NOTICIAS ZAPLANA & CAMPS
2003

 

EL GASTO DEL CONSELL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PÚBLICOS CAE UN 14,74% DESDE 1995   

Los centros educativos públicos que imparten todas las líneas de enseñanza reciben hasta un 14,74% menos de presupuesto para sus gastos de mantenimiento que en 1995. Esto es, 971 euros menos (o 161.000 pesetas). Si a esto se añade que entre 1995 y 2002 la inflación acumulada en siete años se ha disparado al 23,9%, el resultado es una pérdida de capacidad de gestión y de calidad para los equipos directivos que, en contrapartida, tienen que pagar más caro el material escolar o la limpieza y, a la vez, cubrir gastos nuevos de informática, teléfono o luz, cuya factura se multiplica por diez en los edificios nuevos (Enero 2003).  

EL JUEZ VE INDICIOS DE DELITO DEL ALCALDE DE CASTELLÓN EN EL CONCURSO DEL SUELO DE RENFE   

El titular del juzgado número 1 de Castellón ha admitido a trámite la querella presentada por los diez concejales del grupo municipal socialista contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y el empresario Luis Batalla por la adjudicación del suelo de Renfe liberado tras el soterramiento de la vías. El auto de admisión menciona los tres presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial y ambos habrán de declarar ante el juez el día 20.

La denuncia fue presentada el pasado día 9 de diciembre como consecuencia de las actuaciones urbanísticas y la adjudicación de la urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de las vías del tren, un espacio de más de 40.000 metros cuadrados en el que se construirán viviendas, un hotel y, según se ha anunciado, El Corte Inglés. El proceso comenzó con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la que, según los socialistas, se daba un tratamiento urbanístico especial a los terrenos liberados por el soterramiento de la vía, con "el claro objetivo de obtener una porción del suelo lo suficientemente amplia para albergar una gran superficie comercial (El Corte Inglés), por lo que se cambió el desarrollo urbanístico de esta zona", tal como indican los socialistas.

Las obras se adjudicaron a Calviga, filial de Lubasa, después de desestimar otra oferta que ni siquiera fue estudiada, ya que la mesa de contratación la rechazó por motivos formales.

El juez, Horacio Badenes, señala en su escrito que "se hace necesario proceder a la investigación judicial" de los hechos denunciados. Además mantiene que, "en este momento procesal", se admite a trámite la querella únicamente contra Gimeno y Batalla, pese a que en el escrito de denuncia figuraban además los ediles Alberto Fabra y José Pascual, cuatro funcionarios y la Caja Rural San Isidro, entidad que selló los recibos que se presentaron como prueba de la presunta falsedad en documento oficial. En este sentido, el juez ordena a la policía judicial que investigue el lugar en el que se hizo el pago, la personas o personas que atendían dicho establecimiento y la persona que realizó el pago y la forma del mismo.

Además, el juez indica que no se descarta que la querella se amplíe "contra las personas individualizadas en el escrito de querella". Una vez abiertas las diligencias previas, Badenes requirió, en dos ocasiones, documentación al secretario del Ayuntamiento. Con el auto de admisión de la querella solicita además las copias de los convenios firmados con Renfe y "cualquier protocolo que se haya realizado al respecto" (Enero 2003).  

UN JUEZ INVESTIGA UNA SUPUESTA FALSIFICACIÓN DEL CENSO IMPULSADA POR EL INDUSTRIAL DEL PP FENOLL   

Un juez investiga una denuncia por falsificación del censo electoral de Abanilla (Murcia), limítrofe con Orihuela, supuestamente impulsada por el empresario y militante del PP Ángel Fenoll. En las elecciones municipales de 1999, Abanilla cerró el censo con 340 nuevas altas - entre ellas militantes del PP y empleados de Fenoll- de las que 78 procedían de Orihuela, registradas en casas deshabitadas y semiderruidas.

Abanilla (una localidad de unos 5.000 habitantes, a unos 15 kilómetros de Orihuela) es uno de los puntos neurálgicos de la actividad económica del militante del PP Ángel Fenoll. El empresario es propietario de un vertedero, según él, ubicado en el término de Abanilla, pero, para los jueces y la Policía Local, en la pedanía oriolana de La Murada. Esta instalación, al igual que la que explota en la pedanía de Torremendo, funcionan desde 1995 de manera ilegal.

El anuncio de un grupo independiente de concurrir a las elecciones municipales de 1999 en Abanilla alertó al entorno de Fenoll y del PP. Abanilla cerró el censo con 340 nuevas altas y el PP renovó la mayoría absoluta.

La denuncia sobre supuestas irregularidades en el censo la cursó la propietaria de una vivienda de la población. Esa casa deshabitada y semiderruida, y otras en similares condiciones, fueron los domicilios elegidos por los nuevos censados. En algunas viviendas se llegaron a dar de alta hasta 10 personas, y otros lo hicieron en domicilios inexistentes (Enero 2003).  

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN: GIMENO Y BATALLA RESPONSABILIZAN A SUBORDINADOS DE LA OPERACIÓN URBANÍSTICA QUE INVESTIGA UN JUEZ 

José Luis Gimeno, alcalde de Castellón Gimeno, acudió  a declarar ante el titular del juzgado de Instrucción número 1, Horacio Badenes, como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento. El alcalde compareció durante casi cinco horas para explicar el procedimiento, iniciado en 1994, que concluyó con la adjudicación a Calviga, empresa del grupo Lubasa, de la urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. Así, respondió a todas las preguntas a las que le sometieron tanto el juez como la fiscal. Sin embargo, se acogió a su derecho como querellado de no responder al interrogatorio preparado por el letrado de la acusación, Juan Callao. El alcalde fue asistido por su abogado particular, Vicente Falomir, en lugar de utilizar los servicios jurídicos municipales.

Durante su declaración, Gimeno hizo alusión a dos concejales. El alcalde señaló al ya fallecido Víctor Falomir y al actual edil de Urbanismo, Alberto Fabra, como responsables de las actuaciones y decisiones urbanísticas de la ciudad. Además, según reconoció él mismo, también señaló a la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo como responsable en parte del procedimiento ya que en último término aprobó el convenio urbanístico y la modificación del plan "con informes rotundos". En el "abanico" de responsabilidades incluyó, asimismo, a la "Consejería de Comercio" y a la Cámara de Comercio de Castellón en una actuación en la que, según reiteró, únicamente se ha buscado "el bien público de la ciudad de Castellón" (Enero 2003). 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: ALPERI SE CONTRADICE EN LA EXPLICACIÓN DEL CONVENIO QUE FAVORECE A DOS INDUSTRIALES Y A UNA EMPRESA   

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, se contradijo al intentar explicar cuál fue su papel en el supuesto litigio entre dos industriales y una urbanizadora. Alperi negó cualquier conocimiento de los industriales harineros, uno de los cuales era vicepresidente y consejero de la empresa urbanizadora, pero más tarde afirmó que había negociado con los propietarios de las harineras. El convenio, firmado por el alcalde y los dos industriales, obliga al Ayuntamiento a compensar con suelo valorado en 15 millones de euros. El consistorio, a cambio, recibiría 900.000 euros.

"Ni sé quien es el señor Bufort ni sé quién es el señor no sé cuánto [José Cloquell], ni si [éste último] estaba en la urbanizadora o no estaba en la urbanizadora; no lo sé, ni tengo por qué saberlo", declaró  Díaz Alperi tras ser interpelado por Radio Alicante de la Cadena SER sobre una información publicada según la cual, José Cloquell, uno de los propietarios de suelo con los que el alcalde firmó el acuerdo para evitar litigios con una urbanizadora había sido vicepresidente y consejero de ésta hasta muy poco antes de formalizar el convenio.

El alcalde comenzó a responder a la pregunta de si sabía la vinculación del propietario con la urbanizadora con esta contradicción: "Ni lo conozco, ni lo ignoro, ni me ha condicionado". Y luego se extendió en su versión del convenio. Había dos opciones, dijo: que las fábricas de harina siguieran ahí a perpetuidad o que se quitaran. "Los técnicos municipales de Urbanismo me recomendaron que sería muy bueno que toda la zona fuera residencial, porque, de lo contrario, la Generalitat no iba a aprobar el plan parcial". Alperi se contradijo cuando, en otro momento de su explicación, aseguró que negoció con los propietarios de la harineras, que "no tienen nada que ver con el dinero que yo consigo para la ciudad de Alicante [900.000 euros] con otras personas distintas, que son los urbanizadores" (Enero 2003).  

PROTESTA CONTRA "LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA" DEL PP   

La Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública -integrada por CC OO, UGT, STSPV, asociaciones vecinales, el Fòrum de Debat Sanitari o la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública- congrega frente al Palau de la Generalitat a varios cientos de personas para mostrar su repulsa por la Ley de Ordenación Sanitaria, cuya aprobación está prevista en las Cortes, por considerar que abre la puerta a la privatización de este servicio público. La normativa que impulsa el PP da rango de ley a aspectos como las concesiones administrativas de hospitales, la fórmula por la que se ha privatizado la gestión en Alzira (Enero 2003). 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: LA CESIÓN DE SUELO DE ALPERI A DOS INDUSTRIALES GENERARÁ 60 MILLONES DE NEGOCIO INMOBILIARIO   

La cesión de suelo del Ayuntamiento de Alicante a dos empresarios en compensación por el desmantelamiento de sus fábricas radicadas en el ámbito del Plan Parcial Benalúa generará un volumen de negocio de 60 millones de euros.

Luis Díaz Alperi y los dos empresarios suscribieron sendos convenios urbanísticos el 27 de diciembre de 2002, merced a los cuales el Ayuntamiento cedió a los industriales una parcela de 10.000 metros cuadrados, valorados en 15 millones de euros en concepto de indemnización por el desmantelamiento de dos fábricas de harina radicadas en el ámbito del Plan Parcial Benalúa, una franja de terreno próxima al litoral, al sur de la ciudad. A cambio, la urbanizadora entregará al Ayuntamiento un centro social, valorado en unos 900.000 euros. Alperi materializó la operación pese a que en 1999 técnicos municipales de Urbanismo rechazaron indemnizar a los empresarios por el cese de la actividad de las industrias. Los documentos, sin el aval del secretario de la corporación, fueron aprobados por el pleno el pasado día 17 (Enero 2003).  

PUGNA EN EL PP OROLIANO POR LA ELECCIÓN DEL ALCALDABLE  

Antonio Rodríguez Barberá, diputado provincial de Hacienda, se postula como candidato del PP a la acaldía de Orihuela, cargo al que también aspira a revalidar su actual titular, José Manuel Medina. Rodríguez, que ha desarrollado toda su carrera a la sombra del ex alcalde Orihuela y ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, ha expresado en diversos ámbitos empresariales y vecinales su intención de disputar a Medina la nominación. La designación compete a la cúpula del PP, que lidera Eduardo Zaplana, que todavía no se ha prununciado.

El diputado provincial de Hacienda esgrime como máximo aval de su carrera hacia la alcaldía de Orihuela el respaldo del ex consejero Cartagena. Sin ambargo todo apunta que el ex consejero ha perdido la confianza en Medina, a raíz del juicio conocido como el caso de las monjas, y que pretende retomar su hegemonia en este tradicional feudo del PP, mediante la candidatura de Rodríguez.

En el mencionado proceso Luis Fernando Cartagena fue condenado a cuatro años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, en concreto una donación de 49.000 euros que recibió de una congregación religiosa cuando era alcalde de Orihuela. En la misma causa también fue condenado el empresario afín al PP Ángel Fenoll, en este caso a un año de cárcel por falsificación de documento. El empresario también es hombre de confianza de Cartagena. No en vano Fenoll comenzó su despliegue económico cuando Cartagena le adjudicó a dedo el servicio de recogida de basuras de la costa de Orihuela. Fenoll controla ahora este servicio en una veintena de ayuntamientos.

En la vista oral del mencionado caso, celebrada el pasado mes de marzo, la declaración, en calidad de testigo, de Medina, no favoreció los interes de los procesados. El alcalde no identificó con rotundidad unos recibos que Cartagena le mostró con motivo del traspaso de poderes, en 1995 (Enero 2003).

NUEVOS CASOS DE CONTRATOS DE FAMILIARES Y ALLEGADOS VARIOS

Según una denuncia de FSP- UGT , un hermano del senador y actual Portavoz de GPP en la Cámara Alta, Gónzalez Pons,  figura entre  las supuestas contrataciones irregulares de 300 interinos en la empresa semipublica Tissat, 

Así, en el recurso de apelación con fecha de 8 de febrero de 2002 aparecen los nombres de Beatriz Concepción, hija del diputado autonómico del PP, Luis Concepción; Fernando Castellano Martí, familiar del conseller de Sanidad, Serafín Castellano; Encarnación Serrano, cónyuge del conseller de Cultura y Educación, Manuel Tarancón; Luisa del Cerro Angosto, cónyuge del entonces subsecretario de inmigración y ahora director del Imserso, Antonio Lis; Cristina Álvarez Aloy, hija del interventor delegado de la Conselleria de Obras Públicas; Pilar Anta Bernabeu, sobrina del interventor delegado de Bienestar Social; Carmen Fenollosa, sobrina del interventor general, Salvador Hernández; Luisa Martínez, cónyuge del interventor delegado de Cultura; María Jesús Giner Almaraz, hija del interventor delegado de Hacienda; Eva Teixidor, hija de la ex jefa del servicio de Cultura, Carmen Aramegui; Helena de Carmen Gómez, ex asesora del conseller Fernando Castelló; Luisa Martínez, cónyuge del interventor delegado de Cultura (Febrero 2003).  

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN: ALBERTO FABRA SE REUNIÓ CON CALVIGA ANTES DE ADJUDICARLE EL SOLAR DE RENFE   

Representantes de la empresa Calviga, del grupo Lubasa, se reunieron con el concejal de Urbanismo de Castellón, Alberto Fabra, antes de que la firma resultase beneficiada con la adjudicación del solar de Renfe que quedó libre tras el soterramiento de las vías. Tanto el alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, como el gerente de la empresa, Alberto Oller, negaron que se hubiese celebrado un encuentro en sus declaraciones ante el juez que instruye el caso por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, admitió ante el juez la celebración de una reunión con miembros de Calviga, filial de Lubasa, antes de que se modificara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que delimitó la zona sobre la que la empresa presentó, posteriormente, una propuesta de desarrollo. Una reunión que tanto el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, como el gerente de Calviga, Alberto Oller, negaron en sus declaraciones por la misma causa, según han asegurado diversas fuentes.

Fabra declaró ante el titular del juzgado de Instrucción número 1, el decano Horacio Badenes, que instruye el caso, tras la querella presentada por los concejales del Grupo Socialista municipal por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público. La querella señalaba al alcalde de Castellón, al propio Fabra y a un tercer concejal, José Pascual, así como al máximo responsable de Calviga, Luis Batalla, cuatro funcionarios y la Caja Rural Castellón, como responsables de las presuntas irregularidades en la operación urbanística que acabó con la adjudicación, a la empresa de Batalla, del desarrollo de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. El contrato dejó en manos de Batalla, a cambio de la urbanización de la zona, un solar sobre el que, según se ha anunciado, se ubicará El Corte Inglés.

Alberto Fabra reconoció que, durante 1999, se celebró una reunión a la que asistieron miembros de Calviga, así como de Renfe (propietaria en aquel momento del suelo) y dos representantes de El Corte Inglés. El edil popular señaló que ésta fue una reunión "informativa" y en la que no se adoptó ningún compromiso. Además, se apresuró a indicar que acudió a la reunión "asesorado" y señaló la presencia de tres funcionarios durante la misma.

Esta reunión se celebró, según dijo el concejal de Urbanismo, porque la empresa ya había mostrado interés por la zona y se quería "trasladar el deseo del Ayuntamiento de renegociar el convenio con Renfe" y modificar las características de urbanización del suelo. Sin embargo, esos "deseos" del Ayuntamiento no fueron plasmados en la revisión del PGOU que se aprobó en 2000, según explicó Alberto Fabra, porque "habría retrasado su aprobación", lo que llevó a la aprobación de una modificación en 2001, cuya publicación fue posterior a la presentación de la propuesta de Batalla para urbanizar la zona. Así, en el momento de la reunión, no se había aprobado la revisión del PGOU y el suelo sobre el que, según Fabra, Batalla había mostrado interés era dotacional y de uso exclusivo de Renfe. "Fue una toma de contacto y, a partir de ahí, no se ha celebrado ninguna otra", aseveró el edil.

Alberto Fabra acudió al juzgado asistido por Vicente Falomir, el mismo letrado que asiste al alcalde, José Luis Gimeno, y que, en varias ocasiones, ha llevado casos de Renfe tanto en la capital de La Plana como en el resto de la provincia (Febrero 2003). 

RTVV GASTA CERCA DE 601.012 EUROS POR DESPIDOS IMPROCEDENTES   

RTVV acumula alrededor de 40 sentencias en los últimos cinco años por despidos improcedentes y contratación en fraude de ley que le han costado al ente público cerca de 601.012 euros (unos 100 millones de euros). La mayoría de los despidos se comunican a la finalización de contratos que después la justicia rechaza porque, entre otras cosas, no amparaban dentro del marco legal el trabajo que se venía realizando.

Se han ido sucediendo en forma de goteo desde 1997. Fue entonces cuando la justicia declaró improcedente el despido de una redactora de Radio 9 porque la contratación había incurrido en fraude de ley, es decir se aplicaba un contrato por obra cuando, después de siete años en el ente, se demostraba que el trabajo realizado en nada se ajustaba a las exigencias de un contrato de esas características. El propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se pronunció tras el recurso que presentó la empresa pública. En su fallo, entre otras cosas, señaló: "El cese se produce después de sucesivas prórrogas del contrato inicial, tras haber visto cambiada la prestación de servicios dentro del mismo contrato a distintas áreas como productora, subdirectora, coordinadora, es por ello que las sucesivas contrataciones en las que la actora siguió desempeñando los mismos cometidos devienen en un fraude de ley".

Lejos de suponer aquel fallo una corrección de la política de contratación, se repitieron los despidos de forma mimética y en el mismo sentido la respuesta de los tribunales. Cinco años después de aquella sentencia, el pasado 23 de diciembre, el juzgado Lo Social número 12, volvía a insistir en el fraude de ley en la contratación de personal de RTVV. "Ha quedado constatado el carácter permanente de la necesidad que el empleador cubre mediante conceptos temporales, así como que la celebración de contratos en cadena deviene de una relación de carácter indefinido, se ha producido una continua irregularidad en los contratos encadenados". En el mismo sentido se han pronunciado los magistrados de los juzgados 13 y 15. Y el pasado mes de enero se produjeron al menos otros tres pronunciamientos en el mismo sentido, que ha costado ya a los ciudadanos alrededor de 601.012 euros.

El mecanismo que en estos años, hasta al menos en 40 casos que han llegado a los tribunales, es el cese a la finalización del contrato con el argumento de que la obra por la que se contrató acabó o bien que la plaza en la que se trabaja va a ser ocupada por una persona procedente del concurso de oposiciones. En esta segunda modalidad, la justicia también ha rechazado los argumentos de RTVV al demostrar que dichas plazas o no eran cubiertas o lo eran por personas contratadas nuevamente con la modalidad en fraude de ley.

Pero la práctica sigue, de hecho, según fuentes consultadas, después de las oposiciones del pasado verano, Canal 9 ha rescindido unos 40 contratos pero ha suscrito cerca de un centenar nuevos que podrían incurrir en fraude de ley. De las cerca de 40 rescisiones, siete han ido a los tribunales y cinco ya han sido nuevamente ganadas por los trabajadores por fraude de ley de la cadena pública autonómica.

RTVV se encuentra en el grupo de empresas públicas con una tasa de temporalidad superior al 20%, mientras las cifras del pasado año sobre el sector privado sitúan la temporalidad en el 9% (Febrero 2003). 

UNA FAMILIA TELEVISIVA   

La diputada del PP en las Cortes Valencianas, Maira Barrieras, tiene familia televisiva que hace carrera en Ràdio Televisió Valenciana. La más conocida es, sin duda, su madre, María Mombrú, la divertida, atrevida y tierna abuela de 81 años que se ha colado en los puestos finalistas del concurso Mira, mira!, que presenta Toni Cantó. Un poco menos conocida es su hija, Vanesa Adsuara, de 24 años, periodista, que se incorporó a los informativos de RTVV el pasado 2 de abril en la sede de la cadena pública autonómica en Castellón, donde trabaja en turno de tardes por un contrato de obra a media jornada.

Canal 9, a través de una productora, Trivision, realizó durante meses una selección para el concurso Càstin9, al que se presentaron miles de personas. De entre todas ellas, después de valorar sus aptitudes ante la cámara, se eligió a los dieciséis concursantes del programa Mira, Mira!, un concurso de cámara oculta, en el que los participantes son ganchos de escenas supuestamente cómicas que protagonizan famosos, como María Abradelo o Nuria Roca.

Después valorar las capacidades interpretativas derivadas de hacer caer en la trampa a rostros conocidos o a víctimas del sentido del humor de su jefe o amigos, se alcanzaba la categoría de finalista. El premio: trabajar como actores y actrices en una serie de ficción, cuyo guión y protagonistas están aún por determinar, que se lanzará con 13 capítulos.

Un jurado, formado por los actores Fernando Guillén, Jorge Roelas y la actriz y presentadora Esther Arroyo, se encargó de juzgar las aptitudes interpretativas de los aspirantes a actores para la selección de los ocho mejores. En la segunda fase, la selección se produjo entre el jurado y público, lo que los productores llamaron "fase interactiva", quienes señalaron a los cuatro ganadores. Entre ellos, se encuentra María Mombrú, directora de un grupo artístico de mayores en Almassora, Els Millars, y madre de la diputada Maira Barrieras (Febrero 2003). 

EL PROFESORADO DE LA CONCERTADA COBRARÁ UN PLUS QUE EL PP VETÓ PARA LA PÚBLICA   

El profesorado, el personal de educación especial y el de administración y servicios de todos los centros educativos concertados de la Comunidad Valenciana -unos 10.000 trabajadores- cobrarán a partir de febrero el llamado "complemento retributivo" autonómico. El mismo que el PP vetó de los Presupuestos de 2003 impidiendo la homologación de los 2.700 maestros que imparten Secundaria en colegios públicos. La proximidad de las elecciones de mayo precipitó, el último día de enero, la firma de un acuerdo que tradicionalmente la patronal ha relegado al mes de junio.

La Consejería de Educación selló hace apenas una semana, el 31 de enero pasado, con la firma de un documento de cinco páginas, el compromiso de pagar a "todo el personal docente con pago delegado, el de educación especial y de administración, a partir del 1 de enero de 2003 el denominado complemento retributivo de la Comunidad Valenciana en cada pago mensual y en las gratificaciones extraordinarias". Se trata del mismo complemento fue denegado por el PP en diciembre para el caso de los maestros que, por razones ajenas a su voluntad, han tenido que reciclarse en los últimos años para impartir primer curso de ESO en los colegios públicos ante la falta de institutos.

El pacto suscrito por las dos grandes patronales de la enseñanza, además de incluir el incremento anual del 2%, fija también los incrementos del apartado de Otros gastos del Módulo de Conciertos que se aplicarán gradualmente en los próximos ejercicios de 2004 y 2005. Es decir, el cupo la Administración transfiere directamente las empresas.

De hecho, el coste global de este plus autonómico para el personal docente de los centros concertados que cobra mediante la fórmula de "pago delegado" (directamente de la consejería y no de las empresas) ya estaba previsto en diciembre en el Anexo I de la Ley 12/2002 de los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2003.

La novedad reside en los tiempos. Pese a estar contemplado en los presupuestos del Consell, tradicionalmente las patronales han dilatado hasta junio las negociaciones con los sindicatos acerca del incremento salarial a aplicar sobre los salarios del personal de administración y servicios no incluido en el pago delegado (es decir, que costean directamente las empresas de dinero transferido para gastos de funcionamiento) hasta el mes de junio. Con esto, confirman algunos empresarios, se dispone de mayor liquidez durante un semestre completo. Sin embargo, este año, ante la proximidad de las elecciones autonómicas en mayo, las patronales han precipitado el acuerdo, ante la posibilidad de que se produzca un hipotético cambio en la Generalitat, reconocen.

Con todo, lo que ha provocado "hilaridad" según los términos empleados por dirigentes de CC OO, ha sido el doble parámetro empleado por el Grupo Parlamentario Popular que vetó en diciembre el mismo incremento para los funcionarios públicos.

Mientras los populares votaban a favor del texto de la Ley de Presupuestos que contemplaba el plus para los docentes de la concertada; vetaba al mismo tiempo una enmienda de Esquerra Unida para incluir también el complemento retributivo de los 2.700 maestros que imparten ESO. Una asignatura pendiente que el propio Síndic de Greuges -que lleva cuatro años pidiendo al Consell que ponga fin a este "agravio comparativo" con el resto de funcionarios del Estado- había logrado arrancar al director general de Personal de Educación, José Antonio Rovira, para el ejercicio 2003.

Según la documentación enviada al Síndic por la Administración Educativa, en noviembre la consejería había "cumplido con los trámites preceptivos de su asesoría jurídica para que los maestros que imparten ESO pudieran percibir las diferencias retributivas". Es más, Rovira en su escrito al Síndic, se comprometía a "incluir una norma con rango de ley, concretamente en la Ley de Medidas Fiscales Administrativas, que se aprobará junto a la de Presupuestos de 2003, el cobro del complemento diferencial". Nada de esto ocurrió. La resolución dictada por la Dirección de Personal en diciembre quedó fuera del texto legal. El Grupo Parlamentario Popular optó por autoenmendar al Consell y rechazó además la enmienda propuesta por EU (Febrero 2003). 

ZAPLANA PASEA A CAMPS POR TERRA MÍTICA   

"Los tres decimos lo mismo", afirmó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, tras asistir a un peculiar consejo de administración de Terra Mítica. Efectivamente: el ministro Zaplana; el presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, y el candidato del PP a la Presidencia del Consell, Francisco Camps, no se salieron del papel de santísima trinidad -tres personas en una- que en esta campaña electoral van a escenificar por todo el territorio valenciano. Y también hicieron lo mismo: envolver en un halo de gloria una empresa con resultados ruinosos y amoratada de tanta inyección de fondos públicos. Todo en Terra Mítica es "tremendamente positivo" para Zaplana; los empresarios que arriesgan su dinero "están encantados" y los presidentes de las entidades de ahorro Bancaixa y CAM, principales capitalistas del parque, con un 30% de las acciones, "se han felicitado" por lo bien que van las cosas. "Están encantadas [las cajas], y si están encantadas es porque encuentran una buena fuente de negocio, al margen de que apoyaron este proyecto desde un principio por su viabilidad y utilidad social", comentó.

Tan bien van las cosas, insistió el ministro, que "la dirección de la empresa ha previsto obtener beneficios en 2005", dos años antes de lo que se esperaba por parte de la empresa. Pero al ministro debió fallarle la memoria o su servicio de documentación porque el ex director general del parque, Miguel Navarro, en declaraciones a la agencia Efe el 17 de julio de 2000, cuando Terra Mítica abrió sus puertas, adelantó que la empresa daría beneficios en 2005. Ésos eran los planes de la empresa. Antes y, al parecer, ahora.

Bajo esa aureola de gloria y sin que nadie le preguntara, Zaplana habló de que el parque ha pasado "dificultades artificiales". Sin citar la maltrecha cuenta de resultados -pérdidas de 40 millones de euros en el último ejercicio-, ni mencionar la intervención de ingeniería financiera -operación acordeón- para salvar las cuentas de la mercantil, y sin tener en cuenta que al parque han ido menos visitantes de los que se esperaban. El ministro explicó esos artificios que según él han intentado arruinar su proyecto emblemático: [el parque] "ha sido bombardeado" por la oposición, con denuncias al Tribunal Superior de Justicia y a las autoridades europeas. Pero ahora, agregó, todo está archivado. Y "ya se han despejado los nubarrones", proclamó (Febrero 2003).  

RTVV FIRMA CONTRATOS QUE IMPLICAN UN BLINDAJE ENCUBIERTO A SUS CARGOS   

El director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José Vicente Villaescusa, negó la semana pasada que existieran contratos blindados en esta empresa pública. Sin embargo, el modelo que utiliza Villaescusa es el de acuerdo por servicio determinado, con indemnización de 45 días por año trabajado, no sujeto al convenio del ente y que permite volver a periodistas y directivos a sus anteriores puestos. Según un catedrático de Derecho Civil, se trata de un "blindaje encubierto y un presunto fraude de ley". La dirección de Canal 9 lo niega.

El modelo de acuerdo, tal como consta en un contrato suscrito en 1998 por el entonces director de TVV, José Forner, con un jefe de sección de coordinación que en 2000 volvió a su plaza de plantilla y cobró alrededor de 15.626 euros por el tiempo que prestó servicio como miembro del cuadro directivo, está fuera del convenio de RTVV, es por tiempo determinado -el de la permanencia de quien hace el nombramiento- y se justifica en concepto de un servicio concreto. Fuentes sindicales estiman que unas 60 personas tienen este tipo contrato que la dirección de Canal 9 reduce a unos 15.

El blindaje encubierto, tal como lo definió un catedrático de Derecho Civil tras examinar el documento, consta de diez "estipulaciones". En ellas se establece que el contrato es de "duración determinada y mantendrá su vigencia mientras el director general de RTVV que realiza el nombramiento permanezca en su cargo, incluso si lo hace en funciones". Añade que "a la finalización del contrato, RTVV abonará una indemnización equivalente a 45 días de salario por año trabajado".

La mayoría de los contratos incluye entre las "estipulaciones" la extensión de la antigüedad, es decir, que la indemnización empieza a contar desde antes de que se suscriba el contrato, lo que la dirección de la empresa explicó como "un elemento corrector para que una persona que pueda haber sido contratada por un director general, destituida al cesar aquél y contratada por el siguiente, no acumule indemnizaciones". El contrato recoge además que como "consecuencia de la condición de fijo de plantilla del trabajador, se hace constar expresamente el reconocimiento de la duración del presente contrato a efectos de cómputo de antigüedad en la empresa en su vínculo contractual indefinido".

Según fuentes sindicales, son unos 60 los altos cargos y periodistas de RTVV con derecho a indemnización de 45 días por año trabajado, la mayoría de plantilla, lo que el comité de empresa cifró hace escasos días en dos millones de euros. Ello equivale a que personal fijo de la empresa cobra, después de desempeñar un cargo de confianza, una millonaria compensación por los servicios prestados teniendo derecho a recuperar la plaza que desempeñaba antes (Febrero 2003).  

EL FISCAL IMPUTA A LA ALCALDESA DE SAX POR UNA EXPROPIACIÓN ILEGAL   

El fiscal mantiene la acusación contra la alcaldesa de Sax (Vinalopó Mitjà), María de los Frutos Barceló, del PP, por un supuesto delito de expropiación ilegal. Los terrenos pertenecen a la familia de la candidata socialista a la alcaldía, Ana Barceló. El ministerio público también solicita que se persone como perjudicada la Consejería de Empleo por una posible falsificación en la solicitud de una subvención.

De esta manera, el fiscal se opone a la petición de la defensa de la alcaldesa y del secretario municipal, Rafael Román, de sobreseimiento de la causa. La denuncia contra la alcaldesa fue presentada en julio de 2000, después de que el Ayuntamiento de Sax construyera en unos terrenos colindantes a la ribera del río Vinalopó dos pistas deportivas.

El litigio se produjo después de que el Ayuntamiento anulara un acuerdo plenario en el que se comprometía a la compra de la finca de El Molino por valor de 420.708,47 euros a la familia Barceló. Rotos los acuerdos de compra, el Ayuntamiento ejecutó las obras aduciendo que se trataba de suelo de dominio público. La obra costó 84.141,69 euros, 48.080,97 de los cuales fueron subvencionados por la Consejería de Industria.

Según el fiscal, "María de los Frutos Barceló sabía que el terreno sobre el que se iba a construir y se construyeron las pistas polideportivas no era propiedad del Ayuntamiento, sino de los querellantes". Consta que no se inició expediente administrativo alguno por el Ayuntamiento para la cesión del tal terreno.

Ahora, y en respuesta al recurso presentado por la defensa, el ministerio público se opone el archivo, a la vista de que "los elementos constitutivos del delito de expropiación ilegal no han sido desvirtuados aún". El fiscal no entra a discutir la titularidad de los terrenos ocupados, sino los elementos constitutivos de la expropiación ilegal. Asimismo, la acusación pública solicita a la juez que tome declaración al representante legal de Industria, que subvencionó la obra. El fiscal y la acusación particular consideran que la primer edil sajeña pudo falsificar la documentación entregada a la consejería para poder optar a la ayuda económica (Febrero 2003). 

EL PP VALENCIANO IMPULSA CON DINERO PÚBLICO UNA MANIFESTACIÓN DE APOYO AL PLAN HIDROLÓGICO  

El PP de la Comunidad Valenciana, que preside el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, impulsa con fondos públicos un acto de apoyo al Plan Hidrológico Nacional, promovido por el Gobierno de José María Aznar y aprobado en el Congreso hace más de un año y medio. La concentración, prevista en Valencia, está financiada por el Consell, las Cortes Valencianas y las tres Diputaciones provinciales, en las que gobierna el PP. En total, las subvenciones ascienden a casi 1,7 millones. En el acto, que tendrá como lema Agua para todos, se ofrecerán 120.000 raciones gratuitas de paella.

La concentración en favor del PHN y del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana está convocada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y cuenta en su comité organizador con representantes de las organizaciones empresariales valencianas y murciana, el secretario de la Real Acequia del Júcar y la responsable de la Federación de Amas de Casa. Todas ellas son personas próximas al Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en las principales instituciones y que ha hecho de la defensa del PHN el eje de su campaña electoral frente a los socialistas valencianos (Febrero 2003).  

LOS COMITÉS DE TODOS LOS CANALES PÚBLICOS SE OPONEN EN BURJASSOT A PRIVATIZAR RTVV   

Representantes de los comités de empresa y las secciones sindicales de todos los canales públicos se reunieron en Burjassot, donde está el centro de producción de la televisión autonómica, y expresaron su oposición a la privatización de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) anunciada por el PP. Al encuentro asistieron los comités de empresa y las secciones sindicales de Radio Televisión Española (RTVE), TV3, Catalunya Ràdio, Canal Sur, Castilla la Mancha Televisión (CMT), Telemadrid, Televisión de Galicia (TVG) y Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que manifestaron que la privatización de RTVV "atenta contra el pluralismo político y cultural".

En el documento debatido y aprobado en Burjassot se asegura que "el proceso de privatización de RTVV puesto en marcha por el Partido Popular desde la Generalitat Valenciana" va contra los principios de una "televisión con contenidos de calidad". A juicio de los comités de empresa y secciones sindicales de las televisiones públicas, la privatización "dejaría en manos particulares un servicio básico para la participación democrática de los ciudadanos en la vida pública de la Comunidad Valenciana". El documento aprobado critica que el proceso privatizador conllevaría "la asunción por parte de los ciudadanos de los 400 millones de euros de deuda, generados por los actuales gestores, mientras que los beneficios serían para empresarios afines al PP".

Según el comunicado "no pueden continuar" en la dirección del ente público los responsables de "una gestión nefasta", que "han puesto el medio a disposición de intereses privados y partidistas en detrimento del conjunto de la sociedad". Los comités de empresa de las radios y televisiones autonómicas se "solidarizan con los trabajadores de Canal 9 y Radio 9" y exigen la "inmediata paralización del proceso de privatización". En el documento se reclaman además reformas legales, para que "los directores generales de las radio televisiones públicas sean elegidos por los respectivos parlamentos autonómicos" y la creación de un Consejo del Audiovisual (Febrero 2003).  

EL MISMO GRUPO CONSTRUIRÁ Y CONTROLARÁ LA OBRA DE LA NUEVA FE   

La Asociación Valenciana de Ingenieros Consultores (Avinco) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el concurso para la construcción del nuevo hospital La Fe de Valencia, que la Consejería de Sanidad acaba de adjudicar a la constructora ACS. La asociación argumenta en el recurso que la Generalitat contraviene la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando concentra en un sólo adjudicatario el proyecto, la ejecución y la dirección de las obras del nuevo hospital. "Es necesario que el que vigile sea distinto al que construye", declaró un portavoz.

Avinco, representante en la Comunidad Valenciana de la patronal estatal de ingenieros y consultores Asince-Tecniberia, lleva meses intentando convencer a la Consejería de Sanidad, que dirige Serafín Castellano, de que esta práctica -adjudicar el proyecto, la ejecución y la dirección de la obra a un sólo contratista- vulnera la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y perjudica a las empresas de ingeniería capacitadas para asumir esta tarea. En octubre de 2002, poco después de conocerse el pliego de condiciones del concurso, la asociación presentó un recurso de alzada a Sanidad, donde pedían que se separasen la dirección de la obra.

La Generalitat no respondió. Después han seguido los contactos, todos ellos sin éxito. Sanidad no ha corregido el pliego y la asociación se decidió a finales de enero a recurrirlo por lo contencioso administrativo, no en su totalidad sino en lo que compete a la segregación de la dirección facultativa. "Han obviado las normas de contratación de las Administraciones Públicas", declaró el portavoz de Avinco, Francisco Ruiz de la Torre. Según el portavoz, el director de la obra representa a la Generalitat; es el que audita y certifica que la constructora cumple el presupuesto, los plazos y la calidad de la obra. "No parece que el objeto del concurso pueda encajarse, ni con calzador, en las excepcionalidades previstas en la Ley de Contratos", reza el recurso. "No hay el menor rastro de justificación argumental de tal excepción", prosigue.

Avinco ha pedido a la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia que suspenda provisionalmente la concesión de la dirección de la obra en tanto se resuelve el recurso. El último contacto de Avinco con Sanidad se produjo la pasada semana, con el recurso ya presentado. La respuesta venía recogida en los periódicos. Sanidad adjudicó la nueva Fe a la constructora de Florentino Pérez, ACS, que acudía al concurso en compañía de las constructoras locales Edifesa y Lubasa.

El coste del proyecto es de 300 millones de euros y la dirección de la obra representaría de un 4 a un 5% del presupuesto total, es decir unos 15 millones de euros. Al concurso se presentaron también las constructoras FCC-Necso y Ferrovial. El nuevo hospital ocupará 190.000 metros cuadrados, divididos en cinco edificios de seis plantas cada uno

Este caso no es aislado. Como argumenta Avinco en su recurso, el propio Síndic de Comptes, en el informe de fiscalización de las cuentas del Servicio de Asistencia Sanitaria de la Consejería que dirige Serafín Castellano, correspondiente al año 1998, cuestionaba el sistema de contratación conjunta que ya se aplicó en el concurso del Hospital de La Plana. El informe de la Sindicatura manifestaba sin ambages que "la adjudicación simultánea de la dirección facultativa al mismo contratista de la obra no resulta aconsejable, porque confunde intereses diferentes que deben discurrir en paralelo hasta la terminación de la obra" (Febrero 2003).  

EL ALCALDE DE ALMORADÍ PRESIONA A INMOBILIARIAS PARA QUE NO VENDAN PISOS A INMIGRANTES O GITANOS   

El alcalde del PP en Almoradí (La Vega Baja), Antonio Ángel Hurtado, ha presionado a las inmobiliarias de esta localidad de unos 14.000 habitantes para que no vendan casas a "gitanos y moros". La reprimenda que recibió del alcalde el dueño de una inmobiliaria, Ulises García, por vender una casa a una familia gitana, quedó grabada. Hurtado admitió que se ha reunido con cinco agentes inmobiliarios, pero matizó que sólo les aconsejó que no vendieran casas a "miembros de mafias organizadas o a delincuentes" como modo de evitar incidentes.

Durante la reunión, que se prolongó durante más de media hora, el alcalde instó al empresario a "evitar las transacciones o las compras en este pueblo para este tipo de gente". Luego le reprochó: "¿Te gustaría tener a ti un vecino moro o gitano o de este tipo de gente?"; y más tarde concluyó: "Yo, por tratar esto no voy a parar. Voy a hacer lo que estoy haciendo, una inspección esta tarde y ver si cierro casi todos los locales de moros que pueda".

En este pueblo se registró un episodio de racismo en junio de 2000 -el asunto está vivo en los tribunales, con seis acusados-, cuando un nutrido grupo de vecinos atacó el barrio gitano incendiando varias casas (Febrero 2003).  

CENTENARES DE MILES DE PERSONAS APOYAN EN VALENCIA LA EJECUCIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO   

Cientos de miles de personas procedentes de Murcia, Almería y la Comunidad Valenciana apoyaron en Valencia el Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado hace casi dos años por el Gobierno. Los organizadores habían previsto 500.000 personas y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, presente en el acto, aspiraba a llegar al millón. La concentración, sufragada con 1,7 millones de euros de las instituciones públicas valencianas, gobernadas por el PP, acabó con el reparto gratuito de 121.000 raciones de paella.

Los organizadores del acto en apoyo al PHN apostaron por una concentración aparentemente aséptica y sin connotaciones políticas. El lema Agua para todos respondía a esa teórica voluntad de no herir sensibilidades. Pero la concentración contó desde el principio con el impulso político del PP, que ha hecho de la convocatoria el eje central de su precampaña electoral.

El acto, además, partía con una extraña contradicción, al defender algo que está aprobado por ley hace año y medio. No podía ser reivindicativo porque supondría tanto como echar en cara al Gobierno y a la Generalitat valenciana una apatía en la gestión del Plan. Los organizadores optaron por explicar la movilización como una denuncia de la actuación de los socialistas, de quienes, sin citarlos, dijeron que "paralizarían el PHN si alcanzaran el poder".

Además de los agricultores, secundaron la concentración una amplia representación de empresarios de las tres comunidades autónomas más afectadas por concentración, y otra de políticos del Partido Popular. A pocos metros del escenario desde donde los organizadores hicieron sus parlamentos se encontraban el ministro de Trabajo y un buen número de consejeros del Gobierno valenciano, con su presidente, José Luis Olivas, a la cabeza, y el candidato a sucederle en el puesto el 25-M, Francisco Camps. También viajó a Valencia el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (Marzo 2003).  

EMBARGADO EL SUELDO AL CONCEJAL DE HACIENDA DE CASTELLÓN   

El juzgado número 6 de Castellón ha decretado el embargo del sueldo del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Castellón, Miguel Ángel Mulet, para hacer frente a la ejecución de una sentencia contra su esposa, a la que le reclaman algo más 16.000 euros. La sentencia no es firme y la ejecución es provisional pese a lo que Mulet, según aseguró el letrado de su esposa, ya ha depositado el dinero en el juzgado, con lo que el embargo no tiene por qué hacerse efectivo, ni en el caso del salario que percibe del consistorio ni en el de la empresa para la que trabaja. El caso se remonta años atrás y se refiere a un pagaré expedido por la esposa de Miguel Ángel Mulet que ahora reclama la empresa Capricornio Urbana, SL (Marzo 2003).

ZAPLANA APARECE MÁS DEL DOBLE QUE CAMPS EN CNAL 9 Y EL TRIPLE QUE PLA   

Los informativos de Canal 9 dedicaron en 2002 al Partido Popular seis veces más noticias que al conjunto de la oposición. La presencia de los políticos del partido en el gobierno alcanzó las 1.134 ocasiones, frente a 194 del PSPV, 46 de Esquerra Unida, ocho del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) y dos de Unión Valenciana (UV). El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, apareció durante el pasado año en 634 ocasiones, Camps en 265 y Olivas en 235. Así lo constata el sexto informe anual elaborado por el comité de redacción de Televisió Valenciana (TVV).

"Manipulación, parcialidad, desinformación, desprecio a la audiencia, servilismo al Gobierno e ignorancia ante algunas de las manifestaciones culturales más representativas" son algunos de los calificativos que incluye el sexto informe anual elaborado por el comité de redacción de TVV sobre el contenido de los informativos de Canal 9.

El comité de redacción señala en su informe como episodios más evidentes de la manipulación constante desde los informativos de Canal 9 el trato de favor que recibe el PP, la escasa aparición de la oposición y cómo se destacan las desavenencias, la huelga del 20-J que nunca existió, el Prestige visto como catástrofe natural, el PHN como ejemplo de una información maniquea, las manifestaciones de oposición a la guerra contra Irak (en las que consideran se dio mucha más importancia a las posiciones del Gobierno y se relativizó la masiva participación ciudadana en las calles), el paraíso económico de la Comunidad Valenciana -sólo se facilitan datos si son positivos-, la ignorancia informativa sobre los Premis Octubre, el autobombo, el silencio ante el conflicto desatado por el anuncio de la privatización del ente y el dominio aplastante de los contenidos dedicados a sucesos, frivolidades y fútbol.

Las apariciones del ahora ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, del actual presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, y del candidato por el PP a la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps suman 1.134 frente a las 250 de los líderes de los grupos de la oposición Joan Ignasi Pla (PSPV), Joan Ribó (EU), Pere Mayor (BNV) y José María Chiquillo (UV). El comité de redacción define el dominio indiscutible sobre todas de la presencia de Zaplana como culto a la personalidad, ya que, según constata, ocupa minutos en los informativos incluso cuando es de dudosa trascendencia la información que protagoniza. Zaplana estuvo presente en los informativos de Canal 9 durante 2002 en 634 ocasiones, Camps en 265, Olivas en 235, Pla en 194, Ribó en 46, Mayor en ocho y Chiquillo en dos.

Sobre la huelga general del 20 de junio, el informe señala que se siguieron escrupulosamente las consignas del Gobierno para ningunear las repercusiones de una convocatoria que tuvo un importante seguimiento. Entre los ejemplos, se indica que en una información de 59 segundos aparece seis veces la palabra "normalidad", que "no se informó de los motivos de la huelga, se dieron cifras de seguimiento sin citar la fuente o se ofrecieron sólo las de la patronal y el Gobierno e ignoraron la polémica de los servicios mínimos".

Sobre el hundimiento del Prestige y sus consecuencias, señala el informe que Canal 9 no envió un equipo a Galicia hasta tres semanas después del desastre, casi el mismo tiempo que tardó en recoger en las informaciones la existencia de voluntarios. La marea negra "se ha tratado como un desastre de primera magnitud, atribuible sólo a la mala suerte, a los imponderables, la meteorología, sin hacer referencia a la legislación española que permite el tránsito de ese tipo de buques, ni a la falta de puerto de refugio, ni a las decisiones tomadas por las autoridades españolas". Dice el informe que "para Canal 9 no ha habido  responsabilidad política".

El Plan Hidrológico Nacional (PHN) "ha sido uno de los temas que más minutos ha ocupado en los informativos de Canal 9 en los últimos meses", recoge el informe. Y añade que "los directivos de TVV han optado por desinformar a los espectadores valencianos ofreciéndoles una versión parcial y tendencioso de las múltiples reacciones que ha provocado la accidentada gestión del PHN". Asimismo, afirma el comité de redacción que "han manipulado la realidad, criminalizando las opiniones contrarias y silenciando las voces discrepantes, mezclando conscientemente información y opinión y no respetando la pluralidad". Señala el repaso que Canal 9 no informó de la creación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se han silenciado las discrepancias, que los ecologistas no concursan en la información, que han actuado al dictado del Gobierno y se han promovido manifestaciones.

El comité dedica en el informe de 2002 duras críticas al tratamiento del valenciano y de las manifestaciones culturales que Canal 9 recoge en los informativos. Para el comité "se incumple la Ley de Creación en cuanto a la toma de conciencia de los hechos diferenciales". Señala que "la Pantoja es noticia pero se ingora a Raimon, a Lluís Llach, la inauguración del centro Ovidi Montllor en Alcoi o a Miquel Batllori, excepto cuando falleció". Y concluye que un añó más no ha existido referencia alguna a las Trobades d'Escoles en Valencià ni a los Premios Octubre (Marzo 2003). 

COTINO SE NIEGA A EXPLICAR EN CORTES LA DETENCIÓN DE DOS ALCALDES

Juan Cotino, delegado del Gobierno, explicó a la oposición que no acudirá a las Cortes para explicar la actuación policial en Buñol que acabó con la detención de dos alcaldes de EU. "No es en las Cortes Valencianas donde yo, en todo caso, tendría que comparecer sino en el Parlamento [español]", dijo Cotino

Como se recordará en la madrugada del pasado día 9 alrededor de 300 vecinos recibieron cantando el Himno a Buñol al destacamento de policía antidisturbios que escoltaba el paso de seis camiones de basura, aunque no se registraron incidentes de gravedad. A las cuatro de la madrugada del viernes aparecieron 70 agentes de la Guardia Civil que formaron frente a los vecinos situados en las aceras a petición de la alcaldesa de Buñol, Minerva Gómez. La alcaldesa conversó con el teniente coronel al mando del operativo para revisar el estado de los camiones. "Como se ha podido comprobar, y lo hemos vuelto a grabar, siguen soltando lixiviados y desprendiendo mal olor. Son los mismos camiones y no van herméticamente cerrados", dijo la alcaldesa. Asimismo continuaron las declaraciones de los detenidos del día 5, con el alcalde de Macastre, Jose Vicente Sáez, y la concejal de Buñol, Maribel Ferrer, ambos detenidos por alteración del orden público y desobediencia a la autoridad (Marzo 2003). 

EL TSJ ANULA LA PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS GIRSA Y EGEVASA EJECUTADA POR EL PP   

La Diputación de Valencia, gobernada por el PP, privatizó en 1998 el 49% de sus empresas Girsa y Egevasa, de gestión de residuos y aguas, con un sistema "contrario a derecho". El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado, tras el recurso presentado por el PSPV, los acuerdos de la Corporación que aprobaron la convocatoria del concurso y el pliego de condiciones para la venta parcial de las sociedades públicas. El tribunal subraya que la venta del patrimonio público debió hacerse por subasta, que garantiza la obtención del mejor precio, y no por concurso.

El proceso de venta en 1998 del 49% de Girsa (Gestión Integral de Residuos, SA) y de Egevasa (Empresa General Valenciana del Agua, SA), acabó en los tribunales. Los partidos de la oposición, PSPV y EU, llevaban meses denunciando que el concurso diseñado por el equipo de gobierno de la Corporación provincial era "ilegal" y que la legislación obligaba en este tipo de operación a que la venta del patrimonio público se realizara por subasta. La oposición recurrió el proceso.

Cuatro años después, el TSJ le ha dado la razón. La Sala de lo Contencioso Administrativo anula el pliego de condiciones y la convocatoria del concurso. Los argumentos son contundentes: "El sistema elegido para la enajenación de las acciones de Girsa [637 títulos] y de Egevasa [3.047] es contrario a derecho", reza el fallo, contra el que cabe recurso. La sala se ampara en las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y subraya que esta norma "es imperativa" para la Administración Local "como garantía de integridad del patrimonio de la hacienda pública". El fallo insiste en que no caben excepciones en el caso de la venta del 49% de Girsa y Egevasa, "máxime cuando con ello se disminuyen los ingresos de la Corporación, pues se limita en el concurso la puntuación por el precio de las acciones, nadie puja por encima de ese máximo y se frustra la obtención del mayor precio posible". En opinión del tribunal, la solvencia técnica de las empresas privadas también se puede exigir en los procesos de subasta.

Al concurso para la privatización de Egevasa se presentaron siete ofertas, las más significativas las de Aguas de Valencia y de Vainmosa Cartera, sociedad rescatada por Bancaixa ad hoc para este concurso y en cuyo accionariado se agruparon los socios españoles de Aguas, enfrentados entonces al accionista principal de la sociedad hídrica -una filial del grupo francés Bouygues-, y los constructores Lubasa y Facsa.

Vainmosa Cartera ganó finalmente el concurso a un precio de 1.823 millones de pesetas, la cantidad máxima de salida fijada en el concurso y la misma que ofrecían el resto de ofertas competidoras y empleó la propiedad del 49% de Egevasa para fusionarse, tras un intrincado proceso, con Aguas de Valencia. El grupo de accionistas españoles ganó terreno al accionista francés y entraron de nuevo en el accionariado las constructoras Lubasa y Facsa. La operación de canje fue de una acción de Aguas por cada 5 de Vainmosa. En el caso de Girsa no hubo tanta competencia y FCC fue la empresa ganadora.

"La sentencia afectará a las empresas copropietarias de Girsa y Egevasa, pero no antes de que la sentencia sea firme", advirtieron fuentes empresariales. La decisión del Tribunal Superior llega en un momento convulso para Aguas de Valencia, que se enfrenta en los tribunales al despido de dos de sus ex altos cargos por supuestas irregularidades contables y societarias (Marzo 2003). 

VARIOS JURISTAS CALIFICAN DE FRAUDE DE LEY LA PRIVATIZACIÓN DE CANAL 9 

La propuesta de privatización de Canal 9 que presumiblemente será aprobada en el consejo de administración del ente por la mayoría del PP es, según varios juristas un fraude de ley. En esencia, la fórmula vulnera el artículo seis de la Ley del Tercer Canal, que establece claramente que no se podrá delegar la gestión en todo o en parte bajo ningún concepto.

Los juristas señalan, además, que supone un conflicto la utilización doble que se da al personal de TVV, que siendo del ente estará dirigido por una empresa privada que no es con quien se han suscrito ni las condiciones laborales ni los estatutos ni los convenios.

En lo que se refiere a los pliegos que recogen la contratación de contenidos audiovisuales, que se establece para un total 1.884 horas anuales durante el contrato de cinco años, los juristas apuntan que se vulneran varios preceptos legales. De una parte, de la programación total, se combinarán: producciones propias, producciones delegadas por TVV (encargadas a un tercero que no será el adjudicatario), producciones del adjudicatario y producción ajena (animación, documentales o serie cuyos derechos se adquieren en el mercado audiovisual). Ello supone un fraude de la obligación de TVV, como empresa pública, de vigilar criterios de calidad, proporcionalidad, educación en valores democráticos y transmisión de valores culturales y en lengua propia, según los expertos, por que TVV figura como "supervisora a producto finalizado, sin capacidad de fiscalización por la propia característica del contrato de adjudicación". De otra parte, entienden los especialistas consultados, que "la mayoría de acuerdos suscritos para favorecer el sector audiovisual valenciano quedarán en papel mojado porque no se especifica obligación alguna" (Marzo 2003). 

UN CARGO DEL PP CAZA Y DA ÁGAPES EN COTOS Y REFUGIOS PÚBLICOS  

José María Rubio, diputado provincial de Medio Ambiente, del PP, y cazador vocacional, remata las jornadas de cacería en cotos públicos con la celebración de ágapes en recintos también públicos, en este caso un refugio propiedad de la Diputación de Alicante. El alto cargo conservador admitió que efectivamente saciaba su pasión por el arte de la cinegética en fincas rurales de titularidad pública en un pleno de la corporación provincial, celebrado en febrero de 2002.

El singular colofón que Rubio da a sus monterías en pos de los jabalíes por los parajes de Sierra Mariola lo desveló el diario Información. Según el rotativo, el también vicepresidente de la Diputación usa un refugio en una finca pública para organizar encuentros gastronómicos privados con los que agasaja al resto de tiradores. El inmueble rural se ubica en la finca Peñas del Sol, en el término de Villena (Alt Vinalopó) y ha sido restaurado con fondos públicos. La Diputación de Alicante ha concentrado en esta comarca del Alt Vinalopó la mayoría de las compras de terreno rústico. Entre esas propiedades de la Diputación hay dos zonas autorizadas para la celebración de batidas de caza. En los ocho años del PP al frente de la Diputación de Alicante, la institución ha acumulado un millar de hectáreas de terreno rústico con el objetivo, según Rubio, de fomentar proyectos medioambientales. El reconocimiento público de Rubio de su afición a cazar en cotos públicos acarreó la intervención del presidente regional del PP, Eduardo Zaplana, que instó a De España a erradicar esas prácticas. El diputado admitió que cazó y que entre sus colegas estaban los ex diputados provinciales Antonio Botella y Pedro Barrio. El episodio del diputado cazador es uno más de la larga lista de decisiones que confunden lo público y lo privado con las que De España, que no opta a la reelección, ha jalonado su etapa al frente de la Diputación (Marzo-Abril 2003). 

EL CANDIDATO DEL PP EN ELCHE SE VA Y MILITANTES POPULARES DE CASTELLÓN SE PRESENTAN POR LIBRE   

El candidato del PP a la alcaldía de Elche, Emilio Cano, anuncia que abandona la carrera electoral por motivos de salud. El PP de Castellón no pasa por su mejor momento. Por motivos diversos, se enfrenta, a dos meses de las elecciones locales y autonómicas, a escisiones en municipios importantes. Un concejal de Onda, un ex alcalde de Nules y ex vicepresidente de la Diputación, un ex militante y concejal de Vinaròs y grupos de militantes de La Vall d'Uixó, Almenara y Vilafranca preparan listas independientes.

La situación también se le ha complicado al PP en Castellón. Las imposiciones de candidatos y la existencia de una directiva provincial extremadamente rígida son algunas de las causas que se achacan para explicar el surgimiento de listas municipales independientes basadas en militantes o exmilitantes del PP. Nules, Onda, Vilafranca, La Vall d'Uixó, Vinaròs y Almenara son las localidades en las que, de momento, ya se han anunciado o presentado listas de independientes.

El último en alzar la voz ha sido Vicente Martínez Lucas, ex vicepresidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de Nules, que presentó su baja en el PP, tal como confirmó Campos. En Onda, el aún concejal del PP, Pascual Mundina, ya ha anunciado que se dará de baja de las filas populares y encabezará una candidatura independiente, que se denominará Alternativa Municipal Independiente. Fabra espera la baja de Mundina que, en las anteriores elecciones ocupaba el número 2 en las listas populares. En Vilafranca, más de una docena de militantes, con Jaime Vives a la cabeza, han solicitado su baja del PP por la imposición del candidato. Vives fue alcalde por UCD en dos legislaturas y en las dos últimas convocatorias electorales ha figurado en la lista del PP. Mientras, en La Vall d'Uixó, las discrepancias con el alcalde de la localidad, Vicent Aparisi, han llevado a los fundadores de la entonces Alianza Popular y durante esta legislatura militantes del PP a crear un partido independiente. Además, tanto en Alqueries como en Almenara, una gran parte de la militancia se encuentra disconforme con los candidatos, por lo que no se descarta la elaboración de nuevas listas (Marzo-Abril 2003).  

ZAPLANA Y EL GRATIS TOTAL EN TERRA MÍTICA

"Hoy, gratis a Terra Mítica, comida y merienda incluida". Juan José y María del Carmen no se lo pensaron dos veces cuando, de buena mañana, les comunicaron en el hotel de Altea donde se alojan que el Imserso les invitaba a pasar el día en Terra Mítica. La programación del día no podía ser más sugerente. "Nos llevan y nos traen en autobús y no pagamos nada; es gratis, todo el día gratis". Ellos fueron una pareja más de las cientos, quizá miles, de las que abarrotaron el Circus Máximus de Terra Mítica, donde el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, clausuró el programa Vacaciones para Mayores que, gestionado por las empresas Marsans Viajes, Viajes Iberia, Grupo Barceló y Halcón Viajes, ha movido por España a 500.000 jubilados en un año. En la clausura se movieron unos 3.000, aunque varios cientos de ellos se ausentaron del Circus Maximus cuando Zaplana comenzó su discurso (Abril 2003).  

ADESLAS Y ASISA GESTIONARÁN LA SANIDAD EN ALZIRA Y TORREVIEJA  

La Consejería de Sanidad ha concedido la gestión sanitaria -hospitales y centros de salud- de la Ribera y Torrevieja a dos uniones de empresas participadas por Adeslas y Asisa respectivamente, como publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Los técnicos de la administración sanitaria valenciana han tardado poco más de dos meses en resolver estos dos concursos a los que sólo se presentó un candidato por cada uno. La gestión sanitaria del hospital de Alzira y la atención primaria del área 10 de los próximos 15 años recaerá en la unión de empresas que lo gestiona desde enero de 1999. Se trata de la agrupación formada por la empresa de seguros Adeslas (51% de las acciones), Ribera Salud (entidad integrada por Bancaixa y la CAM, que se reparten a partes iguales otro 40%) y las constructoras Lubasa (2%) y Dragados (2%). El acuerdo establece que estas empresas cobrarán por cada paciente (más de 230.000 personas) 379 euros anuales. La misma cantidad cobrarán las firmas que construirán el futuro hospital de Torrevieja y que se encargarán de la asistencia primaria. Los contratistas son seguros Asisa (20%), Ribera Salud (40%), el Centro Médico Salus Baleares (10%), la constructora Necso (10%), el hospital San Jaime -centro público en Torrevieja- (10%) y la constructora Enrique Ortiz e hijos (Abril 2003). 

LA PATRONAL APOYA AL  PP

A través de un comunicado cuatro destacados líderes de la patronal valenciana  han manifestado su apoyo a la continuidad del PP en Consell . El comunicado de apoyo lo suscriben los presidentes de Cierval, Cámara de Comercio, Autoridad Portuaria y Feria de Valencia (Abril 2003).  

EL CONCEJAL DE URBANISMO EN CASTELLÓN ES ADMINISTRADOR DE UNA ASESORÍA URBANÍSTICA  

El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Castellón, Alberto Fabra, es administrador solidario de la empresa Territorio y Urbanismo SL, que se dedica a la gestión de programas para el desarrollo urbanístico del suelo. Esta empresa se constituyó cuando Fabra ya ocupaba su actual cargo. La participación del concejal en Territorio y Urbanismo SL se conoció durante su comparecencia ante el juez que instruye la querella contra el alcalde de Castellón, el propio Fabra y la empresa Calviga por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación. El responsable del urbanismo castellonense negó ante el titular del juzgado número 1 de Castellón, el decano Horacio Badenes, haber tenido algún tipo de relación laboral con empresas del grupo Lubasa, de la que Calviga es una filial, aunque no pudo decir lo mismo respecto de sus dos socios en Territorio y Urbanismo, SL; dos aparejadores de los que dijo no conocer si "han realizado trabajos a nivel particular para dicha empresa". Territorio y Urbanismo, SL fue creada en enero de 2001 por el propio Fabra, cuando ya era responsable de urbanismo, y por dos aparejadores más, con un capital social de 360.000 euros (Abril 2003).  

EL JUEZ LLAMA A DECLARAR DE NUEVO A FABRA SOBRE EL SOLAR DE RENFE EN CASTELLÓN  

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, Horacio Badenes, ha llamado a declarar, por segunda vez, al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, del PP, en la instrucción de la querella por la adjudicación de los antiguos solares de la estación de Renfe. Tras la aparición de un acta municipal, Fabra deberá aclarar si negoció con los interesados un año antes de recalificar los terrenos. Fabra comparecerá, en calidad de imputado, en el proceso de instrucción de diligencias por la querella sobre los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público, en la operación que acabó en la adjudicación a Calviga, una de las empresas filiales de Lubasa, de la urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. En este lugar, según se ha anunciado, se ubicará El Corte Inglés, que ha de comprar a Calviga el solar para la construcción del centro comercial (Abril 2003).  

EL PLAN HIDROLÓGICO Y LOS CAMPOS DE GOLF 

La demanda de nuevos campos de golf "ha experimentado un notable incremento en los últimos años" y actualmente existen más de 70 propuestas. Frente al rechazo a la apertura de más campos, el Consell sostiene que son una oportunidad de modernizar el turismo, vertebrar el territorio e incluso amortiguar impactos sobre espacios naturales. Desde esta perspectiva, la Consejería de Medio Ambiente prepara unas directrices que deberán cumplir las nuevas instalaciones, entre ellas garantizar en la fase de proyecto que regarán con agua depurada y controlar su impacto ambiental. La polémica en torno a la expansión de los campos de golf en una autonomía que reclama el Plan Hidrológico Nacional para paliar su déficit hídrico ha saltado de nuevo después de que el consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, declarara que la Comunidad Valenciana necesita 22 instalaciones más para cubrir la demanda, lo que supone doblar el número actual de 24 (Abril 2003).  

ZAPLANA COLOCA LA PRIMERA PIEDRA DEL TRANVÍA DE ALICANTE Y LA JUNTA ELECTORAL LO PROHÍBE DESPUÉS   

La fiesta de la colocación de la primera piedra del tranvía de Alicante duró poco. El PP organizó y celebró un acto presidido por el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana y por otros cargos populares en Alicante para visualizar el avance en las obras del tranvía. Sin embargo, una hora y media después la Delegación del Consell recibió la notificación de la Junta Electoral que acordaba la "suspensión" de este acto al entender que vulneraba la legislación y era electoralista. El martes pasado la Junta Electoral Central, con sede en Madrid, admitía un recurso presentado por el PSPV y declaraba "prohibida" la publicidad institucional del nuevo transporte metropolitano (TRAM) que decora las calles de Alicante, y ordenaba desmantelar una caseta de información del TRAM, ubicada en la calle de Díaz Moreu. Pese a este acuerdo, el ministro de Trabajo, acompañado por el consejero de Obras Públicas, el alcalde de Alicante y el presidente de la Diputación acudió a las once de la mañana al acto oficial de la "colocación de la primera piedra" del tramo Mercado-Finca Adoc del tranvía de Alicante (Abril 2003).  

UNA JUEZ INVESTIGA EL INTENTO DE FAVORECER A LA NUERA DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTELLÓN EN UNA OPOSICIÓN  

Aprobar a la nuera del subdelegado del Gobierno en Castellón habría sido el objeto de varios intentos de presión sobre un tribunal de oposiciones para profesores de secundaria en la especialidad de informática por parte de hasta tres funcionarios de Educación, según una denuncia que investiga una juez. La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Castellón está investigando las presuntas irregularidades cometidas en un proceso de selección de profesores de Informática para Enseñanza Secundaria Obligatoria. El director del Instituto de Educación Secundaria El Caminàs de la capital de La Plana, Carmelo García, hubo de comparecer ante la juez para ratificarse en la denuncia que incluyó en la documentación que remitió al juzgado el pasado mes de marzo. Según el auto, la juez lo llamó para ratificarse y para hacerle "ofrecimiento de acciones", en unas diligencias previas abiertas una vez entregados los documentos. De momento, no está tipificado el presunto delito que podría investigarse en el caso de que la juez así lo considere. En cualquier caso, el propio García describe los hechos como los del "intento de tres funcionarios de influir sobre un tribunal de oposición para aprobar a una persona en concreto". Esa persona, tal como señala el escrito remitido al juez, es Victoria Porcar, nuera del subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral. Gómez realiza en su documentación un repaso por las cuatro últimas convocatorias para el "procedimiento selectivo de ingreso y acceso al cuerpo docente de profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Informática", que se celebraron en el instituto que dirige. Así, sostiene que en 1999 el entonces subdirector territorial de Educación, Guillem Peris, le pidió al presidente del tribunal "que apruebe a la opositora Victoria Porcar". En 2000, el inspector Rogelio Santamaría, según el mismo escrito que está en manos de la juez, llamó al presidente del tribunal "interesándose por la opositora, argumentando que esa gestión la realizaba en nombre de un superior jerárquico suyo". En 2001, sigue el relato, tras una poco habitual selección de los miembros del tribunal, el presidente del tribunal reconoció al propio Gómez haber recibido presiones del propio director territorial de Educación, Francisco Baila, para "aprobar a la opositora", mientras que en 2002, según denuncia el mismo director del IES Caminàs, los miembros del tribunal finalmente seleccionados difieren de los que en un principio se eligieron por sorteo (Abril 2003).  

UN MONUMENTO A FRANCO SIGUE PRESIDIENDO LA GLORIETA DE ORIHUELA   

Mientras medio mundo clama contra los sistemas totalitarios, un homenaje al dictador Francisco Franco aún resiste en Orihuela. Un monumento al general sigue presidiendo la principal plaza de la ciudad, la Glorieta de Gabriel Miró, pese a que la gran plaza acaba de rehabilitarse totalmente. El monolito a Franco ha sido el único elemento de la Glorieta que no se ha tocado.

La escultura, en forma de monolito, es un homenaje póstumo al generalísimo, promovido en 1978, y su imagen, erigiéndose sobre la plaza más céntrica y significativa del municipio. En los últimos años han ido surgiendo, tímidamente, algunas voces que exigen la eliminación del monolito. Pero el Ayuntamiento, en manos de la derecha, ha hecho hasta el momento oídos sordos a un sentimiento. La insistencia ha crecido este año, no sólo porque el Congreso ha condenado el régimen franquista, sino porque la remodelación efectuada en el jardín de La Glorieta parecía el pretexto idóneo para que el Partido Popular desterrara el símbolo más involucionista que alberga la localidad.

El alcalde, José Manuel Medina, ha optado por conservar el monolito a Franco tras remodelar íntegramente la plaza. El símbolo del régimen absolutista ha sido objeto de numerosas críticas y agresiones en las últimas semanas, especialmente desde que estalló el conflicto bélico de Irak (Abril 2003).

 ZAPLANA, SUCESOR POR ENCUESTA

En las encuestas, como en casi todo, el que paga manda. Que se lo pregunten a los valencianos interrogados por Sigma Dos en el último de los estudios de opinión realizado en la Comunidad Valenciana. Las principales preguntas del cuestionario formulado telefónicamente por la empresa adjudicataria de los sondeos de la Generalitat ofrecían para los principales dirigentes del PP un blindaje a prueba de anarquistas, socialistas, comunistas y gentes alejadas del centro político en general.

El miércoles 30 de abril, a eso de las 21,20 horas, se celebró una de esas entrevistas telefónicas de campo. «De 0 a 10, ¿qué puntuación otorga usted a José Luis Olivas en cuanto a: capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo, honestidad, capacidad de diálogo, sensibilidad y globalmente?», pregunta el encuestador desde Madrid. Y la misma cuestión, la número ocho de quince, se formula respecto al ministro Eduardo Zaplana y al candidato del PP al Consell, Francisco Camps. «Oiga, que no me ha preguntado usted por todas esas virtudes aplicadas a otros políticos», inquirió el entrevistado al agente de Sigma Dos. «Pues ahora que lo dice, la verdad es que es curioso, pero yo me limito a leer el cuestionario», le soltó el otro.

Y por esos derroteros se llegó a la pregunta número 13: «De los siguientes candidatos, quién piensa que será el sucesor de Aznar: Rato, Rajoy, Zaplana, Gallardón,Arenas o Mayor Oreja». Respuesta: «Creo que Rato». Pregunta: «Y si no fuera Rato, le gustaría que fuese Zaplana». «Oiga, ¿y por que no me pregunta quién me gustaría y no sólo por Zaplana», inquiere molesto el ciudadano. «Pues ahora que lo dice, es curioso», reitera el entrevistador. ( Mayo 2003)

LAS CORTES ACEPTAN UNA FACTURA SIN DETALLAR COMO JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA AL ACTO EN FAVOR DEL PHN   

Una fotocopia compulsada de una factura sobre la campaña publicitaria llevada a cabo para convocar la manifestación Agua para todos a favor del Plan Hidrológico Nacional (PHN), pero sin la concreción que se exigía, ha sido considerada suficiente por las Cortes como justificante de los 600.000 euros de subvención que la Cámara concedió a AVA-Asaja. La factura no especifica cuántas inserciones publicitarias fueron contratadas, ni adjunta copias de los anuncios.

Como se recordará. la Mesa de las Cortes Valencianas acordó el 11 de febrero, con los solos votos del PP, conceder una subvención de 600.000 euros para sufragar la campaña publicitaria que AVA-Asaja tenía que llevar a cabo para convocar la manifestación celebrada el 2 de marzo en Valencia y que, con el lema Agua para todos, reclamaba el PHN y el trasvase del Ebro. El PP, también en solitario, había aprobado el 31 de enero, en un pleno extraordinario convocado al efecto, que el Parlamento apoyara la manifestación y promoviera "con sus propios medios y recursos" la participación ciudadana en la misma. El Consell aportó una cantidad similar y la Diputación, otros 200.000 euros, que se sumaron a las ayudas de otras corporaciones provinciales y locales. En total, las arcas públicas aportaron 1,7 millones de euros para el acto, que los organizadores habían presupuestado en 1,2 millones. ( Mayo 2003)

EL COMITÉ DE RTVV DICE QUE EL PP SE PROMOCIONA EN CANAL 9   

El comité de empresa de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) denunció la "utilización que hace el PP de Canal 9 para promocionarse", en relación con la retransmisión en la de los premios Nova, lo que defendió la dirección del ente por considerarlo de "interés público". "Canal 9 ha vuelto a poner sus medios al servicio de la Generalitat y el PP justo un día antes del comienzo de la campaña electoral. La retransmisión de los premios Nova, que se ha utilizado como una plataforma mediática para la promoción electoral del PP amparándose en un acto institucional, le ha costado a Canal 9 más de 500.000 euros". Así se expresó el comité de empresa de RTVV a través de un comunicado. En el texto, los trabajadores señalaron también que a la cobertura del acto se destinaron dos unidades móviles, con 13 cámaras y un dispositivo de más de 60 trabajadores", ante lo que indicaron que otras citas de interés no han merecido ningún envío de profesionales.

También el comité de redacción de Ràdio 9 hizo público su malestar por la "manipulación de algunas de las informaciones de sus boletines". Su desacuerdo se concreta en cómo se ha realizado la cobertura de determinadas informaciones que detallaron en un comunicado. Criticaron la retención deliberada de informaciones. Y pusieron como ejemplo los recientes datos sobre empleo de la EPA (Encuesta de Población Activa). Según el comité de redacción, "no se dieron las reacciones de los sindicatos en el boletín de las 12.00 a pesar de tenerlas". Otro de los ejemplos se refiere a Sant Miquel de Salines. "Se nos ordenó que no informáramos de la dimisión de 10 de 13 miembros de la ejecutiva local del PP. El jefe de informativos argumentó que ese pueblo no era importante. La noticia no se dio aunque se tenía corte de voz de Zaplana".( Mayo 2003)

EL SUPREMO ACEPTA EL RECURSO DE CCOO A LOS CONCIERTOS CON CUATRO COLEGIOS DEL OPUS  

El Tribunal Supremo será el que finalmente dictamine sobre los controvertidos conciertos con colegios de élite vinculados al Opus (Aitana, Altozano, El Vedat y Guadalaviar) gestionados hace cuatro años por el que fuera consejero del área y hoy candidato del PP a la Generalitat, Francisco Camps, y aprobados el 26 de julio de 1999 por Manuel Tarancón. La admisión del recurso se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia lo desestimara en febrero al considerar que los sindicatos no tienen legitimidad para recurrir los conciertos. CC OO, sin embargo, considera que dichos conciertos "vulneran el artículo 3 que prohíbe a los centros concertados discriminar en el proceso de admisión por razón de sexo", ya que dichos colegios del Opus no tienen coeducación (algo que corrobora su propia matrícula).El secretario general de enseñanza de CC OO, Manolo Picó, indicó que, "los conciertos con colegios de élite perjudican al resto de centros privados que cumplen con la legislación" (Mayo 2003). 

EL PP REPARTE UN FOLLETO QUE LA JUNTA ELECTORAL HA PROHIBIDO DIVULGAR  

El PP y la Consejería de Bienestar Social repartieron un folleto que la Junta Electoral Autonómica había solicitado que no se distribuyese. La publicación, titulada 150 Razones sociales, se difundió en un acto electoral del PP en el que intervinieron el consejero Rafael Blasco; el candidato Francisco Camps y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. La Junta Electoral también prohibió la distribución de la publicación Moderniza.com (Mayo 2003).  

MIEMBROS DE LA CÁMARA CUESTIONAN LA OPORTUNIDAD DEL APOYO PATRONAL AL PP   

La Cámara de Comercio vivió una sesión plenaria efervescente. Diversos miembros del pleno cuestionaron la oportunidad del momento en el que se mostró el apoyo a la continuidad de la política actual (PP) por parte de los responsables empresariales, entre ellos el de la entidad cameral, Arturo Virosque. El presidente cameral defendió su postura, se mostró dolido con las críticas y dispuesto a poner la presidencia a disposición si no puede hablar con claridad.

Los comentarios se dirigieron a la forma y no al fondo del pronunciamiento. A la oportunidad del momento en el que se produjo el comunicado de Virosque, y a los presidentes de la patronal Cierval, Rafael Ferrando, de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael del Moral y de Feria Valencia, Alberto Catalá, en apoyo a la política económica popular (en plena precampaña electoral y tras una reunión con el candidato del PP a la presidencia, Francisco Camps) y no al contenido del mismo, en el que parecía no haber discrepancias. La polémica se inició a raiz de que Lucía Iborra (presidenta de Jóvenes Empresarios de Valencia) argumentara que sin estar en desacuerdo con el contenido del citado documento, la independencia de los empresarios debería quedar más patente (Mayo 2003).  

EL CUÑADO DE RITA BARBERÁ Y LOS ATESTADOS DE TRAFICO  

El atestado sobre el supuesto delito contra la seguridad en el tráfico del cuñado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, figura registrado en el decanato de los juzgados con la fecha del 14 de mayo, y no del 23 de abril, como sostuvo el concejal de Seguridad Ciudadana, Jorge Bellver, ante la denuncia de un posible trato de favor en la tramitación del expediente. Bellver insistió  en que se entregó el atestado el 23 de abril y que lo selló el juzgado que estaba de guardia, el número 14.

Como se recordará, la polémica ha surgido a raíz de la remisión del atestado que afecta a José María C. N., cuñado de Barberá, cuya motocicleta se inmovilizó en la madrugada del 13 de marzo después de que se saltara un semáforo al conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol. Según los datos del decanato, el atestado policial se registró con el número 72978/03 poco antes de las 10.00 del 14 de mayo, el mismo día en que Ábalos se interesó por la tramitación del caso. En el registro de asuntos del decanato del 23 de abril, la fecha de entrega que da el concejal del PP, no figura ningún caso relacionado con José María C. N. Fuentes judiciales resaltan sobre esta contradicción que no tendría sentido que se presentara el asunto de nuevo el 14 de mayo si ya se hubiera hecho el 23 de abril.

El atestado de José María C. N. se realizó en la madrugada del 13 de marzo y no presenta mayor complejidad al no existir daños o heridos, ni siquiera accidente. Sin embargo, según Bellver, la tramitación se extendió hasta el pasado 23 de abril, unos 40 días después del incidente. La ley establece que se remitan los asuntos a los juzgados en un plazo de 24 horas o a la mayor brevedad en caso de delito. En este caso, se trata de una denuncia policial por un supuesto delito contra la seguridad del tráfico (Mayo 2003).

TRABAJADORES DE CANAL 9 CONOCÍAN DE ANTEMANO UNA PRUEBA DE LA OPOSICIÓN  

Los exámenes de las oposiciones para entrar en la plantilla de Canal 9 no son igual de difíciles o fáciles para todos. Algunos trabajadores contratados de la televisión valenciana conocían de antemano el contenido de la prueba del sábado, como pone de manifiesto el hallazgo en el sistema de TVV con que se preparan las noticias de una copia de la información que iba a ser la pregunta del examen La personas que tuvieron ese olvido se presentan a las oposiciones. Las oposiciones se convocaron antes de las elecciones con polémica por la insólita premura.

En la prueba para los periodistas que habían superado ya el primer examen se tenía que redactar y estructurar un vídeo a partir de una imágenes y unas declaraciones. El tribunal escogió el estudio que dio a conocer el martes el Real Automóvil Club sobre la peligrosidad de llevar a los niños en los coches sin sistema de seguridad. Una noticia nada difícil, en opinión de un opositor. Y mucho menos difícil para quien ya sabía que iba a salir precisamente ésa y había estudiado cómo la había difundido la cadena que lo examinaba.

El representante de CC OO en el tribunal para la prueba de periodismo, Inocenci Ortín, manifestó que le llegó la denuncia de la filtración, y añadió que el sindicato hará pública una nota en la que posiblemente se anuncia la presentación de una denuncia tras recabar todos los datos disponibles. Este tribunal está compuesto por dos representantes del ente de RTVV, Fermín Aliaga e Ignacio Blanch, ambos del PP; y dos directivos de RTVV, Pau Pérez Rico, jefe de informativos de Canal 9, y Maite Fernández, jefa de informativos de Ràdio 9, además de la representante de USO, Silvia Soria, concejal del PP en Benetússer, y del propio Ortín. En esta modalidad, queda el tercer examen, una locución ante la cámara, y una entrevista personal.

En cualquier caso, llueve sobre mojado. Estas oposiciones para cubrir 164 plazas repartidas en 20 categorías nacieron ya bajo el signo de la polémica por la insólita rapidez con que se convocaron antes de las elecciones y por la forma de mezclar méritos y requisitos en lo que parece un traje a la medida. La dirección de RTVV justificó la premura de la actual convocatoria por la necesidad de poner en marcha y cubrir de personal el nuevo centro de producción y programas de Canal 9 en Alicante. Sin embargo, en las bases de la convocatoria de la oposición no se dice nada al respecto, de lo se infiere que los trabajadores podrán ubicarse donde la dirección estime conveniente. Todo ello con el trasfondo del proceso de privatización de la gestión de Canal 9 por parte de la Generalitat.

El siguiente capítulo siguió el guión anunciado por los sindicatos, que señalaron quiénes iban a sacar mejor nota en el primer examen en las distintas categorías, el test de 40 preguntas. Un 10 sacó Ramón José Varó, uno de los acusados de elaborar listas negras con trabajadores supuestamente desafectos al PP en Ràdio 9, cuando la actual directora de Canal 9, Genoveva Reig, era directora general de Medios de Comunicación. La actual jefa de prensa de la consejería de Sanidad, Perpetua Beltrán, logró un 8,75. Amparo Gomis, hija del director general de Farmacia, obtuvo un 9,47. María Pilar Vicente, ex responsable de nuevos proyectos y esposa del alto cargo de la Generalitat Fernando Coquillat, puntuó con un 9,21. Hay más nombres significativos muy bien puntuados, la mayoría próximos o con responsabilidades en los diferentes departamentos de RTVV, o con vínculos con el PP. A diferencia de las anteriores oposiciones, las notas parciales conocidas no están colgadas en la web de RTVV. Las notas van desde las puntuaciones excelentes hasta las mediocres, sin apenas intermedias (Mayo 2003).  

RESPALDO AMPLIO EN CANAL 9 EN LA HUELGA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN  

El comité de empresa de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) cifró en casi un 80% el seguimiento de los trabajadores a la convocatoria de huelga en contra del proceso de privatización que inició la Generalitat Valenciana el pasado 26 de marzo. Canal 9 no hizo declaraciones.

Nacho Ángel (CC OO), presidente del comité de empresa, afirmó  en la concentración ante las instalaciones de Canal 9 en Burjassot (Valencia) que "a pesar de los abusivos servicios mínimos impuestos por la Consejería de Empleo, que han permitido adscribir a informativos a personal que nunca trabaja en ese área, los trabajadores han secundado masivamente la huelga, excepto una minoría de temporales".

En Telemadrid, TV3, TVG, Canal Sur y los centros territoriales de TVE se celebraron concentraciones de apoyo y en defensa de la televisión pública (Mayo 2003). 

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN: EL JUEZ REABRE EL CASO DE LOS TERRENOS DE RENFE DESPUÉS DE ARCHIVARLO HACE DIEZ DÍAS  

Diez días después de dar carpetazo a la querella, una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales, el juez decano de Castellón ha reabierto la investigación contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno y el empresario Luis Batalla por la adjudicación a una empresa de este último de los terrenos de la antigua estación.

El titular del juzgado número 1 de Castellón, el decano Horacio Badenes, archivó, hace poco más de diez días, la querella contra Gimeno y Batalla, imputados de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación de documento público. Diez días después, el mismo juez ha decidido abrir diligencias previas para investigar si, en la misma operación, que concluyó con la adjudicación a una de las empresas de Batalla de los terrenos liberados tras del soterramiento de la vía férrea, se incurrió en otro delito, el de maquinación para alterar los precios.

El juez ha llamado a declarar a dos testigos de los cinco que solicitaba la acusación particular. Se trata de los representantes de las empresas constructoras Ker y Bertolín, quienes estuvieron relacionadas con la presentación de una oferta alternativa a la de Batalla para optar a la urbanización de los terrenos de Renfe y, al parecer, pudieron sufrir presiones para retirarse (Mayo 2003).  

UN CONDENADO POR ESTAFA GESTIONA UN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN VALENCIA   

El Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado la gestión del recientemente inaugurado complejo deportivo de Abastos a una UTE (Unión Temporal de Empresas) cuyo representante legal es un empresario, Fernando Martín Rivera, condenado por estafa en noviembre de 2000. El Consistorio incumple de esta manera la ley de contratos de la Administración, que inhabilita como adjudicatario a cualquier ciudadano que haya sido procesado en los últimos años.

Martín Rivera desempeña actualmente el cargo de gerente de Abastos. En noviembre de 2000 fue condenado a cuatro meses de arresto mayor y al pago de una indemnización de 8.600 euros por ofrecer e impartir un fraudulento curso de monitor de aeróbic, título que la Federación Española de Gimnasia (FEG) no reconocía. O sea, no era un título oficial, como anunciaba Martín Rivera a los interesados.

El Ayuntamiento incumple de esta manera la ley de contratos de la administración, que inhabilita como adjudicatario a cualquier ciudadano que haya sido procesado. El criterio del Consistorio a la hora de adjudicar la gestión de los complejos deportivos municipales vuelve a estar en entredicho: el Ayuntamiento adjudicó sin previo concurso a la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana la explotación del polideportivo de Patraix (Junio 2003). 

SANCIONADO POR INFRACCIÓN ELECTORAL EL CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL DE VALENCIA  

La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana acuerda sancionar por infracción electoral al consejero de Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco. La sanción, por importe de 450 euros, se produce tras la resolución del expediente abierto el pasado 16 de mayo contra Blasco como supuesto responsable de la distribución del libro 150 razones sociales, que la propia Junta Electoral autonómica, días antes, había prohibido repartir.

El libro 150 razones sociales fue editado por la propia Consejería de Bienestar Social para comparar los logros de los ocho años de gestión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana con lo realizado por anteriores Gobiernos socialistas.

La resolución de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana señala que el consejero es responsable "tanto de la entrega de los ejemplares del libro al Partido Popular, como de la distribución que del mismo se hizo" en un acto electoral de este partido y "consistió la distribución del libro sufragado con fondos públicos y del que se hizo un uso partidista" (Junio 2003).  

EL JUEZ INVESTIGARÁ A ALTOS CARGOS DE SANIDAD POR HACER CONTRATOS A DEDO  

El juez ha admitido a trámite una denuncia por prevaricación presentada por Comisiones Obreras (CCOO) contra altos cargos de la Consejería de Sanidad por contratar fuera de la bolsa de trabajo hasta en el 63,9% de los casos, según el sindicato. CC OO acusa en la querella a José Cano Pascual, director general de Recursos Humanos, a Daniel Pablo Comeche, director Territorial de Valencia, y a los directores de centros sanitarios Manuel Montánchez, Vicente Gil Suay, Mario Gresa, Eugenio Tejerina y José Luis Ibáñez, estos últimos por firmar los contratos pese a ser por competencia delegada.

La secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO-PV, Tere Conca, señaló que la admisión a trámite "muestra que estamos ante un escándalo innegable". Conca dijo que "pese a las múltiples peticiones, denuncias y sentencias judiciales ganadas por el sindicato, la Administración ha hecho caso omiso" a las solicitudes del sindicato de que Sanidad se ciñera a la bolsa de trabajo a la hora de realizar contratos "dando lugar a la lastimosa situación en que hoy nos encontramos". Esta querella es una de las 13 que el sindicato ha puesto para denunciar que 14.859 contratos de un total de 22.195 realizados en la Comunidad Valenciana por Sanidad fueron a dedo (Junio 2003). 

LA RELACIÓN ENTRE DEUDA Y PIB CRECE CUATRO PUNTOS EN LOS OCHO AÑOS DEL PP   

La deuda de la Generalitat sigue creciendo y, con 7.167 millones de euros al final del primer trimestre de 2003, se sitúa ya, en términos absolutos, en segundo lugar en la clasificación por comunidades autónomas, sólo superada por la de Cataluña. Pero la Generalitat ocupa un destacado primer lugar en la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB), que ha alcanzado un récord histórico, al situarse en el 10,4%, cuando la media española está en el 6%, según el último boletín estadístico del Banco de España. En ocho años de gestión del PP en la Generalitat -desde 1995- el ratio deuda/PIB ha crecido cuatro puntos, mientras en el conjunto de España sólo ha subido una décima.

Los números no engañan. Y las hemerotecas son tozudas. El pasado mes de marzo, el entonces consejero de Hacienda, Vicente Rambla, apuntó "una clara tendencia" hacia la reducción de la deuda de la Generalitat. Pero la previsión de Rambla no se ha cumplido, de manera que el ciclo de los primeros ocho años de gestión del PP al frente del Ejecutivo valenciano se ha cerrado con un nuevo dato negativo, mayor aún si se compara con el del año 1995.

En efecto, ese año, cuando los populares valencianos alcanzaron el poder, con Eduardo Zaplana al frente, la deuda de la Generalitat sumaba 2.656 millones de euros, lo que suponía un 6,4% del PIB valenciano. La Comunidad Valenciana se situaba en el cuarto puesto de la clasificación, por detrás de Cataluña, Andalucía y Madrid. Cuatro años después, la deuda valenciana casi se había duplicado, al igual que la de Madrid, pero la relación entre deuda y PIB había experimentado un alza de 2,6 puntos en la Comunidad Valenciana, para situarse en el 9%, mientras que la madrileña había subido 0,8 puntos, hasta el 4,6%.

La comparación con el año 1995 revela que la relación entre deuda y PIB del conjunto de las 17 comunidades autónomas españolas ha pasado del 5,9% de 1995 al 6,0% del primer trimestre de 2003. La Comunidad Valenciana ocupaba entonces el sexto lugar, por detrás de Navarra, Galicia, Cataluña, Andalucía y el País Vasco. Nueve comunidades han conseguido reducir ese ratio en el periodo comprendido entre 1995 y el primer trimestre de 2003, en algunos casos de forma muy significativa, como en Navarra, donde en estos años la relación deuda/PIB ha bajado 5,2 puntos (del 10,6% al 5,4%). Por contra, ocho comunidades han aumentado el ratio. Pero mientras que en siete de ellas ese crecimiento se ha situado en términos moderados -de los 0,1 puntos de Castilla y León a los 1,5 de Asturias-, en la Comunidad Valenciana ha subido cuatro puntos, del 6,4% al 10,4%. Así, la deuda valenciana, que hace ocho años representaba el 10,2% del total de la deuda de las comunidades autónomas españolas -de manera que cumplía con ese porcentaje clásico de los indicadores socioeconómicos valencianos en comparación con las magnitudes españolas- supone ahora el 17,0% (Junio 2003).  

LA AUDIENCIA NACIONAL REMITE AL JUZGADO DE ORIHUELA EL CASO DE LAS CESIONES DE CRÉDITO DE CARTAGENA  

El caso de las cesiones de crédito del Banco Santander que implica al ex alcalde de Orihuela y ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena no será juzgado en la Audiencia Nacional, sino en la ciudad en la que tenía su domicilio fiscal en el año 1988. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó a la juez Teresa Palacios a abrir juicio oral contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y varios ex directivos de la entidad, por haber cooperado en la comisión de 38 delitos fiscales al comercializar las llamadas cesiones de crédito. La Sala rechazó la petición de sobreseimiento, pero apreció una parte de los recursos presentados y redujo de 138 a 38 los delitos fiscales propuestos por la juez Palacios, al entender que sólo hubo colaboración del banco en los delitos producidos en 1989. Respecto de los otros 100 clientes, inversores en el ejercicio de 1988 que no regularizaron su situación fiscal, el tribunal señala que la intervención del banco sólo puede ser considerada como "un encubrimiento atípico con consecuencias administrativas, pero no penales". Por ello, ordena a la juez Palacios que desglose esos casos del sumario principal y los remita a los juzgados de instrucción que corresponda de acuerdo con el lugar de comisión de los delitos. Éste es el caso de Cartagena, cuyas supuestas cesiones de crédito corresponden al ejercicio fiscal de 1988, cuando era alcalde de Orihuela. La justicia imputa a Cartagena un delito fiscal por una deuda tributaria de 236.197 euros (Junio 2003).  

FABRA TENDRÁ 17 ASESORES QUE CUESTAN MEDIO MILLÓN ANUAL  

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, destacó, en la pasada legislatura, por el número de personal eventual a su cargo. Lejos de enmendar este gasto, Fabra ha incrementado el número de asesores hasta 17, pese a que, incluso, cuenta con un diputado menos que en la anterior legislatura. Los asesores de Fabra supondrán un gasto público de cerca de 600.000 euros (más de 100 millones de pesetas) al año ya que la retribución íntegra de todos ellos asciende a más de 520.000 euros anuales. Los sueldos que percibirán van desde los 21.638 euros al año del más bajo a los 34.606,89 euros de los asesores que percibirán más dinero público al año.

Carlos Fabra ha querido que este "incremento de gastos de personal" llegue también a los actuales diputados, tanto del gobierno como de la diputación. Así, se ha aprobado una subida de un 18,68% de los sueldos respecto al anterior ejercicio, con lo que los diputados pasarán de cobrar 380 euros al mes a cobrar 451 (75.040 pesetas). Sin embargo, lo que ha aumentado en sueldo lo ha restado en la asignación que semestralmente se destina a los grupos políticos para sus gastos de funcionamiento, que se verán recortados en un 33,33% (Julio 2003). 

EL ALCALDE DE TORREVIEJA CONTRATA A 13 ASESORES QUE COBRARÁN UN TOTAL DE 600.000 EUROS AL AÑO  

El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, tiene una de las nóminas de cargos personales más numerosa de la Comunidad Valenciana, en concreto 13 asesores de libre designación que suponen un gasto total de 600.000 euros anuales. La cifra excede con creces al gasto que otras localidades de un rango similar presupuestan para contratar personal de confianza. Más de 600.000 euros anuales costarán al Ayuntamiento de Torrevieja las nóminas de la plantilla eventual que ha previsto para esta legislatura el primer edil. De las 22 plazas de trabajadores no fijos, más de la mitad, un total de 13, asumirán la función de asesorar al alcalde o, al menos, así queda estipulado en la propuesta rubricada por el primer edil el pasado tres de julio, donde estos empleados inscritos en diferentes categorías profesionales reciben la mencionada calificación. El presupuesto habilitado para tal fin tampoco es desdeñable. Los salarios de los asesores particulares oscilan entre los 35.129,96 euros anuales, que cobrarán los más cualificados (inscritos en el grupo A), los 28.624,41 euros que percibirán los asesores que sólo dispongan del título de bachiller o una acreditación equivalente y los 21.685,17 de aquéllos que simplemente hayan obtenido el título de graduado escolar. Un escrutinio apresurado por otros consistorios de entidad similar al de Torrevieja permite verificar el abrumador desfase en los fondos que se habilitan para contratar asesores personales. El Ayuntamiento de Alcoi sólo recurrirá en esta legislatura a un asesor de alcaldía; el de Orihuela contará con los servicios de dos, uno encargado del área económica y otro de personal y la retribución anual de cada uno será de 36.812 euros. Elda cuenta con un total de tres asesores para el alcalde (Julio 2003). 

UN JUZGADO RECLAMA A LA DIRECCIÓN DE RTVV EL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE CANAL 9  

El director general de Ràdio Televisió Valenciana, José Vicente Villaescusa -actualmente en funciones-, deberá remitir antes de final de mes el expediente del proceso de privatización de Canal 9 a la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valencia. La providencia dictada por la magistrada es la consecuencia de haber admitido a trámite el recurso que contra dicha privatización presentó el sindicato UGT. Además, y tal como establece el procedimiento, el escrito abre el plazo para que se personen en la causa los interesados en el contencioso. Fue el 24 de marzo pasado cuando el consejo de administración de RTVV aprobó los pliegos de condiciones -en una sesión que está impugnada ante los tribunales- para la externalización de los servicios de gestión de publicidad, de 1.884 horas de programas y de los informativos. Contra el propio proceso presentaron recurso, además de UGT, el sindicato CCOO -que lo hizo de forma incorrecta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y éste le indicó que debía hacerlo ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo-, el PSPV y Esquerra Unida. UGT presentó su recurso el 25 de abril. En él, la organización sindical considera que el proceso de privatización de Canal 9 es contrario a derecho y pone en grave riesgo un importante número de puestos de trabajo (Julio 2003).  

ZAPLANA SALE MÁS MINUTOS Y MÁS VECES EN CANAL 9 QUE CAMPS  

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no logra arrebatar el liderazgo a Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo, en número de veces y tiempo de dedicación en los informativos de Canal 9. Una estimación hecha entre el 18 de junio y el pasado día 14 de julio certifica que Zaplana ha aparecido 12 veces, frente a 11 de Camps, (en dos ocasiones comparten la misma información), y que la media de tiempo de aparición es entre tres y cuatro veces superior en el caso de Zaplana. Cada mención del ex presidente, sea de Fogueres, de la crisis del PSPV o de la noche de la economía alicantina, sobrepasa con mucho el minuto. De hecho, Zaplana ocupó en el informativo de la noche de Canal 9 en la condena contra los atentados en Alicante y Benidorm del martes pasado 42 segundos. Camps sólo 20 con las declaraciones efectuadas en Bruselas, donde se encontraba de viaje. Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, apareció 18 segundos. La comparativa incluye otros datos; siete de las 12 noticias con declaraciones de Zaplana fueron cabecera de los informativos; el 14 de junio, cuando Camps se entrevistó con Aznar, Canal 9 dedicó 53 segundos al presidente de la Generalitat sobre ese encuentro y un minuto y 10 segundos a Zaplana sobre la situación del PP en la Comunidad Valenciana y otros 36 sobre la situación económica (Julio 2003). 

LA DIFÍCIL COHABITACIÓN EN EL PP  

El portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, puso negro sobre blanco un hecho que hasta ese momento no pasaba de ser un rumor voceado en los mentideros políticos valencianos: el distanciamiento político existente entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Castellano aprovechó una pregunta inducida sobre la fusión de las cajas de ahorro para advertir a Camps de que, con sus opiniones y decisiones en apenas un mes al frente del Consell, estaba adentrándose en un territorio peligroso para los intereses políticos de Zaplana. El portavoz de los populares en las Cortes, que ya ha sufrido algún rapapolvo del ministro por su tibieza y por no mantener prietas las filas del PP en torno al zaplanismo, utilizó una opinión sobre el futuro de las cajas del presidente para, indirectamente, recordarle que hay un grupo parlamentario y un partido en el que no tiene mayoría. Más claro: Camps tiene que cohabitar con Zaplana y compartir sus decisiones. De lo contrario se arriesga a una pelea en la que puede perder más que ganar.

Las declaraciones de Castellano han evidenciado, con cierto retraso, el malestar existente en el entorno del ministro prácticamente desde el mismo momento en que se conoció la composición del nuevo Consell, especialmente por la presencia de Gerardo Camps y Esteban González. Es sabido que Zaplana aspira a influir de manera determinante en la sucesión de Aznar y, en más de una ocasión, ha manifestado en privado su voluntad de contar con ministros valencianos en el gobierno que se formará tras las elecciones de marzo de 2004, en el caso de que el PP consiga la mayoría suficiente. Entre los candidatos a sentarse en la mesa de ese supuesto Consejo de Ministros se encontraban Camps y González Pons. Su venida a Valencia dificulta la estrategia de Zaplana.

De otra parte, la llegada del ex Secretario de Estado para la Seguridad Social y del ex portavoz del PP en el Senado al Consell revela un grado de autonomía política del nuevo presidente de la Generalitat muy superior al que se le suponía durante la campaña electoral. Con su incorporación, Francisco Camps actúa como el príncipe nuevo que describe Maquiavelo, sin dejar por ello de asumir la condición de príncipe heredero como se comprueba en la configuración global de su primer gobierno. Este equilibrio, sin embargo, se rompe con algunas decisiones y gestos que empiezan por dar prioridad a la construcción de escuelas frente a la ampliación del IVAM, las visitas a rectores y sindicatos de la enseñanza y que acaban con la declaración del presidente sobre la fusión de las cajas.

Muchas cosas en muy poco tiempo y un acelerón político que deja al desnudo la pasividad de la última legislatura. Inicialmente, responsables del PP y observadores creían que esta atrevida gestión se debía a la inexperiencia política del nuevo equipo, teñida además de un afán de protagonismo. Pero, a medida que transcurre el tiempo, empieza a tomar cuerpo la convicción de que el presidente, Gerardo Camps y Esteban González no actúan por libre. Los tres son políticos de largo recorrido pese a su juventud que conocen de sobra el PP y, en consecuencia, no cabe atribuirles ocurrencias frívolas.

Personas directamente relacionadas con Zaplana confirman esta hipótesis y añaden que, con toda seguridad, sus actuaciones hay que situarlas en el contexto de la lucha por la sucesión de José María Aznar ante el 2004. Estas fuentes afirman que el vicepresidente segundo Rodrigo Rato es conocedor de esta estrategia con el objetivo de reducir la capacidad de influencia de Zaplana en el proceso de sucesión abierto en el seno del PP. Sin embargo, una persona allegada al ministro cree que la política del equipo dirigente del Consell es más autónoma y menos conectada con Rato: "Pueden ir más lejos de la realidad actual", afirma; pero no descarta la existencia de una conexión entre Rodrigo Rato y el equipo que encabeza Francisco Camps.

En este contexto, con la sucesión de Aznar al fondo, y la pelea por el protagonismo en un futuro gobierno del PP hay que situar las manifestaciones de Serafín Castellano discrepando de la posición del presidente de la Generalitat sobre la fusión de las cajas. Varios dirigentes populares consultados coinciden en afirmar que el portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas aprovechó una pregunta inducida sobre el futuro de las instituciones financieras valencianas para marcar el territorio del ministro de Trabajo. Eduardo Zaplana será el candidato por Valencia en las elecciones generales de 2004 y no puede consentir que se cuestione, aunque sea de forma indirecta, la gestión que ha desarrollado al frente de la Generalitat.

Declaraciones como las de González Pons apostando por la construcción de escuelas y aplazando la ampliación del IVAM por "cara", aseguran estas fuentes, están poniendo en evidencia dos hechos nada positivos para los anteriores gobiernos valencianos: No se han construido los colegios necesarios y además no hay dinero porque se ha hecho una mala gestión presupuestaria. La cohabitación, en estos términos, puede resultar muy dura hasta marzo de 2004. Y Zaplana, a través de Castellano, señala que es él quien tiene el poder en las Cortes y en el partido.

Ésta es la clave: llegar a marzo sin padecer las consecuencias del fuego amigo. El futuro de las cajas es una mera excusa porque Zaplana pudo hacer la fusión y dejó que pasara el tiempo. Ahora hay quien dice que ir contra la unión es ir contra los intereses valencianos y que el valencianismo de Camps es pura fachada.

Por su parte, el Ministro de Justicia, Michavila afirma que Camps es una "apuesta personal" de Aznar  El ministro mandaba así un recado a los populares valencianos. Camps y el ministro se entrevistaron en el Palau de la Generalitat y después comparecieron ante los periodistas. Allí, tras unas palabras del presidente sobre lo tratado en la reunión, Michavila tomó la palabra. Pero no empezó hablando de las materias de su departamento, sino de Camps. Explicó que lo conoce desde 1989 y aseguró que Camps es una "apuesta personal" de Aznar para que el PP valenciano "tenga futuro". Michavila recordó que Camps fue secretario de Estado en un Gabinete de Aznar, que fue vicepresidente del Congreso por deseo de Aznar y que fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunidad Valenciana. El presidente valenciano, añadió Michavila, ha estado "siempre apoyado por Aznar" (Julio 2003). 

LOS EDILES DEL PP DE XÀTIVA SE SUBEN LOS SUELDOS ENTRE CRÍTICAS

Los ediles del PP del Ayuntamiento de Xàtiva han decidido subirse los sueldos. Los 11 concejales, más el alcalde, cobrarán en conjunto más de 220.000 euros (unos 37 millones de las antiguas pesetas). Y ello a pesar de que sólo tres de ellos tienen la dedicación exclusiva. La decisión fue adoptada en el transcurso de un tenso y acalorado pleno municipal (Agosto 2003).  

EL ALCALDE DE TORREVIEJA NOMBRA ASESORES A FAMILIARES DE EDILES DEL PP 

El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, ha incluido en su amplia nómina de cargos de confianza a tres familiares directos de otros tantos concejales del PP, según denunció el grupo municipal socialista. El primer edil de Torrevieja afronta su cuarto mandato con la contratación de 16 asesores, 13 de ellos directamente relacionado con el área de la alcaldía, que cobrarán un total de 600.000 euros al año.

Al menos tres de los 16 cargos de confianza que hasta ahora ha nombrado el alcalde son familiares directos de concejales del PP. Esta condición se da en los casos de María del Carmen Montesinos Pérez, hermana de un edil del PP, que percibirá un sueldo bruto mensual de 2.385 euros; Belén Gómez Sánchez, hermana del concejal de Urbanismo del PP, que cobrará idéntica cantidad; y Daniel Plaza Montero, medallista olímpico en Barcelona-92 y yerno del concejal de Hacienda del PP, que percibirá una retribución bruta mensual de 2.927 euros.

La mayoría de los contratados, salvo el jefe de gabinete de prensa, el director del Museo del Mar y el gerente del Instituto Municipal de Cultura, no tienen asignada una función específica e integran la lista de cargos de confianza bajo el escueto epígrafe de "asesor/a". Esta lista inicial de trece asesores de libre designación supondrá un gasto total a las arcas municipales de 600.000 euros anuales. La cifra de asesores excede con creces el gasto que otras localidades de rango similar presupuestan para contratar personal de confianza.

El elevado número de cargos de libre designación con el que el primer edil torrevejense ha blindado su nuevo mandato con mayoría absoluta contrasta con la parquedad de recursos que Pedro Ángel Hernández ha presupuestado para el funcionamiento de los grupos de oposición (Agosto 2003).

UN JUZGADO RECLAMA A LA DIRECCIÓN DE RTVV EL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE CANAL 9  

El director general de Ràdio Televisió Valenciana, José Vicente Villaescusa -actualmente en funciones-, deberá remitir antes de final de mes el expediente del proceso de privatización de Canal 9 a la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valencia. La providencia dictada por la magistrada es la consecuencia de haber admitido a trámite el recurso que contra dicha privatización presentó el sindicato UGT. Además, y tal como establece el procedimiento, el escrito abre el plazo para que se personen en la causa los interesados en el contencioso. Fue el 24 de marzo pasado cuando el consejo de administración de RTVV aprobó los pliegos de condiciones -en una sesión que está impugnada ante los tribunales- para la externalización de los servicios de gestión de publicidad, de 1.884 horas de programas y de los informativos. Contra el propio proceso presentaron recurso, además de UGT, el sindicato CCOO -que lo hizo de forma incorrecta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y éste le indicó que debía hacerlo ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo-, el PSPV y Esquerra Unida. UGT presentó su recurso el 25 de abril. En él, la organización sindical considera que el proceso de privatización de Canal 9 es contrario a derecho y pone en grave riesgo un importante número de puestos de trabajo (Julio 2003).  

ZAPLANA SALE MÁS MINUTOS Y MÁS VECES EN CANAL 9 QUE CAMPS  

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no logra arrebatar el liderazgo a Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo, en número de veces y tiempo de dedicación en los informativos de Canal 9. Una estimación hecha entre el 18 de junio y el pasado día 14 de julio certifica que Zaplana ha aparecido 12 veces, frente a 11 de Camps, (en dos ocasiones comparten la misma información), y que la media de tiempo de aparición es entre tres y cuatro veces superior en el caso de Zaplana. Cada mención del ex presidente, sea de Fogueres, de la crisis del PSPV o de la noche de la economía alicantina, sobrepasa con mucho el minuto. De hecho, Zaplana ocupó en el informativo de la noche de Canal 9 en la condena contra los atentados en Alicante y Benidorm del martes pasado 42 segundos. Camps sólo 20 con las declaraciones efectuadas en Bruselas, donde se encontraba de viaje. Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, apareció 18 segundos. La comparativa incluye otros datos; siete de las 12 noticias con declaraciones de Zaplana fueron cabecera de los informativos; el 14 de junio, cuando Camps se entrevistó con Aznar, Canal 9 dedicó 53 segundos al presidente de la Generalitat sobre ese encuentro y un minuto y 10 segundos a Zaplana sobre la situación del PP en la Comunidad Valenciana y otros 36 sobre la situación económica (Julio 2003). 

LA DIFÍCIL COHABITACIÓN EN EL PP  

El portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, puso negro sobre blanco un hecho que hasta ese momento no pasaba de ser un rumor voceado en los mentideros políticos valencianos: el distanciamiento político existente entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Castellano aprovechó una pregunta inducida sobre la fusión de las cajas de ahorro para advertir a Camps de que, con sus opiniones y decisiones en apenas un mes al frente del Consell, estaba adentrándose en un territorio peligroso para los intereses políticos de Zaplana. El portavoz de los populares en las Cortes, que ya ha sufrido algún rapapolvo del ministro por su tibieza y por no mantener prietas las filas del PP en torno al zaplanismo, utilizó una opinión sobre el futuro de las cajas del presidente para, indirectamente, recordarle que hay un grupo parlamentario y un partido en el que no tiene mayoría. Más claro: Camps tiene que cohabitar con Zaplana y compartir sus decisiones. De lo contrario se arriesga a una pelea en la que puede perder más que ganar.

Las declaraciones de Castellano han evidenciado, con cierto retraso, el malestar existente en el entorno del ministro prácticamente desde el mismo momento en que se conoció la composición del nuevo Consell, especialmente por la presencia de Gerardo Camps y Esteban González. Es sabido que Zaplana aspira a influir de manera determinante en la sucesión de Aznar y, en más de una ocasión, ha manifestado en privado su voluntad de contar con ministros valencianos en el gobierno que se formará tras las elecciones de marzo de 2004, en el caso de que el PP consiga la mayoría suficiente. Entre los candidatos a sentarse en la mesa de ese supuesto Consejo de Ministros se encontraban Camps y González Pons. Su venida a Valencia dificulta la estrategia de Zaplana.

De otra parte, la llegada del ex Secretario de Estado para la Seguridad Social y del ex portavoz del PP en el Senado al Consell revela un grado de autonomía política del nuevo presidente de la Generalitat muy superior al que se le suponía durante la campaña electoral. Con su incorporación, Francisco Camps actúa como el príncipe nuevo que describe Maquiavelo, sin dejar por ello de asumir la condición de príncipe heredero como se comprueba en la configuración global de su primer gobierno. Este equilibrio, sin embargo, se rompe con algunas decisiones y gestos que empiezan por dar prioridad a la construcción de escuelas frente a la ampliación del IVAM, las visitas a rectores y sindicatos de la enseñanza y que acaban con la declaración del presidente sobre la fusión de las cajas.

Muchas cosas en muy poco tiempo y un acelerón político que deja al desnudo la pasividad de la última legislatura. Inicialmente, responsables del PP y observadores creían que esta atrevida gestión se debía a la inexperiencia política del nuevo equipo, teñida además de un afán de protagonismo. Pero, a medida que transcurre el tiempo, empieza a tomar cuerpo la convicción de que el presidente, Gerardo Camps y Esteban González no actúan por libre. Los tres son políticos de largo recorrido pese a su juventud que conocen de sobra el PP y, en consecuencia, no cabe atribuirles ocurrencias frívolas.

Personas directamente relacionadas con Zaplana confirman esta hipótesis y añaden que, con toda seguridad, sus actuaciones hay que situarlas en el contexto de la lucha por la sucesión de José María Aznar ante el 2004. Estas fuentes afirman que el vicepresidente segundo Rodrigo Rato es conocedor de esta estrategia con el objetivo de reducir la capacidad de influencia de Zaplana en el proceso de sucesión abierto en el seno del PP. Sin embargo, una persona allegada al ministro cree que la política del equipo dirigente del Consell es más autónoma y menos conectada con Rato: "Pueden ir más lejos de la realidad actual", afirma; pero no descarta la existencia de una conexión entre Rodrigo Rato y el equipo que encabeza Francisco Camps.

En este contexto, con la sucesión de Aznar al fondo, y la pelea por el protagonismo en un futuro gobierno del PP hay que situar las manifestaciones de Serafín Castellano discrepando de la posición del presidente de la Generalitat sobre la fusión de las cajas. Varios dirigentes populares consultados coinciden en afirmar que el portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas aprovechó una pregunta inducida sobre el futuro de las instituciones financieras valencianas para marcar el territorio del ministro de Trabajo. Eduardo Zaplana será el candidato por Valencia en las elecciones generales de 2004 y no puede consentir que se cuestione, aunque sea de forma indirecta, la gestión que ha desarrollado al frente de la Generalitat.

Declaraciones como las de González Pons apostando por la construcción de escuelas y aplazando la ampliación del IVAM por "cara", aseguran estas fuentes, están poniendo en evidencia dos hechos nada positivos para los anteriores gobiernos valencianos: No se han construido los colegios necesarios y además no hay dinero porque se ha hecho una mala gestión presupuestaria. La cohabitación, en estos términos, puede resultar muy dura hasta marzo de 2004. Y Zaplana, a través de Castellano, señala que es él quien tiene el poder en las Cortes y en el partido.

Ésta es la clave: llegar a marzo sin padecer las consecuencias del fuego amigo. El futuro de las cajas es una mera excusa porque Zaplana pudo hacer la fusión y dejó que pasara el tiempo. Ahora hay quien dice que ir contra la unión es ir contra los intereses valencianos y que el valencianismo de Camps es pura fachada.

Por su parte, el Ministro de Justicia, Michavila afirma que Camps es una "apuesta personal" de Aznar  El ministro mandaba así un recado a los populares valencianos. Camps y el ministro se entrevistaron en el Palau de la Generalitat y después comparecieron ante los periodistas. Allí, tras unas palabras del presidente sobre lo tratado en la reunión, Michavila tomó la palabra. Pero no empezó hablando de las materias de su departamento, sino de Camps. Explicó que lo conoce desde 1989 y aseguró que Camps es una "apuesta personal" de Aznar para que el PP valenciano "tenga futuro". Michavila recordó que Camps fue secretario de Estado en un Gabinete de Aznar, que fue vicepresidente del Congreso por deseo de Aznar y que fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunidad Valenciana. El presidente valenciano, añadió Michavila, ha estado "siempre apoyado por Aznar" (Julio 2003). 

LOS EDILES DEL PP DE XÀTIVA SE SUBEN LOS SUELDOS ENTRE CRÍTICAS

Los ediles del PP del Ayuntamiento de Xàtiva han decidido subirse los sueldos. Los 11 concejales, más el alcalde, cobrarán en conjunto más de 220.000 euros (unos 37 millones de las antiguas pesetas). Y ello a pesar de que sólo tres de ellos tienen la dedicación exclusiva. La decisión fue adoptada en el transcurso de un tenso y acalorado pleno municipal (Agosto 2003).  

EL ALCALDE DE TORREVIEJA NOMBRA ASESORES A FAMILIARES DE EDILES DEL PP 

El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, ha incluido en su amplia nómina de cargos de confianza a tres familiares directos de otros tantos concejales del PP, según denunció el grupo municipal socialista. El primer edil de Torrevieja afronta su cuarto mandato con la contratación de 16 asesores, 13 de ellos directamente relacionado con el área de la alcaldía, que cobrarán un total de 600.000 euros al año.

Al menos tres de los 16 cargos de confianza que hasta ahora ha nombrado el alcalde son familiares directos de concejales del PP. Esta condición se da en los casos de María del Carmen Montesinos Pérez, hermana de un edil del PP, que percibirá un sueldo bruto mensual de 2.385 euros; Belén Gómez Sánchez, hermana del concejal de Urbanismo del PP, que cobrará idéntica cantidad; y Daniel Plaza Montero, medallista olímpico en Barcelona-92 y yerno del concejal de Hacienda del PP, que percibirá una retribución bruta mensual de 2.927 euros.

La mayoría de los contratados, salvo el jefe de gabinete de prensa, el director del Museo del Mar y el gerente del Instituto Municipal de Cultura, no tienen asignada una función específica e integran la lista de cargos de confianza bajo el escueto epígrafe de "asesor/a". Esta lista inicial de trece asesores de libre designación supondrá un gasto total a las arcas municipales de 600.000 euros anuales. La cifra de asesores excede con creces el gasto que otras localidades de rango similar presupuestan para contratar personal de confianza.

El elevado número de cargos de libre designación con el que el primer edil torrevejense ha blindado su nuevo mandato con mayoría absoluta contrasta con la parquedad de recursos que Pedro Ángel Hernández ha presupuestado para el funcionamiento de los grupos de oposición (Agosto 2003).  

EL GOBIERNO REGIONAL PAGARÁ A FIRMAS PRIVADAS POR EL USO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS  

No todas las infraestructuras pueden financiarse con fondos públicos, segun el titular de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, quien anunció que en esta legislatura se recurrirá a peajes indirectos o en sombra, cánones o plusvalías de suelo para financiarlas. Según García Antón, la nueva ley de Concesiones, que eleva la participación privada en la gestión de infraestructuras públicas, lo permite. El consejero adelantó que dedicará esta legislatura a completar una red de transporte metropolitano y a sacar adelante el AVE y el trasvase del Ebro.

"Si queremos mantener el ritmo inversor a largo plazo no hay más remedio que poner peajes o cánones a las nuevas infraestructuras", aseguró el titular de este departamente en un encuentro con periodistas para explicar las que serán prioridades de su departamento. García Antón subrayó que la Ley de Concesiones, aprobada recientemente, eleva la participación de la empresa privada en la financiación y gestión de infraestructuras públicas mediante el modelo alemán (pago aplazado), el peaje en sombra (la empresa privada construye y explota y la Generalitat le paga un peaje) o los pagos en especie, con la cesión de terrenos para su explotación comercial a inversores privados (Septiembre 2003).  

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN GASTA 12 MILLONES DE EUROS CON EL INFORME EN CONTRA DE LA INTERVENTORA

Publicidad y propaganda institucional, artículos promocionales y patrocinios deportivos son algunos de los destinos de los más de 12 millones de euros en los que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha decidido "invertir" todo el remanente que tenía acumulado la institución provincial. La séptima modificación de crédito del presupuesto inicial se ha aprobado pese a la opinión contraria de la interventora de la Diputación, que indicó su "disconformidad" en un informe. Su postura contraria al consumo del remanente en los gastos presentados se debe, principalmente, a que existe un expediente de reconocimiento extrajudicial de las deudas del hospital Provincial (dependiente, de momento, de la Diputación), que ascienden a 6 millones de euros. Según señala en el escrito, pese a que existe un convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Diputación de Castellón para la constitución de un consorcio hospitalario, "en este momento, no se puede definir como un compromiso firme de aportación que permita generar crédito". Así, pese a haber consumido el crédito con el que contaba la institución provincial tras la liquidación del presupuesto del pasado año, la Diputación mantiene una deuda de cerca de 6.010.121,04 euros que se han de pagar a los proveedores del hospital Provincial por gastos realizados pese a que no estaban presupuestados.

Con esta modificación, pagada con el remanente, la Diputación, que tenía en sus arcas 12,5 millones de euros, ha pasado a contar, en concepto de remanente, con únicamente 538 euros (Septiembre 2003). 

DOS PROTESTAS CONTRA LOS RECORTES DEL PP EN EDUCACIÓN CONFLUYEN BAJO EL DESPACHO DE RITA BARBERÁ  

Las protestas contra los recortes presupuestarios en los servicios educativos y sociales del Ayuntamiento de Valencia confluyeron bajo el despacho de la alcaldesa, Rita Barberá, del PP. De un lado, volvieron a manifestarse los trabajadores de la Universidad Popular, 40 de cuyos 117 formadores se han quedado sin contrato porque la modificación de crédito de 470.000 euros aprobada para la institución no cubre las necesidades de la plantilla actual. De otro, protestaron también por los recortes los padres y madres de alumnos de Valencia, ya que se han suprimido las becas de comedor para la educación infantil en los centros públicos. El malestar unió ambas protestas, a las que se sumaron varios centenares de personas que tras concentrarse ante el Ayuntamiento se trasladaron a la sede de la concejalía de Educación en la plaza de América. "No pueden dejar sin comedor a un montón de niños", denunció la presidenta de FAPA-Valencia, Carmen Molina, quien explicó que anualmente el Ayuntamiento concedía cerca de 800 ayudas para niños de educación infantil. "Las becas son para familias que no pueden costear el servicio, son los que más lo necesitan", recalcó. El STEPV denunció la "política regresiva del PP", que "recorta" en gastos que afectan "a los colectivos más sensibles", como en el caso de las becas, o "propuestas culturales y educativas" de tanto arraigo como la Universidad Popular (Septiembre 2003).  

SANIDAD ANUNCIA UN HOSPITAL EN DENIA CON EL 'MODELO ALZIRA'  

Tras dos años de retraso en la ampliación del hospital comarcal de La Pedrera, el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, sorprendió a los representantes políticos de Denia al anunciar la construcción de un nuevo hospital en la capital de la Marina Alta que sustituirá al anterior y será de titularidad pública y gestión privada, siguiendo el llamado modelo Alzira. El nuevo hospital contará con 240 camas y 8 quirófanos. Además se verá complementado por un hospital de día polivalente capaz de albergar 130 camas más y 4 quirófanos para intervenciones sin ingreso. Todo ello costará alrededor de 50 millones de euros y su plazo de construcción sería de dos años. El sistema de gestión sería de concesión administrativa como ocurre con el hospital de Alzira. El actual centro de especialidades se reestructurará con áreas de salud mental y conductas adictivas. El anuncio además no ha sido bien digerido por los municipios del sur de la comarca que llevan reivindicando la construcción de un segundo hospital entre Benissa y Calp (Septiembre 2003). 

SUPREMO INHABILITA A UN ALCALDE DEL PP POR DELITO MEDIOAMBIENTAL   

El Tribunal Supremo ha condenado al alcalde de Xeresa (Valencia), Cipriano Fluixá Castelló, del PP, a un año de prisión, 10 años de inhabilitación especial para cargo público y 72 millones de pesetas de multa por haber autorizado vertidos de escombros procedentes de la construcción en el marjal de La Safor, un humedal protegido en el que se produjo degradación ambiental. El alcalde, que había sido absuelto por la Audiencia de Valencia, tendrá que afrontar las multas personalmente, ya que el municipio no es responsable civil. El alcalde de Xeresa autorizó en 1995 vertidos de escombros en parcelas de los polígonos 3 y 7, del marjal de La Safor, cuyo suelo estaba clasificado como "no urbanizable protegido, marjalería B". Previa petición de propietarios y cultivadores, el alcalde concedió autorizaciones de las que excluyó residuos plásticos, vidrios, chatarra, tóxicos, baterías y productos considerados tóxicos o peligrosos. Entre 1995 y 1998, al amparo de esas autorizaciones, se fueron vertiendo principalmente escombros de materiales de construcción, además de enseres domésticos, algunos envases, arenas y productos inertes. Todo quedó depositado sobre la superficie de las parcelas y sobre balsas anejas a algunas parcelas, la mayoría con cultivos de naranjos en producción. Los vertidos y el aterramiento causaron una incidencia medioambiental de nivel bajo. Según la sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Martín Pallín, los marjales de La Safor constituyen "una superficie de tipo palustre y de carácter pantanoso, formada tanto por aguas de lluvia, como de arrastre de la caída de las montañas, así como emanada de los acuíferos o hullas". El Supremo critica que la sentencia de Valencia diese por sentado que el alcalde actuó "con el fin de poder controlar los vertidos". Además, Fluixá puso en marcha en mayo de 1997 una "maniobra atentatoria al medio ambiente", que fue la de cambiar la calificación del marjal a "suelo urbanizable común", lo que suponía "un grave peligro para la estabilidad ecológica del sistema". La Dirección General de Desarrollo Sostenible rechazó la recalificación. El Supremo aprecia en Fluixá un delito de prevaricación medioambiental, compatible con otro delito contra el medio ambiente. Teniendo en cuenta "la gravedad del hecho, el impacto medioambiental producido y la desatención a los intereses generales por parte de un servidor público" le impone, como alternativa a las penas de prisión, dos multas de la máxima cuantía por cada uno de los dos delitos (dos multas de 24 meses a 50.000 pesetas diarias), un año de prisión -que no cumplirá- y un total de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público (Septiembre-Octubre 2003).  

EL CONSELL RECORTA O CONGELA LOS PRESUPUESTOS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES   

La suspensión por falta de fondos de la ayuda destinada a las personas con riesgo de exclusión social ha sido, quizás, el más llamativo pero no el único programa social del Consell que no puede llevarse a término por la falta de liquidez. También se han dado recortes en partidas para alojar a inmigrantes temporeros o erradicar la vivienda precaria. Otros proyectos, simplemente no se han puesto en marcha. Entre estos últimos está el fondo de garantía de alimentos, que anunció la Generalitat para las mujeres separadas o las ayudas al alquiler de pisos para personas sin recursos.

Quizás el frenazo en seco que ha sufrido la Prestación Económica Reglada (PER) desde el verano ha sido el caso más llamativo por la denuncia abierta de esta situación por parte de Cáritas. Pero también porque no es la primera vez que sucede. El año pasado, el anterior responsable de Bienestar Social, Rafael Blasco, tuvo que hacer frente a un alud de críticas cuando su departamento se vio incapaz de mantener estas ayudas anuales que rondan los 300 euros y que, junto a la aportación económica, comportan una serie de compromisos dirigidos a la integración social de los beneficiarios. Entonces, el consejero se comprometió a sacar adelante antes de que acabe el año una red de rentas mínimas dirigida a dar una cobertura legar a las ayudas y garantizar su prestación.

El incidente con las PER no es un hecho aislado y su repetición muestra los problemas de liquidez a los que se enfrenta Bienestar Social para cumplir con sus compromisos. Una respuesta parlamentaria de Bienestar Social el año pasado admitía que 1.455 personas con escasos recursos habían solicitado una ayuda dentro del programa de alquiler de viviendas de colectivos desfavorecidos -mujeres solas, víctimas de violencia de género, inmigrantes y personas en riesgo de exclusión-. Sin embargo, durante el año pasado no se pagó ni una, como denunció la diputada socialista Nuria Espí. Estas ayudas, que tenían un tope de 2.400 euros por persona y una dotación económica global de 180.303 euros, las coordinaba la dirección general de Planes Especiales de Vivienda, un departamento que hasta después de las elecciones de mayo dependían de Bienestar Social. A esta dirección general estaban adscritas también dos líneas presupuestarias de marcado carácter social que han sufrido importantes recortes. Uno de ellos es la partida destinada a potenciar el alojamiento de los trabajadores temporeros inmigrantes, que ha sufrido un recorte de 300.000 euros, una cifra que supone el 42,7% del presupuesto inicialmente destinado. La línea Ayudas a la promoción de viviendas para trabajadores temporales inmigrantes sufrió en abril una rebaja por parte de la Consejería de Economía que dejó el montante original de 701.520 euros en 401.520, lo que supone el 57,23% de la suma inicial.

Otra partida que ha sido rebajada ha sido la denominada Ayudas hábitat de integración social, dirigidas a "fomentar la creación, alquiler y equipamiento de viviendas en conjuntos urbanos degradados para erradicar la vivienda precaria". La suma inicial era de 952.030 euros que se han quedado en 402.030, menos de la mitad. Entre los programas que no han visto la luz se encuentra el del fondo de garantía de alimentos, dirigido a cubrir las pensiones alimenticias de los hijos de parejas separadas (Octubre 2003).  

EL SECRETARIO DE JUSTICIA PIDE POR ESCRITO A BIENESTAR SOCIAL QUE COLOQUE A UNA AMIGA DE SU MUJER

El secretario autonómico de Justicia y ex decano de los jueces, Fernando de Rosa, ha dirigido un escrito oficial al director general de Integración Social de discapacitados, Francisco Villena Alarcón, en el que recomienda a una amiga de su mujer para que colabore con la conselleria en «algún trabajo o proyecto». La carta, fechada el pasado 2 de octubre de 2003, tiene membrete del secretario autonómico de Justicia e Interior de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y está firmada por De Rosa.

En la misma, el ex decano de los jueces apunta que su recomendada es «amiga de mi mujer» y «afiliada al Partido Popular». El texto reza lo siguiente: «Querido Paco: Te mando el curriculum vitae de..., amiga de mi mujer ya afiliada al Partido Popular, para que la tengas en cuenta por si consideras interesante que pudiera colaborar con vosotros en algún trabajo o proyecto». El escrito, además, llegó a la conselleria de Bienestar Social que dirige Alicia de Miguel por circuito oficial, es decir, a través del registro. Fernando de Rosa forma parte desde julio del segundo escalón del Gobierno de Francisco Camps. Hasta ese momento era decano de los jueces en Valencia.

De Rosa admitió que había dirigido el escrito a la conselleria y alegó que la susodicha era «experta en discapacitados». Según el secretario autonómico de Justicia su intención no era que esta persona fuera colocada como funcionaria en la conselleria sino que colaborara en algún programa de este departamento. De Rosa intentó restar importancia a la misiva ya que, según dijo, su proceder es «como creo normalmente ocurre en estos temas» (Octubre 2003).

EL PARQUE MÓVIL DE BENIDORM REPOSTA EN UNA GASOLINERA DEL PRESIDENTE DEL PP  

Los vehículos municipales de Benidorm, incluidos los de la Policía Local, repostan combustible en una gasolinera de otro municipio, Finestrat, de la que es titular Francisco Pérez, presidente del PP de Benidorm. La estación de servicio dista unos ocho kilómetros del aparcamiento donde la Policía Local guarda los vehículos públicos. Justo enfrente de ese estacionamiento municipal hay una gasolinera.

Otros vehículos municipales tienen su base en un almacén de la Avenida Beniardá, a unos 300 metros de otra gasolinera. Sin embargo, los vehículos municipales hacen un recorrido de unos 16 kilómetros, entre ida y vuelta, para repostar en la gasolinera Zarcar, propiedad de una empresa administrada únicamente por el dirigente popular. Esta mercantil suministra también el combustible para las calefacciones de los centros de enseñanza públicos y dependencias municipales. El negocio que la gasolinera Azcar hace con el Ayuntamiento de Benidorm es completo: los vehículos municipales pasan regularmente por el lavadero instalado en esa gasolinera. Hace aproximadamente un año el Ayuntamiento compró a la empresa de Francisco Pérez un depósito para almacenar el combustible y dispensarlo en las propias cocheras municipales (Octubre 2003).  

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: ALPERI SUSPENDIÓ TRES CENTROS PÚBLICOS TRAS NEGOCIAR CON EL PRIVADO  

Mientras el gobierno local de Alicante que preside Luis Díaz Alperi suspendía a finales de 2002 la construcción de tres centros públicos conveniados con el Consell en 1998 -Cerámica-Los Ángeles, El Tossalet y San Blas- , comenzaba a operar en Alicante la empresa madrileña Servicios Educativos La Condomina SL, a quien el Ayuntamiento acaba de ceder suelo para construir un colegio privado de 1.300 plazas. La empresa adjudicataria de la parcela municipal para construir el colegio privado se constituyó en Madrid a mediados de 2002 con el mismo nombre -La Condomina- que la avenida donde el Ayuntamiento le cedió el martes la parcela pública para constuir el centro educativo. Quiere esto decir que los empresarios, antes de constituir la sociedad, ya habían negociado con el Ayuntamiento la cesión del suelo en la avenida de La Condomina. También a mediados de 2002, el Ayuntamiento y la Consejería de Educación comenzaron a preparar la liquidación de un convenio que el alcalde, Luis Díaz Alperi, y el entonces consejero de Educación, Francisco Camps, suscribieron en 1998 para construir seis centros públicos en la capital alicantina. La Administración se comprometió en ese convenio a realizar obras de adecuación en los colegios Santísima Faz y San Francisco de Asís y a construir cuatro nuevos centros (Cerámica-Los Ángeles, El Tossalet, San Blas y el Pla). Vencido el plazo del convenio, las adecuaciones de los dos colegios estaban acabadas, pero sólo se había construido un instituto, el del Pla. En un polémico pleno municipal, celebrado en diciembre 2002, el convenio se dio por finalizado y liquidado, a pesar de que tres de los centros comprometidos no estaban ni empezados. En los presupuestos de la Generalitat no figuran partidas para estos proyectos. En un pleno anterior, el concejal de Educación y Cultura, Pedro Romero, había asegurado: "Si no se construyen los centros del convenio dimitiré". No lo hizo (Octubre 2003).  

LA VIVIENDA SOCIAL CAE 26 PUNTOS DESDE QUE EL PP LLEGÓ AL PODER   

El encarecimiento de la vivienda libre en los últimos años no se ha visto compensado con una oferta asequible de viviendas de protección oficial (VPO), sino más bien al contrario. Desde 1995, año en que el PP accedió al poder, la construcción de VPO ha sufrido un fuerte retroceso con una caída de 26 puntos. Según datos de la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos, en 2002 el número de visados expedidos para viviendas protegidas fue de 7.455, una cifra que apenas representa el 11% frente al 89% de las de renta libre. En 1996, el diferencial entre viviendas libres y protegidas en la Comunidad Valenciana era de 27 puntos. Seis años después, éste se elevó a 79, de manera que, actualmente, sólo una de cada diez viviendas en construcción es de protección oficial. En una coyuntura económica definida por el alto precio de las viviendas a causa, según los constructores, del encarecimiento y de la escasez del suelo, los promotores han apostado por la promoción de viviendas libres debido, entre otros motivos, a la escasa rentabilidad de las VPO. En este sentido, el presidente de la Federación Provincial de la Construcción de Alicante (FECIA), Ramón Jerez, explica este hecho: "El suelo es tan caro que imposibilita la construcción de viviendas sociales". Y añade: "Difícilmente bajarán los precios de las viviendas si los ayuntamientos no reservan suelo para las edificaciones protegidas". En el año 2002, las viviendas subvencionadas en la Comunidad Valenciana, apenas representaron el 11% del parque total de las casas previstas; mientras las de renta libre acapararon el resto del mercado inmobiliario. A tenor de los datos recogidos por la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos, dependiente de la consejería que dirige Rafael Blasco, el descenso vertiginoso de las viviendas protegidas se inició a partir de 1997. En ese año la Generalitat redujo en casi diez puntos el porcentaje de VPO proyectadas en comparación, en términos porcentuales, con el año precedente, según los datos oficiales. Durante el mismo ejercicio, los colegios de aparejadores y arquitectos de las tres provincias (Alicante, Valencia y Castellón) visaron 12.907 proyectos de Viviendas protegidas, un volumen que, entonces, representaba el 27% del total. A partir de aquí, las previsiones para construir este tipo de viviendas enfilaron la caída libre hasta registrarse un 8% en 2001, con la ejecución de 5.827 unidades. Esta tendencia decreciente se rompió en 2002 -un año antes a la celebración de los comicios autonómicos y municipales-, si bien la diferencia entre las viviendas de renta libre y las protegidas continuaba siendo abismal (63.172 libres por 7.455 protegidas) (Octubre 2003).  

SANIDAD DESISTE DE CONSTRUIR DOS CENTROS DE SALUD "EN ARAS DEL INTERÉS PÚBLICO"   

La consejería de Sanidad ha desistido este año de construir dos nuevos centros de salud, proyectados en Paiporta y Alicante-Benalúa, y ya consignados, "aconsejada por previsiones presupuestarias". El director general de Recursos Económicos, Eloy Jiménez, firma la resolución enviada a las empresas afectadas, y justifica la decisión "en aras del interés público", según reza la fórmula administrativa empleada. Los dos centros de salud, que se inscribían en la Ley General de Sanidad para la mejora de la atención primaria, estaban reflejados en los presupuestos de 2003 y, de hecho, contaban con la aprobación del gasto para la contratación de los proyectos básicos y de ejecución de las obras e instalación, así como del proyecto de actividad y del estudio de seguridad y salud. El proyecto del centro de Paiporta estaba presupuestado en 174.920 euros, según se recoge en el DOGV del 20 de mayo. 11 empresas se presentaron en el proceso de licitación para optar a su adjudicación. El de Alicante-Benalúa contaba con un presupuesto de 182.308 euros, presentándose cuatro propuestas económico-técnicas por otras tantas empresas. Eloy Jiménez comunica a las partes afectadas que la consejería de Sanidad "una vez realizada la revisión de prioridades aconsejada por las previsiones presupuestarias para el ejercicio, se propone el desistimiento del proyectado contrato en aras del interés público, de acuerdo con las prioridades tomadas en consideración, sin perjuicio de reiniciar el procedimiento de licitación en el momento oportuno". En consecuencia, el director general de Recursos Económicos resuelve "renunciar al contrato ofertado" tanto en el caso del centro de Paiporta como en el de Alicante-Benalúa. De modo que el crédito contraído para la contratación de ambos proyectos queda liberado (Octubre 2003).  

EL PP ARCHIVÓ UN EXPEDIENTE AL PROMOTOR DEL ATRIUM QUE INCLUÍA UNA MULTA DE 20 MILLONES   

El alcalde de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca, del PP, archivó un expediente por infracción urbanística a la promotora del ilegal hotel Atrium Beach, que incluía una propuesta de sanción, por exceso de obra, de entre 10,2 y 20,4 millones de euros. El "arbitrario" archivo de ese expediente y de otros anteriores es la base de la denuncia por supuesta prevaricación que ha presentado el grupo municipal socialista contra Llorca y el edil de Urbanismo. Las obras del complejo hotelero están paralizadas desde el 18 de septiembre tras la muerte de tres albañiles en dos accidentes (Octubre 2003).  

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: ALTADIS CONSIGUIÓ SUELO PÚBLICO POR 9 MILLONES Y LO VENDIÓ UN MES DESPUÉS POR 14   

La empresa Altadis SA (antigua Tabacalera) ganó más de cinco millones de euros vendiendo el suelo que un mes antes le había permutado el Ayuntamiento de Alicante. En septiembre de 2001 Altadis inscribió a su nombre dos parcelas edificables valoradas en 9.098.000 euros que el Ayuntamiento le permutó a cambio de la sede histórica de la tabaquera. Altadis sólo tuvo en su poder esos terrenos un mes. Los vendió a una empresa del Grupo Ballester por 14.195.000 euros. En una de las parcelas, en la playa de San Juan, ya se han construido 200 viviendas de lujo.

El acuerdo entre Altadis y el Ayuntamiento de Alicante ha beneficiado por ahora a la antigua Tabacalera, que ha ganado en un mes más de cinco millones de euros, y a dos mercantiles ajenas al convenio municipal: la mercantil Edificaciones Calpe (Grupo Ballester), que compró el suelo preparado para construir a Altadis y ha puesto a la venta 200 viviendas de lujo y otras tantas plazas de garaje; y la mercantil Nuepro, que llegó a un acuerdo con Edificaciones Calpe para construir las casas.

Según figura en el Registro de la Propiedad 4 de Alicante, Edificaciones Calpe escrituró las fincas adquiridas a Altadis el 21 de octubre de 2001 en una notaría de Benidorm. Un mes antes, el 24 de septiembre, esas parcelas se habían inscrito a nombre de Altadis tras formalizarse la permuta con el Ayuntamiento. Las parcelas quedaron oficialmente registradas a nombre de la empresa del Grupo Ballester en enero de 2002. La parcela ya construida, de más de 16.000 metros cuadrados, está en el plan parcial La Condomina, en la playa de San Juan; la otra finca, de 12.289 metros, pertenece al plan parcial Agua Amarga, en el acceso sur de Alicante.

El Ayuntamiento, sin embargo, aún no ha recogido ningún fruto del acuerdo con Altadis que aprobó en pleno a final de julio de 2001. Ni siquiera es titular al cien por cien de los terrenos ocupados por la vieja fábrica que permutó por las parcelas municipales ya construidas. En aquella fecha, el Consistorio valoró en 13,3 millones de euros el suelo de la antigua fábrica de tabacos pero el terreno municipal que tenía disponible en esos momentos para compensar a Altadis sólo alcanzaba un valor de 9 millones. Así que el Ayuntamiento entregó las parcelas a Altadis y sólo escrituró a su nombre el 68% de los terrenos de la fábrica.

El gobierno local, del PP, resaltó durante el pleno que formalizó la permuta que el acuerdo reportaba cuantiosos beneficios para la ciudad. Entre otros citó un "aumento de terrenos destinados a parques, jardines y viales de uso público y conservación, e incluso ampliación, de los puestos de trabajo de Altadis en Alicante". El Ayuntamiento aún no ha proyectado en firme ninguna actuación en esos terrenos.

Por su parte, Altadis argumentó que el acuerdo con el Ayuntamiento posibilitaba la construcción de un nuevo centro industrial en Alicante que generaría empleo directo para 450 trabajadores. Este centro se encuentra ya en marcha sobre una parcela de 150.000 metros cuadrados del polígono industrial de Las Atalayas. La factoría integra la producción de tabaco negro de las fábricas de Valencia y San Sebastián.

Sobre una de las parcelas que el Ayuntamiento aún no ha cedido a Altadis en la playa de San Juan, la tabaquera se comprometió a construir un centro de ocio que daría empleo directo a unas 300 personas. El acuerdo entre el Ayuntamiento de Alicante y Altadis se firmó en época electoral y en medio de una ambiente de gran tensión laboral de los trabajadores de las fábricas de Alicante y Valencia antes los anuncios de cambios en la tabaquera (Octubre 2003).

EL SECRETARIO DE JUSTICIA PIDE POR ESCRITO A BIENESTAR SOCIAL QUE COLOQUE A UNA AMIGA DE SU MUJER

El secretario autonómico de Justicia y ex decano de los jueces, Fernando de Rosa, ha dirigido un escrito oficial al director general de Integración Social de discapacitados, Francisco Villena Alarcón, en el que recomienda a una amiga de su mujer para que colabore con la consellería en «algún trabajo o proyecto». La carta, fechada el pasado 2 de octubre de 2003, tiene membrete del secretario autonómico de Justicia e Interior de la consellería de Justicia y Administraciones Públicas y está firmada por De Rosa.

En la misma, el ex decano de los jueces apunta que su recomendada es «amiga de mi mujer» y «afiliada al Partido Popular». El texto reza lo siguiente: «Querido Paco: Te mando el curriculum vitae de...,amiga de mi mujer ya afiliada al Partido Popular, para que la tengas en cuenta por si consideras interesante que pudiera colaborar con vosotros en algún trabajo o proyecto». El escrito, además, llegó a la consellería de Bienestar Social que dirige Alicia de Miguel por circuito oficial, es decir, a través del registro. Fernando de Rosa forma parte desde julio del segundo escalón del Gobierno de Francisco Camps. Hasta ese momento era decano de los jueces en Valencia.

De Rosa admitió que había dirigido el escrito a la consellería y alegó que la susodicha era «experta en discapacitados». Según el secretario autonómico de Justicia su intención no era que esta persona fuera colocada como funcionaria en la consellería sino que colaborara en algún programa de este departamento. De Rosa intentó restar importancia a la misiva ya que, según dijo, su proceder es «como creo normalmente ocurre en estos temas» (Octubre 2003).  

CC OO ACUSA A BARBERÁ DE DISCRIMINAR A LA ESCUELA PÚBLICA  

La federación de enseñanza del sindicato Comisiones Obreras acusa al Ayuntamiento de Valencia, que dirige la popular Rita Barberá, de "discriminar injustamente al alumnado" de Infantil "escolarizado en la enseñanza pública". La denuncia se debe al conflicto en torno a las becas de comedor, ya que la concejal de Bienestar Social, Marta Torrado, decidió financiar este año sólo las de los niños de centros concertados, y dejar de pagar las de las escuelas públicas con el argumento de que debe asumirlas la Consejería de Educación. El Consell no lo hizo, con lo que unas 800 familias se quedaron sin esta ayuda. Tras las numerosas protestas de los padres y madres, y de la oposición, Torrado aceptó financiar las becas un año más y anunció que cubriría prácticamente el mismo número que el año pasado. Según los datos de CC OO, no ha cumplido su compromiso. De las 741 solicitudes recibidas, a falta de evaluarse algunas entrevistas, sólo se habían concedido de oficio 258 becas de comedor en centros públicos, frente a las 3.529 de la enseñanza concertada, donde se pidieron 5.000 ayudas. El sindicato ha exigido a través de una moción aprobada en el Consejo Escolar Municipal "que se apliquen las mismas normas a todos los ciudadanos" (Octubre 2003). 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: UNA EMPRESA RELACIONADA CON UN AMIGO DE DÍAZ ALPERI CONSTRUYE EN LA PARCELA QUE VENDIÓ ALTADIS   

Una empresa vinculada al constructor Antonio Solana, amigo del alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, edifica 200 viviendas de lujo sobre una parcela de 16.685 metros cuadrados que el Ayuntamiento permutó con Altadis (antigua Tabacalera) a un precio muy inferior al de mercado. Un mes después de obtener el suelo público por nueve millones de euros, Altadis lo enajenó por 14 millones a una empresa del Grupo Ballester. Ésta llegó a un acuerdo con la mercantil Nuepro, vinculada a Solana, para construir el llamado Residencial Paraíso en playa San Juan.  

Antonio Solana tenía su base de negocio en Benidorm hasta que Luis Díaz Alperi accedió a la alcaldía de Alicante. Desde ese momento, las cuentas de las empresas del constructor no han parado de engordar. Y no sólo en el negocio de la construcción. Solana ha obtenido millonarias plusvalías en transacciones inmobiliarias auspiciadas por el Ayuntamiento de Alicante. Por ejemplo, el empresario y presidente del Alicante Club de Fútbol, se hizo con una parte de la propiedad del histórico Hotel Palas de Alicante antes de que Alperi y la Cámara de Comercio negociaran la compra de ese inmueble para rehabilitarlo en sede cameral. La Cámara adquirió en marzo de 2003 por 6,7 millones de euros el antiguo hotel (edificio catalogado). La operación se financió básicamente con dinero público, ya que el Consell aportó 6,7 millones para la compra y restauración posterior, y el Ayuntamiento, otros 2,5 por la adquisición de la sede actual de la Cámara. Los dueños del inmueble, Solana y un grupo inmobiliario de Benidorm, ganaron 2,4 millones en menos de cinco años sin haber acometido mejoras en un edificio muy deteriorado. En julio de 1998, el edificio fue adquirido por una sociedad, participada al 50% por Antonio Solana, por 4,2 millones de euros.  

Durante el anterior mandato municipal, Díaz Alperi planeó establecer su domicilio en un ático de lujo en el Cabo de las Huertas. Esa vivienda, escriturada a nombre de Solana, se había construido después de que el Ayuntamiento diera licencia para edificar varios edificios de lujo sobre una amplia zona verde del Cabo de las Huertas, ocupada por entonces por el camping Bahía. Dos policías locales adscritos a la Brigada de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento se personaron en el ático y, sin saber quién era el futuro inquilino de ese inmueble, levantaron acta de infracción urbanística por unos cerramientos ilegales. El asunto trascendió públicamente y el alcalde admitió que Solana le ofreció el ático, pero alegó que antes de la inspección policial ya había decidido que no viviría en él. "Yo prefiero tener en propiedad un yate que una casa", dijo entonces.  

Solana, a través de la mercantil Promociones Beniardá, promovió ese grupo de viviendas de lujo en la avenida Costa Blanca de Alicante, un lugar privilegiado junto al mar desde donde se contempla toda la bahía de la ciudad. Tras pasar por varios departamentos municipales, la denuncia urbanística llegó a la Concejalía de Urbanismo, que decretó la paralización de la obra. La licencia que obtuvo Solana del Ayuntamiento para construir la torre de viviendas se tramitó con el número de expediente 332/97. Varios concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, hablaban entonces abiertamente del "ático del alcalde".  

También en la negociación entre Altadis y Díaz Alperi resultó favorecido Antonio Solana. En septiembre de 2001 Altadis inscribió a su nombre dos parcelas edificables valoradas en 9.098.000 euros que el Ayuntamiento le permutó a cambio de la sede histórica de la tabaquera. Altadis sólo tuvo en su poder esos terrenos un mes. Los vendió a una empresa del Grupo Ballester por 14.195.000 euros. Esa mercantil llegó a acuerdo con Nuepro para construir sobre la parcela 200 viviendas de lujo.  

Así las cosas, el acuerdo entre Altadis y el Ayuntamiento de Alicante sólo ha beneficiado por ahora a la antigua Tabacalera, que ganó en un mes más de cinco millones de euros, y a dos mercantiles ajenas al convenio municipal: la mercantil Edificaciones Calpe (Grupo Ballester) y la mercantil Nuepro. Según figura en el Registro de la Propiedad 4 de Alicante, Edificaciones Calpe escrituró las fincas adquiridas a Altadis el 21 de octubre de 2001 en una notaría de Benidorm. Un mes antes, el 24 de septiembre, esas parcelas se habían inscrito a nombre de Altadis tras formalizarse la permuta con el Ayuntamiento. La parcela está en el plan parcial La Condomina, en la playa de San Juan (Octubre 2003). 

De España es el presidente de parlamento autonómico mejor pagado  

El presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, del Partido Popular, con un sueldo bruto anual de 121.400 euros, es el que más cobra de entre todos los presidentes de parlamentos autonómicos españoles. El plus del pisito que percibirá De España -2.612 euros mensuales, aprobado hace dos semanas por la Mesa de la Cámara como complemento de residencia eventual- le ha colocado en el primer lugar de esta clasificación. El sueldo de De España se encuentra muy por encima de la media, que se sitúa en los 73.322 euros brutos al año.

Julio de España vivía habitualmente en Alicante hasta que, tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, fue elegido presidente de las Cortes Valencianas en sustitución de Marcela Miró. Pero su nuevo cargo le obliga a permanecer en Valencia gran parte de la semana, Como consecuencia de ello, la Mesa de las Cortes aprobó el pasado 14 de octubre, por unanimidad, otorgarle un complemento de residencia eventual de 2.612 euros brutos al mes, que eleva su remuneración anual hasta los 121.400 euros. Con esa cantidad De España se sitúa como el mejor pagado de los presidentes de Parlamentos, Asambleas, Cortes y Juntas regionales de las comunidades autónomas españoles (Noviembre 2003).  

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: LA JUEZ IMPUTA A DÍAZ ALPERI Y DOS CONCEJALES DEL PP POR EL SUPUESTO DESFALCO EN MERCALICANTE  

Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, que instruye el supuesto desfalco descubierto en la empresa Mercalicante, ha dictado un auto por el que imputa al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, del PP, a otros dos ediles más de ese partido y a dos directivos de la empresa estatal Mercasa, todos ellos integrantes de la comisión ejecutiva de Mercalicante, un supuesto delito continuado de apropiación indebida. Hasta ahora, el principal imputado por los hechos, a petición del fiscal, es Emilio Clavero, ex gerente de la firma agroalimentaria de capital público. Inicialmente, el juzgado acordó admitir parcialmente la querella del PSPV presentada a finales del pasado mes de febrero y acumularla a la acusación popular que ya ejercía un representante del movimiento vecinal de Alicante. En su querella, los socialistas solicitaban la extensión de la responsabilidad penal por un supuesto delito de apropiación indebida y/o societario a los cinco miembros de la comisión ejecutiva de Mercalicante cuando ocurrieron los hechos, es decir, el alcalde; el actual concejal de Comercio, Juan Zaragoza, del PP; y el también ex edil del PP José María Rodríguez Galant, y los dos representantes de Mercasa. El PSPV mantiene que la actuación supuestamente delictiva del alcalde y demás Hasta ahora, el juzgado ha imputado, como principal responsable del supuesto desfalco, al ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero. Éste fue despedido por el consejo de administración a finales de junio de 2002. En octubre de ese mismo año fue arrestado por orden del fiscal, que le imputó un supuesto delito de apropiación indebida. En las diligencias, también han prestado declaración, en calidad de imputados, el jefe de contabilidad de Mercalicante, Miguel Ángel Ramos, a petición de la acusación popular, y dos representantes legales de sendas mercantiles en las que supuestamente se apoyó José Emilio Clavero para cometer el desfalco, a petición del Ayuntamiento y la empresa Mercalicante (Noviembre 2003).  

JOSÉ LUIS OLIVAS ASUMIRÁ EN ENERO LA PRESIDENCIA DE BANCAJA  

José Luis Olivas, presidente de la Generalitat Valenciana desde julio de 2002 hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2003, asumirá el próximo mes de enero la presidencia del Grupo Bancaixa, la cuarta caja de ahorros española por volumen de recursos gestionados. Julio de Miguel, actual presidente de la entidad, renunció a la carrera por la reelección en el curso de una cena convocada con ocasión del 125º aniversario de Bancaixa. La renuncia de De Miguel responde al acuerdo entre Eduardo Zaplana, presidente del PP en la Comunidad Valenciana, y Camps, presidente de la Generalitat, para situar a Olivas al frente del primer grupo financiero valenciano. Olivas fue secretario general del PP valenciano desde que Zaplana asumió la presidencia del partido en 1994, estuvo relacionado en el denominado Caso Naseiro y mantuvo el cargo hasta septiembre de 2002. Ocupó la consejería de Economía y Hacienda en julio de 1995 en el primer Gobierno autonómico presidido por Zaplana. Fue elevado a la vicepresidencia del Consell después de las elecciones autonómicas de 1999. Y asumió la presidencia de la Generalitat desde que Zaplana fue nombrado ministro de Trabajo en julio de 2002 hasta las últimas elecciones autonómicas, en las que fue elegido Camps (Noviembre 2003). 

LA CARA OCULTA DEL CASO INSCANNER  

Inscanner ha estallado en pedazos. La firma que consiguió en 2000 un suculento contrato del Consell que le aseguraba hasta 2008 un mínimo de 28,93 millones de euros por practicar resonancias magnéticas a pacientes de la seguridad social y que cofundó Luis Concepción, actual concejal del PP de tráfico y transportes del ayuntamiento de Alicante y ex presidente de la comisión de sanidad de las Cortes Valencianas, vive una intensa batalla interna que ha llevado a antiguos socios a los tribunales 22 años después de su nacimiento. Formalmente, la fecha del alumbramiento es el 11 de febrero de 1981. Entonces, Luis Concepción, Enrique López y Francisco Verdú, tres médicos radiólogos de Alicante -Concepción simultaneó a principios los ochenta la jefatura de sección de radiología en el hospital general y la del mismo servicio en el provincial (el actual San Juan)- acuerdan fundar una firma para la explotación de un equipo de diagnóstico TAC de última tecnología -en Alicante sólo había uno y menos potente- para lo que acuden en busca de dos cuñados de Verdú, empresarios de calzado de Elche. Los tres primeros se reparten el 50% de las acciones, mientras que los cuñados -que actúan como socios capitalistas- cuentan con un 25% cada uno, como refleja el libro de registro de accionistas de Inscanner. La carrera política de Concepción es claramente ascendente. Es elegido diputado por el PP en mayo de 1995, y poco antes de acceder a las Cortes, en junio, vende las acciones de su familia a López. Este movimiento queda reflejado en el libro accionistas, de forma que los Verdú mantienen el 33,3%, la hermana de Concepción, profesora en un colegio de Gandia, mantiene un residual 3,33% y los López se hacen con el 63,3%. A este reparto apela en 1999 en una rueda de prensa Concepción, cuando este diario publica que según el registro mercantil sus hijos eran accionistas de un 30% de Inscanner. "Antes de tomar posesión vendí mis acciones", adujo el entonces diputado popular, "fue mi sentido de la ética el que me llevó a separarme completamente de esta sociedad".

La sorpresa saltó a principios de la semana pasada, cuando los propios hijos del ex diputado cuestionaron este distanciamiento de la firma al apelar a un documento de recompra que les permitía volverse a hacer con el 30% que cedieron. De esta forma, existía una salvaguarda que permitía a los Concepción seguir vinculados a Inscanner mientras el Consell, gobernado por el partido del que él era diputado, concedía a la empresa uno de los grandes contratos sanitarios otorgados por el PP. Los hijos del ex diputado se han aferrado a este documento para denunciar a López, mientras que éste, niega la autenticidad del contrato. "Hay un pacto de recompra, pero no a favor de los hijos de Concepción, sino de él mismo", apuntó en el juzgado de Valencia en el que las dos familias combaten por su parte del negocio. Inscanner siempre estuvo donde había negocios relacionados con el diagnóstico por imagen de alta tecnología, aprovechando la falta de equipos en la sanidad pública. Primero, con la tomografía axial computerizada (TAC), la novedad tecnológica que revolucionó la radiología en la década de 1980. La sociedad se formó en 1981 para llevar a Alicante el primer TAC de cuerpo entero y ya entonces se practicaban exploraciones en el Insalud. En la década siguiente, la novedad eran las resonancias magnéticas, e Inscanner volvió estar en primera línea con la adquisición de un equipo a principios de 1990. Tras el traspaso de competencias, bajo la administración socialista, Inscanner se encargaba de practicar las resonancias para la sanidad pública en Alicante. Sólo había un equipo público (en el hospital Peset de Valencia) y la sociedad fundada por Concepción no tenía rival. Poco antes de dejar el Consell en 1995, el PSPV ultimó un concurso para comprar resonancias públicas. Pero el PP frenó en seco esta medida. Después de su llegada al Palau de la Generalitat, entre 1996 y 1999 los ingresos de las dos compañías encargadas de hacer exploraciones a Sanidad (Eresa en Valencia y Castellón, e Inscanner en Alicante) crecieron de 1.790 millones de pesetas en 1996 a 3.716 millones de pesetas en 1999.

En 2000, desoyendo las peticiones de los radiólogos, el Consell se negó a dotar de resonancias a los principales hospitales valencianos y lanzó un nuevo concierto para cubrir la asistencia de forma privada. Inscanner y Beanaca -ligada al empresario Carlos Paz- fueron las concesionarias en Alicante. Inscaner se aseguró 28,93 millones de euros hasta 2008. La sociedad española de radiología tachó abiertamente de "pelotazo" el concierto. En la provincia de Alicante la facturación de Sanidad por resonancias pasó de 3 millones de euros en 1999 a 4,44 millones en 2001 (Noviembre 2003).

LA GUERRA DEL PP: CAMPS Y ZAPLANA CARA A CARA.

"Una de dos, o Paco (Camps) ha sido en estos últimos años un actor magnífico que nos ha engañado a todos, o ha pasado algo". Un veterano militante del Partido Popular que llegó a ser diputado en las Cortes Valencianas no consigue explicarse el porqué, ni el cómo, ni el cuándo comenzaron las diferencias entre el actual presidente de la Generalitat y su antecesor en el cargo y ahora responsable del Ministerio de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana. En realidad son muy pocos los que se atreven a decir aquí empezó todo, y quienes se atreven no se ponen de acuerdo ni en las fechas ni en las causas. Unos sitúan las primeras fricciones en diciembre del año pasado con el estallido del caso Aguas de Valencia. Otros creen que el anuncio de Camps de aspirar a la presidencia regional del Partido Popular, sustituyendo en el puesto a Zaplana, provocó una inestabilidad política innecesaria ante las próximas elecciones generales. Desde el ministerio se pronuncian lacónicos: "Si hubiéramos sabido cuándo comenzó la crisis, la habríamos atajado en origen".

Fueren cuales fueren las razones, el hecho es que hoy el Partido Popular en la Comunidad Valenciana atraviesa por una seria crisis que ya nadie intenta disimular, por más que algunos se empeñen en encubrir la fractura colocando cataplasmas caseras. Unas declaraciones del consejero de Territorio y Vivienda a EL PAÍS el pasado domingo fueron el detonante. Rafael Blasco se mostraba partidario de que el presidente de la Generalitat lo fuera también del PP y admitía, con la boca chica, la existencia de algunas injerencias del partido en la gestión del Consell. La primera respuesta vino del presidente de la Diputación de Alicante: "No es necesario ser presidente de la Comunidad Valenciana para estar al frente del PP", decía José Joaquín Ripoll, quien, de paso, largaba una descalificación al consejero: "Todo el mundo sabe qué opinan de él las bases". El lunes la batalla se abrió en todos los frentes. Comenzó el presidente de la Diputación de Castellón y responsable de los populares en esa provincia. Carlos Fabra aseguraba: "Mi posición es no apostar por la bicefalia dentro del partido, ya que puede producir alguna inconcreción e incorrección política", y Serafín Castellano, presidente provincial de Valencia y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, replicaba: "El liderazgo [de Eduardo Zaplana] es incuestionable, la opinión [de Rafael Blasco] no es la que tiene el PP, entre otras cosas, porque no es y no forma parte de los órganos del partido".

Las declaraciones del consejero de Territorio y Vivienda y sus correspondientes réplicas son, de momento, la última expresión de unas desavenencias que tuvieron sus picos más elevados en unas manifestaciones del consejero de Educación y Cultura, quien, al poco de estrenar el cargo, vino a decir que menos IVAM (por la reforma proyectada en este museo) y más escuelas, que no hay dinero en caja. Siguieron con el anuncio contra la fusión de las cajas de ahorro hecho por el presidente de la Generalitat; cobraron intensidad con la petición de dimisión del consejero Font de Mora por parte del diputado Eduardo Ovejero; se enconaron con el decálogo sobre el valenciano presentado en Ares del Maestre y se agravaron con la candidatura de José Luis Olivas al cargo de presidente de Bancaixa a espaldas, al parecer, de Francisco Camps. Las discrepancias arrancaban de atrás, de muy atrás. Una fuente cercana al presidente sitúa su origen en diciembre de 2002. Por aquellas fechas el caso Aguas de Valencia había estallado en las páginas de ABC y Francisco Camps, en su doble condición de secretario general y candidato del PP, realizó unas declaraciones descalificando al periódico Las Provincias, perteneciente al mismo grupo que el diario madrileño. Desde el entorno de Camps se sugiere que esas manifestaciones fueron impuestas por el equipo de Zaplana y contra la voluntad de aquél. Pero el hecho es que Camps nunca desmintió su autoría. A pesar de lo cual, la primera fisura en una relación hasta entonces monolítica había hecho su aparición. La precampaña electoral se desarrolló en un clima de extrema tensión por las consecuencias que se podrían derivar de la guerra de Irak y el hundimiento del Prestige. Una encuesta del CIS llegó a pronosticar la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP en las Cortes Valencianas. El candidato de los populares llegó a sentirse tan aislado que formó un pequeño grupo de personas al margen del aparato del partido. Este grupo le prestó apoyo logístico y alguno de sus miembros, incluso, pagó de su bolsillo sondeos electorales para contrastarlos con la información que les llegaba a través de los canales oficiales.

La revalidación de la mayoría absoluta puso el punto final a todas las tensiones. Zaplana y Camps volvieron a estrechar sus relaciones al punto de que el ministro de Trabajo no puso objeción alguna al nuevo Consell, pese a que en el mismo figuraban Esteban González y Gerardo Camps. Dos personas que el ministro prefería que siguieran en Madrid. Pero eran los nombres que visualizaban el cambio, al extremo de que el recién investido presidente llegó a decir: "Si pongo a todos mis compañeros de COU en el Gabinete y dejo fuera a Esteban y Gerardo nadie hubiera pensado que era mi Gobierno". El primer Consell de Francisco Camps se presentaba ante la sociedad sin provocar fricciones internas en su partido, salvo algún que otro resquemor personal aislado.

El 1 de julio de este año el nuevo Ejecutivo toma la decisión de constituir una comisión delegada de Asuntos Económicos que tenía como objetivo reforzar el control presupuestario sobre la gestión y bloquear cualquier proyecto que no tuviera consignación antes de su evaluación por el Consell. Aparentemente una medida para racionalizar el gasto, pero que suponía un giro de 180 grados respecto de la práctica seguida durante la etapa de Eduardo Zaplana. Ocho días después el consejero de Educación y Cultura, Esteban González, anunciaba la paralización del proyecto de ampliación del IVAM. Y el 23 de ese mismo mes el presidente de la Generalitat anunciaba en público su decisión de renunciar al proyecto de fusión de Bancaixa y la CAM. Demasiados cambios en un periodo muy corto. Al portavoz parlamentario y presidente provincial en Valencia del PP, Serafín Castellano, le faltó tiempo para salir y desautorizar las opiniones de Francisco Camps. Sus palabras contenían ya el germen argumental que se desarrollaría con posterioridad: el presidente se aparta de la política seguida por los gobiernos de Zaplana y se aleja del programa del PP. Sobre el anuncio de paralizar la ampliación del IVAM, fuentes cercanas al ministro de Trabajo se limitaron a señalar: "Es una decisión del Gobierno. Punto".

El mes de julio concluía con una vuelta de tuerca más sobre el titular del Consell. Un día después de que Zaplana pidiera en una junta regional del PP -en la que no estaba presente Francisco Camps- unidad para ganar las elecciones generales de marzo de 2004, Eduardo Ovejero, un diputado autonómico, reclamaba la dimisión del consejero de Presidencia, Alejandro Font de Mora, con la consiguiente repercusión mediática. La fisura abierta en diciembre de 2002 ya era una brecha. Desde la dirección regional de los populares, sin embargo, se minusvaloró este hecho. "Carlos Fabra pidió varias veces la dimisión de Fernando Modrego [ex consejero de Medio Ambiente] y nunca ocurrió nada", dijeron. "Por una cuestión así no se acaba el mundo, pero si se empeñan en filtrarlo y magnificarlo... La bisoñez de algunos les ha llevado a cometer muchos errores".

Los distintos responsables del PP aprovecharon el mes de agosto para aparentar una cierta calma. El presidente de la Generalitat anunció que su Gobierno seguía un camino "perfectamente diseñado" desde hacía ocho años. El consejero de Educación volvía sobre sus pasos y afirmaba que el mapa escolar estaba "técnicamente acabado". Zaplana decía que su supuesta polémica con Camps era un "folletín", pero apuntaba que seguiría al frente de la dirección regional del PP. Y en la cena de despedida del verano en Altea, los dos agonistas escenificaban su reconciliación ante 3.000 militantes. Las sonrisas de algunos miembros del Consell eran una pura máscara. Sabían, o decían saber, que durante ese mes de agosto, en Marbella, durante una comida con sus esposas que reunió, entre otros, a Pedro Antonio Martín Marín, Carlos Iturgáiz, Javier Arenas y Eduardo Zaplana, éste le había pedido al secretario general del PP que forzara la salida de Francisco Camps de la presidencia de la Generalitat. Una versión que es desmentida desde el Ministerio de Trabajo. En el Palau de la Generalitat se limitan a decir que "si el presidente es un obstáculo para el partido se marcha a su casa y aquí no pasa nada. Pero si se va no será a un ministerio, ni a otro cargo público, ni a ninguna empresa. Se irá a su casa y volverá a ser un ciudadano más, orgulloso de haber sido presidente de la Generalitat".

Pese a la evidencia de los hechos nadie asume ser el primero en iniciar las hostilidades. Una negativa que es más contundente entre los partidarios del ministro. Una fuente muy cercana a éste asegura que "no quiere pelear". Y un importante cargo orgánico del PP subraya: "No nos interesan las broncas porque pueden tener un coste electoral. Somos los primeros interesados en que se calme la situación, especialmente porque la cara de las elecciones será la del ministro de Trabajo. Necesitamos paz para lograr alcanzar los mejores resultados". El dirigente del PP, además, contraataca: "Es Camps el que abre el debate al plantear de forma gratuita e innecesaria la cuestión de la presidencia regional a pocos meses de las elecciones generales".

La respuesta llega desde un miembro del actual Gobierno: "El modelo [la unificación de la presidencia de la Generalitat con la del partido] ha funcionado bien hasta ahora y no hay ninguna razón para cambiarlo". "Es más", añade, "el éxito de Zaplana en las próximas elecciones generales dependerá de la buena gestión que lleve a cabo el presidente, al que en ningún caso se le puede ningunear. Ni a él, ni a la institución. Lo que ocurre es que hay un pequeño núcleo en el partido que está en una estrategia maoísta de culto al líder. Se equivocan, concluye, quienes confunden el partido con el Gobierno. Camps es el presidente de todos los valencianos, no sólo de los militantes del PP".

Pero en la dirección del Partido Popular se cree que hay una estrategia "para liquidar el legado de 8 años que son los mejores de su historia. Hay un intento mediático que se alimenta desde el Consell para que Eduardo Zaplana desaparezca de la Comunidad Valenciana". Una opinión que se subraya aún más desde Trabajo: "Existe un odio africano en la prensa valenciana. Como si necesitara aniquilar siempre a alguien. Primero se hizo con Abril Martorell, luego con Lerma y ahora con el ministro. Algunos, incluso, en lugar de ver en Camps un buen gestor, pretenden hacer de él un instrumento de una aniquilación política".

En el Consell las cosas se ven de muy distinta manera: "¿Cuántas veces debemos cantar las glorias y alabanzas de la gestión de Eduardo Zaplana para que él y los suyos se den por satisfechos? El presidente no ha dejado de repetir que su trabajo aquí ha sido magnífico y estupendo y que la actual Comunidad Valenciana no se entendería sin la gestión de Eduardo [Zaplana]".

Por muchos que sean los elogios, más son los agravios que se observan en el otro lado. A la creación de la comisión delegada para asuntos económicos se sumó la destitución de Luis Esteban al frente de la Sociedad Parquet Temático de Alicante (SPTA). Dos decisiones claves para conocer el flujo del dinero. Las tensiones se agudizaron, y el nerviosismo en el segundo escalón también: "Cómo quieren lograr la estabilidad. No se le puede decir a la gente te nombro hasta marzo y a partir de ese mes que te den. A la gente hay que darle cariño, el poder viene rodado cuando se es presidente". Como en todo lo demás no hay acuerdo: "Apenas hemos introducido dos cambios en el segundo escalón y uno de ellos, el de Eloy Velasco [ex director general de Justicia], nos lo sugirieron desde el anterior equipo. Qué quieren".

La confrontación sigue con el decálogo del valenciano. Unas recomendaciones que se utilizan para insinuar un frente de alcaldes que rebrotan la llama del alicantinismo. Un rebrote al que, dicho sea de paso, contribuye una falta de sensibilidad desde Valencia. Pero el decálogo, y en esta cuestión sí parece que existe un cierto consenso, no es otra cosa que una excusa para tensar las relaciones con el Consell y apuntar directamente al consejero Esteban González, el hombre que, según algunas fuentes, debe ser el primero a abatir para debilitar la posición de Camps.

No hay decisión que no suponga un problema en las relaciones entre presidencia de la Generalitat, el PP y Zaplana. La penúltima fue el impulsar la candidatura de José Luis Olivas a la presidencia de Bancaixa. Presidencia había apostado por mantener los actuales equipos en las dos cajas de ahorro y en la Feria de Valencia, pero se encontró con la sorpresa de Olivas, pese a no tener nada en contra de su designación. ¿Qué ocurrió?: desde el Consell afirman que se actuó a espaldas del presidente, pero desde Madrid se insiste en que Camps conocía de sobra la propuesta. ¿Quién dice la verdad?

Un consejero que ya perteneció a los equipos de Eduardo Zaplana y que ahora le es leal a Francisco Camps, aunque no participa en la confrontación, asegura desde un cierto distanciamiento que la situación actual no puede mantenerse más allá de Navidad, algo en lo que coincide con un antiguo cargo provincial del PP valenciano.

Desde esa distancia se muestra moderadamente crítico con la pasividad del presidente. "Camps, afirma, debe convertirse en un referente político y no mantener ese quietismo. La prudencia derivada de la responsabilidad puede confundirse con el no hacer nada". Y añade: Tenemos tres retos por delante: medios de comunicación en los que no estamos presentes. Empresarios: confían en el presidente, pero les gustaría verle actuar con más decisión. Y alcaldes, debemos hablar más con ellos porque son el auténtico poder en el partido".

Camps parece haber escuchado a este consejero a tenor de los encuentros que ha mantenido en los últimos días en Alzira y en Requena. Una persona cercana al presidente es categórica al afirmar que Madrid ya ha tomado una decisión y que Camps será el próximo presidente regional del PP, pase lo que pase. Pero desde la actual dirección de los populares se advierte: "Un congreso, ahora, lo ganamos de calle. Sería un paseo militar".

Un observador socialista también cree que habrá un "abrazo de Vergara" entre los principales agonistas de la crisis de los populares valencianos, aunque advierte de que el pacto supondrá que habrá bajas en los dos bandos. Precisamente las de quienes más se han significado en la batalla

El fin de la gran simbiosis   

Una sola y escueta frase ("el presidente de la Generalitat debe presidir el PP") del consejero de Territorio, Rafael Blasco, ha supuesto el fin del matrimonio público más fecundo que ha dado la política valenciana en los últimos años. Esta declaración, que no ponía en tela de juicio la trayectoria de Eduardo Zaplana y que era una obviedad hace unos meses, en cambio ha tenido el efecto de un torpedo en la línea de flotación del ministro de Trabajo, que desde que dejó la presidencia de la Generalitat está tratando de retener a toda costa el poder que le confería el cargo de jefe del Consell, supeditando la máxima institución de los valencianos, ahora gobernada por el también popular Francisco Camps, a la estructura orgánica del PP que él aún preside.

Blasco, con el destino político unido a Zaplana desde 1995, hacía visible así su posición ante un conflicto larvado, pero ya incontenible, que empezó a aflorar en el verano, cuando Camps constató que la voluminosa deuda de la gestión de su antecesor lastraba con plomo las alas de la Generalitat y empezó a efectuar correcciones sobre proyectos que ya estaban en marcha. La respuesta a la inesperada observación de Blasco ha sido furibunda por parte de los lanceros nada autogestionarios del ministro. Zaplana había soltado las riendas a la jauría y daba por rota la relación.

A principios de 1995 Blasco vivía horas bajas. Había fracasado en su intento de poner en marcha un proyecto político con el nombre de Convergència Valenciana, en el que trató de agrupar la dispersión del nacionalismo valenciano de distinto signo para refundarlo y obtener presencia parlamentaria, lo que hubiese facilitado su regreso a la política, de la que fue arrancado de cuajo bajo la sombra de cohecho por Joan Lerma, de quien había sido estrecho colaborador en sus distintos gobiernos en la Generalitat socialista. Su destitución al frente de la Consejería de Obras Públicas en 1989 había ido acompañada de una implacable persecución orgánica y un ácido proceso judicial que deterioró su prestigio político, pero del que había logrado salir ileso al ser absuelto por el Tribunal Supremo en 1993. Sin embargo, en el horizonte político no había sitio para este remoto luchador del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico.

Entonces recibió la llamada de Zaplana. Blasco había sido una figura neurálgica en la Generalitat socialista como consejero de la Presidencia y de Obras Públicas. Había urdido el entramado administrativo y político del gabinete autonómico, había ordenado el territorio, había impulsado la creación de la Ràdio Televisió Valenciana, incluso había proyectado la red de metro en Valencia. Conocía como la palma de la mano la selva y la fauna que Zaplana aspiraba a ocupar y someter, si las encuestas que tenía en el bolsillo eran refrendadas por las urnas. Y tenía abierta una herida psicológica que sólo podía restañar su regreso a la política. Zaplana le brindó un pasaje a la rehabilitación a cambio de que lo ayudara en la campaña electoral y lo guiara en el interior del Palau de la Generalitat para camuflar al máximo su bisoñez e inseguridad. A partir de entonces, Blasco y su mujer, Consuelo Ciscar, empezaron a dejarse ver en algunos actos electorales del PP. Era la parte perceptible de una intensa colaboración que ya se desarrollaba en la sombra como coordinador del programa de administraciones públicas del PP.

A la llegada de Zaplana al Palau, gracias al pacto del pollo con Unión Valenciana (UV), Blasco se convirtió en su lazarillo desde la Secretaría de Planificación y Relaciones Externas. Allí, con su experiencia, era una pieza imprescindible en el engranaje del nuevo Consell. Articuló un discurso que ponía el acento en la autoestima y que bautizó como poder valenciano, aprovechó la coyuntura propicia del pacto en Madrid entre el PP y CiU para promover el pacto lingüístico, desplegó la estrategia para fagocitar a Unión Valenciana y demoscópicamente engordó al Bloc Nacionalista Valencià lo suficiente para que no lograra representación pero para que sangrase el máximo de votos socialistas. Era el disco duro de Zaplana.

Como compensación, Zaplana lo nombró en 1999 consejero de Empleo, y sólo un año después, de Bienestar Social. En ambos departamentos creó un lenguaje social cuya sintaxis era fácilmente reconocible en el texto de la ponencia que Zaplana defendió en el XIII congreso del PP en Madrid, y cuyo efecto supuso un adelantamiento por la derecha al PSOE en políticas sociales. La deuda de Zaplana con Blasco había expirado con su regreso al Consell, sin embargo el ex socialista se había convertido en un sólido valor estructural de la Generalitat popular.

Su presencia en el primer gobierno de Camps ya era una respuesta a esa necesidad. El nuevo presidente, sin que se produjese la intermediación de Zaplana, le ofreció que continuase en su proyecto. La simbiosis ya estaba muerta: Blasco se debía a quien le había nombrado en el cargo. La confianza de Camps era máxima: le había reservado la Consejería de Territorio y Vivienda, una de las más vistosas de su Gobierno y con un gran protagonismo político por la Ley de Ordenación del Territorio y el impulso de viviendas sociales. Desde la amplia perspectiva de Blasco en el Consell, no se había producido una relación de poder tan perversa para la institución como la planteada por su antigua pareja de baile, y como miembro del Gobierno no afiliado al PP era el más indicado para lanzar la piedra sobre la placa de hielo que disimulaba las procelosas aguas del estanque en favor de Camps ( Noviembre 2003 )

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