALEGANDO QUE LE SOMETIERON A ESCUCHAS ILEGALES
El empresario, que invoca la sentencia del caso Garzón, aduce que se ha
vulnerado su derecho a la defensa y a la intimidad y pide que se anulen todas
las pruebas obtenidas a partir de la interceptación de esas conversaciones
El dueño de OHL, que logró con su escrito que el juez suspendiera su declaración
de hace una semana, maniobra así para frenar la investigación del supuesto
soborno a Ignacio González por el tren de Navalcarnero
Juan Miguel Villar Mir, fundador de la constructora OHL, ha desplegado una
estrategia con la que, invocando la sentencia que le costó la carrera judicial a
Baltasar Garzón por interceptar las conversaciones de los jefes de Gürtel con
sus abogados, busca dinamitar una de las piezas esenciales de la Operación Lezo:
la investigación sobre el supuesto soborno de 1,4 millones a Ignacio González
por la adjudicación a OHL del tren a Navalcarnero. A través de un escrito
remitido al juez del caso el pasado día 19, el empresario sostiene la ilegalidad
de las escuchas policiales de que fue objeto a partir de diciembre. Esas
escuchas, aduce el texto, vulneran el derecho a la defensa de Villar Mir porque
captaron conversaciones sostenidas con su abogado. La grabación de esas
conversaciones, exhorta al juez la defensa del empresario, debe declararse nula.
Y la nulidad –agrega el escrito– ha de alcanzar también a "toda prueba o
elemento que derive y guarde relación con esas intervenciones" telefónicas.
Con su escrito, adelantado el domingo por el diario El Mundo, Villar Mir ya
consiguió hace una semana que el juez dejara en suspenso el interrogatorio
programado para el día 21. En enero, había logrado un primer aplazamiento con la
presentación de un certificado médico que la Guardia Civil considera el
resultado final de "una actuación preconcebida y perfectamente planificada para
evitar acudir al mandato judicial".
La UCO alcanza esa conclusión tras analizar las conversaciones mantenidas por el
empresario con su médico en lo que la defensa del investigado considera también
una vulneración de derechos, en este caso a la intimidad.
A lo largo de las 13 páginas remitidas al juez Manuel García Castellón por el
letrado de Villar Mir, Carlos Domínguez Luis, el escrito lanza una durísima
diatriba contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que
acusa de actuar a espaldas del magistrado: "La actividad policial se consuma sin
control judicial", dice el texto tras subrayar que la UCO no dio "cuenta
inmediata al Juez de la interceptación de una conversación letrado-cliente".
Providencia del juez
Un día después de la presentación del escrito, el juez García Castellón dictó el
20 de marzo una providencia donde se deja constancia de que en la plataforma
cibernética (plataforma Icloud) a través de la cual acceden al sumario los
abogados personados en Lezo no hay "ninguna conversación entre letrado-cliente".
La providencia especifica que un informe de la Guardia Civil que "por error" se
incorporó a uno de los tomos y permaneció en el Icloud "exclusivamente durante
un día" fue retirado de inmediato. Solo había accedido a él la letrada de uno de
los altos directivos de OHL investigados en Lezo.
Si prosperase la maniobra del ahora expresidente de OHL para anular las escuchas
y lo que de ella se derive, podría quedar muy dañada la investigación sobre el
destino del dinero (1,7 millones de euros) que en noviembre de 2007 transfiró
OHL desde México a una cuenta abierta en el Anglo Irish Banck de Suiza por la
compañía panameña Lauryn Group.
El propietario de Lauryn Group es el empresario Adrián de la Joya, quien hace ya
un año confesó ante el juez García Castellón que el yerno de Villar Mir, Javier
López Madrid, le pidió que enviase el grueso del dinero (1,4 millones de los 1,7
transferidos) al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Los
investigadores mantienen que ese pago, que al parecer nunca llegó a Ignacio
González, escondía un soborno por la decisión del Ejecutivo autonómico de
adjudicar a una empresa mayoritariamente participada por OHL –Cemonasa– la línea
de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. La adjudicación, por importe inicial
de 362 millones, se había producido en octubre de 2007. Es decir, un mes antes
de que OHL hiciera desde México la transferencia bajo sospecha. El proyecto
ferroviario acabó siendo ruinoso.
Hasta ahora, todos los directivos de OHL que han desfilado ante el juez García
Castellón han negado de forma categórica que la transferencia de 1,7 millones a
Lauryn Group ocultase un soborno. Se trataba -es la versión del equipo de Villar
Mir- del pago de servicios prestados al grupo por Adrián de la Joya.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/28/villar_mir_busca_desacreditar_caso_lezo_por_las_escuchas_que_captaron_hablando_con_abogado_81122_1012.html
VILLAR MIR FALSIFICÓ CON SU MÉDICO QUE TENÍA GRIPE PARA NO ACUDIR ANTE LA
GUARDIA CIVIL
El empresario dio instrucciones por teléfono a su galeno, que nunca le llegó a
explorar: "Tiene que decir que padezco un fuerte ataque gripal, no sé si lo de
guardar cama una semana sea un poco excesivo"
El pasado 8 de enero, Juan Miguel Villar Mir, fundador del grupo empresarial que
lleva su nombre y uno de los investigados más relevantes del caso Lezo, estaba
citado ante la Guardia Civil a las 9.30 horas para que le tomaran las huellas
dactilares. El juez de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción quería
avanzar en la investigación de la comisión de 1,4 millones de euros que
presuntamente pagó la constructora OHL por llevarse las obras del tren a
Móstoles y Navalcarnero. Las huellas encontradas en unos documentos pueden tener
la llave. Sin embargo, Villar Mir, marqués y exministro de Hacienda, siguió las
instrucciones de su abogado para que un médico de confianza le emitiera un parte
de baja falso por una gripe que no tenía y eludiera así la citación judicial.
La Guardia Civil incorpora esta novedad en un reciente informe policial aportado
al sumario al que ha tenido acceso El Confidencial. "Curiosamente Villar Mir
llega a aleccionar al doctor Abreu sobre lo que este debe poner en el
certificado médico oficial a petición de su abogado", señala la Benemérita, que
incorpora las grabaciones del teléfono de Villar Mir, que ha seguido pinchado
durante varias fases de la instrucción por orden del juez. "Le he preguntado al
abogado que cosa conviene decir y él me dice que cree bueno una cosa muy
sencilla (...) Tiene que decir que padezco un fuerte ataque gripal o la
expresión médica que tú creas oportuna, y que estoy sujeto a medicación y debo
guardar reposo (...) Oye, no sé si lo de guardar cama una semana, quizás sea un
poco excesivo", le comenta el empresario a su galeno.
Los investigadores ya saben qué directivo ordenó las transferencias a Suiza, la
presunta comisión a Ignacio González. Ahora intentan dirimir qué alto cargo de
OHL se lo indicó a su vez a ese directivo
El informe policial añade además que el médico preveía entregar "el certificado
a un vigilante sin ni siquiera llegar a explorar al paciente" siguiendo las
instrucciones que Villar Mir le dio. "Mañana si por la razón que tú no estás no
te preocupes yo te lo dejo un sobre allí con, con mi colegiado, el sello y todo
¿eh? (...) con el vigilante de lo dejo allí (...) a tu nombre en un sello
cerrado", le responde el doctor Luis Abreu. "Nótese que en ese momento Villar
Mir ni siquiera preveía estar en casa", relata la Guardia Civil. No podía estar
por tanto enfermo. "Me ha 'pillao' esto fuera de Madrid y yo calculo que voy a
llegar a casa, probablemente como a las dos y media", le asegura el empresario
al médico.
Finalmente, el investigado no compareció a la citación judicial (lo hizo en una
posterior, días después), "aportando a través de su procuradora un certificado
médico oficial. Del análisis de las conversaciones interceptadas se evidencia
que no se trata en realidad de una circunstancia sobrevenida y sí de una
actuación preconcebida y perfectamente planificada para evitar acudir al mandato
judicial y por tanto realizar la diligencia de investigación interesada". La
Guardia Civil incluye este suceso en unos de los informes en los que solicita al
magistrado continuar con los teléfonos intervenidos de algunos de los
investigados.
El informe también revela que Villar Mir, de 86 años, estaba dispuesto a acudir
a la cita con la Guardia Civil pero que al final decidió no acudir inventándose
lo de la gripe debido a la recomendación de su letrado, Carlos Domínguez. "El
abogado me dice que como es poco importante, que como él cree que va a conseguir
que lo aplacen, porque me citan el lunes a las nueve y media y entonces es mucho
madrugar. Y que él cree que lo conseguirá, pero que a lo mejor te tendría que
pedir si no que me dieras un certificado de que estoy resfriado", le comenta el
empresario al doctor.
En esta pieza, que investiga si OHL pagó comisiones por llevarse la obra
ferroviaria, ya están investigados Juan Miguel Villar Mir; su yerno el
empresario Javier López Madrid; el empresario Adrián de la Joya (titular de la
cuenta suiza donde fue a parar el dinero); Tomás García Madrid, ex consejero
delegado de OHL; Rafael Martín de Nicolás, exconsejero de OHL y director general
de construcción área España, y Felicísimo Ramos, sin cargo concreto dentro de la
compañía. También lo está Ignacio González, el supuesto destinatario del dinero.
Él siempre lo ha negado y Adrián de la Joya declaró que se quedó con el dinero
cuando López Madrid le dijo que era para pagar sobornos a cargos públicos,
concretamente a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y estrecho
colaborador de González. Este también está investigado y ha negado taxativamente
que recibiera ninguna cantidad.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-24/villar-mir-lezo-gripe-medico-baja_1540155/
EL JUEZ ENCARGA A LA UCO QUE DESCUBRA QUÉ MAGISTRADA DIO EL CHIVATAZO A GONZÁLEZ
Manuel García-Castellón ordena a la Guardia Civil que practique una prueba
pericial con los datos de los teléfonos móviles del presidente y vicepresidente
de La Razón, Mauricio Casals y Joaquín Perera Roig, para enviar el resultado al
juez de Madrid que investiga el soplo
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado a los
agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practiquen
una prueba pericial y analicen los datos de los móviles que fueron obtenidos de
los teléfonos del presidente y vicepresidente de La Razón, Mauricio Casals y
Joaquín Perera Roig, respectivamente, para determinar qué juez alertó a los
integrantes de la trama 'Púnica' de que estaban siendo investigados, según un
auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El instructor del 'caso Lezo' toma esta decisión antes de enviar sus pesquisas
al juez de Madrid que investiga el soplo, el titular del Juzgado de Instrucción
número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, que es competente por
decisión del Tribunal Supremo.
Según una de las grabaciones del 'caso Lezo', Ignacio González le dijo al
exministro Eduardo Zaplana que Casals le había contado que el presunto
testaferro Edmundo García Sobrino estaba "acojonao", ya que sabía que les
estaban grabando. Y sobre la persona que le había alertado explicó: "Es que
tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye,
cuidao que han 'grabao' una conversación de Edmundo muy extraña".
Información disponible
De esta forma García-Castellón, que en todo momento defendió que la
investigación sobre la presunta delación no debía formar parte del 'caso Lezo',
y que por tanto otro juez debía encargarse de este caso, aportará al juez García
de Dios toda la información disponible en la Audiencia Nacional.
El magistrado Ramiro García de Dios Ferreiro había archivado la causa abierta en
un auto de 30 de enero de 2018, en el que el instructor informaba de que tras
las actuaciones practicadas no existían "motivos suficientes para atribuir" la
comisión de un delito de revelación de secretos a "persona alguna determinada".
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González contesta a las
preguntas de los periodistas a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González contesta a las
preguntas de los periodistas a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla
EFE
Pese a archivar el caso, el juez de Madrid solicitó al Decanato que le diera
autorización para investigar a Mauricio Casals por un delito de desobediencia a
la Justicia "al negarse a facilitar a la autoridad judicial el nombre de la
magistrada que le avisó de que el señor Ignacio González estaba siendo
investigado", tal y como adelantó ElEspañol.com.
Desobediencia grave
Ramiro García de Dios Ferreiro considera que Mauricio Casals debe ser
investigado por dos delitos contra la Administración de Justicia: el de falso
testimonio, castigado con la pena de multa y suspensión de empleo o cargo
público, profesión u oficio, y por el de desobediencia grave a la autoridad.
Por otra parte, la formación política Podemos, que ejerce la acusación popular
en el 'caso Lezo', ha interpuesto ante el juez García-Castellón un recurso
contra la decisión del instructor de "no entregar la documentación requerida por
la Comisión de Investigación de la Asamblea de la Comunidad de Madrid", según
una resolución de 22 de febrero.
https://www.vozpopuli.com/espana/juez-UCO-telefonos-Gonzalez-investigaban_0_1117389294.html
LA FISCALÍA ESPERA EL RESULTADO DE VARIOS INFORMES PERICIALES SOBRE INASSA PARA
CITAR A GALLARDÓN
La Fiscalía Anticorrupción espera el resultado de varios informes periciales
solicitados sobre la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II
Inassa para decidir la citación como imputado del expresidente de la Comunidad
de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en el marco del caso Lezo.
El Ministerio Público investiga la adquisición de Inassa en 2001 por 73 millones
de dólares a través de la compañía panameña Sociedad de Aguas de América SAA,
que fue disuelta tras la operación. Anticorrupción solicitó hace un mes varios
informes periciales sobre esta compra con el objetivo de esclarecer los
presuntos hechos delictivos que se produjeron.
Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el resultado de estos informes
periciales para poder acreditar la posible compra “fraudulenta” de Inassa será
clave, ya que se podrá identificar a los responsables, valorar los indicios
delictivos y tras considerar si los posibles delitos han prescrito o no, citar
en consecuencia como investigado a Alberto Ruiz Gallardón.
Estas mismas fuentes aseguran que dichos informes podrían ser recibidos en las
próximas 2 o 3 semanas y tras analizarlos se tomará una decisión sobre el futuro
procesal de Gallardón. Cabe recordar que en los últimos meses ya comparecieron
como investigados sus hombres fuertes en el Canal de Isabel II y en el Ejecutivo
regional que estuvieron relacionados con la operación investigada.
Entre ellos, el exconsejero de Hacienda madrileño y actual presidente de ADIF,
Juan Bravo; el expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo; o el exgerente
del Canal, Arturo Canalda, que presentó su dimisión como presidente de la Cámara
de Cuentas de la Comunidad de Madrid tras conocer su imputación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional,
Manuel García Castellón, solicitó al Canal de Isabel II, Rothschild España SA,
la Sociedad General de Aguas de Barcelona AGBAR, JP Morgan Asset Management, el
despacho Garrigues y la Intervención General de Administración del Estado IGAE,
varios informes relacionados con la adquisición de Inassa, la adjudicación del
tren a Navalcarnero y el contrato del campo de Golf del Canal.
El expresidente madrileño, Ignacio González, presentaba recientemente un recurso
de reforma contra los informes periciales encargados a la IGAE sobre el tren a
Navalcarnero y el Golf del Canal. Su defensa indicaba que “debe dejarse sin
efecto la pericial acordada hasta tanto no se tome declaración a todas las
personas que participaron en los expedientes de adjudicación que el Juzgado
considera que deben ser objeto de análisis”.
El letrado de González apuntaba además que “de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ‘todo reconocimiento
pericial se hará por dos peritos’, debiendo ser ambos expertos en la materiaque
va a analizarse y pudiendo ser nombrado uno de ellos a solicitud de las partes”.
El aval “irrevocable” de Inassa
Tal y como publicó este diario, uno de los documentos que investiga la Fiscalía
Anticorrupción es el aval “irrevocable y no transferible” de 1,8 millones de
dólares suscrito por el Canal de Isabel II para formalizar la compra de la
sociedad Inassa a través del paraíso fiscal de Panamá tres semanas antes de que
el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) que presidía Alberto Ruiz
Gallardón aprobara la operación.
El aval sobre la adquisición de las acciones de la filial colombiana del Canal,
que se fraguó a través de la offshore panameña Sociedad de Aguas de América
(SAA) se firmó el 8 de noviembre de 2001, 21 días antes de la autorización del
Consejo de Gobierno.
El escrito citaba textualmente: “Por instrucciones de Canal de Isabel II Banco
Español de Crédito, S.A. por la presente establece este aval irrevocable y no
transferible n° AV1292-211-1255 a favor de Soluciones Ambientales, S.A., Stanke
Investments, S.A. y Fianzas Internacionales Real, S,A., por un importe máximo
de un millón ochocientos setenta y cinco mil dólares con efecto a partir del 15
de Noviembre de 2001, fecha de adjudicación de la operación de venta del 100%
de la Sociedad Aguas de América y con vencimiento el 20 de Febrero de 2002,
fecha en la cual caducará y quedará sin efecto ni validez”.
https://okdiario.com/investigacion/2018/03/09/fiscalia-espera-resultado-varios-informes-periciales-sobre-inassa-citar-gallardon-1933876
EL TESTAFERRO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “SOY MUY AMIGUETE DEL MINISTRO DE JUSTICIA,
JUEGO CON ÉL AL GOLF TODOS LOS MESES”
Edmundo Rodríguez presumía de
usar su relación con Rafael Catalá y para presionar a la “zorra” de Cristina
Cifuentes
El escenario, el restaurante La Paloma, en el Barrio de Salamanca, con cuatro
símbolos de euro €€€€ en TripAdvisor. Son las 9 de la noche y Edmundo Rodríguez
Sobrino, considerado el testaferro de Ignacio González y uno de los principales
implicados en el caso Lezo se reúne con Ignasi Maestre, acusado de montar el
entramado opaco de empresas del Canal de Isabel II en Latinoamérica. Pero hay
otro invitado más oculto, un micrófono de la Guardia Civil que, entre otras
cosas, capta a Edmundo Rodríguez presumiendo de “contactos”: “el que es muy
amiguete mío, es el ministro de Justicia, Rafa Catalá, juego con él al golf
todos los meses”.
Se trata de una grabación realizada por la Guardia Civil dentro de la
investigación de la Operación Lezo, a la que ha accedido El Plural, y que fue
entregada al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
En total, son dos horas de conversación al calor de los platos de La Paloma en
los que la conversación se centra en cuentas bancarias en Andorra, residencias
fiscales en Panamá y las sospechas de corrupción que ya ambos sabían que
pensaban sobre ellos.
Por ejemplo, en uno de los pasajes, Ignasi Maestre comenta “a mí me han
machacado... y... y en Andorra, trabajo con un solo banco, porque me han cerrado
cuentas, además me lo han dicho claramente, si usted nos trae solamente dinero
de aquí de Andorra vale, dinero de fuera no queremos saber nada”.
Cifuentes, la filtradora
En cierto momento, la conversación deriva hacia el Canal de Isabel II y a la
compra de Emissao en Brasil, por la que Edmundo Rodríguez está siendo
investigado. “Me están tratado de involucrar en el tema de Brasil”, dice
Edmundo, que reconoce que “sí que es cierto que me salté ese acuerdo [excederse
de sus poderes y saltarse a los intermediarios] porque era un acuerdo lesivo
para la sociedad”.
En esos momentos, Edmundo Rodríguez ya estaba siendo señalado y empezaba a
aparecer en varias noticias. Por eso, Ignasi Maestre le pregunta “quién da toda
esta información” a los medios, a lo que Rodríguez contesta: “La Cristina
Cifuentes, la jefa de Gabinete de Cristina Cifuentes es la que está filtrando
todo, cuando hablan de administración desleal que yo ni sabía que existiera ese
delito, lo acabo de leer por primera vez en mi vida”.
Poco después, Edmundo Rodríguez saca a colación su puesto de consejero en el
periódico La Razón, que no le está dando mucho dinero y que casi prefiere
jubilarse. Entonces, Maestre le señala que ese puesto le abre “un mundo de
relaciones”. A lo que Rodríguez añade que “los contactos que me tengo son
poquísimos, algunos curiosos. Porque por ejemplo el que es muy amiguete mío es
el ministro de Justicia, cosa curiosa, Rafa Catalá, juego con él al golf todos
los meses”.
Rodríguez añade que utiliza su amistad con Catalá para intentar cortar las alas
a Cifuentes. “Le doy la vara, le cuento, es que esta tía es una zorra vale…
ministro cojonudo es una zorra, vale, pero y… y… ¿y?”, le narra a Maestre, que
termina la frase: “La vais a dejar que continúe mordiendo, o qué”. A lo que
Rodríguez remacha: “La odia mucha gente, eh”.
La Guardia Civil termina resumiendo en su informe el final de la conversación
sobre Cifuentes: “Ambos departen sobre lo bien que les va, a los que ellos se
refieren como "ésta tía", con los de Ciudadanos, comentando EDMUNDO que la odia
mucha gente. Así mismo EDMUNDO dice que ella lo que quiere es ser Presidenta del
Gobierno. EDMUNDO comenta sobre la actuación de Ciudadanos a nivel nacional”.
Amistades peligrosas
Esta no es la primera relación sospechosa que salpica a Rafael Catalá. El
ministro de Justicia fue el único que ha sido reprobado por el Congreso de los
Diputados en democracia, junto al entonces fiscal general y al fiscal jefe de
Anticorrupción, puesto que la mayoría del Parlamento consideró que se dedicaban
a entorpecer las investigaciones de corrupción.
Esa reprobación llegó poco después de que se supiera que Catalá había escrito un
mensaje a Ignacio González en respuesta a su enhorabuena por la elección para el
cargo de ministro. El mensaje de Catalá decía "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo.
Ojalá se cierren pronto los líos". Aunque González ya tenía sobre él varias
sospechas y un proceso judicial abierto por el ático de Marbella, Catalá
defendió que su mensaje transmitía el “deseo” de que España “tuviese
estabilidad”.
Pero no es el único caso. Durante el Congreso Nacional del PP, en febrero de
2017, Catalá fue grabado buscando al entonces presidente de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, para reunirse en los pasillos. Era domingo y tras el encuentro,
Sánchez canceló una rueda de prensa y se fue a casa. Al día siguiente se hizo
público el auto del juez Velasco que le atribuía tres delitos en Púnica y se
supo que la Fiscalía no había acompañado al juez.
Información privilegiada
Ese lunes y ese martes, Pedro Antonio Sánchez dio sendas ruedas de prensa en las
que dio detalles del caso, de la acusación y de la posición de la Fiscalía que
era imposible que conociera, por ser detalles inaccesibles para las partes
personadas. El ministro de Justicia fue interrogado por este conocimiento del
presidente murciano y apenas fue capaz de contestar más allá de que la
información había pasado "por las manos suficientes como para que (Sánchez) haya
oído hablar del asunto".
Además, Rafael Catalá también fue descubierto pasando un fin de semana en
Baqueira Beret y se pegó una comilona en un restaurante del hotel mientras
celebraba el cumpleaños del defraudador Manuel Torreblanca. Torreblanca,
anfitrión del ministro, fue condenado a una pena de dos años de cárcel por siete
delitos fiscales en junio de 2015, aunque no pisó la prisión gracias al trato
laxo que le dieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El Plural preguntó al gabinete de Catalá si la estancia y el banquete en el
Pirineo Catalán lo había pagado él o había corrido a cargo del defraudador. No
obtuvimos respuesta. Igualmente, hemos preguntado al ministro sobre sus partidas
de golf con Edmundo Rodríguez, con idéntico resultado.
https://www.elplural.com/politica/2018/02/28/rafael-catala-lezo-ignacio-gonzalez-golf-justicia-edmundo-rodriguez
EL PSOE RECURRE UN AUTO SOBRE EL CASO LEZO AL "ATENTAR CONTRA LA DIVISIÓN DE
PODERES"
El PSOE ha recurrido el auto del juez Manuel García Castellón que impide la
entrega de documentación relacionada con el caso Lezo a la comisión de
investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid al alegar entre otros
motivos que es "incongruente" y que "atenta contra la división de poderes".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional,
Manuel García Castellón, dictó el pasado mes de enero un auto en el que
determinó que "no ha lugar la entrega de la documentación requerida por la
comisión de investigación de corrupción" relativa al caso Lezo por estar en fase
de instrucción.
Esta resolución judicial se produjo después de que el juez Fernando Andreu, que
estaba temporalmente al frente del mismo Juzgado, dictara en agosto de 2017 una
providencia que daba vía libre a la entrega de documentación sobre el Canal de
Isabel II a la comisión.
En el recurso, fechado el 26 de febrero y facilitado hoy a los medios de
comunicación, el PSOE considera que el auto de enero "adolece de incongruencia"
y pide que sea "aclarado o reformado".
"Es evidente que su utilización para zanjar un conflicto entre el poder
ejecutivo y legislativo de la Comunidad de Madrid excede de la competencia del
Juzgado y atenta contra la división de poderes", dice el escrito.
Para el PSOE, el auto es una "intromisión de especial relevancia" porque asegura
que "interfiere en el derecho y el deber de la Asamblea de Madrid de controlar
al Gobierno" regional.
Los socialistas han señalado que el auto tiene lugar tras una consulta
presentada por el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, para saber si
"el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe facilitar la documentación requerida
por la comisión de investigación de corrupción".
Una consulta que, según recuerdan, ya se hizo con anterioridad el Gobierno
regional y que tras el auto de agosto llevó al Ejecutivo a trasladar la
documentación solicitada por la comisión "a regañadientes" y de forma
"desordenada" y "parcial".
Tras el auto ahora recurrido, el de enero, el PSOE señala que el Ejecutivo
madrileño "ha procedido a reclamar la documentación parcial anteriormente
entregada".
Por todo ello, la formación ha pedido la declaración de la "total nulidad" de
este auto o bien "aclarar o reformar" su parte dispositiva para dejar constancia
de que la entrega de documentación "sólo se refiere al propio Juzgado y en
ningún caso a las relaciones entre la Comunidad y la Asamblea".
https://www.eldiario.es/politica/PSOE-recurre-Lezo-atentar-division_0_744726324.html
EL PSOE CREE QUE LA JUSTICIA VIOLA "LA DIVISIÓN DE PODERES" AL NEGAR LOS PAPELES
DEL CANAL
Propone que sea la propia Asamblea de Madrid la que haga saber al Poder Judicial
“que no recibir documentos dificulta nuestra labor” de control
El PSOE en la Asamblea de Madrid ha anunciado que quiere que sea la propia
Comisión de Investigación sobre la corrupción la que reclame a la justicia
madrileña explicaciones por la entrega de la documentación del Canal de Isabel
II que reclamó este órgano hace meses, denunciando la “incongruencia” de la
decisión judicial conocida el pasado enero y que retiraba, según el Gobierno de
Cifuentes, el permiso para entregar estos documentos que en un primer momento se
dio.
En rueda de prensa, su portavoz Ángel Gabilondo ha explicado que se plantean
“dudas” sobre “si es el juez instructor quien debe determinar si se da o no la
documentación que pide el Legislativo al Ejecutivo”, por lo que se va a plantear
en la Mesa de la Comisión cómo elevar al Consejo General del Poder Judicial la
solicitud de que el Legislativo, “como poder autónomo, haga saber que no recibir
documentos dificulta nuestra labor” de control del Ejecutivo.
Tanto PSOE como Podemos ya presentaron, representados por la Asociación de
Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ante el juez que instruye la
investigación por el caso Lezo, un recurso ante la decisión del juez Manuel
García Castellón, después de que afirmarse que “no ha lugar a la entrega de la
documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política
de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial”.
"Es evidente que su utilización para zanjar un conflicto entre el poder
ejecutivo y legislativo de la Comunidad de Madrid excede de la competencia del
Juzgado y atenta contra la división de poderes", dice el escrito presentado por
los socialistas.
Contra la división de poderes
Desde el Grupo parlamentario del PSOE defienden una vez más que lo que se
solicitan no son documentos incluidos en un sumario sino papeles “de carácter
administrativo”, concretamente las actas de los consejos de Administración del
Canal de Isabel II. Gabilondo ha señalado su preocupación por “la autonomía del
poder legislativo, de esta Cámara, que representa a los ciudadanos, y su
capacidad para tener acceso a documentos que necesitamos para nuestra labor, que
nos corresponde obligatoriamente, de control”.
En el escrito de recurso, se recuerda que una providencia del juez Andreu,
dictada en agosto de 2017, no impedía la entrega de la documentación requerida
porque esos documentos solicitados “no están incluidos en el sumario, y su
entrega se rige por disposiciones administrativas, sin que el juez de
instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la
conveniencia o no de entregar esta documentación”.
Pero a petición del Gobierno regional, hubo posteriormente un auto sobre el
mismo asunto, conocido en enero y firmado por otro juez, en este caso Manuel
García Castellón, que instruye la causa Lezo. Este auto indica que “no ha lugar
la entrega de la documentación requerida”. En su recurso, los socialistas
entienden que “no procede un nuevo auto resolviendo sobre lo mismo”.
https://www.elplural.com/politica/2018/02/27/recurso-psm-canal-isabel-ii-division-poderes-asamblea-madrid
EL JUEZ CITA A DECLARAR COMO INVESTIGADO A IGNACIO GONZÁLEZ POR UN PRESUNTO
AMAÑO EN UN CONTRATO DE UNA WEB DEL CANAL
González favoreció presuntamente a una empresa para hacer supuestos pagos a las
empresas de Alejandro de Pedro, vinculadas a la trama 'Púnica' El expresidente
madrileño está siendo investigado como presunto responsable de los delitos de
malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación
Ignacio González acompañado de agentes de la UCO en el marco de la 'operación
Lezo'.
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado a declarar como
investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el
presunto amaño de un contrato público del Canal de Isabel II en el que se
adjudicó una web interactiva. La cita tendrá lugar el 5 de marzo.
Tal y como han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, tras la información
adelantada por El Confidencial, González está siendo investigado como presunto
responsable de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y
prevaricación.
Junto a él también ha sido citado el exconsejero de Presidencia Salvador
Victoria; el subdirector de Contratación del Canal, Miguel Ángel Casanueva; el
administrador único de Imagen de Síntesis Digital, empresa que resultó
beneficiada del contrato tras el supuesto amaño, y el propio Canal como persona
jurídica.
La querella fue presentada por la agencia de comunicación y publicidad Take Away,
que se presentó a un concurso de la empresa de aguas para realizar, entre otras,
una web interactiva por un presupuesto que, según la oferta pública, partía de
340.000 euros más IVA.
La empresa de comunicación explica que su oferta fue de 259.000 euros. Sin
embargo, perdió el contrato frente a Imagen de Síntesis Digital, que, siempre
según la agencia de comunicación, habría ofertado 298.600 euros más IVA.
El contrato recogía que la oferta económica suponía el 70% de la puntuación. Por
ello, desde Take Away reclaman que se concrete qué valoró el 30% restante para
que la otra empresa fuera la adjudicataria del contrato pese a ofrecer unos
40.000 euros menos.
Relación con la trama Púnica
La empresa querellante aprecia que se adjudicó ilegalmente el contrato a Imagen
de Síntesis Digital porque su verdadero fin era financiar las campañas
publicitarias y de marketing que estaban realizando las empresas de Alejandro de
Pedro, vinculadas a la trama Púnica, Eico y Madiva, para mejorar la imagen de
González.
Señala que González era "conocedor de lo que estaba ocurriendo" en el Canal
Isabel II, mientras que atribuye el delito de cohecho a Salvador Victoria, que
presidió el Canal Isabel II después que González. También imputa la
prevaricación a éste y a Miguel Ángel Casanueva y el de malversación a todos los
querellados.
Precisamente, el anterior juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, ya
subrayó en un auto dictado en junio de 2016 que el exconsejero de Presidencia de
la Comunidad de Madrid Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y que se
realizaron traspasos de efectivo "por parte de las empresas Canal de Isabel II,
Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en
función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid".
De hecho, algunos testigos de este caso de corrupción, que continúa investigando
el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, ya indicaron en su día que Eico
y Madiva, recibieron una "facturación ficticia" a través de dicha empresa
pública.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/26/el_juez_cita_declarar_como_investigado_ignacio_gonzalez_por_presunto_amano_contrato_una_web_del_canal_76904_1012.html
GONZÁLEZ NO QUIERE QUE LA IGAE INVESTIGUE EL GOLF DEL CANAL Y EL TREN A
NAVALCARNEROIGNACIO GONZÁLEZ
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha recurrido la
decisión del juez del caso Lezo de encargar a un perito de la Intervención
General de la Administración del Estado, IGAE, que emita un informe sobre la
“regularidad de la tramitación y ejecución” del campo de Golf del Canal de
Isabel II y la adjudicación del tren a Navalcarnero.
En la pieza 2 de Lezo se investigan las posibles irregularidades cometidas en la
adjudicación de la construcción de las instalaciones de Golf Canal que se llevó
a cabo entre los años 2003 a 2007 y en la adjudicación de la gestión y
explotación de estas instalaciones que se desarrolló durante los años 2007 y
2012.
Mientras, en la llamada pieza 3 de la causa se investigan las posibles
irregularidades cometidas en la contratación de la redacción del proyecto,
construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de
transporte ferroviario entre Móstoles-Central y Navalcarnero realizada en el
año 2007.
Con el objetivo de avanzar en la instrucción, el magistrado de la Audiencia
Nacional Manuel García Castellón solicitaba recientemente que un perito judicial
de la IGAE emitiera “a la mayor brevedad posible, informe sobre la regularidad
de la tramitación y ejecución de dichos expedientes y, especialmente, sobre la
conformidad y adecuación en la aplicación y valoración de los criterios
técnicos recogidos en los respectivos pliegos de condiciones en los informes
técnicos de valoración emitidos”.
La defensa de González ha presentado un recurso de reforma indicando que “debe
dejarse sin efecto la pericial acordada hasta tanto no se tome declaración a
todas las personas que participaron en los expedientes de adjudicación que el
Juzgado considera que deben ser objeto de análisis”.
El letrado del exdirigente popular señala que para que la práctica de dicha
diligencia se desarrolle en términos óptimos, “los peritos que deban llevarla
a cabo deben contar con toda la información necesaria, no sólo la documental
que obra en la causa, o la que puedan instar, como indica la resolución que
impugno, sino también con la que puedan ofrecer las personas que participaron
en todos los expedientes de contratación que van a analizar. Por ello, es
fundamental que, con carácter previo, se les tome declaración testifical a
todos ellos”.
“Ello es obvio”, añade, “ya que se pretende analizar la regularidad en la
tramitación y la conformidad con los criterios técnicos de las adjudicaciones,
así como la declaración de interés general del proyecto modificado de
construcción del campo de golf, pues deben acudir al Juzgado tanto los
técnicos que elaboraron los pliegos de condiciones, como los que participaron
en la valoración de las ofertas presentadas de los distintos expedientes, así
como las personas que formaron parte de las Mesas de Contratación y elevaron al
órgano colegiado la propuesta de adjudicación”.
La defensa de González apunta además que “de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ‘todo reconocimiento pericial
se hará por dos peritos’, debiendo ser ambos expertos en la materia que va a
analizarse y pudiendo ser nombrado uno de ellos a solicitud de las partes”.
Dos adjudicaciones bajo sospecha
Tal y como recoge el sumario del caso Lezo, Ignacio González intercedió para
que el Gobierno madrileño aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de
dos campos de golf en Chamberí y declarase las obras de interés general. En
esas fechas, González era vicepresidente del Ejecutivo regional y presidente del
consejo de administración del Canal de Isabel II, propietario de los terrenos.
Según los investigadores, gracias a González, el Canal de Isabel II adjudicó la
gestión del campo de golf al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que no era
la mejor oferta económica. El grupo al que se adjudicó el proyecto estaba
formado por varias empresas en las que participaban el hermano de Ignacio
González, Pablo González, y su cuñado José Juan Caballero.
Sobre la supuesta comisión de 1,4 millones destinada al expresidente de la
Comunidad de Madrid por la adjudicación del tren a Navalcarnero, los
investigadores han acreditado que se hizo una transferencia por esta cantidad
desde la filial de la constructora en México al banco Anglo Irish Bank en Suiza
y que terminó en la sociedad Lauryn Group del empresario de la ‘jet set’, Adrián
de la Joya. La UCO interceptó una llamada telefónica a González en la que
señalaba a López Madrid como responsable de dicha transferencia.
https://okdiario.com/investigacion/2018/02/26/gonzalez-no-quiere-igae-investigue-golf-del-canal-tren-navalcarnero-1818954
LÓPEZ MADRID ANOTÓ EN UNA AGENDA LA “INSTRUCCIÓN” DE GONZÁLEZ PARA QUE LE
ADJUDICARAN MÁS OBRAS
El empresario Javier López Madrid anotó en su agenda una referencia a la
“instrucción” de Ignacio González al exdirector de Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid Jesús Trabada para que le adjudicaran más contratos de obra.
Los investigadores sospechan que esta orden podría estar vinculada con la
presunta mordida de 1,4 millones de euros que iba a cobrar González por dicha
adjudicación.
En la agenda intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO
a López Madrid en su despacho, recogida en el sumario del caso Lezo al que ha
tenido acceso OKDIARIO, el empresario escribe la siguiente anotación en el año
2007: “Jesús Trabada sin contar Navalcarnero (darle instrucción de Nacho)”.
Los investigadores consideran que estas anotaciones se refieren a la orden de
“amaño” del expresidente madrileño que el propio López Madrid tenía que
transmitir al entonces director de Infraestructuras para adjudicar obras a la
constructora del empresario.
En su declaración del pasado 20 de abril de 2017 como investigado ante la UCO,
López Madrid reconocía que realizó esas anotaciones en el marco de una reunión
con el directivo Rafael Martín de Nicolás que le estaba explicando la cartera de
posibles clientes y de posibles contratos.
Según su testimonio, lo que el directivo le quiso decir es que habría hablado o
pretendía transmitir a Jesús Trabada, entonces director de Infraestructuras de
la región, que si no contaban “la adjudicación de Navalcanero, que realmente
era una concesión y no un contrato de obra, estaban por debajo de las
adjudicaciones recibidas por otras compañías”.
Sobre la afirmación “darle instrucción de Nacho”, no recordaba a la persona
llamada Nacho a la que se estaba refiriendo, “pudiendo referirse a algún
empleado o directivo de la compañía”. Al día siguiente, López Madrid
comparecía en sede judicial y volvía a reconocer sus apuntes insistiendo en que
estaba hablando “de la cartera de obra” por eso se cita a Teatros del Canal,
Mintra (empresa del Metro de Madrid) o Colombia.
De la mención a Navalcanero, repetía que en Mintra iban bajos respecto “a la
cuota de mercado que nos correspondía y que sólo con Navalcarnero, que no es
una obra propiamente dicha, sino una concesión y que por tanto hay que poner
balance, hay que poner inversión llegaríamos a esa cuota de mercado y por eso
es lo que se refiere”.
A preguntas del juez, negaba haber dado instrucciones a Jesús Trabada al que en
ese momento “desconocía” y sobre la anotación de “darle instrucciones de Nacho”,
López Madrid señalaba que “pudo ser hasta un director financiero que teníamos
que se llamaba Nacho, que era el que hacía los cuadros donde hablábamos de las
adjudicaciones y las que nos pasaban”.
Meses después el pasado 7 de noviembre, en el careo que mantuvo con el
empresario Adrián de la Joya, López Madrid volvió a ser preguntado sobre la
anotación. En esta ocasión, afirmó que “ese Nacho yo estoy convencido de que es
Nacho Martínez, que era el que miraba las carteras”. De esta forma, mantuvo
hasta en dos ocasiones que la anotación de “Nacho” se correspondía con el
directivo Nacho Martínez.
Sin embargo, el propio aludido negaba esta afirmación en su comparecencia como
testigo ante la UCO del pasado 15 de diciembre . Al ser preguntado por los
agentes sobre la afirmación de López Madrid que le identificaba como “Nacho” en
su agenda, éste lo negaba y añadía “que él no confeccionaba ningún cuadro
relativo a adjudicaciones y menos de ámbito nacional”.
La mordida para González
Los investigadores de Lezo han acreditado que se hizo una transferencia por 1,4
millones de euros desde la filial de la constructora en México al banco Anglo
Irish Bank en Suiza y que terminó en la sociedad Lauryn Group del empresario de
la ‘jet set’, Adrián de la Joya.
La UCO interceptó una llamada telefónica a Ignacio González en la que éste
señalaba a López Madrid como responsable de dicha transferencia. Adrián de la
Joya aseguró al juez haber recibido ese dinero tras una llamada del propio López
Madrid.
Al enterarse que el destino del dinero era pagar una comisión al expresidente de
la Comunidad, según la versión de este empresario, se quedó con el dinero como
pago de una operación que tenía pendiente, negándose a pagar comisiones a
“políticos o funcionarios”.
https://okdiario.com/investigacion/2018/02/26/lopez-madrid-anoto-agenda-instruccion-gonzalez-adjudicaran-mas-obras-1784474
UNA HUELLA LLEVA A VILLAR MIR DE NUEVO ANTE EL JUEZ DEL ‘CASO LEZO’
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha vuelto a citar como
imputado al expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar-Mir por los
supuestos sobornos por la adjudicación del contrato para la construcción del
tren de Móstoles a Navalcarnero, una obra que no llegó a ejecutarse. El
magistrado investiga, en la pieza número 3 del caso Lezo, una supuesta comisión
de 1,4 millones de euros que se ingresó en una cuenta suiza de titular
desconocido pero que se sospecha que pertenece al expresidente madrileño Ignacio
González o alguien de su entorno. La cantidad es el 3% del importe de
adjudicación de los trabajos de esta infraestructura.
La citación del empresario, de 86 años, ante el juzgado se produce después de
que la Guardia Civil le tomase una huella para cotejarla con otra que había
aparecido en un “objeto” supuestamente relacionado con el pago de esta presunta
comisión.
El empresario y exministro de Hacienda en el primer Gobierno del reinado de Juan
Carlos I, deberá comparecer el 21 de marzo a las 9.30 en la Audiencia Nacional.
Ese día también se ha citado a su yerno Javier López Madrid, exconsejero de OHL.
El día anterior han sido citados, también como imputados los exconsejeros
delegados de la compañía Rafael Martín de Nicolás y Tomás García Madrid.
Villar Mir ya declaró ante el magistrado en septiembre de 2017 por estos mismos
hechos. En aquella ocasión ya negó tener ningún conocimiento sobre el supuesto
pago en 2007 de una millonaria mordida al presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, para que se adjudicara a OHL la construcción de parte de la
línea de tren que debía unir las localidades madrileñas de Móstoles y
Navalcarnero.
La transferencia de los 1,4 millones de euros se realizó desde una filial de la
constructora en México y tuvo como destino una cuenta suiza del banco Anglo
Irish Bank, controlada por la sociedad panameña Lauryn Group. Según los
investigadores, el dinero tenía como destino pagar un soborno a Ignacio
González. Solo un mes después del pago, la constructora se hizo con el concurso.
Por esta operación fue detenido el yerno de Villar Mir, el empresario Javier
López Madrid, también imputado en el caso Púnica. Hasta ahora, González ha
asegurado que nunca recibió el dinero. Sin embargo, el titular de la fundación
panameña que recibió los fondos, el empresario Adrián de la Joya, admitió que
López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera a su vez al
presidente de la Comunidad de Madrid, pero que se quedó con los fondos para
saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir tenían con él por
un proyecto en África.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/09/actualidad/1518185523_376163.html
EL JUEZ DEL CASO LEZO DECIDIRÁ ANTES DE SEMANA SANTA SI IMPUTA A GALLARDÓN
El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel
García Castellón, tiene encima de la mesa decidir si imputa, o no, al ex
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la pieza número 1 del caso
Lezo, donde se investiga la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de
Isabel II que conllevó un sobrecoste de 70 millones de euros, según las
pesquisas y elindependiente.com avanza que lo decidirá antes de Semana Santa.
Asegura el mencionado digital, citando fuentes jurídicas, que el pasado jueves
el instructor se reunió con la Fiscalía Anticorrupción y acordaron que antes de
las vacaciones de Semana Santa tomarían una decisión sobre si se debe investigar
o no a Ruiz- Gallardón en la trama que lideró Ignacio González.
Explica el diario que dirige Casimiro García-Abadillo que “hasta ahora, el juez
–a petición de los fiscales Ana Cuenca y Antonio Romeral- ha practicado en las
últimas semanas una treintena de interrogatorios para tratar de esclarecer las
circunstancias que rodearon a la compra de Inassa en el año 2001”. E informa que
“en concreto, García Castellón ha estado tomando declaración a todos los
miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en aquel momento”.
Además, el instructor citó como testigos a los ex altos cargos de la Comunidad
de Madrid que elaboraron los informes de la citada operación.
Y asegura que tanto el magistrado como Anticorrupción tienen claro que si se
acuerda la citación de Alberto Ruiz-Gallardón como investigado es porque haya
serios indicios de que conoció e impulsó la compra presuntamente fraudulenta.
Recuerda elindependiente.com que “los investigadores sospechan que la
adquisición de la sociedad Inassa fue irregular puesto que se hizo de una forma
distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la
mercantil panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal,
para llevarla a cabo”.
La operativa paralela habría sido diseñada por Arturo Canalda, José Antonio de
Cachavera y Juan Pablo López Heras, que gestionaron la adquisición de Inassa de
una forma muy diferente al acuerdo de compra que se rubricó en el Consejo de
Administración celebrado el día 8 de octubre de 2001 a petición del propio
Canalda.
Subrayando que “aunque la operación se autorizó formalmente en el Consejo de
Administración del Canal el 14 de noviembre de 2001, lo cierto es que seis días
antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así
como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña,
creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la
operativa”.
El 29 de noviembre se dictó acuerdo por parte del Gobierno madrileño autorizando
al Canal la creación de Canal Extensia y la adquisición del 75% del capital
social de Inassa por 73 millones de euros. Ese acuerdo está firmado por los
entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y
consejero de Hacienda, Juan Bravo. De ahí, que el nombre del ex ministro haya
estado en el foco desde que salió a la luz que dicha operación de compraventa
estaba siendo investigada por la Audiencia Nacional.
Por su parte, el que fuera titular de Justicia señaló durante su comparecencia
en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre que no le parece que hubiese
un sobrecoste en la adquisición de Inassa y que, además, él no formaba parte del
Consejo de Administración que llevó a cabo la compra aunque esta le pareció “una
buena operación”.
https://www.elboletin.com/noticia/159838/nacional/el-juez-del-caso-lezo-decidira-antes-de-semana-santa-si-imputa-a-gallardon.html
PEDRO CALVO SEÑALA A CARLOS MAYOR OREJA POR LA COMPRA DE INASSA DESDE PANAMÁ Y
EXCULPA A GALLARDÓN
Declaración del expresidente del Canal de Isabel II en el caso Lezo
Los ex consejeros del Canal afirman que confiaron en Canalda para la compra de
Inassa
El expresidente del Canal, Pedro Calvo: “La compra de Inassa en Panamá fue
transparente y legal”
El expresidente del Canal de Isabel II y consejero de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, Pedro Calvo, señaló a su
antecesor en la presidencia del Canal, Carlos Mayor Oreja, como uno de los
responsables de la compra de la filial colombiana Inassa a través de una
sociedad panameña por 73 millones de dólares.
Durante su declaración como investigado en el marco del caso Lezo del pasado 10
de enero ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia
Nacional, Manuel García Castellón, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Pedro
Calvo declaraba inicialmente que no recordaba haber hablado con Alberto Ruiz
Gallardón sobre la operación, porque les daba “autonomía” en el Gobierno y que
si el expresidente madrileño hubiera conocido la operación hubiese dado su
autorización porque “era beneficiosa”.
A continuación, la Fiscalía Anticorrupción le pregunta sobre el papel de
Gallardón en la compra de la filial colombiana por 73 millones de dólares a
través de la empresa panameña Sociedad de Aguas de América: “¿Podía iniciarse
una operación de estas características sin contar con el conocimiento, el
beneplácito del señor Ruiz Gallardón? ¿Se podía hacer a espaldas de Gallardón?”.
Calvo afirma que la pregunta tiene una respuesta “difícil”. “Durante la etapa de
Carlos Mayor Oreja se produce un cambio en la orientación del Canal, se retoma
la misión de que el Canal tenga una expansión internacional. Es cuando se crea
el departamento de Nuevos Negocios, se le da una nueva orientación”.
En ese momento, el magistrado García Castellón pide a Calvo mayor concreción en
su respuesta y este prosigue señalando que “la respuesta no puede ser un sí o un
no”.
“Entiendo que el señor Carlos Mayor Oreja cuando en el mes de mayo del año 2001
el Canal decide retirar toda la documentación que formaba parte de la licitación
se lo comentaría al señor Ruiz Gallardón. Yo también entiendo que antes de
llevar ese asunto al Consejo de Administración pude haber tenido alguna
conversación informal, pero usted comprenderá que no pueda conocer los detalles
después de 16 años”.
La valoración y compra de Inassa
Durante su comparecencia, Pedro Calvo no recordaba si en el Consejo de
Administración del Canal de Isabel II del 8 de octubre de 2001 se informó sobre
la compra de Inassa a través de la sociedad panameña Sociedad de Aguas de
América, SAA. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2001 se dio el visto bueno a
realizar una oferta por el 75 % de Inassa por 73 millones de dólares (83
millones de euros), incluyendo el 51% de la sociedad dominicana Watco.
Según Calvo, el valor de Inassa radicaba en las “concesiones de abastecimiento
del agua en las ciudades de Barranquilla y Santa Marta en Colombia, el estado de
Zulia en Venezuela o Ciudad de Santo Domingo en República Dominicana”.
El expresidente del Canal de Isabel II afirmaba que en el Consejo del Canal se
ofreció “información exhaustiva” sobre la compra y que “las formas en las que se
podía efectuar la compra figuraba en la documentación”. “Hacer la operación de
compra directamente en Colombia o a través de una empresa de Panamá era
fiscalmente similar”, añadía.
Calvo aseguraba que desconocía porque la valoración de Inassa pasó de 25 a 73
millones de dólares, afirmando que lo que “no entendía” era que hubiera sido
valorada inicialmente por 25 millones. Después señalaba que la valoración se
incrementó por “los años de las concesiones” de la sociedad colombiana.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid “tenía que dar el visto bueno
sobre la creación de Canal Extensia y para autorizar el endeudamiento de 51
millones de la compra de Inassa“. Dicho Consejo tuvo lugar el 29 de noviembre de
2001.
Por último, negaba que “la elevación de la propuesta” al Consejo de Gobierno de
compra de Inassa correspondiera a la Consejería de Medio Ambiente que él
dirigía, sino a la “Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Hacienda”, que dirigía Juan Bravo.
https://okdiario.com/espana/2018/02/05/pedro-calvo-senala-carlos-mayor-oreja-compra-inassa-desde-panama-exculpa-gallardon-1774686
ÉSTE ES EL AVAL DE 2,2 MILLONES QUE FIRMÓ EL CANAL CUANDO NO SE HABÍA AUTORIZADO
LA COMPRA DE INASSA
La fiscal deja sin palabras a Calvo por el aval de Inassa: “No puedo dar una
explicación”
OKDIARIO publica el aval “irrevocable y no transferible” de 2,2 millones de
euros (1,8 millones de dólares) que suscribió el Canal de Isabel II para
formalizar la compra de la sociedad Inassa a través del paraíso fiscal de Panamá
tres semanas antes de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM)
que presidía Alberto Ruiz Gallardón aprobara la operación.
EL aval sobre la adquisición de las acciones de la filial colombiana del Canal,
que se fraguó a través de la offshore panameña Sociedad de Aguas de América
(SAA) se firmó el 8 de noviembre de 2001, 21 días antes de la autorización del
Consejo de Gobierno.
El escrito cita textualmente lo siguiente: “Por instrucciones de Canal de Isabel
II (“Los Ordenantes”) Banco Español de Crédito, S.A. (“El Banco”) por la
presente establece este aval irrevocable y no transferible n° AV1292-211-1255 a
favor de Soluciones Ambientales, S.A., Stanke Investments, S.A. y Fianzas
Internacionales Real, S,A. (“Los Beneficiarios”), por un importe máximo de un
millón ochocientos setenta y cinco mil dólares (USD$ 1.875.000,-) (El “Monto
Original”) con efecto a partir del 15 de Noviembre de 2001, fecha de
adjudicación de la operación de venta del 100% de la Sociedad Aguas de América
(La “Fecha Efectiva”) y con vencimiento el 20 de Febrero de 2002, fecha en la
cual caducará y quedará sin efecto ni validez”.
“Este aval”, añade, “está a disposición de los Beneficiarios contra letras
pagaderas a la vista, giradas por estos contra el Banco, acompañadas de
Certificado (El “Certificado”) firmado para el efecto por persona/s con poderes
suficientes para representar a los Beneficiarios (poderes que se acompañaran al
Certificado y que deberán esta debidamente legitimados a fin de surtir efectos
en España)”.
También contempla el aval los supuestos por incumplimiento en la firma de la
compra o en el pago: “Los Ordenantes, adjudicatarios del proceso de venta de la
Sociedad Aguas de América según carta de adjudicación a presentar, han
incumplido las obligaciones adquiridas bajo la Carta de Oferta suscrita el 14 de
Noviembre de 2001 (La “Carta de Oferta”) incumplimientos que constan de:
Incumplimiento en firmar, a más tardar el 27 de Diciembre de 2001, el ‘Acuerdo
de Compra Venta de Acciones’ y/ó incumplimiento en el pago a más tardar el 27
de Diciembre de 2001 de la cuota inicial del precio ofertado en la Carta de
Oferta por la suma de diez millones de dólares estadounidenses (USD$
10.000.000)”.
El escrito indica que el pago “se efectuará dentro de los 2 días hábiles
siguientes a la fecha de recepción del Certificado. Los pagos bajo el presente
aval serán efectuados por el Banco mediante transferencia bancaria de fondos
inmediatamente disponibles a la cuenta bancaria designada para el efecto por los
Beneficiarios”.
“Salvo estipulación en contrario, este aval esta sujeto a las Reglas y Usos
Uniformes de los Créditos Documentarios Revisión de 1993, Publicación n° 500
CCI y cualquier discrepancia que surja del presente aval o de su ejecución,
estará sujeta a la legislación Española. Madrid, a 8 de Noviembre de 2001″
concluye el escrito.
La fiscal dejó sin palabras de Calvo
Tal y como publicó este diario, la fiscal anticorrupción del caso Lezo dejó sin
palabras al expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo, tras preguntarle
por el citado aval de 2,2 millones que firmó la empresa pública del agua.
En la declaración de Pedro Calvo como investigado ante el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
del pasado 10 de enero, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el 8 de
noviembre de 2001 los gerentes de la empresa pública madrileña, antes de que su
Consejo de Administración aprobara la compra, ya disponían de “una aval
irrevocable y no transferible a favor de unas sociedades panameñas y uruguayas”,
que eran las propietarias de SAA, “en la que estaban ya garantizando esta
operación”.
La fiscal preguntaba entonces cómo era posible que, sin las autorizaciones, ya
dispusieran de “una aval irrevocable que conllevaba una pérdida de casi 1,9
millones de dólares si no se aprobaba”. Pedro Calvo se quedaba prácticamente sin
palabras y respondía que “no tenía conocimiento de ese aval” y que “en estos
momentos” no podía dar una explicación.
https://okdiario.com/investigacion/2018/02/07/este-aval-22-millones-firmo-canal-cuando-no-habia-autorizado-compra-inassa-1790519
GONZÁLEZ ENCARGÓ PERSONALMENTE A SU CUÑADA EN CUATRECASAS EL INFORME DE INASSA
CONTRA GALLARDÓN
El expresidente de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II, Ignacio
González, exigió "máxima confidencialidad" y que el trabajo no lo pagara la
empresa pública de aguas
La cuñada de Ignacio González, Pilar Cavero, gestionó directamente con el
entonces presidente del Canal de Isabel II y vicepresidente de Madrid, Ignacio
González, el informe que hizo Cuatrecasas sobre la compra de Inassa por parte de
la empresa pública de aguas en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón.
En el sumario del caso Lezo figura un correo electrónico dirigido al director
general del despacho con copia al adjunto en el que Cavero asegura que es
González quién le ha pedido el encargo y quien ha puesto las condiciones del
trabajo. Un informe ad hoc de “máxima confidencialidad”, que debía pagarse
incluso bajo una operativa opaca “desde otras sociedades diferentes” con el
objetivo de buscar "agujeros o zonas grises" en Inassa, la empresa matriz del
Canal.
Bajo el título "CANAL DE ISABEL II ASUNTO. CONFIDENCIALIDAD", Cavero explica que
"parece que ya por fin podemos ponernos a trabajar y dedicarnos a nuestros
business". Y continúa señalando que "como he comentado a Julián -adjunto a la
dirección de Cuatrecasas- me ha llamado González, Vicepresidente Ejecutivo de la
Comunidad de Madrid, y a su vez presidente del Canal de Isabel II, para
comentarme si Cuatrecasas, podría hacerse cargo de llevar a cabo una AUDITORÍA
OPERATIVA", de todas las sociedades del grupo de Aguas (Canal de Isabel II).
En concreto, Cavero se refiere a "hacer la foto y la revisión de todos los
aspectos fiscales, contables, legales y dar datos e información sobre compras,
ventas, e incluso revisar si los precios de ventas eran razonables o ridículos,
pues parece que alguno de los precios de venta son inaceptables". Según la
cuñada de González "tienen la impresión de que en la sociedad colombiana y otras
hay más de un agujero o zona gris". Cuatrecasas concluyó que la compra de Inassa
era “muy cuestionable desde el punto de vista de su idoneidad y legalidad” y que
el precio que se pagó fue muy superior al de mercado ya que “la valoración está
relacionada con personas que eran parte vendedora”.
Las condiciones del encargo fueron explícitas y contemplaban incluso pagarlo por
fuera del Canal. "Quieren máxima confidencialidad en la operación, incluso los
honorarios se abonarían desde otras sociedades diferentes". El informe debía
incluir la actividad del Canal en Colombia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador,
México, Chile, Santo Domingo y España.
Es la propia cuñada de González quien sugiere también qué personas debían hacer
el informe. Da tres nombres "Como mercantilista sugiero Javier Villasante o Rai,
un fiscalista, sugiero Antonio Plaza, y probablemente algún experto del área
financiera de R. Mínguez, pero este extremo lo detallaremos".
La relación entre el encargo de González a través de su cuñada es tal, que Pilar
Cavero detalla hasta qué punto han hablado del informe "Le he explicado a
Ignacio González que podríamos coordinarlo nosotros íntegramente pero
necesitaríamos probablemente apoyarnos en abogados locales de cada zona". Y
concluye "Me gustaría poder mañana comentar la operatoria con vosotros".
"Felicidades por el encargo"
En otro correo, fechado el mismo día, 25 de febrero de 2004, el entonces
director general de Cuatrecasas y hoy presidente ejecutivo, Rafael Fontana,
responde al correo inicial de Cavero y le da la enhorabuena. "Felicidades por el
encargo, mañana hablamos" y añade "buen asunto que debemos procurar liderar y
ejecutar". Ese año Pilar Cavero Mestre ya era socia del despacho jurídico.
http://cadenaser.com/ser/2018/02/06/tribunales/1517940610_814861.html
EL JUEZ PIDE QUE SE INVESTIGUE A MAURICIO CASALS POR OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
Ramiro García de Dios considera que ha podido incurrir en un delito de
desobediencia a la autoridad judicial al no querer dar el nombre de la
"magistrada amiga de la casa" que le avisó de que Ignacio González estaba siendo
investigado.
El juez Ramiro García de Dios, que ha investigado el caso del presunto chivatazo
de una "magistrada amiga de la casa" que habría avisado de que el expresidente
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, estaba siendo investigado en el
marco del caso Lezo al presidente de La Razón, Mauricio Casals, solicita que se
investigue a éste último por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
El titular del juzgado de instrucción número seis de Madrid tuvo que archivar la
investigación la semana pasada precisamente por la falta de colaboración de
Mauricio Casals que, a pesar de que declaró como testigo, no quiso desvelar el
nombre de la "magistrada amiga de la casa" a la que se refirió en una
conversación con Ignacio González. Según contó el expresidente de la Comunidad
de Madrid al exministro Eduardo Zaplana durante una conversación intervenida en
Lezo, el presidente de la Razón le contó: "Edmundo está 'acojonao', me ha dicho
que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que
es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una
conversación de Edmundo muy extraña'".
Tanto Rodríguez Sobrino como Mauricio Casals e Ignacio González declararon ante
el juez por este motivo. Dado que las versiones de los dos últimos eran
contradictorias, el juez solicitó un careo entre ambos. Dicho careo tampoco
sirvió para esclarecer el nombre de la jueza que les habría puesto al tanto de
la investigación.
Por eso, el juez Ramiro García de Dios solicita al Decanato que de autorización
al juzgado de instrucción número seis para investigar a Mauricio Casals por un
delito de desobediencia a la Justicia "al negarse a facilitar a la autoridad
judicial el nombre de la 'magistrada amiga de la casa' que le avisó de que el
señor Ignacio González estaba siendo investigado y grabado en sus intervenciones
telefónicas por decisión judicial".
Concretamente, el juez solicita que se le investigue por dos delitos contra la
Administración de Justicia: el de falso testimonio, previsto en el artículo 460
del Código Penal y castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su
caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses
a tres años y por el de desobediencia grave a la autoridad, previsto en el
artículo 556 del mismo código.
Según éste, "serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o
multa de seis a dieciocho meses los que (...) resistieren o desobedecieren
gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al
personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle
actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad o los que faltaren al respeto y consideración debida a la
autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de
multa de uno a tres meses.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180209/piden-investigue-mauricio-casals-obstruccion-justicia/283721989_0.html
EL CAREO ENTRE CASALS Y GONZÁLEZ NO DESVELA QUÉ MAGISTRADA DIO EL CHIVATAZO DEL
‘CASO LEZO’
El presidente de La Razón niega ante el juez haber dicho que una juez "amiga de
la casa" le advirtiera de la investigación
El careo celebrado este lunes por el juez de Madrid Ramiro García de Dios entre
el expresidente madrileño Ignacio González y el presidente de la empresa editora
de La Razón, Mauricio Casals, no ha servido para averiguar la identidad de la
"magistrada amiga de la casa" que supuestamente advirtió a los cabecillas del
caso Lezo de corrupción de que estaban siendo investigados. Fuentes presentes en
el careo han señalado que Casals ha negado haber dicho a Edmundo Rodríguez
Sobrino, consejero de La Razón e investigado en Lezo, que una juez cercana al
periódico le hubiera dado un chivatazo sobre la investigación.
En las escuchas telefónicas de ese sumario de corrupción se escucha al
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González explicarle al exministro
del PP Eduardo Zaplana que Mauricio Casals le había contado que una “magistrada
amiga de la casa” le había “llamado” para informarle de que la Guardia Civil les
estaba grabando.
En esa grabación, de noviembre de 2016, Ignacio González le relataba a Zaplana
la siguiente conversación con Casals: “Edmundo [Rodríguez Sobrino, consejero de
La Razón e imputado en Lezo] está acojonao, me ha dicho que le están grabando o
no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao'
para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy
extraña'”. Edmundo Rodríguez Sobrino fue presidente de Inassa, filial del Canal
de Isabel II en América Latina ingresó en prisión el 21 de abril y salió bajo
fianza de 100.000 euros en noviembre.
Fuentes presentes en el careo han informado de que Casals ha negado haber dado
tal referencia a una magistrada amiga, y que González ha afirmado que "le
pareció" haber entendido eso tras esa conversación con el máximo directivo de la
empresa editora de La Razón. Otras fuentes próximas a Casals han apuntado que
quizá la expresión de la "magistrada amiga" fuera una "fabulación" de este para
tranquilizar a Edmundo Rodríguez.
El primer juez instructor del caso Lezo, Eloy Velasco, preguntó el pasado abril
a Casals por esta magistrada a la que hacía referencia González en su
conversación, pero no logró que el directivo de Atresmedia le diera la identidad
de la supuesta delatora alertó a los imputados.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/29/actualidad/1517217865_886001.html
GONZÁLEZ DONÓ 145.000 EUROS A SUS HIJAS PARA COMPRAR DOS PISOS DE PROTECCIÓN
PÚBLICA
El juez del caso Lezo investiga una donación de 145.000 euros del expresidente
madrileño, Ignacio González, a dos de su hijas para comprar sendas Viviendas de
Protección Pública Básica (VPPB) en el barrio madrileño de Valdebebas donde se
encuentra ubicada la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el frustrado Campus de
la Justicia.
Según se desprende del sumario de la causa, al que ha tenido acceso OKDIARIO,
González y su esposa firmaron dos escrituras ante el notario Eusebio Javier
González Lasso de la Vega para efectuar dos donaciones en metálico de 72.284,11
euros cada una para sus hijas Lourdes y Patricia el 17 de diciembre de 2010.
La escritura indica literalmente que “los cónyuges Don Jaime Ignacio González
González y Doña María Lourdes Cavero Mestre donan pura y simplemente” a sus
hijas Lourdes González Cavero y Patricia González Cavero la suma de 72.284,11 €.
Las donaciones se efectuaron mediante “transferencias bancarias realizadas los
días 11 de octubre de 2010, 26 de octubre de 2010 y 29 de noviembre de 2010,
justificantes de las cuales, dejo unidos a esta matriz, y en la que constan las
respectivas cuentas de cargo y de abono de la totalidad de la suma donada”.
“Los señores donantes hacen constar”, añade la escritura, “que después de esta
donación, les quedan bienes suficientes para su subsistencia, que esta
donación, no perjudica los derechos legitimarios de sus herederos forzosos y
que disponen expresamente los donantes que la presente donación, tenga el
carácter de no colaccionable para la parte donataria”.
Los justificantes bancarios aportados en la escritura que publica este diario
reflejan como al menos parte de esa cantidad, un importe de 9.084,11 euros
respectivamente, sirvió de reserva para comprar dos pisos de Protección Pública
Básica en la promoción C.B. Valdebebas 136. Así consta en el concepto de dichas
transferencias que publica este diario.
González y su esposa compraron su chalet adosado de 3 plantas en una de las
zonas más exclusivas del barrio madrileño de Aravaca por 1.060.600 euros el 28
de febrero de 2006. En el año 2010, donaban los citados 145.000 euros a sus dos
hijas y dos años más tarde compraban el polémico y lujoso dúplex de Estepona por
741.000 euros. Ambos son investigados en el caso
Lezo por presunto blanqueo de capitales.
Las tres hijas de Ignacio González y Lourdes Cavero no están imputadas en la
causa, sin embargo, sus cuentas bancarias fueron bloqueadas por el juez para
esclarecer si en ellas el matrimonio ingresó dinero procedente de presuntas
actividades ilícitas. Hace 3 meses, la defensa de las tres hijas solicitaba al
magistrado García Castellón el desbloqueo de dichas cuentas y de sus depósitos
de ahorro.
Los pisos de Valdebebas
Esta promoción fue desarrollada por el arquitecto Francisco Mangado, y por sus
elevadas prestaciones y la utilización de los materiales obtuvo el
reconocimiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid otorgando a la
promoción el Premio COAM 2015. La parcela está muy próxima a la estación de
cercanías y al parque urbano de Valdebebas. Su ubicación permite un rápido
desplazamiento al centro de Madrid, tanto en vehículo privado como en transporte
público.
El conjunto inmobiliario tiene diferentes alturas conformando un conjunto
arquitectónico singular. Según la web de la promoción, “conviven en el mismo
edificio el uso residencial y el comercial, con la presencia de locales en
planta baja en torno a una plaza que será centro de atracción de actividad
económica y vida urbana”.
Las zonas comunes de Residencial Valdebebas 136 cuentan con piscina y amplias
zonas ajardinadas. “El acceso a cada uno de los siete portales se hace desde el
interior de la urbanización, cuyo control de acceso estará centralizado con una
conserjería”.
Estos pisos están sujetos a un Precio Máximo Legal de Venta (PMLV), que fija la
Comunidad Autónoma de Madrid por metro cuadrado de superficie útil en cada
municipio y por encima del cual no puede ser vendida. Esto facilita el acceso a
la vivienda para las personas con menores recursos económicos, como por ejemplo
los jóvenes.
Para acceder a viviendas VPP, los ingresos familiares no deben superar 5,5 veces
el IPREM. Las hijas mayores de Ignacio González que firmaron su escritura de
propiedad el 30 de enero de 2014.
https://okdiario.com/investigacion/2018/02/09/gonzalez-dono-145-000-euros-hijas-comprar-dos-pisos-proteccion-publica-1789736
JOSÉ MARÍA GARCÍA NIEGA QUE HABLARA DE VILLAR MIR AL REFERIRSE A LOS SOBORNOS DE
UN CONSTRUCTOR AL PP
El periodista dijo que un constructor le contó que pagó mordidas al PP a cambio
de contratos
El periodista José María García ha negado que se estuviera refiriendo al
constructor Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, al manifestar en el
programa Salvados, de La Sexta, que un empresario, cuyos datos coincidían con
Villar Mir, le había contado que “compraba a políticos”. García ha declarado
durante media hora como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel
García-Castellón, instructror del caso Lezo de corrupción, en la que se
investiga una supuesta mordida de 1,4 millones de euros al PP a cambio de la
adjudicación de la obra del tren de Móstoles a Navalcarnero.
"Sí. Un día a un empresario importantísimo, cazado in fraganti, le digo. 'Tú que
has tenido cargos políticos importantísimos en este país, ¿por qué estás
comprando a políticos?", relató García. A lo que el empresario, según la versión
de García, contestó: "Yo tengo una empresa que tiene más de 30.000 obreros, si
yo no hago obra pública yo no puedo sobrevivir. Y para hacer un metro de obra
pública, tengo que pasar por caja".
El presentador del programa, Jordi Évole, le preguntó a continuación a García:
"¿Financiaba ilegalmente a un partido político ese constructor? Porque entiendo
que es un constructor…". "Un constructor importante y poderosísimo", contesta
José María García.
Évole sigue preguntando: "¿Y que había tenido cargos políticos? ¿Igual había
sido ministro en otra época de este país? Es que claro… Es que son muchas
pistas. ¿Empieza por Villar y acaba por Mir?". Y José María García concluye:
"Empieza por V y acaba por R".
Según ha manifestado García a la salida del interrogatorio, la mención a Villar
Mir fue una deducción de Jordi Évole, y que las letras V y R, que dijo él, no
fueron una corroboración, sino una simple constatación de que fue Évole el que
se refirió al constructor y exministro de Hacienda en el primer reinado de Juan
Carlos I.
Villar Mir está imputado en la pieza 3 del caso Lezo, en la que se investiga una
supuesta comisión de 1,4 millones de euros que se ingresó en una cuenta suiza de
titular desconocido pero que se sospecha que pertenece al expresidente madrileño
Ignacio González o alguien de su entorno. La cantidad es el 3% del importe de
adjudicación de los trabajos de esta infraestructura.
El empresario, de 86 años, ha vuelto a ser citado ante el juzgado el próximo 21
de marzo después de que la Guardia Civil le tomase una huella para cotejarla con
otra que había aparecido en un “objeto” supuestamente relacionado con el pago de
esta presunta comisión.
Villar Mir ya declaró ante el magistrado en septiembre de 2017 por estos mismos
hechos. En aquella ocasión ya negó tener ningún conocimiento sobre el supuesto
pago en 2007 de una millonaria mordida al presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, para que se adjudicara a OHL la construcción de parte de la
línea de tren que debía unir las localidades madrileñas de Móstoles y
Navalcarnero.
La transferencia de los 1,4 millones de euros se realizó desde una filial de la
constructora en México y tuvo como destino una cuenta suiza del banco Anglo
Irish Bank, controlada por la sociedad panameña Lauryn Group. Según los
investigadores, el dinero tenía como destino pagar un soborno a Ignacio
González. Solo un mes después del pago, la constructora se hizo con el concurso.
Por esta operación fue detenido el yerno de Villar Mir, el empresario Javier
López Madrid, también imputado en el caso Púnica. Hasta ahora, González ha
asegurado que nunca recibió el dinero. Sin embargo, el titular de la fundación
panameña que recibió los fondos, el empresario Adrián de la Joya, admitió que
López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera a su vez al
presidente de la Comunidad de Madrid, pero que se quedó con los fondos para
saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir tenían con él por
un proyecto en África.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/12/actualidad/1518443590_797770.html
LA FISCALÍA A UN IMPUTADO: "¿RECIBIÓ INSTRUCCIONES DE AGUIRRE PARA ADJUDICAR EL
CONTRATO A OHL?"
El ministerio público trata de determinar si la expresidenta de la Comunidad de
Madrid participó en las irregularidades detectadas en la adjudicación de la
construcción del tren Móstoles-Navalcarnero
La fiscal del 'caso Lezo' preguntó de forma directa en el interrogatorio que
realizó el 12 de septiembre al ex director de Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid y exdirector de la empresa de Metro (Mintra), José Trabada, si la
expresidenta madrileña Esperanza Aguirre le había dado instrucciones para que la
obra del tren entre Móstoles y Navalcarnero, por el que su 'número dos' habría
pactado cobrar una comisión de 1,4 millones de euros, se adjudicara a OHL, según
la grabación de la comparecencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
"¿Usted ha recibido alguna instrucción de Ignacio González para que le fuese
adjudicado este contrato [el tren a Navalcarnero] a OHL?", interpeló la
representante del ministerio público, a lo que Trabada respondió: "Nunca". Y fue
entonces cuando la fiscal aludió a la actuación de la expresidenta madrileña:
"¿Y de la señora Esperanza Aguirre, de la que usted ha dicho que está detrás de
que se construyese esto?". "No", contestó de forma categórica el imputado.
Según las pesquisas del 'caso Púnica', Javier López Madrid, exconsejero de la
empresa OHL, habría abonado 2,1 millones que la constructora había destinado
supuestamente a la caja b del PP madrileño para financiar las elecciones
autonómicas de 2011, con Aguirre de candidata, o las europeas de 2014. Así lo
consideraron el juez y los investigadores tras analizar un cuaderno con
anotaciones manuscritas del cabecilla de la 'Púnica', el ex secretario general
del PP y exconsejero madrileño Francisco Granados.
Precisamente, el expresidente y ex director general de OHL, Juan Miguel Villar
Mir y Javier López Madrid, están imputados en 'Lezo' y en 'Púnica', los casos de
corrupción en los que se investiga la presunta financiación ilegal del PP de la
propia Aguirre, con Francisco Granados e Ignacio González como 'lugartenientes'.
De forma reciente, el juez unificó las causas sobre la financiación ilegal del
PP que se habían abierto en ambos casos de corrupción.
Precisamente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, dictó este jueves un auto en el que
citaba como imputado a Juan Miguel Villar Mir y a Javier López Madrid. Tanto el
expresidente de OHL como el exconsejero del grupo deberán declarar por las
irregularidades en la realización de obras en el Metro de Madrid cuando
Francisco Granados era consejero.
Consejería de Transportes
En el auto del magistrado, al que ha accedido Vozpópuli, se establece que esta
decisión se adopta en relación a las "adjudicaciones efectuadas por la
Consejería de Transportes" durante los años 2003 y 2004. El tiempo en el que
transcurrió el mandato de Francisco Granados, en la que su 'número dos' era José
Trabada.
El juez considera que hubo "tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación
concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de
comisiones", especifica la resolución, que se conoce después de la declaración
de 12 de septiembre de Trabada, que el 28 de diciembre de 2011, tras perdonar
una millonaria multa a OHL por paralizar la obra del tren Móstoles-Navalcarnero,
creó una empresa en la que también participaron un testaferro de Granados
[Ignacio Palacios] y el propio López Madrid.
En su declaración, Trabada reconoció que "Ignacio Palacios era el jefe de
gabinete de Granados. "No sé de quién era el dinero porque podía ser de
cualquiera, ya que las acciones tenían un carácter nominal”, especificó Trabada,
que no supo dar una respuesta convincente a la fiscal del motivo por el que
acabó siendo socio de López Madrid después de perdonarle una multa millonaria a
su empresa.
'Caso Púnica'
Esta respuesta fue suficiente para la fiscal, que reconoció que esta parte del
interrogatorio del imputado “es objeto de otro procedimiento”, en referencia a
la Púnica, “ya lo miraremos tranquilamente”, explicó la funcionaria, que volverá
a interrogar a Trabada, aunque en este caso en la causa contra Granados.
En el auto en el que se imputa al expresidente de OHL en 'Púnica', el juez
indica que Granados abusó de su condición para favorecer a la empresa Obrum con
un lote de adjudicaciones, vinculada a David Marjaliza, "a cambio del pago de
importantes comisiones". Fueron concedidos desde la empresa pública Mintra.
García-Castellón señala que todo el proceso se estaba desarrollando con total
conocimiento y participación del consejero delegado Jesús Trabada.
El grupo OHL ha negado por su parte cualquier irregularidad en los procesos de
licitación y contratación en los que ha participado, y ha recalcado que todos
ellos se han ejecutado "con la máxima transparencia" y "de acuerdo a la Ley y a
las mejores prácticas de gobierno corporativo".
https://www.vozpopuli.com/espana/Fiscalia-Recibio-instrucciones-Aguirre-OHL-imputado-fraude-caso-lezo_0_1105389646.html
EL JUEZ PERMITE A IGNACIO GONZÁLEZ Y EL NÚCLEO DURO DE LEZO EXPURGAR LOS DATOS
PERSONALES DE LOS MÓVILES INTERVENIDOS
El juez da un plazo de diez días a las defensas de Ignacio González, su entorno
familiar investigado y el resto de la cúpula del Canal de Isabel II, entre
otros, para solicitar qué partes quieren expurgar de los móviles intervenidos
qeu afecten a "datos personales fuera del objeto de investigación".
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional,
Manuel García Castellón, da diez días de plazo a las defensas de Ignacio
González, su mujer, Lourdes Cavero, su cuñado, José Juan Caballero y su hermano
Pablo González; al hombre fuerte de González en Latinoamérica, Edmundo
Rodríguez, su hija, Patricia Rodríguez y su secretaria, Clarisa Guerra; al
exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, la exdirectora
financiera, Mª Fernanda Richmond, a Jaime Antoñanzas, Juan Miguel Madoz, el
exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta, Luis Vicente Moro y el exsecretario de
Estado con Aznar, José Manuel Serra Peris para que aleguen qué "fragmentos de
textos, imágenes o conversaciones" quieren excluir del sumario porque afectan a
su vida íntima y están fuera del objeto de la investigación.
Los investigados no se podrán llevar los dispositivos del juzgado sino que
tendrán que acudir con un disco diro para el volcado de los datos íntimos o
personales. Las defensas tendrán que hacer alegaciones sobre aquellos
"fragmentos, textos, imágenes o conversaciones que interesan excluir por afectar
a su intimidad y estar fuera del objeto de la ivnestigación" dice el escrito.
El juez admite así parte de la petición de la defensa de González que solicitó
eliminar un amplísima batería de documentos incautados al expresidente de Madrid
durante los registros de la operación Lezo. Aunque en este caso se refiere
únicamente a los teléfonos móviles, González pidió excluir varias "agendas con
anotaciones" que contenían "reflexiones políticas estrictamente personales para
la elaboración de artículos, preparación de campañas electorales, anotaciones de
frases de políticos relevantes, así como claves de acceso informáticas
personales", un contenido que ya ha sido expurgado por la defensa del
expresidente autonómico.
La diligencia de ordenación, a fecha 31 de enero, advierte a González y al resto
de investigados que de no acudir en los próximos diez días el se entenderá que
desisten del expurgo del teléfono móvil y se incorporara íntegro al
procedimiento. Contra la resolucion cabe recurso de las partes.
http://cadenaser.com/ser/2018/02/01/tribunales/1517506528_519595.html
PABLO GONZÁLEZ SE NIEGA A DECLARAR ANTE LA ASAMBLEA DE MADRID POR EL CASO LEZO
Se intentaba analizar la operación que culmino con unas instalaciones de golf en
una solar de Chamberí
Había mucha expectación ante esta cita, aunque se veía venir que este imputado
fundamental en el caso Lezo no iba a abrir la boca. Y así ha sido por lo que no
ha estado en la sala ni 20 minutos.
"No haré declaración alguna ante esta comisión y solicito de sus señorías el
debido respeto a los derechos que me asisten", ha manifestado nada más iniciar
su intervención y ahí ha acabado todo.
Pablo González ha recordado a los diputados regionales que el titular del
Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García
Castellón ha fijado en un auto que no es procedente entregarles documentación
relacionada con el caso Lezo al estar bajo investigación.
De esta forma, se ha referido a documentos del Canal de Isabel II reclamados por
los grupos parlamentarios de la oposición, como las actas de la empresa púbica
madrileña relacionadas con la compra de la empresa brasileña Emissao y la
colombiana Inassa, operaciones investigadas en el caso Lezo.
La Audiencia Nacional señala que la operación Canal Golf en los terrenos de esa
empresa pública en el barrio de Chamberí han generado más de un millón de euros
en dinero negro que se repartieron, presuntamente, imputados en esta causa.
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/16/radio_madrid/1518801284_668440.htm
CASO LEZO: DESFILE DE EMPLEADOS DEL GRUPO VILLAR MIR ANTE LA GUARDIA CIVIL
En las últimas semanas, la Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de
testigos a seis empleados del grupo Villar Mir por la presunta comisión pagada
por OHL a cambio de la adjudicación de las obras del tren de Navalcarnero.
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han tomado
en las últimas semanas declaración a seis testigos, todos ellos empleados del
grupo Villar Mir, por la adjudicación a la constructora OHL de las obras del
tren de Navalcarnero (Madrid), por la que se habría pagado presuntamente una
‘mordida’ de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González.
En concreto, según la documentación que obra en poder de El Independiente, la
Guardia Civil citó a todos ellos los pasados meses de enero y diciembre para
interpelarles por las transferencias que en el año 2007 giraron las filiales
mejicanas CPVM y OHL Sucursal por valor de 2,5 millones de dólares a una cuenta
del banco suizo Anglo Irish Bank titulada por la mercantil panameña Lauryn Group
Inc.
Según las pesquisas, dicha cuenta era en realidad del empresario Adrián de la
Joya, quien aseguró en sede judicial que dichos pagos no obedecían a ningún
servicio “sino que en realidad Javier López Madrid le había pedido que
transfiriese parte de ellos a Ildefonso de Miguel”, entonces gerente del Canal
de Isabel II. De la Joya se negó a cursar los pagos a De Miguel. Sin embargo,
estos movimientos bancarios han sido vinculados con una presunta comisión por la
adjudicación del contrato de “construcción y explotación para la nueva línea de
transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero” a la compañía OHL.
Todos estos hechos están siendo investigados en la pieza separada número 3 del
caso Lezo.
El empresario Juan Miguel Villar Mir declaró ante el juez que instruye el caso
Lezo que siempre mantuvo una actitud de "distanciamiento" y "cautela" con
Ignacio González porque "tenía dudas[...]
Junto a la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II, esta es la otra
pieza de esta macrocausa cuya investigación se encuentra más avanzada.
En relación a estos hechos, la UCO interrogó a Ignacio Martínez Esteban, quien
en el año 2007 ostentaba el cargo de director de control de construcción
internacional de OHL; a Olga García Torres, empleada del departamento de
comunicación de OHL; María Pilar Martin; secretaria de la citada constructora;
Óscar Fernández Fernández, ingeniero de la empresa del grupo Villar Mir, Espacio
Información Tecnology (EIT); Carmelo José Fernández, director de Recursos
Humanos de OHL; y, Adolfo Soto, directivo de OHL en México. Excepto este último
testigo, que explicó que de manera inusual recibió “órdenes de realizar esos
pagos directamente desde Madrid”, el resto de empleados no relataron ninguna
irregularidad ante los agentes.
Por esta pieza de Lezo ya declaró en la Audiencia Nacional el propio Juan Miguel
Villar Mir el pasado mes de septiembre, cuando negó saber nada de un supuesto
pago de 1,4 millones de euros al ex presidente González por interceder para la
adjudicación a su empresa de la construcción del citado tramo del tren.
No obstante, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la
Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha llamado a citarlo como
investigado el próximo 21 de marzo, día en el que también declarará yerno Javier
López Madrid, también imputado este procedimiento.
https://www.elindependiente.com/politica/2018/02/27/caso-lezo-desfile-de-empleados-del-grupo-villar-mir-ante-la-guardia-civil/
LA CITACIÓN DE CIFUENTES EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN "NO ERA CONTRARIA A
DERECHO"
La SER ha tenido acceso al acta de la Mesa de la Asamblea en la que
Ciudadanos cambió su voto y decidió salvar a la Presidenta para que no
compareciese en la Comisión para hablar del papel perdido de la Audiencia
Nacional.
La máxima responsable de los servicios jurídicos de la Cámara madrileña aclaró a
todos los grupos que "en caso de haber encontrado algún tipo de ilegalidad lo
habría avisado". Esa versión desmonta el criterio que ha defendido la propia
Cifuentes
Las actas acreditan que Cs frenó la citación de Cifuentes porque “no se sentían
cómodos con su voto”, por eso pidieron a la Mesa cambiarlo
El lunes 22 de enero pasará a la historia parlamentaria madrileña como el día en
el que Ciudadanos cambió su propio voto para evitar que la Presidenta madrileña,
Cristina Cifuentes fuese citada en la Comisión de Investigación de la
Corrupción, para hablar de fax de la Audiencia Nacional, supuestamente
traspapelado, que acreditó que la documentación del Canal de Isabel II que
reclamó la oposición no estaba bajo secreto de sumario.
Aquel lunes, la formación naranja anunció una cosa por la mañana, y votó la
contraria por la tarde.
Lo que ocurrió en la Mesa de la Asamblea de aquel día es confidencial. Pero la
Cadena SER ha tenido acceso al acta de aquella reunión de la Mesa del Parlamento
madrileño. Esas actas demuestran varias cosas. La primera, se desmonta el
argumento defendido por el PP y Cs.
Públicamente, aquel lunes, Ciudadanos alegó su cambio “en un defecto de forma”.
El Partido Popular fue más allá, habló de "prevaricación". Incluso la propia
Presidenta Cristina Cifuentes aseguró en RNE que “los servicios jurídicos
presentaron un informe que decía que esa comparecencia no se podía producir
porque era ilegal”.
Sin embargo, eso nunca ocurrió. Los letrados nunca dijeron eso. El acta
de la Mesa a la que ha tenido acceso la SER acredita que la máxima responsable
de los servicios jurídicos de la Asamblea aclaró a todos los grupos que la
citación de Cifuentes "no era contraria a derecho". Es más, el representante
socialista en la Mesa, Modesto Nolla preguntó a la Secretaria General de los
Servicios Jurídicos que aclarase si lo que habían votado “era ilegal”. La
respuesta de la letrada fue que “si estuviese ante una ilegalidad manifiesta,
ella lo habría puesto sobre la mesa y habría advertido de ellos a los miembros
de la misma”.
La letrada también aclaró a los grupos que su opinión “no era vinculante”.
Cs frenó la comparecencia de Cifuentes porque "no se sentían cómodos"
El acta de la Mesa también ha permitido conocer por qué Ciudadanos cambió el
sentido de su voto. En la primera votación, el vicepresidente primero de la
Mesa, Juan Trinidad – diputado de Ciudadanos- votó a favor de citar a la
Presidenta para hablar de la providencia de la Audiencia Nacional, supuestamente
traspapelada. Sin separarse de su teléfono móvil, minutos después el mismo
diputado de Ciudadanos sorprendió a todos cuando dijo que “había estado
reflexionando sobre el informe verbal emitido por la Secretaria General [de los
Servicios Jurídicos de la Asamblea de Madrid]” y manifestó “que no se siente
cómodo con el voto que ha emitido anteriormente”, esa incomodidad provocó su
cambio de voto. Según recoge el acta de la Mesa, Juan Trinidad “pidió cambiar el
sentido de voto para todas las iniciativas afectadas que se han sometido a
votación”.
El cambio de voto de Ciudadanos fue clave, su voto en contra se frenó en seco la
comparecencia de la Presidenta madrileña para hablar del misterioso fax de la
Audiencia Nacional que acreditó que el Gobierno de Cifuentes vetó a la oposición
información del Canal que no estaba bajo secreto de sumario
Como ya avanzó la SER, la intención inicial de Ciudadanos de citar a la
Presidenta madrileña en la Comisión sobre la Corrupción malestó profundamente a
la propia Cristina Cifuentes, hasta el punto de que la propia Presidenta envió
un mensaje a Albert Rivera advirtiéndole de que si Ciudadanos la citaba, habría
consecuencias políticas inmediatas en su relación con la formación naranja.
http://cadenaser.com/emisora/2018/01/31/radio_madrid/1517408877_978581.html
LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DECIDEN APLAZAR LA COMPARECENCIA DE
CIFUENTES
La Mesa de la comisión que investiga la corrupción ha acordado sacar la
comparecencia del orden del día de este viernes La oposición toma la decisión un
día después de que el juez del caso Lezo haya rechazado dar documentos del
sumario a la comisión Justifican que necesitan tiempo para "valorar el auto"
mientras el Ejecutivo les exige que pidan "perdón" por acusar a Cifuentes de
"ocultación"
La Mesa de la comisión de corrupción de investigación sobre corrupción política
ha acordado aplazar la comparecencia de la presidenta de la Comunidad, Cristina
Cifuentes, prevista para este viernes en la citada comisión después de que el
juez del caso Lezo dictara en un auto hace dos días que "no ha lugar a la
entrega de la documentación requerida" por los diputados de la Asamblea de
Madrid.
Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la comisión (el PP ya no está
porque la abandonó) han decidido cancelar la comparecencia del orden del día del
viernes y fiar las explicaciones a otra fecha en el futuro. Justifican que
necesitan tiempo para "valorar el auto" del martes, explica el diputado de
Podemos Miguel Ongil. El portavoz de la formación en la comisión asegura que les
"faltan documentos" y no tienen "una imagen completa" de lo sucedido. A su
juicio, es intolerable el movimiento de ocultación que está haciendo el Gobierno
de Cifuentes". "Ha tenido cierto éxito en meter al poder Judicial en lo que
solamente es un conflicto entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo.
Tenemos todo el derecho a tener esta información", ha apostillado.
"Al final parece que Cifuentes se sale con la suya. Una vez que tengamos claro
todo el asunto. Cuando tengamos todo claro, podremos poner una fecha. El letrado
de la Mesa ha dicho que hay puntos que no se ven claro", ha valorado el portavoz
de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, a la salida de la reunión de la Mesa,
que ha dicho que para el PP "cualquier excusa, jurídica o política, es válida
para no dar las explicaciones que tienen que dar".
Desde el PSOE, la portavoz en la comisión, Encarnación Moya, ha sostenido que
han tomado esta decisión "por prudencia y respeto" al auto del juez, pese a no
tener aún conocimiento del oficial del mismo. "El auto hay que estudiarlo
detenidamente y ver las repercusiones que tiene a corto plazo o de manera
inmediata en las sesiones de la comisión, la primera era este viernes y por ello
hay que aplazarla", ha argumentado la diputada regional.
Moya ha insistido en que desde su grupo siguen manteniendo que pedirán a la Mesa
de la Asamblea la reconsideración de la comparecencia de Cifuentes y de diez
personas más por la pérdida de la providencia en el mes de agosto.
La presidenta regional había sido citada para dar explicaciones sobre su etapa
en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II en una comparecencia que
se pidió a raíz de que eldiario.es publicara que el Gobierno tenía desde agosto
una providencia judicial que le daba vía libre para entregar documentación del
Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo a la oposición.
Tras cambiar Ciudadanos su sentido del voto, decayeron las solicitudes ad hoc de
PSOE y Podemos para que Cifuentes hablara concretamente de la providencia
"traspapelada" y en su lugar salió adelante una petición genérica de los de
Aguado, registrada en abril, que ahora se ha cancelado. En todo caso, Cifuentes
no habría tenido que dar explicaciones sobre las acusaciones de "ocultación" de
documentación a la oposición porque no era el objeto de su comparecencia.
El pronunciamiento del magistrado Manuel García Castellón señala que un juzgado
no puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas,
registros o datos tributarios. Es una respuesta a una consulta del consejero de
Presidencia Ángel Garrido remitida al juzgado vía Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada por el Gobierno tras el
levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en diciembre.
Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de los consejos
de administración del Canal de Isabel II a la oposición. En la consulta, Garrido
hace referencia a 52 documentos que incluyen actas públicas del Canal de Isabel
II y otros documentos privados.
El Gobierno asume que el juez le respalda
Sobre estos papeles, el magistrado afirma que no está facultado para hacer
entrega de documentación a la Asamblea "sobre procedimientos que se están
conociendo por los jueces y tribunales". "La facultad de recabar información y
documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de
investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la
que precise del Gobierno y de la Administración, sin que en ningún momento se
les faculte para recabar información o documentación al Poder Judicial",
sostiene.
Una parte de esos documentos ya está en manos de los diputados y el consejero de
Presidencia ha pedido que se devuelvan. Los grupos han coincidido en que no
tienen notificación oficial de que deban devolverlas y que será al tener la
información pertinente cuando decidirán.
El Gobierno de Cifuentes interpreta que este auto les da la razón, una posición
que no tiene clara la oposición, y confirma el criterio de los informes de la
Abogacía de la Comunidad de Madrid, que justificaba que era necesario consultar
al juez habida cuenta de que los documentos estaban incorporados a una causa en
fase de instrucción. Con este argumento, consideran que la oposición debe "pedir
perdón" por acusar al Ejecutivo de "ocultar" la información.
"Nosotros obedecemos siempre las decisiones judiciales. No las comentamos. Hubo
una primera providencia y lo que ha habido después es un auto, que tiene un
rango superior y que está emitido por el juez titular que instruye la causa
Lezo. Y lo que nos dice es con toda claridad que lo que tenemos que hacer es no
entregar esa documentación", ha señalado el portavoz y consejero Ángel Garrido.
El número dos de Cifuentes explicado que ese auto "abunda" en explicaciones
"sobre lo que no debe ser" una comisión de investigación, indicando que "no debe
convertirse en un juicio paralelo", "ni provocar indefensión de los acusados".
http://www.eldiario.es/madrid/diputados-comision-corrupcion-comparecencia-Cifuentes_0_735277006.html
EL JUEZ DEL CASO LEZO RECHAZA DAR DOCUMENTOS DEL SUMARIO A LA COMISIÓN DE
CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID
El auto firmado por Manuel García Castellón resuelve que el Poder Judicial no
está facultado para entregar esta información a la comisión de corrupción
El magistrado no hace referencia explícita a si los documentos sobre los que se
pronuncia son las actas del Canal de Isabel II
El juez pone como ejemplo los datos fiscales de un investigado, pero añade que
los parlamentarios se los pueden requerir a la Agencia Tributaria
El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha dictado en un auto con fecha
29 de enero de 2018 que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida
por la comisión de investigación sobre la corrupción política" relativa a la
operación que instruye, según ha adelantado El País. Señala que un juzgado no
puede ceder "a terceros" documentos como intervenciones telefónicas, registros o
datos tributarios.
El pronunciamiento del magistrado, al que ha tenido acceso eldiario.es, es una
respuesta a una consulta del consejero de Presidencia remitida al juzgado vía
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada
por el Gobierno tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en
diciembre. Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de
los consejos de administración del Canal de Isabel II a la oposición. No
obstante, en el auto no se recoge el contenido de dicha consulta ni los
documentos concretos sobre los que versa.
El magistrado afirma que no está facultado para hacer entrega de documentación a
la Asamblea "sobre procedimientos que se están conociendo por los jueces y
tribunales". "La facultad de recabar información y documentación que se concede
a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la
Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la
Administración, sin que en ningún momento se les faculte para recabar
información o documentación al Poder Judicial", sostiene.
Una parte importante de esos documentos que el juzgado se niega a entregar ya
están en manos de los diputados de la Asamblea. El Ejecutivo de Cifuentes los
empezó a pasar hace unas semanas, después de publicar eldiario.es que una
providencia procedente del mismo juzgado pero firmada por el magistrado Andreu
(sustituto de García Castellón en vacaciones) resolvía que la justicia no puede
"dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de
proporcionarla" porque la petición de información "se rige por disposiciones
administrativas".
Los diputados no pidieron documentos al juez
En este caso concreto, los diputados no se han dirigido al juez a solicitarle
información, sino que han acudido únicamente a la administración a solicitar
unos documentos que son de libre acceso para los parlamentarios.
Es un caso distinto al de la Comisión del Congreso que investiga la financiación
del PP, donde los jueces de Gürtel también se han negado a entregar documentos,
en este caso informes policiales que solo consta en el sumario. Los diputados sí
que hicieron la petición específica al Poder Judicial, que la rechazó.
"La consecuencia de lo anteriormente expuesto no puede ser otra que la de
entender que no procede la entrega de documentación de causas que se encuentren
en la fase de instrucción", añade el juez del caso Lezo, que apoya su decisión
en el "derecho a la presunción de inocencia de los acusados".
El juez pone ejemplos de algunos documentos que se incorporan a un sumario a
medida que se desarrolla una investigación: entradas y registros, intervenciones
telefónicas, comisiones rogatorias o información tributaria. En este punto,
señala que los datos fiscales, por ejemplo, "no pueden ser cedidos por el órgano
judicial a terceros, lo que no obsta a que la propia Comisión de Investigación
solicite a la AEAT -Agencia Tributaria- los que precise en el marco legalmente
establecido".
La primera providencia del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, "traspapelada" por el Ejecutivo, respondía a una primera consulta de
la Comunidad de Madrid sobre si podía o no entregar la información a la
oposición, pese a que las actas son públicas y los diputados tienen derecho a
conocerlas. Entonces, Andreu le dio vía libre para hacerlo. El segundo auto,
firmado por García Castellón, es la respuesta a una segunda consulta emitida a
principios de enero.
http://www.eldiario.es/madrid/Lezo-niega-documentacion-Asamblea-Madrid_0_734927521.html
CIFUENTES TENÍA DESDE AGOSTO AUTORIZACIÓN DEL JUEZ PARA DAR LAS ACTAS DEL CANAL
A LA OPOSICIÓN Y LAS SIGUIÓ NEGANDO
La presidenta se ha excusado en que necesitaba un permiso del juez cuando éste
dictó hace cinco meses una providencia asegurando que no es así
La Comunidad de Madrid justifica que ha tenido conocimiento de la resolución
este viernes porque se "traspapeló" y cesa al subdirector general que la recibió
El Ejecutivo ha negado peticiones de información desde entonces con el argumento
de que no les había llegado y ahora asegura que enviará la documentación "de
inmediato" a la Asamblea de Madrid
El Gobierno de Cristina Cifuentes se ha quedado sin excusas para demorar la
entrega a la oposición de la documentación del Canal de Isabel II relacionada
con el caso Lezo. El Ejecutivo tenía desde agosto una resolución de la Audiencia
Nacional, a la que ha tenido acceso eldiario.es, que le daba vía libre para
hacerlo pero ha seguido negando la información a los diputados. Solo tras
preguntar este medio por dicha providencia, la Comunidad de Madrid confirma que
la notificación llegó pero se traspapeló y hasta este viernes no había tenido
conocimiento de ella, según su versión de los hechos.
La información, negada durante meses a la comisión parlamentaria que investiga
la corrupción, se hará llegar de "inmediato" a la Asamblea de Madrid, aseguran
fuentes de la Comunidad de Madrid. Entre los documentos se encuentran los
informes sobre la compra de Emissao, el pelotazo del Canal en Brasil en el que
un arrepentido declaró que el expresidente Ignacio González se llevó 1,8
millones de euros, o los detalles de la adquisición de Inassa, la operación que
se realizó bajo la presidencia de Gallardón a través de un paraíso fiscal. La
Audiencia Nacional la investiga porque ha visto en el proceso un "cúmulo de
irregularidades".
En la batería de documentos hay informes sobre los pagos a Edmundo Rodríguez,
testaferro de González, así como los documentos de cuando se aprobó su ascenso a
presidente de Inassa. Y también, entre las actas solicitadas, una relativa a la
creación de Canal Isabel II Gestión, en un Consejo de Administración en el que
la propia presidenta regional intervino activamente para avalar el proceso y
zanjar las criticas de quienes tenían dudas.
La consulta no tenía "base legal"
La providencia firmada por el juez Fernando Andreu, de guardia en agosto en el
Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, deja claro que la entrega
de documentos a los diputados de la oposición "se rige por disposiciones
administrativas sin que el juez pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos
ordenar sobre la conveniencia o no" de proporcionarla. Y añade que la consulta
del Ejecutivo regional "no tiene base legal en la medida en que es ajena a las
competencias que la LOPJ y la LECrim atribuyen al juez instructor de un
procedimiento".
Desde que la resolución se notificó a la Comunidad de Madrid, el Gobierno de
Cifuentes ha negado hasta en tres ocasiones que dispusiera de esa respuesta y ha
continuado ocultando la documentación a los diputados.
La primera, el pasado 2 de noviembre en sede parlamentaria ante una pregunta en
el pleno de la diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta; la segunda, en una
contestación el 24 de noviembre a una petición de información acordada por la
Mesa de la comisión de investigación, esta vez por escrito. Además, fuentes de
la Comunidad de Madrid aseguraron a eldiario.es el 23 de noviembre que el
magistrado no había respondido y esa circunstancia se había interpretado como
una negativa a autorizar el envío de las actas.
Un "error humano", según la Comunidad de Madrid
Fuentes de la Comunidad de Madrid justifican que la providencia no se envío a la
persona que emitió la consulta del Ejecutivo al juzgado que instruye el caso
Lezo, en este caso Enrique Ruiz Escudero, entonces vicepresidente de la
Consejería de Presidencia y actual consejero de Sanidad. "Llegó por fax a una
subdirección general de la Abogacía en agosto, que lo remite al subdirector
general de régimen jurídico, que estaba de vacaciones. Y a la vuelta no la vio.
Como no tuvo conocimiento, no dio traslado a sus superiores. Todo se debe a un
error humano, no ha habido mala fe", explican las mismas fuentes. Este
"negligencia" se ha llevado por delante a este alto cargo, según ha podido saber
eldiario.es. La Comunidad de Madrid no ha querido aportar más información a
eldiario.es más información sobre el cese.
En la diligencia de notificación, a la que ha accedido este medio, el juez alude
a la presidencia del "letrado de la Comunidad de Madrid", extremo que no aclaran
las fuentes del Ejecutivo regional consultadas, que aseguran que solo llegó vía
fax.
En los últimos meses, el Gobierno de Cifuentes se había apoyado en un informe de
la Abogacía de la Comunidad de Madrid que ahora desmonta la resolución del juez.
El documento de los letrados, fechado en 23 de mayo, concluye que es ineludible
consultar al magistrado del caso Lezo, Manuel García Castellón, para entregar
los documentos del Canal de Isabel II a la oposición debido al carácter secreto
de la investigación. La premisa queda sin validez una vez conocido el escrito
del juez Andreu porque, además, el conjunto de papeles solicitados "no están
incluidos en el sumario", afirma el magistrado.
El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que en un
escrito apuntó que el juez solo puede decidir sobre los documentos de un sumario
"a los que solo pueden tener acceso las partes personadas". Es el mismo criterio
que el expresado por los expertos consultados por eldiario.es, que apuntaron que
el secreto de sumario no puede afectar a documentos cuyo acceso es público.
En noviembre, la Mesa de la comisión de investigación sobre la corrupción
solicitó expresamente al Gobierno la copia de la respuesta del juzgado de
instrucción –que le había llegado en agosto– y obtuvo por respuesta que "hasta
la fecha" no se había "recibido respuesta a la carta enviada por el Gobierno",
según la contestación firmada por la directora general Blanca Pinedo Texidor, a
la que ha tenido acceso eldiario.es. El día 2 del mismo mes, la presidenta
Cristina Cifuentes reiteró en el pleno de la Asamblea de Madrid que había hecho
una consulta al juez instructor y que su gobierno haría "exactamente lo que nos
diga".
El Ejecutivo regional se parapeta para no dar información a la oposición en el
criterio de dos informes de la Abogacía de la Comunidad de Madrid. El primero,
fechado en 23 de mayo, repasa la doctrina del Tribunal Constitucional para
concluir que los diputados tienen derecho a reclamar esa información, pero
recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias de
investigación "serán reservadas y no tendrán carácter público hasta la fase de
juicio oral".
El segundo se solicitó a los letrados después de levantamiento del secreto de
sumario del caso para saber , según argumenta la Comunidad de Madrid, si esta
nueva circunstancia "afecta al deber del Consejo de Gobierno de facilitar la
información solicitada". El Ejecutivo lo pidió a los letrados pese a que el
juzgado ya se había pronunciado cuatro meses sobre que tenía vía libre para
hacerlo. El documento, al que ha accedido este medio, redunda en los argumentos
del primero y concluye que "la remisión de documentación obrante en un sumario
sometido a la reserva prevista en el artículo 301 de la LECrim queda
condicionada a la previa ponderación del órgano jurisdiccional que instruye la
causa".
El informe de la Abogacía aparece adjunto a la respuesta fechada en 26 de
diciembre a una nueva petición acordada por la comisión de investigación que
incluye más expedientes, informes y actas relacionadas con el Canal de Isabel
II. Esta fue la última vez que se negó información a la oposición.
Solo dos semanas después, el PP ha anunciado que sus diputados no seguirán
participando en la comisión parlamentaria que ha sentado en los dos últimos años
frente a los diputados de la Asamblea de Madrid a los cuatro presidentes que ha
tenido el PP en la Comunidad de Madrid: Ignacio González, Alberto
Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
La "huida" del PP, calificada así por la oposición, se produce en un momento
crítico para sus causas judiciales: todos los expresidentes aparecen en
investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el futuro judicial de los tres
últimos va a depender de los próximos informes de esta fiscalía para el juez de
los casos Púnica y Lezo.
La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno de Cifuentes ha
puesto trabas a la investigación en la comisión ocultando los documentos que
pedían, extremo que siempre ha negado el Gobierno regional.
http://www.eldiario.es/madrid/Cifuentes-autorizacion-entregar-oposicion-Canal_0_728277358.html
PEDRO CALVO RESPONSABILIZA A GONZÁLEZ Y TIENE TIEMPO DE IRONÍAS CON EL JUEZ
Declaración como imputado del exconsejero de Gallardón y su 'hombre fuerte' en
el Canal de Isabel II en la Audiencia Nacional
El expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo, exconsejero del gobierno de
Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid, ha negado ante el juez del
caso Lezo cualquier irregularidad en la compra de Inassa, una empresa que, en su
opinión, hoy valdría casi el triple de lo que costó. Calvo ha comparecido en
calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García
Castellón junto a los exconsejeros de la empresa pública de aguas Roberto
Molero, Andrés Muñoz y José Antonio Llanos, este último director general de
Carreteras de la Comunidad con Esperanza Aguirre de presidenta.
Calvo ha tenido tiempo incluso para ironizar con el tema cuando ha pedido agua y
le han dicho que complicado poder hacerlo. "¿Qué pasa, que aquí no llega el
Canal?", ha replicado sarcástico, según recoge El Confidencial.
El que fuera hombre fuerte de Gallardón en la empresa pública de aguas, a su
salida del tribunal, ha culpado a Ignacio González de su situación. "Es el
responsable de que estemos aquí", ha dicho. El exconsejero ha respondido a todas
las preguntas de la Fiscalía, del juez y de las partes, "excepto del abogado de
González".
Durante dos horas de declaración, Calvo ha defendido la compra del 75 % de
Inassa por 73 millones de dólares en 2001 e incluso ha asegurado que esta filial
colombiana del Canal de Isabel II valdría hoy unos 200 millones de euros, por lo
que la operación fue, a su juicio, beneficiosa para la Comunidad, según han
informado fuentes presentes en la declaración.
Ha negado cualquier tipo de sobrecoste o irregularidad en la compra de la
empresa colombiana, pese a que el juez cree que pudo existir "una
sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales
claramente perjudiciales" para el Canal.
A preguntas de la fiscal Ana Cuenca sobre el grado de conocimiento y
participación de Gallardón en la operación investigada en el caso Lezo, tanto
Calvo como el resto de exconsejeros han negado conocer algo al respecto. Sin
embargo, Calvo sí que ha apuntado que Gallardón, en su condición de presidente
madrileño, podría haberlo conocido y que en tal caso le hubiera parecido una
buena operación.
Desconocían la sociedad panameña interpuesta
Por su parte, todos los exconsejeros han explicado que dieron credibilidad al
informe presentado por el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y
entonces director gerente del Canal Arturo Canalda y por el exdirector de Nuevos
Negocios José Antonio de Cachavera. Han precisado que éstos nunca le hablaron de
que Inassa se compraría a través de la mercantil panameña interpuesta Sociedad
Aguas de América sino que se haría mediante Canal Extensia, una sociedad
vehículo creada al uso por el Canal para la compra.
Según la versión de los exconsejeros investigados, la explicación ofrecida por
Canalda y Cachavera -citados a declarar el próximo 23 y 24 de enero,
respectivamente- en las reuniones del 8 y 14 de noviembre del Consejo de
Administración del Canal les pareció convincente pese a que recibieron la
documentación con tan solo 24 o 48 horas de antelación y de una forma poco
exhaustiva. Es por ello que -según las citadas fuentes- han querido dejar claro
que si hubo irregularidades en la adquisición de la mercantil colombiana, ellos
no lo podían saber.
Según el juez, esta operación, llevada a cabo a través de una "compleja
estructura societaria", contravino "de plano" los acuerdos adoptados por el
Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.
Por estos hechos deberá declarar el próximo lunes el presidente de Adif, Juan
Bravo, que formaba parte del Consejo de Administración del Canal en el momento
de los hechos, junto con otros exconsejeros.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/11/caso-Lezo-pedro-calvo-declaración-culpa-ignacio-Gonzalez
UN EXCONSEJERO DEL CANAL CONFIESA ANTE EL JUEZ QUE SOSPECHÓ DE LA COMPRA DE
INASSA
Merino asegura que no recuerda que se hablara de Panamá y no acudió a la
votación porque no sabía lo que se votaba
El pasado martes 9 de enero comenzó el desfile ante los tribunales de la cúpula
del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón para explicar
la compra de Inassa. El exconsejero del Canal de Isabel II Rafael Merino declaró
ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, y confesó que percibió
irregularidades y sospechó de algunas operaciones financieras, poniendo el
acento en que el objeto no debía ser ganar dinero y, según su testimonio,
pudieron ocultarse datos relevantes durante la primera reunión, celebrada en
octubre del año 2001.
Merino asegura que en ese primer encuentro, acaecido el 8 de octubre, tan solo
se habla de la expansión en Sudamérica, y para él, era la primera vez que se
trataba el asunto. No recuerda que se hablaran de cifras concretas de la
operación, ni de cuánto o dónde se invertiría, como tampoco recuerda quién era
el vendedor y mucho menos que se mencionara nada de sociedades panameñas. Cabe
recordar que la investigación Lezo pretende dilucidar si se cometió algún tipo
de delito en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II, que utilizó
Canal Extensia para articular la compra de la filial colombiana Inassa a través
de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá. La compra se realizó
por 83 millones de euros y se calcula un sobrecoste de entorno a 25 millones.
Pues bien, todos estos datos se omitieron en la primera reunión (o al menos, el
exconsejero Merino no recuerda que se mentaran).
En días posteriores, concretamente el 14 de noviembre, el Consejo de
Administración del Canal vota la adquisición de Inassa, pero Merino no acudió a
la cita puesto que la documentación le llegó tarde y no tuvo tiempo de
estudiarla. Además, ha declarado que desconocía la cantidad por la que se iba a
realizar la operación y que sospechó de la misma porque el Canal se debía
centrar en el agua de los madrileños y no en ganar dinero.
Es precisamente en esa reunión del 14 de noviembre cuando el Consejo del Canal
autoriza a iniciar la operación y hacer una oferta concreta, así como de
trasladar la propuesta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
presidida entonces por Gallardón.
La declaración del exconsejero del Canal Juan María del Álamo pivotó en torno a
las mismas líneas maestras que el relato de Merino, con la diferencia de que
este último sí que votó favorablemente en la cita del 14 de noviembre. Del Álamo
aseguró que no recuerda que se hablara de una sociedad panameña en la reunión de
octubre de 2001, que tan solo se mencionó a Inassa y que el director Económico
del Canal, José Antonio de Cachavera, dio una explicación.
Del Álamo tampoco recuerda haber dado autorización para comprar una empresa
panameña, así como no recuerda que en las primeras reuniones se hablara de una
valoración de Inassa de entre 25 y 50 millones de dólares. Todo parece indicar
que, aunque conste en el acta la valoración de la filial colombiana y la compra
a través de una sociedad en Panamá, estos datos no se los mostraron.
Juan María del Álamo rubricó la operación el 14 de noviembre y dice que lo hizo
en base a la explicación de Cachavera. También menciona que no vio nada negativo
y que el informe del despacho de abogados Garrigues no planteaba ningún
problema. A partir de entonces, cuando el asunto se trasladó al Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, no supo nada más.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/10/un-exconsejero-del-canal-confiesa-ante-el-juez-que-sospecho-de-la-compra-de
LOS CONSEJEROS DEL CANAL DICEN QUE NO SABÍAN QUE INASSA SE COMPRÓ A TRAVÉS DE
UNA SOCIEDAD PANAMEÑA
Los exdirectivos de la empresa de aguas madrileña declaran ante el juez del caso
Lezo
Cuatro exconsejeros del Canal de Isabel II han manifestado este miércoles ante
el juez instructor del caso Lezo de corrupción, que desconocían que la compra de
la sociedad colombiana Inassa en el año 2001 por parte de la empresa pública de
aguas madrileña se realizó a través de una sociedad interpuesta en el paraíso
fiscal de Panamá. La adquisición de Inassa costó al erario público 73 millones
de dólares (61 millones de euros al cambio actual), un precio supuestamente
sobrevalorado. Los investigadores creen que parte del exceso de coste de la
operación acabó en manos de intermediarios.
El exdirectivo más relevante de cuantos han declarado hoy es Pedro Calvo,
exconsejero de Medio Ambiente y, como tal, presidente del Canal en la fecha de
la operación. Calvo, según fuentes presentes en la declaración, manifestó que no
le consta que el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón tuviera
constancia de los detalles de la compra de Inassa. Según él, Gallardón les daba
mucha autonomía de actuación pero aventuró que si hubiera tenido conocimiento de
la operación la habría autorizado porque resultó muy ventajosa para la
Comunidad. Inassa tiene un valor actual de unos 200 millones de euros, según
manifestó Calvo.
Además del exconsejero de Medio Ambiente, también comparecieron ante el juez de
la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, tres exconsejeros del Canal: José
Antonio Llano, Roberto Molero y Andrés Muñoz. Todos han explicado, según las
mismas fuentes, que dieron por buena toda la información sobre la compra de
Inassa que los directivos dieron al Consejo de Administración del Canal. No
obstante, todos ellos han coincidido en un aspecto: que no supieron que en la
adquisición había una empresa interpuesta con sede en Panamá. “Nunca nos
hablaron de ello”, señalaron varios, según fuentes jurídicas.
La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente
perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse
en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información
suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.
El pasado 17 de diciembre, Ruiz-Gallardón rechazó cualquier tipo de
irregularidad en la compra de Inassa en la comisión sobre corrupción de la
Asamblea de Madrid. El expresidente afirmó que la actuación fue "legal" y
resultó "beneficiosa para los madrileños". El exministro de Justicia manifestó
entonces que "nadie puede dudar de que fue una buena operación", que ha
cosechado posteriormente un buen resultado. "A día de hoy no encuentro ningún
reproche", dijo.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/10/actualidad/1515609062_068857.html
EL JUEZ, CONTRA LA ‘AMNESIA’ DE UN IMPUTADO DEL CANAL: “¿SI FUERA CON SU DINERO
SE ACORDARÍA?”
Juan María del Álamo, ex consejero de la empresa pública de aguas, cree
que Gallardón debía conocer la compra de Inassa bajo sospecha
“¿Si fuera con su dinero, se acordaría?”. De este modo el juez de la Audiencia
Nacional José Manuel García Castellón trató de poner fin a las distintas
evasivas de Juan María del Álamo, exmiembro del Consejo de Administración del
Canal de Isabel II. Prestó declaración como uno de los más de veinte
investigados por la compra de Inassa en 2001. Se investiga si en la operación
que se produjo un presunto desfalco de 70 millones de euros procedentes de la
empresa pública madrileña de gestión de aguas.
Las explicaciones de Juan María del Álamo no arrojaban nada en claro.
Según informan fuentes jurídicas, replicaba con respuestas como “no lo sé” o “no
me acuerdo”. En un momento del interrogatorio, el titular del Juzgado de
Instrucción Número 6 le recriminó su actitud: “¿No se acuerda? ¿Si fuera con su
dinero se acordaría?”. El imputado admitió que sí. “¿Pero si es con dinero
público no?”, zanjó el magistrado. Daba muestras de tener agotada la paciencia,
según los testigos en la sala.
Por su parte, la fiscal Ana Cuenca preguntó al imputado acerca del conocimiento
que tenía de la operación el entonces presidente de la Comunidad Alberto Ruiz
Gallardón. Del Álamo tampoco supo responder con claridad y se limitó a opinar
que debía saberlo en su calidad de máximo mandatario regional. Pese a que muchos
de los altos cargos de la administración madrileña de la época se encuentran
imputados, Gallardón aún no ha sido declarado oficialmente como investigado,
aunque fuentes de la investigación afirman que las pesquisas “van subiendo
escalones”.
El expresidente de la Comunidad y exalcalde de Madrid declaró el pasado 15 de
diciembre en la comisión de investigación sobre corrupción política de la
Asamblea de Madrid. Fue citado para hablar de la compra de Inassa en 2001.
Gallardón, que recordó que estuvo 30 años en política, defendió su gestión y la
de sus equipos durante su vida política al tiempo que no quiso poner la mano en
el fuego por sus sucesores ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento.
Este martes también prestó declaración en calidad de testigo el único consejero
no imputado en la causa, Rafael Merino. Certificó que no estuvo presente en la
reunión del Canal en la que se aprobó la compra de Inassa ya que recibió la
documentación apenas unas horas antes sin posibilidad de analizarla, algo
habitual. Según las fuentes consultadas, Merino precisó que las presentaciones
del proyecto las hizo Arturo Canalda, entonces gerente del Canal. Actualmente
desempeñaba el cargo de presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid, cargo del que dimitió en diciembre tras ser imputado en esta causa.
Manifestó este testigo que él estaba en contra de operaciones especulativas,
aunque mostró lagunas a la hora de explicar cómo era el proyecto en concreto
después de más de 15 años.
http://www.vozpopuli.com/espana/juez-contra-imputado-Canal-isabel-dinero-Gallardon-corrupcion_0_1098191325.html
UN TESTIGO DEL PELOTAZO DEL CANAL EN ÉPOCA DE GALLARDÓN: "SE APROBÓ SIN NINGUNA
DOCUMENTACIÓN"
Rafael Merino López-Brea es el único consejero de entonces que no está imputado
porque no avaló la compra de Inassa "Aquello era un cortijo que no tenía nada
que ver con la gestión del agua" afirma este exconcejal del PSOE, que declara
como testigo El juez toma este martes declaración a parte de los consejeros del
Canal por aprobar una compra en la que hubo "un cúmulo de irregularidades"
Rafael Merino López-Brea formaba parte del Canal de Isabel II que investiga el
juez del caso Lezo por aprobar el primer pelotazo en América Latina, el que tuvo
lugar bajo la presidencia regional de Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, es el
único de ese Consejo de Administración que no está imputado porque se negó a
avalar la operación.
Anticorrupción señala que no acudió el día que se certificó la compra de Inassa
y por eso el juez Manuel García Castellón le cita solo en calidad de testigo.
Este exconsejal del PSOE comparece este martes en la Audiencia Nacional, donde
asegura que dejará claro que la operación bajo sospecha se llevó a cabo sin que
los consejeros dispusieran de ninguna documentación fiable.
Merino asegura que la adquisición de Inassa por 73 millones de dólares -mediante
una sociedad interpuesta y usando una empresa en un paraíso fiscal- se aprobó
sin detalles, sin "sin ninguna documentación". "No aparecieron nunca documentos"
afirma, y añade que solo se les facilitaron informes redactados por el propio
Arturo Canalda, entonces gerente del Canal y ahora imputado.
Según explica, esos informes no contenían detalles de la compra y se limitaban a
destacar las ventajas económicas que tendría para la empresa pública. "No había
documentación fiable, te tenías que fiar de ellos", asegura Merino, que explica
que contará todo esto al juez de Lezo, que trata de determinar si, como apunta
la Fiscalía, la compra incluyó un sobreprecio que resultó perjudicial para las
cuentas públicas.
"Aquello era un cortijo"
Insiste en que se aprobó sin documentación y apunta a que la opacidad era el
sello del Canal. Afirma que siempre se habían escuchado sospechas de que la
empresa pública estaba cometiendo irregularidades con las compras y
adjudicaciones, pero que jamás pudo probarlo con documentos: "Aquello era un
cortijo que no tenía nada que ver con la gestión del agua".
Relata que en alguna ocasión llegó a enfrentarse con el propio Canalda cuando le
afeó que dirigía la sociedad como "una república bananera". "Siempre voté en
contra y nunca aprobé las cuentas", añade, aunque admite que no podrá dar
demasiados detalles al juez de la operación concreta que se investiga. Ocurrió
en 2001 y afirma que no recuerda cada paso.
Insiste en que dejará claro al juez que no solo se opuso a esta compra, sino
también a todas las operaciones que se hacían en el extranjero para engordar el
patrimonio de la empresa pública. El magistrado cree que esta en concreto se
hizo saltándose las normas del Canal y apoyándose en un decreto que se firmó
después de la compra.
"Siempre voté en contra", dice, de todas esas operaciones que se hacían para
"ganar dinero" y que no tenían nada que ver con garantizar el ciclo del agua en
la Comunidad de Madrid. Merino estuvo tres años de consejero por su puesto de
concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Asegura que dejó la empresa pública
cuando Gallardón fue elegido alcalde y acabó con la representación de la
oposición municipal en el Canal.
Sus compañeros, imputados
Merino está citado este martes a las 15.30 horas en la Audiencia Nacional.
Coincidirá a esa hora con parte de sus excompañeros en el Consejo de
Administración, que están imputados por avalar una operación en la que se dieron
"un cúmulo de irregularidades". El juez expone alguna en el auto de citaciones,
como que Canalda y otros cargos del Canal iniciaron el proceso de compra antes
de tener la autorización del gobierno regional.
Además, explica el juez, hay indicios de que los 73 millones que se pagaron por
Inassa son superiores al precio real de la compañía. El visto bueno que dio el
gobierno regional de Gallardón no contenía autorización para llevar a cabo la
compra como finalmente se hizo: a través de una empresa radicada en Panamá, y
adquiriendo junto al 75% Inassa el 51% de una compañía dominicana llamada Watco.
La Fiscalía y el juez estudian ya el dossier del que dispusieron los consejeros
de Gallardón y los informes que desaconsejaban la compra, para decidir si
finalmente imputan al expresidente regional y al resto de su Gobierno.
http://www.eldiario.es/politica/testigo-pelotazo-Canal-Gallardon-documentacion_0_727227944.html
EL JUEZ ARRANCA LA FASE CLAVE PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE GALLARDÓN EN
EL PRIMER PELOTAZO DEL CANAL
Anticorrupción y el juez de Lezo ya tiene en su poder toda la documentación
sobre la compra de la filial colombiana a través de una sociedad pantalla
Según la Fiscalía, el Gobierno de Gallardón aprobó una operación con un "cúmulo
de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición"
El juez de Lezo toma esta semana declaración a los principales implicados en la
operación, entre los que están dos consejeros del expresidente Madrileño
Dos grabaciones efectuadas por agentes de la Guardia Civil pusieron a los
investigadores sobre la pista. En una, Ignacio González le contaba a Eduardo
Zaplana que había tenido que tapar un pelotazo del Canal de Isabel II en época
de Alberto Ruiz Gallardón. En otra, Zaplana hablaba sobre el elevado nivel de
vida del exministro de Justicia: "Alberto habla como diciendo que está ganando
una fortuna…. O aflorando algo".
Las conversaciones entre González y el exministro de trabajo llevaron a
Anticorrupción a iniciar una investigación sobre los ingresos de Gallardón. Pero
la magnitud del caso Lezo obligó a posponer las diligencias sobre esta vertiente
de la causa, hasta que se cerrasen las pesquisas sobre González. Con este
atrapado por la confesión de dos implicados en los negocios del Canal -uno de
ellos, su testaferro- el juez ahonda ahora en la compra de Inassa.
Manuel García Castellón ha accedido a todas las citaciones que le pedía
Anticorrupción para adentrarse en la investigación. Durante las dos próximas
semanas interrogará a todos los que participaron en el proceso de compra de
Inassa, una operación que se llevó a cabo en 2001 con el beneplácito del
Gobierno regional. Entre los imputados está Juan Bravo, consejero de Economía de
Gallardón.
Bravo firmó junto a Gallardón la creación de una empresa que sirvió de vehículo
para comprar Inassa. Pero el proceso se desarrolló de manera distinta a la
reflejada en los documentos que aprobó el Gobierno, y según explica
Anticorrupción, en la compra se incluyó, además de Inassa, una sociedad
dominicana llamada Watco. Las dos compañías se adquirieron a través de una
sociedad pantalla con sede en un paraíso fiscal.
Un "cúmulo de irregularidades" en la operación
La Fiscalía también duda de que el Canal tuviese competencias para adquirir una
sociedad en el extranjero. Se dan, en definitiva, de "un cúmulo de
irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición". Además, como
se desprende de las conversaciones de González y Zaplana, pudo haber, al igual
que en el pelotazo de Emissao, "una sobrevaloración del precio de compraventa y
unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador".
Bravo declarará el martes. Fue el quien firmó con Gallardón la autorización para
la compra de Inassa. Otro exconsejero de esa época, Pedro Calvo, se sentará ante
el juez un día después, en este caso por haber sido el presidente del Canal
cuando se realizó la operación. Habrá que esperar para ver si finalmente
Gallardón y el resto de sus consejeros son finalmente imputados en esta rama de
la investigación.
La Fiscalía ya advirtió de que, si no lo había pedido todavía, era porque no
disponían de toda la información necesaria. Por ejemplo, de los documentos que
manejaron los consejeros y el presidente regional para autorizar la compra. La
Comunidad de Madrid ha enviado ya esa documentación tras el requerimiento del
juez.
Cuatro fiscales, dos jueces y la Sala de lo Penal
Así, Anticorrupción analiza ya el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de
Noviembre de 2001, así como el dossier que pasó por las manos de los consejeros.
Con esos datos decidirán los nuevos pasos en la investigación, en la que cuatro
fiscales, dos jueces y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han visto
indicios de irregularidades.
Los primeros, lo fiscales de Anticorrupción que iniciaron la causa, Carlos Yáñez
y Carmen García Cerdá, pidieron en noviembre de 2016 un auto de dirección para
evitar la prescripción del delito de malversación de fondos públicos. Tres
magistradas de Sala de lo Penal -Angela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma
González- apuntaron en su auto que "el presunto responsable de esta fase
delictiva no es el señor González sino otras personas o entidades con
responsabilidades en la Comunidad de Madrid".
El juez Eloy Velasco dio luz verde a investigar los ingresos de Gallardón y su
sucesor al frente del caso indicó en el auto de libertad de González que este
había tapado las irregularidades de su antecesor. "Dio cobertura ilícita a los
presuntos autores del delito" al ocultar un informe que recogía las
irregularidades de la compra.
De hecho, la Fiscalía ya apuntó a la posible existencia de un "pacto de
silencio" entre los dos presidentes autonómicos. Ahora, Antonio Romeral y Ana
Cuenca, los dos nuevos fiscales del caso, vuelven a incidir en la posible
existencia de delitos para reactivar la investigación. Gallardón está pendiente
de lo que puedan encontrar en la documentación enviada por el Gobierno de
Cristina Cifuentes.
http://m.eldiario.es/politica/investigacion-pelotazo-Canal-Gallardon_0_726177853.html
UN AUTO JUDICIAL DE HACE SOLO DOS MESES INCLUÍA A GALLARDÓN COMO "INVESTIGADO"
EN 'LEZO'
La resolución por la que el juez de refuerzo encomendó el 17 de octubre a un
nuevo organismo la localización de bienes menciona expresamente al exministro
entre aquellos contra los que se dirige el procedimiento
Anticorrupción insiste en que a día de hoy sigue sin estar formalmente imputado
aunque se investiga su actuación
Un año después de que la Audiencia Nacional diese vía libre de forma implícita a
la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón en la Operación Lezo, la situación
procesal del exministro de Justicia se ha convertido en un confuso enigma.
El año acabó con una decisión judicial que si bien le acorrala le mantiene
todavía oficialmente ajeno al círculo de investigados: la citación como
imputados, anunciada el 27 de diciembre, de los que bajo su mandato como
presidente de Madrid integraban la cúpula del Canal de Isabel II cuando la
empresa de aguas adquirió en 2001 la firma colombiana Inassa mediante una
operación bajo sospecha. Pero lo que no había trascendido en ese momento es que
apenas dos meses antes, el 17 de octubre, un auto del juzgado central 6 al que
ahora ha tenido acceso infoLibre ya asignaba a Gallardón de forma inequívoca la
condición de "investigado" en Lezo.
El auto reproduce de manera literal en ese punto un escrito fechado cuatro días
antes y firmado por el entonces fiscal del caso, Carlos Yáñez, que renunció poco
después. ¿Introduce algún cambio el contenido de ese texto? Funtes de la
Fiscalía Anticorrupción aseguran que no. Y que aunque la resolución mencione de
forma expresa a Gallardón su situación procesal no ha variado: sobre el
exministro no pesa a día de hoy ninguna imputación formal aunque su actuación y
su eventual responsabilidad penal en aquella compra siguen bajo investigación.
En otras palabras: Gallardón no está imputado pero sí investigado en la acepción
clásica del término. Cuando la Fiscalía tenga en sus manos el resultado de las
nuevas pesquisas solicitadas al juez y posea elementos "sólidos" tomará una
decisión definitiva sobre el veterano político. "En tanto no se le cite a
declarar asistido de abogado no tendrá la calificación de investigado o de lo
que antes se conocía como imputado", enfatiza una de las fuentes consultadas.
Algunos expertos en el caso consideran que Gallardón está recibiendo un trato
similar –por las múltiples cautelas adoptadas– al que la justicia reserva a los
políticos aforados. Otros entienden por el contrario que citar al exministro sin
unas mínimas garantías previas de que la imputación no se desmoronará
perjudicaría al conjunto de una investigación que tiene como principal
protagonista nada menos que a otro expresidente de Madrid, Ignacio González.
Dictada por el juez Diego de Egea, asignado en tareas de refuerzo al juzgado que
dirige Manuel García Castellón, la resolución del 19 de octubre tenía por objeto
encargar a un nuevo organismo público, la Oficina de Recuperación y Gestión de
Activos (ORGA), la localización de bienes vinculados a los delitos investigados
en Lezo. Es en el extenso relato de hechos sobre la compra de Inassa donde el
nombre de Gallardón aparece. Y esta vez, a diferencia de lo que sucedía con el
auto por el que el 19 de enero de 2017 la Sección Cuarta de la Audiencia
Nacional abrió la puerta para que Anticorrupción pidiera la comparecencia del
político como investigado, la mención es nominal y no admite interpretaciones.
Bajo el epígrafe "Investigados", el juez De Egea arranca escribiendo lo
siguiente: "El procedimiento se dirige contra Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos
Mayor Oreja, Juan Bravo Riera, resto de integrantes del Consejo de Gobierno que
adoptó el acuerdo de 2001...". Y a partir de ahí, una larga lista de nombres o
cargos que alcanza a los 25 cuya citación quedó decidida hace una semana.
El magistrado cita a todos los nuevos imputados, entre ellos el recién dimitido
presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid y el todavía presidente de Adif, al
atender punto por punto la petición de la Fiscalía Anticorrupción. También su
auto del 17 de octubre aplicaba la misma regla: asumir la solicitud de
Anticorrupción. Entonces, el fiscal era Carlos Yáñez. Ahora, Ana Cuenca. Desde
el inicio de la investigación, Yáñez se declaró partidario de llamar a declarar
a Gallardón. Tras una primera negativa judicial, la Sección Cuarta de la
Audiencia Nacional dio la razón a Yáñez y a la otra fiscal originalmente
asignada al caso, Carmen García Cerdá. Pero lo hizo con un auto cuya parte
dispositiva –la reservada a la decisión judicial– no incluía la citación del
exministro. Ni la de ningún nuevo imputado. Gallardón entró así en una especie
de limbo jurídico todavía por despejar.
La incógnita de Panamá
En espera de esa decisión, el exministro ha anticipado ya cuál será su
estrategia de defensa llegado el caso. Hace tres semanas, Gallardón compareció
ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid.
Allí defendió la legalidad de la compra de Inassa, la calificó de ética pese a
que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y
negó que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No
obstante, el expresidente remarcó y remachó una afirmación: que jamás supo hasta
ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con
las acciones de Inassa.
La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón ante la Cámara
madrileña– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso
era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de
dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el
mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de
administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE
y dos sindicalistas, observó nada reprochable.
Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo
jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década y presidente de la
Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, quien de manera involuntaria puso el foco
sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la
Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de
Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares–
cuando en realidad no valía ni 30.
González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete
Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a
diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la
segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña
Emissao, él guardó en un cajón ese informe.
Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea
de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual
–aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su
favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada
que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el
señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente
relevante".
En sucesivos escritos, tanto la Fiscalía como los jueces que hasta ahora han
investigado el caso cifran en 73 millones de dólares (83.655.000 euros al cambio
de la época) el desembolso de dinero público efectuado por la compra de Inassa.
El informe de Cuatrecasas mencionado por Gallardón destapaba múltiples fisuras
en esa operación, en la que el Canal de Isabel II dio entrada a una empresa
valenciana, Tecvasa, de capital netamente privado. Tecvasa estaba constituida
por antiguos directivos de Aguas de Barcelona, es decir, de la compañía que
inicialmente poseía la mayoría de las acciones de Inassa.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/03/un_auto_judicial_hace_solo_dos_meses_incluia_gallardon_como_investigado_lezo_73675_1012.html
JUAN BRAVO DEFIENDE ANTE EL JUEZ LA COMPRA DE INASSA POR EL CANAL DE ISABEL II
Juan Bravo, presidente de Adif y exconsejero de Hacienda en el Gobierno de
Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy que la adquisición de Inassa, filial
colombiana del Canal de Isabel II, se hizo de forma regular y que en las actas
constaba que el precio de compra era de 73 millones de dólares.
Durante hora y media, el presidente de Adif ha declarado como investigado ante
el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, y ha contestado a todas las
preguntas que le han formulado sobre esta operación la fiscal Ana Cuenca, las
defensas y la acusación que ejerce Adade en esta causa, han informado fuentes
presentes en la declaración.
Ha explicado al juez que dado que esta compra se produjo en 2001, ha tenido que
repasar lo que ocurrió en los dos consejos del Canal y en el Consejo de Gobierno
autonómico en los que se dio luz verde a la operación.
Para ello ha recopilado la mayor parte de la documentación que obra en la causa,
además de pedir documentos también a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel
II, que se los negó alegando que el juez no lo había permitido, si bien al
parecer ya existía esa autorización, según las fuentes consultadas.
La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de
noviembre de 2001, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la
colombiana a través de la sociedad de Panamá.
A este respecto Bravo ha relatado que un despacho de abogados asesoró al Consejo
a través de un informe señalando que si una de las condiciones para la compra
era que se hiciese a través de esa sociedad se hiciese así y una vez hecha la
operación se disolviera la sociedad inmediatamente.
También, según su relato, fue necesaria la autorización del Consejo de Gobierno
y de la comisión de Hacienda para permitir la creación de la empresa Extensia,
que fue constituida el mismo mes de la operación, y su endeudamiento para
proceder a la compra de Inassa a través de la citada mercantil panameña.
Además de Bravo han declarado como investigados el consejero de Presidencia con
Joaquín Leguina y expresidente del Canal Agapito Ramos; un alto cargo en el
Ayuntamiento de Madrid con Ruiz-Gallardón de alcalde y Miguel Ángel Saldaña,
quienes han corroborado la versión de Bravo de que la compra fue regular.
Todos ellos, incluido Bravo, eran miembros del Consejo de Administración del
Canal en 2001, cuando se produjo la operación.
Esta nueva ronda de declaraciones en Lezo por la compra de Inassa empezó la
pasada semana con la comparecencia como investigado del que fuera consejero de
Medio Ambiente y presidente del Canal, Pedro Calvo, quien negó irregularidad
alguna en la adquisición de la filial y dijo desconocer el grado de conocimiento
de Ruiz-Gallardón sobre esta operación.
La semana que viene esta previsto que declare también como investigado Arturo
Canalda, expresidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y que
dimitió de este cargo al ser imputado en Lezo.
El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de la capital y
ministro de Justicia está desde hace meses bajo la lupa de la Fiscalía, a cuya
instancia el juez ha pedido a la Comunidad que identifique a los miembros del
Gobierno regional que firmaron el contrato de compra de Inassa (entre ellos
estaban Gallardón y Bravo), como paso previo a su posible imputación.
Con estas diligencias, el juez pretende "impulsar" la investigación por la que
fue a prisión el expresidente madrileño Ignacio González, que todavía se
encuentra "en una fase muy incipiente".
Según Anticorrupción, la operación de compra del 75 % de Inassa por 73 millones
de dólares se hizo mediante Canal Extensia, pero no se adquirió directamente a
Inassa sino a través de una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de
América.
Una operación que para la Fiscalía adoleció de "un cúmulo de irregularidades
cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público", que se
centraron principalmente "en la forma en que se planificó y ejecutó la
adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de
compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato".
Hay además "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de
compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el
comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel
II debió velar".
https://www.eldiario.es/politica/Bravo-Inassa-Canal-Isabel-II_0_729677981.html
LOS TÉCNICOS DESMONTAN LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL PARA IMPUTAR A LA CÚPULA DE
GALLARDÓN EN EL CANAL
Los profesionales que idearon en 2001 la compra de Inassa defienden con
documentos la limpieza y rentabilidad de una operación que Ignacio González puso
bajo sospecha
El juez del caso Lezo, que investiga una trama supuestamente corrupta encabezada
por el expresidente madrileño Ignacio González, interrogará en los próximos días
a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que en
noviembre de 2001 aprobaron por unanimidad la compra por 73 millones de dólares
del 75% de Inassa, una empresa privada dedicada a la distribución de agua en
Colombia y otros países de Latinoamérica.
El magistrado intentará aclarar si esa operación supuso un quebranto económico
para las arcas de la Comunidad de Madrid y, como sostiene la Fiscalía, un desvío
de fondos públicos por 66 millones.
Algunas de las personas citadas a declarar como imputadas pertenecían en 2001 al
Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP),
como Juan Bravo, hoy presidente de Adif y entonces recién nombrado consejero de
Hacienda -llegó al consejo de administración del Canal un mes y medio antes de
aprobar la operación ahora investigada-. Entre los imputados también hay
representantes de PSOE -quien fuera durante muchos años presidente del Canal de
Isabel II y consejero de Presidencia, Agapito Ramos-, de IU, de CCOO y de UGT.
El magistrado instructor intenta determinar si los hechos tienen alguna
relevancia penal y, de tenerla, quienes son los responsables.
Las primeras sospechas sobre una compra fraudulenta de Inassa en 2001 surgen 15
años después de los hechos, a finales de 2016, cuando la guardia civil, en el
curso de una investigación judicial secreta a Ignacio González, graba una
conversación de quien fue mano derecha y sucesor de Esperanza Aguirre con el
exministro y expresidente autonómico Eduardo Zaplana.
En aquellas fechas –finales de 2016-, González ya contaba a su círculo de
confianza o de negocios la situación desesperada que vivía al sentirse
acorralado por la justicia. El nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid,
presidido por Cristina Cifuentes (PP), había presentado en verano de ese año una
denuncia en Anticorrupción por una ruinosa operación en Brasil del Canal de
Isabel II en la que se habían perdido 25 millones de euros.
La Guardia Civil graba, en ese contexto y con mandato judicial, el desahogo de
González ante Zaplana: "Alberto (Ruiz-Gallardón), su gente, compraron una
sociedad que no valía ni 30 millones de dólares por 100, con una autorización
del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad en Colombia y compraron una
sociedad en Panamá. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el
Canal de Isabel II (...) Yo no soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo
me encontré a alguien muerto y dije o reventamos esto y es un escandalazo o
tratamos de arreglarlo. Y tratamos de arreglarlo. Yo tengo todavía un dictamen
de Cuatrecasas sobre toda la operación que no te puedes imaginar".
Esa conversación abrió una nueva línea de investigación en el caso Lezo que
afectaba al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, aunque en las palabras del
expresidente madrileño González había muchas mentiras, según se ha comprobado
ahora.
El Canal de Isabel II adquirió Inassa en diciembre de 2001 cuando Alberto Ruiz
Gallardón presidía la Comunidad de Madrid, pero nunca pagó 100 millones de
dólares sino 73 millones.
Nadie tasó esa sociedad en menos de 30 millones.
La autorización del Consejo de Gobierno fue para un crédito de 51 millones con
el que comprar Inassa; el permiso autonómico no determinó ni impuso el lugar de
la compra.
Nunca hubo un crédito del Banco Mundial de Desarrollo ni tampoco un aval del
Canal de Isabel II. El préstamo de 51 millones lo concedió el BBVA sin necesidad
de avales porque a esta entidad le pareció suficiente conocer las cuentas de la
sociedad que se iba a comprar, Inassa, como garantía del cobro del crédito.
El Canal pagó 19 millones de sus fondos propios; el resto pertenecía al crédito
solicitado al BBVA que Inassa devolvió con los beneficios que generaba.
Los fiscales encargados del caso Lezo tiraron del hilo de aquella delación
tóxica de González y sacaron sus propias conclusiones, que fueron detallando al
juez en distintos escritos.
Esas conclusiones, que han llevado al magistrado instructor a citar como
imputados a todos los consejeros del Canal de Isabel II que aprobaron en
diciembre de 2001 la compra de Inassa, han sido desmentidas o rebatidas por los
técnicos que intervinieron en la operación desde su origen. Esos técnicos que
participaron en los hechos, del Canal y de otras compañías, comparecieron
durante horas en la Asamblea de Madrid, donde también se investiga esta compra.
Las diferencias entre la versión que detallan los fiscales en sus escritos,
salpicada de suposiciones, y la que explican los técnicos del Canal, que han
manejado documentación oficial de la operación en sus intervenciones
parlamentarias, son abismales.
Desvío de 66 millones de euros
"Sospechosamente", escribe la Fiscalía, "la sociedad Aguas de Barcelona vendió
en 2000 sus participaciones en la sociedad Inassa a la sociedad Aguas de
América". Aguas de Barcelona cobró por aquella venta siete millones. En
diciembre de 2001, el Canal de Isabel II compra Inassa por 73 millones. Y la
Fiscalía señala: "Esta doble venta pudo generar a los denunciados en el espacio
temporal de un año una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de
Madrid de 66 millones de euros".
Se trata de una operación matemática sencilla pero engañosa. Si Aguas de
Barcelona vendió Inassa por siete millones en 2000, y el canal de Isabel II
compró en diciembre de 2001 por 73 millones, basta una resta para concluir que
el desvío es de 66 millones. Una tesis parecida al lamento de Ignacio González
en su conversación con Zaplana: "compraron por 100 millones algo que no valía ni
30".
Los hechos son muy distintos.
Salvador Cardona, exdirectivo de la empresa privada Tecvasa que se asoció con el
Canal de Isabel II para comprar Inassa, explicó así a los diputados madrileños
los errores de cálculo de la Fiscalía: "Aguas de Barcelona tenía un 20% de
Inassa y lo vendió en 2000; el Canal de Isabel II compra a finales de 2001 un
75% de Inassa. Además, cuando Aguas de Barcelona vende su parte, Inassa tenía un
negocio para explotar Barranquilla hasta 2013 a través de la Triple A. Desde que
Aguas de Barcelona se va hasta que el Canal de Isabel II compra Inassa, se
amplía la concesión de Barranquilla 20 años más. A cualquiera que esté en el
sector, imagínate lo que valen 20 años más de concesión de una capital que, como
mínimo, es más grande que Valencia. Pero es que, además del negocio de
Barranquilla, cuando el Canal de Isabel II compra Inassa, esta sociedad tiene
además la empresa de Ecuador, la de Dominicana, la de Metroagua y acaba de
firmar un contrato con Venezuela por 30 millones de dólares".
La comparación entre la venta que hace Aguas de Barcelona de su 20% de Inassa en
el año 2000 por 7 millones y la compra que hace a finales de 2001 el Canal de
Isabel II por 73 millones es manifiestamente engañosa y sólo conduce a un error
grueso a la hora de evaluar si hubo o no sobrevaloración de la empresa.
La empresa privada Aguas de Barcelona vendió un trozo pequeño (20%) de un
negocio por 13 años, y el Canal de Isabel II compró un trozo enorme (75%) de ese
mismo negocio por 33 años y, además, otros cuatro negocios más.
Sobrevaloración del precio de compraventa
"Existen claros indicios de que hubo una sobrevaloración del precio de
compraventa claramente perjudiciales para el comprador y por ende para los
intereses públicos por los que el Canal de Isabel II debió velar", escribe la
Fiscalía.
José Antonio de Cachavera y Pablo López de las Heras, extécnicos del Canal de
Isabel II y gestores de la operación –uno como subdirector de Nuevos Negocios y
el otro como director económico y de desarrollo comercial-, explicaron en el
parlamento regional el origen, nudo y desenlace de la compra de Inassa.
Los propietarios de la empresa colombiana de aguas deciden en 2001 poner a la
venta el 75% de las acciones, cuya propiedad tienen a través de una sociedad
domiciliada en Panamá. Para esta iniciativa contratan al Banco de Inversión
Norteamericano Rothschild, que cursa distintas invitaciones a empresas del
sector (dos estadounidenses, una francesa, una italiana y el Canal de Isabel II)
para que presenten sus ofertas.
Rothschild envía a todos los invitados su propio informe de valoración: el 75%
de Inassa costaría 97 millones de dólares. El Canal de Isabel II se interesa por
la compañía, manda a sus técnicos a Colombia, hacen su estudio y cifran el valor
de Inassa en 87,6 millones de dólares. Por último, la empresa privada valenciana
Tecvasa, que se asocia con el Canal de Isabel II para quedarse con un 25% del
paquete de acciones, encarga a los consultores de CAP-AFI un estudio sobre el
valor de la sociedad en venta que arroja un resultado de 94 millones.
El precio final fue 73 millones, lo que supone 24 millones de dólares menos del
fijado inicialmente por la banca de inversión que dirigía la operación de venta
de Inassa.
De esa cantidad, tan sólo 19 millones salieron de fondos propios del Canal.
Otros 51 corresponden al préstamo concedido por el BBVA, devuelto hace cinco
años, con los propios beneficios de Inassa, sin utilizar un euro del Canal de
Isabel II.
El exdirector económico del Canal, José Antonio de Cachavera, no entiende las
sospechas sobre una supuesta sobrevaloración de Inassa: "Si yo tengo una empresa
que vale 10 y usted me la va a comprar por 100, y usted y yo nos repartimos 45
para usted y 45 para mi. ¿Vale? Somos unos golfos. Pero cuando uno paga el
precio justo, incluso paga un precio muy duro, no hay para repartir, y esta
empresa está bien comprada (...) No, nunca, jamás se pagaron comisiones. Hubiera
sido absolutamente innecesario".
El Fiscal sostiene que los técnicos del Canal que se desplazaron a Colombia para
hacer su estudio se basaron en las valoraciones efectuadas previamente por los
asesores contratados por TECVASA y Rothschild, que supuestamente eran parte
interesada para sobrevalorar la compañía.
No hay ningún dato que pueda acreditar ese hecho, más bien al contrario a juzgar
por las cantidades que propone cada uno de los informes. El del Canal de Isabel
II es casi 10 millones inferior al que efectúa Rothschild. El directivo de
TECVASA niega cualquier amaño: "Tienen que haber engañado a los técnicos del
Canal, que me consta que son gente preparada, y tienen que haber engañado a
nuestros asesores de CAP-AFI, que son economistas, los tres, son doctores de
Economía de la Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid, y uno de ellos es
el director de banca on line en Caixa Bank".
El quebranto del erario público
La operación, presentada por la Fiscalía como muy perjudicial para las arcas
públicas de la Comunidad de Madrid, ha resultado especialmente rentable. Hasta
el punto que uno de los técnicos del Canal de Isabel II que propuso la compra,
Pablo López de las Heras, saca esta conclusión: "Se puede explicar con hechos
que la compra de Inassa económicamente es una de las operaciones más ventajosas
que se han hecho en los últimos 20 años en el sector del agua en el mundo".
Los hechos demuestran que, 16 años después de adquirir la compañía por 73
millones de dólares, de los que 51 correspondían a un préstamo del BBVA pagado
por Inassa de sus propios beneficios, el Canal ganó cerca de 60 millones de
euros en dividendos que repartió la sociedad colombiana.
Además, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido ahora vender Inassa y las
valoraciones más moderadas estiman que el precio puede estar entre 160 y 200
millones de euros.
El fin de esta aventura empresarial es, según los técnicos, muy positivo: por
una inversión directa de 19 millones de euros (el resto que pidió prestado lo
pagó Inassa de sus propios beneficios), el Canal habrá obtenido al menos 60
millones de beneficio directo por reparto de dividendos en estos años y, caso de
venderse la compañía por el valor que todos los expertos le suponen, otros 200
millones.
El pago en Panamá
La Fiscalía sostiene en su escrito que "se utilizó una sociedad interpuesta
residenciada en un paraíso fiscal ya que lo que se compró en realidad fue la
totalidad de una sociedad panameña (Sociedad de Aguas de América) propietaria de
Inassa".
Cuando el Canal de Isabel II presenta su oferta para adquirir el 75% de Inassa,
los propietarios de la empresa ya poseen una sociedad en Panamá donde tienen
depositadas sus acciones. De hecho, cuando adquieren en 2000 el 20% de acciones
que tenía Aguas de Barcelona, lo hacen a través de esa sociedad panameña.
Pablo de las Heras recuerda que para dar más transparencia a la operación, el
Canal encargó un informe de fiscalidad al despacho de abogados de Garrigues y lo
puso a disposición de todos los consejeros: "Hablaba de distintas posibilidades
de hacer la operación, bien una compra directa, bien una compra a la tenedora de
las acciones, que era una sociedad panameña, bien a través de otras sociedades
en Holanda, Uruguay o Estados Unidos. Desde el principio, la voluntad de los
accionistas era vender a través de una sociedad panameña. Y el informe de
Garrigues se centró en esa posibilidad y lo que deducía es que tenía el mismo
efecto fiscal para el Canal de Isabel II el hecho de comprar la sociedad en
Panamá y liquidar la sociedad en el mismo acto de compra (cosa que se hizo) que
comprar las acciones en Colombia".
El exdirector económico del Canal, José Antonio de Cachavera, ofrece más
explicaciones: "Nuestra obligación era pagar los menos impuestos posibles porque
iban en contra de los ciudadanos de Madrid, pero evidentemente haciéndolo dentro
de la legalidad. Nos asesoramos como una empresa de primer nivel como es
Garrigues (...) La compra en Panamá, que yo entiendo que en este momento en el
que estamos, con todo lo que ha pasado, suena como que se hizo algo oscuro,
fiscalmente no tenía ninguna trascendencia y era la forma en la que los
accionistas vendían la sociedad. Nosotros no hemos operado en paraísos fiscales,
lo único que hicimos en un paraíso fiscal, en este caso Panamá, por obligación,
porque así estaba en el libro de venta y porque así fuimos autorizados por el
Consejo de Administración, fue materializar la venta que se había hecho en
diciembre, ir al notario a materializar lo que se había comprado y disolver la
sociedad en el mismo acto, eso es lo que hicimos en Panamá".
La necesidad de crear una sociedad intermedia
Para comprar Inassa, el Canal de Isabel II creó una sociedad denominada Canal
Extensia. El fiscal sostiene: "No era necesaria la creación de Canal Extensia.
Canal de Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin la necesidad
de la interposición instrumental de Canal Extensia y, mucho menos, con la
interposición fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Esta
actuación carece de justificación en el sector público y se concive
ordinariamente como una forma de huída del derecho administrativo en beneficio
de una supuesta eficacia en la actuación pública".
Cachavera, director económico del Canal de Isabel II cuando se compró Inassa,
rebate así la tesis del fiscal "No sé qué conocimiento empresarial tiene el
fiscal de este caso, pero la utilización de sociedades está dentro del común de
lo mercantil. Además ¡no es una cosa que inventásemos nosotros!. Esto es una
sociedad anónima, no se le puede llamar sociedad pantalla. En contra de lo que
dice el fiscal, a mi me parece una medida de prudencia: cuando uno hace un
negocio y más cuando es un negocio internacional, aislar el riesgo que pueda
tener ese negocio en una sociedad que no es la matriz (es lo prudente). Porque
si no, la matriz responde con todos sus bienes acerca de lo que suceda en esa
sociedad. En cambio, cuanto tú haces una sociedad, respondes con los bienes de
esa sociedad y, por lo tanto, ¡estás protegiendo el patrimonio de los
madrileños!".
El Canal no puede hacer negocios fuera de Madrid
Otro de los argumentos que esgrime la Fiscalía en distintos escritos es que el
Canal de Isabel II, según la ley autonómica 17/1984 que lo regula, no puede
participar en otras sociedades mercantiles ni competir en concursos fuera de la
Comunidad de Madrid. Los técnicos lo niegan y ponen ejemplos. López Heras:
"Desde 1991 (con Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid) hasta 1999, el
Canal de Isabel II había intentado hacer múltiples incursiones en el mercado
internacional y nacional, y excepto Cáceres, que lo hizo en una operación con el
Grupo Suez, con Aguas de Barcelona, a través de una sociedad, no había
conseguido nada". El concurso de Cáceres que ganó el Canal de Isabel II fue
avalado por decisiones judiciales.
José Antonio de Cachavera, el exdirector económico del Canal, detalló más
proyectos de su etapa que superaron las fronteras de la Comunidad de Madrid:
"Estuvimos viendo negocios en Cuba, en Panamá, en Colombia, en Asunción en
Paraguay, multitud de operaciones en el ámbito de la diversificación
internacional del sector del agua pero también desde el punto de vista de la
diversificación sectorial. Montamos una sociedad para la distribución de energía
en la Comunidad de Madrid con Hidrocantábrico, con quien ya éramos socios en
Hidráulica Santillana. Es decir, la creación de empresas participadas para
explotar negocios laterales o colaterales del Canal ya era una práctica
habitual, como es normal y de sentido común. Hay que aprovechar el conocimiento
y la posición que tenía el Canal para optimizar los medios que los madrileños
ponían a nuestra disposición y nada más".
En el sumario no existen pruebas de que parte del dinero pagado por el 75% de
Inassa fuera destinado a comisiones ilegales.
http://cadenaser.com/ser/2018/01/01/tribunales/1514830543_660977.html
UN INFORME DESACONSEJÓ LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA
Un informe del despacho Garrigues y Andersen desaconsejó la compra en 2001 por
parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa a través de una
sociedad en Panamá.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, forma parte de la documentación
remitida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la Asamblea relacionada con
el caso Lezo solicitada por los grupos de la oposición.
El Ejecutivo regional comenzó el pasado día 15 a enviar al Parlamento madrileño
esta documentación tras conocer que el juez que instruye el caso Lezo entiende
que la entrega de ésta no afecta al carácter reservado que tiene la causa en
este momento procesal.
El Gobierno de Cristina Cifuentes recibió el pasado mes de agosto una
providencia del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo que le
daba vía libre para entregarle a la oposición las actas del Canal de Isabel II
relacionadas con el caso Lezo.
Sin embargo, el Ejecutivo no los entregó entonces, ya que el subdirector general
de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, que ha sido cesado, no vio el correo
electrónico con la provincia por "un error grave".
Uno de los documentos remitido a la Asamblea de Madrid es un informe de
Garrigues y Andersen, fechado el 7 de noviembre de 2001.
En dicho informe, se analizan las tres posibilidades para la compra de Inassa,
entre ellas, el Canal de Isabel II adquiera el directamente la empresa
colombiana y que, según este análisis, era "la mejor alternativa desde el punto
de vista fiscal".
Sin embargo, finalmente el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, el 29 de noviembre de 2001 autorizó la
adquisición de Inassa a través de la Sociedad Aguada de América, una empresa
radicada en Panamá.
El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha citado declarar como
investigados a miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que
el 14 de noviembre de 2001 apoyaron realizar una oferta por el 75 % de Inassa
por 73 millones de dólares, lo que, en opinión del magistrado, acabó generando
un endeudamiento de 51,1 millones de dólares.
Según un auto juez, la operación se llevó a cabo a través de una "compleja
estructura societaria" y contravino "de plano" los acuerdos adoptados por el
Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.
Además, cree el magistrado que existen "claros indicios de que pudo haber una
sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales
claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses
públicos por los que el Canal debió velar".
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8879831/01/18/Un-informe-desaconsejo-la-compra-de-Inassa-a-traves-de-una-sociedad-panamena.html
EL JUEZ ORDENA A LA UCO DEVOLVER LOS COCHES DE IGNACIO GONZÁLEZ QUE USAN LOS
AGENTES
Otra vez en evidencia el deficiente estado del parque móvil de la Guardia Civil
La precariedad con la que los guardias civiles desarrollan muchas veces su
trabajo ha quedado en evidencia nuevamente con motivo de los coches de Ignacio
González y otros implicados en el caso Lezo, intervenidos en el marco de esta
operación. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Gurdia Civil estaba usando
estos vehículos y ahora el juez ha ordenado la devolución a sus dueños.
Los guardias van en coches de medio millón de kilómetros
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ordenado a la UCO
la devolución de los seis coches intervenidos al expresidente madrileño, a su
mujer, Lourdes Cavero, su hermano Pablo y al jefe de la Agencia de Informática
de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, según adelanta la SER. La
Guardia Civil había pedido utilizar estos vehículos por el deficiente estado su
parque móvil. Como ha publicado El Plural, los agentes realizan su trabajo en
coches de hasta medio millón de kilómetros.
El juez ha admitido el recurso de la defensa del expresidente madrileño Ignacio
González que pidió la devolución de los coches alegando que “no consta
claramente acreditado la vinculación de dichos vehículos con la comisión de los
delitos que se atribuyen a los investigados ni que hayan sido producto de las
ganancias ilícitas obtenidas”.
En su auto, el juez dice a los investigados que tras la devolución de sus coches
deberán conservarlos en “buen estado” y que deben de estar “en todo momento a
disposición del juzgado” al estar embargados. Incluso, les insta a “acordar la
venta anticipada de los vehículos para cubrir las elevadas responsabilidades
civiles en las que pudieran incurrir”.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/31/el-juez-ordena-la-uco-devolver-los-coches-de-ignacio-gonzalez-que-usan-los
MAURICIO CASALS NIEGA EL CHIVATAZO DE LA "MAGISTRADA AMIGA" SOBRE LOS PINCHAZOS
TELEFÓNICOS A LOS INVESTIGADOS EN 'LEZO'
Mauricio Casals ha precisado que lo que hizo fue una "fabulación" para intentar
tranquilizar a Rodríguez Sobrino, ya que se encontraba nervioso por las
informaciones que publicaron algunos medios de comunicación
Ignacio González, que ha tenido el careo con Casals, ha aclarado que a él le
pareció entender que el aviso venía de una "magistrada amiga de la casa", pero
no ha podido confirmarlo
El presidente de la empresa editora de La Razón, Mauricio Casals, negó este
lunes ante el juez haber avisado de que una "magistrada amiga de la casa" le
advirtió de que los teléfonos de los investigados en la Operación Lezo estaban
siendo intervenidos, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de
Dios Ferreiro, citó este lunes a Casals y al expresidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio González, principal investigado en la causa, para realizar un
careo con el fin de averiguar quién es esa "magistrada amiga". Ambos
comparecieron en calidad de testigos.
En una conversación intervenida por la Guardia Civil durante la investigación
sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, se puede escuchar cómo Ignacio
González le contaba al expresidente valenciano Eduardo Zaplana que el
expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino le había advertido de los
pinchazos telefónicos.
"Fabulación" para tranquilizar a Rodríguez Sobrino
Fuentes jurídicas apuntaron que Casals negó haber utilizado esta expresión, por
lo que no pudo facilitar el nombre de esa jueza, aunque el magistrado instructor
se lo haya pedido. Asimismo, precisó que lo que hizo fue una "fabulación" para
intentar tranquilizar a Rodríguez Sobrino, ya que se encontraba nervioso por las
informaciones que publicaron algunos medios de comunicación sobre las supuestas
irregularidades de Inassa.
De hecho, las mismas fuentes apuntaron que González aclaró que a él le pareció
entender que el aviso venía de una "magistrada amiga de la casa", pero no pudo
confirmarlo. En este cara a cara, que duró 20 minutos, no intervino la Fiscalía.
El pasado mes de mayo, el juez de Plaza Castilla admitió la denuncia presentada
por el partido Contrapoder para investigar quién es la jueza que podría haber
incurrido en un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, la
Fiscalía Anticorrupción se mostró favorable que se inhibiera a favor del Juzgado
Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso
Lezo.
El juez García de Dios rechazó abandonar la causa, mientras que el magistrado de
la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió elevar al Tribunal Supremo
una exposición razonada para que decida quién es el competente para investigar
este caso.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/29/el_presidente_editora_razon_niega_chivatazo_magistrada_amiga_sobre_los_pinchazos_telefonicos_los_investigados_lezo_74644_1012.html
VILLAR MIR ACUDE A LA GUARDIA CIVIL PARA QUE LE TOMEN LAS HUELLAS
El empresario está investigado dentro de la operación Lezo por una comisión de
1,4 millones de euros
Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL, ha acudido este viernes
por la mañana a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) para
que los agentes le tomen las huellas con motivo de la investigación contra él
que hay en el caso Lezo.
El objetivo es contrastar la autenticidad de un documento incautado dentro de
uno de los registros vinculados a este caso de corrupción, en una pieza secreta,
según informa El Diario.
Villar Mir está investigado en la Operación Lezo con relación a la supuesta
mordida de 1,4 millones de euros para conseguir la adjudicación del tren de
Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. Esta comisión se la habría quedado por
el camino el empresario Adrián de la Joya, tal y como confesó él mismo, aunque
se habría utilizado para acusar desde el Partido Popular a Ignacio González de
tener una cuenta en Suiza, tal y como revelan las grabaciones realizadas al
expresidente de la Comunidad de Madrid y ofrecidas por El Plural.
El expresidente madrileño contó a sus contactos, en las grabaciones que le
realizó a la Guardia Civil, que dicho ingreso nunca fue para él, pero que los
datos de la transferencia fueron utilizados por Villar Mir, en connivencia con
Mariano Rajoy y el entonces tesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, para
acusar a Ignacio González de tener una cuenta en Suiza. Algo que, según
afirmaba, se habría hecho con un "montaje" audiovisual en la grabación del
espionaje que se realizó en Colombia, en una visita relacionada con las
operaciones del Canal de Isabel II.
La fijación de Ignacio González con el asunto le llevó a contactar con Luis
Vicente Moro, un personaje turbio que fue delegado del Gobierno con Aznar y con
quien el expresidente madrileño hablaba de montar "puticlubs". Su intención era
que sus contactos pudieran investigar quién estaba detrás de la comisión para
"cogerle por las pelotas al hijo puta de Villar Mir y decirle mira, aquí tengo
el circuito y lo que hiciste hijo puta, tú has pagado esto, esto, esto... y
además tal... y ya no te quiero contar si sabemos quiénes son los destinatarios
de la pasta”.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/12/villar-mir-caso-lezo-partido-popular-guardia-civil
EL CONTABLE DE LA EMPRESA PANTALLA EN EL PELOTAZO DEL GOLF DESMONTA LA COARTADA
DE IGNACIO GONZÁLEZ
Fernando Serrano declaró ante el juez que el hermano y el cuñado de González ya
eran socios de Tecnoconcret cuando el Canal de Isabel II le adjudicó la gestión
de un campo de golf en pleno centro de Madrid
"Llegué a entregarle a Pablo González 80.000 euros", relató en la declaración, a
la que ha tenido acceso infolibre. Sacó el dinero en ventanilla y se lo dio "en
mano": "Les aseguro que iba temblando"
El contable dejó constancia en un archivo informático almacenado en su ordenador
de las cantidades en metálico que se repartían. Ese documento fue incautado por
la Guardia Civil
Un imputado prácticamente desconocido pero cuyo testimonio se ha revelado
esencial pulverizó con su declaración judicial la coartada de Ignacio González
sobre el pelotazo que los investigadores del caso Lezo le atribuyen gracias a un
campo de golf promovido por el Canal de Isabel II en pleno centro de Madrid. Ese
imputado se llama Fernando Serrano. Y era el contable de Tecnoconcret, empresa
en la que participaban el hermano y el cuñado de Ignacio González y que en
diciembre de 2006 obtuvo en unión de otras dos mercantiles la adjudicación para
construir y explotar aquel campo de golf.
La declaración de Serrano, a la que infoLibre ha tenido acceso, agrava la
posición del expresidente madrileño, máximo responsable del Canal de Isabel II
durante ocho años y antiguo delfín de Esperanza Aguirre. Porque lo que el
investigado detalló ante el juez del caso Lezo es que, en contra de lo que
Ignacio González ha sostenido siempre, su hermano Pablo y su cuñado José Juan
Caballero ya eran accionistas de Tecnoconcret cuando el contable se incorporó a
comienzos de 2007 a la compañía en calidad de empleado y socio minoritario con
un 5% de los títulos. A preguntas del fiscal, que manejaba datos oficiales de la
Seguridad Social, Serrano admitió que su entrada en Tecnoconcret pudo producirse
ya en diciembre de 2006.
Gracias a aquella concesión otorgada justamente aquel mes de diciembre por la
empresa de aguas de Madrid, que entonces presidía el propio Ignacio González,
Tecnoconcret cobró tres millones de una filial de Dragados, compañía mayoritaria
en la UTE adjudicataria. Todos los datos recabados hasta la fecha indican que su
papel real en la construcción del campo de golf fue el de simple conseguidor.
Como ya desveló este diario, de esos tres millones y una vez descontado lo que
pagó a un subcontratista por la ejecución real de los trabajos, Tecnoconcret se
reservó una comisión de 600.000 euros.
"Los tres eran mis jefes"
Hasta ahora, y tras una investigación periodística que Ignacio González intentó
parar en los tribunales, se sabía que el hermano y el cuñado del expresidente
madrileño habían tomado participaciones de Tecnoconcret en noviembre de 2008. Y
que ya antes eran socios de su fundador, José Antonio Clemente, en una tercera
mercantil, Tamanaco Consulting SL. Pero la declaración de Fernando Serrano
reafirma la tesis de Anticorrupción: que la familia González estuvo presente en
esa operación desde el comienzo. Es decir, desde el momento de la adjudicación
del golf del Canal. Y cuando el Gobierno que presidía Esperanza Aguirre declaró
en enero de 2007 aquella instalación deportiva de "interés general" para
modificar el planeamiento urbanístico y eliminar así de un plumazo 50.000 metros
cuadrados de zona verde pública en Chamberí, el distrito madrileño con mayor
densidad de cemento.
Nada más comenzar el interrogatorio del contable, el fiscal Carlos Yáñez le
preguntó si Pablo González y José Juan Caballero trabajaban ya en Tecnoconcret
en 2007. El imputado respondió así: "Eran socios, yo creía que eran socios
aunque luego supe que formalmente no lo eran todavía pero ellos actuaban como
tales socios". En ese momento, Yáñez repreguntó: "Pero no eran socios formales".
Y Serrano no solo convino en que así era sino que amplió su respuesta: "Lo supe
después. Para mí había tres dueños, que eran José Antonio Clemente, que de hecho
tenía el nombre de la empresa, y ellos dos [Pablo González y José Juan
Caballero] como socios también, al 33%". "Los tres eran mis jefes", apostilló
Serrano.
En la media hora escasa que duró su declaración, el contable de Tecnoconcret
confirmó que entre 2008 y 2011 él mismo y José Antonio Clemente retiraron en
ventanilla 532.000 euros. Todo el dinero, aseguró Serrano, fue a parar a José
Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero. Del reparto exacto de
cantidades, anunció, quedó constancia en un archivo informático almacenado en su
ordenador. La Guardia Civil se llevó ese ordenador tras el estallido del caso.
Pero Serrano se ofreció a guiar a los investigadores para localizar el documento
con rapidez. Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que el contable
cumplió lo prometido.
¿Recuerda Serrano alguna extracción superior a 50.000 euros?, inquirió en otro
momento el fiscal. Y el contable contestó afirmativamente para narrar cómo
cuando la compañía se disolvió en 2010 y él mismo fue despedido en febrero de
aquel año, ocurrió lo siguiente: "Cuando se hizo esa disolución y me despidieron
se repartió el dinero entre los socios y recuerdo haber sacado para un socio
como 80.000 euros y para otro algo parecido".
Del reparto en metálico a las empresas factureras
Esos dos socios, añadió a renglón seguido, eran José Juan Caballero y Pablo
González. "A Pablo González se lo entregué en mano", corroboró Serrano ante la
nueva pregunta del fiscal, que prosiguió en esa dirección. Y le hizo notar a
Serrano que sacar 80.000 euros en metálico y llevárselo en mano a su
destinatario implicaba casi jugarse la vida. El contable asintió con estas
palabras: "Les puedo asegurar que esos días iba temblando". Los días, a eso se
refería, de aquellas entregas en mano que –dijo– nunca le hicieron ser
consciente de que podía estar siendo utilizado como instrumento de blanqueo.
"Pero sí –fue su precisión– de estar actuando de una manera que no era, digamos,
demasiado regular".
Pero aunque Serrano evitó reconocer que hubiese albergado cualquier sospecha de
blanqueo, su relato apunta exactamente hacia ese delito: porque, como
justificantes de las cantidades que recibían en efectivo, los tres socios
principales le entregaban al contable facturas de una serie de sociedades que
supuestamente proveían de servicios a Tecnoconcret aunque –terminó concediendo
ante las preguntas del fiscal– jamás supo qué trabajos reales efectuaban.
Tamanaco, Proyectos Ecosistemas, Reimex y Asesora 25 –"esa me suena pero no
tanto"– se contaban entre las compañías que suministraban facturas a
Tecnoconcret. Eran lo que fuentes conocedoras del caso definen como "factureras".
Y consideran que todas ellas estaban controladas por la familia González.
Serrano admitió que tras su despido recibió 30.000 euros "como anticipo" de lo
que le habría correspondido por su porcentaje de participación en Tecnoconcret
en un futuro proyecto que no llegó a materializarse. El 5% de títulos que
ostentaba se lo había adjudicado Clemente tras su contratación como contable y
administrativo a modo de gratificación en contratos futuros. Es decir, no en el
del campo de golf. Pero –así al menos lo subrayó Serrano– jamás tuvo poder real
como accionista. ¿Ejercía algún derecho como socio?, le preguntó el fiscal."En
las reuniones en que decidieron disolver la sociedad expresé mi disconformidad
total". ¿Y le trataron como a un socio?, siguió avanzando Yáñez. El contable dio
aquí una respuesta amarga: "Me trataron como si no fuera nadie".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/11/el_contable_empresa_pantalla_pelotazo_del_golf_desmonta_coartada_ignacio_gonzalez_73947_1012.html
UN SOCIO DE LA FIRMA QUE MONTÓ EL GOLF DEL CANAL DECLARA QUE LA EMPRESA DE LOS
GONZÁLEZ ESTABA EN EL PROYECTO PARA "ROBAR Y MALVERSAR"
El testigo, uno de los tres accionistas de la compañía subcontratada para
instalar el césped, definió Tecnoconcret como "una empresa intermedia que estaba
allí para llevarse dinero"
Tecnoconcret, controlada por el hermano y el cuñado de Ignacio González, "no
prestó ningún servicio en la construcción" del equipamiento promovido por el
Gobierno de Aguirre
Un testigo directo de la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II,
que proporcionó a la familia de Ignacio González un pelotazo de 600.000 euros,
ya acorraló este verano al expresidente de Madrid con su declaración ante la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El testigo, José Jesús
Vallenilla, era uno de los tres socios paritarios de Onlygolf, la firma a la que
la empresa pantalla de los González, Tecnoconcret, subcontrató para instalar el
césped del campo. Cuando los agentes le preguntaron por qué intermedió
Tecnoconcret en el proyecto si realmente fue Onlygolf la que prestó el servicio
de colocación de hierba para Dragados, encargada de construir el campo,
Vallenilla dio la siguiente respuesta: "Que el único sentido que pudo tener la
intermediación de Tecnoconcret era para robar y malversar".
Prestada el 14 de julio de 2017, su declaración fue la primera pero no la única
que desmontó la coartada del antiguo delfín de Esperanza Aguirre. Como publicó
este jueves infoLibre, el contable de Tecnoconcret le confirmó luego al juez
instructor de Lezo que, cuando a finales de 2006 o comienzos de 2007 se
incorporó a su plantilla, el hermano y el cuñado de Ignacio González –Pablo
González y José Juan Caballero, respectivamente– ya eran socios de facto de la
empresa.
Tanto el testimonio del contable como el previamente aportado por el socio de
Onlygolf refuerzan las tesis de la Fiscalía Anticorrupción: que la familia del
político estuvo presente en la operación del campo de golf desde el inicio y que
su único objetivo era lucrarse gracias a esa instalación, adjudicada en
diciembre de 2006 a una UTE capitaneada por una filial de Dragados y de la que
Tecnoconcret formaba parte. Como ya publicó este diario tras el estallido del
caso, Tecnoconcret cobró de Dragados tres millones por la instalación del
césped. De esos tres millones, la firma de la familia González se quedó con
600.000 euros y destinó el resto a abonar los servicios de quien realmente puso
el césped: Onlygolf.
No prestó "ningún servicio"
Antes de concluir que el objetivo de Tecnoconcret era "robar y malversar", el
antiguo socio de Onlygolf, quien según sus palabras vendió entre 2007 y 2008 el
33,3% que poseía en el accionariado, había afirmado rotundo que Tecnoconcret no
prestó "ningún servicio en la construcción" del campo. Es más, aseguró que ni
siquiera "había escuchado nunca el nombre de la empresa Tecnoconcret" hasta que
lo leyó en la prensa.
A quien José Jesús Vallenilla conocía era a José Antonio Clemente, que nunca le
habló de esa mercantil ni de cómo iba a conseguir que Onlygolf entrara en el
contrato del campo de golf cuando la colocación del césped había sido
previamente asignada a otra empresa. Clemente le decía –así lo sostuvo el
testigo– que "eso era secreto profesional" y que no le iba a revelar "la
fuente".
Que ni siquiera tenía noción de la existencia de Tecnoconcret lo declaró José
Jesús Vallenilla cuando la UCO inquirió sobre a qué respondía la relación
comercial entre Tecnoconcret y Onlygolf. La compañía de Clemente, Pablo González
y José Juan Caballero "es una empresa intermedia que estaba ahí para llevarse el
dinero". El testigo explicó que jamás pudo ver la facturación entre Tecnoconcret
y Onlygolf porque sus dos socios lo mantuvieron siempre en el ostracismo.
La construcción del campo de golf del Canal generó una fortísima resistencia
ciudadana. Para vencerla, el Gobierno de Esperanza Aguirre lo declaró en enero
de 2007 como instalación deportiva de "interés general". Ese paso le permitió
modificar el planeamiento urbano del céntrico distrito de Chamberí y eliminar
50.000 metros cuadrados de zona verde pública.
La plataforma vecinal que durante años batalló contra el campo de golf jamás
logró que el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, investigara las
irregularidades denunciadas. El 22 de febrero de 2017, Moix fue designado jefe
de la Fiscalía Anticorrupción. El 1 de junio dimitió después de que este diario
destapase que era copropietario de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de
Panamá.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/12/un_socio_firma_que_monto_golf_del_canal_declara_que_empresa_los_gonzalez_medio_proyecto_para_robar_73990_1012.html
LA UCO INVESTIGA ADJUDICACIONES DEL CANAL POR 138 MILLONES A UN IMPUTADO EN
'LEZO'
La Fiscalía y la Guardia Civil consideran que el empresario Joaquín Molpeceres,
cuyo nombre apareció también en 'Gürtel', aceleró sus ingresos con Ignacio
González como presidente madrileño llegando a facturar un total de 840 millones
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos a
la investigación del 'caso Lezo' siguen la pista de contratos al empresario
Joaquín Molpeceres por un valor de 138 millones de euros adjudicados durante
diez años por la empresa pública Canal de Isabel II, cuyo presidente era Ignacio
González, el presunto cabecilla de la trama 'Lezo', según se desprende de la
declaración del propio empresario propietario de las sociedades Licuas y Coarsa.
Además, estas dos firmas, también implicadas en el 'caso Gürtel', se
beneficiaron de contratos de la empresa madrileña del agua por entre 56 y 58
millones anuales, de los que 13 millones anuales procedían de los concursos
públicos del Canal, tal y como reconoció el empresario en su declaración como
imputado: "En los últimos 15 años nos hemos presentado a unos 200 concursos", se
defendió Molpeceres, que trataba de restar importancia al peso de los contratos
de la sociedad pública de la Comunidad de Madrid en la contabilidad de Licuas y
Coarsa.
Sin embargo, la Fiscalía y la UCO consideran que las adjudicaciones podrían
estar relacionadas con la presencia en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid de Ignacio González, primero como presidente y después como presidente.
Pero siempre como máximo responsable del Canal de Isabel II.
"¿A partir del año 2012 sabe usted si se incrementaron las adjudicaciones o el
volumen de ingreso de Licuas que provenían del Canal de Isabel II?", preguntó la
fiscal del caso 'Lezo', que completó su pregunta interesándose en si ese dato
aportado por la UCO en su informe era o no cierto: "En el 2015 y 2016 tuvimos
las menores adjudicaciones de toda la historia de trabajo con el Canal de Isabel
II, 200.000 euros", contestó Molpeceres.
58 millones en 2014
Pero la fiscal retomó su interrogatorio preguntando al imputado sobre si en
2014, año en el que González ya era presidente del Gobierno madrileño, Licuas
había facturado 58 millones del Canal, de los cuales 26 millones procedían del
Canal Gestión, la empresa con la que la Comunidad de Madrid quería privatizar la
gestión del agua: "Mi empresa ha facturado siempre 58 millones, era lo general",
respondió el empresario, que aseguró que además del Canal de Isabel II también
recibió adjudicaciones y obras de Ayuntamientos y otras empresas.
Precisamente, en el sumario del 'caso Gürtel', los informes policiales ponen de
manifiesto que las dos firmas de Molpeceres, Licuas y Coarsa, recibieron entre
2002 y 2008 del Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP y considerado
junto con Boadilla del Monte el epicentro de la trama liderada por Francisco
Correa, contratos por un valor superior a los 43,7 millones de euros.
'Papeles de Bárcenas'
El nombre de Molpeceres también aparece como presunto donante de 60.000 euros en
negro al PP en los denominados 'papeles de Bárcenas' en los que se refleja la
presunta contabilidad B llevada por los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis
Bárcenas, también resultó mencionado en el juicio del 'caso Gürtel' como uno de
los empresarios presuntamente favorecidos por el PP nacional.
En el juicio de la primera época del 'caso Gürtel', el exalcalde de Majadahonda
(Madrid) y responsable de las campañas del PP madrileño en 1999 y 2003,
Guillermo Ortega, declaró al tribunal que el entonces tesorero nacional del
partido, Álvaro Lapuerta, le llamó para que "intentara echar una mano a las
empresas Licuas y Coarsa, porque era gente que colaboraba con la casa".
En el interrogatorio, la fiscal también preguntó al imputado sobre la gestión
realizada por el propio Ignacio González para que la Comunidad de Madrid cediera
agua al campo de golf de Joaquín Molpeceres, en El Encín, en el municipio
madrileño de Alcalá de Henares, que durante su construcción fue regado con agua
potable: "¿Llegó usted a reunirse con el director [del Imidra], en concreto con
el señor Moreno Martín?".
¿Entonces esa reunión la consiguió gracias a la intervención que tuvo
González?", preguntó la fiscal, a lo que el imputado contestó: "Sí, González me
facilitó su teléfono. Le llamé y me dijo: ven a verme".
"Perfectamente", contestó Molpeceres que completó: "Y con mi gerente. Fue un
fracaso, porque nos dijo que si no se lo mandaban no podía hacerlo", dijo el
empresario, que dijo a la fiscal que él tenía intención de pagar el agua que
necesitaba para su campo de golf. ¿Entonces esa reunión la consiguió gracias a
la intervención que tuvo el señor González?", volvió a preguntar la fiscal, a lo
que el imputado contestó: "Sí, el señor González me facilitó su teléfono. Le
llamé y me dijo: ven a verme".
La fiscal preguntó entonces al empresario si también llegó a reunirse con el
actual senador del PP Jaime González Taboada, hasta hace unos meses consejero de
Medio Ambiente: ¿No le llegó a comentar el señor González algunas de las
conversaciones, y que era el consejero de Medio Ambiente y a quién también
podrían acceder?". "No", respondió de forma categórica Joaquín Molpeceres.
https://www.vozpopuli.com/espana/UCO-investiga-adjudicaciones-Canal-Isabel-138-millones-imputado-Lezo-Gurtel-Barcenas_0_1102390868.html
IGNACIO GONZÁLEZ SOSTIENE QUE LA CONFESIÓN DE EDMUNDO RODRÍGUEZ SE CONSIGUIÓ
BAJO AMENAZAS
El expresidente de la Comunidad de Madrid asegura que su mano derecha en el
Canal de Isabel II reconoció el reparto de comisiones por miedo a que su hija
embarazada acabara en prisión
El presunto cabecilla de la operación Lezo, Ignacio González, se defiende de los
últimos avances en la investigación que la UCO sigue contra él. La defensa del
expresidente de la Comunidad de Madrid ha aprovechado la presentación de un
escrito en el que vuelve a reclamar la devolución de los coches del matrimonio,
tal y como ha acordado la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, para
cuestionar, como adelantó la Cadena SER, la confesión del hombre del Canal de
Isabel II en Latinoamérica y exconsejero de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino.
Rodríguez Sobrino aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García
Castellón, que recibió una comisión de 2,3 millones de euros por la compra de
Emissao que se iba a repartir con González. En el escrito, sin embargo, el
expresidente madrileño asegura que esa confesión “carece por completo de
corroboración material” y que, además, “se efectuó después de un receso en el
que se advirtió al investigado que existía una gran posibilidad de que su hija
embarazada ingresara en prisión provisional si no colaboraba con la Justicia”.
El escrito también considera “patético” que la UCO afirme que hay indicios de
delito de blanqueo por el hecho de haber encontrado tres billetes de 500 euros
en el ático de Ignacio González en Estepona y que es “sencillamente falso” que
Dragados diseñara el jardín de la vivienda familiar, tal y como asegura la
Guardia Civil, porque esos trabajos fueron realizados por otra empresa según las
facturas aportadas.
http://cadenaser.com/ser/2018/01/14/tribunales/1515921837_506317.html
EL JUEZ RECONSTRUYE EL PILLAJE DEL CANAL DE ISABEL II TRAS LA COMPRA DE UNA
EMPRESA RUINOSA EN BRASIL
“Mi comisión iba a ser mayor porque ese dinero estaría destinado a Ignacio
González cuando lo pidiera”, cuenta al juez Edmundo Rodríguez, la mano derecha
del expresidente para los negocios de Latinoamérica y exconsejero de La Razón.
Directivos de Inassa en Latinoamérica cuentan al juez que se pactaron mordidas
de hasta seis millones a repartir entre políticos y técnicos por comprar la
sociedad Emissao
La Cadena SER les detalla todas las confesiones que el juez que instruye el caso
Lezo ha recogido durante meses para reconstruir cómo se sobrevaloró una pequeña
empresa de aguas brasileña para cobrar unas comisiones ilegales
multimillonarias.
El primer testimonio es de julio del pasado año. Edmundo Rodríguez, máximo
responsable de Inassa, la empresa del Canal de Isabel II que explota sus
principales negocios en Latinoamérica, confiesa al juez que cobró una mordida de
2,7 millones de euros tras cerrar la operación de compra de Emissao.
Edmundo Rodríguez fue la persona elegida por Ignacio González para dirigir
Inassa. Además, era uno de los principales consejeros del diario La Razón.
Cuando el expresidente madrileño se siente acosado por investigaciones
judiciales y periodísticas, recurre a Edmundo Rodríguez, quien utiliza el
periódico La Razón para presionar a la presidenta autonómica, Cristina
Cifuentes, y exigirle que no siga denunciando su gestión en el Canal de Isabel
II.
En julio pasado decide confesarse ante el juez y el fiscal del caso. Les cuenta
que recibió 2,7 millones de euros de comisión por la compra de Emissao y que
ingresó ese dinero en dos sociedades que creó el propio Edmundo Rodríguez
llamadas Amalfi y Rafaelo. Y que esa comisión millonaria se la tenía que
repartir con Ignacio González:
EDMUNDO: “Luis Vicente Moro me dijo que mi participación o mis honorarios o mi
comisión o lo que queramos llamar iba a ser mayor porque ese dinero quedaría
destinado a Ignacio González cuando lo pidiera, cuando me lo pidieran”.
FISCAL: Y le dijo la cantidad que cobraría Ignacio González.
EDMUNDO. La cantidad era la misma que cobraba yo.
FISCAL. ¿Y cuánto cobró el señor González?
EDMUNDO. No cobró nada. Yo cobre 2,3 millones, eso es cierto. Según Vicente Moro
me había dicho, la mitad de esa cantidad debería haber sido para Ignacio
González, estoy diciendo lo que me dijeron. Qué es lo que hice? Por deformación
empresarial yo no quería tener ese dinero en metálico, porque ese dinero se
devalúa. Entonces… compré productos financieros, y para cuando me pidieran, cosa
que no han hecho, pues para cuando me pidieran la liquidación de esas
cantidades, yo quería que las cuentas estuvieran claras. Entonces dejé en una de
las dos sociedades que creé la cantidad exacta y de ahí las trasferencias.
FISCAL. Entonces, usted está guardándole esa comisión al señor Ignacio González
hasta que se la pida…¿Significa eso?
EDMUNDO. Así quedó al final de lo que yo sé. Yo estoy esperando a que Luis
Vicente Moro me diga si o no. Lo que sé es lo que le he dicho, no sé más.
FISCAL. ¿Usted se considera testaferro de Ignacio González?
EDMUNDO. No me obligue a que me autocalifique.
Luis Vicente Moro es un viejo conocido de Ignacio González. La compra de la
empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II a través de Inassa se
realiza a iniciativa de Luis Vicente Moro, que trabaja como directivo de
Essentium/Asignia y le ofrece a González esta posibilidad, según la
investigación.
Dos directivos de Inassa, la empresa del Canal de Isabel II en Latinoamérica,
prestaron declaración judicial en Colombia hace menos de dos meses y afirmaron
que Ignacio González estaba detrás de la operativa para comprar la empresa
brasileña Emissao. Uno de los directivos, Ramón Navarro, explicó que había
cobrado una comisión de 1,4 millones de euros desde Suiza en una cuenta bancaria
de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes. De esa cantidad, según le ordenó
su jefe Edmundo Rodríguez, le tenía que dar 500.000 euros a Luis Vicente Moro.
El otro directivo, Diego García Arias, explicó al juez que Ignacio González
autorizó un reparto de 6 millones de dólares si la operación de compra de
Emissao salía bien. Tres millones sería “para la gente de España”: dos millones
para González y un millón para Luis Vicente Moro. Y los otros tres para la gente
de Colombia: Edmundo Rodríguez, Ramón Navarro y Diego García Arias cobrarían un
millón cada uno. Posteriormente, según este testimonio, la mordida a repartir
fue de 5,4 millones de euros y no 6. Diego García Arias relató al juez que
negoció este reparto de comisiones con el propietario de Emissao, Sebastiao
Cristovam. Y que una vez recibió el dinero, Edmundo le pidió ayuda para
canalizar parte de la comisión a cuentas de Luis Vicente Moro. García Arias
recibió 1,5 millones, de los que transfirió 200.000 a una sociedad de Edmundo
Rodríguez en Panamá y otros 400.000 se los entregó en efectivo en República
Dominicana a Luis Vicente Moro. La investigación ha podido acreditar que Moro
viajó a República Dominicana en las fechas correspondientes a los pagos.
http://cadenaser.com/ser/2018/01/01/tribunales/1514818609_491143.html
POR
QUÉ GALLARDÓN SE HA ‘SALVADO’ DE DECLARAR COMO INVESTIGADO POR LA LEZO?
El año en que la Fiscalía cercó al exministro de Justicia
¿Por qué Gallardón no ha sido citado por el juez del caso Lezo y todos sus
consejeros sí? En el trasfondo de este asunto está la compra por parte del Canal
de Isabel II de la empresa de aguas colombiana Inassa a la que el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde el 29 de noviembre de 2001.
Todos los consejeros han sido citados a declarar como investigados por esta
operación que, según la investigación habría supuesto un sobrecoste para las
arcas públicas de 25 millones de euros.
A la espera de que se aclara la situación jurídica de Gallardón, te contamos por
qué desde hace un año, el exministro de Justicia, exalcalde y expresidente de la
Comunidad de Madrid está en el punto de mira de la Lezo.
El fiscal Carlos Yáñez siempre sostuvo que la cúpula de Gallardón, con él
incluido, debían ser investigados por esta operación a la que dieron luz verde
en el año 2001. Sin embargo, ni el juez de refuerzo del caso Lezo Alejandro
Abascal ni el fiscal Anticorrupción de entonces, el dimitido Manuel Moix estaban
de acuerdo con esta tesis. Ambos consideraron que este asunto no tenía nada que
ver con la trama de corrupción liderada por Ignacio González.
Abascal dictaminó en un auto del 29 de noviembre de 2016 que no había razón
alguna para investigar esta operación en el marco de Lezo y, por tanto, a
aquellas autoridades o funcionarios públicos que participaron en la misma, tal y
como pedía la Fiscalía. Entre otros, señalaba a Alberto Ruiz-Gallardón y los
miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que dieron luz verde
a la compra de Inassa.
Los argumentos del fiscal contra Gallardón...
Sin embargo, el fiscal Yañez no tiró la toalla y, enfrentándose incluso a su
jefe Moix, presentó un recurso de apelación ante la Sala de la Audiencia
Nacional que, finalmente, le dio la razón. El fiscal insiste en que “presuntas
inversiones fraudulentas realizadas por el Canal de Isabel II en Sudamérica
desde la operación de compra en el 2001 de la sociedad Inassa deben seguir
investigándose” en el marco del caso Lezo.
Y añade: “Esta línea de investigación comparte un mismo modus operandi, el
desvío de dinero público a través de inversiones en Sudamérica, todas ellas
alejadas de la fiscalización pública. (…) Dicho modus operandi y la continuidad
delictiva aconsejan una investigación única para garantizar el buen fin de la
misma”.
...avalados por la Audiencia Nacional
Finalmente, la sección cuarta de la Audiencia Nacional zanja esta polémica el 19
de enero de 2017 dando la razón a la Fiscalía y revocando la decisión del juez
instructor de dejar fuera de Lezo a Gallardón y todos aquellos que participaron
en la compra de la empresa de aguas colombiana.
Casi un año después de esa decisión, los antiguos consejeros de Gallardón han
sido imputados en el caso, al igual que los responsables del
Canal de Isabel II
en 2001. El exministro de Justicia, exalcalde de Madrid y expresidente de la
Comunidad queda, de momento, fuera de esta investigación a la espera de que el
Gobierno de Cristina Cifuentes envíe a la Audiencia extensa documentación sobre
Inassa.
Se trata de la misma documentación que la presidenta madrileña ha ocultado a la
oposición y que ahora no va a tener más remedio que entregar. En el auto de
imputación de la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón, el instructor de la Lezo
requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las actas
del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviembre de 2001 que dio el
visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al
consejo para autorizarla. Una vez examinada esa documentación, decidirá sobre la
petición de la Fiscalía de imputarle.
Gallardón no sólo ha sido ministro de Justicia, sino que es fiscal de carrera.
Según ha podido saber El Plural de fuentes conocedoras de la instrucción, jueces
y fiscales van con pies de plomo en este asunto y no quieren dejar ningún cabo
suelto. Los delitos que se investigan en esta causa son muy graves y podrían
implicar penas de cárcel. Recordemos que se habla de organización criminal,
prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de
influencias y blanqueo de capitales, entre otros. De ahí el hecho de recibir de
facto un trato de aforado pese a que perdió esta condición cuando dimitió en
septiembre de 2014 cuando dimitió como ministro al sentirse desautorizado por
Mariano Rajoy por la retirada de la reforma de la ley del aborto que había
impulsado y renunció también a su acta de diputado en el Congreso.
La situación jurídica del exministro resulta compleja. Lleva más de un año en el
punto de mira de la Lezo, donde ya están imputados algunos de sus hombres de
confianza. En un auto del juez de refuerzo que sustituyó a Abascal del pasado 17
de octubre, asumiendo los argumentos de la Fiscalía se habla de él como
“investigado”, algo que resulta contradictorio con el dictado el pasado 26 de
diciembre, en el que se imputa a todo su equipo de gobierno.
Gallardón, "orgulloso" de la compra de Inassa
Con independencia de su situación judicial, Alberto Ruiz-Gallardón sí se ha
defendido ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de
Madrid, donde dijo que estaba “profundamente orgulloso” de la compra de la
colombiana. El antiguo dirigente popular insistió en que se trató de una
operación lícita e incluso fue más lejos al afirmar que, con todo lo que sabe
hoy, la habría aprobado. “No encuentro ni un solo motivo de reproche en nada de
lo que hizo el Canal de Isabel II”, concluyó.
El expresidente se presentó como una víctima de maledicencias, aunque celebró al
mismo tiempo que la Asamblea le diera la “oportunidad” de defenderse. "No dejen
ustedes de investigar porque es la garantía para aquellas personas a las que se
ha cuestionado su honorabilidad, a las que se ha intentado meter en un corral
que no era suyo homologándoles con conductas que no han tenido, despejen toda
duda", pidió entonces.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/29/por-que-gallardon-se-ha-salvado-de-declarar-como-investigado-por-la-lezo
LO QUE
CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE SEPAS DEL CASO LEZO
Aprovecha la personación de la Comunidad de Madrid en el proceso para defenderse
como presidenta del PP
La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, está personada en el
caso Lezo y, por tonto, goza de información en tiempo real sobre la instrucción.
Además, hay dos empresas públicas, también controladas por la administración
popular, que gozan de información privilegiada sobre los casos de corrupción en
los que se ha visto envuelto el PP madrileño. Es el caso del Canal de Isabel II
(personado en Lezo) y Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio), en la Púnica.
Uno de los ejemplos de cómo está manejando la defensa de los intereses de su
partido utilizando el privilegio que le da esa personación es su negativa a
facilitar documentos sobre la compra de Inassa a la comisión de investigación de
la corrupción de la Asamblea de Madrid. Podemos hizo la solicitud y la
presidenta contestó con un rotundo no alegando que las actas solicitadas forman
parte de las diligencias del caso Lezo y que hasta que no se decrete la apertura
del juicio oral gozan de “carácter reservado”.
Sin embargo, su apelación a la ley de Enjuiciamiento Criminal es falaz y ella lo
sabe. Al menos desde el pasado 18 de agosto cuando un auto del juez Fernando
Andreu responde a una consulta de la propia Comunidad de Madrid en relación a si
debe entregar o no los documentos sobre la compra de Inassa y Emissao a la
comisión anticorrupción de la Asamblea.
Respuesta contundente del juez
El magistrado hace suyo el pronunciamiento del fiscal y deja en evidencia los
argumentos esgrimidos por Cifuentes. Aclara que su petición no tiene base legal
y que no le corresponde pronunciarse porque los documentos solicitados “no están
incluidos en el sumario”. “Su entrega se rige por disposiciones administrativas
sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos
ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”, concluye.
La presidenta madrileña optó por ignorar la postura del juez y ha seguido
manteniendo los documentos sólo a la vista de los que la interesaban. Se los
facilitó al propio Alberto Ruiz-Gallardón para preparar su comparecencia ante la
comisión, pero no a Podemos y el resto de grupos parlamentarios.
Podemos lleva ante la Justicia a Cifuentes
El partido de Pablo Iglesias, harto del boicot de Cifuentes, puso el pasado mes
de octubre un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
de Justicia de la Comunidad de Madrid por su negativa a facilitar los
documentos.
No sólo ha ignorado la orden del juez, sino que ha faltado a la verdad. Cuando
Íñigo Errejón le recriminó el pasado 23 de octubre su actitud, no dudó en
responder, a través de la cuenta oficial del PP de Madrid, que ella denunció la
trama Lezo y “somos los primeros interesados en conocer la verdad”. Para
demostrarlo se escuda en que han respondido a “más de 600 peticiones de
información de la Asamblea sobre el Canal”. Todo ello dos meses después de haber
recibido la respuesta del juez.
No solo el PP madrileño, también la Comunidad de Madrid mintió sobre este asunto
o, al menos, no contó toda la verdad. Ese mismo 23 de octubre varios medios
difundieron la explicación de que Cifuentes había consultado con el juez del
caso, Manuel García Castellón (a quien sustituyó Fernando Andreu por las
vacaciones de verano) la pertinencia de facilitar los documentos y que todavía
no había contestado. “El juez todavía no ha dado permiso”, explicaron
textualmente.
El juez también le pide los papeles
Pero el cerco a Cifuentes por el caso Lezo no queda ahí. El juez ha imputado
oficialmente a su protegido Arturo Canalda, hasta ahora presidente de la Cámara
de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que se ha visto obligado a dimitir.
Durante meses, y a pesar de las elevadas sospechas que pesaban sobre él,
Cristina Cifuentes lo mantuvo en su puesto. Entre otras cosas, tal y como reveló
El Plural, su papel en la compra de Inassa, una de la operaciones fraudulentas
que se investiga en la trama, no fue tan irrelevante como él se ha empeñado en
contar.
En el auto de imputación de Canalda y la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón el
magistrado reclama a la Comunidad los papeles que lleva meses negando a la
oposición. Los polémicos papeles los había reclamado la Fiscalía y ahora, el
juez requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las
actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviebre de 2001 que dio
el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al
consejo para autorizarla, entre otros papeles.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/28/lo-que-cristina-cifuentes-no-quiere-que-sepas-del-caso-lezo
DIMITE
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL 'CASO
LEZO'
Arturo Canalda renuncia por su presunto papel en la compra irregular de la
filial Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001 Otras 25 personas
han sido imputadas, entre ellas antiguos colaboradores de Gallardón como Juan
Bravo, actual presidente de Adif, y el exconsejero Pedro Calvo
El presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, ha presentado
este jueves en la Asamblea de Madrid un escrito en el que comunica su dimisión
del cargo, han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
La renuncia de Canalda se produce tras su imputación en el caso Lezo en lo
relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de
Isabel II.
El escrito de renuncia de Canalda ha llegado a la cámara regional a las 9 horas,
al ser la Asamblea de Madrid la que nombra al presidente y designa por mayoría
absoluta a los consejeros del organismo.
En el escrito, Canalda ha señalado que ha tenido conocimiento "a través de los
medios de comunicación" de que la Audiencia Nacional va a imputarle.
El hasta hoy presidente de la Cámara de Cuentas ha asegurado que a lo largo de
los 20 años dedicado a la vida pública "siempre ha actuado con honestidad y
siempre ha adoptado las decisiones basándose en informes que le avalaban", pero
que dimite tras ser imputado en el caso de corrupción Lezo para "no perjudicar"
a la institución.
Ha recordado que como este órgano depende de la Asamblea y no de la Comunidad de
Madrid no tendría que dimitir, como sí lo hacen los miembros del Gobierno
regional y altos cargos en aplicación del Código Ético. Y como tampoco es
afiliado al PP le deja fuera del ámbito de aplicación del Código Ético de este
partido.
Además, señala que según la Ley 11/1999 de la Cámara de Cuentas en su artículo
35 apartado g) establece como causa para la pérdida de la condición de consejero
de la Cámara la de "haber sido declarado, en virtud de sentencia judicial firme,
responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso", circunstancias
que a fecha de hoy no se dan en su caso.
"No obstante lo anterior, en el pleno convencimiento de que he actuado siempre
conforme al ordenamiento jurídico, soy consciente de que mi permanencia al
frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante
perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de
los últimos seis años", apunta.
"Con el único y exclusivo fin de no perjudicar a la institución pública que
presido, por medio del presente escrito y con efectos del día de hoy, te
comunico mi decisión de dimitir de forma irrevocable como presidente y consejero
de la Cámara de Cuentas", ha pedido Canalda a Paloma Adrados, que le ha rogado
que traslade su decisión al a Mesa de la Asamblea agradeciéndole "sinceramente
todo su apoyo" a lo largo de esos años.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/28/dimite_presidente_camara_cuentas_madrid_tras_imputacion_caso_lezo_73548_1012.html
EL
JUEZ DE LEZO CERCA A GALLARDÓN E IMPUTA A TODA LA CÚPULA DEL CANAL DURANTE SU
PRESIDENCIA
El instructor cita a declarar a 24 personas por la compra en 2001 de la sociedad
colombiana Inassa
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso
Lezo de corrupción, estrecha el círculo sobre el expresidente de la Comunidad de
Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. El magistrado ha citado este miércoles como
imputadas a 24 personas relacionadas con la compra en 2001 por parte del Canal
de Isabel II, la empresa pública de aguas madrileña, de la sociedad colombiana
Inassa. Esta sociedad se adquirió por 73 millones de dólares (61 millones de
euros al cambio actual), un precio sobrevalorado, a través de una sociedad
pantalla en Panamá. Los investigadores sospechan que parte de este sobrecoste
fue a parar al bolsillo de intermediarios.
Entre los nuevos imputados, a petición de la Fiscalía, figuran
colaboradores estrechos de Ruiz-Gallardón en el Canal, como Juan Bravo, actual
presidente del ente público ferroviario ADIF; Arturo Canalda, presidente de la
Cámara de Cuentas madrileña y el exconsejero madrileño Pedro Calvo Poch. También
están en la lista Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, gerente de la sociedad Canal
Extensia, utilizada para realizar la compra de Inassa; Pablo López de las Heras
(subdirector de Nuevos Negocios del Canal), José Antonio de Cachavera (director
económico y comercial) por su presunta participación en la ejecución del proceso
de adquisición de la filial colombiana.
El magistrado ordena en su auto todas las peticiones que le realizó la Fiscalía
la semana pasada. Así, García-Castellón reclama a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes el “expediente completo” del acuerdo de noviembre
de 2001 por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido entonces
por Alberto Ruiz-Gallardón, dio luz verde a la compra de la sociedad Inassa por
parte del Canal.
La fiscalía quiere que Cifuentes, “tal y como se le requirió” en el pasado,
entregue “de forma urgente” y en todo caso antes de 10 días la información
completa que implica a su antecesor en el cargo. El ministerio público reclama,
concretamente, que se identifique a “todos los miembros del Gobierno de la
Comunidad” que aprobaron el acuerdo y el acta de esa sesión. Además, solicita
una copia de toda la documentación con la que contaron los consejeros para
valorar y dar el visto bueno a la operación, que supuso un quebranto para las
arcas públicas.
La petición de la fiscalía es un paso previo a la posible imputación de
Ruiz-Gallardón en el caso Lezo. El ministerio público recuerda que hasta ahora
en el sumario no consta ni el acta de la sesión del Consejo de Gobierno que
autorizó al Canal la compra de Inassa ni la documentación de la que dispusieron
los consejeros para adoptar la decisión. Esta información, afirma la fiscalía,
“resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la
declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid que adoptaron ese acuerdo”.
La operación de compra de Inassa, recuerda el fiscal en su escrito, “contravino
de plano los acuerdos” adoptados por el Consejo de Gobierno regional. El Canal,
a través de una sociedad constituida a tal efecto, se excedió en el objeto de
compra, ya que además de Inassa, adquirió una mercantil dominicana llamada Watco
S. A. Además, la compra no fue directa, como se había autorizado, sino que se
usó una sociedad interpuesta residenciada en Panamá, país considerado paraíso
fiscal.
La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente
perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse
en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información
suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.
El pasado 17 de diciembre, Ruiz-Gallardón rechazó cualquier tipo de
irregularidad en la compra de Inassa en la comisión sobre corrupción de la
Asamblea de Madrid. El expresidente afirmó que la actuación fue "legal" y
resultó "beneficiosa para los madrileños". El exministro de Justicia manifestó
entonces que "nadie puede dudar de que fue una buena operación", que ha
cosechado posteriormente un buen resultado. "A día de hoy no encuentro ningún
reproche", dijo.
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/27/actualidad/1514381270_522403.html
EL
FISCAL RECLAMA A CIFUENTES EL EXPEDIENTE QUE IMPLICA A GALLARDÓN EN EL ‘CASO
LEZO’
El ministerio público prevé imputar al expresidente madrileño por la compra de
una sociedad colombiana por el Canal de Isabel II en 2001
La Fiscalía Anticorrupción solicitó este viernes al juez del caso Lezo, Manuel
García-Castellón que reclame a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, el
“expediente completo” del acuerdo de noviembre de 2001 por el que el Consejo de
Gobierno de la Comunidad, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, dio luz
verde a la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II, la
empresa pública de aguas madrileña. La adquisición, por 73 millones de dólares
(61 millones de euros), un precio sobrevalorado, se realizó a través de una
empresa pantalla en Panamá y parte del dinero de la operación se sospecha que
terminó en los bolsillos de intermediarios.
La fiscalía quiere que Cifuentes, “tal y como se le requirió” en el pasado,
entregue “de forma urgente” y en todo caso antes de 10 días la información
completa que implica a su antecesor en el cargo. El ministerio público reclama,
concretamente, que se identifique a “todos los miembros del Gobierno de la
Comunidad” que aprobaron el acuerdo y el acta de esa sesión. Además, solicita
una copia de toda la documentación con la que contaron los consejeros para
valorar y dar el visto bueno a la operación, que supuso un quebranto para las
arcas públicas.
La petición de la fiscalía es un paso previo a la posible imputación de
Ruiz-Gallardón en el caso Lezo. El ministerio público recuerda que hasta ahora
en el sumario no consta ni el acta de la sesión del Consejo de Gobierno que
autorizó al Canal la compra de Inassa ni la documentación de la que dispusieron
los consejeros para adoptar la decisión. Esta información, afirma la fiscalía,
“resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la
declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid que adoptaron ese acuerdo”.
La operación de compra de Inassa, recuerda el fiscal en su escrito, “contravino
de plano los acuerdos” adoptados por el Consejo de Gobierno regional. El Canal,
a través de una sociedad constituida a tal efecto, se excedió en el objeto de
compra, ya que además de Inassa, adquirió una mercantil dominicana llamada Watco
S. A. Además, la compra no fue directa, como se había autorizado, sino que se
usó una sociedad interpuesta residenciada en Panamá, país considerado paraíso
fiscal.
La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente
perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse
en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información
suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.
El pasado 17 de diciembre, Ruiz-Gallardón rechazó cualquier tipo de
irregularidad en la compra de Inassa en la comisión sobre corrupción de la
Asamblea de Madrid. El expresidente afirmó que la actuación fue "legal" y
resultó "beneficiosa para los madrileños". El exministro de Justicia manifestó
entonces que "nadie puede dudar de que fue una buena operación", que ha
cosechado posteriormente un buen resultado. "A día de hoy no encuentro ningún
reproche", dijo.
La fiscalía pide la imputación del entonces director gerente de la empresa
pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas madrileña, Arturo
Canalda, y de Pablo López de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios), José
Antonio de Cachavera (director económico y comercial) por su presunta
participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial
colombiana. También pide citar como investigados al consejo de administración de
la empresa de aguas en 2001 por votar a favor de esta operativa. Este estaba
integrado por Pedro Calvo, Juan Bravo (actual presidente del ente público
ferroviario ADIF), Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán,
Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José
Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel
Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.
Solicita que se investigue al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar
Cienfuegos, por haber intervenido supuestamente en "aspectos relevantes" de la
compra de la filial colombiana del Canal y a Diego Fernando García Arias,
vinculado a Inassa en el momento que se concretó la operativa.
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/22/actualidad/1513959502_412097.html
ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ AL JUEZ NUEVAS
PESQUISAS PARA RESOLVER SI CITA A GALLARDÓN COMO IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'
La Fiscalía ultima un informe al que incorporará la solicitud de nuevas
diligencias para dirimir el papel desempeñado por los responsables políticos de
Madrid que en 2001 dieron vía libre a la compra de Inassa
La Intervención del Estado analiza nuevos documentos sobre esa adquisición de la
empresa colombiana, articulada a través de una empresa pantalla panameña con un
hipotético sobrecoste multimillonario
El exministro de Justicia, que entonces presidía la Comunidad de Madrid,
sostiene que la operación fue legal y "ética"
Casi a punto de cumplirse un año desde que la Audiencia Nacional dio vía libre
para la citación de Alberto Ruiz-Gallardón como investigado en el caso Lezo por
la controvertida, multimillonaria y opaca compra de la firma colombiana Inassa
en su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid, Anticorrupción pedirá al
juez del caso nuevas diligencias antes de decidir qué posición adopta respecto
al exministro de Justicia.
Fuentes de la investigación han confirmado a infoLibre que la solicitud de
nuevas pesquisas sobre esa compra, cerrada a finales de 2001, se incorporará a
un informe que la Fiscalía planea elevar al juez en cuestión de días y en el que
detallará "el estado del procedimiento". Las fuentes consultadas por este diario
no han precisado qué tipo de diligencias contempla Anticorrupción pero sí que
con ellas busca acotar de manera precisa el papel desempeñado por los
responsables políticos madrileños en la adquisición de Inassa. Es decir, en la
primera operación del Canal de Isabel II bajo sospecha y que, según el principal
imputado de Lezo, el también expresidente regional Ignacio González, se efectuó
con un sobreprecio de casi 70 millones de dólares.
La Fiscalía se encontraba a la espera del dictamen encomendado a la Intervención
General del Estado (IGAE) sobre las presumibles irregularidades de aquella
compra. Pero la espera tendrá que prolongarse: la IGAE analiza ahora "nuevos
documentos" de reciente obtención y relevantes para alcanzar una conclusión.
Aunque algunos juristas conocedores de la causa sostienen que la Fiscalía está
recibiendo presiones para que cambie su posición inicial sobre Gallardón
–llamarlo a declarar como imputado, o investigado en la actual terminología–,
Anticorrupción niega ese extremo de manera taxativa. El relato de la Fiscalía
sobre la lentitud en cuanto al veterano político ahora retirado pasa por dos
coordenadas: la primera, que el tiempo transcurrido desde la sospechosa compra
de Inassa es de tal magnitud que los hipotéticos delitos atribuibles a Gallardón
–prevaricación y malversación– pueden haber prescrito; la segunda, que aunque
Gallardón se haya retirado formalmente de la política y ahora sea en teoría solo
un abogado más, forzar su comparecencia judicial sin tener unas mínimas
garantías de que esa imputación puede mantenerse en el tiempo representaría un
golpe importante para la causa.
Sea cual sea el escenario real de los acontecimientos, lo cierto es que la
marcha del fiscal que hasta hace poco más de un mes capitaneaba la
investigación, Carlos Iáñez, ha coincidido en el tiempo con el triunfo de lo que
podría denominarse estrategia de prudencia. Fue el recurso planteado en
noviembre de 2016 por Iáñez y la fiscal Carmen García, entonces también asignada
al caso y ahora centrada en el otro gran caso de corrupción sobre el PP
destapado tras Gürtel, la Operación Púnica, el que condujo a la sección cuarta
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a dar en enero de este año vía
libre a la imputación de Gallardón y su gobierno. Pero el auto con que la
sección cuarta se alineó con los fiscales frente al juez de apoyo a la
instrucción del caso Lezo, que era contrario a ampliar la investigación a la
compra de Inassa, no hacía mención expresa en su parte resolutiva o dispositiva
ni a Gallardón ni a nadie. Y las imputaciones –recalca una de las fuentes
consultadas– o son nominales o no lo son.
Gallardón: ignorancia total sobre Panamá
Gallardón, que el viernes compareció ante la comisión de investigación de la
corrupción de la Asamblea de Madrid, defiende la legalidad de aquella compra, la
considera ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del
paraíso fiscal de Panamá y niega que implicase el menor sobrecoste a las arcas
públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó varias
afirmaciones que parecen dibujar una eventual estrategia de defensa: lo primero
de todo, que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña
para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.
La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón– ni siquiera llegó a
la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del
Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración;
que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del
país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el
que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó
nada reprochable.
Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo
jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década y presidente de la
Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, quien de manera involuntaria puso el foco
sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la
Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de
Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares–
cuando en realidad no valía ni 30. González reveló en esa charla que un informe
encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las
irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora,
Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra
sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en
un cajón ese informe.
Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea
de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual
–aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su
favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada
que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el
señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente
relevante".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/18/anticorrupcion_pedira_juez_nuevas_pesquisas_para_resolver_si_cita_gallardon_como_imputado_caso_lezo_73141_1012.html
IGNACIO GONZÁLEZ PIDE EXCLUIR DEL CASO SUS AGENDAS CON DATOS SOBRE "PERSONAS Y
EMPRESAS DE RELEVANCIA PÚBLICA"
El expresidente de la Comunidad de Madrid reclama a la Audiencia Nacional que
sea expurgada numerosa documentación “a fin de que no se filtre a los medios de
comunicación”. Entre ella, cuatro agendas con “reflexiones políticas” y datos de
personas y empresas de “relevancia pública”, así como información sobre sus
otras causas judiciales
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha solicitado al
juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que instruye la operación Lezo, que
excluya del caso numerosa documentación que fue intervenida por la Guardia Civil
en los registros practicados a su domicilio y despacho laboral el pasado mes de
abril, porque según dice, es “ajena a la causa”.
Si el juez no es de esta opinión, González pide al menos que se impida el acceso
a las “partes personadas”, con el objetivo de imposibilitar “que se conozcan con
detalle y se filtren a los medios de comunicación” no solo “cuestiones
personales y privadas”, sino información sobre “terceras personas o empresas de
relevancia pública”.
González hace referencia a cuatro agendas. Las tres primeras con un total de 135
folios que contienen “reflexiones políticas estrictamente personales para la
elaboración de artículos” periodísticos; información para “la preparación de
campañas electorales”; anotaciones de “frases de políticos relevantes”; así como
“claves de acceso informáticas personales y meras listas de canciones”.
La cuarta es una agenda “personal” que contiene “el seguimiento de asuntos por
Consejerías” de la Comunidad de Madrid, porque tal y como expone el propio
González, era “coordinador de Gobierno de la Comunidad”; y “números de teléfono
que afectan a la privacidad de terceros”.
Además, pide el expurgo de otros documentos por “afectar a su intimidad” y
tratarse de “datos estrictamente personales que no tienen relevancia alguna para
la causa, y en algunos casos, afectan a la intimidad de terceras personas ajenas
a la misma”. También 49 folios con anotaciones sobre “cuestiones estrictamente
de estrategia política, fechas de ceses de autoridades, cronología y comentarios
sobre denuncias”.
http://cadenaser.com/ser/2017/11/27/tribunales/1511812478_633032.html
HACIENDA DETECTA QUE INDRA PAGÓ 3,3M
POR TRABAJOS ILOCALIZABLES A UN PROVEEDOR DEL PP
La UCO investiga presuntas facturas falsas abonadas por Indra a la agencia de
comunicación Lata Latina, implicada en Gürtel por organizar actos amañados para
el Gobierno de Esperanza Aguirre
La investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular en
el caso Lezo ha dado un nuevo salto. La Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil está analizando facturas por valor de 3,3 millones de euros que
Indra abonó a una agencia de comunicación y publicidad, Lata Latina SL, que ya
fue implicada en Gürtel por organizar actos del Gobierno de Esperanza Aguirre
con contratos amañados. La multinacional tecnológica ha reconocido al juez que,
entre 2011 y 2014, subcontrató a Lata Latina SL casi la totalidad de una
concesión millonaria adjudicada en 2010 por el Gobierno autonómico del PP a
través de otro ente público relacionado con la caja B de la formación: la
Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM). La Delegación Central
de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria ha descubierto ahora que los
supuestos trabajos realizados por Lata Latina no aparecen y que Indra fabricó
facturas con la agencia para no sobrepasar el límite legal de subcontratación.
Se da la circunstancia de que, durante ese mismo periodo, Lata Latina organizó
actos públicos para el Ejecutivo de Aguirre.
La propia tecnológica ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional, en el que se investiga el caso Lezo, las diligencias
abiertas por Hacienda para conocer el objeto de sus encargos a Lata Latina y los
motivos por los que algunas facturas fueron giradas a la agencia con IVA y otras
sin el impuesto. En 2011, Indra abonó a esa sociedad 1.164.316 euros; en 2012,
1.284.903; y en 2013, 867.856. Es decir, un total de 3.317.075 euros en solo
tres ejercicios. Los contratos continuaron en vigor en 2014, sin embargo Indra
no pagó ningún importe. Casualmente, en octubre de ese último año estalló el
caso Púnica y aparecieron los primeros indicios que relacionaban a la cotizada
con la financiación ilegal del PP.
Indra habría firmado el primer contrato comercial con Lata Latina el 11 de mayo
de 2011 para que la agencia “colaborara en la ejecución del concurso público
anunciado por la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid-ICM para la contratación de servicios con destino al 'diseño,
mantenimiento, programación y edición del front-end' de la estructura de
portales integrados dentro de Madrid.org y Portal de la Presidencia”, según
consta en las diligencias efectuadas por la Agencia Tributaria. Efectivamente,
en noviembre de 2010, el Ejecutivo de Aguirre, a través de ICM, le otorgó a
Indra un contrato con ese objeto por importe de 1.487.129 euros. Tras el primer
contrato de colaboración de 2011 y después de que ICM decidiera prorrogar la
adjudicación durante otros 17 meses y 21 días, Indra y Lata Latina firmaron en
12 de junio de 2012 un segundo acuerdo para extender su relación comercial.
Los inspectores de Hacienda se han fijado ahora en elementos que apuntarían a un
nuevo episodio de financiación ilegal del PP. Primero, ponen el foco en facturas
de Lata Latina pagadas por Indra en fechas próximas a sus contratos de
colaboración para ICM. Se trata de facturas por supuestas labores de consultoría
y asesoría en la obtención de contratos públicos. La multinacional española
admite que se trata documentos simulados que tenían como objetivo camuflar otros
encargos relacionados con el acuerdo por ICM. Según recogen las diligencias de
la Agencia Tributaria, el motivo por el que pactaron utilizar otro concepto fue
que, con “el compromiso de volumen de subcontratación que se había alcanzado con
Lata Latina para el citado contrato 'front-end" ya se superaban "los límites
legales de subcontratación permitida en contratos con el sector público”.
El otro gran agujero detectado por la Agencia Tributaria es que, en realidad, no
existe ninguna prueba de que se realizaran esos trabajos, ni siquiera los
amparados por el acuerdo principal. A pesar de las múltiples diligencias
efectuadas por los inspectores de Hacienda -las últimas se produjeron durante
los pasados meses de septiembre y octubre-, Indra solo ha aportado los contratos
comerciales y las facturas que abonó a la agencia investigada en Gürtel. La
multinacional no ha encontrado en sus archivos ninguna documentación que
demuestre que obtuvo algún servicio a cambio de los 3,3 millones de euros que
pagó en tres años a una sola agencia de comunicación.
Estas averiguaciones y la información suministrada por la propia Indra ya han
sido trasladadas al instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón. La UCO
también está estudiando estos datos, que parecen reproducir un mecanismo
descrito en informes previos de esta unidad de la Guardia Civil que ya situaban
a Indra como una pieza clave en la presunta financiación ilegal del PP. Como
adelantó El Confidencial, los agentes del Delitos contra la Administración del
Instituto Armado han descubierto que la tecnológica inyectó en esos mismos años
hasta 600.000 euros en la caja B de Génova utilizando una compleja red de
empresas instrumentales. El dinero también salía de adjudicaciones de ICM.
Después, la cotizada abonaba presuntas facturas falsas a una firma de formación,
Formaselect. Y por último, esta desviaba los fondos a un grupo de agencias de
'marketing' y publicidad (Swat SL, Pamaz Image SL, Strat Map SL y The Cell Core
SL) que, al igual que Lata Latina, era proveedor de administraciones del PP y
del propio partido, sobre todo, en campañas electorales. También del Partido
Popular nacional. Entre 2011 y 2013, a juicio de la UCO, Indra habría
participado en este sistema diseñado presuntamente por Génova para saldar sus
deudas con dinero de adjudicaciones públicas licitadas por el Gobierno
madrileño.
Esta es la primera vez que aparece el nombre de Lata Latina en el caso Lezo. Los
3,3 millones de euros de Indra que circularon por esta agencia multiplican por
cinco los fondos presuntamente irregulares de la cotizada que habían sido
detectados hasta el momento. La UDEF ya incluyó la empresa Lata Latina en la
investigación sobre la primera época del caso Gürtel cuando examinó todos los
contratos que las empresas de Francisco Correa se llevaron de distintas
consejerías del Gobierno presidido entonces por Aguirre. El entonces instructor
del caso, el juez Pablo Ruz, bautizó como "guion-CAM” el procedimiento de
actuación preestablecido e ideado por Alberto López Viejo (alto cargo de Aguirre
durante cinco años) y Correa para amañar la contratación de 348 actos públicos
en los que intervino la expresidenta madrileña.
Entre esos eventos estuvo el acto de entrega de medallas al mérito ciudadano de
la Comunidad de Madrid, que ganó Lata Latina por 11.093,85 euros. Al final
fueron 12 las empresas vinculadas a Correa que la UDEF pudo identificar como
beneficiarias de estos amaños, aunque Lata Latina quedó al final fuera del
proceso judicial. Y eso que un informe de 2014 de la Agencia Tributaria reveló
que estas sociedades de Correa también facturaron con Lata Latina trabajos
subcontratados por valor de 400.000 euros. En esa pieza de la Comunidad de
Madrid, los investigadores cifraron en 8,7 millones de euros el valor de los
contratos presuntamente amañados por Correa y López Viejo. De este total, "el
beneficio irregularmente generado" por sobrecostes y comisiones ascendió a 4,9
millones de euros.
Lata Latina también apareció en el interrogatorio judicial a Aguirre, que
declaró como testigo y por escrito en el caso Gürtel en diciembre de 2013. El
instructor le preguntó sobre esta firma, a lo que la expresidenta contestó que
apenas la conocía. “Lata Latina en un momento dado llevó la página web de la
Comunidad de Madrid”, fue su lacónica respuesta.
LA FISCALÍA PIDE
IMPUTAR A GALLARDÓN Y AGUIRRE
La petición estaría retenida por el fiscal de Anticorrupción y
Aguirre se enfrentaría a delitos de prevaricación malversación de fondos
públicos
Los fiscales del caso Lezo han pedido la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón y
de su rival política, la exlideresa, Esperanza Aguirre.
Según ha sabido La Sexta, fue el instructor del caso Lezo hasta hace no mucho,
el magistrado Carlos Yáñez, el encargado de los dos escritos que ahora ponen al
filo del banquillo a los dos populares. Según parece, Yáñez le dejó los escritos
a su sustituto pero, de momento, su informe con las dos propuestas está retenido
por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien sustituyó a Manuel Moix, y
todavía no se ha remitido al juez para que tome la decisión de citarles como
imputados.
Aguirre: malversación y prevaricación
Si Esperanza Aguirre tuvo un empeño a lo largo de su mandato en la Comunidad de
Madrid fue conseguir la construcción de un campo de golf en pleno centro de
Madrid. Como buena golfista, lo quería y lo hizo.
Ahora, Yáñez aconsejaría su imputación por prevaricación y malversación de
fondos públicos precisamente por la construcción de este campo de golf. Según
han explicado en La Sexta, sin tener ningún tipo de permiso, la exlideresa
tramitó el nacimiento del campo a través de Ignacio González. Nada más y nada
menos que González, la persona que la Justicia señala como el presunto cabecilla
de la trama Lezo.
Gallardón y la compra de Inassa
El que fuera alcalde de Madrid y ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
también fue señalado por Yáñez antes de su marcha.
En este caso, se investigaría su participación en la compra de la empresa Inassa
a través del Canal de Isabel II en el año 2001. Un movimiento que dejó un gran
agujero en las cuentas y arcas públicas de Madrid.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/01/la-fiscalia-del-caso-lezo-pide-imputar-gallardon-y-aguirre
LA FISCALÍA SIGUE SIN PEDIR QUE GALLARDÓN DECLARE COMO IMPUTADO EN 'LEZO' 10
MESES DESPUÉS DE QUE LA AUDIENCIA DIESE VÍA LIBRE
Anticorrupción aguarda informes sobre la eventual responsabilidad de Gallardón
antes de tomar una decisión
La Audiencia Nacional dio la razón en enero a los fiscales del caso, que
pidieron dirigir el procedimiento también contra los miembros del Gobierno de
Madrid que aprobaron en 2001 el acuerdo para la compra de Inassa
Diez meses después de que la Audiencia Nacional avalara que las diligencias de
la Operación Lezo se dirigieran también contra los miembros del Gobierno de
Madrid que en noviembre de 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana
Inassa, la Fiscalía Anticorrupción no tiene decidido aún si pedirá la
declaración como imputado de quien presidía ese Gobierno, Alberto
Ruiz-Gallardón.
Así lo han confirmado a infoLibre fuentes del ministerio público, que aducen
razones estrictamente procesales y niegan de manera taxativa la existencia de
presiones que hayan dotado a Gallardón de un blindaje especial. La Fiscalía
sostiene que antes de dar un paso como el que implicaría llamar al veterano
político –hoy dedicado a la abogacía– en calidad de investigado hay que cimentar
la hipótesis de que su actuación pudo tener relevancia penal. Y disponer de
ciertas garantías de que la investigación no se vería abortada en todo caso por
el hecho de que los supuestos delitos hayan prescrito ya.
Tanto el delito de prevaricación como el de malversación, que son los que
distintas fuentes jurídicas consideran que pudo cometer Gallardón, prescriben a
los diez años. Algunos juristas entienden que de haber existido una continuidad,
por ejemplo, en los pagos derivados del acto inicial asociado a esas
infracciones penales –la compra de Inassa– hoy aún sería factible perseguirlos.
Hace justamente un año, el 28 de noviembre de 2016, los fiscales entonces
asignados a la Operación Lezo, Carlos Iáñez y Carmen García, pidieron a la
Audiencia Nacional que el procedimiento, que aún tardaría cinco meses en salir a
la luz pública, se dirigiera también contra “los miembros del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo” en
virtud del cual el Canal de Isabel II adquirió a finales de 2001 la compañía
colombiana Inassa en lo que el primer juez instructor del caso, Eloy Velasco,
consideró la primera gran operación de compra “fraudulenta” de la empresa
pública de aguas. Fue una de las conversaciones intervenidas a Ignacio González
la que puso el foco sobre esa adquisición. Porque, según el también expresidente
madrileño y antiguo delfín de Esperanza Aguirre, esa compra se hizo con un
sobreprecio de 70 millones pero él mismo se encargó de tapar las irregularidades
una vez detectadas tras su desembarco en el Canal de Isabel II, en 2004.
Al supeditar su decisión final al contenido de informes como el encargado a la
Intervención del Estado (IGAE) sobre la compra de Inassa, Anticorrupción enfría
las expectativas de una rápida comparecencia del exministro ante el juez del
caso.
Nadie, no obstante, puede descartar un viraje en lo que parece uno de los
aspectos menos pacíficos en las pesquisas de la Operación Lezo y que ya
desencadenó un choque frontal entre los primeros fiscales encargados del caso y
Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción hasta que el 1 de junio dimitió tras
desvelar infoLibre que era copropietario de una empresa panameña. Cuando el caso
estalló en abril, Moix se opuso a que los registros en la sede del Canal de
Isabel II incluyeran la búsqueda de documentos sobre la compra de Inassa. Aquel
encontronazo estuvo a punto de costarle el puesto a uno de los dos fiscales de
Lezo, Carlos Iáñez. Finalmente, Iáñez renunció hace menos de un mes y ha
regresado a Andalucía.
En aquel escrito del 28 de noviembre de 2016, los fiscales se referían de forma
expresa a Gallardón: “Esta resolución [la de dirigir el procedimiento contra los
miembros del Consejo de Gobierno] se impone procesalmente para garantizar los
derechos de los investigados desde el momento en que el procedimiento apunta
claramente a la responsabilidad en estos hechos de autoridades de la Comunidad
Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz Gallardón”.
“Entendemos –razonaban los fiscales– que, para el total esclarecimiento de los
hechos, para alcanzar la verdad material de los mismos y para recuperar el
patrimonio de la comunidad Autónoma de Madrid presuntamente depredado por los
investigados, serán necesarias medidas de investigación respecto de determinadas
personas contra las que expresamente no se ha dirigido el procedimiento hasta el
momento”. Y esas medidas de investigación, proseguía su razonamiento, “sólo
pueden acordarse cuando previamente se haya valorado desde un punto de vista
indiciario la presunta participación de las mismas en los hechos delictivos
investigados”. “Ordenar –finalizaba su argumento– que el procedimiento se dirija
contra determinadas personas sobre la base de unos indicios objetivos no
impedirá que una vez que se realicen las diligencias de investigación
pertinentes, pueda depurarse con mayor precisión el grado de responsabilidad (o
por el contrario la falta de participación) de cada una de estas personas”
Una especie de limbo jurídico
Tras una negativa inicial, firmada el 29 de noviembre de 2016 –un día después de
que los fiscales presentaran su escrito– por el magistrado Alejandro Abascal,
destinado a reforzar a Eloy Velasco en el juzgado encargado del caso, la Sala
Penal de la Audiencia terminó dando la razón a Iáñez y García, ahora desligados
de la Operación Lezo. Pero el auto con el que la Sección Cuarta de la Sala Penal
de la Audiencia estimó el 19 de enero el recurso de los fiscales sumergió a
Gallardón en una especie de limbo jurídico por cuanto su nombre –ni el de ningún
otro miembro del Gobierno madrileño de la época ni del consejo de administración
del Canal– aparecía mencionado en la parte dispositiva.
Y la imputación implícita no existe. Eso es lo que viene a argumentar ahora la
Fiscalía. ¿Está gozando Gallardón de un blindaje adicional por su condición de
expresidente autonómico, exalcalde y exministro? ¿Ha recibido Anticorrupción
presiones en su favor, como deslizan otros agentes jurídicos conocedores del
caso y ajenos a la Fiscalía? Las fuentes consultadas en la fiscalía
especializada lo niegan de manera rotunda. Y añaden lo siguiente: que nunca
–insisten– ha habido una decisión formal sobre la citación de Gallardón. Se
indaga –remachan– su papel en la compra de Inassa pero eso no significa que se
le considere investigado como sinónimo de lo que hasta la reforma del PP se
denominaba imputado.
El auto de la Sección Cuarta de la Audiencia solo incorporaba el nombre de
Gallardón en un párrafo donde, en referencia a la compra de Inassa y citando el
relato de hechos trazado por los fiscales, el tribunal dice esto: que la compra
de Inassa fue “llevada a cabo bajo control del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Madrid presidido en aquellas fechas por Alberto Ruiz
Gallardón que, de consuno con los máximos responsables del Canal Isabel II,
tratarían de desviar fondos públicos para otras finalidades ajenas a las
legalmente establecidas”.
Pero ya fuese implícita o explícitamente, ese auto avalaba las pretensiones de
la Fiscalía para someter a investigación a Gallardón y quienes bajo su
presidencia integraban el Gobierno de Madrid en noviembre de 2011. “Se trata, en
definitiva, de una ampliación del número de investigados en relación a la
presunta y anterior actividad delictiva de un ente público ya denunciada con el
único objeto de hacerles saber su existencia, para que se defiendan y, sin que,
dadas las circunstancias del caso se entiendan aplicables las normas de la
conexidad procesal”.
A comienzos de este mes, Gallardón negó en una entrevista con el diario El Mundo
haber cometido cualquier ilegalidad en la compra de Inassa. “Ni he cobrado
comisiones del Canal ni he pactado con Ignacio González”, fueron sus palabras.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/28/la_incognita_si_gallardon_declarara_como_imputado_lezo_sigue_pendiente_meses_despues_que_audiencia_diese_via_libre_72420_1012.html
EL NÚMERO DOS DE GONZÁLEZ EN EL CANAL CALIFICÓ DE "ALTAMENTE IRREGULAR" LA
OPERACIÓN POR LA QUE SE INVESTIGA A GALLARDÓN EN 'LEZO'
Ildefonso de Miguel declaró ante la UCO que pagar 90 millones de dólares por la
firma colombiana Inassa no pudo obedecer en ningún caso a "razones de eficiencia
económica"
El exgerente del Canal reconoce que facilitó a Intereconomía una grabación donde
un empresario ofrecía hacer pagos al PP a cambio de contratos
Ildefonso de Miguel, durante años factótum de Ignacio González en el Canal de
Isabel II y ahora en libertad bajo fianza, lanzó ante la Guardia Civil un ataque
directo a la compra millonaria y según el juez "fraudulenta" por la que desde
enero se investiga a Alberto Ruiz-Gallardón en el caso Lezo. En su declaración
ante la UCO, fechada el 24 de abril y a la que ha tenido acceso infoLibre, De
Miguel calificó como "altamente irregular" la adquisición de la empresa
colombiana Inassa en 2001 por 90 millones de dólares –unos 80 millones de euros
al cambio– diez veces más de lo que, según sus datos, realmente valía.
El 19 de enero, la Audiencia Nacional dio la razón a la Fiscalía en su
pretensión de que el procedimiento penal se dirigiera también contra "los
miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid" que "propusieron y
adoptaron el acuerdo" previo a la compra de Inassa. Y el máximo responsable de
aquel Gobierno era el entonces presidente regional, luego alcalde de la capital
y finalmente ministro de Justicia en el primer gabinete de Mariano Rajoy. Eso
implica que desde aquel exacto momento Gallardón se encuadra formalmente en el
grupo de investigados, y así lo confirman fuentes conocedoras del caso. Pero el
hecho de que el citado auto, dictado por la sección cuarta de la Audiencia, no
contenga una relación nominal de las nuevas imputaciones, sumado a que todavía
no hay fecha para su interrogatorio judicial, le ha situado en un terreno
pantanoso y de fronteras difusas.
Durante el interrogatorio de abril, De Miguel, que no confesó nada que pudiera
incriminarle en la larga lista de delitos investigados, disparó un segundo misil
pero este de muy diferente tenor. El exgerente del Canal de Isabel II se
reconoció autor de una grabación que, según sus propias palabras, intervino la
Guardia Civil durante el registro a su despacho y donde un empresario con el que
se reunió "a solicitud del señor Bárcenas" le ofrece en 2008 hacer pagos al PP a
cambio de lograr contratos.
Ese es el episodio sobre el que gira una conversación grabada a Ignacio González
y en la que relataba a Eduardo Zaplana cómo tras acabar en manos de Julio Ariza,
cabeza visible de Intereconomía, esa cinta se había utilizado para "chantajear"
a Rajoy, extremo que Moncloa niega de manera tajante. De Miguel admitió ante la
Guardia Civil que fue él mismo quien la grabó –una cinta de audio, dijo, no de
vídeo– y que, tras comunicárselo a Ignacio González, entregó la cinta a Ariza.
Supuestamente, "para que la custodiara". Este diario omite el nombre del
empresario que, según De Miguel, hizo aquel ofrecimiento dado que ni ha podido
localizarlo para recabar su versión ni figura entre los investigados en la
causa.
"Su valoración real desaconsejaba la compra"
Gerente del Canal desde 2003 y hasta que en 2009 se dedicó a sus negocios para
de inmediato obtener cuantiosas adjudicaciones y ayudas públicas, Ildefonso de
Miguel abundó durante su declaración ante la UCO en que el precio abonado por
Inassa no pudo obedecer en ningún caso a "razones de eficiencia económica"
aunque dijo ignorar si se había producido un desvío de fondos o si alguien se
había beneficiado de la transacción. "No son razones de eficiencia económica ya
que la situación de esa empresa y su valoración real desaconsejaban su compra".
En 2003, insistió De Miguel, "el valor de Inassa sería de unos ocho o nueve
millones de dólares". "Existía –reiteró en otro momento– un informe de Garrigues
que desaconsejaba la compra, un informe demoledor".
Había un segundo informe, este elaborado por el bufete Cuatrecasas e igualmente
demoledor. Su contenido fue elaborado y fechado en junio de 2004 para el
"exclusivo interés" –literal– de Ignacio González. El entonces vicepresidente
madrileño y delfín de Esperanza Aguirre lo guardó en un cajón y lo ocultó, como
él mismo se vanaglorió en otra de las conversaciones interceptadas por la UCO y
donde carga contra la actual jefa del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes,
por haber denunciado la segunda compra latinoamericana del Canal que los
investigadores de Lezo tienen bajo el foco: la de la empresa brasileña Emissao,
efectuada en 2013.
De Miguel no es el único miembro del equipo de Ignacio González que ha atacado
abiertamente la compra de Inassa. Según el diario El Mundo, su hombre fuerte en
Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, arremetió contra la compra de Inassa
en su declaración ante el juez Eloy Velasco, primer instructor del caso. Y lo
hizo también señalando a Gallardón y su equipo.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/10/26/el_numero_dos_ignacio_gonzalez_canal_califico_altamente_irregular_operacion_por_que_investiga_gallardon_lezo_71122_1012.html
LA FISCALÍA INVESTIGA A 29 EX ALTOS CARGOS DE GALLARDÓN POR EL PRIMER EXPOLIO
DEL CANAL
Anticorrupción va definiendo la identidad y participación de todos los
exmiembros del Gobierno y exdirectivos del Canal que participaron en la compra
de la colombiana Inassa en 2001
La Fiscalía Anticorrupción va definiendo poco a poco la investigación abierta
contra el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón en el marco del caso
Lezo. Bajo su mandato, el Gobierno regional ordenó al Canal de Isabel II iniciar
su primera aventura empresarial al otro lado del Atlántico, que se fraguó con la
compra de la empresa colombiana Inassa a finales de 2001. Una operación que,
según el ministerio público, pudo generar una "ilícita plusvalía de 66 millones
de euros a costa del erario de la Comunidad de Madrid". Desde el principio, los
investigadores han tenido claro que sus pesquisas debían dirigirse a determinar
la identidad de los directivos de varias empresas públicas y mixtas que
participaron en esta adquisición y que "adoptaron las presuntas decisiones
ilícitas".
No solo su identidad, también su grado de participación y responsabilidad en
estos hechos. Según ha podido saber El Confidencial, la Fiscalía ya ha
identificado a una treintena de ex altos cargos y exdirectivos que formaron
parte del Ejecutivo de Gallardón y que aprobaron la compra de Inassa. Se trata
de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que en
noviembre de 2001 votaron a favor; y los miembros de los consejos de
administración de Canal de Isabel II y de Canal Extensia (esta última, la
sociedad que se creó para oficializar la compra) que intervinieron en la
adquisición investigada.
Gallardón citó en casa a su equipo para expiar los pecados del Canal
El ex presidente de la Comunidad ha reunido en su casa a su núcleo duro
preocupados por la investigación que les salpica dentro del caso Lezo. Arturo
Canalda tuvo que dar explicaciones
En el primer bloque, aparte de Ruiz-Gallardón, había 11 consejeros. Se trata de
Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente
de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia
Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado
nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. En el consejo del Canal
había 17 nombres, aunque dos repiten como consejeros (Pedro Calvo y Juan Bravo).
Los otros 15 son Ignacio López-Galiacho, Juan Manuel del Álamo, Fernando Autrán,
Francisco Díaz Latorre, Francisco Granados (imputado en Punica), José Manuel
Herrero, José Antonio Llanos, Rafael Merino López, Roberto Molero, Andrés Muñoz,
Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz, Arturo Canalda (hoy
presidente de la Cámara de Cuentas) y Ángel Varona (ya imputado en Lezo).
En el año 2001, los administradores de Canal Extensia eran Gaspar Cienfuegos
Jovellanos, Adrián Martín López- Huertas (ya imputado en Lezo), Arturo Canalda
González y Salvador Cardona Aucejo. Una de las figuras clave es Gaspar
Cienfuegos, que fue director económico y de desarrollo comercial del Canal. La
Fiscalía está determinando la identidad de directivos de otras dos empresas que
también tuvieron su participación en esta operación: Técnicas Valencianas del
Agua SA (Tecvasa), socio comprador de Inassa junto a Canal Extensia, y Aguas de
Barcelona (Agbar), una de las firmas vendedoras. Aquí aparece otra figura que el
ministerio público considera clave: Francisco Olmos Fernández Corujedo.
La Fiscalía estudia pedir la citación como investigados de todos ellos ante el
juez instructor del caso, aunque está delimitando las funciones concretas de
cada uno con la ayuda de la Intervención General del Estado. El ministerio
público trabaja en dos líneas de actuación: constatar que los trámites
administrativos de la compra fueron irregulares, y averiguar si hubo desvío de
fondos públicos. "El uso instrumental de sociedades radicadas en un paraíso
fiscal solo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la
operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a
la compra", señala la Fiscalía. No hay fecha para fijar las citaciones, aunque
esta pieza del caso Lezo (hay seis) es una de las más avanzadas. También se ha
de decidir si las citaciones se producirán en varias tandas.
Una operación en paraísos fiscales
Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en
septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba
desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer
socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar),
que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año
2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). El comprador de las
acciones fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última
firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo
accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir,
que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se
había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.
Suiza rastrea si Gallardón se enriqueció con el primer pelotazo del Canal
Las autoridades helvéticas comprueban si el expresidente de la Comunidad de
Madrid o personas de su entorno político obtuvieron un beneficio ilícito tras la
compra de Inassa en 2001 SAA, el reciente dueño mayoritario de Inassa, enseguida
buscó nuevos socios en España: el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas
Valencianas del Agua (Tecvasa). Ambas decidieron crear una sociedad vehículo,
bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño
en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica. El Canal
tenía el 75% de Extensia y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el
consejo de administración del Canal acordó la compra de Inassa, y ese mismo día
se decidió también que se hiciera a través de Canal Extensia, que se
constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el
75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El consejo de
gobierno de la comunidad, presidido por Gallardón, había ratificado toda la
operación el 29 de noviembre.
El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de
Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10
millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5
millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en
octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros
13,7 millones. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas
97,3 millones de euros. Las arcas públicas han estado pagando la compra de
Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del
préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron para financiar la adquisición de
Inassa.
Los investigadores ya saben que Aguas de América (SAA) fue constituida por el
bufete de abogados Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000 y que fue
disuelta el 21 de febrero de 2002, "circunscribiendo curiosamente las fechas de
actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la
empresa catalana Agbar y su posterior venta a Canal Extensia". Entre los
directivos de SAA están Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José
Ramón García de Paredes, Kira Ivette Degracia y Violeta Annet Holness, "todos
ellos miembros del despacho de abogados, en lo que parece ser un ardid para la
ocultación de los verdaderos accionistas y receptores del dinero público
presuntamente desviado".
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-10-30/la-fiscalia-investiga-a-32-ex-altos-cargos-de-gallardon-por-el-primer-expolio-del-canal_1467536/
IGNACIO GONZÁLEZ PIDE EXCLUIR DEL CASO SUS AGENDAS CON DATOS SOBRE "PERSONAS Y
EMPRESAS DE RELEVANCIA PÚBLICA"
El expresidente de la Comunidad de Madrid reclama a la Audiencia Nacional que
sea expurgada numerosa documentación “a fin de que no se filtre a los medios de
comunicación”. Entre ella, cuatro agendas con “reflexiones políticas” y datos de
personas y empresas de “relevancia pública”, así como información sobre sus
otras causas judiciales
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha solicitado al
juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que instruye la operación Lezo, que
excluya del caso numerosa documentación que fue intervenida por la Guardia Civil
en los registros practicados a su domicilio y despacho laboral el pasado mes de
abril, porque según dice, es “ajena a la causa”.
Si el juez no es de esta opinión, González pide al menos que se impida el acceso
a las “partes personadas”, con el objetivo de imposibilitar “que se conozcan con
detalle y se filtren a los medios de comunicación” no solo “cuestiones
personales y privadas”, sino información sobre “terceras personas o empresas de
relevancia pública”.
González hace referencia a cuatro agendas. Las tres primeras con un total de 135
folios que contienen “reflexiones políticas estrictamente personales para la
elaboración de artículos” periodísticos; información para “la preparación de
campañas electorales”; anotaciones de “frases de políticos relevantes”; así como
“claves de acceso informáticas personales y meras listas de canciones”.
La cuarta es una agenda “personal” que contiene “el seguimiento de asuntos por
Consejerías” de la Comunidad de Madrid, porque tal y como expone el propio
González, era “coordinador de Gobierno de la Comunidad”; y “números de teléfono
que afectan a la privacidad de terceros”.
Además, pide el expurgo de otros documentos por “afectar a su intimidad” y
tratarse de “datos estrictamente personales que no tienen relevancia alguna para
la causa, y en algunos casos, afectan a la intimidad de terceras personas ajenas
a la misma”. También 49 folios con anotaciones sobre “cuestiones estrictamente
de estrategia política, fechas de ceses de autoridades, cronología y comentarios
sobre denuncias”.
Ignacio González pide además que le sean devueltos sin el conocimiento de las
partes un total de 37 folios del “denominado caso del ático” que se instruye en
el juzgado 5 de Estepona; así como 47 folios del “denominado caso de los espías”
del juzgado número 47 de Madrid, por “afectar a su derecho y estrategia de
defensa”, entre otra documentación sobre asuntos judiciales y del Canal Isabel
II, que según dice, solo tenía para “preparar su comparecencia ante la comisión
de investigación de la Asamblea de Madrid”.
Ignacio González solicita además que le sea devuelta diversa documentación “sin
interés” para la causa como datos personales y sobre las viviendas de sus hijas;
listado de clientes y negocios de su esposa, Lourdes Cavero; o del padre del
expresidente de la Comunidad de Madrid.
http://cadenaser.com/ser/2017/11/27/tribunales/1511812478_633032.html
ZAPLANA, A IGNACIO GONZÁLEZ: "DICE AZNAR QUE HABLES CON CATALÁ PARA ASEGURAR EL
PUESTO DE FISCAL JEFE EN LA AUDIENCIA"
La grabación, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, muestra cómo González
maniobra para que Jesús Alonso ocupe el cargo, al que finalmente accedió
No es la primera conversación interceptada en la que queda de manifiesto la
preocupación de González por tener a personas afines en la cúpula fiscal
Una conversación interceptada el 19 de enero por la Guardia Civil, mantenida
entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el ex
ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, ha dejado en evidencia la hiperactividad
del político madrileño para influir en la colocación de miembros de la cúpula
judicial. La grabación, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, muestra cómo
González maniobra para que Jesús Alonso ocupe el puesto de fiscal jefe de la
Audiencia Nacional -al que finalmente ha accedido- con la mediación de su amigo
el exministro Eduardo Zaplana y los consejos del expresidente José María Aznar.
Tal y como relata el periódico, Zaplana le dice a González que tiene un mensaje
para él. Entonces, González comenta que ese día ha quedado a comer con Ángel
[una persona a la que no se identifica]. Zaplana le propone ir a tomar el café
con ellos y comenta: "Tengo una cosa que deciros a los dos (...). Me dijo (José
María) Aznar que lo hablara con Ángel para que habléis los dos, que sois amigos,
con (Rafel) Catalá”.
Zaplana, que también fue presidente de la Comunidad Valenciana, insiste en la
necesidad de hablar el tema con Rafael Català, ministro de Justicia: “De poner…,
bueno, poner…, él ya se lo gana por escalafón y por puntos. Se va Zaragoza –en
referencia Javier Zaragoza– de fiscal jefe de la Audiencia Nacional”.
"¿Y tu amigo?", le pregunta González, en referencia al posible sustituto de
Zaragoza. "Está el segundo, de teniente fiscal", le contesta Zaplana, en
referencia a Jesús Alonso, quien finalmente fue nombrado fiscal jefe, en
sustitución de Zaragoza. "¿No lo iban a poner aquí?", le pregunta González en
referencia al puesto del que estaban hablando. "¡Yo creo que sí, pero para
asegurar!", responde Zaplana.
Esta conversación se produjo tres meses antes de que González fuera detenido en
el marco de la Operación Lezo y enviado a prisión por el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco. La pasada semana salió en libertad tras pagar 400.000
euros en 24 horas.
Esta no es la primera conversación interceptada en la que queda de manifiesto l
a preocupación de González por tener a personas afines en la cúpula de la
carrera fiscal, una vez el político debía hacer frentes a varios procesos
judiciales. El expresidente madrileño también movió sus hilos para que Manuel
Moix fuese ascendido a fiscal jefe de Anticorrupción. Moix acabó dimitiendo
meses después por tener participaciones en una sociedad en Panamá.
González también intercambió mensajes telefónicos con el ministro de Justicia,
Rafael Catalá, cuando ya estaba siendo investigado por el caso del ático en
Estepona. Tras felicitar a Catalá por mantenerse en el cargo tras la reelección
de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en las elecciones de junio de
2016, el ministro responde a González deseando que se acaben todos sus líos
judiciales.
Todos los partidos del Congreso de los Diputados, salvo el Partido Popular, v
otaron a favor de la reprobación de Catalá, además de rerpobar y reclamar los
ceses del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de Moix. La oposición
pidió la dimisión del ministro desde que se hizo público un mensaje de apoyo a
González en el que decía: " Ojalá se cierren pronto los líos".
http://m.eldiario.es/politica/Gonzalez-influencia-politica-Audiencia-Nacional_0_707979523.html
LÓPEZ MADRID ACUSA A GONZÁLEZ DE "PREFABRICAR" UNA ACUSACIÓN CONTRA SU SUEGRO
PORQUE SABÍA QUE ERA GRABADO
En las escuchas que se interceptaron en el despacho de González el expresidente
relataba a un "amigo" que Villar Mir dio dinero al extesorero popular Álvaro
Lapuerta
Las escuchas que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) realizó
en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han
sido una pista fundamental en la operación Lezo porque González relataba entre
otras cosas aspectos de la presunta financiación ilegal del PP.
En una de estas escuchas Ignacio González cuenta a diferentes personas de su
entorno que Javier López Madrid le ha contado como su suegro, el expresidente de
OHL, Juan Miguel Villar Mir, daba dinero al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta
para el Partido Popular. Esta revelación se la hacía el expresidente de la
Comunidad de Madrid al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro en su
despacho profesional.
La UCO da verosimilitud a esta prueba pero la defensa de López Madrid acusa al
expresidente de la Comunidad de Madrid de inventársela porque sabía o intuía que
sus conversaciones estaban siendo intervenidas judicialmente. Lo que dice la
defensa del empresario madrileño en un escrito al que ha tenido acceso la Cadena
SER que ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, es que si
se confirma el extremo de que González encargó un “barrido completo” de su
despacho cabe pensar “que es lógico presumir que el señor González acomodase su
discurso a este contexto y la presencia de oyentes remotos”. Es decir, que
Ignacio González prefabricó una acusación contra su suegro, el presidente de OHL,
porque sabía que estaba siendo grabado.
La defensa del empresario investigado en la operación Lezo pide a la Audiencia
Nacional la declaración testifical del director general de la Agencia de
Detectives que hizo el barrido en el despacho de González. Es decir, lo que pide
la defensa de Javier López Madrid es la declaración testifical del director de
la agencia “Grupo Novo” para que aclare “el contenido del encargo o encargos
realizados por Ignacio González” a partir de octubre del año 2016 que es la
fecha en la que según varios medios de comunicación González encargó el barrido
de su despacho. Según el escrito que López Madrid ha enviado a la Audiencia
Nacional se requiere además las copias de todos los trabajos que realizó esta
agencia para el expresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2016 y
2017.
Para la Guardia Civil de la confidencia de González se puede extraer indicios de
que el expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, financió irregularmente al
PP dando dinero al extesorero. Este empresario aparece además en los “papeles de
Bárcenas” como uno de los principales donantes del Partido Popular.
Villar Mir y López Madrid están siendo investigados por la Audiencia Nacional y
por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Lezo por haber pagado presuntamente
una comisión de 1,4 millones de euros en Suiza por la adjudicación de la obra
para construir el tren de Navalcarnero. La cuenta en la que se ingresó el dinero
estaba a nombre del empresario Adrián de la Joya, pero la investigación apunta a
que el destinatario de la comisión era Ignacio González.
http://cadenaser.com/ser/2017/11/28/tribunales/1511900060_310975.html
EL JUEZ ACUSA A IGNACIO GONZÁLEZ DE TAPAR LOS DELITOS DEL CANAL EN LA ETAPA DE
GALLARDÓN
Asegura que "dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito" cometidos
con la compra de Inassa en 2001
En la causa se investiga a Gallardón por ese pelotazo porque la Fiscalía
sospecha que él o "su gente" controlaron la operación
El juez también acusa a González de apropiarse de dinero público procedente del
campo de golf del Canal
Ignacio González supo que el Canal de Isabel II, durante la etapa de Alberto
Ruiz Gallardón, había cometido delitos en la compra de una sociedad
latinoamericana, pero los ocultó. En palabras del juez del caso Lezo, el
expresidente madrileño "dio cobertura ilícita a los presuntos autores del
delito", al ocultar un informe que recogía esas irregularidades.
Así consta en el auto por el que el juez Manuel García Castellón, instructor del
caso, accede a conceder a González la libertad si paga 400.000 euros.
Anticorrupción había informado previamente a favor de que salga de prisión,
donde lleva desde el pasado 21 de abril. En el auto, el juez repasa todos los
indicios delictivos e indica que González pagó con dinero público un informe
sobre la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal en 2001, cuyo pago se
alargó hasta 2012.
Ese informe elaborado por la consultora Cuatrecasas "contenía indicios claros de
una conducta delictiva" durante la operación, que se produjo bajo la presidencia
regional de Gallardón, también investigado en esta causa. Sin embargo, González
ocultó ese informe.
El expresidente madrileño y su socio, Edmundo Rodríguez Sobrino, tuvieron "pleno
conocimiento de un hecho delictivo que no fue denunciado", permitiendo "el pago
de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012 y le dio cobertura
ilícita a los presuntos autores del delito".
"Pacto de silencio"
Anticorrupción ya había señalado a Gallardón en este desvío de fondos. Fue él
quien autorizó en 2001 la compra por 83 millones de la filial del Canal en
Latinoamérica, a través de una sociedad en Panamá, cuando su precio era mucho
menor. González lo resumió en una conversación con Eduardo Zaplana: "Alberto
hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue
a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta
millones por 100".
La Fiscalía cree que esa operación estuvo controlada por Gallardón o por "su
gente", en referencia al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. De
hecho, la Fiscalía pidió investigar sus ingresos después de que Zaplana
mencionase en una conversación su alto nivel de vida.
Anticorrupción también sospecha que los dos expresidentes madrileños sellaron
"un pacto de silencio" sobre el saqueo del Canal. Se remiten a la conversación
en la que el propio González admite haber tapado el pelotazo: "yo me encontré a
alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o
tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un
dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni
imaginar".
De hecho, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil registraron la visita de Ruiz Gallardón y el productor Enrique Cerezo al
despacho profesional de González el 19 de mayo de 2016, tres días después de la
destitución de Rodríguez Sobrino.
Desvío de fondos del campo de golf
El juez repasa el resto de acusaciones contra González, como la compra de
Emissao, un pelotazo aprobado por el Canal en 2013 y similar al de Inassa. La
operación estaba "en manos" del expresidente madrileño, que se repartía las
tareas con Rodríguez para "alejar" el centro delictivo y lograr así "una mayor
protección e impunidad de los máximos responsables". También se concertaron para
recuperar el dinero de sus actividades delictivas.
El auto también dedica una buena parte a las obras del Campo de Golf del Canal.
Según desveló eldiario.es, la Guardia Civil detectó indicios de que ACS había
pagado a familiares de González a cambio de que este modificase el proyecto
inicial.
García Castellón da veracidad al relato de los agentes de la UCO y señala
multitud de irregularidades como, por ejemplo, que no consta expediente de
licitación definitivo. Señala directamente a González y su clan, que
"presuntamente se concertaron" para hacerse con los contratos de mantenimiento
del campo de golf.
"Los investigados con el fin de obtener individualmente un incremento
patrimonial ilícito a costa de fondos públicos de la CAM, convinieron
presuntamente el desvío de capitales públicos", añade. Es más, "crearon una
estructura societaria que les proporcionó opacidad", dice el juez en referencia
a Tecnoconcret, la empresa creada por el cuñado de Ignacio González.
"Con pleno conocimiento de que se trataba de una sociedad instrumental y en
cumplimiento del concierto ilícito antes descrito, Tecnoconcret fue
subcontratada por la mercantil ACS para la ejecución de las obras de las
instalaciones deportivas, constando documentación en la causa que acredita que
la designación de esta mercantil se hizo por orden de Canal", escribe el juez.
En total, apunta García Castellón, González y su gente se quedaron con 578.474
euros gracias a la interposición de empresas durante las obras. Con los
contratos de mantenimiento ascendió a 1,2 millones. Para aflorar ese dinero,
"los investigados crearon un sistema de facturación mendaz" con ayuda de otras
sociedades.
https://eldiario.us6.list-manage.com/track/click?u=c69ba1ef3f044e29f01e39064&id=36aa730d3b&e=fad5001efc
IGNACIO GONZÁLEZ
ABANDONA LA CÁRCEL DE SOTO DEL REAL
El expresidente de la Comunidad de Madrid sale de prisión después de que 11
fiadores hayan abonado la fianza de 400.0000 euros
El Juzgado Central de Instrucción acordó su libertad bajo fianza y le impuso
como medidas cautelares la prohibición de salir de España, entrega de pasaporte
y comparecencias semanales en el juzgado
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha abandonado este
miércoles la cárcel de Soto del Real (Madrid) a las 19.48 horas tras depositar
esta mañana la fianza de 400.000 euros que acordó este martes el juez de la
Audiencia Nacional Manuel García Castellón y tras pasar 202 días preso, informa
Europa Press.
En total once fiadores han consignado la caución impuesta por el titular del
Juzgado Central de Instrucción número 6. Familiares del expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González se habían personado este miércoles en la
Audiencia Nacional para depositar la fianza de 400.000 euros.
González ha salido con rostro cansado, serio y sin hacer declaraciones pese a la
numerosa presencia de los medios de comunicación a las puertas del centro
penitenciario, que ha abandonado en un turismo de color negro.
Pasada la una de esta tarde ha llegado a la sede del tribunal la hermana del
expresidente, la diputada madrileña Isabel González, y dos de sus hijas para
consignar el pago de la cuantía establecida y certificar así que son ellos los
pagadores de los 400.000 euros. Tras su entrega, García Castellón procederá a
valorar el pago y acordar la libertad del presunto cabecilla de la trama de
corrupción en la empresa pública de gestión de agua.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó este martes la
libertad bajo fianza de González y le impuso como medidas cautelares la
prohibición de salir de España, entrega de pasaporte y comparecencias semanales
en el juzgado. Adoptó esta decisión tras el informe favorable de la Fiscalía
Anticorrupción y al entender que había disminuido el riesgo de reiteración
delictiva y de fuga.
La hermana del exdirigente regional ya había informado a primera hora de esta
mañana que la familia estaban recaudando la fianza impuesta por el magistrado.
Se trata de la cuarta vez en la que el acusado solicitaba su excarcelación
alegando que, tras medio año en prisión, había disminuido el riesgo de fuga.
Disminuye el riesgo de fuga
Según explicó el magistrado instructor en su auto, se acordaba su libertad dado
que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al manejo de
fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países
como Colombia y Panamá y también el riesgo de fuga debido al avance de la
instrucción.
No obstante, precisa que sus acciones dentro del Canal de Isabel II son
constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística,
malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recuerda que
González está siendo investigado por cuatro hechos concretos: las compras de
Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente, las licitaciones públicas en
Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos.
En relación al primer punto, el juez instructor explica que tanto el cabecilla
de la trama Lezo como su socio en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino supieron
que la operación de compra de la empresa colombiana se hizo con un grave
perjuicio de fondos públicos, que podría alcanzar los 70 millones de euros.
Sobre la compra de la brasileña Emissao en 2013 determina que aunque esta se
efectuó cuando González ya no era presidente del Canal, el inicio de la
operativa se llevó a cabo mucho antes y existen indicios que demuestran que los
dos acusados se beneficiaron "ilícitamente" del patrimonio de la Comunidad de
Madrid mediante el abuso de su posición.
Cuatro peticiones de libertad
Durante los seis meses que lleva en prisión, la defensa del expresidente
madrileño ha solicitado su puesta en libertad en otras tres ocasiones, pero la
Audiencia Nacional siempre lo ha rechazado por riesgo de fuga y de destrucción
de pruebas, y también por entender que ejerció un "papel decisivo" en la trama
de corrupción.
El pasado 24 de octubre, el abogado de González, Esteban Mestre, volvió a
recurrir la medida de prisión provisional para su cliente alegando que,
transcurrido el medio año, ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. En
ocasiones anteriores el letrado alegó como razones para salir el arraigo por la
boda de una de sus hijas, su deterioro físico e incluso pidió la sustitución de
la cárcel por su arresto domiciliario.
El recurso de González coincide con la finalización de las comparecencias de los
más de 60 investigados en la trama que lideraba el exdirigente del PP madrileño,
a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción estudie toda la documentación de
la que dispone por si viera necesario imputar a otros presuntos responsables.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/08/familiares_ignacio_gonzalez_acuden_audiencia_nacional_para_pagar_fianza_400_000_euros_71677_1012.html
EL JUEZ DE 'LEZO' RECLAMÓ A LA COMUNIDAD EL "EXPEDIENTE COMPLETO" DEL CAMPO DE
GOLF Y SE INVESTIGA SI AGUIRRE PREVARICÓ
El Gobierno de Aguirre declaró de “excepcional interés general” en
2007 la construcción de un campo de golf en el Canal basándose en un expediente
que se elaboró en menos de 48 horas y que está plagado de irregularidades
El acuerdo lo firmó la propia Aguirre y ese campo de golf sirvió para que
Ignacio González y su familia obtuvieran unos beneficios ilícitos de 1,2
millones de euros
El juez de ‘Lezo’ reclamó, el pasado 27 de abril, el “expediente completo” del
acuerdo. Ese mismo día se lo remitió el Gobierno de Cifuentes. Fuentes
judiciales explican a infoLibre que los hechos podrían constituir un delito de
prevaricación urbanística
El campo de golf construido en 2007 en las instalaciones del Canal de Isabel II
es una de las principales operaciones de corrupción descubierta en el caso Lezo.
De acuerdo con la investigación de la Guardia Civil y de la Fiscalía
Anticorrupción, sirvió para que se enriquecieran de forma ilícita el
expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo y un cuñado, todos
ellos imputados en la causa. Pero esa operación también puede causar problemas
judiciales a Esperanza Aguirre, cuyo Gobierno adoptó el 18 de enero de 2007 el
acuerdo de declarar de “excepcional interés general” la construcción del campo
de golf [Puedes consultar el acuerdo aquí]. Y lo hizo basándose en un expediente
que, según ha podido saber infoLibre, se elaboró en menos de 48 horas y está
repleto de irregularidades. El acuerdo lo firmaron la propia Esperanza Aguirre y
su entonces consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía.
El 27 de abril de este año, ocho días después de que fuese detenido Ignacio
González como cabecilla de la presunta trama criminal, la Consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid recibió un requerimiento del juez del caso
Lezo solicitando "la documentación del expediente completo de tramitación del
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de enero de 2007 por el cual se
aprueba el proyecto modificado de la construcción del campo de golf del Canal de
Isabel II". Una portavoz oficial del Gobierno de Cristina Cifuentes indicó, a
preguntas de este periódico, que "el expediente completo se le envió al juez el
27 de abril", el mismo día que se recibió el requerimiento.
Fuentes judiciales explicaron a este periódico que los investigadores deberán
analizar si Esperanza Aguirre y el resto de los miembros de aquel Gobierno –en
el que estaban Ignacio González como vicepresidente y Francisco Granados como
consejero– cometieron un delito de prevaricación urbanística, tipificado en el
artículo 320 del Código Penal, que cuando se cometieron los hechos estaba
castigado con una pena de prisión "de seis meses a dos años o la de multa de
doce a veinticuatro meses", además de la "inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de siete a diez años". El delito lo comete "la
autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya
informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias
contrarias a las normas urbanísticas vigentes".
Un campo de golf "de excepcional interés general"
La decisión del Gobierno de Aguirre tenía un único objetivo: burlar la
paralización de las obras del campo de golf que había decretado el Ayuntamiento
de Madrid, entonces gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón. Aquel acuerdo adoptado
el 18 de enero de 2007 indicaba expresamente que producía "los efectos propios
de la licencia municipal".
El acuerdo se apoyó en un expediente administrativo con múltiples
irregularidades. Por citar sólo algunas: no consta la petición de inicio, no
consta quién lo insta, no se da audiencia al Ayuntamiento de Madrid ni se le
notifica, incluye un informe enviado por fax en fecha posterior al acuerdo... Y
la guinda: se inició el 17 de enero y se finalizó un día después, todo en menos
de 48 horas. "En esos términos, no se puede decir que jurídicamente sea un
expediente administrativo", resumió gráficamente a infoLibre un jurista experto
en temas urbanísticos y administrativos.
La historia que termina con la construcción del campo de golf se inició en marzo
de 2003. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid acordaron entonces
"impermeabilizar y ajardinar el tercer depósito del Canal de Isabel II", la
principal empresa pública madrileña y cuyo objeto principal es el suministro de
agua. Aquel proyecto original contemplaba la construcción de un parque público y
un campo de fútbol. Pocos meses después, en noviembre de 2003, Aguirre se
convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid. Y nombró a Ignacio González
como su número dos en el Gobierno, además de presidente del Canal de Isabel II.
En el proyecto original del Canal no existía ni rastro de un campo de golf. Pero
Aguirre y González pensaron que era buena idea sustituir el parque público por
unas instalaciones para practicar dicho deporte. Así que decidieron modificar el
proyecto y, sin licencia, iniciar la construcción del campo de golf. El 16 de
octubre de 2006, el Ayuntamiento ordenó la suspensión inmediata de las obras.
Pese a no tener licencia, el Canal adjudicó el 27 de diciembre la explotación
del campo de golf a un consorcio del que formaba parte la empresa Tecnoconcret,
que estaba controlada por González y por su familia. Dos días después, el 29 de
diciembre, el Ayuntamiento denegó la modificación de la licencia para construir
el campo de golf. El 8 de enero de 2007, el Colegio de Arquitectos de Madrid
adoptó un acuerdo en el que se indicaba que "destinar seis hectáreas a prácticas
de golf en una zona necesitada de espacios verdes ya sería cuestionable de
haberse seguido los trámites legales, pero resulta inadmisible si se está
haciendo al amparo de una licencia de obra distinta en naturaleza y uso a la
originariamente prevista: un parque público".
Ante esta panorama, Aguirre y González optaron por declarar el campo de golf
como obra de "excepcional interés general". Gracias a ello, ya no necesitaban la
licencia del Ayuntamiento, que quedaba sustituida por el acuerdo del Gobierno
autonómico. La decisión se adoptó el 18 de enero de 2007 y se motivó con el
siguiente argumento: "El afán de potenciar la práctica deportiva entre todos los
ciudadanos de la región". Para entonces, las obras del campo de golf ya estaban
muy avanzadas. De hecho, el 28 de marzo de aquel año, Aguirre y González
asistieron alborozados a la inauguración pública.
A aquel acto de inauguración también acudieron decenas de vecinos del barrio
madrileño de Chamberí, donde estaban las instalaciones, para protestar por el
cambiazo que les había dado el Gobierno del PP al sustituir un parque público,
en uno de los barrios de Madrid con menos zonas verdes, por un campo de golf que
iban a explotar empresas privadas. Parte de aquellos vecinos constituyeron la
asociación Parque Sí en Chamberí, que inició una batalla legal contra el campo
de golf. Su lucha dio fruto en el ámbito contencioso-administrativo, ya que en
enero de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el acuerdo por el
que se declaraba el campo de golf de "excepcional interés general".
Menos suerte tuvieron los vecinos de Chamberí en la vía penal, donde chocaron
con el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía que dirigía
Moix archivó dos denuncias y se opuso a una querella contra Ignacio González, en
las que se detallaba la trama corrupta montada por el político madrileño para
lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf. En la segunda
denuncia, presentada en 2009, Parque Sí en Chamberí pedía que se realizase una
sencilla diligencia de investigación –solicitar a Hacienda la declaración de
ingresos y gastos de la empresa Tecnoconcret–, que habría descubierto la trama
corrupta. Moix no lo hizo y tuvieron que pasar otros ocho año hasta que, en
abril de 2017, la Justicia puso en marcha la operación Lezo. La trama corrupta
en torno al campo de golf que no investigó Moix es uno de los elementos
centrales del caso. El pasado mes de julio, la asociación TCJ-15M presentó una
querella contra el ahora fiscal del Supremo –quien tuvo que dimitir después de
que infoLibre desvelase que era dueño de una empresa en Panamá– por no
investigar la trama de González. El Tribunal Supremo aún no ha decidido si
admite a trámite dicha querella.
Unos beneficios ilícitos de 1,2 millones de euros
La empresa utilizada por Ignacio González para lucrarse con la adjudicación del
campo de golf del Canal fue Tecnoconcret, en la que figuraba como testaferro un
socio de su hermano Pablo y de su cuñado José Juan Caballero.
Según consta en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
envió a prisión a González, “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007
ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de
euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la
familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de
golf.
En realidad, Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos
técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató el trabajo con otra
sociedad (Only Golf Planning and Design). Así consta en el auto del juez
Velasco, en el que se asegura que Tecnoconcret “declaró ventas a una sociedad
denominada Only Golf, supuestamente dedicada a la construcción de pistas de
golf, por importe de unos 2,68 millones de euros durante los años 2006 y 2007”.
La diferencia entre ambas cantidades son aproximadamente 578.000 euros, que los
investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
consideran una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de
actuar como intermediaria en la operación.
Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de
construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo
en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril
de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y
2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de
la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo
destaca el magistrado en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar
desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió
facturando”. Desde abril de 2008, el hermano y el cuñado de González eran
directamente accionistas de Tecnoconcret.
El juez Velasco habla de desvinculación “formal” porque la explotación del campo
de golf, realizada por el Canal cuando Ignacio González era su presidente, se
adjudicó en diciembre de 2006 a un consorcio formado inicialmente por tres
empresas: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros
campos de golf, y la propia Tecnoconcret, que era clave en la presunta operación
corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf. A principios de 2008,
Iridium compró sus acciones a las otras dos compañías.
En definitiva, sólo en la operación del campo de golf, la empresa controlada por
Ignacio González obtuvo según los investigadores unos beneficios ilícitos de 1,2
millones de euros.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/28/el_juez_lezo_reclama_comunidad_expediente_del_campo_golf_para_investigar_si_aguirre_cometio_prevaricacion_70017_1012.html
ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ INVESTIGAR A GALLARDÓN POR “DEPREDAR” EL DINERO DE MADRID
Los investigadores sospechan que se aprobó la compra de una empresa colombiana
con el fin de generar un sobrecoste “con el consiguiente desvío de capitales
públicos”.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó investigar al exministro de Justicia Alberto
Ruiz- Gallardón por “depredar” el patrimonio de la Comunidad de Madrid al
autorizar la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de
Isabel II cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.
En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL el Ministerio Público ya pidió
en noviembre de 2016 a la Audiencia Nacional que se abriera un procedimiento
contra Ruiz-Gallardón y todo el Consejo de Gobierno que aprobó la compra por un
importe muy superior al real en detrimento de los fondos públicos. La sospecha
de los investigadores del caso Lezo es que de esa operación se pudieron obtener
hasta 25 millones de euros en comisiones, tal y como aseguró uno de los
investigados en una conversación interceptada por la Guardia Civil.
Según recoge el informe que consta en el sumario del caso que instruye el
magistrado Manuel García Castellón, fue el expresidente del conglomerado
societario del Canal en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino -actualmente en
prisión junto a Ignacio González- quien relató en una de las conversaciones
captadas el “robo” de 25 millones al Canal en una inversión de 95 millones de
dólares. “Datos que encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de
la sociedad colombiana Inassa por parte de Canal Extensia en el año 2001”,
recoge el escrito de los fiscales.
Para el Ministerio Fiscal, estos hechos apuntan a la existencia de “indicios de
criminalidad contra determinadas personas”. “En este momento procesal las
diligencias permiten una mayor individualización subjetiva de los hechos, lo que
impone que se dicte una resolución judicial por la que se dirija el
procedimiento contra todos aquellos que directa o indirectamente han participado
en los hechos, sin perjuicio de realizar una concreción más detallada una vez
que se ejecuten las diligencias de investigación pendientes. Esta resolución se
impone procesalmente para garantizar los derechos de los investigados desde el
momento en que el procedimiento apunta claramente a la responsabilidad en estos
hechos de autoridades de la Comunidad Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz
Gallardón”, subraya Anticorrupción.
Recuperar el dinero de Madrid
Para la Fiscalía, ya en noviembre era necesario abrir procedimiento contra estas
personas “para el total esclarecimiento de los hechos, para alcanzar la verdad
material de los mismos y para recuperar el patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Madrid presuntamente depredado por los investigados”.
El Ministerio Público considera que los indicios de criminalidad de la operación
de compra de Inassa se refuerzan con la “pasividad institucional de la Comunidad
de Madrid en el control de las operaciones del grupo Canal Isabel II en
Sudamérica a lo largo de los años”. Es reseñable que “nadie dentro de la
administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una
sociedad en un paraíso fiscal para la compra de Inassa”.
Además, se añade que esta sociedad panameña que se utilizó para vehiculizar la
compra de la colombiana se disolvió inmediatamente después de la operación “y
nuevamente nadie lo cuestionó”. En la misma línea -añade la Fiscalía-, nadie se
cuestionó que la autorización conferida por el Consejo de Gobierno fue para la
adquisición de Inassa y sin embargo se adquirió junto con ésta una sociedad
denominada Watco Dominicana SA, sin ningún tipo de autorización para ello”.
Endeudó a Madrid con 51 millones
La compra, según al Fiscalía, se llevó a cabo sin los informes y trámites
preceptivos. “De haber existido, con toda seguridad no se habría realizado la
compra o se hubiese realizado en otros términos. Cabe preguntarse en qué
documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una
operación de compra por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83
millones de euros), aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares”,
subraya el escrito.
Las investigaciones apuntan indiciariamente que el soporte documental fue cuanto
menos “insuficiente”, así como que esta operación fue controlada por Alberto
Ruiz Gallardón o “por su gente”.
Con todos los datos que constan en la causa, para la Fiscalía existen indicios
de que la solicitud del acuerdo de adquisición que realizó la Consejería de
Medio Ambiente a propuesta del consejero de Hacienda entonces, Juan Bravo, “fue
elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la
adquisición de Inassa con el consiguiente desvío de capitales públicos”.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170913/246475369_0.html
GALLARDÓN, A LAS PUERTAS DE SER IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'
La Fiscalía Anticorrupción planea pedir la citación del exministro de Justicia
como investigado por el presunto desfalco de 70 millones de euros en la compra
en 2001 de la empresa colombiana Inassa por el Canal de Isabel II
La Fiscalía Anticorrupción planea pedir al juez la citación como investigado en
el caso Lezo del expresidente madrileño y exministro de Justicia Alberto Ruiz
Gallardón por el presunto desfalco en la compra en 2001 de la colombiana Inassa
por el Canal de Isabel II, y lo hará una vez se termine de analizar la
documentación incautada.
La Fiscalía reclamó al juez de Lezo investigar a Gallardón en noviembre de 2016
por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de
Inassa por parte del Canal de Isabel II, una operación que estuvo controlada por
él o por "su gente".
El juez primero y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después aceptaron
la apertura de diligencias pedida por Anticorrupción para investigar esa
operación, que finalmente se lleva dentro de la pieza 1 de Lezo, sobre la
expansión del Canal en Latinoamérica.
En concreto, la Fiscalía pidió en noviembre de 2016 al juez indagar esa compra
por delictiva y en su escrito reclamaba además dirigir la investigación contra
el exministro.
Ahora, Anticorrupción tiene previsto solicitar al juez Manuel García Castellón
su citación como imputado, pero no lo hará hasta que no se analice la
documentación incautada en los registros realizados en la operación, según han
informado a Efe fuentes del ministerio público.
Gracias a su petición de noviembre, los fiscales pararon la prescripción del
delito, ya que la compra la acordó 15 años antes el Consejo de Gobierno
presidido por Gallardón por unos 83 millones de euros cuando, según los
investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.
Las acusaciones contra Gallardón se basan en parte en una conversación pinchada
en noviembre de 2016 a Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana y con
el abogado Fernando Belhot, en la que González afirma que Inassa "no valía ni 30
millones de dólares".
"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su
gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no
valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de
Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en
Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco
Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", dice González en la
conversación.
"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su
gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no
valía ni 30 millones de dólares, por 100"
Para la Fiscalía, esto demuestra "la connivencia que tenía con los responsables
públicos que adoptaron la decisión de la adquisición" y apunta a que esos
acuerdos podrían haber reportado al propio González beneficios económicos o
políticos.
En otro momento, González afirma: "No soy como esta gilipollas que me ha
sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos
(opciones): o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo.
Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas,
sobre toda la operación, que no te puedes imaginar...".
De estas palabras los fiscales concluyen "el alto grado de conocimiento que el
mismo (González) tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma" y también
que González ocultó el fraude "en beneficio de la organización".
Gallardón, por su parte, "tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de
algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González".
Dentro de esta causa han declarado este jueves cuatro personas como imputadas
sobre otra operación investigada, la construcción y explotación del Canal Golf
adjudicadas a ACS, por las que, según las investigaciones, empresas vinculadas a
Ignacio González cobraron 4 millones de euros.
Uno de ellos es el administrador de la empresa que lo construyó, que se ha
negado a declarar, y la otra imputada es la mujer del administrador de la
empresa vinculada a González que cobró el dinero, Tecnoconcret, quien se ha
desvinculado totalmente de los negocios de su marido.
Otros medios, como la cadena Ser, citando fuentes judiciales, apuntan que
Gallardón ya tiene "la consideración de investigado en la causa desde enero de
2017", cuando lo ordenó la Sala de lo Penal. Sin embargo, según ha podido saber
Público, Gallardón aún no está imputado ni ha sido citado aún, aunque la
petición de la Fiscalía seguramente terminará con el exministro declarando ante
el juez.
http://m.publico.es/politica/2013783/gallardon-a-las-puertas-de-ser-imputado-en-el-caso-lezo
LA UCO PIDIÓ INTERVENIR EL 'MAIL' DE GALLARDÓN DÍAS ANTES DE QUE ESTALLARA LEZO
Los incluyeron en un listado de cargos y empresas para cotejar sus relaciones
mercantiles con las empresas vinculadas a la compra de Inassa
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) pidió ocho días antes de
que estallara la operación Lezo el volcado del correo corporativo del
expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y del que fuera su
consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro del
Interior. Según precisa el atestado que el Instituto Armado remitió al juez de
la Audiencia Nacional Eloy Velasco para preparar el operativo, los
investigadores rastreaban la intervención del también exministro de Justicia por
un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de Inassa
por parte del Canal de Isabel II.
El documento, fechado el 11 de abril y al que ha tenido acceso El Confidencial,
detalla las entradas, registros y diligencias complementarias que quería llevar
a cabo la UCO y reserva un apartado completo a las pesquisas vinculadas con la
adquisición de esta empresa bajo mandato de Gallardón. La Guardia Civil también
reclamó ya entonces acceder a la información tributaria completa del
expresidente madrileño. Debían cruzar los datos de los miembros de los órganos
de administración de Canal Extensia, la propia Inassa en Colombia y Panamá,
Sociedad de Aguas de América, Sociedad Latina de Aguas, Agbar, Tecvasa y Aguas
de Valencia. También examinar los productos financieros de los que fueran
titulares. En el caso de su consejero, la Guardia Civil reclamó la propuesta
presentada para adquirir el 75% de las participaciones de la mercantil
colombiana, así como toda la documentación que se aportase para que el consejo
de gobierno de la Comunidad de Madrid decidiese sobre esa operación.
Anticorrupción seguía el rastro de la compra desde el año 2016 y reflejó en uno
de sus informes que la "operación fue controlada por Alberto Ruiz-Gallardón" o
'por su gente'. El Ministerio Público basaba sus sospechas en una conversación
intervenida al cabecilla de la trama, Ignacio González, en la que este confesaba
que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares". "Compraron una sociedad, que no
valía ni 30 millones de dólares, por 100", decía en concreto. El informe acusaba
también a Gallardón de haber establecido "un pacto de silencio y cooperación con
Ignacio González". Por estos hechos, el exministro de Justicia es objeto de
investigación en la causa, confirman a El Confidencial fuentes jurídicas.
66 millones del bolsillo de los madrileños
Este primer pelotazo del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico pudo
generar una "ilícita plusvalía a costa del erario público" que rondaría los 66
millones de euros y salpica directamente al consejo de gobierno que autorizó
esta aventura empresarial, lanzada bajo la presidencia del que fuera también
alcalde de la capital. La Justicia trata ahora de acreditar el grado de
implicación de Gallardón en esta operación presuntamente fraudulenta y espera
los resultados de comisiones rogatorias remitidas a Suiza. Tras examinar las
cuentas y negocios en España del exministro, los investigadores no hallaron
rastro de irregularidades.
La Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73
millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había
costado un año antes 10 veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de
euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos
dudosa para los compradores. Aunque González no tuvo nada que ver con esa
operación (llegó más tarde al Gobierno regional y al Canal), heredó sus
consecuencias, ya que las arcas públicas estuvieron pagando la compra de Inassa
hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que
BBVA y Caja Madrid concedieron para financiar la adquisición de Inassa.
Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en
septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba
desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer
socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar),
que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año
2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros) a la empresa panameña
Sociedad de Aguas de América (SAA), que enseguida buscó nuevos socios en España.
Los encontró en el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del
Agua (Tecvasa) para crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, y
comprar Inassa, iniciando el desembarco madrileño en Colombia. El Canal tenía el
75% de Extensia, y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo
de administración del Canal acordó la compra del 75% de Inassa por 73 millones
de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la Comunidad de
Madrid, presidido por Ruiz-Gallardón, ratificó toda la operación el 29 de
noviembre.
El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con las acciones de
Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10
millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5
millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en
octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros
13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas
madrileñas 97,3 millones de euros. Esta "doble venta", primero de SAA para
adquirir Inassa, "pudo generar en un espacio temporal inferior al año, una
ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de
euros", según las valoraciones de la Fiscalía.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-15/uco-pidio-intervenir-mail-gallardon-antes-estallar-lezo_1443708/
ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE
INASSA" POR EL CANAL
La Fiscalía afirma que el exministro "estableció un pacto de silencio y
cooperación" con Ignacio González.
"Presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición
fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y
cooperación con Ignacio González", afirman los fiscales de la 'operación Lezo'
respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II comenzó su expansión en
Latinoamérica, realizada en 2001.
En un escrito dirigido al juez instructor Eloy Velasco conocido por EL ESPAÑOL,
la Fiscalía Anticorrupción no sólo apunta hacia el exministro de Justicia,
exalcalde y expresidente del Gobierno de Madrid sino también hacia su brazo
derecho para las cuestiones de finanzas, Juan Bravo, que era consejero de
Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando se produjo la compra de la mercantil
colombiana Inassa.
Esta operación es considerada por los fiscales del 'caso Lezo' como el inicio de
las actividades "fraudulentas" relacionadas con el Canal. De acuerdo con el
relato de Anticorrupción, el Gobierno de Gallardón facultó el 29 de noviembre de
2001 al Canal a realizar una inversión internacional "cuando de conformidad con
sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad". No fue hasta
2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.
Para acometer la compra de Inassa, el Ejecutivo regional autorizó la
constitución de Canal Extensia como una 'sociedad vehículo', es decir, con un
mero carácter instrumental. "En el sector privado", recuerda la Fiscalía, "este
tipo de sociedades suelen cumplir la función (al margen de eventuales beneficios
fiscales) de alejar la responsabilidades derivadas de la adopción de acuerdos
respecto de las personas físicas que realmente los adoptan, sirven a modo de
pantalla de protección de las personas que dominan realmente la toma de
decisiones y protegen a la sociedad matriz frente a eventuales
responsabilidades".
"Desde luego", sostienen los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García respecto a la
constitución de la sociedad Canal Extensia, "esta actuación carece de
justificación en el sector público y se concibe ordinariamente como una forma de
huida del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la
actuación pública".
"No era necesaria la creación de Canal Extensia (a modo de holding privado
dependiente de una administración pública para lograr mayor agilidad operativa)
ya que esta función la podía cumplir la propia sociedad que estaban adquiriendo.
Canal Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin necesidad de la
interposición instrumental del Canal Extensia y mucho menos con la interposición
fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal", afirman en
referencia a la Sociedad de Aguas de América SA, la mercantil panameña a través
de la que se articularon los pagos y que "se disolvió inmediatamente después de
la operación". "Esta forma de proceder sólo tiene justificación como instrumento
societario que se crea presuntamente con un fin defraudatorio", señalan.
Los fiscales consideran que "repugna a la lógica jurídica más elemental" situar
a Canal Extensia en el dominio de la operación de adquisición de Inassa. A su
juicio, hay indicios de que se trató de una decisión "de arriba hacia abajo". El
acuerdo de comprar Inassa y la forma en que se ejecutó "se gestó en el Consejo
de Gobierno" de la CAM que presidía Ruiz Gallardón "y se cumplió
escrupulosamente por los máximos responsables de Canal Isabell II, Canal
Extensia SA y por los administradores de Inassa".
Entre otros indicios, destacan que "nadie dentro de la Administración pública
madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso
fiscal" y que "no consta" que se cumplieran los requisitos administrativos para
el control de la operación.
En este sentido, los fiscales se preguntan "en qué documentos o informes se basó
el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73
millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un
endeudamiento de 51,1 millones de dólares". "Las investigaciones apuntan
indiciariamente a que el soporte documental fue cuando menos insuficiente, así
como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o 'por su
gente'", como dijo Ignacio González en una de las conversaciones intervenidas.
Una propuesta de Bravo
Según Anticorrupción, hay "indicios de que la solicitud del acuerdo de
adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente [de la que entonces
dependía el Canal] a propuesta del consejero de Hacienda Juan Bravo Rivera fue
elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la
adquisición de Inassa, con el consiguiente desvío de capitales públicos".
Todo ello, afirma la Fiscalía, fue conocido por Ignacio González a partir de
2003, cuando se le nombró vicepresidente de la CAM y responsable del Canal.
"Hasta tal punto conocía la operación que ordenó una investigación forense al
despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio
González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido", añaden los
fiscales. Ese informe, pagado con fondos públicos, "se ocultó" en su día pero ha
aparecido en los registros judiciales practicados el pasado 19 de abril, cuando
el expresidente de la Comunidad de Madrid fue detenido.
Ignacio González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público (es
decir, proceder a la denuncia de los hechos ante el Ministerio Fiscal o la
autoridad judicial competente), lo ocultó y continuó abonando con dinero público
las cuotas del préstamo que se concertó con las entidades BBVA y Caja Madrid",
pago que se prolongó hasta 2012.
A su juicio, esa forma de actuar "sólo puede responder", de un lado, a "la
connivencia que González tenía con los responsables públicos que adoptaron la
decisión de la adquisición de Inassa", connivencia que "podría reportarle
beneficios económicos o políticos. Y, de otro, "a la oportunidad de negocio que
el propio Ignacio González apreció en la operación, oportunidad que
presuntamente repitió en el año 2013 con la sociedad brasileña Emissao".
En todo caso, para los fiscales la "impunidad" en una operación "del calado e
importancia" de la compra de Inassa "sólo fue posible con la connivencia a un
máximo nivel en la comunidad autónoma".
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170511/215229012_0.html
LA BÚSQUEDA DEL SUPUESTO PAGO EN SUIZA A IGNACIO GONZÁLEZ ABRE UNA LÍNEA DE
CONEXIÓN ENTRE 'LEZO' Y 'GÜRTEL'
El juez de la 'Operación Lezo' incorpora al sumario la rogatoria que destapa
cómo el empresario a quien se atribuye el encargo de transferir 1,4 millones de
OHL al expresidente de Madrid ya había enviado fondos a Luis Bárcenas en 2008
Los investigadores rastrean los papeles enviados por Suiza sobre los movimientos
de la cuenta que poseía en el ABN Amro la sociedad Frankford Trade Inc,
domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes y propiedad de Adrián de
la Joya
Los documentos remitidos a España, a los que ha accedido infoLibre, muestran
trasvases a la compañía panameña Lauryn Group, ahora bajo la lupa en la
operación contra González y también ligada a De la Joya
Las búsqueda del supuesto pago de 1,4 millones a Ignacio González que los
investigadores del caso Lezo atribuyen a OHL como soborno por la concesión del
tren de Navalcarnero (Madrid) ha tenido ya una consecuencia de alcance todavía
desconocido. El juez Manuel García Castellón, y tras la solicitud de la Fiscalía
Anticorrupción desvelada este lunes por infoLibre, ha incorporado al sumario de
Lezo la abultada documentación remitida por Suiza mediante comisión rogatoria y
que a finales de 2016 destapó en Gürtel, ya con el juicio iniciado, un dato
hasta entonces inédito.
Ese dato que ahora tiende un puente que vincula los casos Gürtel y Lezo es el
siguiente: que Adrián de la Joya, el empresario sobre quien recaen las sospechas
de que usó una sociedad panameña, Lauryn Group, para mediar en el hipotético
soborno de OHL y lograr que el dinero llegase a Ignacio González, ya había
transferido fondos a Luis Bárcenas en diciembre de 2008. Exactamente, 50.000
euros. También en Suiza. En ese caso, a través de una de las cuentas –Obispado–
de la constelación financiera que giraba en torno al extesorero del PP y que
llegó a ocultar 47 millones de euros, propiedad exclusiva de Bárcenas –ese es su
relato– y de varias personas de su entorno, todas ellas vinculadas en algún
momento a las finanzas del partido salvo su esposa.
Las fuentes consultadas por este diario han confirmado la incorporación de la
rogatoria suiza que el tribunal que juzga la llamada Primera Época de Gürtel
recibió en noviembre y que ha aportado con celeridad todos los documentos
requeridos para la instrucción de Lezo. Los papeles de Suiza no solo constatan
la transferencia a la cuenta de Obispado –oficialmente, titularidad de Francisco
Yáñez, fallecido en 2014 y considerado testaferro de Bárcenas– sino que muestran
los movimientos de dinero entre la cuenta que De la Joya poseía en el ABN Amro a
nombre de Frankford Trade Inc, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas
Vírgenes, y la compañía panameña Lauryn Group, ahora bajo la lupa en la
operación contra González y también ligada al empresario. Tantmo en la
transferencia de 50.000 euros a Bárcenas como en distintos traspasos de fondos a
Lauryn Group intervino Frankford, como certifican los documentos de la comisión
rogatoria.
Villar Mir y su mensaje de cooperación
Las mismas fuentes han confirmado igualmente que los cuatro tomos que configuran
la rogatoria ya están sometiéndose a análisis. Pero responden con cautela a la
pregunta de si la presencia de Adrián de la Joya en ambas operativas obedece a
una simple y estricta casualidad o si la línea que ahora se abre establece un
nexo de relevancia entre ambos casos, Lezo y Gürtel. En distintas piezas de
ambos, al igual que ocurre en Púnica, se investiga la financiación del PP.
¿Aportará algún elemento novedoso Juan Miguel Villar Mir, fundador y jefe
histórico de OHL, y quien, como publicó este lunes infoLibre, acaba de lanzar el
mensaje de que quiere "cooperar con la justicia"? De nuevo, es pronto para
aventurarse, opinan quienes siguen el caso de cerca.
Todavía, viene a ser la respuesta de los investigadores, no se sabe si bajo ese
puente que ahora conecta Lezo y Gürtel hay material explosivo capaz de dibujar
una línea continua y de reabrir incógnitas sobre el verdadero sentido de los
pagos ocultos en Suiza y la verdadera identidad de los beneficiarios de las
cuentas opacas o si, por el contrario, todo es fruto del azar.
OHL admite que en noviembre de 2007 transfirió a De la Joya desde México el
equivalente en dólares a 1,6 millones de euros, aunque niega de manera taxativa
que aquello fuese algo distinto a un movimiento inscrito en el tráfico comercial
ordinario. Según el diario El Mundo, De la Joya sostiene que Javier López
Madrid, consejero delegado de OHL, yerno del fundador y cabeza visible del
grupo, Juan Miguel Villar Mir, e imputado en Púnica y Lezo, le envió 1,4
millones con la indicación de que podía quedarse un tercio y entregar el resto
al "hombre de Ignacio González": Ildefonso de Miguel, mano derecha del político
durante su etapa al frente del Canal de Isabel II. Pero, según De la Joya, como
OHL le debía dinero por un trabajo en África, se lo quedó todo.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/20/la_busqueda_del_supuesto_pago_suiza_ignacio_gonzalez_abre_una_linea_conexion_entre_lezo_gurtel_69708_1012.html
EL JUEZ QUE INVESTIGA A IGNACIO GONZÁLEZ PIDE INFORMACIÓN DE UN PAGO DE 50.000
EUROS A BÁRCENAS
El magistrado del 'caso Lezo' ha reclamado, a petición de los fiscales, toda la
documentación enviada por Suiza al procedimiento de 'Gürtel' sobre las cuentas
de la empresa Frankford Trade Inc, que recibió 1,4 millones de OHL tras la
adjudicación del ferrocarril Móstoles-Navalcarnero con destino al expresidente
madrileño.
Los casos Lezo y Gürtel ya tienen un punto de unión. Eloy Velasco, el anterior
instructor del caso en el que se investiga al expresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, solicitó el 6 de abril a la Sección Segunda de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional "toda la documentación" que obra en el
sumario del caso de la trama encabezada por Francisco Correa sobre la firma
Frankford Trade INC, propietaria de la cuenta de una cuenta en Suiza en la que
la constructora OHL habría abonado la comisión de 1,4 millones de euros por la
adjudicación de la construcción de la línea de ferrocarril entre Móstoles y
Navalcarnero, según consta en un auto de 6 de abril al que ha tenido acceso
Vozpópuli.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, recibió
esta documentación de Suiza con la intención de esclarecer el motivo por la que
esta firma, propiedad del empresario Adrián de la Joya, había abonado 50.000
euros a la cuenta Obispado, cuyo titular era el extrabajador de la Tesorería del
PP Francisco Javier Yáñez, ya fallecido, que era padre del principal testaferro
de Bárcenas, Iván Yáñez.
Los movimientos bancarios remitidos por las autoridades del país helvético al
caso Gürtel, tal y como publicó este diario, acreditan que a finales de 2008, De
la Joya, expresidente de Telson y exvicepresidente de Avanzit, abonó a Yañez la
citada cuantía que era para el exgerente popular y ésta fue entregada a su vez a
Bárcenas, quien dio instrucción para que esos 50.000 euros se transfiriesen a la
cuenta abierta a nombre de su esposa Rosalía Iglesias en el Lombard Odier.
Los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Iañez Martínez reclamaron el pasado 6
de abril al magistrado Velasco que pidiera esta documentación que obra en el
sumario de Gürtel al considerar que la información de dichas cuentas "es
importante para avanzar en la línea de investigación vinculada al pago de
comisiones por la mercantil OHL, por la adjudicación del contrato para la
construcción y posterior concesión de la línea de ferrocarril entre Móstoles y
Navalcarnero".
Un escrito de Bárcenas
Pero los fiscales, en su petición, que fue atendida por completo por el juez
Velasco, reclamaban que además de los miles de documentos remitidos por las
autoridades helvéticas se solicitara "el testimonio de todos aquellos
particulares que legitimaron la solicitud de dicha información a Suiza, incluido
el escrito presentado por el Ministerio Fiscal de 6 de noviembre de 2014 que
despachaba el traslado del escrito en representación de Luis Bárcenas".
En noviembre de 2014, el juez Pablo Ruz cursó a Suiza una Comisión Rogatoria
para averiguar quién estaba detrás de la empresa Frankford Trade y cuál era el
origen del dinero. En la citada documentación se detallan cientos de entradas y
salidas de dinero de dicha mercantil perteneciente al matrimonio compuesto por
el empresario de la jet set Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y su esposa
Cristina Fernández Longoria, domiciliada en la Isla de Tórtola.
En su declaración como imputado, el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir
negó ante el juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, saber nada de un
supuesto pago de 1,4 millones de euros a Ignacio González por interceder para la
adjudicación a su empresa de la construcción del tren entre Navalcarnero y
Móstoles (Madrid).
Instrucciones a Trabada
Sin embargo, en unas anotaciones de Javier López Madrid que obran en la causa
figura que el yerno de Villar Mir, que trabajaba en OHL cuando la constructora
optaba al concurso, tendría que dar unas indicaciones a Jesús Trabada acerca "de
un tercero llamado Nacho", que podría referirse al expresidente madrileño.
Jesús Trabada era entonces el consejero delegado de la ahora desaparecida
empresa pública Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), encargada de
valorar los candidatos que optaban a la obra.
http://www.vozpopuli.com/espana/Ignacio-Gonzalez-Gurtel-informacion-pago-Barcenas-caso-Lezo_0_1064294687.html
EL
SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA, CAZADO CON IGNACIO GONZÁLEZ
Fernando Benzo, número dos de Íñigo Méndez de Vigo, se citó en junio de 2016 con
el ex presidente de la Comunidad de Madrid, encarcelado por el caso Lezo.
Cultura asegura que fue por motivos de "asesoramiento laboral".
Ese día no pidieron “el mejor gin-tonic del barrio de Salamanca”. Se quedaron en
un café largo en El Velázquez, un “moderno espacio con paredes de papel pintado”
con motivos vegetales. Son los que aparecen en el fondo de las fotografías
tomadas por la Guardia Civil durante la cita que mantuvieron, el siete de junio
de 2016, el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, con Ignacio
González.
El cabecilla de la operación Lezo, considerado por la Fiscalía Anticorrupción
como responsable de una organización criminal dedicada al cobro y blanqueo de
comisiones ilegales, estaba sometido a un fuerte dispositivo de vigilancia las
24 horas. Aquel día, a las 9:45, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL al
revisar los informes de la Guardia Civil obrantes en la investigación del caso,
Ignacio González mantuvo una reunión de una hora “con un individuo sin
identificar y que tras salir de la cafetería ocupó como pasajero el vehículo
marca Volvo modelo S60 de color verde”, con matrícula reservada por ser un coche
escolta. A la Guardia Civil le llamó la atención la cita lo suficiente como para
incluirla en los informes del caso.
Ese individuo sin identificar no es otro que el actual responsable de la gestión
de las cuentas de la Cultura en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
que dirige Íñigo Fernández de Vigo. Cuando se reunió con González en libertad,
Benzo era subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La mano
derecha de Méndez de Vigo, sobre todo, en asuntos educativos. Unos meses
después, en noviembre, sustituyó a José María Lassalle, en el cargo de máximo
gestor de las cuentas culturales públicas.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Cultura
para conocer el contenido de la cita, y aseguran que la cita fue para despejar
las dudas de González. "Quería saber cómo los funcionarios que habían estado a
su servicio podían volver a su puesto original en la administración", explican.
Una pregunta de asesoramiento laboral para recolocar a los hombres de confianza
del condenado, que se alargó durante una hora.
Cuando Benzo concede la cita a González en el restaurante mencionado, el que
fuera líder de los populares madrileños era un cadáver político, retirado como
candidato del PP a las Elecciones autonómicas de mayo de 2015. La sombra de su
fraude en el ático de Marbella era escandalosa y en marzo de 2016 fue imputado
por el juzgado de instrucción número 5 de Estepona (Málaga), por los delitos de
cohecho y blanqueo de capitales.
En medio del derrumbe de una de las figuras políticas más corruptas de la
historia de la democracia española, Benzo -que entre sus cargos destaca el de
asesor del Gabinete del Ministro del Interior durante cinco años y director del
Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad y secretario general Técnico-
decidió reunirse con el sospechoso número uno. De hecho, González limpió su casa
y su despacho de micrófonos en octubre, gracias a un soplo que le advirtió de la
situación de vigilancia total. Contrató a una agencia de detectives de confianza
para que barriera de escuchas su inmueble, en el número 89 de la calle Alcalá.
La conversación no ha trascendido, aunque González es marido de Lourdes Cavero,
dueña del 50% de la casa de subastas Segre -su socia, Carmen Cafranga, ha sido
condenada por las tarjetas 'black'- y Benzo podría haber incurrido en un
conflicto de intereses, por sus responsabilidades en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
https://www.elespanol.com/cultura/20170913/246475913_0.html
LA UCO CONCLUYE QUE INDRA DESVIÓ 600.000 EUROS PÚBLICOS AL PP CON EMPRESAS
PANTALLA
Los investigadores del caso Lezo descubren que la tecnológica del Ibex 35 pagó
presuntamente a proveedores electorales del Partido Popular por servicios
inexistentes
La presunta trama corrupta que lideraba Ignacio González y que se investiga en
la operación Lezo tiene una importante derivada que salpica a la multinacional
tecnológica española Indra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil ha concluido de forma preliminar que la compañía tuvo un papel decisivo en
la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, facilitando la entrada de
más de 600.000 euros en su caja B a través de una compleja red de empresas
instrumentales. La mecánica habría funcionado al menos entre 2011 y 2013, con
Javier Monzón aún al frente de Indra (dejó la presidencia en enero de 2015), y
supuestamente se alimentó con fondos que salieron del erario público mediante
adjudicaciones infladas.
Los agentes sitúan el origen de esta enésima red de dinero opaco del PP en el
ente público ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid), responsable de implantar y mantener los sistemas tecnológicos que
utiliza la Administración regional. Para cumplir con esa función, ICM
subcontrató a Indra trabajos por valor de 16,1 millones de euros en 2011, de
13,2 millones en 2012 y, por último, de 15 millones en 2013. Sin embargo, los
pinchazos telefónicos, los datos recabados durante la instrucción del caso
Púnica —donde también se investiga la caja B del PP de Madrid— y la declaración
de un antiguo directivo de ICM, Silvano Corujo, alertaron a la UCO de que el
valor real de esos servicios era muy inferior al pagado por el Ejecutivo
madrileño. La diferencia habría terminado en Génova.
La reconstrucción de las relaciones comerciales de Indra con empresas
proveedoras del PP ha confirmado esas sospechas, según recoge un informe de la
Guardia Civil del pasado 10 de abril al que ha tenido acceso este diario. El
dinero público de ICM se transfirió a Indra a través de las adjudicaciones y,
posteriormente, esta compañía participada por el Estado contrató una supuesta
firma de formación, Formaselect, que actuó como simple tapadera.
En 2012, por ejemplo, Indra pagó servicios a la sociedad por importe de 566.497
euros. La cifra constituye el 99,4% de todo lo que facturó en ese ejercicio
Formaselect, una mercantil propiedad del empresario Óscar Sánchez Moyano,
también investigado. En 2013, Indra se prestó a realizar la misma operación. Del
dinero en contratos que le adjudicó ICM ese año, al menos 121.000 euros
volvieron a salir rumbo a Formaselect, el 90,1% de lo que ingresó esa firma en
ese otro ejercicio. No hay ningún dato que avale que Indra recibió algún tipo de
prestación a cambio de esos pagos. De hecho, ni siquiera consta que Formaselect
haya tenido nunca algún empleado.
Los investigadores precisan que esa empresa instrumental se integraba en un
grupo mercantil controlado por Sánchez Moyano que prestó servicios al PP de
Madrid en las autonómicas de 2011. Una de las mercantiles de ese 'holding',
Troyano Marketing y Diseño SL, por ejemplo, facturó en esa campaña 200.069 euros
a los populares madrileños. En 2012, sin embargo, fue el PP nacional el que
contrató a otra empresa de ese grupo. En concreto, según las pesquisas de la
UCO, Génova abonó 10.043 euros en supuestos servicios de funcionamiento
ordinario a Braveheart SL, propiedad igualmente de Sánchez Moyano. Los
investigadores apuntan que el dinero abonado por Indra a Formaselect pudo servir
para cubrir trabajos realizados al PP por ese mismo grupo que nunca fueron
declarados por la formación.
La trama era aún más compleja. En la mayoría de ocasiones, el dinero de Indra no
fue directamente a Génova a través del 'holding' de Sánchez Moyano, sino que
intervino un segundo empresario para dificultar el rastreo de estas operaciones.
Se trata de Juan Miguel 'Juancho' Madoz Medina, dueño de la agencia de
publicidad Swat SL y otras mercantiles del sector como Pamaz Imagen SL, Strat
Map SL y The Cell Core SL. La UCO resume la operativa en dos esquemas
incorporados al sumario. En el año 2012, de los 13,2 millones que pagó ICM a
Indra, 566.497 euros salieron luego hacia Formaselect y, automáticamente, una
cifra casi idéntica, 562.400 euros, se movió de nuevo a Swat SL y el resto de
empresas del grupo. En el segundo esquema, correspondiente a 2013, los
investigadores reflejan que de los 15 millones abonados por ICM a Indra, la
cotizada movió 121.000 euros al grupo de Sánchez Moyano que, nuevamente, movió
esa misma cantidad al grupo de Juancho Madoz.
Las empresas de este último figuran como proveedoras del PP nacional. En 2011,
Génova pagó a Swat SL un total de 21.140 euros. En 2012, la cifra aumentó a
95.530 euros. Y, finalmente, en 2013 abonó otros 21.780 euros. Los expertos en
delitos económicos de la Guardia Civil sostienen que, en realidad, el valor de
los trabajos realizados por ese grupo para el PP también era mucho mayor y que
la diferencia se saldó con el dinero que llegó a esas mismas empresas a través
de Indra. En total, la compañía del Ibex 35 habría contribuido a que proveedores
de los populares recibieran de forma presuntamente irregular 687.497 euros que
salieron de ICM, es decir, de los presupuestos madrileños.
La UCO atribuye a Ignacio González un papel clave en esta trama. Considera que
fue el expresidente madrileño el que ordenó en 2012 al entonces consejero
delegado de ICM, José Martínez Nicolás, que adjudicara a Indra contratos
inflados para poder saldar las deudas que había contraído el PP de Madrid en las
elecciones autonómicas de 2011. El propio Martínez Nicolás, imputado ya en
Púnica por otro presunto desvío de fondos de ICM, también está investigado en
Lezo. Además, el informe implica al ex director general de Estrategia de Indra
Santiago Roura y al director de Procesos Electorales de la misma compañía, Jesús
Gil Ortega, entre otros.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-19/uco-concluye-indra-financio-pp-madrid-empresas-pantalla_1445621/
VILLAR MIR, INVESTIGADO POR EL SUPUESTO SOBORNO A IGNACIO GONZÁLEZ EN EL 'CASO
LEZO', SE OFRECE A COOPERAR
Los investigadores observan con cautela las maniobras de acercamiento del dueño
de OHL, figura clave para avanzar en las pesquisas sobre el presunto pago de 1,4
millones en Suiza a cambio del contrato que su empresa logró para el tren a
Navalcarnero
Imputado primero en los 'papeles de Bárcenas' por presunta financiación del PP,
luego en el caso balear de 'Son Espases', ya archivado para él, ahora en 'Lezo'
y con su yerno también bajo sospecha en 'Púnica', el empresario comienza a
tantear la posibilidad de un acuerdo
Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL e investigado sucesivamente por
presunta financiación del PP en distintas causas, ha lanzado un mensaje a los
investigadores de la Operación Lezo: dice estar dispuesto a cooperar con la
justicia. Fuentes del caso han confirmado que Villar Mir, quien declaró hace una
semana por una de las piezas de Lezo, ha transmitido en efecto ese propósito. El
conato de oferta ha sido recibido con máxima cautela. Y puede ser perfectamente
un brindis al sol, asegura una de las fuentes consultadas por infoLibre. Este
diario no logró localizar este viernes por la tarde al abogado de Villar Mir.
De ser cierta esa voluntad de cooperación, el testimonio del empresario podría
resultar clave para esclarecer uno de los episodios más graves que la Fiscalía
Anticorrupción y la UCO examinan en esta operación de largo alcance bajo la
batuta del juez Manuel García Castellón, que heredó de Eloy Velasco la
instrucción del caso antes del verano. Y ese episodio no es otro que el presunto
pago de un soborno de 1,4 millones que Ignacio González habría podido recibir en
Suiza en 2007 a cambio de que OHL resultara adjudicataria de uno de los grandes
proyectos de infraestructura del Gobierno de Madrid, la construcción del tren
Móstoles-Navalcarnero. En su declaración judicial del 12 de septiembre Villar
Mir negó de forma taxativa cualquier participación en ningún soborno. La
trayectoria de distintos grandes casos de corrupción de los últimos años indica
que la Fiscalía Anticorrupción solo se aviene a sellar los llamados acuerdos de
conformidad si el interesado en alcanzarlo ofrece información realmente valiosa.
Aunque lo sucedido con el pago de OHL en Suiza permanece envuelto en una densa
niebla, lo que a día de hoy parece fuera de duda es lo siguiente: que, en
efecto, OHL transfirió el dinero –la empresa así lo ha admitido pero niega que
hubiera en ello la menor ilegalidad– a una cuenta suiza abierta en el Anglo
Irish Bank de Ginebra a nombre de la sociedad panameña Lauryn Group. Esa
sociedad guarda relación con el empresario Adrián de la Joya, un conspicuo
miembro de la jet durante los años del cambio de siglo y fue constituida en el
país del istmo centroamericano por uno de los grandes bufetes especializados en
sociedades opacas, Igra. El trípode Anglo Irish Bank-Lauryn Group-Igra saltó a
la palestra en 2009 con la difusión del vídeo que unos detectives grabaron de
manera subrepticia durante un viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias
(Colombia) en el verano del año anterior.
Por lo que ha trascendido hasta el momento, De la Joya –que declaró en abril
como imputado en Lezo– declaró que Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel
Villar Mir e igualmente investigado en el caso, le transfirió el dinero para que
llegase a manos de Ignacio González. Pero que no efectuó ese traspaso porque OHL
le adeudaba ciertas cantidades por unos trabajos desarrollados por él mismo en
África, así que se quedó los fondos.
En uno de los primeros informes policiales sobre lo que luego se convirtió en la
Operación Lezo, y al repasar aquel viaje de Ignacio González a Cartagena de
Indias en agosto de 2008, la UCO hace constar la triple coincidencia –fecha
aproximada de creación, 2005; bufete que acometió los trámites, Igra; y
testaferro profesional, Harmodio Herrera– entre Lauryn Group y la fundación
panameña Sinequeanon, utilizada por Luis Bárcenas para ocultar pagos en Suiza.
No ha trascendido si esa serie de coincidencias son fruto estricto de la
casualidad o no, pero hay una cuarta.
Y esa cuarta coincidencia aparece en el escenario de la Operación Lezo: el 6 de
abril de este año, dos semanas antes del estallido del caso por el que Ignacio
González permanece desde entonces en prisión incondicional, los dos fiscales
encargados del caso pidieron al juez Eloy Velasco que reclamase al tribunal que
juzga la llamada Primera Época de Gürtel toda la información remitida por Suiza
sobre una cuenta abierta en el ABN Amro de Zurich a nombre de Frankford Trade
Inc., una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes. Y resulta no solo que
Frankford Trade pertenece a Adrián de la Joya sino que en 2008 transfirió 50.000
euros a una de las cuentas suizas del entorno de Bárcenas: Obispado,
oficialmente propiedad de Francisco José Yáñez, fallecido en 2014 y que durante
años había trabajado en la tesorería del PP.
¿Pertenece al campo de la casualidad que el mismo empresario que, según los
investigadores, tenía la misión de hacer de intermediario entre OHL e Ignacio
González, a quien la investigación atribuye no solo maniobras para enriquecerse
sino también para financiar al PP madrileño, aparezca en Gürtel con una
transferencia de 50.000 euros que, según aseguró él mismo a infoLibre en
diciembre, respondía a un simple préstamo altruista y nunca devuelto a un
histórico del equipo de Luis Bárcenas, Francisco Javier Yáñez? Este diario
carece de datos que puedan proporcionar una respuesta.
Varada desde 2010, la construcción de la línea Móstoles-Navalcarnero y la
hipotética comisión ilegal atribuida a OHL mantiene también en el pelotón de
investigados de la Operación Lezo a su yerno, Javier López Madrid, que ya estaba
imputado en Púnica. Amigo de los reyes, su nombre quedó reflejado en la agenda
de Francisco Granados junto a elevadas cantidades que la Guardia Civil y la
Fiscalía consideran pagos al PP.
Y si López Madrid aparece en la libreta del antiguo número 2 del PP de Madrid, a
quien tuvo como invitado en el yate que figuraba a nombre del empresario, el
nombre de su suegro, ministro postfranquista de Hacienda, es uno de los que
emergió tras conocerse los papeles de Bárcenas: los manuscritos del extesorero
del PP recogen tres supuestos pagos de OHL que suman más de medio millón y que
Villar Mir negó categóricamente cuando declaró como imputado por esa causa.
En abril, a punto de estallar la Operación Lezo, la Fiscalía Anticorrupción
pidió el sobreseimiento provisional de la imputación que pesaba sobre Villar Mir
en otras diligencias: el caso Son Espases, bautizado así por el mayor hospital
de Baleares y cuya adjudicación investigaba el juez José Castro. Antiguos altos
cargos del Govern balear declararon haber recibido órdenes del expresidente
Jaume Matas para adjudicar la obra a OHL, aunque eso no llegó a ocurrir. Las
informaciones que apuntaban a que Matas podía haber recibido instrucciones de la
sede central del PP para favorecer a OHL como donante del partido no han sido
corroboradas. En junio, el juez Castro dictó así el sobreseimiento provisional
para el empresario.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/16/villar_mir_investigado_por_supuesto_soborno_ignacio_gonzalez_caso_lezo_ofrece_cooperar_69583_1012.html
EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA LOS SOBORNOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Pablo González, hermano del ex presidente madrileño Ignacio González, saliendo
del cuartel de la Guardia Civil el pasado 21 de abril.
Admite mordidas por el campo de golf del Canal de Isabel II y acusa a Rodríguez
Sobrino de "funcionar a golpe de comisión"
Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González, ha admitido ante la Audiencia Nacional la existencia del cobro de
comisiones ilegales en varios contratos públicos de la Administración regional.
Entre ellos, la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel
II, en pleno centro de la capital, una operación en la que admite haber
participado.
Según González, que se encuentra en libertad bajo fianza desde el pasado mes de
julio y a cuya declaración ha tenido acceso EL MUNDO, él mismo intervino en el
cobro de comisiones a través de sus empresas a cambio de la adjudicación de la
referida instalación deportiva. Los pagos, señaló, fueron realizados como
«agradecimiento» por parte de la empresa adjudicataria, Dragados, a cambio de
«gestiones realizadas con funcionarios de la Comunidad de Madrid».
Siempre según su testimonio, los fondos fueron pagados a una sociedad
participada con él, Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, y entregados acto
seguido a terceros, entre los que apuntó a Edmundo Rodríguez Sobrino, ex
responsable del Canal en Latinoamérica. «Él pudo ser uno de los beneficiarios»,
señaló en su declaración, al tiempo que dijo desconocer la identidad del resto.
En esta operativa no implicó a su hermano Ignacio, que era vicepresidente de la
Comunidad de Madrid y responsable del Canal cuando se construyó el campo, de
quien afirmó que no le consta que participara en ilegalidad alguna en este
asunto.
Detalla el pago por "gestiones en la Comunidad" a cambio del contrato
No obstante, admitió que él sí se acabó quedando una parte de esas «comisiones
de agradecimiento». No porque realizara gestión alguna para conseguir el negocio
con cargos públicos, se encargó de matizar, sino por sus labores de
intermediación. Es decir, por ceder su sociedad para la operación. Pero también,
dijo, en concepto de «trabajos que se le adeudaban» y que le fueron abonados con
cargo a estos fondos. Por ello aseguró haber percibido «una cantidad próxima
pero inferior a 100.000 euros» que le fue entregada en metálico después de que
el administrador de la sociedad sacara el dinero de la entidad bancaria.
Pablo González tomó la decisión de colaborar con la Justicia poco antes de
abandonar la prisión de Soto del Real hace dos meses y extendió su confesión a
otras operaciones vinculadas con la Comunidad de Madrid.
Esta confesión no es la primera que tiene lugar en el caso Lezo. Estuvo
precedida por la de Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue adelantada por EL MUNDO.
Dice que participó en la operación al ceder una sociedad y que cobró por ello
En su comparecencia, el ex consejero del diario La Razón admitió abiertamente
haber percibido un soborno de 2,7 millones de euros mediante dos sociedades
suizas bajo su control en el marco de la compra de la sociedad brasileña Emissao
por parte del Canal de Isabel II. Una operación en la que los investigadores
sostienen que medió un importante sobreprecio, que ha sido confirmado por este
imputado, al que el juez mantiene todavía en prisión aunque separado de González
en un centro penitenciario distinto.
Siempre según Sobrino, el dinero del soborno de Emissao se dividió en tres lotes
de 900.000 euros: uno para él, otro para el ex delegado del Gobierno en Ceuta
Vicente Moro y el tercero para Ignacio González. Con respecto a este último
indicó que el dinero nunca fue retirado por el ex presidente madrileño aunque lo
mantuvo intacto «a su disposición». Un extremo que el ex presidente González
niega tajantemente y asocia a un intento de Rodríguez Sobrino por salvar a toda
costa a su hija, imputada también en el caso Lezo.
Anticorrupción ha exigido tanto a González como a Rodríguez Sobrino que
documenten sus afirmaciones para que les sean aplicados los atenuantes de
confesión.
Este periódico se puso en contacto con la defensa de González, representada por
el letrado Juan Alberto Díaz, que no quiso hacer declaraciones.
Compra de Emissao
Confirma las comisiones de Sobrino y sus testaferros
González también ha confesado comisiones a nivel internacional en operaciones
llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid. En este sentido volvió a señalar,
esta vez de manera mucho más contundente, al ex responsable de la empresa de
aguas madrileña en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, al que acusó de
percibir comisiones ilícitas en la compra por parte del Canal de Isabel II de la
empresa brasileña Emissao. Llegó a señalar incluso al brasileño Sebastiao
Cristovam, que hizo de agente en la operación, como su testaferro. «Edmundo
funcionaba a golpe de comisión en el extranjero», declaró al juez.
Actividad de Mercasa
Revela los sobornos por el mercado angoleño de Luanda
Pablo González ha decidido colaborar también en la investigación judicial
abierta en torno a las irregularidades de la empresa pública Mercasa. Con
respecto a esta entidad, en la que ocupó el puesto de consejero, ha detallado el
pago de comisiones a funcionarios angoleños a cambio de la construcción de un
mercado en Luanda y ha implicado en la trama a otros responsables de la empresa
pública y al prófugo de la justicia española Guillermo Taveira. En este sentido
el hermano del ex líder popular madrileño ha relatado que llegó a elaborar un
informe interno denunciando la corrupción existente.
Trabajos inexistentes
Reconoció servicios fantasma para encubrir las comisiones
La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en los cobros de sociedades
vinculadas a Pablo González, como Tecnoconcret o Asesora 25 -en la primera es
accionista y en la segunda, apoderado- procedentes de constructoras como
empresas como Dragados o Urbaser. Los investigadores han detectado pagos de
importantes cantidades que consideran que no corresponden a servicio profesional
alguno. Este extremo ha sido confirmado por el hermano del ex presidente
madrileño, que ha reconocido que lo que él denomina «comisiones de
agradecimiento» fueron camufladas como trabajos fantasma.
https://amp.elmundo.es/espana/2017/09/23/59c56fcc46163f79048b462d.html
IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ EN FALSO SERVICIOS JURÍDICOS A UNA VIUDA AMIGA
La UCO defiende que los conceptos reflejados no se corresponden con la realidad
y esconden una operativa de blanqueo entre personas del círculo más estrecho de
González
El sumario de la operación Lezo desvela nuevos detalles del sistema de
facturación "triangular" presuntamente falsa que se les imputa al expresidente
de la Comunidad de Madrid y a otros investigados en el marco de la trama de
blanqueo de capitales. Durante la declaración ante la Guardia Civil de uno de
los participantes en estos pagos cruzados bajo sospecha, el abogado y
exsecretario de Estado de Industria y Energía José Manuel Serra Peris intentó
justificar dos transferencias por un importe superior a los 40.000 euros que
realizó a González con la explicación de que se le abonaron por su labor de
asesoramiento a la viuda de un amigo.
La facturación a tres bandas bajo sospecha implica, además, al empresario Jaime
Antoñanzas, administrador de la sociedad Comunica +A Agencia de Publicidad, y
también imputado en la causa. Según la teoría de la Unidad Central Operativa
(UCO), los conceptos reflejados no se corresponden con la realidad y esconden
una operativa de blanqueo entre personas del círculo más estrecho de González.
Los lazos entre Serra Peris y el expresidente madrileño se remontan a 1996,
cuando se conocieron porque coincidían en la comisión de secretarios de Estado y
subsecretarios de los ministerios respectivos en los que trabajaban por aquel
entonces. Se sentaron codo con codo durante cuatro años y fueron haciendo
amistad. Después de aquello, siguieron manteniendo una relación personal y, con
motivo del nombramiento de González como vicepresidente de la CAM, su amigo
accedió al consejo de administración del Canal.
Por su vinculación con el Canal de Isabel II, el excargo del Gobierno de Aznar
se encuentra en el centro de la pesquisas sobre presuntas irregularidades
relacionadas con la compra de la brasileña Emissao y el desvío de comisiones que
fueron a parar a los bolsillos del cabecilla de la red y sus colaboradores. La
UCO detectó que una de sus empresas, Asecon, mantuvo una doble facturación
durante el año 2016 con González y con la empresa de Antoñanzas Brothers
Comunica.
Durante el interrogatorio, Serra Peris trató de justificar estas facturas y
explicó que prestó de forma conjunta con su amigo servicios de asesoramiento,
redacción de un protocolo familiar y transmisión de acciones para modificar los
porcentajes del grupo de los Antoñanzas tras la muerte de uno de los hermanos,
Pablo. Tras reconocer que no firmó con el expresidente madrileño contrato alguno
por esta "colaboración", explicó a los agentes que el fallecido era amigo íntimo
de Ignacio González, que mantenía "muy buena interlocución con su viuda", y
prefería que fuera él quien se ocupara.
Los agentes preguntaron por los motivos que le llevaron a facturar a Brothers
Comunica de forma directa y, después, abonar su parte a González en otras dos
facturas, a lo que el imputado contestó que al predecesor de Cristina Cifuentes
en la CAM le faltaba "práctica en el ejercicio de la abogacía y solicitó su
ayuda para que le orientara". A continuación, precisó que su empresa, Asecon,
tenía contrato con los Antoñanzas para la prestación de este servicio. En 'emails'
intervenidos durante la operación Lezo, Serra le indica a González cómo facturar
los servicios y le dice: "Nacho, no te líes, la factura me la tienes que enviar
tú a mí".
Durante el interrogatorio, los agentes preguntaron también a Serra Peris si
facilitó información al hombre fuerte de la trama en Sudamérica, Edmundo
Rodríguez Sobrino, sobre la petición de datos formulada por la Fiscalía española
a la Fiscalía suiza ante las sospechas de la UCO de que fue una de las personas
que alertaron de que había una investigación en marcha. El investigado aseguró
que no conocía estos contactos y no le informó "de nada", aunque sí le contó que
se había interpuesto una denuncia por parte del Canal.
La UCO reflejó en el acta previa a la toma de declaración que había quedado
evidenciado que el interrogado participó "en presuntas prácticas de blanqueo de
capitales en favor de Ignacio González a través de la empresa Comunica Más A", y
que intermedió en una facturación triangular "sobre la que se han recabado
numerosos indicios que apuntan a que sería ficticia". También la mujer de
González, Lourdes Cavero, recibió retribuciones de las empresas de los
Antoñanzas, añadía la Guardia Civil, que precisaba: "El objetivo era justificar
ingresos y aflorar dinero en efectivo de origen indeterminado".
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-20/lezo-ignacio-gonzalez-viuda-facturacion-negro_1446221/
CIFUENTES DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE GONZÁLEZ, SIN NOMBRARLE
La Presidenta madrileña cree que cualquier persona, incluso "el peor asesino"
merece la presunción de inocencia
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha subrayado hoy
que al exjefe del Ejecutivo autonómico Ignacio González "se le tiene que
aplicar" la presunción de inocencia, "porque así lo dice el Estado de derecho",
aunque no ha querido mencionar su nombre, como ya viene ocurriendo desde que
ingresase en prisión preventiva en el mes de abril.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno,
Cifuentes se ha referido así a su antecesor en la Presidencia regional, a quien
la Audiencia Nacional decidió el pasado 25 de agosto mantener en prisión
imputado en el caso Lezo porque maneja una "ingente cantidad de fondos de origen
delictivo" y a medida que avanza la investigación se van afianzando las pruebas
contra él.
"La presunción de inocencia es un asunto que no está en discusión por parte de
nadie", ha respondido Cifuentes al ser preguntada por si confía en la inocencia
de González después de que, como hoy publica el diario El Mundo, Edmundo
Rodríguez Sobrino, hombre fuerte del expresidente madrileño en Latinoamérica,
haya tirado de la manta, al confesar al juez que cobraron comisiones en Suiza.
La presidenta madrileña ha resaltado "la colaboración total y absoluta" de la
Comunidad y el Gobierno regional con la Justicia.
En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico está personado en el
caso Lezo como acusación particular y que defenderá el interés general de los
madrileños que haya podido verse perjudicado por la acción de determinadas
personas que deben ser juzgadas.
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/05/radio_madrid/1504620922_554592.html
EL PADRE DE IGNACIO GONZÁLEZ Y LA HIJA DE EDMUNDO RODRÍGUEZ, LOS PRIMEROS DE LOS
51 INVESTIGADOS EN DECLARAR
La Fiscalía afirma que la hija de Rodríguez ayudó a su padre a blanquear dinero,
y que el expresidente Madrileño utilizó a su padre con el mismo fin
Estaba previsto que las declaraciones comenzaran el 12 de septiembre, pero se
han adelantado por motivos de salud: el padre de González es nonagenario y la
hija de Rodríguez en avanzado estado de embarazo
El padre del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y la hija
del presidente de Inassa, filial del Canal Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino,
han declarado este martes ante el juez instructor de la Audiencia Nacional
Manuel García Castellón, en el marco de la 'operación Lezo'. Son los primeros de
los 51 investigados en la causa en comparecer ante el magistrado.
La ronda de declaraciones estaba prevista que comenzase el próximo martes, día
12 de septiembre; pero su inicio se ha adelantado a este martes a petición de
los familiares del expresidente regional y de su hombre fuerte en los negocios
en Latinoamérica por motivos de salud, según han hecho saber fuentes jurídicas,
de lo que se hace eco Europa Press.
El padre de González, Pablo González Liberal, tiene una avanzada edad y la hija
de Edmundo Rodríguez, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, está embarazada en
avanzado estado.
El anterior juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que
comenzó a investigar la causa, imputó a un total de 68 personas y citó a
declarar a 51 de ellas, entre las que se encuentran el expresidente de OHL Juan
Miguel Villar Mir; el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez; la esposa de
Ignacio González, Lourdes Cavero; las sobrinas de ésta y el propietario de la
empresa Licuas, Joaquín Molpeceres.
El interrogatorio a Rodríguez, previamente citada a declarar el día 22 de
septiembre, guarda relación a la pieza principal del caso Lezo —inicialmente
compuesto por seis piezas, aunque la última de ellas relativa a Mercasa fue
remitida al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional que ya investigaba
a esta empresa— que estudia la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II
con las adquisiciones con desvío de dinero público de Inassa y Emissao.
Manipulación de contratos
El auto del juez Velasco explica que Rodríguez Sobrino pagó sobornos a cargos
públicos y funcionarios de Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para
"manipular" la obtención de contratos para Inassa. Unos contratos que habrían
multiplicado el patrimonio "oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito"
que se le ha descubierto tanto en Inglaterra como en Colombia y República
Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.
También, se investiga a la hija del presidente de Inassa por los hechos
relativos de la pieza número 5 sobre los delitos de blanqueo de capitales. La
Fiscalía afirma que Rodríguez Sobrino, con la ayuda de su hija, se sirvió de un
entramado societario para blanquear el dinero obtenido.
Por esta pieza también ha sido llamado a declarar Pablo González Liberal, padre
del expresidente madrileño y uno de los principales acusados en la 'operación
Lezo' —en libertad tras pagar una fianza de 200.000 euros—, y que en un
principio le tocaba comparecer el 15 de octubre. Según la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ignacio González blanqueó dinero utilizando
a su nonagenario padre.
Ignacio González y Edmundo Rodríguez llevan en prisión incondicional desde el
pasado 21 de abril cuando el juez Velasco decretó su ingreso en la cárcel por
los presuntos delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo,
falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/06/el_padre_ignacio_gonzalez_hija_edmundo_rodriguez_los_primeros_los_investigados_declarar_69241_1012.html
DOBLE VARA DE MEDIR DE CIFUENTES: ABOGADOS PRIVADOS PARA LEZO Y LA PÚNICA, LA
DEJA EN CASA
¿Por qué la Comunidad de Madrid, personada en ambas causas, actúa de forma
diferente? El consejero Jaime González Taboada, cercado por la Fiscalía por su
actuación en Arpegio, podría ser la clave
La Comunidad de Madrid está personada en las dos grandes causas de corrupción
que afectan al PP madrileño: los casos Púnica y Lezo. Tramas diferentes, pero
con una significativa coincidencia en el modus operandi. Ambas utilizaron una
empresa pública para sus corruptelas: Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio),
en la Púnica, y el Canal de Isabel II, en la Lezo. Sin embargo, resulta
llamativa la doble vara de medir que aplican estas empresas -y en última
instancia la Comunidad de Madrid, de la que dependen- en su estrategia para
defender, supuestamente, los intereses públicos.
Mientras el Canal de Isabel II busca un abogado privado que defienda sus
intereses en la Audiencia Nacional, Nueva Arpegio deja este asunto en manos de
los abogados de la Comunidad de Madrid.
El pasado 21 de junio Nueva Arpegio decidió personarse en el caso Púnica y que
fueran los servicios jurídicos de la Comunidad los que la representasen. El
consejero de Medio Ambiente y mano derecha de Cristina Cifuentes, Jaime
GonzálezTaboada, sobre el que crecen las sospechas en relación a este caso de
corrupción, como presidente del Consejo de Administración de Nuevo Arpegio, es
quien firma el acuerdo.
Para rizar el rizo, Ángel Garrido, el consejero de Presidencia, Justicia,
portavoz del Gobierno regional y también presidente del Canal de Isabel II, es
la persona que firma el convenio entre la Comunidad de Madrid y Nuevo Arpegio
para la prestación de dichos servicios jurídicos. ¿Por qué no aplica al Canal de
Isabel II la misma solución?
La clave podría estar en González Taboada, que se libró de la imputación del
juez Velasco gracias a su aforamiento por ser diputado en la Asamblea de Madrid.
Es el único miembro de la mesa de contratación del Plan Prisma, a través del
cual se desviaron supuestamente fondos, que no está siendo investigado por la
Audiencia Nacional.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sí le pone en el punto de mira al
reclamar a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó
a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid
en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la
Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”.
El consejero madrileño tuvo que comparecer ante la comisión de investigación de
corrupción de la Asamblea de Madrid para explicar la desaparición de unos
contratos suscritos por Arpegio, de los que dijo no saber absolutamente nada
porque "nunca" pasaron por sus manos. "Nunca estuve en esa mesa de contratación
porque no era miembro de esa mesa de contratación", dijo entonces.
Cristina Cifuentes tendría muy complicado proteger a su número tres si también
hubiera privatizado la acusación popular en este caso. Mejor en manos de los
letrados de casa que un despacho externo. En el caso Lezo no hay problema ya que
tiene a Ignacio González para cargar con todas las culpas. Lo dejó muy claro el
día de la Comunidad de Madrid, cuando en su mensaje institucional proclamó,
justo después del estallido de la Lezo que el "tiempo de los corruptos" había
llegado a su fin en Madrid. Pese a que se erigió en la abanderada de la
"regeneración", las maniobras de los suyos para controlar, en la medida de lo
posible la justicia, cuestionan la sinceridad de sus proclamas.
http://www.elplural.com/politica/2017/08/16/doble-vara-de-medir-de-cifuentes-abogados-privados-para-lezo-y-la-punica-la-deja
EL JUEZ DE LEZO ESCUCHARÁ AL TESTIGO CLAVE DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
DE MADRID
Citará a Silvano Corujo, que declaró ante la UCO sobre las maniobras de González
para desviar un millón de euros en contratos de una empresa pública
El testigo clave de la financiación irregular del PP de Madrid de la que se
acusa al cabecilla de la trama Lezo, Ignacio González, y sus más estrechos
colaboradores declarará en la Audiencia Nacional. El juez ha aceptado
interrogarle en relación al desvío de fondos de una empresa pública a la caja B
del PP madrileño por un valor total de un millón de euros. El dinero, que habría
servido para "pagar deudas" de la formación, salió de la Agencia para la
Administración Digital, antigua Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).
El juez ha aceptado la petición de uno de los principales imputados en esta
pieza, el exdirector del organismo José Martínez Nicolás, para que escuche al
que fuera su principal colaborador en el ente, el exdirectivo de ICM Silvano
Corujo, cuyo testimonio ante la Fiscalía Anticorrupción marcó el origen de las
pesquisas. Según una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial,
esperará para fijar una fecha a que finalice el análisis de la documentación
incautada en los registros. La declaración se considera fundamental para
"esclarecer" lo sucedido, agrega el escrito.
Como "testigo privilegiado de los hechos", Corujo desveló las presiones de
González sobre su antiguo jefe para lograr que se desviara un millón de euros
que se destinaría a sanear las cuentas del partido en Madrid. Fue citado como
testigo a raíz de una denuncia sobre estos hechos presentada por UPyD y concretó
ya entonces que González utilizó presuntamente su influencia sobre ICM para
adjudicar contratos de dos empresas privadas, Indra y Pwc, por importes muy
superiores al coste real de los servicios. Con la diferencia, las adjudicatarias
abonaron facturas de proveedores del PP regional falsificando los conceptos
mercantiles. La mayoría de esas facturas se correspondía con gastos de campañas
electorales de la primera planta de Génova.
Según explicó el juez Eloy Velasco, entonces instructor del caso, en el auto en
el que ordenó el ingreso en prisión de Ignacio González, este, como secretario
general del PP madrileño, le pidió a Martínez Nicolás el famoso millón en una
reunión celebrada el 7 de junio de 2012. Corujo no asistió a la reunión, pero
conoció su contenido gracias a la estrecha relación que le unía por aquel
entonces con su jefe. Además, formaba parte de todas las mesas de contratación
de la agencia informática.
Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado registraron las oficinas
de ese ente público en el marco de la operación Lezo y se llevaron los
contratos. También acudieron a las compañías que habrían colaborado en el
fraude. La principal investigada es la multinacional tecnológica española Indra,
participada mayoritariamente por el Estado (22%). En 2006, ICM adjudicó a Indra
un contrato de 16,1 millones de euros para prestar asistencia informática a los
funcionarios de la Comunidad de Madrid. En 2007, el mismo organismo concedió a
Indra otro encargo para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
informáticas que ascendió a 13,5 millones. Y en 2010, ICM volvió a confiar en la
misma compañía de telecomunicaciones para implantar la plataforma de gestión
académica de la comunidad por un importe de 15,8 millones.
Las licitaciones de Indra
Las licitaciones de ICM siguieron engrosando la cuenta de resultados de Indra
durante los siguientes años. La UCO rastrea esas adjudicaciones y también otras
que específicamente tenían como objetivo el procesamiento y la difusión de los
datos de las elecciones autonómicas. En los comicios de 2007, Indra asumió ese
servicio por 1,2 millones. Volvió a hacerlo en las elecciones de 2011 por 2,9
millones de euros. Y en las elecciones de 2015, ICM destinó otros 4,5 millones
para Indra, pero finalmente se anuló el concurso y la Comunidad de Madrid firmó
un convenio con el Ministerio del Interior para ceder el recuento de esos
comicios.
ICM e Indra ya habían sido investigadas en Púnica por el juez Velasco,
precisamente por haberse concertado para pagar servicios de reputación 'online'
de Ignacio González. Los investigadores acreditaron en ese procedimiento un pago
de 10.000 euros con dinero en efectivo no declarado. Por esos hechos fueron
imputados el propio Martínez Nicolás y dos directivos de la empresa tecnológica,
Santiago Roura y Javier de Andrés. Se da la circunstancia de que este último es
marido de la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda
Richmond, detenida e imputada también en la operación Lezo por haber autorizado
operaciones ruinosas de la empresa pública del agua en Sudamérica que
presuntamente fueron utilizadas por González para desviar 23 millones de euros.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-29/lezo-financiacion-irregular-pp-madrid-testigo-clave_1433938/
UN EMPRESARIO AMIGO DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ 139 MILLONES AL CANAL
La Guardia Civil rastrea en el extranjero al ex presidente y a su tesfaferro en
busca de los 19 millones en comisiones de la venta de Emissao
Los agentes de la UCO de la Guardia Civil investigan si hubo delitos en la
relación entre el ex presidente de Madrid Ignacio González y el empresario
Joaquín Molpeceres. Hay grabaciones en las que Ignacio González se ofrece al
empresario como conseguidor de contratas y favores ante la Comunidad de Madrid.
Y denotan una estrecha amistad entre ambos. Los agentes de la UCO investigan si
tal relación unió a ambos accionariamente en algún momento y en alguna sociedad.
Y si Molpeceres le pagó comisiones por contratas públicas cuando era presidente
de la Comunidad de Madrid, ante "las evidencias" de que existió un trato
beneficioso y reiterado del expresidente al empresario, que figura imputado en
el caso Lezo.
La UCO, con información de Hacienda, ha descubierto que entre 2006 y 2016,
Licuas, la empresa que preside Molpeceres, recibió en contratas, sólo del Canal,
y por orden de la Comunidad, casi 139 millones de euros, según un informe al que
ha tenido acceso EL PAÍS. En 2014, por ejemplo, un 50% de la facturación de
Licuas procedía de un organismo público, el Canal de Isabel II, controlado por
Ignacio González. La facturación se incrementó todavía más cuando González
asumió en 2012 la máxima jefatura del Canal, siendo además vicepresidente del
Gobierno de Esperanza Aguirre. Las conversaciones entre ambos muestran que
González intercedió ante cargos públicos de la Comunidad, sobre los que antes él
había mandado, para que desbloquearan asuntos del empresario.
En 2014, un 50% de la facturación de Licuas, la empresa de Molpeceres, procedió
del Canal de Isabel II
Las pesquisas se están centrando en los contratos que tuvo la filial colombiana
de Licuas del entramado de firmas filiales del Canal en América. Molpeceres
tiene cuentas en Suiza, en el Credit Suisses AG, según la investigación. En
2016, ambos viajaron juntos a los festejos de San Sebastián. Y hay una grabación
en la que hablan de “temas societarios y financieros en los que ambos parecen
compartir intereses”, destaca la UCO. “El gran volumen de facturación entre
Licuas y el Canal, el interés de los hermanos González en participar en una
operación de compra de la firma Urbaser a través de Molpeceres y las influencias
que utiliza Ignacio González en favor del empresario" llevan a la UCO a pensar
que ambos han compartido intereses económicos.
La Audiencia Nacional ha desestimado por tres veces las peticiones de libertad
provisional de Ignacio González, que ha alegado problemas de salud y que no
piensa huir ni destruir pruebas, porque tiene la convicción de que el ex
presidente de Madrid oculta aún muchos millones de los saqueados a las arcas
públicas madrileñas. También sigue preso su principal testaferro, Edmundo
Rodríguez Sobrino. Ambos esconden al menos 19 millones en el extranjero, según
se desprende de las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil. Y otros tres ”en
dinerillo B” que la Guardia Civil calcula oculta el ex presidente en España. Los
investigadores tiene fijada especialmente su lupa en Hong Kong, Brasil,
Colombia, isla de Jersey, Luxemburgo y Estados Unidos. El “dinerillo B” de
González procede supuestamente de comisiones derivadas, entre otros turbios
negocios, de la construcción y explotación del Campo de Golf que levantó por 40
millones de euros el Canal de Isabel II en unos costosos terrenos de su
propiedad sitos en el madrileño barrio de Chamberí.
Campo de golf
La explotación del Campo de Golf, que años después el Tribunal Supremo ordenó
derribar por ser contraria la instalación al ordenamiento urbanístico de Madrid,
acabó en manos de su cuñado y de su hermano Pablo González, merced a la
mediación en la sombra del ex presidente. Los 19 millones en comisiones que
busca la UCO procederían del pelotazo por la compra de la firma brasileña
Emissao, por la que el Canal pagó casi cinco veces más (unos 25 millones de
euros) de lo que realmente valía, apenas 5,5 millones. Casi 16 millones salieron
de Brasil con destino a Suiza. Operación de la que Ignacio González estaba
“absolutamente informado”, según detalla en las grabaciones Edmundo Rodríguez
Sobrino, el urdidor de la compra de Emissao en nombre del Canal. Era su jefe en
América, y está considerado el principal testaferro del ex presidente.
Los papeles de Panamá revelaron que Edmundo Rodríguez Sobrino tiene tres cuentas
en Hong Kong, dos ellas compartidas con otro interviniente en la compra de
Emissao, Ignasi Maestre. Edmundo Rodríguez ha manifestado que tales cuentas son
en realidad del dueño del 23% de las acciones del periódico La Razón, a quien
dice representar en España. La hija de Edmundo Rodríguez tiene cuentas en Jersey
y un amplio capital inmobiliario en varios países, según la investigación. En
las grabaciones, Edmundo Rodríguez reconoce ser acreedor de delitos fiscales,
pero rechaza que se le puedan atribuir los otros siete que le imputa el juez.
Los agentes tienen fotografiados al menos cinco encuentros secretos entre
Edmundo Rodríguez e Ignacio González, que se sabían vigilados.
Edmundo Rodríguez Sobrino tiene tres cuentas en Hong Kong, dos ellas
compartidas con otro interviniente en la fraudulenta compra de Emissao, Ignasi
Maestre
En busca del dinero que oculta en el extranjero, la UCO indaga las relaciones
del ex presidente madrileño y del ex ministro Eduardo Zaplana con el abogado
uruguayo Fernando Belhot, especialista en montar estructuras financieras en
paraísos fiscales. “Lo que también estuve hablando”, cuenta en una grabación
González a Zaplana, en alusión a Belhot, “…porque él me dice que está
especializado en los temas de montar estructuras financiera (…) es una
estructura fundamentalmente financiera, eh, para ofertar, pues, los sitios donde
fiscalmente es mejor para las empresas, en Uruguay, en Holanda y en Estados
Unidos, o sea, que yo creo que tiene ahí toda una estructura para poder ir… mm,
dar cobertura en todos estos sitios a los clientes”. Y añade: “Yo le he dicho,
oye tú, que montas estructuras financieras, que tienes gente y tal, oye no
podemos montarnos alguna historia para canalizar algún tipo de inversión a
medio, largo plazo… o invirtiendo capital”. Zaplana ha asegurado a este
periódico que nunca ha tenido ningún negocio con González ni participado en
sociedad alguna con él.
Cuando registraron su despacho en la calle de Alcalá y sus viviendas, los
agentes buscaban con afán el “dinerillo B” de Ignacio González. Pero no hallaron
nada, pese a las evidencias de que utilizaba a su padre, Pablo González Liberal,
y a su hermano Pablo, para aflorar dinero con el que ir pagando los gastos del
despacho jurídico, apenas tenía clientes, y de sus casas. Ignacio González lleva
casi cuatro meses en prisión.
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/11/actualidad/1502413549_176251.html
EL 'NÚMERO DOS' DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA AL JUEZ EL COBRO DE COMISIONES EN
SUIZA
El hombre fuerte de Ignacio González al frente del Canal de Isabel II en
Latinoamérica ha confesado el cobro de comisiones en Suiza. Edmundo Rodríguez
Sobrino ha admitido a los investigadores que se infló el precio de la compra de
la empresa brasileña Emissao a cambio de una importante comisión. Precisa que la
parte correspondiente a González fue ingresada en una cuenta independiente y
acaba de aportar documentos.La mano derecha de Ignacio González le ha implicado
en el cobro de comisiones ilegales en Suiza por compras millonarias realizadas a
través del Canal de Isabel II. Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable de la
empresa pública de aguas madrileña en Latinoamérica, prestó declaración de forma
voluntaria el pasado mes de julio ante el magistrado Manuel García Castellón y
ha venido revelando desde entonces datos a los investigadores sobre el
funcionamiento de la trama, tal y como ha podido acreditar EL MUNDO.
Afirma que percibió su parte y reservó la de González en otra cuenta
independiente
Su relato se concentra en el supuesto plan urdido por el ex presidente de la
Comunidad de Madrid para lucrarse mediante la adquisición por más de 20 millones
de euros públicos, en el año 2013, de la empresa brasileña Emissao. Según el
testimonio de Rodríguez Sobrino, considerado por la Fiscalía Anticorrupción como
testaferro del ex alto cargo popular, González ordenó abonar un sobreprecio por
la entidad brasileña a cambio de una comisión que fue percibida en Suiza. En
esta misma línea, Rodríguez Sobrino, que se encuentra actualmente en prisión, se
incriminó y admitió no sólo haber participado en la operación para inflar el
precio, sino que confesó haber recibido la totalidad del soborno a través de una
sociedad en el país helvético. Siempre según los datos que ha facilitado a los
investigadores, a los que ha tenido acceso este periódico a través de fuentes de
las pesquisas, dividió la comisión ilegal obtenida por la compra en dos partes
que ingresó acto seguido en dos depósitos bancarios diferentes. Esto explica, en
palabras del ex responsable de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en
Latinoamérica, que dejase al margen la parte reservada para González. No
obstante, Rodríguez Sobrino ha recalcado que la comisión que supuestamente
correspondería a González nunca se le llegó a entregar y que permaneció desde
entonces en dicho depósito bancario «a su disposición».
Precisa que el ex líder del PP de Madrid nunca llegó a sacar el dinero del banco
A pesar de que la empresa brasileña fue adquirida por más de 20 millones de
euros, su valor contable un año después ascendió a apenas cinco, lo que se
considera una prueba evidente del sobreprecio abonado por parte de la Comunidad
de Madrid.
Las mismas fuentes precisan que se ha establecido una línea de colaboración con
Rodríguez Sobrino y que confían en que próximamente documente todas y cada una
de sus afirmaciones para otorgarles veracidad.
El ex directivo del Canal de Isabel II y ex consejero del diario La Razón negó,
sin embargo, compartir otros negocios con González así como haber actuado como
testaferro del ex presidente madrileño en otras operaciones. Con esta
colaboración, Rodríguez Sobrino intenta que el juez García Castellón le dispense
un trato favorable aplicándole atenuantes y que éstos se extiendan a su hija,
también investigada en la operación Lezo como supuesta testaferro de su padre y
que se espera que próximamente aporte nuevos datos sobre la trama. La situación
procesal de Rodríguez Sobrino y de su hija se ha complicado durante los últimos
meses después de que fueran incautados 260.000 euros en metálico durante el
registro de su domicilio en Colombia. Cabe recordar que el juez Eloy Velasco,
que fue el primer instructor de la denominada operación Lezo, ordenó el ingreso
en prisión incondicional de González y Rodríguez Sobrino el pasado mes de abril
basándose, entre otras cuestiones, en la operación de Emissao.
En el auto mediante el que ordenaba los encarcelamientos recalcaba que la
operación estuvo repleta de «irregularidades», que se materializó «en contra de
la opinión de auditores independientes» y que mediaron en ella «comisiones
prohibidas». Dicha compra se articuló, además, «sin informes de secretarios
técnicos ni interventores ni la autorización de la Consejería de Hacienda» de la
Comunidad de Madrid. E indicó que para materializar la adquisición se emplearon
sociedades instrumentales que desviaban fondos a cuentas bancarias «con opacidad
respecto de las titularidades reales». «Existen indicios de la concertación de
González con Rodríguez Sobrino, Adrián Martín (ex director gerente del Canal de
Isabel II) y María Fernanda Richmond (ex directora financiera) para consentir
y/o propiciar la compra de Emissao».Edmundo Rodríguez, tras su detención.
La Fiscalía le exige pruebas que avalen su confesión
Edmundo Rodríguez Sobrino ha aportado al juez que investiga la 'operación Lezo'
copia de documentos vinculados a la operación de compra de la entidad brasileña
para reforzar su relato.
En este sentido, el antiguo ejecutivo del Canal de Isabel II ha entregado a los
investigadores pruebas que confirman, a su juicio, el pago de la comisión en
Suiza a la que alude en su confesión.
No obstante, los investigadores confían en que quien fuera el hombre fuerte del
Canal de Isabel II en Latinoamérica continúe aportando pruebas documentales que
demuestren de manera inequívoca que González se lucró con las operaciones
realizadas por la empresa de aguas madrileña. La Fiscalía considera que la
documentación aportada no constituye una prueba definitiva contra González, toda
vez que sostiene que no figura un apoderamiento o la titularidad de la misma a
nombre de González sobre la cuenta suiza aludida por Rodríguez Sobrino.
Al comprobar la intención de colaborar con la Justicia por parte de Rodríguez
Sobrino, el juez de la Audiencia Nacional García Castellón acordó sólo un día
antes de tomarle declaración el pasado mes de julio ubicar en prisiones
distintas al ex presidente de la Comunidad de Madrid y a su antiguo directivo
para evitar que se comuniquen durante las pesquisas.
http://www.elmundo.es/espana/2017/09/04/59adbc6be2704e602d8b45ec.html
TRASLADAN A IGNACIO GONZÁLEZ AL MÓDULO DE LOS UNIVERSITARIOS
Instituciones Penitenciarias alega "falta de espacio" en la prisión de Soto del
Real
Instituciones Penitenciarias ha trasladado recientemente a Ignacio González al
módulo de Soto del Real en el que los internos estudian carreras universitarias
a distancia, si bien el motivo tiene más que ver con la falta de espacio en el
anterior módulo en el que cumplía prisión preventiva.
Fuentes de Prisiones han indicado a Europa Press, tal y como ha adelantado 'OkDiario',
que el expresidente madrileño cumple desde hace días prisión en el 'módulo
UNED', si bien necesariamente no tiene que estar estudiando nada. Este modulo,
el 10 de Soto del Real, se denomina así por la colaboración de la prisión con la
Universidad Nacional de Educación A distancia.
Así, han señalado que el traslado se ha realizado siguiendo "criterios de
separación interna". "En este modulo no solo hay internos que estudian, sino que
puedan estar ahí por su clasificación, comportamiento o características", han
precisado las misma fuentes, que han agregado que se trata de un lugar con un
ambiente "más tranquilo y sosegado".
Fuentes jurídicas han señalado que el traslado al modelo 10 se produjo por
"falta de espacio" en el anterior, siendo un cambio no solicitado por su
defensa. Además, han indicado que al ser un preso preventivo no tendría acceso a
los "privilegios" que podrían disfrutar otros internos.
González cumple prisión preventiva desde el pasado 21 de abril por su
implicación en la denominada 'Operación Lezo'. Hasta ahora, pasaba los días en
el módulo 1 de Soto del Real en una celda junto a su hermano Pablo González.
Éste último salió recientemente de prisión al depositar una fianza de 200.000
euros.
http://cadenaser.com/emisora/2017/08/16/radio_madrid/1502897775_678662.html
VILLAR MIR ESTRENARÁ LA TEMPORADA DE LEZO: EL JUEZ RECHAZA SU RECURSO
Su comparecencia por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero abrirá
la ronda de medio centenar de declaraciones de la trama
El empresario Juan Miguel Villar Mir estrenará el próximo 12 de septiembre la
temporada judicial de la trama Lezo, después de que el juez de la Audiencia
Nacional Manuel García-Castellón haya rechazado el recurso que presentó contra
la decisión del magistrado de imputarle en la investigación sobre la trama de
comisiones ilegales que presuntamente lideraba el expresidente de la Comunidad
de Madrid Ignacio González. Según han confirmado a El Confidencial fuentes
jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 no ha atendido su
petición de archivo y le interrogará como imputado en la primera jornada de la
maratoniana ronda de declaraciones prevista para el otoño.
Villar Mir comparecerá en la pieza tercera de la causa, en la que se investiga
su participación en un pago de 1,4 millones de euros de su empresa a cuentas
vinculadas al PP a cambio de la adjudicación de una parte del proyecto del tren
de Móstoles a Navalcarnero. La operación se llevó a cabo desde una filial de la
constructora en México, que realizó a su vez el ingreso en una cuenta de Suiza.
También está imputado por estos hechos su yerno Javier López Madrid. El mismo
día 12 están citadas otras dos personas, el que fuera consejero delegado de
Mintra Jesús Trabada Guijarro y el ex consejero delegado y exmiembro del consejo
de administración de OHL Rafael Martín Nicolás.
OHL se lleva su supertuneladora y 'entierra' para siempre el fallido tren a
Móstoles
La constructora está retirando la máquina, de su propiedad, aunque no aclara que
hará con ella. Comunidad y empresa se enfrentan en los tribunales exigiendo
indemnizaciones
En el recurso presentado hace unas semanas, adelantado por El Confidencial, el
empresario negó rotundamente haber participado en ninguna de las transacciones
que están bajo sospecha y alegó que la supuesta adjudicación por la que su
constructora OHL habría abonado la comisión millonaria resultó ruinosa para la
compañía. Acusaba también al entonces titular del juzgado, Eloy Velasco, de no
concretar las acusaciones en su contra y de basarse en "meras conjeturas".
Argumentaba que este supuesto pago por parte de su empresa "de una comisión a
funcionario o autoridad pública por la adjudicación del contrato de concesión de
la línea ferroviaria que debía unir Móstoles Central con la localidad de
Navalcarnero" no se sustenta, ya que aquel negocio resultó tan desastroso que
llegó a provocar una ampliación de capital en OHL. Se incurrió en "enormes
pérdidas por inversiones no recuperadas e incumplimientos administrativos",
decía el escrito. Las obras del tren no llegaron a terminarse y la empresa
mantiene un litigio con la comunidad por la resolución del contrato.
Los indicios que manejan los investigadores apuntan a que el yerno de Villar Mir
realizó una transferencia en septiembre de 2007 de 1,4 millones de euros desde
una filial mexicana de OHL a una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank,
controlada por la sociedad panameña Lauryn Group. El dinero tenía como objetivo
recompensar a Ignacio González por su presunta mediación para que la
constructora se llevara las obras del Cercanías. Solo un mes después del pago,
OHL logró el contrato.
Villar Mir niega pagos a González por el tren de Navalcarnero: "Fue ruinoso para
OHL"
El presidente del Grupo Villar Mir solicita su desimputación en el caso Lezo
alegando que no tuvo ninguna participación en el presunto pago de una comisión
al cerebro de la trama
Sin embargo, González alega que nunca recibió el dinero. El propietario de
Lauryn Group, Adrián de la Joya, ha admitido que López Madrid le envió el dinero
para que se lo transfiriera al presidente madrileño, pero ha declarado que se
quedó los fondos para saldar las deudas que le había dejado el Grupo Villar Mir
por un proyecto conjunto en Burkina Faso. Con todo, el juez Velasco consideró
que el pago es suficiente para imputar la existencia de la comisión y se sigue
rastreando el dinero de la cuenta suiza para conocer dónde acabó depositándose.
La defensa del presidente del grupo empresarial niega por completo esa
conclusión. “En ningún pasaje de las actuaciones se concreta la intervención
personal que se achaca al señor Villar Mir en los hechos investigados. Ningún
comportamiento se le atribuye al respecto, activo o pasivo”, asegura. “Cierto es
que, en el año 2007 —cuando se produce la adjudicación del contrato
administrativo en cuestión—, ostentaba el cargo de presidente de OHL”, continúa
su recurso de reforma. “Sin embargo, este cargo no es por sí mismo expresión de
ninguna acción criminal (…) En suma”, termina el escrito, “no hay en la causa
nada que pueda decirse del señor Villar Mir, pues nada ha hecho y en nada ha
participado”. El empresario puede aún presentar recurso de apelación contra la
imputación que sería contestado con la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-01/lezo-villar-mir-audiencia-nacional-tren-navalcarnero_1436170/
LA AUDIENCIA NACIONAL MANTIENE EN UNA "NECESARIA" PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ
La sala de lo penal ratifica la negativa del juez a dejar en libertad al
expresidente de la Comunidad de Madrid reiterando el riesgo de que el supuesto
cabecilla de la trama Lezo se fugue o destruya pruebas en caso de abandonar la
prisión
Que Ignacio González esté entre rejas es "necesario", a día de hoy, para que la
investigación de la trama corrupta Lezo pueda seguir adelante sin problemas. Es
lo que argumenta la sala de lo penal para rechazar una nueva petición del
expresidente madrileño para ser liberado de la cárcel de Soto del Real, donde
permanece desde el pasado mes de abril.
En su auto, los jueces avalan la decisión del magistrado Manuel García-Castellón
de no sacarle de prisión y aseguran que esta medida es, en este momento, "aún
más necesaria si cabe a la vista del resultado" de las diligencias puestas en
marcha por los investigadores en los últimos meses. Tanto la Fiscalía como ADADE
y Podemos, las acusaciones populares, habían impugnado la petición de libertad.
La defensa de González esgrimía, entre otros motivos con los que solicitaba su
puesta en libertad, que el magistrado instructor no se hubiese pronunciado sobre
las medidas cautelares alternativas propuestas en sus escritos, así como que se
basase en "meras sospechas" para asegurar que el expresidente madrileño se dará
a la fuga en cuanto ponga un pie en la calle.
El pasado mes de julio, el juez García-Castellón decidió mantener en prisión a
Ignacio González
Los jueces reiteran que los indicios contra él van "cristalizando" a medida que
avanza la investigación, destacando las "ingentes cantidades" de dinero de
procedencia ilegal que habría manejado González y, sobre todo, la conversaciones
telefónicas intervenidas en las que el expresidente madrileño planteaba poder
empezar una "nueva vida" en Sudamérica.
Financiación ilegal del PP
En su auto, los jueces de lo penal de la Audiencia Nacional resumen y recuerdan
los motivos y delitos por los que abrieron la conocida como 'operación Lezo'
contra la corrupción en la región de Madrid: cohecho, prevaricación, fraude,
malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios,
tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda
Pública y todo bajo el paraguas de un último delito de integración en
organizacíon criminal.
Un rosario de delitos supuestamente cometidos, por ejemplo, en la financiación
irregular del PP madrileño, en la adjudicación de las obras del tren a la
localidad madrileña de Navalcarnero, en la expansión de la empresa pública Canal
de Isabel II al otro lado del Atlántico, y por último la adjudicación igualmente
fraudulenta de las obras del campo de golf ubicado en el centro de la capital.
http://cadenaser.com/ser/2017/08/25/tribunales/1503668604_891522.html
EL JUEZ ANDREU ACEPTA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID SEA ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL
'CASO LEZO'
La Comunidad de Madrid también está personada como acusación particular en los
casos Gürtel y Púnica
"En todo delito por el que se perjudican los intereses patrimoniales de una
administración pública, el perjuicio irradia sus efectos en la ciudadanía",
dicta el auto
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Fernando Andreu ha aceptado la
personación de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II como acusación
particular en el caso Lezo, que investiga una presunta trama corrupta liderada
por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
El pasado abril, Cristina Cifuentes dio instrucciones para la personación del
Gobierno regional conforme al criterio de la Abogacía General de la Comunidad,
que puso de relieve que las irregularidades investigadas afectaban a diferentes
organismos de la Administración regional.
En un auto fechado el pasado 18 de agosto, al que tuvo acceso Europa Press, el
magistrado acepta a sendas instituciones como parte del proceso judicial en
calidad de acusación particular. Contra esta resolución, cabe recurso de
reforma.
En los razonamientos jurídicos, se expone que resulta evidente que "en todo
delito por el que se perjudican los intereses patrimoniales de una
administración pública, esencialmente el delito de malversación, el perjuicio
que se ocasiona irradia sus efectos en el conjunto de la ciudadanía a la que se
le priva de recursos públicos para atender las necesidades esenciales para que
tales recursos están destinados".
Agrega que "cualquier ciudadano tiene en abstracto dicha condición de
perjudicado, lo que no le otorga en este sentido jurídico estricto dicha
condición", añadiendo que en los delitos contra los intereses patrimoniales el
titular último del bien jurídico protegido es "la propia sociedad".
"Las entidades de derecho privado persiguen un fin lucrativo y los accionistas o
partícipes que lo integran, lo hacen precisamente con la expectativa de obtener
una ganancia", señala.
Así, indica que estos principios se podrían aplicar a esta causa respecto a la
Comunidad como "partícipe en el ente público Canal de Isabel II", teniendo un
"interés directo que le autoriza a actuar como acusación particular e instar
directamente la protección de los intereses patrimoniales de los ciudadanos de
Madrid".
La Comunidad de Madrid también está personada como acusación particular en los
casos Gürtel y Púnica. Desde el actual Gobierno regional han explicado en
diversas ocasiones que esta estrategia de personación responde a la estrategia
de "tolerancia cero" contra la corrupción y el defender los intereses de los
madrileños.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/08/22/el_juez_andreu_acepta_que_comunidad_madrid_sea_acusacion_particular_caso_lezo_68806_1012.html
MALAS NOTICIAS PARA CIFUENTES Y EL PP DE MADRID. CARMENA ESTARÁ PERSONADA EN LA
LEZO
La Audiencia Nacional la admite como acusación particular, al igual que a la
Comunidad de Madrid
El juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dado luz verde a
la personación del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, en el
caso Lezo. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en la
cárcel desde que estalló el escándalo, habría liderado una trama de corrupción
que, entre otras cosas, desvió millones de fondos públicos del Canal de Isabel
II a cuentas privadas.
El Ayuntamiento de Madrid es titular del 10% del capital social del Canal de
Isabel II y había solicitado la personación como acusación particular en esta
causa. Sin embargo, un auto del pasado 21 de julio de 2017 les dejaba fuera. Los
abogados municipales recurrieron y, ahora, la juez Carmen Lamela Díaz les ha
dado la razón.
La magistrada entiende que el Ayuntamiento de Madrid, como partícipe en el ente
público Canal de Isabel II, está autorizado a actuar como acusación particular
para proteger los intereses patrimoniales de los ciudadanos. Amplía de esta
manera la interpretación estricta de la personación, que se atribuye a la
persona jurídica pública de la que se han obtenido directamente los fondos
ilícitos.
La Audiencia Nacional también ha admitido a la Comunidad de Madrid como
acusación particular en condición de “perjudicado”. El juez Fernando Andreu, que
es quien firma un auto del pasado 18 de agosto, mantiene los mismos argumentos
de Lamela para admitirla. En el otro gran caso de corrupción en el que está
personada, la Púnica, la actuación de la CAM se ha limitado a no hacer nada o a
poner todo tipo de obstáculos a los jueces negándoles documentación.
Por mucho que Cristina Cifuentes se proclame abanderada de la regeneración, su
actuación no lo corrobora. Ahora, en la Lezo va a coincidir con un consistorio
nada 'amigo', por mucho que se abrace en público con Manuela Carmena, que no le
va a bailar el agua.
http://m.eldiario.es/politica/gestion-Catala-Justicia-ministerio-fallido_0_672283343.html
REGISTRAN
LA CAJA FUERTE DE UN CARGO DE AZNAR SOSPECHOSO DE OCULTAR FONDOS DE GONZÁLEZ
El Ministerio Público sospecha que Moro cuenta con una holgada capacidad de
mover fondos de González que vincula con frecuentes desplazamientos a la
República Dominicana y Panamá
Nuevos datos detectados por los investigadores del caso Lezo han provocado
registros a un excargo del Partido Popular de la etapa de José María Aznar,
sospechoso de actuar como testaferro en la sombra del expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González. Los agentes de la UCO abrieron una caja
fuerte vinculada al que fuera delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro,
tras localizar anotaciones que apuntaban a movimientos sospechosos de fondos,
informan a El Confidencial fuentes del caso. La encontraron vacía.
El detonante de esta nueva fase de la operación, que abre una nueva vía en las
pesquisas sobre el paradero del dinero presuntamente desviado por González,
surgió durante la entrada llevada a cabo el pasado mes de abril en el domicilio
de Moro. La estrecha amistad entre ambos y el contenido de algunas de las
comunicaciones intervenidas le colocaban, ya por entonces, en el centro de la
diana. Entre la documentación localizada en la casa se encontraron unas notas
tomadas por la mujer del exdelegado popular en las que mencionaba que había
sacado algo de una caja a su nombre.
Las anotaciones llevaron a los agentes hace unas semanas hasta la sede del Banco
Popular en la calle Ortega y Gasset de Madrid, donde la mujer de Moro tenía
contratado este servicio de seguridad de cuya existencia los investigadores no
tuvieron conocimiento hasta ese momento. El hecho de que la caja no contuviera
absolutamente nada precipitó los acontecimientos y provocó que la Fiscalía
Anticorrupción reclamara tomar declaración de forma urgente como investigado a
Moro.
El Ministerio Público sospecha que el exdelegado del Gobierno cuenta con una
holgada capacidad de mover fondos de González que vincula con frecuentes
desplazamientos a la República Dominicana y Panamá. Le considera uno de sus
hombres de confianza, a la altura de otros testaferros de la trama como el
hombre fuerte del Canal en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino o el hermano de
González, Pablo. Tras el interrogatorio que se llevó a cabo en la Audiencia
Nacional, en que Moro lo negó todo, la Fiscalía reclamó el ingreso en prisión
del recién estrenado testaferro, apuntan las fuentes consultadas.
No obstante, el instructor de la causa, Manuel García-Castellón, no vio motivos
suficientes para enviarle a la cárcel y le dejó libre, sin perjuicio de que el
avance de las pesquisas aporte nuevas pruebas que provoquen un cambio en su
situación. En el sumario de la Lezo obran conversaciones entre los dos amigos en
las que González le pide que envíe "a sus chicos" para que efectúen
averiguaciones sobre los procedimientos judiciales abiertos en su contra. En
aquel momento, finales del año 2016, se encontraba inmerso en el caso ático,
donde investiga la titularidad de una vivienda de lujo en Estepona.
Amistad desde hace años
La relación entre González y Moro se remonta a la etapa en la que el presunto
cabecilla de la trama Lezo ocupaba el puesto de secretario de Estado de
Inmigración en el Ministerio de Interior. Según reconoció el excargo del PP en
2009, ambos planearon en aquella etapa la puesta en marcha de un servicio
secreto de espionaje autonómico con el objetivo de proteger a altos cargos del
Gobierno regional.
La etapa de Moro al frente de la Delegación de Gobierno ceutí, que dirigió entre
1998 y 2004, no estuvo exenta de polémica. Fue juzgado y condenado por idear un
informe en falso para desprestigiar al juez Fernando Tesón con el apoyo de su
cúpula policial. El TS confirmó una condena de 21 meses de prisión y cuatro años
de inhabilitación en su contra al considerar que "aprovechó el malestar y la
alarma" que pudo crear la decisión de Tesón de poner en libertad a varios
acusados de narcotráfico para difundir en prensa que su actuación estaba movida
por intereses particulares y arbitrarios.
También fue juzgado y, en este caso, absuelto por la expulsión irregular de
menores marroquíes que tuvo lugar en 1998.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-17/lezo-ignacio-gonzalez-luis-vicente-moro-caja-de-seguridad_1429475/
EL CANAL
BUSCA ABOGADOS PRIVADOS PARA SU DEFENSA EN 'LEZO'
La empresa pública vuelve a tirar de un bufete privado tras gastar más de 12
millones de euros en despachos ajenos a pesar de contar con un equipo jurídico
propio
En plena fase de instrucción de la operación Lezo, el Canal de Isabel II,
personado en la causa como acusación particular para resarcir el daño
patrimonial que supuestamente ha sufrido de manos de sus saqueadores -entre
otros, presuntamente, Ignacio González-, busca abogado privado que lo defienda
en la Audiencia Nacional. El contrato está ahora mismo en fase de licitación,
aún no ha sido adjudicado, pero el Canal esta dispuesto a gastar 63 mil 307
euros no solo por su defensa, también por la de su filial Canal Extensia.
El contrato contempla la asistencia jurídica para ambas empresas en la fase de
instrucción que se sigue ahora mismo en los juzgados así como desde la apertura
de juicio oral hasta que haya sentencia firme. La cantidad a pagar incluye
también los gastos en dietas y desplazamientos y el Canal se reserva el derecho
de solicitar el cese de la representación de Extensia.
Fuentes del Canal aseguran que de nuevo se va a echar mano de un bufete privado
porque el servicio jurídico propio de la empresa pública no incluye un despacho
penal y desconocen si lo hay en la Comunidad de Madrid, a la que también podrían
haber acudido para su representación letrada.
La asistencia privada ha sido la práctica habitual del Canal durante años. Como
ya les contamos en la Ser, entre 2003 y 2016 la empresa pública facturó 12’5
millones de euros a casi 50 despachos de abogados, tanto nacionales, como
internacionales, la gran mayoría bufetes vinculados al PP. Incluso, llegaron a
contratar el despacho de Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales
imputados de la trama Lezo, cuando ya trabajaba en Canal.
Fuentes del Canal precisan a la Ser que es habitual que las empresas públicas,
como Metro, utilicen este procedimiento de contratación de despachos privados
para la defensa de sus intereses en determinados procedimientos judiciales.
Ahora mismo, según los datos proporcionados desde el Canal, la asesoría jurídica
de la empresa pública trabaja en la adjudicación de 250 contratos, en 2.500
expedientes contenciosos, en 300 señalamientos judiciales, 1.500 expedientes
relativos a procedimientos administrativos de agua y medio ambiente, 650
expedientes de reclamaciones de contratistas y expedientes sancionadores en
obras, 2.000 expedientes relacionados con la gestión patrimonial de la empresa y
240 expedientes de reclamaciones de clientes, arbitraje y convenios con
ayuntamientos y urbanizaciones.
http://cadenaser.com/emisora/2017/08/14/radio_madrid/1502695321_336618.html
LOS CINCO MOTIVOS QUE MANTIENEN A IGNACIO GONZÁLEZ EN PRISIÓN INCONDICIONAL
El expresidente de la Comunidad de Madrid ha fracasado en su intento de salir de
la cárcel por su papel "decisivo y necesario" en el caso Lezo
En su auto, el juez desliza en dos ocasiones que las declaraciones de otros
investigados, sin aclarar quienes, han ratificado los indicios contra González
Su patrimonio oculto y sus intenciones de abandonar España han pesado a la hora
de mantenerle en Soto del Real
Ignacio González ha fracasado en su intento de que el nuevo juez del caso Lezo
le deje en libertad. Pidió declarar voluntariamente ante Manuel García Castellón
tras llevar en prisión desde el pasado abril, y unos días después su defensa
presentó un escrito para que, al menos, el juez le impusiese una fianza que
pagar para abandonar Soto del Real. Pero el magistrado cree que los indicios
contra el expresidente madrileño, refrendados durante la investigación, obligan
a mantenerle recluido.
Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en un auto el nuevo instructor del
caso Lezo, que sustituyó a Eloy Velasco tras el ascenso de este a la Sala de
Apelaciones. El cambio motivó varias peticiones para declarar voluntariamente
por parte de algunos investigados, con el objetivo de conseguir la rebaja de las
medidas cautelares que les había impuesto Velasco.
La ex directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, lo consiguió.
Pablo González, hermano de Ignacio, también ha logrado que el nuevo juez de Lezo
le impusiese una fianza que le ha permitido salir de prisión. Pero García
Castellón no ha accedido a los deseos del expresidente madrileño, al que ha
contestado con un auto en el que reúne las razones por las que considera que
debe seguir encerrado.
1. Un papel "decisivo y necesario"
El juez considera que el caso Lezo tiene un cabecilla y ese es Ignacio González.
El juez le vincula con las diferentes ramas de la causa y las investigaciones
han ido confirmando ese papel. Durante estos meses se ha producido "una
cristalización progresiva de los indicios de criminalidad como consecuencia de
las diligencias que se están practicando".
Sirve como ejemplo el documento elaborado por el Canal de Isabel II tras la
investigación interna que realizaron a raíz del estallido del caso. El informe
resultante situaba a González tras el pelotazo de esa empresa pública en Brasil:
estaba informado de cada paso a través de su testaferro, Edmundo Rodríguez, y de
otro hombre de confianza al que colocó en la operación sin justificación alguna.
El sumario del caso también apunta a su papel central en el presunto amaño del
Campo de Golf de Chamberí, edificado en los terrenos del Canal gracias a una
modificación del contrato inicial. González propuso esa modificación como
presidente del Canal y la aprobó como vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
La Guardia Civil cree que buscaba beneficiar a ACS, que luego firmó contratos
millonarios con la empresa vinculada a su hermano y su cuñado.
2. Sus deseos de abandonar España
Para convencer a un juez de que te deje en libertad hay que argumentar que no
existe riesgo de fuga. La defensa del expresidente madrileño aseguró en la
petición de libertad que González tiene arraigo familiar y sus padres, a los que
tiene "mucho apego", son ancianos. Sin entrar a valorar esas razones, el juez
echa mano de las intervenciones telefónicas de la Guardia Civil para contestar a
esos argumentos.
El auto hace constar que la "trama criminal" que se investiga "ha operado en
diferentes países", como es el caso de Colombia, donde el testaferro de González
residía habitualmente. Pero el juez destaca que la razón fundamental que
sostiene el riesgo de fuga es que él mismo manifiesta en una conversación su
intención de abandonar España.
En una conversación telefónica con Salvador Victoria, le confiesa que ha estado
preguntando a sus contactos "si hay algo por ahí fuera de interés". "Hay que
montarse algo fuera", le dice a un antiguo colaborador suyo. En las
conversaciones menciona sobre todo Colombia, pero no descarta países como Panamá
o México, donde dice tener contactos.
3. Su patrimonio oculto
Buena parte de la investigación del caso Lezo se centra en localizar el dinero
negro que posee el clan González. Varias intervenciones telefónicas apuntaban a
su disponibilidad de dinero en B del que el expresidente madrileño podía
disponer gracias a las operativas de blanqueo en las que colaboraba su hermano.
"Otra hostia que me han metido del honorario de los abogados de los cojones
estos", comenta González en una de esas grabaciones, para justificar que vuelvan
a hacer "otra operación como la de la otra vez". "¿Qué era? Un préstamo de papá,
¿no?", pregunta su hermano Pablo, a lo que contesta Ignacio afirmativamente.
"¿Dinero B entonces?”, inquiere Pablo. "Sí, dinero B", responde su hermano.
Esa "disponibilidad de dinero ilícito", como apunta el juez en su auto, se
reveló también en sus movimientos para montar estructuras para aflorarlo y en
los detalles que han ido llamando la atención a los agentes de la Guardia Civil
durante su investigación. Por ejemplo, el gusto de González por los relojes
caros, su rapidez en cerrar la caja fuerte del banco cuando sospechó que le
investigaban o la donación de 144.568 euros a sus hijas.
Su defensa alegó que su patrimonio está embargado, pero el juez cree que
González podría apoyarse en su dinero negro para huir del país.
4. Las declaraciones confirman los indicios
En este punto del auto el juez señala que ha obtenido una confirmación de la
existencia de ese dinero negro durante algunas declaraciones de investigados. No
aclara quién habría confirmado este punto y se limita a escribir que la
disponibilidad de dinero ilícito "ha sido reconocida en las diferentes
declaraciones".
Unos párrafos más tarde regresa sobre ello. García Castellón asegura que los
indicios documentales gozan "de la ratificación obtenida en las declaraciones".
Es decir, que algunos de los que han desfilado ante los jueces del caso han
confirmado las sospechas delictivas contra el expresidente madrileño.
Varios implicados podrían haberlo hecho, dado su grado de conocimiento de las
actividades de González. Más allá de sus familiares, conocedores y partícipes de
sus operativas de blanqueo, Edmundo Rodríguez, su hombre en en Canal, y Richmond,
la directora financiara, trataron en más de una ocasión la disponibilidad de
"dinerillo B" de González.
5. Su capacidad de coaccionar a terceros
El juez señala en una parte de su auto que las declaraciones y el examen de
documentación "motivan a su vez nuevas declaraciones y la petición de más
documentación", así que la permanencia de González en prisión permite "evitar
precisamente coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación,
alteración o destrucción de las fuentes de prueba".
"La puesta en libertad del investigado es un factor que podría afectar
directamente a dichas fuentes de prueba", añade el magistrado. El expresidente
madrileño ha demostrado a lo largo de la investigación que está dispuesto a
hacer todo lo posible por frenar las investigaciones en su contra.
En un informe, la Guardia Civil afirmó que González había actuado de manera
similar al crimen organizado cuando trató de influir en la Justicia. Contactó
con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, e intentó influir en la
investigación del caso Ático y se movió para que nombraran a Manuel Moix como
nuevo jefe de Anticorrupción.
http://m.eldiario.es/politica/motivos-mantienen-Ignacio-Gonzalez-incondicional_0_670883454.html
LESMES IMPONE AL JUEZ DE REFUERZO DE LEZO Y EVITA QUE INVESTIGUE EL MAGISTRADO
QUE AUTORIZÓ LAS ESCUCHAS A LA TRAMA
El presidente del CGPJ saca adelante a su favorito, Diego de Egea, con la ayuda
de su voto de calidad. El titular del juzgado, Manuel García Castellón,
reclamaba al anterior juez de refuerzo del caso, Alejandro Abascal
Atado y bien atado. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Carlos Lesmes, ha impuesto su criterio en este órgano para que salga elegido
como juez de refuerzo del caso Lezo un magistrado distinto del que pedía el
propio titular del juzgado, Manuel García Castellón, quien había pedido
expresamente a Alejandro Abascal, el anterior juez de refuerzo que autorizó las
escuchas al expresidente de Madrid Ignacio González.
La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado este jueves nombrar al magistrado
Diego de Egea y Torrón como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia Nacional, que es el órgano que instruye casos de
corrupción como "Lezo" y "Púnica".
La decisión ha dividido en dos al órgano de gobierno de los jueces y ha
precisado del voto de calidad de Lesmes.
De Egea ha recibido el apoyo Lesmes -que ha emitido voto de calidad, que dirime
en caso de empate- y de los vocales Mar Cabrejas -de su entera confianza- así
como los progresistas Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda.
Los otros cuatro vocales de la Permanente, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Fernando
Grande-Marlaska y Juan Martínez Moya han votado al magistrado Alejandro Abascal,
quien ya conoce casos como el de "Púnica" y otros que lleva este juzgado por
haber sido refuerzo en su día del juez Eloy Velasco, quien precedió en este
órgano a Manuel García Catellón.
Cuesta fue elegido vocal a propuesta del PSOE, mientras que los demás lo fueron
a propuesta del PP.
Bloqueo a quien autorizó las escuchas de Lezo
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional fue el primer filtro impuesto por
Lesmes para evitar que Abascal regresara al caso Lezo.
Abascal fue el magistrado que autorizó la colocación de micrófonos en el
despacho de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y quien
decidió que los líderes de esta trama corrupta fueran escuchados con
sofisticados sistemas de espionaje electrónico utilizados hasta entonces en la
lucha antiterrorista.
Este juez es un activo miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura
(APM), de tendencia conservadora, pero cuya cúpula está enfrentada a Carlos
Lesmes por su gestión de ta manera que se ha aliada con las otras asociaciones
judiciales para reclamar más medios para la Justicia.
Otoño caliente
De fondo se encuentra también el run-run de un otoño judicial caliente que
circula entre los jueces y funcionarios, desbordados por la sobrecarga de
trabajo y la ausencia de medios. Todos a una, APM, Jueces para la Democracia (JpD),
Francisco de Vitoria (AfV) y Foro Judicial Independiente (FJI), han sido muy
críticos con el plan de urgencia de cláusulas suelo creado por Carlos Lesmes y
que ha colapsado juzgados especializados, como el de Madrid.
Evitar que Lezo sea un nuevo Gürtel
Es más, el magistrado Eloy Velasco que llevaba este juzgado optó por renunciar
al Juzgado Central 6 ante la negativa del CGPJ a renovar el juez de refuerzo en
el caso Lezo, donde el PP de Madrid y su excúpula están en el epicentro de la
investigación.
La renuncia de Velasco originó entonces otra maniobra para controlar el caso
Lezo y evitar que se convierta en una sangría para el PP como ha ocurrido con el
caso Gürtel.
El sector de Lesmes intentó nombrar de manera interina a un juez afin, en lugar
de sacar la plaza a concurso. Pero los jueces de instrucción de la Audiencia
Nacional se plantaron y se ofrecieron a reemplazar a Velasco hasta que la plaza
pudiera convocarse.
Fue entonces cuando el titular de dicha plaza, Manuel García Castellón, pidió su
reingreso como juez y su reincorporación a dicho juzgado, que había dejado hacía
17 años para dedicarse a la diplomacia judicial en Francia. De esta manera no se
sacó a concurso la plaza.
García Castellón llegó al juzgado y, esta vez sí, consiguió que el CGPJ
accediera a otorgar un juez de refuerzo para estos casos de especial complejidad
como Lezo o Púnica. Pero defendió ante Lesmes y la Audiencia Nacional su
preferencia por quien ya conocía el caso: Abascal.
El deseo de García Castellón chocó contra los integrantes de la Sala de Gobierno
de la Audiencia Nacional que forman parte del círculo de confianza de Lesmes
(todos ellos de su especialidad, en lo contencioso). En un voto de bloqueo
dejaron fuera de su propuesta a Abascal.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional sólo propuso como candidatos a dos
magistrados, cuando lo habitual es presentar una terna. Los elegidos fueron De
Egea, seguido de Miguel Ángel Torres, titular del Juzgado de lo Penal 5 de
Granada.
Diego De Egea es el actual titular del Juzgado de Instrucción número 43 de
Madrid y tiene más antigüedad que todos los que solicitaron la comisión de
servicio. Ingresó en la Carrera Judicial en 1991 y tiene veinte años de
experiencia en la jurisdicción penal.
El refuerzo se establece inicialmente hasta el próximo 31 de diciembre. Si se
considerara precisa la renovación de la medida, la Audiencia Nacional deberá
remitir al CGPJ la correspondiente propuesta con al menos cuarenta días de
antelación a su fecha de vencimiento.
http://m.publico.es/politica/2010700/lesmes-impone-al-juez-de-refuerzo-de-lezo-y-evita-que-investigue-el-magistrado-que-autorizo-las-escuchas-a-la-trama
EL
JUEZ MANTIENE LA PRISIÓN INCONDICIONAL PARA IGNACIO GONZÁLEZ
Rechaza la petición de la defensa del expresidente de la Comunidad de
Madrid que había solicitado su puesta en libertad alegando la variación
sustancial de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha
medida.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido
mantener en prisión incondicional –comunicada y sin fianza- a Ignacio González,
expresidente de la Comunidad de Madrid, que está en la cárcel de Soto del Real
por su presunta implicación en la operación Lezo desde el pasado 21 de abril.
En un auto, que ha sido notificado hoy, el juez rechaza la petición de la
defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid que había solicitado su
puesta en libertad alegando la variación sustancial de las circunstancias que en
su día llevaron a la adopción de dicha medida.
"Un papel decisivo y necesario"
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional
explica que, conforme avanza la investigación, se desprende que Ignacio González
ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos que se investigan
en este causa (malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal,
prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones
internacionales, cohechos y blanqueos de capitales).
Las penas que conllevan estos delitos, afirma el juez en su auto, ya
justificarían el mantenimiento de su situación personal, pero a ello añade otras
circunstancias para confirmar la prisión. García-Castellón afirma que no han
variado las circunstancias que en su día motivaron la medida, sin todo lo
contrario, “asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales
de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando,
lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su
situación como solicita la defensa”.
Otro de los motivos en los que se basa el juez para adoptar esta decisión es el
riesgo de fuga. En este caso, indica, es evidente con "una trama criminal que ha
operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en
conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios
en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el
marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de
procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en
las diferentes declaraciones) patentiza el riesgo de fuga".
Riesgo de acceso a las fuentes de pruebas
El juez valora también otro riesgo, el de acceso a las fuentes de pruebas. En
este sentido, afirma que las diligencias que se están practicando en el juzgado,
declaraciones y examen de documentación que a su vez dan lugar a nuevas
declaraciones y a la petición de más documentación, requieren que las
actuaciones estén secretas para evitar coacciones o actuaciones tendentes a
evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, máxime en este caso
en el que la documentación ha sido ratificada en las declaraciones, por lo que
la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid podría afectar
a esas fuentes de prueba.
Como consecuencia de todo ello, García-Castellón concluye que se mantienen todos
los elementos que llevaron a adoptar la prisión de Ignacio González y que el
avance de la investigación, de una forma rápida y ágil, pasa necesariamente por
mantener la medida adoptada, no siendo éste el momento procesal para variarla,
pues las nuevas pruebas recabadas desde que se acordó la misma "patentizan la
existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción
de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la
destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la
investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros
decomisos del producto del delito".
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170731/235476651_0.html
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SEPARA A IGNACIO GONZÁLEZ Y EDMUNDO RODRÍGUEZ
SOBRINO POR DECISIÓN DEL JUEZ DEL 'CASO LEZO'
Edmundo Rodríguez Sobrino ha sido trasladado de la cárcel de Soto del Real a la
de Estremera después de que el juez García Castellón pidiera por escrito al
Ministerio del Interior
Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en
el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y
funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití
Instituciones Penitenciarias ha separado de prisión a Ignacio González y Edmundo
Rodríguez Sobrino por decisión del juez instructor del caso Lezo, el magistrado
de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, han informado a Europa Press
fuentes de este Departamento dependiente del Ministerio del Interior.
Edmundo Rodríguez Sobrino, el "hombre fuerte" de Ignacio González en los
negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, ha sido trasladado de la cárcel
de Soto del Real a la de Estremera después de que el juez García Castellón
pidiera por escrito al Ministerio del Interior que no se facilitara la
comunicación diaria entre ambos internos.
El juez García Castellón tomará declaración mañana a Edmundo Rodríguez Sobrino
después de aplazar su citación fijada en un principio para el pasado martes.
Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el investigado quiere
aportar información después de casi dos meses y medio en prisión incondicional
dictada el 21 de abril por el anterior titular del Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy Velasco.
El expresidente de Inassa y mano derecha de Ignacio González en los negocios del
Canal de Isabel II, la empresa de aguas situada en el centro de la operación
Lezo, pidió declarar voluntaria ante el nuevo juez. El supuesto líder de la
trama, el expresidente madrileño Ignacio González, también ha pedido comparecer
ante García-Castellón.
Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino son los únicos imputados en la
trama de corrupción Lezo contra los que el juez Velasco dictó prisión
incondicional. A Pablo González, hermano del expresidente madrileño, y a la
exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond les impuso
prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros.
Tras el relevo de magistrado en el Juzgado Central 6, Richmond quiso declarar
voluntariamente para aportar nueva documentación sobre la compra de la empresa
brasileña Emissao en 2013 y solicitar una rebaja en las medidas cautelares para
poder "defenderse desde la libertad".
Un día después, el juez García Castellón rebajó de cuatro millones a 100.000
euros la fianza para poder salir de la cárcel, lo que se hizo efectivo el pasado
viernes a última hora. Ahora es Rodríguez Sobrino el que quiere declarar
voluntariamente y ofrecer nuevos datos al magistrado para intentar obtener una
mejora en sus condiciones, aunque su caso es diferente al de Richmond, ya que él
está en prisión provisional sin fianza.
Sobornos en el extranjero
Según el auto de prisión redactado por el juez Velasco el pasado 21 de abril,
Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en
el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y
funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para
"manipular" los procesos de obtención de contratos para Inassa, filial del Canal
de Isabel II en América Latina.
En el auto se explicaba también que los fondos obtenidos por los contratos en
los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha
descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido "oculto y
desvinculado de su presunto origen ilícito" tanto en Inglaterra como en Colombia
y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.
Durante la investigación del caso Lezo, el expresidente de Inassa fue consciente
de la intervención de su teléfono, por lo que inició "operaciones de
transformación de su patrimonio conocido", de ahí que se deduzca que "habría
intentado alejar su patrimonio con la doble intención de dificultar el
descubrimiento de su origen y eludir las posibles responsabilidades civiles que
pudieran serle atribuidas".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/12/instituciones_penitenciarias_separa_ignacio_gonzalez_edmundo_rodriguez_sobrino_por_decision_del_juez_del_caso_lezo_67510_1012.html
GONZÁLEZ SE EXPLICA ANTE EL JUEZ PERO NO SOLICITA TODAVÍA SU LIBERTAD
Durante más de 3 horas, el expresidente madrileño ha declarado por decisión
propia ante el juez Manuel García Castellón. Ha defendido su inocencia, ha dicho
que no existe ningún riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas y tampoco
reiteración delictiva.
Tres líneas de investigación le señalan como responsable penal de numerosos
delitos: el inconcluso tren a Navalcarnero, la posible financiación irregular
del PP a través de la empresa pública madrileña de informática y el Canal de
Isabel II.
Una parte de esa investigación ya no tiene carácter secreto por lo que González
puede defenderse porque conoce las acusaciones sobre él. Y ha hablado tal y como
quería para negar su participación en los hechos intentando no implicar a
terceros, especialmente a su hermano Pablo González.
Un Pablo González que también se ha sometido a interrogatorio pero por el caso
Mercasa, otro sumario de presunta corrupción que se centra en averiguar que
sucedió con 50 millones de euros para un proyecto de mercado de abastos en la
capital angoleña, Luanda.
En todo caso, Ignacio González ha intentado con esta declaración voluntaria
mostrar su voluntad de colaborar con la Justicia, aunque no ha solicitado
expresamente su libertad bajo fianza.
Esta posibilidad la va solicitar su defensa en las próximas horas mediante un
escrito ante el juez, pero pidiendo medidas cautelares para que el detenido
pueda regresar a casa con su familia.
Fuentes de la investigación han señalado a Radio Madrid que el juez García
Castellón no va a modificar por ahora la situación penitenciaria de Ignacio
González. La Fiscalía tiene la misma opinión.
http://cadenaser.com/emisora/2017/07/19/radio_madrid/1500476043_962477.html
PABLO GONZÁLEZ SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR LA FIANZA DE 200.000 EUROS
El juez Manuel García Castejón ha rebajado la fianza de 4 millones de euros a
200.000 euros después de tener en cuenta los motivos de salud acreditados, el
tiempo transcurrido en prisión y el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia
Nacional.
El exdirectivo de Mercasa, Pablo González, el día de su detención el pasado 21
de abril de 2017.
Pablo González ha salido de prisión tras haber abonado los 200.000 euros que el
juez, Manuel García Castejón, ha acordado rebajar de la fianza de 4 millones de
euros que le impuso cuando ingresó en prisión el pasado 21 de abril. Según
fuentes judiciales, la fianza ha sido abonada en efectivo por cuatro fiadores,
entre ellos familiares y amigos, que han aportado distintas cantidades.
Según el auto, el juez ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido en la cárcel,
los motivos de salud acreditados en informes médicos y el informe favorable de
la Fiscalía de la Audiencia Nacional para rebajar la fianza.
La pieza que motivó fundamentalmente el ingreso en prisión de González fue la
denominada "Mercasa", la investigación de la trama de sobornos desde la empresa
pública a través de adjudicaciones en el extranjero. El juez asegura que
"durante este tiempo se han realizado diferentes actuaciones tendentes a la
comprobación de los hechos, así como la recogida de elementos de prueba". Estos
tres motivos, continúa, "y en concreto la inhibición de Mercasa, fundamentan,
por una parte el mantenimiento de la medida cautelar adoptada, pero por otra, la
rebaja de la fianza, en 200.000 euros".
Por tanto, "el tiempo transcurrido, las medidas adoptadas y las piezas en las
que ahora se le investiga (Tecnoconcret y blanqueo de capitales) han disminuido
considerablemente su capacidad de destrucción o alteración de fuentes de
pruebas" concluye.
Una vez acreditado también el arraigo familiar y la menor capacidad para
destruir pruebas, Pablo González podrá que en libertad tras el pago de la fianza
con la obligación de comparecencias quincenales y la entrega del pasaporte con
la prohibición de salir del país sin permiso del juzgado.
Pablo González esta en prisión desde el pasado abril, comparte celda con su
hermano Ignacio González por el 'caso Lezo' y está investigado, entre otras
tramas, por el pago de sobornos desde Mercasa donde su papel, subraya el
escrito, es especialmente relevante.
http://cadenaser.com/ser/2017/07/27/tribunales/1501157509_824876.html
LA EX DIRECTORA FINANCIERA DEL CANAL SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR UNA FIANZA DE
100.000 EUROS
María Fernanda Richmond quiere aportar nueva información que precisa que su
posición en la empresa no le permitía conocer los desvíos de fondos de Lezo
Se le rebajó la fianza inicial de cuatro millones de euros tras tomarle
declaración en las dependencias judiciales
La ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond quedó
en libertad a última hora de este viernes tras abonar la fianza de 100.000 euros
impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que
le rebajó la cuantía inicial de cuatro millones de euros acordada por el
anterior instructor del caso Lezo, el juez Eloy Velasco.
Según han informado fuentes de la defensa a Europa Press, Richmond abandonó la
madrileña cárcel de Soto del Real donde permanecía desde el pasado 20 de abril
por su implicación en la trama investigada ante presuntas irregularidades en la
gestión de la empresa pública de agua.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional
le rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza impuesta a la acusada un
día después de tomarle declaración en las dependencias judiciales. Richmond
solicitó una la imposición de otras medidas cautelares que le permitieran
"defenderse desde la libertad".
La ex directora financiera del Canal quería aportar nueva información que
precisa que su posición en la empresa pública no le colocaba en situación de
conocer el presunto desvío de fondos que llevó a cabo la trama liderada por el
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Precisamente la defensa de González solicitó ayer al mismo magistrado declarar
voluntariamente, al igual que su mano derecha en Sudamérica y expresidente de
Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos permanecen en la prisión de Soto del
Real desde el pasado 21 de abril cuando se les decretó prisión incondicional sin
fianza por su implicación en la trama Lezo.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/08/la_directora_financiera_del_canal_sale_prision_tras_abonar_una_fianza_100_000_euros_67369_1012.html
EL
NÚMERO 2 DE LA TRAMA LEZO EVITA IMPLICAR A IGNACIO GONZÁLEZ
El expresidente de la filial sudamericana del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino,
intenta justificar sus acciones durante cerca de cinco horas de interrogatorio
en la Audiencia Nacional, y rehúsa responsabilizar al expresidente autonómico y
supuesto líder de la organización criminal
El expresidente de la filial sudamericana del Canal Isabel II, Inassa, y mano
derecha de Ignacio González, Edmundo Rodríguez, ha declarado este jueves durante
cerca de cinco horas ante el titular del juzgado número 6 de la Audiencia
Nacional, Manuel García Castellón, en las que ha intentado justificar sus
acciones, proteger a su hija y no ha derivado la responsabilidad de los hechos
en el expresidente autonómico, según fuentes jurídicas. Sin embargo, la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han obtenido
pruebas contundentes de la implicación y actividad delictiva de Ignacio
González.
En prisión desde el pasado 21 de abril por su implicación en el caso Lezo,
Edmundo Rodríguez había solicitado comparecer de forma voluntaria después de
cambiar de abogado, y de que el magistrado rebajara de 4 millones a 100.000
euros, la fianza para otra imputada: María Fernanda Richmond.
Hay numerosas evidencias que implican a Edmundo Rodríguez en el caso. Guardaba
más de 400.000 euros en Suiza y le fueron incautados 262.000 en metálico en el
registro a su piso en Colombia. Además, a nombre de su hija han sido localizadas
varias propiedades producto de comisiones ilegales en Colombia, Panamá y Reino
Unido, según los investigadores.
Supuestamente, y por orden de González, el expresidente de Inassa ejecutó la
polémica adquisición de la brasileña Emissao, que supuso un perjuicio para las
arcas públicas de 25 millones de euros, que acabaron en cuentas suizas y de los
que las autoridades judiciales han conseguido bloquear 18.
Al finalizar su declaración, Edmundo Rodríguez ha regresado a la cárcel de
Estremera.
http://cadenaser.com/ser/2017/07/13/tribunales/1499975203_326819.html
EL HERMANO DE GONZÁLEZ, IMPUTADO A LA PAR POR CORRUPCIÓN EN DOS JUZGADOS DE LA
AUDIENCIA NACIONAL
La investigación por las presuntas irregularidades de Mercasa han sido asumidas
exclusivamente por el juzgado que dirige José de la Mata después de que el
titular del Central de Instrucción 6 haya enviado esta pieza separada del caso
Lezo a su compañero. Se da la circunstancia de que ahora Pablo González está
siendo investigado en Mercasa y en Lezo por dos jueces distintos.
La investigación del caso Lezo pierde una de sus piezas separadas -el juez Eloy
Velasco troceó el caso en seis ramificaciones- después de que el titular del
Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional se haya
inhibido a favor del magistrado José de la Mata, en lo referente a las
irregularidades de Mercasa.
Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, De la Mata ya ha dictado un auto
donde ha decidido asumir dicha investigación en la que se encuentra imputado el
hermano de Ignacio González, Pablo González.
El pasado 16 de mayo, el juez Velasco dividió la macrocausa Lezo en las
siguientes piezas separadas: la número 1, que englobaba la causa principal sobre
la expansión del Canal de Isabel II en Sudamérica; la pieza 2, que versaba sobre
las irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf; la pieza 3,
sobre la adjudicación del tren de Navalcarnero; la pieza 4, destinada a la
supuesta financiación ilegal del PP a través de Indra; la 5, donde se investiga
el blanqueo de capitales de la familia González; y, la 6, las irregularidades en
Mercasa, donde se encontraba imputado Pablo González, hermano del expresidente
madrileño Ignacio González.
Sin embargo, en el caso de las presuntas irregulares de la empresa pública
Mercasa se dio la circunstancia de que, cuanto estalló la operación Lezo, el
Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ya tenía
abierta una investigación -a raíz del caso Defex- por estos hechos. De ahí, que
finalmente el Juzgado 6 se inhibiese a favor de José de la Mata.
La principal consecuencia jurídica de estos movimientos entre togados de la
Audiencia Nacional es que Pablo González a falta de estar ahora imputado por
corrupción en un juzgado de dicho órgano judicial lo está en dos.
El acusado, en prisión
En el Juzgado de José de la Mata por su implicación en el caso Mercasa, donde se
investigan operaciones de la empresa pública en países como República
Dominicana, Angola, Argentina y Panamá, ciertos pagos y el supuesto desvío de
fondos; y en el Juzgado que ahora capitanea Manuel García Castellón por las
irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf de Isabel II.
El investigado se encuentra desde el pasado mes de abril en prisión preventiva
después de que el instructor de Lezo ordenara su ingreso en la cárcel eludible
previo pago de una fianza de cuatro millones de euros.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha citado a
declarar el próximo día 17 a varios exdirectivos y exmiembros del consejo de
administración investigados en el caso Mercamadrid, entre los que figura el
hermano de Ignacio González.
http://www.vozpopuli.com/espana/Gonzalez-imputado-corrupcion-juzgados-AN_0_1041496881.html
UN JUZGADO PIDE LA GRABACIÓN DEL CHIVATAZO A LA 'TRAMA LEZO' DE LA "MAGISTRADA
AMIGA"
Un juzgado de Plaza Castilla apremia a la UCO de la Guardia Civil a que entregue
las transcripciones de las comunicaciones interceptadas en la 'operación Lezo' a
los jefes de la presunta trama donde hablan de una "magistrada amiga de la casa"
El presunto chivatazo que alguien dio a los cabecillas de la trama Lezo es uno
de los asuntos más urgentes que queda por resolver en esta operación en la que
los líderes de la presunta trama, Ignacio González, expresidente de la Comunidad
de Madrid y su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, continúan en
prisión. Este fleco que queda por investigar es clave porque el aviso permitió,
según las diligencias elaboradas, que siete meses antes de que se produjesen las
detenciones González y Rodríguez supiesen incluso que la justicia había cursado
comisiones rogatorias internacionales a diferentes países.
La formación política Contrapoder presentó un denuncia por revelación de
secretos en un juzgado de Plaza Castilla en la que se indicaba que según las
diligencias "fue una magistrada amiga de la casa" la que supuestamente chivó que
los teléfonos del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y de
otros investigados estaban intervenidos.
Solicita que se entreguen las transcripciones de las intervenciones telefónicas
Ahora el Juzgado de Instrucción número 6 de Plaza Castilla apremia a la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a que entregue la copia de las
transcripciones de las intervenciones telefónicas efectuadas a lo largo de estas
diligencias referidas al presunto chivatazo que alguien dio a Edmundo Rodríguez,
en aquel momento consejero delegado del diario La Razón. "El Juzgado Central de
Instrucción número 6 no se puede negar a la autoridad judicial que resuelve que
la UCO entregue a este Juzgado la copia requerida de las transcripciones de las
intervenciones telefónicas efectuadas", señala este auto del pasado 23 de junio
al que ha tenido acceso la Cadena SER.
Es decir, Plaza Castilla va a investigar la supuesta revelación de secretos que
hubo a lo largo de esta investigación tal y como recogen las conversaciones
telefónicas interceptadas judicialmente en este caso concreto a Edmundo
Rodríguez quien según la investigación también actuó de presunto testaferro de
Ignacio González. El juez que está investigando este fleco es el titular del
Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, que
ha tramitado la denuncia presentada por la formación política Contrapoder.
Además el partido político Contrapoder solicita al Juzgado de Instrucción Número
6 de Madrid que cite como testigo de la causa a Edmundo Rodríguez Sobrino que
sigue en prisión incondicional porque "fue Edmundo el que alertó a Ignacio
González de que una magistrada amiga de la casa le había chivado la existencia
de pinchazos telefónicos".
http://cadenaser.com/ser/2017/06/29/tribunales/1498758577_763799.html
CANAL DE ISABEL II: EL JUEZ DICE QUE LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE PANAMÁ FUE
“FRAUDULENTA”
El juez Manuel García Castellón considera que la compra de Inassa por
parte del Canal de Isabel II a través de Panamá fue una operación “fraudulenta”.
Así lo asegura en un auto fechado el 21 de julio al que ha tenido acceso
OKDIARIO.
García Castellón rebate de esta forma los argumentos aportados por varios socios
involucrados en la compra de Inassa que pedían el archivo de la causa. Entre
ellos Francisco Olmos Fernández-Corugedo, gerente general de la sociedad Triple
A de Barranquilla, una de las filiales de Inassa, presidente de Inassa, director
general de Tecvasa -la sociedad que reunía al grupo de empresarios españoles que
dio el pelotazo– y consejero de Canal Extensia de la que también era socio.
El Canal de Isabel II desvió 73 millones de dólares, unos 83 millones de euros
entonces y 67 al cambio actual, en el año 2001 al paraíso fiscal de Panamá para
la compra de Inassa. Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas
de Madrid, fue el gerente de la empresa pública de aguas de Madrid, entre
septiembre de 2001 y 2003, periodo en el que el Canal consumó la operación de
compra de Inassa, la sociedad de aguas de Barranquilla, en Colombia.
El magistrado que sustituyó a Eloy Velasco en la instrucción del ‘caso Lezo’
asegura que se utilizó la Sociedad de Aguas de América (SAA) radicada en Panamá
como “sociedad interpuesta que permitió indiciariamente el desvío de una ingente
cantidad de dinero público de la CAM”.
Esta sociedad offshore fue liquidada el mismo día de la venta, por la que se
pagó una cantidad 10 veces mayor de su valor real, según las investigaciones de
la Audiencia Nacional.
Canalda y Olmos son señalados en la causa como dos de los actores que
intervinieron en la operación de ingeniería financiera por la que una entidad
pública como el Canal de Isabel II pagó con dinero de los contribuyentes una
operación de compra de una sociedad colombiana a través de un paraíso fiscal.
Vanos intentos por callar a OKDIARIO
Arturo Canalda ha intentado por todos los medios evitar que este periódico
continúe publicando informaciones sobre la adquisición de Inassa cuando él era
gerente del Canal de Isabel II. Canalda accede al cargo el 25 de septiembre de
2001 y la compraventa por el Canal de la sociedad extranjera de aguas se produce
el 13-12-2001. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid
ha dictado un auto tirando por tierra las intenciones de Canalda ya que suponen
una “censura previa” a un medio de comunicación.
Una pieza importante del puzzle societario en el que estaba involucrado Canalda,
y que tuvo en cuenta el magistrado, son los informes del despacho de abogados
Cuatrecasas, contratado por el Canal en 2004 y 2009 para auditar y fiscalizar
todo ese proceso mercantil. En estos informes de auditoría se constata que la
utilización de la sociedad instrumental en Panamá fue ocultada por los gestores
del Canal a la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Consejo de
Administración de la empresa de aguas.
https://okdiario.com/investigacion/2017/07/29/canal-isabel-ii-juez-dice-compra-inassa-traves-panama-fue-fraudulenta-1199774
VILLAR MIR NIEGA PAGOS A GONZÁLEZ POR EL TREN DE NAVALCARNERO: "FUE RUINOSO PARA
OHL"
El presidente del Grupo Villar Mir solicita su desimputación en el caso Lezo
alegando que no tuvo ninguna participación en el presunto pago de una comisión
al cerebro de la trama
Juan Miguel Villar Mir ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6
de la Audiencia Nacional que le desimpute en el caso Lezo, la investigación
sobre la trama de comisiones ilegales que presuntamente lideraba el expresidente
de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El empresario no sólo asegura que no
participó en ninguna de las transacciones que están bajo sospecha, sino que la
supuesta adjudicación por la que su constructora OHL habría abonado una comisión
de 1,4 millones de euros al exdirigente del PP, la concesión de las obras del
Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, se saldó con un resultado ruinoso para
su compañía.
El recurso de reforma que ha presentado la defensa de Villar Mir contra su
imputación recuerda en primer lugar que, en el auto que dictó el juez Eloy
Velasco para citarlo a declarar el próximo 12 de septiembre, su nombre sólo
aparece en dos ocasiones: “Para ubicarlo como investigación en la pieza separada
número 3 y para fijar su declaración. Ni una sola referencia más al señor Villar
Mir en toda la resolución judicial”. En opinión de sus abogados, el auto debería
concretar cuáles son los motivos, más allá de una “mera conjetura o simple
sospecha”, que llevan al juez a concluir su participación en los hechos. “El
auto ahora recurrido no cumple en absoluto las exigencias expuestas”.
En opinión de sus abogados, el auto debería concretar cuáles son los motivos,
más allá de una “mera conjetura o simple sospecha”
El empresario insiste en que el auto en el que se acuerda su citación como
investigado únicamente menciona “diferentes tramas delictivas, no siempre sobre
hechos semejantes o involucrando a las mismas personas, que tienen como
denominador común al investigado D. Ignacio González y que afectan a diferentes
órganos de contratación e, incluso a diferentes contratos”. Pero, sostiene
Villar Mir, el auto “no dice absolutamente nada de los que tendría que decir
para justificar la imputación”.
No es el único argumento al que se agarra el presidente del hólding Villar Mir
para tratar de quedarse al margen de esta causa, en la que también está imputado
su yerno Javier López Madrid, consejero delegado del grupo familiar y consejero
igualmente de OHL. El industrial alega que los hechos que se investigan en la
pieza separada número 3 del caso Lezo, el pago por parte de su empresa “de una
comisión a funcionario o autoridad pública por la adjudicación del contrato de
concesión de la línea ferroviaria que debía unir Móstoles Central con la
localidad de Navalcarnero”, fue “tan ruinoso para OHL que llegó a provocar una
ampliación de capital en la compañía, dadas las enormes pérdidas por inversiones
no recuperadas e incumplimientos administrativos en las que la compañía
incurrió”.
En efecto, las obras del tren no llegaron a terminarse y OHL mantiene un litigio
con la Comunidad por la resolución del contrato. Sin embargo, las pesquisas se
centran en el periodo previo a la adjudicación del proyecto. Los expertos en
delitos económicos de la Guardia Civil han aportado al sumario un aluvión de
pruebas de que el yerno de Villar Mir realizó una transferencia en septiembre de
2007 de 1,4 millones de euros desde una filial mexicana de OHL a una cuenta
suiza del banco Anglo Irish Bank controlada por la sociedad panameña Lauryn
Group. El dinero tenía como objetivo recompensar a Ignacio González por su
presunta mediación para que la constructora se llevara las obras del Cercanías.
Sólo un mes después del pago, OHL logró el contrato.
Sin embargo, González alega que nunca recibió el dinero. El propietario de
Lauryn Group, Adrián de la Joya, ha admitido que López Madrid le envió el dinero
para que se lo transfiriera al presidente madrileño, pero ha declarado que se
quedó los fondos para saldar las deudas que le había dejado el Grupo Villar Mir
por un proyecto conjunto en Burkina Faso. Con todo, el juez Velasco consideró
que el pago es suficiente para imputar la existencia de la comisión y se sigue
rastreando el dinero de la cuenta suiza para conocer el destino de hasta su
último euro.
El juez Velasco consideró que el pago es suficiente para imputar la existencia
de la comisión y se sigue rastreando el dinero de la cuenta suiza
La defensa del presidente del grupo empresarial niega por completo esa
conclusión. “En ningún pasaje de las actuaciones se concreta la intervención
personal que se achaca al señor Villar Mir en los hechos investigados. Ningún
comportamiento se le atribuye al respecto, activo o pasivo”, asegura. “Cierto es
que, en el año 2007 -cuando se produce la adjudicación del contrato
administrativo en cuestión- ostentaba el cargo de presidente de OHL”, continúa
su recurso de reforma. “Sin embargo, este cargo no es por sí mismo expresión de
ninguna acción criminal (…) En suma”, termina el escrito, “no hay en la causa
nada que pueda decirse del señor Villar Mir, pues nada ha hecho y en nada ha
participado”.
Las acusaciones populares personadas en el procedimiento ya se han opuesto a la
petición del empresario recordando la implicación de su grupo en el principal
soborno atribuido a González y justificando la necesidad de que el industrial
comparezca ante el juzgado para aclarar su responsabilidad en ese capítulo del
caso Lezo. González se encuentra en prisión provisional desde el 21 de abril.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-27/villar-mir-niega-soborno-a-gonzalez-tren-navalcarnero_1406135/
LEZO: EL SUMARIO QUE DESNUDÓ LA POLÍTICA MADRILEÑA, LAS MANIOBRAS DEL PP EN LA
JUSTICIA Y A EJECUTIVOS DE LA PRENSA
Arrancó como una investigación al expresidente Ignacio González y la gestión que
ha hecho del caso el Gobierno derivó en la reprobación en el Congreso de un
ministro, un fiscal general y un secretario de Estado
La operación contra las corruptelas del Canal ha jubilado políticamente a
Esperanza Aguirre y puesto en entredicho al director de La Razón y a un
importante ejecutivo de Atresmedia
Las escuchas en las que los principales imputados conspiraban para situar a
Manuel Moix como responsable de Anticorrupción y sus primeras decisiones
arruinaron el prestigio del anterior fiscal jefe de Madrid
Hubo un tiempo en que nadie se atrevía a toser a Ignacio González. Fueron
lustros de poder omnímodo del PP de Madrid. De mayorías absolutísimas que
alcanzaron su cénit tras las municipales de 2011 cuando la expresidenta de la
región, del partido y de casi todo, Esperanza Aguirre, decretó el fin del
"cinturón rojo" al sur de la Comunidad tras ver a sus candidatos sentados en
alcaldías históricas del PSOE como Parla, Móstoles o Alcorcón.
Desde el Gobierno regional el PP manejaba presupuestos anuales de 20.000
millones de euros. Controlaba la televisión pública y la mayor parte de la
prensa privada comía de su mano amamantada por sus generosos convenios
publicitarios. La patronal, con su presidente Arturo Fernández a la cabeza,
estaba a partir un piñón con el Gobierno haciendo donaciones a través de
Fundescam y el futuro contemplaba faraónicas muestras de poderío como la Ciudad
de la Justicia, con sus 15 edificios de autor encargados a eminencias de la
arquitectura como Zaha Hadid o Norman Foster.
Ese era el ambiente en 2012 cuando Aguirre decidió legar su ingente capital
político al delfín preferido, Ignacio González, a quien ya había entregado las
llaves del partido con la secretaría general. La crisis azotaba todavía con
fuerza pero había un Gobierno amigo en La Moncloa. En la primera de las tres
despedidas de la presidenta y tras años de luchas intestinas, González era el
elegido. Su oponente de siempre, Francisco Granados había dado un paso atrás
resignado a comentar la actualidad política desde las tertulias. Alberto Ruiz
Gallardón había dejado de ser un rival mucho antes cuando permitió a Aguirre
hacerse con todo el control territorial del partido y en ese momento ejercía de
ministro de Justicia a las órdenes de Mariano Rajoy.
De aquellas fotos en sepia que retrataron la felicidad total del PP madrileño
hace solo cinco años no queda nada y hoy el legado de Aguirre y González está
hecho añicos. La presidenta, tuvo que despedirse en tres actos, sacudida por la
corrupción, y su sucesor mata ahora los días en una celda de Soto del Real.
El entierro del aguirrismo
El futuro del aguirrismo ya empezaba a pintar mal con las primeras informaciones
del lujoso ático de Estepona y cuando el dedo de Mariano Rajoy eligió para el
cartel de la Comunidad a Cristina Cifuentes. Para colmo, ella ganó mientras que
Esperanza Aguirre salió derrotada en las urnas por lo que ella misma calificaba
como un grupo de populistas y elementos antistema, Ahora Madrid, que desde el
verano de 2015 gobierna el Ayuntamiento de la capital.
Pero todo se tiñó de negro carbón la mañana del pasado 19 de abril: agentes de
la Guardia Civil detuvieron a González a las puertas de su chalé de Aravaca, en
las afueras de la capital. La Operación Lezo, que llevaba año y medio
fraguándose bajo el sigilo del secreto de sumario, veía la luz para derrocar lo
que quedaba en pie del régimen aguirrista. Cayó Ignacio González, cayó su hombre
de confianza en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, cayó el hermano del
expresidente, Pablo, por sus manejos en la empresa pública Mercasa, y también el
hombre que movía los hilos de otro ente paralelo la Comunidad José Martínez
Nicolás, por su gestión como consejero de la Agencia Informática de Madrid.
Los arrestos coincidieron con la semana en la que Aguirre estaba citada a
declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. En la sala, ante el juez
repitió ya con poca convicción el estribillo de que ella fue quien destapó la
trama. A la salida, rodeada de micrófonos y cámaras hizo una firme defensa de su
inocencia pero ya no puso la mano en el fuego por González, que pasaba sus
primeras horas en el calabozo a la espera de declarar ante el juez Eloy Velasco.
La teoría del par de cargos que le habían salido rana estaba hecha trizas. La
cuenta atrás para su abandono de la política había comenzado y Aguirre no pudo
contener las lágrimas.
Con el auto del juez que enviaba a prisión a González un viernes de madrugada
acusado de malversar millones de euros a través del Canal y de otros negocios
como alto cargo de Madrid, Aguirre tomó la decisión de marcharse por última vez
y dejar el acta de concejal en el consistorio. El comunicado que firmó el PP de
Cifuentes para despedirla parecía escrito sobre un bloque de hielo. Ni un solo
adjetivo cariñoso, como si su sucesora quisiera cerciorarse de que esta vez la
carrera de Aguirre no volvería a resucitar.
Campañas bajo sospecha
Los informes de Anticorrupción, de la Guardia Civil y los autos del juez Velasco
también han buceado en el origen del dinero para pagar los despliegues
propagandísticos de las vacas gordas. El magistrado de la Audiencia Nacional
sostiene que un millón de euros salió de inflar contratos en el Canal de Isabel
II y mantiene la lupa sobre oscuras compraventas en el Canal de Isabel II. La
oposición en Madrid se ha apresurado a decir que el PP regional no solo estaba
repleto de presuntos sino que acudía dopado a las campañas. Cifuentes que se
presentó como denunciante del caso, pese a que este ya estaba siendo investigado
en la Audiencia Nacional, proclamó que " el tiempo de los corruptos se ha
terminado". Su credibilidad también está en entredicho después de que la Guardia
Civil haya pedido investigarla en otro sumario gemelo, el caso Púnica, por la
adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid a un viejo conocido del
partido, el empresario Arturo Fernández. De momento, ni el juez ni los fiscales
han pedido su imputación y ella repite que está limpia.
La Guardia Civil hurga también en el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón en la
Comunidad y ha registrado una cita con quien fue uno de sus enemigos acérrimos
en el partido, Ignacio González, en el despacho que este tiene en pleno centro
de Madrid. Anticorrupción sospecha de un pacto de silencio y tiene subrayada en
rojo una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana en la que el
primero se jacta de haber tapado una supuesta corruptela del Gobierno de
Gallardón en América, donde según González la Comunidad pagó 100 millones de
euror por una filial del Canal "que no valía ni 30".
Conspiraciones en la Justicia
Los miles de folios y las decenas de horas de grabaciones telefónicas y con
micros del sumario Lezo no solo han enterrado lo que quedaba de aguirrismo,
también destaparon las maniobras del Partido Popular en la Justicia. Antes
incluso de que se levantara el secreto de sumario, afloraron conversaciones en
las que Ignacio González, cabecilla de lo que el magistrado Eloy Velasco llama
"organización criminal", conspiraba con compañeros de partido y directivos de
comunicación para que se nombrase como jefe de Anticorrupción a Manuel Moix, "un
tipo cojonudo", según sus propias palabras. La Unión Progresista de Fiscales
desveló que había trasladado las sospechas de que Moix figuraba en las escuchas
al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y que este pese a todo lo puso
al frente de Anticorrupción. Moix estaba chamuscado por Lezo y su puntilla fue
la noticia de que tenía participaciones en una sociedad familiar constituida en
Panamá. Se fue semanas después de que el Congreso de los Diputados lo reprobase.
Maza, en idéntica situación, sigue al frente de la Fiscalía General.
Un ministro en el alambre
En el teléfono de Ignacio González los investigadores también hallaron mensajes
con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien horas después de ser
confirmado en el puesto, deseaba al expresidente madriñeño " que se acaben los
líos". Catalá, quien dijo tener el apoyo y la comprensión del presidente,
Mariano Rajoy, que también envío sms parecidos a Bárcenas, sabe desde entonces
que la mayoría del Congreso exige su cese. Ha sido reprobado por la Cámara donde
reside la soberanía nacional, pero tanto el ministro como el Gobierno y el
propio Partido Popular, dan a entender que eso no tiene importancia.
El último cargo público reprobado esta semana ha sido el secretario de Estado de
Seguridad, José Antonio Nieto, por recibir en su despacho a Pablo González,
hermano de Ignacio, y según apunta el sumario, cerebro de una trama para sacar
dinero público de la firma Mercasa a través de un fraude de facturas falsas y de
la compra de funcionarios en terceros países.
Los casi dos años de seguimientos, escuchas y sobre todo los movimientos de
dinero a paraísos fiscales apuntan también a las grandes constructoras de este
país. La Guardia Civil inspeccionó ACS y mantiene que la empresa de Florentino
Pérez pagó mordidas en los expedientes del campo de golf ilegal que el Gobierno
de Aguirre levantó sobre terrenos del Canal de Isabel II. Y una de las cabezas
visibles del Grupo OHL, Javier López Madrid, el compiyogui al que tuteaban los
reyes de España para desearle suerte cuando afloraron sus primeros escándalos en
la prensa, el yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, ha
evitado la cárcel pagando una fianza de 100.000 euros. Está acusado de pagar una
mordida a través de un banco suizo a Ignacio González a cambio de adjudicarle la
obra del tren a Navalcarnero, un proyecto fallido que no se llegó a realizar.
Los tres Porsches deportivos de López Madrid están incautados por el juzgado y
crecen las sospechas de que el conglomerado empresarial de su familia era uno de
los financiadores del PP.
Junto a él han caído media docena de pequeños empresarios que según desliza la
instrucción han jugado un papel clave para camuflar la caja B del PP de Madrid y
una serie de trabajos realizados para el partido que acaba pagando la
Administración o sus subcontratas.
Periodistas y directivos de medios, en la picota
El collage sobre la corrupción en Madrid que constituyen las distintas patas del
caso Lezo deja también mal parados a periodistas y directivos de medios de
comunicación. Las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil han permitido
aflorar conversaciones en las que el director de La Razón, Francisco Marhuenda,
y un alto directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, hablan con uno de los
principales imputados, Edmundo Rodríguez, consejero de ese grupo de comunicación
y hombre fuerte del Canal en América, y maniobran para intentar que el Gobierno
de Cifuentes deje de colaborar con la Justicia aportando documentación de la
empresa pública. Casals y Marhuenda fueron imputados en un primer momento por
coacciones -las charlas revelan insultos muy graves a la presidenta madrileña y
a parte de su equipo- pero tras tomar declaración a Cifuentes y a su jefa de
gabinete, Marisa González, decidió levantar la acusación, después de que ambas
quitasen hierro a las llamadas que recibieron.
El sumario que ha levantado la última -al cierre de esta edición- tapa de las
alcantarillas de la política madrileña sigue su curso, ahora con un nuevo
instructor, el magistrado Manuel García Castellón, después de que Velasco haya
sido ascendido a un tribunal de nueva creación y que ejercerá de segunda
instancia para las sentecias dictadas por la Audiencia Nacional. Quienes conocen
las tripas del caso sostienen que a Lezo le queda mucho recorrido todavía. De
momento, todos los implicados son presuntos.
http://m.eldiario.es/politica/Lezo-madrilena-PP-directivos-comunicacion_0_657584483.html
EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “PAPÁ, CUANTO MÁS DISCRETO SE SEA... MEJOR”
La sospechosa inversión de la esposa del expresidente de Madrid en guarderías de
la mano del grupo empresarial 'Mis Pollitos'
"Pero bueno, papá, que cuanto más discreto se sea, mejor...". Pablo González,
hermano del expresidente de Madrid Ignacio González, no vio con buenos ojos que
su cuñada, Lourdes Cavero, constituyera una sociedad para gestionar guarderías
en Salamanca y otras ciudades españolas con lo que él denomina "dinero B
liberado". Según un informe de la UCO de la Guardia Civil, la inversión de
Lourdes Cavero en guarderías escolares, 500.000 euros, procedía realmente de
inversores estrechamente ligados a su marido, un Ignacio González que en las
grabaciones del caso Lezo se le ve desesperado por aflorar dinero
A Pablo González no le gusta "la exposición mediática y/o judicial" que puede
acarrear a su cuñada estar presente en una empresa dedicada a guarderías. En las
grabaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS, Pablo comenta su padre, el
histórico militante del PP Pablo González Liberal, otro de los 51 implicados por
el juez Velasco en la Operación Lezo, los pormenores de la operación.
Mientras hablan, se pone al teléfono la madre de Pablo y este también le muestra
a ella su contrariedad por cómo se va a realizar la inversión: "Muy mal hecho,
dile que ya se lo diré yo...", se enfada Pablo González. La madre concede:
"Claro, cuanto menos figure ella, mejor". De nuevo se pone al teléfono el padre
y su hijo reitera: "Pero bueno, papá, que cuanto más discreto se sea, mejor...
(...). Les he estudiado yo el negocio entero, pero lo veo regulín, pero bueno,
si se quieren meter ahí, pues que se metan". Los hermanos aún no sabían que
tenían los teléfonos pinchados. Lo supieron semanas después, lo que llevó al
juez a introducir micrófonos en el despacho de Ignacio González.
La madre del expresidente de la Comunidad también recela de la entrada de
Lourdes Cavero en la guardería: "Claro, cuanto menos figure ella, mejor"
Pablo González asesoró sobre esta inversión en guarderías tanto a Lourdes como a
su hermano Ignacio, quien desde un primer momento tiene claro quiénes aportarán
el dinero, en torno a 500.000 euros. Se trata de personas que figurarán como
inversores solo durante un año y luego se marcharán dejando todo en manos de
Lourdes Cavero, que figura también como investigada en la trama Lezo. Para esta
operación, la esposa de Ignacio González se alía con el grupo empresarial Mis
Pollitos, cuya administradora y socia será Carmen Pazos. La firma Mis pollitos
se dedica a prestar servicios de restauración y enseñanza no obligatoria en
diferentes colegios de España.
La gestión de esta operación se inicia en septiembre de 2016. Poco antes,
Ignacio González había dejado la presidencia de Madrid. Lourdes Cavero indica a
su marido que ha estado comiendo con Carmen Pazos y que en ese momento está
visitando locales para abrir guarderías. Y encuentra dos que le gustan, pero que
requieren obras de acondicionamiento por importe de 180.000 euros. "Es un local
que alquilas y que tienes que meter un pastón", cuenta Lourdes a su marido.
Ignacio González se sirvió de su padre y su hermano para realizar falsas
facturaciones cruzadas y aflorar dinero negro
A la UCO de la Guardia Civil le llama la atención que el matrimonio planee una
inversión de este tipo "teniendo en cuenta las operativas a las que tiene que
recurrir Ignacio González para lavar 13.000 euros porque", dice, "no tiene
dinero en sus cuentas". Los agentes, merced a las grabaciones, saben que Ignacio
González controla "dinerillo B", según lo define su testaferro Edmundo
Rodríguez, y que se sirve tanto de su padre como de falsas facturaciones para
aflorarlo mediante alambicadas transferencias que buscan ocultar el rastro sobre
la procedencia del dinero.
Las grabaciones revelan que detrás de toda la operación está realmente Ignacio
González. "Ella será la consejera delegada y tú la directora general, ¡qué
cojones, con un contrato de alta dirección y a tomar por culo!". González se
encargaría de buscarle los supuestos socios capitalistas. Al final concluye que
estos aportan 500.000 euros.
Ignacio y su hermano Pablo hablan sobre esta inversión el 24 de noviembre de
2016 en el despacho del expresidente. Ignacio le comenta que la socia será
Carmen Pazos, que gestiona numerosas concesiones públicas de guarderías en
Salamanca "y le han prometido que le van a dar otras cuatro guarderías nuevas en
Salamanca, de concesión municipal", señala el expresidente.
Pablo González a su hermano: "Es decir, B liberao, ¿no?, vale, joder...".
Pablo González relata que conoce a un concejal de Salamanca, Enrique Sánchez,
que les puede "introducir". Ignacio le comenta inicialmente que ha conseguido
("levantado", dice) financiación "de 400.000 o 500.000 euros" para la guardería.
Es decir, Lourdes Cavero pondría 500.000 euros provenientes de cuatro
accionistas, un 21 % del capital, y que Carmen Pazos aportaría otras guarderías
que ya tenía en funcionamiento.
"Ese negocio no vale", esgrime Pablo González, si ella se queda el 21 % quiere
decir que estás valorando la empresa en dos millones, es de guasa...". Ignacio
le matiza que "No, no, no, ella se queda liberado...en realidad se queda el 60 %
puesto que se valora la empresa en 1 millón de euros". Eso a Pablo si le parece
bien. Pero antes se cerciora: "Es decir, B liberado, ¿no?, vale, joder...".
Ignacio asiente y añade: "Esos se van el primer año, que no sé si lo dijiste
tú", en alusión a que los supuestos accionistas que ha buscado el expresidente
dejaran la compañía a su esposa pasado el primer año. La UCO deduce que el
matrimonio pretende con esta operación aflorar dinero de procedencia ilícita.
Ignacio González. [Carmen Pazos] ella aporta guarderías en funcionamiento y el
cáterin, libre de todas las historias. Se hace una nueva sociedad, y ella dice
que le han prometido que le van a dar cuatro guarderías nuevas en Salamanca, por
concesión municipal.
Pablo González. Yo me entero de eso en Salamanca.
I.G. Sí, ella con el alcalde... Me dice ella: ¿Tú conoces al alcalde? Le digo sí
(risas), yo conozco bastante a, a Alfonso (...) con este no se debe de llevar
[Pazos] muy bien; pese a eso tiene el monopolio de todas las guarderías de
Salamanca.
P.G. Dame el nombre de ella, porque yo se lo pregunto a Enrique Sánchez, que es
el concejal, este... ciego... de Deportes o de no sé qué, y no sé si de él
dependerá esto también, quizás de Cultura...
IG. Pero vamos, ella me ha dicho que estuvo el otro día con... este le ha dicho
que le va a dar las cuatro guarderías, o sea... Pero ella [su esposa Lourdes] ha
levantao ya el dinero, 500.000 euros, que no está mal. Para montar una guardería
aquí... Ella [Carmen Pazos] se queda el 40 % y 500.000 Lourdes.
PG. Es decir, B liberado, vale, joder y tal. Y los otros son financieros. ¿Y
Lourdes qué papel va a tener ahí?
IG. Pues estos se van el primer año, o sea, que debe ponerse un sueldo fijo para
tener 4.000 euros al mes para eh, gastos, por ejemplo, va a pagar de aquí a la
secretaria [la del expresidente], o sea, va a pagar una parte del despacho [se
refiere al despacho que el expresidente posee en la madrileña calle de Alcalá,
donde se dedica a la intermediación y corretaje, utilizando sus influencias,
según la UCO.
En diciembre de 2016, la UCO interceptó otro diálogo entre Lourdes Cavero y su
cuñado Pablo González. La gestión de las guarderías estaba aún en ciernes. Su
marido le había dicho que antes de constituir la sociedad de las guarderías lo
consultase con su hermano. "Quería hablar contigo, porque estoy ya aquí a punto
de constituir mi empresa, y Nacho [Ignacio González] me ha dicho que no haga
nada sin hablar contigo. No para de decirme: ya has hablo con Pablo, has hablao
ya... Así todos los días... Ay, que pesao, te juro que hoy hablo". Lourdes y
Pablo quedan en hablar en el despacho del segundo.
El 16 de diciembre de 2016, Ignacio González llamó a su notario habitual, un
amigo de la universidad, y quien, según él, le informa de todo lo relacionado
con el polémico ático que el matrimonio posee en Marbella y que es objeto de una
investigación judicial en la creencia de que el dinero de su compra, en 2008,
casi un millón de euros, le fue regalado por un constructor a cambio de una
recalificación de terrenos en Arganda del Rey (Madrid).
Ignacio comenta con su notario de confianza, Javier Lasso de la Vega, a quien
Ignacio llama Chevi, la visita que le ha hecho su esposa para firmar la
constitución de la sociedad de las guarderías. "Ya hemos firmado, gordito (...)
he traído una botella de champan", le dice Lourdes al otro lado del teléfono. Le
acompañan amigas suyas y acaba de firmar ante Chevi,
Al tanto de la operación de las guarderías estaba también el expresidente de los
empresarios de Madrid, Arturo Fernandez, implicado en la financiación ilegal del
PP madrileño en el marco de la trama Púnica. Recientemente, Fernández declaró
ante el juez Velasco que su relación con González era estrictamente
"protocolaria". Pero las grabaciones de Lezo le desmienten. Revelan que la
relación entre ambos es de estrecha amistad. Arturo Fernández le pide favores a
los que accede Ignacio González. Y, además, está al corriente de los negocios de
Lourdes Cavero. Ignacio González señala a Arturo Fernández: "Lo de Salamanca,
fenomenal... ya hemos firmado, ya hemos constituido la empresa y entran los
restos (los socios inversores de Lourdes Cavero) con ampliación de capital".
La UCO ha comprobado que ciertamente se llegó a constituir la citada sociedad.
Como socios figuran Lourdes Cavero y el grupo Mis Pollitos, de Carmen Pazos. La
Sociedad queda radicada en la sede del despacho de Ignacio González. Llama la
atención la UCO sobre el hecho de que inicialmente solo figuren como socios en
la empresa Lourdes Cavero y Carmen Pazos y que los otros inversores no entren
desde el principio y hagan una ampliación de capital solo unos días después. La
sociedad se constituye con un capital de 800.000 euros, de los que 500.000 euros
"los ha levantado", en palabras del expresidente, su esposa Lourdes Cavero.
Inversionistas efímeros
Entre los inversionistas que se van al año se halla Rocío Bonet Cavero y su
pareja sentimental. La UCO identifica a Bonet Cavero como sobrina de Lourdes
Cavero. La sobrina también ha participado en otros negocios del matrimonio. La
pareja sentimental de la sobrina fue consejero delegado de una empresa presidida
por Jaime Antonio Antoñanzas, quien, según los investigadores, estaría
involucrado, junto con Ignacio González y José Manuel Serra Peris, otro hombre
de confianza del expresidente y exalto cargo del Canal de Isabel II, en
"facturaciones cruzadas ficticias" encaminadas supuestamente a aflorar dinero
negro.
Otro de los inversores de la guardería es la sociedad Marmara Patrimonial, de
Alberto Pérez de la Sal, amigo personal de Ignacio González y con actividades
societarias comunes. Pérez de la Sal es consejero delegado de la Cámara de
Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España.
La obsesión de González (para lavar el dinero que la UCO sospecha esconde y que
solo en España calcula en unos tres millones de euros) es intercalar sociedades
aparentemente activas en las que camuflarse.
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/23/actualidad/1498223454_752672.html
EL NUEVO JUEZ DE LEZO Y PÚNICA PIDE AYUDA PARA EVITAR QUE COLAPSE EL JUZGADO
El titular del Central 6 de la Audiencia Nacional tomará posesión el lunes y
reclama un juez de apoyo y más funcionarios para sacar adelante las macrocausas
El Juzgado de la Audiencia Nacional encargado de las macrocausas de corrupción
Púnica y Lezo se encuentra al borde del colapso. Su nuevo titular, Manuel
García-Castellón, aterrizará la próxima semana y tendrá que hacer frente a un
calendario de infarto que le exige afrontar, en un plazo de poco más de dos
meses, un centenar de interrogatorios de estos dos procedimientos. La
insostenible situación ha conducido al veterano juez a pedir ayuda y a reclamar
apoyo para el Central 6, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.
El magistrado ha lanzado un doble grito de auxilio. Ve no sólo necesario sino
imprescindible contar con un juez de refuerzo, figura esencial para sacar
adelante el ingente trabajo que se avecina para el próximo curso. También
solicitará que se apuntale el Juzgado con dos nuevos funcionarios. El objetivo
primordial es conseguir controlar en algo más de 60 días los dos monstruosos
procedimientos que hereda de Eloy Velasco y continuar tramitando otras causas
menos mediáticas pero que serán también su responsabilidad. El 6 se ocupa de
instruir el sumario sobre la empresa pública de gestión de agua Acuamed y, en
breve, recibirá desde Valencia la instrucción sobre otro caso de corrupción, el
que investiga en la 'trama del fuego' el amaño de contratos para la extinción de
incendios.
Y es que el riesgo de no atender sus reclamaciones es evidente. El avance de
Púnica y Lezo podría quedar congelado en puntos muy sensibles para ambas
investigaciones. Las pesquisas sobre la red dirigida por Francisco Granados se
encuentran a medio camino, con decenas de flecos pendientes de rematar en muchas
de sus 16 piezas. Las fuentes consultadas apuntan que debe citarse de forma
inminente a medio centenar de personas. A esto se suma la revisión de la
documentación incautada. A modo de ejemplo, hace sólo unas semanas se
intervinieron más de 100 cajas en los registros de la sociedad Arpegio
No sólo se trata de un deseo del nuevo titular que ha resultado ser el antiguo
ya que García-Castellón recupera una plaza que es de su propiedad y dejó por
otras funciones hace 17 años. Según apuntan distintas personas a este diario
tanto las unidades policiales que trabajan con el Juzgado como las Fiscalías de
la Audiencia Nacional y de Anticorrupción aconsejan el refuerzo inmediato.
El magistrado ha recibido una oferta por parte del juez Eloy Velasco designado
para un nuevo puesto en la Sala de Apelaciones. A última hora ha solicitado que
se prorrogue su presencia en el Juzgado hasta el 31 de julio para auxiliarle,
aunque sólo durante el próximo mes. Se da el caso de que durante agosto ambos
disfrutarán de sus vacaciones y que la avalancha de diligencias explotará a
partir de septiembre. Velasco declinó permanecer en el Juzgado cuando fue
nombrado hace unas semanas.
El calendario
Las dos macrocausas requerirán a partir de septiembre un sobreesfuerzo evidente.
La Púnica suma, además de las declaraciones mencionadas y que aún no han sido
fijadas, otras diligencias urgentes que quedaron reflejadas en un auto por el
que se prorrogó la instrucción para los próximos 18 meses. El magistrado deberá
pronunciarse sobre si propone la imputación de varios aforados. Más allá del
caso de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, a la que la UCO vincula con
un contrato concedido al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, la
lista incluye a su número tres, Jaime González Taboada, y al diputado Bartolomé
González.
Otra pincelada que dan pistas sobre lo que Velasco dejó en el apartamento de
'cosas por hacer' es la petición de informes sobre los pelotazos inmobiliarios
del Valdemoro de Granados. En este apartado es necesario reclamar al
Ayuntamiento información sobre siete proyectos: el planteamiento inmobiliario
completo del municipio, el de El Majuelo, Las Zanjas Norte, el Pozo de San
Pedro, el sector UDE Oeste Norte, Canto Negro y el paraje Merino Restón. También
sobre otros ayuntamientos 'púnicos' como el de Serranillos del Valle.
La pieza relativa a la actividad de Waiter Music requiere, además de varios
interrogatorios, indagaciones relativas a empresas y ayuntamientos. En concreto
el auto detallaba que hay que recabar "los expedientes de contratación de los 47
Ayuntamientos de Madrid que contrataron sus servicios durante los años 2004 a
2014 por importe de 28 millones" y los contratos de "FCC, Acciona, Dragados, OHL,
Sacyr, Grupo DHO y Urbaser a los que también dirigió su facturación Waiter Music
por 1.341.423 euros".
Un detalle más que significativo del trabajo acumulado que aguarda al nuevo
titular es el que afecta a las peticiones de sobreseimiento que plantearon las
defensas de Lucía Figar y otros seis investigados. A pesar de que se formularon
hace más de un año, aún no han sido contestadas por el 6.
A la Púnica se suma la Lezo, recién iniciada y en la que Velasco citó a declarar
como imputadas a 51 personas, entre ellas el expresidente de OHL Juan Miguel
Villar Mir; el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez; la esposa de
Ignacio González, Lourdes Cavero; las sobrinas de ésta y el propietario de la
empresa Licuas, Joaquín Molpeceres. La causa ya suma seis piezas separadas y 68
investigados y una maratón de declaraciones a celebrar entre los próximos 18 de
septiembre y 31 de octubre.
Según informan las fuentes consultadas, la intención de García-Castellón es
tomar posesión el próximo lunes y solicitar esta ayuda, que debe ser avalada por
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la Sala de Gobierno de la
Audiencia Nacional con la intención de que pueda ponerse en marcha lo antes
posible.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-23/lezo-punica-garcia-castellon-eloy-velasco-audiencia-nacional-pp_1402536/
LA GUARDIA CIVIL REGISTRÓ UNA CITA ENTRE IGNACIO GONZÁLEZ Y GALLARDÓN TRAS LOS
PRIMEROS ESCÁNDALOS DEL CANAL
La Fiscalía sospecha que los dos expresidentes madrileños sellaron "un pacto de
silencio" sobre el saqueo del Canal de Isabel II
Rivales políticos irreconciliables, ambos se vieron en el despacho de Ignacio
González el 19 de mayo de 2016 en compañía de Enrique Cerezo
En una conversación intervenida, González se jacta de haber tapado el pelotazo
cometido con la empresa pública en tiempos de Gallardón
Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Alberto
Ruiz-Gallardón, dos rivales políticos irreconciliables, dejaron a un lado sus
diferencias y mantuvieron una reunión el 19 de mayo de 2016, tres días después
de la destitución de Edmundo Rodríguez Sobrino, otro de los nombres clave de la
Operación Lezo, de su puesto en el Canal de Isabel II.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Ruiz-Gallardón y González sellaron “un
pacto de silencio” para ocultar las irregularidades cometidas en tiempos del
primero con la expansión del Canal por Latinoamérica y poder continuar con ellas
durante el mandato del segundo.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron
la visita de Ruiz-Gallardón y el productor Enrique Cerezo al despacho
profesional de Ignacio González ese 19 de mayo. Los investigadores aún no habían
colocado micrófonos en el despacho de Ignacio González con autorización del
juez, por lo que no consta grabación del encuentro. Como muñidor del encuentro,
el presidente del Atlético de Madrid, íntimo de González, y una y otra vez en
los pinchazos telefónicos al tanto de las maniobras del expresidente para
influir en la justicia.
La reunión se produjo cuando el Gobierno de Cristina Cifuentes había empezado ya
a revolver los documentos sobre la gestión de sus antecesores en la Comunidad de
Madrid. Un par de meses después de la cita en el despacho de González, el actual
Gobierno autonómico presentó una denuncia ante Fiscalía. Para entonces, la
Guardia Civil llevaba ya diez meses con la Operación Lezo.
El Canal de Isabel II dependió del Ejecutivo de Ruiz-Gallardón durante el
mandato de éste como presidente de la Comunidad de Madrid, entre 1995 y 2003,
año en el que Ignacio González tomó el control de la empresa pública como
vicepresidente de Esperanza Aguirre, la gran rival en el PP de su antecesor.
Esta investigación periodística es posible gracias a más de 20.000 socios
González se encuentra en prisión desde el pasado 19 de abril como cabecilla de
una organización criminal dedicada a saquear las arcas públicas, entre otros
hechos delictivos. Gallardón no está imputado formalmente, pero la Audiencia
Nacional investiga sus ingresos por si se hubiera enriquecido con fondos del
Canal de Isabel II.
Tres días antes de la cita entre los expresidentes autonómicos, el Ejecutivo
regional había destituido al hombre de González en Latinoamérica, Rodríguez
Sobrino. Su nombre aparece vinculado a tres empresas en los Papeles de Panamá,
la investigación sobre paraísos fiscales difundida en España por La Sexta y El
Confidencial.
Edmundo Rodríguez Sobrino, hoy en prisión provisional, está acusado de inflar la
compra de la brasileña Emissao para repartir las plusvalías entre distintos
protagonistas de la operación. Esa compra se produjo en 2013, en época de
Ignacio González, y doce años después de que el Canal de Isabel II arrancara su
aventura hispanoamericana del mismo modo, comprando una sociedad por un precio
muy superior a su valor real y, en ese caso, a través de una empresa radicada en
el entonces paraíso fiscal de Panamá.
"Pacto de silencio y cooperación"
La compra de Inassa fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Alberto
Ruiz-Gallardón, a pesar de no contar con el marco legal para ello. Los fiscales
Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá afirman en uno de sus escritos que,
"presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición
fraudulenta (de Inassa en 2001) y, de algún modo, estableció un pacto de
silencio y cooperación con Ignacio González".
El 11 de noviembre de 2016, cuando los micrófonos de la Guardia Civil ya estaban
escondidos en el despacho de Ignacio González, éste se reunió con Eduardo
Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. En un momento de la conversación,
Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el Canal a
los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges).
"Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana.
El expresidente González apostilla: "No se atrevía porque Alberto hizo una
operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue
comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta
millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para
comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un
diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su
vez avalaba el Canal de Isabel II".
Y añade el que representa otro de los indicios del “pacto de silencio” entre
Gallardón y González. "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo
dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y
es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo
tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no
te puedes ni imaginar", comenta Ignacio González.
La expansión por Latinoamérica que nadie fiscalizaba
Los investigadores han incluido en el sumario de la Operación Lezo cuatro
informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003, 2013 y 2015) que alertan de la
falta de fiscalización del conglomerado de empresas del Canal en Latinoamérica,
un gigante que crecía lejos de cualquier control. El grupo de aguas es auditado
por KPMG, pero se trata de un tipo de auditoria sobre las cuentas anuales, de
tipo financiero, al que le basta constatar que las cuentas publicadas se
corresponden con la verdad.
“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la
desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad
Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en
los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención
final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas
públicas”. La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la
falta de fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió
Gallardón y continuó González crea “una situación potencial de riesgo y de falta
de control”.
El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la
constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a
su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un
total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco
meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo
3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial
(Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y
de la suscripción de los oportunos convenios”.
Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco
normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de
Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria,
previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La
Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata
de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones
del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que
podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.
http://m.eldiario.es/politica/Guardia-Civil-Gallardon-Gonzalez-Cerezo_0_656184711.html
EL FISCAL VE 66 MILLONES DE "PLUSVALÍAS ILÍCITAS" EN EL PELOTAZO DEL CANAL EN LA
ERA GALLARDÓN
Los investigadores dilucidan ahora si la compra de la filial colombiana Inassa
en 2001 fue una decisión que se tomó "de arriba hacia abajo" y si "se gestó en
el consejo de gobierno"
El primer pelotazo del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico, la compra
de la empresa colombiana Inassa en el año 2001, pudo generar una "ilícita
plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid" que rondaría los 66
millones de euros. Así lo cree la Fiscalía Anticorrupción, que sigue avanzando
en su investigación sobre esta operación que se fraguó bajo la etapa de Alberto
Ruiz-Gallardón en la presidencia del Gobierno regional. Fuentes cercanas al caso
señalan que hay indicios de que la compra de Inassa fue una decisión que se tomó
"de arriba hacia abajo" y que "se gestó en el consejo de gobierno".
Como ya adelantó El Confidencial, la Audiencia Nacional ha solicitado a la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a los
miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que a finales del año 2001
autorizaron la compra de Inassa, la operación que supuso la primera aventura del
Canal de Isabel II en Sudamérica. La Comunidad de Madrid, presidida por Alberto
Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por
una firma que había costado un año antes 10 veces menos, 6,8 millones de dólares
(7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una
operación cuanto menos dudosa para los compradores.
La UCO investiga a todo el Gobierno de Gallardón de 2001: Cortés, Cobo, Calvo...
La Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a todos los miembros del
Consejo de Gobierno, doce personas, que en diciembre de 2001 autorizaron la
compra de la filial colombiana del Canal
La Fiscalía habla de "falta de control y opacidad". No hay que olvidar que los
investigadores tienen en su poder comprometedoras grabaciones de los cabecillas
de la trama Lezo, el ex presidente regional Ignacio González y el expresidente
de Inassa Edmundo Rodríguez, que señalaron en conversaciones grabadas por la UCO
que la compra de Inassa fue "un robo" millonario. Aunque González y Rodríguez no
tuvieron nada que ver con esa operación (llegaron más tarde al Gobierno regional
y al Canal), heredaron sus consecuencias, ya que las arcas públicas estuvieron
pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como
último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron en 2002 para
financiar la adquisición de Inassa.
Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso. Y lo está porque
los fiscales reclamaron en noviembre de 2016, tras escuchar estas
conversaciones, una ampliación de su querella inicial, que giraba únicamente
sobre las irregularidades del Canal cometidas bajo el mandato de González
(2003-2015), primero como vicepresidente del Gobierno regional y después como
presidente. Este se quejó de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón,
asuntos sucios, y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole.
"Cuando llegué, me tuve que comer todos los marrones", entre los que figuraba la
compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. "Eso sí
que fue un pelotazo…", describe González. La ampliación de la querella por parte
de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de
caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en
esta parte del caso. El juez ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta
malversación".
Los investigadores están tratando ahora de delimitar quiénes fueron los
responsables de la compra. Lo que está claro para la Fiscalía es que hubo una
"situación de impunidad" que solo fue posible "con la connivencia a un máximo
nivel dentro de la comunidad autónoma". Aparte del presidente Ruiz-Gallardón,
había otros 11 consejeros, tres mujeres y ocho hombres, en el consejo de
gobierno que autorizó la compra. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor
Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz
González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la
Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez
y Luis Blázquez. En diciembre de 2001, el presidente del Canal era el consejero
Pedro Clavo y el director gerente de la empresa pública, Arturo Canalda, hoy
presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.
Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad
vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que
firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Los
investigadores también tienen sobre la mesa el nombre de Francisco Olmos, un
hombre clave en la operación, que durante todo el proceso estuvo en la parte
vendedora y luego en la compradora. En lo que se refiere al consejo de gobierno
presidido por Gallardón, fuentes cercanas al caso creen que "adoptó un acuerdo
indiciariamente irregular, que evidencia cierta ligereza o laxitud, carente de
justificación tanto desde el punto de vista de la Administración pública como
desde la óptica puramente económica o mercantil". La Comunidad de Madrid "asumió
un compromiso de gasto millonario" siguiendo "unos cauces anómalos con la
creación de una sociedad vehículo, Canal Extensia".
Así pagaba el Canal mordidas a políticos sudamericanos: en efectivo y con
escolta
Al menos tres fuentes han explicado a El Confidencial cómo se realizaban esos
pagos, sobre todo en Colombia. La UCO grabó a Edmundo Rodríguez hablando de esos
presuntos sobornos
Una operación en paraísos fiscales
Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en
septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba
desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer
socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar),
que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año
2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). El comprador de las
acciones fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última
firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo
accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir,
que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se
había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.
SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España:
el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa).
Ambas decidieron crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para
comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a
otros futuros negocios en Sudamérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y
Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración
de Canal acordó la compra de Inassa y ese mismo día se decidió también que se
hiciera a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13
de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de
dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la comunidad,
presidido por Gallardón, había ratificado toda la operación el 29 de noviembre.
El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de
Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10
millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5
millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en
octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros
13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas
madrileñas 97,3 millones de euros. Esta "doble venta", primero de SAA para
adquirir Inassa, "pudo generar en un espacio temporal inferior al año, una
ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de
euros", según valoraciones de la Fiscalía.
La UCO ya sabe que Aguas de América (SAA) fue constituida por el bufete de
abogados Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000 y que fue disuelta el
21 de febrero de 2002, "circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al
periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana
Agbar y su posterior venta a Canal Extensia". Entre los directivos de SAA están
Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José Ramón García de Paredes,
Kira Ivette Degracia y Violeta Annet Holness, "todos ellos miembros del despacho
de abogados, en lo que parece ser un ardid para la ocultación de los verdaderos
accionistas y receptores del dinero público presuntamente desviado".
Cifuentes ordena cerrar el grifo en América: el Canal vende todo y solo estará
en España
El presidente del Canal anuncia que la mayor empresa pública de Madrid solo
trabajará en España. Comienza así el proceso para vender todas las filiales al
otro lado del Atlántico
La Fiscalía también incluye en esta operación de 2001 a Ignacio González (que
llegó a la comunidad en 2003) y a Edmundo Rodríguez (que llegó a la presidencia
de Inassa en 2006) "mediante el conocimiento total de la operación fraudulenta
que ocultaron y permitieron el pago de dicha operación con fondos públicos hasta
el año 2012. Presuntamente, Alberto Ruiz-Gallardón tuvo el control de la
adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y
cooperación con Ignacio González". Está claro que este último conocía los
pormenores de la operación iniciada por Gallardón, ya que "ordenó una
investigación forense al despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al
decir del propio Ignacio González, fue más que concluyente en relación al fraude
cometido".
Fuentes cercanas al caso se preguntan por qué González, "lejos de realizar lo
que se espera de un servidor público, es decir, proceder a la denuncia de los
hechos, lo ocultó y continuó abonando con dinero público las cuotas del préstamo
que se concertó" para comprar Inassa. Los investigadores están tratando de
dilucidar ahora si González actuó así por "la connivencia que tenía con los
responsables públicos que decidieron la compra de Inassa". El propio González
sitúa al frente de ellos a Alberto Ruiz-Gallardón y a "su gente". También si esa
connivencia pudo reportar a González "beneficios económicos o políticos" y si la
oportunidad de negocio que el propio González apreció en la compra de Inassa la
repitió años después, en 2013, con la compra de la sociedad brasileña Emissâo,
que también se investiga.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-06-20/canal-inassa-pelotazo-gallardon-fiscalia-investigacion_1400069/
HACIENDA CORROBORA LOS INDICIOS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA OPERACIÓN LEZO
La agencia tributaria apunta a que el clan González se embolsó casi cuatro
millones de euros en comisiones por el Canal Golf La IGAE revela múltiples
irregularidades en la compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II en la
etapa de Edmundo Rodríguez
El Ministerio de Hacienda, a través de la agencia tributaria y la IGAE, se acaba
de sumar a la tesis que han defendido desde el verano de 2015 la UCO, la
fiscalía anticorrupción y el juez Eloy Velasco. Dos informes corroboran indicios
de delito en la adjudicación y explotación de las instalaciones de Canal Golf en
Madrid y en la compra de Emissao. Dos de las siete líneas de investigación
abiertas en la Audiencia Nacional contra una presunta organización criminal que
dirigían Ignacio González y el exconsejero de La Razón, Edmundo Rodríguez.
La agencia tributaria apunta al presunto cobro de comisiones por parte de la
familia González en la construcción y gestión de las instalaciones del canal
golf en el centro de Madrid. El fisco sostiene que los más de 3,8 millones de
euros que la empresa Tecnoconcret recibió de Dragados y Green Canal no tienen
fundamento en una actividad empresarial real y que podría tratarse del pago de
comisiones.
La investigación considera que cuando Pablo González, hermano del presunto
cabecilla de la operación Lezo, y su cuñado, José Juan Caballero, entraron en el
accionariado de la sociedad investigada se produjo una mera desvinculación
formal del consorcio que explotaba Canal Golf. Pudo tratarse, según la Guardia
Civil, de un "ardid" para obtener un beneficio económico del contrato. En
conclusión, dicen los informes a los que ha tenido acceso la Cadena SER, una
sociedad del entorno de Ignacio González habría obtenido importantes beneficios
directa o indirectamente de dos contratos adjudicados por el Canal de Isabel II.
Negocios con Venezuela
La Audiencia Nacional mantiene abierta en este apartado una investigación
internacional sobre las actividades de Tecnoconcret al haber detectado
exportaciones a Venezuela por importe de 3,6 millones de euros y la entrada de
fondos entre los años 2005 y 2015 por valor de 1,5 millones de euros: 300.000
euros desde Venezuela, 800.000 euros desde Estados Unidos y 400.000 euros
procedentes de Austria.
El informe de la IGAE
No solo ha sido la agencia tributaria quien ha puesto la operación Lezo bajo la
lupa, también lo ha hecho la Intervención General del Estado que ya ha remitido
a la Audiencia Nacional un primer informe sobre la compra de Emissao. El
documento es demoledor y detalla una a una decenas de irregularidades en una
operación en la que tuvo un papel central Edmundo Rodríguez. Señala que la
compra se hizo sin las preceptivas autorizaciones legales. No consta
autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ni se comunicó a
la Asamblea de Madrid con lo que "se desconocen los motivos jurídicos y
económicos" que sustentan la operación.
Además, se desconocen los informes que sirvieron de base para fijar
el precio de compra en 31 millones de dólares y los peritos subrayan que con el
dictamen en contra de KPMG, el Canal debió "paralizar la inversión y profundizar
en el análisis". Por último, dice la IGAE, los pagos por esta operación estaban
sujetos a distintas condiciones que no se cumplieron y que no impidieron el
desembolso de dinero público. Entre ellas, una fianza del vendedor para hacer
frente a "cualquier contingencia oculta".
http://cadenaser.com/ser/2017/06/18/tribunales/1497792985_720307.html
ARTURO FERNÁNDEZ LLAMÓ A GONZÁLEZ EL DÍA QUE DECLARÓ ANTE EL JUEZ PREOCUPADO POR
FUNDESCAM
En ese pinchazo telefónico, que forma parte del sumario de la operación Lezo,
cada vez que el delfín de Esperanza Aguirre era preguntado por Arturo Fernández
por Fundescam y las donaciones que se hacían a esta fundación, González evadía
responder de forma clara al donante del PP. El expresidente madrileño ya sabía
que tenía las comunicaciones intervenidas.
El empresario Arturo Fernández, imputado por la presunta financiación irregular
del Partido Popular (PP) de Madrid, declaró el pasado 8 de marzo ante el juez de
la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por el caso Púnica. Ese mismo día, tras
quedar en libertad sin medidas cautelares, el dueño del grupo Cantoblanco
realizó una llamada telefónica que ha sido muy reveladora a los ojos de los
investigadores de la operación Lezo.
Tras abandonar a mediodía el tribunal por su propio pie, Fernández llamó al
expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para hablarle de la
Fundación Fundescam, a través de la que distintos empresarios habrían alimentado
la Caja B del PP de Madrid para sufragar comicios electorales.
Según informan fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli, en el
citado 'pinchazo' telefónico entre Arturo Fernández e Ignacio González queda
perfectamente reflejado cómo el ex presidente madrileño hablaba con extremada
cautela con el empresario al que apenas respondía de forma monosilábica con 'síes'
y 'noes'. Cada vez que el delfín de Esperanza Aguirre era preguntado por
Fundescam, y las donaciones que se hacían a esta fundación, éste evadía
responder de forma clara al donante del PP.
Este dato hizo que tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO),
como la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Velasco no tuvieran ninguna duda
de que el presunto cabecilla de la operación Lezo era consciente de que tenía el
teléfono intervenido. Si bien es cierto que a lo largo de toda la investigación
secreta de esta causa, los investigadores tuvieron esa sensación hubo un par de
datos de que fueron claves para tener la certeza de que González sabía que
estaba siendo investigado. Uno de estos datos fue las escuetas respuestas que
dio el pasado 8 de marzo a un preocupado Arturo Fernández.
El hecho de que el principal acusado de la operación Lezo supiese de antemano
que estaba siendo investigado hizo que las pesquisas secretas de esta causa de
corrupción no se pudieran prolongar más en el tiempo, puesto que en la Audiencia
Nacional se era muy consciente de que este hecho podría perjudicar la
investigación y, sobre todo, la posterior recuperación de activos presuntamente
evadidos, apuntan fuentes del caso.
La tapadera de Fundescam
Tal y como consta en la contabilidad de Fundescam, Arturo Fernández era uno de
los empresarios que donaba con cierta frecuencia fondos a las arcas de los
'populares'. En concreto, consta una trasferencia a dicha fundación por valor de
57.030 euros entre 2003 y 2004 y otra por valor de 60.000 euros realizada el 7
de marzo de 2007.
Según queda reflejado el sumario de la operación Púnica, tanto el juez Velasco,
como Anticorrupción y la UCO sostienen que "se ha podido acreditar como
importantes gastos electorales en las elecciones de los años 2007 y 2008 (e
indiciariamente en el año 2011) del Partido Popular que se habrían sufragado a
través de la Fundación Fundescam, utilizando para ello subvenciones públicas de
la Comunidad de Madrid, las cuales eran justificadas por la referida fundación
con facturación por conceptos mercantiles falsos que enmascaraban gastos
electorales del Partido Popular de Madrid".
Además, en uno de sus informes, la UCO sostiene que Ignacio González era
"conocedor del abono de gastos electorales mediante subvenciones públicas (…) y
por lo tanto directo partícipe privilegiado en los hechos citados, no en vano se
encontraba donde se promueve y paga la subvención (CAM), donde se justifica
(Fundescam) el gasto de la subvención y donde se materializa realmente el gasto
(como jefe de campaña)", subraya la UCO en uno de los informes del caso Púnica.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Arturo-Fernandez-Ignacio-Gonzalez-Fundescam_0_1033997260.html
GONZÁLEZ SE LAMENTÓ ANTE AGUIRRE DEL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES: "LA MANO DE
CRISTINITA"
El expresidente madrileño acusó a su sucesora de parte del acoso mediático que
sufría. La llama "hija de puta" por quitarle los abogados de la comunidad en el
caso del espionaje en Colombia
Ignacio González intentó descubrir quién estaba detrás del acoso mediático que
sufría a finales de noviembre del año pasado, cuando varios medios de
comunicación retomaron el espinoso tema del espionaje que el expresidente
madrileño sufrió en un viaje a Colombia en el verano de 2008. Las conversaciones
grabadas a González, incluidas en el sumario del caso Lezo, desvelan una llamada
que le hizo Esperanza Aguirre el mismo día que 'El Mundo' publicaba una
información titulada "Los detectives que espiaron a González se jactaron de
tener pruebas de sus comisiones". Aguirre le preguntó "quién estaba moviendo
todo esto", y el que fuera su mano derecha en el Gobierno regional, que ya veía
fantasmas por todos lados, dio dos nombres: Villarejo (el polémico comisario) "o
puede que llegue de la mano de Cristinita", en clara alusión a su rival política
dentro del PP y actual presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.
Según precisan a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación, la
conversación entre Aguirre y González tuvo lugar el 21 de noviembre de 2016 al
final de la mañana, cuando ambos analizaron la información con la que se habían
desayunado, unas grabaciones de los dos detectives imputados entonces en un
juzgado de Madrid por realizar el ya famoso seguimiento de González a Cartagena
de Indias (Colombia). Uno de ellos le comentaba al otro que aún guardaba, ocho
años después, documentación que incriminaba a González en el cobro de
comisiones.
González también habló con Zoido: "Le dije 'limpia como Paquirri' y cambió a
todo Dios"
El expresidente madrileño contó a Cerezo que se llevaba muy bien con el ministro
del Interior y que este le propuso reunirse porque quería hablar con él
González señaló que "no descarta" que Cifuentes estuviera moviendo esa
información y le explica a Aguirre que los detectives, al estar imputados y no
ser policías, no tenían la obligación de decir la verdad en sede judicial.
González da más detalles a Aguirre, y señala que uno de los detectives, el dueño
de la agencia Mira, era amigo de Alfredo Prada (ex consejero de Aguirre y
compañero de Gobierno de González, que también denunció otro espionaje). "Todo
es una mierda de esta [en teoría, en alusión a Cifuentes], con la connivencia de
'El Mundo". El cacao de González en este punto es importante, ya que confunde el
nombre de periodistas con medios en los que no trabajan, y a los que llama
"hijos de puta" porque también "han estado dando a Lourdes varios días" (se
refiere a su esposa, Lourdes Cavero).
Aguirre se muestra interesada en todo momento en conocer quién pudo encargar el
espionaje a González en 2008. "Estos señores no lo van a decir. Hay un informe
de la policía en el que pone Inmobiliaria Espacio, de Villar Mir, que pagó a
estos señores por el espionaje". González va más allá y explica a su
interlocutora que Villar Mir ya ha declarado "que las facturas son suyas, pero
que se pagó para espiar a Ramón Calderón [expresidente del Real Madrid], no a
mí". González señala que la policía sostiene "que en el precio que les pagaron
están incluidos los dos espionajes", el suyo y el de Calderón.
La comunidad le ha quitado los abogados
González también informó a Aguirre del momento procesal del caso, que llevaba el
juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Los detectives habían pedido el
archivo a la Audiencia Provincial y él estaba pendiente de recurrir esa
petición, "pero como Cifuentes me ha quitado los abogados, ahora estoy en
proceso de buscar yo uno, para que le den la venia y que se estudie los ocho
años de expedientes". González asegura que por ello "Cifuentes no es ajena a
toda esta mierda. Cifuentes no solo me ha quitado los abogados de la comunidad,
sino también a los que estaban en el servicio jurídico". Esto fue en noviembre
de 2016. Seis meses después, en mayo de 2017, el juzgado decidió archivar el
caso del espionaje porque los denunciantes y la Fiscalía renunciaron a formular
escrito de acusación. La Comunidad de Madrid alegó que ya no representaba al
expresidente madrileño.
Ese 21 de noviembre, antes de hablar con Aguirre, González recibe otra llamada
de José Manuel Serra Peris, una de las personas que en 2008 le acompañaron en el
viaje a Cartagena de Indias. En esa época, era consejero de la constructora
Martinsa, investigada en el mayor pelotazo de la trama Gürtel en Arganda del Rey
y que podría estar detrás del ático que González tiene en Estepona. También fue
secretario de Estado en los gobiernos de Aznar, consejero de Bankia, de Canal
Gestión y la Triple A dominicana, dos filiales del Canal de Isabel II. Hoy está
imputado en el caso Lezo.
Ambos, Serra Peris y González, vuelven a hablar de Cifuentes, una obsesión para
el exdirigente popular. De todos es conocida la animadversión que se profesan
Cifuentes y González, sobre todo después de que la primera fuera la elegida por
Mariano Rajoy para liderar la candidatura en 2015 al Gobierno regional,
descabezando así a González. Serra Peris le pregunta a González por la famosa
grabación que la Cadena SER desveló en 2009 sobre su viaje a Colombia. "¿Tú
tienes la solicitud que hizo tu abogado pidiendo que se aportara el audio, y la
contestación de ellos diciendo que se había destruido?". A lo que González le
contesta: "Es que no tengo nada, porque lo llevaban los abogados de la
comunidad, y esta hija de puta [por Cifuentes] me los ha quitado todos".
González prosigue asegurando que no le compensa seguir ejerciendo la acusación:
"Si tuviera un abogado y un procurador en la causa, pues podría pedirlo, pero
como me lo ha quitado, macho, para qué voy a poner un abogado aquí que me cuesta
una pasta que no tengo".
Montar su propio medio
Las grabaciones del sumario del caso Lezo inciden en que Ignacio González estaba
obsesionado con el tratamiento que los medios de comunicación hacían de las
causas judiciales en las que estaba implicado, y que intentó mover sus hilos
para tratar de montar su propio diario. El expresidente de la Comunidad de
Madrid confesó a su amigo Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que
ya le había contactado un periodista para crear una cabecera. Para que el
proyecto saliera adelante, debía poner 300.000 euros. El diálogo se produjo el
22 de noviembre de 2016. Cerezo llama a González para seguir comentando las
noticias que continuaban apareciendo esos días sobre el caso del espionaje.
González lamenta que no tenga más eco en los medios y que, a su juicio, durante
la instrucción ya quedó demostrado que el espionaje fue pagado por el empresario
Juan Miguel Villar Mir a través de una de las empresas de su Grupo OHL,
Inmobiliaria Espacio.
Cerezo a González: "La que lio el gilipollas de OHL y ahora pringado con las
concesiones"
El expresidente de la Comunidad de Madrid realizó una serie de llamadas que
evidencian su preocupación por la reapertura de otro de sus frentes judiciales
Según el sumario de Lezo, es en ese momento cuando el presidente del Atlético de
Madrid le sugiere a González que "una solución podría pasar por crear un diario
digital que critique a estas personas", en referencia a los periodistas,
empresarios, policías y políticos a los que el exdirigente del PP de Madrid
acusa de estar filtrando información para intentar destruirle. González no solo
acepta el consejo de Cerezo, sino que le reconoce que ya ha recibido una oferta
para montar su propio medio de comunicación. En concreto, según las diligencias,
el presunto cabecilla de Lezo asegura que "ya se lo habría ofrecido un
periodista por 300.000 euros".
El sumario no aclara si finalmente González llegó a un acuerdo para impulsar su
digital. Cinco meses después de que esa llamada fuera intervenida, la Guardia
Civil lo detuvo en su casa de Aravaca. Los investigadores de la Unidad Central
Operativa (UCO) tratan de determinar ahora su verdadero patrimonio. Sospechan
que utilizó testaferros para ocultar el dinero B que manejaba.
Las 'presiones' a Cifuentes
Las conversaciones intervenidas por la UCO en el caso Lezo también revelan que
Cifuentes pudo ser presionada por el director de 'La Razón', Francisco
Marhuenda, y el presidente de la compañía, Mauricio Casals, para que el Gobierno
regional que ella presidía no denunciara judicialmente a uno de los entonces
consejeros del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino, en prisión por ser uno de
los cabecillas de la trama. Cifuentes tuvo que declarar como testigo y al final
el juez Eloy Velasco decidió archivar esta pequeña pieza del caso porque ella
aseguró no sentirse presionada. Lo cierto es que las conversaciones recogen
varios insultos y amenazas de Marhuenda y Casals.
Por otra parte, el sumario incluye varios episodios que también demostrarían la
capacidad de influencia que González (que dejó la política en junio de 2015)
seguía teniendo en el Ejecutivo autonómico que ahora preside Cifuentes. González
intentó utilizar su influencia política (estuvo 12 años en las más altas
instancias del Gobierno regional) para intentar pedir a determinados cargos
públicos favores para empresarios próximos a él. La Guardia Civil añade además
en un informe que el expresidente tenía una especie de topo en la comunidad, que
le seguía facilitando información. Se trataría de la interventora general,
hermana de la que fuera jefa de prensa del PP de Madrid entre 2010 y 2015.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-13/gonzalez-lezo-aguirre-cifuentes-sumario-conversaciones_1398121/
ZOIDO A GONZÁLEZ: "OYE, YO ME TOMO UN CAFÉ QUE QUIERO HABLAR CONTIGO"
El expresidente madrileño contó a Cerezo su charla con el ministro: “Le dije que
limpiara como Paquirri… y cambió a todo Dios”
El expresidente madrileño Ignacio González aconsejó al actual titular de
Interior, Juan Ignacio Zoido que “limpiara” la Policía, durante una conversación
telefónica mantenida por ambos, 15 días después del nombramiento del ministro.
“Yo solo te doy un consejo, tío. Limpia como Paquirri, doctor, corte todo lo que
haga falta, hasta dentro, macho, porque como no lo hagas, te comen en el minuto
uno", le dijo González al ministro Zoido, según la conversación interceptada en
el marco de la operación Lezo, y que reproduce este lunes El Confidencial.
"Y cambió a todo Dios"
En la conversación, de 18 de noviembre de 2016, Ignacio González le cuenta al
empresario Enrique Cerezo su conversación con Zoido, en la que le recomendó que
limpiara "como Paquirri" la Policía, que "cortara todo lo que hiciera falta" y
se metiera "hasta dentro". Según aseguró el expresidente madrileño, el recién
nombrado ministro le hizo caso y cambió "a todo Dios, y ya le están dando
leches, macho, es una cosa... puff".
"Que si ha puesto a los suyos de Sevilla, que si ninguno sabe no sé qué de la
Policía, que si no sé cuantos. Buah, es acojonante", dice el expresidente a
Cerezo, que contesta: "Oye, y los que estaban cuando llegaron, ¿sabían algo?".
El ministro "quería hablar" con González
González le habría dicho a Enrique Cerezo que mantiene con Zoido una buena
relación, que le habría felicitado por su nombramiento y que el ministro
contactó con él para mantener una reunión porque “quería hablar”. Los
investigadores enmarcan la conversación en los intentos del expresidente
madrileño para influir sobre altos cargos del Gobierno para que le favorecieran
en los procesos judiciales.
"Vamos, entre tú y yo, yo me llevo muy bien con él. Yo le llamé a felicitarle y
me llamó él y me dijo, 'oye, yo me tomo un café que quiero hablar contigo' y no
sé qué. Yo digo,'bueno, cuando tengas todo organizao, llámame”.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/12/zoido-gonzalez-oye-yo-me-tomo-un-cafe-que-quiero-hablar-contigo
LOS
CINCO FRENTES DE LA OPERACIÓN LEZO QUE AMENAZAN A GALLARDÓN
Autorizó la compra por el Canal de la colombiana Inassa en 2001 sin marco legal
para ello y la adquisición se ejecutó a través de un paraíso fiscal
Los investigadores creen que se desviaron al menos 25 millones de euros de
fondos públicos tras pagar por la compañía un valor muy superior al real
En las grabaciones a los imputados hay cinco referencias sospechosas a
Ruiz-Gallardón, cuyos ingresos son investigados ya por la Audiencia Nacional
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sospechan que el Canal de Isabel
II (CYII) fue utilizado para dar un pelotazo en Colombia en 2001, doce años
antes de la operación que dio origen a las pesquisas sobre la empresa pública,
la adquisición con sobreprecio de una empresa en Brasil en 2013. El modus
operandi parece repetirse, pero no así sus protagonistas. La compra de la
colombiana Inassa tuvo lugar mucho antes de que Ignacio González tuviera el
control de la empresa pública de aguas; en aquella época el presidente de la
Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón.
Los indicios existentes en el sumario de la Operación Lezo motivaron que
Anticorrupción solicitara dirigir el procedimiento contra Ruiz-Gallardón y todo
su equipo de Gobierno, un movimiento que impidió la prescripción de los posibles
delitos el pasado noviembre de 2016. El expresidente de la Comunidad de Madrid
no está en estos momentos imputado, pero como avanzó eldiario.es, la Audiencia
Nacional estudia el histórico de sus ingresos. En un escrito del pasado mes de
abril, los fiscales del caso recogen que, "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón
tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un
pacto de silencio y cooperación con Ignacio González"
Estos son las cinco líneas de investigación que aparecen en el sumario de la
Operación Lezo sobre Alberto Ruiz-Gallardón y varios miembros de su Gobierno, en
las que trabajan la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Fiscalía
Anticorrupción y las unidades adscritas a ésta de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT).
1. La decisión de expandir el Canal por Latinoamérica
La empresa pública abastecía de agua exclusivamente a los madrileños desde 1851.
Los funcionarios de IGAE han analizado toda la legislación que concierne al CYII
y han encontrado dos reales decretos de 1977 que establecen: “Corresponde al
Canal la gestión del servicio público de suministro y distribución de agua
potable en el área de Madrid mediante la realización de los estudios, obras y
servicios necesarios”. El segundo de esos dos reales decretos también dice que
“el Gobierno, por decreto, podrá ampliar las funciones del Canal a nuevos
servicios relacionados con los que constituyen su objeto”.
Un informe de la IGAE de hace un año, incorporado al sumario, concluye que la
normativa no aclara “qué se entiende por servicios relacionados con los que
constituyen su objeto, en particular si estos pudieran referirse únicamente a
nuevos servicios dentro de su ámbito territorial o también a un nuevo ámbito
territorial”. Al tiempo, recoge otros cinco decretos, publicados entre 1992 y
1994, y que fueron destinados a autorizar participaciones concretas en distintas
licitaciones públicas, concretamente en la provincia de Badajoz y en los países
de Argentina y Perú.
El CYII también cuenta con una ley reguladora, posterior a los decretos de 1977.
Se trata de la 7/1984, que en su apartado 6 establece, de forma general, que “la
explotación de los servicios de aducción y depuración promovidos directamente o
encomendados a la Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de Isabel II
en todo el territorio de la Comunidad de Madrid”. Colombia y Brasil quedaban por
entonces lejos.
2. Comprar en Colombia y aprobar el marco legal cinco meses después
El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la
constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a
su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un
total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco
meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo
3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial
(Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y
de la suscripción de los oportunos convenios”.
Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco
normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de
Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria,
previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La
Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata
de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones
del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que
podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.
En la querella que dio origen a la causa que investiga la Audiencia Nacional, la
Fiscalía Anticorrupción ya afirmaba: “La propia autorización concedida por dicho
Consejo de Gobierno resulta cuando menos dudosa, si se tiene en cuenta que en el
año 2001 Canal de Isabel II podría no estar legalmente facultado para la
constitución de Canal Extensia S.A, ya que su actividad y objeto social se
limitaba a la Comunidad de Madrid hasta que en abril de 2002 (una vez adquirida
Inassa) se habilitó al Canal de Isabel II para prestar sus servicios en
cualquier territorio)”.
3. La utilización de una sociedad radicada en un paraíso fiscal
La compra de las acciones de Inassa a través de una sociedad radicada en Panamá
se acordó “a solicitud” del consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja; “a
propuesta” del Consejero de Hacienda, Juan Bravo; y previa “deliberación” del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las firmas estampadas son del
consejero de Hacienda y del presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, según recoge el
informe de la Guardia Civil de abril pasado. Mayor Oreja afirma que él ya no era
consejero cuando se aprobó la compra de Inassa, al haber sido sustituido por
Pedro Calvo.
Interamericana de Aguas y Servicios Sociedad Anónima (Inassa) fue creada en el
año 1996 y era operada por la sociedad Triple A de Barranquilla (Colombia). El
51% de Inassa pertenecía a una sociedad pública española, la Sociedad General de
Aguas de Barcelona SA (Agbar) y el 49% restante a un fideicomiso vinculado al
Banco Ganadero de Colombia.
Aunque falta por determinar la cantidad, los investigadores creen que Agbar
vendió en el año 2000 su participación por 7 millones de dólares a la Sociedad
de Aguas de América, la mercantil panameña utilizada por el Canal para la
adquisción del 75% de las acciones de Inassa. Nada se sabe aún sobre cómo llegó
Extensia a hacerse con las tres cuartas partes de la sociedad, toda vez que
Agbar solo tenía el 51%. Con la compra del 100% de la panameña, Extensia también
adquiría el 51% de otra sociedad llamada Watco Dominicana. El informe de la IGAE
concluye que Canal Extensia no cumplió el acuerdo del Consejo de Gobierno, que
solo autorizaba a comprar Inassa. A pesar de ello, nada se hizo desde la
Comunidad de Madrid.
Es en este punto donde los investigadores sitúan el primer pelotazo del Canal.
Al comparar el valor de venta de las acciones de Agbar y los 83 millones de
euros que pagó un solo año después el Canal con fondos públicos de los
madrileños, se pudo generar “una ilícita plusvalía” de 66 millones, recoge la
querella de Anticorrupción.
Pero no solo eso. La operación recoge el entramado turbio en el que se incurre
por recurrir a una sociedad en Panamá. Resulta que la Guardia Civil ha
descubierto que el “vehículo mercantil”, según se refería el Gobierno de
Gallardón a la sociedad panameña, es propiedad de un bufete de abogados del
país, por aquel entonces considerado en España un paraíso fiscal. Obaldía &
García Paredes constituyó Aguas de América el 2 de marzo de 2000 y la disolvió
el 21 de febrero de 2002, “circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad
al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana
Agbar y su posterior venta a la mercantil Canal Extensia”, dice la querella.
“El uso instrumental de sociedades erradicadas (sic) en un paraíso fiscal sólo
tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y
el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra”,
afirma Anticorrupción. Los fiscales del caso destacan que se utilizó esta vía a
pesar de que era una compra-venta de acciones entre dos sociedades del sector
público español, Extensia y Agbar. “La utilización instrumental de esta sociedad
panameña carecía de toda justificación económica y repudiaba la regularidad
jurídica, no obstante lo cual la operación se realizó”.
“Su carácter opaco -añade la Guardia Civil- impide a fecha de hoy identificar a
los primeros beneficiarios de los fondos ya que sus directores parecen ser
abogados de un conocido bufete panameño que actuarían como pantalla, sin que
hasta la fecha se haya podido conocer de manera fehaciente quién o quiénes se
encontraban realmente tras esa sociedad”.
4. Los pinchazos telefónicos y las reuniones grabadas
Una parte importante de la Operación Lezo se apoya en las conversaciones
intervenidas a los principales imputados. En ellas también se habla del pelotazo
en la época de Alberto Ruiz-Gallardón. El 21 de julio de 2016, agentes de la UCO
se sentaron cerca del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino en la
cafetería del hotel Villamagna. Frente al presunto testaferro de Ignacio
González, fotografiaron a un hombre en silla de ruedas, el empresario colombiano
José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. En el encuentro, Rodríguez
Sobrino se ofreció a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en
Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.
"¿Cuánto le entraba al Canal?", pregunta en un momento el empresario colombiano.
Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: "A Canal le han entrao, te digo
la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao"
(…) "A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces 95… en la que le
robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello
valía 10".
Esos 95 millones es una cifra próxima a los que se invirtieron para la compra
del 75 por ciento de Inassa y el 51% de Watco en 2001. Rodríguez Sobrino entró
en Inassa en 2006 y se refiere a una operación anterior en el tiempo, lo que
parece concordar con el pelotazo de 2001. Los investigadores anotan los 25
millones de desfalco de los que habla Rodríguez Sobrino, hoy en prisión
incondicional.
Otro de los indicios contra Gallardón fue obtenido por la UCO el 11 de noviembre
de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita
el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana
y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los
micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.
En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de
Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que
hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste,
"sin cortarse", le dijo: "Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de
América porque tengo que ganar mucho dinero". "Delante de cinco o seis
personas", añade Zaplana, quien apostilla: "Como diciendo que está ganando una
fortuna… O aflorando algo".
Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo
de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio
González. Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el
Canal a los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia
Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se
suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de la Comunidad: "No se atrevía porque
Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su
gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no
valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo
de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en
Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco
Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".
González añade: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo
me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un
escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo
todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te
puedes ni imaginar".
Edmundo Rodríguez Sobrino también habla de Inassa en otra conversación
intervenida el 13 de diciembre de 2016 en su despacho profesional. Charla con el
abogado Carlos Rodríguez Fernández sobre la posible venta de Inassa y recuerdan
cómo se adquirió. “Qué tipo de acuerdo se hizo con los búgaros (fonético) para
impedir un concurso público. Ahora, bueno, eso es Gallardón, ¿no? Y no eso no
eres tú… Eso es Gallardón”. Los investigadores creen que se refieren a cómo el
Gobierno de Ruiz-Gallardón evitó la fórmula del concurso público en la
adquisición de Inassa en 2001.
En una llamada desde el teléfono fijo de su despacho, Rodríguez Sobrino habla el
15 de marzo de 2017 con el abogado Manuel Gómez de la Bárcena. Queda poco más de
un mes para su detención y Rodríguez Sobrino adopta medidas porque cree que
tiene las comunicaciones intervenidas. Se desconoce si habla seguro por el fijo
o sospecha que le están grabando. Ambos se refieren a la investigación por la
compra de Emissao en 2013 y comentan una publicación de elconfidencial.com del
día anterior sobre el pelotazo de Inassa. “Se están remontando a la época de…”,
dice Gómez de la Bárcena. “Sí, de Gallardón”, contesta Rodríguez Sobrino (…) Es
donde realmente hubo”, añade más adelante.
5. Un ambicioso proyecto de expansión en Latinoamérica que nadie fiscaliza
Los investigadores destacan cuatro informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003,
2013 y 2015) que alertan de la falta de fiscalización del conglomerado de
empresas del Canal en Latinoamérica, un gigante que crecía lejos de cualquier
control. El grupo de aguas es auditado por KPMG, pero se trata de un tipo de
auditoria sobre las cuentas anuales, de tipo financiero, al que le basta
constatar que las cuentas publicadas se corresponden con la verdad.
“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la
desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad
Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en
los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención
final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas
públicas”.
La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la falta de
fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió Gallardón
crea “una situación potencial de riesgo y de falta de control”.
http://m.eldiario.es/politica/frentes-operacion-Lezo-amenazan-Gallardon_0_653384712.html
GONZÁLEZ OCULTÓ DESDE SU LLEGADA AL GOBIERNO UN INFORME EXCLUSIVO PARA ÉL QUE
PONÍA EN EL DISPARADERO AL EQUIPO DE GALLARDÓN
Un análisis del bufete Cuatrecasas fechado en junio de 2004, al que ha tenido
acceso infoLibre, ya destapaba en sus 80 páginas múltiples agujeros negros en la
compra de la firma colombiana Inassa en 2001.
El Canal pagó 83 millones por el 75% de la firma, diez veces el valor fijado un
año antes, pese a que la prórroga de su principal concesión pendía de un hilo y
a que ni siquiera tenía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua
La valoración 'independiente' previa a la compra fue realizada por la auditora
que propuso Tecvasa, una empresa valenciana ligada a la extinta CAM y a la que
el Canal escogió como socia para su desembarco en Colombia
Un análisis del bufete Cuatrecasas, fechado en junio de 2004 y cuya introducción
remarca que fue elaborado para el exclusivo interés del entonces vicepresidente
de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, y su mano
derecha como gerente en el ente público de agua, Ildefonso de Miguel, ya
destapaba múltiples agujeros negros en la compra de la colombiana Inassa,
efectuada dos años y medio antes. Privado y confidencial, ese informe, al que ha
tenido acceso infoLibre, ponía en el disparadero al equipo de Alberto Ruiz
Gallardón. El expresidente y exalcalde de Madrid también se encuentra bajo la
lupa de los investigadores en la Operación Lezo, aunque fuentes del caso han
confirmado a este diario que a día de hoy no se le atribuye expresamente la
condición de investigado.
A lo largo de las 80 páginas, el informe de Cuatrecasas retrata una operación
oscura, cargada de incertidumbres para las arcas públicas de Madrid y de
incumplimientos legales, articulada a través del paraíso fiscal de Panamá y en
la que, por razones desconocidas, se dio entrada a un grupo privado valenciano.
La compra se cerró sin obstáculos para los vendedores e incluso en el plazo
establecido por ellos mismos –Cuatrecasas sugiere que posiblemente no había más
ofertas– pese a que la prórroga de la principal concesión de Inassa para
extenderla hasta 2033 pendía entonces de un hilo porque había sido impugnada
judicialmente. Tres pesos pesados del momento como Acciona, Urbaser y Cajamadrid
habían desechado participar en la operación por el llamado "riesgo país". Es
decir, por la convulsa situación que vivía Colombia, atrapada en la bisectriz
del narcotráfico y la guerrilla y zarandeada por una corrupción política en la
que, a tenor de lo ya investigado, participó activamente el Canal de Isabel II.
De hecho y aunque una instancia superior anuló luego esa decisión, el informe
relata cómo un tribunal había llegado a suspender el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Barranquilla para ampliar la concesión hasta 2033, que en teoría
era el elemento que mayor valor confería a Inassa y su filial Triple A. El Canal
pagó religiosamente los 83 millones de euros también pese a que Triple A ni
siquiera poseía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua para
Barranquilla.
Fue el equipo de Gallardón el que en noviembre de 2001 capitaneó la compra de la
compañía de Barranquilla, en la región caribe de Colombia, por 83 millones de
euros, lo que significaba diez veces más del valor fijado un año antes, y así lo
hace constar el informe. Pero González mantuvo el dossier de Cuatrecasas oculto
hasta que de manera involuntaria él mismo alertó a la Guardia Civil de su
existencia durante una conversación con el ex ministro y expresidente valenciano
Eduardo Zaplana que estaba siendo grabada.
Es todavía una incógnita por qué guardó silencio Ignacio González sobre una
operación que según Cuatrecasas poseía claros ribetes de ilegalidad y que
afectaba al jefe de una facción rival del PP madrileño. Pero un dato emerge con
nitidez: el esquema seguido para la adquisición de Inassa es muy parecido al que
una década más tarde utilizó el Canal de Isabel II para, ya con Ignacio González
en la presidencia del Gobierno regional, hacerse en 2013 con la empresa
brasileña Emissao, igualmente investigada en Lezo. Para el juez Eloy Velasco,
hasta ahora instructor del caso, la compra de Inassa fue la primera operación
"fraudulenta" detectada en el Canal.
El texto de Cuatrecasas pone el acento en que de la entrada en escena de Panamá
podrían derivarse responsabilidades para los administradores y representantes
del Canal que suscribieron el acuerdo de compraventa. ¿Por qué? Porque lo que
aprobó el Consejo de Gobierno de Madrid fue la adquisición de una compañía
colombiana, no de una panameña como estación de paso hacia Colombia. Un informe
previo a la compra que había formulado el bufete Garrigues para el Canal de
Isabel II –el Informe de Planificación Fiscal Internacional– señalaba la
utilización de Panamá como la opción más desfavorable.
Un regalo del Canal cifrado en seis millones
En febrero de 2002, fecha del cierre de la compra de Inassa, acordada en
noviembre del año anterior, Panamá tenía la consideración de paraíso fiscal a
todos los efectos, incluso los oficiales. Y así lo enfatiza Cuatrecasas cuando
advierte del coste adicional que ese hecho implicó para el Canal. Porque además
de los 97 millones de euros destinados a la compra y a una inmediata ampliación
de capital ese coste adicional es el que tendrá que pagar el Canal cuando venda
Inassa: seis millones de euros según las fuentes consultadas en el grupo público
madrileño.
La explicación, detallada en el informe, es la siguiente: en lugar de adquirir
directamente las acciones de Inassa, lo cual habría implicado que los vendedores
hubiesen tributado en Colombia por la plusvalía generada, el Canal adquirió una
sociedad panameña, Sociedad de Aguas de América (SAA), que de forma simultánea a
la operación se liquidó. La liquidación, avisa el informe, tampoco recibió del
Consejo de Gobierno la preceptiva autorización.
Al efectuarse en Panamá, la compra de acciones de SAA, que poseía el 75% de
Inassa anhelado por el Canal, quedaba exenta de tributación en Colombia para los
vendedores. Pero en el momento en que el Canal venda sus participaciones en
Inassa –donde la Guardia Civil y Anticorrupción hicieron una batida de registros
hace dos semanas– será el erario madrileño el que deba asumir aquella plusvalía
diferida. Cuatrecasas no da cifras. Son las fuentes consultadas por este diario
en el Canal de Isabel II las que cuantifican en seis millones su importe a día
de hoy.
Así que, resumidamente, quienes vendieron las acciones de Inassa al Canal de
Isabel II–un antiguo grupo de directivos de Aguas de Barcelona, empresa que
había sido socio de referencia de Inassa, pero también otras personas físicas o
jurídicas cuya identidad pormenorizada no detalla el informe– no solo recibieron
un precio diez veces superior a aquel que un año antes les había permitido
hacerse con el control. De propina, obtuvieron un regalo también millonario por
la plusvalía diferida.
Cuatrecasas sí desvela algunos nombres significativos del accionariado de la
panameña SAA: Francisco Olmos, exdirectivo de Aguas de Barcelona y uno de los
ejes centrales de la conexión valenciana; y el propietario de uno de los bufetes
panameños especializados en el montaje de estructuras societarias opacas, José
Ramón García de Paredes. Si García de Paredes poseía títulos como beneficiario
real de SAA o solo como miembro del equipo habitual de testaferros panameños es
algo que el informe no aclara.
Una firma valenciana elegida no se sabe por qué
Para acometer su inversión en Latinoamérica, el Canal había creado una sociedad
mercantil operativa –Canal Extensia SA– en la que se reservó un 75% de las
acciones mientras que dejó el 25% en manos de una firma valenciana denominada
Tecvasa.
El informe remarca que ni un solo papel ni testimonio de ningún tipo permitió
averiguar en 2004 por qué el ente público madrileño había dado el paso de
compartir su poder con una empresa privada. Y ni había en 2004 ni hay hoy rastro
de por qué los gestores a los que Alberto Ruiz-Gallardón había dado las riendas
del ente público del agua eligieron justamente a Tecvasa, que contaba con el
apoyo financiero de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Cuatrecasas apunta a que los contactos pudieron empezar en septiembre de 2001.
De ser así, la negociación fue meteórica, dado que la oferta sobre Inassa se
cerró el 13 de noviembre de ese año y de inmediato nació Canal Extensia.
Como presidente de Canal Extensia fue designado Arturo Canalda, hoy presidente
de la Cámara de Cuentas de Madrid, es decir, del organismo que debe fiscalizar
las cuentas públicas. Canalda no figura entre los investigados del caso Lezo
cuya identidad ha trascendido. Y a diferencia de lo que sucede con otros altos
directivos del Canal en aquella época, el informe de Cuatrecasas no le menciona.
La supuesta valoración independiente que determinó el precio a pagar por Inassa
lo determinó una auditora que había recibido el encargo no del Canal de Isabel
II sino de Tecvasa. Cuatrecasas llegó a alertar de que uno de los personajes
clave en el entramado latinoamericano del Canal, el ya citado Francisco Olmos,
había jugado un doble papel en la operación: lideraba el grupo que ofrecía en
venta sus acciones de Inassa al Canal de Isabel II a la vez que pertenecía al
consejo de administración de la Técnicas Valencianas del Agua SA, nombre
completo de Tecvasa. Es decir, simultáneamente estaba en el lado vendedor y en
el comprador. Y eso entrañaba un potencial conflicto de intereses. Así lo hizo
constar el bufete al que Ignacio González había encargado el informe sobre
Inassa, privado y confidencial, nada más aterrizar en el primer Gobierno de
Esperanza Aguirre en noviembre de 2003.
Pese a todo, el informe jamás vio la luz. Al igual que una segunda edición
igualmente encargada a Cuatrecasas en 2009, permaneció oculto hasta que el
propio Ignacio González se traicionó a involuntariamente a sí mismo el 11 de
noviembre de 2016. Ese día, durante una charla en su despacho con el exministro
y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, el antiguo delfín de Aguirre dijo lo
siguiente: "Alberto hizo una operación que no sé si estaba Alberto, pero desde
luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad
que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del
Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una
sociedad en Panamá".
En esa misma reunión, cuyo contenido se ha incorporado al sumario de Lezo,
González coloca otra vez en el disparadero a Gallardón: "Yo no soy como esta
gilipollas [Cristina Cifuentes] que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a
alguien muerto y dije tenemos dos opciones, o reventamos esto y es un
escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo todavía
tengo un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes
imaginar".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/19/ignacio_gonzalez_oculto_desde_llegada_gobierno_informe_exclusivo_para_que_ponia_disparadero_equipo_gallardon_66520_1012.html
IGNACIO GONZÁLEZ SEGUIRÁ EN PRISIÓN ANTE EL RIESGO DE FUGA Y DESTRUCCIÓN DE
PRUEBAS
La Sala de lo Penal de la Audiencia confirma la prisión provisional
del expresidente madrileño ante el riesgo de fuga, destrucción de pruebas o su
capacidad para volver a delinquir en el marco de la investigación contra él y su
entorno familiar.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde
la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la
Audiencia Nacional para prestar declaración
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde
la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la
Audiencia Nacional para prestar declaración / Santi Donaire (EFE)
La Sección 4ª avala la prisión provisional sin fianza para Ignacio González por
el papel que ocupa el expresidente de Madrid en la trama, "la compleja
organización" creada con fines delictivos y su posible implicación en el pago de
una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de
Navalcarnero que podría constituir delitos de cohecho, prevaricación y fraude.
Todo esto sumado a la expansión del grupo societario Canal de Isabel II por
Sudamérica, adquiriendo empresas y adjudicando obras que podrían constituir los
mismos delitos además de organización criminal, corrupción en los negocios y
malversación.
Los magistrados inciden en la participación de González en la adjudicación y
explotación del campo de Golf del Canal y en la financiación ilegal del PP de
Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).
La Sala rechaza así el recurso que interpuso González contra el auto de prisión
incondicional y comunicada del juez Eloy Velasco, al entender que el arraigo
familiar no es un eximente en este momento de la instrucción para evitar el
riesgo de fuga. "La necesidad de apoyo familiar en estos momentos tampoco
minimiza el riesgo de fuga cuando hay otros miembros de su familia investigados
y que podrían llegar a estar en sus mismas circunstancias" señalan los jueces. Y
recuerdan que en el mismo auto recurrido se decretó prisión provisional para su
hermano Pablo González, exdirectivo de Mercasa.
Además, la notoriedad pública que alega González tampoco evitaría que intentara
evitar la acción de la Justicia, al menos, "no en otros países donde no goce de
esa notoriedad y podría buscar refugio en los que haya un menor nivel de
cooperación policial y judicial con España". En este caso, "podría mantenerse
con los fondos que presuntamente ha desviado al extranjero y que no han sido
intervenidos".
"No es una mera especulación", aseguran los magistrados, que hacen referencia a
la conversación entre el expresidente del Canal en América, Edmundo Rodríguez y
la exdirectora financiera, María Fernanda Richmond, en noviembre de 2016, donde
ésta considera "que el ritmo de vida de González no puede sostenerse con los
ingresos justificados que tiene y Edmundo afirma que tiene "dinerillo B" y
subrayan la facilidad del exdirigente popular de Madrid para "desenvolverse en
el extranjero".
La Sala señala también la capacidad de González para ocultar pruebas y
obstaculizar la investigación para justificar su permanencia en prisión
provisional.
http://cadenaser.com/ser/2017/06/02/tribunales/1496415433_214281.html
ACEBES, A GONZÁLEZ: CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN "NOS PUEDEN HACER PASAR UN
MAL RATO"
El sumario revela conversaciones entre el exministro de Interior y el presunto
cabecilla de la operación Lezo
Las conversaciones intervenidas por orden judicial a Ignacio González no dejan
de deparar sorpresas. El expresidente de la Comunidad de Madrid habló por
teléfono con el exministro de interior y justicia, además de antiguo secretario
de organización del PP, Ángel Acebes. Ambos comentan la actualidad y la presión
de la oposición a Mariano Rajoy reclamando una comisión de investigación sobre
las presuntas corruptelas de los populares. Acebes reconoce a su interlocutor
que con una comisión de investigación "nos pueden hacer pasar un mal rato",
aunque ambos coinciden en que a ellos ya nos les queda nada de lo que dimitir.
Nuevos mensajes de Catalá
El sumario también revela nuevos SMS del ministro de justicia, Rafael Catalá a
Ignacio González. Catalá le felicita el pasado verano por un artículo de opinión
publicado en el diario 'La Razón', del que es consejero el también detenido por
la operación Lezo, Edmundo Rodríguez. El artículo lleva por título 'El alcance
de la negociación' en el que González apuesta por "equilibrar" las cuentas
públicas y donde también habla de de las comisiones de investigación. Escribe el
columnista de 'La Razón' que "las comisiones de investigación cuando la
responsabilidad política se ha dirimido en las urnas y las penales se están
dilucidando en los tribunales se convierten en causas generales para tratar de
pasar facturas políticas que no se lograron en las urnas". Ignacio Gonzalez fija
a Mariano Rajoy las líneas rojas en la negociación que mantenía aquellos días
con Ciudadanos para formar Gobierno. Los mensajes entre Rafael Catalá e Ignacio
González se suceden y ambos también comentan el estado de las negociaciones para
la investidura y los asuntos judiciales que afectaban al segundo.
http://cadenaser.com/ser/2017/05/28/tribunales/1495985727_950764.html
INVESTIGAN A LA HERMANA DIPUTADA DE GONZÁLEZ POR DAR CONTRATOS A DEDO A EMPRESAS
DE LA PÚNICA
La investigación de la trama Púnica también afecta a la hermana del ex
presidente madrileño, Ignacio González. Según ha podido saber OKDIARIO, la
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, investiga el presunto
“fraccionamiento fraudulento” de contratos efectuado por Isabel González a tres
empresas de la trama corrupta durante su mandato como concejal de Cultura en el
ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón.
La hermana del ex presidente madrileño es diputada del PP en la Asamblea de
Madrid, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de la
comisión de Cultura y Turismo. En apenas un mes, ha visto como su marido, José
Juan Caballero, y sus dos hermanos, Ignacio y Pablo, eran detenidos en el marco
de la ‘Operación Lezo’.
Los agentes analizan los contratos menores adjudicados por González entre 2011 y
2015 en su etapa de edil de Cultura en Pozuelo a las empresas Back Rvs
Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y Croma 21, S.L., que podrían
estar relacionadas con la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
Los investigadores consideran que dichos contratos “fueron fraccionados” para
ser adjudicados directamente y de esta forma no superar el límite de 18.000
euros fijado en la Ley de Contratos para convocar un concurso público. Muchos de
estos contratos suscritos desde hace años por este ayuntamiento madrileño fueron
adjudicados desde el Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo.
El informe de la UCO recogido en el sumario de la trama Púnica, al que ha tenido
acceso este diario, afirma que “parece evidente como por parte del Patronato
Municipal de Cultura fueron tramitados contratos menores sucesivos para
responder a necesidades concretas de carácter recurrente, previsibles y
cuantificables en un momento determinado del tiempo; que podría suponer que por
parte de ese ente público se adjudicaron esos contratos contraviniendo la
normativa en materia de contratación pública fraccionando el objeto de los
mismos”.
“Las mercantiles Back Rvs Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y
Croma 21, S.L han participado activamente en relaciones contractuales con el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y con el Patronato Municipal de Cultura. Este
hecho resulta de interés debido al elevado número de contratos menores que esos
entes públicos han adjudicado a esas tres mercantiles”.
UCO
“Así las cosas”, añade el informe de la UCO, “la mercantil Back Rvs Producciones
Culturales S.L desde el año 2006 al año 2008 recibió adjudicaciones directas
de esos dos entes públicos por un montante de 553.111,53 euros. Por su parte, la
mercantil Digital Plane ha sido adjudicataria de contratos menores de manera
ininterrumpida desde el año 2006 hasta el año 2014 por un montante de
662.106,06 euros, y la mercantil Croma 21 sólo en el año 2007 recibió contratos
menores del Ayuntamiento y del Patronato por valor de 109.506,30 euros“.
Algunos de los contratos menores adjudicados se efectuaron en la época de
concejal de Isabel González, que a día de hoy no está formalmente imputada en la
causa.
El informe subraya “las destacadas cantidades facturadas por las mercantiles
Back Rvs Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y Croma 21, S.L
mediante contrato menor tanto al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como al
Patronato Municipal de Cultura; que los servicios contratados tengan por causa
necesidades recurrentes, previsibles y cuantificables en un momento determinado;
que además esos contratos menores hayan sido adjudicados y/o ejecutados en las
mismas fechas sobrepasando de manera agregada el límite cuantitativo establecido
para este tipo de contratos”.
Por último, la UCO concluye que “todo ello parece indicar que pudiera
tratarse de un fraccionamiento fraudulento del objeto del contrato que tuvo como
consecuencia que esas mercantiles fueran acreedoras de un trato preferencial en
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón”.
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Según el organigrama de este municipio madrileño, la concejal de Cultura
“coordina y gestiona las unidades administrativas que integran la Concejalía,
incoa y tramita y resuelve, en su caso, cuantos expedientes sean propios de la
concejalía, ostenta la vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura y
supervisa y dirige la actuación” del mencionado Patronato.
Isabel González ocupó esta concejalía entre 2011 y 2015, sin embargo, no fue la
única concejal de Cultura de este ayuntamiento madrileño que adjudicó contratos
menores a las tres empresas investigadas en la trama Púnica. Antes de ser edil
de Cultura en Pozuelo, fue coordinadora del Gabinete de Esperanza Aguirre,
cuando ésta era presidenta del Senado, y después, coordinadora del Gabinete de
la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid.
Las 3 empresas “están vinculadas”
Back Rvs Producciones Culturales S.L fue constituida y es administrada por
Ricardo Vázquez Segura. Dicha sociedad estaría vinculada con Croma 21 y Digital
Plane. Los investigadores sostienen que existe una “relación de servicios,
existiendo facturación cruzada entre estas empresas”.
Según recogen los investigadores de la UCO en su informe, “existen además
indicios de que las tres empresas habrían facilitado facturas falsas al Partido
Popular regional que fueron presentadas para justificar el destino de una
subvención otorgada por la Comunidad de Madrid, cuyo verdadero destino fue el
pago de gastos electorales”.
Fuentes cercanas a Croma 21 y Digital Plane afirman a OKDIARIO que no tienen
ninguna vinculación con la presunta financiación ilegal del PP regional, y con
la trama Púnica. “No conocemos a ningún miembro del PP, somos 11 empleados y
nunca hemos emitido facturas falsas”.
“Nuestras empresas se dedican a la iluminación y al montaje de sonido y
escenarios para conciertos, mitines y cualquier tipo de acto. Ricardo Vázquez
Segura nos subcontrataba para eventos del PP, hasta que nos dejó de pagar entre
2007 y 2009, de hecho todavía nos debe dinero”.
Sobre los contratos menores aseguran que en muchas ocasiones “no se cerraban las
contrataciones con los artistas hasta última hora y no daba tiempo a que se
convocara a un concurso público. Con este tema, van a conseguir que nos vayamos
a la quiebra y deje sin trabajo a mis empleados” concluyen.
https://okdiario.com/investigacion/2017/05/26/investigan-hermana-diputada-gonzalez-dar-contratos-dedo-empresas-punica-1011379
UN JUZGADO DE MADRID INVESTIGA QUIÉN FUE LA MAGISTRADA “AMIGA DE LA CASA” QUE
DIO EL CHIVATAZO DE LEZO A MAURICIO CASALS
Investigará un posible delito de revelación de secretos tras la denuncia
interpuesta por un letrado.
El juez Eloy Velasco, hasta ahora encargado de la operación Lezo, ha dejado la
instrucción sin haber mostrado entusiasmo por indagar en el 'chivatazo'
atribuido a "una magistrada" y gracias al cual los investigados en esas
diligencias secretas fueron alertados de que sus teléfonos estaban intervenidos.
Pero un Juzgado de Madrid sí ha abierto un procedimiento para indagar quién
puede encontrarse detrás de la filtración.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, al que ha correspondido tramitar
la denuncia interpuesta por el abogado José Luiz Mazón en representación del
partido Contrapoder, ha dictado un auto en el que acuerda incoar diligencias
previas por un presunto delito de revelación de secretos. La resolución señala
que los hechos que se relatan en la denuncia "presentan características que
hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
La denuncia se refiere a una conversación intervenida el pasado noviembre al
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión por
malversación, fraude en la contratación pública y otros delitos de corrupción.
En esa charla González manifestó que el presidente del periódico La Razón,
Mauricio Casals, le había informado de que "una magistrada amiga de la casa" les
había alertado de que tuvieran cuidado porque "han grabado una conversación de
Edmundo muy extraña". Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue mano derecha de Ignacio
González en la expansión del Canal de Isabel II en Iberoamérica y es consejero
de La Razón, se encuentra también en prisión por la operación Lezo.
'Oye, cuidao'
Según Ignacio González, Casals le dijo que "Edmundo está 'acojonao', me ha dicho
que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que
es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una
conversación de Edmundo muy extraña'".
Una mujer denuncia una agresión sexual en el concierto de Gun N' Roses de
BilbaoUna mujer denuncia una agresión sexual en el concierto de Gun N' Roses de
BilbaoEfeNo recuerda nada porque cree que le echaron algo en la bebida. Despertó
en el baño de un bar mientras un hombre trataba de quitarle la ropa.
recomendado por
La interceptación durante meses de las conversaciones mantenidas por los
investigados permitió conocer que estos estuvieron claramente prevenidos de las
pesquisas. Ya en octubre de 2016 González fue alertado de un posible
seguimiento, lo que le llevó a cambiar de ubicación, por medio de su mujer,
Lourdes Cavero, del contenido de una caja de seguridad abierta en un banco.
También en octubre, Rodríguez Sobrino trató de hacer averiguaciones sobre una
petición de información que la Fiscalía española realizó a las autoridades
suizas sobre el supuesto cobro de comisiones. Por este mismo tema se interesó
posteriormente el propio González.
La constancia de que los investigados conocían que los teléfonos estaban
intervenidos la proporcionó Pablo González, hermano del expresidente de la CAM,
cuando le comentó a su hermana Isabel González que a Ignacio "le han avisado de
que tenía pinchados los teléfonos. Vamos, vamos, que se quedó un poco
preocupado".
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios,
ha citado al letrado Mazón para el próximo 13 de junio para que se ratifique en
su denuncia. Será a partir de entonces cuando el instructor decidirá qué
diligencias corresponde, en su caso, practicar.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170526/218978297_0.html
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS EN SUIZA DEL EX JEFE DE GABINETE DE
VILLALOBOS
Se trata del ex consejero delegado de Arpegio entre los años 2004 y 2008,
Eduardo Larraz, ex director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de
Sanidad. La Fiscalía Anticorrupción ha cursado una Comisión Rogatoria a Suiza
investigando los movimientos bancarios de las cuentas que el imputado en la
trama Púnica y su mujer abrieron en el país helvético.
Nuevas revelaciones del caso Púnica. La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado
Central de instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional investigan dentro de
esta macrocausa de corrupción al que fuera director de gabinete de Celia
Villalobos, Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio
entre los años 2004 y 2008, y las cuentas que abrió en Suiza.
Según ha podido saber Vozpópuli, las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa
Gálvez aprecian indicios de corrupción en el comportamiento de este imputado y
han cursado una Comisión Rogatoria al país helvético solicitando los movimientos
bancarios de las cuentas abiertas en dicho país por Larraz y su esposa María
Ángeles de Diego Suso. Ambos abrieron en mayo de 2016 -cuando ya era conocido
que la Audiencia investigaba la gestión de Arpegio- nuevas cuentas en el Juluis
Bar & Co Aga, de Zurich, que están ahora bajo la lupa de Anticorrupción.
De hecho, los investigadores sospechan que Suiza pudo ser el destino final de
"fondos malversados" a través de la entidad Arpegio (ahora denominada Nuevo
Arpegio). De ahí, que se hayan cursado distintas Comisiones Rogatorias – las
fiscales tienen intención de enviar otra nueva petición de auxilio judicial
próximamente, según informan fuentes jurídicas- en aras de poder recuperar los
activos desviados de la Comunidad de Madrid.
Tanto el Ministerio Público como el juez creen que el que fuera secretario
general del PP de Madrid, Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama
Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años en la entidad
para manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras
públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. Se da la circunstancia de que la
ejecución de los citados consorcios urbanísticos y de los planes Prismas dotados
con 1000 millones de euros se llevaron a cabo "bajo la esfera de dominio de
Francisco Granados como presidente de la mesa de contratación".
Imputada la mesa de contratación
Se da la circunstancia de que Eduardo Larraz y su mujer son dos de los últimos
imputados en esta causa debido a su vinculación con la gestión de Arpegio. El
que fuera director de gabinete de Villalobos era miembro de su mesa de
contratación.
El pasado día 16, fechas antes de abandonar el Juzgado Central 6 de la Audiencia
rumbo a la Sala de Apelaciones, el magistrado Eloy Velasco acordó nuevas
entradas y registros relacionadas con la gestión que Granados hizo de Arpegio.
Junto con dichas entradas y registros, llevadas a cabo por la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil (UCO), el instructor acordó la imputación de los
miembros de la mesa de contratación de Arpegio formada por Larraz; el jefe de
Gabinete de Granados, Ignacio Palacios; y el ex secretario general de la
Fundación Arpegio Francisco Esquivias.
Larraz y su esposa abrieron en mayo de 2016 nuevas cuentas en el Juluis Bar & Co
Aga, de Zurich, que están ahora bajo la lupa de Anticorrupción
Asimismo, están siendo investigados el administrador de la empresa análisis y
gestión de desarrollos urbanos (Dusa) y encargado de gestionar las licitaciones
públicas del plan Prisma en 2006-2007, Adolfo Fernández Maestre; la exdirectora
de Proyectos del Plan Prisma en Arpegio Pilar Rubio Izquierdo; y el director de
Proyectos de Nuevo Arpegio, Pedro Bernad Moreno.
También fueron imputados en esta pieza separada la lista la directora de la
Asesoría Jurídica de Arpegio entre 2006 y 2009, Pilar Roca Suárez-Inclán; la
abogada y ex secretaria de la mesa de contratación María Dolores Nogal González;
así como José Luis Jaraba, Tomás Fernández Jiménez y Sagrario Gómez Hernando.
Todos ellos debían comparecer los próximos 12, 13 y 14 de julio en la Audiencia
Nacional pero dichas declaraciones han sido aplazadas 'sine die' a la espera de
que un nuevo juez asuma la investigación de Púnica.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Anticorrupcion-investiga-Suiza-Gabinete-Villalobos_0_1029797957.html
LA UCO INVESTIGA A TODO EL GOBIERNO DE GALLARDÓN DE 2001: CORTÉS, COBO, CALVO...
La Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a todos los miembros del
Consejo de Gobierno, doce personas, que en diciembre de 2001 autorizaron la
compra de la filial colombiana del Canal
La Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil que identifique a los miembros del Gobierno de la Comunidad de
Madrid que a finales del año 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana
Inassa, la operación que supuso la primera aventura del Canal de Isabel II en
Suramérica. Como ya adelantó El Confidencial, la Comunidad de Madrid, presidida
entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83
millones de euros) por una firma que había costado un año antes diez veces
menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo
para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores.
Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso Lezo. Y lo está
porque los fiscales reclamaron en noviembre de 2016 una ampliación de su
querella inicial, que giraba únicamente sobre irregularidades del Canal
cometidas bajo el mandato de Ignacio González (2003-2015), primero como
vicepresidente del Gobierno regional y después como presidente. Pero faltaban
pocos días para que se cumplieran 15 años de la adquisición de Inassa (y por lo
tanto que prescribieran algunos delitos) y el contenido de una de las escuchas
telefónicas que obran en el sumario dió la voz de alarma.
Así empezó el 'chollo' del Canal de Isabel II: Gallardón pagó 83M por lo que
costó 8
La Comunidad de Madrid compró en el año 2001 Inassa, la matriz del Canal en
Sudamérica, por 10 veces más de lo que habían pagado los vendedores un año antes
En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón,
asuntos sucios y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole.
"Cuando llegué me tuve que comer todos los marrones", aseguraba en una de las
conversaciones intervenidas. Uno de los "marrones" a los que se refería era la
compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. "Eso sí
que fue un pelotazo…", describe González. La ampliación de la querella por parte
de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de
caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en
esta parte del caso. El juez Eloy Velasco ve indicios de "compra fraudulenta y
supuesta malversación".
El juzgado ha pedido a la UCO los nombres de los políticos que en diciembre de
2001 formaban parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aparte
del presidente Ruiz-Gallardón había otros once consejeros, tres mujeres y ocho
hombres. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan
Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral,
Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio
Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. El
juez también quiere saber quien formaba parte del consejo de administración del
Canal. En diciembre de 2001 el presidente del Canal era el consejero Pedro Clavo
y el director gerente de la empresa pública Arturo Canalda, hoy presidente de la
Cámara de Cuentas de Madrid.
Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad
vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que
firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Según
Canalda, que compareció el pasado 10 de mayo en la Asamblea de Madrid, tres
valoraciones distintas cifraron entre los 117 y los 129 millones de dólares el
valor de Inassa en el año 2001. "No sé de donde ha salido que valía menos",
señaló, recalcando que la operación se hizo con luz y taquígrafos y que fue
aprobada por el consejo del Canal, por el consejo de Gobierno y por la Asamblea
de Madrid.
La UCO ya tiene en su poder un informe del despacho jurídico Cuatrecasas, que en
abril de 2009 (por encargo del Gobierno de Ignacio González) elaboró un extenso
informe analizando la compra que Gallardón había ejecutado ocho años antes. Este
informe describe varias irregularidades de la operación. Inassa (Interamericana
de Aguas y Servicios SA) se había constituido en Colombia en septiembre de 1996,
aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionado
el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa
fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51%
de la compañía.
El principal socio del Canal en Iberoamérica es una empresa 'offshore' en Panamá
El 18% de Inassa, matriz del grupo al otro lado del Atlántico, pertenece a la
firma Slasa. Cifuentes amenaza a un directivo de Inassa con destituirle si no
comparece en la Asamblea
Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares
(7,19 millones de euros). "La desinversión de Agbar habría estado motivada o al
menos influenciada por una serie de actuaciones propiciadas por determinados
directivos de Inassa, que podrían calificarse de desleales". El comprador de las
acciones de Agbar fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA).
Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment,
cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es
decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que
se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.
SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España.
Este proceso se encargó a la banca Rothschild, que se puso en contacto con
distintas empresas españolas, como Unión Fenosa, Iberdrola, Urbaser o Ferrovial,
para ofrecerles las acciones de SAA en Inassa. No hubo ningún acuerdo y en mayo
de 2001 SAA empezó a negociar con el Canal de Isabel II, que a su vez también
buscó aliados para crear un consorcio y comprar Inassa. Se negoció con Acciona y
Caja Madrid, pero dicho consorcio no fructifica porque hacer negocios en
Colombia suponía entonces "un riesgo". El Canal también intenta convencer al
BBVA y a Urbaser. Sin éxito. Al final el Canal se alía con Técnicas Valencianas
del Agua (Tecvasa), y ambas crean una sociedad vehículo, bautizada Canal
Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia,
puerta de acceso a otros futuros negocios en Suramérica. El Canal tenía el 75%
de Extensia y Tecvasa el otro 25%.
El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración de Canal acordó la
compra de Inassa y ese mismo día se decide que se haga a través de Canal
Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre Canal
Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de
euros). "No consta que el Canal pidiese asesoramiento externo para llevar a cabo
la valoración de Inassa, sino que se limitó a llevar a cabo una valoración por
personal interno del Canal", señala Cuatrecasas. El Consejo de Gobierno de la
Comunidad había ratificado toda la operación el 29 de noviembre. "Las
condiciones legales de la compraventa resultan sumamente desfavorables para el
comprador, no había ofertas competidoras".
A través de Panamá
"La estructura jurídica mediante la que se llevó a cabo la compra pudo haber
resultado gravosa para Extensia desde el punto de vista fiscal. En lugar de
adquirir directamente las acciones de Inassa (una sociedad colombiana), lo cual
hubiese supuesto que los vendedores hubieran tributado en ese país por la
plusvalía generada, se adquirió una sociedad panameña (SAA), radicada en un
paraíso fiscal, que de forma simultánea a la operación se liquidó". Cuatrecasas
deja claró que el Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus
acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. "Dicha
estructura se llevó a cabo en contra del consejo de Garriges&Andersen, despacho
que emitió un informe de carácter fiscal en el que desaconsejaba llevar a cabo
la operación de esta manera", concluye Cuatrecasas.
El jefe Anticorrupción quiso parar registros vinculados a Inassa, empresa clave
Moix ordenó "desvincular cronológicamente" UN registro y el "bloque de hechos"
relativo a esta diligencia concreta, una decisión a la que los fiscales del caso
se opusieron
La compra de Inassa fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad y el
consejo de administración del Canal. "En ningún momento se aprobó que la
operación se articularía a través de la adquisición de SAA. De dicha
circunstancia podrían derivarse responsabilidades para los administradores y
representantes de Extensia que suscribieron el acuerdo de compraventa". Canal
Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en
febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso.
Un mes antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en
Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación le costó a
las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros.
El informe de Cuatrecasas exime en cierta medida al equipo que presidía
Gallardón, ya que lo que finalmente hizo el Canal de Isabel II supuso una
"desviación del acuerdo de Consejo de Gobierno, que ha dado lugar a que se
produzca una infracción de las normas de patrimonio y administración
institucional", ya que lo que se aprobó fue la compra del 75% de las acciones de
Inassa, no la compra de SAA. Ya con Ignacio González en la presidencia
madrileña, Canal Extensia siguió con las compras en Suramérica. En 2005, compró
otro 3% de Inassa que pertenecía a otra empresa española, Técnicas Valencianas
del Agua (Tecvasa), pagando 600.000 dólares (unos 511.000 euros). Al año
siguiente, en 2006, una nueva ampliación de capital hizo que Canal Extensia se
hiciera con el 81,24% de Inassa, desembolsando otros 16,1 millones de euros.
Fricciones en Fiscalía
La investigación de esta operación provocó la primera fricción entre
el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, y los dos fiscales
encargados del caso Lezo. La jefatura de Anticorrupción defendía que la compra
de Inassa (ordenada por Gallardón) no podía vincularse con otras operaciones
posteriores de Inassa (ya bajo la presidencia de Ignacio González), y que por
tanto no podían estar bajo el paraguas del mismo sumario. De hecho, Moix quiso
vetar registros vinculados a la compra de Inassa, lo que provocó la queja de los
dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. Moix les trasladó su
decisión primero verbalmente y luego por escrito, pero ambos se opusieron y
pidieron el amparo del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que
permite convocar una Junta de Fiscales con el resto de los compañeros para que
voten si la orden debe ser acatada.
Otro problema era la fecha. Transcurridos 16 años desde la compra de Inassa,
Moix consideró que los presuntos hechos delictivos podrían estar prescritos. Las
discrepancias surgen a la hora de fijar desde cuándo se debe calcular el plazo
de prescripción, desde la firma de la compra, o desde el momento en que se dejó
de pagar la operación.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-20/la-uco-cerca-a-todo-el-equipo-de-gallardon-de-2001-cortes-cobo-calvo-mayor-oreja_1385228/
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID "NO RECUERDA" SI PRESIDIÓ LA
EMPRESA COLOMBIANA QUE INVESTIGA EL JUEZ VELASCO
Un mes después de que el magistrado tildase de fraudulenta la compra de Inassa
por parte del Canal de Isabel II en 2001, en época de Gallardón, Arturo Canalda
invoca el tiempo transcurrido para justificar el olvido
Canalda, que niega que los 83 millones que costó la compañía de Barranquilla
ocultasen un sobreprecio, remacha que entró en su consejo solo por su condición
de gerente del Canal
Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, no recuerda si fue
presidente de la compañía colombiana Inassa, adquirida en diciembre de 2001 por
el Canal de Isabel II a cambio de 83 millones en lo que el juez Eloy Velasco
considera la primera gran "compra fraudulenta" de la empresa pública de aguas.
Un mes después de que el magistrado incluyera ese misil en el auto por el que
ordenó prisión incondicional para el expresidente madrileño Ignacio González,
Canalda confirmó este viernes a infoLibre que había pertenecido al consejo de
administración de la mercantil colombiana. Pero aduce que, como han transcurrido
14 años desde su cese como gerente del Canal, presidente de Extensia y
representante del grupo en varias filiales, entre ellas Inassa, no recuerda si
llegó a situarse en la cúpula de la firma colombiana.
El estallido de la Operación Lezo hizo aflorar el intento del fiscal jefe
anticorrupción, Manuel Moix, de evitar que los registros afectasen a los papeles
relativos a la compra de Inassa bajo el argumento de que esa transacción se
inscribía en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón y era por tanto previa al
desembarco –en 2003– de Ignacio González en el Canal de Isabel II, su feudo
durante una década. A partir de ahí trascendió que Canalda presidía Canal
Extensia –filial del Canal de Isabel II– cuando se produjo la compra de Inassa,
operación vehiculada a través de un paraíso fiscal: Panamá. Pero su pertenencia
al consejo de Inassa justo tras la controvertida compra, era un hecho
desconocido. Ahora, documentos del Registro Mercantil de Colombia constatan que
en 2003 aún formaba parte de su "junta directiva". Canalda fue gerente del Canal
entre septiembre de 2001 y junio de 2003.
El presidente del tribunal contable madrileño compareció el pasado día 10 en la
Asamblea de Madrid a requerimiento de Podemos. Allí calificó de "absoluta y
radicalmente falso" que el Canal hubiese desembolsado por Inassa un precio muy
superior al de su valor real, negó tajante que se hubiera producido la
"malversación" que observa el juez Velasco y reiteró que la compra había sido
autorizada por el consejo de administración del Canal, el Consejo de Gobierno
autonómico y la Asamblea de Madrid. De su participación en el consejo de Inassa
no dijo nada.
La compra de Inassa centra una de las conversaciones intervenidas a Ignacio
González por la Guardia Civil. "Eso sí que fue un pelotazo", exclamó el
expresidente. En el auto de prisión de González, el juez Velasco sustenta con
los siguientes datos la presunta malversación perpetrada: "La inversión
realizada por el CYII [Canal de Isabel II] a través del Canal Extensia rondaría
los 100 millones y el valor de la mercantil según los investigados sería muy
inferior, cifrándolo en unos 30 millones".
Pero los indicios de sobreprecio no se limitan a las palabras proferidas por
Ignacio González. "Como vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y
presidente del CYII (Canal de Isabel II) -escribió también el juez Velasco en el
auto de prisión- no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de
un determinado informe jurídico".
Los investigadores aseguran que, elaborado por el bufete Cuatrecasas, ese
informe había sido encargado por González. Y que cuando lo tuvo en sus manos lo
ocultó en un cajón. Fuentes del caso aseguran que el expresidente no accedió a
responder a las preguntas que se le plantearon sobre ese episodio durante el
interrogatorio previo a su ingreso en prisión. ¿Ocultó González el informe de
Cuatrecasas para dotarse de munición de reserva contra sus enemigos políticos?
No se sabe. El asunto sigue siendo una incógnita.
"Que yo recuerde no cobré"
Los documentos registrales a que ha tenido acceso infoLibre muestran el nombre
de Canalda como miembro de la "junta directiva" de Inassa encabeza una lista a
la que se suman otros cargos del Canal en esa época, entre ellos los imputados
Adrián Martín López de las Huertas y Avelino Alfredo Martínez. Sobre Canalda no
pesa la condición de investigado o imputado.
En un intercambio de correos con una portavoz que recalcó el hecho de que
Canalda había respondido a las preguntas de este periódico sin consultar ningún
documento, el máximo responsable del órgano fiscalizador madrileño aseguró que
su papel en Inassa consistía en acudir a las sesiones del consejo. Inassa tiene
su domicilio social en Barranquilla, a poco más de 120 kilómetros de Cartagena
de Indias.
¿Participó Canalda en la elaboración y aprobación de las cuentas de Inassa en
algún ejercicio? Su respuesta fue esta: "Habría que ver las actas y si yo
participé en los consejos donde se aprobaron. No lo recuerdo de verdad, pero no
lo descarto". ¿Y cobró, sueldo, dietas, compensaciones de cualquier tipo como
miembro del consejo de administración de la sociedad colombiana? Canalda
respondió así: "No he cobrado cantidad alguna de ninguna [de las filiales del
Canal a cuyos consejos se incorporó] que yo recuerde. ¡Han pasado 14 años!".
¿En cuántos consejos de administración de filiales del Canal participó Canalda?
"Lo desconozco exactamente pero siempre que fui consejero en alguna de ellas lo
fui en mi condición de gerente del Canal de Isabel II. También fui consejero de
la Sociedad Estatal de Aguas del Tajo, igualmente como gerente del Canal".
En la conversación sobre Inassa intervenida a González, el política llegó más
lejos: "La gilipollas esta no tapa nada –dijo– mientras que yo tuve que arreglar
lo de 2001". El expresidente y antiguo delfín de la recién dimitida Esperanza
Aguirre estaba aludiendo a su sucesora al frente del Ejecutivo
madrileño,Cristina Cifuentes.
En julio de 2016, cuando Anticorrupción ya investigaba lo que el juez Velasco
describe ahora como un largo y continuo saqueo y después de que Podemos diera la
voz de alerta en la Asamblea de Madrid, el equipo de Cifuentes denunció ante la
Fiscalía General del Estado la compra de otra empresa: se trata de la brasileña
Emissão Engenharia e Construção, una de las piezas esenciales de la Operación
Lezo. Por Emissao, Inassa pagó 21,5 millones de euros (31 millones de dólares)
en noviembre de 2013. En un mes, su valor se había desplomado ya a la mitad.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/20/el_presidente_camara_cuentas_madrid_recuerda_presidio_empresa_colombiana_que_investiga_juez_velasco_65291_1012.html
ESTOS SON LOS 52
INVESTIGADOS EN LA OPERACIÓN LEZO
El juez Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la
causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González Entre los nuevos imputados destacan el empresario Villar Mir,
el exconsejero de Deportes de Aguirre Alberto López Viejo y el exgerente del PP
de Madrid Beltrán Gutiérrez Además hay nombres de directivos del Canal,
empresarios implicados en otros casos y familiares de Ignacio González
El juez Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la
causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González
Entre los nuevos imputados destacan el empresario Villar Mir, el exconsejero de
Deportes de Aguirre Alberto López Viejo y el exgerente del PP de Madrid Beltrán
Gutiérrez
Además hay nombres de directivos del Canal, empresarios implicados en otros
casos y familiares de Ignacio González
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario
sobre seis piezas de la causa por la que fue encarcelado el expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González.
En la investigación aparecen nombres como el de Juan Miguel Villar Mir, dueño de
OHL. Pero también nombres vinculados al Canal de Isabel II, empresarios
investigados en otros casos de corrupción y familiares de Ignacio González. Esta
es la lista completa de las personas investigadas por el juez en el caso Lezo.
Ignacio González: expresidente madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre. El
juez decretó prisión sin fianza por considerarle uno de los cerebros del
desfalco del Canal de Isabel II. La Operación Lezo ha revelado que sacó un
millón de euros de la Comunidad de Madrid para "sanear" las cuentas del PP y el
juez también le atribuye el cobro de una comisión de 1,4 millones pagada por OHL
a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero y la distracción de dinero
de las filiales del Canal en Latinoamérica.
Juan Miguel Villar Mir: empresario y dueño de la constructora OHL que fue
registrada en el marco de la operación Lezo el pasado jueves. Villar Mir fue
imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente el
juez levantó su imputación, como hizo con el resto de empresarios. Según
Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio
González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero.
Alberto López Viejo:imputado en el caso Gürtel por ordenar el
fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco
Correa. Ha ocupado cargos en la administración desde hace más de 20 años. Desde
2003 hasta 2009 fue diputado en la Asamblea de Madrid. En 2004 fue nombrado
viceconsejero de Presidencia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en 2007
Consejero de Deportes. Antes había ostentado el cargo de concejal en el
Ayuntamiento de Madrid, puesto desde el que Esperanza Aguirre le fichó para la
Comunidad de Madrid.
Pablo Manuel González: hermano del expresidente madrileño, también se encuentra
imputado por la Operación Trajano, con importantes vínculos con la Operación
Lezo. Está acusado de reproducir el saqueo del Canal de Isabel II en Mercasa, la
empresa pública dependiente de la SEPI, que gestiona los mercados madrileños y
de la que Pablo González era director de Operaciones. Como su hermano Ignacio,
permanece en la cárcel de Soto del Real, de la que solo podrá salir si reúne
cuatro millones de euros para la fianza.
Pablo González Liberal: padre de Ignacio González, el juez de la Operación Lezo
cree que ayudó a su hijo a blanquear dinero mediante préstamos ficticios.
Beltrán Gutiérrez Moliner:exgerente del Partido Popular en la Comunidad de
Madrid. Fue condenado en las black y está imputado en la pieza sobre la
financiación irregular del PP de Madrid en la operación Púnica.
Eduardo Ameijide Montenegro:expresidente de la empresa pública Mercasa y, por
tanto, jefe de Pablo González en la compañía. Presentó su dimisión tras la
detención del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.
José Juan Caballero: cuñado de Ignacio González. El juez le considera uno de los
beneficiarios del pelotazo del campo de golf de Chamberí. Los investigadores
sospechan que se usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan
familiar de los González. El magistrado le envió a prisión bajo fianza de
100.000 euros.
Francisco Javier López Madrid: amigo de los reyes, yerno del empresario Villar
Mir e involucrado en varios casos de corrupción. Está condenado por las tarjetas
Black e imputado en la Púnica. Esa investigación le señala por haber financiado
al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. La Operación Lezo
también le responsabiliza de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por
una adjudicación a OHL, empresa en la que es consejero.
José Antonio Clemente: ingeniero adjudicatario -a través de la empresa
Tecnoconcret- de las obras del campo de golf de Chamberí otorgadas por el Canal
de Isabel II. Esa adjudicación, por la que intercedió Ignacio González, es una
de las piedras angulares de la investigación de la Audiencia Nacional. Clemente
es también accionista de otra sociedad, Tamaco 07 Consulting, junto con Pablo
González, el hermano del expresidente madrileño, y José Juan Caballero.
Edmundo Rodríguez Sobrino: hombre de Ignacio González en Latinoamérica. El juez
cree que es el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en
la compra de la sociedad brasileña Emissao. En prisión sin fianza, Rodríguez
Sobrino fue destituido del Canal de Isabel II cuando apareció en los Papeles de
Panamá, vinculado a sociedades en Hong Kong. Además, se acogió a la amnistía
fiscal de Mariano Rajoy en 2012.
Clarisa Guerra Soto: secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino. Figura como
apoderada en una de las sociedades de su jefe. Fue una de las detenidas en el
marco de la Operación Lezo. El juez la dejó en libertad, pero tendrá que acudir
al juzgado una vez al mes.
María Fernanda Richmond: exdirectora financiera del Canal de Isabel II a la que
se le ha impuesto una fianza de cuatro millones de euros para eludir la prisión
provisional. El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao,
que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. La
exresponsable de finanzas del Canal está casada con el consejero delegado de
Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las
irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta
Púnica a través del Canal, según el juez Velasco.
Adrián Martín López de las Huertas: exgerente del Canal de Isabel II. El juez le
responsabiliza también dela compra ruinosa de Emissao, la sociedad brasileña que
se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real. El juez le mandó a
prisión con una fianza de 100.000 euros.
Diego Fernando García: gerente de gestión corporativa de Inassa, filial
colombiana del Canal de Isabel II. Sustituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino como
responsable de la sociedad, según El País. García Arias se negó a acudir a la
comisión de investigación sobre la deuda de la Asamblea de Madrid, que abordó el
desfalco del Canal.
Ignasi Maestre: abogado relacionado con la evasión fiscal de futbolistas como
Xabi Alonso. Aparece como socio de Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte
de Ignacio González en Latinoamérica, en una de las sociedades que tenía en Honk
Kong, según revelaron los Papeles de Panamá. El juez cree que ayudó a Rodríguez
en la operación de compra de Emissao.
José Martínez Nicolás: consejero delegado de la Agencia Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Ya ha sido detenido dos veces,
en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del
Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos
al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica
está salpicado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, bajo las órdenes
de Salvador Victoria. El juez le impuso el pago de una fianza de 100.000 euros
antes del 28 de abril para eludir la prisión.
José Manuel Serra Peris: abogado del Estado, nombrado presidente del Comité de
Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a
bolsa de Bankia, caso por el que continúa investigado. También fue consejero de
Red Eléctrica y secretario de Estado de Industria y Energía con Aznar.
Fernando José de Cevallos Aguarón: director de la secretaría técnica del Canal
de Isabel II -puesto por el que tenía un asiento en el consejo de administración
de la empresa pública de gestión del agua- y marido de Regina Plañiol,
exconsejera de Presidencia y Justicia de Madrid y hoy diputada de Cristina
Cifuentes.
Oriol Serra Ibars: Abogado miembro de la sociedad andorrana Igmasa -de Ignasi
Maestre- a la que recurrió el Canal para materializar la compra de la sociedad
brasileña Emissao. La filial en Latinoamérica del Canal le otorgó a él los
poderes.
Luis Vicente Moro Díaz: exdelegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004,
durante la presidencia de José María Aznar. Trató con Ignacio González la
necesidad de crear un servicio secreto. Moro es amigo personal de Ignacio
González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era
secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro como
Delegado del Gobierno en Ceuta.
José Javier Soler Gallego: El titular del Juzgado Central de Instrucción número
6 ha obtenido también indicios de que la sociedad española Mercasa Incatema
habría pagado algún tipo de comisión a este exconsejero del Canal Extensia, lo
que podría estar relacionado con contratos de obra pública adjudicada en Haití.
Las actas policiales revelan un encargo en enero de 2008 bajo el concepto de
'control laboral'.
Francisco Javier Domínguez Anaya: Gerente general de Inassa Panamá. "La persona
identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente
de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado
patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino",
escribe el juez. Velasco también ha descubierto prácticas corruptas de Inassa en
la República Dominicana, a través de la sociedad AAA Dominicana, con capital
mayoritario de Inassa, que también habría pagado comisiones a cambio de obras en
ese país. Ángel Rondón, socio de Inassa en la República Dominicana, es la figura
clave en estos pagos, describe Velasco.
Carlos Isidro Bello Vicente: Directivo de la empresa Cleop. Según el juez se
encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar" para
conseguir adjudicaciones públicas para el Canal de Isabel II en Panamá.
Carlos Turro Homedes: presidente de Cleop, empresa adjudicataria de diversas
obras públicas en Valencia. Además, Turró contrajo una deuda de 9,5 millones de
euros con la Agencia Tributaria, y hace tres años, la Fiscalía investigó los
créditos concedidos a su empresa por el Banco de Valencia.
Sergio Vidal Balaguer: empresario alicantino, hermano de Javier Vidal Balanguer,
exedil del PP en Alicante.
Óscar Sánchez Moyano: Administrador único de cuatro empresas investigadas en la
Púnica. Se trata de las compañías Formaselect Consulting, Escuela Europea de
Dirección de Empresas SL, Sintra Gestión Patrimonial SL y Sintra Consultores SL
especializadas, especializadas en consultoría y formación.
Juan Miguel Madoz Echeverría:Administrador único de la empresa Swat, una
consultora de publicidad organizadora de campañas del PP en distintos lugares de
España y proveedor habitual del Gobierno de Aguirre. Según los informes de la
Guardia Civil en poder de Eloy Velasco, y tal y como han refrendado varios
testigos en la Audiencia Nacional, Swat fue una de las empresas a las que la
multinacional Indra -una potente subcontrata del Gobierno regional- debía abonar
una factura de 20.000 euros siguiendo órdenes del entonces consejero de la
Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.
José Miguel Alonso Gómez: Fue administrador y luego liquidador de Swat. En la
actualidad es el propietario de Strat Map, según Velasco, una de las sociedades
interpuestas de las que se sirvió Ignacio González para financiar al PP de
Madrid gracias a empresas como Indra.
Jesús Arranz Monje:hijo del empresario burgalés Jesús Arranz Acinas, propietario
de la empresa Construcciones Arranz. Según el auto del juez Eloy Velasco, Arranz
Monje es propietario de una cuenta en Panamá en la que se ingresaron 545.980,66
euros procedentes de las cuentas en Liechtenstein del antiguo responsable de la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José
Martínez Nicolás.
Ángeles Monje Gutiérrez: Mujer del constructor Jesús Arranz Acinas. Según el
auto del juez Velasco, recibió en una cuenta a su nombre en Suiza más de medio
millón de euros procedente de una cuenta en Liechtenstein de José Martínez
Nicolás.
Adrián de la Joya Ruiz de Velasco: denominado empresario de la 'Jet Set'. El
juez Eloy Velasco le tomó declaración el pasado jueves en calidad de investigado
por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la
multinacional OHL y quedó en libertad sin medidas cautelares.
María del Pilar Olivo Valverde: esposa de José Antonio Clemente, socio del
hermano y del cuñado de Ignacio González e implicado en la adjudicación del
Campo del Gol del Canal de Isabel II.
Dimitris Tsalidis: socio de una de las empresas vinculadas a la construcción del
Campo de Golf del Canal.
Luis Vicente Moro:asesor de Essentium, la compañía de la directiva del FC
Barcelona Susana Monje que, según el juez, consiguió un contrato del Canal de
Isabel II gracias a la mediación del exdirector general de esta empresa pública,
Adrián Martín.
Joaquín Molpeceres Sánchez: la vinculación entre Molpeceres y el PP ha estado
más veces entredicho. La UDEF investigó en el marco de la trama Gürtel los pagos
que dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían efectuado a las compañías
controladas por Francisco Correa entre 2002 y 2005. También la Guardia Civil ha
investigado al empresario en el marco de la trama Púnica después de que David
Marjaliza mencionase la empresa Licuas, también registrada el pasado jueves en
el marco de la Operación Lezo.
María Lourdes Cavero: esposa de Ignacio González, imputada además en el caso del
ático de Marbella por el que también se investiga a su marido. Lourdes Cavero
fue presidencia de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños que preside
Arturo Fernández. Actualmente preside Subastas Segre (en cuya directiva se
encuentran su hermana Pilar y su íntima Carmen Cafranga).
Miguel Sáiz de la Hoya: director financiero de Saerco, compañía especializada en
servicios de navegación aérea, registrada en el marco de la operación Lezo, a la
que también está vinculado Ildefonso de Miguel, quien creó la empresa.
Ildefonso de Miguel: Director gerente del Canal Isabel II entre 2006 y 2009, es
uno de los investigados, y detenidos, en la Operación Lezo junto con el
expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Creador de Saerco,
compañía especializada en servicios de navegación aérea.
Fernando Manuel Serrano Fuentes: socio de la empresa Tecnoconcret, empresa del
hermano de Pablo González (hermano de Ignacio González) a la que se le adjudicó
las obras del campo de golf del Canal Isabel II.
Pedro Antonio Martín Martín: uno de los hombres de confianza de Ignacio González
durante su vicepresidencia en la Comunidad de Madrid y ex alto cargo del PP: fue
secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo
Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar.
Avelino Alfredo Martínez Herrero: dirigió las áreas de Producción y Medio
Ambiente, Abastecimiento y Medio Ambiente, Saneamiento y Reutilización, Gestión
Hídrica y Abastecimiento de Canal de Isabel II.
Ángel Varona Grande: abogado. Secretario del Consejo Hispanagua, filial del
Canal de Isabel II. Un extrabajador de esta empresa aseguró que se utilizaba
para contratar a personas afines al PP.
Jesús Trabada Guijarro: administrador y propietario de Bustren PM. Fue Consejero
delegrado de la empresa pública de transportes MINTRA (Madrid Infraestructuras y
Transportes) entre 2003 y 2011. Trabada se describe en su cuenta profesional de
Linkedin "máximo responsable de las actuaciones acometidas [en MINTRA] durante
las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011".
Alberto Pérez de la Sal: empresario vinculado a la inmobiliaria Seinsa, la
empresa que vendió a la mujer de González la casa de 450 metros en la que el
matrimonio reside en la localidad madrileña de Aravaca. Fue consejero de Cofely,
una de las empresas centrales de la trama Púnica.
Carmen Pliar Pazos Bajarano: fundadora de la red de guarderías Mis Pollitos.
Según el juez, habrían servido para blanquear dinero de la trama corrupta.
Pino Escudero del Castillo: Consejera de la empresa Emalsa, la empresa mixta de
aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
María Teresa de Mingo Azárate: consejera del grupo empresarial Chickies, empresa
de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.
Rocío y Leticia Bonet Cavero: sobrinas de Lourdes Cavero, mujer de Ignacio
González, y trabajadoras de su empresa Chickies.
Manuel Martínez Téllez: Director Nacional en S.U en Urbaser, empresa filial de
ACS. Las oficinas de Urbaser fueron registradas el pasado jueves en el marco de
la operación Lezo.
Jaime Antoñanzas de Toledo:Empresario. Fundador de la agencia de márketing
Comunica+A, que gestiona y dirige con sus hermanos.
El resto de investigados son Rafael Martín Nicolás, Sebastiao, Cristovam,
Patricia Ana Rodríguez Revuelta, abogada , Guido Vicenzini, Álvaro Curiel
Fernández, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, José Ángel Martínez Ferreiro,
Ivo Kratsmer, Manuel Estrada-Nora, Ángel Ventura Cano, María Jesús Prieto
Jiménez, Juan Puertas Hernández, Javier Pardo de Santayana Dubois, Guillerme
Taveira Pinto, Luis Hermosilla Ibáñez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir.
http://www.eldiario.es/politica/investigados-Operacion-Lezo_0_644286061.html
LOS CABECILLAS DE LEZO SABÍAN SEIS MESES ANTES DE SU ARRESTO QUE ANTICORRUPCIÓN
CURSABA UNA COMISIÓN A SUIZA
El presunto testaferro de Ignacio González siete meses antes de su detención se
mostró preocupado por la auditoría que había encargado el Canal de Isabel II con
“buscadores de mierda”
Las filtraciones de la investigación secreta abierta por el caso Lezo son más
groseras de lo que parecía. Los investigados, según les adelanta hoy la Cadena
SER, no sólo conocían que la Fiscalía andaba tras la pista de la compra
sospechosa de una sociedad brasileña por parte de la filial internacional del
Canal de Isabel II sino que supieron seis meses antes de ser detenidos que
Anticorrupción había cursado una comisión rogatoria a Suiza. Esta comisión tenía
como objetivo conocer el destino dado a los 24 millones de dólares pagados al
dueño de la empresa brasileña a través de una cuenta abierta en una sucursal
bancaria suiza.
El 19 de octubre de 2016, seis meses antes de la detención del expresidente
Ignacio González y de su mano derecha en la filial internacional del Canal de
Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón, éste conocía
detalles de los pasos que estaba dando la Fiscalía Anticorrupción para aclarar
los hechos. No sólo conocía que había una investigación abierta sino que la
Fiscalía Anticorrupción había solicitado información a través de una comisión
rogatoria a las autoridades suizas. Así se lo expone en una conversación
telefónica a la directora financiera del Canal, María Fernánda Richmond, también
imputada en el caso, según se desprende del sumario del caso.
Fuentes de la investigación aseguran a la Cadena SER que fue en el mes de
octubre cuando los investigadores instaron a la justicia a solicitar esa
comisión rogatoria después de que la investigación tuviese indicios de que los
investigados habían depositado dinero en el país helvético.
Los investigados manejaban información de primera mano, conocían la
investigación al detalle, sabían que se había cursado una comisión rogatoria a
Suiza e incluso conocían que desde el Canal de Isabel II se había encargado una
auditoría sobre la compra de Emissao.
Edmundo Rodríguez estaba tan preocupado con la investigación abierta por esa
compra, que en septiembre de 2016, siete meses antes de que le detengan, sabe
que desde el Canal de Isabel II han encargado una auditoria a Ernst and Young
sobre la compra de Emissao la sociedad brasileña. Según recoge el sumario llama
a un abogado amigo suyo y se manifiesta en estos términos:
Edmundo Rodríguez Sobrino: "Han encargado una auditoria a Ernst and Young,
forense. Te traduzco, consiste en meter una docena de perros dentro de la
empresa a ver si encuentran mierda en algún sitio. O sea, son buscadores de
mierda. Entonces… pon unos tías especializados en buscar mierda, siempre hay
algo claro, pero no en esta, en todas las del mundo"
El sumario aclara el sospechoso sobrecoste de la empresa brasileña
El sumario del caso desvela además el “modus operandi” que los detenidos
utilizaron para inflar el sobrecoste de las empresas que compraban en el
extranjero. Los investigadores señalan que el cerebro de la operación, Edmundo
Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González, expuso ante el consejo de
administración de la filial internacional del Canal de Isabel II que la empresa
brasileña que iban a comprar presentaba unos beneficios antes de impuestos de
13,3 millones de dólares en 2012 y 14,8 millones de dólares en 2013.
Sin embargo, los registros contables de esa sociedad brasileña registraban unos
beneficios muy inferiores: nueve millones de euros en 2012 y siete millones de
euros en 2013. Es más una auditoría de KMPG señaló que los beneficios antes de
impuestos de la sociedad brasileña eran de 1,1 millones en 2012 y 3,4 millones
de 2013. Esta sobrevaloración llevaba la firma de Edmundo Rodríguez Sobrino.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/15/tribunales/1494874093_246439.html
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA LOS INGRESOS DE GALLARDÓN POR EL CASO DEL CANAL
Solicita la información tributaria "completa" del exministro y sus "operaciones
con terceros derivadas de actividades profesionales"
Zaplana, en un pinchazo de la Operación Lezo: "Alberto habla como diciendo que
está ganando una fortuna…. O aflorando algo"
Anticorrupción aprecia prevaricación, fraude en la contratación, malversación y
falsedad en el pelotazo con el que vincula a Gallardón
La investigación de la Audiencia Nacional por el desvío de fondos públicos en el
Canal de Isabel II afecta de lleno al expresidente de la Comunidad de Madrid
Alberto Ruiz-Gallardón. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y
la Fiscalía Anticorrupción pidieron el pasado abril al juez Eloy Velasco que
reclamara al Ministerio de Hacienda la "información tributaria completa" del que
fuera presidente de la Comunidad de Madrid, así como sus ingresos derivados de
"operaciones con terceros de actividades profesionales", según consta en
documentos incorporados al sumario de la Operación Lezo a los que ha tenido
acceso eldiario.es.
Estas solicitudes se enmarcan en la parte de la causa que investiga el posible
desvío de fondos en la compra-venta de la sociedad colombiana Inassa, el primer
paso de la expansión por Latinoamérica de la empresa pública Canal de Isabel II
en 2001. Alberto Ruiz-Gallardón presidía entonces el Consejo de Gobierno que
autorizó la adquisición y el método empleado para la misma, la creación previa
de una sociedad en Panamá.
La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año
después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo
6 millones, hace concluir a los investigadores que se produjeron unas plusvalías
de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a
manos de los responsables de la operación. En sus sospechas acerca del "supuesto
desvío de fondos públicos" abunda que se utilizara una sociedad radicada en un
"paraíso fiscal", según el término utilizado por Anticorrupción.
La propuesta de solicitud de información de la UCO sobre Ruiz-Gallardón fue
avalada por los fiscales de la Operación Lezo, Carmen García Cerdá y Carlos
Yáñez. El entonces juez instructor, Eloy Velasco, aceptó las peticiones, según
fuentes del caso. Eran parte de otros requerimientos para la fase de explotación
de la investigación, que arrancó el 19 de abril.
Uno de los indicios contra Gallardón había sido obtenido por la UCO el 11 de
noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían
dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido
Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue
recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del
juez.
En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de
Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que
hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste,
"sin cortarse", le dijo: "Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de
América porque tengo que ganar mucho dinero". "Delante de cinco o seis
personas", añade Zaplana, quien apostilla: "Como diciendo que está ganando una
fortuna… O aflorando algo".
Ruiz-Gallardón presidió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
celebrado el 29 de noviembre de 2001, en el que se autorizó la creación de
empresa pública Canal Extensia S.A. El Gobierno autonómico también acordó que
esta empresa, una vez constituida, adquiriera acciones de la sociedad colombiana
Inassa por valor de 73 millones de dólares, aprobando un endeudamiento de 51,1
millones. Informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
apuntan a irregularidades en este proceso.
El 28 de noviembre de 2016, a punto de cumplirse quince años del acuerdo del
Consejo de Gobierno en el que se aprobó la compra de Inassa, la Fiscalía
Anticorrupción solicitó al juez una resolución que interrumpiera el plazo de
prescripción de los posibles delitos. Los destinatarios eran Ruiz-Gallardón y el
resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Consejo
de Administración del Canal de Isabel II y el de Canal Extensia e Inassa, así
como "aquellas autoridades o funcionarios públicos que, por razón de sus cargos,
informaron o auditaron la operación sin reparo alguno". De este modo,
Anticorrupción se reservaba la posibilidad de solicitar la imputación de
Gallardón y otros miembros de su equipo de Gobierno cuando los tiempos de la
instrucción lo aconsejen.
En otro escrito del 17 de abril, dos días antes de que explotara la Operación
Lezo, los fiscales vuelven a aludir al presunto pelotazo con Inassa y señalan de
nuevo a todos aquellos para los que ha pedido la diligencia de ordenación,
además de a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, el expresidente de la
firma en Colombia tras su adquisición por el Canal, en prisión provisional como
el político. Yáñez y García Cerdá dicen en ese escrito que "la acción penal por
estos hechos debe dirigirse contra" todos ellos, "sin perjuicio de la
individualización que se realice en el curso de la instrucción judicial".
A continuación, los fiscales enumeran los delitos que aprecian en el pelotazo de
Inassa: "Los hechos narrados indiciariamente son constitutivos de delitos de
prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos
cualificada, sin perjuicio de las falsedades documentales que pudieran tener
relación con estos hechos y las actividades dirigidas a la ocultación y
afloramiento de capitales".
"Le robaron 25 millones al Canal"
Cuatro meses antes de la conversación grabada en el despacho de González, los
agentes de la UCO fotografiaron y captaron la charla entre el expresidente
Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino y el empresario colombiano José Manuel Daes
Abuchaibe, conocido como Yuyo. El encuentro se celebró el 21 de julio de 2016 en
el Hotel Villamagna de Madrid. Rodríguez Sobrino se ofrecía a colaborar con Yuyo
en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses
fuera de la empresa pública madrileña.
"¿Cuánto le entraba al Canal?", pregunta en un momento el empresario colombiano.
Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: "A Canal le han entrao, te digo
la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao"
(…) "A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces… en la que le robaron
25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10".
En un informe del 10 de abril, la UCO se refiere a las gestiones realizadas por
sus agentes, la información aportada por la Fiscalía y de sus unidades de apoyo
de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la
Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) para afirmar que "concurren
una serie de indicios que apuntan a que en la ejecución y planificación de esta
operación (la compraventa de Inassa) se pudieron producir ilícitos penales, así
como un supuesto desvío de fondos públicos -calificado por Edmundo Rodríguez
como un robo de 25 millones-, hechos que no podrían haberse llegado a ejecutar
sin la aprobación del Acuerdo de Gobierno de la Comunidad de Madrid".
La Guardia Civil añade a continuación que ese acuerdo fue "suscrito por el
entonces presidente de la Comunidad de Madrid y del Consejo de Gobierno de la
CAM, Alberto Ruiz-Gallardón, y el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bravo".
"Igualmente -continúa- hay que recordar que la solicitud partió de la Consejería
de Medio Ambiente, dirigida en aquellos momentos por Carlos Mayor Oreja, quien
compatibilizaba este cargo con el de presidente del Canal de Isabel II".
"Pacto de silencio" entre González y Gallardón
Con esta información en su poder, la Fiscalía Anticorrupción firmó el escrito
del mencionado antes, de fecha 17 de abril. En el mismo, los fiscales Carlos
Yáñez y Carmen García Cerdá afirman que "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón
tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un
pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", quien se convirtió en
presidente del Canal como número dos de Esperanza Aguirre y que habría repetido
una operación similar a la de Inassa con otra firma brasileña en 2013. De hecho,
los investigadores se interesan por el presunto pelotazo de Inassa a partir de
la investigación de la compraventa de la sociedad brasileña.
Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo
de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio
González, en el barrio de Salamanca. Zaplana se extraña de que "Alberto" no
hubiera vendido en su época el Canal a los "Buines" (los informes concluyen
después que se refiere a la familia Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma
González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de
la Comunidad: "No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si
estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en
América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares,
por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad
colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de
veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal
de Isabel II".
González añade: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo
me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un
escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo
todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te
puedes ni imaginar".
Las diligencias de investigación sobre la época de Gallardón que solicitó
Anticorrupción motivaron el primer enfrentamiento entre el jefe, Manuel Moix,
por una parte, y los fiscales del caso y sus compañeros, por otra. Moix se
oponía a incluir en la causa de Lezo la investigación de Inassa por falta de
conexidad con el resto de hechos de las pesquisas. También quería retirar la
acusación por organización criminal contra los imputados.
Los fiscales Yáñez y Cerdá invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que
permite reunir a la Junta de Fiscales para analizar la situación. La práctica
totalidad de los miembros de Anticorrupción respaldaron a sus compañeros y Moix,
que podía haber ignorado su posicionamiento, accedió a que se solicitara el
registro vinculado a Inassa y el resto de diligencias.
Este medio ha intentado ponerse en contacto con Ruiz-Gallardón y los otros dos
miembros de su Gobierno señalados en los informes para recabar su versión, Juan
Bravo y Carlos Mayor Oreja, pero de los tres solo este último ha contestado."De
toda la información que he recabado, lo único que puedo decir es que se ajusta a
derecho", ha afirmado, y añade que él ya no era consejero de Medio Ambiente ni
presidente de Canal cuando se materializó la compra. Abandonó esos puestos
apenas unas semanas antes de que se firmase el acuerdo de Gobierno, ya con Pedro
Calvo Poch al frente de la empresa pública.
http://m.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-investiga-Gallardon-Canal_0_648135314.html
LAS FILTRACIONES DEL ‘CASO LEZO’
Los investigadores aluden en sus escritos a fugas de información
desde la esfera política, judicial y policial
Si el caso Púnica tuvo su chivatazo —un guardia civil se sentará en el banquillo
acusado de revelación de secreto por alertar a Francisco Granados—, la Operación
Lezo puede tener varios. Los responsables de la investigación consideran
demostrado que alguien alertó a Ignacio González y a su familia de que estaban
siendo investigados y que por ello hicieron posteriormente numerosas gestiones
en la esfera judicial, policial y política para conocer más detalles.
Las medidas de seguridad que el político y su entorno adoptaron en sus
comunicaciones telefónicas a partir de aquel momento dificultaron las pesquisas
y obligaron a colocar con autorización judicial un micrófono en el despacho que
el expresidente autonómico tenía en Madrid para continuar con las mismas. El
contenido de estas reveló que tanto el político como otros investigados se
valieron “de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de
entorpecer o dilapidar el procedimiento”, dice la fiscalía en su último informe.
En dicho escrito, Anticorrupción llega a asegurar que tanto González como su
presunto lugarteniente en la trama, Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del
Canal de Isabel II y consejero del diario La Razón “han recurrido a personas
pertenecientes al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de
Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial” con dicho
fin, aunque no revela ninguna identidad. El propio González las reconoció en su
declaración ante el juez, aunque sin concretar.
El juez Velasco ya interrogó sobre estas fugas de información a algunos de los
imputados. Al presidente de La Razón, Mauricio Casals, que declaró el 20 de
abril como investigado, aunque días después se le retiró dicha condición, le
preguntó por la identidad de la magistrada que supuestamente le había alertado
de la existencia de las pesquisas sobre González y si esta era de la Audiencia
Nacional. En el auto por el que al día siguiente envió a prisión al político, el
juez Velasco ya destacaba que Ignacio González había conseguido a través de
Casals “información sensible sobre la investigación judicial el curso”.
En ese mismo auto, el magistrado hizo hincapié en el encuentro que Pablo
González tuvo el 8 de marzo, cuando ya era investigado, con el número dos de
Interior, José Antonio Nieto, en la sede del Ministerio. Tras aquella reunión,
el hermano del expresidente madrileño mantuvo una conversación telefónica con
una tercera persona en la que calificó la misma de “muy interesante” aunque
prefirió no dar más detalles “por teléfono”. Ahora, Anticorrupción vuelve a
llamar la atención sobre dicho encuentro con Nieto en su último escrito.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/09/actualidad/1494357613_615115.html
ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE
INASSA" POR EL CANAL
La Fiscalía afirma que el exministro "estableció un pacto de silencio y
cooperación" con Ignacio González.
"Presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición
fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y
cooperación con Ignacio González", afirman los fiscales de la 'operación Lezo'
respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II comenzó su expansión en
Latinoamérica, realizada en 2001.
En un escrito dirigido al juez instructor Eloy Velasco conocido por EL ESPAÑOL,
la Fiscalía Anticorrupción no sólo apunta hacia el exministro de Justicia,
exalcalde y expresidente del Gobierno de Madrid sino también hacia su brazo
derecho para las cuestiones de finanzas, Juan Bravo, que era consejero de
Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando se produjo la compra de la mercantil
colombiana Inassa.
Esta operación es considerada por los fiscales del 'caso Lezo' como el inicio de
las actividades "fraudulentas" relacionadas con el Canal. De acuerdo con el
relato de Anticorrupción, el Gobierno de Gallardón facultó el 29 de noviembre de
2001 al Canal a realizar una inversión internacional "cuando de conformidad con
sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad". No fue hasta
2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.
Para acometer la compra de Inassa, el Ejecutivo regional autorizó la
constitución de Canal Extensia como una 'sociedad vehículo', es decir, con un
mero carácter instrumental. "En el sector privado", recuerda la Fiscalía, "este
tipo de sociedades suelen cumplir la función (al margen de eventuales beneficios
fiscales) de alejar la responsabilidades derivadas de la adopción de acuerdos
respecto de las personas físicas que realmente los adoptan, sirven a modo de
pantalla de protección de las personas que dominan realmente la toma de
decisiones y protegen a la sociedad matriz frente a eventuales
responsabilidades".
"Fin defraudatorio"
"Desde luego", sostienen los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García respecto a la
constitución de la sociedad Canal Extensia, "esta actuación carece de
justificación en el sector público y se concibe ordinariamente como una forma de
huida del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la
actuación pública".
"No era necesaria la creación de Canal Extensia (a modo de holding privado
dependiente de una administración pública para lograr mayor agilidad operativa)
ya que esta función la podía cumplir la propia sociedad que estaban adquiriendo.
Canal Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin necesidad de la
interposición instrumental del Canal Extensia y mucho menos con la interposición
fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal", afirman en
referencia a la Sociedad de Aguas de América SA, la mercantil panameña a través
de la que se articularon los pagos y que "se disolvió inmediatamente después de
la operación". "Esta forma de proceder sólo tiene justificación como instrumento
societario que se crea presuntamente con un fin defraudatorio", señalan.
Los fiscales consideran que "repugna a la lógica jurídica más elemental" situar
a Canal Extensia en el dominio de la operación de adquisición de Inassa. A su
juicio, hay indicios de que se trató de una decisión "de arriba hacia abajo". El
acuerdo de comprar Inassa y la forma en que se ejecutó "se gestó en el Consejo
de Gobierno" de la CAM que presidía Ruiz Gallardón "y se cumplió
escrupulosamente por los máximos responsables de Canal Isabell II, Canal
Extensia SA y por los administradores de Inassa".
Entre otros indicios, destacan que "nadie dentro de la Administración pública
madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso
fiscal" y que "no consta" que se cumplieran los requisitos administrativos para
el control de la operación.
En este sentido, los fiscales se preguntan "en qué documentos o informes se basó
el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73
millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un
endeudamiento de 51,1 millones de dólares". "Las investigaciones apuntan
indiciariamente a que el soporte documental fue cuando menos insuficiente, así
como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o 'por su
gente'", como dijo Ignacio González en una de las conversaciones intervenidas.
Una propuesta de Bravo
Según Anticorrupción, hay "indicios de que la solicitud del acuerdo de
adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente [de la que entonces
dependía el Canal] a propuesta del consejero de Hacienda Juan Bravo Rivera fue
elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la
adquisición de Inassa, con el consiguiente desvío de capitales públicos".
Todo ello, afirma la Fiscalía, fue conocido por Ignacio González a partir de
2003, cuando se le nombró vicepresidente de la CAM y responsable del Canal.
"Hasta tal punto conocía la operación que ordenó una investigación forense al
despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio
González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido", añaden los
fiscales. Ese informe, pagado con fondos públicos, "se ocultó" en su día pero ha
aparecido en los registros judiciales practicados el pasado 19 de abril, cuando
el expresidente de la Comunidad de Madrid fue detenido.
Ignacio González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público (es
decir, proceder a la denuncia de los hechos ante el Ministerio Fiscal o la
autoridad judicial competente), lo ocultó y continuó abonando con dinero público
las cuotas del préstamo que se concertó con las entidades BBVA y Caja Madrid",
pago que se prolongó hasta 2012.
A su juicio, esa forma de actuar "sólo puede responder", de un lado, a "la
connivencia que González tenía con los responsables públicos que adoptaron la
decisión de la adquisición de Inassa", connivencia que "podría reportarle
beneficios económicos o políticos. Y, de otro, "a la oportunidad de negocio que
el propio Ignacio González apreció en la operación, oportunidad que
presuntamente repitió en el año 2013 con la sociedad brasileña Emissao".
En todo caso, para los fiscales la "impunidad" en una operación "del calado e
importancia" de la compra de Inassa "sólo fue posible con la connivencia a un
máximo nivel en la comunidad autónoma".
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170511/215229012_0.html
EL CEREBRO DE LA OPERACIÓN ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
El actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo
Canalda, fue uno de los cerebros de la operación por la que el Canal de Isabel
II pagó 67 millones de euros –75 millones de dólares– por Inassa, pagando 10
veces más de lo que costaba la empresa de aguas colombiana.
Canalda era gerente del Canal de Isabel II cuando se produjo la operación por la
que el Canal adquirió Inassa, empresa que controla Aguas de barranquilla, a
través del paraíso fiscal de Panamá bajo el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
El ex gerente de la empresa pública y actual presidente de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha reconocido a OKDIARIO la compra de
Inassa a través de una sociedad panameña. Canalda asegura que fue un “concurso
internacional”, que la compra “nunca se ocultó, fue legal y se realizó a través
de la sociedad Slasa de Panamá porque era la tenedora de Inassa, así se
reflejaba en la licitación” señala.
Además, Canalda sostiene que la compra de Inassa “fue aprobada por el Consejo
del Canal de Isabel II, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y la
Asamblea de Madrid. El sobreprecio se justifica en los años de concesión y en
las otras sociedades que posteriormente formaron parte de Inassa” concluye.
Don Arturo Canalda González hace saber a OKDIARIO que: “En absoluto en su
excargo de gerente de Canal de Isabel II tuvo relación alguna con la compra de
Inassa, pagando 10 veces más de lo que costaba la empresa de aguas colombianas,
siendo totalmente incierto que participara en el desvío de 83 millones de euros
a Panamá para efectuar la compra de la filial colombiana Inassa”.
https://okdiario.com/investigacion/2017/05/09/cerebro-operacion-actual-presidente-camara-cuentas-comunidad-madrid-975186
NO HUBO ERROR AL HABLAR DEL CHIVATAZO DEL SECRETARIO DE ESTADO", SEGÚN LOS
INVESTIGADORES
Fuentes jurídicas desmienten “con rotundidad” al fiscal general del Estado. “No
hubo error” al hablar de la supuesta investigación chivada del número dos de
Interior, según las mismas fuentes, quienes recuerdan en cualquier caso que el
escrito “con la supuesta redacción confusa” fue “revisado, aprobado y
distribuido sin modificarlo” por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y
la Fiscalía General de Maza, en contra de los propios fiscales del caso quienes
apelaron al secreto del sumario
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha manifestado este jueves por
la mañana en la Universidad Complutense de Madrid, que en realidad los fiscales
del caso Lezo no querían decir lo que dijeron al incluir en su escrito la
“presunta investigación chivada del secretario de Estado” de Seguridad, José
Antonio Nieto.
Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER desmienten con
rotundidad al fiscal general del Estado. Sostienen que los fiscales del caso “se
ratifican y dijeron lo que dijeron”, por la “existencia de una investigación al
número 2 de Interior” debido al supuesto chivatazo. Y recalcan que tal y como
recoge el escrito, la reunión de Nieto con el hermano de Ignacio González fue de
“especial gravedad”.
Una investigación “incipiente” que ha sido “dinamitada” al filtrar el escrito
secreto a los medios de comunicación, desde la misma Fiscalía General del Estado
que dirige José Manuel Maza.
El fiscal general del Estado ha llegado a pedir perdón al secretario de Estado
de Seguridad en Onda Cero, y a culpar a los fiscales del caso porque a su
entender la polémica ha sido provocada por una redacción confusa del texto.
Pero las fuentes consultadas se ratifican en el contenido. Recuerdan que han
sido censuradas más de 30 páginas del mismo, y que hay más información sobre el
secretario de Estado en el resto. Todo junto cobra coherencia, según estas
fuentes.
Además, ese escrito fue revisado por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix,
que según fuentes fiscales, remite cualquier documento de la operación Lezo a
José Manuel Maza, antes de su publicación o de que sea remitido a la justicia.
Por lo tanto, ambos conocían de esa supuesta “redacción confusa” antes de que
fuera conocido, y no lo cambiaron.
Y por otra parte, fue Manuel Moix quien decidió publicar ese escrito del
chivatazo, con la opinión contraria de los fiscales del caso, quienes le
recordaron que estaba secreto y pidieron distribuir a los medios solo una nota
al uso, que expusiera simplemente los motivos para no excarcelar a González.
Moix obvió a sus fiscales, trasladó el escrito a la Fiscalía General, y ésta lo
difundió a los medios.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/11/tribunales/1494506736_610285.html
LA FISCAL DEL 'CASO LEZO' ACLARA QUE EN SU ESCRITO NO QUERÍA IMPUTAR NINGÚN
DELITO A NIETO POR EL 'CHIVATAZO'
"La redacción del texto no dice eso", asegura la Fiscalía General en referencia
a la interpretación del escrito
El secretario de Estado reconoció haber recibido en su despacho al hermano del
presunto cabecilla de la trama corrupta, Pablo González
La Fiscalía General del Estado ha hecho público un comunicado en el que aclara
que una de las fiscales del caso Lezo, Carmen García Cerdá, ha precisado que
Anticorrupción no quería imputar "en modo alguno" ningún delito al secretario de
Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al mencionarle en un escrito del
Ministerio Público con la "presunta investigación chivada".
La aclaración ha sido la siguiente: "La Fiscalía Anticorrupción confirma que la
expresión recogida en el dictamen del Ministerio Fiscal en modo alguno quiere
imputar ningún delito al Secretario de Estado de Seguridad en el presunto
'chivatazo".
Previamente, la Fiscalía General del Estado ya había interpretado que el escrito
en el que Anticorrupción se oponía a la excarcelación de Ignacio González por la
operación Lezo no señalaba al secretario de Estado de Seguridad como autor del
presunto chivatazo al expresidente de la Comunidad de Madrid.
El párrafo del escrito firmado por los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen
García Cerdá, dice textualmente lo siguiente: "El día 6 de marzo del 2017, en el
despacho de Ignacio González sito en la C/ Alcalá 89 de Madrid, se grabó una
conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 horas por los tres
hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quien
estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de
Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del Secretario de
Estado de Seguridad. El auto recurrido valora la gravedad de la comunicación con
el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar".
Preguntadas fuentes de la Fiscalía General si la frase "presunta investigación
'chivada' del Secretario de Estado de Seguridad" apunta a Nieto como autor del
chivatazo, éstas señalaron: "La redacción del texto no dice eso".
El escrito que ha sido facilitado a la prensa –y del que se han eliminado 38
páginas aludiendo al secreto de las actuaciones–, se señala que en una de las
conversaciones intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año,
los tres hermanos González se "evidenció el interés de todos ellos por conocer
quién estaba al frente" de la Policía Nacional.
El pasado 28 de abril el secretario de Estado confirmó en el Congreso que
recibió en su despacho a Pablo González, directivo de Mercasa y hermano de
Ignacio González, el presunto cabecilla de la trama corrupta. En dicho
encuentro, según su versión, no se habló de ninguna investigación y menos de la
operación Lezo que no conoció hasta que estalló el 19 de marzo.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/09/nieto_exige_los_fiscales_que_aclaren_acusan_ser_chivato_lezo_hagan_una_nota_desmentido_64855_1012.html
INTERIOR PIDE A LA FISCALÍA QUE ACLARE SI ACUSA AL SECRETARIO DE ESTADO DEL
CHIVATAZO A IGNACIO GONZÁLEZ
En un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER, José Antonio Nieto exige
saber "los cargos que se le imputan y sobre la base de que hechos objetivos"
El Ministerio del Interior responde a la Fiscalía Anticorrupción. En un escrito
remitido esta tarde a la Fiscalía, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el
ministerio exige a los fiscales que aclaren si le acusan del "chivatazo" al
expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Según recoge este documento, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio
Nieto, ha pedido a los fiscales que están coordinando la conocida como operación
Lezo que aclaren si le imputan algún delito al relacionarle con el presunto
hecho delictivo de haber alertado a Ignacio González de que se iba a desarrollar
la operación Lezo.
La Fiscalía Anticorrupción asegura en su escrito de oposición a la petición de
excarcelación de Ignacio González que "en una reunión mantenida en el despacho
de González el pasado 6 de marzo los tres hermanos González evidenciaron intere
por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a
los problemas de Ignacio González por la presunta investigación "chivada" del
Secretario de Estado de Seguridad.
Ahora Interior exige saber si es cierta esta acusación y de serlo saber "en qué
términos se ha producido, cuáles son los cargos que se imputan al Secretario de
Estado y sobre la base de qué hechos objetivos".
Interior añade que en caso de que la acusación sea cierta la Fiscalía
Anticorrupción tiene que explicar por qué hasta ahora "no ha sido notificada a
quien suscribe referencia alguna sobre hechos tan graves como para sustentar
dicha acusación en un escrito oficial del Ministerio Fiscal".
Finalmente el secretario de Estado de Seguridda solicita a Anticorrupción que si
no existe acusación emita una nota aclaratoria a los medios de comunicación
"matizando o desmintiendo la noticia para evitar el daño que dicha información
está provocando a la Secretaría de Estado de Seguridad y a su titular".
http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/09/tribunales/1494358535_359362.html
NIETO COINCIDIÓ CUATRO AÑOS CON IGNACIO GONZÁLEZ EN LA DIRECCIÓN DE CASA ÁRABE
PERO SOSTIENE QUE "NUNCA" HABLARON NI SE REUNIERON
El secretario de Estado de Seguridad afirmó este miércoles que en su vida había
hablado con Ignacio González
Ambos políticos formaron parte del Consejo Rector del consorcio público Casa
Árabe entre 2011 y 2015
A preguntas de infoLibre, un portavoz de Nieto insiste en que ambos ni se
conocen ni hablaron porque Nieto nunca asistió a ninguna reunión de Casa Árabe
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró este miércoles
en una entrevista concedida a Onda Cero que en su vida había hablado con el
expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Que no le conocía.
infoLibre ha podido comprobar que entre 2011 y 2015 ambos formaron parte del
consejo rector de Casa Árabe, un consorcio público que celebra reuniones
periódicas. Según defiende Interior, Nieto no coincidió jamás en Casa Árabe con
el expresidente madrileño, ahora encarcelado en el marco de la operación Lezo.
"Nunca coincidieron ni compartieron ninguna reunión porque el secretario de
Estado no acudió a ninguna", insisten a preguntas de este periódico.
"No conozco a Ignacio González. Nunca le he conocido. Nunca he tenido relación
con él [...] Con Ignacio González no he hablado en mi vida". Así se pronunciaba
este miércoles ante los micrófonos de Onda Cero el secretario de Estado de
Seguridad. Si cuando estalló la operación Lezo, se supo que Nieto se había
reunido con el hermano de Ignacio González, Pablo González, esta semana un
escrito de los fiscales del caso le apuntaba como responsable de la "chivada" a
los González para alertarles de la operación. Una afirmación que llevó a
Fiscalía a aclarar que no quería imputar ningún delito a Nieto. Los dos hermanos
González están ahora en prisión.
El primero de los episodios llevó a Nieto ante la Comisión de Interior del
Congreso de los Diputados, donde reconoció haberse reunido con Pablo González
pero sólo para cuestiones de Mercasa, la empresa pública en la que el hermano
del presidente madrileño era directivo. El segundo, le condujo a pedir a la
Fiscalía que le imputase si tenía pruebas de ese chivatazo.
Dependiente de Exteriores
Casa Árabe es, según se explica en su página web, "un consorcio público español
liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que opera
como centro estratégico en las relaciones de España con el mundo árabe". Con
sedes localizadas en Madrid y en Córdoba, fue fundada en el año 2006 mediante un
convenio de colaboración suscrito entre Exteriores, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía, la
Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de
Córdoba.
A día de hoy, está presidida por el ministro del ramo, y sus vicepresidentes son
la presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de Córdoba. Los Reyes de España son sus
patronos de honor. Esta estructura es la que llevó a Nieto y a González a formar
parte del Consejo Rector. El secretario de Estado, y así figura en documentos
oficiales de Casa Árabe y en el BOE, integró el citado órgano en sus años al
frente de la Alcaldía de Córdoba (junio 2011-junio 2015). González, por su
parte, figura como vocal en la reunión de diciembre de 2011. Era vicepresidente,
consejero de Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno regional. Un año después,
en la cita del Consejo Rector de diciembre de 2012, ya figura como
vicepresidente de este órgano. Fue en septiembre cuando Esperanza Aguirre le
cedió el testigo en su primer anuncio de dejar la política.
Rastro en el BOE y en las memorias oficiales
"El Consejo Rector actúa como órgano colegiado de dirección de Casa Árabe y
ostenta la superior autoridad dentro del Consorcio y está conformado por los
miembros designados y revocados por las administraciones consorciadas", informa
Casa Árabe.
Boletines Oficiales del Estado de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 consultados
por infoLibre incluyen a González y Nieto como integrantes de este Consejo
Rector. Asimismo, se les menciona, como asistentes, "bien personalmente o
mediante representación", a estas reuniones en los documentos de la Casa Árabe
en los que este ente rinde cuentas de su funcionamiento anualmente.
Concretamente, se trata de los días 2 de diciembre de 2011, 12 de diciembre de
2012, 18 de diciembre de 2013 y 1 de diciembre de 2014.
Pese a ello, en Interior insisten en desvincular al secretario de Estado de
Seguridad y al expresidente de la Comunidad de Madrid. Destacan que el puesto de
"patrono" de Nieto en Casa Árabe se debía exclusivamente a su condición de
alcalde de la ciudad de Córdoba y que que "jamás coincidieron en ninguna
reunión, ni hablaron por teléfono sobre los asuntos de dicha entidad, ni
intercambiaron correo o documento alguno sobre las actividades de Casa Árabe".
En definitiva, que no tuvieron contacto de ningún tipo.
Delegaba en otros consejeros
Esto fue así, informan en el ministerio, porque Nieto delegó su asistencia a
estas reuniones en otros miembros de su equipo. "Siempre delegaba en el concejal
de Cultura o en el concejal de Presidencia", aseguran las citadas fuentes.
Desde que Ignacio González fue detenido el pasado 19 de abril en el marzo de la
operación Lezo, el Gobierno de Rajoy se ha visto salpicado por múltiples
sospechas de injerencias en la Justicia. Este escándalo no sólo ha puesto el
foco sobre las prácticas de Ignacio González y sus fieles en sus años en la
Comunidad de Madrid y en el PP regional, sino que ha hecho que salgan a la
superficie las actuaciones de algunos de sus protagonistas para intentar tapar o
frenar los hechos investigados. Unas actuaciones que han salpicado a los
departamentos de Interior y de Justicia. Si en el caso del departamento de
Interior, el grueso de los focos está sobre Nieto, en el caso de Justicia, el
ministro Rafael Catalá, y el propio Rajoy, han tenido que salir a defender la
labor del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.
Tal y como ha publicado infoLibre, Manuel Moix, que fue fiscal superior de
Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones
que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia
para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de
Isabel II.
De la defensa de Nieto se ha encargado el titular de Interior, Juan Ignacio
Zoido, desde el momento en el que, días después de la detención de González, la
cadena Ser adelantó unas grabaciones en las que su hermano Pablo se refería así
a la reunión con el secretario de Estado: "El encuentro ha sido muy interesante.
Te lo contaré pero no por teléfono". Un encuentro que según el auto del juez
Velasco se produjo justo al día siguiente de que Ignacio González recibiese el
chivatazo de que estaba siendo investigado.
"Ojalá la conversación con Pablo González esté grabada y termine ya esta
pesadilla", deseaba Nieto en la misma entrevista radiofónica en la que aseguró
no conocer al expresidente de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del
PP madrileño.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/12/nieto_coincidio_cuatro_anos_con_ignacio_gonzalez_direccion_casa_arabe_pero_sostiene_que_nunca_hablaron_reunieron_64943_1012.html
OHL ADMITE TRANSFERENCIAS DE 1,8 MILLONES DE EUROS A LA CUENTA SUIZA QUE EL JUEZ
VINCULA A IGNACIO GONZÁLEZ
El empresario De la Joya admite al juez que OHL transfirió 1,4 millones de
México a Suiza para Ignacio González
El juez rastrea una comisión de OHL a González en Suiza que el PP conocía
La constructora OHL ha emitido un comunicado en el que admite haber realizado en
noviembre de 2007 dos transferencias que suman 2,5 millones de dólares a la
cuenta en el Anglo Irish Bank de Suiza de la sociedad panameña Lauryn Group,
aunque niega cualquier irregularidad. Esa cantidad se corresponde al cambio de
la época con 1,8 millones de euros. Lauryn Group es una empresa controlada por
el empresario Adrián de la Joya, que ante el juezEloy Velasco y en una
entrevista en EL MUNDO señaló que el consejero de OHL Javier López Madrid le
había indicado que le había hecho una transferencia de 1,4 millones de euros
desde México destinada a pagar una comisión al ex presidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio González. "No recuerdo realmente si fue esa cantidad o si incluso
fue algo mayor", le dijo De la Joya a este diario.
El juez de la operación Lezo considera que pudo tratarse de un intento de
soborno a cambio de que la constructora recibiera la adjudicación del tren de
Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. De la Joya añade no obstante a su
versión que, cuando supo que ese dinero era para pagar a un político, se negó a
entregarlo y decidió quedárselo para cubrir los gastos de un trabajo que estaba
haciendo para OHL en Burkina Faso. López Madrid fue detenido después del
registro de las oficinas de OHL en Torre Espacio y quedó en libertad con la
condición de abonar una fianza de 100.000 euros, después de negar cualquier
participación en los hechos.
El Grupo OHL ha llevado a cabo una investigación interna voluntaria, de cuyo
resultado ha dado traslado al juez, y ha obtenido el rastro de esas
transferencias "sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con
actos ilegales o ilícitos de ningún tipo". De estos hechos ha informado
igualmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Según la empresa, la investigación interna no ha identificado ninguna
transferencia ordenada por Javier López Madrid, consejero externo dominical del
grupo desde el año 2002, "que nunca ha tenido responsabilidad ejecutiva ni
representativa alguna en el grupo". Además, según las conclusiones del análisis
interno preliminar, "no resulta ni el menor indicio ni sospecha de que exista la
más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior
ejecución de Cemonasa", el contrato de concesión del Cercanías entre Móstoles y
Navalcarnero. OHL ha optado por realizar un rastreo general de todas las
transferencias realizadas en 11 años por cualquier empresa del grupo pese a que
la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le pidió solo las
efectuadas por OHL México, informaron a Europa Press en fuentes de la
investigación.
"Transacciones normales"
Las transferencias identificadas a través del sistema informático no coinciden
exactamente con la supuesta transferencia referida, pero sí están dirigidas a la
misma sociedad (Lauryn Group). OHL asegura que dichas transferencias están
"debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes
facturas de soporte, que aparentemente corresponden a transacciones normales
dentro del tráfico ordinario" entre sus empresas, "y no hay ningún indicio de
que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo".
Según las conclusiones del análisis interno, "ni en las fechas en las que se
supone que se realizó la supuesta transferencia, ni en ninguna otra fecha,
Javier López Madrid ha tenido poder o capacidad para ordenar, autorizar o
instruir a empleados del grupo para realizar pagos de cualquier tipo, incluidas
transferencias y, en general, jamás ha tenido funciones ejecutivas ni de
representación en el grupo OHL".
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/05/590c326a22601d7a788b460b.html
IGNACIO GONZÁLEZ PIDE SALIR DE LA CÁRCEL PORQUE SU HIJA SE CASA Y NO PIENSA
FUGARSE
El expresidente madrileño alega la boda "en pocos meses" en su recurso de
excarcelación
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión
preventiva desde el pasado 21 de abril por su implicación en la Operación Lezo,
ha solicitado su excarcelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional
alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse porque tiene sus bienes
embargados y la mayor de sus hijas "va a celebrar su boda en pocos meses".
Argumenta González que es "materialmente imposible" que se fugue porque carece
de medios económicos al estar los suyos embargados y porque dispone de un
"arraigo notorio" en España, donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor
de las cuales está a punto de casarse.
Así se señala en el recurso, adelantado por la Cadena Ser, en el que la defensa
de González asegura que las pruebas contra él de las que dispone el instructor
del caso, el juez Eloy Velasco, no justifican una medida tan gravosa como es su
prisión incondicional.
Tanto González como su hombre fuerte en Latinoamérica, el expresidente de Inassa
Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión sin fianza- han recurrido
directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esta
medida cautelar, eludiendo de esta forma el trámite del recurso de reforma ante
el instructor del caso, que consideran perdido de antemano.
En relación con su situación familiar, González alega igualmente ante la Sala de
lo Penal que una de sus hijas, de 18 años, es estudiante; que su padre tiene más
de 90 y que no existe ningún indicio de que "desee romper su relación familiar".
Tanto su mujer como su padre, su hermano y su cuñado están siendo investigados
por la causa derivada de la Operación Lezo.
"Huir es impensable"
"Huir es impensable", según la defensa del exmandatario madrileño, porque ello
daría lugar al abandono de sus hijas "en una situación en la que es necesario un
apoyo mutuo y del entorno familiar y de amistades para la tranquilidad y el
sosiego que en estos momentos necesita". La "notoriedad pública" de González,
añade el escrito, hace igualmente impensable la posibilidad de huida.
A lo largo de su recurso, el abogado Esteban Mestre destaca también que el auto
de prisión dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 "no
fundamenta, exterioriza ni razona con la mínima solidez cuál es el verdadero
motivo que lleva a aplicar una medida tan drástica como es la prisión
provisional y, además, incondicional".
Considera la defensa de González que la prisión puede entenderse como una
"medida punitiva anticipada y en cierto modo ejemplarizante y de castigo" debido
a la alarma social generada "en relación con las causas que etiquetan
socialmente como vinculadas con la corrupción", algo que para el letrado
"resulta inadmisible".
El recurso presentado por el abogado Miguel Bajo en representación de Rodríguez
Sobrino argumenta, por su parte, la falta de motivación del auto recurrido y la
inexistencia de indicios racionales de criminalidad suficientes que justifiquen
la medida de prisión incondicional del exdirectivo.Incide igualmente en la
inexistencia de riesgo de sustracción de la justicia o destrucción u ocultación
de pruebas, así como en el arraigo familiar del investigado.
El abogado de Rodríguez Sobrino pide a la Sala que, en todo caso, y con carácter
subsidiario, imponga una medida "menos gravosa e igual de efectiva" que la
prisión incondicional como podría ser la prestación de una fianza, como se ha
hecho en el caso de otros imputados en la causa, o la obligación de comparecer
ante el Juzgado "los días que tuviera a bien señalar" la Sala de lo Penal.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/03/actualidad/1493831423_932259.html
"TABOADA ME LO DEBE TODO": GONZÁLEZ INTENTÓ LLEGAR A LA CÚPULA DE SU ENEMIGA
CIFUENTES
Ignacio González intentó influir en altos cargos de la Consejería de Medio
Ambiente para que se suministrara agua al campo de golf gestionado por su amigo
el empresario Joaquín Molpeceres
Ignacio González intentó utilizar su influencia política (estuvo 12 años en las
más altas instancias del Gobierno regional) para intentar pedir a determinados
cargos públicos favores para empresarios próximos a él. El sumario del caso
Lezo, que ha acabado con González en prisión, revela que el ex presidente
madrileño intentó presionar a varios miembros de la actual cúpula de la
Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo de Cristina Cifuentes para que
ayudaran al empresario Joaquín Molpeceres, que tenía problemas de riego en el
campo de golf que gestiona en Alcalá de Henares. Molpeceres aparecía como
donante en los papeles de Bárcenas y ha declarado como testigo en el caso
Gürtel. No lo consiguió, ya que Medio Ambiente rechazó de plano lo que solicitó
el empresario.
Los investigadores han hecho un relato secuencial de la ayuda reclamada por
Molpeceres y las gestiones hechas por González. El empresario, ya mayor, pidió
al ex presidente regional que intercediera ante el director del Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra)
para que este último, José María Moreno Martín (antes alcalde de Moralzarzal),
supiera de primera mano que Molpeceres era "amiguete" y que iba "recomendado".
González llamó a Moreno, al que pidió discreción porque no quería "aparecer en
ningún lado" y presentó a Molpeceres como empresario de "toda la vida". Imidra
es el dueño de la finca El Encín, donde se ubican las 153 hectáreas del campo de
golf de Molpeceres.
El problema, según explica González en las llamadas que estaban siendo
escuchadas por la UCO, es que el desarrollo urbanístico de la zona quedó
paralizado por la crisis y no se construyó una depuradora que estaba prevista en
el municipio de Meco para abastecer de agua al campo de golf. Para salir del
apuro, Molpeceres estaba tomando agua de Alcalá, "pero está colmatada y no era
suficiente, y luego del río". González señala que Molpeceres estaba teniendo
problemas "con los cambios de la gente" (en el Ejecutivo regional) y pide a
Moreno que reciba a Molpeceres. El alto cargo lo hace: "Vemos cuál es el
problema que tiene y en lo que podemos ayudar lo hacemos", le dice Moreno a
González. Este insiste en que su nombre no puede aparecer, ya que basta con que
Cifuentes lo sepa para que piense que es algo "malo".
La reunión no debió salir bien. Molpeceres le dice a González que encontró a
Moreno "muy dubitativo" y señala que este le comentó que debería tratar el
asunto con el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, número tres
del Gobierno de Cifuentes y coordinador general del PP de Madrid. Taboada ya fue
alto cargo en los ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Molpeceres
le pregunta a González si "llegan" a Taboada, a lo que el ex presidente
responde: "Sí llegamos, sí, sí".
Taboada, más próximo "a la otra"
Lo único que quería Molpeceres es que alguien relevante de la comunidad
escribiera a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que cede agua al Imidra,
para que a su vez derivara 40.000 metros cúbicos al campo de golf. En una
llamada intervenida el 19 de diciembre de 2016, González le explica que Taboada
le debe todo, pero que quizás en estos momentos su posición sea más próxima "a
la otra", en relación a Cifuentes. Molpeceres pregunta a González cómo tratar a
Taboada en una futura reunión: "¿Y qué tal?, ¿se puede hablar de ti con él o
no?, ¿es amigo tuyo?".
Molpeceres consulta a González si cree conveniente que también le diga a Taboada
que "de vez en cuando echa una manita y tal, porque es el que puede darme lo del
agua de ahí, lo del campo de golf a través de Imidra, porque este es el
consejero del que está de director general del Imidra". A pesar de esa 'manita',
Molpeceres acaba de declarar en el juicio de la Gürtel que no donó ni financió
al PP. González le transmite tranquilidad porque "está todo controlado", ya que
también conoce al nuevo director general de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito,
nombrado en noviembre de ese año. "A ese, a ese también le conozco, entonces
bueno, pues se puede hacer alguna cosilla por ahí". Sanjuanbenito ya estuvo en
el Gobierno regional entre 2004 y 2010, primero como asesor y luego como jefe de
gabinete de la Consejería de Deportes y Turismo.
González también intentó contactar con otro alto cargo de la Consejería de Medio
Ambiente, Mariano González Sáez, que fue el predecesor de Sanjuanbenito hasta
que fue destituido. Cifuentes le ha recolocado ahora como nuevo comisionado para
el Cambio Climático. González pide ayuda para contactar con él a Borja Sarasola,
exconsejero de Medio Ambiente. "No se pueden enterar que hablo con él", menciona
González. El sumario revela que finalmente Ignacio González contactó con Mariano
González y que le envió documentación. Pero días después la secretaria personal
del expresidente le dice que han cesado a Mariano, "el de los papeles que estaba
con Taboada". Las gestiones de Ignacio González fueron infructuosas, ya que el
Imidra rechazó finalmente atender las peticiones de Molpeceres.
Adjudicado en el año 2006
La UCO ha hecho sus pesquisas sobre el campo de golf. La finca donde se
construyó, El Encín, está en Alcalá de Henares. En el año 2006, la empresa
pública Alcalá Natura 21 adjudicó a la empresa Desprosa, de Molpeceres, la
explotación de la instalación deportiva durante 35 años. En 2009, Desprosa y el
Canal de Isabel II suscribieron un convenio para suministrar agua regenerada
para el riego del campo. En ese año, González ya era presidente del Canal. En
2010, González también asumió la presidencia de Alcalá Natura 21. En 2011,
Desprosa también ganó la adjudicación de otro proyecto, Naturalcalá, un complejo
de ocio independiente al campo de golf pero anexo. En junio de 2013, el Supremo
declaró ilegal el plan urbanístico de Alcalá que autorizó la construcción del
campo de golf, pero este siguió abierto y operativo, con los problemas de riego
que llevaron a González a interceder.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-01/taboada-cifuentes-ignacio-gonzalez-lezo-golf-encin_1373568/
LA “PRÁCTICA CRIMINAL MAFIOSA” DE IGNACIO GONZÁLEZ SA: CONTROL DE FISCALÍA,
POLICÍA Y MEDIOS
El expresidente madrileño y sus acólitos ampliaron sus influencias en la carrera
judicial y fiscal, en la Policía y en prensa para protegerse de la Justicia.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sabía que era
cuestión de tiempo que la Justicia diese con él. Durante años ha utilizado sus
cargos públicos para enriquecerse personalmente de manera ilícita a través del
desvío de dinero público y comisiones ilegales, lo que le ha permitido vivir por
encima de sus posibilidades tal y como acreditan sus inversiones y sus
adquisiciones. Sin embargo, el hombre fuerte de Esperanza Aguirre y sus
principales cómplices han intentado hasta el último momento mover todos sus
hilos para evitar ser atrapados.
De la investigación de la Operación Lezo, por la que fue detenido y enviado a
prisión la semana pasada, se desprende que los principales investigados -es
decir, González, su hermano Pablo y el consejero delegado de La Razón y
exdirectivo del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, principalmente- habían
ampliado su círculo de acción en los últimos meses a distintos sectores de la
administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y
fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía.
“Todo ello para lograr la impunidad de sus acciones. Aparece un ejemplo claro de
práctica criminal mafiosa como es el uso de los medios de comunicación para
protegerse frente a la acción de la justicia”, recogen los informes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, que
han liderado la investigación.
Tal y como se ha ido publicando en EL ESPAÑOL en los últimos días, González
mantuvo contactos con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien le llegó a
decir a través de un mensaje de texto telefónico "ojalá se arreglen pronto los
líos” cuando el expresidente madrileño ya estaba investigado por un presunto
delito de blanqueo de capitales por la compra de un ático en Estepona y tenía
abierta esta otra investigación, aunque en ese momento (noviembre de 2016) era
secreta.
En busca de una fiscalía amable
Con sus comunicaciones intervenidas en los últimos meses, los investigadores han
podido escuchar cómo González mantenía comidas, por lo menos mensuales, con
magistrados de la Audiencia Nacional, del propio Tribunal Constitucional, y con
exvocales, vinculados al Partido Popular, del Consejo General del Poder
Judicial.
Una de las principales preocupaciones de González era que los cambios que debían
venir en la Fiscalía con el nuevo Gobierno le fueran favorables para intentar
archivar la causa por el ático de Estepona y evitar que saltara un nuevo
escándalo sobre él, como al final ha ocurrido.
Su fiscal favorito para ocupar la Fiscalía Anticorrupción era Manuel Moix, como
así ocurrió. Sus influencias con gente que mantenía contactos con personas del
más alto nivel en el Tribunal Supremo le ayudaron a saber con antelación que el
nuevo fiscal general del Estado iba a ser una persona que a su juicio iba a ser
beneficiosa para él; este es José Manuel Maza.
Como publicó en exclusiva este diario, en las grabaciones a Ignacio González
aparece una conversación entre el ex presidente madrileño y el ex ministro
Eduardo Zaplana, en el que hablan del nombramiento de Moix. González estaba muy
preocupado con su investigación abierta por la compra de un ático en Marbella y
comenta con Zaplana la necesidad de cambiar al fiscal de Anticorrupción que
llevaba el asunto. Antes de eso, se debía nombre al fiscal jefe de esta Fiscalía
especial.
Ignacio González: “Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal
Anticorrupción ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo, porque
el que quieren poner de fiscal… El que quieren poner de fiscal Anticorrupción,
te digo yo a ti, que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué
requisito. Él era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío... bueno… se llama
Moix, es un tío serio y bueno”.
Sin embargo, González llegó tarde. Para cuando el nuevo Gobierno de Mariano
Rajoy fue reelegido, en noviembre del pasado año, la investigación por el caso
Lezo ya estaba muy avanzada. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil
llevaban investigando desde 2015. El asunto ya se había judicializado en la
Audiencia Nacional y desde julio de 2016 ya estaban siendo investigados por un
juez, primero por Alejandro Abascal y después por Eloy Velasco. Cuando Moix
aterrizó en Anticorrupción, a finales de febrero, la operación para proceder a
la detención de los principales investigados ya estaba prácticamente cerrada.
González llegó tarde
El juez tenía todos los informes de la UCO y de Anticorrupción encima de la
mesa, con el aval y visto bueno del anterior fiscal jefe, Antonio Salinas, y de
la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. González llegaba tarde
y su detención sería difícil de evitar. Es más, en las grabaciones al
expresidente madrileño también se desprende cómo éste estaba preocupado por si
Madrigal seguía en su puesto, tal y como se había publicado en aquellos días en
la prensa. Un magistrado de la Audiencia Nacional le tranquilizó explicándole
que había sido una filtración interesada del entorno de Madrigal pero en
realidad el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se había declinado por Maza, un
magistrado fuera de la carrera fiscal.
No obstante, este “grupo mafioso” lo intentó hasta el final. Según se desprende
de la investigación, en el mes de marzo el hermano de González, Pablo -también
en prisión hasta que consiga recaudar una fianza de 4 millones de euros-,
consiguió reunirse con el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto.
Larevelación de este encuentro ha obligado al número dos del ministro Juan
Ignacio Zoido a comparecer en el Congreso de los Diputados.
Los tentáculos de los González han obligado ya a dar explicaciones al ministro
de Justicia, al secretario de Estado de Interior, y ha forzado la dimisión de
Esperanza Aguirre como portavoz el PP en el Ayuntamiento de Madrid, por no
vigilar las fechorías de sus número dos durante años cuando presidía la
Comunidad de Madrid. Varios trabajadores del Canal y miembros del PP intentaron
denunciar las irregularidades de González, pero en el partido se prefirió mirar
hacia otro lado, como se ha desvelado tras el estallido de la Operación Lezo.
Este caso judicial también ha puesto entre las cuerdas al recién llegado fiscal
jefe de Anticorrupción, por ordenar dos días antes de lanzar la operación que no
se procediera a los registros en el Canal de Isabel II que afectaran a la 'era
Gallardón', lo que provocó la férrea oposición de los dos fiscales del caso, con
el apoyo de todos sus compañeros. Todos los partidos de la oposición ya han
solicitado la comparecencia de Catalá para explicar las presiones en la Fiscalía
y la reprobación tanto del fiscal general como del propio Moix.
En estos días, también se ha conocido que tras el enfrentamiento de los fiscales
Anticorrupción con su jefe, quien nada más llegar al cargo ordenó frenar parte
de la investigación, este último ha 'invitado' a los dos encargados del caso,
Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez a abandonar el caso y su puesto en Madrid.
Según diversas fuentes conocedoras de lo ocurrido, a uno de ellos le dio una
semana para dejar la causa y a otro le dio tres días para presentar su cese en
la Fiscalía Anticorrupción.
Estos encuentros y contactos de González y su entorno tienen mayor relevancia si
se tiene en cuenta que alguien alertó a González de que estaba siendo
investigado. Los investigadores sitúan el posible 'chivatazo' por lo menos dos
meses antes del operativo. En las conversaciones telefónicas mantenidas por
González se detecta que en los últimos meses habían rebajado su nivel de
confidencias. Es más, el día antes del encuentro de Pablo González con el
secretario de Estado de Interior, todos los hermanos se reunieron a primeros de
marzo y el expresidente madrileño les comunicó que estaba siendo investigado.
Los investigados tuvieron un 'chivatazo'
A pesar de que se desconocía hasta hace diez días que era el juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco quien capitaneaba la investigación a González,
el expresidente madrileño ya mantuvo conversaciones de la necesidad de echar a
este juez de la Audiencia, tal y como publicó este diario.
Según consta en la causa, González y su círculo próximo mantenían relaciones con
un sector del Cuerpo Nacional de Policía (no identificado plenamente hasta el
momento) del que parecen obtener informaciones reservadas y que pueden ser de
interés para los asuntos judiciales que les atañen. Aprecian igualmente que
tratan de hacer uso de indiciarias influencias dentro de la carrera judicial
para tratar de constatar la existencia del procedimiento judicial y conocer las
medidas de investigación acordadas en el mismo, hasta el punto que ponen de
manifiesto que sus teléfonos pudieran estar “pinchados” porque se lo ha dicho
una magistrada amiga (sin identificar).
Medios de comunicación como aliados
El núcleo duro de la organización también tenían claro que necesitaban a los
medios de comunicación como otra medida de presión para evitar que sus
investigación fueran a buen puerto. En este marco, los investigadores destacaban
la relación que los investigados mantenían con el presidente del periódico La
Razón, Mauricio Casals, y con su director, Francisco Marhuenda: “Se aprecia la
capacidad de los investigados para protegerse frente a la instrucción con el uso
de medios totalmente ajenos a la legalidad. Entre estos instrumentos destaca el
uso de los medios de comunicación, en especial de los periodistas Mauricio Casal
y Francisco Maruhenda, como instrumentos adecuados para ejercer presiones en los
actuales mandatarios públicos en la Comunidad de Madrid”, recogen los informes
policiales.
Casals y Marhuenda han estado investigados aunque el juez, a petición de la
Fiscalía, finalmente decidió archivar el caso respecto de ellos después de que
la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, negara que
haya sido coaccionada -a pesar de las conversaciones grabadas que dicen todo lo
contrario- para evitar que se denunciaran las irregularidades del Canal.
De las conversaciones intervenidas se desprende el “alto grado de complicidad”
que existe entre los periodistas y los investigados, que en gran medida
proyectan una unidad de acción para proteger a quienes consideran “uno de los
suyos” -en referencia a Edmundo Rodríguez, consejero delegado de La Razón y ex
directivo del Canal-. “No dudan en planificar actuaciones exclusivamente
dirigidas a amedrentar o, cuando menos a condicionar, las posibles acciones
judiciales de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes. En esta línea, se aprecian igualmente evidencias que indican que los
mencionados periodistas tienen conocimiento directo de hechos presuntamente
delictivos ejecutados por responsables políticos de la Comunidad de Madrid”,
recoge uno de los informes de la Guardia Civil.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170430/212478977_0.html
GONZÁLEZ MANIOBRÓ CON UN EXVOCAL DEL CGPJ VINCULADO AL PP PARA COLOCAR A
FISCALES AFINES
El expresidente de la Comunidad de Madrid y Enrique Arnaldo Alcubilla
maniobraron para intentar detener los frentes judiciales de González mediante
fiscales afines
El exvocal del PP en el CGPJ y expresidente del Tribunal Administrativo del
Deporte Enrique Arnaldo Alcubilla maniobró para que Ignacio González se viera
favorecido en los frentes judiciales que tenía abiertos, según se desprende de
las conversaciones telefónicas pinchadas incluidas en el sumario de la Operación
Lezo, que han sido reveladas por La Sexta.
En la conversación que mantiene con Enrique Cerezo, empresario y presidente del
Atlético de Madrid, González se refiere a la jueza que investiga el caso del
ático, Isabel Conejo, de la que dice: "Ahora la niñata esta de mierda de ahí
abajo, es una tonta del culo, pues claro...". A continuación, el expresidente
del la Comunidad de Madrid entra ya en terreno de los fiscales: "Y luego, el
otro, pues... el fiscal... otro que tal baila, macho".
En otro diálogo, Cerezo le dice a González: "A ver si ahora con este fiscal
general más o menos se le pone en orden al de abajo. Ahora me imagino que ya no
estarán protegidos como antes". El exdirigente del PP le responde: "Bueno, de
momento, ahora está vacante la Fiscalía Anticorrupción. O sea, tienen que
nombrar un fiscal anticorrupción".
Es entonces cuando se produjo la charla desvelada hace unos días entre el
exministro de Trabajo con Aznar, Eduardo Zaplana, y González sobre la llegada al
puesto de Manuel Moix, en la que González le dice: "Vamos a ver, yo creo que a
ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y yo creo que
va a ser él. Si sale, es cojonudo. Se llama Moix. Es un tío serio y bueno".
También le comenta González, sin una clara referencia: "Este venía diciendo que
era muy amigo de Marchena [el juez]. Yo creo que quien mueve a todos estos es
ese círculo. Enrique López [exportavoz del Consejo General del Poder Judicial y
exmagistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP y ahora juez de la
Audiencia Nacional] más Enrique Arnaldo".
En otra conversación, el expresidente de la Comunidad de Madrid habla con
Zaplana de la siguiente manera: "En un reservado siempre [...]. Y yo le digo a
estos: Oye, joder, es que antes de poner a estos hijos de puta que tenemos es
mejor poner a Marchena. Y me dice Enrique Arnaldo: Pues no estaría mal".
Según las conversaciones reveladas por La Sexta, meses antes del estallido de la
Operación Lezo, y días antes del nombramiento (el 11 de noviembre de 2016) de
José Manuel Maza como fiscal general del Estado, se produce la siguiente
conversación entre Arnaldo y González:
Arnaldo: Hay movimientos de cambios en la Fiscalía General. Esto... ¡ahora se
ponen en marcha las piezas! Desde luego, sí que sé que es voluntad del ministro
cambiar la pieza principal.
González: ¡Joder, estarás ahí! Je, je. Moviéndote como corresponde, ja, ja, ja.
Arnaldo: Estoy moviéndome, ¿eh? Para que el nuevo que sustituya a esta señora
[Consuelo Madrigal] sea bueno.
Tras el nombramiento de Maza, Arnaldo y González vuelven a charlar:
Arnaldo: ¡No me equivocaba mucho!
González: No, ¿no? Has acertado.
Arnaldo: Je, je, je. ¡He acertado!
González: Ah, bueno. O sea, que estamos contentos, ¿o no?
Arnaldo: ¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí. Cuando nos veamos, te contaré cómo
se actuó en otra etapa anterior, que es la que hay que seguir.
Según las escuchas, el expresidente de la Comunidad también le preguntó al
exvocal del CGPJ por la Fiscalía Anticorrupción y la de la Audiencia Nacional.
González: ¡Oye! ¡Y los de abajo!
Arnaldo: ¡Claro! Y que toque todo, claro, efectivamente
González: Porque es que si no...
Arnaldo: Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado,
que son la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación,
que yo sepa, está preparada. Ahora, hombre, es una garantía que siga Rafael
[Catalá] porque ya se lo conoce.
Según La Sexta, días después charla con Zaplana sobre Maza y Moix.
González: Este es un tío serio, este es un tío que sabe lo que tiene que hacer,
que tal y que cual. Y digo, oye, quedan aún nombramientos importantes. Yo creo
que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? El que
quieren poner de fiscal Anticorrupción, te digo yo a ti que yo ya lo intenté en
su día, pero no tenía no sé qué requisito. Era el fiscal jefe de Madrid, que es
un tío bueno, se llama Moix. Es un tío serio y bueno.
Tras el efectivo nombramiento de Moix como fiscal Anticorrupción, vuelven a
charlar sobre otro puesto, en este caso el del fiscal de la Audiencia.
González: Hombre, yo no soy quien, pero yo no me corto en decirle a Rafa: Oye,
Rafa. ¿Sabes? Este, ¿cómo se llama? Jesús [ininteligible]. Voy a ver si se lo
puedo hacer llegar.
El nombramiento de Jesús Alonso Cristóbal como fiscal jefe de la Audiencia
Nacional también se produjo. Hace unos días se supo que el titular de Justicia
envió un SMS el pasado noviembre a Ignacio González en el que le decía: "Gracias
Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", en el que hacía
referencia supuestamente a la implicación del expresidente de la Comunidad de
Madrid en el caso del ático de Marbella.
http://m.publico.es/politica/1997836/gonzalez-maniobro-con-un-exvocal-del-cgpj-vinculado-al-pp-para-colocar-a-fiscales-afines
LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR
EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES
Las conversaciones del expresidente madrileño con el empresario madrileño se
centran en su imputación en el caso del ático, pero sobre todo atacan a la jueza
Isabel Conejo y al fiscal Juan Carlos López Caballero
El juez Eloy Velasco advierte de que Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los
principales integrantes de la trama del Canal de Isabel II, ha realizado
gestiones para tratar de conocer las medidas solicitadas por la Fiscalía a Suiza
Los nuevos mensajes y grabaciones conocidos y que fueron interceptados por los
agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la trama
liderada por el expresidente madrileño Ignacio González, ponen de manifiesto las
maniobras que realizaron los integrantes de la red corrupta para tratar de
desplazar a jueces y fiscales, según se desprende de los mensajes hechos
públicos por laSexta en exclusiva.
En sus conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo;
con el exministro del PP Eduardo Zaplana; con el exvocal del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte,
Enrique Arnaldo Alcubilla; y sus SMS con el ministro de Justicia, Rafael Catalá,
Ignacio González muestra sus anhelos por influir en la jueza que instruye en
Estepona el caso del ático, Isabel Conejo, y en el fiscal jefe de Málaga, Juan
Carlos López Caballero; pero también porque sus candidatos a puestos clave en la
judicatura y en la Fiscalía acaben siendo elegidos.
Esas conversaciones muestran que en todo momento González apostaba por los
mismos candidatos que al final acabó eligiendo Catalá. Así, el ministro de
Justicia optó por el magistrado conservador del Tribunal Supremo, José Manuel
Maza, como fiscal general del Estado, y "un tío serio" para González. Maza
apartó a Consuelo Madrigal, que en marzo de 2015 había pedido al embajador de
Estados Unidos en España que acelerara las comisiones rogatorias del caso del
ático del expresidente madrileño.
Especial relevancia tiene las conversaciones con el exvocal del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del
Deporte, Enrique Arnaldo Alcubilla, considerado una persona de la esfera del PP.
Y el expresidente madrileño conversaba con Arnaldo Alcubilla sobre el
nombramiento del fiscal general, que explicaba a González que los "cambios en la
Fiscalía General", que se ponían "en marcha las piezas" y que sabía que era
"voluntad del ministro cambiar la pieza principal".
"Moviéndote como corresponde"
A sus palabras, González respondía, según laSexta: "Joder, estás ahí moviéndote
como corresponde". A continuación Arnaldo Alcubilla añadía: "Estoy moviéndome
para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", en clara referencia a
Consuelo Madrigal.
El 11 de noviembre del año 2016, Maza accede al cargo y tanto González como el
exvocal del Poder Judicial se muestran entusiasmados en sus conversaciones
grabadas por la UCO. Y González afirmaba: "Estamos contentos, ¿o no?" y
Alcubilla le respondía: "Estamos muy contentos, sí [...] cuando nos veamos te
contaré cómo se actuó en otra etapa anterior que es la que hay que seguir".
Después de conseguir al fiscal general de su gusto, González se interesa por
otros nombramientos. Y entonces Arnaldo Alcubilla asegura: "Hay que mover la
pieza principal y luego las dos que van al lado, la Fiscalía de la Nacional y la
Fiscalía Anticorrupción". Las nuevas designaciones, ya estaban preparadas, según
Arnaldo Alcubilla, que explicó a González: "Esa operación, que yo sepa, está
preparada; ahora es una garantía que siga Rafael porque ya se lo conoce".
Al final los dos elegidos al frente de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional
fueron Manuel Moix y Jesús Alonso, respectivamente. Precisamente, en una de las
conversaciones ya conocidas entre González y Zaplana, el primero explicaba al
exministro del Gobierno de José María Aznar su predilección por Moix.
"No me corto"
En la conversación Arnaldo Alcubilla, Ignacio González asegura que va a hablar
con el ministro de Justicia: "No soy quién, pero no me corto en decirle a Rafa:
oye Rafa, ¿sabes? Este ¿cómo se llama? Jesús, voy a ver si se lo puedo hacer
llegar". En la escucha, según laSexta, no se entiende el apellido, aunque al
final fue nombrado como fiscal jefe de la Audiencia el hasta entonces teniente
fiscal, Jesús Alonso.
El pasado 3 de noviembre le envió un mensaje que el propio González valoró:
"Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos". En una
conversación posterior de González con el presidente del Atlético de Madrid, el
expresidente madrileño le dice al empresario que recibió de Rafael Catalá un
"mensaje encantador" en el que hablaba de "terminar con los líos". Un día antes,
el 2 de noviembre, González había reclamado a la jueza de Estepona el
sobreseimiento.
Sin embargo, las conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, muestran la principal y lógica obsesión de González: el
procedimiento del ático de Estepona por el que está imputado por cohecho y
blanqueo de capitales junto a su mujer, Lourdes Cavero.
Cerezo, que asegura mantener con el ministro Catalá una relación fluida, asegura
a González que ve "con frecuencia por el tema del estadio, siempre se lo digo y
siempre, pero es que no se lo tengo que decir, que siempre lo recuerda él" se
felicita el empresario, que también está imputado en el caso del ático de
Estepona.
"Que lo estaban mirando"
En otra conversación, González vuelve a interesarse por su imputación: "¿Tienes
una noticia de algo?", le interpeló, a lo que Cerezo responde: "El otro día me
encontré con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando". Y en otro de los
pasajes de las conversaciones grabadas por la UCO el presidente del club
colchonero saca pecho por su influencia en el ministro: "¿Te acuerdas de que
dije yo lo de las acusaciones particulares [populares]? Le dije, no tenéis
cojones a quitar y tal. Lo van a quitar".
El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: Ojalá se cierren pronto
los líos El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: Ojalá se cierren
pronto los líos
Este desparpajo de Cerezo con el ministro Catalá llega hasta el punto, siempre
según las conversaciones hechas públicas por el programa Al Rojo Vivo de laSexta,
de asegurar a González que le va a preguntar por "las comisiones rogatorias".
Precisamente, este viernes infoLibre informa de que cuatro años después de que
la jueza de Estepona reclamara los primeros datos a las autoridades de Estados
Unidos, Reino Unido y Panamá sobre los verdaderos compradores del ático de lujo
que ahora es propiedad del expresidente madrileño, los continuos errores en las
peticiones de información han impedido saber si el testaferro mexicano Rudy
Valner adquirió desde el primer momento el dúplex para el matrimonio
González-Cavero.
Y el propio González, que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real la
noche del viernes al sábado, también arremetió en sus conversaciones con Cerezo
contra la jueza de Estepona Isabel Conejo: "Ahora, la niñata esta de mierda de
ahí abajo es una tonta del culo; pues claro y luego el otro, el fiscal, otro que
tal baila", dijo en una conversación con Enrique Cerezo, en una nueva referencia
de la jueza Isabel Conejo y el fiscal jefe de Málaga. Juan Carlos López
Caballero, que esta semana acudió a Madrid en un viaje de trabajo.
El fiscal superior de Málaga
González hace especial hincapié en la figura del fiscal López Caballero, que fue
el que reclamó en febrero de 2016 su declaración como imputado: "A ver si ahora
con este fiscal general más o menos se le pone en orden al de abajo. Ahora me
imagino que no estarán protegidos como antes", se jacta el expresidente, que en
otro momento de la conversación completa: "Bueno, de momento ahora está vacante
la Fiscalía Anticorrupción, tienen que nombrar un fiscal Anticorrupción".
Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción de Málaga estaba vacante desde la
salida del propio López Caballero, que pasó a ser fiscal jefe superior de la
provincia andaluza.
Asimismo, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en
la Comunidad de Madrid estaba muy interesado en otros movimientos en el poder
judicial: "Antes de poner a estos hijos de puta es mejor Marchena", en
referencia al magistrado del Tribunal Supremo conservador Manuel Marchena.
Además, y tal y como ha podido advertir este periódico, el juez que instruye en
la Audiencia Nacional la Operación Lezo, Eloy Velasco, destaca en el auto con el
que envía a González a prisión que uno de los principales responsables del Canal
de Isabel II con Ignacio González, en concreto Edmundo Rodríguez Sobrino,
realizó gestiones "para tratar de conocer las medidas solicitadas por la
Fiscalía a Suiza".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/las_maniobras_gonzalez_con_catala_fiscalia_los_jueces_64465_1012.html
LA UCO GRABÓ A GONZÁLEZ Y A SU HERMANA DIPUTADA INTENTANDO EVITAR LA OPERACIÓN
LEZO
Isabel, Ignacio y Pablo fueron grabados por la Guardia Civil en el despacho del
expresidente de la Comunidad de Madrid cuando intentaban frenar la operación
La diputada popular en la Asamblea de Madrid, Isabel González, conspiró con sus
hermanos Ignacio y Pablo para detener las repercusiones de la investigación
destapada por la operación Lezo, en la que se acusa al expresidente de madrileño
de liderar una trama de cobro masivo de comisiones irregulares. Según se
desprende de las escuchas practicadas por los investigadores de la Guardia
Civil, los tres se reunieron en el despacho del que fuera hombre fuerte de
Aguirre para montar una estrategia y evitar que las pesquisas judiciales
acabaran perjudicando a Ignacio González.
Los hermanos González intentaron frenar Lezo
Los hermanos organizaron un encuentro privado, celebrado en el bufete que abrió
el exhombre fuerte de Esperanza Aguirre tras quedar apartado de la política,
para hablar de la existencia de informaciones en prensa que les hicieron
sospechar de que las diligencias llevadas en secreto durante 18 meses por la
Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional estaban a punto de desencadenar
un operativo.
Ignacio, Pablo e Isabel decidieron quedar en la calle Alcalá 86 para evitar ser
indiscretos en sus conversaciones telefónicas, que presumían intervenidas
después de que alguien les avisara. El hermano mayor advirtió a la pequeña que
tuviera cuidado si llamaba y la diputada regional contestó: "Yo es que nunca le
llamo...¿sabes? Cuando quiero algo le llamo a casa, por eso", dicen las
grabaciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial.
Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto
de Haití
La Audiencia investiga operaciones del Canal no solo en Brasil, también en
Colombia, Panamá, República Dominicana y Haití. En este último, se llevó 21
millones en obras tras el seísmo de 2010
La cita se celebró el pasado 6 de marzo pasadas las siete y media de la tarde.
En la primera parte de una conversación a tres bandas que se prolongó durante
media hora y fue captada por los micrófonos de ambiente instalados en la sala,
Isabel González pregunta a sus hermanos "¿quién está en la poli ahora?" y se
interesa por el que parece ser el actual Director Adjunto Operativo de la
Policía (DAO), Florentino Villabona. También comentan que es José Antonio Nieto
quien ocupa la Secretaría de Estado de Seguridad. Pablo González se reunió con
él sólo dos días después, el 8 de marzo, en una visita que ha reconocido el
número dos de Interior que, eso sí, niega que se debatiera la investigación en
ciernes.
A continuación, los hermanos González pasan a tratar la información que les ha
puesto en alerta, publicada en 'La Gaceta', y en la que se anunciaba que Ignacio
González iba a ser noticia "por novedades judiciales que afectaban muy
directamente al político popular".
Rastreó el origen de una información en prensa
Según se desprende del contenido del sumario, Isabel, que ya había manifestado
su preocupación por lo publicado en una llamada, se ocupó de rastrear el origen
de esta noticia y de intentar averiguar el alcance de la información. Comunica a
sus hermanos lo que ha podido averiguar por 'Natali', una secretaria de Enrique
Ossorio, que la UCO identifica como el ex consejero de Economía y actual
portavoz del PP en la Asamblea, y por tanto, jefe de filas de Isabel González.
Los investigadores creen que Natalie había obtenido la información de Julen
Ariza, hijo del presidente del Grupo Intereconomía del que forma parte La
Gaceta, Julio Ariza, en una etapa en la Ariza junior estuvo vinculado a la
Consejería de Sanidad de la Comunidad. Un portavoz del grupo parlamentario del
PP en la Asamblea de Madrid quiere matizar que nunca ha habido una secretaria en
el grupo que responda al nombre de 'Natali' o Natalia.
Los negocios de Ignacio González: tarifa del 5%, testaferros y pelotazos
informáticos
El expresidente de la Comunidad de Madrid contactó con empresarios en los
últimos meses para ofrecerse como intermediario ante organismos de la
Administración regional
A Ignacio González parece extrañarle todo mucho. "¿Ariza salía con esa
información?", se pregunta y después menciona al exgerente del Canal de Isabel
II, Ildefonso de Miguel, que estaba relacionado con este grupo de comunicación.
"¿Ahí no sigue Ildefonso?", dice. Expresa a sus hermanos sus temores por los
datos que la prensa pueda tener y especula con que pueda tratarse del "tema de
Brasil" -en referencia a la adquisición en 2013 de Emissao- o "alguna
conversación". "Eso es lo que más que acojona a mí. Lo que va a salir por
teléfono. No creo que haya sido tan gilipollas, pero....", se lamenta. Isabel,
por su parte, parece inquieta por el uso que pueda hacer su hermano de los datos
que acaba de darle y le pide reiteradamente que "no meta en un lío" a la tal 'Natali'.
Trata también con sus hermanos otros de sus temores como unas conversaciones
mantenidas con el abogado uruguayo Fernando Belhot en la que le pedía
asesoramiento para constituir una sociedad sin que figurara en el registro. "Le
han tenido que decir algo muy gordo para que... espero....empiezo a ponerme en
lo peor", dice y recibe el apoyo de sus hermanos que le recomiendan que consulte
con su abogado "para que no le pille por sorpresa".
El escándalo de la Lezo que salpica a la familia González afecta de lleno a la
diputada regional que, además, está casada con otro de los principales
implicados en el entramado, Juan José Caballero, que evitó este martes el
ingreso en prisión tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez.
Es directivo de Mercasa y de otra de las empresas de la trama, Tecnoconcret.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-27/uco-grabo-ignacio-gonzalez-hermana-diputada-intentando-evitar-operacion-lezo_1373431/
UN JUEZ DEL TS PIDIÓ A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE
CONTRATADA POR GONZÁLEZ
El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la
Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para advertirle de que su esposa, la abogado
Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese
antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de
recusación por parte de los abogados de Ignacio González.
El juez del Supremo contactaba con el titular del Juzgado Central de Instrucción
número 6 en la mañana del pasado viernes, poco después de que el ex presidente
de la Comunidad de Madrid fuera detenido en su domicilio de Aravaca, en la
periferia de Madrid, como pieza principal de la denominada ‘operación Lezo’.
Marchena manejaba información de primera mano, obtenida de una periodista: la
esposa de Velasco, la abogada Beatriz Saura Alberdi, había conseguido, en
octubre de 2012, un contrato externo en un organismo adjunto de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad, por indicación directa del entonces recién
nombrado presidente de Madrid, Ignacio González, a quien una persona próxima al
juez de la Audiencia Nacional le había pedido el favor, según ha podido saber
OKDIARIO. Paradójicamente, seis años después, el empleador de la esposa del
magistrado, se sentaba ante él como reo y, horas después, era conducido en un
furgón a la cárcel de Soto del Real.
Se daba la curiosa circunstancia de que Marchena, el ponente de la sentencia del
Tribunal Supremo que apartó de la carrera judicial a Baltasar Garzón, advertía a
Velasco sobre las intrigas en torno a su mujer, que durante un tiempo, cuando se
quedó sin trabajó, probó suerte como abogada en el despacho del ex magistrado
inhabilitado de la Audiencia Nacional.
Algunos medios periodísticos han adjudicado la contratación de la abogada
alicantina al ex consejero Salvador Victoria, sin embargo en aquella fecha,
desde un mes antes, ya era consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz,
cargos en los que se mantuvo hasta junio de 2015. Entonces, se vio obligado a
dimitir por las investigaciones del juez Velasco en el ‘caso Púnica’. El número
dos de González fue imputado por el magistrado por pedir, supuestamente, a la
empresa INDRA que saldara una deuda de 10.000 euros que la Comunidad de Madrid
mantenía con uno de los detenidos en la operación policial. El consejero desde
el primer momento negó la acusación, aunque dimitió para no afectar las
negociaciones entre el PP y Ciudadanos.
En octubre de 2012 el consejero de Asuntos Sociales era Jesús Fermosel, hoy día
senador por designación de la Comunidad de Madrid.
Salvador Victoria, ex consejero de Asuntos Sociales y de Presidencia y Justicia,
se negó a confirmar ni desmentir a OKDIARIO la relación laboral de la esposa de
Velasco con la Consejería de la Comunidad de Madrid: “Desde que dejé la política
he decidido no hacer declaraciones y no voy a romper ahora ese compromiso“,
señaló.
Avisó al juez Velasco
El magistrado del Supremo se decidió a llamar a su compañero de la Audiencia
Nacional, “única y exclusivamente, para advertirle de que la prensa ya tenía esa
información en su poder y que podía tener problemas por los antecedentes de la
contratación”, según fuentes judiciales. Las mismas fuentes niegan la intención
por parte de Marchena de presionar o influenciar en Velasco. Además, habría sido
una labor infructuosa pues el titular del Juzgado número 6, nacido en Bilbao,
tiene fama entre sus compañeros de judicatura de ser una persona trabajadora,
insobornable y tozuda.
El magistrado de la Audiencia Nacional recibió con cierta preocupación la
llamada de su compañero del edificio vecino del Supremo, en la otra esquina de
la Plaza de París, por lo que algunos pudieran estar cociendo a sus espaldas,
pero no le cogió por sorpresa. Los agentes de la UCO de la Guardia Civil ya le
habían puesto sobre aviso. En una de las conversaciones de González,
intervenidas por la Guardia Civil, el ex presidente aseguraba a su interlocutor
que el juez Velasco estaba contaminado porque su esposa había trabajado para la
Comunidad de Madrid, siendo él presidente.
Con la advertencia de la UCO y de su compañero del Supremo, Velasco se reservó
un movimiento de ficha por sorpresa. Antes de iniciar el interrogatorio, le
preguntó a González: “¿Hemos comido usted y yo alguna vez?”. Y el ex presidente
de la Comunidad de Madrid, sorprendido con la pregunta, le contestó: “No”. Y el
magistrado insistió: “¿Cree usted que existe alguna incompatibilidad que pudiera
propiciar la recusación de este juez?”. La respuesta fue también negativa.
Tras ese arranque y el posterior interrogatorio, ni los fiscales anticorrupción
ni Ignacio González se sumaron a la solicitud de ninguna medida de recusación.
Beatriz Saura Alberdi, la esposa de Velasco, es una prestigiosa abogada que
copreside la sección de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de
Madrid. También es directora de penal y compliance en el despacho Legal y
Económico, dirigido por Pedro Martín Molina. Con anterioridad ha sido fiscal
sustituta de Madrid durante cuatro años y secretaria judicial en la Audiencia
Nacional. La letrada ha escrito a medias con Velasco el libro “Cuestiones
Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance“, el
cumplimiento de las normativas internas de las corporaciones, mediante el código
de buenas prácticas.
https://okdiario.com/investigacion/2017/04/27/juez-del-ts-pidio-velasco-inhibiera-recordarle-mujer-fue-contratada-gonzalez-946438
EL DENUNCIANTE DEL JUEZ VELASCO PIDE QUE SE INVESTIGUE SI HABLÓ CON SALVADOR
VICTORIA PARA COLOCAR A SU MUJER
El abogado José Luis Mazón amplía la denuncia disciplinaria interpuesta en el
Consejo General del Poder Judicial.
El abogado José Luis Mazón, en representación del partido Contrapoder, ha
presentado en el Consejo General del Poder Judicial una ampliación de la
denuncia interpuesta contra el juez central de instrucción de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco, instructor de las operaciones Púnica y Lezo, en relación
a una supuesta actuación del magistrado ante la Comunidad de Madrid pidiendo la
contratación de su esposa, abogada de profesión.
La denuncia inicial se basaba en una conversación interceptada al expresidente
de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los investigadores de la
operación Lezo, en la que el político habría hecho alusión a supuestas
peticiones del juez Velasco para que se colocara a su mujer. De ser acreditadas,
sostiene, el instructor podría haber incurrido en faltas disciplinarias de
"abuso de la condición de juez" e incumplimiento del deber de abstención. El
promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ya
ha pedido un informe al magistrado sobre esos extremos.
Este martes Mazón ha presentado en el órgano de gobierno de los jueces un nuevo
escrito en el que precisa que el puesto al que accedió la mujer de Velasco fue
el de fiscal sustituta y señala que "la persona con la que el magistrado
gestiona la contratación de su esposa es el consejero de Presidencia y Justicia,
Salvador Victoria (2012-2015), hoy imputado-investigado en la operación Púnica a
cargo del mismo juez".
Victoria fue también portavoz del Gobierno presidido por Ignacio González en ese
mismo trienio. Según el nuevo escrito de Contrapoder, los contactos de Velasco
no habrían sido con el entonces jefe del Gobierno regional madrileño sino con su
consejero de Justicia, gestor de las competencias transferidas en esta materia.
El denunciante solicita que el informe pedido a Velasco se amplíe a sus
supuestos contactos con Salvador Victoria.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170509/214729015_0.html
EL CGPJ INVESTIGARÁ SI EL JUEZ VELASCO SOLICITÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO
GONZÁLEZ
El promotor de la Acción Disciplinaria pide un informe al juez y excluye un
posible chivazato a González por una magistrada
La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una
conversación telefónica intervenida a González en las que este se asombra de la
conducta del juez
El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) ha incoado diligencias informativas sobre la denuncia realizada por el
partido Contrapoder para aclarar si el juez de la Operación Lezo, Eloy Velasco,
habría solicitado un trabajo para su mujer Beatriz Saura al expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien ha encarcelado por su presunta
implicación en esta trama corrupta.
Según el acuerdo del 4 de mayo de 2017 y al que ha tenido acceso Europa Press,
el promotor del CGPJ, Antonio Jesús Fonsceca-Herrero, pide un informe al propio
titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los hechos
denunciados. También excluye de las diligencias el chivatazo que dio una
magistrada al exdirigente madrileño de que estaba siendo investigado, aunque
deduce testimonio para que se investigue si se cometió algún delito.
Precisamente, la denuncia presentada el pasado 26 de abril señala que el
instructor del caso Lezo preguntó a González –antes de tomarle declaración como
investigado– si consideraba que debía abstenerse de la causa, dada a la
existencia en el sumario de una grabación en la que el expresidente de la
Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a la esposa del
magistrado a petición de éste.
La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una
conversación telefónica intervenida a González en las que el exmandatario
madrileño se asombra de la conducta del magistrado, ya que éste le habría pedido
en una ocasión que contratara a su esposa. Dicha contratación efectivamente se
produjo, como prestadora de los servicios jurídicos para la Consejería de
Asuntos Sociales. Tanto González como su letrado rechazaron entonces que esta
circunstancia comprometiera la objetividad del magistrado, por lo que la
declaración siguió adelante.
Según dice Contrapoder en la denuncia, de haberse producido "el hecho de pedir
un juez a un político que contrate a su mujer estaríamos ante un delito de
cohecho impropio y también ante una falta disciplinaria de carácter muy grave"
prevista en el artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) . En
concreto, se trataría de "abuso de la condición de juez para obtener prebendas
de autoridades o profesionales", según los denunciantes.
La formación política considera que Velasco debería haberse abstenido de la
investigación de este caso "por estar comprometido en el deber de devolver el
favor que le hizo el investigado a su familia contratando a su mujer en la
entidad pública que dirigía".
Por otro lado, el Promotor excluye de esa petición de informe otros hechos
denunciados como "conexos" referidos a un posible chivatazo a González y otros
implicados en la operación Lezo por parte de una magistrada de que estaban
siendo investigados. Según Fonseca-Herrero, estos hechos "no guardan relación de
ningún tipo con el objeto real de la denuncia".
Aún así, cree que sí "parecen estar relacionados con el objeto del proceso
penal" que investiga Velasco, por lo que afirma que se deducirá testimonio "por
si los mismos pudieran constituir algún tipo de infracción penal".
Para Contrapoder esta filtración supone la comisión de un delito de revelación
de secretos, ya que la magistrada "amiga de la casa" que advirtió al
expresidente de la Comunidad de Madrid del pinchazo de su teléfono, "tuvo que
recibir la información de persona directamente implicada en la investigación",
haciendo alusión a Velasco.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/08/el_cgpj_investigara_juez_velasco_solicito_trabajo_para_mujer_ignacio_gonzalez_64774_1012.html
DENUNCIAN ANTE EL CGPJ AL JUEZ VELASCO PARA DETERMINAR SI PIDIÓ A GONZÁLEZ QUE
COLOCARA A SU MUJER
El partido Contrapoder cree
que, de ser cierto, constituiría una falta muy grave por "abusar de la condición
judicial".
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, órgano de
gobierno de los jueces, tendrá que pronunciarse sobre la trascendencia de una
supuesta actuación del instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien,
de acuerdo con una conversación interceptada durante la Operación Lezo, habría
pedido a Ignacio González que colocara a su esposa en la Comunidad de Madrid.
González, ex presidente del Gobierno madrileño, está en prisión desde el pasado
viernes por orden de Velasco.
El abogado José Luis Mazón, en representación del partido político Contrapoder,
ha presentado este miércoles una denuncia ante el CGPJ para que esta institución
determine si el hecho es cierto y si, en ese caso, Velasco podría haber
incurrido en una falta muy grave consistente en "el abuso de la condición de
juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades,
funcionarios o profesionales" (artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Toda denuncia sobre la actuación de un juez debe ser objeto de un informe de la
jefa del Servicio de Inspección, Esperanza Córdoba, en el plazo de un mes.
Habitualmente se pide al juez afectado que exponga las consideraciones que desee
sobre la denuncia y luego la Inspección decide si procede el archivo, la
apertura de diligencias informativas para realizar más averiguaciones o la
apertura directa de un expediente disciplinario.
La denuncia de Contrapoder se basa en la información publicada por EL ESPAÑOL en
la que se daba cuenta de que el instructor de la Operación Lezo se ofreció a
abandonar la investigación sobre Ignacio González momentos antes de tomarle
declaración dada la existencia de una grabación interceptada por la Guardia
Civil. En ella, el expresidente de Madrid aseguraba que Velasco podría estar
contaminado para investigarle, ya que la Comunidad, con González al frente,
contrató a la esposa del juez, que es abogada, para que prestara servicios
legales tras una presunta petición del magistrado. No obstante, ni Ignacio
González, ni su defensa ni la Fiscalía vieron motivo alguno de abstención o
recusación.
La denuncia se centra en si esa petición pudo tener lugar realmente. "Si existe
esa grabación y su mujer ha sido efectivamente contratada, lo que parece que es
cierto, que lo ha sido dentro del organigrama de la Consejería de Asuntos
Sociales dependiente del Gobierno presidido entonces por González, los hechos
son gravísimos", sostiene el denunciante.
En su opinión, si un juez pide a un político trabajo para su mujer
"evidentemente tiene interés directo o indirecto en devolverle el favor y se
tiene que abstener a la fuerza".
Apariencia de imparcialidad
"Velasco se ofrece a apartarse si se lo pide el propio presunto patrocinador del
empleo de su mujer, como si la apariencia de imparcialidad fuera cosa
dependiente de que él quiera o de que lo pida el encausado, que puede tener
interés en que más adelante le devuelva el favor. La prisión incondicional no
lava la presunta acción del juez pidiendo empleo para su mujer a quien luego
instruye causa penal", añade la denuncia, que considera que la posible
infracción disciplinaria estaría en "colocar el juez a la mujer valiéndose de
sus influencias profesionales".
La denuncia recuerda también que del Juzgado Central de Instrucción número 6
pudo salir el 'chivatazo' de que Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino
tenían interceptadas sus comunicaciones meses antes de que se produjeran sus
detenciones.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170426/211479469_0.html
ESPERANZA
AGUIRRE DIMITE DE TODOS SUS CARGOS PÚBLICOS
La expresidenta de la
Comunidad de Madrid deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid
"Tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades. Por eso dimito",
ha afirmado Aguirre, que estaba bajo el punto de mira de todos los grupos
políticos desde el arresto de Ignacio González, sucesor de la dirigente popular
en la Comunidad de Madrid y su estrecho colaborador, por un supuesto caso de
desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II. "Me siento
engañada y traicionada por Ignacio González. No vigilé lo que debía", ha dicho
la expresidenta de la Comunidad de Madrid en una breve comparecencia ante los
medios de comunicación.
"Mi manera de concebir la política como servicio a España y a los ciudadanos me
lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a
Ignacio González, por no haber descubierto antes lo que ahora ha descubierto la
Guardia Civil y el Juez", ha reconocido la ya exportavoz del PP en el
Ayuntamiento de Madrid.
La corrupción se ha convertido en "un problema central" de la política española,
ha puntualizado la popular. "Para luchar contra ella no es suficiente la acción
de la justicia, siempre rigurosa pero demasiado lenta. Los ciudadanos tienen
derechos a exigir que los políticos asumamos todas las responsabilidades con
dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Tengo como norma de conducta no eludir
nunca mis responsabilidades", ha afirmado antes de salir de la sala de prensa
abarrotada de cámaras y periodistas.
Unos minutos antes Aguirre envió un sms al presidente del gobierno, Mariano
Rajoy, que estaba reunido con el presidente de Brasil, Michel Temer, que iba a
presentar su dimisión, según han explicado fuentes del PP a EL PAÍS. Sin hablar
directamente con Cristina Cifuentes, la popular decidió utilizar un método
parecido al empleado en 2016 cuando renunció a liderar el PP madrileño. Su
número dos, Íñigo Henríquez de Luna, habló con Fernando Martínez-Maíllo,
vicesecretario general de organización del PP, para comunicárselo oficialmente.
Entre 2003 y 2012, Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid. En este
periodo González ejerció de mano derecha de la dirigente popular, controlando el
Canal de Isabel II. En 2012, Aguirre dejó la presidencia de la Comunidad de
Madrid "por motivos personales" y González, su segundo, la sustituyó hasta el
año 2015. El pasado 20 de abril, el expresidente de la Comunidad de Madrid fue
arrestado junto a otros 11 sospechosos por participar en una presunta red de
corrupción investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)
y dirigida por el juez Eloy Velasco. A partir de ese momento, recibió presiones
tanto dentro como fuera del PP para que reflexionara sobre su continuidad.
En febrero de 2016, Aguirre ya dejó la dirección del PP madrileño por su
"responsabilidad política in vigilando" ante distintas imputaciones de
corrupción por el caso Púnica de dirigentes del partido en su comunidad. Algunos
dirigentes del PP invocaron ese mismo principio para forzarla a presentar la
dimisión. La trama Púnica involucró a Francisco Granados, antiguo número dos del
PP en la Comunidad de Madrid, arrestado en octubre de 2014 por estar
supuestamente implicados en una red de corrupción que adjudicó servicios
públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y
comisiones ilegales.
Durante los años de gobierno de la región, Aguirre y sus más estrechos
colaboradores hicieron de la Comunidad de Madrid el laboratorio de corte más
liberal del Partido Popular. Los arrestos de Granados y González han sido
determinantes para que Aguirre tomara la decisión de dejar el acta de concejal.
En 2015, la dirigente volvió a la política activa para liderar la lista del PP
en las elecciones municipales. Tras la llegada a la alcaldía de Manuela Carmena
(Ahora Madrid), gracias al apoyo del PSOE, la popular lideró la oposición al
gobierno local. La misma Carmena sostuvo la semana pasada que, a raíz de la
relación de Aguirre con varios imputados en numerosas supuestas tramas
delictivas, su continuidad como concejal tenía que ser cuestionada.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/24/madrid/1493024718_660049.html
EL
PP RECIBIÓ VARIAS DENUNCIAS SOBRE GONZÁLEZ Y NO INVESTIGÓ NADA
Jesús Gómez, diputado regional y exalcalde de Leganés, advirtió sin éxito tres
veces a Aguirre y dos al equipo de Rajoy
La dirección nacional del PP recibió desde finales de 2014 varias denuncias
sobre cuentas ocultas en Suiza del expresidente madrileño Ignacio González y no
investigó ni denunció nada. Mariano Rajoy esperó a que fuera Esperanza Aguirre
la que le apartara de repetir en la candidatura a la Comunidad de Madrid pero no
lo hizo. Un diputado del PP madrileño, Jesús Gómez, relató este miércoles las
advertencias que formuló en ese tiempo a Aguirre y al equipo de Rajoy contra
González. Otra denuncia anónima convenció a Rajoy en febrero de 2015 de que
debía desprenderse de González y nominó a Cristina Cifuentes.
Las derivadas políticas de la Operación Lezo han anegado al PP y a la Comunidad
de Madrid de sospechas de corrupción en toda la etapa de gobierno de Ignacio
González, es decir desde que relevó a Esperanza Aguirre en septiembre de 2012.
Pero sus responsabilidades alcanzan de lleno a la dirección nacional del partido
presidido por Mariano Rajoy tras admitir públicamente también este miércoles dos
de sus principales cargos en el PP en 2014, Carlos Floriano y Juan Carlos Vera,
que recibieron denuncias contra González y no pudieron o supieron hacer nada.
El actual diputado popular en la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, exalcalde de
Leganés (190.000 habitantes) en la anterior legislatura, puso primero nombres,
apellidos y fechas a varias advertencias que él mismo formuló sobre posibles
cuentas en Suiza de González tanto a Aguirre como a la cúpula del PP más próxima
a Rajoy. Gómez avanzó primero en El Mundo su malestar con el partido por no
hacerle caso y este miércoles ratificó que entre abril de 2014 y comienzos de
2015 alertó varias veces a la propia Aguirre y a responsables nacionales del PP
de la cuenta suiza de González.
Jesús Gómez hubo un tiempo que mantuvo buenas relaciones con Aguirre, porque le
hacía discursos y tenía buena opinión intelectual sobre él y le designó para la
alcaldía de Leganés en 2011. Pero Aguirre no fue receptiva a sus avisos, que le
repitió tres veces entre abril y verano de 2014, y los interpretó como suele ser
habitual en estos casos: como la reacción desesperada de un rebotado al que se
iba a apartar de la candidatura municipal. González ya le había avanzado que no
iba a repetir.
Gómez decidió entonces actuar por elevación y llamó al secretario nacional de
Organización del PP, Juan Carlos Vera, para pedirle una cita fuera de la sede de
Génova 13 porque desconfiaba de posibles actuaciones de González. Vera le citó
en el Congreso de los Diputados en la tarde del martes 25 de noviembre de 2014.
Gómez le reiteró las mismas ideas: que González tenía una cuenta en Suiza y le
explicó que Aguirre no quería hacer nada porque confiaba ciegamente en su número
dos. Vera no le dejó entonces que le enseñara el número bancario porque quería
tener testigos de la denuncia ante la gravedad de los hechos y le volvió a
convocar al día siguiente pero en el despacho de su jefe, el entonces
vicesecretario nacional de Organización, Carlos Floriano.
Gómez reiteró a Floriano lo que le había anticipado a Vera, enseñó un número de
una cuenta, que él atribuyó al Anglo Irish Bank de Suiza, pero en el papel no
venía siquiera el nombre de González. En esa reunión se explayó, sobre todo, en
sus problemas políticos en Leganés, en el boicot que sentía con González
(entonces secretario general del PP madrileño tras la detención y
encarcelamiento de Francisco Granados) y pidió ayuda para superarlo. Floriano le
informó de que las candidaturas locales las aprobaba y ratificaba la dirección
regional sin intervención alguna de la nacional.
El encuentro acabó y los representantes del PP nacional no dieron crédito ni a
la denuncia sobre la cuenta (por falta de datos fiables y ahora sostienen que
por su incapacidad para investigar más internamente) ni tampoco a Gómez, al que
atribuyeron intereses políticos para seguir en el cargo. Gómez sí añadió en esa
charla que la información sobre la cuenta Suiza le había llegado a través del
abogado Gonzalo Boyé, entonces contratado por el ayuntamiento de Leganés para un
pleito sobre corrupción y que había tenido acceso a la misma a través de
investigaciones por su papel en el sumario del caso de los papeles de Bárcenas.
Gómez aclaró este miércoles que a esa cuenta Suiza llegó el cheque de 1,4
millones de euros de una subsidiaria de OHL en Latinoamérica. En el PP aseguran
que nunca les dio a ellos esa información.
En cualquier caso, Carlos Floriano no abrió una investigación interna, no acudió
ni a la fiscalía ni al juzgado ni elevó el asunto, según aseguró este miércoles
en el Congreso, ni a su superior directa, Dolores de Cospedal, ni a Mariano
Rajoy. Consideró la información “más o menos habitual del periodo previo a la
formación de las listas” y casi un chascarrillo. Sí pidió una entrevista con
González, acudió a su despacho en la Puerta del Sol y le informó de que les
había llegado una denuncia sobre una cuenta en Suiza. González reaccionó airado,
mencionó de entrada el nombre de Gómez y le descalificó. El PP no hizo nada más.
A los pocos días, el 13 de diciembre, Esperanza Aguirre e Ignacio González se
encontraron con Floriano y Vera en una cumbre de presidentes autonómicos del PP
en La Granja (Segovia) sobre la Constitución que presidió Rajoy. Se abalanzaron
sobre ellos y les reprendieron por dar pábulo a Gómez. Aguirre añadió, además,
que el propio denunciante estaba arrepentido e iría al partido a retirar sus
acusaciones. Dos días después, el 15 de diciembre, Gómez acudió efectivamente a
ver a Vera y le precisó que él no podía acreditar nada pero que la información
le había llegado por varias fuentes distintas y pidió que fuera el partido el
que indagara más. El PP no lo hizo.
Gómez niega ahora que en su afán hubiera entonces o ahora ningún interés
electoral. En aquel final de 2014 estaban por decidir los candidatos locales y
el aspirante a la Comunidad de Madrid a las elecciones de mayo de 2015. Gómez
anhelaba seguir en Leganés y González en la presidencia regional. Pasaba el
tiempo y ninguno era ratificado. Fuentes de la dirección del PP confirman que
Rajoy aguardaba a que Aguirre convenciera a González para que abandonase
voluntariamente. Nunca se llevaron bien. En 2008, en plena disputa para el
polémico congreso de Valencia donde Rajoy se jugó su futuro ante los amagos de
Aguirre y la derecha mediática, González le retó incluso en un violento comité
ejecutivo.
En febrero de 2015 llegó a Génova 13 otra denuncia anónima sobre otra cuenta
Suiza de González. Vera se encargó de nuevo del caso y volvió a llamar a Jesús
Gómez para cotejar las dos cuentas. Sus números no coincidían pero Rajoy
aprovechó la reincidente sospecha para sentenciar políticamente al expresidente
madrileño hoy en la prisión de Soto del Real.
Floriano y Vera, preguntados este miércoles por su participación en esos
encuentros, les restaron trascendencia y se remitieron al argumentario oficial
del PP que destaca que lo importante de este caso es que González no fue
candidato y Cifuentes fue la que lo denunció ante la Fiscalía. Así lo subrayó
Floriano: "Aquí ni se tapa ni se encubre a nadie sino que afortunadamente
funciona el Estado de derecho. González no fue candidato y sí lo fue Cifuentes,
y todo lo relacionado con la Operación Lezo sale a raíz de una denuncia que
presenta la Comunidad de Madrid que preside Cifuentes". Vera destacó que el PP
no actuó porque no tenía "datos que pudiéramos contrastar". El consejero de
Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, incidió en esa línea:
"Quien tenga información que uno cree relevante debe ponerlo en comunicación de
personas que puedan tomar una decisión en el partido o por supuesto si ve un
hecho delictivo, como hicimos nosotros, llevarlo a la Fiscalía o a los
tribunales".
Una semana más tarde de la elección en marzo de 2015 de Cifuentes en detrimento
de González, el exregidor se autoproclamó de nuevo candidato a la alcaldía de
Leganés, sin esperar al comité electoral del PP de Madrid y en una clara muestra
de desafío a Aguirre. El 25 de marzo se confirmó que la cabeza de lista en
Leganés sería María Eugenia Carballedo, entonces diputada regional y
viceconsejera de Empleo del Gobierno madrileño, en lugar de Gómez. Carballedo es
en la actualidad diputada en la Asamblea de Madrid tras renunciar como portavoz
popular en la ciudad, donde gobierna el PSOE.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/26/actualidad/1493207220_107051.html
EL PSOE Y CIUDADANOS SE UNEN PARA REPROBAR Y PEDIR EL CESE DEL FISCAL GENERAL
DEL ESTADO Y DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
Plantean que la Cámara baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo por
incumplimiento "grave y reiterado" de sus funciones
Además, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites
para hacer efectiva su destitución
El PSOE y Ciudadanos han sumado fuerzas para que el Congreso repruebe tanto al
fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, por sus "maniobras" para "obstaculizar
e impedir la actuación de los fiscales" frente a determinados casos de
corrupción, como al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por su
"respaldo" a esas "inaceptables actuaciones", y para exigir al Gobierno que
destituya a ambos.
En una proposición no de ley registrada conjuntamente en el Congreso para su
debate en el Pleno, PSOE y Cs plantean que la Cámara Baja inste al Gobierno a
apartar a Maza del cargo "por incumplimiento grave y reiterado de sus
funciones". Asimismo, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie
los trámites necesarios para hacer efectiva su destitución.
Concretamente, el texto registrado este miércoles se refiere a la operación
Lezo, en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González por su actuación presuntamente delictiva en el Canal de Isabel II, a la
investigación que afecta al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y al
caso del tres por ciento en Cataluña.
En opinión de socialistas y ciudadanos, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada "ha realizado actuaciones
inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de
determinadas causas judiciales contra la corrupción".
En relación con la operación Lezo, indican que Moix ha dado "instrucciones
contrarias a la realización de determinados registros", provocando que los
fiscales del caso invocaran el mecanismo que prevé el artículo 27 de su Estatuto
Orgánico ante órdenes o instrucciones que consideren contrarias a las leyes o
improcedentes.
También destacan que el fiscal anticorrupción "intentó impedir que se
prorrogaran las escuchas a los investigados" y que se han hecho públicas
"determinadas maniobras" para trasladar a otro destino a uno de los fiscales
encargados de la causa en la que se desarrolló la operación.
Mientras, el fiscal general del Estado, "en lugar de garantizar el sometimiento
del Ministerio Público al principio de legalidad y preservar la posición de los
fiscales encargados, ha venido respaldando esas actuaciones" de Moix, dice la
proposición no de ley.
Caso del 3% e investigación al presidente murciano
Sobre la investigación a Pedro Antonio Sánchez en Murcia en relación con la
construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este
municipio, el PSOE y Ciudadanos recuerdan que Maza "impidió que el Ministerio
Público le acusara" a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para
imputarlo.
Por último, censuran la reciente decisión de relevar a los fiscales encargados
desde hace años del caso del tres por ciento, relativo al cobro de comisiones
ilegales por parte de Convergència i Unió en la adjudicación de obras públicas
en Cataluña.
PSOE y Ciudadanos consideran "absolutamente inadmisible" que quienes están
constitucionalmente encargados de promover la acción de la justicia en defensa
de la legalidad realicen este tipo de actuaciones, "poniendo bajo sospecha a la
propia institución del Ministerio Público", especialmente en las causas
judiciales que se siguen por delitos de corrupción y en las que están implicadas
"personas que han ocupado relevantes cargos públicos".
Blanquear la corrupción del PP
En declaraciones en el Congreso, el diputado de Cs y vicepresidente primero de
la Cámara, Ignacio Prendes, ha manifestado que, a juzgar por las informaciones
conocidas en los últimos días, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General
del Estado y, especialmente, la Fiscalía Anticorrupción están haciendo una
"obstrucción de la labor de combate y de investigación de la corrupción".
En cuanto a Moix, ha dicho que en vez actuar frente a las prácticas corruptas,
"parece más interesado en poner trabas y obstáculos al trabajo de sus propios
fiscales", a quienes Prendes ha elogiado por su "labor de defensa y protección
de las instituciones democráticas, absolutamente necesaria". Además, le ha
acusado de intentar "descafeinar" las investigaciones y "blanquear la corrupción
del PP".
PSOE y Ciudadanos se unen para reprobar y pedir el cese del fiscal general del
Estado y del fiscal anticorrupción El diputado de Ciudadanos ha subrayado que en
un momento como el actual, no se puede permitir que la Fiscalía General del
Estado y la Fiscalía Anticorrupción sufran una "pérdida de credibilidad" como
consecuencia de estos hechos.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/psoe_ciudadanos_unen_para_reprobar_pedir_cese_del_fiscal_general_del_estado_del_fiscal_anticorrupcion_64360_1012.html
COLECTIVOS Y PARTIDOS POLÍTICOS SE QUERELLAN CONTRA AGUIRRE POR ENCUBRIMIENTO EN
EL MARCO DE LA 'OPERACIÓN LEZO'
IU, Equo y varios colectivos ponen el foco también en el exministro Eduardo
Zaplana, al que acusan, junto a Aguirre, de "maniobrar" para encubrir" los
delitos cometidos por Ignacio González
También se querellan contra el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio
Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos
Izquierda Unida, Equo, Ecologistas en Acción y varios colectivos –Los Verdes,
Paz con Dignidad, Attac Madrid, Asociación Anticapitalistas, Fravm y el
Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí– han presentado este
miércoles una querella criminal ante el juzgado de Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exconcejal
del Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de
Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; y el exministro Eduardo Zaplana,
entre otros. Se suman de esta manera a la causa abierta en el marco de la
operación Lezo.
En el escrito, facilitado a los medios de comunicación, acusan a la también
expresidenta del PP de Madrid –entre 2004 y 2016–, y a la cúpula de la formación
conservadora, de "maniobrar" para encubrir "los delitos cometidos" por el
expresidente Ignacio González y "sus criminales cooperadores". "Existen
evidentes elementos de que esta labor de encubrimiento ha podido ser cometida
por Esperanza Aguirre Gil de Biedma además de por los señores Álvaro Lapuerta
–tesorero del PP entre 1990 y 2008–, Luis Bárcenas –gerente en el mismo periodo
de tiempo y tesorero entre 2008 y 2012– o Eduardo Zaplana", recoge la querella,
presentada por vía telemática.
El texto judicial acusa a los mencionados de haber puesto "los medios
necesarios" para evitar que el escándalo que rodeaba a Ignacio González, y que
ha terminado con el expresidente madrileño entre rejas, "aflorase a la opinión
pública y de ello tuvieran conocimiento las autoridades judiciales". Con su
actuación, continúa, se ha facilitado "durante estos últimos meses" que se "haya
podido ocultar la documentación y diversas pruebas, así como diversas cantidades
de dinero B obtenidas por la trama".
En este sentido, afirman que "existe constancia" de que tanto Lapuerta como
Bárcenas tenían conocimiento, desde 2007, del supuesto pago de una comisión de
1,4 millones de euros de OHL a González por la adjudicación del tren que iba a
unir Móstoles Central y Navalcarnero. Una información que también tenía el ex
alcalde de Leganés Jesús Gómez y que había puesto en conocimiento de varios
dirigentes del PP, tanto regional como nacional, según ha afirmado este
miércoles en una entrevista en el diario El Mundo.
"Sin que por su parte o del propio partido se diese cuenta a las autoridades
judiciales dadas la gravedad de los hechos", recoge la querella. Como tampoco
consta, continúa el escrito, que Aguirre pusiera "en manos de la justicia
información o documentación" sobre las actividades "ilícitas" llevadas a cabo
por "su mano derecha" a pesar de que existen "indicios" de que la expresidenta
de la Comunidad de Madrid "tenía supuestamente pleno conocimiento" de la
información manejada por Lapuerta, Bárcenas y Gómez sobre González "y la
organización criminal que él encabezaba".
"Así como fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas
llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su secretario general al
tiempo que era presidenta del PP de Madrid", prosigue. Por todo ello, los
querellantes consideran que existen "sobrados elementos indiciarios" para que
Aguirre comparezca en sede judicial como investigada "para responder sobre su
participación, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las
actividades ilícitas".
Revelación de secretos
Izquierda Unida, Equo y el resto de colectivos también incluyen en la querella
al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que
acusan de un delito de revelación de secretos. Su nombre ha sido incluido
después de que el pasado domingo se revelara que Pablo González, hermano del
expresidente madrileño y otro de los detenidos y encarcelados en el marco de la
operación Lezo, se había reunido el 8 de marzo con el número dos del Ministerio
del Interior al sospechar que estaban siendo investigados.
Una reunión en la que, según la cartera dirigida por Juan Ignacio Zoido, "no
hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de
investigación". Sin embargo, los querellantes consideran que podría haber
incurrido en un delito de revelación de secretos y señalan el "relevante daño
para la causa pública" que genera "divulgar una información de esa índole" dado
que se trata de "obstaculizar, entorpecer o bloquear" la investigación policial
de un delito, "menoscabando así la prestación de un servicio público de suma
importancia para el bien de la comunidad".
En esta línea, también muestran en el escrito judicial su preocupación por el
supuesto 'soplo' que salió de "una magistrada amiga de la casa", tal y como,
según publicó El Español, se recoge en una de las conversaciones entre Ignacio
González y Eduardo Zaplana intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil. "El comunicar a una persona, que sabe de su implicación en
operaciones de investigación de blanqueo de capitales y otros delitos muy
graves, sí ocasiona un perjuicio a la causa pública ya que permite adoptar al
implicado precauciones más intensas y eficaces", sostiene el escrito presentado
ante la Audiencia Nacional.
Villar Mir y el PP de Madrid
Sin embargo, Aguirre, Zaplana, Lapuerta, Bárcenas y Nieto Ballesteros no son los
únicos querellados. IU, Equo y el resto de colectivos también han puesto el foco
sobre ocho nombres más: Ignacio González; su hermano Pablo; el expresidente de
Inassa Edmundo Fernández Sobrino; el gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de
Miguel; el exdirector de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM)
José Martínez Nicolás; el presidente de La Razón Mauricio Casals; el exconsejero
de OHL Javier López Madrid, y el presidente de la compañía, Juan Manuel Villar
Mir, sobre quien el juez Eloy Velasco ya ha pedido información.
En relación con la constructora, que recuerdan que "dicha empresa y su
presidente ya aparecen en los manuscritos atribuidos a Bárcenas como
financiadores del PP", los querellantes creen que existen "indicios más que
suficientes" de que "los pagos efectuados por las empresas a la trama criminal
y/o al PP son el fruto de conversaciones previas entre empresa y dirigentes del
partido o las instituciones públicas controladas por él, en las que las partes
se concertaron para perfeccionar el delito de tal forma que el pago era la
contrapartida a que desde el poder político se realizasen concesiones a las
empresas financiadoras".
A lo largo de las 84 páginas de querella, se argumenta la posible comisión de un
total de 13 delitos: organización criminal; malversación de caudales públicos;
alteración de precio en concursos y subastas públicas; receptación y blanqueo de
capitales; cohecho; apropiación indebida; prevaricación; tráfico de influencias;
delitos contra la Hacienda pública; fraude y exacciones ilegales; encubrimiento;
falsedad y apropiación indebida de fondos electorales; y revelación de secretos.
De todos ellos, "fácilmente se pueden imputar" al PP de Madrid, contra el que
también se querellan, "cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de
capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un
delito electoral". "A la par, este modo de actuar por parte del PP de Madrid
debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que
se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento", señala la querella.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/colectivos_partidos_politicos_querellan_contra_aguirre_zaplana_numero_dos_interior_64358_1012.html
GONZÁLEZ MANIOBRÓ PARA ECHAR AL JUEZ VELASCO: “TENEMOS AL GOBIERNO, AL
MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE LE MANDEN A ESCARBAR CEBOLLINOS”
El expresidente de la Comunidad cuenta en conversaciones cómo se reúne con
jueces para intentar colocar a otros magistrados y fiscales de su conveniencia.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, maniobró hasta el
final para intentar que sus asuntos judiciales fueran archivados y no acabar,
como ha acabado, en prisión. En las grabaciones de sus comunicaciones realizadas
por la Guardia Civil se desprende cómo el hombre fuerte de Esperanza Aguirre
intentó de todas las maneras posibles mover sus hilos para echar al juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco y colocar al frente de la Fiscalía a personas
que le pudieran ser favorables en sus procesos judiciales.
En el caso de Velasco, sorprende que ya mostrara su antipatía hacia él cinco
meses antes de que hubiera estallado la Operación Lezo y, por tanto, no debería
saber que Velasco le estaba investigando. Sin embargo, es cierto que este
magistrado también investiga el caso Púnica y en éste proceso otro de los
hombres fuertes de Aguirre, Francisco Granados, está en prisión desde hace dos
años y medio.
En una conversación interceptada por la Guardia Civil, bajo la supervisión de la
Fiscalía Anticorrupción y el propio Velasco, y de la que ha tenido conocimiento
EL ESPAÑOL, González le comenta al exministro 'popular' Eduardo Zaplana que "un
poli me ha dicho que a Velasco le van a mandar al Supremo pero yo creo que no".
En esa conversación, de noviembre del pasado año, Zaplana le explica que hay una
"jugada" planeada, respecto a una salida de Velasco. Entonces, González le
comenta: "Vamos a ver, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y tenemos
a un juez que está provisional".
González está haciendo referencia a que la plaza en propiedad que ocupa Velasco,
la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es de
otro juez, Manuel García-Castellón, que está de juez de enlace en Roma. "Yo le
digo, a ver, venga usted pa acá ¿cual es la plaza que le toca? Onteniente, a
tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular. Que ya me las apañaré
con el titular, coño. Que al titular lo quitaron porque era uno que era
aparentemente rogelio y le dan de magistrado de enlace en Roma, y gana una pasta
vive como dios y el tío no quiere saber nada, claro. Yo le llamo a éste y le
digo, oye ven aquí, el titular aquí y a éste a tomar por culo. Pero ¿qué te
cuesta eso? Y a este tío le pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. ¡Pero
qué cojones de chantaje! Pero como to el mundo ve que esto funciona, pues ancha
es Castilla", se queja González.
"Poner en marcha las piezas"
A lo largo de varias conversaciones, González -en prisión incondicional acordada
por el juez Velasco el pasado viernes- muestra su conocimiento sobre el
funcionamiento de una parte de la carrera judicial: "El otro día me fui a hablar
con Enrique López (magistrado de la Audiencia Nacional) y le dije, oye Enrique,
he oído que Catalá, lo cual es una bomba, quería a la que estaba (hablando del
nuevo nombramiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza) y me dijo,
esto se ha filtrado porque se la iban a follar. A Catalá le viene bien esto
porque parece que él no ha puesto al otro, y fuera, este es un tío serio, este
es un tío que sabe lo que tiene que hacer".
Ignacio González también mantiene conversaciones con Enrique Arnaldo Alcubillas,
ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y letrado de las Cortes
Generales,quien tiene amplios conocimientos de los movimientos del Gobierno en
relación a nombramientos que afectan al mundo judicial: "Hay movimientos de
cambios en la Fiscalía General, ahora se ponen en marcha las piezas. Desde luego
sí que sé que es voluntad del ministro cambiar la pieza principal. Estoy
moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", en
referencia a la posible sustitución de Consuelo Madrigal como fiscal general del
Estado, en fechas anteriores a los cambios.
La preocupación del expresidente madrileño es que hubiera cambios en la Fiscalía
Anticorrupción de Málaga para cerrar la causa en la que está investigado por la
compra de un ático en Estepona, por un posible delito de blanqueo de capitales.
"¿Y los de abajo?", le recuerda González a Arnaldo. "Claro, y que toque todo,
efectivamente", le contesta.
"La operación está preparada"
Este ex vocal del CGPJ le relata los planes del Gobierno: "Hay que mover la
pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La gente de la Nacional sí que
pretende que salga Zaragoza, que es uno de los elementos más principales. Está
operación, que yo sepa, está preparada. Es una garantía que siga Rafael porque
ya lo conoce".
González concluye la conversación: "A ver si damos un paso en la buena
dirección, joder". Esta conversación se produce en noviembre del pasado año,
pocas semanas después de que Mariano Rajoy volviera a ser elegido como
presidente del Gobierno. Tres meses después, el nuevo fiscal general del Estado
hizo los nuevos nombramientos en la Fiscalía, y decidió sacar a Javier Zaragoza
de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en sustitución de Jesús
Alonso. En ese mismo Consejo Fiscal, Maza también eligió a Manuel Moix como
fiscal jefe de Anticorrupción en sustitución de Antonio Salinas, que se había
jubilado.
El mismo día que se conoce que el Gobierno nombrará a Maza como fiscal general
del Estado, el 11 de noviembre, González mantiene otra conversación con Arnaldo:
"¡No me equivocaba, he acertado!", le dice este último. "Entonces, estamos
contentos, ¿o no?", pregunta González. "Estamos muy contentos", le explica su
interlocutor, quien define a Maza como una "persona con criterio y valiente, no
es un timorato y lleva muchos años resolviendo estos asuntos". "Qué alegría,
tío, a ver si lo celebramos, a ver si seguís", le responde González.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170426/211478878_0.html
IGNACIO GONZÁLEZ SABÍA CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN QUE MOIX IBA A SER EL FISCAL
ANTICORRUPCIÓN
La difusión a lo largo del día de ayer de una nueva batería de SMS y
conversaciones intervenidas al ex presidente de Madrid Ignacio González durante
la investigación de la operación Lezo puso de manifiesto la aparente relación de
complicidad que mantenía con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la
capacidad de influencia que conservaba: tanta como para conocer de antemano, con
seis meses de antelación a su nombramiento, que Manuel Moix sería designado
fiscal jefe Anticorrupción o para arrogarse capacidad para remover a los jueces
y fiscales que intervienen en los casos que le afectaban.«Vamos a ver, yo creo
que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción ¿sabes? Y... yo
creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y
bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa [Catalá]:
'Oye Rafa...'. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van
aparte: o los tienes controlados o estas muerto».El que habla es Ignacio
González y su interlocutor es el ex ministro Eduardo Zaplana. La conversación,
según precisó ayer La Sexta, tuvo lugar en agosto de 2016. Es decir, tres meses
antes de que el Gobierno, que en esa fecha ni siquiera tenía la certeza de que
fuera a salir adelante la investidura de Mariano Rajoy, designase a José Manuel
Maza como fiscal general del Estado. Sólo Maza tendría, legalmente, la capacidad
de elegir a su fiscal jefe Anticorrupción, después de escuchar el dictamen de su
Consejo Fiscal, lo que sucedió el reciente mes de febrero. Pues bien, seis meses
antes, González maniobraba ya con ese objetivo.
El ex presidente madrileño se arroga esa influencia en primera persona -«vamos a
ver si podemos colocar...»-, se muestra convencido de que Moix es la opción del
Gobierno -«yo creo que va a ser él»-, muestra su satisfacción por que eso sea
así -«si sale es cojonudo»-, se atribuye una ascendencia sobre el ministro de
Justicia -«yo no me corto en decirle a Rafa»- y añade que el nuevo fiscal jefe
servirá para tener controlado «el aparato del Estado». González estaba en ese
momento imputado por su ático en Estepona -lo sigue estando-. En otra
conversación, reconoce haber mediado por Moix en la anterior ocasión en la que
éste, que fue fiscal superior de Madrid, optó a la plaza de jefe Anticorrupción,
en 2011.
Catalá asegura que 'los líos' de su mensaje a Ignacio González no hacen
referencia a asuntos judiciales
Que entre Ignacio González y algunas de sus amistades existía un canal de
comunicación permanente con Rafael Catalá lo ponen de manifiesto las
conversaciones, también difundidas por el espacio Al Rojo Vivo de La Sexta,
intervenidas por la Guardia Civil con el presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, imputado también en el asunto del ático. Los tres suelen
coincidir en el palco colchonero. «Hablé el otro día con Rafa [Catalá], que lo
estaban mirando, Nacho».Es Cerezo el que habla y se refiere a una gestión con el
ministro acerca del procedimiento abierto por presuntos cohecho y blanqueo. La
juez de Estepona investiga si el empresario Cerezo adquirió el ático para
González a través del célebre testaferroRudy Valner y una red de sociedades
pantalla radicadas en Panamá.Después, Cerezo comunica al ex presidente madrileño
que la gestión con el ministro fue infructuosa:«Joder macho, pero y e... y 'tos
estos' ¿qué dicen? Que el juez es el juez, y que no hace nada, que no se puede
hacer nada».A lo que González responde:«Exactamente, no, yo les he dicho: 'Mira,
yo estoy hasta los cojones, o sea, decidme, aquí que queda ¿pegarle dos tiros a
la juez? ¿Qué alternativas tengo? ¿No se puede hablar con el fiscal?».El
presidente del Atlético advierte de que insistirá en pedir la intercesión del
ministro Catalá:«Volveremos a hablar con éste a primeros de septiembre, porque
si quieren guerra vamos a tener guerra».En este contexto, en el que aparece como
habitual que González y Cerezo contacten con Catalá para tratar de su imputación
por el ático para pedirle que medie por ellos, y cuando González ya había sido
advertido por un miembro del Ejecutivo de la investigación de Lezo, el ex
presidente de Madrid felicita en noviembre el cumpleaños al ministro y éste
contesta afectuoso:«Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los
líos».
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/26/58ffb9ccca47415a148b46b7.html
EL DIPUTADO QUE DESTAPÓ LA CORRUPCIÓN: "DENUNCIÉ AL PP LA CUENTA SUIZA DE
GONZÁLEZ Y AGUIRRE LO VIO UNA TRAICIÓN"
Entrevista a Jesús Gómez.
Quien fuera el autor de los discursos de Esperanza Aguirre le alertó en tres
ocasiones de que conocía por varias vías una cuenta en la que Ignacio
Gonzálezcobraba de OHL. Ella le contestó que «veía fantasmas» y él se fue a ver
a Juan Carlos Vera y Carlos Floriano. Su jefa lo consideró «una puñalada
trapera» y prescindió de él como candidato en Leganés.
Jesús Gómez (Madrid, 1967), diputado del PP en la Asamblea de Madrid e histórico
hombre de confianza de Esperanza Aguirre, fue junto al ex tesorero Álvaro
Lapuerta quien alertó a Génova de que Ignacio González cobraba comisiones en
Suiza. Gómez facilitó hace años a su partido los mismos datos que ahora el juez
Eloy Velasco ha dado por buenos. Sin embargo, este economista fue tildado de
loco y de traidor y pagó una alta factura por su osadía: dejar de ser el
candidato a alcalde de Leganés. Dice que todavía está esperando que en el
partido le llamen para pedirle disculpas mientras relata, por primera vez en
esta entrevista a EL MUNDO, cómo el PP tuvo la oportunidad de haber evitado el
gran cataclismo de la operación Lezo.
¿Cómo tuvo conocimiento de que González tenía cuenta en Suiza?
De una manera rocambolesca. Ignacio González me llamó el 26 de febrero de 2014.
Me preguntó si tenía un teléfono fijo a mano y le devolví la llamada. Me dijo,
como si fuera una pedrada, que los de azul, en referencia a la Policía, le
habían dicho que yo tenía una cuenta en Suiza. Le dije que ojalá, que era falso
y que debía ser una confusión.
¿Qué tiene que ver todo eso con la cuenta de González?
Mucho, porque le conté lo que me había pasado a un abogado de mi confianza. Me
dijo que quien sí tenía una cuenta en Suiza era mi jefe. Me quedé asombrado, me
precisó que el banco era el Anglo Irish Bank y me facilitó el número de cuenta.
Esos mismos datos me llegaron después por otras dos vías. Una de ellas ustedes
que, como periodistas de EL MUNDO, me contaron que les habían llegado
exactamente los mismos datos.
¿Qué hizo usted entonces con la información?
Me alarmé y fui a ver a Esperanza Aguirre hasta en tres ocasiones. Le dije: «Me
ha llegado esto por casualidad». Le expliqué que había peligro porque lo tenía
por varias fuentes distintas y que nos haría un daño irreparable si nos
estallaba en la cara. Se enfadó un poco, no le dio credibilidad y lo despachó
como un burdo rumor. Sólo pedí que lo investigaran, porque era mi
responsabilidad; si lo hubiera tenido acreditado me hubiera ido directamente a
la Policía.
¿Sabe si Aguirre hizo alguna gestión para verificar los datos?
Habló con González y a partir de ese momento arreció una campaña sucia contra mí
en la prensa local de Leganés acusándome de tener una cuenta en Suiza y de
manejar dinero negro. Además, se compró una web, Estrella Digital, para que
dejara de investigar el Canal de Isabel II y se empleó para atacar a los
enemigos de González. La operación se materializó a través del abogado de
Ildefonso de Miguel [ex gerente de la empresa de aguas madrileña], presuntamente
siguiendo instrucciones de Ignacio González.
¿Qué explicación le dio González a Aguirre?
Esperanza me dijo que, según le había dicho Nacho, todo era una sarta de
calumnias y mentiras y que me olvidara de ese asunto y dejara de ver fantasmas.
Esa era la versión de Ignacio González, en quien confiaba ciegamente y sin
ninguna reserva. Y esa ha sido la causa de su desgracia política. Ahí podía
haber acabado todo, pero un sexto sentido me decía que algo no funcionaba bien,
sobre todo por la extraña llamada de González, y no quise dejar el tema así.
Agotada la vía de Aguirre, ¿cuál fue el siguiente paso?
Utilizando el símil de la Administración, agotado el recurso ordinario fui a lo
Contencioso-Administrativo. Vi un grave peligro y que Esperanza no estaba
dispuesta a escuchar nada en contra de González. Por eso me dirigí a Juan Carlos
Vera, que era secretario de Organización del PP nacional y diputado en el
Congreso. Me fui a verle, le conté la información, le dije que en esa cuenta se
podía haber ingresado una comisión ilegal de la constructora OHL y me citó al
día siguiente en la sede de Génova con Carlos Floriano, su superior directo en
el partido.
¿Le dieron visos de veracidad?
Lo consideraron. Pero al igual que Esperanza metió la pata al contárselo a
González, uno de ellos habló con Aguirre o con González. Recibí entonces una
llamada al día siguiente de Esperanza haciéndose portavoz de la indignación de
Nacho. Me dijo que consideraba una traición, una puñalada trapera, ir a ver a
Floriano y a Vera porque eran nuestros enemigos y querían quitar a González de
la circulación.
¿Volvió a tener noticias de Vera y Floriano?
Me llamó Vera en febrero de 2015 y me citó en su despacho de Génova. Me preguntó
otra vez el número de cuenta porque decía que era falso o estaba incompleto. Le
facilité el número de nuevo y no volví a saber nada más hasta que en marzo la
dirección nacional anunció que el candidato sería Cristina Cifuentes y no
González. El País ya citó entonces como una de las razones las informaciones que
habían llegado al PP sobre posibles cuentas en Suiza. Pocos días después,
Esperanza me llamó para decirme que no contaban conmigo como candidato para la
Alcaldía de Leganés y me dijo que era por lo de la cuenta.
¿Cree entonces que Esperanza Aguirre encubrió a González?
No era ninguna encubridora, pero estaba cegada por el amor hacia él, aunque que
quede claro que no eran amantes.
¿Esperanza tampoco sospechaba de González por episodios como el ático de
Marbella o el espionaje en Colombia?
Siempre lo consideró una víctima pese a que su ídolo administrativo era un
vulgar ratero.
¿Habló con Cristina Cifuentes de todos estos asuntos en alguna ocasión?
Coincidí con ella en Leganés en 2015 y me dijo: «No me voy a comer yo los
marrones de estos chorizos». Le honra, pero denunciar no es una herocidad sino
su obligación.
¿Rajoy llegó a saber algo en algún momento?
Le di los datos a un registrador amigo de su hermana.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/26/58ffb45fca474139198b4682.html
CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS
FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"
El ministro de Justicia afirma que no mantiene "una relación de amistad" con el
expresidente de la Comunidad de Madrid, tras revelarse el SMS que le envió en el
que le decía: "Ojalá se cierren pronto los líos"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado hoy que en el mensaje que
envió a Ignacio González en noviembre de 2016 se refiriera a "cuestiones
judiciales" que tuvieran que ver con el expresidente madrileño, al expresarle su
deseo de que se cerrasen "los líos", es decir, según él, la situación política
en España.
"Yo no me refiero en absoluto a cuestiones judiciales, no me refiero en absoluto
a cuestiones que tengan que ver con el señor González", ha manifestado Catalá en
los pasillos del Senado tras responder a las dos preguntas de control al
Ejecutivo que le ha formulado la oposición en el Pleno de la Cámara y dónde el
PSOE ha llegado a pedir su dimisión.
En los pasillos del Senado, Catalá ha explicado también que él mantiene una
"relación" con González, en razón a su trayectoria institucional y "no una
relación de amistad" y ha ratificado que el expresidente de la Comunidad de
Madrid "nunca" le ha pedido ayuda para solucionar sus problemas en los
tribunales.
Catalá ha explicado que esos días recibió "cientos de mensajes de felicitación"
y ha añadido que "a todos" esos mensajes respondió con "amabilidad y educación",
"entre ellos" el de Ignacio González, a quien, según ha dicho "conoce desde
1996" porque ha desempañado funciones dentro del Gobierno como "subsecretario,
como secretario de Estado, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y como
presidente de la Comunidad de Madrid.
"Por lo tanto, es evidente que tengo una relación de personalidad con él, no una
relación de amistad", ha declarado, para añadir que ese SMS se ha conocido tras
una "violación flagrante" del secreto de sumario, aunque "eso parece que no
importa demasiado en este momento".
El ministro ha asegurado que cuando él dice "ojalá se cierren pronto los líos"
le está transmitiendo su "voluntad y deseo" de que el país tenga "pronto
estabilidad" porque llevaban ya un año con el Gobierno en funciones, "con dos
procesos electorales e investiduras fallidas". Según ha recalcado, él no se
refería "en absoluto a cuestiones judiciales".
Preguntado expresamente si el expresidente de la Comunidad de Madrid le ha
pedido ayuda alguna vez para arreglar sus "líos", ha contestado: "Nunca". Según
ha añadido, el ministro de Justicia no tiene "ninguna capacidad de influir ni
sobre los jueces ni sobre los fiscales para que una investigación judicial vaya
en una dirección o en otra". En este sentido, ha recalcado que la labor del
ministro de Justicia "no está en decirle a los jueces ni a los fiscales lo que
tienen que hacer", porque "no puede", sino en "hacer que la justicia sea más
ágil". Y este último punto, ha afirmado que el Gobierno del PP está
"comprometido".
Catalá también ha defendido al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel
Moix, tras conocerse la semana pasada que intentó frenar los registros de la
Operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción
paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", ha enfatizado.
Lo que hizo Moix, según Catalá "como muy bien él dijo", fue manifestar a los
fiscales que adentrarse en una "investigación del año 2001" relacionada con el
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión
incondicional desde la noche del pasado viernes-, "cuando no trabajaba" en dicha
Administración regional, podía "enturbiar" la operación, ha precisado Catalá.
Según el ministro, Moix tenía la intención de "ayudar a la buena marcha de la
investigación" y ha reprochado que esté "diciendo justo todo lo contrario". "Se
está enturbiando la labor de un magnífico profesional de muchas décadas de
servicio al derecho y a la ley", ha concluido.
http://m.publico.es/politica/1997398/catala-niega-que-tratara-cuestiones-judiciales-con-ignacio-gonzalez-el-sms-fue-una-respuesta-de-cortesia
EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE
CIERREN PRONTO LOS LÍOS”
El expresidente de Madrid, ya investigado, le había felicitado previamente por
su continuidad en el Gobierno
“Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Ese es el
mensaje que recibió en su teléfono móvil el expresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González. El autor no era un remitente cualquiera, sino el
ministro de Justicia, Rafael Catalá. El exmandatario madrileño había escrito
previamente para felicitarle por su confirmación al frente del Ministerio y esa
fue su respuesta. Catalá mandó el mensaje el pasado 3 de noviembre, un día antes
de su toma de posesión oficial tras el periodo en funciones.
Según informan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al caso, González tenía en ese
momento el teléfono intervenido, y de ese modo, los investigadores tuvieron
conocimiento de la comunicación con el ministro. A ese mismo mensaje se refirió
González en otra conversación posterior con su amigo y presidente del Atlético
de Madrid, Enrique Cerezo. El mandatario rojiblanco le dice que había charlado
también con Catalá sobre el caso de su ático: “Hablé el otro día con Rafa, que
lo estaban mirando, Nacho”. A esas palabras, González responde que había
recibido de parte del ministro “un mensaje encantador”.
Esta charla entre Cerezo y González, ambos imputados en el caso del ático, se
produce apenas unos días después del sms de Catalá. El presidente del Atlético
de Madrid le dice al expresidente madrileño que unos días atrás estuvo cenando
con una persona que, según afirma, fue "jefa" de Catalá. Según las fuentes
consultadas, el presidente del Atlético de Madrid parece estar refiriéndose a
una superior de Catalá en el pasado. Cerezo le hizo saber a González que esta
persona le había tranquilizado diciéndole que el ministro "mantiene muy buena
sintonía con todos los jueces". González contesta a Cerezo recordándole que
Catalá fue antes secretario de Estado del mismo Departamento.
Prisión sin fianza para González
Pese a que en su mensaje, el ministro de Justicia habla de “líos” en plural, en
ese momento González sólo tenía comunicación oficial de su imputación en el caso
de su ático de Marbella (desde marzo de 2016). Las pesquisas de la Operación
Lezo estaban ya en marcha pero permanecían secretas y para entonces, la
Comunidad de Madrid había enviado también su informe a la Justicia sobre las
inversiones del Canal de Isabel II.
Pese a las palabras del ministro, el deseo que deslizaba Catalá en su mensaje de
apoyo a González no se materializó. El caso del ático ha seguido su curso con el
ministro de Justicia al frente de la cartera y la Audiencia Nacional ha detonado
la causa que se centra directamente en los negocios del número dos del gobierno
madrileño. En lugar de cesar, los problemas para González han crecido de forma
exponencial con Catalá como ministro. No sin polémica, si tenemos en cuenta la
confrontación del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, con los
responsables del Ministerio Público que investigan la causa.
En las intervenciones telefónicas y según fuentes cercanas al caso, es el propio
González el que se queja del escaso apoyo que en realidad le están prestando sus
compañeros de partido a la hora de paralizar sus problemas judiciales. Sin
embargo, tal y como informó este diario, González fue alertado de su detención
dos meses antes de que se produjera. El chivatazo le vino de parte de un alto
cargo del Gobierno, pero según creen los investigadores, este no procedió del
Gabinete de ministros, sino de un cargo intermedio. Eso descartaría por completo
la implicación de Catalá en los hechos.
Fueron avisados
De forma complementaria y tal y como informó este diario, unos meses antes de
aquel soplo también tuvo conocimiento de que sus conversaciones estaban siendo
intervenidas por orden judicial. Lo sabían él y el presidente del diario La
Razón, Mauricio Casals porque "una magistrada amiga de la casa (del periódico)"
había llamado para prevenirles.
Por su parte, de la relación entre Catalá y Cerezo -también investigado en el
caso del ático- da cuenta la presencia del ministro en la comitiva vip que
acudió a la final de la Copa de Europa en Milán el pasado mayo invitada por el
Atlético de Madrid. En aquella expedición estaban también la portavoz en el
Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y su compañero de Ciudadanos en la
Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. También el presidente y el vicepresidente
del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y José Luis Martínez
Guijarro (PSOE) o el concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Carmona, entre
otros.
En otra ocasión más reciente Catalá se vio inmerso en otra polémica por
demostrar cercanía personal con personas con problemas con la Justicia. El
pasado mes de marzo, el ministro se desplazó a Baqueira Beret, la estación de
esquí en el pirineo catalán, para asistir a una fiesta organizada por el
empresario Manel Torreblanca, condenado a dos años de prisión por siete delitos
fiscales y que evitó la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía. Aquel
episodio provocó que el grupo socialista en el Congreso de los Diputados
presentase una batería de preguntas para saber por qué fue a la fiesta, hasta
dónde sabía el ministro del acuerdo con la Fiscalía por el que Torreblanca evitó
la prisión y quién pagó su desplazamiento y gastos. No consta respuesta
parlamentaria por el momento.
"Luis sé fuerte" o "compi yogui"
La difusión de mensajes privados entre altos representantes del Estado y
personas investigadas por la Justicia también afectaron al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, quien se llegó a intercambiar comunicaciones con el
extesorero de su partido Luis Bárcenas, según desveló el diario El Mundo. “Sé
fuerte” o "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo" son algunos
de los mensajes que mantuvo el líder del Ejecutivo con un Bárcenas al que se le
pedía guardar silencio sobre la contabilidad B del partido.
Incluso la indiscreción con los mensajes de móvil salpicó a la reina Letizia
hace un año cuando Eldiaro.es difundió el mensaje que le escribió al empresario
de OHL Javier López Madrid, amigo personal de los reyes e implicado en el
escándalo de las tarjetas black: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de
las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién
eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo
demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”.
http://www.elespanol.com/espana/20170425/211229083_0.html
LA OPERACIÓN LEZO CONTAMINA LAS INSTITUCIONES Y ARRINCONA AL GOBIERNO
Los escándalos y la corrupción copan la agenda política con peticiones de
dimisión
La llamada Operación Lezo, además del efecto directo de los graves hechos de
presunta corrupción que se investigan, ha causado la contaminación de
importantes instituciones, como varios ministerios o la fiscalía. Todo ello en
un contexto de corrupción, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, citado
a declarar como testigo en un juicio por uno de los escándalos que afectan al
partido más votado. Ese clima perturba la complicada legislatura y, en todo
caso, marca y distorsiona la agenda política. Acorrala al Gobierno y dificulta
su intención de llegar a acuerdos en el momento en el que negocia los
Presupuestos para 2017.
Por el momento, la Operación Lezo ya ha desencadenado la dimisión de una
destacada dirigente como Esperanza Aguirre y agita los cimientos del PP. Ese
procedimiento incluye, además, indicios de cierta connivencia de los implicados
con algunas instituciones, concretados en zonas de sombra que apuntan a que los
ahora encarcelados pudieron ser alertados de las investigaciones. Se incluye la
posible alerta de una magistrada, cuya identidad intenta determinar el juez Eloy
Velasco.
El número dos de Interior, José Antonio Nieto, recibió en su despacho a Pablo
González, ahora encarcelado y hermano del presidente de la Comunidad de Madrid,
también en prisión. Hay indicios de presión a los políticos que, como la
presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, han aportado datos a la investigación.
Y este martes se supo que en el sumario consta un SMS del ministro de Justicia,
Rafael Catalá, a Ignacio González.
“Ojalá se cierren pronto los líos”, decía el mensaje de noviembre de 2016. Esta
es la versión de Catalá: “Me felicita por el nombramiento. Como 300 mensajes
más... Y le digo: ‘Gracias. Ojalá se cierren pronto los líos’. No tus líos, ni
tus temas judiciales, ni nada parecido. Venimos de estar un año en funciones,
dos elecciones, investiduras fallidas... A esos líos me refiero”.
En todo caso, esa relación desató las peticiones de comparecencia de la
oposición y las dudas de todos los grupos, salvo el PP. Ya antes, la fiscalía
quedó en esa zona de sombra cuando se supo que el propio Ignacio González se
felicitaba del nombramiento de Manuel Moix como fiscal anticorrupción, incluso
antes de producirse. El expresidente de la Comunidad de Madrid y el exministro
Eduardo Zaplana sabían en verano que Moix ocuparía ese cargo, es decir, cuando
el Gobierno estaba en funciones y faltaban meses para que el fiscal presentara
su candidatura para ocupar la vacante.
Y fue necesaria hace una semana una insólita rebelión de una veintena de
fiscales ante Moix, que se plantaron ante su intención de impedir uno de los
registros.
Antes ya hubo polémica por los cambios en puestos clave de la fiscalía, tras el
cese de Consuelo Madrigal por negarse a hacer esos nombramientos. Todas esas
polémicas tienen reflejo directo en el Parlamento, donde el resto de la agenda
ha quedado arrinconada para que dos ministros, un secretario de Estado y el
fiscal general sean llamados a comparecer para dar explicaciones.
No hay pleno de control en el Congreso hasta el 10 de mayo, pero ya este martes
este caso centró el crispado pleno del Senado, con peticiones de dimisión de
Catalá de PSOE y Podemos por supuesta obstaculización a la justicia. Para
Catalá, la prueba de su voluntad de combatir la corrupción son las detenciones y
acciones judiciales. “Ustedes se alinean con las tesis más antisistema y hacen
un gravísimo daño”, respondió el ministro. Juan Ignacio Zoido, titular de
Interior, dijo en el Senado que su número dos se limitó a recibir a un directivo
de Mercasa —Pablo González— y “no tenía la menor idea de que iba a ser
investigado”. PSOE, Podemos y Ciudadanos reprocharon a Zoido sus contactos con
los investigados. Él los minimizó y dijo que fueron “meramente protocolarios”.
Explicación de Rajoy
Al tiempo, PSOE y Ciudadanos piden que la comisión de investigación sobre la
financiación ilegal del PP se constituya antes de 10 días, para que Rajoy
comparezca en mayo. Tendrá obligación de decir verdad, lo que no ocurriría si
acudiera al pleno. El artículo 502.3 del Código Penal asegura que “el que
convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad
en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o
multa de 12 a 24 meses”.
En este clima, el Gobierno debe cerrar un pacto antes del próximo miércoles con
el PNV para superar el primer trámite de los Presupuestos. La negociación
avanza, pero el clima turbio dificulta el anuncio formal del pacto.
Micrófonos ocultos en el despacho de González
Ignacio González y otros investigados en la Operación Lezo, sobre todo Edmundo
Rodríguez, expresidente de Inassa, sabían desde el primer minuto —en julio de
2016— que les estaban investigando y hablaban con precaución por teléfono.
González, además, tenía un sistema de encriptación en su teléfono móvil que
hacía aún más inaccesible el contenido de sus llamadas. Por este motivo, el juez
instructor que actuaba como refuerzo en la causa, Alejandro Abascal, ordenó que
se colocaran micrófonos en su despacho, donde el expresidente de la Comunidad de
Madrid hablaba sin tapujos al sentirse seguro, según la Cadena SER.
La medida, poco habitual, se complementó con seguimientos con micrófonos
portátiles de última generación para grabar conversaciones a distancia y está
recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 2015 para casos de especial
gravedad. Agentes de la Guardia Civil fueron de madrugada al despacho, abrieron
la puerta con una ganzúa y escondieron los micrófonos, con la presencia del
secretario judicial, que levantó acta.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/25/actualidad/1493141521_564192.html
LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL
MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO
Las grabaciones muestran que el ministro de Justicia dio ánimos a Ignacio
González, cuando estaba imputado en el caso del ático y se le investigaba en
secreto en la operación Lezo
El expresidente madrileño habla también con el exministro Zaplana sobre su
interés en cambiar a la jueza y en reunirse con el fiscal encargado del caso del
ático de Estepona
Las grabaciones de las conversaciones realizadas por los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los integrantes de la trama
muestran las conexiones que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González, presunto cabecilla de la trama disuelta con la Operación Lezo, ha
mantenido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que también está imputado en el caso del
ático de Estepona.
Catalá, de cuyo departamento dependen las comisiones rogatorias reclamadas por
la jueza de Estepona que investiga el caso del ático, Isabel Conejo, contestó el
3 de noviembre de 2016, según han adelantado laSexta y El Español, a un SMS de
felicitación que le había remitido previamente González en el que le daba la
enhorabuena por su nombramiento como ministro de Justicia: "Gracias Nacho, un
fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".
Precisamente, las comisiones rogatorias de este caso han sufrido una extrema
lentitud, que ya ha tenido importantes consecuencias en la investigación, según
se especifica en una providencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número, Isabel Conejo. Esta resolución, de 6 de noviembre de 2015,
explica que el US Bank, la entidad financiera de Estados Unidos desde la que se
realizaron en marzo de 2008 las dos transferencias de 100.000 y 650.000 euros
con los que la empresa offshore pagó el ático de Estepona, ya no disponía de la
documentación relativa al origen del dinero, según una nota enviada por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades españolas.
Cuando el ministro Catalá envió el SMS, González, su mujer, Lourdes Cavero, y el
presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llevaban ya nueve meses
imputados por la jueza de Estepona, al mismo tiempo que el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco investigaba en secreto la denominada trama Lezo.
Un portavoz del Ministerio de Justicia ha asegurado a laSexta que cuando el
ministro se refiere en el mensaje a los "líos" está hablando de los problemas
políticos de cara a la gobernabilidad. Sin embargo, tan sólo un día después del
SMS, el 4 de noviembre, Catalá tomaba posesión de su cargo de ministro.
En el palco con Cerezo
El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá fue fotografiado en el palco del
Vicente Calderón junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que
todavía no estaba imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya
apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, un testaferro profesional, era
empleado de Cerezo en una sociedad con vínculos con Telemadrid. Al día
siguiente, el 18 de marzo, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a
la Audiencia Provincial de Málaga, al mismo tiempo que acudió al Colegio de
Abogados de esta provincia andaluza.
Asimismo, Rafael Catalá viajó invitado por el Atlético de Madrid a la final de
la Champions League celebrada en Milán, en la que el conjunto de Cerezo, que ya
estaba imputado en Estepona, se enfrentó al Real Madrid. En el viaje también
participaron otros políticos madrileños como Begoña Villacís (Ciudadanos). A la
final también acudió el testaferro profesional y empleado de Cerezo que compró
el ático desde EEUU, Rudy Valner, y tras visitarlo la mujer de González, Lourdes
Cavero.
El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final
de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a
la derecha). El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados)
en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en
primer plano a la derecha).
Pero los mensajes interceptados por la UCO de la Guardia Civil apuntan a otras
maniobras de González en relación con la justicia. En una conversación
intervenida por orden del juez Velasco,el expresidente de la Comunidad de Madrid
explica al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana su intención de
cambiar a un juez: "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de
Justicia, y escucha: tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo
le digo: a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca?¿Onteniente?
A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré
con el titular".
Precisamente, en el caso del ático la jueza sustituta, Mariana Peregrina, se
encargó de la instrucción durante los meses de baja maternal de la titular
Isabel Conejo. Esta jueza ordenó en un primer momento imputar a la mujer de
González, Lourdes Cavero, al mismo tiempo que solicitó que el caso se enviara a
la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga revocó esa
decisión, por lo que dejó el caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de
Estepona. Su titular, Isabel Conejo, de vuelta a su puesto, fue más allá y
acordó la imputación del matrimonio con el respaldo del fiscal delegado de
Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero.
Sin embargo, el diario El Español asegura que González hace referencia a que la
plaza en propiedad que ocupa Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia Nacional, es de otro juez, Manuel García-Castellón, que
está de juez de enlace en Roma.
En otra de las conversaciones que González mantiene con Zaplana, el primero
alude a sus deseos sobre quién debe ser fiscal jefe de Anticorrupción: "A ver si
podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, Yo creo que va a salir él, si
sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío bueno y serio. Yo no soy quién, pero
no me corto a decirle a Rafa: "Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los
medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto",
indica el expresidente madrileño a Zaplana.
Moix rechazó investigar el campo de golf
Precisamente, según adelantó infoLibre, Moix rechazó el registro de la sede del
Canal para reclamar información de la etapa de la presidencia de la Comunidad de
Alberto Ruiz-Gallardón al considerar que esta investigación debería desgajarse
del caso Lezo, por lo que deberían encargarse del mismo otro instructor y otros
fiscales diferentes a los de la trama de Ignacio González. Este fue el motivo
por el que los fiscales de Anticorrupción invocaron el artículo 27 de su
Estatuto para oponerse a la decisión del fiscal jefe de Anticorrupción.
Además, tal y como ha adelantado este diario, el propio Moix ya había cerrado en
2009 la investigación por la adjudicación de un campo de golf en el centro de
Madrid a una empresa de un hermano y un cuñado del expresidente madrileño.
En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este martes al
fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana
pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción
sobre los registros de la operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el
fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo
investigaciones", enfatizó.
El relevo de Velasco
Pero en sus conversaciones grabadas, González también se refiere al relevo del
juez Velasco, que además del caso Lezo instruye la Púnica, en la que aparece el
nombre de Zaplana vinculado a la trama liderada por Francisco Granados: "Este
poli me ha dicho que al Velasco le van a mandar al Supremo, pero yo creo que hay
una jugada, me ha contestado este, si hay un juez de apoyo, para sacarlo de ahí
y dejar al de apoyo".
Tal y como adelantó infoLibre, el juez Velasco reclamó un puesto en la nueva
sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Velasco tomó esta decisión después
de que el Consejo General del Poder Judicial no prorrogara la presencia del juez
Alejandro Abascal como refuerzo de Velasco, que se incorporó al Juzgado Central
de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en marzo de 2016.
González también mantuvo conversaciones con el expresidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, en las que también hablan de cómo evitar la
investigación de la jueza de Estepona Isabel Conejo. en la conversación, siempre
según La Sexta, Cerezo asegura: "Dicen que el juez es el juez y que no se puede
hacer nada, yo ya les he dicho, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros a la jueza?
¿Qué alternativas tengo?¿no se puede hablar con el fiscal?", a lo que Cerezo
contesta: "Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si
quieren guerra vamos a tener guerra".
Con el ministro del Interior
Asimismo, el expresidente de la Comunidad de Madrid propuso al ministro del
Interior, Juan Ignacio Zoido, tomarse un café en una llamada de teléfono en la
que le felicitó por su nombramiento como ministro del Interior, según han
explicado a Europa Press fuentes conocedoras de la conversación, que precisan
que dicho encuentro no llegó a celebrarse.
Zoido concluyó su intervención en el Senado señalando que él y otros miembros
del Ministerio del Interior recibieron "centenares" de felicitaciones a su
llegada al Departamento, incluyendo la que expresó en persona Pablo González,
directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, en
su cita con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Según Zoido, esa reunión fue solicitada días después de Reyes y se celebró el 8
de marzo para tratar cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de
Mercasa, la empresa pública que abastece a los mercados de diferentes ciudades
españolas.
"Se ha reunido con luz y taquígrafos en su despacho", dijo sobre el secretario
de Estado, añadiendo que éste "no tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni
en ningún reservado, ni dar ningún chivatazo para que algún servicio se tenga
que desmontar", aludiendo de esta forma de forma indirecta a diferentes
polémicas de la etapa del PSOE en el Gobierno.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/las_grabaciones_del_caso_lezo_llevan_catala_cerezo_actualidad_64304_1012.html
LA AUDIENCIA EVITÓ POR UN DÍA LA PRESCRIPCIÓN DE IRREGULARIDADES DE LA ETAPA
GALLARDÓN
El Central 6 dictó un auto 24 horas antes de que se cumplieran 15 años de la
compra de Inassa por Canal Extensia en 2001
El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional salvó la
investigación de los orígenes de la trama Lezo 'in extremis'. Las pesquisas
sobre el inicio de la aventura empresarial del Canal de Isabel II en el
extranjero, que arrancó en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del
Gobierno regional, se encuentran ahora bajo el foco del juez y la Fiscalía
Anticorrupción gracias a un auto dictado sólo 24 horas antes de que
prescribieran los delitos de malversación de caudales públicos y organización
criminal que los investigadores vinculan a esta parte de la trama.
Según han informado a El Confidencial fuentes de la investigación, los fiscales
encargados del caso reclamaron en noviembre de 2016 al Juzgado una ampliación de
su querella inicial que giraba únicamente sobre irregularidades cometidas bajo
la presidencia de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. Faltaban pocos
días para que se cumplieran 15 años de la compra del 75% de Interamericana de
Aguas y Servicios SA (Inassa) y el contenido de una de las escuchas telefónicas
que obran en el sumario dió la voz de alarma.
En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor asuntos sucios y
lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué me
tuve que comer todos los marrones", aseguraba en una de las conversaciones
intervenidas. Uno de los 'marrones' a los que se refería era esta operación,
cuya compra se cerró el 13 de diciembre de 2001, un mes después de que el
consejo de administración del Canal de Isabel II acordara la creación de Canal
Extensia, el vehículo que se empleó para ultimar la operación.
Según explican las citadas fuentes, el auto dictado entre ambos actos
interrumpió la prescripción, pero no coincidía con la visión propuesta al juez
por los fiscales Carlos Yañez y Carmen García. En él se decretaba la apertura de
una pieza separada para investigar estos hechos con el criterio de que pese a
que la compra sí tenía vínculos con el ente público de gestión de aguas, no
estaba relacionada con Ignacio González, foco y centro de todo el resto del
operativo de cobro masivo de comisiones.
La UCO investiga el primer pufo del Canal en Colombia en el año 2001 con
Gallardón
Los investigadores analizan la compra de Inassa en 2001. El Canal pagó 83
millones por una empresa que valía ocho un año antes. Los registros relacionados
han provocado la primera fricción en Fiscalía
La decisión provocó que la Fiscalía recurriera y obtuviera el respaldo de la
Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que dió por buena la ampliación del
sumario a nuevos investigados del entorno del que fuera también ministro de
Justicia.
La discrepancia se repite
Curiosamente, esta misma discrepancia jurídica se ha repetido meses más tarde en
el seno de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Manuel Moix defendió
frente a los encargados del caso que los registros relacionados con la compra de
2001 debían realizarse en otro bloque, de forma desvinculada a la investigación
central sobre González. Yañez y García defendían que se incluyeran en el mismo
paquete y lograron el apoyo de sus compañeros de plantilla en una junta
celebrada horas antes de que estallara la Lezo.
Inassa existía desde 1996, cuando se creó en la ciudad colombiana de
Barranquilla para llevar agua potable al municipio. Su primer socio español de
Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía
el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000. El
negocio, al parecer, no era rentable.
Caja Mágica, centro acuático...: 430 millones de agujero en otra firma de la era
Gallardón
Una auditoría desmonta la gestión de Madridec, la empresa municipal que en 2013
perdió 74 millones: obras de arte extraviadas, tasaciones a la baja y ruinosas
ventas de edificios
Los socios colombianos que tenían el otro 49% decidieron adquirir el resto de
Inassa a través de la Sociedad de Aguas de América. La compra se efectuó por
siete millones de dólares (ocho millones de euros de la época). Pero Inassa
enseguida encontró nuevos pretendientes. Empezó a negociar con el Gobierno
regional, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón y con Carlos Mayor Oreja
como presidente del Canal. Ambos decidieron que la comunidad debía crear una
sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el
desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en
Sudamérica.
Como ya publicó El Confidencial, la Comunidad de Madrid pagó 73 millones de
dólares (entonces 83,6 millones de euros) por una sociedad que había costado un
año antes poco más de siete millones de dólares (ocho millones de euros). Un
auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para
el comprador.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-25/operacion-lezo-audiencia-nacional-gallardon-ignacio-gonzalez_1372237/
EL JUEZ DE
LA OPERACIÓN LEZO INVESTIGA A EDUARDO ZAPLANA
El exministro popular aparece en un listado de 60 personas relacionadas con el
caso que ha enviado a prisión a Ignacio González
El juez titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy
Velasco, investiga a 60 personas en el caso Lezo, entre ellos el exministro
Eduardo Zaplana, según ha avanzado Europa Press y confirma EL PAÍS. Entre los
investigados están también el empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la
constructora OHL, y el que fuera viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de
Madrid e imputado en la Gürtel, Alberto López Viejo. Sus nombres aparecen en un
auto remitido por el citado magistrado a los registros de la propiedad, con el
fin de embargar los bienes de algunos de ellos. Las personas citadas en ese auto
no son forzosamente imputados, según confirman fuentes judiciales a EL PAÍS.
La semana pasada se supo que Ignacio González había mantenido conversaciones con
el exministro de José María Aznar acerca de sus intenciones de entrar en
negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos ocultos en el
extranjero, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Zaplana desmintió este sábado a través de un comunicado cualquier relación
mercantil con González y aseguró no haber "participado ni auxiliado a nadie en
la comisión de hecho delictivo alguno". El expresidente valenciano añadía en su
nota a los medios que ni conocía el auto del Velasco ni había sido citado
judicialmente para declarar en la Audiencia Nacional.
Uno de los pinchazos al teléfono del expresidente de la Comunidad de Madrid
recoge cómo este propuso al valenciano "montar una estructura financiera" a
través del abogado uruguayo Fernando Belhot porque trabaja en países de
legislaciones laxas como Holanda, EEUU o Uruguay "para canalizar algún tipo de
operación a medio o largo plazo". Junto a Zaplana, González pretendía adquirir
el 50% de una sociedad y controlar así "los derechos de patente de un producto
de desinfección del agua".
Velasco cita también en el auto a Zaplana al referirse a las supuestas gestiones
que él y González hicieron para favorecer al empresario Conrado Rodríguez-López
Braun en un "litigio" que este mantenía con el Ministerio de Defensa. Según
destaca el auto, lo hicieron presuntamente "mediando una contraprestación
económica".
Los nombres de los 60 investigados
En esas órdenes de embargo, firmadas por el juez Velasco el 18 de abril, se
explica que se siguen diligencias por presunta comisión de delitos contra:
Ignacio González, Pablo Manuel González, José Antonio Clemente, José Juan
Caballero, Edmundo Rodríguez Sobreino, María Fernanda Richmond, Adrián Martín
López de las Huertas, Diego Fernando García, Sebastián Chistovan, Ignasi Maestre
Cánovas, Clarisa Guerra Soto, José Martínez Nicolás, Francisco Javier López
Madrid, Fernando José de Cevallos Aguarón, Oriol Serra Ibars, Luis Vicente Moro
Díaz, Avelino Alfredo Martínez Herrero, Ángel Varona Grande, Patricia Ana
Rodríguez Revuelta, Santiago Barreno Sevillano, José Javier Soler Gallego,
Francisco Javier Domínguez Anaya, Carlos Isidro Bello Vicente, Carlos Turro
Hemedes, Sergio Vidal Balaguer, Oscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz
Echeverría, José Miguel Alonso Gómez, Angeles Monje Gutiérrez, Ana María Paloma
Ferreiro Ribir, Jesús Arránz monje, María del Pilar Olivo Valverde, Dimitris
Tsalidis, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, Luis Vicente Moro. También
figuran: el padre de Ignacio González, Pablo González Liberal, Alberto Pérez de
la Sal, Eduardo Andrés Julio Zaplana, Carmen Pliar Pazos Bajarano, Pino Escudero
del Castillo, María Teresa de Mingo Azárate, Rodcío Bonet Cabero, Leticia Bonet
Cabero, Guizo Vicenzini, Manuel Martínez Téllez, Joaquín Molpeceres Sánchez,
María Lourdes Cabero, Miguel Sáiz de la Olla, Ildefonso de Miguel, José Manuel
Serra Peris, Jaime Antoñanzas de Toledo, Fernando Manuel Serrano Fuentes, Pedro
Antonio Martín Martín, Alberto López Viejo, Juan Miguel Villar Mir, Adrián de la
Joya Ruiz de Velasco y Jesús Trabada Guijarro.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/24/actualidad/1493027190_777838.html
"EL ENCUENTRO HA SIDO MUY INTERESANTE. TE LO CONTARÉ PERO NO POR TELÉFONO"
Así se recoge en las conversaciones telefónicas interceptadas al
hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, tras la salida del encuentro
que mantuvo con el secretario de Estado
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde
la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la
Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Eloy Velasco en la
operación Lezo que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II.
De nuevo, el Ministerio del Interior vuelve a estar en el ojo del huracán.
Interior reconoce el encuentro entre el secretario de Estado de Seguridad, José
Antonio Nieto, y el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Pablo
González, pero asegura que no hubo ni una sola referencia a la operación Lezo ni
a Ignacio González entre otras cosas porque el Secretario de Estado de Seguridad
desconocía las diligencias que se estaban practicando por parte de la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil.
Sin embargo, el fragmento de conversación que aparece en la instrucción judicial
del caso y que este lunes publica la Cadena SER pone en duda el argumento
oficial, según fuentes cercanas a este caso. Tras la salida del encuentro que
mantuvo en el Ministerio del Interior con el Secretario de Estado de Seguridad,
el hermano de Ignacio González, Pablo González, llamó por teléfono a una persona
y le aseguró textualmente que "el encuentro" había sido "muy interesante" y que
se "lo contaría aunque no por teléfono".
El encuentro tuvo lugar el pasado 8 de marzo según el auto del juez Velasco
justo al día siguiente de que Ignacio González recibiese el chivatazo de que
estaba siendo investigado. Según Interior, el encuentro duró quince minutos y
trato sobre temas de seguridad de la empresa Mercasa de la que el hermano de
González era consejero.
Textualmente el Ministerio asegura: "El objeto del encuentro fue la coordinación
de diferentes medidas de seguridad en los nuevos centros construidos de Mercasa.
Lo cierto es que la empresa de capital público Mercasa está en el punto de mira
de los investigadores por las posibles conexiones que se ha podido llevar la
trama de González, con la gestión de los mercados centrales en España.
El PSOE ya ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del
ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, de su número dos, José Antonio Nieto
y del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/24/tribunales/1493013428_997588.html
EL AUTO QUE ENVÍA A PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ DESTAPA UN ESCENARIO DE SAQUEO
GENERAL Y COMPLICIDADES
Las conversaciones interceptadas, la reunión de su hermano con el número 2 de
Interior, las decisiones administrativas que permitieron el desvío de fondos y
la implicación de gigantes como OHL, Dragados o Indra alimentan la inquietud
sobre el colchón de ‘lealtades’ que sostuvo al expresidente incluso tras su
retirada política
La resolución destaca las inversiones millonarias que González y su clan
familiar planeaban abordar en España y en países opacos y concluye que esa era
la fórmula con la que el antiguo delfín de Aguirre pensaba blanquear dinero
oculto
El auto por el que el juez Eloy Velasco encarceló la noche del viernes a quien
hasta 2015 fue presidente de Madrid por el PP, Ignacio González, destapa un
escenario de largo, continuo y multimillonario saqueo sostenido con la
complicidad o al menos la tolerancia de terceros. De esas complicidades hablan,
por ejemplo, las conversaciones del propio Ignacio González con el exministro
Eduardo Zaplana –con quien planeaba asociarse mediante empresas constituidas en
países opacos. Y emerge como elemento cargado de interrogantes la reunión que su
hermano Pablo mantuvo con el número 2 de Interior tras conocer la existencia de
una investigación en marcha.
Pero también retrata ese escenario de complicidades la participación de gigantes
como OHL, Dragados (ACS) o Indra en las macrooperaciones supuestamente
delictivas que González y los otros investigados tejieron presuntamente en su
propio beneficio o el del PP.
OHL le habría pagado un soborno de 1,4 millones en Suiza a cambio de la
adjudicación del tren Móstoles-Navalcarnero, cuya vía ni siquiera llegó a
construirse. Como adelantó infoLibre, Dragados garantizó a su familia una
comisión de 600.000 euros en un campo de golf promovido por el Canal de Isabel
II bajo su presidencia.
Y, al igual que ocurrió en Valencia con la trama Gürtel, otras empresas –es el
caso de Indra, que pagó 687.497 euros- habrían asumido el pago de facturas
falsas que en realidad escondían trabajos para la campaña electoral del PP en
2011.
El auto alimenta la inquietud sobre el colchón de lealtades del que se benefició
González hasta poco antes de su arresto al reflejar cómo una de las
conversaciones interceptadas a su hermano Pablo desvela que se habría
entrevistado con un secretario de Estado en fechas recientes tras conocer la
existencia de una investigación judicial que era secreta. O cuando desmenuza
cómo se produjo la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao por parte de
la poderosa filial latinoamericana del Canal de Isabel II, Inassa: porque el
material analizado conduce al juez a una hipótesis negra. “No puede descartarse
–dice el auto- que el Consejo de Administración de Canal Gestión estuviera al
tanto de los pormenores y el desarrollo de la operación de compra de Emissao”.
Canal Gestión es la sociedad nuclear del grupo Canal.
La resolución sostiene que entre los leales a González se contaba el presidente
del diario La Razón: "Se ha evidenciado el uso de la influencia sobre Mauricio
Casals, presidente de La Razón, para detener la cobertura mediática de sus
supuestas actividades criminales con el objetivo de conseguir impunidad y
obtener información sensible sobre la investigación
judicial en curso".
Una decisión meteórica del Gobierno de Aguirre
Que González siempre gozó del respaldo de Esperanza Aguirre y del del PP hasta
poco antes de que fuera desplazado por Cristina Cifuentes en la carrera hacia
las elecciones de 2015 era algo sabido. Pero, aun sin citar en ni una sola línea
de sus 28 páginas a la hoy portavoz municipal del PP en Madrid, el auto del juez
Eloy Velasco remarca ese aspecto. El paradigma es el relato que traza sobre cómo
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre,
tardó “solo dos días” en enero de 2007 en declarar de interés general el campo
de golf auspiciado por el Canal de Isabel II bajo la batuta de Ignacio González
para acometer una modificación urbanística que terminó reportando a su familia
una comisión de 600.000 euros gracias a un encargo de la adjudicataria de la
obra, Dragados, a la empresa donde participaba primero su cuñado y después
también su hermano. Esa empresa, Tecnoconcret, se vio luego igualmente
favorecida al participar en la UTE que se alzó con la concesión del campo de
golf, declarado ilegal por el Supremo en 2016. Tecnoconcret se convirtió para el
clan González y su socio en esa empresa en una fuente de provisión de fondos en
metálico: el auto revela que solo entre 2008 y 2011 salieron de una de sus
cuentas bancarias 532.339 euros mediante el cobro de cheques.
El –supuesto– saqueo del Canal de Isabel II y las adjudicaciones amañadas -el
auto cita la del tren de Navalcarnero o la del videomarcador del Palacio de
Deportes y deja el interrogante de a quiénes exactamente beneficiaron los
manejos en otros países- permitieron a Ignacio González y su familia acumular un
patrimonio real muy superior al oficial, sostiene el juez. La información
analizada –expone el auto– “arroja fuertes discrepancias entre su patrimonio
declarado y los importes de las inversiones que planean acometer” los González.
O las que ya estaban ejecutando cuando el miércoles estalló la Operación Lezo.
El magistrado alude aquí a varias inversiones millonarias como la compra de una
parte del accionariado de la empresa de ingeniería Auditel -la del videomarcador
mencionado en el párrafo anterior- por un monto que el auto cifra entre uno y
tres millones de euros. O a que el expresidente y su esposa se dispusieran a
adquirir otro paquete, este del 20% y valorado en unos 200.000 euros, en una
empresa de guarderías. O a que el antiguo delfín de Aguirre se preparase para
comprar junto con el exministro Eduardo Zaplana el 50% de una empresa
especializada en desinfección de aguas y en la que participaría a través de
sociedades opacas y testaferros con la ayuda de un abogado uruguayo experto en
estructuras internacionales.
Velasco infiere de ese cúmulo de datos que González planeaba blanquear dinero
oculto y no solo el "dinerillo B" mencionado en una conversación por el
expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, igualmente encarcelado sin
fianza: “El hecho de que [González] pretenda recurrir a la estructura societaria
de Fernando Belhot [el abogado uruguayo] podría obedecer a que Ignacio González
busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con
los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información
tributaria no están declarados”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/23/el_auto_que_envia_prision_ignacio_gonzalez_destapa_escenario_saqueo_general_complicidades_64183_1012.html
¿QUIÉN ES LA PERIODISTA QUE IGNACIO GONZÁLEZ ‘COLOCÓ’ EN TVE PARA LAVAR SU
IMAGEN?
El auto del juez Eloy Velasco deja abierta esta incógnita y UGT exige investigar
a la Comisión Mixta de Control Parlamentario y al Consejo de Administración de
la CRTVE
El auto de Eloy Velasco al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y por el que el
magistrado envió este viernes a prisión a Ignacio González y otras cuatro
personas, evidencia que para detener la cobertura mediática de sus presuntas
actividades criminales, y bajo el objetivo de conseguir impunidad y obtener
información sensible sobre la investigación judicial en curso, la trama corrupta
habría ‘colocado’ a una periodista de su confianza en RTVE. Todo ello para que
defendiese su imagen e intereses en la radio televisión pública.
El auto no señala quién es la periodista en cuestión. Por ello, el sindicato UGT
ha adelantado a este periódico que pedirá la realización de una “investigación
interna” para depurar las responsabilidades.
“Exigimos la apertura inmediata de una investigación para saber que persona es a
la que se refiere el auto. Quién o quienes tenían conocimiento de esta operación
en la dirección de RTVE, y si por tango fueron colaboradores necesarios en esta
operación. Qué criterios de contratación fueron establecidos para que esta
persona haya entrado en la CRTVE”, expone el sindicato en un escrito remitido a
la Comisión Mixta de Control Parlamentario y al Consejo de Administración de la
CRTVE.
En concreto, UGT pide al Consejo de Administración de RTVE “que se proceda al
cese inmediato y fulminante de quien o quienes haya podido participar, de ser
cierto, en esta operación”.
De forma paralela, el sindicato solicita a la Comisión Mixta de Control
Parlamentario para la CRTVE, que abra “cuantas vías de actuación sean
necesarias, para esclarecer este asunto, e ir más allá para saber si ha existido
esta practica en otros casos o piezas judiciales relacionados con tramas de
corrupción, así como determinar si existe una redacción paralela cuyas misión ya
no solo es la manipulación, sino la colaboración con prácticas delictivas”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492870521_379791.html
LA GUARDIA CIVIL, A LA CAZA DEL CHIVATO QUE ALERTÓ A IGNACIO GONZÁLEZ DE SU
DETENCIÓN
Los agentes sospechan que González fue alertado de su detención y pudo destruir
documentación
Sospechan que la delación pudo salir del entorno del Gobierno
La Guardia Civil se muestra convencida. Ignacio González, el que fuera
presidente de la Comunidad de Madrid, recibió un chivatazo desde «esferas de
poder» en el que le alertaron de su inminente detención. Y los agentes de la
Unidad Central Operativa sospechan que ese chivatazo le permitió desprenderse de
documentación que hubiera podido ser localizada durante los registros que los
agentes han practicado durante las últimas horas en el marco de la operación
Lezo.Fuentes de la investigación explicaron a EL MUNDO que se ha detectado que
González recibió «información privilegiada» sobre las pesquisas contra él hace
aproximadamente dos meses y que esa información pudo partir desde alguien del
Gobierno. Argumentan que en instancias gubernamentales podían conocer
indirectamente el avance de las pesquisas que llevaba a cabo la Guardia Civil en
coordinación con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
«Desde ese momento cambió todo su modus vivendi», explican estas fuentes. Sus
comunicaciones se vieron claramente alteradas. Los teléfonos del ex presidente
estaban bajo vigilancia policial, con el control del juez Eloy Velasco, desde
hacía muchos meses. Y los especialistas detectaron un cambio radical en el
contenido de sus comunicaciones, que pasaron a ser inocuas para la
investigación. Además, modificó sus horarios e, incluso, alteró su estancia en
su propia casa.
Los agentes del Instituto Armado deducen que se produjo una delación. Han
revisado de nuevo todas las conversaciones intervenidas y han llegado a la
conclusión de que ese chivatazo se produjo de manera indirecta, que alguien que
conocía de primera mano que la operación Lezo estaba a punto desencadenarse
encargó a «alguien» que fuera a ver a González y le alertara. Ese chivatazo no
se realizó por teléfono sino en persona, según concluyen los mismos
investigadores. Y creen que ha podido afectar gravemente al material y a la
documentación que trataron de localizar durante las casi 10 horas en las que
estuvieron practicando registros tanto en la vivienda de González como en su
despacho profesional.
Los investigadores entienden que el juez instructor de la Audiencia Nacional
debería abrir una pieza separada del sumario para indagar la autoría de ese
chivatazo, toda vez que ha podido tener consecuencias importantes para las
investigaciones. Las fuentes recuerdan como el que fuera vicepresidente de la
Comunidad de Madrid Francisco Granados también fue alertado por parte de dos
guardias civiles de que la Unidad Central Operativa estaba tras la pista de su
amigo, el empresario David Marjaliza, en la denominada operación Púnica. Tanto
los autores del chivatazo como el propio Granados están encausados por esta
delación.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/21/58f8fdf4e2704e93098b466f.htm
EL AUTO QUE DESTAPA EL
JUEGO SUCIO DEL PP
El juez dibuja una trama corrupta en Madrid que salpica a políticos, empresarios
y a la Justicia
Son 38 páginas a espacio simple y estilo administrativo, pero describen —tanto
de forma expresa y detallada como entre líneas— un panorama de corrupción masiva
y presunto juego sucio institucional con el PP de Madrid como foco. El auto por
el que el juez Eloy Velasco envió el viernes por la noche a prisión al
expresidente madrileño Ignacio González, recoge cobros de comisiones por
adjudicaciones públicas de algunas de las empresas más poderosas de España, el
saqueo de fondos públicos a gran escala y financiación ilegal del partido. Estas
conductas suponen una continuación de los casos Gürtel y Púnica, que han
sacudido al partido del Gobierno y que han marcado la agenda política desde
2009.
Sin embargo, el caso Lezo, como ha sido bautizado por la Guardia Civil, va un
paso más allá. Los pinchazos telefónicos han puesto de relieve cómo los
imputados —principalmente González y su familia y Edmundo Rodríguez, consejero
de La Razón— contaron con la ayuda de al menos una magistrada que les alertó de
que estaban siendo investigados. También ha sacado a la luz las supuestas
maniobras del partido para colocar al frente de los puestos claves de la
Fiscalía a personas que consideraban más cómodas para sus intereses.
El auto, rico en detalles sobre la influencia de la trama, señala que sus
tentáculos alcanzaban al propio Ministerio del Interior: El secretario de Estado
de Seguridad, José Antonio Nieto, se reunió el pasado marzo con el hermano de
Ignacio González, Pablo, alto cargo de la empresa pública Mercasa y ahora en
prisión. El caso Lezo solo acaba de empezar.
El hermano de González se reunió con el ‘número dos’ de Interior
El auto del juez Eloy Velasco por el que envió este viernes a prisión a Ignacio
González y otras cuatro personas, destaca la existencia de una reciente reunión
entre el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo
González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y también
encarcelado por su presunta implicación en la Operación Lezo.
Nueve empresas interpuestas para financiar la campaña electoral del PP de 2011
A finales de 2011 Ignacio González, entonces secretario general del Partido
Popular y vicepresidente del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, pidió al entonces
máximo responsable de dicho ente público, José Martínez Nicolás, "en torno a un
millón de euros" para "sanear las cuentas" del PP de Madrid.
González se valió de Mauricio Casals “para obtener información sensible”
Ignacio González, se valió de "la influencia" que tiene sobre el presidente del
diario La Razón, Mauricio Casals, imputado en la causa, para "obtener
información sensible sobre la investigación judicial el curso". Casals tuvo que
declarar el pasado jueves ante el magistrado como imputado por estos hechos y
fue interrogado por este por sus supuestos contactos con "una magistrada" que
supuestamente le alertó de que el político estaba siendo investigado.
El juez vincula a Zaplana con operaciones de blanqueo de González
Las supuestas maniobras del expresidente de Comunidad de Madrid Ignacio González
para entrar en negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos
ocultos en el extranjero salpica a Eduardo Zaplana, exjefe del ejecutivo
valenciano y ministro en los Gobierno de José María Aznar.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492890305_108146.html
IGNACIO
GONZÁLEZ: “LO DE 2001 SÍ QUE FUE UN PELOTAZO”
Un pinchazo telefónico desvela que el expresidente madrileño conocía la primera
compra irregular que hizo el Canal de Isabel II en Sudamérica y que nunca
denunció
Ignacio González define como "pelotazo" en una grabación de la Operación Lezo la
compra de la firma colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II.
Inassa, empresa radicada en Colombia y matriz de los negocios del Canal en
Sudamérica, fue adquirida por casi 100 millones, cuatro veces más del precio de
venta que tenía fijado solo dos meses antes. “Eso sí que fue un pelotazo…”,
describe el expresidente González, en las grabaciones interceptadas por el juez
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En esa grabación, Ignacio González alude
a la actual presidenta de Madrid, su sucesora Cristina Cifuentes, y señala: "La
gilipollas esta no tapa nada, mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001".
La intención del fiscal jefe Moix era abrir una pieza diferenciada sobre esta
compraventa, ya que los hechos se remontan a hace 15 años y eran personas
diferentes
Ignacio González se refiere a que Cifuentes entregó el pasado verano un informe
a la Fiscalía Anticorrupción en el que detalla que la adquisición en 2013 por
parte del Canal de la firma brasileña Emissao Engenharia e Construcao estuvo
plagada de irregularidades y que la operación se realizó saltándose los
preceptivos controles administrativos e incluso los resultados de una auditoría
hecha por KPMG que ponía grandes reparos a esa compra y al valor real de la
firma. Se compró por 31 millones, seis veces su valor, según las pesquisas
judiciales.
La intención del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, sobre esta operación
de 2001 era abrir una pieza diferenciada de la Operación Lezo, ya que los hechos
se remontan a 2001, hace 15 años; y, al margen de que jurídicamente podrían
estar prescritos, las personas investigadas ahora en Lezo nada tienen que ver
con los responsables del Canal en esa fecha. En 2001 la Comunidad de Madrid
estaba gobernada por Alberto Ruiz-Gallardón, con quien este periódico ha
intentado contactar sin éxito. Cuando habla del pelotazo, Ignacio González no se
refiere a nadie en concreto. A petición de la junta de fiscales, y aunque sus
decisiones no vinculan al fiscal jefe, Moix convino en que todo se investigase
ahora de forma conjunta. Y, en su caso, segregar tales diligencias cuando la
investigación estuviese más avanzada y una vez verificada la ausencia de
conexión de personas y hechos.
Siguiendo este criterio, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil registraron el Canal el pasado martes y se llevaron abundante
documentación de la compra de Inassa en 2001 por cuatro veces su valor (se
compró por unos 100 millones y apenas valía unos 30), así como de otras
adquisiciones de empresas sospechosas en Sudamérica por parte del Canal en los
años siguientes y referidos ya a la época de Ignacio González.
El juez Velasco señala en un auto de 28 folios que también "hay indicios de
actividad corrupta" en Inassa una vez que Ignacio González se convierte en
principal responsable del Canal. "Se ha puesto de manifiesto [en la
investigación] que, en 2012, el consorcio de empresas denominado Inassa-Cleop
(...) fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de
dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño
y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de
Cocle". Según el juez, todo indica que se "manipuló el proceso de licitación"
para que la contrata recayera en Inassa-Cleop y en la firma MG Infraestructuras,
representada por el "ciudadano español Sergio Vidal, quien habría pagado una
comisión ilegal de 273.672 dólares, velando su verdadera naturaleza ilícita
mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito con una
firma, Eduholding Corps, radicada en las islas Vírgenes Británicas". Señala el
juez que el pago de comisiones ha sido frecuente con otros contratos públicos en
Panamá, y casi siempre "con la intermediación de Sergio Vidal Balaguer", un
empresario panameño.
Otra pieza clave en estas operaciones corruptas ha sido, añade el juez, el
español Carlos Isidro Bello, directivo de Cleop, quien se encargó de todo lo
relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar", de las que "tenía
informado al presidente de Cleop, Carlos Turro". Explica el juez: "La persona
identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente
de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado
patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino", el
hombre de confianza de González en la presidencia de Inassa. El juez también ha
descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través
de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también
habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. Ángel Rondón, socio de
Inassa en la República Dominicana, es la figura clave en estos pagos, describe
Velasco.
El juez enviará comisiones rogatorias a los paraísos fiscales donde el
testaferro de González llevó cinco de los 20 millones de Suiza
El expresidente madrileño se halla en prisión desde el viernes junto a los que
el juez considera sus principales testaferros, a petición de la Fiscalía
Anticorrupción que, desde hace poco más de un mes, dirige Moix. Se trata de
Edmundo Rodríguez Sobrino, a quien González colocó como responsable de Inassa y,
por extensión, de todos los negocios del Canal en Sudamérica; su hermano Pablo
González, destituido como directivo de la firma pública Mercasa tras el
estallido esta semana del escándalo, y María Fernanda Richmond, directora
financiera del Canal desde 2007 hasta su relevo el pasado verano por orden de la
actual presidenta de Madrid Cristina Cifuentes.
La lupa del juez Velasco está ahora, sin embargo, en el otro gran pelotazo del
Canal en Sudamérica, que data de 2013. Y no solo no está prescrito , sino que
los investigadores lo tienen bien atado desde la perspectiva penal. Se trata de
la compra en Brasil por decisión de Ignacio González de la firma Emissao
Engenharia e Construcao a través de una sociedad instrumental situada en Uruguay
por casi 31 millones, Soluciones Andinas del Agua SRL. El juez Velasco asegura
en un auto sobre esta operación que el desfalco a las arcas del Canal ascendió a
25 millones, ya que a esa misma firma, dos meses después, el propio Canal le dio
en sus propias cuentas un valor de 5,5 millones.
Los pinchazos telefónicos revelan que el expresidente González y su entorno
fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación Lezo de que sus
teléfonos estaban intervenidos.
Según las pesquisas, justo tras la compra al Canal, los vendedores de Emissao
transfirieron cinco millones de dólares en comisiones a
una cuenta de Edmundo Rodríguez Sobrino y otros 20 millones a cuentas
en Suiza también vinculadas con él. Rodríguez Sobrino puso como hombre de paja
en la citada firma uruguaya a Ignasi Maestre Casanovas. La investigación tiene
acreditado que, nada más llegar los 20 millones a Suiza, hubo otras
transferencias desde el país helvético, fraccionadas, por otros casi cinco
millones, a bancos situados en paraísos fiscales. El juez Velasco va a enviar
comisiones rogatorias a Suiza y al resto de países destinatarios de esos envíos
convencido de que detrás de ellas están el propio Ignacio González, algún
miembro de su entorno familiar y su testaferro Rodríguez Sobrino, consejero
delegado del diario La Razón.
Los pinchazos telefónicos a los miembros de la trama revelan que el expresidente
González y su entorno fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación
Lezo de que sus teléfonos estaban intervenidos. Y que entonces se produjo un
cambio sustancial en los diálogos de los investigados. Antes del chivatazo, sí
hablaban con tranquilidad. Y tales pinchazos muestran que Ignacio González y su
entorno estaban gestionando grandes inversiones en el extranjero y en España. En
concreto, querían comprar una sociedad mercantil en Brasil. Las gestiones con un
intermediario de la sociedad las hizo su hermano Pablo, que también se halla
preso. “Si vale 800.000 euros, no hay problema... tenemos el dinero”, suelta
Pablo González a su cuñado, José Juan Caballero, en otra grabación, y
refiriéndose a su hermano Ignacio. La operación no se llegó a concretar.
Caballero es el marido de Isabel González, hermana de Ignacio y en la actualidad
portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid.
Los pinchazos telefónicos al hermano del expresidente de Madrid Ignacio González
y a su hermano también revelan que el clan familiar dispone de un abultado
patrimonio que no se corresponde con sus ingresos: Ignacio González empezó a
trabajar en un despacho de abogados tras dejar la presidencia de Madrid y su
hermano era (ha sido destituido esta semana) directivo de la empresa pública
Mercasa, desde la que sobornó a políticos de países extranjeros en busca de
contratas y de su lucro personal.
En el registro en la casa y despacho del expresidente no se ha encontrado
ninguna cantidad importante de dinero, pero los investigadores están convencidos
que tanto él como su entorno ocultan abundante dinero negro. El propio Rodríguz
Sobrino lo ha reconocido ante el juez tras su detención: "Tiene dinero B",
refiriéndose al expresidente. Los investigadores indagan llegadas fraccionadas
de dinero desde firmas radicadas en el extranjero a cuentas de sociedades
regentadas por Pablo González. Rodríguez Sobrino posee sociedades opacas en Hong
Kong creadas en Panamá. Para lavar dinero, el expresidente simulaba préstamos
con sus parientes.
El expresidente en persona pidió tres millones para el partido
Documentos en poder del juez Velasco acreditan que el expresidente de Madrid
Ignacio González pidió personalmente a su hombre de confianza en la firma
pública ICM, José Martínez Nicolás, para el partido en Madrid, un total de tres
millones de euros. Uno de ellos sí lo consiguió y los otros dos estuvo a punto
de obtenerlos de no ser porque estalló la Operación Púnica el 27 de octubre de
2014, que entonces se llevó por delante a Francisco Granados, ex secretario
general del PP y otra de las personas, junto a Ignacio González, en las que se
apoyó Esperanza Aguirre durante su etapa al frente del Gobierno regional. Ambos
se llevaban muy mal y uno y otro se espiaban entre ellos.
Los dos ya entre rejas, en diferentes cárceles, Granados desde hace mas de dos
años y González desde el viernes. Por corrupción. Si no es porque estalla la
operación Púnica (octubre de 2014), González habría conseguido para el partido
casi dos millones de euros. Estaba todo atado y con las bendiciones de la mesa
de contratación y del Consejo de Gobierno. Fue una adjudicación a una empresa
informática por importe de 4,6 millones para que esta computara la información y
escrutinio de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en Madrid. Esta misma
tarea electoral fue adjudicada a la misma empresa en las elecciones anteriores
de 2011, pero con una diferencia: la tarea se hizo entonces por sólo 2,7
millones. La diferencia estaba destinada al partido, según la investigación
judicial. La adjudicación tenía el visto bueno del Consejo de Gobierno, pero en
esa misma fecha, 27 de octubre de 2014 estalló Púnica y el Gobierno regional se
apresuró días después a anular el contrato. El otro millón que personalmente
pidió Ignacio González a Martínez Nicolás para el partido sí lo consiguió
inflando un contrato de ICM con una empresa privada con la que estaba en
connivencia.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492870521_379791.html
VELASCO CONCLUYE QUE GONZÁLEZ SE VALIÓ DE MAURICIO CASALS “PARA OBTENER
INFORMACIÓN SENSIBLE” DEL CASO
Las pesquisas han revelado los contactos entre ambos y que el expresidente
madrileño colocó a una periodista "de confianza" en RTVE para defender "su
imagen"
El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, destaca
que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se valió de "la
influencia" que tiene sobre el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals,
imputado en la causa, para "obtener información sensible sobre la investigación
judicial el curso". Casals tuvo que declarar el pasado jueves ante el magistrado
como imputado por estos hechos y fue interrogado por este por sus supuestos
contactos con "una magistrada" que supuestamente le alertó de que el político
estaba siendo investigado. El presidente del diario negó los hechos.
Pese a ello, el juez Velasco señala en el auto por el que ha ordenado el ingreso
en prisión incondicional de González la "influencia" de este último sobre Casals
y que ello le permitió, no sólo tener acceso a "información sensible" sobre la
Operación Lezo que desembocó en su detención el pasado miércoles, sino también
"detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el
objeto de conseguir impunidad".
Por estos hechos, también tuvo que declarar como imputado el pasado jueves
Francisco Marhuenda, actual director de La Razón. Tanto a este como a Casals, el
juez Velasco les interrogó por las presiones que ejercieron sobre la actual
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su equipo para que
retiraran la denuncia que habían presentado sobre las supuestas irregularidades
en la gestión del Canal de Isabel II durante la gestión de González.
El auto también recoge que el expresidente madrileño colocó "a una periodista de
su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses". Velasco recalca
que González se valió de su "influencia" como político para actuar en "otros
ámbitos como la Administración, habiéndose detectado episodios en los que
Ignacio trata o planea influir en terceros -de manera directa o indirecta- para
beneficio propio o de otros".
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492856956_699314.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s
ELOY VELASCO, JUEZ DE LA 'OPERACIÓN LEZO': "ASÍ NO PUEDO HACER BIEN MI TRABAJO.
HE PEDIDO OTRO DESTINO"
"Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político"
"Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior"
"Un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional precisa más medios"
Eloy Velasco (Bilbao, 1963) es el juez del momento, titular del Juzgado de
Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Respetó su compromiso previo de
conceder esta entrevista a EL MUNDO, pese a que tuvo lugar el pasado miércoles
tras lanzar la operación Lezo. La entrevista había sido concertada con motivo de
una conferencia organizada por la Deusto Business School sobre el libro que ha
escrito con su esposa Beatriz Saura llamado Cuestiones Prácticas sobre
responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance. Velasco quiere que
cale que la reforma penal permite incluso disolver empresas o partidos políticos
cuando sus dirigentes incurren en delitos. Rechazó desde el principio comentar
la Operación Lezo y el resto de procedimientos en curso que instruye, pero
confirma sus planes de futuro y no se muerde la lengua en temas relevantes.
¿Qué opina al menos de la situación de la corrupción en España?
No quiero contestar a eso, porque se puede hacer una lectura sobre casos
concretos. Prefiero hablar sobre la importancia de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas en España. Gracias por entenderlo.
Pero está relacionado...
Es uno de los muchos delitos en que puede incurrir una persona jurídica.
¿Cree que hay arsenal jurídico suficiente para castigar a las personas jurídicas
delincuentes en España con incluso la disolución?
La disolución es una pena prevista. Es la muerte de la empresa. Para las
instrumentales que se usan torticeramente para hacer trampas no es mala
solución, pero para las que tienen vocación de permanencia y plantilla de
trabajadores, no parece que sea la más adecuada. En la importante sentencia de
29 de febrero de 2016, que llamamos «la bisiesta», el Tribunal Supremo corrige a
la Audiencia Nacional, que condenó a la disolución de una empresa con 100
trabajadores. El Supremo prefirió otra opción menos grave como es la sanción. Es
importante que no es sólo responsabilidad de las empresas, hay personas
jurídicas como son las fundaciones, los partidos, los sindicatos, asociaciones
sin ánimo de lucro como puede ser la Iglesia, los equipos de fútbol... El
Barcelona ya tiene condena y es el primer equipo que está jugando con
antecedentes penales, el Osasuna está siendo investigado, están apareciendo los
fraudes en las apuestas en Tercera División... Con la reforma penal se podría
llegar a disolver un partido.
¿A un partido político?
Es muy importante que el mensaje no va solo a las empresas, sino a cualquier
persona jurídica, salvo al Estado, y que se pueden graduar las distintas
sanciones. La normal es la de multa y la más drástica la de la disolución, pero
hay otras formas intermedias. Lo que ha querido el legislador es llevarlo al
terreno penal y no al administrativo como en Italia o Alemania. Han decidido que
el empresario tiene que poner procedimientos para evitar casos como el de Enron.
Tiene que ser el empresario el que ponga los costes de la prevención. Eso sí, el
plan de prevención de delitos o compliance es voluntario. El premio es que el
que haya hecho planes puede llegar a ser eximido de la acción penal o le puede
atenuar la responsabilidad con la correspondiente graduación de la multa.
¿Y en los partidos políticos?
Para los partidos políticos sí es obligatorio. Con la reforma que hizo Rajoy
sobre partidos políticos, que introdujo delito de financiación, les obligó a
tener planes de prevención.
Entonces nunca veremos la disolución de un partido político, porque tendrá el
eximente de contar con un plan de prevención...
Son cosas distintas, un partido puede tener un plan de compliance, pero pese a
eso puede que alguien que lo conoce, evite esos controles fraudulentamente y
cometa delito. Si es directivo y lo hace para procurar un beneficio al partido,
será el partido el que comete el delito. El responsable arrastra a la
responsabilidad del conjunto. Es que lo que hace el presidente del
Gobierno es como si lo hiciera el Gobierno y lo que hace el representante de la
empresa es como si hiciera la empresa. Luego es verdad que los accionistas de
una empresa pueden emprender acciones contra el directivo y pedirle que les
indemnice.
Disolver a un partido sería privar a los militantes de una fuerza política...
Sí, podría ser interpretado como una interferencia en la expresión política,
pero hay otras alternativas. Otras penas son prohibir actividades temporalmente,
cerrar locales de una parte del país...
Si no quiere hablar de casos concretos, ¿puede aclarar al menos si va a dejar su
actual puesto?
Sí. He pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la
Audiencia Nacional. No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un
concurso.
Pero puede dejar casos importantes empantanados...
Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá
otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor.
Pero así se ralentizan los procesos judiciales...
Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y
me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que
trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia
no son todo los grandes como podrían ser.
Hay que bajar el déficit público...
Ya pero en un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional pedí un
refuerzo y me lo pusieron seis meses. Es ridículo que lo pongan por un plazo tan
corto y eso que el compañero trabajó perfectamente. Ahora se ha ofrecido a
echarme una mano, pero no es legal que dos jueces funcionen a la vez si no están
nombrados por el Consejo. La Audiencia Nacional necesita más medios.
¿Por eso se quiere ir?
Y porque llevo 10 años en la Audiencia Nacional de mis 30 años de juez. Voy a
seguir en la Audiencia Nacional, pero haciendo otro trabajo ya. Ya tengo mis
años y estar siempre de guardia... En este trabajo te llaman a las dos de la
mañana. Estábamos de vacaciones en esta Semana Santa y me llamaron... Pero al
servicio que me he pedido de la Sala de Apelaciones no llaman. Es a los jueces
instructores a los que nos mueven más. Si consigo el puesto, es menos de actuar
y más de escribir.
¿Se va porque le afectan las críticas a sus decisiones?
La crítica me es indiferente, si no es a mí será al siguiente.
Es preocupante que jueces con tanta experiencia quieran dejarlo...
Desde la Sala de Apelaciones tener experiencia es importante y sólo el que ha
sido antes instructor sabe cómo está conseguida una prueba. Por ejemplo, cuando
veo que la Audiencia Provincial de Navarra dice que no hay kale borroka en unos
actos que llama de orden público en Pamplona, en contra de la Audiencia Nacional
que se dedica al terrorismo... Eso es banalizarlo y demuestra que no se dedican
al terrorismo. También lo veo en materia económica o, por ejemplo, en Justicia
universal. Cuando haces un procedimiento por una persona que ha sido masacrada
por alguien del régimen de Assad, hay gente sin experiencia internacional que
dice: no perdamos el tiempo porque las investigaciones nacionales están
necesitadas de tiempo. ¡Qué tendrá que ver una cosa con la otra! Hay gente que
no tiene empatía con crímenes contra la Humanidad que son más graves que la
muerte. En la Sala de Apelaciones intentaré aportar mi experiencia.
¿Cuándo prevé dejar su puesto?
Está previsto en junio. A ver si entonces tengo la suerte de ganar el concurso y
me voy a otra cosa.
¿Volvería a la política tras su etapa en la Generalitat Valenciana?
¿Para qué? Además, en Valencia lo que hice fue gestión. Yo me dediqué a
construir infraestructuras judiciales y a informatizar. Cuando llegué usaban
máquina de escribir. Cuando me marché, los 300 juzgados usaban ordenadores.
¿Animaría a un compañero a sustituirle? Parece que su juzgado está desbordado...
Yo animaría a evitar juzgados desbordados. Mi trabajo es apasionante. Siempre
hay temas graves. Ahora hay uno que parece grave y dentro de poco habrá otro.
¿Con los medios que tiene puede hacer bien su trabajo?
No, así no puedo hacer bien mi trabajo. Me gustaría tener tiempo, porque cada
ciudadano, cada víctima merece mucho más tiempo del que yo puedo dedicar.
¿Qué le parece la propuesta de que sean los fiscales los instructores?
Soy contrario. Estoy a favor del juez instructor. Los fiscales son estupendos
profesionales y en el 99% de los casos harían la instrucción igual que los
jueces, pero hay un 1% de ellos que puede recibir instrucciones de sus
superiores. Y yo no, porque no tengo superior. Me siento más independiente que
los fiscales, también en esos casos en los que el fiscal general, que es elegido
por el Gobierno, puede dar un instrucción.
¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las
tarjetas black...
Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un
consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían
beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro
sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación... Los jueces tenemos que
interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no
perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta
2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por
ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron
al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que
en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que
responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que
interpretar las leyes conforme al contexto actual.
¿Y si se equivocan?
No pasa nada. Hay segunda instancia, hay casación y no hay asunto que no pase
por ocho jueces.
¿Es más difícil actuar contra una gran empresa?
Instruir esos casos es complejo. Recuerdo que llevé una trama de información
privilegiada de un banco muy importante y me enseñaron un organigrama que no
tenía tiempo de entender. No tengo tiempo para entender como funciona un banco
pero me tengo que enterar.
¿Cómo solucionarlo?
Hay que especializarse. Los jueces deben tener un equipo de asesores, auditores
o contables que nos sepan explicar estos fenómenos.
¿Cómo están trabajando la Udef y la UCO?
Muy bien. Las condenas que empiezan a asomar son gracias a ellos. Son policías
sin pistola que estudian desfalcos o desvíos de dinero. Hacen una labor muy
buena.
Volviendo a su libro, ¿se dotan las grandes empresas de planes de prevención de
delitos?
En las grandes empresas sí, pero no con un solo modelo. Yo tengo unas 80
personas jurídicas investigadas en mi juzgado y veo planes de prevención
diferentes. No se ha profundizado en delitos impropios como la trata de
personas, el tráfico de drogas, la prostitución, la pornografía infantil...
Creen que nunca los van a cometer, pero en el mundo real ocurren esas cosas.
Pienso que, o tienen un plan correcto, o como lo tengan débil van a tener
problemas.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html
BÁRCENAS Y LAPUERTA PAGARON A UN DETECTIVE POR LA PISTA QUE ARRANCÓ LA
INVESTIGACIÓN CONTRA GONZÁLEZ
Guerra de bandas en el PP: así llegó a la Guardia Civil la pista clave en la
operación contra el expresidente de Madrid
Este es el papel clave. Una página redactada hace al menos ocho años y que es
fundamental para entender por qué Ignacio González duerme hoy entre rejas. Fue
comprado a un detective privado por varios de los enemigos políticos de Ignacio
González, por los tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, entre otros.
Pagaron por este documento 38.000 euros. Era una información incompleta e
inexacta, pero los datos que hay en este folio son los que permitieron a la
Guardia Civil y a la Audiencia Nacional iniciar la operación Lezo: la
investigación de una de las mayores tramas corruptas de la historia española.
A mediados de 2009, un detective privado contactó con los tesoreros del PP.
Vendía dos informaciones nada baratas: el número de la cuenta corriente en Suiza
de Ignacio González y también el cheque de una supuesta comisión de 1,4 millones
de euros que la constructora OHL había pagado a González a cambio de la
adjudicación del tren de Nalvacarnero.
Según la versión que contó el detective a Bárcenas y Lapuerta, el dueño de OHL,
Juan Miguel Villar Mir, había pagado esa mordida a regañadientes, a través de un
cheque. Y como consideraba que ese pago era una extorsión injusta –el proyecto
de aquel cercanías fue un fiasco que nunca se completó–, Villar Mir había
ordenado rastrear el destino de ese dinero por medio de una agencia de
detectives. Gracias al cheque envenenado, esos detectives habían localizado el
supuesto número de cuenta en el Anglo Irish Bank donde Ignacio González escondía
su botín.
El momento en el que los tesoreros se pusieron en contacto con ese detective no
era casual. En 2009, con la explosión del caso Gürtel, también había estallado
una guerra entre dos bandas enfrentadas en el PP, dos grupos de recaudadores
rivales: los de Génova contra los del partido en Madrid. Álvaro Lapuerta, el
tesorero nacional, había tenido ya enfrentamientos muy serios contra el PP de
Esperanza Aguirre, contra Ignacio González y Francisco Granados, a los que
tachaba de corruptos.
Las primeras escaramuzas entre ambos bandos se habían iniciado mucho antes, en
noviembre de 2004, al año de que Esperanza Aguirre llegara al poder en Madrid.
Unos constructores donantes de la caja B del partido se habían quejado de que
desde el PP de Madrid les pedían una comisión. En una reunión en Génova 13, con
Rajoy y Bárcenas de testigo, Lapuerta había avisado a Aguirre de que su delfín,
Ignacio González, estaba pidiendo una mordida por la adjudicación de una enorme
parcela en Arganda del Rey a la constructora Martinsa, un pelotazo millonario
que fue la mayor operación urbanística en la que también participó Francisco
Correa.
La acusación de Lapuerta y Bárcenas contra Ignacio González provocó un fuego
cruzado entre los dos bandos que en 2009, con los primeros autos de la Gürtel,
había ido a mucho más. Los tesoreros del PP responsabilizaban al entonces
vicepresidente de Madrid de varias informaciones contra ellos que había
publicado el diario El Mundo, que desveló unas supuestas comisiones con
contratos de seguridad en Madrid. Así que decidieron pasar al contraataque, y
pagar al detective por las supuestas pruebas de la corrupción de Ignacio
González.
El detective pedía mucho dinero por el primer documento –el número de cuenta y
los datos del entramado panameño tras el que se ocultaba Ignacio González– y aún
más por una copia del cheque en cuestión. Lapuerta y Bárcenas, entre otros, le
dieron 38.000 euros por el primer papel, pero no quisieron pagar los 75.000
euros que pedía el detective por la segunda entrega, por la fotocopia del
cheque.
Con ese papel en la mano, Álvaro Lapuerta se reunió con el dueño de OHL, Juan
Miguel Villar Mir, y le preguntó por esa mordida de 1,4 millones que reflejaba
ese papel, pero el dueño de OHL negó toda la información. También se lo contó al
propio Mariano Rajoy e incluso hizo intentos para llevar el documento a a
Fiscalía, que no fructificaron.
La investigación de la Guardia Civil
Bárcenas y Lapuerta, frustrados por no lograr arrancar el caso, lo dejaron
estar. Ambos estaban por entonces ya más preocupados por su futuro penal que por
denunciar a Ignacio González. Pero años después, el documento acabó llegando a
través de varias fuentes a la Guardia Civil.
Un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, consiguió
hacerse con el papel el 16 de mayo de 2015. Poco después otras dos fuentes
distintas aportaron la misma documentación a la investigación. Y en septiembre
de 2015, otra fuente más corroboró el origen de esa documentación: la compra por
parte de Lapuerta y Bárcenas de la información.
La UCO descubrió que el papel tenía datos buenos –la estructura societaria en
Panamá– pero una falsedad fundamental: el número de cuenta no era el correcto.
La Guardia Civil sí logró descubrir después cuál era el auténtico, que hoy está
pendiente de una petición de información. Otra fuente pudo aportar la cuenta con
la numeración real.
Ese error en el número de cuenta ¿fue una trampa tendida por la gente de
González a sus enemigos del PP en Génova? ¿Fue un fallo de los detectives
privados que elaboraron ese dossier? Aún es un misterio. Pero lo cierto es que
ese papel, a pesar de este error, fue clave en el arranque de la Operación Lezo,
una investigación judicial a la que después se sumó la denuncia que en junio de
2016 presentó la actual dirección del Canal de Isabel II, controlada por
Cristina Cifuentes.
A través de otra fuente –el exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, que llegó a
certificarlo ante un notario, según publica El Español–, el documento circuló
durante 2016 por varios medios más, y también por el PP. Lo vio Carlos Floriano,
José Carlos Vera, Esperanza Aguirre, Salvador Victoria... El propio Ignacio
González negó a El Mundo su autenticidad, según ha contado ese periódico.
Esperanza Aguirre presumía de “haber destapado el caso Gürtel”. Irónicamente,
fueron Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas quienes destaparon el caso Lezo; la
consecuencia de una guerra por las comisiones y donaciones que cobraba el
partido entre dos bandos enfrentados del PP.
http://m.eldiario.es/escolar/Barcenas-Lapuerta-investigacion-Ignacio-Gonzalez_6_635596476.html
LA ACUSACIÓN QUE HA SENTADO A RAJOY COMO TESTIGO EN GÜRTEL SE PERSONA CONTRA
IGNACIO GONZÁLEZ
ADADE ha pedido al juez Eloy Velasco personarse como acusación popular en la
causa sobre las irregularidades del Canal de Isabel II
El juez tomará este viernes declaración a Ignacio González antes de decidir si
le envía a prisión o le deja en libertad con medidas cautelares
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha pedido al juez Eloy
Velasco, que dirige la investigación de la Operación Lezo, personarse como
acusación popular en la causa. El magistrado tendrá que decidir si acepta la
personación de la asociación que ha conseguido que el tribunal de Gürtel llame a
declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras dos
intentos fallidos.
Los letrados ya han enviado un escrito al magistrado de la Audiencia Nacional,
que tendrá que consultar a las partes antes de tomar una decisión sobre si
acepta su personación en la causa. Puede decidirlo ahora o esperar a que se
levante el secreto de sumario de una pieza que se mantiene secreta, y en la que
hoy se tomará declaración a Ignacio González, detenido el pasado miércoles.
Si acepta su personación, Velasco deberá fijar el importe de la fianza que les
impone para ser parte en este caso. ADADE tiene que justificar su presencia en
este caso, como han hecho con su petición de sentar a Rajoy en la silla de los
testigos del juicio de Gürtel.
En el escrito que enviaron a la sala, la asociación dejaba claro que sus
estatutos recogen que su objetivo es "la búsqueda del cumplimiento del Estado de
Derecho", así como "la búsqueda y sanción de comportamientos ilícitos".
Antes de decidir si acepta su personación, Velasco tomará declaración este
jueves a los detenidos en la Operación Lezo. Esta mañana se sentarán ante el
juez Ignacio González, en los calabozos de la Guardia Civil desde hace dos días,
y Edmundo Rodríguez Sobrino, exresponsable de Inassa.
El juez preguntará a González por su papel en lo que los investigadores definen
como "una organización criminal". También le pedirá explicaciones sobre el
presunto cobro de una comisión a OHL, por la que esta noche ha sido detenido el
empresario Javier López Madrid. Tras su declaración, el juez decidirá si le
envía a prisión o le deja libre con medidas cautelares.
Velasco tomó declaración anoche a dos de los detenidos, a los que decidió enviar
a prisión bajo fianza a última hora del día. María Fernanda Richmond, antigua
responsable de las finanzas del Canal, tendrá que pagar cuatro millones de
euros, mientras que Adrián Martín, exdirector general de la empresa pública,
tiene impuesta una fianza de 100.000 euros.
Ambos están implicados en la compra por parte del Canal de una empresa brasileña
de ingeniería y construcciones, Emissao. Esa adquisición se hizo a través de
sociedades panameñas y uruguayas, y se abonó una cantidad muy superior al precio
real de la empresa.
http://m.eldiario.es/politica/acusacion-Rajoy-Gurtel-Ignacio-Gonzalez_0_635536544.html
PODEMOS Y PSOE SE PERSONAN COMO ACUSACIÓN POPULAR EN LA TRAMA DE IGNACIO
GONZÁLEZ
Los socialistas también piden el cese inmediato del fiscal jefe Anticorrupción
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a su llegada a la
Audiencia Nacional, en el coche policial en el que ha sido trasladado desde la
Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, para declarar en la operación
Lezo que investiga
Podemos y el PSOE se han personado esta mañana como acusación popular en el
sumario abierto en la Audiencia Nacional de la operación Lezo, que investiga una
trama de corrupción liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González, según apuntan las investigaciones.
También ha solicitado su personación como acusación popular la Asociación de
Abogados Demócratas por Europa (ADADE). El abogado Juan de Justo Rodríguez
presentó en nombre de ADADE (asociación presente en otros casos como la trama
Gürtel o el caso Púnica) dicho escrito el pasado miércoles por la tarde, a la
espera aún de conocer si el juez instructor acepta esta petición.
La asociación se habría adelantado así a Podemos y PSOE en solicitar el
ejercicio de la acción popular. Si se confirma, se encargaría de la dirección
letrada de esta acusación.
La acusación popular es una figura que permite a toda persona personarse en una
causa donde haya interés público, como es la extracción de dinero de la empresa
de aguas de la Comunidad de Madrid desde la que, al parecer, la red de González
habría desplegado una estrategia para apropiarse del dinero y esconderlo en
países opacos.
La decisión del PSOE de personarse ha sido tomada por la actual Gestora del
partido y esta misma mañana se ha presentado el escrito ante el juzgado, según
ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando
Hernando afirmó que el PSOE explicó que el motivo de esta personación es que el
PSOE considera que el caso afecta a los intereses de todos los madrileños, así
como a las empresas públicas implicadas.
Además, el portavoz socialista anunció que su partido hará una petición al
fiscal general del Estado para que abra un expediente disciplinario al fiscal
jefe anticorrupción, Manuel Moix, y sea cesado de forma inmediata.
http://m.publico.es/politica/1996942/el-psoe-se-persona-como-acusacion-popular-en-el-caso-lezo
CIFUENTES SE DESVINCULA EN TWITTER DE LA CORRUPCIÓN EN TORNO AL CANAL DE ISABEL
II
La líder del Partido Popular de Madrid ha acusado a Ciudadanos de incoherencia,
argumentando que "no se puede desacreditar con mentiras al partido al que se
sostiene mediante un pacto".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha querido
desmarcarse de cualquier tipo de vínculo con los casos de corrupción en torno al
Canal de Isabel II, después de que Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la
asamblea de Madrid, anunciase una petición de comparecencia de la presidenta en
la comisión de investigación sobre corrupción política.
Cifuentes ha contestado a Aguado a través de Twitter acusándole de mentir y
argumentando que "jamás he tenido que ver con operaciones internacionales del
Canal de Isabel II".
"Mi pertenencia al Consejo en representación del Estado, era exclusivamente en
mi condición de delegada del Gobierno en Madrid" ha justificado la líder del PP
madrileño en un segundo twitt.
Cifuentes no ha terminado ahí, y ha querido explicar en otros cuatro twitts que
"jamás" participó "en ningún tipo de decisión respecto a las operaciones que
están siendo investigadas" excusándose además, en que "la operación de Emissao
se hizo a espaldas del Consejo de Administración del Canal".
"En política no vale todo, y menos aún arremeter contra quién denuncia hechos
presuntamente delictivos" ha dicho Cristina Cifuentes, en clara alusión al
portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid,
Ignacio Aguado.
Además, ha acusado a Ciudadanos de incoherencia argumentando que "no se puede
desacreditar con mentiras al partido al que se sostiene mediante un pacto".
http://m.publico.es/espana/1997092/cifuentes-se-desvincula-en-twitter-de-la-corrupcion-en-torno-al-canal-de-isabel-ii
LA 'OPERACIÓN LEZO' DISPARA EL MALESTAR ENTRE LOS FISCALES POR EL DETERIORO EN
ANTICORRUPCIÓN DESDE EL NOMBRAMIENTO DE MOIX
El fiscal general del Estado convoca este lunes a todos los fiscales de
Anticorrupción después de que Manuel Moix viera frenada su intención de impedir
un registro previsto en la Operación Lezo
Distintas fuentes de la Fiscalía consideran alarmante que en el verano de 2016
Ignacio González ya barajara el nombre de Moix como fiscal jefe de
Anticorrupción, antes incluso de que fuera nombrado Maza
El 25 de noviembre pasado el Consejo de Ministros del Gobierno presidido por
Mariano Rajoy nombró al hasta entonces magistrado del Tribunal Supremo José
Manuel Maza fiscal general del Estado. Y desde entonces el Ministerio Público ha
entrado en una espiral de polémicas que han puesto en duda el papel de una
institución clave a la que el Ejecutivo del PP pretende responsabilizar además
de la instrucción de las investigaciones, desplazando a los jueces.
Con el nombramiento del magistrado conservador, su antecesora, Consuelo
Madrigal, también conservadora, perdía de forma definitiva la batalla de los
nombramientos de los puestos clave de la Fiscalía en el Estado. La sucesora de
Eduardo Torres Dulce, que dimitió en diciembre de 2014, había chocado de forma
directa con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la elección de los
futuros responsables de la Fiscalía Anticorrupción y de la fiscalía de la
Audiencia Nacional.
Mientras Madrigal apostaba por Alejandro Luzón, el fiscal que ha logrado la
condena de Rodrigo Rato y Miguel Blesa por las tarjetas black, el ministro puso
sobre la mesa el nombre de Manuel Moix, que no pertenecía a la Fiscalía
Anticorrupción que ha acabado dirigiendo. En la Audiencia Nacional también había
discrepancias. Madrigal apostaba por la permanencia de Javier Zaragoza, un
nombre que al ministro no le convencía, por lo que al final se optó por Jesús
Alonso, el número dos de Zaragoza.
El malestar en la carrera fiscal sobre los nombramientos se muestra en un hecho
excepcional: los dos fiscales natos del Consejo Fiscal, que son el teniente
fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el jefe de la Inspección de la
Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena, y que de forma general apoyan las
decisiones del fiscal general del Estado, se opusieron en esta ocasión a los
deseos de elegir a Moix.
Rechazo interno
Tanto Navajas, considerado el número uno de la carrera puesto que el actual
fiscal general no procede de la misma sino de la magistratura, como Cartagena no
sólo votaron por la continuidad de Zaragoza en la Audiencia Nacional sino que
también rechazaron el relevo del ex fiscal superior de la Región de Murcia
Manuel López Bernal, que había comunicado al anterior fiscal de Anticorrupción,
Antonio Salinas, que su departamento había sido objeto de varios ataques, como
por ejemplo robos de ordenadores y entradas en sus viviendas.
Ahora, gracias a la Operación Lezo, se ha conocido además que el verano pasado
la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y el exministro y
expresidente valenciano Eduardo Zaplana incluida en el sumario de la operación.
Según la transcripción de la grabación, González se refiere al nombramiento de
Moix como una buena noticia, ya que es una persona próxima al PP y asegura que
les iría mejor si era el elegido, según fuentes conocedoras de la charla
recogidas por la Cadena Ser.
¿Conocía Ignacio González la intención del Gobierno del PP de nombrar a Moix
como máximo responsable de la lucha contra la corrupción? Distintas fuentes de
la Fiscalía llaman la atención sobre la cronología de los hechos, y sobre la
relevancia de que en verano de 2016 González ya barajara el nombre de Moix antes
incluso de que fuera nombrado José Manuel Maza.
En febrero pasado, el fiscal general del Estado acabó designando a Moix, tal y
como había barajado González. En vísperas del nombramiento, integrantes de la
Unión Progresista de Fiscales advirtieron a Maza de que circulaba un insistente
rumor sobre una investigación de la Audiencia Nacional en la que aparecía el
nombre de Moix en conversaciones grabadas a políticos que lo situaban como
alguien favorable a los intereses del PP. A pesar de esa advertencia, el nuevo
fiscal general eligió a Moix para el puesto sin tan siquiera motivar su decisión
por escrito, algo que ha irritado a amplios sectores de la carrera fiscal que
expresan su alarma ante el probable deterioro de la credibilidad de esta
institución judicial.
Destitución del fiscal de Murcia
Estos nombramientos, y la destitución del hasta ese momento fiscal jefe de
Murcia, Manuel López Bernal, alma mater de la acusación contra el ya
expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio, se unieron al
primer gran episodio conflictivo, y que ha marcado de forma clara y directa la
actuación del fiscal general del Estado: la decisión de que la Fiscalía
Anticorrrupción no acusara al mencionado Pedro Antonio Sánchez en el otro caso
de corrupción que tiene abierto, que es la pieza separada murciana de la trama
Púnica.
Esta orden de Maza chocó de manera frontal con las conclusiones de las fiscales
que, durante más de dos años, habían estado investigando el caso: Carmen García
y Teresa Gálvez. Estas dos funcionarias involucraban a Sánchez en un "plan
criminal" y pedían su imputación, pero Maza ordenó no acusar al presidente de
Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por la teniente fiscal de
Anticorrupción Belén Suárez pero no por las dos fiscales mencionadas, que fueron
desautorizadas.
En la polémica irrumpió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en una
entrevista en la Cadena Ser en la que se le preguntó por el motivo por el que el
expresidente murciano había tenido acceso a información confidencial sobre la
decisión de Anticorrupción de no acusarle, cargó contra las fiscales. El
ministro de Justicia consideró "anómalo" que las fiscales del caso Púnica se
hubieran negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que
pedía que no se investigara a Sánchez: "Quizá quien tiene el problema son las
fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", apostilló Catalá en la
entrevista radiofónica.
Aforado en Murcia
Pedro Antonio Sánchez, como diputado del PP en la Asamblea Regional murciana,
está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de esta Comunidad (TSJM). Por eso el juez que instruye en la Audiencia Nacional
la rama murciana de la Púnica, Eloy Velasco, no puede acusar de forma directa a
Pedro Antonio Sánchez.
Y eso le obligó a elevar una exposición razonada dirigida al TSJ murciano, cuyo
ponente es el magistrado Julián Pérez-Templado, que es el instructor del también
denominado caso Auditorio, y que recientemente fue fotografiado a la salida de
una comida con uno de los principales imputados de la Púnica murciana, el
exdiputado y exconsejero Juan Carlos Ruiz.
Sin embargo, la polémica sobre los casos de Murcia no acaba. Según ha adelantado
infoLibre, Moix ha decidido marginar al fiscal delegado de Anticorrupción en la
Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, que no se encargará de la acusación en la
pieza de la Púnica que analizan los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia (TSJM).
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. El fiscal general del Estado,
José Manuel Maza.
Los planes de Moix en Murcia se conocen justo un día después de que Maza
confirmara el relevo de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, encargados
del caso del 3% de Cataluña, por los delegados de Anticorrupción en Cataluña
Teresa Duarto y Fernando Maldonado por "razones operativas y prácticas".
Una nota oficial de la Fiscalía General explicaba que la sustitución
correspondería a la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción de que los fiscales
delegados asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan
ocuparse de los asuntos de Madrid. Una estrategia que no se mantiene con los
citados planes de Moix en Murcia sobre el delegado de Anticorrupción, Juan Pablo
Lozano, al que apartará de la acusación contra Pedro Antonio Sánchez.
La complejidad del caso del 3% y el momento elegido para el cambio de fiscales,
poco antes de que previsiblemente volvieran a reclamar la imputación del
exconsejero de Justicia Germà Gordó, parece quitar la razón a Maza, que encarga
las pesquisas a los fiscales delegados, obligados a comenzar desde cero, lo que
sin duda supondrá un parón en el caso.
Enfrentamiento en Anticorrupción
Pero en medio de este panorama de descomposición, la Operación Lezo ha supuesto,
de forma clara, el principal revés de Maza y de Manuel Moix en estos cinco meses
de polémicas. Este último, con el apoyo de su jefe, se opuso a que la Guardia
Civil registrara las dependencias del Canal de Isabel II donde se encuentran los
documentos de Inassa, la filial que centra la investigación de la trama liderada
por Ignacio González, y cuya sede se localiza en Colombia.
Según fuentes de la investigación, Moix se opuso a ese registro al considerar
que esta operación debería ser tratada como un caso de corrupción diferenciado a
la Operación Lezo. Esta decisión habría significado que la compra ruinosa de
esta empresa brasileña Emissão Engenharia e Construção habría sido investigada
por un juez distinto, pero sobre todo por otros fiscales.
El rechazo de Moix a autorizar el registro provocó una reacción en bloque de los
fiscales de Anticorrupción, que en una actuación sin precedentes invocaron al
artículo 27 del Estatuto fiscal para convocar una reunión en la que todos los
fiscales del departamento lograron que el fiscal jefe diera marcha atrás a su
intento de trocear la causa.
Manuel Moix junto a Esperanza Aguirre en una imagen tomada en 2008. Manuel Moix
junto a Esperanza Aguirre en una imagen tomada en 2008.
Fuentes fiscales no entienden el empeño de Moix en diferenciar la compra de esta
firma brasileña del resto de la instrucción, ya que la acumulación de todas
ellas había recibido previamente el apoyo expreso de la Sección Cuarta de la
Sala de lo Penal. Además, las citadas fuentes llegan a calificar esta rebelión
como "un hecho excepcional y de extrema gravedad", según explican a infoLibre,
pues argumentan que los funcionarios pusieron entre la espada y la pared a Moix.
Fuentes jurídicas llegan incluso a asegurar que si Moix se hubiera empeñado en
impedir el registro podría haberse enfrentado a una acusación de prevaricación.
Maza, que durante su comparecencia en el Congreso expresó la necesidad de que el
Ministerio Fiscal preste especial atención a la lucha contra la corrupción, ha
logrado en cinco meses soliviantar al departamento más implicado en esa tarea,
la Fiscalía Anticorrupción, e incluso a ser acusado internamente de querer tapar
la corrupción del PP. Según ha podido saber este periódico, desde la Fiscalía
General se intenta a toda costa averiguar de dónde salió la "filtración" acerca
de la reunión forzada por la invocación del artículo 27 del Estatuto.
Ante este evidente malestar, sobre todo de los integrantes de la Fiscalía
Anticorrupción, Maza ha convocado a todos los fiscales de este departamento para
una reunión que previsiblemente se celebrará este lunes por la mañana en la sede
central de este departamento.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/22/crisis_seno_fiscalia_64154_1012.html
LAS
CUATRO OPERACIONES QUE LLEVAN A IGNACIO GONZÁLEZ A PRISIÓN
El juez Eloy Velasco acordó en la noche de este viernes prisión incondicional
comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y
para el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino
El juez investiga si González habría pedido a ICM un millón para sanear las
cuentas del PP de Madrid; el cobro de una comisión a OHL de 1,4 millones por
unas obras del tren en Navalcarnero; irregularidades en la adjudicación del
campo de golf en Chamberí y la compra de Emissao
En el caso del consejero de OHL, Javier López Madrid, y del exdirector de
Informática de la Comunidad de Madrid, Jose Martínez Nicolás, el juez resolvió
su libertad bajo fianza de 100.000 euros
El juez Eloy Velasco acordó en la noche de este viernes prisión incondicional
comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y
para el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino. Para Pablo González y
Juan José Caballero, hermano y cuñado del expresidente, el juez acordó prision
eludible bajo fianzas de 4 millones y de 100.000 euros, respectivamente.
En el caso del consejero de OHL, Javier López Madrid, y del exdirector de la
Agencia de Informática y Comunicación (ICM) José Martínez Nicolás, el juez
resolvió la libertad que se convertirá en prisión si no depositan 100.000 euros
antes de las 12 horas del 28 de abril. En su auto el juez insistirá en que
investiga delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación,
prevaricación, malversación y fraude.
La Fiscalía había pedido prisión incondicional para Ignacio González y José
Martínez Nicolás y una fianza de un millón de euros para Javier López Madrid. El
expresidente de la Comunidad de Madrid ha prestado declaración ante el
magistrado instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco durante dos horas y
45 minutos. González lo ha negado todo y ha escuchado las grabaciones
telefónicas de las que fue objeto en el curso de la investigación. En ellas
aparece González de interlocutor y algunas de las preguntas que le han hecho han
versado sobre por qué no denunció ciertas irregularidades a su llegada al Canal
de Isabel II, del que fue presidente de 2003 a 2012. El que es considerado por
la investigación presunto cabecilla de la trama ha afirmado que siempre ha
actuado en el plano de la legalidad, según fuentes de la acusación. El
exmandatario regional fue trasladado a la cárcel de Soto del Real.
El expresidente de la Comunidad de Madrid habría desviado de la Agencia de
Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un
millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid, según el juez Eloy
Velasco. Fuentes jurídicas citadas por Europa Press han señalado que entre los
indicios delictivos que el juez atribuye al expresidente madrileño también está
el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL que habría
sido autorizada por el consejero de la constructora Javier López Madrid. El pago
de dicha comisión se habría llevado a cabo a través de un banco con sede en
Suiza.
El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO y
aportadas al sumario, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los
municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. La información sobre este
abono tendría su origen en los requerimientos que la Guardia Civil realizó este
jueves en la sede de OHL y de otras empresas como Indra, Saerco, Licuas y PwC,
en este último caso por los proyectos de la agencia pública ICM.
Se da la circunstancia de que la ICM es una de las empresas públicas implicadas
en el caso Púnica por su mediación en los trabajos encargados al presunto
conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, para realizar trabajos de
reputación online en beneficio de otros dirigentes del PP de Madrid.
La Operación Lezo se inició el miércoles a primera hora con la detención de
Ignacio González y de su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero. La
investigación judicial señala a los dos últimos por su posición destacada dentro
de un entramado al que se le atribuye, entre otros, el delito de organización
criminal. Ambos han sido enviados este viernes a prisión. Concretamente, Pablo
González y José Juan Caballero están acusados de ser los promotores de la
construcción del campo de golf en Chamberí, en el centro de Madrid, tras una
polémica venta de suelo hasta entonces propiedad del Canal de Isabel II. En esta
operación también habría participado el expresidente madrileño, según los
indicios que obran en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de
Instrucción número 6.
Según la investigación judicial, Pablo González y José Juan Caballero crearon
empresas ad hoc primero para la construcción y, posteriormente, para la
explotación y mantenimiento, de un campo de golf en Chamberí sujeto a una fuerte
controversia, ya que contó con el rechazo de algunas plataformas vecinales y de
partidos de la oposición que cuestionaban el procedimiento y utilidad de este
tipo de instalación. Además, Velasco relaciona a González con La compra en 2013
por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de
la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes. La operación supuso,
según el juez, el desvío de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) del
patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en
paraísos fiscales" mediante un mecanismo de "premeditada sobrevaloración del
precio de compra de las participaciones".
El instructor del caso Lezo atribuye además al expresidente madrileño del PP
responsabilidad en facturaciones ficticias y manejo habitual de dinero en
efectivo, según las mismas fuentes.
Las dos 'manos 'de Aguirre, en prisión
Ignacio González es el segundo hombre fuerte de la expresidenta autonómica y
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha entrado
en prisión acusado de formar parte de una trama de corrupción, después de que
Francisco Granados lo hiciera en octubre de 2014, en el marco de la trama
Púnica.
Por su parte, López Madrid –condenado a medio año de cárcel por el caso de las
tarjetas black– ha declarado "efusivamente" ante el juez durante poco más de una
hora. Anticorrupción solicitaba para el yerno de Juan Miguel Villar Mir cárcel
eludible bajo fianza de un millón de euros por autorizar supuestamente el pago
de una comisión por valor de 1,4 millones de euros al expresidente regional.
La defensa de González hasta este viernes ha sido ejercida por el letrado
Gonzalo Rodríguez Morurullo, que acompañó a su cliente durante los registros en
su despacho y su domicilio. No obstante, en las últimas horas el exmandatario ha
cambiado de abogado y durante la declaración está siendo asistido por Esteban
Mestre.
Velasco decretó en la noche del jueves el ingreso en prisión provisional
eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora
financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros
para el exgerente Adrián Martín –que ya ha prestado aval– y que fueron los
primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por
presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.
Les imputa presuntos delitos de pertenencia en organización criminal –un
