El auto determina 
						que comparecerán como testigos los etarras Henri Parot, 
						Gorka Vidal e Izkur Badillo. Parot ha sido citado porque 
						en la celda del islamista Abdelkrim Bensmail, que no 
						está entre los acusados del 11-M, se encontró una nota 
						con su nombre. Vidal y Badillo fueron detenidos en 
						Cuenca 11 días antes de la matanza con una furgoneta 
						cargada de explosivos, la denominada “caravana de la 
						muerte” por la derecha mediática. 
						
						Declaraciones polémicas 
						El auto firmado por Gómez Bermúdez, 
						recientemente reelegido como presidente de la Sala de lo 
						Penal, despertó enseguida reacciones en el rotativo de 
						Pedro J. Ramírez y en el digital de Federico Jiménez 
						Losantos, que considera el auto “la noticia más 
						importante del 11-M”. Para ambos medios, este auto 
						corrobora algunas de las peticiones que sustentan los
						teóricos de la cosnpiración, que sostienen la 
						relación entre ETA y los atentados, y apuntan a fallos 
						en la investigación acerca de los explosivos que se 
						utilizaron en la masacre. El 
						magistrado ya protagonizó un polémico episodio el pasado 
						mes de octubre, cuando, en una entrevista concedida a 
						El Mundo, hacía coincidir en cierta medida sus 
						opiniones con las de los teóricos de la conspiración.
						
						Prioridad a celebrar el juicio 
						La presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el 
						Terrorismo, Pilar Manjón, consideró
						
						“un error” aquellas declaraciones de Gómez Bermúdez, 
						sin embargo, afirmó que su prioridad era que el juicio 
						se celebrase, al contrario que el PP y sus medios de 
						comunicación afines, que aún hoy siguen abogando por 
						retrasar el juicio y continuar con la investigación. 
						
						
						A petición de Zougam 
						Los tres etarras comparecerán como testigos a 
						petición de la defensa de Jamal Zougam, uno de los 
						supuestos autores materiales del atentado. Los jueces 
						aseguran que, de no aceptar su propuesta, dejarían al 
						procesado en una situación de “indefensión”. La petición 
						de un nuevo peritaje sobre el tipo de explosivos que 
						causaron la deflagración de los trenes también ha sido 
						cursada por la defensa de Zougam, y por tres acusaciones 
						particulares. 
						
						Grabación contra las suspicacias 
						Esta nueva prueba de peritaje se realizará a partir de 
						los restos hallados en los trenes atacados, y deberá 
						estar lista antes de la una de la tarde del 13 de 
						febrero. El análisis se grabará en vídeo para evitar las 
						suspicacias que hasta ahora ha despertado el caso 
						especialmente en algunos medios de comunicación como 
						El Mundo o la Cadena COPE. 
						
						Declaraciones del PP
						Las palabras del PP han apuntado, como en 
						ocasiones anteriores, también hacia las teorías 
						conspirativas. El líder del partido, Mariano Rajoy, 
						aseguró que es "de enorme relevancia" que los tres 
						etarras comparezcan en la vista oral, e insistió en que 
						hay que continuar investigando sobre la autoría de los 
						atentados. 
						
						Para el portavoz adjunto del PP en la Comisión de 
						Interior del Congreso, Alejandro Ballestero, "hay 
						cantidad de agujeros negros en el 11-M". Ballestero hizo 
						suyas las palabras de teóricos de la conspiración 
						afirmando que "en cada agujero negro" hay que "poner 
						claridad, algo de verdad y muchísimo rigor". Además 
						acusó al Gobierno de estar "interesadísimo en no 
						esclarecer" dichos puntos oscuros en el caso.
						
						600 testigos y 100 peritos 
						En total comparecerán entre 570 y 680 testigos, entre 
						los que finalmente no se encontrarán altos cargos del 
						Gobierno del PP, como José María Aznar o el entonces 
						ministro de Interior, Ángel Acebes. Además se contará 
						con las declaraciones de cerca de 100 peritos. El juicio 
						tendrá lugar en las dependencias de la Audiencia 
						Nacional situadas en la Casa de Campo de Madrid y está 
						previsto que dure hasta finales de junio, con unas 100 
						sesiones, tres por semana. 
						
						La Fiscalía pide más de 270.600 años para siete de los 
						29 imputados, a los que acusa de 191 asesinatos 
						consumados y 1.824 más en grado de tentativa por los 
						atentados de los trenes. La sentencia debería estar 
						lista en octubre de 2007, para no tener que excarcelar a 
						los acusados que fueran condenados durante la 
						tramitación de sus recursos al Tribunal Supremo.





