CASO LEZO
CASO LEZO
LAS NOTICIAS
EL JUEZ DE 'LEZO' RECLAMÓ A LA COMUNIDAD EL "EXPEDIENTE COMPLETO" DEL CAMPO DE
GOLF Y SE INVESTIGA SI AGUIRRE PREVARICÓ
ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ INVESTIGAR A GALLARDÓN POR “DEPREDAR” EL DINERO DE MADRID
GALLARDÓN, A LAS PUERTAS DE SER IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'
LA UCO PIDIÓ INTERVENIR EL 'MAIL' DE GALLARDÓN DÍAS ANTES DE QUE ESTALLARA LEZO
ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE
INASSA" POR EL CANAL
LA BÚSQUEDA DEL SUPUESTO PAGO EN SUIZA A IGNACIO GONZÁLEZ ABRE UNA LÍNEA DE
CONEXIÓN ENTRE 'LEZO' Y 'GÜRTEL'
EL JUEZ QUE INVESTIGA A IGNACIO GONZÁLEZ PIDE INFORMACIÓN DE UN PAGO DE 50.000
EUROS A BÁRCENAS
EL
SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA, CAZADO CON IGNACIO GONZÁLEZ
LA UCO CONCLUYE QUE INDRA DESVIÓ 600.000 EUROS PÚBLICOS AL PP CON EMPRESAS
PANTALLA
VILLAR MIR, INVESTIGADO POR EL SUPUESTO SOBORNO A IGNACIO GONZÁLEZ EN EL 'CASO
LEZO', SE OFRECE A COOPERAR
EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA LOS SOBORNOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ EN FALSO SERVICIOS JURÍDICOS A UNA VIUDA AMIGA
CIFUENTES DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE GONZÁLEZ, SIN NOMBRARLE
EL PADRE DE IGNACIO GONZÁLEZ Y LA HIJA DE EDMUNDO RODRÍGUEZ, LOS PRIMEROS DE LOS
51 INVESTIGADOS EN DECLARAR
DOBLE VARA DE MEDIR DE CIFUENTES: ABOGADOS PRIVADOS PARA LEZO Y LA PÚNICA, LA
DEJA EN CASA
EL JUEZ DE LEZO ESCUCHARÁ AL TESTIGO CLAVE DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
DE MADRID
UN EMPRESARIO AMIGO DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ 139 MILLONES AL CANAL
EL 'NÚMERO DOS' DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA AL JUEZ EL COBRO DE COMISIONES EN
SUIZA
TRASLADAN A IGNACIO GONZÁLEZ AL MÓDULO DE LOS UNIVERSITARIOS
VILLAR MIR ESTRENARÁ LA TEMPORADA DE LEZO: EL JUEZ RECHAZA SU RECURSO
LA AUDIENCIA NACIONAL MANTIENE EN UNA "NECESARIA" PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ
EL JUEZ ANDREU ACEPTA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID SEA ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL
'CASO LEZO'
MALAS NOTICIAS PARA CIFUENTES Y EL PP DE MADRID. CARMENA ESTARÁ PERSONADA EN LA
LEZO
REGISTRAN LA CAJA FUERTE DE UN CARGO DE AZNAR SOSPECHOSO DE OCULTAR FONDOS DE
GONZÁLEZ
EL CANAL
BUSCA ABOGADOS PRIVADOS PARA SU DEFENSA EN 'LEZO'
LOS CINCO MOTIVOS QUE MANTIENEN A IGNACIO GONZÁLEZ EN PRISIÓN INCONDICIONAL
LESMES IMPONE AL JUEZ DE REFUERZO DE LEZO Y EVITA QUE INVESTIGUE EL MAGISTRADO
QUE AUTORIZÓ LAS ESCUCHAS A LA TRAMA
EL JUEZ MANTIENE LA PRISIÓN INCONDICIONAL PARA IGNACIO GONZÁLEZ
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SEPARA A IGNACIO GONZÁLEZ Y EDMUNDO RODRÍGUEZ
SOBRINO POR DECISIÓN DEL JUEZ DEL 'CASO LEZO'
GONZÁLEZ SE EXPLICA ANTE EL JUEZ PERO NO SOLICITA TODAVÍA SU LIBERTAD
PABLO GONZÁLEZ SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR LA FIANZA DE 200.000 EUROS
LA EX DIRECTORA FINANCIERA DEL CANAL SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR UNA FIANZA DE
100.000 EUROS
EL NÚMERO 2 DE LA TRAMA LEZO EVITA IMPLICAR A IGNACIO GONZÁLEZ
EL HERMANO DE GONZÁLEZ, IMPUTADO A LA PAR POR CORRUPCIÓN EN DOS JUZGADOS DE LA
AUDIENCIA NACIONAL
UN JUZGADO PIDE LA GRABACIÓN DEL CHIVATAZO A LA 'TRAMA LEZO' DE LA "MAGISTRADA
AMIGA"
CANAL DE ISABEL II: EL JUEZ DICE QUE LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE PANAMÁ FUE
“FRAUDULENTA”
VILLAR MIR NIEGA PAGOS A GONZÁLEZ POR EL TREN DE NAVALCARNERO: "FUE RUINOSO PARA
OHL"
LEZO: EL SUMARIO QUE DESNUDÓ LA POLÍTICA MADRILEÑA, LAS MANIOBRAS DEL PP EN LA
JUSTICIA Y A EJECUTIVOS DE LA PRENSA
EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “PAPÁ, CUANTO MÁS DISCRETO SE SEA... MEJOR”
EL NUEVO JUEZ DE LEZO Y PÚNICA PIDE AYUDA PARA EVITAR QUE COLAPSE EL JUZGADO
LA GUARDIA CIVIL REGISTRÓ UNA CITA ENTRE IGNACIO GONZÁLEZ Y GALLARDÓN TRAS LOS
PRIMEROS ESCÁNDALOS DEL CANAL
EL FISCAL VE 66 MILLONES DE "PLUSVALÍAS ILÍCITAS" EN EL PELOTAZO DEL CANAL EN LA
ERA GALLARDÓN
HACIENDA CORROBORA LOS INDICIOS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA OPERACIÓN LEZO
ARTURO FERNÁNDEZ LLAMÓ A GONZÁLEZ EL DÍA QUE DECLARÓ ANTE EL JUEZ PREOCUPADO POR
FUNDESCAM
GONZÁLEZ SE LAMENTÓ ANTE AGUIRRE DEL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES: "LA MANO DE
CRISTINITA"
ZOIDO A GONZÁLEZ: "OYE, YO ME TOMO UN CAFÉ QUE QUIERO HABLAR CONTIGO"
LOS CINCO FRENTES DE LA OPERACIÓN LEZO QUE AMENAZAN A GALLARDÓN
GONZÁLEZ OCULTÓ DESDE SU LLEGADA AL GOBIERNO UN INFORME EXCLUSIVO PARA ÉL QUE
PONÍA EN EL DISPARADERO AL EQUIPO DE GALLARDÓN
IGNACIO GONZÁLEZ SEGUIRÁ EN PRISIÓN ANTE EL RIESGO DE FUGA Y DESTRUCCIÓN DE
PRUEBAS
ACEBES, A GONZÁLEZ: CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN "NOS PUEDEN HACER PASAR UN
MAL RATO"
INVESTIGAN A LA HERMANA DIPUTADA DE GONZÁLEZ POR DAR CONTRATOS A DEDO A EMPRESAS
DE LA PÚNICA
UN JUZGADO DE MADRID INVESTIGA QUIÉN FUE LA MAGISTRADA “AMIGA DE LA CASA” QUE
DIO EL CHIVATAZO DE LEZO A MAURICIO CASALS
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS EN SUIZA DEL EX JEFE DE GABINETE DE
VILLALOBOS
LA UCO INVESTIGA A TODO EL GOBIERNO DE GALLARDÓN DE 2001: CORTÉS, COBO, CALVO...
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID "NO RECUERDA" SI PRESIDIÓ LA
EMPRESA COLOMBIANA QUE INVESTIGA EL JUEZ VELASCO
ESTOS SON LOS 52
INVESTIGADOS EN LA OPERACIÓN LEZO
LOS CABECILLAS DE LEZO SABÍAN SEIS MESES ANTES DE SU ARRESTO QUE ANTICORRUPCIÓN
CURSABA UNA COMISIÓN A SUIZA
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA LOS INGRESOS DE GALLARDÓN POR EL CASO DEL CANAL
LAS FILTRACIONES DEL
‘CASO LEZO’
ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE
INASSA" POR EL CANAL
EL CEREBRO DE LA OPERACIÓN ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
NO HUBO ERROR AL HABLAR DEL CHIVATAZO DEL SECRETARIO DE ESTADO", SEGÚN LOS
INVESTIGADORES
LA FISCAL DEL 'CASO LEZO' ACLARA QUE EN SU ESCRITO NO QUERÍA IMPUTAR NINGÚN
DELITO A NIETO POR EL 'CHIVATAZO'
INTERIOR PIDE A LA FISCALÍA QUE ACLARE SI ACUSA AL SECRETARIO DE ESTADO DEL
CHIVATAZO A IGNACIO GONZÁLEZ
NIETO COINCIDIÓ CUATRO AÑOS CON IGNACIO GONZÁLEZ EN LA DIRECCIÓN DE CASA ÁRABE
PERO SOSTIENE QUE "NUNCA" HABLARON NI SE REUNIERON
OHL ADMITE TRANSFERENCIAS DE 1,8 MILLONES DE EUROS A LA CUENTA SUIZA QUE EL JUEZ
VINCULA A IGNACIO GONZÁLEZ
IGNACIO GONZÁLEZ PIDE SALIR DE LA CÁRCEL PORQUE SU HIJA SE CASA Y NO PIENSA
FUGARSE
"TABOADA ME LO DEBE TODO": GONZÁLEZ INTENTÓ LLEGAR A LA CÚPULA DE SU ENEMIGA
CIFUENTES
LA “PRÁCTICA CRIMINAL MAFIOSA” DE IGNACIO GONZÁLEZ SA: CONTROL DE FISCALÍA,
POLICÍA Y MEDIOS
GONZÁLEZ MANIOBRÓ CON UN EXVOCAL DEL CGPJ VINCULADO AL PP PARA COLOCAR A
FISCALES AFINES
LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR
EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES
LA UCO GRABÓ A GONZÁLEZ Y A SU HERMANA DIPUTADA INTENTANDO EVITAR LA OPERACIÓN
LEZO
UN JUEZ DEL TS PIDIÓ A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE
CONTRATADA POR GONZÁLEZ
EL DENUNCIANTE DEL JUEZ VELASCO PIDE QUE SE INVESTIGUE SI HABLÓ CON SALVADOR
VICTORIA PARA COLOCAR A SU MUJER
EL CGPJ INVESTIGARÁ SI EL JUEZ VELASCO SOLICITÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO
GONZÁLEZ
DENUNCIAN ANTE EL CGPJ AL JUEZ VELASCO PARA DETERMINAR SI PIDIÓ A GONZÁLEZ QUE
COLOCARA A SU MUJER
ESPERANZA
AGUIRRE DIMITE DE TODOS SUS CARGOS PÚBLICOS
EL
PP RECIBIÓ VARIAS DENUNCIAS SOBRE GONZÁLEZ Y NO INVESTIGÓ NADA
EL PSOE Y CIUDADANOS SE UNEN PARA REPROBAR Y PEDIR EL CESE DEL FISCAL GENERAL
DEL ESTADO Y DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
COLECTIVOS Y PARTIDOS POLÍTICOS SE QUERELLAN CONTRA AGUIRRE POR ENCUBRIMIENTO EN
EL MARCO DE LA 'OPERACIÓN LEZO'
GONZÁLEZ MANIOBRÓ PARA ECHAR AL JUEZ VELASCO: “TENEMOS AL GOBIERNO, AL
MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE LE MANDEN A ESCARBAR CEBOLLINOS”
IGNACIO GONZÁLEZ SABÍA CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN QUE MOIX IBA A SER EL FISCAL
ANTICORRUPCIÓN
EL DIPUTADO QUE DESTAPÓ LA CORRUPCIÓN: "DENUNCIÉ AL PP LA CUENTA SUIZA DE
GONZÁLEZ Y AGUIRRE LO VIO UNA TRAICIÓN"
CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS
FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"
EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE
CIERREN PRONTO LOS LÍOS”
LA OPERACIÓN LEZO CONTAMINA LAS INSTITUCIONES Y ARRINCONA AL GOBIERNO
LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL
MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO
LA AUDIENCIA EVITÓ POR UN DÍA LA PRESCRIPCIÓN DE IRREGULARIDADES DE LA ETAPA
GALLARDÓN
EL JUEZ DE LA OPERACIÓN LEZO INVESTIGA A EDUARDO ZAPLANA
"EL ENCUENTRO HA SIDO MUY INTERESANTE. TE LO CONTARÉ PERO
NO POR TELÉFONO"
EL AUTO QUE ENVÍA A PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ DESTAPA UN
ESCENARIO DE SAQUEO GENERAL Y COMPLICIDADES
¿QUIÉN ES LA PERIODISTA QUE IGNACIO GONZÁLEZ ‘COLOCÓ’ EN
TVE PARA LAVAR SU IMAGEN?
LA GUARDIA CIVIL, A LA CAZA DEL CHIVATO QUE ALERTÓ A
IGNACIO GONZÁLEZ DE SU DETENCIÓN
EL AUTO QUE DESTAPA EL JUEGO SUCIO DEL PP
IGNACIO GONZÁLEZ: “LO DE 2001 SÍ QUE FUE UN PELOTAZO”
VELASCO CONCLUYE QUE GONZÁLEZ SE VALIÓ DE MAURICIO CASALS
“PARA OBTENER INFORMACIÓN SENSIBLE” DEL CASO
ELOY VELASCO, JUEZ DE LA 'OPERACIÓN LEZO': "ASÍ NO PUEDO
HACER BIEN MI TRABAJO. HE PEDIDO OTRO DESTINO"
BÁRCENAS Y LAPUERTA PAGARON A UN DETECTIVE POR LA PISTA
QUE ARRANCÓ LA INVESTIGACIÓN CONTRA GONZÁLEZ
LA ACUSACIÓN QUE HA SENTADO A RAJOY COMO TESTIGO EN GÜRTEL
SE PERSONA CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
PODEMOS Y PSOE SE PERSONAN COMO ACUSACIÓN POPULAR EN LA
TRAMA DE IGNACIO GONZÁLEZ
CIFUENTES SE DESVINCULA EN TWITTER DE LA CORRUPCIÓN EN
TORNO AL CANAL DE ISABEL II
LA 'OPERACIÓN LEZO' DISPARA EL MALESTAR ENTRE LOS FISCALES
POR EL DETERIORO EN ANTICORRUPCIÓN DESDE EL NOMBRAMIENTO DE MOIX
LAS CUATRO OPERACIONES QUE LLEVAN A IGNACIO GONZÁLEZ A
PRISIÓN
LO QUE SE SABE
SOBRE LA OPERACIÓN LEZO
LA TRAMA DE GONZÁLEZ DESVIÓ 23,3 MILLONES DE "DINERO MADRILEÑO" A CUENTAS EN
PARAÍSOS FISCALES
EL PSOE
SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL “CASO LEZO”
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN IMPONE RETIRAR LA ACUSACIÓN DE ORGANIZACIÓN
CRIMINAL A IGNACIO GONZÁLEZ
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA
OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
MANUEL MOIX, NUEVO TROPEZÓN TRAS UN NOMBRAMIENTO CONTROVERTIDO
ASOCIACIONES DE FISCALES CREEN QUE LA 'REBELIÓN' EN ANTICORRUPCIÓN POR EL 'CASO
LEZO' DESAUTORIZA A MOIX
MERCASA CESA AL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y A OTRA DIRECTIVA Y SU PRESIDENTE
DIMITE
CIFUENTES NIEGA ANTE EL JUEZ HABER SIDO COACCIONADA POR MARHUENDA Y CASALS
DETENIDO EL EMPRESARIO JAVIER LÓPEZ MADRID POR FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
LÓPEZ
MADRID, EL "COMPI YOGUI" DE LA REINA CAÍDO EN DESGRACIA
UN EMPRESARIO APORTA DATOS SOBRE UNA COMISIÓN DE OHL PAGADA EN SUIZA POR EL
TRANVÍA DE NAVALCARNERO
DRAGADOS PAGÓ TRES MILLONES A LA EMPRESA DE LA FAMILIA GONZÁLEZ EN EL CAMPO DE
GOLF DEL CANAL
CASALS A GONZÁLEZ: "EDMUNDO ESTÁ ACOJONAO. UNA MAGISTRADA AMIGA DE LA CASA HA
LLAMADO PARA DECIR QUE NOS GRABAN"
INVESTIGAN SI GALLARDÓN COMPRÓ UNA FILIAL DEL CANAL POR 11 VECES SU PRECIO
LAS SEIS GRANDES FIRMAS INVESTIGADAS POR LA UCO EN LA OPERACIÓN LEZO
MARHUENDA NIEGA COACCIONES A CIFUENTES: "SOLO QUERÍA AYUDAR A UN AMIGO
DESESPERADO"
IGNACIO GONZÁLEZ ALABÓ LA AFINIDAD CON EL PP DEL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN EN
UN PINCHAZO CON ZAPLANA
EL EMPRESARIO DE LA 'JET SET' ADRIÁN DE LA JOYA, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO
POR MEDIAR EN EL PAGO DE UNA COMISIÓN DE OHL
REGISTRAN LA SEDE DE OHL POR UNA COMISIÓN DE 1,4 MILLONES DESTINADA A IGNACIO
GONZÁLEZ
LA
HERMANA DE IGNACIO GONZÁLEZ, "DESTROZADA", ACUDE A LA ASAMBLEA
LA UCO CREE QUE GONZÁLEZ BLANQUEÓ DINERO A TRAVÉS DE SU PADRE, DE 90 AÑOS, QUE
SE ENCUENTRA EN ARRESTO DOMICILIARIO
CAEN IGNACIO GONZÁLEZ Y SU CLAN FAMILIAR TRAS UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS IMPUNES
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA
OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
OHL, INDRA E IMC, ENTRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA ENTRADO LA GUARDIA CIVIL
IGNACIO GONZÁLEZ Y SEIS DE SUS COLABORADORES PASAN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS
EL JUEZ INVESTIGA AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR DE ‘LA RAZÓN’ POR COACCIONES A
CIFUENTES
CIFUENTES
PREFIERE DECLARAR POR ESCRITO ANTE EL JUEZ
CIFUENTES ESTABA EN EL CONSEJO DEL ENTE DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ETAPA DE
IGNACIO GONZÁLEZ
CUANDO ESPERANZA AGUIRRE PONÍA "LA MANO EN EL FUEGO" POR IGNACIO GONZÁLEZ
EL JUEZ DE 'LEZO' RECLAMÓ A LA COMUNIDAD EL "EXPEDIENTE COMPLETO" DEL CAMPO DE
GOLF Y SE INVESTIGA SI AGUIRRE PREVARICÓ
El Gobierno de Aguirre declaró de “excepcional interés general” en
2007 la construcción de un campo de golf en el Canal basándose en un expediente
que se elaboró en menos de 48 horas y que está plagado de irregularidades
El acuerdo lo firmó la propia Aguirre y ese campo de golf sirvió para que
Ignacio González y su familia obtuvieran unos beneficios ilícitos de 1,2
millones de euros
El juez de ‘Lezo’ reclamó, el pasado 27 de abril, el “expediente completo” del
acuerdo. Ese mismo día se lo remitió el Gobierno de Cifuentes. Fuentes
judiciales explican a infoLibre que los hechos podrían constituir un delito de
prevaricación urbanística
El campo de golf construido en 2007 en las instalaciones del Canal de Isabel II
es una de las principales operaciones de corrupción descubierta en el caso Lezo.
De acuerdo con la investigación de la Guardia Civil y de la Fiscalía
Anticorrupción, sirvió para que se enriquecieran de forma ilícita el
expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo y un cuñado, todos
ellos imputados en la causa. Pero esa operación también puede causar problemas
judiciales a Esperanza Aguirre, cuyo Gobierno adoptó el 18 de enero de 2007 el
acuerdo de declarar de “excepcional interés general” la construcción del campo
de golf [Puedes consultar el acuerdo aquí]. Y lo hizo basándose en un expediente
que, según ha podido saber infoLibre, se elaboró en menos de 48 horas y está
repleto de irregularidades. El acuerdo lo firmaron la propia Esperanza Aguirre y
su entonces consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía.
El 27 de abril de este año, ocho días después de que fuese detenido Ignacio
González como cabecilla de la presunta trama criminal, la Consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid recibió un requerimiento del juez del caso
Lezo solicitando "la documentación del expediente completo de tramitación del
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de enero de 2007 por el cual se
aprueba el proyecto modificado de la construcción del campo de golf del Canal de
Isabel II". Una portavoz oficial del Gobierno de Cristina Cifuentes indicó, a
preguntas de este periódico, que "el expediente completo se le envió al juez el
27 de abril", el mismo día que se recibió el requerimiento.
Fuentes judiciales explicaron a este periódico que los investigadores deberán
analizar si Esperanza Aguirre y el resto de los miembros de aquel Gobierno –en
el que estaban Ignacio González como vicepresidente y Francisco Granados como
consejero– cometieron un delito de prevaricación urbanística, tipificado en el
artículo 320 del Código Penal, que cuando se cometieron los hechos estaba
castigado con una pena de prisión "de seis meses a dos años o la de multa de
doce a veinticuatro meses", además de la "inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de siete a diez años". El delito lo comete "la
autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya
informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias
contrarias a las normas urbanísticas vigentes".
Un campo de golf "de excepcional interés general"
La decisión del Gobierno de Aguirre tenía un único objetivo: burlar la
paralización de las obras del campo de golf que había decretado el Ayuntamiento
de Madrid, entonces gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón. Aquel acuerdo adoptado
el 18 de enero de 2007 indicaba expresamente que producía "los efectos propios
de la licencia municipal".
El acuerdo se apoyó en un expediente administrativo con múltiples
irregularidades. Por citar sólo algunas: no consta la petición de inicio, no
consta quién lo insta, no se da audiencia al Ayuntamiento de Madrid ni se le
notifica, incluye un informe enviado por fax en fecha posterior al acuerdo... Y
la guinda: se inició el 17 de enero y se finalizó un día después, todo en menos
de 48 horas. "En esos términos, no se puede decir que jurídicamente sea un
expediente administrativo", resumió gráficamente a infoLibre un jurista experto
en temas urbanísticos y administrativos.
La historia que termina con la construcción del campo de golf se inició en marzo
de 2003. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid acordaron entonces
"impermeabilizar y ajardinar el tercer depósito del Canal de Isabel II", la
principal empresa pública madrileña y cuyo objeto principal es el suministro de
agua. Aquel proyecto original contemplaba la construcción de un parque público y
un campo de fútbol. Pocos meses después, en noviembre de 2003, Aguirre se
convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid. Y nombró a Ignacio González
como su número dos en el Gobierno, además de presidente del Canal de Isabel II.
En el proyecto original del Canal no existía ni rastro de un campo de golf. Pero
Aguirre y González pensaron que era buena idea sustituir el parque público por
unas instalaciones para practicar dicho deporte. Así que decidieron modificar el
proyecto y, sin licencia, iniciar la construcción del campo de golf. El 16 de
octubre de 2006, el Ayuntamiento ordenó la suspensión inmediata de las obras.
Pese a no tener licencia, el Canal adjudicó el 27 de diciembre la explotación
del campo de golf a un consorcio del que formaba parte la empresa Tecnoconcret,
que estaba controlada por González y por su familia. Dos días después, el 29 de
diciembre, el Ayuntamiento denegó la modificación de la licencia para construir
el campo de golf. El 8 de enero de 2007, el Colegio de Arquitectos de Madrid
adoptó un acuerdo en el que se indicaba que "destinar seis hectáreas a prácticas
de golf en una zona necesitada de espacios verdes ya sería cuestionable de
haberse seguido los trámites legales, pero resulta inadmisible si se está
haciendo al amparo de una licencia de obra distinta en naturaleza y uso a la
originariamente prevista: un parque público".
Ante esta panorama, Aguirre y González optaron por declarar el campo de golf
como obra de "excepcional interés general". Gracias a ello, ya no necesitaban la
licencia del Ayuntamiento, que quedaba sustituida por el acuerdo del Gobierno
autonómico. La decisión se adoptó el 18 de enero de 2007 y se motivó con el
siguiente argumento: "El afán de potenciar la práctica deportiva entre todos los
ciudadanos de la región". Para entonces, las obras del campo de golf ya estaban
muy avanzadas. De hecho, el 28 de marzo de aquel año, Aguirre y González
asistieron alborozados a la inauguración pública.
A aquel acto de inauguración también acudieron decenas de vecinos del barrio
madrileño de Chamberí, donde estaban las instalaciones, para protestar por el
cambiazo que les había dado el Gobierno del PP al sustituir un parque público,
en uno de los barrios de Madrid con menos zonas verdes, por un campo de golf que
iban a explotar empresas privadas. Parte de aquellos vecinos constituyeron la
asociación Parque Sí en Chamberí, que inició una batalla legal contra el campo
de golf. Su lucha dio fruto en el ámbito contencioso-administrativo, ya que en
enero de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el acuerdo por el
que se declaraba el campo de golf de "excepcional interés general".
Menos suerte tuvieron los vecinos de Chamberí en la vía penal, donde chocaron
con el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía que dirigía
Moix archivó dos denuncias y se opuso a una querella contra Ignacio González, en
las que se detallaba la trama corrupta montada por el político madrileño para
lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf. En la segunda
denuncia, presentada en 2009, Parque Sí en Chamberí pedía que se realizase una
sencilla diligencia de investigación –solicitar a Hacienda la declaración de
ingresos y gastos de la empresa Tecnoconcret–, que habría descubierto la trama
corrupta. Moix no lo hizo y tuvieron que pasar otros ocho año hasta que, en
abril de 2017, la Justicia puso en marcha la operación Lezo. La trama corrupta
en torno al campo de golf que no investigó Moix es uno de los elementos
centrales del caso. El pasado mes de julio, la asociación TCJ-15M presentó una
querella contra el ahora fiscal del Supremo –quien tuvo que dimitir después de
que infoLibre desvelase que era dueño de una empresa en Panamá– por no
investigar la trama de González. El Tribunal Supremo aún no ha decidido si
admite a trámite dicha querella.
Unos beneficios ilícitos de 1,2 millones de euros
La empresa utilizada por Ignacio González para lucrarse con la adjudicación del
campo de golf del Canal fue Tecnoconcret, en la que figuraba como testaferro un
socio de su hermano Pablo y de su cuñado José Juan Caballero.
Según consta en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
envió a prisión a González, “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007
ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de
euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la
familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de
golf.
En realidad, Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos
técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató el trabajo con otra
sociedad (Only Golf Planning and Design). Así consta en el auto del juez
Velasco, en el que se asegura que Tecnoconcret “declaró ventas a una sociedad
denominada Only Golf, supuestamente dedicada a la construcción de pistas de
golf, por importe de unos 2,68 millones de euros durante los años 2006 y 2007”.
La diferencia entre ambas cantidades son aproximadamente 578.000 euros, que los
investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
consideran una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de
actuar como intermediaria en la operación.
Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de
construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo
en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril
de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y
2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de
la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo
destaca el magistrado en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar
desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió
facturando”. Desde abril de 2008, el hermano y el cuñado de González eran
directamente accionistas de Tecnoconcret.
El juez Velasco habla de desvinculación “formal” porque la explotación del campo
de golf, realizada por el Canal cuando Ignacio González era su presidente, se
adjudicó en diciembre de 2006 a un consorcio formado inicialmente por tres
empresas: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros
campos de golf, y la propia Tecnoconcret, que era clave en la presunta operación
corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf. A principios de 2008,
Iridium compró sus acciones a las otras dos compañías.
En definitiva, sólo en la operación del campo de golf, la empresa controlada por
Ignacio González obtuvo según los investigadores unos beneficios ilícitos de 1,2
millones de euros.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/28/el_juez_lezo_reclama_comunidad_expediente_del_campo_golf_para_investigar_si_aguirre_cometio_prevaricacion_70017_1012.html
ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ INVESTIGAR A GALLARDÓN POR “DEPREDAR” EL DINERO DE MADRID
Los investigadores sospechan que se aprobó la compra de una empresa colombiana
con el fin de generar un sobrecoste “con el consiguiente desvío de capitales
públicos”.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó investigar al exministro de Justicia Alberto
Ruiz- Gallardón por “depredar” el patrimonio de la Comunidad de Madrid al
autorizar la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de
Isabel II cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.
En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL el Ministerio Público ya pidió
en noviembre de 2016 a la Audiencia Nacional que se abriera un procedimiento
contra Ruiz-Gallardón y todo el Consejo de Gobierno que aprobó la compra por un
importe muy superior al real en detrimento de los fondos públicos. La sospecha
de los investigadores del caso Lezo es que de esa operación se pudieron obtener
hasta 25 millones de euros en comisiones, tal y como aseguró uno de los
investigados en una conversación interceptada por la Guardia Civil.
Según recoge el informe que consta en el sumario del caso que instruye el
magistrado Manuel García Castellón, fue el expresidente del conglomerado
societario del Canal en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino -actualmente en
prisión junto a Ignacio González- quien relató en una de las conversaciones
captadas el “robo” de 25 millones al Canal en una inversión de 95 millones de
dólares. “Datos que encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de
la sociedad colombiana Inassa por parte de Canal Extensia en el año 2001”,
recoge el escrito de los fiscales.
Para el Ministerio Fiscal, estos hechos apuntan a la existencia de “indicios de
criminalidad contra determinadas personas”. “En este momento procesal las
diligencias permiten una mayor individualización subjetiva de los hechos, lo que
impone que se dicte una resolución judicial por la que se dirija el
procedimiento contra todos aquellos que directa o indirectamente han participado
en los hechos, sin perjuicio de realizar una concreción más detallada una vez
que se ejecuten las diligencias de investigación pendientes. Esta resolución se
impone procesalmente para garantizar los derechos de los investigados desde el
momento en que el procedimiento apunta claramente a la responsabilidad en estos
hechos de autoridades de la Comunidad Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz
Gallardón”, subraya Anticorrupción.
Recuperar el dinero de Madrid
Para la Fiscalía, ya en noviembre era necesario abrir procedimiento contra estas
personas “para el total esclarecimiento de los hechos, para alcanzar la verdad
material de los mismos y para recuperar el patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Madrid presuntamente depredado por los investigados”.
El Ministerio Público considera que los indicios de criminalidad de la operación
de compra de Inassa se refuerzan con la “pasividad institucional de la Comunidad
de Madrid en el control de las operaciones del grupo Canal Isabel II en
Sudamérica a lo largo de los años”. Es reseñable que “nadie dentro de la
administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una
sociedad en un paraíso fiscal para la compra de Inassa”.
Además, se añade que esta sociedad panameña que se utilizó para vehiculizar la
compra de la colombiana se disolvió inmediatamente después de la operación “y
nuevamente nadie lo cuestionó”. En la misma línea -añade la Fiscalía-, nadie se
cuestionó que la autorización conferida por el Consejo de Gobierno fue para la
adquisición de Inassa y sin embargo se adquirió junto con ésta una sociedad
denominada Watco Dominicana SA, sin ningún tipo de autorización para ello”.
Endeudó a Madrid con 51 millones
La compra, según al Fiscalía, se llevó a cabo sin los informes y trámites
preceptivos. “De haber existido, con toda seguridad no se habría realizado la
compra o se hubiese realizado en otros términos. Cabe preguntarse en qué
documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una
operación de compra por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83
millones de euros), aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares”,
subraya el escrito.
Las investigaciones apuntan indiciariamente que el soporte documental fue cuanto
menos “insuficiente”, así como que esta operación fue controlada por Alberto
Ruiz Gallardón o “por su gente”.
Con todos los datos que constan en la causa, para la Fiscalía existen indicios
de que la solicitud del acuerdo de adquisición que realizó la Consejería de
Medio Ambiente a propuesta del consejero de Hacienda entonces, Juan Bravo, “fue
elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la
adquisición de Inassa con el consiguiente desvío de capitales públicos”.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170913/246475369_0.html
GALLARDÓN, A LAS PUERTAS DE SER IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'
La Fiscalía Anticorrupción planea pedir la citación del exministro de Justicia
como investigado por el presunto desfalco de 70 millones de euros en la compra
en 2001 de la empresa colombiana Inassa por el Canal de Isabel II
La Fiscalía Anticorrupción planea pedir al juez la citación como investigado en
el caso Lezo del expresidente madrileño y exministro de Justicia Alberto Ruiz
Gallardón por el presunto desfalco en la compra en 2001 de la colombiana Inassa
por el Canal de Isabel II, y lo hará una vez se termine de analizar la
documentación incautada.
La Fiscalía reclamó al juez de Lezo investigar a Gallardón en noviembre de 2016
por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de
Inassa por parte del Canal de Isabel II, una operación que estuvo controlada por
él o por "su gente".
El juez primero y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después aceptaron
la apertura de diligencias pedida por Anticorrupción para investigar esa
operación, que finalmente se lleva dentro de la pieza 1 de Lezo, sobre la
expansión del Canal en Latinoamérica.
En concreto, la Fiscalía pidió en noviembre de 2016 al juez indagar esa compra
por delictiva y en su escrito reclamaba además dirigir la investigación contra
el exministro.
Ahora, Anticorrupción tiene previsto solicitar al juez Manuel García Castellón
su citación como imputado, pero no lo hará hasta que no se analice la
documentación incautada en los registros realizados en la operación, según han
informado a Efe fuentes del ministerio público.
Gracias a su petición de noviembre, los fiscales pararon la prescripción del
delito, ya que la compra la acordó 15 años antes el Consejo de Gobierno
presidido por Gallardón por unos 83 millones de euros cuando, según los
investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.
Las acusaciones contra Gallardón se basan en parte en una conversación pinchada
en noviembre de 2016 a Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana y con
el abogado Fernando Belhot, en la que González afirma que Inassa "no valía ni 30
millones de dólares".
"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su
gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no
valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de
Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en
Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco
Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", dice González en la
conversación.
"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su
gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no
valía ni 30 millones de dólares, por 100"
Para la Fiscalía, esto demuestra "la connivencia que tenía con los responsables
públicos que adoptaron la decisión de la adquisición" y apunta a que esos
acuerdos podrían haber reportado al propio González beneficios económicos o
políticos.
En otro momento, González afirma: "No soy como esta gilipollas que me ha
sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos
(opciones): o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo.
Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas,
sobre toda la operación, que no te puedes imaginar...".
De estas palabras los fiscales concluyen "el alto grado de conocimiento que el
mismo (González) tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma" y también
que González ocultó el fraude "en beneficio de la organización".
Gallardón, por su parte, "tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de
algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González".
Dentro de esta causa han declarado este jueves cuatro personas como imputadas
sobre otra operación investigada, la construcción y explotación del Canal Golf
adjudicadas a ACS, por las que, según las investigaciones, empresas vinculadas a
Ignacio González cobraron 4 millones de euros.
Uno de ellos es el administrador de la empresa que lo construyó, que se ha
negado a declarar, y la otra imputada es la mujer del administrador de la
empresa vinculada a González que cobró el dinero, Tecnoconcret, quien se ha
desvinculado totalmente de los negocios de su marido.
Otros medios, como la cadena Ser, citando fuentes judiciales, apuntan que
Gallardón ya tiene "la consideración de investigado en la causa desde enero de
2017", cuando lo ordenó la Sala de lo Penal. Sin embargo, según ha podido saber
Público, Gallardón aún no está imputado ni ha sido citado aún, aunque la
petición de la Fiscalía seguramente terminará con el exministro declarando ante
el juez.
http://m.publico.es/politica/2013783/gallardon-a-las-puertas-de-ser-imputado-en-el-caso-lezo
LA UCO PIDIÓ INTERVENIR EL 'MAIL' DE GALLARDÓN DÍAS ANTES DE QUE ESTALLARA LEZO
Los incluyeron en un listado de cargos y empresas para cotejar sus relaciones
mercantiles con las empresas vinculadas a la compra de Inassa
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) pidió ocho días antes de
que estallara la operación Lezo el volcado del correo corporativo del
expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y del que fuera su
consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro del
Interior. Según precisa el atestado que el Instituto Armado remitió al juez de
la Audiencia Nacional Eloy Velasco para preparar el operativo, los
investigadores rastreaban la intervención del también exministro de Justicia por
un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de Inassa
por parte del Canal de Isabel II.
El documento, fechado el 11 de abril y al que ha tenido acceso El Confidencial,
detalla las entradas, registros y diligencias complementarias que quería llevar
a cabo la UCO y reserva un apartado completo a las pesquisas vinculadas con la
adquisición de esta empresa bajo mandato de Gallardón. La Guardia Civil también
reclamó ya entonces acceder a la información tributaria completa del
expresidente madrileño. Debían cruzar los datos de los miembros de los órganos
de administración de Canal Extensia, la propia Inassa en Colombia y Panamá,
Sociedad de Aguas de América, Sociedad Latina de Aguas, Agbar, Tecvasa y Aguas
de Valencia. También examinar los productos financieros de los que fueran
titulares. En el caso de su consejero, la Guardia Civil reclamó la propuesta
presentada para adquirir el 75% de las participaciones de la mercantil
colombiana, así como toda la documentación que se aportase para que el consejo
de gobierno de la Comunidad de Madrid decidiese sobre esa operación.
Anticorrupción seguía el rastro de la compra desde el año 2016 y reflejó en uno
de sus informes que la "operación fue controlada por Alberto Ruiz-Gallardón" o
'por su gente'. El Ministerio Público basaba sus sospechas en una conversación
intervenida al cabecilla de la trama, Ignacio González, en la que este confesaba
que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares". "Compraron una sociedad, que no
valía ni 30 millones de dólares, por 100", decía en concreto. El informe acusaba
también a Gallardón de haber establecido "un pacto de silencio y cooperación con
Ignacio González". Por estos hechos, el exministro de Justicia es objeto de
investigación en la causa, confirman a El Confidencial fuentes jurídicas.
66 millones del bolsillo de los madrileños
Este primer pelotazo del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico pudo
generar una "ilícita plusvalía a costa del erario público" que rondaría los 66
millones de euros y salpica directamente al consejo de gobierno que autorizó
esta aventura empresarial, lanzada bajo la presidencia del que fuera también
alcalde de la capital. La Justicia trata ahora de acreditar el grado de
implicación de Gallardón en esta operación presuntamente fraudulenta y espera
los resultados de comisiones rogatorias remitidas a Suiza. Tras examinar las
cuentas y negocios en España del exministro, los investigadores no hallaron
rastro de irregularidades.
La Comunidad de Madrid, presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73
millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por una firma que había
costado un año antes 10 veces menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de
euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos
dudosa para los compradores. Aunque González no tuvo nada que ver con esa
operación (llegó más tarde al Gobierno regional y al Canal), heredó sus
consecuencias, ya que las arcas públicas estuvieron pagando la compra de Inassa
hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que
BBVA y Caja Madrid concedieron para financiar la adquisición de Inassa.
Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en
septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba
desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer
socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar),
que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año
2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros) a la empresa panameña
Sociedad de Aguas de América (SAA), que enseguida buscó nuevos socios en España.
Los encontró en el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del
Agua (Tecvasa) para crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, y
comprar Inassa, iniciando el desembarco madrileño en Colombia. El Canal tenía el
75% de Extensia, y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo
de administración del Canal acordó la compra del 75% de Inassa por 73 millones
de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la Comunidad de
Madrid, presidido por Ruiz-Gallardón, ratificó toda la operación el 29 de
noviembre.
El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con las acciones de
Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10
millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5
millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en
octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros
13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas
madrileñas 97,3 millones de euros. Esta "doble venta", primero de SAA para
adquirir Inassa, "pudo generar en un espacio temporal inferior al año, una
ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de
euros", según las valoraciones de la Fiscalía.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-15/uco-pidio-intervenir-mail-gallardon-antes-estallar-lezo_1443708/
ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE
INASSA" POR EL CANAL
La Fiscalía afirma que el exministro "estableció un pacto de silencio y
cooperación" con Ignacio González.
"Presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición
fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y
cooperación con Ignacio González", afirman los fiscales de la 'operación Lezo'
respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II comenzó su expansión en
Latinoamérica, realizada en 2001.
En un escrito dirigido al juez instructor Eloy Velasco conocido por EL ESPAÑOL,
la Fiscalía Anticorrupción no sólo apunta hacia el exministro de Justicia,
exalcalde y expresidente del Gobierno de Madrid sino también hacia su brazo
derecho para las cuestiones de finanzas, Juan Bravo, que era consejero de
Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando se produjo la compra de la mercantil
colombiana Inassa.
Esta operación es considerada por los fiscales del 'caso Lezo' como el inicio de
las actividades "fraudulentas" relacionadas con el Canal. De acuerdo con el
relato de Anticorrupción, el Gobierno de Gallardón facultó el 29 de noviembre de
2001 al Canal a realizar una inversión internacional "cuando de conformidad con
sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad". No fue hasta
2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.
Para acometer la compra de Inassa, el Ejecutivo regional autorizó la
constitución de Canal Extensia como una 'sociedad vehículo', es decir, con un
mero carácter instrumental. "En el sector privado", recuerda la Fiscalía, "este
tipo de sociedades suelen cumplir la función (al margen de eventuales beneficios
fiscales) de alejar la responsabilidades derivadas de la adopción de acuerdos
respecto de las personas físicas que realmente los adoptan, sirven a modo de
pantalla de protección de las personas que dominan realmente la toma de
decisiones y protegen a la sociedad matriz frente a eventuales
responsabilidades".
"Desde luego", sostienen los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García respecto a la
constitución de la sociedad Canal Extensia, "esta actuación carece de
justificación en el sector público y se concibe ordinariamente como una forma de
huida del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la
actuación pública".
"No era necesaria la creación de Canal Extensia (a modo de holding privado
dependiente de una administración pública para lograr mayor agilidad operativa)
ya que esta función la podía cumplir la propia sociedad que estaban adquiriendo.
Canal Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin necesidad de la
interposición instrumental del Canal Extensia y mucho menos con la interposición
fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal", afirman en
referencia a la Sociedad de Aguas de América SA, la mercantil panameña a través
de la que se articularon los pagos y que "se disolvió inmediatamente después de
la operación". "Esta forma de proceder sólo tiene justificación como instrumento
societario que se crea presuntamente con un fin defraudatorio", señalan.
Los fiscales consideran que "repugna a la lógica jurídica más elemental" situar
a Canal Extensia en el dominio de la operación de adquisición de Inassa. A su
juicio, hay indicios de que se trató de una decisión "de arriba hacia abajo". El
acuerdo de comprar Inassa y la forma en que se ejecutó "se gestó en el Consejo
de Gobierno" de la CAM que presidía Ruiz Gallardón "y se cumplió
escrupulosamente por los máximos responsables de Canal Isabell II, Canal
Extensia SA y por los administradores de Inassa".
Entre otros indicios, destacan que "nadie dentro de la Administración pública
madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso
fiscal" y que "no consta" que se cumplieran los requisitos administrativos para
el control de la operación.
En este sentido, los fiscales se preguntan "en qué documentos o informes se basó
el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73
millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un
endeudamiento de 51,1 millones de dólares". "Las investigaciones apuntan
indiciariamente a que el soporte documental fue cuando menos insuficiente, así
como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o 'por su
gente'", como dijo Ignacio González en una de las conversaciones intervenidas.
Una propuesta de Bravo
Según Anticorrupción, hay "indicios de que la solicitud del acuerdo de
adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente [de la que entonces
dependía el Canal] a propuesta del consejero de Hacienda Juan Bravo Rivera fue
elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la
adquisición de Inassa, con el consiguiente desvío de capitales públicos".
Todo ello, afirma la Fiscalía, fue conocido por Ignacio González a partir de
2003, cuando se le nombró vicepresidente de la CAM y responsable del Canal.
"Hasta tal punto conocía la operación que ordenó una investigación forense al
despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio
González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido", añaden los
fiscales. Ese informe, pagado con fondos públicos, "se ocultó" en su día pero ha
aparecido en los registros judiciales practicados el pasado 19 de abril, cuando
el expresidente de la Comunidad de Madrid fue detenido.
Ignacio González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público (es
decir, proceder a la denuncia de los hechos ante el Ministerio Fiscal o la
autoridad judicial competente), lo ocultó y continuó abonando con dinero público
las cuotas del préstamo que se concertó con las entidades BBVA y Caja Madrid",
pago que se prolongó hasta 2012.
A su juicio, esa forma de actuar "sólo puede responder", de un lado, a "la
connivencia que González tenía con los responsables públicos que adoptaron la
decisión de la adquisición de Inassa", connivencia que "podría reportarle
beneficios económicos o políticos. Y, de otro, "a la oportunidad de negocio que
el propio Ignacio González apreció en la operación, oportunidad que
presuntamente repitió en el año 2013 con la sociedad brasileña Emissao".
En todo caso, para los fiscales la "impunidad" en una operación "del calado e
importancia" de la compra de Inassa "sólo fue posible con la connivencia a un
máximo nivel en la comunidad autónoma".
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170511/215229012_0.html
LA BÚSQUEDA DEL SUPUESTO PAGO EN SUIZA A IGNACIO GONZÁLEZ ABRE UNA LÍNEA DE
CONEXIÓN ENTRE 'LEZO' Y 'GÜRTEL'
El juez de la 'Operación Lezo' incorpora al sumario la rogatoria que destapa
cómo el empresario a quien se atribuye el encargo de transferir 1,4 millones de
OHL al expresidente de Madrid ya había enviado fondos a Luis Bárcenas en 2008
Los investigadores rastrean los papeles enviados por Suiza sobre los movimientos
de la cuenta que poseía en el ABN Amro la sociedad Frankford Trade Inc,
domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes y propiedad de Adrián de
la Joya
Los documentos remitidos a España, a los que ha accedido infoLibre, muestran
trasvases a la compañía panameña Lauryn Group, ahora bajo la lupa en la
operación contra González y también ligada a De la Joya
Las búsqueda del supuesto pago de 1,4 millones a Ignacio González que los
investigadores del caso Lezo atribuyen a OHL como soborno por la concesión del
tren de Navalcarnero (Madrid) ha tenido ya una consecuencia de alcance todavía
desconocido. El juez Manuel García Castellón, y tras la solicitud de la Fiscalía
Anticorrupción desvelada este lunes por infoLibre, ha incorporado al sumario de
Lezo la abultada documentación remitida por Suiza mediante comisión rogatoria y
que a finales de 2016 destapó en Gürtel, ya con el juicio iniciado, un dato
hasta entonces inédito.
Ese dato que ahora tiende un puente que vincula los casos Gürtel y Lezo es el
siguiente: que Adrián de la Joya, el empresario sobre quien recaen las sospechas
de que usó una sociedad panameña, Lauryn Group, para mediar en el hipotético
soborno de OHL y lograr que el dinero llegase a Ignacio González, ya había
transferido fondos a Luis Bárcenas en diciembre de 2008. Exactamente, 50.000
euros. También en Suiza. En ese caso, a través de una de las cuentas –Obispado–
de la constelación financiera que giraba en torno al extesorero del PP y que
llegó a ocultar 47 millones de euros, propiedad exclusiva de Bárcenas –ese es su
relato– y de varias personas de su entorno, todas ellas vinculadas en algún
momento a las finanzas del partido salvo su esposa.
Las fuentes consultadas por este diario han confirmado la incorporación de la
rogatoria suiza que el tribunal que juzga la llamada Primera Época de Gürtel
recibió en noviembre y que ha aportado con celeridad todos los documentos
requeridos para la instrucción de Lezo. Los papeles de Suiza no solo constatan
la transferencia a la cuenta de Obispado –oficialmente, titularidad de Francisco
Yáñez, fallecido en 2014 y considerado testaferro de Bárcenas– sino que muestran
los movimientos de dinero entre la cuenta que De la Joya poseía en el ABN Amro a
nombre de Frankford Trade Inc, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas
Vírgenes, y la compañía panameña Lauryn Group, ahora bajo la lupa en la
operación contra González y también ligada al empresario. Tantmo en la
transferencia de 50.000 euros a Bárcenas como en distintos traspasos de fondos a
Lauryn Group intervino Frankford, como certifican los documentos de la comisión
rogatoria.
Villar Mir y su mensaje de cooperación
Las mismas fuentes han confirmado igualmente que los cuatro tomos que configuran
la rogatoria ya están sometiéndose a análisis. Pero responden con cautela a la
pregunta de si la presencia de Adrián de la Joya en ambas operativas obedece a
una simple y estricta casualidad o si la línea que ahora se abre establece un
nexo de relevancia entre ambos casos, Lezo y Gürtel. En distintas piezas de
ambos, al igual que ocurre en Púnica, se investiga la financiación del PP.
¿Aportará algún elemento novedoso Juan Miguel Villar Mir, fundador y jefe
histórico de OHL, y quien, como publicó este lunes infoLibre, acaba de lanzar el
mensaje de que quiere "cooperar con la justicia"? De nuevo, es pronto para
aventurarse, opinan quienes siguen el caso de cerca.
Todavía, viene a ser la respuesta de los investigadores, no se sabe si bajo ese
puente que ahora conecta Lezo y Gürtel hay material explosivo capaz de dibujar
una línea continua y de reabrir incógnitas sobre el verdadero sentido de los
pagos ocultos en Suiza y la verdadera identidad de los beneficiarios de las
cuentas opacas o si, por el contrario, todo es fruto del azar.
OHL admite que en noviembre de 2007 transfirió a De la Joya desde México el
equivalente en dólares a 1,6 millones de euros, aunque niega de manera taxativa
que aquello fuese algo distinto a un movimiento inscrito en el tráfico comercial
ordinario. Según el diario El Mundo, De la Joya sostiene que Javier López
Madrid, consejero delegado de OHL, yerno del fundador y cabeza visible del
grupo, Juan Miguel Villar Mir, e imputado en Púnica y Lezo, le envió 1,4
millones con la indicación de que podía quedarse un tercio y entregar el resto
al "hombre de Ignacio González": Ildefonso de Miguel, mano derecha del político
durante su etapa al frente del Canal de Isabel II. Pero, según De la Joya, como
OHL le debía dinero por un trabajo en África, se lo quedó todo.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/20/la_busqueda_del_supuesto_pago_suiza_ignacio_gonzalez_abre_una_linea_conexion_entre_lezo_gurtel_69708_1012.html
EL JUEZ QUE INVESTIGA A IGNACIO GONZÁLEZ PIDE INFORMACIÓN DE UN PAGO DE 50.000
EUROS A BÁRCENAS
El magistrado del 'caso Lezo' ha reclamado, a petición de los fiscales, toda la
documentación enviada por Suiza al procedimiento de 'Gürtel' sobre las cuentas
de la empresa Frankford Trade Inc, que recibió 1,4 millones de OHL tras la
adjudicación del ferrocarril Móstoles-Navalcarnero con destino al expresidente
madrileño.
Los casos Lezo y Gürtel ya tienen un punto de unión. Eloy Velasco, el anterior
instructor del caso en el que se investiga al expresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, solicitó el 6 de abril a la Sección Segunda de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional "toda la documentación" que obra en el
sumario del caso de la trama encabezada por Francisco Correa sobre la firma
Frankford Trade INC, propietaria de la cuenta de una cuenta en Suiza en la que
la constructora OHL habría abonado la comisión de 1,4 millones de euros por la
adjudicación de la construcción de la línea de ferrocarril entre Móstoles y
Navalcarnero, según consta en un auto de 6 de abril al que ha tenido acceso
Vozpópuli.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, recibió
esta documentación de Suiza con la intención de esclarecer el motivo por la que
esta firma, propiedad del empresario Adrián de la Joya, había abonado 50.000
euros a la cuenta Obispado, cuyo titular era el extrabajador de la Tesorería del
PP Francisco Javier Yáñez, ya fallecido, que era padre del principal testaferro
de Bárcenas, Iván Yáñez.
Los movimientos bancarios remitidos por las autoridades del país helvético al
caso Gürtel, tal y como publicó este diario, acreditan que a finales de 2008, De
la Joya, expresidente de Telson y exvicepresidente de Avanzit, abonó a Yañez la
citada cuantía que era para el exgerente popular y ésta fue entregada a su vez a
Bárcenas, quien dio instrucción para que esos 50.000 euros se transfiriesen a la
cuenta abierta a nombre de su esposa Rosalía Iglesias en el Lombard Odier.
Los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Iañez Martínez reclamaron el pasado 6
de abril al magistrado Velasco que pidiera esta documentación que obra en el
sumario de Gürtel al considerar que la información de dichas cuentas "es
importante para avanzar en la línea de investigación vinculada al pago de
comisiones por la mercantil OHL, por la adjudicación del contrato para la
construcción y posterior concesión de la línea de ferrocarril entre Móstoles y
Navalcarnero".
Un escrito de Bárcenas
Pero los fiscales, en su petición, que fue atendida por completo por el juez
Velasco, reclamaban que además de los miles de documentos remitidos por las
autoridades helvéticas se solicitara "el testimonio de todos aquellos
particulares que legitimaron la solicitud de dicha información a Suiza, incluido
el escrito presentado por el Ministerio Fiscal de 6 de noviembre de 2014 que
despachaba el traslado del escrito en representación de Luis Bárcenas".
En noviembre de 2014, el juez Pablo Ruz cursó a Suiza una Comisión Rogatoria
para averiguar quién estaba detrás de la empresa Frankford Trade y cuál era el
origen del dinero. En la citada documentación se detallan cientos de entradas y
salidas de dinero de dicha mercantil perteneciente al matrimonio compuesto por
el empresario de la jet set Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y su esposa
Cristina Fernández Longoria, domiciliada en la Isla de Tórtola.
En su declaración como imputado, el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir
negó ante el juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, saber nada de un
supuesto pago de 1,4 millones de euros a Ignacio González por interceder para la
adjudicación a su empresa de la construcción del tren entre Navalcarnero y
Móstoles (Madrid).
Instrucciones a Trabada
Sin embargo, en unas anotaciones de Javier López Madrid que obran en la causa
figura que el yerno de Villar Mir, que trabajaba en OHL cuando la constructora
optaba al concurso, tendría que dar unas indicaciones a Jesús Trabada acerca "de
un tercero llamado Nacho", que podría referirse al expresidente madrileño.
Jesús Trabada era entonces el consejero delegado de la ahora desaparecida
empresa pública Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), encargada de
valorar los candidatos que optaban a la obra.
http://www.vozpopuli.com/espana/Ignacio-Gonzalez-Gurtel-informacion-pago-Barcenas-caso-Lezo_0_1064294687.html
EL
SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA, CAZADO CON IGNACIO GONZÁLEZ
Fernando Benzo, número dos de Íñigo Méndez de Vigo, se citó en junio de 2016 con
el ex presidente de la Comunidad de Madrid, encarcelado por el caso Lezo.
Cultura asegura que fue por motivos de "asesoramiento laboral".
Ese día no pidieron “el mejor gin-tonic del barrio de Salamanca”. Se quedaron en
un café largo en El Velázquez, un “moderno espacio con paredes de papel pintado”
con motivos vegetales. Son los que aparecen en el fondo de las fotografías
tomadas por la Guardia Civil durante la cita que mantuvieron, el siete de junio
de 2016, el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, con Ignacio
González.
El cabecilla de la operación Lezo, considerado por la Fiscalía Anticorrupción
como responsable de una organización criminal dedicada al cobro y blanqueo de
comisiones ilegales, estaba sometido a un fuerte dispositivo de vigilancia las
24 horas. Aquel día, a las 9:45, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL al
revisar los informes de la Guardia Civil obrantes en la investigación del caso,
Ignacio González mantuvo una reunión de una hora “con un individuo sin
identificar y que tras salir de la cafetería ocupó como pasajero el vehículo
marca Volvo modelo S60 de color verde”, con matrícula reservada por ser un coche
escolta. A la Guardia Civil le llamó la atención la cita lo suficiente como para
incluirla en los informes del caso.
Ese individuo sin identificar no es otro que el actual responsable de la gestión
de las cuentas de la Cultura en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
que dirige Íñigo Fernández de Vigo. Cuando se reunió con González en libertad,
Benzo era subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La mano
derecha de Méndez de Vigo, sobre todo, en asuntos educativos. Unos meses
después, en noviembre, sustituyó a José María Lassalle, en el cargo de máximo
gestor de las cuentas culturales públicas.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Cultura
para conocer el contenido de la cita, y aseguran que la cita fue para despejar
las dudas de González. "Quería saber cómo los funcionarios que habían estado a
su servicio podían volver a su puesto original en la administración", explican.
Una pregunta de asesoramiento laboral para recolocar a los hombres de confianza
del condenado, que se alargó durante una hora.
Cuando Benzo concede la cita a González en el restaurante mencionado, el que
fuera líder de los populares madrileños era un cadáver político, retirado como
candidato del PP a las Elecciones autonómicas de mayo de 2015. La sombra de su
fraude en el ático de Marbella era escandalosa y en marzo de 2016 fue imputado
por el juzgado de instrucción número 5 de Estepona (Málaga), por los delitos de
cohecho y blanqueo de capitales.
En medio del derrumbe de una de las figuras políticas más corruptas de la
historia de la democracia española, Benzo -que entre sus cargos destaca el de
asesor del Gabinete del Ministro del Interior durante cinco años y director del
Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad y secretario general Técnico-
decidió reunirse con el sospechoso número uno. De hecho, González limpió su casa
y su despacho de micrófonos en octubre, gracias a un soplo que le advirtió de la
situación de vigilancia total. Contrató a una agencia de detectives de confianza
para que barriera de escuchas su inmueble, en el número 89 de la calle Alcalá.
La conversación no ha trascendido, aunque González es marido de Lourdes Cavero,
dueña del 50% de la casa de subastas Segre -su socia, Carmen Cafranga, ha sido
condenada por las tarjetas 'black'- y Benzo podría haber incurrido en un
conflicto de intereses, por sus responsabilidades en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
https://www.elespanol.com/cultura/20170913/246475913_0.html
LA UCO CONCLUYE QUE INDRA DESVIÓ 600.000 EUROS PÚBLICOS AL PP CON EMPRESAS
PANTALLA
Los investigadores del caso Lezo descubren que la tecnológica del Ibex 35 pagó
presuntamente a proveedores electorales del Partido Popular por servicios
inexistentes
La presunta trama corrupta que lideraba Ignacio González y que se investiga en
la operación Lezo tiene una importante derivada que salpica a la multinacional
tecnológica española Indra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil ha concluido de forma preliminar que la compañía tuvo un papel decisivo en
la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, facilitando la entrada de
más de 600.000 euros en su caja B a través de una compleja red de empresas
instrumentales. La mecánica habría funcionado al menos entre 2011 y 2013, con
Javier Monzón aún al frente de Indra (dejó la presidencia en enero de 2015), y
supuestamente se alimentó con fondos que salieron del erario público mediante
adjudicaciones infladas.
Los agentes sitúan el origen de esta enésima red de dinero opaco del PP en el
ente público ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid), responsable de implantar y mantener los sistemas tecnológicos que
utiliza la Administración regional. Para cumplir con esa función, ICM
subcontrató a Indra trabajos por valor de 16,1 millones de euros en 2011, de
13,2 millones en 2012 y, por último, de 15 millones en 2013. Sin embargo, los
pinchazos telefónicos, los datos recabados durante la instrucción del caso
Púnica —donde también se investiga la caja B del PP de Madrid— y la declaración
de un antiguo directivo de ICM, Silvano Corujo, alertaron a la UCO de que el
valor real de esos servicios era muy inferior al pagado por el Ejecutivo
madrileño. La diferencia habría terminado en Génova.
La reconstrucción de las relaciones comerciales de Indra con empresas
proveedoras del PP ha confirmado esas sospechas, según recoge un informe de la
Guardia Civil del pasado 10 de abril al que ha tenido acceso este diario. El
dinero público de ICM se transfirió a Indra a través de las adjudicaciones y,
posteriormente, esta compañía participada por el Estado contrató una supuesta
firma de formación, Formaselect, que actuó como simple tapadera.
En 2012, por ejemplo, Indra pagó servicios a la sociedad por importe de 566.497
euros. La cifra constituye el 99,4% de todo lo que facturó en ese ejercicio
Formaselect, una mercantil propiedad del empresario Óscar Sánchez Moyano,
también investigado. En 2013, Indra se prestó a realizar la misma operación. Del
dinero en contratos que le adjudicó ICM ese año, al menos 121.000 euros
volvieron a salir rumbo a Formaselect, el 90,1% de lo que ingresó esa firma en
ese otro ejercicio. No hay ningún dato que avale que Indra recibió algún tipo de
prestación a cambio de esos pagos. De hecho, ni siquiera consta que Formaselect
haya tenido nunca algún empleado.
Los investigadores precisan que esa empresa instrumental se integraba en un
grupo mercantil controlado por Sánchez Moyano que prestó servicios al PP de
Madrid en las autonómicas de 2011. Una de las mercantiles de ese 'holding',
Troyano Marketing y Diseño SL, por ejemplo, facturó en esa campaña 200.069 euros
a los populares madrileños. En 2012, sin embargo, fue el PP nacional el que
contrató a otra empresa de ese grupo. En concreto, según las pesquisas de la
UCO, Génova abonó 10.043 euros en supuestos servicios de funcionamiento
ordinario a Braveheart SL, propiedad igualmente de Sánchez Moyano. Los
investigadores apuntan que el dinero abonado por Indra a Formaselect pudo servir
para cubrir trabajos realizados al PP por ese mismo grupo que nunca fueron
declarados por la formación.
La trama era aún más compleja. En la mayoría de ocasiones, el dinero de Indra no
fue directamente a Génova a través del 'holding' de Sánchez Moyano, sino que
intervino un segundo empresario para dificultar el rastreo de estas operaciones.
Se trata de Juan Miguel 'Juancho' Madoz Medina, dueño de la agencia de
publicidad Swat SL y otras mercantiles del sector como Pamaz Imagen SL, Strat
Map SL y The Cell Core SL. La UCO resume la operativa en dos esquemas
incorporados al sumario. En el año 2012, de los 13,2 millones que pagó ICM a
Indra, 566.497 euros salieron luego hacia Formaselect y, automáticamente, una
cifra casi idéntica, 562.400 euros, se movió de nuevo a Swat SL y el resto de
empresas del grupo. En el segundo esquema, correspondiente a 2013, los
investigadores reflejan que de los 15 millones abonados por ICM a Indra, la
cotizada movió 121.000 euros al grupo de Sánchez Moyano que, nuevamente, movió
esa misma cantidad al grupo de Juancho Madoz.
Las empresas de este último figuran como proveedoras del PP nacional. En 2011,
Génova pagó a Swat SL un total de 21.140 euros. En 2012, la cifra aumentó a
95.530 euros. Y, finalmente, en 2013 abonó otros 21.780 euros. Los expertos en
delitos económicos de la Guardia Civil sostienen que, en realidad, el valor de
los trabajos realizados por ese grupo para el PP también era mucho mayor y que
la diferencia se saldó con el dinero que llegó a esas mismas empresas a través
de Indra. En total, la compañía del Ibex 35 habría contribuido a que proveedores
de los populares recibieran de forma presuntamente irregular 687.497 euros que
salieron de ICM, es decir, de los presupuestos madrileños.
La UCO atribuye a Ignacio González un papel clave en esta trama. Considera que
fue el expresidente madrileño el que ordenó en 2012 al entonces consejero
delegado de ICM, José Martínez Nicolás, que adjudicara a Indra contratos
inflados para poder saldar las deudas que había contraído el PP de Madrid en las
elecciones autonómicas de 2011. El propio Martínez Nicolás, imputado ya en
Púnica por otro presunto desvío de fondos de ICM, también está investigado en
Lezo. Además, el informe implica al ex director general de Estrategia de Indra
Santiago Roura y al director de Procesos Electorales de la misma compañía, Jesús
Gil Ortega, entre otros.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-19/uco-concluye-indra-financio-pp-madrid-empresas-pantalla_1445621/
VILLAR MIR, INVESTIGADO POR EL SUPUESTO SOBORNO A IGNACIO GONZÁLEZ EN EL 'CASO
LEZO', SE OFRECE A COOPERAR
Los investigadores observan con cautela las maniobras de acercamiento del dueño
de OHL, figura clave para avanzar en las pesquisas sobre el presunto pago de 1,4
millones en Suiza a cambio del contrato que su empresa logró para el tren a
Navalcarnero
Imputado primero en los 'papeles de Bárcenas' por presunta financiación del PP,
luego en el caso balear de 'Son Espases', ya archivado para él, ahora en 'Lezo'
y con su yerno también bajo sospecha en 'Púnica', el empresario comienza a
tantear la posibilidad de un acuerdo
Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL e investigado sucesivamente por
presunta financiación del PP en distintas causas, ha lanzado un mensaje a los
investigadores de la Operación Lezo: dice estar dispuesto a cooperar con la
justicia. Fuentes del caso han confirmado que Villar Mir, quien declaró hace una
semana por una de las piezas de Lezo, ha transmitido en efecto ese propósito. El
conato de oferta ha sido recibido con máxima cautela. Y puede ser perfectamente
un brindis al sol, asegura una de las fuentes consultadas por infoLibre. Este
diario no logró localizar este viernes por la tarde al abogado de Villar Mir.
De ser cierta esa voluntad de cooperación, el testimonio del empresario podría
resultar clave para esclarecer uno de los episodios más graves que la Fiscalía
Anticorrupción y la UCO examinan en esta operación de largo alcance bajo la
batuta del juez Manuel García Castellón, que heredó de Eloy Velasco la
instrucción del caso antes del verano. Y ese episodio no es otro que el presunto
pago de un soborno de 1,4 millones que Ignacio González habría podido recibir en
Suiza en 2007 a cambio de que OHL resultara adjudicataria de uno de los grandes
proyectos de infraestructura del Gobierno de Madrid, la construcción del tren
Móstoles-Navalcarnero. En su declaración judicial del 12 de septiembre Villar
Mir negó de forma taxativa cualquier participación en ningún soborno. La
trayectoria de distintos grandes casos de corrupción de los últimos años indica
que la Fiscalía Anticorrupción solo se aviene a sellar los llamados acuerdos de
conformidad si el interesado en alcanzarlo ofrece información realmente valiosa.
Aunque lo sucedido con el pago de OHL en Suiza permanece envuelto en una densa
niebla, lo que a día de hoy parece fuera de duda es lo siguiente: que, en
efecto, OHL transfirió el dinero –la empresa así lo ha admitido pero niega que
hubiera en ello la menor ilegalidad– a una cuenta suiza abierta en el Anglo
Irish Bank de Ginebra a nombre de la sociedad panameña Lauryn Group. Esa
sociedad guarda relación con el empresario Adrián de la Joya, un conspicuo
miembro de la jet durante los años del cambio de siglo y fue constituida en el
país del istmo centroamericano por uno de los grandes bufetes especializados en
sociedades opacas, Igra. El trípode Anglo Irish Bank-Lauryn Group-Igra saltó a
la palestra en 2009 con la difusión del vídeo que unos detectives grabaron de
manera subrepticia durante un viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias
(Colombia) en el verano del año anterior.
Por lo que ha trascendido hasta el momento, De la Joya –que declaró en abril
como imputado en Lezo– declaró que Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel
Villar Mir e igualmente investigado en el caso, le transfirió el dinero para que
llegase a manos de Ignacio González. Pero que no efectuó ese traspaso porque OHL
le adeudaba ciertas cantidades por unos trabajos desarrollados por él mismo en
África, así que se quedó los fondos.
En uno de los primeros informes policiales sobre lo que luego se convirtió en la
Operación Lezo, y al repasar aquel viaje de Ignacio González a Cartagena de
Indias en agosto de 2008, la UCO hace constar la triple coincidencia –fecha
aproximada de creación, 2005; bufete que acometió los trámites, Igra; y
testaferro profesional, Harmodio Herrera– entre Lauryn Group y la fundación
panameña Sinequeanon, utilizada por Luis Bárcenas para ocultar pagos en Suiza.
No ha trascendido si esa serie de coincidencias son fruto estricto de la
casualidad o no, pero hay una cuarta.
Y esa cuarta coincidencia aparece en el escenario de la Operación Lezo: el 6 de
abril de este año, dos semanas antes del estallido del caso por el que Ignacio
González permanece desde entonces en prisión incondicional, los dos fiscales
encargados del caso pidieron al juez Eloy Velasco que reclamase al tribunal que
juzga la llamada Primera Época de Gürtel toda la información remitida por Suiza
sobre una cuenta abierta en el ABN Amro de Zurich a nombre de Frankford Trade
Inc., una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes. Y resulta no solo que
Frankford Trade pertenece a Adrián de la Joya sino que en 2008 transfirió 50.000
euros a una de las cuentas suizas del entorno de Bárcenas: Obispado,
oficialmente propiedad de Francisco José Yáñez, fallecido en 2014 y que durante
años había trabajado en la tesorería del PP.
¿Pertenece al campo de la casualidad que el mismo empresario que, según los
investigadores, tenía la misión de hacer de intermediario entre OHL e Ignacio
González, a quien la investigación atribuye no solo maniobras para enriquecerse
sino también para financiar al PP madrileño, aparezca en Gürtel con una
transferencia de 50.000 euros que, según aseguró él mismo a infoLibre en
diciembre, respondía a un simple préstamo altruista y nunca devuelto a un
histórico del equipo de Luis Bárcenas, Francisco Javier Yáñez? Este diario
carece de datos que puedan proporcionar una respuesta.
Varada desde 2010, la construcción de la línea Móstoles-Navalcarnero y la
hipotética comisión ilegal atribuida a OHL mantiene también en el pelotón de
investigados de la Operación Lezo a su yerno, Javier López Madrid, que ya estaba
imputado en Púnica. Amigo de los reyes, su nombre quedó reflejado en la agenda
de Francisco Granados junto a elevadas cantidades que la Guardia Civil y la
Fiscalía consideran pagos al PP.
Y si López Madrid aparece en la libreta del antiguo número 2 del PP de Madrid, a
quien tuvo como invitado en el yate que figuraba a nombre del empresario, el
nombre de su suegro, ministro postfranquista de Hacienda, es uno de los que
emergió tras conocerse los papeles de Bárcenas: los manuscritos del extesorero
del PP recogen tres supuestos pagos de OHL que suman más de medio millón y que
Villar Mir negó categóricamente cuando declaró como imputado por esa causa.
En abril, a punto de estallar la Operación Lezo, la Fiscalía Anticorrupción
pidió el sobreseimiento provisional de la imputación que pesaba sobre Villar Mir
en otras diligencias: el caso Son Espases, bautizado así por el mayor hospital
de Baleares y cuya adjudicación investigaba el juez José Castro. Antiguos altos
cargos del Govern balear declararon haber recibido órdenes del expresidente
Jaume Matas para adjudicar la obra a OHL, aunque eso no llegó a ocurrir. Las
informaciones que apuntaban a que Matas podía haber recibido instrucciones de la
sede central del PP para favorecer a OHL como donante del partido no han sido
corroboradas. En junio, el juez Castro dictó así el sobreseimiento provisional
para el empresario.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/16/villar_mir_investigado_por_supuesto_soborno_ignacio_gonzalez_caso_lezo_ofrece_cooperar_69583_1012.html
EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA LOS SOBORNOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Pablo González, hermano del ex presidente madrileño Ignacio González, saliendo
del cuartel de la Guardia Civil el pasado 21 de abril.
Admite mordidas por el campo de golf del Canal de Isabel II y acusa a Rodríguez
Sobrino de "funcionar a golpe de comisión"
Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González, ha admitido ante la Audiencia Nacional la existencia del cobro de
comisiones ilegales en varios contratos públicos de la Administración regional.
Entre ellos, la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel
II, en pleno centro de la capital, una operación en la que admite haber
participado.
Según González, que se encuentra en libertad bajo fianza desde el pasado mes de
julio y a cuya declaración ha tenido acceso EL MUNDO, él mismo intervino en el
cobro de comisiones a través de sus empresas a cambio de la adjudicación de la
referida instalación deportiva. Los pagos, señaló, fueron realizados como
«agradecimiento» por parte de la empresa adjudicataria, Dragados, a cambio de
«gestiones realizadas con funcionarios de la Comunidad de Madrid».
Siempre según su testimonio, los fondos fueron pagados a una sociedad
participada con él, Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, y entregados acto
seguido a terceros, entre los que apuntó a Edmundo Rodríguez Sobrino, ex
responsable del Canal en Latinoamérica. «Él pudo ser uno de los beneficiarios»,
señaló en su declaración, al tiempo que dijo desconocer la identidad del resto.
En esta operativa no implicó a su hermano Ignacio, que era vicepresidente de la
Comunidad de Madrid y responsable del Canal cuando se construyó el campo, de
quien afirmó que no le consta que participara en ilegalidad alguna en este
asunto.
Detalla el pago por "gestiones en la Comunidad" a cambio del contrato
No obstante, admitió que él sí se acabó quedando una parte de esas «comisiones
de agradecimiento». No porque realizara gestión alguna para conseguir el negocio
con cargos públicos, se encargó de matizar, sino por sus labores de
intermediación. Es decir, por ceder su sociedad para la operación. Pero también,
dijo, en concepto de «trabajos que se le adeudaban» y que le fueron abonados con
cargo a estos fondos. Por ello aseguró haber percibido «una cantidad próxima
pero inferior a 100.000 euros» que le fue entregada en metálico después de que
el administrador de la sociedad sacara el dinero de la entidad bancaria.
Pablo González tomó la decisión de colaborar con la Justicia poco antes de
abandonar la prisión de Soto del Real hace dos meses y extendió su confesión a
otras operaciones vinculadas con la Comunidad de Madrid.
Esta confesión no es la primera que tiene lugar en el caso Lezo. Estuvo
precedida por la de Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue adelantada por EL MUNDO.
Dice que participó en la operación al ceder una sociedad y que cobró por ello
En su comparecencia, el ex consejero del diario La Razón admitió abiertamente
haber percibido un soborno de 2,7 millones de euros mediante dos sociedades
suizas bajo su control en el marco de la compra de la sociedad brasileña Emissao
por parte del Canal de Isabel II. Una operación en la que los investigadores
sostienen que medió un importante sobreprecio, que ha sido confirmado por este
imputado, al que el juez mantiene todavía en prisión aunque separado de González
en un centro penitenciario distinto.
Siempre según Sobrino, el dinero del soborno de Emissao se dividió en tres lotes
de 900.000 euros: uno para él, otro para el ex delegado del Gobierno en Ceuta
Vicente Moro y el tercero para Ignacio González. Con respecto a este último
indicó que el dinero nunca fue retirado por el ex presidente madrileño aunque lo
mantuvo intacto «a su disposición». Un extremo que el ex presidente González
niega tajantemente y asocia a un intento de Rodríguez Sobrino por salvar a toda
costa a su hija, imputada también en el caso Lezo.
Anticorrupción ha exigido tanto a González como a Rodríguez Sobrino que
documenten sus afirmaciones para que les sean aplicados los atenuantes de
confesión.
Este periódico se puso en contacto con la defensa de González, representada por
el letrado Juan Alberto Díaz, que no quiso hacer declaraciones.
Compra de Emissao
Confirma las comisiones de Sobrino y sus testaferros
González también ha confesado comisiones a nivel internacional en operaciones
llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid. En este sentido volvió a señalar,
esta vez de manera mucho más contundente, al ex responsable de la empresa de
aguas madrileña en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, al que acusó de
percibir comisiones ilícitas en la compra por parte del Canal de Isabel II de la
empresa brasileña Emissao. Llegó a señalar incluso al brasileño Sebastiao
Cristovam, que hizo de agente en la operación, como su testaferro. «Edmundo
funcionaba a golpe de comisión en el extranjero», declaró al juez.
Actividad de Mercasa
Revela los sobornos por el mercado angoleño de Luanda
Pablo González ha decidido colaborar también en la investigación judicial
abierta en torno a las irregularidades de la empresa pública Mercasa. Con
respecto a esta entidad, en la que ocupó el puesto de consejero, ha detallado el
pago de comisiones a funcionarios angoleños a cambio de la construcción de un
mercado en Luanda y ha implicado en la trama a otros responsables de la empresa
pública y al prófugo de la justicia española Guillermo Taveira. En este sentido
el hermano del ex líder popular madrileño ha relatado que llegó a elaborar un
informe interno denunciando la corrupción existente.
Trabajos inexistentes
Reconoció servicios fantasma para encubrir las comisiones
La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en los cobros de sociedades
vinculadas a Pablo González, como Tecnoconcret o Asesora 25 -en la primera es
accionista y en la segunda, apoderado- procedentes de constructoras como
empresas como Dragados o Urbaser. Los investigadores han detectado pagos de
importantes cantidades que consideran que no corresponden a servicio profesional
alguno. Este extremo ha sido confirmado por el hermano del ex presidente
madrileño, que ha reconocido que lo que él denomina «comisiones de
agradecimiento» fueron camufladas como trabajos fantasma.
https://amp.elmundo.es/espana/2017/09/23/59c56fcc46163f79048b462d.html
IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ EN FALSO SERVICIOS JURÍDICOS A UNA VIUDA AMIGA
La UCO defiende que los conceptos reflejados no se corresponden con la realidad
y esconden una operativa de blanqueo entre personas del círculo más estrecho de
González
El sumario de la operación Lezo desvela nuevos detalles del sistema de
facturación "triangular" presuntamente falsa que se les imputa al expresidente
de la Comunidad de Madrid y a otros investigados en el marco de la trama de
blanqueo de capitales. Durante la declaración ante la Guardia Civil de uno de
los participantes en estos pagos cruzados bajo sospecha, el abogado y
exsecretario de Estado de Industria y Energía José Manuel Serra Peris intentó
justificar dos transferencias por un importe superior a los 40.000 euros que
realizó a González con la explicación de que se le abonaron por su labor de
asesoramiento a la viuda de un amigo.
La facturación a tres bandas bajo sospecha implica, además, al empresario Jaime
Antoñanzas, administrador de la sociedad Comunica +A Agencia de Publicidad, y
también imputado en la causa. Según la teoría de la Unidad Central Operativa
(UCO), los conceptos reflejados no se corresponden con la realidad y esconden
una operativa de blanqueo entre personas del círculo más estrecho de González.
Los lazos entre Serra Peris y el expresidente madrileño se remontan a 1996,
cuando se conocieron porque coincidían en la comisión de secretarios de Estado y
subsecretarios de los ministerios respectivos en los que trabajaban por aquel
entonces. Se sentaron codo con codo durante cuatro años y fueron haciendo
amistad. Después de aquello, siguieron manteniendo una relación personal y, con
motivo del nombramiento de González como vicepresidente de la CAM, su amigo
accedió al consejo de administración del Canal.
Por su vinculación con el Canal de Isabel II, el excargo del Gobierno de Aznar
se encuentra en el centro de la pesquisas sobre presuntas irregularidades
relacionadas con la compra de la brasileña Emissao y el desvío de comisiones que
fueron a parar a los bolsillos del cabecilla de la red y sus colaboradores. La
UCO detectó que una de sus empresas, Asecon, mantuvo una doble facturación
durante el año 2016 con González y con la empresa de Antoñanzas Brothers
Comunica.
Durante el interrogatorio, Serra Peris trató de justificar estas facturas y
explicó que prestó de forma conjunta con su amigo servicios de asesoramiento,
redacción de un protocolo familiar y transmisión de acciones para modificar los
porcentajes del grupo de los Antoñanzas tras la muerte de uno de los hermanos,
Pablo. Tras reconocer que no firmó con el expresidente madrileño contrato alguno
por esta "colaboración", explicó a los agentes que el fallecido era amigo íntimo
de Ignacio González, que mantenía "muy buena interlocución con su viuda", y
prefería que fuera él quien se ocupara.
Los agentes preguntaron por los motivos que le llevaron a facturar a Brothers
Comunica de forma directa y, después, abonar su parte a González en otras dos
facturas, a lo que el imputado contestó que al predecesor de Cristina Cifuentes
en la CAM le faltaba "práctica en el ejercicio de la abogacía y solicitó su
ayuda para que le orientara". A continuación, precisó que su empresa, Asecon,
tenía contrato con los Antoñanzas para la prestación de este servicio. En 'emails'
intervenidos durante la operación Lezo, Serra le indica a González cómo facturar
los servicios y le dice: "Nacho, no te líes, la factura me la tienes que enviar
tú a mí".
Durante el interrogatorio, los agentes preguntaron también a Serra Peris si
facilitó información al hombre fuerte de la trama en Sudamérica, Edmundo
Rodríguez Sobrino, sobre la petición de datos formulada por la Fiscalía española
a la Fiscalía suiza ante las sospechas de la UCO de que fue una de las personas
que alertaron de que había una investigación en marcha. El investigado aseguró
que no conocía estos contactos y no le informó "de nada", aunque sí le contó que
se había interpuesto una denuncia por parte del Canal.
La UCO reflejó en el acta previa a la toma de declaración que había quedado
evidenciado que el interrogado participó "en presuntas prácticas de blanqueo de
capitales en favor de Ignacio González a través de la empresa Comunica Más A", y
que intermedió en una facturación triangular "sobre la que se han recabado
numerosos indicios que apuntan a que sería ficticia". También la mujer de
González, Lourdes Cavero, recibió retribuciones de las empresas de los
Antoñanzas, añadía la Guardia Civil, que precisaba: "El objetivo era justificar
ingresos y aflorar dinero en efectivo de origen indeterminado".
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-20/lezo-ignacio-gonzalez-viuda-facturacion-negro_1446221/
CIFUENTES DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE GONZÁLEZ, SIN NOMBRARLE
La Presidenta madrileña cree que cualquier persona, incluso "el peor asesino"
merece la presunción de inocencia
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha subrayado hoy
que al exjefe del Ejecutivo autonómico Ignacio González "se le tiene que
aplicar" la presunción de inocencia, "porque así lo dice el Estado de derecho",
aunque no ha querido mencionar su nombre, como ya viene ocurriendo desde que
ingresase en prisión preventiva en el mes de abril.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno,
Cifuentes se ha referido así a su antecesor en la Presidencia regional, a quien
la Audiencia Nacional decidió el pasado 25 de agosto mantener en prisión
imputado en el caso Lezo porque maneja una "ingente cantidad de fondos de origen
delictivo" y a medida que avanza la investigación se van afianzando las pruebas
contra él.
"La presunción de inocencia es un asunto que no está en discusión por parte de
nadie", ha respondido Cifuentes al ser preguntada por si confía en la inocencia
de González después de que, como hoy publica el diario El Mundo, Edmundo
Rodríguez Sobrino, hombre fuerte del expresidente madrileño en Latinoamérica,
haya tirado de la manta, al confesar al juez que cobraron comisiones en Suiza.
La presidenta madrileña ha resaltado "la colaboración total y absoluta" de la
Comunidad y el Gobierno regional con la Justicia.
En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico está personado en el
caso Lezo como acusación particular y que defenderá el interés general de los
madrileños que haya podido verse perjudicado por la acción de determinadas
personas que deben ser juzgadas.
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/05/radio_madrid/1504620922_554592.html
EL PADRE DE IGNACIO GONZÁLEZ Y LA HIJA DE EDMUNDO RODRÍGUEZ, LOS PRIMEROS DE LOS
51 INVESTIGADOS EN DECLARAR
La Fiscalía afirma que la hija de Rodríguez ayudó a su padre a blanquear dinero,
y que el expresidente Madrileño utilizó a su padre con el mismo fin
Estaba previsto que las declaraciones comenzaran el 12 de septiembre, pero se
han adelantado por motivos de salud: el padre de González es nonagenario y la
hija de Rodríguez en avanzado estado de embarazo
El padre del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y la hija
del presidente de Inassa, filial del Canal Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino,
han declarado este martes ante el juez instructor de la Audiencia Nacional
Manuel García Castellón, en el marco de la 'operación Lezo'. Son los primeros de
los 51 investigados en la causa en comparecer ante el magistrado.
La ronda de declaraciones estaba prevista que comenzase el próximo martes, día
12 de septiembre; pero su inicio se ha adelantado a este martes a petición de
los familiares del expresidente regional y de su hombre fuerte en los negocios
en Latinoamérica por motivos de salud, según han hecho saber fuentes jurídicas,
de lo que se hace eco Europa Press.
El padre de González, Pablo González Liberal, tiene una avanzada edad y la hija
de Edmundo Rodríguez, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, está embarazada en
avanzado estado.
El anterior juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que
comenzó a investigar la causa, imputó a un total de 68 personas y citó a
declarar a 51 de ellas, entre las que se encuentran el expresidente de OHL Juan
Miguel Villar Mir; el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez; la esposa de
Ignacio González, Lourdes Cavero; las sobrinas de ésta y el propietario de la
empresa Licuas, Joaquín Molpeceres.
El interrogatorio a Rodríguez, previamente citada a declarar el día 22 de
septiembre, guarda relación a la pieza principal del caso Lezo —inicialmente
compuesto por seis piezas, aunque la última de ellas relativa a Mercasa fue
remitida al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional que ya investigaba
a esta empresa— que estudia la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II
con las adquisiciones con desvío de dinero público de Inassa y Emissao.
Manipulación de contratos
El auto del juez Velasco explica que Rodríguez Sobrino pagó sobornos a cargos
públicos y funcionarios de Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para
"manipular" la obtención de contratos para Inassa. Unos contratos que habrían
multiplicado el patrimonio "oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito"
que se le ha descubierto tanto en Inglaterra como en Colombia y República
Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.
También, se investiga a la hija del presidente de Inassa por los hechos
relativos de la pieza número 5 sobre los delitos de blanqueo de capitales. La
Fiscalía afirma que Rodríguez Sobrino, con la ayuda de su hija, se sirvió de un
entramado societario para blanquear el dinero obtenido.
Por esta pieza también ha sido llamado a declarar Pablo González Liberal, padre
del expresidente madrileño y uno de los principales acusados en la 'operación
Lezo' —en libertad tras pagar una fianza de 200.000 euros—, y que en un
principio le tocaba comparecer el 15 de octubre. Según la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ignacio González blanqueó dinero utilizando
a su nonagenario padre.
Ignacio González y Edmundo Rodríguez llevan en prisión incondicional desde el
pasado 21 de abril cuando el juez Velasco decretó su ingreso en la cárcel por
los presuntos delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo,
falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/06/el_padre_ignacio_gonzalez_hija_edmundo_rodriguez_los_primeros_los_investigados_declarar_69241_1012.html
DOBLE VARA DE MEDIR DE CIFUENTES: ABOGADOS PRIVADOS PARA LEZO Y LA PÚNICA, LA
DEJA EN CASA
¿Por qué la Comunidad de Madrid, personada en ambas causas, actúa de forma
diferente? El consejero Jaime González Taboada, cercado por la Fiscalía por su
actuación en Arpegio, podría ser la clave
La Comunidad de Madrid está personada en las dos grandes causas de corrupción
que afectan al PP madrileño: los casos Púnica y Lezo. Tramas diferentes, pero
con una significativa coincidencia en el modus operandi. Ambas utilizaron una
empresa pública para sus corruptelas: Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio),
en la Púnica, y el Canal de Isabel II, en la Lezo. Sin embargo, resulta
llamativa la doble vara de medir que aplican estas empresas -y en última
instancia la Comunidad de Madrid, de la que dependen- en su estrategia para
defender, supuestamente, los intereses públicos.
Mientras el Canal de Isabel II busca un abogado privado que defienda sus
intereses en la Audiencia Nacional, Nueva Arpegio deja este asunto en manos de
los abogados de la Comunidad de Madrid.
El pasado 21 de junio Nueva Arpegio decidió personarse en el caso Púnica y que
fueran los servicios jurídicos de la Comunidad los que la representasen. El
consejero de Medio Ambiente y mano derecha de Cristina Cifuentes, Jaime
GonzálezTaboada, sobre el que crecen las sospechas en relación a este caso de
corrupción, como presidente del Consejo de Administración de Nuevo Arpegio, es
quien firma el acuerdo.
Para rizar el rizo, Ángel Garrido, el consejero de Presidencia, Justicia,
portavoz del Gobierno regional y también presidente del Canal de Isabel II, es
la persona que firma el convenio entre la Comunidad de Madrid y Nuevo Arpegio
para la prestación de dichos servicios jurídicos. ¿Por qué no aplica al Canal de
Isabel II la misma solución?
La clave podría estar en González Taboada, que se libró de la imputación del
juez Velasco gracias a su aforamiento por ser diputado en la Asamblea de Madrid.
Es el único miembro de la mesa de contratación del Plan Prisma, a través del
cual se desviaron supuestamente fondos, que no está siendo investigado por la
Audiencia Nacional.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sí le pone en el punto de mira al
reclamar a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó
a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid
en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la
Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”.
El consejero madrileño tuvo que comparecer ante la comisión de investigación de
corrupción de la Asamblea de Madrid para explicar la desaparición de unos
contratos suscritos por Arpegio, de los que dijo no saber absolutamente nada
porque "nunca" pasaron por sus manos. "Nunca estuve en esa mesa de contratación
porque no era miembro de esa mesa de contratación", dijo entonces.
Cristina Cifuentes tendría muy complicado proteger a su número tres si también
hubiera privatizado la acusación popular en este caso. Mejor en manos de los
letrados de casa que un despacho externo. En el caso Lezo no hay problema ya que
tiene a Ignacio González para cargar con todas las culpas. Lo dejó muy claro el
día de la Comunidad de Madrid, cuando en su mensaje institucional proclamó,
justo después del estallido de la Lezo que el "tiempo de los corruptos" había
llegado a su fin en Madrid. Pese a que se erigió en la abanderada de la
"regeneración", las maniobras de los suyos para controlar, en la medida de lo
posible la justicia, cuestionan la sinceridad de sus proclamas.
http://www.elplural.com/politica/2017/08/16/doble-vara-de-medir-de-cifuentes-abogados-privados-para-lezo-y-la-punica-la-deja
EL JUEZ DE LEZO ESCUCHARÁ AL TESTIGO CLAVE DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
DE MADRID
Citará a Silvano Corujo, que declaró ante la UCO sobre las maniobras de González
para desviar un millón de euros en contratos de una empresa pública
El testigo clave de la financiación irregular del PP de Madrid de la que se
acusa al cabecilla de la trama Lezo, Ignacio González, y sus más estrechos
colaboradores declarará en la Audiencia Nacional. El juez ha aceptado
interrogarle en relación al desvío de fondos de una empresa pública a la caja B
del PP madrileño por un valor total de un millón de euros. El dinero, que habría
servido para "pagar deudas" de la formación, salió de la Agencia para la
Administración Digital, antigua Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).
El juez ha aceptado la petición de uno de los principales imputados en esta
pieza, el exdirector del organismo José Martínez Nicolás, para que escuche al
que fuera su principal colaborador en el ente, el exdirectivo de ICM Silvano
Corujo, cuyo testimonio ante la Fiscalía Anticorrupción marcó el origen de las
pesquisas. Según una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial,
esperará para fijar una fecha a que finalice el análisis de la documentación
incautada en los registros. La declaración se considera fundamental para
"esclarecer" lo sucedido, agrega el escrito.
Como "testigo privilegiado de los hechos", Corujo desveló las presiones de
González sobre su antiguo jefe para lograr que se desviara un millón de euros
que se destinaría a sanear las cuentas del partido en Madrid. Fue citado como
testigo a raíz de una denuncia sobre estos hechos presentada por UPyD y concretó
ya entonces que González utilizó presuntamente su influencia sobre ICM para
adjudicar contratos de dos empresas privadas, Indra y Pwc, por importes muy
superiores al coste real de los servicios. Con la diferencia, las adjudicatarias
abonaron facturas de proveedores del PP regional falsificando los conceptos
mercantiles. La mayoría de esas facturas se correspondía con gastos de campañas
electorales de la primera planta de Génova.
Según explicó el juez Eloy Velasco, entonces instructor del caso, en el auto en
el que ordenó el ingreso en prisión de Ignacio González, este, como secretario
general del PP madrileño, le pidió a Martínez Nicolás el famoso millón en una
reunión celebrada el 7 de junio de 2012. Corujo no asistió a la reunión, pero
conoció su contenido gracias a la estrecha relación que le unía por aquel
entonces con su jefe. Además, formaba parte de todas las mesas de contratación
de la agencia informática.
Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado registraron las oficinas
de ese ente público en el marco de la operación Lezo y se llevaron los
contratos. También acudieron a las compañías que habrían colaborado en el
fraude. La principal investigada es la multinacional tecnológica española Indra,
participada mayoritariamente por el Estado (22%). En 2006, ICM adjudicó a Indra
un contrato de 16,1 millones de euros para prestar asistencia informática a los
funcionarios de la Comunidad de Madrid. En 2007, el mismo organismo concedió a
Indra otro encargo para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
informáticas que ascendió a 13,5 millones. Y en 2010, ICM volvió a confiar en la
misma compañía de telecomunicaciones para implantar la plataforma de gestión
académica de la comunidad por un importe de 15,8 millones.
Las licitaciones de Indra
Las licitaciones de ICM siguieron engrosando la cuenta de resultados de Indra
durante los siguientes años. La UCO rastrea esas adjudicaciones y también otras
que específicamente tenían como objetivo el procesamiento y la difusión de los
datos de las elecciones autonómicas. En los comicios de 2007, Indra asumió ese
servicio por 1,2 millones. Volvió a hacerlo en las elecciones de 2011 por 2,9
millones de euros. Y en las elecciones de 2015, ICM destinó otros 4,5 millones
para Indra, pero finalmente se anuló el concurso y la Comunidad de Madrid firmó
un convenio con el Ministerio del Interior para ceder el recuento de esos
comicios.
ICM e Indra ya habían sido investigadas en Púnica por el juez Velasco,
precisamente por haberse concertado para pagar servicios de reputación 'online'
de Ignacio González. Los investigadores acreditaron en ese procedimiento un pago
de 10.000 euros con dinero en efectivo no declarado. Por esos hechos fueron
imputados el propio Martínez Nicolás y dos directivos de la empresa tecnológica,
Santiago Roura y Javier de Andrés. Se da la circunstancia de que este último es
marido de la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda
Richmond, detenida e imputada también en la operación Lezo por haber autorizado
operaciones ruinosas de la empresa pública del agua en Sudamérica que
presuntamente fueron utilizadas por González para desviar 23 millones de euros.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-29/lezo-financiacion-irregular-pp-madrid-testigo-clave_1433938/
UN EMPRESARIO AMIGO DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURÓ 139 MILLONES AL CANAL
La Guardia Civil rastrea en el extranjero al ex presidente y a su tesfaferro en
busca de los 19 millones en comisiones de la venta de Emissao
Los agentes de la UCO de la Guardia Civil investigan si hubo delitos en la
relación entre el ex presidente de Madrid Ignacio González y el empresario
Joaquín Molpeceres. Hay grabaciones en las que Ignacio González se ofrece al
empresario como conseguidor de contratas y favores ante la Comunidad de Madrid.
Y denotan una estrecha amistad entre ambos. Los agentes de la UCO investigan si
tal relación unió a ambos accionariamente en algún momento y en alguna sociedad.
Y si Molpeceres le pagó comisiones por contratas públicas cuando era presidente
de la Comunidad de Madrid, ante "las evidencias" de que existió un trato
beneficioso y reiterado del expresidente al empresario, que figura imputado en
el caso Lezo.
La UCO, con información de Hacienda, ha descubierto que entre 2006 y 2016,
Licuas, la empresa que preside Molpeceres, recibió en contratas, sólo del Canal,
y por orden de la Comunidad, casi 139 millones de euros, según un informe al que
ha tenido acceso EL PAÍS. En 2014, por ejemplo, un 50% de la facturación de
Licuas procedía de un organismo público, el Canal de Isabel II, controlado por
Ignacio González. La facturación se incrementó todavía más cuando González
asumió en 2012 la máxima jefatura del Canal, siendo además vicepresidente del
Gobierno de Esperanza Aguirre. Las conversaciones entre ambos muestran que
González intercedió ante cargos públicos de la Comunidad, sobre los que antes él
había mandado, para que desbloquearan asuntos del empresario.
En 2014, un 50% de la facturación de Licuas, la empresa de Molpeceres, procedió
del Canal de Isabel II
Las pesquisas se están centrando en los contratos que tuvo la filial colombiana
de Licuas del entramado de firmas filiales del Canal en América. Molpeceres
tiene cuentas en Suiza, en el Credit Suisses AG, según la investigación. En
2016, ambos viajaron juntos a los festejos de San Sebastián. Y hay una grabación
en la que hablan de “temas societarios y financieros en los que ambos parecen
compartir intereses”, destaca la UCO. “El gran volumen de facturación entre
Licuas y el Canal, el interés de los hermanos González en participar en una
operación de compra de la firma Urbaser a través de Molpeceres y las influencias
que utiliza Ignacio González en favor del empresario" llevan a la UCO a pensar
que ambos han compartido intereses económicos.
La Audiencia Nacional ha desestimado por tres veces las peticiones de libertad
provisional de Ignacio González, que ha alegado problemas de salud y que no
piensa huir ni destruir pruebas, porque tiene la convicción de que el ex
presidente de Madrid oculta aún muchos millones de los saqueados a las arcas
públicas madrileñas. También sigue preso su principal testaferro, Edmundo
Rodríguez Sobrino. Ambos esconden al menos 19 millones en el extranjero, según
se desprende de las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil. Y otros tres ”en
dinerillo B” que la Guardia Civil calcula oculta el ex presidente en España. Los
investigadores tiene fijada especialmente su lupa en Hong Kong, Brasil,
Colombia, isla de Jersey, Luxemburgo y Estados Unidos. El “dinerillo B” de
González procede supuestamente de comisiones derivadas, entre otros turbios
negocios, de la construcción y explotación del Campo de Golf que levantó por 40
millones de euros el Canal de Isabel II en unos costosos terrenos de su
propiedad sitos en el madrileño barrio de Chamberí.
Campo de golf
La explotación del Campo de Golf, que años después el Tribunal Supremo ordenó
derribar por ser contraria la instalación al ordenamiento urbanístico de Madrid,
acabó en manos de su cuñado y de su hermano Pablo González, merced a la
mediación en la sombra del ex presidente. Los 19 millones en comisiones que
busca la UCO procederían del pelotazo por la compra de la firma brasileña
Emissao, por la que el Canal pagó casi cinco veces más (unos 25 millones de
euros) de lo que realmente valía, apenas 5,5 millones. Casi 16 millones salieron
de Brasil con destino a Suiza. Operación de la que Ignacio González estaba
“absolutamente informado”, según detalla en las grabaciones Edmundo Rodríguez
Sobrino, el urdidor de la compra de Emissao en nombre del Canal. Era su jefe en
América, y está considerado el principal testaferro del ex presidente.
Los papeles de Panamá revelaron que Edmundo Rodríguez Sobrino tiene tres cuentas
en Hong Kong, dos ellas compartidas con otro interviniente en la compra de
Emissao, Ignasi Maestre. Edmundo Rodríguez ha manifestado que tales cuentas son
en realidad del dueño del 23% de las acciones del periódico La Razón, a quien
dice representar en España. La hija de Edmundo Rodríguez tiene cuentas en Jersey
y un amplio capital inmobiliario en varios países, según la investigación. En
las grabaciones, Edmundo Rodríguez reconoce ser acreedor de delitos fiscales,
pero rechaza que se le puedan atribuir los otros siete que le imputa el juez.
Los agentes tienen fotografiados al menos cinco encuentros secretos entre
Edmundo Rodríguez e Ignacio González, que se sabían vigilados.
Edmundo Rodríguez Sobrino tiene tres cuentas en Hong Kong, dos ellas
compartidas con otro interviniente en la fraudulenta compra de Emissao, Ignasi
Maestre
En busca del dinero que oculta en el extranjero, la UCO indaga las relaciones
del ex presidente madrileño y del ex ministro Eduardo Zaplana con el abogado
uruguayo Fernando Belhot, especialista en montar estructuras financieras en
paraísos fiscales. “Lo que también estuve hablando”, cuenta en una grabación
González a Zaplana, en alusión a Belhot, “…porque él me dice que está
especializado en los temas de montar estructuras financiera (…) es una
estructura fundamentalmente financiera, eh, para ofertar, pues, los sitios donde
fiscalmente es mejor para las empresas, en Uruguay, en Holanda y en Estados
Unidos, o sea, que yo creo que tiene ahí toda una estructura para poder ir… mm,
dar cobertura en todos estos sitios a los clientes”. Y añade: “Yo le he dicho,
oye tú, que montas estructuras financieras, que tienes gente y tal, oye no
podemos montarnos alguna historia para canalizar algún tipo de inversión a
medio, largo plazo… o invirtiendo capital”. Zaplana ha asegurado a este
periódico que nunca ha tenido ningún negocio con González ni participado en
sociedad alguna con él.
Cuando registraron su despacho en la calle de Alcalá y sus viviendas, los
agentes buscaban con afán el “dinerillo B” de Ignacio González. Pero no hallaron
nada, pese a las evidencias de que utilizaba a su padre, Pablo González Liberal,
y a su hermano Pablo, para aflorar dinero con el que ir pagando los gastos del
despacho jurídico, apenas tenía clientes, y de sus casas. Ignacio González lleva
casi cuatro meses en prisión.
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/11/actualidad/1502413549_176251.html
EL 'NÚMERO DOS' DE IGNACIO GONZÁLEZ CONFIESA AL JUEZ EL COBRO DE COMISIONES EN
SUIZA
El hombre fuerte de Ignacio González al frente del Canal de Isabel II en
Latinoamérica ha confesado el cobro de comisiones en Suiza. Edmundo Rodríguez
Sobrino ha admitido a los investigadores que se infló el precio de la compra de
la empresa brasileña Emissao a cambio de una importante comisión. Precisa que la
parte correspondiente a González fue ingresada en una cuenta independiente y
acaba de aportar documentos.La mano derecha de Ignacio González le ha implicado
en el cobro de comisiones ilegales en Suiza por compras millonarias realizadas a
través del Canal de Isabel II. Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable de la
empresa pública de aguas madrileña en Latinoamérica, prestó declaración de forma
voluntaria el pasado mes de julio ante el magistrado Manuel García Castellón y
ha venido revelando desde entonces datos a los investigadores sobre el
funcionamiento de la trama, tal y como ha podido acreditar EL MUNDO.
Afirma que percibió su parte y reservó la de González en otra cuenta
independiente
Su relato se concentra en el supuesto plan urdido por el ex presidente de la
Comunidad de Madrid para lucrarse mediante la adquisición por más de 20 millones
de euros públicos, en el año 2013, de la empresa brasileña Emissao. Según el
testimonio de Rodríguez Sobrino, considerado por la Fiscalía Anticorrupción como
testaferro del ex alto cargo popular, González ordenó abonar un sobreprecio por
la entidad brasileña a cambio de una comisión que fue percibida en Suiza. En
esta misma línea, Rodríguez Sobrino, que se encuentra actualmente en prisión, se
incriminó y admitió no sólo haber participado en la operación para inflar el
precio, sino que confesó haber recibido la totalidad del soborno a través de una
sociedad en el país helvético. Siempre según los datos que ha facilitado a los
investigadores, a los que ha tenido acceso este periódico a través de fuentes de
las pesquisas, dividió la comisión ilegal obtenida por la compra en dos partes
que ingresó acto seguido en dos depósitos bancarios diferentes. Esto explica, en
palabras del ex responsable de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en
Latinoamérica, que dejase al margen la parte reservada para González. No
obstante, Rodríguez Sobrino ha recalcado que la comisión que supuestamente
correspondería a González nunca se le llegó a entregar y que permaneció desde
entonces en dicho depósito bancario «a su disposición».
Precisa que el ex líder del PP de Madrid nunca llegó a sacar el dinero del banco
A pesar de que la empresa brasileña fue adquirida por más de 20 millones de
euros, su valor contable un año después ascendió a apenas cinco, lo que se
considera una prueba evidente del sobreprecio abonado por parte de la Comunidad
de Madrid.
Las mismas fuentes precisan que se ha establecido una línea de colaboración con
Rodríguez Sobrino y que confían en que próximamente documente todas y cada una
de sus afirmaciones para otorgarles veracidad.
El ex directivo del Canal de Isabel II y ex consejero del diario La Razón negó,
sin embargo, compartir otros negocios con González así como haber actuado como
testaferro del ex presidente madrileño en otras operaciones. Con esta
colaboración, Rodríguez Sobrino intenta que el juez García Castellón le dispense
un trato favorable aplicándole atenuantes y que éstos se extiendan a su hija,
también investigada en la operación Lezo como supuesta testaferro de su padre y
que se espera que próximamente aporte nuevos datos sobre la trama. La situación
procesal de Rodríguez Sobrino y de su hija se ha complicado durante los últimos
meses después de que fueran incautados 260.000 euros en metálico durante el
registro de su domicilio en Colombia. Cabe recordar que el juez Eloy Velasco,
que fue el primer instructor de la denominada operación Lezo, ordenó el ingreso
en prisión incondicional de González y Rodríguez Sobrino el pasado mes de abril
basándose, entre otras cuestiones, en la operación de Emissao.
En el auto mediante el que ordenaba los encarcelamientos recalcaba que la
operación estuvo repleta de «irregularidades», que se materializó «en contra de
la opinión de auditores independientes» y que mediaron en ella «comisiones
prohibidas». Dicha compra se articuló, además, «sin informes de secretarios
técnicos ni interventores ni la autorización de la Consejería de Hacienda» de la
Comunidad de Madrid. E indicó que para materializar la adquisición se emplearon
sociedades instrumentales que desviaban fondos a cuentas bancarias «con opacidad
respecto de las titularidades reales». «Existen indicios de la concertación de
González con Rodríguez Sobrino, Adrián Martín (ex director gerente del Canal de
Isabel II) y María Fernanda Richmond (ex directora financiera) para consentir
y/o propiciar la compra de Emissao».Edmundo Rodríguez, tras su detención.
La Fiscalía le exige pruebas que avalen su confesión
Edmundo Rodríguez Sobrino ha aportado al juez que investiga la 'operación Lezo'
copia de documentos vinculados a la operación de compra de la entidad brasileña
para reforzar su relato.
En este sentido, el antiguo ejecutivo del Canal de Isabel II ha entregado a los
investigadores pruebas que confirman, a su juicio, el pago de la comisión en
Suiza a la que alude en su confesión.
No obstante, los investigadores confían en que quien fuera el hombre fuerte del
Canal de Isabel II en Latinoamérica continúe aportando pruebas documentales que
demuestren de manera inequívoca que González se lucró con las operaciones
realizadas por la empresa de aguas madrileña. La Fiscalía considera que la
documentación aportada no constituye una prueba definitiva contra González, toda
vez que sostiene que no figura un apoderamiento o la titularidad de la misma a
nombre de González sobre la cuenta suiza aludida por Rodríguez Sobrino.
Al comprobar la intención de colaborar con la Justicia por parte de Rodríguez
Sobrino, el juez de la Audiencia Nacional García Castellón acordó sólo un día
antes de tomarle declaración el pasado mes de julio ubicar en prisiones
distintas al ex presidente de la Comunidad de Madrid y a su antiguo directivo
para evitar que se comuniquen durante las pesquisas.
http://www.elmundo.es/espana/2017/09/04/59adbc6be2704e602d8b45ec.html
TRASLADAN A IGNACIO GONZÁLEZ AL MÓDULO DE LOS UNIVERSITARIOS
Instituciones Penitenciarias alega "falta de espacio" en la prisión de Soto del
Real
Instituciones Penitenciarias ha trasladado recientemente a Ignacio González al
módulo de Soto del Real en el que los internos estudian carreras universitarias
a distancia, si bien el motivo tiene más que ver con la falta de espacio en el
anterior módulo en el que cumplía prisión preventiva.
Fuentes de Prisiones han indicado a Europa Press, tal y como ha adelantado 'OkDiario',
que el expresidente madrileño cumple desde hace días prisión en el 'módulo
UNED', si bien necesariamente no tiene que estar estudiando nada. Este modulo,
el 10 de Soto del Real, se denomina así por la colaboración de la prisión con la
Universidad Nacional de Educación A distancia.
Así, han señalado que el traslado se ha realizado siguiendo "criterios de
separación interna". "En este modulo no solo hay internos que estudian, sino que
puedan estar ahí por su clasificación, comportamiento o características", han
precisado las misma fuentes, que han agregado que se trata de un lugar con un
ambiente "más tranquilo y sosegado".
Fuentes jurídicas han señalado que el traslado al modelo 10 se produjo por
"falta de espacio" en el anterior, siendo un cambio no solicitado por su
defensa. Además, han indicado que al ser un preso preventivo no tendría acceso a
los "privilegios" que podrían disfrutar otros internos.
González cumple prisión preventiva desde el pasado 21 de abril por su
implicación en la denominada 'Operación Lezo'. Hasta ahora, pasaba los días en
el módulo 1 de Soto del Real en una celda junto a su hermano Pablo González.
Éste último salió recientemente de prisión al depositar una fianza de 200.000
euros.
http://cadenaser.com/emisora/2017/08/16/radio_madrid/1502897775_678662.html
VILLAR MIR ESTRENARÁ LA TEMPORADA DE LEZO: EL JUEZ RECHAZA SU RECURSO
Su comparecencia por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero abrirá
la ronda de medio centenar de declaraciones de la trama
El empresario Juan Miguel Villar Mir estrenará el próximo 12 de septiembre la
temporada judicial de la trama Lezo, después de que el juez de la Audiencia
Nacional Manuel García-Castellón haya rechazado el recurso que presentó contra
la decisión del magistrado de imputarle en la investigación sobre la trama de
comisiones ilegales que presuntamente lideraba el expresidente de la Comunidad
de Madrid Ignacio González. Según han confirmado a El Confidencial fuentes
jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 no ha atendido su
petición de archivo y le interrogará como imputado en la primera jornada de la
maratoniana ronda de declaraciones prevista para el otoño.
Villar Mir comparecerá en la pieza tercera de la causa, en la que se investiga
su participación en un pago de 1,4 millones de euros de su empresa a cuentas
vinculadas al PP a cambio de la adjudicación de una parte del proyecto del tren
de Móstoles a Navalcarnero. La operación se llevó a cabo desde una filial de la
constructora en México, que realizó a su vez el ingreso en una cuenta de Suiza.
También está imputado por estos hechos su yerno Javier López Madrid. El mismo
día 12 están citadas otras dos personas, el que fuera consejero delegado de
Mintra Jesús Trabada Guijarro y el ex consejero delegado y exmiembro del consejo
de administración de OHL Rafael Martín Nicolás.
OHL se lleva su supertuneladora y 'entierra' para siempre el fallido tren a
Móstoles
La constructora está retirando la máquina, de su propiedad, aunque no aclara que
hará con ella. Comunidad y empresa se enfrentan en los tribunales exigiendo
indemnizaciones
En el recurso presentado hace unas semanas, adelantado por El Confidencial, el
empresario negó rotundamente haber participado en ninguna de las transacciones
que están bajo sospecha y alegó que la supuesta adjudicación por la que su
constructora OHL habría abonado la comisión millonaria resultó ruinosa para la
compañía. Acusaba también al entonces titular del juzgado, Eloy Velasco, de no
concretar las acusaciones en su contra y de basarse en "meras conjeturas".
Argumentaba que este supuesto pago por parte de su empresa "de una comisión a
funcionario o autoridad pública por la adjudicación del contrato de concesión de
la línea ferroviaria que debía unir Móstoles Central con la localidad de
Navalcarnero" no se sustenta, ya que aquel negocio resultó tan desastroso que
llegó a provocar una ampliación de capital en OHL. Se incurrió en "enormes
pérdidas por inversiones no recuperadas e incumplimientos administrativos",
decía el escrito. Las obras del tren no llegaron a terminarse y la empresa
mantiene un litigio con la comunidad por la resolución del contrato.
Los indicios que manejan los investigadores apuntan a que el yerno de Villar Mir
realizó una transferencia en septiembre de 2007 de 1,4 millones de euros desde
una filial mexicana de OHL a una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank,
controlada por la sociedad panameña Lauryn Group. El dinero tenía como objetivo
recompensar a Ignacio González por su presunta mediación para que la
constructora se llevara las obras del Cercanías. Solo un mes después del pago,
OHL logró el contrato.
Villar Mir niega pagos a González por el tren de Navalcarnero: "Fue ruinoso para
OHL"
El presidente del Grupo Villar Mir solicita su desimputación en el caso Lezo
alegando que no tuvo ninguna participación en el presunto pago de una comisión
al cerebro de la trama
Sin embargo, González alega que nunca recibió el dinero. El propietario de
Lauryn Group, Adrián de la Joya, ha admitido que López Madrid le envió el dinero
para que se lo transfiriera al presidente madrileño, pero ha declarado que se
quedó los fondos para saldar las deudas que le había dejado el Grupo Villar Mir
por un proyecto conjunto en Burkina Faso. Con todo, el juez Velasco consideró
que el pago es suficiente para imputar la existencia de la comisión y se sigue
rastreando el dinero de la cuenta suiza para conocer dónde acabó depositándose.
La defensa del presidente del grupo empresarial niega por completo esa
conclusión. “En ningún pasaje de las actuaciones se concreta la intervención
personal que se achaca al señor Villar Mir en los hechos investigados. Ningún
comportamiento se le atribuye al respecto, activo o pasivo”, asegura. “Cierto es
que, en el año 2007 —cuando se produce la adjudicación del contrato
administrativo en cuestión—, ostentaba el cargo de presidente de OHL”, continúa
su recurso de reforma. “Sin embargo, este cargo no es por sí mismo expresión de
ninguna acción criminal (…) En suma”, termina el escrito, “no hay en la causa
nada que pueda decirse del señor Villar Mir, pues nada ha hecho y en nada ha
participado”. El empresario puede aún presentar recurso de apelación contra la
imputación que sería contestado con la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-01/lezo-villar-mir-audiencia-nacional-tren-navalcarnero_1436170/
LA AUDIENCIA NACIONAL MANTIENE EN UNA "NECESARIA" PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ
La sala de lo penal ratifica la negativa del juez a dejar en libertad al
expresidente de la Comunidad de Madrid reiterando el riesgo de que el supuesto
cabecilla de la trama Lezo se fugue o destruya pruebas en caso de abandonar la
prisión
Que Ignacio González esté entre rejas es "necesario", a día de hoy, para que la
investigación de la trama corrupta Lezo pueda seguir adelante sin problemas. Es
lo que argumenta la sala de lo penal para rechazar una nueva petición del
expresidente madrileño para ser liberado de la cárcel de Soto del Real, donde
permanece desde el pasado mes de abril.
En su auto, los jueces avalan la decisión del magistrado Manuel García-Castellón
de no sacarle de prisión y aseguran que esta medida es, en este momento, "aún
más necesaria si cabe a la vista del resultado" de las diligencias puestas en
marcha por los investigadores en los últimos meses. Tanto la Fiscalía como ADADE
y Podemos, las acusaciones populares, habían impugnado la petición de libertad.
La defensa de González esgrimía, entre otros motivos con los que solicitaba su
puesta en libertad, que el magistrado instructor no se hubiese pronunciado sobre
las medidas cautelares alternativas propuestas en sus escritos, así como que se
basase en "meras sospechas" para asegurar que el expresidente madrileño se dará
a la fuga en cuanto ponga un pie en la calle.
El pasado mes de julio, el juez García-Castellón decidió mantener en prisión a
Ignacio González
Los jueces reiteran que los indicios contra él van "cristalizando" a medida que
avanza la investigación, destacando las "ingentes cantidades" de dinero de
procedencia ilegal que habría manejado González y, sobre todo, la conversaciones
telefónicas intervenidas en las que el expresidente madrileño planteaba poder
empezar una "nueva vida" en Sudamérica.
Financiación ilegal del PP
En su auto, los jueces de lo penal de la Audiencia Nacional resumen y recuerdan
los motivos y delitos por los que abrieron la conocida como 'operación Lezo'
contra la corrupción en la región de Madrid: cohecho, prevaricación, fraude,
malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios,
tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda
Pública y todo bajo el paraguas de un último delito de integración en
organizacíon criminal.
Un rosario de delitos supuestamente cometidos, por ejemplo, en la financiación
irregular del PP madrileño, en la adjudicación de las obras del tren a la
localidad madrileña de Navalcarnero, en la expansión de la empresa pública Canal
de Isabel II al otro lado del Atlántico, y por último la adjudicación igualmente
fraudulenta de las obras del campo de golf ubicado en el centro de la capital.
http://cadenaser.com/ser/2017/08/25/tribunales/1503668604_891522.html
EL JUEZ ANDREU ACEPTA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID SEA ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL
'CASO LEZO'
La Comunidad de Madrid también está personada como acusación particular en los
casos Gürtel y Púnica
"En todo delito por el que se perjudican los intereses patrimoniales de una
administración pública, el perjuicio irradia sus efectos en la ciudadanía",
dicta el auto
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Fernando Andreu ha aceptado la
personación de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II como acusación
particular en el caso Lezo, que investiga una presunta trama corrupta liderada
por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
El pasado abril, Cristina Cifuentes dio instrucciones para la personación del
Gobierno regional conforme al criterio de la Abogacía General de la Comunidad,
que puso de relieve que las irregularidades investigadas afectaban a diferentes
organismos de la Administración regional.
En un auto fechado el pasado 18 de agosto, al que tuvo acceso Europa Press, el
magistrado acepta a sendas instituciones como parte del proceso judicial en
calidad de acusación particular. Contra esta resolución, cabe recurso de
reforma.
En los razonamientos jurídicos, se expone que resulta evidente que "en todo
delito por el que se perjudican los intereses patrimoniales de una
administración pública, esencialmente el delito de malversación, el perjuicio
que se ocasiona irradia sus efectos en el conjunto de la ciudadanía a la que se
le priva de recursos públicos para atender las necesidades esenciales para que
tales recursos están destinados".
Agrega que "cualquier ciudadano tiene en abstracto dicha condición de
perjudicado, lo que no le otorga en este sentido jurídico estricto dicha
condición", añadiendo que en los delitos contra los intereses patrimoniales el
titular último del bien jurídico protegido es "la propia sociedad".
"Las entidades de derecho privado persiguen un fin lucrativo y los accionistas o
partícipes que lo integran, lo hacen precisamente con la expectativa de obtener
una ganancia", señala.
Así, indica que estos principios se podrían aplicar a esta causa respecto a la
Comunidad como "partícipe en el ente público Canal de Isabel II", teniendo un
"interés directo que le autoriza a actuar como acusación particular e instar
directamente la protección de los intereses patrimoniales de los ciudadanos de
Madrid".
La Comunidad de Madrid también está personada como acusación particular en los
casos Gürtel y Púnica. Desde el actual Gobierno regional han explicado en
diversas ocasiones que esta estrategia de personación responde a la estrategia
de "tolerancia cero" contra la corrupción y el defender los intereses de los
madrileños.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/08/22/el_juez_andreu_acepta_que_comunidad_madrid_sea_acusacion_particular_caso_lezo_68806_1012.html
MALAS NOTICIAS PARA CIFUENTES Y EL PP DE MADRID. CARMENA ESTARÁ PERSONADA EN LA
LEZO
La Audiencia Nacional la admite como acusación particular, al igual que a la
Comunidad de Madrid
El juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dado luz verde a
la personación del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, en el
caso Lezo. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en la
cárcel desde que estalló el escándalo, habría liderado una trama de corrupción
que, entre otras cosas, desvió millones de fondos públicos del Canal de Isabel
II a cuentas privadas.
El Ayuntamiento de Madrid es titular del 10% del capital social del Canal de
Isabel II y había solicitado la personación como acusación particular en esta
causa. Sin embargo, un auto del pasado 21 de julio de 2017 les dejaba fuera. Los
abogados municipales recurrieron y, ahora, la juez Carmen Lamela Díaz les ha
dado la razón.
La magistrada entiende que el Ayuntamiento de Madrid, como partícipe en el ente
público Canal de Isabel II, está autorizado a actuar como acusación particular
para proteger los intereses patrimoniales de los ciudadanos. Amplía de esta
manera la interpretación estricta de la personación, que se atribuye a la
persona jurídica pública de la que se han obtenido directamente los fondos
ilícitos.
La Audiencia Nacional también ha admitido a la Comunidad de Madrid como
acusación particular en condición de “perjudicado”. El juez Fernando Andreu, que
es quien firma un auto del pasado 18 de agosto, mantiene los mismos argumentos
de Lamela para admitirla. En el otro gran caso de corrupción en el que está
personada, la Púnica, la actuación de la CAM se ha limitado a no hacer nada o a
poner todo tipo de obstáculos a los jueces negándoles documentación.
Por mucho que Cristina Cifuentes se proclame abanderada de la regeneración, su
actuación no lo corrobora. Ahora, en la Lezo va a coincidir con un consistorio
nada 'amigo', por mucho que se abrace en público con Manuela Carmena, que no le
va a bailar el agua.
http://m.eldiario.es/politica/gestion-Catala-Justicia-ministerio-fallido_0_672283343.html
REGISTRAN
LA CAJA FUERTE DE UN CARGO DE AZNAR SOSPECHOSO DE OCULTAR FONDOS DE GONZÁLEZ
El Ministerio Público sospecha que Moro cuenta con una holgada capacidad de
mover fondos de González que vincula con frecuentes desplazamientos a la
República Dominicana y Panamá
Nuevos datos detectados por los investigadores del caso Lezo han provocado
registros a un excargo del Partido Popular de la etapa de José María Aznar,
sospechoso de actuar como testaferro en la sombra del expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González. Los agentes de la UCO abrieron una caja
fuerte vinculada al que fuera delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro,
tras localizar anotaciones que apuntaban a movimientos sospechosos de fondos,
informan a El Confidencial fuentes del caso. La encontraron vacía.
El detonante de esta nueva fase de la operación, que abre una nueva vía en las
pesquisas sobre el paradero del dinero presuntamente desviado por González,
surgió durante la entrada llevada a cabo el pasado mes de abril en el domicilio
de Moro. La estrecha amistad entre ambos y el contenido de algunas de las
comunicaciones intervenidas le colocaban, ya por entonces, en el centro de la
diana. Entre la documentación localizada en la casa se encontraron unas notas
tomadas por la mujer del exdelegado popular en las que mencionaba que había
sacado algo de una caja a su nombre.
Las anotaciones llevaron a los agentes hace unas semanas hasta la sede del Banco
Popular en la calle Ortega y Gasset de Madrid, donde la mujer de Moro tenía
contratado este servicio de seguridad de cuya existencia los investigadores no
tuvieron conocimiento hasta ese momento. El hecho de que la caja no contuviera
absolutamente nada precipitó los acontecimientos y provocó que la Fiscalía
Anticorrupción reclamara tomar declaración de forma urgente como investigado a
Moro.
El Ministerio Público sospecha que el exdelegado del Gobierno cuenta con una
holgada capacidad de mover fondos de González que vincula con frecuentes
desplazamientos a la República Dominicana y Panamá. Le considera uno de sus
hombres de confianza, a la altura de otros testaferros de la trama como el
hombre fuerte del Canal en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino o el hermano de
González, Pablo. Tras el interrogatorio que se llevó a cabo en la Audiencia
Nacional, en que Moro lo negó todo, la Fiscalía reclamó el ingreso en prisión
del recién estrenado testaferro, apuntan las fuentes consultadas.
No obstante, el instructor de la causa, Manuel García-Castellón, no vio motivos
suficientes para enviarle a la cárcel y le dejó libre, sin perjuicio de que el
avance de las pesquisas aporte nuevas pruebas que provoquen un cambio en su
situación. En el sumario de la Lezo obran conversaciones entre los dos amigos en
las que González le pide que envíe "a sus chicos" para que efectúen
averiguaciones sobre los procedimientos judiciales abiertos en su contra. En
aquel momento, finales del año 2016, se encontraba inmerso en el caso ático,
donde investiga la titularidad de una vivienda de lujo en Estepona.
Amistad desde hace años
La relación entre González y Moro se remonta a la etapa en la que el presunto
cabecilla de la trama Lezo ocupaba el puesto de secretario de Estado de
Inmigración en el Ministerio de Interior. Según reconoció el excargo del PP en
2009, ambos planearon en aquella etapa la puesta en marcha de un servicio
secreto de espionaje autonómico con el objetivo de proteger a altos cargos del
Gobierno regional.
La etapa de Moro al frente de la Delegación de Gobierno ceutí, que dirigió entre
1998 y 2004, no estuvo exenta de polémica. Fue juzgado y condenado por idear un
informe en falso para desprestigiar al juez Fernando Tesón con el apoyo de su
cúpula policial. El TS confirmó una condena de 21 meses de prisión y cuatro años
de inhabilitación en su contra al considerar que "aprovechó el malestar y la
alarma" que pudo crear la decisión de Tesón de poner en libertad a varios
acusados de narcotráfico para difundir en prensa que su actuación estaba movida
por intereses particulares y arbitrarios.
También fue juzgado y, en este caso, absuelto por la expulsión irregular de
menores marroquíes que tuvo lugar en 1998.
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-17/lezo-ignacio-gonzalez-luis-vicente-moro-caja-de-seguridad_1429475/
EL CANAL
BUSCA ABOGADOS PRIVADOS PARA SU DEFENSA EN 'LEZO'
La empresa pública vuelve a tirar de un bufete privado tras gastar más de 12
millones de euros en despachos ajenos a pesar de contar con un equipo jurídico
propio
En plena fase de instrucción de la operación Lezo, el Canal de Isabel II,
personado en la causa como acusación particular para resarcir el daño
patrimonial que supuestamente ha sufrido de manos de sus saqueadores -entre
otros, presuntamente, Ignacio González-, busca abogado privado que lo defienda
en la Audiencia Nacional. El contrato está ahora mismo en fase de licitación,
aún no ha sido adjudicado, pero el Canal esta dispuesto a gastar 63 mil 307
euros no solo por su defensa, también por la de su filial Canal Extensia.
El contrato contempla la asistencia jurídica para ambas empresas en la fase de
instrucción que se sigue ahora mismo en los juzgados así como desde la apertura
de juicio oral hasta que haya sentencia firme. La cantidad a pagar incluye
también los gastos en dietas y desplazamientos y el Canal se reserva el derecho
de solicitar el cese de la representación de Extensia.
Fuentes del Canal aseguran que de nuevo se va a echar mano de un bufete privado
porque el servicio jurídico propio de la empresa pública no incluye un despacho
penal y desconocen si lo hay en la Comunidad de Madrid, a la que también podrían
haber acudido para su representación letrada.
La asistencia privada ha sido la práctica habitual del Canal durante años. Como
ya les contamos en la Ser, entre 2003 y 2016 la empresa pública facturó 12’5
millones de euros a casi 50 despachos de abogados, tanto nacionales, como
internacionales, la gran mayoría bufetes vinculados al PP. Incluso, llegaron a
contratar el despacho de Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales
imputados de la trama Lezo, cuando ya trabajaba en Canal.
Fuentes del Canal precisan a la Ser que es habitual que las empresas públicas,
como Metro, utilicen este procedimiento de contratación de despachos privados
para la defensa de sus intereses en determinados procedimientos judiciales.
Ahora mismo, según los datos proporcionados desde el Canal, la asesoría jurídica
de la empresa pública trabaja en la adjudicación de 250 contratos, en 2.500
expedientes contenciosos, en 300 señalamientos judiciales, 1.500 expedientes
relativos a procedimientos administrativos de agua y medio ambiente, 650
expedientes de reclamaciones de contratistas y expedientes sancionadores en
obras, 2.000 expedientes relacionados con la gestión patrimonial de la empresa y
240 expedientes de reclamaciones de clientes, arbitraje y convenios con
ayuntamientos y urbanizaciones.
http://cadenaser.com/emisora/2017/08/14/radio_madrid/1502695321_336618.html
LOS CINCO MOTIVOS QUE MANTIENEN A IGNACIO GONZÁLEZ EN PRISIÓN INCONDICIONAL
El expresidente de la Comunidad de Madrid ha fracasado en su intento de salir de
la cárcel por su papel "decisivo y necesario" en el caso Lezo
En su auto, el juez desliza en dos ocasiones que las declaraciones de otros
investigados, sin aclarar quienes, han ratificado los indicios contra González
Su patrimonio oculto y sus intenciones de abandonar España han pesado a la hora
de mantenerle en Soto del Real
Ignacio González ha fracasado en su intento de que el nuevo juez del caso Lezo
le deje en libertad. Pidió declarar voluntariamente ante Manuel García Castellón
tras llevar en prisión desde el pasado abril, y unos días después su defensa
presentó un escrito para que, al menos, el juez le impusiese una fianza que
pagar para abandonar Soto del Real. Pero el magistrado cree que los indicios
contra el expresidente madrileño, refrendados durante la investigación, obligan
a mantenerle recluido.
Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en un auto el nuevo instructor del
caso Lezo, que sustituyó a Eloy Velasco tras el ascenso de este a la Sala de
Apelaciones. El cambio motivó varias peticiones para declarar voluntariamente
por parte de algunos investigados, con el objetivo de conseguir la rebaja de las
medidas cautelares que les había impuesto Velasco.
La ex directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, lo consiguió.
Pablo González, hermano de Ignacio, también ha logrado que el nuevo juez de Lezo
le impusiese una fianza que le ha permitido salir de prisión. Pero García
Castellón no ha accedido a los deseos del expresidente madrileño, al que ha
contestado con un auto en el que reúne las razones por las que considera que
debe seguir encerrado.
1. Un papel "decisivo y necesario"
El juez considera que el caso Lezo tiene un cabecilla y ese es Ignacio González.
El juez le vincula con las diferentes ramas de la causa y las investigaciones
han ido confirmando ese papel. Durante estos meses se ha producido "una
cristalización progresiva de los indicios de criminalidad como consecuencia de
las diligencias que se están practicando".
Sirve como ejemplo el documento elaborado por el Canal de Isabel II tras la
investigación interna que realizaron a raíz del estallido del caso. El informe
resultante situaba a González tras el pelotazo de esa empresa pública en Brasil:
estaba informado de cada paso a través de su testaferro, Edmundo Rodríguez, y de
otro hombre de confianza al que colocó en la operación sin justificación alguna.
El sumario del caso también apunta a su papel central en el presunto amaño del
Campo de Golf de Chamberí, edificado en los terrenos del Canal gracias a una
modificación del contrato inicial. González propuso esa modificación como
presidente del Canal y la aprobó como vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
La Guardia Civil cree que buscaba beneficiar a ACS, que luego firmó contratos
millonarios con la empresa vinculada a su hermano y su cuñado.
2. Sus deseos de abandonar España
Para convencer a un juez de que te deje en libertad hay que argumentar que no
existe riesgo de fuga. La defensa del expresidente madrileño aseguró en la
petición de libertad que González tiene arraigo familiar y sus padres, a los que
tiene "mucho apego", son ancianos. Sin entrar a valorar esas razones, el juez
echa mano de las intervenciones telefónicas de la Guardia Civil para contestar a
esos argumentos.
El auto hace constar que la "trama criminal" que se investiga "ha operado en
diferentes países", como es el caso de Colombia, donde el testaferro de González
residía habitualmente. Pero el juez destaca que la razón fundamental que
sostiene el riesgo de fuga es que él mismo manifiesta en una conversación su
intención de abandonar España.
En una conversación telefónica con Salvador Victoria, le confiesa que ha estado
preguntando a sus contactos "si hay algo por ahí fuera de interés". "Hay que
montarse algo fuera", le dice a un antiguo colaborador suyo. En las
conversaciones menciona sobre todo Colombia, pero no descarta países como Panamá
o México, donde dice tener contactos.
3. Su patrimonio oculto
Buena parte de la investigación del caso Lezo se centra en localizar el dinero
negro que posee el clan González. Varias intervenciones telefónicas apuntaban a
su disponibilidad de dinero en B del que el expresidente madrileño podía
disponer gracias a las operativas de blanqueo en las que colaboraba su hermano.
"Otra hostia que me han metido del honorario de los abogados de los cojones
estos", comenta González en una de esas grabaciones, para justificar que vuelvan
a hacer "otra operación como la de la otra vez". "¿Qué era? Un préstamo de papá,
¿no?", pregunta su hermano Pablo, a lo que contesta Ignacio afirmativamente.
"¿Dinero B entonces?”, inquiere Pablo. "Sí, dinero B", responde su hermano.
Esa "disponibilidad de dinero ilícito", como apunta el juez en su auto, se
reveló también en sus movimientos para montar estructuras para aflorarlo y en
los detalles que han ido llamando la atención a los agentes de la Guardia Civil
durante su investigación. Por ejemplo, el gusto de González por los relojes
caros, su rapidez en cerrar la caja fuerte del banco cuando sospechó que le
investigaban o la donación de 144.568 euros a sus hijas.
Su defensa alegó que su patrimonio está embargado, pero el juez cree que
González podría apoyarse en su dinero negro para huir del país.
4. Las declaraciones confirman los indicios
En este punto del auto el juez señala que ha obtenido una confirmación de la
existencia de ese dinero negro durante algunas declaraciones de investigados. No
aclara quién habría confirmado este punto y se limita a escribir que la
disponibilidad de dinero ilícito "ha sido reconocida en las diferentes
declaraciones".
Unos párrafos más tarde regresa sobre ello. García Castellón asegura que los
indicios documentales gozan "de la ratificación obtenida en las declaraciones".
Es decir, que algunos de los que han desfilado ante los jueces del caso han
confirmado las sospechas delictivas contra el expresidente madrileño.
Varios implicados podrían haberlo hecho, dado su grado de conocimiento de las
actividades de González. Más allá de sus familiares, conocedores y partícipes de
sus operativas de blanqueo, Edmundo Rodríguez, su hombre en en Canal, y Richmond,
la directora financiara, trataron en más de una ocasión la disponibilidad de
"dinerillo B" de González.
5. Su capacidad de coaccionar a terceros
El juez señala en una parte de su auto que las declaraciones y el examen de
documentación "motivan a su vez nuevas declaraciones y la petición de más
documentación", así que la permanencia de González en prisión permite "evitar
precisamente coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación,
alteración o destrucción de las fuentes de prueba".
"La puesta en libertad del investigado es un factor que podría afectar
directamente a dichas fuentes de prueba", añade el magistrado. El expresidente
madrileño ha demostrado a lo largo de la investigación que está dispuesto a
hacer todo lo posible por frenar las investigaciones en su contra.
En un informe, la Guardia Civil afirmó que González había actuado de manera
similar al crimen organizado cuando trató de influir en la Justicia. Contactó
con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, e intentó influir en la
investigación del caso Ático y se movió para que nombraran a Manuel Moix como
nuevo jefe de Anticorrupción.
http://m.eldiario.es/politica/motivos-mantienen-Ignacio-Gonzalez-incondicional_0_670883454.html
LESMES IMPONE AL JUEZ DE REFUERZO DE LEZO Y EVITA QUE INVESTIGUE EL MAGISTRADO
QUE AUTORIZÓ LAS ESCUCHAS A LA TRAMA
El presidente del CGPJ saca adelante a su favorito, Diego de Egea, con la ayuda
de su voto de calidad. El titular del juzgado, Manuel García Castellón,
reclamaba al anterior juez de refuerzo del caso, Alejandro Abascal
Atado y bien atado. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Carlos Lesmes, ha impuesto su criterio en este órgano para que salga elegido
como juez de refuerzo del caso Lezo un magistrado distinto del que pedía el
propio titular del juzgado, Manuel García Castellón, quien había pedido
expresamente a Alejandro Abascal, el anterior juez de refuerzo que autorizó las
escuchas al expresidente de Madrid Ignacio González.
La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado este jueves nombrar al magistrado
Diego de Egea y Torrón como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia Nacional, que es el órgano que instruye casos de
corrupción como "Lezo" y "Púnica".
La decisión ha dividido en dos al órgano de gobierno de los jueces y ha
precisado del voto de calidad de Lesmes.
De Egea ha recibido el apoyo Lesmes -que ha emitido voto de calidad, que dirime
en caso de empate- y de los vocales Mar Cabrejas -de su entera confianza- así
como los progresistas Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda.
Los otros cuatro vocales de la Permanente, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Fernando
Grande-Marlaska y Juan Martínez Moya han votado al magistrado Alejandro Abascal,
quien ya conoce casos como el de "Púnica" y otros que lleva este juzgado por
haber sido refuerzo en su día del juez Eloy Velasco, quien precedió en este
órgano a Manuel García Catellón.
Cuesta fue elegido vocal a propuesta del PSOE, mientras que los demás lo fueron
a propuesta del PP.
Bloqueo a quien autorizó las escuchas de Lezo
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional fue el primer filtro impuesto por
Lesmes para evitar que Abascal regresara al caso Lezo.
Abascal fue el magistrado que autorizó la colocación de micrófonos en el
despacho de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y quien
decidió que los líderes de esta trama corrupta fueran escuchados con
sofisticados sistemas de espionaje electrónico utilizados hasta entonces en la
lucha antiterrorista.
Este juez es un activo miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura
(APM), de tendencia conservadora, pero cuya cúpula está enfrentada a Carlos
Lesmes por su gestión de ta manera que se ha aliada con las otras asociaciones
judiciales para reclamar más medios para la Justicia.
Otoño caliente
De fondo se encuentra también el run-run de un otoño judicial caliente que
circula entre los jueces y funcionarios, desbordados por la sobrecarga de
trabajo y la ausencia de medios. Todos a una, APM, Jueces para la Democracia (JpD),
Francisco de Vitoria (AfV) y Foro Judicial Independiente (FJI), han sido muy
críticos con el plan de urgencia de cláusulas suelo creado por Carlos Lesmes y
que ha colapsado juzgados especializados, como el de Madrid.
Evitar que Lezo sea un nuevo Gürtel
Es más, el magistrado Eloy Velasco que llevaba este juzgado optó por renunciar
al Juzgado Central 6 ante la negativa del CGPJ a renovar el juez de refuerzo en
el caso Lezo, donde el PP de Madrid y su excúpula están en el epicentro de la
investigación.
La renuncia de Velasco originó entonces otra maniobra para controlar el caso
Lezo y evitar que se convierta en una sangría para el PP como ha ocurrido con el
caso Gürtel.
El sector de Lesmes intentó nombrar de manera interina a un juez afin, en lugar
de sacar la plaza a concurso. Pero los jueces de instrucción de la Audiencia
Nacional se plantaron y se ofrecieron a reemplazar a Velasco hasta que la plaza
pudiera convocarse.
Fue entonces cuando el titular de dicha plaza, Manuel García Castellón, pidió su
reingreso como juez y su reincorporación a dicho juzgado, que había dejado hacía
17 años para dedicarse a la diplomacia judicial en Francia. De esta manera no se
sacó a concurso la plaza.
García Castellón llegó al juzgado y, esta vez sí, consiguió que el CGPJ
accediera a otorgar un juez de refuerzo para estos casos de especial complejidad
como Lezo o Púnica. Pero defendió ante Lesmes y la Audiencia Nacional su
preferencia por quien ya conocía el caso: Abascal.
El deseo de García Castellón chocó contra los integrantes de la Sala de Gobierno
de la Audiencia Nacional que forman parte del círculo de confianza de Lesmes
(todos ellos de su especialidad, en lo contencioso). En un voto de bloqueo
dejaron fuera de su propuesta a Abascal.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional sólo propuso como candidatos a dos
magistrados, cuando lo habitual es presentar una terna. Los elegidos fueron De
Egea, seguido de Miguel Ángel Torres, titular del Juzgado de lo Penal 5 de
Granada.
Diego De Egea es el actual titular del Juzgado de Instrucción número 43 de
Madrid y tiene más antigüedad que todos los que solicitaron la comisión de
servicio. Ingresó en la Carrera Judicial en 1991 y tiene veinte años de
experiencia en la jurisdicción penal.
El refuerzo se establece inicialmente hasta el próximo 31 de diciembre. Si se
considerara precisa la renovación de la medida, la Audiencia Nacional deberá
remitir al CGPJ la correspondiente propuesta con al menos cuarenta días de
antelación a su fecha de vencimiento.
http://m.publico.es/politica/2010700/lesmes-impone-al-juez-de-refuerzo-de-lezo-y-evita-que-investigue-el-magistrado-que-autorizo-las-escuchas-a-la-trama
EL
JUEZ MANTIENE LA PRISIÓN INCONDICIONAL PARA IGNACIO GONZÁLEZ
Rechaza la petición de la defensa del expresidente de la Comunidad de
Madrid que había solicitado su puesta en libertad alegando la variación
sustancial de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha
medida.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido
mantener en prisión incondicional –comunicada y sin fianza- a Ignacio González,
expresidente de la Comunidad de Madrid, que está en la cárcel de Soto del Real
por su presunta implicación en la operación Lezo desde el pasado 21 de abril.
En un auto, que ha sido notificado hoy, el juez rechaza la petición de la
defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid que había solicitado su
puesta en libertad alegando la variación sustancial de las circunstancias que en
su día llevaron a la adopción de dicha medida.
"Un papel decisivo y necesario"
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional
explica que, conforme avanza la investigación, se desprende que Ignacio González
ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos que se investigan
en este causa (malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal,
prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones
internacionales, cohechos y blanqueos de capitales).
Las penas que conllevan estos delitos, afirma el juez en su auto, ya
justificarían el mantenimiento de su situación personal, pero a ello añade otras
circunstancias para confirmar la prisión. García-Castellón afirma que no han
variado las circunstancias que en su día motivaron la medida, sin todo lo
contrario, “asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales
de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando,
lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su
situación como solicita la defensa”.
Otro de los motivos en los que se basa el juez para adoptar esta decisión es el
riesgo de fuga. En este caso, indica, es evidente con "una trama criminal que ha
operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en
conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios
en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el
marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de
procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en
las diferentes declaraciones) patentiza el riesgo de fuga".
Riesgo de acceso a las fuentes de pruebas
El juez valora también otro riesgo, el de acceso a las fuentes de pruebas. En
este sentido, afirma que las diligencias que se están practicando en el juzgado,
declaraciones y examen de documentación que a su vez dan lugar a nuevas
declaraciones y a la petición de más documentación, requieren que las
actuaciones estén secretas para evitar coacciones o actuaciones tendentes a
evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, máxime en este caso
en el que la documentación ha sido ratificada en las declaraciones, por lo que
la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid podría afectar
a esas fuentes de prueba.
Como consecuencia de todo ello, García-Castellón concluye que se mantienen todos
los elementos que llevaron a adoptar la prisión de Ignacio González y que el
avance de la investigación, de una forma rápida y ágil, pasa necesariamente por
mantener la medida adoptada, no siendo éste el momento procesal para variarla,
pues las nuevas pruebas recabadas desde que se acordó la misma "patentizan la
existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción
de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la
destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la
investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros
decomisos del producto del delito".
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170731/235476651_0.html
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SEPARA A IGNACIO GONZÁLEZ Y EDMUNDO RODRÍGUEZ
SOBRINO POR DECISIÓN DEL JUEZ DEL 'CASO LEZO'
Edmundo Rodríguez Sobrino ha sido trasladado de la cárcel de Soto del Real a la
de Estremera después de que el juez García Castellón pidiera por escrito al
Ministerio del Interior
Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en
el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y
funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití
Instituciones Penitenciarias ha separado de prisión a Ignacio González y Edmundo
Rodríguez Sobrino por decisión del juez instructor del caso Lezo, el magistrado
de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, han informado a Europa Press
fuentes de este Departamento dependiente del Ministerio del Interior.
Edmundo Rodríguez Sobrino, el "hombre fuerte" de Ignacio González en los
negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, ha sido trasladado de la cárcel
de Soto del Real a la de Estremera después de que el juez García Castellón
pidiera por escrito al Ministerio del Interior que no se facilitara la
comunicación diaria entre ambos internos.
El juez García Castellón tomará declaración mañana a Edmundo Rodríguez Sobrino
después de aplazar su citación fijada en un principio para el pasado martes.
Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el investigado quiere
aportar información después de casi dos meses y medio en prisión incondicional
dictada el 21 de abril por el anterior titular del Juzgado Central de
Instrucción número 6, Eloy Velasco.
El expresidente de Inassa y mano derecha de Ignacio González en los negocios del
Canal de Isabel II, la empresa de aguas situada en el centro de la operación
Lezo, pidió declarar voluntaria ante el nuevo juez. El supuesto líder de la
trama, el expresidente madrileño Ignacio González, también ha pedido comparecer
ante García-Castellón.
Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino son los únicos imputados en la
trama de corrupción Lezo contra los que el juez Velasco dictó prisión
incondicional. A Pablo González, hermano del expresidente madrileño, y a la
exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond les impuso
prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros.
Tras el relevo de magistrado en el Juzgado Central 6, Richmond quiso declarar
voluntariamente para aportar nueva documentación sobre la compra de la empresa
brasileña Emissao en 2013 y solicitar una rebaja en las medidas cautelares para
poder "defenderse desde la libertad".
Un día después, el juez García Castellón rebajó de cuatro millones a 100.000
euros la fianza para poder salir de la cárcel, lo que se hizo efectivo el pasado
viernes a última hora. Ahora es Rodríguez Sobrino el que quiere declarar
voluntariamente y ofrecer nuevos datos al magistrado para intentar obtener una
mejora en sus condiciones, aunque su caso es diferente al de Richmond, ya que él
está en prisión provisional sin fianza.
Sobornos en el extranjero
Según el auto de prisión redactado por el juez Velasco el pasado 21 de abril,
Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en
el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y
funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para
"manipular" los procesos de obtención de contratos para Inassa, filial del Canal
de Isabel II en América Latina.
En el auto se explicaba también que los fondos obtenidos por los contratos en
los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha
descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido "oculto y
desvinculado de su presunto origen ilícito" tanto en Inglaterra como en Colombia
y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.
Durante la investigación del caso Lezo, el expresidente de Inassa fue consciente
de la intervención de su teléfono, por lo que inició "operaciones de
transformación de su patrimonio conocido", de ahí que se deduzca que "habría
intentado alejar su patrimonio con la doble intención de dificultar el
descubrimiento de su origen y eludir las posibles responsabilidades civiles que
pudieran serle atribuidas".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/12/instituciones_penitenciarias_separa_ignacio_gonzalez_edmundo_rodriguez_sobrino_por_decision_del_juez_del_caso_lezo_67510_1012.html
GONZÁLEZ SE EXPLICA ANTE EL JUEZ PERO NO SOLICITA TODAVÍA SU LIBERTAD
Durante más de 3 horas, el expresidente madrileño ha declarado por decisión
propia ante el juez Manuel García Castellón. Ha defendido su inocencia, ha dicho
que no existe ningún riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas y tampoco
reiteración delictiva.
Tres líneas de investigación le señalan como responsable penal de numerosos
delitos: el inconcluso tren a Navalcarnero, la posible financiación irregular
del PP a través de la empresa pública madrileña de informática y el Canal de
Isabel II.
Una parte de esa investigación ya no tiene carácter secreto por lo que González
puede defenderse porque conoce las acusaciones sobre él. Y ha hablado tal y como
quería para negar su participación en los hechos intentando no implicar a
terceros, especialmente a su hermano Pablo González.
Un Pablo González que también se ha sometido a interrogatorio pero por el caso
Mercasa, otro sumario de presunta corrupción que se centra en averiguar que
sucedió con 50 millones de euros para un proyecto de mercado de abastos en la
capital angoleña, Luanda.
En todo caso, Ignacio González ha intentado con esta declaración voluntaria
mostrar su voluntad de colaborar con la Justicia, aunque no ha solicitado
expresamente su libertad bajo fianza.
Esta posibilidad la va solicitar su defensa en las próximas horas mediante un
escrito ante el juez, pero pidiendo medidas cautelares para que el detenido
pueda regresar a casa con su familia.
Fuentes de la investigación han señalado a Radio Madrid que el juez García
Castellón no va a modificar por ahora la situación penitenciaria de Ignacio
González. La Fiscalía tiene la misma opinión.
http://cadenaser.com/emisora/2017/07/19/radio_madrid/1500476043_962477.html
PABLO GONZÁLEZ SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR LA FIANZA DE 200.000 EUROS
El juez Manuel García Castejón ha rebajado la fianza de 4 millones de euros a
200.000 euros después de tener en cuenta los motivos de salud acreditados, el
tiempo transcurrido en prisión y el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia
Nacional.
El exdirectivo de Mercasa, Pablo González, el día de su detención el pasado 21
de abril de 2017.
Pablo González ha salido de prisión tras haber abonado los 200.000 euros que el
juez, Manuel García Castejón, ha acordado rebajar de la fianza de 4 millones de
euros que le impuso cuando ingresó en prisión el pasado 21 de abril. Según
fuentes judiciales, la fianza ha sido abonada en efectivo por cuatro fiadores,
entre ellos familiares y amigos, que han aportado distintas cantidades.
Según el auto, el juez ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido en la cárcel,
los motivos de salud acreditados en informes médicos y el informe favorable de
la Fiscalía de la Audiencia Nacional para rebajar la fianza.
La pieza que motivó fundamentalmente el ingreso en prisión de González fue la
denominada "Mercasa", la investigación de la trama de sobornos desde la empresa
pública a través de adjudicaciones en el extranjero. El juez asegura que
"durante este tiempo se han realizado diferentes actuaciones tendentes a la
comprobación de los hechos, así como la recogida de elementos de prueba". Estos
tres motivos, continúa, "y en concreto la inhibición de Mercasa, fundamentan,
por una parte el mantenimiento de la medida cautelar adoptada, pero por otra, la
rebaja de la fianza, en 200.000 euros".
Por tanto, "el tiempo transcurrido, las medidas adoptadas y las piezas en las
que ahora se le investiga (Tecnoconcret y blanqueo de capitales) han disminuido
considerablemente su capacidad de destrucción o alteración de fuentes de
pruebas" concluye.
Una vez acreditado también el arraigo familiar y la menor capacidad para
destruir pruebas, Pablo González podrá que en libertad tras el pago de la fianza
con la obligación de comparecencias quincenales y la entrega del pasaporte con
la prohibición de salir del país sin permiso del juzgado.
Pablo González esta en prisión desde el pasado abril, comparte celda con su
hermano Ignacio González por el 'caso Lezo' y está investigado, entre otras
tramas, por el pago de sobornos desde Mercasa donde su papel, subraya el
escrito, es especialmente relevante.
http://cadenaser.com/ser/2017/07/27/tribunales/1501157509_824876.html
LA EX DIRECTORA FINANCIERA DEL CANAL SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR UNA FIANZA DE
100.000 EUROS
María Fernanda Richmond quiere aportar nueva información que precisa que su
posición en la empresa no le permitía conocer los desvíos de fondos de Lezo
Se le rebajó la fianza inicial de cuatro millones de euros tras tomarle
declaración en las dependencias judiciales
La ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond quedó
en libertad a última hora de este viernes tras abonar la fianza de 100.000 euros
impuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que
le rebajó la cuantía inicial de cuatro millones de euros acordada por el
anterior instructor del caso Lezo, el juez Eloy Velasco.
Según han informado fuentes de la defensa a Europa Press, Richmond abandonó la
madrileña cárcel de Soto del Real donde permanecía desde el pasado 20 de abril
por su implicación en la trama investigada ante presuntas irregularidades en la
gestión de la empresa pública de agua.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional
le rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza impuesta a la acusada un
día después de tomarle declaración en las dependencias judiciales. Richmond
solicitó una la imposición de otras medidas cautelares que le permitieran
"defenderse desde la libertad".
La ex directora financiera del Canal quería aportar nueva información que
precisa que su posición en la empresa pública no le colocaba en situación de
conocer el presunto desvío de fondos que llevó a cabo la trama liderada por el
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Precisamente la defensa de González solicitó ayer al mismo magistrado declarar
voluntariamente, al igual que su mano derecha en Sudamérica y expresidente de
Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos permanecen en la prisión de Soto del
Real desde el pasado 21 de abril cuando se les decretó prisión incondicional sin
fianza por su implicación en la trama Lezo.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/08/la_directora_financiera_del_canal_sale_prision_tras_abonar_una_fianza_100_000_euros_67369_1012.html
EL
NÚMERO 2 DE LA TRAMA LEZO EVITA IMPLICAR A IGNACIO GONZÁLEZ
El expresidente de la filial sudamericana del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino,
intenta justificar sus acciones durante cerca de cinco horas de interrogatorio
en la Audiencia Nacional, y rehúsa responsabilizar al expresidente autonómico y
supuesto líder de la organización criminal
El expresidente de la filial sudamericana del Canal Isabel II, Inassa, y mano
derecha de Ignacio González, Edmundo Rodríguez, ha declarado este jueves durante
cerca de cinco horas ante el titular del juzgado número 6 de la Audiencia
Nacional, Manuel García Castellón, en las que ha intentado justificar sus
acciones, proteger a su hija y no ha derivado la responsabilidad de los hechos
en el expresidente autonómico, según fuentes jurídicas. Sin embargo, la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han obtenido
pruebas contundentes de la implicación y actividad delictiva de Ignacio
González.
En prisión desde el pasado 21 de abril por su implicación en el caso Lezo,
Edmundo Rodríguez había solicitado comparecer de forma voluntaria después de
cambiar de abogado, y de que el magistrado rebajara de 4 millones a 100.000
euros, la fianza para otra imputada: María Fernanda Richmond.
Hay numerosas evidencias que implican a Edmundo Rodríguez en el caso. Guardaba
más de 400.000 euros en Suiza y le fueron incautados 262.000 en metálico en el
registro a su piso en Colombia. Además, a nombre de su hija han sido localizadas
varias propiedades producto de comisiones ilegales en Colombia, Panamá y Reino
Unido, según los investigadores.
Supuestamente, y por orden de González, el expresidente de Inassa ejecutó la
polémica adquisición de la brasileña Emissao, que supuso un perjuicio para las
arcas públicas de 25 millones de euros, que acabaron en cuentas suizas y de los
que las autoridades judiciales han conseguido bloquear 18.
Al finalizar su declaración, Edmundo Rodríguez ha regresado a la cárcel de
Estremera.
http://cadenaser.com/ser/2017/07/13/tribunales/1499975203_326819.html
EL HERMANO DE GONZÁLEZ, IMPUTADO A LA PAR POR CORRUPCIÓN EN DOS JUZGADOS DE LA
AUDIENCIA NACIONAL
La investigación por las presuntas irregularidades de Mercasa han sido asumidas
exclusivamente por el juzgado que dirige José de la Mata después de que el
titular del Central de Instrucción 6 haya enviado esta pieza separada del caso
Lezo a su compañero. Se da la circunstancia de que ahora Pablo González está
siendo investigado en Mercasa y en Lezo por dos jueces distintos.
La investigación del caso Lezo pierde una de sus piezas separadas -el juez Eloy
Velasco troceó el caso en seis ramificaciones- después de que el titular del
Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional se haya
inhibido a favor del magistrado José de la Mata, en lo referente a las
irregularidades de Mercasa.
Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, De la Mata ya ha dictado un auto
donde ha decidido asumir dicha investigación en la que se encuentra imputado el
hermano de Ignacio González, Pablo González.
El pasado 16 de mayo, el juez Velasco dividió la macrocausa Lezo en las
siguientes piezas separadas: la número 1, que englobaba la causa principal sobre
la expansión del Canal de Isabel II en Sudamérica; la pieza 2, que versaba sobre
las irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf; la pieza 3,
sobre la adjudicación del tren de Navalcarnero; la pieza 4, destinada a la
supuesta financiación ilegal del PP a través de Indra; la 5, donde se investiga
el blanqueo de capitales de la familia González; y, la 6, las irregularidades en
Mercasa, donde se encontraba imputado Pablo González, hermano del expresidente
madrileño Ignacio González.
Sin embargo, en el caso de las presuntas irregulares de la empresa pública
Mercasa se dio la circunstancia de que, cuanto estalló la operación Lezo, el
Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ya tenía
abierta una investigación -a raíz del caso Defex- por estos hechos. De ahí, que
finalmente el Juzgado 6 se inhibiese a favor de José de la Mata.
La principal consecuencia jurídica de estos movimientos entre togados de la
Audiencia Nacional es que Pablo González a falta de estar ahora imputado por
corrupción en un juzgado de dicho órgano judicial lo está en dos.
El acusado, en prisión
En el Juzgado de José de la Mata por su implicación en el caso Mercasa, donde se
investigan operaciones de la empresa pública en países como República
Dominicana, Angola, Argentina y Panamá, ciertos pagos y el supuesto desvío de
fondos; y en el Juzgado que ahora capitanea Manuel García Castellón por las
irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf de Isabel II.
El investigado se encuentra desde el pasado mes de abril en prisión preventiva
después de que el instructor de Lezo ordenara su ingreso en la cárcel eludible
previo pago de una fianza de cuatro millones de euros.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha citado a
declarar el próximo día 17 a varios exdirectivos y exmiembros del consejo de
administración investigados en el caso Mercamadrid, entre los que figura el
hermano de Ignacio González.
http://www.vozpopuli.com/espana/Gonzalez-imputado-corrupcion-juzgados-AN_0_1041496881.html
UN JUZGADO PIDE LA GRABACIÓN DEL CHIVATAZO A LA 'TRAMA LEZO' DE LA "MAGISTRADA
AMIGA"
Un juzgado de Plaza Castilla apremia a la UCO de la Guardia Civil a que entregue
las transcripciones de las comunicaciones interceptadas en la 'operación Lezo' a
los jefes de la presunta trama donde hablan de una "magistrada amiga de la casa"
El presunto chivatazo que alguien dio a los cabecillas de la trama Lezo es uno
de los asuntos más urgentes que queda por resolver en esta operación en la que
los líderes de la presunta trama, Ignacio González, expresidente de la Comunidad
de Madrid y su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, continúan en
prisión. Este fleco que queda por investigar es clave porque el aviso permitió,
según las diligencias elaboradas, que siete meses antes de que se produjesen las
detenciones González y Rodríguez supiesen incluso que la justicia había cursado
comisiones rogatorias internacionales a diferentes países.
La formación política Contrapoder presentó un denuncia por revelación de
secretos en un juzgado de Plaza Castilla en la que se indicaba que según las
diligencias "fue una magistrada amiga de la casa" la que supuestamente chivó que
los teléfonos del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y de
otros investigados estaban intervenidos.
Solicita que se entreguen las transcripciones de las intervenciones telefónicas
Ahora el Juzgado de Instrucción número 6 de Plaza Castilla apremia a la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a que entregue la copia de las
transcripciones de las intervenciones telefónicas efectuadas a lo largo de estas
diligencias referidas al presunto chivatazo que alguien dio a Edmundo Rodríguez,
en aquel momento consejero delegado del diario La Razón. "El Juzgado Central de
Instrucción número 6 no se puede negar a la autoridad judicial que resuelve que
la UCO entregue a este Juzgado la copia requerida de las transcripciones de las
intervenciones telefónicas efectuadas", señala este auto del pasado 23 de junio
al que ha tenido acceso la Cadena SER.
Es decir, Plaza Castilla va a investigar la supuesta revelación de secretos que
hubo a lo largo de esta investigación tal y como recogen las conversaciones
telefónicas interceptadas judicialmente en este caso concreto a Edmundo
Rodríguez quien según la investigación también actuó de presunto testaferro de
Ignacio González. El juez que está investigando este fleco es el titular del
Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, que
ha tramitado la denuncia presentada por la formación política Contrapoder.
Además el partido político Contrapoder solicita al Juzgado de Instrucción Número
6 de Madrid que cite como testigo de la causa a Edmundo Rodríguez Sobrino que
sigue en prisión incondicional porque "fue Edmundo el que alertó a Ignacio
González de que una magistrada amiga de la casa le había chivado la existencia
de pinchazos telefónicos".
http://cadenaser.com/ser/2017/06/29/tribunales/1498758577_763799.html
CANAL DE ISABEL II: EL JUEZ DICE QUE LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE PANAMÁ FUE
“FRAUDULENTA”
El juez Manuel García Castellón considera que la compra de Inassa por
parte del Canal de Isabel II a través de Panamá fue una operación “fraudulenta”.
Así lo asegura en un auto fechado el 21 de julio al que ha tenido acceso
OKDIARIO.
García Castellón rebate de esta forma los argumentos aportados por varios socios
involucrados en la compra de Inassa que pedían el archivo de la causa. Entre
ellos Francisco Olmos Fernández-Corugedo, gerente general de la sociedad Triple
A de Barranquilla, una de las filiales de Inassa, presidente de Inassa, director
general de Tecvasa -la sociedad que reunía al grupo de empresarios españoles que
dio el pelotazo– y consejero de Canal Extensia de la que también era socio.
El Canal de Isabel II desvió 73 millones de dólares, unos 83 millones de euros
entonces y 67 al cambio actual, en el año 2001 al paraíso fiscal de Panamá para
la compra de Inassa. Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas
de Madrid, fue el gerente de la empresa pública de aguas de Madrid, entre
septiembre de 2001 y 2003, periodo en el que el Canal consumó la operación de
compra de Inassa, la sociedad de aguas de Barranquilla, en Colombia.
El magistrado que sustituyó a Eloy Velasco en la instrucción del ‘caso Lezo’
asegura que se utilizó la Sociedad de Aguas de América (SAA) radicada en Panamá
como “sociedad interpuesta que permitió indiciariamente el desvío de una ingente
cantidad de dinero público de la CAM”.
Esta sociedad offshore fue liquidada el mismo día de la venta, por la que se
pagó una cantidad 10 veces mayor de su valor real, según las investigaciones de
la Audiencia Nacional.
Canalda y Olmos son señalados en la causa como dos de los actores que
intervinieron en la operación de ingeniería financiera por la que una entidad
pública como el Canal de Isabel II pagó con dinero de los contribuyentes una
operación de compra de una sociedad colombiana a través de un paraíso fiscal.
Vanos intentos por callar a OKDIARIO
Arturo Canalda ha intentado por todos los medios evitar que este periódico
continúe publicando informaciones sobre la adquisición de Inassa cuando él era
gerente del Canal de Isabel II. Canalda accede al cargo el 25 de septiembre de
2001 y la compraventa por el Canal de la sociedad extranjera de aguas se produce
el 13-12-2001. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid
ha dictado un auto tirando por tierra las intenciones de Canalda ya que suponen
una “censura previa” a un medio de comunicación.
Una pieza importante del puzzle societario en el que estaba involucrado Canalda,
y que tuvo en cuenta el magistrado, son los informes del despacho de abogados
Cuatrecasas, contratado por el Canal en 2004 y 2009 para auditar y fiscalizar
todo ese proceso mercantil. En estos informes de auditoría se constata que la
utilización de la sociedad instrumental en Panamá fue ocultada por los gestores
del Canal a la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Consejo de
Administración de la empresa de aguas.
https://okdiario.com/investigacion/2017/07/29/canal-isabel-ii-juez-dice-compra-inassa-traves-panama-fue-fraudulenta-1199774
VILLAR MIR NIEGA PAGOS A GONZÁLEZ POR EL TREN DE NAVALCARNERO: "FUE RUINOSO PARA
OHL"
El presidente del Grupo Villar Mir solicita su desimputación en el caso Lezo
alegando que no tuvo ninguna participación en el presunto pago de una comisión
al cerebro de la trama
Juan Miguel Villar Mir ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6
de la Audiencia Nacional que le desimpute en el caso Lezo, la investigación
sobre la trama de comisiones ilegales que presuntamente lideraba el expresidente
de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El empresario no sólo asegura que no
participó en ninguna de las transacciones que están bajo sospecha, sino que la
supuesta adjudicación por la que su constructora OHL habría abonado una comisión
de 1,4 millones de euros al exdirigente del PP, la concesión de las obras del
Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, se saldó con un resultado ruinoso para
su compañía.
El recurso de reforma que ha presentado la defensa de Villar Mir contra su
imputación recuerda en primer lugar que, en el auto que dictó el juez Eloy
Velasco para citarlo a declarar el próximo 12 de septiembre, su nombre sólo
aparece en dos ocasiones: “Para ubicarlo como investigación en la pieza separada
número 3 y para fijar su declaración. Ni una sola referencia más al señor Villar
Mir en toda la resolución judicial”. En opinión de sus abogados, el auto debería
concretar cuáles son los motivos, más allá de una “mera conjetura o simple
sospecha”, que llevan al juez a concluir su participación en los hechos. “El
auto ahora recurrido no cumple en absoluto las exigencias expuestas”.
En opinión de sus abogados, el auto debería concretar cuáles son los motivos,
más allá de una “mera conjetura o simple sospecha”
El empresario insiste en que el auto en el que se acuerda su citación como
investigado únicamente menciona “diferentes tramas delictivas, no siempre sobre
hechos semejantes o involucrando a las mismas personas, que tienen como
denominador común al investigado D. Ignacio González y que afectan a diferentes
órganos de contratación e, incluso a diferentes contratos”. Pero, sostiene
Villar Mir, el auto “no dice absolutamente nada de los que tendría que decir
para justificar la imputación”.
No es el único argumento al que se agarra el presidente del hólding Villar Mir
para tratar de quedarse al margen de esta causa, en la que también está imputado
su yerno Javier López Madrid, consejero delegado del grupo familiar y consejero
igualmente de OHL. El industrial alega que los hechos que se investigan en la
pieza separada número 3 del caso Lezo, el pago por parte de su empresa “de una
comisión a funcionario o autoridad pública por la adjudicación del contrato de
concesión de la línea ferroviaria que debía unir Móstoles Central con la
localidad de Navalcarnero”, fue “tan ruinoso para OHL que llegó a provocar una
ampliación de capital en la compañía, dadas las enormes pérdidas por inversiones
no recuperadas e incumplimientos administrativos en las que la compañía
incurrió”.
En efecto, las obras del tren no llegaron a terminarse y OHL mantiene un litigio
con la Comunidad por la resolución del contrato. Sin embargo, las pesquisas se
centran en el periodo previo a la adjudicación del proyecto. Los expertos en
delitos económicos de la Guardia Civil han aportado al sumario un aluvión de
pruebas de que el yerno de Villar Mir realizó una transferencia en septiembre de
2007 de 1,4 millones de euros desde una filial mexicana de OHL a una cuenta
suiza del banco Anglo Irish Bank controlada por la sociedad panameña Lauryn
Group. El dinero tenía como objetivo recompensar a Ignacio González por su
presunta mediación para que la constructora se llevara las obras del Cercanías.
Sólo un mes después del pago, OHL logró el contrato.
Sin embargo, González alega que nunca recibió el dinero. El propietario de
Lauryn Group, Adrián de la Joya, ha admitido que López Madrid le envió el dinero
para que se lo transfiriera al presidente madrileño, pero ha declarado que se
quedó los fondos para saldar las deudas que le había dejado el Grupo Villar Mir
por un proyecto conjunto en Burkina Faso. Con todo, el juez Velasco consideró
que el pago es suficiente para imputar la existencia de la comisión y se sigue
rastreando el dinero de la cuenta suiza para conocer el destino de hasta su
último euro.
El juez Velasco consideró que el pago es suficiente para imputar la existencia
de la comisión y se sigue rastreando el dinero de la cuenta suiza
La defensa del presidente del grupo empresarial niega por completo esa
conclusión. “En ningún pasaje de las actuaciones se concreta la intervención
personal que se achaca al señor Villar Mir en los hechos investigados. Ningún
comportamiento se le atribuye al respecto, activo o pasivo”, asegura. “Cierto es
que, en el año 2007 -cuando se produce la adjudicación del contrato
administrativo en cuestión- ostentaba el cargo de presidente de OHL”, continúa
su recurso de reforma. “Sin embargo, este cargo no es por sí mismo expresión de
ninguna acción criminal (…) En suma”, termina el escrito, “no hay en la causa
nada que pueda decirse del señor Villar Mir, pues nada ha hecho y en nada ha
participado”.
Las acusaciones populares personadas en el procedimiento ya se han opuesto a la
petición del empresario recordando la implicación de su grupo en el principal
soborno atribuido a González y justificando la necesidad de que el industrial
comparezca ante el juzgado para aclarar su responsabilidad en ese capítulo del
caso Lezo. González se encuentra en prisión provisional desde el 21 de abril.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-27/villar-mir-niega-soborno-a-gonzalez-tren-navalcarnero_1406135/
LEZO: EL SUMARIO QUE DESNUDÓ LA POLÍTICA MADRILEÑA, LAS MANIOBRAS DEL PP EN LA
JUSTICIA Y A EJECUTIVOS DE LA PRENSA
Arrancó como una investigación al expresidente Ignacio González y la gestión que
ha hecho del caso el Gobierno derivó en la reprobación en el Congreso de un
ministro, un fiscal general y un secretario de Estado
La operación contra las corruptelas del Canal ha jubilado políticamente a
Esperanza Aguirre y puesto en entredicho al director de La Razón y a un
importante ejecutivo de Atresmedia
Las escuchas en las que los principales imputados conspiraban para situar a
Manuel Moix como responsable de Anticorrupción y sus primeras decisiones
arruinaron el prestigio del anterior fiscal jefe de Madrid
Hubo un tiempo en que nadie se atrevía a toser a Ignacio González. Fueron
lustros de poder omnímodo del PP de Madrid. De mayorías absolutísimas que
alcanzaron su cénit tras las municipales de 2011 cuando la expresidenta de la
región, del partido y de casi todo, Esperanza Aguirre, decretó el fin del
"cinturón rojo" al sur de la Comunidad tras ver a sus candidatos sentados en
alcaldías históricas del PSOE como Parla, Móstoles o Alcorcón.
Desde el Gobierno regional el PP manejaba presupuestos anuales de 20.000
millones de euros. Controlaba la televisión pública y la mayor parte de la
prensa privada comía de su mano amamantada por sus generosos convenios
publicitarios. La patronal, con su presidente Arturo Fernández a la cabeza,
estaba a partir un piñón con el Gobierno haciendo donaciones a través de
Fundescam y el futuro contemplaba faraónicas muestras de poderío como la Ciudad
de la Justicia, con sus 15 edificios de autor encargados a eminencias de la
arquitectura como Zaha Hadid o Norman Foster.
Ese era el ambiente en 2012 cuando Aguirre decidió legar su ingente capital
político al delfín preferido, Ignacio González, a quien ya había entregado las
llaves del partido con la secretaría general. La crisis azotaba todavía con
fuerza pero había un Gobierno amigo en La Moncloa. En la primera de las tres
despedidas de la presidenta y tras años de luchas intestinas, González era el
elegido. Su oponente de siempre, Francisco Granados había dado un paso atrás
resignado a comentar la actualidad política desde las tertulias. Alberto Ruiz
Gallardón había dejado de ser un rival mucho antes cuando permitió a Aguirre
hacerse con todo el control territorial del partido y en ese momento ejercía de
ministro de Justicia a las órdenes de Mariano Rajoy.
De aquellas fotos en sepia que retrataron la felicidad total del PP madrileño
hace solo cinco años no queda nada y hoy el legado de Aguirre y González está
hecho añicos. La presidenta, tuvo que despedirse en tres actos, sacudida por la
corrupción, y su sucesor mata ahora los días en una celda de Soto del Real.
El entierro del aguirrismo
El futuro del aguirrismo ya empezaba a pintar mal con las primeras informaciones
del lujoso ático de Estepona y cuando el dedo de Mariano Rajoy eligió para el
cartel de la Comunidad a Cristina Cifuentes. Para colmo, ella ganó mientras que
Esperanza Aguirre salió derrotada en las urnas por lo que ella misma calificaba
como un grupo de populistas y elementos antistema, Ahora Madrid, que desde el
verano de 2015 gobierna el Ayuntamiento de la capital.
Pero todo se tiñó de negro carbón la mañana del pasado 19 de abril: agentes de
la Guardia Civil detuvieron a González a las puertas de su chalé de Aravaca, en
las afueras de la capital. La Operación Lezo, que llevaba año y medio
fraguándose bajo el sigilo del secreto de sumario, veía la luz para derrocar lo
que quedaba en pie del régimen aguirrista. Cayó Ignacio González, cayó su hombre
de confianza en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, cayó el hermano del
expresidente, Pablo, por sus manejos en la empresa pública Mercasa, y también el
hombre que movía los hilos de otro ente paralelo la Comunidad José Martínez
Nicolás, por su gestión como consejero de la Agencia Informática de Madrid.
Los arrestos coincidieron con la semana en la que Aguirre estaba citada a
declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. En la sala, ante el juez
repitió ya con poca convicción el estribillo de que ella fue quien destapó la
trama. A la salida, rodeada de micrófonos y cámaras hizo una firme defensa de su
inocencia pero ya no puso la mano en el fuego por González, que pasaba sus
primeras horas en el calabozo a la espera de declarar ante el juez Eloy Velasco.
La teoría del par de cargos que le habían salido rana estaba hecha trizas. La
cuenta atrás para su abandono de la política había comenzado y Aguirre no pudo
contener las lágrimas.
Con el auto del juez que enviaba a prisión a González un viernes de madrugada
acusado de malversar millones de euros a través del Canal y de otros negocios
como alto cargo de Madrid, Aguirre tomó la decisión de marcharse por última vez
y dejar el acta de concejal en el consistorio. El comunicado que firmó el PP de
Cifuentes para despedirla parecía escrito sobre un bloque de hielo. Ni un solo
adjetivo cariñoso, como si su sucesora quisiera cerciorarse de que esta vez la
carrera de Aguirre no volvería a resucitar.
Campañas bajo sospecha
Los informes de Anticorrupción, de la Guardia Civil y los autos del juez Velasco
también han buceado en el origen del dinero para pagar los despliegues
propagandísticos de las vacas gordas. El magistrado de la Audiencia Nacional
sostiene que un millón de euros salió de inflar contratos en el Canal de Isabel
II y mantiene la lupa sobre oscuras compraventas en el Canal de Isabel II. La
oposición en Madrid se ha apresurado a decir que el PP regional no solo estaba
repleto de presuntos sino que acudía dopado a las campañas. Cifuentes que se
presentó como denunciante del caso, pese a que este ya estaba siendo investigado
en la Audiencia Nacional, proclamó que " el tiempo de los corruptos se ha
terminado". Su credibilidad también está en entredicho después de que la Guardia
Civil haya pedido investigarla en otro sumario gemelo, el caso Púnica, por la
adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid a un viejo conocido del
partido, el empresario Arturo Fernández. De momento, ni el juez ni los fiscales
han pedido su imputación y ella repite que está limpia.
La Guardia Civil hurga también en el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón en la
Comunidad y ha registrado una cita con quien fue uno de sus enemigos acérrimos
en el partido, Ignacio González, en el despacho que este tiene en pleno centro
de Madrid. Anticorrupción sospecha de un pacto de silencio y tiene subrayada en
rojo una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana en la que el
primero se jacta de haber tapado una supuesta corruptela del Gobierno de
Gallardón en América, donde según González la Comunidad pagó 100 millones de
euror por una filial del Canal "que no valía ni 30".
Conspiraciones en la Justicia
Los miles de folios y las decenas de horas de grabaciones telefónicas y con
micros del sumario Lezo no solo han enterrado lo que quedaba de aguirrismo,
también destaparon las maniobras del Partido Popular en la Justicia. Antes
incluso de que se levantara el secreto de sumario, afloraron conversaciones en
las que Ignacio González, cabecilla de lo que el magistrado Eloy Velasco llama
"organización criminal", conspiraba con compañeros de partido y directivos de
comunicación para que se nombrase como jefe de Anticorrupción a Manuel Moix, "un
tipo cojonudo", según sus propias palabras. La Unión Progresista de Fiscales
desveló que había trasladado las sospechas de que Moix figuraba en las escuchas
al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y que este pese a todo lo puso
al frente de Anticorrupción. Moix estaba chamuscado por Lezo y su puntilla fue
la noticia de que tenía participaciones en una sociedad familiar constituida en
Panamá. Se fue semanas después de que el Congreso de los Diputados lo reprobase.
Maza, en idéntica situación, sigue al frente de la Fiscalía General.
Un ministro en el alambre
En el teléfono de Ignacio González los investigadores también hallaron mensajes
con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien horas después de ser
confirmado en el puesto, deseaba al expresidente madriñeño " que se acaben los
líos". Catalá, quien dijo tener el apoyo y la comprensión del presidente,
Mariano Rajoy, que también envío sms parecidos a Bárcenas, sabe desde entonces
que la mayoría del Congreso exige su cese. Ha sido reprobado por la Cámara donde
reside la soberanía nacional, pero tanto el ministro como el Gobierno y el
propio Partido Popular, dan a entender que eso no tiene importancia.
El último cargo público reprobado esta semana ha sido el secretario de Estado de
Seguridad, José Antonio Nieto, por recibir en su despacho a Pablo González,
hermano de Ignacio, y según apunta el sumario, cerebro de una trama para sacar
dinero público de la firma Mercasa a través de un fraude de facturas falsas y de
la compra de funcionarios en terceros países.
Los casi dos años de seguimientos, escuchas y sobre todo los movimientos de
dinero a paraísos fiscales apuntan también a las grandes constructoras de este
país. La Guardia Civil inspeccionó ACS y mantiene que la empresa de Florentino
Pérez pagó mordidas en los expedientes del campo de golf ilegal que el Gobierno
de Aguirre levantó sobre terrenos del Canal de Isabel II. Y una de las cabezas
visibles del Grupo OHL, Javier López Madrid, el compiyogui al que tuteaban los
reyes de España para desearle suerte cuando afloraron sus primeros escándalos en
la prensa, el yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, ha
evitado la cárcel pagando una fianza de 100.000 euros. Está acusado de pagar una
mordida a través de un banco suizo a Ignacio González a cambio de adjudicarle la
obra del tren a Navalcarnero, un proyecto fallido que no se llegó a realizar.
Los tres Porsches deportivos de López Madrid están incautados por el juzgado y
crecen las sospechas de que el conglomerado empresarial de su familia era uno de
los financiadores del PP.
Junto a él han caído media docena de pequeños empresarios que según desliza la
instrucción han jugado un papel clave para camuflar la caja B del PP de Madrid y
una serie de trabajos realizados para el partido que acaba pagando la
Administración o sus subcontratas.
Periodistas y directivos de medios, en la picota
El collage sobre la corrupción en Madrid que constituyen las distintas patas del
caso Lezo deja también mal parados a periodistas y directivos de medios de
comunicación. Las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil han permitido
aflorar conversaciones en las que el director de La Razón, Francisco Marhuenda,
y un alto directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, hablan con uno de los
principales imputados, Edmundo Rodríguez, consejero de ese grupo de comunicación
y hombre fuerte del Canal en América, y maniobran para intentar que el Gobierno
de Cifuentes deje de colaborar con la Justicia aportando documentación de la
empresa pública. Casals y Marhuenda fueron imputados en un primer momento por
coacciones -las charlas revelan insultos muy graves a la presidenta madrileña y
a parte de su equipo- pero tras tomar declaración a Cifuentes y a su jefa de
gabinete, Marisa González, decidió levantar la acusación, después de que ambas
quitasen hierro a las llamadas que recibieron.
El sumario que ha levantado la última -al cierre de esta edición- tapa de las
alcantarillas de la política madrileña sigue su curso, ahora con un nuevo
instructor, el magistrado Manuel García Castellón, después de que Velasco haya
sido ascendido a un tribunal de nueva creación y que ejercerá de segunda
instancia para las sentecias dictadas por la Audiencia Nacional. Quienes conocen
las tripas del caso sostienen que a Lezo le queda mucho recorrido todavía. De
momento, todos los implicados son presuntos.
http://m.eldiario.es/politica/Lezo-madrilena-PP-directivos-comunicacion_0_657584483.html
EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ: “PAPÁ, CUANTO MÁS DISCRETO SE SEA... MEJOR”
La sospechosa inversión de la esposa del expresidente de Madrid en guarderías de
la mano del grupo empresarial 'Mis Pollitos'
"Pero bueno, papá, que cuanto más discreto se sea, mejor...". Pablo González,
hermano del expresidente de Madrid Ignacio González, no vio con buenos ojos que
su cuñada, Lourdes Cavero, constituyera una sociedad para gestionar guarderías
en Salamanca y otras ciudades españolas con lo que él denomina "dinero B
liberado". Según un informe de la UCO de la Guardia Civil, la inversión de
Lourdes Cavero en guarderías escolares, 500.000 euros, procedía realmente de
inversores estrechamente ligados a su marido, un Ignacio González que en las
grabaciones del caso Lezo se le ve desesperado por aflorar dinero
A Pablo González no le gusta "la exposición mediática y/o judicial" que puede
acarrear a su cuñada estar presente en una empresa dedicada a guarderías. En las
grabaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS, Pablo comenta su padre, el
histórico militante del PP Pablo González Liberal, otro de los 51 implicados por
el juez Velasco en la Operación Lezo, los pormenores de la operación.
Mientras hablan, se pone al teléfono la madre de Pablo y este también le muestra
a ella su contrariedad por cómo se va a realizar la inversión: "Muy mal hecho,
dile que ya se lo diré yo...", se enfada Pablo González. La madre concede:
"Claro, cuanto menos figure ella, mejor". De nuevo se pone al teléfono el padre
y su hijo reitera: "Pero bueno, papá, que cuanto más discreto se sea, mejor...
(...). Les he estudiado yo el negocio entero, pero lo veo regulín, pero bueno,
si se quieren meter ahí, pues que se metan". Los hermanos aún no sabían que
tenían los teléfonos pinchados. Lo supieron semanas después, lo que llevó al
juez a introducir micrófonos en el despacho de Ignacio González.
La madre del expresidente de la Comunidad también recela de la entrada de
Lourdes Cavero en la guardería: "Claro, cuanto menos figure ella, mejor"
Pablo González asesoró sobre esta inversión en guarderías tanto a Lourdes como a
su hermano Ignacio, quien desde un primer momento tiene claro quiénes aportarán
el dinero, en torno a 500.000 euros. Se trata de personas que figurarán como
inversores solo durante un año y luego se marcharán dejando todo en manos de
Lourdes Cavero, que figura también como investigada en la trama Lezo. Para esta
operación, la esposa de Ignacio González se alía con el grupo empresarial Mis
Pollitos, cuya administradora y socia será Carmen Pazos. La firma Mis pollitos
se dedica a prestar servicios de restauración y enseñanza no obligatoria en
diferentes colegios de España.
La gestión de esta operación se inicia en septiembre de 2016. Poco antes,
Ignacio González había dejado la presidencia de Madrid. Lourdes Cavero indica a
su marido que ha estado comiendo con Carmen Pazos y que en ese momento está
visitando locales para abrir guarderías. Y encuentra dos que le gustan, pero que
requieren obras de acondicionamiento por importe de 180.000 euros. "Es un local
que alquilas y que tienes que meter un pastón", cuenta Lourdes a su marido.
Ignacio González se sirvió de su padre y su hermano para realizar falsas
facturaciones cruzadas y aflorar dinero negro
A la UCO de la Guardia Civil le llama la atención que el matrimonio planee una
inversión de este tipo "teniendo en cuenta las operativas a las que tiene que
recurrir Ignacio González para lavar 13.000 euros porque", dice, "no tiene
dinero en sus cuentas". Los agentes, merced a las grabaciones, saben que Ignacio
González controla "dinerillo B", según lo define su testaferro Edmundo
Rodríguez, y que se sirve tanto de su padre como de falsas facturaciones para
aflorarlo mediante alambicadas transferencias que buscan ocultar el rastro sobre
la procedencia del dinero.
Las grabaciones revelan que detrás de toda la operación está realmente Ignacio
González. "Ella será la consejera delegada y tú la directora general, ¡qué
cojones, con un contrato de alta dirección y a tomar por culo!". González se
encargaría de buscarle los supuestos socios capitalistas. Al final concluye que
estos aportan 500.000 euros.
Ignacio y su hermano Pablo hablan sobre esta inversión el 24 de noviembre de
2016 en el despacho del expresidente. Ignacio le comenta que la socia será
Carmen Pazos, que gestiona numerosas concesiones públicas de guarderías en
Salamanca "y le han prometido que le van a dar otras cuatro guarderías nuevas en
Salamanca, de concesión municipal", señala el expresidente.
Pablo González a su hermano: "Es decir, B liberao, ¿no?, vale, joder...".
Pablo González relata que conoce a un concejal de Salamanca, Enrique Sánchez,
que les puede "introducir". Ignacio le comenta inicialmente que ha conseguido
("levantado", dice) financiación "de 400.000 o 500.000 euros" para la guardería.
Es decir, Lourdes Cavero pondría 500.000 euros provenientes de cuatro
accionistas, un 21 % del capital, y que Carmen Pazos aportaría otras guarderías
que ya tenía en funcionamiento.
"Ese negocio no vale", esgrime Pablo González, si ella se queda el 21 % quiere
decir que estás valorando la empresa en dos millones, es de guasa...". Ignacio
le matiza que "No, no, no, ella se queda liberado...en realidad se queda el 60 %
puesto que se valora la empresa en 1 millón de euros". Eso a Pablo si le parece
bien. Pero antes se cerciora: "Es decir, B liberado, ¿no?, vale, joder...".
Ignacio asiente y añade: "Esos se van el primer año, que no sé si lo dijiste
tú", en alusión a que los supuestos accionistas que ha buscado el expresidente
dejaran la compañía a su esposa pasado el primer año. La UCO deduce que el
matrimonio pretende con esta operación aflorar dinero de procedencia ilícita.
Ignacio González. [Carmen Pazos] ella aporta guarderías en funcionamiento y el
cáterin, libre de todas las historias. Se hace una nueva sociedad, y ella dice
que le han prometido que le van a dar cuatro guarderías nuevas en Salamanca, por
concesión municipal.
Pablo González. Yo me entero de eso en Salamanca.
I.G. Sí, ella con el alcalde... Me dice ella: ¿Tú conoces al alcalde? Le digo sí
(risas), yo conozco bastante a, a Alfonso (...) con este no se debe de llevar
[Pazos] muy bien; pese a eso tiene el monopolio de todas las guarderías de
Salamanca.
P.G. Dame el nombre de ella, porque yo se lo pregunto a Enrique Sánchez, que es
el concejal, este... ciego... de Deportes o de no sé qué, y no sé si de él
dependerá esto también, quizás de Cultura...
IG. Pero vamos, ella me ha dicho que estuvo el otro día con... este le ha dicho
que le va a dar las cuatro guarderías, o sea... Pero ella [su esposa Lourdes] ha
levantao ya el dinero, 500.000 euros, que no está mal. Para montar una guardería
aquí... Ella [Carmen Pazos] se queda el 40 % y 500.000 Lourdes.
PG. Es decir, B liberado, vale, joder y tal. Y los otros son financieros. ¿Y
Lourdes qué papel va a tener ahí?
IG. Pues estos se van el primer año, o sea, que debe ponerse un sueldo fijo para
tener 4.000 euros al mes para eh, gastos, por ejemplo, va a pagar de aquí a la
secretaria [la del expresidente], o sea, va a pagar una parte del despacho [se
refiere al despacho que el expresidente posee en la madrileña calle de Alcalá,
donde se dedica a la intermediación y corretaje, utilizando sus influencias,
según la UCO.
En diciembre de 2016, la UCO interceptó otro diálogo entre Lourdes Cavero y su
cuñado Pablo González. La gestión de las guarderías estaba aún en ciernes. Su
marido le había dicho que antes de constituir la sociedad de las guarderías lo
consultase con su hermano. "Quería hablar contigo, porque estoy ya aquí a punto
de constituir mi empresa, y Nacho [Ignacio González] me ha dicho que no haga
nada sin hablar contigo. No para de decirme: ya has hablo con Pablo, has hablao
ya... Así todos los días... Ay, que pesao, te juro que hoy hablo". Lourdes y
Pablo quedan en hablar en el despacho del segundo.
El 16 de diciembre de 2016, Ignacio González llamó a su notario habitual, un
amigo de la universidad, y quien, según él, le informa de todo lo relacionado
con el polémico ático que el matrimonio posee en Marbella y que es objeto de una
investigación judicial en la creencia de que el dinero de su compra, en 2008,
casi un millón de euros, le fue regalado por un constructor a cambio de una
recalificación de terrenos en Arganda del Rey (Madrid).
Ignacio comenta con su notario de confianza, Javier Lasso de la Vega, a quien
Ignacio llama Chevi, la visita que le ha hecho su esposa para firmar la
constitución de la sociedad de las guarderías. "Ya hemos firmado, gordito (...)
he traído una botella de champan", le dice Lourdes al otro lado del teléfono. Le
acompañan amigas suyas y acaba de firmar ante Chevi,
Al tanto de la operación de las guarderías estaba también el expresidente de los
empresarios de Madrid, Arturo Fernandez, implicado en la financiación ilegal del
PP madrileño en el marco de la trama Púnica. Recientemente, Fernández declaró
ante el juez Velasco que su relación con González era estrictamente
"protocolaria". Pero las grabaciones de Lezo le desmienten. Revelan que la
relación entre ambos es de estrecha amistad. Arturo Fernández le pide favores a
los que accede Ignacio González. Y, además, está al corriente de los negocios de
Lourdes Cavero. Ignacio González señala a Arturo Fernández: "Lo de Salamanca,
fenomenal... ya hemos firmado, ya hemos constituido la empresa y entran los
restos (los socios inversores de Lourdes Cavero) con ampliación de capital".
La UCO ha comprobado que ciertamente se llegó a constituir la citada sociedad.
Como socios figuran Lourdes Cavero y el grupo Mis Pollitos, de Carmen Pazos. La
Sociedad queda radicada en la sede del despacho de Ignacio González. Llama la
atención la UCO sobre el hecho de que inicialmente solo figuren como socios en
la empresa Lourdes Cavero y Carmen Pazos y que los otros inversores no entren
desde el principio y hagan una ampliación de capital solo unos días después. La
sociedad se constituye con un capital de 800.000 euros, de los que 500.000 euros
"los ha levantado", en palabras del expresidente, su esposa Lourdes Cavero.
Inversionistas efímeros
Entre los inversionistas que se van al año se halla Rocío Bonet Cavero y su
pareja sentimental. La UCO identifica a Bonet Cavero como sobrina de Lourdes
Cavero. La sobrina también ha participado en otros negocios del matrimonio. La
pareja sentimental de la sobrina fue consejero delegado de una empresa presidida
por Jaime Antonio Antoñanzas, quien, según los investigadores, estaría
involucrado, junto con Ignacio González y José Manuel Serra Peris, otro hombre
de confianza del expresidente y exalto cargo del Canal de Isabel II, en
"facturaciones cruzadas ficticias" encaminadas supuestamente a aflorar dinero
negro.
Otro de los inversores de la guardería es la sociedad Marmara Patrimonial, de
Alberto Pérez de la Sal, amigo personal de Ignacio González y con actividades
societarias comunes. Pérez de la Sal es consejero delegado de la Cámara de
Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España.
La obsesión de González (para lavar el dinero que la UCO sospecha esconde y que
solo en España calcula en unos tres millones de euros) es intercalar sociedades
aparentemente activas en las que camuflarse.
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/23/actualidad/1498223454_752672.html
EL NUEVO JUEZ DE LEZO Y PÚNICA PIDE AYUDA PARA EVITAR QUE COLAPSE EL JUZGADO
El titular del Central 6 de la Audiencia Nacional tomará posesión el lunes y
reclama un juez de apoyo y más funcionarios para sacar adelante las macrocausas
El Juzgado de la Audiencia Nacional encargado de las macrocausas de corrupción
Púnica y Lezo se encuentra al borde del colapso. Su nuevo titular, Manuel
García-Castellón, aterrizará la próxima semana y tendrá que hacer frente a un
calendario de infarto que le exige afrontar, en un plazo de poco más de dos
meses, un centenar de interrogatorios de estos dos procedimientos. La
insostenible situación ha conducido al veterano juez a pedir ayuda y a reclamar
apoyo para el Central 6, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.
El magistrado ha lanzado un doble grito de auxilio. Ve no sólo necesario sino
imprescindible contar con un juez de refuerzo, figura esencial para sacar
adelante el ingente trabajo que se avecina para el próximo curso. También
solicitará que se apuntale el Juzgado con dos nuevos funcionarios. El objetivo
primordial es conseguir controlar en algo más de 60 días los dos monstruosos
procedimientos que hereda de Eloy Velasco y continuar tramitando otras causas
menos mediáticas pero que serán también su responsabilidad. El 6 se ocupa de
instruir el sumario sobre la empresa pública de gestión de agua Acuamed y, en
breve, recibirá desde Valencia la instrucción sobre otro caso de corrupción, el
que investiga en la 'trama del fuego' el amaño de contratos para la extinción de
incendios.
Y es que el riesgo de no atender sus reclamaciones es evidente. El avance de
Púnica y Lezo podría quedar congelado en puntos muy sensibles para ambas
investigaciones. Las pesquisas sobre la red dirigida por Francisco Granados se
encuentran a medio camino, con decenas de flecos pendientes de rematar en muchas
de sus 16 piezas. Las fuentes consultadas apuntan que debe citarse de forma
inminente a medio centenar de personas. A esto se suma la revisión de la
documentación incautada. A modo de ejemplo, hace sólo unas semanas se
intervinieron más de 100 cajas en los registros de la sociedad Arpegio
No sólo se trata de un deseo del nuevo titular que ha resultado ser el antiguo
ya que García-Castellón recupera una plaza que es de su propiedad y dejó por
otras funciones hace 17 años. Según apuntan distintas personas a este diario
tanto las unidades policiales que trabajan con el Juzgado como las Fiscalías de
la Audiencia Nacional y de Anticorrupción aconsejan el refuerzo inmediato.
El magistrado ha recibido una oferta por parte del juez Eloy Velasco designado
para un nuevo puesto en la Sala de Apelaciones. A última hora ha solicitado que
se prorrogue su presencia en el Juzgado hasta el 31 de julio para auxiliarle,
aunque sólo durante el próximo mes. Se da el caso de que durante agosto ambos
disfrutarán de sus vacaciones y que la avalancha de diligencias explotará a
partir de septiembre. Velasco declinó permanecer en el Juzgado cuando fue
nombrado hace unas semanas.
El calendario
Las dos macrocausas requerirán a partir de septiembre un sobreesfuerzo evidente.
La Púnica suma, además de las declaraciones mencionadas y que aún no han sido
fijadas, otras diligencias urgentes que quedaron reflejadas en un auto por el
que se prorrogó la instrucción para los próximos 18 meses. El magistrado deberá
pronunciarse sobre si propone la imputación de varios aforados. Más allá del
caso de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, a la que la UCO vincula con
un contrato concedido al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, la
lista incluye a su número tres, Jaime González Taboada, y al diputado Bartolomé
González.
Otra pincelada que dan pistas sobre lo que Velasco dejó en el apartamento de
'cosas por hacer' es la petición de informes sobre los pelotazos inmobiliarios
del Valdemoro de Granados. En este apartado es necesario reclamar al
Ayuntamiento información sobre siete proyectos: el planteamiento inmobiliario
completo del municipio, el de El Majuelo, Las Zanjas Norte, el Pozo de San
Pedro, el sector UDE Oeste Norte, Canto Negro y el paraje Merino Restón. También
sobre otros ayuntamientos 'púnicos' como el de Serranillos del Valle.
La pieza relativa a la actividad de Waiter Music requiere, además de varios
interrogatorios, indagaciones relativas a empresas y ayuntamientos. En concreto
el auto detallaba que hay que recabar "los expedientes de contratación de los 47
Ayuntamientos de Madrid que contrataron sus servicios durante los años 2004 a
2014 por importe de 28 millones" y los contratos de "FCC, Acciona, Dragados, OHL,
Sacyr, Grupo DHO y Urbaser a los que también dirigió su facturación Waiter Music
por 1.341.423 euros".
Un detalle más que significativo del trabajo acumulado que aguarda al nuevo
titular es el que afecta a las peticiones de sobreseimiento que plantearon las
defensas de Lucía Figar y otros seis investigados. A pesar de que se formularon
hace más de un año, aún no han sido contestadas por el 6.
A la Púnica se suma la Lezo, recién iniciada y en la que Velasco citó a declarar
como imputadas a 51 personas, entre ellas el expresidente de OHL Juan Miguel
Villar Mir; el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez; la esposa de
Ignacio González, Lourdes Cavero; las sobrinas de ésta y el propietario de la
empresa Licuas, Joaquín Molpeceres. La causa ya suma seis piezas separadas y 68
investigados y una maratón de declaraciones a celebrar entre los próximos 18 de
septiembre y 31 de octubre.
Según informan las fuentes consultadas, la intención de García-Castellón es
tomar posesión el próximo lunes y solicitar esta ayuda, que debe ser avalada por
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la Sala de Gobierno de la
Audiencia Nacional con la intención de que pueda ponerse en marcha lo antes
posible.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-23/lezo-punica-garcia-castellon-eloy-velasco-audiencia-nacional-pp_1402536/
LA GUARDIA CIVIL REGISTRÓ UNA CITA ENTRE IGNACIO GONZÁLEZ Y GALLARDÓN TRAS LOS
PRIMEROS ESCÁNDALOS DEL CANAL
La Fiscalía sospecha que los dos expresidentes madrileños sellaron "un pacto de
silencio" sobre el saqueo del Canal de Isabel II
Rivales políticos irreconciliables, ambos se vieron en el despacho de Ignacio
González el 19 de mayo de 2016 en compañía de Enrique Cerezo
En una conversación intervenida, González se jacta de haber tapado el pelotazo
cometido con la empresa pública en tiempos de Gallardón
Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Alberto
Ruiz-Gallardón, dos rivales políticos irreconciliables, dejaron a un lado sus
diferencias y mantuvieron una reunión el 19 de mayo de 2016, tres días después
de la destitución de Edmundo Rodríguez Sobrino, otro de los nombres clave de la
Operación Lezo, de su puesto en el Canal de Isabel II.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Ruiz-Gallardón y González sellaron “un
pacto de silencio” para ocultar las irregularidades cometidas en tiempos del
primero con la expansión del Canal por Latinoamérica y poder continuar con ellas
durante el mandato del segundo.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron
la visita de Ruiz-Gallardón y el productor Enrique Cerezo al despacho
profesional de Ignacio González ese 19 de mayo. Los investigadores aún no habían
colocado micrófonos en el despacho de Ignacio González con autorización del
juez, por lo que no consta grabación del encuentro. Como muñidor del encuentro,
el presidente del Atlético de Madrid, íntimo de González, y una y otra vez en
los pinchazos telefónicos al tanto de las maniobras del expresidente para
influir en la justicia.
La reunión se produjo cuando el Gobierno de Cristina Cifuentes había empezado ya
a revolver los documentos sobre la gestión de sus antecesores en la Comunidad de
Madrid. Un par de meses después de la cita en el despacho de González, el actual
Gobierno autonómico presentó una denuncia ante Fiscalía. Para entonces, la
Guardia Civil llevaba ya diez meses con la Operación Lezo.
El Canal de Isabel II dependió del Ejecutivo de Ruiz-Gallardón durante el
mandato de éste como presidente de la Comunidad de Madrid, entre 1995 y 2003,
año en el que Ignacio González tomó el control de la empresa pública como
vicepresidente de Esperanza Aguirre, la gran rival en el PP de su antecesor.
Esta investigación periodística es posible gracias a más de 20.000 socios
González se encuentra en prisión desde el pasado 19 de abril como cabecilla de
una organización criminal dedicada a saquear las arcas públicas, entre otros
hechos delictivos. Gallardón no está imputado formalmente, pero la Audiencia
Nacional investiga sus ingresos por si se hubiera enriquecido con fondos del
Canal de Isabel II.
Tres días antes de la cita entre los expresidentes autonómicos, el Ejecutivo
regional había destituido al hombre de González en Latinoamérica, Rodríguez
Sobrino. Su nombre aparece vinculado a tres empresas en los Papeles de Panamá,
la investigación sobre paraísos fiscales difundida en España por La Sexta y El
Confidencial.
Edmundo Rodríguez Sobrino, hoy en prisión provisional, está acusado de inflar la
compra de la brasileña Emissao para repartir las plusvalías entre distintos
protagonistas de la operación. Esa compra se produjo en 2013, en época de
Ignacio González, y doce años después de que el Canal de Isabel II arrancara su
aventura hispanoamericana del mismo modo, comprando una sociedad por un precio
muy superior a su valor real y, en ese caso, a través de una empresa radicada en
el entonces paraíso fiscal de Panamá.
"Pacto de silencio y cooperación"
La compra de Inassa fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Alberto
Ruiz-Gallardón, a pesar de no contar con el marco legal para ello. Los fiscales
Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá afirman en uno de sus escritos que,
"presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición
fraudulenta (de Inassa en 2001) y, de algún modo, estableció un pacto de
silencio y cooperación con Ignacio González".
El 11 de noviembre de 2016, cuando los micrófonos de la Guardia Civil ya estaban
escondidos en el despacho de Ignacio González, éste se reunió con Eduardo
Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. En un momento de la conversación,
Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el Canal a
los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges).
"Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana.
El expresidente González apostilla: "No se atrevía porque Alberto hizo una
operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue
comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta
millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para
comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un
diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su
vez avalaba el Canal de Isabel II".
Y añade el que representa otro de los indicios del “pacto de silencio” entre
Gallardón y González. "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo
dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y
es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo
tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no
te puedes ni imaginar", comenta Ignacio González.
La expansión por Latinoamérica que nadie fiscalizaba
Los investigadores han incluido en el sumario de la Operación Lezo cuatro
informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003, 2013 y 2015) que alertan de la
falta de fiscalización del conglomerado de empresas del Canal en Latinoamérica,
un gigante que crecía lejos de cualquier control. El grupo de aguas es auditado
por KPMG, pero se trata de un tipo de auditoria sobre las cuentas anuales, de
tipo financiero, al que le basta constatar que las cuentas publicadas se
corresponden con la verdad.
“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la
desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad
Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en
los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención
final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas
públicas”. La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la
falta de fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió
Gallardón y continuó González crea “una situación potencial de riesgo y de falta
de control”.
El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la
constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a
su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un
total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco
meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo
3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial
(Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y
de la suscripción de los oportunos convenios”.
Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco
normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de
Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria,
previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La
Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata
de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones
del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que
podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.
http://m.eldiario.es/politica/Guardia-Civil-Gallardon-Gonzalez-Cerezo_0_656184711.html
EL FISCAL VE 66 MILLONES DE "PLUSVALÍAS ILÍCITAS" EN EL PELOTAZO DEL CANAL EN LA
ERA GALLARDÓN
Los investigadores dilucidan ahora si la compra de la filial colombiana Inassa
en 2001 fue una decisión que se tomó "de arriba hacia abajo" y si "se gestó en
el consejo de gobierno"
El primer pelotazo del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico, la compra
de la empresa colombiana Inassa en el año 2001, pudo generar una "ilícita
plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid" que rondaría los 66
millones de euros. Así lo cree la Fiscalía Anticorrupción, que sigue avanzando
en su investigación sobre esta operación que se fraguó bajo la etapa de Alberto
Ruiz-Gallardón en la presidencia del Gobierno regional. Fuentes cercanas al caso
señalan que hay indicios de que la compra de Inassa fue una decisión que se tomó
"de arriba hacia abajo" y que "se gestó en el consejo de gobierno".
Como ya adelantó El Confidencial, la Audiencia Nacional ha solicitado a la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a los
miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que a finales del año 2001
autorizaron la compra de Inassa, la operación que supuso la primera aventura del
Canal de Isabel II en Sudamérica. La Comunidad de Madrid, presidida por Alberto
Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83 millones de euros) por
una firma que había costado un año antes 10 veces menos, 6,8 millones de dólares
(7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una
operación cuanto menos dudosa para los compradores.
La UCO investiga a todo el Gobierno de Gallardón de 2001: Cortés, Cobo, Calvo...
La Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a todos los miembros del
Consejo de Gobierno, doce personas, que en diciembre de 2001 autorizaron la
compra de la filial colombiana del Canal
La Fiscalía habla de "falta de control y opacidad". No hay que olvidar que los
investigadores tienen en su poder comprometedoras grabaciones de los cabecillas
de la trama Lezo, el ex presidente regional Ignacio González y el expresidente
de Inassa Edmundo Rodríguez, que señalaron en conversaciones grabadas por la UCO
que la compra de Inassa fue "un robo" millonario. Aunque González y Rodríguez no
tuvieron nada que ver con esa operación (llegaron más tarde al Gobierno regional
y al Canal), heredaron sus consecuencias, ya que las arcas públicas estuvieron
pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como
último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron en 2002 para
financiar la adquisición de Inassa.
Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso. Y lo está porque
los fiscales reclamaron en noviembre de 2016, tras escuchar estas
conversaciones, una ampliación de su querella inicial, que giraba únicamente
sobre las irregularidades del Canal cometidas bajo el mandato de González
(2003-2015), primero como vicepresidente del Gobierno regional y después como
presidente. Este se quejó de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón,
asuntos sucios, y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole.
"Cuando llegué, me tuve que comer todos los marrones", entre los que figuraba la
compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. "Eso sí
que fue un pelotazo…", describe González. La ampliación de la querella por parte
de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de
caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en
esta parte del caso. El juez ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta
malversación".
Los investigadores están tratando ahora de delimitar quiénes fueron los
responsables de la compra. Lo que está claro para la Fiscalía es que hubo una
"situación de impunidad" que solo fue posible "con la connivencia a un máximo
nivel dentro de la comunidad autónoma". Aparte del presidente Ruiz-Gallardón,
había otros 11 consejeros, tres mujeres y ocho hombres, en el consejo de
gobierno que autorizó la compra. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor
Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz
González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la
Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez
y Luis Blázquez. En diciembre de 2001, el presidente del Canal era el consejero
Pedro Clavo y el director gerente de la empresa pública, Arturo Canalda, hoy
presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.
Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad
vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que
firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Los
investigadores también tienen sobre la mesa el nombre de Francisco Olmos, un
hombre clave en la operación, que durante todo el proceso estuvo en la parte
vendedora y luego en la compradora. En lo que se refiere al consejo de gobierno
presidido por Gallardón, fuentes cercanas al caso creen que "adoptó un acuerdo
indiciariamente irregular, que evidencia cierta ligereza o laxitud, carente de
justificación tanto desde el punto de vista de la Administración pública como
desde la óptica puramente económica o mercantil". La Comunidad de Madrid "asumió
un compromiso de gasto millonario" siguiendo "unos cauces anómalos con la
creación de una sociedad vehículo, Canal Extensia".
Así pagaba el Canal mordidas a políticos sudamericanos: en efectivo y con
escolta
Al menos tres fuentes han explicado a El Confidencial cómo se realizaban esos
pagos, sobre todo en Colombia. La UCO grabó a Edmundo Rodríguez hablando de esos
presuntos sobornos
Una operación en paraísos fiscales
Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en
septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba
desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer
socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar),
que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año
2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). El comprador de las
acciones fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última
firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo
accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir,
que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se
había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.
SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España:
el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa).
Ambas decidieron crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para
comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a
otros futuros negocios en Sudamérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y
Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración
de Canal acordó la compra de Inassa y ese mismo día se decidió también que se
hiciera a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13
de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de
dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la comunidad,
presidido por Gallardón, había ratificado toda la operación el 29 de noviembre.
El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de
Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10
millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5
millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en
octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros
13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas
madrileñas 97,3 millones de euros. Esta "doble venta", primero de SAA para
adquirir Inassa, "pudo generar en un espacio temporal inferior al año, una
ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de
euros", según valoraciones de la Fiscalía.
La UCO ya sabe que Aguas de América (SAA) fue constituida por el bufete de
abogados Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000 y que fue disuelta el
21 de febrero de 2002, "circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al
periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana
Agbar y su posterior venta a Canal Extensia". Entre los directivos de SAA están
Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José Ramón García de Paredes,
Kira Ivette Degracia y Violeta Annet Holness, "todos ellos miembros del despacho
de abogados, en lo que parece ser un ardid para la ocultación de los verdaderos
accionistas y receptores del dinero público presuntamente desviado".
Cifuentes ordena cerrar el grifo en América: el Canal vende todo y solo estará
en España
El presidente del Canal anuncia que la mayor empresa pública de Madrid solo
trabajará en España. Comienza así el proceso para vender todas las filiales al
otro lado del Atlántico
La Fiscalía también incluye en esta operación de 2001 a Ignacio González (que
llegó a la comunidad en 2003) y a Edmundo Rodríguez (que llegó a la presidencia
de Inassa en 2006) "mediante el conocimiento total de la operación fraudulenta
que ocultaron y permitieron el pago de dicha operación con fondos públicos hasta
el año 2012. Presuntamente, Alberto Ruiz-Gallardón tuvo el control de la
adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y
cooperación con Ignacio González". Está claro que este último conocía los
pormenores de la operación iniciada por Gallardón, ya que "ordenó una
investigación forense al despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al
decir del propio Ignacio González, fue más que concluyente en relación al fraude
cometido".
Fuentes cercanas al caso se preguntan por qué González, "lejos de realizar lo
que se espera de un servidor público, es decir, proceder a la denuncia de los
hechos, lo ocultó y continuó abonando con dinero público las cuotas del préstamo
que se concertó" para comprar Inassa. Los investigadores están tratando de
dilucidar ahora si González actuó así por "la connivencia que tenía con los
responsables públicos que decidieron la compra de Inassa". El propio González
sitúa al frente de ellos a Alberto Ruiz-Gallardón y a "su gente". También si esa
connivencia pudo reportar a González "beneficios económicos o políticos" y si la
oportunidad de negocio que el propio González apreció en la compra de Inassa la
repitió años después, en 2013, con la compra de la sociedad brasileña Emissâo,
que también se investiga.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-06-20/canal-inassa-pelotazo-gallardon-fiscalia-investigacion_1400069/
HACIENDA CORROBORA LOS INDICIOS CONTRA LOS CABECILLAS DE LA OPERACIÓN LEZO
La agencia tributaria apunta a que el clan González se embolsó casi cuatro
millones de euros en comisiones por el Canal Golf La IGAE revela múltiples
irregularidades en la compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II en la
etapa de Edmundo Rodríguez
El Ministerio de Hacienda, a través de la agencia tributaria y la IGAE, se acaba
de sumar a la tesis que han defendido desde el verano de 2015 la UCO, la
fiscalía anticorrupción y el juez Eloy Velasco. Dos informes corroboran indicios
de delito en la adjudicación y explotación de las instalaciones de Canal Golf en
Madrid y en la compra de Emissao. Dos de las siete líneas de investigación
abiertas en la Audiencia Nacional contra una presunta organización criminal que
dirigían Ignacio González y el exconsejero de La Razón, Edmundo Rodríguez.
La agencia tributaria apunta al presunto cobro de comisiones por parte de la
familia González en la construcción y gestión de las instalaciones del canal
golf en el centro de Madrid. El fisco sostiene que los más de 3,8 millones de
euros que la empresa Tecnoconcret recibió de Dragados y Green Canal no tienen
fundamento en una actividad empresarial real y que podría tratarse del pago de
comisiones.
La investigación considera que cuando Pablo González, hermano del presunto
cabecilla de la operación Lezo, y su cuñado, José Juan Caballero, entraron en el
accionariado de la sociedad investigada se produjo una mera desvinculación
formal del consorcio que explotaba Canal Golf. Pudo tratarse, según la Guardia
Civil, de un "ardid" para obtener un beneficio económico del contrato. En
conclusión, dicen los informes a los que ha tenido acceso la Cadena SER, una
sociedad del entorno de Ignacio González habría obtenido importantes beneficios
directa o indirectamente de dos contratos adjudicados por el Canal de Isabel II.
Negocios con Venezuela
La Audiencia Nacional mantiene abierta en este apartado una investigación
internacional sobre las actividades de Tecnoconcret al haber detectado
exportaciones a Venezuela por importe de 3,6 millones de euros y la entrada de
fondos entre los años 2005 y 2015 por valor de 1,5 millones de euros: 300.000
euros desde Venezuela, 800.000 euros desde Estados Unidos y 400.000 euros
procedentes de Austria.
El informe de la IGAE
No solo ha sido la agencia tributaria quien ha puesto la operación Lezo bajo la
lupa, también lo ha hecho la Intervención General del Estado que ya ha remitido
a la Audiencia Nacional un primer informe sobre la compra de Emissao. El
documento es demoledor y detalla una a una decenas de irregularidades en una
operación en la que tuvo un papel central Edmundo Rodríguez. Señala que la
compra se hizo sin las preceptivas autorizaciones legales. No consta
autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ni se comunicó a
la Asamblea de Madrid con lo que "se desconocen los motivos jurídicos y
económicos" que sustentan la operación.
Además, se desconocen los informes que sirvieron de base para fijar
el precio de compra en 31 millones de dólares y los peritos subrayan que con el
dictamen en contra de KPMG, el Canal debió "paralizar la inversión y profundizar
en el análisis". Por último, dice la IGAE, los pagos por esta operación estaban
sujetos a distintas condiciones que no se cumplieron y que no impidieron el
desembolso de dinero público. Entre ellas, una fianza del vendedor para hacer
frente a "cualquier contingencia oculta".
http://cadenaser.com/ser/2017/06/18/tribunales/1497792985_720307.html
ARTURO FERNÁNDEZ LLAMÓ A GONZÁLEZ EL DÍA QUE DECLARÓ ANTE EL JUEZ PREOCUPADO POR
FUNDESCAM
En ese pinchazo telefónico, que forma parte del sumario de la operación Lezo,
cada vez que el delfín de Esperanza Aguirre era preguntado por Arturo Fernández
por Fundescam y las donaciones que se hacían a esta fundación, González evadía
responder de forma clara al donante del PP. El expresidente madrileño ya sabía
que tenía las comunicaciones intervenidas.
El empresario Arturo Fernández, imputado por la presunta financiación irregular
del Partido Popular (PP) de Madrid, declaró el pasado 8 de marzo ante el juez de
la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por el caso Púnica. Ese mismo día, tras
quedar en libertad sin medidas cautelares, el dueño del grupo Cantoblanco
realizó una llamada telefónica que ha sido muy reveladora a los ojos de los
investigadores de la operación Lezo.
Tras abandonar a mediodía el tribunal por su propio pie, Fernández llamó al
expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para hablarle de la
Fundación Fundescam, a través de la que distintos empresarios habrían alimentado
la Caja B del PP de Madrid para sufragar comicios electorales.
Según informan fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli, en el
citado 'pinchazo' telefónico entre Arturo Fernández e Ignacio González queda
perfectamente reflejado cómo el ex presidente madrileño hablaba con extremada
cautela con el empresario al que apenas respondía de forma monosilábica con 'síes'
y 'noes'. Cada vez que el delfín de Esperanza Aguirre era preguntado por
Fundescam, y las donaciones que se hacían a esta fundación, éste evadía
responder de forma clara al donante del PP.
Este dato hizo que tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO),
como la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Velasco no tuvieran ninguna duda
de que el presunto cabecilla de la operación Lezo era consciente de que tenía el
teléfono intervenido. Si bien es cierto que a lo largo de toda la investigación
secreta de esta causa, los investigadores tuvieron esa sensación hubo un par de
datos de que fueron claves para tener la certeza de que González sabía que
estaba siendo investigado. Uno de estos datos fue las escuetas respuestas que
dio el pasado 8 de marzo a un preocupado Arturo Fernández.
El hecho de que el principal acusado de la operación Lezo supiese de antemano
que estaba siendo investigado hizo que las pesquisas secretas de esta causa de
corrupción no se pudieran prolongar más en el tiempo, puesto que en la Audiencia
Nacional se era muy consciente de que este hecho podría perjudicar la
investigación y, sobre todo, la posterior recuperación de activos presuntamente
evadidos, apuntan fuentes del caso.
La tapadera de Fundescam
Tal y como consta en la contabilidad de Fundescam, Arturo Fernández era uno de
los empresarios que donaba con cierta frecuencia fondos a las arcas de los
'populares'. En concreto, consta una trasferencia a dicha fundación por valor de
57.030 euros entre 2003 y 2004 y otra por valor de 60.000 euros realizada el 7
de marzo de 2007.
Según queda reflejado el sumario de la operación Púnica, tanto el juez Velasco,
como Anticorrupción y la UCO sostienen que "se ha podido acreditar como
importantes gastos electorales en las elecciones de los años 2007 y 2008 (e
indiciariamente en el año 2011) del Partido Popular que se habrían sufragado a
través de la Fundación Fundescam, utilizando para ello subvenciones públicas de
la Comunidad de Madrid, las cuales eran justificadas por la referida fundación
con facturación por conceptos mercantiles falsos que enmascaraban gastos
electorales del Partido Popular de Madrid".
Además, en uno de sus informes, la UCO sostiene que Ignacio González era
"conocedor del abono de gastos electorales mediante subvenciones públicas (…) y
por lo tanto directo partícipe privilegiado en los hechos citados, no en vano se
encontraba donde se promueve y paga la subvención (CAM), donde se justifica
(Fundescam) el gasto de la subvención y donde se materializa realmente el gasto
(como jefe de campaña)", subraya la UCO en uno de los informes del caso Púnica.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Arturo-Fernandez-Ignacio-Gonzalez-Fundescam_0_1033997260.html
GONZÁLEZ SE LAMENTÓ ANTE AGUIRRE DEL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES: "LA MANO DE
CRISTINITA"
El expresidente madrileño acusó a su sucesora de parte del acoso mediático que
sufría. La llama "hija de puta" por quitarle los abogados de la comunidad en el
caso del espionaje en Colombia
Ignacio González intentó descubrir quién estaba detrás del acoso mediático que
sufría a finales de noviembre del año pasado, cuando varios medios de
comunicación retomaron el espinoso tema del espionaje que el expresidente
madrileño sufrió en un viaje a Colombia en el verano de 2008. Las conversaciones
grabadas a González, incluidas en el sumario del caso Lezo, desvelan una llamada
que le hizo Esperanza Aguirre el mismo día que 'El Mundo' publicaba una
información titulada "Los detectives que espiaron a González se jactaron de
tener pruebas de sus comisiones". Aguirre le preguntó "quién estaba moviendo
todo esto", y el que fuera su mano derecha en el Gobierno regional, que ya veía
fantasmas por todos lados, dio dos nombres: Villarejo (el polémico comisario) "o
puede que llegue de la mano de Cristinita", en clara alusión a su rival política
dentro del PP y actual presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.
Según precisan a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación, la
conversación entre Aguirre y González tuvo lugar el 21 de noviembre de 2016 al
final de la mañana, cuando ambos analizaron la información con la que se habían
desayunado, unas grabaciones de los dos detectives imputados entonces en un
juzgado de Madrid por realizar el ya famoso seguimiento de González a Cartagena
de Indias (Colombia). Uno de ellos le comentaba al otro que aún guardaba, ocho
años después, documentación que incriminaba a González en el cobro de
comisiones.
González también habló con Zoido: "Le dije 'limpia como Paquirri' y cambió a
todo Dios"
El expresidente madrileño contó a Cerezo que se llevaba muy bien con el ministro
del Interior y que este le propuso reunirse porque quería hablar con él
González señaló que "no descarta" que Cifuentes estuviera moviendo esa
información y le explica a Aguirre que los detectives, al estar imputados y no
ser policías, no tenían la obligación de decir la verdad en sede judicial.
González da más detalles a Aguirre, y señala que uno de los detectives, el dueño
de la agencia Mira, era amigo de Alfredo Prada (ex consejero de Aguirre y
compañero de Gobierno de González, que también denunció otro espionaje). "Todo
es una mierda de esta [en teoría, en alusión a Cifuentes], con la connivencia de
'El Mundo". El cacao de González en este punto es importante, ya que confunde el
nombre de periodistas con medios en los que no trabajan, y a los que llama
"hijos de puta" porque también "han estado dando a Lourdes varios días" (se
refiere a su esposa, Lourdes Cavero).
Aguirre se muestra interesada en todo momento en conocer quién pudo encargar el
espionaje a González en 2008. "Estos señores no lo van a decir. Hay un informe
de la policía en el que pone Inmobiliaria Espacio, de Villar Mir, que pagó a
estos señores por el espionaje". González va más allá y explica a su
interlocutora que Villar Mir ya ha declarado "que las facturas son suyas, pero
que se pagó para espiar a Ramón Calderón [expresidente del Real Madrid], no a
mí". González señala que la policía sostiene "que en el precio que les pagaron
están incluidos los dos espionajes", el suyo y el de Calderón.
La comunidad le ha quitado los abogados
González también informó a Aguirre del momento procesal del caso, que llevaba el
juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Los detectives habían pedido el
archivo a la Audiencia Provincial y él estaba pendiente de recurrir esa
petición, "pero como Cifuentes me ha quitado los abogados, ahora estoy en
proceso de buscar yo uno, para que le den la venia y que se estudie los ocho
años de expedientes". González asegura que por ello "Cifuentes no es ajena a
toda esta mierda. Cifuentes no solo me ha quitado los abogados de la comunidad,
sino también a los que estaban en el servicio jurídico". Esto fue en noviembre
de 2016. Seis meses después, en mayo de 2017, el juzgado decidió archivar el
caso del espionaje porque los denunciantes y la Fiscalía renunciaron a formular
escrito de acusación. La Comunidad de Madrid alegó que ya no representaba al
expresidente madrileño.
Ese 21 de noviembre, antes de hablar con Aguirre, González recibe otra llamada
de José Manuel Serra Peris, una de las personas que en 2008 le acompañaron en el
viaje a Cartagena de Indias. En esa época, era consejero de la constructora
Martinsa, investigada en el mayor pelotazo de la trama Gürtel en Arganda del Rey
y que podría estar detrás del ático que González tiene en Estepona. También fue
secretario de Estado en los gobiernos de Aznar, consejero de Bankia, de Canal
Gestión y la Triple A dominicana, dos filiales del Canal de Isabel II. Hoy está
imputado en el caso Lezo.
Ambos, Serra Peris y González, vuelven a hablar de Cifuentes, una obsesión para
el exdirigente popular. De todos es conocida la animadversión que se profesan
Cifuentes y González, sobre todo después de que la primera fuera la elegida por
Mariano Rajoy para liderar la candidatura en 2015 al Gobierno regional,
descabezando así a González. Serra Peris le pregunta a González por la famosa
grabación que la Cadena SER desveló en 2009 sobre su viaje a Colombia. "¿Tú
tienes la solicitud que hizo tu abogado pidiendo que se aportara el audio, y la
contestación de ellos diciendo que se había destruido?". A lo que González le
contesta: "Es que no tengo nada, porque lo llevaban los abogados de la
comunidad, y esta hija de puta [por Cifuentes] me los ha quitado todos".
González prosigue asegurando que no le compensa seguir ejerciendo la acusación:
"Si tuviera un abogado y un procurador en la causa, pues podría pedirlo, pero
como me lo ha quitado, macho, para qué voy a poner un abogado aquí que me cuesta
una pasta que no tengo".
Montar su propio medio
Las grabaciones del sumario del caso Lezo inciden en que Ignacio González estaba
obsesionado con el tratamiento que los medios de comunicación hacían de las
causas judiciales en las que estaba implicado, y que intentó mover sus hilos
para tratar de montar su propio diario. El expresidente de la Comunidad de
Madrid confesó a su amigo Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que
ya le había contactado un periodista para crear una cabecera. Para que el
proyecto saliera adelante, debía poner 300.000 euros. El diálogo se produjo el
22 de noviembre de 2016. Cerezo llama a González para seguir comentando las
noticias que continuaban apareciendo esos días sobre el caso del espionaje.
González lamenta que no tenga más eco en los medios y que, a su juicio, durante
la instrucción ya quedó demostrado que el espionaje fue pagado por el empresario
Juan Miguel Villar Mir a través de una de las empresas de su Grupo OHL,
Inmobiliaria Espacio.
Cerezo a González: "La que lio el gilipollas de OHL y ahora pringado con las
concesiones"
El expresidente de la Comunidad de Madrid realizó una serie de llamadas que
evidencian su preocupación por la reapertura de otro de sus frentes judiciales
Según el sumario de Lezo, es en ese momento cuando el presidente del Atlético de
Madrid le sugiere a González que "una solución podría pasar por crear un diario
digital que critique a estas personas", en referencia a los periodistas,
empresarios, policías y políticos a los que el exdirigente del PP de Madrid
acusa de estar filtrando información para intentar destruirle. González no solo
acepta el consejo de Cerezo, sino que le reconoce que ya ha recibido una oferta
para montar su propio medio de comunicación. En concreto, según las diligencias,
el presunto cabecilla de Lezo asegura que "ya se lo habría ofrecido un
periodista por 300.000 euros".
El sumario no aclara si finalmente González llegó a un acuerdo para impulsar su
digital. Cinco meses después de que esa llamada fuera intervenida, la Guardia
Civil lo detuvo en su casa de Aravaca. Los investigadores de la Unidad Central
Operativa (UCO) tratan de determinar ahora su verdadero patrimonio. Sospechan
que utilizó testaferros para ocultar el dinero B que manejaba.
Las 'presiones' a Cifuentes
Las conversaciones intervenidas por la UCO en el caso Lezo también revelan que
Cifuentes pudo ser presionada por el director de 'La Razón', Francisco
Marhuenda, y el presidente de la compañía, Mauricio Casals, para que el Gobierno
regional que ella presidía no denunciara judicialmente a uno de los entonces
consejeros del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino, en prisión por ser uno de
los cabecillas de la trama. Cifuentes tuvo que declarar como testigo y al final
el juez Eloy Velasco decidió archivar esta pequeña pieza del caso porque ella
aseguró no sentirse presionada. Lo cierto es que las conversaciones recogen
varios insultos y amenazas de Marhuenda y Casals.
Por otra parte, el sumario incluye varios episodios que también demostrarían la
capacidad de influencia que González (que dejó la política en junio de 2015)
seguía teniendo en el Ejecutivo autonómico que ahora preside Cifuentes. González
intentó utilizar su influencia política (estuvo 12 años en las más altas
instancias del Gobierno regional) para intentar pedir a determinados cargos
públicos favores para empresarios próximos a él. La Guardia Civil añade además
en un informe que el expresidente tenía una especie de topo en la comunidad, que
le seguía facilitando información. Se trataría de la interventora general,
hermana de la que fuera jefa de prensa del PP de Madrid entre 2010 y 2015.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-13/gonzalez-lezo-aguirre-cifuentes-sumario-conversaciones_1398121/
ZOIDO A GONZÁLEZ: "OYE, YO ME TOMO UN CAFÉ QUE QUIERO HABLAR CONTIGO"
El expresidente madrileño contó a Cerezo su charla con el ministro: “Le dije que
limpiara como Paquirri… y cambió a todo Dios”
El expresidente madrileño Ignacio González aconsejó al actual titular de
Interior, Juan Ignacio Zoido que “limpiara” la Policía, durante una conversación
telefónica mantenida por ambos, 15 días después del nombramiento del ministro.
“Yo solo te doy un consejo, tío. Limpia como Paquirri, doctor, corte todo lo que
haga falta, hasta dentro, macho, porque como no lo hagas, te comen en el minuto
uno", le dijo González al ministro Zoido, según la conversación interceptada en
el marco de la operación Lezo, y que reproduce este lunes El Confidencial.
"Y cambió a todo Dios"
En la conversación, de 18 de noviembre de 2016, Ignacio González le cuenta al
empresario Enrique Cerezo su conversación con Zoido, en la que le recomendó que
limpiara "como Paquirri" la Policía, que "cortara todo lo que hiciera falta" y
se metiera "hasta dentro". Según aseguró el expresidente madrileño, el recién
nombrado ministro le hizo caso y cambió "a todo Dios, y ya le están dando
leches, macho, es una cosa... puff".
"Que si ha puesto a los suyos de Sevilla, que si ninguno sabe no sé qué de la
Policía, que si no sé cuantos. Buah, es acojonante", dice el expresidente a
Cerezo, que contesta: "Oye, y los que estaban cuando llegaron, ¿sabían algo?".
El ministro "quería hablar" con González
González le habría dicho a Enrique Cerezo que mantiene con Zoido una buena
relación, que le habría felicitado por su nombramiento y que el ministro
contactó con él para mantener una reunión porque “quería hablar”. Los
investigadores enmarcan la conversación en los intentos del expresidente
madrileño para influir sobre altos cargos del Gobierno para que le favorecieran
en los procesos judiciales.
"Vamos, entre tú y yo, yo me llevo muy bien con él. Yo le llamé a felicitarle y
me llamó él y me dijo, 'oye, yo me tomo un café que quiero hablar contigo' y no
sé qué. Yo digo,'bueno, cuando tengas todo organizao, llámame”.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/12/zoido-gonzalez-oye-yo-me-tomo-un-cafe-que-quiero-hablar-contigo
LOS
CINCO FRENTES DE LA OPERACIÓN LEZO QUE AMENAZAN A GALLARDÓN
Autorizó la compra por el Canal de la colombiana Inassa en 2001 sin marco legal
para ello y la adquisición se ejecutó a través de un paraíso fiscal
Los investigadores creen que se desviaron al menos 25 millones de euros de
fondos públicos tras pagar por la compañía un valor muy superior al real
En las grabaciones a los imputados hay cinco referencias sospechosas a
Ruiz-Gallardón, cuyos ingresos son investigados ya por la Audiencia Nacional
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sospechan que el Canal de Isabel
II (CYII) fue utilizado para dar un pelotazo en Colombia en 2001, doce años
antes de la operación que dio origen a las pesquisas sobre la empresa pública,
la adquisición con sobreprecio de una empresa en Brasil en 2013. El modus
operandi parece repetirse, pero no así sus protagonistas. La compra de la
colombiana Inassa tuvo lugar mucho antes de que Ignacio González tuviera el
control de la empresa pública de aguas; en aquella época el presidente de la
Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón.
Los indicios existentes en el sumario de la Operación Lezo motivaron que
Anticorrupción solicitara dirigir el procedimiento contra Ruiz-Gallardón y todo
su equipo de Gobierno, un movimiento que impidió la prescripción de los posibles
delitos el pasado noviembre de 2016. El expresidente de la Comunidad de Madrid
no está en estos momentos imputado, pero como avanzó eldiario.es, la Audiencia
Nacional estudia el histórico de sus ingresos. En un escrito del pasado mes de
abril, los fiscales del caso recogen que, "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón
tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un
pacto de silencio y cooperación con Ignacio González"
Estos son las cinco líneas de investigación que aparecen en el sumario de la
Operación Lezo sobre Alberto Ruiz-Gallardón y varios miembros de su Gobierno, en
las que trabajan la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Fiscalía
Anticorrupción y las unidades adscritas a ésta de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT).
1. La decisión de expandir el Canal por Latinoamérica
La empresa pública abastecía de agua exclusivamente a los madrileños desde 1851.
Los funcionarios de IGAE han analizado toda la legislación que concierne al CYII
y han encontrado dos reales decretos de 1977 que establecen: “Corresponde al
Canal la gestión del servicio público de suministro y distribución de agua
potable en el área de Madrid mediante la realización de los estudios, obras y
servicios necesarios”. El segundo de esos dos reales decretos también dice que
“el Gobierno, por decreto, podrá ampliar las funciones del Canal a nuevos
servicios relacionados con los que constituyen su objeto”.
Un informe de la IGAE de hace un año, incorporado al sumario, concluye que la
normativa no aclara “qué se entiende por servicios relacionados con los que
constituyen su objeto, en particular si estos pudieran referirse únicamente a
nuevos servicios dentro de su ámbito territorial o también a un nuevo ámbito
territorial”. Al tiempo, recoge otros cinco decretos, publicados entre 1992 y
1994, y que fueron destinados a autorizar participaciones concretas en distintas
licitaciones públicas, concretamente en la provincia de Badajoz y en los países
de Argentina y Perú.
El CYII también cuenta con una ley reguladora, posterior a los decretos de 1977.
Se trata de la 7/1984, que en su apartado 6 establece, de forma general, que “la
explotación de los servicios de aducción y depuración promovidos directamente o
encomendados a la Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de Isabel II
en todo el territorio de la Comunidad de Madrid”. Colombia y Brasil quedaban por
entonces lejos.
2. Comprar en Colombia y aprobar el marco legal cinco meses después
El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la
constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a
su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un
total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco
meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo
3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial
(Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y
de la suscripción de los oportunos convenios”.
Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco
normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de
Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria,
previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La
Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata
de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones
del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que
podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.
En la querella que dio origen a la causa que investiga la Audiencia Nacional, la
Fiscalía Anticorrupción ya afirmaba: “La propia autorización concedida por dicho
Consejo de Gobierno resulta cuando menos dudosa, si se tiene en cuenta que en el
año 2001 Canal de Isabel II podría no estar legalmente facultado para la
constitución de Canal Extensia S.A, ya que su actividad y objeto social se
limitaba a la Comunidad de Madrid hasta que en abril de 2002 (una vez adquirida
Inassa) se habilitó al Canal de Isabel II para prestar sus servicios en
cualquier territorio)”.
3. La utilización de una sociedad radicada en un paraíso fiscal
La compra de las acciones de Inassa a través de una sociedad radicada en Panamá
se acordó “a solicitud” del consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja; “a
propuesta” del Consejero de Hacienda, Juan Bravo; y previa “deliberación” del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las firmas estampadas son del
consejero de Hacienda y del presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, según recoge el
informe de la Guardia Civil de abril pasado. Mayor Oreja afirma que él ya no era
consejero cuando se aprobó la compra de Inassa, al haber sido sustituido por
Pedro Calvo.
Interamericana de Aguas y Servicios Sociedad Anónima (Inassa) fue creada en el
año 1996 y era operada por la sociedad Triple A de Barranquilla (Colombia). El
51% de Inassa pertenecía a una sociedad pública española, la Sociedad General de
Aguas de Barcelona SA (Agbar) y el 49% restante a un fideicomiso vinculado al
Banco Ganadero de Colombia.
Aunque falta por determinar la cantidad, los investigadores creen que Agbar
vendió en el año 2000 su participación por 7 millones de dólares a la Sociedad
de Aguas de América, la mercantil panameña utilizada por el Canal para la
adquisción del 75% de las acciones de Inassa. Nada se sabe aún sobre cómo llegó
Extensia a hacerse con las tres cuartas partes de la sociedad, toda vez que
Agbar solo tenía el 51%. Con la compra del 100% de la panameña, Extensia también
adquiría el 51% de otra sociedad llamada Watco Dominicana. El informe de la IGAE
concluye que Canal Extensia no cumplió el acuerdo del Consejo de Gobierno, que
solo autorizaba a comprar Inassa. A pesar de ello, nada se hizo desde la
Comunidad de Madrid.
Es en este punto donde los investigadores sitúan el primer pelotazo del Canal.
Al comparar el valor de venta de las acciones de Agbar y los 83 millones de
euros que pagó un solo año después el Canal con fondos públicos de los
madrileños, se pudo generar “una ilícita plusvalía” de 66 millones, recoge la
querella de Anticorrupción.
Pero no solo eso. La operación recoge el entramado turbio en el que se incurre
por recurrir a una sociedad en Panamá. Resulta que la Guardia Civil ha
descubierto que el “vehículo mercantil”, según se refería el Gobierno de
Gallardón a la sociedad panameña, es propiedad de un bufete de abogados del
país, por aquel entonces considerado en España un paraíso fiscal. Obaldía &
García Paredes constituyó Aguas de América el 2 de marzo de 2000 y la disolvió
el 21 de febrero de 2002, “circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad
al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana
Agbar y su posterior venta a la mercantil Canal Extensia”, dice la querella.
“El uso instrumental de sociedades erradicadas (sic) en un paraíso fiscal sólo
tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y
el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra”,
afirma Anticorrupción. Los fiscales del caso destacan que se utilizó esta vía a
pesar de que era una compra-venta de acciones entre dos sociedades del sector
público español, Extensia y Agbar. “La utilización instrumental de esta sociedad
panameña carecía de toda justificación económica y repudiaba la regularidad
jurídica, no obstante lo cual la operación se realizó”.
“Su carácter opaco -añade la Guardia Civil- impide a fecha de hoy identificar a
los primeros beneficiarios de los fondos ya que sus directores parecen ser
abogados de un conocido bufete panameño que actuarían como pantalla, sin que
hasta la fecha se haya podido conocer de manera fehaciente quién o quiénes se
encontraban realmente tras esa sociedad”.
4. Los pinchazos telefónicos y las reuniones grabadas
Una parte importante de la Operación Lezo se apoya en las conversaciones
intervenidas a los principales imputados. En ellas también se habla del pelotazo
en la época de Alberto Ruiz-Gallardón. El 21 de julio de 2016, agentes de la UCO
se sentaron cerca del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino en la
cafetería del hotel Villamagna. Frente al presunto testaferro de Ignacio
González, fotografiaron a un hombre en silla de ruedas, el empresario colombiano
José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. En el encuentro, Rodríguez
Sobrino se ofreció a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en
Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.
"¿Cuánto le entraba al Canal?", pregunta en un momento el empresario colombiano.
Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: "A Canal le han entrao, te digo
la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao"
(…) "A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces 95… en la que le
robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello
valía 10".
Esos 95 millones es una cifra próxima a los que se invirtieron para la compra
del 75 por ciento de Inassa y el 51% de Watco en 2001. Rodríguez Sobrino entró
en Inassa en 2006 y se refiere a una operación anterior en el tiempo, lo que
parece concordar con el pelotazo de 2001. Los investigadores anotan los 25
millones de desfalco de los que habla Rodríguez Sobrino, hoy en prisión
incondicional.
Otro de los indicios contra Gallardón fue obtenido por la UCO el 11 de noviembre
de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita
el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana
y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los
micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.
En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de
Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que
hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste,
"sin cortarse", le dijo: "Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de
América porque tengo que ganar mucho dinero". "Delante de cinco o seis
personas", añade Zaplana, quien apostilla: "Como diciendo que está ganando una
fortuna… O aflorando algo".
Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo
de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio
González. Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el
Canal a los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia
Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se
suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de la Comunidad: "No se atrevía porque
Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su
gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no
valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo
de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en
Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco
Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".
González añade: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo
me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un
escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo
todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te
puedes ni imaginar".
Edmundo Rodríguez Sobrino también habla de Inassa en otra conversación
intervenida el 13 de diciembre de 2016 en su despacho profesional. Charla con el
abogado Carlos Rodríguez Fernández sobre la posible venta de Inassa y recuerdan
cómo se adquirió. “Qué tipo de acuerdo se hizo con los búgaros (fonético) para
impedir un concurso público. Ahora, bueno, eso es Gallardón, ¿no? Y no eso no
eres tú… Eso es Gallardón”. Los investigadores creen que se refieren a cómo el
Gobierno de Ruiz-Gallardón evitó la fórmula del concurso público en la
adquisición de Inassa en 2001.
En una llamada desde el teléfono fijo de su despacho, Rodríguez Sobrino habla el
15 de marzo de 2017 con el abogado Manuel Gómez de la Bárcena. Queda poco más de
un mes para su detención y Rodríguez Sobrino adopta medidas porque cree que
tiene las comunicaciones intervenidas. Se desconoce si habla seguro por el fijo
o sospecha que le están grabando. Ambos se refieren a la investigación por la
compra de Emissao en 2013 y comentan una publicación de elconfidencial.com del
día anterior sobre el pelotazo de Inassa. “Se están remontando a la época de…”,
dice Gómez de la Bárcena. “Sí, de Gallardón”, contesta Rodríguez Sobrino (…) Es
donde realmente hubo”, añade más adelante.
5. Un ambicioso proyecto de expansión en Latinoamérica que nadie fiscaliza
Los investigadores destacan cuatro informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003,
2013 y 2015) que alertan de la falta de fiscalización del conglomerado de
empresas del Canal en Latinoamérica, un gigante que crecía lejos de cualquier
control. El grupo de aguas es auditado por KPMG, pero se trata de un tipo de
auditoria sobre las cuentas anuales, de tipo financiero, al que le basta
constatar que las cuentas publicadas se corresponden con la verdad.
“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la
desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad
Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en
los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención
final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas
públicas”.
La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la falta de
fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió Gallardón
crea “una situación potencial de riesgo y de falta de control”.
http://m.eldiario.es/politica/frentes-operacion-Lezo-amenazan-Gallardon_0_653384712.html
GONZÁLEZ OCULTÓ DESDE SU LLEGADA AL GOBIERNO UN INFORME EXCLUSIVO PARA ÉL QUE
PONÍA EN EL DISPARADERO AL EQUIPO DE GALLARDÓN
Un análisis del bufete Cuatrecasas fechado en junio de 2004, al que ha tenido
acceso infoLibre, ya destapaba en sus 80 páginas múltiples agujeros negros en la
compra de la firma colombiana Inassa en 2001.
El Canal pagó 83 millones por el 75% de la firma, diez veces el valor fijado un
año antes, pese a que la prórroga de su principal concesión pendía de un hilo y
a que ni siquiera tenía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua
La valoración 'independiente' previa a la compra fue realizada por la auditora
que propuso Tecvasa, una empresa valenciana ligada a la extinta CAM y a la que
el Canal escogió como socia para su desembarco en Colombia
Un análisis del bufete Cuatrecasas, fechado en junio de 2004 y cuya introducción
remarca que fue elaborado para el exclusivo interés del entonces vicepresidente
de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, y su mano
derecha como gerente en el ente público de agua, Ildefonso de Miguel, ya
destapaba múltiples agujeros negros en la compra de la colombiana Inassa,
efectuada dos años y medio antes. Privado y confidencial, ese informe, al que ha
tenido acceso infoLibre, ponía en el disparadero al equipo de Alberto Ruiz
Gallardón. El expresidente y exalcalde de Madrid también se encuentra bajo la
lupa de los investigadores en la Operación Lezo, aunque fuentes del caso han
confirmado a este diario que a día de hoy no se le atribuye expresamente la
condición de investigado.
A lo largo de las 80 páginas, el informe de Cuatrecasas retrata una operación
oscura, cargada de incertidumbres para las arcas públicas de Madrid y de
incumplimientos legales, articulada a través del paraíso fiscal de Panamá y en
la que, por razones desconocidas, se dio entrada a un grupo privado valenciano.
La compra se cerró sin obstáculos para los vendedores e incluso en el plazo
establecido por ellos mismos –Cuatrecasas sugiere que posiblemente no había más
ofertas– pese a que la prórroga de la principal concesión de Inassa para
extenderla hasta 2033 pendía entonces de un hilo porque había sido impugnada
judicialmente. Tres pesos pesados del momento como Acciona, Urbaser y Cajamadrid
habían desechado participar en la operación por el llamado "riesgo país". Es
decir, por la convulsa situación que vivía Colombia, atrapada en la bisectriz
del narcotráfico y la guerrilla y zarandeada por una corrupción política en la
que, a tenor de lo ya investigado, participó activamente el Canal de Isabel II.
De hecho y aunque una instancia superior anuló luego esa decisión, el informe
relata cómo un tribunal había llegado a suspender el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Barranquilla para ampliar la concesión hasta 2033, que en teoría
era el elemento que mayor valor confería a Inassa y su filial Triple A. El Canal
pagó religiosamente los 83 millones de euros también pese a que Triple A ni
siquiera poseía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua para
Barranquilla.
Fue el equipo de Gallardón el que en noviembre de 2001 capitaneó la compra de la
compañía de Barranquilla, en la región caribe de Colombia, por 83 millones de
euros, lo que significaba diez veces más del valor fijado un año antes, y así lo
hace constar el informe. Pero González mantuvo el dossier de Cuatrecasas oculto
hasta que de manera involuntaria él mismo alertó a la Guardia Civil de su
existencia durante una conversación con el ex ministro y expresidente valenciano
Eduardo Zaplana que estaba siendo grabada.
Es todavía una incógnita por qué guardó silencio Ignacio González sobre una
operación que según Cuatrecasas poseía claros ribetes de ilegalidad y que
afectaba al jefe de una facción rival del PP madrileño. Pero un dato emerge con
nitidez: el esquema seguido para la adquisición de Inassa es muy parecido al que
una década más tarde utilizó el Canal de Isabel II para, ya con Ignacio González
en la presidencia del Gobierno regional, hacerse en 2013 con la empresa
brasileña Emissao, igualmente investigada en Lezo. Para el juez Eloy Velasco,
hasta ahora instructor del caso, la compra de Inassa fue la primera operación
"fraudulenta" detectada en el Canal.
El texto de Cuatrecasas pone el acento en que de la entrada en escena de Panamá
podrían derivarse responsabilidades para los administradores y representantes
del Canal que suscribieron el acuerdo de compraventa. ¿Por qué? Porque lo que
aprobó el Consejo de Gobierno de Madrid fue la adquisición de una compañía
colombiana, no de una panameña como estación de paso hacia Colombia. Un informe
previo a la compra que había formulado el bufete Garrigues para el Canal de
Isabel II –el Informe de Planificación Fiscal Internacional– señalaba la
utilización de Panamá como la opción más desfavorable.
Un regalo del Canal cifrado en seis millones
En febrero de 2002, fecha del cierre de la compra de Inassa, acordada en
noviembre del año anterior, Panamá tenía la consideración de paraíso fiscal a
todos los efectos, incluso los oficiales. Y así lo enfatiza Cuatrecasas cuando
advierte del coste adicional que ese hecho implicó para el Canal. Porque además
de los 97 millones de euros destinados a la compra y a una inmediata ampliación
de capital ese coste adicional es el que tendrá que pagar el Canal cuando venda
Inassa: seis millones de euros según las fuentes consultadas en el grupo público
madrileño.
La explicación, detallada en el informe, es la siguiente: en lugar de adquirir
directamente las acciones de Inassa, lo cual habría implicado que los vendedores
hubiesen tributado en Colombia por la plusvalía generada, el Canal adquirió una
sociedad panameña, Sociedad de Aguas de América (SAA), que de forma simultánea a
la operación se liquidó. La liquidación, avisa el informe, tampoco recibió del
Consejo de Gobierno la preceptiva autorización.
Al efectuarse en Panamá, la compra de acciones de SAA, que poseía el 75% de
Inassa anhelado por el Canal, quedaba exenta de tributación en Colombia para los
vendedores. Pero en el momento en que el Canal venda sus participaciones en
Inassa –donde la Guardia Civil y Anticorrupción hicieron una batida de registros
hace dos semanas– será el erario madrileño el que deba asumir aquella plusvalía
diferida. Cuatrecasas no da cifras. Son las fuentes consultadas por este diario
en el Canal de Isabel II las que cuantifican en seis millones su importe a día
de hoy.
Así que, resumidamente, quienes vendieron las acciones de Inassa al Canal de
Isabel II–un antiguo grupo de directivos de Aguas de Barcelona, empresa que
había sido socio de referencia de Inassa, pero también otras personas físicas o
jurídicas cuya identidad pormenorizada no detalla el informe– no solo recibieron
un precio diez veces superior a aquel que un año antes les había permitido
hacerse con el control. De propina, obtuvieron un regalo también millonario por
la plusvalía diferida.
Cuatrecasas sí desvela algunos nombres significativos del accionariado de la
panameña SAA: Francisco Olmos, exdirectivo de Aguas de Barcelona y uno de los
ejes centrales de la conexión valenciana; y el propietario de uno de los bufetes
panameños especializados en el montaje de estructuras societarias opacas, José
Ramón García de Paredes. Si García de Paredes poseía títulos como beneficiario
real de SAA o solo como miembro del equipo habitual de testaferros panameños es
algo que el informe no aclara.
Una firma valenciana elegida no se sabe por qué
Para acometer su inversión en Latinoamérica, el Canal había creado una sociedad
mercantil operativa –Canal Extensia SA– en la que se reservó un 75% de las
acciones mientras que dejó el 25% en manos de una firma valenciana denominada
Tecvasa.
El informe remarca que ni un solo papel ni testimonio de ningún tipo permitió
averiguar en 2004 por qué el ente público madrileño había dado el paso de
compartir su poder con una empresa privada. Y ni había en 2004 ni hay hoy rastro
de por qué los gestores a los que Alberto Ruiz-Gallardón había dado las riendas
del ente público del agua eligieron justamente a Tecvasa, que contaba con el
apoyo financiero de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Cuatrecasas apunta a que los contactos pudieron empezar en septiembre de 2001.
De ser así, la negociación fue meteórica, dado que la oferta sobre Inassa se
cerró el 13 de noviembre de ese año y de inmediato nació Canal Extensia.
Como presidente de Canal Extensia fue designado Arturo Canalda, hoy presidente
de la Cámara de Cuentas de Madrid, es decir, del organismo que debe fiscalizar
las cuentas públicas. Canalda no figura entre los investigados del caso Lezo
cuya identidad ha trascendido. Y a diferencia de lo que sucede con otros altos
directivos del Canal en aquella época, el informe de Cuatrecasas no le menciona.
La supuesta valoración independiente que determinó el precio a pagar por Inassa
lo determinó una auditora que había recibido el encargo no del Canal de Isabel
II sino de Tecvasa. Cuatrecasas llegó a alertar de que uno de los personajes
clave en el entramado latinoamericano del Canal, el ya citado Francisco Olmos,
había jugado un doble papel en la operación: lideraba el grupo que ofrecía en
venta sus acciones de Inassa al Canal de Isabel II a la vez que pertenecía al
consejo de administración de la Técnicas Valencianas del Agua SA, nombre
completo de Tecvasa. Es decir, simultáneamente estaba en el lado vendedor y en
el comprador. Y eso entrañaba un potencial conflicto de intereses. Así lo hizo
constar el bufete al que Ignacio González había encargado el informe sobre
Inassa, privado y confidencial, nada más aterrizar en el primer Gobierno de
Esperanza Aguirre en noviembre de 2003.
Pese a todo, el informe jamás vio la luz. Al igual que una segunda edición
igualmente encargada a Cuatrecasas en 2009, permaneció oculto hasta que el
propio Ignacio González se traicionó a involuntariamente a sí mismo el 11 de
noviembre de 2016. Ese día, durante una charla en su despacho con el exministro
y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, el antiguo delfín de Aguirre dijo lo
siguiente: "Alberto hizo una operación que no sé si estaba Alberto, pero desde
luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad
que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del
Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una
sociedad en Panamá".
En esa misma reunión, cuyo contenido se ha incorporado al sumario de Lezo,
González coloca otra vez en el disparadero a Gallardón: "Yo no soy como esta
gilipollas [Cristina Cifuentes] que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a
alguien muerto y dije tenemos dos opciones, o reventamos esto y es un
escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo todavía
tengo un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes
imaginar".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/19/ignacio_gonzalez_oculto_desde_llegada_gobierno_informe_exclusivo_para_que_ponia_disparadero_equipo_gallardon_66520_1012.html
IGNACIO GONZÁLEZ SEGUIRÁ EN PRISIÓN ANTE EL RIESGO DE FUGA Y DESTRUCCIÓN DE
PRUEBAS
La Sala de lo Penal de la Audiencia confirma la prisión provisional
del expresidente madrileño ante el riesgo de fuga, destrucción de pruebas o su
capacidad para volver a delinquir en el marco de la investigación contra él y su
entorno familiar.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde
la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la
Audiencia Nacional para prestar declaración
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde
la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la
Audiencia Nacional para prestar declaración / Santi Donaire (EFE)
La Sección 4ª avala la prisión provisional sin fianza para Ignacio González por
el papel que ocupa el expresidente de Madrid en la trama, "la compleja
organización" creada con fines delictivos y su posible implicación en el pago de
una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de
Navalcarnero que podría constituir delitos de cohecho, prevaricación y fraude.
Todo esto sumado a la expansión del grupo societario Canal de Isabel II por
Sudamérica, adquiriendo empresas y adjudicando obras que podrían constituir los
mismos delitos además de organización criminal, corrupción en los negocios y
malversación.
Los magistrados inciden en la participación de González en la adjudicación y
explotación del campo de Golf del Canal y en la financiación ilegal del PP de
Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).
La Sala rechaza así el recurso que interpuso González contra el auto de prisión
incondicional y comunicada del juez Eloy Velasco, al entender que el arraigo
familiar no es un eximente en este momento de la instrucción para evitar el
riesgo de fuga. "La necesidad de apoyo familiar en estos momentos tampoco
minimiza el riesgo de fuga cuando hay otros miembros de su familia investigados
y que podrían llegar a estar en sus mismas circunstancias" señalan los jueces. Y
recuerdan que en el mismo auto recurrido se decretó prisión provisional para su
hermano Pablo González, exdirectivo de Mercasa.
Además, la notoriedad pública que alega González tampoco evitaría que intentara
evitar la acción de la Justicia, al menos, "no en otros países donde no goce de
esa notoriedad y podría buscar refugio en los que haya un menor nivel de
cooperación policial y judicial con España". En este caso, "podría mantenerse
con los fondos que presuntamente ha desviado al extranjero y que no han sido
intervenidos".
"No es una mera especulación", aseguran los magistrados, que hacen referencia a
la conversación entre el expresidente del Canal en América, Edmundo Rodríguez y
la exdirectora financiera, María Fernanda Richmond, en noviembre de 2016, donde
ésta considera "que el ritmo de vida de González no puede sostenerse con los
ingresos justificados que tiene y Edmundo afirma que tiene "dinerillo B" y
subrayan la facilidad del exdirigente popular de Madrid para "desenvolverse en
el extranjero".
La Sala señala también la capacidad de González para ocultar pruebas y
obstaculizar la investigación para justificar su permanencia en prisión
provisional.
http://cadenaser.com/ser/2017/06/02/tribunales/1496415433_214281.html
ACEBES, A GONZÁLEZ: CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN "NOS PUEDEN HACER PASAR UN
MAL RATO"
El sumario revela conversaciones entre el exministro de Interior y el presunto
cabecilla de la operación Lezo
Las conversaciones intervenidas por orden judicial a Ignacio González no dejan
de deparar sorpresas. El expresidente de la Comunidad de Madrid habló por
teléfono con el exministro de interior y justicia, además de antiguo secretario
de organización del PP, Ángel Acebes. Ambos comentan la actualidad y la presión
de la oposición a Mariano Rajoy reclamando una comisión de investigación sobre
las presuntas corruptelas de los populares. Acebes reconoce a su interlocutor
que con una comisión de investigación "nos pueden hacer pasar un mal rato",
aunque ambos coinciden en que a ellos ya nos les queda nada de lo que dimitir.
Nuevos mensajes de Catalá
El sumario también revela nuevos SMS del ministro de justicia, Rafael Catalá a
Ignacio González. Catalá le felicita el pasado verano por un artículo de opinión
publicado en el diario 'La Razón', del que es consejero el también detenido por
la operación Lezo, Edmundo Rodríguez. El artículo lleva por título 'El alcance
de la negociación' en el que González apuesta por "equilibrar" las cuentas
públicas y donde también habla de de las comisiones de investigación. Escribe el
columnista de 'La Razón' que "las comisiones de investigación cuando la
responsabilidad política se ha dirimido en las urnas y las penales se están
dilucidando en los tribunales se convierten en causas generales para tratar de
pasar facturas políticas que no se lograron en las urnas". Ignacio Gonzalez fija
a Mariano Rajoy las líneas rojas en la negociación que mantenía aquellos días
con Ciudadanos para formar Gobierno. Los mensajes entre Rafael Catalá e Ignacio
González se suceden y ambos también comentan el estado de las negociaciones para
la investidura y los asuntos judiciales que afectaban al segundo.
http://cadenaser.com/ser/2017/05/28/tribunales/1495985727_950764.html
INVESTIGAN A LA HERMANA DIPUTADA DE GONZÁLEZ POR DAR CONTRATOS A DEDO A EMPRESAS
DE LA PÚNICA
La investigación de la trama Púnica también afecta a la hermana del ex
presidente madrileño, Ignacio González. Según ha podido saber OKDIARIO, la
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, investiga el presunto
“fraccionamiento fraudulento” de contratos efectuado por Isabel González a tres
empresas de la trama corrupta durante su mandato como concejal de Cultura en el
ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón.
La hermana del ex presidente madrileño es diputada del PP en la Asamblea de
Madrid, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de la
comisión de Cultura y Turismo. En apenas un mes, ha visto como su marido, José
Juan Caballero, y sus dos hermanos, Ignacio y Pablo, eran detenidos en el marco
de la ‘Operación Lezo’.
Los agentes analizan los contratos menores adjudicados por González entre 2011 y
2015 en su etapa de edil de Cultura en Pozuelo a las empresas Back Rvs
Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y Croma 21, S.L., que podrían
estar relacionadas con la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
Los investigadores consideran que dichos contratos “fueron fraccionados” para
ser adjudicados directamente y de esta forma no superar el límite de 18.000
euros fijado en la Ley de Contratos para convocar un concurso público. Muchos de
estos contratos suscritos desde hace años por este ayuntamiento madrileño fueron
adjudicados desde el Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo.
El informe de la UCO recogido en el sumario de la trama Púnica, al que ha tenido
acceso este diario, afirma que “parece evidente como por parte del Patronato
Municipal de Cultura fueron tramitados contratos menores sucesivos para
responder a necesidades concretas de carácter recurrente, previsibles y
cuantificables en un momento determinado del tiempo; que podría suponer que por
parte de ese ente público se adjudicaron esos contratos contraviniendo la
normativa en materia de contratación pública fraccionando el objeto de los
mismos”.
“Las mercantiles Back Rvs Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y
Croma 21, S.L han participado activamente en relaciones contractuales con el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y con el Patronato Municipal de Cultura. Este
hecho resulta de interés debido al elevado número de contratos menores que esos
entes públicos han adjudicado a esas tres mercantiles”.
UCO
“Así las cosas”, añade el informe de la UCO, “la mercantil Back Rvs Producciones
Culturales S.L desde el año 2006 al año 2008 recibió adjudicaciones directas
de esos dos entes públicos por un montante de 553.111,53 euros. Por su parte, la
mercantil Digital Plane ha sido adjudicataria de contratos menores de manera
ininterrumpida desde el año 2006 hasta el año 2014 por un montante de
662.106,06 euros, y la mercantil Croma 21 sólo en el año 2007 recibió contratos
menores del Ayuntamiento y del Patronato por valor de 109.506,30 euros“.
Algunos de los contratos menores adjudicados se efectuaron en la época de
concejal de Isabel González, que a día de hoy no está formalmente imputada en la
causa.
El informe subraya “las destacadas cantidades facturadas por las mercantiles
Back Rvs Producciones Culturales S.L., Digital Plane S.L. y Croma 21, S.L
mediante contrato menor tanto al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como al
Patronato Municipal de Cultura; que los servicios contratados tengan por causa
necesidades recurrentes, previsibles y cuantificables en un momento determinado;
que además esos contratos menores hayan sido adjudicados y/o ejecutados en las
mismas fechas sobrepasando de manera agregada el límite cuantitativo establecido
para este tipo de contratos”.
Por último, la UCO concluye que “todo ello parece indicar que pudiera
tratarse de un fraccionamiento fraudulento del objeto del contrato que tuvo como
consecuencia que esas mercantiles fueran acreedoras de un trato preferencial en
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón”.
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Según el organigrama de este municipio madrileño, la concejal de Cultura
“coordina y gestiona las unidades administrativas que integran la Concejalía,
incoa y tramita y resuelve, en su caso, cuantos expedientes sean propios de la
concejalía, ostenta la vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura y
supervisa y dirige la actuación” del mencionado Patronato.
Isabel González ocupó esta concejalía entre 2011 y 2015, sin embargo, no fue la
única concejal de Cultura de este ayuntamiento madrileño que adjudicó contratos
menores a las tres empresas investigadas en la trama Púnica. Antes de ser edil
de Cultura en Pozuelo, fue coordinadora del Gabinete de Esperanza Aguirre,
cuando ésta era presidenta del Senado, y después, coordinadora del Gabinete de
la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid.
Las 3 empresas “están vinculadas”
Back Rvs Producciones Culturales S.L fue constituida y es administrada por
Ricardo Vázquez Segura. Dicha sociedad estaría vinculada con Croma 21 y Digital
Plane. Los investigadores sostienen que existe una “relación de servicios,
existiendo facturación cruzada entre estas empresas”.
Según recogen los investigadores de la UCO en su informe, “existen además
indicios de que las tres empresas habrían facilitado facturas falsas al Partido
Popular regional que fueron presentadas para justificar el destino de una
subvención otorgada por la Comunidad de Madrid, cuyo verdadero destino fue el
pago de gastos electorales”.
Fuentes cercanas a Croma 21 y Digital Plane afirman a OKDIARIO que no tienen
ninguna vinculación con la presunta financiación ilegal del PP regional, y con
la trama Púnica. “No conocemos a ningún miembro del PP, somos 11 empleados y
nunca hemos emitido facturas falsas”.
“Nuestras empresas se dedican a la iluminación y al montaje de sonido y
escenarios para conciertos, mitines y cualquier tipo de acto. Ricardo Vázquez
Segura nos subcontrataba para eventos del PP, hasta que nos dejó de pagar entre
2007 y 2009, de hecho todavía nos debe dinero”.
Sobre los contratos menores aseguran que en muchas ocasiones “no se cerraban las
contrataciones con los artistas hasta última hora y no daba tiempo a que se
convocara a un concurso público. Con este tema, van a conseguir que nos vayamos
a la quiebra y deje sin trabajo a mis empleados” concluyen.
https://okdiario.com/investigacion/2017/05/26/investigan-hermana-diputada-gonzalez-dar-contratos-dedo-empresas-punica-1011379
UN JUZGADO DE MADRID INVESTIGA QUIÉN FUE LA MAGISTRADA “AMIGA DE LA CASA” QUE
DIO EL CHIVATAZO DE LEZO A MAURICIO CASALS
Investigará un posible delito de revelación de secretos tras la denuncia
interpuesta por un letrado.
El juez Eloy Velasco, hasta ahora encargado de la operación Lezo, ha dejado la
instrucción sin haber mostrado entusiasmo por indagar en el 'chivatazo'
atribuido a "una magistrada" y gracias al cual los investigados en esas
diligencias secretas fueron alertados de que sus teléfonos estaban intervenidos.
Pero un Juzgado de Madrid sí ha abierto un procedimiento para indagar quién
puede encontrarse detrás de la filtración.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, al que ha correspondido tramitar
la denuncia interpuesta por el abogado José Luiz Mazón en representación del
partido Contrapoder, ha dictado un auto en el que acuerda incoar diligencias
previas por un presunto delito de revelación de secretos. La resolución señala
que los hechos que se relatan en la denuncia "presentan características que
hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
La denuncia se refiere a una conversación intervenida el pasado noviembre al
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión por
malversación, fraude en la contratación pública y otros delitos de corrupción.
En esa charla González manifestó que el presidente del periódico La Razón,
Mauricio Casals, le había informado de que "una magistrada amiga de la casa" les
había alertado de que tuvieran cuidado porque "han grabado una conversación de
Edmundo muy extraña". Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue mano derecha de Ignacio
González en la expansión del Canal de Isabel II en Iberoamérica y es consejero
de La Razón, se encuentra también en prisión por la operación Lezo.
'Oye, cuidao'
Según Ignacio González, Casals le dijo que "Edmundo está 'acojonao', me ha dicho
que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que
es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una
conversación de Edmundo muy extraña'".
Una mujer denuncia una agresión sexual en el concierto de Gun N' Roses de
BilbaoUna mujer denuncia una agresión sexual en el concierto de Gun N' Roses de
BilbaoEfeNo recuerda nada porque cree que le echaron algo en la bebida. Despertó
en el baño de un bar mientras un hombre trataba de quitarle la ropa.
recomendado por
La interceptación durante meses de las conversaciones mantenidas por los
investigados permitió conocer que estos estuvieron claramente prevenidos de las
pesquisas. Ya en octubre de 2016 González fue alertado de un posible
seguimiento, lo que le llevó a cambiar de ubicación, por medio de su mujer,
Lourdes Cavero, del contenido de una caja de seguridad abierta en un banco.
También en octubre, Rodríguez Sobrino trató de hacer averiguaciones sobre una
petición de información que la Fiscalía española realizó a las autoridades
suizas sobre el supuesto cobro de comisiones. Por este mismo tema se interesó
posteriormente el propio González.
La constancia de que los investigados conocían que los teléfonos estaban
intervenidos la proporcionó Pablo González, hermano del expresidente de la CAM,
cuando le comentó a su hermana Isabel González que a Ignacio "le han avisado de
que tenía pinchados los teléfonos. Vamos, vamos, que se quedó un poco
preocupado".
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios,
ha citado al letrado Mazón para el próximo 13 de junio para que se ratifique en
su denuncia. Será a partir de entonces cuando el instructor decidirá qué
diligencias corresponde, en su caso, practicar.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170526/218978297_0.html
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS EN SUIZA DEL EX JEFE DE GABINETE DE
VILLALOBOS
Se trata del ex consejero delegado de Arpegio entre los años 2004 y 2008,
Eduardo Larraz, ex director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de
Sanidad. La Fiscalía Anticorrupción ha cursado una Comisión Rogatoria a Suiza
investigando los movimientos bancarios de las cuentas que el imputado en la
trama Púnica y su mujer abrieron en el país helvético.
Nuevas revelaciones del caso Púnica. La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado
Central de instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional investigan dentro de
esta macrocausa de corrupción al que fuera director de gabinete de Celia
Villalobos, Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio
entre los años 2004 y 2008, y las cuentas que abrió en Suiza.
Según ha podido saber Vozpópuli, las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa
Gálvez aprecian indicios de corrupción en el comportamiento de este imputado y
han cursado una Comisión Rogatoria al país helvético solicitando los movimientos
bancarios de las cuentas abiertas en dicho país por Larraz y su esposa María
Ángeles de Diego Suso. Ambos abrieron en mayo de 2016 -cuando ya era conocido
que la Audiencia investigaba la gestión de Arpegio- nuevas cuentas en el Juluis
Bar & Co Aga, de Zurich, que están ahora bajo la lupa de Anticorrupción.
De hecho, los investigadores sospechan que Suiza pudo ser el destino final de
"fondos malversados" a través de la entidad Arpegio (ahora denominada Nuevo
Arpegio). De ahí, que se hayan cursado distintas Comisiones Rogatorias – las
fiscales tienen intención de enviar otra nueva petición de auxilio judicial
próximamente, según informan fuentes jurídicas- en aras de poder recuperar los
activos desviados de la Comunidad de Madrid.
Tanto el Ministerio Público como el juez creen que el que fuera secretario
general del PP de Madrid, Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama
Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años en la entidad
para manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras
públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. Se da la circunstancia de que la
ejecución de los citados consorcios urbanísticos y de los planes Prismas dotados
con 1000 millones de euros se llevaron a cabo "bajo la esfera de dominio de
Francisco Granados como presidente de la mesa de contratación".
Imputada la mesa de contratación
Se da la circunstancia de que Eduardo Larraz y su mujer son dos de los últimos
imputados en esta causa debido a su vinculación con la gestión de Arpegio. El
que fuera director de gabinete de Villalobos era miembro de su mesa de
contratación.
El pasado día 16, fechas antes de abandonar el Juzgado Central 6 de la Audiencia
rumbo a la Sala de Apelaciones, el magistrado Eloy Velasco acordó nuevas
entradas y registros relacionadas con la gestión que Granados hizo de Arpegio.
Junto con dichas entradas y registros, llevadas a cabo por la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil (UCO), el instructor acordó la imputación de los
miembros de la mesa de contratación de Arpegio formada por Larraz; el jefe de
Gabinete de Granados, Ignacio Palacios; y el ex secretario general de la
Fundación Arpegio Francisco Esquivias.
Larraz y su esposa abrieron en mayo de 2016 nuevas cuentas en el Juluis Bar & Co
Aga, de Zurich, que están ahora bajo la lupa de Anticorrupción
Asimismo, están siendo investigados el administrador de la empresa análisis y
gestión de desarrollos urbanos (Dusa) y encargado de gestionar las licitaciones
públicas del plan Prisma en 2006-2007, Adolfo Fernández Maestre; la exdirectora
de Proyectos del Plan Prisma en Arpegio Pilar Rubio Izquierdo; y el director de
Proyectos de Nuevo Arpegio, Pedro Bernad Moreno.
También fueron imputados en esta pieza separada la lista la directora de la
Asesoría Jurídica de Arpegio entre 2006 y 2009, Pilar Roca Suárez-Inclán; la
abogada y ex secretaria de la mesa de contratación María Dolores Nogal González;
así como José Luis Jaraba, Tomás Fernández Jiménez y Sagrario Gómez Hernando.
Todos ellos debían comparecer los próximos 12, 13 y 14 de julio en la Audiencia
Nacional pero dichas declaraciones han sido aplazadas 'sine die' a la espera de
que un nuevo juez asuma la investigación de Púnica.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Anticorrupcion-investiga-Suiza-Gabinete-Villalobos_0_1029797957.html
LA UCO INVESTIGA A TODO EL GOBIERNO DE GALLARDÓN DE 2001: CORTÉS, COBO, CALVO...
La Audiencia Nacional ha pedido que se identifique a todos los miembros del
Consejo de Gobierno, doce personas, que en diciembre de 2001 autorizaron la
compra de la filial colombiana del Canal
La Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil que identifique a los miembros del Gobierno de la Comunidad de
Madrid que a finales del año 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana
Inassa, la operación que supuso la primera aventura del Canal de Isabel II en
Suramérica. Como ya adelantó El Confidencial, la Comunidad de Madrid, presidida
entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, pagó 73 millones de dólares (entonces 83
millones de euros) por una firma que había costado un año antes diez veces
menos, 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). Un auténtico pelotazo
para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores.
Esta compra está incluida en una de las seis piezas del caso Lezo. Y lo está
porque los fiscales reclamaron en noviembre de 2016 una ampliación de su
querella inicial, que giraba únicamente sobre irregularidades del Canal
cometidas bajo el mandato de Ignacio González (2003-2015), primero como
vicepresidente del Gobierno regional y después como presidente. Pero faltaban
pocos días para que se cumplieran 15 años de la adquisición de Inassa (y por lo
tanto que prescribieran algunos delitos) y el contenido de una de las escuchas
telefónicas que obran en el sumario dió la voz de alarma.
Así empezó el 'chollo' del Canal de Isabel II: Gallardón pagó 83M por lo que
costó 8
La Comunidad de Madrid compró en el año 2001 Inassa, la matriz del Canal en
Sudamérica, por 10 veces más de lo que habían pagado los vendedores un año antes
En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor, Ruiz-Gallardón,
asuntos sucios y lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole.
"Cuando llegué me tuve que comer todos los marrones", aseguraba en una de las
conversaciones intervenidas. Uno de los "marrones" a los que se refería era la
compra de Inassa, que se cerró oficialmente el 13 de diciembre de 2001. "Eso sí
que fue un pelotazo…", describe González. La ampliación de la querella por parte
de la Fiscalía interrumpió la prescripción de los delitos de malversación de
caudales públicos y organización criminal que los investigadores vinculan en
esta parte del caso. El juez Eloy Velasco ve indicios de "compra fraudulenta y
supuesta malversación".
El juzgado ha pedido a la UCO los nombres de los políticos que en diciembre de
2001 formaban parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aparte
del presidente Ruiz-Gallardón había otros once consejeros, tres mujeres y ocho
hombres. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan
Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral,
Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio
Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. El
juez también quiere saber quien formaba parte del consejo de administración del
Canal. En diciembre de 2001 el presidente del Canal era el consejero Pedro Clavo
y el director gerente de la empresa pública Arturo Canalda, hoy presidente de la
Cámara de Cuentas de Madrid.
Canalda también era en esos momentos presidente de Canal Extensia, la sociedad
vehículo que creó el Canal para comprar Inassa. Los apoderados de Extensia que
firmaron la compra fueron Salvador Cardona y Juan Pablo López Heras. Según
Canalda, que compareció el pasado 10 de mayo en la Asamblea de Madrid, tres
valoraciones distintas cifraron entre los 117 y los 129 millones de dólares el
valor de Inassa en el año 2001. "No sé de donde ha salido que valía menos",
señaló, recalcando que la operación se hizo con luz y taquígrafos y que fue
aprobada por el consejo del Canal, por el consejo de Gobierno y por la Asamblea
de Madrid.
La UCO ya tiene en su poder un informe del despacho jurídico Cuatrecasas, que en
abril de 2009 (por encargo del Gobierno de Ignacio González) elaboró un extenso
informe analizando la compra que Gallardón había ejecutado ocho años antes. Este
informe describe varias irregularidades de la operación. Inassa (Interamericana
de Aguas y Servicios SA) se había constituido en Colombia en septiembre de 1996,
aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionado
el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa
fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51%
de la compañía.
El principal socio del Canal en Iberoamérica es una empresa 'offshore' en Panamá
El 18% de Inassa, matriz del grupo al otro lado del Atlántico, pertenece a la
firma Slasa. Cifuentes amenaza a un directivo de Inassa con destituirle si no
comparece en la Asamblea
Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares
(7,19 millones de euros). "La desinversión de Agbar habría estado motivada o al
menos influenciada por una serie de actuaciones propiciadas por determinados
directivos de Inassa, que podrían calificarse de desleales". El comprador de las
acciones de Agbar fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA).
Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment,
cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es
decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que
se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.
SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España.
Este proceso se encargó a la banca Rothschild, que se puso en contacto con
distintas empresas españolas, como Unión Fenosa, Iberdrola, Urbaser o Ferrovial,
para ofrecerles las acciones de SAA en Inassa. No hubo ningún acuerdo y en mayo
de 2001 SAA empezó a negociar con el Canal de Isabel II, que a su vez también
buscó aliados para crear un consorcio y comprar Inassa. Se negoció con Acciona y
Caja Madrid, pero dicho consorcio no fructifica porque hacer negocios en
Colombia suponía entonces "un riesgo". El Canal también intenta convencer al
BBVA y a Urbaser. Sin éxito. Al final el Canal se alía con Técnicas Valencianas
del Agua (Tecvasa), y ambas crean una sociedad vehículo, bautizada Canal
Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia,
puerta de acceso a otros futuros negocios en Suramérica. El Canal tenía el 75%
de Extensia y Tecvasa el otro 25%.
El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración de Canal acordó la
compra de Inassa y ese mismo día se decide que se haga a través de Canal
Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre Canal
Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de
euros). "No consta que el Canal pidiese asesoramiento externo para llevar a cabo
la valoración de Inassa, sino que se limitó a llevar a cabo una valoración por
personal interno del Canal", señala Cuatrecasas. El Consejo de Gobierno de la
Comunidad había ratificado toda la operación el 29 de noviembre. "Las
condiciones legales de la compraventa resultan sumamente desfavorables para el
comprador, no había ofertas competidoras".
A través de Panamá
"La estructura jurídica mediante la que se llevó a cabo la compra pudo haber
resultado gravosa para Extensia desde el punto de vista fiscal. En lugar de
adquirir directamente las acciones de Inassa (una sociedad colombiana), lo cual
hubiese supuesto que los vendedores hubieran tributado en ese país por la
plusvalía generada, se adquirió una sociedad panameña (SAA), radicada en un
paraíso fiscal, que de forma simultánea a la operación se liquidó". Cuatrecasas
deja claró que el Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus
acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. "Dicha
estructura se llevó a cabo en contra del consejo de Garriges&Andersen, despacho
que emitió un informe de carácter fiscal en el que desaconsejaba llevar a cabo
la operación de esta manera", concluye Cuatrecasas.
El jefe Anticorrupción quiso parar registros vinculados a Inassa, empresa clave
Moix ordenó "desvincular cronológicamente" UN registro y el "bloque de hechos"
relativo a esta diligencia concreta, una decisión a la que los fiscales del caso
se opusieron
La compra de Inassa fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad y el
consejo de administración del Canal. "En ningún momento se aprobó que la
operación se articularía a través de la adquisición de SAA. De dicha
circunstancia podrían derivarse responsabilidades para los administradores y
representantes de Extensia que suscribieron el acuerdo de compraventa". Canal
Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en
febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso.
Un mes antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en
Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación le costó a
las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros.
El informe de Cuatrecasas exime en cierta medida al equipo que presidía
Gallardón, ya que lo que finalmente hizo el Canal de Isabel II supuso una
"desviación del acuerdo de Consejo de Gobierno, que ha dado lugar a que se
produzca una infracción de las normas de patrimonio y administración
institucional", ya que lo que se aprobó fue la compra del 75% de las acciones de
Inassa, no la compra de SAA. Ya con Ignacio González en la presidencia
madrileña, Canal Extensia siguió con las compras en Suramérica. En 2005, compró
otro 3% de Inassa que pertenecía a otra empresa española, Técnicas Valencianas
del Agua (Tecvasa), pagando 600.000 dólares (unos 511.000 euros). Al año
siguiente, en 2006, una nueva ampliación de capital hizo que Canal Extensia se
hiciera con el 81,24% de Inassa, desembolsando otros 16,1 millones de euros.
Fricciones en Fiscalía
La investigación de esta operación provocó la primera fricción entre
el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, y los dos fiscales
encargados del caso Lezo. La jefatura de Anticorrupción defendía que la compra
de Inassa (ordenada por Gallardón) no podía vincularse con otras operaciones
posteriores de Inassa (ya bajo la presidencia de Ignacio González), y que por
tanto no podían estar bajo el paraguas del mismo sumario. De hecho, Moix quiso
vetar registros vinculados a la compra de Inassa, lo que provocó la queja de los
dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. Moix les trasladó su
decisión primero verbalmente y luego por escrito, pero ambos se opusieron y
pidieron el amparo del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que
permite convocar una Junta de Fiscales con el resto de los compañeros para que
voten si la orden debe ser acatada.
Otro problema era la fecha. Transcurridos 16 años desde la compra de Inassa,
Moix consideró que los presuntos hechos delictivos podrían estar prescritos. Las
discrepancias surgen a la hora de fijar desde cuándo se debe calcular el plazo
de prescripción, desde la firma de la compra, o desde el momento en que se dejó
de pagar la operación.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-20/la-uco-cerca-a-todo-el-equipo-de-gallardon-de-2001-cortes-cobo-calvo-mayor-oreja_1385228/
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID "NO RECUERDA" SI PRESIDIÓ LA
EMPRESA COLOMBIANA QUE INVESTIGA EL JUEZ VELASCO
Un mes después de que el magistrado tildase de fraudulenta la compra de Inassa
por parte del Canal de Isabel II en 2001, en época de Gallardón, Arturo Canalda
invoca el tiempo transcurrido para justificar el olvido
Canalda, que niega que los 83 millones que costó la compañía de Barranquilla
ocultasen un sobreprecio, remacha que entró en su consejo solo por su condición
de gerente del Canal
Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, no recuerda si fue
presidente de la compañía colombiana Inassa, adquirida en diciembre de 2001 por
el Canal de Isabel II a cambio de 83 millones en lo que el juez Eloy Velasco
considera la primera gran "compra fraudulenta" de la empresa pública de aguas.
Un mes después de que el magistrado incluyera ese misil en el auto por el que
ordenó prisión incondicional para el expresidente madrileño Ignacio González,
Canalda confirmó este viernes a infoLibre que había pertenecido al consejo de
administración de la mercantil colombiana. Pero aduce que, como han transcurrido
14 años desde su cese como gerente del Canal, presidente de Extensia y
representante del grupo en varias filiales, entre ellas Inassa, no recuerda si
llegó a situarse en la cúpula de la firma colombiana.
El estallido de la Operación Lezo hizo aflorar el intento del fiscal jefe
anticorrupción, Manuel Moix, de evitar que los registros afectasen a los papeles
relativos a la compra de Inassa bajo el argumento de que esa transacción se
inscribía en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón y era por tanto previa al
desembarco –en 2003– de Ignacio González en el Canal de Isabel II, su feudo
durante una década. A partir de ahí trascendió que Canalda presidía Canal
Extensia –filial del Canal de Isabel II– cuando se produjo la compra de Inassa,
operación vehiculada a través de un paraíso fiscal: Panamá. Pero su pertenencia
al consejo de Inassa justo tras la controvertida compra, era un hecho
desconocido. Ahora, documentos del Registro Mercantil de Colombia constatan que
en 2003 aún formaba parte de su "junta directiva". Canalda fue gerente del Canal
entre septiembre de 2001 y junio de 2003.
El presidente del tribunal contable madrileño compareció el pasado día 10 en la
Asamblea de Madrid a requerimiento de Podemos. Allí calificó de "absoluta y
radicalmente falso" que el Canal hubiese desembolsado por Inassa un precio muy
superior al de su valor real, negó tajante que se hubiera producido la
"malversación" que observa el juez Velasco y reiteró que la compra había sido
autorizada por el consejo de administración del Canal, el Consejo de Gobierno
autonómico y la Asamblea de Madrid. De su participación en el consejo de Inassa
no dijo nada.
La compra de Inassa centra una de las conversaciones intervenidas a Ignacio
González por la Guardia Civil. "Eso sí que fue un pelotazo", exclamó el
expresidente. En el auto de prisión de González, el juez Velasco sustenta con
los siguientes datos la presunta malversación perpetrada: "La inversión
realizada por el CYII [Canal de Isabel II] a través del Canal Extensia rondaría
los 100 millones y el valor de la mercantil según los investigados sería muy
inferior, cifrándolo en unos 30 millones".
Pero los indicios de sobreprecio no se limitan a las palabras proferidas por
Ignacio González. "Como vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y
presidente del CYII (Canal de Isabel II) -escribió también el juez Velasco en el
auto de prisión- no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de
un determinado informe jurídico".
Los investigadores aseguran que, elaborado por el bufete Cuatrecasas, ese
informe había sido encargado por González. Y que cuando lo tuvo en sus manos lo
ocultó en un cajón. Fuentes del caso aseguran que el expresidente no accedió a
responder a las preguntas que se le plantearon sobre ese episodio durante el
interrogatorio previo a su ingreso en prisión. ¿Ocultó González el informe de
Cuatrecasas para dotarse de munición de reserva contra sus enemigos políticos?
No se sabe. El asunto sigue siendo una incógnita.
"Que yo recuerde no cobré"
Los documentos registrales a que ha tenido acceso infoLibre muestran el nombre
de Canalda como miembro de la "junta directiva" de Inassa encabeza una lista a
la que se suman otros cargos del Canal en esa época, entre ellos los imputados
Adrián Martín López de las Huertas y Avelino Alfredo Martínez. Sobre Canalda no
pesa la condición de investigado o imputado.
En un intercambio de correos con una portavoz que recalcó el hecho de que
Canalda había respondido a las preguntas de este periódico sin consultar ningún
documento, el máximo responsable del órgano fiscalizador madrileño aseguró que
su papel en Inassa consistía en acudir a las sesiones del consejo. Inassa tiene
su domicilio social en Barranquilla, a poco más de 120 kilómetros de Cartagena
de Indias.
¿Participó Canalda en la elaboración y aprobación de las cuentas de Inassa en
algún ejercicio? Su respuesta fue esta: "Habría que ver las actas y si yo
participé en los consejos donde se aprobaron. No lo recuerdo de verdad, pero no
lo descarto". ¿Y cobró, sueldo, dietas, compensaciones de cualquier tipo como
miembro del consejo de administración de la sociedad colombiana? Canalda
respondió así: "No he cobrado cantidad alguna de ninguna [de las filiales del
Canal a cuyos consejos se incorporó] que yo recuerde. ¡Han pasado 14 años!".
¿En cuántos consejos de administración de filiales del Canal participó Canalda?
"Lo desconozco exactamente pero siempre que fui consejero en alguna de ellas lo
fui en mi condición de gerente del Canal de Isabel II. También fui consejero de
la Sociedad Estatal de Aguas del Tajo, igualmente como gerente del Canal".
En la conversación sobre Inassa intervenida a González, el política llegó más
lejos: "La gilipollas esta no tapa nada –dijo– mientras que yo tuve que arreglar
lo de 2001". El expresidente y antiguo delfín de la recién dimitida Esperanza
Aguirre estaba aludiendo a su sucesora al frente del Ejecutivo
madrileño,Cristina Cifuentes.
En julio de 2016, cuando Anticorrupción ya investigaba lo que el juez Velasco
describe ahora como un largo y continuo saqueo y después de que Podemos diera la
voz de alerta en la Asamblea de Madrid, el equipo de Cifuentes denunció ante la
Fiscalía General del Estado la compra de otra empresa: se trata de la brasileña
Emissão Engenharia e Construção, una de las piezas esenciales de la Operación
Lezo. Por Emissao, Inassa pagó 21,5 millones de euros (31 millones de dólares)
en noviembre de 2013. En un mes, su valor se había desplomado ya a la mitad.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/20/el_presidente_camara_cuentas_madrid_recuerda_presidio_empresa_colombiana_que_investiga_juez_velasco_65291_1012.html
ESTOS SON LOS 52
INVESTIGADOS EN LA OPERACIÓN LEZO
El juez Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la
causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González Entre los nuevos imputados destacan el empresario Villar Mir,
el exconsejero de Deportes de Aguirre Alberto López Viejo y el exgerente del PP
de Madrid Beltrán Gutiérrez Además hay nombres de directivos del Canal,
empresarios implicados en otros casos y familiares de Ignacio González
El juez Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario sobre seis piezas de la
causa por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González
Entre los nuevos imputados destacan el empresario Villar Mir, el exconsejero de
Deportes de Aguirre Alberto López Viejo y el exgerente del PP de Madrid Beltrán
Gutiérrez
Además hay nombres de directivos del Canal, empresarios implicados en otros
casos y familiares de Ignacio González
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado el secreto de sumario
sobre seis piezas de la causa por la que fue encarcelado el expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González.
En la investigación aparecen nombres como el de Juan Miguel Villar Mir, dueño de
OHL. Pero también nombres vinculados al Canal de Isabel II, empresarios
investigados en otros casos de corrupción y familiares de Ignacio González. Esta
es la lista completa de las personas investigadas por el juez en el caso Lezo.
Ignacio González: expresidente madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre. El
juez decretó prisión sin fianza por considerarle uno de los cerebros del
desfalco del Canal de Isabel II. La Operación Lezo ha revelado que sacó un
millón de euros de la Comunidad de Madrid para "sanear" las cuentas del PP y el
juez también le atribuye el cobro de una comisión de 1,4 millones pagada por OHL
a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero y la distracción de dinero
de las filiales del Canal en Latinoamérica.
Juan Miguel Villar Mir: empresario y dueño de la constructora OHL que fue
registrada en el marco de la operación Lezo el pasado jueves. Villar Mir fue
imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente el
juez levantó su imputación, como hizo con el resto de empresarios. Según
Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio
González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero.
Alberto López Viejo:imputado en el caso Gürtel por ordenar el
fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco
Correa. Ha ocupado cargos en la administración desde hace más de 20 años. Desde
2003 hasta 2009 fue diputado en la Asamblea de Madrid. En 2004 fue nombrado
viceconsejero de Presidencia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en 2007
Consejero de Deportes. Antes había ostentado el cargo de concejal en el
Ayuntamiento de Madrid, puesto desde el que Esperanza Aguirre le fichó para la
Comunidad de Madrid.
Pablo Manuel González: hermano del expresidente madrileño, también se encuentra
imputado por la Operación Trajano, con importantes vínculos con la Operación
Lezo. Está acusado de reproducir el saqueo del Canal de Isabel II en Mercasa, la
empresa pública dependiente de la SEPI, que gestiona los mercados madrileños y
de la que Pablo González era director de Operaciones. Como su hermano Ignacio,
permanece en la cárcel de Soto del Real, de la que solo podrá salir si reúne
cuatro millones de euros para la fianza.
Pablo González Liberal: padre de Ignacio González, el juez de la Operación Lezo
cree que ayudó a su hijo a blanquear dinero mediante préstamos ficticios.
Beltrán Gutiérrez Moliner:exgerente del Partido Popular en la Comunidad de
Madrid. Fue condenado en las black y está imputado en la pieza sobre la
financiación irregular del PP de Madrid en la operación Púnica.
Eduardo Ameijide Montenegro:expresidente de la empresa pública Mercasa y, por
tanto, jefe de Pablo González en la compañía. Presentó su dimisión tras la
detención del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.
José Juan Caballero: cuñado de Ignacio González. El juez le considera uno de los
beneficiarios del pelotazo del campo de golf de Chamberí. Los investigadores
sospechan que se usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan
familiar de los González. El magistrado le envió a prisión bajo fianza de
100.000 euros.
Francisco Javier López Madrid: amigo de los reyes, yerno del empresario Villar
Mir e involucrado en varios casos de corrupción. Está condenado por las tarjetas
Black e imputado en la Púnica. Esa investigación le señala por haber financiado
al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. La Operación Lezo
también le responsabiliza de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por
una adjudicación a OHL, empresa en la que es consejero.
José Antonio Clemente: ingeniero adjudicatario -a través de la empresa
Tecnoconcret- de las obras del campo de golf de Chamberí otorgadas por el Canal
de Isabel II. Esa adjudicación, por la que intercedió Ignacio González, es una
de las piedras angulares de la investigación de la Audiencia Nacional. Clemente
es también accionista de otra sociedad, Tamaco 07 Consulting, junto con Pablo
González, el hermano del expresidente madrileño, y José Juan Caballero.
Edmundo Rodríguez Sobrino: hombre de Ignacio González en Latinoamérica. El juez
cree que es el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en
la compra de la sociedad brasileña Emissao. En prisión sin fianza, Rodríguez
Sobrino fue destituido del Canal de Isabel II cuando apareció en los Papeles de
Panamá, vinculado a sociedades en Hong Kong. Además, se acogió a la amnistía
fiscal de Mariano Rajoy en 2012.
Clarisa Guerra Soto: secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino. Figura como
apoderada en una de las sociedades de su jefe. Fue una de las detenidas en el
marco de la Operación Lezo. El juez la dejó en libertad, pero tendrá que acudir
al juzgado una vez al mes.
María Fernanda Richmond: exdirectora financiera del Canal de Isabel II a la que
se le ha impuesto una fianza de cuatro millones de euros para eludir la prisión
provisional. El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao,
que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. La
exresponsable de finanzas del Canal está casada con el consejero delegado de
Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las
irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta
Púnica a través del Canal, según el juez Velasco.
Adrián Martín López de las Huertas: exgerente del Canal de Isabel II. El juez le
responsabiliza también dela compra ruinosa de Emissao, la sociedad brasileña que
se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real. El juez le mandó a
prisión con una fianza de 100.000 euros.
Diego Fernando García: gerente de gestión corporativa de Inassa, filial
colombiana del Canal de Isabel II. Sustituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino como
responsable de la sociedad, según El País. García Arias se negó a acudir a la
comisión de investigación sobre la deuda de la Asamblea de Madrid, que abordó el
desfalco del Canal.
Ignasi Maestre: abogado relacionado con la evasión fiscal de futbolistas como
Xabi Alonso. Aparece como socio de Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte
de Ignacio González en Latinoamérica, en una de las sociedades que tenía en Honk
Kong, según revelaron los Papeles de Panamá. El juez cree que ayudó a Rodríguez
en la operación de compra de Emissao.
José Martínez Nicolás: consejero delegado de la Agencia Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Ya ha sido detenido dos veces,
en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del
Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos
al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica
está salpicado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, bajo las órdenes
de Salvador Victoria. El juez le impuso el pago de una fianza de 100.000 euros
antes del 28 de abril para eludir la prisión.
José Manuel Serra Peris: abogado del Estado, nombrado presidente del Comité de
Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a
bolsa de Bankia, caso por el que continúa investigado. También fue consejero de
Red Eléctrica y secretario de Estado de Industria y Energía con Aznar.
Fernando José de Cevallos Aguarón: director de la secretaría técnica del Canal
de Isabel II -puesto por el que tenía un asiento en el consejo de administración
de la empresa pública de gestión del agua- y marido de Regina Plañiol,
exconsejera de Presidencia y Justicia de Madrid y hoy diputada de Cristina
Cifuentes.
Oriol Serra Ibars: Abogado miembro de la sociedad andorrana Igmasa -de Ignasi
Maestre- a la que recurrió el Canal para materializar la compra de la sociedad
brasileña Emissao. La filial en Latinoamérica del Canal le otorgó a él los
poderes.
Luis Vicente Moro Díaz: exdelegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004,
durante la presidencia de José María Aznar. Trató con Ignacio González la
necesidad de crear un servicio secreto. Moro es amigo personal de Ignacio
González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era
secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro como
Delegado del Gobierno en Ceuta.
José Javier Soler Gallego: El titular del Juzgado Central de Instrucción número
6 ha obtenido también indicios de que la sociedad española Mercasa Incatema
habría pagado algún tipo de comisión a este exconsejero del Canal Extensia, lo
que podría estar relacionado con contratos de obra pública adjudicada en Haití.
Las actas policiales revelan un encargo en enero de 2008 bajo el concepto de
'control laboral'.
Francisco Javier Domínguez Anaya: Gerente general de Inassa Panamá. "La persona
identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente
de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado
patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino",
escribe el juez. Velasco también ha descubierto prácticas corruptas de Inassa en
la República Dominicana, a través de la sociedad AAA Dominicana, con capital
mayoritario de Inassa, que también habría pagado comisiones a cambio de obras en
ese país. Ángel Rondón, socio de Inassa en la República Dominicana, es la figura
clave en estos pagos, describe Velasco.
Carlos Isidro Bello Vicente: Directivo de la empresa Cleop. Según el juez se
encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar" para
conseguir adjudicaciones públicas para el Canal de Isabel II en Panamá.
Carlos Turro Homedes: presidente de Cleop, empresa adjudicataria de diversas
obras públicas en Valencia. Además, Turró contrajo una deuda de 9,5 millones de
euros con la Agencia Tributaria, y hace tres años, la Fiscalía investigó los
créditos concedidos a su empresa por el Banco de Valencia.
Sergio Vidal Balaguer: empresario alicantino, hermano de Javier Vidal Balanguer,
exedil del PP en Alicante.
Óscar Sánchez Moyano: Administrador único de cuatro empresas investigadas en la
Púnica. Se trata de las compañías Formaselect Consulting, Escuela Europea de
Dirección de Empresas SL, Sintra Gestión Patrimonial SL y Sintra Consultores SL
especializadas, especializadas en consultoría y formación.
Juan Miguel Madoz Echeverría:Administrador único de la empresa Swat, una
consultora de publicidad organizadora de campañas del PP en distintos lugares de
España y proveedor habitual del Gobierno de Aguirre. Según los informes de la
Guardia Civil en poder de Eloy Velasco, y tal y como han refrendado varios
testigos en la Audiencia Nacional, Swat fue una de las empresas a las que la
multinacional Indra -una potente subcontrata del Gobierno regional- debía abonar
una factura de 20.000 euros siguiendo órdenes del entonces consejero de la
Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.
José Miguel Alonso Gómez: Fue administrador y luego liquidador de Swat. En la
actualidad es el propietario de Strat Map, según Velasco, una de las sociedades
interpuestas de las que se sirvió Ignacio González para financiar al PP de
Madrid gracias a empresas como Indra.
Jesús Arranz Monje:hijo del empresario burgalés Jesús Arranz Acinas, propietario
de la empresa Construcciones Arranz. Según el auto del juez Eloy Velasco, Arranz
Monje es propietario de una cuenta en Panamá en la que se ingresaron 545.980,66
euros procedentes de las cuentas en Liechtenstein del antiguo responsable de la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José
Martínez Nicolás.
Ángeles Monje Gutiérrez: Mujer del constructor Jesús Arranz Acinas. Según el
auto del juez Velasco, recibió en una cuenta a su nombre en Suiza más de medio
millón de euros procedente de una cuenta en Liechtenstein de José Martínez
Nicolás.
Adrián de la Joya Ruiz de Velasco: denominado empresario de la 'Jet Set'. El
juez Eloy Velasco le tomó declaración el pasado jueves en calidad de investigado
por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la
multinacional OHL y quedó en libertad sin medidas cautelares.
María del Pilar Olivo Valverde: esposa de José Antonio Clemente, socio del
hermano y del cuñado de Ignacio González e implicado en la adjudicación del
Campo del Gol del Canal de Isabel II.
Dimitris Tsalidis: socio de una de las empresas vinculadas a la construcción del
Campo de Golf del Canal.
Luis Vicente Moro:asesor de Essentium, la compañía de la directiva del FC
Barcelona Susana Monje que, según el juez, consiguió un contrato del Canal de
Isabel II gracias a la mediación del exdirector general de esta empresa pública,
Adrián Martín.
Joaquín Molpeceres Sánchez: la vinculación entre Molpeceres y el PP ha estado
más veces entredicho. La UDEF investigó en el marco de la trama Gürtel los pagos
que dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían efectuado a las compañías
controladas por Francisco Correa entre 2002 y 2005. También la Guardia Civil ha
investigado al empresario en el marco de la trama Púnica después de que David
Marjaliza mencionase la empresa Licuas, también registrada el pasado jueves en
el marco de la Operación Lezo.
María Lourdes Cavero: esposa de Ignacio González, imputada además en el caso del
ático de Marbella por el que también se investiga a su marido. Lourdes Cavero
fue presidencia de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños que preside
Arturo Fernández. Actualmente preside Subastas Segre (en cuya directiva se
encuentran su hermana Pilar y su íntima Carmen Cafranga).
Miguel Sáiz de la Hoya: director financiero de Saerco, compañía especializada en
servicios de navegación aérea, registrada en el marco de la operación Lezo, a la
que también está vinculado Ildefonso de Miguel, quien creó la empresa.
Ildefonso de Miguel: Director gerente del Canal Isabel II entre 2006 y 2009, es
uno de los investigados, y detenidos, en la Operación Lezo junto con el
expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Creador de Saerco,
compañía especializada en servicios de navegación aérea.
Fernando Manuel Serrano Fuentes: socio de la empresa Tecnoconcret, empresa del
hermano de Pablo González (hermano de Ignacio González) a la que se le adjudicó
las obras del campo de golf del Canal Isabel II.
Pedro Antonio Martín Martín: uno de los hombres de confianza de Ignacio González
durante su vicepresidencia en la Comunidad de Madrid y ex alto cargo del PP: fue
secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo
Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar.
Avelino Alfredo Martínez Herrero: dirigió las áreas de Producción y Medio
Ambiente, Abastecimiento y Medio Ambiente, Saneamiento y Reutilización, Gestión
Hídrica y Abastecimiento de Canal de Isabel II.
Ángel Varona Grande: abogado. Secretario del Consejo Hispanagua, filial del
Canal de Isabel II. Un extrabajador de esta empresa aseguró que se utilizaba
para contratar a personas afines al PP.
Jesús Trabada Guijarro: administrador y propietario de Bustren PM. Fue Consejero
delegrado de la empresa pública de transportes MINTRA (Madrid Infraestructuras y
Transportes) entre 2003 y 2011. Trabada se describe en su cuenta profesional de
Linkedin "máximo responsable de las actuaciones acometidas [en MINTRA] durante
las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011".
Alberto Pérez de la Sal: empresario vinculado a la inmobiliaria Seinsa, la
empresa que vendió a la mujer de González la casa de 450 metros en la que el
matrimonio reside en la localidad madrileña de Aravaca. Fue consejero de Cofely,
una de las empresas centrales de la trama Púnica.
Carmen Pliar Pazos Bajarano: fundadora de la red de guarderías Mis Pollitos.
Según el juez, habrían servido para blanquear dinero de la trama corrupta.
Pino Escudero del Castillo: Consejera de la empresa Emalsa, la empresa mixta de
aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
María Teresa de Mingo Azárate: consejera del grupo empresarial Chickies, empresa
de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.
Rocío y Leticia Bonet Cavero: sobrinas de Lourdes Cavero, mujer de Ignacio
González, y trabajadoras de su empresa Chickies.
Manuel Martínez Téllez: Director Nacional en S.U en Urbaser, empresa filial de
ACS. Las oficinas de Urbaser fueron registradas el pasado jueves en el marco de
la operación Lezo.
Jaime Antoñanzas de Toledo:Empresario. Fundador de la agencia de márketing
Comunica+A, que gestiona y dirige con sus hermanos.
El resto de investigados son Rafael Martín Nicolás, Sebastiao, Cristovam,
Patricia Ana Rodríguez Revuelta, abogada , Guido Vicenzini, Álvaro Curiel
Fernández, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, José Ángel Martínez Ferreiro,
Ivo Kratsmer, Manuel Estrada-Nora, Ángel Ventura Cano, María Jesús Prieto
Jiménez, Juan Puertas Hernández, Javier Pardo de Santayana Dubois, Guillerme
Taveira Pinto, Luis Hermosilla Ibáñez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir.
http://www.eldiario.es/politica/investigados-Operacion-Lezo_0_644286061.html
LOS CABECILLAS DE LEZO SABÍAN SEIS MESES ANTES DE SU ARRESTO QUE ANTICORRUPCIÓN
CURSABA UNA COMISIÓN A SUIZA
El presunto testaferro de Ignacio González siete meses antes de su detención se
mostró preocupado por la auditoría que había encargado el Canal de Isabel II con
“buscadores de mierda”
Las filtraciones de la investigación secreta abierta por el caso Lezo son más
groseras de lo que parecía. Los investigados, según les adelanta hoy la Cadena
SER, no sólo conocían que la Fiscalía andaba tras la pista de la compra
sospechosa de una sociedad brasileña por parte de la filial internacional del
Canal de Isabel II sino que supieron seis meses antes de ser detenidos que
Anticorrupción había cursado una comisión rogatoria a Suiza. Esta comisión tenía
como objetivo conocer el destino dado a los 24 millones de dólares pagados al
dueño de la empresa brasileña a través de una cuenta abierta en una sucursal
bancaria suiza.
El 19 de octubre de 2016, seis meses antes de la detención del expresidente
Ignacio González y de su mano derecha en la filial internacional del Canal de
Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón, éste conocía
detalles de los pasos que estaba dando la Fiscalía Anticorrupción para aclarar
los hechos. No sólo conocía que había una investigación abierta sino que la
Fiscalía Anticorrupción había solicitado información a través de una comisión
rogatoria a las autoridades suizas. Así se lo expone en una conversación
telefónica a la directora financiera del Canal, María Fernánda Richmond, también
imputada en el caso, según se desprende del sumario del caso.
Fuentes de la investigación aseguran a la Cadena SER que fue en el mes de
octubre cuando los investigadores instaron a la justicia a solicitar esa
comisión rogatoria después de que la investigación tuviese indicios de que los
investigados habían depositado dinero en el país helvético.
Los investigados manejaban información de primera mano, conocían la
investigación al detalle, sabían que se había cursado una comisión rogatoria a
Suiza e incluso conocían que desde el Canal de Isabel II se había encargado una
auditoría sobre la compra de Emissao.
Edmundo Rodríguez estaba tan preocupado con la investigación abierta por esa
compra, que en septiembre de 2016, siete meses antes de que le detengan, sabe
que desde el Canal de Isabel II han encargado una auditoria a Ernst and Young
sobre la compra de Emissao la sociedad brasileña. Según recoge el sumario llama
a un abogado amigo suyo y se manifiesta en estos términos:
Edmundo Rodríguez Sobrino: "Han encargado una auditoria a Ernst and Young,
forense. Te traduzco, consiste en meter una docena de perros dentro de la
empresa a ver si encuentran mierda en algún sitio. O sea, son buscadores de
mierda. Entonces… pon unos tías especializados en buscar mierda, siempre hay
algo claro, pero no en esta, en todas las del mundo"
El sumario aclara el sospechoso sobrecoste de la empresa brasileña
El sumario del caso desvela además el “modus operandi” que los detenidos
utilizaron para inflar el sobrecoste de las empresas que compraban en el
extranjero. Los investigadores señalan que el cerebro de la operación, Edmundo
Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González, expuso ante el consejo de
administración de la filial internacional del Canal de Isabel II que la empresa
brasileña que iban a comprar presentaba unos beneficios antes de impuestos de
13,3 millones de dólares en 2012 y 14,8 millones de dólares en 2013.
Sin embargo, los registros contables de esa sociedad brasileña registraban unos
beneficios muy inferiores: nueve millones de euros en 2012 y siete millones de
euros en 2013. Es más una auditoría de KMPG señaló que los beneficios antes de
impuestos de la sociedad brasileña eran de 1,1 millones en 2012 y 3,4 millones
de 2013. Esta sobrevaloración llevaba la firma de Edmundo Rodríguez Sobrino.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/15/tribunales/1494874093_246439.html
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA LOS INGRESOS DE GALLARDÓN POR EL CASO DEL CANAL
Solicita la información tributaria "completa" del exministro y sus "operaciones
con terceros derivadas de actividades profesionales"
Zaplana, en un pinchazo de la Operación Lezo: "Alberto habla como diciendo que
está ganando una fortuna…. O aflorando algo"
Anticorrupción aprecia prevaricación, fraude en la contratación, malversación y
falsedad en el pelotazo con el que vincula a Gallardón
La investigación de la Audiencia Nacional por el desvío de fondos públicos en el
Canal de Isabel II afecta de lleno al expresidente de la Comunidad de Madrid
Alberto Ruiz-Gallardón. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y
la Fiscalía Anticorrupción pidieron el pasado abril al juez Eloy Velasco que
reclamara al Ministerio de Hacienda la "información tributaria completa" del que
fuera presidente de la Comunidad de Madrid, así como sus ingresos derivados de
"operaciones con terceros de actividades profesionales", según consta en
documentos incorporados al sumario de la Operación Lezo a los que ha tenido
acceso eldiario.es.
Estas solicitudes se enmarcan en la parte de la causa que investiga el posible
desvío de fondos en la compra-venta de la sociedad colombiana Inassa, el primer
paso de la expansión por Latinoamérica de la empresa pública Canal de Isabel II
en 2001. Alberto Ruiz-Gallardón presidía entonces el Consejo de Gobierno que
autorizó la adquisición y el método empleado para la misma, la creación previa
de una sociedad en Panamá.
La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año
después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo
6 millones, hace concluir a los investigadores que se produjeron unas plusvalías
de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a
manos de los responsables de la operación. En sus sospechas acerca del "supuesto
desvío de fondos públicos" abunda que se utilizara una sociedad radicada en un
"paraíso fiscal", según el término utilizado por Anticorrupción.
La propuesta de solicitud de información de la UCO sobre Ruiz-Gallardón fue
avalada por los fiscales de la Operación Lezo, Carmen García Cerdá y Carlos
Yáñez. El entonces juez instructor, Eloy Velasco, aceptó las peticiones, según
fuentes del caso. Eran parte de otros requerimientos para la fase de explotación
de la investigación, que arrancó el 19 de abril.
Uno de los indicios contra Gallardón había sido obtenido por la UCO el 11 de
noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían
dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido
Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue
recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del
juez.
En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de
Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que
hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste,
"sin cortarse", le dijo: "Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de
América porque tengo que ganar mucho dinero". "Delante de cinco o seis
personas", añade Zaplana, quien apostilla: "Como diciendo que está ganando una
fortuna… O aflorando algo".
Ruiz-Gallardón presidió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
celebrado el 29 de noviembre de 2001, en el que se autorizó la creación de
empresa pública Canal Extensia S.A. El Gobierno autonómico también acordó que
esta empresa, una vez constituida, adquiriera acciones de la sociedad colombiana
Inassa por valor de 73 millones de dólares, aprobando un endeudamiento de 51,1
millones. Informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
apuntan a irregularidades en este proceso.
El 28 de noviembre de 2016, a punto de cumplirse quince años del acuerdo del
Consejo de Gobierno en el que se aprobó la compra de Inassa, la Fiscalía
Anticorrupción solicitó al juez una resolución que interrumpiera el plazo de
prescripción de los posibles delitos. Los destinatarios eran Ruiz-Gallardón y el
resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Consejo
de Administración del Canal de Isabel II y el de Canal Extensia e Inassa, así
como "aquellas autoridades o funcionarios públicos que, por razón de sus cargos,
informaron o auditaron la operación sin reparo alguno". De este modo,
Anticorrupción se reservaba la posibilidad de solicitar la imputación de
Gallardón y otros miembros de su equipo de Gobierno cuando los tiempos de la
instrucción lo aconsejen.
En otro escrito del 17 de abril, dos días antes de que explotara la Operación
Lezo, los fiscales vuelven a aludir al presunto pelotazo con Inassa y señalan de
nuevo a todos aquellos para los que ha pedido la diligencia de ordenación,
además de a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, el expresidente de la
firma en Colombia tras su adquisición por el Canal, en prisión provisional como
el político. Yáñez y García Cerdá dicen en ese escrito que "la acción penal por
estos hechos debe dirigirse contra" todos ellos, "sin perjuicio de la
individualización que se realice en el curso de la instrucción judicial".
A continuación, los fiscales enumeran los delitos que aprecian en el pelotazo de
Inassa: "Los hechos narrados indiciariamente son constitutivos de delitos de
prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos
cualificada, sin perjuicio de las falsedades documentales que pudieran tener
relación con estos hechos y las actividades dirigidas a la ocultación y
afloramiento de capitales".
"Le robaron 25 millones al Canal"
Cuatro meses antes de la conversación grabada en el despacho de González, los
agentes de la UCO fotografiaron y captaron la charla entre el expresidente
Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino y el empresario colombiano José Manuel Daes
Abuchaibe, conocido como Yuyo. El encuentro se celebró el 21 de julio de 2016 en
el Hotel Villamagna de Madrid. Rodríguez Sobrino se ofrecía a colaborar con Yuyo
en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses
fuera de la empresa pública madrileña.
"¿Cuánto le entraba al Canal?", pregunta en un momento el empresario colombiano.
Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: "A Canal le han entrao, te digo
la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao"
(…) "A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces… en la que le robaron
25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10".
En un informe del 10 de abril, la UCO se refiere a las gestiones realizadas por
sus agentes, la información aportada por la Fiscalía y de sus unidades de apoyo
de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la
Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) para afirmar que "concurren
una serie de indicios que apuntan a que en la ejecución y planificación de esta
operación (la compraventa de Inassa) se pudieron producir ilícitos penales, así
como un supuesto desvío de fondos públicos -calificado por Edmundo Rodríguez
como un robo de 25 millones-, hechos que no podrían haberse llegado a ejecutar
sin la aprobación del Acuerdo de Gobierno de la Comunidad de Madrid".
La Guardia Civil añade a continuación que ese acuerdo fue "suscrito por el
entonces presidente de la Comunidad de Madrid y del Consejo de Gobierno de la
CAM, Alberto Ruiz-Gallardón, y el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bravo".
"Igualmente -continúa- hay que recordar que la solicitud partió de la Consejería
de Medio Ambiente, dirigida en aquellos momentos por Carlos Mayor Oreja, quien
compatibilizaba este cargo con el de presidente del Canal de Isabel II".
"Pacto de silencio" entre González y Gallardón
Con esta información en su poder, la Fiscalía Anticorrupción firmó el escrito
del mencionado antes, de fecha 17 de abril. En el mismo, los fiscales Carlos
Yáñez y Carmen García Cerdá afirman que "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón
tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un
pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", quien se convirtió en
presidente del Canal como número dos de Esperanza Aguirre y que habría repetido
una operación similar a la de Inassa con otra firma brasileña en 2013. De hecho,
los investigadores se interesan por el presunto pelotazo de Inassa a partir de
la investigación de la compraventa de la sociedad brasileña.
Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo
de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio
González, en el barrio de Salamanca. Zaplana se extraña de que "Alberto" no
hubiera vendido en su época el Canal a los "Buines" (los informes concluyen
después que se refiere a la familia Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma
González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de
la Comunidad: "No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si
estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en
América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares,
por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad
colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de
veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal
de Isabel II".
González añade: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo
me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un
escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo
todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te
puedes ni imaginar".
Las diligencias de investigación sobre la época de Gallardón que solicitó
Anticorrupción motivaron el primer enfrentamiento entre el jefe, Manuel Moix,
por una parte, y los fiscales del caso y sus compañeros, por otra. Moix se
oponía a incluir en la causa de Lezo la investigación de Inassa por falta de
conexidad con el resto de hechos de las pesquisas. También quería retirar la
acusación por organización criminal contra los imputados.
Los fiscales Yáñez y Cerdá invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que
permite reunir a la Junta de Fiscales para analizar la situación. La práctica
totalidad de los miembros de Anticorrupción respaldaron a sus compañeros y Moix,
que podía haber ignorado su posicionamiento, accedió a que se solicitara el
registro vinculado a Inassa y el resto de diligencias.
Este medio ha intentado ponerse en contacto con Ruiz-Gallardón y los otros dos
miembros de su Gobierno señalados en los informes para recabar su versión, Juan
Bravo y Carlos Mayor Oreja, pero de los tres solo este último ha contestado."De
toda la información que he recabado, lo único que puedo decir es que se ajusta a
derecho", ha afirmado, y añade que él ya no era consejero de Medio Ambiente ni
presidente de Canal cuando se materializó la compra. Abandonó esos puestos
apenas unas semanas antes de que se firmase el acuerdo de Gobierno, ya con Pedro
Calvo Poch al frente de la empresa pública.
http://m.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-investiga-Gallardon-Canal_0_648135314.html
LAS FILTRACIONES DEL ‘CASO LEZO’
Los investigadores aluden en sus escritos a fugas de información
desde la esfera política, judicial y policial
Si el caso Púnica tuvo su chivatazo —un guardia civil se sentará en el banquillo
acusado de revelación de secreto por alertar a Francisco Granados—, la Operación
Lezo puede tener varios. Los responsables de la investigación consideran
demostrado que alguien alertó a Ignacio González y a su familia de que estaban
siendo investigados y que por ello hicieron posteriormente numerosas gestiones
en la esfera judicial, policial y política para conocer más detalles.
Las medidas de seguridad que el político y su entorno adoptaron en sus
comunicaciones telefónicas a partir de aquel momento dificultaron las pesquisas
y obligaron a colocar con autorización judicial un micrófono en el despacho que
el expresidente autonómico tenía en Madrid para continuar con las mismas. El
contenido de estas reveló que tanto el político como otros investigados se
valieron “de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de
entorpecer o dilapidar el procedimiento”, dice la fiscalía en su último informe.
En dicho escrito, Anticorrupción llega a asegurar que tanto González como su
presunto lugarteniente en la trama, Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del
Canal de Isabel II y consejero del diario La Razón “han recurrido a personas
pertenecientes al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de
Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial” con dicho
fin, aunque no revela ninguna identidad. El propio González las reconoció en su
declaración ante el juez, aunque sin concretar.
El juez Velasco ya interrogó sobre estas fugas de información a algunos de los
imputados. Al presidente de La Razón, Mauricio Casals, que declaró el 20 de
abril como investigado, aunque días después se le retiró dicha condición, le
preguntó por la identidad de la magistrada que supuestamente le había alertado
de la existencia de las pesquisas sobre González y si esta era de la Audiencia
Nacional. En el auto por el que al día siguiente envió a prisión al político, el
juez Velasco ya destacaba que Ignacio González había conseguido a través de
Casals “información sensible sobre la investigación judicial el curso”.
En ese mismo auto, el magistrado hizo hincapié en el encuentro que Pablo
González tuvo el 8 de marzo, cuando ya era investigado, con el número dos de
Interior, José Antonio Nieto, en la sede del Ministerio. Tras aquella reunión,
el hermano del expresidente madrileño mantuvo una conversación telefónica con
una tercera persona en la que calificó la misma de “muy interesante” aunque
prefirió no dar más detalles “por teléfono”. Ahora, Anticorrupción vuelve a
llamar la atención sobre dicho encuentro con Nieto en su último escrito.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/09/actualidad/1494357613_615115.html
ANTICORRUPCIÓN DICE QUE "GALLARDÓN TUVO EL CONTROL DE LA COMPRA FRAUDULENTA DE
INASSA" POR EL CANAL
La Fiscalía afirma que el exministro "estableció un pacto de silencio y
cooperación" con Ignacio González.
"Presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición
fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y
cooperación con Ignacio González", afirman los fiscales de la 'operación Lezo'
respecto a la operación con la que el Canal de Isabel II comenzó su expansión en
Latinoamérica, realizada en 2001.
En un escrito dirigido al juez instructor Eloy Velasco conocido por EL ESPAÑOL,
la Fiscalía Anticorrupción no sólo apunta hacia el exministro de Justicia,
exalcalde y expresidente del Gobierno de Madrid sino también hacia su brazo
derecho para las cuestiones de finanzas, Juan Bravo, que era consejero de
Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando se produjo la compra de la mercantil
colombiana Inassa.
Esta operación es considerada por los fiscales del 'caso Lezo' como el inicio de
las actividades "fraudulentas" relacionadas con el Canal. De acuerdo con el
relato de Anticorrupción, el Gobierno de Gallardón facultó el 29 de noviembre de
2001 al Canal a realizar una inversión internacional "cuando de conformidad con
sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad". No fue hasta
2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.
Para acometer la compra de Inassa, el Ejecutivo regional autorizó la
constitución de Canal Extensia como una 'sociedad vehículo', es decir, con un
mero carácter instrumental. "En el sector privado", recuerda la Fiscalía, "este
tipo de sociedades suelen cumplir la función (al margen de eventuales beneficios
fiscales) de alejar la responsabilidades derivadas de la adopción de acuerdos
respecto de las personas físicas que realmente los adoptan, sirven a modo de
pantalla de protección de las personas que dominan realmente la toma de
decisiones y protegen a la sociedad matriz frente a eventuales
responsabilidades".
"Fin defraudatorio"
"Desde luego", sostienen los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García respecto a la
constitución de la sociedad Canal Extensia, "esta actuación carece de
justificación en el sector público y se concibe ordinariamente como una forma de
huida del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la
actuación pública".
"No era necesaria la creación de Canal Extensia (a modo de holding privado
dependiente de una administración pública para lograr mayor agilidad operativa)
ya que esta función la podía cumplir la propia sociedad que estaban adquiriendo.
Canal Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin necesidad de la
interposición instrumental del Canal Extensia y mucho menos con la interposición
fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal", afirman en
referencia a la Sociedad de Aguas de América SA, la mercantil panameña a través
de la que se articularon los pagos y que "se disolvió inmediatamente después de
la operación". "Esta forma de proceder sólo tiene justificación como instrumento
societario que se crea presuntamente con un fin defraudatorio", señalan.
Los fiscales consideran que "repugna a la lógica jurídica más elemental" situar
a Canal Extensia en el dominio de la operación de adquisición de Inassa. A su
juicio, hay indicios de que se trató de una decisión "de arriba hacia abajo". El
acuerdo de comprar Inassa y la forma en que se ejecutó "se gestó en el Consejo
de Gobierno" de la CAM que presidía Ruiz Gallardón "y se cumplió
escrupulosamente por los máximos responsables de Canal Isabell II, Canal
Extensia SA y por los administradores de Inassa".
Entre otros indicios, destacan que "nadie dentro de la Administración pública
madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso
fiscal" y que "no consta" que se cumplieran los requisitos administrativos para
el control de la operación.
En este sentido, los fiscales se preguntan "en qué documentos o informes se basó
el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73
millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un
endeudamiento de 51,1 millones de dólares". "Las investigaciones apuntan
indiciariamente a que el soporte documental fue cuando menos insuficiente, así
como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o 'por su
gente'", como dijo Ignacio González en una de las conversaciones intervenidas.
Una propuesta de Bravo
Según Anticorrupción, hay "indicios de que la solicitud del acuerdo de
adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente [de la que entonces
dependía el Canal] a propuesta del consejero de Hacienda Juan Bravo Rivera fue
elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la
adquisición de Inassa, con el consiguiente desvío de capitales públicos".
Todo ello, afirma la Fiscalía, fue conocido por Ignacio González a partir de
2003, cuando se le nombró vicepresidente de la CAM y responsable del Canal.
"Hasta tal punto conocía la operación que ordenó una investigación forense al
despacho de abogados Cuatrecasas, investigación que, al decir del propio
González, fue más que concluyente en relación al fraude cometido", añaden los
fiscales. Ese informe, pagado con fondos públicos, "se ocultó" en su día pero ha
aparecido en los registros judiciales practicados el pasado 19 de abril, cuando
el expresidente de la Comunidad de Madrid fue detenido.
Ignacio González, "lejos de realizar lo que se espera de un servidor público (es
decir, proceder a la denuncia de los hechos ante el Ministerio Fiscal o la
autoridad judicial competente), lo ocultó y continuó abonando con dinero público
las cuotas del préstamo que se concertó con las entidades BBVA y Caja Madrid",
pago que se prolongó hasta 2012.
A su juicio, esa forma de actuar "sólo puede responder", de un lado, a "la
connivencia que González tenía con los responsables públicos que adoptaron la
decisión de la adquisición de Inassa", connivencia que "podría reportarle
beneficios económicos o políticos. Y, de otro, "a la oportunidad de negocio que
el propio Ignacio González apreció en la operación, oportunidad que
presuntamente repitió en el año 2013 con la sociedad brasileña Emissao".
En todo caso, para los fiscales la "impunidad" en una operación "del calado e
importancia" de la compra de Inassa "sólo fue posible con la connivencia a un
máximo nivel en la comunidad autónoma".
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170511/215229012_0.html
EL CEREBRO DE LA OPERACIÓN ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
El actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo
Canalda, fue uno de los cerebros de la operación por la que el Canal de Isabel
II pagó 67 millones de euros –75 millones de dólares– por Inassa, pagando 10
veces más de lo que costaba la empresa de aguas colombiana.
Canalda era gerente del Canal de Isabel II cuando se produjo la operación por la
que el Canal adquirió Inassa, empresa que controla Aguas de barranquilla, a
través del paraíso fiscal de Panamá bajo el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
El ex gerente de la empresa pública y actual presidente de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha reconocido a OKDIARIO la compra de
Inassa a través de una sociedad panameña. Canalda asegura que fue un “concurso
internacional”, que la compra “nunca se ocultó, fue legal y se realizó a través
de la sociedad Slasa de Panamá porque era la tenedora de Inassa, así se
reflejaba en la licitación” señala.
Además, Canalda sostiene que la compra de Inassa “fue aprobada por el Consejo
del Canal de Isabel II, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y la
Asamblea de Madrid. El sobreprecio se justifica en los años de concesión y en
las otras sociedades que posteriormente formaron parte de Inassa” concluye.
Don Arturo Canalda González hace saber a OKDIARIO que: “En absoluto en su
excargo de gerente de Canal de Isabel II tuvo relación alguna con la compra de
Inassa, pagando 10 veces más de lo que costaba la empresa de aguas colombianas,
siendo totalmente incierto que participara en el desvío de 83 millones de euros
a Panamá para efectuar la compra de la filial colombiana Inassa”.
https://okdiario.com/investigacion/2017/05/09/cerebro-operacion-actual-presidente-camara-cuentas-comunidad-madrid-975186
NO HUBO ERROR AL HABLAR DEL CHIVATAZO DEL SECRETARIO DE ESTADO", SEGÚN LOS
INVESTIGADORES
Fuentes jurídicas desmienten “con rotundidad” al fiscal general del Estado. “No
hubo error” al hablar de la supuesta investigación chivada del número dos de
Interior, según las mismas fuentes, quienes recuerdan en cualquier caso que el
escrito “con la supuesta redacción confusa” fue “revisado, aprobado y
distribuido sin modificarlo” por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y
la Fiscalía General de Maza, en contra de los propios fiscales del caso quienes
apelaron al secreto del sumario
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha manifestado este jueves por
la mañana en la Universidad Complutense de Madrid, que en realidad los fiscales
del caso Lezo no querían decir lo que dijeron al incluir en su escrito la
“presunta investigación chivada del secretario de Estado” de Seguridad, José
Antonio Nieto.
Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER desmienten con
rotundidad al fiscal general del Estado. Sostienen que los fiscales del caso “se
ratifican y dijeron lo que dijeron”, por la “existencia de una investigación al
número 2 de Interior” debido al supuesto chivatazo. Y recalcan que tal y como
recoge el escrito, la reunión de Nieto con el hermano de Ignacio González fue de
“especial gravedad”.
Una investigación “incipiente” que ha sido “dinamitada” al filtrar el escrito
secreto a los medios de comunicación, desde la misma Fiscalía General del Estado
que dirige José Manuel Maza.
El fiscal general del Estado ha llegado a pedir perdón al secretario de Estado
de Seguridad en Onda Cero, y a culpar a los fiscales del caso porque a su
entender la polémica ha sido provocada por una redacción confusa del texto.
Pero las fuentes consultadas se ratifican en el contenido. Recuerdan que han
sido censuradas más de 30 páginas del mismo, y que hay más información sobre el
secretario de Estado en el resto. Todo junto cobra coherencia, según estas
fuentes.
Además, ese escrito fue revisado por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix,
que según fuentes fiscales, remite cualquier documento de la operación Lezo a
José Manuel Maza, antes de su publicación o de que sea remitido a la justicia.
Por lo tanto, ambos conocían de esa supuesta “redacción confusa” antes de que
fuera conocido, y no lo cambiaron.
Y por otra parte, fue Manuel Moix quien decidió publicar ese escrito del
chivatazo, con la opinión contraria de los fiscales del caso, quienes le
recordaron que estaba secreto y pidieron distribuir a los medios solo una nota
al uso, que expusiera simplemente los motivos para no excarcelar a González.
Moix obvió a sus fiscales, trasladó el escrito a la Fiscalía General, y ésta lo
difundió a los medios.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/11/tribunales/1494506736_610285.html
LA FISCAL DEL 'CASO LEZO' ACLARA QUE EN SU ESCRITO NO QUERÍA IMPUTAR NINGÚN
DELITO A NIETO POR EL 'CHIVATAZO'
"La redacción del texto no dice eso", asegura la Fiscalía General en referencia
a la interpretación del escrito
El secretario de Estado reconoció haber recibido en su despacho al hermano del
presunto cabecilla de la trama corrupta, Pablo González
La Fiscalía General del Estado ha hecho público un comunicado en el que aclara
que una de las fiscales del caso Lezo, Carmen García Cerdá, ha precisado que
Anticorrupción no quería imputar "en modo alguno" ningún delito al secretario de
Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al mencionarle en un escrito del
Ministerio Público con la "presunta investigación chivada".
La aclaración ha sido la siguiente: "La Fiscalía Anticorrupción confirma que la
expresión recogida en el dictamen del Ministerio Fiscal en modo alguno quiere
imputar ningún delito al Secretario de Estado de Seguridad en el presunto
'chivatazo".
Previamente, la Fiscalía General del Estado ya había interpretado que el escrito
en el que Anticorrupción se oponía a la excarcelación de Ignacio González por la
operación Lezo no señalaba al secretario de Estado de Seguridad como autor del
presunto chivatazo al expresidente de la Comunidad de Madrid.
El párrafo del escrito firmado por los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen
García Cerdá, dice textualmente lo siguiente: "El día 6 de marzo del 2017, en el
despacho de Ignacio González sito en la C/ Alcalá 89 de Madrid, se grabó una
conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 horas por los tres
hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quien
estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de
Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del Secretario de
Estado de Seguridad. El auto recurrido valora la gravedad de la comunicación con
el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar".
Preguntadas fuentes de la Fiscalía General si la frase "presunta investigación
'chivada' del Secretario de Estado de Seguridad" apunta a Nieto como autor del
chivatazo, éstas señalaron: "La redacción del texto no dice eso".
El escrito que ha sido facilitado a la prensa –y del que se han eliminado 38
páginas aludiendo al secreto de las actuaciones–, se señala que en una de las
conversaciones intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año,
los tres hermanos González se "evidenció el interés de todos ellos por conocer
quién estaba al frente" de la Policía Nacional.
El pasado 28 de abril el secretario de Estado confirmó en el Congreso que
recibió en su despacho a Pablo González, directivo de Mercasa y hermano de
Ignacio González, el presunto cabecilla de la trama corrupta. En dicho
encuentro, según su versión, no se habló de ninguna investigación y menos de la
operación Lezo que no conoció hasta que estalló el 19 de marzo.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/09/nieto_exige_los_fiscales_que_aclaren_acusan_ser_chivato_lezo_hagan_una_nota_desmentido_64855_1012.html
INTERIOR PIDE A LA FISCALÍA QUE ACLARE SI ACUSA AL SECRETARIO DE ESTADO DEL
CHIVATAZO A IGNACIO GONZÁLEZ
En un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER, José Antonio Nieto exige
saber "los cargos que se le imputan y sobre la base de que hechos objetivos"
El Ministerio del Interior responde a la Fiscalía Anticorrupción. En un escrito
remitido esta tarde a la Fiscalía, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el
ministerio exige a los fiscales que aclaren si le acusan del "chivatazo" al
expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Según recoge este documento, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio
Nieto, ha pedido a los fiscales que están coordinando la conocida como operación
Lezo que aclaren si le imputan algún delito al relacionarle con el presunto
hecho delictivo de haber alertado a Ignacio González de que se iba a desarrollar
la operación Lezo.
La Fiscalía Anticorrupción asegura en su escrito de oposición a la petición de
excarcelación de Ignacio González que "en una reunión mantenida en el despacho
de González el pasado 6 de marzo los tres hermanos González evidenciaron intere
por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a
los problemas de Ignacio González por la presunta investigación "chivada" del
Secretario de Estado de Seguridad.
Ahora Interior exige saber si es cierta esta acusación y de serlo saber "en qué
términos se ha producido, cuáles son los cargos que se imputan al Secretario de
Estado y sobre la base de qué hechos objetivos".
Interior añade que en caso de que la acusación sea cierta la Fiscalía
Anticorrupción tiene que explicar por qué hasta ahora "no ha sido notificada a
quien suscribe referencia alguna sobre hechos tan graves como para sustentar
dicha acusación en un escrito oficial del Ministerio Fiscal".
Finalmente el secretario de Estado de Seguridda solicita a Anticorrupción que si
no existe acusación emita una nota aclaratoria a los medios de comunicación
"matizando o desmintiendo la noticia para evitar el daño que dicha información
está provocando a la Secretaría de Estado de Seguridad y a su titular".
http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/09/tribunales/1494358535_359362.html
NIETO COINCIDIÓ CUATRO AÑOS CON IGNACIO GONZÁLEZ EN LA DIRECCIÓN DE CASA ÁRABE
PERO SOSTIENE QUE "NUNCA" HABLARON NI SE REUNIERON
El secretario de Estado de Seguridad afirmó este miércoles que en su vida había
hablado con Ignacio González
Ambos políticos formaron parte del Consejo Rector del consorcio público Casa
Árabe entre 2011 y 2015
A preguntas de infoLibre, un portavoz de Nieto insiste en que ambos ni se
conocen ni hablaron porque Nieto nunca asistió a ninguna reunión de Casa Árabe
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró este miércoles
en una entrevista concedida a Onda Cero que en su vida había hablado con el
expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Que no le conocía.
infoLibre ha podido comprobar que entre 2011 y 2015 ambos formaron parte del
consejo rector de Casa Árabe, un consorcio público que celebra reuniones
periódicas. Según defiende Interior, Nieto no coincidió jamás en Casa Árabe con
el expresidente madrileño, ahora encarcelado en el marco de la operación Lezo.
"Nunca coincidieron ni compartieron ninguna reunión porque el secretario de
Estado no acudió a ninguna", insisten a preguntas de este periódico.
"No conozco a Ignacio González. Nunca le he conocido. Nunca he tenido relación
con él [...] Con Ignacio González no he hablado en mi vida". Así se pronunciaba
este miércoles ante los micrófonos de Onda Cero el secretario de Estado de
Seguridad. Si cuando estalló la operación Lezo, se supo que Nieto se había
reunido con el hermano de Ignacio González, Pablo González, esta semana un
escrito de los fiscales del caso le apuntaba como responsable de la "chivada" a
los González para alertarles de la operación. Una afirmación que llevó a
Fiscalía a aclarar que no quería imputar ningún delito a Nieto. Los dos hermanos
González están ahora en prisión.
El primero de los episodios llevó a Nieto ante la Comisión de Interior del
Congreso de los Diputados, donde reconoció haberse reunido con Pablo González
pero sólo para cuestiones de Mercasa, la empresa pública en la que el hermano
del presidente madrileño era directivo. El segundo, le condujo a pedir a la
Fiscalía que le imputase si tenía pruebas de ese chivatazo.
Dependiente de Exteriores
Casa Árabe es, según se explica en su página web, "un consorcio público español
liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que opera
como centro estratégico en las relaciones de España con el mundo árabe". Con
sedes localizadas en Madrid y en Córdoba, fue fundada en el año 2006 mediante un
convenio de colaboración suscrito entre Exteriores, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía, la
Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de
Córdoba.
A día de hoy, está presidida por el ministro del ramo, y sus vicepresidentes son
la presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de Córdoba. Los Reyes de España son sus
patronos de honor. Esta estructura es la que llevó a Nieto y a González a formar
parte del Consejo Rector. El secretario de Estado, y así figura en documentos
oficiales de Casa Árabe y en el BOE, integró el citado órgano en sus años al
frente de la Alcaldía de Córdoba (junio 2011-junio 2015). González, por su
parte, figura como vocal en la reunión de diciembre de 2011. Era vicepresidente,
consejero de Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno regional. Un año después,
en la cita del Consejo Rector de diciembre de 2012, ya figura como
vicepresidente de este órgano. Fue en septiembre cuando Esperanza Aguirre le
cedió el testigo en su primer anuncio de dejar la política.
Rastro en el BOE y en las memorias oficiales
"El Consejo Rector actúa como órgano colegiado de dirección de Casa Árabe y
ostenta la superior autoridad dentro del Consorcio y está conformado por los
miembros designados y revocados por las administraciones consorciadas", informa
Casa Árabe.
Boletines Oficiales del Estado de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 consultados
por infoLibre incluyen a González y Nieto como integrantes de este Consejo
Rector. Asimismo, se les menciona, como asistentes, "bien personalmente o
mediante representación", a estas reuniones en los documentos de la Casa Árabe
en los que este ente rinde cuentas de su funcionamiento anualmente.
Concretamente, se trata de los días 2 de diciembre de 2011, 12 de diciembre de
2012, 18 de diciembre de 2013 y 1 de diciembre de 2014.
Pese a ello, en Interior insisten en desvincular al secretario de Estado de
Seguridad y al expresidente de la Comunidad de Madrid. Destacan que el puesto de
"patrono" de Nieto en Casa Árabe se debía exclusivamente a su condición de
alcalde de la ciudad de Córdoba y que que "jamás coincidieron en ninguna
reunión, ni hablaron por teléfono sobre los asuntos de dicha entidad, ni
intercambiaron correo o documento alguno sobre las actividades de Casa Árabe".
En definitiva, que no tuvieron contacto de ningún tipo.
Delegaba en otros consejeros
Esto fue así, informan en el ministerio, porque Nieto delegó su asistencia a
estas reuniones en otros miembros de su equipo. "Siempre delegaba en el concejal
de Cultura o en el concejal de Presidencia", aseguran las citadas fuentes.
Desde que Ignacio González fue detenido el pasado 19 de abril en el marzo de la
operación Lezo, el Gobierno de Rajoy se ha visto salpicado por múltiples
sospechas de injerencias en la Justicia. Este escándalo no sólo ha puesto el
foco sobre las prácticas de Ignacio González y sus fieles en sus años en la
Comunidad de Madrid y en el PP regional, sino que ha hecho que salgan a la
superficie las actuaciones de algunos de sus protagonistas para intentar tapar o
frenar los hechos investigados. Unas actuaciones que han salpicado a los
departamentos de Interior y de Justicia. Si en el caso del departamento de
Interior, el grueso de los focos está sobre Nieto, en el caso de Justicia, el
ministro Rafael Catalá, y el propio Rajoy, han tenido que salir a defender la
labor del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.
Tal y como ha publicado infoLibre, Manuel Moix, que fue fiscal superior de
Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones
que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia
para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de
Isabel II.
De la defensa de Nieto se ha encargado el titular de Interior, Juan Ignacio
Zoido, desde el momento en el que, días después de la detención de González, la
cadena Ser adelantó unas grabaciones en las que su hermano Pablo se refería así
a la reunión con el secretario de Estado: "El encuentro ha sido muy interesante.
Te lo contaré pero no por teléfono". Un encuentro que según el auto del juez
Velasco se produjo justo al día siguiente de que Ignacio González recibiese el
chivatazo de que estaba siendo investigado.
"Ojalá la conversación con Pablo González esté grabada y termine ya esta
pesadilla", deseaba Nieto en la misma entrevista radiofónica en la que aseguró
no conocer al expresidente de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del
PP madrileño.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/12/nieto_coincidio_cuatro_anos_con_ignacio_gonzalez_direccion_casa_arabe_pero_sostiene_que_nunca_hablaron_reunieron_64943_1012.html
OHL ADMITE TRANSFERENCIAS DE 1,8 MILLONES DE EUROS A LA CUENTA SUIZA QUE EL JUEZ
VINCULA A IGNACIO GONZÁLEZ
El empresario De la Joya admite al juez que OHL transfirió 1,4 millones de
México a Suiza para Ignacio González
El juez rastrea una comisión de OHL a González en Suiza que el PP conocía
La constructora OHL ha emitido un comunicado en el que admite haber realizado en
noviembre de 2007 dos transferencias que suman 2,5 millones de dólares a la
cuenta en el Anglo Irish Bank de Suiza de la sociedad panameña Lauryn Group,
aunque niega cualquier irregularidad. Esa cantidad se corresponde al cambio de
la época con 1,8 millones de euros. Lauryn Group es una empresa controlada por
el empresario Adrián de la Joya, que ante el juezEloy Velasco y en una
entrevista en EL MUNDO señaló que el consejero de OHL Javier López Madrid le
había indicado que le había hecho una transferencia de 1,4 millones de euros
desde México destinada a pagar una comisión al ex presidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio González. "No recuerdo realmente si fue esa cantidad o si incluso
fue algo mayor", le dijo De la Joya a este diario.
El juez de la operación Lezo considera que pudo tratarse de un intento de
soborno a cambio de que la constructora recibiera la adjudicación del tren de
Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. De la Joya añade no obstante a su
versión que, cuando supo que ese dinero era para pagar a un político, se negó a
entregarlo y decidió quedárselo para cubrir los gastos de un trabajo que estaba
haciendo para OHL en Burkina Faso. López Madrid fue detenido después del
registro de las oficinas de OHL en Torre Espacio y quedó en libertad con la
condición de abonar una fianza de 100.000 euros, después de negar cualquier
participación en los hechos.
El Grupo OHL ha llevado a cabo una investigación interna voluntaria, de cuyo
resultado ha dado traslado al juez, y ha obtenido el rastro de esas
transferencias "sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con
actos ilegales o ilícitos de ningún tipo". De estos hechos ha informado
igualmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Según la empresa, la investigación interna no ha identificado ninguna
transferencia ordenada por Javier López Madrid, consejero externo dominical del
grupo desde el año 2002, "que nunca ha tenido responsabilidad ejecutiva ni
representativa alguna en el grupo". Además, según las conclusiones del análisis
interno preliminar, "no resulta ni el menor indicio ni sospecha de que exista la
más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior
ejecución de Cemonasa", el contrato de concesión del Cercanías entre Móstoles y
Navalcarnero. OHL ha optado por realizar un rastreo general de todas las
transferencias realizadas en 11 años por cualquier empresa del grupo pese a que
la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le pidió solo las
efectuadas por OHL México, informaron a Europa Press en fuentes de la
investigación.
"Transacciones normales"
Las transferencias identificadas a través del sistema informático no coinciden
exactamente con la supuesta transferencia referida, pero sí están dirigidas a la
misma sociedad (Lauryn Group). OHL asegura que dichas transferencias están
"debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes
facturas de soporte, que aparentemente corresponden a transacciones normales
dentro del tráfico ordinario" entre sus empresas, "y no hay ningún indicio de
que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo".
Según las conclusiones del análisis interno, "ni en las fechas en las que se
supone que se realizó la supuesta transferencia, ni en ninguna otra fecha,
Javier López Madrid ha tenido poder o capacidad para ordenar, autorizar o
instruir a empleados del grupo para realizar pagos de cualquier tipo, incluidas
transferencias y, en general, jamás ha tenido funciones ejecutivas ni de
representación en el grupo OHL".
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/05/590c326a22601d7a788b460b.html
IGNACIO GONZÁLEZ PIDE SALIR DE LA CÁRCEL PORQUE SU HIJA SE CASA Y NO PIENSA
FUGARSE
El expresidente madrileño alega la boda "en pocos meses" en su recurso de
excarcelación
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión
preventiva desde el pasado 21 de abril por su implicación en la Operación Lezo,
ha solicitado su excarcelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional
alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse porque tiene sus bienes
embargados y la mayor de sus hijas "va a celebrar su boda en pocos meses".
Argumenta González que es "materialmente imposible" que se fugue porque carece
de medios económicos al estar los suyos embargados y porque dispone de un
"arraigo notorio" en España, donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor
de las cuales está a punto de casarse.
Así se señala en el recurso, adelantado por la Cadena Ser, en el que la defensa
de González asegura que las pruebas contra él de las que dispone el instructor
del caso, el juez Eloy Velasco, no justifican una medida tan gravosa como es su
prisión incondicional.
Tanto González como su hombre fuerte en Latinoamérica, el expresidente de Inassa
Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión sin fianza- han recurrido
directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esta
medida cautelar, eludiendo de esta forma el trámite del recurso de reforma ante
el instructor del caso, que consideran perdido de antemano.
En relación con su situación familiar, González alega igualmente ante la Sala de
lo Penal que una de sus hijas, de 18 años, es estudiante; que su padre tiene más
de 90 y que no existe ningún indicio de que "desee romper su relación familiar".
Tanto su mujer como su padre, su hermano y su cuñado están siendo investigados
por la causa derivada de la Operación Lezo.
"Huir es impensable"
"Huir es impensable", según la defensa del exmandatario madrileño, porque ello
daría lugar al abandono de sus hijas "en una situación en la que es necesario un
apoyo mutuo y del entorno familiar y de amistades para la tranquilidad y el
sosiego que en estos momentos necesita". La "notoriedad pública" de González,
añade el escrito, hace igualmente impensable la posibilidad de huida.
A lo largo de su recurso, el abogado Esteban Mestre destaca también que el auto
de prisión dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 "no
fundamenta, exterioriza ni razona con la mínima solidez cuál es el verdadero
motivo que lleva a aplicar una medida tan drástica como es la prisión
provisional y, además, incondicional".
Considera la defensa de González que la prisión puede entenderse como una
"medida punitiva anticipada y en cierto modo ejemplarizante y de castigo" debido
a la alarma social generada "en relación con las causas que etiquetan
socialmente como vinculadas con la corrupción", algo que para el letrado
"resulta inadmisible".
El recurso presentado por el abogado Miguel Bajo en representación de Rodríguez
Sobrino argumenta, por su parte, la falta de motivación del auto recurrido y la
inexistencia de indicios racionales de criminalidad suficientes que justifiquen
la medida de prisión incondicional del exdirectivo.Incide igualmente en la
inexistencia de riesgo de sustracción de la justicia o destrucción u ocultación
de pruebas, así como en el arraigo familiar del investigado.
El abogado de Rodríguez Sobrino pide a la Sala que, en todo caso, y con carácter
subsidiario, imponga una medida "menos gravosa e igual de efectiva" que la
prisión incondicional como podría ser la prestación de una fianza, como se ha
hecho en el caso de otros imputados en la causa, o la obligación de comparecer
ante el Juzgado "los días que tuviera a bien señalar" la Sala de lo Penal.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/03/actualidad/1493831423_932259.html
"TABOADA ME LO DEBE TODO": GONZÁLEZ INTENTÓ LLEGAR A LA CÚPULA DE SU ENEMIGA
CIFUENTES
Ignacio González intentó influir en altos cargos de la Consejería de Medio
Ambiente para que se suministrara agua al campo de golf gestionado por su amigo
el empresario Joaquín Molpeceres
Ignacio González intentó utilizar su influencia política (estuvo 12 años en las
más altas instancias del Gobierno regional) para intentar pedir a determinados
cargos públicos favores para empresarios próximos a él. El sumario del caso
Lezo, que ha acabado con González en prisión, revela que el ex presidente
madrileño intentó presionar a varios miembros de la actual cúpula de la
Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo de Cristina Cifuentes para que
ayudaran al empresario Joaquín Molpeceres, que tenía problemas de riego en el
campo de golf que gestiona en Alcalá de Henares. Molpeceres aparecía como
donante en los papeles de Bárcenas y ha declarado como testigo en el caso
Gürtel. No lo consiguió, ya que Medio Ambiente rechazó de plano lo que solicitó
el empresario.
Los investigadores han hecho un relato secuencial de la ayuda reclamada por
Molpeceres y las gestiones hechas por González. El empresario, ya mayor, pidió
al ex presidente regional que intercediera ante el director del Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra)
para que este último, José María Moreno Martín (antes alcalde de Moralzarzal),
supiera de primera mano que Molpeceres era "amiguete" y que iba "recomendado".
González llamó a Moreno, al que pidió discreción porque no quería "aparecer en
ningún lado" y presentó a Molpeceres como empresario de "toda la vida". Imidra
es el dueño de la finca El Encín, donde se ubican las 153 hectáreas del campo de
golf de Molpeceres.
El problema, según explica González en las llamadas que estaban siendo
escuchadas por la UCO, es que el desarrollo urbanístico de la zona quedó
paralizado por la crisis y no se construyó una depuradora que estaba prevista en
el municipio de Meco para abastecer de agua al campo de golf. Para salir del
apuro, Molpeceres estaba tomando agua de Alcalá, "pero está colmatada y no era
suficiente, y luego del río". González señala que Molpeceres estaba teniendo
problemas "con los cambios de la gente" (en el Ejecutivo regional) y pide a
Moreno que reciba a Molpeceres. El alto cargo lo hace: "Vemos cuál es el
problema que tiene y en lo que podemos ayudar lo hacemos", le dice Moreno a
González. Este insiste en que su nombre no puede aparecer, ya que basta con que
Cifuentes lo sepa para que piense que es algo "malo".
La reunión no debió salir bien. Molpeceres le dice a González que encontró a
Moreno "muy dubitativo" y señala que este le comentó que debería tratar el
asunto con el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, número tres
del Gobierno de Cifuentes y coordinador general del PP de Madrid. Taboada ya fue
alto cargo en los ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Molpeceres
le pregunta a González si "llegan" a Taboada, a lo que el ex presidente
responde: "Sí llegamos, sí, sí".
Taboada, más próximo "a la otra"
Lo único que quería Molpeceres es que alguien relevante de la comunidad
escribiera a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que cede agua al Imidra,
para que a su vez derivara 40.000 metros cúbicos al campo de golf. En una
llamada intervenida el 19 de diciembre de 2016, González le explica que Taboada
le debe todo, pero que quizás en estos momentos su posición sea más próxima "a
la otra", en relación a Cifuentes. Molpeceres pregunta a González cómo tratar a
Taboada en una futura reunión: "¿Y qué tal?, ¿se puede hablar de ti con él o
no?, ¿es amigo tuyo?".
Molpeceres consulta a González si cree conveniente que también le diga a Taboada
que "de vez en cuando echa una manita y tal, porque es el que puede darme lo del
agua de ahí, lo del campo de golf a través de Imidra, porque este es el
consejero del que está de director general del Imidra". A pesar de esa 'manita',
Molpeceres acaba de declarar en el juicio de la Gürtel que no donó ni financió
al PP. González le transmite tranquilidad porque "está todo controlado", ya que
también conoce al nuevo director general de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito,
nombrado en noviembre de ese año. "A ese, a ese también le conozco, entonces
bueno, pues se puede hacer alguna cosilla por ahí". Sanjuanbenito ya estuvo en
el Gobierno regional entre 2004 y 2010, primero como asesor y luego como jefe de
gabinete de la Consejería de Deportes y Turismo.
González también intentó contactar con otro alto cargo de la Consejería de Medio
Ambiente, Mariano González Sáez, que fue el predecesor de Sanjuanbenito hasta
que fue destituido. Cifuentes le ha recolocado ahora como nuevo comisionado para
el Cambio Climático. González pide ayuda para contactar con él a Borja Sarasola,
exconsejero de Medio Ambiente. "No se pueden enterar que hablo con él", menciona
González. El sumario revela que finalmente Ignacio González contactó con Mariano
González y que le envió documentación. Pero días después la secretaria personal
del expresidente le dice que han cesado a Mariano, "el de los papeles que estaba
con Taboada". Las gestiones de Ignacio González fueron infructuosas, ya que el
Imidra rechazó finalmente atender las peticiones de Molpeceres.
Adjudicado en el año 2006
La UCO ha hecho sus pesquisas sobre el campo de golf. La finca donde se
construyó, El Encín, está en Alcalá de Henares. En el año 2006, la empresa
pública Alcalá Natura 21 adjudicó a la empresa Desprosa, de Molpeceres, la
explotación de la instalación deportiva durante 35 años. En 2009, Desprosa y el
Canal de Isabel II suscribieron un convenio para suministrar agua regenerada
para el riego del campo. En ese año, González ya era presidente del Canal. En
2010, González también asumió la presidencia de Alcalá Natura 21. En 2011,
Desprosa también ganó la adjudicación de otro proyecto, Naturalcalá, un complejo
de ocio independiente al campo de golf pero anexo. En junio de 2013, el Supremo
declaró ilegal el plan urbanístico de Alcalá que autorizó la construcción del
campo de golf, pero este siguió abierto y operativo, con los problemas de riego
que llevaron a González a interceder.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-01/taboada-cifuentes-ignacio-gonzalez-lezo-golf-encin_1373568/
LA “PRÁCTICA CRIMINAL MAFIOSA” DE IGNACIO GONZÁLEZ SA: CONTROL DE FISCALÍA,
POLICÍA Y MEDIOS
El expresidente madrileño y sus acólitos ampliaron sus influencias en la carrera
judicial y fiscal, en la Policía y en prensa para protegerse de la Justicia.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sabía que era
cuestión de tiempo que la Justicia diese con él. Durante años ha utilizado sus
cargos públicos para enriquecerse personalmente de manera ilícita a través del
desvío de dinero público y comisiones ilegales, lo que le ha permitido vivir por
encima de sus posibilidades tal y como acreditan sus inversiones y sus
adquisiciones. Sin embargo, el hombre fuerte de Esperanza Aguirre y sus
principales cómplices han intentado hasta el último momento mover todos sus
hilos para evitar ser atrapados.
De la investigación de la Operación Lezo, por la que fue detenido y enviado a
prisión la semana pasada, se desprende que los principales investigados -es
decir, González, su hermano Pablo y el consejero delegado de La Razón y
exdirectivo del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, principalmente- habían
ampliado su círculo de acción en los últimos meses a distintos sectores de la
administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y
fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía.
“Todo ello para lograr la impunidad de sus acciones. Aparece un ejemplo claro de
práctica criminal mafiosa como es el uso de los medios de comunicación para
protegerse frente a la acción de la justicia”, recogen los informes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, que
han liderado la investigación.
Tal y como se ha ido publicando en EL ESPAÑOL en los últimos días, González
mantuvo contactos con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien le llegó a
decir a través de un mensaje de texto telefónico "ojalá se arreglen pronto los
líos” cuando el expresidente madrileño ya estaba investigado por un presunto
delito de blanqueo de capitales por la compra de un ático en Estepona y tenía
abierta esta otra investigación, aunque en ese momento (noviembre de 2016) era
secreta.
En busca de una fiscalía amable
Con sus comunicaciones intervenidas en los últimos meses, los investigadores han
podido escuchar cómo González mantenía comidas, por lo menos mensuales, con
magistrados de la Audiencia Nacional, del propio Tribunal Constitucional, y con
exvocales, vinculados al Partido Popular, del Consejo General del Poder
Judicial.
Una de las principales preocupaciones de González era que los cambios que debían
venir en la Fiscalía con el nuevo Gobierno le fueran favorables para intentar
archivar la causa por el ático de Estepona y evitar que saltara un nuevo
escándalo sobre él, como al final ha ocurrido.
Su fiscal favorito para ocupar la Fiscalía Anticorrupción era Manuel Moix, como
así ocurrió. Sus influencias con gente que mantenía contactos con personas del
más alto nivel en el Tribunal Supremo le ayudaron a saber con antelación que el
nuevo fiscal general del Estado iba a ser una persona que a su juicio iba a ser
beneficiosa para él; este es José Manuel Maza.
Como publicó en exclusiva este diario, en las grabaciones a Ignacio González
aparece una conversación entre el ex presidente madrileño y el ex ministro
Eduardo Zaplana, en el que hablan del nombramiento de Moix. González estaba muy
preocupado con su investigación abierta por la compra de un ático en Marbella y
comenta con Zaplana la necesidad de cambiar al fiscal de Anticorrupción que
llevaba el asunto. Antes de eso, se debía nombre al fiscal jefe de esta Fiscalía
especial.
Ignacio González: “Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal
Anticorrupción ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo, porque
el que quieren poner de fiscal… El que quieren poner de fiscal Anticorrupción,
te digo yo a ti, que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué
requisito. Él era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío... bueno… se llama
Moix, es un tío serio y bueno”.
Sin embargo, González llegó tarde. Para cuando el nuevo Gobierno de Mariano
Rajoy fue reelegido, en noviembre del pasado año, la investigación por el caso
Lezo ya estaba muy avanzada. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil
llevaban investigando desde 2015. El asunto ya se había judicializado en la
Audiencia Nacional y desde julio de 2016 ya estaban siendo investigados por un
juez, primero por Alejandro Abascal y después por Eloy Velasco. Cuando Moix
aterrizó en Anticorrupción, a finales de febrero, la operación para proceder a
la detención de los principales investigados ya estaba prácticamente cerrada.
González llegó tarde
El juez tenía todos los informes de la UCO y de Anticorrupción encima de la
mesa, con el aval y visto bueno del anterior fiscal jefe, Antonio Salinas, y de
la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. González llegaba tarde
y su detención sería difícil de evitar. Es más, en las grabaciones al
expresidente madrileño también se desprende cómo éste estaba preocupado por si
Madrigal seguía en su puesto, tal y como se había publicado en aquellos días en
la prensa. Un magistrado de la Audiencia Nacional le tranquilizó explicándole
que había sido una filtración interesada del entorno de Madrigal pero en
realidad el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se había declinado por Maza, un
magistrado fuera de la carrera fiscal.
No obstante, este “grupo mafioso” lo intentó hasta el final. Según se desprende
de la investigación, en el mes de marzo el hermano de González, Pablo -también
en prisión hasta que consiga recaudar una fianza de 4 millones de euros-,
consiguió reunirse con el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto.
Larevelación de este encuentro ha obligado al número dos del ministro Juan
Ignacio Zoido a comparecer en el Congreso de los Diputados.
Los tentáculos de los González han obligado ya a dar explicaciones al ministro
de Justicia, al secretario de Estado de Interior, y ha forzado la dimisión de
Esperanza Aguirre como portavoz el PP en el Ayuntamiento de Madrid, por no
vigilar las fechorías de sus número dos durante años cuando presidía la
Comunidad de Madrid. Varios trabajadores del Canal y miembros del PP intentaron
denunciar las irregularidades de González, pero en el partido se prefirió mirar
hacia otro lado, como se ha desvelado tras el estallido de la Operación Lezo.
Este caso judicial también ha puesto entre las cuerdas al recién llegado fiscal
jefe de Anticorrupción, por ordenar dos días antes de lanzar la operación que no
se procediera a los registros en el Canal de Isabel II que afectaran a la 'era
Gallardón', lo que provocó la férrea oposición de los dos fiscales del caso, con
el apoyo de todos sus compañeros. Todos los partidos de la oposición ya han
solicitado la comparecencia de Catalá para explicar las presiones en la Fiscalía
y la reprobación tanto del fiscal general como del propio Moix.
En estos días, también se ha conocido que tras el enfrentamiento de los fiscales
Anticorrupción con su jefe, quien nada más llegar al cargo ordenó frenar parte
de la investigación, este último ha 'invitado' a los dos encargados del caso,
Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez a abandonar el caso y su puesto en Madrid.
Según diversas fuentes conocedoras de lo ocurrido, a uno de ellos le dio una
semana para dejar la causa y a otro le dio tres días para presentar su cese en
la Fiscalía Anticorrupción.
Estos encuentros y contactos de González y su entorno tienen mayor relevancia si
se tiene en cuenta que alguien alertó a González de que estaba siendo
investigado. Los investigadores sitúan el posible 'chivatazo' por lo menos dos
meses antes del operativo. En las conversaciones telefónicas mantenidas por
González se detecta que en los últimos meses habían rebajado su nivel de
confidencias. Es más, el día antes del encuentro de Pablo González con el
secretario de Estado de Interior, todos los hermanos se reunieron a primeros de
marzo y el expresidente madrileño les comunicó que estaba siendo investigado.
Los investigados tuvieron un 'chivatazo'
A pesar de que se desconocía hasta hace diez días que era el juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco quien capitaneaba la investigación a González,
el expresidente madrileño ya mantuvo conversaciones de la necesidad de echar a
este juez de la Audiencia, tal y como publicó este diario.
Según consta en la causa, González y su círculo próximo mantenían relaciones con
un sector del Cuerpo Nacional de Policía (no identificado plenamente hasta el
momento) del que parecen obtener informaciones reservadas y que pueden ser de
interés para los asuntos judiciales que les atañen. Aprecian igualmente que
tratan de hacer uso de indiciarias influencias dentro de la carrera judicial
para tratar de constatar la existencia del procedimiento judicial y conocer las
medidas de investigación acordadas en el mismo, hasta el punto que ponen de
manifiesto que sus teléfonos pudieran estar “pinchados” porque se lo ha dicho
una magistrada amiga (sin identificar).
Medios de comunicación como aliados
El núcleo duro de la organización también tenían claro que necesitaban a los
medios de comunicación como otra medida de presión para evitar que sus
investigación fueran a buen puerto. En este marco, los investigadores destacaban
la relación que los investigados mantenían con el presidente del periódico La
Razón, Mauricio Casals, y con su director, Francisco Marhuenda: “Se aprecia la
capacidad de los investigados para protegerse frente a la instrucción con el uso
de medios totalmente ajenos a la legalidad. Entre estos instrumentos destaca el
uso de los medios de comunicación, en especial de los periodistas Mauricio Casal
y Francisco Maruhenda, como instrumentos adecuados para ejercer presiones en los
actuales mandatarios públicos en la Comunidad de Madrid”, recogen los informes
policiales.
Casals y Marhuenda han estado investigados aunque el juez, a petición de la
Fiscalía, finalmente decidió archivar el caso respecto de ellos después de que
la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, negara que
haya sido coaccionada -a pesar de las conversaciones grabadas que dicen todo lo
contrario- para evitar que se denunciaran las irregularidades del Canal.
De las conversaciones intervenidas se desprende el “alto grado de complicidad”
que existe entre los periodistas y los investigados, que en gran medida
proyectan una unidad de acción para proteger a quienes consideran “uno de los
suyos” -en referencia a Edmundo Rodríguez, consejero delegado de La Razón y ex
directivo del Canal-. “No dudan en planificar actuaciones exclusivamente
dirigidas a amedrentar o, cuando menos a condicionar, las posibles acciones
judiciales de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes. En esta línea, se aprecian igualmente evidencias que indican que los
mencionados periodistas tienen conocimiento directo de hechos presuntamente
delictivos ejecutados por responsables políticos de la Comunidad de Madrid”,
recoge uno de los informes de la Guardia Civil.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170430/212478977_0.html
GONZÁLEZ MANIOBRÓ CON UN EXVOCAL DEL CGPJ VINCULADO AL PP PARA COLOCAR A
FISCALES AFINES
El expresidente de la Comunidad de Madrid y Enrique Arnaldo Alcubilla
maniobraron para intentar detener los frentes judiciales de González mediante
fiscales afines
El exvocal del PP en el CGPJ y expresidente del Tribunal Administrativo del
Deporte Enrique Arnaldo Alcubilla maniobró para que Ignacio González se viera
favorecido en los frentes judiciales que tenía abiertos, según se desprende de
las conversaciones telefónicas pinchadas incluidas en el sumario de la Operación
Lezo, que han sido reveladas por La Sexta.
En la conversación que mantiene con Enrique Cerezo, empresario y presidente del
Atlético de Madrid, González se refiere a la jueza que investiga el caso del
ático, Isabel Conejo, de la que dice: "Ahora la niñata esta de mierda de ahí
abajo, es una tonta del culo, pues claro...". A continuación, el expresidente
del la Comunidad de Madrid entra ya en terreno de los fiscales: "Y luego, el
otro, pues... el fiscal... otro que tal baila, macho".
En otro diálogo, Cerezo le dice a González: "A ver si ahora con este fiscal
general más o menos se le pone en orden al de abajo. Ahora me imagino que ya no
estarán protegidos como antes". El exdirigente del PP le responde: "Bueno, de
momento, ahora está vacante la Fiscalía Anticorrupción. O sea, tienen que
nombrar un fiscal anticorrupción".
Es entonces cuando se produjo la charla desvelada hace unos días entre el
exministro de Trabajo con Aznar, Eduardo Zaplana, y González sobre la llegada al
puesto de Manuel Moix, en la que González le dice: "Vamos a ver, yo creo que a
ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y yo creo que
va a ser él. Si sale, es cojonudo. Se llama Moix. Es un tío serio y bueno".
También le comenta González, sin una clara referencia: "Este venía diciendo que
era muy amigo de Marchena [el juez]. Yo creo que quien mueve a todos estos es
ese círculo. Enrique López [exportavoz del Consejo General del Poder Judicial y
exmagistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP y ahora juez de la
Audiencia Nacional] más Enrique Arnaldo".
En otra conversación, el expresidente de la Comunidad de Madrid habla con
Zaplana de la siguiente manera: "En un reservado siempre [...]. Y yo le digo a
estos: Oye, joder, es que antes de poner a estos hijos de puta que tenemos es
mejor poner a Marchena. Y me dice Enrique Arnaldo: Pues no estaría mal".
Según las conversaciones reveladas por La Sexta, meses antes del estallido de la
Operación Lezo, y días antes del nombramiento (el 11 de noviembre de 2016) de
José Manuel Maza como fiscal general del Estado, se produce la siguiente
conversación entre Arnaldo y González:
Arnaldo: Hay movimientos de cambios en la Fiscalía General. Esto... ¡ahora se
ponen en marcha las piezas! Desde luego, sí que sé que es voluntad del ministro
cambiar la pieza principal.
González: ¡Joder, estarás ahí! Je, je. Moviéndote como corresponde, ja, ja, ja.
Arnaldo: Estoy moviéndome, ¿eh? Para que el nuevo que sustituya a esta señora
[Consuelo Madrigal] sea bueno.
Tras el nombramiento de Maza, Arnaldo y González vuelven a charlar:
Arnaldo: ¡No me equivocaba mucho!
González: No, ¿no? Has acertado.
Arnaldo: Je, je, je. ¡He acertado!
González: Ah, bueno. O sea, que estamos contentos, ¿o no?
Arnaldo: ¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí. Cuando nos veamos, te contaré cómo
se actuó en otra etapa anterior, que es la que hay que seguir.
Según las escuchas, el expresidente de la Comunidad también le preguntó al
exvocal del CGPJ por la Fiscalía Anticorrupción y la de la Audiencia Nacional.
González: ¡Oye! ¡Y los de abajo!
Arnaldo: ¡Claro! Y que toque todo, claro, efectivamente
González: Porque es que si no...
Arnaldo: Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado,
que son la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación,
que yo sepa, está preparada. Ahora, hombre, es una garantía que siga Rafael
[Catalá] porque ya se lo conoce.
Según La Sexta, días después charla con Zaplana sobre Maza y Moix.
González: Este es un tío serio, este es un tío que sabe lo que tiene que hacer,
que tal y que cual. Y digo, oye, quedan aún nombramientos importantes. Yo creo
que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? El que
quieren poner de fiscal Anticorrupción, te digo yo a ti que yo ya lo intenté en
su día, pero no tenía no sé qué requisito. Era el fiscal jefe de Madrid, que es
un tío bueno, se llama Moix. Es un tío serio y bueno.
Tras el efectivo nombramiento de Moix como fiscal Anticorrupción, vuelven a
charlar sobre otro puesto, en este caso el del fiscal de la Audiencia.
González: Hombre, yo no soy quien, pero yo no me corto en decirle a Rafa: Oye,
Rafa. ¿Sabes? Este, ¿cómo se llama? Jesús [ininteligible]. Voy a ver si se lo
puedo hacer llegar.
El nombramiento de Jesús Alonso Cristóbal como fiscal jefe de la Audiencia
Nacional también se produjo. Hace unos días se supo que el titular de Justicia
envió un SMS el pasado noviembre a Ignacio González en el que le decía: "Gracias
Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", en el que hacía
referencia supuestamente a la implicación del expresidente de la Comunidad de
Madrid en el caso del ático de Marbella.
http://m.publico.es/politica/1997836/gonzalez-maniobro-con-un-exvocal-del-cgpj-vinculado-al-pp-para-colocar-a-fiscales-afines
LAS MANIOBRAS DE GONZÁLEZ CON EL MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO PARA INFLUIR
EN LA FISCALÍA Y EN LOS JUECES
Las conversaciones del expresidente madrileño con el empresario madrileño se
centran en su imputación en el caso del ático, pero sobre todo atacan a la jueza
Isabel Conejo y al fiscal Juan Carlos López Caballero
El juez Eloy Velasco advierte de que Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los
principales integrantes de la trama del Canal de Isabel II, ha realizado
gestiones para tratar de conocer las medidas solicitadas por la Fiscalía a Suiza
Los nuevos mensajes y grabaciones conocidos y que fueron interceptados por los
agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la trama
liderada por el expresidente madrileño Ignacio González, ponen de manifiesto las
maniobras que realizaron los integrantes de la red corrupta para tratar de
desplazar a jueces y fiscales, según se desprende de los mensajes hechos
públicos por laSexta en exclusiva.
En sus conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo;
con el exministro del PP Eduardo Zaplana; con el exvocal del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte,
Enrique Arnaldo Alcubilla; y sus SMS con el ministro de Justicia, Rafael Catalá,
Ignacio González muestra sus anhelos por influir en la jueza que instruye en
Estepona el caso del ático, Isabel Conejo, y en el fiscal jefe de Málaga, Juan
Carlos López Caballero; pero también porque sus candidatos a puestos clave en la
judicatura y en la Fiscalía acaben siendo elegidos.
Esas conversaciones muestran que en todo momento González apostaba por los
mismos candidatos que al final acabó eligiendo Catalá. Así, el ministro de
Justicia optó por el magistrado conservador del Tribunal Supremo, José Manuel
Maza, como fiscal general del Estado, y "un tío serio" para González. Maza
apartó a Consuelo Madrigal, que en marzo de 2015 había pedido al embajador de
Estados Unidos en España que acelerara las comisiones rogatorias del caso del
ático del expresidente madrileño.
Especial relevancia tiene las conversaciones con el exvocal del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del
Deporte, Enrique Arnaldo Alcubilla, considerado una persona de la esfera del PP.
Y el expresidente madrileño conversaba con Arnaldo Alcubilla sobre el
nombramiento del fiscal general, que explicaba a González que los "cambios en la
Fiscalía General", que se ponían "en marcha las piezas" y que sabía que era
"voluntad del ministro cambiar la pieza principal".
"Moviéndote como corresponde"
A sus palabras, González respondía, según laSexta: "Joder, estás ahí moviéndote
como corresponde". A continuación Arnaldo Alcubilla añadía: "Estoy moviéndome
para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", en clara referencia a
Consuelo Madrigal.
El 11 de noviembre del año 2016, Maza accede al cargo y tanto González como el
exvocal del Poder Judicial se muestran entusiasmados en sus conversaciones
grabadas por la UCO. Y González afirmaba: "Estamos contentos, ¿o no?" y
Alcubilla le respondía: "Estamos muy contentos, sí [...] cuando nos veamos te
contaré cómo se actuó en otra etapa anterior que es la que hay que seguir".
Después de conseguir al fiscal general de su gusto, González se interesa por
otros nombramientos. Y entonces Arnaldo Alcubilla asegura: "Hay que mover la
pieza principal y luego las dos que van al lado, la Fiscalía de la Nacional y la
Fiscalía Anticorrupción". Las nuevas designaciones, ya estaban preparadas, según
Arnaldo Alcubilla, que explicó a González: "Esa operación, que yo sepa, está
preparada; ahora es una garantía que siga Rafael porque ya se lo conoce".
Al final los dos elegidos al frente de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional
fueron Manuel Moix y Jesús Alonso, respectivamente. Precisamente, en una de las
conversaciones ya conocidas entre González y Zaplana, el primero explicaba al
exministro del Gobierno de José María Aznar su predilección por Moix.
"No me corto"
En la conversación Arnaldo Alcubilla, Ignacio González asegura que va a hablar
con el ministro de Justicia: "No soy quién, pero no me corto en decirle a Rafa:
oye Rafa, ¿sabes? Este ¿cómo se llama? Jesús, voy a ver si se lo puedo hacer
llegar". En la escucha, según laSexta, no se entiende el apellido, aunque al
final fue nombrado como fiscal jefe de la Audiencia el hasta entonces teniente
fiscal, Jesús Alonso.
El pasado 3 de noviembre le envió un mensaje que el propio González valoró:
"Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos". En una
conversación posterior de González con el presidente del Atlético de Madrid, el
expresidente madrileño le dice al empresario que recibió de Rafael Catalá un
"mensaje encantador" en el que hablaba de "terminar con los líos". Un día antes,
el 2 de noviembre, González había reclamado a la jueza de Estepona el
sobreseimiento.
Sin embargo, las conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, muestran la principal y lógica obsesión de González: el
procedimiento del ático de Estepona por el que está imputado por cohecho y
blanqueo de capitales junto a su mujer, Lourdes Cavero.
Cerezo, que asegura mantener con el ministro Catalá una relación fluida, asegura
a González que ve "con frecuencia por el tema del estadio, siempre se lo digo y
siempre, pero es que no se lo tengo que decir, que siempre lo recuerda él" se
felicita el empresario, que también está imputado en el caso del ático de
Estepona.
"Que lo estaban mirando"
En otra conversación, González vuelve a interesarse por su imputación: "¿Tienes
una noticia de algo?", le interpeló, a lo que Cerezo responde: "El otro día me
encontré con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando". Y en otro de los
pasajes de las conversaciones grabadas por la UCO el presidente del club
colchonero saca pecho por su influencia en el ministro: "¿Te acuerdas de que
dije yo lo de las acusaciones particulares [populares]? Le dije, no tenéis
cojones a quitar y tal. Lo van a quitar".
El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: Ojalá se cierren pronto
los líos El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: Ojalá se cierren
pronto los líos
Este desparpajo de Cerezo con el ministro Catalá llega hasta el punto, siempre
según las conversaciones hechas públicas por el programa Al Rojo Vivo de laSexta,
de asegurar a González que le va a preguntar por "las comisiones rogatorias".
Precisamente, este viernes infoLibre informa de que cuatro años después de que
la jueza de Estepona reclamara los primeros datos a las autoridades de Estados
Unidos, Reino Unido y Panamá sobre los verdaderos compradores del ático de lujo
que ahora es propiedad del expresidente madrileño, los continuos errores en las
peticiones de información han impedido saber si el testaferro mexicano Rudy
Valner adquirió desde el primer momento el dúplex para el matrimonio
González-Cavero.
Y el propio González, que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real la
noche del viernes al sábado, también arremetió en sus conversaciones con Cerezo
contra la jueza de Estepona Isabel Conejo: "Ahora, la niñata esta de mierda de
ahí abajo es una tonta del culo; pues claro y luego el otro, el fiscal, otro que
tal baila", dijo en una conversación con Enrique Cerezo, en una nueva referencia
de la jueza Isabel Conejo y el fiscal jefe de Málaga. Juan Carlos López
Caballero, que esta semana acudió a Madrid en un viaje de trabajo.
El fiscal superior de Málaga
González hace especial hincapié en la figura del fiscal López Caballero, que fue
el que reclamó en febrero de 2016 su declaración como imputado: "A ver si ahora
con este fiscal general más o menos se le pone en orden al de abajo. Ahora me
imagino que no estarán protegidos como antes", se jacta el expresidente, que en
otro momento de la conversación completa: "Bueno, de momento ahora está vacante
la Fiscalía Anticorrupción, tienen que nombrar un fiscal Anticorrupción".
Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción de Málaga estaba vacante desde la
salida del propio López Caballero, que pasó a ser fiscal jefe superior de la
provincia andaluza.
Asimismo, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en
la Comunidad de Madrid estaba muy interesado en otros movimientos en el poder
judicial: "Antes de poner a estos hijos de puta es mejor Marchena", en
referencia al magistrado del Tribunal Supremo conservador Manuel Marchena.
Además, y tal y como ha podido advertir este periódico, el juez que instruye en
la Audiencia Nacional la Operación Lezo, Eloy Velasco, destaca en el auto con el
que envía a González a prisión que uno de los principales responsables del Canal
de Isabel II con Ignacio González, en concreto Edmundo Rodríguez Sobrino,
realizó gestiones "para tratar de conocer las medidas solicitadas por la
Fiscalía a Suiza".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/las_maniobras_gonzalez_con_catala_fiscalia_los_jueces_64465_1012.html
LA UCO GRABÓ A GONZÁLEZ Y A SU HERMANA DIPUTADA INTENTANDO EVITAR LA OPERACIÓN
LEZO
Isabel, Ignacio y Pablo fueron grabados por la Guardia Civil en el despacho del
expresidente de la Comunidad de Madrid cuando intentaban frenar la operación
La diputada popular en la Asamblea de Madrid, Isabel González, conspiró con sus
hermanos Ignacio y Pablo para detener las repercusiones de la investigación
destapada por la operación Lezo, en la que se acusa al expresidente de madrileño
de liderar una trama de cobro masivo de comisiones irregulares. Según se
desprende de las escuchas practicadas por los investigadores de la Guardia
Civil, los tres se reunieron en el despacho del que fuera hombre fuerte de
Aguirre para montar una estrategia y evitar que las pesquisas judiciales
acabaran perjudicando a Ignacio González.
Los hermanos González intentaron frenar Lezo
Los hermanos organizaron un encuentro privado, celebrado en el bufete que abrió
el exhombre fuerte de Esperanza Aguirre tras quedar apartado de la política,
para hablar de la existencia de informaciones en prensa que les hicieron
sospechar de que las diligencias llevadas en secreto durante 18 meses por la
Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional estaban a punto de desencadenar
un operativo.
Ignacio, Pablo e Isabel decidieron quedar en la calle Alcalá 86 para evitar ser
indiscretos en sus conversaciones telefónicas, que presumían intervenidas
después de que alguien les avisara. El hermano mayor advirtió a la pequeña que
tuviera cuidado si llamaba y la diputada regional contestó: "Yo es que nunca le
llamo...¿sabes? Cuando quiero algo le llamo a casa, por eso", dicen las
grabaciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial.
Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto
de Haití
La Audiencia investiga operaciones del Canal no solo en Brasil, también en
Colombia, Panamá, República Dominicana y Haití. En este último, se llevó 21
millones en obras tras el seísmo de 2010
La cita se celebró el pasado 6 de marzo pasadas las siete y media de la tarde.
En la primera parte de una conversación a tres bandas que se prolongó durante
media hora y fue captada por los micrófonos de ambiente instalados en la sala,
Isabel González pregunta a sus hermanos "¿quién está en la poli ahora?" y se
interesa por el que parece ser el actual Director Adjunto Operativo de la
Policía (DAO), Florentino Villabona. También comentan que es José Antonio Nieto
quien ocupa la Secretaría de Estado de Seguridad. Pablo González se reunió con
él sólo dos días después, el 8 de marzo, en una visita que ha reconocido el
número dos de Interior que, eso sí, niega que se debatiera la investigación en
ciernes.
A continuación, los hermanos González pasan a tratar la información que les ha
puesto en alerta, publicada en 'La Gaceta', y en la que se anunciaba que Ignacio
González iba a ser noticia "por novedades judiciales que afectaban muy
directamente al político popular".
Rastreó el origen de una información en prensa
Según se desprende del contenido del sumario, Isabel, que ya había manifestado
su preocupación por lo publicado en una llamada, se ocupó de rastrear el origen
de esta noticia y de intentar averiguar el alcance de la información. Comunica a
sus hermanos lo que ha podido averiguar por 'Natali', una secretaria de Enrique
Ossorio, que la UCO identifica como el ex consejero de Economía y actual
portavoz del PP en la Asamblea, y por tanto, jefe de filas de Isabel González.
Los investigadores creen que Natalie había obtenido la información de Julen
Ariza, hijo del presidente del Grupo Intereconomía del que forma parte La
Gaceta, Julio Ariza, en una etapa en la Ariza junior estuvo vinculado a la
Consejería de Sanidad de la Comunidad. Un portavoz del grupo parlamentario del
PP en la Asamblea de Madrid quiere matizar que nunca ha habido una secretaria en
el grupo que responda al nombre de 'Natali' o Natalia.
Los negocios de Ignacio González: tarifa del 5%, testaferros y pelotazos
informáticos
El expresidente de la Comunidad de Madrid contactó con empresarios en los
últimos meses para ofrecerse como intermediario ante organismos de la
Administración regional
A Ignacio González parece extrañarle todo mucho. "¿Ariza salía con esa
información?", se pregunta y después menciona al exgerente del Canal de Isabel
II, Ildefonso de Miguel, que estaba relacionado con este grupo de comunicación.
"¿Ahí no sigue Ildefonso?", dice. Expresa a sus hermanos sus temores por los
datos que la prensa pueda tener y especula con que pueda tratarse del "tema de
Brasil" -en referencia a la adquisición en 2013 de Emissao- o "alguna
conversación". "Eso es lo que más que acojona a mí. Lo que va a salir por
teléfono. No creo que haya sido tan gilipollas, pero....", se lamenta. Isabel,
por su parte, parece inquieta por el uso que pueda hacer su hermano de los datos
que acaba de darle y le pide reiteradamente que "no meta en un lío" a la tal 'Natali'.
Trata también con sus hermanos otros de sus temores como unas conversaciones
mantenidas con el abogado uruguayo Fernando Belhot en la que le pedía
asesoramiento para constituir una sociedad sin que figurara en el registro. "Le
han tenido que decir algo muy gordo para que... espero....empiezo a ponerme en
lo peor", dice y recibe el apoyo de sus hermanos que le recomiendan que consulte
con su abogado "para que no le pille por sorpresa".
El escándalo de la Lezo que salpica a la familia González afecta de lleno a la
diputada regional que, además, está casada con otro de los principales
implicados en el entramado, Juan José Caballero, que evitó este martes el
ingreso en prisión tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez.
Es directivo de Mercasa y de otra de las empresas de la trama, Tecnoconcret.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-27/uco-grabo-ignacio-gonzalez-hermana-diputada-intentando-evitar-operacion-lezo_1373431/
UN JUEZ DEL TS PIDIÓ A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE
CONTRATADA POR GONZÁLEZ
El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la
Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para advertirle de que su esposa, la abogado
Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese
antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de
recusación por parte de los abogados de Ignacio González.
El juez del Supremo contactaba con el titular del Juzgado Central de Instrucción
número 6 en la mañana del pasado viernes, poco después de que el ex presidente
de la Comunidad de Madrid fuera detenido en su domicilio de Aravaca, en la
periferia de Madrid, como pieza principal de la denominada ‘operación Lezo’.
Marchena manejaba información de primera mano, obtenida de una periodista: la
esposa de Velasco, la abogada Beatriz Saura Alberdi, había conseguido, en
octubre de 2012, un contrato externo en un organismo adjunto de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad, por indicación directa del entonces recién
nombrado presidente de Madrid, Ignacio González, a quien una persona próxima al
juez de la Audiencia Nacional le había pedido el favor, según ha podido saber
OKDIARIO. Paradójicamente, seis años después, el empleador de la esposa del
magistrado, se sentaba ante él como reo y, horas después, era conducido en un
furgón a la cárcel de Soto del Real.
Se daba la curiosa circunstancia de que Marchena, el ponente de la sentencia del
Tribunal Supremo que apartó de la carrera judicial a Baltasar Garzón, advertía a
Velasco sobre las intrigas en torno a su mujer, que durante un tiempo, cuando se
quedó sin trabajó, probó suerte como abogada en el despacho del ex magistrado
inhabilitado de la Audiencia Nacional.
Algunos medios periodísticos han adjudicado la contratación de la abogada
alicantina al ex consejero Salvador Victoria, sin embargo en aquella fecha,
desde un mes antes, ya era consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz,
cargos en los que se mantuvo hasta junio de 2015. Entonces, se vio obligado a
dimitir por las investigaciones del juez Velasco en el ‘caso Púnica’. El número
dos de González fue imputado por el magistrado por pedir, supuestamente, a la
empresa INDRA que saldara una deuda de 10.000 euros que la Comunidad de Madrid
mantenía con uno de los detenidos en la operación policial. El consejero desde
el primer momento negó la acusación, aunque dimitió para no afectar las
negociaciones entre el PP y Ciudadanos.
En octubre de 2012 el consejero de Asuntos Sociales era Jesús Fermosel, hoy día
senador por designación de la Comunidad de Madrid.
Salvador Victoria, ex consejero de Asuntos Sociales y de Presidencia y Justicia,
se negó a confirmar ni desmentir a OKDIARIO la relación laboral de la esposa de
Velasco con la Consejería de la Comunidad de Madrid: “Desde que dejé la política
he decidido no hacer declaraciones y no voy a romper ahora ese compromiso“,
señaló.
Avisó al juez Velasco
El magistrado del Supremo se decidió a llamar a su compañero de la Audiencia
Nacional, “única y exclusivamente, para advertirle de que la prensa ya tenía esa
información en su poder y que podía tener problemas por los antecedentes de la
contratación”, según fuentes judiciales. Las mismas fuentes niegan la intención
por parte de Marchena de presionar o influenciar en Velasco. Además, habría sido
una labor infructuosa pues el titular del Juzgado número 6, nacido en Bilbao,
tiene fama entre sus compañeros de judicatura de ser una persona trabajadora,
insobornable y tozuda.
El magistrado de la Audiencia Nacional recibió con cierta preocupación la
llamada de su compañero del edificio vecino del Supremo, en la otra esquina de
la Plaza de París, por lo que algunos pudieran estar cociendo a sus espaldas,
pero no le cogió por sorpresa. Los agentes de la UCO de la Guardia Civil ya le
habían puesto sobre aviso. En una de las conversaciones de González,
intervenidas por la Guardia Civil, el ex presidente aseguraba a su interlocutor
que el juez Velasco estaba contaminado porque su esposa había trabajado para la
Comunidad de Madrid, siendo él presidente.
Con la advertencia de la UCO y de su compañero del Supremo, Velasco se reservó
un movimiento de ficha por sorpresa. Antes de iniciar el interrogatorio, le
preguntó a González: “¿Hemos comido usted y yo alguna vez?”. Y el ex presidente
de la Comunidad de Madrid, sorprendido con la pregunta, le contestó: “No”. Y el
magistrado insistió: “¿Cree usted que existe alguna incompatibilidad que pudiera
propiciar la recusación de este juez?”. La respuesta fue también negativa.
Tras ese arranque y el posterior interrogatorio, ni los fiscales anticorrupción
ni Ignacio González se sumaron a la solicitud de ninguna medida de recusación.
Beatriz Saura Alberdi, la esposa de Velasco, es una prestigiosa abogada que
copreside la sección de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de
Madrid. También es directora de penal y compliance en el despacho Legal y
Económico, dirigido por Pedro Martín Molina. Con anterioridad ha sido fiscal
sustituta de Madrid durante cuatro años y secretaria judicial en la Audiencia
Nacional. La letrada ha escrito a medias con Velasco el libro “Cuestiones
Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance“, el
cumplimiento de las normativas internas de las corporaciones, mediante el código
de buenas prácticas.
https://okdiario.com/investigacion/2017/04/27/juez-del-ts-pidio-velasco-inhibiera-recordarle-mujer-fue-contratada-gonzalez-946438
EL DENUNCIANTE DEL JUEZ VELASCO PIDE QUE SE INVESTIGUE SI HABLÓ CON SALVADOR
VICTORIA PARA COLOCAR A SU MUJER
El abogado José Luis Mazón amplía la denuncia disciplinaria interpuesta en el
Consejo General del Poder Judicial.
El abogado José Luis Mazón, en representación del partido Contrapoder, ha
presentado en el Consejo General del Poder Judicial una ampliación de la
denuncia interpuesta contra el juez central de instrucción de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco, instructor de las operaciones Púnica y Lezo, en relación
a una supuesta actuación del magistrado ante la Comunidad de Madrid pidiendo la
contratación de su esposa, abogada de profesión.
La denuncia inicial se basaba en una conversación interceptada al expresidente
de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los investigadores de la
operación Lezo, en la que el político habría hecho alusión a supuestas
peticiones del juez Velasco para que se colocara a su mujer. De ser acreditadas,
sostiene, el instructor podría haber incurrido en faltas disciplinarias de
"abuso de la condición de juez" e incumplimiento del deber de abstención. El
promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ya
ha pedido un informe al magistrado sobre esos extremos.
Este martes Mazón ha presentado en el órgano de gobierno de los jueces un nuevo
escrito en el que precisa que el puesto al que accedió la mujer de Velasco fue
el de fiscal sustituta y señala que "la persona con la que el magistrado
gestiona la contratación de su esposa es el consejero de Presidencia y Justicia,
Salvador Victoria (2012-2015), hoy imputado-investigado en la operación Púnica a
cargo del mismo juez".
Victoria fue también portavoz del Gobierno presidido por Ignacio González en ese
mismo trienio. Según el nuevo escrito de Contrapoder, los contactos de Velasco
no habrían sido con el entonces jefe del Gobierno regional madrileño sino con su
consejero de Justicia, gestor de las competencias transferidas en esta materia.
El denunciante solicita que el informe pedido a Velasco se amplíe a sus
supuestos contactos con Salvador Victoria.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170509/214729015_0.html
EL CGPJ INVESTIGARÁ SI EL JUEZ VELASCO SOLICITÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO
GONZÁLEZ
El promotor de la Acción Disciplinaria pide un informe al juez y excluye un
posible chivazato a González por una magistrada
La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una
conversación telefónica intervenida a González en las que este se asombra de la
conducta del juez
El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) ha incoado diligencias informativas sobre la denuncia realizada por el
partido Contrapoder para aclarar si el juez de la Operación Lezo, Eloy Velasco,
habría solicitado un trabajo para su mujer Beatriz Saura al expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien ha encarcelado por su presunta
implicación en esta trama corrupta.
Según el acuerdo del 4 de mayo de 2017 y al que ha tenido acceso Europa Press,
el promotor del CGPJ, Antonio Jesús Fonsceca-Herrero, pide un informe al propio
titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los hechos
denunciados. También excluye de las diligencias el chivatazo que dio una
magistrada al exdirigente madrileño de que estaba siendo investigado, aunque
deduce testimonio para que se investigue si se cometió algún delito.
Precisamente, la denuncia presentada el pasado 26 de abril señala que el
instructor del caso Lezo preguntó a González –antes de tomarle declaración como
investigado– si consideraba que debía abstenerse de la causa, dada a la
existencia en el sumario de una grabación en la que el expresidente de la
Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a la esposa del
magistrado a petición de éste.
La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una
conversación telefónica intervenida a González en las que el exmandatario
madrileño se asombra de la conducta del magistrado, ya que éste le habría pedido
en una ocasión que contratara a su esposa. Dicha contratación efectivamente se
produjo, como prestadora de los servicios jurídicos para la Consejería de
Asuntos Sociales. Tanto González como su letrado rechazaron entonces que esta
circunstancia comprometiera la objetividad del magistrado, por lo que la
declaración siguió adelante.
Según dice Contrapoder en la denuncia, de haberse producido "el hecho de pedir
un juez a un político que contrate a su mujer estaríamos ante un delito de
cohecho impropio y también ante una falta disciplinaria de carácter muy grave"
prevista en el artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) . En
concreto, se trataría de "abuso de la condición de juez para obtener prebendas
de autoridades o profesionales", según los denunciantes.
La formación política considera que Velasco debería haberse abstenido de la
investigación de este caso "por estar comprometido en el deber de devolver el
favor que le hizo el investigado a su familia contratando a su mujer en la
entidad pública que dirigía".
Por otro lado, el Promotor excluye de esa petición de informe otros hechos
denunciados como "conexos" referidos a un posible chivatazo a González y otros
implicados en la operación Lezo por parte de una magistrada de que estaban
siendo investigados. Según Fonseca-Herrero, estos hechos "no guardan relación de
ningún tipo con el objeto real de la denuncia".
Aún así, cree que sí "parecen estar relacionados con el objeto del proceso
penal" que investiga Velasco, por lo que afirma que se deducirá testimonio "por
si los mismos pudieran constituir algún tipo de infracción penal".
Para Contrapoder esta filtración supone la comisión de un delito de revelación
de secretos, ya que la magistrada "amiga de la casa" que advirtió al
expresidente de la Comunidad de Madrid del pinchazo de su teléfono, "tuvo que
recibir la información de persona directamente implicada en la investigación",
haciendo alusión a Velasco.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/08/el_cgpj_investigara_juez_velasco_solicito_trabajo_para_mujer_ignacio_gonzalez_64774_1012.html
DENUNCIAN ANTE EL CGPJ AL JUEZ VELASCO PARA DETERMINAR SI PIDIÓ A GONZÁLEZ QUE
COLOCARA A SU MUJER
El partido Contrapoder cree
que, de ser cierto, constituiría una falta muy grave por "abusar de la condición
judicial".
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, órgano de
gobierno de los jueces, tendrá que pronunciarse sobre la trascendencia de una
supuesta actuación del instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien,
de acuerdo con una conversación interceptada durante la Operación Lezo, habría
pedido a Ignacio González que colocara a su esposa en la Comunidad de Madrid.
González, ex presidente del Gobierno madrileño, está en prisión desde el pasado
viernes por orden de Velasco.
El abogado José Luis Mazón, en representación del partido político Contrapoder,
ha presentado este miércoles una denuncia ante el CGPJ para que esta institución
determine si el hecho es cierto y si, en ese caso, Velasco podría haber
incurrido en una falta muy grave consistente en "el abuso de la condición de
juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades,
funcionarios o profesionales" (artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Toda denuncia sobre la actuación de un juez debe ser objeto de un informe de la
jefa del Servicio de Inspección, Esperanza Córdoba, en el plazo de un mes.
Habitualmente se pide al juez afectado que exponga las consideraciones que desee
sobre la denuncia y luego la Inspección decide si procede el archivo, la
apertura de diligencias informativas para realizar más averiguaciones o la
apertura directa de un expediente disciplinario.
La denuncia de Contrapoder se basa en la información publicada por EL ESPAÑOL en
la que se daba cuenta de que el instructor de la Operación Lezo se ofreció a
abandonar la investigación sobre Ignacio González momentos antes de tomarle
declaración dada la existencia de una grabación interceptada por la Guardia
Civil. En ella, el expresidente de Madrid aseguraba que Velasco podría estar
contaminado para investigarle, ya que la Comunidad, con González al frente,
contrató a la esposa del juez, que es abogada, para que prestara servicios
legales tras una presunta petición del magistrado. No obstante, ni Ignacio
González, ni su defensa ni la Fiscalía vieron motivo alguno de abstención o
recusación.
La denuncia se centra en si esa petición pudo tener lugar realmente. "Si existe
esa grabación y su mujer ha sido efectivamente contratada, lo que parece que es
cierto, que lo ha sido dentro del organigrama de la Consejería de Asuntos
Sociales dependiente del Gobierno presidido entonces por González, los hechos
son gravísimos", sostiene el denunciante.
En su opinión, si un juez pide a un político trabajo para su mujer
"evidentemente tiene interés directo o indirecto en devolverle el favor y se
tiene que abstener a la fuerza".
Apariencia de imparcialidad
"Velasco se ofrece a apartarse si se lo pide el propio presunto patrocinador del
empleo de su mujer, como si la apariencia de imparcialidad fuera cosa
dependiente de que él quiera o de que lo pida el encausado, que puede tener
interés en que más adelante le devuelva el favor. La prisión incondicional no
lava la presunta acción del juez pidiendo empleo para su mujer a quien luego
instruye causa penal", añade la denuncia, que considera que la posible
infracción disciplinaria estaría en "colocar el juez a la mujer valiéndose de
sus influencias profesionales".
La denuncia recuerda también que del Juzgado Central de Instrucción número 6
pudo salir el 'chivatazo' de que Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino
tenían interceptadas sus comunicaciones meses antes de que se produjeran sus
detenciones.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170426/211479469_0.html
ESPERANZA
AGUIRRE DIMITE DE TODOS SUS CARGOS PÚBLICOS
La expresidenta de la
Comunidad de Madrid deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid
"Tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades. Por eso dimito",
ha afirmado Aguirre, que estaba bajo el punto de mira de todos los grupos
políticos desde el arresto de Ignacio González, sucesor de la dirigente popular
en la Comunidad de Madrid y su estrecho colaborador, por un supuesto caso de
desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II. "Me siento
engañada y traicionada por Ignacio González. No vigilé lo que debía", ha dicho
la expresidenta de la Comunidad de Madrid en una breve comparecencia ante los
medios de comunicación.
"Mi manera de concebir la política como servicio a España y a los ciudadanos me
lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a
Ignacio González, por no haber descubierto antes lo que ahora ha descubierto la
Guardia Civil y el Juez", ha reconocido la ya exportavoz del PP en el
Ayuntamiento de Madrid.
La corrupción se ha convertido en "un problema central" de la política española,
ha puntualizado la popular. "Para luchar contra ella no es suficiente la acción
de la justicia, siempre rigurosa pero demasiado lenta. Los ciudadanos tienen
derechos a exigir que los políticos asumamos todas las responsabilidades con
dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Tengo como norma de conducta no eludir
nunca mis responsabilidades", ha afirmado antes de salir de la sala de prensa
abarrotada de cámaras y periodistas.
Unos minutos antes Aguirre envió un sms al presidente del gobierno, Mariano
Rajoy, que estaba reunido con el presidente de Brasil, Michel Temer, que iba a
presentar su dimisión, según han explicado fuentes del PP a EL PAÍS. Sin hablar
directamente con Cristina Cifuentes, la popular decidió utilizar un método
parecido al empleado en 2016 cuando renunció a liderar el PP madrileño. Su
número dos, Íñigo Henríquez de Luna, habló con Fernando Martínez-Maíllo,
vicesecretario general de organización del PP, para comunicárselo oficialmente.
Entre 2003 y 2012, Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid. En este
periodo González ejerció de mano derecha de la dirigente popular, controlando el
Canal de Isabel II. En 2012, Aguirre dejó la presidencia de la Comunidad de
Madrid "por motivos personales" y González, su segundo, la sustituyó hasta el
año 2015. El pasado 20 de abril, el expresidente de la Comunidad de Madrid fue
arrestado junto a otros 11 sospechosos por participar en una presunta red de
corrupción investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)
y dirigida por el juez Eloy Velasco. A partir de ese momento, recibió presiones
tanto dentro como fuera del PP para que reflexionara sobre su continuidad.
En febrero de 2016, Aguirre ya dejó la dirección del PP madrileño por su
"responsabilidad política in vigilando" ante distintas imputaciones de
corrupción por el caso Púnica de dirigentes del partido en su comunidad. Algunos
dirigentes del PP invocaron ese mismo principio para forzarla a presentar la
dimisión. La trama Púnica involucró a Francisco Granados, antiguo número dos del
PP en la Comunidad de Madrid, arrestado en octubre de 2014 por estar
supuestamente implicados en una red de corrupción que adjudicó servicios
públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y
comisiones ilegales.
Durante los años de gobierno de la región, Aguirre y sus más estrechos
colaboradores hicieron de la Comunidad de Madrid el laboratorio de corte más
liberal del Partido Popular. Los arrestos de Granados y González han sido
determinantes para que Aguirre tomara la decisión de dejar el acta de concejal.
En 2015, la dirigente volvió a la política activa para liderar la lista del PP
en las elecciones municipales. Tras la llegada a la alcaldía de Manuela Carmena
(Ahora Madrid), gracias al apoyo del PSOE, la popular lideró la oposición al
gobierno local. La misma Carmena sostuvo la semana pasada que, a raíz de la
relación de Aguirre con varios imputados en numerosas supuestas tramas
delictivas, su continuidad como concejal tenía que ser cuestionada.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/24/madrid/1493024718_660049.html
EL
PP RECIBIÓ VARIAS DENUNCIAS SOBRE GONZÁLEZ Y NO INVESTIGÓ NADA
Jesús Gómez, diputado regional y exalcalde de Leganés, advirtió sin éxito tres
veces a Aguirre y dos al equipo de Rajoy
La dirección nacional del PP recibió desde finales de 2014 varias denuncias
sobre cuentas ocultas en Suiza del expresidente madrileño Ignacio González y no
investigó ni denunció nada. Mariano Rajoy esperó a que fuera Esperanza Aguirre
la que le apartara de repetir en la candidatura a la Comunidad de Madrid pero no
lo hizo. Un diputado del PP madrileño, Jesús Gómez, relató este miércoles las
advertencias que formuló en ese tiempo a Aguirre y al equipo de Rajoy contra
González. Otra denuncia anónima convenció a Rajoy en febrero de 2015 de que
debía desprenderse de González y nominó a Cristina Cifuentes.
Las derivadas políticas de la Operación Lezo han anegado al PP y a la Comunidad
de Madrid de sospechas de corrupción en toda la etapa de gobierno de Ignacio
González, es decir desde que relevó a Esperanza Aguirre en septiembre de 2012.
Pero sus responsabilidades alcanzan de lleno a la dirección nacional del partido
presidido por Mariano Rajoy tras admitir públicamente también este miércoles dos
de sus principales cargos en el PP en 2014, Carlos Floriano y Juan Carlos Vera,
que recibieron denuncias contra González y no pudieron o supieron hacer nada.
El actual diputado popular en la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, exalcalde de
Leganés (190.000 habitantes) en la anterior legislatura, puso primero nombres,
apellidos y fechas a varias advertencias que él mismo formuló sobre posibles
cuentas en Suiza de González tanto a Aguirre como a la cúpula del PP más próxima
a Rajoy. Gómez avanzó primero en El Mundo su malestar con el partido por no
hacerle caso y este miércoles ratificó que entre abril de 2014 y comienzos de
2015 alertó varias veces a la propia Aguirre y a responsables nacionales del PP
de la cuenta suiza de González.
Jesús Gómez hubo un tiempo que mantuvo buenas relaciones con Aguirre, porque le
hacía discursos y tenía buena opinión intelectual sobre él y le designó para la
alcaldía de Leganés en 2011. Pero Aguirre no fue receptiva a sus avisos, que le
repitió tres veces entre abril y verano de 2014, y los interpretó como suele ser
habitual en estos casos: como la reacción desesperada de un rebotado al que se
iba a apartar de la candidatura municipal. González ya le había avanzado que no
iba a repetir.
Gómez decidió entonces actuar por elevación y llamó al secretario nacional de
Organización del PP, Juan Carlos Vera, para pedirle una cita fuera de la sede de
Génova 13 porque desconfiaba de posibles actuaciones de González. Vera le citó
en el Congreso de los Diputados en la tarde del martes 25 de noviembre de 2014.
Gómez le reiteró las mismas ideas: que González tenía una cuenta en Suiza y le
explicó que Aguirre no quería hacer nada porque confiaba ciegamente en su número
dos. Vera no le dejó entonces que le enseñara el número bancario porque quería
tener testigos de la denuncia ante la gravedad de los hechos y le volvió a
convocar al día siguiente pero en el despacho de su jefe, el entonces
vicesecretario nacional de Organización, Carlos Floriano.
Gómez reiteró a Floriano lo que le había anticipado a Vera, enseñó un número de
una cuenta, que él atribuyó al Anglo Irish Bank de Suiza, pero en el papel no
venía siquiera el nombre de González. En esa reunión se explayó, sobre todo, en
sus problemas políticos en Leganés, en el boicot que sentía con González
(entonces secretario general del PP madrileño tras la detención y
encarcelamiento de Francisco Granados) y pidió ayuda para superarlo. Floriano le
informó de que las candidaturas locales las aprobaba y ratificaba la dirección
regional sin intervención alguna de la nacional.
El encuentro acabó y los representantes del PP nacional no dieron crédito ni a
la denuncia sobre la cuenta (por falta de datos fiables y ahora sostienen que
por su incapacidad para investigar más internamente) ni tampoco a Gómez, al que
atribuyeron intereses políticos para seguir en el cargo. Gómez sí añadió en esa
charla que la información sobre la cuenta Suiza le había llegado a través del
abogado Gonzalo Boyé, entonces contratado por el ayuntamiento de Leganés para un
pleito sobre corrupción y que había tenido acceso a la misma a través de
investigaciones por su papel en el sumario del caso de los papeles de Bárcenas.
Gómez aclaró este miércoles que a esa cuenta Suiza llegó el cheque de 1,4
millones de euros de una subsidiaria de OHL en Latinoamérica. En el PP aseguran
que nunca les dio a ellos esa información.
En cualquier caso, Carlos Floriano no abrió una investigación interna, no acudió
ni a la fiscalía ni al juzgado ni elevó el asunto, según aseguró este miércoles
en el Congreso, ni a su superior directa, Dolores de Cospedal, ni a Mariano
Rajoy. Consideró la información “más o menos habitual del periodo previo a la
formación de las listas” y casi un chascarrillo. Sí pidió una entrevista con
González, acudió a su despacho en la Puerta del Sol y le informó de que les
había llegado una denuncia sobre una cuenta en Suiza. González reaccionó airado,
mencionó de entrada el nombre de Gómez y le descalificó. El PP no hizo nada más.
A los pocos días, el 13 de diciembre, Esperanza Aguirre e Ignacio González se
encontraron con Floriano y Vera en una cumbre de presidentes autonómicos del PP
en La Granja (Segovia) sobre la Constitución que presidió Rajoy. Se abalanzaron
sobre ellos y les reprendieron por dar pábulo a Gómez. Aguirre añadió, además,
que el propio denunciante estaba arrepentido e iría al partido a retirar sus
acusaciones. Dos días después, el 15 de diciembre, Gómez acudió efectivamente a
ver a Vera y le precisó que él no podía acreditar nada pero que la información
le había llegado por varias fuentes distintas y pidió que fuera el partido el
que indagara más. El PP no lo hizo.
Gómez niega ahora que en su afán hubiera entonces o ahora ningún interés
electoral. En aquel final de 2014 estaban por decidir los candidatos locales y
el aspirante a la Comunidad de Madrid a las elecciones de mayo de 2015. Gómez
anhelaba seguir en Leganés y González en la presidencia regional. Pasaba el
tiempo y ninguno era ratificado. Fuentes de la dirección del PP confirman que
Rajoy aguardaba a que Aguirre convenciera a González para que abandonase
voluntariamente. Nunca se llevaron bien. En 2008, en plena disputa para el
polémico congreso de Valencia donde Rajoy se jugó su futuro ante los amagos de
Aguirre y la derecha mediática, González le retó incluso en un violento comité
ejecutivo.
En febrero de 2015 llegó a Génova 13 otra denuncia anónima sobre otra cuenta
Suiza de González. Vera se encargó de nuevo del caso y volvió a llamar a Jesús
Gómez para cotejar las dos cuentas. Sus números no coincidían pero Rajoy
aprovechó la reincidente sospecha para sentenciar políticamente al expresidente
madrileño hoy en la prisión de Soto del Real.
Floriano y Vera, preguntados este miércoles por su participación en esos
encuentros, les restaron trascendencia y se remitieron al argumentario oficial
del PP que destaca que lo importante de este caso es que González no fue
candidato y Cifuentes fue la que lo denunció ante la Fiscalía. Así lo subrayó
Floriano: "Aquí ni se tapa ni se encubre a nadie sino que afortunadamente
funciona el Estado de derecho. González no fue candidato y sí lo fue Cifuentes,
y todo lo relacionado con la Operación Lezo sale a raíz de una denuncia que
presenta la Comunidad de Madrid que preside Cifuentes". Vera destacó que el PP
no actuó porque no tenía "datos que pudiéramos contrastar". El consejero de
Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, incidió en esa línea:
"Quien tenga información que uno cree relevante debe ponerlo en comunicación de
personas que puedan tomar una decisión en el partido o por supuesto si ve un
hecho delictivo, como hicimos nosotros, llevarlo a la Fiscalía o a los
tribunales".
Una semana más tarde de la elección en marzo de 2015 de Cifuentes en detrimento
de González, el exregidor se autoproclamó de nuevo candidato a la alcaldía de
Leganés, sin esperar al comité electoral del PP de Madrid y en una clara muestra
de desafío a Aguirre. El 25 de marzo se confirmó que la cabeza de lista en
Leganés sería María Eugenia Carballedo, entonces diputada regional y
viceconsejera de Empleo del Gobierno madrileño, en lugar de Gómez. Carballedo es
en la actualidad diputada en la Asamblea de Madrid tras renunciar como portavoz
popular en la ciudad, donde gobierna el PSOE.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/26/actualidad/1493207220_107051.html
EL PSOE Y CIUDADANOS SE UNEN PARA REPROBAR Y PEDIR EL CESE DEL FISCAL GENERAL
DEL ESTADO Y DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
Plantean que la Cámara baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo por
incumplimiento "grave y reiterado" de sus funciones
Además, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites
para hacer efectiva su destitución
El PSOE y Ciudadanos han sumado fuerzas para que el Congreso repruebe tanto al
fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, por sus "maniobras" para "obstaculizar
e impedir la actuación de los fiscales" frente a determinados casos de
corrupción, como al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por su
"respaldo" a esas "inaceptables actuaciones", y para exigir al Gobierno que
destituya a ambos.
En una proposición no de ley registrada conjuntamente en el Congreso para su
debate en el Pleno, PSOE y Cs plantean que la Cámara Baja inste al Gobierno a
apartar a Maza del cargo "por incumplimiento grave y reiterado de sus
funciones". Asimismo, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie
los trámites necesarios para hacer efectiva su destitución.
Concretamente, el texto registrado este miércoles se refiere a la operación
Lezo, en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González por su actuación presuntamente delictiva en el Canal de Isabel II, a la
investigación que afecta al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y al
caso del tres por ciento en Cataluña.
En opinión de socialistas y ciudadanos, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada "ha realizado actuaciones
inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de
determinadas causas judiciales contra la corrupción".
En relación con la operación Lezo, indican que Moix ha dado "instrucciones
contrarias a la realización de determinados registros", provocando que los
fiscales del caso invocaran el mecanismo que prevé el artículo 27 de su Estatuto
Orgánico ante órdenes o instrucciones que consideren contrarias a las leyes o
improcedentes.
También destacan que el fiscal anticorrupción "intentó impedir que se
prorrogaran las escuchas a los investigados" y que se han hecho públicas
"determinadas maniobras" para trasladar a otro destino a uno de los fiscales
encargados de la causa en la que se desarrolló la operación.
Mientras, el fiscal general del Estado, "en lugar de garantizar el sometimiento
del Ministerio Público al principio de legalidad y preservar la posición de los
fiscales encargados, ha venido respaldando esas actuaciones" de Moix, dice la
proposición no de ley.
Caso del 3% e investigación al presidente murciano
Sobre la investigación a Pedro Antonio Sánchez en Murcia en relación con la
construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este
municipio, el PSOE y Ciudadanos recuerdan que Maza "impidió que el Ministerio
Público le acusara" a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para
imputarlo.
Por último, censuran la reciente decisión de relevar a los fiscales encargados
desde hace años del caso del tres por ciento, relativo al cobro de comisiones
ilegales por parte de Convergència i Unió en la adjudicación de obras públicas
en Cataluña.
PSOE y Ciudadanos consideran "absolutamente inadmisible" que quienes están
constitucionalmente encargados de promover la acción de la justicia en defensa
de la legalidad realicen este tipo de actuaciones, "poniendo bajo sospecha a la
propia institución del Ministerio Público", especialmente en las causas
judiciales que se siguen por delitos de corrupción y en las que están implicadas
"personas que han ocupado relevantes cargos públicos".
Blanquear la corrupción del PP
En declaraciones en el Congreso, el diputado de Cs y vicepresidente primero de
la Cámara, Ignacio Prendes, ha manifestado que, a juzgar por las informaciones
conocidas en los últimos días, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General
del Estado y, especialmente, la Fiscalía Anticorrupción están haciendo una
"obstrucción de la labor de combate y de investigación de la corrupción".
En cuanto a Moix, ha dicho que en vez actuar frente a las prácticas corruptas,
"parece más interesado en poner trabas y obstáculos al trabajo de sus propios
fiscales", a quienes Prendes ha elogiado por su "labor de defensa y protección
de las instituciones democráticas, absolutamente necesaria". Además, le ha
acusado de intentar "descafeinar" las investigaciones y "blanquear la corrupción
del PP".
PSOE y Ciudadanos se unen para reprobar y pedir el cese del fiscal general del
Estado y del fiscal anticorrupción El diputado de Ciudadanos ha subrayado que en
un momento como el actual, no se puede permitir que la Fiscalía General del
Estado y la Fiscalía Anticorrupción sufran una "pérdida de credibilidad" como
consecuencia de estos hechos.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/psoe_ciudadanos_unen_para_reprobar_pedir_cese_del_fiscal_general_del_estado_del_fiscal_anticorrupcion_64360_1012.html
COLECTIVOS Y PARTIDOS POLÍTICOS SE QUERELLAN CONTRA AGUIRRE POR ENCUBRIMIENTO EN
EL MARCO DE LA 'OPERACIÓN LEZO'
IU, Equo y varios colectivos ponen el foco también en el exministro Eduardo
Zaplana, al que acusan, junto a Aguirre, de "maniobrar" para encubrir" los
delitos cometidos por Ignacio González
También se querellan contra el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio
Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos
Izquierda Unida, Equo, Ecologistas en Acción y varios colectivos –Los Verdes,
Paz con Dignidad, Attac Madrid, Asociación Anticapitalistas, Fravm y el
Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí– han presentado este
miércoles una querella criminal ante el juzgado de Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exconcejal
del Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de
Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; y el exministro Eduardo Zaplana,
entre otros. Se suman de esta manera a la causa abierta en el marco de la
operación Lezo.
En el escrito, facilitado a los medios de comunicación, acusan a la también
expresidenta del PP de Madrid –entre 2004 y 2016–, y a la cúpula de la formación
conservadora, de "maniobrar" para encubrir "los delitos cometidos" por el
expresidente Ignacio González y "sus criminales cooperadores". "Existen
evidentes elementos de que esta labor de encubrimiento ha podido ser cometida
por Esperanza Aguirre Gil de Biedma además de por los señores Álvaro Lapuerta
–tesorero del PP entre 1990 y 2008–, Luis Bárcenas –gerente en el mismo periodo
de tiempo y tesorero entre 2008 y 2012– o Eduardo Zaplana", recoge la querella,
presentada por vía telemática.
El texto judicial acusa a los mencionados de haber puesto "los medios
necesarios" para evitar que el escándalo que rodeaba a Ignacio González, y que
ha terminado con el expresidente madrileño entre rejas, "aflorase a la opinión
pública y de ello tuvieran conocimiento las autoridades judiciales". Con su
actuación, continúa, se ha facilitado "durante estos últimos meses" que se "haya
podido ocultar la documentación y diversas pruebas, así como diversas cantidades
de dinero B obtenidas por la trama".
En este sentido, afirman que "existe constancia" de que tanto Lapuerta como
Bárcenas tenían conocimiento, desde 2007, del supuesto pago de una comisión de
1,4 millones de euros de OHL a González por la adjudicación del tren que iba a
unir Móstoles Central y Navalcarnero. Una información que también tenía el ex
alcalde de Leganés Jesús Gómez y que había puesto en conocimiento de varios
dirigentes del PP, tanto regional como nacional, según ha afirmado este
miércoles en una entrevista en el diario El Mundo.
"Sin que por su parte o del propio partido se diese cuenta a las autoridades
judiciales dadas la gravedad de los hechos", recoge la querella. Como tampoco
consta, continúa el escrito, que Aguirre pusiera "en manos de la justicia
información o documentación" sobre las actividades "ilícitas" llevadas a cabo
por "su mano derecha" a pesar de que existen "indicios" de que la expresidenta
de la Comunidad de Madrid "tenía supuestamente pleno conocimiento" de la
información manejada por Lapuerta, Bárcenas y Gómez sobre González "y la
organización criminal que él encabezaba".
"Así como fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas
llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su secretario general al
tiempo que era presidenta del PP de Madrid", prosigue. Por todo ello, los
querellantes consideran que existen "sobrados elementos indiciarios" para que
Aguirre comparezca en sede judicial como investigada "para responder sobre su
participación, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las
actividades ilícitas".
Revelación de secretos
Izquierda Unida, Equo y el resto de colectivos también incluyen en la querella
al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que
acusan de un delito de revelación de secretos. Su nombre ha sido incluido
después de que el pasado domingo se revelara que Pablo González, hermano del
expresidente madrileño y otro de los detenidos y encarcelados en el marco de la
operación Lezo, se había reunido el 8 de marzo con el número dos del Ministerio
del Interior al sospechar que estaban siendo investigados.
Una reunión en la que, según la cartera dirigida por Juan Ignacio Zoido, "no
hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de
investigación". Sin embargo, los querellantes consideran que podría haber
incurrido en un delito de revelación de secretos y señalan el "relevante daño
para la causa pública" que genera "divulgar una información de esa índole" dado
que se trata de "obstaculizar, entorpecer o bloquear" la investigación policial
de un delito, "menoscabando así la prestación de un servicio público de suma
importancia para el bien de la comunidad".
En esta línea, también muestran en el escrito judicial su preocupación por el
supuesto 'soplo' que salió de "una magistrada amiga de la casa", tal y como,
según publicó El Español, se recoge en una de las conversaciones entre Ignacio
González y Eduardo Zaplana intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil. "El comunicar a una persona, que sabe de su implicación en
operaciones de investigación de blanqueo de capitales y otros delitos muy
graves, sí ocasiona un perjuicio a la causa pública ya que permite adoptar al
implicado precauciones más intensas y eficaces", sostiene el escrito presentado
ante la Audiencia Nacional.
Villar Mir y el PP de Madrid
Sin embargo, Aguirre, Zaplana, Lapuerta, Bárcenas y Nieto Ballesteros no son los
únicos querellados. IU, Equo y el resto de colectivos también han puesto el foco
sobre ocho nombres más: Ignacio González; su hermano Pablo; el expresidente de
Inassa Edmundo Fernández Sobrino; el gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de
Miguel; el exdirector de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM)
José Martínez Nicolás; el presidente de La Razón Mauricio Casals; el exconsejero
de OHL Javier López Madrid, y el presidente de la compañía, Juan Manuel Villar
Mir, sobre quien el juez Eloy Velasco ya ha pedido información.
En relación con la constructora, que recuerdan que "dicha empresa y su
presidente ya aparecen en los manuscritos atribuidos a Bárcenas como
financiadores del PP", los querellantes creen que existen "indicios más que
suficientes" de que "los pagos efectuados por las empresas a la trama criminal
y/o al PP son el fruto de conversaciones previas entre empresa y dirigentes del
partido o las instituciones públicas controladas por él, en las que las partes
se concertaron para perfeccionar el delito de tal forma que el pago era la
contrapartida a que desde el poder político se realizasen concesiones a las
empresas financiadoras".
A lo largo de las 84 páginas de querella, se argumenta la posible comisión de un
total de 13 delitos: organización criminal; malversación de caudales públicos;
alteración de precio en concursos y subastas públicas; receptación y blanqueo de
capitales; cohecho; apropiación indebida; prevaricación; tráfico de influencias;
delitos contra la Hacienda pública; fraude y exacciones ilegales; encubrimiento;
falsedad y apropiación indebida de fondos electorales; y revelación de secretos.
De todos ellos, "fácilmente se pueden imputar" al PP de Madrid, contra el que
también se querellan, "cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de
capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un
delito electoral". "A la par, este modo de actuar por parte del PP de Madrid
debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que
se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento", señala la querella.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/colectivos_partidos_politicos_querellan_contra_aguirre_zaplana_numero_dos_interior_64358_1012.html
GONZÁLEZ MANIOBRÓ PARA ECHAR AL JUEZ VELASCO: “TENEMOS AL GOBIERNO, AL
MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE LE MANDEN A ESCARBAR CEBOLLINOS”
El expresidente de la Comunidad cuenta en conversaciones cómo se reúne con
jueces para intentar colocar a otros magistrados y fiscales de su conveniencia.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, maniobró hasta el
final para intentar que sus asuntos judiciales fueran archivados y no acabar,
como ha acabado, en prisión. En las grabaciones de sus comunicaciones realizadas
por la Guardia Civil se desprende cómo el hombre fuerte de Esperanza Aguirre
intentó de todas las maneras posibles mover sus hilos para echar al juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco y colocar al frente de la Fiscalía a personas
que le pudieran ser favorables en sus procesos judiciales.
En el caso de Velasco, sorprende que ya mostrara su antipatía hacia él cinco
meses antes de que hubiera estallado la Operación Lezo y, por tanto, no debería
saber que Velasco le estaba investigando. Sin embargo, es cierto que este
magistrado también investiga el caso Púnica y en éste proceso otro de los
hombres fuertes de Aguirre, Francisco Granados, está en prisión desde hace dos
años y medio.
En una conversación interceptada por la Guardia Civil, bajo la supervisión de la
Fiscalía Anticorrupción y el propio Velasco, y de la que ha tenido conocimiento
EL ESPAÑOL, González le comenta al exministro 'popular' Eduardo Zaplana que "un
poli me ha dicho que a Velasco le van a mandar al Supremo pero yo creo que no".
En esa conversación, de noviembre del pasado año, Zaplana le explica que hay una
"jugada" planeada, respecto a una salida de Velasco. Entonces, González le
comenta: "Vamos a ver, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y tenemos
a un juez que está provisional".
González está haciendo referencia a que la plaza en propiedad que ocupa Velasco,
la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es de
otro juez, Manuel García-Castellón, que está de juez de enlace en Roma. "Yo le
digo, a ver, venga usted pa acá ¿cual es la plaza que le toca? Onteniente, a
tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular. Que ya me las apañaré
con el titular, coño. Que al titular lo quitaron porque era uno que era
aparentemente rogelio y le dan de magistrado de enlace en Roma, y gana una pasta
vive como dios y el tío no quiere saber nada, claro. Yo le llamo a éste y le
digo, oye ven aquí, el titular aquí y a éste a tomar por culo. Pero ¿qué te
cuesta eso? Y a este tío le pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. ¡Pero
qué cojones de chantaje! Pero como to el mundo ve que esto funciona, pues ancha
es Castilla", se queja González.
"Poner en marcha las piezas"
A lo largo de varias conversaciones, González -en prisión incondicional acordada
por el juez Velasco el pasado viernes- muestra su conocimiento sobre el
funcionamiento de una parte de la carrera judicial: "El otro día me fui a hablar
con Enrique López (magistrado de la Audiencia Nacional) y le dije, oye Enrique,
he oído que Catalá, lo cual es una bomba, quería a la que estaba (hablando del
nuevo nombramiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza) y me dijo,
esto se ha filtrado porque se la iban a follar. A Catalá le viene bien esto
porque parece que él no ha puesto al otro, y fuera, este es un tío serio, este
es un tío que sabe lo que tiene que hacer".
Ignacio González también mantiene conversaciones con Enrique Arnaldo Alcubillas,
ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y letrado de las Cortes
Generales,quien tiene amplios conocimientos de los movimientos del Gobierno en
relación a nombramientos que afectan al mundo judicial: "Hay movimientos de
cambios en la Fiscalía General, ahora se ponen en marcha las piezas. Desde luego
sí que sé que es voluntad del ministro cambiar la pieza principal. Estoy
moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", en
referencia a la posible sustitución de Consuelo Madrigal como fiscal general del
Estado, en fechas anteriores a los cambios.
La preocupación del expresidente madrileño es que hubiera cambios en la Fiscalía
Anticorrupción de Málaga para cerrar la causa en la que está investigado por la
compra de un ático en Estepona, por un posible delito de blanqueo de capitales.
"¿Y los de abajo?", le recuerda González a Arnaldo. "Claro, y que toque todo,
efectivamente", le contesta.
"La operación está preparada"
Este ex vocal del CGPJ le relata los planes del Gobierno: "Hay que mover la
pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la
Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La gente de la Nacional sí que
pretende que salga Zaragoza, que es uno de los elementos más principales. Está
operación, que yo sepa, está preparada. Es una garantía que siga Rafael porque
ya lo conoce".
González concluye la conversación: "A ver si damos un paso en la buena
dirección, joder". Esta conversación se produce en noviembre del pasado año,
pocas semanas después de que Mariano Rajoy volviera a ser elegido como
presidente del Gobierno. Tres meses después, el nuevo fiscal general del Estado
hizo los nuevos nombramientos en la Fiscalía, y decidió sacar a Javier Zaragoza
de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en sustitución de Jesús
Alonso. En ese mismo Consejo Fiscal, Maza también eligió a Manuel Moix como
fiscal jefe de Anticorrupción en sustitución de Antonio Salinas, que se había
jubilado.
El mismo día que se conoce que el Gobierno nombrará a Maza como fiscal general
del Estado, el 11 de noviembre, González mantiene otra conversación con Arnaldo:
"¡No me equivocaba, he acertado!", le dice este último. "Entonces, estamos
contentos, ¿o no?", pregunta González. "Estamos muy contentos", le explica su
interlocutor, quien define a Maza como una "persona con criterio y valiente, no
es un timorato y lleva muchos años resolviendo estos asuntos". "Qué alegría,
tío, a ver si lo celebramos, a ver si seguís", le responde González.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170426/211478878_0.html
IGNACIO GONZÁLEZ SABÍA CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN QUE MOIX IBA A SER EL FISCAL
ANTICORRUPCIÓN
La difusión a lo largo del día de ayer de una nueva batería de SMS y
conversaciones intervenidas al ex presidente de Madrid Ignacio González durante
la investigación de la operación Lezo puso de manifiesto la aparente relación de
complicidad que mantenía con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la
capacidad de influencia que conservaba: tanta como para conocer de antemano, con
seis meses de antelación a su nombramiento, que Manuel Moix sería designado
fiscal jefe Anticorrupción o para arrogarse capacidad para remover a los jueces
y fiscales que intervienen en los casos que le afectaban.«Vamos a ver, yo creo
que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción ¿sabes? Y... yo
creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y
bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa [Catalá]:
'Oye Rafa...'. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van
aparte: o los tienes controlados o estas muerto».El que habla es Ignacio
González y su interlocutor es el ex ministro Eduardo Zaplana. La conversación,
según precisó ayer La Sexta, tuvo lugar en agosto de 2016. Es decir, tres meses
antes de que el Gobierno, que en esa fecha ni siquiera tenía la certeza de que
fuera a salir adelante la investidura de Mariano Rajoy, designase a José Manuel
Maza como fiscal general del Estado. Sólo Maza tendría, legalmente, la capacidad
de elegir a su fiscal jefe Anticorrupción, después de escuchar el dictamen de su
Consejo Fiscal, lo que sucedió el reciente mes de febrero. Pues bien, seis meses
antes, González maniobraba ya con ese objetivo.
El ex presidente madrileño se arroga esa influencia en primera persona -«vamos a
ver si podemos colocar...»-, se muestra convencido de que Moix es la opción del
Gobierno -«yo creo que va a ser él»-, muestra su satisfacción por que eso sea
así -«si sale es cojonudo»-, se atribuye una ascendencia sobre el ministro de
Justicia -«yo no me corto en decirle a Rafa»- y añade que el nuevo fiscal jefe
servirá para tener controlado «el aparato del Estado». González estaba en ese
momento imputado por su ático en Estepona -lo sigue estando-. En otra
conversación, reconoce haber mediado por Moix en la anterior ocasión en la que
éste, que fue fiscal superior de Madrid, optó a la plaza de jefe Anticorrupción,
en 2011.
Catalá asegura que 'los líos' de su mensaje a Ignacio González no hacen
referencia a asuntos judiciales
Que entre Ignacio González y algunas de sus amistades existía un canal de
comunicación permanente con Rafael Catalá lo ponen de manifiesto las
conversaciones, también difundidas por el espacio Al Rojo Vivo de La Sexta,
intervenidas por la Guardia Civil con el presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, imputado también en el asunto del ático. Los tres suelen
coincidir en el palco colchonero. «Hablé el otro día con Rafa [Catalá], que lo
estaban mirando, Nacho».Es Cerezo el que habla y se refiere a una gestión con el
ministro acerca del procedimiento abierto por presuntos cohecho y blanqueo. La
juez de Estepona investiga si el empresario Cerezo adquirió el ático para
González a través del célebre testaferroRudy Valner y una red de sociedades
pantalla radicadas en Panamá.Después, Cerezo comunica al ex presidente madrileño
que la gestión con el ministro fue infructuosa:«Joder macho, pero y e... y 'tos
estos' ¿qué dicen? Que el juez es el juez, y que no hace nada, que no se puede
hacer nada».A lo que González responde:«Exactamente, no, yo les he dicho: 'Mira,
yo estoy hasta los cojones, o sea, decidme, aquí que queda ¿pegarle dos tiros a
la juez? ¿Qué alternativas tengo? ¿No se puede hablar con el fiscal?».El
presidente del Atlético advierte de que insistirá en pedir la intercesión del
ministro Catalá:«Volveremos a hablar con éste a primeros de septiembre, porque
si quieren guerra vamos a tener guerra».En este contexto, en el que aparece como
habitual que González y Cerezo contacten con Catalá para tratar de su imputación
por el ático para pedirle que medie por ellos, y cuando González ya había sido
advertido por un miembro del Ejecutivo de la investigación de Lezo, el ex
presidente de Madrid felicita en noviembre el cumpleaños al ministro y éste
contesta afectuoso:«Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los
líos».
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/26/58ffb9ccca47415a148b46b7.html
EL DIPUTADO QUE DESTAPÓ LA CORRUPCIÓN: "DENUNCIÉ AL PP LA CUENTA SUIZA DE
GONZÁLEZ Y AGUIRRE LO VIO UNA TRAICIÓN"
Entrevista a Jesús Gómez.
Quien fuera el autor de los discursos de Esperanza Aguirre le alertó en tres
ocasiones de que conocía por varias vías una cuenta en la que Ignacio
Gonzálezcobraba de OHL. Ella le contestó que «veía fantasmas» y él se fue a ver
a Juan Carlos Vera y Carlos Floriano. Su jefa lo consideró «una puñalada
trapera» y prescindió de él como candidato en Leganés.
Jesús Gómez (Madrid, 1967), diputado del PP en la Asamblea de Madrid e histórico
hombre de confianza de Esperanza Aguirre, fue junto al ex tesorero Álvaro
Lapuerta quien alertó a Génova de que Ignacio González cobraba comisiones en
Suiza. Gómez facilitó hace años a su partido los mismos datos que ahora el juez
Eloy Velasco ha dado por buenos. Sin embargo, este economista fue tildado de
loco y de traidor y pagó una alta factura por su osadía: dejar de ser el
candidato a alcalde de Leganés. Dice que todavía está esperando que en el
partido le llamen para pedirle disculpas mientras relata, por primera vez en
esta entrevista a EL MUNDO, cómo el PP tuvo la oportunidad de haber evitado el
gran cataclismo de la operación Lezo.
¿Cómo tuvo conocimiento de que González tenía cuenta en Suiza?
De una manera rocambolesca. Ignacio González me llamó el 26 de febrero de 2014.
Me preguntó si tenía un teléfono fijo a mano y le devolví la llamada. Me dijo,
como si fuera una pedrada, que los de azul, en referencia a la Policía, le
habían dicho que yo tenía una cuenta en Suiza. Le dije que ojalá, que era falso
y que debía ser una confusión.
¿Qué tiene que ver todo eso con la cuenta de González?
Mucho, porque le conté lo que me había pasado a un abogado de mi confianza. Me
dijo que quien sí tenía una cuenta en Suiza era mi jefe. Me quedé asombrado, me
precisó que el banco era el Anglo Irish Bank y me facilitó el número de cuenta.
Esos mismos datos me llegaron después por otras dos vías. Una de ellas ustedes
que, como periodistas de EL MUNDO, me contaron que les habían llegado
exactamente los mismos datos.
¿Qué hizo usted entonces con la información?
Me alarmé y fui a ver a Esperanza Aguirre hasta en tres ocasiones. Le dije: «Me
ha llegado esto por casualidad». Le expliqué que había peligro porque lo tenía
por varias fuentes distintas y que nos haría un daño irreparable si nos
estallaba en la cara. Se enfadó un poco, no le dio credibilidad y lo despachó
como un burdo rumor. Sólo pedí que lo investigaran, porque era mi
responsabilidad; si lo hubiera tenido acreditado me hubiera ido directamente a
la Policía.
¿Sabe si Aguirre hizo alguna gestión para verificar los datos?
Habló con González y a partir de ese momento arreció una campaña sucia contra mí
en la prensa local de Leganés acusándome de tener una cuenta en Suiza y de
manejar dinero negro. Además, se compró una web, Estrella Digital, para que
dejara de investigar el Canal de Isabel II y se empleó para atacar a los
enemigos de González. La operación se materializó a través del abogado de
Ildefonso de Miguel [ex gerente de la empresa de aguas madrileña], presuntamente
siguiendo instrucciones de Ignacio González.
¿Qué explicación le dio González a Aguirre?
Esperanza me dijo que, según le había dicho Nacho, todo era una sarta de
calumnias y mentiras y que me olvidara de ese asunto y dejara de ver fantasmas.
Esa era la versión de Ignacio González, en quien confiaba ciegamente y sin
ninguna reserva. Y esa ha sido la causa de su desgracia política. Ahí podía
haber acabado todo, pero un sexto sentido me decía que algo no funcionaba bien,
sobre todo por la extraña llamada de González, y no quise dejar el tema así.
Agotada la vía de Aguirre, ¿cuál fue el siguiente paso?
Utilizando el símil de la Administración, agotado el recurso ordinario fui a lo
Contencioso-Administrativo. Vi un grave peligro y que Esperanza no estaba
dispuesta a escuchar nada en contra de González. Por eso me dirigí a Juan Carlos
Vera, que era secretario de Organización del PP nacional y diputado en el
Congreso. Me fui a verle, le conté la información, le dije que en esa cuenta se
podía haber ingresado una comisión ilegal de la constructora OHL y me citó al
día siguiente en la sede de Génova con Carlos Floriano, su superior directo en
el partido.
¿Le dieron visos de veracidad?
Lo consideraron. Pero al igual que Esperanza metió la pata al contárselo a
González, uno de ellos habló con Aguirre o con González. Recibí entonces una
llamada al día siguiente de Esperanza haciéndose portavoz de la indignación de
Nacho. Me dijo que consideraba una traición, una puñalada trapera, ir a ver a
Floriano y a Vera porque eran nuestros enemigos y querían quitar a González de
la circulación.
¿Volvió a tener noticias de Vera y Floriano?
Me llamó Vera en febrero de 2015 y me citó en su despacho de Génova. Me preguntó
otra vez el número de cuenta porque decía que era falso o estaba incompleto. Le
facilité el número de nuevo y no volví a saber nada más hasta que en marzo la
dirección nacional anunció que el candidato sería Cristina Cifuentes y no
González. El País ya citó entonces como una de las razones las informaciones que
habían llegado al PP sobre posibles cuentas en Suiza. Pocos días después,
Esperanza me llamó para decirme que no contaban conmigo como candidato para la
Alcaldía de Leganés y me dijo que era por lo de la cuenta.
¿Cree entonces que Esperanza Aguirre encubrió a González?
No era ninguna encubridora, pero estaba cegada por el amor hacia él, aunque que
quede claro que no eran amantes.
¿Esperanza tampoco sospechaba de González por episodios como el ático de
Marbella o el espionaje en Colombia?
Siempre lo consideró una víctima pese a que su ídolo administrativo era un
vulgar ratero.
¿Habló con Cristina Cifuentes de todos estos asuntos en alguna ocasión?
Coincidí con ella en Leganés en 2015 y me dijo: «No me voy a comer yo los
marrones de estos chorizos». Le honra, pero denunciar no es una herocidad sino
su obligación.
¿Rajoy llegó a saber algo en algún momento?
Le di los datos a un registrador amigo de su hermana.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/26/58ffb45fca474139198b4682.html
CATALÁ NIEGA QUE TRATARA "CUESTIONES JUDICIALES" CON IGNACIO GONZÁLEZ: "EL SMS
FUE UNA RESPUESTA DE CORTESÍA"
El ministro de Justicia afirma que no mantiene "una relación de amistad" con el
expresidente de la Comunidad de Madrid, tras revelarse el SMS que le envió en el
que le decía: "Ojalá se cierren pronto los líos"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado hoy que en el mensaje que
envió a Ignacio González en noviembre de 2016 se refiriera a "cuestiones
judiciales" que tuvieran que ver con el expresidente madrileño, al expresarle su
deseo de que se cerrasen "los líos", es decir, según él, la situación política
en España.
"Yo no me refiero en absoluto a cuestiones judiciales, no me refiero en absoluto
a cuestiones que tengan que ver con el señor González", ha manifestado Catalá en
los pasillos del Senado tras responder a las dos preguntas de control al
Ejecutivo que le ha formulado la oposición en el Pleno de la Cámara y dónde el
PSOE ha llegado a pedir su dimisión.
En los pasillos del Senado, Catalá ha explicado también que él mantiene una
"relación" con González, en razón a su trayectoria institucional y "no una
relación de amistad" y ha ratificado que el expresidente de la Comunidad de
Madrid "nunca" le ha pedido ayuda para solucionar sus problemas en los
tribunales.
Catalá ha explicado que esos días recibió "cientos de mensajes de felicitación"
y ha añadido que "a todos" esos mensajes respondió con "amabilidad y educación",
"entre ellos" el de Ignacio González, a quien, según ha dicho "conoce desde
1996" porque ha desempañado funciones dentro del Gobierno como "subsecretario,
como secretario de Estado, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y como
presidente de la Comunidad de Madrid.
"Por lo tanto, es evidente que tengo una relación de personalidad con él, no una
relación de amistad", ha declarado, para añadir que ese SMS se ha conocido tras
una "violación flagrante" del secreto de sumario, aunque "eso parece que no
importa demasiado en este momento".
El ministro ha asegurado que cuando él dice "ojalá se cierren pronto los líos"
le está transmitiendo su "voluntad y deseo" de que el país tenga "pronto
estabilidad" porque llevaban ya un año con el Gobierno en funciones, "con dos
procesos electorales e investiduras fallidas". Según ha recalcado, él no se
refería "en absoluto a cuestiones judiciales".
Preguntado expresamente si el expresidente de la Comunidad de Madrid le ha
pedido ayuda alguna vez para arreglar sus "líos", ha contestado: "Nunca". Según
ha añadido, el ministro de Justicia no tiene "ninguna capacidad de influir ni
sobre los jueces ni sobre los fiscales para que una investigación judicial vaya
en una dirección o en otra". En este sentido, ha recalcado que la labor del
ministro de Justicia "no está en decirle a los jueces ni a los fiscales lo que
tienen que hacer", porque "no puede", sino en "hacer que la justicia sea más
ágil". Y este último punto, ha afirmado que el Gobierno del PP está
"comprometido".
Catalá también ha defendido al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel
Moix, tras conocerse la semana pasada que intentó frenar los registros de la
Operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción
paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", ha enfatizado.
Lo que hizo Moix, según Catalá "como muy bien él dijo", fue manifestar a los
fiscales que adentrarse en una "investigación del año 2001" relacionada con el
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión
incondicional desde la noche del pasado viernes-, "cuando no trabajaba" en dicha
Administración regional, podía "enturbiar" la operación, ha precisado Catalá.
Según el ministro, Moix tenía la intención de "ayudar a la buena marcha de la
investigación" y ha reprochado que esté "diciendo justo todo lo contrario". "Se
está enturbiando la labor de un magnífico profesional de muchas décadas de
servicio al derecho y a la ley", ha concluido.
http://m.publico.es/politica/1997398/catala-niega-que-tratara-cuestiones-judiciales-con-ignacio-gonzalez-el-sms-fue-una-respuesta-de-cortesia
EL MINISTRO DE JUSTICIA MANDÓ UN SMS DE ALIENTO A IGNACIO GONZÁLEZ: “OJALÁ SE
CIERREN PRONTO LOS LÍOS”
El expresidente de Madrid, ya investigado, le había felicitado previamente por
su continuidad en el Gobierno
“Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Ese es el
mensaje que recibió en su teléfono móvil el expresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González. El autor no era un remitente cualquiera, sino el
ministro de Justicia, Rafael Catalá. El exmandatario madrileño había escrito
previamente para felicitarle por su confirmación al frente del Ministerio y esa
fue su respuesta. Catalá mandó el mensaje el pasado 3 de noviembre, un día antes
de su toma de posesión oficial tras el periodo en funciones.
Según informan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al caso, González tenía en ese
momento el teléfono intervenido, y de ese modo, los investigadores tuvieron
conocimiento de la comunicación con el ministro. A ese mismo mensaje se refirió
González en otra conversación posterior con su amigo y presidente del Atlético
de Madrid, Enrique Cerezo. El mandatario rojiblanco le dice que había charlado
también con Catalá sobre el caso de su ático: “Hablé el otro día con Rafa, que
lo estaban mirando, Nacho”. A esas palabras, González responde que había
recibido de parte del ministro “un mensaje encantador”.
Esta charla entre Cerezo y González, ambos imputados en el caso del ático, se
produce apenas unos días después del sms de Catalá. El presidente del Atlético
de Madrid le dice al expresidente madrileño que unos días atrás estuvo cenando
con una persona que, según afirma, fue "jefa" de Catalá. Según las fuentes
consultadas, el presidente del Atlético de Madrid parece estar refiriéndose a
una superior de Catalá en el pasado. Cerezo le hizo saber a González que esta
persona le había tranquilizado diciéndole que el ministro "mantiene muy buena
sintonía con todos los jueces". González contesta a Cerezo recordándole que
Catalá fue antes secretario de Estado del mismo Departamento.
Prisión sin fianza para González
Pese a que en su mensaje, el ministro de Justicia habla de “líos” en plural, en
ese momento González sólo tenía comunicación oficial de su imputación en el caso
de su ático de Marbella (desde marzo de 2016). Las pesquisas de la Operación
Lezo estaban ya en marcha pero permanecían secretas y para entonces, la
Comunidad de Madrid había enviado también su informe a la Justicia sobre las
inversiones del Canal de Isabel II.
Pese a las palabras del ministro, el deseo que deslizaba Catalá en su mensaje de
apoyo a González no se materializó. El caso del ático ha seguido su curso con el
ministro de Justicia al frente de la cartera y la Audiencia Nacional ha detonado
la causa que se centra directamente en los negocios del número dos del gobierno
madrileño. En lugar de cesar, los problemas para González han crecido de forma
exponencial con Catalá como ministro. No sin polémica, si tenemos en cuenta la
confrontación del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, con los
responsables del Ministerio Público que investigan la causa.
En las intervenciones telefónicas y según fuentes cercanas al caso, es el propio
González el que se queja del escaso apoyo que en realidad le están prestando sus
compañeros de partido a la hora de paralizar sus problemas judiciales. Sin
embargo, tal y como informó este diario, González fue alertado de su detención
dos meses antes de que se produjera. El chivatazo le vino de parte de un alto
cargo del Gobierno, pero según creen los investigadores, este no procedió del
Gabinete de ministros, sino de un cargo intermedio. Eso descartaría por completo
la implicación de Catalá en los hechos.
Fueron avisados
De forma complementaria y tal y como informó este diario, unos meses antes de
aquel soplo también tuvo conocimiento de que sus conversaciones estaban siendo
intervenidas por orden judicial. Lo sabían él y el presidente del diario La
Razón, Mauricio Casals porque "una magistrada amiga de la casa (del periódico)"
había llamado para prevenirles.
Por su parte, de la relación entre Catalá y Cerezo -también investigado en el
caso del ático- da cuenta la presencia del ministro en la comitiva vip que
acudió a la final de la Copa de Europa en Milán el pasado mayo invitada por el
Atlético de Madrid. En aquella expedición estaban también la portavoz en el
Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y su compañero de Ciudadanos en la
Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. También el presidente y el vicepresidente
del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y José Luis Martínez
Guijarro (PSOE) o el concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Carmona, entre
otros.
En otra ocasión más reciente Catalá se vio inmerso en otra polémica por
demostrar cercanía personal con personas con problemas con la Justicia. El
pasado mes de marzo, el ministro se desplazó a Baqueira Beret, la estación de
esquí en el pirineo catalán, para asistir a una fiesta organizada por el
empresario Manel Torreblanca, condenado a dos años de prisión por siete delitos
fiscales y que evitó la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía. Aquel
episodio provocó que el grupo socialista en el Congreso de los Diputados
presentase una batería de preguntas para saber por qué fue a la fiesta, hasta
dónde sabía el ministro del acuerdo con la Fiscalía por el que Torreblanca evitó
la prisión y quién pagó su desplazamiento y gastos. No consta respuesta
parlamentaria por el momento.
"Luis sé fuerte" o "compi yogui"
La difusión de mensajes privados entre altos representantes del Estado y
personas investigadas por la Justicia también afectaron al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, quien se llegó a intercambiar comunicaciones con el
extesorero de su partido Luis Bárcenas, según desveló el diario El Mundo. “Sé
fuerte” o "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo" son algunos
de los mensajes que mantuvo el líder del Ejecutivo con un Bárcenas al que se le
pedía guardar silencio sobre la contabilidad B del partido.
Incluso la indiscreción con los mensajes de móvil salpicó a la reina Letizia
hace un año cuando Eldiaro.es difundió el mensaje que le escribió al empresario
de OHL Javier López Madrid, amigo personal de los reyes e implicado en el
escándalo de las tarjetas black: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de
las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién
eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo
demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”.
http://www.elespanol.com/espana/20170425/211229083_0.html
LA OPERACIÓN LEZO CONTAMINA LAS INSTITUCIONES Y ARRINCONA AL GOBIERNO
Los escándalos y la corrupción copan la agenda política con peticiones de
dimisión
La llamada Operación Lezo, además del efecto directo de los graves hechos de
presunta corrupción que se investigan, ha causado la contaminación de
importantes instituciones, como varios ministerios o la fiscalía. Todo ello en
un contexto de corrupción, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, citado
a declarar como testigo en un juicio por uno de los escándalos que afectan al
partido más votado. Ese clima perturba la complicada legislatura y, en todo
caso, marca y distorsiona la agenda política. Acorrala al Gobierno y dificulta
su intención de llegar a acuerdos en el momento en el que negocia los
Presupuestos para 2017.
Por el momento, la Operación Lezo ya ha desencadenado la dimisión de una
destacada dirigente como Esperanza Aguirre y agita los cimientos del PP. Ese
procedimiento incluye, además, indicios de cierta connivencia de los implicados
con algunas instituciones, concretados en zonas de sombra que apuntan a que los
ahora encarcelados pudieron ser alertados de las investigaciones. Se incluye la
posible alerta de una magistrada, cuya identidad intenta determinar el juez Eloy
Velasco.
El número dos de Interior, José Antonio Nieto, recibió en su despacho a Pablo
González, ahora encarcelado y hermano del presidente de la Comunidad de Madrid,
también en prisión. Hay indicios de presión a los políticos que, como la
presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, han aportado datos a la investigación.
Y este martes se supo que en el sumario consta un SMS del ministro de Justicia,
Rafael Catalá, a Ignacio González.
“Ojalá se cierren pronto los líos”, decía el mensaje de noviembre de 2016. Esta
es la versión de Catalá: “Me felicita por el nombramiento. Como 300 mensajes
más... Y le digo: ‘Gracias. Ojalá se cierren pronto los líos’. No tus líos, ni
tus temas judiciales, ni nada parecido. Venimos de estar un año en funciones,
dos elecciones, investiduras fallidas... A esos líos me refiero”.
En todo caso, esa relación desató las peticiones de comparecencia de la
oposición y las dudas de todos los grupos, salvo el PP. Ya antes, la fiscalía
quedó en esa zona de sombra cuando se supo que el propio Ignacio González se
felicitaba del nombramiento de Manuel Moix como fiscal anticorrupción, incluso
antes de producirse. El expresidente de la Comunidad de Madrid y el exministro
Eduardo Zaplana sabían en verano que Moix ocuparía ese cargo, es decir, cuando
el Gobierno estaba en funciones y faltaban meses para que el fiscal presentara
su candidatura para ocupar la vacante.
Y fue necesaria hace una semana una insólita rebelión de una veintena de
fiscales ante Moix, que se plantaron ante su intención de impedir uno de los
registros.
Antes ya hubo polémica por los cambios en puestos clave de la fiscalía, tras el
cese de Consuelo Madrigal por negarse a hacer esos nombramientos. Todas esas
polémicas tienen reflejo directo en el Parlamento, donde el resto de la agenda
ha quedado arrinconada para que dos ministros, un secretario de Estado y el
fiscal general sean llamados a comparecer para dar explicaciones.
No hay pleno de control en el Congreso hasta el 10 de mayo, pero ya este martes
este caso centró el crispado pleno del Senado, con peticiones de dimisión de
Catalá de PSOE y Podemos por supuesta obstaculización a la justicia. Para
Catalá, la prueba de su voluntad de combatir la corrupción son las detenciones y
acciones judiciales. “Ustedes se alinean con las tesis más antisistema y hacen
un gravísimo daño”, respondió el ministro. Juan Ignacio Zoido, titular de
Interior, dijo en el Senado que su número dos se limitó a recibir a un directivo
de Mercasa —Pablo González— y “no tenía la menor idea de que iba a ser
investigado”. PSOE, Podemos y Ciudadanos reprocharon a Zoido sus contactos con
los investigados. Él los minimizó y dijo que fueron “meramente protocolarios”.
Explicación de Rajoy
Al tiempo, PSOE y Ciudadanos piden que la comisión de investigación sobre la
financiación ilegal del PP se constituya antes de 10 días, para que Rajoy
comparezca en mayo. Tendrá obligación de decir verdad, lo que no ocurriría si
acudiera al pleno. El artículo 502.3 del Código Penal asegura que “el que
convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad
en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o
multa de 12 a 24 meses”.
En este clima, el Gobierno debe cerrar un pacto antes del próximo miércoles con
el PNV para superar el primer trámite de los Presupuestos. La negociación
avanza, pero el clima turbio dificulta el anuncio formal del pacto.
Micrófonos ocultos en el despacho de González
Ignacio González y otros investigados en la Operación Lezo, sobre todo Edmundo
Rodríguez, expresidente de Inassa, sabían desde el primer minuto —en julio de
2016— que les estaban investigando y hablaban con precaución por teléfono.
González, además, tenía un sistema de encriptación en su teléfono móvil que
hacía aún más inaccesible el contenido de sus llamadas. Por este motivo, el juez
instructor que actuaba como refuerzo en la causa, Alejandro Abascal, ordenó que
se colocaran micrófonos en su despacho, donde el expresidente de la Comunidad de
Madrid hablaba sin tapujos al sentirse seguro, según la Cadena SER.
La medida, poco habitual, se complementó con seguimientos con micrófonos
portátiles de última generación para grabar conversaciones a distancia y está
recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 2015 para casos de especial
gravedad. Agentes de la Guardia Civil fueron de madrugada al despacho, abrieron
la puerta con una ganzúa y escondieron los micrófonos, con la presencia del
secretario judicial, que levantó acta.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/25/actualidad/1493141521_564192.html
LAS GRABACIONES DEL 'CASO LEZO' MUESTRAN LAS VINCULACIONES DE GONZÁLEZ CON EL
MINISTRO CATALÁ Y ENRIQUE CEREZO
Las grabaciones muestran que el ministro de Justicia dio ánimos a Ignacio
González, cuando estaba imputado en el caso del ático y se le investigaba en
secreto en la operación Lezo
El expresidente madrileño habla también con el exministro Zaplana sobre su
interés en cambiar a la jueza y en reunirse con el fiscal encargado del caso del
ático de Estepona
Las grabaciones de las conversaciones realizadas por los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los integrantes de la trama
muestran las conexiones que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González, presunto cabecilla de la trama disuelta con la Operación Lezo, ha
mantenido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que también está imputado en el caso del
ático de Estepona.
Catalá, de cuyo departamento dependen las comisiones rogatorias reclamadas por
la jueza de Estepona que investiga el caso del ático, Isabel Conejo, contestó el
3 de noviembre de 2016, según han adelantado laSexta y El Español, a un SMS de
felicitación que le había remitido previamente González en el que le daba la
enhorabuena por su nombramiento como ministro de Justicia: "Gracias Nacho, un
fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".
Precisamente, las comisiones rogatorias de este caso han sufrido una extrema
lentitud, que ya ha tenido importantes consecuencias en la investigación, según
se especifica en una providencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número, Isabel Conejo. Esta resolución, de 6 de noviembre de 2015,
explica que el US Bank, la entidad financiera de Estados Unidos desde la que se
realizaron en marzo de 2008 las dos transferencias de 100.000 y 650.000 euros
con los que la empresa offshore pagó el ático de Estepona, ya no disponía de la
documentación relativa al origen del dinero, según una nota enviada por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades españolas.
Cuando el ministro Catalá envió el SMS, González, su mujer, Lourdes Cavero, y el
presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llevaban ya nueve meses
imputados por la jueza de Estepona, al mismo tiempo que el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco investigaba en secreto la denominada trama Lezo.
Un portavoz del Ministerio de Justicia ha asegurado a laSexta que cuando el
ministro se refiere en el mensaje a los "líos" está hablando de los problemas
políticos de cara a la gobernabilidad. Sin embargo, tan sólo un día después del
SMS, el 4 de noviembre, Catalá tomaba posesión de su cargo de ministro.
En el palco con Cerezo
El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá fue fotografiado en el palco del
Vicente Calderón junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que
todavía no estaba imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya
apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, un testaferro profesional, era
empleado de Cerezo en una sociedad con vínculos con Telemadrid. Al día
siguiente, el 18 de marzo, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a
la Audiencia Provincial de Málaga, al mismo tiempo que acudió al Colegio de
Abogados de esta provincia andaluza.
Asimismo, Rafael Catalá viajó invitado por el Atlético de Madrid a la final de
la Champions League celebrada en Milán, en la que el conjunto de Cerezo, que ya
estaba imputado en Estepona, se enfrentó al Real Madrid. En el viaje también
participaron otros políticos madrileños como Begoña Villacís (Ciudadanos). A la
final también acudió el testaferro profesional y empleado de Cerezo que compró
el ático desde EEUU, Rudy Valner, y tras visitarlo la mujer de González, Lourdes
Cavero.
El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final
de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a
la derecha). El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados)
en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en
primer plano a la derecha).
Pero los mensajes interceptados por la UCO de la Guardia Civil apuntan a otras
maniobras de González en relación con la justicia. En una conversación
intervenida por orden del juez Velasco,el expresidente de la Comunidad de Madrid
explica al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana su intención de
cambiar a un juez: "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de
Justicia, y escucha: tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo
le digo: a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca?¿Onteniente?
A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré
con el titular".
Precisamente, en el caso del ático la jueza sustituta, Mariana Peregrina, se
encargó de la instrucción durante los meses de baja maternal de la titular
Isabel Conejo. Esta jueza ordenó en un primer momento imputar a la mujer de
González, Lourdes Cavero, al mismo tiempo que solicitó que el caso se enviara a
la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga revocó esa
decisión, por lo que dejó el caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de
Estepona. Su titular, Isabel Conejo, de vuelta a su puesto, fue más allá y
acordó la imputación del matrimonio con el respaldo del fiscal delegado de
Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero.
Sin embargo, el diario El Español asegura que González hace referencia a que la
plaza en propiedad que ocupa Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia Nacional, es de otro juez, Manuel García-Castellón, que
está de juez de enlace en Roma.
En otra de las conversaciones que González mantiene con Zaplana, el primero
alude a sus deseos sobre quién debe ser fiscal jefe de Anticorrupción: "A ver si
podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, Yo creo que va a salir él, si
sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío bueno y serio. Yo no soy quién, pero
no me corto a decirle a Rafa: "Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los
medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto",
indica el expresidente madrileño a Zaplana.
Moix rechazó investigar el campo de golf
Precisamente, según adelantó infoLibre, Moix rechazó el registro de la sede del
Canal para reclamar información de la etapa de la presidencia de la Comunidad de
Alberto Ruiz-Gallardón al considerar que esta investigación debería desgajarse
del caso Lezo, por lo que deberían encargarse del mismo otro instructor y otros
fiscales diferentes a los de la trama de Ignacio González. Este fue el motivo
por el que los fiscales de Anticorrupción invocaron el artículo 27 de su
Estatuto para oponerse a la decisión del fiscal jefe de Anticorrupción.
Además, tal y como ha adelantado este diario, el propio Moix ya había cerrado en
2009 la investigación por la adjudicación de un campo de golf en el centro de
Madrid a una empresa de un hermano y un cuñado del expresidente madrileño.
En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este martes al
fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana
pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción
sobre los registros de la operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el
fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo
investigaciones", enfatizó.
El relevo de Velasco
Pero en sus conversaciones grabadas, González también se refiere al relevo del
juez Velasco, que además del caso Lezo instruye la Púnica, en la que aparece el
nombre de Zaplana vinculado a la trama liderada por Francisco Granados: "Este
poli me ha dicho que al Velasco le van a mandar al Supremo, pero yo creo que hay
una jugada, me ha contestado este, si hay un juez de apoyo, para sacarlo de ahí
y dejar al de apoyo".
Tal y como adelantó infoLibre, el juez Velasco reclamó un puesto en la nueva
sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Velasco tomó esta decisión después
de que el Consejo General del Poder Judicial no prorrogara la presencia del juez
Alejandro Abascal como refuerzo de Velasco, que se incorporó al Juzgado Central
de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en marzo de 2016.
González también mantuvo conversaciones con el expresidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, en las que también hablan de cómo evitar la
investigación de la jueza de Estepona Isabel Conejo. en la conversación, siempre
según La Sexta, Cerezo asegura: "Dicen que el juez es el juez y que no se puede
hacer nada, yo ya les he dicho, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros a la jueza?
¿Qué alternativas tengo?¿no se puede hablar con el fiscal?", a lo que Cerezo
contesta: "Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si
quieren guerra vamos a tener guerra".
Con el ministro del Interior
Asimismo, el expresidente de la Comunidad de Madrid propuso al ministro del
Interior, Juan Ignacio Zoido, tomarse un café en una llamada de teléfono en la
que le felicitó por su nombramiento como ministro del Interior, según han
explicado a Europa Press fuentes conocedoras de la conversación, que precisan
que dicho encuentro no llegó a celebrarse.
Zoido concluyó su intervención en el Senado señalando que él y otros miembros
del Ministerio del Interior recibieron "centenares" de felicitaciones a su
llegada al Departamento, incluyendo la que expresó en persona Pablo González,
directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, en
su cita con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Según Zoido, esa reunión fue solicitada días después de Reyes y se celebró el 8
de marzo para tratar cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de
Mercasa, la empresa pública que abastece a los mercados de diferentes ciudades
españolas.
"Se ha reunido con luz y taquígrafos en su despacho", dijo sobre el secretario
de Estado, añadiendo que éste "no tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni
en ningún reservado, ni dar ningún chivatazo para que algún servicio se tenga
que desmontar", aludiendo de esta forma de forma indirecta a diferentes
polémicas de la etapa del PSOE en el Gobierno.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/las_grabaciones_del_caso_lezo_llevan_catala_cerezo_actualidad_64304_1012.html
LA AUDIENCIA EVITÓ POR UN DÍA LA PRESCRIPCIÓN DE IRREGULARIDADES DE LA ETAPA
GALLARDÓN
El Central 6 dictó un auto 24 horas antes de que se cumplieran 15 años de la
compra de Inassa por Canal Extensia en 2001
El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional salvó la
investigación de los orígenes de la trama Lezo 'in extremis'. Las pesquisas
sobre el inicio de la aventura empresarial del Canal de Isabel II en el
extranjero, que arrancó en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del
Gobierno regional, se encuentran ahora bajo el foco del juez y la Fiscalía
Anticorrupción gracias a un auto dictado sólo 24 horas antes de que
prescribieran los delitos de malversación de caudales públicos y organización
criminal que los investigadores vinculan a esta parte de la trama.
Según han informado a El Confidencial fuentes de la investigación, los fiscales
encargados del caso reclamaron en noviembre de 2016 al Juzgado una ampliación de
su querella inicial que giraba únicamente sobre irregularidades cometidas bajo
la presidencia de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. Faltaban pocos
días para que se cumplieran 15 años de la compra del 75% de Interamericana de
Aguas y Servicios SA (Inassa) y el contenido de una de las escuchas telefónicas
que obran en el sumario dió la voz de alarma.
En ella González se quejaba de haber heredado de su predecesor asuntos sucios y
lamentaba que ese regalo envenenado acabara perjudicándole. "Cuando llegué me
tuve que comer todos los marrones", aseguraba en una de las conversaciones
intervenidas. Uno de los 'marrones' a los que se refería era esta operación,
cuya compra se cerró el 13 de diciembre de 2001, un mes después de que el
consejo de administración del Canal de Isabel II acordara la creación de Canal
Extensia, el vehículo que se empleó para ultimar la operación.
Según explican las citadas fuentes, el auto dictado entre ambos actos
interrumpió la prescripción, pero no coincidía con la visión propuesta al juez
por los fiscales Carlos Yañez y Carmen García. En él se decretaba la apertura de
una pieza separada para investigar estos hechos con el criterio de que pese a
que la compra sí tenía vínculos con el ente público de gestión de aguas, no
estaba relacionada con Ignacio González, foco y centro de todo el resto del
operativo de cobro masivo de comisiones.
La UCO investiga el primer pufo del Canal en Colombia en el año 2001 con
Gallardón
Los investigadores analizan la compra de Inassa en 2001. El Canal pagó 83
millones por una empresa que valía ocho un año antes. Los registros relacionados
han provocado la primera fricción en Fiscalía
La decisión provocó que la Fiscalía recurriera y obtuviera el respaldo de la
Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que dió por buena la ampliación del
sumario a nuevos investigados del entorno del que fuera también ministro de
Justicia.
La discrepancia se repite
Curiosamente, esta misma discrepancia jurídica se ha repetido meses más tarde en
el seno de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Manuel Moix defendió
frente a los encargados del caso que los registros relacionados con la compra de
2001 debían realizarse en otro bloque, de forma desvinculada a la investigación
central sobre González. Yañez y García defendían que se incluyeran en el mismo
paquete y lograron el apoyo de sus compañeros de plantilla en una junta
celebrada horas antes de que estallara la Lezo.
Inassa existía desde 1996, cuando se creó en la ciudad colombiana de
Barranquilla para llevar agua potable al municipio. Su primer socio español de
Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía
el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000. El
negocio, al parecer, no era rentable.
Caja Mágica, centro acuático...: 430 millones de agujero en otra firma de la era
Gallardón
Una auditoría desmonta la gestión de Madridec, la empresa municipal que en 2013
perdió 74 millones: obras de arte extraviadas, tasaciones a la baja y ruinosas
ventas de edificios
Los socios colombianos que tenían el otro 49% decidieron adquirir el resto de
Inassa a través de la Sociedad de Aguas de América. La compra se efectuó por
siete millones de dólares (ocho millones de euros de la época). Pero Inassa
enseguida encontró nuevos pretendientes. Empezó a negociar con el Gobierno
regional, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón y con Carlos Mayor Oreja
como presidente del Canal. Ambos decidieron que la comunidad debía crear una
sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el
desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en
Sudamérica.
Como ya publicó El Confidencial, la Comunidad de Madrid pagó 73 millones de
dólares (entonces 83,6 millones de euros) por una sociedad que había costado un
año antes poco más de siete millones de dólares (ocho millones de euros). Un
auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para
el comprador.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-25/operacion-lezo-audiencia-nacional-gallardon-ignacio-gonzalez_1372237/
EL JUEZ DE
LA OPERACIÓN LEZO INVESTIGA A EDUARDO ZAPLANA
El exministro popular aparece en un listado de 60 personas relacionadas con el
caso que ha enviado a prisión a Ignacio González
El juez titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy
Velasco, investiga a 60 personas en el caso Lezo, entre ellos el exministro
Eduardo Zaplana, según ha avanzado Europa Press y confirma EL PAÍS. Entre los
investigados están también el empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la
constructora OHL, y el que fuera viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de
Madrid e imputado en la Gürtel, Alberto López Viejo. Sus nombres aparecen en un
auto remitido por el citado magistrado a los registros de la propiedad, con el
fin de embargar los bienes de algunos de ellos. Las personas citadas en ese auto
no son forzosamente imputados, según confirman fuentes judiciales a EL PAÍS.
La semana pasada se supo que Ignacio González había mantenido conversaciones con
el exministro de José María Aznar acerca de sus intenciones de entrar en
negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos ocultos en el
extranjero, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Zaplana desmintió este sábado a través de un comunicado cualquier relación
mercantil con González y aseguró no haber "participado ni auxiliado a nadie en
la comisión de hecho delictivo alguno". El expresidente valenciano añadía en su
nota a los medios que ni conocía el auto del Velasco ni había sido citado
judicialmente para declarar en la Audiencia Nacional.
Uno de los pinchazos al teléfono del expresidente de la Comunidad de Madrid
recoge cómo este propuso al valenciano "montar una estructura financiera" a
través del abogado uruguayo Fernando Belhot porque trabaja en países de
legislaciones laxas como Holanda, EEUU o Uruguay "para canalizar algún tipo de
operación a medio o largo plazo". Junto a Zaplana, González pretendía adquirir
el 50% de una sociedad y controlar así "los derechos de patente de un producto
de desinfección del agua".
Velasco cita también en el auto a Zaplana al referirse a las supuestas gestiones
que él y González hicieron para favorecer al empresario Conrado Rodríguez-López
Braun en un "litigio" que este mantenía con el Ministerio de Defensa. Según
destaca el auto, lo hicieron presuntamente "mediando una contraprestación
económica".
Los nombres de los 60 investigados
En esas órdenes de embargo, firmadas por el juez Velasco el 18 de abril, se
explica que se siguen diligencias por presunta comisión de delitos contra:
Ignacio González, Pablo Manuel González, José Antonio Clemente, José Juan
Caballero, Edmundo Rodríguez Sobreino, María Fernanda Richmond, Adrián Martín
López de las Huertas, Diego Fernando García, Sebastián Chistovan, Ignasi Maestre
Cánovas, Clarisa Guerra Soto, José Martínez Nicolás, Francisco Javier López
Madrid, Fernando José de Cevallos Aguarón, Oriol Serra Ibars, Luis Vicente Moro
Díaz, Avelino Alfredo Martínez Herrero, Ángel Varona Grande, Patricia Ana
Rodríguez Revuelta, Santiago Barreno Sevillano, José Javier Soler Gallego,
Francisco Javier Domínguez Anaya, Carlos Isidro Bello Vicente, Carlos Turro
Hemedes, Sergio Vidal Balaguer, Oscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz
Echeverría, José Miguel Alonso Gómez, Angeles Monje Gutiérrez, Ana María Paloma
Ferreiro Ribir, Jesús Arránz monje, María del Pilar Olivo Valverde, Dimitris
Tsalidis, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, Luis Vicente Moro. También
figuran: el padre de Ignacio González, Pablo González Liberal, Alberto Pérez de
la Sal, Eduardo Andrés Julio Zaplana, Carmen Pliar Pazos Bajarano, Pino Escudero
del Castillo, María Teresa de Mingo Azárate, Rodcío Bonet Cabero, Leticia Bonet
Cabero, Guizo Vicenzini, Manuel Martínez Téllez, Joaquín Molpeceres Sánchez,
María Lourdes Cabero, Miguel Sáiz de la Olla, Ildefonso de Miguel, José Manuel
Serra Peris, Jaime Antoñanzas de Toledo, Fernando Manuel Serrano Fuentes, Pedro
Antonio Martín Martín, Alberto López Viejo, Juan Miguel Villar Mir, Adrián de la
Joya Ruiz de Velasco y Jesús Trabada Guijarro.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/24/actualidad/1493027190_777838.html
"EL ENCUENTRO HA SIDO MUY INTERESANTE. TE LO CONTARÉ PERO NO POR TELÉFONO"
Así se recoge en las conversaciones telefónicas interceptadas al
hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, tras la salida del encuentro
que mantuvo con el secretario de Estado
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde
la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la
Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Eloy Velasco en la
operación Lezo que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II.
De nuevo, el Ministerio del Interior vuelve a estar en el ojo del huracán.
Interior reconoce el encuentro entre el secretario de Estado de Seguridad, José
Antonio Nieto, y el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Pablo
González, pero asegura que no hubo ni una sola referencia a la operación Lezo ni
a Ignacio González entre otras cosas porque el Secretario de Estado de Seguridad
desconocía las diligencias que se estaban practicando por parte de la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil.
Sin embargo, el fragmento de conversación que aparece en la instrucción judicial
del caso y que este lunes publica la Cadena SER pone en duda el argumento
oficial, según fuentes cercanas a este caso. Tras la salida del encuentro que
mantuvo en el Ministerio del Interior con el Secretario de Estado de Seguridad,
el hermano de Ignacio González, Pablo González, llamó por teléfono a una persona
y le aseguró textualmente que "el encuentro" había sido "muy interesante" y que
se "lo contaría aunque no por teléfono".
El encuentro tuvo lugar el pasado 8 de marzo según el auto del juez Velasco
justo al día siguiente de que Ignacio González recibiese el chivatazo de que
estaba siendo investigado. Según Interior, el encuentro duró quince minutos y
trato sobre temas de seguridad de la empresa Mercasa de la que el hermano de
González era consejero.
Textualmente el Ministerio asegura: "El objeto del encuentro fue la coordinación
de diferentes medidas de seguridad en los nuevos centros construidos de Mercasa.
Lo cierto es que la empresa de capital público Mercasa está en el punto de mira
de los investigadores por las posibles conexiones que se ha podido llevar la
trama de González, con la gestión de los mercados centrales en España.
El PSOE ya ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del
ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, de su número dos, José Antonio Nieto
y del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/24/tribunales/1493013428_997588.html
EL AUTO QUE ENVÍA A PRISIÓN A IGNACIO GONZÁLEZ DESTAPA UN ESCENARIO DE SAQUEO
GENERAL Y COMPLICIDADES
Las conversaciones interceptadas, la reunión de su hermano con el número 2 de
Interior, las decisiones administrativas que permitieron el desvío de fondos y
la implicación de gigantes como OHL, Dragados o Indra alimentan la inquietud
sobre el colchón de ‘lealtades’ que sostuvo al expresidente incluso tras su
retirada política
La resolución destaca las inversiones millonarias que González y su clan
familiar planeaban abordar en España y en países opacos y concluye que esa era
la fórmula con la que el antiguo delfín de Aguirre pensaba blanquear dinero
oculto
El auto por el que el juez Eloy Velasco encarceló la noche del viernes a quien
hasta 2015 fue presidente de Madrid por el PP, Ignacio González, destapa un
escenario de largo, continuo y multimillonario saqueo sostenido con la
complicidad o al menos la tolerancia de terceros. De esas complicidades hablan,
por ejemplo, las conversaciones del propio Ignacio González con el exministro
Eduardo Zaplana –con quien planeaba asociarse mediante empresas constituidas en
países opacos. Y emerge como elemento cargado de interrogantes la reunión que su
hermano Pablo mantuvo con el número 2 de Interior tras conocer la existencia de
una investigación en marcha.
Pero también retrata ese escenario de complicidades la participación de gigantes
como OHL, Dragados (ACS) o Indra en las macrooperaciones supuestamente
delictivas que González y los otros investigados tejieron presuntamente en su
propio beneficio o el del PP.
OHL le habría pagado un soborno de 1,4 millones en Suiza a cambio de la
adjudicación del tren Móstoles-Navalcarnero, cuya vía ni siquiera llegó a
construirse. Como adelantó infoLibre, Dragados garantizó a su familia una
comisión de 600.000 euros en un campo de golf promovido por el Canal de Isabel
II bajo su presidencia.
Y, al igual que ocurrió en Valencia con la trama Gürtel, otras empresas –es el
caso de Indra, que pagó 687.497 euros- habrían asumido el pago de facturas
falsas que en realidad escondían trabajos para la campaña electoral del PP en
2011.
El auto alimenta la inquietud sobre el colchón de lealtades del que se benefició
González hasta poco antes de su arresto al reflejar cómo una de las
conversaciones interceptadas a su hermano Pablo desvela que se habría
entrevistado con un secretario de Estado en fechas recientes tras conocer la
existencia de una investigación judicial que era secreta. O cuando desmenuza
cómo se produjo la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao por parte de
la poderosa filial latinoamericana del Canal de Isabel II, Inassa: porque el
material analizado conduce al juez a una hipótesis negra. “No puede descartarse
–dice el auto- que el Consejo de Administración de Canal Gestión estuviera al
tanto de los pormenores y el desarrollo de la operación de compra de Emissao”.
Canal Gestión es la sociedad nuclear del grupo Canal.
La resolución sostiene que entre los leales a González se contaba el presidente
del diario La Razón: "Se ha evidenciado el uso de la influencia sobre Mauricio
Casals, presidente de La Razón, para detener la cobertura mediática de sus
supuestas actividades criminales con el objetivo de conseguir impunidad y
obtener información sensible sobre la investigación
judicial en curso".
Una decisión meteórica del Gobierno de Aguirre
Que González siempre gozó del respaldo de Esperanza Aguirre y del del PP hasta
poco antes de que fuera desplazado por Cristina Cifuentes en la carrera hacia
las elecciones de 2015 era algo sabido. Pero, aun sin citar en ni una sola línea
de sus 28 páginas a la hoy portavoz municipal del PP en Madrid, el auto del juez
Eloy Velasco remarca ese aspecto. El paradigma es el relato que traza sobre cómo
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre,
tardó “solo dos días” en enero de 2007 en declarar de interés general el campo
de golf auspiciado por el Canal de Isabel II bajo la batuta de Ignacio González
para acometer una modificación urbanística que terminó reportando a su familia
una comisión de 600.000 euros gracias a un encargo de la adjudicataria de la
obra, Dragados, a la empresa donde participaba primero su cuñado y después
también su hermano. Esa empresa, Tecnoconcret, se vio luego igualmente
favorecida al participar en la UTE que se alzó con la concesión del campo de
golf, declarado ilegal por el Supremo en 2016. Tecnoconcret se convirtió para el
clan González y su socio en esa empresa en una fuente de provisión de fondos en
metálico: el auto revela que solo entre 2008 y 2011 salieron de una de sus
cuentas bancarias 532.339 euros mediante el cobro de cheques.
El –supuesto– saqueo del Canal de Isabel II y las adjudicaciones amañadas -el
auto cita la del tren de Navalcarnero o la del videomarcador del Palacio de
Deportes y deja el interrogante de a quiénes exactamente beneficiaron los
manejos en otros países- permitieron a Ignacio González y su familia acumular un
patrimonio real muy superior al oficial, sostiene el juez. La información
analizada –expone el auto– “arroja fuertes discrepancias entre su patrimonio
declarado y los importes de las inversiones que planean acometer” los González.
O las que ya estaban ejecutando cuando el miércoles estalló la Operación Lezo.
El magistrado alude aquí a varias inversiones millonarias como la compra de una
parte del accionariado de la empresa de ingeniería Auditel -la del videomarcador
mencionado en el párrafo anterior- por un monto que el auto cifra entre uno y
tres millones de euros. O a que el expresidente y su esposa se dispusieran a
adquirir otro paquete, este del 20% y valorado en unos 200.000 euros, en una
empresa de guarderías. O a que el antiguo delfín de Aguirre se preparase para
comprar junto con el exministro Eduardo Zaplana el 50% de una empresa
especializada en desinfección de aguas y en la que participaría a través de
sociedades opacas y testaferros con la ayuda de un abogado uruguayo experto en
estructuras internacionales.
Velasco infiere de ese cúmulo de datos que González planeaba blanquear dinero
oculto y no solo el "dinerillo B" mencionado en una conversación por el
expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, igualmente encarcelado sin
fianza: “El hecho de que [González] pretenda recurrir a la estructura societaria
de Fernando Belhot [el abogado uruguayo] podría obedecer a que Ignacio González
busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con
los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información
tributaria no están declarados”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/23/el_auto_que_envia_prision_ignacio_gonzalez_destapa_escenario_saqueo_general_complicidades_64183_1012.html
¿QUIÉN ES LA PERIODISTA QUE IGNACIO GONZÁLEZ ‘COLOCÓ’ EN TVE PARA LAVAR SU
IMAGEN?
El auto del juez Eloy Velasco deja abierta esta incógnita y UGT exige investigar
a la Comisión Mixta de Control Parlamentario y al Consejo de Administración de
la CRTVE
El auto de Eloy Velasco al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y por el que el
magistrado envió este viernes a prisión a Ignacio González y otras cuatro
personas, evidencia que para detener la cobertura mediática de sus presuntas
actividades criminales, y bajo el objetivo de conseguir impunidad y obtener
información sensible sobre la investigación judicial en curso, la trama corrupta
habría ‘colocado’ a una periodista de su confianza en RTVE. Todo ello para que
defendiese su imagen e intereses en la radio televisión pública.
El auto no señala quién es la periodista en cuestión. Por ello, el sindicato UGT
ha adelantado a este periódico que pedirá la realización de una “investigación
interna” para depurar las responsabilidades.
“Exigimos la apertura inmediata de una investigación para saber que persona es a
la que se refiere el auto. Quién o quienes tenían conocimiento de esta operación
en la dirección de RTVE, y si por tango fueron colaboradores necesarios en esta
operación. Qué criterios de contratación fueron establecidos para que esta
persona haya entrado en la CRTVE”, expone el sindicato en un escrito remitido a
la Comisión Mixta de Control Parlamentario y al Consejo de Administración de la
CRTVE.
En concreto, UGT pide al Consejo de Administración de RTVE “que se proceda al
cese inmediato y fulminante de quien o quienes haya podido participar, de ser
cierto, en esta operación”.
De forma paralela, el sindicato solicita a la Comisión Mixta de Control
Parlamentario para la CRTVE, que abra “cuantas vías de actuación sean
necesarias, para esclarecer este asunto, e ir más allá para saber si ha existido
esta practica en otros casos o piezas judiciales relacionados con tramas de
corrupción, así como determinar si existe una redacción paralela cuyas misión ya
no solo es la manipulación, sino la colaboración con prácticas delictivas”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492870521_379791.html
LA GUARDIA CIVIL, A LA CAZA DEL CHIVATO QUE ALERTÓ A IGNACIO GONZÁLEZ DE SU
DETENCIÓN
Los agentes sospechan que González fue alertado de su detención y pudo destruir
documentación
Sospechan que la delación pudo salir del entorno del Gobierno
La Guardia Civil se muestra convencida. Ignacio González, el que fuera
presidente de la Comunidad de Madrid, recibió un chivatazo desde «esferas de
poder» en el que le alertaron de su inminente detención. Y los agentes de la
Unidad Central Operativa sospechan que ese chivatazo le permitió desprenderse de
documentación que hubiera podido ser localizada durante los registros que los
agentes han practicado durante las últimas horas en el marco de la operación
Lezo.Fuentes de la investigación explicaron a EL MUNDO que se ha detectado que
González recibió «información privilegiada» sobre las pesquisas contra él hace
aproximadamente dos meses y que esa información pudo partir desde alguien del
Gobierno. Argumentan que en instancias gubernamentales podían conocer
indirectamente el avance de las pesquisas que llevaba a cabo la Guardia Civil en
coordinación con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
«Desde ese momento cambió todo su modus vivendi», explican estas fuentes. Sus
comunicaciones se vieron claramente alteradas. Los teléfonos del ex presidente
estaban bajo vigilancia policial, con el control del juez Eloy Velasco, desde
hacía muchos meses. Y los especialistas detectaron un cambio radical en el
contenido de sus comunicaciones, que pasaron a ser inocuas para la
investigación. Además, modificó sus horarios e, incluso, alteró su estancia en
su propia casa.
Los agentes del Instituto Armado deducen que se produjo una delación. Han
revisado de nuevo todas las conversaciones intervenidas y han llegado a la
conclusión de que ese chivatazo se produjo de manera indirecta, que alguien que
conocía de primera mano que la operación Lezo estaba a punto desencadenarse
encargó a «alguien» que fuera a ver a González y le alertara. Ese chivatazo no
se realizó por teléfono sino en persona, según concluyen los mismos
investigadores. Y creen que ha podido afectar gravemente al material y a la
documentación que trataron de localizar durante las casi 10 horas en las que
estuvieron practicando registros tanto en la vivienda de González como en su
despacho profesional.
Los investigadores entienden que el juez instructor de la Audiencia Nacional
debería abrir una pieza separada del sumario para indagar la autoría de ese
chivatazo, toda vez que ha podido tener consecuencias importantes para las
investigaciones. Las fuentes recuerdan como el que fuera vicepresidente de la
Comunidad de Madrid Francisco Granados también fue alertado por parte de dos
guardias civiles de que la Unidad Central Operativa estaba tras la pista de su
amigo, el empresario David Marjaliza, en la denominada operación Púnica. Tanto
los autores del chivatazo como el propio Granados están encausados por esta
delación.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/21/58f8fdf4e2704e93098b466f.htm
EL AUTO QUE DESTAPA EL
JUEGO SUCIO DEL PP
El juez dibuja una trama corrupta en Madrid que salpica a políticos, empresarios
y a la Justicia
Son 38 páginas a espacio simple y estilo administrativo, pero describen —tanto
de forma expresa y detallada como entre líneas— un panorama de corrupción masiva
y presunto juego sucio institucional con el PP de Madrid como foco. El auto por
el que el juez Eloy Velasco envió el viernes por la noche a prisión al
expresidente madrileño Ignacio González, recoge cobros de comisiones por
adjudicaciones públicas de algunas de las empresas más poderosas de España, el
saqueo de fondos públicos a gran escala y financiación ilegal del partido. Estas
conductas suponen una continuación de los casos Gürtel y Púnica, que han
sacudido al partido del Gobierno y que han marcado la agenda política desde
2009.
Sin embargo, el caso Lezo, como ha sido bautizado por la Guardia Civil, va un
paso más allá. Los pinchazos telefónicos han puesto de relieve cómo los
imputados —principalmente González y su familia y Edmundo Rodríguez, consejero
de La Razón— contaron con la ayuda de al menos una magistrada que les alertó de
que estaban siendo investigados. También ha sacado a la luz las supuestas
maniobras del partido para colocar al frente de los puestos claves de la
Fiscalía a personas que consideraban más cómodas para sus intereses.
El auto, rico en detalles sobre la influencia de la trama, señala que sus
tentáculos alcanzaban al propio Ministerio del Interior: El secretario de Estado
de Seguridad, José Antonio Nieto, se reunió el pasado marzo con el hermano de
Ignacio González, Pablo, alto cargo de la empresa pública Mercasa y ahora en
prisión. El caso Lezo solo acaba de empezar.
El hermano de González se reunió con el ‘número dos’ de Interior
El auto del juez Eloy Velasco por el que envió este viernes a prisión a Ignacio
González y otras cuatro personas, destaca la existencia de una reciente reunión
entre el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo
González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y también
encarcelado por su presunta implicación en la Operación Lezo.
Nueve empresas interpuestas para financiar la campaña electoral del PP de 2011
A finales de 2011 Ignacio González, entonces secretario general del Partido
Popular y vicepresidente del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, pidió al entonces
máximo responsable de dicho ente público, José Martínez Nicolás, "en torno a un
millón de euros" para "sanear las cuentas" del PP de Madrid.
González se valió de Mauricio Casals “para obtener información sensible”
Ignacio González, se valió de "la influencia" que tiene sobre el presidente del
diario La Razón, Mauricio Casals, imputado en la causa, para "obtener
información sensible sobre la investigación judicial el curso". Casals tuvo que
declarar el pasado jueves ante el magistrado como imputado por estos hechos y
fue interrogado por este por sus supuestos contactos con "una magistrada" que
supuestamente le alertó de que el político estaba siendo investigado.
El juez vincula a Zaplana con operaciones de blanqueo de González
Las supuestas maniobras del expresidente de Comunidad de Madrid Ignacio González
para entrar en negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos
ocultos en el extranjero salpica a Eduardo Zaplana, exjefe del ejecutivo
valenciano y ministro en los Gobierno de José María Aznar.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492890305_108146.html
IGNACIO
GONZÁLEZ: “LO DE 2001 SÍ QUE FUE UN PELOTAZO”
Un pinchazo telefónico desvela que el expresidente madrileño conocía la primera
compra irregular que hizo el Canal de Isabel II en Sudamérica y que nunca
denunció
Ignacio González define como "pelotazo" en una grabación de la Operación Lezo la
compra de la firma colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II.
Inassa, empresa radicada en Colombia y matriz de los negocios del Canal en
Sudamérica, fue adquirida por casi 100 millones, cuatro veces más del precio de
venta que tenía fijado solo dos meses antes. “Eso sí que fue un pelotazo…”,
describe el expresidente González, en las grabaciones interceptadas por el juez
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En esa grabación, Ignacio González alude
a la actual presidenta de Madrid, su sucesora Cristina Cifuentes, y señala: "La
gilipollas esta no tapa nada, mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001".
La intención del fiscal jefe Moix era abrir una pieza diferenciada sobre esta
compraventa, ya que los hechos se remontan a hace 15 años y eran personas
diferentes
Ignacio González se refiere a que Cifuentes entregó el pasado verano un informe
a la Fiscalía Anticorrupción en el que detalla que la adquisición en 2013 por
parte del Canal de la firma brasileña Emissao Engenharia e Construcao estuvo
plagada de irregularidades y que la operación se realizó saltándose los
preceptivos controles administrativos e incluso los resultados de una auditoría
hecha por KPMG que ponía grandes reparos a esa compra y al valor real de la
firma. Se compró por 31 millones, seis veces su valor, según las pesquisas
judiciales.
La intención del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, sobre esta operación
de 2001 era abrir una pieza diferenciada de la Operación Lezo, ya que los hechos
se remontan a 2001, hace 15 años; y, al margen de que jurídicamente podrían
estar prescritos, las personas investigadas ahora en Lezo nada tienen que ver
con los responsables del Canal en esa fecha. En 2001 la Comunidad de Madrid
estaba gobernada por Alberto Ruiz-Gallardón, con quien este periódico ha
intentado contactar sin éxito. Cuando habla del pelotazo, Ignacio González no se
refiere a nadie en concreto. A petición de la junta de fiscales, y aunque sus
decisiones no vinculan al fiscal jefe, Moix convino en que todo se investigase
ahora de forma conjunta. Y, en su caso, segregar tales diligencias cuando la
investigación estuviese más avanzada y una vez verificada la ausencia de
conexión de personas y hechos.
Siguiendo este criterio, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil registraron el Canal el pasado martes y se llevaron abundante
documentación de la compra de Inassa en 2001 por cuatro veces su valor (se
compró por unos 100 millones y apenas valía unos 30), así como de otras
adquisiciones de empresas sospechosas en Sudamérica por parte del Canal en los
años siguientes y referidos ya a la época de Ignacio González.
El juez Velasco señala en un auto de 28 folios que también "hay indicios de
actividad corrupta" en Inassa una vez que Ignacio González se convierte en
principal responsable del Canal. "Se ha puesto de manifiesto [en la
investigación] que, en 2012, el consorcio de empresas denominado Inassa-Cleop
(...) fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de
dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño
y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de
Cocle". Según el juez, todo indica que se "manipuló el proceso de licitación"
para que la contrata recayera en Inassa-Cleop y en la firma MG Infraestructuras,
representada por el "ciudadano español Sergio Vidal, quien habría pagado una
comisión ilegal de 273.672 dólares, velando su verdadera naturaleza ilícita
mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito con una
firma, Eduholding Corps, radicada en las islas Vírgenes Británicas". Señala el
juez que el pago de comisiones ha sido frecuente con otros contratos públicos en
Panamá, y casi siempre "con la intermediación de Sergio Vidal Balaguer", un
empresario panameño.
Otra pieza clave en estas operaciones corruptas ha sido, añade el juez, el
español Carlos Isidro Bello, directivo de Cleop, quien se encargó de todo lo
relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar", de las que "tenía
informado al presidente de Cleop, Carlos Turro". Explica el juez: "La persona
identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente
de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado
patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino", el
hombre de confianza de González en la presidencia de Inassa. El juez también ha
descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través
de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también
habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. Ángel Rondón, socio de
Inassa en la República Dominicana, es la figura clave en estos pagos, describe
Velasco.
El juez enviará comisiones rogatorias a los paraísos fiscales donde el
testaferro de González llevó cinco de los 20 millones de Suiza
El expresidente madrileño se halla en prisión desde el viernes junto a los que
el juez considera sus principales testaferros, a petición de la Fiscalía
Anticorrupción que, desde hace poco más de un mes, dirige Moix. Se trata de
Edmundo Rodríguez Sobrino, a quien González colocó como responsable de Inassa y,
por extensión, de todos los negocios del Canal en Sudamérica; su hermano Pablo
González, destituido como directivo de la firma pública Mercasa tras el
estallido esta semana del escándalo, y María Fernanda Richmond, directora
financiera del Canal desde 2007 hasta su relevo el pasado verano por orden de la
actual presidenta de Madrid Cristina Cifuentes.
La lupa del juez Velasco está ahora, sin embargo, en el otro gran pelotazo del
Canal en Sudamérica, que data de 2013. Y no solo no está prescrito , sino que
los investigadores lo tienen bien atado desde la perspectiva penal. Se trata de
la compra en Brasil por decisión de Ignacio González de la firma Emissao
Engenharia e Construcao a través de una sociedad instrumental situada en Uruguay
por casi 31 millones, Soluciones Andinas del Agua SRL. El juez Velasco asegura
en un auto sobre esta operación que el desfalco a las arcas del Canal ascendió a
25 millones, ya que a esa misma firma, dos meses después, el propio Canal le dio
en sus propias cuentas un valor de 5,5 millones.
Los pinchazos telefónicos revelan que el expresidente González y su entorno
fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación Lezo de que sus
teléfonos estaban intervenidos.
Según las pesquisas, justo tras la compra al Canal, los vendedores de Emissao
transfirieron cinco millones de dólares en comisiones a
una cuenta de Edmundo Rodríguez Sobrino y otros 20 millones a cuentas
en Suiza también vinculadas con él. Rodríguez Sobrino puso como hombre de paja
en la citada firma uruguaya a Ignasi Maestre Casanovas. La investigación tiene
acreditado que, nada más llegar los 20 millones a Suiza, hubo otras
transferencias desde el país helvético, fraccionadas, por otros casi cinco
millones, a bancos situados en paraísos fiscales. El juez Velasco va a enviar
comisiones rogatorias a Suiza y al resto de países destinatarios de esos envíos
convencido de que detrás de ellas están el propio Ignacio González, algún
miembro de su entorno familiar y su testaferro Rodríguez Sobrino, consejero
delegado del diario La Razón.
Los pinchazos telefónicos a los miembros de la trama revelan que el expresidente
González y su entorno fueron alertados dos meses antes de estallar la Operación
Lezo de que sus teléfonos estaban intervenidos. Y que entonces se produjo un
cambio sustancial en los diálogos de los investigados. Antes del chivatazo, sí
hablaban con tranquilidad. Y tales pinchazos muestran que Ignacio González y su
entorno estaban gestionando grandes inversiones en el extranjero y en España. En
concreto, querían comprar una sociedad mercantil en Brasil. Las gestiones con un
intermediario de la sociedad las hizo su hermano Pablo, que también se halla
preso. “Si vale 800.000 euros, no hay problema... tenemos el dinero”, suelta
Pablo González a su cuñado, José Juan Caballero, en otra grabación, y
refiriéndose a su hermano Ignacio. La operación no se llegó a concretar.
Caballero es el marido de Isabel González, hermana de Ignacio y en la actualidad
portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid.
Los pinchazos telefónicos al hermano del expresidente de Madrid Ignacio González
y a su hermano también revelan que el clan familiar dispone de un abultado
patrimonio que no se corresponde con sus ingresos: Ignacio González empezó a
trabajar en un despacho de abogados tras dejar la presidencia de Madrid y su
hermano era (ha sido destituido esta semana) directivo de la empresa pública
Mercasa, desde la que sobornó a políticos de países extranjeros en busca de
contratas y de su lucro personal.
En el registro en la casa y despacho del expresidente no se ha encontrado
ninguna cantidad importante de dinero, pero los investigadores están convencidos
que tanto él como su entorno ocultan abundante dinero negro. El propio Rodríguz
Sobrino lo ha reconocido ante el juez tras su detención: "Tiene dinero B",
refiriéndose al expresidente. Los investigadores indagan llegadas fraccionadas
de dinero desde firmas radicadas en el extranjero a cuentas de sociedades
regentadas por Pablo González. Rodríguez Sobrino posee sociedades opacas en Hong
Kong creadas en Panamá. Para lavar dinero, el expresidente simulaba préstamos
con sus parientes.
El expresidente en persona pidió tres millones para el partido
Documentos en poder del juez Velasco acreditan que el expresidente de Madrid
Ignacio González pidió personalmente a su hombre de confianza en la firma
pública ICM, José Martínez Nicolás, para el partido en Madrid, un total de tres
millones de euros. Uno de ellos sí lo consiguió y los otros dos estuvo a punto
de obtenerlos de no ser porque estalló la Operación Púnica el 27 de octubre de
2014, que entonces se llevó por delante a Francisco Granados, ex secretario
general del PP y otra de las personas, junto a Ignacio González, en las que se
apoyó Esperanza Aguirre durante su etapa al frente del Gobierno regional. Ambos
se llevaban muy mal y uno y otro se espiaban entre ellos.
Los dos ya entre rejas, en diferentes cárceles, Granados desde hace mas de dos
años y González desde el viernes. Por corrupción. Si no es porque estalla la
operación Púnica (octubre de 2014), González habría conseguido para el partido
casi dos millones de euros. Estaba todo atado y con las bendiciones de la mesa
de contratación y del Consejo de Gobierno. Fue una adjudicación a una empresa
informática por importe de 4,6 millones para que esta computara la información y
escrutinio de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en Madrid. Esta misma
tarea electoral fue adjudicada a la misma empresa en las elecciones anteriores
de 2011, pero con una diferencia: la tarea se hizo entonces por sólo 2,7
millones. La diferencia estaba destinada al partido, según la investigación
judicial. La adjudicación tenía el visto bueno del Consejo de Gobierno, pero en
esa misma fecha, 27 de octubre de 2014 estalló Púnica y el Gobierno regional se
apresuró días después a anular el contrato. El otro millón que personalmente
pidió Ignacio González a Martínez Nicolás para el partido sí lo consiguió
inflando un contrato de ICM con una empresa privada con la que estaba en
connivencia.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492870521_379791.html
VELASCO CONCLUYE QUE GONZÁLEZ SE VALIÓ DE MAURICIO CASALS “PARA OBTENER
INFORMACIÓN SENSIBLE” DEL CASO
Las pesquisas han revelado los contactos entre ambos y que el expresidente
madrileño colocó a una periodista "de confianza" en RTVE para defender "su
imagen"
El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, destaca
que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se valió de "la
influencia" que tiene sobre el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals,
imputado en la causa, para "obtener información sensible sobre la investigación
judicial el curso". Casals tuvo que declarar el pasado jueves ante el magistrado
como imputado por estos hechos y fue interrogado por este por sus supuestos
contactos con "una magistrada" que supuestamente le alertó de que el político
estaba siendo investigado. El presidente del diario negó los hechos.
Pese a ello, el juez Velasco señala en el auto por el que ha ordenado el ingreso
en prisión incondicional de González la "influencia" de este último sobre Casals
y que ello le permitió, no sólo tener acceso a "información sensible" sobre la
Operación Lezo que desembocó en su detención el pasado miércoles, sino también
"detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el
objeto de conseguir impunidad".
Por estos hechos, también tuvo que declarar como imputado el pasado jueves
Francisco Marhuenda, actual director de La Razón. Tanto a este como a Casals, el
juez Velasco les interrogó por las presiones que ejercieron sobre la actual
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su equipo para que
retiraran la denuncia que habían presentado sobre las supuestas irregularidades
en la gestión del Canal de Isabel II durante la gestión de González.
El auto también recoge que el expresidente madrileño colocó "a una periodista de
su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses". Velasco recalca
que González se valió de su "influencia" como político para actuar en "otros
ámbitos como la Administración, habiéndose detectado episodios en los que
Ignacio trata o planea influir en terceros -de manera directa o indirecta- para
beneficio propio o de otros".
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492856956_699314.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s
ELOY VELASCO, JUEZ DE LA 'OPERACIÓN LEZO': "ASÍ NO PUEDO HACER BIEN MI TRABAJO.
HE PEDIDO OTRO DESTINO"
"Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político"
"Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior"
"Un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional precisa más medios"
Eloy Velasco (Bilbao, 1963) es el juez del momento, titular del Juzgado de
Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Respetó su compromiso previo de
conceder esta entrevista a EL MUNDO, pese a que tuvo lugar el pasado miércoles
tras lanzar la operación Lezo. La entrevista había sido concertada con motivo de
una conferencia organizada por la Deusto Business School sobre el libro que ha
escrito con su esposa Beatriz Saura llamado Cuestiones Prácticas sobre
responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance. Velasco quiere que
cale que la reforma penal permite incluso disolver empresas o partidos políticos
cuando sus dirigentes incurren en delitos. Rechazó desde el principio comentar
la Operación Lezo y el resto de procedimientos en curso que instruye, pero
confirma sus planes de futuro y no se muerde la lengua en temas relevantes.
¿Qué opina al menos de la situación de la corrupción en España?
No quiero contestar a eso, porque se puede hacer una lectura sobre casos
concretos. Prefiero hablar sobre la importancia de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas en España. Gracias por entenderlo.
Pero está relacionado...
Es uno de los muchos delitos en que puede incurrir una persona jurídica.
¿Cree que hay arsenal jurídico suficiente para castigar a las personas jurídicas
delincuentes en España con incluso la disolución?
La disolución es una pena prevista. Es la muerte de la empresa. Para las
instrumentales que se usan torticeramente para hacer trampas no es mala
solución, pero para las que tienen vocación de permanencia y plantilla de
trabajadores, no parece que sea la más adecuada. En la importante sentencia de
29 de febrero de 2016, que llamamos «la bisiesta», el Tribunal Supremo corrige a
la Audiencia Nacional, que condenó a la disolución de una empresa con 100
trabajadores. El Supremo prefirió otra opción menos grave como es la sanción. Es
importante que no es sólo responsabilidad de las empresas, hay personas
jurídicas como son las fundaciones, los partidos, los sindicatos, asociaciones
sin ánimo de lucro como puede ser la Iglesia, los equipos de fútbol... El
Barcelona ya tiene condena y es el primer equipo que está jugando con
antecedentes penales, el Osasuna está siendo investigado, están apareciendo los
fraudes en las apuestas en Tercera División... Con la reforma penal se podría
llegar a disolver un partido.
¿A un partido político?
Es muy importante que el mensaje no va solo a las empresas, sino a cualquier
persona jurídica, salvo al Estado, y que se pueden graduar las distintas
sanciones. La normal es la de multa y la más drástica la de la disolución, pero
hay otras formas intermedias. Lo que ha querido el legislador es llevarlo al
terreno penal y no al administrativo como en Italia o Alemania. Han decidido que
el empresario tiene que poner procedimientos para evitar casos como el de Enron.
Tiene que ser el empresario el que ponga los costes de la prevención. Eso sí, el
plan de prevención de delitos o compliance es voluntario. El premio es que el
que haya hecho planes puede llegar a ser eximido de la acción penal o le puede
atenuar la responsabilidad con la correspondiente graduación de la multa.
¿Y en los partidos políticos?
Para los partidos políticos sí es obligatorio. Con la reforma que hizo Rajoy
sobre partidos políticos, que introdujo delito de financiación, les obligó a
tener planes de prevención.
Entonces nunca veremos la disolución de un partido político, porque tendrá el
eximente de contar con un plan de prevención...
Son cosas distintas, un partido puede tener un plan de compliance, pero pese a
eso puede que alguien que lo conoce, evite esos controles fraudulentamente y
cometa delito. Si es directivo y lo hace para procurar un beneficio al partido,
será el partido el que comete el delito. El responsable arrastra a la
responsabilidad del conjunto. Es que lo que hace el presidente del
Gobierno es como si lo hiciera el Gobierno y lo que hace el representante de la
empresa es como si hiciera la empresa. Luego es verdad que los accionistas de
una empresa pueden emprender acciones contra el directivo y pedirle que les
indemnice.
Disolver a un partido sería privar a los militantes de una fuerza política...
Sí, podría ser interpretado como una interferencia en la expresión política,
pero hay otras alternativas. Otras penas son prohibir actividades temporalmente,
cerrar locales de una parte del país...
Si no quiere hablar de casos concretos, ¿puede aclarar al menos si va a dejar su
actual puesto?
Sí. He pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la
Audiencia Nacional. No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un
concurso.
Pero puede dejar casos importantes empantanados...
Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá
otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor.
Pero así se ralentizan los procesos judiciales...
Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y
me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que
trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia
no son todo los grandes como podrían ser.
Hay que bajar el déficit público...
Ya pero en un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional pedí un
refuerzo y me lo pusieron seis meses. Es ridículo que lo pongan por un plazo tan
corto y eso que el compañero trabajó perfectamente. Ahora se ha ofrecido a
echarme una mano, pero no es legal que dos jueces funcionen a la vez si no están
nombrados por el Consejo. La Audiencia Nacional necesita más medios.
¿Por eso se quiere ir?
Y porque llevo 10 años en la Audiencia Nacional de mis 30 años de juez. Voy a
seguir en la Audiencia Nacional, pero haciendo otro trabajo ya. Ya tengo mis
años y estar siempre de guardia... En este trabajo te llaman a las dos de la
mañana. Estábamos de vacaciones en esta Semana Santa y me llamaron... Pero al
servicio que me he pedido de la Sala de Apelaciones no llaman. Es a los jueces
instructores a los que nos mueven más. Si consigo el puesto, es menos de actuar
y más de escribir.
¿Se va porque le afectan las críticas a sus decisiones?
La crítica me es indiferente, si no es a mí será al siguiente.
Es preocupante que jueces con tanta experiencia quieran dejarlo...
Desde la Sala de Apelaciones tener experiencia es importante y sólo el que ha
sido antes instructor sabe cómo está conseguida una prueba. Por ejemplo, cuando
veo que la Audiencia Provincial de Navarra dice que no hay kale borroka en unos
actos que llama de orden público en Pamplona, en contra de la Audiencia Nacional
que se dedica al terrorismo... Eso es banalizarlo y demuestra que no se dedican
al terrorismo. También lo veo en materia económica o, por ejemplo, en Justicia
universal. Cuando haces un procedimiento por una persona que ha sido masacrada
por alguien del régimen de Assad, hay gente sin experiencia internacional que
dice: no perdamos el tiempo porque las investigaciones nacionales están
necesitadas de tiempo. ¡Qué tendrá que ver una cosa con la otra! Hay gente que
no tiene empatía con crímenes contra la Humanidad que son más graves que la
muerte. En la Sala de Apelaciones intentaré aportar mi experiencia.
¿Cuándo prevé dejar su puesto?
Está previsto en junio. A ver si entonces tengo la suerte de ganar el concurso y
me voy a otra cosa.
¿Volvería a la política tras su etapa en la Generalitat Valenciana?
¿Para qué? Además, en Valencia lo que hice fue gestión. Yo me dediqué a
construir infraestructuras judiciales y a informatizar. Cuando llegué usaban
máquina de escribir. Cuando me marché, los 300 juzgados usaban ordenadores.
¿Animaría a un compañero a sustituirle? Parece que su juzgado está desbordado...
Yo animaría a evitar juzgados desbordados. Mi trabajo es apasionante. Siempre
hay temas graves. Ahora hay uno que parece grave y dentro de poco habrá otro.
¿Con los medios que tiene puede hacer bien su trabajo?
No, así no puedo hacer bien mi trabajo. Me gustaría tener tiempo, porque cada
ciudadano, cada víctima merece mucho más tiempo del que yo puedo dedicar.
¿Qué le parece la propuesta de que sean los fiscales los instructores?
Soy contrario. Estoy a favor del juez instructor. Los fiscales son estupendos
profesionales y en el 99% de los casos harían la instrucción igual que los
jueces, pero hay un 1% de ellos que puede recibir instrucciones de sus
superiores. Y yo no, porque no tengo superior. Me siento más independiente que
los fiscales, también en esos casos en los que el fiscal general, que es elegido
por el Gobierno, puede dar un instrucción.
¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las
tarjetas black...
Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un
consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían
beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro
sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación... Los jueces tenemos que
interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no
perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta
2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por
ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron
al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que
en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que
responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que
interpretar las leyes conforme al contexto actual.
¿Y si se equivocan?
No pasa nada. Hay segunda instancia, hay casación y no hay asunto que no pase
por ocho jueces.
¿Es más difícil actuar contra una gran empresa?
Instruir esos casos es complejo. Recuerdo que llevé una trama de información
privilegiada de un banco muy importante y me enseñaron un organigrama que no
tenía tiempo de entender. No tengo tiempo para entender como funciona un banco
pero me tengo que enterar.
¿Cómo solucionarlo?
Hay que especializarse. Los jueces deben tener un equipo de asesores, auditores
o contables que nos sepan explicar estos fenómenos.
¿Cómo están trabajando la Udef y la UCO?
Muy bien. Las condenas que empiezan a asomar son gracias a ellos. Son policías
sin pistola que estudian desfalcos o desvíos de dinero. Hacen una labor muy
buena.
Volviendo a su libro, ¿se dotan las grandes empresas de planes de prevención de
delitos?
En las grandes empresas sí, pero no con un solo modelo. Yo tengo unas 80
personas jurídicas investigadas en mi juzgado y veo planes de prevención
diferentes. No se ha profundizado en delitos impropios como la trata de
personas, el tráfico de drogas, la prostitución, la pornografía infantil...
Creen que nunca los van a cometer, pero en el mundo real ocurren esas cosas.
Pienso que, o tienen un plan correcto, o como lo tengan débil van a tener
problemas.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html
BÁRCENAS Y LAPUERTA PAGARON A UN DETECTIVE POR LA PISTA QUE ARRANCÓ LA
INVESTIGACIÓN CONTRA GONZÁLEZ
Guerra de bandas en el PP: así llegó a la Guardia Civil la pista clave en la
operación contra el expresidente de Madrid
Este es el papel clave. Una página redactada hace al menos ocho años y que es
fundamental para entender por qué Ignacio González duerme hoy entre rejas. Fue
comprado a un detective privado por varios de los enemigos políticos de Ignacio
González, por los tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, entre otros.
Pagaron por este documento 38.000 euros. Era una información incompleta e
inexacta, pero los datos que hay en este folio son los que permitieron a la
Guardia Civil y a la Audiencia Nacional iniciar la operación Lezo: la
investigación de una de las mayores tramas corruptas de la historia española.
A mediados de 2009, un detective privado contactó con los tesoreros del PP.
Vendía dos informaciones nada baratas: el número de la cuenta corriente en Suiza
de Ignacio González y también el cheque de una supuesta comisión de 1,4 millones
de euros que la constructora OHL había pagado a González a cambio de la
adjudicación del tren de Nalvacarnero.
Según la versión que contó el detective a Bárcenas y Lapuerta, el dueño de OHL,
Juan Miguel Villar Mir, había pagado esa mordida a regañadientes, a través de un
cheque. Y como consideraba que ese pago era una extorsión injusta –el proyecto
de aquel cercanías fue un fiasco que nunca se completó–, Villar Mir había
ordenado rastrear el destino de ese dinero por medio de una agencia de
detectives. Gracias al cheque envenenado, esos detectives habían localizado el
supuesto número de cuenta en el Anglo Irish Bank donde Ignacio González escondía
su botín.
El momento en el que los tesoreros se pusieron en contacto con ese detective no
era casual. En 2009, con la explosión del caso Gürtel, también había estallado
una guerra entre dos bandas enfrentadas en el PP, dos grupos de recaudadores
rivales: los de Génova contra los del partido en Madrid. Álvaro Lapuerta, el
tesorero nacional, había tenido ya enfrentamientos muy serios contra el PP de
Esperanza Aguirre, contra Ignacio González y Francisco Granados, a los que
tachaba de corruptos.
Las primeras escaramuzas entre ambos bandos se habían iniciado mucho antes, en
noviembre de 2004, al año de que Esperanza Aguirre llegara al poder en Madrid.
Unos constructores donantes de la caja B del partido se habían quejado de que
desde el PP de Madrid les pedían una comisión. En una reunión en Génova 13, con
Rajoy y Bárcenas de testigo, Lapuerta había avisado a Aguirre de que su delfín,
Ignacio González, estaba pidiendo una mordida por la adjudicación de una enorme
parcela en Arganda del Rey a la constructora Martinsa, un pelotazo millonario
que fue la mayor operación urbanística en la que también participó Francisco
Correa.
La acusación de Lapuerta y Bárcenas contra Ignacio González provocó un fuego
cruzado entre los dos bandos que en 2009, con los primeros autos de la Gürtel,
había ido a mucho más. Los tesoreros del PP responsabilizaban al entonces
vicepresidente de Madrid de varias informaciones contra ellos que había
publicado el diario El Mundo, que desveló unas supuestas comisiones con
contratos de seguridad en Madrid. Así que decidieron pasar al contraataque, y
pagar al detective por las supuestas pruebas de la corrupción de Ignacio
González.
El detective pedía mucho dinero por el primer documento –el número de cuenta y
los datos del entramado panameño tras el que se ocultaba Ignacio González– y aún
más por una copia del cheque en cuestión. Lapuerta y Bárcenas, entre otros, le
dieron 38.000 euros por el primer papel, pero no quisieron pagar los 75.000
euros que pedía el detective por la segunda entrega, por la fotocopia del
cheque.
Con ese papel en la mano, Álvaro Lapuerta se reunió con el dueño de OHL, Juan
Miguel Villar Mir, y le preguntó por esa mordida de 1,4 millones que reflejaba
ese papel, pero el dueño de OHL negó toda la información. También se lo contó al
propio Mariano Rajoy e incluso hizo intentos para llevar el documento a a
Fiscalía, que no fructificaron.
La investigación de la Guardia Civil
Bárcenas y Lapuerta, frustrados por no lograr arrancar el caso, lo dejaron
estar. Ambos estaban por entonces ya más preocupados por su futuro penal que por
denunciar a Ignacio González. Pero años después, el documento acabó llegando a
través de varias fuentes a la Guardia Civil.
Un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, consiguió
hacerse con el papel el 16 de mayo de 2015. Poco después otras dos fuentes
distintas aportaron la misma documentación a la investigación. Y en septiembre
de 2015, otra fuente más corroboró el origen de esa documentación: la compra por
parte de Lapuerta y Bárcenas de la información.
La UCO descubrió que el papel tenía datos buenos –la estructura societaria en
Panamá– pero una falsedad fundamental: el número de cuenta no era el correcto.
La Guardia Civil sí logró descubrir después cuál era el auténtico, que hoy está
pendiente de una petición de información. Otra fuente pudo aportar la cuenta con
la numeración real.
Ese error en el número de cuenta ¿fue una trampa tendida por la gente de
González a sus enemigos del PP en Génova? ¿Fue un fallo de los detectives
privados que elaboraron ese dossier? Aún es un misterio. Pero lo cierto es que
ese papel, a pesar de este error, fue clave en el arranque de la Operación Lezo,
una investigación judicial a la que después se sumó la denuncia que en junio de
2016 presentó la actual dirección del Canal de Isabel II, controlada por
Cristina Cifuentes.
A través de otra fuente –el exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, que llegó a
certificarlo ante un notario, según publica El Español–, el documento circuló
durante 2016 por varios medios más, y también por el PP. Lo vio Carlos Floriano,
José Carlos Vera, Esperanza Aguirre, Salvador Victoria... El propio Ignacio
González negó a El Mundo su autenticidad, según ha contado ese periódico.
Esperanza Aguirre presumía de “haber destapado el caso Gürtel”. Irónicamente,
fueron Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas quienes destaparon el caso Lezo; la
consecuencia de una guerra por las comisiones y donaciones que cobraba el
partido entre dos bandos enfrentados del PP.
http://m.eldiario.es/escolar/Barcenas-Lapuerta-investigacion-Ignacio-Gonzalez_6_635596476.html
LA ACUSACIÓN QUE HA SENTADO A RAJOY COMO TESTIGO EN GÜRTEL SE PERSONA CONTRA
IGNACIO GONZÁLEZ
ADADE ha pedido al juez Eloy Velasco personarse como acusación popular en la
causa sobre las irregularidades del Canal de Isabel II
El juez tomará este viernes declaración a Ignacio González antes de decidir si
le envía a prisión o le deja en libertad con medidas cautelares
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha pedido al juez Eloy
Velasco, que dirige la investigación de la Operación Lezo, personarse como
acusación popular en la causa. El magistrado tendrá que decidir si acepta la
personación de la asociación que ha conseguido que el tribunal de Gürtel llame a
declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras dos
intentos fallidos.
Los letrados ya han enviado un escrito al magistrado de la Audiencia Nacional,
que tendrá que consultar a las partes antes de tomar una decisión sobre si
acepta su personación en la causa. Puede decidirlo ahora o esperar a que se
levante el secreto de sumario de una pieza que se mantiene secreta, y en la que
hoy se tomará declaración a Ignacio González, detenido el pasado miércoles.
Si acepta su personación, Velasco deberá fijar el importe de la fianza que les
impone para ser parte en este caso. ADADE tiene que justificar su presencia en
este caso, como han hecho con su petición de sentar a Rajoy en la silla de los
testigos del juicio de Gürtel.
En el escrito que enviaron a la sala, la asociación dejaba claro que sus
estatutos recogen que su objetivo es "la búsqueda del cumplimiento del Estado de
Derecho", así como "la búsqueda y sanción de comportamientos ilícitos".
Antes de decidir si acepta su personación, Velasco tomará declaración este
jueves a los detenidos en la Operación Lezo. Esta mañana se sentarán ante el
juez Ignacio González, en los calabozos de la Guardia Civil desde hace dos días,
y Edmundo Rodríguez Sobrino, exresponsable de Inassa.
El juez preguntará a González por su papel en lo que los investigadores definen
como "una organización criminal". También le pedirá explicaciones sobre el
presunto cobro de una comisión a OHL, por la que esta noche ha sido detenido el
empresario Javier López Madrid. Tras su declaración, el juez decidirá si le
envía a prisión o le deja libre con medidas cautelares.
Velasco tomó declaración anoche a dos de los detenidos, a los que decidió enviar
a prisión bajo fianza a última hora del día. María Fernanda Richmond, antigua
responsable de las finanzas del Canal, tendrá que pagar cuatro millones de
euros, mientras que Adrián Martín, exdirector general de la empresa pública,
tiene impuesta una fianza de 100.000 euros.
Ambos están implicados en la compra por parte del Canal de una empresa brasileña
de ingeniería y construcciones, Emissao. Esa adquisición se hizo a través de
sociedades panameñas y uruguayas, y se abonó una cantidad muy superior al precio
real de la empresa.
http://m.eldiario.es/politica/acusacion-Rajoy-Gurtel-Ignacio-Gonzalez_0_635536544.html
PODEMOS Y PSOE SE PERSONAN COMO ACUSACIÓN POPULAR EN LA TRAMA DE IGNACIO
GONZÁLEZ
Los socialistas también piden el cese inmediato del fiscal jefe Anticorrupción
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a su llegada a la
Audiencia Nacional, en el coche policial en el que ha sido trasladado desde la
Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, para declarar en la operación
Lezo que investiga
Podemos y el PSOE se han personado esta mañana como acusación popular en el
sumario abierto en la Audiencia Nacional de la operación Lezo, que investiga una
trama de corrupción liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González, según apuntan las investigaciones.
También ha solicitado su personación como acusación popular la Asociación de
Abogados Demócratas por Europa (ADADE). El abogado Juan de Justo Rodríguez
presentó en nombre de ADADE (asociación presente en otros casos como la trama
Gürtel o el caso Púnica) dicho escrito el pasado miércoles por la tarde, a la
espera aún de conocer si el juez instructor acepta esta petición.
La asociación se habría adelantado así a Podemos y PSOE en solicitar el
ejercicio de la acción popular. Si se confirma, se encargaría de la dirección
letrada de esta acusación.
La acusación popular es una figura que permite a toda persona personarse en una
causa donde haya interés público, como es la extracción de dinero de la empresa
de aguas de la Comunidad de Madrid desde la que, al parecer, la red de González
habría desplegado una estrategia para apropiarse del dinero y esconderlo en
países opacos.
La decisión del PSOE de personarse ha sido tomada por la actual Gestora del
partido y esta misma mañana se ha presentado el escrito ante el juzgado, según
ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando
Hernando afirmó que el PSOE explicó que el motivo de esta personación es que el
PSOE considera que el caso afecta a los intereses de todos los madrileños, así
como a las empresas públicas implicadas.
Además, el portavoz socialista anunció que su partido hará una petición al
fiscal general del Estado para que abra un expediente disciplinario al fiscal
jefe anticorrupción, Manuel Moix, y sea cesado de forma inmediata.
http://m.publico.es/politica/1996942/el-psoe-se-persona-como-acusacion-popular-en-el-caso-lezo
CIFUENTES SE DESVINCULA EN TWITTER DE LA CORRUPCIÓN EN TORNO AL CANAL DE ISABEL
II
La líder del Partido Popular de Madrid ha acusado a Ciudadanos de incoherencia,
argumentando que "no se puede desacreditar con mentiras al partido al que se
sostiene mediante un pacto".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha querido
desmarcarse de cualquier tipo de vínculo con los casos de corrupción en torno al
Canal de Isabel II, después de que Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la
asamblea de Madrid, anunciase una petición de comparecencia de la presidenta en
la comisión de investigación sobre corrupción política.
Cifuentes ha contestado a Aguado a través de Twitter acusándole de mentir y
argumentando que "jamás he tenido que ver con operaciones internacionales del
Canal de Isabel II".
"Mi pertenencia al Consejo en representación del Estado, era exclusivamente en
mi condición de delegada del Gobierno en Madrid" ha justificado la líder del PP
madrileño en un segundo twitt.
Cifuentes no ha terminado ahí, y ha querido explicar en otros cuatro twitts que
"jamás" participó "en ningún tipo de decisión respecto a las operaciones que
están siendo investigadas" excusándose además, en que "la operación de Emissao
se hizo a espaldas del Consejo de Administración del Canal".
"En política no vale todo, y menos aún arremeter contra quién denuncia hechos
presuntamente delictivos" ha dicho Cristina Cifuentes, en clara alusión al
portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid,
Ignacio Aguado.
Además, ha acusado a Ciudadanos de incoherencia argumentando que "no se puede
desacreditar con mentiras al partido al que se sostiene mediante un pacto".
http://m.publico.es/espana/1997092/cifuentes-se-desvincula-en-twitter-de-la-corrupcion-en-torno-al-canal-de-isabel-ii
LA 'OPERACIÓN LEZO' DISPARA EL MALESTAR ENTRE LOS FISCALES POR EL DETERIORO EN
ANTICORRUPCIÓN DESDE EL NOMBRAMIENTO DE MOIX
El fiscal general del Estado convoca este lunes a todos los fiscales de
Anticorrupción después de que Manuel Moix viera frenada su intención de impedir
un registro previsto en la Operación Lezo
Distintas fuentes de la Fiscalía consideran alarmante que en el verano de 2016
Ignacio González ya barajara el nombre de Moix como fiscal jefe de
Anticorrupción, antes incluso de que fuera nombrado Maza
El 25 de noviembre pasado el Consejo de Ministros del Gobierno presidido por
Mariano Rajoy nombró al hasta entonces magistrado del Tribunal Supremo José
Manuel Maza fiscal general del Estado. Y desde entonces el Ministerio Público ha
entrado en una espiral de polémicas que han puesto en duda el papel de una
institución clave a la que el Ejecutivo del PP pretende responsabilizar además
de la instrucción de las investigaciones, desplazando a los jueces.
Con el nombramiento del magistrado conservador, su antecesora, Consuelo
Madrigal, también conservadora, perdía de forma definitiva la batalla de los
nombramientos de los puestos clave de la Fiscalía en el Estado. La sucesora de
Eduardo Torres Dulce, que dimitió en diciembre de 2014, había chocado de forma
directa con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la elección de los
futuros responsables de la Fiscalía Anticorrupción y de la fiscalía de la
Audiencia Nacional.
Mientras Madrigal apostaba por Alejandro Luzón, el fiscal que ha logrado la
condena de Rodrigo Rato y Miguel Blesa por las tarjetas black, el ministro puso
sobre la mesa el nombre de Manuel Moix, que no pertenecía a la Fiscalía
Anticorrupción que ha acabado dirigiendo. En la Audiencia Nacional también había
discrepancias. Madrigal apostaba por la permanencia de Javier Zaragoza, un
nombre que al ministro no le convencía, por lo que al final se optó por Jesús
Alonso, el número dos de Zaragoza.
El malestar en la carrera fiscal sobre los nombramientos se muestra en un hecho
excepcional: los dos fiscales natos del Consejo Fiscal, que son el teniente
fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el jefe de la Inspección de la
Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena, y que de forma general apoyan las
decisiones del fiscal general del Estado, se opusieron en esta ocasión a los
deseos de elegir a Moix.
Rechazo interno
Tanto Navajas, considerado el número uno de la carrera puesto que el actual
fiscal general no procede de la misma sino de la magistratura, como Cartagena no
sólo votaron por la continuidad de Zaragoza en la Audiencia Nacional sino que
también rechazaron el relevo del ex fiscal superior de la Región de Murcia
Manuel López Bernal, que había comunicado al anterior fiscal de Anticorrupción,
Antonio Salinas, que su departamento había sido objeto de varios ataques, como
por ejemplo robos de ordenadores y entradas en sus viviendas.
Ahora, gracias a la Operación Lezo, se ha conocido además que el verano pasado
la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y el exministro y
expresidente valenciano Eduardo Zaplana incluida en el sumario de la operación.
Según la transcripción de la grabación, González se refiere al nombramiento de
Moix como una buena noticia, ya que es una persona próxima al PP y asegura que
les iría mejor si era el elegido, según fuentes conocedoras de la charla
recogidas por la Cadena Ser.
¿Conocía Ignacio González la intención del Gobierno del PP de nombrar a Moix
como máximo responsable de la lucha contra la corrupción? Distintas fuentes de
la Fiscalía llaman la atención sobre la cronología de los hechos, y sobre la
relevancia de que en verano de 2016 González ya barajara el nombre de Moix antes
incluso de que fuera nombrado José Manuel Maza.
En febrero pasado, el fiscal general del Estado acabó designando a Moix, tal y
como había barajado González. En vísperas del nombramiento, integrantes de la
Unión Progresista de Fiscales advirtieron a Maza de que circulaba un insistente
rumor sobre una investigación de la Audiencia Nacional en la que aparecía el
nombre de Moix en conversaciones grabadas a políticos que lo situaban como
alguien favorable a los intereses del PP. A pesar de esa advertencia, el nuevo
fiscal general eligió a Moix para el puesto sin tan siquiera motivar su decisión
por escrito, algo que ha irritado a amplios sectores de la carrera fiscal que
expresan su alarma ante el probable deterioro de la credibilidad de esta
institución judicial.
Destitución del fiscal de Murcia
Estos nombramientos, y la destitución del hasta ese momento fiscal jefe de
Murcia, Manuel López Bernal, alma mater de la acusación contra el ya
expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio, se unieron al
primer gran episodio conflictivo, y que ha marcado de forma clara y directa la
actuación del fiscal general del Estado: la decisión de que la Fiscalía
Anticorrrupción no acusara al mencionado Pedro Antonio Sánchez en el otro caso
de corrupción que tiene abierto, que es la pieza separada murciana de la trama
Púnica.
Esta orden de Maza chocó de manera frontal con las conclusiones de las fiscales
que, durante más de dos años, habían estado investigando el caso: Carmen García
y Teresa Gálvez. Estas dos funcionarias involucraban a Sánchez en un "plan
criminal" y pedían su imputación, pero Maza ordenó no acusar al presidente de
Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por la teniente fiscal de
Anticorrupción Belén Suárez pero no por las dos fiscales mencionadas, que fueron
desautorizadas.
En la polémica irrumpió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en una
entrevista en la Cadena Ser en la que se le preguntó por el motivo por el que el
expresidente murciano había tenido acceso a información confidencial sobre la
decisión de Anticorrupción de no acusarle, cargó contra las fiscales. El
ministro de Justicia consideró "anómalo" que las fiscales del caso Púnica se
hubieran negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que
pedía que no se investigara a Sánchez: "Quizá quien tiene el problema son las
fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", apostilló Catalá en la
entrevista radiofónica.
Aforado en Murcia
Pedro Antonio Sánchez, como diputado del PP en la Asamblea Regional murciana,
está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de esta Comunidad (TSJM). Por eso el juez que instruye en la Audiencia Nacional
la rama murciana de la Púnica, Eloy Velasco, no puede acusar de forma directa a
Pedro Antonio Sánchez.
Y eso le obligó a elevar una exposición razonada dirigida al TSJ murciano, cuyo
ponente es el magistrado Julián Pérez-Templado, que es el instructor del también
denominado caso Auditorio, y que recientemente fue fotografiado a la salida de
una comida con uno de los principales imputados de la Púnica murciana, el
exdiputado y exconsejero Juan Carlos Ruiz.
Sin embargo, la polémica sobre los casos de Murcia no acaba. Según ha adelantado
infoLibre, Moix ha decidido marginar al fiscal delegado de Anticorrupción en la
Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, que no se encargará de la acusación en la
pieza de la Púnica que analizan los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia (TSJM).
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. El fiscal general del Estado,
José Manuel Maza.
Los planes de Moix en Murcia se conocen justo un día después de que Maza
confirmara el relevo de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, encargados
del caso del 3% de Cataluña, por los delegados de Anticorrupción en Cataluña
Teresa Duarto y Fernando Maldonado por "razones operativas y prácticas".
Una nota oficial de la Fiscalía General explicaba que la sustitución
correspondería a la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción de que los fiscales
delegados asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan
ocuparse de los asuntos de Madrid. Una estrategia que no se mantiene con los
citados planes de Moix en Murcia sobre el delegado de Anticorrupción, Juan Pablo
Lozano, al que apartará de la acusación contra Pedro Antonio Sánchez.
La complejidad del caso del 3% y el momento elegido para el cambio de fiscales,
poco antes de que previsiblemente volvieran a reclamar la imputación del
exconsejero de Justicia Germà Gordó, parece quitar la razón a Maza, que encarga
las pesquisas a los fiscales delegados, obligados a comenzar desde cero, lo que
sin duda supondrá un parón en el caso.
Enfrentamiento en Anticorrupción
Pero en medio de este panorama de descomposición, la Operación Lezo ha supuesto,
de forma clara, el principal revés de Maza y de Manuel Moix en estos cinco meses
de polémicas. Este último, con el apoyo de su jefe, se opuso a que la Guardia
Civil registrara las dependencias del Canal de Isabel II donde se encuentran los
documentos de Inassa, la filial que centra la investigación de la trama liderada
por Ignacio González, y cuya sede se localiza en Colombia.
Según fuentes de la investigación, Moix se opuso a ese registro al considerar
que esta operación debería ser tratada como un caso de corrupción diferenciado a
la Operación Lezo. Esta decisión habría significado que la compra ruinosa de
esta empresa brasileña Emissão Engenharia e Construção habría sido investigada
por un juez distinto, pero sobre todo por otros fiscales.
El rechazo de Moix a autorizar el registro provocó una reacción en bloque de los
fiscales de Anticorrupción, que en una actuación sin precedentes invocaron al
artículo 27 del Estatuto fiscal para convocar una reunión en la que todos los
fiscales del departamento lograron que el fiscal jefe diera marcha atrás a su
intento de trocear la causa.
Manuel Moix junto a Esperanza Aguirre en una imagen tomada en 2008. Manuel Moix
junto a Esperanza Aguirre en una imagen tomada en 2008.
Fuentes fiscales no entienden el empeño de Moix en diferenciar la compra de esta
firma brasileña del resto de la instrucción, ya que la acumulación de todas
ellas había recibido previamente el apoyo expreso de la Sección Cuarta de la
Sala de lo Penal. Además, las citadas fuentes llegan a calificar esta rebelión
como "un hecho excepcional y de extrema gravedad", según explican a infoLibre,
pues argumentan que los funcionarios pusieron entre la espada y la pared a Moix.
Fuentes jurídicas llegan incluso a asegurar que si Moix se hubiera empeñado en
impedir el registro podría haberse enfrentado a una acusación de prevaricación.
Maza, que durante su comparecencia en el Congreso expresó la necesidad de que el
Ministerio Fiscal preste especial atención a la lucha contra la corrupción, ha
logrado en cinco meses soliviantar al departamento más implicado en esa tarea,
la Fiscalía Anticorrupción, e incluso a ser acusado internamente de querer tapar
la corrupción del PP. Según ha podido saber este periódico, desde la Fiscalía
General se intenta a toda costa averiguar de dónde salió la "filtración" acerca
de la reunión forzada por la invocación del artículo 27 del Estatuto.
Ante este evidente malestar, sobre todo de los integrantes de la Fiscalía
Anticorrupción, Maza ha convocado a todos los fiscales de este departamento para
una reunión que previsiblemente se celebrará este lunes por la mañana en la sede
central de este departamento.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/22/crisis_seno_fiscalia_64154_1012.html
LAS
CUATRO OPERACIONES QUE LLEVAN A IGNACIO GONZÁLEZ A PRISIÓN
El juez Eloy Velasco acordó en la noche de este viernes prisión incondicional
comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y
para el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino
El juez investiga si González habría pedido a ICM un millón para sanear las
cuentas del PP de Madrid; el cobro de una comisión a OHL de 1,4 millones por
unas obras del tren en Navalcarnero; irregularidades en la adjudicación del
campo de golf en Chamberí y la compra de Emissao
En el caso del consejero de OHL, Javier López Madrid, y del exdirector de
Informática de la Comunidad de Madrid, Jose Martínez Nicolás, el juez resolvió
su libertad bajo fianza de 100.000 euros
El juez Eloy Velasco acordó en la noche de este viernes prisión incondicional
comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y
para el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino. Para Pablo González y
Juan José Caballero, hermano y cuñado del expresidente, el juez acordó prision
eludible bajo fianzas de 4 millones y de 100.000 euros, respectivamente.
En el caso del consejero de OHL, Javier López Madrid, y del exdirector de la
Agencia de Informática y Comunicación (ICM) José Martínez Nicolás, el juez
resolvió la libertad que se convertirá en prisión si no depositan 100.000 euros
antes de las 12 horas del 28 de abril. En su auto el juez insistirá en que
investiga delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación,
prevaricación, malversación y fraude.
La Fiscalía había pedido prisión incondicional para Ignacio González y José
Martínez Nicolás y una fianza de un millón de euros para Javier López Madrid. El
expresidente de la Comunidad de Madrid ha prestado declaración ante el
magistrado instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco durante dos horas y
45 minutos. González lo ha negado todo y ha escuchado las grabaciones
telefónicas de las que fue objeto en el curso de la investigación. En ellas
aparece González de interlocutor y algunas de las preguntas que le han hecho han
versado sobre por qué no denunció ciertas irregularidades a su llegada al Canal
de Isabel II, del que fue presidente de 2003 a 2012. El que es considerado por
la investigación presunto cabecilla de la trama ha afirmado que siempre ha
actuado en el plano de la legalidad, según fuentes de la acusación. El
exmandatario regional fue trasladado a la cárcel de Soto del Real.
El expresidente de la Comunidad de Madrid habría desviado de la Agencia de
Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un
millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid, según el juez Eloy
Velasco. Fuentes jurídicas citadas por Europa Press han señalado que entre los
indicios delictivos que el juez atribuye al expresidente madrileño también está
el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL que habría
sido autorizada por el consejero de la constructora Javier López Madrid. El pago
de dicha comisión se habría llevado a cabo a través de un banco con sede en
Suiza.
El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO y
aportadas al sumario, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los
municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. La información sobre este
abono tendría su origen en los requerimientos que la Guardia Civil realizó este
jueves en la sede de OHL y de otras empresas como Indra, Saerco, Licuas y PwC,
en este último caso por los proyectos de la agencia pública ICM.
Se da la circunstancia de que la ICM es una de las empresas públicas implicadas
en el caso Púnica por su mediación en los trabajos encargados al presunto
conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, para realizar trabajos de
reputación online en beneficio de otros dirigentes del PP de Madrid.
La Operación Lezo se inició el miércoles a primera hora con la detención de
Ignacio González y de su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero. La
investigación judicial señala a los dos últimos por su posición destacada dentro
de un entramado al que se le atribuye, entre otros, el delito de organización
criminal. Ambos han sido enviados este viernes a prisión. Concretamente, Pablo
González y José Juan Caballero están acusados de ser los promotores de la
construcción del campo de golf en Chamberí, en el centro de Madrid, tras una
polémica venta de suelo hasta entonces propiedad del Canal de Isabel II. En esta
operación también habría participado el expresidente madrileño, según los
indicios que obran en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de
Instrucción número 6.
Según la investigación judicial, Pablo González y José Juan Caballero crearon
empresas ad hoc primero para la construcción y, posteriormente, para la
explotación y mantenimiento, de un campo de golf en Chamberí sujeto a una fuerte
controversia, ya que contó con el rechazo de algunas plataformas vecinales y de
partidos de la oposición que cuestionaban el procedimiento y utilidad de este
tipo de instalación. Además, Velasco relaciona a González con La compra en 2013
por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de
la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes. La operación supuso,
según el juez, el desvío de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) del
patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en
paraísos fiscales" mediante un mecanismo de "premeditada sobrevaloración del
precio de compra de las participaciones".
El instructor del caso Lezo atribuye además al expresidente madrileño del PP
responsabilidad en facturaciones ficticias y manejo habitual de dinero en
efectivo, según las mismas fuentes.
Las dos 'manos 'de Aguirre, en prisión
Ignacio González es el segundo hombre fuerte de la expresidenta autonómica y
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha entrado
en prisión acusado de formar parte de una trama de corrupción, después de que
Francisco Granados lo hiciera en octubre de 2014, en el marco de la trama
Púnica.
Por su parte, López Madrid –condenado a medio año de cárcel por el caso de las
tarjetas black– ha declarado "efusivamente" ante el juez durante poco más de una
hora. Anticorrupción solicitaba para el yerno de Juan Miguel Villar Mir cárcel
eludible bajo fianza de un millón de euros por autorizar supuestamente el pago
de una comisión por valor de 1,4 millones de euros al expresidente regional.
La defensa de González hasta este viernes ha sido ejercida por el letrado
Gonzalo Rodríguez Morurullo, que acompañó a su cliente durante los registros en
su despacho y su domicilio. No obstante, en las últimas horas el exmandatario ha
cambiado de abogado y durante la declaración está siendo asistido por Esteban
Mestre.
Velasco decretó en la noche del jueves el ingreso en prisión provisional
eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora
financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros
para el exgerente Adrián Martín –que ya ha prestado aval– y que fueron los
primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por
presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.
Les imputa presuntos delitos de pertenencia en organización criminal –un cargo
del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción–, blanqueo, falsificación
de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales
públicos.
Estas dos personas están presuntamente relacionadas con la adquisición irregular
de la empresa brasileña Emissao Engenharisa e Construçoes que hizo el Canal de
Isabel II en 2013 por un importe de 23,3 millones de euros.
Además el juez también tomó declaración el jueves en calidad de investigado al
empresario Adrián de la Joya por su implicación en la trama relacionada con el
cobro de una comisión de la multinacional OHL, y le ha dejado en libertad sin
medidas cautelares.
Igualmente han prestado declaración en esta causa el presidente y el director de
La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas
coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para
que no denunciara las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II.
La operación Lezo estalló este miércoles y llevó inicialmente a la detención de
12 personas, de las que tres fueron puestas en libertad en las siguientes horas.
Además del registro en las dependencias del Canal de Isabel II, la operación que
desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado
también a la intervención en las sedes de OHL, Indra, Saerco y Licuas, además de
la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/gonzalez_comienza_declarar_ante_juez_velasco_64141_1012.html
LO QUE SE SABE SOBRE LA
OPERACIÓN LEZO
La Guardia Civil ha detenido a Ignacio González y a otras 11 personas
por corrupción en la gestión del Canal de Isabel II
Estas son las claves de la investigación sobre la supuesta corrupción en la
empresa pública de aguas Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid. Hasta el
momento hay 12 detenidos, entre ellos el expresidente autonómico Ignacio
González.
¿Qué es la Operación Lezo?
La Operación Lezo investiga la supuesta corrupción en la empresa pública de
aguas Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, y se centra en
el presunto desvío de fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al
anterior Gobierno regional del Partido Popular. La investigación está coordinada
por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
¿En qué consiste la investigación?
Cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid, el Canal de
Isabel II, la mayor empresa pública de la Administración autonómica, compró
sociedades en Latinoamérica por un precio superior al de mercado. Una de ellas
fue la empresa brasileña Emissao. La empresa madrileña abonó 21,5 millones en
2013 por esta compra. Al mes Emissao valía la mitad de ese importe (10,2
millones); y al año, una cuarta parte (5,1). Ahora está en pérdidas.
¿Quiénes son los detenidos?
La Guardia Civil ha realizado hasta el momento 12 detenciones, además de haber
practicado numerosos registros, entre ellos la sede del Canal de Isabel II, el
domicilio de González y la sede de subastas Segre presidida por Lourdes Cavero,
mujer del expresidente madrileño investigada en la causa. Estos son los cuatro
supuestos cabecillas de la trama:
Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular.
Fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y presidente
del Canal de Isabel II entre 2003 y 2012.
Pablo González, hermano de Ignacio González y presunto testaferro. Es director
de estrategia y operaciones de la empresa Mercasa, una sociedad perteneciente al
Estado.
Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre de Ignacio González en
Latinoamérica. Es el ex presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de
Canal Extensia, que gestiona contratos de agua en el resto de países
sudamericanos, y consejero delegado de la empresa editora de La Razón.
María Fernanda Richmon ex directora financiera del Canal de Isabel II
Javier López Madrid, directivo de la compañía OHL.
Adrián Martín, exgerente del Canal de Isabel II
¿Quiénes están imputados?
El número de imputados aún no ha trascendido, fuentes de la investigación hablan
de varias decenas. Por ahora han declarado ante el juez:
Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, que ha declarado este jueves
como imputado.
Mauricio Casals, presidente del mismo medio.
¿Quiénes están llamados a declarar como testigo?
El juez Eloy Velasco ha llamado a declarar como testigos a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a su mano derecha el consejero de
Justicia y Presidencia y responsable del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, y a
su jefe de comunicación, Marisa González.
¿Qué ha dicho el PP?
Tras la detención de Ignacio González, el Comité de Derechos y Garantías del PP
le ha suspendido provisionalmente de militancia. El ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, ha asegurado que la detención del expresidente madrileño
demuestra que las instituciones en España funcionan.
¿Qué han dicho el resto de partidos?
Los partidos de la oposición en el Congreso han exigido explicaciones al fiscal
general del Estado, José Manuel Maza, sobre el intento del recién nombrado
fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, de impedir una serie de registros en el
caso Lezo, que afecta al expresidente madrileño Ignacio González. Moix dio
marcha atrás a su orden después de que la junta de fiscales anticorrupción
expresara su discrepancia con ella. El PSOE solicitará que Maza y el ministro
Rafael Catalá comparezcan en la Comisión de Justicia del Congreso.
PSOE y Podemos también han anunciado este viernes que se personarán como
acusación popular en el caso. El miércoles, tras conocer la detención de
González, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ofreció a PSOE y
Ciudadanos la posibilidad de una moción de censura para desbancar al PP del
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492614115_030601.html
LA TRAMA DE GONZÁLEZ DESVIÓ 23,3 MILLONES DE "DINERO MADRILEÑO" A CUENTAS EN
PARAÍSOS FISCALES
La trama gestada en torno a la empresa pública madrileña Canal de Isabel II
desvió casi 23,5 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales,
provocando malversación y lesión al patrimonio público madrileño. Así consta en
el primer auto de prisión decretado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco en relación a dos ex directivos de esta sociedad, dentro de la llamada
Operación Lezo.
Atendiendo al citado documento, al que tuvo acceso este diario, en 2013 se
observaron "irregularidades" en la operación de compra de una empresa brasileña,
Emisaao, por parte de una filial del Canal de Isabel II ubicada en
Latinoamérica, que responde al nombre de Inassa. Los hechos investigados
advierten de que los presuntos gestores de la trama, entre los que fue detenido
el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, crearon empresas
instrumentales "que operaban en países terceros de escasa opacidad" para
realizar la operación, que se ejecutó "en contra de la opinión de auditores
independientes, con el pago de comisiones prohibidas".
Según la investigación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil (UCO), la adquisición de Emisaao se hizo "sin informes de
secretarios técnicos ni interventores, ni la autorización de la Consejería de
Hacienda". Es más, deja constancia de que las sociedades instrumentales se
crearon para hacer "desvíos de dinero público madrileño, que así pasaban a
cuentas bancarias en terceros países con opacidad respecto de las titularidades
reales".
Los investigadores no pasan por alto que con esta operación de compra,
considerada "hipervalorada ficticiamente", se produjo un desfalco en el
patrimonio de la empresa pública, "enriqueciendo injustamente a determinadas
personas" que participaron "directamente" en las gestiones u otras "afines".
Según los hechos investigados, los implicados en la operación realizaron la
adquisición de la empresa sin contar con la autorización del Consejo de Gobierno
y de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y "a través de un
entramado societario opaco". Es más, modificaron el porcentaje de adquisición
del capital de la empresa a comprar del 40% al 75% "sin autorización" y
renunciaron a un aval de tres millones de euros para contingencias "sin
justificación alguna".
La investigación deja constancia de que la adquisición no estaba incluida en el
plan estratégico de Canal Extensia, empresa del Canal de Isabel II que adquirió
la mayoría de Inassa, y que la firma auditora KPMG informó en contra de la
operación, lo que "debió llevar a la paralización inmediata" de la compra. Los
fondos presuntamente invertidos por Inassa y Canal Extensia en la compra de la
empresa brasileña ascendieron a casi 29 millones de euros, sin embargo, según
consta en las cuentas anuales de Canal Extensia, el patrimonio de las brasileña
apenas era de 10,2 millones de euros cuando se produjo la operación, en 2013,
pasando a ser negativo dos años después. En 2015, el patrimonio de Emisaao era
de cinco millones negativos.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/21/58f9fa8de5fdea26658b463a.html
EL PSOE
SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL “CASO LEZO”
Los socialistas también piden el cese inmediato del fiscal jefe Anticorrupción
El PSOE ha decidido personarse como acusación popular en el llamado “caso Lezo”,
que implica al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, según
ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando.
La decisión ha sido tomada por la actual Gestora del partido y esta misma mañana
se ha presentado el escrito ante el juzgado.
Hernando afirmó que el PSOE explicó que el motivo de esta personación es que el
PSOE considera que el caso afecta a los intereses de todos los madrileños, así
como a las empresas públicas implicadas.
Además, el portavoz socialista anunció que su partido hará una petición al
fiscal general del Estado para que abra un expediente disciplinario al fiscal
jefe anticorrupción, Manuel Moix, y sea cesado de forma inmediata.
http://m.publico.es/politica/1996942/el-psoe-se-persona-como-acusacion-popular-en-el-caso-lezo
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN IMPONE RETIRAR LA ACUSACIÓN DE ORGANIZACIÓN
CRIMINAL A IGNACIO GONZÁLEZ
A los únicos efectos de las peticiones de prisión al expresidente de la
Comunidad de Madrid, y al resto de detenidos en la operación Lezo. El juez
Velasco sortea la imposición y acusa por este delito para acordar los ingresos
en la cárcel
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, da una nueva vuelta de tuerca. Ha
impuesto a los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, que no acusen
del delito de organización criminal a los detenidos por la operación Lezo, a la
hora de formular sus peticiones de prisión. Es decir, que cuando este viernes
pidan prisión, con toda probabilidad, para Ignacio González, no lo harán por
este delito, por expreso deseo de Moix, sino por el resto que también le han
sido atribuidos.
Esto no significa, según fuentes jurídicas, que se retire esa acusación a
González y al resto de detenidos, porque no ha sido eliminado de la querella.
Solo en este momento procesal. A los efectos de las peticiones de prisión.
Es una cesión de los fiscales del caso, a cambio de que el fiscal jefe accediera
a permitir el polémico registro a cuya práctica se oponía en principio y motivó
la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción.
Fuentes jurídicas consideran “absurda” la imposición, porque se trata de una
“docena de personas que desde hace años”, supuestamente, se han “concertado para
delinquir bajo la figura de su líder”, Ignacio González. Y eso, para las mismas
fuentes, “solo tiene un nombre, organización criminal”.
Por cierto que el juez Eloy Velasco está soslayando la imposición y acusa por
este delito en sus autos por los que ya ha ordenado dos ingresos en prisión. Se
trata de la directora financiera del Canal Isabel II, María Fernanda Richmond, a
quien ha enviado a prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros, y al
exgerente del Canal, Adrián Martín, a prisión eludible bajo fianza de 100.000
euros.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/04/21/tribunales/1492726168_727224.html
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA
OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el
aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los
registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de
fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se
desarrollara todo el operativo
El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes
que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial
desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le
pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER,
ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los
registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y
que iba a tener lugar en solo unas horas.
Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra
Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de
manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción,
donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del
registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la
mayoría.
Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se
trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los
“mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio
Público. Recuerda además que la decisión de la junta "no es vinculante" y aun
así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan
que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus
superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el
jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.
Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de
la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la
Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la
Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en
la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que
Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes
conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona
próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.
En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó
nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la
Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de
que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones
grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html
MANUEL
MOIX, NUEVO TROPEZÓN TRAS UN NOMBRAMIENTO CONTROVERTIDO
Maza lo puso al mando de Anticorrupción frente a otros aspirantes experimentados
El nombramiento de Manuel Moix como responsable de la Fiscalía Anticorrupción
estuvo rodeado de polémica y lo han estado algunas de sus primeras actuaciones.
El pasado verano, en una conversación grabada por orden judicial y que consta en
el sumario secreto de la Operación Lezo, Ignacio González y el exministro
Eduardo Zaplana se felicitaban de que Moix fuera a ser nombrado para el cargo,
por su proximidad al PP, según desveló este jueves la Cadena SER.
Para entonces el cargo estaba vacante por jubilación del anterior responsable,
pero no se había abierto el concurso ni Moix se había presentado porque el
Gobierno estaba en funciones. El 13 de noviembre Consuelo Madrigal fue relevada
como fiscal general, en contra de la opinión inicial del Gobierno, por negarse a
nombramientos como el de Moix, según informó entonces EL PAÍS, Su candidato era
Alejando Luzón. José Manuel Maza fue nombrado Fiscal General del Estado por el
Gobierno.
El 22 de enero, meses después, Moix se presentó junto a otros seis aspirantes.
Solo él era ajeno a esa fiscalía y competía contra Luzón, que trabajó en ese
organismo y en procesos como el de Bankia, las tarjetas black y los fondos
reservados; la actual teniente fiscal —número dos— de esa fiscalía
especializada, Belén Suárez, responsable de casos como los del saqueo de
Marbella; Antonio Romeral, que llevó el de los papeles de Bárcenas; José Miguel
Alonso, encargado, entre otros, del caso SGAE; Carlos Alba, especialista en
delitos económicos y en Anticorrupción desde 2006; y María Teresa Gálvez, una de
las encargadas del caso Púnica. José Manuel Maza, fiscal general del Estado,
nombró a Moix, candidato del Gobierno, el 22 de febrero.
Un día antes del Consejo Fiscal fue advertido por la Unión Progresista de
Fiscales de la existencia de la conversación citada entre Zaplana y González.
Maza hizo caso omiso y siguió adelante con el nombramiento.
Tras su polémico nombramiento, la operación de esta semana ha supuesto su
primera gran intervención y un llamativo tropezón.
Una veintena de fiscales anticorrupción frenaron el martes la intención de Moix
de limitar algunos aspectos de la investigación de la Operación Lezo, tras
forzar una junta de fiscales y acogerse al precepto que les permite hacer frente
a órdenes que estimen improcedentes.
Un mes antes fueron desautorizadas y apartadas las fiscales que querían acusar
al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Relación estrecha con la Comunidad
Manuel Moix ya tuvo un enfrentamiento con los fiscales anticorrupción cuando
desde la jefatura de la Fiscalía de Madrid hizo que Rodrigo Rato fuera puesto en
libertad el mismo día que era detenido para que se registrara su casa.
En 10 años al frente de los fiscales de Madrid ha tenido relaciones estrechas
con los presidentes autonómicos, Esperanza Aguirre y González. Pidió el archivo
del caso del espionaje, que implicaba a responsables de la Comunidad.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/20/actualidad/1492708754_157173.html
ASOCIACIONES DE FISCALES CREEN QUE LA 'REBELIÓN' EN ANTICORRUPCIÓN POR EL 'CASO
LEZO' DESAUTORIZA A MOIX
Para la APIF, es "gravísimo" tener a los fiscales "completamente sometidos a
poderes exógenos" y cree que la rebelión en la Junta de Fiscales desautoriza al
jefe de Anticorrupción
La UPF se muestra preocupada por el daño que este asunto pueda ocasionar a "la
credibilidad" de una fiscalía que consideran "muy sensible"
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se encuentra en un aprieto tan sólo
veinticuatro horas después de que la Guardia Civil detuviera al expresidente de
la Comunidad de Madrid Ignacio González. Este jueves se conoció que Moix, que
ocupa el cargo desde febrero, trató de frenar parte del operativo montado en el
marco de la operación Lezo. En concreto, según pudo conocer infoLibre, se opuso
a que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) accedieran a las
dependencias del Canal de Isabel II, donde se encuentran los documentos de
Inassa, la filial colombiana de la empresa pública madrileña que articuló la
compra de algunas de las sociedades que centran la investigación.
Ni Moix ni su equipo accedieron a confirmar ni desmentir a este diario ese dato
bajo el argumento de que las diligencias están bajo secreto de sumario. Sin
embargo, el fiscal Anticorrupción confesó a la Cadena Ser que su decisión le
pareció "muy bien" al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, motivo por el
cual ordenó a los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yañez, que
detuvieran parte del operativo montado. La investigación, según sostiene El
Español, tenía el visto bueno del ex fiscal Anticorrupción Antonio Salinas, de
la jefa en funciones hasta la llegada de Moix, Belén Suárez, y de la ex fiscal
general Consuelo Madrigal.
Desde la Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, hicieron público un
comunicado en el que aseguraban que era "falso" que el jefe de Anticorrupción
hubiera intentado "obstaculizar la investigación de la llamada operación Lezo" y
recordaban que "cualquier revelación" del contenido del sumario "puede afectar
gravemente al buen fin de la investigación". "Es igualmente incierto –continuaba
la nota– que se intentara, en concreto, paralizar la investigación en lo
referido al ex presidente de la Comunidad de Madrid Sr. González".
"Gravísimo"
El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF),
Miguel Pallarés, señala que el colectivo al que pertenece siempre se ha opuesto
"a las órdenes negativas del jefe al fiscal que se encarga del caso", algo que,
en su opinión, no garantiza "la independencia". Le parece "gravísimo" el hecho
de tener a los fiscales "completamente sometidos a poderes exógenos a la
carrera" y dice que no se puede asumir "con todas las garantías" una instrucción
si existe la posibilidad de que "personas o intereses se interpongan en el
procedimiento penal". "Nadie va a invadir o vulnerar determinados derechos
fundamentales sin indicios razonables de que pueda ser necesario para descubrir
un delito", completa en conversación telefónica con infoLibre.
Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro
García, se limita a decir que el colectivo no opina "sobre actuaciones vivas
porque no es prudente", pero cree que llegado el momento tanto Moix como Maza
deberán dar las explicaciones pertinentes. Desde la Asociación de Fiscales (AF)
se remiten "al contenido de la nota de la Fiscalía General del Estado": "En
principio, nosotros no sabemos si lo que sale en la prensa es cierto o no.
Tenemos asociados en Anticorrupción, pero nadie nos ha dicho nada, ni nos ha
preguntado nada, ni nos ha pedido amparo", afirma Jesús Alonso, portavoz de la
AF.
Moix, ¿desautorizado?
Ni Cerdá ni Yañez aceptaron la orden que les venía de su superior. Por eso,
recurrieron al Estatuto del Ministerio Fiscal, que en su artículo 27 establece:
"El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las
leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber
así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o
instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas,
planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste,
resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".
Así, los fiscales de Anticorrupción se reunieron el martes, pocas horas antes de
que arrancase la operación que se saldó, por el momento, con una docena de
detenidos y una larga serie de entradas en empresas y viviendas. Después de que
las dos partes argumentasen sus posiciones, se procedió a la votación. Cerdá y
Yañez recibieron el respaldo de la mayoría de sus compañeros. El resultado fue
abrumador: de 22 fiscales, 20 votaron a favor de continuar tal y como se había
previsto, uno respaldó a Moix en su intención de frenar parte del operativo y el
restante se abstuvo.
Pallarés, no obstante, recuerda que a pesar de perder "por mayoría" la votación,
el fiscal Anticorrupción podría haber "impuesto su criterio". Pero Moix decidió
dar un paso atrás después de la rebelión, lo que da lugar, según Pallarés, "a
muchos indicios de que la orden no se ajustaba a la regularidad". "No se le
ocurrió ni siquiera elevar una consulta o algún tipo de cuestión al jefe
inmediato, el fiscal general del Estado, al que hubiera puesto en un brete",
añade. Por todo ello, se muestra convencido de que Moix quedó "perfectamente
desautorizado".
García, por su parte, explica que el artículo 27 se invoca "en pocas ocasiones".
Sobre la votación, se muestra más cauto y dice que hay que valorar "otras cosas"
para concluir si "quedó o no desautorizado". Sin embargo, sostiene que,
atendiendo al resultado, "es revelador cuál es el parecer de la plantilla".
Además, añade, muestra que "las tesis que plantearon los fiscales encargados del
caso eran sólidas".
Desde la Asociación de Fiscales, por su parte, vuelven a remitirse a la nota de
la Fiscalía General del Estado, que definió este miércoles la rebelión como
"puntuales discrepancias técnico-jurídicas" que fueron resueltas "conforme a las
previsiones del Estatuto del Ministerio Fiscal" en un "escenario de estricto y
razonable debate jurídico". "Los resultados ni autorizan ni desautorizan.
Simplemente es el debate que se establece en el estatuto", apunta Alonso.
Credibilidad de una institución "sensible"
Moix desembarcó en Anticorrupción hace menos de dos meses procedente de la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Su nombre no estaba exento de polémica.
Como fiscal superior de Madrid, intentó prohibir la divulgación de los correos
secretos de Miguel Blesa, cuyo contenido ayudó finalmente en la investigación
sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black, al considerar que
existían indicios de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y
revelación de secretos. Sonaba como un fiscal cómodo para un PP acorralado por
los escándalos de corrupción.
Y su nombre parecía gustar, sobre todo, al exlíder del Ejecutivo madrileño.
Aunque el caso se encuentra bajo secreto de sumario, este jueves se conoció que
el verano pasado la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González
y el exministro Eduardo Zaplana hablando sobre el posible nombramiento de Moix.
Durante la charla, según publica El Español, el expresidente de la Comunidad de
Madrid definió al actual fiscal Anticorrupción como "un tío serio y bueno". "Yo
creo que va a ser él, si sale es cojonudo", añadió González.
En este sentido, Pallarés cree que es necesario, antes que nada, "pedir
explicaciones" tanto a Moix como a González sobre esta conversación. No
obstante, cree que "es muy importante que no haya ninguna sospecha sobre la
persona que está dirigiendo una fiscalía de la envergadura e importancia de
Anticorrupción". Por eso, cree que quizá hubiese sido mejor poner al frente a
alguno de los "otros candidatos igualmente válidos" que había para optar a ese
puesto. "Es importante escoger a la persona más adecuada para transmitir a la
sociedad que estamos luchando contra la delincuencia", completa el portavoz de
la APIF.
De todos los candidatos a ocupar la jefatura de Anticorrupción, Moix era el
único ajeno a esa más que sensible fiscalía especial. Sin embargo, el fiscal
general del Estado terminó designándolo. Y lo hizo a pesar de que la Unión
Progresista de Fiscales había alertado a Maza de que circulaba un rumor sobre el
actual jefe de Anticorrupción: un sumario abierto en la Audiencia Nacional que
incluía conversaciones grabadas que le señalaban por ejercer un supuesto trato
de favor al PP. "Era algo que nos había llegado por más de una fuente. Por eso,
en una reunión con el fiscal general, le comentamos que se rumoreaba que el
nombre de Moix salía en un asunto judicializado y que le dejaba en mal lugar",
explica su portavoz a este diario.
Por ello, García considera que "conociendo esta información" le corresponde a
Maza explicar "qué hizo, qué no hizo y por qué hizo las cosas". Sin embargo, lo
que "más preocupa de todo este asunto" a la UPF es el daño que pueda ocasionar a
"la credibilidad" de una fiscalía "muy sensible". "Por eso, esto hay que
explicarlo muy bien para que la opinión pública pueda creer en la fiscalía tras
unas explicaciones que sean creíbles y sólidas", completa.
Alonso, como portavoz de la AF, evita pronunciarse sobre este tema al tratarse
de "una investigación que está declarada secreta". "No sabemos los términos...
Lo que haga el juez encargado del caso y el fiscal o los fiscales, nosotros nos
remitimos a ellos", se limita a decir al respecto.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/20/fiscal_anticorrupcion_64059_1012.html
MERCASA CESA AL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y A OTRA DIRECTIVA Y SU PRESIDENTE
DIMITE
La Audiencia Nacional investiga operaciones irregulares de la empresa pública en
Angola
Una pieza separada de la 'operación Lezo' intenta aclarar un contrato de 500
millones por el que se obtuvieron supuestas comisiones ilegales
La empresa pública Mercasa ha cesado a Pablo González González, hermano del
expresidente madrileño Ignacio González, así como a María Jesús Prieto Jiménez,
directiva de la empresa, como consecuencia de la investigación abierta a estos
directivos, según ha informado este viernes la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) y recoge Europa Press.
La SEPI ha informado además de que ha recibido esta misma mañana la carta de
dimisión del presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide y Montenegro, que tendrá
efectos en el Consejo de Administración de la compañía, convocado para el
próximo martes 25.
La SEPI explica en una nota de prensa que "la decisión de renovar parte de la
dirección de Mercasa" deriva de la investigación abierta a estos directivos y
del compromiso de ofrecer la máxima colaboración, "sin ningún tipo de trabas", a
la Administración de Justicia.
Asimismo, la SEPI ha señalado en un comunicado que espera que los responsables
de Mercasa afectados por esta investigación puedan acreditar "una actuación
ajustada a la más estricta legalidad y conforme a Derecho".
La Audiencia Nacional ha desarrollado este miércoles una segunda operación
contra la corrupción, la dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José de
La Mata por operaciones irregulares del Consorcio Mercasa en Angola, en la que
no se han producido detenidos, pero se vienen realizando registros desde anoche
y se ha imputado a 10 personas por los delitos de corrupción en los negocios,
cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, han informado fuentes
jurídicas.
Se de la circunstancia de que esta operación coincide con la realizada esta
misma mañana por otro juzgado de este órgano, el Central de Instrucción número 6
cuyo titular es Eloy Velasco, y ambos tienen en común la investigación de las
actividades de la sociedad Mercasa.
Las actividades de esta entidad –actualmente consorcio Mercasa-Incatema–,
formarían también parte de la amplia investigación que realiza Velasco y que
incluye las diligencias conocidas hoy por irregularidades en las filiales del
Canal de Isabel II en Iberoamérica que han propiciado la detención del
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Se da la circunstancia
de que el hermano de éste es directivo de Mercasa.
Precisamente Angola sería el país en el que se habrían cometido los citados
delitos objeto de la operación abierta este miércoles por De La Mata. Se
investiga, concretamente a una serie de personas vinculadas a este consorcio que
firmaron un contrato para montar un mercado mayorista –de la manera de
Mercamadrid o Mercasevilla– en Luanda, capital del citado país africano.
Para ello, firmaron un contrato con la Administración pública angoleña por más
de 500 millones de dólares por el que se obtuvieron comisiones ilegales que
habrían desviado a su lucro personal, según las mismas fuentes.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/mercasa_cesa_hermano_ignacio_gonzalez_otra_directiva_presidente_dimite_64104_1012.html
CIFUENTES NIEGA ANTE EL JUEZ HABER SIDO COACCIONADA POR MARHUENDA Y CASALS
Cristina Cifuentes, en su declaración escrita remitida al juez Eloy Velasco, ha
negado haber recibido coacción alguna por parte de Francisco Marhuenda y
Mauricio Casals, según aseguran a OKDIARIO fuentes judiciales.
El presidente y el director del periódico La Razón fueron citados a declarar
este miércoles en calidad de investigados por coacción. Casals y Marhuenda
fueron grabados por la Guardia Civil en conversaciones con su consejero
delegado, Edmundo Rodríguez, en el marco de la ‘operación Lezo’.
Para el juez Velasco, de los pinchazos telefónicos se desprende cómo los dos
directivos presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid con la
finalidad de que ésta no denunciara las numerosas irregularidades del Canal
Isabel II.
Sin embargo, la nº1 del PP en Madrid ha negado estos hechos en su declaración,
por lo que parece improbable que la causa pueda continuar. Por su parte, tanto
Marhuenda como Casals, han asegurado ante el juez que “nunca” han presionado o
coaccionado a la presidenta popular.
OKDIARIO ha intentado ponerse en contacto con Cifuentes, pero la líder del PP
madrileño ha declinado hacer declaraciones para no romper el secreto del
sumario, aún en curso.
“Nunca he amenazado a Cifuentes”
“La propia presidenta podrá decir que en mi vida la he presionado, que en mi
vida he intentado influir sobre un procedimiento judicial para nada”, ha
destacado Marhuenda en declaraciones a los periodistas tras comparecer como
investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco por presuntas
coacciones a Cifuentes.
“No nos hemos inventado nunca ninguna noticia”, ha defendido Marhuenda, que,
rodeado de reporteros, ha dicho en tono de broma sentirse “como la Pantoja”. Ha
asegurado que, como prueba de que no se ha inventado ninguna noticia, ha
entregado en el juzgado todo lo publicado sobre la Comunidad de Madrid. “Para
que me digan”, ha apuntado, “una sola noticia que sea falsa”.
A su juicio lo que ha sucedido en este caso es que en “las conversaciones
privadas puede haber palabras que se entiendan mal”.
Se ha disculpado en este sentido ante Marisa González por los insultos que
profirió hacia ella en una conversación intervenida a Edmundo Rodríguez Sobrino,
hombre próximo a al ex presidente madrileño Ignacio González, ambos detenidos
ayer en la ‘operación Lezo’.
“La palabra zorra es muy incorrecta y aprovecho la oportunidad para pedirle
perdón. No estuve en mi mejor día más brillante, y no porque fuera una mujer,
que conste, que sólo tengo hijas, fue un comentario coloquial desafortunado“, ha
reconocido.
Respecto a la conversación en sí, ha explicado que se trataba de una
conversación privada con “un amigo que está desesperado” y que siempre le ha
dicho que es “inocente” y ha añadido que le ha aportado al juez un documento que
él mismo le pidió que le hiciera para demostrar su inocencia.
“No conocía bien el tema, él me dio el papel y se lo he entregado al juez”, ha
relatado tras manifestar que se ha encontrado “a gusto” declarando ante el juez
Velasco. Junto al magistrado estaban los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García,
a los que el director de La Razón ha calificado de “muy profesionales”. El
Ministerio Público no ha pedido medidas cautelares para Marhuenda.
Respecto a otra conversación en la que dijo que le iban “a dar de leches a
Cifuentes” ha explicado que eso fue para tranquilizar a Rodríguez Sobrino.
“Nunca la he amenazado, jamás de la vida y eso ella lo puede decir”, ha
reiterado con respecto a Cristina Cifuentes, sobre quien se ha preguntado que
cómo iba amenazarla cuando la conoce desde hace 30 años.
https://okdiario.com/espana/2017/04/21/cifuentes-niega-juez-haber-sido-coaccionada-marhuenda-casals-930533
DETENIDO EL EMPRESARIO JAVIER LÓPEZ MADRID POR FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
La Guardia Civil arresta al directivo de la compañía OHL por supuesto pago de
comisiones al expresidente Ignacio González
El empresario Javier López Madrid, directivo de la compañía OHL y yerno de
Villar Mir, ha sido detenido por supuesta financiación irregular del PP de
Madrid, según fuentes cercanas al caso. López Madrid está implicado en el
supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros por el proyecto fallido
del tren de Navalcarnero.
López Madrid fue detenido cerca de la medianoche de este jueves después de
aterrizar en Barajas. Su arresto se enmarca en una nueva fase de la operación
Lezo, destapada este martes y por la que ha sido detenido el expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González. Horas antes, la Guardia Civil había
registrado la sede de OHL, donde reclamaron datos de la obra del tren de
Navalcarnero y Móstoles. El contrato, adjudicado por la Comunidad de Madrid en
2007, llevaba paralizado años por las discrepancias surgidas entre la
constructora y la Administración regional.
Los investigadores buscaban datos sobre el supuesto pago de una comisión a
través de una filial mexicana de OHL que transfirió 1,4 millones a cuentas
suizas que se sospecha estaban a nombre de presuntos testaferros de Ignacio
González.
López Madrid también está imputado en el caso Púnica. El juez Eloy Velasco ha
investigado en esta causa si el PP de Madrid fue el receptor final de más de un
millón de euros que supuestamente donó Javier López Madrid al entonces gerente
del partido Beltrán Gutiérrez Moliner. Las iniciales de este y de López Madrid
figuran en una agenda secreta de Francisco Granados, el ex número dos del PP
madrileño, en prisión preventiva por el caso Púnica, junto a cantidades de
dinero que presuntamente corresponden a pagos al exgerente.
El consejero de OHL también ha sido condenado a seis meses de prisión por el
caso de las tarjetas black de Caja Madrid. La sentencia considera que se apropió
indebidamente de 35.988 euros al gastarlos con la tarjeta opaca de la entidad.
López Madrid restituyó el dinero durante la instrucción del caso y se benefició
de una reducción de la condena.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/21/actualidad/1492751879_745293.html
LÓPEZ
MADRID, EL "COMPI YOGUI" DE LA REINA CAÍDO EN DESGRACIA
El yerno de de Villar-Mir era amigo íntimo de Felipe VI
Javier López Madrid, detenido en el marco de la Operación Lezo que investiga la
presunta corrupción en el seno del Canal de Isabel II durante la época de
Ignacio González, es uno de los personajes más controvertidos de los últimos
años, salpicado por demasiados asuntos turbios que van más allá de los
investigados ahora.
Hablamos del yerno del todopoderoso Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL,
al estar casado con su única hija, Silvia Villar Mir. Su carrera profesional
arranca en Londres, en la central del banco de inversión Goldman Sachs y, tras
pasar por varios centros empresariales, acabó en OHL, la empresa de su suegro,
que es una de las mayores constructoras y empresas de servicios de España.
Uno de los primeros casos en los que se vio implicado fue el escándalo de las
tarjetas black de Caja Madrid, con las que gastó casi 35.000 euros de dinero B
en restaurantes, hoteles y viajes. Cuando estalló este asunto, López Madrid fue
arropado por los actuales reyes de España, con los que mantiene una cercana
amistad desde hace mucho tiempo.
López Madrid intercambió mensajes con la Reina Letizia, desvelados por
eldiario.es en los que ella le decía:
“Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y
ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos
conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui
(miss you!!!)”
Un mensaje ante el que López Madrid contesta que “vivimos en un país muy
complicado”. Es en ese momento cuando entra al chat el rey Felipe VI:
“¡Y tanto! Me uno al chat, pero prefiero tener un rato para charlar sin
intermediación electrónica ni telefónica. Comemos mañana? Abrazo”.
Ante la imposibilidad de quedar de López Madrid, que en ese momento estaba en
San Francisco, Felipe VI le desea que pueda disfrutar lejos de “este barullo”.
“Ahí va! Pues claro que no, hombre. Era por charlar con tranquilidad. Ya cuando
vuelvas hablamos. Un abrazo y disfruta algo lejos de este barullo”.
La relación en López Madrid y el actual rey viene de tiempo atrás, cuando el
monarca era sólo príncipe heredero y fraguaron su amistad en el colegio Los
Rosales. El yerno de Villar Mir solía presumir de haber sido cómplice de Felipe
VI en su etapa de soltero, permitiéndole que se alojara en la finca de su
familia en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, para alejarse de los focos de
la prensa del corazón y poder pasar fines de semana tranquilo, por ejemplo, con
sus parejas de aquellos tiempos, como Isabel Sartorius, Gigi Howard y Eva Sannum.
Una relación rota
Una complicidad que el matrimonio de Javier y Silvia extendieron a Letizia Ortiz
cuando inició su relación con Felipe. Los cuatro compartieron confidencias, así
como viajes, tardes de cine o cenas en restaurantes. Incluso la afición por el
yoga, que la reina Letizia practicaba junto a López Madrid en el chalet de él en
Puerta de Hierro. De ahí el apelativo de "compiyogui" que utilizaba en sus
mensajes.
Pero todo se fue al traste cuando López Madrid empezó a verse implicado en una
ristra de asuntos turbios. El rey Felipe VI rompió las relaciones con él, algo
que llegó a confirmar la Zarzuela de forma oficial, hasta el punto de que el
suegro de Villar Mir acabó dimitiendo como patrono de la Fundación Princesa de
Asturias.
Púnica y financiación del PP de Madrid
Otro de los sonados escándalos de López Madrid tiene que ver con el caso Púnica,
en el que está imputado y tan salpicado que hasta el juez Eloy Velasco ordenó
cinco registros el pasado mes de febrero. Dos de ellos fueron en los dos
domicilios de López Madrid y otro en el despacho de Beltrán Gutiérrez, exgerente
del PP de Madrid, para investigar los presuntos pagos del primero para financiar
a la formación política que dirigía Esperanza Aguirre.
La relación de López Madrid con la Púnica era tan estrecha que su yate
particular, el Myriam, fue utilizado entre 2010 y 2014 por Francisco Granados y
David Marjaliza para veranear con sus respectivas familias. El acuerdo era tan
amigable que se repartían las fechas para nunca coincidir los tres, pero el
único que no pagaba era Granados, que utilizó el yate gratis mientras era cargo
público. Los gastos corrían a cuenta de Marjaliza, el cerebro de la Púnica, que
ingresó 260.000 euros en una cuenta de una sociedad de López Madrid, mientras
que el propio empresario ingresó 135.000 euros. Lo que lleva a los agentes de la
UCO a pensar que Granados iba a cargo de Marjaliza.
Otro de los asuntos que han salpicado a López Madrid ha sido la denuncia por
acoso sexual de la doctora Elisa Pinto, que ha vivido varios vaivenes. En
febrero de este año, el excomisario de Chamartín donde la doctora denunció que
había sido apuñalada a la puerta del colegio de su hijo por un presunto enviado
del suegro de Villar, compareció en los juzgados para reconocer que habían
cometido “muchos errores” a la hora de investigar el caso y denunció que había
una “mano negra” en el caso para dar la vuelta a las investigaciones, que trata
de convertir al acosador en acosado y a la víctima en culpable, informa El
Mundo.
http://www.elplural.com/politica/2017/04/20/lopez-madrid-el-compi-yogui-de-la-reina-caido-en-desgracia
UN EMPRESARIO APORTA DATOS SOBRE UNA COMISIÓN DE OHL PAGADA EN SUIZA POR EL
TRANVÍA DE NAVALCARNERO
Adrián de la Joya declara como investigado por su vinculación con la cuenta
suiza donde la constructora ingresó el dinero en 2007. El pago, de 1,4 millones,
se hizo desde la filial de OHL en México
A ese pago ya apuntaba el informe elaborado por los detectives que en 2008
espiaron a Ignacio González durante un viaje a Colombia
Adrián de la Joya, nombre inevitable de la jet en el cambio de siglo y ahora
residente en Suiza, declaró este jueves como investigado en la Operación Lezo
por sus vínculos con la cuenta en Suiza donde se pagó presuntamente una comisión
de 1,4 millones de euros por parte de la constructora OHL. El abono del dinero
se realizó mediante una transferencia desde una filial de OHL en México y se
habría pagado en un banco helvético en 2007 por la adjudicación del tren de
cercanías que había de enlazar los municipios madrileños de Móstoles y
Navalcarnero.
El empresario Adrián de la Joya ha aportado durante su declaración, según
fuentes jurídicas, datos sobre su presunta relación con la cuenta de Suiza.
Fuentes de la investigación vinculan el cobro de esa comisión a una empresa
panameña, Lauryn Group, supuestamente relacionada con Ignacio González y alguno
de sus colaboradores en el Canal de Isabel II.
En la operación Lezo, puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco, han sido detenidos este miércoles el expresidente madrileño Ignacio
González y otras 11 personas. La sede de OHL ha sido registrada este mismo
jueves por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El proyecto del tren de Navalcarnero, faraónico, quedó en nada y OHL terminó
reclamando al Gobierno madrileño una indemnización de nada menos que 371
millones por daños y perjuicios. El registro practicado este jueves en la sede
de la empresa que lideran Juan Miguel Villar Mir y su yerno Javier López Madrid
se vincula directamente con esa supuesta comisión. Villar Mir ya declaró como
imputado en el caso Gürtel dentro de la pieza de los papeles de Bárcenas –y negó
haber hecho pagos al PP– y ha vuelto a declarar como imputado en el caso Son
Espases, donde el juez José Castro investiga el supuesto plan para amañar la
adjudicación del mayor hospital de Baleares.
El supuesto pago de la comisión abonada por OHL en Suiza quedó ya reflejada en
el informe elaborado por los detectives que espiaron en 2008 a Ignacio González,
durante un viaje a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Según informó la
Cadena Ser en abril de 2009, los autores del espionaje aseguran en su dossier
que los acompañantes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid hablan en ese
momento de "un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish
Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc en
Panamá". Según el dossier, González no participa en dicha conversación.
La relación con Bárcenas
El nombre de Adrián de la Joya, exvicepresidente de Avanzit, emergió dentro del
caso Gürtel en diciembre de 2016 después de que Suiza, país en el que reside,
remitiera a la justicia española una remesa de documentos tras la
correspondiente comisión rogatoria. Esos documentos señalan al empresario como
propietario de una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas
Vírgenes que en 2008 transfirió 50.000 euros a una de las cuentas suizas
investigadas por su relación directa con Luis Bárcenas: Obispado.
Oficialmente, Obispado era propiedad de Francisco José Yáñez Román, amigo de
Bárcenas, antiguo integrante del equipo de tesorería del PP y fallecido en enero
de 2014. Abierta en el Lombard Odier de Ginebra, Obispado recibió esos 50.000
euros el 22 de diciembre de 2008 desde la cuenta que en el ABN Amro de Zurich
tenía la sociedad Frankford Trade Inc., una mercantil opaca.
En una conversación mantenida con infoLibre en diciembre, Adrián de la Joya
explicó que ingresó esa cantidad porque conocía personalmente a Yáñez y este
estaba atravesando una situación delicada tanto de salud como económica. Y que
nunca recuperó esos 50.000 euros, algo a lo que, por sus explicaciones, restó
importancia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/un_empresario_aporta_datos_sobre_una_comision_ohl_pagada_suiza_por_tranvia_navalcarnero_64098_1012.html
DRAGADOS PAGÓ TRES MILLONES A LA EMPRESA DE LA FAMILIA GONZÁLEZ EN EL CAMPO DE
GOLF DEL CANAL
La constructora del grupo de Florentino Pérez entregó el dinero a Tecnoconcret,
sociedad controlada por un hermano y un cuñado de Ignacio González, en teoría
para instalar el césped del campo de golf
Tecnoconcret subcontrató a su vez a otra compañía relacionada con la trama, Only
Golf, para que realizase el trabajo por 2,4 millones
De esta forma, la empresa de la familia González se quedó con una comisión de
600.000 euros, según los datos de la investigación judicial a los que ha tenido
acceso infoLibre
La adjudicación del campo de golf de Chamberí, realizada por el Canal de Isabel
II que presidía Ignacio González, permitió a una empresa controlada por la
familia del entonces vicepresidente madrileño quedarse con una comisión de
600.000 euros, según datos de la investigación abierta en la Audiencia Nacional
a los que ha tenido acceso infoLibre. De acuerdo con la investigación llevaba a
cabo desde 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,
Ignacio González lideraba presuntamente una "organización criminal" que obtuvo
millonarias comisiones gracias a la adjudicación de obras públicas. El político
madrileño fue detenido junto a otras 11 personas el pasado miércoles, en una
operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió en 2006 construir unas instalaciones
deportivas sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, la
principal empresa pública de Madrid, que presidía Ignacio González. El proyecto
contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los
120.000 metros cuadrados se convirtieran en un parque público y no en un campo
de golf. Pero el Ejecutivo del PP hizo caso omiso a las protestas y, en
diciembre de 2006, el Canal adjudicó la explotación del campo de golf a un
consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS y
encargada de construir las instalaciones; Soto Once, una firma que ya gestionaba
otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y
que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó
Green Canal Golf.
Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que
era socio de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del
vicepresidente madrileño. Los investigadores de la UCO y el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco están convencidos de que se trataba de una empresa
controlada por tanto por Ignacio González, a través de sus dos familiares
directos, ambos también detenidos este miércoles en la denominada operación
Lezo. Como ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, los
investigadores del caso han descubierto que Dragados pagó tres millones de euros
a Tecnoconcret, supuestamente para que instalase el césped del campo de golf.
Dragados es una de las principales constructoras del grupo ACS, liderado por
Florentino Pérez.
Pero Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal ni experiencia para
instalar el césped del campo de golf. Así que subcontrató a su vez los trabajos
con la compañía Only Golf Planning and Design, pero lo hizo por importe de 2,4
millones de euros. Es decir, por el camino Tecnoconcret se quedó con una
comisión de 600.000 euros, siempre según los datos que constan en la
investigación que dirige el juez Velasco.
La historia de Tecnoconcret
Tecnoconcret fue fundada en mayo de 2003 por José Antonio Clemente y su esposa,
con un capital de 3.010 euros. La sede social se fijó en el domicilio del
matrimonio y el objeto de la compañía era “la ejecución de trabajos de
ingeniería”. En sus tres primeros años de vida, Tecnoconcret tuvo una reducida
facturación y no contaba con grandes clientes.
Pero la suerte cambió de forma radical para la empresa fundada por Clemente, un
ingeniero civil español de padre venezolano, a partir del año 2006. ¿Qué ocurrió
en esa fecha? Pues que el 21 de junio de 2006, Clemente fundó otra sociedad
denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y
José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Esperanza
Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada
curiosamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.
Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia
González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf
del Canal. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de
la empresa pública madrileña, presidida por el propio Gonzalez, quien no se
abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que
Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.
Esa relación entre Tecnoconcret y el vicepresidente fue desvelada en abril de
2007 por la revista Tiempo. Pero la denuncia periodística no tuvo consecuencias.
En mayo de ese año, Esperanza Aguirre amplió su mayoría absoluta y González vio
reforzado su poder en el Gobierno regional.
A la vista de la inmunidad, la familia del vicepresidente decidió que podía
aparecer directamente como propietaria de Tecnoconcret. Así que en noviembre de
2008, Pablo González y José Juan Caballero suscribieron una ampliación de
capital y cada uno se hizo con algo más del 30% de la sociedad. Cuando Público
reveló estos datos en febrero de 2009, la portavoz de Ignacio González aseguró
que Tecnoconcret había vendido meses antes sus acciones en el consorcio Green
Canal Golf. Y que las había adquirido otra de las firmas del consorcio: Iridium,
la empresa del grupo de Florentino Pérez.
Lo que no se sabía entonces es lo que ahora han descubierto los investigadores
de la UCO: que Tecnoconcret se había embolsado tres millones de euros, abonados
por la constructora Dragados, en teoría para realizar un trabajo para el que no
estaba capacitada: la instalación del césped de los nueve hoyos del campo de
golf. Así que actuó como mera intermediaria, subcontratando a Only Golf Planning
and Desing, pero se quedó con 600.000 euros.
El papel de Only Golf
Only Golf Planning and Design era una compañía fundada en 2003 y dedicada al
"diseño, la construcción y la comercialización de campos de golf e instalaciones
deportivas”. Como promotores del proyecto de las instalaciones deportivas del
Canal nombró precisamente a José Juan Caballero y a José Antonio Clemente; es
decir, el propio cuñado de González y a su socio en Tecnoconcret.
Pero la colaboración no se quedó ahí. Only Golf y Tecnoconcret también se
convirtieron en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva
compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto social de esta última
sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el
utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50%
del capital de Airgrass Technologies.
El 28 de marzo de 2007, Esperanza Aguirre e Ignacio González asistieron
sonrientes a la inauguración del campo de golf en el barrio de Chamberí. La
resistencia de los vecinos de Chamberí había sido ninguneada por los
gobernantes. Pero una asociación vecinal decidió dar la batalla en los
tribunales. En 2012, el Supremo declaró que la instalación deportiva era ilegal.
El Gobierno regional del PP intentó entonces regularizar la instalación
deportiva a través de un proyecto urbanístico, que el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo de pleno derecho en 2016.
Las sonrisas que exhibían aquel 28 de marzo de 2007 los dos protagonistas del
acto de inauguración del campo de golf se han evaporado. Ignacio González lleva
dos noches durmiendo en un calabozo y Esperanza Aguirre protagonizó este jueves
una escena lacrimógena cuando le preguntaron por su hombre de confianza. La
política madrileña acompañó las lágrimas con unas palabras entrecortadas sobre
lo “conmocionada” que está. Hace justo diez años, desde abril de 2007, que
Aguirre sabe que la explotación del campo de golf se adjudicó a un socio de la
familia de su número dos. Desde entonces, González se ha visto envuelto en
numerosos escándalos de presunta corrupción. Aguirre siempre respaldó su
conducta “intachable” y lo nombró a dedo como su sucesor en la Presidencia de
Madrid.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/29/dragados_pago_tres_millones_empresa_familia_gonzalez_campo_golf_del_canal_64096_1012.html
CASALS A GONZÁLEZ: "EDMUNDO ESTÁ ACOJONAO. UNA MAGISTRADA AMIGA DE LA CASA HA
LLAMADO PARA DECIR QUE NOS GRABAN"
El presidente de La Razón y el ex presidente del Gobierno de Madrid sabían desde
hace meses que había intervenciones.
El presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y el expresidente del
Gobierno de Madrid Ignacio González sabían desde hacía al menos cinco meses que
sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían
porque "una magistrada amiga de la casa" había llamado para prevenirles.
Así se desprende de una conversación recogida por la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil el 22 de noviembre de 2016, en la que González comenta
con Eduardo Zaplana, ex ministro y portavoz del Gobierno de José María Aznar, su
último encuentro con Casals.
"El otro día me dice Mauricio (...) era la comida de colaboradores de La Razón",
comienza señalando Ignacio González en esa conversación, cuya transcripción ha
conocido EL ESPAÑOL.
"Vamos a comer allí, me siento en una mesa de esas enormes y tal y cuando vamos
a sentarnos se sienta Mauricio, nadie se quería sentar al 'lao' de él, me siento
al 'lao' de Mauricio y al otro 'lao' Parera [Joaquín Parera, fundador de La
Razón] y [Casals] me dice: 'Oye, ¿tú le has dicho a Edmundo esto que
tenemos...?". Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la editora de La
Razón y presidente de Inassa (filial sudamericana del Canal de Isal II) es otro
de los detenidos en la Operación Lezo.
Según Ignacio González, Casals le dijo que "Edmundo está 'acojonao', me ha dicho
que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que
es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una
conversación de Edmundo muy extraña'".
Los fiscales querían detenerles
Casals y el director de La Razón, Francisco Marhuenda, han declarado este jueves
ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigados por supuestos
delitos de obstrucción a la Justicia y organización criminal. De acuerdo con los
fiscales anticorrupción encargados de la Operación Lezo, ambos y Edmundo
Rodríguez Sobrino habrían utilizado su poder en los medios de comunicación para
"condicionar" o "tratar de influir" en la actual presidenta del Gobierno de
Madrid, Cristina Cifuentes, para que no presente pruebas incriminatorias contra
Sobrino por las irregularidades detectadas en la compra por Inassa de la
sociedad brasileña Emissao.
Los fiscales llegaron a plantear la detención de Casals y Marhuenda junto a la
del resto de los implicados en la Operación Lezo alegando la necesidad de lograr
el "cese inmediato del ataque" a la presidenta de la Comunidad de Madrid que
"por ello, se dirige contra los ciudadanos de esta comunidad autónoma", llegaban
a afirmar los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá.
El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, consideró exagerado este
planteamiento y descartó la necesidad de las detenciones del presidente de La
Razón y del periodista.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170420/209979631_0.html
INVESTIGAN SI GALLARDÓN COMPRÓ UNA FILIAL DEL CANAL POR 11 VECES SU PRECIO
En los registros se ha buscado documentación sobre la primera operación exterior
del Canal, en la que podrían haber incurrido en sobrecostes como los
investigados de la etapa de Ignacio González
La operación contra la corrupción en el Canal de Isabel de II podría terminar
salpicando a Alberto Ruiz-Gallardón. Dependerá, principalmente, de los primeros
resultados de los registros practicados por los agentes de la UCO. fuentes del
caso confirmaron que, una vez solventada la polémica con el fiscal jefe
Anticorrupción por incluir en los registros unos asuntos del año 2001, estos
registros se practicaron. Desde hace tiempo hay sospechas de sobrecostes en la
operación que generó toda la corrupción que ahora salpica a la empresa de agua
pública: la compra de la filial en Latinoamérica para empezar el negocio
exterior del Canal. Esta operación se hizo cuando Alberto Ruiz-Gallardón era
presidente de la Comunidad, y su hombre de confianza Pedro Calvo presidente de
la entidad. Según un ex trabajador del Canal, dos antiguos directivos de Aguas
de Barcelona (Agbar) compraron por siete millones la empresa que 10 meses
después el Canal de Isabel II compró por 79. Es decir, 11 veces su precio.
Ese gran negocio sería el que se va a investigar en caso de que los documentos
encontrados den pie a ello. Esto salpicaría directamente a Ruiz-Gallardón, ya
que hasta el año 2003 tanto la gestión del Canal como el Gobierno regional
dependían de su equipo.
Esa primera expansión al exterior fue la que desató las compras de filiales ya
en los años de Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente de la Comunidad de
Madrid, hasta que el Canal llegó a tener, en 2014, participaciones en 18
sociedades hispanoamericanas. En ese año, el Canal ya tenía negocios en
Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Brasil y
Panamá.Las mismas fuentes explicaron que la investigación por ahora está acotada
a lo ocurrido a partir de 2003 porque los investigados son los que estuvieron a
partir de ese año, pero en caso de que al analizar la documentación haya
argumentos se incluirá lo ocurrido en la época de Gallardón.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/20/58f90302268e3ec50b8b4590.html
LAS SEIS GRANDES FIRMAS INVESTIGADAS POR LA UCO EN LA OPERACIÓN LEZO
Varias empresas han visto desfilar a agentes de la UCO por sus pasillos tras la
operación contra la presunta trama corrupta de financiación del Partido Popular.
Agentes de la UCO durante el registro llevado a cabo este miércoles en la sede
del Canal de Isabel II.
La operación Lezo, que investiga presunta financiación ilegal del PP y
operaciones en el extranjero del Canal Isabel II, ha supuesto una de las mayores
intervenciones policiales en el origen de la corrupción: las empresas. Tras la
detención de Ignacio González, la Guardia Civil ha entrado en varias empresas
para buscar documentación que permita trazar todo el recorrido de la presunta
trama corrupta. Las principales firmas investigadas, y a las que han entrado
agentes de la Guardia Civil son:
Canal de Isabel II
Es el punto de partida de la operación Lezo. Las supuestas operaciones
irregulares de la empresa pública de agua en la época en la que Ignacio González
fue su responsable han destapado la que parece enésima trama de corrupción y
financiación irregular del Partido Popular. En la operación, entre otros, han
sido detenidos Ignacio González; el hermano del expresidente madrileño, Pablo
González; Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en
Hispanoamérica; y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal.
Lourdes Cavero, esposa del expresidente de Madrid, está siendo investigada
Entre los delitos que se investigan destaca la compra fraudulenta de la empresa
Emissao, que fue denunciada por el propio Canal de Isabel II, tras un sonado
pelotazo con la compra de esta sociedad en Sudamérica que puso sobre la pista de
los hechos delictivos a los investigadores.
OHL
Fuentes consultadas por Vozpópuli aseguran que la Guardia Civil está
investigando movimientos del Grupo Villar Mir. Afirman que la compañía está
colaborando con las fuerzas de seguridad y niegan que la empresa haya realizado
ningún pago o comisión a partido político alguno. La benemérita sigue el rastro
de una presunta comisión de 1,4 millones de euros abonadas en 2007 en una cuenta
en Suiza. Según las tesis de los investigadores el pago estaría destinado al
expresidente autonómico Ignacio González por el contrato millonario del tren de
Navalcarnero, otorgado por la Comunidad de Madrid a la empresa Juan Miguel
Villar Mir. Los fondos para la presunta mordida pudieron transferirse desde una
filial de OHL en México.
PwC
Este jueves, agentes de la Guardia Civil han requerido documentación relacionada
con un familiar de uno de los imputados en la operación Lezo. Según fuente
consultadas por Vozpópuli, cuatro agentes de paisano se han personado en una de
las torres de Castellana y han requerido el acceso a un ordenador concreto de
uno de los trabajadores de la firma auditora para investigar los contratos que
en su momento logró PwC con el organismo de la Comunidad de Madrid.
PwC suscribió acuerdos con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid, organismo envuelto en el caso Púnica.
Indra
La Guardia Civil investiga los contratos que la empresa de informática de la
Comunidad de Madrid -la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la
Comunidad de Madrid (ICM)- firmó con la entidad semipública. El consejero de ICM,
José Martínez Nicolás, está imputado en la operación Lezo y también en la
operación Púnica
Mercasa
La compañía pública, que gestiona los mercados de abastecimiento de las ciudades
españolas, como Mercamadrid o Mercabarna, también ha sido objeto de
investigación. En el objetivo de esa entrada y registro se encuentra un nombre
propio, el de el hermano de Ignacio González, Pablo González. Sus continuos
viajes a Sudamérica han puesto a la Guardia Civil y ala Fiscalía Anticorrupción
sobre la pista de su implicación. La benemérita realizó un registro el miércoles
en la empresa para localizar documentación que confirme esta presunta trama
corrupta.
Mercasa ha llevado a cabo operaciones en países como Angola a través de una
empresa semipública, Mercasa Incatema, que ha mantenido relaciones profesionales
con Guillherme Taveira, prófugo de la justicia española.
Saerco
Saerco, la empresa que nació de la mano de Ildefonso de Miguel -mano derecha de
Ignacio González en la CAM y exdirector gerente del Canal de Isabel II en la
época del expresidente de Madrid- tiene un contrato con Aena para gestionar
varias torres de control de aeropuertos. En este caso, el juez Velasco indaga la
vinculación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de
Madrid y la presunta financiación irregular del PP.
Además, según informa infoLibre, Saerco habría recibido más de un millón de
euros de Aerocas, una empresa pública que gestiona el aeropuerto promovido por
el condenado Carlos Fabra, y donde resultó adjudicataria de la torre de control
del aeródromo, sin aviones de Castellón.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/grandes-investigadas-UCO-operacion-Lezo_0_1018999252.html
MARHUENDA NIEGA COACCIONES A CIFUENTES: "SOLO QUERÍA AYUDAR A UN AMIGO
DESESPERADO"
El director de 'La Razón' ha pedido perdón a la jefa de Gabinete de la
presidenta madrileña por llamarla "zorra" en una de las conversaciones pinchadas
durante la investigación de la Operación Lezo
Francisco Marhuenda ha estado cerca de hora y media declarando ante el juez de
la Audiencia Nacional Eloy Velasco tras haber sido imputado este miércoles
acusado de un delito de coacciones a Cristina Cifuentes en el marco de las
investigaciones de la Operación Lezo. A su salida ha asegurado estar "tranquilo"
y ha negado haber presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
"Nunca, nunca, nunca he presionado a Cifuentes", ha insistido ante las preguntas
de la prensa. Sobre el contenido de las grabaciones, que se hicieron públicas
este miércoles, ha señalado que "solo quería ayudar a un amigo que estaba
desesperado" pero que "jamás se produjo" lo que en ellas aparece. "Solo era para
tranquilizarlo [a Edmundo Rodríguez]".
Según Marhuenda defendía a Edmundo Rodríguez, uno de los detenidos en la
Operación Lezo. Fuentes de la investigación apuntan a que el director de La
Razón y el presidente del periódico conservador trataron de extorsionar a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, al portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido,
y a su jefa de gabinete, Marisa González, para evitar que prosperase su denuncia
presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas prácticas
fraudulentas en el Canal de Isabel II durante el mandato de González.
Según consta en el sumario, Edmundo Rodríguez, a quien jueces y fiscales sitúan
en el epicentro de la trama, mantuvo frecuentes charlas telefónicas con sus
compañeros de consejo en La Razón en las que mostraba su preocupación por las
informaciones que empezaban a asomar en los medios sobre su implicación en
onerosas operaciones del Canal.
Lo único que ha lamentado el director de la Razón es haber llamado "zorra"
Marisa González a la que ha pedido "perdón" públicamente en varias ocasiones.
Así ha justificado el insulto: "Edmundo estaba obsesionado con que Marisa
González era la que estaba filtrando información sobre él". El director del
periódico conservador ha querido dejar claro que "no se trata de machismo"
porque tiene "hijas".
Marhuenda ha dicho que se ha sentido "muy bien" ante el juez y el fiscal, a los
que ha mostrado recortes del periódico que ha llegado a la declaración para
"demostrar" que nunca hubo una campaña en contra de la presidenta autonómica. El
director de la Razón ha defendido su inocencia y ha asegurado sentirse "como la
Pantoja". "Volvería a hacer exactamente lo mismo que hice, que es nada", ha
insistido.
Antes que él, ha declarado el presidente de La Razón, Mauricio Casals. Casals ha
estado poco más de una hora testificando y a su salida ha manifestado estar
"tranquilo". Ambos han llegado a la Audiencia Nacional en torno a las once y
media de la mañana.
Esta tarde, declararán dos de los doce detenidos en la Operación Lezo. De ellos,
siete de las detenciones se han producido en Madrid y el resto en latinoamérica.
El turno de Ignacio González y el resto de arrestados en Madrid será este
viernes.
http://m.eldiario.es/politica/Marhuenda-salida-declarar-presionado-Cifuentes_0_635186658.html
IGNACIO GONZÁLEZ ALABÓ LA AFINIDAD CON EL PP DEL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN EN
UN PINCHAZO CON ZAPLANA
Anunció a Zaplana que Manuel Moix ocuparía el cargo meses antes de que fuera
designado con el apoyo de la mayoría conservadora del Consejo Fiscal
Moix es el jefe de los dos fiscales Anticorrupción que impulsan la investigación
contra el expresidente de la Comunidad de Madrid
El jefe de Anticorrupción ordenó paralizar registros en la operación contra
González y desató una rebelión de fiscales
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González mantuvo meses antes
de ser detenido una conversación telefónica con Eduardo Zaplana, ministro del
Gobierno de Aznar y hoy retirado de la política, en la que el primero aseguró
que el nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción sería Manuel Moix, del que
destacó su afinidad al PP y su profesionalidad, han informado a eldiario.es
fuentes próximas a la investigación.
Cuando se produjo la conversación, intervenida con orden judicial, aún restaban
al menos tres meses para que se anunciara el nombramiento de Moix, en detrimento
de los otros aspirantes, todos ellos destinados en la Fiscalía Anticorrupción o
con un pasado en ella, a diferencia del elegido.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, intentó dar una apariencia de
decisión consensuada en el Consejo Fiscal para el nombramiento de Moix en
Anticorrupción, pero la elección fue fruto de un plan preestablecido que salió
adelante con el apoyo de la mayoritaria Asociación de Fiscales, de orientación
conservadora.
El Mundo publicó que la antecesora de Maza, Consuelo Madrigal, no fue propuesta
finalmente para seguir al frente de la Fiscalía General porque advirtió que se
negaría a realizar los nombramientos que le venían impuestos desde el Gobierno,
concretamente del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
En la conversación con Zaplana, incorporada al sumario de la Operación Lezo,
Ignacio González explica que el nombramiento de Moix se vio abortado a
principios de 2014 por la decisión de Antonio Salinas de seguir al frente de
Anticorrupción, pero que una vez jubilado éste, el camino quedaba despejado para
colocar al candidato del PP.
Durante la misma charla, los participantes en ella hacen un repaso de destacados
miembros de la judicatura que consideran políticamente afines, entre ellos el
fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
La investigación de la Operación Lezo, como cualquier otra relevante de
corrupción, lleva el impulso de la Fiscalía Anticorrupción. En este caso, los
dos subordinados de Moix que trabajan en el caso son Cárlos Yáñez y Gemma
García. Esta última es una de las dos fiscales del caso Púnica, atacadas por el
ministro de Justicia, Rafael Catalá, por haberse negado a firmar el escrito en
el que Anticorrupción exculpaba al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez
en el caso Púnica. Estos hechos se produjeron antes de la llegada de Moix a
Anticorrupción.
Los fiscales del caso advirtieron a su nuevo jefe de la conversación en la que
era mencionado por el principal imputado en la 'Operación Lezo', en situación de
detención policial hasta que pase a disposición judicial antes del sábado,
precisaron las mismas fuentes. La conversación referida también presenta
indicios de los delitos por los que se investiga a Ignacio González, añadieron.
http://m.eldiario.es/politica/Ignacio-Gonzalez-afinidad-Anticorrupcion-PP_0_635186483.html
EL EMPRESARIO DE LA 'JET SET' ADRIÁN DE LA JOYA, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO
POR MEDIAR EN EL PAGO DE UNA COMISIÓN DE OHL
El juez Eloy Velasco dicta prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros
para la exgerente del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond
El empresario de la jet set Adrián de la Joya ha declarado ante el juez Eloy
Velasco, instructor de la Operación Lezo, por su supuesta intermediación en el
pago de una comisión de OHL, según fuentes jurídicas. De la Joya se ha prestado
a colaborar con la Justicia, aportando toda la documentación, por lo que ha
salido de la Audiencia Nacional esta noche sin medida cautelar alguna.
Al parecer, Ignacio González habría recibido en Suiza 1,4 millones de euros por
medio del yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, según ha
revelado Público.
Por otro lado, el juez Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 4
millones de euros para María Fernanda Richmond, que fue directora de Canal de
Isabel II hasta ser cesada por las operaciones de compras de empresas de esta
compañía en Latinoamérica. Además, el magistrado ha dictado prisión eludible
bajo fianza de 100.000 euros para Adrián Martín de las Huertas, exdirector
general de Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2016.
Ambos exdirectivos del Canal son investigados por una pérdida de 25 millones de
euros provocados en la empresa pública a través de la adquisición irregular en
Brasil de la empresa Emissão Engenharia e Construções a través de la filial
Extensia en Latinoamérica.
El juez ha decretado que ambos exdirectivos sean investigados por los delitos de
pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos
públicos, prevaricación, malversación y fraude. A diferencia del juez, la
Fiscalía no ha incluido el delito de organización criminal en su petición,
porque lo ha retirado por ahora en la lista de ocho delitos por los que se
investiga esta trama a la espera de analizar las pruebas recabadas.
http://m.publico.es/politica/1996864/el-empresario-de-la-jet-set-adrian-de-la-joya-imputado-en-la-operacion-lezo-por-mediar-en-el-pago-de-una-comision-de-ohl
REGISTRAN LA SEDE DE OHL POR UNA COMISIÓN DE 1,4 MILLONES DESTINADA A IGNACIO
GONZÁLEZ
Los investigadores vinculan el pagó realizado en 2007 desde una de sus filiales
en México al proyecto del tren de Navalcarnero.
Segunda jornada de la Operación Lezo. La Guardia Civil ha registrado las
instalaciones que la constructora OHL tiene en el Paseo de la Castellana de
Madrid siguiendo el rastro de una presunta comisión de 1,4 millones de euros
abonada en 2007 en una cuenta en Suiza.
Según la tesis de los investigadores, el pago estaría destinado -por medio de
testaferros- al expresidente autonómico Ignacio González y responde a una
comisión por el contrato millonario del tren de Navalcarnero, otorgado por la
Comunidad de Madrid a la empresa de Juan Miguel Villar Mir. Según las mismas
fuentes, los fondos para la presunta mordida se transfirieron desde una filial
de OHL en México y han supuesto la calificación como investigado del empresario
Javier López Madrid, yerno del responsable de la empresa.
La construcción del tren de Navalcarnero se aprobó en el año 2008. Sin embargo,
la compañía paralizó las obras tras un litigio con el Ejecutivo regional. OHL
adelantó 165 millones de euros para arrancar las obras pero dos años después
reclamó al Gobierno madrileño la resolución del contrato después de que, según
la propia compañía, no se les adelantara los 50 millones de euros comprometidos
en el contrato de concesión, ni cumpliera con el compromiso de modificar el
contrato de riesgo-tráfico a disponibilidad.
Nueve años después, el proyecto, estimado en 362 millones de euros, que iba a
unir las localidades de Navalcarnero con Móstoles está enterrado y sin ánimo de
que vaya a salir adelante. OHL se ha sentido engañada por la Comunidad de Madrid
porque previó un crecimiento de población en Navalcarnero que nunca llegó debido
a las crisis económica.
El planteamiento que tenía hecho la compañía con un número estimado de viajeros,
por los que cobraría, se desinfló y ya la obra no le salía rentable. A eso se
añade que en el contrato se le iba a adelantar 50 millones de euros, que tampoco
se le pagó, con lo que la empresa y la Comunidad llevan litigando desde hace
años.
A lo largo de este jueves los investigadores también están realizando pesquisas
en la sede de la tecnológica Indra y requerimientos en la consultora
PriceWaterHouseCoopers (PwC) y en el despacho de abogados Cuatrecases.
La “omertá” entre OHL y la Comunidad
Esta no es la primera causa que relaciona los negocios de OHL con los miembros o
las campañas electorales del Partido Popular. En Palma de Mallorca, el juez José
Castro investiga la relación entre presuntos pagos al PP nacional y la concesión
para construir el hospital de Son Espases. En la trama Púnica, el juez Eloy
Velasco investiga también las relaciones entre la financiación ilegal del PP y
Javier López Madrid, directivo de la constructora y amigo de Francisco Granados.
Sin embargo, los pagos de OHL que aparecen en esta nueva investigación son
ajenos a esa pieza. En este caso, se investiga, además de la financiación ilegal
del PP, el posible pago de comisiones directas a Ignacio González. Los negocios
de la constructora aparecieron también en la Comisión de Investigación que la
Asamblea de Madrid dedicó a la corrupción dentro del PP.
En esa Comisión, el diputado regional por el PSOE Daniel Vicente Viondi, espetó
al dirigente madrileño Jesús Trigueros que “ustedes y OHL han llegado a un
acuerdo tácito en el que, demanda con demanda, al final lo que queda es que el
tren a Navalcarnero y el soterramiento de las vías del tren en Móstoles nunca
verán la luz. Es una especie de omertá, a la que ustedes han llegado para que
este tema quede extinguido definitivamente del pensamiento colectivo de los
vecinos y vecinas de Navalcarnero y de Móstoles, y eso es lo que más nos duele;
luego ya hablaremos de las cuestiones judiciales que parece que se han abierto
con este expediente, porque imagino que usted lee la prensa”.
Viondi añadió: “Si por algo es conocido Navalcarnero es por la inmensidad –y
perdonen que utilice esta expresión- de fechorías que han llevado a cabo allí
los distintos Gobiernos municipales del Partido Popular con la connivencia clara
y rotunda del Gobierno regional del Partido Popular, de la señora Esperanza
Aguirre y del señor Ignacio González”.
http://www.elespanol.com/espana/politica/20170420/209979159_0.html
LA
HERMANA DE IGNACIO GONZÁLEZ, "DESTROZADA", ACUDE A LA ASAMBLEA
Con cara de preocupación y mirada constante pegada al teléfono móvil, la
diputada del PP Isabel González ha acudido esta mañana al Pleno de la Asamblea.
Un día normal no sería noticia. Es la portavoz adjunta del PP en la Asamblea. Es
su obligación, pero su presencia hoy adquiere importancia al ser detenidos ayer
su hermano, el ex presidente regional, Ignacio González, su otro hermano, Pablo
González, y su marido, Juan José Caballero. Los tres han pasado la noche en el
calabozo, pero ella ha acudido puntual a la Asamblea.
"Está destrozada, la verdad", ha señalado un diputado del PP en uno de los
recesos. En la familia popular es muy respetada. La definen como una política
"que nunca ha ejercido de hermana de". La marcha de la ex portavoz adjunta Elena
González Moñux por una baja por depresión el pasado diciembre abrió la puerta a
que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, la jefa del grupo parlamentario,
la colocara como una de las caras visibles del partido. Ambas son amigas desde
hace muchos años. Se conocen bien y Cifuentes confía en ella. "Es muy seria y
trabajadora", precisa otra persona que conoce bien a la que es también portavoz
del Área de Cultura. De hecho, Cifuentes y ella suelen acudir juntas a
presentaciones de obras de teatro y eventos culturales. Los corrillos han sido
constantes esta mañana en la Asamblea de Madrid, donde las filas populares han
vivido una jornada casi de luto. "Es que esto es la tormenta perfecta", comenta
otro miembro del grupo de Cifuentes que lleva tiempo en la Asamblea de Madrid y
que todavía se sorprendía de la detención del ex presidente: "Es que le hayan
detenido así es muy fuerte". Otros miembros del partido lo tenían menos claro y
defendían ante todo "la presunción de inocencia. Eso lo primero".
http://www.elmundo.es/madrid/2017/04/20/58f899c722601de8548b465d.html
LA UCO CREE QUE GONZÁLEZ BLANQUEÓ DINERO A TRAVÉS DE SU PADRE, DE 90 AÑOS, QUE
SE ENCUENTRA EN ARRESTO DOMICILIARIO
Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en AP y
luego en el PP, donde llegó a ser secretario general técnico del grupo
parlamentario en el Senado
Desde que estallara la Operación Lezo, el padre de Ignacio González se encuentra
bajo arresto domiciliario, a la espera de determinar el papel que jugó en el
entramado
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González blanqueó dinero
utilizando a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, que se encuentra bajo
arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una
botella de oxígeno por problemas respiratorios, han informado a Europa Press
fuentes de la investigación.
Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en
Alianza Popular y luego en el Partido Popular, donde llegó a ser secretario
general técnico del grupo parlamentario en el Senado tras las elecciones de
2004.
Desde que estallara la Operación Lezo en la que se detuvo a Ignacio González, el
padre de éste se encuentra bajo arresto domiciliario, a la espera de determinar
el papel que jugó en el entramado con el que supuestamente se lucraron el
expresidente de la Comunidad de Madrid y otros miembros de la familia también
detenidos o señalados por los investigadores.
Ignacio González fue arrestado el miércoles junto a su hermano Pablo y su
cuñado, José Juan Caballero, en ambos casos por su relación con la construcción
del campo del golf en Chamberí, en el centro de Madrid, y tras una polémica
venta de suelo propiedad del Canal de Isabel II. Esta empresa pública de aguas
es una de las mercantiles en el epicentro de la Operación Lezo.
La investigación también reúne indicios de delito de la mujer de Ignacio
González, Lourdes Cavero, por la vinculación de su empresa Subastas Segre en el
entramado que lideraba el expresidente madrileño.
Tras pasar dos noches en los calabozos de la Comandancia de Tres Cantos, este
viernes están citados para que declaren ante el juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco Ignacio González, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/la_uco_cree_que_gonzalez_blanqueo_dinero_traves_padre_anos_que_encuentra_arresto_domiciliario_64123_1012.html
CAEN IGNACIO GONZÁLEZ Y SU CLAN FAMILIAR TRAS UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS IMPUNES
La investigación pone el foco en las turbias operaciones del gigantesco y
durante años opaco Canal de Isabel II, pero también en las vías que el
expresidente y su círculo familiar habrían utilizado para blanquear el dinero
desviado
Su hermano y su cuñado figuran entre los arrestados por orden del juez Velasco y
su esposa también está siendo investigada
Las diez horas que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) emplearon en
registrar el lujoso chalé de Ignacio González antes de conducirlo al calabozo
del cuartel de Tres Cantos sacudieron este miércoles como un auténtico terremoto
el centro político del país. La Operación Lezo, cuyo saldo se eleva ya a una
docena de detenidos y una larga serie de entradas en empresas y viviendas ha
puesto el foco en la gigantesca y opaca estructura que el expresidente de Madrid
manejó durante años en el Canal de Isabel II mientras salían a la luz, y sin
consecuencias políticas, turbias adjudicaciones, viajes de precio astronómico
pagados en metálico o la adquisición de inmuebles de lujo en oscuras
circunstancias.
Su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero –casado con Isabel González,
actual portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid– también han sido
arrestados. Y su mujer, Pilar Cavero, engrosa la lista de investigados, en la
que figuran quienes integraron la plana mayor del Canal de Isabel II bajo el
mandato de Ignacio González al frente de esa empresa pública (2003-2012). En el
caso, declarado secreto, se investigan entre otros los supuestos delitos de
prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y
falsificación documental.
Algunas de las adjudicaciones y adquisiciones que ahora investiga el juez Eloy
Velasco ya eran conocidas. Por ejemplo, la relacionada con el campo de golf del
distrito de Chamberí, cuya concesión benefició directamente en 2007 a la empresa
de un socio de su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Otras
operaciones, como la ruinosa adquisición de la empresa brasileña Emissao en
noviembre de 2013, habían pasado inadvertidas. La compra de Emissao fue
denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción en 2016 por el Gobierno de Cristina
Cifuentes. Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre aseguran, no
obstante, que las pesquisas sobre el Canal de Isabel II habían comenzado un año
antes.
La plana mayor de González en el Canal de Isabel II ha caído con él. Fuentes
jurídicas citan entre los detenidos a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero
delegado del diario La Razón y expresidente de Inassa, la filial latinoamericana
que utilizó el Canal como cabeza de puente para comprar distintas empresas, así
como María Fernanda Richmond, exdirectora financiera. Tanto Rodríguez Sobrino
como Richmond fueron destituidos por el equipo de Cifuentes por su vinculación
con la compra de la empresa brasileña Emissao.
La relación de exdirectivos investigados es más extenso y aparece encabezado por
Ildefonso de Miguel, que fue persona de la máxima confianza de González y que
ocupó el cargo de gerente del Canal hasta 2009. Fuentes del Canal de Isabel II
aseguran que la Guardia Civil ha registrado y precintado los despachos que
todavía ocupan antiguos directivos de la etapa de González y de su sucesor como
presidente de la empresa pública, Salvador Victoria, que también está imputado
en la Operación Púnica.
Rodríguez Sobrino, uno de los investigados de primera fila, ha arrastrado a dos
prominentes figuras del grupo editor de La Razón: su presidente, Mauricio Casals,
y su director, Francisco Marhuenda, declararán hoy jueves ante el juez Velasco
por las supuestas amenazas y coacciones que habrían ejercido sobre el equipo de
Cristina Cifuentes para que no elevara a la Fiscalía denuncia por la compra de
la brasileña Emissao. Este miércoles ya declararon, como testigos, la propia
Cifuentes –en su despacho y por escrito–, su jefa de gabinete, Marisa González,
y el consejero de Presidencia y máximo responsable del Canal, Ángel Garrido.
Durante su declaración pudieron escuchar parte de las conversaciones
interceptadas a Casals y Marhuenda y que demostrarían la existencia de tales
coacciones.
La panoplia de actuaciones y personas investigadas estructura así el caso sobre
dos patas: por un lado, todo lo que se relaciona con las actividades del Canal,
el formidable granero del que habrían salido los fondos desviados; y por otro
lado, el círculo del que supuestamente se valió González para las tareas de
blanqueo.
La adjudicación del campo de golf
Una de las operaciones bajo la lupa de los investigadores tiene su origen en
diciembre de 2006. En esa fecha, el Canal de Isabel II adjudicó la gestión de un
campo de golf construido en el centro de Madrid. La adjudicación benefició a
tres empresas que venían obligadas por las bases de la licitación a constituir
una nueva sociedad conjunta para la gestión de las instalaciones deportivas y
que fue bautizada como Green Canal Golf.
De las tres mercantiles beneficiadas, una –Iridium– pertenecía al gigante ACS y
se hizo con el 52,2% de Green Canal Golf; otra –Soto Once– poseía una estrecha
vinculación con el negocio del golf y obtuvo el 23,9% de la empresa gestora. La
tercera –Tecnoconcret- copó otro 23,9%. Tecnoconcret carecía de la menor
experiencia en la gestión de zonas deportivas, Pero su accionista mayoritario,
José Antonio Clemente, tenía como socio en otra compañía –Tamanaco 07
Consulting– a dos familiares de Ignacio González: su hermano Pablo, ahora
directivo de Mercasa y detenido también este miércoles, y su cuñado José Juan
Caballero Escudier, asimismo arrestado.
Declarado ilegal por el Supremo en 2015, el campo de golf quedó inaugurado en
marzo de 2007 en medio de fuertes protestas vecinales. Un mes más tarde, y
después de que la revista Tiempo hubiera destapado la relación societaria entre
el dueño de Tecnoconcret y su hermano Pablo, el entonces vicepresidente de
Madrid esgrimió el siguiente argumento: “La adjudicación se ha hecho a una UTE
donde no figuran familiares míos”. González no se abstuvo en la votación del
consejo de administración del Canal que adjudicó la concesión del campo de golf
ni comunicó a los demás consejeros el vínculo que unía a uno de los
adjudicatarios con su familia.
En noviembre de 2008, cuando el escándalo por la adjudicación del campo de golf
ya se había difuminado, Tecnoconcret acometió una ampliación de capital. Y el
hermano de Ignacio González pasó a convertirse oficialmente en socio de la
empresa.
La operación fue descubierta de nuevo por una investigación periodística, esta
vez del diario Público, que el 5 de febrero de 2009 informó de la incorporación
del hermano de Ignacio González al accionariado de una de las tres empresas
gestoras del campo de golf. Según la Comunidad de Madrid, para entonces hacía ya
un año que Tecnoconcret había vendido a Iridium, la filial de ACS, el 23,9% que
poseía en Green Canal Golf.
La empresa de arte de la mujer
Pero el foco de la investigación no afecta solo al Canal. Este miércoles, la
Guardia Civil también registró la sede de Subastas Segre, la empresa de venta de
objetos de arte fundada en el año 2000 por la esposa de Ignacio González,
Lourdes Cavero, junto con varias amigas, todas ellas unidas por un nexo común:
su cercanía personal a Ana Botella.
Las cuatro fundadoras de Subastas Segre eran personas muy familiares en la
Moncloa de Aznar y Botella: Carmen Cafranga, años después implicada en el
escándalo de las tarjetas black de Bankia; Concha Tallada, que en 2000 acababa
de separarse del expresidente de Telefónica Juan Villalonga; Lourdes Cavero, la
esposa de Ignacio González, y Maribel Casillas, que se convirtió en la directora
general de la galería.
Subastas Segre ha resultado un negocio boyante. En 2015 facturó oficialmente
1.789.079 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Y
obtuvo un beneficio neto de 251.770 euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/20/caen_ignacio_gonzalez_su_clan_familiar_tras_una_decada_escandalos_impunes_64032_1012.html
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA
OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el
aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los
registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de
fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se
desarrollara todo el operativo
El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no
tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial
desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le
pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER,
ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los
registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y
que iba a tener lugar en solo unas horas.
Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra
Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de
manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción,
donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del
registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la
mayoría.
Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se
trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los
“mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio
Público. Recuerda además que la decisión de la junta "no es vinculante" y aun
así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan
que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus
superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el
jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.
Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de
la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la
Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la
Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en
la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que
Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes
conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona
próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.
En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó
nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la
Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de
que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones
grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html
OHL, INDRA E IMC, ENTRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA ENTRADO LA GUARDIA CIVIL
La UCO ha llevado a cabo hasta 40 registro simultáneos
También investigan Subastas Segre, la compañía presidida por la esposa del
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González
Se han producido ya 40 registros y 10 detenciones, entre ellas la del
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en el marco de la
investigación abierta de la Guardia Civil por la gestión del Canal de Isabel II,
la mayor empresa pública de Madrid.
Los registros que está realizando la Guardia Civil se están produciendo en
empresas relacionadas con la Comunidad de Madrid –Indra, ICM y OHL, además del
Canal de Isabel II– por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a
instancias de la denuncia que interpuso el Gobierno de Cristina Cifuentes.
También se están produciendo registros en la sede en Madrid de Subastas Segre,
asesora de coleccionistas y mediador en la compra-venta de obras de arte.
Subastas Segre
Es una empresa situada en madrileño barrio de El Viso. Ya se vio involucrada en
la trama Púnica al ser la casa de subasta que se encargó de vender unas plumas
estilográficas de lujo relacionadas con la operación. Está presidida por Lourdes
Cavero Mestre, la esposa del expresidente de la comunidad Ignacio González y en
su directiva figuran, entre otros, Pilar, cuñada de González, y Carmen Cafranga,
expresidenta de la Fundación Caja Madrid e imputada en el caso de las tarjetas
black. Según informó Vanitatis, la mayoría de los objetos que se vendieron a
través de Subastas Segre se requisaron en las oficinas de David Marjaliza,
mientras que el resto estaban en cajas de seguridad a nombre de Juan José
Sánchez Barceló, el joyero socio de Francisco Granados.
Indra
Es una empresa multinacional española que ofrece servicios de consultoría sobre
transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros y
servicios al sector público. La multinacional también está relacionada con la
operación Púnica. El conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, informó por
teléfono a su socio que se iba a encontrar con alguien de Indra, que terminó
siendo el director general de la compañía, para pagar 10.000 euros en negro a De
Pedro por sus trabajos por su reputación online.
IMC
En este episodio, que ya relató en marzo eldiario.es, está involucrada también
la Agencia Informática y de Comunicaciones (IMC), una sociedad pública
dependiente de la Comunidad de Madrid y que también está siendo registrada en
estos momentos por la Guardia Civil. En julio de 2013, IMC realizó un informe
que justificaba la necesidad de contratar un "servicio de telefonía móvil
segura" para el equipo de Gobierno.
El por entonces consejero de Presidencia, Salvador Victoria, declaró el
"carácter reservado del expediente de contratación " y defendió que la operación
fuese confidencial, lo que permitió hacer los trámites evitando la publicidad y
ofertándolo mediante invitación a las compañías que considerasen oportunas, que
en este caso solo fue Indra. Finalmente, IMC adjudicó un contrató de 117.394
euros a la multinacional. Tal y como informó la Cadena Ser, dos semanas antes de
que Rajoy descartase la candidatura de Ignacio González a la presidencia de la
comunidad, IMC elaboró otro informe en el que manifestaba la necesidad de
resolver el contrato con Indra al considerar insuficiente la confidencialidad de
la información transmitida a través de los teléfonos móviles.
OHL
Es una constructora que ingresó entre los años 2002 y 2009 más de 3.000 millones
de euros de las administraciones públicas gobernadas por el PP, según un informe
de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de
Policía incorporado al sumario de los papeles de Bárcenas. Tal y como informó
infoLibre, sólo en 2007, el Ejecutivo madrileño del PP otorgó a la constructora
417 millones en contratos.
La Guardia Civil también ha procedido a detener al hermano de Ignacio González,
Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa que gestiona mercados de
abastecimiento como Mercamadrid o Mercabarna.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/19/la_guardia_civil_registra_las_sedes_otras_empresas_marco_investigacion_del_canal_isabel_ii_63989_1012.html
IGNACIO GONZÁLEZ Y SEIS DE SUS COLABORADORES PASAN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS
De los 12 detenidos vinculados a la trama, tres han quedado en libertad y otros
dos se encuentran fuera de España
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pasará la noche en
los calabozos de las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos junto a
seis de sus colaboradores en la trama corrupta que habría desviado fondos del
Canal de Isabel II, a través de una intrincada red de cuentas y empresas
pantalla en el extranjero.
Ignacio González pasará la noche en la Comandancia de la Guardia Civil
Además de González, permanecerán encarcelados en la Comandancia del Instituto
Armado dos de sus familiares, su hermano Pablo González y su cuñado José Juan
Caballero. También el expresidente de la filial del Canal en Colombia Edmundo
Rodríguez Sobrino, junto a su secretaria, Clarisa Guerra. En la misma situación
se encuentran la exdirectora financiera del ente María Fernanda Richmond y el
que fuera su director general, Adrián Martín, han informado a El Confidencial
fuentes cercanas al caso.
La lista de detenciones se ha elevado este miércoles a 12 personas, a las que se
suma una treintena de imputados. Además de los siete que aún permanecen bajo
custodia de la UCO, otros tres han quedado libres tras finalizar los registros
practicados en sus domicilios y despachos profesionales. Dos más —Diego García
Arias y Sebastián Cristovao— fueron arrestados en Colombia y Brasil.
Día de registros para Ignacio González tras su detención
Las mismas fuentes apuntan que al menos cuatro de los arrestados que deben pasar
de forma inminente a disposición judicial lo harán este jueves. El juez Velasco
y los fiscales anticorrupción encargados del caso también tomarán declaración al
director del diario 'La Razón', Francisco Marhuenda, y al presidente de la
sociedad editora del diario, Mauricio Casals, en este caso por presuntas
coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Mínimo, 40 años de prisión
El juez y Anticorrupción acusan de ocho delitos a los miembros del entramado
presuntamente dirigido por González que suman penas superiores a los 40 años de
prisión. Consideran que integraban una organización criminal dedicada al desvío
de fondos en beneficio propio, y solo por este delito el Código Penal establece
penas de hasta ocho años en los casos más graves.
La malversación lleva aparejadas condenas de hasta ocho años, mientras que el
blanqueo de capitales se castiga con un máximo de seis por cada uno de los
delitos cometidos, lo que multiplica la estancia en la cárcel en casos como el
presente, en el que se investigan distintas operaciones irregulares.
A la lista se suma el cohecho, con hasta seis años más, los mismos vinculados al
fraude fiscal, que también podrían aumentarse en caso de que los actos
defraudatorios fueran varios. Otra media docena de años acumula la falsedad
documental, mientras que la corrupción en los negocios alcanza un máximo de
cuatro años.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-19/el-entramado-de-ignacio-gonzalez-se-enfrenta-a-penas-de-hasta_1369320/
EL JUEZ INVESTIGA AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR DE ‘LA RAZÓN’ POR COACCIONES A
CIFUENTES
Los pinchazos revelan planes para presionar a la dirigente
El juez investiga al presidente y al director de ‘La Razón’ por coacciones a
Cifuentes Cifuentes ofrece la máxima colaboración con la Justicia
El periodista Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, y Mauricio
Casals, presidente del mismo medio, han sido imputados en la Operación Lezo
contra la corrupción en el Canal de Isabel II, empresa pública de aguas de
Madrid, según han confirmado fuentes jurídicas. Ambos han sido citados por el
juez Eloy Velasco para declarar hoy. Este miércoles, los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían detenido a Edmundo Rodríguez
Sobrino, consejero delegado de la empresa editora de La Razón y durante años el
“hombre de confianza en Latinoamérica” de Ignacio González cuando este presidía
el Canal.
Fuentes de la investigación apuntan a que Marhuenda y Casals presuntamente
presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para
evitar que denunciara las irregularidades detectadas por una auditoria realizada
por su Ejecutivo en el seno del Canal de Isabel II y en las que estaba
presuntamente implicado Rodríguez Sobrino. EL PAÍS intentó este miércoles
contactar con los implicados para recabar su versión de los hechos, pero fuentes
del Grupo Planeta, editor de La Razón, han declinado hacer ningún comentario. No
obstante, Marhuenda, en declaraciones a Elplural.com, calificó de “una cosa de
locos” y un “disparate” las acusaciones que pesan sobre él. El director de La
Razón insistía este miércoles en que su rotativo “se ha caracterizado por
defender al PP y a Cristina Cifuentes” y que él mismo lo había hecho en las
tertulias de televisión y radio a las que acude.
El juez imputa a Marhuenda y a Casals un delito de coacciones del artículo 464
del Código Penal, que prevé penas de hasta cuatro años de prisión para el que
“con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en
quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete
o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal”.
Las relaciones de la Operación Lezo
El origen de la imputación de Marhuenda y Casals está en los pinchazos
telefónicos realizados en el transcurso de la Operación Lezo a Edmundo Rodríguez
Sobrino. En los mismos se escucha a este tratar con ambos diferentes actuaciones
para frenar la decisión de Cristina Cifuentes de acudir a la Justicia a
denunciar la compra por parte del Canal de Isabel II de una empresa brasileña
por un precio que solo un mes después de la adquisición se demostró excesivo. En
dicha operación bajo sospecha había jugado un papel clave Inassa, la filial
sudamericana del Canal que entonces presidía Rodríguez Sobrino.
Según fuentes cercanas a la investigación, en dichas conversaciones los tres
hablan, entre insultos a la presidenta de la Comunidad y su equipo, de utilizar
las páginas del diario para atacar a la política si continúa adelante con su
decisión de denunciar las irregularidades detectadas. Incluso hablan de publicar
noticias falsas con el único objetivo de perjudicar la imagen de la política. El
juez Eloy Velasco, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, considera
dichas conversaciones indicios suficientes del presunto intento de ambos por
obstaculizar la investigación judicial con el único objetivo de lograr la
impunidad del consejero delegado de la empresa editora de La Razón.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492605480_264705.html
CIFUENTES
PREFIERE DECLARAR POR ESCRITO ANTE EL JUEZ
El magistrado se desplaza a la sede del Gobierno regional y entrega un
cuestionario a la presidenta regional
El juez Eloy Velasco, instructor de la Operación Lezo, se ha desplazado esta
tarde a la sede de la Comunidad de Madrid para entregar un cuestionario de
preguntas a la presidenta regional Cristina Cifuentes, del PP, sobre el
escándalo que ha destapado en el Canal de Isabel II. Cifuentes, en calidad de
testigo, informó de su intención de prestar declaración por escrito acogiéndose
al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a los
presidentes de los gobiernos regionales a utilizar esta vía cuando un juez
instructor les recaba información sobre hechos de los que tengan conocimiento
por razón de su cargo.
La presidenta regional responderá al cuestionario y luego se lo hará llegar al
juez. Cifuentes, sucesora de Ignacio González al frente de la Comunidad, reiteró
su intención de colaborar con la justicia en el asunto del Canal y comentó que
hace meses remitió a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre operaciones
anómalas efectuadas en Brasil y Colombia por el Canal, un organismo público que
depende de su Gobierno y que en la actualidad preside su número dos, Ángel
Garrido, por su condición de consejero de Presidencia y Justicia.
Tras dejar el cuestionario a Cifuentes, el juez se ha desplazado a la sede de la
Consejería de Presidencia y Justicia, donde ha interrogado durante una hora a
Garrido. Garrido también comparece en calidad de testigo y también apoyó la
entrega del citado informe sobre el Canal a la fiscalía relativo a compras de
empresas por un valor muy superior al real.
Aparte de la detención esta mañana de doce personas, entre ellas el expresidente
Ignacio González, la agenda del juez Velasco también incluía hoy el
interrogatorio de otras tres personas en calidad de testigos. Velasco indaga
delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho,
blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios del
Canal.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492628022_955544.html
CIFUENTES ESTABA EN EL CONSEJO DEL ENTE DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ETAPA DE
IGNACIO GONZÁLEZ
"Cifuentes deberá dar explicaciones". Así de rotundo se mostraba este miércoles
el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, al recordar
que Cifuentes era miembro del consejo de administración del Canal de Isabel II
en la etapa de Ignacio González, éste último detenido hoy. Sin embargo, el
Gobierno regional ha corregido a Aguado y desvinculado "totalmente" a la
presidenta de Madrid de la supuesta trama al alegar que fue consejera del ente
entre 2012 y 2014, pero no de la empresa pública.
Así, fuentes del Ejecutivo madrileño han explicado que el cargo de Cifuentes
como consejera en el ente del Canal corresponde a su etapa como delegada del
Gobierno en la Comunidad de Madrid, ya que todos los delegados forman parte del
mismo. Las mismas fuentes han indicado que mientras que el ente público Canal de
Isabel II tiene funciones ejecutivas, las decisiones del "día a día" se toman en
la empresa pública Canal de Isabel II Gestión, S.A.
Pero para Aguado, Cifuentes "no va a colaborar con la Justicia porque sí, es que
tiene que colaborar, porque tiene relación directa con el Canal de Isabel II".
El juez ha citado a Cifuentes para que ratifique la denuncia contra el
expresidente regional.
Por su parte, Cifuentes ha destacado su "colaboración máxima" con la Justicia y
ha avanzado que "absolutamente" todo lo que les pida el juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco, lo harán, ya sea aportar documentación como testimonios.
"Absolutamente todo lo que nos pida el juez lo haremos pero no voy a dar datos
porque está bajo secreto de sumario", ha indicado Cifuentes, quien ha remarcado
que desde la Comunidad están" colaborando absolutamente con la justicia".
"Fue la Comunidad, la propia empresa Canal"
La presidenta regional ha señalado que "fue la propia Comunidad, la propia
empresa Canal, quien puso el tema en manos de la Fiscalía" a quien remitió una
información referida al Canal de Isabel II. Se refería a un informe de mayo de
2016 en el que el Ejecutivo autonómico explicaba que el nuevo director gerente
del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la
sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de
compra más reciente, realizada en 2013. Se trataba de la compra de la empresa
brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.
"Desde ese momento y el momento actual y, por supuesto, en el futuro nuestra
colaboración ha sido, es y será absoluta porque en este Gobierno que tengo el
honor de presidir tenemos tolerancia cero contra la corrupción y vamos a
colaborar siempre con cualquier asunto judicial en todo lo que nos requiera la
justicia en este asunto también", ha continuado Cifuentes.
"Reiterar la colaboración plena y absoluta en todo momento por parte mía y todos
los miembros del gobierno y del consejero de Presidencia y presidente del Canal
de Isabel II la colaboración está siendo y va a ser máxima en todo momento", ha
destacado la dirigente popular.
La también presidenta del PP de Madrid ha insistido en que todo lo que les
requiera la Guardia Civil y el juez, documentación, testimonios, todo lo que
quieran lo van a tener porque son "los primeros interesados en que este asunto,
o cualquier otro que tenga que ver con corrupción, se llegue hasta el final".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/07/el_gobierno_ignacio_gonzalez_pago_sin_tasacion_externa_previa_millones_por_una_empresa_brasilena_riesgo_63533_1012.html
CUANDO ESPERANZA AGUIRRE PONÍA "LA MANO EN EL FUEGO" POR IGNACIO GONZÁLEZ
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, siempre defendió a
'Nacho' González
Fue la mano derecha de 'la lideresa' al frente de la Comunidad de Madrid, por
eso en la Fonoteca de la SER no ha sido difícil encontrar declaraciones de
Esperanza Aguirre defendiendo a quien la sucedió al frente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González.
En marzo de 2015, mientras aseguraba que sería "inflexible contra la
corrupción", Esperanza Aguirre elogió así a Ignacio González: "Nacho ha dirigido
la política de la Comunidad de Madrid con una inteligencia y eficacia
encomiables hasta conseguir consolidarla como la primera comunidad económica de
España (...) Y además con su legendaria capacidad de gestión ha logrado mantener
el alto nivel de todos los servicios que la comunbidad presta, a pesar de la
ortodoxia financiera".
Poco antes, cuando ya se habían publicado informaciones sobre el ático, Aguirre
le mostró públicamente su apoyo "porque ha sido un magnífico presidente, porque
tiene un historial absolutamente intachable y porque las insinuaciones que
hablan de que recibió como regalo su piso en Estepona él ha demostrado, como no
ha demostrado ningún político, de dónnde sacó el dinero, cómo lo compró, qué
crédito tomó y todo lo demás".
Siendo presidenta de la Comunidad, cada 2 de mayo Esperanza Aguirre concedía una
entrevista a la SER y fue en 2012, cuando ya había saltado el 'caso Gürtel'
cuando le preguntamos si ponía "la mano en el fuego" por Ignacio González y ella
no dudó al responde "claro que sí" y añadió "si Ignacio González viniera a
decirme 'he hecho esto incorrecto', no ya delictivo, sino incorrecto, a mí no me
temblaría el pulso en cesar a Ignacio González, además, dimitiría él. Es que yo
he tenido que cesar, por desgracia, a mucha gente".
También apoyó Aguirre a González en el 'caso espionaje', haciendo extensivo ese
apoyo a todo el gobierno regional "que nada tiene que ver con esas imputaciones
gravísimas que se efectúan". Y fiel a su estilo, preguntada de nuevo por los
espías, respondió: "Mire, a mí es que me da la risa, qué quiere que le diga".
http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/politica/1492602990_847592.html
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