PEDRO GONZ?EZ TREVIJANO : EL IDE?OGO JEFE DE FAES EN LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LAS NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO
09.01.22
EL PRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL SE RESERVA EL CONTROL DE LOS PROYECTOS DE SENTENCIA
EL GOBIERNO ESTUDIA UNA REFORMA LEGAL QUE LE PERMITA ASEGURARSE UN TC DE MAYOR? PROGRESISTA EN JUNIO
EL CONSTITUCIONAL CAMBIA SU DOCTRINA PARA BLINDARSE ANTE LAS RECUSACIONES
GONZ?EZ-TREVIJANO, MAGISTRADO VINCULADO A ASTURIAS, PRESIDIR?EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PEDRO GONZ?EZ TREVIJANO, ELEGIDO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA S?O SIETE MESES
EL CONSTITUCIONAL M? PR?IMO AL PP REVISAR?LAS LEYES CLAVE DEL GOBIERNO
CONSERVADORES Y PROGRESISTAS ELIGEN A TREVIJANO POR UNANIMIDAD PARA PRESIDIR EL CONSTITUCIONAL
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTIMA QUE EL SEGUNDO ESTADO DE ALARMA SE REGUL? DE MODO ?INCONSISTENTE?
EL FUTURO PRESIDENTE DEL TC Y ARNALDO MANIOBRARON PARA COLOCAR A MATAS EN LA UNIVERSIDAD
EL TRIBUNAL M? DIVIDIDO DECLARA INCONSTITUCIONAL EL CONFINAMIENTO
EMPATE EN EL CONSTITUCIONAL SOBRE EL DECRETO DE ALARMA
EL CONSTITUCIONAL ANULA LA DESIGNACI? DE PABLO IGLESIAS PARA EL ?GANO DE CONTROL DEL CNI
UN TRIBUNAL FATIGADO EN PLENA BATALLA POL?ICA
UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DIVIDIDO DIRIME EL DECRETO DE ALARMA
EL PONENTE DEL FALLO DEL CONSTITUCIONAL CONTRA EL CONGRESO CAMBI?SU VOTO A ?TIMA HORA
EL CONSTITUCIONAL SE DIVIDE ACERCA DE MANTENER LA CONDENA DE LOS IMPLICADOS EN EL CERCO AL PARLAMENT
PSOE Y PP CIERRAN LA RENOVACI? DEL CONSTITUCIONAL, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
EL CONSTITUCIONAL FALLA QUE LA RESTRICCI? DE LA ACTIVIDAD DEL PARLAMENTO EN LA PANDEMIA VULNER?LOS DERECHOS DE LOS DIPUTADOS
EL JUEZ QUE PERMITI?A TREVIJANO UN TERCER MANDATO COMO RECTOR COBRABA DE LA URJC
PEDRO GONZ?EZ-TREVIJANO: EL NEXO ENTRE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y EL PP
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL GIRA M? A LA DERECHA
EL SUPREMO INVESTIGA POR PREVARICACI? AL JUEZ DEL CONSTITUCIONAL GONZ?EZ-TREVIJANO
UN MAGISTRADO DEL CONSTITUCIONAL AUPADO POR EL PP, INVESTIGADO POR PREVARICACI?
GONZ?EZ-TREVIJANO, UN RECTOR EN EL TRIBUNAL
ASALTO GENOV? AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN TRES TIEMPOS
GONZ?EZ-TREVIJANO: UN FIRME DEFENSOR DE LA MONARQU? Y LA CONSTITUCI?
MEDIO MILL? DE EUROS PARA LAS ?ATENCIONES? DEL EXRECTOR DE LA REY JUAN CARLOS
LO QUE GONZ?EZ-TREVIJANO DEJA EN EL PASADO
EL GOBIERNO PROPONE PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A PEDRO GONZ?EZ-TREVIJANO Y A ENRIQUE L?EZ
EL RECTOR QUE NO DEBER? HABER SIDO
RODRIGO RATO ES INVESTIDO HOY DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
ELEGIDO NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
EL PRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL SE RESERVA EL CONTROL DE LOS PROYECTOS DE SENTENCIA
El tribunal acuerda que ning? fallo se vote en pleno sin intento de pacto previo en las sesiones que se celebrar? cada 15 d?s
El Constitucional va a tratar de acelerar sus tareas celebrando plenos cada 15 d?s, a partir del que tendr?lugar la ?tima semana de este mes. Los planes del tribunal de garant?s para este primer trimestre del a? pretenden cerrar la fase de aterrizaje de los nuevos magistrados ?tras la pol?ica renovaci? de noviembre ?timo?, con el fin de entrar ya en materia sin prisa pero sin pausa.
Despu? del pleno de enero, por tanto, habr?dos m? en febrero y otros dos en marzo. En total, cinco durante todo el trimestre, un promedio de actividad superior al de los dos ?timos a?s de pandemia. El objetivo es abordar los recursos pendientes con el prop?ito de resolverlos por mayor?s lo m? amplias posibles, evitando la guerra de trincheras en que se convirtieron los plenos durante el ?timo tramo del mandato anterior.
No hay todav? un orden del d? preestablecido para dichas reuniones plenarias, en parte debido a que el plan acordado va a suponer a este respecto una novedad importante, consistente en el reforzamiento de las atribuciones del presidente del tribunal, Pedro Gonz?ez-Trevijano, del sector conservador. Trevijano se ha reservado la facultad de incluir o no en la agenda de cada pleno los proyectos de sentencia que se vayan elaborando.
Sin el nihil obstat del presidente ning? borrador de sentencia acceder?a las sesiones plenarias, ni se votar?en ellas sin dicha luz verde. Hasta ahora, en cambio, lo m? habitual era que el ponente propon? el momento en que un asunto deb? darse como suficientemente deliberado y, por tanto, pod? someterse a votaci? en el pleno. Ello hab? dado lugar en ocasiones a la aparici? de cierto factor sorpresa.
No ser?posible, por ejemplo, que un proyecto de fallo relevante, como el de la ley Cel?, que figur?entre los propuestos en el ?timo pleno del anterior Constitucional ?y no se aprob?por falta de tiempo?, se someta a deliberaci? formal sin una discusi? anticipada sobre su contenido. Lo que se pretende es alejar la perspectiva de fallos aprobados por seis votos a cinco, con exhibici? de las divisiones y luchas intestinas entre los magistrados. No se trata de que un resultado de este tipo ?como el que se produjo en la sentencia sobre el primer estado de alarma, de la que fue ponente el propio Trevijano? sea irrepetible. Pero tanto el presidente del tribunal como su vicepresidente, Juan Antonio Xiol, quieren evitar la reedici? de las tensiones que estallaron entonces.
En este contexto, fuentes del tribunal explican que algunos fallos importantes ?como el relativo a la ley del aborto? podr?n quedar pendientes hasta la pr?ima renovaci? del tribunal, prevista para junio de este a?. Tal hip?esis se producir? si en los contactos previos entre los componentes del tribunal se pone de manifiesto que no hay consenso o una amplia mayor? para aprobar el texto que ha empezado a elaborar el nuevo ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, quien tiempo atr? se mostr?cr?ico con la legislaci? vigente.
Estas medidas se trataron y acordaron en una reuni? informal del pleno que tuvo lugar en el Constitucional antes de Navidad, tras la toma de posesi? de los nuevos magistrados. En aquel encuentro ?descrito en la propia instituci? como ?charla de café”— se acord?iniciar una etapa de ?recogimiento benedictino?, en expresi? de las citadas fuentes. La finalidad de tanta reserva fue que el tribunal de garant?s desapareciera durante un tiempo de los principales titulares de los medios de comunicaci?.
La prioridad tras el par? navide? estribar?en responder a los recursos de s?lica presentados por los condenados en la causa del proc? contra la denegaci? de las recusaciones que plantearon contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepci? Espejel, argumentando su afinidad con el PP, partido que les propuso para acceder al tribunal en su reciente renovaci?. En los dos casos se alegaba falta de imparcialidad, mientras en una iniciativa paralela se recusaba tambi? al presidente del tribunal ?nombrado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP)? si no se absten? de participar en la impugnaci? dirigida contra Arnaldo, por la amistad existente entre ambos.
El Constitucional respondi?a estas recusaciones ?que habr?n dejado al tribunal sin qu?um? con un auto muy rotundo, aprobado por unanimidad, en el que se subraya que ?nadie puede ser descalificado como juez en raz? de sus ideas?. En la resoluci? ?que implica un cambio de doctrina en esta materia? se a?de que ?la afinidad ideol?ica no constituye por s?sola causa de recusaci??.
El auto supuso un volantazo del tribunal en esta cuesti?, por la facilidad con que hasta ahora hab?n prosperado los intentos de apartar a magistrados, como en el caso de Pablo P?ez-Tremps, recusado por el PP en el caso de la sentencia del Estatut en 2010, o m? recientemente en los de Antonio Narv?z y C?dido Conde-Pumpido, cuestionados por los l?eres independentistas para alejarles de las sentencias del proc?, por haberse manifestado cr?icamente, aunque con distinta intensidad, sobre el 1-O.
Primer pleno del a? a finales de enero
A la vista del reciente auto del Constitucional sobre los recursos de s?lica de los condenados en la causa del proc?, las posibilidades de que prosperen dichos recursos son muy remotas, por no decir nulas. Las impugnaciones se resolver? en el pleno que el tribunal celebrar?la ?tima semana de este mes. Las sentencias m? importantes ?sobre la reforma educativa de ley Cel?, la ley de eutanasia, o la ley del aborto, as?como la prohibici? de nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial una vez concluido su mandato, o las f?mulas de juramento de los diputados al acceder al cargo? se ir? incluyendo sucesivamente en los correspondientes ?denes del d?. Siempre, tras haber intentado pactos internos.
EL GOBIERNO ESTUDIA UNA REFORMA LEGAL QUE LE PERMITA ASEGURARSE UN TC DE MAYOR? PROGRESISTA EN JUNIO
El 'plan B' para el caso de que el PP siga sin querer desbloquear el CGPJ pasa por garantizar al Gobierno la designaci? en solitario de sus dos magistrados. Se har? mediante una reforma de la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ) que contar? con mayor? parlamentaria suficiente.
La tercera posibilidad, pero incontrolable para el Ejecutivo, pasa por el propio Tribunal Constitucional, que tiene pendientes los recursos del PP y Vox contra el reajuste que impide al ?gano de gobierno de los jueces hacer designaciones fuera de mandato. El asunto est?en manos de los progresistas Xiol y Balaguer, designados ponentes.
El Gobierno da pr?ticamente por imposible que la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se produzca antes de que termine la legislatura por la obstinaci? del PP, sin cuyos votos es imposible llegar a un acuerdo. Una de las consecuencias del bloqueo institucional es que, al encontrarse sus vocales fuera de mandato, est? imposibilitados por ley para hacer nombramientos en la c?ula judicial.
La situaci? salpica directamente al Tribunal Constitucional (TC), que tambi? tiene que ser renovado el pr?imo mes de junio con dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. La renovaci? se considera clave para el Ejecutivo de S?chez porque, si se cumplieran los plazos previstos, el pr?imo mes de junio el TC dar? un vuelco pasando de un ?gano mayoritariamente conservador a otro con una mayor? de siete magistrados de sensibilidad progresista.
Parad?icamente, es la propia reforma que auspici?el PSOE y su socio de Gobierno Unidas Podemos el pasado mes de marzo -y que impide al CGPJ realizar nombramientos en la c?ula judicial estando en funciones- la que constituye ahora el principal escollo para lograr un TC con sensibilidad m? favorable a los postulados del Gobierno de coalici?.
Por todo ello, ya se est?estudiando un 'atajo' legal que garantice que el Consejo de Ministros pueda designar el pr?imo mes de junio a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden con independencia de la situaci? del CGPJ, y que sustituir?n al actual presidente Pedro Gonz?ez-Trevijano y a Antonio Narv?z, ambos en el sector conservador del ?gano.
Se tratar?, seg? fuentes gubernamentales consultadas por El PERI?ICO DE ESPA?, de superar la controversia jur?ica existente volviendo a tocar la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ) para permitir de forma espec?ica el movimiento en solitario del Gobierno.
En estos momentos se cuenta con tiempo y mayor? suficiente para realizar esta reforma, a?den las fuentes consultadas, ya que se espera tener los habituales apoyos parlamentarios del Gobierno de coalici?. La situaci? ser? muy parecida a la de marzo pasado, cuando la reforma de la LOPJ para limitar nombramientos obtuvo 196 votos a favor, pese a que solo necesitaba 176 para salir adelante.
UN VUELCO ESENCIAL PARA EL GOBIERNO
El vuelco en la sensibilidad del ?gano de garant?s se considera fundamental en un momento en el que el Gobierno de S?chez ha recibido importantes varapalos de este ?gano como fueron las sentencias que encontraron inconstitucionales determinados aspectos de los estados de alarma por pandemia de Covid, que fueron posibles al voto de la mayor? conservadora.
La vista est?puesta en los pr?imos meses, pues el TC tiene sobre la mesa recursos presentados contra la pr?tica totalidad de la gesti? del Gobierno que han sido planteados por parte del PP y sobre todo por Vox, que acumula m? de una treintena de iniciativas por su presunta inconstitucionalidad.
La posibilidad de esta reforma ya fue aventurada a finales del pasado mes de noviembre en ?bitos jur?icos, pero el Gobierno, pese a no descartarla del todo, se?l?que no ser? necesaria al confiar en que antes de terminar el a? el PP se avendr? a razones y desbloquear? la situaci?. Finalmente el acuerdo no lleg? y 2022 ha empezado con un panorama incluso m? pesimista tal y como se?l?el propio presidente del Gobierno durante su balance anual del pasado jueves.
SUPERAR LA CONTROVERSIA
Fuentes jur?icas consultadas admiten que existe controversia jur?ica al respecto, ya que mientras algunos juristas consideran que el Gobierno podr? designar por libre a sus dos magistrados sin esperar al CGPJ, otros expertos encuentran que dicha posibilidad entrar? en conflicto con lo que dice la propia Constituci?, que en su art?ulo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional ser? designados por un per?do de nueve a?s y se renovar? por terceras partes cada tres ejercicios.
Si el Gobierno decide actuar por su cuenta y designar a sus candidatos, el asunto podr? ser recurrido y tener que ser dirimido por el propio Tribunal Constitucional, lo que vendr? a retorcer a? m? la situaci?.
EL RECURSO PENDIENTE
Otra posibilidad de deshacer todo el embrollo, aunque incontrolable por el Ejecutivo, pasa por la resoluci? de los recursos que PP y Vox presentaron, precisamente, contra la reforma 'expr?' de la LOPJ que impide al CGPJ realizar nombramientos fuera de mandato. Si esta inc?nita se despeja antes de junio y la reforma se anula por inconstitucional ya no existir? ning? problema para lograr un TC con siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores -justo al rev? de lo que ocurre a d? de hoy- pues el Gobierno elegir? a dos de su confianza y el CGPJ uno progresista y otro conservador.
Pero a? no se sabe cuando llevar?este asunto a debate, una decisi? que depende del actual presidente del Tribunal, el conservador Pedro Gonz?ez-Trevijano. En todo caso las propuestas que se llevar? al Pleno ser? elaboradas por dos magistrados pertenecientes al sector progresista de este ?gano, Juan Antonio Xiol y Mar? Luisa Balaguer, ya que al primero le ha sido designada la ponencia sobre el recurso del PP, y a la segunda el de Vox.
UN CGPJ DE ANTES DE RAJOY
Lo ideal, en todo caso, es que se llegara a un acuerdo con el PP y se pudiera renovar el CGPJ, lo que llevar? adem? a un modelo de ?gano de los jueces anterior al dise?do por el Gobierno de Mariano Rajoy. Con su reforma, que es la del Consejo actual, s?o hay siete vocales de dedicaci? exclusiva y se logra un ?gano de corte presidencialista que concentra 'de facto' todo su poder en una Comisi? Permanente cuyos miembros son elegidos por el propio presidente, Carlos Lesmes.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Los miembros del reci? constituido Tribunal Constitucional tratar? de buscar la unanimidad
El CGPJ que saldr? cuando el PSOE y el PP alcancen un acuerdo institucional ser?el de la reforma operada en octubre 2018, que deroga el modelo impuesto en 2012 por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard? y permitir?de nuevo que los 20 vocales est? dedicados en exclusiva a la instituci? de la que formar? parte por un periodo de cinco a?s. Salvo nuevo bloqueo, claro.
El acuerdo parece imposible por el momento, ya que el PP exige para pactar una reforma en profundidad que permita volver al CGPJ de 1980, cuando una ley org?ica estableci?que los doce vocales que tienen que ser jueces de carrera -los ocho restantes son juristas de reconocido prestigio- ser?n nombrados en una votaci? entre los propios jueces y magistrados. El actual modelo de designaci? parlamentaria se implant?cuando el PSOE alcanz?mayor? absoluta en 1985. As? los 20 vocales los eligen a partes iguales las dos c?aras y el sistema lo aval?un a? despu? el Tribunal Constitucional, pero advirtiendo del riesgo de que el CGPJ se acabara convirtiendo en un reflejo de la lucha parlamentaria.
https://www.epe.es/es/politica/20220107/gobierno-estudia-reforma-legal-le-13059303
EL CONSTITUCIONAL CAMBIA SU DOCTRINA PARA BLINDARSE ANTE LAS RECUSACIONES
El tribunal sostiene que ning? juez puede ser ?descalificado en raz? de sus ideas?
El Tribunal Constitucional ha dado un giro a su doctrina sobre las recusaciones para blindarse ante impugnaciones tras su reciente renovaci? y ante el intento de apartar a los magistrados Enrique Arnaldo y Concepci? Espejel de las sentencias pendientes sobre el proc?. Los l?eres independentistas pusieron en duda su imparcialidad y alegaron su afinidad con el PP, el partido que les propuso para acceder al tribunal. En el auto que rechaza esas recusaciones ?que habr? dejado al tribunal sin qu?um? el Constitucional subraya que nadie ?puede ser descalificado como juez en raz? de sus ideas?. ?La afinidad ideol?ica no constituye por s?sola causa de recusaci??.
La resoluci? supone un volantazo si se compara con otras que han jalonado la historia del tribunal, especialmente la que provoc?el apartamiento del exmagistrado Pablo P?ez Tremps, fallecido el pasado julio, de la sentencia del Estatut. El vuelco se pone tambi? de manifiesto con respecto a los autos por los que se admitieron las abstenciones de los magistrados Antonio Narv?z y C?dido Conde-Pumpido para los fallos del proceso independentista. En ambos casos, el Constitucional consider?razonable su decisi? para garantizar la apariencia de imparcialidad del tribunal.
P?ez Tremps fue apartado en 2007 por haber realizado un trabajo cient?ico para el Instituto de Estudios Auton?icos, vinculado a la Generalitat, sobre ?aspectos relacionados con la acci? exterior y la participaci? europea? de las comunidades aut?omas. La recusaci? ?formulada por el PP? se acord?por seis votos a cinco, y la decisi? de aceptarla provoc?una oleada de protestas en las c?edras de derecho constitucional de toda Espa?. El estudio de P?ez Tremps ?dijo el tribunal? constituye ?un elemento objetivo que razonablemente permite la suspicacia de la parte recusante acerca de la imparcialidad?.
En los casos de Narv?z y Conde-Pumpido, el Constitucional ha aceptado este a? la abstenci? de ambos por declaraciones que seg? los dirigentes independentistas permit?n cuestionar su apariencia de imparcialidad. Narv?z compar?el proc? con el golpe de Estado del 23-F, mientras Conde-Pumpido identific??la pretensi? de subvertir el Estado social y democr?ico de derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia? como una preocupante amenaza para la democracia representativa. El Constitucional respald?estas abstenciones con la tesis de que as?lograba ?reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del tribunal?.
El auto sobre los casos de Arnaldo y Espejel aborda las recusaciones con una ?tica distinta, para concluir que ning? juez puede ser descalificado por sus ideas y sostener que ?no resultar? constitucionalmente posible remover a los magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen?. En el caso de Arnaldo, tales ?actitudes? consistieron en pedir que ?caiga todo el peso de la ley? sobre los dirigentes independentistas, al tiempo que en suscribir el manifiesto titulado Parar el golpe, en el que afirmaba que el Ejecutivo catal? no hab? dudado en ?traspasar todos los l?ites de la legalidad y la decencia? para poner en riesgo ?la convivencia y la paz civil?. El auto del Constitucional concluye que ?una afinidad ideol?ica no es en ning? caso factor que meng? la imparcialidad para juzgar? y que ?no constituye por s?sola causa de recusaci??.
El tribunal ha celebrado este mi?coles su primer pleno despu? de su reciente renovaci?
El Tribunal Constitucional rechaz?este mi?coles por unanimidad las 33 recusaciones presentadas en las ?timas semanas por los encausados por el proc? y por el expresidente de la Generalitat Quim Torra, quien tuvo que abandonar su cargo al ser condenado por desobediencia. Las recusaciones se dirig?n contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepci? Espejel, a los que se atribu? una clara afinidad con el PP, partido que les propuso para formar parte del tribunal, y contra el propio presidente del Constitucional, Pedro Gonz?ez-Trevijano, en el caso de que no se abstuviera de participar en las sentencias sobre los recursos del proc?.
El tribunal explic?en un comunicado que ?no es posible excluir a los dos magistrados recusados, pues el Tribunal quedar? sin el qu?um de ocho magistrados exigido para resolver?. En la decisi? del pleno de rechazar el apartamiento de Arnaldo y Espejel participaron los magistrados Antonio Narv?z y C?dido Conde-Pumpido, que el pasado abril decidieron abstenerse voluntariamente de juzgar las causas del proc? despu? de ser tambi? recusados. La nota del Constitucional indica que ?a la defensa de la jurisdicci? del Tribunal todos sus magistrados est? llamados, sin que quepa hacer distinciones entre los magistrados recusados y los abstenidos?.
Ante el c?ulo de recusaciones planteadas, la resoluci? pone de manifiesto la legitimidad de origen de los magistrados del Constitucional. El hecho de que estos hayan sido ?elegidos por los tres poderes del Estado (...) se proyecta en la pluralidad de perspectivas jur?icas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del ?gano colegiado, expresi? de la idea de pluralismo pol?ico?.
La ins?ita situaci? del tribunal, con doce recusaciones contra Arnaldo, otras tantas contra Espejel y nueve contra Trevijano provoc?que el pasado martes se anunciara la inclusi? a ?tima hora de este asunto en el orden del d? del pleno que este martes ha empezado a celebrar el Constitucional. Se trata de la primera reuni? plenaria del Constitucional tras su renovaci?, en noviembre pasado.
La impresi? dominante entre los magistrados ante el cuestionamiento de tres de sus componentes con una oleada de recusaciones relativas a su falta de imparcialidad fue desde el primer momento que desde el ?bito independentista se hab? lanzado una ofensiva en toda regla, cuyo prop?ito ser? bloquear el funcionamiento del Tribunal Constitucional, ya que de haber prosperado las recusaciones se hubiera quedado sin el qu?um necesario para tomar decisiones.
El Pleno afirma que las recusaciones se basan en meras afirmaciones ?hu?fanas de todo sustento en hechos concretos?. Los magistrados descartan que una duda leg?ima de imparcialidad pueda fundarse ?por la exteriorizaci? jurisdiccional de un criterio jur?ico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a trav? de la formulaci? de un voto particular?, como en el caso de Concepci? Espejel en la sentencia que absolvi?al mayor de los Mossos, Josep Llu? Trapero, en la Audiencia Nacional. Tampoco cabe fundarla ?por las manifestaciones vertidas en publicaciones acad?icas o en art?ulos de opini? antes de haber adquirido la condici? de magistrado?, como sucedi? con Enrique Arnaldo. El pleno afirma, adem?, que ?no solo el Tribunal Constitucional sino tambi? el resto de Tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por Jueces que no tengan la mente vac? sobre los asuntos jur?icos sometidos a su consideraci??.
El Pleno descarta que pueda haber dudas de imparcialidad por haberse pronunciado sobre un asunto determinado en "publicaciones acad?icas" o en "art?ulos de opini?" antes de ser magistrado
La resoluci? tambi? tiene efecto sobre Espejel, que emiti?un duro voto particular contra la ley de plazos de Zapatero cuando era vocal del CGPJ a propuesta del PP
El Tribunal Constitucional (TC) tiene nueva composici? desde hace un mes, tras la entrada de cuatro magistrados, y en su primer Pleno ya ha dejado claras sus intenciones: ning? miembro del ?gano ser?en principio apartado del debate de ning? asunto por haber puesto de manifiesto su opini? sobre el tema en cuesti?, ya sea en art?ulos de opini? o en trabajos jur?icos m? elaborados. El tribunal parece adelantarse as?a cualquier incidente de recusaci? que se pueda presentar contra, por ejemplo, Enrique Arnaldo, uno de los magistrados m? cuestionados, incluso antes de empezar su mandato, por sus v?culos con el PP, su relaci? con casos de corrupci? y por sus art?ulos de opini? en los que comentaba cualquier tema de actualidad, ya fuese la aprobaci? de la ley de plazos del aborto en 2010, el proceso independentista catal?, la eutanasia o la ley de memoria hist?ica.
Lo ha dicho el Pleno en una decisi? adoptada por unanimidad de los once magistrados presentes ?Alfredo Montoya sigue de baja por enfermedad? tras debatir los 33 incidentes de recusaci? que hab?n presentado algunos de los implicados en el proc?, como el presidente de ERC Oriol Junqueras y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tanto contra Arnaldo como contra la otra nueva magistrada propuesta por el PP, Concepci? Espejel. Tambi? quer?n que se apartara el propio presidente, Pedro Gonz?ez-Trevijano, por su amistad con Arnaldo.
En un comunicado enviado por el TC ?el texto ?tegro del auto se conocer?en los pr?imos d?s?, el tribunal descarta "que pueda fundarse una duda leg?ima de imparcialidad sea por la exteriorizaci? jurisdiccional de un criterio jur?ico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a trav? de la formulaci? de un voto particular, sea por las manifestaciones vertidas en publicaciones acad?icas o en art?ulos de opini? antes de haber adquirido la condici? de magistrado".
No tener la "mente vac?" sobre los asuntos jur?icos a tratar
Este planteamiento parece hecho a medida de Arnaldo, pero tambi? de Espejel, sobre la que se vertieron dudas tambi? sobre su imparcialidad en debates como el de la ley del aborto del Gobierno de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero, pendiente de sentencia desde hace once a?s y medio, al haberse ya pronunciado en contra en un voto particular que emiti?cuando ejerc? como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ?tambi? designada a propuesta del PP?.
"No s?o el Tribunal Constitucional, sino tambi? el resto de tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vac? sobre los asuntos jur?icos sometidos a su consideraci?", explica el Constitucional.
Arnaldo se hab? pronunciado sobre multitud de asuntos en 331 art?ulos que public?en el diario digital El Imparcial ?que preside Luis Mar? Ans??, algunas de ellas cuestiones contra las que el PP o Vox han impugnado o han anunciado su intenci? de impugnar ante el m?imo int?prete de la Constituci?. As? por ejemplo, dedic?uno de esos art?ulos a la ley de plazos del aborto, recurrida por el partido conservador, y la lleg?a calificar de "ocurrencia".
"Hace unos d?s, cuando la ministra de o para la Igualdad, Bibiana A?o, present?su propuesta de ley de plazos del aborto, adelant?que las mayores de 16 a?s podr?n decidir por s?mismas, sin autorizaci? de los padres o tutores: si pueden casarse o tener hijos, pueden tambi? abortar. Por la misma regla de tres podr?n constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal (y no con los privilegios de la legislaci? penal de menores), incorporarse a cualesquiera de los Ej?citos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ?Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y refer?dum varios. ?Por qu?no?", escribi?con iron? el magistrado.
Sobre el proc?, Arnaldo tambi? escribi?en El Imparcial, tal y como public?este peri?ico. En Una medida necesaria, cuyo n?leo central era la defensa del art?ulo 155 y cuya aplicaci? dej?en suspenso la autonom? catalana, el jurista se expres?as? "El ?ico art?ulo de la Constituci? pensado para no ser aplicado jam? acaba de ser activado tras haberse constatado la sostenida, constante, manifiesta, negligente y contumaz actuaci? de la comunidad aut?oma de Catalu? de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". El texto se public?el 21 de octubre, el d? en que entr? en vigor el 155 y el ahora fugado Carles Puigdemont ces?como presidente de la Generalitat por decisi? del Gobierno de Mariano Rajoy.
"La intervenci? en Catalu? propuesta por el Gobierno ?aparece bajo el titular? es necesaria y proporcional. No se sustituye la autonom?, sino a los desleales responsables del desorden constitucional", afirm? Las medidas aprobadas, concluy? eran "coercitivas, pues se basan en la intervenci? en una comunidad aut?oma que se ha saltado a las bravas, arbitrariamente, la legalidad". La conclusi? final qued?expuesta con lo que viene a continuaci?: "No se suspende la autonom?, sino que se sustituye a los autores del desorden y de la deslealtad para hacer real y efectiva la vuelta a la Constituci?".
"Pluralidad de perspectivas"
Pero el Pleno del tribunal de garant?s que ahora preside el conservador Gonz?ez-Trevijano ha defendido la "legitimidad de origen" de los magistrados Arnaldo y Espejel, igual que la del resto, porque todos los miembros del ?gano son "elegidos por los tres poderes del Estado, lo que se proyecta en la pluralidad de perspectivas jur?icas que confluyen en las deliberaciones y decisiones, expresi? de la idea de pluralismo pol?ico".
De todas formas, no es algo del todo novedoso el hecho de no apartar a magistrados del Constitucional, pues las recusaciones en la historia de este tribunal han sido bastante escasas, toda vez que no pueden ser sustituidos y, adem?, "es necesario que el Tribunal Constitucional sea un reflejo del pluralismo de la sociedad", en palabras del profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC Joaqu? Ur?s.
Sin embargo, el pronunciamiento de este mi?coles difiere por completo de la tendencia que se hab? visto en los anteriores incidentes de recusaci? presentados, tambi? en relaci? con la causa del proc? catal?. Y es que los magistrados Antonio Narv?z y C?dido Conde-Pumpido se apartaron voluntariamente cuando fueron recusados por algunos de los condenados por el mismo caso ante su posible falta de imparcialidad por sendas conferencias que ambos pronunciaron hace unos a?s: el primero calific?el proc? como "golpe de Estado encubierto" y el segundo manifest?su preocupaci? por "la pretensi? de subvertir el Estado social y democr?ico de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia?.
Los dos magistrados se inhibieron, tras un intenso debate que dividi?al tribunal, para que se mantuviera la confianza en los pronunciamientos del ?gano con respecto a esa causa, sobre todo cuando los condenados ya han anunciado su intenci? de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.
Pero no ha ocurrido lo mismo con Arnaldo y Espejel. Ninguno de los dos se ha abstenido y por eso el asunto ha sido llevado a Pleno, cuyas conclusiones han visibilizado la nueva pol?ica con la que el sector mayoritario conservador que encabeza Gonz?ez-Trevijano y la minor? progresista al frente de la cual est?el vicepresidente Juan Antonio Xiol quieren alcanzar amplios acuerdos en los asuntos m? delicados y evitar as?en lo posible que se repita la imagen de honda divisi? vista en las sentencias relativas a la gesti? de la pandemia de coronavirus.
?Por qu?si Conde-Pumpido y Narv?z se apartaron, el TC ha decidido mantener a Arnaldo y Espejel? Para empezar, la abstenci? de los primeros fue voluntaria, es decir, fueron ellos mismos los que prefirieron inhibirse. Y, en segundo lugar, si los segundos hubiesen sido recusados, el Pleno quedar? sin el qu?um de ocho magistrados exigido para poder resolver los recursos del proc?, tal y como recuerda el propio tribunal.
Pedro Gonz?ez-Trevijano afirma que ?las instituciones hay que renovarlas en tiempo y forma?
Trevijano: "Es dif?il de justificar que en once a?s (el aborto) no haya bajado a debate"
El presidente del Constitucional, Pedro Gonz?ez-Trevijano, anunci?este martes en la Cadena SER que el tribunal intentar?aprobar ?en unos meses? la sentencia sobre la ley del aborto. Con este fin, inform? ya ha pedido al nuevo ponente del caso, el magistrado Enrique Arnaldo, que elabore un proyecto de fallo que pueda ser sometido a deliberaci? ?en un plazo razonablemente breve?.
Esta previsi? de Trevijano apunta a que el texto ser?debatido, y en su caso aprobado, antes de que el Tribunal Constitucional ?donde el sector conservador es ahora mayoritario por siete a cinco? pueda contar a partir de junio pr?imo con una mayor? progresista tras la renovaci? de cuatro magistrados por parte del Gobierno y del Poder Judicial. Trevijano defiende una sentencia r?ida con mayor? conservadora sobre la ley de plazos que aprob?el Gobierno de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero en 2010, fue recurrida por el PP aquel a? y 11 a?s despu? no se ha debatido.
La segunda renovaci? implicar?la designaci? de dos magistrados por parte del Gobierno y de otros dos por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si ha recuperado la facultad de efectuar nombramientos. Esta competencia est? ahora suspendida en virtud de la ley que impuls?el PSOE para privar al Consejo ?cuyo mandato termin?hace tres a?s? de la posibilidad de nombrar a altos cargos del aparato judicial mientras siga en funciones. A la espera de esta segunda operaci? de relevos, el sector conservador del Constitucional cuenta con siete magistrados, y el progresista con cinco. La correlaci? de fuerzas se invertir? sin embargo, con los cambios de junio pr?imo, a partir de los cuales el bloque progresista contar?con siete votos, y el conservador con tres.
En cuanto a sus planes inmediatos, el reci? elegido presidente del tribunal de garant?s, que tendr?presumiblemente el mandato m? corto en la historia del ?gano, detall? ?El Constitucional no puede permitir estar m? tiempo sin resolver el asunto del aborto. Llevamos 11 a?s y creo que es una exigencia de la ciudadan? que resolvamos, y que resolvamos pronto. Creo que en unos meses tendremos un texto que se podr?someter, por lo menos, a votaci?, y que los magistrados ser? tambi? responsables y tratar? de hacer un esfuerzo y dar una respuesta. Lo que s?estoy de acuerdo es que con 11 a?s es dif?il de justificar que ni siquiera haya llegado a debatirse?.
Preguntado sobre el retraso de esta sentencia, Trevijano ha manifestado: ?Yo acabo de llegar a la presidencia del Constitucional. No he sido ponente de este asunto. Todo lo que afecta a la interrupci? voluntaria del embarazo es siempre complejo y problem?ico. En Espa?, cuando se aprob?la ley que despenaliza el aborto en una serie de supuestos, el Constitucional se fragment?y fue el voto de calidad de su presidente, Manuel Garc? Pelayo, el que declar?la inconstitucionalidad inicial de la ley. El segundo proyecto aprob?la despenalizaci? en cuatro supuestos espec?icos, pero entre 12 magistrados hubo nada menos que cinco votos particulares en contra, y este es un contexto que sucede en los pa?es de nuestro entorno. En Estados Unidos, hasta el a? 1973 no se constitucionaliz?el derecho al aborto?.
El retraso en la tramitaci? del recurso del PP contra la Ley del Aborto provoc?en junio pasado la presentaci? de una querella, ya archivada por el Supremo, contra tres expresidentes del Constitucional y un exmagistrado por supuesto retardo malicioso en resolver el asunto. Tambi? se present?una denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En cuanto a la orientaci? que vaya a tener la ponencia, el encargado de redactarla se pronunci?a trav? de un art?ulo publicado en El Imparcial en 2009. En esa tribuna, el conservador Enrique Arnaldo critic?que la entonces ministra socialista Bibiana A?o dijera que si las menores de 16 a?s pod?n casarse o tener hijos, ?pueden tambi? abortar?. ?Por la misma regla de tres?, escribi?el magistrado, ?podr?n constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal (y no con los privilegios de la legislaci? penal de menores), incorporarse a cualesquiera de los Ej?citos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ?Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y refer?dum varios. ?Por qu?no??.
En cuanto a las opiniones previas de los magistrados y la posibilidad de que sirvan de fundamento para recusarlos, alegando falta de imparcialidad, Trevijano manifest?que muchos de ellos se han pronunciado antes a lo largo de su carrera sobre cuestiones de actualidad y eso no es motivo suficiente para su recusaci?. A?di?que ello no puede ser un obst?ulo para su elecci?, porque lo importante y exigible es que una vez en el tribunal act?n con ?independencia e imparcialidad?, sabiendo que ?los magistrados tienen ideolog?, como cualquier otro se?r de la calle?.
Los magistrados Narv?z y Conde-Pumpido se han abstenido de intervenir en los recursos del proc? por haber opinado sobre el asunto. Narv?z compar?el proyecto independentista con el 23-F para sostener que aquel fue m? grave que este.
La elecci? de Arnaldo
El presidente del Constitucional tambi? ha sido preguntado sobre la reciente renovaci? de las instituciones, entre ellas el propio tribunal de garant?s, sobre los plazos en que se ha llevado a cabo y los candidatos elegidos. Al respecto, ha manifestado que ?las instituciones hay que renovarlas en tiempo y forma?. ?Pero muchas veces los partidos se plantean una conducta y luego los tiempos imponen otra conducta?, ha a?dido. Y en cuando a la afinidad o proximidad de los candidatos, en concreto de Arnaldo con respecto al PP, ha afirmado: ?Casi todos los magistrados, o muchos de ellos, han vertido opiniones sobre algunas materias que estaban encima de la mesa del Constitucional. ?Eso les impide formar parte del tribunal? Es dif?il que un catedr?ico de Derecho Constitucional o de Ciencia Pol?ica, o de Derecho Administrativo, no haya escrito en los ?timos a?s sobre la problem?ica del proc?, o sobre la declaraci? de independencia, o sobre cuestiones sociales, o sobre la legislaci? del aborto, o sobre la eutanasia. ?Eso impide que puedan dictar su resoluci? con independencia e imparcialidad? Yo creo que no. Y lo que hay que exigirles es que sean independientes e imparciales cuando se sienten a ejercer su funci? jurisdiccional?.
Trevijano ha admitido, al tiempo que ?los magistrados tienen ideolog? propia?. ?Faltar? m?, como cualquier se?r de la calle?, ha a?dido. El presidente del Constitucional ha citado a la magistrada del Constitucional Mar? Luisa Balaguer, de quien ha dicho: ?Mar? Luisa Balaguer dec? en una entrevista que se puede haber pertenecido a un partido pol?ico, y luego pedir la baja y acceder al Tribunal Constitucional. Lo que hay que exigirles es que luego act?n en el tribunal con independencia. Es la grandeza de una composici? plural?. En este sentido, el presidente del tribunal de garant?s ha recordado que, quienes acceden a esta instituci?, ?son juristas de reconocido prestigio con al menos 15 a?s de ejercicio profesional?.
GONZ?EZ-TREVIJANO, MAGISTRADO VINCULADO A ASTURIAS, PRESIDIR?EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Acuerdo t?ito en favor de la figura del magistrado, casado con una asturiana y asiduo de los veranos en Muros de Nal?
El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto celebrar un pleno ma?na para elegir a su nuevo presidente, que, seg? un acuerdo de consenso entre los magistrados, ser?el conservador Pedro Gonz?ez-Trevijano, jurista vinculado a Asturias, mientras que el vicepresidente ser?el progresista Jos?Antonio Xiol. Fuentes del tribunal de garant?s avanzaron ayer que esa es la intenci? del magistrado Santiago Mart?ez Vares, que ejercer?de presidente interino, una vez que ma?na el presidente saliente, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, deje su cargo despu? de tomar posesi? los cuatro nuevos magistrados en un acto que se celebrar?hoy.
La regulaci? del TC no exige la convocatoria de un pleno inmediato para elegir al nuevo presidente del ?gano. No obstante, las fuentes indican que la intenci? de Mart?ez Vares pasa por celebrar ese pleno cuanto antes, a ser posible ma?na, porque tiene asuntos m?icos que atender y quiere dejar cerrado este cap?ulo. De esta forma, lo que era un secreto a voces, culminar?con la elecci? de Gonz?ez?Trevijano y Xiol siguiendo un acuerdo no escrito de que sea un magistrado que se encuentre en el ?timo tercio de su mandato de nueve a?s el que ocupe el puesto.
Pedro Gonz?ez-Trevijano naci?en Madrid, pero veranea desde hace a?s en San Esteban (Muros de Nal?), donde tiene una segunda residencia. Su mujer, Mar? Teresa Mart? del Peso, es asturiana aunque muy pronto se desplaz?a Madrid. Un cu?do de Gonz?ez?Trevijano, hermano de su mujer, el juez Rafael Mart? del Peso, preside la Secci? S?tima de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gij?. El futuro presidente del Constitucional organiz?durante varios a?s en San Esteban, cuando era rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la escuela de verano ?Rafael Altamira?, unos encuentros culturales que tuvieron gran acogida en el Bajo Nal?.
https://www.lne.es/asturias/2021/11/18/gonzalez-trevijano-jurista-vinculado-asturias-59654674.html
PEDRO GONZ?EZ TREVIJANO, ELEGIDO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA S?O SIETE MESES
Si en junio se produce la renovaci? que toca, ser?el presidente m? breve de la historia del tribunal
Fue el ponente de la sentencia que tumb?el confinamiento del primer estado de alarma
Sobre la mesa, asuntos como los recursos pendientes del 'proc?', la Ley del Aborto o la de la Eutanasia
El Pleno del Tribunal Constitucional ha elegido este viernes a Pedro Gonz?ez Trevijano como su presidente. El magistrado ha recibido los votos de todos sus compa?ros y no ha sido en absoluto una sorpresa. Eso s? su presidencia ser?la m? corta de la historia del tribunal de Garant?s ya que si -como parece- en junio se consiguen renovar las cuatro plazas que quedan vacantes, ? ser?uno de los magistrados salientes.
Una norma no escrita del Tribunal Constitucional lleva a que siempre se haya elegido como presidente a un magistrado que est?en el ?timo tercio de su mandato. Junto a ? hay otros tres magistrados en la misma situaci?: Antonio Narv?z, Juan Antonio Xiol, y Santiago Mart?ez Vares.
El acuerdo ha llevado a elegir a Gonz?ez Trevijano -conservador- como presidente y al progresista Ju? Antonio Xiol como vicepresidente en un pleno gubernativo en el que no se ha abordado otro asunto.
Los dos sustituyen a Juan Jos?Gonz?ez Rivas que el jueves se desped? de su presidencia pidiendo a los nuevos magistrados "ser ejemplo", y a Encarnaci? Roca, vicepresidenta hasta este momento. Salieron del cargo este jueves, en una ceremonia en la que accedieron al tribunal Enrique Arnaldo, Concepci? Espejel, Inmaculada Montalb? y Ram? S?z Valc?cel.
La toma de posesi? fue una de las que m? expectativas ha generado en el ?gano que controla el cumplimiento de la Constituci?, especialmente por lo cuestionado del nombramiento de Enrique Arnaldo.
El pleno de este viernes ha sido el primero en el que han estado presentes los cuatro nuevos magistrados. Seg? fuentes del tribunal, el pr?imo pleno, ya para abordar asuntos pendientes, ser?en el mes de diciembre.
Ponente de la sentencia que tumb?el confinamiento del primer estado de alarma
Gonz?ez Trevijano tiene a sus espaldas el cargo de rector de la Universidad Rey Juan Carlos, la de los m?teres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, precisamente en la ?oca en la que ellos los obtuvieron.
Adem?, fue vocal de la Junta Electoral Central hasta que pas?a formar parte del Tribunal Constitucional en 2013.
Su nombre son?fuerte a mediados de este a?, por su ponencia sobre el primer estado de alarma. Gonz?ez Trevijano declar?inconstitucional -y consigui?el apoyo de una ajustada mayor?- el confinamiento del primer estado de alarma. Seg? su tesis, el confinamiento era adecuado, pero no se pod? hacer bajo ese paraguas legal. El Gobierno, a su juicio, deber? haber declarado el estado de excepci?, que permite suspender derechos, mientras que el de alarma s?o admite limitaciones.
La sentencia fue discutida y supuso tensiones internas en el tribunal. En otra sentencia, de nuevo con un tribunal dividido y con ponencia de Antonio Narv?z, el segundo estado de alarma tambi? fue tumbado, por la delegaci? de las competencias en los presidentes auton?icos, que seg? la mayor? conservadora limit?el control del Congreso.
Gonz?ez Trevijano no quer? hablar este jueves de los meses que est? por venir, tras una ?oca en la que el TC ha estado en boca de todos. Le insist?n los periodistas en el hall del tribunal tras la toma de posesi? de sus compa?ros, pero ? no estaba por soltar prenda.
Asuntos pendientes
Ahora mismo, pendientes de la decisi? del Tribunal Constitucional, hay recursos contra asuntos de mucho calado. La Ley del Aborto o la de la Eutanasia son dos de ellos. Sin embargo, no est?claro que se vayan a abordar durante la presidencia de Gonz?ez Trevijano.
Lo que s?se tramitar? ser? los recursos que quedan de los condenados del proc?, incluido el de Oriol Junqueras. Hasta ahora todos se han rechazado, aunque con votos particulares. Est?por ver la posici? de los nuevos magistrados, dos conservadores y dos progresistas. En cualquier caso, lo previsible es que tambi? esos recursos queden rechazados.
Todo parece indicar que en junio el actual presidente dejar?el Tribunal Constitucional, porque el desbloqueo para renovar los cuatro puestos de la presente tanda indica un acuerdo que llega tambi? hasta junio. Si eso no ocurriera, ? seguir? siendo presidente.
EL CONSTITUCIONAL M? PR?IMO AL PP REVISAR?LAS LEYES CLAVE DEL GOBIERNO
Gonz?ez-Trevijano es el nuevo presidente para un mandato inusualmente breve
El nuevo Tribunal Constitucional abri?este viernes su etapa m? corta ?dentro de siete meses volver?a renovarse en un tercio de sus componentes, cambiar?el sentido de la mayor? y habr?que elegir a otro presidente?, con m? riesgosa la vista ?dos de los magistrados, elegidos a propuesta del PP, pueden ser recusados en asuntos que afectan directamente a la formaci? pol?ica que les propuso?, y con m? incertidumbres ?algunas de las leyes m? emblem?icas del Gobierno que preside Pedro S?chez ser? examinadas y podr?n ser anuladas por un tribunal de mayor? conservadora si acelera los ritmos habituales de trabajo?.
El pleno del tribunal eligi?este viernes por unanimidad al magistrado conservador Pedro Gonz?ez-Trevijano como presidente, y al magistrado progresista Juan Antonio Xiol como vicepresidente. Sus mandatos ser? de apenas siete meses.
Durante la ma?na del viernes, los magistrados acordaron el apoyo cruzado entre los dos sectores de la instituci? para la que fue su primera votaci? de la nueva fase. Trevijano y Xiol fueron elegidos por los 11 votos de los actuales miembros del pleno del Constitucional. El magistrado Alfredo Montoya no particip?en la votaci? pues se recupera del ictus que sufri?en agosto, y desde entonces no ha intervenido en las tareas de la instituci?.
En su primera intervenci? como presidente ante el pleno, Trevijano, que cambi?la ponencia encargada a otro magistrado y logr?declarar la inconstitucionalidad al confinamiento domiciliario del decreto de alarma, expuso este viernes su voluntad de abrir una etapa en la que el tribunal pueda tomar sus decisiones por consenso, o, en su defecto, por amplias mayor?s. Este planteamiento fue secundado en otra intervenci? del nuevo vicepresidente, Juan Antonio Xiol.
El mandato de Trevijano al frente del tribunal de garant?s ser?de apenas siete meses, hasta junio pr?imo, por el retraso de casi dos a?s en la renovaci? del tribunal. Y ello contando con que no haya nuevos problemas para ese nuevo cambio de cuatro componentes del Constitucional que debe tener lugar en junio de 2022. Se trata de los dos magistrados que corresponde designar al Gobierno, y los dos que debe elegir el Consejo General del Poder Judicial, si para entonces el ?gano de gobierno de los jueces ha recuperado las competencias para efectuar nombramientos, algo que desde marzo de 2021 tiene vetado hacer estando en funciones.
Los magistrados deber? resolver recursos presentados por el PP y Vox contra algunas de las principales leyes y reformas impulsadas por el actual Gobierno de coalici?. Entre otros, est? pendientes de resoluci? las impugnaciones presentadas contra la ley de eutanasia, contra la reforma educativa contenida en la ley Cel?, y contra el cambio que supuso la supresi? de la competencia para efectuar nombramientos por parte del Consejo del Poder Judicial, cuyo mandato est?caducado desde diciembre de 2018. Tambi? hay otros dos recursos contra la f?mula de juramento empleada por 29 diputados de diversos grupos en la sesi? constitutiva del Parlamento. Las impugnaciones pretenden que quienes se valieron de tales f?mulas pudieron no adquirir v?idamente la condici? de parlamentarios.
Hasta ahora, el tribunal constitucional, de mayor? conservadora, ha avalado en sus ?timas sentencias la legislaci? de la precedente etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, como la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que ahora va a reformar el Ejecutivo de coalici?, o la que introdujo la prisi? permanente revisable en el C?igo Penal.
Tambi? ha anulado una parte relevante de la producci? legislativa del actual Gobierno relacionada con las medidas contra la pandemia de covid-19. El tribunal ha dictado hasta tres sentencias contrarias a los decretos que regularon el primer y el segundo estado de alarma, as?como el par? del Congreso durante la etapa inicial de la emergencia sanitaria.
La etapa que ahora se abre en el Constitucional, por tanto, es de especial incertidumbre, y plagada de riesgos. No solo para el Gobierno y la mayor? parlamentaria que lo apoya, si prosigue la tendencia del sector conservador del tribunal a anular sus leyes.
El riesgo alcanza tambi? a la propia instituci?, por la din?ica de fractura interna que la ha caracterizado en los ?timos dos a?s, pr?ticamente desde que termin?el periodo natural de su mandato, prorrogado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para su renovaci?. Los buenos prop?itos ahora anunciados por el presidente y el vicepresidente quedan pendientes de confirmaci? con los hechos que se produzcan.
Antecedentes
Los antecedentes inmediatos, desde luego, se?lan en una direcci? bien distinta a la que ahora se quiere emprender. Ninguno de los fallos sobre las normas para atajar la pandemia pudo ser consensuado. El sector conservador impuso su mayor? relativa, y las sentencias se aprobaron por seis votos a cinco, en el caso del primer estado de alarma, y por seis votos a cuatro, en el ?timo del segundo estado de alarma, cuando ya faltaba el magistrado Alfredo Montoya en el pleno.
El ponente de la primera de estas sentencias fue el hoy nuevo presidente del Constitucional, Pedro Gonz?ez-Trevijano, que es catedr?ico de derecho constitucional y fue nombrado en 2013 por el Gobierno de Rajoy.
Las deliberaciones sobre esta sentencia dieron lugar, por otra parte, a fuertes tensiones, a causa de lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada del Supremo, calific?como ?elucubraciones doctrinales? del tribunal. Se refer? a la discusi? sobre la existencia de una suspensi? o una limitaci? de derechos fundamentales con la medida del confinamiento acordado en el primer estado de alarma, y a la disyuntiva entre la procedencia del estado alarma o el estado de excepci? para afrontar la situaci?.
El Constitucional acab? por entender que se hab? dado una aut?tica supresi? de derechos, que solo puede acordarse mediante la solicitud a las Cortes de la declaraci? del estado de excepci?. Cinco votos particulares ?entre ellos el del magistrado C?dido Conde-Pumpido, particularmente contundente? consideraron que dicha sentencia dejaba al pa? sin armas legales eficaces ante una pandemia u otras situaciones de emergencia.
Un hecho ins?ito
Se produjo entonces un hecho ins?ito, sin precedentes conocidos en la historia del tribunal, cuando los seis magistrados del sector conservador se negaron a asistir al siguiente pleno, mientras no recibieran las disculpas de Conde-Pumpido por las cr?icas que les hab? dirigido. El plante cerr?el curso del Constitucional antes del verano. Para entonces ya estaba muy extendido en la propia comunidad jur?ica el criterio de que la instituci? iba a quedar tocada por sus tensiones a prop?ito de la respuesta dada a la estrategia jur?ica del Gobierno para hacer frente a la pandemia.
Aquel per?do de convulsi? interna ha sido seguido, adem?, por la fuerte controversia sobre c?o se ha llevado a cabo la reciente renovaci?, y sobre la idoneidad de los candidatos. Una pol?ica centrada especialmente en Enrique Arnaldo, catedr?ico de derecho constitucional estrechamente vinculado al PP, que hizo negocios salt?dose el Estatuto del Congreso, al que se deb? como letrado, y en cuya trayectoria aparecen actividades acad?icas que incumplir?n las reglas sobre incompatibilidades. En la votaci? parlamentaria de los candidatos al Constitucional, en todos los grupos que pactaron los nombramientos hubo fuga de votos en protesta por la elecci?. El pleno del propio Constitucional aval?la competencia de los juristas propuestos, pero con un voto en contra.
CONSERVADORES Y PROGRESISTAS ELIGEN A TREVIJANO POR UNANIMIDAD PARA PRESIDIR EL CONSTITUCIONAL
El magistrado progresista Juan Antonio Xiol es el nuevo vicepresidente del tribunal de garant?s
Los dos sectores del Constitucional han elegido por unanimidad al magistrado conservador Pedro Gonz?ez Trevijano como presidente, y al magistrado progresista Juan Antonio Xiol como vicepresidente. Esta ma?na se hab?n celebrado reuniones entre los componentes del tribunal para tratar de fraguar un pacto que permit? iniciar una nueva etapa mediante apoyos cruzados entre los dos sectores de la instituci?. En virtud de este acuerdo, el sector progresista ha apoyado a Gonz?ez-Trevijano, y el sector conservador ha respaldado la candidatura a la vicepresidencia de Juan Antonio Xiol, elegido en su d? a propuesta del PSOE. Han votado a favor todos los magistrados presentes, 11, a falta solo de Alfredo Montoya, que se recupera del ictus que sufri?en agosto.
El acuerdo alcanzado persigue lanzar el mensaje de que se pretende abrir una fase de mayor cohesi? en el tribunal, despu? de las tensiones provocadas por sentencias como las que tumbaron las decisiones del Gobierno para afrontar la emergencia sanitaria mediante los decretos del estado de alarma. No obstante, el mandato de Trevijano va a ser muy corto, hasta junio pr?imo, en que tendr? que producirse la siguiente renovaci?.
En esta etapa, el Constitucional tendr?que dictar sentencia sobre varios recursos presentados por el PP y Vox contra las leyes y las reformas m? importantes de la presente legislatura. Hasta ahora, el tribunal se ha caracterizado por avalar la legislaci? de la precedente etapa de Gobierno del PP y por anular una parte relevante de la producci? legislativa del actual Ejecutivo.
Quedan pendientes sentencias sobre la ley de eutanasia o sobre la ley Cel?, por ejemplo, adem? del fallo relativo a la f?mula de juramento empleada por diversos diputados en el acto constitutivo de las Cortes. El recurso plantea que dichas f?mulas no ten?n respaldo legal alguno, criterio que de ser compartido por el tribunal podr? llevar a estimar que tales diputados no adquirieron debidamente la condici? de parlamentarios.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTIMA QUE EL SEGUNDO ESTADO DE ALARMA SE REGUL? DE MODO ?INCONSISTENTE?
Cuatro votos particulares consideran que la defensa del derecho a la salud justifica las medidas adoptadas entre octubre de 2020 y mayo de 2021
El Tribunal Constitucional estima que ?la determinaci? temporal? de la pr?roga de seis meses del estado de alarma, entre octubre de 2020 y mayo 2021, ?se realiz? de un modo por entero inconsistente? y ?sin coherencia alguna incluso, con las razones que el Gobierno hizo valer? para instar dicha prolongaci?. As? se hace constar en la sentencia sobre el segundo estado de alarma, hecha p?lica este mi?coles junto a los cuatro votos particulares en contra.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narv?z, declara la inconstitucionalidad de la pr?roga de los seis meses y el nombramiento de autoridades competentes delegadas fijada en la norma impugnada. En cambio, considera que es ajustado a la Constituci? y, por tanto, no vulneran derechos fundamentales, la limitaci? de la circulaci? de personas en horario nocturno; la restricci? de entrada y salida de personas en comunidades y ciudades aut?omas o en ?bitos territoriales inferiores; y tambi? la limitaci? de la permanencia de grupos de personas tanto en espacios p?licos y privados como en lugares de culto.
El Constitucional considera que no puede calificarse de razonable la fijaci? de la duraci? de una pr?roga por tiempo de seis meses que el Congreso estableci?sin certeza alguna acerca de qu?medidas iban a ser aplicadas, cu?do iban a ser aplicadas y por cu?to tiempo ser?n efectivas en unas partes u otras de todo el territorio nacional al que el estado de alarma se extendi? La sentencia deja muy claro que la pr?roga fue autorizada cuando las medidas limitativas de derechos incluidos en la solicitud no iban a ser aplicadas inmediatamente por el Gobierno, pues se supeditaba su puesta en pr?tica a que los presidentes de las comunidades aut?omas as?lo decidieran, por lo que aquella autorizaci? se dio sin saber qu?medidas se iban a aplicar para combatir la pandemia.
Lo que merece censura constitucional no es la duraci? de la pr?roga, por s?sola y sin m?, sino el car?ter no razonable o infundado ?visto el acuerdo adoptado por el Parlamento en su conjunto? de la decisi? por la que se fij?tal plazo. La exigencia constitucional del establecimiento de un plazo cierto para la pr?roga qued?desvirtuada en este caso por la C?ara, que hizo propio, de manera autom?ica, el propuesto por el Gobierno en una solicitud que no ven? conectada a la aplicaci? de unas medidas que fueran a regir durante dicho per?do.
Adem?, el control exigible al Congreso sobre la solicitud de autorizaci? cursada por el Gobierno ni se extendi?a qu?medidas eran aplicables ni tampoco a la correspondencia que debiera existir entre el periodo de pr?roga de seis meses autorizado y las medidas que se deber?n aplicar.
El fallo estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por m? de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox contra varios preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declar?el segundo estado de alarma para contener la propagaci? de infecciones causadas por la covid; contra varios apartados de la Resoluci? de 29 de octubre de 2020 del Congreso de los Diputados y contra el art?ulo 2, la disposici? transitoria ?ica y disposici? final primera del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorrog?el estado de alarma por el Real Decreto 926/2020.
En cuanto a la designaci? de las autoridades competentes delegadas, la sentencia declara que esta decisi? del Gobierno, avalada con su autorizaci? por el Pleno del Congreso de los Diputados, contraviene lo dispuesto en la ley org?ica a la que el art?ulo 116.1 de la Constituci? reserva la regulaci? de los estados de crisis y las competencias y limitaciones correspondientes. Adem?, sus efectos jur?icos tampoco eran conciliables con las relaciones institucionales (entre el Gobierno y las comunidades aut?omas) porque el primero acord?inicialmente la delegaci? sin reserva alguna de instrucciones, supervisi? efectiva y eventual avocaci? del propio Gobierno.
El tribunal estima que el Congreso qued?privado primero, y se desapoder?despu?, de su potestad para fiscalizar y supervisar la actuaci? de las autoridades gubernativas durante la pr?roga de seis meses. La sentencia subraya que ?qued?as? cancelado el r?imen de control que, en garant? de los derechos de todos, corresponde al Congreso de los Diputados bajo el estado de alarma. Control parlamentario que est?al servicio, tambi?, de la formaci? de una opini? p?lica activa y vigilante y que no puede en modo alguno soslayarse durante un estado constitucional en crisis?.
La sentencia cuenta con el voto particular formulado por el presidente, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, quien considera razonable la conexi? que existi?entre la duraci? de la pr?roga del estado de alarma de seis meses, explicitada en el Real Decreto 926/2020, y las circunstancias que concurr?n en ese momento de la emergencia sanitaria. A su juicio, el Congreso de los Diputados no result? privado de los instrumentos de fiscalizaci? durante la vigencia del estado de alarma prorrogado. Adem?, el decreto que autorizaba la pr?roga no ejercit?una transferencia de titularidad atributiva de competencias, sino una mera delegaci?, manteniendo los controles propios de la autoridad delegante ?el Gobierno? y que pod? revocar en cualquier momento.
La sentencia tambi? incluye un voto particular formulado por el magistrado Juan Antonio Xiol, relativo entre otros extremos al principio de proporcionalidad. La estimaci? de este principio ?razona Xiol? hubiera determinado a su juicio que se concluyera que el sacrificio de los derechos que se contraponen al derecho a la vida y a la salud en los t?minos que resultan de los actos impugnados se ajusta a la ley de la proporcionalidad.
El fallo tambi? cuenta con el voto particular formulado por el magistrado C?dido Conde-Pumpido Tour?, quien considera que tanto la autorizaci? parlamentaria de la pr?roga del estado de alarma y su extensi? temporal, como el sistema de actuaci? por delegaci? en la presidencia de las comunidades aut?omas o ciudades con Estatuto de autonom?, fueron conformes a la Constituci?. A su juicio, las medidas adoptadas cumplen con el canon de proporcionalidad porque responden al ?ico fin de proteger la salud y seguridad del conjunto de la poblaci?, contener la progresi? y expansi? de la enfermedad y reforzar los servicios sanitarios y sociales.
La magistrada Mar? Luisa Balaguer tambi? ha formulado un voto particular contra la sentencia. Balaguer se pregunta por qu?raz? el desarrollo jurisprudencial del derecho constitucional de excepci?, formulado por el tribunal, carece de conexi? con el dise? actual del Estado auton?ico, y pretende una interpretaci? originalista e incoherente de la Constituci? y del bloque de la constitucionalidad, que no es posible explicar desde una visi? actual de nuestro derecho constitucional. Esa visi? contempor?ea hubiera exigido una mayor autocontenci? en la funci? interpretativa conferida al tribunal, una visi? del derecho de excepci? adaptado a la evoluci? del estado auton?ico, una concepci? de las potestades del poder ejecutivo y del poder legislativo m? respetuosa con los m?genes de actuaci? que la propia Constituci? reconoce a cada uno de ellos.
La sentencia, que supone un nuevo varapalo a la estrategia jur?ica del Gobierno, ha prosperado por seis votos a cuatro tras el cambio de opini? del ponente
El Tribunal Constitucional ha tumbado por seis votos a cuatro el cerrojazo a la actividad parlamentaria del Congreso y el Senado durante las primeras semanas de la pandemia en 2020, al avalar el recurso de amparo presentado por Vox contra dicha medida. La decisi? del tribunal se ha tomado despu? de que el ponente, el magistrado del sector conservador Antonio Narv?z, cambiara in extremis el sentido de su voto en el pleno de septiembre, anunciando que iba a confeccionar un nuevo borrador de sentencia en el que propondr? acoger las pretensiones de Vox.
El Parlamento no lleg?a estar completamente cerrado en ning? momento de la pandemia, pero la Mesa s?decidi?a primeros de marzo de 2020, en plena ebullici? de los contagios por la covid-19, suspender las sesiones de control y congelar los plazos de enmiendas y otros procedimientos casi durante un mes. Eso gener?un efecto en cascada sobre la actividad general de las C?aras, afectando globalmente a sus funciones, seg? ha concluido el tribunal.
Inicialmente, la ponencia abogaba por rechazar el recurso, entendiendo que la Mesa del Congreso ?y la del Senado, que adopt?decisiones en el mismo sentido? hab? adoptado una resoluci? proporcionada al riesgo sanitario existente. O?as las 10 intervenciones que hubo en el pleno (en el que falt? como este martes, el magistrado Alfredo Montoya por enfermedad), se constat?que el tribunal estaba dividido en dos bloques de cinco magistrados. Ello significaba que ganaba la postura partidaria de rechazar el recurso, ya que el presidente del Constitucional, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, que en caso de empate tiene voto de calidad, apoy?al grupo que propon? esta soluci?.
La votaci?, sin embargo, no lleg?a tener lugar, porque el ponente anunci?en el ?timo momento que una vez concluida la deliberaci? estimaba pertinente cambiar el sentido de su propuesta de resoluci?, puesto que le hab?n convencido las razones de los partidarios de aceptar el recurso de la formaci? ultra. Narv?z ha llevado este martes al pleno su nuevo texto, y, al sumar su voto al de los cinco magistrados que respaldaron la impugnaci?, la sentencia aprobada considera que el Congreso cercen?indebidamente la labor parlamentaria de los diputados, cuando debi?hacerla compatible con las medidas de protecci? frente a la extensi? de la pandemia.
Vox pide la dimisi? de Batet
Los portavoces del PP y Vox en la C?ara, Cuca Gamarra y Macarena Olona, recordaron este martes que entonces sus partidos se opusieron a esa situaci? en la Mesa, aunque luego solo fue la formaci? ultra la que recurri?esas medidas al Constitucional. Las dos portavoces han arremetido de manera muy similar contra la restricci?, que consideran ?una vulneraci? de los derechos y libertades fundamentales de los diputados? al restar por parte del Gobierno de Pedro S?chez atribuciones de control al Parlamento.
La entonces portavoz popular, Cayetana ?varez de Toledo, se indign?mucho en aquellos d?s con lo que catalog?como un ?cierre del Parlamento, algo que no deb? suceder ni en tiempos de guerra?. Olona se lo ha agradecido este martes, aunque luego le ha lanzado un dardo al PP por dejarla sola y no recurrir. El portavoz del PSOE, H?tor G?ez, ha optado por no entrometerse en el contenido de la sentencia, pero ha defendido el comportamiento y la ?responsabilidad? de la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, por ?pensar en el inter? general?. Olona ha reclamado, sin embargo, la dimisi? inmediata de Batet.
Han votado a favor del recurso de Vox la vicepresidenta del Constitucional, Encarnaci? Roca, y los magistrados Santiago Mart?ez Vares, Pedro Gonz?ez Trevijano, Ricardo Enr?uez, Andr? Ollero y el ponente, Antonio Narv?z. En contra de la impugnaci? se pronunciaron el presidente del tribunal, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, y los magistrados C?dido Conde-Pumpido, Mar? Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol.
Esta es la segunda sentencia con la que el Constitucional cuestiona la estrategia jur?ica seguida por las instituciones frente a la emergencia sanitaria. La primera se produjo el pasado mes de julio, cuando el tribunal consider? inconstitucional el primer decreto del Gobierno sobre el estado de alarma, por haber supuesto entre otras medidas el confinamiento de la poblaci?. El fallo estim?que una decisi? de este tipo supuso la suspensi?, y no solo la limitaci?, de derechos fundamentales, en este caso el de libre circulaci?, y que eso requer? otro instrumento jur?ico: el estado de excepci?.
Lleg?al Tribunal de la mano de Mariano Rajoy tras su pol?ico paso como rector de la URJC
El Pleno del Tribunal Constitucional ha concluido este mi?coles que determinados aspectos del decreto por el que se declar?el primer estado de alarma frente a la pandemia de coronavirus son inconstitucionales. El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pedro Gonz?ez-Trevijano ha sido el ponente del recurso que en su d? fue interpuesto por el partido de extrema derecha Vox.
La resoluci? ha salido adelante por una ajustada mayor? de seis votos contra cinco. De este modo, los seis jueces conservadores han declarado inconstitucional el decreto y sus pr?rogas, que mantuvieron confinados en sus domicilios a los espa?les a partir del 14 de marzo de 2020. Pedro Gonz?ez-Trevijano impone as?sus tesis, dando la raz? a los ultras de Vox.
?Qui? es Pedro Gonz?ez-Trevijano?
Pedro Gonz?ez-Trevijano es un jurista espa?l, catedr?ico de Derecho Constitucional y exrector de la Universidad Rey Juan Carlos. Nacido en 1958 se licenci?en la Universidad Compluense de Madrid, donde tambi? se sac?el doctorado en Derecho. Aunque nadie duda de sus m?itos acad?icos-obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera en ambos casos- su pasado en la instituci? acad?ica no estuvo exento de pol?ica.
Rector de los pol?icos m?ters y contrataci? a familiares
Trevijano, vocal de la Junta Electoral Central entre 2000 y 2013 y rector de la URJC entre 2002 y 2013 era el encargado de dirigir la instituci? en el momento en que se produjeron los esc?dalos sobre los cursos de m?ter relacionados con el Instituto de Derecho P?lico y cuyos protagonistas fueron Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Mont?.
Actualmente y desde 2013 en el Tribunal Constitucional, durante su estancia como rector de la universidad coloc?a varios de sus familiares: a su esposa, Mar? Teresa Mart? del Peso en el puesto de administradora de la Fundaci? Rey Juan Carlos o a su cu?da; Mar? Jes? Bravo, contratada como personal de administraci? y servicios (PAS).
Informaciones de distintos medios de comunicaci? revelan que no solo la Universidad contrat? a familiares de Trevijano y es que la Rey Juan Carlos se convirti?en "agencia de colocaci?" para esposas, sobrinos, hijos, hermanos, cu?dos... de familiares de relevantes pol?icos del PP como la hermana de la propia Cristina Cifuentes,Margarita Cifuentes, la prima de Ru? Gallard?; Isabel Gallard?, la cu?da de Francisco Granados, Mar? del Mar Alarc? o Fernando Garc? Rubio, quien estuvo vinculado a la Operaci? P?ica. Asimismo, varios trabajadores de la Universidad son parientes de otros rectores.
Investigado por prevaricaci?
En 2014 Trevijano fue investigado, aunque nunca fue procesado, por "contrataciones ilegales", durante su etapa como rector despu? de que el profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicaci? URJC Salvador Perell? le acusara de haber tejido "una tupida trama clientelar" y amparado contrataciones "ilegales" de profesorado.
Adem?, uno de los exvicerectores de la Universidad, David R?s, impuso otra denuncia contra ? por gastar, presuntamente, m? de 473.000 euros sin justificar en atenciones "protocolarias y representativas".
V?culos del PP con la URJC
Cabe destacar que dentro del mundo universitario siempre se ha destacado el v?culo del PP con la URJC. La propia universidad fue creada en 1996, con el visto bueno del Gobierno de Ruiz Gallard? y siempre ha estado marcada por las pol?icas. De hecho, en el ranking de calidad no figura como las mejores.
El propio Trevijano organiz? durante el tiempo que estuvo al frente de la Universidad, actos junto a Jos?Mar? Aznar o el pol?ico cardenal Antonio Ca?zares y que sirvieron en m? de una ocasi? para atizar al anterior gobierno socialista de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero.
A ? le suceder? al frente de la Universidad Fernando Su?ez, tambi? pol?ico al haber sido acusado de plagio en algunas de sus obras. ?te no dimiti?pero adelant?la convocatoria de elecciones, en la que sali?elegido Javier Ramos, tambi? muy cuestionado por los m?ters que recibieron sin ir a clase los pol?icos mencionados unas l?eas m? arriba.
Asalto al Tribunal Constitucional
En 2013 y bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, el catedr?ico saltaba al Tribunal Constitucional. Llegaba a la instituci? muy bien visto a ojos del expresidente popular, tal y como explicamos en este medio. Su renovaci? y las de sus compa?ros sirvi?para que los magistrados conservadores consolidaran posiciones.
Todos los magistrados conservadores del Constitucional, salvo uno, colaboraron activamente en los cursos y seminarios organizados por la Fundaci? para el An?isis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por Aznar y todos ellos comparten un profundo "sentimiento religioso".
Para m? inri, ya en 2018 eldiario.es publicaba una grabaci? en la que se acusaba al propio Trevijano de un intento de soborno durante sus a?s como rector. Asimismo, lo ?timo que ha propuesto tampoco ha quedado exento de pol?ca, y es que este jueves el propio Trevijano ha planteado declarar inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro S?chez para tratar de disminuir los devastadores efectos del coronavirus en su primera ola.
EL FUTURO PRESIDENTE DEL TC Y ARNALDO MANIOBRARON PARA COLOCAR A MATAS EN LA UNIVERSIDAD
Gonz?ez-Trevijano escribi?una carta que el candidato a magistrado del TC utiliz?ante el juez Castro para defender la legalidad de sus relaciones con el expresidente balear
El futuro presidente del TC y Arnaldo maniobraron para colocar a Matas en la universidad
El futuro presidente del Tribunal Constitucional, que seg? todas las previsiones ser?el magistrado Pedro Gonz?ez-Trevijano, maniobr?siendo rector de la Universidad Juan Carlos I con el candidato a este ?gano por el PP Enrique Arnaldo para facilitar "alg? v?culo acad?ico" al expresidente balear Jaume Matas. As? se acredita en una carta que firm?en 2010, cuando Arnaldo y Matas ya estaban siendo investigados en la 'macrocausa' Palma Arena.
Concretamente, Gonz?ez-Trevijano escribi?una carta a Arnaldo el 8 de abril de 2010, -una fecha en la que el que el candidato a renovar el TC hab? sido ya imputado en la causa abierta en Baleares por sus relaciones profesionales con el Gobierno de Matas- cuyo objetivo fue dejar constancia de un almuerzo celebrado tres a?s antes en la sede de la propia Fundaci? de la Universidad Juan Carlos I en la que el expresidente balear les expuso sus proyectos de futuro, su deseo de conseguir alguna ocupaci? en la universidad y revel?tambi? que iba a vincularse profesionalmente al despacho del propio Arnaldo.
La misiva a la que ha tenido acceso EL PERI?ICO DE ESPA?, fue escrita por Gonz?ez-Trevijano conociendo la situaci? en la que se encuentra su amigo Arnaldo, que fue catedr?ico de esa universidad, por expreso deseo de ?te, seg? refleja el documento. Se incluye en un paquete de un total de siete que el propio Arnaldo remiti?al Juzgado de Instrucci? n?ero 3 de Palma de Mallorca para justificar sus actividades.
Experiencia en materia medioambiental de Matas
"Fue un encuentro cordial en el que recuerdo que ? nos expuso sus proyectos de futuro entre los que se encontrba buscar alg? v?culo con el mundo acad?ico a partir de su experiencia en materia medioambiental, que finalmente no se concret?quot;, admite Gonz?ez-Trevijano en la carta, a?diendo que tambi? se coment?en dicho almuerzo que Matas se iba a vincular al despacho profesional de Arnaldo .
Su labor ser?, a?de la nota, la de "servir de puente para informar y valorar los proyectos de consultoria legislativa para la modernizacion de los Estados iberoamericanos que se ponen enmarcha por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial". A?de que, por conocer la experiencia que Arnaldo ya hab? desarrollado en este campo en pa?es como Bolivia, Per? Panam?y la Rep?lica Dominicana, se congratul?por todos los planes e incluso pidi?al catedr?ico que mantuviera un canal de informaci? abierto con la Universidad, "por si alg? profesor pod? implicarse, de alguna forma, en algunos de los proyectos".
Una segunda carta confirma el almuerzo
El encuentro es confirmado en una segunda carta dirigida a Arnaldo y aportada al Juzgado por otra de las asistentes al almuerzo, la directora general de la editorial jurid?ica Wolters Kluwer Espa?, Rosalina D?z. "Me pides que te confirme la celebraci? de una reuni? a la que asist?y lo hago con mucho gusto (...) recuerdo que hablamos de muchas cosas", a?de, para relatar a continuaci? que Matas les cont?sus planes de trabajo en Estados Unidos en un grupo vinculado al sector tur?tico, su inter? en seguir muy de cerca las primarias entre Hillary Clinton y Barak Obama y que "iba a disponer de tiempo para otras actividades profesionales privadas".
D?z tambi? dio por sentado del contenido del encuentro que Matas iba a colaborar activamente en el despacho profesional de Arnaldo "entre otros campos el de la llamada consultor? legislativa en Iberoam?ica".
Unos meses antes de esta reuni?, en febrero de 2010, Arnaldo hab? declarado como investigado en el caso Palma Arena en relaci? con unas labores de asesoramiento para implantar la televisi? p?lica balear para las que Matas le hab? contratado en 2004.
El asunto fue archivado, pero el juez Castro acus?inicialmente a Matas de un delito de malversaci? de caudales p?licos y cohecho por adjudicar dos contratos p?licos la firma de Arnaldo por importes de 30.000 euros y 12.000 euros, respectivamente.
Se da la circunstancia de que Arnaldo ha defendido este martes su "presunci? de inocencia" durante su comparecencia en la Comisi? Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados, adem? de la compatibilidad de todas estas actividades con su labor de letrado en las Cortes. El candidato a propuesta del PP se ha definido ante los diputados como "templado y prudente" y ha a?dido: "Me gustar? tambi? decir que cuando alguien acude a un juzgado no puede ser considerado eterno sospechoso. Pertenece a otras ?ocas pasadas lo de ser sospechoso de por vida, felizmente superadas.
Los cuatro magistrados nombrados por el Congreso agotaron el a? pasado su mandato y uno de ellos dimiti? as?que los plenos est? decidiendo sobre asuntos sustanciales con once miembros y no los doce que deber?
El bloqueo del PP en la renovaci? de ?ganos constitucionales tambi? lastra al tribunal de garant?s
La ley del aborto y la introducci? de la prisi? permanente revisable en el C?igo Penal se eternizan en un ?gano poco dado a resolver con agilidad
Hay juristas que hablan de "sainete". Otros insisten en el "bajo nivel jur?ico" de los magistrados. La reciente decisi? del Tribunal Constitucional (TC) sobre el primer estado de alarma y los pormenores del debate jur?ico y la divisi? entre los magistrados han llenado portadas y art?ulos de opini? y han sacado a relucir la situaci? en la que se encuentra este ?gano, tambi? lastrado por el bloqueo institucional por el que el PP se niega a renovar ciertos organismos constitucionales que acumulan meses y meses de caducidad. Y la realidad del Constitucional a julio de 2021 es esta: cuatro de sus magistrados han agotado sus respectivos mandatos, se ha fracturado como pocas veces y, adem?, le falta un miembro desde hace casi un a? por la dimisi? de uno de ellos. A todo esto, se une que tiene asuntos pendientes de resolver desde hace a?s, leyes tan importantes como la del aborto o la reforma que introdujo la prisi? permanente revisable en el C?igo Penal.
Para empezar, hay que recordar que el Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Varios juristas expertos en Derecho Constitucional consultados por este peri?ico coinciden en se?lar que se trata de un "?gano pol?ico". Es el m?imo int?prete de la Constituci? espa?la de 1978 y su tarea es decidir si los tratados internacionales, las leyes y el resto de normas que se van aprobando en todos los niveles del Estado se atienen a la Ley Fundamental o si invaden competencias que le corresponden a otros. Adem?, cualquier persona puede solicitar un recurso de amparo cuando considere que se han vulnerado sus derechos reconocidos en la Carta Magna. En los ?timos a?s, se ha convertido en un campo de batalla pol?ica m?, con partidos recurriendo decisiones del gobierno de turno como forma de hacer oposici?.
Los miembros del Constitucional se llaman magistrados, pero no todos son jueces. De los doce que lo componen, cuatro son elegidos por el Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado, dos por el Gobierno y dos m? por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todos deben ser ?juristas de reconocida competencia, con m? de quince a?s de ejercicio profesional? y en ese grupo pueden entrar tanto jueces como fiscales, profesores de universidad o incluso abogados. Son nombrados por un periodo de nueve a?s, pero se van renovando de forma escalonada, por tercios cada tres a?s y en las Cortes Generales la mayor? necesaria para las designaciones es de tres quintos, por lo que, como pasa con los vocales del CGPJ, hace falta un consenso amplio que pasa casi necesariamente por el acuerdo entre los dos principales partidos.
Mandato caducado y un miembro menos
El bloqueo institucional que el PP mantiene desde hace m? de dos a?s ha llevado a que la situaci? tambi? afecte al Tribunal Constitucional. Desde noviembre de 2020, cuatro magistrados vieron agotado su mandato. Son los que fueron elegidos por el Congreso: el actual presidente de la instituci?, Juan Jos?Gonz?ez Rivas; la vicepresidenta, Encarnaci? Roca; y los magistrados Andr? Ollero y Fernando Vald?. As? el TC funciona desde hace ya ocho meses con magistrados "en funciones" que a? as?siguen participando en el debate diario de los recursos de amparo que les van llegando, algunos tan importantes como el mencionado sobre el primer estado de alarma. La posici? de Roca fue, de hecho, determinante para la decisi? final de declarar inconstitucional la parte del decreto relativa al confinamiento domiciliario. Adem?, el presidente puede hacer uso de su voto de calidad en caso de empate.
A todo esto, se suma que desde octubre de 2020 el ?gano est?funcionando con un miembro menos. Fernando Vald? dimiti?de su cargo por una imputaci? de malos tratos a su esposa. Suya era en un principio la ponencia sobre el primer estado de alarma y, seg? fuentes jur?icas, sus conclusiones eran radicalmente distintas a la ponencia que finalmente ha correspondido al conservador Pedro Gonz?ez-Trevijano y que se ha aprobado en el Pleno. La dimisi? de Vald?, que fue elegido a propuesta del PSOE, llev?al presidente a repartir de nuevo este asunto, que recay?en el citado magistrado, propuesto por el PP.
El Constitucional, as? est?funcionando con un miembro menos de lo que deber? y el bloqueo pol?ico, que no parece que vaya a encontrar soluci? a corto plazo, har? que contin? en estas circunstancias para decidir sobre otras cuestiones trascendentales como es el segundo decreto de estado de alarma, el que dur? seis meses para que las comunidades aut?omas pudieran introducir medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales de sus territorios. El debate se espera para el pr?imo oto? y la ponencia en este caso ha reca?o en el tambi? conservador Antonio Narv?z, quien vot?a favor de declarar inconstitucionales partes del primer decreto, por lo que no parece descabellado pensar que sus conclusiones ser? similares en esta ocasi?.
Fractura en el tribunal
El debate sobre el primer estado de alarma ha sido largo y agrio. Dos Plenos ha llevado que una mayor? de seis determinara que el confinamiento domiciliario general fue inconstitucional al decretarse bajo estado de alarma y no de excepci?. Sin embargo, esta postura gan?por un solo voto, pues otros cinco magistrados se posicionaron en contra y defienden en sendos votos particulares que el estado de alarma fue la f?mula jur?ica adecuada. No es infrecuente que haya magistrados que est? en contra de lo que opina la mayor?, pero lo que no se da muy a menudo es una divisi? tan clara.
Faltaba Fernando Vald?, cuya postura habr? estado previsiblemente del lado de avalar el estado de alarma del Gobierno de Pedro S?chez y esto habr? generado un empate a seis que el voto de calidad del presidente habr? dirimido. Gonz?ez Rivas tambi? forma parte del grupo que no estaba de acuerdo con la ponencia de Gonz?ez-Trevijano y por eso ha formulado su voto particular.
El debate en el TC excedi?las diferencias entre los llamados conservadores y los considerados progresistas ?en funci? de si fueron designados a propuesta del PSOE o del PP?. Todos los que se posicionaron a favor de la inconstitucionalidad fueron elegidos a propuesta del PP, a excepci? de Encarnaci? Roca, que lo fue a propuesta del PSOE aunque con el aval de CiU; mientras que entre los que defienden la postura contraria est? tres progresistas ?C?dido Conde-Pumpido, Mar? Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol? y dos conservadores ?Juan Jos? Gonz?ez Rivas y Andr? Ollero?.
Seg? explica Joaqu? Ur?s, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del tribunal de garant?s, en este art?ulo publicado recientemente en Ctxt, "los tribunales constitucionales son necesariamente ?ganos pol?icos", pues su tarea "no es aplicar una ley existente sino interpretar la Constituci? para concretar sus mandatos, a menudo abiertos o gen?icos". "Por ejemplo, cuando el art?ulo 15 de nuestro texto dice que todos tienen derecho a la vida la interpretaci? de si ese gen?ico todos incluye a los embriones fecundados en el interior de una mujer o s?o a las personas no es estrictamente jur?ica. S?o a partir de la ideolog? de cada magistrado, de su comprensi? del mundo y de su percepci? de la realidad social puede determinarse si la Constituci? permite o proh?e el aborto, el matrimonio homosexual o la negaci? del genocidio. Muchos casos como estos recorren el texto y se superponen a las cuestiones exclusivamente jur?icas", remarca.
A su juicio, "un buen Tribunal Constitucional debe estar compuesto de grand?imos juristas, elegidos con conocimiento p?lico de su ideolog? y capaces de ser independientes", porque "para que sea un aut?tico tribunal debe ser pol?ico, pero no partidista", y as? "puede estar politizado pero ha de ser totalmente independiente frente a los partidos pol?icos". Sin embargo, lamenta que "la deriva del Tribunal Constitucional espa?l est?muy lejos de ese ideal".
Para Ur?s, "cada vez se eligen m? magistrados con menos conocimientos jur?icos y m? sumisos a sus partidos". Una reflexi? con la que est?de acuerdo Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, para quien el nivel jur?ico del tribunal es cada vez m? bajo y en los ?timos a?s se eligen magistrados con m? "apego" a la voz del partido que los propone. En su opini?, poco a poco instituciones tan importantes como el Constitucional se van cubriendo con personas que "no tienen autonom?" ni la preparaci? "acad?ica" que se exigir? a un magistrado del tribunal de garant?s. "Cuanto m? mediocre es un jurista, m? atemorizado vive de perder sus privilegios inmerecidos", apunta Ur?s.
Los recursos que se eternizan
El Tribunal Constitucional ha tardado m? de un a? en pronunciarse sobre el primer estado de alarma. M? de un a? despu? de que ?te terminara. Y sacar?su sentencia sobre el segundo previsiblemente un a? despu? de que empezara y meses despu? de su finalizaci?. Con estos plazos, cabr? preguntarse de qu?sirve un pronunciamiento tan tard?, si ya pocos efectos puede tener, m? all?de servir de gu? ante futuras situaciones similares. Pero un a? no es ni mucho menos un plazo excesivamente largo, si atendemos a la historia de este ?gano cuando ha dictado sentencias sobre otros asuntos tan espinosos como este.
La ley del aborto que aprob?el Gobierno de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero lleva ya once a?s encima de la mesa del TC. El recurso de inconstitucionalidad lo present?el PP en 2010, pero despu?, en los siete a?s que este partido estuvo en el poder, no derog?la norma. Este era uno de los motivos por los que el Constitucional hab? ido retrasando su pronunciamiento, seg? cont?en una entrevista al diario El Pa? un presidente del ?gano, Francisco P?ez de los Cobos: "Me hubiera gustado que en mi mandato se hubiera resuelto el recurso. Pero hab? un Gobierno que acababa de ganar las elecciones, que ten? mayor? absoluta, que llevaba en su programa electoral la reforma de la ley del aborto y que anuncia, adem?, que va a llevarla a cabo. Consult? al pleno y se entendi?que si se aprobaba la reforma que estaba anunciada, el recurso iba a perder sentido. Y, por consiguiente, era mejor esperar".
Esa reforma profunda nunca se hizo. El Gobierno de Mariano Rajoy tan s?o promovi?una modificaci? m?ima para exigir el consentimiento de los padres en los casos de las j?enes de 16 y 17 a?s que quieren abortar. Y desde que el PP present?el recurso de inconstitucionalidad, el TC ha tenido cuatro presidentes (Mar? Emilia Casas, Pascual Sala, Francisco P?ez de los Cobos y el actual, Juan Jos?Gonz?ez Rivas). Ahora, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha anunciado una nueva reforma de la ley del aborto que ampliar? contenidos, como la regularizaci? de la objeci? de conciencia y eliminar?los tres d?s de reflexi? as?como la necesidad del permiso paterno para j?enes de 16 y 17 a?s.
El mismo camino lleva el recurso que present?toda la oposici? hace seis a?s contra la introducci? de la prisi? permanente revisable en el C?igo Penal. Uno de los partidos firmantes, el PSOE, est?en el Gobierno desde hace m? de tres a?s y, de momento, no se plantea tocarlo. La primera ministra de Justicia en el Ejecutivo de Pedro S?chez, Dolores Delgado, ya dijo en 2018 que esperar?n a que se pronuncie el Constitucional. Mientras tanto, una quincena de presos ya cumplen esta condena y algunas de las sentencias han sido confirmadas por el Tribunal Supremo.
No son los ?icos casos de sentencias que se hacen esperar. La resoluci? sobre el Estatuto catal? ?que declar?inconstitucionales catorce art?ulos de la norma y sujetos a la interpretaci? del tribunal otros 27? tard?cuatro a?s; la de la Ley de Seguridad Ciudadana, m? conocida como ley mordaza ?avalada casi en su totalidad?, cinco a?s; y la de la Ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo ?tambi? avalada?, siete a?s.
Joaqu? Ur?s, quien se conoce bien los entresijos del TC al haber sido letrado durante seis a?s, explica que en este ?gano entran aproximadamente 7.000 asuntos al a?. Son cifras que considera "desproporcionadas" para cualquier organismo. Y eso que, seg? calcula Fernando Flores, m? del 90% de las demandas no se admiten a tr?ite, de acuerdo con la reforma de la Ley Org?ica del Tribunal Constitucional de 2007, que previ?que los recursos deb?n tener relevancia constitucional para ser admitidos, todo ello con el objetivo de agilizar los procedimientos.
El magistrado cree que la sentencia de la mayor? no responde a "verdaderos criterios jur?icos" y tiene una "argumentaci? muy pobre"
Considera que el fallo utiliza un "mero atajo argumental" para dar la raz? a Vox a pesar de que este partido hab? apoyado el estado de alarma
"La sentencia de la mayor? no resuelve, sino que crea un grave problema pol?ico, al desarmar al Estado contra las pandemias, priv?dole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma. Y no responde en absoluto a verdaderos criterios jur?icos". As? lo concluye el magistrado progresista del Tribunal Constitucional (TC) C?dido Conde-Pumpido, uno de los discrepantes con la resoluci? que declar? el pasado mi?coles inconstitucionales algunos aspectos del decreto del primer estado de alarma, en concreto los que ordenaban el confinamiento domiciliario general de la poblaci?, al considerar que deb? haberse enmarcado en el estado de excepci?.
Conde-Pumpido lo explica as?en su voto particular, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que advierte de que la sentencia, ponencia del magistrado conservador Pedro Gonz?ez-Trevijano y que sali?adelante por un ajustado margen de seis votos contra cinco, "utiliza un mero atajo argumental (calificar como suspensi? una restricci? intensa de un derecho fundamental con una argumentaci? muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido pol?ico ?en referencia a Vox? que previamente hab? apoyado expresamente en el debate y votaci? parlamentaria de la pr?roga".
Para el magistrado discrepante, esta construcci?, "con la falta de certeza que se deriva de la misma, aboca a los poderes p?licos a la utilizaci? futura de una herramienta, el estado de excepci?, que, sin embargo, conlleva (..) una evidente disminuci? de las garant?s jurisdiccionales de los derechos fundamentales". El argumento de que los derechos fundamentales se suspendieron con el primer decreto de alarma, y no s?o se limitaron, es, en su opini?, "m? propia de un lego que del m?imo interprete de la Constituci?" y ello "aboca a la arbitrariedad en su aplicaci?".
Para Conde-Pumpido, la construcci? de la sentencia de la que discrepa no da certeza alguna, pues se funda en "la paradoja de sorites atribuida a Eubulides de Mileto, que demostr?la dificultad de determinar cuantos granos de arena hacen un mont?". "?icamente parece ser instrumental para permitir que este tribunal tenga una mayor discrecionalidad para considerar que algunas de las medidas en su d? adoptadas, si bien pudieron ser correctas para hacer frente a la pandemia, fueron inconstitucionales por el hecho de que el n?ero de excepciones no fue suficiente para evitar catalogar la restricci? como una suspensi? que se adopt?sin haber utilizado la herramienta correcta", lamenta.
"Proponer que se garantizan mejor los derechos de los ciudadanos suprimi?dolos en lugar de restringi?dolos y dejando inc?umes algunas de sus garant?s constitucionales es no entender el sistema de derechos fundamentales establecido en nuestra norma fundamental", explica el magistrado.
El enfoque de la sentencia es, por tanto, "del todo equivocado" para Conde-Pumpido. El magistrado estima que "restricci? y suspensi? son dos categor?s jur?icas distintas", por lo que no comparte que una restricci? se convierta en suspensi? por ser m? intensa. Seg? su argumentaci?, "suspensi?", de una parte, y "restricci?" extraordinaria de derechos, de la otra, operan en planos jur?icos diferentes: la primera, para los estados de excepci? y sitio, producir? que el derecho fundamental suspendido pierda eficacia temporalmente y sea sustituida por la ordenaci? dispuesta por la concreta ley org?ica a la que remite el art?ulo 116.1 de la Constituci?. La segunda, para el estado de alarma, producir? que el contenido del derecho fundamental restringido quede con car?ter general disminuido, "incluso de modo dr?tico", por el decreto de declaraci? de dicho estado, pero sin que desaparezcan algunas de las garant?s constitucionales como es la del sometimiento de tal restricci? al cumplimiento del principio de proporcionalidad.
Para los magistrados que sostienen la sentencia, lamenta Conde-Pumpido, lo procedente hubiera sido hacer desparecer el derecho a la libre circulaci? mediante su suspensi? declarando el estado de excepci?. El efecto logrado con la resoluci? tiene como "la supresi? de las garant?s constitucionales a cambio de la mera parlamentarizaci? de su declaraci?". Parlamentarizaci? que, a?de, "est? igualmente prevista en el estado de alarma para poder prorrogar las medidas m? all?de los primeros quince d?s".
Abundando en sus argumentos, explica que una medida de confinamiento domiciliario puede ser adoptada bajo cualquiera de los dos estados, el de alarma o excepci?, pero el r?imen jur?ico y las garant?s del derecho variar? dependiendo de si nos encontramos ante una restricci? (alarma) o una suspensi? formalmente declarada (excepci?). "Las restricciones de derechos a que puede dar lugar la declaraci? de un estado de alarma quedan sujetas siempre a l?ites y condiciones constitucionales, pues precisamente ello es lo que caracteriza a las restricciones frente a las suspensiones", insiste.
Por ello, considera que la raz? para calificar como suspensi? una restricci? muy intensa de un derecho fundamental "no parece ser otra que, como se ha denunciado, permitir un atajo argumental para lograr una declaraci? de inconstitucionalidad".
EL TRIBUNAL M? DIVIDIDO DECLARA INCONSTITUCIONAL EL CONFINAMIENTO
Seis magistrados frente a cinco anulan un art?ulo del decreto vigente en 2020. La sentencia avala las medidas pero s?o bajo un estado de excepci? y no de alarma
El Tribunal Constitucional anul?este mi?coles por seis votos a cinco ?falta un magistrado que dimiti?hace nueve meses y a? no ha sido sustituido? las medidas m? duras del decreto sobre el estado de alarma aprobado por el Gobierno al inicio de la emergencia sanitaria, en marzo del a? pasado y que no est? vigentes. El Tribunal, que resolv? un recurso de Vox, ha entendido que para acordar el confinamiento de toda la poblaci? es necesario declarar el Estado de excepci?, cosa que solo puede hacer el Parlamento, a propuesta del Ejecutivo. La declaraci? de inconstitucionalidad del decreto no generar?responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad de empresas y comercios que tuvo que detenerse ?estos art?ulos, tambi? recurridos por Vox, han sido avalados en la sentencia?. Sin embargo, podr?reclamarse la devoluci? del importe de las sanciones impuestas a particulares que hubieran roto el confinamiento.
El tribunal ha necesitado dos plenos consecutivos, y alrededor de quince horas de debate para llegar a la resoluci? del recurso de Vox, pero no ha sido capaz de hallar una f?mula de consenso. El fallo acordado por un solo voto declara parcialmente inconstitucional el decreto del estado de alarma y, por tanto, marca una l?ea de actuaci? para el futuro, ya que si hiciera falta acordar en alg? momento el confinamiento general de la poblaci?, el Gobierno tendr? que acudir al Congreso para pedir que declarase el estado de excepci?.
El voto que decant?el resultado de las deliberaciones fue el de la vicepresidenta del tribunal, Encarnaci? Roca, quien en el pleno anterior no se expres?con car?ter definitivo, a la espera de que se aclararan algunos puntos del borrador de sentencia.
El texto de la sentencia ?que supone la aprobaci? de la ponencia elaborada por el magistrado conservador Pedro Gonz?ez Trevijano? se dar?a conocer en los pr?imos d?s, pero el propio tribunal anunci?este mi?coles que anula los apartados 1, 3 y 5 del art?ulo 7 del decreto acordado por el Gobierno el 14 de marzo del a? pasado. El primero de estos puntos es el que regulaba el confinamiento, y por tanto restring? la capacidad de movimiento de los ciudadanos en t?minos que el Constitucional ha considerado contrarios a la propia Carta Magna. Se dispon? en ese apartado que solo se podr? circular ?por las v?s o espacios de uso p?lico? para actividades esenciales, como la adquisici? de alimentos y de primera necesidad, desplazamientos a centros sanitarios o al lugar de trabajo que siguiera operativo por su naturaleza e importancia.
El punto 3 prohib? la circulaci? de veh?ulos, salvo para los casos necesarios descritos. Y el punto 5 facultaba al Ministerio del Interior para el corte de carreteras ?por razones de salud p?lica?, entre otras.
Medidas proporcionadas
La sentencia no cuestiona que se adoptaran estas medidas, sino que considera que fueron proporcionadas al riesgo sanitario existente y que fueron similares a las que se acordaron con car?ter general en todos los pa?es afectados por la pandemia. Lo que objeta ?y de ah?la declaraci? de inconstitucionalidad- es que el Gobierno recurriese a la v? del decreto sobre el estado de alarma para dictar unas disposiciones que, de hecho, suspend?n tres derechos fundamentales, el de libre circulaci? por el territorio, el de fijaci? del domicilio ?al impedir los desplazamientos? y el de reuni? entre particulares, al prohibir todo encuentro social, incluso con familiares o allegados. El tribunal ha considerado que para todo ello era preciso actuar previa aprobaci? en el Parlamento de la declaraci? del estado de excepci?, porque a los ciudadanos se les iba a privar de ejercer tales derechos, que se hallan entre los considerados fundamentales en el propio texto constitucional.
Intervenciones
En el pleno intervinieron los magistrados Juan Antonio Xiol, Santiago Mart?ez Vares y Andr? Ollero, as?como la vicepresidenta del tribunal, Encarna Roca, y el presidente, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, por este orden. Xiol, Ollero y Gonz?ez Rivas ?el primero del sector progresista y los dos restantes del bloque conservador- se opusieron al recurso y se manifestaron, por tanto, a favor de avalar el decreto sobre el estado de arma. A su vez, Mart?ez Vares, adscrito al ala conservadora, y finalmente Encarna Roca ?seguida por sus compa?ros con especial expectaci?- justificaron que medidas como las acordadas para hacer frente a la pandemia precisaban del paraguas legal que implica el estado de excepci?.
En el tribunal este debate ha dejado una estela de insatisfacci?, por el corto margen con que se ha tomado la decisi?. El presidente, Gonz?ez Rivas, hab? pedido al ponente que este asunto pudiera debatirse y resolverse antes del par?tesis de las vacaciones estivales. Pero confiaba en que se alcanzar? una mayor? clara, que no sembrara incertidumbres. Ahora, el propio Gobierno lament? este mi?coles el fallo y respondi?a trav? de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ?respeta, pero no comparte? la sentencia.
Algunos juristas expertos en derecho constitucional se?lan la necesidad de actuar con rapidez en estos supuestos ?y el hecho es que la reacci? del Gobierno ante la pandemia ya fue criticada por tard? hace un a?-, dato al que se a?de que el estado de excepci? requiere partir de un consenso parlamentario previo, no obtenerlo a posteriori, una vez puestas en marcha las medidas m? urgentes, como en su momento lo fue el confinamiento general de la poblaci?.
La sentencia deja entre los magistrados que han votado en contra un poso de preocupaci? porque creen que deja m? problemas de los que resuelve. Esa reserva va a reflejarse en los votos particulares que acompa?r? al texto del fallo. Los cinco magistrados que han votado en contra quieren, en suma, dejar constancia escrita de sus discrepancias y sus advertencias.
La vicepresidenta del Constitucional: ?He disipado mis dudas?
La vicepresidenta del Constitucional, Encarnaci? Roca, cuyo voto inclin?la balanza a favor de los conservadores para anular el confinamiento, se dirigi?a algunos de sus compa?ros que le preguntaban sobre su posici? ante la ?tima jornada de debate sobre la legalidad del estado de alarma con una frase: ?He disipado mis dudas?. Luego, cuando le lleg?el turno de pronunciarse, explic?que hab? valorado dos puntos de la ponencia de Gonz?ez Trevijano. El primero, que quedara blindada la imposibilidad de reclamar al Estado responsabilidad patrimonial por los efectos del confinamiento sobre industrias, negocios y actividades profesionales. El autor del borrador de sentencia estaba seguro de que esto ya estaba garantizado, pero le dio una vuelta de tuerca a su redacci?, y a Roca le satisfizo.
Hab? otro aspecto. Para la vicepresidenta del Constitucional ?que fue propuesta por CiU y elegida gracias a los votos del PSOE? el dato m? importante del texto era que situaba al Parlamento como el ?gano para decidir las medidas urgentes ante una emergencia sanitaria, y no al Gobierno, como ocurre en el Estado de alarma.
Claves de la sentencia
La sentencia implica la anulaci? por inconstitucionales de los apartados 1, 3 y 5 del art?ulo 7 del decreto por el que se acord?el estado de alarma. El Constitucional ha considerado que todas las prohibiciones contempladas en este requer?n que el Ejecutivo propusiera al Parlamento la declaraci? del estado de excepci?, y las Cortes as?lo acordaran.
El primero de estos apartados es el que se restringi?el derecho de circulaci? de los ciudadanos, el segundo es el que adapt?esas mismas limitaciones a los desplazamientos de los veh?ulos y el tercero el que habilit?al Ministerio del Interior para cerrar carreteras ?por razones de seguridad p?lica?, entre otras, con el deber de comunicarlo a las autoridades auton?icas y locales. La anulaci? de estos preceptos supone que las personas que hubieran sido sancionadas por incumplirlos podr? reclamar el importe de las multas impuestas.
La sentencia anula, por tanto, el apartado 1 del art?ulo 7, que dispon? que durante la vigencia del estado de alarma, las personas ?icamente podr?n circular por las v?s de uso p?lico ?y salvo excepciones de forma individual?para la realizaci? de actividades como la compra de alimentos, la asistencia a centros sanitarios o el cuidado de mayores.
El Constitucional tambi? ha interpretado que el apartado 3, que establec? que ?se permitir? la circulaci? de veh?ulos particulares por las v?s de uso p?lico para la realizaci? de las actividades referidas en los apartados anteriores o para el repostaje en gasolineras?, tampoco pod? acordarse mediante la declaraci? del estado de alarma.
Por ?timo, anula el apartado 5, que establece que ?el ministro del Interior podr?acordar el cierre a la circulaci? de carreteras o tramos de ellas por razones de salud p?lica, seguridad o fluidez del tr?ico o la restricci? en ellas del acceso de determinados veh?ulos por los mismos motivos?.
EMPATE EN EL CONSTITUCIONAL SOBRE EL DECRETO DE ALARMA
El tribunal de garant?s se parte en dos mitades de cinco magistrados tras cambiar de bando el presidente y Ollero, ambos conservadores, que apoyan que la declaraci? del Gobierno fue correcta
El Constitucional se ha partido en dos mitades en el debate sobre el estado de alarma y su posible inconstitucionalidad. Cinco magistrados sostienen que el Gobierno llev?a cabo una correcta gesti? de la emergencia sanitaria al utilizar la declaraci? del estado de alarma como paraguas legal para acordar el confinamiento. Otros cinco consideran que esa decisi? fue equivocada porque la orden de permanecer en los domicilios entra? una suspensi? de derechos fundamentales y que debi?darse declarando previamente el estado de excepci?. La vicepresidenta del tribunal, Encarnaci? Roca, puede tener en sus manos el voto decisivo, que decante la deliberaci? en un sentido u otro.
El sector progresista del Constitucional, del que forman parte los magistrados Juan Antonio Xiol, C?dido Conde-Pumpido ?ambos miembros del Supremo? y Mar? Luisa Balaguer ?catedr?ica de Derecho Constitucional?, se ha visto en esta ocasi? reforzado por el apoyo de dos magistrados del bloque conservador, que no comparten el criterio de que ten? que haberse decretado en Espa? el estado de excepci? entre marzo y junio del a? pasado, ante la virulencia de la pandemia por covid-19. Se trata del presidente del tribunal, Juan Jos? Gonz?ez Rivas, y de Andr? Ollero, catedr?ico de Filosof? del Derecho y magistrado del Constitucional desde 2012, despu? de haber sido portavoz de justicia y de educaci? del PP en el Parlamento durante 17 a?s.
Otros cuatro miembros del tribunal adscritos al sector conservador apoyan el proyecto de sentencia elaborado por el ponente del recurso presentado por Vox, el magistrado Pedro Gonz?ez Trevijano, catedr?ico de Derecho Constitucional. Estos magistrados son Santiago Mart?ez Vares, Ricardo Enr?uez ?ambos miembros del Supremo?, Antonio Narv?z ?ex teniente fiscal del Supremo? y Alfredo Montoya, catedr?ico de Derecho Laboral.
Posiciones expuestas
En las dos jornadas que el tribunal ha dedicado ?tegramente al debate del proyecto de sentencia sobre el estado de alarma no se llegaron a producir votaciones. Pero las posiciones est? claramente expuestas, con el resultado del citado empate a cinco. Con la circunstancia de que la exposici? de la vicepresidenta, Encarnaci? Roca, no incluy?a juicio de los restantes miembros del pleno un pronunciamiento definitivo sobre el texto propuesto por el ponente. La existencia de un empate virtual entre los magistrados y la convicci? de que la prolongaci? de la discusi? este jueves, en el tercer d? del pleno, no iba a desencallar la situaci? convenci?al tribunal de que la mejor opci? era suspender el debate en el punto en que se hallaba y abrir un per?do de reflexi?.
La decisi? que se adopt?fue, por tanto, dejar sobre la mesa el proyecto de sentencia de Gonz?ez Trevijano, que de momento ni ha salido adelante ni ha sido derrotado, y replantearse los problemas que expone el recurso de Vox en el pleno que el tribunal celebrar?el pr?imo mes de julio. Este pleno ser?el ?timo antes de vacaciones y en ? deb?n resolverse tambi? algunos recursos del proc?, aunque finalmente solo se dictar?sentencia sobre el de Dolors Bassa. El tribunal, por tanto, se da margen para seguir discutiendo sobre el estado de alarma y su constitucionalidad en encuentros informales entre los magistrados.
El ponente tendr? ocasi? de modificar su texto para intentar atraer apoyos. No obstante, fuentes del propio Constitucional estiman muy dif?il que haya nuevos trasvases entre los dos grupos que ya han manifestado con suficiente rotundidad su posici? sobre las cuestiones de fondo que plantea el recurso. Es improbable que los cinco magistrados ?tres progresistas y dos conservadores? que ya han rechazado claramente la tesis de que en Espa? tuvo que declararse el estado de excepci? vuelvan sobre sus pasos. De igual modo, parece poco probable que los otros cuatro magistrados, todos ellos conservadores, que ya han expresado su respaldo al proyecto de sentencia de Gonz?ez Trevijano revisen su posici? y voten contra dicho texto. De ah? que el principal foco de atenci? de los propios magistrados del tribunal se haya colocado sobre la vicepresidenta, Encarnaci? Roca.
EL CONSTITUCIONAL ANULA LA DESIGNACI? DE PABLO IGLESIAS PARA EL ?GANO DE CONTROL DEL CNI
El tribunal considera que cuando se realiz?el nombramiento, mediante un decreto-ley, no hab? razones de urgente necesidad para acordarlo
El Tribunal Constitucional ha anulado la disposici? del decreto ley del Gobierno que hace un a? permiti?la designaci? de Pablo Iglesias como miembro de la comisi? delegada para asuntos de inteligencia, el ?gano de control del CNI. La sentencia ?que da la raz? a Vox, que recurri?aquella decisi?? no es un?ime: el magistrado C?dido Conde-Pumpido vot?en contra y anunci?que presentar?un voto particular. La decisi? judicial ha llegado ya con Pablo Iglesias fuera del Gobierno y de la pol?ica. Su sustituta en la comisi?, Yolanda D?z, no se ve afectada por esta anulaci?, porque fue designada por otra v?.
El decreto ley de 2020 tambi? nombr?miembro de la comisi? a Iv? Redondo, director del gabinete de Pedro S?chez. Pero en este caso la anulaci? no tiene efectos pr?ticos, ya que el art?ulo 6 de la Ley del Gobierno, que regula las comisiones delegadas, establece que el presidente puede designar a cualquier alto cargo para que asista a las reuniones de la comisi?, aunque no sean miembros ?de iure?.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro Gonz?ez-Trevijano, considera que en este caso no concurre el presupuesto inexcusable de que existiera una extraordinaria urgencia y necesidad. Este requisito habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para realizar el nombramiento.
Conde-Pumpido, en cambio, s?ha estimado que concurr?n razones de urgencia y necesidad. El dato relevante para este magistrado es que en el momento de la aprobaci? del decreto, en pleno confinamiento, la situaci? del Parlamento no hac? posible resolver esta modificaci? a trav? de una nueva ley, y que tardar? demasiado tiempo en aprobarse.
La doctrina del Constitucional es que este tipo de decisiones tienen que tomarse mediante la forma y el procedimiento del decreto-ley cuando exista una causa habilitante concreta, como es la de la urgencia. Es decir, que no se trata de una v? que pueda usarse con excesiva frecuencia y manga ancha, aunque lo cierto es que as?ha sucedido en numerosas ocasiones, y no se ha planteado conflicto jur?ico alguno si no ha mediado un recurso al tribunal de garant?s, como s?ha ocurrido en este caso.
UN TRIBUNAL FATIGADO EN PLENA BATALLA POL?ICA
El Constitucional afronta el futuro m? dividido que nunca, pendiente de una renovaci? bloqueada desde hace a? y medio
El Tribunal Constitucional ha salido exhausto del reciente debate sobre el estado de alarma. Los magistrados se levantaron de la ?tima deliberaci?, el pasado jueves, en un clima de tensi? que no se ve? en la sala de plenos desde hac? tiempo. Su presidente, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, quiso que se dictara esta sentencia antes del par?tesis veraniego para evitar la sensaci? de que el tribunal se pronuncia sobre problemas que quedaron atr?. Por ejemplo, como en ese caso, sobre el confinamiento y el decreto de estado de alarma firmado hace m? de un a?.
La sentencia, sin embargo, no ha servido para pacificar el debate que exist? en la comunidad jur?ica sino que lo ha exacerbado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada del Supremo, ha calificado de ?elucubraciones doctrinales? el resultado de 15 horas de deliberaci?, en dos plenos consecutivos, de los 11 componentes con que cuenta ahora el Constitucional. Una expresi? a la altura de la definici? cl?ica del Supremo estadounidense, la que lo describe como ?nueve escorpiones encerrados en una botella?.
En el ?timo pleno del Constitucional no circul?el veneno, pero desde luego hubo picotazos entre C?dido Conde Pumpido y Pedro Gonz?ez Trevijano, ponente de la sentencia. En la sesi? del mi?coles, y o?a la vicepresidenta, Encarnaci? Roca, estaba claro que perd? el estado de alarma y ganaba el de excepci?. El presidente, viendo venir el estr?ito de los platos rotos, propuso una ?tima oportunidad para reflexionar. Pero el ponente dijo que hab? llegado el momento de votar. Y se vot? con el resultado de seis a cinco, tras decantarse Roca por el lado conservador.
Pero antes, en el debate, algunos se buscaron la ceja. Critic?Conde Pumpido un fallo tan relevante con resultado tan ajustado (un voto de diferencia). Y replic? Trevijano que siempre hubo resultados ajustados, alguno incluso hist?ico. Conde Pumpido respondi?entonces que lo ahora decidido ser? revisable m? tarde con otra mayor? en el tribunal, cuando se renueve. A lo que el ponente de la sentencia respondi?con un ?Ojal?me equivoque, pero??. El ?pero? es que nada da idea de que vaya a renovarse el Constitucional, ahora con cuatro plazas pendientes desde hace a? y medio, entre ellas las del presidente y la vicepresidenta.
Si el tribunal resolviera estos relevos y los otros cuatro que corresponde llevar a cabo el a? que viene, la actual mayor? conservadora pasar? a ser minor?. Entre otras cosas, porque de los cuatro cambios de la pr?ima renovaci?, dos le corresponde decidirlos al Gobierno. Y van unidos a otros dos que debe hacer el Consejo General del Poder Judicial, que prorrogado no tiene competencias para efectuar nombramientos.
El comentario de Trevijano tiene que ver con una hip?esis manejada en el mundo judicial, y es que el a? que viene puede haber 8 de las 12 plazas del Constitucional pendientes de una renovaci? que no llega.
En paralelo, el cansancio, la fatiga de las togas, se est?adue?ndo del tribunal. El proc? ya provoc?disensiones. Los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y Mar? Luisa Balaguer est? abonados a los votos particulares. Pura tarea testimonial, salvo en cuanto se refiere a los l?eres independentistas, que van a usar esos votos discrepantes en sus recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Una vez indultados, el objetivo ya no es recuperar la libertad, sino una victoria jur?ica que tendr? tambi? clara dimensi? pol?ica.
En esa tarea de constante apoyo a la labor del Supremo sobre el proc? ?con las excepciones se?ladas? el Constitucional tambi? se ha desgastado. Dos magistrados, Antonio Narv?z y el propio Conde Pumpido, fueron recusados y tuvieron que dejar los recursos sobre este asunto, por declaraciones que hab?n hecho y que permit?n cuestionar su imparcialidad. Las sentencias estaban muy avanzadas, pero esas recusaciones retrasaron su deliberaci?, y llevaron al tribunal a resolver algunas de las impugnaciones seg? las pautas del ?tiempo del castigo?, y no en sinton? con el ?tiempo del perd??, expresiones estas utilizadas por el presidente del Gobierno, Pedro S?chez, para describir el pase de p?ina. De ah? en cambio, los votos particulares de Xiol y Balaguer contra la ?desproporci?? de las penas impuestas a los l?eres independentistas.
Mientras avanzaba su tiempo de pr?roga en el cargo, a Juan Gonz?ez Rivas (presidente) y a Encarnaci? Roca (vicepresidenta) les llegaron cantos de sirena. Les sondearon para ocupar la presidencia del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que van aparejadas. Pero fueron palabras que se llev?el viento. Sin que tenga que ver forzosamente con ello, el presidente fue cultivando un perfil cada vez m? institucional y menos vinculado a su sector natural, el conservador, dada su trayectoria. Roca, en cambio, apareci?cada vez m? cerca de este bloque, pese a haber sido propuesta por CiU con apoyo del PSOE.
Esa distinta evoluci? propici?fricciones entre ambos, como sucedi?cuando la vicepresidenta impuls?una carta interna para criticar que un recurso relacionado con la pandemia se viera en una Sala del tribunal, y no en sesi? plenaria. Ese recurso fue el que se resolvi?para rechazar que el 1 de mayo del a? pasado, en pleno confinamiento, tuviera lugar una marcha sindical en Vigo, con el argumento de que la garant? del derecho a la salud deb? ser prioritaria con respecto al derecho de manifestaci?. La carta impulsada por Roca fue respaldada por otros magistrados y obtuvo como resultado que a partir de entonces todos los asuntos relacionados con la pandemia se avocaran al pleno, como los del proc?. Asunto resuelto, pero de aquella manera, porque los fen?enos de disidencia interna siempre dejan poso y deterioran las relaciones.
La ?tima imagen de un encuentro entre Gonz?ez Rivas y el presidente del Gobierno, Pedro S?chez, el pasado jueves, en el acto de homenaje a las v?timas de la covid-19 entre los sanitarios, es muy expresiva de la situaci?. El d? anterior acababa de aprobarse la sentencia contra el estado de alarma. Gonz?ez Rivas y Pedro S?chez no se miran directamente. El primero tiene arqueada una ceja y una expresi? de circunstancias interpretable como ?y qu?quiere usted que yo le diga, presidente?. Una expresi?, en todo caso, que refleja la fatiga del Constitucional.
UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DIVIDIDO DIRIME EL DECRETO DE ALARMA
La ausencia de un magistrado, que no fue sustituido tras dimitir, es clave para la votaci? del pleno sobre el confinamiento de 2020
El Tribunal Constitucional aborda este martes el debate sobre la posible anulaci? del primer decreto de alarma, el que supuso el confinamiento domiciliario al inicio de la pandemia en 2020. El proyecto de sentencia que propone declarar inconstitucional dicho decreto no lleg?a votarse en el pleno de junio, a la vista de la profunda divisi? existente en el tribunal. El presidente del Constitucional, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, quiere evitar que el fallo se apruebe con un escaso margen de votos, dada la importancia de la resoluci?, y ha pedido a los magistrados un esfuerzo para aproximar posiciones. El resultado de la votaci? sigue siendo incierto.
De mantenerse las posiciones expuestas en aquella deliberaci?, la sentencia se aprobar?por un solo voto de diferencia, ya que cinco magistrados se manifestaron entonces a favor de refrendar la declaraci? del estado de alarma que realiz?el Gobierno y otros cinco apoyaron la tesis de que el confinamiento requer? haber declarado el estado de excepci?, no el de alarma. El und?imo voto, el decisivo, qued?en manos de la vicepresidenta del Constitucional, Encarnaci? Roca, elegida en su d? a propuesta del PSOE: ella expres?ciertas reservas con respecto al proyecto de sentencia pero comparti?la tesis principal, esto es, que la prohibici? de circulaci? de los ciudadanos entre marzo y junio del a? pasado supuso una fuerte restricci? de derechos, no una mera limitaci?, y por tanto no estaba cubierta por el estado de alarma.
Ello dio lugar a la creencia de que Roca acabar? apoyando el proyecto de sentencia, elaborado por el magistrado Pedro Gonz?ez Trevijano, del sector conservador. Pero en aquel momento no lleg?a expresarlo claramente. El voto de la vicepresidenta sigue siendo, en principio, el decisivo dadas las excepcionales circunstancias en las que se encuentra el Constitucional, pendiente de renovaci? desde hace m? de un a? y medio y compuesto ahora por 11 magistrados, en lugar de 12. Sobre el estado de alarma, en suma, va a decidir un Constitucional diezmado.
La ausencia por renuncia de uno de los magistrados, Fernando Vald?, desde octubre pasado, ha alterado los equilibrios internos del tribunal y ha privado a su presidente del voto de calidad, al no existir ya la posibilidad de empate. Esta circunstancia es muy importante, porque con el tribunal al completo ?y en el supuesto de que Encarnaci? Roca apoye al ponente? habr? sido probablemente el voto de calidad del presidente ?que se ha mostrado contrario a las tesis del proyecto de sentencia? el que habr? impedido que la declaraci? del estado de alarma fuera considerada inconstitucional.
Limitaci? o suspensi?
Vald? ?que renunci?al ser imputado en un proceso penal por supuesta violencia machista? pertenec? al sector progresista del Constitucional y fue el autor de un primer borrador de sentencia que, en contra del que ahora se propone, abogaba por avalar la declaraci? del estado de alarma. Dicha ponencia sosten? que este paraguas legal bastaba para acordar el confinamiento impuesto, y afirmaba que esta medida no hab? implicado una suspensi? sino una mera limitaci? de derechos.
Durante los ?timos meses se ha debatido mucho entre los constitucionalistas si hubo suspensi? o limitaci? de derechos en el confinamiento. En el seno del tribunal, la tesis de Trevijano ?que sostiene la primera opci?? no ha tenido el apoyo un?ime del sector conservador. Dos de sus miembros ?el presidente Juan Jos? Gonz?ez Rivas y el magistrado Andr? Ollero? apoyaron a los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol, Mar? Luisa Balaguer y C?dido Conde Pumpido, partidarios de avalar el encaje constitucional del estado de alarma.
Para todos ellos, la restricci? de derechos en dicho per?do no supuso su pr?tica supresi?, y recuerdan, en este sentido, concentraciones y manifestaciones como las caceroladas convocadas en la calle N?ez de Balboa de Madrid, o las diferencias entre algunos Tribunales Superiores de Justicia sobre la autorizaci? de marchas, una de las cuales provoc?un auto de especial relevancia del propio Constitucional, el 30 de abril del a? pasado. En dicha resoluci? se prohibi?una iniciativa sindical en Vigo, con motivo del Primero de Mayo, con el argumento b?ico de que la garant? de la salud p?lica deb? anteponerse al derecho de manifestaci?.
Este episodio ya produjo un primer enfrentamiento en el tribunal, y fue el voto de calidad del presidente el que decant?el debate, que entonces se produjo en la Sala Primera del Constitucional, compuesta por seis magistrados. All?se registr? un empate a tres y decidi?el voto de Gonz?ez Rivas. Pero los integrantes de la Sala Segunda se quejaron de que un asunto tan relevante no fuera llevado a un pleno, para que en la decisi? pudieran participar todos los miembros del tribunal.
El Estado, sin responsabilidad patrimonial
El proyecto de sentencia que este martes debatir?el Constitucional avala la necesidad y la proporcionalidad de las medidas tomadas por el Gobierno en los primeros meses de la pandemia, pero considera que no debieron aprobarse activando por decreto el estado de alarma, sino acudiendo a las Cortes para que se declarase el estado de excepci?.
La declaraci? de inconstitucionalidad implicar? la nulidad de las sanciones impuestas a quienes vulneraron el confinamiento. El fallo, no obstante, dejar? claro que no existe una responsabilidad patrimonial del Estado por las p?didas que registraron comercios y negocios que vieron suspendida su actividad.
EL PONENTE DEL FALLO DEL CONSTITUCIONAL CONTRA EL CONGRESO CAMBI?SU VOTO A ?TIMA HORA
El presidente del tribunal apoy?la desestimaci? del recurso de Vox y el magistrado Narv?z retir?su propuesta inicial para modificarla en sentido opuesto
El pleno que el pasado jueves celebr?el Tribunal Constitucional pasar?a los anales de la instituci?. Se vivi?una situaci? ins?ita: la del cambio de opini? a ?tima hora del ponente de un recurso importante. De su posici? final depend? que el tribunal censurara o no la decisi? de la Mesa del Congreso de reducir su actividad durante los primeros d?s de la pandemia, lo que fue impugnado por Vox, que considera que se atent?contra el derecho de los diputados.
El recurso se dirig? contra los acuerdos de la Mesa del 19 de marzo de 2020. La propuesta del ponente, el magistrado Antonio Narv?z, del sector conservador, era rechazar la tesis de que el Parlamento hab? echado el cierre y vulnerado los derechos de los diputados a controlar al Gobierno. Pero Narv?z cambi?de criterio tras haber escuchado las diez intervenciones que se produjeron en el pleno a lo largo de dos d?s. Diez intervenciones, y no 11, que es el n?ero actual de magistrados, porque faltaba uno de los miembros del tribunal, Alfredo Montoya, quien no acudi?al pleno por enfermedad.
O?os los diez intervinientes, result?que cinco exposiciones hab?n propuesto rechazar el recurso, y otras cinco hab?n defendido conceder el amparo solicitado y anular los acuerdos de la Mesa. La decisi? ya no iba a tener efectos pr?ticos, puesto que lo hecho, hecho estaba. Pero el fallo supondr? un aval o una censura a la labor del Congreso y del Senado, que siguieron estrategias paralelas, en respuesta a la crisis sanitaria. Y ese mismo aval o censura alcanzar? al Gobierno, en la medida en que las decisiones de restricci? de la actividad parlamentaria afectaron, seg? Vox, a la entera labor de control del Ejecutivo.
Concluido el debate en el pleno del tribunal, el presidente del Constitucional, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, consider?llegado el momento de tomar una decisi?, e intent?que se votara el rechazo del recurso presentado por Vox. Pero no lo consigui? El cambio de opini? del ponente, el magistrado Antonio Narv?z, impidi?que se realizara la votaci? pr?ticamente sobre el sonido de la campana.
Durante las dos jornadas de deliberaci? dedicadas a este asunto, se hab?n manifestado a favor del recurso ?y por tanto del reconocimiento de que el Congreso vulner?los derechos de sus diputados? la vicepresidenta, Encarna Roca, y los magistrados Pedro Gonz?ez Trevijano, Santiago Mart?ez Vares, Ricardo Enr?uez y Andr? Ollero. En cambio, hab?n apoyado rechazar el recurso, el presidente del Constitucional, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, y los magistrados Juan Antonio Xiol, Mar? Luisa Balaguer y C?dido Conde-Pumpido, adem? del propio Narv?z, cuyo primer proyecto de sentencia era contrario a la impugnaci? de Vox.
Empate
Se daba, por tanto, un empate que a priori era dif?il de prever. Y ello porque al ser 11, una cifra impar, el n?ero de magistrados actuales del tribunal, solo una ausencia podr? complicar las cosas, al facilitar una situaci? de paridad. Y esa ausencia se produjo al faltar el magistrado Alfredo Montoya, del sector conservador.
Pero los presentes eran diez, y terminadas las intervenciones, el presidente, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, se dirigi?al magistrado ponente, Narv?z, y le pregunt?si somet? su proyecto de sentencia a votaci?. El presidente decantaba el caso con su voto de calidad. Hubo risas en la sala. Se ve? venir la jugada de enroque. Y se produjo. Narv?z, quien ya hab? manifestado sus dudas a lo largo del debate, habl?esta vez con suma claridad, para decir que no se pod? producir la votaci?. Gonz?ez Rivas pregunt?por qu? y el magistrado ponente explic?que iba a cambiar su proyecto de sentencia, porque las razones dadas por los partidarios del recurso de Vox le hab?n parecido dignas de consideraci?. No hab? nada que votar, por tanto, porque la ponencia inicial ya no estaba sobre la mesa.
Lo previsible es que la nueva ponencia que lleve Narv?z al pr?imo pleno, en octubre, anular?el cierre del Congreso de marzo de 2020 por seis votos a cuatro, al regresar el ponente con su sector, el conservador, que es tambi? el mismo sector del magistrado ausente el pasado jueves. Quiz?Montoya no vote, porque es frecuente que no lo haga quien no ha asistido a todos los debates. Pero fue el cambio de Narv?z el que, en una situaci? ins?ita, le dio la vuelta a la tortilla.
EL CONSTITUCIONAL SE DIVIDE ACERCA DE MANTENER LA CONDENA DE LOS IMPLICADOS EN EL CERCO AL PARLAMENT
Siete magistrados consideran que los hechos no deben quedar impunes, y cuatro estiman que los acusados no debieron ser condenados por el Supremo sin antes haber sido escuchados
El Constitucional ha rechazado por siete votos a cuatro la propuesta de conceder el amparo y anular la sentencia que conden?a tres a?s de prisi? a ocho de los autores del cerco al Parlament, ocurrido en 2011. El fallo condenatorio del Supremo, por tanto, se mantiene en vigor y el recurso de los implicados en aquellos hechos se discutir?de nuevo en un pr?imo pleno, con un fallo que propondr? rechazar el recurso de los implicados. Han sido mayor? los magistrados que consideraban que los hechos no deb?n quedar impunes frente a quienes estiman que los condenados deb?n haber sido escuchados previamente por el alto tribunal.
El magistrado C?dido Conde-Pumpido, que hab? elaborado el proyecto de fallo, ha declinado seguir como ponente del asunto, y le sustituir?el tambi? magistrado Antonio Narv?z, quien a lo largo de las deliberaciones se decant?del lado de la mayor?, constituida por siete miembros del tribunal. El argumento de dicha mayor? es que no hay razones para que deba anularse la sentencia que dict? el Supremo contra los autores del cerco, un hecho que provoc?que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuviera que acceder al Parlament en helic?tero.
La ponencia presentada propon? la anulaci? de dicho fallo porque los condenados lo fueron sin que el Supremo les hubiera o?o, cuando en primera instancia la Audiencia Nacional les hab? absuelto. En estos casos, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conduce a que no se pueda pasar de una absoluci? inicial a una condena en segunda instancia sin haber escuchado a los implicados.
Este argumento, expuesto por el ponente, cont?con el apoyo de la vicepresidenta del tribunal, Encarnaci? Roca, y de los magistrados Juan Antonio Xiol y Mar? Luisa Balaguer. En cambio, se opusieron a esta tesis el presidente del tribunal, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, y los magistrados Ricardo Enr?uez, Andr? Ollero, Pedro Gonz?ez Trevijano, Alfredo Montoya, Antonio Narv?z y Santiago Mart?ez Vares.
La mayor? del tribunal de garant?s, por tanto, ha considerado que en este asunto lo primordial es entender que el prop?ito de los autores del cerco al Parlamento catal? era detener sus funciones. Un hecho b?ico para llegar a esta conclusi? es que la convocatoria de las protestas se llev?a cabo bajo el lema ?Aturem el Parlament? (?Paremos el Parlamento?, en catal?). Ello justificar?, a juicio de los magistrados de la mayor?, que los hechos se consideraran como constitutivos de un delito contra las instituciones del Estado.
La tesis de esa mayor? es que el Supremo no cambi?los hechos probados en la primera sentencia de la Audiencia Nacional ―que fue absolutoria―, sino que descart?de plano que el derecho de manifestaci? y de protesta de los implicados justificara que quisieran parar la actividad de la asamblea parlamentaria catalana. El fallo de la Audiencia, en cambio, interpretaba y tomaba en especial consideraci? que la motivaci? de los manifestantes era expresar su repulsa por la proyectada aprobaci? de unos presupuestos que implicaban importantes recortes en los servicios p?licos.
Por tanto, la absoluci? decidida por la Audiencia Nacional se bas?―seg? se reflej?en la sentencia, de la que fue ponente el magistrado Ram? S?z― en que la conducta de los manifestantes persegu? ?reivindicar los derechos sociales y los servicios p?licos frente a los recortes presupuestarios y a expresar el divorcio entre representantes y representados?. El fallo del Supremo ―del que fue ponente su presidente, Manuel Marchena― estim?en cambio que ?paralizar el trabajo ordinario del ?gano legislativo supone afectar no ya al derecho fundamental de participaci? pol?ica de los representantes pol?icos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democr?ico?.
PSOE Y PP CIERRAN LA RENOVACI? DEL CONSTITUCIONAL, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
El cambio no altera la mayor? conservadora en el Tribunal Constitucional
El PSOE y el PP han acordado la renovaci? de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019, y han pactado adem? el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas, adem? de situar a ?gel Gabilondo como futuro Defensor del Pueblo.
Fuentes del PSOE y del PP han hecho un anuncio conjunto de los nombres que renovar? estas tres instituciones y la Agencia de Protecci? de Datos, un pacto que sin embargo no alcanza el Consejo General del Poder Judicial, donde ambos mantienen posturas alejadas: el PP pide un cambio en el m?odo de elecci? y los socialistas quieren mantener el sistema vigente.
Tribunal Constitucional
El acuerdo supondr?la incorporaci? de cuatro nuevos magistrados al Tribunal Constitucional: Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes; Concha Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Inmaculada Montalb?, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc?; y Juan Ram? S?z Valc?cel, magistrado de la Audiencia Nacional.
La renovaci? no alterar?sustancialmente el reparto de mayor?s en el tribunal de garant?s, con un sector conservador predominante, pero corregir?la anomal? de contar con un magistrado menos y dar?ox?eno a un tribunal en el que el ambiente se ha enrarecido en los ?timos meses.
Los conservadores mantienen una mayor? de 7 a 5 en el pleno a la espera de la renovaci? de otros cuatro miembros en 2022 (los magistrados del TC tienen mandatos de nueve a?s y las renovaciones se acometen de cuatro en cuatro cada tres a?s). Sobre la mesa hay asuntos tan relevantes como la eutanasia, el segundo estado de alarma, la Ley Cel? o el aborto.
El nuevo presidente saldr? seg? una norma no escrita que determina que se elige entre los cuatro magistrados que se encuentran en el ?timo tercio de su mandato, de entre los conservadores Pedro Gonz?ez-Trevijano, Antonio Narv?z y Santiago Mart?ez-Vares y el progresista Juan Antonio Xiol.
Tribunal de Cuentas
Para el Tribunal de Cuentas, proponen a Enriqueta Chicano J?ega (consejera del propio Tribunal), Isabel Fern?dez Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM), Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas), Elena Hern?z Salguero (expresidenta del Tribunal Econ?ico-Administrativo de la Comunidad de Madrid) y Diego ?iguez Hern?dez (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo).
Tambi? a Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia), Jos?Manuel Otero Lastres (catedr?ico de Derecho Mercantil), Joan Mauri Maj? (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona), Javier Morillas (catedr?ico de Econom? Aplicada), Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya), M? Luz Rodr?uez Rodr?uez (gerente tributaria de la Diputaci? de Barcelona) y Miguel ?gel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas).
Defensor del Pueblo y Agencia de Protecci? de Datos
Para el Defensor del Pueblo, proponen a ?gel Gabilondo, catedr?ico de Metaf?ica de la UAM, exministro de Educaci? y diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid; y como Adjunta Primera a Teresa Jim?ez Becerril, diputada del PP y presidenta de la Fundaci? Alberto Jim?ez-Becerril.
En el caso de la Agencia Espa?la de Protecci? de Datos, proponen como directora a Bel? Cardona Rubert (catedr?ica de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia), y como Adjunto a Borja Adsuara Varela (abogado y consultor en derecho digital).
Un sector del tribunal rebate esta tesis con el argumento de que durante el confinamiento no se suspendieron derechos, sino que solo se limitaron
El proyecto de sentencia que maneja el Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma avala que caben dentro de la Constituci? las medidas que adopt?el Gobierno frente a la pandemia, pero considera que se produjo una suspensi? de derechos fundamentales, y no una mera limitaci?. Por lo tanto, estima que el instrumento jur?ico que debi?utilizarse es el del estado de excepci?, y no el del estado de alarma.
El texto razona que el confinamiento y la suspensi? de derechos que supuso se justifica plenamente por la situaci? de emergencia sanitaria causada por la pandemia, y dedica una parte de su exposici? a explicar que en todos los pa?es afectados se tomaron decisiones similares, por lo que no hay reproches a la reacci? del Gobierno para la protecci? de la salud p?lica. Ahora bien, el proyecto de sentencia sostiene en paralelo que el paraguas legal que correspond? a esas medidas es el del estado de excepci?, que debe ser acordado por las Cortes, mientras que el de alarma lo decreta el Ejecutivo y luego lo refrenda el Parlamento.
El borrador del fallo, por tanto, estima que fue contrario a la Constituci? suspender los derechos de residencia, reuni? y libre circulaci? mediante la declaraci? del estado de alarma, si bien no todos los magistrados est? de acuerdo en el Constitucional sobre este punto de vista. Fuentes del tribunal de garant?s aseguran que habr?mucho debate sobre estos extremos, porque un sector de los magistrados considera que tales derechos no quedaron suspendidos durante el confinamiento, sino simplemente limitados. Y a?den que para tal limitaci? no ser? necesario acudir a la declaraci? del estado de excepci?.
La tesis del proyecto de sentencia ?de la que es ponente el magistrado Pedro Gonz?ez Trevijano? parte de considerar que cuando en Espa? se decret?el estado de alarma los derechos de residencia, reuni? y libre circulaci? quedaron inmediatamente suspendidos, y la poblaci? privada de ejercerlos. El texto sostiene que la posibilidad de abandonar el domicilio para actuaciones de emergencia, o para ir al supermercado, o incluso para comprar el peri?ico o pasear al perro, no desmienten la suspensi? de derechos. Por tanto, lo procedente en la situaci? sanitaria de emergencia era actuar como se hizo, pero llamando a las cosas por su nombre, y ese nombre, en el caso de las citadas suspensiones de derechos, es el de estado de excepci?.
Quienes en el tribunal creen que no hubo tal suspensi?, sino una mera limitaci?, citan que durante el confinamiento hubo incluso manifestaciones, ante las que algunos tribunales superiores de justicia discreparon, de modo que en unos casos se autorizaron y en otros, no. El hecho de que se permitieran ?y en otros casos se toleraran? demostrar? que los derechos fundamentales se restringieron, pero no que quedaran temporalmente abolidos, por haber sido suspendidos. Se recuerda, en este sentido, que algunas movilizaciones toleradas empezaron con caceroladas contra el Gobierno en el barrio de Salamanca de Madrid y se convirtieron en manifestaciones en una de sus calles, N?ez de Balboa, en las que se ejerci?ese derecho ante la mirada de la polic?, sin que llegara a actuar.
EL CONSTITUCIONAL FALLA QUE LA RESTRICCI? DE LA ACTIVIDAD DEL PARLAMENTO EN LA PANDEMIA VULNER?LOS DERECHOS DE LOS DIPUTADOS
La sentencia, que supone un nuevo varapalo a la estrategia jur?ica del Gobierno, ha prosperado por seis votos a cuatro tras el cambio de opini? del ponente
El Tribunal Constitucional ha tumbado por seis votos a cuatro el cerrojazo a la actividad parlamentaria del Congreso y el Senado durante las primeras semanas de la pandemia en 2020, al avalar el recurso de amparo presentado por Vox contra dicha medida. La decisi? del tribunal se ha tomado despu? de que el ponente, el magistrado del sector conservador Antonio Narv?z, cambiara in extremis el sentido de su voto en el pleno de septiembre, anunciando que iba a confeccionar un nuevo borrador de sentencia en el que propondr? acoger las pretensiones de Vox.
El Parlamento no lleg?a estar completamente cerrado en ning? momento de la pandemia, pero la Mesa s?decidi?a primeros de marzo de 2020, en plena ebullici? de los contagios por la covid-19, suspender las sesiones de control y congelar los plazos de enmiendas y otros procedimientos casi durante un mes. Eso gener?un efecto en cascada sobre la actividad general de las C?aras, afectando globalmente a sus funciones, seg? ha concluido el tribunal.
Inicialmente, la ponencia abogaba por rechazar el recurso, entendiendo que la Mesa del Congreso ?y la del Senado, que adopt?decisiones en el mismo sentido? hab? adoptado una resoluci? proporcionada al riesgo sanitario existente. O?as las 10 intervenciones que hubo en el pleno (en el que falt? como este martes, el magistrado Alfredo Montoya por enfermedad), se constat?que el tribunal estaba dividido en dos bloques de cinco magistrados. Ello significaba que ganaba la postura partidaria de rechazar el recurso, ya que el presidente del Constitucional, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, que en caso de empate tiene voto de calidad, apoy?al grupo que propon? esta soluci?.
La votaci?, sin embargo, no lleg?a tener lugar, porque el ponente anunci?en el ?timo momento que una vez concluida la deliberaci? estimaba pertinente cambiar el sentido de su propuesta de resoluci?, puesto que le hab?n convencido las razones de los partidarios de aceptar el recurso de la formaci? ultra. Narv?z ha llevado este martes al pleno su nuevo texto, y, al sumar su voto al de los cinco magistrados que respaldaron la impugnaci?, la sentencia aprobada considera que el Congreso cercen?indebidamente la labor parlamentaria de los diputados, cuando debi?hacerla compatible con las medidas de protecci? frente a la extensi? de la pandemia.
Vox pide la dimisi? de Batet
Los portavoces del PP y Vox en la C?ara, Cuca Gamarra y Macarena Olona, recordaron este martes que entonces sus partidos se opusieron a esa situaci? en la Mesa, aunque luego solo fue la formaci? ultra la que recurri?esas medidas al Constitucional. Las dos portavoces han arremetido de manera muy similar contra la restricci?, que consideran ?una vulneraci? de los derechos y libertades fundamentales de los diputados? al restar por parte del Gobierno de Pedro S?chez atribuciones de control al Parlamento.
La entonces portavoz popular, Cayetana ?varez de Toledo, se indign?mucho en aquellos d?s con lo que catalog?como un ?cierre del Parlamento, algo que no deb? suceder ni en tiempos de guerra?. Olona se lo ha agradecido este martes, aunque luego le ha lanzado un dardo al PP por dejarla sola y no recurrir. El portavoz del PSOE, H?tor G?ez, ha optado por no entrometerse en el contenido de la sentencia, pero ha defendido el comportamiento y la ?responsabilidad? de la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, por ?pensar en el inter? general?. Olona ha reclamado, sin embargo, la dimisi? inmediata de Batet.
Han votado a favor del recurso de Vox la vicepresidenta del Constitucional, Encarnaci? Roca, y los magistrados Santiago Mart?ez Vares, Pedro Gonz?ez Trevijano, Ricardo Enr?uez, Andr? Ollero y el ponente, Antonio Narv?z. En contra de la impugnaci? se pronunciaron el presidente del tribunal, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, y los magistrados C?dido Conde-Pumpido, Mar? Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol.
Esta es la segunda sentencia con la que el Constitucional cuestiona la estrategia jur?ica seguida por las instituciones frente a la emergencia sanitaria. La primera se produjo el pasado mes de julio, cuando el tribunal consider? inconstitucional el primer decreto del Gobierno sobre el estado de alarma, por haber supuesto entre otras medidas el confinamiento de la poblaci?. El fallo estim?que una decisi? de este tipo supuso la suspensi?, y no solo la limitaci?, de derechos fundamentales, en este caso el de libre circulaci?, y que eso requer? otro instrumento jur?ico: el estado de excepci?.
EL JUEZ QUE PERMITI?A TREVIJANO UN TERCER MANDATO COMO RECTOR COBRABA DE LA URJC
El magistrado Alberto Palomar era profesor de un master de la Rey Juan Carlos mientras instru? una demanda contra el ex rector y ahora magistrado del Constitucional
Este magistrado se llama Alberto Palomar Olmeda. En enero de 2010 lleg?a su juzgado, el n?ero 23 de Madrid, la demanda contra el entonces rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Pedro Gonz?ez Trevijano -ahora magistrado del Tribunal Constitucional (TC)- por presentarse a un tercer mandato salt?dose los estatutos de la propia universidad que establec?n un m?imo de dos mandatos consecutivos. Una denuncia que este juez resolvi?un a? despu?, en enero de 2011, y que desestim? Fall?a favor de Trevijano. Mientras esto ocurr?, el magistrado Alberto Palomar era profesor del m?ter de periodismo deportivo de la URJC. El magistrado asegura a esta emisora que ha impartido una 'masterclass' de muy pocas horas en ese posgrado, muy puntualmente aunque seg? ha confirmado la Cadena SER de documentos internos de la universidad fue profesor de ese posgrado desde 2007 hasta 2013.
No era su ?ica vinculaci? con la URJC. En julio de 2010, justo en medio del tiempo que dur?la instruci? de la demanda en su juzgado, el magistrado Alberto Palomar particip?en un curso de la Fundaci? Rey Juan Carlos, de la que es patrono el ex rector Trevijano. En ese curso coincidi?con el profesor Pablo Chico de la C?ara, imputado ahora en el caso del m?ter de la ex presidenta madrile? Cristina Cifuentes. En esas jornadas que se celebraron entre el 5 y el 9 de julio, dirigidas por el catedr?ico de la URJC Luis Mar? Cazorla, particip?tambi? Enrique Arnaldo Alcubilla, profesor de la Rey Juan Carlos y, en aquel momento, representante general de la candidatura de Pedro Gonz?ez Trevijano en su tercera reelecci?.
M? v?culos con la universidad de Trevijano
Adem?, este magistrado figura como colaborador en un proyecto de investigaci? de la URJC dirigido por Susana Galera, profesora imputada del m?ter de Cifuentes. En ese equipo liderado por Galera, adem? del juez, estaba tambi? el t? de Cecilia Rosado, tambi? imputada, Santiago Rosado Pacheco, catedr?ico de derecho administrativo de la Rey Juan Carlos. En 2016, el magistrado mantiene la vinculaci? con la Universidad Rey Juan Carlos y, en este caso, con el Instituto de Derecho P?lico de Enrique ?varez Conde. Alberto Palomar explica a la SER que particip?en un curso que organiz?el COE (Comit? Ol?pico Espa?la) con la URJC. Seg? la documentaci? que obra en poder de la SER, en diciembre de ese a?, 2016, el magistrado recibi?una transferencia de casi 400 euros por parte del instituto de Conde. Palomar Olmeda admite estas vinculaciones con la Universidad aunque precisa que se trata de hechos espor?icos, puntuales y en el marco de conferencias y seminarios. Este juez asegura que ahora no tiene vinculaci? acad?ica ni contractual alguna con la URJC y que nunca la ha tenido, a pesar de que recib? una contraprestaci? econ?ica por todas estas actividades docentes.
Denunciado por prevaricaci?
Una de las causas que marca la jurisdicci? espa?la para la abstenci? o recusaci? de un magistrado es la de "tener inter? directo o indirecto en la causa". A pesar de lo que establece la ley, el juez Palomar Olmeda no se inhibi?y fue denunciado por prevaricaci? y por demorar durante 114 d?s la ejecuci? de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en segunda instancia, s?anul?la candidatura del ex rector. Alberto Palomar justific? el retraso en que Trevijano hab? presentado un incidente de nulidad y que hasta que no se resolviera el fallo no pod? ser firme y, por tanto, no se pod? anular su candidatura al rectorado de la URJC.
El TSJM, que instruy?esta querella por prevaricaci? contra el juez, la desestim?con un voto particular del magistrado Emilio Fern?dez Castro que si apreci?indicios de delito en la actitud de Palomar Olmeda. En ?tima instancia, Trevijano recurri?la anulaci? de su candidatura ante el Constitucional, el tribunal del que ahora forma parte como magistrado, que le dio la raz?. Otra sentencia en todo este relato que se cerr?con un voto particular, en este caso, de la magistrada Encarnaci? Roca Tr?s.
https://cadenaser.com/emisora/2018/09/20/radio_madrid/1537423496_559114.html
PEDRO GONZ?EZ-TREVIJANO: EL NEXO ENTRE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y EL PP
Durante su mandato, el rector Trevijano estuvo envuelto en distintas pol?icas relacionadas con su renovaci? en el cargo o con supuestos gastos irregulares, enfrent?dose al catedr?ico David R?s
Otro de sus rivales internos era Enrique ?varez Conde, con quien pact?la creaci? del pol?ico instituto en el que Cifuentes hizo su m?ter
Contactado por eldiario.es, el ahora magistrado del Constitucional no quiere hacer declaraciones, aunque fuentes cercanas a ? aseguran que cuando era rector no tuvo conocimiento de que la presidenta madrile? se matriculara en la universidad
Ha quedado fuera de foco en la crisis abierta en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a ra? de que salieran a la luz las irregularidades del m?ter de la presidenta madrile?, Cristina Cifuentes. Pero fue durante su mandato como rector cuando pas? todo. El actual magistrado del Tribunal Constitucional Pedro Gonz?ez-Trevijano estuvo al frente de la universidad 11 a?s, de 2002 a 2013, un periodo en el que la universidad creci??hab? nacido en 1996? y consolid?su oferta acad?ica creando adem? una extensa red de colaboradores y profesores muy vinculados a la pol?ica y, en concreto, al PP.
Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, la vinculaci? de Gonz?ez-Trevijano con los populares se remonta a sus a?s de estudiante, cuando coincidi?con Gustavo Villapalos, que entonces comenzaba su etapa como joven profesor, que luego se convertir? en decano y rector de la Complutense y que, finalmente, fue elegido como consejero de Educaci? y Cultura por Alberto Ruiz-Gallard?. Villapalos, amigo a su vez de la propia Cifuentes, fue el creador de la URJC que, en sus inicios, vivi?periodos convulsos ?tuvo cuatro rectores en cuatro a?s? pero que consigui?cierta estabilidad precisamente al llegar Trevijano al poder. No obstante, la pol?ica le acompa? durante su mandato.
El tambi? catedr?ico de Derecho Constitucional lleg?al cargo de rector en mayo de 2002 y lo renov?en las elecciones de diciembre de 2005. Los estatutos de la URJC, aprobados en 2003, limitaban a dos el n?ero de mandatos. Sin embargo, Trevijano volvi?a presentarse a los comicios a rector en 2009. Fue entonces cuando su eterno rival, el catedr?ico de Estad?tica e Investigaci? Operativa David R?s Ins?, con quien mantendr? numerosos conflictos, impugn?su candidatura. Pero Trevijano argument?que el reglamento se hab? aprobado cuando ? ya era rector, por lo que no se pod? aplicar de forma retroactiva, un aspecto que fue avalado por la Junta Electoral Central, que le permiti?seguir adelante con su candidatura.
El actual rector, Javier Ramos, de la m?ima confianza de Trevijano, fue precisamente el emisario que el entonces m?imo dirigente de la URJC envi?a R?s para que retirase esa demanda que hab? presentado contra ?. "T?me quitas el contencioso porque me he presentado a la tercera reelecci? como rector y yo a cambio, ?qu? quieres?, dinero, profesores, departamentos, espacios...", le transmiti? Ramos a R?s. La comprometida conversaci? fue grabada y este es el audio, que desvel?eldiario.es.
Posteriormente Trevijano se querell?por injurias contra R?s, a ra? de unos comentarios an?imos vertidos en su p?ina web, en los que se aseguraba que el actual magistrado y miembros de su equipo directivo se quedaban con comisiones de contratas de la universidad. A ra? de esa querella, un juez abri?diligencias previas en las que solicit?a la instituci? educativa un "listado desglosado de datos y sus correspondientes justificaciones" de una serie de partidas de "gastos diversos" que ascendieron a m? de 400.000 euros para poder determinar si el comentario hab? incurrido efectivamente en un delito de injurias. La universidad public?entonces una nota aclaratoria desglosando esos gastos.
Fernando Su?ez, catedr?ico de Historia del Derecho y de las Instituciones que fue vicerrector y mano derecha de Trevijano, y que le suceder? en el cargo en 2013, tambi? tuvo un papel central en esa guerra entre Trevijano y R?s. El director del departamento de Estad?tica, Antonio Alonso, denunci?a Su?ez por haberle amenazado en 2009 con quitarle carga docente y despedir a profesores si su departamento no retiraba el apoyo a David R?s y se situaba a favor de la candidatura de Trevijano. Posteriormente, en 2016, Su?ez se vio envuelto en un pol?ico caso de plagio que le oblig?a adelantar las elecciones a rector que gan?el actual dirigente y persona de su confianza Javier Ramos.
Asimismo, Enrique ?varez Conde, el gran responsable acad?ico del esc?dalo del m?ter, era uno de los rivales internos de Trevijano dentro de la URJC. Con este catedr?ico, al igual que con otros, el entonces rector pact?un acuerdo de paz muy similar al que Ramos verbaliz?en la antes citada grabaci?: paz a cambio de profesores, presupuesto, recursos... Una de las consecuencias de esa paz entre ambos acad?icos y sus respectivos partidarios fue la puesta en marcha del Instituto de Derecho P?lico donde Cifuentes curs?su m?ter. ?Le dej?hacer y deshacer?, explica un profesor consultado por este diario sobre el papel de ?varez Conde en el pol?ico instituto. Esta pol?ica clientelar de Gonz?ez Trevijano dentro de la universidad explica tambi? la abundancia de contratos ilegales de profesores visitantes o la enorme cantidad de familiares de otros docentes en la URJC.
En la etapa de Trevijano entraron en la universidad contactos pol?icos e incluso a familiares de cargos del PP. Entre ellos se encuentran Isabel Ruiz-Gallard? Garc? de la Rasilla, prima del exministro y presidente de la Comunidad de Madrid cuando se cre?la universidad; Margarita Cifuentes Cuencas, hermana de la actual presidenta regional; Isabel Mayor Bastida, sobrina del exministro Jaime Mayor Oreja; o Mar? del Mar Alarc?, cu?da del exn?ero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
Varias fuentes aseguran, adem?, que fue Trevijano quien recomend?ante Cristina Cifuentes a Rafael van Grieken como consejero de Educaci?. Van Grieken tambi? es catedr?ico de la URJC y es alguien de la confianza de Trevijano desde sus a?s como rector. Bajo su mandato, Van Grieken fue vicerrector de Investigaci? de la URJC. Desde ah? Trevijano lo promocion?con la llegada del PP a un puesto relevante: la direcci? de la ANECA, el organismo que valida los t?ulos oficiales del Ministerio de Educaci?, como el que obtuvo Cristina Cifuentes. M? tarde, con la llegada de Cifuentes a la presidencia de Madrid, Rafael van Grieken se convirti?en el consejero de Educaci? de la Comunidad de Madrid.
La mujer de Trevijano, Mar? Teresa Mart? del Peso, tambi? trabaja en la URJC como personal administrativo. Es amiga de Cristina Cifuentes y de Mayte Feito, la persona que la presidenta de Madrid envi?al rectorado el d? en que eldiario.es public?su primera exclusiva, el d? en que se fabric?el acta falsa que Cifuentes us?para defenderse y, posteriormente, pedir c?cel contra dos periodistas de eldiario.es. Del Peso tambi? tiene relaci? con Amalia Calonge, la funcionaria que cambi?las notas de Cifuentes. Adem? de la mujer de Trevijano, como desvel?la Cadena Ser, tambi? trabaja en la universidad Mar? Teresa Martialay, esposa del exrector Fernando Su?ez. Y dos hijos de otro rector, de Rogelio P?ez Bustamante. Asimismo, est? contratado Mariano S?chez Magdaleno, el hermano de Mar? Teresa S?chez Magdaleno, la todopoderosa gerente general de la universidad hasta su cese, en febrero.
Docentes de la URJC consultados por este diario mencionan el trato ?exquisito? que mantuvieron con Trevijano durante su mandato. Es el caso de la catedr?ica de comunicaci? audiovisual y expresidenta de RTVE Carmen Caffarel, o el de Manuel Villoria, catedr?ico de Ciencia Pol?ica, que explica que ?siempre se port?muy bien? con ? y que tuvieron una relaci? ?cordial?.
Otros profesores que prefieren mantener su anonimato explican que Trevijano ?blind?la universidad ?llevando a gente influyente de distintos ?bitos? y vinculada a partidos pol?icos o sindicatos ?tanto de izquierda como derecha?, de forma que ?todos estuvieran contentos? y ? pudiera ejercer el rectorado libremente y garantiz?dose que siempre se har? lo que ? quisiera. Esto explicar? que, ante la pol?ica que ha generado el m?ter de Cristina Cifuentes, ning? gran sindicato de la universidad se haya a? pronunciado para denunciar las irregularidades, con la excepci? de Somos Sindicalistas URJC.
Su relaci? con el poder no se circunscribe, por tanto, ?icamente al PP, que en 2013 le hizo magistrado del Tribunal Constitucional. ?Es muy ambicioso y mientras era rector siempre quiso que le nombraran o bien ministro o magistrado del Constitucional, lo que finalmente consigui? Pero a pesar de su cercan? al PP supo mantener ciertos espacios de colaboraci? con personas de otros partidos?, se?la otro profesor. Trevijano no es un magistrado m? dentro del Alto Tribunal. Su nombre ha sonado en numerosas ocasiones como futuro presidente del TC. Fuentes del PP lo consideran una persona clave para el partido en este tribunal. Y es uno de los magistrados con m? capacidad para llegar a acuerdos amplios con el resto de los magistrados conservadores y tambi? con los progresistas. De hecho, form?parte de la Comisi? de Expertos creada por el Gobierno de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero para el futuro del Valle de los Ca?os, siendo, no obstante, contrario al traslado de los restos de Franco que s?respaldaron los expertos progresistas.
Sus contactos llegan incluso a las m? altas esferas del Estado por su participaci? como subdirector del Centro de Estudios Pol?icos y Constitucionales en la etapa de Carmen Iglesias como directora. Como explican trabajadores de la URJC que han conocido de cerca a Trevijano, ?te manten? una relaci? de amistad con Iglesias, con quien hab? coincidido en la Complutense. Y fue ella quien le puso en contacto tanto con el rey em?ito, Juan Carlos de Borb?, como con el actual Felipe VI, de quien fue profesora de Historia. Seg? explican, esa relaci? con el monarca est?en el origen del ?poder? de Trevijano tanto en su etapa en la universidad como ahora en el Tribunal Constitucional. Un docente explica que el exrector ?se sirvi?para su objetivo de llegar al TC de varios art?ulos en el ABC, en los que se dedicaba a halagar al Rey Juan Carlos?.
Distintas fuentes explican que, durante el mandato de Trevijano, Fernando Su?ez era el ?ejecutor? de sus ?denes. ?Era quien dirig? la universidad por detr? mientras Trevijano se dedicaba m? a las relaciones p?licas y a la pol?ica?, apunta un docente. Trabajadores de la URJC explican que ?mientras que Gonz?ez-Trevijano se codeaba tranquilamente con los reyes o con la alta pol?ica, Su?ez es un hombre m? gris, m? de despacho?. Se?lan, a su vez, que el actual rector, Javier Ramos, era alguien de su m?ima confianza.
Este diario se ha puesto en contacto con Trevijano para conocer su opini? sobre el caso del m?ter de Cifuentes, contrastar todas las afirmaciones realizadas por sus excolaboradores contenidas en este art?ulo y preguntarle sobre los cargos y contrataciones aqu?mencionadas. Pero el actual magistrado ha rechazado realizar cualquier tipo de declaraci?. Fuentes cercanas al exrector de la URJC han apuntado, en todo caso, que ?sin prejuzgar el fondo del asunto? relacionado con la presidenta madrile?, ?, como rector, ?no ten? conocimiento? de que se hubiera matriculado en ese m?ter ni Cifuentes ni ninguna otra persona.
https://www.eldiario.es/sociedad/pedro-gonzalez-trevijano-universidad-carlos-pp_1_2172416.html
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL GIRA M? A LA DERECHA
Tras la renovaci?, los magistrados conservadores consolidan posiciones
Como estaba previsto tras la elecci? la pasada semana por el Pleno del Senado, a propuesta de Asambleas Legislativas de varias Comunidades Aut?omas, de 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, ayer han tomado posesi? de sus cargos en el Palacio de la Zarzuela en un acto presidido por el Rey, bajo la atenta y complaciente mirada de Mariano Rajoy, Ana Pastor, P? Garc?-Escudero, Carlos Lesmes y el ministro de Justicia, Rafael Catal?
Se ha completado as?la elecci? de los 12 miembros que lo componen tras el proceso de renovaci? parcial de un tercio de sus miembros. En los pr?imos d?s el Pleno del Tribunal tendr?que elegir a su Presidente y Vicepresidente.
Como tambi? estaba no menos previsto, de los 12 miembros que forman el Alto Tribunal, por muchos eufemismos y ambig?dades que se quieran utilizar, el hecho cierto es que una mayor? holgada formada por 7 magistrados son marcadamente conservadores, algunos adem? est? estrechamente vinculados al Partido Popular, mientras que una minor? formada por los 5 restantes considerados de talante progresista, est? pr?imos al PSOE, excepci? hecha de la magistrada Encarnaci? Roca Tr?s que a tenor de lo que afirman conocer de cerca su trayectoria no ocultan que desde un tiempo a esta parte mantiene unas posiciones cada d?, hora y minuto m? cercanas al grupo conservador.
En todo caso, que nadie se lleve a enga?. Si durante la etapa presidida por Francisco P?ez de los Cobos, ex militante activo del PP, el Gobierno de Rajoy encontr?en sus sentencias cari? y comprensi? con la nueva composici? estas relaciones de aprecio reciproco se consolidar? a? m? gracias a esa mayor? formada por magistrados que han sido propuestos, sugeridos, insinuados y/o patrocinados por el Partido Popular y/o a trav? de asociaciones judiciales emparentadas con los inquilinos de G?ova 13.
Para los mas despistados aqu?os va un r?ido perfil de los 12 magistrados que en los pr?imos a?s ir? con sus sentencias fijando criterio en cuestiones claves que afectaran tanto a nuestros derechos y libertades como a la organizaci? territorial del Estado. Vayamos a ello.
Conservadores
Juan Jos?Gonz?ez Rivas. (2012). Magistrado Tribunal Supremo. Nombrado en julio del 2012 a propuesta del Congreso y bajo el patrocinio del Grupo Parlamentario Popular (GPP). Miembro de la Asociaci? Profesional de la Magistratura. Colaborados Fundaci? FAES.
Andr? Ollero Tassara. (2012). Catedr?ico de Universidad. Nombrado en julio del 2012 a propuesta del Congreso y bajo el patrocinio del Grupo Parlamentario Popular (GPP). Numerario del Opus Dei. Ex diputado durante 19 a?s del PP en el Congreso
Santiago Mart?ez-Vares Garc?. (2013). Magistrado Tribunal Supremo. Nombrado en junio del 2013 a propuesta del CGPJ bajo el patrocinio de la Asociaci? Profesional de la Magistratura de la que fue su Presidente. Colabora con la Fundaci? FAES.
Pedro Jos? Gonz?ez-Trevijano S?chez. Catedr?ico de Universidad (2013). Ex Rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Nombrado en junio del 2013 a propuesta Gobierno de Rajoy. Colabora con la Fundaci? FAES .
Antonio Narv?z Rodr?uez.(2014). Teniente Fiscal de la Fiscal? del Tribunal Supremo. Nombrado en julio del 2014 a propuesta del Gobierno de Rajoy. Sustituye a Enrique L?ez que dimiti?tras ser detenido por conducir ebrio. Colabora con la Fundaci? FAES.
Ricardo Enr?uez Sancho. Magistrado Tribunal Supremo (2014 y 2017). Nombrado en marzo del 2013 y en marzo del 2017 a propuesta del Senado bajo el patrocinio del Grupo Parlamentario Popular (GPP).
Alfredo Montoya Melgar. Catedr?ico de Universidad (2017). Nombrado en marzo del 2017 a propuesta del Senado (GPP) bajo el patrocinio del Grupo Parlamentario Popular (GPP). Colaborador Fundaci? FAES.
Progresistas
Fernando Vald? Dal-R? Catedr?ico de Universidad. Nombrado en julio del 2012 a propuesta del Congreso y con el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
Encarnaci? Roca Tr?s. Magistrada del Tribunal Supremo (2012). Nombrada en julio del 2012 a propuesta del Congreso con el respaldo de Convergencia i Uni?CiU)
Juan Antonio Xiol R?s. (2013). Magistrado del Tribunal Supremo. Nombrado en junio del 2013 a propuesta del CGPJ
C?dido Conde-Pumpido Tour?. Magistrado del Tribunal Supremo. Ex Fiscal General del Estado durante los gobiernos de ZP. Nombrado en marzo 2017 a propuesta del Senado y con el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
Mar? Luisa Balaguer Callej?. Catedr?ica de Universidad. Nombrada en marzo del 2017 a propuesta del Senado y con el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
De entrada, entre los magistrados conservadores, como no lo fueron sus propias nominaciones, tampoco es casual que salvo 1 de los 7, todos hayan colaborando entusiastamente en los cursos y seminarios organizados por la Fundaci? para el An?isis y los Estudios Sociales (FAES), ligada estrechamente desde su creaci? al Partido Popular. En la actualidad est?presidida por Jos?Mar? Aznar.
Menos casual es a? otra de las caracter?ticas comunes que comparten estos 7 magistrados : sus profundas ?convicciones religiosas? que traducido al lenguaje del com? de los mortales quiere decir que son reconocidos y reconocibles cat?icos, apost?icos y romanos. Entre ellos los hay como Andr? Ollero que adem? es miembro numerario del Opus Dei o Juan Jos?Gonz?ez Rivas muy pr?imo al Cardenal Rouco Varela, ex Presidente de la Conferencia Episcopal y ex arzobispo de Madrid.
Por lo que se refiere a sus valores conservadores, salvo alguna excepci? muy excepcional, son numerosos los ejemplos que acreditan que funcionan como un bloque compacto y homog?eo. Las contadas diferencias que se han producido tienen que ver m? con el hecho de que algunos magistrados son a? m? conservadores que sus colegas de ?bancada?. Brillan con luz propia, Ollero Tassara, Gonz?ez Rivas y Enr?uez Sancho. Los dos primeros firmes candidatos a ser uno de ellos Presidente del Tribunal. Algunos de sus votos particulares en temas como los matrimonios gays o el aborto, nunca defraudan las expectativas que sobre ellos tienen depositadas los sectores m? ultras de la sociedad.
Por lo que se refiere al ?sector progresista?, dada su abultada condici? de minor? minoritaria, sus posibilidades de influir en cuestiones de calado en las decisiones de la mayor? son nulas. Sus votos particulares ser? la mejor prueba que la mayor? conservadora en ?los temas de comer? no dejan margen alguno para el consenso. Esto es lo que hay. Lo dicho, que nadie se lleve a enga?.
El actual candidato a rector de la Rey Juan Carlos Javier Ramos cuenta en un audio de 2010 c?o el exrector y ahora magistrado Pedro Gonz?ez-Trevijano le encarg?ofrecer dinero o cargos al profesor David R?s para que retirara una demanda
"T?me quitas el contencioso porque me he presentado a la tercera reelecci? como rector y yo a cambio, ?qu?quieres?, dinero, profesores, departamentos, espacios...", resume Ramos en el audio al que ha tenido acceso eldiario.es
Tras su paso por la Universidad Rey Juan Carlos, Gonz?ez-Trevijano fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del gobierno de Mariano Rajoy
Unas grabaciones a las que ha tenido acceso eldiario.es (abajo, completas) implican al magistrado del Tribunal Constitucional Pedro Gonz?ez-Trevijano, nombrado por el gobierno de Rajoy en 2013 para el alto tribunal, en un presunto intento de soborno cuando era rector de la universidad p?lica Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.
En el audio, grabado en noviembre de 2010, se puede escuchar c?o Javier Ramos, exvicerrector con Trevijano, decano de Telecomunicaciones y ahora candidato a rector en la Universidad Rey Juan Carlos, dice al profesor de la URJC Antonio Alonso, que es quien graba la conversaci?, que recibi?un encargo de "Don Pedro, la m?ima autoridad", el entonces rector Gonz?ez-Trevijano.
Ramos relata que recibi? el encargo de "cenar" con David R?s, el candidato oponente a Trevijano en las elecciones de 2009. R?s hab? puesto ese mismo a? una demanda por lo contencioso administrativo porque Trevijano se hab? presentado a un tercer mandato, cuando los estatutos de la URJC solo permiten dos.
"T?me quitas el contencioso porque me he presentado a la tercera reelecci? como rector y yo a cambio, ?qu?quieres?, dinero, profesores, departamentos, espacios..." resume Ramos a su interlocutor sobre el encargo que dice que le hizo Trevijano, tal y como se puede escuchar en el audio al que ha tenido acceso eldiario.es.
David R?s ha confirmado a eldiario.es que esa reuni? tuvo lugar. Fue en una cafeter? de la urbanizaci? El Plant? llamada El Descanso, aunque no fue una cena. Fue por la tarde y dur?media hora. "Javier Ramos me dijo que ten? que quitar la demanda y que qu?quer? a cambio. Mencion?dinero, un instituto, cargos... Le dije que no". Preguntado por si Ramos le especific?de qui? era el encargo, contesta: "Me dijo que era del rector".
En la grabaci?, el propio Ramos confirma que R?s no acept?el trato: "De aquella David se descojon?de m? tampoco me ofendi?mucho, me llam?un par de cosas que no me parecieron muy cordiales (...) pero retransmit?a los que me hab?n hecho el encargo la postura".
"Hundido en el fango"
Seg? relata en el audio Javier Ramos, esa negativa a quitar la demanda contra Trevijano es la que propicia una serie de represalias contra el departamento en el que R?s era catedr?ico: "Don Pedro [Gonz?ez-Trevijano] no quiere nada, quiere al otro hundido en el fango". Se lo est?contando al director de departamento de David R?s (que est?ahora en excedencia de la URJC). Le relata que les quitar? profesores y los integrar? en otros departamentos. El desmantelamiento se hizo efectivo durante dos a?s y actualmente no existe ese departamento. Hubo una decena de despidos.
Al principio de la conversaci? ?grabada en el despacho de Antonio Alonso?, Javier Ramos advierte a su interlocutor que "Fernando" [Su?ez, el actual rector de la Rey Juan Carlos, salpicado por el caso de plagios] est?en la batalla de desintegraros como departamento (...) y si es Pedro [Gonz?ez-Trevijano] es una cuesti? de a ver qui? mea m? alto".
eldiario.es se ha puesto en contacto con Pedro G?z?ez-Trevijano para recabar su versi? de estos hechos. El magistrado no ha aceptado una entrevista directa pero, a trav? de un portavoz, asegura que "lo que se dice en esas grabaciones no es cierto". Su postura se resume en que no tiene nada que decir sobre unos hechos que "le son ajenos y que forman parte de una guerra en la que no tiene nada que ver".
Sin embargo, el actual candidato a rector, Javier Ramos ?a trav? tambi? de un portavoz? no niega la veracidad del contenido, sino que se limita a decir que "no hay ninguna base de soborno, se est?instrumentalizando a un medio para un tema que no existe, sale ahora por inter?". Tambi? circunscribe sus palabras a la iron? o la parodia. Este portavoz de Javier Ramos no contesta a las preguntas de si hubo una reuni? con David R?s o si le ofreci?algo a cambio de retirar la demanda: "Eso lo tiene que contestar Javier Ramos". Sin embargo, no da la opci? de hablar con ?.
Tras las primeras llamadas de eldiario.es a los afectados por esta grabaci?, el candidato a rector Javier Ramos ha difundido este lunes un comunicado en el que dice que el audio se est?usando para presionarle y est?"manipulado". Preguntado en qu? su portavoz puntualiza que el fragmento no est?editado, sino que la conversaci? era m? larga y se han cogido tres minutos: "No es que est? manipulada, es que no est?completa".
Otra de las personas citadas en el audio, Javier Mart?ez Moguerza, que fue el representante de la candidatura a rector de R?s y es profesor titular de la URJC, confirma que Javier Ramos le pidi?en 2010 que hablara con R?s para que retirara la demanda, como se escucha en el audio: "Le dije que eso me parec? un soborno, y que hablara ? con David si quer?", dice a eldiario.es.
Esta grabaci? que publica el diario.es fue grabada por el propio interlocutor de Ramos, Antonio Alonso, que tambi? la aport?en una querella por amenazas que interpuso contra Fernando Su?ez (entonces vicerrector y ahora rector, salpicado por una decena de plagios). El juez la admiti?a tr?ite, pero no estim?la grabaci? en esa causa porque no aportaba nada al caso de "amenazas" de Su?ez. El juez solo se pronuncia sobre el caso de amenazas que investig? aunque tanto Trevijano como Ramos usan ese auto para declarar que la grabaci? fue rechazada.
El proceso judicial
Pedro Gonz?ez-Trevijano concurri?a las elecciones a rector en 2009 para el que fue su tercer mandato. Le sali?un oponente, David R?s, que denunci?ante la Universidad que los estatutos solo permit?n dos mandatos. Sin embargo, la l?ea defendida por la URJC fue que el primer mandato de Trevijano se desarroll? en parte antes de los estatutos, por lo que no se deb? contabilizar.
R?s interpuso entonces una demanda por lo contencioso administrativo en noviembre de 2009, tras perder los comicios. Dos a?s despu?, el magistrado Alberto Palomar lo desestim?y cerr?el caso al entender que el primer mandato de Trevijano era anterior a los Estatutos y quedaba fuera del c?puto.
R?s recurri?la decisi? al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, por sentencia firme en junio de 2011, orden?anular las elecciones y pedir al juzgado de primera instancia que ejecutara la sentencia: "Anulamos la proclamaci? de la candidatura de Don Pedro Jos?Gonz?ez-Trevijano S?chez a las elecciones a Rector convocadas el 23 de octubre de 2009, con retroacci? del proceso electoral al momento inmediato anterior al de la proclamaci? provisional".
Se orden?la ejecuci? de la sentencia en octubre de 2011 pero no se ejecut? por lo que David R?s puso una querella por prevaricaci? contra el juez Alberto Palomar, que fue inadmitida (con el voto en contra de un magistrado del Supremo que s?pidi? investigar).
Un mes despu?, con la sentencia pendiente de ejecutar, el Constitucional admiti?el recurso de amparo que present?Gonz?ez Trevijano ?entonces a? rector? porque entendi? que ese fallo hab? vulnerado "su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos p?licos", de modo que la ejecuci? se suspendi?
La Fiscal? hab? rechazado en un informe dar el amparo. Sin embargo, el 7 de noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional fall?a favor de Pedro Gonz?ez-Trevijano, que qued?a todos los efectos legitimado como rector.
Solo una magistrada del TC emiti?un voto en contra. Como ha podido comprobar eldiario.es, Encarnaci? Roca Tr?s manifiest?su desacuerdo al entender que unas elecciones a rector no estaban protegidas por ese derecho constitucional, que se circunscribe a a cargos electivos de representaci? pol?ica en el Estado y cit?doctrina anterior del TC que as?lo valida. En su opini? no se hab? producido ninguna desigualdad en el proceso.
Nueve meses despu? del fallo del Constitucional, el gobierno de Mariano Rajoy nombr?a Pedro Gonz?ez-Trevijano como magistrado de ese mismo alto tribunal, donde contin?. As?lo anunci?Soraya S?nz de Santamar? tras la reuni? del Consejo de Ministros del 7 de junio de 2013.
EL SUPREMO INVESTIGA POR PREVARICACI? AL JUEZ DEL CONSTITUCIONAL GONZ?EZ-TREVIJANO
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, ha designado al magistrado C?dido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado durante los dos mandatos de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero (2004-2011), ponente en la causa abierta contra el magistrado del Tribunal Constitucional Pedro Gonz?ez-Trevijano por un presunto delito de prevaricaci?.
Gonz?ez-Trevijano, que fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) antes de incorporarse en 2013 al Alto Tribunal de la mano del PP, se enfrenta a una querella que le acusa de haber tejido una "tupida trama clientelar" y amparado "numerosas contrataciones ilegales de profesores", salt?dose los "procedimientos legalmente establecidos" durante su etapa como rector (2002-2013).
El hilo argumental de la querella, presentada por el profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicaci? de la URJC Salvador Perell? es la contrataci? presuntamente ilegal del profesor visitante Marco Landeta Vacas, cuya esposa, madre y t? tambi? figuran en la n?ina de esa universidad p?lica. Y a trav? de ese hilo, Perell?trata de desenrollar el ovillo del supuesto nepotismo practicado por Gonz?ez-Trevijano durante casi 11 a?s.
El ahora magistrado del Tribunal Constitucional ?que gast?en s?o cuatro a?s como rector m? de 473.000 euros sin justificar en "atenciones protocolarias y representativas"? asegur?ayer a El Confidencial, a trav? de un portavoz, que no ha recibido "notificaci? alguna del Tribunal Supremo referida a una querella en su contra". Y a?di?que no puede "decir nada respecto de algo que no conoce".
El caso de Landeta Vacas "es s?o la punta del iceberg", sostiene la querella por prevaricaci? contra Gonz?ez-Trevijano. En el curso acad?ico 2012-2013, el entonces rector de la URJC promovi?la contrataci? de aquel como profesor visitante del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Comunicaci?, el mismo al que pertenece Perell? pese a que supuestamente no reun? los requisitos que fija la Ley Org?ica de Universidades (LOU).
El art?ulo 54 de la LOU, que regula la figura de los profesores visitantes, establece s?o dos condiciones para su contrataci?: que sean "profesores o investigadores de reconocido prestigio" y que procedan "de otras universidades y centros de investigaci?, tanto espa?les como extranjeros". Landeta Vacas no cumpl? ninguna de las dos: era un mero licenciado universitario ?no acab?el doctorado hasta 2013? y nunca hab? practicado la docencia en otra universidad.
El joven profesor, sin embargo, s?reun? un m?ito no contemplado en la LOU: sus relaciones de parentesco. Su madre, Catalina Vacas, era entonces decana de la Facultad de Turismo de la URJC; su t?, Trinidad Vacas, ocupaba el cargo de coordinadora del ?ea de Geograf? Humana adscrita al Departamento de Ciencias Sociales ?el mismo en el que trabajaba el querellante y en el que fue colocado su sobrino?; y su esposa, Mar? Jos?Ferrera, era secretaria administrativa del decanato de la Facultad de Ciencias del Turismo.
Seg? el relato de la querella, "con la ?ica finalidad de seguir beneficiando a la familia Vacas y ocultar la trama clientelar y endog?ica perpetrada" por Gonz?ez-Trevijano, este promovi?el traslado de Landeta Vacas a la facultad de la que su madre era entonces decana. Para ello, propuso al Consejo de Gobierno de la URJC el cambio de adscripci? del ?ea de Geograf? Humana: pasar? del Departamento de Ciencias Sociales de Ciencias de la Comunicaci? al Departamento de Lenguas Modernas de Ciencias del Turismo.
"Nadie sensato desde el punto de vista acad?ico puede defender que es m? coherente que el ?ea de conocimiento Geograf? Humana est?con Franc? que con Ciencias Sociales. Algo sencillamente rid?ulo y ?icamente fundamentado en una suerte de reagrupaci? familiar en la Facultad de Ciencias del Turismo (...) por la sola finalidad espuria de que el se?r Landeta Vacas realice sus tareas en la facultad donde su madre es decana", sostiene la querella.
El Consejo de Gobierno de la URJC debati?en diciembre de 2012 la propuesta de Gonz?ez-Trevijano. Pero "el esc?dalo fue tal que, finalmente, tuvo que retirarla", prosigue la querella. Durante aquella reuni?, el catedr?ico Octavio U? pidi?la palabra y, dirigi?dose, al entonces rector, afirm? "Te pido hoy, aqu? en alto, que paralices de inmediato esta infamia y evites a este Consejo de Gobierno la tesitura de tener que votar esta aberraci?, ejemplo m?imo de endogamia".
UN MAGISTRADO DEL CONSTITUCIONAL AUPADO POR EL PP, INVESTIGADO POR PREVARICACI?
Gonz?ez- Trevijano tendr?que responder por presuntas ?contrataciones ilegales? durante su etapa como rector de la Universidad Rey Juan Carlos
El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el magistrado del Constitucional Pedro Gonz?ez-Trevijano por un presunto delito de prevaricaci? cometido durante su anterior etapa como rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Gonz?ez-Trevijano, aupado al Alto Tribunal gracias al PP, ser?investigado por ?numerosas contrataciones ilegales de profesores?, seg? la querella contra ?.
El magistrado C?dido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante los gobiernos de Zapatero, ser?el ponente de la causa contra Gonz?ez-Trevijano, seg? adelanta El Confidencial.
?Nepotismo en 11 a?s como rector?
La querella contra el magistrado, presentada por el profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicaci? URJC Salvador Perell? le acusa de haber tejido durante su etapa como rector, entre 2002 y 2013, una "tupida trama clientelar" y amparado "numerosas contrataciones ilegales de profesores", y esto, salt?dose los "procedimientos legalmente establecidos".
Uno de los posibles favorecidos
Uno de los beneficiados, seg? la denuncia, es el profesor visitante Marco Landeta Vacas, cuya esposa, madre y t? tambi? figuran en la n?ina de esa universidad p?lica. Un caso que es ?s?o la punta del iceberg? y que ese profesor no reun? los requisitos que fija la Ley Org?ica de Universidades (LOU).
Una prima de Gallard?, la hermana de Cifuentes, Marhuenda
En la universidad que dirig? el ahora magistrado varios profesores tienen v?culos familiares con destacadas figuras del PP, como Isabel Ruiz Gallard?, prima del exministro de Justicia; Margarita Cifuentes, hermana de la delegada del Gobierno, y Francisco Marhuenda, director de La Raz?.
M? de 400.000 euros en cuesti?
No es la ?ica denuncia contra Gonz?ez-Trevijano, que gast?en solo cuatro a?s m? de 473.000 euros sin justificar, en ?atenciones protocolarias y representativas", seg? uno de los excicerrectores de la universidad, David R?s Insua. Este profesor, que fue su contrincante en las elecciones a rector, asegur?que Gonz?ez-Trevijano se quedaban con comisiones de contratas de la universidad. El entonces rector puso una querella y el juez pidi?un "listado desglosado de datos y sus correspondientes justificaciones", que el centro no entreg?alegando que los gastos estaban comprendidos en los presupuestos de la universidad.
En la l?ea del PP
La gesti? de Gonz?ez-Trevijano al frente de la universidad Rey Juan Carlos fue tambi? pol?ica por su marcado car?ter partidista a favor del PP y contra el anterior Gobierno socialista. Como ya public?ELPLURAL.COM, el entonces rector se dedic?a organizar actos junto a Jos?Mar? Aznar o el cardenal Antonio Ca?zares, que eran habituales de sus cursos de verano y a los que la universidad sirvi?de p?pito para expresar sus cr?icas a leyes de Zapatero.
En un curso en 2008, dirgido por Ca?zares, Aznar critic?la crisis moral de Europa que cuestiona ?la familia y el matrimonio, entendido como uni? entre un hombre y una mujer?. El cardenal fue m? lejos y, aunque sin nombrarlo, equipar?a Zapatero, entonces presidente del Gobierno, con Hitler y Stalin por su apuesta por el laicismo.
GONZ?EZ-TREVIJANO, UN RECTOR EN EL TRIBUNAL
Este a? acaba su tercer mandato al frente de la Universidad Rey Juan Carlos Colabora en peri?icos como 'La Voz de Galicia', 'El Imparcial' o 'Abc'
Pedro Gonz?ez-Trevijano (Madrid, 1958) es catedr?ico de Derecho Constitucional y rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), uno de los siete campus p?licos de Madrid, desde mayo de 2002.
Se licenci?en Derecho en la Universidad Complutense en 1980, cuando obtuvo el premio extraordinario fin de Carrera. Siete a?s despu?, obtuvo un doctorado en la misma universidad. Ha publicado una veintena de libros relacionados con su especialidad, como Constituci? espa?la. 20 a?s de bibliograf?, Normas de Derecho Constitucional, El Tribunal Constitucional o tres tomos de Curso de Derecho Constitucional Espa?l, en colaboraci? con el profesor Jorge de Esteban.
En su curr?ulo destacan ocupaciones diversas, como su puesto de vocal de la Junta Electoral Central o ser miembro de Honor y Patrono de la Fundaci? del Real Madrid Club de F?bol. Colabora en peri?icos como La Voz de Galicia, El Imparcial o Abc, de cuyo consejo de administraci? es miembro. Fue vicepresidente de la Comisi? de Expertos del Ministerio de Presidencia sobre ?El futuro del Valle de los Ca?os?, en mayo de 2011.
Este a? acaba su tercer mandato al frente de la Rey Juan Carlos. Su ?tima candidatura a este puesto, presentada en 2009, fue impugnada por otro aspirante ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que le dio la raz? con una sentencia firme de 2011 en la que destacaba que Gonz?ez-Trevijano hab? agotado dos mandatos, el m?imo legal permitido.
Los rectores madrile?s llevan casi un lustro en pie de guerra con la Comunidad de Madrid, que ha recortado sus presupuestos un 20% desde 2010. Entre ellos, el m? beligerante fue Carlos Berzosa, de la Complutense, sustituido ahora por Jos? Carrillo. Y en el lado opuesto se sit? Gonz?ez-Trevijano, que presidi?la Conferencia de Rectores de Madrid (CRUMA) entre 2006 y 2009 y desde hace un mes es vicepresidente de la CRUE, la conferencia nacional.
https://elpais.com/politica/2013/06/07/actualidad/1370609465_487560.html?rel=buscador_noticias
ASALTO GENOV? AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN TRES TIEMPOS
Hoy en una operaci? sincronizada por la vicepresidenta del Gobierno han perpetrado lo que hab?n programado hace a?s, incluso antes de su llegada a la Moncloa
Desde su m? tierna infancia, Rajoy ni ha sido ni es un tipo sorprendente ni, adem?, le gusta ser sorprendido. Y como tal, aplica hasta sus ?timas consecuencias esta l?ica conservadora. Y hoy una vez m? ha vuelto a ponerla en pr?tica con motivo de la renovaci? parcial del Tribunal Constitucional.
Vayamos al grano. Como muchos de nuestros lectores recordar?, llevamos tiempo advirtiendo que el ?timo basti? progresista tras llegar los genoveses a la Moncloa estaba en el punto de mira del nuevo gobierno. Solo ten?n que esperar pacientemente a que se cumplieran los tiempos para su renovaci? y entonces, sin contemplaciones ni consensos, sustituir a los magistrados salientes por otros de su m? absoluta confianza. Y as?ha sido. Mientras tanto, durante los 15 meses de espera, nada mejor que convencer al predispuesto presidente saliente que se tomara esos meses con la tranquilidad del prejubilado, como un tiempo de silencio retribuido, del deber cumplido y que no se metiera en l?s innecesarios. Dicho y hecho.
Hoy en una operaci? sincronizada por la vicepresidenta del Gobierno han perpetrado lo que hab?n programado hace a?s, incluso antes de su llegada a la Moncloa: un Tribunal Constitucional hecho a la medida de sus intereses y de sus patrocinadores. A Mariano Rajoy no le va suceder lo que le ha sucedido a su colega portugu?.
Y para que esta situaci? de mayor? genovesa aplastante haya sido posible han seguido a pie de la letra una hoja de ruta escrita con todo lujo de detalles y ejecutada en tres tiempos.
El primero durante la ?tima etapa del gobierno de ZP. En una renovaci? parcial, introdujeron como magistrado en el TC al que la hoy vicepresidenta y entonces portavoz del GPP y la CEOE, ten?n como asesor en relaciones laborales: Francisco P?ez de los Cobos. Una vez elegido por el Senado, con el apoyo del PP y del PSOE, pas?a sumar puntos en su particular carnet de antig?dad, requisito imprescindible para llegado el momento hacerlo valer. Simult?eamente ya como magistrado, sin complejos ni ?ica y con la complicidad expresa del presidente Pascual Sala, progresista a tiempo parcial, solicit?y logr?que salt?dose a la torera las incompatibilidades , fuera elegido con el apoyo expreso del Gobierno de Rajoy miembro de la Comisi? de Expertos internacionales de la OIT. Desde su elecci? P?ez de los Cobos ha esperado con discreci? en el Tribunal a la espera de que, cuando toque, sea el nuevo presidente del TC. Eso s? nadie le discute ser el padre espiritual e inspirador clave en la elaboraci? y ejecuci? de la actual reforma laboral que, entre otras cosas, est?provocando despidos masivos y la imposici? de un modelo de relaciones laborales basado en las reglas de la CEOE.
En una segunda oleada, ya con Rajoy en el Gobierno, con la impunidad que da saber que se dispone de la mayor? absoluta para hacer de tu capa un sayo, en otra renovaci? llevada a cabo hace apenas un a?, logran que sea elegido magistrado, ni m? ni menos, que un numerario del Opus Dei y ex diputado genov? durante varias legislaturas: Andr? Ollero.
Y por fin, ha llegado el d?, hoy exactamente, en el que los sue?s de Rajoy y su ayudante de C?ara con rango, sueldo y sobresueldo de vicepresidenta se han visto cumplidos con la elecci? de cuatro nuevos magistrados de los que tres est? hechos a su imagen y semejanza, seg? la hoja de ruta prevista.
El primero, Pedro Gonz?ez-Trevijano, catedr?ico de Derecho Constitucional y rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha sido el portavoz de hecho y mu?dor de los genoveses madrile?s para todo tipo de actuaciones relacionadas con sus intereses en las Universidades. Colaborador de ABC y anfitri? entusiasta de los clanes m? conservadores a la hora de que estos organizaran todo tipo de seminarios para poner en orden sus manuales ideol?icos. Dicho en t?minos coloquiales, esta Universidad de nuevo cu? ha sido durante su mandato como Rector, una especie de sucursal de la FAES pero financiada con presupuestos p?licos.
El segundo- Enrique L?ez L?ez- es un viejo conocido nuestro que tiene espacio propio en nuestra web de cabecera. Aqu?pod?s consultar su vida, su trayectoria genovesa y su mermada actividad como magistrado, la mayor parte de ella en servicios especiales.Probablemente sea el genov? que m? m?itos re?e a los ojos de Rajoy y de su patrocinador oficial, Federico Trillo. A?s han intentado ambos que L?ez vistiera la toga del TC. Hasta hoy no hab? sido posible. Su elecci? no es casual y es toda una premonici? de los tiempos que corren.
Y el tercero y ?timo- Santiago Mart?ez-Vares- tampoco se sale un ?ice de lo previsto. Es un juez conservador de la vieja escuela tanto que as?lo certificaron sus colegas cuando fue elegido presidente de la Asociaci? Profesional de la Magistratura entre 1997 y 2001. Cuentan las cr?icas que en el 2009 rechaz? un recurso de ERC por la injerencia de la religi? en educaci? infantil, avalando la ense?nza de religi? cat?ica en el segundo ciclo de Educaci? Infantil. Mart?ez-Vares mantiene la tesis del mism?imo Rouco seg? la cual la religi? cat?ica debe ser "de oferta obligatoria para los centros, y de car?ter voluntario para los alumnos" y de que la Constituci? garantiza "en positivo" las libertades ideol?ica y religiosa.
Y respecto al resto de los magistrados poco que a?dir que no se haya escrito ya. Si acaso recordar que como ya es habitual desde que S?nz de Santamar? ?coordina? el asalto al Estado, la presencia de la mujer en cargos de responsabilidad contin? en ca?a libre. Valga como dato que de los 12 componentes de este Tribunal, dos son mujeres. Igualdad en estado puro.
En definitiva y como resumen resumido, la minor? progresista est?condenada a serlo durante los pr?imos a?s mientras que la mayor? genovesa, reforzada con estas tres nuevas incorporaciones, se juramentaran para que el inquilino de La Moncloa, amo y se?r de sus destinos, pueda conciliar el sue? sin sorpresas ni sobresaltos. Es decir, lo previsto.
GONZ?EZ-TREVIJANO: UN FIRME DEFENSOR DE LA MONARQU? Y LA CONSTITUCI?
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Pedro Jos?Gonz?ez-Trevijano, desde hoy nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC), es un firme defensor de la monarqu? y de las instituciones democr?icas, as?como de la vigencia de la Constituci? de 1978.
Vocal de la Junta Electoral Central, en la que afronta su cuarta legislatura, Gonzalez-Trevijano ha sido nombrado por el Gobierno que ha reconocido la labor investigadora y docente de este catedr?ico de Derecho Constitucional.
Firme convencido de los valores y principios que encarnan la Carta Magna, defiende que algunos de los retos que se fijaron en la Constituci? se han cumplido de una forma razonablemente satisfactoria.
Pese a que en este momento no ve oportuno hacer reformas constitucionales, reconoce que son "de todo punto necesarias"y cita como "asignatura pendiente"redefinir el modelo del Estado, tanto por razones pol?icas como econ?icas.
Candidato a juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), considera "extremadamente peligroso"que se ponga en cuesti? o se dude de la solvencia de la Monarqu? u otras instituciones que han permitido, en su opini?, avanzar y fortalecer el sistema democr?ico espa?l.
Sus mayores pol?icas llegaron cuando form?parte de la comisi? de expertos para el futuro del Valle de los Ca?os y en su ?tima reelecci? como rector de la URJC.
Copresidente de la comisi? impulsada por el Gobierno de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero en virtud de la Ley de Memoria Hist?ica, el nuevo magistrado del TC, se opuso al traslado de los restos de Franco, al considerar que deb?n permanecer en la Bas?ica en contra de la opini? mayoritaria de la comisi?.
Gonz?ez-Trevijano rest? importancia a esa diferencia de criterio, pero argument?que el traslado, 36 a?s despu? de la muerte del dictador, podr? "servir m? para separar, dividir y tensionar", algo que debe evitarse.
Su segundo episodio m? pol?ico aconteci?en la ?tima elecci? como rector de la Universidad madrile? Rey Juan Carlos (URJC), cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de junio de 2001 estableci?que Gonz?ez-Trevijano no pod? haber optado a ese cargo en las elecciones de noviembre de 2009, ya que hab? acumulado los dos mandatos legalmente fijados.
En respuesta, Gonz?ez-Trevijano argument?que los estatutos de la universidad limitan a dos el n?ero de mandatos del rector, pero que los de la URJC fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por un decreto de febrero de 2003, es decir, ya iniciado el primer mandato.
Nacido en Madrid el 13 de marzo de 1958, se doctor?en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario en 1987 y es catedr?ico de Derecho Constitucional.
Gran parte de su carrera docente la desarroll?en esa universidad, en la que consigui?la plaza de profesor titular en 1990, hasta que en 1998 aprueba la oposici? de Catedr?ico de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura.
Un a? despu?, hace lo mismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la que el 12 de junio de 2002 fue elegido rector por sufragio ponderado, cargo en el que fue reelegido en 2005 y en 2009.
Entre 1998 y 2002 fue subdirector del Centro de Estudios Pol?icos y Constitucionales.
Gonz?ez-Trevijano es autor de varios art?ulos y publicaciones, entre las que destacan "La costumbre en Derecho Constitucional"(1989); "Libertad de circulaci?, residencia entrada y salida en Espa?"(1991); "La inviolabilidad del domicilio"(1992); "El Estado auton?ico. Principios, organizaci? y competencias"(1998); "El Tribunal Constitucional"(2000), o "El c?igo de las Comunidades Aut?omas"y "Magnicidios de la Historia"(2012).
Fruto de dos a?s de investigaci?, este ?timo desentra? diez de los m? importantes magnicidios registrados, de Julio C?ar a Aldo Moro, pasando por John F. Kennedy o Gandhi.
Durante su trayectoria profesional ha sido reconocido con la Encomienda de Alfonso X el Sabio (2000), Cruz Constantina de San Jorge (2000), y la Cruz de Honor de San Raimundo de Pe?fort, tambi? concedida en 2000.
En 2004 recibi?el Premio FIES de Periodismo, en su XV edici?, y es acad?ico de la Real de C?doba de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes y miembro Correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla
https://www.larazon.es/espana/gonzalez-trevijano-un-firme-defensor-de-la-mo-FK2581430/
MEDIO MILL? DE EUROS PARA LAS ?ATENCIONES? DEL EXRECTOR DE LA REY JUAN CARLOS
El nuevo magistrado del Constitucional Pedro Gonz?ez-Trevijano dispuso de 473.156 euros para gastos de representaci? cuando era rector de esta universidad p?lica madrile?.
?Por qu?la Universidad Rey Juan Carlos no ha entregado las facturas de los gastos de su rectorado al juzgado de Madrid que se las reclama? Quiz? porque esa informaci? podr? ahondar el abismo que se insin? entre las palabras y las obras del jurista que durante once a?s ha sido su rector: Pedro Gonz?ez-Trevijano, el catedr?ico de Derecho que el 7 de junio entr?como magistrado en el Tribunal Constitucional de la mano del Gobierno del PP. Todo un culmen para una carrera marcada por la adhesi? ac?rima a posiciones ultraconservadoras.
El 3 de febrero, el ahora magistrado abogaba por impulsar ?el rearme moral? en un art?ulo publicado en ABC, un texto en el que criticaba a los pol?icos corruptos y tildaba a la sociedad de ?autocomplaciente y hedonista?. Todo mientras ? mismo tuvo a su disposici? ?entre 2009 y 2012?473.156 euros para gastos de representaci?, seg? los presupuestos de la universidad.
La cantidad citada a disposici? del rector est?calculada a la baja, pues s?o incluye la partida m? abultada de los ?Gastos diversos? del rectorado, las ?Atenciones protocolarias y representativas?; un caj? de sastre en el que se puede incluir desde un ramo de flores para agasajar a una pol?ica a cualquier gasto relacionado con las funciones de rector, un cargo que de por s?lleva aparejadas prebendas, como el coche oficial con conductor, que no han sufrido recorte alguno. Todo lo contrario que el profesorado del centro pues, por poner un ejemplo, en 2012, la Rey Juan Carlos (URJC) no renov?su contrato a 200 profesores alegando la sempiterna excusa de la crisis.
?Para qu?y c?o se us? este dinero destinado a financiar detalles? La URJC no ha respondido a las preguntas de este medio inquiriendo acerca del destino que se ha dado a estos fondos, ni tampoco ha aclarado si piensa entregar las facturas al juzgado de instrucci? n? 23 de Madrid, que ya le ha dirigido tres providencias ?la ?tima le fue notificada el 11 de junio? en ese sentido, a instancia de los abogados del catedr?ico de Estad?tica de la URJC David R?s.
Poco tiempo despu? de que la gerencia de la universidad recibiera la primera de estas providencias, el 11 de enero, su Consejo de Gobierno aprob?los presupuestos de 2013; el ep?rafe de atenciones protocolarias pas?de los 97.473 euros de 2012 a s?o 2.000 euros este a?.
Las contradicciones entre lo que predicaba el ahora magistrado y su proceder no se limitan a las cuestiones econ?icas. En su art?ulo, Gonz?ez-Trevijano denostaba ?la lacra de la corrupci?? y citaba la ?utilizaci? indebida de fondos p?licos, el indigno tr?ico de influencias y los cohechos propios o impropios?. Y eso pese a que entre los empleados de la Rey Juan Carlos se encuentra un imputado por esos mismos delitos: Jes? Calvo, acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal, tr?ico de influencias y cohecho dentro de la trama G?tel, seg? public?el diario 20 minutos. Calvo fue secretario t?nico de la Consejer? de Educaci? de la Comunidad de Madrid en la etapa de Alberto Ruiz-Gallard?.
Parientes de pol?icos
Al ahora ministro de Justicia se le atribuye precisamente la idea de fundar esta universidad que trataba de romper el dominio ideol?ico de la izquierda en el cintur? obrero del sur de Madrid. La vinculaci? de la Rey Juan Carlos con el PP encuentra un reflejo en el hecho de que en sus aulas y despachos trabajan no pocos familiares de pol?icos de ese y otros partidos, una circunstancia que ha dado pie a acusaciones de nepotismo.
Entre los empleados de la Rey Juan Carlos figuran, por ejemplo, Isabel Ruiz-Gallard?, prima del titular de Justicia; Isabel Mayor, hija de Jaime Mayor Oreja; Edurne Uriarte, exmujer del ministro de Educaci? Jos?Ignacio Wert; Margarita Cifuentes, hermana de la delegada del Gobierno en Madrid; Gonzalo Ram?ez de Haro, cu?do de Esperanza Aguirre, y Jos?Mar? Bethencourt, exvicesecretario de Estado de Aznar, as?como su hija Soledad. Tambi? David Ortega, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, y el socialista Rafael Simancas, as?como el director de La Raz?, Francisco Marhuenda. Algunas de estas personas son funcionarios de carrera, como Uriarte, que es catedr?ica. Con respecto al resto, la URJC no contest?a las preguntas de La Marea sobre c?o hab?n sido contratados por la universidad.
La n?ina del centro tambi? incluye a un abogado al que se relacion?con el caso Palma Arena: Enrique Arnaldo Alcubilla, nombrado por Gonz?ez-Trevijano delegado de Relaciones Institucionales, cuyo bufete se vio implicado, aunque luego el juez archiv?la causa, en la pieza 5 de este caso de corrupci?. Este letrado forma parte del Consejo de Gobierno de la universidad, el ?gano que aprueba los presupuestos y en cuyo aval se escudan sus responsables como garant? de legalidad.
Los presupuestos pueden ser legales pero, en opini? de David R?s, distan mucho de ser transparentes. La disputa de este matem?ico con la universidad empez?tras las elecciones a rector del 26 de noviembre de 2009, que gan? Gonz?ez-Trevijano. R?s, que tambi? se hab? presentado al cargo, impugn? la candidatura de su rival con el argumento de que los estatutos de la universidad imped?n presentarse m? de una vez a la reelecci?, como era el caso.
Ese fue el comienzo de una batalla judicial en la que este profesor, que dice aspirar a una ?universidad transparente y basada en el m?ito?, ha denunciado numerosas irregularidades. Para empezar que, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) invalid?en 2011 la sentencia en primera instancia que hab? confirmado la legalidad de la candidatura de Gonz?ez-Trevijano, el rector sigui?tranquilamente en su cargo.
?La universidad y el rector presentaron recursos de amparo ante el Constitucional, pero, desde la sentencia del TSJM a la presentaci? del recurso, transcurrieron varios meses en los que no se ejecut?la sentencia?, explica R?s. Al final, el Constitucional dio la raz? a Gonz?ez-Trevijano, que no tuvo que abandonar su puesto.
Pero, ?por qu?no se ejecut?la sentencia? R?s atribuye la demora al hecho de que el juez que ten? que ejecutar la orden del TSJM, Alberto Palomar, hab? sido contratado por la Rey Juan Carlos para dar un curso de verano en 2010. Un descubrimiento que motiv?una querella por prevaricaci? que fue archivada pese al informe del fiscal, favorable a la imputaci?, y a un voto particular en contra del archivo de la causa. Los cursos de verano dependen de la Fundaci? de la URJC, una instituci? cuya administradora no es otra que Mar? Teresa Mart? del Peso, la esposa de Gonz?ez-Trevijano.
Como respuesta a las demandas de R?s, el rector present?una querella contra ? por injurias, a causa de un an?imo que apareci?en su blog en el que se llamaba a Gonz?ez-Trevijano ?Rector 135.000? en alusi? a sus gastos. Para defenderse de ese cargo, la defensa de R?s pidi?al juzgado que reclamara las facturas: si se demostrara un uso indebido del dinero, la supuesta injuria no ser? tal al confirmarse su veracidad.
El rector en funciones, imputado
Entre los imputados de la URJC figura su rector en funciones, Fernando Su?ez, acusado de amenazar a Antonio Alonso, director del departamento en el que trabaja R?s, Estad?tica. Su?ez amenaz?supuestamente a Alonso en una conversaci? que qued?reflejada en una grabaci? a la que ha tenido acceso La Marea.
En ella, la voz que se atribuye al ahora rector tilda a R?s de ?hijo de la gran puta? y a sus colaboradores de ?sinverg?nzas? y ?leprosos?. La misma persona exige a Alonso ?actos de fidelidad? a Gonz?ez-Trevijano y que ponga por escrito que R?s es ?un hijo de puta?. Y, para terminar, anuncia a su interlocutor que, como no haga lo que ? quiere, ?pasar? cosas?. Y, deplora Alonso, ?esas cosas pasaron?. El profesor explica que, el verano pasado, todos los contratados doctores de su departamento, siete, fueron despedidos como ?represalia?. Dos de ellos han tenido ya que ser readmitidos.
Si los parientes de pol?icos proliferan en la Rey Juan Carlos, otro tanto sucede con los familiares de empleados. Los docentes entrevistados coinciden en se?lar que el ?despilfarro? y otras irregularidades se asientan sobre una ?red clientelar? tejida a base de repartir trabajo y prebendas. En los presupuestos de la universidad hay una partida para gratificaciones que, este a?, al igual que los dos anteriores, se eleva a 169. 101 euros. Un profesor de la URJC que prefiere no dar su nombre precisa que ese dinero deja en manos del rectorado la posibilidad de ofrecer ?sobresueldos legales, con su IRPF? a empleados de los que se quiere obtener la aquiescencia.
Alonso, por su parte, subraya: ?En la URJC uno de cada cinco profesores es interino, mientras que la media de las universidades en Espa? es de uno de cada 100?. El profesor que declar?bajo anonimato explica: ?Los gastos de representaci? han sido la herramienta de promoci? exterior del rector y las gratificaciones, la v? para construir una estructura clientelar. Luego est? los contratos: a la persona m? honesta, se la corrompe con un empleo para un hijo. Hay dos mecanismos, uno, los contratos de interinos que, si se hacen mediante procedimiento de urgencia, no precisan ni de ser anunciados y, dos, los contratos de profesores visitantes, para los que, en la URJC, se ha eliminado el requisito que obliga a que procedan de otro centro o universidad?.
No s?o el exrector y el rector en funciones tienen a sus esposas en la URJC. Por citar alguno de los ejemplos, se puede mencionar a los tres hijos de Camilo Prado, decano ya fallecido de la facultad de Ciencias Jur?icas y Sociales, que trabajan en la Rey Juan Carlos, o al hijo y la hija de otro exdecano de esta facultad, Carlos Fern?dez de Casadevante, tambi? empleados por la instituci? (el hijo entr?como profesor visitante pese a carecer de experiencia docente). La n?ina de la URJC tambi? incluye a tres miembros de la prole de un exrector que, en 2000, dur?15 d?s en el cargo: Rogelio P?ez-Bustamante. Otro caso es el de la decana de Turismo, Catalina Vacas: su hijo, profesor visitante, es coordinador de los estudios de Turismo online y su nuera, secretaria administrativa de la facultad. ?Y qui? es la vicedecana? La hermana de la decana. Catalina Vacas, miembro del Consejo de Gobierno, firm? una carta de adhesi? a Gonz?ez-Trevijano cuando ?te se present?a rector.
Luego est?el secretario general, Andr? Gambra, af? a un grupo de ultraderecha carlista, otro responsable que entr?como interino en la URJC, una universidad que, por cierto, ahora emplea a uno de sus hijos.
?La clave de esta red clientelar es la precariedad. A los interinos se les puede echar a coste cero y, por ello, quien tiene un hijo contratado as?sabe que, si se rebela, se acaban los privilegios?, explica el profesor, que termina ofreciendo otra de las claves de la ?impunidad? en la URJC: su nombre. ??ta es la universidad del rey y al amparo de ese nombre todo le ha sido permitido?.
La conexi? con la Casa Real y otras instituciones del Estado
Adem? de los familiares de pol?icos y los parientes de decanos y catedr?icos, la Rey Juan Carlos cuenta entre sus empleados con personas del entorno de la Casa Real o que han ocupado cargos relevantes en altas instituciones del Estado. Por ejemplo, Mart?Flux? exsecretario de Estado de Seguridad y jefe de protocolo del rey entre 1992 y 1996, que ahora preside el Consejo Social de la Fundaci? de la universidad. Tambi? encontramos en la URJC a Alfonso de Esteban, quien, al igual que Gonz?ez-Trevijano, forma parte de la Junta Electoral Central. De Esteban tiene a uno de sus hijos trabajando en la Rey Juan Carlos.
https://www.lamarea.com/2013/06/28/medio-millon-de-euros-para-las-atenciones-del-rector/
LO QUE GONZ?EZ-TREVIJANO DEJA EN EL PASADO
El reci? nombrado magistrado del Constitucional se defiende de la petici? del juez de que entregue justificantes de unos gastos de la universidad que dirig?: "La contabilidad de la Universidad est?auditada por el Tribunal de Cuentas y su presupuesto aprobado por el Consejo Social"
Trevijano se querell? por injurias contra uno de sus exvicerrectores David R?s Insua, que tambi? fue su contrincante en las ?timas elecciones a rector, a ra? de unos comentarios an?imos vertidos en su p?ina web, en los que se aseguraba que el reci? elegido magistrado y miembros de su equipo directivo se quedaban con comisiones de contratas de la universidad. A ra? de esa querella, el juez abri?diligencias previas en las que solicit?a la instituci? educativa un "listado desglosado de datos y sus correspondientes justificaciones" de una serie de partidas de "gastos diversos" que en los ?timos a?s ascienden a 400.000 euros para poder determinar si el comentario hab? incurrido efectivamente en un delito de injurias.
"La querella es a instancias de los ?ganos de gobierno de la universidad", se defiende el ya exrector Pedro Gonz?ez Trevijano, que asegura que la Universidad Rey Juan Carlos no tiene ning? problema de ?dole econ?ico y que su contabilidad est?"auditada por el Tribunal de Cuentas y su presupuesto aprobado por el Consejo Social".
La universidad no entreg?los documentos y recurri?la segunda providencia del juez, emitida dos meses despu?, alegando que "el objeto del procedimiento no es establecer si el rectorado tiene unos gastos de representaci?, en el ejercicio al que se refieren los autos, de 135.000 euros, sino la falsa e injuriosa manifestaci? del an?imo" que aparec? en la web del querellado. "Nadie se ha negado a nada", afirma Trevijano, que asegura que la instituci? present?un escrito en el que figuraba que los gastos estaban a su disposici? en los presupuestos de la universidad.
En cuanto al recurso interpuesto ante la decisi? del juez, Trevijano se?la que la universidad "defiende sus derechos como le parece pertinente". Ahora el juzgado ha desestimado el recurso y vuelve a solicitar que justifique en qu?se invirti?la partida dedicada a "gastos diversos", en la que se que incluyen "atenciones protocolarias y representativas, promoci? de econ?ica, educativa y cultural, y otros gastos". "Si el juez pide los documentos, se entregar?", sentencia.
Pr?imo a la derecha
Trevijano fue uno de los tres expertos de la comisi? creada por el Gobierno de Zapatero sobre el futuro del Valle de los Ca?os que se opusieron a la recomendaci? de sacar de la bas?ica los restos del dictador Francisco Franco. "La exhumaci? y correspondiente traslado es, al menos hoy, inoportuna y contribuir? a dividir y radicalizar la opini? p?lica, m? all?del consenso parlamentario dif?il en s?mismo", rezaba el voto particular.
La cercan? del nuevo magistrado con la derecha no es ning? secreto. En la universidad que dirig? varios profesores tienen v?culos familiares con destacados miembros del Gobierno y del Partido Popular. En la n?ina del centro figuran Isabel Ruiz Gallard?, prima del ministro de Justicia, Margarita Cifuentes, hermana de la delegada del Gobierno, y Francisco Marhuenda, director de La Raz?, y que ha ostentado altos cargos en gobiernos del PP. En cuanto a la primera, fuentes de la Universidad aseguran que ya formaba parte del centro cuando Trevijano lleg?al poder y, en cuanto a la hermana de Cristina Cifuentes, explican que procede de la Comunidad de Madrid y que "probablemente solicit? el traslado".
Su sucesor, imputado
Otro de los asuntos que deja atr? Trevijano es la imputaci? por un delito de amenazas cometido presuntamente por su sucesor en funciones. Los hechos se remontan a 2010, cuando el entonces vicerrector de profesorado, Fernando Su?ez Bilbao, presuntamente amenaz?con "hacer la vida imposible" a los miembros del Departamento de Estad?tica e Investigaci? operativa si no retiraban su apoyo en las elecciones al claustro a R?s Insua, seg? figura en la querella presentada por el director del ?ea ante el juzgado de instrucci? de M?toles.
El subordinado de Trevijano supuestamente chantaje?al querellante con reducir las asignaturas del departamento y despedir a "todos los profesores a su cargo" si no manifestaban p?licamente su rechazo al candidato. El querellante asegura en el texto presentado en el juzgado que el vicerrector le amenaz?con represalias si no cumpl?n su condici?: "Eso tendr?sus consecuencias, pasar? cosas muy desagradables que ni t?ni yo queremos que pasen, lo que quiero es que David pare de una puta vez". Tambi? argumenta que se han cumplido las amenazas con el despido de varios profesores y con el traspaso de asignaturas a otros departamentos.
Fuentes oficiales de la universidad aseguran que se trata de una denuncia basada en unas "supuestas grabaciones que no se han presentado como prueba f?ica, sino que solo figura la transcripci?". "Los hechos supuestamente ocurrieron en 2010, sorprende que no lo denunciaran en su momento", a?den.
La pelea entre los dos catedr?icos viene de largo. En 2009, R?s denunci?que Pedro Gonz?ez-Trevijano concurriera a un tercer mandato como rector. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la raz?, pero el rector present?un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que anul?la sentencia anterior y declar?la plena legitimidad de Trevijano para ser reelegido. En octubre de 2010, fecha en la que se produjeron presuntamente las amenazas, R?s pidi?la suspensi? de las elecciones al claustro.
https://www.eldiario.es/politica/trevijano_1_5708338.html
EL GOBIERNO PROPONE PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A PEDRO GONZ?EZ-TREVIJANO Y A ENRIQUE L?EZ
Al Gobierno le correspond? proponer a dos magistrados para la renovaci? del Tribunal Constitucional y as?lo ha hecho: Pedro Gonz?ez-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, y Enrique L?ez, magistrado de la Audiencia Nacional. En Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha aprobado tambi? el proyecto de Ley de Cajas, la ?pieza de cierre? de la reforma bancaria, seg? Luis de Guindos.
El Gobierno ha decidido, en Consejo de Ministros, el nombramiento de Enrique L?ez y Pedro Gonz?ez Trevijano S?chez como magistrados del Tribunal Constitucional. Enrique L?ez es actualmente magistrado de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y fue vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, mientras que Pedro Gonz?ez Trevijano S?chez es catedr?ico de Derecho y rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Los nuevos magistrados del tribunal de garant?s constitucionales sustituyen a Pablo P?ez-Tremps y Manuel Arag? Reyes, cuyo mandato comenz?el 8 de junio de 2004 y ha expirado.
Estos nombramientos se han producido despu? de que este viernes el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobar?tambi? el nombramiento de Juan Antonio Xiol y Santiago Mart?ez Vares como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
Los cuatro nombramientos completan la renovaci? por tercios del tribunal, ya que este a? correspond? cubrir las plazas designadas por el CGPJ y el Gobierno.
Biograf? de Gonz?ez-Trevijano
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es un firme defensor de la monarqu? y de las instituciones democr?icas, as?como de la vigencia de la Constituci? de 1978. Vocal de la Junta Electoral Central, en la que afronta su cuarta legislatura, Gonzalez-Trevijano ha sido nombrado por el Gobierno que ha reconocido la labor investigadora y docente de este catedr?ico de Derecho Constitucional.
Firme convencido de los valores y principios que encarnan la Carta Magna, defiende que algunos de los retos que se fijaron en la Constituci? se han cumplido de una forma razonablemente satisfactoria. Pese a que en este momento no ve oportuno hacer reformas constitucionales, reconoce que son "de todo punto necesarias" y cita como "asignatura pendiente" redefinir el modelo del Estado, tanto por razones pol?icas como econ?icas.
Sus mayores pol?icas llegaron cuando form?parte de la comisi? de expertos para el futuro del Valle de los Ca?os y en su ?tima reelecci? como rector de la URJC. Copresidente de la comisi? impulsada por el Gobierno de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero en virtud de la Ley de Memoria Hist?ica, el nuevo magistrado del TC, se opuso al traslado de los restos de Franco, al considerar que deb?n permanecer en la Bas?ica en contra de la opini? mayoritaria de la comisi?.
Su segundo episodio m? pol?ico aconteci?en la ?tima elecci? como rector de la Universidad madrile? Rey Juan Carlos (URJC), cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de junio de 2001 estableci?que Gonz?ez-Trevijano no pod? haber optado a ese cargo en las elecciones de noviembre de 2009, ya que hab? acumulado los dos mandatos legalmente fijados.
Nacido en Madrid el 13 de marzo de 1958, se doctor?en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario en 1987 y es catedr?ico de Derecho Constitucional. Gran parte de su carrera docente la desarroll?en esa universidad, en la que consigui?la plaza de profesor titular en 1990, hasta que en 1998 aprueba la oposici? de Catedr?ico de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. Entre 1998 y 2002 fue subdirector del Centro de Estudios Pol?icos y Constitucionales.
Gonz?ez-Trevijano es autor de varios art?ulos y publicaciones, entre las que destacan "La costumbre en Derecho Constitucional" (1989); "Libertad de circulaci?, residencia entrada y salida en Espa?" (1991); "La inviolabilidad del domicilio" (1992); "El Estado auton?ico. Principios, organizaci? y competencias" (1998); "El Tribunal Constitucional" (2000), o "El c?igo de las Comunidades Aut?omas" y "Magnicidios de la Historia" (2012).
Biograf? de Enrique L?ez
La designaci? de Enrique L?ez lleva al alto tribunal a un juez por quien ha apostado firmemente el PP y cuyo perfil pol?ico marc?su etapa en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). L?ez (Cacabelos, Le?; 1963) es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y juez desde 1989, pero ha sido su papel como portavoz del ?gano de gobierno de los jueces entre 2001 y 2008 lo que le ha valido las mayores cr?icas por su supuesta cercan? al PP y la falta de neutralidad necesaria para estar en el TC.
En esta etapa el CGPJ se pronunci?sobre asuntos como ley del matrimonio homosexual, sobre la que elabor?un informe contrario a la norma, del que al final se elimin?la pol?ica frase que advert? de que la reforma ser? tan radical como legalizar la uni? entre un animal y una persona.
L?ez consider?tambi? positivo que el Constitucional se pronunciara sobre la ley contra la violencia de g?ero ante las dudas de constitucionalidad que manifest?el CGPJ, presidido entonces por Francisco Jos?Hernando -hoy tambi? magistrado del TC-, por la discriminaci? positiva en favor de las mujeres. Ese tipo de pronunciamientos le han supuesto la cr?ica de los sectores progresistas, incluido el PSOE, que hasta ahora ha intentado vetarle como candidato al alto tribunal.
No obstante, el PP ha mantenido su apuesta por L?ez, incluso despu? de que en septiembre de 2010 tuviera que retirarle de la lista de candidatos del Senado, donde su nombre mantuvo tres a?s bloqueadas las negociaciones para renovar el TC, en el que a su vez se prolong?el mandato de los magistrados cuyo cargo ya hab? expirado.
Desde que en el 89 ingresara en la carrera judicial, L?ez ha pasado por los juzgados de primera instancia e instrucci? de Arz? (A Coru?), Valladolid y Le? y ha desarrollado una amplia labor docente como profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid y de Derecho Penal en la Universidad de Le? y la Europea de Madrid.
Un tarea que ahora compatibilizaba con la de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal al que se incorpor?en septiembre de 2008 cuando fue sustituido como portavoz del CGPJ por Gabriela Bravo.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a tr?ite el recurso de amparo promovido por la Universidad Rey Juan Carlos contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que establec? que Pedro Gonz?ez Trevijano no pod? haber optado al cargo de rector en las elecciones de 2009 al haber acumulado dos mandatos anteriores.
En una resoluci?, dada a conocer este viernes, el alto tribunal se dirige al TSJM y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n?ero 23 de Madrid para pedirles que le remitan, en el plazo de diez d?s, certificaci? o copia de las actuaciones correspondientes a este asunto.
El Constitucional recuerda que la Sala Segunda de este tribunal ya acord?la suspensi? de la sentencia y el auto impugnados en este recurso el 3 de junio y el 7 de octubre, por lo que considera "innecesario proveer acerca de la suspensi?" interesada por el centro educativo.
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pidi?amparo al Constitucional despu? de que la Secci? octava de lo Contencioso del TSJM desestimara su incidente de nulidad planteado a la sentencia de este mismo tribunal que resolvi?este a? que Gonz?ez Trevijano no pod? presentarse a un tercer mandato.
La Universidad recurri? esta decisi? con el incidente de nulidad entendiendo que la anterior sentencia vulneraba el "derecho a obtener una resoluci? judicial fundada en derecho, congruente y favorable, incurriendo dicha resoluci? en una incongruencia omisiva" al no pronunciarse sobre la alegaci? del defecto formal.
Por otro lado, alegaba tambi? la vulneraci? del derecho a la tutela judicial efectiva por vulneraci? de las garant?s constitucionales de "irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales y seguridad jur?ica" y por la "no aplicaci? del derecho de acceso en condiciones de igualdad a cargos y funciones p?licas".
Asimismo, indicaba que la sentencia de apelaci? "vulneraba el derecho fundamental a la autonom? universitaria, en relaci? a la libertad de c?edra y el derecho fundamental de los profesores, padres, y en su caso, los alumnos a intervenir en el control y gesti? de los centros sostenidos por la Administraci? con fondos p?licos".
Ante estas alegaciones, el TSJM desestim?el incidente al entender que no se vulneraron ninguno de estos derechos. "Resulta evidente que no se ha infringido el derecho a la tutela judicial efectiva por la falta de respuesta a esta cuesti?, ya que impl?itamente se deduce el rechazo de la alegaci? de la lectura de la sentencia", remarc?
BATALLA JUDICIAL
Esta batalla judicial se inicia cuando uno de los candidatos en las ?timas elecciones, David R?s, llev?el asunto a los tribunales alegando que el actual rector, Pedro Gonz?ez-Trevijano, no pod? volverse a presentar porque los estatutos s?o permit?n dos mandatos como m?imo.
Desde la defensa de Trevijano se explicaba que s?o se debe computar de cara a las elecciones su ?timo mandato (cuando fue elegido en 2005) porque los estatutos de la universidad fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por un decreto de febrero de 2003, es decir, ya iniciado el primer mandato (en 2002).
Tras la decisi? del TSJM, R?s subray?que el Consejo de Gobierno y la Junta Electoral Central de la Universidad Rey Juan Carlos deb?n "cumplir inmediatamente la sentencia" y nombrar un rector en funciones que gestione la reanudaci? del proceso electoral.
"Hay que pasar p?ina e intentar normalizar cuanto antes la vida universitaria", dijo en un comunicado, en el que lament?que se hayan "perdido dos a?s en la modernizaci? de la gesti?" de la universidad. "En la situaci? actual es necesario tomar decisiones para revitalizar a profesores y alumnos dentro de una coyuntura que exige reivindicar el valor acad?ico y estudiantil de nuestra universidad", se?l?en su momento.
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1055253
Desestima el incidente de nulidad planteado por las representaciones procesales de la Universidad
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el incidente de nulidad planteado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid a la sentencia de este mismo tribunal que resolvi?este a? que Pedro Gonz?ez Trevijano no pod? ser candidato a rector en las pasadas elecciones de octubre de 2009 porque ya hab? estado dos mandatos anteriormente.
La Universidad recurri? esta decisi? con el incidente de nulidad entendiendo que la anterior sentencia vulneraba el "derecho a obtener una resoluci? judicial fundada en derecho, congruente y favorable, incurriendo dicha resoluci? en una incongruencia omisiva" al no pronunciarse sobre la alegaci? del defecto formal.
Por otro lado, se alegaba tambi? la vulneraci? del derecho a la tutela judicial efectiva por vulneraci? de las garant?s constitucionales de "irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales y seguridad jur?ica" y por la "no aplicaci? del derecho de acceso en condiciones de igualdad a cargos y funciones p?licas".
En cuarto lugar, se alega tambi? que la sentencia de apelaci? "vulnera el derecho fundamental a la autonom? universitaria, en relaci? a la libertad de c?edra y el derecho fundamental de los profesores, padres, y en su caso, los alumnos a intervenir en el control y gesti? de los centros sostenidos por la Administraci? con fondos p?licos".
Ante estas alegaciones, la secci? octava de esta sala ha procedido a desestimar este incidente, porque considera que no se vulneran ninguno de estos derechos. En concreto, dice que "resulta evidente que no se ha infringido el derecho a la tutela judicial efectiva por la falta de respuesta a esta cuesti?, ya que impl?itamente se deduce el rechazo de la alegaci? de la lectura de la sentencia".
En este sentido, recuerda que el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias ha declarado que "no toda ausencia de pronunciamiento expreso a las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneraci? del derecho a la tutela judicial efectiva", y que se puede admitir, "excepcionalmente, su desestimaci? t?ita".
En cuanto a la vulneraci? del derecho a la tutela judicial efectiva por vulneraci? de las garant?s constitucionales, el TSJM reitera que es una cuesti? ya debatida y que el tribunal expres?su opini? "en el sentido de que se trata de una retroactividad impropia, que procede mantener ahora".
BATALLA JUDICIAL
Esta batalla judicial se inicia cuando uno de los candidatos en las ?timas elecciones, David R?s, llev?el asunto a los tribunales alegando que el actual rector, Pedro Gonz?ez-Trevijano, no pod? volverse a presentar porque los estatutos s?o permit?n dos mandatos como m?imo.
Desde la defensa de Trevijano se explicaba que s?o se debe computar de cara a las elecciones su ?timo mandato (cuando fue elegido en 2005) porque los estatutos de la universidad fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por un decreto de febrero de 2003, es decir, ya iniciado el primer mandato (en 2002).
Despu? de que se haya rechazado este incidente y el TSJM aclarar que es una sentencia firme, R?s considera que "el Consejo de Gobierno y la Junta Electoral Central de la Universidad Rey Juan Carlos deben cumplir inmediatamente la sentencia" y nombrar un rector en funciones que gestione la reanudaci? del proceso electoral.
"Hay que pasar p?ina e intentar normalizar cuanto antes la vida universitaria", ha se?lado en un comunicado, en el que se?lan que "se han perdido dos a?s en la modernizaci? de la gesti?" de la universidad y "en la situaci? actual es necesario tomar decisiones para revitalizar a profesores y alumnos dentro de una coyuntura que exige reivindicar el valor acad?ico y estudiantil de nuestra universidad".
EL RECTOR QUE NO DEBER? HABER SIDO
El TSJM sentencia que Pedro Jos?Gonz?ez-Trevijano, reelegido en 2009 al frente de la URJC, no pod? presentarse a un tercer mandato
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid establece que el actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Pedro Jos?Gonz?ez-Trevijano, no pod? haber optado a ese cargo en las elecciones de noviembre de 2009, puesto que ya hab? acumulado los dos mandatos legalmente fijados. La sala de lo contencioso-administrativo del TSJM ha estimado el recurso presentado por uno de sus dos rivales en esas elecciones, David R?s Insua.
Gonz?ez-Trevijano accedi?al rectorado de la URJC en mayo de 2002 y renov?su cargo en diciembre de 2005. Cuatro a?s m? tarde volvi?a imponerse, pero su rival R?s Insua emprendi?acciones judiciales para impugnar esa candidatura, por entender que era el tercer mandato.
Gonz?ez-Trevijano argumentaba que los estatutos de la universidad limitan a dos el n?ero de mandatos del rector, pero que los de la URJC fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por un decreto de febrero de 2003, es decir, ya iniciado el primer mandato. As? alegaba que no se puede aplicar lo dispuesto en esos estatutos con efecto retroactivo, por lo que la limitaci? de mandatos deb? referirse a los iniciados tras los comicios a rector de 2005 y 2009.
De hecho, cuando a principios de 2010 empez?el actual mandato dijo p?licamente en la toma de posesi? que ser? el ?timo. La sentencia del TSJM, que lleva fecha del 3 de junio pasado, rechaza el argumento de Gonz?ez-Trevijano y afirma que en las elecciones convocadas en 2005 "se consum?la limitaci? estatutaria" de dos mandatos. "Los actos de proclamaci? impugnados (por R?s Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (Gonz?ez-Trevijano) no pod? concurrir a ellas", a?de el fallo.
En una resoluci? firme, el tribunal estima el planteamiento del recurrente, anula la candidatura del actual rector en los comicios de 2009 y apunta que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo "al momento inmediato anterior al de la proclamaci? provisional".
La Universidad Rey Juan Carlos ha anunciado a trav? de un comunicado que recurrir?la sentencia que "contraviene lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad" y que "atenta directamente contra la garant? institucional de la autonom? universitaria".
La instituci? universitaria ha recordado que la Consejer? de Educaci? emiti?un "dictamen vinculante previo favorable a la presentaci? a las elecciones de Gonz?ez Trevijano" que obtuvo el 70% de los votos del conjunto de los sectores de la Comunidad Universitaria.
https://elpais.com/elpais/2011/06/10/actualidad/1307693828_850215.html
RODRIGO RATO ES INVESTIDO HOY DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Rodrigo Rato, ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex ministro de Econom? durante los gobiernos del PP de Jos?Mar? Aznar, ser?investido hoy doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos. El acto lo presidir?el rector de la instituci?, Pedro Gonz?ez Trevijano, y la ?laudatio? la pronunciar?Fernando Becker Zuazua, catedr?ico de Econom? Aplicada I de esta Universidad. Fue precisamente este departamento el que propuso la concesi? a Rodrigo Rato, que el consejo de gobierno de la instituci? aprob?en septiembre de 2008. El acto comenzar?al mediod? en el sal? de actos del Rectorado.
https://www.lne.es/economia/2009/01/28/rodrigo-rato-investido-hoy-doctor-21582990.html
ELEGIDO NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
El catedr?ico de Derecho Constitucional Pedro Gonz?ez-Trevijano se convirti?ayer en el quinto rector de la Universidad Rey Juan Carlos desde su puesta en marcha en 1996. Gonz?ez-Trevijano fue elegido en unas elecciones sin rival. Lograr la autonom? de esta universidad con 11.500 alumnos que depende a? de la Consejer? de Educaci?, integrar los cuatro campus (M?toles, Vic?varo, Alcorc? y Fuenlabrada) y apostar por un modelo de calidad son los proyectos del nuevo rector, quien reconoci?que la vida de esta universidad 'ha sido convulsa'.
https://elpais.com/diario/2002/06/13/madrid/1023967456_850215.html
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