PS 1-2-6. FINANCIACIÓN PPCV Y ORANGE MARKET : LA SUERTE ESTÁ ECHADA

 

LAS NOTICIAS 2012-2099


LA PRECIPITADA REHABILITACIÓN DE IBARS

El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, dictó el miércoles el sobreseimiento provisional de la causa contra Dora Ibars, al no estar acreditada su participación en los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y otros en la millonaria adjudicación a la red corrupta de los contratos de la feria turística Fitur. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, anunció este viernes que Ibars recuperaba el cargo de directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, del que fue destituida a raíz de ser imputada en el caso. 
La lectura del auto del juez Ceres hace pensar, sin embargo, que la recuperación de Ibars para ocupar el alto cargo puede haber sido imprudente. En la misma resolución en que decretaba el sobreseimiento de la causa, el magistrado abría la puerta para que la directora general vuelva a ser imputada dentro del mismo caso Gürtel, solo que no por la adjudicación de Fitur —que es lo que se va a juzgar ahora— sino por otros de los contratos de los que se benefició la red de Francisco Correa.  2002-2009
Siguiendo el razonamiento expuesto por Ciscar, si Ibars fuera imputada de nuevo tendría que volver a dimitir, en lo que sería uno de los capítulos más rocambolescos en la ya de por sí pesada digestión del caso Gürtel para la Administración autonómica. 
El auto del juez Ceres señala que procede el sobreseimiento de Ibars "sin perjuicio de la investigación que se pueda realizar en relación con la contratación del montaje del Stand de Grandes Eventos", que iba a tener lugar en la misma feria Fitur del año 2009, pero no dependía directamente de la Agencia Valencia de Turismo. Poco después el juez va aún más lejos y señala que "procede deducir testimonio" del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se vierten las sospechas sobre Ibars. Deducir testimonio podría traducirse al lenguaje llano, salvando las distancias, como una denuncia planteada por el propio juez instructor al apreciar en unos hechos indicios de delitos que, por distintas razones, no puede investigar en el mismo procedimiento (en este caso, en la pieza separada sobre los contratos de Fitur firmados entre la Agencia Valenciana de Turismo y la trama) que está investigando. 
La red Gürtel logró cerca de seis millones con Fitur. Pero obtuvo también de forma delictiva, según la Fiscalía Anticorrupción, decenas de otros contratos menores con muchos departamentos de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazó inicialmente ser competente para investigar estos últimos contratos, pero el Supremo zanjó este verano que sí le correspondía hacerlo. Dichos contratos formarán, probablemente, una nueva pieza separada del caso Gürtel en Valencia. Y el magistrado ha dado a entender que será en esa pieza en la que podría volver a imputar a Ibars.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/valencia/1355509724_585991.html
EL JUEZ PROCESA A UN EXVICEPRESIDENTE Y DOS EXCONSEJERAS DE CAMPS POR PREVARICAR
El TSJ los acusa de tráfico de influencias por contratos con la red Gürtel 
El juez encargado de instruir el caso Gürtel, en su vertiente de las contrataciones de la Generalitat valenciana con la empresa de la red Orange Market para la feria Fitur, ha acordado procesar por tráfico de influencias y prevaricación al exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, a las ex consejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Los tres ocupan escaño en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas. 
La investigación sobre la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón valenciano de Fitur entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps, es una de las piezas separadas dentro de la supuesta financiación irregular del PP valenciano a través de la red Gürtel. 
El instructor José Francisco Ceres también ve indicios de un delito de cohecho activo en la cúpula de Gürtel y acusa al cabecilla, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, según ha informado el TSJCV.
También aprecia indicios de tráfico de influencias y prevaricación en el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret -que ya fue procesado en el caso de los trajes- y en otros cuatro empleados públicos, mientras que archiva la causa contra cinco imputados, entre ellos la exdirectora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat Dora Ibars. 
El instructor imputa tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude a la Administración Pública y falsedad en documento oficial a los responsables de Orange Market Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa, Mónica Magariños, Isabel Jordán y Cándido Herrero. 
El auto señala que Betoret, previo acuerdo con la consejera Milagrosa Martínez, indicó a los empleados de la Agencia Valencia de Turismo que realizaran en los nuevos pliegos de contratación para Fitur con las "adaptaciones o modificaciones que fueran necesarias para lograr la adjudicación a dicha mercantil, manifestándoles que a tal efecto, personas vinculadas a Orange Market se pondrían en contacto con ellos". 
El magistrado asegura que las personas vinculadas a Orange Market, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, elaboraron "paralelamente un borrador de criterios de adjudicación". Además, añade que esta influencia en los pliegos de contratación "una vez conseguida en la anualidad más complicada (Fitur 2005) continuó en unidad de propósito y similar método, en las sucesivas anualidades de los certámenes (2006 a 2009)". 
Sobre el exvicepresidente Vicente Rambla, el auto señala que "en la concesión del referido trato de favor por parte de la AVT(Agencia Valenciana de Turismo) a la mercantil Orange Market y singularmente en las de los años 2008 y 2009, pudiera haber tenido algún grado de intervención" que, en aquellos años "tenía una estrecha relación personal con Álvaro Pérez que éste fue fomentando y de la que trató de aprovecharse, sabedor que intervenía de alguna forma en nombre de la Generalitat en la decisión sobre los denominados Grandes Eventos que se realizan en la Comunidad Valenciana, pretendiendo obtener facilidades para la adjudicación en las referidas contrataciones". 
Sobre el presunto delito de cohecho pasivo, el magistrado indica que en el registro judicial de la sede de Orange Market se encontró "un listado de presuntos regalos a diversas autoridades, funcionarios y personalidades así como la compra de diversos productos en distintos establecimientos de la localidad de Valencia" en el que figuraban tanto las dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such, como el entonces vicepresidente Vicente Rambla. 
En sus conclusiones, el juez José Francisco Ceres sostiene que las diligencias practicadas "revelan un abanico y pluralidad de irregularidades en la mencionada contratación administrativa objeto de investigación, en la facturación así como la existencia de relaciones personales no habituales entre un adjudicatario y funcionarios o autoridades" y considera que estas son indicadoras de "la existencia de una voluntad de favorecimiento en la adjudicación del concurso". 
Los indicios sobre indicios el tráfico de influencias y la prevaricación también se sostienen, según el juez, en conversaciones como la mantenida por El Bigotes con un alto directivo de un banco, al que, como argumento para conseguir la renovación del crédito y "a modo de garantía o aval" le dice: "Todos los años hago el stand del Gobierno Valenciano de Fitur, vale?", o "que tengo la suerte de que el Gobierno valenciano siempre me paga antes de lo que está pactado en el pliego, en el contrato", en el pliego de condiciones". 
También menciona otra conversación en la que Álvaro Pérez afirma: "El tema del trabajo para el partido se me ha acabado, y yo he pactado pues que como no tengo curro de partido pues que me darán otras cosas, por cojones, y que como me van a dar otras cosas, pues entonces se supone que me van a ayudar a que yo consiga un par de campañas buenas".
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/12/actualidad/1355325225_896695.html
DIMITE EN ELCHE UNO DE LOS PROCESADOS POR EL ‘CASO GÜRTEL’
Ciscar dice que si se abre juicio oral el PP expedientará a los exconsejeros
El gerente del patronato municipal de turismo VisitElche, Isaac Vidal, dimitió ayer tras ser procesado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la pieza del caso Gürtelrelacionada con la adjudicación irregular a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Vidal está procesado por su participación en la adjudicación a Orange Market como responsable del área de Mercados y Comunicación de la Agència Valenciana de Turisme. 
Junto a Vidal están procesados en la misma causa el expresidente del Consell Vicente Rambla, las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such y otros cuatro cargos de la Agència Valenciana de Turisme (Rafael Betoret, Jorge Guarro, Ana Grau y Francisco Bover). También están procesados en la misma causa otros cinco miembros de la trama Gürtel, incluidos Francisco Correa, Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo. 
En un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Elche, Vidal explica que presentó su dimisión el miércoles por la noche. "Estoy muy tranquilo y con la convicción de que todo se aclarará. Presento mi dimisión porque soy un hombre de honor y hasta que no se reconozca mi inocencia no debo estar en ningún cargo público", aseguraba el exgerente de VisitElche. 
El procesamiento de los tres exaltos cargos de la Generalitat ha colocado en un aprieto al Consell que preside Alberto Fabra, porque el auto del Tribunal Superior de Justicia no ve acreditada la participación de la exdirectora general de Promoción Institucional Dora Ivars y le retira la imputación apenas un mes después de su destitución. Una decisión, adoptada por sorpresa tras meses de imputación, y que levantó ronchas en sectores del PP y de la Administración valenciana y que ayer volvieron a reproducirse. 
El vicepresidente José Ciscar recordó que la decisión de destituir a Ivars se realizó en el ejercicio de sus competencias y argumentó que la politica del presidente de la Generalitat ante los casos de corrupción sigue siendo la misma. "Continua exactamente en el mismo sitio", recalcó Ciscar, que recordó que las actas de los diputados son personales. "Otra cosa es que ahora nos demos cuenta de por qué hay que respetar siempre la presunción de inocencia", admitió. En ese sentido se expresó la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, 
Respecto a los tres exaltos cargos procesados que siguen en las Cortes Valencianas, Ciscar argumentó que "los estatutos del PP dicen que en el momento en el que se decrete apertura de juicio oral, el partido con los estatutos en la mano, debería abrir, y así lo haría, expediente disciplinario". 
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no quiso hacer comentario alguno sobre el procesamiento de Rambla, Martínez y Such. "No tengo nada que comentar", remachó. 
La oposición, por su parte, acusó a Fabra de ser el principal responsable de que los altos cargos procesados sigan en las Cortes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/13/valencia/1355429785_340549.html
FABRA SE DESHACE DEL INTERVENTOR IMPUTADO Y RENUEVA SANIDAD 
La remodelación del segundo escalón del Gobierno valenciano, aprobada este viernes, evidenció dos cosas. Por un lado, una línea de actuación errática respecto a los altos cargos implicados en casos de corrupción. Y, por otro, las enormes dificultades del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para confeccionar los equipos de gestión de las consejerías. 
La manera de abordar los escándalos de corrupción se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para Fabra y en un galimatías para el PP. 
El Consell aprobó la destitución del interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz, imputado —igual que el exconsejero de Hacienda José Manuel Vela— por un delito de revelación de secretos al haber filtrado, supuestamente, un informe encargado por el juzgado al exconsejero imputado en el caso Cooperación Rafael Blasco. 
Una reunión en la que aprobó también el nombramiento de Dora Ibars como directora general de Promoción Institucional. Un puesto que ha permanecido vacante desde que hace un mes fue destituida del mismo cargo por estar imputada en una de las piezas separadas del caso Gürtel. Lo sorprendente es que Ibars llevaba imputada desde el 17 de noviembre de 2011 y el Consell no decidió aplicarle "la tolerancia cero contra la corrupción" hasta hace mes y medio. Ahora, la rehabilita dos días después de que el auto del magistrado José Ceres no hallase indicios suficientes para mantener la imputación a Ibars en la pieza de la adjudicación de los contratos de la Agència Valenciana de Turisme a Orange Market. 
Ciscar desvincula la destitución del interventor de su situación judicial 
Para acabar de redondear el galimatías, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, argumentó que la destitución del interventor general no está motivada por su imputación, sino por la reestructuración que se prepara en la Consejería de Hacienda. Aunque el Consell dejó, por el momento, la vacante libre en un puesto clave para el funcionamiento de la Administración valenciana. 
Ciscar recalcó de nuevo que no se pedirá al exvicepresidente Vicente Rambla ni a las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such que renuncien a su acta de diputados en las Cortes Valencianas. 
Las indefiniciones sobre cómo abordar la situación de los cargos implicados en escándalos incluyen también la promoción de Laura Chorro, pareja sentimental de Ricardo Costa —el exsecretario general del PP imputado en dos piezas del caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del partido—. Chorro abandona la gerencia de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado (Fundar) para ocupar la dirección general de Familia y Mujer con la nueva consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez. Ambas coincidieron como ediles en el Ayuntamiento de Alicante. 
En este departamento también ha encontrado acomodo la secretaria autonómica Manuela García Reboll, hasta ahora número dos de Sanidad y ahora se encargará de gestionar con el mismo rango la Dependencia en Bienestar Social.
La política contra la corrupción se convierte en un galimatías 
Su salida de la Consejería de Sanidad se daba por hecho desde que se anunció que el nuevo consejero sería Manuel Llombart, el director del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Las relaciones entre ambos eran tensas a cuenta de enfrentamiento que mantuvieron por los impagos de la Generalitat con el IVO y la consideración desde Sanidad de que la fundación dirigida por Llombart estaba facturando en exceso a la consejería. 
El nombramiento de Llombart ha dado un vuelco a esta situación a la vez que plantea dudas sobre el conflicto de intereses que puede derivarse del hecho de que el gerente de un importante y particular cliente de la Generalitat, como es el IVO, pase a dirigir la consejería. Aún más, teniendo en cuenta que el centro oncológico está ligado a la familia del nuevo consejero. 
Llombart ha aterrizado en un departamento muy renovado respecto a la etapa de su antecesor, Luis Rosado. Aunque menos de lo que parece. Los nuevos números dos y tres de la consejería son viejos conocidos del departamento, y antiguos colaboradores del ex consejero de Sanidad Manuel Cervera (2007-2011). 
Manuel Escolano, director general en la consejería desde 1999 sucederá en la secretaría autonómica a García Reboll, cuyo nuevo destino en Bienestar Social causó sorpresa en el seno del PP por ser uno de los cargos más quemados con el fracasado intento de privatización no asistencial de toda la sanidad pública.
García Reboll, enfrentada a Llombart, sigue en Bienestar Social 
El nuevo subsecretario de la consejería es Ignacio Ferrer. Para este cargo, el equivalente a número tres del departamento, Llombart cuenta con el que fuera jefe de gabinete del ex consejero Cervera, que en la etapa de Rosado se mantuvo en segundo plano en la dirección general de Evaluación, Calidad y Atención al Paciente. 
Quizás estos nombramientos traten de aportar experiencia a Llombart ante la difícil tarea que se le presenta en el horizonte: una sanidad con una aguda debilidad financiera y un programa de privatización de la gestión de servicios por el que las operadoras sanitarias no han demostrado demasiado interés a la vez que ha sembrado de incertidumbres a los trabajadores de la red pública. En ese sentido, cobra especial importancia el fichaje de la secretaria general de la Sindicatura de Comptes como directora general de Régimen Económico de la Consejería. 
En la remodelación realizada tras la desaparición de las consejerías de Agricultura y Turismo se salvan también buena parte de los altos cargos. Sorprende en la Consejería de Economía la repesca de Mar Casanova como directora general de Internacionalización, porque inició la legislatura como secretaria autonómica de Economía con Enrique Verdeguer de consejero y tras la llegada de Buch pasó a ser secretaria autonómica de Agricultura. Y también la reconversión de Ignacio Ventura, que pasa de director general de Proyectos Estratégicos a director general del Sector Público Empresarial en la Consejería de Hacienda.
El PP quiere quitar a la mitad de los miembros de los órganos consultivos 
Tras el baile de cargos y de puestos, el Consell acabó por suprimir dos subsecretarías y una dirección general, creó una nueva secretaría autonómica de Turismo y dejó por ocupar la plaza del Interventor General de la Generalitat, una secretaría autonómica y una dirección general.
En la misma reunión, el Consell aprobó cuatro anteproyectos de ley para reducir a la mitad los miembros del Consell Jurídic Consultiu, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Económico y Social y el Consell Valencià de Cultura.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/valencia/1355514125_970486.html
‘EL PRÍNCIPE’ Y ‘EL CANTANTE’ NIEGAN QUE FINANCIARAN AL PP 
Los responsables de dos empresas declaran en el TSJ por la rama valenciana del 'caso Gürtel' 
A medida que van desfilando los empresarios de la construcción ante el magistrado José Ceres se repiten las declaraciones en las que los imputados intentan justificar los trabajos abonados a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, y niegan que participaran en el pago de actividades electorales del PP. 
Este martes le tocó el turno a dos de los últimos empresarios identificados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que supuestamente engordaron las cuentas de Orange Market, la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, para financiar el partido conservador. Se trata de Rafael Martínez Berna, representante del grupo Vallalba al que según la policía los líderes de la trama llamaban El Cantante, y de Felipe Almenar, presidente de la constructora Cyes y apodado en Gürtel como El Príncipe. Ambos negaron cualquier irregularidad relacionada con la trama. 
Ceres, que instruye desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la rama del caso Gürtel referida a la presunta financiación irregular del PP, está intentando desentrañar la relación con Correa y El Bigotes de un grupo de constructores que han protagonizado el boom del ladrillo en la Comunidad Valenciana al tiempo que se han beneficiado de numerosos contratos con la Generalitat. Hasta el momento el sumario eleva a nueve el número de empresas y sus principales responsables están siendo llamados a declarar como imputados en la causa. 
Almenar, cuyo grupo habría abonado 200.000 euros a la trama según los informes policiales, negó ayer cualquier tipo de relación con la firma de El Bigotes. "Con Orange Market no hemos trabajado nada y eso ya lo manifestamos cuando salieron las primeras noticias", aseguró Almenar a su salida de la sede del TSJ. Efectivamente, cuando saltó la noticia de que la investigación apuntaba a Cyes, la constructora emitió un comunicado en el que negó pagos a la trama o que hubieran facturado nunca con la firma de Pérez. 
También negó su implicación en la trama Martínez Berna, al que la policía atribuye pagos por 199.520 euros y que además de empresario en el grupo Vallalba fue presidente de la patronal de Alicante Coepa hasta noviembre, cuando dimitió por su implicación en Gürtel y porque la Comisión Nacional de la Competencia multó a dos empresas del grupo, Constructora Hormigones Martínez (CHM) y su filial Padelsa Infraestructuras con 5,3 millones de euros por supuestamente amañar contratos con la administración.
Por otra parte, hoy se espera que comparezcan en el TSJ los principales imputados de la trama Gürtel para cotejar sus voces con las de las conversaciones intervenidas por autorización judicial. Están citados a partir de las 11.00 Correa, su número dos, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, y el exconsejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/25/valencia/1348584801_541268.html
INTERVENCIÓN ADVIRTIÓ TRES VECES DE LAS IRREGULARIDADES DE GÜRTEL EN VALENCIA
La Generalitat siguió con las adjudicaciones sin cumplir la ley y pese a los avisos 
Un informe desvela la continuidad en el trato de favor a Orange Market 
EE UU da a la Audiencia cuentas de la trama Gürtel en Gibraltar 
Mientras por el juzgado siguen pasando cargos políticos y técnicos que defienden su gestión en la contratación de la filial valenciana de la red Gürtel, Orange Market, con la Administración autonómica, el juez ha recibido un informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana en el que señala que las auditorías advirtieron hasta en tres ocasiones de las irregularidades en los contratos firmados con motivo de la Feria de Turismo (Fitur), entre 2005 y 2009. En total, la red corrupta se embolsó por estas ferias cerca de cinco millones de euros. 
El informe, fechado en agosto, fue requerido por la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Y señala que en la auditoría de cumplimiento de la legalidad respecto a 2005 se detectó una ampliación de contrato por un total de 90.000 euros, por el que ya se puso de manifiesto la "inexistencia de la aplicación de un procedimiento de contratación, conculcando los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación" que deben regir en la contratación pública. 
Lo mismo ocurrió con otros expedientes por un valor global de más de 500.000 euros, sobre los que se advirtió que se habían hecho "por contratación directa, no habiendo dispuesto contrato formalizado con los mismos". Y volvió a pasar en 2006, cuando se adjudicaron, también de manera directa, otros 626.000 euros "no habiendo dispuesto del contrato formalizado con los mismos".
La auditoría avisó de la adjudicación, en 2005, de 590.000 euros sin publicidad 
Sobre los expedientes revisados en 2009, el último año que la Generalitat valenciana adjudicó el expositor de Fitur a la trama Gürtel y el mismo en el que se inició la investigación judicial, el informe no señala irregularidades específicas, pero sí indica que los expedientes revisados se adecuaban "razonablemente" a la ley de contratos y garantizaban "en términos generales" los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación. 
Pese a las advertencias de las auditorías, que comenzaron en 2005, a la vez que las adjudicaciones para la feria Fitur a Orange Market, la Administración pública valenciana, entonces presidida por Francisco Camps, siguió con las irregularidades. Estas han llevado a comparecer ante el juez a los responsables de la red, a los responsables políticos de las instituciones que promovían esas adjudicaciones (la Agencia Valenciana de Turismo) y a los técnicos encargados de los contratos, que también están imputados. 
Y esto es solo una parte de la causa abierta, en la que también se investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano para averiguar si los populares valencianos cometieron alguna ilegalidad durante las campañas electorales de 2007 (autonómicas) y 2008 (generales). La policía sostiene que la trama Gürtel desvió parte de las deudas del PP a empresarios y que fueron estos quienes corrieron con los gastos electorales. De hecho, el informe de la Sindicatura de Cuentas, que auditó los gastos de los partidos políticos, ya señaló que existían facturas de Orange Market al PP, por valor de 175.000 euros, por las que la empresa no había certificado los servicios prestados. 
El TSJCV tiene además que determinar si es competente para seguir la investigación de la visita del Papa, un pelotazo por el que la trama se embolsó unos tres millones de euros.
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/24/actualidad/1348512994_335377.html
UNA EX ALTO CARGO DE BLASCO ACHACA A TURISMO UN EXPOSITOR CON ‘EL BIGOTES’
La exsubsecretaria autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Cristina Serrano atribuyó ayer a la Consejería de Turismo la responsabilidad de la contratación con Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, de las ediciones de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en las que participó con un expositor propio su departamento cuando se denominaba Consejería de Territorio y Vivienda y el consejero era el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco. 
Las empresas de la trama Gürtel no solo facturaron en Fitur 2005 a la Consejería de Turismo, también cobraron pequeñas cantidades en adjudicaciones sin concurso público tanto de la consejería de Blasco como de Infraestructuras, dirigida entonces por el fallecido José Ramón García Antón. Es más, Gürtel y El Bigotes comenzaron a facturar con el Consell en 2004 gracias a una empresa pública dependiente de Blasco, Vaersa, con la elaboración de unos vídeos promocionales sobre el contenedor amarillo por 138.678 euros, concurso al que se presentaron tres firmas de la trama. Ganó Orange Market, cobró la mitad por entregar un guión y una maqueta y los vídeos nunca llegaron. Vaersa no reclamó. 
Serrano acudió ayer a declarar en calidad de testigo ante el magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. Estaba citada a declarar por la tercera pieza del procedimiento, relativa a los supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la contratación de Fitur.
La exsubsecretariaintentó aclarar al tribunal, según explicó a los medios a la salida, las pautas que se seguían para contratar eventos con empresas. Algunas de las cuestiones las desconocía porque ella, según dijo, no se encargaba de la contratación. 
Su declaración, explicó, se centró en el expositor que Medio Ambiente habilitó en Fitur en 2005. Serrano contó que para este evento fue el propio consejero (en referencia a Blasco) el que la llamó y le comunicó la decisión de instalar en la feria un stand. La testigo indicó que desconocía la empresa adjudicataria, y lo único que reiteró es que la contratación dependía exclusivamente de Turisme. 
Así, su departamento “únicamente” se dedicaba a estructurar el espacio, a dar forma a los contenidos. Turismo les cedía 18 metros cuadrados y allí colocaron pantallas en las que se difundía información sobre los parques naturales valencianos. 
Serrano también señaló, tras mostrarle varios documentos, que es cierto que en la consejería había facturas de la empresa Orange Market, pero aseguró que no sabe quién las autorizó. También recalcó que ella no había firmado ninguna. Asimismo, señaló que ella conoció a Álvaro Pérez a través de la prensa, y que “nunca” le vio por la Consejería de Medio Ambiente.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/25/valencia/1343243208_408245.html
 
VIDAL NIEGA QUE ´EL BIGOTES´ TUVIERA UN TRATO PREFERENTE
El exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo asegura que desconoce si Betoret ordenó cambiar los criterios de adjudicación
El exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Isaac Vidal, negó en su declaración ante el magistrado José Ceres, que instruye una parte del conocido como 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que el dueño de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', tuviera un trato preferente en la agencia por amistades con la Generalitat o el Partido Popular.
Así se desprende de la declaración que prestó Isaac Vidal, en calidad de imputado, el pasado 26 de abril ante el juez Ceres que instruye la pieza separada, dentro del 'caso Gürtel', y que hace referencia a la presunta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur.
En su declaración Vidal aclaró en varias ocasiones que él no se ocupaba de elaborar los pliegos de condiciones para las adjudicaciones de la feria Fitur, y que para todo contaban con un departamento jurídico y otro financiero. Respecto a los pliegos afirmó que con éstos, se elaboraba un borrador que debía contar finalmente con el visto bueno de la "superioridad", y en este caso se refirió a la secretaria general y a la subsecretaria.
Asimismo, especificó que en la fase de ejecución, él solo intervenía a la hora de asistir a la feria, ya que solía ir un día antes. Además, tomaba algunas decisiones o participaba en valoraciones con su equipo a la hora de modificar ciertas cosas en el montaje.
Interpelado por los criterios de valoración, el imputado aclaró -a diferencia de lo que dijo Jorge Guarro en su declaración ante el juez- que él no recuerda instrucciones "concretas" por parte del ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo de la Generalitat, Rafael Betoret, sobre los criterios. "Al señor Guarro no sé si le daría este tipo de instrucciones", añadió. Lo que sí indica, es que Betoret era el interlocutor entre ellos y los "superiores".
Sobre el motivo por el que a partir de 2005 se adjudicó Fitur a Orange Market, afirmó que, por ejemplo, su propuesta ese año, en relación con las características técnicas de imagen, comunicación, visibilidad de la marca, atributos y coherencia con la comunicación de los valores de la Comunitat fue "mucho mejor" que la presentada por otras mercantiles.
Vidal, quien puntualizó que él no intervino en el expediente de los gastos de un almuerzo en Ifema -que al final se adjudicó a Orange Market- también apuntó que con Pérez y con las sociedades Down Town, Consulting, Boomerang, Drive, Easy Concept, tenía una relación derivada de ser cliente y proveedores. "Ninguna otra relación", añadió. Además, describió esta relación como "absolutamente normal", "no había ningún tipo de relación, ni connivencia, ni amistad, nada de esto".
En este contexto, indicó que él no sabe nada respecto a que Pérez tuviera un trato preferente en la agencia por alguna relación de amistad con alguien de la Generalitat o del PP. "No me consta", apostilló ante el juez. "Con la gente de Orange Market he tenido unos contactos escasos, porque el grueso del contacto se hacía más en la parte técnica y específica", aseveró. Sobre éstos, señaló que estos contactos "en ningún caso" fueron previos a la licitación.
Regalos
Preguntado por si recibió algún obsequio por parte de Orange Market o Álvaro Pérez, contestó que "ninguno en ningún año". A Vidal se le mostró un listado de regalos de las navidades de 2005 a 2006, realizado por esta mercantil, y en el que también aparecía su nombre. Al respecto, aclaró que desconocía el motivo por el que figuraba su nombre, porque él no había recibido ningún regalo.
"Si he recibido alguna agenda en concreto no lo recuerdo, pero en todo caso algo irrelevante", añadió en este sentido. Asimismo, agregó que en navidades, por el desempeño de sus funciones, recibe detalles "mínimos", "que si una agenda, que si un pequeño boli, merchandising". En este sentido, apostilló: "no recuerdo si he recibido algún regalo, aunque fuera de merchandising de Orange Market".
"Ninguna explicación"
Vidal también afirmó que no tiene ninguna explicación al hecho de que un pliego de condiciones estuviera en poder de una empresa con antelación a que se iniciara el expediente de contratación y, por lo tanto, a la elaboración de los pliegos en la agencia. "No sé ni tengo ninguna explicación para el hecho de que el pliego sea prácticamente el mismo que el que finalmente sacamos a adjudicación, no tengo ninguna explicación", dijo.
Por último, este imputado insistió en que a él no le consta que ninguna de las adjudicaciones fueran impugnadas, y señaló que ha estado trabajando en la Conselleria de Turisme y ha intentado que todas las actuaciones "fuesen legales".
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/24/vidal-niega-bigotes-tuviera-trato-preferente/915555.html
BETORET DABA LOS CRITERIOS DEL CONTRATO DE FITUR, SEGÚN UN IMPUTADO
La trama Gürtel ganó cerca de cinco millones de euros con el pabellón valenciano en la feria
El jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro, mantuvo en su declaración como imputado ante el juez José Ceres, instructor de la causa sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano relacionada con la trama Gürtel, que el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, indicaba cada año los criterios económicos y subjetivos de los pliegos de condiciones para adjudicar la feria Fitur.
La empresa Orange Market, de la trama Gürtel, ganó cerca de cinco millones de euros entre 2005 y 2009 con el pabellón valenciano de Ftur.
En su declaración el pasado 26 de abril, Guarro explica que él se encargaba, junto con otra persona, de la redacción de los pliegos y pedía instrucciones. A partir de 2005, señaló, la Agencia de Turismo cambió la forma de contratar el pabellón, de modo que pasó a pesar más la valoración subjetiva que la oferta económica.
Esa modificación "salía directamente del gabinete, del señor Betoret", declaró Guarro. "Estos cambios parten de él, pero no nos los explica", indicó. Guarro también afirmó que el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia, Isaac Vidal, estaba al tanto. El imputado negó presiones para cambiar sus informes y aseguró que no trató con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/23/valencia/1340468068_600025.html
VARAPALO DE HACIENDA AL CONTABLE DE GÜRTEL EN EL CASO DE FINANCIACIÓN DEL PP
La Agencia Tributaria afirma que recibió más de 250.000 euros de dos empresas de la trama
En la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por la supuesta financiación ilegal del PP están imputados, además de destacados cargos en el partido y el Gobierno que dirigía el expresidente Francisco Camps, los cabecillas de la trama Gürtel y numerosos empleados de sus empresas. Uno de ellos, José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta, hizo una solicitud al juez instructor del caso, José Ceres, que ha acabado volviéndose en su contra.
Izquierdo pidió al juez que requiriese de la Agencia Tributaria si constaba en sus bases de datos algún pago a su favor por parte de Orange Market, la empresa valenciana de la red, por cualquier concepto y en cualquier ejercicio fiscal.
Hacienda respondió al magistrado que no constaban pagos a Izquierdo de Orange Market, la empresa que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes. La respuesta de Hacienda añadía, sin embargo, que el contable percibió 87.826 euros de Pasadena Viajes y otros 169.337 de Technology Consulting Management, ambas sociedades de la red entre 2003 y 2010.
Hacienda precisaba, además, que en Technology Consulting Management, Izquierdo fue autorizado en las cuentas bancarias de 2004 a 2010 y administrador en 2004 y 2005. En Pasadena Viajes figura como representante desde el año 1997.
La Agencia Tributaria y la policía ya han acreditado en las diferentes causas del caso Gürtel que, aunque formalmente aparentaban ser empresas independientes, las diferentes sociedades del grupo de Francisco Correa se hallaban en realidad bajo una dirección común y efectuaban frecuentes intercambios de fondos, tanto lícitos como en dinero negro.
La contestación de la Agencia Tributaria fue muy mal recibida por la defensa de Izquierdo que, en otra alegación al juez, le solicitó la expulsión del escrito de la causa, la declaración de nulidad del mismo y el envío de un nuevo requerimiento a Hacienda en el que se respondiera exclusivamente si la empresa de El Bigotes le había abonado alguna cantidad. El magistrado ha rechazado ahora esa posibilidad y ha decidido mantener el escrito dentro de la causa.
Izquierdo está imputado también la causa central de Gürtel que se instruye en la Audiencia Nacional. Al ser detenido en 2009, a Izquierdo se le intervino una memoria digital y documentación que revelaba que la trama Gürtel ingresó 20 millones en dinero negro que destinó, en parte, a pagar sobornos y comisiones a políticos del Partido Popular.
En la causa abierta en Valencia se investiga la financiación ilegal de las campañas electorales del PP regional en 2007 y 2008 por parte de ocho constructoras —que eran, al mismo tiempo, receptoras de grandes contratos de la Generalitat— a través de Orange Market.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/22/valencia/1340392084_427627.html
LA POLICÍA CONCLUYE QUE OTRA CONSTRUCTORA PAGÓ 110.000 EUROS AL PP DE CAMPS
Lubasa habría aportado los fondos para la campaña electoral del año 2007
El Bigotes lo camufló como una venta de 8.000 camisetas y gorras y un plan estratégico
La policía sigue reconstruyendo la supuesta financiación ilegal del PP valenciano por parte de ocho grandes empresas del sector de la construcción y la obra pública. La Unidad de Delincuencia Financiera y Económica (UDEF) ha aportado un nuevo informe al magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga la vertiente valenciana del caso Gürtel, centrado en la empresa castellonense Lubasa que, destaca la policía, cambió su nombre por el de Durantia Infraestructuras en 2009. Este grupo empresarial habría contribuido con 110.200 euros a la campaña electoral del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en las elecciones autonómicas de 2007, las penúltimas que ganó antes de dimitir por su implicación en el caso.
El sistema empleado fue el mismo que en el caso de las otras empresas ya analizadas por la policía, como Sedesa y Grupo Vallalba. Orange Market, cuyo responsable era el cabecilla de Gürtel y amigo de Camps Álvaro Pérez, El Bigotes, organizaba todos los actos electorales del partido. Pero una parte de los mismos no fueron pagados por el PP, sino por las ocho constructoras que, a su vez, obtenían grandes contratos de obra pública del Gobierno valenciano.
Para disimular el supuesto delito electoral —financiar irregularmente campañas electorales—, Orange Market facturó a dos empresas del grupo Lubasa por servicios que el análisis de la UDEF revela falsos. Una de las facturas, por 52.200 euros, tuvo como motivo teórico el suministro de 4.000 camisetas y 4.000 gorras "promocionales"; la otra, la elaboración de un "plan de marketing". Ambas contienen deficiencias y coincidencias llamativas.
La policía señala, por ejemplo, que uno de los documentos de Word que utilizó Orange Market en la contratación con Lubasa —en concreto un borrador del convenio sobre el plan estratégico de mercadotecnia—, se llama "Ortiz". Su contenido es calcado a otro convenio que la sociedad de El Bigotes firmó con el grupo del constructor alicantino Enrique Ortiz, el cual, según la policía, también enmascaró el pago de actos electorales de Camps.
Orange Market recicló para Lubasa una factura que había usado para Enrique Ortiz
"Se infiere que se ha utilizado algún documento confeccionado con anterioridad, relacionado con alguna de las sociedades vinculadas a Enrique Ortiz para elaborar el documento finalmente destinado al Grupo Lubasa", afirma la UDEF.
El análisis de la documentación incautada a la trama revela, además, que la intención inicial de la red era cobrar de una vez todo el importe. Así lo indica otra factura que, a nombre de "Luis Batalla", dueño de Lubasa, elaboró Orange Market el 19 de diciembre de 2007 y que no llegó a emitirse. El importe y los conceptos que englobaba eran parecidos a los que terminaron divididos en dos facturas, la primera de las cuales tiene la misma fecha, 19 de diciembre de 2007.
La policía deduce que Orange Market "elabora los mismos en función de una previsión de cantidad de dinero global a recibir inicialmente por parte del cliente final, en este caso 104.400 euros, a través de una única factura". Es decir, lo que la trama corrupta quería cobrar estaba predeterminado desde un principio porque venía condicionado por unos actos electorales ya efectuados. Y tras proponer la fórmula de una única factura, acaba aceptando dividirlo en dos por "adecuarse a las cantidades y forma de pago solicitada" por Lubasa.
La elaboración de las nuevas facturas, que la UDEF atribuye al empleado de la red habitual, Cándido Herrero, presenta otro error de bulto. La factura única por 104.400 euros era por "material gráfico" y "merchandising", y este último apartado incluía 3.000 gorras talla M y otras 2.000 talla S. Al dividir las facturas en dos, la de merchandising pasa a ser por un total de 4.000 gorras, pero en el presupuesto que la acompaña siguen figurando 3.000 gorras de talla mediana y otras 2.000 pequeñas.
La policía constata que no constan las hojas que la trama utilizaba para saber cuánto ganaba con un negocio tras descontar los gastos. Ni hay rastro de que Orange Market comprara camisetas ni gorras, tuviera contacto con proveedores o cualquier otro indicio de que realmente trabajó para Lubasa.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/valencia/1339615354_555603.html
LA POLICÍA ACREDITA 200.000 EUROS ILEGALES EN LA CAMPAÑA DE CAMPS EN 2007
La UDEF atribuye el origen de los fondos al Grupo Vallaba, del expresidente de Coepa
La investigación revela que El Bigotes cobró de las constructoras antes de emitir la factura
Mientras los principales imputados niegan ante el juez las irregularidades, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía sigue aportando al Tribunal Superior de Justicia valenciano informes que acreditan la financiación ilegal —delito electoral y falsedad documental— del PP regional en las elecciones de 2007 y 2008.
El último informe de la UDEF concluye que el Grupo Vallalba y dos de sus filiales, vinculados al sector de la construcción y la obra civil, aportaron casi 200.000 euros de forma irregular a la campaña del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en los comicios autonómicos que ganó por mayoría absoluta en 2007.
Las tres empresas —la matriz Grupo Vallalba, Pavimentos del Sureste y Hormigones Martínez— habrían efectuado los pagos a Orange Market, la sociedad de la trama Gürtel que organizaba los actos electorales del partido. El responsable empresarial detrás de los pagos a la red sería, según la policía, Rafael Martínez Berna, presidente de la patronal de Alicante hasta noviembre, cuando dimitió por su implicación en Gürtel y a raíz de la millonaria multa que, por otros motivos, le impuso la Comisión Nacional de la Competencia.
La contabilidad interna de Orange Market refleja el ingreso de 199.520 euros en septiembre de 2007 junto a numerosos ingresos identificados como "Campaña 2007". Pero en la hoja de Excel de la sociedad de la red que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, no figuran los nombres de las tres empresas alicantinas, sino una misteriosa referencia: El Cantante. La policía considera que se trata de otro ejemplo de la tendencia de la trama Gürtel a utilizar apodos "con la finalidad de ocultar" identidades.
La investigación lleva a la policía a concluir que con El Cantante la red hacía referencia a Rafael Martínez Berna, al coincidir "el nombre de pila de este y el de un conocido profesional dedicado a la canción española". Esto es, Raphael.
La mecánica utilizada por las empresas del Grupo Vallalba fue muy parecida a la de otras empresas supuestamente implicadas en la causa, como Sedesa, de la que la policía también aportó recientemente un informe. En el caso de Vallalba, para camuflar el pago de actos electorales populares, Orange Market emitió cuatro facturas por servicios ficticios en las que se plasmaba un concepto "suficientemente amplio y vago en su descripción, que permite acomodarse a las necesidades tanto de Orange Market como de la empresa pagadora", según la UDEF. Esos conceptos fueron: "Ocho lonas publicitarias" (40.600 euros); "asesoramiento en relaciones públicas" (21.460 euros); "estudio corporativo" (69.600 euros), y "estudio impacto" (67.860 euros).
Gürtel redactó los presupuestos de las cuatro facturas en solo tres minutos
A pesar de su apariencia legal, las cuatro facturas y la documentación relativa a las mismas incautada por la policía no han resistido un examen a fondo. Uno de los muchos datos que el informe destaca para deducir su falsedad es el de la elaboración de los presupuestos por parte de Orange Market. Aunque la trama los fechó en momentos diferentes (25 de enero, 6 de febrero, 17 de abril y 2 de julio de 2007), el campo de propiedades de los archivos informáticos revela que los presupuestos fueron redactados consecutivamente y en solo tres minutos: entre las 18.46 y las 18.49 del 17 de julio de 2007.
La contratación presenta más incongruencias. En la de las ocho lonas publicitarias que teóricamente pidió Pavimentos del Sureste —que en junio de 2009 pasó a llamarse Padelsa Infraestructuras— a la empresa de El Bigotes, la policía ha descubierto que en el borrador de presupuesto ya figuraba el mes en el que Orange Market emitió tiempo después la factura (septiembre de 2007) y la fecha exacta de vencimiento del pagaré con el que le pagó la constructora (28 de octubre de 2007).
"Se puede inferir", señala la UDEF, "que antes de la elaboración definitiva del presupuesto por parte de Orange Market, ya existía una previsión o instrucción al respecto de emitir la factura en una fecha determinada y de cuándo se iban a recibir los fondos en pago a la misma". La anomalía se repite en las otras tres contrataciones.
Es común también a los cuatro casos una ausencia llamativa. La policía no ha hallado la "hoja de costes" que las empresas del grupo de Francisco Correa utilizaban habitualmente para conocer con precisión el beneficio de los actos que organizaba. En ella, la trama detallaba "los proveedores que participaban en la preparación, montaje y ejecución de un acto determinado, el importe que los mismos facturaban" y el beneficio que obtenían.
Ni rastro del servicio
Si realmente se hubiera prestado el servicio de las lonas, prosigue la policía, el diseño, fabricación e instalación de las mismas, "habría sido subcontratado por Orange Market a un tercero y debería existir factura de dicho proveedor", ya que la empresa de El Bigotes carecía de los medios para hacerlo, pero no existe rastro de ello.
Y en el "estudio corporativo" que supuestamente realizó Orange Market para Hormigones Martínez —que en junio de 2010 cambió su nombre por el de CHM Obras e Infraestructuras—, el envío del pagaré (24 de septiembre) y el cobro del mismo (26 de septiembre) es anterior a la fecha de la factura (22 de octubre) que los justifica.
La contratación fue firmada por Tomás Martínez Berna por parte de las constructoras, según la policía. El día que la sociedad de la red recibió los 199.500 euros del Grupo Vallada también se ingresaron en su cuenta 7.345 euros provenientes de Arturo Torró, entonces en la oposición y hoy alcalde popular de Gandia. Torró reconoció en 2010 que Orange Market hizo su gran acto electoral de 2007.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/11/valencia/1339444907_683693.html


EL JUEZ EXTIENDE LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PP
Los populares señalan a su gerente Ibáñez como responsable de la contabilidad
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres ha ampliado la investigación de la causa de financiación ilegal del PP al Grupo Popular en las Cortes autonómicas. Ceres, instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, ha requerido al Grupo Popular en la Cámara que identifique a la persona o personas que fueran responsables de los pagos y las que figurasen como administradores de las cuentas bancarias del mismo en los años 2007 y 2008.
En ese periodo, que coincidió respectivamente con las elecciones autonómicas que ganó el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y con las generales que perdió el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue cuando, según numerosas evidencias que obran en la causa, se produjo la financiación ilegal del partido (delito electoral) y la falsificación en documento mercantil. Ambos delitos corresponderían a las aportaciones de empresas de obra civil a las campañas populares, que habrían pagado a la sociedad de la trama Orange Market los actos que ésta organizó para el partido.
El magistrado también ha ordenado que, una vez se conozcan los responsables de pagos y los administradores de las cuentas del grupo parlamentario, las entidades faciliten todos los extractos de los movimientos bancarios de 2007 y 2008.
En junio de 2007, Ricardo Costa, uno de los principales imputados en la causa, se convirtió en secretario del grupo parlamentario, mientras que Esteban González Pons fue nombrado portavoz en sustitución de Serafín Castellano. Costa asumió la portavocía en las Cortes en marzo de 2008.
La extesorera García habría apuntado al grupo en las Cortes ante el juez
Fuentes jurídicas apuntan que la decisión del juez puede estar relacionada con la reciente declaración prestada por la imputada Yolanda García, diputada en las Cortes y hasta el mes pasado tesorera regional del partido. Al ser preguntada por el contenido de las conversaciones intervenidas por orden judicial en las que hablaba con Álvaro Pérez, El Bigotes, —y que, según la policía, versaban sobre la financiación ilegal— García habría afirmado, según las mismas fuentes, que en realidad estaban tratando sobre actos realizados por Orange Market para el grupo parlamentario. Y por ello el magistrado habría decidido examinar todas las transacciones bancarias del grupo popular.
García, Costa y el entonces vicesecretario de Organización del PPCV, diputado y también imputado David Serra, son los principales protagonistas de las conversaciones grabadas por la policía.
En una de ellas, de 23 de diciembre de 2008, Serra le dice a Álvaro Pérez: "El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le prestéis al de las galletas [el constructor Enrique Ortiz] la factura igual que la otra". Serra también dio al juez una explicación curiosa de sus palabras. Tras reconocer que "el de las galletas" era Ortiz, sostuvo que lo único que hizo fue mediar, por la amistad que tenía con El Bigotes, para que éste pudiera cobrar una deuda que tenía pendiente con el constructor por servicios que habría prestado a sus empresas.
Las tensiones que la causa ha generado en el interior del PP valenciano, remodelado a fondo hace unas semanas por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para sacar de los principales cargos a los imputados, continúan.
La causa ha causado tensiones en el PP valenciano
Ante el empeño del juez Ceres por averiguar cómo funcionaba la caja regional del partido, el nuevo secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha respondido al juez que la "competencia para la realización de la contabilidad corresponde a la gerencia regional del partido". Esto es, a la gerente Cristina Ibáñez, hacia quien también Costa habría desviado las responsabilidades durante el interrogatorio al que le sometieron el juez y el fiscal.
Ibáñez es una figura muy discreta y al mismo tiempo extraordinariamente duradera en el aparato regional del partido. Según informó hace poco el PPCV al juez, ocupa el cargo desde 1995, el año en el que el PP ganó por primera vez la Generalitat, lo que implica que ha sobrevivido a las numerosas guerras internas que ha vivido la formación. La dirección regional también indicó que cobra directamente de la calle Génova, la sede nacional del PP.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/08/valencia/1339176986_401159.html
FABRA DESTITUYE AL DIRECTIVO DE RTVV IMPUTADO POR LA VISITA DEL PAPA
Ricardo Calatayud ha sido implicado por el juez en el saqueo de fondos de la visita del Papa
La Generalitat destituyó este viernes al director económico y financiero de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Ricardo Calatayud, pocas horas después de que se conociera que había sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el saqueo de fondos públicos con ocasión de la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI en julio de 2006. Ruz le imputa los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
La posición de Calatayud, que fue señalado ante el juez por otro exdirectivo imputado, Luis Sabater, como el principal responsable del amaño junto al exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno, se antojaba doblemente insostenible.
De un lado, por la imagen de dureza contra la corrupción que pretende transmitir el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en la que este viernes insistió su vicepresidente, José Ciscar. Del otro, porque debido a su cargo, Calatayud debía tener un papel destacado en la elaboración del expediente de regulación de empleo (ERE) que prepara la corporación pública y que podría afectar a entre 1.200 y 1.400 trabajadores. Las sospechas de corrupción que pesan sobre él habrían aumentado la polémica que rodea el masivo despido en el ente, y que el jueves se trasladó a las puertas del Palacio de la Generalitat en forma de sonora protesta.
Sabater, exjefe del departamento técnico de RTVV, declaró la semana pasada que Pedro García y Calatayud tejieron la adjudicación a la trama Gürtel del contrato de cobertura de la visita del Papa, que ascendió a 7,4 millones de euros. Sabater aseguró, en concreto, que el hasta este viernes director económico de la corporación alteró fechas en distintos documentos y añadió un párrafo decisivo al informe técnico que sirvió para que el contrato acabara yendo para la constructora leonesa vinculada al grupo de Francisco Correa, Teconsa.
Según la investigación, la red utilizó esta empresa, que carecía de experiencia en el campo audiovisual, como pantalla para después subcontratar los trabajos a firmas especializadas. Estas hicieron la tarea, que incluía la instalación de pantallas por la ciudad de Valencia para retransmitir los actos en los que intervenía el Papa, por menos de la mitad del dinero presupuestado: 3,2 millones de euros. El resto, 4,2 millones de euros, se lo habrían repartido los cabecillas de la red, Pedro García (medio millón de euros, según la policía) y la propia Teconsa, que habría recibido una comisión de 200.000 euros por poner el nombre en el contrato.
Los socialistas, Compromís y Esquerra Unida reclamaron a Fabra que actúe con contundencia frente a la oleada de corrupción que afecta a las instituciones. "Él tiene en su mano iniciar la regeneración democrática que le pedí como necesidad más urgente", afirmó el líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig. Intersindical pidió la paralización del ERE en RTVV y recordó que Calatayud ha estado pilotando el proceso.
El Senado aprobó, por otra parte, una enmienda a la reforma laboral que da prioridad para mantener el empleo, en casos como el ERE de RTVV, a quienes hayan aprobado una oposición.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/08/valencia/1339154651_095517.html
COSTA SE NIEGA TAMBIÉN A CONTESTAR A LA ACUSACIÓN POPULAR DEL PSPV
El exsecretario general del PP declara cuatro horas por la financiación ilegal de los populares
El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha asegurado que su declaración de hoy como imputado ha contribuido a "demostrar la inocencia" de su partido y la legalidad de sus cuentas, por lo que cree que la causa judicial abierta en este sentido debería "archivarse cuanto antes".
El diputado autonómico y ex número dos del PPCV ha comparecido durante cerca de cuatro horas ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano que investiga una presunta financiación irregular de esta formación relacionada con la trama Gürtel.
Al abandonar el Palacio de Justicia, Costa ha dicho a los periodistas que estaba "muy satisfecho" al entender que con su declaración ha ayudado a demostrar que "en el PP valenciano está todo correcto".
El exsecretario regional ha mantenido la postura del resto de sus compañeros de partido que también ha acudido al Tribunal a declarar: responder a las preguntas de todas las partes menos a las de la acusación popular, ejercida por el PSPV.
Según explicó el pasado miércoles David Serra, ex vicesecretario de Organización, los motivos por los que rechazan contestar al letrado que representa a los socialistas son "obvios".
El diputado dice estar "muy satisfecho" porque su declaración ayudará a demostrar que "en el PP valenciano está todo correcto"
Costa ha sido interrogado por dos de las tres piezas en las que han sido divida la causa: supuesto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 y presunta falsedad documental en las generales de 2008. La tercera es una posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market.
Durante esa etapa, en la que Francisco Camps era presidente del partido y de la Generalitat, el PPCV contrató a la empresa Orange Market -supuesta filial valenciana de la trama- para que le organizara diferentes actos de campaña.
El instructor investiga si las facturas de esta sociedad que gestionaba Alvaro Pérez "el Bigotes" fueron saldadas por otras empresas.
Al respecto, Costa ha insistido: "Con mi declaración creo que he contribuido a demostrar la inocencia del PP y que sus cuentas están claras; por lo tanto, creo que este proceso tiene que archivarse cuanto antes".
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha afirmado que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, carece de "capacidad legal" para destituir a los diputados del PPCV imputados por un supuesto delito de financiación irregular del partido, ya que han sido designados por las urnas.
Císcar ha sido preguntado sobre si Fabra no exige a los diputados imputados su renuncia porque tiene miedo a que se queden con el acta y formen un grupo propio, ante lo que el vicepresidente ha afirmado: "En absoluto".
La de hoy es la segunda vez que el ex secretario general del PPCV declara como imputado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por causas derivadas de la investigación de la trama Grtel.
En la primera de ellas, conocida como "causa de los trajes", fue absuelto del delito de cohecho pasivo del que fue acusado junto a Camps.
Las declaraciones de imputados continuarán la próxima semana con la comparecencia del exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, que deberá responder a preguntas relacionadas con las tres piezas, y la de la exconsellera de Turismo Angélica Such, a quien únicamente se le interrogará sobre la supuesta prevaricación de la Generalitat.
Esta investigación, procedente del Tribunal Superior de Justicia madrileño, fue asumida por el tribunal valenciano en mayo del pasado año tras detectar posibles irregularidades en la contratación pública de empresas vinculadas a la trama Gurtel.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/25/valencia/1337953245_300704.html
EL JUEZ IMPUTA AL JEFE JURÍDICO DE TURISMO EN EL ‘CASO GÜRTEL’
· El instructor adopta la decisión a petición de la Fiscalía
· Bover ya declaró en la causa como testigo
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, instructor de la causa de financiación ilegal del PP, que engloba la mayor parte de las actividades ilegales que la trama Gürtel supuestamente desplegó en Valencia, ha realizado una nueva imputación, y ya son 26.
Se trata de Juan Bover, jefe del departamento jurídico de la Consejería de Turismo, que avaló contratos entre el entramado empresarial de la trama de Francisco Correa y la Administración valenciana con motivo de la participación de la Generalitat en la feria Fitur, un negocio del que la red corrupta obtuvo unos cinco millones de euros entre 2005 y 2009 y que, según los informes de la policía y la Intervención General del Estado, fueron amañados de principio a fin.
El instructor ha adoptado la decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que Bover declarase en la causa en calidad de testigo. El ministerio público considera que el informe de Bover de 18 de noviembre de 2004, en el que respaldó las bases del concurso de la edición de Fitur en 2005, fue clave para el amaño.
"Posibilitó que se realizara la contratación con unos criterios y baremos de valoración escasamente definidos y con un elevado nivel de subjetividad, soslayando la aplicación de la normativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que resultaba aplicable a la Agencia Valenciana de Turismo, al tratarse de una entidad de derecho público", según el razonamiento de los fiscales acogido por el juez.
Dos consejerías más
El juez también ha dado cinco días a otras dos consejerías bajo sospecha que participaron en Fitur 2005. Ambas lo hicieron con pabellones propios, montados por las empresas del Grupo Correa y, según la investigación, troceando los contratos para adjudicarlos a dedo eludiendo la libre concurrencia.
El instructor reclama a la Consejería de Infraestructuras y a la Consejería de Territorio (hoy unidas) el documento por el cual Turismo les invitó a participar en Fitur y la certificación de las personas que resolvieron cada contrato menor y autorizaron los pagos. El juez requiere igualmente a Presidencia de la Generalitat la autorización para dichos contratos que concedió Dora Ibars, directora de Promoción Institucional, e imputada en la causa.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/24/valencia/1337883619_846445.html
EL CERCO DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL SE ESTRECHA SOBRE EL PP VALENCIANO
Los informes, los argumentos y las declaraciones van cerrando el círculo de la acusación

El intento de la anterior cúpula del PP valenciano por salvarse de las acusaciones de financiación ilegal es cada vez más complicado. El cerco se estrecha sobre quienes, bajo el mandato de Francisco Camps, aceptaron, según la investigación, endosar a empresarios varias facturas de deudas contraídas durante dos campañas electorales con la trama Gürtel. De esa forma, habrían financiado, de manera ilegal al PP valenciano.

Tres son las líneas desde las que se va cerrando el círculo. Por un parte, los informes policiales atestiguan que la filial de la red corrupta Gürtel en Valencia, Orange Market, cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana “transformada” en otra emitida a Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. U otra factura emitida al PP de Castellón que “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”.

Ambas empresas, junto a otras siete, están implicada en la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008. 

Los informes policiales también hacen referencia a la campaña de las elecciones generales de 2008, en la que se investiga si el Grupo Sedesa, propiedad de la familia del exconsejero de Camps y actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. La policía ya ha averiguado que cuatro facturas abonadas por el grupo a Orange Market no respondieron en realidad a “operación económica subyacente” alguna.

La policía y la Agencia Tributaria detectaron el endoso a empresarios de deudas del PP por actos electorales

También la Agencia Tributaria se ha pronunciado sobre estas prácticas. "De los documentos indicados (...) se infiere que algunos servicos prestados al PP habrían sido pagados no por este, sino por terceros (Ortiz, Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf)", explicaba Hacienda en un informe elaborado en 2010 en el que se reclamaba que “habría que examinar documentación que permitiera saber si los trabajos facturados a las constructoras se hicieron”. También la Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que el PPCV ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que había "terceras personas" que pagaron, a través de Orange Market, actos electorales del PPCV.
 
El hilo del círculo sigue por los argumentos escritos del propio PP, por una parte el nacional y, por otra, el regional. Y, pese a manifestar que son un único partido, se contradicen. De los informes requeridos por el juez y remitidos desde las calles Génova (Madrid) y Quart (Valencia), se concluye un choque en la exposición sobre cómo se organizaban las cuentas en el partido. En Valencia aseguran que era Madrid quien las perfilaba mientras que en Madrid mantienen que las cuentas regionales nunca se han tocado sino que, simplemente, se consolidan para la contabilidad global del partido.

El exvicesecretario del PPCV ha admitido que "el de las galletas" es el empresario Enrique Ortiz

Ayer se cerró más el círculo después de que el ahora ex vicesecretario general del PP valenciano, David Serra, admitiera que el de “las galletas” y “las magdalenas” del que habla en sus conversaciones grabadas con Álvaro Pérez El Bigotes, es el constructor alicantino Enrique Ortiz, uno de los empresarios a los que, supuestamente, endosaron facturas de deudas del PP. “El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra”, se le oye decir a Serra en una de ellas. El exvicesecretario argumentó que de lo que trataba con El Bigotes se limitaba a una mediación para que la trama cobrara una deuda que tenía con Ortiz. Afirmó, en su declaración como imputado, que no hablaban de un acto del PP sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz. Y mantuvo que su intervención se debió a que era amigo de El Bigotes. Es decir, su teoría es que el vicesecretario general del PP valenciano, como amigo de uno de los cabecillas de la red Gürtel, medió para que la trama cobrara una deuda de uno de los más importantes grupos empresariales valencianos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/24/actualidad/1337854423_075132.html
 
EL PP VALENCIANO Y GÉNOVA CHOCAN EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL
La dirección nacional niega al juez haber modificado la contabilidad regional

Las direcciones nacional y valenciana del PP se contradicen sobre las cuentas del partido en la Comunidad Valenciana en los ejercicios 2007 y 2008. Esos son los años en los que, según la investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, se cometió un delito electoral —financiación ilegal— y otro de falsedad mercantil en los que habrían participado la cúpula del partido en la época de Francisco Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla, empresarios de la construcción y la trama Gürtel. Los hechos se refieren a las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008.

La gerente regional del partido e imputada en la causa, Cristina Ibáñez, ha alegado que no conserva la contabilidad original e individualizada de esos dos años. El motivo sería que al cierre de cada ejercicio la remitía a la sede nacional del PP, en la calle Génova, que efectuaba “asientos de ajustes, aperturas y cierres” sobre el mismo archivo antes de reenviarlos de vuelta a Valencia.

“Al estar refundidos en un mismo archivo todos los datos contables, los remitidos inicialmente desde la gerencia regional y los añadidos posteriores de la sede central”, afirma Ibáñez, la documentación que se conserva “no se corresponde estrictamente a lo procesado en esta sede regional”. La consecuencia es que los listados “que a fecha de hoy pueden sacarse desde nuestra terminal llevan incorporados los asientos efectuados por la sede central”.
 
Un imputado confirma que “el de las galletas” es el constructor Ortiz

El tesorero nacional del PP, José Manuel Romay Beccaria, en cambio, se esfuerza en dejar claro en su alegación al juez instructor que los datos que se reciben “de las distintas provincias y comunidades autónomas de España no son modificados en la oficina central del partido, sino exclusivamente consolidados en la contabilidad de la organización”. Génova, donde está la sede nacional del PP, “no practica asientos modificativos de los datos contables remitidos por las organizaciones territoriales, dado que son estas quienes conocen exclusivamente las diferentes operaciones que hayan dado lugar a la práctica de los correspondientes asientos”, sigue Beccaria. La dirección nacional se limitaría “a la verificación de la corrección contable formal de dichos asientos, a la integración en la contabilidad nacional y a su devolución a la organización territorial”.
El magistrado cita a declarar a tres de los empresarios implicados

Ante el juez instructor de la causa, José Ceres, declararon ayer los imputados David Serra y Yolanda García, que hasta el pasado domingo eran vicesecretario y tesorera del PP valenciano y siguen siendo diputados regionales. Serra confirmó que “el de las galletas” o “el de las magdalenas” del que habla con Álvaro Pérez, El Bigotes, en las grabaciones intervenidas por la policía, es el constructor alicantino Enrique Ortiz. Serra admitió que medió para que El Bigotes cobrara una deuda que tenía con Ortiz pero, según su versión, no se trataba de un acto del PP como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz, y que él intervino porque era amigo de Pérez.
 
Según acreditan numerosos informes aportados a la causa, los constructores pagaron actos electorales de las campañas populares organizados por empresas de la trama Gürtel. Y, para justificar los pagos, generaron facturas falsas por servicios inexistentes. El juez ha citado como imputados para el 11 de julio a Ortiz y los también empresarios Vicente Cotino (sobrino del presidente de las Cortes valencianas) y Enrique Gimeno (de la empresa Facsa).

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/23/actualidad/1337801232_148424.html
 
EL EXTESORERO DEL PP NIEGA IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS DE SU PARTIDO

• El extesorero nacional del PP rechaza comentarios después de comparecer ante el juez
• Cristina Ibáñez, exgerente regional del PP, asegura sentirse tranquila al dejar el juzgado
• La policía entrega al juez facturas de la financiación ilegal del PP 

Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, exsenador y uno de los principales políticos imputados en el caso Gürtel, declaró este martes en Valencia ante el magistrado José Ceres, que investiga desde la sala de lo Civil y Social del Tribunal Superior de Justicia valenciano un supuesto delito de financiación ilegal del PP valenciano. En concreto, Ceres imputa a Bárcenas en una de las tres piezas de la causa, la relativa a un supuesto delito electoral del PP en los comicios municipales y autonómicos de 2007.

Según fuentes del caso, respondió a preguntas del juez, del fiscal y de su abogado, aunque lo hizo con vaguedades, negó cualquier irregularidad en su actuación y no aportó ninguna novedad a la causa. No admitió cuestiones de los abogados de las partes ni de la acusación particular, que ejerce el PSPV-PSOE. A la salida del TSJ, no quiso hablar con los periodistas.

Aparte de la causa de Valencia, Bárcenas también tiene que responder ante el TSJ madrileño, después de que la Audiencia Nacional revocara la decisión de aquella instancia en la que acordaba en septiembre de 2011 el sobreseimiento provisional y archivo de la causa referida al extesorero del PP y otros cargos populares. La investigación judicial del caso Gürtel vio indicios suficientes de la implicación de Bárcenas en la trama tras encontrar apuntes contables en los que se constataban pagos en comisiones de la caja B de las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama. En los apuntes figuraban iniciales como “L. B.”, como “L. Bárcenas”.
Dinero de empresas

El magistrado valenciano investiga si la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market, la matriz de la trama en Valencia, financió con dinero de varias constructoras valencianas actos electorales del PP valenciano.

Este martes también se tomó declaración a Cristina Ibáñez, exgerente del PP valenciano, y al igual que Bárcenas solo respondió a Ceres, al fiscal y a su representante legal. Y hoy le llega el turno a Yolanda García y David Serra, tesorera y vicesecretario de Organización del PPCV hasta el pasado fin de semana. Pero quizá la comparecencia más esperada es la que hará el viernes el diputado Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano cuando los hechos investigados.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/22/valencia/1337679518_622654.html

DAVID SERRA: “TODO SE HA HECHO CORRECTAMENTE”

Tranquilos y contentos. El exvicesecretario de Organización del PP valenciano David Serra y la extesorera Yolanda García han declarado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en el caso de la supuesta financiación irregular del partido relacionada con la trama Gürtel. Ambos han afirmado haber "aclarado" su papel en el partido en el interrogatorio del magistrado José Ceres.

Yolanda García, tesorera del PP de la Comunidad Valenciana hasta el pasado fin de semana, ha abandonado la sede del TSJ después de hora y media ante el juez con un escueto comentario: "Estoy tranquila, ha ido todo bien, por fin he podido explicarme".García intentó evitar su declaración con un recurso de última hora en el que argumentaba que los hechos que se le imputan, y, en concreto, su participación en el supuesto delito electoral (el nombre técnico de la financiación ilegal) del año 2007 habría prescrito porque el Tribunal Superior de Justicia valenciano no se hizo cargo de la investigación hasta el verano pasado.El juez considera incorrecta esa valoración, y entiende que la denuncia contra García se remonta a un año antes, cuando el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, asumió la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción y la remitió al tribunal valenciano. El juez Ceres también deniega el archivo de la causa porque García no realiza ninguna alegación respecto al segundo delito que se le imputa, la falsedad en documento mercantil del año 2008, vinculada a las elecciones generales que se celebraron ese año, y que es susceptible de ser recatalogado durante la instrucción como otro delito electoral.Tras García ha comparecido durante más de tres horas el exvicesecretario de Organización del PP valenciano David Serra, quien ha asegurado que el magistrado que investiga una supuesta financiación irregular de su partido ha podido comprobar durante su declaración que "todo" se hizo "correctamente".

Serra, actual diputado autonómico y dirigente regional del PP hasta el pasado fin de semana, en el que se renovó la Ejecutiva de esta formación, ha declarado como imputado. Ha contestado a las preguntas de todas las partes, excepto a las formuladas por la acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE."He contestado a todas las partes menos al PSPV por motivos obvios; todo el mundo sabe por qué no se le contesta", ha manifestado a los periodistas al abandonar el Palacio de Justicia. Serra ha contado, además, que se queda "muy tranquilo y contento", viendo que el asunto "se ha aclarado", porque "el magistrado ha tenido una visión clara de que todo se ha hecho correctamente y perfectamente".El exdirigente de los populares valencianos ha sido interrogado en relación a dos de las tres piezas que conforman la causa: supuesto delito electoral durante los comicios autonómicos de 2007 y presunta falsedad documental en las generales de 2008.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/23/valencia/1337761711_045793.html
MILAGROSA MARTÍNEZ RESPONSABILIZA A LOS TÉCNICOS DE LOS CONTRATOS CON 'EL BIGOTES' 
La expresidenta de las Cortes está imputada por cohecho y prevaricación
Adjudicó la feria Fitur a la trama como consejera de Turismo de Camps 
La exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez ha negado la existencia de irregularidades en las adjudicaciones a la empresa Orange Market de la red Gürtel y ha achacado a los técnicos la responsabilidad de la contratación y la supervisión de los trabajos, puesto que ella se limitaba a dar el visto bueno a todo aquello que ya había sido revisado, según fuentes conocedoras de su declaración judicial. Martínez, que también fue presidenta de las Cortes valencianas en la etapa de Francisco Camps al frente de la Generalitat, ha declarado hoy como imputada en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) en la causa de financiación ilegal del PP. 
A Martínez, a quien los miembros de la trama corrupta llamaban La Perla, el juez le imputa los supuestos delitos de cohecho y prevaricación en la pieza separada del caso que investiga las adjudicaciones de la feria Fitur a Orange Market entre 2005 y 2009 por cerca de cinco millones de euros. Los contratos del diseño, fabricación, montaje y desmontaje del pabellón de la Generalitat fueron ganados en todo ese periodo por Orange Market, la empresa de la trama en Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Martínez ha declara durante casi tres horas y se le han exhibido diferentes pliegos de condiciones y contratos adjudicados a Orange Market, en relación con Fitur, principalmente en el año 2005. 
La exconsejera, quien a su salida del TSJCV ha declinado hacer cualquier tipo de declaración, ha negado ante el juez que se cometieran irregularidades en las adjudicaciones que hizo el departamento de la que ella era titular. 
Antes de Martínez ha prestado declaración, pero en calidad de testigo, Isabel Villalonga, exsubsecretaria de la Consejería de Turismo y de la Presidencia, y exletrada de la Generalitat. Actualmente, Villalonga ocupa el cargo de secretaria general de Delegación de Gobierno. 
Villalonga ha llegado al tribunal unos minutos antes de las 10.00 y ha prestado declaración durante tres horas. A su salida, ha afirmado a los medios de comunicación que estaba "tranquilísima" y ha dicho que no hacía comentarios de su comparecencia. También ha comentado que "ha ido todo bien". 
Dentro del tribunal, se le han exhibido diferentes contratos y facturas, y ha tenido que describir, tras pedírselo las partes, el organigrama de todas las personas que participaban en las adjudicaciones, la facturación o la revisión de los trabajos, según han indicado las mismas fuentes a Europa Press. Villalonga, a quien se le ha preguntado sobre todo por su etapa como letrada de la Generalitat, ha insistido en todo momento en que se encargaba de visar, dentro de los servicios jurídicos, los trabajos y facturas que otras personas ya habían conformado previamente. 
Así, ha indicado que aprobaba todo lo que estuviera dentro de la norma en cuanto a la contratación de la Administración. También ha afirmado que eran los técnicos los que trataban directamente con la empresa Orange Market. Ha insistido en que ella validaba las facturas conformadas por los especialistas, porque eran ellos los que estaban a pie de obra y comprobaban la realización de los trabajos encargados. 
A esta testigo también se le ha preguntado de forma reiterada por el almuerzo que organizó la Generalitat en Ifema el 27 de enero de 2005, y por el que Orange Market emitió dos facturas, una de ellas por 119.035 euros, y otra por 30.000. Interpelada por el elevado coste del evento, ha explicado que en esta ocasión, el pabellón de la Feria que siempre utilizaban, estaba ya contratado y, por ese motivo, para organizar el almuerzo, se tuvo que contratar los diferentes servicios de forma rápida y con poco tiempo, por lo que todo fue más caro que en años anteriores. Esta versión coincide con la que ya dio el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, en su declaración ante el tribunal. 
La secretaria general de la Delegación del Gobierno está, por otra parte, imputada en la vertiente valenciana del caso Nóos, en el que está también imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. 
"Absolutamente tranquilo" 
El presidente de la Generalitat y del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha afirmado estar "absolutamente tranquilo" por la labor realizada por "los responsables políticos del partido y por lo que ha hecho la Generalitat" a pesar de la investigación sobre la supuesta financiación irregular de los populares valencianos. 
Fabra ha hecho esta afirmación a preguntas de los periodistas después de visitar el Museo de Lladró en Tavernes Blanques (Valencia), donde ha estado acompañado por la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, y la consejera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá. 
Fabra ha recordado que la cuentas del PPCV están auditadas por el Tribunal de Cuentas y "todo lo que se ha hecho ha sido cumpliendo la legalidad". "Estamos tranquilos", ha agregado. El presidente ha destacado que "hubo mesas de contrataciones que al final son las que decidieron qué empresas eran las que tenían que hacer los trabajos". 
www.elpais.es 08.05.12
FITUR, LA FERIA DE LAS IRREGULARIDADES 
La adjudicación del certamen ya acumulaba anomalías antes de la llegada de la trama Gürtel
La Intervención General del Estado constata irregularidades en el concurso desde 2001 
Fitur, la principal feria turística española, que se celebra cada año en Madrid, es la protagonista de buena parte de la causa de financiación del PP valenciano que investiga el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en la que hay una treintena de imputados, entre ellos diputados y cargos públicos en ejercicio de la Generalitat. La policía y la Intervención General del Estado han acreditado que las condiciones del contrato público de la adjudicación del diseño, construcción, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en Fitur en el año 2005, el primero que ganó la trama Gürtel, fue redactada por la propia red, asegurándose así que se impondría a los competidores, tal y como prueba la documentación intervenida por la policía. Las empresas del grupo de Francisco Correa ingresaron cerca de cinco millones de euros entre esa edición y la de 2009, con Francisco Camps al frente de la Generalitat. 
El informe de la Intervención General del Estado (IGE) también revela, sin embargo, que las irregularidades eran la tónica habitual en las adjudicaciones de Fitur en la etapa anterior a Camps, al menos desde el año 2001, cuando Eduardo Zaplana presidía el Gobierno valenciano. 
La IGE señala que la Agencia Valenciana adaptó la redacción de las bases de la edición celebrada en 2005 que hizo la trama. El texto es prácticamente el mismo —incluida alguna errata— pero la Administración introdujo algún cambio. El más significativo es que la red pretendía que toda empresa que se presentase a la adjudicación tuviese que seguir el diseño realizado por Fernando Torres Manso, así, con nombre y apellidos, a quien la IGE describe como “apoderado de Special Events”, una de las sociedades de la red corrupta, “y colaborador y diseñador habitual del grupo” Correa. 
El intento de la trama puede parecer excesivo, pero no lo era tanto desde la óptica de la Agencia Valenciana de Turismo. Porque en todas las ediciones anteriores a 2005 analizadas por la IGE, la Administración autonómica concedía a dedo el diseño del pabellón a la misma persona, Alejandro Guijarro, incumpliendo las advertencias de los técnicos jurídicos de la Agencia Valenciana de Turismo. La IGE subraya que la Sindicatura de Comptes también alertó reiteradamente de que Turismo infringía la ley. 
Turismo incumplía regularmente la Ley de Contratos de las Administraciones 
Como justificación para darle año tras año —al menos entre 2001 y 2004, que es el periodo investigado por la IGE— el diseño a la misma persona desoyendo las advertencias legales, la Agencia Valenciana de Turismo se limitaba a señalar: “Desde 1996 Alejandro Guijarro ha realizado para la Agencia numerosos proyectos demostrando una gran calidad en sus diseños tanto a nivel técnico como decorativo y con los que la Comunidad ha ganado un gran prestigio, consiguiendo numerosos premios como mejor stand en diversos certámenes”. El año 1996 fue el primero en el que la participación valenciana en Fitur corrió a cargo de una Administración autonómica gobernada por Zaplana, que había ganado las elecciones en 1995. 
La IGE también destaca que en los años anteriores al desembarco de la trama Gürtel en Valencia, la Agencia Valenciana de Turismo incumplía regularmente la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, a pesar de que la Sindicatura de Comptes había alertado de ese incumplimiento repetidamente. La agencia está “financiada en su práctica totalidad por la Generalitat valenciana y [fue] creada para satisfacer necesidades de interés general que son competencia de esa Administración autonómica”, y por ello le era de aplicación la ley, insistía sin éxito la Sindicatura, según recoge la IGE. 
La Administración de Camps no aceptó incluir en el concurso la obligación de contratar al diseñador de la trama. Pero la alternativa de Turismo le resultó igualmente favorable: decidió no mantener separados los contratos del diseño del pabellón por un lado, y el montaje y desmontaje por otro, y unificarlo en un único concurso que ganó año tras año Orange Market, la sociedad que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, hasta que fue detenido por la policía en 2009. 
El informe de la IGE demuestra que El Bigotes aterrizó en un territorio, la Consejería de Turismo, que ya estaba abonado de irregularidades. Pero también que con el desembarco de la trama la cosa empeoró, tanto en la redacción de los concursos como en el importe que pagaba por ellos la Generalitat. Para Fitur 2005, el peso del criterio económico para decidir la adjudicación cayó del 50% al 15%, mientras crecía la importancia de los elementos subjetivos. El último informe de la UDEF prueba que ese cambio era una de las principales preocupaciones de El Bigotes como forma de asegurarse las adjudicaciones. 
www.elpais.es 01.05.12 
LA TRAMA OBTUVO MÁS FONDOS DE CAMPS DE FORMA IRREGULAR
La policía ha revelado nuevas adjudicaciones irregulares de la Generalitat valenciana que dirigía el expresidente Francisco Camps a la trama Gürtel, y ha profundizado en la mecánica utilizada en otras que ya se conocían. En total, el último informe aportado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera a la causa de financiación ilegal del PP que se instruye en el Tribunal Superior valenciano y, en concreto, a la pieza que investiga los contratos de la feria Fitur, detecta cuatro adjudicaciones a dedo a empresas de la trama que ascendieron a más de medio millón de euros, “vulnerando los principios de publicidad y concurrencia”. 
La policía confirma la conclusión de la Intervención General del Estado de que las bases del concurso público para el montaje del pabellón valenciano en Fitur en 2005 fueron redactadas por la red corrupta. Subraya que Orange Market llegó a cobrar a la Administración un “precio 3,4 veces superior al coste” del servicio. Y destaca el papel desempeñado por Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, condenado en el caso de los trajes, que ayer declaró ante el juez. 
Betoret era la persona que recibía y supuestamente arreglaba las facturas de las empresas de la trama: “En caso de que los conceptos que figuraban en las facturas no fueran considerados idóneos por él, solicitaba a la Organización [que es como la UDEF se refiere a la trama] la modificación de los mismos. También daba el visto bueno a los importes”, indica el informe. 
La primera facturación irregular analizada se produjo con motivo del almuerzo que Camps ofreció a centenares de personas en Fitur 2005. Se creía que la red había ganado 149.000 euros, señala la UDEF, pero el cobro fue mayor. La trama instruyó a cuatro de sus empresas proveedoras para que facturasen directamente a la Generalitat por el acto. Después Orange Market facturó por “servicios ficticios” a esos proveedores para embolsarse los fondos. “La intención de la organización ha sido utilizar a las sociedades proveedoras como empresas pantalla, quedando las sociedades del grupo [Correa] solapadas en lo que al cobro se refiere”. 
Ese mismo año Orange Market recibió a dedo el montaje, en un certamen celebrado en Valencia, de un stand adicional, dedicado al turismo rural, “que debiera haber sido publicado en concurso público aparte”. Para “ocultarlo”, la trama hinchó el precio, de 250.000 a 350.000 euros, que según su contrato debía cobrar por el montaje del expositor principal de la Generalitat. 
Algo similar ocurrió con la feria Expotural, que se adjudicó directamente a Orange Market después de que Turismo hubiese iniciado un expediente de contratación que tuvo que anular. Tras concedérselo inicialmente por 90.000 euros, la consejería rectificó por segunda vez y elevó el abono a 102.000 euros sin justificar documentalmente por qué. 
La trama habría recibido la ayuda de dos funcionarios para elaborar facturas en otra adjudicación en la que se impidió “la libre concurrencia de otros licitadores”: la de los estands de las consejerías de Territorio e Infraestructuras en Fitur 2005. Para ello, la red fraccionó en contratos inferiores a 12.000 euros el presupuesto de 98.909 euros. 
www.elpais.es 27.04.12 
UNA EXEMPLEADA DECLARA PROTEGIDA POR LAS AMENAZAS DE LA TRAMA 
Isabel Jordán logra que el juez le permita entrar en coche al Tribunal Superior valenciano.
Betoret, condenado en el 'caso de los trajes', llega a declarar a la causa de financiación.
Ignacio Zafra / Federico Simón Valencia 27 ABR 2012 - 20:40 CET14  
La exempleada de la trama Gürtel Isabel Jordán ha entrado esta mañana en coche y custodiada al Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar en la causa de financiación ilegal del PP valenciano. El motivo son las amenazas que recibió de la red corrupta a raíz de una denuncia que presentó en el año 2007 contra quienes entonces eran sus jefes. Jordán había pedido al juez instructor de la causa, José Ceres, que por motivos de seguridad dispusiera de los medios necesarios para no coincidir al llegar al tribunal con ningún otro imputado ni con la prensa, petición que por lo visto esta mañana el magistrado ha aceptado. 
Tras ella está previsto que declare Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, ya condenado en el caso de los trajes, y que ha entrado en torno a las 11.30 en el tribunal. Betoret se ha limitado a decir que se encuentra "muy tranquilo". 
Jordán es un personaje importante en la pieza separada de la causa de financiación que investiga las supuestas adjudicaciones irregulares de la feria Fitur a la trama entre 2005 y 2009 por cerca de cinco millones de euros. Suyo era uno de los correos electrónicos intervenidos por la policía que, según la Intervención General del Estado, demuestran que la red de Francisco Correa redactó el primer concurso público de Fitur que ganó Orange Market, la sociedad de la trama que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes. 
La exempleada de Gürtel dijo, en una conversación grabada por el exedil popular José Luis López Peñas, que su empresa había pagado trajes al expresidente valenciano Francisco Camps. En el juicio de los trajes, sin embargo, Jordán matizó aquellas declaraciones y las atribuyó a que estaba nerviosa. Su testimonio fue uno de los principales argumentos que el dividido jurado del caso, en el que también se juzgó a Ricardo Costa, utilizó para absolverlos. 
Su abogado ha afirmado, por su parte, que la única documentación a la que Jordán tuvo acceso fue a las condiciones del concurso de Fitur de ediciones anteriores al año 2005, y que así lo habría demostrado ante el juez. 
www.elpais.es 26.04.12 
LA TRAMA REDACTÓ LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO QUE LE DIO CAMPS 
Hasta ahora se sospechaba que la Generalitat valenciana filtró a las empresas de la trama Gürtel las bases del concurso público para la adjudicación del montaje de su pabellón en la feria Fitur antes de convocarlo. La feria fue un lucrativo negocio del que la red obtuvo cerca de cinco millones de euros entre 2005 y 2009. El amaño fue, sin embargo, mucho peor. La Intervención General del Estado ha concluido que el itinerario se realizó al revés: fue la trama Gürtel la que redactó las bases del primer concurso que obtuvo, en 2005, del Gobierno del expresidente Francisco Camps. 
“Si tenemos en cuenta las fechas de elaboración, el contenido del documento elaborado por Down Town Consulting [una de las sociedades del grupo Correa], las ampliaciones, modificaciones o rectificaciones que introducen con posterioridad los servicios técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo nos lleva a concluir que el contenido y la documentación soporte del informe de condiciones técnicas y el resumen de condiciones técnicas del stand del año 2005, es elaborado inicialmente por la empresa Down Town Consulting”, señala el informe. 
Lo que describe la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con vocabulario administrativo es que fue la trama la que se diseñó a medida las bases del concurso público: qué criterios se valorarían para elegir entre las ofertas presentadas y qué puntuación tendría cada uno de ellos. 
La IGE llega a esa conclusión tras analizar dos correos que se intercambiaron empleados de la trama los días 4 y 5 de noviembre de 2004, que contenían lo que acabarían siendo las bases del concurso. La tramitación administrativa del mismo no se inició hasta el 5 de noviembre. 
La documentación incautada a la trama representaba su propuesta de máximos. Aunque las bases publicadas resultaron ser casi exactamente iguales —incluido un “error material” en una fórmula matemática—, la Agencia Valenciana de Turismo suavizó algún extremo en la tramitación, y las “perfeccionó” para adecuarlas a un boletín oficial. 
El resultado fue “un cambio muy significativo” respecto a las anteriores ediciones del concurso de Fitur, advierte la IGAE. El criterio económico, el único objetivo y cuantificable, pasó de pesar un 50% en la feria de 2004 a un 15% en la primera que ganó Orange Market (la trama intentó reducirlo al 5%). Y los criterios no cuantificables, “cuya valoración tiene un elevado carácter subjetivo y en los que no se especifican los elementos que darán lugar a la asignación final de puntos”, aumentaron su peso hasta el 85% del total. Entre ellos se incluyeron criterios bastante etéreos, como “creatividad, estética y funcionalidad”, apartado al que se atribuyó 40 de los 100 puntos del concurso. 
La propuesta de la trama suprimió el requisito de experiencia en actos similares, que Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, no podía cumplir. La Agencia Valenciana de Turismo aceptó inicialmente la petición. A lo largo de la tramitación, la Administración reintrodujo el requisito de experiencia, pero obvió que la empresa no la cumplía. Esa carencia, destaca la IGAE, “podría haber excluido a Orange Market por no reunir los requisitos de solvencia técnico profesional” exigidos en la convocatoria. 
En las ediciones posteriores, con Orange Market ya dentro y con experiencia, los criterios de selección mejoraron, pero solo aparentemente, señala la IGAE. El criterio económico volvió a pesar un 50%, pero la fórmula matemática utilizada lo mantuvo en un 20% del total. La Intervención detecta igualmente irregularidades en la conformación de la mesa de contratación y en el número de vocales que participaron a lo largo de las cinco ediciones que realizó Gürtel. 
Y confirma la existencia de sobrecostes y duplicidades en los pagos. Una serie de servicios incluidos en lo que, según el contrato, debía hacer Orange Market en la feria de 2005 —acceso a Internet, book fotográfico...—, fue cobrado también por Special Events. Y, uno de sus elementos, los uniformes para azafatas, otra vez por Orange Market con la justificación de que era una mejora. 
www.elpais.es 26.04.12 
LOS TÉCNICOS DE TURISMO CONTRATARON A ‘EL BIGOTES’ EN VALENCIA POR SU CALIDAD 
Hasta el próximo día 30 declararán los imputados en esta causa derivada del ‘caso Gürtel’ 
Cuatro horas ha sido el tiempo empleado en el primer interrogatorio a la veintena de imputados de la causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano, derivada del caso Gürtel. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Ceres, ha iniciado esta mañana la toma de declaraciones con el interrogatorio al que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal, que participó en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos que acabaron con la adjudicación a Orange Market, que formaba parte de la red Gürtel a través de Álvaro Pérez, El Bigotes,del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, entre 2005 y 2009,
En su declaración, Vidal, ha afirmado que ¡las adjudicaciones de Fitur a Orange Market respondieron a criterios de "calidad y estética" y que se hicieron en base a criterios profesionales. Además, ha negado haber recibido órdenes para beneficiar a empresas de la trama 'Gürtel'.Este técnico dejó la Agencia Valenciana de Turismo en mayo, cuando pasó a trabajar para el Ayuntamiento de Elche, también del PP. En su declaración, ha estado explicando que él, como técnico de la AVT, ha actuado siempre bajo criterios profesionales e independientemente de las decisiones políticas que hubiera en ese momento. 
El juez sostuvo en su auto de imputación que tanto Vidal como Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (que declarará a partir de mediodía), establecieron "criterios de adjudicación de influencia decisiva". Ambos formaron parte, además, de la mesa de contratación que eligió la oferta de Orange Market y emitieron informes que fueron "determinantes para la propuesta" que dicha mesa remitió a la Agencia Valenciana de Turismo, que sirvió como base para la adjudicación de los contratos. 
Para hoy está prevista también la declaración de la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, que contrató, también con la trama, la Guía de la Comunicación de 2005, la presentación del Congreso de Nuevo Periodismo en 2006 y la fiesta para la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante. 
El magistrado cree que "dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias", los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market. 
El magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira se inhibió de la parte valenciana del caso Gürtel a favor del Tribunal Superior de Valencia en mayor de 2010 pero no fue hasta julio de 2011 cuando este tribunal asumió el caso. Desde entonces se han practicado varias diligencias pero hoy se inicia un importante trámite, el de interrogar  cerca de una veintena de imputados, citados hasta el próximo 30 de mayo. Entre ellos, se encuentra la que fue cúpula del PP valenciano bajo el mandato de Francisco Camps, sometida a la investigación de si parte de la deuda que tenía con una de las empresas de la trama, Orange Market, por servicios realizados en las campañas electorales de 2007 de 2008, fue abonada de forma opaca y a través de “donaciones de empresas” encubiertas en facturas falsas. 
www.elpais.es 26.04.12 
EU DENUNCIA QUE UNA EMPRESA DE GÜRTEL RECIBIÓ TRES MILLONES DE SANIDAD 
El portavoz Ignacio Blanco relaciona la trama corrupta de Baleares con la valenciana 
El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha denunciado que la empresa Over Marketing y Comunicación SL, vinculada a la trama Gürtel, recibió dos adjudicaciones de la Consejería de Sanidad valoradas globalmente en casi tres millones de euros para la planificación y difusión de campañas publicitarias. 
Blanco, en un comunicado, ha explicado que la Brigada de la Policía Judicial de la Guardia Civil "sospecha que esta empresa habría hecho costosísimos regalos a dirigentes del Partido Popular balear a cambio de contratos, parte de los cuales fueron a parar a la financiación de la entonces partido de Matas". 
Para el diputado de izquierdas, "esta es una historia de todos conocida, que nos suena mucho: es la historia de Orange Market en el País Valenciano". Así, Blanco ha anunciado que solicitará los expedientes de contratación de las dos campañas publicitarias porque "queremos saber si en 2002 ya existía la trama Gürtel y sus prácticas corruptas que tenemos que extirpar de nuestras instituciones". "Esperamos máxima transparencia por parte del Consell", ha añadido. 
Para el parlamentario de EUPV, "el paralelismo entre la trama valenciana y la trama balear es absoluto". De hecho, ha indicado Blanco, "el modus operandi puesto de manifiesto en la instrucción delata que numerosos políticos del PP presuntamente recibieron regalos de lujo de la empresa Over Marketing y Comunicación SL". 
Según Ignacio Blanco, esta mercantil, "vinculada a la rama balear de la trama Gürtel, recibió dos adjudicaciones de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, en 2002 y 2005, valoradas globalmente en 2.927.220,6 euros por la planificación y difusión de campañas publicitarias". 
Asimismo, ha puntualizado que el 11 de noviembre del 2002, el entonces subsecretario para los Recursos de Sanidad, Máximo Caturla Rubio, adjudicó a esta empresa la campaña publicitaria institucional por un importe total de 2.103.542,37 euros. 
Por otra parte, ha añadido Blanco, el 10 de febrero del 2005, el entonces director general de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad adjudicó la campaña para fomentar el uso racional del medicamento por un importe total de 823.678,23. 
www.elpais.es 24.04.12
LA GENERALITAT COSTEÓ LA DEFENSA DE TRES IMPUTADOS EN EL ‘CASO GÜRTEL’
Uno de los 'protegidos' dejó el Consell meses antes de ser incluido en la causa por el juez
El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.
Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.
El tribunal rechaza su recurso contra la decisión revisar los contratos de Fitur
Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.
Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.
El magistrado ha pedido el análisis a la Intervención General del Estado
El juez también solicitó que los técnicos de la Administración General del Estado revisasen si, como ocurrió con estos concursos, "constituye una habitual o adecuada praxis de contratación administrativa" el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contratación hubieran participado previamente en la fijación de los criterios de adjudicación, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elección final de dicha mesa de contratación. Así como qué porcentaje de la puntuación total es "razonable" darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alzó con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son difíciles de medir) era el mejor puntuado.
El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas básicas de la obtención de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliación del informe a la Intervención General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.
El PSPV seguirá como acusación en la causa por la financiación del PP
La dirección de los socialistas valencianos se mantendrá como acusación particular en la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP, una derivada del caso Gürtel, cuya instrucción corre a cargo de José Ceres, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Fuentes de la actual ejecutiva del PSPV confirmaron a este periódico que no existe la menor intención de abandonar su personación en este caso, pese a que reconocieron la existencia de una deuda importante con el bufete del abogado Virgilio Latorre, que ha venido representando los intereses de los socialistas en el caso de los trajes del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y en el de la financiación del PP.
Un portavoz autorizado del PSPV reconoció que se están retirando de algunos casos menores porque el coste que les supone es muy elevado. Estos abandonos ya habían sido decididos por la anterior dirección que encabezaba Jorge Alarte. Pero ante la hipótesis de un replanteamiento de la posición de su partido en el caso Gürtel y más concretamente en la rama que investiga la financiación del PP, el portavoz fue taxativo: "Si de algún caso no nos pensamos retirar es de este. Seguiremos hasta el final y confiamos en hacerlo con el despacho de Virgilio Latorre".
La posición oficial del secretario general del PSPV, Ximo Puig, sobre la judicialización de la vida política es conocida. En una entrevista concedida a EL PAÍS reconoció haber dudado de la eficacia de algunos procesos judiciales iniciados por su partido. Una afirmación que no afecta al caso Gürtel.
El nuevo portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, anunció el pasado martes que el PSPV será parte en la causa que siguen los tribunales por las ayudas a la cooperación concedidas desde la consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la que era titular Rafael Blasco, síndico del PP en el Parlamento autonómico.
www.elpais.es 19.05.12
COSTA INTENTA SALPICAR A LA ACTUAL DIRECCIÓN DEL PP EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL
Pide al juez que declare el secretario general y que el partido aporte documentos
La policía revela la estrecha relación de Gürtel con la cúpula de Camps 
Las aguas bajan revueltas en el PP valenciano con motivo de la causa por supuesta financiación ilegal vinculada al caso Gürtel, en el que están imputadas las cúpulas del partido y la Generalitat de la época en que Francisco Camps era presidente. Frente al intento del Ejecutivo autonómico, que dirige Alberto Fabra, de establecer un cinturón sanitario respecto a esa etapa, el ex secretario general del PPCV e imputado Ricardo Costa ha hecho un movimiento que supondría un mayor alcance en la causa hasta salpicar a la actual dirección. Costa pidió al juez que citase a declarar como testigo a Antonio Clemente, secretario general del PPCV, el mismo cargo que él ocupó hasta ser defenestrado por Génova en octubre de 2009.
El magistrado José Ceres ha rechazado la petición, pero sí ha aceptado, en cambio, otra solicitud de Costa que se enmarca en la misma línea: requerir a su propio partido que aporte una docena de documentos sobre las funciones que el secretario general tenía en materia económica y contable durante la etapa en que ocupó el cargo y, especialmente, en los años 2007 y 2008, cuando supuestamente se cometieron los delitos de financiación ilegal (delito electoral) y falsificación mercantil, durante las campañas de las autonómicas y generales que tuvieron lugar respectivamente esos años, por las presuntas aportaciones irregulares de empresas constructoras. Así como que el partido identifique a las personas que entonces y ahora tienen las competencias sobre la gestión diaria de la caja del PPCV.
Algunas de las peticiones de Costa resultan chocantes tratándose de su partido. El hoy diputado autonómico solicitó al juez requerir al PPCV "las tareas concretas que desarrolla en la actualidad la persona encargada de la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, así como su identificación". Costa también solicitó y ha conseguido que el magistrado pida al partido que aporte el acuerdo de comité o de junta en el que se le habría encargado "la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, con expresión de la fecha del acuerdo, fundamentación del mismo en los estatutos del PPCV y, en su caso, cargo orgánico que propuso tal encargo".
El diputado reclama que el PP diga quién gestiona el día a día de la caja del partido
El diputado logró del mismo modo que el juez requiera al PPCV "el acuerdo que acredite la delegación de funciones de Adela Pedrosa [que formalmente fue secretaria general hasta junio de 2007] en Ricardo Costa, así como la expresión normativa que, en su caso, autoriza dicha delegación de funciones".
A petición de Costa, la actual dirección del partido deberá remitir los acuerdos de nombramiento de gerentes regionales desde 2004 hasta hoy, "quién los designa y su dependencia salarial y funcional". Y, finalmente, la identificación de qué "cargo orgánico tiene la facultad estatutaria de aprobación del presupuesto, no de propuesta, así como de control de la corrección de la contabilidad y de la aprobación de la misma".
El ex número dos del PPCV también ha conseguido que el juez pida al Santander información "periodificada", esto es, mes a mes, sobre qué personas estaban autorizadas para acceder a la cuenta del partido en los años 2007 y 2008.
Malestar
El tono y las peticiones de Costa permiten entrever lo que parece un gran malestar con la dirección del partido, que Fabra ha anunciado que depurará de imputados en el congreso que el PPCV celebrará en mayo. De hecho, el diputado quería que el actual secretario general del PPCV acudiera a declarar para explicar la información que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre la organización y funcionamiento del partido en la época investigada.
El juez Ceres ha llamado a declarar como testigo, por otra parte, a Isabel Villalonga, exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat y hoy secretaria general de la Delegación del Gobierno en Valencia. Villalonga está imputada en el caso Urdangarin.
www.elpais.es 17.04.12
EL JUEZ CITA A ISABEL VILLALONGA COMO TESTIGO EN LA CAUSA DE FINANCIACIÓN ILEGAL
Fue alto cargo de presidencia de la Generalitat durante la etapa de Francisco Camps.
Actualmente ocupa la secretaría general de Delegación del Gobierno Valencia
El juez del Tribunal Superior de Justicia, José Ceres, ha llamado a declarar en condición de testigo a Isabel Villalonga, exsubsecretaria de presidencia de la Generalitat y actual secretaria general de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, en la causa que investiga la supuesta financiación ilegal del PP y la adjudicación a la trama Gürtel de los millonarios contratos de la feria Fitur.
Según ha informado Europa Press, Villalonga, persona de confianza del expresidente valenciano Francisco Camps, declarará el 8 de mayo a las 10 de la mañana. Villalonga fue imputada recientemente en la rama valenciana del caso Urdangarín. Dos horas después lo hará como imputada Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, expresidenta de las Cortes valencianas y actual diputada autonómica, a quien la red corrupta se refería en las intervenciones intervenidas por orden judicial como La Perla.
La llamada causa de financiación ilegal indaga, por una parte, un supuesto delito electoral y otro de falsificación de documento mercantil por la presunta aportación irregular de empresas de obra pública de fondos a las campañas del PP valenciano en las elecciones de 2007, autonómicas y municipales, y 2008, generales. Y, en otra pieza separada, los supuestos delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de cerca de cinco millones de euros a la red entre 2005 y 2009 por el montaje y organización del pabellón valenciano en la feria turística de Fitur, que se celebra en Madrid.
www.elpais.es 16.04.12
LA POLICÍA REVELA LA ESTRECHA RELACIÓN DE GÜRTEL CON LA CÚPULA DE CAMPS
Ricardo Costa se convirtió en el hombre de referencia para la trama en Valencia
El último informe policial entregado al juez José Ceres, que investiga la causa de financiación ilegal del PP valenciano, dedica un amplio apartado a constatar la muy estrecha relación que mantuvieron durante años los cabecillas de la trama Gürtel con las cúpulas del expresidente Francisco Camps tanto en su Gobierno como en el partido. Desde ese entorno se gestionaba el pago por actos de partido y electorales a empresas de la red, que en ocasiones abonaban de forma irregular empresas constructoras.
Según el informe, el diputado y exsecretario general del PPCV Ricardo Costa era el encargado de que las empresas de la trama cobraran sus deudas por actos del partido. Y Vicente Rambla, diputado, exvicepresidente de Camps y coordinador de las campañas de 2007 y 2008, de la deuda contraída por la trama por actos electorales, siempre según el informe. En ambos casos parte de los pagos se habrían realizado en "A o Alicante", es decir, con factura, y parte en "B o Barcelona", esto es, con dinero negro.
El análisis de la agenda de Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa, revela que la confianza era tal que la trama y la cúpula de Camps trataron la creación de una formación, el Partido Social Demócrata, para restar votos al PSPV-PSOE. Las anotaciones de Crespo son elocuentes: "Nuevo partido político. Con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda económica. Ricardo protesta".
La red trató con el PP crear un partido para restarle votos al PSPV-PSOE
Ricardo es, según la policía, Costa. Y junto a la palabra "reunión" en la que se discutiría la cuestión, el número dos de la trama Gürtel apuntó una serie de nombres: "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo y Presi". Aparte de que este último término pudiera hacer referencia al entonces presidente Camps, el resto de nombres coinciden con personas que formaban parte en ese momento de su círculo de confianza.
Notas de Crespo
Tomando posiciones. "Álvaro [Pérez, El Bigotes] se quiere situar. Con Víctor [que sería Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat] está imponente".
Satisfacción por el trabajo. "Muchos actos. Todo va de puta de madre".
Confianza en Costa. "Implicar a Ricardo. Que vea que esto es un poco suyo". La policía cree que Crespo se refiere a la "consecución de trabajos para Orange Market".
Problemas a la vista. "Víctor [Campos] lo tranquiliza [a Costa] con lo del Papa".
El amigo en Canal 9. "Pedro [que sería Pedro García, entonces director de Ràdio Televisió Valenciana] se preocupa todos los días. Habla con Víctor, con Juan".
Abriendo el negocio. "Pedro [García] ha organizado una cena con Terra Natura. Van a cenar con el presidente del Valencia".
La documentación intervenida a la trama indica que Costa era la persona de referencia para la trama. En un archivo sobre actos con alcaldes apuntan lo siguiente. "Filiberto dice que Ricardo se hace cargo". Por el municipio al que está asociado, señala el informe de la UDEF, "se infiere que se trata de Filiberto Tortosa", teniente de alcalde de Ontinyent. El archivo incluye numerosos casos similares: "Alfredo Castelló dice que paga Ricardo", en referencia, según la policía, al alcalde de Sagunto.
La trama Gürtel, que en Valencia dirigía Álvaro Pérez El Bigotes, tenía mucho interés en la política valenciana. Antes de las elecciones de 2007, Crespo auguraba los puestos que podían acabar teniendo en el Consell Víctor Campos, Alicia de Miguel, Rambla o Ricardo Costa. "Vice o Economía", auguró el miembro de la trama respecto a este último. Pero Costa nunca llegó a formar parte del Gobierno. Y quizá por ello, El Bigotes le contaba a Crespo en una conversación intervenida que Costa estaba "muy cabreado, muy dolido con el curita [como la red apodaba a Camps] por muchas cosas". "Lógico, lógico", respondía Crespo.
www.elpais.es 11.04.12
ORANGE MARKET ACCEDIÓ AL PLIEGO DE FITUR ANTES DE QUE SE CONVOCARA EL CONCURSO
Un informe policial revela que la red Gürtel dipuso de los documentos antes de la feria de 2005
La unidad de delitos económicos identifica al empresario Felipe Almenar como 'El Príncipe'
Un nuevo informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) desvela que la red Gürtel recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat valenciana convocase el correspondiente concurso. De esta manera, Orange Market, que fue la adjudicataria final, pudo adecuarse a la oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos.
Así se desprende de este informe policial, con fecha de 28 de marzo de 2012, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Ceres, encargado de instruir la causa de presunta financiación irregular del PP dentro del conocido como caso Gürtel. En esta misma documentación la Policía sostiene que la persona identificada en documentos incautados a la red como El Príncipe es Felipe Almenar, presidente del grupo constructor Cyes.
Respecto al concurso de la feria, el informe recoge que Rocío Perea, trabajadora desde el año 2004 de varias empresas del grupo de Francisco Correa, recibió un correo electrónico, en fecha 4 y 5 de noviembre de 2004, con documentación relacionada con el evento Fitur de 2005.
El informe se remitió al juez Ceres del TSJ valenciano el 28 de marzo 
Entre la misma, se hallaba el pliego de condiciones técnicas de la feria que requirió la empresaria Isabel Jordán, también imputada en la causa, y que le fue remitido por Down Town Consulting, una entidad que luego se convirtió en Easy Concept SL. De esta manera, la red obtuvo estas condiciones antes de que se convocase el concurso, "pudiendo de esta manera adecuar Orange Market su oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos", según consta en el informe. Asimismo, consta que Rocío Perea recibió un total de 1.874,30 euros de la Caja B del grupo entre los meses de febrero y abril de 2005, en forma de "gratificaciones" por su participación en la ejecución de los expositores de Fitur 2005 y otros congresos valencianos.
El informe también recoge que Perea se ocupó de transmitir la petición de asesoramiento para definir la fórmula de adjudicación de unos servicios por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siguiendo las instrucciones de Jordán.
Por estos datos, la Policía mantiene que Perea era "plenamente consciente" de la "fraudulenta" forma de trabajar de la organización, como se ha podido comprobar en los trabajos efectuados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y cómo esta persona participaba de manera activa en dicha actividad junto con Isabel Jordán.
Isabel Jordán recibió el pliego en correos electrónicos del 4 y 5 de noviembre de 2004
Otro de los puntos del informe de la Udef es la identificación de distintas personas vinculadas a los hechos objeto de la investigación. Y en este sentido, desvela que "a partir de datos objetivos" se "infiere" que la persona designada como El Príncipe, que aportó la cantidad de 200.000 euros a la sociedad Orange Market SL, es Felipe Almenar presidente del grupo Cyes, especializado en obra civil.
Asimismo, cita a Virginia Beltrán, trabajadora de Orange Market, quien participó en el proceso de elaboración y posterior modificación de diversas facturas emitidas por esta empresa, con destino a la sociedad Facsa, una empresa de Castellón vinculada al Grupo Gimeno, en el año 2007, así como en su ulterior envío al administrador único de esta entidad, tras su remisión previa a Pablo Crespo para su aprobación. En concreto, en uno de los correos, Beltrán envió al administrador de Facsa cuatro facturas, y le pidió que le facilitara una dirección de correo ordinario para poder enviarle las originales. El informe también hace referencia a Juan Enrique Sanz, administrador de la mercantil Juan Sanz SL, que participó en el diseño del expositor de la Comunidad Valenciana para Fitur 2009, también adjudicado a Orange Market. La policía señala que por parte de esta sociedad se elaboró, al menos, una factura a Orange Market con conceptos "ficticios" que no se ajustaban a la realidad del servicio inicialmente prestado, previa petición al respecto por parte de Cándido Herrero y que servían de cobertura a las facturas ficticias emitidas por Orange a nombre de la sociedad constructora Enrique Ortiz e Hijos.
Por otro lado, el informe también alude a Isaac Vidal, exdirector de marketing de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), y expone que su nombre figura en un documento en el que se detalla un listado de personas destinatarias de regalos de Navidad. En este listado también figura Salvadora Ibars, exdirectora general de Promoción Institucional de la Comunitat.
La agenda de Pablo Crespo destaca el papel de Pedro García, exdirector de RTVV
La policía también examinó la agenda de Pablo Crespo y, tras ello, determina en su informe que existe una vinculación "directa" de la organización con responsables políticos y cargos públicos del PP de la Comunidad Valenciana, y que hubo correlación entre éstos y la obtención de negocio para la sociedad Orange Market. En esta agenda se plantea la posición previsible en los órganos de gobierno de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 2007, indicando que Víctor Campos, Ricardo Costa y Vicente Rambla estarían en el mismo; y cuáles eran sus objetivos, que pasaban por implicar a los responsables políticos como a Costa en las operaciones, de tal forma que vieran que la consecución de trabajos para Orange Market era también un logro personal de él.
Asimismo, en esta agenda figuraba la intención de infundir tranquilidad sobre operaciones que realizaban en Valencia, entre ellas, la adjudicación de trabajos relacionados con la visita del Papa; y se indicaba que sus perspectivas de futuro pasaban por la obtención de muchos trabajos con el PPCV en forma de actos o acciones. También resaltaba el papel de Pedro García, exdirector de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en las actividades de organización como persona que hablaba con los responsables políticos.
De esta agenda intervenida también se deduce que la organización relacionaba, por un lado, el conjunto de actos y acciones de comunicación desarroladas para el PP de la Comunidad Valenciana y el coste de las mismas y, por otro, la fórmula de financiación de esos servicios definiendo la deuda viva existente en un momento determinado diferenciando entre "Deuda Final RC", integrada por las cantidades pendientes de pago con origen en actos de partido y acciones de comunicación; y la "Deuda VR", construida a partir de las acciones de comunicación de las campañas electorales.
Respecto a las siglas RC y VR, la Policía señala que la organización de Correa las utilizaba para hacer alusión a la persona encargada del pago de la deuda generada con motivo del montaje de los actos y campañas de comunicación para el PP valenciano. Identifica las primeras siglas con Ricardo Costa, entonces secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, y las segundas con Vicente Rambla, entonces vicepresidente primero del Consell.
www.elpais.es 10.04.12
EL JUEZ RECHAZA LA QUERELLA DEL PP POR NO IDENTIFICAR A LOS CARGOS DE CAMPS 
El juez considera que debe especificar contra quién se querella y por qué hechos concretos
La querella del PP contra Gürtel apunta a la cúpula de Camps 
Consulta el auto de rechazo de la querella 
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado la querella presentada por la dirección nacional del PP en la causa por la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Los populares la presentaron con el fin de personarse en el procedimiento y acceder, de primera mano, a la instrucción. El tribunal señala en un auto que la querella presentada por la dirección nacional del partido “no concreta mínimamente los hechos por los que se ejercita la acción penal”. Y no se dirige “contra persona alguna aforada ante este tribunal, siendo dicho requisito determinante de la competencia asumida por el mismo”. 
El juez José Ceres, instructor de esta ramificación del caso Gürtel, da por no admitida la querella ya que considera que en la querella se "debe especificar los concretos hechos por los que ejercita la acción penal y contra qué personas determinadas dirige su acción”. En su escrito, el PP solo nombraba al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y al encargado de su filial en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y obviaba a la larga lista de caros y excargos del PP que ya están imputados. 
En su texto, el PP hacía extensible la acusación a “cuantas personas físicas o jurídicas que hayan participado en los hechos delictivos como autores (directos, cooperadores o inductores), cómplices y encubridores”, pero no citaba a nadie más. Ahora, el juez le recrimina que no incluyera "ni una mínima referencia concreta" a otra parte de los hechos que también se investiga y que se basa en la contratación de la Generalitat Valenciana con Orange Market. 
La causa que instruye Ceres reúne la mayor parte de la actividad corrupta que la trama Gürtel desarrolló presuntamente en Valencia. De un lado, la financiación ilegal, en la que se investigan los supuestos pagos de actos electorales del PP del expresidente Francisco Camps por parte de empresas constructoras beneficiarias de adjudicaciones de la Generalitat. En este caso, las sociedades de la trama, especialmente Orange Market, habrían actuado de vehículo de los pagos en las campañas de 2007 y 2008. La causa indaga, por otra parte, la supuesta adjudicación irregular del montaje y organización de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur desde 2005 a 2009, por más de cinco millones de euros. 
En su resolución, el magistrado señala, que la querella presentada cuenta con una "descripción de los hechos en términos sumamente genéricos sin que aparezca la necesaria precisión y concreción fáctica" y apunta que “aparecen desprovistos de todo mínimo detalle y concreción, careciendo de una específica imputación fáctica y jurídica, lo que resulta necesario para un válido ejercicio de la acción penal”. 
Tras esta decisión, el PP puede volver a presentar otra querella en la que rectifique e incluya las exigencias del juez para formar parte del procedimiento en el que se investiga no solo la financiación ilegal sino también la posible comisión de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad. 
Se trata del segundo revés del PP en su intento por tener acceso de primera mano a la instrucción de la rama valenciana del caso Gürtel. En diciembre, el juez ya rechazó una maniobra del partido, que pretendía convertirse en acusación en Valencia limitándose a reproducir la querella que en su día presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que solo se relataban hechos referentes a esta comunidad. El segundo intento contiene algunas referencias más específicas a la causa valenciana, pero mucho menos de lo que resulta “legalmente exigible”, apunta el juez. 
La negativa pone de relieve el difícil objetivo del PP: formar parte de la causa, como consiguió en Madrid, sin tener que acusar directamente a quienes integraron las cúpulas en el partido y el gobierno del dimitido presidente Camps, que en muchos casos siguen en el parlamento autonómico o en puestos destacados de la Generalitat. Entre los imputados figuran los diputados del PP Ricardo Costa, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, Angélica Such, David Serra y Yolanda García; el extesorero nacional del partido Luis Bárcenas; la directora general de promoción institucional, Dora Ibars, otros cargos menores, miembros de la trama y los dueños o gestores de ocho constructoras valencianas. 
www.elpais.es 02.04.12 
LA QUERELLA CONTRA GÜRTEL ORDENADA POR COSPEDAL APUNTA A LA CÚPULA DE CAMPS 
El PP valenciano recuerda que la dirección nacional auditaba sus cuentas
La iniciativa pide actuar contra cooperadores o cómplices de El Bigotes 
“Cuantas personas físicas o jurídicas que hayan participado en los hechos delictivos como autores (directos, cooperadores o inductores), cómplices y encubridores”. A todos ellos se dirige la querella que la dirección del PP ha ordenado presentar para personarse en la causa valenciana del caso Gürtel que, entre otras cosas, investiga la presunta financiación de los populares valencianos en la etapa de su anterior presidente, Francisco Camps. También se investigan los posibles delitos de prevaricación y cohecho por la contratación del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, de 2005 y 2009, por un importe total de cerca de cinco millones de euros a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market. Y la falsedad en la que pudieron incurrir varias empresas por presentar facturas falsas. 
La presentación de la querella (trámite ineludible para que el PP forme parte de la causa) ha supuesto cierta tensión entre la dirección nacional y el partido en Valencia. Sin embargo, la orden de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, fue clara y tajante al respecto, con la intención de frenar el “perjuicio irreparable a la buena imagen del partido”, tal como señala la querella. Mientras, el PP valenciano trata de quitarle hierro al asunto y califica de “normal” que haya sido la dirección nacional la que entre a formar parte de la causa “porque siempre ha sido así”, indican en referencia a que también se personaron en el tronco del caso Gürtel, en Madrid. Además, en Valencia apuntan que, en cualquier caso, si las cuentas del PP no son correctas, la responsabilidad última es de la dirección nacional porque era en Génova (sede de los populares) donde se auditaba toda la contabilidad. 
La querella solo nombra explícitamente al líder de la trama, Francisco Correa, y a Álvaro Pérez, El Bigotes, aunque la hace extensiva a cómplices, colaboradores o inductores. En la causa judicial abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya están imputados hasta una decena de cargos o excargos del PP valenciano, entre los que se encuentran cinco diputados y el extesorero del PP Luis Bárcenas, que también lo está en la causa inicial de Gürtel. 
Tampoco hace mención el escrito del PP a las empresas a las que, supuestamente, la red corrupta endosó facturas por servicios realizados a la formación política y que acabaron pagando los empresarios. Pero su personación en la causa hace que también vaya contra ellas, contra Lubasa, Ortiz (también implicado en el caso Burgal), Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora de Hormigones Martínez e incluso Sedesa, el grupo empresarial propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino. 
El PP defiende su personación en la causa alegando que cualquier actividad en que se “acuda, invoque o presuma de cualquier influencia o relación con el PP para la consecución de actos ilícitos implica un perjuicio directo para la formación”. La investigación trata de averiguar, respecto a la financiación ilegal, si la deuda que el PP tenía con una de las empresas de la trama, Orange Market, por distintos servicios realizados en la campaña electoral de las autonómicas de 2007 y la de las generales de 2008, se abonó de forma opaca y a través de “donaciones de empresas” encubiertas en facturas falsas. Además, las pesquisas también se dirigen a destapar si hubo un trato preferente e ilegal a la misma empresa en la adjudicación de los cinco contratos para Fitur, entre 2005 y 2009, tiempo en el que, además, la empresa agasajó a varios miembros del PP valenciano con regalos destinados a lograr un trato de favor. 
Pero el PP, en su querella, solo habla de esta formación política y de hecho lo hace a través de su representante del partido. Sostiene que Correa y El Bigotes “al parecer” utilizaron su relación con el PP, del que habían sido proveedores, “para aparentar una capacidad de influencia que favoreciera sus actividades empresariales y así cometer los delitos”. 
También se refiere a las “supuestas ventajas” que pudieron obtener a través de sus “vinculaciones con personas relacionadas con distintas Administraciones públicas, procurando la obtención de un trato preferente en la adjudicación de servicios o concesiones” y al “agravio” al partido. Pero no menciona la defensa de la Administración, de las arcas públicas, en este caso las valencianas, que podrían ser afectadas, ya que una de las partes que se investiga es si las adjudicaciones se realizaron de forma ilegal. 
El PP ya estaba personado en la causa principal de Gürtel, en Madrid, donde se investiga el grueso del caso. La personación le permite tener acceso al sumario de primera mano y estar al tanto de las diligencias que van ordenando los jueces. Sin embargo, al abrirse este procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el instructor, José Ceres, exigió que, para mantenerse como parte en esta ramificación, presentara una querella. La dirección nacional ha optado finalmente por hacerlo y argumenta que el PP “ha hecho un objetivo prioritario de su actividad el responder con el mayor rigor ante cualquier práctica corrupta o actividad delictiva que afecte a la formación política o a las personas que las componen”. Sin embargo, su actuación en la causa principal no ha sido tan recta, al menos, a juicio de la fiscalía y de la acusación popular, que representa a los socialistas, que se han quejado en reiteradas ocasiones de la actitud de bloqueo que el PP ha mantenido en la causa, con continuos recursos que, en muchas ocasiones, no han hecho más que interferir y obstaculizar la marcha del procedimiento, abierto en 2009. 
Una de las ocasiones que provocó la queja de la fiscalía fue con el recurso a una resolución que ni siquiera impugnaron las defensas de los imputados. Y fue, precisamente, cuando el juez remitió un requerimiento a la Generalitat valenciana para que identificara a los responsables de los 17 departamentos que contrataron con empresas de la trama. 
www.elpais. 01.04.12 
OTRA EXCONSEJERA DE CAMPS IMPUTADA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO 
Angélica Such fue responsable de Turismo cuando se contrató a Orange Market 
La exconsejera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Angélica Such, declarará el mes que viene ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en calidad de imputada en la causa de financiación ilegal por la que se investiga al PP valenciano. Según ha dado a conocer el propio TSJCV, Such, que actualmente es secretaria primera de la mesa de las Cortes valenciana, está citada para el próximo 30 de mayo. Con esta imputación ya son seis los miembros de las Cortes valencianas que están imputados en la causa y siguen ocupando un escaño. 
Angélica Such fue responsable de Turismo entre 2007 y 2009, fechas en las que el expositor de la Comunidad Valenciana para la feria de Fitur fue adjudicado a la filial de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market. 
La declaración de la exconsejera es una de las primeras diligencias del instructor de la causa, José Ceres, que también ha citado a la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, a Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico, para el día 26 de abril. 
La exadministradora de varias empresas de la supuesta trama, Isabel Jordán y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, lo harán el día 27. Y la también exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, será interrogada el 5 de mayo. 
www.elpais.es 01.04.12
EL JUEZ CITA A IBARS, GUARRO Y BETORET POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
El magistrado José Ceres fija para los días 25 y 26 de abril las primeras declaraciones
El procedimiento deriva del caso Gürtel e intenta esclarecer contratos de la Generalitat
Fabra cree que Gürtel y Brugal “van a quedar en nada”  
La directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, el jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro, la empresaria Felisa Jordán —exadministradora de varias empresas de la supuesta trama—, y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, serán de los primeros en prestar declaración en la investigación de la que se conoce como causa de financiación irregular del PPCV derivada del caso Gürtel. 
El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, ha fijado para los días 25 y 26 de abril las primeras declaraciones en este procedimiento. En esta primera fase de interrogatorios se pretende ir despejando dudas sobre las mesas de contratación que adjudicaron contratos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama. 
Betoret, quien ya aceptó una condena en la causa de los trajes dentro del caso Gürtel, ocupaba el cargo de jefe del gabinete de la consejería de Turismo cuando la titular de este departamento era Milagrosa Martínez. Esta entidad otorgó diversos contratos a la mercantil Orange Market para la organización y el montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur. Asimismo, Guarro está imputado por presuntamente haber participado en la redacción de los pliegos de condiciones, las ofertas presentadas y en la Mesa de Contratación para la adjudicación del pabellón de Fitur, que acabaron en la empresa Orange Market. 
Durante la etapa de Ibars se contrató con esta mercantil la Guía de la Comunicación de 2005, la presentación del Congreso de Nuevo Periodismo en 2006 y la fiesta para la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante. Tanto Ibars como Guarro, imputados por un presunto delito de prevaricación y cohecho, ya prestaron declaración, pero en calidad de testigos, en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, en el caso de los trajes. 
www.elpais.es 06.03.12
ARCHIVADA LA DENUNCIA DE COMPROMÍS SOBRE PRESUNTOS REGALOS A BARBERÁ 
El fiscal superior afirma que el asunto ya se analizó en el sumario del 'caso Gürtel'
La coalición presentó la denuncia tras oírse las grabaciones de la trama en el juicio a Camps 
El fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, ha archivado la denuncia presentada por Compromís para que este órgano investigara si los bolsos que supuestamente pudo recibir la alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, Rita Barberá, de la trama Gürtel eran por su condición de primera edil. 
El decreto de archivo de Ricard Cabedo, fechado el 18 de enero, responde a una denuncia que realizó la coalición después de que en el juicio de la llamada causa de los trajes contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa se escucharan unas grabaciones en las queÁlvaro Pérez, El Bigotes, indicaba que iban a hacerle un regalo de Louis Vuitton a Barberá como cada año. 
"Supone ello que la empresa Orange Market hizo regalos a Barberá", indica Cabedo, quien añade que de la denuncia de Compromís se desprende que esos hechos eran conocidos por el magistrado instructor del juicio, por el fiscal y por el magistrado presidente del jurado. Sin embargo, "nadie de los referidos halló indicios delictivos en los hechos referidos y al tiempo hay, es evidente, investigación judicial y juicio sobre ello", destaca el fiscal. 
Tras conocer el decreto de Ricard Cabedo, el portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, ha dicho que no le extraña el archivo de la denuncia teniendo en cuenta "el cambio de parecer de la Fiscalía General del Estado al no recurrir la sentencia que absolvió a Francisco Camps y Ricardo Costa del delito de cohecho pasivo impropio". 
El ministerio fiscal "está para investigar la presunta comisión de delitos  y no para servir a las estrategias de los partidos que gobiernan, antes el PSOE y ahora el PP", sostiene Ribó, que no entiende "cómo en un único folio, el fiscal jefe se quita de encima la denuncia". 
Ribó ha manifestado no estar "nada satisfecho" con la respuesta que ha recibido por parte de la Fiscalía, porque a su juicio "las declaraciones del Bigotes eran contundentes y se merecían, al menos, una investigación". 
www.elpais.es 08.02.12
LA POLICÍA CREE QUE LA ALCALDESA DE ALICANTE PAGÓ EN NEGRO A LA 'GÜRTEL'
Un nuevo informe coloca en el disparadero a Sonia Castedo y siembra dudas sobre Carlos Fabra 
Un nuevo informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP en conexión con la trama Gürtel identifica a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, como la "Sonia" que entregó 24.000 euros en dinero negro para minorar la deuda contraída por el partido con Orange Market tras las campañas autonómicas y locales de 2007. El sumario del caso Gürtel apunta a que el PP ocultó al fisco 2,5 millones en 2007 con ayuda de la trama, que obtuvo de la Generalitat y sus empresas públicas 14 millones en contratos. Distintos informes incorporados a la causa también indican que varios empresarios afines al PP y con numerosas adjudicaciones públicas contribuyeron a enjugar la deuda del partidocon la red corrupta pagando un millón de euros a través de presuntas facturas falsas. Cohecho (soborno), prevaricación (amaño de contratos) y delito electoral (financiación ilegal) son los delitos que centran la nueva investigación.
Incorporado a la nueva rama del caso cuya investigación acordó en mayo de 2011 el Tribunal Superior valenciano (TSJCV), el informe señala también al expresidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del partido, Carlos Fabra. Según la Policía, Fabra es "el Tuerto" al que alude la trama en sus papeles internos como una de las personas que se comprometieron a aportar fondos para reducir la deuda electoral del PP con Orange Market: exactamente, 90.000 euros, aunque los documentos incautados en cuyo análisis sustenta sus conclusiones la Policía no desvelan si ese importe fue satisfecho ni si, en caso afirmativo, la entrega se hizo utilizando los circuitos legales o en B.
La Policía identifica a la regidora como quien pagó 24.000 euros en negro
El informe toma como base archivos internos de la trama: uno de ellos, un manuscrito; otro, una hoja de cálculo en formato Excel titulada "caja barcelona xls". Según la unidad policial de delitos económicos (UDEF), quienes en ellos aparecen nombrados como "Sonia" y "Alicante Sonia" son en realidad Sonia Castedo. El archivo Excel antes citado se refiere a pagos en negro a Orange Market para enjugar la deuda pendiente. 
Un apunte contable
Uno de los apuntes, del 26 de septiembre de 2007, consigna la cantidad de 24.000 euros abonada por "Alicante Sonia". La hoja Excel enumera una serie de actos bajo el epígrafe común "Alicante". Pero, en este caso y según la Policía, la referencia a la ciudad es literal. Es decir, no se trata de una alusión a pagos legales o en A, bautizados por el grupo de Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, como "Alicante".
"La identificación de las personas que se encuentran detrás de los nombres "tuerto" o "Sonia", [o] "Alicante Sonia" se infiere por el contexto en el que se producen", dice el informe policial. Y ese contexto es el de "actos llevados a cabo en Alicante y Castellón". Su contabilidad, explica la UDEF, se llevaba "de forma separada" a la de los servicios prestados para el PP a escala regional y cuyos números quedaron plasmados en el archivo "Deuda Actual Campaña Partido". 
La conclusión en lo relativo al "tuerto" y a "Sonia" queda expuesta así en el informe: "Por su carácter de aportantes de fondos para la financiación de la deuda derivada de la realización de los actos que Orange Market lleva a cabo tanto en Castilla como en Alicante y por la posición de dichas personas dentro de las estructuras de la formación política [se infiere] que se están refiriendo a Carlos Fabra y Sonia Castedo".
La investigación sobre la financiación del PP ya ha situado en el ojo del huracán a cinco destacadísimos miembros de la cúpula regional del PP a los que ahora podría sumarse Castedo. Sobre la alcaldesa alicantina ya pesaban graves sospechas en otro caso de corrupción, el Brugal, pero su imputación dependerá de que el juez que lo instruye se inhiba ante el TSJCV, ante el que Castedo goza de aforamiento como diputada autonómica. Uno de los principales imputados del caso Brugal es el empresario Enrique Ortiz, quien presumiblemente también declarará como presunto financiador del PP.
www.publico.es 07.02.12
GÉNOVA RECIBE UNA ADVERTENCIA POR RESISTIRSE A APORTAR DATOS
"Procede reiterar del Partido Popular el inmediato cumplimiento de lo requerido (...) Invocando el deber de colaboración con la justicia, reitérese el oficio".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia asumió en mayo la investigación de la financiación irregular del PP autonómico. Dos meses después, el instructor del caso, José Ceres, requirió a la dirección nacional del partido para que aportara un informe sobre el funcionamiento de sus cuentas y determinara quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. El magistrado solicitó que se informara del "modo de funcionamiento", del grado de "autonomía económico-financiera y contable" y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. Además, reclamaba una atención especial al funcionamiento de la contabilidad electoral "y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)".
A principios de octubre, el PP aún no había contestado y el juez les requirió para ello. Ni lo hizo después del día 10, fecha en la que se le recordó, ni tras el 29 del mismo mes, cuando alegó una "inmediata" remisión. El 22 de diciembre la reclamación se hizo vía telefónica y, a finales de ese mismo mes, después de medio año, el juez decidió realizar la advertencia señalando además que, de no cumplirse el requerimiento, el PP podría ser apercibido de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal. Fue con esa "amenaza" con la que, finalmente, Génova (sede del PP nacional) decidió remitir el informe el pasado día 16.
Imprecisiones
Mientras, el PP valenciano envió su propio informe, pero el instructor ha exigido precisiones ya que no indica quién o quiénes fueron responsables de las finanzas en los años 2007 y 2008 y quiénes supervisaron en el PPCV la actividad económico-contable en los mismos años.
Los datos son necesarios para que el magistrado determine quiénes están involucrados en la causa por el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. De momento, están imputados quienes conformaron la cúpula del PP valenciano en aquellos años y el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, así como varios miembros de la trama Gürtel.
www.elpais.es 30.01.12
 LA POLICÍA RATIFICA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO EN UN INFORME A RUZ
El análisis sobre el cerebro jurídico de Gürtel constata la corrupción en Valencia 
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido el último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía, en el que se ratifica el sistema que utilizaba la trama Gürtel y se constata el método para la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. El escrito desgrana la forma mediante la que Ramón Blanco Balín, asesor fiscal del cabecilla de la trama, Francisco Correa, manejaba sociedades y cuentas.
Emitían facturas al PP valenciano que se transformaban en deudas de empresas
La "deuda total" englobaba tanto la contabilidad visible como la "B"
El registro en el despacho de Blanco aportó un importante volumen de documentación sobre el método de la trama. Entre otros, se encontraron los documentos respecto al sistema de facturación y contabilidad de las operaciones realizadas por Orange Market. El informe, que fue encargado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira antes de que la competencia en la instrucción del caso volviera a la Audiencia Nacional, señala que la documentación refleja la doble contabilidad en la sociedad que la trama corrupta creó en Valencia. Constata, tal como lo hizo ya en 2009, que Orange Market "mantendría una contabilidad dual", integrada por una contabilidad visible, denominada A, y otra invisible, llamada B. El documento expone cómo en la contabilidad aparecen unas cantidades pendientes de cobro "generadoras de una deuda a favor de la sociedad" y explica que el epígrafe "deuda total" agrupa tanto la derivada de la contabilidad A como de la B.
La brigada de blanqueo de capitales añade que las formas utilizadas para permitir incorporar a la caja esos fondos de la deuda B, de manera que posteriormente pudieran ser utilizados, son "variadas". Y describe cuatro: enmascarando los pendientes de pago dentro de otras facturas; realizando cambios de facturas al alza o a la baja en la base imponible; con facturas de otras empresas de la trama; o incluyendo en la contabilidad facturas con la intención de reducir el saldo de pérdidas y ganancias y así optar a la devolución del IVA.
La policía describe al juez Ruz que Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas "a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos". Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana que "la transforman" en otra emitida a Enrique Ortiz, "que es la pagadora real del acto del partido". El informe incluye otro ejemplo: una factura emitida al PP de Castellón "se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido". Ambas empresas, junto a otras siete, forman parte de la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en la que también está imputada la cúpula del PP valenciano, acusada de un delito electoral que incluye financiación ilegal por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.
"PIEZA CLAVE" EN EL ENGRANAJE DE LA TRAMA
La policía califica a Ramón Blanco Balín como "pieza clave del engranaje de la organización". El informe entregado al juez Pablo Ruz sostiene que acabó convirtiéndose en el cerebro jurídico de la trama y que pese a que "heredó" la estructura del anterior gestor de Correa, acabó teniendo el control directo de las estructuras y posiciones bancarias. De hecho, incluso participaba en algunos negocios.
La policía recalca que la entrada Blanco en escena "dinamiza las estructuras mediante la liquidación de algunas sociedades y la constitución de otras nuevas, el cierre de cuentas bancarias y la apertura de nuevas posiciones en otros países, la utilización de nuevos canales de circulación del dinero y, en definitiva, establece una nueva fórmula de gestión de la estructura financiera y de inversión tanto en España como en el exterior". Así, coincide con la Agencia Tributaria, que ya indicó que Blanco Balín era "un auténtico hombre de confianza" de Correa.
www.elpais.es 30.01.12
GÉNOVA RECIBE UNA ADVERTENCIA POR RESISTIRSE A APORTAR DATOS
"Procede reiterar del Partido Popular el inmediato cumplimiento de lo requerido (...) Invocando el deber de colaboración con la justicia, reitérese el oficio".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia asumió en mayo la investigación de la financiación irregular del PP autonómico. Dos meses después, el instructor del caso, José Ceres, requirió a la dirección nacional del partido para que aportara un informe sobre el funcionamiento de sus cuentas y determinara quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. El magistrado solicitó que se informara del "modo de funcionamiento", del grado de "autonomía económico-financiera y contable" y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. Además, reclamaba una atención especial al funcionamiento de la contabilidad electoral "y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)".
A principios de octubre, el PP aún no había contestado y el juez les requirió para ello. Ni lo hizo después del día 10, fecha en la que se le recordó, ni tras el 29 del mismo mes, cuando alegó una "inmediata" remisión. El 22 de diciembre la reclamación se hizo vía telefónica y, a finales de ese mismo mes, después de medio año, el juez decidió realizar la advertencia señalando además que, de no cumplirse el requerimiento, el PP podría ser apercibido de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal. Fue con esa "amenaza" con la que, finalmente, Génova (sede del PP nacional) decidió remitir el informe el pasado día 16.
Imprecisiones
Mientras, el PP valenciano envió su propio informe, pero el instructor ha exigido precisiones ya que no indica quién o quiénes fueron responsables de las finanzas en los años 2007 y 2008 y quiénes supervisaron en el PPCV la actividad económico-contable en los mismos años.
Los datos son necesarios para que el magistrado determine quiénes están involucrados en la causa por el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. De momento, están imputados quienes conformaron la cúpula del PP valenciano en aquellos años y el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, así como varios miembros de la trama Gürtel.
www.elpais.es 30.01.12
EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante 
La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market".
La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat
Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.
En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que "presuntamente abonó a Orange 199.520 euros" es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.
En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y "cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española". Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que "investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse" en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.
El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.
Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona".
Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.
En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.
Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.
www.elpais.es 20.01.12
EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL
El instructor requiere que presenten una querella si quieren ser parte del caso 
El juez que instruye la causa por financiación ilegal del PP valenciano ha rechazado el intento del Partido Popular de personarse en el proceso como acusación sin presentar querella contra nadie en concreto, ni mencionar los delitos que presuntamente cometieron, ni dónde tuvieron lugar. El magistrado José Ceres ha rechazado, en un auto conocido ayer, el recurso presentado por el partido, y exige que especifique a los responsables que presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP ha recurrido la decisión a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La formación trata de evitar el trago de acusar a la cúpula de Camps
El PP logró personarse como acusación en el procedimiento original de Gürtel que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional. La actuación del PP como acusación -en una causa que investiga un vasto caso de corrupción vinculado a esa misma formación política- ha estado marcada por la insistente presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento. Han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la causa, Antonio Pedreira, instó al partido en julio de 2010 a terminar con la "batalla campal" de informes y contrainformes que había desatado.
El magistrado de Valencia José Ceres recuerda en su auto que la querella que el PP "de la Comunidad de Madrid" presentó en su día en la causa troncal de Gürtel, y con la que pretendía darse por personado también en Valencia, iba dirigida únicamente contra Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo. Y se limitaba solo a los supuestos delitos de "administración desleal, injurias, calumnias y denuncias falsas".
"No se menciona nada relacionado con los hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana", indica el juez. "Ni aparece mención de persona alguna, aforada o no, con intervención en hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana, no citándose ni mencionándose en momento alguno en el escrito de querella siquiera a la sociedad Orange Market [que administraba Álvaro Pérez El Bigotes], que es la protagonista principal de los hechos", agrega Ceres.
El, de momento, infructuoso objetivo del PP era personarse como acusación para tener acceso directo a la causa sin pasar el mal trago de tener que querellarse contra las cúpulas del PP valenciano y de la Generalitat que presidía, en ambos casos, Francisco Camps. En la causa por financiación ilegal están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional) y otros.
La causa incluye una pieza separada por delitos contra la Administración Pública: cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. En ella están imputados Rambla, Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya condenado en el caso de los trajes.
www.elpais.es 17.01.12

EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante
La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market".
La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat
Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.
En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que "presuntamente abonó a Orange 199.520 euros" es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.
En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y "cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española". Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que "investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse" en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.
El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.
Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona".
Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.
En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.
Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.
www.elpais.es 20.01.12
EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL
El instructor requiere que presenten una querella si quieren ser parte del caso
El juez que instruye la causa por financiación ilegal del PP valenciano ha rechazado el intento del Partido Popular de personarse en el proceso como acusación sin presentar querella contra nadie en concreto, ni mencionar los delitos que presuntamente cometieron, ni dónde tuvieron lugar. El magistrado José Ceres ha rechazado, en un auto conocido ayer, el recurso presentado por el partido, y exige que especifique a los responsables que presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP ha recurrido la decisión a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La formación trata de evitar el trago de acusar a la cúpula de Camps
El PP logró personarse como acusación en el procedimiento original de Gürtel que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional. La actuación del PP como acusación -en una causa que investiga un vasto caso de corrupción vinculado a esa misma formación política- ha estado marcada por la insistente presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento. Han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la causa, Antonio Pedreira, instó al partido en julio de 2010 a terminar con la "batalla campal" de informes y contrainformes que había desatado.
El magistrado de Valencia José Ceres recuerda en su auto que la querella que el PP "de la Comunidad de Madrid" presentó en su día en la causa troncal de Gürtel, y con la que pretendía darse por personado también en Valencia, iba dirigida únicamente contra Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo. Y se limitaba solo a los supuestos delitos de "administración desleal, injurias, calumnias y denuncias falsas".
"No se menciona nada relacionado con los hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana", indica el juez. "Ni aparece mención de persona alguna, aforada o no, con intervención en hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana, no citándose ni mencionándose en momento alguno en el escrito de querella siquiera a la sociedad Orange Market [que administraba Álvaro Pérez El Bigotes], que es la protagonista principal de los hechos", agrega Ceres.
El, de momento, infructuoso objetivo del PP era personarse como acusación para tener acceso directo a la causa sin pasar el mal trago de tener que querellarse contra las cúpulas del PP valenciano y de la Generalitat que presidía, en ambos casos, Francisco Camps. En la causa por financiación ilegal están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional) y otros.
La causa incluye una pieza separada por delitos contra la Administración Pública: cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. En ella están imputados Rambla, Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya condenado en el caso de los trajes.
www.elpais.es 17.01.12
EL JUEZ IMPUTA EN GÜRTEL A OTROS TRES ALTOS CARGOS DE LA GENERALITAT
El magistrado cree que pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos a 'El Bigotes'
El juez José Ceres ha imputado a otros tres altos cargos de la Generalitat en el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel que instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat; Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico.
El magistrado cree, "dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias", que los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación a Orange Market, la sociedad de la trama corrupta que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, de los contratos de organización y montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur.
La red que lideraba Francisco Correa obtuvo casi cinco millones de euros por la adjudicación del pabellón de la Generalitat cinco años seguidos, de 2005 y 2009. La investigación ha revelado que, en unos casos, los miembros de la trama mafiosa conocían las bases oficiales de la adjudicación semanas antes de que fueran publicadas, lo que les permitía elaborar propuestas ganadoras frente al resto de competidores. Y en otros, que la oferta de Orange Market se alzaba con los cuantiosos contratos a pesar de no reunir los requisitos o hacer la oferta más cara.
En la enrevesada trayectoria procesal del caso Gürtel, el TSJ valenciano decidió asumir, por separado, la competencia de dos de sus ramales. El primero es el que sentará en el banquillo el próximo 12 de diciembre al expresidente Francisco Camps y al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa por haber aceptado supuestamente dádivas de la trama.
El segundo, en el que han sido imputados los tres nuevos altos cargos, contiene la aparentemente irregular concesión de los contratos de Fitur y, al mismo tiempo, la financiación ilegal del PP (delito electoral), que habría incluido la falsificación en documento mercantil.
En esta segunda y central vertiente del caso Gürtel valenciano ya estaban imputados buena parte de la plana mayor del PP regional y del Gobierno de Camps: Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP); Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera de Turismo); Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de Turismo) y, de nuevo, Costa.
En la providencia que comunica las nuevas imputaciones, que lleva fecha de 11 de noviembre, el magistrado indica que El Bigotes y Cándido Herrero (empleado de la trama) hablan sobre Dora Ibars en una conversación telefónica que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2008 y que fue intervenida por la policía. De su contenido, concluye el juez, "y sin perjuicio de lo que resulte, se puede inferir un no descartable grado de conocimiento o participación en los hechos relativos a una negociación previa que pudiera, en su caso, posibilitar una ventaja o facilitación del direccionamiento de la contratación administrativa mencionada [adjudicación de Fitur] a favor de Orange Market".
El magistrado señala, respecto a Isaac Vidal y Jorge Guarro, que ambos participaron en la elaboración de los pliegos de condiciones del concurso, estableciendo "criterios de adjudicación de influencia decisiva". Al mismo tiempo, participaron en la mesa de contratación que elegía entre las ofertas presentadas; y emitieron informes que fueron "determinantes para la propuesta" que dicha mesa elevó a la Agencia Valenciana de Turismo, sobre la base de la cual se adjudicaron los contratos a Orange Market.
El juez pide en la misma resolución a Presidencia de la Generalitat y a la Consejería de Turismo que amplíen la información sobre cómo se formaban las mesas de contratación investigadas y qué criterio se utilizaba para elegir a sus integrantes.
www.elpais.es 18.11.11
CAMPS OCULTÓ UNA LICITACIÓN DE 500.000 EUROS EN BENEFICIO DE LA 'GÜRTEL'
Orange Market no tuvo competidores para organizar la Volvo Ocean Race
El Govern del expresident valenciano Francisco Camps ocultó la existencia de un contrato público de medio millón de euros para conseguir así que sólo la trama Gürtel optara al mismo. Se trata de la organización de la ceremonia de inauguración de la Volvo Ocean Race o Vuelta al Mundo a Vela, que en octubre de 2008 salió desde Alicante. Orange Market, la filial de la trama en Valencia, consiguió el contrato después de que la empresa pública encargada de otorgarlo redujera la exigencia que marca la ley de publicidad y libre concurrencia a sólo tres días de exposición en una web que no es la habitual para este tipo de anuncios.
Así lo muestra la documentación que, tras dos años y medio de espera y continuas peticiones, fue proporcionada el pasado lunes a EUPV, la marca autonómica de IU. Hasta ahora, se conocía que la Generalitat había privilegiado presuntamente a la trama a través del trasvase de información, el amaño de procesos de selección o el troceamiento de grandes contratos en pequeñas facturas. El contrato exhibido por EUPV muestra que la ocultación de licitaciones fue otra de las técnicas supuestamente utilizadas.
EUPV recibe facturas de la trama tras dos años de peticiones y esperas
Orange Market recibió el encargo de organizar la ceremonia de inauguración por 445.000 euros. Lo llamativo es que, pese a que el Govern valenciano anunció la celebración de este evento en esta ciudad ya en junio de 2006, los trámites para la adjudicación del contrato no se iniciaron hasta el 20 de agosto del año 2008, un mes y dos días antes de la fecha señalada para el inicio de los fastos.
La tardanza sirvió de excusa para las prisas en la contratación que, a su vez, beneficiaron a Orange Market. La empresa pública que otorgó el contrato, la desaparecida Societat de Promoció Estratègica de la Comunitat Valenciana, redujo a su mínima expresión los requisitos de publicidad, transparencia, libre concurrencia y no discriminación que la ley exige para la contratación pública. Así, la manera elegida para encontrar a la empresa adecuada fue seleccionar a tres posibles candidatos y pedirles directamente una oferta. De los tres elegidos, sólo Orange Market accedió a participar en el concurso. A falta de otras opciones, la filial de la trama Gürtel se hizo con el contrato.
Este procedimiento podía resultar ilegal, ya que la ley obliga a garantizar la libre concurrencia. Tal vez por ello la Societat de Promoció Estratègica añadió al proceso una nueva fase. Decidió publicitar el anuncio de la adjudicación, pero sólo lo hizo durante tres días laborables. Además, el lugar elegido para exponer la oferta no fue el que las empresas interesadas habrían esperado, esto es, el perfil del contratante. En la documentación a la que EUPV ha tenido acceso, la Societat de Promoció Estratègica argumenta que su web "no se encontraba operativa". Se opta entonces por exhibir el anuncio en la web del evento, "Alicante 2008, Vuelta al Mundo a Vela". El resultado es que ninguna empresa presentó oferta alguna.
Hay contratos menores troceados para evitar el concurso público
Libre de competidores, Orange Market se hizo con el contrato. La firma se produjo el 12 de septiembre, sólo diez días antes de la celebración de la ceremonia de inauguración, que tuvo lugar el 22 de septiembre en el puerto de Alicante. La rapidez con la que la empresa adjudicataria organizó un evento de tales dimensiones, uno de los proyectos estrella de la Generalitat, sorprendió el lunes a EUPV: "¿Puede una empresa montar en diez días (desde la adjudicación del contrato) un "sarao" de 445.000 euros? Orange Market sí", comentó en su cuenta de Twitter el diputado Ignacio Blanco.
El sumario del caso Gürtel muestra que el presunto trato de favor a Orange Market fue habitual. En 2005, la empresa consiguió el contrato de montaje del stand del País Valencià en la feria de turismo Fitur gracias a la información privilegiada que le llegó desde correos electrónicos de la Conselleria de Turisme, según un informe policial. Tres altos cargos de los gobiernos de Camps entre ellos, su último vicepresidente Vicente Rambla están siendo investigados por presunta prevaricación y cohecho en relación a este asunto. El Tribunal Superior de Justicia valenciano investiga, además, la posible financiación ilegal del PP gracias a la intermediación de Orange Market.
La trama recibió el encargo de un gran evento diez días antes de la cita 
La documentación recibida por EUPV muestra que Orange Market también se benefició de una larga lista de pequeños contratos que, al ser de cuantía inferior a 12.000 euros, no precisan de concurso ni publicidad previa. En cinco ocasiones, la empresa organizó eventos en los que el importe de sus servicios superó esa cantidad, pero la Generalitat troceó el gasto total en varios contratos. De esta forma se eludió la libre concurrencia.
En la documentación también abundan las facturas incompletas, en las que se cobran elevadas cantidades por conceptos que no están suficientemente precisados. Una de ellas recoge el cobro de 5.452 euros a la Conselleria de Educació por el "diseño de la página web", sin detallar cuál. En otra ocasión se cita la "creatividad" como uno de los conceptos de un contrato de 163.181 euros
www.publico.es 05.10.11
LA OPOSICIÓN YA TIENE LOS CONTRATOS DEL TRATO DE FAVOR DE CAMPS A LA RED GÜRTEL
Los encargos a la empresa que dirigía El Bigotes suman siete millones de euros
Los documentos a los que ayer tuvieron acceso los diputados de Esquerra Unida del País Valencià, tras haberlo solicitado en las Cortes Valencianas, ratifican que la Administración que presidía Francisco Camps otorgó a la empresa Orange Market contratos por un valor cercano a los siete millones de euros entre 2004 y 2009. En total fueron una veintena de adjudicaciones (algunas troceadas en varios contratos para no superar el límite y evitar el concurso público) a la sociedad que hacía de cabeza visible de la red Gürtel en Valencia. Al margen de estos, la Administración autonómica adjudicó a la misma empresa los concursos para la creación de los expositores de la Feria de Turismo, Fitur, durante cinco años. La empresa cobró de la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps más de siete millones de euros.
Los parlamentarios constatan que hubo fraccionamientos de contratos
Los papeles revelan la "connivencia con una empresa corrupta", dice EUPV
El Consell facilitó copia de la documentación a los diputados
Presidencia acusa a la oposición de falta de seriedad porque los datos se conocían
La mayoría de los contratos son menores, es decir, se realizaron sin pasar por el trámite del concurso o el procedimiento negociado, como destacaron ayer en sus primeras declaraciones los parlamentarios que los consultaron. El informe de la Unidad de Auxilio Judicial realizado en 2010 ya expuso que en varias ocasiones hubo un fraccionamiento en el pago "con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación, por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia". Este es el caso, por ejemplo, del Congreso de Software libre celebrado en Castellón en 2005 y adjudicado por la Consejería de Educación. Orange Market presentó hasta cuatro facturas que, en total, ascienden a un total de más de 48.000 euros. Por separado, ninguna suma más de 12.000 euros. Aún así, la sociedad no tuvo reparos en utilizar el mismo concepto en, al menos, dos de las facturas por el "alquiler, transporte y montaje moqueta en 22 stands".
También se fragmentaron los pagos por el servicio que prestó Orange Market a la vicepresidencia del Gobierno valenciano y a la consejería de Justicia en un acto celebrado en 2007. Por una parte facturó 11.000 euros por el "montaje y desmontaje del acto" y, por otra, otros 8.000 por el "material audiovisual y personal técnico" del mismo.
Entre los "encargos" hechos por la Generalitat Valenciana a Orange Market aparecen cosas tan diversas como un millar de carteras porta documentos y serigrafiadas con motivo del Congreso Familia y Escuela, celebrado en noviembre de 2006, que costaron a las arcas públicas 9.860 euros. Para ese mismo evento la sociedad que encabezaba Álvaro Pérez, El Bigotes, presentó otra factura por 1.972 euros por otro millar de "receptores de radio y sus pilas".
Además de los contratos menores hay otros que se adjudicaron tras un procedimiento negociado, que se realiza tras la solicitud de tres presupuestos a firmas diferentes para posteriormente elegir el mejor. Es el caso de un contrato de Vaersa, por un valor de 120.000 euros. Pero también en este, el informe pericial sostiene que hubo irregularidades, ya que las otras dos empresas a las que se pidieron ofertas formaban parte de la trama. "Dadas las relaciones que existen entre ellas y la falta de independencia real, se habrían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia", recoge el informe. Los documentos, dijo el diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco, revelan la "connivencia de la Generalitat con una empresa que solo se puede calificar de corrupta". Blanco, junto a la coordinadora de la formación, Marga Sanz, y al también diputado Lluís Torró, pudieron consultar y después llevarse fotocopiados 134 folios de documentación sobre las relaciones de la Administración valenciana con la empresa Orange Market entre 2005 y 2009. La documentación, que había sido reiteradamente solicitada sin éxito, como reconoció el diputado tras dedicar unas horas a su estudio, está toda contenida en el sumario del caso Gürtel, pero viene a confirmar por primera vez de manera oficial, desde la propia Generalitat, la extensa relación contractual con la terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Álvaro Pérez por cuenta del cabecilla de la red, Francisco Correa.
Hasta ahora, los contratos con la trama solo habían salido de los archivos de la Generalitat por orden judicial y el expresidente valenciano Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, había impedido facilitar cualquier información a la oposición. Ayer, en las oficinas de la Consejería de Presidencia, los diputados de Esquerra Unida no tuvieron acceso a las actas de las mesas de contratación, como destacó el propio Blanco. Pese a ello, "los documentos confirman lo que ya sospechábamos de las estrechas relaciones de Orange Market con el PP y de cómo se utilizó la Administración para contratar a 'amiguitos del alma", comentó el diputado.
Desde la Consejería de Presidencia, que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, se acusó a Esquerra Unida de hacer "demagogia" y de "falta de seriedad" porque toda la documentación entregada a los diputados "en su momento fue facilitada a los tribunales y forma parte de un sumario judicial que es público". El Gobierno de Fabra ha empezado también a responder por escrito a peticiones de información formuladas por la oposición, aunque las respuestas todavía no han llegado a los solicitantes en su tramitación en las Cortes.
www.elpais.es 04.10.11
EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE ACLARE QUIÉN LE FINANCIÓ EN 2008 
"El entramado de su campaña electoral huele que apesta"  
Los socialistas exigen al líder del PP, Mariano Rajoy, que explique "quién o quiénes" financiaron los actos en Valencia de la campaña del PP para las elecciones del 9 de marzo de 2008, en la que él participó y dio mítines. La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por delito electoral ante el Tribunal Superior de Madrid (Véase EL PAÍS de ayer) contra 16 personas -entre ellas, cuatro diputados del PP valenciano y cinco empresarios contratistas de esa comunidad- en relación con los actos de las elecciones generales de 2008. Los preparativos y escenarios desde los que Rajoy dio sus mítines en Valencia fueron montados por la red Gürtel, la trama corrupta vinculada al PP y, según Anticorrupción, los gastos fueron pagados en parte por empresas adjudicatarias de contratas del Gobierno valenciano. Tanto Rajoy como su partido permanecieron ayer mudos frente a estas acusaciones. 
La corrupción ya afecta al 25% de los diputados del PP de Valencia
Los populares guardan silencio ante las acusaciones de la Fiscalía 
Antonio Hernando, vicecoordinador de la campaña de Alfredo Pérez Rubalcaba para el próximo 20-N, señaló ayer: "Antes de que empiece una nueva campaña electoral, Mariano Rajoy debe dar explicaciones (...) Debe decir cómo se financió esa campaña, quién o quiénes pusieron dinero para pagar actos de campaña y quién era el administrador electoral a quien él nombró siendo candidato. Ya no se trata", añadió Hernando, "de tres trajes, sino de algo mucho más grave y sucio, como es la financiación ilegal de una campaña electoral". 
En este momento, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia investiga un supuesto delito electoral cometido en la campaña de 2007, en la que el PP se hizo con mayoría absoluta en el Parlamento valenciano. Es previsible que el Superior de Madrid remita esta nueva denuncia de la Fiscalía, para su acumulación, a su homónimo valenciano.
Según informes de Hacienda y de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía, el PP de Valencia pudo financiarse ilegalmente en ambas campañas. ¿Cómo? Al menos cinco grandes empresas de esa comunidad -Facsa, Sedesa, Piaf, Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos; el patrón de esta última también está implicado en el caso Brugal- abonaron presuntamente a la empresa corrupta Orange Market gran parte de los actos electorales que esta firma preparó para el PP de Valencia. Orange Market habría camuflado esos pagos con facturas falsas por servicios no prestados a esas empresas, y con el dinero se habría cobrado los actos que hacía para el PP. Orange Market era la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, "el amiguito del alma" del expresidente valenciano Francisco Camps, quien dimitió el pasado julio acusado de recibir regalos de trajes y joyas de la red Gürtel. 
Hernando, que califica estos hechos de "muy graves", señala: "En 2008, Rajoy fue el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, participó en una campaña electoral que se pudo financiar ilegalmente, con dinero oscuro (...)". "Todo ese entramado de financiación, corrupción, favores, contratos públicos, huele que apesta", destaca Hernando, y añade: "El señor Rajoy debe una explicación a los electores y a los militantes que le votaron y que participaron en sus actos, sin saber cómo se pagaban y de dónde procedía el dinero". Según Hernando, Rajoy "debería saber que un candidato debe dar explicaciones" si se descubre que el acto en el que interviene -"un gran mitin, bien organizado, con publicidad, con un escenario impresionante, y lleno de gente que ha viajado en autobuses"- ha sido "pagado con dinero sucio". 
Además, el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes valencianas, Francisco Toledo, pidió al actual presidente de Valencia, Alberto Fabra, que "tome una decisión" sobre "los cuatro diputados valencianos acusados de nuevos delitos por Anticorrupción". Toledo señaló: "De los 55 diputados del PP, un total de 14, el 25%, están imputados o implicados en graves casos de corrupción, y el candidato nacional del PP mira hacia otro lado". Y cifra "en más de un millón de euros la cantidad que el PP pudo obtener" ilícitamente "por actos en los que participó Rajoy" en 2008. 
www.elpais.es 16.08.11 
"VENTAJISMO ELECTORAL" 
La diputada y coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, lamentó ayer que el PP tuviese "ventaja" en las elecciones de 2008 gracias a una supuesta financiación ilegal, por lo que ha pedido que se investiguen las denuncias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Superior de Madrid. 
Sanz explicó que la denuncia indica que al menos un millón de euros provenientes del PP valenciano y de empresas contratistas de la Generalitat fueron a parar a los actos electorales de la campaña de Mariano Rajoy en 2008. "Es absolutamente antidemocrático e ilegal que la derecha se presente a las elecciones con una ventaja económica de al menos un millón de euros", dijo. 
Sanz añadió: "A pesar del maquillaje que está aplicando ahora Alberto Fabra [actual presidente de la Comunidad Valenciana], el PP valenciano es un partido berlusconiano". Y se preguntó: "¿Cómo se explica si no que abonara en su momento 405.450 euros con fondos opacos? ¿De dónde sacaban los conservadores valencianos casi medio millón de euros opacos?". 
www.elpais.es 16.08.11
EL PSOE PIDE DECISIONES POR LOS CUATRO DIPUTADOS INVESTIGADOS POR DELITO ELECTORAL 
El PSOE pide explicaciones al líder del Partido Popular sobre la campaña electoral de 2008. "Antes de que empiece una nueva campaña electoral, Mariano Rajoy debe dar explicaciones respecto a la campaña electoral del 2008", ha declarado el vicecoordinador de la campaña socialista, Antonio Hernando. "Rajoy debe decir cómo se financió esa campaña, quién o quiénes pusieron dinero para pagar actos de campaña y quién era el Administrador electoral a quien él nombró siendo candidato. Ya no se trata de tres trajes sino de algo mucho más grave y sucio como es la financiación ilegal de una campaña electoral", ha añadido. 
El líder del PP "debe una explicación a los electores y a los militantes que le votaron y que participaron en sus actos, sin saber cómo se pagaban y de dónde procedía el dinero", ha remarcado Hernando. "Debería saber que cuando un candidato va un gran mitin, bien organizado, con muchos medios y mucha publicidad, con un escenario impresionante, y que está lleno de gente que ha viajado en autobuses, si se descubre que todo ese montaje ha sido pagado con dinero sucio tiene que dar explicaciones, es lo mínimo que se le puede exigir a un candidato que se vuelve a presentar a las elecciones", ha insistido. 
La presencia en el Congreso de los cuatro diputados valencianos acusados de delitos electorales es "una burla" a los ciudadanos, según el portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento autónomo, Francisco Toledo, que ha exigido a Mariano Rajoy y al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "tomen una decisión" al respecto. 
Ya no se trata de tres trajes sino de algo mucho más grave 
"De los 55 diputados del PP un total de 14, el 25%, están imputados o implicados en graves casos de corrupción, y el candidato nacional del PP mira hacia otro lado", ha señalado Toledo, que se ha referido a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de 16 personas por actos electorales de Rajoy de 2008. 
Los socialistas valencianos critican que, mientras "el Tribunal Superior de Justicia Valenciano ya investiga la presunta financiación ilegal del PP en los comicios autonómicos de 2007", los nuevos indicios "cifran en más de un millón de euros la cantidad que el partido pudo obtener por el mismo sistema ilícito para actos en los que participó Rajoy en su última campaña". Por ello, creen que el líder popular debe "salir inmediatamente de su plácido escondite vacacional y dar la cara" ya que la investigación "le afecta directamente y pone en tela de juicio su propia campaña electoral y la ética de su partido".  
El hecho de que Rajoy pudiera haberse beneficiado de Gürtel puede explicar por qué encubrió durante más de dos años a Camps 
"El hecho de que Rajoy pudiera haberse beneficiado de Gürtel directamente puede explicar por qué encubrió durante más de dos años a Francisco Camps", ha añadido el diputado socialista, que considera que el Partido Popular "ha instaurado en la Comunitat Valenciana un sistema generalizado de corrupción y el caso de los trajes solo era la punta del iceberg". 
Si Alberto Fabra "continúa negando la realidad y comete los mismos errores que cometió Camps", su destino será el mismo, ha señalado Toledo, que dice que el caso Gürtel "no está muerto, está más vivo que nunca y solo acabará cuando todo esté investigado y juzgado". 
Izquierda Unida, por su parte, ha tildado de "antidemocrático" que el PP concurra a las elecciones "con una ventaja de un millón de euros". La portavoz de en las Cortes valencianas, Marga Sanz, ha añadido que, "a pesar del maquillaje que está aplicando ahora Alberto Fabra, el PP valenciano es un partido berlusconiano". "¿Cómo se explica si no que abonara en su momento 405.450 euros con fondos opacos? ¿De dónde sacaban los conservadores valencianos casi medio millón de euros opacos?", se ha preguntado. 
www.elpais.es 15.08.11 
ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA A 16 PERSONAS POR ACTOS ELECTORALES DE RAJOY DE 2008 
La Fiscalía Anticorrupción acusa a cuatro diputados del PP, cinco empresas y la cúpula de la red Gürtel 

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 16 personas por supuesto delito electoral relacionado con las elecciones del 9 de marzo de 2008. La denuncia, remitida a las partes del caso Gürtel, afecta a cuatro diputados del PP valenciano, cinco empresarios de esa comunidad, todos ellos contratistas de la Administración autonómica y seis miembros de la red corrupta. 
El delito que Anticorrupción atribuye a estas personas viene recogido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: “Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas”. 
El relato de Anticorrupción, que ya ha presentado otros escritos por idénticos delitos relacionados con campañas electorales municipales y autonómicas en Valencia, se refiere a la supuesta financiación ilegal de actos en los que participó Mariano Rajoy durante su campaña como candidato a la presidencia del Gobierno en 2008. Rajoy perdió esas elecciones a las que se presentaba como número 1 de su partido por segunda vez. 
El escrito de la fiscalía, de 12 folios, incorpora crónicas periodísticas de dos mítines de Rajoy en Valencia y Alicante que supuestamente fueron pagados por contratistas de la Generalitat Valenciana y ejecutados por Orange Market, la empresa de la red Gürtel que se encargaba de los actos del PP en esa comunidad y, a la vez, recibía decenas de contratos del Gobierno de de Francisco Camps. 
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene abierta una causa por este mismo motivo que afecta a la campaña de 2007, donde el PP ganó por mayoría absoluta las elecciones autonómicas. El juez que instruye el caso ha pedido informes al Tribunal de Cuentas sobre los gastos e ingresos del PP en aquel año. 
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción pide que el Tribunal Superior de Valencia se haga cargo de este caso y relata las averiguaciones de la policía con documentación incautada en la sede de Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, el Bigotes, que se hizo muy amigo del expresidente Francisco Camps tras establecerse en esa comunidad a partir de 2005. La operativa que relata la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que al menos cinco empresas —Facsa, Sedesa, Lubasa , Piaf y Enrique Ortiz e Hijos— pagaron actos electorales que convocó el PP durante la campaña de las generales de 2008. 
Estas empresas ingresaban el dinero para esos actos en las cuentas de Orange Market, la sociedad que montaba los escenarios de los distintos mítines del PP. 
Para camuflar esta financiación ilegal de la actividad electoral del PP en la Comunidad Valenciana, Orange Market emitía facturas por servicios no prestados a las empresas contratistas que pagaban realmente los gastos de los mítines que Rajoy daba en Valencia.
Anticorrupción describe así los supuestos hechos delictivos: “Los servicios electorales contratados por el PP eran abonados por personas distintas al verdadero deudor o con fondos opacos. Para encubrir los pagos de los servicios prestados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana por entidades distintas del deudor, se habrían emitido facturas por Orange Market a las sociedades pagadoras a sabiendas de que no respondían a operaciones realmente mantenidas entre ellas”. 
La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito a los empresarios Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Ortiz (de la sociedad del mismo nombre) y a las firmas PIAF, Lubasa y Sedesa como pagadores de cantidades de dinero a Orange Market que en realidad encubrían la financiación de actos electorales del PP, en alguno de los cuales el protagonista principal era Mariano Rajoy, que presentaba su candidatura a la presidencia del Gobierno. 
Un millón de euros en dinero opaco o de otros 
El PP hizo actos electorales durante la campaña de las generales de 2008 por valor de casi 1,8 millones de euros en la Comunidad de Valencia, pero al menos un millón fueron pagados con dinero opaco del propio PP o con dinero de cinco empresas contratistas de la Administración autonómica valenciana. 
En la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido no investigar este presunto delito electoral sobre actos del PP en 2008 y si otros delitos relacionados con las mismas prácticas (falsedad en documento mercantil). 
El Tribunal Valenciano aducía que de lo investigado no se podía concluir que existiera ese delito electoral en 2008. Anticorrupción señala ahora: “Esa objeción ha quedado superada por el informe de la Agencia Tributaria emitido el 8 de julio de 2011 que expone que el importe de los servicios prestados por Orange Market (la filial valenciana de la red corrupta) en 2008 al Partido Popular de la Comunidad Valenciana habría ascendido a 1,78 millones de euros mientras que solo le facturó 612.322 euros. El resto de la deuda de esa formación política, más de un millón de euros, “parece haber sido abonada, al menos en parte, por el propio partido con fondos opacos (405.450 euros) así como por las empresas (Piaf, Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz y Facsa)”, según explica el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. 
El fiscal sostiene en su argumentación jurídica que la Agencia Tributaria ha logrado demostrar que estos pagos irregulares corresponden a “actos de campaña vinculados a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008”. 
Anticorrupción detalla en el documento remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de dónde saca esta conclusión: “Esto se infiere del propio concepto que se refleja en el archivo (incautado en la sede de Orange Market) con fechas de 22 de febrero a 9 de marzo de 2008 (en plena campaña electoral) con los nombres “acto IFA Alicante”, “cierre de campaña”, “plaza de toros”. La Fiscalía ilustra sus afirmaciones con recortes de prensa: “Alguno de esos actos pueden localizarse en publicaciones de esas fechas”, de las que se aportan fotocopias en el escrito. 
www.elpais.es 15.08.11
FABRA ASEGURA QUE GÜRTEL "HA QUEDADO ATRÁS" Y APELA A NO "HURGAR EN EL PASADO" 
El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, se pronunció ayer, por primera vez desde su designación, sobre el caso Gürtel y la dimisión de su predecesor en ambos cargos, Francisco Camps, por su implicación en ese asunto de corrupción. A pesar de que Camps será juzgado en otoño tras ser acusado de recibir regalos de la trama corrupta, el nuevo titular del Consell, en una entrevista concedida a Europa Press, afirma que el caso Gürtel "ha quedado atrás" y apela a "no hurgar en el pasado". 
Fabra pretende así dar por zanjado un asunto que afecta de lleno al partido y al Gobierno que preside, así como al grupo parlamentario de las Cortes Valencianas, donde los escaños de la bancada popular dan cobijo a numerosos imputados en este y en otros casos de corrupción.
Con su dimisión, Camps tomó "una decisión valiente, difícil de ver en el panorama político español", sostiene Fabra, para "evitar que alguien pudiera poner en tela de juicio su honorabilidad, la de la institución o la del partido". Respecto a la posibilidad de que el juicio a Camps por el caso de los trajes pueda distorsionar la campaña electoral de los comicios generales del 20 de noviembre, Fabra afirma que la dimisión de Camps ha dejado a algunos "con el pie cambiado" porque "era el único argumento político que usaban estos años". Y añade: "Ahora ya no saben de qué hablar y algunos intentarán alargar, estirar esta situación". A pesar de ello, el titular del Consell se muestra convencido de que la Comunidad Valenciana "ha dado un paso" y ha dejado la situación "atrás, que ya no existe". 
La decisión de dimitir "es muy difícil de tomar, sobre todo cuando estás convencido de que eres inocente", dice Alberto Fabra, y merece "el reconocimiento de todos".Sobre las recientes declaraciones del presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, quien dijo que el exjefe del Consell podría volver a la primera línea de la política, Alberto Fabra afirma en la entrevista que la política "necesita grandes políticos" y subraya que Camps "lo es", al tiempo que se muestra convencido de que "saldrá absuelto y será declarado inocente". En opinión del actual presidente del Consell, "la política no puede desaprovecharlo en estos momentos de extremas dificultades", porque es "uno de los mejores". 
Las reacciones a las declaraciones de Fabra no se hicieron esperar. La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas Carmen Ninet, recomendó a Fabra que "asuma la realidad de su partido, ya que su antecesor también empezó negándola y tuvo que irse ante la mentira". Y le advirtió de que "se topará de bruces con la realidad cuando acepte que uno de cada cuatro de los diputados de su partido están implicados en casos de corrupción", para considerar acto seguido "intolerable" que el PP valenciano "haya estado utilizando las Cortes para aforar a los cargos que tenían pendiente un desfile por distintos tribunales". Hasta que eso no suceda, afirmó Ninet, "continuaremos sin saber qué piensa hacer un Fabra que cada vez se parece más a Rajoy, porque dice mucho, una cosa y la contraria, pero no hace nada". 
Crisis interna 
En la entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, se refiere también a la crisis interna de su partido y afirma que las voces críticas han sido más "sobre las formas que sobre el fondo", al tiempo que niega que en el PP existan "familias". 
Preguntado sobre si abrirá la puerta del partido a los militantes que se han ido en los últimos años, Fabra señala que "aquellas personas que han ido contra el partido lo van a tener difícil porque han demostrado que no están dispuestas a sumar". En este capítulo no incluye al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, que ha demostrado que es "un activo del partido", según Fabra, quien añade que hay que contar con las personas "válidas". "Ripoll ha tenido prestigio allá donde ha estado y seguro que tendrá un espacio donde seguir generando oportunidades y defender el proyecto de todos los valencianos en el lugar que le corresponde", subraya Fabra. 
www.elpais.es 14.08.11
LA JUSTICIA RATIFICA LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE CAMPS POR CORRUPCIÓN
El día que Francisco Camps fue investido de nuevo presidente de la Generalitat valenciana, los jueces le recordaron que los numerosos problemas judiciales con los que cerró la pasada legislatura permanecen intactos. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ratificó, en un auto fechado el martes y hecho público ayer, su decisión de encausar por graves delitos de corrupción vinculados a la trama Gürtel a la cúpula del PP regional y a figuras clave de su Gobierno, incluidos su vicepresidente primero, Vicente Rambla, y la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez.
La Sala Civil y Penal rechazó los recursos de las partes y confirmó la imputación por financiación ilegal (delito electoral) y falsificación en documento mercantil de Rambla, Ricardo Costa (diputado y ex secretario general del PPCV, cuyo nombre suena para integrar el nuevo Ejecutivo de Camps), David Serra (vicesecretario del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano) y Luis Bárcenas (extesorero nacional del PP).
Los jueces imputan esos mismos dos delitos a los cabecillas de la red mafiosa y a los gestores de ocho constructoras que presuntamente sufragaron ilegalmente actos electorales del PP.
Empresas implicadas
Entre las empresas figuran la de Enrique Ortiz (imputado a su vez en el caso Brugal y por amañar supuestamente el urbanismo de Alicante en connivencia con la alcaldesa y diputada, Sonia Castedo) y el Grupo Sedesa, propiedad del vicepresidente tercero del Consell y nuevo presidente de las Cortes, Juan Cotino.
El TSJV se reafirmó igualmente en la imputación por cohecho y prevaricación de Rambla, Martínez y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo, a punto de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes) por la adjudicación a la trama del montaje de un pabellón en Fitur cinco años seguidos. El auto contiene un voto particular del magistrado Juan Montero, contrario a la imputación de Rambla y Martínez por cohecho y prevaricación.
La sala mantiene el criterio de asumir los supuestos delitos en los que hay aforados. El resto de hechos aparentemente criminales (la visita del Papa, por ejemplo) son remitidos para ser enjuiciados junto al grueso del caso Gürtel, que previsiblemente acabará en la Audiencia Nacional. Frente a los recursos, especialmente los del PP y Álvaro Pérez, El Bigotes, que alegaban defectos de tramitación, el tribunal entiende "que las circunstancias y vicisitudes procesales que relataban no era impedimento del deber que a esta sala asistía" de asumir la competencia de la inhibición dictada por el juez Antonio Pedreira.
www.elpais.es 17.06.11
EL TSJ OBLIGA AL CONSELL A INFORMAR A LA OPOSICIÓN DE CONTRATOS CON GÜRTEL
Compromís vio rechazadas 1.508 peticiones de documentación
El Gobierno que preside Francisco Camps está obligado a entregar a la oposición la documentación que solicitó sobre los contratos de las diferentes consejerías con empresas de la trama Gürtel entre los años 2003 y 2008. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en respuesta a un recurso contencioso-administrativo de la Coalició Compromís. Según la sentencia, la comunicación del vicepresidente segundo del Consell y consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, del 15 de septiembre de 2009, en la que rechazaba aportar la documentación requerida sobre contratos de la Generalitat con la trama Gürtel porque estaba afectada por el secreto del sumario, es "contraria a la Constitución, viniendo obligado a facilitar la información en los términos solicitados".
"Los que iban a morir te saludan", exclama Mireia Mollà en alusión al PP
La diputada de Compromís Mònica Oltra, que fue también la letrada que presentó el recurso, explicó ayer que la sentencia señala que fue inconstitucional la denegación por parte del vicepresidente Económico, Gerardo Camps, de la documentación solicitada por su formación. Compromís pretendía conocer los contratos menores establecidos por la Generalitat con una decena de empresas de la red de corrupción que dirigía Francisco Correa, entre ellas Orange Market, la sociedad que gestionaba Álvaro Pérez, pero también otras como Down Town Consulting, Easy Concept, Boomerang Drive, Special Events o Pasadena Viajes.
"Con esta sentencia, el Consell tiene que contestar", explicó la diputada electa Mònica Oltra, que añadió que la legislatura todavía está viva hasta el jueves, día de la constitución de las nuevas Cortes. Si el Consell no lo hace, Compromís, como anunció su portavoz, Enric Morera, volverá a presentar la solicitud de documentación, que ahora cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia. "El PP no va a poder salirse por peteneras", comentó Oltra, que recordó las cinco sentencias del Tribunal Constitucional que ha acumulado la Mesa de las Cortes Valencianas, controlada por el PP, esta última legislatura por vulnerar los derechos de los diputados al impedir la tramitación de iniciativas en muchos casos relacionadas con el caso Gürtel.Según explicó Mònica Oltra, cuando empezaron a producirse las sentencias del Tribunal Constitucional por vulnerar derechos de los diputados por la inadmisión de propuestas molestas, lo que hizo el PP fue admitir a trámite las iniciativas pero contestar cosas distintas a las que la oposición solicitaba o rechazar las peticiones de documentación. En el caso de las 1.508 solicitudes de documentación recurridas por Compromís, el vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, se escudó en que la investigación del caso Gürtel estaba bajo secreto de sumario. El TSJCV, sin embargo, considera que incurrió en una ilegalidad al denegar los documentos. "Siendo el fundamento de la información solicitada el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa carente de legitimidad, la conclusión ha de ser declarativa de la vulneración constitucional postulada", señala la sentencia del TSJCV.
"Tenemos la férrea voluntad de seguir defendiendo los derechos de los valencianos", señaló Oltra durante la rueda de prensa de presentación de los componentes del nuevo grupo parlamentario de Compromís en las Cortes Valencianas. La diputada señaló que la sentencia del TSJCV, en la que se recoge que el control del Gobierno es una función parlamentaria "básica" que está "garantizada por la Constitución", va a "marcar la legislatura", ya que a partir de ahora el Consell no podrá esquivar las peticiones de información que formule la oposición.
"No ha sido casual", advirtió Oltra sobre la sentencia, que recordó que es uno más de los frutos del trabajo desarrollado por el grupo de Compromís. Su portavoz, Enric Morera, expresó el sentir de los diputados de la coalición al afirmar. "El PP tendrá que soportarnos cuatro años más pero los ciudadanos estarán contentos de ver que podemos trabajar por una alternativa a las políticas de derecha y antivalencianas". La diputada Mireia Mollà fue más expresiva aún. "Los que iban a morir te saludan", exclamó al inicio de su intervención, en referencia a las numerosas veces que tanto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como el portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, y otros diputados del PP, dieron a su grupo por amortizado tras las elecciones del 22 de mayo.
El grupo parlamentario de Compromís, que estuvo la pasada legislatura, tras la ruptura con Esquerra Unida, integrado por cuatro diputados, contará en el mandato que se abrirá mañana con seis diputados. A Enric Morera, Mònica Oltra, Josep Maria Pañella y Mireia Mollà, se unen Fran Ferri y Juan Ponce. Los temas de juventud en el caso de Ferri y los relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, en el caso de Ponce, serán los asuntos que centrarán la atención de los dos nuevos parlamentarios de la coalición valencianista, de izquierdas y ecologista.
www.elpais.es 08.06.11
EL TRIBUNAL DE VALENCIA ABRE CAUSA POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS
Los jueces asumen la competencia de la inhibición dictada por el juez Antonio Pedreira
El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) se ha declarado competente hoy para investigar el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel. Como adelantó la semana pasada este diario, la Sala Civil y Penal del tribunal ha avalado los múltiples indicios que constaban en la inhibición dictada por el juez instructor de la causa en Madrid, Antonio Pedreira, que indican que la cúpula del PP valenciano y los principales cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron presuntamente graves delitos de corrupción: delito electoral (financiación ilegal de campañas electorales), cohecho y prevaricación durante la prolongada relación que mantuvieron con la trama dirigida por Francisco Correa, que tenía en Valencia como máximo representante a Álvaro Pérez, El Bigotes.
La decisión del tribunal desvela la secuencia completa de la aparentemente vasta cadena corrupta que forjó la red en la Comunidad Valenciana al amparo del PP regional y la Generalitat. Los procesos judiciales estaban limitados hasta ahora formalmente a los regalos de prendas de vestir a los principales cargos públicos autonómicos, entre ellos Camps, que está a punto de ser juzgado por ello. Según la investigación que ahora avala el TSJV, la red utilizaba la entrega de dádivas como una forma de engrasar la maquinaria corrupta: ganarse la confianza y el favor de los responsables de las Administraciones ante las cuales concurrían para obtener contratos.
La decisión del TSJ supone abrir varios procedimientos contra los numerosos altos cargos implicados en el caso. Los aforados serán encausados por el tribunal y los no aforados, como Pedro García, exdirector de Canal 9 y exresponsable de Comunicación en Presidencia de l Generalitat, en distintos juzgados, incluidos los de Madrid, donde se instruye el grueso del proceso.
www.elpais.es 25.11.11
EL PSOE PIDE QUE CAMPS NO TOME POSESIÓN COMO PRESIDENTE
Los socialistas pasan a la acción en el caso Gürtel y piden que Francisco Camps no tome posesión como presidente valenciano tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el que se acepta la competencia para investigar a la cúpula del Gobierno valenciano y del PP valenciano por financiación ilegal, cohecho y prevaricación.
Durante cuatro años, la empresa Orange Market, perteneciente a la red corrupta que dirigía Francisco Correa, recibió decenas de contratos sin concurso de las distintas consejerías del Gobierno de Francisco Camps y durante esos cuatro años ganó el concurso por casi un millón de euros anuales para montar el pabellón valenciano de Fitur en Madrid. La investigación ha detectado múltiples anomalías en ese concurso que adjudicó la consejería de Turismo cuyos máximos responsables recibieron regalos caros de la red corrupta.
A la vez, la investigación del caso Gürtel también detectó que numerosos actos electorales del PP eran financiados por empresas privadas que, a su vez, recibían numerosos contratos del Gobierno valenciano. Y que esas empresas privadas pagaban los actos electorales del PP a Orange Market, la empresa de la red Gürtel, como si se tratara de otros servicios que en realidad no existieron.
La investigación judicial también ha descubierto que, en muchos casos, el PP pagaba por actos electorales sin declarar esos desembolsos de dinero a Hacienda. Todas estas irregularidades, que ponen bajo sospecha a numerosos cargos del PP valenciano y del Gobierno de Camps, serán investigadas ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
La portavoz del PSOE, Elena Valenciano, declaró: “Camps no debe tomar posesión nuevamente como presidente de la Generalitat Valenciana. Sino lo hace él, debe obligarle Rajoy porque la decisión del TSJV demuestra que la implicación de Camps en Gürtel es por algo más que un par de trajes”.
El PP quiere seguir gobernando
Antes de conocer la decisión del TSJCV, pero adelantándose a la que, probablemente, sea la decisión del PP, la consejera portavoz de la Generalitat, Paula Sánchez de León, ha rechazado “rotundamente” que la posibilidad de que se abra juicio oral al presidente del Gobierno valenciano signifique que no pueda seguir gobernando. “Niego rotundamente que sentarse en el banquillo equivalga a que el presidente no pueda seguir gobernando porque así se lo han pedido los ciudadanos”, ha aseverado. Sánchez de León realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a RNE y ha recalcado que “sentarse en un banquillo no significa en absoluto ser culpable” sino que es “una consecuencia de la judicialización de la política que se ha producido”. “Y una vez se inicia un proceso, éste tiene un principio y un fin y tenemos que esperar a que llegue”, ha indicado.
Tras conocer el auto, Sánchez de León ha reclamado un “escrupuloso” respeto a la presunción de inocencia de los cargos públicos a los que se va a investigar. La portavoz del Ejecutivo autonómico ha trasladado “el respeto rotundo del Consell a la labor jurisdiccional” y ha mostrado su confianza en que el Poder Judicial “velará por el secreto de las actuaciones judiciales”.
Honorabilidad "fuera de toda duda"
El PP ha emitido un comunicado en el que reduce el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a una cuestión “estrictamente competencial”. El escrito precisa que “únicamente se declara competente para investigar, pero ni juzga ni imputa a nadie”. Además, aprovecha para “dejar claro y fuera de toda duda”, tal como señala, “la honorabilidad de todas aquellas personas a las que se refiere el auto” y recuerda que las cuentas del partido están "debidamente" auditadas tanto interna como externamente y por el Tribunal de Cuentas
www.elpais.es 25.11.11
EL TSJ VALENCIANO DA EL PRIMER PASO PARA IMPUTAR POR CORRUPCIÓN A LA CÚPULA DEL PP DE CAMPS
La asunción de la investigación de los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal y delitos fiscales podría producirse antes de las elecciones del 22 de mayo
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha dado hoy el primer paso para asumir el grueso de la investigación de la vertiente valenciana del caso Gürtel. En ella figuran múltiples indicios de que la cúpula del PP valenciano y los principales cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal (delitos electorales) y delitos fiscales con motivo de la estrecha relación y los numerosos negocios que mantuvieron durante años con la trama corrupta.
La Sala Civil y Penal del TSJ ha solicitado la acreditación de "la actual condición de aforadas de dichas personas por su pertenencia a la Diputación Permanente", una vez que las Cortes Valencianas han sido disueltas por la convocatoria de las elecciones del 22 de mayo. Un paso imprescindible para proceder a asumir la competencia de la investigación de los supuestos delitos, que se deriva de la segunda inhibición dictada por el juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del tribunal valenciano.
Son miembros de la Diputación Permanente, y por tanto deben acreditar su actual condición de aforados: David Serra (vicesecretario del PPCV, diputado, candidato); Yolanda García (tesorera del PPCV, diputada, candidata); Ricardo Costa (exsecretario general del PPCV, diputado, portavoz parlamentario de Economía, candidato, que ya está imputado en la causa de los trajes) y Milagrosa Martínez (Presidenta de las Cortes Valencianas, exconsejera de Turismo, candidata).
En la inhibición a que se refieren los cinco magistrados que forman la Sala Civil y Penal, figuran también como presuntos autores de graves delitos de corrupción Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat y candidato); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, responsable de protocolo en la Diputación de Valencia, también imputado en el caso de los trajes), y Pedro García (exdirector de Canal 9 y exsecretario de Comunicación de Presidencia de la Generalitat).
En la inhibición se hace referencia igualmente a diversos funcionarios y cargos con altas responsabilidades en distintas consejerías de la Generalitat, que habrían adjudicado directamente contratos a dedo a las empresas de la trama o los habrían parcelado en contratos menores para burlar los controles legales. Y se señala que algunas de dichas adjudicaciones precisaban la autorización del Gabinete del presidente Camps.
Los plazos, señalan fuentes jurídicas, van a ir muy justos: no se puede descartar que la asunción de la competencia y por tanto la imputación de los altos cargos mencionados se produzca antes de las elecciones del 22 de mayo, pero también podría tener lugar poco después. Lo que la decisión anuncia, en todo caso, es que el tribunal tomará la decisión en breve, con lo que ello significa en el contexto de los ritmos judiciales.
Si la decisión se anuncia antes de las elecciones, las listas del PP valenciano serían aún más difíciles de digerir, al aumentar de cinco a nueve el número de candidatos imputados por corrupción.
Llegue antes o después de los comicios, la asunción de la investigación por parte del TSJ, que es a lo que todo apunta, completará la secuencia judicial de la corrupción masiva que la red Gürtel presuntamente desarrolló en Valencia al calor del PP y el Ejecutivo autonómicos, ambos presididos por Camps.
Según la investigación, apoyada en declaraciones de testigos, registros en oficinas y propiedades de la trama, intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la red, informes de la policía, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección General del Notariado, la red dirigida por Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, logró unos ocho millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat. La red saqueó los fondos públicos destinados a cubrir la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Las empresas de la trama, siempre según la investigación, participaron en la financiación ilegal de las últimas campañas electorales del PP sirviendo del vehículo a los fondos que aportaban ocho constructoras valencianas.
Y, para engrasar esa maquinaria corrupta, se hincharon a hacer regalos (joyas, relojes, artículos de lujo, prendas de vestir e incluso un automóvil) a altos cargos del Gobierno valenciano y del PP. La trama apuntaba todas esas dádivas en sus libros, pero los investigadores sólo han podido confirmar la "realidad" de los mismos en aquellos casos en los que, además, ha podido hallar otros medios de pruebas, como facturas y declaraciones de testigos en los comercios. En esta última situación se encuentra el propio presidente Camps, a quien la Fiscalía Anticorrupción considera sobradamente acreditado que la trama Gürtel entregó, "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2008.
www.elpais.es 06.05.11
EL PP INTENTA EVITAR QUE CAMPS SEA JUZGADO CON CORREA Y EL BIGOTES
En Madrid, el partido es acusación mientras que en Valencia tiene imputados
El Partido Popular ha presentado un recurso contra la decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano de aceptar que Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, imputados por aceptar regalos de la trama Gürtel, sean juzgados con quienes presuntamente les hicieron esos obsequios: los cabecillas de la red corrupta Francisco Correa; Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo.
El resto de partes tiene hasta mañana para presentar alegaciones. La respuesta del tribunal se conocerá seguramente la semana que viene. Fuentes jurídicas consideran poco probable que el recurso sea atendido, dado que se presenta ante los mismos magistrados que tomaron la decisión. El PP, autor del recurso, se halla en una posición judicial extraña: en Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel, está personado como acusación; mientras que en Valencia, Camps, su candidato en las elecciones del 22 de mayo, figura como acusado.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, presidido por Pilar de la Oliva, aceptó juzgar juntos a los presuntos sobornadores y a los presuntos sobornados, pero dejó al juez instructor del caso de los trajes, José Flors, plena libertad para decidir lo que estimara procedente.
Una posibilidad consiste en que la acusación contra el presidente valenciano por cohecho impropio (solo aceptar regalos) se convierta en otra por cohecho (aceptar dádivas y a cambio adoptar decisiones injustas o ilegales). Según la investigación, la Generalitat adjudicó a dedo contratos por cerca de ocho millones de euros a la trama. Dicho escenario agravaría la situación judicial de Camps (el cohecho lleva aparejada cárcel), pero demoraría la apertura de juicio hasta después de las elecciones.
Otra posibilidad, que las fuentes consultadas consideran más probable, es que el juez, que tiene prácticamente lista la apertura de juicio oral contra Camps por cohecho impropio, no cambie la acusación contra él y derive a otro procedimiento el enjuiciamiento de los cabecillas de la trama, a quienes podría acompañar alguno de los imputados en el caso de los trajes que no está aforado, como Campos o Betoret. Este último intervino directamente en la adjudicación de contratos bajo sospecha a la trama, según subrayó la Fiscalía Anticorrupción. Si fuera así, el juez podría enviar a Camps al banquillo antes de las elecciones. Y ello no impediría, agregan las fuentes, que el presidente pudiera ser imputado más adelante por prevaricación y financiación ilegal.
www.elpais.es 05.05.11
EL CONSELL PAGÓ 600.000 EUROS A LA GÜRTEL CON CORREA YA EN PRISIÓN

El abono se hizo un mes después de que Camps declarara ante el juez Flors
El Consell pagó 606.100 euros a la trama Gürtel en julio de 2009, con la cúpula de la red corrupta en prisión y apenas un mes después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compareciera en la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar ante el juez José Flors por aceptar regalos de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.
La Generalitat, a la que los proveedores reclaman pagos por facturas de hace dos años, abonó con extraordinaria rapidez la minuta relativa al stand de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 a Orange Market, una de las empresas de la trama, a la que según la investigación el Consell adjudicó a dedo contratos por más de ocho millones de euros. La factura fue registrada en la Agencia Valenciana de Turismo el 1 de junio de 2009. En un mes, el 2 de julio, se libró el pago. La celeridad en el abono destaca si se tiene en cuenta que los 606.000 euros se pagaron a la empresa que administraba El Bigotes. Es decir, el Consell pagó 100 millones de las antiguas pesetas cinco meses después del desmantelamiento de la trama Gürtel, la red acusada de corromper a cargos públicos, financiar ilegalmente al PP y blanquear dinero en paraísos fiscales.
El PSPV mostró ayer la factura para contrastarla con los impagos de la Generalitat a sus proveedores legales.El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, compareció ayer ante los medios para desglosar los problemas financieros de la Generalitat Valenciana. Según las cifras que mostró, los compromisos de pago del Consell se elevan actualmente a más de 50.000 millones de euros (8,3 billones de las antiguas pesetas). "Es el sueldo de todos los valencianos durante un año, tanto de los trabajadores del sector público como los del privado", explicó Luna, "tendríamos que estar todos sin cobrar durante un año para pagar lo que debe la Generalitat".
Luna empleó estos datos para destacar la gravedad del problema de la deuda a los proveedores y para minimizar la importancia de los 633 millones que el PP valenciano reclama al Gobierno central del fondo de competitividad. De hecho, esa cifra solo supone el 1,26% de los referidos 50.000 millones.
Para ver la evolución de la deuda basta analizar los datos disponibles de los últimos años. En 1995, cuando Eduardo Zaplana ganó las elecciones, el PP acusó a los socialistas de haber generado un inmenso agujero económico que heredaban del Consell de Joan Lerma. Y según cifras del Banco de España, en septiembre de 1995, ya con Zaplana instalado en el Palau de la Generalitat, la deuda autonómica, incluidas las empresas y organismos dependientes, se elevaba a 420.000 millones de pesetas (2.253 millones de euros). Es decir, en 16 años de gobierno del PP la deuda se ha multiplicado por 20.
Para llegar a la cifra de un cinco y diez ceros que esgrimió en rojo el portavoz socialista, Luna desglosó varias partidas. La más gruesa fue la de los compromisos de pago con cargo a los ejercicios futuros según las cuentas de la Generalitat de 2009, que sumaban 32.101 millones de euros. Luego sumó los compromisos no reconocidos a finales de 2009 según el informe del Síndic de Comptes de aquel ejercicio, por un total de 3.000 millones de euros. Luego añadió las deudas no reconocidas, lo que denominó "facturas escondidas en el cajón", que según el Síndic se elevan a otros 3.000 millones. Luego sumó otros 5.000 millones en concepto de previsión de incremento de compromisos de 2010, que reconoció que era una estimación a la baja -"vamos a ser benévolos"- basada en los 7.000 de 2009. Y por último incluyó otros 9.600 millones de las empresas públicas según el presupuesto de 2011. Es decir, Luna aseguró que solo ha usado las cifras públicas reconocidas y reconocibles, sin entrar en "las cláusulas de confidencialidad que están ahora tan de moda en los contratos públicos".
Para dar datos más técnicos, el portavoz socialista también habló del fondo de maniobra de la Generalitat (que compara el activo a corto plazo con las deudas a corto plazo). Un parámetro que ha pasado de un saldo negativo en 2005 de 3.071 millones de euros a los 7.906 de 2009.
Luna también abordó la reciente emisión, en apenas unas semanas, de deuda pública del Consell por 1.200 millones de euros, el 90% de lo consignado en los presupuestos para todo 2011 (en total 1.328 millones). "A partir del 22 de mayo no cobrará nadie o tardará un año en cobrar", aseguró Luna, para añadir que esta situación no la va a arreglar quien la ha ocultado y quien no da la cara, en referencia a Camps: "No sé si tiene dolor de corazón por los que no cobran pero desde luego no tiene propósito de enmienda".
Tras las manifestaciones de Luna, el secretario del grupo parlamentario popular en las Cortes, David Serra, acusó al socialista de "desear la quiebra financiera de la Comunidad para que así Alarte pueda conseguir algún voto". Y añadió: "Es triste que un socialista anteponga los intereses electorales al progreso de toda una comunidad".
Orange Market no esperó para cobrar
- Estalla Gürtel. Correa y El Bigotes, detenidos el 9 de febrero de 2009.
- Camps en el TSJ. El presidente declara ante Flors el 20 de mayo.
- Fitur. La factura de 606.100 euros llega a Turismo el 1 de junio.
- El cobro. La consejería paga el 2 de julio.
- Otros proveedores Todavía hay pagos pendientes desde 2009.
www.elpais.es 29.04.11
 EL TRIBUNAL ACEPTA JUZGAR A CAMPS Y LA CÚPULA DE GÜRTEL JUNTOS POR COHECHO
La Sala Civil y Penal deja en manos del magistrado Flors la decisión de unir las acusaciones - El juez podría abrir otra causa para enjuiciar a los jefes de la red
Las fructíferas relaciones que, según múltiples informes policiales y de la fiscalía, mantuvieron el Gobierno y el PP valencianos con la trama Gürtel prometen darle nuevos quebraderos de cabeza al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, posiblemente antes de las elecciones del 22 de mayo. La primera de esas novedades se conoció ayer. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó un auto en el que acepta la inhibición decretada hace semanas por su homónimo de Madrid para que los cabecillas de la red corrupta puedan compartir banquillo de los acusados por los regalos de los trajes con Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Lo que se haga al final dependerá del juez que tramita el caso de los trajes, José Flors, en cuyas manos han dejado sus colegas del tribunal valenciano la decisión de si se juzga a Camps y los otros altos cargos junto a los jefes de la trama Gürtel (Correa, Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes) u opta porque unos y otros sean juzgados por separado y con delitos distintos.
La resolución que adopte Flors tendrá consecuencias importantes. Podría implicar que la imputación de Camps y del resto de acusados por cohecho pasivo impropio (aceptar los regalos sin hacer nada a cambio) se transformara en otra causa por cohecho propio y se juzgue a todos bajo esa premisa. De esto cabría colegir que las dádivas que Camps, Costa, Betoret y Camps recibieron lo fueron a cambio de los favores y contratas a dedo (por importe de unos 8 millones de euros) que la Administración dio a la red mafiosa que dirigía Correa en Madrid y el Bigotes en Valencia.
Fuentes jurídicas no creen que Flors vaya a detener ahora el sumario de los trajes, que tiene ultimado y casi listo para juicio ante un jurado popular, para incorporar en él a los jefes de Gürtel. Ven más factible que abra otro procedimiento contra los cabecillas de la trama.
Si es así, antes de las elecciones de mayo, Flors sometería a Camps y los demás políticos imputados a una vistilla, a la que obligatoriamente tendrían que asistir, como paso previo a los preparativos del juicio ante el jurado popular. El auto dictado ayer por el TSJCV, que contiene un voto particular del juez Juan Montero, opuesto a la asunción de la competencia, subraya: "Procede acceder a la inhibición planteada declarando la competencia de este Tribunal para el conocimiento de las conductas realizadas por las personas que presuntamente entregaron las prendas de vestir a las personas respecto de las cuales se sigue el presente procedimiento del Tribunal del Jurado sobre cohecho pasivo impropio, decidiendo el ilustrísimo magistrado instructor con plena libertad de criterio, lo que estime procedente de estos nuevos hechos".
Las "particulares" circunstancias del caso Gürtel, cuya investigación se sigue simultáneamente por tribunales de distintas comunidades, llevan a la Sala a considerar que ambas opciones -mantener tal cual la actual causa contra Camps y los otros altos cargos y abrir otra contra los jefes de Gürtel, o bien juzgarles a todos en un único proceso- "resultan jurídicamente defendibles".
El TSJCV debe decidir también en los próximos días si asume la competencia de la segunda inhibición dictada por Pedreira. En ella están implicados otros siete miembros de las cúpulas del PP y el Gobierno valencianos por supuesta financiación ilegal, cohecho, prevaricación, falsedad y delitos fiscales.
www.elpais.es 27.04.11
ESCENARIOS Y PLAZOS A LA SOMBRA DE LAS ELECCIONES
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dejado "plena libertad de criterio" al instructor del caso de los trajes, José Flors, sobre si el presidente de Valencia, Francisco Camps, debe ser juzgado, o no, junto a los jefes de la trama Gürtel. Flors tiene varias opciones. Una de ellas -y, a la vista de los pasos que ha dado Flors en los dos años que lleva investigando el caso, es la más probable- es que opte por no incluir a los cabecillas de Gürtel en el caso de los trajes.
- Primera opción: el juez no acumula los casos. Si Flors rechaza sentar en el mismo banquillo a los supuestos sobornadores (los cabecillas de Gürtel) y a los supuestos sobornados (los políticos), la audiencia preliminar por el caso de los trajes se celebrará en los próximos días o semanas (antes de las elecciones de mayo, aunque el juicio sería en otoño). Este supuesto, indican fuentes jurídicas, implicaría que Flors se inhibiera a favor de un tribunal ordinario respecto al enjuiciamiento de la cúpula de Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes), ya que, al no ser aforados, pueden ser juzgados por un tribunal normal. En ese caso, Camps y los otros imputados asistirían a ese otro juicio como testigos.
- Segunda opción: el juez sí acumula ambos procesos. Si el juez Flors se inclinara por acumular ambos procesos podría transformar la actual imputación de Camps por cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas en función de su cargo, aunque sea a cambio de nada) en otra por cohecho activo, que implica que los regalos se dieron a cambio de un trato de favor del Gobierno de Camps hacia la red. El cohecho pasivo se castiga con penas de multa; el activo o propio, con la cárcel. Si hay acumulación, la causa de los trajes se retrotraería a una fase anterior y es posible que los nuevos encartados, los jefes de Gürtel, pidan nuevas pruebas, que dilatarían la causa y pospondrían el juicio. Si todo sigue como está, el juicio contra Camps se celebraría el próximo otoño.
- Tercera opción: nueva imputación. El juez Flors podría igualmente, señalan fuentes jurídicas, sentar a sobornados y sobornadores en el banquillo manteniendo la imputación por cohecho impropio contra los primeros y la del propio contra los jefes de Gürtel. Y también cabe la opción de que abra dos procesos y modifique la situación y acusación que pesa sobre algún implicado. Por ejemplo, Betoret, quien sí dio contratos a la red como cargo público.
www.elpais.es 27.04.11
LUNA: "A EFECTOS PENALES EL PRESIDENTE ESTÁ EN LA TRAMA"
Todos los partidos de la oposición en la Comunidad Valenciana coincidieron en señalar que el auto del Tribunal Superior de Justicia era muy explícito a la hora de vincular a Francisco Camps con la trama Gürtel. Una opinión que no era compartida en la Generalitat, desde donde se insistía en que el auto no añadía nada nuevo a la situación procesal del presidente valenciano.
Ángel Luna, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, aseguró que la decisión de la Sala de lo Civil y Penal ponía de manifiesto "con meridiana claridad que, a efectos penales, Camps está en la red Gürtel. Y esto no es un montaje del Partido Socialista ni de ningún aparato extraño del Estado", dijo Luna, quien añadió: "Han sido muchos jueces y dos tribunales superiores de justicia los que están apreciando los indicios reforzados de que Camps ha cometido un delito de cohecho".
En una línea similar se pronunció la coordinadora y candidata a la presidencia de la Generalitat por Esquerra Unida, Marga Sanz: "Cada vez es más evidente la lógica que vincula el presunto delito de cohecho pasivo por el que está imputado Camps con el soborno activo por parte de quienes le ofrecían los regalos". Según Esquerra Unida, el auto del TSJ "cierra el círculo jurídico, al evidenciar la existencia de conexiones entre la trama corrupta y los responsables políticos que, supuestamente, les daban cobertura". Enric Morera, candidato por Compromís, pidió la dimisión del presidente y su retirada como candidato del PP. La causa "no es solo por tres trajes, como han querido hacer creer desde el PP; la cosa es más complicada y va más allá".
Desde la Generalitat se insistió en que no hay cambios en la situación procesal de Camps y se hizo hincapié en el voto particular efectuado por el magistrado Juan Montero.
www.elpais.es 27.04.11
CAMPS PIERDE SU ÚLTIMO RECURSO PARA EVITAR EL JUICIO
El juez Flors decidirá si lo envía al banquillo por cohecho
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, perdió ayer las últimas apelaciones para evitar ser juzgado en la causa de los trajes. La decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano deja las manos libres al juez instructor, José Flors, para decidir si lo sienta en el banquillo por cohecho impropio: haber recibido regalos de la trama Gürtel. La red de corrupción, según consta en la investigación, halló en Valencia un fértil lugar donde hacer negocios al calor del Ejecutivo autonómico y el PP regional, presididos ambos por Camps. Las pruebas acumuladas por la policía señalan que el entramado de empresas de Francisco Correa consiguió contratos millonarios adjudicados irregularmente por la Generalitat y que, simultáneamente, participó en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular.
La desestimación de las apelaciones despeja la convocatoria de la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión de abrir el juicio. Todo apunta, sin embargo, a que Flors esperará al resultado de las dos inhibiciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor del de Valencia. En ellas figuran implicados otros siete altos cargos de las cúpulas del PP y el Gobierno regional en supuestos delitos de corrupción.
La decisión de la sala sobre las inhibiciones parece inminente, lo que refuerza la idea de que la vista preliminar tendrá lugar antes de las elecciones del 22 de mayo, en las que Camps vuelve a ser candidato. Una vez celebrada esa audiencia, Flors dispondrá de tres días para decidir si sienta a Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret en el banquillo de los acusados.
En las apelaciones rechazadas ayer, las defensas del presidente valenciano y de su exvicepresidente Campos habían solicitado la práctica de dos diligencias que habrían demorado el procedimiento. Por un lado, pedían averiguar si en el grueso de la causa, que se instruye en Madrid, existían más grabaciones en las que aparecieran los cabecillas de la trama: Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otro, solicitaban la declaración testifical de Cándido Herrero, gerente de Orange Market; Flors había aceptado que lo hiciera en la vista preliminar, pero las defensas consideraban imprescindible que declarase antes.
La sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano respaldó ayer al juez. Respecto a las diligencias sobre las grabaciones, considera que "no se dirigen a contrastar una fuente de prueba cierta sino que, de alguna forma, no puede negarse que tienen un cierto carácter incierto e indefinido". "El instructor", añade la sala en su auto, "permitió el acceso de las partes a todas las conversaciones telefónicas que figuraban en este tribunal; solicitaron las adiciones que estimaron pertinentes respecto de la selección que en su día realizó el instructor que fueron admitidas, y en consecuencia se ampliaron las mismas al interés de las partes, sin que en dicho momento, se solicitaran las diligencias que actualmente se pretenden".
La sala también fue contundente respecto a la declaración de Cándido Herrero: "El Instructor no entra en el carácter o no de imprescindible de la diligencia, sino que considera que la declaración testifical interesada puede practicarse en la audiencia preliminar, y eso resulta indiscutible, no lo cuestiona la parte recurrente, y no cabe considerarlo un criterio personal del instructor sino que es el criterio legalmente establecido".
www.elpais.es 21.04.11
' AQUÍ, NO ES NADA", AFIRMA RAFAEL BLASCO
"El caso Gürtel, aquí no es nada", aseguró tajante el jueves el consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco. "El caso Gürtel no tiene absolutamente ninguna incidencia en la Comunidad Valenciana".
Entrevistado por Manel Fuentes para Catalunya Ràdio, Blasco se hizo un lío al responder primero que catalán y valenciano son "una lengua común con sus particularidades perfectamente diferenciadas" y añadir después que no, que se trata de lenguas parecidas y que los valencianos "estamos orgullosos de una lengua propia, que es el valenciano".
También respondió al cierre de emisiones de TV-3 que el Consell estaría "encantando" de que pudiera verse la televisión de Cataluña, pero echó la culpa al Gobierno de España por no otorgar un tercer multiplex y dijo que Acció Cultural del País Valencià tendrá que pagar la multa que le ha impuesto la Generalitat porque se trata de una sanción por "haber emitido ilegalmente".
Blasco reiteró que la imputación del presidente Francisco Camps es un asunto sólo de "tres trajes", que nadie ha podido demostrar que se los hayan regalado y que se trata de una "parafernalia mediático-política absolutamente desproporcionada".
www.elpais.es 22.04.11
EL CONSELL ELUDE ACLARAR LA REUNIÓN DE CAMPS Y RAMBLA CON UN JEFE DE GÜRTEL
Sánchez de León pide un debate electoral a cuatro pero no confirma a su candidato
El Consell evitó aclarar ayer si el presidente Francisco Camps y el vicepresidente Vicente Rambla se reunieron con Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, y cuántas veces lo hicieron. En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, la portavoz Paula Sánchez de León dijo no tener "ninguna constancia", salvo por lo que ve y oye a través de los medios de comunicación, de "informaciones que constan en no sé dónde y luego se publican, de reuniones secretas y no secretas, con tramas ni con nadie". "La agenda de Camps es pública y se reúne con quien haga falta para desarrollar su trabajo día a día", añadió.
La portavoz dice que ni les "inquieta" ni les "preocupa" el juicio al presidente
"El PP solo se preocupa del PP y por trabajar para que siga ganando elecciones como ha hecho hasta ahora", dijo Sánchez de León en respuesta a una pregunta sobre la anotación contenida en la agenda de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, de una reunión en otoño de 2006 con altos cargos del PP en la que se habló de ayudar económicamente a un partido de disidentes para perjudicar a los socialistas. En la anotación de la reunión, que obra entre los documentos de la instrucción del caso Gürtel, figuran "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo y el Presi". La portavoz puso "la mano en el fuego" por que todas las reuniones y actuaciones de Camps y Rambla se guiaron por el objetivo de "servir con honestidad e integridad a los intereses de la Comunidad".
En relación con la decisión del juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors, que instruye el caso de los trajes, en el que está imputado Camps, de convocar la audiencia previa al señalamiento de juicio en cuanto se resuelva la aceptación o no de la parte del sumario sobre la red de corrupción procedente del TSJ de Madrid, Sánchez de León aseguró: "Ni nos inquieta, ni nos preocupa, ni nos alegra". Según la portavoz, es "un paso más" dentro de un "larguísimo procedimiento".
Sánchez de León, que también es coordinadora de la campaña electoral del PP valenciano, se refirió a los debates entre candidatos. "Alarte está siendo excluyente", dijo sobre la propuesta del candidato socialista de un cara a cara en Canal 9 como el que ha anunciado TVE. Según Sánchez de León, habría que hacer debates más amplios, con las cuatro fuerzas parlamentarias. Sin embargo, no quiso confirmar que el presidente en funciones y candidato del PP, Francisco Camps, esté dispuesto a participar en ellos.
La suspensión de emisiones de TV-3 en territorio valenciano volvió a planear sobre la habitual comparecencia de Sánchez de León tras el pleno del Consell. Una información publicada ayer por el diario Levante revelaba que la Generalitat reconoció en el caso de una emisora que difunde espacios dedicados al tarot, que no tiene competencias para sancionar a empresas que gestionan repetidores, mientras que sí lo ha hecho con Acció Cultural del País Valencià, entidad propietaria de los reemisores de TV-3. Sánchez de León dijo que el Consell siempre actúa "de acuerdo con la legalidad vigente y con el respaldo de una sentencia judicial", aunque no acabó de concretar en qué se diferencian un caso y el otro. "El debate es jurídico y no político", añadió la portavoz, que reclamó la concesión de un nuevo multiplex por parte del Gobierno y reconoció que el tema de TV-3 puede ser uno de los asuntos que se traten, entre otros, en la reunión que Camps y el presidente catalán, Artur Mas, tienen prevista para el próximo día 20.
La incógnita de la hernia
El presidente en funciones de la Generalitat, Francisco Camps, padece una hernia discal que limita sus actividades públicas. Según Paula Sánchez de León, hace unos días los médicos le infiltraron por tercera vez en busca de un alivio. No le impidió su estado asistir la noche del jueves al partido de baloncesto entre el Power Electronics Valencia y el Real Madrid. "Hay que esperar a ver cómo va reaccionando", dijo la portavoz del Consell, que no quiso aventurar si habrá de ser intervenido quirúrgicamente. En medios de la Generalitat se baraja que Camps pueda decidir operarse, si no hay mejoría, la semana que viene o la otra. La convalecencia podría mantenerle ausente de buena parte de la campaña electoral y de algunas decisiones judiciales sobre su imputación que se prevén inminentes. Una periodista preguntó cuándo comparecerá Camps en rueda de prensa para dar explicaciones del caso Gürtel. La portavoz respondió que "comparece en rueda de prensa diariamente, en sus actos públicos, y aparece ante la prensa para contar las cosas que tiene que contar".
www.elpais.es 09.04.11
LA TRAMA SUPO DE LA VISITA DEL PAPA ANTES DEL ANUNCIO OFICIAL
La red de Francisco Correa y sus secuaces tenían tal poder dentro de la Generalitat de Francisco Camps que fueron conocedores, de manera extraoficial, de la visita del Papa a Valencia, en 2006, antes de que el Vaticano confirmase la noticia, según constatan las anotaciones del 'número dos' de la trama, Pablo Crespo.
Crespo escribió en su agenda: “Papa. Está confirmado (en 2 semanas, público)” en una lista de apuntes que no está fechada, pero que aparece en la página inmediatamente posterior a otra donde quedó constancia de una reunión fijada “para el 07-11″ de 2005. Cuatro páginas más adelante, figura la fecha “viernes 18″. No fue hasta el 18 de noviembre de 2005 cuando el entonces portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro, confirmó el viaje de Benedicto XVI, según precisa Público.
Casi 3 millones por intermediar
La trama corrupta, a través, de su satélite en Valencia Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez (El Bigotes), consiguió el contrato para la cobertura televisiva de la estancia del Papa, que reportó a la empresa de Correa casi tres millones de euros en comisiones por su intermediación.
Canal 9 se saltó el contrato público
La televisión pública valenciana contrató por 6,4 millones el alquiler de pantallas para los multitudinarios actos de Benedicto XVI durante su visita, el 8 y 9 de julio de 2006, pasando por alto la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que obliga a adjudicar los contratos de gran cuantía mediante concurso público, salvo razones de urgencia. El entonces director de Canal 9, Pedro García, recibió presuntamente medio millón de euros en comisiones por adjudicar el trabajo a la empresa Teconsa, para la que la trama actuó como intermediaria.
El proyecto ya estaba trazado
Canal 9 no inició el concurso para la cobertura de la visita del Papal hasta el 6 de abril de 2006, pero para esa fecha el número dos de Correa, Pablo Crespo, ya tenía planteado el proyecto. Un apunte del 9 de febrero de 2006 refleja las negociaciones con la empresa Apogee, que sería subcontratista de la constructora Teconsa. “Pacto transparente”, dice la primera nota situada bajo el nombre de Oscar Fragio, administrador de Apogee. “Asunto Wolfgang”, añade otra en referencia al ingeniero Wolfgang Neumann, cuyos servicios requirió la trama como experto en sonido. A continuación, Pablo Crespo escribió datos sobre el operativo para la cobertura televisiva: “2 pantallas gigantes 80 m2 c.u.”. Y debajo: “40 ” “”[pantallas] 6X4″ y “8 “”[pantallas] 4X3″.
www.elplural.com 13.04.11
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA ABSUELVE A ÁNGEL LUNA DE ENCUBRIMIENTO
Los magistrados reducen a mera "hipótesis" la acusación del PP.-El portavoz socialista se sentó en el banquillo acusado por los populares tras mostrar un informe de la trama Gürtel en el Parlamento

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha absuelto al portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, del delito de encubrimiento del que le acusaba el PP a raíz de un debate parlamentario en el que mostró un informe sobre el negocio multimillonario que logró la trama Gürtel con ocasión de la visita del Papa a Valencia en 2006. El tribunal reduce a una mera "hipótesis" la acusación sostenida por el PP. Los magistrados consideran que la versión de los hechos ofrecida por los populares es "razonable", pero "no la única posible a la vista de la prueba practicada, de la que no se desprende la imposibilidad ni la inconsistencia de la justificación dada por el acusado". Es decir, que siendo ambas versiones igualmente "razonables" y al no haberse aportado ninguna prueba que permita inclinarse a un lado o al otro, debe primar la presunción de inocencia.

Los populares denunciaron a Luna por supuesta revelación de secretos, ya que ese informe estaba bajo secreto de sumario, aunque ya había sido publicado por EL PAÍS y otros medios. El juez instructor de la denuncia, Juan Montero, desechó la acusación de revelación de secretos, por ser materialmente imposible que lo realizara (el diputado no era abogado, procurador, juez, fiscal ni tampoco parte, como exige el tipo penal) pero mantuvo vivo el procedimiento al considerar que Luna podía haber encubierto a la persona que le facilitó el documento.
El portavoz socialista, tanto en la instrucción como en el juicio que se celebró el pasado 5 de abril, declaró que el informe le llegó de manera anónima, que se lo encontró en su despacho y que posteriormente le perdió la pista porque se aceptó la personación del PSPV-PSOE en el caso Gürtel y ello le permitió tener acceso a ese y al resto de documentos integrados en el sumario por vía telemática.
El ministerio público, representado por el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri, se opuso desde el principio a la continuación de la causa. El PP pedía dos años y nueve meses de inhabilitación para Ángel Luna, y una multa de 26.250 euros, mientras que la fiscalía pidió su absolución. El fiscal concluyó su intervención en el juicio "desde la esperanza de que este proceso vea su fin con una sentencia absolutoria que ponga fin a la posibilidad de que, en un Estado de derecho, sea la hipótesis un medio válido para destruir la presunción de inocencia, ni del acusado ni de nadie". El fiscal consideró que se acusaba a Luna de un "delito de imposible cumplimiento" y puso el ejemplo de un asesinato: "¿Conocen a algún encubridor que exhiba el cadáver ante 99 personas [en alusión a los diputados] antes de ocultarlo?".

Luna, que ha destacado por su denuncia constante a las implicaciones de la Generalitat en el caso Gürtel, declaró que el juicio era consecuencia del empeño de su grupo "de romper el binomio opacidad-impunidad". Paradójicamente, el portavoz socialista ha sido el primero en sentarse en el banquillo por el caso Gürtel, pese a que no está relacionado con la trama corrupta. Esta causa ahora cerrada con una absolución deja aún más en evidencia la situación judicial de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y candidato en las elecciones del 22 de mayo, que está pendiente de que se decida su juicio por un supuesto delito de cohecho por aceptar regalos de la trama Gürtel, y a quien la Fiscalía Anticorrupción pide que también sea juzgado por otros delitos de corrupción.
La cultura de la corrupción
El portavoz socialista ha conocido su absolución en la sede del partido en Valencia. Luna ha declarado que está "contento y satisfecho". En declaraciones a Efe, Luna ha dicho que su absolución representa el "fracaso" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, así como del líder del PP, Mariano Rajoy, y de la "cultura de la corrupción" en la Comunidad Valenciana. "Más que por el hecho de la absolución, por que haya fracasado la cultura de la corrupción en la Comunidad Valenciana", ha remarcado.

Para Luna, con esta sentencia ha triunfado "la guerra contra la corrupción" de quienes intentan "levantar la voz exigiendo explicaciones de los que gobiernan aquí y a quienes están en Madrid".
www.elpais.es 12.04.11
 
LA AGENDA DEL ´DOS´ DE GÜRTEL PRUEBA QUE EL PSD FUE CREADO POR EL PPCV
Álvaro Pérez "El Bigotes" había amortizado ya los 540 euros que le costó el cacharro de contar dinero que compró el 17 de octubre de 2005. El entramado que dirigía Correa tenía, desde abril de 2004, su capital financiera en Valencia. Orange Market se convirtió en la principal fuente de ingresos a las cajas A y B de Madrid, gracias a los contratos que le llovieron de la Generalitat y del PP valenciano. Corría el otoño de 2006 y el grupo Correa había echado ya tantas raíces en la cocina de la Generalitat que la cúpula Gürtel hasta participaba en reuniones de estrategia política.
Así se desprende de una anotación en la página 124 de la agenda de Pablo Crespo, el número dos de la trama: "Nuevo Partido Político con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda económica. Ricardo protesta". En el dietario de quien fue secretario de organización del PP gallego, se anotaron las palabras "Ricardo. Reunión" y los participantes: "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo, Presi". No consta ninguna fecha en esta hoja de la agenda, contenida en el sumario y de la que ayer informó el diario "Público". La página anterior marca 10 de octubre y la siguiente, 10 de noviembre. El 4 y 5 de noviembre, el Hotel las Arenas (un cinco estrellas) acogió la convención bautismal del Partido Social Demócrata (PSD), de la que dieron fe 355 delegados y 67 invitados.
La formación, que no escatimó en gastos -la sede se ubicó en la calle Colón de Valencia-, fue impulsada desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y la Fundación Central Ciudadana, una plataforma de entidades culturales, de mayores y consumidores que, con Francisco Camps en el Palau, ha recibido unos 12 millones de euros en subvenciones para cursos de formación e inserción laboral, entre otros. Central Ciudadana adeuda 217.000 euros al Consell por ayudas no justificadas, que ha de devolver. A menudo, certificaban gastos con facturas de empresas de dirigentes del entramado de forma irregular, según denunció el Servef. El PSD y esa trama asociativa compartían dirigentes. Como Ana Mª Rodríguez, candidata a alcaldesa de Alicante y presidenta de Favcova, o Fernando Piera, primer líder del partido y número dos de la entidad vecinal. El listado de ex del PSPV en el partido segunda marca del PP es amplio. Piera, Ernest Fenollosa (exalcalde de la Vall d'Uixó) o José Luis Morales (exalcalde de Mislata) son algunos. También había ocupado cargos en el PSPV Carlos Ruiz, alma mater de Favcova. El presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, lo colocó, en marzo de 2009, de asesor de Bomberos, meses después de que el PSD propició mociones de censura en Dénia y Calp, que destronaron a alcaldes socialistas.
El tinglado de cooperación
El germen del PSD es el PSI, creado en Alzira en 1993 por los blasquistas, cuando Rafael Blasco -quien, desde Bienestar Social subvencionó al entramado asociativo-fue expulsado del PSOE. Su sobrina, Gisela Blasco, ha liderado el PSD en la Ribera. Un ex compañero de Bernardo Blasco -hermano del conseller- en Unió Valenciana como Adolfo Soler también estuvo en el PSD. Y en la Fundación Entre Pueblos (ahora Hemisferio), el corazón del entramado de entidades y ONG que han recibido unos 4 millones de euros de Solidaridad y Ciudadanía y han dedicado una parte de ese dinero a pagar servicios a firmas de sus propios dirigentes. Como la consultora Dinamiz-e, de Soler. Su compañera en UV Amparo Picó sucedió a Piera al frente del PSD. Ayer, se presentó como candidata del Centro Democrático Liberal (CDL) a la Generalitat. En el CDL también han recalado algunos exsocialistas de renombre, como el exalcalde de Benetússer, José Enrique Aguar.
En la parte superior de la página de la agenda de Crespo aparece un número de cuenta. En principio es un asunto al margen de la citada reunión. Fue abierta en una sucursal de Caixa Nova en Pontevedra, ciudad en la que Crespo guardaba documentos sobre la financiación del PP gallego. El líder del PSPV, Jorge Alarte, expresó ayer su "perplejidad e indignación" ante el "sabotaje electoral que practica el PP con dinero público".
www.levante-emv.com 08.04.11
CAMPS MANTIENE EN LAS CANDIDATURAS A LOS IMPLICADOS EN LA TRAMA
El imputado Fabra comunica que la lista de Castellón incluye a Costa y Rambla
A la vista del apoyo sin fisuras del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a Francisco Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana, aunque se siente en el banquillo acusado de cohecho impropio, el PP valenciano ha decidido que lo que es bueno para uno es bueno para todos.
La cúpula del PP está molesta por el anuncio del dirigente castellonense
Otros implicados en la trama corrupta pueden concurrir en la lista por Alicante
El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y el ex secretario general del PP regional y exportavoz parlamentario Ricardo Costa, ambos implicados en el caso Gürtel, ocuparán puestos de elección segura en la candidatura por Castellón a las Cortes valencianas.
Rambla, a quien la Fiscalía Anticorrupción implica en dos supuestos delitos electorales por financiación ilegal del PP valenciano en las autonómicas de 2007 y las generales de 2008, figurará en el puesto número cuatro de la candidatura por Castellón. Costa, que está imputado con Camps en la causa de los trajes y también está implicado en los mismos supuestos delitos que Rambla, ocupará el número siete. Ambos son puestos de elección segura.
La candidatura íntegra del PP a las Cortes valencianas por la circunscripción de Castellón la desveló ayer el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, antes de que fuese aprobada por el Comité Electoral Regional y ratificada por Génova.
El anuncio de Fabra, cuya maniobra causó malestar en el seno del PP, supuso una demostración de fuerza del presidente provincial de Castellón. Carlos Fabra, que está imputado por delito fiscal y contra la Administración pública, ha anunciado que no repetirá como presidente de la Diputación, pero que continuará al frente del partido en la provincia de Castellón.
La decisión de Fabra de marcar su territorio político y exhibir su autonomía frente a la dirección regional del PP fue interpretada como una respuesta a la decisión de Camps de anunciar, de improviso, el martes por la noche que el cabeza de lista por Castellón sería el alcalde de la capital, Alberto Fabra.
El presidente de la Diputación de Castellón ni siquiera quiso disimular ayer que el alcalde no era el candidato que él había propuesto. Preguntado por si Alberto Fabra era el cabeza de lista que tenía en mente, el presidente de la Diputación de Castellón respondió: "Es el cabeza de lista que hay". "No era la única opción", prosiguió Carlos Fabra, "aunque nos ha parecido conveniente mantener los criterios del presidente del partido".
El número uno de la lista por la circunscripción de Alicante será la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, mientras que la lista por Valencia la encabezará el propio Camps con la alcaldesa Rita Barberá de número dos. Fuentes del Partido Popular indicaron que el presidente valenciano pretende minimizar el deterioro de su imagen con el tirón de los alcaldes.
Las candidaturas autonómicas íntegras del PP para Alicante y Valencia se desvelarán, probablemente, antes del viernes. En el PP dan por seguro que en la lista de Alicante también figurarán en puestos de salida la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez; el vicesecretario de organización regional, David Serra, y la tesorera del PP, Yolanda García, implicados en el caso Gürtel.
www.elpais.es 07.04.11
LUNA: "CONFÍO EN SER ABSUELTO, PERO A CAMPS LE QUEDA MUCHO BANQUILLO"
El PSPV pide la suspensión de 'Bon Dia' en Canal 9 por ser "mítines del PP"
La situación judicial del portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, no es la misma que la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Uno se sentó ya en el banquillo, el otro está cerca. Ángel Luna declaró ayer en Alicante que su "horizonte es de una sentencia inmediata", que confía en que sea "absolutoria", pero que "el de Camps es de mucho banquillo por delante".
Una contertulia de RTVV llama "sinvergüenza" al portavoz socialista
Martín: "Castedo sigue a Alperi, huye de Alicante y quiere estar aforada"
Los socialistas, una vez más, cerraron filas en torno a Luna. El secretario del PSPV, Jorge Alarte, y la candidata a la alcaldía de Alicante, Elena Martín coincidieron en que "todos los socialistas somos Ángel Luna". Alarte tildó de "duro varapalo" para Camps el auto del juez Flors que le acerca al banquillo y rechaza sus alegaciones ya que supone "el desmontaje de la tesis del líder regional del PP".
Por su lado, Elena Martín no alcanzó a entender cómo es posible que "una persona que defiende la democracia y pregunta en las Cortes por el dinero público sea el primero en sentarse en el banquillo y los presuntos delincuentes no lo hayan hecho". Luna aseguró haber "aguantado estoicamente y respetado la actuación de los jueces, y no como Camps, que despotrica de todos y piensa que hay una gran confabulación contra él".
Los socialistas se mostraron indignados con el nivel y el contenido de la tertulia del programa Bon Dia Comunitat Valenciana, de Canal 9. Los intervinientes, según el PSPV, se explayaron en críticas e insultos al portavoz socialista. Una de las contertulias, Rocío Casanova, dijo: "El tema de los trajes no sé si será verdad o no, pero mostrar un documento que está bajo secreto de sumario es saltarse el Estado de derecho". Luego llamó "sinvergüenza" a Luna porque "jactarse de machacar a Camps y luego cometer ese delito de sacar un documento, es una tomadura de pelo".
Horas más tarde la portavoz del comité electoral del PSPV, Carmen Ninet, exigió la suspensión "inmediata" del programa y la sección de debate que incluye por considerarlos "mítines del PP". Los socialistas presentaron una denuncia ante la Junta Electoral porque en el programa del martes "una vez más no se informó en las noticias de Canal 9 de que el juez Flors había rechazado las alegaciones del presidente de la Generalitat". La televisión valenciana dedicó más tiempo "a la comparecencia de Luna que a todo el caso Gürtel".
Los socialistas aprovecharon su comparencia ante la prensa en Alicante, en el paseo de la Explanada, para valorar la inclusión de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo como cabeza de lista del PP por Alicante a las Cortes Valencianas. "Sigue la estela de su mentor, Luis Díaz Alperi, abandonar Alicante y sobre todo estar aforada", dijo la candidata socialista Elena Martín, que auguró que las listas del PP estarán "llenas" de personas "envueltas en casos de corrupción". Martín tildó de "huida" la designación de Castedo que "le importa poco la ciudad y mucho estar aforada". El secretario de los socialistas, Jorge Alarte, mucho más parco en palabras, se limitó a comentar que "todo es lo mismo, son Camps, forman parte de un proyecto fracasado" y tildó a Castedo de "copia mala de Alperi".
Martín también criticó el rechazo de la alcaldesa a debatir con ella. La alcaldesa contestó el martes que no pensaba discutir con la candidata socialista: "Si quiere darse a conocer que ponga más vallas, pero no lo hará [discutir] conmigo". Ayer Martín insistió en debatir "donde quiera, como quiera y a la hora que quiera, Castedo no es la importante, ni yo tampoco, son los alicantinos los importantes", resumió la candidata socialista. Por otro lado, el PSPV ha propuesto a José Luis Chover como candidato a la alcaldía de Sagunto y ha abierto expediente disciplinario a Manuel Carbó por faltas muy graves que comportarán su suspensión de militancia.
www.elpais.es 07.04.11
EL FISCAL DICE EN EL JUICIO A LUNA: "NO SE PUEDE CONDENAR POR UNA HIPÓTESIS"
El PP pide inhabilitar al portavoz socialista por no entregar un informe de Gürtel
El primer juicio relacionado con el caso Gürtel sentó ayer en el banquillo a Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas, que se ha destacado por pedir explicaciones al presidente Francisco Camps por la aparente connivencia de su Gobierno con la red corrupta. El motivo: Luna enseñó, durante un debate parlamentario con Camps, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que detallaba cómo la trama sacó tajada (tres millones de euros en pocos días) de la visita de Benedicto XVI a Valencia a través de un contrato del canal autonómico, Canal 9. Uno de los episodios que Anticorrupción quiere unir a la causa de los trajes.
El documento estaba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de secretos y el juez Juan Montero, del Tribunal Superior de Justicia valenciano, archivó la acusación pero decidió seguir la causa por encubrimiento. El magistrado consideró inverosímil la versión de Luna de cómo encontró el informe (en un sobre sin remitente en su despacho en las Cortes) y su declaración de que no sabía dónde estaba después de habérselo reclamado reiteradamente.
El abogado del PP -que pide dos años y nueve meses de inhabilitación y una multa de 26.250 euros- preguntó a quién le contó Luna que lo había encontrado; qué forma tenía; con qué frecuencia se trasladan documentos entre las sedes del PSPV-PSOE, qué hubiese pasado si el sobre hubiese contenido una bomba... El letrado no citó, en cambio, ninguna prueba que desvirtuara la versión de Luna. Tampoco fueron aportadas durante la instrucción.
El fiscal concluyó su intervención "desde la esperanza de que este proceso vea su fin con una sentencia absolutoria que ponga fin a la posibilidad de que, en un Estado de derecho, sea la hipótesis un medio válido para destruir la presunción de inocencia, ni del acusado ni de nadie". El fiscal consideró que se acusaba a Luna de un "delito de imposible cumplimiento" y puso el ejemplo de un asesinato: "¿Conocen a algún encubridor que exhiba el cadáver ante 99 personas [en alusión a los diputados] antes de ocultarlo?"
La defensa apeló a la inviolabilidad parlamentaria sin la que los diputados no podrían ejercer su función de control al Gobierno. Luna declaró que el juicio es consecuencia del empeño de su grupo "de romper el binomio opacidad-impunidad". El caso quedó visto para sentencia.
www.elpais.es 06.04.11
LA FUNDACIÓN QUE MONTÓ LA VISITA DEL PAPA DEBÍA TRES MILLONES EN 2008
La entidad recibió en 2007 donaciones por valor de 350.000 euros
La Fundación V Encuentro Mundial de las Familia -la entidad constituida por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia para organizar la visita de Benedicto XVI- adeudaba a principios de 2008 tres millones de euros por los gastos realizados en el evento.
El coste del evento superó los 25 millones, según los datos conocidos
Así consta en la última documentación depositada en el registro de fundaciones de la Generalitat valenciana, correspondiente al cierre del ejercicio de 2007. La documentación relativa a 2008 y las anualidades posteriores sigue sin estar accesible pese a tratarse de un registro público. El gasto realizado por las Administraciones valencianas en este evento de carácter confesional sigue sin estar claro cinco años después de la visita del Pontífice a Valencia en julio de 2006.
La última memoria accesible de la fundación indica que a primeros de 2008 se debían todavía 2.993.185 euros, prácticamente la misma cantidad con la que se había cerrado el ejercicio de 2006 en el que tuvo lugar la visita de Benedicto XVI. La fundación que seguía operativa y con un trabajador empleado mantenía viva con Bancaja una póliza de crédito de medio millón de euros de la que había dispuesto un total de 396.255 euros.
De acuerdo con la escasa documentación disponible en el registro, en 2007 la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia ingresó 345.655 de donaciones declaradas -sin especificar si estas procedieron de Administraciones públicas o personas privadas y otros 52.988 euros de donaciones anónimas de particulares. En total, casi 400.000 euros que permitieron afrontar los gastos de funcionamiento -fundamentalmente el pago de facturas pendientes- y presentar un balance positivo de algo más de 37.000 euros para reducir ligeramente por debajo de los tres millones la deuda arrastrada del ejercicio de 2006.
El registro de fundaciones de la Generalitat ya alertó en las cuentas de 2006 de la entidad que montó la visita del Papa que la falta de liquidez comprometía el pago de las deudas y la continuidad de la propia Fundación V Encuentro. De hecho, a finales de 2009 el Consell tuvo que inyectar dos millones de euros a la citada entidad.La memoria abreviada de 2007 de la Fundación de la visita del Papa advierte de que sus compromisos económicos cuentan con el respaldo de las instituciones gobernadas por el PP. "La fundación", relata la memoria, "goza del total apoyo económico y financiero de los componentes del patronato". "El fondo de maniobra negativo", prosigue el documento, "se califica como transitorio, como prueba que se ha atendido en tiempo y forma los pagos comprometidos por la fundación". "Esta situación no compromete los pagos futuros, ni la continuidad de la fundación", sentencia. La elevada deuda contraida es la razón de que la Generalitat no haya podido extinguir todavía una fundación que se creó para un evento puntual, la visita pastoral de Benedicto XVI a Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2006.
A través de las modificaciones de crédito publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) se supo en febrero del año pasado que el Consell había destinado dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, con la intención de liquidar buena parte de las deudas.
El pasado mes de junio el portavoz de Compromís, Enric Morera, preguntó al Consell si había realizado algún donativo al Vaticano para que viniese el Papa a Valencia y, en caso afirmativo, por qué cantidad y a través de que mecanismo. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, se limitó a señalar que en la contabilidad de 2006 de la Fundación V Encuentro no aparece ningún donativo público y remitió a la oposición a las cuentas depositadas en el registro de fundaciones. En su respuesta, Gerardo Camps aseguró que ya estaban disponibles en el registro de fundaciones las cuentas de 2006,2007 y 2008, así como que en breve estarían disponibles las correspondientes a 2009. Sin embargo, en el registro de fundaciones la última memoria disponible es la de 2007.
La documentación del registro permite comprobar que en 2006 la fundación incluyó 2,1 millones de donaciones declaradas sin especificar. Una cantidad que en 2007 fue de poco más de 345.000 euros. Este concepto es distinto del utilizado para contabilizar las donaciones anónimas efectuadas por los fieles, que figuran en 2005, 2006 y 2007.
Así, en el último ejercicio disponible en el registro, 2007, la fundación que organizó la visita del Papa recaudó donaciones por importe de 52.988,60 euros (33.817,60 de entidades y 19.171 de particulares). Nada que ver con la cifra obtenida el año de la visita del Pontífice, 2006, en el que la fundación obtuvo 436.381,57 euros de donaciones (212.017,28 de entidades y 204.927,51 de particulares a los que se añadieron 19.436,78 euros de la Diputación de Valencia). En 2005, el año de constitución de la fundación los donativos solo fueron de 315 euros.
Casi un lustro después de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, el gasto público realizado por la Generalitat sigue siendo un secreto. Sin embargo, los datos conocidos a raíz de la investigación judicial del caso Gürtel que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como la escasa y dispersa información aportada por las propias Administraciones implicadas y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia permiten empezar a acotar el gasto realizado en el citado evento.
El coste conocido del evento superó los 25 millones de euros, procedentes en su gran mayoría de los presupuestos públicos de la Generalitat, que desembolsó el dinero de manera directa o a través de empresas públicas como Ràdio Televisió Valenciana. Las donaciones de los feligreses para sufragar este evento confesional apenas alcanzaron los 500.000 euros, según se desprende de las propias memorias de la fundación.
Lo que se sabe de las cuentas del viaje del Benedicto XVI a Valencia
- La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia: La entidad creada por la Generalitat y el Arzobispado junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia en 2005 para organizar la visita del Papa gastó más de 12 millones de euros en el evento, aunque solo consiguió ingresar 9 millones por distintos conceptos. Cuatro procedentes de cuotas, presumiblemente de los miembros del patronato. Un total de 2,6 millones procedentes de convenios de colaboración, supuestamente grandes empresas que contribuyeron con bienes o servicios, y otros 2,1 de donaciones declaradas, presumiblemente por firmas que contribuyeron con dinero. Otros 500.000 euros fueron donaciones anónimas de feligreses.
- El Consell: Aseguró en febrero de 2007, a través del vicepresidente Víctor Campos, que solo había gastado 1,9 millones de euros en el evento. Nunca se especificó el gasto, ni se ha explicado cuánto dinero se destinó al evento a través de las empresas públicas de la Generalitat. En las respuestas parlamentarias remitidas con posterioridad a la oposición la Generalitat solo admitió haber gastado 214.000 euros en recursos sanitarios, 10.417 euros en carteles y trípticos, 9.969 euros en viajes, 11.948 euros en un estudio de demanda para analizar la asistencia y 1.566 euros en un curso de formación turística para voluntarios. El 18 de diciembre de 2009, el Consell aprobó una modificación presupuestaria de dos millones de euros para pagar parte de las deudas pendientes de la fundación V Encuentro
- Ràdio Televisió Valenciana: Canal 9 y Ràdio 9 gastaron cerca de 11 millones de euros en la retransmisión íntegra de la visita del Papa a Valencia. De esta cantidad, RTVV destinó 6,4 millones a la sonorización, de los cuales 3,3 se los repartieron supuestamente la empresa Teconsa y la trama corrupta del caso Gürtel.
- La Diputación de Valencia: En 2006 realizaron una donación específica de 19.436,78 euros. La Corporación provincial admitió en octubre de 2009 haber gastado 300.000 euros en sillas, dípticos, la confección de un DVD sobre la visita papal y un busto del Pontífice.
- El Ayuntamiento de Valencia: Fue la primera de las tres instituciones gobernadas por el PP que ofreció una cantidad y cifró el gasto municipal del evento en 2,36 millones de euros.
- El arzobispado: Solo consta una aportación de 10.000 euros para la constitución de la fundación. La misma cantidad que aportaron los otros tres patronos. A este dinero hay que añadir las donaciones de los feligreses.
www.elpais.es 04.04.11
EL JUEZ RECHAZA LAS ALEGACIONES DE CAMPS Y CONVOCA EL ACTO PREVIO A SENTARLO EN EL BANQUILLO
El magistrado admite la prueba sobre la supuesta destrucción de pruebas en Forever Young para encubrir al presidente valenciano después de que Trillo se reuniera con el dueño de la tienda
El juez ha dictado un duro auto para la defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que lo sitúa a las puertas del juicio por cohecho impropio, al haber recibido supuestamente trajes y regalos por valor de miles de euros de la trama Gürtel. Unos hechos que el presidente siempre ha negado y que el ministerio fiscal quiere juzgar conjuntamente con otros siete delitos de corrupción.
El magistrado José Flors desestima la mayor parte de las alegaciones de las defensas de Camps y los otros tres acusados contra la instrucción, y convoca la audiencia que precede inmediatamente (puede dictarla en el mismo acto) a la apertura o no de juicio oral.
El juez acepta, no obstante, que la fecha de la vista se señale una vez resueltas las apelaciones a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se trata básicamente de recursos contra denegación de diligencias dilatorias, una táctica que el juez critica en el auto.
Dado el número de pruebas que figuran en la causa y a la vista de los pasos dados por el instructor, fuentes jurídicas consideran que lo más probable es que Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret sean juzgados por los trajes. A menos que su situación judicial empeore porque el tribunal atienda la petición de Anticorrupción, que quiere sentarlos en el banquillo por más delitos. Entre ellos: cohecho propio, prevaricación y financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008.
El ministerio público ha pedido unir las causas para preservar la visión completa del caso y no seguir troceando el mayor caso de corrupción de la historia democrática, esparcido ya por cuatro comunidades autónomas. Anticorrupción considera que los supuestos delitos están íntimamente conectados porque los regalos, la adjudicación irregular de contratos en multitud de departamentos de la Administración valenciana, y la financiación ilegal del PP por parte de grandes constructoras son diferentes fragmentos de una misma e intensa relación.
El fiscal ha pedido imputar a otros siete miembros de las cúpulas del PP y la Administración autonómica, incluidos Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, a quienes los miembros de la red se referían como El cadete y La Perla en las grabaciones intervenidas por la policía.
El juez abre otra preocupación para Camps y el PP al avalar la prueba aportada por Anticorrupción, que apunta a que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada para eliminar el rastro de algunos de los trajes de Camps. La destrucción de pruebas habría tenido lugar después de que Federico Trillo, estratega judicial del PP en el caso Gürtel, se reuniera con el propietario del establecimiento.
Los peritos de Hacienda que examinaron la contabilidad del caso el año pasado ya indicaron que los registros parecían haber sido alterados.
La teoría, apoyada en correos electrónicos y extractos de ficheros informáticos, fue aportada por el abogado del sastre José Tomás. La fiscalía la hizo suya y el juez la admite ahora y convoca al sastre, al informático de la tienda y a la responsable que supuestamente le transmitió a este la orden a la vista preliminar.
El acto deberá celebrarse en un plazo corto (la ley dice que el más cercano posible) después de que la sala resuelva las apelaciones, referidas a cuestiones menores, según consideran fuentes jurídicas. El argumento de fondo con el que la sala archivó el caso hace dos años, en este preciso momento procesal, fue corregido con dureza por el Tribunal Supremo, de modo que no es probable que se repita.
Ahora, además, tampoco preside la sala, José Luis de la Rúa, de quien Camps decía que era más que un amigo, sino Pilar de la Oliva, más propensa a limitar al terreno institucional las relaciones entre los poderes del Estado.
www.elpais.es 05.04.11
ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR A CAMPS Y SU CÚPULA POR SEIS DELITOS DE CORRUPCIÓN
El fiscal señala al vicepresidente Rambla y a la presidenta de las Cortes Valencianas
El caso Gürtel está a punto de estallar en la Comunidad Valenciana, y la onda expansiva amenaza a la plana mayor de la Generalitat y el PP valenciano. El anticipo se conoció ayer, con la presentación por la Fiscalía Anticorrupción de las alegaciones sobre una de las dos inhibiciones del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El ministerio público ha solicitado al tribunal la imputación de 11 cargos populares por delitos relacionados con la corrupción. Empezando por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el caso de los trajes, a quienes quiere sentar en el banquillo por un delito de cohecho propio (en vez de impropio), que se castiga con penas de prisión e inhabilitación.
La fiscalía punta a 11 altos cargos e indica que hay más implicados
Anticorrupción ha solicitado igualmente la imputación del vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla por dos supuestos de financiación ilegal (técnicamente delito electoral), en los comicios de 2007 y 2008. A la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, por delitos contra la Administración pública en las adjudicaciones a la trama. Al vicesecretario de Organización del PPCV y diputado, David Serra, por delitos electorales. A Yolanda García, tesorera del PPCV y diputada, por delitos electorales. A Ricardo Costa, ex secretario general del PP y portavoz parlamentario de economía, por cohecho y delitos electorales. A Pedro García, ex director general de Canal 9, por delitos contra la Administración pública en la adjudicación del contrato de cobertura de la visita del Papa a Valencia, y por cohecho. Al exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, por cohecho. A Rafael Betoret, jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, por delitos contra la Administración Pública y cohecho. Y a Luis Bárcenas, extesorero del PP nacional, y Cristina Ibáñez, administradora general del PPCV, por financiación ilegal.
La fiscalía quiere acumular los supuestos delitos de las dos inhibiciones dictadas por Pedreira y el caso de los trajes para celebrar un único proceso que juzgue las actividades de la trama en Valencia y la aparente connivencia de la Generalitat. Y ello porque unos y otros delitos "se atribuyen, en parte, a unas mismas personas; guardan evidente analogía entre sí, y se enmarcan dentro de una misma estrategia empresarial", consistente en "la entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato de favor tanto en la contratación pública como en el ámbito de las formaciones políticas, coincidiendo en algún caso responsabilidades en uno y otro ámbito en una misma persona".El ministerio público solicita imputar también a seis miembros de la trama: los cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, así como a Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. Y a los empresarios del sector de la construcción que supuestamente se dedicaron a financiar, utilizando como vehículo a la sociedad de la red Orange Market, los macroactos electorales del PP. En el año 2007, cuando Camps ganó las elecciones, y en 2008, cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, se presentó sin éxito a presidir el Gobierno.
A dos de los constructores los menciona por sus nombres. Se trata de Enrique Ortiz, dueño de Enrique Ortiz e Hijos, imputado también el caso Brugal, la trama de basura de Alicante que también afecta al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Y de Enrique Gimeno, presidente de FACSA. Respecto a los demás, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada los menciona como los "gestores efectivos": Grupo Sedesa (que en aquel momento estaba dirigida por la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat, consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y ex director general de la Policía); Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez, Piaf y Lubasa.
La mecánica de la supuesta financiación ilegal funcionaba, tal y como figura en la investigación del caso, a cuatro bandas. Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia El Bigotes, preparaba los actos electorales del PP. Las constructoras supuestamente abonaban su coste a la trama corrupta. Y el Consell premiaba a estas empresas colaboradoras con adjudicaciones millonarias de obras públicas.
Durante casi dos años, la vasta vertiente valenciana del caso Gürtel ha permanecido prácticamente dormida. En gran medida por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, presidido entonces por Juan Luis de la Rúa, de archivar en 2009 la causa de los trajes con una interpretación del delito de cohecho pasivo impropio que incurría en error de ley, según estableció el Tribunal Supremo en la dura corrección con la que reabrió el caso en mayo pasado.
Aquella decisión del tribunal valenciano no solo ha demorado durante dos años la causa de los trajes (que vuelve a estar ahora prácticamente donde estaba entonces) sino que se adoptó cuando acababa de llegar a Valencia la primera inhibición de Pedreira, que abría la posibilidad de enjuiciar a Camps, Costa, Campos y Betoret por cohecho propio, dejándola en una especie de limbo.
Una vez reabierto (e instruido) el caso de los trajes; superadas las cuestiones de competencia sobre las dos inhibiciones dictadas por Pedreira, y resueltos los recursos que presentaron en el Tribunal Superior de Madrid miembros de la trama y del PP (que en la causa principal de Gürtel está personado como acusación), el tribunal valenciano debe decidir ahora si, como solicita la fiscalía, une todos los delitos en un solo proceso, acumula solo algunos de ellos, o retoma las instrucciones de forma aislada.
Es probable, por tanto, que el tribunal ordene la suspensión del caso de los trajes para acumularlo con otros delitos. Esa decisión implicaría retrasar durante meses la apertura de juicio oral contra Camps. Pero supondría que el presidente y los otros tres imputados por cohecho pasivo impropio estarían imputados por un delito más grave, penado con cárcel de uno a seis años según su modalidad.
En las alegaciones conocidas ayer, la fiscalía recuerda que aparte de los 11 cargos a los que menciona explícitamente, existen indicios de que el número de miembros de la Generalitat implicados sería mayor. "En relación con la contratación con la Generalitat valenciana [con las empresas de la trama] y las personas que habrían podido participar en las mismas, conviene destacar que las irregularidades detectadas por la Intervención General del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías, así como que en alguno de los casos era preceptiva la autorización por el gabinete del presidente". "Habrían participado", prosigue, "los distintos cargos que intervinieron en la contratación, cuya concreta identificación queda parcialmente pendiente de investigar".
Anticorrupción dedica un apartado especialmente amplio al exdirector de Canal 9, que era al mismo tiempo un estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de El Bigotes. Para celebrar el cumpleaños de Pedro García, Álvaro Pérez le preparó una fiesta sorpresa en Marraquech, a la que se trasladaron en el avión privado de Vicente Cotino, responsable del Grupo Sedesa, para quien la fiscalía parece solicitar la imputación, aunque sin referirse a él por su nombre.
El ministerio público se detiene en la adjudicación de la cobertura de Canal 9 durante la visita del Papa a Valencia en 2006, que atribuye directamente a Pedro García "como director general de ese ente con una empresa cercana a Francisco Correa". Se trata de Teconsa, la firma del sector de la construcción que obtuvo el contrato de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía de la cobertura, a pesar de no tener experiencia en el sector, por un importe de 7,4 millones de euros. La trama, según la investigación, logró embolsarse en pocos días tres millones de euros. Y Francisco Correa habría destinado parte de ese dinero a comprar su chalé de Ibiza.
"En toda la contratación llevada a cabo por la Televisión Valenciana con motivo de la citada visita [del Papa] se han detectado numerosas irregularidades, conforme expone la unidad de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado en informe de 7 de octubre de 2010", señala la fiscalía.
Precisamente por esgrimir durante un debate parlamentario con Camps otro informe, en este caso de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que detallaba cómo la red Gürtel sacó tajada de la breve estancia de Benedicto XVI en Valencia, el portavoz parlamentario Ángel Luna se sentará el martes en el banquillo. Después de que Luna mostrara el documento en la Cámara, el PP le denunció por revelación de secretos, ya que el informe se hallaba bajo secreto de sumario. El juez Juan Montero sobreseyó esa acusación, pero decidió enviar a Luna a juicio por un supuesto encubrimiento: entorpecer la identificación de quien le hizo llegar el documento.
Después de la recepción de las dos inhibiciones de Madrid y de las alegaciones presentadas por el ministerio público, la situación judicial del presidente Camps y del resto de implicados, la mayoría de ellos confirmados como candidatos a las elecciones autonómicas del 22 de mayo, se complica sobremanera. Aunque a corto plazo puede suponer incluso un respiro (si los nuevos delitos se acumulan con el caso de los trajes, la instrucción judicial se demorará durante meses), a medio plazo el caso Gürtel está llamado a marcar la nueva legislatura como ya ha marcado la segunda parte de la actual. Si las encuestas aciertan y el Partido Popular gana las próximas elecciones, la sombra de la actividad judicial afectaría no solo al presidente sino a un buen número de diputados.
Y no se tratará de trajes. La financiación ilegal, por ejemplo, está castigada en la Ley Electoral con penas de uno a cuatro años de cárcel.
Cargos del PP implicados en la rama valenciana de Gürtel
- Francisco Camps. El presidente de la Generalitat está imputado por cohecho impropio en el caso de los trajes pero la fiscalía apunta que la "valoración conjunta" con los supuestos delitos electorales y de tráfico de influencias puede agravar el tipo de su imputación. La fiscalía recuerda que los regalos a Pedro García, relacionados con las comisiones ilegales en RTVV, se compraron en los mismos establecimientos que los de Camps y los otros tres imputados por los trajes. También señala que, en las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama Gürtel, "en algunos casos era preceptiva la autorización por el Gabinete del Presidente."
- Milagrosa Martínez. La actual presidenta de las Cortes Valencianas era consejera de Turismo cuando en 2005 le otorgó a Orange Market, terminal valenciana de la trama, el primer contrato para el pabellón valenciano en Fitur. La Fiscalía Anticorrupción considera que su participación "deberá ser investigada por el tribunal". Martínez recibió regalos de la red de corrupción, como un reloj de lujo.
- Vicente Rambla. El vicepresidente primero del Consell figura implicado en los supuestos delitos electorales por la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas municipal y autonómica de 2007 y de las elecciones generales de 2008.
- Ricardo Costa. El ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico está imputado con Camps en el caso de los trajes, que está a punto de ser enviado a juicio por el juez instructor, José Flors. Costa también sería responsable, según la Fiscalía Anticorrupción, de los supuestos delitos electorales cometidos por el PP valenciano en complicidad con la trama Gürtel y ocho empresarios, a quienes el ministerio público también pide imputar.
- David Serra. El diputado autonómico y vicesecretario de Organización del PP valenciano habría participado, según la Fiscalía Anticorrupción, en los delitos electorales cometidos en 2007 y 2008 por la financiación irregular de las campañas del partido a través de la red Gürtel.
- Yolanda García. La diputada autonómica es tesorera del PP valenciano y está implicada, según el escrito presentado por la fiscalía especial ante al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los supuestos delitos electorales de los años 2007 y 2008.
- Pedro García. El ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que dimitió en agosto de 2010 tras hacerse públicas las irregularidades en el canal autonómico, habría cometido, según la Fiscalía Anticorrupción, un delito contra la Administración pública. El escrito se refiere al contrato que RTVV adjudicó a la empresa Teconsa para la instalación de pantallas de vídeo y sonorización en la visita del Papa a Valencia en 2006. La adjudicación fue por un importe de 7,5 millones de euros y la trama habría obtenido 3,3 millones en comisiones ilegales, de los que una parte habría ido a parar al propio García. Según el ministerio público, a Pedro García le fueron regaladas prendas de vestir por parte de la trama de la misma manera que a Francisco Camps. Entre la información recogida en el sumario, hay un informe policial sobre el regalo a Pedro García de un automóvil por parte de la trama Gürtel.
- Víctor Campos. El exvicepresidente del Consell está imputado formalmente por el juez Flors en el caso de los trajes junto al presidente Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret. A Campos le reclama la fiscalía la multa de menor cuantía, 34.250 euros, frente a 42.00 que pide para Camps, Costa y Betoret.
- Rafael Betoret. el ex jefe de gabinete de Milagrosa Martínez como consejera de Turismo, en la actualidad responsable de protocolo de la Diputación de Valencia, habría intervenido en la contratación de Orange Market para los pabellones valencianos en los certámenes de Fitur. Es también uno de los cuatro imputados por el juez Flors por los regalos de prendas de vestir recibidos de la trama corrupta.
- Luis Bárcenas. El exsenador y extesorero nacional del PP, que dimitió a causa del escándalo generado por el caso Gürtel, está involucrado en los delitos electorales del PP valenciano de las campañas de 2007 y 2008, según la Fiscalía Anticorrupción. Bárcenas era el responsable legal de las campañas, debido a la estructura centralizada del PP.
- Cristina Ibáñez. Era la apoderada del PP en Valencia en la campañas electorales en las que la investigación ha aportado indicios de financiación ilegal.
- El "cantante" y el "príncipe". La investigación no ha podido aclarar hasta ahora la identidad de dos personas que figuran con esos apodos en los apuntes contables de la trama y que supuestamente habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market".
- Más imputados. Además de los cargos del PP, la fiscalía pide la imputación de seis miembros de la trama. Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. También implica a ocho empresarios valencianos.
www.elpais.es 02.04.11
LA FUNDACIÓN QUE MONTÓ LA VISITA DEL PAPA DEBÍA TRES MILLONES EN 2008
La entidad recibió en 2007 donaciones por valor de 350.000 euros
La Fundación V Encuentro Mundial de las Familia -la entidad constituida por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia para organizar la visita de Benedicto XVI- adeudaba a principios de 2008 tres millones de euros por los gastos realizados en el evento.
El coste del evento superó los 25 millones, según los datos conocidos
Así consta en la última documentación depositada en el registro de fundaciones de la Generalitat valenciana, correspondiente al cierre del ejercicio de 2007. La documentación relativa a 2008 y las anualidades posteriores sigue sin estar accesible pese a tratarse de un registro público. El gasto realizado por las Administraciones valencianas en este evento de carácter confesional sigue sin estar claro cinco años después de la visita del Pontífice a Valencia en julio de 2006.
La última memoria accesible de la fundación indica que a primeros de 2008 se debían todavía 2.993.185 euros, prácticamente la misma cantidad con la que se había cerrado el ejercicio de 2006 en el que tuvo lugar la visita de Benedicto XVI. La fundación que seguía operativa y con un trabajador empleado mantenía viva con Bancaja una póliza de crédito de medio millón de euros de la que había dispuesto un total de 396.255 euros.
De acuerdo con la escasa documentación disponible en el registro, en 2007 la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia ingresó 345.655 de donaciones declaradas -sin especificar si estas procedieron de Administraciones públicas o personas privadas y otros 52.988 euros de donaciones anónimas de particulares. En total, casi 400.000 euros que permitieron afrontar los gastos de funcionamiento -fundamentalmente el pago de facturas pendientes- y presentar un balance positivo de algo más de 37.000 euros para reducir ligeramente por debajo de los tres millones la deuda arrastrada del ejercicio de 2006.
El registro de fundaciones de la Generalitat ya alertó en las cuentas de 2006 de la entidad que montó la visita del Papa que la falta de liquidez comprometía el pago de las deudas y la continuidad de la propia Fundación V Encuentro. De hecho, a finales de 2009 el Consell tuvo que inyectar dos millones de euros a la citada entidad.La memoria abreviada de 2007 de la Fundación de la visita del Papa advierte de que sus compromisos económicos cuentan con el respaldo de las instituciones gobernadas por el PP. "La fundación", relata la memoria, "goza del total apoyo económico y financiero de los componentes del patronato". "El fondo de maniobra negativo", prosigue el documento, "se califica como transitorio, como prueba que se ha atendido en tiempo y forma los pagos comprometidos por la fundación". "Esta situación no compromete los pagos futuros, ni la continuidad de la fundación", sentencia. La elevada deuda contraida es la razón de que la Generalitat no haya podido extinguir todavía una fundación que se creó para un evento puntual, la visita pastoral de Benedicto XVI a Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2006.
A través de las modificaciones de crédito publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) se supo en febrero del año pasado que el Consell había destinado dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, con la intención de liquidar buena parte de las deudas.
El pasado mes de junio el portavoz de Compromís, Enric Morera, preguntó al Consell si había realizado algún donativo al Vaticano para que viniese el Papa a Valencia y, en caso afirmativo, por qué cantidad y a través de que mecanismo. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, se limitó a señalar que en la contabilidad de 2006 de la Fundación V Encuentro no aparece ningún donativo público y remitió a la oposición a las cuentas depositadas en el registro de fundaciones. En su respuesta, Gerardo Camps aseguró que ya estaban disponibles en el registro de fundaciones las cuentas de 2006,2007 y 2008, así como que en breve estarían disponibles las correspondientes a 2009. Sin embargo, en el registro de fundaciones la última memoria disponible es la de 2007.
La documentación del registro permite comprobar que en 2006 la fundación incluyó 2,1 millones de donaciones declaradas sin especificar. Una cantidad que en 2007 fue de poco más de 345.000 euros. Este concepto es distinto del utilizado para contabilizar las donaciones anónimas efectuadas por los fieles, que figuran en 2005, 2006 y 2007.
Así, en el último ejercicio disponible en el registro, 2007, la fundación que organizó la visita del Papa recaudó donaciones por importe de 52.988,60 euros (33.817,60 de entidades y 19.171 de particulares). Nada que ver con la cifra obtenida el año de la visita del Pontífice, 2006, en el que la fundación obtuvo 436.381,57 euros de donaciones (212.017,28 de entidades y 204.927,51 de particulares a los que se añadieron 19.436,78 euros de la Diputación de Valencia). En 2005, el año de constitución de la fundación los donativos solo fueron de 315 euros.
Casi un lustro después de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, el gasto público realizado por la Generalitat sigue siendo un secreto. Sin embargo, los datos conocidos a raíz de la investigación judicial del caso Gürtel que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como la escasa y dispersa información aportada por las propias Administraciones implicadas y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia permiten empezar a acotar el gasto realizado en el citado evento.
El coste conocido del evento superó los 25 millones de euros, procedentes en su gran mayoría de los presupuestos públicos de la Generalitat, que desembolsó el dinero de manera directa o a través de empresas públicas como Ràdio Televisió Valenciana. Las donaciones de los feligreses para sufragar este evento confesional apenas alcanzaron los 500.000 euros, según se desprende de las propias memorias de la fundación.
Lo que se sabe de las cuentas del viaje del Benedicto XVI a Valencia
- La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia: La entidad creada por la Generalitat y el Arzobispado junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia en 2005 para organizar la visita del Papa gastó más de 12 millones de euros en el evento, aunque solo consiguió ingresar 9 millones por distintos conceptos. Cuatro procedentes de cuotas, presumiblemente de los miembros del patronato. Un total de 2,6 millones procedentes de convenios de colaboración, supuestamente grandes empresas que contribuyeron con bienes o servicios, y otros 2,1 de donaciones declaradas, presumiblemente por firmas que contribuyeron con dinero. Otros 500.000 euros fueron donaciones anónimas de feligreses.
- El Consell: Aseguró en febrero de 2007, a través del vicepresidente Víctor Campos, que solo había gastado 1,9 millones de euros en el evento. Nunca se especificó el gasto, ni se ha explicado cuánto dinero se destinó al evento a través de las empresas públicas de la Generalitat. En las respuestas parlamentarias remitidas con posterioridad a la oposición la Generalitat solo admitió haber gastado 214.000 euros en recursos sanitarios, 10.417 euros en carteles y trípticos, 9.969 euros en viajes, 11.948 euros en un estudio de demanda para analizar la asistencia y 1.566 euros en un curso de formación turística para voluntarios. El 18 de diciembre de 2009, el Consell aprobó una modificación presupuestaria de dos millones de euros para pagar parte de las deudas pendientes de la fundación V Encuentro
- Ràdio Televisió Valenciana: Canal 9 y Ràdio 9 gastaron cerca de 11 millones de euros en la retransmisión íntegra de la visita del Papa a Valencia. De esta cantidad, RTVV destinó 6,4 millones a la sonorización, de los cuales 3,3 se los repartieron supuestamente la empresa Teconsa y la trama corrupta del caso Gürtel.
- La Diputación de Valencia: En 2006 realizaron una donación específica de 19.436,78 euros. La Corporación provincial admitió en octubre de 2009 haber gastado 300.000 euros en sillas, dípticos, la confección de un DVD sobre la visita papal y un busto del Pontífice.
- El Ayuntamiento de Valencia: Fue la primera de las tres instituciones gobernadas por el PP que ofreció una cantidad y cifró el gasto municipal del evento en 2,36 millones de euros.
- El arzobispado: Solo consta una aportación de 10.000 euros para la constitución de la fundación. La misma cantidad que aportaron los otros tres patronos. A este dinero hay que añadir las donaciones de los feligreses.
www.elpais.es 04.04.11
EL CONSELL ADUCE QUE LA FISCALÍA SOLO INCLUYE A CAMPS POR RAZONES POLÍTICAS
El PP reclama la comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso
"Es evidente que Camps no tiene nada que ver, ni nunca ha tenido nada que ver en esto [el caso Gürtel]. Su inclusión [en el sumario judicial] ha obedecido única y exclusivamente a razones políticas, nunca jurídicas". La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, hizo ayer una cerrada defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras conocer que no aparece explícitamente mencionado en el último escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al TSJ de la Comunidad Valenciana. En este escrito, la fiscalía pide al tribunal que acepte instruir la parte relativa a la financiación irregular del PP valenciano del caso Gürtel, tal y como propone el instructor del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira.
La portavoz niega los indicios de financiación irregular en el PP
La alegría duró poco porque a través de la misma agencia de noticias que adelantó que la Fiscalía Anticorrupción excluía a Camps en su escrito, el ministerio público dejó claro que el presidente de la Generalitat no queda excluido de las posibles personas que podrían haber incurrido en supuestos delitos electorales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda y la Administración pública relacionados con el caso Gürtel.
Pese a ello, el entorno del presidente de la Generalitat no cambió el argumentario inicial. A mediodía de ayer la explicación al escrito de la Fiscalía Anticorrupción era que no había tenido "más remedio que cambiar la postura por la propia inconsistencia, no solo de la inclusión de Camps, sino de la propia acusación que se hace". Tras la aclaración de la Fiscalía Anticorrupción, el argumento era que alguien en fiscalía había cometido el error de no mencionar a Camps y desde instancias gubernamentales se había dado orden de rectificar. En cualquier caso, el PP insistió durante todo el día de ayer en el argumento de la consejera portavoz: "No ha habido ningún tipo de financiación ilegal y la contabilidad está absolutamente contrastada y auditada".
El PP decidió acompañar sus argumentos con una petición en el Congreso de los Diputados para que comparezca el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique "detalladamente por qué está persiguiendo al PP utilizando las herramientas del Estado". "Exigimos que [Conde-Pumpido] no intente torcer la actuación de sus fiscales", indicaron en el PP.
Camps, que ayer no contaba con agenda oficial, remitió una nota y unas fotos de su visita a unas rehabilitaciones realizadas en el Centre del Carme de Valencia, pero evitó cualquier referencia relacionada con Gürtel.
En medio de la expectación generada por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, fuentes del PP reconocieron la existencia de un cierto malestar por la decisión de Camps de cerrar filas en torno a su figura mientras se ignoraba al resto de altos cargos del partido que sí son mencionados en el escrito del ministerio fiscal. Unos cargos entre los que figuran la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez; el vicepresidente primero, Vicente Rambla; o el vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra.
www.elpais.es 02.04.11
EL TSJ RECHAZA EL INTENTO DEL PP DE DILATAR EL JUICIO A LUNA
El Partido Popular, interesado en retrasar las causas judiciales relacionadas con la trama Gürtel que afectan al presidente Francisco Camps y a numerosos altos cargos populares, tampoco parece tener prisa en el caso judicial que afecta al portavoz parlamentario socialista Ángel Luna.
El diputado será juzgado el martes por un supuesto delito de encubrimiento. El PP lo denunció después de que mostrara en las Cortes un informe policial que señalaba cómo la trama corrupta sacó tajada de la visita del Papa gracias a un contrato de Canal 9. El informe estaba bajo secreto de sumario. El PP denunció a Luna, primero por revelación y luego por encubrimiento.
El abogado del PP pidió el martes al Tribunal Superior de Justicia valenciano que se transcribieran todas las declaraciones de la fase de instrucción que están en soporte audiovisual y el TSJ lo rechazó. Aceptó, en cambio, la solicitud de que sea llamado a declarar el líder socialista valenciano Jorge Alarte. Y también de que se averigüe si algún juzgado de Madrid (porque allí remitió sus sospechas el juez instructor) está investigando la hipotética revelación de secretos.
www.elpais.es 01.04.11
CORREA GASTÓ EL DINERO DE LA VISITA DEL PAPA PARA ESPECULAR EN LA NUCIA
La policía considera acreditado que la trama corrupta del caso Gürtel destinó parte del dinero logrado con la visita del Papa a Valencia en 2006 a la compra de una finca en La Nucia (Alicante) con la que, una vez recalificada, pretendía obtener más de un millón de euros.
Así lo afirman los investigadores policiales en un informe, adelantado hace semanas por EL PAÍS, que explica que la trama pretendía realizar negocios inmobiliarios en La Nucia. Bien mediante la adquisición de este terreno para su posterior venta recalificado, o mediante la adquisición de participaciones del PAI (Programa de Actuación Integrada) Pie de Monte para ceder posteriormente el derecho urbanizador a otra sociedad de la red.
En concreto, el informe indica que la compra de esta parcela de secano de 12.000 metros cuadrados de terreno yermo estaba destinada a la especulación inmobiliaria.
El número dos de la red, Pablo Crespo, había calculado que el beneficio ascendería a 1.134.360 euros o a 1.890.600 euros, según la documentación incautada en 2009 en una caja de seguridad. No obstante, la operación no llegó a realizarse por la paralización de varios proyectos urbanísticos en La Nucia a causa de la falta de agua existente.
Cobertura para la red
El informe de la UDEF, fechado el pasado 2 de marzo y que ya está en poder del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, analiza también la "operativa de blanqueo" de capitales realizada con este negocio.
Así, como ya explicó este periódico, el informe confirma que la compra de la finca se financió con los fondos que Teconsa recibió de RTVV por retransmitir la visita del Papa. En concreto, 600.000 euros fueron entregados por Apogee Telecomunicaciones, SA, a través de una factura ficticia que Wild Electronics emitió a Teconsa, mientras otros 230.000 euros fueron entregados por medio de una factura que emitió Castaño Corporate a la misma sociedad. En la operación de la trama, Castaño Corporate -cuyo administrador único es Jacobo Gordon, también imputado en el
caso Gürtel- fue la que formalmente compró la finca por 756.240 euros y dio cobertura a la trama. Correa, que era amigo del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano (PP) intentó especular con otros proyectos. En el PAI Pie de Monte, Correa intentó que la urbanización se le adjudicase a la constructora Begar de José Luis Ulibarri, otro de los imputados en el caso Gürtel.
www.elpais.es 23.03.11
EL TSJ RECHAZA EL RECURSO DE LUNA Y LO JUZGARÁ POR ENCUBRIMIENTO
La sala desestima las apelaciones sin entrar en el fondo del asunto
Ángel Luna, portavoz parlamentario socialista, distinguido en los últimos dos años por denunciar la connivencia del Gobierno valenciano con la trama Gürtel, será paradójicamente el primero que se siente en el banquillo por unos hechos relacionados con el caso. El juez Juan Montero, tras una denuncia interpuesta por el PP, le abrió juicio oral el 11 de marzo por un supuesto delito de encubrimiento: obstaculizar la identificación de la persona que le hizo llegar un informe policial, que estaba bajo secreto de sumario, en el que se detallaba cómo la trama corrupta se embolsó tres millones de euros con la visita del Papa a Valencia en el año 2006 gracias a un contrato de la televisión pública valenciana, Canal 9. Luna esgrimió ese documento en un debate parlamentario con el presidente Francisco Camps el 24 de marzo de 2010 y siempre ha afirmado que le llegó de forma anónima.
El tipo de proceso impide analizar la consistencia de la acusación
La sala indica que los hechos pueden interpretarse de forma distinta
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó ayer, sin entrar en el fondo del asunto, las apelaciones que tanto el diputado como el ministerio público presentaron contra la previa decisión del magistrado de continuar el procedimiento. De ese modo, y dado que contra la apertura de juicio oral dictada por Montero no cabe recurso, Luna será juzgado probablemente en abril. La sentencia podría conocerse ese mismo mes o a principios de mayo.
El auto que rechaza las apelaciones, del que ha sido ponente el juez José Flors, el mismo que mantiene imputado a Camps por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, subraya que dadas las características del procedimiento abreviado que se sigue contra Luna, la Sala Civil y Penal no podía entrar a analizar la fortaleza o debilidad de los indicios (pruebas no hay) de la acusación contra el portavoz socialista.
"Lo que no resulta posible al tribunal de apelación es realizar un examen directo del resultado de las diligencias practicadas para extraer unas propias conclusiones que sustituyan la valoración indiciaria de los hechos racionalmente realizada por el instructor por otra diferente que pudiera considerarse preferible", señala el auto.
"Se trata solo", prosigue, "de analizar si la imputación en la que se basa la decisión de continuar el procedimiento por los trámites de la preparación del juicio se halla razonablemente fundada". Tras su limitado examen, la sala considera que la conclusión de Montero "no es algo que se aparte completamente de la lógica, ni resulta absurda, irracional o arbitraria".En otro fragmento, referido al razonamiento realizado por el juez instructor, la sala señala: "Cierto es que, a partir de esos mismos antecedentes, interpretados de modo diferente, podría llegarse a una conclusión distinta, pero esa posibilidad no convierte, sin más en absurda o irrazonable, ni tampoco esencialmente imposible aquella otra alternativa (la de Montero); y ya hemos dicho al respecto que en el ámbito de este recurso no le es dado a este tribunal sustituir las valoraciones del magistrado instructor, salvo casos de manifiesta irracionalidad".
Es decir, ese es el grado de exigencia sobre la solidez de la acusación que se exige en esta fase del procedimiento. Pero la sala advierte que la exigencia en el juicio será superior: "No hay que olvidar tampoco que el Tribunal Supremo tiene declarado sobre este particular que el grado de certeza en la fijación de los datos del hecho y el de valoración de la tipicidad penal para garantizar la razonabilidad de la continuación del procedimiento, no es el mismo que se necesita para decidir, en el acto del juicio, sobre la condena (o) la absolución, en cuyo acto debe tomarse en consideración en todo caso el principio in dubio". El principio legal In dubio pro reo establece que en caso de duda, por ejemplo por no existir suficientes pruebas, debe fallarse a favor del acusado.
El apunte es importante al relacionarlo con lo que se ha aportado hasta ahora en el procedimiento. Y en concreto, con el hecho de que en la instrucción no figura ninguna prueba que desvirtúe la versión de Luna.
El relato de hechos es conocido. Hace ahora un año, en un debate en las Cortes con Camps, Luna mostró un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que explicaba cómo la trama Gürtel se había lucrado con la visita del Papa a través de un contrato de Canal 9. La televisión pública valenciana estaba dirigida entonces por Pedro García, estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, que ejercía como delegado de la red corrupta en Valencia.
El contenido del informe había sido publicado meses antes en EL PAÍS y también en otros medios, pero se encontraba bajo secreto de sumario. El PP presentó una denuncia por revelación de secretos que el juez Montero archivó porque no había, dijo, nada que la sostuviera. El magistrado decidió seguir la investigación, sin embargo, por un supuesto delito de encubrimiento. La actuación del portavoz socialista, consideró el juez, impedía averiguar quién había efectuado la filtración.
La versión de Luna también es conocida. Afirma que encontró el informe en un sobre sin remitente en la mesa de su despacho en las Cortes; que en el momento en el que lo mostró no sabía que estaba bajo secreto de sumario; y que después de enseñarlo se despreocupó de él porque, tras ser aceptada su personación como acusación en el caso Gürtel, el 7 de mayo de 2010, pasó a tener acceso informático a todo el sumario. Por ello, agregó, cuando Montero le reclamó el documento, el 20 de diciembre, hacía tiempo que se había despreocupado de él.
A pesar de que en el procedimiento el PP no ha aportado ninguna prueba contra esa versión, Montero consideró que el socialista sí sabía que el informe era secreto o lo supo poco después; que era consciente de que quien se lo hizo llegar había cometido un delito (o que en cualquier caso alguien lo cometió en su momento); que su explicación de cómo lo recibió no es razonable; y tiene el documento pero no lo quiere entregar, y por tanto lo está ocultando.
Un razonamiento al que llegó, básicamente, con un indicio: Luna indagó, antes de declarar ante Montero, si los sobres que llegan a las Cortes pasan siempre por registro de entrada. Según Luna, lo hizo para tener la máxima información para responder ante el juez. A Montero, en cambio, le resultó lo bastante sospechoso como para enviarlo al banquillo.
www.elpais.es 25.03.11
EL JUEZ ABRE JUICIO CONTRA LUNA POR ENCUBRIMIENTO
El portavoz socialista: "Camps no me va a callar con querellas"
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Montero dictó ayer apertura de juicio oral contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, por un supuesto delito de encubrimiento.
El 24 de marzo de 2010, en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas, Luna mostró un informe policial que revelaba el modo en que la trama Gürtel se lucró, gracias a un contrato de la televisión pública autonómica, Canal 9, con la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El documento se encontraba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de secretos. La acusación fue archivada por Montero tras constatar que no existía ningún indicio que la sostuviera, y envió a los juzgados de Madrid las sospechas para que se indagaran allí. El magistrado decidió seguir la instrucción contra Luna, sin embargo, por encubrimiento, a pesar de que el ministerio fiscal había solicitado el sobreseimiento libre.
Montero no le cree
El diputado socialista ha declarado ante el juez que el informe le llegó de forma anónima; que no sabía que estaba declarado secreto y que desconoce dónde está porque se despreocupó de él. El juez no le creyó, y en su auto de ayer señaló: "Existen indicios de criminalidad", "indicios que deben llevar a que el proceso prosiga, pues en este momento de la causa no cabe afirmar, y con efectos de cosa juzgada, que los hechos no sean constitutivos de delito".
El portavoz del PSPV respondió afirmando que el presidente Francisco Camps pretendía "ejemplarizar en el castigo para conseguir una sociedad sumisa"; "por muchas querellas que me ponga, no me va a callar". El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, respaldó a Luna, lo confirmó en su puesto, donde seguirá salvo que lo establezca una sentencia, supuesto, dijo, "que no ocurrirá". Alarte también predijo que en 2012 "los actuales dirigentes del PP habrán salido de la vida política a causa de los procedimientos judiciales por corrupción".
El portavoz del PP, Rafael Blasco, celebró que el juez hubiera encontrado "indicios suficientes contra su manera de actuar". Y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, añadió que "la naranja podrida está en el cesto del PSPV".
EL PAÍS - Madrid - 12/03/2011
EL TRIBUNAL RECHAZA OTRO INTENTO DE CAMPS DE DILATAR EL CASO DE LOS TRAJES
La sala insta a la fiscalía a solicitar la acumulación de delitos más adelante
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano rechazó ayer un nuevo intento de Francisco Camps, presidente de la Generalitat, de dilatar la causa de los trajes, en la que está imputado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio junto a tres altos cargos del PP y el Gobierno autonómico por aceptar regalos de la trama Gürtel valorados en miles de euros.
La estrategia de los acusados y especialmente de Camps desde que se inició la investigación en 2009 ha consistido en solicitar diligencias y plantear recursos sin cesar para ralentizar la marcha del procedimiento.
En el desestimado ayer, el presidente valenciano había pedido suspender el trámite de presentación de escritos de conclusiones de las partes (ya los han entregado la Fiscalía Anticorrupción, los socialistas y el propio Camps) para que dos peritos hicieran "aclaraciones" y ratificaran sus informes, que están incorporados al sumario. La sala respalda ahora al juez instructor del caso, José Flors, que ya había indicado que esa diligencia se efectuaría en la audiencia preliminar. Ese acto se celebrará probablemente a principios de abril, una vez que todas las partes hayan presentado sus escritos de conclusiones. Y precederá a la decisión del magistrado de abrir o no juicio oral contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
El presidente de la Generalitat (que ayer suspendió su agenda por problemas lumbares) también solicitaba que se suspendiera la causa hasta que la sala no hubiese resuelto los recursos contra las decisiones de Flors que han presentado las defensas. La Sala Civil y Penal también rechazó ese argumento atendiendo a lo que establece la Ley del Jurado. Tal suspensión podría decretarse, argumenta en su auto, en la propia audiencia preliminar, si para entonces todavía quedase algún recurso pendiente. Fuentes judiciales apuntaron a que la apelación y las dos quejas presentadas por los abogados defensores que aún debe ver la sala estarán con bastante probabilidad resueltos para cuando tenga lugar la audiencia preliminar.
La Sala Civil y Penal desestimó igualmente un recurso de fiscalía en el que pedía suspender la causa hasta que se resolvieran las dos inhibiciones del tribunal superior madrileño en favor del valenciano. Debido a los recursos planteados en Madrid, recuerda el TSJ valenciano, este tribunal todavía no tiene por planteada las inhibiciones. Y el momento oportuno para decretar la suspensión pedida por la fiscalía, agrega la sala, sería tras la celebración de la audiencia preliminar.
www.elpais.es 15.03.11
EL SUPERIOR DE MADRID ANALIZA SI SE JUZGA AL JEFE DE GÜRTEL JUNTO A CAMPS
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolverá previsiblemente esta semana varios recursos presentados contra la decisión que adoptó el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, para que los cabecillas de la trama fueran juzgados junto al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en el asunto del regalo de los trajes. Pedreira dictó hace meses un auto en el que señaló que tanto Francisco Correa como su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes, debían ser enjuiciados junto a Camps por ser ellos quienes le sobornaron con trajes y joyas a él y otros altos cargos.
La Sala de lo Penal de Madrid (integrada por los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro) deberá decidir si anula el auto de Pedreira, lo ratifica o bien envía la causa a Valencia para que sean sus colegas los que tomen allí la decisión.
La Fiscalía Anticorrupción es partidaria de que Camps y los otros tres imputados en la causa de los trajes (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos) se sienten en el banquillo junto a los responsables de Gürtel por la conexión entre los donantes de los regalos y los que aparecen como receptores. La Fiscalía pide para Camps en este asunto, por cohecho pasivo, una multa de 41.250 euros. Y es partidaria de que el caso del regalo de los trajes, que ya ha instruido el juez de Valencia José Flors, quede paralizado hasta que se decidida si se une con las diligencias sobre financiación ilegal del PP de Valencia que también ha destapado el caso Gürtel.
Desglose
La causa del regalo de los trajes a Camps está ahora, de hecho, desglosada de la de la presunta financiación ilegal, consistente en que grandes empresas valencianas sufragaron actos del PP a través de la empresa Gürtel Orange Market, que dirigía el Bigotes.
El juez Pedreira también acordó remitir a Valencia el tema de la financiación ilegal y estableció que entre los implicados podía haber aforados, entre ellos, Camps. La decisión de Pedreira fue recurrida por el PP, personado en la causa, curiosamente, como acusación particular, lo que obligó a intervenir a la citada Sala Penal de Madrid, la cual decidió que fuera su homónimo de Valencia la que decidiera qué hacer con el asunto de la financiación ilegal y, en su caso, a quién imputar.
www.elpais.es 14.03.11
FERIA VALENCIA FACTURÓ AL CONSELL EN 2008 UN ACTO DEL PP EUROPEO
La institución ferial consignó a Economía un adeudo de 10.874 euros
Feria Valencia facturó a la Consejería de Economía en 2008 el alquiler del espacio utilizado por el Partido Popular Europeo en el Comité de las Regiones de la UE. Los populares europeos se reunieron en Valencia en mayo de 2008 invitados por el PP y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para debatir sobre el cambio climático. El encuentro se tradujo en un dictamen que incluyó el informe a favor de la política de trasvases impulsado por el Consell y aprobado semanas antes por el Comité de Regiones de la Unión Europea.
La información a la que ha tenido acceso este periódico revela la existencia de un apunte identificado con el número de referencia 3030011080 y la leyenda EPP (siglas del Partido Popular Europeo) Group in the Comite regions-espacio. El apunte está referenciado a una factura emitida a la sede de la secretaría autonómica de Empleo.
En la factura de Feria Valencia se detallan diferentes conceptos habituales en la celebración esta clase de encuentros, aunque el coste principal es el alquiler del espacio, valorado en 7.185 euros. El importe conjunto del cargo consignado se eleva a 9.374 euros que, con el IVA, alcanza una cifra global de 10.874 euros con cuatro céntimos.
No consta que la Consejería de Economía abonase el citado cargo. Fuentes del departamento que dirige Gerardo Camps explicaron que necesitaban más tiempo para verificar si se les remitió hace más de dos años un cargo por el citado concepto y cantidad.
La institución ferial de Valencia mantiene una política de estricta confidencialidad y no hace comentarios sobre ninguno de sus clientes, ni presentes, ni pasados. "No podemos decir nada", insisten.
La dirección regional del PP negó que hubiese participado en la organización de la reunión y apuntó que lo habitual es que, tratándose de un encuentro europeo, sea el Partido Popular Europeo el que asuma el coste del evento.
El encuentro del grupo del Partido Popular Europeo en Valencia contó con el presidente del Comité de Regiones, Luc van der Brande, el presidente del grupo popular en este organismo, Isidoro Gottardo, y el propio Camps, entre otros.El año 2008 no fue malo para Orange Market. La firma de Francisco Correa -que dirigía en Valencia Álvaro Pérez El Bigotes- siguió trabajando para sus dos principales clientes: el PP y Feria Valencia, tras ser reelegido Francisco Camps.
Según la documentación incautada por la policía y que figura en el sumario del caso Gürtel, Orange Market cobró 1.670 euros por sus trabajos en la jornada del PP europeo celebrada el 23 de mayo de 2008 en Feria Valencia.
En la misma documentación requisada por la policía e incorporada al sumario del caso Gürtel, que instruye el juez Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se da la coincidencia de que Orange Market emitió con fecha 23 de mayo -el mismo día que tuvo lugar la jornada del PP europeo- tres facturas a nombre de Feria Valencia. Las facturas, con el IVA incorporado, son por importe de 10.864,56 euros; 3.343,91 euros y 13.789,50 euros y figuraban como pendientes de cobro.
La investigación judicial del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana se ha centrado hasta ahora en las relaciones de Orange Market y la trama corrupta con el PP, la Generalitat y las empresas constructoras que, supuestamente, financiaron de manera irregular a los populares valencianos.
Feria Valencia, según declaró en su día el propio Álvaro Pérez, era uno de los clientes principales de Orange Market. En 2008 Orange Market consiguió un contrato directo por parte de la institución ferial para elaborar un plan de marketing para el certamen Hábitat presupuestado en 800.000 euros. Según la documentación conocida hasta ahora, tan solo en ese ejercicio, la firma de Álvaro Pérez facturó a Feria Valencia un total de 1.438.400 euros.
Feria Valencia, que está presidida por Alberto Catalá desde hace más de una década, mantiene una estricta política de confidencialidad que ha impedido saber con exactitud cuántos contratos tuvo la institución con Orange Market, por qué prestaciones y con qué importes.
La institución ferial, cuyas cuentas anuales correspondientes a 2008 fueron auditadas favorablemente por la consultoría Deloitte, no ha rendido nunca cuentas a la Sindicatura de Comptes. Entre las particularidades que presenta la contabilidad de Feria Valencia es que hasta 2008, cuando se aprobó la modificación, los cierres de ejercicio se cerraban el 31 de agosto en vez del 31 de diciembre, lo que provocaba que las distintas anualidades no coincidiesen con el año natural. Este cambio hizo que, finalmente, el ejercicio 2008 solo incluyese el periodo transcurrido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.
Un reciente informe de la Sindicatura, el órgano que audita las cuentas de las entidades públicas de la Comunidad Valenciana, se queja del vacío legal que permite que sociedades mercantiles, fundaciones o asociaciones participadas mayoritariamente por entidades locales -como es el caso de Feria Valencia, una entidad sin ánimo de lucro controlada por el Ayuntamiento y la Generalitat- eludan presentar sus cuentas pese a su carácter público.
www.elpais.es 14.03.11
EL JUEZ ABRE JUICIO CONTRA LUNA POR ENCUBRIMIENTO
El portavoz socialista: "Camps no me va a callar con querellas"
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Montero dictó ayer apertura de juicio oral contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, por un supuesto delito de encubrimiento.
El 24 de marzo de 2010, en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas, Luna mostró un informe policial que revelaba el modo en que la trama Gürtel se lucró, gracias a un contrato de la televisión pública autonómica, Canal 9, con la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El documento se encontraba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de secretos. La acusación fue archivada por Montero tras constatar que no existía ningún indicio que la sostuviera, y envió a los juzgados de Madrid las sospechas para que se indagaran allí. El magistrado decidió seguir la instrucción contra Luna, sin embargo, por encubrimiento, a pesar de que el ministerio fiscal había solicitado el sobreseimiento libre.
Montero no le cree
El diputado socialista ha declarado ante el juez que el informe le llegó de forma anónima; que no sabía que estaba declarado secreto y que desconoce dónde está porque se despreocupó de él. El juez no le creyó, y en su auto de ayer señaló: "Existen indicios de criminalidad", "indicios que deben llevar a que el proceso prosiga, pues en este momento de la causa no cabe afirmar, y con efectos de cosa juzgada, que los hechos no sean constitutivos de delito".
El portavoz del PSPV respondió afirmando que el presidente Francisco Camps pretendía "ejemplarizar en el castigo para conseguir una sociedad sumisa"; "por muchas querellas que me ponga, no me va a callar". El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, respaldó a Luna, lo confirmó en su puesto, donde seguirá salvo que lo establezca una sentencia, supuesto, dijo, "que no ocurrirá". Alarte también predijo que en 2012 "los actuales dirigentes del PP habrán salido de la vida política a causa de los procedimientos judiciales por corrupción".
El portavoz del PP, Rafael Blasco, celebró que el juez hubiera encontrado "indicios suficientes contra su manera de actuar". Y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, añadió que "la naranja podrida está en el cesto del PSPV".
EL PAÍS - Madrid - 12/03/2011
LA POLICÍA CERCA AL CONSTRUCTOR QUE SE ENRIQUECIÓ CON CORREA EN LA VISITA PAPAL
Los agentes piden la imputación del dueño de Teconsa por su relación con Gürtel
La policía estrecha el cerco sobre uno de los mayores y más rápidos negocios hechos por la red corrupta que dirigía Francisco Correa en la Comunidad Valenciana.
La visita de dos días del Papa a Valencia en 2006 sirvió a la trama Gürtel para intermediar en un contrato de siete millones de euros -más de la mitad fueron beneficios- que la televisión autonómica Canal Nou -dirigida entonces por Pedro García, un amigo de la red corrupta-, adjudicó a la constructora leonesa Teconsa. Los dueños de esta constructora eran, a su vez, amigos de Francisco Correa, con el que mantuvieron conversaciones comprometedoras que se han incorporado al sumario judicial del caso.
El contrato multimillonario que adjudicó Canal Nou consistía en poner altavoces y pantallas de televisión por diversas zonas de la ciudad de Valencia coincidentes con el recorrido previsto en la visita del Papa. Teconsa, experta en hacer carreteras y obras públicas pero sin ninguna experiencia en sonorización e instalación de pantallas de televisión en la calle, subcontrató los trabajos con empresas que, a su vez, eran clientes habituales de la red Gürtel.
La constructora leonesa pagó a las subcontratistas del servicio tres millones de euros y ganó casi cuatro millones. Un negocio redondo que el empresario leonés repartió con Francisco Correa y su red corrupta, que había amañado junto a Pedro García, según la investigación, el concurso de la visita del Papa de Canal Nou.
La policía ha seguido el rastro del dinero y se ha encontrado con que Teconsa derivó parte de sus ganancias en el contrato valenciano a una cuenta de Special Events (empresa de Francisco Correa) a través de dos ingresos de 200.000 euros cada uno. Posteriormente, Correa se pagó las obras de reforma de su vivienda en Ibiza, que le hace Teconsa, mediante transferencias de dinero desde la cuenta de Special Events. Esta empresa paga a Teconsa por las obras con dinero que previamente había ingresado de la propia Teconsa por el reparto de los beneficios de la visita del Papa. Todo queda en familia.
El sumario del caso Gürtel incorpora ya un informe con todas las pruebas de este presunto tráfico ilegal de dinero. Ese informe sirve de base a la policía para pedir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, la "imputación de José Luis Martínez Parra como administrador de Teconsa" por su participación en la adjudicación del contrato público "realizado de manera ilícita con la Radio Televisión Valenciana con motivo de la organización de la visita del Papa".
La policía sostiene que Teconsa fue utilizada por la red corrupta como "sociedad pantalla" para así "solapar la realización real del acto por la organización de Francisco Correa y facilitando a este la ocultación de los fondos recibidos, cobrando por ello una comisión de 200.000 euros".
El informe policial también da cuenta de la misma operativa con la constructora Begar, que supuestamente pagó un millón de euros a Correa por intermediar en un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).
Los investigadores concluyen igualmente que Correa defraudó al fisco al menos 450.000 euros que pagó en Suiza como parte del precio de compra de su vivienda en Ibiza. La policía pide al juez que ponga en conocimiento de la Agencia Tributaria este supuesto fraude fiscal.
EL PAÍS - Madrid - 12/03/2011
CAMPS INSISTE SIN APORTAR PRUEBAS EN QUE SE PAGÓ TRAJES Y AMERICANAS
Admite ahora que conoció a El Bigotes en 2002 en contra de lo que dijo en 2009
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, imputado por un supuesto delito de cohecho continuado por aceptar regalos de la trama Gürtel, negó en su escrito de defensa, presentado el viernes y conocido ayer, haber recibido obsequios de la red corrupta. Camps repitió los mismos argumentos que hace dos años, cuando se inició la investigación judicial: los pocos trajes y prendas de vestir que se llevó de las tiendas Milano y Forever Young los pagó de su bolsillo salvo en un caso, en el que al no llevar suficiente metálico encima para comprar una americana rebajada se lo pidió prestado a un escolta. Como hace dos años, el presidente valenciano no aportó pruebas de descargo: se limitó básicamente a destacar supuestas contradicciones en la acusación.
El sastre: "Miente porque jamás ha pagado un euro ni se ha preocupado"
Frente a él se alzan, en cambio, numerosas pruebas. Las declaraciones del sastre José Tomás y de la cajera de Milano. Los tíquets de caja y los inventarios semestrales de pagos pendientes de ese mismo establecimiento. Los tíquets generados para la cancelación de pagos pendientes. Las hojas de sastrería rellenadas en Forever Young y enviadas a Satsgor, la empresa que realmente confeccionaba las prendas. El abono por parte de la trama de la deuda que generaban en las tiendas esos artículos. El conocimiento general de los empleados de Milano sobre cómo se suministraban los trajes a los imputados (además de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) y otros elementos incriminatorios.
Argumentos de sobra como para que los 11 jueces que hasta ahora han participado en la causa considerasen suficientemente acreditado (en el grado propio de la instrucción de una causa) que recibió los regalos. Así lo hizo incluso la sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano presidida por Juan Luis de la Rúa, que en 2009 archivó el caso al considerar que recibir obsequios sin una contrapartida por parte de los receptores no era delito. Una interpretación que vaciaba de sentido el delito de cohecho pasivo impropio y que fue duramente corregida por el Tribunal Supremo en mayo pasado al reabrir la causa.
Camps, para quien la fiscalía pide una multa de 41.250 euros y los socialistas tres años de prisión, sostiene en su escrito que, en total, adquirió cuatro trajes, una americana y unos zapatos en Forever Young entre 2007 y 2008. Considera incongruente que, entre las muchas otras prendas que las acusaciones mantienen que recibió, se contabilicen cuatro trajes que habrían sido devueltos y que aún así la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE los sigan considerando obsequios. Y añade que a principios de 2007, al recoger tres de las prendas, las pagó en efectivo, "abono que se realizó a D. José Tomás".
El sastre le respondió ayer: "Si el señor Camps ha dicho eso y lo mantiene en sede judicial me querellaré contra él por calumnias e injurias porque es falso y en el futuro se demostrarán más cosas que le inculparán todavía más, porque jamás ha pagado un euro ni se ha preocupado. En Milano devolvió cuatro trajes que estaban mal, pero tres americanas de tejido Loro Piana se las quedó y como se le habían quedado anchas se las arreglé en Forever Young, porque decía que eran muy marcadas. Y luego me llamó para decirme: 'Qué éxito".
La defensa del presidente valenciano afirma que el informe de la Agencia Tributaria no respalda la versión de las acusaciones. Y niega que la Generalitat adjudicara irregularmente decenas de contratos a la trama.
Camps sí admite, por primera vez desde que estalló el caso, que conoce a Álvaro Pérez, El Bigotes, a pesar de que en mayo de 2009 lo negó dos veces en las Cortes Valencianas. La relación se inició en 2002 porque Pérez realizaba eventos para el PP y se circunscribió "exclusivamente" a ese ámbito, dice el presidente valenciano, a pesar de que en las conversaciones grabadas por la policía Camps llamaba a El Bigotes "amiguito del alma".
www.elpais.es 09.03.11
"LA NUMBER ONE DE LAS FALTONAS TRAE IDEAS DE XARRADES DE CAFÉ"
 El presidente valenciano, Francisco Camps, que se muestra cada vez más crecido desde que el PP le confirmara como candidato para las próximas elecciones autonómicas, ha hecho gala de su chulería en las Corts, ayer, durante la sesión de control, al mofarse de una diputada de Compromis, a la que acusó de improvisar, a partir de ideas sacadas de una charla en un café. “Es una especie de miscelánea, usted abre aquí un abanico de ideas y de propuestas que se ve que comenta en algún café con algún amigo y viene aquí, vamos a ver campeón, hay que decir todo esto, coges de aquí y de allá, es como xarrades de café, bueno usted es la número uno de las faltonas, la número uno, la number one”, afirmó el dirigente popular. Previamente la había saludado irónicamente diciendo lo mucho que se alegraba de oír su "dulce voz"
 Compromís cuestionó los anuncios de austeridad de Camps, que ayer afirmó que reducirá las consejerías de 13 a 10, “cuando gane en mayo”, siguiendo una directriz de Mariano Rajoy. La portavoz de Economía de la formación, Mireia Mollà, preguntó al president si considera el plan de austeridad del líder del PP " tan válido como su código ético, que tuvieron que romper porque lo incumplió sistemáticamente". Por su parte, la portavoz adjunta de la coalición, Mónica Oltra, le reprochó que se "pasee en Ferrari" mientras la renta per cápita media de los valencianos "se ha desplomado 13 puntos", lo que "nos ha situado en la España pobre".

El portavoz de Compromís, Enric Morera, recriminó a Camps que se jacte de su promesa de disminuir el número de consejerías cuando "tiene 300 asesores y 15.000 personas enchufadas a dedo" porque "este clientelismo le da mucha fuerza".
www.publico.es 04.03.11
CAMPS NO ESTARÁ EN LAS VALLAS ELECTORALES DEL PP PARA EL 22-M
Luna afirma que es un candidato "vergonzante" y por eso no quiere carteles
La sesión de control parlamentario al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ofreció ayer signos propios del agotamiento de la legislatura. Dos años de escándalos relacionados con el caso Gürtel y de preguntas semanales sin respuestas claras tiñeron ayer de ambiente preelectoral el penúltimo de los controles semanales al jefe del Consell.
El jefe del Consell promete que si gana reducirá a diez las consejerías
En este clima, el jefe del Consell intentó ayer argumentar por qué no piensa poner su imagen en las vallas electorales. Camps explicó que no recurrirá a las vallas "por austeridad" y porque es "el presidente con mayor aceptación de la historia". El jefe del Consell, que eludió sus problemas con la justicia y el enorme desgaste de imagen provocado por el caso Gürtel, completó su discurso con una crítica feroz a las vallas del candidato socialista a la Generalitat, Jorge Alarte -una naranja podrida que da paso a una sana con el lema "otro camino es posible"-, que tachó de nuevo "ataque a la Comunidad Valenciana".
[La afirmación de Camps fue aplaudida horas más tarde por el presidente del sindicato agrario AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, que pidió la retirada de los carteles porque dan una mala imagen del sector citrícola].
Las razones de austeridad no convencieron al portavoz socialista, Ángel Luna, que aseguró que Camps "es un candidato vergonzante y por eso no quiere carteles". "Aspira a ver si algún incauto vota sin saber que es usted el de los trajes, el de la corrupción y el que se va a presentar a las elecciones", afirmó el portavoz socialista.
En su alocución, Luna se quejó de las "amenazas" del PP para amedrentar a la oposición y se quejó del recorte de subvenciones a los grupos políticos. Camps evitó entrar en los planteamientos de Luna y se centró en descalificar al portavoz socialista y el proyecto político que representa, a los que volvió a situar en el lado "oscuro".
La tensión con el grupo parlamentario de Compromís todavía fue mayor. Su portavoz, Enric Morera, interrogó a Camps por las razones por las que mantiene gastos millonarios en grandes eventos mientras el desempleo sigue creciendo y hay más de medio millón de parados.
Para el presidente del Consell, la intervención de Morera tuvo la altura de una charla de café. Lo que provocó la intervención de Mònica Oltra, de Compromís, que acusó de "faltón" a Camps. El presidente replicó que "para faltona ella, que era la número uno" y la diputada remachó el clavito con "¡y usted un corrupto!".
Tras el desfase, Camps intentó reconducir su discurso y anunció que si gana las elecciones reducirá el número de consejerías a 10 -ahora son 13-, pero que no lo ha hecho antes porque su actual proyecto "era de legislatura". "Cuando haya otra legislatura, habrá otro proyecto", sentenció. Promesa que no convenció a los diputados de Compromís, que reprocharon a Camps que pague masters de tenis, la fórmula 1 y se pasee en Ferrari mientras hay más de 200.000 parados valencianos sin prestaciones.
Por otra parte, en el pleno de ayer, el PP rechazó una proposición de Compromis, votada por toda la oposición, para promocionar el valenciano en la Administración de la Generalitat.
Las respuestas de Camps en sede parlamentaria en el 'caso Gürtel'
- Sobre El Bigotes: "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat y hay un montón de actos y actividades". (12/2/2009).
- Sobre los contratos: "Todas las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación, todas, han sido rebatidas por su orden. Ni PAI, ni oficinas, ni adjudicaciones a no sé qué tipo de actividades". (19/2/2009).
- Sobre su imputación: "¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo que se dice estos días? ¿Cree que hay alguna duda respecto a mi responsabilidad y mis acciones? (19/2/2009).
- Sobre la financiación irregular: "Se sabrá toda la verdad, absolutamente toda, toda, y aquí no ha pasado absolutamente nada. La Administración autonómica valenciana es la más transparente de Europa, de toda Europa. La financiación del PP es absolutamente transparente". (30/4/2009).
- Sobre la trama corrupta: "Ni tramas, ni adjudicaciones que no se correspondan con la legalidad. Esa es la realidad incontestable, por mucho que les duela. Se habló de tramas y se habló de adjudicaciones y de financiaciones irregulares. Y de eso, nada de nada. (...) En cualquier caso, el procedimiento continúa y lo que es importante es que queda clarísimo que no hay ninguna trama". (30/4/2009).
- Sobre su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia: "Tengo unas ganas locas, locas, de explicar publicamente todo lo que hay que es nada. Pero todo tiene que ir con los pasos que corresponde" (30/4/2009).
- Sobre los trajes: "Yo estoy tranquilo. Lo dije hace muchos meses. No hay nada que ocultar, nada. (...) A esa cuestión ya he contestado con absoluta claridad. No hay ninguna duda respecto a esa cuestión, ninguna. (14/5/2009)
- Sobre la insistencia de Luna: "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". (12/11/2009).
www.elpais.es 04.03.11
LA FISCALÍA PIDE JUZGAR A CAMPS JUNTO A CORREA Y EL BIGOTES
La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar a los cabecillas de la trama Gürtel en el mismo banquillo que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa por cohecho que se sigue contra él y otros tres altos cargos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. No tiene sentido, argumenta Anticorrupción, juzgar por separado a quienes supuestamente aceptaron trajes y otros regalos y a quienes supuestamente pagaron esos sobornos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.
El juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, se ha inhibido dos veces (en 2009 y el año pasado) a favor del TSJ valenciano: para que sea este tribunal el que juzgue a los sobornadores; y para que investigue el resto de delitos que afectan a la cúpula del Gobierno y del PP valencianos. El Partido Popular (que en la causa central de Madrid está personado como acusación) recurrió ambas inhibiciones, que debe resolver la Sala Civil y Penal del TSJ madrileño. La fiscalía pide ahora a la sala que respalde la decisión de Pedreira.
Abogado de la trama
Mientras, en Valencia, continúa el procedimiento por cohecho contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Después de que la fiscalía y el PSPV-PSOE hayan presentado sus escritos de acusación, a final de esta semana deberá entregar su escrito de conclusiones el presidente valenciano. A continuación, contarán con su propio plazo de cinco días hábiles para presentar sus escritos de defensa los otros tres procesados. Uno de ellos, Betoret, ha cambiado de abogado, según informó ayer la Cadena Ser. El elegido por el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y hoy responsable de protocolo de la Diputación de Valencia es Ignacio Peláez.
El letrado lo es al mismo tiempo de José Luis Ulibarri, empresario leonés dueño de Teconsa e imputado en el caso Gürtel. Peláez es también el abogado que se querelló contra el juez Baltasar Garzón por haber intervenido en prisión conversaciones entre los cabecillas de la trama y sus abogados. Aunque Ulibarri no estaba en la cárcel, Peláez se entrevistó con Correa y Crespo, según dijo, para coordinar la defensa de su cliente. Antes de pasar al sector privado, el abogado fue fiscal de la Audiencia Nacional.
www.elpais.es 01.03.11
ALARTE ACUSÓ EN LA NORIA A PONS DE HABER FIRMADO CONTRATOS PARA LA GÜRTEL
El 75% de 6.220 personas que participaron en la encuesta de La Noria consideró que Mariano Rajoy erró al nominar a Francisco Camps como candidato del PP a las autonómicas de mayo. El sondeo revela que los ciudadanos no solo ven en él al president de los trajes, sino al político al que cinco jueces del Tribunal Supremo, por unanimidad, han decidido que hay que seguir investigando por sus más que dudosas adjudicaciones a la trama Gürtel. Unos contratos de los que el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, responsabilizó, también, en el programa de Telecinco, a Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación del PP y anteriormente consejero de la Generalitat valenciana desde 2003 hasta 2007.  
Jorge Alarte recordó durante su intervención en La Noria, este sábado, que las sospechas sobre Camps no se limitan a tres o cuatro trajes. “Para la visita del Papa, a través de la Radio Televisión Valenciana se concedieron 14 millones de euros de forma irregular, hay un sumario que el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha enviado al Tribunal Supremo, en el que los trajes son sólo la punta del iceberg”, precisó.

Isabel Durán y sus viajes semanales a Valencia
Alarte refutó así la defensa apasionada de Francisco Camps hecha por Isabel Durán, ante quien el líder socialista manifestó su sorpresa por su desinformación, a pesar de que, según aseguró, acude todas las semanas a la Televisión Valenciana. “Usted también sabe, -precisó Alarte a Durán-, porque va allí todas las semanas, que detrás de los trajes hay, además de los 14 millones ya mencionados, 6 ó 7 millones más de contratos públicos irregulares de varios departamentos de la Generalitat, en manos de la trama”.
El relevo de González Pons
El dirigente socialista desveló que la dirección de La Noria contaba para este sábado con la presencia de Esteban González Pons, quien finalmente fue sustituido por decisión de su partido por la diputada valenciana Alicia de Miguel. “Él sabrá por qué no quiere venir aquí a defender a Camps y su candidatura. Sin embargo, a mí me encantaría debatir con Camps aquí o donde hiciera falta”, afirmó Alarte, que se mostró muy satisfecho de estar en “un espacio de pluralidad y libertad informativa”, algo que, según dijo, es difícil de encontrar en la Radio Televisión Valenciana.
Durán, "la portavoz del PP"
En una defensa enardecida de Camps, que llevó a María Antonia Iglesias a considerar más digna de una “portavoz política que de una periodista”, Durán lamentó que se lleve dos años “crucificando” al presidente valenciano “por una historia de trajes que es un montaje, una operación tan de diseño y gigantesca. Lo que no pueden ganar en las urnas lo están intentando ganar a costa del honor de un presidente”, sostuvo la presentadora del programa “DBT”, de la Televisión valenciana.
También Camps lo llama montaje
El director de ELPLURAL.COM, Enric Sopena, precisó a Durán que “el Sr. Camps ha utilizado tus mismas expresiones para decir que todo es un montaje, pues que demuestre que lo es, porque está poniendo en cuestión el Estado de derecho”.
El compulsivo mentiroso y su cariño por El Bigotes
Sopena puso en evidencia que el presidente valenciano es un “compulsivo mentiroso”, que cuando le preguntaron si conocía al cabecilla de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez (El Bigotes), respondió con un ‘no’. Sin embargo, prosiguió Sopena, "luego nos enteramos por las grabaciones del caso que en una llamada telefónica Camps [en referencia a la grabación fechada en el 24 de diciembre de 2008 incluida en el sumario], le dijo a El Bigotes: ‘Feliz Navidad, amiguito del alma, a lo que Pérez contestó: te sigo queriendo mucho. Ya lo sé, pero sobre todo quería decirte que te quiero yo un huevo’, respondió el presidente valenciano. Estos no se conocían, pues si se llegan a conocer, se van a la cama juntos”, ironizó el director de ELPLURAL.COM.

El problema es Rajoy
Para Maria Antonia iglesias, “el problema no es Camps, es que estamos ante una persona que quiere ser presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no tiene coraje para imponer su decisión en el partido. Hace lo mismo que con el tema de la crisis y el boicot a las medidas económicas, mirar para otro lado para ver si no le pilla el toro. Todos saben que no puede ver a Camps, pero le tiene miedo, por lo que pueda decir”.
Nadie se vende por unos trajes
La diputada popular Alicia de Miguel –que sustituyó a Pons- defendió que Francisco Camps es el candidato que el PP quiere y que su proyecto político es apoyado por la ciudadanía. En su opinión, “aunque le pese al PSOE, el Sr. Camps tiene 20 años de intachable vida política y el sentido común nos dice que no se vende nadie por tres o cuatro trajes”, replicó.

Round entre Iglesias y Durán, y el momento en el que Alarte acusa a Pons
González Pons también firmó contratos para la Gürtel
Jorge Alarte cerró la tertulia política de La Noria con broche de oro: “El 62% de los valencianos piensa que Camps es poco de fiar. El PP quiere perpetuarse en el poder a través de la manipulación de la televisión pública. El Sr. Rajoy es el responsable político de la corrupción y si quita a Camps tendría que quitarlos a todos. Esteban González Pons firmó contratos para la trama Gürtel y también usted, Alicia de Miguel.
www.elplural.com 28.02.11
EL SUPERIOR DE VALENCIA TRAMITA EN TIEMPO RÉCORD LA QUERELLA DEL PP CONTRA EL AZOTE DE CAMPS 
La estrategia de acoso y derribo del PP contra el azote de Francisco Camps, el portavoz del PSOE valenciano en Les Corts, Ángel Luna, está a punto de conseguir que el dirigente socialista se siente en el banquillo por un supuesto delito de encubrimiento, al negarse a revelar quién le facilitó un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre el lucro de la trama Gürtel a costa de la visita del Papa en 2006.  
Curiosamente, la investigación sobre Luna, iniciada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) hace cuatro meses a raíz de una denuncia del PP ante un juzgado ordinario ha avanzado con pasos agigantados, si se compara con lo recorrido por el proceso abierto contra el presidente valenciano, Francisco Camps, en abril de 2009.

Una pena más severa que la que enfrenta Camps
El delito de encubrimiento que se intenta achacar a Luna conlleva penas mucho más severas, de seis meses a tres años de cárcel, que a la que se enfrenta Francisco Camps por haber aceptado, presuntamente, sobornos por parte de los cabecillas de la trama Gürtel.  El instructor del caso, Juan Montero, ha dado diez días a las acusaciones para que pidan el sobreseimiento, la apertura de juicio o nuevas diligencias. El dirigente socialista ya ha anunciado que recurrirá el auto de Montero ante la Sala del TSJCV. 
El primer presunto delito
El juez Juan Montero comenzó sus investigaciones después de que la Sala Civil y Penal del TSJCV se declarase competente para investigar al dirigente socialista por revelación de secretos, un delito que, según pudo comprobar a posteriori el juez, no era atribuible a Luna al no ser funcionario ni estar personado en el caso Gürtel cuando enseñó el informe, según apunta Público.
El segundo delito
El juez, lejos de sobreseer el caso, adujo un delito distinto, el de encubrimiento, y sostiene que Ángel Luna conocía el carácter secreto del informe, cuyo contenido ha sido superado con creces por las informaciones posteriores hechas públicas a partir de datos policiales que atestiguan que la red Gürtel se agenció tres millones de euros por los contratos de Canal 9 para la cobertura de la visita del Papa a Valencia.
El bloqueo del TSJCV
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha rechazado investigar hasta el momento otros posibles delitos contra el presidente Francisco Camps diferentes al presunto cohecho impropio que se le imputa, por el asunto de los trajes. Continúan en el limbo otras presuntas fechorías apuntadas por informes policiales, como que el PP valenciano pudo ocultar 2,5 millones al fisco en 2007; que la Generalitat concedió contratos públicos cuestionables a la trama por un total de 14 millones de euros, y que empresarios afines pagaron en 2008 a una empresa del entramado Gürtel, Orange Market, 846.000 euros en negro.

www.elplural.com 24.02.11
RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y PONE EN JUEGO SU CAMPAÑA Y LA DE LOS BARONES
Desconcierto en el PP porque puede ser el único candidato procesado de España
Una pregunta recorría ayer todas las conversaciones internas del PP: ¿por qué? A media mañana se confirmaron los temores de la mayoría del partido. El Comité Electoral Nacional remató la jugada que se venía gestando desde hace semanas y confirmó como candidato al Gobierno de la Comunidad Valenciana a Francisco Camps, junto al resto de presidentes autonómicos. Lo hizo una semana antes de lo previsto, para lo cual forzó a todos a convocar con urgencia comités regionales, incluidos algunos que, como Luisa Fernanda Rudi, ya habían tenido un acto de proclamación con Mariano Rajoy y toda la cúpula en mayo de 2010. Camps nunca ha tenido nada parecido, y más bien parece que no lo tendrá.
Aunque todos daban por hecho que esto sucedería, nadie se lo explicaba. Por qué arriesga tanto Rajoy, se preguntaban todos.
El caso Gürtel trasciende con mucho a Camps. Todos los dirigentes, y Rajoy en especial, saben ya que el juicio por los trajes regalados llegará muy probablemente en otoño, cuando el líder ya esté lanzando su precampaña a las elecciones generales de 2012. Además, los dirigentes mejor informados temen que la otra causa judicial, sobre presunta financiación ilegal, malversación y contratos irregulares, se una a la de los trajes más o menos por entonces.
Solo había una manera de evitar que el caso explotara en las manos de Rajoy en el peor momento: sacando a Camps de la candidatura. Entonces ¿por qué arriesgar? Aparentemente, la decisión debería ser fácil. Camps ya lleva ocho años de presidente, se le podría encontrar en el PP un puesto importante, hay un relevo posible -Alberto Fabra- y el partido está fuerte en la Comunidad Valenciana. Es decir, el PP ganaría con casi cualquier candidato.
Entones ¿por qué arriesgar no solo la campaña del líder sino la de los demás barones autonómicos, que verán cómo los periodistas les preguntan durante su periplo electoral por este asunto? Ahí empiezan las especulaciones sin certezas. Los más próximos, los defensores de Rajoy, sostienen que se debe a dos cuestiones: por una parte la lealtad a quien le apoyó en 2008, cuando "le faltaba la peseta para el duro", en definición de Alfonso Rus, y por otro la dificultad de destituir a un líder que garantiza, según las encuestas, un apoyo muy por encima del 50%. Se ha intentado todo para que Camps dimitiera, señalan, pero si él no quiere es muy difícil echarle sin generar un cataclismo en Valencia de consecuencias imprevisibles. Aunque la situación no es comparable, Rajoy ya ha tenido problemas en el pasado en tres autonomías: Navarra, Baleares y, sobre todo, Asturias.
El resto de dirigentes sigue sin entender el riesgo, que consideran excesivo. Rajoy sabe que esta decisión cuenta con la oposición de muchos barones regionales, que no quieren en su campaña problemas como los que tuvieron Alberto Núñez Feijóo o Antonio Basagoiti en las elecciones gallegas y vascas, que coincidieron con el inicio del caso Gürtel.
La dirección nacional ha vivido en una contradicción permanente. Por un lado, todos deseaban que la investigación judicial acabara pronto para poder forzar la dimisión de Camps. Por otro, Federico Trillo dirigía la estrategia de recursos para dilatar el proceso. Al final, ganó este último. Camps argumenta que su juicio no llegará antes de las elecciones. Sin embargo, casi seguro se producirá la señalación, en abril, con lo que no irá como imputado sino como procesado por cohecho. Sería así no sólo el único imputado del caso Gürtel que no dimite, sino el único candidato procesado de toda España.
www.elpais.es 25.02.11
EL PSOE PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA CAMPS POR EL 'CASO GÜRTEL'

El escrito de acusación estima que ha incurrido en cohecho propio y solicita prisión y ocho años de inhabilitación para el presidente valenciano
Los socialistas valencianos, personados como acusación particular en el caso de los regalos de la red Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Generalitat y el PP regional han presentado su escrito de acusación en el que piden tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el líder popular.
El escrito de acusación plantea que los trajes y demás objetos recibidos por Camps (por un valor de 14.000 euros a los largo de tres años en distintas épocas) no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función del cargo que ostenta) sino de cohecho propio (recibirlas a cambio de adjudicar contratos).
La red Gürtel comenzó a hacer regalos a Camps, a su esposa y a sus hijos a raíz de que la empresa valenciana de la trama corrupta, Orange Market, consiguiera millonarios contratos de la Administración valenciana. En los cinco años de actividad de esta empresa, el Gobierno que presidía Francisco Camps le adjudicó cerca de 50 contratos, la inmensa mayoría a dedo, sin concurso y saltándose toda la normativa sobre contratación administrativa. Tomando como base esta evidencia, el PSOE pide la pena mayor contemplada en el código penal para este tipo de conductas.
El escrito de los socialistas solicita, igualmente, otras dos penas alternativas. Una de ellas, la de que Camps y los otros tres imputados hubieran cometido un delito de cohecho pasivo impropio al aceptar los regalos de la trama corrupta. Para ese supuesto el PSOE solicita unas penas mayores que las pedidas por la fiscalía: 49.500 euros para Camps y el mismo importe para los otros tres imputados: Ricardo Costa (ex secretario general del PP regional), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).
Los socialistas plantean por último y de forma alternativa que el comportamiento de los imputados sea constitutivo de una tercera forma de cohecho, recogida en el artículo 425.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos: "La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años". En este supuesto, el PSPV-PSOE solicita que les sean impuestas a los cuatro acusados las penas de suspensión para empleo o cargo público de dos años. Y además: para Camps, una multa de 46.074 euros; para Campos, 40.497 euros; para Costa, 21.975 euros, y para Betoret, 16.587 euros.
El escrito pide también, de forma accesoria, "el decomiso de los efectos provenientes del delito de cohecho, concretando de las prendas (trajes, abrigos, zapatos, chaqué, corbatas, americanas, esmoquin y pantalones), y en el caso de que no fuera posible, el comiso de otros bienes por su valor equivalente".
Ahora solo faltan las alegaciones del propio Camps y de los otros tres cargos del PP imputados para que el juez José Flors, que instruye la causa, decida si abre juicio oral con jurado popular que, según todas las previsiones, se celebraría entre septiembre y octubre de este año.
www.elpais.es 22.02.11
RAJOY TRANQUILIZA A CAMPS Y PROMETE QUE LE CONFIRMARÁ ANTES DE 15 DÍAS
El PP quiere minimizar conflictos antes de la convención autonómica de Mallorca
 
Todavía va a tener que sufrir un poco más, pero al menos ya tiene un horizonte temporal: 15 días. Es eso, o un poco menos, lo que tendrá que esperar Francisco Camps para ser designado oficialmente candidato del PP a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Aún no hay fecha para reunir al Comité Electoral Nacional, explicó ayer Dolores de Cospedal, la secretaria general, pero será antes de la convención autonómica que se celebrará el 4 y 5 de marzo en Palma de Mallorca. Una cita para la que se quieren evitar los conflictos internos.
El presidente de la Generalitat valenciana lleva semanas presionando a la dirección nacional para que adelante su nombramiento. El hecho de que siga formalmente en el aire -aunque todas las fuentes de la dirección insisten en que la decisión está tomada y será candidato- ha generado una enorme preocupación en el entorno de Camps. Tanto que Alfonso Rus, presidente del PP valenciano, llegó a exigir que se adelante y a insinuar que si no se ha hecho aún es porque Cospedal está presionando a Mariano Rajoy.
Rus ya había recordado que Camps apoyó a Rajoy tras la derrota de 2008, "cuando le faltaba la peseta para el duro". El sábado remató: "Hombre, cerremos ya el tema. Lo único que reivindicamos, que no es nada, es que lo hagan [la confirmación] lo antes posible". "A la Cospedal le dicen la dama de hierro, la fuerte. El fuerte es el presidente y él es el que marca los tiempos", remató Rus.
Estas palabras sentaron mal en la dirección nacional, harta de presiones. En principio querían retrasar el nombramiento hasta finales de marzo, a la espera de cualquier novedad judicial -ganar tiempo es siempre la estrategia favorita de Rajoy-, pero han concluido, según varios dirigentes, que es imposible llegar a la convención de Mallorca sin el asunto resuelto. Eso anularía cualquier mensaje que se quiera trasladar allí sobre el programa marco de las elecciones autonómicas del 22 de mayo.
Cospedal insistió en que no piensa anunciar la fecha del comité porque lo considera "una cuestión interna que no interesa a los ciudadanos". Sin embargo, sí se comprometió a que tenga lugar antes de la reunión de Mallorca.
La secretaria general trató en todo momento de restar relevancia a este asunto, aunque es la cuestión que centra las conversaciones internas. Eso sí, siempre en pasillos, porque ayer se reunió el Comité Ejecutivo y ningún dirigente hizo mención al asunto, ni siquiera para apoyar al valenciano. Camps, de nuevo, no acudió a la reunión, al contrario que otros presidentes como Alberto Núñez Feijóo (Galicia) o Ramón Luis Valcárcel (Murcia). Cospedal insistió en que si el valenciano no ha sido confirmado hasta ahora es "por un tema de tiempos y de plazos". Tampoco lo han sido otros presidentes autonómicos, explicó.
Sin embargo, nadie en el PP oculta que este retraso, que han hecho extensivo a todos los presidentes autonómicos para que no se notara tanto el motivo, solo obedece a una cuestión: las dudas de Rajoy en los últimos meses por el horizonte judicial de Camps.
Lo confirmará, aseguran, pero sin entusiasmo ni grandes actos de adhesión, porque él no quiere dimitir, como desearía la cúpula nacional, y el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por un presunto delito de cohecho -por su relación con la trama Gürtel- tendrá lugar en otoño, tras las elecciones.
www.elpais.es 22.02.11
JUECES Y FISCALES PROGRESISTAS DEFIENDEN A LOS INVESTIGADORES
Las cúpulas nacionales de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales consideran que existe una escalada de "ataques directos mediáticos organizados" que se desarrollan "con fines no legítimos", contra los fiscales, jueces y cuerpos de seguridad que investigan los casos de corrupción en España. En un manifiesto presentado ayer en Mallorca concluyen que con ello se pretende "perturbar el normal desarrollo de las investigaciones y coartar la independencia y la autonomía" de los instructores, acusadores e investigadores, a un nivel inédito.
Entienden que cuando las investigaciones judiciales se desarrollan en "determinados estamentos del poder público, económico o social" surgen operaciones de "descalificación y deslegitimación" que causan "un daño personal e institucional irreparable". El fiscal Emilio Sánchez y la jueza María Calvo mostraron así el apoyo a sus compañeros y a los policías y guardias civiles aludidos por descalificaciones e invasiones de su intimidad que se lanzan desde distintos frentes, a veces sin distinción ideológica ni partidista, y que han arreciado estos días con las nuevas acciones judiciales contra el presidente valenciano, Francisco Camps, en el caso Gürtel.
www.elpais.es 22.02.11
EL PP RECURRE A LA DESESPERADA PARA EVITAR MÁS DAÑOS A CAMPS EN VALENCIA
Pide que se revoque un auto de Pedreira que agravaba los delitos del presidente
En un intento desesperado por reducir daños en el proceso judicial que está a punto de sentar en el banquillo por cohecho impropio a Francisco Camps, presidente valenciano, el PP presentó la semana pasada un recurso de apelación. Con él pretende que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid revoque la decisión adoptada hace año y medio por el juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa a Valencia, que incluía indicios de otros delitos graves contra cargos del PP. Pedreira rechazó en diciembre de 2010 un primer recurso, de reforma, sobre este asunto.
La estrategia dilatoria de Trillo beneficia a Camps, pero no a Rajoy
El PP alega en su recurso que el envío a Valencia le obliga a pagar un procurador
Si prosperase, Camps habría salvado otra situación apurada y la causa entraría en una senda imposible de prever, dado que las pruebas con delitos más graves que el de cohecho regresarían al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no puede juzgar a Camps por ser presidente de otra comunidad autónoma.
No es la primera vez que el PP intenta entorpecer el proceso. De hecho, ha recurrido prácticamente cada movimiento de Pedreira, siempre para tratar de beneficiar a Camps. La estrategia, dirigida por Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, en plena coordinación con los abogados de Camps, consiste en dilatar el proceso para que no culmine antes de las elecciones autonómicas. Así, Camps podrá decir que las urnas le han absuelto, y a partir de ahí tomar cualquier decisión.
Este tipo de estrategia, aunque da sus frutos -no habrá juicio antes de las elecciones-, tiene molestos a muchos dirigentes. Los retrasos benefician a Camps, pero no a Mariano Rajoy. De seguir así, tendrá que enfrentarse a la precampaña de las generales de 2012 con Camps sentado en el banquillo y el caso Gürtel en un momento judicial de máxima actualidad. Pero Trillo no ha recibido contraorden de Rajoy y mantiene su estrategia dilatoria.
El PP argumenta en su escrito que el traslado de una parte de la causa al tribunal valenciano "dificulta la acción popular" que está realizando y aclara que recurre para "defender el nombre y la honorabilidad" de este partido político, "dado que el Estado no está sabiendo velar porque no se produzcan las interesadas filtraciones a la prensa que se vienen produciendo desde 2009". Los populares ya han recibido varios avisos tanto de los fiscales como del juez de que están utilizando su personación en la causa de forma torticera. Están allí como acusación popular, esto es como supuestos ofendidos, pero actúan como una defensa más con recursos a cualquier movimiento del juez.
En su enésimo recurso, el PP entiende que la decisión del juez les obliga a incorporarse como parte "a otro proceso ya iniciado", esto es, en Valencia. El PP alega con tono de reproche que de acordarse la inhibición se verá obligado "a desplazarse a otra ciudad, a contratar al menos a otro procurador y a asumir el resto de perjuicios evidentes que de manera natural se deducen de todo cambio de esta naturaleza".
Además, sostiene el PP que la escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto provocará "una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores".
El PP pide ahora que se revoque la inhibición acordada en julio de 2009 por el juez Antonio Pedreira para que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia instruyera nuevas pruebas, además del regalo de trajes, contra Camps y su Gobierno. El Tribunal Supremo ya determinó por unanimidad el 12 de mayo de 2010 que el juez valenciano José Flors podía seguir adelante con el caso por cohecho impropio.
El PP tiene ahora otra preocupación: la causa por cohecho propio, malversación y financiación ilegal que deriva de contundentes informes policiales. El Tribunal Superior de Valencia debe decidir en breve si acepta a trámite el asunto, después de meses de dilaciones también con recursos del PP. Los populares creen que el tribunal valenciano decidirá enviarlo al Supremo para que sea este quien decida si debe ser el tribunal madrileño o el valenciano quien lo investigue, lo que supondría una dilación más y un nuevo éxito de la estrategia de Trillo.
Fuentes judiciales creen sin embargo que el Tribunal valenciano sí aceptará la competencia y designará al juez José Ceres como instructor. La instrucción, pues, se iniciaría antes de las elecciones del 22 de mayo. En los informes de la policía y de la Inspección del Estado hay indicios de que al menos cuatro constructoras que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat pagaron actos del PP valenciano. Además, hay contratos públicos -muchos de ellos irregulares- con la red Gürtel por valor de siete millones de euros y una presunta comisión ilegal de al menos un millón de euros en la visita del Papa.
ACEPTAR AHORA EL DELITO O SENTARSE EN EL BANQUILLO EN OCTUBRE
Francisco Camps puede asumir el delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel y pagar la multa que lleva aparejada ese delito -con lo que evitaría el paseillo judicial-, o sentarse en el banquillo. En este caso, el juicio se celebraría en septiembre u octubre, calculan fuentes del Tribunal Superior de Valencia. Aceptar el delito y pagar la multa (que la fiscalía cifra en 41.250 euros) lo puede hacer en cualquier momento. Pero en el estado actual del proceso, si no hay aceptación del delito, Camps y los otros tres imputados (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos), están abocados a sentarse en el banquillo.
¿Qué pasos quedan? El fiscal ya ha presentado su escrito de acusación, el PSOE lo hará entre hoy y mañana, y las defensas, sucesivamente, tienen cada una cinco días. Todos los escritos estarán listos a comienzos de abril. Hecho esto, el juez José Flors deberá convocar una audiencia preliminar "de forma inmediata", previsiblemente en la primera quincena de abril. Inmediatamente después, tiene que decidir si abre juicio oral (contra esta decisión no cabe recurso) o archiva el asunto (en cuyo caso sí cabe recurso).
Selección del jurado
El juicio con jurado lo presidiría, por riguroso orden de reparto de causas, el magistrado Juan Climent, que ha estado al margen de los recursos y, por tanto, no se ha contaminado para celebrar el juicio. Entonces hay que seleccionar a los nueve jurados, más dos suplentes, que tienen que juzgar a Camps. Se convoca a cuarenta personas como posibles jurados. Cada dos años, del censo se extraen al azar varios miles de personas como candidatas a los juicios con jurado previstos. De ellas, y sin que repitan, para cada juicio se cita a unas cuarenta.
Después hay que fijar la fecha del juicio. En el Tribunal Superior de Valencia se da por hecho que el juicio con jurado no se celebraría hasta, al menos, septiembre. El día del juicio tienen que comparecer, de los 40 jurados inicialmente convocados, y hecha una primera purga, en torno a 26 candidatos. Antes del juicio, los abogados de las partes entrevistan a los candidatos y cada uno de ellos puede recusar a varios. Finalmente, tienen que quedar 11, nueve titulares y dos suplentes, que serán los que emitan veredicto.
La pena la estipula el presidente del tribunal en función de los hechos probados que fije el jurado. El cohecho se halla entre los delitos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal del Jurado.
www.elpais.es 21.02.11
FLORS TUMBA OTRO INTENTO DE DEMORAR EL CASO DE LOS TRAJES
Al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, le quedan cada vez menos recursos para retrasar el caso de los trajes, en el que está imputado junto a otros tres altos cargos del Consell y el PP regional por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano José Flors, instructor de la causa, ha rechazado, según se supo ayer, una nueva petición de suspender el procedimiento. El abogado de Camps había solicitado la comparecencia de varios peritos a fin de pedirles aclaraciones.
El magistrado recordó en su auto que según la Ley del Tribunal del Jurado esa diligencia deberá realizarse en la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión del juez de abrir o no juicio oral. Flors hizo hincapié en lo genérico de la solicitud: "No se concretó ningún extremo que debiera ser aclarado, ni se especificó cuál fuera la razón de necesidad por la que debiera alterarse la normal previsión normativa y resultara ineludible proceder a esas no precisadas aclaraciones con anterioridad a aquel momento".
www.elpais.es 19.02.11
LUNA REPITE ANTE EL JUEZ QUE NO TIENE EL INFORME DE GÜRTEL
Ángel Luna, portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, volvió a declarar ayer en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por haber mostrado en las Cortes, en marzo pasado, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que señalaba cómo la trama Gürtel logró beneficios millonarios de la retransmisión de la visita del Papa en Canal 9. El documento estaba entonces bajo secreto de sumario, y el Partido Popular lo denunció. En diciembre, Luna declaró ante el magistrado del TSJ Juan Montero como presunto autor de un delito de revelación de secretos. La acusación fue posteriormente desestimada por el juez que, sin embargo, volvió a citar a Luna ayer para investigar si había cometido un delito de encubrimiento.
La causa por encubrimiento no parece tener mucho recorrido
El portavoz socialista repitió ante el juez que no tiene en su poder el informe (sobre el que se levantó el secreto hace meses) y que desconoce quién se lo hizo llegar. A la salida del tribunal, Luna declaró que su preocupación seguía siendo "el fondo del asunto": cómo logró la trama Gürtel hacerse con tres millones de euros de Canal 9, "de los que 500.000 euros presuntamente están en el bolsillo de Pedro García", exdirector general de la televisión pública valenciana.
El abogado del PP, Jorge Carbó, calificó las explicaciones de Luna ante el juez de "inverosímiles", lamentó que se mantuviera "enrocado" en su postura y dejó abierta la petición de nuevas diligencias.
La causa no parece que vaya a tener, sin embargo, gran recorrido. Según las fuentes jurídicas consultadas, es difícil encajar los hechos en el delito de encubrimiento. Sería necesario probar, en primer lugar, que el diputado del PSPV sabía que al hacerle llegar el informe alguien estaba cometiendo un delito. El portavoz socialista siempre ha manifestado que no sabía que el informe tuviera carácter secreto, y por tanto aún menos que alguien cometiera un delito al enviárselo. Y que cuando lo enseñó a las Cortes el documento había sido desvelado por varios medios (el primero, EL PAÍS, el 16 de octubre de 2010). Y ninguna prueba aportada a la causa ha debilitado esa versión.
Para ser encubridor, además de conocer el delito, Luna tendría que haber ocultado, alterado o inutilizado "el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento". Y lo que hizo el diputado socialista fue más bien lo contrario a ocultar, alterar o inutilizar el cuerpo del delito (es decir, el informe de la policía): lo enseñó ante decenas de parlamentarios, cámaras fotográficas y de televisión.
www.elpais.es 19.02.11
"LA MULTA QUE PIDE LA FISCALÍA PARA CAMPS LE CONDENA AL HAMBRE"
El ministerio público ha solicitado una sanción de 41.250 euros
Los populares valencianos parecen no salir de la confusión en la que los ha sumido la petición de la fiscalía de solicitar una pena de multa por importe de 41.250 euros para Francisco Camps por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.
Los populares recurren al conflicto vasco para cuestionar la justicia
Las conclusiones de la fiscalía -y la decisión del juez que instruye el caso de los trajes, José Flors, de dar por finalizada la investigación- han empañado el proceso oficial de designación del presidente de la Generalitat como candidato del PP y han evidenciado la tensión que preside las relaciones entre Génova y los populares valencianos.
Ayer, los principales cargos del Consell y del PP intentaron desviar la atención del caso de los trajes y de la situación judicial del jefe del Consell, aunque en algunos casos rozaron el esperpento.
El portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas, José Marí, compareció para hablar de la denuncia que tienen interpuesta contra el portavoz socialista, Ángel Luna, por exhibir en el pleno un informe del caso Gürtel. Sin embargo, al ser preguntado por las conclusiones de la fiscalía en el caso de los trajes, Marí tachó de "desproporcionada, elevadísima y disparatada" la pena de multa -250 euros diarios durante 15 meses y 15 días por haber por haber recibido, supuestamente 14.021 euros en ropa y calzado- solicitada a Camps. "Esta multa le condena al hambre, ya que supone prácticamente el doble de sus ingresos netos diarios [como presidente de la Generalitat], afirmó Marí.José Marí señaló que, en su opinión, con la citada petición de multa a Camps, "la fiscalía se salta la ley a la torera". "Entendería que esta multa la pidiese la acusación particular, pero no el ministerio fiscal", prosiguió el popular, "me da la impresión personal de que este escrito de la fiscalía ha sido redactado, no con la intención de convencer a los jueces, sino a los telediarios".
Las críticas del PP al proceso judicial fueron respondidas por la asociación Jueces para la Democracia, que tachó de "irresponsable" a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por reclamar un debate sobre la independencia judicial a raíz de la imputación de Camps.
"Sería exigible que la clase política asumiera la condena explícita de los abusos de poder que se hayan podido cometer, si es que se han cometido, y no dirigiera sus ataques a las personas que asumen funciones judiciales, menos aún con cuestionamientos generales del poder judicial", indicó la asociación de jueces progresistas.
El posicionamiento de Jueces para la Democracia obligó a replicar al portavoz de campaña del PP de Valencia ciudad, el edil Alfonso Novo, que salió en defensa de la alcaldesa. Novo insistió en la idea de que en el caso Gürtel "se han venido produciendo una serie de actuaciones que aconsejan abrir el debate sobre la situación de la justicia". Sin embargo, el concejal popular derivó el debate sobre la justicia hacia el conflicto vasco. "Algo falla cuando desde determinados procesos judiciales o político-judiciales, como el de Sortu [el partido de la izquierda radical vasca] se dice que la legalización de ese partido variará si los jueces que tengan que resolver esta causa son progresistas o no conservadores".
El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue más allá al intentar colocar el foco sobre el Gobierno. Cotino insinuó que tras el caso Faisán puede esconderse la financiación del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero a ETA durante la tregua previa al atentado de la T-4 en Barajas. Cotino, en una entrevista a Ràdio 9, dejó entrever que gente vinculada al PSOE y el PNV llevaron dinero al citado bar donde la banda terrorista realizaba sus transacciones monetarias.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat no pudo evitar ser interpelado por su nominación oficial como candidato del PP. Preguntado por si tiene prisa, el jefe del Consell replicó: "Aquí los ciudadanos de lo que tienen prisa es de que Zapatero convoque las elecciones generales y se vaya a su casa".
En Valencia, el presidente del PP provincial y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, también trajo a colación el caso Faisán, pero no rehuyó hablar de la situación de Camps. "El PP nacional lo ratificará", dijo Rus, que insistió en que "todos los días no se puede decir que Paco es el mejor"
"Cuando a [Mariano] Rajoy le faltaba la peseta para el duro", dijo Rus en referencia al congreso de Valencia en el que Juan Costa amenazaba con presentar candidatura alternativa, "el primero que dio un paso adelante fue Paco", explicó el presidente provincial del PP. "Alguno [en el PP] no estará de acuerdo con la designación, traidores siempre hay, pero no he escuchado a nadie decir que Camps no será el candidato", manifestó Rus, que recalcó que el jefe del Consell no ha plantado cara a la dirección nacional del PP.
www.elpais.es 17.02.11
RAJOY BARAJÓ RELEVAR A CAMPS Y AHORA LE HARÁ ESPERAR PARA DESIGNARLE
La cúpula evita confirmarle para mostrar distancia pero su salida está descartada
de Mariano Rajoy a la hora de resolver los problemas internos, que consiste en alargar al máximo la decisión y debilitar así políticamente a los afectados, cada vez más ansiosos, provocó ayer una nueva jornada de confusión sobre el futuro de Francisco Camps. Todos los portavoces del PP nacional (en particular Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas) y en Valencia (Rita Barberá) se pusieron de acuerdo para lanzar un mensaje: Camps será el candidato. Eso sí, desde Génova insistían en que no hay fecha para su confirmación, y no se va a adelantar, como él quería.
Pero detrás de la versión oficial en público hay mucha cocina política y una importante tensión interna. Es cierto que la reunión del comité electoral regional que, de forma apresurada, se convocó en la tarde del lunes para proponer a Camps, fue autorizada por Génova. Ana Mato, responsable de organización, habló con Camps y le dio el níhil óbstat. Pero no fue "a instancias" de la dirección nacional, como ayer decía Sáenz de Santamaría. Fue por presiones de Camps, que lleva semanas pidiendo que le confirmen -llama constante y casi obsesivamente a todos los dirigentes- y volvió a hacerlo el lunes. Sin éxito. Solo logró que le dejaran organizar su autoproclamación en Valencia, sin validez legal hasta que no la confirmen en Madrid. Y sigue sin haber fecha para eso, aunque Rajoy, presionado por Camps y por el interés de los medios, podría decidir hacerlo en la primera semana de marzo.¿Qué está pasando en realidad? Dado su estilo de gobierno, nadie sabe realmente qué está pensando Rajoy. Pero de diversas conversaciones en las últimas horas con dirigentes clave se puede concluir un análisis que coincide. La idea de que Camps no fuera el candidato ha estado encima de la mesa del líder mucho tiempo, explican. Frustrada la operación Barberá, porque ella no quiere ser la sustituta, se tenía preparado ya incluso el nombre de Alberto Fabra, alcalde de Castellón. Sin embargo, ese plan tenía una condición: que fuera el propio Camps el que dejara paso. Porque Rajoy no quería echarlo directamente.
Ahora todos están ya convencidos de que Camps no se irá. Él quiere, dicen, ganar las elecciones para decir que los votantes le han absuelto, y a partir de ahí poder pensar en una retirada digna.
Además, en la cúpula ya están casi completamente seguros de que el juicio por cohecho, su gran temor, no llegará hasta después de las elecciones. La señalización de juicio sí puede llegar antes, a finales de marzo o principios o mediados de abril. Pero mientras él no se siente en el banquillo, la foto más temida, y dada la escasa fuerza de la oposición en la Comunidad Valenciana, Rajoy y los suyos piensan que puede aguantar.
Así que el escenario ha cambiado, sostienen varios dirigentes. Ya no está encima de la mesa cambiar -salvo que Rajoy sorprenda a todos- y está asumido, aunque no le guste a casi nadie, que Camps será el candidato.
Eso sí, Rajoy sigue queriendo mantener las distancias. Tanto sus gestos públicos cuando se ven como su decisión de no ir a Valencia salvo en las insalvables Fallas lo evidencian. Para mostrar esa distancia, para mantenerle más controlado desde Génova, y de paso para ganar tiempo por si hay algún imprevisto, Rajoy está alargando todo lo posible la confirmación de su candidatura. Esto es, será candidato, pero tendrá que esperar. Y sufrir.
www.elpais.es 16.02.11
UN DISCURSO HIPERBÓLICO
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, volvió a exhibir ayer su lado más hiperbólico, alimentado por las declaraciones de apoyo del PP nacional. "Soy el candidato más respaldado de todos los candidatos de la historia de las democracias occidentales en todo el mundo", aseguró.
Camps presumió de tener el respaldo mayoritario de los valencianos y "el cariño y el respaldo constantes" de sus compañeros del PP, "de Mariano Rajoy, de la secretaria general María Dolores de Cospedal, de portavoces parlamentarios, de presidentes regionales o de alcaldes". En un acto para hablar del corredor mediterráneo, Camps se avino a responder ayer a varias preguntas de los periodistas. Tras ser propuesto por el comité electoral del PP regional como candidato a la reelección, el presidente de la Generalitat vaticinó: "Tendré la oportunidad y la enorme suerte de presidir el Gobierno valenciano mientras que al frente del Ejecutivo central estará Rajoy, como un amigo y una persona de la que he sido leal y fiel colaborador".
El jefe del Gobierno valenciano aseguró no tener ninguna duda de que volverá a revalidar su mayoría electoral pese a los problemas judiciales.
www.elpais.es 16.02.11
LA DISCRECIÓN QUE PIDIÓ GÉNOVA ACABA EN ESTRÉPITO
La nominación de Camps pone de relieve la tensión en el PP entre Madrid y Valencia
El procedimiento para designar candidato a Francisco Camps se planteó el pasado lunes con sumo cuidado. Casi como si se tratase del traslado de un valioso jarrón chino. Y acabó como si este hubiese rodado por los suelos, con gran estrépito, lo que obligó ayer a dirigentes populares de todo cargo y condición a intentar dar una explicación coherente que salvase la figura de Camps y la jerarquía de Génova sobre el partido en Valencia. Ello no evitó, sin embargo, el estupor y el malestar de muchos cuadros populares que consideran que el proceso de nominación de Camps se ha iniciado de manera "chapucera".
El lunes a primera hora de la tarde, la vicesecretaria de Organización del PP nacional, Ana Mato, telefoneó a Camps al Palau de la Generalitat y le pidió que pusiese en marcha el procedimiento para su nominación oficial como candidato, inicialmente previsto para el 5 de mayo en Mallorca. Mato reclamó de Camps discreción, consciente de la grave situación judicial en que se halla y de su ansiedad por ser proclamado oficialmente.
Dicho y hecho. Tras acabar la conversación con Mato, Camps llamó a las 16.30 al presidente del comité electoral del PP regional, el senador Pedro Agramunt, y le pidió que reuniese de urgencia a los otros ocho miembros que integran este órgano, para proponer oficialmente a Génova su nominación como candidato. El grado de secretismo acordado fue de tal intensidad, que se decidió no informar a la mayoría de altos cargos del PP valenciano, algunos de los cuales -como el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, entre otros- se enteraron por la prensa de que estaba convocado el comité electoral a las ocho de la tarde en la sede regional.
A esa hora, los integrantes del comité electoral del PP valenciano -a excepción del parlamentario Ignacio Gil Lázaro, que no pudo acudir- ya estaban listos para firmar el acta en la que figuraba Camps como único candidato posible. No hubo ni discusiones, ni debate, conscientes todos de que el futuro de Camps está en manos de Rajoy. Apenas 15 minutos después, la dirección valenciana del PP lanzó los comunicados preparados poco antes, tanto el de designación como candidato, como los escritos de apoyo por parte de cargos públicos afines a Camps. Mientras, Agramunt y el secretario del comité electoral, Vicente Rambla, verbalizaron el acuerdo ante las cámaras a la puerta de la sede del PP.
Sin embargo, el tono imperativo utilizado en la nota de designación del candidato, las reticencias de Génova a poner en marcha la claque, y el secretismo utilizado por Camps, contribuyeron a levantar una enorme polvareda política que ha puesto de relieve la enorme tensión existente en el PP entre Madrid y Valencia. Tanta que ayer, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y otros cargos valencianos tuvieron que asegurar en público que no hay "ningún desafío, ningún reto, ni ninguna presión" a la dirección nacional del PP.
www.elpais.es 16.02.11
BLASCO SE AFERRA A QUE EL JUICIO POR COHECHO A CAMPS "ES UNA HIPÓTESIS, NO UN HECHO REAL"
Que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo de los acusados es "una hipótesis; no un hecho real", dado que "no se ha planteado todavía", alegó ayer el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, al término de la Junta de Portavoces en las Cortes Valencianas. Para restar trascendencia a la situación judicial de Francisco Camps, Blasco descalificó la actuación de la fiscalía y trató de reducir el supuesto cohecho continuado del que se acusa al jefe del Consell a una cuestión "tonta y banal".
"Estamos convencidos de que acabará en archivo en el momento correspondiente", llegó a decir el portavoz popular sobre la investigación que afecta a Camps, aseguró que la acusación de la fiscalía "no empaña la honradez del presidente" y añadió que su apoyo social y electoral tiene "mayor peso político y moral que cualquier iniciativa judicial que esté sin probar".
"Camps será el candidato en la Comunidad Valenciana", vaticinó Blasco, que descartó cualquier falta de sintonía con la dirección nacional del PP y con su presidente, Mariano Rajoy. A la pregunta de si el Grupo Popular en las Cortes mantiene lo que dijo Camps en el hemiciclo, es decir, que se pagó los trajes, o resta importancia al hecho de haber recibido regalos, Blasco respondió que la acusación es infundada -"se trata de una acusación más política que judicial", dijo textualmente-, pero también calificó de "insignificante" la imputación. "Yo no aceptaría de una trama de corrupción ningún tipo de regalo", exclamó Blasco al responder si le parece digno que un presidente acepte que le regalen 11 trajes, cinco americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas. "Pero no está demostrada esa acusación", puntualizó enseguida el portavoz popular, que insistió en reducir el caso a un problema sobre los recibos de "dos trajes" y tildó de "insustancial" la multa de 41.000 euros que solicita la fiscalía por cohecho pasivo impropio.
www.elpais.es 16.02.11
 
LOS TRAJES, SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG VALENCIANO 
La investigación ha destapado graves delitos de corrupción 
Las airadas protestas del PP por el trato "injusto" a Francisco Camps tropiezan con un hecho: que los hallazgos de la investigación judicial indican que la red Gürtel no se tejió en Valencia con el hilo de los trajes regalados al president, sino con una madeja mucho más enmarañada. Y en ella había presunta financiación ilegal, presunta prevaricación por el amaño de contratos y el consiguiente y presunto saqueo de las arcas públicas. Tanto la Policía como Hacienda y, sobre todo, el juez que instruye la parte principal del caso, Antonio Pedreira, consideran involucrada a la plana mayor de Camps. Pedreira se inhibió de seguir investigando esa línea precisamente porque los indicios apuntan a aforados a quienes sólo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia valenciano. 
01. La financiación: 2,5 millones ocultos 
La primera alerta sobre financiación ilegal llegó a través de un informe de la Brigada de Blanqueo en julio de 2009, aunque el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) despreció su contenido. La segunda revelación, clave, fue hecha por Hacienda en mayo de 2010: el PP valenciano, constata un informe de esa fecha, ocultó al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007. Lo hizo, mantiene la Agencia Tributaria, gracias a la colaboración de Orange Market, capitaneada por Álvaro Pérez, el Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. 
Además, una parte de la doble campaña autonómica y local de aquel año fue pagada por "terceros", advertía Hacienda. Un posterior informe policial, fechado en julio de 2010, reveló cómo el PP valenciano y tres de las empresas con más contratos públicos en Valencia Sedesa, Lubasa y Ortiz pagaron a Orange Market 846.000 euros en negro durante 2008. El reparto de costes fue paritario: una mitad la abonó el PP; otra, los empresarios, según la Policía. El objetivo, se lee en el informe, era minorar la deuda electoral contraída con Orange Market. Sedesa propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, Lubasa y Ortiz pagaron "siguiendo indicaciones" de los responsables del partido, conscientes de que ayudar al PP entrañaría "contrapartidas". 
02. El amaño: 14 millones en contratos 
En apenas cinco años, la trama obtuvo no menos de 14 millones en contratos públicos de la Generalitat y otros entes públicos dependientes gracias, según el juez Pedreira, a "reiteradas irregularidades". Entre esas anomalías, el magistrado destaca las adjudicaciones a Orange Market, consecutivas durante cinco años, del stand de la Generalitat en Fitur. Y las destaca "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas". En 2009, la oferta de Fitur fue la más cara. Pero volvió a ganar. Además, Orange Market se benefició del fraccionamiento de contratos, lo que le garantizaba la adjudicación directa de servicios.  
03. El saqueo: tres millones de Canal 9 
En ese cómputo de 14 millones figuran los siete adjudicados por la Generalitat. Pero, también, el contrato adjudicado a Teconsa investigada en el caso por Canal 9 para organizar en 2006 la cobertura de la visita del Papa. El contrato se cifró en 6,4 millones, de los que la red se repartió casi tres millones en comisiones, según la Policía.  
www.publico.es 15.02.11 
GONZÁLEZ PONS PONDRÍA "LAS DOS MANOS EN EL FUEGO" POR CAMPS 
Mientras Génova elude nombrar a Francisco Camps candidato oficial del PP para las próximas elecciones autonómicas, las manifestaciones públicas en apoyo al presidente valenciano de dirigentes del PP crecen. Este martes, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha defendido la inocencia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y ha asegurado que pondría "las dos manos en el fuego" por él.  
En una entrevista de Catalunya Ràdio ha aclarado que su designación como candidato, al igual que el resto, está a la espera de que el Comité Electoral Nacional lo ratifique, eso sí, no hay fecha para ello. Pons ha afirmado que "Camps es el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat" valenciana, después de que ayer el comité electoral regional lo propusiera como candidato a la presidencia.  
Convencidos de su inocencia
Preguntado por la imputación del presidente valenciano en el caso Gürtel, ha subrayado: "Estamos convencidos de su inocencia", y ha manifestado que el hecho de que se le esté investigando no influirá en su designación como candidato. "Tomar una decisión en contra de esta convicción (de que es inocente) es arriesgarnos mucho a ser injustos", ha dicho.

Total, por cuatro trajes...
Siguiendo la línea argumental marcada por el PP, Pons ha restado importancia al proceso judicial y ha recordado que "está imputado porque le han regalado cuatro trajes y cuatro corbatas", a lo que ha agregado: "No creo que nadie considere creíble que por cuatro trajes y cuatro corbatas se venda un presidente de la Generalitat valenciana".
Desafío de Camps
Sin embargo, pese a las continuas muestras de apoyo de dirigentes nacionales, Camps no parece estar muy convencido de que será finalmente el candidato y anoche, intentó forzar de nuevo su nominación convocando al comité electoral del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), que aprobó por unanimidad que sería la cabeza de lista para el 22-M.
¿Buena sintonía?
Las aclaraciones del presidente del comité electoral del PPCV, Pedro Agramunt, y su secretario, Vicente Rambla, de que todo se había hecho en "plena sintonía" con Génova no han convencido a nadie. Tampoco las de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, quien ha explicado que la reunión en Valencia se convocó "a instancias" de la dirección nacional del PP. Esta coordinación y buena sintonía, sin embargo, no les lleva a incorporar en el orden del día del Comité Electoral Nacional la nominación de Camps y acabar así con las especulaciones.
www.elplural.com 15.02.11
CAMPS SE AUTOPROCLAMA CANDIDATO PARA FORZAR QUE RAJOY LO CONFIRME
El valenciano desafía a la dirección del PP, pero Génova retrasa su proclamación
Francisco Camps lleva semanas pidiendo a la dirección nacional que le confirme como candidato. Solo puede hacerlo el Comité Electoral Nacional, presidido por Miguel Arias Cañete, que Génova retrasa una y otra vez. Y en Valencia la idea sobre la desconfianza de Mariano Rajoy en Camps se instala cada vez más.
Hasta ahora, el presidente valenciano presionaba discretamente, según confirman varias fuentes de la dirección. Y siempre recibía un no por respuesta. Pero ayer pasó de la presión discreta a un desafío público en toda regla. Camps se indignó después de que en la habitual rueda de prensa de los lunes Dolores de Cospedal, la secretaria general, muy distanciada del valenciano, insistiera en que "no hay fecha" para la proclamación de este y otros presidentes autonómicos, y explicara sin embargo que sí está previsto que se reúna el Comité Electoral Nacional esta semana solo para nombrarla precisamente a ella como candidata a Castilla-La Mancha. Cospedal tiene organizado un gran acto el sábado con Rajoy y quiere que el comité la confirme antes.
Camps estalló en cólera ante lo que entendía una injusticia. ¿Por qué se confirma a otros y a él no, que es uno de los pocos que lo está reclamando? Según diversas fuentes, llamó a Génova de nuevo para presionar y sobre todo decidió lanzar su desafío: convocó de urgencia para las ocho de la tarde de ayer un Comité Electoral de la Comunidad Valenciana para que le propusiese como candidato. Legalmente no sirve de nada, es un brindis al sol, pero es un claro gesto de presión.
Todos los dirigentes coinciden en que Rajoy no confirma aún a Camps porque está esperando a ver qué sucede en el proceso por cohecho impropio que el valenciano tiene pendiente. Y que puede estallar en plena campaña. Eso dispara los temores en el campismo: aunque Rajoy insista en que no contempla otra opción que su candidatura, lo cierto es que aún no es oficialmente candidato.
El desafío de Camps generó un enorme malestar en la calle Génova y la dirección contestó de forma tajante a través de sus portavoces oficiales: sigue sin haber fecha para confirmar a Camps y otros presidentes autonómicos, y esta semana -previsiblemente miércoles o jueves- se reunirá el Comité Electoral Nacional solo para nombrar a Cospedal. Camps no estará ahí, aunque se empeñe.
Rajoy ya no quiere a Camps pero tampoco va a echarlo. Le gustaría que dimitiera, insisten en su entorno. Pero él no se va a ir porque quiere que las urnas de alguna manera le absuelvan, siguiendo la doctrina de Carlos Fabra. Así que la situación está bloqueada. Aún así, fuentes de la dirección dan por hecho que Camps irá y que se confirmará su candidatura antes del 5 de marzo, fecha de la convención autonómica en Mallorca. No será esta semana, pero será, explican.
En cualquier caso el tono del comunicado del PPCV demuestra el nivel del desafío. "El Comité Electoral Nacional deberá ratificar la propuesta elevada por el PPCV. Camps encabezará por tercera vez la lista", señala.
Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat, vaticinó que Camps ganará con dos tercios de los votos valencianos, aseguró que todo se había hecho de acuerdo con la dirección nacional y que la candidatura será confirmada "cuando tenga a bien ratificar la propuesta el Comité Electoral Nacional". Pero no será tan pronto como Camps quería.
www.elpais.es 15.02.11
BARBERÁ DUDA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y COSPEDAL HABLA DE "ATAQUE POLÍTICO"
Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se ha convertido desde que estalló el caso Gürtel en uno de los grandes apoyos del presidente valenciano, Francisco Camps. Ayer, igual que otros colegas del PP, volvió a defenderlo y se mostró orgullosa de abrir un debate sobre la independencia judicial: "Es el mejor servicio que he hecho a España desde que estoy en política", subrayó, para después afirmar que "la transición no ha pasado por el poder judicial".
A la vista de las críticas de la asociación Jueces para la Democracia, que ha pedido a la regidora respeto a los tribunales, Barberá negó que cuestione la imparcialidad de jueces y fiscales. "Dije que la mayoría de jueces y fiscales eran imparciales e independientes pero que podría haber algunos que no", recordó. Y aclaró que, si todos los días se debate sobre el poder ejecutivo y legislativo, "¿por qué no se va a poder hacer lo mismo con el judicial?".
Barberá insistió en que los jueces son "personas, no aquellos antiguos jueces que parecían intocables". "Son unas personas que militan o han militado en partidos políticos, que se han presentado a elecciones... Y [los ciudadanos] lo tienen que saber", afirmó.
Esta ofensiva contra la justicia precisamente cuando Camps está a punto de sentarse en el banquillo -después de que cinco jueces del Tribunal Supremo dictaminaran por unanimidad que había caso- fue respaldada por la dirección nacional del PP. Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, apoyó a Barberá -aunque dijo que sólo se refería a fiscales y no a jueces, algo que no era cierto- y aseguró que Camps está siendo víctima de un "ataque político en toda regla". Insistió en que hay doble rasero en la fiscalía porque, mientras se pide el enjuiciamiento de Camps, en otros casos que el PP ve más graves, como el de los ERE andaluces, la fiscalía no hace nada.
El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, calificó de "terrorífico" que el PP cargue contra las instituciones para "amparar" a Camps ante la acusación de la fiscalía, que en su escrito pide 41.250 euros de multa al presidente valenciano por supuesto cohecho impropio.
www.elpais.es 15.02.11
UNA CARRERA CONTRA LOS JUECES
Deprisa y corriendo fue designado ayer Francisco Camps por los suyos, mientras los primeros espadas del PP valenciano arremetían contra jueces y fiscales. El 25 de enero saltó por los aires el calendario que manejaba el presidente de la Generalitat, confiado en dilatar, al menos hasta la disolución de las Cortes valencianas, la instrucción del caso de los trajes, ramificación del caso Gürtel que le afecta de lleno.
En esa fecha, el juez José Flors declaró concluida la instrucción sobre Camps y otros tres altos cargos del PP. Comenzó entonces la cuenta atrás para la apertura de juicio oral. El segundo revés se produjo el viernes, cuando la fiscalía concluyó que 11 trajes, cinco americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas regalados por la trama Gürtel suponen un delito continuado de cohecho pasivo impropio. Ese mismo día, el TSJ rechazó recursos que intentaban frenar el procedimiento.
Camps se ha visto obligado a improvisar una estrategia para que Rajoy lo proclame oficialmente candidato. El nerviosismo cunde en la sede nacional del PP, donde hay temor a que la convención autonómica salte por los aires. También en la sede valenciana, donde aumentan las dudas sobre Rajoy y se teme una campaña electoral centrada en los problemas judiciales.
Camps mantuvo ayer un solo acto, de carácter protocolario, en su agenda pública. En su defensa salió la caballería. El vicepresidente del Consell Vicente Rambla dijo que "no es justo" el proceso al que está sometido. Y el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró que el Gobierno de España "ha teledirigido de manera descarada a la fiscalía contra la soberanía popular de los valencianos".
www.elpais.es 15.02.11
COSPEDAL DEFIENDE A CAMPS Y ACUSA A LA FISCALÍA "DE SER UN ARMA DE ATAQUE POLÍTICO EN TODA REGLA"
Destacados dirigentes del partido vuelven a arremeter contra la justicia como respuesta a la petición fiscal de que el presidente valenciano se siente en el banquillo  
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido hoy en que el Gobierno utiliza la fiscalía "como un arma de ataque político en toda regla" contra su partido. La número dos de Mariano Rajoy se ha sumado así a las declaraciones de los últimos días de varios dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, que han arremetido no solo contra el Ministerio Público sino también contra los jueces.
"Camps es un magnífico presidente de la Generalitat Valenciana"
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido hoy en que el Gobierno utiliza la Fiscalía ?como un arma de ataque político? contra su partido. La número dos de Mariano Rajoy se ha sumado así a las declaraciones de los últimos días de varios dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, que han arremetido no solo contra el Ministerio Público sino también contra los jueces. - AGENCIA ATLAS
Cospedal ha rechazado responder en varias ocasiones y a distintos medios si el presidente valenciano, Francisco Camps, será el candidato del PP en las elecciones autonómicas de mayo, después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pidiera para el presidente de la Generalitat una multa de 41.250 euros por un delito continuado de cohecho impropio pasivo.
El líder regional respondió a la petición de la fiscalía con un acto en el que fue aclamado por su partido. Hoy, sin embargo, Cospedal se ha negado ha confirmar si Camps será el cabeza de lista el próximo 22 de mayo y ante la pregunta de si preferiría que fuera él mismo el que tomara la decisión de retirarse ha asegurado que no sabe "que está en su mente" pero ha reiterado el mantra que se oye en Génova desde que surgieron las relaciones del PPCV y el caso Camps: "Es un magnífico presidente del PP en Valencia".
La respuesta de Cospedal ha venido precedida de la de otros líderes del PP de Valencia. El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, ha acusado hoy a la Justicia "de no ser justa con Camps". Según Rambla, "la Justicia debemos pretender que sea justa y en este caso creo que no es justo lo que está ocurriendo con el presidente Camps". Sin embargo, preguntado por qué es lo que se está haciendo de manera injusta con Camps, Rambla no ha respondido porque se había explicado "suficientemente".
Otro vicepresidente de la Generalitat, el tercero, aseguró en su blog el pasado sábado que "la fiscalía de Rubalcaba presiona al TSJ contra Camps" ya que "acusa sin pruebas". "Volvemos a la manipulación, a la mentira, a la falsedad", zanja Juan Cotino.
Finalmente, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aprovechó una entrevista con la agencia Efe para arremeter contra los jueces. Una entrevista que se realizó antes de que la Fiscalía remitiera al juez su escrito, pese a que la agencia fue distribuida el pasado sábado.
En ella, Barberá pidió plantear "un debate sobre la independencia de la justicia, que es un poder del Estado de derecho como lo es el Poder Legislativo o el Ejecutivo". "¿Por qué no puede abrirse un debate sobre la realidad del Poder Judicial?".
La asociación Jueces para la Democracia acusó a Barberá tras conocer las declaraciones de "sugerir que los magistrados instructores de los citados procedimientos (Gürtel y Bellver) no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses". Además, sigue la nota, "resulta sorprendente constatar que nos encontramos ante unas autoridades que aplauden la acción de la justicia cuando ésta les da la razón y luego califican de forma poco respetuosa sus actuaciones cuando creen que no resultan beneficiados".
www.elpais.es 14.02.11
JUECES PARA LA DEMOCRACIA PIDEN A BARBERÁ QUE RESPETE A LOS TRIBUNALES
La alcaldesa insiste en pedir un debate sobre la justiciaJpD cree que las declaraciones de Barberá "evidencian su malestar partidista"
Jueces para la Democracia emitió ayer un duro comunicado sobre las manifestaciones realizadas por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en las que solicitaba un debate sobre la independencia de la Justicia. La alcaldesa hizo estas declaraciones el miércoles a la agencia Efe, antes de que se conociera que la Fiscalía fuera a solicitar la apertura de un juicio por cohecho al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Efe no dio a conocer esa parte del contenido de la entrevista hasta el pasado sábado, coincidiendo con un acto del PP, pero ayer Barberá se reafirmó en su petición.
En el PP se procuraba ayer distinguir su posición crítica con los fiscales de la que mantienen con los jueces. Pero la alcaldesa de Valencia volvió a insistir en la posibilidad de plantear "un debate sobre la independencia de la justicia, que es un poder del Estado de derecho como lo es el Poder Legislativo o el Ejecutivo". "¿Por qué no puede abrirse un debate sobre la realidad del Poder Judicial?". Rita Barberá fue ayer más comedida que en sus declaraciones iniciales, en las que se había mostrado "profundamente sorprendida por la evolución judicial" del caso Gürtel y también por el que pesa sobre su concejal de Urbanismo, Jorge Bellver. "Son una muestra", dijo entonces, para que se piense "en darle una vuelta a la independencia de la justicia", ya que aunque hay "jueces y fiscales profundamente independientes, a lo mejor no lo son todos".
Estas manifestaciones, reiteradas ayer con algo de sordina, fueron las que motivaron la nota de Jueces para la Democracia (JpD), "pues llega [Barberá] a sugerir que los magistrados instructores de los citados procedimientos (Gürtel y Bellver) no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses".
JpD asegura que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas, "pero las críticas deben expresarse con alegaciones jurídicas motivadas y no con descalificaciones hacia los jueces que solo evidencia el malestar partidista de quien las emite". Además, sigue la nota, "resulta sorprendente constatar que nos encontramos ante unas autoridades que aplauden la acción de la justicia cuando ésta les da la razón y luego califican de forma poco respetuosa sus actuaciones cuando creen que no resultan beneficiados".
Jueces para la Democracia opina que "determinados ataques a la actuación judicial no pueden enmarcarse en la aportación de argumentos constructivos, sino que más bien parecen intentar socavar la credibilidad social de nuestros tribunales". JpD finaliza su nota haciendo constar su preocupación por la falta de acatamiento de las resoluciones judiciales y reclamando una mayor responsabilidad por parte de "las autoridades valencianas" e instando a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y al Consejo General del Poder Judicial a intervenir "para recodar el respeto que se debe al principio de separación de poderes como elemento esencial de un Estado democrático".
Por su parte, los socialistas denunciaron que el único objetivo de las declaraciones de la alcaldesa era "distraer a la opinión pública para que no se hable de la petición de la Fiscalía Anticorrupción" contra Camps.
La portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, lamentó que "la alcaldesa, de nuevo, invoca el Estado de derecho cuando su actuación coincide con sus intereses, pero no cuando le perjudican".
Contundente, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, tras mostrar su respaldo a la nota de JpD, aseguró que el "PP valenciano, con total seguridad, asumió gran parte del coste de la organización del congreso nacional o los actos de las elecciones generales de 2008. Aquí se pagaron los gastos y ni Rajoy ni Bárcenas pidieron las facturas ni nos las han enseñado. Por ese motivo Camps tiene cogido a Rajoy de la mano; si se lo lleva por delante se llevará también a Rajoy en su caída. El presunto delito por falsear la contabilidad de las elecciones generales prescribe a los tres años. Faltan unas pocas semanas. Ése es el principal problema para Rajoy: Que Camps tire de la manta y lo meta de lleno en Gürtel".
www.elpais.es 14.02.11
EL PP VALENCIANO RESPONDE AL FISCAL CON UN ACTO DE ACLAMACIÓN A CAMPS
González Pons: "Le persiguen porque dicen que le han regalado cuatro corbatas"
ayer a Francisco Camps en un multitudinario acto de aclamación de candidatos municipales en Alzira, a 35 kilómetros de Valencia, como respuesta a la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público pidió el viernes una multa de 41.250 euros para el presidente de la Generalitat valenciana por un supuesto delito continuado de cohecho impropio por aceptar regalos por valor de 14.021 euros de varias empresas de la trama Gürtel a cambio de decenas de contratos públicos.
El presidente del Gobierno valenciano augura una victoria electoral "épica"
Un millar largo de militantes populares aclamó al presidente valenciano cuando minutos después de las diez de la mañana entró en una sala de fiestas para compartir un almuerzo con sus compañeros de partido. Los periodistas que se acercaron al líder del PP en la Comunidad Valenciana cuando entraba en la sala para preguntarle sobre la solicitud del fiscal al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana solo obtuvieron una respuesta: "Todos somos conscientes de que estamos ante un éxito electoral sin precedentes, que demuestra que los valencianos quieren que el PP siga gobernando en la Comunidad Valenciana y en la inmensa mayoría de los ayuntamientos". A cada pregunta, la misma respuesta: "Estamos ante un éxito sin precedentes".
Los militantes de la organización provincial del PP de Valencia se tomaron una hora para almorzar. Ensalada, montaditos de lomo, agua y vino. No hubo café. Camps ocupó la mesa presidencial con cinco consejeros de su Gobierno, el presidente provincial del partido y su compañero Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación de la dirección nacional del PP.
Los primeros oradores insistieron en la honradez de Camps y solicitaron aplausos al presidente "por lo que está sufriendo". Nadie tuvo que hacer explícita la supuesta conspiración de todas las instituciones del Estado para derrocar al presidente valenciano. El auditorio ya la tenía asumida. Pero González Pons quiso aclarar algunos extremos: "Con los fiscales, los españoles no somos todos iguales ante la ley. No veréis a los fiscales impulsar actuaciones judiciales ante casos como los 10 millones de euros dados a la empresa donde trabaja la hija de Chaves ni sobre las obras adjudicadas por el tesorero del PSOE en el ministerio de José Blanco, ni los ERE de lujo de Andalucía. Aquí, total, por el regalo de cuatro corbatas te persiguen, pero si eres de Andalucía no lo hacen. Este no es el país que yo quiero".
En el arranque de su intervención, González Pons dio pie al discurso de Camps: "El PP es el único partido que puede decir que es de la Comunidad Valenciana".
El presidente de la Generalitat subió a la tribuna con tono exultante: "Valencia está orgullosa de ser Valencia y de ser del PP. Estamos convencidos de que hemos hecho la mejor gestión que nunca se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Hemos hecho de esta tierra una tierra amable, abierta y potente". Camps auguró "una victoria épica el 22 de mayo" y evitó cualquier mención sobre sus problemas judiciales. Apenas deslizó: "Zapatero ha intentado ganar bajo todo tipo de artimañas esta tierra, porque sabe que si no gana en la Comunidad Valenciana no gana en España. Pero nosotros dijimos no, por aquí no pasarás. Y Rajoy ganará en la Comunidad Valenciana y en toda España".
El presidente valenciano insistió en presentar las próximas elecciones municipales y autonómicas como la antesala del relevo de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno: "Este partido ha contribuido a parar a Zapatero, le quedan pocos meses. Hoy, más que nunca, todos nuestros compatriotas saben que en Valencia comenzó el éxito de una nueva manera de entender España".
Camps recurrió a la identificación de su proyecto con los intereses de la Comunidad Valenciana en el resto de su discurso, una dimensión regionalista que es tónica habitual en sus intervenciones: "Yo sé qué queremos, cómo queréis que sea la Comunidad Valenciana, porque somos de aquí, de esta tierra. Somos las líneas que dicta el corazón de los valencianos. Por eso somos un proyecto indestructible. Por eso estamos más fuertes que nunca".
www.elpais.es 13.02.11
LA FINANCIACIÓN ILEGAL, EN EL LIMBO
El caso Gürtel no son solo los regalos de trajes a altos cargos del PP valenciano por parte de la trama que dirigía Francisco Correa. La policía tiene acreditados delitos de financiación ilegal del PP de Valencia a través de pagos que hacían a Correa potentes empresas de esa comunidad (adjudicatarias de jugosas contratas del Gobierno de Francisco Camps) para saldar deudas del partido con la red Gürtel que, a su vez, organizaban los actos electorales. Hacienda ya señaló que el PP de Valencia le ocultó gastos por importe de 2,5 millones. El juez Pedreira se inhibió a favor de Valencia de todo el asunto de la financiación ilegal, dado que entre los implicados estaría la cúpula del PP de esta comunidad (la mayoría, aforados). Pero el Tribunal Superior de Valencia aún no ha dicho si acepta investigar este asunto porque la inhibición está recurrida y no es firme. Fuentes jurídicas creen que Valencia se declarará incompetente y devolverá el asunto a Pedreira, quien, en ese caso, la elevaría al Tribunal Supremo para que dictamine quién debe investigarla. La causa, pues, sigue en el limbo.
www.elpais.es 12.02.11
EL PP TACHA DE "DESPROPORCIÓN" LA PENA QUE PIDE LA FISCALÍA
El Partido Popular se movió ayer con extrema cautela tras conocer las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los trajes en el que se halla imputado Francisco Camps. El presidente de la Generalitat -de regreso a Valencia de un viaje oficial a Berlín con escala en Madrid- logró que Génova saliese en su defensa con una declaración en la que se volvió a descalificar la actuación de la fiscalía, se reiteró la confianza en la inocencia de Camps y se tachó de "desproporcionada" la pena de multa solicitada por el supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.
En Valencia, la dirección regional del PP reforzó, poco después, el pronunciamiento de Génova al insistir en que "todo el partido" en la Comunidad Valenciana respalda a Camps como candidato a la reelección. Las mismas fuentes indicaron también que la fiscalía ha fracasado en su intento de vincular el caso de los trajes a la financiación irregular del partido.
www.elpais.es 12.02.11
EL FISCAL ACUSA A CAMPS DE UN DELITO CONTINUADO DE COHECHO POR ACEPTAR REGALOS POR VALOR DE 14.021 EUROS
El ministerio público pide para él una multa de 5 meses y 15 días a razón de 250 euros diarios por los presentes que recibió de la trama Gürtel
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes ante el magistrado instructor de la causa de los trajes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Flors, su escrito de conclusiones provisionales, en el que acusa al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de un delito continuado de cohecho. Por este delito solicita una multa de cinco meses y 15 días, a razón de 250 euros diarios, es decir, un total de 41.250 euros. El fiscal considera que Camps, en atención a su cargo de presidente de la Generalitat Valenciana, recibió regalos de la trama Gürtel por valor de 14.021,5 euros.
El Bigotes empezó a regalar trajes cuando multiplicó por 10 sus contratos en Valencia
El TSJ sigue el caso de los trajes contra Camps sin acumular otros delitos
El juez Flors corta el intento de Camps de ganar tiempo
Gürtel pone a prueba el nuevo TSJ
La escalera de Camps tiene más peldaños
Anticorrupción pide juzgar a Camps por los trajes y la financiación del PP
El Supremo reabre el caso de los trajes de Camps
El PP regional da por hecho que Camps será proclamado en marzo
Rajoy elude confirmar a Camps como candidato hasta saber si irá a juicio
Las claves del escrito de acusación del fiscal
 Documento: Texto íntegro del escrito de la fiscalía
El fiscal subraya que los regalos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión, SA y Forever Young abiertos al público en Madrid, y se facturaban, según los casos, a las sociedades Easy Concept Comunicación, SL; Diseño Asimétrico, SL; Good & Better, SL; Servimadrid Integral, SL y Orange Market, SL, todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo Sabaris, las cuales pagaban las correspondientes facturas y tickets de caja, "bien en efectivo, o mediante transferencia o entrega de cheques".
Tanto Camps, como los otros tres imputados en el caso,"aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris", cabecillas de la red corrupta,"mantenían importantes intereses económicos".
Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, logró contratos por más de 16 millones de euros del Gobierno valenciano y del partido entre 2004 y 2009, cuando estalló el escándalo.
La fiscalía pide pide la apertura del juicio oral contra Camps y contra el ex vicepresidente del Consell Víctor Camps; el jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PP valenciano y diputado Ricardo Costa.
Estos son, según la fiscalía, los regalos recibidos por Camps: entre finales de 2005 y septiembre de 2006, cinco trajes y tres americanas por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano Difusión, SA; entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares de zapatos por importe de 5.393,5 euros adquiridos en Forever Young. Además, a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por importe de 348 euros adquiridas también en esa tienda, y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por importe de 2.680 euros.
Para Ricardo Costa y Rafael Betoret,la fiscalía pide la misma pena de multa que para Camps. En cambio, en el caso de Víctor Campos solicita cuatro meses y 20 días.Según la fiscalía, el ex secretario general del PP valenciano recibió regalos por valor de 7.325 euros; Víctor Campos, por valor de 5.529 euros, y Rafael Betoret, por un importe de 13.499.
La fiscalía vuelve a solicitar igualmente la suspensión del procedimiento en tanto no se resuelva por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano las inhibiciones acordadas por el juez Antonio Pedreira del TSJ de Madrid, para remitir a Valencia la instrucción de nuevos delitos (cohecho propio, financiación ilegal, delitos electorales y contra la Hacienda Pública) contra las cúpulas del Gobierno y el PP valencianos, en los que también estaría implicado Camps.
El juez Flors ya concluyó hace más de un año que había indicios suficientes para juzgar a Camps y al resto de imputados. Sin embargo, el TSJCV archivó la causa en una polémica resolución que fue anulada por el Tribunal Supremo en mayo del año pasado. A finales de enero pasado, Flors dio de nuevo por concluida la instrucción del proceso y abrió el plazo para que las partes presentasen sus conclusiones antes de decidir si cierra el caso de los trajes o abre el juicio oral. Tras la Fiscalía Anticorrupción, le corresponde ahora el turno a la acusación del PSPV-PSOE y después entregarán sus escritos las defensas.
Recursos rechazados
El proceso contra Camps se acelera a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales y con su confirmación formal como candidato aún pendiente. Hoy mismo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha desestimado el recurso planteado por la defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para intentar dilatar la marcha de la causa que se sigue contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido en función de su cargo trajes y diversos regalos valorados en miles de euros durante varios años de parte de la trama corrupta Gürtel. En la causa están imputados también Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, que ocupan u ocuparon puestos de alta responsabilidad en el Gobierno valenciano y el PP regional.
El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) instructor del caso, José Flors, ha desestimado igualmente dos recursos presentados ante él por las defensas con el objetivo evidente de retrasar la marcha del procedimiento, que ha entrado en su recta final. Flors decidirá, una vez concluya el término dado a las partes para que fijen su posición (entre principios y mediados de marzo) si abre juicio oral. Es decir, si sienta en el banquillo a Camps para que sea juzgado por un jurado popular. Hasta llegar a ese punto es probable, sin embargo, que la sala del TSJ valenciano tenga que volver a pronunciarse, dado el intenso ritmo de petición de diligencias y presentación de recursos que están manteniendo las defensas en esta última fase.
La Sala Civil y Penal del TSJ desestima, en su auto emitido hoy, la petición de Camps (del día 8 de febrero) de que se incorpore al procedimiento unas grabaciones realizadas en prisión a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel. La defensa del presidente valenciano consideraba que dichas cintas serían beneficiosas para su representado. Las grabaciones fueron, sin embargo, declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel.
"No se debe olvidar que la petición de la parte recurrente se centra en una determinada conversación y en un detalle específico de la misma, por entender que una y otro favorecen al imputado Sr. Camps Ortiz, pero que si llegara a admitir que ese extremo concreto sí tiene valor probatorio en este procedimiento tendría que llegarse a la conclusión de que ese valor debería atribuirse, sin duda, a la conversación íntegra, y, luego, la coherencia tendría que llegar a atribuir valor probatorio a todas las conversaciones intervenidas", argumenta la Sala Civil y Penal del TSJ de Valencia.
El juez instructor ha desestimado, por otra parte, otros dos recursos interpuestos por Camps. Uno, contra la decisión del magistrado de dar por concluida la instrucción. Y el segundo, contra la solicitud de la defensa de que declarase Cándido Herrero. El juez Flors recuerda al respecto que dicha declaración testifical puede realizarse directamente en el acto de audiencia preliminar. En ese mismo acto o dentro de los tres días posteriores, Flors deberá decidir sobre la apertura de juicio oral.
www.elpais.es 11.02.11
LAS CLAVES DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN DEL FISCAL
El escrito presentado hoy por la fiscalía describe pormenorizadamente cómo la trama Gürtel agasajaba a "funcionarios públicos y autoridades con importantes responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad Valenciana" para favorecer a sus intereses. Este es el modus operandi que describe el fiscal.
Los agasajados
El auto cita a cuatro: el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps; el jefe de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret; el diputado de las Cortes valencianas Ricardo Costa y el vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat valenciana, José Víctor Campos.
Los regalos
Francisco Camps: Según el auto, recibió al menos, los siguientes regalos: 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por un importe total de 14.021 euros.
Rafael Betoret: en atención a su cargo, recibió, al menos, cuatro americanas, 11 trajes, dos abrigos, y un pantalón. Todo por un valor de 13.499 euros.
Ricardo Costa: el auto asegura que recibió de la red Gürtel, al menos, cuatro trajes y seis pantalones por un importe total de 7.325 euros.
José Víctor Campos: en atención a su cargo fue agasajado con al menos dos trajes, dos pantalones, una americana y un chaqué por un importe total de 5.529 euros.
Los agasajados los recibían, bien en su domicilio, bien en Valencia. Previamente, se les habían ido a tomar medidas para calcular sus tallas.
Regalos e intereses económicos
Los cuatro agasajados, asegura el fiscal, "aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa Sánchez (cabecilla de la red Gürtel), Álvaro Pérez y Pablo Crespo mantenían importantes intereses económicos".
Dónde se compraban
Los regalos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión S.A. y Forever Young en Madrid y se facturaban a las sociedades Easy Concept Comunicacion SL, Diseño Asimétrico SL, Good&Better SL, Servimadrid Integral SL y Orange Market SL, "todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo Sabaris". Se pagaba en efectivo, en cheques o mediante transferencia.
El presunto delito
El fiscal considera a los acusados como autores de cuatro delitos continuados de cohecho.
Las penas
Francisco Camps: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros
Ricardo Costa: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros
Rafael Betoret: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros
José Víctor Campos: multa de cuatro meses y 20 días y una cuota diaria de 250 euros
www.elpais.es 11.02.11
EL TSJCV DESCARTA LAS GRABACIONES QUE EXCULPARÍAN A CAMPS
 
El juez rechaza incluir las conversaciones en prisión entre Crespo y su abogado donde supuestamente reconocía que Camps pagó sus trajes
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la petición del abogado del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de incluir en la 'causa de los trajes' unas conversaciones telefónicas intervenidas a los considerados cabecillas de la 'trama Gürtel' que consideraba que beneficiaban a su cliente.
En una única resolución, la sala ha resuelto acerca de un doble recurso de apelación, que se han tramitado conjuntamente por el fondo de la cuestión debatida, según consta en un auto de fecha de este viernes, facilitado por el TSJCV. Asimismo, en otro auto, igualmente conocido este viernes y de fecha 9 de febrero, el magistrado instructor de la causa, José Flors, rechaza los recursos de los abogados de Camps y del exvicepresidente del Consell Víctor Campos contra su decisión de dar por practicadas todas las diligencias en esta causa y suspender el curso del procedimiento.
El letrado de Camps solicitó este martes en una vista celebrada a puerta cerrada en la sala de lo Civil y Penal que se tuviera en cuenta el contenido de estas escuchas -parte de las cuales descartan que empresas de la trama pagasen al presidente del Consell los trajes encargados en las tiendas de Forever Young y Milano-, después de que el magistrado instructor, José Flors, denegase su incorporación en un auto dictado el pasado mes de noviembre.
www.levante-emv.com 11.02.11
EL CASO DE CAMPS SIGUE ADELANTE AL MARGEN DE LA FINANCIACIÓN DEL PP
El TSJ espera la remisión de la parte valenciana de Gürtel mientras estudia los recursos contra la instrucción del juez Flors
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no acumulará, por ahora, los delitos de cohecho, financiación ilegal, delito electoral y contra la Hacienda pública al caso de los trajes que se sigue contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres miembros de la cúpula del Gobierno y el PP valencianos por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido por razón de sus cargos regalos por valor de miles de euros a lo largo de varios años. De haberse producido la acumulación, el caso de los trajes se habría retrasado meses.
El TSJ rechaza unir los delitos como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, porque considera que existe un impedimento procesal insuperable: el envío de esos nuevos delitos desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel, fue recurrido por el PP y por Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los imputados, y por lo tanto no es firme.
Paradójicamente, el PP forma parte de la causa de Madrid como acusación popular, a pesar de la petición de la fiscalía para que fuera expulsado por su implicación en el caso, al menos en la Comunidad Valenciana.
La inhibición (que es como se llama técnicamente a ese envío de delitos de Madrid a Valencia), señala el TSJ, "exige que la resolución que lo acuerde devenga el carácter de firme, así como que mientras ello no ocurra el órgano judicial que acuerde la inhibición debe seguir practicando las diligencias necesarias propias de la instrucción", señala la Sala Civil y Penal del TSJ valenciano en un auto en el que responde a la petición de fiscalía.
Cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió la acumulación, indica el tribunal valenciano, el auto inicial de inhibición del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, "no era firme, como debiera conocer el ministerio fiscal, y quizá por ello no ha insistido el instructor del TSJ de Madrid, porque el mismo había sido recurrido en reforma (es decir, ante el propio Pedreira), cuya resolución desestimatoria tuvo lugar el 14 de diciembre de 2010. Y además sigue sin devenir firme, porque por la misma parte (el PP) fue recurrido en apelación subsidiaria (ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid)". En consecuencia, afirma el TSJ valenciano, "la resolución de esta Sala no puede ser otra que la de no tener por planteada la inhibitoria al no ser firme la resolución en que se acuerda".El embrollo judicial, opinan fuentes del TSJ valenciano, tiene varias causas. La principal, porque habría resuelto los problemas actuales y los que están por llegar, fue la negativa del Tribunal Supremo a abrir un macrojuicio que englobara todo el caso Gürtel. No era una solución fácil, porque el Supremo no es un tribunal de instrucción, pero era lo único que hubiera evitado la fragmentación actual, derivada de la implicación de aforados de varias comunidades autónomas.
El apresurado archivo del caso de los trajes por parte del TSJ valenciano, presidido entonces por el juez Juan Luis de la Rúa (de quien Camps dijo que era más que un amigo), en verano de 2009, aumentó el enredo.
Coincidió casi exactamente con la primera inhibición de Pedreira. En aquella ocasión, cuando aún quedaban por abrir cajas con documentación intervenida a la trama, el juez se inhibió solamente de la implicación de los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez), que serían la parte activa (sobornadores o regaladores) del cohecho pasivo impropio por el que están imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
Aquella inhibición se quedó en el limbo porque casi a la vez la sala presidida por De la Rúa cerró el caso (que más tarde reabriría el Tribunal Supremo). Si el procedimiento no existía, razona ahora en su auto el TSJ valenciano, "nada podía unirse ni resolverse en relación al mismo".
Mayor calibre
A la reapertura del caso, en mayo de 2010, le siguió una segunda inhibición de Pedreira, en este caso de un calibre mucho mayor. Pedreira hallaba indicios de hasta siete delitos que implicarían a 14 altos cargos, incluido Camps.
Con su último auto, el TSJ valenciano ha respondido a la petición de la fiscalía sobre la primera inhibición. Pero la respuesta de la sala vale igual para la solicitud de acumular los delitos derivados de la segunda inhibición que también ha realizado Anticorrupción: hasta que no sea firme no podrá pronunciarse.
El caso de los trajes siguió ayer adelante, entretanto, con la vista a puerta cerrada de uno de los recursos interpuestos por las defensas: la incorporación a la causa de unas grabaciones a Pablo Crespo realizadas en prisión y declaradas ilegales por el TSJ de Madrid. La decisión de la Sala Civil y Penal del tribunal valenciano se conocerá la semana que viene.
www.elpais.es 09.02.11
LUNA APUNTA "DELITOS GRAVES" SI SE FALSIFICARON PRUEBAS A FAVOR DE CAMPS
Los socialistas pedirán diligencias sobre el papel de Trillo en el caso de los trajes
 "Si la estrategia del señor Trillo no queda limitada a analizar qué artículos del Código Penal o qué eximentes se pueden o no aplicar, sino que además está dirigida a la manipulación de pruebas, hablaríamos de cosas extraordinariamente serias". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, advirtió ayer de la trascendencia de una prueba aportada por las Fiscalía Anticorrupción al caso de los trajes por el que está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
"Si fuese fiscal, me preguntaría qué hacía Trillo en la tienda", dice Oltra
"Hay visitas que se pueden evitar", indica el portavoz socialista sobre De Rosa
El documento aportado por la fiscalía especial probaría que la contabilidad de la tienda Forever Young, donde Camps compró los trajes, fue manipulada en marzo de 2009, un mes después de estallar el escándalo, para sustituir la referencia al jefe del Consell por la de Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa. El documento procede del abogado de José Tomás, el sastre que hizo los trajes a Camps. Días antes de que se produjera la supuesta manipulación -apoyada con archivos informáticos y correos electrónicos entre un directivo de Forever Young y el informático de la tienda- el diputado y portavoz de Justicia del PP Federico Trillo se reunió con el dueño de la cadena en sus oficinas.
"Si es cierto que se ha producido, y parece que hay algún elemento documental que así lo indica, una manipulación informática para destruir pruebas que podrían resultar determinantes para concluir que el señor Camps, como poco, ha incurrido en un cohecho pasivo impropio, estaríamos hablando de palabras mayores y de delitos extraordinariamente graves", dio Luna, que indicó: "Vamos a pedir alguna diligencia al respecto".
"Si yo fuese fiscal", comentó por su parte la portavoz del grupo Compromís, Mònica Oltra, "me preguntaría qué hacía Trillo con los propietarios de esta tienda, del mismo modo que me preguntaría por qué le regalaron los trajes a Camps, y por qué el presidente tenía tan buena relación con esa gente".
Las ventas de los trajes supuestamente regalados a Camps por una trama de corrupción que obtuvo adjudicaciones millonarias de la Generalitat y a la que se investiga por su intervención en una presunta financiación irregular del PP valenciano, se produjeron entre febrero y julio de 2008 y ascendieron a 2.680 euros.
La evolución judicial del caso, que está en puertas de que el juez instructor, José Flors, decida si sienta en el banquillo al presidente de la Generalitat, ha vuelto a poner al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el centro de atención. La visita que la semana pasada hizo a la sede del tribunal el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y exconsejero de Camps, Fernando de Rosa, se ha interpretado como un elemento de presión. Ángel Luna dijo ayer al respecto que "hay visitas que se pueden evitar". El portavoz socialista señaló que alguien que como De Rosa ha tenido una relación tan cercana con Camps "debería ser extraordinariamente prudente", aunque añadió, en honor del vocal del poder Judicial por el PP, que ayer mismo por la mañana elogió en la radio la instrucción llevada a cabo por el juez Flors.
Una cuestión "banal" y una "auténtica tontería"
En opinión del portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, lo que se reclama judicialmente al presidente de la Generalitat, imputado en un supuesto caso de cohecho pasivo impropio por haber aceptado regalos de una trama de corrupción, "es una auténtica tontería" en comparación con sus responsabilidades públicas. Según Blasco, "lo único que se pretende es demostrar si Camps guarda el tiquet de un par de trajes", lo que resulta "absolutamente banal" y obedece a "una ceremonia encaminada a descalificarlo". Blasco, que eludió responder a una pregunta sobre la implicación de Federico Trillo en la supuesta manipulación de pruebas denunciada por la fiscalía, atribuyó todo el asunto al "nerviosismo" de los socialistas ante las próximas elecciones y reiteró que Camps "continúa teniendo el apoyo de la inmensa mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana". El portavoz popular llegó a asegurar que la acusación contra el jefe del Consell no pasará de una falta.
Unos minutos antes, en la propia sala de prensa de las Cortes Valencianas, la diputada de Compromís Mònica Oltra ya había advertido contra esa tergiversación. Se trata de un delito de cohecho impropio y no de una falta. Un delito que hasta hace poco se condenaba con multa de tres a seis meses pero que en la reforma del Código Penal del año pasado ya implica penas de seis meses a un año de prisión y de uno a tres años de inhabilitación. A Camps, llegado el caso, se le aplicaría la previsión más benévola.
El presidente del Consell, mientras tanto, eludió ayer, en una visita a la feria Cevisama junto al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que los periodistas le preguntaran sobre el caso.
El PP se volcó en arremeter contra el socialista Ángel Luna por la investigación que el TSJ realiza sobre él, ahora por encubrimiento, tras una denuncia del PP. Blasco llegó a acusar a Luna de tener "una actitud reprobable e indigna" por mostrar en un pleno un documento del caso Gürtel que estaba bajo secreto de sumario. El propio Luna negó haber incurrido en encubrimiento, dijo que recibe mucha información anónima y que su obligación como portavoz de la oposición es denunciar casos como el desvío a la trama de corrupción de al menos tres de los 14 millones que gastó RTVV en la visita del Papa.
www.elpais.es 09.02.11
UNA PRUEBA APUNTA A QUE FOREVER YOUNG MANIPULÓ SUS CUENTAS PARA ENCUBRIR A CAMPS
El cerco judicial se estrecha sobre Francisco Camps en el caso de los trajes, la causa por cohecho pasivo impropio abierta contra el presidente valenciano por haber recibido regalos por valor de miles de euros por parte de la trama Gürtel que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al tribunal un documento que probaría que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada en marzo de 2009, tras el estallido del escándalo, para sustituir el nombre del presidente de la Generalitat por el de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la trama en Valencia.
"La manipulación habría consistido en sustituir el nombre del adquirente de las prendas (394 que corresponde a Francisco Camps, por 571 que corresponde a Álvaro Pérez)", señala el escrito de fiscalía. Las ventas se efectuaron entre febrero y julio de 2008 y sumaron 2.680 euros. Un importe que coincide con el que figura en una nota manuscrita dirigida a Pablo Crespo, número dos de la trama, por la compra de varias prendas destinadas a Camps, que ya está incorporada a los autos.
La fiscalía recibió la información del abogado de José Tomás, el sastre de Forever Young, que ha explicado cómo tomó medidas al presidente valenciano y le encargó trajes que fueron abonados después por la trama. Los documentos entregados por el abogado incluyen archivos informáticos y correos electrónicos cruzados entre Raquel Vázquez (mano derecha del dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa) y Francisco Ferre, el informático de la tienda, en el que se detallaban las ventas que debían ser manipuladas.
Las fechas son importantes. El caso estalló en febrero de 2009. Los correos para encubrir a Camps se enviaron el 21 de marzo. Pocos días antes (tras la publicación en EL PAÍS de una entrevista con José Tomás), Federico Trillo, coordinador de Justicia del PP, se reunió con el dueño de Forever Young en sus oficinas. El contacto, además de con la supuesta manipulación de la contabilidad ahora aportada, coincidió con el inicio de una intensa campaña contra el sastre en la que se destacó Hinojosa.
www.elpais.es 08.02.11
EL MAGISTRADO RECHAZA EL NUEVO INTENTO DE PARAR EL CASO DE LOS TRAJES
El juez José Flors rechazó ayer un nuevo intento de la defensa de intentar dilatar el caso de los trajes, en el que están imputados por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos del Gobierno autonómico y el PP regional. La causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha entrado en la recta final, después de que el magistrado haya pedido a las partes que fijen su posición antes de decidir si abre juicio oral. Y los defensores de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret han multiplicado la petición de diligencias y la presentación de recursos para frenarlo.
En el auto, Flors considera improcedente la solicitud de que se incorporen a la causa grabaciones de los principales cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez) por ser reiterativa de lo ya realizado durante la instrucción y por asentarse "en meras hipótesis tendentes, no a una concreta averiguación, sino a una prospección respecto de algo que tal vez pudiera ser de interés del solicitante". Es decir, en perder tiempo.
www.elpais.es 08.02.11
EL TSJ SIGUE LA CAUSA CONTRA LUNA, AHORA POR ENCUBRIR
El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Juan Montero descartó ayer en un auto que el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, incurriera en un delito de revelación de secretos al exhibir en el hemiciclo un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que señalaba la relación entre el Gobierno valenciano y la trama Gürtel. No pudo incurrir en el delito porque en aquel momento (marzo de 2010) Luna no era aún parte de la causa y por tanto no estaba sometido a la obligación de custodia de un informe que se encontraba bajo secreto de sumario. Montero rechazó, sin embargo, archivar definitivamente la causa, que nació de una denuncia del PP, como le pedían la defensa y la fiscalía, y volvió a citar al diputado como imputado, en este caso, por un supuesto delito de encubrimiento.
"Lo único que se puede afirmar, y siempre con carácter indiciario propio de esta etapa del proceso penal, es que pudiera haberse cometido un delito por alguna de las personas a las que se refiere el artículo [466 del Código Penal, enmarcado en el capítulo relativo a la obstrucción a la justicia y deslealtad profesional] y que el señor Luna dispuso de un ejemplar de una actuación procesal declarada secreta". Descartada su participación inicial, el magistrado considera ahora que puede estar encubriendo a quien se lo entregó.
Luna declaró ante el juez que recibió el documento de forma anónima y que una vez que se levantó el secreto sobre las actuaciones se despreocupó de él, es decir, que no lo tiene.
Límite a la expresión
Montero dedica una parte del auto a responder a los argumentos de la defensa, que alegó la inviolabilidad que le corresponde como diputado en el ejercicio de sus funciones en el parlamento autonómico. "No todo lo que un diputado diga y especialmente haga en un acto parlamentario puede quedar cubierto por la inviolabilidad", subraya el juez. "Sería contrario a la misma esencia de la inviolabilidad, en tanto que garantía de la libertad de expresión, que dentro de la misma quedaran cubiertas todas las acciones de un diputado"; "se estaría declarando la irresponsabilidad completa y total de los parlamentarios".
El magistrado llamó a declarar en su resolución, además de a Luna, a su escolta. La fiscalía había solicitado el sobreseimiento libre por entender que los hechos no fueron constitutivos de delito.
www.elpais.es 08.02.11
ANTICORRUPCIÓN PIDE JUZGAR A CAMPS POR LOS TRAJES Y LA FINANCIACIÓN DEL PP
La decisión sobre el futuro del presidente valenciano se retrasa varias semanas
La Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado el proceso contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, cree que un posible juicio contra este debería incluir, además del regalo de trajes y otras prendas de vestir, todo lo relacionado con la contratación irregular con Orange Market y la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas contratistas de la Generalitat vinculadas a la trama corrupta. Así, Camps sería juzgado no solo por el delito de cohecho impropio, sino también por los posibles delitos acumulados tras casi dos años de investigación.
El delito imputable al líder popular sería más grave si las causas se juntan
El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, ha emplazado a las partes para que se pronuncien respecto a si Camps debe sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgado por un jurado popular, tras considerar que se habían practicado todas las diligencias necesarias y era momento de concluir el procedimiento. El plazo inicial se retrasará varias semanas, posiblemente hasta mediados de marzo.
Flors ya encontró hace más de un año indicios suficientes para llevar a juicio al presidente valenciano por haber aceptado trajes pagados por la red Gürtel, pero este recurrió ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El caso fue archivado, hasta que el Tribunal Supremo estimó el recurso de Anticorrupción y apreció que los indicios apuntaban a que Camps recibió trajes "con opacidad y de forma repetida". El caso Camps fue reabierto y devuelto al juez Flors para que siguiera instruyendo.
Anticorrupción entiende que antes de que se decida sobre el juicio a Francisco Camps deberían resolverse dos cuestiones pendientes.
La primera se refiere a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia quiere limitar el proceso a los dirigentes del PP que han recibido los trajes, pero no a los que los han regalado, es decir, a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Estos están imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero no por el de Valencia. De abrirse juicio oral contra Camps, los jefes de la trama corrupta tendrían que declarar en Valencia en calidad de testigos, pese a que ellos fueron los presuntos promotores de la corrupción, lo que aparentemente carece de sentido. Según fuentes de Anticorrupción, el tribunal valenciano debería pronunciarse sobre la imputación de los cabecillas antes de que la fiscalía formule su escrito de acusación.
También defiende la fiscalía que el asunto de los trajes se enjuicie conjuntamente con todo lo relativo a la contratación e incluso con la financiación irregular del PP. Hace más de un año que la investigación acreditó con numerosos documentos intervenidos y con múltiples conversaciones grabadas a miembros de la trama corrupta y cargos del Gobierno de Camps, que el PP valenciano se financió ilegalmente con empresas contratistas de la Comunidad Valenciana. Estas empresas pagaban los actos del PP a través de un intermediario, la firma Orange Market, propiedad de la trama corrupta. Y mientras los jefes de la red Gürtel regalaban trajes a los dirigentes del PP valenciano, Orange Market recibía múltiples contratos de la comunidad autónoma de manera ilegal, a dedo y sin concurso.
El instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, ya se inhibió en favor de Valencia respecto de la contratación irregular y la financiación, pero el tribunal valenciano aún no ha decidido si acepta la inhibición de Pedreira. Anticorrupción entiende que el regalo de los trajes es solo una parte de los hechos, y que todo se vería de distinta manera si se enjuiciasen conjuntamente la contratación irregular y la presunta financiación ilegal del PP, presidido en Valencia por Camps.
Si se juntaran las causas, en el caso de Camps, que empezó a recibir trajes cuando Orange Market comenzó a recibir contratos de la Comunidad Valenciana, "se vería que el delito de cohecho impropio a lo mejor era un cohecho más propio", es decir, más grave desde el punto de vista penal, según las fuentes de Anticorrupción consultadas.
El Tribunal Superior de Valencia lleva más de un año sin decidirse a asumir esta causa pese a que afecta a las principales autoridades de la Comunidad Valenciana y es, por tanto, el único tribunal competente para investigar los hechos.
www.elpais.es 07.02.11
CAMPS: ´PARECE SER QUE YO CONTINUARÉ SIENDO PRESIDENTE´
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado esta mañana que desconoce el auto del magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, en el que rechaza practicar nuevas pruebas que su defensa había solicitado relacionadas con conversaciones telefónicas intervenidas a los presuntos cabecillas de la 'trama Gürtel'.
Camps, que ha realizado estas declaraciones en Alicante, donde ha asistido en la 'Ciudad de la Luz' al homenaje al director de cine valenciano Luis García Berlanga, ha asegurado en este sentido que tiene el "soporte de la mayoría inmensa de mis conciudadanos".

Al término del acto, el jefe del Consell ha considerado una "barbaridad hablar de una cuestión que, parece ser, acaba de salir en estos momentos", en referencia a la decisión del juez Flors. El jefe del Consell ha remarcado que tiene "el soporte de la mayoría inmensa de mis conciudadanos" y que "es el PP el que continuará gobernando en la Comunitat Valenciana, y, parece ser, que yo continuaré siendo su presidente", ha agregado.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/02/07/camps-parece-continuare-presidente/780717.html
 
GÜRTEL PONE A PRUEBA EL NUEVO TSJ
El vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, exconsejero y amigo de Camps, visita el tribunal en vísperas de una decisión clave sobre el caso de los trajes
El caso de los trajes, una de las derivadas de la trama Gürtel, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos de las cúpulas del Consell y del PP regional, afronta semanas decisivas. El juez José Flors dio por concluida la instrucción el 27 de enero al considerar que ya se habían practicado todas las diligencias necesarias para determinar si Camps y el resto de acusados recibieron durante varios años trajes y otros regalos por valor de miles de euros de la trama corrupta, lo que supone un delito de cohecho pasivo impropio.
Aunque quisiera, la Sala tendría serios problemas para frenar a José Flors
En la judicatura no es ningún secreto que De la Rúa es amigo de Camps
Si la causa sigue su camino, a finales de marzo el juez puede dictar su auto
El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dio por terminada la investigación y emplazó a las partes a fijar sus posiciones sobre la apertura de juicio oral. Si tras recibir los escritos, lo que se espera para mediados de marzo, el magistrado resuelve ir adelante (y los pasos que ha dado hasta ahora apuntan a que así lo hará), el presidente del Consell se sentará en el banquillo de los acusados y será juzgado por un jurado popular. La causa está sometida a fuerte presión política y mediática porque su evolución afectará a la designación de Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo. En la causa también están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PP), Víctor Campos (exvicepresidente del Consell), y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo).
Desde que se conoció la decisión de Flors, el Partido Popular se ha esforzado en transmitir que la Sala Civil y Penal del TSJ dilatará la decisión del juez basándose en los recursos presentados por las defensas contra la denegación por parte del magistrado de la práctica de más pruebas. Se trata de una seguridad similar a la que el PP exhibió en otros momentos del largo procedimiento (se abrió en marzo de 2009), que después se demostró infundada. Su principal objetivo parece ser apuntalar la muy delicada posición de Camps.
Frente a esa visión, fuentes conocedoras del caso recalcan que, aunque quisiera, la Sala tendría serios problemas para retrasar a Flors. La Ley del Jurado establece en su artículo 27 que el magistrado ordenará practicar solo las diligencias "que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar".
Flors ya consideraba que tenía suficientes argumentos para sentar a Camps en el banquillo en julio de 2009. La Sala, en aquel momento presidida por Juan Luis de la Rúa, optó, sin embargo, por archivar la causa con una argumentación que suponía vaciar de contenido el delito de cohecho pasivo impropio y que no discutía, en cambio, que el presidente valenciano hubiera recibido los regalos de la trama. La decisión recibió un sonado varapalo por parte del Tribunal Supremo, que desautorizó la decisión de la Sala y devolvió la causa a Flors en mayo de 2010.
Desde entonces y hasta el 27 de enero el juez ha sido más que generoso con la práctica de diligencias solicitadas por la defensa, a pesar de que muchas de ellas parecían tener como único objetivo demorar el procedimiento. Un ejemplo: la defensa de Camps solicitó que se incorporara a la causa una conversación grabada en prisión entre Pablo Crespo, número dos de la trama, y su abogado, porque consideran que beneficia a Camps. Flors lo rechazó porque las grabaciones habían sido declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero permitió que la defensa llamara a declarar a Crespo (lo hizo a través de un exhorto) y éste repitió lo mismo que en las escuchas anuladas. Pese a ello, la defensa ha seguido insistiendo y ese es uno de los recursos que la Sala tendrá que resolver el 8 de febrero y a los que se aferra el PP para adelantar que el caso volverá a retrasarse.
Las miradas vuelven a estar, sin embargo, fijas en la Sala, que ahora preside Pilar de la Oliva. En ese contexto, Fernando de Rosa, exconsejero de Justicia con de Camps y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acudió el viernes al TSJ. Oficialmente, para ser entrevistado en sus instalaciones dado que el consejo no dispone de sede en Valencia. De Rosa aprovechó, sin embargo, para charlar con algunos magistrados. De la Rúa lo recibió con un fuerte abrazo.
En la judicatura no es ningún secreto que De Rosa es amigo de Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, a quien conoce desde su época en el juzgado de instrucción. Y es también de sobra conocido que De Rosa mantiene una estrecha relación de amistad con el propio Camps, a quien conoce desde los tiempos de Alianza Popular. Fernando de Rosa mantiene una relación privilegiada con el jefe del Consell, de cuyos Gobiernos ha formado parte, siempre en la Consejería de Justicia. En septiembre de 2008, De Rosa renunció para ser nombrado miembro del órgano de gobierno de los jueces a instancias del jefe del Consell y de Federico Trillo.
La estrecha relación que une al presidente de la Generalitat con De Rosa se evidenció pronto. Tras estallar el caso Gürtel en febrero de 2009, De Rosa tardó solo dos semanas en posicionarse. En una entrevista en Canal 9, el vicepresidente del CGPJ elogió la honorabilidad de Camps y advirtió que el juez Baltasar Garzón podría estar cometiendo un delito de prevaricación si no se inhibía en la investigación de la trama de corrupción que afecta al PP. Manifestaciones que le obligaron a pedir disculpas ante las críticas recibidas.
Un escándalo que se agrandó tras conocerse que Camps y De Rosa habían mantenido, al menos, dos encuentros tras estallar el caso Gürtel. El primero, en el domicilio particular del vicepresidente del CGPJ, una semana después de la detención de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama. La segunda, en el Palau de la Generalitat tras difundirse que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a Camps en el caso.
Desde entonces, De Rosa ha actuado de manera más prudente, aunque las relaciones con De la Rúa han sido estrechas y la Generalitat no ha dudado en agasajar al vicepresidente del CGPJ cada vez que ha podido, como cuando el pasado mes de septiembre le entregó el premio Justicia.
Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, sustituyó a De la Rúa al frente del TSJ en diciembre con un mensaje crítico con la corrupción y de defensa de la justicia como un servicio público que debe volcarse en solucionar los problemas de los ciudadanos y no responder a ningún otro tipo de intereses. El ritmo que ha tomado el caso de los trajes pondrá a prueba esa declaración de principios y el rechazo manifestado hacia las influencias externas. El capital de imagen con el que cuenta el tribunal valenciano no es, por ahora, muy alto, a pesar de que la sustitución de De la Rúa por De la Oliva actuó como válvula de escape para rebajar la apariencia de politización con que se marchó el expresidente.
Las fuentes consultadas afirman que Flors ha completado una instrucción muy garantista y muy difícil de atacar. Las pruebas practicadas durante la instrucción señalan que los trajes que Camps compró en una tienda de Madrid fueron abonados con fondos de las cuentas de las empresas que de la trama corrupta. La versión ofrecida por el jefe del Consell de que él pagó los trajes en metálico no ha sido avalada por ningún empleado del comercio, más bien al contrario. Y los obsequios coincidieron en el tiempo con la adjudicación por parte de la Generalitat de numerosos contratos, que no respetaron la normativa, a Orange Market, la firma de la trama que dirigía El Bigotes.
Para paralizar nuevamente la causa y desautorizar otra vez el trabajo realizado por Flors, la Sala tendría que contar con sólidos argumentos jurídicos (que los observadores cercanos no aprecian). Lo contrario situaría en el ojo del huracán a un tribunal todavía afectado por el correctivo que le aplicó el Tribunal Supremo, con la revocación por unanimidad de los cinco magistrados del archivo anterior.
Si la causa sigue su camino con normalidad, hacia mediados de marzo concluirá el plazo de cinco días dado a cada una de las partes (fiscalía y PSPV como acusaciones, y las cuatro defensas) de forma sucesiva (es decir, 30 días hábiles alargados por breves demoras procesales). Es posible que se incorporen nuevos documentos (como el que el fiscal ha pedido que el juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, envíe al TSJ valenciano) en la audiencia preliminar con la que concluirán los plazos dados a las partes. En ese acto, o dentro de los tres siguientes, Flors dictará un auto en el que decidirá si Camps, Costa, Campos y Betoret deben sentarse en el banquillo.
www.elpais.es 06.02.11
FERIA CONTRATÓ POR 24.500 EUROS AL MES A UNA FIRMA ASESORA CONSTITUIDA 9 DÍAS ANTES
G&B llegó de la mano de la jefa de imagen de la institución a quien Gürtel pagaba el alquiler de la casa
Feria Valencia ha presentado un ERE tras reconocer perdidas de 2,7 millones de euros.  marga ferrer
La consultora madrileña Goldberry & Bombadil (G&B), encargada desde junio de 2009 de asesorar en marketingy comunicación a Feria Valencia, fue contratada por la institución sólo nueve días después de su constitución como empresa. El administrador único de esta firma asesora, D. C. G., es también administrador de otra empresa vinculada con Feria Valencia aunque, en este caso, su cometido no tiene nada que ver con la imagen de la entidad. Se trata de Sintec, fichada el 1 de junio de 2009 para realizar una auditoría de seguridad en las instalaciones feriales por un coste de 196.000 euros, sin incluir el IVA.
Fue también el 1 de junio de 2009 cuando D. C. G. y el presidente de Feria Valencia Alberto Catalá firmaron el contrato para que G&B asesorara a la institución con el fin de posicionarla en el mercado "identificando las debilidades de la empresa, amenazas, sus fortalezas y oportunidades", según recoge el acuerdo entre ambas partes.
D. C. G. se convirtió así en la mano derecha de la actual directora de imagen de Feria Valencia, a la que, según fuentes de la institución, el empresario madrileño ya conocía al haber coincidido ambos en otra compañía. Tal como recogía ayer Levante-EMV, C. O. -responsable del marketing, comunicación y relaciones institucionales de la entidad- aparece mencionada en los informes policiales remitidos por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales al TSJ de Madrid dentro del marco de la Operación Gürtel.
Según este inf0rme, a C. O. se le atribuyen pagos mensuales procedentes de la contabilidad "b" de Orange Market de 1.000 y 2.000 euros. Entre los conceptos que justifican las entregas de dinero está el de "alquiler de casa". Diversas fuentes señalan que C. O. habría llegado a Feria Valencia en febrero de 2008 de la mano de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market.
Por su trabajo como asesor de la directora de imagen de Feria Valencia, D. C. G. -que figura como administrador único de la consultora madrileña-, cobró 18.000 euros al mes, más IVA, durante su primer año. Según recoge el contrato, a partir de junio de 2010 empezó a cobrar 24.500 euros, y recibirá 31.000 a partir de junio de 2011 si se prorroga el acuerdo.
Extrabajadores de la feria presentaron hace dos semanas ante la Inspección Provincial de Trabajo un escrito en el que critican los derroches de la institución, que ha iniciado un Expediente de Regulación de Empelo.
Contratos, incentivos y viajes
En este informe se recoge, entre otros, el caso de Goldberry, cuya actividad supone, según los antiguos empleados, "un coste mensual muy alto para realizar trabajos que podrían haberse asumido internamente sin coste".
Pero el de G&B no sería el único caso de relación laboral con empresas proveedoras que ha acabado dañando la economía de la entidad. Es lo que ha sucedido también, según este informe, con la empresa de ingeniería Áreas, que entre 2000 y 2006 cobró 120.000 euros al mes por el mantenimiento de las instalaciones que antes se hacía con servicios internos. O el caso de Capital Energy Read, con un contrato de 93.000 euros anuales por servicios de buzz research (repercusión en internet), y de Oerreeme, que cobraba 58.000 euros al año por servicios a certámenes.
El informe también denuncia los incentivos que se pagaron hasta junio de 2010 a pesar de las perdidas de 2,7 millones de euros o los numerosos viajes de Alberto Català por asuntos personales
Compromís exigió ayer a la alcaldesa Rita Barberá, que impulse por todo esto una "depuración a fondo" de Feria Valencia.
www.levante-emv.com 06.02.11
LA OPOSICIÓN CREE QUE LAS PRUEBAS ESTRECHAN EL CERCO JUDICIAL A CAMPS
El Consell dice que el Gobierno utiliza la fiscalía para abrir la campaña electoral
"Cada día que pasa aparecen nuevos indicios documentales que le incriminan de manera irremediable", afirmó ayer el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Luna. "Las nuevas pruebas estrechan todavía más el círculo judicial sobre Francisco Camps", dijo la portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra.
Luna pide al PP que cesen las presiones sobre la sala del TSJ
Costa está confiado en una solución positiva del caso de los trajes
La oposición se pronunció ayer de esta manera tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, la remisión al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de un archivo informático que probaría que la trama corrupta abonó 30.000 euros a la tienda Forever Young para pagar trajes destinados al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El portavoz socialista advirtió ayer a los populares que "por mucho que pretendan condicionar a la opinión pública en relación con las supuestas pruebas que le absuelven, el sumario está lleno de pruebas que le incriminan [a Camps]". Luna recalcó que lo que hace falta en estos momentos es que los populares den "más explicaciones y menos presiones" sobre el TSJ de Valencia, que ha de pronunciarse sobre los recursos presentados.
Mònica Oltra, de Compromís, argumentó: "Las pruebas son tan claras que Camps ya ha renunciado a demostrar su inocencia y su estrategia se basa en dilatar el proceso para que no se celebre el juicio antes de las elecciones autonómicas de mayo".
"Todo el mundo tiene asumido", prosiguió Oltra, "que la corrupción en el PP y en el Gobierno valenciano fue generalizada en relación con la trama Gürtel y lo más grave es que nadie, dentro del partido, haya exigido todavía responsabilidades".
La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, acusó al Gobierno central de haber iniciado la campaña electoral en la Comunidad Valenciana "a través de la fiscalía".
Sánchez de León calificó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de una nueva maniobra para perjudicar al presidente de la Generalitat en el caso de los trajes.
"Estamos viendo, una vez más, maniobras de la fiscalía y, frente a ello, lo único que puedo decir es que una falsedad, por mucho que se repita, que se recocine, o por muchos refritos que se hagan de ella nunca se convierte en una verdad", señaló la portavoz, que remachó: "Desde el Consell seguiremos defendiendo la única verdad posible".
En referencia al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la consejera sentenció: "Se le están agotando ya los recursos, y mientras tanto se le está engordando el faisán [en referencia a la investigación de un supuesto chivatazo policial al entorno de ETA] y deshinchando el globo de ataque a la Comunidad Valenciana".
En este clima de tensión política también se pronunció ayer el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, imputado también en el caso de los trajes que afecta a Camps.
Costa, que expresó su deseo de seguir de diputado autonómico del PP la próxima legislatura, se mostró convencido de que el caso de los trajes "terminará pronto y bien".
"Sobre temas judiciales y procesales son los abogados los que tienen que tomar las decisiones y ponen de manifiesto la estrategia de cada parte", prosiguió Costa, "pero están tranquilos y confiados en que habrá una solución positiva de este proceso". "Hemos colaborado con la justicia durante estos años y respetamos profundamente el proceso", insistió.
Con la instrucción concluida, José Flors, el magistrado que investiga el caso de los trajes, ha solicitado a las partes que realicen sus peticiones antes de decidir si fija juicio oral por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. El próximo martes, la sala del TSJ tiene previsto reunirse para ver si acepta el recurso interpuesto por la defensa de Camps que podría retrasar los plazos.
www.elpais.es 05.02.11
'EL BIGOTES' PUSO EN FERIA A UN CARGO QUE SUBCONTRATA SU TAREA
Trabajadores despedidos cargan contra la gestión de Catalá y De Vargas
Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market, la antena valenciana de la trama de empresas corruptas destapada por la investigación del caso Gürtel, se movía con mucha naturalidad por Feria Valencia. En 2008, Orange Market asumió una campaña de promoción por 800.000 euros para Hábitat, certamen que reúne cada año a los sectores del mueble, el textil y la iluminación. En el conjunto del ejercicio, Orange Market facturó a Feria Valencia 1.438.400 euros, según se desprende de la investigación judicial de la trama de empresas corruptas.
Áreas cobra unos 120.000 euros mensuales por mantener la feria
Las buenas relaciones de Álvaro Pérez con Alberto Catalá y Carlos Vargas, presidente y director general de la institución, le llevaron a colocar a la directora y la jefa de mercadotecnia de la institución. La primera dejó Feria Valencia a principios de 2009. La segunda, Cristina Olmeda, asumió la dirección de marketing y, una vez asentada, contrató un servicio de apoyo y asesoría externa a la empresa madrileña Goldberry & Bombadil. Feria Valencia pagaba 24.500 euros al mes por la asesoría hasta junio pasado, cuando la factura subió a 31.000 euros mensuales.El contrato de asesoría externa para la dirección de mercadotecnia de Feria Valencia es solo uno más de una serie que han detallado un grupo de trabajadores, despedidos de Feria Valencia hace dos semanas, en un escrito presentado a la dirección de Empleo de la Consejería de Economía. Feria Valencia tenía 319 empleados a finales de 2010 y ha despedido a 106 de todos los departamentos y categorías.
Los despedidos cargan contra la gestión de Alberto Catalá, presidente de Feria Valencia desde 1999, y de Carlos Vargas, director general desde 2006.
El contrato más oneroso que paga Feria Valencia es con la empresa Áreas, la firma de ingeniería responsable de la ampliación del recinto ferial entre 2000 y 2006. Una vez culminadas las obras, Áreas "pasó a ocuparse del mantenimiento de las instalaciones feriales que se llevaba a cabo con servicios internos, recibiendo un porcentaje de todas las contrataciones que afectan a contratos, obras suministros...", detallan los despedidos, "se estima que su remuneración ha venido siendo de unos 120.000 euros mensuales". Vargas era director general de Áreas cuando fue nombrado director general de Feria Valencia.
La entidad dispone de un departamento propio de rotulación, pero mantiene un contrato externo. Contrata por 93.000 euros anuales servicios de investigación de mercados a través de la red de Internet a la empresa Capital Energy Read. Paga 58.000 euros anuales a la sociedad Oerreeme para que cuide la reputación online de la entidad. La misma sociedad factura a Feria Valencia por servicios a determinados certámenes.
La última edición de Habitat, en septiembre, rindió un homenaje a Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, quien visitó brevemente el certamen. Feria Valencia gastó 78.000 euros para pegar unos vinilos que reproducían la marca de El Corte Inglés en la cúpula acristalada del Centro de Eventos.
El escrito entregado a la Consejería de Economía asegura que "hasta el pasado mes de julio se repartieron importantes incentivos a los directivos de Feria Valencia". Carga directamente contra Catalá, por sus "innumerables viajes a China, Italia, Alemania, Francia, Colombia y otros países para atender asuntos personales y participaciones de su empresa en diferentes ferias y negocios propios".
También cita viajes de Catalá, Vargas, el secretario general Enrique Calomarde y la directora de mercadotecnia Cristina Olmeda a Costa Rica y Uruguay "con el supuesto motivo de conseguir asesoramiento de unas instalaciones feriales con resultados nulos y unos costes desorbitados".
Los despedidos recuerdan que la plantilla de Feria Valencia era de 184 trabajadores en 1999, cuando entró Catalá, y llegó a 319 a finales de 2010 a pesar de las jubilaciones y salidas de decenas de empleados en el mismo plazo. Durante 2010 y hasta el mes de septiembre se contrataron 14 personas.
Feria Valencia evitó ayer cualquier comentario.
www.elpais.es 05.02.11
EN CANAL 9 COMPARAN EL COHECHO DE CAMPS CON "FUMARSE UN CIGARRO EN UN BAR O HACER UN GRAFITTI" 
Entre los dos siguientes vídeos hay mucho más que casi dos años de diferencia. De una grabación a la otra se aprecia el cambio radical que está sufriendo Canal 9 en relación al caso de los trajes por el que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, está imputado por cohecho pasivo y a punto de tener que sentarse en el banquillo. ¿Ahora se informa amplia y objetivamente del tema? No, pero ya se habla del tema en lugar de hacer piruetas orales para evitar decir la palabra “imputado”. Eso sí, en lugar de hacerlo desde los informativos y atendiendo a la obligación de servicio público de la cadena, ahora se hace desde el programa de opinión DBT, que presenta Isabel Durán, y que parece haberse convertido en el gabinete de abogados de Camps, según denuncian los sindicatos. 
“Canal 9 paga las tres nuevas abogadas de Campos. La desvergüenza continúa”. Con este mensaje, los sindicatos de Radio Televisión Valenciana alertaban ayer de la escena vivida en el último programa de DBT y remitían a su página web, donde han colgado un vídeo en el que se observa la encendida defensa que hace la presentadora, Durán, del presidente Camps y de su presunto delito, cuya sanción “es menor que fumarse un cigarro en un bar y le pillan o quien hace un grafitti”. Carmen Gurruchaga y Charo Zarzalejos son las otras dos abogadas que se suman a la presentadora, aunque Alfonso Rojo no parece quedarse a la zaga.  
www.elplural.com 03.02.11 
LA FISCALÍA PIDE EL SUMARIO DE LOS TRAJES PARA PRESENTAR ESCRITO DE ACUSACIÓN CONTRA CAMPS
El juez Flors acepta la petición del Ministerio Público, le entrega el contenido de la causa y le da de plazo hasta el próximo jueves para presentar el escrito de conclusiones provisionales. El presidente de la Generalitat recurre la decisión del magistrado de concluir la investigación abierta contra él, aunque según fuentes jurídicas este recurso no paraliza el proceso.
La Fiscalía Anticorrupción quiere conocer todo el sumario del asunto de los trajes que las empresas de la trama 'Gürtel' presuntamente regalaron al Presidente Camps, al coordinador de economía del PP y antiguo secretario de organización en Valencia, Ricardo Costa, y a los ex altos cargos Víctor Campos y Rafael Betoret, antes de presentar su escrito de conclusiones provisionales contra ellos.
Así se lo ha pedido al juez Flors que ha recogido el guante y le ha dado un nuevo plazo a la Fiscalía para que, una vez que haya estudiado la causa íntegra, presente el escrito el próximo jueves.
Camps recurre
Los pronósticos se han cumplido y el Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha recurrido la decisión del juez Flors de concluir la investigación abierta contra él. Camps le pide que espere a que se resuelva el último recurso que presentó ante la sala de lo civil y penal del Tribunal de Justicia de Valencia. Fuentes jurídicas, consultadas por la SER, subrayan que este recurso ni paraliza, ni suspende la decisión de Flors.
www.cadenaser.com 02.02.11
LA FISCALÍA APORTA NUEVAS PRUEBAS CONTRA CAMPS EN EL CASO DE LOS TRAJES

Un CD con un archivo de excel apuntaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros de prendas de vestir para el presidente y otros altos cargos de la Generalitat y del PP de Valencia.
La Fiscalía ha pedido al juez del tronco central del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que remita de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de Valencia pruebas adicionales que, siempre según Anticorrupción, implicarían a Francisco Camps y a otros cargos de la comunidad en la recepción de nuevos sobornos por parte de la empresa de Francisco Correa en Valencia, Orange Market. En concreto, el Ministerio Público reclama al magistrado que envíe al instructor valenciano del «caso de los trajes», José Flors, un CD con un archivo de 'excel' que apuntaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros de prendas de vestir para el presidente y otros altos cargos de la Generalitat y del PP de esa comunidad. Ese archivo, desvela un documento de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, ha sido aportado dentro de un disco duro y ante notario en Madrid por Isabel Jordán, ex administradora de Easy Concept, una de las firmas que pagaron con cohechos los supuestos favores de los responsables políticos.
De ese archivo, denominado «orange isabel.xls -alicia/ALICIA/ORANGE MARKET», se infiere, según Anticorrupción, que una de las empleadas de Correa, Alicia Mínguez, dio orden de abonar esos 30.000 euros a la tienda Forever Young, donde los políticos valencianos se confeccionaban los trajes. En la causa de los trajes, que la justicia valenciana consideraba hasta ahora concluida y que sólo está pendiente de los informes finales de las partes, además de Camps figuran como imputados el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la consellería de Turismo, Rafael Betoret, y el ex secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa.
http://www.lavozdegalicia.es/espana/2011/02/03/00031296762185676651741.htm
RAJOY DICE QUE CAMPS ´NO ES UN CORRUPTO´
 
González Pons subraya que "ya es el candidato" y que la ratificación del Comité Electoral Nacional es un "trámite"
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su absoluta convicción de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, "no es un corrupto" y ha garantizado que no va a "liquidar" su carrera política por la acusación de no haber pagado tres trajes.
Rajoy ha expresado ese respaldo a Camps en una entrevista en "Veo7", recogida por Efe, en la que ha dicho que él no ve un escenario en el que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo.
Respecto a la posibilidad de que eso pueda ocurrir finalmente, ha recalcado que el juez aún no ha tomado una decisión de esas características.
"Camps no es un corrupto y tengo la absoluta convicción; no voy a liquidar la carrera política de nadie por acusarle de no haber pagado tres trajes. No lo voy a hacer", ha remachado el dirigente del PP.
Ante la pregunta de si no ser candidato del PP a la presidencia de la Generalitat supone liquidar la vida política de Camps, ha señalado: "en la práctica, sí".
El líder del Partido Popular ha defendido la necesidad de adoptar en todo momento decisiones buenas en vez de tomar decisiones rápidas que, al final, puede ser malas.
Y ha puesto como ejemplo de ello el respaldo que dio en todo momento al presidente de su partido en Canarias, José Manuel Soria, cuando, tras ser imputado, no atendió las críticas socialistas en las que le acusaban de mantenerle en su puesto y, finalmente, fue exonerado de toda responsabilidad.
"Si lo hubiera echado, se habría dicho que fui resolutivo, pero habría cometido un error monumental y un daño injusto a una persona", ha añadido.
Rajoy ha dicho que la percepción que se tenía con Soria es similar a la que ahora existe en el caso de Camps, aunque ha reconocido la repercusión mayor que hay en este último caso porque se trata del presidente de una Comunidad.
DEFENSA DE PONS
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ya es el candidato" a la Comunitat Valenciana y ha subrayado que la ratificación de su candidatura por parte del Comité Electoral Nacional es sólo un trámite. Además, ha dicho que la dirección nacional no cree que se vaya a sentar en el banquillo por el llamado 'caso de los trajes' de la trama Gürtel.

"Creemos en la inocencia de Camps, creemos que un presidente de Comunidad Autónoma no se vende por cuatro trajes y nos parecería extraordinariamente injusto que esto llevara a algún sitio. Por lo tanto, en la medida en que apostamos por su inocencia apostamos por su candidatura", ha declarado Pons en una entrevista en Punto Radio, recogida por Europa Press.

Al ser preguntado cuándo van a confirmar a Francisco Camps como cabeza de cartel para las próximas elecciones, el responsable de Comunicación ha reiterado que "ya es candidato". "Queda ser ratificado por el Comité Electoral pero es un trámite", ha añadido.

"CREEMOS EN SU INOCENCIA"
En cuanto a si el PP se puede permitir el lujo de llevar en sus listas a un candidato que se va a sentar en el banquillo, el responsable de Comunicación de los 'populares' ha señalado que consideran que eso no se va a producir. "Pensamos que eso no va a ocurrir porque creemos en su inocencia", ha reiterado.
Preguntado si 'Génova' no creía en la inocencia del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, imputado en el 'caso Gürtel', Pons ha explicado que el Partido Popular "no apartó" a Bárcenas sino que él mismo "se apartó voluntariamente". Además, ha aprovechado para recalcar que el ex tesorero "no está imputado de ningun delito que tenga que ver con la gestión del PP".
www.elplural.com 01.02.11
EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN DEL CASO DE LOS TRAJES COMPLICA LA CAMPAÑA DEL PP
La portavoz del Consell atribuye las decisiones judiciales a una conspiración
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, confiaba en llegar a disolver las Cortes Valencianas y convocar elecciones sin que el juez José Flors, que instruye el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, hubiese cerrado la instrucción del sumario. La decisión de Flors de dar por concluida la instrucción de la causa abierta hace casi dos años por un supuesto delito de cohecho impropio -en la que está imputado Camps junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- ha añadido nuevas dosis de incertidumbre a su nominación como candidato y complica la campaña electoral del PP. Este es el único partido con representación parlamentaria que tiene pendiente de confirmar a todos sus candidatos, tanto autonómicos como municipales, así como la aprobación de la confección de las listas electorales.
Fuentes del PP reconocieron ayer el malestar existente en el entorno del presidente por la providencia dictada por Flors el pasado jueves, que da cinco días a la fiscalía y a la acusación particular para que se pronuncien sobre la celebración de un juicio oral por el caso de los trajes. Cargos del PP creen que si Flors fija fecha para celebrar el juicio oral con Camps como imputado, la campaña electoral se pondrá muy cuesta arriba.
La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, aseguró ayer: "Ante esta judicialización y el intento de hacer daño injusto, les digo que quien crea que Camps va a desfallecer en su defensa y en sacar adelante la Comunidad Valenciana es que lo conoce bien poco". Sánchez de León recuperó ayer, otra vez, la teoría de la conspiración para justificar los escándalos que afectan a los cargos populares: "Empezaron con Camps y están terminando con el concejal [de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge] Bellver", dijo la portavoz en referencia a la decisión de otro juez de abrir juicio oral contra el edil por un supuesto delito de prevaricación en los permisos para la construcción de un aparcamiento subterráneo.
En el mismo sentido se pronunció ayer el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que en una entrevista a Canal 9 calificó de "patraña de acusaciones orquestada" las actuaciones judiciales en las que el presidente de la Generalitat está imputado.
Los populares arreciaron ayer las críticas contra los fiscales, la policía y los socialistas sin que se hayan planteado adoptar ninguna medida para atajar los casos de corrupción que asolan sus filas. "Estamos presenciando una campaña orquestada y con tintes electorales en una Comunidad donde el PSOE no puede ganar las elecciones y pretende coger el camino de en medio", remachó Castellano.
Al coro se sumaron voces como las del vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, que aseguró sin explicación alguna que "las diligencias policiales del caso Camps están viciadas por una visión política".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco se quedó atrás y, junto a sus ediles, exhibió en el pleno municipal celebrado ayer su apoyo al concejal de Urbanismo imputado. Barberá indicó que ella hubiese firmado el mismo expediente que Bellver "con los ojos cerrados", ya que llevaba la firma del secretario general del área y del técnico. La alcaldesa no sólo achacó a los técnicos la situación del concejal popular, sino que acusó a los socialistas de someter a los funcionarios "a un temor continuado que les lleva a no querer firmar ni un papel". Junto a Bellver están imputados cuatro técnicos municipales por la concesión ilegal de la licencia para construir un aparcamiento subterráneo.
En medio de este clima, que ha obligado a la dirección nacional del PP a retrasar hasta finales de febrero la proclamación de candidatos, la tensión ha provocado las primeras escisiones locales en las filas populares. En Torrevieja, el hasta ahora vicepresidente quinto de la Diputación de Alicante Domingo Soler ha decidido abandonar el PP para presentar una candidatura independiente. El PP también tendrá que confrontar sus listas con las de otros ex populares en ciudades importantes como Elche, La Vila, Villena o Calp.
En Elche, uno de los impulsores del Foro Popular, José Manuel Olmedilla, busca apoyos entre los partidarios del defenestrado Francisco Álvarez Cascos para presentar candidatura propia. En La Vila, el ex edil del PP Pedro Alemany presentará en breve su formación Gent per la Vila. Villena Centro Democrático es la denominación elegida por el ex edil popular Juan Carlos Pedrosa para enfrentarse al partido del que fue expulsado por votar en contra del criterio de la alcaldesa Celia Lledó. En Calp, Pedro Fernández decidió dejar el PP tras los escándalos relacionados con la contrata de basuras al estallar el caso Brugal y se ha lanzado a recoger el apoyo de los descontentos para lograr representación municipal.
En Orihuela, un grupo de ex alcaldes pedáneos y de barrio han solicitado que no se vuelva a presentar a la reelección la actual alcaldesa Mónica Lorente y apuestan por el diputado autonómico Andrés Ballester, que aspira a ser cabeza de cartel. En Benidorm, las tensiones entre la presidenta local, Gema Amor, y el ex alcalde Manuel Pérez Fenoll también siguen sin cerrarse a la espera de que se confirme quién será el cartel electoral.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, reconoció ayer que, probablemente, los candidatos autonómicos y los municipales de las principales ciudades serán proclamados al mismo tiempo por la dirección del PP.
www.elpais.es 29.01.11
CAMPS INSTA AL FISCAL A QUE LE EXCULPE CON LA ´DOCTRINA BONO´
                                                                                               
Exhorta a la Fiscalía a que acabe "definitivamente" con su imputación por la causa de los trajes y no evidencie "una doble vara de medir" según la militancia política
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha instado hoy a la fiscalía a "aplicar la doctrina Bono o la doctrina Chaves" para "acabar definitivamente" con su imputación en la investigación de la rama valenciana del caso "Gürtel".
Así, ha dicho Camps, el fiscal evidenciará que no tiene "una doble vara de medir" en función de la militancia política de los implicados.
En declaraciones hechas durante la inauguración de una balsa en Museros, Camps se ha referido a la providencia dictada por el instructor del caso "Gürtel" en el TSJCV donde da cinco días a las acusaciones personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por Camps y otros cargos de la Generalitat y del PPCV para que presenten sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.
Tras criticar que "una vez más" se haya enterado de novedades judiciales en esta causa por los medios de comunicación, ha añadido que el fiscal tiene en su caso todas las "opciones favorables" para pedir el archivo.
"Desde el mes de mayo las pruebas tanto testificales como documentales me han venido machaconamente dando la razón", ha apuntado.
www.levante-emv.com 27.01.11
LA CAUSA DE LOS TRAJES DE CAMPS, EN SU RECTA FINAL
 
El juez Flors concluye la investigación y da un plazo de cinco días a la partes para presentar su escrito de conclusiones provisionales - La resolución se acerca
El juez José Flors, que investiga a Francisco Camps por un presunto delito de cohecho pasivo al aceptar trajes de la trama Gürtel, ha concluido su investigación y ahora da un plazo de cinco días a las partes para que presenten su escrito de conclusiones provisionales.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, encargado de la rama valenciana del caso, da por concluida así la investigación abierta contra el presidente de la Generalitat, así como contra el ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y Rafael Betoret, el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia. Según la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV, que presentó la denuncia, supuestamente habrían aceptado regalos de Orange Market a cambio de contratos públicos.

Así lo ha acordado en una providencia de fecha 25 de enero, contra la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo magistrado instructor .
Según señala Flors en el escrito, una vez practicadas todas las diligencias que se han declarado "pertinentes" en esta fase del procedimiento a instancias de las partes, y según lo que establece la Ley del Jurado, se da traslado a ministerio fiscal y acusación popular --ejercida por el PSPV-- para que en cinco días "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando, en su caso, escrito de conclusiones provisionales".

Contra esta resolución se puede presentar recurso de reforma, de acuerdo con los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plazo de tres días ante el propio instructor.


La semana pasada, el magistrado rechazó la solicitud de nuevas pruebas por parte de la defensa de Camps que, previsiblemente, recurrirá la decisión.
En cualquier caso, esta semana se conoció que los peritos de Camps han avalado que el caos contable impide saber quién pagó los trajes, apoyando así la tesis de la Agencia Tributaria al denunciar facturas falsas y alteración de la contabilidad.
www.levante-emv.com 27.01.11
LUNA CREE QUE EL JUEZ HA DADO 'UN PASO ADELANTE' PARA QUE 'SE SIENTE A CAMPS EN EL BANQUILLO'
El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha afirmado este jueves que el juez instructor de la rama valenciana del 'caso Gürtel' ha decidido "dar un paso adelante" en la instrucción del procedimiento ante los "intentos de dilatarlo" por parte de la defensa de Francisco Camps y los otros inculpados.
Luna se ha pronunciado así en los pasillos de las Cortes sobre la providencia del magistrado José Flors que da cinco días a las acusaciones personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por el president de la Generalitat para que presenten sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.
El portavoz socialista, quien ha precisado que todavía no conocen la providencia, ha considerado que ante el "interés" de Camps de que "se alarguen los procesos para conseguir la nominación formal de su partido" como candidato a la reelección a la Presidencia de la Generalitat, el juez "ha querido adelantarse y dejar muy clara su voluntad de concluir cuanto antes el procedimiento".
Luna se ha mostrado convencido de que se abrirá juicio oral y el presidente estará "sentado en el banquillo", ya que en su opinión existen "pruebas suficientemente contundentes para se siente" en él, aunque ha considerado que eso "no será seguramente antes de las elecciones".
A su juicio, Camps debería haber abandonado la Presidencia de la Generalitat "hace muchos meses", porque "lo que tensa la vida política de la Comunidad es un presidente que no quiere dar ni una sola explicación de todo lo que ha pasado", no sólo "el tema de los trajes", sino de las actividades de una trama que "se ha llevado mucho millones de euros de esta Comunidad".
www.elmundo.es 27.01.11
EL PP RECHAZA MÁS PREGUNTAS SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' Y LA VISITA DEL PAPA
El PP es reincidente. Sus representantes en la Mesa de las Cortes Valencianas, que preside la popular Milagrosa Martínez, rechazaron de nuevo ayer una pregunta escrita al director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, y otra oral en comisión a la consejera de Turismo, Belén Juste, de los socialistas con el argumento de que incluyen juicios de valor. Hasta tres sentencias del Tribunal Constitucional han condenado a las Cortes por vulnerar los derechos de los diputados esta y la pasada legislatura al impedir la tramitación de iniciativas parlamentarias sin motivo justificado.
La pregunta escrita de los socialistas había sido formulada por la vicepresidenta segunda de las Cortes, Isabel Escudero, integrante por tanto de la Mesa, y hacía referencia al caso Gürtel en relación con la retransmisión televisiva de la visita del Papa en 2006. Tras recordar que RTVV hizo un gasto de 14 millones de euros fuera de presupuesto con motivo de la visita de Benedicto XVI, Escudero explicaba cómo la investigación judicial ha revelado que se obtuvieron comisiones de los contratos, realizados sin publicidad ni transparencia, y añadía que hubo "graves consecuencias económicas por una mala gestión que implica a cargos públicos en posibles delitos". La diputada preguntaba si se ha hecho algún informe de los servicios jurídicos de RTVV "sobre posibles responsabilidades de los miembros del consejo de administración".
Escudero presentó otra decena de preguntas sobre Canal 9 que sí que fueron tramitadas ayer por la Mesa de las Cortes. La de la visita del Papa, sin embargo, fue vetada con la exigencia de que reformule los términos de su redacción.
Política de Turismo
La pregunta oral en comisión que fue rechazada también por la Mesa de las Cortes estaba planteada a la consejera de Turismo por la diputada socialista Maisa Lloret. La parlamentaria preguntaba escuetamente: "¿Va la consejería a seguir la misma política de adjudicación de contratos de forma directa y sin concurso, independientemente de su cuantía?".
La adjudicación amañada por parte de ese departamento de los pabellones valencianos en Fitur durante varios años a la trama de corrupción de la que formaba parte la empresa Orange Market y las adjudicaciones paralelas efectuadas a dedo son aspectos que se investigan en el sumario del caso Gürtel.
www.elpais.es 26.01.11
¿LA TRAMA GÜRTEL? FRANCISCO CAMPS SÓLO RESPONDE A "COSAS SERIAS"
Francisco Camps sólo responde "a cosas serias". Así se lo espetó  el president de la Generalitat valenciana a un reportero de El Intermedio (laSexta) durante la feria de turismo Fitur, que tiene lugar estos días en Madrid. Fernando González Gonzo trató desde que abordó al político del PP de sacarle una respuesta sobre la relación entre estand de su comunidad y la trama Gürtel, pero Camps sólo habló de la ciudad de Vigo —donde nación Gonzo— y de la candidata conservadora, Corina Porro.
- ¿A qué el estand es tan bonito sin necesidad de pagar lo que le pagaban cuando se lo montaba el señor Bigotes? —preguntó el reportero.
- Lo que va a ser precioso es cuando en Vigo gane la candidata del PP, que ya fue alcaldesa. Una candidata excepcional —respondió Camps, que no dejaba hablar a su interlocutor.
- President, no le voy a dejar hacer campaña en El Intermedio. ¿Por qué se han gastado tanta pasta en años anteriores en Fitur, cuando se lo montaba el Bigotes, si este año se ha visto que se puede hacer...?
Camps sigue en sus trece, no contesta a las preguntas y, finalmente, explica que él sólo responde a "cosas serias". Antes, el reportero, irónicamente, trató de preguntarle sobre Vigo para ver si así el presidente le respondía sobre la trama Gürtel. Antes, Gonzo trató de hablar con el presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, a quién le preguntó cuál era la "diferencia entre ser inocente y que el delito haya prescrito". Fabra, eludiendo la cuestión, respondió: "Usted trabaja para el PSOE".
No es la primera vez que, recientemente, Camps responde con evasivas. En Bruselas, ante las preguntas de Público sobre Cascos y el caso de los trajes, el president empleó cinco minutos para referirse a la infraestructura ferroviaria del Corredor Mediterráneo. Luego, al final de su intervención, llegó a presumir ante sus compañeros de rueda de prensa de que mofarse de los periodistas le da votos y que "dos terceras partes del parlamento valenciano van a ser del PP" en las próximas elecciones autonómicas.
www.publico.es 22.01.11
EL JUEZ FLORS CORTA EL INTENTO DE CAMPS DE GANAR TIEMPO
Un auto del juez José Flors, que instruye el caso de los trajes regalados al presidente valenciano y a otros cargos del PP por parte de la trama de corrupción del caso Gürtel, pone fin al intento de Francisco Camps de ganar tiempo antes de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decida si lo convierte de imputado en procesado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. Camps buscaba dilatar el proceso hasta las elecciones autonómicas del 22 de mayo, en las que volverá a presentarse como candidato del PP.
El juez rechaza ahora su pretensión de que se pregunte al Tribunal Superior de Justicia de Madrid si hay más conversaciones grabadas por la policía entre el número dos de la trama, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, la terminal valenciana de la red; así como la petición de que se reclamen y escuchen las grabaciones al cabecilla de la red, Francisco Correa. El magistrado asegura en su auto del 18 de enero que ya dispuso durante la instrucción la incorporación de las conversaciones intervenidas relativas al caso, "sin que nada se alegara entonces", y que la solicitud "se asienta en meras hipótesis tendentes, no a una concreta averiguación o contrastación de hechos determinados, sino a realizar una prospección respecto de algo que tal vez pudiera ser de interés del solicitante".
Decisiones clave
Por tanto, rechaza practicar nuevas diligencias y se dispone a convocar la vista preceptiva para decidir si abre juicio oral a Camps y a los otros imputados en el caso. Al mismo tiempo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV se prepara a decidir en breve si acepta la inhibición del juez de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, todo lo que afecta a la supuesta financiación irregular del PP valenciano y a las contrataciones de la trama con la Generalitat valenciana.
Si la sala decidiera, no solo asumir el caso porque implica a aforados valencianos, sino sumar la investigación al caso de los trajes, Flors todavía no podría llevar a juicio a Camps, que por otra parte se vería investigado por un posible delito de cohecho más grave. Los socialistas, que son acusación particular, piden la agrupación porque entienden que los regalos a Camps forman parte de la red. El PP, que también es acusación popular, pide que no se acepte la inhibición.
www.elpais.es 22.01.11
EL PP RETOMA LA CAMPAÑA DE ACOSO CONTRA EL FISCAL CABEDO
El Consell y el PP retomaron ayer la campaña de acoso contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, tan solo unas semanas después de arremeter contra él por su intervención a finales de noviembre en las Cortes Valencianas. Entonces los populares cargaron contra Cabedo porque no abrió de oficio una investigación contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, por exhibir en la Cámara un informe policial del caso Gürtel que, aunque ya se había publicado en los medios de comunicación, estaba bajo secreto de sumario.
Ayer las críticas vinieron porque el diario ABC afirmó que Cabedo se reunió en un restaurante con los policías de la brigada de blanqueo de capitales autores del informe, después de declarar en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en el proceso abierto contra Luna tras la denuncia del PP por un posible delito de revelación de secretos.
Ricard Cabedo desmintió la información, reclamó respeto a la institución que representa y explicó que, efectivamente, fiscales y policías coincidieron en el mismo restaurante a la hora del almuerzo y se limitaron a saludarse "cumpliendo las mínimas normas de cortesía".
El PP no aguardó ni a conocer las explicaciones del fiscal jefe del TSJ. Al contrario, el portavoz de Economía de las Cortes y abogado del Estado, José Marí, y la coordinadora regional del PP y alcaldesa de Vall d'Uixó, Isabel Bonig, acusaron al fiscal y a los policías de actuar en connivencia para perjudicar al PP.
Pregunta al Gobierno
Fotografías en mano, ambos dirigentes populares anunciaron que solicitarán en el Congreso de los Diputados la comparecencia urgente del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique la situación. Además, Marí anunció que su partido interrogará al Gobierno central y cargó contra el fiscal Cabedo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
En el mismo sentido se pronunció la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. Para el PP los fundamentados indicios de corrupción que han aparecido con la investigación judicial del caso Gürtel no son otra cosa que un montaje orquestado por los socialistas para desgastar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a sus principales colaboradores en la cúpula del Consell y del PP, que siguen imputados por cohecho pasivo impropio.
www.elpais.es 22.01.11
LOS POLICÍAS NIEGAN HABER FILTRADO A LUNA EL INFORME DEL 'CASO GÜRTEL'
El jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, un inspector y un subinspector de la misma unidad negaron ayer que la policía sea el origen de la filtración de un informe sobre el caso Gürtel que el portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, exhibió en un pleno el pasado marzo.
Los tres agentes declararon como testigos ante el magistrado Juan Montero en la causa abierta contra el diputado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después de que el PP acusara a Luna de un supuesto delito de revelación de secretos. Montero interrogó la semana pasada a los responsables de la seguridad de las Cortes y de la sede de los socialistas valencianos, que tampoco arrojaron luz sobre los hechos.
Los tres policías aseguraron desconocer de dónde partió la filtración. Pero reconocieron, según el abogado que representa al PP, que tampoco se ha llevado a cabo ninguna investigación interna ya que descartaron desde el principio que la revelación tuviera origen en la brigada. El motivo fue que el informe carecía del membrete distintivo de la policía.
En línea con Rubalcaba
La explicación coincide con la que Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, expuso el 14 de enero. Rubalcaba apuntó entonces hacia el Poder Judicial como posible fuente de la revelación, argumentando que el informe filtrado no coincide con el elaborado por la Brigada de Blanqueo que figura en la causa judicial.
El documento que ha dado pie a la denuncia del PP contra Luna señala que la trama Gürtel sacó una tajada cercana al millón de euros en la cobertura que Canal 9 hizo de la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El director de Ràdio Televisió Valenciana era, por entonces, Pedro García, amigo íntimo de Álvaro Pérez, considerado delegado de la trama Gürtel en Valencia. García dimitió en agosto de 2009, poco después de que estallara el escándalo de la trama de corrupción.
Luna declaró en diciembre ante el magistrado que recibió el informe de forma anónima y que desconocía su procedencia. Al salir del tribunal dijo que no se arrepentía de haberlo mostrado: "Volvería a hacerlo porque seguimos sin saber lo que ha costado la visita del Papa a Valencia y tenemos derecho a saberlo nosotros y los ciudadanos que pagan sus impuestos".
www.elpais.es 21.01.11
EL TSJ YA TIENE LA CAUSA CONTRA EL PP POR SU FINANCIACIÓN
El destino de la causa derivada del caso Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana está más cerca de concretarse. El magistrado José Francisco Ceres, de la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidirá en breve si acepta o no la inhibición propuesta por el magistrado Antonio Pedreira, instructor en el TSJ de Madrid del grueso del caso Gürtel.
Pedreira envía en soporte digital la documentación del nuevo caso
El magistrado José Francisco Ceres decidirá si acepta o no la causa
Ceres ha recibido nueva documentación de Pedreira en formato digital. Es, en principio, todo lo que el magistrado de Madrid considera que debe enviar para que, como consideró en el auto, se continúe en este tribunal la instrucción iniciada por él. Pedreira se inhibió el pasado mes de mayo. En el auto, que sigue la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, consideró la existencia de delitos cometidos por cargos públicos del PP. En concreto: cohecho, castigado con pena de prisión; delito contra la Administración Pública; delito contra la Hacienda Pública; y delito electoral. Se basó en informes de la Agencia Tributaria y la policía, en los que aparecen vinculados el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; el ex secretario general del PP, Ricardo Costa; el vicesecretario general del PP David Serra; el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret; la diputada y tesorera del PP, Yolanda García; y Pedro García, ex director general de Ràdio Televisió Valenciana.
El PP presentó a esa decisión un recurso que el propio Pedreira rechazó el pasado julio. Fue entonces cuando la causa quedaba en manos del tribunal valenciano, que ha estado a la espera, no exenta de problemas, de que se le remitiera toda la documentación referida a los aforados valencianos.
Entre tanto, el magistrado José Flors está concluyendo las diligencias que acordó practicar en el caso de los trajes, en el que está imputado el presidente Francisco Camps por cohecho pasivo impropio. El magistrado tiene pendiente tomar declaración a un testigo y recibir del perito de Camps, al que dio una prórroga las pasadas navidades, el informe sobre la documentación contable de la causa. Después de eso, y de resolver un recurso sobre la incorporación de unas grabaciones, Flors tendrá que convocar una vista para conocer si las partes proponen más diligencias, contestarles a ello y, después, resolver sobre si hay o no juicio.
www.elpais.es 13.01.11



LAS NOTICIAS SOBRE TRAMA VALENCIANA 
 
AÑO 2010
LUNA ASEGURA QUE EL INFORME SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' LE LLEGÓ DE FORMA ANÓNIMA
Una hora y media duró ayer la comparecencia ante el magistrado Juan Montero del portavoz de los socialistas valencianos en las Cortes, Ángel Luna. Está acusado por el PP de un supuesto delito de revelación de secretos por exhibir en la Cámara autonómica un informe policial del caso Gürtel que recoge lo que cobró la trama por la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Lo enseñó a los diputados el 24 de marzo. El secreto no se levantó hasta pocos días después, el 6 de abril. Ángel Luna dijo ayer que se encontró el informe encima de la mesa y que desconocía quién se lo había enviado. Se lo contó al juez, que fue quien dirigió el interrogatorio y formuló varias cuestiones orientadas a despejar precisamente de dónde salió el informe. Lo hizo de forma insistente y "vehemente", según Jorge Garbó, abogado del PP, Montero solicitó a las partes que cumplieran con "el deber de sigilo" y no desvelaran a los medios nada del contenido de la sesión.
El fiscal, por su parte, centró sus preguntas en saber cuándo se produjo la revelación y desde cuándo está personado Luna en la causa. ¿Por qué? Porque si Luna estaba personado el 24 de marzo, en principio, está obligado a guardar secreto de las actuaciones. Si no lo estaba, no. Eso, al margen del alcance de la inviolabilidad parlamentaria, que es el gran debate jurídico de la causa.
Luna no respondió a las preguntas del abogado del PP que, como ocurre normalmente, fueron incorporadas a la causa por la secretaria de la sala de Lo Civil y Penal. Y no lo hizo, como explicó al terminar su declaración, porque "evidentemente todo esto constituye un montaje dirigido a callar una voz que pregunta y que molesta y, naturalmente, yo no me voy a hacer cómplice de ese juego". Y dijo más: "En las mismas condiciones, volvería a hacerlo porque seguimos sin saber lo que ha costado la visita del Papa a Valencia y tenemos derecho a saberlo nosotros y los ciudadanos que pagan sus impuestos; vamos a seguir investigando lo que ha costado". El portavoz socialista está pendiente del recurso presentado por el PP contra el archivo de la causa por cohecho por unas obras en su casa.
www.elpais.es 21.12.10
LUNA: ´VOLVERÍA A MOSTRAR EL INFORME POLICIAL DE GÜRTEL´
El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Montero ha pedido que no trascienda el contenido de la declaración del portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, por un supuesto delito de revelación de secretos.

Luna ha acudido esta mañana a declarar a la sede del TSJCV después de que cuatro diputados del PP le denunciaran por mostrar, el pasado 24 de marzo en la tribuna de Les Corts, un informe policial del "caso Gürtel" que se refería al coste de la vista del Papa a Valencia en 2006 y que estaba bajo secreto de sumario.
El abogado del PPCV Jorge Carbó ha manifestado a los periodistas que Luna no ha respondido a sus preguntas -se ha acogido a su derecho a no declarar- pero sí lo ha hecho a las cuestiones que le han planteado el magistrado, el fiscal y el letrado del PSPV, a las que ha dado "explicaciones inverosímiles".
A la pregunta de en qué sentido estima "inverosímiles" las respuestas del socialista, ha dicho que "ya se verá" y que a él no le han "convencido", aunque para no dar más detalles ha apelado al "deber de sigilo que compete a todas las declaraciones, sean secretas o no".

En ese sentido, ha destacado la "vehemente" insistencia del magistrado Montero en que no se haga "ningún tipo de comentario" sobre el contenido de la declaración que ha tenido lugar hoy.

"El magistrado ha pedido se respete la Justicia y no se revele nada de lo declarado. Ha llegado a decir que, de no ser así, se estaría incurriendo en una ilegalidad", ha afirmado.
Tras la declaración de Luna, Carbó se ha mostrado "confiado" en que prosiga la instrucción de la causa y que el instructor "llegue hasta el fondo del asunto y determine cuál es el origen de la filtración de ese documento".
Por su parte Luna, en manifestaciones a los periodistas tras su declaración, ha explicado que el juez ha advertido de la "imposibilidad legal" de desvelar el contenido de su testimonio y ha puntualizado que este aviso no está relacionado con "la gravedad del caso", sino que obedece a lo que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal.
El socialista, quien ha llegado diez minutos antes de las diez y media de la mañana, hora a la que había sido citado a declarar, se ha negado a responder a las preguntas del abogado del PP, tal y como hizo cuando tuvo que declarar por la querella que los populares interpusieron contra él por unas obras en su vivienda.
En este sentido, ha explicado que, dado que a su juicio "todo esto constituye un montaje" del PP, que pretende "callar una voz que pregunta y que molesta", no está dispuesto a ser "cómplice de ese juego" y por ello ha decidido no responder a las preguntas del abogado de este partido.
Luna, quien se ha mostrado convencido de que todo este proceso acabará con el archivo de la causa, ha incidido en que volvería a actuar "exactamente" igual que lo hizo y ha sostenido que no ha cometido "ningún delito", porque lo único que hizo fue cumplir con su "obligación".

"Yo tengo la obligación de desvelar aquello que el gobierno de Camps quiere ocultar, que es cómo malgasta el dinero público y eso lo voy a seguir haciendo mientras sea diputado en estas Cortes", ha afirmado.
Ha sostenido que no se habría llegado a esta situación si el Consell respondiera a las "innumerables" preguntas del PSPV sobre los gastos de la visita del Papa a Valencia "en tiempo y forma", y ha añadido que, dado que todavía no tienen esta información, seguirán "investigando" porque tienen "derecho a saberlo".
Luna ha incidido en que van a seguir "en la misma línea", y ha recordado que en la actualidad se conoce que la trama Gürtel "se ha llevado tres veces más de lo que se pensaba inicialmente, gracias al último informe de la Brigada de Blanqueo de capitales".
www.levante-emv.com 20.12.10
PEDRO GARCÍA COBRÓ LA 'COMISIÓN DEL PAPA' A TRAVÉS DE SU PRIMO  
La Policía Judicial que investiga el caso Gürtel mantiene que el ex director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García recibió 500.000 euros de comisión por el contrato que Canal 9 adjudicó a la trama corrupta por la visita del Papa, a través de dos empresas ligadas a un primo de su mujer.  
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) considera que el ex director general de RTVV percibió este soborno mediante dos pagos realizados por Teconsa y Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa) a las empresas Grupo Alvalon y Vianago, ambas ligadas a Vicente Torro Casanova, primo político de Pedro García.  
Los agentes han seguido el rastro de estos abonos y, según un informe del pasado 25 de noviembre, mantienen que corresponden a trabajos no realizados. El primero de los pagos es de 243.600 euros procedentes de Proinsa a Grupo Alvalon, cuyo administrador único es Vicente Torro Casanova, por la intermediación en la compraventa de un solar de las benedictinas en Zamora.  
El segundo pago es directamente de Teconsa a Vianago S. Coop. V. La Policía se puso en contacto con la administradora de esta firma, que les remitió directamente Vicente Torro Casanova como responsable real de la empresa que, además, tiene su domicilio social en la misma finca en la que vive el ex director general de RTVV.  
Torro Casanova fue citado por la Policía y, según su declaración, no puede explicar su relación con Proinsa y el cobro de 243.000 euros, porque la operación la gestionó su padre y ha fallecido. Además, carece de cualquier soporte documental que justifique la mediación en la operación urbanística por la que recibió este dinero. Respecto al segundo pago -de Teconsa a Vianago-, el primo de Pedro García argumenta que es una factura emitida también por su padre por su intermediación en la venta de algún solar, pero que tampoco lo puede demostrar.  
La Udef ha pedido al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que llame a declarar como imputados a Pedro García y a su primo, y como testigo a la mujer del ex director general de RTVV. Además, le solicita que extienda mandamiento judicial para requerir a las dos empresas vinculadas a Vicente Torro los movimientos bancarios posteriores en las cuentas donde Teconsa y Proinsa le abonaron los dos pagos. En ambos casos, el dinero prácticamente ha desaparecido, ya sea mediante cheques, reintegros y transferencias, que la Policía indaga ahora y que, según sus conclusiones, habría recibido Pedro García. 
(www.elmundo.es, 15/12/10)
MARTÍNEZ DICE QUE SU RELACIÓN CON LA TRAMA GÜRTEL FUE LEGAL
La presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, insistió ayer de nuevo en que su relación con la trama Gürtel durante su etapa de consejera de Turismo fue "dentro del marco estricto de la legalidad". La presidenta de la Cámara, a quien la trama corrupta regaló un reloj de lujo valorado en 2.400 euros en las Navidades de 2005, evitó explicar por qué la trama corrupta tuvo conocimiento de las bases de adjudicación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur un mes antes de su publicación.
El sumario del caso Gürtel que instruye el juez Antonio Pedreira en Madrid cuenta con un informe policial sobre la adjudicación del pabellón de Fitur en 2005 -el primer gran contrato de Orange Market por un valor de un millón de euros- que aporta pruebas del amaño del concurso con la sucursal de la trama corrupta.
La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes Carmen Ninet instó a la presidenta de la Cámara a "dar explicaciones inmediatas sobre los chanchullos del contrato de Fitur o a dimitir".
"Hoy todos sabemos que la policía ha encontrado pruebas de que Milagrosa Martínez entregó un pliego de condiciones del contrato de Fitur a Orange Market un mes antes", dijo Ninet. Por su parte el portavoz de Compromís, Enric Morera, se quejó ayer de que el Consell continúa sin facilitar las facturas de las empresas del caso Gürtel, pese a la doctrina del Tribunal Constitucional que obliga a facilitar la documentación pública a la oposición.
Por otra parte, el sumario que instruye el juez Pedreira incluye también un nuevo informe policial que revela que la trama corrupta elaboró los pliegos del concurso del Ayuntamiento de Paterna, que preside el popular Lorenzo Agustí, para adjudicarse el concurso de una oficina de información y atención al ciudadano. La policía cree probada la relación "directa y duradera" entre los gerentes de empresas de la trama y el alcalde y su jefe de gabinete.
www.elpais.es 10.12.10
LA JUEZ DE LA QUERELLA DEL SASTRE PIDE LA DECLARACIÓN DE HINOJOSA
La querella presentada por José Tomás, conocido como el sastre del caso Gürtel, contra el que fuera su jefe en las tiendas que vendieron trajes a la trama, Eduardo Hinojosa, por supuesto falso testimonio, ha sido admitida a trámite. La juez encargada del caso, además, ha solicitado a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ copia de la declaración que Hinojosa prestó ante el instructor de la causa en la que está imputado, entre otros, el presidente Francisco Camps por cohecho pasivo impropio.
Según la querella de Tomás, el que fuera su jefe en las tiendas en las que la empresa Orange Market compró regalos para altos cargos del gobierno y el PP valencianos, dijo que había falsificado facturas. Tomás sostiene en la querella ahora admitida a trámite que la justicia ya ha demostrado que la acusación vertida contra él por Hinojosa era falsa, ya que el Juzgado de Lo Social número ocho de Madrid sentenció que el sastre "no había participado en absoluto en la confección de las facturas". Además, el Tribunal Superior de Madrid ha levantado la imputación contra él.
www.elpais.es 09.12.10
LA POLICÍA HALLA LA PRUEBA DEL AMAÑO EN EL MAYOR CONTRATO QUE GANÓ 'EL BIGOTES'
El sumario revela que la red corrupta conoció un mes antes las bases del concurso
Un informe policial sobre la adjudicación por un millón de euros del stand de la Comunidad de Valencia en Fitur en 2005 a Orange Market, la empresa de la trama corrupta que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, aporta pruebas del amaño que rodeó a este concurso. La red tuvo acceso con casi un mes de antelación a las bases oficiales de esta adjudicación, tal como revelan correos electrónicos que circularon entre empleados de Gürtel con instrucciones de cómo y qué aspectos debía contener la propuesta de Orange Market para alzarse ganadora, como así fue, de la adjudicación del pabellón de Valencia en Fitur. Este informe policial pertenece a la tercera parte del sumario (unos 30.000 folios) que el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, acaba de hacer públicos.
Correos electrónicos entre empleados de Gürtel delatan la filtración de las bases

Los agentes quieren interrogar a funcionarios de la Agencia de Turismo

En esos correos se basa la policía para sostener que desde la Generalitat alguien pudo informar a la trama del "núcleo del concurso" de Fitur 2005, lo que permitió a la red tener tiempo suficiente para formular una propuesta ganadora y adaptada a las bases.
Según el informe policial, el pliego de condiciones fue publicado oficialmente el 29 noviembre de 2004. Pero casi un mes antes, sin embargo, la red disponía ya de lo fundamental de las bases. Las pruebas que tiene la policía de la supuesta connivencia entre la Agencia Valenciana de Turismo, que es la que redactó esas bases, y la trama Gürtel se concretan en correos electrónicos fechados los días 4 y 5 de noviembre de 2004 en los que se aprecia que la red "ya contaba con los pliegos administrativos y técnicos" sobre el citado pabellón.
El primero de los correos, del 4 de noviembre, lo remite la firma "Down Town (infodowntown-consulting.com)", vinculada a la trama, con destinatario "Rocío". Incluye como asunto la frase "pliego Fitur Com..Valenciana", así como un documento adjunto, "fitur valencia.doc". Rocío, según la policía, es una empleada de la red Gurtel. La firma Down Town envía a Rocío ese correo "a petición de Isabel [Jordán, entonces una de las directivas de las sociedades del cabecilla, Francisco Correa". El correo contiene, explica la policía, un "resumen de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas para la contratación de la fabricación del stand para Fitur (edición de 2005), así como el montaje del mismo y su adaptación y montaje a otras tres ferias más" de ámbito nacional en las que ese año quería estar presente la Generalitat.
El otro correo electrónico, fechado el 5 de noviembre, también lo remite Down Town, pero esta vez directamente a Isabel Jordán, y en él se anexa un archivo en el que se indica que el stand de Fitur sale a concurso por "un millón de euros" (que luego se ampliaría con otros 500.000 para las otras tres ferias de turismo en las que quería participar la Comunidad Valenciana). Sobre la valoración de las pujas se indica en ese archivo que "la oferta económica tendría el 50%, la agilidad en la construcción y montaje, un 30%, el mantenimiento un 10%.". Y se destacan como importantes "criterios para la adjudicación" aspectos como la "creatividad, estética y funcionalidad del diseño principal y las adaptaciones a otras ferias". La policía ha hallado muchas "similitudes" entre las bases oficiales del concurso aprobadas por la Generalitat y los archivos adjuntos de los citados correos, que contenían aspectos técnicos y un borrador de lo que luego sería la propuesta de Orange Market para ese stand. La policía explica: "Hay similitudes literales entre la documentación del informe de condiciones técnicas para la contratación del suministro e instalación de un stand ferial para la participación de la Comunidad Valenciana en certámenes turísticos durante el año 2005 (aportado por la Generalitat y firmado por los funcionarios Jorge M. Guarro Monllor e Isaac Peral Sánchez) y lo que se le envía [por correo electrónico] con anterioridad a que se hiciera público a Felisa Isabel Jordán". Guarro y Peral son funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia, filial de la Consejería de Turismo, que en 2005 dirigía Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes valencianas. Martínez es uno de los altos cargos del Gobierno de Francisco Camps receptores de regalos de la trama Gürtel (en concreto, un reloj valorado en 2.400 euros). La policía ha pedido que se interrogue a funcionarios de la citada agencia, a Martínez y a otros altos cargos de su ex departamento, entre ellos, a su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, en relación con el montaje del pabellón de Fitur 2005. Aparte de estas "similitudes", otros informes policiales han detectado irregularidades en otras tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel.
www.elpais.es 09.12.10
EL GOBIERNO DE CAMPS NIEGA LA VALIDEZ DEL INFORME POLICIAL
"Todos aquellos informes que emanan del entorno de Rubalcaba [ministro del Interior] tienen una credibilidad muy, muy, muy limitada, por no decir nula". La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, despachó ayer con esta declaración el contenido del último informe policial del caso Gürtel sobre los contratos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, en Valencia. Un informe revela cómo se repartieron tres millones de euros en comisiones de los contratos de Canal 9 con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. La investigación apunta que el entonces director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García, hombre de confianza del presidente valenciano, recibió 500.000 euros de comisión.
Sánchez de León indicó que no se han planteado ninguna acción legal contra García. La portavoz insistió: "Hemos revisado la documentación de la adjudicación de RTVV a Teconsa [la empresa tapadera utilizada por la trama] y es conforme a la ley". "No cabe ningún atisbo de irregularidad".
www.elpais.es 04.12.10
LA RED GÜRTEL AMAÑÓ EL CONCURSO DE LA VISITA DEL PAPA CON EL PP VALENCIANO
La agenda secreta del 'número dos' de la trama revela que el ex director de Canal 9 se llevó 500.000 euros; El Bigotes, otros 500.000; y un tal "R", 300.000
Los investigadores descubren cómo, cuánto y quiénes se repartieron los tres millones de euros en comisiones que recibió la red de Correa del viaje de Benedicto XVI. El juez tiene previsto entregar hoy las diligencias a los abogados
El último informe policial incorporado al sumario revela que la red Gürtel negoció y amañó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con la cúpula del PP de esa comunidad y, además, concreta qué personas se repartieron la millonaria comisión que generó a la trama corrupta la visita papal.
Álvaro Pérez gastó en joyas 12.000 de los 500.000 euros que se llevó
El cabecilla de Gürtel invirtió en sus casas de Marbella e Ibiza
La esposa del ex director de Canal 9 adquirió un coche por 54.000 euros
Teconsa, tras actuar como testaferro en la operación, logró 200.000 euros
El informe, de 68 páginas, muy exhaustivo, es demoledor: señala cómo los responsables de la red Gürtel, en connivencia con el ex director de la televisión pública valenciana Canal 9, Pedro García -y presumiblemente también con altos cargos del PP y personas vinculadas a la fundación pública que organizó el evento- inflaron al doble el precio de contratación de la instalación de los equipos de imagen y sonorización del viaje del Papa y se repartieron una comisión de tres millones de euros.
La red usó como testaferro de ese amaño a la firma leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia y que fue la adjudicataria de la instalación de los equipos de sonido e imagen de la visita que giró Benedicto XVI a Valencia en 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de Familias. El informe describe cómo los responsables de la trama se repartieron casi tres millones en comisiones de los 6,4 que libró Canal 9 de sus arcas exclusivamente para el montaje de los citados equipos (el coste total de la visita se acercó a los 14 millones).
Según este informe, basado en análisis de la caja B de las empresas Gürtel y en anotaciones hechas en su agenda secreta por el número dos de la trama, Pablo Crespo, el reparto de los tres millones fue el siguiente: el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, se metió en su bolsillo 1,4 millones, y su lugarteniente, Pablo Crespo, 630.000 euros. Otra suculenta tajada, 500.00 euros, fue a los bolsillos del jefe de la red mafiosa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, a quien el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llama "amiguito del alma" y le dice que le "quiere un huevo" en dos conversaciones telefónicas que ambos mantienen en la Navidad de 2008. Otros 500.000 euros fueron para Pedro García, ex director general de Canal 9, cargo para el que fue nombrado mediante decreto del presidente Camps en septiembre de 2004 y del que dimitió en agosto de 2009 tras salir a luz en EL PAÍS que la visita del Papa también había caído en las redes de Gürtel. El informe sostiene que además hubo una quinta persona que entró en el reparto de los 3 millones. Responde a la inicial de "R", y se llevó otros 300.000 euros. "R=persona sin identificar=300.000 euros", se recoge en el informe policial.
La empresa testaferro, Teconsa, por prestar su nombre al chanchullo, ingresó otros 200.000 euros del total de 2,8 millones en comisiones que deparó la visita del Papa. Aparte de múltiples indagaciones y cotejo de movimientos de dinero, la policía ha llegado a la conclusión de que éste fue el reparto exacto de las comisiones gracias a un archivo de Excel llamado (VISITA PAPA 1/DOCUMENTOS IMPORTANTES/RESUMEN FINAL.XLS/Hoja CIFRAS". Este archivo fue hallado dentro de un disco de memoria, pen drive, decomisado en un piso de seguridad de la trama sito en el madrileño paseo del General Martínez Campos, 32.
No tardaron mucho los implicados en empezar gastar el dinero de la comisión. Correa invirtió parte de su dinero en obras y reformas de casas que posee en Ibiza y Marbella; El Bigotes destinó 12.000 de sus 500.000 euros en comprar joyas y artículos de regalo (posiblemente para agasajar a políticos del PP con poder de contratación en la Administración valenciana). También destinó parte de ese dinero en regalos de bodas, ayudar a su familia, pago de inmueble y viajes. El ex director de Canal 9, siempre según el citado informe, pudo destinar parte de su 500.000 euros en comprarle a su esposa un Volvo XC90 por importe de 54.475 euros, entre otras adquisiciones.
Pero hay más documentos que certifican el increíble amaño que hizo la red Gürtel con la operativa de la visita del Papa a la ciudad del Turia y que dejan entrever que Correa y sus hombres pudieron embolsarse ese dinero en connivencia o, al menos, con la aquiescencia de altos cargos del Gobierno valenciano. La policía no atribuye a ningún alto cargos delito alguno, si bien en su informe aflora un documento que hasta ahora no se conocía. Una agenda secreta intervenida a Pablo Crespo, número dos de la trama. Esa agenda contiene supuestos contactos previos a la visita papal entre Crespo y dos vicepresidentes del Gobierno de Camps, Víctor Campos (que dejó el cargo en mayo de 2007) y Juan Cotino (en la actualidad, vicepresidente tercero). La agenda secreta de Crespo también refleja contactos entre Crespo y un comisionado de la fundación encargada de organizar la visita del Papa; y entre Crespo y el entonces responsable de Canal 9, Pedro García, que fue el que contrató con la citada fundación, integrada por representantes públicos valencianos, la retransmisión a todo el mundo de la visita y quien subcontrató con la empresa testaferro Teconsa la instalación de los equipos audiovisuales por 6,4 millones de euros (casi tres de ellos, comisiones).
En concreto, la citada agenda recoge anotaciones sobre "reuniones y conversaciones" entre Crespo y "Víctor y Ricardo", en alusión, según la policía, al citado Víctor Campos, y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia. También alude a contactos con Juan Cotino en relación con la visita papal.
De su puño y letra, Crespo escribe en esa agenda: "Todo indica que en las elec. Victor-Presi Dip. Castellón, Ricardo-Vice o Economía". Igualmente se refiere a El Bigotes, su hombre en los tejemanejes de Valencia. "Álvaro se quiere situar. Con Víctor [se supone que Campos] está imponente"; "muchos actos"; "todo va de puta madre"; "implicar a Ricardo (que vea que esto es un poco suyo)", "Víctor lo tranquiliza con lo del Papa"; "Pedro [García] se preocupa todos los días; Habla con Víctor, con Juan [Cotino]"; "no ha hecho nada en Canal 9"; "viene un aluvión de actos, acciones etc"; "No quiere fallar en nada".
La misma agenda contiene anotaciones, anteriores a la visita del Papa, que ya entonces dan cuenta del "suministro de los equipos de sonido y pantallas" para el acto del Papa y señala contactos de Crespo con "Pedro", "Cotino" y "P. Boada". La policía sostiene que "Pedro" es el antes citado director de Canal 9; que "Cotino" es "Juan Gabriel Cotino Ferrer" y que "P. Boada" es Enrique Pérez Boada, "responsable en 2006 del Instituto Valenciano de Finanzas y Comisionado del Patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de Familias".
www.elpais.es 03.12.10
ISABEL JORDÁN VIO UN APUNTE CONTABLE DE LOS TRAJES DE CAMPS
La empleada de Gürtel declara por exhorto en Madrid
Isabel Jordán, empleada de la trama Gürtel, vio un apunte de 30.000 euros en la contabilidad que le llamó la atención y preguntó al contable, Javier Nombela, a qué correspondía. El contable le respondió que se trataba de facturas de trajes de Francisco Camps y otros políticos valencianos. Jordán no vio la factura concreta, pero consideró que era como si la tuviera. La administradora de Easy Concept, una de las empresas de Francisco Correa (cabecilla de la trama de corrupción actualmente en prisión), declaró ayer en Madrid por exhorto como testigo en el caso que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por supuesto cohecho y que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Según fuentes del caso, Jordán negó haber visto factura alguna del pago de los trajes por parte de la trama Gürtel, pero declaró haber visto el apunte contable de 30.000 euros que correspondería a esos pagos. En una grabación efectuada por José Luis Peñas, el concejal de Majadahonda que aportó las primeras denuncias y grabaciones del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política destapada hasta ahora en España, Jordán habló de "una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps". Y añadió: "Yo tengo la factura y yo la he pagado". Preguntada por el fiscal sobre esta afirmación, respondió ayer que entiende que, teniendo el apunte contable, es como si tuviera la factura.
La declaración de Isabel Jordán fue breve. El TSJCV investiga a Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos, al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret por haber recibido supuestamente trajes regalados a través de Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que recibió adjudicaciones millonarias de la Generalitat y organizó numerosos actos del PP.
www.elpais.es 02.12.10
BLASCO INSISTE EN ACUSAR A LUNA PESE AL VARAPALO JUDICIAL
Una cosa es el archivo y otra la absolución. Esta fue la diferencia que ayer estableció el portavoz del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, tras el varapalo del juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano a la querella presentada por él mismo y otros diputados populares contra el portavoz socialista, Ángel Luna. Blasco no quiso asumir que su querella se basara en "inexactitudes", como recoge el fallo, ni que el juez ha descartado todas las acusaciones de cohecho contra Luna. Y no lo hará hasta que esté "acabado el proceso". Por ello, se ratificó en que recurrirá el archivo y arremetió de nuevo contra Luna. Sólo aceptó que pedirá disculpas cuando el proceso "no esté vivo". "No es el momento procedimental porque el proceso está en marcha", insistió.
Luna acusó al PP de haber demostrado "un desprecio absoluto" por la coherencia de sus acciones, dado que los diputados populares evitaron especificar sus domicilios en las declaraciones de bienes amparándose en "razones de seguridad" y no han tenido empacho en dar "detalles, pelos y señales" de la ubicación de su vivienda en Alicante, de los planos y de sus datos catastrales. "Me gustaría que el señor Blasco o cualquiera de los firmantes de la querella justificaran por qué entienden que su seguridad es mucho más valiosa que la mía", señaló Luna, que aludió a que la diputada del PP Alicia de Miguel mostró en televisión una foto de la vivienda. A la pregunta de si espera una disculpa del PP, Luna respondió que, conociendo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, lo único que espera es "otra querella en cualquier momento". Luna añadió que algunos amigos abogados le han recomendado que, cuando esté cerrado el procedimiento, presente una querella contra el PP por denuncia falsa. "No lo voy a hacer", concluyó.
Solidaridad
Luna recibió la solidaridad de la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que declaró: "No vale todo. No vale utilizar procedimientos judiciales para debilitar políticamente al adversario".
La Junta de Portavoces de las Cortes, por otra parte, con los votos del PP y Compromís y la oposición de los socialistas, insistió en invitar a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, a comparecer en la ronda de senadores territoriales, pese a la carta del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, en la que explicaba que la Constitución impide que un miembro del Gobierno se someta a control fuera del Congreso o el Senado.
www.elpais.es 01.12.10
EL JUEZ ARCHIVA LA QUERELLA DEL PP CONTRA ÁNGEL LUNA
El TSJ de Valencia refuta los hechos denunciados y asegura que, en cualquier caso, los delitos estarían prescritos
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha archivado la querella que interpuso el Partido Popular contra el portavoz del PSPV en Las Cortes valencianas, Ángel Luna. El magistrado instructor, Juan Climent, asegura en un auto fechado hoy mismo que la prescripción de los delitos denunciados por el PP impide cualquier investigación al respecto, por lo que archiva las diligencias previas. El juez sigue así el criterio de la Fiscalía.
Auto de archivo de la querella contra Luna
El PP denunció a Luna por un presunto delito de cohecho por unas obras que realizó en 1997 en su casa el constructor Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal que afecta al PP de Alicante, cuando el hoy portavoz socialista no ocupaba ningún cargo público. El propio Luna confirmó que pidió al empresario que le buscara gente para una obra en su domicilio.
En la misma querella, el PP acusaba a Luna de prevaricación por presuntas irregularidades en los procesos de licitación pública durante su etapa como alcalde, pero el TSJ rechazó esta acusación por entender que del relato de los hechos no se desprende indicio alguno de ese delito.
En cualquier caso, el juez asegura en su auto que el PP ha cometido varias imprecisiones en su querella. Por ejemplo, se aseguraba que Ángel Luna fue contratado por Ortiz nada más abandonar la alcaldía de Alicante en 1995 "lo que resulta inexacto, según se desprende de la hoja de vida laboral aportada por el querellado", sino "mucho tiempo después en 1999", asegura el escrito del magistrado.
Otra de las inexactitudes de la querella que refleja el juez respecto de las presuntas dádivas es atribuir a Luna la propiedad del piso cuando entre noviembre de 1997 y febrero de 1998, fechas en las que se desarrollan las obras, el inmueble pertenecía a quien es hoy su esposa, aunque no lo era entonces.
Por último, el juez niega que Ortiz regalara a Luna un coche, tal y como recoge la querella. El portavoz socialista, según el auto, aportó al tribunal "factura de adquisición del dicho vehículo de fecha 30 de junio de 2002, expedida por la empresa 'Enrique Ortiz e Hijos', por importe de 5.181,14 euros, que con el IVA totaliza la cantidad de 6.010,12 euros".
Solo después de hacer estas apreciaciones sobre los motivos de la querella presentada por el PP, el magistrado dice que, aun cuando estos se hubieran producido ("lo que indiciariamente, a tenor de lo dicho y en especial de la secuencia temporal de los hechos en que se concretan, no parece ocurrir", asegura), los delitos denunciados habrían prescrito.
El PP recurrirá
Como era previsible, el grupo popular en las Cortes Valencianas, con el portavoz y consejero Rafael Blasco a la cabeza, recurrirá el archivo de la querella. En un comunicado, el PP lamenta que el TSJ haya desestimado la querella al considerar que ha prescrito el supuesto delito de cohecho del que acusaba el grupo parlamentario a Luna. Para los populares, es "sorprendente, por inusual, la prisa que se han dado" en solicitar el archivo de la querella tanto el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, como el magistrado instructor.
El PP se queja también de que "no han pedido a la acusación su opinión sobre la eventual prescripción" y que su partido "ni siquiera" conoce el escrito del fiscal en el que solicitaba el archivo.
Los socialistas, mientras, no han ocultado su satisfacción por la decisión del tribunal. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha hecho "responsable político" de la querella contra Luna al presidente del PP, Mariano Rajoy, por "asentimiento", y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por "acción". Alarte, que ha comparecido junto a Ángel Luna, ha destacado que, en su opinión, el auto de archivo llama sesen relación al archivo de la querella "mentirosos" a los 'populares" porque señala la "inexactitud" de las acusaciones. Por ello, considera que "alguien tiene que asumir que se haya perseguido" a Luna.
Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes valencianas se ha mostrado "satisfecho" porque, a su juicio, el auto es "concluyente" y "desmonta" la versión de la querella al considerar que los hechos que se le imputaban "no pueden ser constitutivos de delito". "Han intentado callar una de las voces del socialismo y han fracasado", ha apostillado Luna, que tiene pendiente otra querella del PP por supuesta revelación de secretos porque mostró un informe del caso Gürtel en el Parlamento.
www.elplural.com 20.11.10
DE ESPAÑA DICE QUE EL COHECHO QUE SE IMPUTA A CAMPS ES "AGRADECIMIENTO"
El ex presidente de las Cortes Valencianas y senador territorial Julio de España, del PP, comparó ayer en la Cámara autonómica al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con uno de aquellos añejos guardias urbanos que regulaban el tráfico rodeados de regalos depositados por anónimos ciudadanos en las fechas navideñas. De España, que intervino en las comparecencias de senadores territoriales, trató de matar de aburrimiento a los diputados explicando sus mociones a favor de la industria del juguete y del helado artesano, así como todas y cada una de las 123 preguntas por escrito que ha formulado en el Senado.
El presidente de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones, el también popular Rafael Maluenda, le sugirió, cuando llevaba casi una hora de intervención, que "esquematizara". De España abrevió, lo que permitió que los diputados de la oposición Mònica Oltra, de Compromís, y Manuel Mata, del PSPV-PSOE, le apuraran con algunas reflexiones y preguntas sobre los obstáculos que el PP pone al control del Consell y sobre los casos de corrupción. En su primera réplica, De España se puso paternalista, habló de la escasa autocrítica de los políticos, lamentó que a menudo estén más preocupados por "destruir al adversario" y criticó que se "judicialice" la política.
En el segundo turno, sin embargo, Oltra le recriminó que dos fallos del Tribunal Constitucional han establecido que vulneró los derechos fundamentales de la oposición cuando era presidente de las Cortes. Y Mata le señaló que, cuando no se asumen responsabilidades políticas, como ocurre con Camps y los dirigentes del PP implicados en casos de corrupción, son los jueces, los fiscales y la policía los que acaban interviniendo.
De España, visiblemente irritado, entró al trapo y denunció el "acoso constante y desmedido" a Camps, imputado por recibir trajes regalados por la trama de corrupción del caso Gürtel. "Hay una cosa que se llama agradecimiento", dijo De España, "y el agradecimiento ha creado una tradición". El senador añadió que cada vez que entra en casa de personas que han ocupado cargos iunstitucionales comprueba que "no hay jamones porque se los habrán comido, pero botellas de vino aún quedan". Fue ese el momento en que Julio de España comparó a Camps con un urbano.
www.elpais.es 27.11.10
LA AGENCIA TRIBUTARIA CONSTATA QUE LA TRAMA GÜRTEL PAGÓ TRAJES A CAMPS
Los peritos mantienen dudas sobre la veracidad de algunos documentos
"Consta el recibo de pago número 288, de fecha 4 de julio de 2007 en el que se documenta el pago de los recibos 266 y 308. En dicho documento aparece el nombre de Camps. Consta el pago mediante cheque por importe de 2.880 euros" (...) "Existe constancia documental de la confección por parte de Sastgor para Forever Young de dos recibos de venta, que incluyen únicamente 4 trajes a 720 euros cada uno, en los que aparece el nombre Camps nuevo cliente, por importe de 2.880 euros" (...) "Se puede concluir razonablemente que los recibos de venta 266 y 308 han sido pagados, conjuntamente con el pago número 289 de fecha 4/07/07 por importe de 6.617 euros en el que aparece el nombre de Pérez Álvaro, mediante la transferencia de la entidad Diseño Asimétrico".
El informe de los peritos de la Agencia Tributaria, elaborado por encargo de José Flors, juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano, establece con claridad el nexo entre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, Álvaro Pérez, El Bigotes, y la empresa Diseño Asimétrico que formaba parte de la trama orquestada por Francisco Correa en el caso Gürtel. Y sin embargo, esos mismos peritos introducen elementos de duda sobre quién, cómo y cuándo se habría hecho cargo del pago de esas facturas. Y ello por dos razones. Una: el precio atribuido a los trajes en un documento es de 720 y en otro de 950. Dos: los peritos "albergan dudas razonables acerca de la veracidad de dichos documentos".
En cambio, no albergan ninguna duda sobre un hecho: frente a lo que manifestara en su día Camps no existe constancia alguna de que él ni el resto de imputados realizaran pagos en efectivo ni a Milano, ni a Forever Young, ni que utilizaran ninguna de las empresas de la trama como intermediarias para pagar los trajes que adquirieron en las tiendas.
El análisis de la documentación incluida en la causa analiza el pago de las prendas en tres años: 2006, 2007 y 2008. En el primero de ellos estudia dos fases. En la primera, detalla el pago de unas prendas a principios de 2006. El informe establece la existencia de dos tiques: uno por importe de 1.400 euros y otro de 3.300 euros. Aparecen referenciados como "Camps o Campos" y como "Comunidad Valenciana". El primero se paga por un cheque. El segundo, en efectivo. Los pagos los hizo Orange Market, al frente de la cual estaba Álvaro Pérez. La segunda fase se corresponde con los pagos efectuados por Diseño Asimétrico que encabeza el principio de esta información.
Respecto de posibles encargos en la primavera de 2007 y en la primavera y verano de 2008, Hacienda afirma que "no hay justificación documental que permita pronunciarse a estos peritos". Incluso llega a decir que "se advierten errores" en la identificación de documentación. Por eso los peritos no son concluyentes. Su labor ha sido analizar la documentación, sin ponerla en contradicción con las declaraciones realizadas por imputados y testigos en sede judicial.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico analizaron de forma contradictoria el escrito de la Agencia Tributaria. Para unos se trata de un informe que favorece en su totalidad la posición de Camps, mientras otras sostenían todo lo contrario.
www.elpais,es 13.11.10
REGALOS DE LUJO PARA LA FAMILIA DEL PRESIDENTE Y SUS ALTOS CARGOS
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, dispone desde el pasado miércoles de un nuevo informe de la unidad policial contra la delincuencia económica (UDEF) que certifica que la trama corrupta compró regalos de lujo para agasajar a la familia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a sus altos cargos. "Las anotaciones efectuadas [por la trama Gürtel en sus archivos informáticos] reflejan datos reales", asegura el informe policial, que ha relacionado los apuntes informáticos con los extractos bancarios y las facturas de las tiendas.
A continuación se detallan los regalos que, según el informe, Orange Market compró y remitió a políticos del PP y a sus familiares en las Navidades de 2005, tras implantarse en la Comunidad Valenciana.
- Francisco Camps. La esposa del presidente valenciano, Isabel Bas, recibió un bolso Senda 4 de la firma Loewe, valorado en 750 euros, cuyo importe fue abonado por Orange Market mediante factura del 15 de diciembre de 2005. La compra se hizo en Madrid y se abonó con cheque bancario. En idéntica fecha, la sociedad que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, abonó a Sony-e Solutions Europe, por transferencia, dos pagos por importe de 1.809,48 euros y 249,34 euros, "que reflejan el pago de la compra" de un perro robot y su correspondiente maleta de transporte "con destino a los hijos de Francisco Camps".
- Víctor Campos. La esposa del entonces vicepresidente de la Generalitat recibió un bolso de la marca Louis Vuitton, valorado en 780 euros, abonado por la trama mediante factura del 11 de enero de 2006.
- Ricardo Costa. La mano derecha de Camps en el PP recibió de la empresa de Álvaro Pérez una maleta con ruedas y bolsillo de la firma Loewe valorada en 1.130 euros y comprada en el mismo establecimiento que el bolso de Isabel Bas.
- Milagrosa Martínez. La entonces consejera de Turismo, que concedió el primer gran contrato a Orange Market -para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-, recibió en las citadas Navidades un reloj Hublot de 2.400 euros, del que deja constancia la facturación de la joyería Suárez.
El informe constata la compra de 10 pares de gemelos de la firma Loewe para otros tantos cargos del PP. La policía admite que "no se ha podido concretar la realidad" de otros regalos de lujo adquiridos en otros comercios por falta de facturas.
www.elpais,es 13.11.10
EL GOBIERNO VALENCIANO CONSIDERA QUE EL INFORME ES EXCULPATORIO
La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, expresó ayer "la absoluta y plena satisfacción" del presidente de la Generalitat y todo su Gabinete por un informe pericial que consideran exculpatorio.
"Lo único que se deduce de la lectura y de lo que se habla en el informe es de recibos falsos, de facturas falsas que no se corresponden con la realidad, de la imposibilidad de determinar qué personas pagaron en efectivo", argumentó la consejera portavoz. Sánchez de León insistió: "Camps siempre ha dicho la verdad [que pagó sus trajes]". Y luego añadió: "Poco a poco se ha dado un paso más hacia la única verdad y el tiempo y los hechos nos están dando la razón". "Si dos peritos profesionales no son capaces de constatar unos hechos que son los que se pretendía constatar, dudo que los demás podamos constatarlos a la vista de este informe", remachó. Para la portavoz, este informe pericial de la Agencia Tributaria es distinto de los otros que apuntan a que el PP valenciano se financió irregularmente a través de Gürtel. La razón está en que "es el primer informe independiente hecho a instancias del juez", según la consejera. Según Sánchez de León, este informe ha quedado "al margen de las instrucciones" dadas desde otras "instancias políticas" y las partes lo han conocido antes que los medios de comunicación.
www.elpais,es 13.11.10
LA AGENCIA TRIBUTARIA CONFIRMA EL PAGO DE TRAJES DE LA RED GÜRTEL A FRANCISCO CAMPS
El informe remitido al juez sostiene que no hay pruebas de que los imputados se pagaran la ropa.-El Consell insiste en que el jefe del gobierno valenciano "siempre ha dicho la verdad"
Un informe pericial de la Agencia Tributaria, que ha analizado toda la documentación del sumario del caso Gürtel en lo referido al supuesto cohecho impropio cometido por Francisco Camps, señala que los recibos correspondientes a los trajes vendidos por la tienda Forever Young fueron pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, a través de trasferencias bancarias de cuentas correspondiente a varias empresas de la trama corrupta. "Se puede concluir razonablemente han sido pagados mediante la trasferencia de la entidad Diseño Asimétrico por 9.497 euros".
Esta circunstancia confirma todas las pruebas recabadas sobre el supuesto cohecho impropio en el que incurrió el presidente valenciano al aceptar regalos en forma de trajes de las empresas de Francisco Correa, a las que el Gobierno valenciano adjudicó de forma directa decenas de contratos. Tras constatar este extremo, el informe de la Agencia Tributaria concluye en su último punto: "Por lo que respecta a los posibles pagos en efectivo satisfechos por los imputados a las entidades Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, no hay constancia de ingresos en efectivo en las cuentas de tesorería de las mismas que permita identificar a las personas imputadas".
Tanto Camps, que asegura que se pagó los trajes con dinero en efectivo en las propias tiendas -de lo que no existe constancia ni documental ni testifical pues ningún empleado lo avala- como el ex secretario general del PP, Ricardo Costa, como el ex vicepresidente, Victor Campos, aseguraron que habían pagado los trajes en efectivo a Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. La Agencia Tributaria no ha encontrado nada que lo justifique así.
"Existe constancia documental de la confección por parte de Sastgor para Forever Young de cinco trajes para un cliente llamado "Francisco Camps", así como de la emisión por parte de Forever Young de dos recibos de venta, que incluyen únicamente cuatro trajes a 720 euros cada uno, en los que aparece el nombre Camps nuevo cliente, por importe de 2.880 euros", según detalla el informe pedido por el magistrado instructor del caso de Camps en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, José Flors.
El informe analiza "la correlación entre los encargos de prendas de vestir, tiques, de caja pendientes de pago, tiques de venta, relaciones de pagos pendientes, hojas de confirmación de pedido, facturas e instrumentos utilizados para el pago de su importe". Los dos peritos dejan claro que no han llevado a cabo "un análisis y valoración de las manifestaciones realizadas en la causa". El informe recoge las relaciones entre Milano, Forever Young y Orange Market, empresa de la trama Gürtel en Valencia cuyo cabecilla era Álvaro Pérez, El Bigotes. Los peritos acreditan que con fecha 14 de noviembre de 2006 existen dos recibos de venta por importes de 2.160 euros y 720 euros. "En ambos consta la referencia Camps, nuevo cliente". Se trata, especifican los peritos, de cuatro trajes a medida. El auto del juez Flors de 6 de julio de 2009, en la imputación a Camps, señaló cinco trajes. El informe, respecto a ese quinto, asegura que "no existe documento".
Los peritos detallan todavía más. Hay hojas de pedido de sastrería, emitidas por Sastgor a Forever Young en las que consta "pedido del Sr. D. Sr. Camps". El nombre del presidente de la Generalitat aparece en las hojas de confirmación de esos pedidos. Más aún, con fecha 4 de julio de 2007 aparece un recibo de pago en el que aparece el nombre de Camps. Se pagó con un cheque de Diseño Asimétrico, empresa de la trama Gürtel. Por eso, los peritos señalan que existe constancia documental de la confección de los trajes a Camps y de que las facturas las emitió Forever Young.
Camps figura en otros documentos. Existe una relación a la atención de Pablo Crespo (hombre importante de la trama, a las órdenes del cabecilla Francisco Correa), en la que se atribuye una deuda por importe de 5.393,50 euros a Francisco Camps. Y, además, el informe da cuenta de la existencia de correos electrónicos remitidos por José Tomás (el que fuera director comerical de Milano y forever Young y asegurara ante el juez que hizo trajes para el presidente Camps y él no los pagó), a Pablo Crespo, y de éste a Álvaro Pérez. En ellos se detallan las compras de la Comunidad Valenciana. Entre ellas, las que fueron para Francisco Camps, aunque en la información aparece reflejado como "Francisco Cans". Fueron tres pares de zapatos y cinco trajes a 950 euros cada uno.
El informe deja claro que no hay en la causa documentación sobre supuestas compras en la primavera de 2007. Y pone en duda la que existe sobre la primavera o el verano de 2008 porque no encaja ninguna cifra con los supuestos pedidos.
"Camps siempre ha dicho la verdad"
A pesar de la rotundidad de las conclusiones de los peritos, el Consell hace una lectura del informe diametralmente opuesta. La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, ha destacado tras el pleno del Consell, su "plena satisfacción" por el informe, porque a su juicio "se ha comprobado que Camps siempre ha dicho la verdad". Sánchez de León ha argumentado que este sería el primer informe "independiente" porque lo ha encargado el juez instructor, y ha cuestionado de nuevo las investigaciones policiales y de la Fiscalía Anticorrupción. Del informe se desprende "con una lectura serena", según Sánchez de León, que hasta ahora se ha producido una sucesión de "falsedades y manipulaciones" que ahora "poco a poco se van desmontando". "La prudencia y la serenidad nos han ido dando la razón", ha añadido Sánchez de León antes de insistir de nuevo, a preguntas de los periodistas: "Lo único que se deduce del informe es lo que he venido diciendo, que todo esto era falso".
Los apuntes sobre regalos a Camps reflejan "datos reales", según la Policía
La Policía ha concluido que los apuntes encontrados en las oficinas de la empresa Orange Market -la filial valenciana de la trama Gürtel-, en los que se detallan los regalos recibidos por algunos altos cargos, entre otros el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reflejan "datos reales". Así lo destaca la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en un informe fechado el 10 de noviembre que ha remitido al juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira.
Tras comparar los apuntes de uno de los archivos del disco duro hallado en Orange Market, llamado "Costes de Navidad.xls", con las facturas facilitadas por diversos establecimientos de lujo y extractos bancarios, la UDEF concluye que la contabilidad de la empresa reflejan "datos reales".
El informe detalla las compras facturadas a nombre de los tres principales cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez-, y de varias empresas de la organización, en firmas como Louis Vuitton, Loewe o la Joyería Iborra de Valencia, en las que pagaban en efectivo en la mayoría de las ocasiones. La Policía remite al juez todas las facturas aportadas por dichas sociedades, donde la red dirigida por Correa adquirió entre 2003 y 2009 la mayoría de los objetos que presuntamente regaló a personalidades y cargos públicos.
Los hijos de Francisco Camps aparecen en la contabilidad de Orange Market como destinatarios de un robot "Aibo" y su maleta de transporte, adquiridos en Sony-E Solutions. El precio no se detalla, pero en la contabilidad de Orange Market figuran dos transferencias bancarias a la empresa en diciembre de 2005 por 1.809 y 249 euros, que coinciden con el coste de ese juguete. Otra de las facturas de Loewe a nombre de Orange Market se corresponde con uno de los apuntes del archivo en el que se identifica una maleta de 1.130 euros como regalo para Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia y diputado autonómico.
Otro regalos detallados son un bolso de Loewe de 750 euros para Isabel Bas, la esposa de Camps, y diez pares de gemelos de 100 euros cada uno que, según el informe policial, Orange Market regaló a diversas personas relacionadas con organismos públicos de Valencia. La ex consejera de Turismo y presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, aparece como destinataria de un reloj adquirido en la Joyería Suárez por 2.400 euros por parte de la trama Gürtel.
El informe amplía con la documentación facilitada por las empresas el que ya remitió la UDEF a Pedreira en julio de 2009 sobre los documentos encontrados en el registro de Orange Market.
www.elpais.es 12.11.10
FLORS RECHAZA COMO PRUEBA LAS ESCUCHAS FAVORABLES A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES  
La defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa de los trajes que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha encontrado con el no del juez instructor José Flors a su petición de que las grabaciones que favorecen al jefe del Consell sean aceptadas como prueba en el procedimiento. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, Flors ha decidido inadmitir estas conversaciones, de tal manera que en principio no serán tenidas en cuenta en el procedimiento que se sigue contra Camps y tres cargos más por un presunto delito de cohecho impropio por supuestamente haber aceptado regalos de empresas de la trama Gürtel.  
En concreto, Flors quiere dejar fuera de la causa las polémicas escuchas que el juez Baltasar Garzón ordenó realizar a los cabecillas de la trama y sus abogados en la cárcel de Soto Real. Entre las conversaciones intervenidas por la policía figuran varias en las que tanto el responsable de red corrupta, Francisco Correa, como su número dos, Pablo Crespo, se refieren al asunto de los trajes. En ellas, descartan que se hubieran pagado al presidente Camps las prendas encargadas a las tiendas de Forever Young y Milano.  
Aunque las escuchas en la cárcel fueron declaradas nulas en marzo de 2010 la defensa del presidente quería que su contenido, que cree clave para la exculpación de Camps, fuera tenido en cuenta. Tanto el Consell como el propio presidente se han quejado en numerosas ocasiones de la indefensión que, en su opinión, supuso el no contar con estas grabaciones cuando se abrió la causa de los trajes en marzo de 2009. Cabe recordar que las partes tuvieron conocimiento por primera vez de la existencia de las mismas en octubre de 2009 cuando el juez Antonio Pedreira levantó el secreto del sumario sobre el caso Gürtel. En ese momento, el TSJ valenciano ya había archivado el auto de Flors en el que se abría el procedimiento del jurado al entender que Camps no había demostrado que se pagó los trajes. Sin embargo, con la reapertura del caso por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo, la defensa del presidente ha insistido en que las escuchas deberían ser pruebas exculpatorias. 
Al retomar la instrucción Flors ya dejó entrever su oposición a admitir las conversaciones que secundan la versión del presidente sobre el pago de los trajes. De hecho, rechazó antes del verano que se interrogara a Pablo Crespo y a uno de sus interlocutores en la cárcel -el abogado Ignacio Peláez- sobre su conversación en prisión al entender que había que preservar "el carácter secreto" de la misma. Sólo permitió que se interrogara a Crespo sobre los trajes, aunque adelantó que consideraba su testimonio interesado. 
La controversia sobre las grabaciones en la cárcel no se acaba ahí. Pelaez (abogado del constructor José Luis Ulibarri), ha solicitado la declaración de Flors en el juicio contra Garzón por las escuchas en la cárcel. Pelaez quiere que el instructor valenciano aclare si entre la documentación que Garzón remitió en su inicio al TSJCV se incorporaron las conversaciones sobre los trajes de Camps. Pelaez acusa a Garzón de delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por las escuchas en el locutorio, pero también le reprocha no haber enviado la pieza separada referida a la intervención de las comunicaciones de abogados y presos al TSJCV cuando "se recogían datos que exculpan de forma clara al imputado principal del procedimiento", en referencia a Camps. Pelaez pone en cuestión la tesis del Fiscal, quien tal como reveló en su día Levante-EMV, achacó a Flors la decisión de no incluir las grabaciones a la causa cuando se abrió en marzo d 2009, lo que impidió que las partes conocieran su existencia. 
Pelaez se hace eco en su escrito de la nota de prensa que el TSJCV remitió en respuesta a la información publicada por este diario. Si el Tribunal Supremo admite la petición de la acusación particular, Flors deberá aclarar ante el alto tribunal si contó o no desde el inicio con toda la documentación relativa al caso. Pelaez también ha pedido que declare Pedreira y las fiscales del caso Gürtel.  
(www.levante-emv.com, 05/11/10)
 EL JUEZ DE LA RÚA QUIERE SEGUIR CON LOS CASOS DE CAMPS 
Juan Luis de la Rúa, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), quiere seguir con los casos que afectan al presidente Francisco Camps, que lo calificó de "más que amigo". Quiere formar parte de la Sala de lo Civil y Penal, la que lleva el caso de los trajes -en el que Camps está imputado por cohecho pasivo impropio- y el caso de la financiación irregular del PP y delito electoral de varios altos cargos de la Administración autonómica popular valenciana. No lo ha comunicado oficialmente, pero sí ha hecho saber que esa es su preferencia frente al destino de la Sala de lo Social, materia en la que es experto y lugar del que proviene. 
El CGPJ es quien debe remitir a la Sala de Gobierno del TSJCV que De la Rúa queda a su disposición. Lo hará una vez se produzca el cese (previsto para los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre). Después es la Sala de Gobierno la que debe adscribirle. La sensibilidad de la sala está inclinada a que su destino sea la Sala de lo Social, entre otras cosas, por los antecedentes por los que ha pasado la causa de los trajes por la relación de confianza entre De la Rúa y Camps, públicamente reconocida por el presidente imputado. 
La situación de juez adscrito a la Sala de lo Civil y Penal provoca el rechazo de algunos miembros del Consejo del Poder Judicial. Existe un precedente en el que la comisión permanente indicó el destino de un magistrado en iguales circunstancias, la de Fernando Ruiz Piñeiro, ex presidente del Tribunal Superior del País Vasco. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las Salas de lo Civil y Penal se componen de cinco miembros: dos de carrera y dos propuestos por los Parlamentos autónomos, además del presidente. No habla de un sexto miembro. 
(www.elpais.com, 05/11/10)
LA LUZ Y LA OSCURIDAD, SEGÚN EL IMPUTADO CAMPS 
En el diccionario de Francisco Camps, las palabras están al servicio de sus deseos. Se vio ayer con claridad en las Corts cuando el portavoz del PSPV, Ángel Luna, le preguntó por los contratos públicos con empresas de la Gürtel, que ascienden a 7,2 millones de euros.  
Una petición de transparencia a la que el president dio la vuelta. "Usted sí que sabe adjudicar de forma rara porque es hijo de la oscuridad administrativa", le contestó.  
Acto seguido, se dedicó a desarrollar su idea de lo oscuro y lo luminoso. "Nosotros estamos en la Comunidad Valenciana, que es un territorio de luz y de prosperidad, y usted está en la parte oscura". 
Luna subió a la tribuna con la luz "de las certificaciones, de las escrituras" que describen una presunta trama corrupta dedicada a succionar los fondos de la Generalitat para cooperación al desarrollo, departamento que dirige el también portavoz del PP, Rafael Blasco.  
"Esta [trama] es más chapuza que la Gürtel, en la que hicieron falta que salieran los jueces a descubrir qué había. En esta no ha hecho falta porque han sido los propios funcionarios los que nos han dado los papeles para que los llevemos al fiscal", explicó Luna, quien pidió el cese de Blasco, expulsado del PSPV por un presunto caso de corrupción en 1989 y rescatado por Camps como político de cabecera tras el seísmo de la Gürtel.  
Una metamorfosis que no pasó desapercibida. "Él [Blasco] sí que supo cruzar la raya entre lo oscuro y la luz que representa el Partido Popular", defendió Camps, imputado por cohecho. Pero el de Blasco no fue el único caso en el que el president mostró su fotofobia a dar respuestas.  
El portavoz de Compromís, Enric Morera, pregunto, sin éxito, por el jugoso pellizco que la Gürtel se llevó de la visita del Papa a Valencia. Según los informes policiales, 900.000 euros al bolsillo de Francisco Correa. "Se han dado cumplidas explicaciones. Todo era correcto", sentenció Camps.  
(www.publico.es, 22/10/10)
REESTRENO DE COSTA CON GÜRTEL AL FONDO 
El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa se reestrenó ayer como portavoz de temas económicos en las Cortes Valencianas. Y lo hizo con el caso Gürtel como telón de fondo.
La intervención de Costa, rehabilitado tras casi un año de suspensión de militancia del PP, estuvo precedida por la difusión de un nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel que indica que Costa disfrutó "del uso particular y privado, al menos temporal", de una motocicleta de lujo Bombardier Can Am Spyder pagada por Orange Market, la franquicia valenciana de la trama corrupta. Otra motocicleta igual estaba a disposición de Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market. 
Costa no quiso pronunciarse sobre este último informe policial en poder del juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque su entorno indicó que ya se pronunciará, si corresponde, ante el juez sobre lo que considera una falsedad. 
Con este ambiente previo, Costa saltó a la tribuna de la Cámara en la sesión vespertina para arropar al vicepresidente económico, Gerardo Camps, y su estrategia para reclamar mejor financiación autonómica. 
El parlamentario popular ejerció con profesionalidad y recurrió al estilo cañero contra Zapatero. En su reestreno, Costa eludió las chinitas lanzadas por la portavoz socialista de economía, Cristina Moreno, y fue breve y contundente. Lo que animó a la bancada popular a recompensarle con aplausos, aquellos que eran habituales antes de su defenestración como secretario general del Partido Popular. 
(www.elpais.com, 22/10/10)
UN INFORME POLICIAL CONCLUYE QUE LA RED GÜRTEL PRESTÓ VEHÍCULOS A RICARDO COSTA Y AL EX DIRECTOR DE CANAL 9 
La policía ha informado al juez de que uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, compró dos vehículos para que los usaran el ex director de Canal 9 Pedro García Gimeno y el ex número dos del Partido Popular valenciano Álvaro Costa, implicados en la causa por haber beneficiado presuntamente a la red corrupta desde sus cargos. 
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía Nacional remitió el pasado 11 de octubre un informe al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira sobre operaciones de compra-venta de vehículos presuntamente llevadas a cabo por Pérez. Pedreira instruye la investigación sobre los supuestos lazos de esta red empresarial con altos cargos del Partido Popular y de las Administraciones regionales de Madrid y la Comunidad Valenciana. 
El Mini Cooper del director de Canal 9. Los investigadores concluyen que Isabel Jordán hizo uso de un Mini Cooper blanco entre septiembre y noviembre de 2007, contratado por la empresa de la que era administradora, Special Events (una de las principales compañías de la trama), en régimen de renting. Ese coche fue comprado a continuación por una sociedad intermediaria de la red, Imperauto, con sede en Valencia, que a su vez se lo entregó a Álvaro Pérez por 31.000 euros pagados en efectivo. 
Pérez nunca llegó a poner a su nombre el coche. Entre enero de 2008 y mayo de 2009 siguió matriculado a nombre de Imperauto. En un primer momento la empresa aseguró que el vehículo nunca había salido del concesionario, que pasó esos 16 meses expuesto para su venta al público. Luego, toda vez que existía un recibo de compra por parte de Pérez, su administrador explicó que éste había comprado el coche para regalárselo a su mujer; siguió a nombre del concesionario porque "no sabía a nombre de quién matricularlo". 
Meses después, según el relato de la empresa, el empresario les devolvió el coche para que lo vendieran, "lo que [se] hizo pasado un tiempo a un particular que vino acompañado del propio Álvaro Pérez". En mayo de 2009, tres meses después de haberse iniciado la operación judicial contra la trama corrupta, el coche fue matriculado a nombre de Francisco Xavier Senin Fernández, un gallego de 61 años que "casualmente" es padre de Adrian Senin Rico, empleado de Orange Maket (otra empresa clave de la red) e imputado en la causa. Se pagaron 16.200 euros mediante transferencia bancaria, que fueron a parar a los bolsillos de Pérez. Seis meses después, fue vendido de nuevo. 
Según la investigación policial, Pérez no compró el coche para dárselo a su mujer sino a Pedro García Gimeno, a la sazón director de la televisión pública valenciana (Canal 9) hasta agosto de 2009. Lo deduce del hecho de que García Gimeno fue multado en agosto de 2008 en Valencia por una infracción de tráfico cometida al volante de ese vehículo, del que era al parecer "su usuario real". 
Entre otros vehículos, Pérez tenía una motocicleta Bombardier Can Am Spyder de color amarillo matriculada en mayo de 2008. Orange Market compró por esas mismas fechas otro triciclo del mismo modelo. En los registros efectuados en las oficinas de la trama, los investigadores encontraron una póliza de seguro para esa motocicleta, a nombre de la empresa pero con un papelito post-it adherido en el que se podía leer, escrito a mano: "Seguro original entregado a Ricardo el 21-7-08". 
La policía deduce "a tenor de los documentos analizados" que se refiere a Ricardo Costa, ex secretario general del Partido Popular de Valencia y diputado autonómico de esa formación, que tuvo "el uso y disfrute particular y privado al menos temporal" del vehículo. 
(www.elpais.com, 21/10/10) 
EL BIGOTES PAGÓ DOS VEHÍCULOS QUE USARON COSTA Y PEDRO GARCÍA 
Un informe policial incorporado al sumario del "caso Gürtel" revela que Álvaro Pérez, "el Bigotes", pagó varios vehículos cuyos "usuarios finales" fueron el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex director de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno. 
El informe, fechado el pasado día 5 y al que ha tenido acceso Efe, señala que uno de esos vehículos -un Mini Cooper Cabrio- fue pagado en metálico por "el Bigotes" utilizando una empresa interpuesta, Imperauto S.L., "con la finalidad de que no se le pudiera relacionar directa o indirectamente con la propiedad de dicho vehículo y/o el usuario final del mismo". 
El coche había sido utilizado anteriormente por otra de las imputadas en la causa, Felisa Isabel Jordán, que a finales de 2007 lo vendió a Imperauto, "siendo Álvaro Pérez la persona que se desplaza a Madrid para la recogida del mismo". 
Cuando en febrero de 2009 se destapó el "caso Gürtel", Pérez se apresuró a vender el automóvil al padre de uno de los trabajadores de la empresa que dirigía, Orange Market, considerada la filial en Valencia de Special Events, propiedad de Francisco Correa, el supuesto máximo responsable de la trama de corrupción. 
Durante ese periodo, sin embargo, no fue "el Bigotes" quien hizo uso del vehículo, sino García Gimeno, según ha podido comprobar los investigadores gracias, entre otras cosas, a una multa que le impuso el 24 de agosto de 2008 la Policía Local de Valencia. 
"Por todo lo anteriormente expuesto se infiere que el destinatario final de la compra del vehículo anteriormente indicado se trata del llamado Pedro García Gimeno", dice el informe que recuerda que éste aparece relacionado con las irregularidades en los contratos adjudicados por la RTVV a empresas de la "trama Gürtel" con motivo de la visita del papa a Valencia en 2006. 
El nombre de García Gimeno también está vinculado "con el regalo de diversas prendas de vestir de los establecimientos Milano y Forever Young por parte de Álvaro Pérez a distintas personas con cargos de relevancia pública dentro de la Comunidad Valenciana". 
El informe relata también lo ocurrido con una motocicleta Bombardier Can Am Spyder, cuyo precio fue abonado "en su totalidad" mediante transferencias desde una cuenta bancaria de Orange Market. 
En esta ocasión, los investigadores sostienen que es el ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico Ricardo Costa "el destinatario del uso particular y privado, al menos temporal", del citado vehículo, con el que según varios medios de comunicación fue visto en el circuito de Cheste. 
El nexo entre Costa y el vehículo es la póliza del seguro que, según las investigaciones, fue entregada al primero el 21 de julio de 2008 y en la que consta como tomador del mismo Orange Market. 
La moto es "curiosamente del mismo modelo que otra de la que es usuario Álvaro Pérez, la de éste de color amarillo y la de Ricardo Costa de color blanco y negro", añade el informe que ya está en poder del instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira.  
(www.elpais.com, 21/10/10)
JARABA ACUSA A HACIENDA DE ACTUAR CON MALA FE EN EL 'CASO GÜRTEL' 
José López Jaraba, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), excusó ayer la implicación del ente público en una gestión irregular en los contratos suscritos a propósito de la visita del Papa en 2006, algunos con empresas de la trama Gürtel, por "la mala fe" y "las falsedades" del perito que redactó el informe judicial. El informe que ya tiene desde el lunes el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y en el que se deja claro que hubo contratos que no siguieron el proceso legalmente establecido porque carecieron de concurso y publicidad, que se fraccionaron para no hacer concurso, que se pagó en exceso por servicios de carácter ordinario, que se duplicaron servicios y que se adjudicó a empresas que no probaron su solvencia económica ni técnica. Según RTVV, el perito "presenta una estrecha vinculación con el ministerio de Presidencia". Pero Jaraba no incluye en ese comunicado explicaciones detalladas sobre la gestión de la visita del Papa. Sólo defiende la legalidad de lo hecho con la excusa de que solo hubo cuatro meses para realizar el trabajo, lo que obligó a actuar con urgencia. El propio informe ya explica que la urgencia fue utilizada para encubrir una masiva vulneración de las normas. 
Miguel Mazón, miembro del consejo de administración a propuesta del PSPV, solicitó ayer por escrito al presidente del órgano colegiado un pleno urgente en el que se requiera a Jaraba toda la documentación, se pida la dimisión de quienes estuvieron en las mesas de contratación y aún ocupan cargos en RTVV, se exijan responsabilidades penales y se inicie el proceso para recuperar las competencias en materia de contratación que tenía el consejo y le fueron sustraídas. 
Por otra parte, el portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera, solicitó la comparecencia del Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, para que "ratifique o emita otro informe" sobre los contratos de RTVV con motivo de la visita del Papa. Morera criticó con dureza el informe de la Sindicatura que analizó aleatoriamente algunos de los contratos y no halló irregularidades denunciables. 
El portavoz de Compromís, además, aseguró que RTVV, al ceder gratuitamente la explotación de la señal de la retransmisión de la visita, que el Vaticano gestionó sin dar explicaciones, renunció a ingresar unos 12 millones de euros. Por eso, aseguró que el coste del viaje papal superó los 26 millones de euros para la televisión autonómica. 
(www.elpais.com, 14/10/10) 
CANAL 9 SE APUNTA A LA 'CONSPIRACIÓN' POR LA 'GÜRTEL' 
La Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Canal 9, criticó ayer el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que, enviado al juez Antonio Pedreira e incorporado al sumario Gürtel, ratifica la existencia de múltiples irregularidades en la contratación de empresas ligadas a la trama en la etapa de Pedro García como director.  
Según Canal 9, el informe sobre los contratos por la visita del Papa presenta "inexactitudes y falsedades". Las achaca a "la ignorancia técnica o a la mala fe" de su autor, un funcionario con "una estrecha vinculación al Ministerio de Presidencia", dice la cadena en una nota oficial. De los 14 millones en contratos para la cobertura de la visita que Benedicto XVI giró en 2006 a Valencia, 7,5 millones fueron para Teconsa, constructora que supuestamente pagó comisiones a cargos del PP y a la red corrupta a cambio de adjudicaciones.  
Mientras, Arturo Gianfranco Fasana, el gestor suizo imputado por desviar al extranjero fondos de la Gürtel, sostiene que actuó de manera impecable y de acuerdo con "las estrictas normas de prevención del blanqueo de capitales" que, dice, rigen en el país helvético. En un escrito fechado el día 7 y con el que busca que el juez Antonio Pedreira le levante la imputación, Fasana argumenta que fue él quien ordenó bloquear en Suiza las cuentas de sociedades ligadas a Francisco Correa y Pablo Crespo. Y que lo ordenó cuando supo que ambos habían sido detenidos.  
En su escrito exculpatorio, Fasana afirma que no avisó a los servicios antiblanqueo de su país porque los responsables del banco Crédit Suisse así se lo aconsejaron. 
(www.publico.es, 14/10/10)
LA DEFENSA DE CAMPS NO VALE PARA RTVV 
Los argumentos exculpatorios que la Abogacía de la Generalitat remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para defender la legalidad de los contratos formalizados con las empresas de la trama del caso Gürtel no valen para Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). 
Al revés. Los peritos de la Agencia Tributaria que auxilian al juez Antonio Pedreira -y que han analizado los contratos de Canal 9 y Ràdio 9 con motivo de la visita del Papa a Valencia- mencionan varias veces el argumentario de la Abogacía de la Generalitat para concluir que RTVV vulneró la ley. Las ilegalidades se produjeron en la adjudicación de contratos por valor de 14,7 millones de euros y sirvieron para beneficiar a la trama de empresas que dirigía Francisco Correa, que obtuvo un millón de euros en comisiones. 
"De acuerdo con la normativa de contratación pública y con lo indicado por la propia Abogacía de la Generalitat, al superar el suministro el límite de 238.960 euros, IVA incluido, el procedimiento de contratación debería haber sido abierto y la forma de adjudicación mediante concurso", relata el informe. Y, a continuación, los peritos añaden que en un buen número de los contratos analizados "se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos de contratación y licitación necesarios para que ninguno de ellos fuera superior al límite señalado por la propia Abogacía de la Generalitat, con el fin de vulnerar el cumplimiento de las normas sobre capacidad de las empresas, publicidad y procedimientos de licitación". 
El análisis pericial de las contrataciones realizadas por RTVV, con Pedro García como director general del ente, refuerza los indicios iniciales sobre las graves irregularidades cometidas con motivo de la visita del Papa a Valencia. 
El pasado mes de mayo la Abogacía de la Generalitat remitió, sin que nadie lo solicitase, un informe al TSJ de Madrid para rebatir los informes periciales que cuestionaban la legalidad de los contratos del Gobierno de Francisco Camps con las empresas de la trama corrupta, y en especial con Orange Market. El informe de la Generalitat, además de exonerar a Camps de cualquier responsabilidad por las contrataciones, admitía cierta falta de rigor en "la observancia de los trámites reglados" para contratar, pero negaba que hubiese ilegalidades porque buena parte de la legislación "no les era de aplicación por razón de la cuantía". 
En su informe, la Abogacía de la Generalitat obviaba referirse a los contratos de RTVV, que el Consell y el PP siempre han defendido que eran legales porque Canal 9 y Ràdio 9 habían sido auditadas por la Sindicatura de Comptes.El informe de los peritos de la Agencia Tributaria narra un cúmulo de irregularidades en las contrataciones analizadas realizadas por Ràdio Televisió Valenciana por importe de 14,7 millones de euros (casi 2.500 millones de las antiguas pesetas). Falta documentación administrativa "básica en cualquier expediente", se fraccionan los contratos para vulnerar los procedimientos de contratación y se declaran contrataciones de urgencia para vulnerar los principios de publicidad y concurrencia y por falta de planificación, indica el informe judicial. 
En el mismo análisis de la Agencia Tributaria se destaca la existencia de un buen número de contratos tramitados con "precio libre". Es decir, que carecían de un precio de licitación previo, lo que permitió a RTVV fijar un pliego de prescripciones técnicas con la cantidad y calidad de los suministros que necesitaba y fijar precios unitarios. 
El cúmulo de irregularidades no termina aquí. Teconsa, la empresa pantalla de la trama Gürtel que se quedó con el jugoso contrato de sonorización e instalación de las pantallas de vídeo, subcontrató con otra empresa (Apogee Telecomunicaciones) la práctica totalidad del contrato obtenido de Ràdio Televisió Valenciana. Apogee, además de cobrar de Teconsa, se llevó casi 100.000 euros de RTVV por poner el servicio de seguridad que se encargaba de la vigilancia de las pantallas y el material de sonido. 
Entre los contratos analizados por los peritos figura otro de RTVV por importe de 55.870 euros con la empresa de seguridad Segur Ibérica, que presta normalmente este servicio en Canal 9 y Ràdio 9, con motivo de la visita del Papa. La paradoja es que la propia dirección de gestión de RTVV emitió solo cinco días antes un informe en el que indicaba que Segur Ibérica "no puede cumplir el servicio extraordinario", que justifica la contratación urgente de un servicio de seguridad por importe de 122.000 euros a Eulen, sin solicitar ninguna oferta adicional. "La actuación [de los gestores de RTVV] ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva", concluyen los peritos. 
Tras conocerse la existencia de este informe pericial sobre las irregularidades en las contrataciones de RTVV, la oposición en pleno reclamó la convocatoria de una reunión extraordinaria del consejo de administración del ente y una reunión de la comisión de control de la radiotelevisión valenciana. 
El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, afirmó: "Queremos verlo todo, absolutamente todo. Hasta el último de los contratos de Pedro García como director general". Alarte reclamó "explicaciones claras" al sucesor de Pedro García al frente del ente, José López Jaraba. El dirigente socialista acusó al presidente de la Generalitat de convertir Canal 9 en su No Do privado y en "un lugar de negocio para los corruptos de Gürtel". 
La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, anunció ayer que reclamará la comparecencia del ex director general de RTVV Pedro García en las Cortes para que explique "toda la verdad que ha estado ocultando". Sanz recordó que, hasta ahora, toda la información se ha conocido a partir "del alzamiento del secreto del caso Gürtel". 
El portavoz de Compromís, Enric Morera, reclamó también la comparecencia urgente del síndico mayor de la Sindicatura de Comptes para que explique cómo controló su institución el dinero de los valencianos en Canal 9 y se pronuncie sobre el informe pericial. 
Por parte del Consell, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, se limitó a echar balones fuera al ser preguntado por las irregularidades. 
(www.elpais.com, 13/10/10)
LA INSPECCIÓN DETECTA IRREGULARIDADES MASIVAS EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA
Es una de las derivadas del caso Gürtel que más escándalo causó en el PP, sobre todo en los dirigentes más vinculados a posiciones cercanas a la Conferencia Episcopal, pero judicialmente aún no ha avanzado. Se trata de la visita que realizó el Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006. La investigación ha detectado que Francisco Correa se llevó en comisiones presuntamente corruptas al menos un millón de euros de esa visita, en concepto de su mediación frente al Gobierno valenciano para una constructora con la que él estaba relacionado, Teconsa, se llevara el principal contrato de esa visita, 7,5 millones de euros para para colocar las pantallas de vídeo, sonido y megafonía para la visita que le adjudicó Canal 9, presidida por Pedro García, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia.

El juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel, ha pedido a la inspección general del Estado que analice los contratos de esa visita. Y el informe resultante firmado por el inspector Juan Carlos Gómez Condado el pasado 7 de octubre, es demoledor. En la documentación entregada por Canal 9 se han detectado irregularidades masivas en los diferentes contratos. De hecho Pedro García abandonó Canal 9, oficialmente por motivos personales -Camps no reconoce siquiera la existencia del caso Gürtel- poco después de que Pedreira reclamara estos contratos, en agosto de 2009.

La visita del Papa, en solo dos días y en lo que se refiere a los contratos que dependían de Canal 9, supuso un gasto de 14,7 millones de euros en diferentes conceptos, todos ellos relacionados con la cobertura del evento para la televisión pública valenciana, una de las más endeudadas.

De esos 14,7 millones, un millón se fue en contratos pequeños y claramente troceados de manera irregular, según el informe, y los otros 13 millones se fraccionaron en 11 contratos de los que el más importante es precisamente el que se llevó Teconsa, una constructora que no tenía experiencia en sonorización y que subcontrató con otras empresas ese pelotazo millonario.

Según los documentos encontrados a Francisco Correa, la red Gürtel gestionó directamente este contrato. El informe es claro: "En resumen si comparamos la oferta más baja para el vídeo y para el sonido, que ascienden a 3,5 millones de euros, con la oferta conjunta de Teconsa, que es de 6,5 millones [al final fueron 7,5], la diferencia es de 3 millones de euros, que con el IVA asciende a 3,4 millones". Esto es, la oferta de Teconsa, además de las dudas técnicas, era con mucho la más cara, pero se llevó el contrato.

"Queda acreditado que en al menos dos expedientes, se adjudica el servicio a empresas en las que existen grandes dudas sobre la posibilidad de acreditar la necesaria solvencia técnica y profesional para contratar", señala el informe. Uno de ellos es el de Teconsa. También reprocha que esta empresa subcontratara prácticamente la totalidad del trabajo, cuando el límite legal es del 50%. Según la investigación, lo subcontrató todo por 3,5 millones, el resto fue ganancia para Teconsa, que repartió un millón con Correa.

Una de las irregularidades más evidentes es la de la innecesaria declaración de urgencia. "De los 11 expedientes analizados, 10 se tramitan por el procedimiento de urgencia. En ninguno la declaración de urgencia está debidamente motivada. RTVV conocía al menos desde febrero de 2006 que tenía en exclusiva la producción y distribución de la señal institucional", señala el texto.

Para demostrar el descontrol absoluto de los contratos, el informe detalla seis, por un total de 487.000 euros, comprueba que ninguno se ajusta a la normativa y concluye: "Se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos para que ninguno de ellos fuera superior al límite fijado por la propia abogacía de la Generalitat".

La conclusión es demoledora: "En general la actuación desarrollada por el órgano gestor ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad".

(www.elpais.com, 12/10/10)

CANAL 9 CONTRATÓ A LA 'GÜRTEL' DE FORMA IRREGULAR

La Radiotelevisión Valenciana (RTVV) adjudicó todos los suministros y servicios necesarios para cubrir la visita que el Papa Benedicto XVI realizó a Valencia, en julio de 2006, "de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". El coste total del acto ascendió a 14.713.924 euros, repartidos en 239 contratos menores, 187 de personal por obra o servicio y 11 expedientes de contratación.

La Unidad de Auxilio Judicial ha examinado la documentación remitida por el ente público valenciano en relación con la visita del pontífice para ampliar el informe policial de 23 de julio de 2009, del que ya disponía el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, y que ya dejaba constancia de distintas irregularidades.

Lejos de disiparlas, el nuevo informe recibido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denuncia que la forma en la que RTVV contrató supuso "una menor eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos". No concretaba los parámetros económicos y técnicos necesarios, no disponía de un precio de licitación, ni de ofertas homogéneas y, por falta de planificación, recurría al procedimiento de urgencia, para lo que negociaba con un único proveedor.

Pese a que la Unidad de Auxilio Judicial ha revisado los contratos en el marco de la instrucción del caso Gürtel y que el ex director general de RTVV Pedro García Gimeno aparece entre las personas que presuntamente recibieron trajes de la trama corrupta, las empresas de Francisco Correa tienen mucho menos protagonismo que otras entidades. Así sólo se precisa que Pasadena Viajes percibió 65.996 euros y Orange Market, 2.526, como proveedor, y 32.281, como cliente, ya que actuó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra.

La que sí aparece varias veces es Teconsa, que fue la única que ofertó al ente el suministro conjunto de vídeo y sonido una oferta un 192% más alta que la más baja presentada. Esta empresa cobró 7.493.600 euros por sus servicios. Además, subrogó el trabajo, pese a que su contrato con la Televisión Autonómica Valenciana lo prohibía.

El informe concluye que hubo 231 facturas emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe total de 1.431.452 euros, que se corresponden a contratos menores, adjudicados directamente a un proveedor y abonados tras la prestación de la factura correspondiente.

Con 18 de ellos se contrataron proyectos (por un valor total de 1.019.198 euros) que superaron los 12.020 euros, a partir de los que hay que convocar concurso. La Ley de Contratos de la Administración Pública se eludió mediante el fraccionamiento de los contratos, pagados con facturas sucesivas.

(¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.)
LA TELEVISIÓN DE CAMPS PAGÓ A LA 'TRAMA GÜRTEL' PARA LA VISITA DEL PAPA 
Un informe encargado por el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, observa irregularidades en los contratos adjudicados por la televisión pública valenciana durante la visita del Papa a Valencia en 2006.  
Según este documento, Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que engloba a la Televisión Autonómica Valenciana (TAV) y a la Radio Autonómica Valenciana (RAV), habría incumplido "los principios de publicidad y concurrencia" en la adjudicación de contratos, que ascendieron a un total de 14.713.924,75 euros. 
El informe también analiza las operaciones de la TAV con las empresas de la trama Gürtel y refleja dos facturas por gastos de desplazamiento y alojamiento a favor de Pasadena Viajes que ascienden a un total de 65.996,64 euros y una de 2.526,48 euros pagada a Orange Market por el alquiler y montaje de "125 mesas vestidas con tela azul" para dos "call center". 
Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, considerado el delegado en Valencia del supuesto responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, aparece en la contabilidad de la televisión no sólo como proveedor, sino como cliente, ya que operó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, presidida por Carlos Fabra (PP) y contrató un campaña por 32.281 euros. 
El informe ha sido elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial, que ha examinado la documentación y los justificantes "de gastos referidos a la contratación celebrada" por RTVV con motivo de la visita papal. 
La conclusión es que "la actuación desarrollada por el órgano gestor (RTVV) ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". 
Benedicto XVI visitó Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias, del que RTVV tenía asignada "la cobertura internacional audiovisual, tanto técnica como operativa, de los actos", según el convenio firmado por la Fundación organizadora con el director general del ente, Pedro García Gimeno. 
El coste de los actos fue de 14.713.924,75 euros, de los que la mayor parte, 14.688.923,26 euros, fue asumido por Televisión Autonómica Valenciana (TAV), mientras que la otra entidad dependiente de RTVV, Radio Autonómica Valenciana (RAV), se hizo cargo del resto. 
La TAV tramitó 231 facturas, emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe de 1.431.452,94 euros; gastó otros 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación. 
El más importante de estos últimos, por un importe de 7.493.600 euros, fue adjudicado para el "suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía" a la empresa TECONSA, que según el informe incumplió los términos del contrato firmado, ya que subcontrató parte de los trabajos a otras compañías pesar de no contar con la autorización expresa de RTVV. La Unidad de Auxilio Judicial señala asimismo que RTVV no inició este expediente hasta abril de 2006, pese a que "conocía al menos desde el 27 de febrero". 
El de TECONSA no es el único caso, ya que "a pesar de conocer con la suficiente antelación los servicios que tenía que ofrecer RTVV, la falta de planificación ha tenido como consecuencia que prácticamente todos los expedientes se hayan tramitado mediante el procedimiento de urgencia". 
Además, en ellos falta "alguna documentación administrativa que sería básica en cualquier expediente: constancia de la publicidad de los concursos, falta de acreditación de la capacidad y solvencia económica y técnica, falta de justificación de la solicitud de ofertas, etc.". 
Otras irregularidades son la falta de publicidad de los expedientes o el fraccionamiento del objeto del contrato, "de manera que un mismo suministro se ha fraccionado y se ha tramitado mediante tres procedimientos diferentes (contrato menor, negociado y concurso), pero siempre había un solo licitador y una sola oferta". 
(www.publico.es, 11/10/10) 
UN INFORME JUDICIAL CONFIRMA QUE TELE-CAMPS PAGÓ A GÜRTEL POR LA VISITA PAPAL 
Un informe judicial concluye que en los contratos adjudicados por la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006, que ascendieron a un total de 14.713.924,75 euros, se dio un "incumplimiento generalizado de los principios de publicidad y concurrencia". 
El informe, al que ha tenido acceso EFE, ha sido elaborado a petición del instructor del caso Gürtel, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, por la Unidad de Auxilio Judicial, que ha examinado la documentación y los justificantes "de gastos referidos a la contratación celebrada" por RTVV con motivo de la visita papal. La conclusión es que "la actuación desarrollada por el órgano gestor (RTVV) ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". 
La cobertura 
Benedicto XVI visitó Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias, del que RTVV tenía asignada "la cobertura internacional audiovisual, tanto técnica como operativa, de los actos", según el convenio firmado por la Fundación organizadora con el director general del ente, Pedro García Gimeno. El coste de los actos fue de 14.713.924,75 euros, de los que la mayor parte, 14.688.923,26 euros, fue asumido por Televisión Autonómica Valenciana (TAV), mientras que la otra entidad dependiente de RTVV, Radio Autonómica Valenciana (RAV), se hizo cargo del resto. 
Facturas  
La TAV tramitó 231 facturas, emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe de 1.431.452,94 euros; gastó otros 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación. El más importante de estos últimos, por un importe de 7.493.600 euros, fue adjudicado para el "suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía" a la empresa TECONSA, que según el informe incumplió los términos del contrato firmado, ya que subcontrató parte de los trabajos a otras compañías pesar de no contar con la autorización expresa de RTVV. La Unidad de Auxilio Judicial señala asimismo que RTVV no inició este expediente hasta abril de 2006, pese a que "conocía al menos desde el 27 de febrero". 
Expedientes 
El de TECONSA no es el único caso, ya que "a pesar de conocer con la suficiente antelación los servicios que tenía que ofrecer RTVV, la falta de planificación ha tenido como consecuencia que prácticamente todos los expedientes se hayan tramitado mediante el procedimiento de urgencia". Además, en ellos falta "alguna documentación administrativa que sería básica en cualquier expediente: constancia de la publicidad de los concursos, falta de acreditación de la capacidad y solvencia económica y técnica, falta de justificación de la solicitud de ofertas, etcétera". 
Más irregularidades 
Otras irregularidades son la falta de publicidad de los expedientes o el fraccionamiento del objeto del contrato, "de manera que un mismo suministro se ha fraccionado y se ha tramitado mediante tres procedimientos diferentes (contrato menor, negociado y concurso), pero siempre había un solo licitador y una sola oferta". 
Operaciones de la TAV 
El informe también analiza las operaciones de la TAV con las empresas de la trama Gürtel y refleja dos facturas por gastos de desplazamiento y alojamiento a favor de Pasadena Viajes que ascienden a un total de 65.996,64 euros y una de 2.526,48 euros pagada a Orange Market por el alquiler y montaje de "125 mesas vestidas con tela azul" para dos "call center". 
Fabra 
Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, considerado el delegado en Valencia del supuesto responsable de la trama corrupta ligada al PP, Francisco Correa, aparece en la contabilidad de la televisión no sólo como proveedor, sino como cliente, ya que operó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, presidida por Carlos Fabra (PP) y contrató un campaña por 32.281 euros. 
(www.elplural.com, 11/10/10)
HACIENDA DENUNCIA MÚLTIPLES ILEGALIDADES EN LOS 14 MILLONES GASTADOS EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA 
"La actuación desarrollada por el órgano gestor ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". Un nuevo informe elaborado por Hacienda a petición del juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, pone de manifiesto las múltiples ilegalidades que cometieron los gestores de la televisión autonómica valenciana (RTVV) en la adjudicación de contratos durante la visita del Papa al V Encuentro Mundial de la Familia que se celebró en 2006. 
Según el informe, la televisión valenciana se gastó durante la visita del Papa 14.713.940,75 euros. En los distintos contratos que se firmaron, se dio un "incumplimiento generalizado de los principios de publicidad y concurrencia" al adjudicar servicios o suministros "que por su cuantía deberían haberse tramitado mediante procedimientos de contratación abiertos o negociados y que se han adjudicado como contratos menores" fraccionando el objeto del contrato, procedimiento que "se ha utilizado de forma muy amplia". 
La Unidad de Auxilio Judicial, encargada del informe, asegura además que los gestores de RTVV conocían con tiempo los servicios que debían contratar para cubrir la visita del Papa. Sin embargo, por falta de planificación "prácticamente todos los expedientes" se tramitaron mediante el procedimiento de urgencia con el objetivo de "vulnerar los principios de publicidad y concurrencia y los procedimientos de contratación". 
La televisión autonómica, según el informe, tramitó 231 facturas de 97 proveedores diferentes por un importe de 1.431.452,94 euros. Además, gastó 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación.
De estos, el mayor se lo adjudicó la constructora Teconsa por un valor cercano a los 7,5 millones. De ellos, tal y como publicó EL PAÍS el pasado mes de mayo, la trama Gürtel se quedó en comisiones ilegales más de un millón. 
(www.elpais.com, 11/10/10)
CAMPS RECHAZA EL 'RETO' DE LUNA DE DEBATIR EN CANAL 9 SOBRE LA CORRUPCIÓN 
"Usted viene a pedir explicaciones a la oposición, le reto a que usted y yo demos explicaciones de nuestras actividades, donde usted quiera, incluso en Canal 9". Fue el desafío que el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, le hizo ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la sesión de control al Consell. El presidente hizo como si no lo hubiera oído. 
Y es que Camps actuó ayer de oposición de la oposición para defenderse de los escándalos de corrupción que le acechan. En su primera sesión de control parlamentario tras el largo paréntesis estival, Camps se encontró otra vez con el caso Gürtel sobre la mesa y un nuevo escándalo que, en esta ocasión, afecta al consejero de Ciudadanía y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, tras descubrirse que ayudas para la cooperación sirvieron para comprar pisos en Valencia. 
Ángel Luna y el portavoz de Compromís, Enric Morera, pidieron al jefe del Consell que se manifestase sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de remitir a Valencia la investigación del caso Gürtel en la que se apunta que el PP se financió irregularmente, y sobre el escándalo de los fondos de cooperación. Y Camps, sin inmutarse, desmintió el auto judicial del TSJ de Madrid. "No hay nada de nada", dijo el presidente valenciano, que añadió: "El PP está excepcionalmente y extraordinariamente bien financiado". Y, posteriormente, negó que el dinero para cooperación hubiese sido utilizado para comprar pisos en Valencia. 
El portavoz socialista insistió en las críticas y pronosticó que con el reciente auto el TSJ valenciano abrirá un nuevo sumario. Luna indicó que, a partir de ese momento, el propio Camps y otros miembros de la cúpula del PP pueden ser imputados. "A mayor grado de satisfacción de usted, más graves problemas judiciales tiene", dijo Luna, que tachó de "vergüenza" lo sucedido en cooperación. Camps, que hizo oídos sordos a la propuesta de debatir en Canal 9, optó por arremeter contra Luna por una reforma hecha en su casa de Alicante hace 15 años. 
(www.elpais.com, 08/10/10) 
CAMPS: «EL PP VALENCIANO ESTÁ EXCEPCIONALMENTE FINANCIADO» 
El PP valenciano está «excepcionalmente y transparentemente financiado». O al menos así lo afirmó ayer Francisco Camps en su vuelta al ruedo parlamentario. Era una rentrée calentada por la reaparición, el miércoles, del que fue su mano derecha, Ricardo Costa, y por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ese que desestimaba parcialmente el recurso de los populares contra la iniciativa del juez Antonio Pedreira de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que investigue si, como apuntan algunos informes policiales, Camps y otros altos cargos de su Gobierno cometieron delitos ligados a la financiación ilegal, entre otros asuntos. La decisión de quedarse o no con esta parte del caso Gürtel está ahora en manos de los jueces valencianos. 
En este contexto, el portavoz socialista, Ángel Luna, retó al líder autonómico a que «dé explicaciones» en televisión, pero este insistió en que ya las ha dado «ante las instancias pertinentes». Y, en un intento de subrayar su inocencia, señaló que el auto del TSJM «viene sin ninguna imputación», aunque no especificó que los jueces solo tenían obligación de estimar o desestimar un recurso, y no de entrar en imputaciones. 
Camps añadió que su responsabilidad es ser presidente de la Generalitat valenciana «durante esta legislatura, la anterior y, si los ciudadanos quieren, y parece que sí, la siguiente». Pero para Luna, «a mayor grado de satisfacción» del líder popular, «más graves problemas judiciales tiene», y recordó que «esto ya no son los trajes», sino «un montaje de contratos, amigos y medio extorsiones». 
Enric Morera, de Compromís, afirmó que el auto «daña el prestigio» del Gobierno regional y dio la bienvenida a Costa, de quien dijo que está «en el tres en raya del peligro de la política valenciana». «El único tres en raya -replicó Camps- son el Bloc, Iniciativa y Verds, que quieren reeditar aquí el tripartito catalán». 
(www.elperiodico.com, 08/10/10) 
CAMPS Y AGUIRRE RIDICULIZAN LA CORRUPCIÓN DEL PP 
Negar la corrupción y despreciar a quienes se la recuerdan. Es la sístole y la diástole del discurso político de Francisco Camps, que ayer compareció en Les Corts en la habitual sesión de control de los jueves. Apoyado desde Madrid por Esperanza Aguirre, quien ridiculizó el caso de los trajes diciendo que también a ella le regalan "pulseritas", Camps tildó de "papelitos" los informes policiales y de Hacienda que destapan la financiación ilegal del PP valenciano. "El PP valenciano dijo el president de la Generalitat está excepcionalmente y transparentemente bien financiado" y no existe "ningún tipo de implicación ni de imputación". Fue su respuesta al auto que el pasado viernes emitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que corrobora el traslado a Valencia de las pruebas que colocan a Camps y la cúpula de su Gobierno en la antesala de ser juzgados por delitos de soborno y fraude fiscal y electoral. 
Entre las pruebas que deberá estudiar el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) si acepta la competencia, figuran los citados informes de la Brigada de Blanqueo y de la Oficina Antifraude. Los informes indican que el PP benefició a las empresas de la trama Gürtel con contratos irregulares, ocultó 2,5 millones a Hacienda y se financió gracias a facturas falsas pagadas a la red corrupta por empresarios con numerosas adjudicaciones de la Generalitat. 
En realidad, el auto del TSJM remite al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) lo investigado sobre esa comunidad porque el instructor del caso Gürtel, el juez Antonio Pedreira, observa numerosos indicios de delito. Y eso delitos fueron presuntamente cometidos por miembros de la plana mayor de Camps, todos ellos aforados a quienes sólo puede investigar el TSJCV. Sobre Camps, ya imputado por cohecho en el caso de los trajes, el juez Pedreira avisa de que "no puede desdeñar" el hecho de que preside el PP valenciano, esto es, el partido que supuestamente se financió de manera ilegal.  
El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, lamentó que Camps frivolizara sobre "unos hechos que a los valencianos les producen vergüenza". "Lo que mandan aquí no es una felicitación de Navidad. Este auto significa que a partir de ahora pueden estar imputados", explicó Luna antes de subrayar que no se trata "de unos trajes, sino de todo el montaje que ustedes han hecho aquí y que les ha servido para adquirir réditos personales y políticos". 
Camps se envolvió entonces en la capa del mesianismo y la emprendió con el síndico socialista: "Ha creído que estaba hundiendo al PP y lo que intentaba era generar inquietud respecto de una comunidad de gente esforzada y trabajadora que lo único que sabe es convivir en paz, en ilusión y libertad. Ha insultado a la conciencia y la inteligencia de los valencianos".  
La alocución del jefe del Consell fue creciendo en intensidad y alcanzó su cima cuando acusó a Luna de beneficiar con adjudicaciones millonarias al constructor Enrique Ortiz (uno de los presuntos financiadores del PP e imputado en el caso Brugal), mientras fue alcalde de Alicante, entre 1991 y 1995. También de recibir como contrapartida del mismo empresario, unos años después, un coche de alta gama y el pago de la reforma en una vivienda. Estas acusaciones actuaron como dinamita en la paciencia del síndico socialista: "Le reto donde quiera, como quiera y cuando quiera, incluso en su territorio, ante las cámaras de Canal 9, a que usted y yo demos explicaciones de nuestra actividad. Si se atreve, dé explicaciones de sus relaciones con su amiguito del alma", dijo en alusión a Álvaro Pérez El Bigotes, jefe de la Gürtel en Valencia. 
Camps no recogió el guante. "He dado explicaciones constantemente ante las instancias que ha correspondido. Y se ha dicho en nuestras explicaciones claramente que no hay nada de nada", expresó el president, quien acusó a Luna de imponer "un sistema de persecución policial". Luna le replicó con sarcasmo: "Usted dice que habrá que llegar al final. Supongo que estará pensando en el juicio final, cuando no tenga más remedio ya que asumir responsabilidades". 
Les Corts no fueron en el País Valencià el único escenario en el que se habló de corrupción. Ayer trascendió que la reincorporación a la política tras un trasplante de hígado del multiimputado presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, se celebrará por todo lo alto. Su partido le ha preparado un homenaje el 16 de octubre en el Palacio de Congresos de Castellón para el que está prevista la asistencia de más de 1.200 militantes.  
Desde Madrid, Esperanza Aguirre se sumó a la campaña para minimizar la corrupción. Y se unió al alto número de dirigentes conservadores que restan importancia a la posibilidad de que el president pudiera aceptar trajes como regalo de los cabecillas de la trama. Lo hizo muy a su estilo: "Si de lo que le acusan es de cohecho impropio, me parece un delito que está en el código, pero que me lleven a mí a la cárcel ya porque a mí me regalan estas pulseras en consideración a mi cargo", señaló en declaraciones a la Ser.  
Además, en apoyo a su compañero de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid consideró que Camps "sigue sumando" al proyecto colectivo del PP. Además, recordó que los informes policiales "no condenan a nadie". 
La dirigente regional insistió en que los informes policiales que relacionan a Camps con este escándalo han sido elaborados por Juan Antonio González, el policía que forma parte de "una camarilla" y que "estuvo en la cacería con Garzón".  
(www.publico.es, 08/10/10) 
UNA IMPUTACIÓN FIRME Y UN PORVENIR INCIERTO 
Cohecho impropio 
Camps sí está imputado, pese a que el PP haya desplegado una intensísima campaña en sentido contrario. Está imputado desde que el Supremo ordenó en mayo reabrir el ‘caso de los trajes'. Y lo está como autor de un presunto delito de cohecho impropio (soborno leve) por haber aceptado que la ‘trama Gürtel' le regalara trajes valorados en más de 12.000 euros.  
Delitos mayores 
El cohecho impropio es un delito menor. No lo son aquellos otros que, relacionados con la financiación del PP valenciano, planean sobre su entorno y sobre él mismo. El juez Pedreira observó indicios de hasta siete delitos. Entre ellos, soborno en su máxima dimensión, falsedad documental, delito electoral y fraude fiscal.   
(www.publico.es, 08/10/10)
CAMPS EVITA DAR EXPLICACIONES SOBRE LOS INDICIOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP 
El caso Gürtel regresa a las Cortes Valencianas. En la primera sesión de control tras el debate de política general, el portavoz socialista, Ángel Luna, ha vuelto a reprochar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no dé explicaciones sobre la vinculación de su Administración con la trama corrupta. Luna ha preguntado al jefe del Consell sobre el auto del TSJ madrileño que envía parte del sumario de la red corrupta a Valencia para que se investiguen los indicios de financiación ilegal del PP valenciano, entre otros posibles delitos. Camps ha replicado que, en su opinión, el auto judicial demostraría que el PP se ha financiado "con transparencia, corrección y ajustándose a derecho". Según el presidente valenciano, la resolución del TSJ madrileño no implica ninguna imputación nueva y es Luna el que debe dar explicaciones por su relación con el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. 
Camps ha acudido a la sesión de las Cortes con un nuevo escándalo sobre la mesa por las subvenciones concedidas a través de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía a una fundación que destinó el dinero a comprar pisos en vez de invertirlo en proyectos de desarrollo en Nicaragua. El presidente ha evitado entrar en el fondo de la denuncia y se ha limitado a señalar que el consejero de Solidaridad y portavoz popular en las Cortes, Rafael Blasco, ha enviado un "desmentido". 
"Mantiene usted una actitud contumaz de no dar explicaciones políticas y hace afirmaciones asombrosas", le ha reprochado el portavoz socialista. Luna ha asegurado que el caso Gürtel, y ahora "otro tipo de corruptelas" como la "la compra de inmuebles con dinero de la cooperación", producen "vergüenza" a los valencianos. Luna ha destacado que el TSJ madrileño rechaza la nulidad de las actuaciones pedidas por el PP y remite a Valencia un expediente de "indicios de delito" que implica que "a partir de ahora pueden estar imputados" por nuevos delitos tanto Camps como otros altos cargos del Consell y del partido. El portavoz socialista ha acusado al presidente valenciano de haber amparado "un cluster de actividades corruptas" con la trama Gürtel y le ha retado a que ambos expliquen públicamente sus actuaciones políticas. Camps no ha recogido el guante y se ha centrado en descalificar la etapa de Luna como alcalde de Alicante y en airear que encargó la reforma de un piso al empresario Enrique Ortiz. 
Camps también ha rechazado las críticas y reproches a su gestión de Compromís y EU. Antes de comenzar la sesión, se ha acercado a Camps para saludarle Ricardo Costa, que desde ayer vuelve a formar parte de la dirección del grupo parlamentario tras levantarle el partido la suspensión de militancia. Costa se sienta ahora en el escaño que está detrás del portavoz, Rafael Blasco, con quien Camps ha posado tras la sesión de control para mostrarle su apoyo ante el escándalo del dinero de cooperación invertido en inmuebles. 
(www.elpais.com, 07/10/10) 
CAMPS REHABILITA EN LAS CORTES A RICARDO COSTA 
Ricardo Costa regresa. El Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, rehabilitó ayer en las Cortes Valencianas al ex secretario regional del PP, única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. Costa ocupaba desde su defenestración, en octubre del año pasado, el escaño número 98 -el último de la bancada popular en el hemiciclo valenciano- y estuvo suspendido de militancia hasta el pasado mes de septiembre. 
Ayer, el Grupo Parlamentario acordó, por asentimiento, nombrar a Ricardo Costa coordinador del área económica, incluirlo en el consejo de dirección, adjudicarle la defensa parlamentaria del proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2011 y escenificar la recuperación de los galones. Costa se sentará detrás del escaño del portavoz, el consejero de Ciudadanía Rafael Blasco, que se ubica tras el sillón de propio Camps. 
Blasco defendió su decisión y aseguró que Costa "va a tener un protagonismo especial en el debate de Presupuestos" de la Generalitat para 2011. "Creemos que es un valor especialmente importante en este momento de debate de la ley más importante de la Generalitat: la de los Presupuestos", añadió el portavoz popular, quien consideró que el ex secretario general del PP valenciano "va a jugar de nuevo un papel en el consejo de dirección del PP en las Cortes". 
Costa, por su lado, agradeció al PP que le permita seguir haciendo "lo único" que sabe hacer, que es trabajar por el partido, y expresó su agradecimiento a la dirección del grupo, a Rafael Blasco, y al PP valenciano y nacional por haber podido recuperar protagonismo. Remarcó que "viene a sumar" y aseguró que está a disposición del partido "para lo que ellos consideren". 
Los grupos de la oposición reclamaron elecciones anticipadas y acusaron al PP de amparar la corrupción sin ofrecer ninguna explicación. 
(www.elpais.com, 07/10/10) 
CAMPS SIENTA A COSTA JUNTO A SU ´NÚCLEO DURO´ EN LAS CORTS Y LE DA MANDO SOBRE LOS DIPUTADOS 
Rehabilitación con todos los honores, al menos en cuanto a imagen. El ex secretario general del PPCV y ex portavoz en las Corts, Ricardo Costa, pasó ayer de estar proscrito en el último escaño popular del hemiciclo, el 98, tras su cese y suspensión de militancia durante diez meses con motivo del caso Gürtel, a ocupar un escaño "VIP" en la Cámara, el número 52, justo detrás del actual síndic y conseller, Rafael Blasco, y dos por encima del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La ubicación, aunque en la segunda fila de la bancada del PP, tiene el valor simbólico de "meter" a Costa en la "foto" con el jefe del Consell, además de compartir zona en el núcleo de influencia del presidente en las Corts. Además, Costa orientará el área económica del PP y, para ello, según Blasco, se ocupará de "la coordinación de los diputados populares que forman parte de las comisiones parlamentarias de carácter económico", Economía, Industria, Obras Públicas o Medio Ambiente. 
De este modo, el hombre que desafió a Génova al negarse a dimitir tras las revelaciones sobre la rama valenciana del caso Gürtel y después de que salieran a la luz sus conversaciones con El Bigotes recupera así responsabilidades sobre la labor de los diputados del PP. Su rehabilitación llega casi un año después de su cese forzado por la dirección nacional, que culminó con la retirada de carné cuando Costa afirmó públicamente que continuaba siendo secretario general. Ahora se integra en la dirección del grupo y además llevará el peso del debate de los presupuestos de la Generalitat para 2011. Habrá qué ver hasta dónde llegan esas competencias de coordinación sobre los parlamentarios y si queda por encima de los respectivos portavoces, sobre todo el de Economía, José Marí, secretario de Economía del partido. Todo ello con permiso del portavoz, Blasco.  
Antes del pleno, el grupo aprobó por unanimidad la decisión, acogida con aplausos. Entre los diputados, muchos veían injusta la situación de Costa, al que conside?raban pagano político del caso Gürtel por cumplir con las órdenes de Camps. Otros creen que en puertas del otoño judicial clave sobre el caso Gürtel se ha dado simplemente una salida elegante al problema de la situación de Ricardo Costa -para aplacar el malestar cada vez más creciente del ex número dos, visible en el reciente debate de política general-, en un puesto con escaso contenido real. Fuentes populares lo interpretaban como un primer paso para su restitución completa a medio plazo en mayores responsabilidades. 
En la reunión de grupo, Ricardo Costa agradeció el ofrecimiento a la dirección y, "especialmente", a Blasco, del que dijo que ha demostrado ser su "amigo" y haber reconocido su valor como diputado, así como al PPCV y al de España, además de a sus compañeros de escaño. Olvidó citar al propio Camps, un signo, para muchos, de que quizá no está tan satisfecho como resulta en apariencia. Eso sí, evidenció que no pretende ser una figura decorativa al explicar que la idea es que las portavocías económicas tengan "una coordinación especial en una situación de especial importancia". 
Antes del inicio de la sesión, Costa accedió al hemiciclo, donde recibió felicitaciones de sus compañeros. La presidenta de la Cáma?ra, Milagrosa Martínez, le dio un abrazo. Hasta el vicesecretario David Serra se fotografió con él. Luego ocupó su nuevo escaño, que hasta ahora era del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. Éste pasó a sentarse a su lado. Todos los diputados del PP que quedan ahora por detrás de él tuvieron que desplazarse un escaño por la nueva ordenación del grupo, salvo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El damnificado por el sillón sobrante en esa segunda fila del grupo fue Eduardo Ovejero, que pasó a la tercera, desplazando a la cuarta a Manuel Bustamante. 
(www.levante-emv.com, 07/10/10) 
JUAN COSTA COMUNICÓ A RAJOY SUS PLANES SOBRE UNA EVENTUAL SUCESIÓN DE CAMPS  
Los movimientos del ex ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, en el PP valenciano para situarse en la carrera de la posible sucesión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no suponen una sorpresa para el presidente del PP, Mariano Rajoy. Según ha podido saber este diario, el propio Costa comunicó al líder nacional su "predisposición" a asumir las riendas del PP valenciano ante un eventual relevo de Camps antes de las elecciones autonómicas de 2011. Durante la conversación, que según las fuentes consultadas, se produjo después de las vacaciones de verano, Costa hizo saber a Rajoy que se sentía con fuerzas para gestionar la crisis que atraviesa la formación a raiz del caso Gürtel.  
Las mismas fuentes añaden que Rajoy admitió al diputado nacional por Castelló que no estaba contento con la situación que se vive en la Comunitat Valenciana, pero le reiteró que, en principio, su hoja de ruta no ha variado y que Camps será el candidato en 2011. Con todo, siempre según las mismas fuentes, Rajoy, fiel a su estilo, no habría pedido expresamente al ex ministro que se mantuviera al margen de los movimientos que están teniendo lugar en el PP valenciano ante la incertidumbre que genera el desenlace judicial del caso Gürtel.  
En este contexto se situarían los contactos que el hermano del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, está teniendo con dirigentes valencianos para tantear sus posibles apoyos. Aunque tal como publicó ayer este diario, sus manifestaciones sobre Gürtel no han sentado bien en el PP de Castelló, -donde no es una persona querida, llegado el momento, sobre todo con el aval de Génova, podría encontrar apoyos en la provincia que controla Carlos Fabra y de la que ha sido cártel electoral desde 1993. En Alicante, tras la caída en desgracia del líder provincial, Joaquín Ripoll, implicado en el caso Brugal, goza de mayor acogida. 
Las posibilidades reales de un relevo a corto o medio plazo en el PP valenciano ha abierto expectativas en muchos dirigentes, sobre en aquellos con mayor ambición política; un grupo del que forma parte Juan Costa. Ya lo intentó en el ámbito nacional al tratar de conformarse como alternativa a Rajoy tras la derrota de 2008. De ahí que el diputado nacional, reconvertido en ecologista con su libro "La revolución imparable", no acabe de dar el paso de volver al sector privado pese a contar, según el mismo admite, con un atractiva oferta en la consultora Ernest &Young. 
(www.levante-emv.com, 07/10/10)
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR REHABILITA A RICARDO COSTA 
El grupo parlamentario popular ha rehabilitado hoy a su ex secretario general Ricardo Costa en las Cortes valencianas. Costa pasa a formar parte de la dirección del grupo parlamentario como responsable de la coordinación del área económica y defenderá los presupuestos de la Generalitat en el Parlamento valenciano. Además, abandona el escaño número 98, el último de la bancada popular, y se sentará en el número 52, justo detrás del actual portavoz del grupo y consejero Rafael Blasco. 
Como estaba previsto, Blasco ha aprovechado hoy la reunión del grupo parlamentario para rehabilitar la figura del ex secretario general de los populares y ha devuelto protagonismo a quien hasta octubre del año pasado fue la mano derecha del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La decisión de la dirección nacional del PP, adoptada el pasado mes de septiembre, de indultar a Ricardo Costa y levantarle, antes de tiempo, la suspensión de militancia facilita ahora la rehabilitación de Costa en la recta final de la legislatura. 
Costa regresa a la primera línea en el grupo parlamentario justo un año después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmara en la celebración del 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana, que "la fiesta en Valencia se acaba". Tras meses de revelaciones en torno a la trama valenciana del caso Gürtel, y de la publicación de conversaciones grabadas por la policía a Costa y Álvaro Pérez, El Bigotes, la dirección nacional del PP forzó a Campa a destituir al entonces secretario regional y portavoz parlamentario. La insinuación de Costa de que continuaba siendo secretario general cuando Génova ya le daba por relevado desembocó en la suspensión de militancia. 
(www.elpais.com, 06/10/10) 
JUAN COSTA SE POSICIONA DE CARA AL POSTCAMPSISMO 
El debate sobre la sucesión del presidente Francisco Camps, pese a las declaraciones de apoyo de Mariano Rajoy, sigue, aunque de manera soterrada, abierto en las filas del PP valenciano ante la incertidumbre por el desenlace judicial del caso Gürtel. Uno de los que está tomando posiciones ante la eventualidad de un relevo de Camps de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2011 es el ex ministro Juan Costa. Fuentes populares aseguraron que ex titular de Ciencia y Tecnología con Aznar y hombre de confianza de Rato está realizando movimientos en los últimos tiempos para situarse en primera línea en esa carrera sucesoria no declarada.  
El ex ministro -que estos días ha mantenido diversas reuniones en Castelló, de donde es diputado nacional, y que ha protagonizado una rueda de prensa sobre los presupuestos del Estado con la parlamentaria Andrea Fabra- intentaría recabar apoyos en una parte del partido en Castelló, provincia controlada por el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, apartado temporalmente de la política por enfermedad y con graves imputaciones. Aunque el PP castellonense no está cómodo con las manifestaciones de Costa sobre Camps y Gürtel -el delfín de Fabra, Javier Moliner, se desmarcó el lunes de su enésimo reproche al presidente-, algunas fuentes sostienen que, a la hora de la verdad, el ex ministro podrían encontrar apoyos importantes en Castelló. 
Juan Costa gozaría de amplio respaldo en Alicante, donde el presidente provincial, Joaquín Ripoll, crítico con Camps pero debilitado por el caso Brugal, podría apostar por Costa como alternativa al jefe del Consell. En contra de Juan Costa juega la pugna que mantuvo con Rajoy en el Congreso de Valencia. No obstante, fuentes del PP matizaron que la relación ha mejorado y recuerdan que Rajoy estuvo en la presentación del libro de Costa sobre ecología. 
También es un lastre el hecho de que su hermano, Ricardo Costa, aparece involucrado en la rama valenciana del caso Gürtel y hasta hace semanas estaba suspendido de militancia por Génova tras arrogarse competencias que ya no tenía. A finales de 2009, el PP nacional -a raíz de grabaciones que revelaron la relación con El Bigotes- forzó su destitución como secretario regional y portavoz de los populares en las Corts, pero Costa mantenía que su apartamiento de la secretaría regional era simplemente una suspensión de funciones temporal. Entonces Génova le retiró el carné. Así casi un año. 
La rehabilitación de Costa, una vez que muchos consideran que ha pagado el error que cometió, empezará hoy a ser realidad. El grupo lo designará como su portavoz en el importante debate de los presupuestos autonómicos para 2011 y le encargará la coordinación de las comisiones relacionadas con Economía. No será el portavoz económico, al menos de momento, un puesto que mantendrá José Marí Olano. Además, la disposición para integrarlo en la dirección por parte del síndic, Rafael Blasco, es total. Igualmente, se pretende que deje "el escaño 98" (que representó su ostracismo político) y pase a la primera o, si no hay hueco, a la segunda fila del PP en el hemiciclo. 
(www.levante-emv.com, 06/10/10)
PERITOS DEL PP PARA DESACREDITAR A LA UDEF  
El Partido Popular ha fichado a un economista y a un auditor de cuentas para tratar de desacreditar los informes de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) sobre la supuesta doble contabilidad del PP valenciano y su relación con la trama de corrupción Gürtel.  
La Udef ha incorporado al caso Gürtel varios informes en los que sostiene que Orange Market -la empresa valenciana ligada a la trama de Francisco Correa- llevaba una doble contabilidad respecto al PP de Valencia (PPCV), su principal cliente y para el que organizaba eventos.  
Según la Policía, la financiación de la deuda B del PP valenciano procedía de las aportaciones de empresarios de esa comunidad que han sido adjudicatarios de contratos de la Generalitat. Esas aportaciones se habrían «enmascarado» con facturas emitidas por Orange Market en las que se hacían figurar contraprestaciones inexistentes.  
A petición del PP, los hermanos Ángel Escandell y Salvador Escandell, auditor de cuentas y economista, respectivamente, han elaborado un contrainforme fechado el pasado 15 de septiembre y que se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se trata de una ampliación de un anterior dictamen redactado en mayo de 2010 al que se ha incorporado el análisis del demoledor informe policial de 20 de julio de 2010.  
Los peritos del PP afirman que las conclusiones de la Policía se basan en «conjeturas», son «hipótesis no demostradas» y se ven «desmentidas categóricamente» con el examen de la documentación contable del PPCV, que los agentes de la Udef «sorprendentemente no han utilizado». Pese a tratarse de un «Informe económico» -según reza su título- de índole pericial, sus autores deslizan afirmaciones ajenas a su competencia, como que «de los informes policiales podría desprenderse una cierta voluntad inculpatoria» respecto al PPCV.  
Pese a ser economistas, también analizan las escuchas telefónicas del caso Gürtel y opinan que de ellas «no se desprende acuerdo alguno entre los responsables del PPCV y de Orange Market para que los eventos sean pagados por determinados empresarios». El principal reproche a la Udef es que haya basado sus informes en unas hojas de cálculo intervenidas en Orange Market «no se sabe confeccionadas por quién» y, en cambio, no haya analizado ni los libros contables de esa empresa ni tampoco las cuentas del PP valenciano, «presentadas en el Tribunal de Cuentas y auditadas por Ernst&Young sin detectar incidencias dignas de mención».  
«Un análisis contable mínimamente riguroso debería basarse tanto en la contabilidad de una parte como de la otra con la que se quiere relacionar», afirman los peritos del PP.  
«Resulta del todo curioso que la Udef deduzca que los cobros Alicante son los cobros transparentes de Orange Market y los cobros Barcelona son los que no aparecen en los estados contables y declaraciones fiscales, pero, sin embargo, en ningún momento han analizado los libros oficiales, las cuentas de mayor, diario o balances de sumas y saldos» de la sociedad.  
«Ante los mismos elementos de valoración», añaden en referencia a las cifras que aparecen en las hojas de cálculo halladas en Orange Market, «se puede llegar a conclusiones diferentes. Bien podría ser un cobro, un pago, un ingreso, un gasto, un presupuesto, la base imponible de una factura o el total, no habiendo motivos suficientes para deducir que se trata de un cobro que se ha hecho en B para saldar la deuda de un servicio realizado al PPCV». El contrainforme destaca que en la denominada Caja Barcelona Eventos «aparecen conceptos como el pago de sueldos y pagas extras, pagos de facturas al Registro Mercantil, pagos al Ayuntamiento de Valencia o pagos a la Agencia Tributaria».  
«Todos son documentos oficiales», añade, «por lo que no hay motivos para considerar que estamos ante una contabilidad ajena a los circuitos económicos, sino más bien se puede concluir que se trata de un documento provisional (...). En cualquier empresa es práctica habitual hacer borradores de lo que posteriormente se traslada a los libros oficiales». También afirma que en la documentación contable del PP de Valencia «existen numerosas facturas del proveedor Orange Market que no constan mencionadas en el informe de la Udef». «Todos los pagos están justificados en servicios prestados y en las correspondientes facturas», concluye. 
(www.elmundo.es, 05/10/10)
RAJOY EVITA PEDIR PERDÓN AL SASTRE DE CAMPS 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, eludió ayer el caso Gürtel por enésima vez. El dirigente conservador, que reunió a su comité ejecutivo nacional en Barcelona como muestra de respaldo a su candidata Alicia Sánchez-Camacho, prefirió no responder a las preguntas que se le hicieron sobre la trama de corrupción. 
"¿Teme usted que el presidente de la Generalitat acabe en el banquillo por alguno de los delitos que el juez Pedreira ha decidido enviar finalmente al Tribunal Superior de Justicia valenciano para que los investiguen?" "¿Ustedes, que apelan tanto a la presunción de inocencia, tienen pensado pedir disculpas al sastre de Camps por haberle acusado de graves delitos ahora que ha sido desimputado?" Estas fueron las dos cuestiones que se le plantearon al jefe de la oposición. "Le aseguro que ambos asuntos no se han tratado en esta reunión", contestó.  
Con ello Rajoy dio por finalizada la rueda de prensa, como hace habitualmente en cuanto le sacan a relucir la situación en el País Valencià. Su respuesta también sirvió para constatar que el líder del PP no habla ante los suyos de la situación del jefe del Consell, a pesar de que esta siga avanzando procesalmente. Ayer, tocaban Presupuestos y elecciones catalanas. Todo ello sazonado por las críticas a un Gobierno que ve "en tiempo de descuento". 
Rajoy no quiso opinar del auto personalmente ni pedir perdón por los pasos que se han dado en su nombre. Tampoco Federico Trillo tiene previsto retractarse. Y eso que el estratega judicial del PP ha sido una de las personas que más se han cebado con José Tomás. Trillo siempre ha tratado de resaltar "las contradicciones" del sastre, entre bailes de cifras y fechas, con el fin de desacreditar a uno de los testigos principales del caso de los trajes.  
Cuando hace unos días el juez le levantó la imputación, nadie del PP se dirigió a él para excusarse. Al contrario, los conservadores anunciaron que iban a presentar un recurso ante dicha decisión. Este se conocerá en los próximos días. 
No era la primera vez que la Justicia daba la razón al sastre. También lo hizo cuando sentenció que había sido despedido de Forever Young de forma improcedente.
En el auto del pasado 27 de septiembre se señala que las declaraciones prestadas en la causa descartan el delito de falsedad documental. 
Algo de lo que precisamente Trillo le ha acusado hasta la saciedad. El diputado conservador también ha apuntado en numerosas ocasiones que el sastre pudo realizar una doble facturación: por un lado a Camps y, de otro, a la trama corrupta. El juez Pedreira mantiene que el sastre ignoraba si los trajes "se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban". 
Para el PP, sigue siendo "un chorizo" y desde sus filas aseguran que aún tiene que responder a otras cuestiones. Pero Trillo también tiene que dar explicaciones después de que el propietario de la tienda, Eduardo Hinojosa, (al que el sastre ya ha ganado seis pleitos en los tribunales), reconociera hace unos días que se había reunido en dos ocasiones con el responsable de Justicia y que este se había interesado "por el tema de los trajes".  
Por otro lado, Camps, que no acudió al encuentro de ayer, anunció que el jueves responderá a las preguntas de la oposición en Les Corts. A petición del portavoz del PSPV, Ángel Luna, tendrá que razonar porque está "satisfecho" con el auto de Pedreira teniendo en cuenta que se está hablando, entre otros delitos, de financiación ilegal, tráfico de influencias o cohecho propio. Rajoy, mientras tanto, le sigue apoyando para que repita como candidato a la presidencia de la Generalitat y lo seguirá haciendo a menos que ocurra una hecatombe judicial.  
(www.publico.es, 05/10/10)
CAMPS DICE QUE LOS JUECES LE DAN LA RAZÓN AUNQUE PUEDEN INVESTIGARLO POR MÁS DELITOS 
El presidente valenciano, Francisco Camps, y su Gobierno optaron ayer por ver la botella del caso Gürtel medio llena y no medio vacía. Aunque la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de enviar a Valencia la investigación del juez Antonio Pedreira -que afecta a la Generalitat y a varios de sus altos cargos, al PP valenciano y a media docena de conocidos contratistas de la Administración autonómica- es contraria a lo que los populares pretendían, tanto Camps como la portavoz de su Consell se aferraron a la estimación parcial del recurso en lo que se refiere a que la determinación de los posibles delitos cometidos por aforados valencianos debe hacerla el tribunal valenciano y no venir indicada desde Madrid. 
Camps, que puede ser investigado ahora por delitos más graves que el supuesto cohecho pasivo impropio derivado de los trajes que le regaló la trama corrupta, por el que está imputado, expresó ayer su "satisfacción" ante la decisión del TSJ de Madrid. "Yo creo que recoge ampliamente todos nuestros argumentos", apuntó a la salida de un acto público. 
La portavoz de la Generalitat Valenciana, consejera de Justicia y Administraciones Públicas y jefa de la campaña electoral de Camps, Paula Sánchez de León, aseguró al término del pleno del Consell que el auto "va poniendo las cosas en su sitio". Según Sánchez de León, "en un proceso lento y difícil de entender, cada paso y cada decisión judicial que se van dando, va poniendo las cosas en su sitio". 
La portavoz del Consell, que se acoge siempre a la presunción de inocencia para no pronunciarse sobre los casos de corrupción, admitió que el TSJ de Madrid solo ha admitido parcialmente el recurso del PP, pero añadió que lo ha hecho en la parte "fundamental". Sánchez de León, como hizo el jueves en Benidorm Federico Trillo, arremetió contra las fiscales que llevan el caso Gürtel. "No ha atendido [el TSJM] a los informes de la fiscalía que tantas veces hemos dicho que son tendenciosos y manipuladores", aseguró. 
La causa investigada por el juez Pedreira en Madrid, que ahora se remite a Valencia, ha revelado la financiación irregular del PP valenciano y todo un entramado de adjudicaciones amañadas por departamentos de la Generalitat Valenciana. 
(www.elpais.com, 02/10/10)
EL CERCO JUDICIAL DE CAMPS SE AGRAVA
El cerco judicial a Francisco Camps se agrava. El presidente de la Generalitat puede verse obligado a afrontar imputaciones que implican inhabilitación y cárcel frente a la multa que supone el tipo delictivo al que se enfrenta ahora. Esa es la gravedad de la decisión hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así, al supuesto delito de cohecho pasivo impropio que investiga el juez José Flors por recibir regalos de empresas de la trama Gürtel, se le pueden sumar otros, como cohecho propio, financiación ilegal y delito electoral.
A la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano va a llegar toda la documentación que durante más de un año ha recabado el juez Antonio Pedreira desde el TSJ de Madrid. Esa documentación incluye informes policiales y de Hacienda, testificales y escuchas telefónicas que destapan la existencia de una trama de financiación del PP valenciano, así como numerosas adjudicaciones irregulares, en las que se ven implicados varios consejeros, dirigentes del PP, cargos de la Generalitat y media docena de conocidos constructores, además de los integrantes de la red que dirigía Francisco Correa y que tenía como cabeza visible en Valencia a Álvaro Pérez.
La sala de Lo Civil y Penal del TSJ tendrá que decidir si es o no competente para investigar estos indicios. Ya adelantó en un auto hace meses que entendía que todo aquello que afectara a aforados valencianos le era propio. El pleno de la sala, incluido por tanto el instructor del caso de los trajes, el juez Flors, se reunirá para adoptar una decisión que, con toda probabilidad, será afirmativa. Después tendrá que decidir si lo que remite Pedreira es en efecto una nueva causa o si ha de acumularse a la de los trajes. Esta posibilidad, que defenderán la Fiscalía Anticorrupción y los diputados socialistas personados como acusación popular, colocaría al presidente Camps ante la perspectiva de un supuesto cohecho propio y de una instrucción más larga. Si el tribunal decidiera que lo remitido por Pedreira ha de considerarse una causa nueva, la sala designará instructor siguiendo el turno establecido. Y podría ser también Flors.
Según fuentes de la investigación, la intención inicial de Flors es mantener separados los asuntos. Eso se traduciría en que Camps se sentaría en pocos meses en el banquillo de los acusados y sería juzgado por un jurado por cohecho pasivo impropio. Pero ese juicio no eximiría al presidente de verse ante nuevas imputaciones.Federico Trillo, diputado del PP por Alicante y director de la estrategia del PP en causas como la de supuesta financiación ilegal, falsedad, cohecho propio y delito electoral que afecta a Camps y varios consejeros autonómicos, fue homenajeado ayer en Benidorm por Nuevas Generaciones del PP local. Tomó la palabra y lo hizo para dar su versión del auto que ayer dio el visto bueno a que la causa instruida por el juez Pedreira llegue a manos del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Trillo interpretó que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "ha reconocido que los hechos que las fiscales [de anticorrupción] se empeñan en considerar irregulares e incluso delictivos se han cometido en Valencia". Dijo más: "La causa se remite a Valencia por razones estrictamente geográficas". Y, según él, "deja muy mal a la fiscalía, una vez más manipulada por el interés sectario del Fiscal General del Estado y las fiscales Anticorrupción". De ellas, afirmó que "no han defendido la legalidad y la competencia [en referencia a la negativa del ministerio público de que el PP fuera acusación particular]".
Trillo hizo estas declaraciones ante Francisco Camps. El presidente acudió anoche al acto acompañado de los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino, y de los consejeros Angélica Such y Mario Flores, además del portavoz popular Esteban González Pons. El presidente llegó a las 21.15 a la Ermita Sanz donde se celebró el homenaje. Llegó a tiempo. Antes había dejado plantados a los rectores de las universidades valencianas con los que tenía que firmar el acuerdo de financiación, en el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Alicante, el único que tenía previsto presidir este año. Camps no dijo palabra alguna, ni siquiera para explicar su ausencia, y, menos aún, para valorar la situación jurídica en la que se va a ver envuelto una vez llegue al TSJ la causa por cohecho propio, falsedad, financiación ilegal y delito electoral en la que aparece implicado.
(www.elpais.com, 01/10/10)
EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGARÁ LOS DELITOS GRAVES ATRIBUIDOS A CAMPS
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer remitir a su homólogo de Valencia todos los informes con nuevos delitos sobre la parte del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, ya imputado, y a otros cargos de su Gobierno y del PP. Los informes policiales y de la Agencia Tributaria detallan, con pruebas, que el PP valenciano se financió ilegalmente a través de empresas que, a su vez, recibían contratos del Gobierno autónomo. También apuntan a otros delitos de falsedad y cohecho propio.
El auto del tribunal madrileño rechaza parcialmente el recurso del PP contra la decisión que adoptó en mayo pasado el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en Madrid, de remitir a Valencia una parte de la causa que afectaba a aforados de ese partido. Pedreira aludía en su resolución a delitos que son más graves aún que el de cohecho impropio imputado a Camps por recibir regalos de trajes de la trama y que investiga ahora el juez de Valencia José Flors por orden del Supremo. El alto tribunal ordenó analizar el regalo de los trajes después de que el Superior de Valencia, presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps definió públicamente como "más que un amigo", archivara el caso.
El Superior de Madrid indica en su auto que, dada la supuesta implicación de aforados, es el tribunal valenciano el competente para valorar y decidir qué nuevos delitos se deben investigar y a quién se les imputan. La página web de EL PAÍS adelantó ayer esta noticia asegurando que Camps iba a ser juzgado por más delitos, cuando en realidad sólo va a ser, de momento, investigado; los jueces deberán resolver si debe sentarse en el banquillo.
El Superior de Valencia tiene varias opciones: investigar los nuevos delitos, no hacerlo, o bien insistir, como ya hizo una vez, en que los hechos de Valencia deben ser investigados en Madrid. Esta última opción obligaría a intervenir al Supremo para dilucidar a quién le corresponde la competencia. Si optasen por no investigar los nuevos delitos, los jueces valencianos irían contra sus propios actos, ya que en un auto del pasado 15 de febrero, que firmaron los cinco miembros de la Sala Penal, estos advierten de que es "necesario" investigar "el cualificado informe" de la policía, de 500 páginas, que detalla delitos cometidos por altos cargos del PP. En ese "cualificado" informe se basó la querella que el PSOE de Valencia interpuso por financiación ilegal contra Camps y otros 15 altos cargos populares. El PSOE interpuso esa querella después de que el tribunal que preside De la Rúa se hubiese negado a investigar el citado informe, donde se denunciaba que empresas contratistas de la Generalitat Valenciana pagaron a través de Orange Market, filial de la trama corrupta, actos que realizó el PP de Valencia entre 2004 y 2008.
El Tribunal Superior de Valencia contestó a la querella del PSOE con el citado auto, en el que se desentendía del asunto y lo remitía al juez Pedreira, al entender que había conexión con la trama Gürtel de Madrid, y advertía de que le remitiesen las actuaciones si surgían aforados valencianos. "La querella y el cualificado informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad organizada que la acompaña contienen hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar para averiguar los mismos, estando en cuestión únicamente qué órgano judicial (...) es el que resulta competente", señalaba el tribunal valenciano. También insistía en que era "necesario investigar" las "actitudes y actuaciones sospechosas de irregularidad" que evidencian las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía entre cargos del PP y miembros de la red.
Lo que ahora enviará Pedreira a Valencia no es solo aquel informe de 500 páginas, sino también otros que aportan aun más pruebas sobre financiación ilegal.
(www.elpais.com, 01/10/10)
LOS PASOS
- La causa. La Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano recibirá en las próximas semanas la causa instruida por el juez Pedreira.
- Discusión de competencia. El pleno de la Sala se pronunciará sobre si considera o no que es de su competencia.
- Denegación de competencia. Si no acepta la causa, enviará el asunto al Tribunal Supremo.
- Aceptación de la competencia. El pleno decidirá si la acumula a la causa de los trajes o abre una nueva, en cuyo caso, nombrará un instructor.
(www.elpais.com, 01/10/10)
EL PP APURA LOS PLAZOS
En el mundo de la política hay muchos juristas. En la dirección del PP, el porcentaje supera la media. Y los pocos que no lo son, se están convirtiendo, gracias al caso Gürtel, en expertos en derecho procesal. Las únicas preguntas que importan en el PP, las que se repiten los dirigentes, dependen precisamente de este área: ¿dará tiempo a que Camps se siente en el banquillo antes de las elecciones? ¿Lo imputarán por cohecho propio antes de que lleguen los comicios?
Prácticamente todos los dirigentes tienen claro lo que hay detrás del caso. Por un lado, un presidente se dejó regalar al menos 12.000 euros en trajes por unos amigos a los que dio siete millones de euros en contratos públicos. Nadie en el PP cree que Camps se llevara dinero, no le ven como un corrupto, pero sí está asumido que dio trato de favor a sus amigos.
Por otro lado, está la financiación ilegal. Los más informados creen que el caso puede acabar mal, con imputaciones a varios dirigentes del PP. Pero, de nuevo, la clave son los tiempos. Mariano Rajoy parece haber tomado la firme decisión de no hacer nada mientras la justicia no impute a Camps u otros por cohecho propio y otros delitos. El cohecho impropio por el que ya está imputado, con una resolución unánime de cinco jueces del Tribunal Supremo, está asumido.
Y si Rajoy no hace nada, nadie va a hacer nada. Así que el PP, y en especial Federico Trillo, que anoche recibió un homenaje en Benidorm, se concentra en dilatar el proceso todo lo posible -gracias al recurso fallado ayer ha logrado cuatro meses de parón, y eso que el informe policial sobre el que se basa todo es de julio de 2009.
Si consiguen retrasarlo lo suficiente, Camps se presentará a las elecciones. Y después de ganar, todo será diferente, dicen en el PP. De nuevo la doctrina, ya aplicada en el caso Fabra, que las urnas absuelven a los políticos. Aún así, muchos dirigentes cercanos a Rajoy están cada vez más convencidos de que hay que limpiar el PP de la Comunidad Valenciana. Lo único que queda es saber cuándo hacerlo.
De momento, con las encuestas a favor y un gran optimismo interno, se limitan a ganar tiempo. Ayer la dirección nacional insistió en destacar que "no hay nuevas imputaciones para Camps ni ningún aforado", y que el caso se envía a Valencia "por razones estrictamente territoriales". Mientras, Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes valencianas, sentenció: "A partir de ahora, dejamos de hablar de los famosos tres trajes, que no eran tres, y hablamos de prevaricación, cohecho, delito electoral y malversación".
(www.elpais.com, 01/10/10)
EL TSJM REMITE A VALENCIA LA CAUSA POR FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Todo son malas noticias para el PP en relación con la trama Gürtel. La última, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desestimado el recurso del PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira, instructor del caso, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en cuanto a la parte que implica a la cúpula de la Generalitat Valenciana con una presunta financiación ilegal y un delito electoral.
En su auto, el TSJM ha acordado remitir la causa a Valencia, aunque será el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad el que decida sobre la posible conexión de los delitos o su investigación por separado, así como su admisión a trámite. En caso de no admitirlo, crearía un conflicto de competencias.
En el escrito se señala que "los hechos relatados jamás podrían atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid", al existir entre los encausados varios aforados valencianos, por lo que el tribunal avala inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Pero los magistrados de Madrid señalan que la "relevancia penal" de los hechos atribuidos a Camps y a miembros de su administación "tiene que ser determinada por los competenes órganos judiciales de Valencia", que deberán decidir "si hay lugar a proceder y si existen o no hechos de apareciencia delictiva".
En su recurso, el PP sostenía que no se ha demostrado una conexión entre los hechos investigados por el tribunal madrileño y la llamada "causa de los trajes" que se instruye en Valencia. El partido de Mariano Rajoy solicitó que se rechace la inhibición en favor del TSJV "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana".
Pedreira dictó en mayo un auto inhibición parcial con el que remitió a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la parte de la investigación que se refiere al PP y afecta a Camps. El objetivo de Pedrera era evitar "la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los distintos informes". Además de Camps, el auto de Pedreira señalaba indicios de delitos contra Ricardo Costa, Rafael Betoret, Vicente Rambla, Victor Campos, Pedro Gimeno, David Serra y Cristina Ibáñez.
El magistrado de Madrid tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de mayo al TSJCV reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. Pedreira ordenó, además, que la parte del sumario que afecta a las cuentas del PP valenciano se uniese a esta investigación.
El juez tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP valenciano.
El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia, alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel".
Según los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel, la Policía halló pruebas de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana a través de empresas ligadas a la trama corrupta, en concreto Orange Market, que luego recibían millonarias adjudicaciones de la Generalitat. Es más, tal y como adelantó Público a principios de septiembre, la Brigada de Blanqueo de la Policía sostiene en un informe del pasado 20 de julio que el Gobierno de Camps pagó 846.000 euros a Orange Market a través de dinero negro o facturas falsas durante 2008. 
Esto en cuanto a la financiación ilegal. En lo respectivo al delito electoral, el magistrado Pedreira vincula en uno de sus autos al PP valenciano con el falseamiento de cuentas electorales mediante "pagos" que no fueron "reflejados en las cuentas". Según el juez, el PP valenciano ocultó pagos por 2,5 millones de euros.
(www.publico.es, 01/10/10)
EL TSJM TRASLADA A VALENCIA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE CAMPS
El PP ha fracasado en su último intento para evitar que uno de sus dirigentes más controvertidos, Francisco Camps, vuelva a los tribunales para aclarar una presunta financiación ilegal de este partido en Valencia y otros delitos. Así lo decidió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que avaló la decisión del instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que se inhibió a favor de sus colegas valencianos el pasado mes de mayo.
El PP, que actúa como acusación particular, pidió a los magistrados de la sala civil y penal del TSJM que dejaran sin efecto la decisión de su subordinado. Sin embargo, los jueces se han negado a su pretensión con un argumento muy simple.
Los presuntos delitos descubiertos por sendos informes de la policía judicial y de la Agencia Tributaria afectan a aforados de la Comunidad Valenciana. Por ello, Pedreira «jamás podría tomar declaración como imputados a aforados de otra comunidad autónoma» que no sea Madrid «ni practicar actuaciones a sus espaldas y sin posibilidad de tomar conocimiento de ellas y poder defenderse o contradecirlas».
Los magistrados sostienen que la decisión de Pedreira de remitir esta parte de la causa a Valencia «es necesaria y consecuente». La sala civil y penal del TSJM no condiciona la actuación de sus colegas del Tribunal de Valencia, ya que aclara que son estos los encargados de «establecer si existen o no hechos de apariencia delictiva».
También deberán resolver «sobre la admisión de imputación y sobre la conexidad o no con las actuaciones» que tramita José Flors sobre el caso de los trajes que supuestamente recibieron Francisco Camps y otras tres personas de personas vinculadas con la red que dirigía Francisco Correa. Esta investigación se reabrió el pasado mes de mayo por orden del Tribunal Supremo.
Los nuevos delitos que debe investigar ahora el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se refieren a un posible delito electoral cometido durante las elecciones autonómicas y locales del 2007. Los informes policiales acreditan que Orange Market pagó servicios del PP en esta comunidad autónoma de forma opaca y en efectivo y que dichos pagos fueron realizados por algunos empresarios que así encubrían donaciones que realizaban al PP.
Además, el TSJCV tendrá que investigar si los dirigentes del PP también han incurrido en los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil por las facturas que falsearon el pago de los servicios por parte de Orange Market y por la omisión en las declaraciones de la renta «de los ingresos recibidos de forma opaca cuyo importe es de 2,5 millones de euros», según uno de los informes policiales. Los jueces de Valencia también tendrán que investigar la posible comisión de un delito de prevaricación y cohecho.
La sala civil y penal del TSJV, que todavía preside Fernando de la Rúa, que es amigo personal del presidente valenciano, será la encargada de decidir sobre esta inhibición. En el caso de rechazarla, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. De la Rúa está en funciones desde hace más de un año, ya que el Consejo General del Poder Judicial aún no ha nombrado a su sustituto.
(www.elperiodico.com, 01/10/10)
LOS POPULARES SUBRAYAN QUE NO HAY NUEVAS IMPUTACIONES
El PP acogió ayer con preocupación el auto del TSJM que abre la puerta a otra investigación contra Camps, -además por delitos muchos más graves que el podría derivarse por el regalo de los trajes- y abre el melón de la posible financiación irregular del PP. Sin embargo, los populares se agarraron al hecho de que, de momento, no puede hablarse de nuevas imputaciones ni para Camps "ni para ningún aforado del PP valenciano", según fuentes de la dirección nacional.
Es más, Génova subrayó el envío a Valencia obedece a "razones estrictamente territoriales" y "no entra en el fondo del asunto por competencia territorial", al tiempo que se les da la razón en que "los hechos no están probados". A su entender, la propia resolución admite que es "prematuro hablar de conexiones con los hechos que se vienen investigando". Es más, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, expresó la "satisfacción" de los populares por "no hay nada en la Comunitat Valenciana" y "verdad se va imponiendo".
No lo ve igual la oposición que considera que se estrecha el cerco judicial contra Camps. Para el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, el auto supone el "fracaso" por parte del PP de "impedir" el desarrollo de la investigación del caso Gürtel y celebró que "afortunadamente la justicia ponga las cosas en su sitio".
Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, lanzó una advertencia al TSJCV al que indicó que "ya no tiene excusa para demostrar que la justicia llega hasta el presidente de la Generalitat". Para Mònica Oltra, portavoz adjunta de Compromís, en cada acto judicial se va evidenciando que "el PP es el partido más corrupto de toda España".
(www.levante-emv.com, 01/10/10)
EL CONSELL CONSIDERA LEGÍTIMO ACUSAR AL JUEZ GARZÓN PARA EXCULPAR A CAMPS
"Ni Garzón ni las fiscales eran quiénes para excluirlas". El secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, en una intervención en la que no se contuvo a la hora de arremeter contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, ni al referirse a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como "míos" o "suyos", "del PSOE" o "del PP", justificó ayer ante una comisión de las Cortes que la Abogacía de la Generalitat acuse al juez Baltasar Garzón para defender grabaciones anuladas que, en su opinión, exculpan al presidente del Consell, Francisco Camps, de las imputaciones de haber recibido regalos de la trama de corrupción del caso Gürtel.
Cabré justificó que la Generalitat haya recurrido al juzgado tras el rechazo por parte del Poder Judicial de una queja contra Garzón y defendió "la espontaneidad" de la conversación grabada en la cárcel entre Pablo Crespo, segundo de Francisco Correa en la trama Gürtel, y su abogado, en la que afirmaba: "Yo creo que Camps, si se hizo los trajes, los habrá pagado". El secretario autonómico añadió que "las estrategias vienen luego", pero fue muy beligerante al descalificar la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional. En su opinión, la queja ante el CGPJ obedece a "una cuestión disciplinaria" y no entra en el fondo del caso. En el mismo sentido, defendió que la Abogacía se quejara de que Garzón pretendiera hacerse cargo de la investigación sobre las filtraciones del caso Gürtel.
"¿Están ustedes con los presuntos delincuentes o con los valencianos?", le preguntó el diputado socialista Manuel Mata. "¿Son ustedes los abogados de Camps o los abogados de los valencianos?". El diputado criticó la utilización de la Abogacía de la Generalitat para defender a quienes están imputados por haber perjudicado a la Administración y negó que las grabaciones a Crespo puedan ser usadas en la defensa de Camps porque la ley no considera válidas las exculpaciones entre "coimputados". "Los altos cargos ya tienen los mejores abogados, no hace falta que ustedes lo sean también", añadió Mata, que calificó de "perversión de la democracia" el hecho de que se ponga la Administración valenciana al servicio de la defensa de Camps.
La diputada de Compromís Mireria Mollà, por su parte, destacó la contradicción de que el presidente del Consell se niegue a hablar de sus problemas con la justicia en las Cortes porque son un asunto personal y movilice a la Abogacía de la Generalitat en su defensa.
Poca urgencia tras la sentencia
La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, salió ayer indignada de la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas. Su grupo había propuesto incluir por el procedimiento de urgencia en el orden del día del próximo pleno ordinario una proposición no de ley para reivindicar la figura de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura de Valencia durante la República, en lo que se considera que fue un embrión de las instituciones autonómicas.
La mayoría de que dispone el PP impidió que eso ocurriera y envió la proposición al trámite en comisión. Se trata de una de las iniciativas que recibieron amparo por parte del Tribunal Constitucional en una sentencia que anuló al PP su rechazo de las iniciativas de la oposición sin justificación. En aplicación del fallo, la Mesa de las Cortes, que preside Milagrosa Martínez, tuvo que aceptar a trámite nueve preguntas sobre adjudicaciones a empresas del caso Gürtel y esta proposición no de ley.
"No tienen vergüenza", exclamó la diputada de Compromís, que acusó al PP de persistir en "el recorte injustificado de derechos democráticos y constitucionales", en este caso de los diputados, y añadió que eso es "la antesala de la corrupción". Oltra acusó a Milagrosa Martínez y los otros dos miembros del PP en la Mesa de las Cortes de considerar que están "por encima del Tribunal Constitucional". "Esta iniciativa se debatirá", anunció Oltra, "aunque el PP quiera eludir el debate público".
Bosch i Morata, político del Partit Valencianista d'Esquerra que murió en el exilio en México en 1950, creó en 1937 el Institut d'Estudis Valencians.
(www.elpais.com, 01/10/10)
MADRID ENVÍA A LOS TRIBUNALES VALENCIANOS LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS
Los magistrados se basan en una cuestión formal para avalar el traslado de la causa. Según el auto, "la condición de aforados de alguna de las personas a las que se atribuyen hechos de apariencia delictiva resulta determinante para la inhibición. Los magistrados añaden que jamás se podría tomar declaración en Madrid como imputados a aforados de otra comunidad autónoma ni practicar actuaciones a sus espaldas".
La decisión del alto tribunal supone un nuevo varapalo para los intereses del Partido Popular que por todos los medios a su alcance ha intentado que el juicio contra Camps se quedase sólo en el capítulo de la recepción de los trajes.
Ahora los tribunales valencianos tendrán que investigar la presunta financiación ilegal del PP valenciano y los presuntos delitos de tráfico de influencias que la investigación de la Fiscalía y la policía atribuyen a la cúpula del PP de aquella comunidad.
Presuntos delitos relacionados con la financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas constructoras que, a su vez, recibían contratos del Gobierno valenciano de Francisco Camps.
De abrirse proceso para el presidente valenciano por presuntos delitos de financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho propio su futuro como candidato vuelve a complicarse.
Ésta es una de las decisiones esperadas por la dirección del PP de Rajoy. Hasta el momento, salvo apoyos puntuales en declaraciones públicas Camps no ha sido designado de manera oficial como candidato a las elecciones en su comunidad.
El tribunal sí da la razón al PP al considerar que no ha traspasado las funciones propias de la acusación particular y en que "quien deberá acreditar si los hechos son o no delictivos deberán ser los órganos judiciales de Valencia".
(www.cadenaser.com, 30/09/10)
CAMPS SERÁ INVESTIGADO POR MÁS DELITOS EN VALENCIA
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado parcialmente el recurso interpuesto por el PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira de inhibirse a favor del TSJ de Valencia para que sea este tribunal el que investigue y juzgue todos los indicios de delito encontrados en la investigación del Caso Gürtel que afectan al presidente valenciano, Francisco Camps, y a la cúpula del PP regional y del Gobierno autonómo.
Según la información que Pedreira envió a Valencia, la rama valenciana del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado. Los indicios apuntan a siete delitos vinculados a la corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral). El juez recogía en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos).
El pasado 4 de junio el PP recurrió el auto en el que Pedreira se inhibía y le acusaba de equivocarse al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalía. Los abogados del partido aseguraban también que no existían datos para deducir una conexión entre la causa investigada por el TSJ de Valencia y las actuaciones del tribunal de Madrid.
(www.lavanguardia.es, 30/09/10)
EL PP ASEGURA QUE "NO HAY NUEVAS IMPUTACIONES"
El Partido Popular ha enviado a los medios una valoración tras conocerse la decisión del TSJ de Madrid, que reproducimos a continuación:
1. No hay nuevas imputaciones ni para Camps ni para ningún aforado.
2. Da la razón al PP al estimar que los hechos no están probados.
3. El envío al TSJV es por razones estrictamente territoriales.
4. [El auto] no entra en el fondo del asunto por competencia territorial.
5. Afirma, así mismo, que es prematuro hablar de conexiones con los hechos que se vienen investigando.
6. El auto estima "parcialmente" el recurso del PP.
(www.elpais.com, 30/09/10)
EL TSJM REMITE A VALENCIA LA CAUSA POR FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Todo son malas noticias para el PP en relación con la trama Gürtel. La última, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desestimado el recurso del PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira, instructor del caso, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en cuanto a la parte que implica a la cúpula de la Generalitat Valenciana con una presunta financiación ilegal y un delito electoral.
En su auto, el TSJM ha acordado remitir la causa a Valencia, aunque será el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad el que decida sobre la posible conexión de los delitos o su investigación por separado, así como su admisión a trámite. En caso de no admitirlo, crearía un conflicto de competencias.
En el escrito se señala que "los hechos relatados jamás podrían atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid", al existir entre los encausados varios aforados valencianos, por lo que el tribunal avala inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Pero los magistrados de Madrid señalan que la "relevancia penal" de los hechos atribuidos a Camps y a miembros de su administación "tiene que ser determinada por los competenes órganos judiciales de Valencia", que deberán decidir "si hay lugar a proceder y si existen o no hechos de apareciencia delictiva".
En su recurso, el PP sostenía que no se ha demostrado una conexión entre los hechos investigados por el tribunal madrileño y la llamada "causa de los trajes" que se instruye en Valencia. El partido de Mariano Rajoy solicitó que se rechace la inhibición en favor del TSJV "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana".
Pedreira dictó en mayo un auto inhibición parcial con el que remitió a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la parte de la investigación que se refiere al PP y afecta a Camps. El objetivo de Pedrera era evitar "la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los distintos informes". Además de Camps, el auto de Pedreira señalaba indicios de delitos contra Ricardo Costa, Rafael Betoret, Vicente Rambla, Victor Campos, Pedro Gimeno, David Serra y Cristina Ibáñez.
El magistrado de Madrid tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de mayo al TSJCV reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. Pedreira ordenó, además, que la parte del sumario que afecta a las cuentas del PP valenciano se uniese a esta investigación.
El juez tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP valenciano.
El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia, alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel".
Según los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel, la Policía halló pruebas de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana a través de empresas ligadas a la trama corrupta, en concreto Orange Market, que luego recibían millonarias adjudicaciones de la Generalitat. Es más, tal y como adelantó Público a principios de septiembre, la Brigada de Blanqueo de la Policía sostiene en un informe del pasado 20 de julio que el Gobierno de Camps pagó 846.000 euros a Orange Market a través de dinero negro o facturas falsas durante 2008. 
Esto en cuanto a la financiación ilegal. En lo respectivo al delito electoral, el magistrado Pedreira vincula en uno de sus autos al PP valenciano con el falseamiento de cuentas electorales mediante "pagos" que no fueron "reflejados en las cuentas". Según el juez, el PP valenciano ocultó pagos por 2,5 millones de euros.
(www.publico.es, 30/09/10) 
EL JEFE DEL SASTRE DE CAMPS ADMITE QUE SE VIO CON TRILLO
¿Actuaron de manera coordinada el PP y el jefe del sastre que desveló los regalos de la trama Gürtel a Francisco Camps? La pregunta cobra especial relevancia tras la declaración judicial prestada ayer en Valencia por Eduardo Hinojosa, propietario de las tiendas donde trabajaba el sastre José Tomás, despedido y vapuleado por el PP y sus medios afines a raíz de sus revelaciones. La pregunta gana valor porque Hinojosa confirmó que Federico Trillo, portavoz de justicia del PP, se reunió con él dos veces en la sede de su empresa tras estallar el caso de los trajes.
Considerado el artífice de la estrategia del PP en el sumario Gürtel, Trillo fue a verlo a la sede de sus empresas para "interesarse" por el tema de los trajes, le contó Hinojosa al juez, según fuentes conocedoras de su declaración como testigo. Por la tarde, Público intentó sin éxito recabar la versión del portavoz de justicia del PP y ex ministro de Defensa.
La primera de las dos entrevistas entre Trillo y el dueño de la cadena de tiendas Forever Young se celebró un día después de la publicación de una entrevista concedida por José Tomás. En ella el sastre relataba el asedio telefónico al que le había sometido Camps cuando se enteró de que la policía y Garzón lo habían llamado a declarar. Preocupado por averiguar qué rastro documental había quedado en Forever Young, el presidente de la Generalitat llegó a llamarlo ocho veces a su móvil mientras Tomás estaba compareciendo ante la policía. La declaración del sastre fue crucial para que el president de la Generalitat fuera imputado por cohecho impropio (soborno). Esa imputación amenaza con sentarlo en el banquillo con independencia de si se investiga o no la financiación del PP valenciano.
Tanto Hinojosa como el PP tensaron todos sus resortes para desacreditar al sastre desde el momento en que este destapó el asunto. Hinojosa lo despidió un día después de declarar ante el juez Garzón y lo denunció por presunta falsificación de facturas. Y Trillo emprendió una durísima campaña en la que acusó al sastre de cobrar a Camps y a la trama corrupta los mismos trajes por partida doble. La semana pasada, el juez Antonio Pedreira, instructor principal del caso Gürtel, levantó la imputación que, por falsedad documental, aún pesaba sobre José Tomás.
De la presencia de Trillo en las oficinas de Forever Young ya había hablado un testigo el pasado junio. Pero, al igual que al sastre, Hinojosa también había despedido a ese testigo, director de compras de la empresa hasta agosto de 2009. Dado su carácter de damnificado laboral, el PP podía alegar sospechas sobre la veracidad de su testimonio. Ahora, la declaración de Hinojosa disuelve cualquier grano de duda.
Fuentes del caso aseguran que, durante las tres horas de interrogatorio judicial, Hinojosa se esforzó por exculpar a Camps ante el juez José Flors, instructor del caso de los trajes. Pero aseguran también que él mismo se lió en una vorágine de fechas y datos contradictorios. A su salida de los juzgados, los periodistas le preguntaron si alguien pagó los trajes de Francisco Camps. El empresario se curó en salud: "Yo creo que los pagaría él. No lo sé".
(www.publico.es, 30/09/10)
EL DUEÑO DE FOREVER YOUNG NO ACLARA SI CAMPS PAGÓ LOS TRAJES
Eduardo Hinojosa, dueño de Forever Young, firma a la que empresas de la trama Gürtel compraron regalos, entre otros, para el presidente Francisco Camps, declaró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Lo hizo en calidad de testigo y a petición de la Fiscalía. En su intervención, que duró varias horas, Hinojosa reconoció dos reuniones con el diputado del PP Federico Trillo a propósito de la causa contra el presidente Camps y otros tres altos cargos del Gobierno valenciano por supuesto delito de cohecho pasivo impropio.
Hinojosa, ex jefe del sastre José Tomás, figura esencial para desvelar parte de las prácticas de empresas de la trama y al que el juez ha levantado la imputación, lanzó sospechas sobre las certezas que el ministerio público tiene de cómo quedaron contabilizados los encargos de distintas prendas que fueron regalos para Camps y el resto de imputados en la causa.
El dueño de Forever Young explicó que el sistema de contabilidad no permite garantizar que Camps no se pagara los trajes. Hizo mucho hincapié en que entre los clientes existe otra persona con el mismo apellido y que pudo haber confusiones a la hora de registrar pagos o entregas. Relató también que la forma de recoger los pedidos, las notas de entrega y los pagos dependían del cliente. Según él, ese sistema era personalizado. Los clientes llegaban a la tienda, se llevaban prendas, podían pagar solo una parte o adelantar incluso una fracción de un encargo aún no realizado. Según fuentes del caso, Hinojosa extendió ayer la confusión sobre la gestión de las entradas y salidas y eludió pronunciarse con rotundidad sobre el pago de los trajes que Camps dijo haber realizado.
El Ministerio Público solicitó el año pasado la declaración de Eduardo Hinojosa como testigo. La petición fue inicialmente rechazada, pero el recurso a esa negativa no pudo resolverse porque la Sala de lo Civil y Penal archivó el 1 de agosto de 2009 la causa. El tribunal valenciano se pronunció hace pocas semanas, después de reabierta la causa por orden del Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción, que ayer estuvo presente en la sala con tres de sus representantes, consideraba muy importante la comparecencia de Hinojosa para despejar algunas dudas.
Una de ellas nace de un documento de Forever Young sobre una corbata en el que aparecía el nombre de Francisco Camps tachado, prenda que no figura entre las que supuestamente le regalaron al presidente. Para la Fiscalía era determinante que Hinojosa aclarara cómo funcionaba el registro de las prendas, de sus destinatarios, de los pagos que de ellas se realizaban, cómo y quién. Ayer, solo aclaró que algunas de las empresas que eran clientes encargaban y compraban varias prendas para personas distintas y eso generaba comprobantes varios. Reconoce a Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, como uno de sus clientes. Y reconoció a otro Camps, no al presidente de la Generalitat, también entre sus clientes.
(www.elpais.com, 30/09/10)
RAJOY REITERA QUE CAMPS SERÁ CANDIDATO PESE A NO GUSTARLE LO OCURRIDO CON GÜRTEL
El líder del PP, Mariano Rajoy ratificó ayer como candidato en las próximas elecciones en la Comunitat Valenciana al actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aunque reconoció que lo sucedido como consecuencia del caso Gürtel no le ha gustado. "No me hubiera gustado que se produjera lo que se ha producido hasta el presente momento; pero el candidato en las próximas elecciones va a ser el señor Camps", manifestó el líder nacional del PP durante un encuentro con medios de comunicación.No es la primera vez que Rajoy ratifica en público a Camps como cartel electoral para las elecciones autonómicas de 2011, aunque en esta ocasión se mostró más tajante: "El candidato será Camps", dijo al ser preguntado sobre el futuro político del presidente. Eso sí, no quiso profundizar sobre las circunstancias judiciales con las que podría concurrir el mandatario del PP valenciano, quien podría sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio.
En otro orden de cosas, lo que sí hizo Rajoy es desautorizar al presidente Camps en su anuncio el pasado lunes de que pedirá las competencias sobre políticas de empleo que el Gobierno central ha transferido al País Vasco por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Rajoy planteó una medida totalmente distinta: , blindar la caja única de la Seguridad Social para "evitar tentaciones tanto presentes como futuras". Para Rajoy las competencias transferidas podrían romper la caja única.
(www.levante-emv.com, 29/09/10)
EL DUEÑO DE LA SASTRERÍA NO DICE SI CAMPS PAGÓ SUS TRAJES
El dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha testificado hoy ante el juez que instruye la parte valenciana del caso "Gürtel" y al concluir, preguntado sobre si el president de la Generalitat, Francisco Camps, pagó los trajes que encargó en esta tienda, ha contestado: "Yo creo que los pagaría él, no lo sé".
Hinojosa ha comparecido ante el magistrado José Flors después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admitiera la petición del fiscal y del PSPV-PSOE para tomarle declaración como testigo en la causa abierta por cohecho impropio contra Camps y otros cargos del Gobierno autonómico y del PP valenciano.
El administrador de la tienda ha prestado declaración durante unas tres horas y al concluir su comparecencia, y después de que los abogados y el propio juez abandonaran el Palacio de Justicia, ha permanecido durante cerca de otra hora en el interior del edificio.
Finalmente ha sido abordado a su salida por los medios de comunicación, que le han preguntado sobre si el president de la Generalitat había pagado los trajes que esta tienda había confeccionado para él -que supuestamente abonó la empresa Orange Market-, a lo que ha contestado: "Yo creo que los pagaría él, no lo sé; pregunten al juez", se ha limitado a decir.
"Saben ustedes que no les puedo decir nada", se ha excusado el magistrado ante los periodistas al abandonar la sede del Tribunal Superior de Justicia. Fuentes próximas al caso han contado a EFE que el propietario de la tienda no ha podido ratificar la afirmación que mantuvo al principio de la instrucción judicial, cuando dijo que Camps había pagado sus trajes.
En la declaración de hoy, según las citadas fuentes, Hinojosa ha incurrido en numerosas contradicciones sobre quién abonó finalmente los trajes.
Tras hacerse público el "caso Gürtel", Hinojosa, como administrador de Forever Young, presentó una denuncia contra el sastre José Tomás -que asegura haber hecho trajes para Camps- por elaborar facturas falsas, motivo por el que fue despedido.
Posteriormente, el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid declaró improcedente el despido de José Tomás y condenó a la empresa a readmitirle o, en su caso, indemnizarle con 232.500 euros.
(www.elplural.com, 29/09/10)
PEDREIRA LEVANTA LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE LOS TRAJES DE CAMPS
El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha exculpado a ocho implicados en las diligencias que instruye sobre la trama corrupta; entre ellos, a José Tomás García, el sastre al que acudió Álvarez Pérez, El Bigotes, para que confeccionase trajes a medida para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos del Gobierno valenciano. Los otros desimputados son empleados de empresas ligadas a la red que se limitaron a seguir las órdenes de sus jefes.
Tras declarar ante Garzón, Tomás, que trabajaba como sastre en las tiendas de Milano y Forever Young, que dirige Eduardo Hinojosa, fue despedido. La acusación contra él, ahora desmontada por el juez, era que había falseado facturas de trajes.
El auto que hizo público ayer Pedreira señala que la labor de Tomás nada tenía que ver con la elaboración de facturas, y recuerda que un juzgado declaró improcedente su despido tras desechar todas las imputaciones que le hizo Hinojosa, supuestamente en connivencia con el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo.
En el sumario consta el testimonio de Miguel Marqués, director de compras hasta su despido en agosto de 2009 de las empresas de Hinojosa. Marqués manifestó que Trillo estuvo en el despacho de Hinojosa al día siguiente de publicarse la entrevista en la que Tomás explicaba cómo tomó medidas al presidente Camps y a otros políticos; indicaba además que los trajes fueron abonados por la red que dirigía Francisco Correa. Según Marqués, tras aquel encuentro con Hinojosa comenzó una campaña de prensa contra Tomás por parte de sectores afines al PP.
Tomás se mostró ayer satisfecho con el sobreseimiento. Y añadió: "Hinojosa ha perdido seis pleitos laborales conmigo, y en su momento ejercitaré acciones penales contra él por denuncia falsa y falsificación documental, ente otros delitos". El PP anunció ayer que recurriría esta desimputación. Y Tomás replicó: "Trillo ha dado esa orden para retrasar tener que explicar las injurias y calumnias que me hizo".
(www.elpais.com, 28/09/10)
EL SASTRE DICE QUE CAMPS SERÁ DECLARADO CULPABLE Y QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA
El sastre de Camps, José Tomás, manifestó ayer su confianza en que el presidente Camps será declarado culpable de "cohecho impropio pasivo", aunque consideró que, "tal y como está montado el sistema, es difícil" que el líder del PP acabe en la cárcel.
Además, dijo que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "conocía la trama" Gürtel "porque fue candidato llevándoles ellos la campaña". Tomás "salvó" a Álvaro Pérez y Pablo Crespo y cargó contra Camps y Rajoy.
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha admitido el sobreseimiento provisional de la imputación del sastre y otros nueve imputados más.
En el escrito, se admite la solicitud de la Fiscalía y se declara el sobreseimiento provisional de José Tomás, Rafael de León Cebreros, María Torres Ribas, Randall Wodbard, Tidie Baez, Miguel Uriel y las cuatro personas relacionadas con la sociedad Willow Investment de Reino Unido, cuando la empresa sospechosa está ubicada bajo el mismo nombre en St Cristopher&Nevis.
El juez Pedreira, que dice haber llegado a la misma conclusión que el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid el 13 de julio de 2009, recoge en su escrito que la falsedad documental que se imputó a José Tomás, según las declaraciones prestadas, "determina una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos de ropa en os que trabajó".
Así, señala que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimientos en los que Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada. Destaca además que no consta el conocimiento de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban.
Los demás imputados a los que se han levantado las causas son personas sobre las que no se ha podido demostrar su relación con los hechos por cuestión de fechas o porque no consta que conocieran la actividad presuntamente delictiva de otros de los imputados.
El PP recurrirá la decisión del juez Pedreira de admitir el sobreseimiento provisional de la imputación del sastre y otros nueve imputados en el caso Gürtel.
(www.levante-emv.com, 28/09/10)
PEDREIRA RETIRA LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE FRANCISCO CAMPS
El encargado de confeccionarle los trajes a Francisco Camps, esos que aseguró pagarse de su propio bolsillo el imputado presidente regional, puede respirar más tranquilo. El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha levantado la imputación a diez personas, entre ellas, a José Tomás.
En su auto, Pedreira accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, y decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a José Tomás, al considerar que no consta el conocimiento por parte del sastre "de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".
José Tomás ha estado en el centro de la actualidad informativa en numerosas ocasiones durante sus declaraciones ante el juez tanto en Madrid como en Valencia. En especial cuando declaró que atendió a Francisco Camps, para quien confeccionó varios trajes a medida, valorados en más de 12.000 euros, supuestamente pagados por la empresa Orange Market, perteneciente a la trama Gürtel. Tras esta declaración, el máximo responsable del PP en Valencia tuvo que salir al paso para aseverar que se pagaba sus propios trajes. 
El sastre estaba imputado por falsedad documental precisamente en relación con las facturas libradas por esas prendas de ropa, pero el juez sostiene que las investigaciones han determinado "una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos en los que aquel trabajó".
Otra de las razones por las que Pedreira ha acordado levantar la imputación a José Tomás es que las diversas declaraciones prestadas en la causa han confirmado la conclusión de la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, que el 13 de julio de 2009 declaró improcedente el despido del sastre de Forever Young. Esta empresa había alegado para despedirle que había compras a crédito sin cobrar por 60.309 euros, que firmó facturas que no se correspondían con la realidad y que existían devoluciones no justificadas. Sin embargo, Pedreira se remite a la citada sentencia para concluir que Tomás no tenía encomendada la labor de facturación de los establecimientos en los que trabajaba.
El instructor del caso Gürtel ha retirado también la imputación que pesaba sobre otras nueve personas, entre las que se encuentra el empresario colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro. Hernández, que llegó a ser detenido en Madrid el pasado 1 de julio, reconoció ante el juez que desde 2008 buscaba inversiones inmobiliarias en Colombia, donde tiene varias empresas dedicadas al sector energético, por encargo del considerado líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Sin embargo, el magistrado, al igual que la Fiscalía, indica que la actuación del empresario "no permite concluir su conocimiento sobre el origen de los fondos remitidos (por Correa) fuera de España".
Por otra parte, Pedreira ha rechazado la petición de Correa de que se dicte un nuevo auto detallando las imputaciones que pesan contra él, al poner en duda las conclusiones de los informes periciales que determinaron las cuotas tributarias presuntamente defraudadas.
Uno de esos informes, realizado por la Agencia Tributaria sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, aseguraba que Correa, que no hizo la declaración de la renta en ese periodo, "debería responder a título de autor de los delitos relacionados con su IRPF cuya cuota total asciende a más de 18 millones de euros".
El instructor rechaza la petición de Correa al considerar que, en realidad, lo que pretende es conocer "cuál podrá ser en el futuro el contenido del auto y que las acusaciones le digan cuál va a ser el contenido de sus escritos de acusación". "Es obvio que en este momento no procede en absoluto", concluye Pedreira.
(www.publico.es, 27/09/10)
EL TSJ IMPIDE QUE SE AVERIGÜE QUIÉN ANOTÓ A MANO ´CAMPS´ EN UN TIQUE DE LOS TRAJES 
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) rechazó en su auto del caso Gürtel del martes, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la práctica de una prueba caligráfica que determinaría quién escribió a mano la palabra "Camps" en "un fax de octubre de 2008 en el que aparecen anotaciones manuscritas referentes al señor Camps de dos trajes, una americana y unos zapatos por un total de 2.860 euros" y en un tique de compra "que refleja una venta de cuatro corbatas por importe de 348 euros". 
Según el escrito de la Fiscalía rechazado por el TSJ, "en ambos casos José Tomás (el sastre) atribuyó dichos escritos a otro testigo, quien en su declaración judicial, lo negó, resultado la autoría de esos escritos especialmente relevante y necesaria para concretar los hechos imputados al señor Camps".
 
El ministerio público prosigue diciendo que "no se ha acreditado que esas corbatas fueran entregadas al presidente de la Generalitat. En consecuencia, con independencia de la valoración que pueda hacerse de los indicios existentes al respecto, la identificación del autor de esa anotación resulta trascendente para conocer el motivo de la anotación y el destino de las prendas". 
De los tres magistrados ponentes, Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Francisco Ceres, sólo el último emitió un voto particular a este respecto, el magistrado estima que "no aparece precepto alguno que directa o indirectamente se estime que concurra una prohibición de práctica de tal diligencia pericial". 
En cuanto al resto de diligencias rechazas, los miembros de la sala no aceptaron que se una el informe elaborado por el Síndic de Comptes, que se remita documentación bajo secreto de sumario que está en la causa que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se transcriban las declaraciones de los imputados y testigos que han declarado hasta ahora, que se tome declaración a Luis E., empleado que realizó una de las ventas, que se impute a los cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Francisco Correa, así como que se advierta a las empresas Sastgor, S. A., Castellana del Inmueble y Locales, S. A., y Cortefiel, S. A. "la advertencia de poder incurrir en delito de desobediencia, si no envían las facturas y documentos mercantiles solicitados por la Fiscalía Anticorrupción que el magistrado instructor admitió para que fueran adjuntados al sumario del caso Gürtel. 
 (www.levante-emv.com, 23/09/10) 
COMPROMÍS LLEVA AL TC EL VETO A INVESTIGAR EL 'CASO GÜRTEL' 
El grupo parlamentario Compromís ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas por el veto de la Mesa de las Cortes, con mayoría del PP, a dos iniciativas parlamentarias de sus diputados. Una de ellas, registrada el 13 de abril de 2010, solicitaba la creación de una comisión de investigación para clarificar la relación del presidente del Consell, consejeros y altos cargos de la Generalitat con las empresas investigadas en el caso Gürtel. 
Tras la negativa a tramitar esta petición de comisión de investigación, Compromís ha presentado los recursos correspondientes en las Cortes, que no han sido estimados, agotando en estos meses la vía reglamentaria de recursos antes de recurrir ante el Constitucional. La segunda iniciativa por la que Compromís una Proposición No de Ley en la que se proponían una serie de cambios en la fiscalización de las cuentas de la Administración valenciana para dotarla de mayor transparencia. 
(www.elpais.com, 23/09/10)
CAMPS REPITE QUE SERÁ EL CANDIDATO A LA GENERALITAT TRAS COMER CON RAJOY 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se mostró ayer seguro sobre su futuro político ante los medios de comunicación que se congregaron a las puertas de la sede nacional PP donde Mariano Rajoy había citado a sus barones para hablar sobre economía. La cita había despertado un gran interés porque implicaba reunir bajo un mismo techo a Rajoy con Camps, una imagen cada vez más difícil de captar por los problemas judiciales del presidente valenciano imputado por un presunto delito de cohecho impropio. Al término de la reunión, un almuerzo que se prolongó por espacio de unas dos horas, Camps respondió, a preguntas de los periodistas, que será el candidato de la Generalitat en 2011 y que cuenta con el respaldo del líder nacional de su partido. El encuentro con las decenas de periodistas que se agolpaban en la calle Génova de Madrid se produjo en las puertas de la sede, por donde Camps salió a pie acompañado por su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel. El presidente llegó en coche con un cuarto de hora de antelación y entró por el garaje, como hicieron otros mandatarios. 
Cuestionado sobre si repetirá como candidato, Camps respondió con un lacónico sí. La primera pregunta dio pie a otras en las que se le inquirió sobre si contaba con el respaldo de Rajoy dada su condición de imputado en el caso Gürtel. "Hemos venido a hablar de, entre otras cosas, el paro y hemos hablado, ya que está aquí el presidente de Murcia, de cuestiones importantes como el agua en Murcia y en la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso, la respuesta es sí", afirmó el jefe del Consell. Acto seguido se centró en el contenido del encuentro con Rajoy y otros dirigentes populares y reiteró el compromiso de su Ejecutivo de "continuar en el nivel de excelencia de las prestaciones de servicios sociales". 
Aunque Camps no pudo evitar que ayer su implicación en la causa de los trajes siguiera siendo el foco de interés, al menos regresó a Valencia con algún que otro gesto de Rajoy que no tuvo la última vez que coincidieron. Cabe recordar que el encuentro de hace unas semanas en Santiago de Compostela sólo arrojó imágenes de una fría relación entre ambos. Aunque desde hace meses las declaraciones de apoyo a Camps por parte de los dirigentes de Génova -incluido el propio Rajoy- se han sucedido, el líder nacional ha evitado darle cariño en público. 
Sin embargo, ayer, el PP, sabedor de que la fotografía de grupo y las imágenes que se permiten captar a los reporteros gráficos antes de las reuniones iban a ser miradas con lupa, decidió situar a Camps en un lugar estratégico en la primera fila, separado de Rajoy tan solo por la número dos del PP, Maria Dolores de Cospedal. A Camps se le vio conversar en una ambiente relajado con la secretaria general cuya relación ha estado marcada por la tirantez desde el primer momento. También intercambió impresiones con Rajoy, aunque según las fuentes consultadas, no hubo ninguna conversación trascendente sobre su futuro político. 
(www.levante-emv.com, 23/09/10)
FLORS CITA A DECLARAR AL DUEÑO DE FOREVER YOUNG, QUE EXCULPÓ A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES  
El propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, declarará finalmente ante el juez José Flors que instruye la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho impropio al haber aceptado regalos en forma de trajes de las empresas de la trama Gürtel. La declaración de Hinojosa, dueño de unas de las tiendas donde el jefe del Consell encargó prendas a medida, fue solicitada hace más de un año por la Fiscalía, pero fue desestimada por el juez instructor.
Ayer, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, aceptó el recurso de la fiscalía dando vía libre a una declaración que, en principio, favorece al jefe del Consell. Cabe recordar que Hinojosa avaló en su día la versión del presidente de que se pagó sus trajes, si bien su nombre también estuvo envuelto en la polémica al trascender una reunión con el responsable del Justicia del PP, Federico Trillo, en la que supuestamente se preparó la defensa del presidente. 
Cabe recordar que el dueño de Forever Young denunció en su día al sastre José Tomás por presuntamente emitir facturas falsas y adeudar más de 500.000 euros. El testimonio de José Tomás, que ejerció de modisto del presidente en la tienda de Hinojosa, fue crucial en la causa de los trajes, ya que afirmó que las prendas encargadas por Camps fueron pagadas por los cabecillas de la trama corrupta de Correa.
El sastre, también imputado en el caso Gürtel, fue despedido por Hinojosa en febrero de 2009 después de que prestara declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Hinojosa perdió recientemente el pleito que Tomás le planteó por despido improcedente, pero las denuncias por falsificación presentadas por vía penal están todavía pendientes.  
Con todo, precisamente ayer trascendió que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, el sobreseimiento provisional de la causa respecto a diez imputados, entre José Tomás García, al concluir que "no consta el conocimiento por parte del sastre de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".  
Según defienden las fiscales del caso existe una "duda importante" respecto al delito de falsedad documental que se le imputó en relación con sus trabajos en las tiendas de Milano y Forever Young. El escrito recoge que "las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social no 8 de Madrid", en alusión al fallo que dio le dio la razón en el despido improcedente. Añade la Fiscalía que "la fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimiento en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada". 
Cabe apuntar que pese a estar imputado el sastre declaró ante Flors en calidad de testigo, una circunstancia anómala que recientemente fue puesta de relieve por la defensa del presidente. 
La resolución de la sala del TSJ-CV -hecha pública ayer a través de un comunicado de prensa- incluye también la confirmación del rechazo del resto de diligencias solicitadas en julio de 2009, es decir, antes de que el caso fuera archivado. La testifical de Hinojosa -que también reclamó la acusación popular- es la única que los magistrados han considerado "pertinente". Será, además, la primera vez que el empresario declare ante un juzgado. "La sala -prosigue el comunicado- mantiene- la tesis del magistrado instructora para denegar el resto de diligencias, consistentes en la ampliación de la imputación a otras tres personas y varias testificales". Añade que esta resolución, contra la que no cabe recurso, contiene un voto particular de un magistrado ponente que defendía que se aceptara otra prueba solicitada por la fiscalía consistente en una pericial caligráfica. 
(www.levante-emv.com, 22/09/10) 
CAMPS RATIFICA QUE SERÁ CANDIDATO A LA GENERALITAT 
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha ratificado hoy en la sede nacional del PP que será el candidato de su partido en las próximas elecciones en la comunidad autónoma, en mayo de 2011.

Con un lacónico "sí" ha respondido Camps a la pregunta sobre si repetirá como candidato en Valencia, habida cuenta de que se encuentra presuntamente implicado en una de las tramas del caso "Gürtel" y podría haber incurrido en un delito de cohecho impropio.
El presidente valenciano ha asistido hoy a la reunión que la dirección nacional, con Mariano Rajoy al frente, ha celebrado en la sede del PP en Madrid con los presidentes autonómicos del partido.
Tras un almuerzo de unas dos horas de duración, Camps ha abandonado la sede del partido en compañía de su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel.
Ante los periodistas, que le han preguntado si será el candidato en la Comunitat Valenciana, Camps ha contestado lo siguiente: "Hemos venido a hablar de, entre otras cosas, el paro y hemos hablado, ya que está aquí el presidente de Murcia, de cuestiones importantes como el agua en Murcia y en la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso, la respuesta es sí". 
(www.levante-emv-.com,  22/09/10)
LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE RETIRE LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE CAMPS 
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juez Antonio Pedreira, que instruye en Madrid la mayor parte del caso Gurtel, la trama de corrupción vinculada al PP, donde pide que se retire la imputación contra el sastre José Tomás. Éste era el encargado de tomar medidas y visitar a numerosos cargos del PP en Valencia, entre ellos el presidente autonómico Francisco Camps, y confeccionarles trajes a medida que pagó la trama corrupta durante varios años, según los documentos incluidos en el sumario del caso. 
La fiscalía pide ahora que se retire la imputación de Tomás, cuyo testimonio creyó el juez José Flors, cuando decidió llevar al banquillo a Camps por cohecho impropio.
En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción señala: "La falsedad documental que se le imputó, según las declaraciones prestadas en esta causa y las unidas por testimonio, determina una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos de ropa en los que aquél trabajó. Las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social no 8 de Madrid" 
Y continúa: "La fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimientos en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada. Cabe destacar igualmente que no consta el conocimiento por parte del Sr. Tomás García de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban". 
(www.elpais.com, 21/09/10) 
EL PP UTILIZA UNA ACUSACIÓN CONTRA LUNA PARA TAPAR LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN 
El PP arremetió ayer contra el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, tras publicar El Mundo que el empresario Enrique Ortiz, vinculado al caso Gürtel y al caso Brugal, adelantó 4.000 euros de una reforma del ahora diputado en 1997, cuando este estaba apartado de la política y poco antes de que el constructor contratase los servicios jurídicos del ahora portavoz. 
Los populares exigieron explicaciones inmediatas por parte de Ángel Luna y su dimisión. El portavoz socialista, que se ha distinguido por la denuncia de la corrupción que afecta al Consell y al PP valenciano, compareció en conferencia en la sede del PSPV-PSOE y se sometió a las preguntas de los periodistas.  
Luna, cuya relación con Ortiz no es ninguna novedad, ya que lo tuvo de cliente en el bufete de abogados en el que ejercía y trabajó posteriormente para el constructor, explicó que Ortiz fue una de las personas a las que recurrió para hacer obras en la casa que su esposa heredó de su familia y que hoy es el domicilio en el que residen. "He pagado absolutamente todas las facturas", dijo el diputado socialista, que precisó que en algunos casos lo hizo directamente a quien ejecutó los trabajos y en otros a quienes encargó que buscaran a profesionales para ello.  
Así, recordó que el parquet lo encargó al ex concejal socialista en Alicante Conrado Albaladejo, ya fallecido, y que el esposo de la ex teniente de alcalde María Dolores Marcos le instaló el aire acondicionado. 
Luna precisó que en el momento en que se efectuaron las obras él era "una persona privada, con actividad privada en un despacho". El ex alcalde de Alicante pasó a trabajar para Ortiz en 1999, ocupación que mantuvo durante tres años y medio. Durante la comparecencia, a preguntas de un periodista, Luna aclaró también que un coche que utilizó en ese periodo y que la empresa tenía en régimen de leasing, lo adquirió al dejar aquel trabajo y pasó a ser de su propiedad. 
"Si en dos años y medio solo han encontrado esto, me doy por satisfecho", señaló el parlamentario socialista, que se declaró convencido de que el Partido Popular le está investigando para acallar sus denuncias de corrupción."Han pinchado en hueso. No me van a callar con operaciones de esta naturaleza", dijo Ángel Luna al explicar a los periodistas los pormenores de la información sobre la reforma de la vivienda de su esposa en Alicante ("tenemos una separación de bienes rabiosa", señaló con humor), que la televisión autonómica Canal 9 difundió a lo largo de la mañana tras su publicación en El Mundo. 
Luna, que dijo no recordar 13 años después exactamente a quién pagó qué aspectos de la reforma, insistió en que se hizo cargo de todas las facturas y apuntó que, si se trata de insinuar que Ortiz le pagó algo, resulta absurdo, dado que estuvo tres años y medio trabajando para él. "Me estuvo pagando mensualmente una cantidad de dinero por mi trabajo", añadió. 
El portavoz socialista, que no cedió a las presiones de quienes abogaban por no incluir en la querella del caso Gürtel a los empresarios implicados, entre ellos Enrique Ortiz, fue escueto al responder a la pregunta de por qué se fue de la empresa de este constructor en 2002. "Acabé y me marché". Sobre su posterior relación con Ortiz, comentó: "Cuando nos vemos, nos saludamos".  
Consciente de que las informaciones sobre su actividad anterior al regreso a la primera línea de la política, en 2007, van a ser objeto de escrutinio, Luna se declaró "tranquilo" y denunció que tiene constancia de que ha sido investigado, tanto en su trayectoria de alcalde de Alicante, periodo en el que no tenía capacidad de adjudicar contratos porque gobernaba en minoría y esa potestad se la reservaba el pleno municipal, como en su trayectoria profesional posterior.  
Según el diputado socialista, algunos funcionarios de Administraciones que gobierna el PP han recibido órdenes de revisar expedientes de asuntos en los que haya podido intervenir. "La última información me llegó de Murcia", explicó. "Yo, como abogado, he trabajado en muchos sitios". 
"Todo esto es una práctica mafiosa que solo busca acallar a quienes denunciamos la corrupción", aseguró Luna, quien anunció que no piensa dejar de trabajar "denodadamente" contra las prácticas corruptas del Gobierno de la Generalitat valenciana encabezado por Francisco Camps. 
En medios socialistas se daba ayer por hecho que habrá más informaciones relativas a su portavoz en las Cortes. Como explicó el propio Luna, la reacción ante ellas es salir inmediatamente a dar explicaciones, al contrario de lo que hacen el PP y el presidente del Consell. "Llevamos años esperando que el señor Camps dé una explicación", señaló el portavoz del grupo parlamentario del PSPV-PSOE. 
(www.elpais.com, 21/09/10)
RAJOY ALEGA QUE «NO TODOS LOS CASOS SON IGUALES» PARA JUSTIFICAR QUE HA EXPULSADO A ALGUNOS IMPUTADOS PERO NO CASTIGA AL PRESIDENTE VALENCIANO POR SU SITUACIÓN JUDICIAL
Francisco Camps y el PP valenciano son el principal quebradero de cabeza (político) de Mariano Rajoy. Basta contemplar la indisimulable incomodidad que le producen las preguntas de la prensa sobre los casos de corrupción que atañen a los populares de Valencia y su influencia en la elaboración de las próximas listas electorales. O las escasísimas oportunidades que el líder de la oposición responde a los periodistas sobre tan espinoso asunto. Pero ayer Rajoy, en Melilla, pronunció una frase enrevesada en la forma, pero clara en el fondo, que intenta justificar el trato de favor que se da en el PP a algunos de sus imputados por corrupción. Especialmente a Camps. «Hay implicaciones por unas razones que provocan unas convicciones y las hay por otras que provocan convicciones diferentes», dijo.
De esta forma, alentó las esperanzas del actual presidente de la Generalitat valenciana -imputado por haber aceptado, supuestamente, regalos de la red Gürtel de repetir como candidato. Otros imputados no tendrán tanta suerte. ¿Por qué?. «Porque no todos los casos son iguales», se encargó de enfatizar ayer Rajoy. El presidente del PP se refería a que el delito que se le imputa a Camps, el de cohecho impropio, tiene rango menor comparado con el de otros compañeros de filas. En eso tiene razón. Sin embargo, conviene no olvidar que el juez encargado del caso de los trajes, el valenciano José Flors, aún tiene que decidir si, tal y como le aconsejó el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, engorda el sumario sobre el presidente del PP valenciano con otros delitos como la posible financiación ilegal.
 Mientras el ansiado auto de Flors sobre Camps y algunos de sus más estrechos colaboradores en el PP de Valencia no llega la dirección del partido apoya públicamente al presidente valenciano pero pospone la proclamación de sus candidatos autonómicos para las elecciones del año próximo, en un intento de ganar tiempo por si los tribunales dieran a Rajoy un susto de última hora y la situación de Camps se agrava.
Esta estrategia tiene una consecuencia directa: la ausencia de medidas disciplinarias en el PP de Alicante, donde hay varios implicados en el caso Brugal, ligado a la concesión de la gestión de basura en distintos municipios. Y es que correspondería al jefe del PP de Valencia, o sea, a Camps, proponer la expulsión de los cargos alicantinos implicados en dicha trama. Pero no resultaría demasiado elegante echar a compañeros como José Joaquín Ripoll, presidente de Alicante, mientras él se queda. Y la dirección popular está en una tesitura similar. ¿Cómo hacer limpieza en las filas populares valencianas y perdonar a su máximo responsable?.
A la espera de nuevas decisiones judiciales, la cúpula conservadora no tiene más remedio que defender lo que, para algunos de sus propios militantes, resulta indefendible. «Un imputado puede ir en las listas. Hay que analizar caso por caso. Si uno está imputado por una violación, donde los indicios parecen verdad, pues le diría que no. Pero identificar a un imputado con un condenado es un error», señaló ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Quizá no compartan esta teoría los populares de Madrid -Esperanza Aguirre ha expulsado de sus filas a los imputados por corrupción-, o los de Baleares, cuya dirección ha anunciado que el político que tenga una imputación pendiente no podrá ser candidato.
 (www.elperiodico.com, 17/09/10)
COSPEDAL DESTACA QUE CAMPS NO ESTÁ "IMPUTADO POR VIOLACIÓN"
El PP se ve abocado cada día a tirar de más filigranas para respaldar a Francisco Camps y su candidatura a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2011. Ayer, en declaraciones a Punto Radio, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, defendió a su compañero de filas porque su situación judicial acusado de cohecho impropio por recibir unos trajes de la trama Gürtel no es comparable a la de un "imputado por violación".
La número dos del PP repitió que el jefe del Consell será el candidato, pues un imputado "sí puede ir en las listas". No piensa lo mismo el líder del PP de Balears, José Ramón Bauzá, quien anunció unos días que él no pensaba contar con ningún procesado.
Cospedal dijo que cuando uno se refiere a causas judiciales, se debe analizar "caso por caso". "Si uno está imputado por una violación, en donde los indicios parece que son verdad, pues le diría que no", pero "identificar a un imputado con un condenado es un error", resaltó. La mano derecha de Mariano Rajoy reiteró que "no se puede dar lugar a que la presunción de inocencia sea destruida de un día para otro".
Además, defendió que su partido había tomado "muchísimas decisiones" para castigar a los presuntos corruptos, "a diferencia de otros partidos que cuando tienen casos similares no hacen nada". Sin embargo, la cúpula de los conservadores no actúa contra Camps ni tampoco contra los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados por varios delitos de corrupción. Tampoco ha adoptado medidas contra el PP valenciano después de que un nuevo informe policial afianzara las sospechas de financiación ilegal de la formación regional. El lunes, Cospedal ya advirtió de que la dirección nacional no actuaría hasta que hubiera "resoluciones judiciales de cierta entidad".
En Melilla, Rajoy también tuvo que hacer frente a este tema, informa María Jesús Güemes. El líder del PP, que últimamente está concediendo ruedas de prensa en las que permite que se realicen tan sólo tres o cuatro preguntas, señaló que a él le parecía comprensible tratar de forma diferente a los imputados del PP, pero no explicó sus razones. Sólo dijo que "no todos los casos son iguales".
Las comparaciones son odiosas, sobre todo entre los cargos madrileños a los que se expulsó inmediatamente y los valencianos. Pero para él es algo que puede entender "perfectamente" cualquier persona "mínimamente normal". Para justificarse recordó el caso del líder del PP de Canarias, José Manuel Soria, quien estuvo imputado por el caso Salmón y después se archivó. "Se produjo una imputación, no tomamos ninguna decisión y actuamos en justicia. Hicimos las cosas bien", defendió.
(www.publico.es, 17/09/10)
EL PP TRAMITA INICIATIVAS SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' OBLIGADO POR EL CONSTITUCIONAL
 "La Mesa no ha tenido ningún problema en tramitar las preguntas y la proposición no de ley", dijo Milagrosa Martínez sin parpadear. La presidenta de las Cortes asumió, tras la reunión del órgano de gobierno de la Cámara, que acataba la sentencia del Tribunal Constitucional amparando las iniciativas parlamentarias del grupo de Compromís que la propia Martínez y los otros dos representantes del PP rechazaron sin fundamento. "Como no podía ser de otra forma, la Mesa acata así la sentencia del Tribunal Constitucional", añadió, para precisar que, aunque la resolución judicial sólo obligaba "a que se retrotrajeran las actuaciones al momento inicial", la doctrina que establece la sentencia recomendaba dar luz verde a tramitar las preguntas.
En realidad, la sentencia del Constitucional, que tiene dos antecedentes en el mismo sentido relativos a legislaturas ya superadas, es todo un varapalo al obstruccionismo del PP con las iniciativas parlamentarias que no le gustan, en esta ocasión relacionadas con el caso Gürtel y la trama de corrupción que afecta, no sólo al presidente del Consell, Francisco Camps, sino a la propia presidenta de las Cortes.
La sentencia, como las dos anteriores, ampara los "derechos fundamentales de los diputados", que considera vulnerados al rechazarse sus iniciativas sin "motivación suficiente y adecuada".
La portavoz adjunta de Compromís y abogada que ha promovido el recurso al Constitucional, Mònica Oltra, se mostró satisfecha de que el PP acate la sentencia, después de que el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, sugiriera que podían volver a rechazar las iniciativas amparadas con una nueva excusa. "Rectificar es de sabios", dijo Oltra con ironía. "No se han salido con la suya en el intento de constreñir la libertad y los derechos de los parlamentarios"."Lo más lamentable es que hayan tenido que ser los tribunales los que los pongan en su lugar", aseguró Mònica Oltra, que denunció la persecución que practica el PP de la libertad de expresión y de los derechos de la oposición. "Ha tenido que poner las cosas en su sitio el Tribunal Constitucional porque hay unos gobernantes que no han entendido el Estado de derecho".
Entre las iniciativas que han recibido el amparo del Constitucional hay una serie de preguntas formuladas en 2009 a diversas consejerías en las que se pedía por escrito información sobre los contratos de cada departamento con empresas investigadas en la trama de corrupción del caso Gürtel. También ha obligado la sentencia del Constitucional a tramitar una proposición no de ley en la que Compromís pide un reconocimiento oficial de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura del Consell Provincial de València durante la República y fundador del Institut d'Estudis Valencians.
Los dos representantes socialistas en la Mesa de las Cortes se opusieron en su día al veto de las iniciativas de Compromís y su grupo tiene planteado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo similar por otras iniciativas sobre la corrupción. La vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista Isabel Escudero, planteó el tema el pasado sábado en el foro interparlamentario autonómico organizado en Logroño por el secretario de Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías. Escudero denunció que "en gran parte de las instituciones que controla el PP no hay juego limpio, y el menoscabo a los principios de la democracia es constante". Puso como ejemplo "los obstáculos que el PP pone en las Cortes Valencianas a la hora de acceder a la información relacionada con los casos de corrupción. Toda iniciativa relacionada con ello es rechazada de forma sistemática con los más extravagantes argumentos, y lo más grave es que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional tampoco garantizan que se vaya a abandonar esas prácticas".
 La vicepresidenta de las Cortes apuntó que tal vez los populares "se están blindando a sí mismos frente a las consecuencias de los posibles delitos que hayan podido cometer al frente de las instituciones, lo que añade gravedad a la situación". Escudero señaló: "Quizá ha llegado el momento, a través de un gran pacto, de reescribir los párrafos constitucionales que contienen las garantías legales para que los parlamentos autonómicos y el conjunto de las instituciones sean verdaderos espacios de debate y auténticas herramientas de defensa de los intereses ciudadanos mediante la transparencia y el respeto a los reglamentos".
(www.elpais.com, 15/09/10)
 RUS ADMITE QUE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA CONTRATÓ CON UNA EMPRESA DE LA TRAMA GÜRTEL
Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, ha reconocido hoy en el pleno del organismo que una empresa de la corporación, Imelsa, contrató con Easy Concept, firma de la trama de corrupción Gürtel. Fue en abril de 2005. La Diputación, dirigida entonces por el popular Fernando Giner, eligió a Easy Concept, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para que montase un escenario en la Feria de Turismo de Valencia de ese año. La empresa de la trama Gürtel, dirigida por Francisco Correa en Madrid y por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, cobró por ello 14.829 euros.
El grupo socialista en la corporación provincial, encabezado por Rafael Rubio, ha preguntado al equipo de gobierno del PP por qué no se reconoció esta relación cuando preguntaron si esta existía, en febrero de 2009. Entonces, el diputado portavoz del grupo popular, Juan José Medina, aseguró que ni la Diputación, ni ninguna de las empresas que gestiona, en este caso Imelsa, había contratado con firmas de la trama. Ahora se sabe que sí. Rus ha argumentado que fue "un error", que en la tramitación de la pregunta de los socialistas, el interventor y el secretario obviaron remitírsela a las empresas y patronatos de la Diputación de Valencia, entre ellos Imelsa.
"Las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal y se pueden hacer regular, pero este grupo no tiene nada que esconder", ha aseverado el presidente provincial. "Aquí hubo un error. Si se lo quieren creer bien, y si no, ¿qué quieren que haga?", ha añadido. Por su parte, el portavoz socialista ha pedido explicaciones por la contratación de Easy Concept.
(www.elpais.com, 15/09/10)
RAJOY AVALA AL PP VALENCIANO, QUE SE ANIMA CON 'INVICTUS' EN LAS CORTES
Dicen los que están más cerca de él que Mariano Rajoy está muy harto de Francisco Camps. Sin embargo, insiste en defenderlo públicamente y en no tomar ninguna decisión frente a los escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana, que ya afectan al presidente y a los jefes de las diputaciones de Castellón, Carlos Fabra, y Alicante, Joaquín Ripoll.
Rajoy insistió ayer en El programa de Ana Rosa, en Tele 5 -en una de las escasas ocasiones en que respondió a preguntas sobre corrupción- en esa estrategia de defensa del PP valenciano. "Esta situación evidentemente no es grata para nadie, pero tengo que intentar ser justo y equilibrado y no condenar a nadie si no tengo pruebas para hacerlo, sólo hay informes policiales", aseguró tras reiterar su apoyo a Camps.
Con este respaldo, Rajoy estaba dando de nuevo un aval indirecto a la estrategia de Camps, que sigue buscando cualquier resquicio para montar un acto de autoproclamación o de respaldo interno. Ayer, uno de sus hombres fuertes, Rafael Blasco, consejero y portavoz en las Cortes autonómicas, aprovechó una reunión de diputados del PP para proyectar Invictus. Es la misma película que eligió Josep Guardiola, entrenador del Barça, para motivar a su plantilla. Blasco buscaba lanzar un mensaje de unidad como el que sobrevuela el filme de Clint Eastwood sobre Nelson Mandela. El Barça perdió el partido.
Blasco criticó la propuesta de reforma judicial del Gobierno: "El modelo al que aspiran Caamaño [ministro de Justicia] y los socialistas es el de dar la instrucción a los fiscales, pero sujetarlos al Gobierno. El siguiente paso será quitarse la careta y decir ya directamente que dependan del ministro [del Interior] Rubalcaba sin disimulos como ocurre ahora".
 (www.elpais.com, 15/09/10)
RAJOY ENMUDECE AL SER PREGUNTADO POR LOS 'TRAPOS SUCIOS' DE VALENCIA
 Después de la foto en la cola del paro, de la del comedor social y de la que se hizo con los representantes del mundo de las artes escénicas, Mariano Rajoy se reunió ayer con una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para abordar los principales problemas que afectan a este colectivo. Tras el encuentro, el líder del PP visitó una lavandería industrial de la Fundación Once y aprovechó para proclamar que uno de los objetivos de su partido es "la igualdad de oportunidades y la inserción laboral de las personas con discapacidad".
La cita fue muy interesante pero el escenario dio pie a múltiples chascarrillos. Sobre todo cuando uno de los trabajadores invitó al dirigente conservador a que le siguiera para mostrarle el recorrido que hacía la ropa sucia. "Al final sale toda limpia", señaló un dirigente del PP. Fue inevitable que, en ese momento, a algunos de los presentes les recorriera una escalofrío pensando que la visita podía terminar vinculándose a la situación que atraviesa el partido en el País Valencià donde su presidente, Francisco Camps, está imputado por cohecho impropio y los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, están siendo investigados por corrupción.
Al final, en rueda de prensa, fue inevitable que surgiera la pregunta: "¿Piensa usted lavar la imagen de su partido?". "Muchas gracias", fue toda su respuesta. Había hablado de ETA y de los liberados sindicales pero ante el tema de la corrupción, enmudeció. Sus colaboradores insistían en que no había nada que hacer porque la imagen de la formación valenciana es "muy buena tal y como señalan todos los sondeos".
En una entrevista en Telecinco, sí abordó el asunto. Rajoy dijo que le gustaría que "los jueces fallasen" y reconoció que la situación "no es grata para nadie". Reiteró su apoyo a Camps y remarcó que para actuar, él necesita "pruebas". No le vale con los informes policiales, ni con lo que ha denunciado Hacienda y la fiscalía.
 (www.publico.es, 15/09/10)
COSPEDAL YA NO LLAMA "CANDIDATO" A FRANCISCO CAMPS 
“Creo que Francisco Camps debe ser el candidato”, declaraciones realizadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en su retiro toledano del pasado 3 de septiembre. Al día siguiente, su número dos, María Dolores de Cospedal, suscribía sus palabras asegurando que el presidente de la Generalitat “debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones”, sentimiento ratificado con anterioridad por Esteban González Pons, “enviado especial” de Génova a la cena de Teulada, el 28 de agosto, donde sentenció: “Eres el presidente de la Comunitat, nuestro candidato y vas a ser el próximo presidente”. 
Algo está pasando en Valencia y en la sede de Génova para que este lunes, 13 de septiembre, la secretaria general en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación eludiera hablar de Francisco Camps como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat valenciana, asegurando, por si acaso había dudas del giro dado por la dirección popular en este asunto, que “actuaremos al amparo de resoluciones judiciales de cierta entidad, no de otro tipo”, o lo que es lo mismo, habrá qué ver lo que dice el Alto Tribunal de la Ciudad del Turia.
En unas comunidades, sí; en otras, no 
María de los Dolores de Cospedal, que fue bombardeada a preguntas por los medios de comunicación, interesados exclusivamente en las candidaturas y cómo la corrupción puede afectar a sus nominaciones, recordó a todos que hay que esperar a los tiempos que marca la ley, acusando por enésima vez a la Fiscalía Anticorrupción de tener una “doble vara de medir”. Eso sí, en algunas comunidades no es necesario guardar los tiempos, como es el caso del presidente del PP balear José Ramón Bauza, del que Cospedal dijo que “está claro quién es nuestro candidato”.
Camps era el candidato hace 15 días… 
De nada sirven ya las declaraciones del presidente del PP el pasado día 3 de septiembre, que en su retiro toledano señaló: “Camps debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones”. Horas después, su secretaria general ratificaba las palabras del jefe, y a finales de agosto el “enviado especial” de Génova a la cena de Teulada, Esteban González Pons, donde los populares valencianos abrieron curso político con la sonada ausencia de Mariano Rajoy y María de los Dolores de Cospedal, decía tajante: “Eres el presidente de la Comunitat, nuestro candidato y vas a ser el próximo presidente”.
…y en mayo y en julio… 
Que Cospedal quiere acabar con Camps, eso es un secreto a voces, pero mientras llega ese momento a la secretaria general no le ha quedado más remedio que estar al lado del valenciano, como el pasado mes de mayo cuando reconoció que “cuenta con todo el apoyo del partido y, por ello, es el mejor candidato (agencia Efe)". O en el mes de julio, que a preguntas de la periodista Esther Esteban, en la TV 10 de Vocento, dijo: “El presidente del PP valenciano es el candidato, y creo que es el mejor candidato para la Comunidad Valenciana”, a la vez que rechazaba que la situación judicial sea un obstáculo para ello. “Sentarse en un banquillo no tiene por qué ser más grave que otras cosas que se están conociendo de otras personas”, comentó.
…y en agosto
En parecidos términos se expresaba en agosto, declaraciones recogidas por el diario Público: "El PP piensa que el señor Camps es el mejor presidente de la Generalitat valenciana y que es nuestro candidato, y acaban de decirlo además muchos valencianos en las recientes encuestas que se están publicando, que es bastante evidente”. ¿Cómo llamará Cospedal a partir de ahora al “amiguito del alma”? 
www.elplural.com, 14/09/10)
LA EMPRESA DE LIMPIEZA DE ULIBARRI RECLAMA A LA DIPUTACIÓN FACTURAS POR 52.000 EUROS  
La mercantil Limpiezas y Ajardinamientos Seralia, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el caso Gürtel, ha reclamado a la Diputación de Valencia el pago de algo más de 52.000 euros en concepto de facturas e intereses de demora por servicios prestados en el Consorcio Provincial de Bomberos. La reclamación formal, que llegó al Consorcio de Bomberos el pasado mes de abril, revela la existencia de otra relación contractual de la diputación con empresarios relacionados con la trama de Correa al margen del contrato con Esy Concept, firma también ligada a la tarama corrupta a la que la empresa pública Impulso Económico Local, SA (Imelsa) pagó 14.824, 21 euros por montar un expositor con motivo de la Feria de Turismo de Valencia.  
Al igual que en el caso del contrato con Easy Concept, que será objeto el próximo miércoles de un pleno monográfico, la relación contractual de la Diputación de Valencia con Seralia se remonta a la etapa de Gobierno de Fernando Giner. Según la información proporcionada a este diario por la diputación que preside Alfonso Rus el Consorcio de Bomberos adjudicó en marzo de 2007 el servicio de limpieza en los parques y oficinas centrales del Consorcio a la empresa Limpiezas y Ajardinamientos Seralia por importe de 221.919 euros. La concesión se hizo tras un concurso público cuyo expedientes se inició a finales de 2006. Al mismo optaron doce empresas, entre ellas Seralia, que por resolución de la Presidencia del Consorcio de Bomberos se hizo con los trabajos del limpieza durante dos años. El contrato fue prorrogado en 2008 durante dos meses hasta que la diputación resolvió en un nuevo concurso público otorgar la concesión a otra sociedad, en concreto, a la firma Geslimp que desde junio de 2008 se encarga de la limpieza de las oficinas de bomberos. 
La empresa Seralia era en aquella época -antes de que las investigaciones del juez Garzón sobre Francisco Correa salieran a la luz- una asidua contratista de la Generalitat. Varias conselleries, entre ellas la de Gobernación, Justicia y Administraciones Públicas o Bienestar Social, entre otras, confiaron en la sociedad distintos servicios de limpieza de sus dependencias. El total de adjudicaciones, según los cálculos del grupo Compromís, alcanzó desde 2007 los tres millones de euros. También logró contratos para limpiar la sede de organismos como la Sindicatura de Comptes o la Agencia Valenciana de Turismo. Seralia, con sede en Valladolid, es una firma de servicios del conglomerado de sociedades del constructor leonés José Luis Ulibarri, adjudicatario también de varias licencias de TDT en la Comunitat Valenciana. Ulibarri , imputado en el caso Gürtel por supuesto pago de comisiones ilegales tras lograr adjudicaciones de suelo en ayuntamiento gobernados por el PP, consiguió al menos 69 millones de euros en contratos públicos en la Comunitat. 
La Diputación de Valencia también fue uno de sus clientes, aunque el actual equipo de gobierno no parece dispuesto a atender la reclamación de Seralia de facturas pendientes por valor de 40.690 millones y 12.097 euros en concepto de intereses de demora. Según informaron a Levante-EMV fuentes de la diputación, el Consorcio de Bomberos que instruye el expediente ha acreditado que parte de las facturas que se reclaman constan como pagadas y las que no aparecen como tal "bien no fueron recibidas, bien fueron devueltas por incumplimiento de pliego de condiciones". Los responsables de la diputación han citado al representante de la empresa vía trámite de audiencia para tratar de resolver el conflicto. 
(www.levante-emv.com, 13/09/10)
NUEVOS DELITOS, Y MÁS GRAVES, PENDIENTES DE INVESTIGAR 
La investigación del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana está en mantillas. Pese a que el sumario recoge múltiples irregularidades con el pago de importantes cantidades de dinero en comisiones ilegales, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tan solo ha admitido abrir una causa por el regalo de trajes al presidente Francisco Camps y a tres de sus colaboradores. 
Desde que Orange Market, una filial de la trama corrupta, se instaló en la Comunidad Valenciana con Álvaro Pérez, El Bigotes, al frente, la Administración que dirige Francisco Camps no ha dejado de adjudicarles contratos, la inmensa mayoría a dedo y sin concurso, justificados en la supuesta experiencia de la empresa en trabajos similares aunque era de reciente creación y nunca antes había trabajado en la Comunidad Valenciana. 
Esta empresa fue el instrumento que utilizó el PP valenciano para su financiación ilegal, según acreditan documentos intervenidos por la policía, además de varios informes incorporados al sumario, grabaciones de conversaciones y documentos oficiales. Este caso de financiación ilegal del PP valenciano aún sigue en el limbo judicial. Aunque el juez madrileño, Antonio Pedreira, tras comprobar que las pruebas son suficientemente solventes, decidió inhibirse y remitir toda la documentación a Valencia, dado que había políticos del PP aforados implicados en el caso. El PP ha recurrido esa decisión y está pendiente de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la misma que anuló las escuchas en la cárcel. Tampoco se ha podido investigar el amaño del contrato multimillonario por el que una empresa leonesa de construcción, Teconsa, cobró siete millones de euros por la sonorización y el montaje de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia. 
(www.elpais.com, 13/09/10)
LA DIPUTACIÓN HARÁ UN PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE LOS PAGOS DE IMELSA A LA TRAMA GÜRTEL  
El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, pidió ayer al presidente provincial  Alfonso Rus que inicie el curso político "contando toda la verdad" sobre la relación que mantuvo la corporación provincial con una empresa implicada en la trama Gürtel.  
En este sentido, Rubio se refirió a las informaciones que revelaron una relación contractual entre la diputación, a través de la empresa pública Impulso Económico Local S.A (Imelsa), con la firma Easy Concept, una de las empresas de Francisco Correa.  
Según consta en una factura, la corporación pagó 14.829,21 euros por montar un pabellón con motivo de la Feria de Turismo de Valencia. El PSPV pidió ayer el pleno monográfico por registro de entrada y su portavoz explicó a este diario que deberá celebrarse obligatoriamente en un plazo de dos meses porque lo pide más de un tercio de los diputados.  
Asimismo, exigió la comparecencia del diputado de empresas públicas, Salvador Álvarez, para que el equipo de gobierno del PP dé "explicaciones públicas sobre lo ocurrido, enseñen las facturas públicamente y aclaren quién ordenó que se realizara dicho contrato". "De momento lo único que han hecho Rus y el ex presidente Fernando Giner es echarse las culpas mutuamente, ninguno ha querido asumir ninguna responsabilidad", agregó el portavoz socialista.  
Para Rubio, los dirigentes populares han actuado con "total oscurantismo" e "incluso llegaron a ofrecer información falsa a la oposición" al contestar por escrito, en el pleno de febrero de 2009, que no habían mantenido ninguna relación con las empresas de la trama, incluida Easy Concept.  
Por ello, ante la "ausencia de claridad y de información veraz", los diputados socialistas se reunieron ayer para reclamar un pleno extraordinario en el que "Rus y su equipo cuenten la verdad y dejen de mentir sobre la relación de la diputación con la trama". 
(www.levante-emv.com, 07/09/10) 
LUBASA DESTINÓ 58.000 EUROS A FINANCIAR LOS ACTOS QUE ORGANIZABA EL PARTIDO POPULAR  
El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales que investiga la trama Gürtel, al que ha tenido acceso Levante-EMV, confirma que parte de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) habrían sido financiados por empresarios del sector de la construcción de Castelló, entre ellos Luis Batalla Romero, gerente de Lubasa. Estas aportaciones de fondos de la constructora podrían haberse realizado mediante "donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido", según el documento. 
El informe, de 30 folios, viene a ratificar que empresarios de la provincia colaboraron en la financiación del PP valenciano y sigue apuntando a Ricardo Costa como pieza clave de las operaciones. 
Los investigadores tienen pruebas de que empresarios adjudicatarios de numerosos contratos públicos, entre ellos Lubasa, pagaron "facturas ficticias" cuyo importe íntegro se destinó a cubrir "una parte de la deuda generada entre el PPCV y la mercantil Orange Market" (la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, que se encargaba de organizar los grandes eventos del partido). Esto supondría que el PP habría recurrido a la "financiación paralela" de grandes empresas para organizar sus actos en la Comunidad Valenciana. 
La investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales considera que la empresa Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL abonó una factura a Orange Market SL en el mes de julio del año 2008 por importe de 58.000 euros.
Según el informe, este dinero se destinó a minorar la deuda existente entre Orange Market SL y la "formación política Partido Popular/grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, por lo que cabe establecerse que dichas facturas tienen el carácter de ficticio". 
A tenor de la documentación requisada y analizada por los agentes en los registros domiciliarios se llega a la conclusión de que no existe una "explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y servicios ubicadas en la Comunidad Valenciana, entre ellas Lubasa Desarrollos lnmobiliarios SA, efectúan el pago de distintas facturas a la mercantil Orange Market SL".  
La Brigada de Blanqueo de Capitales sólo pueda explicar estas operaciones "si existe contraprestación o favorecimiento de algún tipo entre dichas empresas y la formación política expuesta, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo". 
Hace unos meses, el Cuerpo Nacional de Policía remitió un primer informe en el que recogía que parte de los actos del Partido Popular han sido financiados por empresarios del sector valenciano de la construcción (Enrique Gimeno Escrig presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dols, presidente del grupo empresarial PIAF; Vicente Cotino Escribá, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa; y Luis Batalla Romero, de Lubasa).
Las supuestas aportaciones de estas empresas a la financiación del PP se realizaban mediante "donaciones finalistas de dinero que no ingresaban en la cuenta corriente del partido". El PP, por boca de algunos de sus portavoces, se ha apresurado a decir en las últimas horas que el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales ha sido manipulado.  
Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y el grupo parlamentario popular en las Corts fueron financiados mediante diversos mecanismos. En primer lugar, mediante entregas realizadas por el propio PP "con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market". La trama corrupta también operaba con facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por ésta.  
Finalmente, los responsables del PPCV realizaban gestiones para que los empresarios cuyas sociedades eran adjudicatarias de contratos públicos financiaran los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market, fondos que se enmascaraban a través de facturas "ficticias emitidas por dicha sociedad a éstas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios".  
Mediante este sistema ideado por los imputados en la Gürtel se crea un "artificio con el fin de producir una mutación de la verdad a través de la alteración de alguno de los elementos esenciales de documentos del tráfico mercantil con entidad suficiente para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas". 
(www.levante-emv.com, 07/09/10)
LOS TRAJES DE CAMPS VAN CAMINO DEL BANQUILLO  
La sombra de la causa de los trajes de Camps planeará sobre la convocatoria de las elecciones autonómicas que deben celebrarse la próxima primavera. La duda está en si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se sentará en el banquillo de los acusados antes o después de los comicios.  
Las fuentes consultadas señalaron que la instrucción está terminada y que el juicio podría señalarse a comienzos del próximo año, pero todo dependerá de la celeridad que dé a la causa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El Supremo, al reabrir al caso, ordenó que todas las actuaciones retrocedieran al momento previo al de su archivo. 
La instrucción estaba prácticamente terminada, ya que todo apunta a que la nueva causa por la supuesta financiación ilegal del PP se tratará de manera separada a ésta. Si no se practicaran nuevas pruebas, quedaría pendiente que el fiscal presentara su acusación y solicitara la apertura del juicio oral. Lo siguiente será dar traslado de la causa a la defensa para que presentara sus alegaciones. Una vez que ambas partes hayan presentado sus escritos, el juez les citará para una audiencia preliminar para decidir si se abre juicio oral. Hasta esta fase se pueden pedir pruebas.  
El magistrado tiene tres días para decidir y si opta por continuar adelante, es una decisión irrecurrible. Las partes tienen un plazo de quince días para personarse ante el TSJCV. En este trámite es cuando se designa el ponente, es decir, el juez que acabaría dirigiendo el proceso.  
Todo apunta a que ese magistrado sería Juan Climent, ya que es el único de la Sala de lo Civil y de lo Penal que aún no ha tenido que resolver nada sobre el caso de los trajes. Este caso ha puesto al TSJCV en la tesitura de decidir de dónde sacará a los miembros del jurado, tal vez de la bolsa de Valencia. 
(www.levante-emv.com, 05/09/10)
EL CONSELL CREE QUE NO SE ABRIRÁN NUEVAS CAUSAS VINCULADAS A GÜRTEL
La portavoz descalifica el informe policial sobre la financiación ilegal del PP
El Gobierno valenciano trabaja con un escenario único: que no se abran nuevas causas antes de las elecciones contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ahora imputado por un delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido trajes regalados por las empresas del caso Gürtel. La portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León, rechazó ayer que haya preocupación en Presidencia por la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que defiende que se abra una nueva causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias contra los principales dirigentes del PP valenciano.
El Consell da la información "que por imperativo legal" tiene que dar
"No estamos preocupados, entre otras cosas porque no hay nuevos delitos. No hay nada nuevo en el [último] informe policial y nuestra posición no ha variado en los últimos meses", indicó Sánchez de León, que descalificó la actuación de la policía.
Para la portavoz del Consell, los informes policiales son "sesgados, tendenciosos y falsos, que han sido filtrados a los medios de comunicación y que se están utilizando en momentos puntuales por aquellos que tienen interés en convertir esto en un debate público". "Cada uno puede deducir dónde se emiten esos informes, quién tiene acceso a ellos y quién puede tener interés en que se filtren", remachó.
Sánchez de León negó que los informes policiales y las peticiones de la Fiscalía puedan hacer peligrar la candidatura de Camps en las próximas elecciones autonómicas. "Camps es el presidente más confirmado de toda la historia", dijo la portavoz, que argumentó que Mariano Rajoy ha tenido que confirmarlo nuevamente "porque se ha generado un debate artificial". "Los que han generado dudas son los que todavía no saben quién es su candidato", remachó en referencia a los socialistas.
En este contexto, la también consejera reconoció que el Consell no piensa facilitar a la oposición parlamentaria más información que la estrictamente obligatoria. Interpelada por si facilitarán a los socialistas los contratos de la Generalitat con el grupo Sedesa, que según la policía financió ilegalmente al PP, Sánchez de León dijo que el Consell "siempre ha trasladado y traslada toda aquella documentación que por imperativo legal tenga que trasladar".
La consejera portavoz censuró que se vinculen los informes de la Generalitat con el grupo Sedesa, que es propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, con el informe de la brigada de blanqueo de capitales que apunta a que esta empresa financió de manera irregular al PP a través de Orante Market.
El grupo socialista ha solicitado, hasta ahora sin éxito, acceder a los expedientes de la Generalitat de las contrataciones con Sedesa.
Frente a las descalificaciones de los informes policiales, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, salió en defensa del trabajo de la brigada de blanqueo de capitales realizado a instancias del juez.
"La mejor manera de contestar al contenido del informe es dar información cumplida, veraz y concreta de todas las actuaciones y contrataciones adjudicadas a las empresas que aparecen en el mismo", afirmó Peralta. "Cualquier otra respuesta es una excusa de mal pagador", sentenció el delegado del Gobierno.
El posicionamiento del Consell sobre el contenido del nuevo informe policial, que refuerza los indicios sobre la financiación irregular del PP, se produjo poco antes de conocerse que Génova había levantado la suspensión de militancia al ex secretario general de los populares valencianos Ricardo Costa.
El ex secretario general del PP recibió la felicitación de numerosos cuadros del partido, incluido el propio presidente de la Generalitat. Fuentes populares indicaron que Costa esperaba desde hacía meses su regreso a la disciplina popular, aunque ello no supondrá ningún cambio en el estatus que ahora ocupa como último diputado de la bancada popular en las Cortes Valencianas.
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, tachó "coherente" la decisión del PP de levantar la suspensión de militancia a Ricardo Costa porque en ese partido "todos los corruptos están dentro". La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, tachó de "burla" la readmisión de Costa en el PP. "Es vergonzoso".
www.elpais.es 04.09.10
RAJOY INDULTA A COBO Y COSTA POR BUEN COMPORTAMIENTO
Levanta las suspensiones de militancia que acaban en noviembre
Mariano Rajoy quería empezar el curso político dejando solucionado un antiguo asunto que estaba enquistado: la suspensión de militancia por distintas razones de Manuel Cobo y de Ricardo Costa, vicealcalde de Madrid y ex secretario general del PP valenciano, respectivamente. Y ayer, el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que preside Alfonso Fernández-Mañueco, anunció que les indultaba y les perdonaba los dos meses que les quedaban para cumplir la sanción de un año que se les impuso. La excusa es su "comportamiento plenamente satisfactorio", según la nota del PP.
Los hechos y las sanciones eran de naturaleza distinta, pero Rajoy quiso que ambos casos fueran tratados de forma similar para equilibrar las facciones del partido. Cobo fue sancionado por una entrevista en EL PAÍS muy crítica con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, y Costa por dar por hecho que se mantenía en su cargo pese a haber sido apartado.
En todo caso, el indulto a Costa es la respuesta de Rajoy al último informe policial que aporta pruebas sobre financiación ilegal del PP valenciano por parte de la trama Gürtel. Costa se despidió de su cargo de secretario general en una rueda de prensa en la que dijo que actuó siempre bajo órdenes de Camps en lo referente a las finanzas del PP de Valencia. Desde ese día ha guardado silencio y su testimonio será fundamental para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades penales. Camps llamó ayer a Costa para felicitarle. El fin de las dos sanciones no ha sido tratado en ningún órgano colegiado del PP.
El secretario general del PP, Antonio Clemente, expresó ayer su "profunda satisfacción" por la decisión sobre Costa. El portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el también consejero Rafael Blasco, recibió la noticia con mayor alborozo: "Es un momento de felicidad e inmensa satisfacción para este grupo, en el que siempre hemos contado con Costa como un activo fundamental". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, argumentó que "readmitir a Costa es un acto de coherencia política del PP". "Estando todos los imputados dentro del partido, empezando por Camps y terminando por (Carlos) Fabra y (José Joaquín) Ripoll ¿qué hacía Costa fuera?", se preguntó con ironía.
www.elpais.es 04.09.10
EL PP SE GASTÓ 790.000 EUROS EN CONTRATOS CON GÜRTEL PARA UN CONGRESO DE DÍA Y MEDIO 
A finales de 2008, con la crisis a punto de azotar con toda su virulencia a la economía, el PP de la C0munidad, con Francisco Camps al mando, aún disparaba con pólvora de rey. Los populares se gastaron, al menos, 790.ooo euros –más de 130 millones de las antiguas pesetas– en servicios que contrataron con Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía El Bigotes, para organizar el congreso regional del PP, celebrado el tercer fin de semana de octubre y que duró apenas un día y medio. Esa deuda, como recoge el último informe de la Policía en el que revela nuevos indicios sobre la supuesta red de financiación ilegal del PP, fue saldada en parte, junto a la de otros actos que se citan en apuntes contables de la red y que suman facturas por casi un millón de euros, con entregas de dinero negro y con «aportaciones» mediante facturas falsas de empresas que cuentan con importantes adjudicaciones públicas, como es el caso del alicantino Enrique Ortiz. 
La contabilidad de Orange Market, la mercantil vinculada a Gürtel que controlaba Álvaro Pérez, durante los meses de noviembre y diciembre de 2008 evidencia que la empresa de El Bigotes era, en ese momento y apenas dos meses antes de que el juez Baltasar Garzón ordenara la detención de Francisco Correa y desmantelara el entramado corrupto, la principal proveedora de servicios del PP de la Comunidad. Tras el congreso nacional que los populares celebraron en Valencia en junio de 2008, Camps se presentaba a su cita regional, convocada para mediados de octubre, convertido en el principal barón territorial del PP y con un poder absoluto que en el anterior cónclave autonómico, celebrado en Castellón en 2004, no pudo exhibir. Estaba ante el foro que iba a convertirle en el presidente del PP de la Comunidad con mayor respaldo interno en la historia de su organización. 
Y Ricardo Costa ni David Serra, que controlaban el aparato popular en ese momento desde la secretaría y la vicesecretaría general, se pusieron manos a la obra con ese objetivo. Contactaron con El Bigotes, su hombre de confianza para la organización de campañas electorales y eventos de todo tipo, y no repararon en gastos. En día y medio, el congreso se inició el sábado 18 de octubre por la mañana y se clausuró a mediodía del domingo con la intervención de Mariano Rajoy, los populares, en un momento en el que la crisis empezaba a arreciar, «quemaron», al menos, 790.000 euros en su congreso. De acuerdo con las facturas y apuntes contables de la red Gürtel que figuran en el informe de la Brigada de blanqueo de capitales de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, el PP se gastó nada menos que 300.000 euros –unos 50 millones de las antiguas pesetas– en el «diseño, montaje y desmontaje» del escenario circular en el que se desarrollaron los debates del congreso popular; cerca de 70.000 en una fiesta y un cátering; y otro tanto en vallas para publicitar la convocatoria, sólo por citar algunos de los gastos que aparecen detallados en las hojas contables de la trama que la Policía incautó durante el registro que realizó el 6 de febrero de 2009 en la sede de Orange Market, en una céntrica calle de Valencia. Justo, el mismo día en el que se detuvo a Francisco Correa –cabecilla de la trama corrupta– y en el que también se registraron las oficinas de Turismo en busca de los contratos de Fitur.  
No había problema en asumir ese volumen de gasto. La ronda no la pagaba por completo el PP. Parte de los gastos se abonaban con fondos al margen del sistema financiero –dinero negro–; y parte a través de la «colaboración» de empresarios que abonaban facturas ficticias a El Bigotes que, en realidad, servían para saldar las deudas de los populares con la sociedad vinculada a la red Gürtel. El informe, como se recordará, revela que entre febrero de 2008 y los primeros meses de 2009, la dirección del PP entregó a El Bigotes más de 405.000 euros en dinero negro; mientras que tres empresas pagaron facturas ficticias a Orange Market, señala la documentación, por cerca de 450.000 euros, más de la mitad aportados por Enrique Ortiz, que, en realidad, servían para reducir la deuda del PP con el entramado corrupto. 
De forma global, la contabilidad de la red en Valencia registra, entre noviembre y diciembre de 2008, referencia a actos de los populares por valor de alrededor de un millón de euros y aportaciones económicas desde el PP por más de 780.000 euros, unos 130 millones de las antiguas pesetas. Una situación que, en opinión de la Policía, revela la existencia, señala de forma textual, de una «financiación paralela» de la que se nutriría la organización que lidera Francisco Camps.  
Entre la gran cantidad de documentación a la que las partes tuvieron acceso el pasado 1 de septiembre, tras las vacaciones de verano, figuran diversas diligencias que revelan que, casi veinte meses después de los registros judiciales y de que el juez Baltasar Garzón desmantelara el entramado corrupto de Francisco Correa y El Bigotes, la policía continúa desprecintando cajas de documentación incautada a la red corrupta que, a lo largo de los próximos meses, conformará nuevos informes sobre la actividad del conglomerado Gürtel.  
Entre la documentación ya analizada que figura en este nuevo informe con más indicios sobre la supuesta financiación ilegal del PP, aparece un detalle sobre los movimientos de la llamada «Caja Barcelona» de Orange Market, en la que se recogían los apuntes contables del dinero negro y al margen del sistema financiero que recibía la empresa.  
Una caja que se nutría con aportaciones periódicas de los populares valencianos, tal y como queda reflejado en la contabilidad de la empresa de El Bigotes. Álvaro Pérez utilizaba ese dinero sin justificar que recibía del Partido Popular con los más diversos fines. Pagaba nóminas, viajes, regalos, sesiones de masaje y hasta multas de tráfico... Así figura en el informe de la policía y también se desprende del análisis de la contabilidad «b» de la delegación de la trama corrupta en Valencia.  
Por ejemplo, figura una referencia a un pago de 70.000 euros a un concesionario de coches de Valencia, otro de casi 4.800 euros para la compra de regalos de Navidad, fondos para un viaje a Miami, abonos de las nóminas de los trabajadores de Orange Market, mil euros para una sesión de masaje —no especifica si se trataba de un regalo— y hasta 140 euros para abonar los gastos de una sanción de tráfico. 
(www.levante-emv.com, 03/09/10)
IMELSA PAGÓ A LA FIRMA DE LA TRAMA GÜRTEL EN EL MANDATO DE GINER 
La Diputación de Valencia contó con los servicios de la Empresa Easy Concept, ligada a la trama corrupta Gürtel por la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tantos dirigentes y ex cargos populares en la Comunitat Valenciana. La relación entre la empresa pública del ente provincial, Impulso Económico Local, S. A. (Imelsa), y Easy Concept se produjo en el año 2005, cuando dirigía la diputación Fernando Giner. No fueron 34.829 euros, como se apuntó en un primer momento, y sí 14.829,21 euros los que se gastó Imelsa en un «almacén para la Feria de Turismo de Valencia» de ese año. 
Un informe de la Agencia Tributaria del pasado día uno de septiembre certifica que la diputación declaró esa cantidad a Hacienda. La factura de Easy Concept –empresa del conglomerado creado por el empresario Francisco Corra y ubicada en Pozuelo de Alarcón– refleja que con ese precio se pagaron los servicios de la caseta de diez por tres metros (2.250 euros), un cuadro eléctrico con diez enchufes, dos pantallas de plasma (1.850 euros), un dvd, cuatro cajas de sonido, una cámara, una mesa de sonido y un técnico, estanterías, el transporte y el montaje (1.822,80 euros) y la coordinación de la agencia (2.400 euros), entre otros conceptos, hasta sumar la cantidad final de 14.829,21 euros con el IVA. 
Desde que trascendiera que la Diputación de Valencia contrató los servicios de una firma unida a la red Gürtel y al PP, tanto el ex presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, como el actual mandatario, Alfonso Rus, señalaron que en sus etapas al frente de la institución no se produjeron pagos o relaciones comerciales con la trama.  
Sin embargo, la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada facilitó los datos, mediante un informe de la Agencia Tributaria, que ponía de manifiesto que existió al menos una relación comercial: la de los 14.829,22 euros. 
Alfonso Rus movilizó a los servicios económicos de la Diputación de Valencia para pedir toda la información a la delegación de Hacienda correspondiente a ese pago. El interventor de la institución provincial, por otra parte, ha informado que «excluida la empresa pública Imelsa no se han contraído obligaciones ni realizado pagos a las mercantiles con las siguientes denominaciones sociales a fecha 31 de diciembre de 2009». El funcionario enumera a todas las empresas de la red corrupta que no aparecen: Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept, Good and Better, Orange Market, Diseño Asimétrico, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial. 
La ausencia de información sobre el pago de Imelsa a Easy Concept se justificó primero con el cambio de sede social de la empresa pública, que pudo generar la pérdida de facturas. Después se ha explicado que en la diputación no obraban las documentos de ahí a que, en su momento, en el pleno se respondiera que no existía ningún vínculo contractual con mercantiles del universo Gürtel. 
(www.levante-emv.com, 03/09/10)
EL PP VALENCIANO DICE QUE HARÁ SU PROPIO CONTRAINFORME 
La dirección regional del PP tiene previsto elaborar su propio contrainforme para intentar rebatir el documento elaborado por la policía. Ese informe oficial avala los primeros indicios sobre una supuesta financiación ilegal de los populares valencianos. La iniciativa es continuación de un primer informe económico encargado a dos auditores por el propio presidente valenciano, Francisco Camps, en mayo de 2010, que ya criticó "por limitarse a una interpretación parcial de los datos" los informes periciales elaborados por la Agencia Tributaria y solicitados por el juez Antonio Pedreira. 
El vicesecretario de Organización, David Serra, una de las personas que conocían las entregas de dinero que supuestamente hizo el empresario de la construcción Enrique Ortiz, despreció ayer las nuevas pruebas del informe policial, informa Arturo Ruiz. "No aportan nada nuevo con respecto a anteriores informes y su publicación se debe a que las encuestas vaticinan un desastre electoral del PSOE y Zapatero", dijo Serra. El vicesecretario de Organización del PP indicó que su cargo "siempre ha estado a disposición del partido", pero descartó que lo vayan a suspender de militancia como ya ocurrió con el ex secretario regional Ricardo Costa. 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no quiso pronunciarse ante los medios de comunicación, aunque los principales cargos del PP descalificaron de raíz el informe policial. 
El secretario regional, Antonio Clemente, acusó "a una parte de la policía de no realizar el trabajo que le corresponde". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, afirmó que el informe policial está "manipulado porque no le han pedido datos al PP para su elaboración". El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, tachó el informe de "mentira". El grupo empresarial de la familia de Cotino, Sedesa, es uno de los que financiaron irregularmente al PP, según la policía. Otro de los implicados, el empresario Enrique Ortiz, insistió también en que "no hay nada nuevo" en el último informe policial. 
El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, manifestó ayer que "Camps no sabe hacer las campañas más que con trampa". "Ahora no podrá porque los jueces no le van a dejar", prosiguió, "se va a tener que enfrentar a los valencianos sin Gürtel". 
La líder de Esquerra Unida, Marga Sanz, exigió la dimisión fulminante de Camps y la limpieza de la cúpula del PP. 
(www.elpais.com, 03/09/10) 
EL FISCAL PIDE QUE EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGUE A CAMPS POR NUEVOS DELITOS 
La Fiscalía Anticorrupción defiende que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia abra una nueva causa al presidente Francisco Camps, al ex secretario general del PP Ricardo Costa, y a otros ex altos cargos del PP valenciano por los supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias. 
En un escrito remitido el pasado 2 de agosto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía recuerda que la investigación del caso Gürtel ha descubierto numerosas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno valenciano a las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que esos supuestos delitos, en los que habrían participado altos cargos del PP que están aforados porque ocupan un escaño en el Parlamento valenciano, solo pueden ser investigados en el Tribunal Superior de Valencia.
El juez Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió inhibirse en favor del Tribunal valenciano porque durante la investigación se habían descubierto indicios de delito en la actuación de cargos públicos del PP en esa comunidad. Pero el PP, personado como acusación popular en este caso, impugnó esa decisión. 
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló las escuchas en la cárcel a los principales jefes de la trama corrupta ordenadas por el juez Baltasar Garzón, deberá resolver en las próximas semanas si acepta la inhibición y se sigue investigando el caso en Valencia o si la rechaza y todos los indicios de delito hallados durante la investigación quedan en un limbo legal sin que nadie pueda instruirlos pues afectan a dirigentes políticos que están aforados y solo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 
La Fiscalía Anticorrupción recuerda en el escrito del 2 de agosto que hay múltiples indicios de irregularidades en la actuación del Gobierno valenciano en relación con la trama corrupta. Entre los ejemplos que cita, la Fiscalía señala que al menos cuatro contratos adjudicados a dedo a la red Gürtel por 41.988 euros necesitaban la "preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el gabinete del presidente" Francisco Camps. La red corrupta regaló al presidente valenciano numerosos trajes durante dos años por valor de varios miles de euros. La Fiscalía entiende que podría haber incurrido en un delito de cohecho propio -castigado con penas de cárcel-, y no solamente el de cohecho impropio -cuya máxima sanción son multas- por el que está imputado ya en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 
Además, la Fiscalía recuerda que en los registros efectuados en las sedes de las empresas de la trama corrupta se encontraron "pliegos del concurso de Fitur de 2005 antes de la publicación oficial del concurso". 
Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, logró el concurso para montar el pabellón de Valencia en Fitur por un millón de euros tan solo unos meses después de iniciar su actividad y ganó el concurso en los años sucesivos, hasta que Garzón desarticuló la trama corrupta en febrero de 2009. 
Las adjudicaciones a Orange Market, según el informe de la Intervención General del Estado, estaban plagadas de irregularidades. La investigación judicial ha llegado a descubrir que Orange Market poseía la documentación del concurso antes incluso de que se hiciera pública, por lo que partía con ventaja respecto al resto de competidores. 
Entre las personas agasajadas con regalos caros por parte de la trama corrupta figuran dos de los principales cargos públicos de la Consejería de Turismo. Por un lado, la entonces consejera Milagrosa Martínez, hoy presidenta del parlamento valenciano, a la que la trama corrupta regaló un reloj valorado en 2.400 euros, según la investigación. Y Rafael Betoret, al que agasajaron con trajes durante varios años y que desempeñaba el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, encargada de adjudicar el concurso de Fitur. 
(www.elpais.com, 03/09/10) 
GALLARDÓN: 'LA CANDIDATURA DE CAMPS ME PARECE POSITIVA PARA EL PP' 
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado en relación a la candidatura de Francisco Camps a la Generalitat Valenciana que "todas las decisiones que adoptamos en la dirección general del partido me parecen positivas para el mismo". 
Gallardón, que es miembro de la dirección general del PP, quiso restarle importancia a la noticia de que el presidente de los 'populares', Mariano Rajoy, hubiera ratificado la candidatura de Camps pese a los asuntos judiciales a los que todavía tiene que hacer frente el presidente valenciano. 
"Reiterar algo que ya se había dicho no se puede convertir en noticia y esto es una reiteración", insistió durante la rueda de prensa que sigue a la Junta de Gobierno del Consistorio.
El líder del PP afirmó ante los periodistas, este jueves, al término de la reunión de dos días que han mantenido en Toledo los líderes del PP que forman el Comité de Dirección que "Camps debe ser el candidato a las elecciones". 
No obstante, Rajoy explicó que el nombramiento de Camps y el resto de los candidatos autonómicos se aprobará "cuando toque" y de acuerdo a "las normas internas" del partido, es decir, a través del Comité Electoral Nacional con propuesta de las organizaciones regionales. 
(www.elmundo.es, 03/09/10)
RAJOY HACE CASO OMISO DEL INFORME POLICIAL Y MANTIENE A CAMPS 
¿Va a mantener a Camps como candidato si el juez abre juicio oral contra él?, le preguntó un periodista a Mariano Rajoy ayer en Toledo en un corrillo informal. En presencia de Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato y Esteban González Pons, el líder del PP se encogió de hombros y respondió algo así como: "No puedo contestar, porque me pregunta por cosas que no han pasado, es lo mismo que si me pregunta que qué voy a hacer si se muere alguien, y no voy a dar ningún nombre". "Toquemos madera", respondió el alcalde de Madrid entre risas. 
Unos minutos antes Mariano Rajoy había asegurado categórico ante los periodistas que Francisco Camps "debe ser el candidato" en las elecciones autonómicas del 22 de mayo en Valencia. Es decir, que para Rajoy el informe policial que aporta nuevas pruebas de la financiación ilegal del PP valenciano no altera su decisión de mantener a Camps como candidato y no es motivo suficiente aún para sustituirle. 
En su primera comparecencia ante los periodistas desde hace meses, el líder del PP fue preguntado a continuación por las consecuencias del informe y él se limitó a responder: "Ya he dicho todo lo que tenía que decir". De ahí no pasó. Distintas fuentes del PP aseguran que en la reunión no se habló en ningún momento expresamente de la situación de Camps, aunque sí estuviera, lógicamente, en las conversaciones informales. 
La interpretación que dirigentes del PP hacen de las palabras de Rajoy sigue siendo que en este momento Camps es candidato, con la confianza de que el proceso de Gürtel en Valencia quede en nada o no le afecte a él. Pero que deja la puerta abierta a forzar su sustitución si su situación procesal se agrava, porque el juez abra juicio oral contra él, es decir, que le siente en el banquillo por más delitos que el de cohecho impropio. 
La broma del candidato muerto que hizo Rajoy parece sugerir que si se produce alguna causa sobrevenida no prevista se replanteará su posición. Incluso, un miembro de la dirección del PP asegura que esperan que si eso ocurre, sea el propio Camps el que renuncie a ser candidato. 
De la reunión de ayer no salió un calendario concreto para la designación de los cabezas de lista. Está pendiente de que lo cierren en los próximos días el propio Rajoy y la responsable de Organización, Ana Mato. Previsiblemente será a finales de noviembre, después de las elecciones catalanas. 
Tampoco se habló ayer de Asturias, donde sigue en el aire la candidatura de Francisco Álvarez Cascos, rechazada por el partido en esa comunidad. Rajoy mantiene una posición ambigua también sobre el ex secretario general del partido. En Navarra, previsiblemente, el candidato será el diputado Santiago Cervera. 
En la reunión de Toledo, la dirección del PP revisó la estrategia para los próximos meses, basada en acelerar el desgaste del Gobierno. El propio Rajoy se refirió a los datos del paro y a la "inacción" del Gobierno. El presidente del PP anunció que de aquí a final de año, el Grupo Popular presentará en el Congreso y el Senado exactamente 50 propuestas sobre política económica, ni una más ni una menos. "El PP no va a resignarse a que más de cuatro millones y medio de españoles no puedan trabajar", dijo Rajoy. Anunció una iniciativa dando libertad a las comunidades para que puedan privatizar televisiones autonómicas, como propuso el día anterior su número dos, Dolores de Cospedal, sólo para Castilla-La Mancha, y dijo que en septiembre convocará a sus alcaldes para presentar una iniciativa en el Congreso que aborde la gravísima situación económica de los Ayuntamientos. 
En la reunión, los dirigentes escucharon el ya clásico informe detallado del sociólogo Pedro Arriola sobre las perspectivas electorales que muestran las encuestas. Y el no menos clásico de Jaime Mayor Oreja sobre los indicios de un supuesto proceso de diálogo del Gobierno y ETA, los peligros que se avecinan por presuntas cesiones a los terroristas y el vaticinio de que los abertzales estarán en las elecciones municipales de mayo. Como es habitual, todos le escucharon atentamente, nadie hizo ningún comentario y se pasó al siguiente punto. 
(www.elpais.com, 03/09/10)
RAJOY: "CREO QUE CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES"
Las nuevas pruebas policiales sobre la financiación ilegal del PP de Camps no han variado la posición de Rajoy con respecto al presiente de la Generalitat Valenciana. "Creo que debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones", ha afirmado el líder popular, durante una rueda de prensa en Toledo tras la reunión extraordinaria del Comité de Dirección del PP.
El líder del PP, que no había comparecido ante los periodistas desde hacía meses, ha asegurado que durante las reuniones mantenidas ayer y hoy "no se ha pronunciado ni una sola palabra" sobre el nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel, en el que se insiste en que varios empresarios financiaron actos del partido pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con Orange Market.
Según la versión oficial, la dirección nacional del PP trabaja con la hipótesis más probable de que Camps finalmente no llegue al banquillo. Si llegara a ser acusado únicamente por cohecho impropio por haber recibido los trajes, el PP también lo mantendría como candidato. Sin embargo, si finalmente el juez le imputara el delito de cohecho propiamente dicho, fuentes de la dirección del PP coinciden en que sería imposible mantenerlo como cabeza de lista en los comicios autonómicos.
Rajoy no ha aclarado, sin embargo, si Francisco Álvarez Cascos será el candidato del PP en Asturias. "Nombraremos los candidatos cuando toque con arreglo a las normas", se ha limitado decir el líder popular.
(www.elpais.com, 02/09/10)
RAJOY: "CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP POR VALENCIA"
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha vuelto a confirmar a Francisco Camps, imputado por su relación con la trama Gürtel, como candidato a la Comunidad Valenciana para las próximas elecciones autonómicas. "Camps debe ser el candidato", ha afirmado tajante.
Rajoy no ha querido referirse directamente al informe policial q y que apunta a la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia, presidido por Camps. "Ayer hubo una nota del partido en Valencia", se ha limitado a decir el conservador que ha concluido su breve intervención en Toledo, donde se encuentra para la celebración de una reunión extraordinaria del Comité de Dirección. 
 El presidente del PP ha confirmado a Camps pese a que ha reconocido que durante la reunión del Comité no se ha hablado "sobre candidatos", tampoco sobre el ex ministro Álvarez Cascos.  
De lo que sí que se ha hablado es de economía y de que el partido presentará en el próximo cuatrimestre "50 iniciativas parlamentarias en materia de economía", referidas a la austeridad, la estabilidad, el sector público, el sistema financiero y la reforma laboral, entre otros asuntos.
En referencia a los datos del paro, Rajoy ha lamentado que el Gobierno "haya dicho resignándose que la situación y las cifras no son tan malas". "Nosotros no nos vamos a resignar", ha aseverado.
(www.publico.es, 02/09/10)
LA POLICÍA HALLA MÁS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
El PP valenciano y tres constructoras con múltiples adjudicaciones de la Generalitat (Sedesa, Lubasa y Ortiz) pagaron en 2008, en negro o con facturas falsas, 846.000 euros a la empresa corrupta Orange Market, la franquicia levantina de la 'red Gürtel'. Así lo sostiene la Brigada de Blanqueo de la Policía en un informe fechado el pasado 20 de julio y que detalla cómo Orange Market destinó la mayor parte de ese dinero a minorar la deuda contraída por el PP valenciano, para el que la empresa había trabajado de nuevo ese año durante la campaña de las elecciones generales de marzo.
El informe, incorporado al sumario y que completa el emitido por la policía en julio de 2009, da un paso más respecto a las revelaciones de hace un año: ahora, los investigadores establecen de manera abierta un nexo causal entre los pagos de las empresas y las "contrapartidas" que les aseguraba su papel como benefactoras del partido de Francisco Camps. Sedesa, Lubasa y Ortiz, dice el informe, pagaron a cambio de favores concedidos por el PP, que gobierna todas las grandes instituciones valencianas. Y se avinieron a pagar siguiendo indicaciones de "los responsables" del partido en Valencia.
 Como dirigentes que tuvieron una "participación activa" en ese complot urdido para ocultar la financiación ilegal del PP, la policía cita al ex número dos de Camps, Ricardo Costa, y al actual vicesecretario general del partido en Valencia, David Serra. Por la noche, el PP valenciano emitió un comunicado en el que tacha de "falso" el informe policial y asegura que "no se da por aludido".
Pero las 104 páginas de este nuevo dossier de la Brigada de Blanqueo acrecientan la sospecha de financiación ilegal en el PP valenciano: tres meses después de que Hacienda cifrase en 2,5 millones lo defraudado por el PP valenciano al fisco en 2007, llega ahora este nuevo informe. Y lo hace pertrechado de una batería de anexos repletos de datos que desmenuzan el modus operandi del trípode presuntamente conformado por el PP, sus empresas de cabecera y la red Gürtel.
El contenido de esos anexos admite difícil refutación. Las conclusiones de la Brigada de Blanqueo se sustentan en la documentación incautada a Orange Market, que incorporó a su contabilidad opaca los 405.450 euros abonados por el PP durante 2008 en ocho entregas. El estadillo de la caja B-Barcelona, en el argot de la trama- se incluye en el informe. Ahí constan anotados los ocho pagos, "sin justificación contractual", dice la policía.
Otros 441.000 euros recibidos por Orange Market tienen su origen en abonos de Sedesa, Lubasa y Ortiz, tríada situada en el ojo del huracán desde que la policía destapó hace un año los primeros indicios de financiación ilegal. En este caso, los ingresos a favor de Orange Market se camuflaron como pagos por trabajos de márketing, publicidad y asesoramiento de imagen.
Según la policía, no se entiende que las tres empresas, "adjudicatarias de numerosos contratos públicos", contribuyeran a enjuagar las deudas del PP "salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo". De no existir tal contraprestación, no habría "explicación lógica" para esos pagos, dice el informe.
El juez Antonio Pedreira, que instruye la pieza principal del caso Gürtel, ya hizo suya en mayo la tesis de que los conservadores captaron fondos ilegalmente e involucró a las mismas tres empresas que ahora analiza la policía. Pero, entonces, los investigadores tenían menos información. Ahora, la Brigada de Blanqueo ha encajado las piezas necesarias para asegurar que tanto Sedesa como Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos suscribieron falsos "acuerdos de colaboración" con Orange Market con el único objetivo de sufragar gastos del PP valenciano mediante la emisión de facturas "ficticias".
La policía incluye un dato clave: Orange Market tenía en su poder los documentos relativos a un supuesto "acuerdo de colaboración" con Ortiz e Hijos, acuerdo que en febrero de 2009 seguía sin firmar por los responsables de la empresa constructora. El "artificio" creado, subraya la policía, acabó teniendo los pies de barro. Que ese documento prosiguiera sin firma 13 meses después de la fecha oficial en que fue suscrito denota su falsedad, argumenta el informe. La policía recuerda que la Ley de Financiación de Partidos prohíbe a estos aceptar, directa o indirectamente, donaciones de contratistas públicos.
Ortiz e Hijos desembolsó a Orange Market 232.232 euros. Los últimos pagos se produjeron el 5 de febrero de 2009, un día antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera saltar por los aires la trama Gürtel. Ese mismo día, el contable de Orange Market, Cándido Herrero, habló por teléfono con su jefe, Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. "Ya me han dado la caja de magdalenas", le contó Herrero a El Bigotes. La policía, que incorpora la transcripción de ese pinchazo, no alberga dudas: la caja de magdalenas hace alusión a Enrique Ortiz, quien también se ha visto involucrado recientemente en la supuesta compra de partidos para el Hércules, equipo de su propiedad.
Pedreira suscribió la tesis de la financiación ilegal tras el informe de Hacienda que reveló fraude fiscal en el PP valenciano. El juez plasmó sus sospechas en un auto dictado el 26 de mayo, donde alertaba de que en 2008 podía haberse producido un delito electoral por exceso de gasto, pero dejaba abierta la cuestión. En esa resolución, Pedreira se inhibía en favor del Tribunal Superior de Valencia en lo concerniente a la financiación ilegal del PP. Pero el caso seguirá en sus manos en tanto el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) no resuelva el recurso del PP contra su inhibición. En teoría, el PP ejerce la acusación particular, aunque todos sus pasos han ido encaminados a demorar la instrucción.
Precisamente, el TSJM sostuvo en un auto que "un sector" de los imputados pretende "paralizar" la causa "interponiendo constantemente toda clase de recursos", informa Efe. En su auto, el tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados -entre ellos, los diputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.
Lo que dice el informe policial 
“Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas –reza el informe policial incorporado al sumario de la ‘Gürtel’– son financiados mediante diversos mecanismos”:
1 - "Entregas realizadas por el propio PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market"
 2- "Facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por esta"
3-  "Los responsables del PPCV realizan gestiones para que empresarios, cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor, financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market que se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios"
(www.publico.es, 02/09/10)
 LAS MAGDALENAS LLEGARON ANTES QUE LA CÁRCEL
 La ansiedad de la ‘trama Gürtel’ por cobrar del empresario Enrique Ortiz, propietario del Hércules FC e implicado en la ‘operación Brugal’, se refleja en las conversaciones grabadas por la policía entre diciembre de 2008 y febrero de 2009. Recelosos, nadie citaba a Ortiz por su nombre. Era “el de las galletas” o “el de las magdalenas”, asociando su apellido a la marca repostera, como descubrió de inmediato la policía.
 La clave de las magdalenas era usada por todos: por el jefe de Orange Market, Álvaro Pérez; por su contable, Cándido Herrero; por el lugarteniente de Correa, Pablo Crespo; y por el dirigente del PP David Serra. La última conversación pinchada se produjo el 5 de febrero de 2009. “Ya me han dado la caja de magdalenas”, contó Herrero a El Bigotes. Al día siguiente, Garzón lanzó la ‘operación Gürtel’. Y ya no hubo más magdalenas.
17/12/2008. Álvaro Pérez ‘el bigotes’ y David Serra
D. S: Voy a llamar ahora al de las galletas. Y yo necesito que el lunes nos reunamos tú, Cándido y yo para perfilar números, porque yo he intentado hacer un esfuerzo por varios sitios pero yo quiero que también vosotros hagáis también un poquito.
Á. P: Que sí, que sí.
08/01/2009. ÁLvaro Pérez Alonso y Cándido herrero
Cándido le dice que no le ha llamado el de las magdalenas y le pregunta si está con David [Serra]. Álvaro le contesta que no se preocupe, que mañana le ve y se lo dice. 29/1/2009
Álvaro Pérez y Cándido Herrero
C. H.: Hola Alvarito.
Á. P.: Hola tío, dime.
C. H.: Estuve ya hablando con nuestro amigo.
Á. P.: Sí, y ¿qué tal?
C. H.: Y delante de mí hizo una llamada y yo creo que las  galletas o me las como esta tarde o mañana.
Á. P.: Vale, perfecto, perfecto.
02/2/2009. Pablo Crespo y Álvaro Pérez
P. C.: Cuando me llamaste tú, estaba comiendo.
Á. P.: Nada, no te preocupes tío, nada, que he estado con Ric [supuestamente el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa] y nada, cuando le he enseñado el papel ese y tal, pues claro, se ha pillado un rebote que te cagas, ha llamado a David Serra. En fin, tío, lo de siempre.
P. C.: Pero ¿qué pasa? ¿Que no lo sabía o qué?
A. P.: Y nada, esta semana, no, él pensaba que lo de las magdalenas ya estaba solucionado, qué tal, entonces claro, pues a mí me jode porque ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar, ha llamado a David y se ha cagado en los muertos de David.
P. C.: Pero claro, joder, pero llevamos, ¿cuántos meses llevamos así?
A. P.: Entonces, pues eso tío.
P. C.: ¿Tú qué vas hacer, macho? Ya es que al final no queda más remedio, porque...
A. P.: Ya, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que si él me da los tres y pico..., ya se acabó, ya no me da nada más, claro, y además todo.
P. C.: Bueno, ¿lo va arreglar, no?
A. P.: Sí, sí, esta semana.
P. C.: De acuerdo, vale, vale.
03/02/2009.  Cándido Herrero y Pablo Crespo
P. C.: ¿Me oyes ahora? ¿Estás aún con Álvaro?
C. H.: Sí. Estamos en la ofi, sí.
P. C.: ¿Pero estás ahora con él en este momento?
C. H.: Hemos estado hablando ahora. Me llamaron de la fábrica de galletas.
P. C.: ¿Y qué?
C. H.: Que mañana lo mandan en un mensajero. Por lo que me dicen el mensajero llega mañana o mañana se lo envía al mensajero y me llega pasado. Y me dice, no, no, creo que para mediodía lo tienes.
P. C.: A ver si es cierto. Escucha, ¿tienes línea para descontar eso o no?
C. H.: Sí. Eso no tengo problemas.
P. C.: Bueno de todas maneras, quiero que animes a este, joder dale, súbele un poco la paletilla ¿vale?
C. H.: Vale, vale, vale.
05/02/2009.  Álvaro Pérez y Cándido Herrero
C. H.: Oye una cosa, ya me  dieron la caja de magdalenas.
Á. P.: Ah bien, vale, me alegro.
(www.publico.es, 02/09/10)
EL PP AVALA EL "GRAN TRABAJO" DEL IMPUTADO CAMPS
Si una sentencia desfavorable en los tribunales no obliga a Mariano Rajoy a cambiar de planes, Francisco Camps, imputado por cohecho impropio (soborno), repetirá como candidato para las próximas autonómicas en la Comunitat Valenciana.
Con este panorama como telón de fondo, los conservadores se encuentran en la tesitura de explicar los criterios que emplean para decidir qué tipo de imputaciones permiten que sus dirigentes puedan concurrir a las elecciones. ¿Dónde está el listón? Ayer, preguntada en rueda de prensa sobre esta cuestión, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a apelar a la presunción de inocencia, a recordar que Rajoy ya ha mostrado su apoyo a Camps y a avalar la labor de su compañero. "Me parece que el presidente de la Generalitat hace un gran trabajo por los valencianos al servicio de esa comunidad", destacó.
El presidente de los conservadores de la Comunitat está imputado por haber aceptado trajes como regalo de la trama liderada en Valencia por Álvaro Pérez, El Bigotes. Unas prendas valoradas en 12.000 euros. Pero además, de acuerdo con el auto del juez Antonio Pedreira, el PP de Valencia ocultó a Hacienda pagos por importe de 2,5 millones de euros en dinero negro.
Recientemente, el president ha recibido otro varapalo judicial. A mediados de este mes, el Tribunal Constitucional (TC) condenaba a la mesa de las Corts, controlada por el PP, por violar los derechos de los diputados de la oposición al bloquear algunas de sus preguntas.
Sáenz de Santamaría eludió dar ayer su opinión sobre si el president estaba trasladando una buena imagen a la opinión pública, máxime después de que el viernes deslizara en su discurso un aviso para todos aquellos que buscan "atajos" para derribarlo. "No hay quien mueva a quien tiene raíces en esta tierra", espetó. Tampoco respondió cuando fue cuestionada
Fuentes del PP consultadas por este periódico aseguran que "habrá que ver en qué quedan las acusaciones de Camps". En este sentido, restan importancia al hecho de que el president pudiera haber aceptado regalos de la trama corrupta.
En el caso de los trajes, los conservadores han variado su estrategia. Cuando estalló el caso, a nadie en el PP se le pasaba por la cabeza la idea de que Camps los hubiera aceptado.
Si el sábado la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, salía en defensa de Camps, ayer le tocó el turno al presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti. En una entrevista concedida a Punto Radio, el dirigente conservador consideró que el valenciano es "una persona honesta" que está "volcada en sus ciudadanos".
A su entender, "uno de los pecados" por los que "algunos no le tragan" es que "arrasa" en las elecciones. Basagoiti siempre ha exigido a los suyos "contundencia" ante los casos de corrupción.
Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, otro de los focos de actuación de la trama corrupta, no temen los efectos electorales que ello pueda tener. Ni tampoco los del espionaje. Así lo puso ayer de manifiesto Esperanza Aguirre en una entrevista concedida a Antena 3.
Preguntada sobre si cree que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es un "peligro para el Estado de derecho", como se ha dicho desde la dirección del PP, Aguirre recalcó que la policía depende de él y, en ocasiones, "está haciendo ciertas cosas en contra del PP" que, a su juicio, son "impresentables". Además, se refirió a "una cierta cupulilla que se dedica a filtrar informes siempre al mismo medio".
(www.publico.es, 02/09/10)
EL JUEZ PEDREIRA VE INDICIOS DE SIETE DELITOS GRAVES EN EL GOVERN DE CAMPS
El presidente de la Generalitat valenciana no recibe más que buenas noticias. Si hace dos semanas, después de conocer que el Supremo había confirmado que cometió un delito de cohecho impropio al aceptar trajes de la trama corrupta de la Gürtel, el presidente de la Generalitat aseguró estar "feliz", "más feliz que ayer, más feliz", hoy debe estar, como poco, pletórico.
El cerco se estrecha sobre la Generalitat de Valencia y los focos iluminan, aún más si cabe, a Francisco Camps, por los indicios que apuntan a la presunta financiación de los conservadores en la comunidad y a la aceptación de regalos por parte de la trama corrupta de la Gürtel a cambio de la concesión de contratos. No son los únicos presuntos delitos.
El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Antonio Pedreira, ha hallado hasta siete indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. Concretamente señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del partido en Valencia, Yolanda García Santos.
Pedreira remite la investigación al TSJCV ante la presunción de que el Gobierno valenciano podría haber incurrido hasta en siete delitos que afectan a altos cargos del ejecutivo de Camps: financiación ilegal, cohecho propio (se eleva la gravedad desde el impropio), contra la hacienda pública, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y prevaricación.
El juez se basa para sus conclusiones en el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps, que ocultó al fisco hasta 2,5 millones de euros en 2007. El PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.
El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, uno de los dirigentes hacia los que apunta Pedreira, ha expresado su "tranquilidad" y "seguridad" por una "gestión absolutamente honesta" en la Comunidad que está, sostiene, "acreditada a lo largo de los años". 
Durante los últimos meses Francisco Camps se ha declarado, entre otras muchísimas cosas, "absolutamente inocente" pese a ser acusado de recibir pagos en especie, como trajes de firmas de lujo, por parte de los dirigentes de la trama a cambio de contratos de la administración pública. "Yo me pago mis trajes", aseguró el 10 de marzo de 2008.
Por eso no sorprende su reacción tras conocer este miércoles las acusaciones. Camps ha asegurado en Cheste (Valencia) que todo es "un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada".
Pedreira ha remitido al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales que afectan al PP valenciano ante "la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid" y para evitar la prescripción de los delitos electorales que apuntan los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía.
El magistrado de Madrid ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel.
Pedreira tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps.
El auto por el que el Supremo reabría la causa contra Camps por los trajes era rotundo: "Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores".
Dictada de modo unánime por la Sala de lo Penal del Supremo, la sentencia desbarata uno por uno los argumentos del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que en agosto de 2009 cerró el caso en falso gracias al voto de su presidente y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa. Para avalar su decisión, el TSJCV invocó distintas sentencias previas del Supremo. "Ninguna de ellas sirve de verdadero sustento a la decisión de instancia", recriminaba el alto tribunal, que deja así en pésimo lugar la pericia jurídica del TSJCV y de su presidente.
(www.publico.es, 02/09/10)
LOS SIETE PRESUNTOS DELITOS
1. Cohecho
Las irregularidades detectadas en la contratación de Orange Market llevan al juez a concluir que "el delito de cohecho que se investigaba" podría "no ser, en algunos casos" el de cohecho impropio, que castiga la mera recepción de regalos, sino "el tipificado en los artículos 425, 419 o 420". Y en esa panoplia figura el soborno con mayúsculas, el que comete quien adopta una decisión, justa o injusta, a cambio de cobrar. No puede descartarse, dice el auto, la conexión con el hecho de que Camps dirigía el PP.
2. Delito electoral
El auto vincula el delito electoral al pago de los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano en las campañas para las autonómicas y locales de mayo de 2007. Una parte "se habría abonado de forma opaca en efectivo" y otra, "al menos 345.200 euros", habría sido satisfecha "por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market". "Se infiere -dice el auto- que estos pagos no habrán sido reflejados en las cuentas" del PP valenciano. Y ello "podría ser constitutivo del delito electoral" tipificado en la ley, que sanciona el falseamiento de las cuentas electorales. El PP valenciano habría ocultado pagos por 2,5 millones.
 3. Delito fiscal
Conectado con el delito electoral aparece el fiscal. Orange Market habría incurrido en delito contra la Hacienda Pública "al omitir en las respectivas declaraciones [de IVA e impuesto de Sociedades] los ingresos recibidos de forma opaca". Asimismo, también habrían cometido ese delito los responsables de la red en los que, como ocurre en los casos de Álvaro Pérez o Francisco Correa, acabó revirtiendo parte de los ingresos opacos. Al no incluirlos en sus declaraciones de IRPF, defraudaron al fisco.
4. Falsedad documental
Penado con hasta seis años de cárcel, este delito "vendría determinado por la elaboración de facturas que reflejarían servicios inexistentes entre Orange Market" y las empresas que financiaron al PP. El auto cita aquí a Facsa, Pavimientos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf. Las facturas emitidas por Orange Market contra estas cinco sociedades "tendrían por objeto ocultar los pagos realizados por estas mercantiles por cuenta del PP" valenciano. En 2008, se repiten los pagos y se incorporan otras tres empresas a la lista pagadora: el grupo Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos y Lubasa.
5. Prevaricación
Consistente en adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, lo habrían perpetrado quienes otorgaron a Orange Market contratos de la Generalitat de forma ilegal (por ejemplo, fraccionándolos). El auto destaca los adjudicados para Fitur, "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas".
6. Blanqueo
El auto se limita a mencionar que delitos como el de falsedad o el fiscal son los antecedentes del blanqueo. Ese delito se atribuye ya en el sumario de Madrid a las empresas de la trama.
7. Asociación ilícita
Tampoco aquí entra el auto en detalles ni explica quiénes lo habrían cometido. Es el delito inherente a quienes crean una red para delinquir.  
Los supuestos delincuentes
1. Los políticos
Como presuntos artífices del delito electoral, el auto señala al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y a la administradora general del PP valenciano en las elecciones autonómicas de 2007, Cristina Ibáñez. Como cooperadores señala al vicepresidente Vicente Rambla; al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y al vicesecretario general, David Serra. En el delito de falsedad, Rambla, Costa y Serra aparecen como cooperadores junto con la tesorera del PP valenciano, Yolanda García. Por cohecho, el auto apunta al ex director de Canal Nou, Pedro García; al ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret; a Costa de nuevo y, de manera más sutil, al propio Camps. Betoret figura, asimismo, vinculado a un posible delito de prevaricación. El auto subraya que buena parte de los delitos son conexos, es decir, que están ligados unos a otros. Por tanto, la imputación de delitos podría modificarse o ampliarse.
2. Los empresarios
El auto de Pedreira señala como cooperadores en el delito electoral a "los gestores efectivos" de las cinco sociedades que pagaron a Orange Market facturas que, en realidad, se correspondían con gastos del PP durante las campañas para las municipales y autonómicas de 2007. Las cinco son: Facsa, Pavimentos del Sureste SA, Grupo Vallalba SL, Constructora Hormigones Martínez SA y Piaf SL. Asimismo, serían autores directos de un delito de falsedad en documento mercantil por haber aceptado facturas falsas en 2007. En 2008, serían autores de ese delito los gestores de Facsa (el auto menciona a su propietario, Enrique Gimeno), Piaf, Lubasa, Sedesa y el empresario Enrique Ortiz, "quien figura entregando 100.000 euros en pago de la deuda del PP" valenciano.
3. El grupo de Correa
El delito electoral, subraya el auto, no habría podido cometerse sin el concurso de Francisco Correa y sus hombres de confianza: Álvaro Pérez, ‘El Bigotes', y Cándido Herrero, director general y contable de Orange Market, respectivamente; Pablo Crespo, número dos de la red; y José Luis Izquierdo, contable de la trama. El juez señala a los miembros de la red corrupta como autores de un delito fiscal. Si se amplía la investigación por soborno, Álvaro Pérez puede ser imputado por ese delito. 
(www.publico.es, 02/09/10)
LA POLICÍA APORTA MÁS PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS
El caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a un partido político más extensa de la democracia, acorrala al Gobierno de Francisco Camps y al PP valenciano por uno de los delitos más graves: la financiación ilegal.
La policía ha depositado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nuevas pruebas de la financiación ilegal del PP valenciano durante el mandato de Francisco Camps, el presidente autonómico que ya está imputado en relación con el caso Gürtel por un delito de cohecho impropio al haber aceptado miles de euros en trajes regalados por las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que lograron en Valencia decenas de contratos a dedo.
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales , fechado el pasado 20 de julio, sostiene que los nuevos documentos incautados a la trama "confirman los hechos expuestos" en un informe anterior, del verano de 2009, donde se afirmaba que el PP se había financiado ilegalmente a través de, al menos, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana.
La nueva investigación policial hace "especial hincapié" en el "pago de diversas facturas ficticias por parte de empresas privadas asentadas en la Comunidad Valenciana y adjudicatarias de numerosos contratos públicos". El importe íntegro de esas facturas, a nombre de Enrique Ortiz e Hijos, Lubasa y Sedesa, entre otras empresas, 440.000 euros, "se destina al pago de una parte de la deuda generada entre el PP valenciano y Orange Market", la empresa de la trama corrupta que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes , íntimo amigo de Camps.
En la documentación incautada figura la contabilidad de Orange Market, que emplea "de forma sistemática la clave BARCELONA para referirse a fondos que entran en la empresa y que no proceden del tráfico económico". La policía tiene documentados pagos de 405.000 euros en dinero negro por parte del PP a Orange Market.
En otra parte de la documentación figura una factura con la denominación "Galletas" que, según la Policía, corresponde a la empresa de Enrique Ortiz e Hijos, cuyo propietario principal es el accionista mayoritario del Hércules, implicado en el supuesto amaño de partidos la temporada pasada con el pago a jugadores de equipos contrarios por dejarse perder.
En las conversaciones grabadas a los dirigentes de la trama corrupta con los políticos del PP valenciano se aludía a "Magdalenas" o "Galletas" para denominar a una persona o empresa que pagaría las deudas del PP. La Policía señala en este último informe que las palabras "Galletas" y "Magdalenas" se vinculan "con el empresario Enrique Ortiz Selga, al asociarse su apellido 'ORTIZ' por parte de los responsables de Orange Market con una conocida marca de repostería, fabricante de galletas y magdalenas".
 La Policía sostiene que Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, en la actualidad suspendido de militancia, y David Serra, vicesecretario general del mismo partido, conocían perfectamente a que se referían las palabras "galletas" y "magdalenas": "Entregas de dinero directa por parte de las empresas de Enrique Ortiz, cuyos importes íntegros pasan a descontar la deuda que el PP valenciano mantenía con Orange Market".
Para apuntalar las conclusiones de la investigación, la Policía relata una conversación telefónica entre el contable de Orange Market, Cándido Herrero, y su jefe Álvaro Pérez el 5 de febrero de 2009. Herrero le comenta que ya le dieron la caja de magdalenas. Ese mismo día, según la documentación incautada por la Policía, la empresa Enrique Ortiz e Hijos firmó tres cheques a nombre de Orange Market.
Las empresas constructoras que pagaban a Orange Market para liquidar deudas del PP justificaban esos desembolosos mediante "unos acuerdos de colaboración ficticios relacionados con labores de marketing, publicidad, desarrollo de marca, con un contenido suficientemente amplio y vago, así como flexibles en su ejecución", señala la Policía, que aporta en su informe copia de esos documentos para ocultar la financiación ilegal del PP valenciano.
El informe policial sostiene que existió una "participación activa" de Ricardo Costa y de David Serra "para conseguir que empresarios como Enrique Ortiz financie parte de la deuda del PP de la Comunidad Valenciana con Orange Market mediante el pago de los servicios prestados a la formación política enmascarado mediante el artificio del acuerdo de colaboración empresarial".
 (www.elpais.com, 02/09/10)
"RIC SE HA CABREADO. PENSABA QUE LO DE LAS MAGDALENAS YA ESTABA SOLUCIONADO"
Los interlocutores de las distintas conversaciones intervenidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, son el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo; el delegado de las empresas de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez (AP), El Bigotes; el vicesecretario general de esa misma formación, David Serra (DS), y Cándido Herrero (CH), el administrador de Orange Market, la filial de las empresas corruptas en la Comunidad Valenciana.
El contenido de las conversaciones revela las gestiones realizadas por el PP valenciano y concretamente por su ex secretario general, Ricardo Costa, para que el constructor y presidente del Hércules Enrique Ortiz -al que se refieren como "el de las magdalenas" o "el de las galletas" por coincidir su apellido con el de una marca de repostería-, pague a Orange Market cantidades que la formación le adeuda por la organización de sus actos.
- David Serra a El Bigotes: "Voy a llamar al de las galletas". La conversación, del 19 de diciembre de 2008, viene precedida por un SMS enviado por El Bigotes al vicesecretario del PP en el que el primero le pregunta "¿Crees que el de las magdalenas cumplirá?
D. S. Voy a llamar ahora al de las galletas. Y yo necesito que el lunes nos reunamos tú, Cándido [CH] y yo, para perfilar números, porque yo he intentado hacer un esfuerzo por varios sitios pero yo quiero que también vosotros hagáis un poquito de esfuerzo.
 A. P. Que sí, que sí...
D. S. Y te lo digo para una cosa, para ver si nos podemos olvidar ya del tema Ramblín. Y si pudiésemos hacer algo... ya te explico el tema.
A. P. Vale.
- Serra a El Bigotes: "El viernes tendrás un talón". 23 de diciembre de 2008.
D. S. El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le prestéis al de las galletas [Ortiz] la factura igual que la otra.
Acto seguido, el vicesecretario general le pregunta "si ha cerrado alguna cifra con Ricardo". A lo que El Bigotes responde que no.
- El Bigotes a Pablo Crespo: "Ric se ha pillado un rebote que te cagas". La conversación, del 2 de febrero de 2009, demuestra, según la policía, que el ex secreterio general del PP, Ricardo Costa, estaba al corriente de las gestiones de Serra para que Ortiz pagara a Orange Market.
A. P. "He estado con Ric [Ricardo Costa] y nada, cuando le he enseñado el papel ese y tal, pues claro, se ha pillado un rebote que te cagas, ha llamado a David Serra, en fin tío lo de siempre...
P. C. Pero ¿qué pasa? ¿no lo sabía?
A. P. Él pensaba que lo de las magdalenas ya estaba solucionado, entonces claro, pues a mi me jode porque ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar, ha llamado a David y se ha cagado en los muertos de David.
P. C. [...] Bueno, ¿lo va a arreglar o no?
A. P. Sí, sí, esta semana me va a dar...
P. C. De acuedo vale.
A. P. Además, como él [Ricardo Costa] dice: claro, yo te pagaré todo lo que se ha hecho en Alicante, ) en Barcelona no te puedo pagar nada, y es una tristeza por varias razones, primero porque saldremos en algún tebeo y luego verás...
En Barcelona, según la policía, significa en B, pagos en negro sin ningún tipo de factura previa.
- Herrero a Crespo: "Me llamaron de la fábrica de galletas". La conversación es del 3 de febrero de 2008, el día en que, según la documentación del caso, Enrique Ortiz extiende tres cheques por 58.000, 20.752 y 37.479,60 euros a nombre de Orange Market.
C. H. Me llamaron de la fábrica de galletas.
P. C. ¿Y qué?
C. H. Que mañana lo mandan en un mensajero. Por lo que me dicen el mensajero llega mañana o mañana se lo envía al mensajero y me llega pasado. Y me dice: 'No, no, creo que para mediodía lo tienes'.
- Herrero a El Bigotes: "Ya me dieron la caja de magdalenas". Conversación entre los responsables de Orange Market el 5 de febrero de 2008.
C. H. Oye, ya me dieron la caja de magdalenas.
A. P. Ah bien, vale, me alegro.
(www.elpais.com, 02/09/10)
CAMPS DESAFÍA A LOS TRIBUNALES Y AFIRMA: "NO HAY QUIEN ME MUEVA"
González Pons avala al presidente de la Generalitat como candidato en Valencia
"No hay quien me mueva". Con este envite se presentó ayer Francisco Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, imputado por cohecho pasivo impropio relacionado con la trama corrupta Gürtel, ante sus fieles, en el arranque de la precampaña electoral. Esteban González Pons no se quedó atrás y ratificó la frase que todos los asistentes a la cena de inicio del curso político del PP de la Comunidad Valenciana en Teulada (Alicante) querían escuchar. El vicesecretario general de Comunicación del PP dijo alto y claro: "Cada uno está donde debe estar, Federico Trillo y yo en Madrid y tú, Paco, en Valencia, con fuerza, con historia y con vocación". Y acto seguido: "Camps tú eres presidente del PP y de la Generalitat y eres nuestro candidato y el próximo presidente". El anuncio arrancó una fuerte ovación y aplausos de los presentes. "Espero que cumplas con tu deber, estoy orgulloso de ti, sigue así", machacó González Pons.
Más de 2.000 cargos y militantes locales arropan al jefe de la Generalitat
El único representante de la dirección nacional del PP le brindó a Camps para "este año épico fuerza y honor". Y aprovechó para pedir elecciones generales anticipadas, arremetió contra "la política de Jaimito de Zapatero" cuando habló de Melilla, la reforma laboral o la crisis. González Pons acusó al presidente del Gobierno de engañar a los españoles y dijo que es capaz de "besar a los niños con tal de quitarles un caramelo".
Camps bajó del coche oficial a una prudente distancia del restaurante donde el PP valenciano inició el curso político con una cena multitudinaria para evitar los abucheos de varios colectivos agraviados por su gestión e indignados por su imputación por un supuesto delito de cohecho impropio. Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, optaron por la furgoneta de campaña para intentar pasar desapercibidos. Solo les delataron los flases de los fotógrafos. Fue el tenso arranque del curso político más difícil para Camps, quien, pese a su situación jurídica, optó por iniciar la precampaña electoral para los comicios de mayo de 2011, acompañado por más de 2.000 cargos y militantes que pagaron el cubierto a 25 euros.
El otro protagonista de la noche fue el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado también este verano por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios, en el marco del caso Brugal, que investiga la supuesta trama de corrupción ligada al negocio de la basura en Orihuela, al sur de la provincia de Alicante.
Ripoll, último exponente del zaplanismo, ha mantenido durante los últimos años una fría y tensa relación con Camps. Ayer se mostró muy cercano, pasó de puntillas sobre los escándalos de corrupción que pesan sobre toda la cúpula del partido y encomendó al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, que transmitiera "un abrazo" al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, convaleciente de una operación, y también imputado por varios delitos fiscales.
Los periodistas tuvieron que seguir el acto a través de pantallas en una sala paralela.
www.elpais.es 28.08.10
RAJOY ASEGURA QUE "EN ESTE MOMENTO" MANTIENE A CAMPS COMO CANDIDATO
El líder del PP da por hecha por primera vez la nominación, pero con cautela
Por primera vez, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dio por hecho ayer que Francisco Camps será el candidato de su partido a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana el próximo mes de mayo.
El 'número uno' de los populares no aclara si apoya o no a Cascos
"En este momento, el PP sólo trabaja con la hipótesis de que el candidato sea el señor Camps", aseguró Rajoy en una entrevista a Europa Press.
De esta forma, el líder del PP confirma que el proceso judicial sobre el caso Gürtel no es óbice, por el momento, para que Camps opte a repetir mandato en Valencia. Como informó este periódico, la dirección del PP solo se plantea apartarle si es llevado al banquillo por más delitos que el de cohecho impropio, es decir, por más acusaciones que la de recibir los trajes como regalos. El PP sostiene que Camps no será sentado en el banquillo y si lo es solo por los trajes seguirá al frente de la lista. El matiz "en este momento" que introdujo Rajoy apunta a que sería sustituido si la acusación llegara a extenderse a más delitos. Es decir, que su candidatura sigue dependiendo de la decisión de los jueces.
Rajoy también confirmó que será proclamado oficialmente con el resto de cabezas de lista. La fecha y el procedimiento se decidirán en un retiro que los dirigentes del PP celebrarán en Toledo los días 1 y 2 de septiembre, pero será, como muy tarde en noviembre. Rajoy confirmó ayer a Camps como candidato, pero mantiene las distancias porque, a diferencia de lo que hizo el año pasado, no estará hoy en la cena con militantes en Taulada (Alicante) en la que el presidente valenciano abre el curso con un baño de multitudes. Incluso, el líder del PP ha incluido en su agenda en el último momento un acto para hoy por la mañana en Málaga que, en la práctica, será su reaparición pública tras las vacaciones. Sin embargo, en la entrevista con Europa Press, Rajoy asegura no saber nada de esa cena en Valencia con Camps.
La dirección del PP estará representada por el responsable de Comunicación, Esteban González Pons, diputado por Valencia. Previsiblemente, la intervención de González Pons estará centrada en la política nacional, con algunos elogios a Camps y a Joaquim Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, vinculado también por un juez a un caso de corrupción. En la entrevista, Rajoy mantiene la incógnita de si apoyará a Francisco Álvarez Cascos para encabezar la lista de Asturias, después de que el partido en esa comunidad lo haya rechazado expresamente.
No obstante, Rajoy elogia al ex secretario general del PP: "Hablar de la capacidad de Álvarez Cascos tiene poco sentido. Es una persona que ha demostrado muchas cosas a lo largo de muchos años. Ha sido un brillante vicepresidente del Gobierno, ministro de Fomento y le avala una gran trayectoria política. Por tanto, es una persona enormemente valiosa".
El líder del PP parece decantarse por el diputado Santiago Cervera para liderar la candidatura en Navarra. Será la primera vez que el PP concurra con sus siglas, tras la ruptura con UPN. En el resto de comunidades ya están decididos los candidatos y proclamados de forma extraoficial.
www.elpais.es 27.08.10
UNA CENA CON ESCÁNDALOS DE FONDO
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, abre esta noche el curso político del PP en la Comunidad Valenciana con una cena en Teulada (Alicante). Y lo hará con los escándalos de corrupción que azotan a su partido como telón de fondo.
Camps, a pesar de su situación de imputado en un delito de cohecho pasivo, ha decidido convertir la cena de los populares valencianos en un acto de adhesión a su candidatura. "Iniciamos ahora una precampaña electoral que se presume larga [faltan nueve meses hasta los comicios autonómicos] y en la que Camps es el candidato", aseguró ayer el secretario regional de los populares, Antonio Clemente, que prevé que cerca de 2.000 cargos y militantes arropen esta noche a su presidente.
Sin embargo, el acto de esta noche presenta algunas diferencias sustanciales respecto al del año pasado. En esta ocasión, la dirección nacional del PP, con excepción del valenciano Esteban González Pons, ha evitado sumarse al acto protagonizado por Camps. Una cena que ayer recibió duras críticas de los socialistas valencianos porque el local elegido por el PP "figura en informes como lugar de pagos de dinero en negro de [Álvaro Pérez] El Bigotes a los dirigentes populares, según el sumario del caso".
Otra de las novedades de esta cena de inicio de curso del PP es que Camps compartirá atril con el presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, con quien ha acercado posiciones tras la imputación de este en el denominado caso Brugal, abierto por una supuesta corrupción en las contratas de basuras de la provincia.
www.elpais.es 27.08.10
CAMPS DESTINA DOS MILLONES MÁS A PAGAR LA VISITA DEL PAPA
El Gobierno de Francisco Camps ha destinado otros dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de organizar la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La "aportación" resulta llamativa por varios motivos. Primero, porque la fundación está siendo investigada por la justicia por su vinculación con el caso Gürtel. Segundo, porque la oposición y los periodistas han intentado reiteradamente conocer del Consell cuánto costó la visita y se han encontrado siempre con un muro. Y tercero, porque es la segunda vez en lo que va de año que la Generalitat inyecta dinero a una fundación que, técnicamente, dejó de tener sentido el 9 de julio de 2006, el día en que Joseph Ratzinger abandonó la ciudad.
Igual que ayer, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el 24 de febrero una larga lista de modificaciones presupuestarias, entre las que figuraba una "aportación a la dotación del patrimonio fundacional de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia" por importe de dos millones de euros. Fuentes de la Consejería de Economía explicaron entonces que con ese dinero el Consell ponía su parte para liquidar las cuentas y extinguir la fundación (cuyos patronos son la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado de Valencia).
Trasvase de fondos
A la vista del nuevo trasvase de fondos, o bien aquellos dos millones de febrero no tenían como fin liquidar las cuentas, o bien aquella aportación no fue suficiente. Este periódico intentó ayer obtener una explicación por parte de la Generalitat, pero no obtuvo respuesta.
Fuentes de la oposición socialista recordaron que tras negarse durante años a proporcionar un solo dato sobre la fundación, la Generalitat se vio obligada a facilitárselos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se los reclamó en noviembre. "Es probable que desde entonces estén intentando cuadrar las cuentas como sea", añadieron.
La fundación concedió en exclusiva a Canal 9 la señal para retransmitir la visita. La televisión pública valenciana contrató con una constructora leonesa desconocida en el sector (Teconsa) el alquiler de pantallas y la instalación del sonido por 6,4 millones de euros. Pero el coste real, según la investigación policial, fue de 3,1 millones de euros. La justicia investiga el destino del resto del dinero, que supuestamente se repartieron la constructora y la trama Gürtel.
www.elpais.es 17.08.10
CAMPS SE RÍE DEL CONSTITUCIONAL: "SOMOS LOS MÁS TRANSPARENTES DE EUROPA"
más transparente de España y de toda Europa" Esa fue la respuesta que ayer dio el presidente Francisco Camps a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que condena a las Cortes Valencianas por la "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo de Compromís, cuyas iniciativas sobre el caso Gürtel fueron rechazadas por la Mesa de la Cámara. Camps no aclaró si el grupo del PP que él preside, que ha mantenido una actitud obstruccionista a cualquier iniciativa de la oposición parlamentaria autonómica para conocer, entre otras cosas, las contrataciones del Gobierno Camps con las empresas de la trama Gürtel, iba a ser distina en el próximo curso político.
El alto tribunal ordena en su fallo "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa. Camps, que se reunió en el Centro de Protección y Estudio del Medio Natural en L'Albufera de Valencia con sus tres vicepresidentes, no expresó la opinión que le merece el varapalo judicial firmado por el Tribunal Constitucional.
Nuevas inversiones
Camps, imputado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido regalos de empresas de la trama Gürtel que lograron más de ocho millones de euros en contratos con la Generalitat, aprovechó la cita para agradecer el respaldo de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, a su competencia como candidato a las próximas elecciones autonómicas. Lo que no despejó es si en la cena que el PP valenciano celebrará el 27 de agosto como inicio de curso político estará ella o el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy. Fuentes del PP aseguraron por la tarde que acudirá Esteban González Pons.
Camps se limitó a anunciar nuevas inversiones, a comprometerse a no subir los impuestos, a negar la grave situación económica del Consell -con problemas para pagar los suministros de luz y teléfono hasta el punto de recibir amenazas de corte- y a criticar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. De este dijo que acuña la peor financiación autonómica que ha tenido la Comunidad Valenciana por no reconocer cinco millones de habitantes y que su recorte en infraestructuras puede provocar 5.000 parados.
www.elpais.es 15.08.10
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS CORTES VALENCIANAS A RESPONDER PREGUNTAS VETADAS SOBRE EL GÜRTEL
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Considera que vulneró los derechos fundamentales de los diputados de Compromís
El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado contra las Cortes Valencianas por "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo parlamentario de Compromís, como consecuencia de la decisión de la Mesa de la Cámara, en la que el PP tiene mayoría absoluta, de vetar sin dar una explicación adecuada 30 iniciativas parlamentarias, algunas relativas al 'caso Gürtel'. La sentencia, dictada el pasado 26 de julio sin ningún voto particular, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Aragón Reyes. La sala estaba compuesta, además, por la presidenta del Constitucional, Emilia Casas, y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata y Pablo Pérez Tremps. El fallo ordena "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa.
La presidenta de las Cortes veta una propuesta de reprobación
El PP vulnera los derechos de la oposición, según el Constitucional
El PP veta cinco iniciativas para impedir que se hable de corrupción
El 'caso Gürtel', en el que están implicados numerosos cargos del PP valenciano, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que supuestamente recibieron trajes y otras prendas de vestir regalados por las empresas de la trama corrupta -que desde años atrás se venían adjudicando decenas de contratos de la Generalitat- estalló a principios de febrero de 2009. En el caso está implicada la actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, por los contratos adjudicados a la trama cuando era consejera de Turismo. Un mes después de estallar el asunto, los diputados de Compromís en las Cortes presentaron una serie de preguntas sobre el asunto. Reclamaban al Consell información sobre los contratos suscritos por el Ejecutivo de Camps con las empresas ligadas al 'caso Gürtel'.
La Mesa de las Cortes, con los votos del PP, rechazó la tramitación de las iniciativas escudándose en el artículo 153.2 del Reglamento de la Cámara, que permite vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana". El TC considera que esta limitación del derecho a formular iniciativas, que forma parte del "núcleo de la función representativa" del diputado, solo puede justificarse con "una motivación expresa, suficiente y adecuada" para apreciar su consistencia. Y ello para evitar que la apelación al reglamento esconda un "juicio de oportunidad". El TC se refiere a una práctica por la que un grupo parlamentario, en este caso el PP, utiliza su mayoría para censurar iniciativas perfectamente reglamentarias que no quiere que prosperen o se debatan en el Parlamento.
El alto tribunal desmonta por completo la excusa reglamentaria del PP al señalar que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten absolutamente de personas sin trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad", por cuanto se inquiere, entre otras, sobre "si se habían celebrado contratos públicos entre las consejerías del Ejecutivo valenciano y una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el conocido como caso Gürtel". Existe, remata, una "innegable vinculación con la actividad de control del Gobierno que integra la esencia de la actividad parlamentaria". Y añade que la "obligación de interpretar las normas parlamentarias del modo más favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habría obligado, en principio, a su admisión a trámite".
Esta es la tercera sentencia del TC contra la falta de transparencia de las Cortes Valencianas. Las dos anteriores también se referían a iniciativas de Compromís vetadas por la Mesa, aunque eran de la anterior legislatura. El Parlamento valenciano se convierte así en la Cámara autonómica con más fallos del Constitucional por vulnerar los derechos de los diputados.
www.elpais.es 13.08.10
CAMPS AGOTA EL PLAZO PARA HALLAR SU TESIS EXCULPATORIA SOBRE LOS TRAJES
La decisión de abrir juicio oral se cierne sobre los imputados del 'caso Gürtel'
El candidato para las próximas elecciones autonómicas por el PP, Francisco Camps, le queda menos para afrontar ante un jurado popular en el Tribunal Superior de Justicia la acusación de cohecho pasivo impropio por haber recibido como regalo trajes varios de la trama Gürtel. A él y a los otros tres imputados: Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. El plazo para escuchar las cintas con las grabaciones de las conversaciones que realizó la policía con la autorización del juez de la Audiencia Nacional que inició la investigación, Baltasar Garzón, ha concluido. A pesar de que el magistrado juez instructor de Valencia, José Flors, extendió el plazo hasta invadir el calendario de agosto, lo cierto es que el reproductor habilitado para la audición lleva apagado desde hace 10 días y los abogados ya escucharon en julio todo lo que les pareció oportuno porque no han necesitado usar días de agosto para ello.
Ningún letrado ha acudido a escuchar las grabaciones en la última semana
El 15 de julio fue notificada a las partes la providencia por la que Flors ordenó: "Dispóngase de lo necesario para que tenga lugar la audición por las partes del contenido íntegro de las comunicaciones telefónicas cuya intervención y grabación por el sistema SITEL se acordó por el Juzgado de Instrucción número cinco respecto a los teléfonos pertenecientes a Pablo Crespo y Álvaro Pérez". Fue la respuesta a una petición expresa de la defensa de Camps, que fía a esas conversaciones su exculpación. El contenido de las conversaciones o mensajes que las partes consideren oportunos para su defensa se incorporarán a la causa. Pendiente queda, de momento, el acceso a las conversaciones mantenidas en un locutorio penitenciario. Flors decidirá en septiembre sobre ello. Los abogados de los cuatro imputados por esta causa, reabierta por decisión del Tribunal Supremo, empezaron casi inmediatamente a hacer uso del sistema de audiciones. Pero poco más de una semana les bastó. A la defensa de Camps le interesaban aquellas afirmaciones de Pablo Crespo, segundo de la trama Gürtel encabezada por Francisco Correa, que pudieran, directa o indirectamente, respaldar su afirmación de que se pagó los trajes, aunque Flors ya dijo en un auto que en modo alguno quedó eso acreditado sino, más bien, todo lo contrario.
Con esa intención, la defensa de Camps solicitó la declaración de Ignacio Peláez, ex fiscal y abogado de Crespo y del empresario también imputado José María Ulibarri. En esa conversación, Crespo dijo que creía que Camps se había pagado sus trajes. El juez rechazó la declaración de Peláez pero admitió la de Crespo, que se practicó hace escasos días ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de Soto del Real, Madrid. Y, según fuentes de Presidencia de la Generalitat, el ex secretario general de los populares gallegos afirmó que él no había pagado los trajes de Camps ni había dado orden de que se hiciera. Según las mismas fuentes, el camino de la exculpación empezaba a vislumbrarse.
Lo que sí es casi visible es que en tres semanas el juez instructor volverá a tomar decisiones, que parecen directamente encaminadas a la conclusión de las diligencias y apertura de juicio oral contra el presidente y los otros tres imputados. Para tomar esa decisión, el magistrado juez contará también con la declaración practicada, aún pendiente, a Isabel Jordán, ex administradora de varias de las empresas de la trama que aseguró primero en una conversación grabada que ella había pagado los trajes de Camps, que tenía una factura de 30.000 euros que así lo acreditaba, aunque después se desdijo. Tendrá, el juez, el informe pericial de la Agencia Tributaria con el análisis contable de las entradas y salidas de las empresas de la trama, encabezadas por Orange Market, en relación con los pagos a Milano y Forever Young, proveedores de buena parte de los regalos recibidos por los cuatro imputados.
Camps ha consumido ya un plazo más, una diligencia más. Su objetivo es alargar la causa, pero cada vez está más cerca la decisión final de sentarlo en el banquillo de los acusados.
www.elpais.es 11.08.10
LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA TAMBIÉN ESTUVO RELACIONADA CON LA TRAMA GÜRTEL
La empresa pública Imelsa aparece vinculada a las empresas de Correa en un informe de Hacienda
La Diputación de Valencia, a través de la empresa pública Imelsa S A, también mantuvo una relación comercial con empresas de la presunta red corrupta liderada por Francisco Correa, según se recoge en un informe de la Agencia Tributaria.
Cabe recordar que la corporación provincial, presidida por Alfonso Rus desde 2007, es una de las pocas administraciones dirigidas por el Partido Popular que hasta la fecha no había aparecido vinculada al caso Gürtel. Un entramado empresarial cuya filial valenciana, Orange Market, se convirtió en organizadora de eventos de cabecera de los populares valencianos y recibió decenas de contratos de la administración presidida por Francisco Camps.
Según ha ido desgranando este diario y se ha conocido a través de sumario, la trama liderada en la Comunitat Valenciana por Álvaro Pérez se infiltró hasta el tuétano en prácticamente todas las administraciones gobernadas por el PP.
En el ámbito autonómico, casi todos los departamentos del Consell contrataron con empresas de la trama, especialmente con Orange Market.
Según un informe judicial, nueve empresas de la trama recibieron 85 contratos de casi todas las conselleries y varios organismo públicos entre 2005 y 2009. El informe revela irregularidades en la adjudicación, como pagos por duplicado y por trabajos no realizado. El volumen total de contratación del Consell con la trama valenciana de Gürtel asciende a 8,2 millones de euros.
Además, Radio Televisió Valenciana (RTVV) dio el montaje del dispositivo audiovisual de la visita del Papa a Valencia en 2006 -un contrato de 6,4 millones- a la constructor Teconsa, una empresa ajena al sector y que presentó una de las ofertas más caras. El sumario revela que la trama recibió casi un millón en concepto de comisiones por su intermediación en las adjudicación.
En paralelo, conviene recordar que la filial valenciana Orange Market se convirtió en la organizadora de eventos de referencia de la dirección regional del Partido Popular. Durante los años en los que Álvaro Pérez operó en Valencia, el valor de los trabajos facturados al partido por mítines, campaña y otros eventos alcanzó la cifra de 1,8 millones, pero la mayor parte se pagaba en dinero "B".
Al margen de la administración autonómica, otras entidades locales de la Comunitat Valenciana también se relacionaron con la trama. Es el caso de la Diputación de Castelló, presidida por Carlos Fabra. Según el sumario, en 2007 la empresa Orange Market actuó como "agencia de publicidad" para la corporación castellonense.
La trama Gürtel logró infiltrarse también en el escalón más bajo de la administración valenciano. El caso más evidente es el de la Nucia (Alicante) donde Francisco Correa intentó hacer un negocio urbanístico de 72 millones de euros, según se desprende de las grabaciones del sumario Gürtel.
www.levante-emv.com 08.08.10
CORREA DECLARÓ A HACIENDA LOS TRAJES QUE REGALÓ

Documentos de la Agencia Tributaria acreditan que la trama Gürtel registró como compras la ropa adquirida en Milano y Forever para dirigentes del PP valenciano
La trama corrupta que dirigía Francisco Correa declaró como gastos de su actividad empresarial los trajes con los que supuestamente sobornaba a la cúpula valenciana del PP, según se acredita en la numerosa documentación de la Agencia Tributaria que obra en el sumario del caso Gürtel .
"Orange pagó la factura de uniformes para Camps", dice la cajera de Milano

Álvaro Pérez subía su gasto en regalos según iba logrando más contratos

Betoret declaró que Pérez le prestaba dinero para comprar los trajes

El Bigotes ganó los concursos para montar el pabellón valenciano de Fitur

El juez José Flors, que instruye en Valencia la causa contra el presidente Francisco Camps y otros altos cargos del PP valenciano por un supuesto delito de cohecho impropio -aceptar regalos en función del cargo que desempeñaban-, ha pedido a la Agencia Tributaria un informe detallado sobre las empresas de la trama corrupta para conocer si compraron los trajes que, posteriormente, regalaron a cinco dirigentes del Gobierno valenciano y del PP.
En las tiendas Milano y Forever Young, el sastre José Tomás -despedido a raíz de que contase lo que sabía del caso Gürtel- tenía entre sus principales clientes a dos jefes de la trama corrupta, Álvaro Pérez y Pablo Crespo . Ambos compraban ropa para ellos y pagaban los trajes que adquirían en esas tiendas hasta cinco dirigentes del Gobierno valenciano y del PP, entre ellos Camps.
La investigación y los documentos que obran en el sumario acreditan que los trajes para los dirigentes del PP se pagaban en metálico por los directivos de la trama corrupta o a través de talones correspondientes a cuentas propiedad de Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid, empresas de la trama corrupta.
La reconstrucción de los pagos, con documentación oficial que obra en el sumario y de la que EL PAÍS muestra en esta página una pequeña parte, es la que sigue:
- Isabel Jordán: "Yo he pagado 30.000 euros de los trajes de Camps". En una grabación efectuada por un ex colaborador de Correa a directivos de la trama, Isabel Jordán, responsable de la empresa Easy Concept, declara: "Yo he pagado 30.000 euros de los trajes de Camps". Un informe de la Agencia Tributaria señala: "Consultada la Base de Datos Central, en las operaciones de compras declaradas en 2005 por Easy Concept Comunicación consta una adquisición a la entidad Milano Difusión por importe de 34.336 euros IVA incluido, es decir la base imponible de la factura ascendería a 29. 600 euros", una cantidad similar a los 30.000 euros de los que hablaba Isabel Jordán en la grabación que consta en el sumario.
- La investigación en la tienda. Cuando se inició la investigación judicial, la dirección de Milano envió un correo electrónico a todas sus tiendas en busca de una factura por esos 30.000 euros a nombre de Easy Concept. No existía, aunque uno de los empleados contestó así: "Mi compañera Elena Rodríguez, que es la cajera de la tienda y quien lleva habitualmente todos los temas de facturación, recuerda haber generado una factura por una cantidad parecida a una empresa llamada Orange Market [la que dirigía Álvaro Pérez en Valencia que, supuestamente, hacía los regalos a los dirigentes del PP], por un importe de 24.308 euros, factura abonada por talón el 13 de julio de 2005. Esta factura se realizó a una empresa que realizaba los eventos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y corresponde a unos uniformes que se hicieron a distintos cargos de este partido, incluido Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana". Camps aseguró después que los primeros trajes que el sastre José Tomás le preparó los devolvió porque no le gustaban.
- Cambio de establecimiento, pero no de clientes ni de pagadores. Posteriormente, Tomás cambió de tienda pero no de clientes ni de pagadores, según la investigación judicial. En Forever Young continuaron los encargos de trajes para dirigentes del PP que pagaba la trama corrupta a través de tres empresas: Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y la propia Orange Market.
En los listados de la Agencia Tributaria sobre la actividad empresarial de estas tres empresas figuran compras tanto a Milano Difusión como a Forever Young (véanse los documentos que ilustran esta misma página).
De esta manera, las empresas de la trama corrupta registraron como compras necesarias para su actividad los trajes que regalaban a la cúpula del Gobierno valenciano y del PP.
Álvaro Pérez aumentó su capítulo de gastos en regalos de trajes para dirigentes del PP a medida que crecía su facturación con la Administración valenciana, presidida por Francisco Camps, y con el PP valenciano, que le encargó todos sus actos públicos.
Los dirigentes sobre los que pesan sólidas sospechas de corrupción se han defendido de distinta manera. Mientras que Camps asegura que pagó los trajes en metálico en la tienda -aunque ningún trabajador se acuerda y todos lo han negado-, otros dirigentes, como Rafael Betoret, jefe de gabinete en la consejería de Turismo, han llegado a sostener que utilizaban a Álvaro Pérez como prestamista. Adelantaba el dinero para los trajes y luego Betoret se lo devolvía en cómodos plazos. La empresa de Pérez ganó todos los concursos para montar el pabellón valenciano en Fitur, la feria de turismo de Madrid, a los que se presentó.
www.elpais.es 06.08.10
EMPRESAS SOSPECHOSAS DE FINANCIAR AL PP TAMBIÉN CONSTRUYEN COLEGIOS
La diputada Ana Noguera reclama en las Cortes las adjudicaciones
La empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa) también ha adjudicado obras a empresas actualmente investigadas por posible financiación ilegal del PP. Se trata de tres de las seis que figuran en el sumario instruido por el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que habrían financiado a través de Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción del caso Gürtel, las campañas electorales del PP valenciano.
De esas tres empresas solicita la diputada socialista Ana Noguera los expedientes de adjudicaciones en una iniciativa presentada en las Cortes Valencianas. Noguera advierte de que Ciegsa dejó de publicar en 2008 las licitaciones y adjudicaciones de las obras en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y atribuye esa decisión al responsable de la empresa pública, José Luis López Guardiola. "La labor de ocultación y oscurantismo ha aumentado desde que López Guardiola, primo hermano de la consejera Paula Sánchez de León y amigo íntimo de la familia de Francisco Camps, está al frente", asegura la diputada.
Según la parlamentaria socialista, Sedesa, la empresa que Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino, ha vendido recientemente al grupo Ezentis, ha recibido adjudicaciones de centros en Alicante, El Campello, L'Alfàs del Pi o La Nucia, "siempre con precios de adjudicación por encima de la licitación". El IES de Ondara ha sido uno de los más polémicos, pues fue inaugurado en 2002 pero ha tenido graves desperfectos e incluso fue desalojado en 2008 por problemas de seguridad en la estructura. "Recientemente", añade Noguera, "han llegado otras adjudicaciones en Villena o el colegio industrializado de Albal".
La empresa castellonense Piaf, que preside Antonio Pons, encargada del mantenimiento de colegios en Castellón, recibió el encargo de remodelar el colegio Sanchis Yago, en Castellón, donde el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inauguró el curso 2008-2009. Después de 30 años sin obras de mejora, en los días previos al acto, numerosos operarios se afanaron en tapar grietas, pintar, cambiar persianas y arreglar la jardinería del centro docente. Se trata del único centro público de Castellón que aceptó vestir a sus más de 400 alumnos con uniforme.
Otra empresa castellonense, Lubasa, que preside Luis Batalla, cuenta en su haber con una polémica adjudicación: la segunda fase del centro de tecnificación de Vila-real. "Se adjudicó por procedimiento directo y sin concurso", explica Noguera, "esta obra de más de ocho millones de euros. La ley sólo permite adjudicar segundas fases de forma directa si no superan el millón de euros". La diputada añade que Lubasa formó para ello una UTE con Ocide, "vinculada a José Luis Ulibarri, que también tuvo la concesión del hospital de Llíria".
www.elpais.es 01.08.10
CAMPS COMUNICÓ A RAJOY SU INTENCIÓN DE LANZAR LA CAMPAÑA ELECTORAL
Sánchez de León, la nueva coordinadora, delega sus competencias de consejera
"El presidente, como siempre, ha tomado la decisión de acuerdo con el presidente del partido", dijo ayer la flamante coordinadora de la campaña electoral del PP valenciano, la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, que en el pleno de ayer delegó la mayor parte de sus competencias en otros consejeros de la Generalitat Valenciana. En su condición de portavoz del Consell, responsabilidad que conservará, Sánchez de León aseguró que el singular método empleado por el presidente valenciano, Francisco Camps, para designarla y lanzar la campaña de las próximas elecciones autonómicas, en un acto público del PP celebrado la noche del jueves, no se produjo a espaldas del líder del PP, Mariano Rajoy, ya que Camps se lo comunicó. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había advertido el pasado lunes de que las candidaturas en la Comunidad Valenciana tendrían que esperar a que se pronunciara la justicia.
Mediante la aplicación de un método hasta ahora inédito en la Generalitat, Sánchez de León delega "horizontalmente" la mayor parte de sus competencias para conservar la condición de portavoz y mantener las competencias sobre modernización de la Administración. Las relaciones con el Estado y la Unión Europea pasan al vicepresidente y consejero de Industria Vicente Rambla, mientras que el vicepresidente Económico Gerardo Camps asume las de Administraciones Públicas y Rafael Blasco, consejero de Solidaridad y Ciudadanía, las de Justicia. Aprovechando la centrifugación, las competencias sobre bandas de música y pilota valenciana pasan al consejero de Gobernación, Serafín Castellano.
Aparte del excepcional mecanismo de delegación provisional de competencias, mientras la estructura de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas se mantiene intacta, el lanzamiento de Sánchez de León, una figura hasta ahora de escaso relieve partidario, desaira a dirigentes y cargos públicos como el vicepresidente Rambla, que coordinó la campaña de 2007, o Blasco, que aspiraba a trasladar al partido su peso en el grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas. Nada tiene que ver que la anterior campaña electoral, en 2007, que coordinó Vicente Rambla, esté siendo investigada por supuesta financiación ilegal en el marco del caso Gürtel, para que Camps haya prescindido de él esta vez, dijo la nueva responsable electoral del PP. Sánchez de León argumentó que su nombramiento es coherente porque tanto Rambla como el actual consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, en las elecciones de 2003, fueron elegidos coordinadores electorales cuando ocupaban el cargo de portavoces del Consell. "Es lo que menos distorsión va a producir", argumentó Sánchez de León. Por lo que se refiere a Blasco, la nueva coordinadora evitó confirmar su declaración de hace unos días, cuando aseguró que Camps debería seguir aunque fuese condenado por el caso de los trajes regalados por la trama de corrupción, en avanzado estado de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia. Sánchez de León se limitó a decir que confía en la "inocencia absoluta de Camps" y carece de sentido pronunciarse sobre "hipótesis muy poco probables".
El encargo a Serafín Castellano de las bandas de música, por otra parte, supone una desautorización de la consejera de Cultura, Trini Miró, y también del de Educación, Font Mora, tras el enfrentamiento con las sociedades musicales por los recortes presupuestarios que amenazan incluso la continuidad de las escuelas musicales. Pero no deja tampoco bien parado a Blasco, que en su condición de portavoz parlamentario del PP medió el pasado mes de marzo para reconducir la situación sin ningún éxito.
El pleno del Consell, por otra parte, aprobó ayer sendos anteproyectos de ley de cara al próximo período parlamentario. Castellano explicó el primero, que pretende regular la custodia compartida y que se ha denominado "de relaciones familiares de los hijos cuyos progenitores no conviven". El consejero explicó que se ha consensuado con diversas organizaciones sociales y espera que obtenga el consenso parlamentario. La consejera de Cultura, Trini Miró, no acompañó a Sánchez de León y Castellano para explicar el anteproyecto de ley del Deporte y la Actividad Física.
"Sólo le guía su interés personal"
La oposición arremetió ayer contra la maniobra de Francisco Camps que, para nombrar una sorprendente coordinadora de su campaña electoral, ha trastocado provisionalmente el organigrama de la Generalitat. "Está claro que en estos momentos a Camps sólo le guía su interés personal", señaló el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna. "Se siente acosado por la cantidad de errores que ha cometido a lo largo de toda su trayectoria como presidente de la Generalitat; se siente acosado por los procedimientos judiciales que tiene abiertos en estos momentos; se siente acosado porque no siente el respaldo de la dirección nacional de su partido. Y trata de desafiar a todo y a todos con un comportamiento más propio de un dictador de república bananera que de un gobernante democrático". El portavoz socialista, que se ha distinguido en la denuncia de los casos de corrupción que afectan al PP, añadió una reflexión: "Los valencianos hemos venido sufriendo a Camps mucho tiempo y ahora la sensación es que lo van a sufrir en su propio partido".
La coordinadora de Esquerra Unida y diputada autonómica, Marga Sanz, comentó que los cambios en el Consell "muestran una mezcla consciente del PP entre gobierno y partido". Según Sanz, Paula Sánchez de León "será sólo portavoz y estará haciendo tareas de partido, dedicada a la campaña electoral y liberada de responsabilidades gubernamentales, en una clara confusión entre partido y gobierno".
Por su parte, la coordinadora de Iniciativa del Poble Valencià y diputada de la Coalició Compromís, Mònica Oltra, señaló que "las ansias de poder están llevando a Francisco Camps a hacer el ridículo". En opinión de Oltra, "no puede ser más bochornosa la manera en que Camps dio por convocada la junta directiva y dio por aprobadas sus decisiones, una buena muestra de hasta qué punto los escándalos de corrupción están trastocando al PP".
Delegación de competencias
- La consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, se desprende provisionalmente de la mayor parte de sus competencias, aunque sigue de portavoz del Consell.
- Vicente Rambla asume las relaciones con el Estado y la UE.
- Gerardo Camps se hace cargo de Admistraciones Públicas.
- Rafael Blasco asume las competencias de Justicia.
- serafín Castellano asume bandas de música y 'pilota'
www.elpais.es 31.07.10
LUNA ACUSA AL PP DE "BANALIZAR LA CORRUPCIÓN" PARA SOSTENER A CAMPS 
Hizo una "lectura" sobre la estrategia del PP valenciano ante los casos de corrupción que afectan al presidente de la Generalitat y otros cargos públicos de cara al próximo curso político, en el que habrá elecciones municipales y autonómicas. Y se encomendó para ello a Hannah Arendt y su famosa idea sobre "la banalidad del mal", aquí un tanto traída por los pelos -o tal vez no, dado que viene a describir cómo la rutina de la máquina administrativa podía convertir en banales los actos más horrendos bajo el régimen nazi. 
Dilatar el procedimiento principal del caso Gürtel, poner la justicia en cuestión, "banalizar la corrupción" y pervertir la democracia son los cuatro aspectos que, en opinión del portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, caracterizarán la estrategia del PP "en los próximos meses y tal vez en lo que queda de legislatura".  
Luna se refirió ayer a las declaraciones del portavoz popular, Rafael Blasco, en las que dijo el martes que es partidario de que Camps siga en el cargo, aunque acabe siendo condenado por el caso de los trajes regalados por la trama de corrupción, y señaló que el PP intenta transmitir la impresión de que "tampoco tiene tanta importancia la corrupción porque lo que importa es la gestión". "¿Qué gestión?", se preguntó acto seguido el diputado socialista. "Para contraponer la poca importancia de la corrupción a la eficacia de la gestión de Camps ya hace falta tener cuajo". La intención de los populares valencianos, en opinión de Luna -y aquí tiene sentido la cita de Arendt-, es provocar el "hastío" de la opinión pública para que el asunto de la corrupción pase desapercibido. 
El portavoz socialista comentó el recurso de apelación del PP contra la inhibición del juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a favor del TSJ de la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a la parte valenciana del caso Gürtel. Luna explicó que los socialistas son partidarios de que no se juzguen por separado el caso de los trajes y el sumario de Madrid. "Que se juzgue lo que ha pasado", reclamó, frente a la voluntad del PP de trocear la realidad. "Los regalos de trajes no se han producido en abstracto", recordó Luna. "Eran regalos de presuntos delincuentes que consiguieron contratos de las Administraciones dirigidas por aquellos a quienes regalaban trajes". "Como decía Hegel, la verdad es el todo", añadió con sarcasmo el portavoz socialista.  
Luna consideró grave la apelación de Blasco a que el presidente se debe fundamentalmente al voto de los electores, como si no existiera la responsabilidad política, recordó que la Constitución establece el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y calificó de "bonapartismo" la estrategia popular, en la medida en que pretende legitimar con plebiscitos una "dictadura personal". El portavoz socialista, de todas maneras, apuntó que las pretensiones de Camps dependen del "dedo de Rajoy", y el presidente nacional del PP no ha ratificado a Camps como candidato ni tiene previsto asistir hoy al acto convocado por los populares valencianos. 
Por su parte, el portavoz popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, afirmó ayer en Castellón que su partido no tiene porqué actuar sobre sus cargos, estén imputados o condenados, mientras exista una posibilidad de recurso. De esta manera, sostuvo que no basta con una sentencia condenatoria de un juzgado, una audiencia o incluso el Tribunal Supremo ya que, a su entender, hasta que no haya un fallo "que no sea recurrible ante ningún organismo de ninguna institución", no se tiene porqué adoptar ninguna medida política. "Acabará en Estrasburgo o donde tenga que acabar", respondió Blasco a una pregunta en referencia al tribunal europeo hasta el que podrían llegar los recursos y, por tanto, prolongarse las causas durante años. 
El portavoz del PP afirmó que "la presunción de inocencia no acaba nunca" y reiteró que el veredicto que debe respetar Camps es "el de los ciudadanos". Del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, en camino de ser juzgado, dijo que es un "excelente político". 
(www.elpais.com, 29/07/10)
PEDREIRA DEJA EN MANOS DE LA SALA DE TSJM LA EXCLUSIÓN DEL PP EN EL PROCESO GÜRTEL  
El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha rechazado el recurso del PSPV en el que los socialistas reclamaban la exclusión del PP en la causa por considerar que los populares incurren en fraude procesal ya que, personados como acusación popular, ejercen realmente de defensa. El juez, no obstante, no ha entrado en el fondo del planteamiento de los socialistas y deja en manos de la misma sala del TSJM la decisión sobre la continuidad del Partido Popular en el proceso. 
El PSPV pidió la salida del PP del proceso en sus alegaciones al recurso de los populares contra el primer auto de Pedreira en el que se inhibió en favor del TSJ valenciano al entender que existía conexión entre el caso Gürtel y los presuntos regalos de trajes a dirigentes del PP, entre ellos, al presidente Camps. En su segundo auto, Pedreira volvió a rechazar las pretensiones de los populares pero obvió la petición del PSPV.  
Entonces los socialistas recurrieron ese segundo auto del juez pidiendo la exclusión del PP. Pedreira ha resuelto que, como el el PSPV no recurrió su primera resolución, no puede hacerlo contra la segunda, e indica que, en todo caso, esa petición podrá formularla directamente a la sala del TSJM cuando el PP apele. De este modo, será la sala del alto tribunal madrileño la que resuelva si el partido de Rajoy continúa en el proceso, ya que los populares han presentado la apelación y, según fuentes socialistas, el PSPV reiterará a los jueces de Madrid su petición. 
El portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, comparó la estrategia del PP en Gürtel con el régimen franquista, tras las declaraciones del portavoz popular, Rafael Blasco, en las que defendió que Camps "no puede cuestionarse más que por el voto de los ciudadanos" debido a su gestión. "Ya hace falta tener un cuajo suficientemente hecho como para contraponer la poca importancia de la corrupción a la eficacia de la gestión", lamentó Luna, quien recordó que este discurso ya se utilizaba con Franco.
Acusó a los popular de dedicarse a "dilatar y confundir" en el proceso, con el objetivo de provocar el "hastío" en la opinión pública, buscando la "banalización de la corrupción". Y elevó la crítica a Rajoy al denunciar que éste, al condicionar la candidatura de Camps a la actuación de la Justicia, "está poniendo también al aire sus vergüenzas éticas porque está realizando un cálculo exclusivamente electoral". Si Rajoy tuviera claro que Camps ha de ser el candidato, "ya lo habría dicho claramente", aseveró el portavoz socialista. En su opinión, la conexión del caso Gürtel y los trajes "es evidente". "A Camps no le regalaban trajes en 2003", asestó. 
Ni en el más genial de los relatos de Borges cabe imaginar que trece consellers puedan redactar y firmar la misma respuesta por escrito idéntica, palabra por palabra, a unas preguntas parlamentarias sobre los expedientes de enriquecimiento injusto derivados de los impagos a los proveedores, las llamadas "facturas en los cajones", entre 2005 y 2009. 
La portavoz adjunta socialista Cristina Moreno comparó las "respuestas orquestadas" que ha recibido a la "presunta indicación" de Presidencia para que todas las conselleries "contrataran con El Bigotes". Y se preguntó si es "el mismo [en alusión al presidente Camps] que luego no es responsable de nada y envía al juez una lista de más de 200 dirigentes del PP como responsables de contratar con Orange Market, poniéndolos a los pies de los caballos". 
La parlamentaria denunció que, de las respuestas, se desprende que todas las conselleries han tenido facturas en los cajones. Sin embargo, el Consell no da ninguna información al respecto, en lo que constituye, dijo, un "grave acto de opacidad". El Ejecutivo sólo apunta que no ha expedientado a nadie por el pago de estos costes financieros. No es un tema menor, advirtió Moreno, quien recordó que el Síndic, sólo en 2008, habla de 846 millones en expedientes de enriquecimiento injusto. 
(www.levante-emv.com, 29/07/10)
EL EQUIPO DE CAMPS AVISA DE QUE SEGUIRÁ SI ES "CONDENADO" 
Justo en el mismo día y, por poco, coinciden hasta en la hora. El portavoz del Grupo Popular en Les Corts valencianas, Rafael Blasco, afirmó este martes que Francisco Camps “debería continuar” en su cargo “aunque fuera condenado” por su implicación en el caso Gürtel. Y, mientras tanto, Mariano Rajoy decía a los suyos, reunidos en el último comité ejecutivo nacional del curso que celebraba su partido, que habrá que esperar a ver qué pasa con los procesos judiciales abiertos para adoptar cualquier decisión. 
“El president debería seguir en cualquier circunstancia”, dijo Blasco de forma rotunda durante un almuerzo con periodistas. Después resaltó que se trataba de su opinión personal y aseguró que, en cualquier caso, no pensaba que ese extremo llegara a producirse. “Creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia como la inmensa mayoría de los valencianos”, matizó. 
En cualquier caso sus declaraciones ya habían causado estragos en el PP nacional. “¿Quién es Blasco?”, destacaban con sorna. Más de un dirigente conservador minusvaloró a su compañero de filas. Algunos llegaron incluso a decir que no se podían tener en cuenta sus palabras porque cuando Blasco habla “no se sabe si realmente dice lo que piensa”. En la sede del PP creen que tanto él como Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, han “malmetido” mucho contra el jefe del Consell. 
En la dirección nacional mantenían que ese podía ser “el pensamiento” del conseller pero se negaban a suscribirlo. Además insistían en que el líder del PP había dicho exactamente lo contrario. “Él ha pedido esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos”, señalaba un diputado. Otro lo recordaba así: “Ha dicho que con los temas de corrupción confiamos en la Justicia y que vamos a ver qué ocurre”. Cada uno lo expresaba a su manera pero en el fondo la idea era la misma: Camps permanece en cuarentena. “Todo está pendiente. No le hemos dado un sí rotundo e incondicional”, confesaban en el PP. 
En mayo, Rajoy derrapó en su cierre de filas con Camps. El líder del PP comentó en una entrevista que su barón iba a ser cabeza de lista en las próximas elecciones “diga la Justicia lo que quiera”. El Supremo se iba a pronunciar sobre el tema de los trajes y, con ello, Rajoy venía a decir que le daba igual que lo imputaran. 
El jefe de la oposición siempre se ha arrepentido de la expresión que empleó y unos días después incluso llegó a reconocerlo en público. En una reunión con los máximos dirigentes de su partido admitió que había sido “desafortunada” y sostuvo que no iba a volver a decir cosas que se pudiesen “malinterpretar”.  
Por lo visto ha aprendido la lección y ahora prefiere mantener la cautela. Por eso iniciará el curso político en Santiago de Compostela cuando el año pasado lo hizo en la Plaza de Toros de Valencia. Y, por eso mismo, ha pospuesto la designación de candidatos a la vuelta del verano esperando a que los tribunales se pronuncien. 
En rueda de prensa, le preguntaron a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por la situación que vive el partido en la Comunitat Valenciana donde cuentan, además de con Camps, con los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados. “Vamos a esperar y confiar en la actuación de la Justicia”, dijo repitiendo el estribillo de su jefe. 
Además tuvo que defender que el código ético se aplica “a todo el mundo por igual” cuando le preguntaron por qué se había suspendido de militancia al ex secretario general de los conservadores valencianos, Ricardo Costa, por atrincherarse en sus cargos y no se hacía nada contra Fabra, al borde del banquillo por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. “No tienen absolutamente nada que ver los dos casos aunque haya personas interesadas en mezclarlos”, defendió Cospedal. 
Por su parte, el portavoz del grupo Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, denunció que Fabra y su familia mantienen activa una empresa que se utilizaba para ocultar pagos, informa Toni García de Dios. El nombre de la empresa es Carmacas, creada por el presidente de la Diputación de Castellón en el año 2000 y que desde el año 2004, cuando se descubrió la presunta trama de blanqueo de dinero no obtiene beneficios. Una empresa sin actividad, pero que continúa dada de alta, con un capital cercano al millón de euros y una persona contratada a la que paga 36.000 euros al año, según la documentación a la que ha tenido acceso Mulet.  
La Fiscalía Anticorrupción cree que esta podría ser su tapadera. Según Mulet, en estos años “se está produciendo una descapitalización de Carmacas, se va distribuyendo el patrimonio que se ha ido consiguiendo en los años de bonanza, antes de que estallase el caso Fabra”. 
Además también se conoció que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado un recurso interpuesto por Fabra quien consideraba que diversas informaciones publicadas en la revista Interviú referentes a las investigaciones fiscales sobre su patrimonio constituían delitos de revelación de secretos oficiales e información privada. Pero la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que informar sobre el patrimonio de una “autoridad” no es delito.  
(www.publico.es, 28/07/10) 
BLASCO: ´CAMPS SEGUIRÁ AUNQUE LO CONDENEN, QUE NO LO HARÁN´  
El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, dio ayer un paso más en la defensa del presidente Francisco Camps y su candidatura para las autonómicas de 2011 al aseverar que, en su opinión "personal", Camps "debería continuar [en su cargo] en cualquiera de las circunstancias, aunque fuera condenado", si bien esta hipótesis, recalcó, no la contempla, "convencido de su inocencia". Blasco respondió así, durante un almuerzo con periodistas para hacer balance del curso parlamentario, al ser preguntado sobre la hipótesis de que el jefe del Consell pueda ser condenado por Gürtel 
Antes de manifestar su "absoluta confianza" en la inocencia de Camps, el conseller aseguró: "Mi opinión personal es que el presidente se debe fundamentalmente a los votos de los valencianos y ni siquiera hablando de un tema que no tiene ninguna trascendencia penal, y de lo que se le está acusando hasta ahora es una cosa menor que además no tiene ningún fundamento -dijo en referencia a la causa de los trajes-, creo que el presidente debería continuar en cualquiera de las circunstancias". "Aunque fuera condenado, pero creo que no va a ser condenado". 
Blasco matizó de inmediato sus palabras: "Yo no digo que si el presidente es condenado tiene que ser presidente; es que yo creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia". El síndic del PP comentó sobre Camps que una persona que está gestionando los asuntos públicos "como ninguno los ha gestionado, no puede cuestionarse más que por el voto de los ciudadanos", ya que "la regla de oro de la democracia es que la última palabra la tienen los ciudadanos".  
Blasco, cuyas declaraciones van en línea opuesta al criterio de Génova de esperar a la Justicia para designar a los candidatos, indicó: "El criterio de Madrid es muy respetable, pero la autonomía del PPCV hay que defenderla y acrecentarla". 
Instó a esperar la decisión de la Justicia -a la que habrá que "darle la razón", dijo- pero defendió que los procesos judiciales "no son infalibles" y en España existen casos de personas que "condenadas de antemano" y cuando finalmente han sido absueltas "no han tenido oportunidad de recuperarse políticamente".  
Admitió que en la Comunitat "pasan cosas" pero de éstas a "derivar responsabilidades políticas es un tramo que hay que recorrer con mucha responsabilidad". Quizá por los acontecimientos judiciales, auguró que va a ser una precampaña y una campaña "épica", con unas situaciones con "dosis de leyenda y de epopeya". 
El conseller, que afirmó que todo el grupo popular "se ha ganado su puesto", auguró que la "división interna" en el PSPV "se va a agudizar en los próximos meses" con la "salida" del portavoz socialista, Ángel Luna, de la Cámara en la próxima legislatura y la marcha del portavoz adjunto, Joaquim Puig al Congreso. 
(www.levante-emv.com, 28/07/10) 
EL PP RECURRE OTRA VEZ LA INHIBICIÓN DEL JUEZ PEDREIRA EN GÜRTEL 
El PP ha presentado otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la inhibición del juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, en favor del TSJ de Valencia (TSJV) para que investigue determinados delitos que afectan al Gobierno de Francisco Camps por considerarla "inmotivada y precipitada". 
En el recurso presentado por los 'populares' ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al que tuvo acceso Europa Press, el partido liderado por Mariano Rajoy solicita que se rechace la inhibición en favor del TSJ de Valencia "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana". 
El PP reitera nuevamente que la falta y defectos de "motivación" vician el contenido y deben determinar la revocación de la decisión adoptada. El auto que se impugna resulta difícil de leer y, en ocasiones, aún más difícil de comprender e interpretar", ya que, según señala, a la reproducción de textos de parte "que no se identifican ni citan como tales" se une el "desorden en la exposición de argumentos", de modo que, concluye, "resulta muy gravoso atacar las verdaderas razones que justifican la decisión adoptada". 
En la misma línea, se alega que en el auto aparecen "hechos, reflexiones y referencias que resultan completamente ajenos a la cuestión debatida" que suponen una "incongruencia por exceso que incide en la propia decisión final, afectando a su motivación". 
Carga igualmente contra el magistrado instructor por haberse limitado, dice, "a reproducir una y otra vez y a veces sin ni siquiera entrecomillarlas, partes enteras del escrito de la Fiscalía, que asume como propias". 
Entre las alegaciones presentadas por el PP figura igualmente una defensa a su derecho a presentarse como acusación particular en la medida que existe un "perjuicio o gravamen" para el partido en el caso de aceptarse la inhibición. "La escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto del que está conociendo del conjunto de la misma, provocará, a juicio de esta parte, una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper, como se ha dicho en el recurso, la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores", se argumenta. 
 En esta línea, sostiene igualmente que el desglose de la causa debería estar "fundado en una prolija y contundente argumentación que justifique" la misma y "la imposibilidad de enjuiciar el nuevo delito al margen del conjunto de los autos", algo que, recuerda, "no ha sucedido" en este caso. 
 Respecto a la conexidad objetiva con la conocida 'rama valenciana' del 'caso Gürtel', los 'populares' recalca que no se justificó la existencia de la misma y recuerda que la 'trama valenciana' del 'caso Gürtel' se está investigando "con el conjunto" del caso por el TSJM "y ello porque en relación con todas estas conductas presuntamente delictivas sí existen motivos concretos de conexión". 
"Romper la conexión actualmente establecida y que nadie discute entre las diferentes conductas investigadas, y separar una parte de ellas para intentar modificar la calificación jurídica de otros hechos perfectamente delimitados y respecto de las cuales ya se ha pronunciado el propio Magistrado Instructor del TSJ de Valencia, carece de todo apoyo legal y debe ser duramente combatido en aras de la propia celeridad y buen fin de la causa principal", señala. 
 En la misma línea, alega que no se ha acreditado la existencia de conexidad subjetiva dado que "la mera condición de aforados no es causa suficiente para ordenar" la acumulación de causas. En esta línea, recuerda que en el presente caso "no se ha practicado ni una sola diligencia judicial de investigación sobre los hechos presuntamente delictivos" cometidos por la 'trama valenciana' del caso. 
(www.levante-emv.com, 28/07/10)
ENSANCHAR LAS COSTURAS DE LOS TRAJES 
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, y los socialistas valencianos libran en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia su particular batalla. Desde que el Tribunal Supremo decidió reabrir la causa el pasado 12 de mayo -en una sentencia por unanimidad y muy dura contra el archivo decretado por el tribunal que preside el "más que amigo" de Camps, Juan Luis de la Rúa- las defensas de los imputados y la acusación popular han intentado adecuar las costuras de la instrucción a sus intereses. 
Camps, empeñado en rebatir los indicios que existen en su contra, ha hecho varias peticiones al juez instructor José Flors. La defensa de Camps ha pedido disponer de un perito propio para analizar, al margen del perito judicial, los pagos de las empresas corruptas del caso Gürtel a las tiendas donde el jefe del Consell y los otros tres imputados -el ex secretario del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret- ampliaron su guardarropía. 
También ha pedido que declaren uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, y su abogado Ignacio Peláez -que mantuvieron una conversación en la cárcel en la que el primero señalaba que Camps se había pagado los trajes- y una periodista de El Mundo para que ratifique el contenido de una entrevista realizada a Isabel Jordán -imputada también en el caso Gürtel, que en una conversación grabada afirmaba que había pagado las facturas de la ropa de Camps-. 
Simultáneamente, la Generalitat y el PP han buscado dilatar la instrucción del caso Gürtel en el TSJ de Madrid tras la decisión del juez Antonio Pedreira de inhibirse parcialmente en favor de su homólogo valenciano José Flors. 
Pedreira considera que hay indicios de que personas aforadas del PP podrían haber cometido varios supuestos delitos, incluido el cohecho, el delito electoral y la financiación irregular, que están conectados con la causa de los trajes que instruye el juez Flors. 
Fuentes del PP reconocen, en privado, que la estrategia de Camps pasa por dilatar la instrucción y la convergencia de los dos procesos en uno solo. El objetivo, según estas fuentes, sería ganar tiempo para ver ratificada su candidatura a la presidencia de la Generalitat y buscar la exculpación en las urnas. 
Sin embargo, esta estrategia es vista con preocupación en otras instancias del PP, que creen que, de producirse esta dilación en la instrucción, Camps trasladaría el problema al propio Mariano Rajoy en vísperas de unas elecciones generales. 
Frente a la postura del presidente de la Generalitat, los socialistas han trazado su propia hoja de ruta judicial. Para el PSPV, el delito que Flors imputa a Camps -cohecho pasivo impropio- está relacionado con los otros enumerados por Pedreira, lo que se podría traducir en una imputación de cohecho, cuyas consecuencias son mucho más graves y que en caso de culpabilidad puede penarse con la inhabilitación política. 
En este contexto, los socialistas han solicitado a Flors la inclusión de las declaraciones realizadas en el TSJ de Madrid por tres de los empleados de Forever Young -la empresa donde se vendieron los trajes- y los informes elaborados por la Brigada de Blanqueo de Capitales y la Agencia Tributaria, relativos a la supuesta financiación obtenida por el PP a través de Orange Market y los contratos adjudicados por la Generalitat. 
"Nuestro objetivo es que la causa avance", reconoce el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, personado como acusación popular junto con otros tres diputados del PSPV, en el caso de los trajes y en la instrucción del caso Gürtel en Madrid. 
Para los socialistas valencianos, las causas que instruyen Flors y Pedreira son la misma. "Un proceso independiente [por cohecho, financiación irregular y delito electoral] del caso de los trajes no se entendería en la calle", argumenta Luna, que insiste en que la trama y las prácticas corruptas son una realidad. "La trama viene a la Comunidad Valenciana de la mano de Francisco Camps, que era muy amigo de Álvaro Pérez", insiste. 
El juez Flors ha rechazado todas las peticiones de los socialistas y la mayor parte de las exigencias formuladas por la defensa de Camps, aunque todavía cabe recurso de apelación. De hecho, el instructor del caso de los trajes sólo ha aceptado tomar nueva declaración a Isabel Jordán y a Pablo Crespo. Aunque el juez advierte que Crespo es un imputado que tiene su propio interés en la causa y no tiene obligación de decir la verdad. 
Flors también ha aceptado que un perito de la Agencia Tributaria -y no el propuesto por la defensa de Camps- analice la contabilidad relacionada con los regalos de la trama. Flors ha transigido también con la audición de las grabaciones del caso Gürtel, que ya no están bajo secreto de sumario en el TSJ de Madrid. Una concesión que no incluye las grabaciones tomadas en el locutorio de la cárcel entre los cabecillas de la trama que dirigía Francisco Correa y sus abogados. Decisión que frustra, en parte, las aspiraciones de Camps de encontrar fragmentos exculpatorios de que pagó sus trajes. Hecho que no ha podido acreditar frente a los indicios que demuestran lo contrario. 
A la causa le queda, por ahora, un ratito largo. 
(www.elpais.com, 19/07/10) 
UN DELITO ENTRE DOS INVESTIGACIONES 
En agosto, no se para el trabajo del juez José Flors. Las partes de la causa de los trajes pueden escuchar las conversaciones grabadas por la policía mientras investigaba el caso Gürtel. Si en los brutos hallan algún fragmento de su interés pueden pedir que se incorpore a la causa. A continuación se detallan las claves de la instrucción. 
- ¿Cuándo termina la investigación? Si no se amplía la causa con otros delitos, el juez Flors podría concluir a finales de septiembre su trabajo y proceder a la apertura de juicio oral en octubre. Esa decisión pondría al presidente Francisco Camps frente a un jurado a finales de año o principios de 2011. 
- ¿Qué falta por hacer? Falta tomar declaración a la administradora de varias de las empresas de la trama Gürtel, Isabel Jordán, y a uno de cabecillas de la trama, Pablo Crespo. También se incorporará el informe pericial que Flors ha encargado a la Agencia Tributaria para que analice cómo registraba la trama corrupta en su contabilidad el gasto en regalos. Es decir, cómo registró Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, el pago de las prendas que compraba en las tiendas de Milano y Forever Young. 
- ¿Se puede ampliar la causa de los trajes?
El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, cree que sí. El magistrado se ha inhibido en favor de José Flors de la mayor parte de la investigación relacionada con la Comunidad Valenciana. Según Pedreira, el delito de cohecho pasivo impropio que se imputa a Camps por aceptar regalos está conectado con la adjudicación de contratos a la trama corrupta por parte de la Generalitat y la supuesta financiación irregular del PP valenciano. 
- ¿Quién toma la decisión?
 Pedreira remite la causa al juez Flors. Sin embargo, la decisión sobre el destino final de esta investigación realizada por Pedreira la adoptará la sala de Lo Civil y Penal del TSJ de Valencia, presidida por Juan Luis de la Rúa, con los magistrados José Francisco Ceres, Juan Montero y Juan Climent. 
- ¿Qué puede decidir?
 Que admita el razonamiento de Pedreira y acumule la causa a la de Flors o que considere que se trata de una causa independiente que debe instruir otro magistrado. Aunque es más improbable, el TSJ de Valencia podría rechazar total o parcialmente la investigación del TSJ de Madrid, lo que obligaría a pronunciarse al Tribunal Supremo. 
- ¿Qué consecuencias tendría la acumulación de las dos causas?
La principal consecuencia sería que el regalo de los trajes ya no lo juzgaría un jurado. La responsabilidad recaería en un tribunal y la instrucción se prolongaría en el tiempo. 
(www.elpais.com, 19/07/10)
FLORS DESACREDITA LA VERSIÓN DE CRESPO SOBRE EL PAGO DE LOS TRAJES PARA CAMPS
El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors, que instruye la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres cargos populares, ha aceptado que las partes interroguen a Pablo Crespo, considerado como el número dos de la trama corrupta, pero afirma que será difícil que este testimonio cambie su planteamiento inicial sobre cómo se pagaron las prendas.
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Pedreira reitera que Camps tiene que ser imputado por el Tribunal valenciano
El magistrado rechazó que el abogado de Crespo fuera también interrogado, aunque no ve inconveniente en que se pueda preguntar al ex dirigente del PP en Galicia, "si es que quiere responder, para que diga cuanto sepa acerca de cómo y por quién se abonó el importe de las prendas de vestir". Flors, no obstante, manifestó sus reservas de que lo que diga Crespo vaya a servir para algo por "el personal interés del Sr. Crespo en la presentación e interpretación" de los hechos, según el dario El Levante.

José Flors mantiene que "la base documental y contable existente en la causa" es "acreditativa de cómo y con cargo a qué cuentas bancarias se hicieron los pagos de aquellas prendas", tal como reflejó en el auto que inició el procesamiento de Camps y que Flor. Además, recuerda que Pablo Crespo está imputado en la causa principal del caso Gürtel, por lo que "no podrá exigírsele juramento de decir verdad".

La defensa de Camps solicitó al juez Flors la declaración de Crespo y de su abogado Ignacio Peláez para que ratificaran la conversación que ambos mantuvieron en la prisión y en la que el secretario del Organización del Pp gallego aseguró que Camps se había pagado sus trajes.

Las conversaciones grabadas en la cárcel y que recientemente fueron declaradas ilegales formaban parte de la documentación que hace un año llegó al TSJ-CV cuando se desgajó del caso Gürtel la pieza sobre los trajes. Sin embargo, las partes no tuvieron conocimiento de la existencia de estas grabaciones, que Camps y su entorno consideran claramente exculpatorias, hasta que Pedreira levantó el secreto de sumario en octubre de 2009.
www.elplural.com 17.07.10
LUNA ACUSA A CAMPS DE "ENTORPECER" LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO GÜRTEL'
La portavoz del Consell dice que el PP no alimenta ninguna "batalla campal"
El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "entorpecer" la instrucción del caso Gürtel que realiza el magistrado Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La consejera dice que sus informes tienen la misma validez que los otros
Luna compareció en la sede del PSPV para valorar el auto del juez Pedreira, que rechaza el recurso del PP contra la decisión de inhibirse en favor del TSJ de la Comunidad Valenciana en la mayoría de la instrucción del caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana. Pedreira considera que esta parte de la instrucción, en la que detectan indicios de varios supuestos delitos, incluida la financiación irregular del PP y delito electoral, está relacionada con el caso de los trajes por el que están imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
"El recurso presentado por el PP [contra la decisión de Pedreira] va a suponer un retraso de tres meses. No sabemos por qué, pero Camps está ganando tiempo antes de las elecciones", señaló Luna, que argumentó que el presidente de la Generalitat ha adoptado la estrategia del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. "Entorpecer, retrasar y confundir", remarcó Luna, que censuró la estrategia del presidente de la Generalitat de "manipular las instituciones valencianas para su defensa judicial".
El Consell remitió al juez Pedreira un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que enumera un total de 226 cargos de la Administración valenciana que pudieron haber participado en la adjudicación de contratos a empresas de la trama corrupta de Gürtel y que excluye al jefe del Ejecutivo valenciano. Junto a este informe se emitió un dictamen del Consell Jurídic Consultiu con la misma tesis. Informes que el juez considera que tienen como objetivo deslegitimar los estudios periciales de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la policía.
Para el socialista, Camps ha impuesto a sus abogados la estrategia de que incriminen a cualquiera menos a él, aunque en opinión de Luna el juez Pedreira "señala la deslealtad del presidente de la Generalitat frente al resto de sus colaboradores" en su reciente auto judicial.
El PSPV está estudiando si recurre el auto de Pedreira para solicitar la exclusión del PP como acusación popular, ya que, si se concretan las acusaciones de financiación irregular y delito electoral, el partido de Mariano Rajoy podría ser responsable civil subsidiario.
La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, negó ayer que la "batalla campal" de informes y contrainformes a la que alude el auto del Pedreira la hubiese creado la Generalitat. La consejera no quiso valorar el contenido del auto del Tribunal Superior de Madrid pero defendió los informes de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu, "que tienen el mismo valor que los de otras instituciones, como la Agencia Tributaria". "Me llama la atención que nadie cuestione la validez de otros informes", dijo Sánchez de León.
Mònica Oltra, de Compromís, indicó que el auto deja en evidencia la intención del PP de "ensuciar la causa".
www.elpais.es 17.07.10
EL PP PONE EL OÍDO A LAS CINTAS
Las cintas con las grabaciones del caso Gürtel ya están disponibles para las partes. Ayer empezó a contar el plazo de 20 días hábiles concedido por el magistrado José Flors para que los letrados del pleito puedan escuchar las conversaciones grabadas por la policía con autorización judicial que están incorporadas a la causa de los trajes (en la que está imputado el presidente Camps) y la que investigó el juez Antonio Pedreira, de Madrid, por financiación irregular del PP y delito electoral, entre otros. Una mesa y un sistema de reproducción en las dependencias de la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) son la dotación para que los letrados puedan escuchar cuando quieran, entre las 9.00 y las 14.00 las decenas de grabaciones, la mayoría con contenido no transcrito o bien porque era privado o bien porque no tenía directamente que ver con lo que se investigaba.
El PP ha sido el más interesado en que prosperara esta diligencia. Ayer, los abogados de los imputados, al menos los del presidente Francisco Camps y del ex vicepresidente Víctor Campos, iniciaron las audiciones. Fuentes del PP aseguraron que esos letrados ya habían ayer escuchado una primera conversación entre Álvaro Pérez, El Bigotes, y uno de los hombres fuertes de Francisco Correa, líder de la trama corrupta, que podría servir para exculpar a Camps del coecho. En cualquier caso, el juez Flors ya dejó claro en su auto que aunque estudiará todas las peticiones que tras las audiciones hagan las partes, no considerará aquellas que estén fuera del objeto de la causa de los trajes: cohecho pasivo impropio.
Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, se mostró ayer esperanzada con el resultado de las audiciones. Pero se refirió a las conversaciones en los locutorios entre abogados e imputados, que Flors no deja escuchar, de momento.
www.elpais.es 17.07.10
PEDREIRA PIDE AL PP QUE NO HAGA DE GÜRTEL UNA "BATALLA CAMPAL" 
El juez Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga la llamada trama Gürtel de corrupción masiva vinculada al PP, rechazó  el recurso del este partido contra su decisión de deshacerse de una parte del sumario y enviarla al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La parte de la que se inhibe Pedreira para que sea investigada en Valencia se refiere a la presunta financiación irregular del PP valenciano, supuestos delitos electorales y contra la hacienda pública. 
En su auto, Pedreira considera que los escritos del PP pecan de un uso "desproporcionado de descalificaciones", le advierte de que perseverar por ese camino puede conducir a "la adopción de medidas" y añade que la estrategia de informes y contrainformes puede generar "una batalla campal" que no va a permitir.
Pedreira explica sus dos razones para inhibirse: el riesgo de prescripción de los delitos electorales cometidos supuestamente en las elecciones de 2007; y la conexión entre su investigación y la causa que instruye el juez valenciano José Flors en la que está imputado el presidente autonómico Francisco Camps por posible cohecho impropio. 
Recoge también los argumentos de la fiscalía y la acusación popular del PSPV a las alegaciones del PP, que aducía que se quebraría la unidad de la causa y que en la misma hay aforados estatales. Denunciaba además falta de motivación. Pedreira no admite esas alegaciones, y rechaza la estrategia del PP de recurrirlo todo, aportando además informes de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana y del Consejo Jurídico, cuyo contenido no entra a considerar. 
En Valencia, hoy es el primer día designado por el juez Flors para que las partes personadas en el caso de los supuestos trajes regalados a Camps escuchen las conversaciones grabadas. 
(www.elpais.com, 16/07/10) 
PEDREIRA AFEA AL PP SU ATAQUE AL FISCAL Y VE RIESGO DE ´BATALLA CAMPAL´ EN GÜRTEL  
El PP sumó  un nuevo varapalo a su estrategia judicial ante el caso Gürtel, al tiempo que tuvo que encajar los reproches del juez por sus "desmedidas" críticas al fiscal y la advertencia de que, con su proceder, se corre el riesgo de convertir la causa en una "batalla campal". El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, Antonio Pedreira, rechazó el recurso de los populares contra el auto del pasado 25 de mayo en el que amplia a siete la lista de presuntos delitos cometidos por destacados miembros del PP valenciano y el Consell y se inhibe a favor del TSJ de Valencia para que los investigue.  
La resolución de Pedreira, ratificada en su integridad, abre la puerta a que el juez Flors que instruye en Valencia la causa de los trajes contra el presidente Francisco Camps cambie la imputación que pesa contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio a cohecho activo al entender que existe relación casual entre los regalos recibidos de la trama y los contratos que llovieron desde la Generalitat. Con todo, el auto no es firme ya que el escrito del PP incluía de forma subsidiaria la apelación ante la sala de lo civil y penal.  
Aunque la decisión de Pedreira era previsible, el auto de 30 páginas no se limita a incidir en los fundamentos jurídicos que le llevó a inhibirse en favor de Valencia, una decisión basada en la existencia de aforados sobre los que pesan indicios de nuevos delitos y que buscaba evitar la prescripción de los electorales que también podrían salpicar a Camps. El escrito del juez está trufado de reproches al PP, personado en la causa de Madrid como acusación particular, pero que, en opinión del PSPV está actuando como defensa de Camps. Pedreira insta al PP a "atemperar" el debate procesal que "ha alcanzado un tono excesivamente crítico" y le afea el uso de un lenguaje "desmesurado y rayano con la descalificación". Tras "declarar la correcta actuación del ministerio fiscal", califica de "inusual" la defensa que hace el PP de "algún encausado" y le recomienda "prudencia y ponderación", si bien rechaza, como pedía el PSPV, expulsarlo del procedimiento.  
Eso sí, con la advertencia de que si sigue por el camino de las "descalificaciones" lanzadas tanto al ministerio fiscal como a los funcionarios públicos que han intervenido en el proceso se adoptarán medidas previstas por el ordenamiento jurídico". Pedreira admite "la gravedad del caso y las agudísimas tensiones sufridas, de las que ninguna culpa tienen el fiscal, ni los funcionarios intervinientes". 
El instructor evidencia también su rechazo a la lluvia de informes y contrainformes remitidos al tribunal y cita, entre otros, el informe sobre contratación de la Abogacía de la Generalitat y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) encargados por Presidencia de la Generalitat para tratar de contrarrestar el de la unidad de auxilio judicial sobre los contratos de Orange Markek que desvelaba numerosas irregularidades en la contratación del Consell . "La hipótesis de la ruptura de la continencia de la causa -dice Pedreira- sí resulta sumamente probable si se permite que el proceso penal se convierta en una batalla campal o campo de Agramante, llena de informes y contrainformes escritos y en la que se trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros y de originar una indefensión derivada de la utilización de aforados".  
Pedreira rehusa pronunciarse sobre el contenido de estos informes para "impedir la utilización de fuego graneado jurídico entre las partes" y traslada a Flors el análisis de los mismos y la decisión sobre si existe responsabilidad penal en la contratación del Consell que él, a priori, no observa. 
(www.levante-emv.com, 16/07/10)
PEDREIRA RECHAZA EL RECURSO DEL PP CONTRA LA INHIBICIÓN EN FAVOR DE VALENCIA 
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha desestimado hoy el recurso del PP contra el auto en el que acordó remitir al TSJ de Valencia (TSJCV) la parte de la investigación que afectaría a cargos del Gobierno y del PP valenciano. 
El pasado 4 de junio el PP recurrió el auto en el que Pedreira se inhibió en favor del Tribunal valenciano, argumentando que el juez se había equivocado al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalía y que no existían datos para deducir una conexión entre la causa investigada por el TSJCV y las actuaciones del tribunal de Madrid. 
En un auto notificado hoy, Pedreira desestima el recurso del PP y reitera que al afectar la investigación a personas aforadas, éstas tendrían que ser imputadas en el tribunal valenciano, y no en el TSJM, y defiende su competencia para admitir o rechazar los informes de los diferentes órganos y unidades judiciales que colaboran con el tribunal y han sido cuestionados por el Partido Popular. 
Pedreira remitió a Valencia los indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de los de cohecho y prevaricación que afectan a destacados dirigentes del PP valenciano y la Generalitat, entre ellos el presidente, Francisco Camps. 
Según el juez, "resulta indubitado" que el TSJM no puede, ni debe, conocer de este asunto, que corresponde al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana "si se intenta imputar al presidente de la Generalitat o a varios aforados", y considera que lo contrario conculcaría el principio de separación de poderes". 
Al tiempo advierte al PP sobre el riesgo de permitir que el proceso penal se convierta "en una batalla campal o campo de Agramante, llena de informes y contrainformes escritos y en la que trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros y de originar una indefensión derivada de la utilización de los aforados". 
Por último, descarta realizar ninguna interpretación de los informes de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, de la Unidad de Auxilio Judicial sobre la empresa Orange Market y de los fraccionamientos de contratos del Gobierno de Valencia, para impedir la utilización de "un fuego graneado jurídico y dialéctico entre las partes y mantener un debate ordenado y razonable". 
Pedreira insiste en que el órgano jurisdiccional que asuma la competencia en relación con Valencia, será el que deba analizar con profundidad dichos informes. Además, resalta que "la resolución recurrida estaba suficientemente motivada y era respetuosa con los principios de proporcionalidad y legalidad".  "En cuanto a la conducta del presidente de la Generalitat valenciana tampoco puede ser conocida por esta magistrado", concluye el instructor del caso Gürtel en el TSJM. 
(www.elpais.com, 15/07/10) 
EL JUEZ ACUSA A CAMPS DE CONVERTIR EL PROCESO EN UNA BATALLA CAMPAL 
El juez Antonio Pedreira, que instruye el ''caso Gürtel'', ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la representación del PP contra el auto de inhibición de Pedreira en favor del TSJ de Valencia de la parte de la causa que alcanza al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otros dirigentes del PP valenciano. 
El magistrado desestima el recurso del PP porque su condición de juez le permite conocer cuando debe inhibirse en favor de otros órganos jurisdiccionales. Los populares mantienen que a estas alturas de la investigación no hay todavía datos suficientes que señalen a aforados valencianos como presuntos responsables de varios delitos. entre ellos prevaricación, por lo que no es necesario que el caso en su vertiente valenciana sea enviado a los juzgados de esa comunidad autónoma. 
En estas y otras alegaciones se comprueba claramente que los populares actúan mas como una defensa que como una acción popular que es la figura procesal por la que se han personado en la causa. Y en este sentido, Pedreira rechaza los informes realizados por la abogada de la Generalitat Valenciana afirmando que son contradictorios, que son inadmisibles y que en ningún caso debe ser introducidos en la causa. En definitiva, que son informes a instancia de parte. 
Sin entrar a imputar presuntos delitos, de lo que deben encargarse los órganos judiciales precisos, ya sea el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por los aforados de esa comunidad o el Tribunal Supremo por la aparición de diputados o senadores, Pedreira concluye que su capacidad como juez en la comunidad de Madrid le impide investigar este asunto si detecta aforados no madrileños. 
(www.elpais.com, 15/07/10)
EL NÚMERO 2 DE LA GÜRTEL DECLARARÁ POR LOS TRAJES 
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, ha decidido interrogar por exhorto a Pablo Crespo, considerado lugarteniente de Francisco Correa, en relación con los trajes supuestamente recibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos. 
El interrogatorio se realizará en el juzgado al que corresponde la cárcel madrileña de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra internado junto al propio Correa y su primo Antoine Sánchez. En ese centro fue donde se intervinieron las conversaciones que los imputados presos mantuvieron con sus abogados y que se anularon. En una de ellas, Crespo negó a su letrado que se hubieran regalado trajes a Camps. 
Esa conversación dio pie al ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo a querellarse contra las fiscales del caso en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el primer instructor de la Gürtel, Baltasar Garzón. El abogado del constructor José Luis Ulibarri consideró que las representantes del ministerio público ocultaron "maliciosamente" esta conversación en el procedimiento seguido en Valencia contra la red corrupta. 
El de Crespo no será el único interrogatorio por exhorto que realizará Flors. Felisa Isabel Jordán, que fue administradora de empresas de la trama, también declarará en el procedimiento por este sistema, pero ella lo hará ante el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Jordán fue grabada cuando admitía que habían pagado facturas de trajes del presidente, Francisco Camps. 
El juez Flors también ha pedido a la Agencia Tributaria un informe sobre el supuesto pago de trajes por parte de las empresas de la trama. El objetivo es "cruzar los datos" de los que dispone Hacienda sobre el pago de los trajes con los de las tiendas Milano y Forever Young para concretar si las prendas fueron efectivamente abonadas por la trama. La Agencia Tributaria dispone de 20 días hábiles desde que designe a los peritos que se encargarán del trabajo. 
El Tribunal Supremo reabrió el 12 de mayo el caso contra el presidente de la Generalitat, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. Por otra parte, la portavoz socialista en las Cortes valencianas, Carmen Ninet, afirmó ayer que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ha echado en falta" al ex presidente balear Jaume Matas, "el más ilustre embajador de la corrupción del PPCV", en el encuentro que tuvo con cónsules acreditados en la Comunitat Valenciana. 
"Es vergonzante y una indignidad que el Gobierno de la Generalitat todavía no haya retirado la condición de Ambaixador del Regne de València al imputado por el caso Palma Arena", indicó Ninet. La portavoz socialista lamentó que Camps esté "atado de pies y manos" porque, "de producirse el cese de Matas, puestos a cesar, habría que prescindir de media cúpula del PPCV, empezando por el propio presidente del Consell". Según Ninet, "Matas es Camps, Camps es Matas y no hay distinciones en el PPCV", porque ya nadie se libra.  
(www.publico.es, 13/07/10)
EL JUEZ PIDE A HACIENDA UN INFORME SOBRE LAS COMPRAS DE ROPA DE LAS FIRMAS GÜRTEL  
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) José Flors ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre el supuesto pago de ropa por parte de las empresas de la trama al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos, según informaron ayer fuentes cercanas a la investigación. Flors quiere "cruzar los datos" de los que dispone Hacienda sobre el pago de ropa con los de las tiendas Milano y Forever Young para tener un "punto de certeza mayor" sobre si las prendas fueron efectivamente abonadas por las empresas de la trama. 
Para elaborar el documento solicitado por Flors, la Agencia Tributaria dispone de un plazo de 20 días hábiles desde la aceptación del encargo. Primero debe designar a los peritos que se encargarán del trabajo. A partir de entonces, comenzaría a contar el plazo, lo que situaría ya la entrega del informe en el mes de septiembre. 
Lo que sí se podría producir en este mes de julio es el interrogatorio en Madrid a Isabel Jordán, ex administradora de empresas de la trama controladas por Francisco Correa. Flors ha autorizado ya las preguntas que se le formularán. Será en una vista que llevará a cabo un juez de Madrid por exhorto. Jordán declarará después de que las partes hayan podido escuchar la grabación en la que la empresaria señala que habían pagado facturas de trajes de Camps. 
(www.levante-emv.com, 13/07/10)
FLORS NIEGA LA DECLARACIÓN DE UN ABOGADO DEL CASO GÜRTEL
El PP quiere que el abogado Ignacio Peláez, que representa entre otros a uno de los principales imputados por el caso Gürtel, el empresario José Ulibarri, declare como testigo en el asunto de los trajes que instruye el magistrado José Flors contra, entre otros, el presidente Francisco Camps. Así se lo pidieron al magistrado las defensas con la intención de que reprodujera lo que incluía una conversación con otro imputado, Pablo Crespo, para fijar la estrategia de defensa de Ulibarri, mantenida en prisión, anulada por el TSJ de Madrid, en la que habría dicho que Camps "debió pagarse sus trajes". Pero el juez Flors ha denegado esa petición. Y las defensas de los cuatro imputados han insistido buscando amparo en la sala de Lo Civil y Penal, que tiene pendiente la respuesta. Las conversaciones están anuladas a todos los efectos, es decir, su contenido también.
Éste es sólo uno de los muchos recursos que las defensas de los cuatro imputados por cohecho pasivo impropio (el presidente Camps; el ex vicepresidente Víctor Campos; el ex secretario general de los populares valencianos Ricardo costa; y el ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo, Rafael Betoret). De cada una de las resoluciones que en las últimas semanas ha tomado el magistrado Flors, que ha desestimado buena parte de las peticiones realizadas por las defensas de los imputados, se ha cursado el correspondiente recurso, lo que ralentiza sustancialmente el ritmo de resolución del asunto por el que previsiblemente Francisco Camps sea juzgado por un jurado en un plazo de pocos meses en Valencia.
www.elpais.es 10.07.10
UN INFORME DEL CONSELL JURÍDIC ALEJA A CAMPS DE LOS CONTRATOS DEL 'CASO GÜRTEL'
rídic Consultiu (CJC), que preside Vicente Garrido, ha emitido un informe por encargo del vicepresidente del Consell Vicente Rambla en el que asegura que el presidente de la Generalitat "no tiene intervención ninguna en materia de contratación pública, pues no ostenta, ni por sí mismo, ni por medio de su gabinete, ninguna facultad ni competencia en la celebración de contratos públicos, ni en la tramitación de expedientes, ni interviene en la determinación del adjudicatario".
 Tampoco tienen atribuciones de contratación los vicepresidentes como tales, según el informe, aunque sí puedan tenerla como consejeros, de quienes asegura el CJC que ejercen "las facultades en materia de contratación administrativa", siempre que no hayan delegado esas funciones.
El pronunciamiento del CJC pretende ser una respuesta al informe de la oficina de auxilio judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reveló cómo la mayor parte de los departamentos de la Generalitat trocearon y amañaron contratos con empresas de la trama de corrupción del caso Gürtel. En ese informe se aludía a la necesaria participación del gabinete de Presidencia en la autorización de los contratos para la feria turística Fitur con Orange Market, la empresa de la trama que dirigía Álvaro Pérez.
Estrategia de defensa
"Esta manifestación resulta absolutamente innecesaria", dijo ayer del informe el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, que aseguró que Camps "manipula al Consell Jurídic Consultiu para su estrategia de defensa". Según Luna, el dictamen del CJC "certifica lo que es obvio, que el presidente de la Generalitat no asume competencias directas en materia de contratación administrativa". Sin embargo, prosiguió, "todos aquellos que ejercen esas competencias directas se encuentran bajo su círculo de influencia, por citar términos textuales de la sentencia del Tribunal Supremo, dado que su nombramiento depende directamente o indirectamente del señor Camps".
Luna añadió que "el dictamen que emite el CJC abusando de la posición institucional para realizar tareas que no le competen sólo puede entenderse en clave de complementar la estrategia de defensa de Camps en los procedimientos penales que tiene abiertos". El portavoz socialista apuntó a la "íntima amistad" con Camps confesada recientemente por el presidente del CJC.
www.elpais.es 10.07.10
RAJOY BLOQUEA SUS CANDIDATURAS HASTA SABER QUÉ HACEN LOS JUECES CON CAMPS 
Nadie lo mencionó en ningún momento. Ni siquiera estaba en la sala. Pero Francisco Camps fue, de nuevo, como casi siempre en el último año y medio, el gran protagonista ausente de una gran reunión interna del PP, la piedra en el zapato que Mariano Rajoy no quiere o no puede sacarse. 
Toda la maquinaria del partido, con las encuestas a favor, está en marcha con un objetivo: ganar las elecciones autonómicas y municipales en 2011, y antes tener un buen resultado en las catalanas. Rajoy sufrió mucho hasta que, en 2009, el PP ganó en Galicia. Ahora quiere rematar su camino a La Moncloa con nuevos beneficios en la particular cuenta de resultados de la política: los votos. 
Rajoy quería adelantarse al PSOE y consagrar a sus candidatos mucho antes que los socialistas. El año pasado llegó a decir que estarían designados en septiembre... ¡De 2009! Pero ha llegado julio de 2010, y aún quedan muchos candidatos, casi todos, sin designar oficialmente. 
Ningún dirigente oculta en privado el motivo: Camps, que se ausentó de nuevo ayer en la reunión de la Junta Directiva, está esperando una decisión judicial que puede acabar llevándole al banquillo de los acusados. Y Rajoy, que no quiere ser quien eche a su fiel aliado en los tiempos difíciles de 2008, está esperando a esa decisión para que los acontecimientos se precipiten y, tal vez, Camps decida rendirse. Rajoy está muy distanciado del valenciano, aseguran en su entorno, pero se resiste a pedirle que dimita. 
Cada semana, Dolores de Cospedal, la secretaria general, tiene que contestar a la pregunta: ¿Cuándo van a proclamar candidato a Camps? Ella lo salva como puede. Rajoy, que apenas contesta a preguntas -ayer tampoco lo hizo-, no tiene ese problema, pero percibe la presión de los medios y del partido, y ayer estalló muy a su estilo frente a dirigentes, diputados, senadores y eurodiputados. "No hay fecha para la designación de candidatos. Los presentaremos cuando más interese al PP, no conozco otro criterio mejor. Propongo que las cosas que tengáis que decir las habléis con la vicesecretaría de organización, que se ocupa de esto [los candidatos], o con cualquier otro miembro de la dirección o conmigo mismo", sentenció. 
Rajoy dejó en el aire todo, y habló de convocar una convención -una reunión anual de tres días- para presentar un programa marco para las municipales y autonómicas: "No tiene fecha, a lo mejor lo hacemos antes de las proclamaciones, a lo mejor después, está [Baudilio] Tomé con eso, ya veremos, tenemos que hablarlo". 
Todo está pues en el aire por culpa del caso Camps. Es la propia estrategia de defensa de Federico Trillo en este asunto la que está complicando la solución del dilema de Rajoy, según reconocen en la dirección. El estratega de la defensa del caso Gürtel ha recurrido la decisión del juez Antonio Pedreira de enviar parte del caso a Valencia para que se investigue allí la posible implicación de Camps y casi toda la cúpula del Gobierno valenciano en cohechos propios, financiación ilegal y hasta siete graves delitos. 
Y ese recurso puede retrasar la decisión definitiva sobre Camps incluso meses, según los cálculos más pesimistas de algunos dirigentes. Formalmente, la confirmación del valenciano como candidato se podría retrasar hasta marzo de 2011, pero el PP quiere resolverlo mucho antes. 
Otro de los problemas, mucho menor que el del valenciano, que está retrasando la proclamación de candidaturas -no todas, porque Rajoy ya ha empezado a organizar actos de presentación de candidatos locales, especialmente en Andalucía- es el de Asturias. Hasta hace bien poco, todos los dirigentes daban por hecho que Francisco Álvarez-Cascos sería el candidato. A Rajoy, explican en su entorno, no le hace ninguna gracia que un dirigente tan fuerte del que está muy alejado vuelva a la primera línea de la política. Pero no se atreve a decirle que no, por lo que todo el mundo daba por hecho que Cascos, que ha mostrado claramente su voluntad -"hay una marea creciente de personas que consideran oportuno mi regreso", dijo en la Cope- sería el candidato. 
La cosa se complica, porque Cascos parece querer que sea Rajoy quien le pida que vuelva. Y el líder espera que sea el ex vicesecretario general quien reclame un puesto. Este tira y afloja personal -muy parecido al que ya se vivió con la candidatura de Jaime Mayor para las europeas en 2009- y la enemistad de Cascos y Cospedal está complicando las cosas. El PP asturiano está dividido, en Oviedo quieren a Cascos y en Gijón, su tierra, lo rechazan. Pero nadie plantea ninguna alternativa, por lo que la opción más probable -y con más posibilidades de éxito- sigue pasando por su regreso. 
(www.elpais.com, 06/07/10) 
DOS PROCESOS 
- Los trajes. Francisco Camps está imputado por cohecho pasivo impropio. 
El magistrado José Flors ha retomado la causa después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la archivara y el Supremo ordenara reabrirla. 
- Financiación ilegal. El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, tiene que certificar la firmeza de la sentencia en la que se inhibió al TSJCV para que investigara la supuesta financiación irregular del PP de Camps. 
(www.elpais.com, 06/07/10)
EL BIGOTES ENTREGÓ SOBRES CON DINERO A CARGOS PÚBLICOS DEL PP, SEGÚN EL FISCAL 
El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, rechazó el pasado 28 de junio la petición de Álvaro Pérez, El Bigotes, para que se le retiraran las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomiendan. 
En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez recoge un durísimo informe de la Fiscalía Anticorrupción que señala que el avance de la investigación ha acreditado delitos incluso más graves de los que se le imputaban a El Bigotes al inicio de la causa. 
Álvaro Pérez fundó en 2004 la empresa Orange Market, una de las que integraban la red corrupta de Francisco Correa, y desde entonces recibió decenas de contratos, la mayoría a dedo, del Gobierno de Francisco Camps, quien consideraba a Pérez un "amiguito del alma", según la conversación entre ambos grabada por orden judicial en las navidades de 2008. 
El Bigotes gastó decenas de miles de euros en decenas de regalos a la cúpula del PP valenciano y a sus familiares en forma de trajes y otras dádivas. 
La Fiscalía Anticorrupción señala en el auto que notificó ayer Pedreira a las partes: "El avance de la instrucción ha corroborado todos los indicios de delitos de blanqueo de capitales, contra la administración y contra la hacienda pública. Además, los indicios se han incrementado con nuevos delitos de falsedad de documento mercantil y delito electoral. Diversos apuntes de archivos informáticos hallados en los registros practicados el 6 de febrero de 2009 [en la sede de Orange Market] han acreditado la entrega de sobres con dinero a cargos públicos en distintos ejercicios". 
Junto a ello, añade el fiscal, "el auto de 25 de mayo de 2010 expone los indicios de la participación del imputado en los delitos electorales referidos a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana así como delitos contra la hacienda pública relativos a Orange Market, por el concepto de retenciones de trabajo personal de los años 2006 y 2007, cuantificados en 160.275 euros y 170.558 euros respectivamente". 
El fiscal, que propone al juez que mantenga la medida cautelar contra El Bigotes, llega a sugerir la posibilidad de solicitar otras "medidas más gravosas para el imputado". 
El juez Antonio Pedreira, que pretende enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia buena parte de la instrucción referida a actuaciones ilegales o delictivas que salpican a cargos del PP en Valencia, rechazó las pretensiones de la defensa de Álvaro Pérez y mantuvo las medidas cautelares. 
El PP, personado en la causa como acusación popular, ha torpedeado la iniciativa de Pedreira para remitir parte del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ha impugnado esta decisión. 
(www.elpais.com, 01/07/10)
"EL BIGOTES ENTREGÓ SOBRES O DINERO A CARGOS PÚBLICOS DEL PP" 
El juez Antonio Pedreira, en un auto del pasado 28 de junio, deniega a Álvaro Pérez, El Bigotes, la retirada de las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomienda. 
En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se transcribe un durísimo informe de la Fiscalía donde señala que el avance de la investigación ha acreditado delitos incluso más graves de los que se le imputaban a El Bigotes al inicio de la causa. Álvaro Pérez fundó en 2004 la empresa Orange Market, una de las que integraban la red corrupta de Francisco Correa, y desde entonces recibió decenas de contrato, la mayoría a dedo, del Gobierno de Francisco Camps, al que consideraba "amiguito del alma". El Bigotes llenó de regalos a la cúpula del PP valenciano en forma de trajes y otras dádivas. 
El Fiscal señala en el auto notificado hoy por Pedreira: "El avance de la instrucción ha corroborado todos los delitos de blanqueo, contra la administración y contra la hacienda pública y además los indicios se han incrementado con nuevos delitos de falsedad de documento mercantil y delito electoral. Diversos apuntes de archivos informáticos en los registros practicados el 6 de febrero de 2009 han acreditado la entrega de sobres o dinero a cargos públicos en distintos ejercicios". 
Junto a ello, añade el fiscal, "el auto de 25 de mayo de 2010 expone los indicios de la participación del imputado en los delitos electorales referidos a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana así como delitos contra la hacienda pública relativos a Orange Market, por el concepto de retenciones de trabajo personal de los años 2006 y 2007, cuantificados en 160.275 euros y 170.558 euros respectivamente". 
El fiscal, que propone al juez que mantenga la medida cautelar contra El Bigotes, llega a sugerir la posibilidad de solicitar otras "medidas más gravosas para el imputado". 
(www.elpais.com, 30/06/10)
LA ADMINISTRADORA QUE DIJO QUE PAGÓ LOS TRAJES DE CAMPS DECLARARÁ DE NUEVO 
El magistrado juez José Flors ha empezado ya a resolver diligencias pendientes de la parte del caso Gürtel que se instruye en Valencia y que se ha reabierto por orden del Tribunal Supremo. Entre esas diligencias del caso de los trajes de Francisco Camps y otros tres altos cargos, el juez Flors ha decidido aceptar la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acceder a que declare Isabel Jordán, ex administradora de tres empresas de la trama Gürtel, entre ellas, Easy Concept. Jordán declarará por exhorto en Madrid. En su nueva visita a los juzgados tendrá que dar explicaciones sobre unas declaraciones que figuran en una grabación realizada por la policía, incluida en el sumario, en la que afirmaba: "Incluso he pagado. Una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo la factura y la he pagado". 
Jordán reconoció esa grabación como suya ante la policía y también ante el juez Baltasar Garzón, que le recogió testimonio antes de inhibirse en favor de los tribunales superiores. Pero en declaraciones posteriores, Jordán se desdijo. 
La grabación no ha sido, hasta ahora, escuchada en la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Sirvió la transcripción. Tras la decisión de Flors, las partes escucharán esa grabación antes de que Jordán acuda a declarar al tribunal madrileño. 
Esta diligencia fue una petición de la fiscalía previa al archivo que se acordó el pasado 1 de agosto por la sala de Lo Civil y Penal. Quedaba pendiente, como algunas otras cuestiones planteadas por las partes. Y antes de llegar a la vista de concreción de imputación prevista en la Ley del Jurado, el magistrado juez instructor ha empezado a dar respuesta a los recursos pendientes. La declaración de Isabel Jordán se presume como capital. Ella aseguró que pagó los trajes de Camps y tenía las facturas. 
(www.elpais.com, 29/06/10)
FOREVER YOUNG PIDE PERSONARSE COMO ACUSACIÓN CONTRA EL SASTRE JOSÉ TOMÁS DESPUÉS DE REUNIRSE CON TRILLO 
Forever Young, la firma de ropa donde supuestamente Francisco Correa y los suyos compraban trajes para regalárselos a políticos y miembros del PP –entre ellos el propio Francisco Camps- como compensación por los contratos y adjudicaciones que daban a sus empresas, ha solicitado presentarse como acusación particular contra José Tomás (en la foto), el sastre de la cadena que aseguró ante la justicia que el presidente valenciano nunca pagaba sus trajes en la tienda. Según informa la Cadena SER, la empresa matriz de Forever Young habría tomado esta decisión después de mantener dos reuniones con el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo. 
Según recoge una providencia fechada el pasado 25 de junio por Antonio Pedreira, el juez que instruye la trama Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la empresa Castellana Inmuebles y Locales ha pedido personarse como acusación particular contra el sastre José Tomás. Esta compañía es la empresa matriz de Forever Young, la firma donde supuestamente los cabecillas de la trama compraban los trajes con los que agasajaban a políticos del PP. 
Reunión con Trillo 
Según cuenta la SER, la petición llega después de que el administrador único de la compañía, Eduardo Hinojosa, se reuniera con el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo. Al parecer, el ex ministro mantuvo al menos dos encuentros con el propietario de Forever Young. Uno de los testigos declaró ante el juez que se habían producido estas reuniones y que el propio Hinojosa “tras marcharse Trillo” le comentó “que José Tomás se había metido en un buen lío”. 
 Encuentros anteriores 
No es la primera vez que Trillo se reúne con directivos de Forever Young para tratar de salvarle los muebles al PP. Así lo declaró ante el juez el ex director de compras de la firma, Miguel Marqués. Ahora que el Supremo ha decidido reabrir la causa de los trajes contra Camps, parece que las acusaciones contra Tomás vuelven a cobrar importancia. 
Tomás negó el pago de los trajes 
El sastre, que también ha tenido que declarar ante el juez, aseguró en su día que Francisco Camps no pagaba los trajes que encargaba en la tienda, una versión que ha confirmado en reiteradas ocasiones. El president, en cambio, siempre lo ha desmentido, si bien no ha podido entregar ninguna factura que acreditara los pagos de los trajes. 
Pedreira decidirá 
Pedreira ha remitido la providencia que recoge la petición a las partes, y les ha dado un plazo de entre 3 y 5 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Pasado el plazo, será el propio magistrado quien decida si acepta o rechaza la petición de Forever Young. 
(www.elplural.com, 29/06/10)
LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL SOBRE LA GESTIÓN DE MARTÍNEZ PREOCUPA AL PP 
El PP no oculta, en privado, su preocupación por las pesquisas que la policía está realizando sobre la relación de la cúpula de la Consejería y la Agencia Valenciana de Turismo, en la etapa en la que era consejera Milagrosa Martínez, con las empresas de la trama Gürtel. 
La brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, tal y como informó ayer EL PAÍS, propone el interrogatorio de la cúpula de Turismo que adjudicó en 2005 el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur -la feria internacional de turismo- a la franquicia valenciana de la trama corrupta, Orange Market. Entre los cargos que la policía propone interrogar están la ex consejera y actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, su ex jefe de gabinete Rafael Betoret -imputado en el caso de los trajes que instruye el TSJ de la Comunidad Valenciana- y la entonces subsecretaria Isabel Villalonga, hoy responsable de la Abogacía de la Generalitat. 
El consejero de Ciudadanía y portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Rafael Blasco, pidió "mucha prudencia y mucha cautela". Blasco insistió en el argumentario oficial de que "ningún responsable político [del PP] ha cometido algo, ni siquiera remotamente, que pudiera ser reprobable". 
La propia presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, optó por no rehuir los micrófonos para transmitir sensación de normalidad. "Todas las actuaciones han estado marcadas por un único marco, que es el de la legalidad", dijo Martínez. La presidenta añadió que, si fuera llamada a prestar declaración, colaboraría con la justicia porque "es un deber y una obligación de cualquier ciudadano". 
El portavoz socialista, Ángel Luna, dijo que la probable declaración de Martínez "era esperable", ya que era ella la consejera cuando Orange Market logró el primer contrato de Fitur. "Es evidente que, si se confirma lo que dice el informe de la oficina de auxilio judicial, ahí ha habido operaciones que rozan la prevaricación. Y la prevaricación tiene diez años de prescripción", dijo Luna. El portavoz socialista añadió: "No se trata de regalos que prescriben a los tres años". Una referencia al regalo de 2.400 euros que, supuestamente, le regaló la trama corrupta a Martínez en la Navidad de 2006. La Fiscalía Anticorrupción observó en este regalo un supuesto delito de cohecho que habría prescrito al cumplirse más de tres años desde que se hizo. 
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, exigió ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la presidenta del Parlamento que "asuman sus responsabilidades políticas en el caso Gürtel para evitar que se siga dañando el prestigio de las instituciones valencianas". 
"Es evidente que en este asunto no se han dado las oportunas explicaciones y se han negado los hechos", prosiguió Morera, "y los hechos son que la justicia va avanzando", dijo el portavoz de Compromís, que añadió que el nuevo informe policial "no implica únicamente al Gobierno valenciano, que en estos momentos está imputado en delitos gravísimos, sino que ahora es ya la propia presidenta de las Cortes Valencianas". 
La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, instó a la presidenta de la Cámara a "dar cuenta" de su gestión al frente de la Consejería de Turismo. "La imagen que están dando [los populares] rehuyendo las responsabilidades políticas que les atañen es, simplemente, rechazable", dijo. 
(www.elpais.com, 29/06/10)
LA POLICÍA PIDE QUE TESTIFIQUE POR GÜRTEL LA PRESIDENTA DE LAS CORTES VALENCIANAS 
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía ha reactivado sus pesquisas sobre la trama Gürtel en Valencia y ha propuesto, en un informe que tendrá que analizar la Fiscalía Anticorrupción, el interrogatorio de parte de la cúpula dirigente de la Consejería de Turismo de Valencia en 2005 y de su filial, la Agencia Valenciana de Turismo. Este organismo público adjudicó el montaje del pabellón de Fitur en 2005 a Orange Market, una de las empresas de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. 
Entre otros altos cargos, los investigadores demandan que se interrogue, en principio como testigos, a la ex consejera Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes Valencianas; a su ex jefe del gabinete técnico, Rafael Betoret, y a Isabel Villalonga, tercera de a bordo con el rango de subsecretaria en la consejería en la época de Martínez y, en la actualidad, jefa de los servicios jurídicos del Gobierno del presidente Francisco Camps. 
En una reciente conferencia de prensa, Villalonga fue la persona designada por el Gobierno valenciano para tratar de refutar el informe pericial judicial que revela que la Generalitat vulneró la ley al trocear contratos entre 2004 y 2009 por un importe total de 7,2 millones de euros. Además, en decenas de contratos las adjudicaciones se hicieron sin concurso a empresas de la trama corrupta que nunca antes habían trabajado con la Administración valenciana. Para cubrir las apariencias, se invitaba a tres empresas aparentemente distintas pero que en realidad tenían el mismo dueño, Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta. 
En estas conductas ilegales incurrieron los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat, siete de sus consejerías y 16 organismos gestores que beneficiaron a nueve empresas de la trama Gürtel en perjuicio de otros empresarios que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de competir para ganar el contrato público. Ese informe, entre otras cosas, detecta indicios de ilegalidad en al menos tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel y que, por su cuantía, más de 12.000 euros, debieron salir a concurso público según establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Se trata de un almuerzo para 1.400 comensales que organizó la Consejería de Turismo en Madrid con motivo de la edición de 2005 de Fitur. La comida, adjudicada a dedo a la firma Orange Market, costó 149.000 euros. 
El pago de esa factura la autorizó Martínez, quien, por otro lado, en la documentación intervenida por la policía en Orange Market figura como receptora del regalo de un reloj valorado en 2.400 euros por parte del gerente de esta firma, Álvaro Pérez, El Bigotes, en la Navidad de 2006.  
En el sumario, Pérez alude a Martínez con el sobrenombre de La Perla. El reloj fue adquirido, según ha constatado la Brigada de Blanqueo de Capitales en la joyería Suárez de Madrid. La red Gürtel logró el contrato para el montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 por 1.020.000 euros, merced a un concurso de la Agencia Valenciana de Turismo que entonces presidía Martínez. 
Sobre ese almuerzo, la policía quiere que también sea interrogado el que fuera su mano derecha, Rafael Betoret. Éste se halla imputado en la trama Gürtel, junto al presidente valenciano Francisco Camps, por haber recibido trajes en las tiendas de Milano en Madrid pagados por la red empresarial de Correa.  
Betoret fue quien organizó aquel multitudinario almuerzo. Y ha justificado que ese encuentro se hubiese adjudicado directamente a Orange Market en que acudieron más personas de las previstas y que hubo que improvisar una carpa más grande con carácter de urgencia y fuera del recinto ferial de Fitur. 
Betoret argumentó ante el juez que, realmente, él utilizaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, como prestamista de dinero. Compraba trajes en Madrid que pagaba El Bigotes, y Betoret, según su testimonio, se lo devolvía a razón de 500 euros cada varios meses. El juez no creyó este argumento y le imputó por cohecho impropio. 
El informe pericial sobre el costoso almuerzo no ve, en cambio, tales razones de urgencia toda vez que el citado acto de confraternización entre Camps y agentes turísticos de su comunidad se repetía todos los años y, por tanto, era previsible. El sumario de Gürtel eleva a cerca de 180.000 euros el importe de las contratas supuestamente anómalas que recibieron las empresas de Correa de la Consejería de Turismo valenciana.  
La investigación no se limita a Martínez o Betoret. Anticorrupción quiere saber también el grado de responsabilidad que tuvieron, tanto en esa comida como en la adjudicación del stand de Fitur 2005, los altos funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia que intervinieron en la fraudulenta adjudicación y la validaron. 
La actual jefa de los servicios jurídicos de la Generalitat, Isabel Villalonga, puso reparos en su día a esta adjudicación, que debió salir a concurso, y pidió que se abriese una investigación interna para conocer lo ocurrido con esas contratas a dedo, que excedían ampliamente de los 12.000 euros que establece la ley. Entonces era subsecretaria de Turismo, es decir, número tres de la consejería. Pero todo quedó ahí. 
La policía, en sus registros a las empresas de Correa, ha hallado borradores de pliegos de condiciones para organizar los stand de Fitur casi calcados de los requisitos que más tarde impuso la Generalitat para adjudicar el stand. Aunque resultó adjudicataria en todas las ediciones de Fitur desde que se instaló en Valencia, Orange Market, la empresa de El Bigotes no reunía todos los requisitos porque no acreditó su solvencia técnico-profesional. 
Por eso, la policía quiere que, además, se interrogue a los altos funcionarios de la Agencia de Turismo que elaboraron las bases de esa adjudicación para ver si pudo filtrarse información previa a la trama Gürtel y si tales bases estaban amañadas. 
Son una quincena los miembros de la Consejería de Turismo de Valencia que la policía sostiene que deben ser interrogados, incluida la entonces máxima responsable. También Joaquín Valera, responsable financiero de la Agencia Valenciana de Turismo y miembro de la mesa que adjudicó Fitur 2005, y Jorge Monllor, responsable de promocionar el turismo valenciano a instancias de la Generalitat y la persona, según fuentes de la investigación, que redactó las bases para la adjudicación del stand de Fitur 2005. 
(www.publico.es, 28/06/10)
SOSPECHAS EN TORNO A PATERNA 
La Brigada de Blanqueo de Capitales, en sus pesquisas sobre el impacto de la trama Gürtel en Valencia, investiga también los contactos que ha mantenido el actual alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí Pons, presidente del PP de este municipio, con la red que dirigía Francisco Correa. 
Los agentes han pedido que Lorenzo Agustí también sea interrogado para que explique los frecuentes contactos que mantuvo con directivos de las empresas de Correa, en los que, según la investigación, se habló de cómo debían ser los pliegos de adjudicación para que la trama obtuviese el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de esta localidad valenciana de 63.000 habitantes. 
Este proyecto fue abanderado ante Paterna por la red Gürtel, aunque finalmente quedó desterrado. En esas reuniones se diseñó qué características debía tener la empresa adjudicataria y se acordó adaptar algunas empresas de Correa a esos requisitos para lograr el concurso, según fuentes de la investigación y tal como consta en la documentación intervenida por la policía. 
Aunque el proyecto de oficina de atención al ciudadano para Paterna de Gürtel no cristalizó, la policía tiene fuertes sospechas de que la red mafiosa de Correa pudo sacar tajada en Paterna, y por eso ha pedido que el alcalde sea interrogado sobre ésta y otras contratas de este Ayuntamiento que sí pudieron recaer en la red.  
El alcalde de Paterna ha negado reiteradas veces haber mantenido relación alguna con el caso Gürtel, a pesar de que figura en la lista de beneficiarios de regalos de navidad de Orange Market, la empresa de Correa que en Valencia dirigía El Bigotes. 
(www.elpais.com, 28/06/10)
LOS SOCIALISTAS PIDEN EXPULSAR AL PP DEL 'CASO GÜRTEL' Y PERSEGUIR SUS ATAQUES A LA FISCALÍA
"La actitud del Partido Popular no es solo dilatoria de la investigación, sino obstaculizadora, impropia de una acusación que debe perseguir la obtención de la verdad en el proceso", aseguran los socialistas valencianos en sus alegaciones al juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel.
El PP, que en teoría ejerce como acusación popular, ha presentado un recurso contra el auto por el que Pedreira se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que se investiguen hasta siete delitos por las relaciones de la trama de corrupción con el presidente valenciano, Francisco Camps, su Gobierno y su partido. Los socialistas entienden que no solo debe desestimarse el recurso, sino que el PP debe ser expulsado del procedimiento "por fraude de ley", y debe deducirse testimonio por las imputaciones vertidas contra las fiscales del caso, a quienes atribuye "conductas delictivas que exceden el derecho de defensa".
En opinión del portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, y otros tres diputados personados como acusación popular, se da un claro conflicto de intereses que hace que la estrategia del PP sea "la defensa a ultranza de determinados imputados miembros de su partido". Una estrategia que se extiende a "una defensa general de todos los imputados", con un cuestionamiento de la causa que se basa en la descalificación de la Fiscalía y del proceso. "Una acusación ha pasado de ser acusadora a acusada, y este tormentoso y esquizofrénico estado merece una respuesta procesal, modificando su estatus", alegan los socialistas. También consideran "chocante" que se cuestionen el informe policial de la UDEF, el de la unidad de auxilio judicial y el de la Agencia Tributaria "a través de un informe espúreo de la Abogacía de la Generalitat Valenciana introducido subrepticiamente", ya que no es parte en el caso "y nadie la llamó al procedimiento".
www.elpais.es 26.06.10
EL TSJCV ADMITE QUE SÓLO INCLUYÓ EN LA CAUSA CONTRA CAMPS LAS GRABACIONES A LOS AFORADOS
El tribunal justifica que el resto de las conversaciones no se trasladaron a las partes porque las actuaciones eran secretas Avanza que el juez instructor José Flors comunicará ahora todas diligencias del sumario
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) admitió ayer en un comunicado de prensa que el magistrado instructor del proceso contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres imputados por un presunto delito de cohecho impropio sólo incorporó a la causa "aquellas grabaciones que contenían las conversaciones en que habían intervenido personalmente los imputados, y que pudieran guardar relación directa con el objeto del procedimiento".

Y lo hizo -matiza- "a los efectos de poder recibir declaración a las personas imputadas, aforadas ante el TSJCV". El alto tribunal se pronunció en estos términos después de que Levante-EMV revelara ayer un escrito del teniente fiscal del Tribunal Supremo en el que atribuye al TSJ valenciano la decisión de excluir de la causa las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, que recogieron conversaciones que avalan la versión del presidente de la Generalitat de que se pagó los trajes. En una respuesta al abogado que interpuso una querella contra el juez Baltasar Garzón por el asunto de las escuchas en la prisión -finalmente declaradas ilegales- el fiscal del Supremo afirma que "es obvio" que toda las diligencias prácticas por el juez de la Audiencia Nacional -incluido el tomo con las conversaciones favorables a Camps- fueron remitidas al TSJ valenciano, que optó por no incorporarlas a la causa. "Fue, por tanto, decisión del TSJ de Valencia no incorporar las referidas transcripciones -los supuestos elementos exculpatorios- a las que posteriormente serían sus Diligencias Previas", dice el fiscal en un escrito el pasado 1 de marzo.

De hecho, la defensa de jefe del Consell no tuvo conocimiento de estas grabaciones hasta el pasado mes de octubre cuando el juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, levantó el secreto del sumario. Entonces, la causa por cohecho impropio llevaba dos meses archivada después de que en agosto la sala de lo civil y penal del TSJCV que preside por José Luis de la Rúa tumbara el auto del juez Flors que puso a Camps a las puertas de ser juzgado.

Cuando las conversaciones de Crespo y Correa se hicieron públicas, el Consell se quejó formalmente ante el Consejo General del Poder Judicial al entender que Garzón había ocultado pruebas consideras claramente exculpatorias. Sin embargo, el escrito del teniente fiscal del Supremo atribuye al instructor de Valencia la decisión de no incorporar en la pieza separada de los trajes la documentación relativa a la escuchas en la cárcel. Camps, que vuelve a estar imputado, insiste en que las conversaciones son exculpatorias y quiere usarlas como prueba de su inocencia cuando Flors retome el procedimiento. En el comunicado se afirma que el alto tribunal "no ha excluido absolutamente nada de la causa", aunque acto seguido intenta argumentar porqué se dio cuenta a las partes de una parte de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía y no de otras. "El magistrado instructor acordó, a efectos de poder recibir declaración a las personas imputadas, aforadas ante el TSJCV, la incorporación a la causa de aquellas grabaciones que contenían conversaciones en que habían intervenido personalmente los imputados, y que pudieran guardar relación directa con el objeto del procedimiento", dice el comunicado. Es decir, tuvo en cuenta aquellas grabaciones en las que participaban "personalmente" los imputados en la causa valenciana (Camps, el ex número dos del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Victor Camps y el ex jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Rafael Betoret). De hecho, al presidente se le mostraron algunas de ellas el día en que declaró como imputado.El TSJCV añade que "todas las actuaciones remitidas, procedentes del juzgado central de instrucción número 5 de Madrid, estaban declaradas secretas para las partes, y se remitieron con la expresa prevención de que se mantuviera el secreto que les afectaba". Con esta reflexión, el alto tribunal parece querer justificar el por qué otro tipo de transcripciones, como las de las conversaciones de Crespo y Correa sobre el asunto de los trajes, no fue trasladada a las partes.

Velar para evitar la indefensión
El TSJCV asegura que "una vez levantado el secreto de las actuaciones, acordado en las diligencias que se siguen en Madrid, el magistrado instructor del caso Gürtel en Valencia dará traslado a las partes, para que éstas aleguen lo que consideren oportuno en defensa de sus intereses". El comunicado finaliza defendiendo la misión del instructor que "es velar por que el procedimiento se sigue con todas las garantías para la totalidad de las partes personadas en el mismo, sin que pueda producirse indefensión".
www.levante-emv.com 25.06.10
LA FISCALÍA REVELA QUE EL TSJCV DECIDIÓ EXCLUIR LAS ESCUCHAS FAVORABLES A CAMPS  
Un escrito de la Fiscalía revela que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tuvo en su poder las grabaciones que favorecen al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pero decidió no incorporarlas a la causa de los trajes. El documento, que forma parte del sumario del caso Gürtel, lleva la firma del teniente fiscal del Tribunal Supremo y constata que las pruebas que el Consell considera exculpatorias para el jefe del Consell en la causa que se sigue contra él por un presunto delito de cohecho impropio formaban parte de la abultada documentación que el juez Garzón envió a Valencia en marzo de 2009.  
Las escuchas, que el pasado mes de marzo fueron declaradas ilegales por el Supremo, fueron realizadas por orden de Garzón a los cabecillas de la trama y a sus abogados en la prisión de Soto del Real. Entre las conversaciones intervenidas por la policía, figuran varias en las que tanto el líder de la trama, Francisco Correa, como su segundo de a bordo, Pablo Crespo, se refieren a los presuntos regalos en forma de trajes al jefe del Consell. Ambos, en conversaciones con los abogados, rechazan la hipótesis de que la empresa Orange Market, con la que la trama operaba en la Comunitat Valenciana, hubiera pagado las prendas que al jefe del Consell encargó a las tiendas de Milano y Forever Young.  
Estas grabaciones, sin embargo, no fueron incorporadas a la causa que instruyó el magistrado José Flors, por lo que ninguna de las partes personadas en el proceso -incluida la defensa del presidente- tuvo conocimiento de las mismas hasta que el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ordenó el primer levantamiento del sumario en octubre de 2009.  
En ese momento, la sala del TSJ de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, ya había archivado el auto de Flors en el que se abría el procedimiento del jurado al considerar que Camps no había demostrado que se pagó los trajes. Sin embargo, la causa fue reabierta por el Tribunal Supremo el pasado día 12 de mayo al aceptar el recurso presentado por el PSPV y la Fiscalía General del Estado.

El Consell y el propio Camps se han quejado en numerosas ocasiones de la indefensión que, en su opinión, supuso para el presidente no contar en su momento con estas grabaciones que consideran claves para su exculpación. Su propósito es incorporarlas en la causa como elementos probatorios cuando Flors reanude la instrucción.  
El escrito del fiscal del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso Levante-EMV da una nueva dimensión a la polémicas grabaciones en la cárcel, ya que revelan que fue decisión del TSJ de Valencia excluirlas de la causa. Así lo dejó dicho el fiscal del Supremo el pasado mes de marzo en su contestación a un recurso presentado por Ignacio Peláez Marqués, abogado del empresario José Luis Ulibarri (también imputado en el caso Gürtel), a cuenta de la querella contra Garzón por las escuchas ilegales.  
Peláez denunció irregularidades en la tramitación de la pieza de intervención de comunicaciones en la cárcel y acusó al juez de no haber enviado las escucha al TSJCV, un extremo que el fiscal estima "manifiestamente inveraz". Y da datos. Se remonta al auto del 5 de marzo del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional de inhibición a favor de los altos tribunales de Madrid y Valencia a los que se remitió "copia íntegra" de las diligencias previas "a fin de que pudieran seleccionar aquellas actuaciones que consideraran relevantes para la asunción de la competencia y la investigación de los hechos".  
La remisión de la documentación se hizo en dos fases; el 13 y el 20 de marzo. Con la segunda entrega llegó, según el fiscal, la copia de la pieza de la intervención de las comunicaciones, así como otros tomos. La documentación fue recibida por los dos tribunales el 20 de marzo, según consta en los oficios remisorios. El fiscal niega que el tomo de las escuchas se retuviera interesadamente, como afirmaba Peláez en su querella. "Fue, por tanto, -afirma el fiscal- decisión del TSJ de Valencia no incorporar las referidas transcripciones -los supuestos elementos exculpatorios-a las que posteriormente serían sus diligencias previas, igual que hizo con otras numerosas actuaciones". 
(www.levante-emv.com, 24/06/10)
PONS CITA AHORA A CAMPS COMO "EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS DEL PP" 
Primero fueron Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo y ahora le toca el turno a Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, no tiene ninguna duda: Camps es "un ejemplo de políticas del PP", después de que el lunes dijera lo mismo de Alberto Núñez Feijóo y de Esperanza Aguirre, a los que citó como "ejemplo de austeridad para otras comunidades autónomas". 
En declaraciones a Telecinco, Pons fue preguntado si la defensa que hizo sobre las políticas de austeridad aplicadas en Galicia y Madrid, la extiende también a otros barones como Francisco Camps. Argumentó que puso de ejemplo al presidente de la Xunta y la jefa de la Comunidad de Madrid porque fue por los que se le preguntó en rueda de prensa pero aseguró que Camps es "un ejemplo de políticas del PP exactamente igual que lo son Feijóo y Esperanza Aguirre". 
"Los diputados tenemos que tener recursos para poder trabajar, no tenemos que tener lujos superfluos"
Además, el portavoz del Partido Popular tildó de "impensable" presentarse como candidato a las elecciones autonómicas de la Comunitat Valenciana y aseguró que cuando cogió "el billete de ida hacia la política nacional" no llevó "billete de vuelta". 
Pons enfatizó que su partido esperará a la conclusión final del Tribunal de Cuentas antes de denunciar por qué los bancos han perdonado la deuda al PSOE. "Lo gordo del asunto es que se lo han perdonado cuando han llegado al Gobierno. A ningún español le han perdonado jamás una deuda los bancos", remarcó. 
Por último, al ser preguntado sobre la posibilidad de que los diputados reciban el nuevo iPhone 4, respondió no haber recibido noticias sobre este asunto aunque destacó que el material de trabajo no se debe "despreciar nunca". "Nosotros tenemos que tener recursos para poder trabajar, no tenemos que tener lujos superfluos y menos en ésta época", concluyó. 
(www.publico.es, 22/06/10)
JUAN COSTA: "SI RICARDO TIENE RESPONSABILIDAD EN EL CASO GÜRTEL, MÁS LA TIENEN CAMPS Y OTROS" 
 “Si Ricardo Costa tiene alguna responsabilidad en el caso Gürtel, más la tiene Camps o muchas otras personas”. Son palabras del ex ministro de Ciencia y Tecnología y hermano de Ricardo, Juan Costa, quien ayer volvió a ejercer de azote del PP valenciano en una entrevista en la revista Vogue. En la edición de julio de esa publicación, el todavía diputado ha enfatizado en que no tiene “ninguna duda” de la “honradez” de su hermano, hasta octubre pasado portavoz y secretario general de los populares del Levante. El ex ministro ha dejado claro, en cualquier caso, que si hubo irregularidades en la región tendrán que asumirse responsabilidades. “Desde luego, sea quien sea, empezando por mi hermano, hubiera actuado de manera incorrecta o hubiera ayudado, contribuido o hecho que el PP se financie irregularmente, tendrá que asumir las responsabilidades. Y yo sería el primero en exigírselo”, ha sentenciado, en declaraciones recogidas por Expansión. 
En la misma línea que ha venido defendiendo en los últimos meses, Juan Costa ha criticado la expulsión de su hermano de la portavocía y secretaría general del PPV, cargos que ostentaba hasta octubre del año pasado.

“Mi partido no ha sido ecuánime”
“A mí me preocupa que un partido, en un caso concreto, pueda actuar de manera arbitraria. Y creo que mi partido, a nivel nacional, no ha actuado de una manera ecuánime”, ha indicado, en referencia a la sonada destitución. Según la normativa popular, para purgar al ex portavoz, hacía falta o bien una resolución del Comité Ejecutivo de Valencia o bien un expediente disciplinario de Génova. En el momento de la destitución, no se produjo ninguno de estos extremos.

La autoafirmación
En cuanto a la polé