ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA : ENVIADO ESPECIAL DE FAES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LAS NOTICIAS
19.12.21
EL CONSTITUCIONAL CAMBIA SU DOCTRINA PARA BLINDARSE ANTE LAS RECUSACIONES
EL TC CIERRA LA PUERTA A RECUSAR A ARNALDO POR SUS ARTÍCULOS SOBRE EL ABORTO, EL 'PROCÉS' Y LA EUTANASIA
UN TC MÁS CONSERVADOR Y CON MAGISTRADOS RECUSADOS ENFRENTA SU PRIMERA DELIBERACIÓN
EL PRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL ASEGURA QUE EL TRIBUNAL DICTARÁ SENTENCIA SOBRE EL ABORTO “EN UNOS MESES”
EL CONSTITUCIONAL BORDEA LA FALTA DE QUÓRUM EN LAS CAUSAS DEL ‘PROCÉS’
PUIGDEMONT RECUSA A LOS MAGISTRADOS ARNALDO Y ESPEJEL POR “FALTA DE IMPARCIALIDAD” SOBRE EL ‘PROCÉS’
JUNQUERAS, RÖMEVA Y BASSA RECUSAN POR SESGO IDEOLÓGICO A ARNALDO Y ESPEJEL, MAGISTRADOS DEL TC
LA IMPROBABLE RECUSACIÓN DE ARNALDO COMO RESPONSABLE DEL RECURSO DEL ABORTO EN EL TC
EL EJECUTIVO ESTUDIA RENOVAR A DOS MAGISTRADOS DEL CONSTITUCIONAL EN JUNIO AUNQUE EL PP MANTENGA EL BLOQUEO DEL CGPJ
EL CONSTITUCIONAL ELIGE POR UNANIMIDAD AL CONSERVADOR GONZÁLEZ-TREVIJANO COMO NUEVO PRESIDENT
ENRIQUE ARNALDO SE ENCARGARÁ DE LA SENTENCIA DEL TC SOBRE LA LEY DEL ABORTO, QUE CALIFICÓ DE "OCURRENCIA"
EL POLÉMICO MAGISTRADO DEL CONSTITUCIONAL ENRIQUE ARNALDO SERÁ EL ENCARGADO DE LA SENTENCIA SOBRE LA LEY DEL ABORTO
EL CONSTITUCIONAL MÁS PRÓXIMO AL PP REVISARÁ LAS LEYES CLAVE DEL GOBIERNO
ENRIQUE ARNALDO YA TIENE SU MEDALLA
UN LETRADO DEL CONGRESO ACTUÓ EN NOMBRE DE IBERDROLA EN 16 PROCESOS CONTRA EL ESTADO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PABLO CASADO, ENRIQUE ARNALDO, UNA CARRERA DE DERECHO Y UN PUESTO EN EL CONSTITUCIONAL
EL FIASCO DE ENRIQUE ARNALDO COMPLICA LA NEGOCIACIÓN DEL PODER JUDICIAL
LA FALTA DE CONTROL DEL CONGRESO SOBRE SUS LETRADOS LO EXPONE A LA INJERENCIA DE INTERESES PRIVADOS
LA APUESTA POR ARNALDO PARA EL CONSTITUCIONAL REVIVE LAS SOSPECHAS SOBRE LA LICENCIATURA DE CASADO
ENRIQUE ARNALDO VOTARÁ LOS RECURSOS DE VOX Y PP POR LA SUSPENSIÓN DE LOS DESAHUCIOS MIENTRAS POSEE 24 INMUEBLES SÓLO EN MADRID
ENRIQUE ARNALDO, EL MUÑIDOR DE LAS TINIEBLAS JURÍDICAS DEL PP
IGLESIAS SALE EN DEFENSA DEL VOTO DE PODEMOS EN FAVOR DE ARNALDO PARA EL TC
CASADO DEFIENDE EL PERFIL DE ARNALDO Y EXPLICA QUE EL ÚNICO QUE LE PREOCUPA ES OTEGI
ARNALDO LLEVÓ A PABLO CASADO AL DESPACHO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DONDE APROBÓ 12 ASIGNATURAS EN CUATRO MESES
ARNALDO TRABAJÓ PARA EL SANTANDER MIENTRAS ERA LETRADO EN EL CONGRESO
EL CONGRESO OBVIA EL ESCÁNDALO DE ARNALDO Y LO ELIGE PARA EL CONSTITUCIONAL
SÁNCHEZ AFIRMA QUE TAMPOCO LE GUSTAN ALGUNOS DE LOS CANDIDATOS DEL PP A MAGISTRADOS DEL CONSTITUCIONAL
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA SU VISTO BUENO A SUS CUATRO NUEVOS MAGISTRADOS
EL SOCIALISTA ELORZA ROMPE LA DISCIPLINA DE VOTO Y NIEGA SU APOYO A ARNALDO PARA EL CONSTITUCIONAL
LA AUDIENCIA NACIONAL DICTAMINÓ HACE UN AÑO QUE ARNALDO "BURLÓ" LA LEY CUANDO PRESIDÍA UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
ENRIQUE ARNALDO ENCHUFÓ A SU HIJO, AL HIJO DEL FISCAL MAZA Y A VARIOS JUECES EN UN MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
ENRIQUE ARNALDO OCULTÓ EN EL CONGRESO SU PAPEL EN VARIAS FUNDACIONES JUNTO A MANUEL MARCHENA, JAUME MATAS Y ENRIQUE LÓPEZ
SÁNCHEZ AFIRMA QUE TAMPOCO LE GUSTAN ALGUNOS DE LOS CANDIDATOS DEL PP A MAGISTRADOS DEL CONSTITUCIONAL
LA FISCALÍA VINCULÓ A ARNALDO CON UN "INFORME MENDAZ" PARA "BLINDAR" A UN ALCALDE CORRUPTO
EL VOTO A ENRIQUE ARNALDO PARA EL CONSTITUCIONAL PONE A PRUEBA A LA IZQUIERDA EN EL CONGRESO
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ARNALDO, EL IDÓNEO: LO QUE EL CANDIDATO DEL PP AL CONSTITUCIONAL PIENSA SOBRE EL ABORTO O LA MEMORIA HISTÓRICA
ARNALDO ELABORÓ UN RECURSO ANTE LA JUNTA ELECTORAL QUE EL PP PRESENTÓ COMO SUYO
LAS RELACIONES DE ARNALDO CON CORRUPTOS QUE HACEN INASUMIBLE SU LLEGADA AL TC
LA EMPRESA DE ARNALDO LOGRÓ UN CONTRATO PÚBLICO EN CUYA TRAMITACIÓN INTERVINO UN EXASESOR DIRECTO DE IGNACIO GONZÁLEZ
ARNALDO COBRÓ A UNA TELEVISIÓN DEL PP POR MONITORIZAR LEYES MIENTRAS ERA FUNCIONARIO DEL CONGRESO
EL GOBIERNO NO TUMBARÁ LA CANDIDATURA DE ARNALDO AL TC POR TEMOR A QUE EL PP VUELVA AL BLOQUEO DE TODAS LAS INSTITUCIONES
EL GOBIERNO, INCÓMODO CON LA PROPUESTA DE ENRIQUE ARNALDO COMO MAGISTRADO DEL CONSTITUCIONAL
ENRIQUE ARNALDO COBRÓ COMO ASESOR DEL GOBIERNO BALEAR DE MATAS MIENTRAS COORDINÓ VARIAS COMISIONES DE LA CÁMARA BAJA
LOS NEGOCIOS, INTERESES Y CONTRADICCIONES DE ENRIQUE ARNALDO PONEN EN JAQUE SU NOMINACIÓN COMO MAGISTRADO DEL TC
ENRIQUE ARNALDO Y CONCEPCIÓN ESPEJEL: POLÉMICA ASEGURADA EN EL CONSTITUCIONAL
EL PSOE APARTA AL CRÍTICO ODÓN ELORZA EN EL PLENO QUE LLEVARÁ A ARNALDO AL CONSTITUCIONAL
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ENRIQUE ARNALDO TAMBIÉN SE OPUSO A LA LEY DEL ABORTO PENDIENTE EN EL TC Y LA TACHÓ DE "OCURRENCIA"
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ARNALDO NIEGA VINCULACIÓN CON EL PP Y DICE QUE EN FAES SOLO PARTICIPÓ EN FOROS TÉCNICOS
ENRIQUE ARNALDO EVITA HABLAR SOBRE LOS PINCHAZOS DE LEZO Y CONCEPCIÓN ESPEJEL NIEGA SER CERCANA AL PP
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ENRIQUE ARNALDO AFIRMA EN SU CV QUE ABANDONÓ SU EMPRESA EN 2017 PERO SEGUÍA CONTRATANDO DOS AÑOS DESPUÉS
EL GOBIERNO DE AYUSO METIÓ A ENRIQUE ARNALDO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 'LAS VENTAS'
EL CANDIDATO DEL PP AL CONSTITUCIONAL ENRIQUE ARNALDO TUVO NEGOCIOS CON EL TESTAFERRO CONFESO DE ZAPLANA
SÁNCHEZ SE DESENTIENDE DE LOS CANDIDATOS DEL PP AL CONSTITUCIONAL
HECTOR GOMEZ, PORTAVOZ GPS CONGRESO. "TENÍAMOS DOS OPCIONES SOBRE LA RENOVACIÓN DE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES, O DESBLOQUEAR O
MANTENER EL BLOQUEO. LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS NOMBRES ES DEL PARTIDO QUE LOS PROPONE"
LOS CANDIDATOS AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMPARECEN EL MARTES EN EL CONGRESO
EL CANDIDATO DEL PP PARA EL CONSTITUCIONAL, A JAUME MATAS EN EL ‘CASO PALMA ARENA’: “NO TE OLVIDES DE MÍ PARA LOS TEMAS JURÍDICOS”
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EL CANDIDATO DEL PP AL TC CREE QUE NO LE AFECTA LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LOS FUNCIONARIOS DE OBTENER CONTRATOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIONES CONTROLADAS POR EL PP CONTRATARON A UNO DE SUS CANDIDATOS AL CONSTITUCIONAL POR 979.000 EUROS
UNO DE LOS DOS ELEGIDOS POR EL PP PARA EL CONSTITUCIONAL ESTUVO IMPUTADO POR COBRAR DEL GOBIERNO BALEAR Y HACER PAGOS A MATAS
EL PP PRESUME DE "DESPOLITIZACIÓN" DEL TC PORQUE ESPEJEL Y ARNALDO NO HAN OCUPADO CARGOS POLÍTICOS PESE A SU NOTORIA AFINIDAD
LOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE SALPICAN A ENRIQUE ARNALDO, NUEVO MAGISTRADO DEL CONSTITUCIONAL A PROPUESTA DEL PP
EL CANDIDATO DEL PP AL CONSTITUCIONAL ENRIQUE ARNALDO ESTUVO IMPUTADO POR SOBORNAR A JAUME MATAS
ENRIQUE ARNALDO, EL CATEDRÁTICO SALPICADO POR EL ‘CASO LEZO’
ENRIQUE ARNALDO: VIRTUAL CANDIDATO DEL PP AL TC
GONZÁLEZ MANIOBRÓ CON UN EXVOCAL DEL CGPJ VINCULADO AL PP PARA COLOCAR A FISCALES AFINES
UN EXVOCAL DEL PODER JUDICIAL PROMETIÓ A IGNACIO GONZÁLEZ GESTIONES PARA PONER A UN FISCAL GENERAL "BUENO"
LAS GRABACIONES A IGNACIO GONZÁLEZ EVIDENCIAN LAS MANIOBRAS DEL PP PARA QUITAR Y PONER JUECES Y FISCALES
DIMITE ARNALDO, EL PRESIDENTE DEL TAD AL QUE RECUSÓ VILLAR
EL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ CIERRA SU EPISODIO DE ALCOHOLEMIA POR LA PUERTA DE ATRÁS
CASO PALMA ARENA PS5
MATAS COBRÓ DE UNA EMPRESA A LA QUE HABÍA BENEFICIADO
IMPUTAN A LA DIRECTORA DE IB3 EN EL CASO PALMA ARENA
UNA FUNDACIÓN HERMANADA CON LA DE AZNAR
GUADALAJARA CONTRATA ABOGADOS EN EL CASO MATAS
EL GABINETE LEGAL FICHÓ A MATAS PARA BUSCAR CLIENTES
LA JUSTICIA INVESTIGA AHORA A MATAS POR UN POSIBLE TRATO DE FAVOR A LA CONSULTORA QUE LO FICHÓ AL DEJAR LA POLÍTICA
INVESTIGAN SI MATAS BLANQUEÓ DINERO A TRAVÉS DEL BUFETE QUE LE CONTRATÓ
ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLAS
EL VOTO DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, CLAVE PARA EL CONFLICTO CON EL EJECUTIVO
RENOVACION CGPJ. UNA LISTA DE 15 HOMBRES Y CINCO MUJERES
EL CONSTITUCIONAL CAMBIA SU DOCTRINA PARA BLINDARSE ANTE LAS RECUSACIONES
El tribunal sostiene que ningún juez puede ser “descalificado en razón de sus ideas”
El Tribunal Constitucional ha dado un giro a su doctrina sobre las recusaciones para blindarse ante impugnaciones tras su reciente renovación y ante el intento de apartar a los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel de las sentencias pendientes sobre el procés. Los líderes independentistas pusieron en duda su imparcialidad y alegaron su afinidad con el PP, el partido que les propuso para acceder al tribunal. En el auto que rechaza esas recusaciones —que habría dejado al tribunal sin quórum— el Constitucional subraya que nadie “puede ser descalificado como juez en razón de sus ideas”. “La afinidad ideológica no constituye por sí sola causa de recusación”.
La resolución supone un volantazo si se compara con otras que han jalonado la historia del tribunal, especialmente la que provocó el apartamiento del exmagistrado Pablo Pérez Tremps, fallecido el pasado julio, de la sentencia del Estatut. El vuelco se pone también de manifiesto con respecto a los autos por los que se admitieron las abstenciones de los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido para los fallos del proceso independentista. En ambos casos, el Constitucional consideró razonable su decisión para garantizar la apariencia de imparcialidad del tribunal.
Pérez Tremps fue apartado en 2007 por haber realizado un trabajo científico para el Instituto de Estudios Autonómicos, vinculado a la Generalitat, sobre “aspectos relacionados con la acción exterior y la participación europea” de las comunidades autónomas. La recusación —formulada por el PP— se acordó por seis votos a cinco, y la decisión de aceptarla provocó una oleada de protestas en las cátedras de derecho constitucional de toda España. El estudio de Pérez Tremps —dijo el tribunal— constituye “un elemento objetivo que razonablemente permite la suspicacia de la parte recusante acerca de la imparcialidad”.
En los casos de Narváez y Conde-Pumpido, el Constitucional ha aceptado este año la abstención de ambos por declaraciones que según los dirigentes independentistas permitían cuestionar su apariencia de imparcialidad. Narváez comparó el procés con el golpe de Estado del 23-F, mientras Conde-Pumpido identificó “la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia” como una preocupante amenaza para la democracia representativa. El Constitucional respaldó estas abstenciones con la tesis de que así lograba “reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del tribunal”.
El auto sobre los casos de Arnaldo y Espejel aborda las recusaciones con una óptica distinta, para concluir que ningún juez puede ser descalificado por sus ideas y sostener que “no resultaría constitucionalmente posible remover a los magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen”. En el caso de Arnaldo, tales “actitudes” consistieron en pedir que “caiga todo el peso de la ley” sobre los dirigentes independentistas, al tiempo que en suscribir el manifiesto titulado Parar el golpe, en el que afirmaba que el Ejecutivo catalán no había dudado en “traspasar todos los límites de la legalidad y la decencia” para poner en riesgo “la convivencia y la paz civil”. El auto del Constitucional concluye que “una afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar” y que “no constituye por sí sola causa de recusación”.
EL TC CIERRA LA PUERTA A RECUSAR A ARNALDO POR SUS ARTÍCULOS SOBRE EL ABORTO, EL 'PROCÉS' Y LA EUTANASIA
El Pleno descarta que pueda haber dudas de imparcialidad por haberse pronunciado sobre un asunto determinado en "publicaciones académicas" o en "artículos de opinión" antes de ser magistrado
La resolución también tiene efecto sobre Espejel, que emitió un duro voto particular contra la ley de plazos de Zapatero cuando era vocal del CGPJ a propuesta del PP
El Tribunal Constitucional (TC) tiene nueva composición desde hace un mes, tras la entrada de cuatro magistrados, y en su primer Pleno ya ha dejado claras sus intenciones: ningún miembro del órgano será en principio apartado del debate de ningún asunto por haber puesto de manifiesto su opinión sobre el tema en cuestión, ya sea en artículos de opinión o en trabajos jurídicos más elaborados. El tribunal parece adelantarse así a cualquier incidente de recusación que se pueda presentar contra, por ejemplo, Enrique Arnaldo, uno de los magistrados más cuestionados, incluso antes de empezar su mandato, por sus vínculos con el PP, su relación con casos de corrupción y por sus artículos de opinión en los que comentaba cualquier tema de actualidad, ya fuese la aprobación de la ley de plazos del aborto en 2010, el proceso independentista catalán, la eutanasia o la ley de memoria histórica.
Lo ha dicho el Pleno en una decisión adoptada por unanimidad de los once magistrados presentes –Alfredo Montoya sigue de baja por enfermedad– tras debatir los 33 incidentes de recusación que habían presentado algunos de los implicados en el procés, como el presidente de ERC Oriol Junqueras y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tanto contra Arnaldo como contra la otra nueva magistrada propuesta por el PP, Concepción Espejel. También querían que se apartara el propio presidente, Pedro González-Trevijano, por su amistad con Arnaldo.
En un comunicado enviado por el TC –el texto íntegro del auto se conocerá en los próximos días–, el tribunal descarta "que pueda fundarse una duda legítima de imparcialidad sea por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular, sea por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado".
No tener la "mente vacía" sobre los asuntos jurídicos a tratar
Este planteamiento parece hecho a medida de Arnaldo, pero también de Espejel, sobre la que se vertieron dudas también sobre su imparcialidad en debates como el de la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pendiente de sentencia desde hace once años y medio, al haberse ya pronunciado en contra en un voto particular que emitió cuando ejercía como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –también designada a propuesta del PP–.
"No sólo el Tribunal Constitucional, sino también el resto de tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración", explica el Constitucional.
Arnaldo se había pronunciado sobre multitud de asuntos en 331 artículos que publicó en el diario digital El Imparcial –que preside Luis María Ansón–, algunas de ellas cuestiones contra las que el PP o Vox han impugnado o han anunciado su intención de impugnar ante el máximo intérprete de la Constitución. Así, por ejemplo, dedicó uno de esos artículos a la ley de plazos del aborto, recurrida por el partido conservador, y la llegó a calificar de "ocurrencia".
"Hace unos días, cuando la ministra de o para la Igualdad, Bibiana Aído, presentó su propuesta de ley de plazos del aborto, adelantó que las mayores de 16 años podrían decidir por sí mismas, sin autorización de los padres o tutores: si pueden casarse o tener hijos, pueden también abortar. Por la misma regla de tres podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal (y no con los privilegios de la legislación penal de menores), incorporarse a cualesquiera de los Ejércitos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?", escribió con ironía el magistrado.
Sobre el procés, Arnaldo también escribió en El Imparcial, tal y como publicó este periódico. En Una medida necesaria, cuyo núcleo central era la defensa del artículo 155 y cuya aplicación dejó en suspenso la autonomía catalana, el jurista se expresó así: "El único artículo de la Constitución pensado para no ser aplicado jamás acaba de ser activado tras haberse constatado la sostenida, constante, manifiesta, negligente y contumaz actuación de la comunidad autónoma de Cataluña de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". El texto se publicó el 21 de octubre, el día en que entró en vigor el 155 y el ahora fugado Carles Puigdemont cesó como presidente de la Generalitat por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy.
"La intervención en Cataluña propuesta por el Gobierno –aparece bajo el titular– es necesaria y proporcional. No se sustituye la autonomía, sino a los desleales responsables del desorden constitucional", afirmó. Las medidas aprobadas, concluyó, eran "coercitivas, pues se basan en la intervención en una comunidad autónoma que se ha saltado a las bravas, arbitrariamente, la legalidad". La conclusión final quedó expuesta con lo que viene a continuación: "No se suspende la autonomía, sino que se sustituye a los autores del desorden y de la deslealtad para hacer real y efectiva la vuelta a la Constitución".
"Pluralidad de perspectivas"
Pero el Pleno del tribunal de garantías que ahora preside el conservador González-Trevijano ha defendido la "legitimidad de origen" de los magistrados Arnaldo y Espejel, igual que la del resto, porque todos los miembros del órgano son "elegidos por los tres poderes del Estado, lo que se proyecta en la pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones, expresión de la idea de pluralismo político".
De todas formas, no es algo del todo novedoso el hecho de no apartar a magistrados del Constitucional, pues las recusaciones en la historia de este tribunal han sido bastante escasas, toda vez que no pueden ser sustituidos y, además, "es necesario que el Tribunal Constitucional sea un reflejo del pluralismo de la sociedad", en palabras del profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC Joaquín Urías.
Sin embargo, el pronunciamiento de este miércoles difiere por completo de la tendencia que se había visto en los anteriores incidentes de recusación presentados, también en relación con la causa del procés catalán. Y es que los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido se apartaron voluntariamente cuando fueron recusados por algunos de los condenados por el mismo caso ante su posible falta de imparcialidad por sendas conferencias que ambos pronunciaron hace unos años: el primero calificó el procés como "golpe de Estado encubierto" y el segundo manifestó su preocupación por "la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia”.
Los dos magistrados se inhibieron, tras un intenso debate que dividió al tribunal, para que se mantuviera la confianza en los pronunciamientos del órgano con respecto a esa causa, sobre todo cuando los condenados ya han anunciado su intención de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.
Pero no ha ocurrido lo mismo con Arnaldo y Espejel. Ninguno de los dos se ha abstenido y por eso el asunto ha sido llevado a Pleno, cuyas conclusiones han visibilizado la nueva política con la que el sector mayoritario conservador que encabeza González-Trevijano y la minoría progresista al frente de la cual está el vicepresidente Juan Antonio Xiol quieren alcanzar amplios acuerdos en los asuntos más delicados y evitar así en lo posible que se repita la imagen de honda división vista en las sentencias relativas a la gestión de la pandemia de coronavirus.
¿Por qué si Conde-Pumpido y Narváez se apartaron, el TC ha decidido mantener a Arnaldo y Espejel? Para empezar, la abstención de los primeros fue voluntaria, es decir, fueron ellos mismos los que prefirieron inhibirse. Y, en segundo lugar, si los segundos hubiesen sido recusados, el Pleno quedaría sin el quórum de ocho magistrados exigido para poder resolver los recursos del procés, tal y como recuerda el propio tribunal.
UN TC MÁS CONSERVADOR Y CON MAGISTRADOS RECUSADOS ENFRENTA SU PRIMERA DELIBERACIÓN
El Pleno del próximo día 15 incluye asuntos que afectan a condenados por el 'procés' que han recusado a Arnaldo y Espejel, una cuestión aún pendiente de resolver.
El actual equilibrio de fuerzas tiene fecha de caducidad en junio, pero todo depende de una renovación del CGPJ que sigue en el aire.
El Tribunal Constitucional (TC) recientemente renovado enfrentará el próximo 15 de diciembre su primer Pleno, una deliberación que incluye algunos asuntos de trascendencia política que permitirán observar cómo se comporta un órgano cuyo sector conservador resultó reforzado tras el pacto alcanzado por PSOE y PP el pasado mes de octubre. Actualmente, cinco de los doce miembros del tribunal se sitúan en posiciones abiertamente progresistas frente a una mayoría de siete magistrados del sector conservador.
Entre los asuntos que figuran en el orden del día está un recurso de diputados de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña contra la decisión de la Mesa de éste órgano que reivindicó en septiembre de 2019 la amnistía de los líderes independentistas; así como otro del PP contra el fondo aprobado por el Govern para cubrir las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los condenados por el Tribunal Supremo.
Los magistrados también tienen sobre la mesa de esta primera reunión dos recursos interpuestos por diputados de Vox: uno contra la Ley de País Vasco de medidas para la gestión de la pandemia y otro contra el Real Decreto de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
La entrada en el tribunal del polémico Enrique Arnaldo -señalado por su cercanía a cargos del PP vinculados a causas de corrupción- y de Concepción Espejel, designados a propuesta del PP, ha permitido reforzar un sector conservador en el que se mantienen el actual presidente Pedro González-Trevijano y los magistrados Alfredo Montoya, Santiago Martínez-Vares, Antonio Narváez y Ricardo Enríquez.
En el lado progresista, encabezados por Cándido Conde-Pumpido -que se sitúa en la mejor posición para suceder a González-Trevijano en la presidencia-, están el actual vicepresidente Juan Antonio Xiol, las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán y el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez. Los dos últimos constituyen la cuota aportada por el PSOE en la última renovación.
En todo caso, el actual equilibrio de fuerzas tiene los días contados si se cumplen los plazos de la próxima renovación, prevista para junio, que corresponde realizar con dos designaciones al Gobierno y otras dos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En ese momento deben salir del tribunal el actual presidente y el vicepresidente Xiol, además de los magistrados conservadores Martínez-Vares y Narváez, y la previsión es que sean sustituidos por dos miembros progresistas a elección del Ejecutivo de Pedro Sánchez y otros dos por el Consejo -uno progresista y otro conservador-.
La renovación prevista permitiría dar un vuelco a la actual situación, dando lugar a un tribunal compuesto por siete magistrados progresistas frente a siete conservadores. La duda la plantea la actual situación de bloqueo en la renovación del CGPJ, que cumplió ya el récord de tres años el pasado 4 de diciembre. El órgano que tiene vetados los nombramientos en la cúpula judicial tras la última reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos el pasado marzo. Si el bloqueo se mantiene y llega al mes de junio, el cambio de tendencia del TC queda en cuestión.
Existe división entre los juristas sobre si el Gobierno puede o no realizar sus dos nombramientos, con independencia de la actuación del CGPJ, logrando reforzar así el sector progresista del tribunal. Los que ven problemas a este escenario citan la propia Constitución, que obliga en su artículo 159.3 a que la renovación del órgano de garantías se efectúe cada tres años por terceras partes.
El arranque del nuevo TC presenta además otra peculiaridad debido a las recusaciones presentadas contra los magistrados designados a propuesta del PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, a quienes las defensas del expresident de la Generalitat Carles Puigddemont y de varios condenados por el 'procés' independentista en Cataluña consideran "contaminados" para resolver sobre varios de los recursos que tienen pendientes en este órgano.
Por el momento el presidente del Tribrunal, Pedro González Trevijano, no ha resuelto cómo se actuará frente a esta situación, que de aceptarse pondría en peligro el 'quorum' de ocho magistrados que exige la ley para que este órgano pueda tomar decisiones sobre cualquier asunto.
Si Arnaldo y Espejel fueran apartados, sus vacantes en la deliberación de los asuntos del 'procés' se sumarían a las de Antonio Narváez y Cándido Cónde-Pumpido, que se vienen absteniendo de participar tras ser recusados por el contenido de sendas conferencias que pronunciaron en 2017, en plena efervescencia del 'procés' independentista. El quinto magistrado ausente es el conservador Alfredo Montoya, de baja por enfermedad.
Entre los asuntos que podrían verse afectados por las recusaciones, y que no se descarta que finalmente se retrasen a otra sesión a celebrar ya en enero, está un recurso presentado por el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y otros presentados por el presidente de Ómnium Cutural Jordi Cuixart contra decisiones adoptadas en su día contra ellos por el Tribunal Supremo. También figura una petición de Puigdemont contra varios autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo relativos a su situación procesal y a las órdenes de detención y entrega europeas e internacionales.
Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, lo más probable es que el tribunal opte en los próximos días por rechazar 'de plano' las recusaciones. Las fuentes consultadas señalan que hay que valorar si los movimientos de las defensas tienen como objetivo paralizar el Tribunal, dejándolo sin 'quórum'. Este tipo de recusaciones, como las que se dirigen contra la totalidad o la mayor parte del Tribunal, se consideran fraudulentas y, generalmente, se inadmiten 'ad limine'.
En los siguientes plenos, ya después de Navidades, se irán señalando previsiblemente los asuntos de mayor calado político, siendo ya González-Trevijano el que decidirá los tiempos y las ponencias a integrar en el Orden del día, que no tienen por qué ser los mismos que consideraba prioritarios su antecesor.
Entre los más polémicos se encuentra el presentado hace ya 11 años por el PP contra la actual ley de plazos del aborto; así como la veintena de los presentados por Vox contra la práctica totalidad de decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.
Entre ellos destaca el recurso presentado por los de Santiago Abascal contra la LOMLOE, conocida como 'Ley Celaá'. El ponente, el conservador Ricardo Enríquez, propone una estimación parcial del recurso de modo que se declare inconstitucional la prohibición de financiar con fondos públicos a los colegios que segregan a los niños por sexo.
Otro recurso de calado que puede resolverse en los próximos meses es el presentado por PP y Vox contra la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos estando en funciones. Las ponencias han recaído en dos magistrados pertenecientes al sector progresista de este órgano, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, respectivamente.
https://www.epe.es/es/politica/20211213/tc-conservador-magistrados-recusados-enfrenta-12964786
EL PRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL ASEGURA QUE EL TRIBUNAL DICTARÁ SENTENCIA SOBRE EL ABORTO “EN UNOS MESES”
Pedro González-Trevijano afirma que “las instituciones hay que renovarlas en tiempo y forma”
El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, anunció este martes en la Cadena SER que el tribunal intentará aprobar “en unos meses” la sentencia sobre la ley del aborto. Con este fin, informó, ya ha pedido al nuevo ponente del caso, el magistrado Enrique Arnaldo, que elabore un proyecto de fallo que pueda ser sometido a deliberación “en un plazo razonablemente breve”.
Esta previsión de Trevijano apunta a que el texto será debatido, y en su caso aprobado, antes de que el Tribunal Constitucional —donde el sector conservador es ahora mayoritario por siete a cinco— pueda contar a partir de junio próximo con una mayoría progresista tras la renovación de cuatro magistrados por parte del Gobierno y del Poder Judicial. Trevijano defiende una sentencia rápida con mayoría conservadora sobre la ley de plazos que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, fue recurrida por el PP aquel año y 11 años después no se ha debatido.
La segunda renovación implicará la designación de dos magistrados por parte del Gobierno y de otros dos por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si ha recuperado la facultad de efectuar nombramientos. Esta competencia está ahora suspendida en virtud de la ley que impulsó el PSOE para privar al Consejo —cuyo mandato terminó hace tres años— de la posibilidad de nombrar a altos cargos del aparato judicial mientras siga en funciones. A la espera de esta segunda operación de relevos, el sector conservador del Constitucional cuenta con siete magistrados, y el progresista con cinco. La correlación de fuerzas se invertirá, sin embargo, con los cambios de junio próximo, a partir de los cuales el bloque progresista contará con siete votos, y el conservador con tres.
En cuanto a sus planes inmediatos, el recién elegido presidente del tribunal de garantías, que tendrá presumiblemente el mandato más corto en la historia del órgano, detalló: “El Constitucional no puede permitir estar más tiempo sin resolver el asunto del aborto. Llevamos 11 años y creo que es una exigencia de la ciudadanía que resolvamos, y que resolvamos pronto. Creo que en unos meses tendremos un texto que se podrá someter, por lo menos, a votación, y que los magistrados serán también responsables y tratarán de hacer un esfuerzo y dar una respuesta. Lo que sí estoy de acuerdo es que con 11 años es difícil de justificar que ni siquiera haya llegado a debatirse”.
Preguntado sobre el retraso de esta sentencia, Trevijano ha manifestado: “Yo acabo de llegar a la presidencia del Constitucional. No he sido ponente de este asunto. Todo lo que afecta a la interrupción voluntaria del embarazo es siempre complejo y problemático. En España, cuando se aprobó la ley que despenaliza el aborto en una serie de supuestos, el Constitucional se fragmentó y fue el voto de calidad de su presidente, Manuel García Pelayo, el que declaró la inconstitucionalidad inicial de la ley. El segundo proyecto aprobó la despenalización en cuatro supuestos específicos, pero entre 12 magistrados hubo nada menos que cinco votos particulares en contra, y este es un contexto que sucede en los países de nuestro entorno. En Estados Unidos, hasta el año 1973 no se constitucionalizó el derecho al aborto”.
El retraso en la tramitación del recurso del PP contra la Ley del Aborto provocó en junio pasado la presentación de una querella, ya archivada por el Supremo, contra tres expresidentes del Constitucional y un exmagistrado por supuesto retardo malicioso en resolver el asunto. También se presentó una denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En cuanto a la orientación que vaya a tener la ponencia, el encargado de redactarla se pronunció a través de un artículo publicado en El Imparcial en 2009. En esa tribuna, el conservador Enrique Arnaldo criticó que la entonces ministra socialista Bibiana Aído dijera que si las menores de 16 años podían casarse o tener hijos, “pueden también abortar’. “Por la misma regla de tres”, escribió el magistrado, “podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal (y no con los privilegios de la legislación penal de menores), incorporarse a cualesquiera de los Ejércitos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?”.
En cuanto a las opiniones previas de los magistrados y la posibilidad de que sirvan de fundamento para recusarlos, alegando falta de imparcialidad, Trevijano manifestó que muchos de ellos se han pronunciado antes a lo largo de su carrera sobre cuestiones de actualidad y eso no es motivo suficiente para su recusación. Añadió que ello no puede ser un obstáculo para su elección, porque lo importante y exigible es que una vez en el tribunal actúen con “independencia e imparcialidad”, sabiendo que “los magistrados tienen ideología, como cualquier otro señor de la calle”.
Los magistrados Narváez y Conde-Pumpido se han abstenido de intervenir en los recursos del procés por haber opinado sobre el asunto. Narváez comparó el proyecto independentista con el 23-F para sostener que aquél fue más grave que este.
La elección de Arnaldo
El presidente del Constitucional también ha sido preguntado sobre la reciente renovación de las instituciones, entre ellas el propio tribunal de garantías, sobre los plazos en que se ha llevado a cabo y los candidatos elegidos. Al respecto, ha manifestado que “las instituciones hay que renovarlas en tiempo y forma”. “Pero muchas veces los partidos se plantean una conducta y luego los tiempos imponen otra conducta”, ha añadido. Y en cuando a la afinidad o proximidad de los candidatos, en concreto de Arnaldo con respecto al PP, ha afirmado: “Casi todos los magistrados, o muchos de ellos, han vertido opiniones sobre algunas materias que estaban encima de la mesa del Constitucional. ¿Eso les impide formar parte del tribunal? Es difícil que un catedrático de Derecho Constitucional o de Ciencia Política, o de Derecho Administrativo, no haya escrito en los últimos años sobre la problemática del procés, o sobre la declaración de independencia, o sobre cuestiones sociales, o sobre la legislación del aborto, o sobre la eutanasia. ¿Eso impide que puedan dictar su resolución con independencia e imparcialidad? Yo creo que no. Y lo que hay que exigirles es que sean independientes e imparciales cuando se sienten a ejercer su función jurisdiccional”.
Trevijano ha admitido, al tiempo que “los magistrados tienen ideología propia”. “Faltaría más, como cualquier señor de la calle”, ha añadido. El presidente del Constitucional ha citado a la magistrada del Constitucional María Luisa Balaguer, de quien ha dicho: “María Luisa Balaguer decía en una entrevista que se puede haber pertenecido a un partido político, y luego pedir la baja y acceder al Tribunal Constitucional. Lo que hay que exigirles es que luego actúen en el tribunal con independencia. Es la grandeza de una composición plural”. En este sentido, el presidente del tribunal de garantías ha recordado que, quienes acceden a esta institución, “son juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio profesional”.
EL CONSTITUCIONAL BORDEA LA FALTA DE QUÓRUM EN LAS CAUSAS DEL ‘PROCÉS’
Las recusaciones de los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel dejarían al tribunal, si prosperan, sin los miembros que exige la ley para poder deliberar
La tramitación de los recursos pendientes sobre el proceso independentista catalán en el Tribunal Constitucional está en riesgo de embarrancar por falta de quórum, tras la recusación presentada este viernes por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. De prosperar las iniciativas planteadas por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, estos magistrados conservadores quedarían apartados de la causa, y se encontrarían en la misma situación que sus compañeros Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido, que optaron por inhibirse el pasado abril después de que el expresident fugado en Bélgica también los recusara.
La ley orgánica del Tribunal Constitucional exige, en su artículo 14, que para adoptar acuerdos estén presentes, al menos “dos tercios de los miembros que en cada momento lo componen”. El tribunal de garantías está formado oficialmente por sus doce miembros, sin embargo, uno de ellos, Alfredo Montoya, no participa temporalmente en las deliberaciones al estar recuperándose de un ictus que sufrió en agosto pasado. De este modo, de salir adelante las recusaciones de Arnaldo y Espejel —dos magistrados próximos al PP que entraron en la última renovación de tribunal, el pasado noviembre— solo siete magistrados estarían en condiciones de decidir sobre estas causas, esto es uno por debajo de los ocho que marcan el límite de los dos tercios que exige la ley.
La recusación presentada por el letrado Boye —que tendrá que resolver el propio tribunal—, alega “falta de imparcialidad” de Arnaldo y Espejel, y para ello se fija, entre otros datos, en la “estrecha relación” de dichos magistrados con el PP. Los exconsejeros del Govern Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, también huidos de la justicia en Bélgica, se han unido a la misma iniciativa.
El escrito sostiene que ambos magistrados se han significado en su trayectoria por su falta de imparcialidad en relación con el independentismo en general y con los hechos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en particular. Puigdemont considera que los pronunciamientos de Enrique Arnaldo han sido especialmente explícitos. El escrito recuerda que este magistrado pidió que “caiga todo el peso de la ley” sobre los dirigentes independentistas, en coincidencia con manifestaciones realizadas por el líder del PP, Pablo Casado. Cita también que en septiembre de 2017 Arnaldo suscribió el manifiesto titulado “Parar el golpe”, en el que se afirmaba que el Ejecutivo catalán no había dudado en “traspasar todos los límites de la legalidad y la decencia” para poner en riesgo “la convivencia y la paz civil”.
La recusación afirma que “ya incluso antes de la celebración del referéndum de autodeterminación que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017, el excelentísimo señor Arnaldo Alcubilla solicitaba del Gobierno de España que se ejerciera la acción penal” contra los líderes independentistas. Se inició entonces, sostiene Boye, una “persecución política por la vía penal” de la que se derivan los distintos recursos de amparo sobre los que tiene que resolver el Constitucional, y sobre los que Arnaldo “pretende conocer como magistrado”.
“Enfermos de sectarismo”
También se citan otras manifestaciones de Arnaldo en las que calificó de “enfermos de sectarismo” a quienes discreparon de la decisión tomada por la Fiscalía para presentar una querella por rebelión contra los dirigentes independentistas. El escrito añade que Arnaldo tuvo una relación de amistad con el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ya fallecido, que fue quien firmó la querella, como máximo representante del ministerio público.
El escrito cuestiona asimismo la imparcialidad de Espejel a la vista del voto particular que emitió como componente del tribunal que absolvió al major (máxima graduación) de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. En ese voto discrepante, la entonces presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atribuyó, señala Boye, “carácter delictivo a la conducta de los recusantes”. También subraya que Espejel fue apartada del caso Gürtel, que afectaba al PP, el partido que la ha propuesto para formar parte del Constitucional. El escrito menciona que Espejel pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, la de mayor implantación entre los jueces y a la que atribuye una “beligerancia desmedida” contra los líderes independentistas.
Las recusaciones planteadas por Puigdemont y sus compañeros contra los magistrados Arnaldo y Espejel no solo buscan apartarlos de conocer sobre los recursos contra las diferentes resoluciones dictadas contra los políticos por el Tribunal Supremo en el marco de la causa del procés. También se extienden a los recursos contra las decisiones tomadas contra tres de ellos —Puigdemont, Ponsatí y Comín— por la Junta Electoral Central, que trató de privarles de su condición de diputados del Parlamento Europeo y de sus inmunidades asociadas al encontrarse procesados en rebeldía por el Supremo en la causa del procés.
El precedente de Narváez y Conde-Pumpido
Las recusaciones del expresidente catalán Carles Puigdemont tienen el precedente de las presentadas contra los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido. Narváez dijo en una conferencia que la “crisis” derivada de los hechos de 2017 en Cataluña fue “un golpe de Estado encubierto, mucho más grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en el año 1981″, con el asalto al Congreso. Conde-Pumpido, a su vez, afirmó que con el 1-O “se invoca la democracia precisamente como una forma de atacar el Estado de Derecho, cuando en realidad no puede existir democracia sin Estado de Derecho”.
PUIGDEMONT RECUSA A LOS MAGISTRADOS ARNALDO Y ESPEJEL POR “FALTA DE IMPARCIALIDAD” SOBRE EL ‘PROCÉS’
El Constitucional aceptó anteriormente las abstenciones de los magistrados Narváez y Conde Pumpido, también recusados por sus manifestaciones sobre el 1-O
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha solicitado que los magistrados del Constitucional Enrique Arnaldo y Concepción Espejel no intervengan o sean apartados de los recursos que tiene pendientes ante el tribunal, por “falta de imparcialidad”. La recusación presentada contra ambos por el letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se basa en la “estrecha relación” de dichos magistrados con el PP, partido que les propuso en la reciente renovación del Constitucional. Los exconsejeros del Govern Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig se han unido a la misma iniciativa.
El escrito de recusación sostiene que ambos magistrados se han significado a lo largo de su trayectoria por su falta de imparcialidad en relación con el independentismo en general y con los hechos del referéndum ilegal del 1-O en particular. Puigdemont considera que los pronunciamientos de Enrique Arnaldo han sido particularmente explícitos. Recuerda que este magistrado pidió que “caiga todo el peso de la ley” sobre los dirigentes independentistas, en plena coincidencia de objetivos con manifestaciones realizadas en el mismo sentido por el líder del PP, Pablo Casado. Cita también que en septiembre de 2017 Arnaldo suscribió el manifiesto titulado “Parar el golpe”, en el que se afirmaba que el Ejecutivo catalán no había dudado en “traspasar todos los límites de la legalidad y la decencia” para poner en riesgo “la convivencia y la paz civil”.
La recusación afirma que “ya en aquel momento, incluso antes de la celebración del referéndum de autodeterminación que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017, el Excmo. Sr. Arnaldo Alcubilla solicitaba del Gobierno de España que se ejerciera la acción penal contra los recurrentes en amparo, persecución política por la vía penal de la que dimanan los distintos recursos de amparo de los que, ahora, al parecer ―por no constar su abstención―, pretende conocer como magistrado del Tribunal Constitucional”.
También se citan otras manifestaciones de Arnaldo en las que calificó de “enfermos de sectarismo” a quienes discreparon de la decisión tomada por la Fiscalía para presentar una querella contra los dirigentes independentistas por el delito de rebelión. El escrito señala asimismo que Arnaldo tuvo una relación de amistad manifiesta con el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que fue quien firmó la mencionada querella, como máximo representante del Ministerio Público.
El escrito cuestiona asimismo la imparcialidad de Espejel a la vista del voto particular que emitió como componente del tribunal que juzgó al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, porque la magistrada ―presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional― atribuyó “carácter delictivo a la conducta de los recusantes”. También subraya que Espejel fue apartada del caso Gürtel, que afectaba al PP, el partido que la ha propuesto para formar parte del Constitucional. El escrito menciona asimismo que dicha magistrada pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, la de mayor implantación entre los jueces y a la que identifica con una “beligerancia desmedida” en contra de los líderes independentistas.
Según el texto presentado, “no solo se ven afectados por esta recusación los recursos de amparo contra resoluciones judiciales dictadas en la causa especial núm. 20907/2017 ―la relativa al procés―, sino también los recursos de amparo mixtos interpuestos por tres de los recusantes contra determinados acuerdos de la Junta Electoral Central que, con expresa mención de la situación personal de los recusantes como consecuencia de la causa especial núm. 20907/2017, trataron de privarles de su condición, democráticamente adquirida, de miembros del Parlamento Europeo, así como de las inmunidades asociadas”.
Las recusaciones que ahora plantea Puigdemont tienen el precedente de las presentadas en octubre de 2020 y en marzo de 2021, respectivamente, contra los magistrados del Constitucional Antonio Narváez y Cándido Conde Pumpido, quienes se abstuvieron de seguir tomando parte en los recursos relacionados con el procés. Narváez había afirmado en una conferencia que pronunció en Granada que la “crisis” derivada de los hechos de septiembre y octubre de dicho año en Cataluña fue “un golpe de Estado encubierto, mucho más grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en el año 1981″, con el asalto del coronel Tejero al Congreso de los Diputados. Conde Pumpido, a su vez, había pronunciado una conferencia en el Congreso sobre los desafíos que estimaba en curso para el Estado de derecho por los hechos del procés. En dicha intervención manifestó que “se invoca la democracia precisamente como una forma de atacar el Estado de derecho, cuando en realidad no puede existir democracia sin Estado de derecho; y se alega un mandato emanado de unas elecciones, que en realidad son elecciones para elegir unas autoridades autonómicas, pero que ilegalmente se reconvierten en un plebiscito independentista”.
En estos momentos, el pleno del Constitucional lo componen 11 magistrados, por la ausencia de uno de sus integrantes, Alfredo Montoya, quien se halla en proceso de recuperación tras el ictus que sufrió en agosto pasado. En los recursos del procés, sin embargo, no participan los magistrados Narváez y Conde Pumpido, a causa de su abstención tras las anteriores recusaciones. Por tanto, en la resolución de dichos recursos intervendrían sólo nueve magistrados. Si las nuevas recusaciones prosperaran, o los magistrados recusados se abstuvieran, el pleno quedaría compuesto con sólo siete magistrados, con lo que no reuniría el quórum necesario para tomar decisiones, por cuanto la propia ley que rige el funcionamiento del Constitucional prevé que “el Tribunal en pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo componen”.
JUNQUERAS, RÖMEVA Y BASSA RECUSAN POR SESGO IDEOLÓGICO A ARNALDO Y ESPEJEL, MAGISTRADOS DEL TC
El documento de recusación menciona que Enrique Arnaldo, que llega al Constitucional propuesto por el PP, tiene publicaciones en las que se manifiesta sobre el 'procés'
Esta no es la primera vez que condenados del 'procés' piden recusaciones de magistrados para que no entiendan de los recursos de amparo
La defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, del exconsejero catalán Raul Römeva y de la exconsellera Dolors Bassa han solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que aparte a los nuevos magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel del estudio de los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña. Consideran que ambos adolecen de sesgo ideológico para conocer de esos recursos.
Según ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, ese incidente de recusación menciona que en el caso de Arnaldo -magistrado que ha llegado al TC a propuesta del PP- existen publicaciones previas a su nombramiento en los que se manifiesta sobre el procés.
Tanto Arnaldo como Espejel han entrado en el Pleno del Tribunal Constitucional a raíz del acuerdo alcanzado por PSOE y PP para la renovación parcial de la corte de garantías. Ya cuando se conoció que eran los nombres propuestos, se puso el acento en que Arnaldo había colaborado con la Fundación FAES, afín al PP, y se puso de relieve que Espejel, quien fuera presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, fue recusada en septiembre de 2015 junto al actual consejero madrileño Enrique López para evitar que formara parte del tribunal que juzgaría el caso Gürtel.
Esta no es la primera vez que condenados por el procés solicitan recusaciones de magistrados para que no entiendan de los recursos de amparo. En febrero Junqueras y Römeva solicitaron al TC que apartara al magistrado Cándido Conde-Pumpido del estudio de los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña. Consideraron que el magistrado no era "neutral" ni "imparcial" ya que en una conferencia celebrada en noviembre de 2017 expresó su opinión sobre el procés.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) aprobó en abril la abstención presentada por el magistrado Conde-Pumpido para entender de los recursos presentados contra la sentencia del procés independentista en Cataluña.
A Conde-Pumpido se le suma la abstención del magistrado Antonio Narváez, quien también se apartó de estudiar dichos recursos contra la sentencia del procés, después de que varios de los condenados le recusaran por unas manifestaciones que hizo en una conferencia calificando los hechos 2017 de golpe de estado.
La sentencia de abril
El TC confirmó la primera sentencia del procés en abril de 2021, cuando el Pleno rechazó el recurso presentado por el ex consejero Jordi Turull contra la condena a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación que le impuso el Tribunal Supremo.
La decisión no fue unánime, porque contó con el voto discrepante de dos de los nueve magistrados que decidieron sobre este asunto, los progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.
LA IMPROBABLE RECUSACIÓN DE ARNALDO COMO RESPONSABLE DEL RECURSO DEL ABORTO EN EL TC
· La única petición posible debería partir del Gobierno, como parte personada, que no se plantea el movimiento por ahora.
· Pese a los casos del Estatut y el 'procés' existe bajo riesgo de recusación para los magistrados del TC, dada la naturaleza política de los asuntos que tratan.
· El reparto de asuntos tras la llegada de los nuevos cuatro magistrados sigue una regla establecida en 2017 que evita la discrecionalidad.
La asignación de la ponencia sobre el recurso contra la ley del aborto al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo, cuyo nombramiento fue objeto de una fuerte polémica por sus vínculos con el PP, ha abierto el debate sobre la posibilidad que tienen los miembros del órgano de garantías de ser apartados de causas en las que se pudiera sospechar que tienen algún interés. En este caso la eventualidad de una recusación, o de que ésta pueda prosperar, se antoja bastante difícil según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Los motivos son varios, para empezar que la cuestión del aborto, que arrastra una inédita demora de 11 años desde la presentación del recurso por el PP en junio de 2010, no es un recurso de amparo en el que la parte recurrente considere que uno de los jueces que verán su asunto no es suficientemente imparcial. Se trata de un recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados del PP que ahora no son los mismos que integran el grupo parlamentario -algunos han terminado en Vox-, mientras que la parte recurrida también es otro Gobierno diferente el de hace una década.
A ello se añade una cuestión puramente técnica, que es que solamente podría recurrir una de las partes personadas, que obviando al Congreso y el Senado sólo pueden ser el propio PP o el Gobierno, cuya representación en el caso se ostenta a través de laAbogacía del Estado. Fuentes del Ejecutivo consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA descartan que esta posibilidad se haya planteado por el momento, a lo que se añade el hecho que Arnaldo forme parte del pacto que el PSOE alcanzó con el PP para renovar el Constitucional, a pesar de la polvareda que levantó su elección en ámbitos políticos y mediáticos.
El hecho de que fuera precisamente a este magistrado al que haya correspondido una de las cuestiones de mayor trascendencia que tiene pendientes el Tribunal Constitucional levantó suspicacias el pasado viernes, cuando el Pleno de constitución de este órgano realizó el reparto de las ponencias. A Arnaldo le habían correspondido las que dejaba pendientes al salir el también conservador Andrés Ollero, entre ellas la del aborto, además de la que estudia la posible inconstitucionalidad de los juramentos 'atípicos' que efectuaron algunos parlamentarios en el Pleno del Congreso de inicio de la presente legislatura.
Casi al instante desde algunos medios de comunicación se recordó un artículo que el catedrático de Derecho Constitucional publicó en 2009 en el digital El Imparcialbajo el título "Aborto para mayores de 16 años", en el que tacha de ocurrencia la ley de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y añade en alusión a esta norma que "el estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza".
Propuesto por Gallardón
También cabe apuntar que, en junio de 2012, Arnaldo fue uno de los tres magistrados propuestos para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuya dimisión se produjo, precisamente, por la fuerte contestación a su proyecto de nueva ley del aborto, que pretendía dar la vuelta como un calcetín a los principios de la norma socialista, renunciando al sistema de plazos. Los otros dos candidatos apoyados por Gallardón eran Pedro José González-Trevijano -hoy nuevo presidente del Tribunal Constitucional-, y la abogada Urquiola de Palacio.
Pese a todos estos datos, la realidad despeja cualquier duda sobre el sistema de reparto utilizado en el TC para designar ponencias a los nuevos magistrados que pasan a formar parte de este órgano. Como se encargó de explicar en una conversación informal con periodistas el propio González-Trevijano el pasado lunes, se sigue una norma establecida por el Pleno en 2017 que hace que sea el magistrado de mayor edad el que deje sus temas pendientes al recién llegado también más mayor, y así sucesivamente.
EUTANASIA
Otro tema pendiente en el TC sobre el que se ha situado el foco estos últimos días tiene que ver con la designación al magistrado Ramón Sáez de la ponencia de otro de los recursos con mayor trascendencia política, el presentado por Vox contra la ley de eutanasia. Lo hereda de hasta la semana pasada vicepresidenta, Encarnación Roca.
El pasado mes de junio, el TC rechazó suspender de forma cautelar la aplicación de esta ley y ordenó dar traslado del recurso Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Por el momento, desde el partido liderado por Santiago Abascal no se ha dicho nada en relación con una recusación de Sáez, cuya elección criticaron por su perfil marcadamente progresista.
En todo caso, el riesgo de recusaciones es el órgano de garantías es bajo, según explican fuentes jurídicas a este diario. No es lo mismo un procedimiento judicial por corrupción —como el caso Gürtel, del que fue apartada la hoy también magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel—, y en el que puede haber personas próximas a los magistrados con riesgo de ser condenados a prisión, que los asuntos del Tribunal Constitucional, que son políticos por naturaleza.
A ello se une el hecho de que entre los miembros del Constitucional no haya solo jueces de carrera, sino magistrados procedentes del mundo académico, mayoritariamente catedráticos, que es habitual que en artículos y conferencias hayan dado su opinión sobre leyes o temas jurídicos a los que años después tienen que enfrentarse al tomar posesión en este órgano.
En todo caso, la recusación tiene que realizarse por una de las partes en el procedimiento, como ocurrió con el caso de Cándido Conde-Pumpido, quien se abstuvo de participar en las causas relacionadas con el 'procés' independentista en Cataluña después de que el ex president Carles Puigdemont pidiera que se apartara. Poco antes se había abstenido otro magistrado, Antonio Narváez, a petición de los líderes independentistas condenados, por el contenido de una conferencia que impartió coincidiendo con los sucesos del otoño de 2017 en Cataluña.
Otro antecedente es el vivido en junio de 2010, cuando el TC rechazó la petición le hiciera el Gobierno catalán de reintegrar a las deliberaciones sobre la sentencia del Estatut de Cataluña al magistrado Pablo Pérez Tremps, que había sido apartado de la discusión de este asunto a instancia del PP por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.
EL EJECUTIVO ESTUDIA RENOVAR A DOS MAGISTRADOS DEL CONSTITUCIONAL EN JUNIO AUNQUE EL PP MANTENGA EL BLOQUEO DEL CGPJ
En el Gobierno reconocen que hay debate jurídico, pero defienden su autonomía para nombrar a los miembros del tribunal de garantías que le corresponden
Confían, no obstante, en que el órgano de gobierno de los jueces esté renovado para entonces a pesar de que el diálogo con los conservadores sigue estancado
Superada la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) correspondiente al Congreso, que llevaba bloqueada justo un año, la pregunta que cabe hacerse ahora es: ¿qué va a pasar en junio de 2022, cuando les toque el turno al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? El primero debe designar entonces a dos nuevos miembros del tribunal de garantías; el segundo, a otros dos. Aún quedan siete meses para eso, pero de momento el órgano de gobierno de los jueces sigue bloqueado y en funciones, por lo que no puede hacer nombramientos discrecionales en virtud de la reforma legislativa impulsada por PSOE y Unidas Podemos a principios de este año. Y ante esta situación, el Ejecutivo de coalición ya estudia la posibilidad de sacar adelante su renovación sin el CGPJ.
El Constitucional está conformado por doce miembros y la ley orgánica que regula su funcionamiento prevé su renovación por tercios, es decir, por grupos de cuatro magistrados en cada proceso. Fuentes de las dos formaciones que integran el Gobierno consultadas por infoLibre reconocen que hay debate jurídico sobre si el Ejecutivo puede renovar sin el CGPJ porque hasta la fecha nunca se había planteado esta posibilidad que ahora sí está sobre la mesa en caso de que el PP siga bloqueando la sustitución de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces, que están a punto de cumplir tres años en situación de interinidad.
La Constitución establece, en su disposición transitoria novena, que las propuestas de Gobierno y CGPJ "se entenderán agrupadas", lo que, según algunas interpretaciones, obligaría a que una y otra institución tengan que renovar a la vez. Pero otros juristas consultados creen que esta disposición sólo hacía referencia a la primera composición del tribunal de garantías y, por tanto, se podría interpretar que, salvo en ese caso, la designación que haga el Ejecutivo no está vinculada necesariamente a la del órgano de gobierno de los jueces.
Fuentes jurídicas recuerdan el caso de Antonio Narváez, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy en sustitución de Enrique López cuando éste dimitió tras ser sorprendido conduciendo su moto en estado de embriaguez y sin casco. López había sido designado en el turno del Ejecutivo y, cuando renunció un año más tarde, el Consejo de Ministros nombró a un sustituto, es decir, no dejó la plaza vacante al no ir ésta acompañada del CGPJ.
En el Gobierno de coalición defienden la segunda interpretación, por lo que, según su parecer, no habría impedimento legal que no permitiera al Ejecutivo cumplir con su función de nombrar a dos miembros del órgano de garantías. Es decir, consideran que el Consejo de Ministros tiene autonomía legal para renovar las dos plazas del TC que le corresponden. Lo contrario supondría una anomalía, insisten, que otorgaría al PP el poder de bloquear también las designaciones que le corresponden única y exclusivamente al Gobierno.
Siete meses más de mayoría conservadora
En todo caso, el asunto se sigue estudiando en el seno del Ejecutivo de coalición, aunque las fuentes consultadas insisten en que confían en que el CGPJ esté renovado para el próximo mes de junio y los cuatro nuevos magistrados que deben ocupar asiento en el Constitucional lo hagan a la vez en tiempo y forma. Hasta entonces, las sensibilidades en el tribunal continuarán como hasta ahora, es decir, los conservadores retendrán la mayoría, pues en la última renovación el Gobierno nombró a dos jueces progresistas, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel, y el PP, a dos conservadores, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Los cuatro toman posesión de sus cargos este jueves. Y además, Pedro González-Trevijano ocupará la presidencia del órgano por ser el magistrado que reúne más apoyos en la mayoría conservadora y forma parte del turno con más antigüedad.
Pero esta situación cambiará previsiblemente a mediados del año que viene: se da por seguro que el Gobierno elegirá a los dos magistrados progresistas, mientras que el órgano de gobierno de los jueces suele designar a uno de cada tendencia. Y González-Trevijano cesará al haber agotado su mandato y se designará un nuevo presidente que saldrá del turno de magistrados más veteranos, entre los que está Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, quien llegó al órgano de garantías en marzo de 2017 a propuesta del PSOE en el Senado.
De momento, no hay avances en las conversaciones Gobierno-PP para renovar el CGPJ. Después de que anunciaran hace unas semanas el desbloqueo para renovar a los cuatro magistrados del Constitucional correspondientes al turno del Congreso, todo parecía indicar que podría haber un acercamiento en las malogradas negociaciones sobre el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, ya hace casi un mes que se conocieron los nombres para el tribunal de garantías y el diálogo sigue enquistado, según apuntan fuentes conocedoras de las negociaciones.
Hace sólo unos días que el líder del partido conservador, Pablo Casado, insistió en que sigue exigiendo una reforma de la ley vigente, cambiar la fórmula de elección de los vocales del CGPJ, para poner fin a la obstrucción a la que está sometiendo una renovación que debía haberse producido hace ya casi tres años. La misma condición que lleva poniendo desde el pasado mes de febrero, cuando el acuerdo parecía más cerca que nunca desde finales de 2018.
EL CONSTITUCIONAL ELIGE POR UNANIMIDAD AL CONSERVADOR GONZÁLEZ-TREVIJANO COMO NUEVO PRESIDENTE
El magistrado ha sido seleccionado siguiendo la norma no escrita que dicta que la presidencia ha de recaer sobre los jueces más veteranos del tribunal
González-Trevijo ejercerá un mandato corto en el tiempo ya que en junio de 2022 terminará su periodo en el Constitucional tras nueve años de carrera
El Pleno del Tribunal Constitucional, ya con la presencia de los cuatro nuevos magistrados, ha elegido este viernes por unanimidad como nuevo presidente de la corte de garantías al magistrado Pedro González-Trevijano. Por delante tiene un mandato que se antoja corto en el tiempo dado que en junio de 2022 su periodo en el Constitucional llega a su fin tras nueve años, informa Europa Press.
Una vez más, se ha cumplido la norma no escrita, pero que se sigue a rajatabla durante los últimos 40 años, que dicta que la presidencia, la vicepresidencia y las presidencias de las secciones Tercera y Cuarta deben recaer sobre los magistrados más veteranos del tribunal.
Y estos cuatro son, en concreto, González-Trevijano y Antonio Narváez (elegidos por el Ejecutivo) y Juan Antonio Xiol Ríos y Martínez-Vares (escogidos ambos por el CGPJ).
Así pues, González-Trevijano, considerado conservador, se alza con la presidencia, mientras que la vicepresidencia ha ido a parar también por unanimidad a las manos de Juan Antonio Xiol, considerado progresista.
Este jueves fue el hasta ahora presidente provisional del Tribunal Constitucional (TC), Santiago Martínez-Vares, quien convocó un Pleno gubernativo para este viernes a las 17.00 horas con el propósito de elegir a los nuevos presidente y vicepresidente de la corte de garantías, después de que tanto el anterior presidente Juan José González Rivas como la vicepresidenta Encarnación Roca se despidieran de la sede de Doménico Scarlatti al producirse la renovación parcial del órgano.
Cuatro magistrados nuevos
La elección de nuevo presidente ocurre después del acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP, y avalado por las Cortes Generales y el propio TC, para renovar la corte de garantías dos años después de que caducara el mandato de un tercio de sus miembros (cuatro).
Los nuevos magistrados -Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel- han tomado posesión este jueves en un acto solemne donde también se ha producido el cese de los magistrados salientes: González Rivas, Roca y Andrés Ollero.
En su discurso de despedida, González Rivas destacó que la labor de los magistrados del TC debe ser "honesta, constante y discreta", por lo que nunca reclama "crispación", añadiendo que deben "dar ejemplo" y garantizar los principios constitucionales.
González-Trevijano
El nuevo presidente se licenció en Derecho en la Universidad Complutense en 1980 y fue premio extraordinario de fin de carrera, posteriormente se doctoró en el mismo centro cum laude en el 87 con premio extraordinario también.
Pronto arrancó una fructífera carrera docente que le llevó a impartir clase en varias universidades como la Complutense o la de Extremadura, hasta que en 1999 recaló en la Rey Juan Carlos donde es catedrático de Derecho Constitucional. Además ha participado en multitud de publicaciones, libros, artículos periodísticos y seminarios, ha dirigido varias tesis y ha evaluado multitud de ellas.
Entre las distinciones cuenta con la encomienda de Alfonso X "El Sabio", por el Ministerio de Educación, por Orden Ministerial de 17 de enero de 2000; con la Cruz Constantiniana de San Jorge, con fecha de febrero de 2000; con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, por el Ministerio de Justicia, por Orden Ministerial de 23 de marzo de 2000; y es Académico Correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes, con fecha 4 de mayo de 2000.
Xiol, el vicepresidente
Por su parte, el nuevo vicepresidente Juan Antonio Xiol Ríos fue matrícula de Honor en 19 asignaturas en la Carrera de Derecho (Barcelona, 1963-1968), fue Premio Extraordinario de la Licenciatura y Premio Fin de Carrera otorgado por la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación Provincial de Barcelona.
Fue numero uno en las oposiciones a ingreso en la Escuela Judicial celebradas en 1971, con 6,56 puntos sobre el siguiente aprobado; número uno en las oposiciones a Magistrados Especialistas de las Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales celebradas en 1976; y número uno en el primer concurso-oposición para plazas de Letrados del Tribunal Constitucional celebrado en 1982.
Entró en la carrera judicial en 1972 y pasó por los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Cervera (Lleida), Terrassa y San Feliu de Llobregat (Barcelona). Fue nombrado magistrado en el 76 y recaló en la salas de lo Contencioso-administrativo de Vizcaya, Barcelona y Madrid.
Además fue magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por el turno de especialistas, desde 1986; fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (1990-1996); ostentó la vicepresidencia y Presidencia de la Junta Electoral Central (1996-2000); fue presidente de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (2004); presidente de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (2005); y magistrado y presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo desde 2005.
En junio de 2013 fue nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional, cargo que ejerce en la actualidad. Y ocupa el número 1 en el Escalafón de la Carrera Judicial.
ENRIQUE ARNALDO SE ENCARGARÁ DE LA SENTENCIA DEL TC SOBRE LA LEY DEL ABORTO, QUE CALIFICÓ DE "OCURRENCIA"
· El nuevo magistrado, de clara tendencia conservadora, ha heredado todos los asuntos que ha dejado pendientes Andrés Ollero
· En marzo de 2009 publicó un artículo de opinión en un medio digital en el que llegó a calificar la ley de plazos de "ocurrencia", tal y como reveló infoLibre
· La norma del Gobierno de Zapatero lleva casi once años y medio pendiente de sentencia en el Constitucional
El nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo, elegido a propuesta del PP, se encargará de elaborar la ponencia sobre la ley del aborto, que lleva casi once años y medio paralizada en el órgano, según ha adelantado El País y han confirmado a infoLibre fuentes del tribunal de garantías.
En el reparto de tareas tras la entrada de los nuevos miembros del Constitucional, Arnaldo ha asumido todas las ponencias que tenía en sus manos el magistrado, también conservador, Andrés Ollero, quien cesó este jueves al haber agotado su mandato. Entre esos proyectos de sentencia se encuentra la ley de plazos del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que fue recurrida a mediados de 2010 por el PP de Mariano Rajoy.
Entre los 331 artículos de opinión que Arnaldo publicó en el diario digital El Imparcial –que preside Luis María Ansón–, dedicó uno de ellos a la ley de plazos, calificándola de "ocurrencia", tal y como reveló infoLibre. "Hace unos días, cuando la ministra de o para la Igualdad, Bibiana Aído, presentó su propuesta de ley de plazos del aborto, adelantó que las mayores de 16 años podrían decidir por sí mismas, sin autorización de los padres o tutores: si pueden casarse o tener hijos, pueden también abortar. Por la misma regla de tres podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal (y no con los privilegios de la legislación penal de menores), incorporarse a cualesquiera de los Ejércitos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?", escribió el magistrado.
En el penúltimo párrafo de una pieza titulada Aborto para mayores de 16 años, se lee también esto: "El estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza, que es la clave o la razón última del Derecho. Saber a qué atenernos y no depender del ukase o de la ocurrencia del momento". "Pero –añadió– exigir conocimientos en los gobernantes es mucho pedir". Así cerró el ataque: vapuleando la norma al equipararla con los antiguos edictos arbitrarios de los zares rusos –en castellano, los ucases– y recalcando de forma indirecta que el Ejecutivo de Zapatero ignoraba las pautas básicas de cómo legislar.
Dos cursos en Faes con el nuevo presidente del TC
Pero no sólo opinó del aborto en ese artículo de opinión. En 2008, Arnaldo participó en dos cursos de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), que preside José María Aznar, titulados La ley del aborto y Menores y aborto, según la memoria de actividades de ese año de la fundación, consultada por este periódico. Casualmente, en ambos casos compartió mesa con el que acaba de ser elegido como nuevo presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, también de sensibilidad conservadora.
A pesar de haber recurrido la ley del aborto cuando estaba en la oposición, el Gobierno posterior de Mariano Rajoy, aunque había prometido derogarla, no hizo uso de su mayoría absoluta para hacerlo. La única reforma que llevó a cabo fue impedir el aborto de las menores de 18 años sin el consentimiento de sus padres, que era precisamente una de las críticas que hacía Arnaldo en su artículo.
En julio de este año, trascendió que la ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene previsto abordar en breve una reforma de la ley para modificar y derogar, entre otras cuestiones, que las jóvenes de 16 y 17 años deban contar con el permiso de los progenitores para interrumpir el embarazo.
EL POLÉMICO MAGISTRADO DEL CONSTITUCIONAL ENRIQUE ARNALDO SERÁ EL ENCARGADO DE LA SENTENCIA SOBRE LA LEY DEL ABORTO
El magistrado más discutido de la reciente renovación, que se manifestó en contra de la ley de plazos en un artículo, deberá redactar el proyecto de fallo sobre el recurso que presentó el PP en junio de 2010
El magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo será el encargado de elaborar un proyecto de sentencia sobre la ley del aborto. En el reparto de tareas que se ha llevado a cabo esta tarde en el primer pleno del tribunal tras su renovación, Arnaldo —propuesto por el PP— ha asumido todo el paquete de resoluciones anteriormente en manos del magistrado Andrés Ollero. Este paquete incluye la ponencia relativa al recurso que el PP presentó en junio de 2010 contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
En un artículo publicado en El Imparcial el 15 de marzo de 2009, Arnaldo se manifestó en estos términos en contra de la ley de plazos del aborto: “Hace unos días, cuando la Ministra de o para la Igualdad, Bibiana Aído, presentó su propuesta de ley de plazos del aborto, adelantó que las mayores de 16 años podrían decidir por sí mismas, sin autorización de los padres o tutores: ‘Si pueden casarse o tener hijos, pueden también abortar’. Por la misma regla de tres podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal (y no con los privilegios de la legislación penal de menores), incorporarse a cualesquiera de los Ejércitos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?”.
El criterio de reparto de los asuntos establecido en el tribunal está relacionado con la antigüedad de los magistrados. En función de esta regla, el magistrado Ramón Sáez —elegido a propuesta del PSOE— será el encargado de la sentencia que habrá de resolver los recursos presentados por el PP y Vox contra la ley de eutanasia. Las magistradas Concepción Espejel —propuesta por el PP— e Inmaculada Montalbán —elegida por iniciativa del PSOE— asumirán los asuntos que correspondieron en su día al magistrado Fernando Valdés y al anterior presidente del tribunal, Juan José González Rivas.
Espejel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y en 2009 emitió un voto particular contra la ley del aborto del entonces Gobierno socialista, en el que concluyó que era inconstitucional. “De la actuación del Estado cabe esperar, en esta materia, no una actuación neutral, sino guiada activamente por una finalidad protectora de la vida del concebido, que exige de los poderes públicos una actitud decididamente disuasoria de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo”, escribió la jueza.
La asignación de ponencias no supone la fijación de un calendario determinado para las resoluciones. En todo caso, en medios del tribunal se considera que debería ser posible resolver este asunto antes de la siguiente renovación del Constitucional, prevista para junio próximo. El nuevo magistrado ponente, Enrique Arnaldo, ha accedido al tribunal acompañado de una fuerte controversia sobre su idoneidad para el cargo, por la incompatibilidad entre algunas de sus actividades profesionales y por su estrecha vinculación con el PP, que le ha propuesto en esta renovación.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Nombramientos, Odón Elorza, llegó a sugerir que Arnaldo renunciara a su candidatura. Hubo 11 parlamentarios del PSOE, Podemos y el PP que rompieron la disciplina de voto para no apoyar su nombramiento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo a su vez en clara alusión a Arnaldo que había candidatos que no le gustaban, pero explicó el apoyo del PSOE al acuerdo alcanzado en función de su obligación de llevar a cabo la renovación de las instituciones cuyo mandato haya caducado.
En el artículo de Arnaldo sobre el aborto que publicó en 2009, terminaba diciendo: “El estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza, que es la clave o la razón última del Derecho. Saber a qué atenernos y no depender del ukase [dictamen de los zares] o de la ocurrencia del momento. Pero exigir conocimientos en los gobernantes es mucho pedir. Por lo demás, seguimos estando hartos de cortinas de humo y de maniobras de distracción. Lo que nos preocupan son otras cosas muy graves, las que afectan al bolsillo, al empleo, a los impuestos...”.
https://elpais.com/espana/2021-11-19/el-polemico-magistrado-del-constitucional-enrique-arnaldo-sera-el-encargado-de-la-sentencia-sobre-la-ley-del-aborto.html
EL CONSTITUCIONAL MÁS PRÓXIMO AL PP REVISARÁ LAS LEYES CLAVE DEL GOBIERNO
González-Trevijano es el nuevo presidente para un mandato inusualmente breve
Ocho magistrados del Tribunal Constitucional, el jueves en la sede de la institución para la toma de posesión de los cuatro nuevos miembros. En el centro de la imagen, con mascarilla azul, Pedro González-Trevijano.
Ocho magistrados del Tribunal Constitucional, el jueves en la sede de la institución para la toma de posesión de los cuatro nuevos miembros. En el centro de la imagen, con mascarilla azul, Pedro González-Trevijano.
El nuevo Tribunal Constitucional abrió este viernes su etapa más corta —dentro de siete meses volverá a renovarse en un tercio de sus componentes, cambiará el sentido de la mayoría y habrá que elegir a otro presidente—, con más riesgosa la vista —dos de los magistrados, elegidos a propuesta del PP, pueden ser recusados en asuntos que afectan directamente a la formación política que les propuso—, y con más incertidumbres —algunas de las leyes más emblemáticas del Gobierno que preside Pedro Sánchez serán examinadas y podrían ser anuladas por un tribunal de mayoría conservadora si acelera los ritmos habituales de trabajo—.
El pleno del tribunal eligió este viernes por unanimidad al magistrado conservador Pedro González-Trevijano como presidente, y al magistrado progresista Juan Antonio Xiol como vicepresidente. Su mandato será de apenas siete meses.
Durante la mañana del viernes, los magistrados acordaron el apoyo cruzado entre los dos sectores de la institución para la que fue su primera votación de la nueva fase. Trevijano y Xiol fueron elegidos por los 11 votos de los actuales miembros del pleno del Constitucional. El magistrado Alfredo Montoya no participó en la votación pues se recupera del ictus que sufrió en agosto, y desde entonces no ha intervenido en las tareas de la institución.
En su primera intervención como presidente ante el pleno, Trevijano, que cambió la ponencia encargada a otro magistrado y logró declarar la inconstitucionalidad al confinamiento domiciliario del decreto de alarma, expuso este viernes su voluntad de abrir una etapa en la que el tribunal pueda tomar sus decisiones por consenso, o, en su defecto, por amplias mayorías. Este planteamiento fue secundado en otra intervención del nuevo vicepresidente, Juan Antonio Xiol.
El mandato de Trevijano al frente del tribunal de garantías será de apenas siete meses, hasta junio próximo, por el retraso de casi dos años en la renovación del tribunal. Y ello contando con que no haya nuevos problemas para ese nuevo cambio de cuatro componentes del Constitucional que debe tener lugar en junio de 2022. Se trata de los dos magistrados que corresponde designar al Gobierno, y los dos que debe elegir el Consejo General del Poder Judicial, si para entonces el órgano de gobierno de los jueces ha recuperado las competencias para efectuar nombramientos, algo que desde marzo de 2021 tiene vetado hacer estando en funciones.
Los magistrados deberán resolver recursos presentados por el PP y Vox contra algunas de las principales leyes y reformas impulsadas por el actual Gobierno de coalición. Entre otros, están pendientes de resolución las impugnaciones presentadas contra la ley de eutanasia, contra la reforma educativa contenida en la ley Celáa, y contra el cambio que supuso la supresión de la competencia para efectuar nombramientos por parte del Consejo del Poder Judicial, cuyo mandato está caducado desde diciembre de 2018. También hay otros dos recursos contra la fórmula de juramento empleada por 29 diputados de diversos grupos en la sesión constitutiva del Parlamento. Las impugnaciones pretenden que quienes se valieron de tales fórmulas pudieron no adquirir válidamente la condición de parlamentarios.
Hasta ahora, el tribunal constitucional, de mayoría conservadora, ha avalado en sus últimas sentencias la legislación de la precedente etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, como la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que ahora va a reformar el Ejecutivo de coalición, o la que introdujo la prisión permanente revisable en el Código Penal.
También ha anulado una parte relevante de la producción legislativa del actual Gobierno relacionada con las medidas contra la pandemia de covid-19. El tribunal ha dictado hasta tres sentencias contrarias a los decretos que regularon el primer y el segundo estado de alarma, así como el parón del Congreso durante la etapa inicial de la emergencia sanitaria.
La etapa que ahora se abre en el Constitucional, por tanto, es de especial incertidumbre, y plagada de riesgos. No solo para el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo apoya, si prosigue la tendencia del sector conservador del tribunal a anular sus leyes.
El riesgo alcanza también a la propia institución, por la dinámica de fractura interna que la ha caracterizado en los últimos dos años, prácticamente desde que terminó el periodo natural de su mandato, prorrogado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para su renovación. Los buenos propósitos ahora anunciados por el presidente y el vicepresidente quedan pendientes de confirmación con los hechos que se produzcan.
Antecedentes
Los antecedentes inmediatos, desde luego, señalan en una dirección bien distinta a la que ahora se quiere emprender. Ninguno de los fallos sobre las normas para atajar la pandemia pudo ser consensuado. El sector conservador impuso su mayoría relativa, y las sentencias se aprobaron por seis votos a cinco, en el caso del primer estado de alarma, y por seis votos a cuatro, en el último del segundo estado de alarma, cuando ya faltaba el magistrado Alfredo Montoya en el pleno.
El ponente de la primera de estas sentencias fue el hoy nuevo presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, que es catedrático de derecho constitucional y fue nombrado en 2013 por el Gobierno de Rajoy.
Las deliberaciones sobre esta sentencia dieron lugar, por otra parte, a fuertes tensiones, a causa de lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada del Supremo, calificó como “elucubraciones doctrinales” del tribunal. Se refería a la discusión sobre la existencia de una suspensión o una limitación de derechos fundamentales con la medida del confinamiento acordado en el primer estado de alarma, y a la disyuntiva entre la procedencia del estado alarma o el estado de excepción para afrontar la situación.
El Constitucional acabó por entender que se había dado una auténtica supresión de derechos, que solo puede acordarse mediante la solicitud a las Cortes de la declaración del estado de excepción. Cinco votos particulares —entre ellos el del magistrado Cándido Conde-Pumpido, particularmente contundente— consideraron que dicha sentencia dejaba al país sin armas legales eficaces ante una pandemia u otras situaciones de emergencia.
Un hecho insólito
Se produjo entonces un hecho insólito, sin precedentes conocidos en la historia del tribunal, cuando los seis magistrados del sector conservador se negaron a asistir al siguiente pleno, mientras no recibieran las disculpas de Conde-Pumpido por las críticas que les había dirigido. El plante cerró el curso del Constitucional antes del verano. Para entonces ya estaba muy extendido en la propia comunidad jurídica el criterio de que la institución iba a quedar tocada por sus tensiones a propósito de la respuesta dada a la estrategia jurídica del Gobierno para hacer frente a la pandemia.
Aquel período de convulsión interna ha sido seguido, además, por la fuerte controversia sobre cómo se ha llevado a cabo la reciente renovación, y sobre la idoneidad de los candidatos. Una polémica centrada especialmente en Enrique Arnaldo, catedrático de derecho constitucional estrechamente vinculado al PP, que hizo negocios saltándose el Estatuto del Congreso, al que se debía como letrado, y en cuya trayectoria aparecen actividades académicas que incumplirían las reglas sobre incompatibilidades. En la votación parlamentaria de los candidatos al Constitucional, en todos los grupos que pactaron los nombramientos hubo fuga de votos en protesta por la elección. El pleno del propio Constitucional avaló la competencia de los juristas propuestos, pero con un voto en contra.
https://elpais.com/espana/2021-11-20/el-constitucional-mas-proximo-al-pp-revisara-las-leyes-clave-del-gobierno.html
ENRIQUE ARNALDO YA TIENE SU MEDALLA
El polémico nuevo magistrado del TC ha centrado todas las miradas en una ceremonia solemne en la que el ya expresidente González Rivas ha pedido al Pleno "dar ejemplo" y una labor "honesta y discreta"
"Y el CGPJ, ¿para cuándo?" ha sido la pregunta protagonista en los corrillos posteriores: unas fuentes hablan de pocas semanas, pero otras rebajan ese optimismo
Ceremonias de toma de posesión en el Tribunal Constitucional (TC) ha habido muchas desde la Constitución de 1978, pero pocas habían tenido tanta expectación como la que ha tenido lugar este jueves. La polémica que ha rodeado a la designación de Enrique Arnaldo tiene la culpa, pues ha terminado por poner definitivamente en el mapa a un tribunal que se encarga de revisar las leyes y que en los últimos meses se ha revelado como lo que es, un órgano con mucho poder que con sus resoluciones puede tener una gran influencia en el devenir de la política. Valgan las sentencias sobre la gestión de la crisis del coronavirus como ejemplo claro. Y tras la ceremonia, el tema de fondo que desde hace tres años sobrevuela corrillos políticos y judiciales: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue estando en boca de todos por el más que largo bloqueo al que se ve sometido este órgano.
En años anteriores, la ceremonia en la que los nuevos miembros del Constitucional ocupan su nueva plaza no dejaba de ser un mero trámite, un acto más en el que políticos y magistrados se encontraban para cumplir con la solemnidad que suele acompañar a este tipo de eventos. Quizá sólo la toma de posesión de Enrique López, hace ocho años, pueda compararse con esta en cuanto a atención mediática, también por lo polémico del nombramiento al haber estado desde siempre muy vinculado al PP. El Enrique de 2021 se apellida Arnaldo, también ha sido designado por el partido conservador y ha superado con creces la controversia de su antecesor por la contradicción entre sus negocios privados y la legislación sobre las actividades prohibidas a funcionarios, su intrincado mapa de relaciones con involucrados en dos grandes casos de corrupción –Ignacio González y Jaume Matas– y los datos que ha ocultado al Congreso, del que era letrado.
Conocedor de todo lo que se ha publicado sobre él, Arnaldo ha conseguido pasar todo lo desapercibido que ha podido en una ceremonia que de por sí no permite a casi nadie destacar por nada. Como el resto de los nuevos magistrados, no ha leído ningún discurso, no ha tenido que jurar o prometer ningún cargo –ya lo había hecho antes en el Palacio de la Zarzuela ante el rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– y después, ya como un miembro más del tribunal, ha estado arropado por su familia y el resto de invitados al acto. Nada se ha salido del guión y habrá que esperar a su primera sentencia como ponente o al sentido de sus votos en los plenos para informar de la andadura de este catedrático de Derecho en el órgano de garantías.
La ceremonia ha empezado puntual a mediodía, con los ministros Félix Bolaños, Pilar Llop y Margarita Robles casi recién sentados, pues han apurado su llegada y apenas les ha dado tiempo a intercambiar unas palabras con algunos de los asistentes, incluido el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes. A las doce, el silencio se ha hecho en el salón y han entrado los todavía futuros magistrados, ataviados con la toga. A continuación, un trabajador del órgano de garantías ha anunciado la llegada del tribunal y todo el salón se ha puesto en pie para recibir a los diez magistrados –uno dimitió hace un año y otro se encuentra de baja por enfermedad– que hasta esa hora formaban el tribunal.
"Dar ejemplo" y hacer una labor "honesta y discreta"
El que sí ha leído un discurso ha sido el ya expresidente del Constitucional Juan José González Rivas, quien cesaba en el cargo al haber agotado, y excedido en un año por esta renovación tardía, su mandato. Imposible no pensar en el polémico nombramiento de Arnaldo cuando ha recordado que los magistrados han de “dar ejemplo” y llevar a cabo una labor “honesta y discreta” y que "los tribunales constitucionales han de estar a la altura de unos estándares muy exigentes, ya que se les ha confiado la protección e interpretación de la Constitución". González Rivas ha preferido no ir más allá y aunque en el discurso que tenía preparado tenía escrito que los miembros del TC deben “ser ejemplo de virtud y decencia”, finalmente ha optado por omitir estos dos sustantivos y los ha sustituido por “dar ejemplo”.
Arnaldo ha sido el segundo en subir al escenario del salón de actos del Tribunal Constitucional para el presidente saliente le impusiera la medalla de magistrado. Previamente había subido Juan Ramón Sáez Valcárcel, propuesto por el PSOE. Uno por uno han ido ocupando sus asientos junto a sus ya compañeros de tribunal: Arnaldo, junto a la progresista María Luisa Balaguer, que le ha tocado el brazo en un gesto de bienvenida; Sáez Valcárcel, junto al ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. La tercera en recibir su medalla ha sido para Concepción Espejel, el "otro" nombramiento polémico que, aunque en un principio centró la atención por haber sido apartada de los tribunales del caso Gürtel por posible vinculación con el PP, ha quedado eclipsada casi desde el principio por los escándalos de Arnaldo. Se ha sentado junto a Sáez Valcárcel, al que conoce bien de la Audiencia Nacional, donde ambos han compartido mesa de tribunal en más de una ocasión. Junto a Arnaldo, ha tomado asiendo la otra magistrada propuesta por los socialistas, Inmaculada Montalbán.
La solemnidad de una ceremonia que está muy tasada y que se lleva desarrollando así desde hace cuarenta años no da para muchas anécdotas. Quizá sí ha habido un momento diferente cuando dos magistrados han dejado a un lado el protocolo: Sáez Valcárcel y Balaguer, ya como compañeros de tribunal, han abandonado el salón de actos juntos y conversando animadamente, mientras el resto de miembros del Pleno lo hacían callados y en fila india.
El nuevo presidente
Después de la ceremonia era momento para relajarse y se han sucedido numerosas conversaciones entre asistentes y los nuevos magistrados, después de que estos se hicieran la pertinente foto oficial. Montalbán, Sáez Valcárcel y Espejel no podían evitar mostrar su alegría por el nombramiento. Seguro que Arnaldo también estaba contento, pero su expresión no dejaba de reflejar cierta tensión. Eso sí, de los cuatro nuevos, es el que más fotos se ha hecho con su gente de confianza.
El foco tras la toma de posesión también ha estado sobre Pedro González-Trevijano, previsiblemente el nuevo presidente del Constitucional, a la espera de que el Pleno le vote en una reunión que se ha convocado para este mismo viernes. Mientras, la presidencia estará en manos del magistrado Santiago Martínez-Vares en el cargo quizá más efímero que se recuerda.
Y el CGPJ, ¿para cuándo? Ha sido la pregunta que tocaba ahora que se ha materializado la renovación de un órgano que también llevaba tiempo bloqueado. Unas fuentes hablaban de apenas días, tal vez unas dos semanas, para que se anuncie el acuerdo entre el Gobierno y el PP. Otras fuentes, sin embargo, rebajaban bastante ese optimismo y no querían aventurar ninguna fecha para un pacto que se lleva haciendo desear desde hace tres años y que en varias ocasiones ha estado a punto de caramelo, pero siempre ha acabado en chasco.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/18/la_toma_posesion_mas_polemica_pone_el_mapa_tras_decadas_como_poder_sombra_126880_1012.html
UN LETRADO DEL CONGRESO ACTUÓ EN NOMBRE DE IBERDROLA EN 16 PROCESOS CONTRA EL ESTADO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Luis María Cazorla, uno de los miembros del Cuerpo de Letrados con compatibilidad para el ejercicio privado de la abogacía, aparece como figura clave en la guerra judicial de la primera compañía eléctrica del país contra tributos estatales y autonómicos
Como objetivos a batir se repetían el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, avalado el pasado mes de marzo por la justicia europea, y la ley gallega que somete a gravamen el daño medioambiental vinculado a determinadas actividades con agua embalsada
El Congreso sigue guardando silencio sobre la aplicación de un régimen de compatibilidades que permite a juristas al servicio de lo público jugar de forma simultánea en el campo privado
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Uno de los nueve letrados del Congreso con autorización para el ejercicio de la abogacía como actividad privada, Luis María Cazorla, lleva años asumiendo la dirección jurídica de Iberdrola en su guerra judicial contra la Administración central y distintas comunidades autónomas por impuestos que afectan al sector eléctrico. Solo en lo que va de legislatura, la batalla se ha saldado con 16 sentencias, cinco de ellas dictadas por el Tribunal Supremo y todas salvo una desfavorables para el gigante energético. Funcionarios de alto rango, los letrados de las Cortes Generales están sujetos a un estatuto dirigido a preservar la independencia y a garantizar la defensa del interés público. Pero en la práctica y como en las últimas semanas ya destapó el caso de Enrique Arnaldo, a partir de este jueves magistrado del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP, el régimen de compatibilidades permite a juristas al servicio de lo público jugar de forma simultánea en el campo privado.
En solo dos años y salvo en un caso de menor índole donde la Audiencia Nacional estimó en parte el recurso de Iberdrola contra una decisión del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), los tribunales han ido tumbando recursos mayoritariamente focalizados en dos tributos: uno estatal, el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, derivado de una ley aprobada nada más arrancar el primer mandato de Mariano Rajoy y avalado el pasado mes de marzo por la justicia europea; y otro autonómico, el que prevé la ley gallega que en 2008 y durante la legislatura socialista de Emilio Pérez Touriño nació para someter a gravamen el daño medioambiental vinculado a determinadas actividades con agua embalsada. Galicia se lleva la palma: 12 de los recursos tenían que ver con la ley mencionada. Otro se dirigía contra la Diputación Foral de Vizcaya y la Administración General del Estado. Otro más, contra el Ejecutivo navarro. Pero en la mayoría de ellas –11 de las 16 sentencias localizadas– había un trasfondo común: el impuesto sobre la producción de energía eléctrica.
Este miércoles, infoLibre pidió al Congreso que transmitiera a Cazorla la petición de respuesta para una pregunta: la de de si en algún momento ha considerado que podía entrañar contradicción o conflicto de intereses su participación como abogado de Iberdrola en litigios judiciales contra decisiones de distintas administraciones públicas. Tanto Cazorla, considerado uno de los juristas de mayor prestigio profesional entre los 36 integrantes del Cuerpo de Letrados, como la Cámara guardaron de nuevo silencio.
En agosto, el Gobierno anunció una investigación sobre Iberdrola por vaciar embalses aprovechando el precio de la luz. Dos meses antes, la CNMV había alertado del "desgaste reputacional" que para la compañía implicaba la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en el caso Villarejo. En Iberdrola, Cazorla desempeña el cargo de apoderado, según los datos actualizados del Registro Mercantil. Es asimismo secretario del consejo de administración de Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros.
"Vicios de inconstitucionalidad"
Los recursos contra la ley gallega y cuya dirección jurídica correspondió a Luis María Cazorla invocan entre los argumentos esgrimidos la existencia de "vicios de inconstitucionalidad". Los dirigidos contra el impuesto estatal sobre producción de energía eléctrica, también. Un ejemplo: la sentencia del Supremo que el 1 de octubre, hace apenas mes y medio, desestimó uno de los recursos de casación de Iberdrola. La resolución del alto tribunal señala cómo la compañía reprochaba al Tribunal Superior del País Vasco su negativa a "entrar a conocer de los vicios de inconstitucionalidad" de la ley de diciembre de 2012 (la de medidas fiscales para la sostenibilidad energética) que originó la implantación de tres nuevos tributos: el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica; y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
En la legislatura 2011-2016, Luis María Cazorla asesoró a la comisión Constitucional del Congreso. La ley de sostenibilidad energética fue tramitada en la comisión de Industria, Energía y Turismo.
¿Genera dudas jurídicas, políticas o de carácter ético que un funcionario de alto nivel compagine su actividad en las Cortes con la prestación de servicios a una gran empresa privada enfrentada a los poderes públicos? En abril, Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, publicó en su blog una entrada bajo el título Puertas giratorias. En aquel texto [puedes leerlo pinchando aquí], González alertaba de lo que durante décadas ha permanecido tapado bajo el debate principal: cómo políticos de distintos partidos han cruzado el umbral que separa lo público de lo privado.
Las puertas giratorias –escribe González– tienen un campo en el caso de la función pública de lo que no se suele hablar o que, por lo menos no están en el ojo del huracán: el paso de los miembros de los cuerpos de élite de la Administración del sector público al sector privado, en nuestro país preferentemente para litigar contra el Estado. " Abogados del Estado e Inspectores de Hacienda –continuaba escribiendo– son los primeros en esta lista. Si tomamos los datos de la última relación circunstanciada de funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, referida al 1 de marzo de 2012, vemos un panorama desolador de excedencias voluntarias que afectan aproximadamente a la mitad de la plantilla y que significan la salida al sector privado para litigar contra las Administraciones públicas". En casos como el de Cazorla o el más conocido de Enrique Arnaldo, ni siquiera hay una excedencia por medio.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/12/01/un_letrado_del_congreso_representa_dos_anos_iberdrola_contra_gobierno_central_navarro_gallego_casos_126815_1012.html
PABLO CASADO, ENRIQUE ARNALDO, UNA CARRERA DE DERECHO Y UN PUESTO EN EL CONSTITUCIONAL
En la polémica carrera académica de Casado, Enrique Arnaldo no fue uno más: estuvo muy presente en todos los centros universitarios donde el presidente del PP completó su currículum oficial
Entre todos los juristas conservadores que el PP podía nombrar, ¿por qué este empeño en llevar al polémico Enrique Arnaldo al Tribunal Constitucional? ¿Por qué él, y no cualquier otro que no tuviera tantas manchas en la toga?
Quienes saben de esas negociaciones entre PSOE y PP aseguran que es Pablo Casado, en persona, quien se ha empeñado en que sea Arnaldo el que ascienda al Constitucional. Es una decisión que en gran medida se explica por la amistad que les une, por años de confianza mutua, por una relación muy estrecha que viene de hace más de una década: de los tiempos en los que Casado aún no había terminado la universidad.
En esa historia académica de Casado, tan polémica, Enrique Arnaldo no es un personaje más. Al contrario: aparece sin cesar. Porque el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional estuvo muy cerca de todos y cada uno de los pasos que dio Pablo Casado hasta completar su polémico currículum oficial.
Enrique Arnaldo fue una de las personas que introdujo a Pablo Casado en la Cardenal Cisneros, como ha contado quien era el director del centro en aquella época.
Enrique Arnaldo también era profesor de Derecho en la Cardenal Cisneros, el centro universitario adscrito a la Complutense en el que Casado aprobó 12 asignaturas de Derecho en cuatro meses.
Enrique Arnaldo no era un profesor más en la Cisneros. Tuvo mando en plaza y llegó a formar parte del patronato de este centro –que es privado pero de titularidad pública, de la Comunidad de Madrid–.
Enrique Arnaldo fue nombrado miembro de ese patronato por Esperanza Aguirre, la misma persona que ascendió a Pablo Casado a la presidencia de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid.
Enrique Arnaldo, de forma bastante irregular, también compatibilizaba sus clases en la Cardenal Cisneros con su plaza en la Universidad Rey Juan Carlos, donde recaló Casado tras su paso por la Cisneros. Allí se licenció en Administración y Dirección de Empresas, y también aprobó un máster en derecho. Ese famoso máster, lleno de irregularidades, que el Tribunal Supremo decidió no investigar.
Y Enrique Arnaldo también formaba parte del consejo del Instituto de Derecho Público de la URJC, el centro de los máster fraudulentos, donde le regalaron el famoso título a Cristina Cifuentes. Y también otro máster a Pablo Casado, que aprobó sin ir a clase, sin hacer los exámenes y con unas extrañas convalidaciones que este centro no ofreció a otros alumnos con menos conexiones políticas.
Convalidaciones y conexiones políticas. No es la primera vez que Casado aprueba así.
La llegada de Casado al Cardenal Cisneros
El hoy presidente del PP empezó sus estudios en el ICADE, donde cursó el doble grado de Derecho y Administración de Empresas entre 1999 y 2004. Esta universidad privada, de los jesuitas, es famosa por su dureza: los alumnos que suspenden dos veces una asignatura no pueden continuar.
Después de cinco años sin completar la carrera, Casado tuvo que dejar el centro –no está claro si de forma voluntaria u obligado por no aprobar–. Para entonces, ya había entrado en política. En sus primeros años universitarios, promovió una suerte de club de debate donde invitaba a dar conferencias a distintos cargos del Partido Popular. También dirigía una pequeña revista, donde entrevistaba a ministros y demás: un modelo de 'networking' inspirado en el famoso "clan de Becerril", que encumbró años antes a Alejandro Agag.
Gracias a las relaciones públicas que le permitieron esa revista y esos debates, Casado conoció a quien sería su primer mentor: Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que en el año 2003 le contrató como asesor de esa consejería. Fue su primer sueldo público: 50.000 euros anuales para un joven estudiante, que compaginaba este trabajo con la universidad.
Tras dejar el ICADE, ya como asesor de la Consejería de Justicia y poco antes de que Esperanza Aguirre le nombrara presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Casado recurrió a sus contactos políticos para recalar en la Cardenal Cisneros. Allí jugaba en casa. Este centro universitario privado es propiedad de la Comunidad de Madrid, y el Gobierno autonómico es quien pone y quita a sus directores.
Dos personas fueron las embajadoras de Casado en esa universidad; las que intercedieron con el director del centro en esa época, Alberto Pérez de Vargas, para que lo recibiera y le ayudara con las convalidaciones. Una fue Enrique Arnaldo. La otra fue un catedrático de Derecho ya fallecido, y de enorme poder en el mundo universitario cercano al Partido Popular: José Pérez de Vargas.
A 'Pepe' Pérez de Vargas también le llamaban "el gran elector". Era una persona clave en la universidad de Madrid. Primero por su amistad con quien fue consejero de Educación del Gobierno autonómico de Gallardón, Gustavo Villapalos –con el que más adelante se enemistó–. Después, por su amistad con Esperanza Aguirre.
Pepe Pérez de Vargas nunca fue formalmente el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, aunque tuvo más mando en ese centro que muchos de los que ocuparon ese sillón. Se conformó con presidir el patronato de esa universidad, tan ligada desde su fundación al Partido Popular. "Era el poder en la sombra, quien decidía las cátedras, los nombramientos, los ascensos, los presupuestos…", recuerda un profesor de la URJC. Fue Pepe Pérez de Vargas el apoyo clave en la candidatura de Pedro González Trevijano como rector de la URJC en 2002.
Trevijano hoy es magistrado del Tribunal Constitucional, donde llegó en 2013, nombrado por el PP. Es muy amigo de Enrique Arnaldo, desde hace décadas. La exmujer de Enrique Arnaldo, Isabel Benzo, hoy trabaja como letrada del Constitucional, a las órdenes de Trevijano.
Pepe Pérez de Vargas apoyó a Trevijano en su ascenso como rector. Y también fue la persona clave en la designación de Alberto Pérez de Vargas –con el que comparte apellido pero no parentesco– a la dirección de la Cardenal Cisneros. Y en ambos centros, apoyó al joven Pablo Casado, tras caerse del ICADE.
"Conocí a Pablo Casado en el funeral del padre de Pepe Pérez de Vargas", recuerda Alberto Pérez de Vargas, el entonces director de la Cardenal Cisneros. "Después me pidieron que lo atendiera cuando dejó el ICADE", asegura a elDiario.es.
Según la explicación de Alberto Pérez de Vargas –en ese momento director de la Cardenal Cisneros–, Casado fue a verle a su despacho, con estas recomendaciones: "Me contó que si no terminaba la carrera de Derecho, se le acababa la carrera política".
El entonces director de la Cardenal Cisneros asegura que no hubo "ninguna irregularidad". "Es habitual que cuando un alumno cambia de un centro a otro pida las convalidaciones". "Fue muy educado, y me vino con una carpeta con todas las asignaturas que ya había aprobado en el ICADE, pero que no le habían dado por convalidadas". ¿Cómo pudo aprobar 12 asignaturas en tan poco tiempo? "Probablemente le convalidaron algunas otras asignaturas de manera oficiosa, pero eso ya dependía de los profesores", asegura Pérez de Vargas.
"Arnaldo y otros profesores le hacían la corte celestial a Pablo Casado", recuerda Pérez de Vargas, que no obstante insiste en que en todo este proceso "no hubo ninguna irregularidad".
Apenas un año más tarde de esas gestiones de Pepe Pérez Vargas y Enrique Arnaldo, Pablo Casado logró una gesta: sacarse 12 asignaturas de Derecho, casi media carrera, en apenas cuatro meses.
Pepe Pérez de Vargas falleció en enero de 2012, tras una inesperada enfermedad. La URJC puso su nombre a una residencia de esta universidad.
Pablo Casado acabo Derecho en la Cisneros y más tarde Administración y Dirección de Empresas en la URJC. Además de ese máster del que nunca aprobó un solo examen, engordó su currículum con un “postgrado en Harvard” que resultó ser un cursillo de cuatro días en Aravaca.
Más tarde, Casado llego a presidente del PP.
Hoy Enrique Arnaldo es magistrado del Constitucional.
EL FIASCO DE ENRIQUE ARNALDO COMPLICA LA NEGOCIACIÓN DEL PODER JUDICIAL
Unidas Podemos recupera a De Prada, el juez de Gürtel vetado por el PP
En los pasillos del Congreso el comentario era casi unánime esta semana entre los diputados tanto del PSOE como de Unidas Podemos que se tenían que tragar el sapo de votar a Enrique Arnaldo como nuevo miembro del Tribunal Constitucional: “Esto solo tiene sentido si a cambio hay alguna garantía de que se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial y cambiar la mayoría en el Tribunal Constitucional en junio de 2022. Si no, hemos hecho el primo”. Y, sin embargo, el escándalo provocado por el fiasco del controvertido Arnaldo, el candidato más denostado de los que han llegado al Constitucional, propuesto por el PP, juega precisamente en contra del acuerdo para renovar el Poder Judicial. Un posible pacto que, según fuentes tanto del Gobierno como del PP, no estaba ni mucho menos cerrado ni acordado.
El PSOE, a través de su negociador, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, estaba dispuesto a ceder en casi todo para lograr un acuerdo con Teodoro García Egea, secretario general del PP, menos en la exigencia que los populares consideran central, el cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo. Entre las posibles cesiones estaba dejar caer como candidato al juez José Ricardo de Prada, hombre clave en la primera gran sentencia del caso Gürtel, que provocó la moción de censura que en junio de 2018 acabó con la carrera de Mariano Rajoy. Ahora, después del escándalo de Arnaldo, Unidas Podemos, la formación que impulsó la candidatura de De Prada, se niega a permitir el veto que los populares impusieron al juez hace meses. “Si nosotros nos tragamos a Arnaldo, ellos no pueden vetar absolutamente nada ya. Es una cuestión de pura democracia, por el bien del país, De Prada tiene que estar”, señalan fuentes del socio minoritario del Gobierno. Los contactos entre el Ejecutivo y el PP están, de momento, en suspenso, y la previsión era reanudarlos en breve, aunque, si así fuese, tropezarían ahora con muchas más dificultades.
De Prada fue el nombre que truncó el último intento negociador, en febrero. El PP dijo que por ahí no pasaba, que ellos vetaban al juez de la Gürtel, algo especialmente simbólico. Unidas Podemos, a través de su hombre clave en esta negociación, Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, contestó que su formación aceptaba el veto a otra de sus candidatas, Victoria Rosell —exdiputada suya y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género— pero en ningún caso el de De Prada. Plegarse a la exigencia de dejar a este fuera, dijo entonces Santiago, sería como decirle a los próximos jueces que se encuentren ante un escándalo político que tengan cuidado con sus sentencias porque eso puede acabar con sus carreras. Bolaños apoyó la postura de su socio de Gobierno, rechazó ese veto y la negociación murió ahí, a medianoche de un día de febrero.
Ahora, nueve meses después, el ministro de la Presidencia confiaba en poder negociar con De Prada fuera de la ecuación, y Unidas Podemos parecía dispuesto a renunciar a él para poder al fin desbloquear la renovación. Pero las cosas han cambiado tras la tormenta desatada por el caso de Arnaldo, cuya candidatura fue rechazada por seis diputados de los dos grupos del Gobierno, en abierta desobediencia a las directrices internas. Si Unidas Podemos insiste en mantener a este juez, que el PP ya ha dicho que no aceptará bajo ningún concepto, la negociación se complica bastante, porque el PSOE no puede desairar a su socio de coalición en un asunto tan sensible. Unidas Podemos señala, además, que, mientras Arnaldo tiene una trayectoria absolutamente discutida, como se ha visto en el Congreso, De Prada es un juez intachable al que el PP no soporta por la sentencia de la Gürtel. Esa postura de los populares resulta indefendible en la visión del grupo de Yolanda Díaz. De hecho, el PP públicamente se escuda en el argumento de que De Prada no puede ser elegido en el cupo de juristas —uno de los que deciden los partidos— porque es un juez en activo.
Antes del escándalo de Arnaldo, Bolaños y García Egea transmitían en sus entornos mensajes positivos sobre la posibilidad de renovación del Poder Judicial. Para el ministro de la Presidencia y para su partido es trascendental lograrlo, porque solo eso justificaría haber aceptado un candidato como Arnaldo: por el bien mayor de renovar el Poder Judicial ahora, después de tres años de bloqueo. Así se cambiaría a una mayoría progresista, en realidad un reparto de 10 miembros cada uno entre el Gobierno o el PP, pero con un presidente de consenso más próximo a la izquierda, según la idea inicial. La otra defensa de los socialistas de su apoyo a Arnaldo es que supone el primer paso para la renovación completa del Constitucional, en junio de 2022, esta vez sí, con cambio de mayoría, del 7-5 conservador de ahora a un 7-5 progresista.
Coste político en vano
Si el PP sigue bloqueando la renovación del Poder Judicial, que también elige a dos de los cuatro miembros del Constitucional que hay que renovar el próximo junio, todo el coste político de asumir a Arnaldo habrá sido en vano. Y algunos se volverán contra una negociación que La Moncloa consideraba un gran éxito, pero que sin esa segunda pata se queda muy coja. Fuentes del Gobierno aseguran que incluso en el caso de que el PP siga bloqueando el Poder Judicial, se podrá renovar el Constitucional en junio y cambiar la mayoría. En el mundo judicial hay muchas dudas de que eso pueda suceder.
Bolaños estaba dispuesto en esa negociación a ceder casi todo menos el cambio de la forma de elección de los vocales del Consejo, la condición que el PP presenta como inexcusable y que los socialistas consideran imposible. Según el PSOE, si los jueces eligieran directamente a todos los vocales, como piden los populares, esa sería la garantía de un control eterno de este órgano clave por parte de los conservadores, ampliamente mayoritarios en este sector profesional. La ley no se toca, insisten en La Moncloa. Todo lo demás se puede hablar. Sin embargo, en el PP confían en que el Gobierno sí va a entrar en la modificación legal, de la que aseguran que ya han empezado a hablar Bolaños y García Egea. Los populares creen que la presión de Bruselas para avanzar hacia un modelo en el que los vocales sean elegidos por la carrera judicial surtirá efecto. “No van a tener otra opción”, transmiten fuentes al más alto nivel del PP.
LA FALTA DE CONTROL DEL CONGRESO SOBRE SUS LETRADOS LO EXPONE A LA INJERENCIA DE INTERESES PRIVADOS
El ascenso al Tribunal Constitucional de Enrique Arnaldo pese a las graves dudas planteadas por sus negocios privados deja al descubierto la manga ancha de la Cámara en cuanto a los potenciales conflictos de interés ligados al ejercicio de la abogacía
La interpretación laxa de las actividades compatibles les permite por ejemplo prestar servicios jurídicos a otras administraciones a través de firmas privadas, como hizo Arnaldo, representar en los tribunales a una gran compañía o seguir figurando al frente de un bufete que originó una investigación interna hace 11 años por sus contratos con el sector público
El ascenso al Tribunal Constitucional (TC) de Enrique Arnaldo, letrado del Congreso propuesto por el PP y cuya prolífica actividad privada plantea graves dudas que no han impedido su nombramiento, ha dejado al descubierto una política susceptible de ser resumida en dos palabras: manga ancha. Esa política es la que la Cámara Baja aplica a sus letrados, funcionarios de alto nivel, en lo referido a incompatibilidades y potenciales conflictos de interés ligados al ejercicio privado de la abogacía.
De la escueta versión recabada en fuentes del Congreso se infiere que dar soporte legal a la sede de la soberanía popular no se contradice, por ejemplo, con ser apoderado de una gran empresa del sector eléctrico y representarla en los tribunales. Ni con ostentar el cargo de secretario del consejo de un gigante del mercado bursátil. Lo que los portavoces consultados en la Cámara Baja se limitan a decir es esto: que, una vez concedida la compatibilidad, se entiende que el funcionario "puede ejercerla de acuerdo con las normas del Estatuto [del Personal de las Cortes Generales]". El Congreso –añaden las fuentes– la otorga “presuponiendo el buen ejercicio de la actividad".
Según los datos oficiales, de los 36 miembros del Cuerpo de Letrados del Congreso, nueve tienen a día de hoy concedida la compatibilidad para ejercer la abogacía como actividad privada. Al frente de la lista y hasta su toma de posesión como nuevo magistrado del tribunal de garantías, fijada para este jueves, aparece el ya citado Enrique Arnaldo. Pero su forma de compaginar actividad pública y privada no constituye un caso único.
De hecho, el ejemplo de que un letrado del Congreso represente de forma simultánea a una gran compañía eléctrica es real. El de que ocupe el cargo de secretario en el consejo de administración de una empresa bursátil, también. Ambos tienen como protagonista a una misma persona: uno de los letrados del Congreso a quien distintos juristas consultados consideran de gran altura profesional, Luis María Cazorla Prieto. En los últimos años, Cazorla ha representado en múltiples litigios a Iberdrola, en la que desempeña el cargo de apoderado, según los datos actualizados del Registro Mercantil. Es asimismo secretario del consejo de administración de Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros [pinchando aquí puedes acceder a toda la información de la compañía que obra en poder de la CNMV]. Este periódico pidió a sus interlocutores del Congreso que trasladasen a Cazorla una pregunta: la de si cree que está garantizada la independencia de los funcionarios que de forma simultánea a su trabajo al servicio de Estado mantienen vinculaciones profesionales con empresas privadas. No hubo respuesta.
Fuentes parlamentarias aseguran que Cazorla nunca ha pedido excedencia. Sí la pidió otro letrado, Pedro Peña Jiménez. Mientras estuvo fuera, perteneció al consejo de Vodafone en calidad de secretario: desde 2004 hasta 2017. Y representó a la compañía en al menos un procedimiento judicial. Ahora –no hay constancia de en qué fecha exacta– ha vuelto al Congreso. Y ha logrado de nuevo autorización para ejercer la abogacía como actividad privada.
El bufete ligado al exministro Michavila aún existe
Atrincherado en un silencio sepulcral sobre todo lo que se ha ido conociendo sobre Enrique Arnaldo –de sus contratos públicos a su relación con involucrados en casos de corrupción, como el expresidente balear Jaume Matas y el madrileño Ignacio González–, el ya virtual magistrado del Constitucional no ha sido objeto de ninguna investigación interna. Hace 12 años, dos letrados del Congreso miembros de un bufete al que también estaba ligado el exministro de Justicia del PP José María Michavila –EIUS SL– fueron objeto de expediente disciplinario justamente por los contratos públicos obtenidos. Uno de los dos expedientados, Alberto Dorrego, pidió la excedencia. El otro, Andrés Jiménez Díaz, se quedó.
Este martes, infoLibre confirmó que EIUS SL permanece registralmente activa. Y que Jiménez Díaz, letrado asignado cada legislatura a la comisión de Presupuestos, continúa, según la información mercantil disponible online, como administrador mancomunado. No obstante, y según las últimas cuentas de EIUS (2019), la firma lleva inactiva desde 2018, aunque mantiene activos por 173.500 euros. Por qué no ha cesado Jiménez Díaz en su cargo es una incógnita. Al igual que en lo que respecta a Cazorla, este periódico pidió a los portavoces del Congreso que le transmitieran la solicitud de que explicase por qué permanece en un bufete que terminó bajo sospecha por sus labores de asesoramiento a consistorios locales y a otras administraciones como el madrileño Canal de Isabel II. Fuentes extraoficiales consultadas aseguran que el expediente disciplinario se cerró. Ni se sabe cuándo ni las claves del cerrojazo.
El Estatuto de los funcionarios de las Cortes atribuye al Cuerpo de Letrados el asesoramiento jurídico de las funciones de asesoramiento jurídico y técnico de todos los órganos parlamentarios, así como "la redacción, de conformidad con los acuerdos adoptados por dichos órganos, de las resoluciones, informes y dictámenes, y el levantamiento de las actas correspondientes". Pero no solo eso. Los letrados del Congreso tienen en sus manos "la representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquéllas, ante los órganos jurisdiccionales y ante el Tribunal Constitucional". Así que las preguntas siguen en el aire: ¿afecta o puede afectar de algún modo que un letrado del Congreso se inserte en la estructura de una empresa a la que, como ocurre con Iberdrola, el Gobierno abrió en verano una investigación por el vaciado de embalses? ¿Cómo evitar que se produzca un choque de intereses públicos y privados?
Lo único cierto es que la elástica interpretación del Congreso sobre las actividades compatibles permite así que letrados del Congreso ocupen cargos orgánicos en firmas privadas: enfrentadas al Gobierno o que obtienen contratos de distintas administraciones públicas. Lo segundo es exactamente lo que hizo Arnaldo pese a que el Estatuto del Personal de las Cortes Generales lo prohíbe. Pero el hombre que en menos de 24 horas se sentará en el tribunal que vela por la preservación de los principios constitucionales sostiene que el artículo del Estatuto que tacha de incompatible la consecución de contratos de suministros, obras o servicios (el 62.c) nunca le ha afectado. ¿Por qué? Porque la empresa de la que fue administrador solidario hasta noviembre de 2020 daba "asistencia jurídica" y no de servicios. Esa es su versión.
¿Existe algún mecanismo de supervisión, vigilancia o control? No. ¿Y cortapisas o límites al ejercicio de la abogacía para evitar que la misma persona que desempeña su labor al servicio de Estado pueda primar, voluntaria o involuntariamente, los intereses de alguna organización o persona jurídica o física de carácter privado? No. En la Unión Europea (UE) –y así lo ha confirmado bajo petición expresa de anonimato un experto que presta servicio en Bruselas– los controles no garantizan seguridad total pero ponen serios obstáculos a que alguien se aventure en un momento dado por terrenos pantanosos. La normativa es tan estricta que incluso obliga a solicitar el cambio de puesto si el cónyuge de un funcionario realiza alguna actividad que pueda colisionar con el trabajo de su marido o su esposa. La UE mantiene incluso en su web un formulario de denuncia de hipotéticos casos de conflicto de intereses. Puedes consultarlo pinchando aquí.
LA APUESTA POR ARNALDO PARA EL CONSTITUCIONAL REVIVE LAS SOSPECHAS SOBRE LA LICENCIATURA DE CASADO
La tormenta mediática por el candidato cayó sobre PSOE y Unidas Podemos, pero se revuelve contra el líder del PP, pese a que ha logrado meter a dos fieles y mantiene el bloqueo del CGPJ
Pablo Casado estaba a punto de meter un gol al Gobierno con los nombramientos del Tribunal Constitucional. El PP ha logrado colocar a dos candidatos no solo afines, sino con un amplio expediente de lealtades a su partido, y eso no había impedido que la tormenta mediática en los días previos se hubiera desatado contra el PSOE y Unidas Podemos por aceptarlos. Tanto, que 11 diputados, la mayoría sin identificar, se salieron de la disciplina de partido para no votar a Enrique Arnaldo y a Concepción Espejel. Algo inédito en el día a día de las sesiones parlamentarias. Pero, en las últimas horas, la apuesta de Casado por Arnaldo se le ha vuelto en contra al remover una historia que el líder del PP creía ya cerrada: las dudas sobre cómo logró aprobar 12 asignaturas de Derecho en apenas cuatro meses.
En los días previos a la votación en el Congreso se destaparon múltiples informaciones que impugnaban la idoneidad de Arnaldo. Desde sus muchos pluriempleos, pese a ser letrado del Congreso, hasta una conversación telefónica en la que prometió a Ignacio González gestiones para poner a un fiscal general "bueno", cuando este ya estaba imputado en diversas causas judiciales.
Ninguna de esas noticias ha hecho mella en el PP ni en su determinación para seguir adelante con la designación de Espejel y Arnaldo. De hecho, algunas de las informaciones eran ya conocidas y no impidieron que Casado optara por este catedrático que ya fue miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de su mismo partido.
Pero algo cambió en la tarde-noche del jueves, cuando la Cadena Ser recuperó una información que ya había ocupado portadas en 2018 y cuyos protagonistas eran los propios Casado y Arnaldo. Una noticia que, vista con los ojos de hoy, revela hasta qué punto la relación personal entre ambos era profunda, y que ayuda a explicar la elección hecha por el PP.
Fue Arnaldo quien introdujo a Casado en el centro de estudios universitarios Cardenal Cisneros, donde el por entonces joven asesor del Gobierno de Esperanza Aguirre y presidente de las Nuevas Generaciones del partido en Madrid aprobó en apenas dos años el 70% de las asignaturas de la carrera de Derecho, logrando así licenciarse en un tiempo récord tras un paso previo poco productivo por la privada Universidad Pontificia Comillas - ICADE.
A las dudas sobre cómo obtuvo su carrera se sumaron otras, como la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos o el máster que obtuvo sin ir a clase y que fue investigado por una jueza, aunque el Tribunal Supremo archivó la causa pese a concluir que no existía ningún indicio de que Casado cursara el máster.
Ahora, vuelven las sospechas sobre cómo obtuvo su licenciatura y la implicación que tuvo en ello Enrique Arnaldo. Fuentes del PP han negado a elDiario.es que Arnaldo tuviera nada que ver en la llegada de Casado al centro Cardenal Cisneros, aunque el por entonces director, Alberto Pérez de Vargas, así lo había atestiguado en 2018 y lo ha vuelto a confirmar en las últimas horas: primero a la Cadena Ser y también en dos conversaciones distintas con elDiario.es, la primera el jueves por la noche y una segunda este mismo viernes.
La entrada de Arnaldo en el Constitucional, que ya solo su propia dimisión podría impedir, el empeño del PP en nombrarlo pese al desprestigio que comporta al Tribunal y esa alargada relación con el líder del partido, devuelve al primer plano un episodio que tuvo al dirigente popular contra las cuerdas tras la dimisión de Cristina Cifuentes por un escándalo similar y del que logró pasar página tras la negativa del Supremo a juzgarlo. Si hasta hace unos días sus polémicos nombramientos para el tribunal de garantías no tenían ningún castigo para el PP, ahora el nombre de Arnaldo salpica directamente a Casado.
En una rueda de prensa celebrada en La Palma este viernes, Casado trató de salir al paso de las preguntas de los periodistas con el recurso habitual de las derechas: ETA. "El problema que hay en España y sus instituciones es Arnaldo Otegi", dijo.
Mientras espere a que las sombras sobre su carrera de Derecho pasen de nuevo a un segundo plano, Casado mantiene el comodín del Consejo General del Poder Judicial, cuyo desbloqueo depende únicamente de su voluntad, como se ha demostrado con las recientes renovaciones, no solo del Constitucional, también del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas. Si no fuera por la polémica de Arnaldo, habría logrado repetir ahora el éxito de su estrategia del pasado mes de febrero para la renovación del Consejo de RTVE, donde también situó a perfiles de muy marcada filiación partidista, como son Jenaro Castro o Carmen Sastre.
Entonces, el acuerdo con el Gobierno implicaba también la remodelación del CGPJ. Pero, una vez lograda la aprobación del Consejo de RTVE, el PP se desdijo y volvió al bloqueo en el que el órgano de gobierno de los jueces lleva casi tres años.
El PP esgrimió entonces como motivo para romper la negociación las propuestas como vocales de José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Nueve meses después, la renovación del CGPJ vuelve a quedar en el aire.
La mayoría progresista, en riesgo
Y Casado tiene a mano impedir que se concluya el cambio en la correlación de fuerzas en el Constitucional a partir de junio, cuando está prevista la renovación de otros cuatro magistrados, a propuesta respectivamente del Gobierno y del propio CGPJ. Si este órgano sigue en funciones, no está claro que vaya a haber relevos en el Constitucional.
El líder del PP tendió la mano hace un mes a Pedro Sánchez para retomar las conversaciones para abordar la renovación de los órganos constitucionales, que en algunos casos, como el Defensor del Pueblo, lleva más de cuatro años en funciones. En aquella sesión de control, Casado fue transparente: se avenía a cumplir el mandato constitucional para todas las instituciones a excepción del Poder Judicial.
A pesar de que hasta entonces el Gobierno había asegurado que la negociación era un paquete indivisible (además del CGPJ y el Defensor del Pueblo, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los miembros del Tribunal Constitucional y de la Agencia de Protección de Datos), Sánchez optó entonces por aceptar el ofrecimiento de Casado. En Moncloa consideraban que una vez alcanzado el acuerdo -tardaron apenas 24 horas- para esas instituciones sería más fácil lograr un entendimiento para el órgano de gobierno de los jueces. "El desbloqueo de cuatro instituciones hace más inexplicable el bloqueo del Poder Judicial", afirmó Sánchez hace unas semanas.
El primer gran acuerdo entre Sánchez y Casado ha provocado una profunda división en la izquierda y la mayor indisciplina en una votación parlamentaria desde la investidura de Mariano Rajoy, en la que 15 diputados díscolos del PSOE se mantuvieron en el no pese a la abstención decidida por la gestora y que había partido a la organización en dos. En esta ocasión, la elección de Enrique Arnaldo contó con once votos menos de los previstos -entre ellos los de los diputados Odón Elorza (PSOE) y Meri Pita (Unidas Podemos) por su rechazo, y del exministro José Luis Ábalos y el parlamentario del PSOE Mariano Sánchez, que lo atribuyeron a un error-. El resto de parlamentarios rebeldes no han trascendido. La otra magistrada propuesta por el PP, Concepción Espejel, superó en cinco al polémico Arnaldo.
El Gobierno confía en que el PP ceda
La esperanza del Gobierno es que, tras este pacto, el PP acabe cediendo y pactando un nuevo CGPJ tras haberlo hecho hace tres años (aunque fue dinamitado desde sus propias filas al enviar el entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, un mensaje en el que aseguraba que controlarían la sala penal del Supremo "por la puerta de atrás" con Manuel Marchena) y haber estado a punto en otras dos ocasiones, según los socialistas.
Sin embargo, las señales que emitía el Ejecutivo esta semana eran de prudencia. Mientras PSOE y Unidas Podemos pasaban el trago de votar a Arnaldo y Espejel, fuentes gubernamentales admitían que eso no tendría que suponer que el acuerdo se extendiera al Poder Judicial de manera inmediata. "Ese es el riesgo que corremos", reconoce un destacado dirigente socialista sobre la posibilidad de que el PP se plante definitivamente en el ‘no’ a tocar el CGPJ y reconoce: "Tras esto, no tiene sentido que nosotros nos comamos el veto a De Prada".
También en Unidas Podemos creen que el acuerdo para los cuatro órganos que se han renovado debería allanar el camino para un pacto en el CGPJ. Y también defienden que, tras tener que votar a Arnaldo y Espejel, el PP ha perdido cualquier legitimidad para vetar a nadie. El grupo confederal se ha esmerado en explicar a su propia parroquia los motivos para asumir a los dos candidatos de la derecha. Incluso Pablo Iglesias ha escrito un artículo en Ara para justificar la decisión en un bien mayor: revertir la mayoría conservadora que ahora impera en el Constitucional.
Moncloa mantendrá la estrategia de presión sobre el PP, con el que han mantenido contactos, aunque no se atreven a poner fecha a la hipotética renovación. "La otra vez dije que era inminente, pero esta no sé", admitió el miércoles un alto mando gubernamental. El sueño del Ejecutivo es que a partir de junio, cuando se tiene que renovar el último tercio del Constitucional -a instancias del Gobierno y del CGPJ-, acabe con una mayoría progresista.
Sin embargo, esa posibilidad está en riesgo si el PP persiste en el bloqueo: el Poder Judicial no podrá hacer nombramientos tras la modificación legal que impulsaron PSOE y Unidas Podemos, y existen dudas jurídicas de que el Gobierno pueda plantear sus propuestas ya que la Constitución habla de que la renovación debe producirse por tercios (Congreso, Senado, y Gobierno-CGPJ): "Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres".
Y es Casado el que tiene la llave para levantar el bloqueo. Este viernes, durante su visita a La Palma, el líder del PP reiteraba que no habrá nuevo CGPJ si no se cambia la fórmula para designar a sus vocales. Vuelta a la casilla de salida, pero con varios peones de Casado ya en puestos clave.
ENRIQUE ARNALDO VOTARÁ LOS RECURSOS DE VOX Y PP POR LA SUSPENSIÓN DE LOS DESAHUCIOS MIENTRAS POSEE 24 INMUEBLES SÓLO EN MADRID
Según el Registro de la Propiedad, el nuevo magistrado del Constitucional posee 10 viviendas, 5 locales, 8 plazas de garaje y una finca urbana, y todo ello sin hipotecas, libre de cargas. Seis de esos bienes los recibió en herencia.
La inversión en ladrillo nunca falla en España. Mientras la pandemia ha provocado un considerable aumento de familias vulnerables que no pueden hacer frente al pago del alquiler, otras personas más afortunadas han mantenido su poder adquisitivo intacto, incluso cuando una parte de sus rentas procede del alquiler de sus propiedades. Y si sobre esos bienes inmuebles no pesa hipoteca alguna, las ganancias se disparan.
Es el caso de Enrique Arnaldo Alcubilla, quien jurará su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional el próximo jueves, una vez lograda la idoneidad del Congreso para el puesto, que tiene una duración de nueve años y una remuneración anual de 133.623 euros. Los magistrados del TC no presentan declaración de bienes cuando acceden al cargo.
Arnaldo, de 64 años, tiene garantizada la máxima jubilación después de más de 30 años ejerciendo como jurista, letrado de las Cortes, profesor universitario, catedrático y abogado. Seguramente por esta última faceta, la del abogado, haya logrado sus mejores resultados económicos. Porque parece que sólo así se explica que haya podido atesorar un ingente patrimonio inmobiliario sin suscribir con los bancos ni una sola hipoteca, según datos de diferentes registros de la propiedad de Madrid.
Esos datos públicos, recabados por este medio ante el interés público suscitado por la trayectoria de Enrique Arnaldo, revelan que a día de hoy este jurista posee 24 propiedades sólo en Madrid. De ellas, diez son viviendas [pisos y casas unifamiliares]; ocho, plazas de garaje; cinco locales; y una pequeña parcela urbana. Del repaso a estas propiedades se puede deducir que Arnaldo sabe invertir. Quizá las enseñanzas le vengan de su padre, Enrique Arnaldo, intendente mercantil, fallecido en 2001.
Aunque la riqueza o la falta de ella no tengan nada que ver en la imparcialidad ni de la judicatura ni de los magistrados y magistradas del Constitucional, no deja de ser paradigmático que uno de los magistrados del tribunal de garantías constitucionales que debe estudiar el recurso presentado hace unos días por Vox contra el decreto que suprime los desahucios a personas económicamente vulnerables por la pandemia posea un amplio patrimonio inmobiliario, que quedará afectado por la nueva Ley de Vivienda que se tramita. El PP ya ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional.
Vox, lejos de las personas vulnerables
El pasado jueves, el grupo ultraderechista Vox presentó en el TC un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 16/2021 por el que se suspenden hasta el 28 de febrero de 2022 el procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional. Desde la formación de Santiago Abascal consideran que el texto legal que recoge la posibilidad de suspender un desahucio si en la ocupación de la vivienda no ha mediado violencia o intimidación vulnera "pilares fundamentales del Estado de Derecho", como el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a la propiedad privada.
No es el de Vox el primer recurso contra medidas contempladas en el llamado escudo social del Gobierno frente a la covid. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional admitió a trámite, el pasado mes de febrero, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el decreto ley de protección de los consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad. El Gobierno puso en marcha en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, un escudo social que entre otras cosas contemplaba moratorias para personas vulnerables por la covid en el caso de imposibilidad del pago del alquiler.
La admisión o la inadmisión del recurso de Vox dependerá del criterio jurídico de los magistrados del TC, entre ellos los nuevos cuatro miembros, entre los que figura el catedrático Enrique Arnaldo, polémico por sus probados vínculos con el PP y por sus cuestionables negocios que le han llevado a figurar en sumarios judiciales de corrupción relacionados con algunos miembros del PP.
La lupa periodística y social estará bien centrada en lo que haga en el TC este jurista de larga trayectoria, rodeado de sombras más que de luces, a tenor de las informaciones sobre su manera de proceder en algunos ámbitos de su carrera profesional. Pero de lo que no hay duda es de su capacidad como inversor inmobiliario.
Inversiones en zonas en auge
Por ejemplo, a finales de 2010 adquirió dos pisos, uno de ellos, un ático de 107 metros cuadrados, en la zona de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, un nuevo barrio residencial donde varias grandes empresas han fijado su sede. No sólo fueron dos pisos. En la misma operación y ante el mismo notario, Arnaldo compró también seis plazas de garaje en la misma urbanización. Según las notas simples de cada una de estas propiedades, no necesitó hipotecarse para lograr ese lote. El desembolso para Arnaldo en aquella operación no debió ser inferior a los 900.000 euros, según el precio de mercado en aquel momento en ese barrio emergente de Madrid que ha podido comprobar este medio.
Es precisamente el año 2010 cuando arranca la larga lista de propiedades actuales de Enrique Arnaldo, según la información actual del registro de la propiedad. Fue el año en el que murió su madre. Como parte de su legado familiar, Arnaldo se adjudicó cuatro viviendas y dos locales; todos ellos en buenas calles de la capital.
También en esa época adquirió un local y una plaza de parking en una zona del este de Madrid con gran potencial para el alquiler por su presencia de empresas. Más tarde adquirió otra plaza de garaje y otro local en el conocido ensanche de Vallecas, barrio emergente, muy popular.
Separado de su primera esposa, Enrique Arnaldo adquirió con su nueva pareja, una jueza destinada en comisión de servicios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tres propiedades en 2016 y 2018. Se trata de dos viviendas, una de ellas, una casa unifamiliar de 539 metros cuadrados de terreno, y una parcela urbana, justo al lado, de 150 metros cuadros. En este caso tampoco figuran hipotecas o cancelaciones de hipotecas en la información del registro de la propiedad a la que ha podido acceder Público.
Enrique Arnaldo no ha respondido a la solicitud de este medio para recabar su versión.
ENRIQUE ARNALDO, EL MUÑIDOR DE LAS TINIEBLAS JURÍDICAS DEL PP
El Gobierno aceptó al polémico letrado para asegurar el giro hacia una mayoría progresista del Constitucional en junio y solo presionó para meter una mujer
Enrique Arnaldo es un tejedor de contactos y un muñidor de influencias. Lo ha sido al menos desde que se sacó en 1986 la oposición a letrado de las Cortes. Y en esa malla sin fin de conexiones, desarrollada durante 35 años siempre en los aledaños jurídicos del poder, han caído todo tipo de personajes de relevancia política, pero, sobre todo, dirigentes de gobiernos del PP, tanto nacionales como autonómicos o locales. Esa heterodoxa carrera de intereses, en la que Arnaldo ha llegado a probar incluso cameos en series televisivas, ha culminado con éxito esta semana con su polémica designación como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, tras un cuestionado acuerdo entre el PSOE, PP y Unidas Podemos. El Gobierno ha transigido porque espera un bien mayor para sus intereses: dar un giro progresista al Constitucional en junio y atrapar en sus contradicciones al PP para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Arnaldo ha sido un elemento clave en las maniobras jurídicas de los populares, asegura con la garantía del anonimato un compañero de oposición como letrado que le conoce desde hace décadas. En su nuevo cargo, cobrará entre 140.000 y 150.000 euros anuales, pero tendrá muchos más problemas de compatibilidades de los que ha sufrido hasta ahora —ninguno— y corre el riesgo de acabar recusado por muchas de sus actuaciones pasadas.
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha digerido esta pasada semana en el Congreso “el sapo” de ratificar la candidatura de Hernando no sin fuertes tensiones y problemas internos, pero se ha conjurado para cumplir la palabra dada en el pacto al PP porque tiene un objetivo mucho más trascendente a medio plazo, según comentan fuentes del máximo nivel del Ejecutivo. “Renovar el Tribunal Constitucional es bueno para el Gobierno en todo caso y más que lo será”, especifica un miembro del Gabinete para justificar el voto afirmativo en el pleno del Congreso a Arnaldo y a la otra candidata impulsada por el PP, Concepción Espejel, sin que eso cambien por ahora la orientación conservadora mayoritaria en el Constitucional ni desatasque el CGPJ.
El Ejecutivo tiene la vista puesta, por un lado, en junio, cuando toca renovar a otros dos componentes del Constitucional y esa cuota le corresponderá en exclusiva al propio Gobierno. Con la renovación ahora pactada, el tribunal contará transitoriamente con 11 magistrados, a la espera de la reincorporación de Alfredo Montoya, ausente por una grave enfermedad. Cuando el tribunal vuelva a estar al completo, con sus 12 componentes, el sector conservador mantendrá su actual mayoría de siete a cinco, pero por unos meses. La otra meta que el Ejecutivo considera alcanzada tras imponer el PP a Arnaldo es haber desmontado el argumento de Pablo Casado y su equipo para vetar desde hace casi 1.100 días la renovación del órgano de gobierno de los jueces con la idea de que hay que “despolitizar la justicia”.
Ministros, miembros de las direcciones y decenas de diputados del PSOE y Unidas Podemos que refrendaron el jueves, con evidente desagrado, la votación en el pleno en la que Arnaldo fue convalidado por 232 votos y apenas seis deserciones entre los grupos del Gobierno, obviaron lo máximo que pudieron el coste personal y político que les suponía respaldar esa propuesta. Priorizaron el inicio de un camino para variar el sesgo político que achacan a las principales instituciones judiciales del país. Unidas Podemos intentó presionar in extremis a los interlocutores del Gobierno para que requirieran al PP un cambio de candidato por alguien también próximo a ese partido pero menos controvertido. No fue posible.
El PP impuso a Arnaldo desde el principio de la negociación. Cuando emprendieron los contactos, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, los populares llevaron en su terna de aspirantes a Arnaldo y a otros dos juristas masculinos. Las discusiones se centraron precisamente en el perfil ideológico de Arnaldo y en el de Ramón Sáez, propuesto por el Ejecutivo y del que los populares recelaban por considerarlo próximo a Podemos. El Gobierno solo logró al final que el PP incluyera entre sus dos candidatos a una mujer, en este caso Espejel, que para muchos dirigentes socialistas y de Podemos “es más dura y complicada de digerir que Arnaldo”.
El foco de la polémica se concentró más en Arnaldo por su perfil y trayectoria, tanto ideológica como profesional, y por sus lazos y contratos como asesor con gobiernos y administraciones del PP, en algunos casos incumpliendo obligaciones marcadas como incompatibles en el Estatuto del personal de las Cortes. Su figura, además, se relaciona hasta en el propio PP al más alto nivel con el líder, Pablo Casado.
La dirección de los populares no ha podido confirmar, tras requerirlo este diario en varios niveles de la organización, si Arnaldo asesoró al PP como experto externo, mientras ejercía también de letrado del Congreso, en la elaboración de recursos que los populares presentaron precisamente en el Constitucional contra leyes de este Gobierno. Otras fuentes de ese partido, sin embargo, lo afirman desde hace semanas. Y aseguran que Arnaldo participó en reuniones de un equipo jurídico montado por García Egea en la sede del partido para diseñar estrategias a seguir en el Constitucional. Ese grupo estaba formado por el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Enrique López (juez, amigo y gran defensor de Arnaldo), y los parlamentarios Fernando de Rosa, Isabel Borrego y Luis Santamaría.
La fijación de Casado con Arnaldo la apreció ya la anterior portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando, a primeros de agosto de 2020, acudió al despacho del líder popular antes de dimitir por las constantes injerencias de Egea. Álvarez de Toledo se encontró con que Casado le preguntaba cuál sería su voto ante los Presupuestos del Estado que preparaba el Gobierno y si aceptaría los nombres ya pactados entonces para cambiar el Poder Judicial y el Constitucional, entre los que ya figuraba Arnaldo en el cupo apalabrado por el PP.
La conexión de Casado y Arnaldo más evidente se acrecentó durante el episodio del cuestionado máster exprés del dirigente del PP en la Universidad Rey Juan Carlos, dependiente de la Comunidad de Madrid. El director de aquel máster, Enrique Álvarez Conde, era otro de los grandes amigos de Arnaldo, con el que fraguó colaboraciones en su época de responsable del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), entre 1996 y 1999. Arnaldo ha sido hasta hace poco catedrático de Derecho Constitucional en esa universidad pública y al mismo tiempo, como reveló El Confidencial, daba clases en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, privado, otra compatibilidad prohibida legalmente pero que el afectado sostiene que avaló el anterior rector del centro público, Pedro González-Trevijano, amigo y cliente de Arnaldo y ahora aspirante a presidir el Constitucional.
En el Cardenal Cisneros, donde Casado aprobó 12 asignaturas en cuatro meses para acabar la carrera de Derecho, trabajan varios abogados socios de los dos despachos (Estudios Jurídicos y Procesales y Estudios Jurídicos Balbuena) que ha utilizado estos años Arnaldo para ofrecer asesorías a Administraciones, compañías y al propio PP. No así para sus colaboraciones esporádicas como actor aficionado en varias series televisivas. Arnaldo fue el cura que casó a Amelia y Oriol en el primer capítulo de Dime quién soy, la adaptación de la novela de Julia Navarro, una de sus amigas periodistas del aquel Congreso de la Transición.
IGLESIAS SALE EN DEFENSA DEL VOTO DE PODEMOS EN FAVOR DE ARNALDO PARA EL TC
Dice comprender y compartir “las reticencias y la náusea moral” que suscita el letrado; pero alega razones de autodefensa democrática
La elección de Enrique Arnaldo, candidato propuesto por el Partido Popular para el Tribunal Constitucional, se consumó este jueves tras una polémica votación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno de coalición se tragó el sapo. A disgusto, pero se lo tragó. Arnaldo amenaza con ser el integrante del Alto Tribunal con más máculas en su expediente, lo que puso en un compromiso a PSOE y Unidas Podemos, que llevan días haciendo ímprobos ejercicios de contorsionismo para justificar su voto favorable. Tal cariz ha adquirido el asunto que el exvicepresidente segundo y exlíder morado, Pablo Iglesias, se ha visto obligado a salir a escena.
En un artículo publicado en el diari Ara, Iglesias ha defendido que la elección entra en los márgenes de la “normalidad democrática española”. El exsecretario general de Podemos dice comprender y compartir “las reticencias y la náusea moral” que suscita el letrado; pero alega razones de autodefensa: "Cualquier barrera democrática que se pueda erigir ante la eventual voluntad política reaccionaria de las altas magistraturas del Estado parece una medida de autodefensa razonable".
Iglesias admite que los candidatos del PP al TC -Arnaldo y Concepción Espejel-, siempre despertarán "la sospecha de connivencia con los corruptos o de corrupción directa"; pero al igual que el PSOE, justifica que los órganos constitucionales caducados deben.
El Gobierno de coalición espera que este pacto desbloquee las conversaciones con el PP para renovar también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este sentido, Iglesias ha tenido a bien adelantarse a las previsibles críticas a Yolanda Díaz: "¿Acertaría pactando la renovación del CGPJ con la derecha, ya que el PSOE ha renunciado a cambiar el sistema de elección para evitar el veto del PP? Yo creo que sí".
El motín de los díscolos
El diputado socialista Odón Elorza fue una de las voces discordantes del argumentario oficial distribuido por Moncloa y por el PSOE. Hace unos días decía que votaría a Arnaldo “con la nariz tapada”. Al parecer, el hedor era tal que sucumbió. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, explicó que se reunió con la dirección de su grupo parlamentario para trasladarle su posición: “He efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que no he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso”, sostuvo.
Y no fue el único. Arnaldo obtuvo 11 votos menos de los previsibles, por tanto, hay 11 parlamentarios que se desmarcaron. Los socialistas han asumido tres de ellos. Uno sería Elorza, perfectamente consciente de lo que votaba; y los otros dos fueron el exministro José Luis Abalos y el diputado Mariano Sánchez Escobar. Ambos se saltaron la disciplina de voto involuntariamente. Ábalos no siguió adecuadamente el procedimiento y quedó registrado como voto en blanco, mientras que Sánchez se equivocó en unos apellidos, emitiendo un voto nulo.
Por su parte, Unidas Podemos asume que en su grupo parlamentario ha habido al menos un voto díscolo. Fuentes parlamentarias apuntan a las diputadas Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, y la canaria Meri Pita, portavoz de Política Territorial, que firmaron un artículo criticando la elección de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel como candidatos del PP al TC al considerarlos inadecuados por su afinidad con los populares.
Fuentes parlamentarias socialistas han informado de que ya están investigando el caso de Elorza y tomarán una decisión en los próximos días, que a buen seguro será una multa económica. Por contra, los morados no indgarán, amparándose en que la votación era secreta.
CASADO DEFIENDE EL PERFIL DE ARNALDO Y EXPLICA QUE EL ÚNICO QUE LE PREOCUPA ES OTEGI
El líder del PP acusa a otros partidos de querer "confundir" a la opinión pública
El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este viernes los perfiles de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel para el Tribunal Constitucional, a los que considera personas "independientes" y de "reconocido prestigio profesional". Dicho esto, ha acusado a otros partidos "minoritarios" de intentar "confundir" a la opinión pública porque, según ha dicho, el tribunal de garantías "no es Poder Judicial".
En su visita a La Palma para seguir la evolución del volcán 'Cumbre Vieja' y reunirse con vecinos afectados, Casado ha afirmado que el PP ha seguido "los parámetros" que mandata la Constitución para la renovación de estos órganos jurisdiccionales. Es más, ha dicho que había candidatos propuestos por el PSOE que su partido no considera los "más idóneos", pero han seguido "las reglas" que fija la Carta Magna, que "no marca vetos" sino la "idoneidad profesional".
Casado ha subrayado que sigue "manteniendo que hay que despolitizar el Poder Judicial", que, según ha dicho, "es el Tribunal Supremo". "El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, como dice la Constitución. Y tampoco el Tribunal de Cuentas", ha resaltado, para añadir que se trata de órganos constitucionales, cuya elección depende de los diputados y senadores que representan al pueblo español.
Los candidatos del PP son "independientes"
El líder del PP ha asegurado que las personas que integren esos órganos constitucionales deben ser "personalidades de reconocido prestigio profesional". "Y eso es lo que ha pasado, por lo menos en las propuestas que ha hecho el PP. Son personas independientes dentro del desempeño de su función", ha manifestado.
Así, ha destacado la "imparcialidad absoluta" de Arnaldo y ha subrayado que se trata de un catedrático de Constitucional y letrado de Cortes "desde hace varias décadas". También ha elogiado la trayectoria de Espejel y su "lucha sin descanso contra ETA y contra los beneficios penitenciarios".
Tras asegurar que "poner en duda lo que se viene haciendo hace 40 años no es bueno", el líder del PP ha señalado que el problema que hay en las instituciones españoles "es sobre Arnaldo Otegi y los que pactan con los que no condenan el asesinato de 850 inocentes", no sobre los magistrados del TC, que van a "seguir desempeñado su labor como siempre se ha hecho".
Por eso, ha advertido de nuevo de que "no es bueno confundir" las cosas. "No entendemos la posición de algunos partidos minoritarios, que están intentado confundir a la opinión pública", ha indicado el jefe de la oposición, que ha destacado que los "cuatro candidatos" elegidos para el TC "no han pertenecido a ningún partido político".
Modificar la ley para renovar el consejo
En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha pedido de nuevo aprobar una modificación de la ley para que sus miembros sean elegidos por sus miembros y ha subrayado que así lo recoge la Constitución y lo pide Europa y "miles de jueces".
Casado ha aludido a la decisión del tribunal de Estrasburgo sobre Polonia y ha insistido en que hay que cambiar la ley para "desbloquear" el CGPJ y ha recordado que el propio Pedro Sánchez prometió esto mismo en campaña electoral.
"Llevo pidiendo hace tres años lo mismo y solo es una condición, que se refuerce la independencia judicial permitiendo que los jueces elijan a la mayoría de los vocales en el Consejo", ha apostillado Casado.
ARNALDO LLEVÓ A PABLO CASADO AL DESPACHO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DONDE APROBÓ 12 ASIGNATURAS EN CUATRO MESES
Alberto Pérez de Vargas, exdirector del centro Cardenal Cisneros donde Casado se sacó la carrera de Derecho en tiempo record gracias a esos aprobados y a 18 convalidaciones, ha confirmado que el hoy líder del PP acudió a su despacho acompañado por Arnaldo y por otro catedrático ya fallecido
Enrique Arnaldo, el polémico jurista propuesto por el Partido Popular como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, mantiene una estrecha relación con Pablo Casado desde hace años, hasta el punto de que fue él quien acompañó al hoy líder del PP al despacho del antiguo director del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, donde Casado aprobó 12 asignaturas que le faltaban para licenciarse en apenas cuatro meses.
No fue un cambio de universidad al uso sino que Casado se presentó al llegar a al responsable de su nuevo Centro de Estudios, Alberto Pérez De Vargas, según ha confirmado él mismo esta tarde a la Cadena Ser.
El hoy líder del PP había comenzado su carrera de Derecho en 1999 en la Universidad Pontificia de Comillas (más conocida como Icade) y cinco años más tarde, en 2004 se cambió al Colegio Universitario Cardenal Cisneros, un centro adscrito a la Universidad Complutense donde logró superar las 12 asignaturas que le quedaban en tan solo cuatro meses. Según ha contado de Vargas, que fue director del centro entre 2005 y 2013, fue Arnaldo quien acompañó a Casado a su despacho, junto con otro catedrático ya fallecido.
En el Centro de Estudios Cardenal Cisneros, Casado convalidó 7 asignaturas, con lo que debía aprobar 18 de los 25 totales, con lo que el 70% de la carrera se la pudo sacar en tan solo dos cursos, cuando se trataba de una licenciatura de cinco años, tal y como contó en 2018 elDiario.es. Durante esos años en Cisneros, el líder del PP figuraba como asesor político a jornada completa del exconsejero de Justicia de Esperanza Aguirre Alfredo Prada.
ARNALDO TRABAJÓ PARA EL SANTANDER MIENTRAS ERA LETRADO EN EL CONGRESO
El ya virtual magistrado del TC intervino en múltiples casos judiciales como abogado del banco: solo en el periodo 2003-2008 la empresa de la que fue administrador hasta hace un año ingresó 400.000 euros de la entidad financiera
Con compatibilidad para ejercer también la docencia pero solo la pública, figuró al menos hasta abril como director de la Cátedra Santander Justicia, adscrita al centro privado Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE)
Los papeles del 'caso Matas' dejan al descubierto que en los primeros años el mayor cliente de la SL que tuvo a Arnaldo como administrador fue Francisco Hernando, El Pocero: le reportó a Estudios Jurídicos y Procesales SL 1,65 millones en tres años
Enrique Arnaldo mantuvo contratos de defensa jurídica con el Banco Santander mientras fue letrado del Congreso, puesto que el próximo jueves dejará atrás una vez tome posesión como magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Elegido por el PP como uno de sus dos candidatos y aceptado por la coalición de Gobierno, Arnaldo representó en los tribunales desde 2003 y al menos hasta 2019 –año de la última sentencia localizada– a la que antes de la fusión de la Caixa con Bankia era la primera entidad financiera del país. Al mismo tiempo que ejercía como letrado del gigante bancario, Arnaldo asesoraba a la Cámara en materia de legislación aunque ningún documento lo relaciona con las comisiones parlamentarias que pudieran abordar asuntos económicos, tributarios o directamente vinculados al sector financiero.
Como ya publicó infoLibre, entre finales de 2001 y noviembre de 2020, Arnaldo ejerció como administrador solidario de Estudios Jurídicos y Procesales SL pese a que la normativa sobre incompatibilidades prohíbe que un funcionario ostente cargos en empresas con contratos públicos. La suya los tenía. Y alternaba los servicios a administraciones públicas con grandes, medianos y pequeños clientes privados. Un documento de Hacienda incorporado al sumario del caso Matas, por el que Arnaldo permaneció imputado más de un año aunque el juez le exoneró por completo en julio de 2011, indica cuáles de esos clientes privados estaban en cabeza en la primera década del siglo. El Santander era uno de ellos: solo en el periodo 2003-2008, reportó a Estudios Jurídicos y Procesales SL 418.000 euros.
A preguntas de este periódico, el banco ha declinado precisar cuándo comenzó exactamente Arnaldo a prestarle servicios jurídicos y cuándo finalizó la relación profesional con su despacho. Ha rehusado también aclarar si la entidad conocía que el jurista ocupaba en paralelo una plaza de letrado del Congreso.
Sí ha facilitado datos sobre otro puesto, este vinculado con la docencia, que aparece integrado en la panoplia de actividades profesionales del prolífico Enrique Arnaldo: la dirección de la Cátedra Santander Justicia, adscrita al centro privado Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Fuentes oficiales del Santander aseguran que se trata de una cátedra patrocinada por el banco pero que fue ISDE la que designó quién debía dirigirla. El pasado verano, añaden los portavoces consultados por este periódico, se acabó el patrocinio.
Pero el caso del Santander no es el único. En el ranking de clientes de Estudios Jurídicos y Procesales entre 2003 y 2008 superan a las restantes dos empresas del constructor ya fallecido Francisco Hernando, El Pocero. Ambas figuran como enormes fuentes de ingresos para la firma de Arnaldo y los otros dos abogados que con él formaban un trípode societario. Entre 2005 y 2007, las dos compañías de El Pocero incrementaron los números de Estudios Jurídicos con un total de 1.685.800 euros.
El introductor de Pablo Casado en el centro privado donde acabó con rapidez Derecho
Como publicó El Confidencial, el letrado ha infringido la Ley de Universidades al impartir clases en la universidad pública Rey Juan Carlos (URJC) y en el centro universitario privado Cardenal Cisneros, adscrito a la Complutense. Fue en este último donde el líder del PP, Pablo Casado, terminó la carrera de Derecho.
En 2018 y en una entrevista al diario El Mundo, el antiguo director del Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, contó cómo conoció al hoy presidente de la formación conservadora: "La primera vez que vi a Casado entró en mi despacho acompañado de Enrique Arnaldo, que era profesor de Derecho Político, y de un familiar lejano mío que ya ha muerto, José Pérez de Vargas, que le dio a este chaval Derecho Civil y que era una persona de enorme poder en el Cisneros, que era también presidente del Patronato de la Rey Juan Carlos. Los dos venían a decirme que el chico venía aquí a terminar la carrera".
En la misma entrevista, Pérez de Vargas añadió esto sobre las 18 asignaturas que Casado superó en el Cardenal Cisneros, donde recaló tras haber pasado por el Icade: "Yo creo que sólo se examinó de cuatro o cinco, pienso que el resto se las convalidaron". Este jueves, el exdirector del centro privado ha confirmado a la Cadena SER que todo ocurrió tal como él mismo narró hace tres años.
Con una imagen de persona capaz de facilitar la consecución de objetivos de apariencia difícil –y así le retratan las conversaciones con el expresidente madrileño Ignacio González interceptadas por la Guardia Civil en Lezo, el segundo gran caso de corrupción donde emerge su nombre– Arnaldo enfila la recta final hacia el Constitucional dejando incógnitas sin resolver. Por ejemplo, ¿resulta compatible que un letrado del Congreso ponga de forma simultánea sus conocimientos jurídicos al servicio de la sede de la soberanía popular y de un gigante bancario?
Desde el momento en que hace menos de un mes trascendió que Arnaldo había permanecido 18 años al frente de una empresa privada, el Congreso se ha atrincherado en el silencio. La duda sigue, por tanto, abierta. El ya virtual magistrado del Tribunal Constitucional sostiene que a su empresa no le afectan los artículos las incompatibilidades previstas en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Estudios Jurídicos y Procesales SL, con la que dijo haber roto amarras en mayo de 2017 aunque en realidad no cesó como administrador solidario hasta noviembre de 2020, no presta servicios a administraciones sino "asistencia jurídica".
Esa es su versión. Respaldado por el Congreso como persona idónea para escalar al TC, Arnaldo se convirtió hace un año en el protagonista de una sentencia donde la Audiencia Nacional dictamina que bajo su presidencia en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) burló nada menos que la Ley de Administraciones Públicas. La vulneración del artículo de ese ley que garantiza el principio constitucional de transparencia en lo que a la imposición de sanciones concierne cierra la puerta de forma taxativa a que el instructor de un expediente disciplinario sea a su vez presidente del tribunal encargado de decidir sobre el resultado final. Catedrático de Derecho
Junto con el contenido de la sentencia enunciada en el párrafo anterior, el único otro dato innegable a día de hoy es este: que no se conocen los términos exactos de la compatibilidad que se le concedió en 2002 para compaginar la abogacía al servicio del Estado y la dirigida a defender intereses privados. Exactamente la resolución donde han de figurar las condiciones exigidas a Arnaldo es la que el diputado socialista Odón Elorza pidió el miércoles al PSOE que reclamara a la Mesa del Congreso. En la votación telemática que finamente ha aupado al TC a los cuatro juristas pactados por el PP y el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos, Elorza fue uno de los que rompieron la disciplina de voto.
EL CONGRESO OBVIA EL ESCÁNDALO DE ARNALDO Y LO ELIGE PARA EL CONSTITUCIONAL
Vox vitorea tras la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional
El pacto alcanzado hace un mes por representantes del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con el PP para renovar las cuatro vacantes pendientes del Tribunal Constitucional fue ratificado este jueves con una votación sobrada en el pleno del Congreso de los Diputados en la que apenas se registraron seis votos disidentes con ese acuerdo. También hubo 29 parlamentarios de formaciones nacionalistas e independentistas que optaron por expresar su rechazo con su ausencia: se salieron del pleno durante el debate y no emitieron su voto. Enrique Arnaldo, el polémico candidato propuesto por el PP, y aceptado con evidente malestar y “como un mal menor” por PSOE y Unidas Podemos, salió refrendado de la sesión para ser considerado próximo magistrado del Constitucional, el más Alto Tribunal del país, que tiene que estudiar recursos de leyes del Gobierno planteados por la oposición de derechas y muy próximos a su ideología, expresada en cientos de artículos.
El pleno del Congreso aprobó así finalmente la designación de Arnaldo, junto la del resto de candidatos pactados para el Constitucional, seis consejeros del Tribunal de Cuentas que también habían caducado, así como al nuevo Defensor del Pueblo, el exdirigente socialista de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que sumó 240 votos, la puntuación máxima del día. Todos los aspirantes tenían que recoger para ser convalidados al menos tres quintos de votos afirmativos (210).
Enrique Arnaldo recibió 232 votos a favor, de un total de las 249 papeletas emitidas por los diputados, pero contó con cinco menos que la otra aspirante impulsada por el PP, Concepción Espejel, y con ocho menos que los dos nominados por los dos partidos de la coalición gubernamental, Inmaculada Montalbán Huertas y Juan Ramón Sáez Valcárcel. Como los diputados de Compromís, Joan Baldoví, y de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, revelaron públicamente que solo habían apoyado a los dos candidatos progresistas, el máximo de votos rebeldes posibles dentro del PSOE y Unidas Podemos sería de seis. Hubo también ocho votos en blanco y uno nulo, pero para el conjunto de los cuatro aspirantes al Constitucional.
Una de esas blancas papeletas la envió al sistema telemático de votación José María Mazón, el representante en la Cámara del Partido Regionalista de Cantabria, que solo apoyó el nombramiento de Gabilondo para Defensor del Pueblo, al igual que Tomás Guitarte, de Teruel Existe. Otro sufragio en blanco fue el de Ana Oramas, de Coalición Canaria.
El único diputado que reconoció abiertamente haber rechazado a Arnaldo fue el socialista Odón Elorza, que se lo anticipó incluso a la dirección de su grupo en una reunión y que ya se había expresado en público y hasta en una dura intervención la semana pasada en el examen previo que los aspirantes tuvieron que pasar por la comisión de nombramientos. El grupo socialista estudiará ahora una sanción contra Elorza por romper la disciplina de voto, aunque no será la más elevada (600 euros), porque su posición no alteró el resultado final.
Dos diputadas de Podemos, Gloria Elizo y Meri Pita, habían anticipado en un artículo su oposición “en conciencia”. Elizo confirmó más tarde que no había votado a los dos conservadores. Los otros tres votos rebeldes no se conocieron porque el procedimiento de voto debía ser en teoría individual, telemático y secreto y los dos grupos se achacaron esas deserciones al final de la sesión mutuamente. El PSOE admitió tres votos blancos o nulos pero por errores formales, como fallos en la escritura de los nombres o como el que reconoció haber hecho el exministro José Luis Ábalos al apretar un botón erróneo y que luego quiso corregir sin éxito.
Rechazo nacionalista
La votación más conflictiva se concentró en el debate y en el panel de resultados sobre la figura de Arnaldo, letrado de las Cortes y con estrechas relaciones, contactos y contratos con administraciones y gobiernos autonómicos y locales del PP. En el momento de conceder ese aval, los parlamentarios de Ciudadanos y Vox se ausentaron del hemiciclo en señal de protesta. Pero unos minutos antes lo habían hecho ya los 29 diputados de seis grupos nacionalistas e independentistas gallegos, vascos y catalanes (ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y BNG), para denunciar lo que Gabriel Rufián calificó de “charada” del bipartidismo y que en esta ocasión elevó a “tripartidismo” por considerar incomprensible la colaboración de Podemos. También mostraron su rechazo al sistema y a los consensuados desde el PNV y Más País.
Los diputados presentes de la formación ultra Vox aprovecharon el momento en el que se ratificó el resultado para corear desde el interior del hemiciclo, dirigiéndose a Podemos: ”Sí se puede, sí se puede”. A esa hora, las 16.28, el salón estaba ya medio vacío y las bancadas más nutridas eran las del PSOE, en las que estaba hasta el díscolo Elorza.
Los 232 votos que recogió Arnaldo sobre los 249 votos emitidos no fueron ni todos los diputados que suman PSOE, PP y Podemos (243) ni los que concitó Gabilondo (240) ni los que acumuló su compañera por el cupo conservador, Concepción Espejel (237). Por lo tanto, hubo cinco diputados que respaldaron a Espejel que no lo hicieron con Arnaldo.
SÁNCHEZ AFIRMA QUE TAMPOCO LE GUSTAN ALGUNOS DE LOS CANDIDATOS DEL PP A MAGISTRADOS DEL CONSTITUCIONAL
El presidente del Gobierno anuncia que a las 16:00 presentará los detalles del acuerdo marco sobre los fondos europeos entre España y la UE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado esta mañana en el Congreso que él tampoco le gusta algunos de los candidatos que el PP ha presentado a magistrados para el Tribunal Constitucional. El pleno para establecer su idoneidad ha comenzado este miércoles y se votará este jueves.
Entre los candidatos propuestos por el PP figura Enrique Arnaldo. La SER ha repasado los más de 300 artículos que este candidato ha escrito en distintos medios de comunicación desde 2008. Arnaldo se pronuncia en contra y por tanto puede resultar contaminado para decidir sobre el aborto, la eutanasia, la Memoria Histórica o el Procés.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha afirmado esta mañana en la SER que votarán a favor de la renovación de miembros del Tribunal Constitucional, incluida la candidatura de Enrique Arnaldo a propuesta del PP, aunque a su juicio, no cumple la condiciones de ejemplaridad para ocupar el cargo. Y lo hará, ha dicho, "con una pinza en la nariz".
Así, ha mencionado los "estrechos vínculos" de Arnaldo con el PP, en su opinión "más intensos" que los de Concepción Espejel, la otra candidata propuesta por el partido. También su trayectoria, "plagada de casos de corrupción y mala praxis".
En este sentido, ha afirmado que votarán a favor pero "con una pinza en la nariz", tal como señaló el diputado socialista Odón Elorza en la SER, también crítico con la idoneidad de Arnaldo. Del mismo modo ha defendido que votarán a favor del pacto porque hacerlo en contra tendría consecuencias democráticas "desastrosas" porque mantendría el 'statu quo' actual de "corrupción" de los órganos constitucionales que está "imponiendo" el PP.
https://cadenaser.com/ser/2021/11/10/politica/1636549221_624233.html
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA SU VISTO BUENO A SUS CUATRO NUEVOS MAGISTRADOS
La designación ha recibido nueve votos a favor y uno en contra
El Constitucional ha dado su plácet a los cuatro nuevos magistrados del tribunal propuestos por el Congreso, en un pleno del tribunal de garantías celebrado durante la tarde de este jueves. Se trata de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel —ambos presentados por el PP—, e Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez, designados a propuesta del PSOE. Todos ellos han sido apoyados en votación secreta por nueve votos a favor y uno en contra.
La celebración de este pleno gubernativo —es decir, no jurisdiccional— resulta preceptiva cuando se producen incorporaciones al tribunal, y consiste esencialmente en la comprobación de que las personas designadas reúnen las condiciones objetivas requeridas para acceder al cargo. La convocatoria viene regulada en la ley orgánica del Constitucional, cuyo artículo 18 establece que los miembros del tribunal de garantías “deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función”.
El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, ha decidido convocar esta sesión del tribunal para que se celebre el mismo día que el pleno del Congreso la votación sobre los candidatos elegidos, que ya fueron respaldados la semana pasada por la Comisión de Nombramientos de la propia cámara baja. Inicialmente, también se barajó celebrar el pleno del Constitucional el próximo viernes, pero González Rivas ha considerado más conveniente cerrar con la mayor rapidez posible el proceso para la renovación.
Tras ambos plenos —el del Congreso y el del Constitucional—, el siguiente paso será el acto de jura o promesa del cargo ante el Rey, el próximo día 18, a las 10.30 de la mañana. Una hora y media más tarde, a las doce del mediodía, tendrá lugar la toma de posesión de los nuevos magistrados en la sede del Constitucional.
EL SOCIALISTA ELORZA ROMPE LA DISCIPLINA DE VOTO Y NIEGA SU APOYO A ARNALDO PARA EL CONSTITUCIONAL
El diputado ha señalado que previamente se reunió con la dirección de su grupo para explicar su posición. La parlamentaria crítica de Podemos Gloria Elizo se decanta por el sí “en conciencia”
Sin esperar siquiera a que el asunto se debata ante el pleno del Congreso, la votación telemática de los diputados a los cuatro candidatos al Tribunal Constitucional pactados por el Gobierno y el PP se ha cerrado a la una de este jueves. Los parlamentarios ya se han decantado ante las controvertidas candidaturas, pese a que el debate aún se demorará hasta consumir otros asuntos anteriores en el orden del día. De momento, ya se ha registrado una ruptura de la disciplina de voto: el socialista Odón Elorza ha anunciado en Twitter que no ha apoyado al más controvertido de los aspirantes, Enrique Arnaldo, propuesto por el PP. PSOE y Unidas Podemos, con todo, están convencidos de que apenas habrá deserciones en sus grupos, pese al enorme disgusto que ha causado entre sus parlamentarios la figura de Arnaldo por sus relaciones comerciales en los últimos años con administraciones gobernadas por ese partido y su beligerancia pública contra la izquierda.
Elorza ya había tenido una intervención muy dura contra Arnaldo la pasada semana, cuando el aspirante se sometió al examen de la Comisión Constitucional del Congreso, en la que el diputado guipuzcoano es portavoz del Grupo Socialista. Tras ese discurso, que provocó una protesta del PP ante el PSOE, los socialistas prescindieron de Elorza para que defendiese este jueves el acuerdo ante el pleno de la Cámara. El parlamentario ha explicado en Twitter: “He efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que NO he apoyado al sr. Arnaldo en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones, del TC y del Congreso”. Elorza ha señalado que previamente se reunió con la dirección del grupo para explicarle su posición. El Grupo Socialista ha anunciado que “estudiará” el caso en “los próximos días” y “tomará una decisión al respecto”. El reglamento interno del grupo prevé sanciones económicas de hasta 600 euros para los parlamentarios que se salten la disciplina de voto. Fuentes socialistas se mostraron convencidas de que no habrá más deserciones.
En cambio, una de las diputadas de UP que había manifestado públicamente su malestar con los nombres incluidos en el acuerdo para renovar el Constitucional, Gloria Elizo, ha votado sí “en conciencia”, según fuentes de Unidas Podemos. Elizo, vicepresidenta tercera de la Cámara, y otra diputada de su grupo, Meri Pita, publicaron el miércoles un artículo en El Periódico de España en el que expresaban su discrepancia con la decisión de su grupo de aceptar a los candidatos del PP.
Tanto el resto de las fuerzas de izquierda como Ciudadanos han criticado con dureza el acuerdo entre Gobierno y PP. Seis partidos, ERC, Junts, PDeCAT, CUP, EH Bildu y BNG, saldrán cinco minutos antes del inicio del debate a la entrada principal del Congreso para mostrar su protesta. Esquerra, la izquierda abertzale y los nacionalistas gallegos han anunciado que no participarán en el pleno. Vox, por su parte, también ha desistido de votar. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha apelado por la mañana “a la conciencia de los diputados”, en especial a los de Unidas Podemos, “que parece que venían aquí a regenerar las instituciones”. Bal ha denunciado que del “bipartidismo rancio” se ha pasado al “tripartidismo” e incluso ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de ser la “muleta del sanchismo”.
Vox pidió el miércoles que la votación de los candidatos no se hiciese de manera telemática. El partido de Santiago Abascal ha anunciado que “se reserva” la decisión de recurrir el sistema de votación ante el Tribunal Constitucional. Desde que existe el voto telemático, para el que se fija un plazo horario, ocurre con relativa frecuencia que algunas cuestiones se someten al refrendo de la Cámara antes de que se debatan. La Mesa del Congreso decidió la pasada semana, a la vista de un informe de los letrados, desistir del método tradicional de sufragio en urna y secreto previsto para ocasiones como la designación de los nuevos miembros del Constitucional. Los letrados señalaron que una votación así provocaría una aglomeración de personas en el hemiciclo que contravendría las normas de distanciamiento para prevenir los contagios por covid. Entonces Vox apoyó la decisión, pero ha cambiado de postura una vez comprobado, según su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, que no hay garantías de secreto en el voto telemático.
LA AUDIENCIA NACIONAL DICTAMINÓ HACE UN AÑO QUE ARNALDO "BURLÓ" LA LEY CUANDO PRESIDÍA UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
El futuro magistrado del Constitucional a propuesta del PP intervino a la vez como instructor y como presidente del Tribunal del Deporte en un expediente disciplinario por el que se sancionó al expedientado pese a que la ley de Administraciones Públicas prohíbe la duplicidad para preservar la imparcialidad.
La Sala de lo Contencioso no ocultó la dureza de su reproche: "Esa necesaria disociación entre el órgano que instruye y el que decide se ha burlado en este caso, donde las funciones de instruir y decidir han sido desempeñadas por la misma persona", dice la resolución judicial, a la que ha tenido acceso infoLibre
La Audiencia Nacional dictaminó en una sentencia de diciembre de 2020 que la actuación de Enrique Arnaldo al frente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) burló lo que la Ley de Administraciones Públicas preceptúa para preservar la imparcialidad a la hora de imponer sanciones. El origen de la sentencia, ya declarada firme y a la que ha tenido acceso infoLibre, se sitúa en un episodio protagonizado en 2015 por Arnaldo durante su etapa al frente del TAD, órgano adscrito al Consejo Superior de Deportes (CSD). El futuro magistrado del Constitucional a propuesta del PP intervino a la vez como instructor y como presidente del Tribunal del Deporte en un expediente disciplinario que acabó en sanción. Lo hizo pese a que la Ley de Administraciones Públicas prohíbe la duplicidad de funciones. Lo prohíbe en un artículo (el 134.2) que, según las fuentes jurídicas consultadas, se cimenta justamente en el derecho constitucional a un proceso con todas las garantías.
La sentencia [puedes leerla pinchando aquí] no ocultó la dureza del reproche unánime de los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso que le dieron luz verde. En uno de sus párrafos finales se lee lo siguiente: "Esa necesaria disociación entre el órgano que instruye y el que decide que refleja el citado artículo 134.2 se ha burlado en este caso, donde las funciones de instruir y decidir han sido desempeñadas por la misma persona". infoLibre envió este miércoles a Enrique Arnaldo un mensaje donde reproducía el entrecomillado anterior y en el que solicitaba su versión de lo sucedido. Arnaldo no respondió. Según su currículum, Arnaldo presidió el TAD entre febrero de 2014 y el mismo mes de 2018.
Con los mimbres argumentales que desarrollan lo expuesto en el párrafo anterior, la sentencia tumbó la dictada dos años antes por un juzgado central de lo Contencioso. Y anuló la sanción impuesta en 2015 por el TAD al expedientado –inhabilitación por un año– "al no ser ajustada a derecho". El pasado 18 de marzo, un decreto de la Sala confirmó que la sentencia había pasado ya a ser firme dado que no había sido recurrida ante el Supremo.
Tomando como referencia actas del Tribunal del Deporte sobre el expediente que en relación a un conflicto electoral terminó con la sanción al entonces presidente de la Federación de Caza, Andrés Gutiérrez Lara, la Audiencia consideró más que probado que Arnaldo actuó "simultaneando" dos funciones incompatibles entre sí: las "de decisión e instrucción". "Dichas actas –se lee en la resolución– aparecen suscritas por el Presidente y también Instructor, y en ellas se constata la adopción de acuerdos tales como el archivo de escritos solicitando la personación en el expediente de referencia, o la incorporación de diversa documentación".
Pero los argumentos que fundamentaron el varapalo a Arnaldo y su equipo no se detuvieron ahí. Porque, recalcó la Audiencia, "con todo ello se evidencia que durante la tramitación del procedimiento el señor Arnaldo Cubilla intervino al mismo tiempo como presidente del TAD y como instructor, y desempeñó las funciones propias de ambos cargos, decisoria e instructora, de manera simultánea".
En teoría, la separación entre la fase de instrucción y la de decisión existía "al menos formalmente". Y, según la sentencia, Arnaldo no participó en la reunión del tribunal que inhabilitó durante un año al expedientado por "infracción muy grave en materia de disciplina deportiva". Pero, añade la Audiencia a renglón seguido, "no puede desconocerse que dentro de la fase de instrucción se adoptaron acuerdos por el Tribunal –por ejemplo, el archivo de los escritos de terceros que solicitaban la personación en el procedimiento– en los que intervino como Presidente quien era al mismo tiempo, insistimos, Instructor del expediente".
Arnaldo pertenece al Cuerpo de Letrados del Congreso desde 1986. En 2002 y pese a que tanto la Ley de Incompatibilidades como el Estatuto del Personal de las Cortes lo prohíben, comenzó a ejercer el cargo de administrador solidario de una empresa privada con múltiples contratos públicos, Estudios Jurídicos y Procesales SL. Solo en el periodo 2003-2008 y como desveló la Cadena SER, la firma ingresó casi un millón de euros por adjudicaciones públicas, en su mayoría de administraciones y entidades controladas por el PP. Asimismo, y como en este caso publicó El Confidencial, también compagina la docencia en una universidad privada y otra pública, lo que la Ley de Universidades también prohíbe.
Este jueves y salvo viraje sorpresivo, Arnaldo obtendrá el respaldo definitivo de la Cámara Baja para ocupar un puesto en el tribunal de garantías, el peldaño más alto de la justicia española dado que su misión consiste en proteger los derechos constitucionales. Y obtendrá ese respaldo parlamentario gracias a los votos de quien le propone, el PP, así como los de los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Arnaldo forma parte del paquete pactado para desbloquear la renovación de órganos constitucionales, hasta ahora bloqueada por el partido que dirige Pablo Casado.
ENRIQUE ARNALDO ENCHUFÓ A SU HIJO, AL HIJO DEL FISCAL MAZA Y A VARIOS JUECES EN UN MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Como director del máster de acceso a la profesión de procurador, contrató a su hijo, abogado especializado en Derecho Deportivo, y al hijo de Juan Manuel Maza. Coincidía con el nombramiento de este como fiscal general del Estado y la conversación grabada en el caso 'Lezo' donde Arnaldo aseguraba que se estaba "moviendo" para colocar fiscales afines al PP.
En 2015, el catedrático Enrique Arnaldo fue nombrado director del nuevo máster de acceso a la profesión de procurador de los tribunales que comenzaba a impartirse en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Un centro público salpicado por escándalos relacionados con el PP, como el caso máster de Cristina Cifuentes, por el que fueron condenadas dos profesoras del centro por falsificar las actas del Trabajo de Fin de Máster de la expresidenta madrileña.
La dirección de aquel máster era un goloso pastel en cuanto a la libertad de la que gozaba el director para contratar como profesor a quien quisiera, salvo por las limitaciones que marca la ley para ese máster concreto. El artículo 13 del reglamento de la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales indica claramente que "el personal docente de todos los cursos de formación debe tener una composición equilibrada entre abogados o procuradores, según el caso [es decir, según sea el máster para Abogacía o para Procura], y profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento".
El mismo artículo establece que los procuradores que integren el personal docente del máster de acceso a la Procura deberán serlo en ejercicio al menos desde tres años antes y los profesores universitarios poseer relación contractual estable con una universidad.
Salvo estas limitaciones marcadas por la ley, el poder de Arnaldo como director del máster de la URJC era prácticamente absoluto. Sin embargo, al menos en los cursos 2016-2017 y 2017-2018 Enrique Arnaldo no siguió exactamente las instrucciones establecidas en la Ley 34/2006. Para empezar contrató a su propio hijo, Enrique Arnaldo Benzo, abogado especializado en Derecho Deportivo en el curso 2017-2018 como parte del profesorado de dos asignaturas: 'Métodos alternativos de solución de conflictos. Especial referencia a la Medicación y el Arbitraje' y 'Postulación procesal y los Registros Públicos. Especial referencia al Derecho Registral Inmobiliario'.
Arnaldo Benzo no reunía las condiciones exigidas en el reglamento sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, en este caso, el máster de acceso a la profesión de procurador, por no ser ni procurador en ejercicio ni profesor universitario con contrato estable en una universidad. Los honorarios percibidos ascendieron a 100 euros por hora, según ha podido comprobar Público, y el número de alumnos aquel curso fueron 26, dos más que el curso anterior.
Este medio ha podido acceder al listado de profesores y al resto de documentación oficial referida a aquel máster dirigido por Enrique Arnaldo, que este jueves recibirá previsiblemente el aval del Congreso para convertirse en nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, en medio de la polémica por ser su perfil aparentemente poco idóneo por su falta de apariencia de imparcialidad. Arnaldo está ligado a casos de corrupción del PP, además de haber sido un habitual conferenciante de la Fundación FAES, liderada por José María Aznar.
La información sobre el profesorado de aquel máster se mantenía bien oculta hasta que el Consejo de Transparencia ordenó, en noviembre de 2018, a la Universidad Rey Juan Carlos que se la facilitara a un abogado que la había solicitado y que se había encontrado con la injustificada negativa de la universidad pública. En el listado figuran jueces, notarios y abogados que no deberían haber sido contratados por no ajustarse su perfil al que impone la ley para este máster concreto.
Maniobras en la Fiscalía General del Estado
Entre los nombres de los profesores contratados, según la documentación de la URJC, destaca el del abogado José Manuel Maza Muriel, hijo del ex fiscal general del Estado José Manuel Maza, que falleció en noviembre de 2017. Maza Muriel había cursado un máster en Arbitraje y con esas credenciales fue presentado a los alumnos del 2016-2017. Curiosamente esa contratación coincidió en el tiempo con la conversación telefónica que mantuvieron Arnaldo y el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González el 11 de noviembre de 2016, cuando este estaba siendo ya investigado en el marco de la operación 'Lezo'. La Guardia Civil grabó la conversación en la que se escucha a Enrique Arnaldo afirmar: "Estoy moviéndome, ¿eh? Para que el nuevo [fiscal general del Estado] que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal] sea bueno". Días después, el 25 de noviembre se producía el nombramiento de José Manuel Maza.
Otro de los nombres que asoman en el listado es el de Pilar Llop, ministra de Justicia. En 2016 estaba en excedencia como magistrada y era diputada socialista en la Asamblea de Madrid. Desde el ministerio indican a Público que Pilar Llop "estuvo en el citado máster a petición del Colegio Oficial de Procuradores donde ofreció dos charlas, renunciando a los honorarios ofrecidos por ello. Es decir, no recibió prestación económica alguna". Además las mismas fuentes oficiales explican que la interlocución de Llop fue "exclusivamente" con dicho Colegio y "no con la universidad" ni con Enrique Arnaldo. Aquella colaboración de la actual ministra de Justicia se enmarca, según el ministerio, en las que Pilar Llop siempre atendió a petición de colectivos profesionales, como es el caso, "de manera desinteresada".
El juez Alejandro Abascal también aparece entre el profesorado del máster dirigido por Arnaldo. De hecho, acababa de doctorarse por la Universidad Alfonso X El Sabio, un centro privado, y el presidente del tribunal que evaluó su tesis fue el propio Enrique Arnaldo; también formó parte del tribunal el magistrado Manuel Marchena. Abascal había ocupado provisionalmente en 2016, durante seis meses, la plaza de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 donde se instruían los casos 'Lezo' y 'Púnica' de corrupción del PP madrileño. En 2019 regresó a la plaza de refuerzo en la Audiencia Nacional.
En la autoevaluación efectuada por la dirección del máster de acceso a la profesión de procurador se puede leer: "La mayoría del profesorado procede del ámbito profesional y de la docencia (profesores de la URJC, procuradores con amplia experiencia docente, tanto en impartir clases como en tutorías de prácticas)", justificando la presencia de notarios, una docena de jueces, y otro tanto de abogados en el listado del profesorado como "conferenciantes", sin que eso esté especificado en la documentación oficial de la universidad.
Arnaldo fue abogado del Colegio
El convenio entre la URJC y el Colegio de Procuradores de Madrid, organismo con fuertes vínculos con el PP, para la impartición de este máster se centró principalmente en la fase de prácticas de los alumnos en los diferentes despachos de procuradores. El exdecano del Colegio, Antonio Álvarez-Buylla, también profesor del máster, fue candidato del PP para entrar como vocal en el CGPJ. Pero su imputación, en 2014, por falsedad documental al haber falsificado presuntamente los estatutos del Colegio de Procuradores frenó su ascenso al gobierno de los jueces.
De hecho, también figuraban como profesores del máster dos miembros de la Comisión de Recursos del Colegio de Procuradores, que son los que tienen que resolver los recursos que se plantean contra los actos de la Junta de Gobierno del Colegio. Y para convertir la situación en más rocambolesca si cabe, Enrique Arnaldo era por entonces abogado del Colegio de Procuradores de Madrid, con lo que se podría concluir que contrató a sus clientes.
El Colegio de Procuradores de Madrid se vio envuelto en la polémica por las elecciones de 2015, que fueron anuladas por la Justicia, en 2018, al haberse acreditado "irregularidades invalidantes". Arnaldo representó a la junta directiva que convocó aquellas elecciones y que después tuvo que dimitir en pleno.
ENRIQUE ARNALDO OCULTÓ EN EL CONGRESO SU PAPEL EN VARIAS FUNDACIONES JUNTO A MANUEL MARCHENA, JAUME MATAS Y ENRIQUE LÓPEZ
En la actualidad, es vocal de tres fundaciones, algo que no mencionó en la lectura de su currículo en el Congreso. En una de ellas, una especie de lobby jurídico, colocó como patronos a sus amigos Enrique López, secretario de Justicia del PP, y al expresidente balear Jaume Matas. Ahora comparte ese patronato con el magistrado Manuel Marchena.
Enrique Arnaldo Alcubilla, que este jueves será previsiblemente avalado en el Congreso de los Diputados como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, obvió en la lectura de su currículo en la Comisión de Nombramientos del Congreso, el pasado 2 de noviembre, algunos datos importantes de su actividad profesional: su papel como patrono en varias fundaciones privadas. En la actualidad figura como vocal patrono de las fundaciones Wolters Kluwer, Arepo y Ciencias de la Empresa, según los registros públicos consultados por este medio. En todas ellas, Arnaldo ha sido patrono fundador.
La multinacional holandesa Wolters Klumer se dedica al desarrollo y venta de softwares destinados principalmente al mundo jurídico. Su influencia en España va en aumento, ya que la fundación creada por la multinacional en 2008 se encarga de elaborar estudios sobre la calidad de la Justicia en España. También ha realizado barómetros sobre el asunto junto a la empresa Metroscopia.
Para la constitución de la Fundación Wolters Klumer, Enrique Arnaldo recibió poderes de la filial española de esta multinacional, según consta en el Boletín Oficial del Estado que recoge la inscripción de la fundación en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, el 24 de abril de 2008.
En aquel patronato inicial, Arnaldo fue nombrado secretario. La presidenta ha sido durante varios años Rosalina Díaz, abogada experta en el mundo de la edición jurídica, que llegó a presidir el consejo de Administración de Wolters Klumer España, S.A.
Enrique Arnaldo se rodeó de conocidos en Wolters Klumer. En aquel primer patronato, en abril de 2008, fueron nombrados vocales: Jaume Matas, por entonces ya expresidente de Baleares; Enrique López, que en ese momento era magistrado de la Audiencia Nacional y hoy es consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid; y José María Michavila, exministro de Justicia y, por entonces, diputado del PP.
No solo existían vínculos con el PP en aquel patronato; también figuraba como vocal de la fundación un socialista hoy expulsado del partido: Virgilio Zapatero, que había sido ministro de Relaciones con las Cortes con Felipe González y que en 2010 fue nombrado vicepresidente de Caja Madrid. Resultó condenado por el uso de 'tarjetas black' en la caja que dio lugar a Bankia. También fue nombrado vocal el magistrado Miguel Rodríguez-Piñero, expresidente del Tribunal Constitucional.
Según la legislación vigente sobre fundaciones, los cargos de vocales de un patronato son gratuitos. Los patronos no cobran un salario, pero sí que pueden percibir otro tipo de emolumentos en concepto de viajes, comidas, etc. Sin embargo, la Ley de Fundaciones establece que el patronato podrá fijar una retribución a aquellos patronos que presten a la fundación servicios distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, previa autorización del Protectorado [organismo público] y salvo que el fundador hubiese dispuesto lo contrario.
Marchena, patrono
En la actualidad, de aquel patronato inicial solo continúan Enrique Arnaldo, Miguel Rodríguez-Piñero y Juan Roca Guillamón, exrector de la Universidad de Murcia y expresidente de Cajamurcia. Este último formó parte de la comisión de juristas que asesoró a Mariano Rajoy en el diseño de una estrategia para el debate del proyecto de Estatuto de Catalunya en 2005, cuando estaba en la oposición.
En 2014 se incorporó al patronato de Wolters Kluwer el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Recibió la autorización del CGPJ en febrero de 2014 y ahora es el único cargo que compatibiliza con sus obligaciones jurisdiccionales. El CGPJ le advirtió al autorizarle de que no podía asesorar jurídicamente a la fundación, puesto que lo prohíbe el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Su gran amigo Jaume Matas
Entre los fines contemplados en los estatutos de la Fundación Wolters Kluwer figura el siguiente: "Con el objetivo de plantear propuestas de actuación para mejorar la organización del sistema jurídico español, de la organización judicial, las instituciones de derecho positivo y el desarrollo de las profesiones ligadas al mundo del Derecho, mediante el análisis, estudio y debate de los problemas ligados a cada uno de estos aspectos". ¿Qué podía aportar Jaume Matas para la consecución de este objetivo? En política desde 1989 al lado de los conservadores, Matas ha estudiado Empresariales. Su inclusión en esta fundación solo se explica a través de Enrique Arnaldo, con el que había trabajado en el gobierno balear en los años previos, antes de llegar a ser condenado por corrupción.
Durante un año, entre 2010 y 2011, Arnaldo figuró como investigado y llegó a declarar en tal calidad por los presuntos delitos de malversación y cohecho por contratos amañados entre el Gobierno balear y la empresa de Arnaldo, Estudios Jurídicos y Procesales, SL. En 2004 el presidente balear, Jaume Matas, convocó un concurso mediante el procedimiento de negociación sin publicidad y se invitó a tres empresas a presentar ofertas. El concurso lo ganó la empresa de Arnaldo, lo que constituyó según el juez instructor del caso, José Castro, un fraude por estar amañado.
Años más tarde, en 2007, el presidente de Baleares encargó directamente un trabajo de asesoría a Estudios Jurídicos y Procesales, SL, por un valor de 12.000 euros. Meses después, cuando Matas perdió las elecciones, Enrique Arnaldo le contrató para aprovechar su influencia y que le abriera las puertas de Estados Unidos, donde el expresidente iba a trasladarse a vivir, contratado por el Grupo Barceló, como se desprende de la declaración del propio Enrique Arnaldo. El precio: 31.000 euros. El juez Castro consideró aquel pagó como una devolución de favores de Arnaldo a Matas. La causa contra Arnaldo en esta pieza del caso 'Palma Arena' fue finalmente archivada por prescripción a petición de la Fiscalía.
En 2007, Enrique Arnaldo era patrono de la Fundación Antonio Maura, de Baleares, hermanada con FAES, la fundación del PP. Presidida por Jaume Matas, el tesorero era Fernando Areal, cuñado de Matas y exgerente del PP de Baleares. Dentro del patronato de esta fundación hubo hasta cuatro acusados en el caso 'Palma Arena'.
Fundación Arepo
En 2011 nació la Fundación Arepo, una institución dedicada a la custodia, restauración y conservación del patrimonio de la Iglesia Católica. De nuevo, Enrique Arnaldo se sitúa en la constitución de una fundación de la que no habló a los portavoces de la Comisión de Nombramientos del Congreso. En este caso, una fundación de carácter religioso. En la Fundación Arepo comparte responsabilidades con el abogado Víctor Cortizo, "de intensa militancia en los movimientos cristianos", según declaró en 2013 a un medio de comunicación.
Los fines de esta fundación son los siguientes: la recuperación del patrimonio histórico artístico religioso español; la restauración de objetos históricos y artísticos; la formación artística de niños y jóvenes; y la difusión e investigación relacionada con el patrimonio histórico español. La entidad no cuenta con página web y la única actividad que se le conoce fue su participación en 2013 en unas jornadas de estudio e información de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia.
Fundación Ciencias de la Empresa
Ubicada en Ciudad Real, esta fundación dedicada a la impartición de cursos, entre otros, de prevención de riesgos laborales, fue constituida en 1996. Según el Registro Mercantil, continúa en activo en la actualidad. Entre sus patronos figuran dos hermanos de Manuel Marín, expresidente del Congreso de los Diputados, del PSOE.
Enrique Arnaldo ha declinado ofrecer su versión a Público.
SÁNCHEZ AFIRMA QUE TAMPOCO LE GUSTAN ALGUNOS DE LOS CANDIDATOS DEL PP A MAGISTRADOS DEL CONSTITUCIONAL
El presidente del Gobierno anuncia que a las 16:00 presentará los detalles del acuerdo marco sobre los fondos europeos entre España y la UE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado esta mañana en el Congreso que él tampoco le gusta algunos de los candidatos que el PP ha presentado a magistrados para el Tribunal Constitucional. El pleno para establecer su idoneidad ha comenzado este miércoles y se votará este jueves.
Entre los candidatos propuestos por el PP figura Enrique Arnaldo. La SER ha repasado los más de 300 artículos que este candidato ha escrito en distintos medios de comunicación desde 2008. Arnaldo se pronuncia en contra y por tanto puede resultar contaminado para decidir sobre el aborto, la eutanasia, la Memoria Histórica o el Procés.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha afirmado esta mañana en la SER que votarán a favor de la renovación de miembros del Tribunal Constitucional, incluida la candidatura de Enrique Arnaldo a propuesta del PP, aunque a su juicio, no cumple las condiciones de ejemplaridad para ocupar el cargo. Y lo hará, ha dicho, "con una pinza en la nariz".
Así, ha mencionado los "estrechos vínculos" de Arnaldo con el PP, en su opinión "más intensos" que los de Concepción Espejel, la otra candidata propuesta por el partido. También su trayectoria, "plagada de casos de corrupción y mala praxis".
En este sentido, ha afirmado que votarán a favor pero "con una pinza en la nariz", tal como señaló el diputado socialista Odón Elorza en la SER, también crítico con la idoneidad de Arnaldo. Del mismo modo ha defendido que votarán a favor del pacto porque hacerlo en contra tendría consecuencias democráticas "desastrosas" porque mantendría el 'statu quo' actual de "corrupción" de los órganos constitucionales que está "imponiendo" el PP.
Acuerdo marco sobre los fondos europeos
Durante el pleno en el Congreso, Pablo Casado ha puesto en duda que se vayan a ejecutar los fondos europeos que España va a recibir de Bruselas y ha acusado al Ejecutivo de "repartirlos a dedo", tras no aceptar la Agencia Independiente que planteó su partido. "Ya le digo que vamos a acudir al TC para cualquier tipo de discrecionalidad", ha anunciado, para criticar que el Gobierno "oculte el acuerdo con la UE para saber la condicionalidad y lo que le exigen".
Poco después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que a las 16:00 dará a conocer los detalles del acuerdo marco sobre fondos europeos entre España y la UE.
https://cadenaser.com/ser/2021/11/10/politica/1636549221_624233.html
LA FISCALÍA VINCULÓ A ARNALDO CON UN "INFORME MENDAZ" PARA "BLINDAR" A UN ALCALDE CORRUPTO
La UCO descubrió un 'email' en el que un empresario impartía instrucciones al candidato del PP al TC y a Rafael Entrena, hermano de su socio, para "dar cobertura legal" a la construcción de un millar de viviendas
La Fiscalía Provincial de Las Palmas vinculó al ahora candidato del PP al Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo con un "informe mendaz" para "dar cobertura legal" a la aprobación de la urbanización Costa Roja, en la isla de Lanzarote (Canarias), que también buscaba "blindar" la actuación del alcalde que aprobó el convenio urbanístico, que años después fue declarado ilegal. El exregidor de Yaiza José Francisco Reyes Rodríguez acabó condenado por otro caso de corrupción a una pena de cinco años y once meses de cárcel por prevaricación urbanística.
Así consta en un escrito de 14 de marzo de 2013, al que ha tenido acceso en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en el que se incluye un correo electrónico que fue descubierto tras un registro realizado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En este documento, el empresario Luis Lleó Khünell, da "las gracias por el tiempo profesional dedicado" por Enrique Arnaldo y Rafael Entrena, hermano de su socio Ramón, durante su estancia en Madrid y, "bajando al fondo de los asuntos tratados", les da instrucciones para que elaboraran un informe favorable a la construcción de la urbanización.
Pero el registro policial fue declarado nulo meses después por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que estimó el recurso que interpuso el promotor Luis Lleó Khünell, por lo que las pruebas obtenidas, entre ellas el mensaje dirigido a Arnaldo, no pudo utilizarse como prueba en la investigación judicial.
Dio instrucciones a Arnaldo
Sin embargo, en el correo electrónico se puede leer cómo el empresario trasladaba unas indicaciones a Arnaldo y al hemano de su socio sobre el contenido que debía incluir el dictamen, que pretendía servir de coartada para defender la legalidad de la urbanización Costa Roja, y por el que el Ayuntamiento de Yaiza pagó 27.000 euros a una sociedad de Entrena.
"Me piden que se haga de la siguiente manera: una hoja de encargo firmada por el redactor del dictamen y el alcalde con fecha 6 de marzo de 2007 para realizar el mismo con plazo hasta el 15 de mayo de 2007. Me piden que la hagas llegar firmada y el Ayuntamiento nos la sella y la firma el alcalde donde ponemos objeto del dictamen, plazo y precio. La fecha del encargo coincide seis días después de que el Cabildo requiera al Ayuntamiento para dar copia del expediente administrativo de la licencia urbanística", especifica el mensaje dirigido al letrado del Congreso y a Rafael Entrena.
En la misiva Lleó Khünell explica al candidato del PP al Constitucional y al hermano de su socio que su informe pericial tenía que dar "cobertura jurídica" al convenio urbanístico, pero también al propio alcalde, "ante los informes técnico y jurídico (parcos) obrantes en el expediente", especifica el correo, que finaliza: "Se aprovecharía para justificar legalmente la aportación a posteriori del escrito solicitud del informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de Lanzarote que se presentará el lunes que viene tras vencer el plazo para comienzo de las obras y de ejecución de las mismas".
Vocal del CGPJ
Finalmente, el empresario, que acabó condenado por corrupción en el caso Unión, pedía en el 'email' dirigido a Entrena y Arnaldo, ya que este último había sido hasta 2001 vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que realizaran gestiones en relación a una querella que había recaído ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Arrecife contra tres funcionarios del Ayuntamiento de Yaiza, municipio en el que pretendía construir el millar de viviendas: "Sería muy interesante hacer gestión personal con preparador o entorno del magistrado-juez al ser el primer destino como magistrado y está bastante perdido, lleva una semana en el Juzgado al objeto de lograr que en cuanto menos hasta después de las elecciones no haya sobresaltos con este asunto penal, inclusive solicitar, al tratarse el querellante de persona física, don Carlos Espino Angulo, una fianza razonable".
El hermano del socio de Arnaldo contestó que no estaba de acuerdo con el 'modus operandi' sugerido por el empresario, porque "podía complicar más las cosas". Sin embargo, la Fiscalía constató que las indicaciones de Lleó Khünell, que según apunta tendrían su origen en el entorno del alcalde de Yaiza, sí se plasmaron en el informe pericial, que según el Ministerio Fiscal era "una farsa", porque desoía "a sabiendas la normativa" e inducía "a los responsables municipales directamente a no poner traba alguna al proyecto, cumpliendo con las instrucciones dadas por Luis Lleó Khünell", destaca el fiscal, que llega a calificar la actuación del catedrático Entrena como una "delictiva maniobra jurídica".
"Infringía clamorosamente la normativa"
La promoción urbanística, prosigue el informe del ministerio público, "infringía clamorosamente la normativa urbanística aplicable, además, desde varios puntos de vista o parámetros urbanísticos (y no solo el PIOT, sino también el propio PGOU de Yaiza), pero el principal era que no había instrumento de planeamiento que permitiera autorizar dicho proyecto". Y por eso la Fiscalía consideraba que el catedrático Entrena y el empresario Luis Lleó Khünell habían actuado como "inductores directos de la actuación del alcalde" con la intención de "dar cobertura legal y blindar penalmente exclusivamente a una persona, el alcalde José Francisco Reyes Rodríguez".
Por todo ello, el ministerio fiscal pedía la imputación de Rafael Entrena, que había sido objeto a dedo de un contrato público de 27.000 euros, "cuando el límite de la contratación menor se fijaba en los 12.000 euros, cantidad que es sobrepasada en el presente caso, sin que exista el menor indicio para pensar que dicha contratación se efectuara correctamente, sino de forma directa y plenamente arbitraria, incurriendo todos los intervinientes en un presunto delito de prevaricación, a título de autores directos, cooperadores necesarios e inductores, en relación con un delito de fraude a la Administración", determina el fiscal, que también le imputaba, en calidad de cooperador necesario, un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Condenado, pero evitó la cárcel
Trece años después de las componendas con Entrena y Arnaldo, Lleó Khünell y el intermediario Fernando Becerra lograron eludir la cárcel tras pactar con la Fiscalía unas condenas de un año y cinco meses de cárcel y 150.000 euros de multa, en el caso de Lleó Khünell, y de un año y multa de 100.000 euros en el de su socio, tras confesarse culpables del soborno que destapó el "caso Unión". Se trataba de una de las causas de corrupción más importantes instruidas en Canarias en los últimos años, tal y como destacó Efe en noviembre de 2019, cuando se conoció la resolución judicial.
Lograron esta sentencia rebajada tras reconocer que trataron de comprar al consejero del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino (PSOE) para que desbloqueara la operación urbanística investigada, valorada en 69 millones de euros. Se trataba de construir más de un millar de viviendas en la urbanización Costa Roja, en el paraje de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.
Inicialmente, la Fiscalía pedía para el promotor inmobiliario Luis Lleó Khünell una pena de seis años de cárcel y otra menos severa, de un año y seis meses, para su intermediario Fernando Becerra. Le acusaba de haber ideado un plan para recuperar las pérdidas millonarias que le había ocasionado la impugnación por parte del Cabildo de Lanzarote de la licencia que le había otorgado en 2006 por el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes Rodríguez, condenado igualmente en varios procesos por corrupción, para hacer una macrourbanización.
https://www.epe.es/es/politica/20211111/fiscalia-vinculo-arnaldo-informe-mendaz-12832081
EL VOTO A ENRIQUE ARNALDO PARA EL CONSTITUCIONAL PONE A PRUEBA A LA IZQUIERDA EN EL CONGRESO
Diputados del PSOE y Podemos ratificarán “con la nariz tapada” al candidato del PP. Los populares replican que el Gobierno nombró fiscal general a la exministra Delgado
El letrado del Congreso y candidato propuesto por el PP para el Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, la semana pasada en una comisión de la Cámara baja.
El perfil ideológico y profesional plagado de incompatibilidades de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para las cuatro vacantes pendientes en el Tribunal Constitucional, ha puesto en un auténtico brete político a los dos grandes partidos de la izquierda en España: el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno.
La votación de mañana en el pleno del Congreso de los Diputados para refrendar a los cuatro aspirantes —Arnaldo y Concepción Espejel por el PP, y Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, la propuesta de los dos partidos aliados en el Ejecutivo— obligará a los diputados a pronunciarse. El voto será individual, secreto y telemático. Las direcciones de los grupos parlamentarios del PP, el PSOE y Podemos aseguran que el pacto “de la nariz tapada”, en expresión utilizada este martes por el diputado socialista Odón Elorza, se cumplirá, y los cuatro candidatos negociados serán refrendados. Esos tres grupos suman 243 escaños y se necesitan 210 para culminar la operación.
En el debate del pleno del Congreso de este jueves no intervendrán ni el socialista Odón Elorza ni el parlamentario de Unidas Podemos Txema Guijarro, quienes sí lo hicieron la semana pasada en el paso previo para convalidar esas propuestas en la Comisión de Nombramientos. Y no será por casualidad. En aquella sesión el portavoz socialista en el debate, Odón Elorza, se mostró extremadamente crítico con la trayectoria política y profesional de Arnaldo.
Elorza recuperó 331 artículos y autoentrevistas de Arnaldo publicadas en el medio digital El Imparcial contra el actual Ejecutivo y contra el del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. También recordó las más de 150 participaciones del aspirante en foros y debates organizados por FAES, la principal fundación de los populares, que preside José María Aznar, y sus labores de asesoramiento retribuido en diversas administraciones públicas, algo que está literalmente prohibido en el artículo 62.k del Estatuto que regula, entre otras, las incompatibilidades de los letrados del Congreso. Arnaldo aprobó la oposición de letrado de las Cortes en 1986, pero al menos desde 2002 solicitó la dedicación a tiempo parcial para poder impartir clases tanto en universidades públicas (la Rey Juan Carlos) como privadas (la Cardenal Cisneros). También lo hizo para trabajar en asesoría jurídica, para lo que fue contratado por gobiernos autonómicos y municipales, fundamentalmente de la formación conservadora, a través de dos bufetes de los que es socio: Estudios Jurídicos y Procesales y Estudio Jurídico Balbuena, donde empleó a su hijo.
En la comisión de la semana pasada, Elorza quiso evidenciar que el aspirante del PP levantaba unas “expectativas razonables de existencia de perturbaciones externas para hacer con honestidad su trabajo”. Y concluyó sobre lo que considera falta de idoneidad del candidato para el cargo: “Tengo la percepción de que le puede resultar difícil ser independiente e imparcial”. Elorza apoyó al final, como hizo su grupo, y también Unidas Podemos y el PP, ratificar en bloque con voto público y ponderado a los cuatro candidatos negociados en secreto entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general popular, Teodoro García Egea.
La presidencia de la comisión constató así que la iniciativa había sido respaldada por 242 síes, 12 abstenciones y ningún voto en contra. Pero en la votación no participaron muchos grupos parlamentarios y varios diputados se ausentaron para no avalar con su presencia lo que tildaron de “teatrillo” y “paripé” del bipartidismo.
Elorza ya no intervendrá como portavoz en el pleno de este jueves, ni tampoco lo hará Guijarro, de Podemos. La dirección del PSOE asegura que no se le ha apartado y que su portavoz en ese tipo de sesiones es el máximo responsable del grupo, en este caso Héctor Gómez, que mañana delegará la posición en Francisco Aranda, que normalmente es portavoz en la comisión de Justicia. Elorza reconoció este martes en una entrevista en la Cadena SER que su intervención crítica de la semana pasada no ha sido considerada “conveniente” por su partido, reveló que así se lo habían hecho saber y criticó que no ve lógico haber sido relevado.
Y remachó una opinión personal sobre el candidato del PP que asegura que comparten otros parlamentarios de izquierdas en la Cámara: “Arnaldo no reúne las condiciones de ejemplaridad. Muchos votarán o votaremos con una pinza en la nariz”. Elorza emplazó además a sus compañeros de bancada a dejarse notar en ese sentido en el pleno: “Hay un ejercicio de responsabilidad el jueves. Veremos en qué medida se puede cumplir como diputado y atender las responsabilidades para que las instituciones funcionen correctamente y en otro lado seguir la disciplina del partido”.
Un “mal menor”
Fuentes de la dirección de Unidas Podemos tampoco se muestran satisfechas con cómo se fraguó el pacto del Constitucional entre Bolaños y Egea, pero lo aceptaron como “un mal menor” para posibilitar la renovación del alto tribunal y no encallar de nuevo los contactos discretos en marcha para desbloquear el veto del PP para renovar los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Esa actitud pragmática, no exenta de malestar por el tipo de aspirantes impuestos por los populares en la negociación para el Constitucional, es la que expresó desde la mesa de portavoz oficial del Consejo de Ministros la ministra Isabel Rodríguez. Al igual que hicieron otros dirigentes socialistas. El portavoz hasta la semana pasada de Unidas Podemos, Txema Guijarro, se sujetó todo lo que pudo a esa máxima para no expresar su parecer sobre Arnaldo. En el pleno de mañana será el portavoz oficial de todo el grupo, Pablo Echenique, quien expondrá “de manera muy clara” lo que piensa Podemos.
El PP, sin embargo, no tiene ningún problema en digerir este pacto y los cuatro nombramientos. Un portavoz de su dirección señaló que cumplirán lo acordado con el PSOE y destacó, frente a las acusaciones por el perfil conservador y próximo a su partido de Arnaldo, que el Gobierno nombró fiscal general del Estado a la exministra de Justicia Dolores Delgado.
Compatibilidad de los letrados del Congreso
Las compatibilidades de los letrados del Congreso están regladas entre el artículo 60 y el 67 del Estatuto del Personal de las Cortes, aprobado en 2006. El punto 62.k precisa expresamente que los trabajos de los letrados no serán compatibles con “la elaboración de informes o dictámenes para administraciones” públicas, algo que está demostrado que Enrique Arnaldo hizo, según acreditan varios sumarios judiciales. En la información oficial del portal de la transparencia de las Cortes, además, figura, aunque con sus iniciales, que E. A. A. (Enrique Arnaldo Alcubilla) pidió la compatibilidad de su puesto de “Asesor Jurídico Parlamentario” con otras tareas y ahí precisó: “Actividad Privada. Ejercicio abogacía. Actividad Pública. Docencia en Universidad”.
En los últimos años, precisamente por su condición de letrado de las Cortes a tiempo parcial, la secretaría general del Congreso y su dirección de comisiones han adscrito a Arnaldo a dos comisiones mixtas importantes, pero de poco trabajo periódico: la de Seguridad Vial (seis reuniones en todo 2020 y 10 en 2021) y la de Estudio de Problemas de las Adicciones (cinco sesiones en 2020 y otras cinco en 2021). Esas citas suelen durar cada una de media entre dos y tres horas. Los letrados a tiempo parcial ingresan unos 4.000 euros mensuales por esa labor.
LA FIJACIÓN DE ARNALDO CONTRA ZAPATERO EN VEINTE ARTÍCULOS: “SU LEGADO ES PATÉTICO EN TODOS LOS ÓRDENES”
El candidato del PP como magistrado para el Constitucional arremetió durante años contra el expresidente del Gobierno socialista
Enrique Arnaldo, candidato propuesto por el Partido Popular como magistrado del Tribunal Constitucional mediante el acuerdo con el Gobierno para la renovación de las instituciones, dedicó al menos una veintena de artículos de opinión entre 2008 y 2014, siendo letrado de las Cortes, a arremeter contra el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que abandonó La Moncloa a finales de 2011. Estas piezas publicadas en El imparcial con su firma constituyen una recopilación de ataques a Zapatero mediante sentencias de este tipo: “El legado es patético en todos los órdenes”.
Madrileño de 64 años, letrado de las Cortes y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Arnaldo lleva envuelto en la polémica desde el anuncio de su candidatura al Constitucional. Entre otros escándalos, por su implicación en los correos electrónicos incorporados en el caso Palma Arena publicados por EL PAÍS que desvelaban sus relaciones mercantiles con el Gobierno balear de Jaume Matas (PP).
Cuestionada su apariencia de imparcialidad para el cargo, el Congreso votará este jueves su nombramiento. Y lo hará de forma conjunta con los otros tres magistrados del pacto suscrito por el PP con el Ejecutivo y que tiene previsto contar con el apoyo del principal partido de la oposición, el PSOE y Podemos. En la veintena de artículos que dedicó a Zapatero, desgranó toda su aversión al expresidente socialista. Estos son algunos pasajes:
” Le vuelve loco nombrar ministros que se lleven mal”. El 17 de abril de 2008, tras las elecciones generales de marzo que ganó Zapatero dando inicio a su segunda legislatura, Enrique Arnaldo analizaba lo que a su parecer provocaba “un último placer inmenso” al entonces presidente del Gobierno. “Le vuelve loco nombrar ministros que se lleven mal entre sí, que debatan abruptamente, que se peleen, que se zancadilleen, que se contradigan en las declaraciones públicas. Así se siente más fuerte por cuanto además se convierte en árbitro, en hacedor y alfarero. Les deja que se calienten, que sus equipos intercambien notas de prensa y busquen, con nocturnidad, titulares afines. El Presidente disfruta, se ríe a mandíbula batiente. Les deja que se devoren, y él se reserva para el momento final, el oportuno: el oráculo dixit y la discusión se cierra”.
” El marido de Carla Bruni y Silvio Berlusconi le han perdonado”. En una pieza publicada el 30 de octubre de 2008, Arnaldo se mofa del anuncio del sorpasso económico a Italia que proclamó ese año el presidente. “Zapatero ha hecho saber a Sarkozy y a Berlusconi que fue un malentendido de los periodistas y que jamás ha pensado que España hubiera superado de verdad a Francia e Italia en el orden económico mundial. El marido de Carla Bruni y Silvio Berlusconi le han perdonado”.
” Rodríguez Zapatero se entiende ‘encumbrado por los brazos del destino al cielo de los héroes’ (Stefan Zweig)”. 16 de abril de 2009. Arnaldo establece paralelismos entre la huelga de hambre que inicia el entonces mandatario boliviano Evo Morales con la situación parlamentaria del presidente español. “Quizás, en fin, a Rodríguez Zapatero no le queda más remedio que imitar a Evo Morales. La matemática parlamentaria (nunca fue muy ducho en Ciencias) le es poco favorable y los tres años de legislatura que le quedan van a ser un suplicio para el leonés”. Y añade: “Rodríguez Zapatero se cree audaz y se entiende ‘encumbrado por los brazos del destino al cielo de los héroes’ (Stefan Zweig). Pero la audacia contumaz puede ser traicionera y nuestro personaje (en busca de autor) puede verse compuesto y sin suficientes novios de cara a la aprobación de los Presupuestos o de cualesquiera medidas anti-crisis o incluso de cualquier Ley relevante”.
” Se sienta por las noches ante una pantalla panorámica armado con los mandos inalámbricos de la Play jugando a los marcianitos”. Tras las elecciones europeas de 2009, el candidato propuesto por el PP como magistrado para el Constitucional glosaba el 11 de junio la baja participación y la inacción del presidente ante los problemas del país. “Los ciudadanos, sin embargo, están francamente cabreados, como lo pone de manifiesto la bajísima participación. Bueno no, los sindicatos siguen encantadísimos pues conservan sus decenas de miles de ‘liberados’ que no pegan ni sellos [...]. Para el Súper Presidente es más importante cambiar la ley del aborto que las reformas sustantivas de la Seguridad Social, del sistema tributario o del régimen financiero. No se mueve un ápice de su ultra conservadurismo social. Las cuentas públicas y las privadas se deterioran cada día más y sigue haciendo oídos sordos. Se sienta por las noches ante una pantalla panorámica armado con los mandos inalámbricos de la Play jugando a los marcianitos, mientras se desangran las empresas españolas, incapaces de vislumbrar una medida, aunque sea pequeña, de reactivación real de la economía”.
” Que resuciten Los Reyes Católicos. Ha nacido su sucesor”. Culto a la personalidad del líder: bombo y autobombo de Zapatero. Era el título de la columna de Arnaldo en El imparcial el 23 de julio de 2009. “Que resuciten los Reyes Católicos, George Washington, Garibaldi y Vittorio Emanuele. Ha nacido su sucesor. Nuestro Presidente se ha proclamado ‘vertebrador de España’, tras el acuerdo de financiación autonómica que pone a disposición de Cataluña la tercera parte del fondo extraordinario”.
” El legado es patético en todos los órdenes”. Tras la derrota de Zapatero en los comicios de noviembre de 2011, Arnaldo escribió el 29 de diciembre: “Sutilezas aparte, lo que queda es el legado y éste es patético en todos los órdenes: la economía en la UVI, el desempleo rompiendo récords negativos, la caja de la Seguridad Social ‘saltada’, la imagen exterior por los suelos, el sistema autonómico haciendo aguas, el reparto competencial repleto de duplicidades, las instituciones en el máximo nivel de desprestigio, y no sigo para no acrecentar la depresión de final de año”.
ODÓN ELORZA: “ARNALDO NO REÚNE LAS CONDICIONES DE EJEMPLARIDAD. MUCHOS VOTARÁN CON UNA PINZA EN LA NARIZ”
El diputado socialista ha sido apartado del pleno que llevará al candidato al Constitucional: “Me han hecho llegar que quizás fui demasiado crítico”
El diputado socialista Odón Elorza, crítico con el nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional, ha vuelto a poner en duda la idoneidad del jurista para el puesto, a la vez que ha cargado contra la decisión de su partido. “Arnaldo no reúne las condiciones de ejemplaridad. Muchos votarán o votaremos con una pinza en la nariz”, ha indicado Elorza este martes en la Cadena SER, en referencia a la votación que albergará el Congreso el próximo jueves.
La renovación del Constitucional pactada entre PSOE y PP, que incluye el nombramiento de Arnaldo, un jurista próximo a la formación conservadora, será ratificada el jueves por el pleno del Congreso en una votación telemática, individual y secreta de todos los diputados. “Hay un ejercicio de responsabilidad el jueves. Veremos en qué medida se puede cumplir como diputado y atender las responsabilidades para que las instituciones funcionen correctamente y en otro lado seguir la disciplina del partido”, intenta conjugar Elorza el sentido de su voto. En la comisión de nombramientos previa, el pasado martes, Elorza fue extremadamente crítico con la idoneidad de Arnaldo por sus múltiples negocios vinculados a administraciones gobernadas por el PP.
La intervención del diputado en la comisión del Congreso no ha gustado en las filas socialistas. “Por lo menos ha sido no conveniente. Quizás he sido demasiado crítico en la intervención. Me lo han hecho llegar”, ha explicado Elorza este martes. El diputado ha sido sustituido como portavoz en el pleno para la sesión del jueves por el también diputado socialista Francisco Aranda Vargas, que fue aquel día su segundo y apenas intervino en la comisión. “No intervengo como portavoz. No hay ninguna explicación. La notificación ha consistido en que en el orden del día se incluye los nombres de quienes van a intervenir en cada punto. No figuro. Pensaba que sí figuraría, parecía lógico”, ha reflexionado Elorza.
La imparcialidad del candidato al Constitucional sigue sin convencer al diputado socialista: “Su nivel de independencia, por sus vínculos con FAES [la fundación encabezada por José María Aznar y que marca la línea de pensamiento más dura de los populares] y el nivel de exposición de sus posiciones políticas le inhabilitan para ser un candidato ejemplar, digno de ser magistrado del Tribunal Constitucional”.
Elorza contempla, no obstante, que el Gobierno “paga un precio” para acabar con una situación de bloqueo en el tribunal, cuyo mandato está caducado desde el 4 de diciembre de 2018. “Se paga un precio en este caso. No ha conseguido que tenga la dignidad suficiente para un puesto que se cubre para nueve años. Hay que poner en la balanza si realmente este es el precio que se puede asumir, o nos arriesgamos a continuar con una situación de bloqueo durante más tiempo”, ha reflexionado Elorza, que tampoco aprueba la presentación del candidato por parte de la oposición: “No sé cómo han ido las conversaciones, pero comprendo que el Gobierno ha tenido que ceder en este caso. Se hizo un trágala, porque el PP no ha tenido la dignidad de presentar un candidato diferente a la vista del rechazo”.
Con 17 preguntas retóricas, Elorza reflejó en su intervención el polémico perfil ideológico de Arnaldo. El diputado socialista cuestionó la “percepción de imparcialidad” del experto en Derecho electoral y veterano exletrado de las Cortes, lo que no ha impedido que el PSOE respalde su nombramiento. El resto de oradores criticaron la proximidad del candidato a los populares, extremo que Arnaldo rechazó en su defensa. ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT y Más País no acudieron a la comisión en señal de protesta por el pacto. Y Vox y Ciudadanos se ausentaron tras una intervención inicial en la que deploraron lo que entienden como un reparto de puestos entre los dos grandes partidos.
ARNALDO, EL IDÓNEO: LO QUE EL CANDIDATO DEL PP AL CONSTITUCIONAL PIENSA SOBRE EL ABORTO O LA MEMORIA HISTÓRICA
La SER repasa los más de 300 artículos que el candidato del PP al Tribunal Constitucional ha escrito en distintos medios de comunicación desde 2008. Enrique Arnaldo se pronuncia en contra y por tanto puede resultar contaminado para decidir sobre el aborto, la eutanasia, la Memoria Histórica o el Procés
Descalificó a los sindicatos o a los gobiernos de izquierda, ridiculizó a Zapatero, relativizó las confesiones de Bárcenas y cargó con dureza contra la "partitocracia" para los nombramientos en el CGPJ y el TC, sistema del que ahora se beneficia y que le supondrá un ingreso de 133.623 euros anuales
El jurista Enrique Arnaldo, uno de los candidatos del Partido Popular para ser magistrado del Tribunal Constitucional para los próximos 9 años, cuya designación será refrendada por el Congreso, previsiblemente, en el pleno de este jueves, ha escrito desde 2008 más de 300 artículos de opinión, la mayoría de ellos en el digital conservador El Imparcial, en los que se ha pronunciado en contra de un amplio abanico de asuntos que son o pueden ser objeto de recurso ante el Constitucional, por lo que puede resultar contaminado y ser recusado para dictaminar al respecto.
La ley de plazos del aborto es objeto de crítica recurrente en sus escritos. Ya el 27 de noviembre de 2008 censuró que con la ampliación de los tres supuestos de interrupción del embarazo o el “reconocimiento de la eutanasia” activa, “se violenten algunos principios o alguna jurisprudencia por el camino”.
En otro artículo titulado ‘Mejor olvidar que reñir’, se opuso el 3 de septiembre de 2009 en el mismo diario a la Ley de la Memoria Histórica y a desenterrar cadáveres de las fosas comunes del franquismo.
Arnaldo y la "Generalidad" de Catalunya
Respecto a Catalunya, a cuyo gobierno se refiere con el castellanizado apelativo de la “Generalidad” copiado después por la ultraderecha, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, reprochando a sus dirigentes a cuenta del Procés independentista la “sostenida, constante, manifiesta, negligente y contumaz actuación de la comunidad autónoma de Cataluña de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales al declararse, sin más, zona exenta de la Constitución, al rebelarse contra la supremacía de ésta y sustituirla por su voluntad desnuda” (El Independiente, 21/10/17).
El "busto parlante" Zapatero y la "ayudita" el 11-M
Arnaldo fue extraordinariamente crítico con la izquierda o los sindicatos en sus artículos entre 2008 y 2011, coincidiendo con la segunda legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para quien acuñó en varios artículos la expresión “busto parlante”. Del expresidente añadió que “su mérito, su gran mérito, fue ganar aquellas elecciones con alguna ayudita” en coincidencia con el manido discurso de las posiciones más conservadoras en el PP, que sostenían que la victoria de Zapatero en 2004 fue producto del atentado del 11-M.
Cuestionó además la legitimidad democrática de los acuerdos de aquella legislatura que arrancó en 2008 porque los 169 diputados del grupo Socialista no eran suficientes y tuvo que apoyarse en ERC, Nafarroa Bai o el BNG al escribir “todo suma, pero no todos los sumandos son iguales. La legalidad de la suma no comporta la legitimidad del resultado desde el punto de vista del respeto de la voluntad del electorado expresado en las urnas”.
Liberados sindicales que "no pegan ni sellos"
Respecto a los sindicatos, de nuevo al unísono con las campañas de descrédito de parte de la derecha en 2008, escribió que “siguen encantadísimos pues conservan sus decenas de miles de "liberados que no pegan ni sellos". Añadió que estas organizaciones, básicas en la transformación de España desde antes de la Transición, vivían “tranquilos” e “imbuidos en la autocomplacencia”, y les afeó que “se desentienden de las soluciones económico-laborales para salir de la crisis”. Sentenció que la frase “¡Que todo siga igual!” era “su lema”.
Rechaza el cambio climático
Enrique Arnaldo, quien también se refirió en 2017 al gobierno de Manuela Carmena en la capital de España de forma despectiva como “el Madrid podemita” (reproches por ideología que no muestra hacia los distintos ejecutivos conservadores), cuestiona además en varias ocasiones la crisis climática y se mofa ante el problema, como cuando el 5 de febrero de 2009 relató en el Imparcial que “desde que Al Gore anunció el calentamiento global del planeta no deja de nevar, llover y bajar la temperatura”.
Relativiza la caja b del PP y critica a la UDEF
El candidato del PP al Constitucional también se pronunció en 2013 sobre los papeles de Bárcenas y aquello que apuntaban esos documentos, que no era otra cosa que la existencia de una caja b en el partido, considerada probada ya por tres tribunales y cuya existencia es firme después de la sentencia del Supremo. El 18 de julio de 2013, después de la confesión del extesorero, intentó minimizar el alcance de sus revelaciones al recurrir al argumento de que todos los partidos son iguales cuando aseguró que “con toda seguridad debe de haber en otros partidos quienes hagan el mismo trabajo, pero a él le han pillado y al que era su partido presuntamente también”. El 7 de febrero de aquel mismo año se unió al deporte nacional del PP aquellas fechas, que era el ataque al inspector Morocho, firmante de la mayoría de los informes de la UDEF incriminatorios contra la formación conservadora (avalados con posterioridad por la justicia en sentencia), al decir que “mientras tanto, los de la UDEF siguen hinchándose a hacer informes, incluso algunos repetidos (…) Nadie ha explicado muy bien de quién dependen y a quién dan cuenta. Ya hay quienes sostienen que el responsable que debería enterarse de algo en realidad ni sabe ni quiere saber o quizás se ha puesto de canto”.
El "obsceno" reparto de cuotas para el TC del que ahora se beneficia
Pero con todo, llaman la atención sus críticas a la fórmula de elección, mediante el parlamento, de vocales del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Un sistema que ahora le beneficia, al que no ha renunciado cuando ha sido propuesto por el Partido Popular, y que le supondrá si es designado magistrado del Tribunal de Garantías, unos ingresos mínimos de 133.623 euros: 46.000 euros más que el presidente del Gobierno.
Al respecto, el 19 de agosto de 2008, de nuevo en el Imparcial, escribió que “los partidos políticos, férreas entidades disciplinadas, se han adueñado de todas las instituciones que manejan a su práctico antojo”. El “desparpajo en el reparto de las cuotas [para el CGPJ y el TC] es descarado, obsceno. Las resoluciones de los órganos institucionales se convierten, necesariamente, en previsibles pues sus componentes no se permiten defraudar a quienes les propusieron”. Y Arnaldo añadió “el círculo está herméticamente cerrado, sin fuga posible. El monstruo institucional está tan afianzado, tan hormigueado a satisfacción de la partitocracia, que los llamamientos reformadores suenan, poco más o menos, a oráculos de otra galaxia”.
Pero aquel ataque al método de nombramiento para el TC y el CGPJ no fue un calentón, porque de nuevo el 2 de octubre de 2008 insistió en que la fórmula escenificaba el “reparto de las cuotas de poder en los órganos que deben estar al margen del dominio de los partidos. Cuando se produzca la renovación, es decir, la elección de los nuevos miembros de esos órganos, volveremos a ver quiénes son de cada uno; tendrán su etiqueta partidaria y llegaremos fácilmente a vislumbrar qué va a votar cada uno. Ningún avance en la independencia, sino que se certifica una mayor dependencia partidaria. ¿Es esto lo que queremos?, volveremos a llorar amargamente, pero el deterioro y descrédito institucionales alcanzan, y alcanzarán aún más, un nivel de insostenibilidad insoportable”.
Profético Arnaldo
El cuestionado candidato del PP al TC remataba aquel artículo con una frase no exenta de tintes proféticos al asegurar que “el Parlamento no es un órgano purificador, no es el agua cristalina que lava todas las inmundicias del proceso de designación de personas”. Proceso en el que Arnaldo se encuentra inmerso, y que además de estas reflexiones, se ve salpicado por sus negocios millonarios con el PP siendo abogado, con contratos que cuestionan la veracidad de lo expuesto por el afectado en su currículum a la Cámara Baja, que negoció con el testaferro de Zaplana, o que incumplió el Estatuto del Congreso y la Ley de Universidades, además de haber resultado imputado en el caso Palma Arena o ser grabado en el sumario de la Operación Lezo anunciando al principal imputado, el expresidente madrileño Ignacio González, que se estaba “moviendo” para colocar a un “buen” fiscal.
https://cadenaser.com/ser/2021/11/10/tribunales/1636503573_161559.html
ARNALDO ELABORÓ UN RECURSO ANTE LA JUNTA ELECTORAL QUE EL PP PRESENTÓ COMO SUYO
Un correo electrónico muestra que el candidato del PP al TC entregó un escrito a la televisión de Matas que trataba de impedir que Interior promoviera el voto en el referéndum del Estatut
La Junta Electoral Central rechazó el recurso difundido por Enrique Arnaldo y permitió que el Gobierno de Zapatero prosiguiera con sus campañas para informar a los electores catalanes
El candidato del PP al Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo elaboró un escrito para el Ente Público de Radio Televisión de Illes Balears, cuya Comunidad presidía Jaume Matas (PP), que después el propio canal autonómico presentó como suyo ante la Junta Electoral Central (JEC), según consta en la documentación del caso Palma Arena, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
"Siguiendo instrucciones de D. Enrique Arnaldo Alcubilla, adjunto le remitimos documento para que le sea entregado a Doña María Umbert", reza un correo electrónico enviado el lunes 22 de mayo de 2006 por una trabajadora del despacho Estudios Jurídicos y Procesales (EJP) -del que es socio el candidato del PP al Constitucional-, a una empleada de la televisión balear, en cuyo asunto del mensaje se especifica: "Para entregar urgente a Doña María Umbert", quien en esa fecha era directora general del Ente Público Radiotelevisión de Illes Balears.
El documento, que se refiere al "Expediente (415/67)", es un escrito de tres hojas a modo de recurso dirigido a la Junta Electoral Central (JEC), con fecha de 22 de mayo de 2006, mediante el cual la directora general del Ente Público balear trata de frenar "las campañas informativas elaboradas por el Ministerio del Interior destinadas a facilitar el conocimiento por los electores de determinados procedimientos relacionados con el ejercicio del derecho al voto en el referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña".
La administradora del despacho de Arnaldo declaró que pagaban comisiones a Matas
En mayo de 2006 el Ministerio del Interior, cuyo titular era el socialista Alfredo Pérez Rubalbaca (PSOE), había iniciado una campaña para promover el voto popular en el referéndum celebrado el 18 de junio de ese mismo año sobre la entrada en vigor del Estatut de Cataluña. Pero esta votación popular fue rechazada por el PP, que acabó recurriendo con éxito al Tribunal Constitucional para limitar la norma autonómica.
Por eso este escrito facilitado a la televisión pública de la Comunidad de Jaume Matas por Enrique Arnaldo, que ejerció durante una década como letrado del Congreso adscrito a la Junta Electoral Central (JEC), defendía en nombre de la directora de la televisión balear que en virtud del artículo 50.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) "no cabe que por el Ministerio del Interior se promueva la difusión de espacios informativos sobre determinados aspectos referidos al procedimiento de votación en el referéndum".
También rechazaba que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero promoviera la votación al considerar, según consta en el recurso, que solo podía realizar la campaña institucional informativa sobre el referéndum "el poder público que en virtud de su competencia legal lo haya convocado. Dicho poder público es la Generalidad de Cataluña y no el Gobierno de la Nación", zanjaba de forma literal el escrito.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CATALANES
El documento difundido por Arnaldo consideraba, por tanto, que la difusión de la publicidad institucional se debería circunscribir a los medios de comunicación "del ámbito territorial del proceso electoral convocado, que es el de la Comunidad Autónoma de Cataluña", en referencia a TV3 y otros medios de comunicación catalanes, pero no en RTVE.
Pero el recurso facilitado por Enrique Arnaldo, cuyo despacho cobraba una cantidad fija de alrededor de 2.100 euros por asesorar jurídicamente al Ente Público de la Radiotelevisión de Baleares, no logró su objetivo. La Junta Electoral Central rechazó impedir que el Ministerio del Interior promoviera el referéndum del Estatut, tal y como consta en el expediente 415/67, que se puede consultar en la web de este organismo.
La JEC se reunió en una sesión que tuvo lugar el 24 de mayo de 2006, dos días después de que el candidato del PP al Constitucional enviara el expediente 415/67 de forma "urgente" a la televisión de Jaume Matas, y concluyó que "el Ministerio del Interior puede llevar a cabo la campaña de información sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámites para el voto por correo así como sobre los períodos de exposición del censo y reclamaciones sobre el mismo, campaña que estarán obligados a emitir los medios de comunicación de RTVE y los de titularidad pública de Cataluña, con exclusión de las emisoras de radiodifusión sonora de titularidad municipal", especifica el acuerdo.
https://www.epe.es/es/politica/20211110/arnaldo-elaboro-recurso-junta-electoral-12811469
LAS RELACIONES DE ARNALDO CON CORRUPTOS QUE HACEN INASUMIBLE SU LLEGADA AL TC
Enrique Arnaldo apareció en las grabaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso Lezo' sobre la corrupción en el seno de la Comunidad de Madrid
Concepción Espejel fue apartada del tribunal de la Época I del 'caso Gürtel' por sus vínculos con el Partido Popular, que defiende que ha paralizado la renovación del CGPJ para despolitizar la Justicia
La elección de los dos magistrados propuestos por el PP para el Tribunal Constitucional aparece ensombrecida por sus presuntos vínculos con la corrupción y la politización de la Justicia, una de las lacras que la formación conservadora asegura querer combatir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, el nombre del catedrático Enrique Arnaldo se ha visto envuelto en varios episodios que hacen inasumible su llegada al TC.
MANIOBRAS EN LA FISCALÍA
Como ya avanzó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Arnaldo apareció en las grabaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso Lezo' sobre la corrupción en el seno de la Comunidad de Madrid. Este jurista, que no fue imputado, mantuvo una conversación con el presunto cabecilla de la trama corrupta, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en la que aludía a supuestas maniobras en la Fiscalía: "Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno", llega a asegurar Arnaldo a González, en referencia a la salida de Consuelo Madrigal de la Fiscalía General del Estado.
Ignacio González estaba imputado en el 'caso del ático' de Estepona, y estaba preocupado por saber quién sería el máximo responsable del Ministerio Público y Arnaldo le dio información al respecto.
PALMA ARENA
Si bien no estuvo imputado en el caso Lezo, sí lo estuvo en el caso Palma Arena. Entre las investigaciones sobre esta trama se encuentra un proyecto empresarial que ofreció en junio de 2008 al entonces presidente balear Jaume Matas. Dicho proyecto estaba relacionado con el biodiésel y pertenecía a un cuñado suyo, "notario para más señas" pero con el que éste no podía seguir adelante.
"Parece ser que se vende barato y que si se tiene pulmón financiero cabe ganar mucho dinero", afirma el letrado de las Cortes y catedrático de Derecho Constitucional en un correo electrónico que obra en uno de los tomos del 'caso Palma Arena' al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La parte de las investigaciones referidas al despacho profesional del candidato al TC y su relaciones comerciales con el exministro fueron finalmente archivadas.
PAGO DE COMISIONES A MATAS
Dentro del mismo caso Palma Arena, Arnaldo fue señalado por la administradora solidaria de su despacho de abogados, Mercedes González de Estrada Álvarez-Montalvo, que declaró al juez José Castro que el bufete pagó al expresidente de Islas Baleares Jaume Matas "comisiones por las operaciones en las que intervenía cuyo porcentaje variaba en función de la importancia de la operación pero que podía llegar hasta una tercera parte del beneficio que en cada operación obtenía Estudios Jurídicos y Procesales".
Fruto de una de estas operaciones, siempre según el testimonio de la administradora de la firma Estudios Jurídicos y Procesales, entre cuyos socios está Arnaldo, Matas cobró 8.000 euros por la compra de unos terrenos en Panamá por parte de un inversor, cuyo nombre nunca le comunicó el ahora candidato del PP al Constitucional a la administradora, y que fueron ingresados en una cuenta corriente a nombre de la empresa Aremas LLC, que había sido creada en Estados Unidos.
Sin embargo, en su declaración Arnaldo rechazó la explicación que previamente había dado su socia ante el juez Castro, y defendió que Matas no había cobrado ninguna comisión: "Y si la señora González ha dicho eso es porque no está informada debidamente", espetó al magistrado el ahora candidato del PP al Tribunal Constitucional.
OPERACIÓN INMOBILIARIA EN BELICE
En su declaración ante el juez, Arnaldo afirmó haber pagado a Matas por encargos que incluyeron la venta de un solar de 14.000 hectáreas en Belice, considerado hasta 2019 un paraíso fiscal. Los terrenos eran propiedad del empresario almeriense Francisco Lirola, según consta en la declaración como investigado. En su relato, aseguró que el expresidente de Islas Baleares, que ha sido condenado por corrupción a más de tres años de cárcel, también se ocupó de la venta de una planta de biodiésel en Galicia y de complejos hoteleros en Panamá, Brasil y Uruguay, todos ellos "de gran entidad y valor".
Matas también habría intervenido, siempre según el testimonio de Arnaldo ante el magistrado, en proyectos hoteleros en Estados Unidos y el Caribe que habrían sido ofrecidos entre otros al empresario canario Santana Cazorla. Y la intervención de Matas, prosigue, le permitió ofrecer a sus clientes servicios complementarios.
562 SERVICIOS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Arnaldo también llegó a reconocer ante el juez que su empresa Estudios Jurídicos y Procesales SL llevó a cabo 562 servicios profesionales entre 2002 Y 2009 a decenas de administraciones públicas, según costa en un escrito de 21 de abril de 2010. En concreto, según el documento, realizó cinco trabajos para la Administración Central del Estado, 83 para diferentes comunidades autónomas sin especificar; 15 para la Diputación Foral de Álava, dos para el Cabildo Insular de Gran Canaria; dos para el de Lanzarote, uno para la Associació Catalana de Municipis i Comarques; y 434 para diferentes consistorios, que tampoco están identificados.
También elaboró estudios, análisis y proyectos para 19 instituciones, fundaciones o empresas públicas, como por ejemplo el Ente Público Radio Televisión de Baleares, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la Empresa Pública Radiotelevisión de la Región de Murcia, la Televisión del Principado de Asturias SAU, Telecanarias, Televisión Española, el Instituto Diversificación y Desarrollo de la Energía (IDEA), el instituto del transporte INECO, Aena, Centros Logísticos Aeroportuarios, Sepes, Gestió d'Infraestructures SA, la Universidad Rey Juan Carlos, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas-Escuela Superior de Arquitectura de la UPM, la Unión Profesional, la Cámara de Comercio de Madrid-Fundación ICO, las fundaciones de la Complutense de Madrid, Hogar del Empleado, Investigación y Desarrollo Ambiental y Ciencias Farmacéuticas y de la Naturaleza.
MANIOBRAS PARA COLOCAR A MATAS EN LA UNIVERSIDAD
El candidato del PP al TC también maniobró con el futuro presidente del Tribunal Constitucional, que según todas las previsiones será el magistrado Pedro González-Trevijano, para facilitar "algún vínculo académico" al expresidente balear Jaume Matas. Así se acredita en una carta que firmó en 2010, cuando Arnaldo y Matas ya estaban siendo investigados en el 'caso Palma Arena'.
Concretamente, González-Trevijano escribió una carta a Arnaldo el 8 de abril de 2010, -una fecha en la que el que el candidato a renovar el TC había sido ya imputado en la causa abierta en Baleares por sus relaciones profesionales con el Gobierno de Matas- cuyo objetivo fue dejar constancia de un almuerzo celebrado tres años antes en la sede de la propia Fundación de la Universidad Juan Carlos I en la que el expresidente balear les expuso sus proyectos de futuro, su deseo de conseguir alguna ocupación en la universidad y reveló también que iba a vincularse profesionalmente al despacho del propio Arnaldo.
COBRÓ POR MONITORIZAR LEYES SIENDO FUNCIONARIO
Del sumario del caso Palma Arena también se extrae que el candidato del PP al Tribunal Constitucional facilitó siendo letrado de la Cortes Generales documentos e información a la Televisión Pública de Baleares (iB3), que le había contratado durante la presidencia de Jaume Matas (PP), acerca de la tramitación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en el Congreso de los Diputados.
En concreto, en un correo electrónico de 31 de mayo de 2006, días antes de que se aprobara el 7 de julio la mencionada norma en la Cámara Baja, Arnaldo remitió desde una cuenta de Estudios Jurídicos y Procesales (EJP) un mensaje a la directora de la Asesoría Jurídica del Ente Público de la Radiotelevisión de Islas Baleares, Lara Alonso, en el que adjuntaba el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual: "Al respecto decirte que las enmiendas al mismo han sido ya aprobadas por el Senado, por lo que también te mandamos el texto de presentación de enmiendas, y el texto de aprobación de las mismas", especifica el mensaje, que después recuerda: "No obstante cuando se publique el texto definitivo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales te lo haremos llegar".
https://www.epe.es/es/politica/20211109/relaciones-arnaldo-corruptos-inasumible-llegada-12802195
LA EMPRESA DE ARNALDO LOGRÓ UN CONTRATO PÚBLICO EN CUYA TRAMITACIÓN INTERVINO UN EXASESOR DIRECTO DE IGNACIO GONZÁLEZ
· Estudios Jurídicos y Procesales SL, a cuyo frente permaneció hasta hace un año el futuro magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, obtuvo en 2019 una adjudicación del Ayuntamiento de Las Rozas (PP) en cuya tramitación participó el ahora concejal de Presidencia, Gustavo Rico
· En su currículum en LinkedIn, Rico revela que fue "coordinador del gabinete" del heredero político de Esperanza Aguirre
Estudios Jurídicos y Procesales SL, a cuyo frente permaneció hasta hace un año el futuro magistrado del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP, Enrique Arnaldo, obtuvo en 2019 un contrato del Ayuntamiento de Las Rozas (PP) en cuya tramitación participó
un concejal que había sido asesor directo de Ignacio González como "coordinador del gabinete del presidente de la Comunidad de Madrid". Se trata de Gustavo Rico, ahora primer teniente de alcalde del gobierno local y que asesoró al heredero político de Esperanza Aguirre durante todo su mandato presidencial, desde octubre de 2012 hasta junio de 2015.
En noviembre de 2016, la Guardia Civil intervino una conversación telefónica en la que Arnaldo le anunciaba a Ignacio González que se estaba moviendo para conseguir que el nuevo fiscal general fuese "bueno". El ya virtual juez del tribunal de garantías, que en contra de lo que determina la legislación sobre incompatibilidades de funcionarios del Congreso fue administrador solidario en Estudios Jurídicos y Procesales a lo largo de 18 años, ya prestaba servicios al Ayuntamiento de Las Rozas desde marzo de 2015. Y aunque tanto en su currículum oficial como en su comparecencia ante el Congreso sostuvo que rompió amarras con la compañía en 2017, el contrato de Las Rozas se suma a la lista de documentos oficiales que atestiguan lo contrario. Y confirman que en 2020 seguía formando parte de ella: rubricado el 30 de marzo de ese año, el contrato señala de forma expresa que Estudios Jurídicos y Procesales viene obligada a "adscribir al contrato" a dos abogados. Uno de ellos era Enrique Arnaldo, a quien cita con su nombre y sus dos apellidos.
Concejal de Las Rozas desde las elecciones municipales de 2015, Gustavo Rico intervino en la tramitación del expediente para cuatro años más tarde adjudicar de nuevo a una empresa externa el servicio de defensa jurídica del consistorio. El concejal y antiguo "coordinador del gabinete del presidente de la Comunidad de Madrid" –así aparece en su cuenta de LinkedIn– desempeñó el puesto de "presidente suplente" en dos sesiones de la mesa que debía otorgar el contrato. Se celebraron el 8 y el 9 de agosto de 2019. ¿Por qué las presidió él y no el que tenía asignada la tarea, el entonces concejal de Hacienda? Porque este último se encontraba de vacaciones de verano, asegura el ayuntamiento.
La primera de las dos sesiones presididas por Rico fue la que abordó la "valoración de los criterios basados en juicios de valor". Es decir, la que debía medir los "criterios subjetivos" indicados en el pliego de condiciones. Estudios Jurídicos ganó ahí por goleada. Este lunes, portavoces oficiales del gobierno local remarcaron que la mesa no adoptó en esas dos sesiones "resolución alguna sobre el fondo (propuesta de adjudicación)" y que en ambos casos la votación obtuvo "la unanimidad de los miembros presentes, todos ellos funcionarios municipales salvo el presidente".
Victoria por goleada en "criterios subjetivos"
Como señala el acta de aquella sesión, la del 8 de agosto, Estudios Jurídicos obtuvo en la fase de "criterios subjetivos" 25 puntos. El siguiente bufete, 20. Y quedaron a gran distancia los otros seis que también pujaban por este lote del contrato global de defensa jurídica del municipio, la del área de lo contencioso. Su importe se cifraba en más de 100.000 euros al año frente a los alrededor de 10.000 del segundo lote (función pública) y los algo más de 25.000 del tercero (justicia penal).
La otra sesión que presidió Rico, concejal de Presidencia, tuvo lugar al día siguiente, el 9 de agosto de 2019. Su orden del día: "Apertura de criterios evaluables automáticamente". Un informe posterior incorporado al expediente atribuyó a otro de los concursantes –Despacho Lista– una oferta "anormalmente baja". Aquello benefició a Estudios Jurídicos. La mesa concluyó que en cuanto a oferta económica la más ventajosa era la suya.
El contrato se firmó el 30 de marzo por importe de 109.759 euros por año, IVA excluido, y prorrogable hasta un máximo de cinco años. Por parte del ayuntamiento lo firmó Rico. Por parte de la empresa, la otra administradora solidaria de la sociedad, cargo que también ostentó Arnaldo hasta noviembre de 2020. El concejal, detallan los portavoces municipales, también ha estampado su nombre en el contrato del lote adjudicado a otro bufete: el del área de función pública, Gaona Abogados. Y lo hará con el tercer adjudicatario –Despacho Lista, que finalmente se hizo con el lote de justicia penal–, cuyo contrato está ya "redactado, pero no firmado".
La relación entre Enrique Arnaldo e Ignacio González salió a la luz una vez se conoció que la UCO había interceptado dos conversaciones entre ambos. Ocurrió en noviembre de 2016 en el marco de las investigaciones sobre el caso Lezo, en una de cuyas piezas el político madrileño se encuentra ya en espera de juicio. En aquel momento, González ya estaba siendo investigado por la compra de un ático de lujo en Estepona, caso finalmente archivado.
Incorporadas al sumario de Lezo, la transcripción de las dos charlas telefónicas revela que
Arnaldo le dijo a su interlocutor que él mismo se estaba moviendo para conseguir un nuevo fiscal general "bueno". En esa misma conversación, Arnaldo vino a exponer ante el político madrileño que los cambios en Anticorrupción también serían positivos para él. Sus palabras fueron estas: "Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada".
Tres meses después, el nuevo fiscal general, José Manuel Maza, nombró fiscal anticorrupción a Manuel Moix, que en 2007 y 2009 se había negado a investigar la construcción de un campo de golf con el que la familia González dio un auténtico pelotazo y por el que ahora el expresidente madrileño está en espera de sentarse en el banquillo.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/09/la_empresa_arnaldo_logro_contrato_cuya_adjudicacion_intervino_exasesor_directo_ignacio_gonzalez_126503_1012.html
ARNALDO COBRÓ A UNA TELEVISIÓN DEL PP POR MONITORIZAR LEYES MIENTRAS ERA FUNCIONARIO DEL CONGRESO
Dos correos electrónicos muestran que el candidato del PP al Constitucional, que es letrado del Congreso, informó en mayo de 2006 a su cliente sobre la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual
En esas fechas la empresa de Enrique Arnaldo estaba contratada por la televisión balear, por lo que esta firma cobraba todos los meses 2.400 euros por su asesoría legal
El candidato del PP al Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo facilitó siendo letrado de la Cortes Generales documentos e información a la Televisión Pública de Baleares (iB3), que le había contratado durante la presidencia de Jaume Matas (PP), acerca de la tramitación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en el Congreso de los Diputados, según consta en el sumario del caso Palma Arena, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
En concreto, en un correo electrónico de 31 de mayo de 2006, días antes de que se aprobara el 7 de julio la mencionada norma en la Cámara Baja, Arnaldo remitió desde una cuenta de Estudios Jurídicos y Procesales (EJP) un mensaje a la directora de la Asesoría Jurídica del Ente Público de la Radiotelevisión de Islas Baleares, Lara Alonso, en el que adjuntaba el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual: "Al respecto decirte que las enmiendas al mismo han sido ya aprobadas por el Senado, por lo que también te mandamos el texto de presentación de enmiendas, y el texto de aprobación de las mismas", especifica el mensaje, que después recuerda: "No obstante cuando se publique el texto definitivo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales te lo haremos llegar".
En un segundo mensaje, este enviado a la trabajadora de la televisión pública de Baleares dos días después, el 2 de junio de 2006, Arnaldo le adjunta el texto del Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Senado, que se encontraba "pendiente de la aprobación definitiva por el Congreso".
Estas gestiones se producen mientras Arnaldo es letrado del Congreso de los Diputados y asesora a la televisión de Islas Baleares. En concreto en los meses de mayo y junio de 2006, fechas en las que el candidato del PP al Tribunal Constitucional monitorizó la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual en las Cortes Generales, el Ente Público de la televisión balear abonó a Estudios Jurídicos y Procesales dos facturas de 2.434 euros cada una, lo que supone 4.868 euros. En total la asesoría se extendió entre los años 2005 y 2008 por lo que los ingresos para este bufete de abogados fueron muy cuantiosos.
Actividades incompatibles con ser letrado
El Estatuto de Personal de las Cortes Generales establece en su artículo 62 cuáles son las actividades incompatibles con el puesto de funcionario en servicio activo en el Congreso de los Diputados, entre las que se encuentran varias en las que habría incurrido Arnaldo a través de su despacho profesional. Y ello pese a que el pasado 2 de noviembre, durante su comparecencia en el Congreso, el jurista afirmó haber cumplido siempre con el régimen de compatibilidad.
En principio, Arnaldo habría vulnerado del citado artículo en su letra e), que excluye para los letrados de las cortes el ejercicio de actividades privadas lucrativas, profesionales o industriales, siempre que pudieran comprometer la imparcialidad o independencia del funcionario, o impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes.
Pero quizá la incompatibilidad de Arnaldo se vea más clara respecto del punto k) del artículo 62 del Estatuto. Este último prohíbe a los funcionarios la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones públicas.
Facturas de tres dictámenes
Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Arnaldo cobró 1.740 euros por un trabajo para el Ente Público Radio Televisión de Baleares en febrero de 2007. En la factura aparece el siguiente concepto: "Dictamen acerca de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y de su posible incidencia en el ámbito de los Entes Públicos de la Radio y la Televisión Autonómicas".
En el sumario del caso 'Palma Arena' en el que estuvo imputado, aunque finalmente no se le llevó a juicio, aparecen dos facturas similares más. En abril de 2007 Arnaldo realizó para el mismo ente público otro dictamen -pese a ser ello incompatible según el Estatuto que regulaba su labor como letrado- por el que cobró en esta ocasión 2.088 euros.
Su despacho, Estudios Jurídicos y Procesales S.L., hizo entonces un "dictamen sobre el régimen jurídico aplicable a la actividad informativa, y de especialización de espacios gratuitos de propaganda electoral del Ente Público Radiotelevisión de las Islas Baleares en el marco de las elecciones autonómicas y municipales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares".
El tercer documento al que ha tenido acceso este diario es de un año anterior, enero de 2006, cuando el despacho de Arnaldo giró factura por 1.740 euros -al igual que las anteriores, el servicio más el IVA- también a la televisión balear por un "dictamen sobre análisis público de las tarifas de la SGAE en relación con los contratos para la autorización, no exclusiva ni intransmisible a terceros, sobre el uso de su repertorio para los actos de comunicación pública y reproducción fijados en el mismo, por los medios televisivos".
https://www.epe.es/es/politica/20211109/arnaldo-cobro-television-pp-12788755
EL GOBIERNO NO TUMBARÁ LA CANDIDATURA DE ARNALDO AL TC POR TEMOR A QUE EL PP VUELVA AL BLOQUEO DE TODAS LAS INSTITUCIONES
PSOE y PP siguen negociando para desbloquear el CGPJ: "Aún no estamos en los nombres, estamos en el modelo"
Ni PSOE ni UP esperan "sorpresas" en la votación del jueves y dan por hecha la elección de Enrique Arnaldo
Odón Elorza ha sido apartado por el PSOE de la portavocía de la Comisión de Nombramientos tras su intervención crítica con el candidato del PP, a quien puso contra las cuerdas con los datos y documentos que ponen en duda su imparcialidad
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Salvo sorpresa de última hora, Enrique Arnaldo será ratificado este jueves por la mayoría del Congreso como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. A pesar de las numerosas informaciones publicadas en los últimos días sobre el polémico perfil del candidato del PP, el Gobierno asume que es la única vía para un desbloqueo institucional que va mucho más allá del TC. Como ya adelantó infoLibre, las conversaciones entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ llevan en marcha semanas, y en la votación del jueves en el Congreso están en juego, además, los nombramientos del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no contempla poner en riesgo esa amplia renovación institucional tumbando la candidatura de Arnaldo, aunque no oculta que refrendar este nombramiento en concreto se ha convertido en algo “incómodo”.
“Es una pregunta que no la tiene que responder el Gobierno, sino aquel grupo parlamentario que lo ha propuesto. Si hay formaciones políticas que lo único que pueden ofrecer es esto, pues pregunten a esas formaciones”, contestó la portavoz, Isabel Rodríguez, este lunes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Ya nadie esconde que el nombramiento de Arnaldo se ha convertido en un problema político en las últimas semanas después de conocerse que el candidato del PP compaginó durante años, y pese a la ley de incompatibilidades, su puesto de funcionario como letrado del Congreso con el cargo más alto en una empresa con contratos públicos y con la docencia en dos universidades, algo también prohibido por la normativa legal. Además, han salido a la luz sus relaciones con dos involucrados en grandes casos de corrupción, como Ignacio González y Jaume Matas.
Tensiones en el PSOE
Una situación que ha llegado a generar momentos de tensión interna en el caso del Grupo Parlamentario Socialista. En las últimas horas, de hecho, el diputado del PSOE Odón Elorza ha sido apartado por parte de la dirección de su grupo de la portavocía de la comisión de nombramientos que ejercía hasta la semana pasada. Elorza se mostró públicamente crítico con el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para una elección de nuevos magistrados del Constitucional que incluye la incorporación de Enrique Arnaldo. Durante la comparecencia de éste en el Congreso, el propio Odón Elorza le formuló 17 preguntas clave y le espetó que “su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función en el Tribunal Constitucional”. El diputado socialista también habló de las “dudas aparentes sobre exigibles comportamientos éticos y de buenas prácticas” del candidato. Unas palabras que sentaron muy mal en el Partido Popular después del pacto alcanzado con los socialistas. Para blindarlo, y como aviso a navegantes, el PSOE decidió apartar a Elorza de la portavocía. Odón Elorza ha defendido en un artículo publicado en infoLibre sus dudas sobre la idoneidad del candidato propuesto por el PP y también las razones que justifican a pesar de todo el acuerdo para desbloquear la renovación de órganos constitucionales.
Ni en el Grupo Socialista ni en Unidas Podemos, socios de coalición, esperan más “sopresas”. Ambas partes consideran que la elección de Arnaldo se explica por la "cuota política a pagar" a cambio del desbloqueo. Fuentes parlamentarias recuerdan, además, que en caso de que PSOE o UP decidieran cambiar de postura y votar en contra de la designación, eso podría poner en riesgo el conjunto de renovaciones pactadas. Porque para la elección de los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo o de la Agencia de Protección de Datos los votos a favor de los populares son imprescindibles para que salgan las cuentas. Así que romper ahora el pacto sería romperlo todo y empezar de cero, un escenario que en Moncloa descartan por completo.
El CGPJ: "Aún no estamos en los nombres"
De hecho, la intención del Gobierno es acelerar la interlocución con el PP para conseguir desbloquear de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial. Si es posible, incluso antes de final de año. Las conversaciones entre los dos grandes partidos siguen su curso, aunque en esta ocasión de manera aún "más discreta" que en anteriores ocasiones, dadas las malas experiencias previas. Los interlocutores siguen siendo los mismos: Félix Bolaños por parte del PSOE y Teodoro García Egea por parte del PP. Según fuentes al corriente de la negociación, la postura de los populares no es tan rígida como hace unos meses en cuanto al cambio radical del sistema de elección de los jueces. Los de Pablo Casado siguen exigiéndole al Gobierno algún gesto que les permita vender que han conseguido algún cambio en la norma, por discreto que sea. Pero el diálogo sobre una renovación a corto plazo con la actual ley se encuentra avanzado.
Ambas partes coinciden en señalar que, en el caso del CGPJ, de momento "no se ha hablado de nombres". Fuentes del Gobierno al corriente de la negociación aseguran a infoLibre que "si llegamos a hablar de nombres significaría que hemos superado la discusión sobre el modelo, que es en lo que estamos ahora". Nadie cuenta con que se lleve a término aquella exigencia de "que los jueces elijan a los jueces" que Casado casi convirtió en eslogan político. Sin embargo, fuentes gubernamentales admiten que en la actual negociación se intenta alcanzar algún tipo de acuerdo que permita a los populares tener el margen suficiente que le permita avenirse al ansiado pacto.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/09/el_gobierno_no_tumbara_candidatura_arnaldo_por_temor_que_vuelva_bloqueo_todas_las_instituciones_126514_1012.html
EL GOBIERNO, INCÓMODO CON LA PROPUESTA DE ENRIQUE ARNALDO COMO MAGISTRADO DEL CONSTITUCIONAL
“Si hay formaciones políticas que lo único que pueden ofrecer es esto, pregunten a esas formaciones”, manifiesta la portavoz del Ejecutivo sobre el candidato del PP, tras publicar EL PAÍS que este incumplió el Estatuto del Congreso
La incomodidad del Gobierno aumenta conforme se suceden las informaciones que ponen en duda la idoneidad de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos que el PP ha propuesto para ocupar un sillón de magistrado en el Tribunal Constitucional. Los diputados del Congreso votan el jueves de manera individual, telemática y secreta a los cuatro aspirantes que el PSOE y los populares acordaron para cumplir con la renovación, pendiente desde noviembre de 2019, de un tercio de los 12 componentes del máximo tribunal. PSOE, PP y Unidas Podemos suman 243 escaños, una horquilla muy por encima de la mayoría de tres quintos (210) necesaria y, aunque en Ferraz y La Moncloa no hay dudas de que la votación saldrá adelante, el malestar con la apuesta de Génova por Arnaldo es creciente. “El grupo socialista se puede hacer cargo de los nombramientos que propone, no de aquellos nombramientos de otros grupos políticos. Es una pregunta que no la tiene que responder el Gobierno, sino aquel grupo parlamentario que lo ha propuesto. Si hay formaciones políticas que lo único que pueden ofrecer es esto, pues pregunten a esas formaciones”, ha manifestado Isabel Rodríguez, la portavoz del Ejecutivo.
Arnaldo, letrado del Parlamento, incumplió el Estatuto del Congreso, según avanzó EL PAÍS, al cobrar como asesor del Gobierno balear de Jaume Matas (PP) mientras era coordinador jurídico de varias comisiones de la Cámara baja. El PSOE antepone, frente a la designación de Arnaldo, la renovación de instituciones como el Tribunal Constitucional, que pactó con el PP a finales de octubre junto a las del Tribunal de Cuentas y la del Defensor del Pueblo. Las fuentes consultadas aluden al bien mayor que a su entender supone el desbloqueo de unos organismos paralizados y en algunas ocasiones con sus mandatos prorrogados. Pero la opción de Arnaldo no ha agradado por motivos como que su bufete de abogados facturase trabajos para administraciones gobernadas por el PP. Además fue colaborador durante años de FAES, la fundación encabezada por José María Aznar que marca la línea más dura del partido conservador. “Estamos en la misma disposición que siempre de cumplir el mandato constitucional de renovar los órganos pendientes. Es imperativo que abordemos esta cuestión en beneficio de las instituciones y de nuestro país”, ha insistido Rodríguez, que ha reiterado que el Gobierno “no puede hacerse cargo de lo que proponen otros grupos políticos”. El Consejo General del Poder Judicial, con una mayoría conservadora —fue elegido en la primera legislatura de Mariano Rajoy, después de que el PP se hubiera impuesto por mayoría absoluta en las elecciones de 2011— está pendiente de renovarse desde diciembre de 2018.
Enrique López, actual secretario de Justicia del PP y consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa de Arnaldo. “Estamos ante un jurista de un prestigio incuestionable. No vamos a valorar dimes y diretes, chismes en los medios de comunicación. No voy a interpretar las normas que regula el personal al servicio de las Cortes, tenemos plena confianza y es un candidato plenamente elegible”, ha afirmado. Arnaldo asumió la defensa de López tras ser este detenido por conducir ebrio en 2014.
Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, ha enviado una carta a todos los grupos parlamentarios salvo EH Bildu en la que les ha pedido que no avalen en el pleno del jueves el “apaño” que a su juicio ha alcanzado el Gobierno con el PP para desbloquear la situación en el Defensor del Pueblo —pendiente de renovar desde julio de 2017—, el Tribunal de Cuentas —su mandato finalizó el pasado julio— y el Constitucional. Bal insiste en el “deber” de velar por el “buen nombre” del Congreso ante lo que considera una “vulneración flagrante del espíritu constitucional y legislativo, que se ha puesto todavía más de manifiesto con las recientes informaciones aparecidas sobre uno de los candidatos en cuestión”, en referencia a Arnaldo. El portavoz del PSOE en la comisión de nombramientos del Congreso, Odón Elorza, muy crítico con Arnaldo en el primer examen a los aspirantes a los órganos a renovar, en el que salió adelante por voto ponderado, será reemplazado de esa función en la sesión del jueves.
https://elpais.com/espana/2021-11-08/el-gobierno-incomodo-con-la-propuesta-de-enrique-arnaldo-como-magistrado-del-constitucional.html
EL LETRADO CANDIDATO DEL PP AL CONSTITUCIONAL INCUMPLIÓ EL ESTATUTO DEL CONGRESO
Enrique Arnaldo cobró como asesor del Gobierno balear de Matas mientras coordinó varias comisiones de la Cámara baja
El letrado del Congreso de los Diputados Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para rellenar las cuatro vacantes pendientes desde noviembre de 2019 del Tribunal Constitucional, compatibilizó durante años su trabajo como coordinador jurídico de varias comisiones en la Cámara baja con su labor de asesor desde su despacho privado para distintas administraciones gobernadas por los populares y, en concreto, para el Ejecutivo balear que dirigía entonces Jaume Matas. Esa compatibilidad especial no está permitida específicamente por el artículo 62.K del Estatuto del Personal de las Cortes Generales. El pleno del Congreso tiene programada este jueves la votación individual, telemática y secreta de los cuatro aspirantes pactados entre el Gobierno, el PSOE y el PP. Los aspirantes necesitan superar los 210 votos en ese trámite y la suma del PSOE, PP y Podemos llega a 243 escaños. Casos similares y anteriores al de Arnaldo de letrados en esa situación fueron investigados y expedientados en el pasado por el secretario general del Congreso.
El propio Arnaldo contó durante el examen parlamentario que superó en la comisión de nombramientos del Congreso, la semana pasada, que había sacado esa dura oposición en 1986 y que años más tarde, en 2002, había solicitado oficialmente la compatibilidad que se permite a muchos letrados de la Cámara para trabajar a tiempo parcial en otros ámbitos. Es algo que sucede habitualmente. Por esa condición perciben menos sueldo fijo del presupuesto de las Cortes, unos 4.000 euros al mes, y acuden a su puesto para asesorar a los presidentes de las comisiones menos tiempo. Normalmente, se les asignan comisiones no legislativas y menos asiduas. Arnaldo, por ejemplo, ha sido esta legislatura letrado de la comisión mixta de Seguridad Vial (seis reuniones en todo 2020 y 10 en 2021) y también de la comisión mixta de estudio de Problemas de las Adiciones (cinco sesiones en 2020 y cinco en 2021). Esas reuniones suelen durar entre dos y tres horas por sesión.
Los letrados registran esas peticiones formales requiriendo la compatibilidad y la secretaría general las estudia y eleva para que las apruebe la propia Mesa del Congreso. Pero el afectado tiene que justificar en su solicitud para qué quiere ese permiso y en qué sectores planea trabajar ajenos a la Cámara para no incurrir en conflictos de intereses.
El Congreso es bastante permisivo porque muchos letrados recurren y son tentados para esas labores externas, pero las opciones que se les permiten están tasadas desde el artículo 60 al 67 del régimen de compatibilidades del Estatuto que regula al personal de la casa. El punto 62.K precisa que no serán compatibles con “la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones”. Arnaldo, según el sumario del caso Palma Arena, fue imputado por recibir un supuesto trato de favor del Ejecutivo balear del popular Matas, al que escribió en 2008 para proponerle un negocio: “No te olvides tampoco de mí para los temas jurídicos que puedan surgir”. Durante años el Gobierno balear sufragó informes encargados al despacho privado del que era socio Arnaldo.
Según consta también en un informe de Hacienda del sumario del caso Palma Arena, el despacho de Arnaldo (Estudios Jurídicos y Procesales) contrató entre 2003 y 2008 encargos por cientos de miles de euros con la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Álava, Aena, la Comunidad de Madrid y el PP como persona jurídica. En noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Las Rozas —en manos de la formación conservadora— le adjudicó un contrato de un año por 109.750,59 euros.
El Congreso no ha proporcionado ni la petición de compatibilidad de Arnaldo ni la notificación de la finalidad con la que se le otorgaron las mesas conjuntas, y solo indica que ese requerimiento genérico está en su web, con las iniciales del interesado, como cualquier funcionario de la Administración de acuerdo con la ley de Protección de Datos.
No es, sin embargo, la primera vez que se produce un escenario como este en el Congreso. En marzo de 2009, el entonces secretario general y letrado mayor del Congreso, Manuel Alba, informó y pidió autorización a la Mesa de la Cámara para abrir expediente y diligencias informativas a dos abogados del bufete del exministro José María Michavila, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, letrados también de las Cortes, a los que se cuestionaba que cumplieran legalmente las compatibilidades por asesorar también a distintos ayuntamientos de Madrid y la Comunidad Valenciana.
https://elpais.com/espana/2021-11-08/el-letrado-candidato-del-pp-al-constitucional-incumplio-el-estatuto-del-congreso.html
LOS NEGOCIOS, INTERESES Y CONTRADICCIONES DE ENRIQUE ARNALDO PONEN EN JAQUE SU NOMINACIÓN COMO MAGISTRADO DEL TC
El candidato del PP compaginó durante años y pese a la ley de incompatibilidades su puesto de funcionario como letrado del Congreso con el cargo más alto en una empresa con contratos públicos y con la docencia en dos universidades, algo también prohibido por la normativa legal
Sus relaciones con dos involucrados en grandes casos de corrupción, como Ignacio González y Jaume Matas, amenazan con extender un manto de sombras sobre el tribunal de garantías
La contradicción entre sus negocios privados y la legislación sobre las actividades prohibidas a funcionarios, su intrincado mapa de relaciones con involucrados en dos grandes casos de corrupción –Ignacio González y Jaume Matas– y los datos que ha ocultado a la Cámara han terminado por poner en jaque la nominación de Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Candidato del PP con el aval del PSOE y Unidas Podemos y a menos de una semana de que el Congreso culmine el trámite para renovar cuatro puestos del TC, las revelaciones sobre su trayectoria se han convertido en una bola de nieve que no cesa de crecer. Y que amenaza con extender un manto de sombras sobre el tribunal de garantías.
Durante años y en contra de lo que con claridad determinan tanto la Ley de Incompatibilidades como el Estatuto del Personal de las Cortes, Arnaldo compaginó su puesto de funcionario como letrado del Congreso con el cargo más alto de una empresa que solo en el periodo 2003-2008 ingresó casi un millón de euros por contratos públicos, en su mayoría otorgados por administraciones del PP: Estudios Jurídicos y Procesales SL. Y aunque tanto en su currículum oficial como en su intervención del pasado martes ante el Congreso sostuvo que rompió amarras con esa compañía "en 2017", los documentos oficiales le desmienten: ocupó el cargo de administrador solidario hasta noviembre de 2020.
Un mes antes, acababa de firmar las cuentas anuales de Estudios Jurídicos, trámite esencial y vetado a cualquier persona ajena al organigrama de una empresa. Esas cuentas eran las de 2019, que terminó con la adjudicación a Estudios Jurídicos de un contrato de 144.000 euros otorgado por el Ayuntamiento madrileño de Las Rozas, donde gobierna el PP. El expediente administrativo demuestra que Arnaldo aparecía primero como letrado "adscrito" al proyecto para el que se había convocado el concurso –defensa jurídica del ayuntamiento– y luego como "coordinador" [puedes ver las dos actas pinchando aquí y aquí].
Pero la abigarrada actuación profesional de Arnaldo tampoco termina en su papel en Estudios Jurídicos y Procesales SL. Catedrático de Derecho Constitucional en la universidad pública madrileña Rey Juan Carlos (URJC), el jurista hace doblete en ese campo impartiendo clases en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, de titularidad privada. Y como desveló El Confidencial este viernes, también ese solapamiento está prohibido. En este caso, por la Ley Orgánica de Universidades.
Arnaldo aduce que quien hasta 2013 fue rector de la URJC, hoy magistrado del TC y considerado el futuro presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, no objetó nada a la duplicidad académica. La relación entre ambos es estrecha, como lo demuestra que en 2009 y al arrancar la campaña para las convulsas elecciones a rector de la URJC, Arnaldo se convirtió en el "representante general" de González-Trevijano [puedes ver el documento pinchando aquí]. Las elecciones fueron anuladas por sentencia del TSJ madrileño en junio de 2011. Pero el Constitucional aceptó un recurso de amparo y a los cuatro meses denegó que se ejecutase la resolución judicial, contraria a Trevijano. Al año y medio, el rector dejó de serlo al incorporarse al TC a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy.
El Ejecutivo eligió en aquella tanda a un segundo jurista para el TC: Enrique López. También con él mantiene relación Arnaldo: fue su abogado cuando el ahora consejero de Presidencia de Madrid y responsable de Justicia del PP nacional fue cazado por la Policía conduciendo una moto de noche, sin casco y con tasa de alcohol superior a la permitida. López tuvo que dimitir como magistrado del Constitucional. Para entonces, julio de 2015, Arnaldo ya simultaneaba la docencia en la URJC y en Cardenal Cisneros. En ese centro privado adscrito a la Complutense fue donde Pablo Casado estudió Derecho y, según publicó el diario El Mundo, consiguió aprobar media carrera en cuatro meses el año en que logró su escaño. En la URJC realizó el mismo máster por el que terminó imputada y finalmente absuelta Cristina Cifuentes. El Supremo concluyó que aun existiendo indicios de que se había "dispensado un trato de favor" a Casado, nada permitía inferir que hubiera existido "un acuerdo previo o simultáneo del aforado con los responsables del máster para que tal trato le fuera dispensado".
Del contrato para Matas a la búsqueda de un fiscal "bueno" para Ignacio González
La boyante facturación de Estudios Jurídicos y Procesales SL entre 2003 y 2008 se conoció después de que infoLibre publicase que, justamente por tres contratos que el Gobierno balear de Jaume Matas le había adjudicado a dedo y bajo sospecha de haber sido amañados, Arnaldo permaneció imputado más de un año en el caso Matas, aunque finalmente se le exoneró: por prescripción de parte de los hechos y por falta de pruebas en lo restante. Entre los miles de documentos de aquel sumario figura uno que desvela cómo la tortilla cocinada entre Arnaldo y el político dio la vuelta: es el contrato por el que Estudios Jurídicos y Procesales SL fichó en 2008 a Matas para realizar distintos "servicios profesionales". El primero de la lista es el de "Relaciones con las Administraciones Públicas" [puedes ver el contrato pinchando aquí].
Ocho años después y en el seno de la investigación de otra de las grandes causas de corrupción que afectan al PP, el caso Lezo, la Guardia Civil interceptó dos conversaciones telefónicas entre Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y Enrique Arnaldo. Muy preocupado porque ya una jueza estaba investigando la compra de un ático de lujo en Estepona, González escuchó cómo su interlocutor le comunicaba que se estaba moviendo para conseguir un nuevo fiscal general "bueno". En esa misma charla, Arnaldo vino a exponer ante el político madrileño que los cambios en Anticorrupción también serían positivos para él. Se lo dijo así: "Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada". Tres meses después, el nuevo fiscal general, José Manuel Maza, nombró fiscal anticorrupción a Manuel Moix, que en 2007 y 2009 se había negado a investigar la construcción de un campo de golf con el que la familia González dio un auténtico pelotazo y por el que ahora el expresidente está en espera de sentarse en el banquillo.
En contra de la política de transparencia, el Congreso guarda un silencio sepulcral desde que infoLibre reveló cómo Arnaldo sostiene que los contratos de su empresa quedaban exentos del veto legal pese a que la Ley de Incompatibilidades y el Estatuto del Personal de las Cortes prohíben que un funcionario ostente cargos en empresas con adjudicaciones del sector público. Aquí, ese cargo era el de administrador solidario de Equipos Jurídicos y Procesales. Pero el futuro magistrado del Tribunal Constitucional argumenta que el objeto de los centenares de contratos adjudicados por ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas e incluso ministerios no era la prestación de servicios sino la de "asistencia jurídica".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/05/los_negocios_intereses_contradicciones_arnaldo_ponen_jaque_nominacion_como_magistrado_del_tc_126421_1012.html
ENRIQUE ARNALDO Y CONCEPCIÓN ESPEJEL: POLÉMICA ASEGURADA EN EL CONSTITUCIONAL
Las dudas sobre la idoneidad de Enrique Arnaldo eclipsan a las de Concepción Espejel, que llegó a ser apartada del juicio de Gürtel por su cercanía al PP
La declaración de idoneidad de candidatos a entrar en el Tribunal Constitucional suele ser un trámite formal en el Congreso. Lo habitual es que para cuando los futuros magistrados llegan a la Cámara Baja el acuerdo entre partidos haya sido cerrado. Los reproches, por norma general en estas sesiones, van dirigidos al sistema de elección por parte de partidos que no forman parte del acuerdo. La defensa que esta semana han tenido que hacer los polémicos candidatos propuestos por el Partido Popular, Concepción Espejel y sobre todo Enrique Arnaldo, es algo inédito, tanto como la aparición de un futuro magistrado del Constitucional en varios sumarios de corrupción. La polémica sobre la elección de los nombres del PP sigue abierta mientras el PSOE y el propio presidente, Pedro Sánchez, que tendrá que refrendarlos por sus votos, se felicitan por el acuerdo pero piden que cada partido se responsabilice de los nombres elegidos.
Un ejemplo nos lleva de vuelta al 9 de julio de 2012. Ese día la comisión consultiva de nombramientos del Congreso se reunió para escuchar el currículum de los cuatro candidatos que hoy serán sustituidos con algo de retraso. Eran Encarnación Roca, Juan José González Rivas, Fernando Valdés y Andrés Ollero. Este último tenía la mayor vinculación que alguien puede tener con el partido político que le propone: había sido diputado del PP por Granada desde 1986 hasta 2003.
Ollero no tuvo que defender su independencia ese día. Rosa Díez (UPyD) se limitó a calificar de "farsa" el proceso. Ramón Jáuregui (PSOE) le preguntó por el abuso del decreto-ley por parte del Gobierno y sus consecuencias judiciales. Pedro Gómez de la Serna (PP) destacó, entre otras cosas, que había sido "uno de los políticos importantes que ha pasado por esta Cámara entre 1986 y 2003". Ese día Fernando Valdés, propuesto por el PSOE y hoy a la espera de juicio, recibió elogios del portavoz conservador: "Lo ha sido prácticamente usted todo en el ámbito del Derecho del Trabajo".
El pasado mes de octubre Ollero se sintió impelido a defender su independencia en un voto particular. Habló de su partido en estos términos: "Abandoné la militancia sin obligación legal, hace más de nueve años, para sentirme más libre en el ejercicio de las responsabilidades con las que el Congreso de los Diputados, del que fui miembro en cinco legislaturas, me había honrado; libertad que, a estas alturas, ha sido por muchos en no pocas ocasiones plenamente reconocida".
Esta semana, casi una década después, el decorado era el mismo pero la escena era distinta. El pacto cerrado entre PP y PSOE y apoyado con más o menos entusiasmo por varios partidos excluía perfiles directamente ligados a ambas formaciones, algo que Pablo Casado ha llegado a definir como un proceso de "despolitización" del tribunal de garantías. Pero los reproches y las explicaciones de los nombramientos han sido más propias de una negociación fallida, como sucedió cuando el PP cargó abiertamente contra José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que firmó la sentencia de la Gürtel, cuando en 2018 intentó acceder al Consejo General del Poder Judicial como jurista de reconocido prestigio.
En el actual contexto, además, el pasado de Enrique Arnaldo acaparó más focos todavía que la famosa recusación de Concepción Espejel, quien tuvo que apartarse de. caso Gürtel por su cercanía al PP.
Primero fue Edmundo Bal (Ciudadanos) el que, después de reproducir críticas muy similares a las que hizo Rosa Díez (UPyD) hace nueve años, cargó contra su currículum de sumarios. Odón Elorza (PSOE) lo hizo después aunque sin variar su voto favorable en base al pacto alcanzado con el Partido Popular al decir: "Su candidatura nos genera desconfianza". Y Enrique Arnaldo dio explicaciones sobre varios de estos aspectos apelando tanto a la presunción de inocencia como a su independencia profesional, prometiendo ejercer como magistrado del Tribunal Constitucional sin favores debidos. Dijo: "Me siento plenamente independiente sin equipajes ni peajes que nunca aceptaría".
Palma Arena, Lezo y FAES
Distintos medios de comunicación han ido revelando distintos aspectos del pasado de Arnaldo y su aparición en sumarios de corrupción como Palma Arena o Lezo sin ninguna consecuencia legal para él. En el caso de Palma Arena, la laberíntica causa de corrupción de Baleares centrada en el entonces presidente Jaume Matas, Arnaldo llegó a estar imputado aunque la causa se archivó contra él antes de llegar a juicio por prescripción de los hechos. Aseguró Arnaldo: "Mi paso por un juzgado se limitó a declarar en un proceso y fui exonerado". Después pidió respeto a su presunción de inocencia.
Su imputación, tal y como explicó elDiario.es nada más conocerse el acuerdo, vino por su papel como sospechoso de ayudar al expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, a blanquear dinero simulando una contratación a su bufete. Medios como El Periódico de España han desgranado en los últimos días detalles del sumario, como por ejemplo que maniobró para colocar a Jaume Matas en la universidad con el entonces rector de la URJC y hoy magistrado Pedro González-Trevijano. También que una administradora de su despacho declaró ante el juez José Castro que pagaban comisiones al presidente balear.
Ante el Congreso Arnaldo se limitó a defender que nunca llegó a ser juzgado. Los diputados también le preguntaron por su presencia en charlas organizadas por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), ligada al Partido Popular, a lo que el candidato contestó: "Eran debates abiertos, plurales, con personas de distintas sensibilidades (...) la imparcialidad no se pierde por haber pronunciado conferencias en una fundación". Sobre su actividad profesional y los contratos que recibió de numerosas administraciones controladas por el PP - aunque también por el PSOE, CiU, Coalición Canaria e Izquierda Unida - se limitó a asegurar a Elorza que tenía compatibilidad para hacerlo desde 2002.
Arnaldo zanjó su intervención asegurando que todo esto no compromete su independencia como futuro magistrado y tampoco supone una animadversión al PSOE y al actual Gobierno de coalición: "No tengo ningún tipo de beligerancia ni con este ni con ningún Gobierno". Lo que quedó sin explicar fue su conversación con el expresidente madrileño Ignacio González en noviembre de 2016, en la que tal y como reveló La Sexta prometió a González estaba moviéndose "para que el nuevo que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado] sea bueno". Faltaba medio año para la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid pero ya entonces estaba en marcha la investigación -archivada hace un año- sobre su ático en Estepona.
Fuentes cercanas a Arnaldo afirman a este periódico que no realizó "ninguna gestión" para influir en la elección de un nuevo fiscal general y que en ese momento no tenía conocimiento de la investigación que estallaría meses después. Especifican estas fuentes que "si lo hubiera sabido, no lo hubiera dicho" y subrayan que él entonces era abogado en ejercicio. Remarcan que, en cualquier caso, nunca fue llamado a declarar por este asunto ni como testigo ni como imputado.
La "campaña de desprestigio"
Todo este debate sobre el pasado de Enrique Arnaldo se llevó por delante la previsible polémica que acompaña a la otra candidata propuesta por el Partido Popular: la presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel. El portavoz socialista se limitó a constatar que "hay" dudas pero aseguró que le otorgaba "esta presunción de imparcialidad". El de Junts per Catalunya repitió que ni ella ni Arnaldo le parecen candidatos adecuados. Y Espejel no necesitó más referencias al "querida Concha" para negar cualquier vínculo con el Partido Popular al que no pudo juzgar.
Denunció la magistrada una "campaña de desprestigio" derivada de su recusación en el caso Gürtel, cuando fue apartada de varios juicios por haber sido en el pasado vocal del Consejo General del Poder Judicial con los votos favorables del PP en el Senado. La sala rechazó expresamente que tuviera que ser recusada porque María Dolores de Cospedal se refiriese a ella como "querida Concha" en un acto público en 2014. Explicó Espejel en el Congreso: "Se me apartó pero no por esa circunstancia, que fue expresamente rechazada [por la Audiencia Nacional]".
Recordó Espejel el verdadero motivo de su recusación: "Yo fui recusada exclusivamente en uno de los motivos, haber sido nombrada del CGPJ por el senado a propuesta del Partido Popular". Lo cierto es que los cuatro candidatos que accederán próximamente al Constitucional pasaron previamente por el Consejo a propuesta de un partido: Arnaldo y Espejel lo hicieron por el PP, Juan Ramón Sáez por Izquierda Unida e Inmaculada Montalbán por el PSOE.
https://www.eldiario.es/politica/enrique-arnaldo-concepcion-espejel-polemica-asegurada-constitucional_1_8459067.html
EL PSOE APARTA AL CRÍTICO ODÓN ELORZA EN EL PLENO QUE LLEVARÁ A ARNALDO AL CONSTITUCIONAL
Los diputados ratificarán el jueves en el Congreso el pacto de los cargos institucionales en voto individual, secreto y telemático
El caso Enrique Arnaldo no está del todo resuelto. Se enreda. La solución encontrada entre el PP y el PSOE que incluye el nombramiento de este jurista próximo a la formación conservadora será ratificada este próximo jueves por el pleno del Congreso en votación telemática, individual y secreta de todos los diputados. Antes de esa votación clave, Arnaldo pasó, no sin agrias discusiones políticas, el filtro previo de la comisión de nombramientos, donde el portavoz entonces del PSOE, Odón Elorza, fue extremadamente crítico con la idoneidad de Arnaldo por sus múltiples negocios vinculados a administraciones gobernadas por el PP. Elorza ya no será el jueves que viene el portavoz del PSOE en el pleno, según ha corroborado EL PAÍS en fuentes parlamentarias. Ha sido sustituido para esa sesión por el también diputado socialista Francisco Aranda Vargas, que fue aquel día su segundo y apenas intervino en la comisión.
El PSOE no quiere más “sorpresas ni salidas de tono” que puedan echar al traste los contactos que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mantiene aún con el negociador del PP, Teodoro García Egea, para resolver el bloqueo en el Poder Judicial.
El PP ha transmitido su enorme malestar con el tono duro de Elorza en la comisión de nombramientos. El diputado socialista hizo 17 preguntas retóricas para poner en evidencia el perfil muy ideológico y plagado de presuntas incompatibilidades del candidato del PP. Los socialistas, al final, votaron para refrendar el acuerdo, como hizo su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos, en este caso también con un silente rechazo. El desahogo público de Elorza fue el único desmarque que se permitió el PSOE, así como las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, o de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en las que sí señalaron que su formación solo se hacía responsable de avalar la trayectoria de sus dos candidatos pactados (Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez) pero no de los del PP (Arnaldo y Concepción Espejel). Pero el PSOE quiere evitar que puedan surgir más escollos.
PSOE y PP pactaron a primeros de octubre en apenas 24 horas cuatro nombres para cubrir las vacantes pendientes en el Tribunal Constitucional, las 12 del Tribunal de Cuentas y los puestos de Defensor del Pueblo y su adjunta, que serán los que se votarán el jueves en el pleno del Congreso. Los populares se empeñaron en que uno de sus dos aspirantes fuese Arnaldo, veterano letrado de las Cortes desde 1986, profesor en distintas universidades públicas y privadas y socio desde 2002 de un despacho que ha conseguido contratos de varias administraciones y gobiernos controlados por el PP. El negociador del Gobierno y del PSOE, Félix Bolaños, aceptó esa nominación a cambio de lo que llaman los socialistas el “bien mayor” de desatascar el bloqueo de ese organismo y otros cargos institucionales prorrogados.
Ese primer pacto superó la barrera de la comisión de nombramientos porque la votación se realizó sobre una propuesta conjunta de todos los cargos con voto ponderado —es decir, por grupos políticos y sin participación individual de los diputados— y logró 242 síes, 12 abstenciones y ningún no, porque los grupos parlamentarios que se oponen se ausentaron de la comisión.
Cuatro nombres
La votación en pleno sí será individual, secreta y telemática al 100%. A los diputados les llegará una papeleta a su ordenador y en la misma podrán rellenar y respaldar el nombre de “hasta cuatro” aspirantes para las cuatro vacantes del Constitucional. No pueden incluir nombres nuevos sobre los ya pactados, pero no tienen por qué escribir los cuatro nombres. Esa opción abre puertas a la incertidumbre y a hipotéticos votos de castigo. En la dirección del grupo parlamentario del PSOE rechazan ese escenario y aseguran que todos sus parlamentarios seguirán los criterios ya cerrados. En Unidas Podemos tampoco contemplan esa hipótesis, aunque conceden que las votaciones secretas “son incontrolables por definición”. En Podemos reconocen que sus diputados no han expresado un “malestar insoportable” ante este acuerdo aunque no les guste: “Somos conscientes de que es el peaje por asegurar que entran otros dos muy buenos candidatos”.
https://elpais.com/espana/2021-11-06/el-psoe-aparta-al-critico-odon-elorza-en-el-pleno-que-llevara-a-arnaldo-al-constitucional.html
8.160€ AL AÑO HASTA 2021: EL CANDIDATO DEL PP AL TC ESQUIVÓ LA LEY CON UN CONTRATO SECRETO
El jurista Enrique Arnaldo burló presuntamente la prohibición de cobrar de dos universidades distintas con la firma de un contrato privado con el centro Cardenal Cisneros que le permitió seguir dando clase hasta este mismo curso
El profesor Enrique Arnaldo (Madrid, 1957), propuesto por el Partido Popular para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional, firmó en 2017 un contrato privado y confidencial para burlar presuntamente la Ley de Universidades hasta este mismo año. El acuerdo le permitió cobrar de dos universidades al mismo tiempo, la pública Rey Juan Carlos y la privada Cardenal Cisneros, en contra de lo que dicta la norma. Además, colocó como profesor del segundo centro a un empleado de su propio bufete, Ibor Fernandes Romero, e ingresó dinero adicional por esa labor de subcontratación, una situación inédita en el mundo universitario. El contrato, que no había trascendido hasta ahora, lleva las firmas de Arnaldo y de Raúl Canosa Usera, director del centro universitario Cardenal Cisneros, una institución privada de Madrid adscrita a la Universidad Complutense que imparte varias titulaciones. El artículo 72.3 de la ley de universidades de 2007 prohibió que, después de 2011, los centros privados y los centros privados adscritos tuvieran en nómina a funcionarios docentes de universidades públicas. Miles de profesores que trabajaban al mismo tiempo en los dos sectores tuvieron que decantarse por uno de ellos para no vulnerar el régimen de incompatibilidades.
Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y profesor en activo de la Rey Juan Carlos desde hace décadas, era uno de los afectados por la prohibición porque llevaba años simultaneando su salario del centro público con un segundo empleo de docente en la Cardenal Cisneros. Pero, como reveló El Confidencial este viernes, pese a lo que decía la ley, Arnaldo siguió vinculado a la universidad privada al menos hasta el curso 2014/2015 impartiendo clases de Derecho Constitucional II. Por ese segundo trabajo habría percibido más de 1.500 euros mensuales, según la documentación en poder de este diario. Los hechos serían constitutivos de una presunta infracción muy grave, castigada con entre tres y seis años de suspensión de empleo y sueldo, y podrían acarrear responsabilidades de carácter penal. Con todo, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, por lo que el curso 2014/2015 no tendría consecuencias administrativas. Sin embargo, el contrato al que ha tenido acceso El Confidencial revela que el candidato del PP al Constitucional siguió infringiendo presuntamente la ley hasta hace solo unos días. Hasta 2015, Arnaldo tenía un contrato laboral de profesor con la Cardenal Cisneros pero, el 1 de octubre de 2017, pasó a firmar con esta institución un acuerdo de carácter mercantil y cuatro ejercicios de duración por el que se aseguró unos ingresos anuales de 8.160 euros a cambio de la prestación de diferentes servicios de docencia.
El documento, que sometía a las partes a la obligación de guardar secreto sobre su contenido, precisó que el jurista firmó en calidad de abogado y efectivamente figura como domicilio su despacho profesional, Estudio Jurídico Balbuena. Sin embargo, de las cláusulas se desprende que Arnaldo únicamente habría recurrido a esta otra forma de vinculación con Cardenal Cisneros para camuflar su continuidad como profesor y eludir una posible sanción. De hecho, el contrato decía claramente que Cardenal Cisneros necesitaba un "profesor" y que el motivo del pacto era "establecer el marco de la relación del Profesor D. Enrique Arnaldo Alcubilla con el CES Cardenal Cisneros". En ninguna parte se aludía a su condición de abogado. La primera cláusula del contrato de 8.160 euros al año aporta nuevos indicios de irregularidades. En virtud del acuerdo, el catedrático de la Rey Juan Carlos se comprometió hasta este mismo curso 2021/2022 a dar durante "un total de 50 horas de clase" al año, "en formato de conferencias o charlas especializadas en el seno de la asignatura Derecho Constitucional II", la misma materia que había impartido hasta 2017. Arnaldo reconoce en conversación con El Confidencial la autenticidad del contrato, pero asegura que no hay nada incorrecto. Manifiesta que dejó de dar clases en Cardenal Cisneros en 2015 y que, pese a lo que recoge el contrato de 2017, este solo se refiere a charlas y conferencias relacionadas con su materia, en ningún caso a clases. Del mismo modo, rechaza que ese contrato fuera una maniobra para burlar la ley de universidades y seguir cobrando de dos centros a la vez. Sin embargo, fuentes del centro explican que las 50 horas de docencia que recoge el contrato se acercan a las que comprendía la totalidad de la asignatura y el importe que se garantizó el profesor, 8.160 euros, es casi idéntico al que cobraba por dirigirla antes de 2017.
El acuerdo privado con Cardenal Cisneros estipulaba un segundo compromiso aún más extraño. Además de las 50 horas de clase, Arnaldo también se encargaría durante el curso 2017/2018 y los tres años siguientes de dirigir "la actividad docente desarrollada por el profesor D. Ibor Fernandes Romero" en la misma asignatura, Derecho Constitucional II. No hay precedentes de un acuerdo de ese tipo, ni en Cardenal Cisneros ni en el resto de la comunidad educativa. El propio centro privado reconoce en su página web que está sujeto a un reglamento del año 1997 por el que debe cubrir las plazas vacantes de profesor mediante un concurso de méritos. Sin embargo, su director, Raúl Canosa, encargó a dedo a Arnaldo la subcontratación de un profesor para el Grado de Derecho y le retribuyó por esa labor. El concurso de méritos sirve precisamente para impedir que se elija a un docente inexperto que requiera la asistencia o dirección de otro profesional. Pero el contrato permitió, contra toda lógica académica, que se seleccionara a alguien no preparado para desempeñar la función para la que había sido seleccionado. Se da la coincidencia de que el elegido, Ibor Fernandes, trabajaba en el despacho privado de Arnaldo desde dos años antes de la firma del contrato. En concreto, en 2015, cuando aún no había completado el Máster de Acceso a la Abogacía, Fernandes empezó a hacer prácticas en Estudios Jurídicos y Procesales, el despacho que tenía en ese momento el candidato al TC. Arnaldo también ha colocado en Cardenal Cisneros a su hijo, Enrique Arnaldo Benzo, que está, además, en su despacho de abogados Pese a su falta de experiencia y acreditación, Arnaldo ya logró ese mismo año que la Cardenal Cisneros contratara a su becario como responsable del departamento de Asesoría Jurídica. Y en 2017, cuando Fernandes ya estaba en el nuevo despacho de Arnaldo, Estudio Jurídico Balbuena, el antiguo becario pasó a convertirse en profesor de Derecho Constitucional II. En la actualidad continúa trabajando en Balbuena e impartiendo clases en Cardenal Cisneros de esa asignatura. También sigue al frente de la Asesoría Jurídica del centro y es director de Recursos Humanos.
Arnaldo también ha colocado en Cardenal Cisneros a su hijo, Enrique Arnaldo Benzo, que está igualmente en plantilla de su despacho de abogados. Según el último organigrama de la institución adscrita a la Universidad Complutense, Arnaldo hijo es en la actualidad el coordinador del Instituto de Posgrado e Investigación, un puesto que ocupaba hasta hace solo unos días su padre. Además del acuerdo de docencia de 8.160 euros, Arnaldo firmó un contrato privado el 1 de octubre de 2017 con Canosa por el que pasó a convertirse en "asesor académico" de este último con otra retribución anual de 18.600 euros al año.
Este segundo pacto se habría renovando cada ejercicio hasta llegar también a este curso, por lo que las posibles responsabilidades tampoco habrían prescrito. La Universidad Rey Juan Carlos no participó en ninguno de estos acuerdos de colaboración, a pesar de que el artículo 83 de la ley de universidades establecía que Arnaldo debió comunicar estas relaciones comerciales al departamento del que es catedrático.
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-06/partido-popular-enrique-arnaldo-constitucional-esquivo-ley-contrato-secreto_3319806/
EL CANDIDATO DEL PP AL TC INFRINGIÓ LA LEY PARA COBRAR DE DOS UNIVERSIDADES AL MISMO TIEMPO
El jurista Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, ha simultaneado de forma irregular la docencia en ese centro con otro empleo de profesor en un centro privado
El jurista Enrique Arnaldo (Madrid, 1957), propuesto por el Partido Popular para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional, vulneró durante años la Ley Orgánica de Universidades para simultanear el cobro de dos salarios públicos, una nómina en el sector privado y la gestión de su propio bufete de abogados. Los hechos, que se habrían prolongado hasta hace unos días, serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo públicos de entre tres y seis años. La ley universitaria estableció en 2007 que un funcionario docente de un centro público no podía impartir clases al mismo tiempo en uno privado. El objetivo era evitar que los profesores de instituciones de la Administración dedicaran una parte de su jornada a otra universidad. Para dar margen a los afectados, la ley concedió un plazo de carencia de cuatro años. A partir del curso 2011, todos los docentes de centros públicos que también trabajaban en el sector privado tuvieron que decantarse por una u otra opción.
El artículo 72.3 no dejaba lugar a la duda: “El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a universidades no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo”. En el momento de aprobación de la norma, Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y profesor en activo de la Universidad Rey Juan Carlos, llevaba más de una década impartiendo clases en el centro Cardenal Cisneros, una institución privada de Madrid adscrita a la Universidad Complutense. En 2011, tenía que haber elegido uno de los dos centros. Sin embargo, el candidato del PP al Constitucional siguió vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos —donde continúa en la actualidad— y se mantuvo en nómina del centro privado Cardenal Cisneros, como acredita la abundante documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial.
Arnaldo prorrogó esa situación irregular al menos hasta el curso 2014-15. Durante ese año, dio clase en la Universidad Rey Juan Carlos en hasta ocho titulaciones de grado y un curso de máster, en las asignaturas de Derecho Constitucional, Historia del Constitucionalismo Español y Litigación Constitucional. Pese a lo que dictaba la ley, ese mismo ejercicio fue profesor de Derecho Constitucional II en el Grado de Derecho del Cardenal Cisneros. En este centro logró precisamente Pablo Casado su título de Derecho, tras aprobar 12 de las 25 asignaturas de la carrera en apenas cuatro meses, como reveló 'El Mundo'.
"Centro privado universitario"
El nuevo magistrado del PP asegura en conversación con este diario que no tiene conciencia de haber incumplido la ley y explica que siguió dando clase en los dos centros a petición del entonces director del centro Cardenal Cisneros, Fernando Reinoso, y después de comprobar que el responsable de la Rey Juan Carlos, el entonces rector Pedro González-Trevijano, magistrado también del Constitucional a propuesta del PP desde 2013, tampoco le ponía ningún problema. No obstante, admite que no dispone de ningún documento que acredite esas autorizaciones, aunque estas habrían vulnerado en cualquier caso la norma.
En ese sentido, el candidato al Constitucional sostiene que el artículo 72.3 era de dudosa interpretación y señala que el centro Cardenal Cisneros no se puede considerar un organismo privado porque se trata de una fundación en la que participa la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el propio organismo especifica en su página web que se trata de un “centro universitario privado, no confesional, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid”. Aun en el caso de que fuera un centro público, el catedrático de Derecho Constitucional tampoco podría haber simultaneado ese empleo con el de profesor en activo de la Rey Juan Carlos. La prohibición de impartir clase en dos universidades públicas es anterior incluso a la ley de 2007.
Sobre el texto de la norma, Arnaldo pide no hacer una interpretación “extensiva” y señala que el Tribunal Supremo no clarificó esa disposición hasta 2019 (STS 2478/2019). Pero la sentencia a la que se refiere el jurista únicamente abordó el caso concreto de un docente de la Universidad de Cádiz que pretendía ser rector al mismo tiempo de una universidad privada y el Alto Tribunal recordó precisamente que la docencia en un centro privado es “claramente incompatible con la docencia en una universidad pública”. "Con mucha más razón para el caso de que en la universidad privada lo que se pretende es ejercer el cargo de rector", dice el fallo. Hasta hace solo unos días, Arnaldo figuraba en el organigrama de la Cardenal Cisneros como máximo responsable de su Instituto de Posgrado e Investigación (IPEI). María Vázquez Hermoso, abogada experta en derecho universitario y de la educación, rebate que el artículo 72.3 admita otras lecturas. “Una norma puede ser confusa, pero ese artículo es tremendamente claro. Explica con nitidez a quién afecta y la realidad es que tuvo enormes consecuencias en el mundo académico porque obligó a todos los profesionales que se encontraban en esa situación a dejar uno de sus dos trabajos para adaptarse al cambio”, explica esta letrada. “Que el Tribunal Supremo no se pronunciara hasta 2019 sobre el caso concreto de un profesor no quiere decir que, hasta entonces, fuera un artículo discutido. Las leyes entran en vigor cuando se publican en el BOE, no cuando el Supremo se pronuncia sobre ellas”.
Un contrato de 18.600 euros en 2017
Simultanear los dos salarios en contra de la ley supone un incumplimiento de las normas de incompatibilidad a las que deben atenerse los funcionarios. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que esa vulneración está considerada una “falta muy grave” (artículo 95), sancionada con la “separación del servicio” y la “suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo” entre tres y seis años (artículo 96). Pero, al haberse producido hasta 2015, podría no tener consecuencias. Las faltas muy graves prescriben a los tres años.
Con todo, Arnaldo ha seguido cobrando del Cardenal Cisneros hasta la actualidad sin llegar a abandonar en ningún momento la Rey Juan Carlos. El 1 de octubre de 2017, firmó un contrato privado y confidencial con el entonces director del Cardenal Cisneros, Raúl Canosa —propuesto en 2014 por el PP para ocupar un asiento en la Junta Electoral Central y con el que el afectado ha firmado artículos y libros de Derechos Constitucional—, por el que pasó a cobrar 18.600 euros anuales por labores de asesoramiento, según detalla el documento, también en poder de El Confidencial. El acuerdo, que Arnaldo ha seguido firmando con una periodicidad anual hasta este mismo curso, especifica que se trata de una labor de “asesoramiento académico” por el que el catedrático de la Rey Juan Carlos ayuda a Canosa en la “elaboración de informes y propuestas para la mejora de la calidad académica y coordinación del profesorado”, “elaboración de un modelo de guía académica para las asignaturas”, “elaboración de propuestas para la generación de nuevas actividades docentes” y “cualesquiera otras que le sean encomendadas por el director” del Cardenal Cisneros, entre otros puntos. Fuentes del centro privado que piden permanecer en el anonimato por temor a represalias señalan que es la primera vez que ven un contrato de asesoramiento de este tipo y cuestionan que Canosa, catedrático también de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Complutense, necesite asistencia para tomar decisiones inherentes a un cargo en el que tiene sobrada experiencia. Además, afirman que, desde el primer acuerdo en 2017, no se ha producido ningún cambio relacionado con las tareas que enumera el documento. “Un ejemplo claro es la guía académica. No solo es que Arnaldo no haya cambiado nada. Es que es imposible que lo haga, porque somos un centro adscrito a la Complutense y nos regimos por su guía de asignaturas. No se puede tocar nada. Como mucho, se quita el nombre de la Complutense y se pone el de Cardenal Cisneros para que quede más bonito, pero está prohibido alterar las asignaturas”, explica una de las personas consultadas.
Arnaldo defiende la legalidad del contrato y, aunque confiesa que no ha realizado ningún informe para el Cardenal Cisneros, asegura que ha efectuado un continuo asesoramiento verbal al director y que hay decenas de correos electrónicos que acreditan esa colaboración. Asimismo, señala que en este tiempo ha puesto en marcha el Instituto de Posgrado e Investigación (IPEI) y este imparte tres nuevas titulaciones; está ayudando al centro a encontrar una nueva sede y ha acudido con Canosa a reuniones en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, entre otras actividades.
Salario como abogado
Esos contratos anuales encierran otra posible irregularidad. El artículo 83 de la Ley de Universidades establece que el personal funcionario de un centro podrá colaborar con otra empresa o universidad mediante un convenio a través de su respectivo departamento. Se trata de una fórmula ampliamente utilizada que permite abrir la universidad a la sociedad y, de paso, generar ingresos extraordinarios para el mantenimiento de su actividad docente e investigadora. Sin embargo, Arnaldo recibe 18.600 euros anuales del centro Cardenal Cisneros en calidad de trabajador autónomo y directamente, sin que la universidad en la que tiene plaza como funcionario reciba ningún tipo de compensación. El candidato del PP sostiene que el artículo 83 solo afecta al personal a tiempo completo y que él tiene jornada parcial en la Rey Juan Carlos, pero la norma no establece ningún tipo de acotación a la “colaboración con otras entidades o personas físicas”.
Acuerdo entre PSOE y PP sobre los órganos constitucionales
Arnaldo argumenta, además, que asesora al director del Cardenal Cisneros en calidad de abogado, no de profesor. Efectivamente, en el contrato figura la dirección de su bufete particular, Estudio Jurídico Balbuena, del que es único propietario y cuya dirección también ha compaginado con su actividad en los dos centros universitarios. La web del despacho estaba este jueves desactivada por un supuesto "mantenimiento programado". Arnaldo tenía hasta ahora una cuarta fuente de ingresos que procedía, en realidad, de su trabajo principal. Desde los años ochenta, el elegido por el PP ha sido letrado de las Cortes a tiempo parcial y percibía por ello un salario mensual superior a los 4.000 euros. Se trata de un puesto extremadamente flexible con las incompatibilidades, pero exige dedicar un mínimo de horas por jornada, sobre todo en los días de pleno o reunión de las comisiones que tiene asignadas cada letrado.
Clases los martes y jueves
La mayoría de los funcionarios de este cuerpo tiene permiso para ejercer al mismo tiempo la docencia y estar en nómina de un despacho, pero deben dedicarse a esas otras actividades cuando estas no interfieran en la actividad del Congreso. Lo habitual es que impartan clases o trabajen en el sector privado durante las tardes o, preferiblemente, los lunes y viernes, cuando apenas hay movimiento en la Cámara Baja. El cuadrante de clases del curso 2014-15 del Grado de Derecho del centro Cardenal Cisneros demuestra que Arnaldo impartió Derecho Constitucional II durante el segundo semestre todos los martes de 8:30 a 10:30 y los jueves de 8:30 a 11:30. A ese calendario hay que sumar las clases que daba, en las mismas fechas, en los diferentes campus de la Rey Juan Carlos, así como la dedicación a su despacho de abogados privado.
La polémica persigue a Arnaldo. En el caso Palma Arena, estuvo imputado por su relación con el expresidente de Baleares Jaume Matas. Según informó en 2010 el diario 'Última Hora', investigaron si había blanqueado dinero del político. También se le imputó en 2015 cuando era presidente del Tribunal Administrativo del Deporte por presunta prevaricación y falsedad, al inhabilitar al presidente de la Federación Española de Tenis. En ambos casos resultó absuelto, pero en 2018 se vio salpicado de nuevo por las escuchas de la operación Lezo, que revelaron una conversación suya con el expresidente madrileño Ignacio González en la que ambos hablaban sobre cómo colocar a fiscales afines.
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-05/partido-popular-enrique-arnaldo-infringio-ley-cobrar-dos-universidades_3319013/
PSOE Y PP SE DESENTIENDEN DEL CASO ARNALDO Y LE DEJAN TODA LA PRESIÓN: "QUE LO EXPLIQUE"
El candidato para el TC vulneró durante años la Ley Orgánica de Universidades. Los hechos serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave
Los dos partidos que han pactado la renovación del Tribunal Constitucional se desentienden ahora de la irregularidad que cometió Enrique Arnaldo. Según ha desvelado El Confidencial, el candidato propuesto por el PP vulneró durante años la Ley Orgánica de Universidades para simultanear el cobro de dos salarios públicos, una nómina en el sector privado y la gestión de su propio bufete de abogados. Los hechos, que se habrían prolongado hasta hace unos días, serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo públicos de entre tres y seis años. Las formaciones que alcanzaron el pacto constitucional dejan ahora solo al catedrático. El PP se desmarca totalmente de la irregularidad cometida por Arnaldo. Fuentes de Génova afirman que no van a responder por hechos que no ha cometido ningún dirigente ni militante del PP. Se desvinculan totalmente de Arnaldo y reclaman que sea él quien ofrezca detalles de los hechos. "Es Arnaldo quien tiene que dar explicaciones", defienden los populares.
El PSOE descarga la responsabilidad del nombramiento en el PP y no quieren saber nada del caso. "Es una persona elegida por el PP, nosotros pusimos por delante la renovación de unos órganos caducados para el cumplimiento de la Constitución", defienden fuentes del grupo socialista. El PP lo ve diferente y considera que el PSOE también votó en el Congreso a favor del nombramiento de Arnaldo para el TC y, por tanto, los socialistas también estarían implicados en su elección. Desde Ferraz responden a esta acusación con que ellos no pusieron encima de la mesa su nombre. Las dos formaciones, por tanto, se cruzan responsabilidad. "Votamos esta elección del PP", añade el PSOE. El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que fue quien negoció con Teodoro García Egea el reparto de los candidatos, afirmó que los socialistas hubieran elegido a otros nombres y que escoger a Arnaldo se trató, por tanto, de una decisión del PP. Unidas Podemos, por su parte, guarda silencio, una actitud que ya tuvieron durante la comisión de nombramientos cuando se negaron a preguntar a los candidatos populares.
Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y profesor en activo de la Universidad Rey Juan Carlos, llevaba más de una década impartiendo clases en el centro Cardenal Cisneros, una institución privada de Madrid adscrita a la Universidad Complutense. En 2011, tenía que haber elegido uno de los dos centros. Sin embargo, el candidato del PP al Constitucional siguió vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos —donde continúa en la actualidad— y se mantuvo en nómina del centro privado Cardenal Cisneros, como acredita la abundante documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial. Arnaldo prorrogó esa situación irregular al menos hasta el curso 2014-15. Durante ese año, dio clase en la Universidad Rey Juan Carlos en hasta ocho titulaciones de grado y un curso de máster, en las asignaturas de Derecho Constitucional, Historia del Constitucionalismo Español y Litigación Constitucional. Pese a lo que dictaba la ley, ese mismo ejercicio fue profesor de Derecho Constitucional II en el Grado de Derecho del Cardenal Cisneros. En este centro logró precisamente Pablo Casado su título de Derecho, tras aprobar 12 de las 25 asignaturas de la carrera en apenas cuatro meses. Esta situación infringe la ley universitaria que estableció en 2007 que un funcionario docente de un centro público no podía impartir clases al mismo tiempo en uno privado. El objetivo era evitar que los profesores de instituciones de la Administración dedicaran una parte de su jornada a otra universidad. Para dar margen a los afectados, la ley concedió un plazo de carencia de cuatro años. A partir del curso 2011, todos los docentes de centros públicos que también trabajaban en el sector privado tuvieron que decantarse por una u otra opción. El artículo 72.3 no dejaba lugar a la duda: “El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a universidades no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo”.
Las preguntas del PSOE en el Congreso
Pero el pasado martes, en la comisión de nombramientos del Congreso, el socialista Odón Elorza sí pidió explicaciones a Arnaldo sobre su trayectoria profesional. "Siendo sincero, he analizado su currículum y, por lo que cuenta en él, y por lo que no cuenta, su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática la independencia e imparcialidad en el ejercicio", lanzó el diputado nada más arrancar su intervención. "Mi objetivo es que usted ofrezca una expectativa razonable sobre la inexistencia de perturbaciones y condicionantes personales o externos para hacer su labor en el Tribunal Constitucional". A partir de ahí, una batería de preguntas:
"Primera: es usted letrado del Congreso, ¿cuándo obtiene la plaza y cuándo la empieza a simultanear con el trabajo en su despacho particular?".
"Segunda: ¿cuándo obtuvo la compatibilidad del Congreso para trabajar en el ámbito privado desde su cargo en la empresa Estudios Jurídicos y Procesales y durante qué periodo?".
"Tercera: ¿los trabajos desempeñados desde su empresa para otras administraciones públicas eran compatibles con el estatuto del personal del Congreso y, en concreto, con el artículo 60.C? ¿Podemos saber el número de contratos que obtuvo de 2003 a 2011?".
"Cuarta: ¿ha respetado el régimen legal de incompatibilidades?".
"Quinta: ha obtenido alguna vez la excedencia del Congreso, supongo, ¿cuándo y con qué extensión?".
"Sexta: ¿durante cuántos años y hasta cuándo ha realizado actividades privadas gestionando contratos públicos no compatibles con su plaza de letrado en esta casa?".
"Séptima: ¿cuándo cesó en el despacho Estudios Jurídicos y Procesales del que era socio administrador?".
"Octava: usted apunta en su currículum que fue en mayo de 2017, pero en el Boletín Oficial del Registro Mercantil aparece su cese como administrador solidario de la empresa con fecha de 26 de noviembre de 2020, esto es tres años después. ¿Es esto cierto o se ratifica en que dejó de pertenecer a esa empresa en 2017?".
"Novena: ¿siguió compatibilizando su gestión como letrado con el trabajo particular entre 2017 y 2021? ¿Cómo se explica realmente eso?".
"Décima: señor Arnaldo, ¿obtuvo o no un contrato de servicios para defensa jurídica por adjudicación a su empresa desde la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de las Rozas, del Partido Popular, con fecha 29 de noviembre de 2020 por un importe de 133.000 euros al año y una duración de cinco años? ¿Cómo es posible que usted figure expresamente adscrito al contrato si cesó en su empresa tres días antes, según el escrito, y tres años antes, según su currículum?".
El portavoz socialista siguió lanzando distintas preguntas sobre artículos escritos por el candidato y su cercanía al PP, pero, con estas 10 primeras, ya dejaba claras sus dudas respecto a los trabajos que ha ido solapando entre el sector público y el privado. Arnaldo, sin embargo, evitó responder a estas cuestiones durante su último turno de palabra: "No soy más digno que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. No soy más honrado que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. No tengo más méritos que ninguno de ustedes, pero tampoco menos", se limitó a decir. Tres días después, El Confidencial desvela que infringió la Ley Orgánica de Universidades durante años.
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-05/psoe-y-pp-se-desentienden-del-caso-arnaldo-y-dejan-toda-la-presion-al-juez_3319204/
EL CANDIDATO DEL PP AL TC INFRINGIÓ LA LEY PARA COBRAR DE DOS UNIVERSIDADES AL MISMO TIEMPO
El jurista Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, ha simultaneado de forma irregular la docencia en ese centro con otro empleo de profesor en un centro privado
El jurista Enrique Arnaldo (Madrid, 1957), propuesto por el Partido Popular para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional, vulneró durante años la Ley Orgánica de Universidades para simultanear el cobro de dos salarios públicos, una nómina en el sector privado y la gestión de su propio bufete de abogados. Los hechos, que se habrían prolongado hasta hace unos días, serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo públicos de entre tres y seis años. La ley universitaria estableció en 2007 que un funcionario docente de un centro público no podía impartir clases al mismo tiempo en uno privado. El objetivo era evitar que los profesores de instituciones de la Administración dedicaran una parte de su jornada a otra universidad. Para dar margen a los afectados, la ley concedió un plazo de carencia de cuatro años. A partir del curso 2011, todos los docentes de centros públicos que también trabajaban en el sector privado tuvieron que decantarse por una u otra opción.
El artículo 72.3 no dejaba lugar a la duda: “El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a universidades no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo”. En el momento de aprobación de la norma, Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y profesor en activo de la Universidad Rey Juan Carlos, llevaba más de una década impartiendo clases en el centro Cardenal Cisneros, una institución privada de Madrid adscrita a la Universidad Complutense. En 2011, tenía que haber elegido uno de los dos centros. Sin embargo, el candidato del PP al Constitucional siguió vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos —donde continúa en la actualidad— y se mantuvo en nómina del centro privado Cardenal Cisneros, como acredita la abundante documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial.
Arnaldo prorrogó esa situación irregular al menos hasta el curso 2014-15. Durante ese año, dio clase en la Universidad Rey Juan Carlos en hasta ocho titulaciones de grado y un curso de máster, en las asignaturas de Derecho Constitucional, Historia del Constitucionalismo Español y Litigación Constitucional. Pese a lo que dictaba la ley, ese mismo ejercicio fue profesor de Derecho Constitucional II en el Grado de Derecho del Cardenal Cisneros. En este centro logró precisamente Pablo Casado su título de Derecho, tras aprobar 12 de las 25 asignaturas de la carrera en apenas cuatro meses, como reveló 'El Mundo'.
"Centro privado universitario"
El nuevo magistrado del PP asegura en conversación con este diario que no tiene conciencia de haber incumplido la ley y explica que siguió dando clase en los dos centros a petición del entonces director del centro Cardenal Cisneros, Fernando Reinoso, y después de comprobar que el responsable de la Rey Juan Carlos, el entonces rector Pedro González-Trevijano, magistrado también del Constitucional a propuesta del PP desde 2013, tampoco le ponía ningún problema. No obstante, admite que no dispone de ningún documento que acredite esas autorizaciones, aunque estas habrían vulnerado en cualquier caso la norma.
En ese sentido, el candidato al Constitucional sostiene que el artículo 72.3 era de dudosa interpretación y señala que el centro Cardenal Cisneros no se puede considerar un organismo privado porque se trata de una fundación en la que participa la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el propio organismo especifica en su página web que se trata de un “centro universitario privado, no confesional, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid”. Aun en el caso de que fuera un centro público, el catedrático de Derecho Constitucional tampoco podría haber simultaneado ese empleo con el de profesor en activo de la Rey Juan Carlos. La prohibición de impartir clase en dos universidades públicas es anterior incluso a la ley de 2007.
Sobre el texto de la norma, Arnaldo pide no hacer una interpretación “extensiva” y señala que el Tribunal Supremo no clarificó esa disposición hasta 2019 (STS 2478/2019). Pero la sentencia a la que se refiere el jurista únicamente abordó el caso concreto de un docente de la Universidad de Cádiz que pretendía ser rector al mismo tiempo de una universidad privada y el Alto Tribunal recordó precisamente que la docencia en un centro privado es “claramente incompatible con la docencia en una universidad pública”. "Con mucha más razón para el caso de que en la universidad privada lo que se pretende es ejercer el cargo de rector", dice el fallo. Hasta hace solo unos días, Arnaldo figuraba en el organigrama de la Cardenal Cisneros como máximo responsable de su Instituto de Posgrado e Investigación (IPEI). María Vázquez Hermoso, abogada experta en derecho universitario y de la educación, rebate que el artículo 72.3 admita otras lecturas. “Una norma puede ser confusa, pero ese artículo es tremendamente claro. Explica con nitidez a quién afecta y la realidad es que tuvo enormes consecuencias en el mundo académico porque obligó a todos los profesionales que se encontraban en esa situación a dejar uno de sus dos trabajos para adaptarse al cambio”, explica esta letrada. “Que el Tribunal Supremo no se pronunciara hasta 2019 sobre el caso concreto de un profesor no quiere decir que, hasta entonces, fuera un artículo discutido. Las leyes entran en vigor cuando se publican en el BOE, no cuando el Supremo se pronuncia sobre ellas”.
Un contrato de 18.600 euros en 2017
Simultanear los dos salarios en contra de la ley supone un incumplimiento de las normas de incompatibilidad a las que deben atenerse los funcionarios. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que esa vulneración está considerada una “falta muy grave” (artículo 95), sancionada con la “separación del servicio” y la “suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo” entre tres y seis años (artículo 96). Pero, al haberse producido hasta 2015, podría no tener consecuencias. Las faltas muy graves prescriben a los tres años.
Con todo, Arnaldo ha seguido cobrando del Cardenal Cisneros hasta la actualidad sin llegar a abandonar en ningún momento la Rey Juan Carlos. El 1 de octubre de 2017, firmó un contrato privado y confidencial con el entonces director del Cardenal Cisneros, Raúl Canosa —propuesto en 2014 por el PP para ocupar un asiento en la Junta Electoral Central y con el que el afectado ha firmado artículos y libros de Derechos Constitucional—, por el que pasó a cobrar 18.600 euros anuales por labores de asesoramiento, según detalla el documento, también en poder de El Confidencial. El acuerdo, que Arnaldo ha seguido firmando con una periodicidad anual hasta este mismo curso, especifica que se trata de una labor de “asesoramiento académico” por el que el catedrático de la Rey Juan Carlos ayuda a Canosa en la “elaboración de informes y propuestas para la mejora de la calidad académica y coordinación del profesorado”, “elaboración de un modelo de guía académica para las asignaturas”, “elaboración de propuestas para la generación de nuevas actividades docentes” y “cualesquiera otras que le sean encomendadas por el director” del Cardenal Cisneros, entre otros puntos. Fuentes del centro privado que piden permanecer en el anonimato por temor a represalias señalan que es la primera vez que ven un contrato de asesoramiento de este tipo y cuestionan que Canosa, catedrático también de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Complutense, necesite asistencia para tomar decisiones inherentes a un cargo en el que tiene sobrada experiencia. Además, afirman que, desde el primer acuerdo en 2017, no se ha producido ningún cambio relacionado con las tareas que enumera el documento. “Un ejemplo claro es la guía académica. No solo es que Arnaldo no haya cambiado nada. Es que es imposible que lo haga, porque somos un centro adscrito a la Complutense y nos regimos por su guía de asignaturas. No se puede tocar nada. Como mucho, se quita el nombre de la Complutense y se pone el de Cardenal Cisneros para que quede más bonito, pero está prohibido alterar las asignaturas”, explica una de las personas consultadas.
Arnaldo defiende la legalidad del contrato y, aunque confiesa que no ha realizado ningún informe para el Cardenal Cisneros, asegura que ha efectuado un continuo asesoramiento verbal al director y que hay decenas de correos electrónicos que acreditan esa colaboración. Asimismo, señala que en este tiempo ha puesto en marcha el Instituto de Posgrado e Investigación (IPEI) y este imparte tres nuevas titulaciones; está ayudando al centro a encontrar una nueva sede y ha acudido con Canosa a reuniones en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, entre otras actividades.
Salario como abogado
Esos contratos anuales encierran otra posible irregularidad. El artículo 83 de la Ley de Universidades establece que el personal funcionario de un centro podrá colaborar con otra empresa o universidad mediante un convenio a través de su respectivo departamento. Se trata de una fórmula ampliamente utilizada que permite abrir la universidad a la sociedad y, de paso, generar ingresos extraordinarios para el mantenimiento de su actividad docente e investigadora. Sin embargo, Arnaldo recibe 18.600 euros anuales del centro Cardenal Cisneros en calidad de trabajador autónomo y directamente, sin que la universidad en la que tiene plaza como funcionario reciba ningún tipo de compensación. El candidato del PP sostiene que el artículo 83 solo afecta al personal a tiempo completo y que él tiene jornada parcial en la Rey Juan Carlos, pero la norma no establece ningún tipo de acotación a la “colaboración con otras entidades o personas físicas”.
Acuerdo entre PSOE y PP sobre los órganos constitucionales
Arnaldo argumenta, además, que asesora al director del Cardenal Cisneros en calidad de abogado, no de profesor. Efectivamente, en el contrato figura la dirección de su bufete particular, Estudio Jurídico Balbuena, del que es único propietario y cuya dirección también ha compaginado con su actividad en los dos centros universitarios. La web del despacho estaba este jueves desactivada por un supuesto "mantenimiento programado". Arnaldo tenía hasta ahora una cuarta fuente de ingresos que procedía, en realidad, de su trabajo principal. Desde los años ochenta, el elegido por el PP ha sido letrado de las Cortes a tiempo parcial y percibía por ello un salario mensual superior a los 4.000 euros. Se trata de un puesto extremadamente flexible con las incompatibilidades, pero exige dedicar un mínimo de horas por jornada, sobre todo en los días de pleno o reunión de las comisiones que tiene asignadas cada letrado.
Clases los martes y jueves
La mayoría de los funcionarios de este cuerpo tiene permiso para ejercer al mismo tiempo la docencia y estar en nómina de un despacho, pero deben dedicarse a esas otras actividades cuando estas no interfieran en la actividad del Congreso. Lo habitual es que impartan clases o trabajen en el sector privado durante las tardes o, preferiblemente, los lunes y viernes, cuando apenas hay movimiento en la Cámara Baja. El cuadrante de clases del curso 2014-15 del Grado de Derecho del centro Cardenal Cisneros demuestra que Arnaldo impartió Derecho Constitucional II durante el segundo semestre todos los martes de 8:30 a 10:30 y los jueves de 8:30 a 11:30. A ese calendario hay que sumar las clases que daba, en las mismas fechas, en los diferentes campus de la Rey Juan Carlos, así como la dedicación a su despacho de abogados privado.
La polémica persigue a Arnaldo. En el caso Palma Arena, estuvo imputado por su relación con el expresidente de Baleares Jaume Matas. Según informó en 2010 el diario 'Última Hora', investigaron si había blanqueado dinero del político. También se le imputó en 2015 cuando era presidente del Tribunal Administrativo del Deporte por presunta prevaricación y falsedad, al inhabilitar al presidente de la Federación Española de Tenis. En ambos casos resultó absuelto, pero en 2018 se vio salpicado de nuevo por las escuchas de la operación Lezo, que revelaron una conversación suya con el expresidente madrileño Ignacio González en la que ambos hablaban sobre cómo colocar a fiscales afines.
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-05/partido-popular-enrique-arnaldo-infringio-ley-cobrar-dos-universidades_3319013/
ENRIQUE ARNALDO TAMBIÉN SE OPUSO A LA LEY DEL ABORTO PENDIENTE EN EL TC Y LA TACHÓ DE "OCURRENCIA"
· "El estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza", escribió en 2009 en un artículo periodístico que lo abocará a la recusación
· El segundo elegido por el PP para el tribunal se anticipó así varios meses a Concepción Espejel, que como vocal del CGPJ se declaró contraria a la norma cuando estaba en fase de tramitación
· El rechazo de ambos a la ley de Zapatero augura que se verán obligados a apartarse de la sentencia que resolverá un recurso de inconstitucionalidad que lleva 11 años en lista de espera
No solo sobre Concepción Espejel sino también sobre Enrique Arnaldo. Sobre ambos planea el riesgo de que, una vez aupados al Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP y con el aval definitivo del pleno del Congreso, se les recuse por falta de imparcialidad y se vean obligados a apartarse de la sentencia sobre la ley del aborto. Porque, al igual que Espejel, también Arnaldo se pronunció públicamente y por escrito contra la conocida como ley de plazos, a la que llegó a comparar con los decretos autoritarios de los zares rusos y a definirla como "la ocurrencia del momento". Aprobada bajo el Gobierno de Zapatero en 2010, fue recurrida de inmediato por el PP. Y lleva en la lista de espera del TC nada menos que 11 años.
Como publicó infoLibre hace una semana, Espejel dejó claro su rechazo al oponerse en julio de 2009 a un dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que respaldaba la constitucionalidad de la ley, entonces en fase de tramitación. La jueza, en aquel momento vocal del CGPJ, emitió un voto particular o discrepante contra el informe. Arnaldo, que años antes también había sido vocal del mismo órgano, ocupaba en esas fechas su plaza de letrado del Congreso a la vez que el cargo de administrador de una empresa privada con contratos públicos. Los dos coincidieron en su rechazo absoluto a que las mayores de 16 y menores de 18 años pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres. Aquello –vinieron a sostener Espejel y Arnaldo a través de cauces distintos– no era constitucional. Porque, y ese era el argumento compartido, quien no ha alcanzado la mayoría de edad no puede prestar consentimiento al aborto por su sola voluntad. El de las menores de edad aparece como uno de los elementos clave del recurso del PP.
En su bofetada escrita a la ley, el abogado se adelantó a la magistrada Espejel cuatro meses: el 15 de marzo de aquel año dedicó a la nueva norma sobre interrupción voluntaria del embarazo uno de los artículos que con periodicidad semanal difundía en el digital conservador El Imparcial. En el penúltimo párrafo de una pieza titulada Aborto para mayores de 16 años, se lee esto: "El estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza, que es la clave o la razón última del Derecho. Saber a qué atenernos y no depender del ukase o de la ocurrencia del momento". "Pero –añadió– exigir conocimientos en los gobernantes es mucho pedir". Así cerró el ataque: vapuleando la norma al equipararla con los antiguos edictos arbitrarios de los zares rusos –en castellano, los ucases– y recalcando de forma indirecta que el Ejecutivo de Zapatero ignoraba las pautas básicas de cómo legislar.
Nada más arrancar el artículo, Arnaldo había acudido a lo dicho por la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído: "Si pueden casarse o tener hijos, pueden también abortar". Lo hizo para a continuación desplegar un abanico de ejemplos en busca de desvirtuar la ley que un año más tarde resultaría aprobada. "Por esa regla de tres –dice el texto en referencia a las menores de edad que ya han cumplido los 16– podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias (...)". Arnaldo remataba de esta forma su razonamiento: "¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?".
Con su lista de comparaciones, el prolífico analista –solo en El Imparcial, 331 artículos– abrió paso a la almendra jurídica de su tesis: "No se olvide, sin embargo, que la Constitución de 1978 en su artículo 12 no se limitó a remitir a la ley la fijación de la mayoría de edad, sino que la concretó en los 18 años. La razón de ello se encuentra en la seguridad del tráfico jurídico, que obliga a establecer un momento concreto a partir del cual se atribuye a las personas la capacidad plena de obrar. Se fija en los 18 años atendiendo al criterio racionalmente contrastado de que en tal edad se entiende alcanzado el nivel de desenvolvimiento mental exigible".
En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma que pasó a impedir el aborto de las menores de 18 años sin el consentimiento de sus padres. En julio de este año, trascendió que la ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene previsto abordar en breve una reforma de la ley para modificar y derogar, entre otras cuestiones, que las jóvenes de 16 y 17 años deban contar con el permiso de los progenitores para interrumpir el embarazo
Los "non papers" de Bárcenas y la UDEF "hinchándose a hacer informes repetidos"
Casi siempre con una nota de humor sarcástico, salpicados de citas académicas y literarias y un claro sesgo conservador, vistos ahora destaca entre los artículos de Enrique Arnaldo uno sobre el caso Bárcenas. Lo publicó el 7 de febrero de 2013, una semana después de que el diario El País lanzase el misil informativo que ya ha derivado en tres sentencias –dos de la Audiencia Nacional y una del Supremo, que confirma la primera de la serie– donde la caja b del PP se declara probada.
El texto del artículo sobre los papeles de Bárcenas comienza con un relato que revela la desconfianza de Arnaldo. Básicamente, desconfianza hacia una investigación policial que convirtió al inspector Manuel Morocho en el perseguido del PP. Bajo el titular La que hay liada, el próximo magistrado del Tribunal Constitucional sembraba sospechas sobre la unidad policial UDEF: "Se ha liado parda con Bárcenas –así empezaba el texto– y sus non papers, con sus cuentas en el exterior y con su regularización fiscal. Al ex-tesorero apenas le quedan horas libres en su agenda entre declaraciones ante el Fiscal, el Juez, los medios, las comunicaciones con su Abogado, los desmentidos, las consultas al asesor fiscal … Mientras tanto, los de la UDEF siguen hinchándose a hacer informes, incluso algunos repetidos. Tampoco deben disponer de mucho tiempo libre. Nadie ha explicado muy bien de quién dependen y a quién dan cuenta. Ya hay quienes sostienen que el responsable que debería enterarse de algo en realidad ni sabe ni quiere saber o quizás se ha puesto de canto". Entonces, el ministro del Interior era Jorge Fernández Díaz, a quien el juez del caso Villarejo propone juzgar por la operación de espionaje a Luis Bárcenas para tapar la corrupción del PP. Y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Una semana antes, Arnaldo había firmado un artículo sobre el mismo tema –Debe aclararse de inmediato– en el que instaba a dar explicaciones. "En cualquier caso, personalmente desconozco si es verdad lo que esos apuntes reflejan. Prefiero pensar que no es verdad dormir tranquilo esta y las noches sucesivas pensando que tenemos una clase política inmaculada (...) Se debe proceder a una inmediata aclaración de los hechos, que no se puede fundar en hacer una auditoría de la contabilidad ordinaria. Ha de explicarse sin ocultaciones qué son esos apuntes, a qué corresponden, de dónde provienen los fondos… o, en otro caso, quién y por qué ha fabricado este montaje". Lo publicó el 2 de febrero. Ese mismo día, Rajoy negó los ingresos que le atribuyen los papeles de Bárcenas y descartó dimitir. El 7 de febrero, el ahora virtual miembro del TC escribió el segundo artículo. Es decir, el que lanzaba ya dardos contra la UDEF.
En esa segunda pieza y en línea con el discurso manejado entonces por el PP, Arnaldo incorporó lo siguiente: "Mientras se ha liado esta parda (...), en la acera de enfrente duermen a pierna suelta con el tema de los ERE's made in Junta de Andalucía". Por el caso ERE ya han sido condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros 17 ex altos cargos de la administración andaluza bajo los gobiernos del PSOE. El tronco del caso se encuentra en espera de que el Supremo resuelva los recursos planteados. Pero faltan múltiples ramas por juzgar. De momento, no hay ningún recurso presentado en el TC.
La "tamaña ceguera" y "la contumaz actuación" de Cataluña
Con un lenguaje que por lo general huye del trazo grueso, en la producción periodística de Enrique Arnaldo hay una excepción: Cataluña. Por ejemplo, durante la etapa de Zapatero y tras su retirada abundó en críticas a su gestión, pero sin romper la baraja de las formas: "En su fuero interno espera que la gente se olvide pronto de sus aventuras y despilfarros", publicó en junio de 2013. Y nunca ocultó su antipatía por Baltasar Garzón, pero tampoco traspasó las líneas rojas: "España parece reducirse al juez estrella. Jamás ningún juez había logrado que se hablara tanto de él", escribió en febrero de 2012.
Pero en el caso de Cataluña hay un salto cualitativo hacia la descalificación desnuda y, a veces, rayana en el insulto. Su rechazo a lo que durante décadas se conoció como formaciones catalanistas, en 2013 Arnaldo publicó en El Imparcial un artículo con un titular extraído de la más célebre frase de Cicerón: Hasta cuando abusarás de nuestra paciencia. Ahí, quien en breve ocupará uno de los 12 asientos del Tribunal Constitucional ya mostró su posición sin ambages: "Cicerón fue la personificación del sentido común, que allí llamaban seny. Levantado de su tumba quedaría estupefacto ante tanto desatino, ante populismo tan barato, ante tamaña ceguera. Es constatable que ha calado en una parte importante de la población, que ha comprado el discurso del amigo-enemigo. Pero los causantes del mal, los que empezaron a tensar la cuerda que ahora no saben cómo desenredar se están dando de bruces contra el muro por su estulticia, porque las masas del grito y la bandera les han sobrepasado con creces. Y ahora mismo ya no saben cómo parar el tren. Un tren que conduce al abismo".
Con artículos académicos incorporados a los Cuadernos de FAES sobre las sentencias del TC en relación a Cataluña, el enfado de Arnaldo se desató cuando la convocatoria del referéndum del 1-O de 2017 aparcó el concepto catalanismo y la palabra procés se apropió del espacio. Esta vez, el medio donde Arnaldo plasmó sus puntos de vista fue el digital El Español. En Una medida necesaria, cuyo núcleo central era la defensa del artículo 155 y cuya aplicación dejó en suspenso la autonomía catalana, el jurista se expresó así: "El único artículo de la Constitución pensado para no ser aplicado jamás acaba de ser activado tras haberse constatado la sostenida, constante, manifiesta, negligente y contumaz actuación de la comunidad autónoma de Cataluña de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". El texto se publicó el 21 de octubre, el día en que entró en vigor el 155 y el ahora fugado Carles Puigdemont cesó como presidente de la Generalitat por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy.
"La intervención en Cataluña propuesta por el Gobierno –aparece bajo el titular– es necesaria y proporcional. No se sustituye la autonomía, sino a los desleales responsables del desorden constitucional".
Las medidas aprobadas, concluyó, eran "coercitivas, pues se basan en la intervención en una comunidad autónoma que se ha saltado a las bravas, arbitrariamente, la legalidad". La conclusión final quedó expuesta con lo que viene a continuación: "No se suspende la autonomía, sino que se sustituye a los autores del desorden y de la deslealtad para hacer real y efectiva la vuelta a la Constitución".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/07/arnaldo_tambien_opuso_ley_del_aborto_pendiente_y_califico_como_una_ocurrencia_126338_1012.html
DOCUMENTOS OFICIALES DESMIENTEN A ENRIQUE ARNALDO EN LA DEFENSA DE SU CURRÍCULUM ANTE EL CONGRESO
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El expediente administrativo lo desmiente porque dos de las actas demuestran que la oferta presentada por la firma le incluía primero como letrado adscrito y luego como "coordinador" del proyecto
El futuro magistrado del tribunal de garantías sostiene que el retraso en la venta de sus participaciones en Estudios Jurídicos y Procesales SL hizo que su nombre apareciese en el Registro Mercantil hasta noviembre de 2020 como administrador de la sociedad
Enrique Arnaldo, uno de los dos juristas propuestos por el PP como magistrado del Tribunal Constitucional, recibió este martes el aval del Congreso tras un examen en el que tanto su currículum oficial como su relato sobre las actividades privadas desarrolladas en los últimos años chocan de plano c
