JUANJO GÜEMES BARRIOS : UN AHIJADO DE RATO & AGUIRRE  COMPATIBLE CON TODO, TODITO, TODO.

"Conozca las peculiaridades del nuevo pliego de condiciones administrativas particulares
del nuevo Plan y aproveche las oportunidades de negocio para su empresa"
( Folleto reclamo seminario privado sobre el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011 de la Comunidad de Madrid)

"Soy un seductor. Tengo un don natural para agradar a la gente"
(En susodicho de si mismo. El País. Octubre 2008)

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LAMELA SITÚA A AGUIRRE EN UNA REUNIÓN EN LA QUE SE "INVITÓ" A CONTRATAR CON 'PÚNICA'

Güemes ha negado que Aguirre o González le impusieran directrices sobre empresas

El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, ha situado a los expresidententes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González en una reunión celebrada en 2004 en la que presuntamente se invitó a los consejeros de aquella época a contratar a empresas investigadas en el caso Púnica empleadas para el presunto desvío de dinero de fondos públicos.

Los interrogatorios se han centrado en indagar sobre cómo funcionaba una cláusula de un 1% que se debía incluir en los pliegos de licitación de obras por la que se obligaba a cada contratista a abonarla en concepto de publicidad, un mecanismo -según el juez- establecido para el presunto desvío de fondos al Partido Popular.

En su declaración, Lamela ha ratificado las manifestaciones que efectuó en junio de 2017 ante la Guardia Civil en la que afirmó que Aguirre estuvo presente en una reunión de 2004 en la que se dieron "instrucciones precisas" para contratar a la empresa Over Marketing.

Asimismo, el exconsejero madrileño habría indicado ante el magistrado que los encargados de las licitaciones era presuntamente el exconsejero Alberto López Viejo, quien cumple prisión por el caso Gürtel, y la entonces directora de Comunicación.

Conocedor de la cláusula

Juan José Güemes habría manifestado ante el juez que no recordaba que se hablara de una cláusula de un 1% en las reuniones y ha negado que Aguirre o González le impusieran contratar a ninguna empresa.

Asimismo, ha señalado que conoció la existencia de dicha cláusula cuando llegó a la Consejería de Sanidad a través del propio Lamela. También ha insistido en que no tenía nada que ver con la gestión económica ni del PP de Madrid ni del PP nacional.

Próximas citas

Para cuando acudan Aguirre y González ya habrán declarado Lamela y Güemes, citados el lunes. El primero, como "principal impulsor" de la cláusula del 1% y parte de ese "Plan preconcebido a principios del 2004 dirigido a desviar fondos públicos, en este caso del presupuesto del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007,". Los investigadores apuntan que además, conocía la falsedad de las facturas presentadas por el empresario Horacio Mercado y aún así, habría ordenado que se pagasen.

Respecto a Güemes, fue junto a Lamela asistente en esa reunión de 2004 en la que se habría ordenado dar la publicidad a las empresas de Horario Mercado y "se involucró en el plan para conseguir fondos públicos para el PP de Madrid", según el auto de imputación. Aprobó la licitación de un contrato desde la Consejería de Empleo y Mujer para 2005 y 2006 con el que se habrían desviado hasta cerca de 200,000 euros de dinero público con las facturas falsas de Mercado. Ambos están investigados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.

https://www.elperiodico.com/es/politica/20191014/guemes-lamela-aguirre-gonzalez-caja-b-punica-pp-madrid-7680815


TODOS CONTRA TODOS POR LA PÚNICA EN EL PP DE MADRID

Aguirre, González y dos exconsejeros declaran esta semana por la presunta financiación ilegal del partido

Con la campaña de las elecciones generales en el horizonte, el PP contiene la respiración mientras espera a escuchar las declaraciones como imputados en el caso Púnica de dos exconsejeros y de dos expresidentes de la Comunidad de Madrid. Juan José Güemes y Manuel Lamela acuden hoy a los juzgados. El jueves llegará el turno de Ignacio González, que estuvo al frente de la Comunidad entre 2012 y 2015. Y el viernes declarará Esperanza Aguirre, presidenta entre 2003 y 2012, culminando la procesión de cargos de su máxima confianza convocados para aclarar la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Antes de la semana clave, ya otros colaboradores de la exlíder popular se han reprochado ilegalidades entre ellos, convirtiendo el juzgado en un ring de acusaciones cruzadas sin apuntar a quien fuera su jefa.

Los investigadores intentan responder dos preguntas.

La primera. ¿Quién ideó y ejecutó la cláusula que obligaba a emplear en publicidad el 1% de las licitaciones públicas, privilegiando en la concesión de las campañas consecuentes a un grupo de empresas de comunicación para que estas recuperaran, presuntamente, el dinero que no les había pagado el PP de Madrid por trabajos para las elecciones?

Y la segunda. ¿Quién articuló el supuesto sistema para pagar campañas de reputación en internet a favor de Aguirre, González y otros dirigentes con dinero de empresas públicas de la Comunidad, o de privadas que eran adjudicatarias de contratos públicos?

Los hechos contenidos en el sumario revelan un duro cruce de acusaciones entre los investigados de la Púnica a la hora de responder a esas dos cuestiones.

Isabel Gallego, exdirectora general de medios y persona de la máxima confianza de González y Aguirre, señaló, respectivamente, a los exconsejeros Lamela y Borja Sarasola.

Lamela, en su declaración como testigo de 2017 ante la Guardia Civil, detalló que recibió "instrucciones precisas" sobre cómo actuar en las contrataciones de publicidad durante una reunión a la que acudieron todos los consejeros, "la presidenta [Aguirre], el Gabinete de la Presidenta, la dirección general de Medios de Comunicación de la CAM [encabezada por Gallego]".

Germán Rasilla, exasesor de Lamela, apuntó que toda decisión debía ser aprobada por la dirección general de medios, a cuyo frente estaba Gallego.

Sarasola, por su parte, eludió cualquier responsabilidad cuando declaró el 9 de octubre y aseguró que todo se organizaba desde la Comunidad.

Y Francisco Granados, exconsejero regional encargado de las campañas del PP, empleó el mismo argumento: todo, vino a decir, se cocía en la Real Casa de Correos.

Isabel Gallego, exdirectora general de medios. "Respecto al 1 por ciento de las obras destinado a promocionarlas, es un mecanismo que dependía de las propias consejerías y no de la Dirección General de Medios", aseguró Gallego en una confesión escrita de 2018. "Es un sistema que impulsó Manuel Lamela, consejero de Sanidad de 2004 a 2007 y de Transportes de 2007 a 2008", acusó. "La iniciativa fue copiada por otras consejerías, pero no había una norma que lo regulara. De hecho, otros consejeros como Beteta o Güemes se negaron a aplicarla".

En ese mismo texto, la directora general de medios también dio su versión de los servicios prestados por la empresa de Alejandro de Pedro, uno de los presuntos cabecillas de la trama Púnica, para mejorar la imagen de los políticos del PP en internet. El empresario tejió una red de medios y cuentas en Twitter para sepultar con noticias escritas a la carta las que eran negativas para los intereses de sus clientes.

"Alejandro de Pedro pactó con Borja Sarasola la oferta económica de los trabajos reputacionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González, así como los métodos de pago, que pasaban por adjudicatarias del Canal de Isabel II", acusó Gallego al exconsejero y exviceconsejero. "Salvador Victoria copia el mismo modelo para pagarle, pero tropieza con problemas de tramitación en el concurso de publicidad del Canal de Isabel II y descarta esa vía", siguió. Y añadió:" El 2 de abril de 2012, Sarasola recibe por mail la "valoración económica" para comenzar con los trabajos para Esperanza Aguirre e Ignacio González fijada en 3.000 y 3.500 euros al mes respectivamente. Se reúnen dos días más tarde,- el 4 de abril de 2012 y en un correo de esas fechas ambos hacen alusión a Isabel Gallego como interlocutora para los trabajos de Esperanza Aguirre y a Isabel Díaz Ayuso para los de Ignacio González. (En realidad esto es un error de la UCO, pues era justo al revés). Es curioso que sea Borja Sarasola quien reparte y da instrucciones sobre aspectos de organización del trabajo que corresponderían a la DGM (dirección general de medios). Además, hace una distinción entre Ayuso (PP) y Gallego (Gobierno)".

Manuel Lamela, exconsejero. En su declaración ante la Guardia Civil, el político popular detalló lo siguiente, según la transcripción de los agentes. "Que a principio de legislatura se realiza una reunión interna de trabajo donde se nos presenta el logo Madrid la suma de todos. Que a esta reunión acuden los consejeros de la Comunidad, la presidenta [Aguirre], el Gabinete de la Presidenta, la dirección general de Medios de Comunicación de la CAM [encabezada por Gallego] y Daniel Horacio Mercado [presidente de Over Marketing] (...) En esa reunión se dan instrucciones precisas para que se incluya a Over Marketing y Daniel Horacio Mercado en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación".

Cuando los investigadores le pidieron qué mensaje le transmitió a su equipo de la consejería para actuar en consecuencia, Lamela manifestó: "Que incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas a contratar en materia de publicidad y comunicación en base a las instrucciones recibidas desde Presidencia de la Comunidad de Madrid".

German Rasilla, exasesor técnico de la consejería de Sanidad. Rasilla declaró el 16 de septiembre, y con sus palabras estrechó el cerco sobre la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, también imputada en la pieza del caso Púnica que investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

"Me cita el consejero (Lamela) en su despacho y me informa de que viene de una reunión en Presidencia del Gobierno donde se le han dado instrucciones de contar y contratar con un grupo de empresas concretos, que las competencias en publicidad y comunicación están residenciadas en Presidencia del Gobierno, y que por lo tanto tenemos que acceder a intentar trabajar con esas empresas", declaró el exasesor de Lamela en la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid. "(...) Lo que sí sabíamos toda la Comunidad de Madrid es que toda la política de comunicación, toda la política de publicidad, y todo lo que fuera ese tipo de trabajos o de gestiones, las órdenes se daban desde allí, desde Presidencia del Gobierno (...)", añadió. "En el año 2006 cambió la norma. Anteriormente lo que había era una comunicación permanente con presidencia del Gobierno a través de la dirección general de medios (...) y ellos tenían que autorizarte", siguió, señalando al departamento que dirigía Gallego, a quien no llegó a mencionar en ningún momento. "Yo tenía que despachar en la consejería con el consejero de Sanidad, que era mi jefe directo, y en la dirección general de medios, yo tenía una relación habitual, que no estaba reglada (...)", abundó. Y remató: "Había un control férreo sobre toda la acción de comunicación del Gobierno. Férreo".

La misma línea argumental ha sido seguida por otros altos cargos de la época que han declarado en septiembre como imputados.

Borja Sarasola, exconsejero. El exconsejero de la Comunidad de Madrid rechazó la pasada semana cualquier vínculo con la financiación irregular del PP regional entre 2003 y 2011, durante las etapas de Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente de la formación. Fuentes jurídicas discrepan sobre el contenido de su declaración, a puerta cerrada. Según unas, Sarasola manifestó que era Isabel Gallego, la exdirectora general de Medios de la Comunidad de Madrid, la que se encargaba de todo lo relacionado con la publicidad. Según otras, ese nombre no se mencionó en ningún momento.

Sarasola también habría señalado que conoció a De Pedro a través de Isabel Díaz Ayuso, hoy presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces especialista en comunicación del PP de Madrid.

Francisco Granados, exsecretario general del PP-Madrid. El exconsejero de la Comunidad y exsecretario general del PP de Madrid declaró que durante su etapa al frente del partido se dio cuenta de que había empresas privadas que no facturaban al PP de Madrid, pero que trabajaban en las campañas electorales. Y que luego vio que esas empresas eran contratistas de la Comunidad de Madrid, por lo que intuye que cobrarían de aquí.

"Lo que manifesté a las señoras fiscales es cuál era mi impresión", dijo Granados. "Había una serie de acciones que desde luego yo no oí en la sede y había unas empresas que hasta donde yo sé no estaban contratadas por el partido y estaban participando (...)", siguió. "Esas empresas, habría quedado demostrado, está en otro sumario, han cobrado o han sido contratadas por la Comunidad de Madrid. Entiendo que esa fue la forma de remunerarles. Pero yo, evidentemente, no les he contratado nunca ni tengo capacidad para demostrarlo".

Un informe de la Guardia Civil considera acreditado que el PP de Madrid dejó de pagar más de 300.000 euros de su campaña a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 gracias al trato de favor dispensado al empresario Daniel Horacio Mercado, presidente de Over Marketing. El documento especifica que este no facturó 150.000 de la precampaña popular de marzo de aquel año. Otra parte de sus servicios, valorados en 88.000 euros, se los abonaron constructoras beneficiadas con contratos de la Comunidad de Madrid, siempre según el documento. Y 87.000 euros los sufragó David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama y que colabora con la justicia de 2015. Este constructor aseguró al juez que pagó a las empresas de Mercado por indicación de Granados.

Así explica el juez la cláusula del 1%

“Se aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas Consejerías de la Comunidad, como eran los de construcción de obras, para introducir una cláusula en los pliegos de los mismos que obligaba a la empresa contratista correspondiente a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada”, argumenta el juez Manuel García Castellón en el auto de septiembre en el que imputó a cuarenta personas (entre ellas Aguirre) por su presunta implicación en la financiación ilegal de la formación conservadora. “Este fue el caso de las Consejerías de Sanidad y su ente adscrito, el SERMAS, que habrían aprovechado el desarrollo del llamado “Plan de Infraestructuras Sanitarias”, que financiaba la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud, y también el caso de la Consejería de Transportes, que atendía el Plan que financiaba la construcción de nuevas carreteras, al amparo del cual los investigados simularon la necesidad de contratación de publicidad para una pretendida campaña de “concienciación a los motoristas”, sigue. “En este segundo supuesto el desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el Pliego”, añade. “Esto producía un perjuicio a las arcas públicas, al verse minorados sus fondos en ese 1%”, subraya. “Dichas empresas, que solían ser grandes constructoras y empresas gestoras de los hospitales, no contrataban la publicidad de su obra, se limitaban a atender las órdenes de pago de las facturas emitidas por las mercantiles del investigado Horacio Mercado (como Over Marketing), que les eran remitidas desde la Consejería implicada”, apunta. Y recalca: “Muchas de ellas con publicidad que no se realizó”.

https://elpais.com/ccaa/2019/10/11/madrid/1570806678_783914.html

LOS EX CONSEJEROS MADRILEÑOS LAMELA Y GÜEMES, IMPUTADOS POR EL CASO PÚNICA

El juez señala que se desviaron al PP tres millones de euros de los hospitales y centros de salud del plan de infraestructuras

Los ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes y Manuel Lamela, han sido imputados en el caso Púnica. Ambos tendrán que declarar el próximo 14 de octubre. Así consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el que cita a declarar a 42 altos funcionarios. Entre ellos se encuentran las ex presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

El juez apunta en el auto al Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 para la construcción de nuevos hospitales y centros de salud. En el texto se pone de manifiesto los pliegos incluían una cláusula por la que obligaría a cada contratista a abonar en concepto de publicidad un 1% del presupuesto de la obra. Este sería el mecanismo establecido para desviar fondos al Partido Popular.

Los ex consejeros de Sanidad, Juan José Güemes y Manuel Lamela, han sido imputados en el caso Púnica

El dinero se dirigía a las sociedades del empresario Horacio Mercado que facturó publicidad que “o bien no se realizó, o se sobrevaloró su precio”, destaca el juez en el auto. El magistrado identifica cuatro empresas asociadas a este empresario: Over, Traci, Link y Abanico, “utilizadas como canal por el que circularían los fondos detraídos indirectamente del presupuesto del Plan de Infraestructuras, al reservarse los investigados Ignacio González y Francisco Granados, bajo la supervisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la competencia última para decidir qué empresas prestarían la simulada publicidad, quienes en todos los casos resolvieron que fuesen las mercantiles vinculadas al investigado Horacio Mercado las agraciadas”, destaca el juez.

La sociedad gestora de cada hospital o la constructora recibían las órdenes de pago de la Comunidad de Madrid. Estas venían acompañadas de las facturas confeccionadas por Mercado. En concreto se desviaron 1,8 millones del presupuesto de la construcción de siete hospitales. El plan de 2004-2007 contemplaba los del Tajo, del Sureste, del Henares, el Puerta de Hierro, Infanta Cristina e Infanta Sofía. A esta cantidad se sumarían otros 1,2 millones de euros por los centros de salud.

En el caso de Juan José Güemes no se encuentra investigado por su actuación en sanidad. Su imputación se debe a su etapa al frente de la Consejería de Empleo y Mujer.

http://isanidad.com/146244/los-ex-consejeros-madrilenos-lamela-y-guemes-imputados-por-el-caso-punica/

GÜEMES DEFIENDE LA GESTIÓN MIXTA COMO SOLUCIÓN PARA LOS HOSPITALES

El exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes, ha declarado ante la comisión parlamentaria que investiga el modelo público-privado de siete hospitales

El exconsejero de Sanidad Juan José Güemes sigue estando convencido de que la fórmula de externalización (mixta público-privada) utilizada para construir siete nuevos hospitales en la época de Esperanza Aguirre cuando el formaba parte de su gobierno, fue la solución más eficiente. Incluso constituiría en la actualidad la forma de sacar adelante la “urgente” modernización y ampliación que necesitan algunos hospitales de la red pública. El expolítico popular ha realizado estas declaraciones en su comparecencia ante la Comisión de Deuda de la Asamblea de Madrid, que investiga el coste que está suponiendo para los madrileños la construcción y mantenimiento de esos centros, por los que la Comunidad paga un canon anual.

Los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) consideran excesiva la cifra –ya se han pagado 10 años y quedan otros 20- y tan poco transparente que es imposible conocer si los inmuebles están abonados o no. El canon incorpora 12 elementos que se refieren a servicios no hospitalarios, como limpieza, seguridad, restauración, entre otros. No existe ninguno específico que valore la amortización de la construcción de los edificios, que estaría escondida en dichos puntos. “Sería como pagar una casa para la que se ha pedido un crédito dentro de la electricidad, la limpieza, el mantenimiento…”, ha indicado José Manuel López, portavoz de Podemos en la Comisión. Entre 2007 y 2002 se inauguraron siete nuevos centros (Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía y Puerta de Hierro).

La declaración de Güemes se ha producido después de que hace dos semanas acudiera a la misma comisión parlamentaria su antecesor en el cargo Manuel Lamela, el arquitecto del método de gestión hospitalaria cuya eficiencia pone en duda la oposición. El exconsejero ha asegurado que, según sus cuentas, “es evidente” que la gestión sanitaria ha sido “coherente con el objetivo de eficiencia”. Tanto es así, que la elección de esa modalidad, que no computaba en el déficit y la deuda pública, dejó una “holgura presupuestaria al servicio madrileño de salud suficiente para invertir en el periodo que analiza la comisión 1.497 millones en la modernización de hospitales existentes y como en la ampliación y modernización de red centros de atención primaria”.

Güemes no ha contestado a las preguntas reiteradas por los grupos de la oposición sobre la razón por la que el control de la gestión se encargó a una empresa privada que no contaba con ninguna experiencia sanitaria y no se realiza por la propia Consejería de Sanidad. Tampoco ha desvelado el motivo por el que se pagaron 564.000 euros a las concesionaria por labores de comunicación y publicidad con cargo a los presupuestos de la Comunidad.

Güemes ha realizado un ejercicio con el hospital Infanta Leonor (Vallecas) para demostrar que el modelo que defendió y defiende es el más eficiente. Ha comparado lo que está costando a los madrileños la construcción y mantenimiento de los hospitales con la fórmula público-privada con respecto al modelo clásico. Según sus cálculos, por el Infanta Leonor se han desembolsado con el sistema mixto público-privado 101 millones en los 10 años transcurridos de concesión. Con la gestión pública (directa) la cifra habría subido a los 172.

Los cálculos de Güemes no han convencido a la oposición. José Manuel Freire, diputado del PSOE, sostiene que los "contratos son lesivos" y que el Gobierno no pone a su disposición la información necesaria para conocer el coste real. Susana Solís, de Ciudadanos, ha informado de que su grupo ha pedido una auditoría a la Cámara de Cuentas que aclare lo sucedido.

https://elpais.com/ccaa/2017/04/18/madrid/1492521875_353660.html

EL JUEZ MANTIENE LA IMPUTACIÓN A GÜEMES Y LAMELA POR COHECHO Y PREVARICACIÓN

El juez legitima la querella de los sanitarios de Afem: “El interés del colectivo médico está sobradamente acreditado”

El titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha desestimado el recurso que el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes presentó el verano pasado contra el auto de admisión de la querella por prevaricación, cohecho y malversación de la asociación de médicos Afem. En un auto de 29 de octubre, pero adelantado por El Mundo hoy, el juez no solo desestima la petición de Güemes y de dos de las empresas supuestamente beneficiadas por la privatización sanitaria en Madrid (Asisa y Unilabs) sino que defiende la necesidad de investigar los hechos presuntamente delictivos que relata Afem. Además, el auto concreta un poco más qué delitos corresponderían a cada uno de los nueve imputados en el proceso. En el caso de los exconsejeros Güemes y Manuel Lamela, cohecho y prevaricación.

Al admitir a trámite la querella, Sexmero decidió en junio pasado investigar el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional en 2003. En el auto de admisión solicitó una extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa. También imputó a la cúpula de la sanidad madrileña: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos actuales, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

Poco después de conocer su imputación, Güemes presentó un recurso en el que alegó la falta de legitimación de Afem y la inconcreción de su imputación. El fiscal del caso, Salvador Ortolá, envió varios escritos en agosto en los que se adhería a los recursos de Güemes y el resto de imputados y pedía cerrar las diligencias. Ahora Sexmero reconoce que “el escrito de querella debería haber sido más claro en el relato de los hechos e imputaciones”, pero afirma que “no puede decirse que del relato no puedan deducirse de manera explícita los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y las personas a las que se imputa estos hechos”. El juez está decidido a continuar investigando: “Resulta indispensable la práctica de las diligencias de investigación necesarias tendentes a esclarecer los hechos relatados en la querella incluso aunque pudieran ser confusos”.

En septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 suspendió el interrogatorio de la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, y del director general de Hospitales, Antonio Burgueño, que estaban llamados a acudir al juzgado como imputados en el marco de la querella por presuntas irregularidades cometidas en la primera fase de la privatización hospitalaria en Madrid. El juez no había recibido la información solicitada a la Consejería de Sanidad madrileña. Todas las comparecencias se suspendieron y aún no se han retomado.

El juez acredita la legitimación de Afem: “El interés del colectivo médico y en consecuencia de la asociación querellante, que se ve afectado o puede serlo en sus condiciones de trabajo y económicas, así como en la prestación del servicio de salud, por las irregularidades denunciadas, está sobradamente acreditado”.

Sexmero resume brevemente los hechos que describió con mayor precisión en el auto de admisión a trámite de la querella: “Del mismo modo se imputa el delito de prevaricación, y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon y que se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad como el Sr Güemes y el Sr Lamela, responsables políticos de la adjudicación a los que imputa en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs, habiéndose contratado incluso en la Consejería de Sanidad a cargos de estas empresas como el propio Burgüeño Carbonell que participó en su dia en la creación del “modelo Alcira” en la Comunidad Valenciana o Jose A. Azofra , director medico del hospital Infanta Elena de Valdemoro y a la vez coordinador de M.I de la Fundación Jiménez Diaz(Capio) a donde se derivan pacientes desde centros públicos de manera interesada según la querella y ajena al interés público y al servicio de salud”.

Las personas que fueron imputadas en junio son los dos exconsejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también citó con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/31/madrid/1383219051_072068.html

UN JUZGADO PONE BAJO LA LUPA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID

Imputados dos exconsejeros al admitirse a trámite una querella por malversación y prevaricación

El magistrado pide exhaustiva información mercantil y económica

El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid investigará el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Y, a juzgar por la extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa que solicita el juez, lo hará de manera exhaustiva. El magistrado Marcelino Sexmero ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación de médicos Afem, una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria, por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros. Además, ha citado a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

La querella —un texto de 86 páginas más 70 anexos de documentación elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños— señala las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente por empresas de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles (entre 2007 y 2011). Los querellados son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también cita con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

“Se trata de una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín”, afirmó este viernes el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty en unas declaraciones grabadas y difundidas por su Gabinete. “Es un acto puramente de trámite”, añadió. Capio y Ribera Salud declinaron comentar las imputaciones.

El auto judicial llama a declarar a cuatro testigos, también altos cargos de Sanidad pero de perfil más técnico, y requiere información detallada. Pide, por ejemplo, al Registro Mercantil que identifique a los accionistas o socios de empresas relacionadas con Capio (ahora IDC Salud), la empresa líder en gestión privada de sanidad pública en Madrid: Capio Sanidad S. L., Desarrollos Empresariales Piera, S. L. y Poitiers Develops, S. L. También dirige una comisión rogatoria a Luxemburgo para que sus autoridades informen de los accionistas, socios y apoderados de HC Investments BV, la empresa con la que termina el rastro de compañías accionistas de Capio en el Registro Mercantil español.

Los denunciantes destacan las vinculaciones entre cargos políticos y las empresas que se han beneficiado del proceso

La querella presentada por los médicos insiste en los aspectos económicos, en concreto en “la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros”. Según los contratos, los hospitales de gestión privada son penalizados si los pacientes que tienen asignados acuden a tratarse a otros centros de la red pública. Los médicos aseguran que la Consejería de Sanidad no disponía hasta el pasado mes de abril de mecanismos de control de esa facturación intercentros, por lo que dudan de que la Administración pública estuviera realmente cobrando esas asistencias a las empresas.

El magistrado requiere a los gerentes de 13 hospitales, de gestión pública y privada, la facturación intercentros detallada de los años 2010, 2011 y 2012. Se trata de información que los partidos de la oposición en el Parlamento regional han solicitado a la Consejería de Sanidad, pero que esta no ha divulgado o no lo ha hecho de forma desglosada. Ese detalle es el que ahora requiere el juez. A los centros de gestión privada (Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro, Móstoles y Torrejón), por ejemplo, se les pide “la relación circunstanciada de pacientes asignados a sus áreas” atendidos en otros centros.

Estos datos son muy relevantes para los múltiples recursos que se acumulan en los juzgados contra el proceso privatizador actual de seis hospitales inaugurados en 2008. Tanto Afem como los partidos de la oposición aseguran que la cápita (dinero que paga la Administración a la empresa por paciente y año) que ha establecido el concurso es superior al coste real que suponen ahora estos centros para el erario público, por lo que no existiría ningún ahorro, más bien al contrario, en su paso a manos privadas. La facturación intercentros es básica para conocer el presupuesto real que manejan estos hospitales. Afem también denuncia “el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes” hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas de Sanidad.

El PP destaca que los hospitales externalizados logran un 95% de satisfacción de sus pacientes

La querella se detiene asimismo en los casos de puerta giratoria en la sanidad madrileña. Los dos exconsejeros de Sanidad tienen o han tenido intereses en la sanidad privada tras abandonar sus cargos. Güemes renunció en enero pasado a su puesto en la empresa Unilabs tras conocerse que esta poseía los laboratorios de análisis clínicos que se privatizaron durante su mandato. Lamela acumula cargos en empresas y fundaciones dedicadas a la sanidad como negocio. Antonio Burgueño, nombrado por Güemes en 2008, trabajó durante años para empresas del sector. Por ejemplo, asesoró a Capio en la apertura del primer hospital que copiaba en Madrid el controvertido modelo Alzira, en 2007.

Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.

Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio. Forma parte, entre otras cosas, del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios de gestión privada del hospital del Tajo en Aranjuez, que se licitó mediante una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 años. El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja.

En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.

Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.

Los médicos denuncian que hospitales de gestión privada "atraen pacientes de otras áreas de protección, a través del denominado Call Center fundamentalmente de hospitales públicos de gestión directa por el SERMAS, viniendo obligados estos últimos a pagar la prestación sanitaria realizada. La elección del centro en ocasiones ha sido voluntaria por parte del paciente, pero en otras se ha producido coacciones o engaños", según recoge el auto del juez. Este diario relató en enero pasado cómo médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian el sistema de derivaciones a clínicas privadas de la Consejería de Sanidad. Aseguran que ofrece información engañosa con la que se “presiona” a los usuarios para que acepten operarse en privadas a las que la Administración paga por esos procedimientos.

Para Fernández-Lasquetty, la admisión de la querella no significa "ningún tipo de decisión", sino simplemente que el juez "lo va a examinar; es un acto puramente de trámite". Recordó que se trata de "hospitales públicos que llevan ya años atendiendo a miles de madrileños", en Torrejón, Valdemoro y Móstoles, y lo están haciendo con "un extraordinario nivel de calidad y una satisfacción de más del 95%" de los usuarios. "Por tanto son hospitales que están cumpliendo muy bien su labor al servicio de sanidad pública madrileña", subrayó, antes de añadir que en el "momento en que fueron licitados y sometidos a concurso para su construcción, se hizo con arreglo a los principios de la ley, con toda transparencia y toda legitimidad".

El auto del magistrado Sexmero admite la personación de cuatro diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ejecutarán la "acción popular". En cambio, el juez rechaza la medida cautelar que le pedía Afem en la querella: la suspensión y paralización general del proceso de privatización.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha instado este viernes a la Comunidad de Madrid a que paralice el proceso de "privatización y desmantelamiento" de la sanidad pública tras la admisión de una querella sobre posibles irregularidades en la externalización de servicios sanitarios desde 2004. El diputado de IU de la Asamblea de Madrid Rubén Bejarano ha pedido al presidente regional, Ignacio González, "paralizar de forma urgente el proceso de privatización de los seis hospitales madrileños a la vista de que el Juzgado Número 4 ha admitido a trámite la querella contra la cúpula que inició la privatización de la sanidad en el año 2003".

Un vuelco en 10 años

La sanidad pública madrileña dio un vuelco con la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional, en 2003. Encontró una veintena de hospitales de gestión enteramente pública y hoy casi uno de cada tres es de gestión privada, total o parcialmente.

2007. Aguirre inaugura el hospital Infanta Elena, en Valdemoro, el primer centro que copiaba en Madrid el modelo Alzira de concesión administrativa, la fórmula usada en las autopistas.

2008. Se inauguran siete hospitales de gestión mixta público-privada: Henares (Coslada), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Del Tajo (Aranjuez), Infanta Leonor (Vallecas) y Puerta de Hierro (Majadahonda).

2011. Abre el hospital de Torrejón de Ardoz, de gestión enteramente privada.

2012. Se inaugura el hospital Rey Juan Carlos, de Móstoles, también de gestión privada.

Previsto para 2011, el hospital de Collado Villalba está terminado y cerrado. Cuesta 900.000 euros al mes.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/21/madrid/1371816992_972840.html

ADMITIDA LA QUERELLA CONTRA LAMELA Y GÜEMES POR LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

La Comunidad está "segura" de que todo se hizo correctamente y lo considera una "maniobra política del PSM y su sindicato médico"

El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

En un auto fechado ayer, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.

Lamela y Güemes declararán el próximo 2 de octubre
Tras incoar el pasado 3 de junio las diligencias de investigación, el juez cita en su auto a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre. Las declaraciones concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y Güemes. El juez indica en el auto que todos ellos deberán ir acompañados de un abogado, ya que declararán como imputados. Tras ello, dictará una nueva providencia para citar a varios testigos, entre ellos el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual, o el director médico del Hospital Infanta Elena, Juan Antonio Azofra.

En la resolución, el juez expone que la querella denuncia supuestas irregularidades del SERMAS en "el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a través del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones".

Añade que los hechos "se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública".

La Comunidad, "segura" de que todo se hizo correctamente

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha explicado que las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defectos de forma y se muestra "segura de que se actuó correctamente" durante la primera externalización, pues se desarrolló con "todos los procedimientos legalmente establecidos". Por tanto, entiende que esta querella es una "maniobra política del PSM y de su sindicato médico" ya que estos primeros hospitales con gestión "externalizada" no sólo "cumplen con un umbral de satisfacción muy alto", sino que con un 92% de ratio superan incluso a la media de hospitales de la región, que también cuentan con una satisfacción muy alta entre los pacientes.

El juez investigará el trasvase de pacientes de la sanidad pública a la privada
En relación con Lamela, la querella habla de su vinculación con la empresa Assignia Infraestructuras, una empresa que "participa en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, licitados y adjudicados en la etapa en la que Lamela era consejero de Sanidad y que inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja".

De igual modo, señala que Güemes, ex consejero de Sanidad entre 2007 y 2010, está vinculado a Unilabs, "una filial española de la mutliancional suiza del mismo nombre y que anunció el pasado noviembre la compra del 55% de la UTE, compuesta por Grupo Balaqué y Ribera Salud", la adjudicataria. "La operación se ha efectuado por valor de cinco millones de euros y su domicilio está en la Fundación Jiménez Díaz Después de cerrar el Laboratorio Central de Análisis, y cerrar los laboratorios de los hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró Güemes", agrega el auto.

Güemes es miembro del consejo de administración de Unilabs. Esta empresa adquirió el pasado noviembre Balaguer, la empresa a la que originariamente la Comunidad, con Güemes de consejero de Sanidad, adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009 en un concurso que, además, Unilabs perdió.

Gestión sanitaria de hospitales
En la querella se detalla cómo entre 2004 y 2007 se licitan y aborda la construcción de ocho nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, planteándose su construcción entre 2007 y 2011 de los hospitales de Torrejón, Móstoles, Collado Villalba y Carabanchel. Prosigue explicando que para los hospitales construidos posteriormente, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba, se formalizan contratos de gestión del servicio público que incluyen también los servicios clínicos. El plazo de duración de los contratos es también de treinta años. Estos hospitales son conocidos como hospitales con colaboración público-privada (CPP) en régimen de concesión administrativa.

En este modelo de gestión, la empresa privada recibe de la administración pública un canon anual que se paga por adelantado mensualmente, por cada persona de su área de protección, a cambio de atender las necesidades asistenciales de su población.

Averiguaciones
Sexmero recalca en el auto que el objeto de esta investigación está encaminado a "la averiguación de la realidad de las conductas irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan trascendencia penal respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes de la sanidad pública a la privada bajo intimidación o engaño". Asimismo, a investigar "la denunciada ausencia de control del precio por la adjudicación de los centros de Pontones y Quintana y la no reclamación de 1.5 millones de euros a Capio en la medida que pueda haber perjudicado a la Hacienda Publica".

También se investigará "la denunciada falsedad o no de la facturación intercentros, las irregularidades de algunos de los convenios o concesiones al sector privado y en concreto a sociedades con accionistas opacos, la contratación de exconsejeros de Sanidad por las empresas concesionarias y beneficiarias de la gestión de aquellos y la supuesta negligencia y descontrol en el gasto público en la gestión de los servicios, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de éstas".

Sexmero es el juez que archivó la denuncia del marido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por el escrache que sufrió en su casa.

http://www.publico.es/457619/admitida-la-querella-contra-lamela-y-guemes-por-la-privatizacion-sanitaria


IMPUTADOS LOS PROMOTORES DE LA PRIMERA PRIVATIZACIÓN DE HOSPITALES

Admitida a trámite la querella de Afem por los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón

Los exconsejeros de Sanidad Güemes y Lamela, citados a declarar

El Juzgado de Instrucción número 4 de la capital ha admitido a trámite la querella presentada a principios de mes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra el proceso de privatización de la gestión sanitaria que Esperanza Aguirre emprendió en 2003. La querella se presenta por posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 contra varios cargos y excargos, como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, y contra las empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones sanitarias.

En su querella, Afem denunciaba supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de los primeros tres hospitales que el Gobierno regional puso en manos de empresas: los de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, inaugurados entre 2007 y 2012. Además, denunciaba "el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes" de la sanidad pública hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas, el llamado 'call center' sanitario. Otra de las alegaciones de Afem es "la ausencia de control en la facturación intercentros y la no reclamación a Capio de 1,5 millones de euros", lo que supondría un perjuicio a la Hacienda pública.

Afem se querelló contra todos los implicados en el proceso privatizador: Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud; Antonio Burgueño Carbonell, director general de Hospitales; Juan Antonio Álvaro de la Parra, representante de Fundación Jiménez Díaz U.T.E.; Grupo Ribera Salud; Capio Sanidad; Manuel Lamela Fernández; exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes Barrios, también exrresponsable de esta cartera, Unilabs y Asisa. Todos los cargos políticos están citados a declarar y deberán acudir con su abogado.

Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/21/madrid/1371816992_972840.html

GONZÁLEZ NO VE INCOMPATIBILIDAD EN EL ‘CASO GÜEMES’ Y RECHAZA ENDURECER LA LEY

  • Opina que ''ser consejero le da a uno la oportunidad de conocer muy bien el sector''

  • Considera "razonable" que Aguirre se marche al sector privado si está en otra "etapa de su vida"

El presidente de Madrid, Ignacio González, ha defendido a primera hora de esta mañana el fichaje del exconsejero madrileño Juan José Güemes por una empresa de análisis clínicos que acaba de hacerse con unos laboratorios que él mismo privatizó cuando estaba al frente de la Sanidad madrileña. "Güemes lleva tres años fuera de la consejería", ha vuelto a justificarle González, que ha recordado, como ya hizo el pasado viernes al conocerse la noticia, que la ley de incompatibilidades marca un plazo de dos años antes de pasar al sector privado. Apenas unas horas después y a pesar del apoyo público expresado por el Gobierno regional y por el PP, Güemes ha anunciado su dimisión en Unilabs. Preguntado al respecto en la inauguración de un supermercado, González ha considerado "muy razonable" la decisión de Güemes.

La empresa suiza, para la que trabajaba Güemes desde el pasado junio hasta hoy mismo, compró en noviembre el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Güemes —responsable de Sanidad entre 2008 y 2010— formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes.

En una entrevista en la cadena SER, González ha señalado que le parece "bien" que los políticos, cuando hayan dejado su actividad, "puedan desempeñar actividades laborales en empresas que han tenido relación con la administración". "Me parece bien, cumpliendo los parámetros legales que están establecidos", ha remachado. Es más, ha opinado que ser consejero de Sanidad de Madrid, "que gestiona el 30% de la sanidad española, le da a uno la capacidad de conocer bastante el sector" y, en su opinión, "tendrá una experiencia que será lo que habrá valorado la empresa" que lo ha fichado como consejero.

"¿Por qué no le parece mal en el caso de Felipe González, Pedro Solbes, Elena Salgado, que han ido a trabajar a empresas sobre las que tomaron decisiones concretas?. Cree que cuando Felipe González privatiza Gas Natural es porque cree que después le van a hacer consejero de la empresa? Porque a mí me parece sorprendente creer eso", ha respondido a las críticas de Pepa Bueno, que le entrevistaba en Hoy por hoy.

Frente a voces que piden un endurecimiento de la ley de incompatibilidades, como la del nuevo líder de IU en Madrid, González ha considerado que es "suficientemente dura" y ha añadido que si hubiera habido un "mal interés" detrás de la adjudicación de los análisis clínicos en la época de Güemes, "se habría puesto de manifiesto" en el momento de la adjudicación. A su juicio, por privatizar o externalizar la gestión de un servicio"no se puede prejuzgar que se hace para que unos años después alguien se beneficie de eso".

En la misma línea y salvando las distancias entre un caso y otro, González ha considerado que es "razonable" que la presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, se marche a trabajar al sector privado si le ha surgido la "oportunidad" y está en "otra etapa de su vida profesional". El sucesor de Aguirre ha indicado que las "ventajas" de "ficharla son muchas" y que no le "sorprende" que Aguirre se vaya a una empresa ni le parece "mal" que cuando "uno deja la actividad política en primera línea busque otras formas de realizar su actividad profesional". Así, ha explicado que Aguirre tenía una oferta de una empresa que "no tiene nada que ver con la Administración" y que "se dedica a otras cosas distintas", por lo que le parece "razonable" que si "está en otra etapa de su vida profesional, lógicamente aproveche las oportunidades laborales que le surjan".

En cuanto al conflicto abierto en Madrid por la imposición del copago farmacéutico, ha pedido que no se eleve la anécdota a categoría en los casos de insumisión contra la tasa de un euro por receta, que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional después de que lo haya hecho ya el PSOE. González ha advertido de que la posible suspensión del cobro de la tasa "lo único que hace es que la medida se deje de aplicar hasta que el tribunal se pronuncie". Preguntado por la posible devolución de lo que hasta el momento han abonado los usuarios si estos recursos prosperan, ha señalado que ya se verá cuando se conozca el pronunciamiento del alto tribunal.

“Hasta el día 8 de enero se han expedido 1.800.000 recetas para unas 400.000 personas, es una razón del porqué racionalizar el gasto farmacéutico porque no es normal que una persona vaya con 20 recetas”, ha argumentado González, que ha vuelto a defender su plan privatizador de la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud. "Supone un ahorro de alrededor de 200 euros por paciente y las empresas privadas, si quieren ganar dinero, será a través de nuestras condiciones y con una gestión más eficiente", ha señalado, para añadir que "hay cuestiones de gestión que, por la rigidez del sistema público no se pueden hacer". "Propongo que se haga una reforma estructural de nuestro modelo sanitario, es necesario porque el coste de nuestra sanidad no lo podemos pagar", ha sentenciado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/15/madrid/1358239818_427655.html

 GÜEMES DEJA LA EMPRESA UNILABS

  • Niega trato de favor y defiende su fichaje desde el punto de vista legal, ético y estético

  • Justifica su renuncia en que había perdido libertad para defender sus "convicciones"

  • "Ha sido una decisión personal", explica un portavoz de la empresa, que lamenta la salida

A pesar del apoyo público expresado por el Gobierno regional y por altos dirigentes del PP, el exconsejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes ha anunciado este mediodía su dimisión como miembro del consejo de la empresa suiza de análisis clínicos Unilabs, tras la polémica suscitada al conocerse el pasado viernes que esta compañía se ha hecho con un servicio que él mismo privatizó. Güemes, que participaba en la presentación de unas jornadas del Instituto de Empresa (IE), ha defendido no obstante su fichaje desde el punto de vista legal, ético y hasta estético, al tiempo que ha justificado su renuncia en que había perdido libertad para defender "la colaboración público-privada". "Ha sido una decisión personal para evitar cualquier sombra de duda", ha precisado un portavoz de Unilabs, que ha lamentado la pérdida.

Güemes estuvo en el Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2008 y 2010 y en marzo de ese año lo abandonó para dedicarse a la empresa privada. Tras fichar por la escuela de negocios, el pasado junio la empresa suiza Unilabs, dedicada a los análisis clínicos, le nombró consejero. En noviembre, Unilabs compró el 55% de la UTE que gestiona los laboratorios de seis hospitales públicos del sur de Madrid. Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa en 2009, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. Unilabs se había presentado a este concurso público, pero lo perdió.

Tras presentar el congreso Spain Startup & Investor Summit 2013 como presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora del IS, Güemes ha anunciado su decisión de dimitir porque no quiere que nadie le pueda atribuirle "intereses espúreos" y ha explicado que se debe a que cree "haber perdido algo de libertad en la defensa" de sus ideas y de sus "profundas convicciones en apoyo a la colaboración público-privada" en todos los ámbitos de gobierno "y en particular en el sanitario". A partir de ahora, podrá defender sus ideas libremente, sin ninguna atadura y sin dar a nadie la oportunidad de achacarle "injustamente" intereses personales.

Así, ha indicado que defiende esta fórmula porque está "convencido de que contribuye a la sostenibilidad del sistema público sanitario" al que se ha referido como "uno de los pilares de la sociedad de igualdad de oportunidades". "Creo haber obrado no solo respetando estrictamente la legalidad vigente sino también desde el punto de vista ético y como dicen algunos, estético", ha indicado Güemes, quien ha añadido que piensa "seguir defendiendo aquello" en lo que cree pero "no desde la política, pero sí desde la sociedad".

Güemes ha aclarado que Unilabs no ha tenido "ninguna relación" con el Gobierno de Madrid porque "nunca ha contratado nada con la Consejería de Sanidad". "No puede interpretarse bajo ningún concepto que haya tenido algún trato de favor, ya que se presentó a un concurso público, precisamente para la gestión de un laboratorio, y lo perdió", ha señalado, aunque ha reconocido que se adjudicó a otra empresa, que posteriormente ha sido adquirido por Unilabs. Ante las dudas que puedan surgir sobre su incorporación a otro proyecto, el exconsejero de Sanidad ha querido dejar claro que no formará parte en "mucho tiempo" de "ninguna empresa" del ámbito sanitario. Por último, Güemes, se ha mostrado convencido de que la externalización de servicios contribuye a la sostenibilidad del sistema público sanitario, avalando así la reforma que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que él mismo inició.

"Ha sido una decisión personal e irrevocable" con la que quiere "evitar que haya cualquier sombra de duda o comentario lesivo sobre el trabajo de la empresa", ha explicado un portavoz de Unilabs, informa Elena G. Sevillano. "Se la ha comunicado al consejo poco antes que a los medios. Lamentamos la decisión que ha tomado pero le apoyamos totalmente y mantenemos los argumentos que dimos el otro día", ha añadido. Güemes, según ha asegurado este portavoz, "no quiere que su presencia pueda perjudicar a Unilabs en futuras operaciones". En un comunicado posterior, la empresa ha reiterado "la absoluta transparencia y legalidad que ha regido en todo momento" la operación de compra de parte de la UTE.

Apenas unas horas antes de conocerse la renuncia de Güemes, el presidente de Madrid, Ignacio González, volvía a defender el paso de este a una empresa del sector de la sanidad. En una entrevista en la cadena SER a las nueve y media de la mañana, González señaló que le parece "bien" que los políticos, cuando hayan dejado su actividad y "cumpliendo los parámetros legales establecidos", puedan desempeñar "actividades laborales en empresas que han tenido relación con la administración". Es más, opinó que ser consejero de una comunidad que "gestiona el 30% de la sanidad española, le da a uno la capacidad de conocer bastante el sector" y, en su opinión, "tendrá una experiencia que será lo que habrá valorado la empresa" que lo contrató como asesor. En un acto posterior, la inauguración de un supermercado, González ha cambiado el paso y ha considerado "muy razonable" la decisión de Güemes. Su antigua jefa Aguirre ha añadido: "Yo lo único que sé es que Güemes no adjudicó los laboratorios a esa empresa, sino que justamente se los dio a otra".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/15/madrid/1358249595_506948.html

LA EMPRESA A LA QUE ACONSEJA GÜEMES SE HACE CON LOS ANÁLISIS DE SEIS HOSPITALES

  • Unilabs España compra el 55% de la UTE Ribera Salud y Balagué

  • González defiende al exconsejero y recuerda que la incompatibilidad es de dos años

  • Esperanza Aguirre e Ignacio González presentan a Javier Fernández Lasquetty como sucesor de Juan José Güemes en Sanidad. / SAMUEL SÁNCHEZ

La empresa para la que trabaja el exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, se ha hecho con la gestión del servicio de análisis clínicos en seis hospitales públicos madrileños y de todos los centros de salud y residencias de ancianos que dependen de ellos, ha informado esta mañana la cadena SER. Fue el propio Güemes, protagonista de uno de los casos más llamativos y sonados de traspaso de la política a la empresa privada, quien privatizó este servicio cuando fue titular de la cartera de Sanidad entre 2008 y 2010 en el Gobierno de Esperanza Aguirre.

En 2003, Güemes fue fichado para la política madrileña por Aguirre y se convirtió en su ojo derecho. Su andadura en el Gobierno regional empezó como consejero de Empleo y Mujer y en junio de 2007 pasó a Sanidad en sustitución de Manuel Lamela. Allí, desarrolló el polémico modelo de hospitales manejados por empresas que Aguirre quería para Madrid y en el que Ignacio González acaba de profundizar al poner en marcha la mayor operación privatizadora de la sanidad pública española. "El dinero sigue al paciente", llegó a decir alguna vez durante su mandato, del que es muy recordado que explicara su plan de infraestructuras ante un grupo de 150 empresarios del sector sanitario y de la construcción que habían pagado 1.200 euros por asistir a una jornada en el Ritz bajo el lema: Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa.

En marzo de 2010 abandonó el cargo de consejero, que pasó a manos de Javier Fernández-Lasquetty, y también la Secretaría de Comunicación del PP de Madrid y su escaño en la asamblea, aunque sigue siendo militante. Se marchó a la empresa privada y, tras pasar Zinkia (creadora de Pocoyó), recaló en el Instituto de Empresa y entró en el Consejo de Administración Unilabs España, filial de la multinacional suiza del mismo nombre, el pasado mes de junio. Según fuentes próximas a la empresa de análisis clínicos, integrada en la multinacional Capio Salud, "no se trata de un puesto ejecutivo”.

En 2009, cuando formaba parte del Gobierno regional, Güemes adjudicó la gestión de las pruebas clínicas de seis hospitales madrileños —Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Infanta Leonor (Vallecas), Sureste (Arganda), Henares (Coslada) y Hospital del Tajo (Aranjuez)— a la UTE BR Salud, formada por Ribera Salud y el grupo Balagué. Unilabs se presentó a ese concurso, pero no lo ganó. “No tuvo relación alguna con la consejería en ese momento”, sostienen fuentes del sector.

La concesión administrativa, para un periodo de ocho años y con posibilidad de prórroga para dos años más, contempla, además de la gestión de los análisis clínicos correspondientes a esos hospitales, la de los centros de atención primaria de su área de influencia, 49 centros de salud, 107 consultorios periféricos y 100 residencias de ancianos. En total, un área de un 1.100.000 habitantes a un precio de 16 euros por cabeza que paga la Consejería de Sanidad.

Hace poco más de un mes, el 21 de noviembre, la empresa a la que asesora Güemes compró el 55% que el grupo catalán Balagué Center mantenía en BR Salud por cinco millones de euros. Unilabs realiza ahora las pruebas de estos seis hospitales, cuya gestión acaba de privatizar el Gobierno regional por completo, junto con 27 centros de salud. "Esta operación refuerza nuestra presencia y compromiso con la Sanidad madrileña y forma parte de un proyecto de inversión mucho más amplio", dijo el presidente de Unilabs España, Daniel de Busturia, al anunciar la operación. Unilabs España ya gestionaba los laboratorios del hospital de Torrejón y el laboratorio del hospital Fundación Jiménez Díaz, propiedad de Capio.

Preguntado por este periódico, Güemes no ha querido hacer comentarios a la noticia. El que sí ha hablado del asunto ha sido el actual presidente regional y sucesor de Aguirre, Ignacio González, en Los Desayunos de TVE. Cuando en el coloquio con varias periodistas se hablaba del recurso del Gobierno de Rajoy al euro por receta madrileño, de las huelgas en la sanidad y del plan privatizador, dos de las periodistas le han afeado que Güemes sea miembro del consejo de una empresa que ha asumido un servicio que él mismo privatizó.

"Dejó de ser consejero hace cuatro años", le ha defendido González. "¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Güemes pueda trabajar en el ámbito sanitario?", se ha preguntado retóricamente, para contestarse él mismo que la ley de incompatibilidades marca que tiene que transcurrir un plazo "de dos años" y han pasado "cuatro". A esta reflexión, las periodistas han reconocido que no es una cuestión de incompatibilidad sino de "ética y estética". "Nosotros no hemos adjudicado nada, ya esta adjudicado", ha añadido González, que era vicepresidente regional cuando se produjo la adjudicación

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/11/madrid/1357890029_816111.html

LA EMPRESA DE LA QUE ES CONSEJERO JUAN JOSÉ GÜEMES SE QUEDA CON LA GESTIÓN DE LOS ANÁLISIS CLÍNICOS QUE ÉL MISMO PRIVATIZÓ

El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid forma parte desde agosto del consejo de administración de la empresa sanitaria Unilabs, integrada en el grupo Capio

Unilabs acaba de comprar el 55% de la Unión Temporal de Empresas a la que el propio Güemes, siendo Consejero de Sanidad, adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales madrileños. Son los seis centros cuya gestión sanitaria quiere privatizar próximamente la Comunidad de Madrid.

"Esta operación refuerza nuestra presencia y compromiso con la sanidad madrileña y forma parte de un proyecto de inversión mucho más amplio" dijo el presidente de Unilabs España, Daniel de Busturia, al anunciar la operación. Una optimista declaración habitual en el sector pero que adquiere un cariz bien distinto al provenir de una empresa que tiene a Juan José Güemes (consejero madrileño de Sanidad entre 2008 y 2010) sentado en el consejo de administración.

Unilabs España, filial española de la multinacional suiza del mismo nombre, contrató a Güemes, que hasta entonces trabajaba en el Instituto de Empresa, el pasado mes de agosto. Poco más de tres meses después, el pasado 21 de noviembre, Unilabs anunciaba la compra del 55% de la UTE BR Salud, compuesta por el grupo Balagué y Ribera Salud. Una UTE adjudicataria, desde al año 2009, del servicio público de análisis clínicos de seis hospitales madrileños (Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo). Una adjudicación que fue aprobada por el propio Güemes en 2009 , cuando ocupaba el cargo de consejero de Sanidad.

La concesión administrativa, para un periodo de ocho años, contempla no sólo la gestión de los análisis clínicos correspondientes a esos hospitales sino también de los centros de atención primaria de su área de influencia, 49 centros de salud, 107 consultorios periféricos y 100 residencias. En total, un área de un 1.200.000 habitantes a un precio de 16 euros por habitante a pagar por la Consejería de Sanidad. Un negocio millonario.

La empresa a la que pertenece Güemes podrá ahora beneficiarse de la privatización que él mismo aprobó en 2009 y que justificó "por criterios de ahorro", ya que con la compra efectuada por su empresa Unilabs (que ha comprado por 5 millones de euros el 55% que el grupo Balagué tenía en la UTE) aumenta exponencialmente su red gestión de servicios públicos sanitarios ya que con anterioridad gestionaba los laboratorios del Hospital de Torrejón en Madrid y de los Hospitales de Denia, Torrevieja y Elche en la Comunidad Valenciana.

Un portavoz de Unilabs ha declarado a la Cadena SER que pese a que Juan José Güemes forma parte del consejo de administración de la empresa "su puesto no es ejecutivo y no ha intervenido en ninguna de la operaciones de la compañía". Así mismo, desde la empresa destacan que durante los años en los que Güemes fue consejero de Sanidad, Unilabs nunca recibió ninguna adjudicación por parte de dicha Consejería.

Una empresa integrada en la multinacional Capio

Unilabs España pertenece a la multinacional suiza Unilabs, que a su vez está integrada desde 2008 en grupo sueco Capio. La división española de este grupo sueco, Capio Sanidad, que ya gestiona íntegramente los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, la Fundación Jiménez Díaz y el Rey Juan Carlos de Móstoles, aspira a hacer lo propio con los otros seis hospitales cuya gestión quiere privatizar próximamente la Comunidad de Madrid.

No obstante, la española Capio Sanidad se escindió de su matriz sueca en 2011, cuando la matriz vendió su participación al fondo de inversión CVC, si bien, en el acuerdo de venta se estableció que la separación efectiva de ambas compañías se producirá el próximo mes de marzo. De ahí que ambos grupos compartan ahora nombre e imagen corporativa.

Unilabs España está, por tanto, integrada en la multinacional Capio, pero según sus responsables "desde 2011 no tiene vinculación con Capio Sanidad", que es la empresa que opta a la gestión de los hospitales madrileños que la Comunidad de Madrid quiere sacar a concurso en los próximos meses.

"Oportunidades de negocio" en la sanidad

Juan José Güemes se reunió el 23 de septiembre de 2008, siendo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con empresarios del sector sanitario privado para presentarles el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011. Según contó el diario El País en su edición de ese día, el entonces consejero de Sanidad de Aguirre y hoy miembro del Consejo de Administración de la empresa sanitaria Unilabs, detalló a los empresarios qué oportunidades de negocio ofrecían los nuevos hospitales, entonces en construcción, de Collado-Villalba, Torrejón, Móstoles y Carabanchel (de gestión privada) y en la reforma integral de los tradicionales (Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Móstoles, La Paz y 12 de Octubre).

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/empresa-consejero-juan-jose-guemes-queda-gestion-analisis-clinicos-mismo-privatizo/csrcsrpor/20130111csrcsrnac_2/Tes

CAPIO, EL GRAN GESTOR PRIVADO DE LA SANIDAD PÚBLICA

  • La compañía obtiene más del 70% de sus beneficios de las cuentas de las comunidades autónomas

  • Está a la espera de las nuevas privatizaciones de servicios para ampliar su volumen de negocio

Capio Sanidad es el primer operador privado de la salud pública española. Ingresa unos 500 millones de euros al año y gana más de 100. Tres cuartas partes de ese dinero es público ya que gestiona al menos tres hospitales en Madrid de la red pública y da servicios a la sanidad de Cataluña y Castilla La Mancha en sus centros. De hecho, el hospital Sagrat Cor catalán es el que más factura a la Generalitat por atender pacientes.

Capio Sanidad pertenece a un fondo de inversión llamado CVC que busca rendimiento para fondos de pensiones e inversores privados.

Esperanza Aguirre coloca la primera piedra del hospital de Valdemoro

En Capio Sanidad, de manera irónica se autodenominan a veces “la bestia” porque están concentrando la mala imagen y protestas contra las medidas privatizadoras de la sanidad, ahora encabezadas por la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Ignacio González (PP) prevé sacar a concurso seis hospitales. Los presupuestos que rubricarán este proyecto llegan esta semana al Parlamento madrileño.

Capio dirige hospitales de la sanidad pública desde hace tiempo. La Fundación Jiménez Díaz (en la capital madrileña) pertenece a esta sociedad y renovó su convenio hace un par de años. Además, recibió una población de referencia al trasladarse otro centro, el Puerta de Hierro, a la localidad de Majadahonda. Como añadidura, Capio consiguió la cesión de dos centros de especialidades (los llamados ambulatorios) como fueron los de Pontones y Quintana en Madrid. Estos centros son la vía de entrada de la atención especializada ya que los médicos de familia derivan a los  ambulatorios si creen que se precisa la intervención de un traumatólogo, un dermatólogo, un urólogo…

Hace dos años, Capio se hizo con el concurso del Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles (una ciudad de 200.000 habitantes de la región), inaugurado en marzo pasado. En 2006 ganó la primera administración completa de un centro de la red pública madrileña en Valdemoro. En otro municipio madrileño, Collado Villalba, la Consejería de Sanidad madrileña encargó un hospital cuya gestión ha recaído también en Capio. El centro ya está preparado pero el consejero, Javier Fernández-Lasquetty, informó de que no se pondría en marcha hasta finales de 2013 para ahorrar la partida que supone la puesta en funcionamiento.

Compraventa de hospitales

A principios de este año, Capio estuvo en negociaciones para hacerse con Ribera Salud, el otro gran contratista de la sanidad pública española, centrado sobre todo en la Comunidad Valenciana. La negociaciones no llegaron a buen puerto. Ribera Salud manejaba entonces el hospital Madrileño de Torrejón de Ardoz, cinco más en Valencia así como departamentos sanitarios valencianos. Al final, Ribera Salud (que pertenece a Bankia y Sabadell-CAM) vendió a Sanitas parte de sus negocios con la sanidad pública madrileña y valenciana.

Ahora, Capio está en una situación de preeminencia para aspirar a parte del negocio que se ha abierto con la decisión de la Comunidad de Madrid de externalizar servicio hospitalario. Están en plena fase de evaluación de las posibilidades que los concursos traerán consigo: rentabilidad de inversiones, servicios que habrá que ofertar, población asignada, cuotas de cobro a la Administración. En virtud de los cálculos irán optando por uno u otro hospital. Incluso deslizan que, a lo mejor, no les resulta interesante ninguna de las opciones. La historia demuestra que en todos los procesos abiertos en Madrid, siempre han accedido a algún proyecto. Además, en Castilla-La Mancha, otros cuatro centros están en el mismo proceso de cesión privada.

La decisión de políticos como Ignacio González o María Dolores de Cospedal  de privatizar la gestión médica de hospitales les ha colocado en la línea de salida de un negocio que puede superar los 400 millones de euros anuales de ingresos (en términos lineales). El único peaje que, de momento, están obligados a pagar es soportar la deriva de deterioro de imagen que les cuesta estar en el ojo de las protestas ciudadanas.

http://www.eldiario.es/sociedad/Capio-gestor-privado-sanidad-publica_0_75592535.html

UNILABS COMPRA A BALAGUÉ Y AMS SUS PARTICIPACIONES EN LA UTE BR SALUD

Gestionará junto a Ribera Salud los análisis de seis hospitales madrileños

La filial española del grupo suizo de análisis clínicos Unilabs cerró el pasado 20 de noviembre la adquisición por 5 M€ del 55% que el grupo catalán Balagué Center -un 20% a través de su filial madrileña Asistencia en Medicina para las Entidades de Seguro (AMS)- mantenía en BR Salud, la UTE que compartían en Madrid con Ribera Salud. Se da la circunstancia que BR Salud es la adjudicataria desde 2009 del servicio público de análisis clínicos, con sede en el hospital de San Sebastián de los Reyes, de los seis hospitales madrileños cuya gestión sanitaria sacará a concurso próximamente la Comunidad de Madrid. La UTE es también responsable de la analítica de las áreas de atención primaria dependientes de esos seis hospitales, lo que supone una población adscrita de más 1,1 M de habitantes. En vigor desde 2009, la concesión administrativa tiene una duración de ocho años, con posibilidad de prórroga para dos años más. Las instalaciones centrales de San Sebastián de los Reyes ocupan 2.500 m2 y dan empleo a una plantilla de 217 trabajadores.

Con esta adquisición, Unilabs España aumenta su red de prestación de servicios en el ámbito público, donde ya gestiona los laboratorios del Hospital de Torrejón en Madrid y de los hospitales de Denia, Torrevieja y Elche en la Comunidad Valenciana -todas ellas concesiones hospitalarias de gestión integral y, a excepción de Torrejón, participadas de Ribera Salud-. Unilabs programa además nuevas inversiones, con Madrid como punto de partida, para ofrecer servicios avanzados en materia de genética, reproducción asistida, genoma, anatomía patológica, etc.

Esta operación, según explica Unilabs en un comunicado, "potencia financieramente y gerencialmente la UTE BR Salud -afectada por la situación de indefinición de su accionista Ribera Salud- y abre nuevos horizontes en los que Unilabs tiene decidido invertir". Para el presidente de Unilabs España, Daniel de Busturia, "refuerza nuestra presencia y compromiso con la Sanidad madrileña y forma parte de un proyecto de inversión mucho más amplio".

En julio pasado, Unilabs adelantaba a Alimarket Sanidad (SANImarket) que cerraría el ejecicio de 2012 con una inversión de 30 M€ para seguir ampliando su negocio en España, con nuevos contratos, equipamientos, sin descartar nuevas adquisiciones. Entre sus últimas acciones destacadas, Unilabs ha incorporado recientemente la sección de ginecología del Centro Médico Vaguada en Madrid, meses después de adquirir Gabinete Médico Velázquez. Ambas acciones se encuadran en el plan que desarrolla la compañía suiza para instalar en España una división de radiología (TAC, RNM, mamografías, etc.), en sintonía con las que el grupo ya explota en siete países europeos. En la actualidad, Unilabs, que buscaría seguir aumentando su red en Madrid, busca ubicaciones céntricas y estratégicas para instalar nuevos centros similares, mientras ultima la apertura de un gran centro de reproducción asistida en la capital.

Unilabs España cerró 2011 con unas ventas netas de 29,8 M€ (sin incorporar el negocio de Gabinete Médico Velázquez), comparables a los 27,73 M facturados el año anterior. La firma registró un Ebit de 3,14 M€ (4,73 M en 2010) y ejecutó inversiones de 30 M€, incluyendo la adquisición de Gabinete Médico Velázquez, la firma o ampliación de nuevos contratos, renovación de centros, etc. Sus previsiones para 2012 pasan por elevar su facturación hasta los 50 M€ (su filial portuguesa rozará los 30 M), por la prestación de servicios a casi 4 M de pacientes.

En la decisión de Balagué Center de vender su 55% en BR Salud podría haber pesado la difícil situación financiera que atraviesa el grupo -acaba de plantear un ERE que afectaría a 108 de los 200 trabajadores de la compañía-, por los retrasos sufridos en los pagos por parte de la Administración. Balagué, propiedad al 100% del empresario Leandro Ibar Sumó, desde julio de 2011, cuenta con un laboratorio en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y dos instalaciones en Brasil, con ventas de 29,57 M€ en 2010 (últimas cifras conocidas).

http://www.alimarket.es/noticia/110281/Unilabs-se-convierte-en-socio-de-Ribera-Salud-en-Madrid

Güemes ficha por Pocoyó

El ex consejero de Sanidad madrileño entra en el consejo de la compañía como independiente

La compañía Zinkia, especializada en productos de entretenimiento y creadora de la serie Pocoyó, ha acordado en su primera junta general de accionistas la incorporación de tres nuevos miembros a su consejo de administración, entre los que figura como independiente el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes.

Güemes, que ha dejado la política en un año preelectoral aludiendo motivos personales es el actual presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora del Instituto de Empresa, asumirá además la presidencia del comité de auditoría, según ha informado hoy la empresa. Junto a él se incorporan al consejo Mariano Martín Mampaso, quien fue presidente mundial de ventas de Procter & Gamble hasta su retiro en junio pasado, y Luis Sánchez de Lamadrid Folguera, consejero delegado de BSI en España.

Estos nombramientos tendrán vigencia durante un periodo de cinco años, a contar desde el 5 de mayo (fecha de celebración de la junta general de accionistas). Fundada en 2001 y con presencia en más de un centenar de países, Zinkia se convirtió el pasado 15 de julio en la primera empresa en cotizar en España en segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil (MBA).

www.elpais.es 06.05.10

CARLOS FABRA FUE OPERADO DE UN TRASPLANTE DE HÍGADO EN UN HOSPITAL PÚBLICO MADRILEÑO

■Por cercanía le hubiera correspondido La Fe de Valencia, pero "no consta" que el presidente de la Diputación de Castellón acudiera allí.

 ■Fue intervenido en el 12 de Octubre por un prestigioso cirujano jubilado que solo puede operar en circunstancias excepcionales.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, fue operado de un trasplante de hígado en pasado 22 de abril en el Hospital 12 de Octubre. La intervención fue realizada por el cirujano Enrique Moreno, premio Príncipe de Asturias, que trabaja, a pesar estar jubilado, en el departamento de cirugía del aparato digestivo de este hospital.

La intervención se hizo en el hospital público madrileño 12 de Octubre, aunque por lógica debería haber sido en el Hospital La Fe de Valencia, que es el centro de referencia de trasplantes de la Comunitat Valenciana y el más cercano para este tipo operaciones a Castellón, el lugar habitual de residencia de Carlos Fabra.

En el Hospital La Fe de Valencia "no consta" que el presidente de la Diputación de Castellón tramitara la realización del trasplante. Hay ocasiones en las que un hospital puede denegar hacer un trasplante por contraindicaciones médicas; en este caso el paciente sí puede pedir segunda opinión y consulta en otro hospital que no sea el de su comunidad. En función de la gravedad del paciente también hay circunstancias en la que se pueden realizar este tipo de intervenciones de urgencia en cualquier sitio de España.

Carlos Fabra es el suegro del ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José GüemesNo sería este el caso porque Carlos Fabra barajaba con anterioridad que iba a realizarse el trasplante, ya que el 17 de marzo delegó de sus funciones en el vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Martínez.

Justo al día siguiente de esta renuncia, el yerno de Fabra, Juan José Güemes, presentaba su dimisión "irrevocable" de su cargo como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Güemes aseguró que la decisión de este cese, que sorprendió a todo el mundo, era por motivos "personales y profesionales".

Carlos Fabra fue intervenido por el prestigioso cirujano Enrique Moreno, que trabaja como personal emérito en el 12 de Octubre gracias a un decreto aprobado por la Comunidad de Madrid en 10 de septiembre de 2009, cuando Güemes era consejero de Sanidad.

Este decreto permite que, "de manera excepcional" el personal sanitario jubilado pueda seguir trabajando en "actividades de consultoría, asesoría o análisis de proyectos". Solo cabe la posibilidad de que, previo consentimiento del paciente, el doctor emérito pueda realizar "actividades de carácter asistencial" siempre que estas tengan como finalidad la enseñanza de conocimientos. Esto es, si puntualmente un enfermo pide ser operado el médico emérito puede realizar la intervención siempre y cuando esta tenga como finalidad la formación práctica o técnica del equipo asistencial.

En la Comunidad de Madrid creen que no hay relación entre el cese de Güemes y la operación de Fabra en un hospital madrileñoEl decreto mediante el cual Enrique Moreno puede seguir impartiendo sus conocimientos en el hospital estipula que "esta dedicación no superará las 720 horas anuales” (cinco meses en el supuesto de que trabajara 7 horas al día, cinco días a la semana). Pero lo cierto es que pasa muchas horas en el hospital y muchas de ellas operando, según nuevatribuna.es. De hecho, en el momento que el que 20minutos.es intentó contactar el doctor para recabar su versión, el cirujano estaba en el quirófano "y no sabemos cuánto va a tardar".

Su presencia en el hospital es tan habitual que incluso comparte secretaria con el doctor Hidalgo, el jefe del departamento C de servicio de cirugía del aparato digestivo del 12 de Octubre.

Juan Jose Güemes, que actualmente es presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora de IE Business School, no ha querido realizar ninguna valoración a 20minutos.es sobre el trasplante de su suegro porque es un tema "personal e íntimo" y por expreso deseo de la familia prefieren no hacer ningún tipo de comentario.

Fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid han explicado a 20minutos.es que la dimisión de Güemes de su cargo en fechas tan cercanas a la operación de su suegro "no están relacionadas".

http://www.20minutos.es/noticia/699305/0/fabra/trasplante/12octubre/ 06.05.2010

GÜEMES VIVE EN LA MISMA URBANIZACIÓN DE LUJO QUE FRANCISCO CORREA, ALEJANDRO SANZ, Y CRISTIANO RONALDO 

Es una de las urbanizaciones más lujosas de toda España. Se sitúa en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde la trama Gürtel campaba a sus anchas cuando el ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, era alcalde. Si alguien desea comprarse una parcela de 3.000 a 10.000 metros cuadrados en "Los Lagos de la Finca" deberá desembolsar entre 5 y 7 millones de euros. Con estos precios, es lógico que sólo los cantantes más conocidos -como Alejandro Sanz-, los empresarios más punteros, -como Antonio Catalán-, o los futbolistas que más camisetas venden -como Raúl, Fernando Torres o Cristiano Ronaldo-, puedan disfrutar de los encantos de esta urbanización. Todos ellos son vecinos de Juan José Güemes, uno de los pocos políticos que puede permitirse vivir en el que quizás es el gueto más exclusivo de España.  

Es difícil explicar como Güemes ha conseguido vivir en una urbanización donde las viviendas tienen piscina cubierta, gimnasio luminoso, sala de cine privado, decenas de habitaciones y una cocina con más metros cuadrados que el piso de cualquier ciudadano de clase media español. Y es que Güemes, que hasta el pasado mes de marzo era consejero de la Comunidad de Madrid, ha dedicado la mayor parte de su vida a la política.

La política, “casi toda” su vida profesional  

Él mismo lo reconoció el día que, junto a Esperanza Aguirre, presentó su dimisión: “La política no es una profesión para toda la vida. Llevo 17 años y nunca pensé que pudiera durar tanto, cumplo 41 el 30 de junio, es casi toda mi vida profesional”. Y es que hasta que en el año 1993 le llamó Rodrigo Rato para trabajar para el Partido Popular, el puesto más importante que Güemes había desempeñado fue el de becario del Banco Central Hispano en el área de mercado de capitales.

Menos que sus vecinos  

Su cima en la política le llegó de la mano de Esperanza Aguirre. Primero fue consejero de Empleo y Mujer. Después, dirigió la cartera de Sanidad. Sin embargo, Güemes siempre ha sido mucho más ratista que aguirrista. Con el ex ministro de Economía del Partido Popular, Güemes fue asesor parlamentario del PP en el Congreso, más tarde director adjunto del vicepresidente y, finalmente, secretario general de Turismo. Sin duda, todos ellos son cargos importantes pero poco remunerados si se comparan con las profesiones de los habitantes de La Finca.

Yerno de Fabra  

so sí, a diferencia de sus vecinos, Güemes, que procede de una familia conservadora y modesta, puede presumir de esposa. El ex alto cargo de Esperanza Aguirre está casado con Andrea Fabra, diputada nacional del Partido Popular e hija del polémico y multi-imputado presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Vecino de Correa  

Que Güemes vive en "La Finca" no trascendió a los medios de comunicación hasta que estalló el caso Gürtel. El principal cabecilla de la trama corrupta ligada al Partido Popular también vivía en esta elitista urbanización. Eso sí, parece que Correa poseía una vivienda más grande que el ex consejero de Aguirre. De hecho, Güemes habita en la parte más modesta de "La Finca". Aún así, en esta parte, en la que abundan los chalés adosados, es difícil alquilar una vivienda por menos de 7.000 euros al mes.

“Los ricos la eligen por seguridad”  

Este lunes, Joaquín Torres Vázquez, arquitecto y promotor de "La Finca", explicaba que el éxito de esta urbanización reside, en parte, en que decenas de cámaras te vigilan: cuando cruzas una de las garitas de entrada, cuando conduces por los viales adornados de lavandas, cuando pasas por el lago de los patos… “Por un lado, se ha puesto de moda. Tiene un factor aspiracional, pero, sobre todo, los ricos la eligen por la seguridad. Están obsesionados. Es un sistema acorazado, aquí puedes dormir con la puerta abierta”, agrega.

Excesos

Sin embargo, Torres se muestra tajante cuando señala, consciente del derroche que le rodea, que no quiere “pertenecer a este mundo de excesos”. Excesos que se materializan en el gimnasio –es el segundo más grande de Europa-, en el restaurante Urretxu, en las tiendas Business Class, o en el Reebok Sport Club que forman parte de la zona de ocio de la urbanización de Güemes.  

(www.elplural.com, 13/04/10) 

La repentina marcha del ex consejero de Sanidad de Aguirre “podría estar vinculada con el tamayazo”

El anuncio de la marcha de Juan José Güemes del PP madrileño nos ha dejado a todos náufragos en un mar de elucubraciones. Se ha dicho que Esperanza Aguirre lo supo diez días atrás, ¿o tomó la decisión diez días atrás? En política es difícil saberlo, aunque se terminará sabiendo. El Mundo ha afirmado ayer de mano de su número dos, Casimiro García Abadillo, que “según fuentes solventes”, un aparecido, Eduardo Tamayo, “vinculó la salida de Juan José Güemes del Gobierno autonómico con sus posibles revelaciones sobre el tamayazo”.

Lo cierto es que Eduardo Tamayo ha vuelto para cobrar una deuda o para exigir algo a Esperanza Aguirre. Haber imposibilitado que el PSOE recuperara Madrid tiene un alto precio. Y lo sabe muy bien Güemes, que integró el pequeño grupo de colaboradores que prepararon el terreno a la presidenta para tomar el poder. “Se va porque pertenece a un grupo muy concreto del PP, al de Romero de Tejada”, secretario general del PP de Madrid en la época del Tamayazo. Las palabras son de Tamayo, y las ha declarado a El Mundo.

"Seis millones"
Tamayo, abogado con bufete, siempre según fuentes solventes –dice El Mundo- atraviesa una situación económica crítica, por eso contactó con el actual secretario general del PP madrileño, y uno de los hombres fuertes de la presidenta regional, Francisco Granados. A éste le dijo que su antecesor en el cargo, Ricardo Romero de Tejada, le había ofrecido “seis millones de euros” por quitar del medio al socialista Simancas y favorecer que Aguirre se hiciera con la Comunidad. Que entonces “no había cobrado nada, pero que ahora pretendía saldar aquella deuda”. Esto fue hace unos meses, de acuerdo con el artículo de Casimiro García Abadillo.

"Ahora tengo datos que antes no tenía"
“Ahora tengo datos que antes no tenía”, declaró Eduardo Tamayo, al explicar las razones por las que quería entrevistarse con la presidenta madrileña. “He hablado con empresarios, con políticos, con mucha gente. De eso es de lo que quería hablar con ella. Si Aguirre es batalladora, yo también lo soy. Si le ajusté las cuentas a Simancas, también se las puedo ajustar a Aguirre”, amenazó.

La clave de El Mundo
Pero
El Mundo sólo lanza lo que parece la clave de la marcha de Güemes. Ni siquiera el periódico de Pedro J. Ramírez puede ir más allá. ¿O tal vez no quiere?.

El Snobissimo y Mazagatos
El yerno de Carlos Fabra es ahora mismo una incógnita. A lo anterior hay que sumar rumores sobre supuestos deslices. A Esperanza Aguirre le tocó desmentir una supuesta relación de Güemes con la ex modelo Sofía Mazagatos, de acuerdo con informaciones de 
El País y EuropaPress. Y han visto al ex consejero de Sanidad frecuentar a altas horas de la madrugada un bar de copas de la zona de Arapiles, llamado Snobissimo, un sitio de ligue al que acuden políticos, futbolistas, empresarios, famosos,  según ha revelado una fuente cercana de El Plural. Algo que llama la atención tratándose, como es el caso de Güemes, de un hombre casado y con tres hijas.

www.elplural.com 20.03.10

Güemes abandona en año preelectoral

La salida del consejero de Sanidad hacia la empresa privada obliga a Aguirre a maquillar su Gobierno - Lasquetty le sustituye y Adrados gana Inmigración - Figar será portavoz del PPEl ya ex consejero deja el escaño pero no el partido

El secreto mejor guardado de la Comunidad de Madrid en los últimos 10 días ha sido la salida a petición propia del Gobierno regional de Juan José Güemes, consejero de Sanidad, que abandona la primera fila política para entrar en el sector privado.

  • No hubo sentimentalismos. La jefa del Ejecutivo se lamentó lo justo

  • La presidenta lo supo hace 10 días. Muchos consejeros se enteraron ayer

Justo cuando habían comenzado a acallarse los rumores de una crisis de Gobierno, que han rondado en los mentideros políticos desde el verano pasado -como resaca del caso Gürtel, el espionaje o la guerra de Caja Madrid-, se produce, aprovechando esta salida, una mínima rotación entre consejeros, que permitirá reducir a nueve las áreas de gobierno. "A un año de las elecciones autonómicas, no es momento de introducir elementos extraños en el Gobierno", explican fuentes del Ejecutivo.

Pero la marcha del ya ex consejero asciende a otros compañeros de equipo como Javier Fernández-Lasquetty, hasta ahora consejero de Inmigración, que sustituye a Güemes en Sanidad, mientras su cartera, irrelevante, pasa a formar parte de Empleo y Mujer, bajo el mando de Paloma Adrados. Además, los cargos en el partido -Güemes era hasta ahora secretario de Comunicación y portavoz del PP regional- pasarán presumiblemente a Lucía Figar, si la dirección regional acepta la propuesta que le hará Aguirre.

La sorpresa la dio la propia Aguirre, cuando anunció a mitad de la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que Güemes le había comunicado "hace unos días" su "voluntad de abandonar el cargo por razones personales". Una noticia, dijo, que a su equipo le había "entristecido enormemente". Luego elogió al ya ex consejero, que ha estado entre sus estrechos colaboradores desde que Aguirre llegó al Gobierno regional en noviembre de 2003.

La escena que protagonizaron ambos dejaba entrever varias cosas. Una es que Güemes no sale del Ejecutivo de Aguirre por una mala relación con la presidenta o porque haya perdido la confianza de ésta. Lo demuestra el hecho de que ella le haya permitido despedirse a lo grande, con una rueda de prensa. No ocurrió lo mismo con otros consejeros relevados del cargo como Alberto López-Viejo, por su imputación en el caso Gürtel. O con la crisis de gobierno del verano de 2008, en la que perdieron sus carteras el ex vicepresidente Alfredo Prada y las ex consejeras Gádor Ongil y Beatriz Elorriaga, después del polémico congreso nacional del PP en el que Prada se alineó con Mariano Rajoy. Aquella remodelación trascendió sobre las 11 de la noche, después de que les fuera comunicada a los nuevos consejeros. Además, en el núcleo duro de la presidenta se da por hecho que ésta tenía grandes expectativas de futuro para Güemes. Más bien le ha pillado por sorpresa.

Pero tampoco hubo sentimentalismos en la despedida (la propia Aguirre bromeó con que no había echado una sola lágrima). La presidenta lamentó la marcha de Güemes lo justo, pero dejó entrever que no ha hecho un esfuerzo desmedido porque éste siga en el Ejecutivo regional. Simplemente se limitó a anunciar el maquillaje de emergencia a su equipo de Gobierno y que tachó de "un paso más en la austeridad".

El secreto se guardó tan bien que muchos de los consejeros se habían enterado esa misma mañana en el Consejo de Gobierno. Aguirre lo supo hace 10 días. La primera. Güemes solicitó incluso una cita a la secretaria de la presidenta, algo inusual por ser un miembro del Gobierno de peso político. Aguirre pidió a Güemes que no comunicara su decisión por el momento al resto de consejeros. Antes lo supieron el vicepresidente regional, Ignacio González, mano derecha de Aguirre, o el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. También el propio Lasquetty, al que se comunicó hace unos días que ocuparía la Consejería de Sanidad.

La intención era mantener la crisis de Gobierno en el más absoluto de los secretos. La ocasión elegida, el Consejo de ayer, tiene que ver con que, por el puente de San José que se celebra estos días, la actividad política baja mucho y, por tanto, el seguimiento será menor los próximos días. Y se consiguió dar la sorpresa. No hubo ni una sola filtración hasta que ayer por la mañana, en la rueda de prensa, Aguirre soltó la bomba.La sorpresa que produjo el anuncio la destacó el propio Güemes ante los medios. "Puede parecer sorprendente que alguien quiera dejar la política de forma voluntaria", afirmó. "Es una decisión personal. La política no es una profesión para toda la vida y yo llevo en ella 17 años".

Mientras, entre los asistentes a la rueda de prensa, su jefa de prensa, Ruth Ruiz, no podía evitar las lágrimas. Se acababa de enterar de la marcha de su jefe. Hasta ese punto se había mantenido en secreto la noticia. Ella creía que su consejero iba a hablar de su participación esa tarde en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, el último acto al que asistió como consejero.

Güemes aseguró que su "compromiso con España y con la Comunidad siguen vigentes". Pero se esforzó en subrayar que la política no es para toda la vida y que ha preferido irse ahora que estaba en un buen momento. "Pensé que entrar en política era transitorio, pero he tenido la inmensa suerte de ser testigo de excepción de algunos de los momentos políticos más apasionantes", comentó por la noche en una conversación telefónica. "Sólo dejo de vivir de la política".

Sin embargo, Güemes no se cierra la puerta. Mantendrá su puesto en las direcciones nacional y regional del PP, como hace, por ejemplo, Manuel Pizarro. Y reconoce que volverá, dice, "si llegado el momento tengo la oportunidad". Fuentes de la cúpula del PP nacional mantienen que, dadas las opciones de futuro de Güemes en la política nacional, ha sido un acierto por su parte abandonar una responsabilidad tan desgastante como la de Sanidad, e incluso desvincularse de los aguirristas, cuestionados entre la dirección nacional del partido. En dos años, aseguran, la ambición política del ex consejero le hará volver al ruedo público con dimensión nacional.

De hecho, antes del anuncio oficial, Güemes también había informado de su marcha al líder popular, Mariano Rajoy, y a su mentor, el ex ministro Rodrigo Rato, hoy presidente de Caja Madrid, según diversas fuentes.

"Lo conocían otros líderes, personas que creía que debían saberlo y a las que quería contárselo", admitió el ex consejero de Sanidad, que no quiso detallar de quiénes se trataba.

Algunas fuentes señalan que una opción que podría tener Güemes es un cargo en Caja Madrid, de la mano de Rato. Aguirre lo desmintió. "Si hubiera querido irse a Caja Madrid, nada se lo hubiera impedido", dijo la presidenta en la rueda de prensa.

La marcha de Güemes es por la puerta grande. No hay fricciones. Hasta el punto de que Aguirre le permitió anunciar que los dos decretos de desarrollo de la Ley de Libre Elección han sido remitidos al Consejo Económico y Social (CES). Y será inmediata, pues Lasquetty tomará posesión el lunes y él dejará el acta de diputado. La reunión en el Ministerio de Sanidad le impidió asistir ayer al último pleno como parlamentario. Ya no lo hará, porque presumiblemente será sustituido en el pleno del 8 de abril por el siguiente en la lista del PP, el viceconsejero de Deportes, Javier Hernández, que ocupaba el puesto 83.

"Se quiere incorporar al IE Bussiness School", justificaron desde el Gobierno regional. "Ni siquiera se va a tomar unos días de descanso. Ya tiene la fecha". Será presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora, un cargo de nueva creación, ya que este centro cuenta con un director general que seguirá. Aunque no ha sido alumno, Güemes tiene una relación estrecha con el Instituto desde hace años, cuando ocupaba la consejería de Empleo y Mujer. Desde entonces mantiene relación con el Programa Lidera, que promociona a las mujeres empresarias.

www.elpais.es 19.03.10

El 'niño bonito' de Aguirre

Juan José Güemes ha ejercido su carrera política al abrigo de Rodrigo Rato y de la presidenta regional

Juan José Güemes, hasta ayer consejero de Sanidad, escapa de la luz de los focos que ha buscado casi obsesivamente en los últimos años. Se siente cómodo ante los medios. Tiene tal seguridad en sí mismo que cree que conquistará a todo el que se le ponga por delante. Pero la situación cambió cuando Esperanza Aguirre le propuso que fuera la cara y la voz del PP regional. Quería que fuera su ariete político y eso ha desgastado su imagen pública. Su vanidad le ha hecho cometer varios excesos dialécticos que no han gustado entre algunos compañeros de Gobierno. Y le ha enfrentado con otras corrientes de su partido. Pero nadie se ha atrevido a decir nada porque ha sido el niño bonito de Aguirre.

  • Cree que puede agradar a todos por su gran confianza en sí mismo

  • Génova le envió para acompañar a Aguirre en su primer reto electoral

El ex consejero formó parte del pequeño grupo de colaboradores que Génova montó a la presidenta para presentarse en 2003 a la Comunidad de Madrid. Entonces Aguirre no tenía tanto poder político y la empresa era arriesgada. La idea era que la ex ministra ganara al calor de Alberto Ruiz-Gallardón, presidente regional saliente. Güemes se tomó aquello como un reto y se ganó la confianza de la presidenta, que le ha perdonado algunas infidelidades políticas. Como cuando en el pasado congreso del PP nacional en Valencia, en junio de 2008, en plena batalla entre Aguirre y Rajoy para controlar el partido, Güemes coqueteó con sus rivales para ganarse un puesto entre los notables. De hecho, el ex consejero era el único miembro del Gobierno regional con silla en la ejecutiva nacional del PP. Desde entonces se ha esforzado por limar asperezas entre ambos líderes y ha intentado acercarse a Rajoy.

Güemes (Madrid, 1969) procede de una familia conservadora. Estudió en un colegio del Opus. Es padre de tres niñas y está casado con Andrea Fabra, diputada nacional del PP e hija del polémico presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Algunos compañeros de partido dicen de él que es "el guapo del Gobierno". Quizá por eso, Aguirre llegó a relacionarle en broma con la actriz Angelina Jolie. "Tendría más credibilidad que otras cosas que se dicen", deslizó entre risas la presidenta durante un acto público. Su aspecto de pijo guaperas le ha dado algún dolor de cabeza, recuerdan compañeros de partido. La propia presidenta regional desmintió irónicamente una supuesta relación con la ex modelo Sofía Mazagatos.

Güemes siempre ha sabido rodearse de personas con poder. Cuando terminó la carrera de Económicas y ejercía de becario en el departamento bursátil de una importante entidad financiera comenzó a colaborar con la oficina económica del PP. Allí se adoctrinó. Siempre le había interesado la política, pero hasta entonces no se la había tomado en serio. Se afilió al partido y empezó a codearse con gurús económicos como Cristóbal Montoro o Juan Costa. Al frente de todos ellos estaba Rodrigo Rato, quien se fijó en su obsesiva capacidad de trabajo. El ex consejero recuerda de aquella época la cantidad de informes y discursos que preparó. Era un momento en que el Gobierno de Felipe González se tambaleaba y los populares acariciaban la victoria. Allí entabló buena relación con Rato.

Poco después, el PP ganó las elecciones y "su jefe" se convirtió en ministro de Economía. Nombró a Güemes secretario de Estado de Turismo.No olvida la actividad frenética de aquella época. Vivía en los aeropuertos. Allí comenzó a familiarizarse con los focos que tanto ha perseguido. Aquellos que no le iluminaban cuando era consejero de Empleo y Mujer. Demasiada tranquilidad para su ambición. Tiene instinto político. Por eso esperó pacientemente. Hasta que hace tres años le cayó como regalo del cielo la cartera de Sanidad. Aguirre apartó al polémico Manuel Lamela del área más conflictiva del Gobierno. La que más presupuesto y más personal aglutina. Enviaba a un gladiador para poner en marcha los nuevos hospitales, fajarse con los sindicatos y aprobar una ley de libre elección que reestructura la sanidad. Güemes tenía una complicada misión que contó con sonoras protestas. "El ruido sólo es el 1% de mi vida. El resto es trabajo", dijo entonces. Quizá el ruido se convirtió en tumulto. Ahora dejará de oírlo, pero también los susurros de Aguirre.

Las 'perlas'

- Ya fuera como consejero de Sanidad o como secretario de Comunicación, Juan José Güemes ha dado frases contundentes a los medios de comunicación.

- Sobre el 'caso Gürtel' en enero de 2009: "EL PAÍS ha ido publicando toda la basurilla que ha ido circulando por Madrid, aunque si leen los dosieres los ha podido escribir el propio [Francisco] Mercado por la mañana. Me gustaría preguntar a EL PAÍS si la razón por la cual está dispuesto a hacer el ridículo de esta manera tiene relación con intentar ablandar el corazón de alguna entidad financiera que le ayude a superar la gravísima situación financiera del Grupo PRISA".

- En plena tormenta de protestas en los hospitales, en octubre de 2009: "Con el sueldo de los liberados, más de 1.000, se podría construir un hospital de 450 camas".

- Tras el abucheo en el hospital de Getafe, este mes: "Fue una algarada montada por Pedro Castro".

www.elpais.es 19.03.10

La marcha del consejero aúpa a los otros pretorianos de Aguirre

Fernández-Lasquetty, ligado a la FAES y de perfil político, pasa a primer plano

Las elecciones autonómicas asoman la nariz por el horizonte, aunque aún sea lejano. Se aproxima mayo de 2011. Y algunos de los perfiles más políticos del Gobierno de Esperanza Aguirre avanzan en el organigrama. Javier Fernández-Lasquetty, 44 años, hombre de confianza, trabajador de partido, perfil flexible pero fondo de sílex, asciende a Sanidad desde Inmigración. Manejará mucho más presupuesto. Y tendrá que asumir uno de los puestos más a la intemperie ante las críticas de la oposición. De ser una figura sigilosa dedicada al engranaje interno de su formación en Madrid pasa a la vanguardia de la batalla ideológica.

Un papel que se ajusta a sus características. Afiliado en 1982 al PP, ha estado cerca de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Educación, el Senado y el selecto grupo que la acompañó en la aventura regional en 2003. Pero desde 2002 ha gravitado en torno a los think tanks populares. Ha sido secretario general de la FAES. En 2007 se hizo cargo de Inmigración. Liberal sin fisuras, también se siente cómodo en los foros más próximos al conservadurismo religioso.

Lucía Figar, consejera de Educación, reemplazará al dimitido Juan José Güemes en la portavocía del partido regional. Otra persona muy ligada por lazos de lealtad y afinidad a Aguirre. Más amable, menos tendente a meterse en la batalla dialéctica, pero de probada adhesión.

La tercera ficha implicada en este movimiento es Paloma Adrados. Aglutinará a Inmigración dentro de sus competencias actuales, Empleo y Mujer. Ha adquirido una cierta fama dentro del Ejecutivo de gestora eficaz. También tiene presencia

en los órganos políticos y está en el Comité Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva del PP.

Fernández-Lasquetty expresó ayer su "vértigo" por hacerse cargo de "un sistema de sanidad". Sus colaboradores más estrechos le dieron la enhorabuena y él mismo entendió su tarea como un ascenso. Desde algunos círculos se había especulado con que el ex consejero de Inmigración podría ser "el tapado" para convertirse en la mano derecha de la presidenta.

Lasquetty, sigiloso y hábil sorteando charcos, ha mantenido una política de cuantiosas subvenciones a entidades muy ligadas a su partido o a grupos religiosos integristas, como los Legionarios de Cristo. Su consejería ha sido una de las más afectadas por los contratos de la trama Gürtel y el antiguo viceconsejero, Carlos Clemente, está imputado por esta causa.

www.elpais.es 19.03.10

Sanidad pública, gestión privada

Güemes ha desarrollado el modelo de hospitales manejados por empresas que Aguirre quiere para Madrid - Deja a su sucesor la Ley de libre elección

Asegura que no se va por desgaste. Quizá para que nadie piense que los follones que le montan cada cierto tiempo en los hospitales han hecho mella en su proverbial imperturbabilidad, curtida en decenas de tumultos de los que casi siempre ha salido con una sonrisa en los labios. Porque Juan José Güemes ha aguantado mucho en sus casi tres años como consejero de Sanidad. Eso sí, sabía en lo que se metía cuando saltó de la cartera maría de Empleo y Mujer a la de Sanidad, un hueso del que Manuel Lamela acababa de salir por la puerta de atrás a cuenta del caso Leganés.

  • Ha aguantado imperturbable las críticas de los trabajadores

  • Los madrileños consideran la sanidad el peor servicio público

Güemes tenía por delante el reto de transformar el modelo de sanidad pública madrileña -grandes hospitales de gestión pública directa- en una especie de mercado de la salud regido por las leyes de la oferta y la demanda. "El dinero sigue al paciente", ha dicho alguna vez a modo de síntesis. La primera asignatura ya la tenía casi aprobada. Lamela dejó los hospitales nuevos ya en pie, aunque vacíos. Moles de hormigón que daban el pego para las elecciones de mayo de 2007. Sólo había que dotarlos y ponerlos en marcha. Y eso hizo Güemes, en un maratón inaugurador -seis hospitales en tres meses- que le valió un puesto en las fotos de rigor junto a la presidenta, Esperanza Aguirre.

El nuevo modelo empezaba a tomar forma. La administración, inquilina en sus propios hospitales, se desentendía de una parte de la gestión (la no sanitaria) y la encomendaba a empresas privadas. Las críticas arreciaron. Trabajadores del Hospital Ramón y Cajal abuchearon a Aguirre -"¡Sanidad pública!", gritaban- en mayo de 2008. "Viven sin trabajar", sentenció el consejero. Fue sólo el primer exabrupto de una larga serie: "Con el sueldo de los liberados sindicales se podría construir un hospital de 450 camas", afirmó después. Era una guerra abierta. Su consejería llegó a difundir un vídeo en el que identificaba a cuatro sindicalistas que protestaban en el Puerta de Hierro y les señalaba con una flecha roja. El asunto llegó a los tribunales.

La entrada de empresas en la sanidad pública fue acelerándose. Parecía claro por dónde iban los tiros. El primer auditorio ante el que Güemes explicó su Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011 fue un grupo de 150 empresarios del sector sanitario y de la construcción que habían pagado 1.200 euros por asistir a una jornada en el Ritz de subtítulo esclarecedor: Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa. El folleto no mentía. La consejería empezó a encadenar anuncios que apuntaban en esa dirección. Los cuatro hospitales prometidos para esta legislatura (Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Ardoz y Carabanchel) iban a ser de gestión enteramente privada, como el de Valdemoro, cuya empresa gestora contrata directamente a médicos y enfermeras y alquila sus servicios a Sanidad a cambio de un canon anual.

También se externalizaron las pruebas clínicas de más de un millón de madrileños. Una UTE liderada por Ribera Salud consiguió el concurso para montar un laboratorio central en el hospital de San Sebastián de los Reyes. En el proceso, tres laboratorios públicos cerraron. Está por ver qué pasará con las citas médicas. De momento, una empresa ha ganado el concurso para crear un call center en el que operadores telefónicos harán parte del trabajo que ahora cubren los administrativos de los centros de salud.

Además de erigirse en azote de sindicalistas y enzarzarse en agrias discusiones con la oposición en la Asamblea, Güemes ha tenido que ocuparse de otros frentes. El Defensor del Pueblo abrió de oficio una investigación acerca del "grave problema" de "saturación" de las urgencias de los hospitales madrileños. Un informe de la Inspección de Trabajo descubrió centenares de problemas en los nuevos hospitales: falta de personal, escasez de material muy básico, fallos en la seguridad y la prevención de incendios... Varias sentencias han anulado los procesos de traslado de profesionales a los nuevos centros. Un proceso de reordenación muy cuestionado por los sindicatos, que siempre lo criticaron por no ser más que "vestir un santo para desvestir otro".

Cómo habrá llegado a estar de caldeado el ambiente sanitario que el Colegio de Médicos, institución poco dada a amonestar públicamente al Gobierno de Aguirre, hizo público en diciembre pasado un escrito en el que criticaba la falta de personal y amagaba incluso con una huelga. Entre los médicos, decía, cunde un "descontento generalizado". Y nunca desde que existe recuento había habido tantos pacientes en lista de espera para una operación.

Una encuesta realizada por este periódico en abril de 2009 constató que la sanidad es el servicio público peor valorado por los madrileños.

Pero la mayor patata caliente que Güemes deja en herencia al nuevo consejero es la aplicación de la Ley de libre elección y de área única, su último gran proyecto, en el que, según sus colaboradores, ha echado el resto. Una reforma sanitaria que no gusta a oposición, ni a sindicatos, ni, lo que es peor, a los profesionales que van a tener que trabajar con ella. "En Sanidad es donde mejor se lo ha pasado", decía ayer su mano derecha, la viceconsejera Ana Sánchez. ¿Quién dijo desgaste?

www.elpais.es 19.03.10

"Para rebelión, la de Güemes en Sanidad"

Bronca en la Asamblea tras la dimisión del responsable regional

Si Güemes no hubiera dejado ayer la política activa, el pleno de la Asamblea habría sido distinto: un poquito de "rebelión" contra la subida del IVA, el paro, las carreteras... Pero la sesión se convirtió en otro escenario para hablar del consejero. Aguirre pasó de largo delante de las cámaras que la esperaban a la entrada. "Ya he hablado esta mañana", se excusó. Pero sí salió al quite en el pleno, subiendo el tono de voz, como abroncando a la oposición.

"Ustedes van de la política al sindicato", respondió Aguirre

Fue en la segunda pregunta de la sesión. La portavoz socialista Maru Menéndez preguntó sobre políticas para fomentar el empleo y combatir el paro de larga duración. Afirmó que exigir más actuaciones "caerá en saco roto" porque el de Aguirre "es un Gobierno en descomposición". Le recordó la salida de Alberto López Viejo, por su presunta implicación en la trama Gürtel. Y le echó en cara que, "para rebelión", la que ha puesto en marcha Güemes, "que deja la peor herencia en la sanidad madrileña, un desmantelamiento absoluto".

La presidenta, ya en pie, comenzó la réplica. Acusó casi gritando a Menéndez de no entender la política "como una actividad temporal". "¡Ustedes salen del sindicato y del sindicato se van al Gobierno, a la oposición o al escaño! ¡De la política al sindicato, del sindicato a la política!". Y cénit: "¡A usted le importan un bledo los parados, a usted lo que le importa son los cursos de formación para que los den los sindicatos, señoría, si está clarísimo!". Le pitaron cuando aludió a la actuación "admirable" del ex consejero y a su "gran dedicación" al servicio público. No tanto cuando aventuró su posible regreso a la política.

El tono bronco se transmitió a otra intervención. El consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, y el diputado socialista Modesto Nolla empezaron hablando de carreteras y acabaron echándose los muertos en cara. Nolla denunció que la M-607 no es una prioridad para la Comunidad pese a sus nueve puntos negros. Mencionó los accidentes acumulados desde 2008 (con una media de siete semanales) y los nueve fallecidos. Recordó la frase de la presidenta Aguirre, que dijo "no es para tanto" cuando la Fiscalía de Tráfico abrió diligencias por una posible dejación de su Gobierno en la conservación de la vía. Preguntó "cuántos muertos" hacían falta para despertar la sensibilidad de la presidenta. Y acusó al consejero de intentar arreglar la carretera con "chapuzas a marchas forzadas" a raíz de las quejas de Esther Rincón, la madre coraje que grabó un accidente mientras buscaba pruebas del mal estado del asfalto en el que murió su hijo. De paso, recomendó a Echeverría y a Borja Carabante, director general de Carreteras, que se plantearan "la temporalidad en los cargos públicos" como Güemes. Entre otros motivos, porque sólo han ejecutado uno de cada cinco euros del presupuesto de 2009.

El consejero le acusó de usar "hasta los muertos en las carreteras" buscando protagonismo. Y le preguntó dónde estaba cuando en la M-501 moría "muchas veces en semanas continuadas mucha gente". Echeverría cree "adecuado" el mantenimiento de la M-607, al que asegura que le han dedicado más de 1,1 millones de euros.

www.elpais.es 19.03.10

Un adiós cargado de reproches

Sindicatos y partidos critican el trabajo realizado por el consejero y ponen en duda la idoneidad de su sustituto

La gestión de Juan José Güemes como consejero de Sanidad recibió ayer reproches de partidos, asociaciones y sindicatos. "Tenía en la cabeza que la sanidad es un negocio", afirmó el secretario general de UGT, José Ricardo Martínez, que le achacó al consejero cesante su falta de voluntad de diálogo. Las críticas a Güemes oscilaron entre el gris oscuro -"ha empeorado la calidad de la sanidad", opinó Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras-, y el negro -"ha sido el consejero más incompetente, privatizador y dañino", juzgó en un comunicado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-.

La opinión sobre su sucesor en el cargo, Javier Fernandez-Lasquetty tampoco es buena. Martínez puso en duda su idoneidad para el puesto: "No sé si conoce el mundo sanitario", y Cedrún partió de la crítica a su pasado: "En Inmigración aplicó el mismo criterio que Güemes en Sanidad, la privatización de los servicios".

Los partidos políticos, aparte de sumar reparos a la gestión de Güemes, aventuraron hipótesis sobre la posible causa del cese. Tanto el Partido Socialista de Madrid (PSM) como Izquierda Unida aludieron a una "fractura interna" en el Gobierno de Esperanza Aguirre. "Las verdaderas razones no pueden ser ajenas a motivos políticos", sostuvo la portavoz del PSM en la Asamblea regional, Maru Menéndez

www.elpais.es 19.03.10

La salida de Güemes desbarata los planes de futuro de Esperanza Aguirre

El ex consejero le dio razones económicas para dejar el Gobierno autonómo

El consejero de Esperanza Aguirre con más proyección política por su juventud y porque era el único con cargo en la dirección nacional del PP se va, entre otros argumentos, por dinero, aunque ayer en público alegara "razones personales". Es la explicación que Juan José Güemes, de 40 años y hasta ahora responsable de Sanidad, ha ofrecido a la presidenta madrileña. "Su mujer [Andrea Fabra, hija de Carlos Fabra, presidente popular de la Diputación de Castellón] perdió dinero al entrar en política, porque como parlamentaria cobra 30.000 euros menos que en su anterior puesto en Telefónica", explican fuentes del Gobierno regional. "Tienen una importante hipoteca, tres niñas que han nacido esta legislatura, y ahora ganará más".

  • "Tiene una importante hipoteca, tres niñas. Ahora ganará más"

  • "No me voy pensando en volver después", dice el ex titular de Sanidad

A eso se une que el ya ex consejero no es funcionario y, por sus lazos familiares, está acostumbrado a un tren de vida muy alto. Como consejero, Güemes habría ganado este año 97.376 euros brutos mensuales, según las cuentas regionales. Ahora, como presidente del Centro de Gestión del Emprendimiento del Instituto de Empresa, su sueldo rondará los 130.000 euros. Sin contar con que, en el futuro, pueda ingresar en algún consejo de administración como consejero y recibir un sobresueldo.

"Ya no voy a vivir de la política", se defendió el ex consejero por la noche. "Me voy en mi mejor momento político, cuando la legislatura está hecha, porque se ha cruzado una buena oferta". Se la contó a Aguirre hace diez días y ésta le animó.

Güemes recordó que lleva en política 17 años, que ha pasado por todo tipo de cargos y que ha vivido "momentos políticos muy apasionantes". Y dice que no hay más. Sin embargo, existen algunos puntos en esta salida aún oscuros. Desde el propio Gobierno madrileño se señala la fuerte contradicción que existe entre la decisión de abandonar la primera línea política y el perfil ambicioso de un político que parecía tener todo por delante. "Juanjo se ha pasado el último año hablando de que iba a ser capitán general", afirman fuentes del Gobierno de Aguirre. "Y sorprende mucho que de la noche a la mañana se vaya".

Además, en el entorno de la presidenta dan por hecho que ésta tenía planes para el ya ex consejero de Sanidad en próximos Gobiernos. Y que ahora abandone el barco desbarata algunas hipótesis muy establecidas. Cuando el vicepresidente y mano derecha de Aguirre, Ignacio González, está quemado por la guerra de Caja Madrid, y el consejero de Presidencia, Francisco Granados, achicharrado por el caso del espionaje, Güemes apuntaba alto. Era la opción más clara a medio plazo para vicepresidente o incluso para el relevo. Ahora Aguirre, a tan sólo 14 meses de las elecciones autonómicas, tiene que barajar de nuevo sus cartas.

Por eso, algunas fuentes elucubran con que la marcha de Güemes pudiera ser un intento de desvincularse del aguirrismo para regresar luego, limpio de familias políticas, y dar el salto a la política nacional. Eso explicaría que no haya querido desvincularse ni de la dirección regional, ni menos de la nacional de su partido, a cuyas reuniones seguirá acudiendo. De hecho, Güemes admitió ayer que sí informó a Rajoy de su marcha mientras la presidenta aclaró que no tenía por qué hacerlo.

"No me voy pensando en volver. Me voy porque quiero", zanjó Güemes.

www.elpais.es 19.03.10

UN CARGO DE AGUIRRE SE INVENTA UNA "PRUEBA" DEL ESPIONAJE 

El consejero de Sanidad de Madrid, hombre de confianza de Esperanza Aguirre y portavoz del PP madrileño, Juan José Güemes, puso ayer sobre la mesa en TVE una "prueba" del espionaje al PP: la supuesta publicación "a cuatro columnas en un periódico" de una conversación privada entre su colega Federico Trillo y un abogado. Pero resulta que esa conversación -de la que Güemes, requerido durante todo el día por este periódico, no dio más datos- no ha sido publicada por nadie. 

"Hemos visto cosas realmente sorprendentes. Como esa conversación entre Federico Trillo y el letrado representante del PP en algunos sumarios, reproducida en un periódico a cuatro columnas. Como mínimo es llamativo", dijo Güemes en Los desayunos de TVE, cuando la presentadora le preguntaba por el supuesto espionaje. Y añadió: "Debería ser el Gobierno, la fiscalía, quien a iniciativa propia investigase cómo es posible que una conversación privada se vea vulnerada, y con ese aparataje de publicidad". 

"¿Veremos algún día las pruebas del espionaje?", insiste la periodista. Y Güemes insiste también: "Bueno, yo leí una prueba a cuatro columnas en un periódico. Si usted y yo tenemos una conversación telefónica y al día siguiente nos la encontramos en un periódico, no es difícil llegar a la conclusión de que hemos sido espiados". 

El origen de este bulo es una información de la cadena SER que decía que Trillo podía estar presionando a un juez del caso Camps llamado Juan Montero. Trillo aseguró que el único Montero con el que hablaba por teléfono era el abogado del PP Juan Ramón Montero; dedujo, no obstante, que su móvil había sido pinchado. En cualquier caso, ninguna conversación entre Trillo y un Montero ha sido publicada en ningún sitio. 

(www.elpais.com, 02/09/09)

CORREA RECURRIÓ A FABRA PARA QUE SU YERNO LE AGILIZARA UNA URGENCIA EN MADRID

El cabecilla de la trama pidió a El Bigotes que contactara con el presidente de la diputación, aunque al final la gestión no fue necesaria - La trama se lucró en el Castelló Masters de Golf

Los presuntos cabecillas de la trama Gürtel no dudaban en utilizar sus contactos políticos para solucionar asuntos domésticos. El sumario del caso contiene una conversación entre Francisco Correa y su comercial en Valencia, Álvaro Pérez, que revela el grado de confianza que debía existir entre El Bigotes y el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. Pérez, a petición de Correa, no duda en llamar al líder de Castelló para que este le pida a su yerno, el consejero de Sanidad de Madrid, Juanjosé Güemes, que le solvente un problema en un hospital de la capital. Al final, la gestión no llegó a realizarse porque Correa logra que un médico le atienda sin necesidad de que medie enchufe alguno. El episodio llega a adquirir tintes de película de los hermanos Marx, ya que, Correa, tras presionar a El Bigotes para que contacte con Güemes, cae en la cuenta de que el yerno de Fabra es persona non grata en la sanidad madrileña.

CONVERSACIÓN

Extractos de la charla que mantienen Correa y El Bigotes

Francisco Correa: Mira, haz el favor de llamar a Fabra. Y que llame al marido de su hija, a Güemes, que es el consejero de la Comunidad de Madrid.

Álvaro Pérez: Si.

F. C: No digas que es para mí, di que es un amigo tuyo. Que llame urgente, que estoy en el Carlos III, (...) porque mi primo tiene un brote de paludismo y ahora resulta que este Carlos III, hasta hace tres meses era un sitio de urgencias de enfermedades tropicales y ahora resulta que no es aquí, bueno, sí es aquí, pero no hay urgencias. Y digo, entonces ¿qué hago?, venga usted mañana, se muere, entonces... si llama Güemes aquí se caga todo el mundo.

A. P: Hasta ahora, venga, que voy a llamar a Güemes, voy a llamar a su mujer Andrea... que es la hija de Fabra.

CONVERSACIÓN

El Bigotes llama a Correa

A. P: Espérate cinco minutos porque Fabra está entregando el trofeo de Golf que se ha celebrado en la Comunitat Valenciana, y no me coge el teléfono y estoy llamando a Andrea, pero tampoco me lo coge y está con el presidente Camps entregando los tro-feos ahora mismo. Entonces estoy llamando a ver si Ricardo puede controlarla a Andrea, entonces no sabe dónde coño está y no nos coge el teléfono, ni a Ricardo, ni a David, ni a mí.

F. C: Llámate a Güemes directamente y que hable...

A. P: Es que no tengo el teléfono de Güemes, si lo tuviera lo hubiera llamado.

F. C: Estoy aquí con el médico, bueno.., llámate, llámate al suegro de Güemes.

CONVERSACIÓN

Correa vuelve a llamar a Pérez para decirle que deje la gestión porque ya le ha atendido un médico

F. C: Ya lo he arreglado yo, porque además, están cabreados aquí en el hospital con él porque es el consejero de Sanidad.

A. P.:Sí, está a ostias con toda la sanidad de Madrid

F. C: Claro, estás llamando a un tío que ha quitado esto, nosotros estamos en contra, porque era el único sitio de Madrid que se podía atender a gente con enfermedades tropicales.

A. P.: Vale, vale. Me va a llamar Carlos ahora, eh,..

F. C.: No, no..

A. P.: Vale, vale, le diré que ya está solucionado, pero es que le he mandado un mensaje...

Por otro lado, las escuchas desvelan que la supuesta trama también cerró negocios en Castelló gracias a la organización del Castelló Masters Costa Azahar de golf que tuvo lugar en octubre de 2008 en el Club de Campo del Mediterráneo (La Coma), entidad presidida Carlos Fabra. Las vinculaciones de la supuesta red aparecen detalladas en un apartado del sumario encabezado con el epígrafe "Proyectos de negocios: adjudicaciones irregulares".

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/10/09/correa-recurrio-fabra-yerno-le-agilizara-urgencia-madrid/639848.html

GÜEMES ENCADENA SU CUARTO ABUCHEO AL VISITAR UN HOSPITAL DE MADRID 

Una docena de policías nacionales han tenido que reducir a un grupo de trabajadores del Hospital Clínico de Madrid que increpaban al consejero de Sanidad, Juan José Güemes (PP), a su llegada al centro, donde iba a inaugurar la nueva sala robotizada de Cardiología. 

Los trabajadores esperaban a las puertas del hospital a que llegara el político mientras protestaban por la privatización de la sanidad pública madrileña y por la resolución del 31 de julio que limita la contratación de personal sanitario. 

El consejero ha hecho su aparición en el centro 20 minutos más tarde de lo previsto y ha cruzado el tumulto de gente hasta entrar en las instalaciones. En ese momento, los manifestantes se han abalanzado sobre la puerta del centro y han comenzado a aporrearla, por lo que la policía ha tenido que intervenir. 

Dos de los trabajadores han sido reducidos por los agentes en el suelo mientras el resto gritaba consignas como "consejero, carroñero", "lo llaman democracia y no lo es" o "espe, espe, especuación". 

Esta es la cuarta vez en las últimas semanas que el consejero de Sanidad es increpado durante sus visitas a centros hospitalarios de la región.

(www.publico.es, 01/10/08) 

"CON EL SUELDO DE LOS SINDICALISTAS LIBERADOS HARÍA UN HOSPITAL NUEVO" 

Un centenar de trabajadores del hospital Gregorio Marañón acompañó ayer a gritos -aunque un poco en sordina por estar junto a una unidad de enfermos de cáncer- al consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Nada extraordinario: ya le sucedió lo mismo y en el mismo sitio una semana atrás. Cada visita del político a un centro sanitario en los últimos días se traduce en una sonora protesta. Unas críticas que Güemes considera injustas y que circunscribe al mundo sindical, al que volvió a descalificar, otra vez en formato irónico: "Con el sueldo de los liberados, más de 1.000, se podría construir un hospital de 450 camas". 

En opinión de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, esta afirmación supone "cuestionar el derecho de libre sindicación y demuestran que la derecha no cree en uno de los pilares del sistema, ni en la Constitución". El artículo 28 de la Carta Magna comienza así: "Todos tienen el derecho a sindicarse libremente". 

"Güemes nunca ha creído mucho en la democracia", insistía un alto dirigente sindical sanitario de Comisiones Obreras. Los acuerdos entre las centrales y Sanidad se pactaron en época del anterior consejero, también del PP, Manuel Lamela: "Somos los mismos liberados que se acordaron entonces, ni más ni menos", zanja un miembro de esa mesa de negociación sin aclarar la cifra. 

El coche -largo, afilado, oscuro- parece la cabeza de un cortejo nupcial. En la parte de atrás, con cristales opacos, están pegados y cuelgan unos folios blancos con un lema impreso: "Hospital Marañón público". Güemes se aleja del Centro de Radiopatía y Radioprospección del Gregorio Marañón. Una unidad inserta en Oncología que cumple 25 años. Más de un centenar de personas lo despiden a gritos. Gente con bata y unos pantalones blancos atornillados al suelo con unos zuecos con agujeritos. Trabajadores del centro. Muchos, afiliados a algún sindicato. Sus protestas se resumen en dos consignas: "No a la privatización del hospital" y "No a la reducción de puestos de trabajo". 

Güemes es casi zarandeado en el cubículo que dejan sus guardaespaldas. Pero se queda estoicamente en medio de los manifestantes, despidiéndose de los directivos del hospital sin prisa. Esta vez nadie le insulta, como en casos precedentes. No mucho. El vicepresidente regional, Ignacio González, pidió la semana pasada que dejen de atosigar al consejero. También algunos líderes de los trabajadores han pedido que no se entre en la descalificación personal. 

"La gente de los hospitales está nerviosa por los posibles despidos", filtra una fuente sanitaria. Güemes, sin embargo, achaca estas protestas a una estrategia de "la izquierda" que "insiste desde hace 10 años en argumentos falaces para atacar al PP". El consejero, tras una breve visita al centro que adelantó cerca de media hora, expuso sus opiniones tras una rueda de prensa conjunta con Rafael Herranz, responsable del centro de Radiopatología. Las relaciones entre el consejero y los sindicatos tienen muchas aristas por varios motivos. "Hicimos una serie de pactos con Manuel Lamela, el anterior consejero, y no los están respetando", dice un alto dirigente sanitario de Comisiones Obreras. Los trabajadores de los hospitales, especialmente el personal contratado no funcionario, tiene miedo de perder su empleo. El consejero, en cualquier caso, recalcó que Madrid "es la Comunidad que más esfuerzo dedica a la sanidad pública".

Por otra parte, desde el centro de Radiopatología del Gregorio Marañón, se advirtió de que piensan pedir explicaciones al Centro de Seguridad Nuclear por hacer público ayer el accidente radiactivo de un trabajador. Fuentes del centro consideran esos datos confidenciales. La unidad, que conmemora sus 25 años de vida, ha atendido en ese tiempo a 2.300 personas. 

(www.elpais.com, 01/10/08)

GÜEMES, ABUCHEADO EN SU VISITA AL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, consideró hoy "falso" que la administración autonómica no haya destinado a Sanidad la financiación adicional procedente del Estado para esta materia, tal y como hoy afirmó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha asegurado asimismo que Madrid y Valencia son las que menos invierten en Sanidad. Güemes matizó que se trata de un anticipo a cuenta y no de financiación adicional. 

"Eso es falso, pero déjenme explicar por qué están mintiendo De la Vega y Zapatero", dijo el consejero a los medios de comunicación durante una visita al Gregorio Marañón, en la que fue recibido con gritos de trabajadores en contra de la privatización de la Sanidad. El consejero señaló que los recursos que el Gobierno central llama aumento de fondos "no son sino un anticipo de la deuda que tienen con la Comunidad". Así, explicó que la diferencia entre un anticipo a cuenta y un aumento de fondos es lo mismo que entre un anticipo y un aumento de sueldo. "Está mintiendo la vicepresidenta de la Vega", insistió. 

En este sentido, afirmó que la Comunidad de Madrid es la autonomía que "más esfuerzo está dedicando de toda España a la Sanidad pública" y reclamó a De la Vega que le diga "qué otra comunidad autónoma ha abierto ocho nuevos hospitales públicos" que, a su juicio, "dan servicio no sólo a los madrileños, sino a toda España", ya que "un 4% ciento de los pacientes hospitalizados en la de Madrid son desplazados de otras comunidades autónomas. 

Tras destacar que están "muy orgullosos de ser solidarios" con el resto de las regiones, el consejero criticó que "en estos momentos se niega a la Comunidad, que tiene 1,2 millones de personas más". "Pagamos impuestos por 6,2 millones de madrileños y eso va a la caja común", matizó. 

"Zapatero se niega a reconocer que somos más de seis millones y nos atribuye fondos como si fuéramos cinco cuando hay más de un millón de madrileños que son invisibles para Zapatero", señaló el consejero, quien añadió que "eso tiene consecuencias de fuerte impacto en la financiación de los servicios públicos básicos". De esta manera, Güemes aseguró que si la Comunidad de Madrid ha sido capaz de mantener el nivel de excelencia en los servicios públicos es "por el esfuerzo de gestión de todos los madrileños y porque son capaces de hacer más con menos a pesar del intento de Zapatero y de la vicepresidenta por parar Madrid". 

Asimismo, preguntado por la situación financiera de la Consejería que dirige y por los presupuestos sanitarios para 2009, Güemes indicó que "pese a lo que le gustaría a Zapatero y pese a la disminución de fondos y al no pago de la deuda del Estado a la Comunidad, no se va a recortar ninguno de los servicios públicos esenciales". Además, apuntó que serán unos presupuestos "austeros con equilibrio presupuestario, pero que no va a suponer recortes ni en Sanidad ni en Educación". 

Preguntado por la reducción de altos cargos en su Consejería en la línea con el plan de austeridad que llevó a la desaparición de tres consejerías, Güemes dijo que sí ha habido reducción de altos cargos, y matizó que "aún habrá más". 

(www.publico.es, 30/09/08)

ALGUNAS RAZONES DE LOS ABUCHEOS CONTRA GÜEMES 

"Por una Sanidad pública. No a la privatización", rezaba la pancarta que portaba ayer un joven para recibir al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en su visita al centro de transfusiones de sangre de Valdebernardo. Un grupo de 20 personas esperaba al consejero en la entrada del hospital para abuchearlo y lanzarle una sonora pitada. Varios furgones de policía vigilaban para que los manifestantes no se acercaran a Güemes. 

Es la octava protesta por parte de trabajadores públicos y pacientes que recibe el titular de la Sanidad madrileña en las dos últimas semanas. Tras esta crispación hay un aumento de la conflictividad laboral, despertada por la decisión de Güemes de limitar los contratos eventuales e interinos para reducir el personal sanitario. 

Las algarabías contra el consejero a las puertas de los hospitales no tienen que ver sólo con el modelo sanitario que defiende el Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre, que prima la gestión privada sobre la pública. "Existen amplias diferencias sobre el tipo de gestión. Pero la situación se ha agudizado con la actuación de este hombre", explica Lucas Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea, en referencia al consejero de Sanidad. 

Güemes lleva al frente del departamento más de un año, y en ese tiempo ha conseguido enfrentarse a los trabajadores del sector. "Desde su llegada no se han convocado mesas sectoriales para negociar las condiciones laborales del personal sanitario", precisa Fernando Sánchez, portavoz del sindicato UGT. "El Gobierno regional ha dejado de escuchar y de negociar", añade. 

Los representantes sindicales se acuerdan ahora del anterior consejero de Sanidad, Manuel Lamela. "En la anterior legislatura firmamos 34 acuerdos laborales", desliza Jaime Cedrún, portavoz de Sanidad del sindicato CC OO. "Teníamos un conflicto por las diferencias con el modelo de gestión, pero llegábamos a acuerdos. Eso ya no ocurre". Y apostilla: "Ahora no hay ningún tipo de negociación colectiva". 

Esta falta de diálogo se hizo patente cuando Güemes decidió limitar las contrataciones temporales en los hospitales públicos de Madrid. Los sindicatos elevan hasta 10.000 el número de trabajadores afectados por esta medida, casi la mitad de los trabajadores públicos del sector en la región. El Gobierno regional reduce esa cifra radicalmente. Pero lo cierto es que ese anuncio ha caldeado el ambiente. 

Hace tres semanas, trabajadores del 12 de Octubre se concentraron para protestar contra la iniciativa de Güemes de despedir al personal eventual. Fue el inicio de la carrera de abucheos hacia el titular de Sanidad. 

"Con una crisis económica y una caída de la recaudación, el Gobierno regional tenía que recortar gastos de alguna parte. Anunciaron un plan de choque y una reordenación del personal sanitario, que se ha convertido en una desordenación de la sanidad madrileña", apunta el representante de UGT. "Además, no han renovado a los trabajadores interinos ni a los que hacían sustituciones", añade Sánchez. "Ha aumentado la conflictividad laboral. Por eso se están produciendo protestas en todos los hospitales", argumenta Cedrún. 

Según el responsable sindical, esta medida del Gobierno regional, adoptada el pasado 31 de julio, afecta "no sólo al personal sanitario, sino también al personal de servicio como hostelería, mantenimiento, lavandería...". 

Lucas Fernández asegura que "esta actitud ha cabreado a los sindicatos, con los que ni siquiera se ha dialogado". El portavoz socialista continúa: "Esta orden dificulta la confección de los turnos, ha supuesto el despido de trabajadores eventuales y ha colapsado las urgencias". Además, las fuentes consultadas coinciden en señalar que los principales abucheos a Güemes se han producido en el nuevo centro de Puerta de Hierro-Majadahonda. "Ha sido un ejemplo de cómo no debe hacerse el traslado de un hospital", asegura Cedrún. 

El consejero también ha recibido quejas en otros centros en los que ha decidido ampliar la privatización de algunos servicios, como el Gregorio Marañón o el 12 de Octubre, cuenta el diputado socialista. 

La portavoz del área de Sanidad de IU en la Asamblea, Caridad García, afirma que "ya hacía tiempo que los trabajadores de algunos hospitales importantes, como el de Puerta de Hierro, estaban molestos con su situación laboral. Y el recorte en la plantilla ha enardecido los ánimos de los sanitarios". 

García explica por qué cuando la presidenta regional, Esperanza Aguirre, durante la pasada campaña electoral, se paseó por los nuevos hospitales no encontró tantas protestas. "Entonces no había nada", explica la responsable de IU, "aún se desconocían los problemas de los hospitales, pues éstos no funcionaban". 

Fuentes de la oposición en la Asamblea de Madrid, que prefieren no dar su nombre, deslizaron ayer que "esta salida a la calle de los sindicatos de una manera desordenada y con un discurso simplista revela que están haciendo de red de Zapatero para desviar la atención de la crisis económica". 

Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la opinión del sindicato de enfermería, SATSE, y de médicos, FEMYTS. 

(www.elpais.com, 08/10/08) 

LA CONSEJERÍA "MÁS DELICADA" 

No es casualidad que sea la Consejería de Sanidad -y por tanto también su titular, Juan José Güemes- la que estos días está en el ojo del huracán de las críticas al Gobierno regional. La sanidad no sólo es una de las principales competencias autonómicas y la que más devora (más de un tercio) de los 18.900 millones de euros de los presupuestos regionales de este año. Es también la vara con la que, ya desde su primer mandato, la propia Esperanza Aguirre eligió que se midiera su gestión. 

En la primera campaña a la presidencia regional de 2003, la entonces candidata del PP prometió que reduciría las listas de espera a menos de 30 días y que, de incumplir la promesa, dimitiría. Para no tener que hacerlo inventó un sistema de recuento -sólo empieza a contar desde que el paciente visita al anestesista- que le valió a Madrid ser expulsada del sistema nacional de cómputo. Aguirre no dimitió ni tampoco el también polémico ex consejero Manuel Lamela. 

En la campaña siguiente, en mayo de 2007, también fueron sanitarias algunas de las medidas estrella del PP, que aún no se han puesto en marcha, como la libre elección de médico y hospital, la construcción de cuatro nuevos hospitales (tras los ocho que ya funcionan) o la reducción de la espera diagnóstica a 40 días. 

Pero la sanidad es también la competencia donde más claramente se ha plasmado la posición ideológica del PP, lo que la ha llevado al centro de la controversia política. El liberalismo que abandera Esperanza Aguirre sostiene que la gestión privada de los servicios públicos es "la fórmula más efectiva" y por eso la ha elegido para poner en marcha los ocho nuevos hospitales. 

Güemes añade otra justificación: "Sanidad y educación, como pilares del Estado de bienestar, son las áreas más delicadas". Por eso, el consejero ve en el ruidoso recibimiento que ha tenido a las puertas de los hospitales una "cuestión exclusivamente política y promovida desde la izquierda". Hasta el punto de que echa en falta una "reivindicación laboral" tras las críticas, que se han centrado en la creciente privatización de la sanidad. "Ahora le toca a la sanidad y, dentro de unos meses, cuando estimen que ha dado fruto, volverán a atacar la educación", concluye el consejero. 

Güemes, que estos días se ha hartado de descalificar a los sindicalistas con ironía -"con el sueldo de los liberados, más de 1.000, se podría construir un hospital de 450 camas", dijo el 30 de septiembre-, fue ayer más moderado en la conversación con este periódico y recalcó el "altísimo papel de representación de los sindicatos y la importante misión en la defensa de los trabajadores". Pero agregó que con su actitud ahora "están muy alejados de la defensa de los intereses de los madrileños". 

Añadió que el fondo del discurso antiprivatización "no es nuevo". Y se remontó hasta 1999. "El eje de la campaña entonces ya era la supuesta privatización del hospital Fundación Alcorcón", recuerda. "Y los argumentos, milimétricos". 

La diferencia es que entonces el PP no había osado aprobar una ponencia como en el congreso de hace dos semanas, elaborada entre otros por él, en la que se tachara a los servicios públicos de "monopolio" que "restringe la libertad de los ciudadanos". 

(www.elpais.com, 08/10/08)

Incidente y no ataque a Güemes

"No hay constancia de ataque alguno o intento de dañar" al consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Ésta es la conclusión de la Fiscalía de Madrid, que ayer ordenó el archivo de la investigación de lo ocurrido en la visita del consejero el pasado miércoles al hospital Clínico, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Asegura la fiscalía que, tras comprobar "a través de la información facilitada por la Policía Nacional", que lo sucedido fue "un incidente de desórdenes públicos y agresión a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha concluido que no hay constancia de que quienes participaron en los altercados en el hospital intentaran dañar al consejero de Sanidad.

La fiscalía ordenó a la policía que identificara a los autores de los insultos durante la protesta que se organizó en el Clínico para denunciar la situación de la sanidad pública. Pero al no hallar constancia del ataque ha remitido el atestado policial al juez decano de Madrid.

El Gobierno de Esperanza Aguirre, que el día anterior se había congratulado por la pronta actuación de la fiscalía, mostró ayer su "gran sorpresa por la excesiva rapidez" en el archivo de los hechos. Son palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que no quiso entrar en el fondo de la decisión de la fiscalía, pero sí la calificó de "prematura", por el escaso tiempo con el que ha valorado si hubo "intento de agresión u otro tipo de delitos".

Por eso, anunció que el Ejecutivo regional "se va a personar en el juzgado como acusación particular, para salvaguardar los intereses del consejero de Sanidad y, sobre todo, de los nueve policías nacionales que fueron agredidos por parte de los alborotadores hace un par de días en la puerta del hospital Clínico".

Granados manifestó también "un gran interés en saber cómo es posible" que se ponga en libertad a tres detenidos cuando "ha existido una agresión a nueve miembros de la policía". A lo que agregó: "¿Quién ha dado la orden de poner en libertad a estos detenidos cuando la práctica habitual es que pasen a disposición judicial?".

www.elpais.es 04.10.08

GÜEMES ENCADENA SU CUARTO ABUCHEO AL VISITAR UN HOSPITAL DE MADRID 

Una docena de policías nacionales han tenido que reducir a un grupo de trabajadores del Hospital Clínico de Madrid que increpaban al consejero de Sanidad, Juan José Güemes (PP), a su llegada al centro, donde iba a inaugurar la nueva sala robotizada de Cardiología. 

Los trabajadores esperaban a las puertas del hospital a que llegara el político mientras protestaban por la privatización de la sanidad pública madrileña y por la resolución del 31 de julio que limita la contratación de personal sanitario. 

El consejero ha hecho su aparición en el centro 20 minutos más tarde de lo previsto y ha cruzado el tumulto de gente hasta entrar en las instalaciones. En ese momento, los manifestantes se han abalanzado sobre la puerta del centro y han comenzado a aporrearla, por lo que la policía ha tenido que intervenir. 

Dos de los trabajadores han sido reducidos por los agentes en el suelo mientras el resto gritaba consignas como "consejero, carroñero", "lo llaman democracia y no lo es" o "espe, espe, especuación". 

Esta es la cuarta vez en las últimas semanas que el consejero de Sanidad es increpado durante sus visitas a centros hospitalarios de la región.

(www.publico.es, 01/10/08) 

"CON EL SUELDO DE LOS SINDICALISTAS LIBERADOS HARÍA UN HOSPITAL NUEVO" 

Un centenar de trabajadores del hospital Gregorio Marañón acompañó ayer a gritos -aunque un poco en sordina por estar junto a una unidad de enfermos de cáncer- al consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Nada extraordinario: ya le sucedió lo mismo y en el mismo sitio una semana atrás. Cada visita del político a un centro sanitario en los últimos días se traduce en una sonora protesta. Unas críticas que Güemes considera injustas y que circunscribe al mundo sindical, al que volvió a descalificar, otra vez en formato irónico: "Con el sueldo de los liberados, más de 1.000, se podría construir un hospital de 450 camas". 

En opinión de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, esta afirmación supone "cuestionar el derecho de libre sindicación y demuestran que la derecha no cree en uno de los pilares del sistema, ni en la Constitución". El artículo 28 de la Carta Magna comienza así: "Todos tienen el derecho a sindicarse libremente". 

"Güemes nunca ha creído mucho en la democracia", insistía un alto dirigente sindical sanitario de Comisiones Obreras. Los acuerdos entre las centrales y Sanidad se pactaron en época del anterior consejero, también del PP, Manuel Lamela: "Somos los mismos liberados que se acordaron entonces, ni más ni menos", zanja un miembro de esa mesa de negociación sin aclarar la cifra. 

El coche -largo, afilado, oscuro- parece la cabeza de un cortejo nupcial. En la parte de atrás, con cristales opacos, están pegados y cuelgan unos folios blancos con un lema impreso: "Hospital Marañón público". Güemes se aleja del Centro de Radiopatía y Radioprospección del Gregorio Marañón. Una unidad inserta en Oncología que cumple 25 años. Más de un centenar de personas lo despiden a gritos. Gente con bata y unos pantalones blancos atornillados al suelo con unos zuecos con agujeritos. Trabajadores del centro. Muchos, afiliados a algún sindicato. Sus protestas se resumen en dos consignas: "No a la privatización del hospital" y "No a la reducción de puestos de trabajo". 

Güemes es casi zarandeado en el cubículo que dejan sus guardaespaldas. Pero se queda estoicamente en medio de los manifestantes, despidiéndose de los directivos del hospital sin prisa. Esta vez nadie le insulta, como en casos precedentes. No mucho. El vicepresidente regional, Ignacio González, pidió la semana pasada que dejen de atosigar al consejero. También algunos líderes de los trabajadores han pedido que no se entre en la descalificación personal. 

"La gente de los hospitales está nerviosa por los posibles despidos", filtra una fuente sanitaria. Güemes, sin embargo, achaca estas protestas a una estrategia de "la izquierda" que "insiste desde hace 10 años en argumentos falaces para atacar al PP". El consejero, tras una breve visita al centro que adelantó cerca de media hora, expuso sus opiniones tras una rueda de prensa conjunta con Rafael Herranz, responsable del centro de Radiopatología. Las relaciones entre el consejero y los sindicatos tienen muchas aristas por varios motivos. "Hicimos una serie de pactos con Manuel Lamela, el anterior consejero, y no los están respetando", dice un alto dirigente sanitario de Comisiones Obreras. Los trabajadores de los hospitales, especialmente el personal contratado no funcionario, tiene miedo de perder su empleo. El consejero, en cualquier caso, recalcó que Madrid "es la Comunidad que más esfuerzo dedica a la sanidad pública".

Por otra parte, desde el centro de Radiopatología del Gregorio Marañón, se advirtió de que piensan pedir explicaciones al Centro de Seguridad Nuclear por hacer público ayer el accidente radiactivo de un trabajador. Fuentes del centro consideran esos datos confidenciales. La unidad, que conmemora sus 25 años de vida, ha atendido en ese tiempo a 2.300 personas. 

(www.elpais.com, 01/10/08)

GÜEMES, ABUCHEADO EN SU VISITA AL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, consideró hoy "falso" que la administración autonómica no haya destinado a Sanidad la financiación adicional procedente del Estado para esta materia, tal y como hoy afirmó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha asegurado asimismo que Madrid y Valencia son las que menos invierten en Sanidad. Güemes matizó que se trata de un anticipo a cuenta y no de financiación adicional. 

"Eso es falso, pero déjenme explicar por qué están mintiendo De la Vega y Zapatero", dijo el consejero a los medios de comunicación durante una visita al Gregorio Marañón, en la que fue recibido con gritos de trabajadores en contra de la privatización de la Sanidad. El consejero señaló que los recursos que el Gobierno central llama aumento de fondos "no son sino un anticipo de la deuda que tienen con la Comunidad". Así, explicó que la diferencia entre un anticipo a cuenta y un aumento de fondos es lo mismo que entre un anticipo y un aumento de sueldo. "Está mintiendo la vicepresidenta de la Vega", insistió. 

En este sentido, afirmó que la Comunidad de Madrid es la autonomía que "más esfuerzo está dedicando de toda España a la Sanidad pública" y reclamó a De la Vega que le diga "qué otra comunidad autónoma ha abierto ocho nuevos hospitales públicos" que, a su juicio, "dan servicio no sólo a los madrileños, sino a toda España", ya que "un 4% ciento de los pacientes hospitalizados en la de Madrid son desplazados de otras comunidades autónomas. 

Tras destacar que están "muy orgullosos de ser solidarios" con el resto de las regiones, el consejero criticó que "en estos momentos se niega a la Comunidad, que tiene 1,2 millones de personas más". "Pagamos impuestos por 6,2 millones de madrileños y eso va a la caja común", matizó. 

"Zapatero se niega a reconocer que somos más de seis millones y nos atribuye fondos como si fuéramos cinco cuando hay más de un millón de madrileños que son invisibles para Zapatero", señaló el consejero, quien añadió que "eso tiene consecuencias de fuerte impacto en la financiación de los servicios públicos básicos". De esta manera, Güemes aseguró que si la Comunidad de Madrid ha sido capaz de mantener el nivel de excelencia en los servicios públicos es "por el esfuerzo de gestión de todos los madrileños y porque son capaces de hacer más con menos a pesar del intento de Zapatero y de la vicepresidenta por parar Madrid". 

Asimismo, preguntado por la situación financiera de la Consejería que dirige y por los presupuestos sanitarios para 2009, Güemes indicó que "pese a lo que le gustaría a Zapatero y pese a la disminución de fondos y al no pago de la deuda del Estado a la Comunidad, no se va a recortar ninguno de los servicios públicos esenciales". Además, apuntó que serán unos presupuestos "austeros con equilibrio presupuestario, pero que no va a suponer recortes ni en Sanidad ni en Educación". 

Preguntado por la reducción de altos cargos en su Consejería en la línea con el plan de austeridad que llevó a la desaparición de tres consejerías, Güemes dijo que sí ha habido reducción de altos cargos, y matizó que "aún habrá más". 

(www.publico.es, 30/09/08)

GÜEMES OFRECE "OPORTUNIDADES DE NEGOCIO" EN LA SANIDAD PÚBLICA

Una veintena de personas recibe al consejero con abucheos en el Severo Ochoa

"Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa", reza la convocatoria. Un cebo dirigido a constructoras, entidades financieras, aseguradoras sanitarias, empresas de equipamientos sanitarios y, en fin, todos los negocios que quieran subirse a la ola privatizadora -así la llamó el propio consejero del ramo, Juan José Güemes- que bate con fuerza las costas de la sanidad pública madrileña.

Güemes, acompañado de la plana mayor de su departamento, se reúne hoy con empresarios para presentarles el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011. Les contará, entre otras cosas, qué oportunidades de negocio tienen en la construcción de los cuatro nuevos hospitales (Collado-Villalba, Torrejón, Móstoles y Carabanchel), que serán de gestión privada, y en la reforma integral de los tradicionales (Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Móstoles, La Paz y 12 de Octubre). El director general de Hospitales, Antonio Burgueño, según el programa, responderá, por ejemplo, a si "¿van a dar cabida a la iniciativa privada como en los nuevos?".

Los sindicatos se han propuesto hacerse oír. Algunos, como la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización, desde el inicio de la jornada, ya que han convocado una protesta a las nueve frente al hotel Ritz, donde Güemes se reúne con los empresarios. CC OO, UGT, asociaciones de vecinos y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública estarán allí a las siete de la tarde para rechazar "que se trate la salud de la población como una oportunidad de negocio". Ana González, de CC OO, aseguró ayer que el ejecutivo regional "se dedica a fomentar los intereses privados". Carmen López, de UGT, criticó que los nuevos hospitales "costarán seis veces más que si los hubiera construido la presidenta" porque los empresarios "no ponen dinero, sólo lo adelantan".

Los sindicatos ya calentaron el encuentro con los empresarios ayer, cuando recibieron al consejero con abucheos y gritos de "¡sanidad pública!" y "¡consejero, carroñero!" en el hospital Severo Ochoa de Leganés. Güemes acudía a la entrega de la certificación ISO que acredita la calidad de los laboratorios y a presentar las últimas adquisiciones del centro: un mamógrafo y un TAC que, según la Consejería, entrarán en funcionamiento "próximamente". Una veintena de personas, con pancartas de protesta, siguió a Güemes en comitiva durante la visita. Al final, ya frente a los periodistas, el consejero les acusó de "gritar en un área oncológica" y "causar molestias a los pacientes".

http://elpais.com/diario/2008/09/23/madrid/1222169061_850215.html 

AL YERNO DE CARLOS FABRA, JUAN JOSÉ GÜEMES, LE PONE ANTI CORRUPCIÓN LA LUPA EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO MAJADAHONDA DE FRAUDE INMOBILIARIO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Metido hasta las cejas en su propio caso, "personal e intransferible", de tráfico ilegal de influencias, al presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, presidente provincial del PP, le acaba de salir otro grano en su dura y cuarteada corteza política.

Está vez el salpullido le sale por vía indirecta de sangre. Su yerno, Juan José Güemes, casado con Andrea Fabra Fernández, resulta que va a ser una de las muchas "pistas" por las que la fiscalía anti-corrupción quiere hurgar en su investigación del caso Majadahonda.

En el escándalo de fraude inmobiliario, llevado a los tribunales por el PSOE, están revueltos desde el alcalde del lugar de los hechos, Narciso Foxa, pasando por
Ricardo Romero de Tejada (el de las "fotocopias" del tamayazo ) hasta, al parecer, la mismísima presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre... Todos con el carné del PP en el bolsillo.

Las fuentes que trasladan a CONFIDENCIAL 7D la presunción de sospechas contra el joven Güemes - ahora secretario de Comunicación de la ejecutiva autonómica del PP madrileño y responsable de las áreas de empleo y mujer, a la vera de la presidenta Aguirre - se apoyan en argumentos de peso, suficiente como "para empezar a ponerle la lupa", dicen y explican de corrido de qué va la cosa.

El esposo de la hija de Fabra, para empezar, ha sido y es uno de los protegidos del "fugado" de los asuntos nacionales, Rodrigo Rato, hoy en lo más alto del rimbombante Fondo Monetario Internacional. Como es público y notorio, Rato cuenta entre sus estrechas amistades a Ricardo Romero de Tejada, el mismo que viste y calza: ex secretario general de la ejecutiva PP regional de Madrid, pero, sobre todo, ex alcalde de Majadahonda y "arquitecto" del follón urbanístico de la empresa municipal Pammasa, la  que le pasaba los negocios de suelo a la otra privada, AFAR-4 (de Antonio Cubo)y así hasta chuparse 108 millones de euros que debían haber entrado en las arcas municipales y ahora están no-se-sabe-dónde.

Ni qué decir tiene que entre el yerno fabriano, "Juanjo" y el libretista del caso Majadahonda, Romero de Tejada, hay más que amistad y camaradería de partido, "hay compadreo", matizan los confidentes.
Y es que Rato cuando junta a la gente lo hace en serio. Se dice que el ex ministro tuvo mucho que ver en el galanteo de Güemes a Andrea Fabra que acabó en el juzgado( de casamiento civil) y se adornó en vicaría.
También Rato fomentó las profundas simpatías entre sus dos "promesas" de jóvenes y estrechos colaboradores, el castellonense Juan Costa (íntimo de la familia Fabra) y el madrileño, Güemes.

Y siguiendo el hilo hacía el ovillo: Fabra, padre, y Rato han hablado mucho de negocios, ya con Andrea casada. El ahora director del FMI tiene una promotora inmobiliaria ( Rodanman Gestión 3) y una activa constructora ( Alonso Rato)... Es más, el presidente de la diputación de Castellón, de paso que iba a Artana (municipio de las empresas de Vicente Vilar, denunciante de su corrupción) se preocupaba de reojo de que no le faltara de nada a la embotelladora "Aguas de Orotana", patrimonio del ex vicepresidente primero de Aznar.

 Allí, recuerdan con añoranza habitantes del lugar, "don Carlos (Fabra) tenía en mente plantar un polígono industrial que hubiera sido la envidia del mundo(sic)". ¡Pero explotó el asunto...! Publicado en
http://hebdomario.typepad.com/confidencial_7d/2005/03/al_yerno_de_car.html 09 marzo 2005

NACE MARIOLA, LA PRIMERA NIETA DE CARLOS FABRA

El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y su esposa, Mampa Fernández, ya son abuelos. La hija mayor del matrimonio, Andrea, dio ayer a luz a una "preciosa" niña que se llama Mariola --nombre típico de Alcoy de donde es originaria la abuela materna--, que pesó 3,400 kilos al nacer y tanto ella como la madre se encuentran en perfectas condiciones. La primera nieta de Carlos Fabra, quien se desplazó el sábado a Madrid ante la inminente llegada de Mariola Güemes Fabra, se parece "a su padre", Juan José Güemes, consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, y vino al mundo a las 12.30 horas de ayer lunes en la clínica Ruber Internacional. Tanto el presidente de la Diputación Provincial como su esposa y el resto de las familias de los primerizos padres están "encantados" con la pequeña.

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/nace-mariola-primera-nieta-de-carlos-fabra_111761.html  22/06/2004

EL SIGNORE FABRA : PATRIMONIO ( * ) Y SOCIEDADES

La estrella del último Fabra, abogado antes que político, comienza a brillar de un modo especial coincidiendo con su ascenso a la presidencia de la Diputación provincial en 1995. Hasta entonces su economía atravesaba algunas dificultades, a pesar de que los Fabra han ocupado desde siempre importantes cargos políticos en la provincia. Era dueño de un piso en Castellón, un pequeño apartamento de verano en Benicasim y algunos terrenos.A partir de aquí el líder del PP en Castellón va consolidando su patrimonio inmobiliario. En 1998 compra una casa rural de tres plantas en el municipio castellonense de Cuya, casa conocida ahora como "la bombonera", al parecer porque no se escatimaron medios en su rehabilitación.

Ese mismo año compra una casa en Oropesa del Mar, justo al lado de la que utilizaba en sus veraneos el presidente del Gobierno, José Mª Aznar. Una licencia de obra menor y una inversión multimillonaria convirtieron la humilde casa en una de las mansiones más fastuosas en esa zona de la costa, rodeada además de una parcela de más de mil metros cuadrados.Fue en mayo de 1998 cuando la mujer y los cuatro hijos de Fabra compraron una villa por 360.607 euros (60 millones de pesetas). Con una planta baja de 177 m2 y una primera planta de 190 m2, pagó cinco millones en metálico en 1997 y 45 millones los pagó en el momento de la compra mediante cheque del Banco Central Hispano número 2559112-2. Los 10 restantes quedaban aplazados a pagos posteriores. La casa está registrada a nombre de su mujer Mª Amparo Fernández y sus 4 hijos. En junio de 1998 la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Orpesa concedió «licencia de obra menor» para «acondicionamiento y decoración interna, sin modificación de volumen ni de estructura», presupuestada en ocho millones de pesetas. En esta ocasión Fabra pagó 25.273 pesetas en concepto de ordenanza municipal y 168.213 pesetas por el impuesto de construcción. Dos meses más tarde, en septiembre, la comisión de gobierno dejó sin efecto la licencia anterior y concedió otra, también de obra menor, presupuestada en 17.591.000 pesetas.

Según quedaba recogido en el dictamen, «la aparición de aluminosis en el techo ha obligado a llevar a cabo obras más aparatosas». En esta ocasión, el hermano de Fabra, el arquitecto Luis, presentó un proyecto básico y de ejecución sobre distribución interior de vivienda aislada con sello oficial del colegio y los planos correspondientes. En este punto, se desconoce si la modificación se llevó a cabo por iniciativa propia de Fabra o por una advertencia de los vecinos o del ayuntamiento ante la magnitud de las obras. En este caso se le cobró 87.000 pesetas por la ordenanza y 351.829 por el impuesto de construcción. Y también en este caso se especificaba que se trataba de «obras de reforma interior de vivienda unifamiliar». Asimismo, el informe del arquitecto era favorable «porque el proyecto se ajusta a lo contemplado en el PGOU respecto al uso del suelo y al volumen de la construcción». El proyecto presentado por Luis Fabra afirmaba que en la planta baja, donde antes había «garaje, trasteros y vestuarios», ahora hay «garaje, trastero, distribuidor, escalera, ropero, bodega, sala de estar, paso, dos dormitorios de 15 m2 cada uno, un baño de 10 m2, otro baño de 6,48 m2 y un tercer dormitorio de 11 m2».Lógicamente, en la planta primera también se distribuyen las estancias de la casa. La superficie útil de la planta baja con la reforma es de 198 m2 frente a los 177 anteriores, quedando la primera planta con 217 m2 en lugar de los 190 de antes. Una vista de la casa de Fabra en Platgetes deja entrever que en la planta baja se ha añadido un ala en la que se ha ubicado una barbacoa y, posiblemente, un baño y una estancia. En la primera planta se han tirado todos los tabiques y el techo y también hay una gran escalera que desciende casi hasta una piscina que, curiosamente, no aparecía en el proyecto

Empresarios con los que ha podido contactar la Cadena SER aseguran que entregaron a Fabra diversas cantidades de dinero que se emplearon en las obras de este chalet.

Fabra también va adquiriendo importantes propiedades en Madrid. En 2002, un piso de más de 200 metros cuadrados en la Plaza de las Salesas, una de las zonas más exclusivas de la capital, junto a la sede del Tribunal Supremo.Para ello, formalizó un crédito hipotecario por un importe de 691.000 euros con Bancaja para financiar la adquisición de su piso en Madrid, situado en la céntrica Plaza de las Salesas, junto a la sede del Tribunal Supremo. La escritura del préstamo hipotecario se formalizó el mismo día de la compra-venta de la vivienda, el día 5 de diciembre de 2002, ante el mismo notario. La cantidad obtenida por el préstamo hipotecario sirvió para pagar la mayor parte de la inversión inmobiliaria realizada por Fabra junto a su mujer, Amparo Fernández, que ascendió a 901.518,16 euros (equivalentes a 150 millones de las antiguas pesetas), según la escritura de compra-venta . El importe de la diferencia entre el préstamo y el valor escriturado de la venta, concretamente 210.518,16 euros, fue abonado aparte por el matrimonio Fabra-Fernández en el mismo acto ya que, según las escrituras, la parte vendedora declaró saldado el importe total de la operación inmobiliaria de compra-venta. La vivienda adquirida por el presidente de la Diputación en Madrid tiene un total de 202 metros cuadrados, dispone de 14 estancias diferentes y se encuentra situado a escasos metros del Paseo de Recoletos y de la Plaza de Colón, una de las zonas más señoriales de la capital de España y de mayor valor inmobiliario. El crédito hipotecario establece un plazo de devolución de 300 mensualidades, es decir 25 años. El interés inicial durante el primer año, que se acaba de cumplir este mismo mes, quedó fijado en una tasa del 4% anual. En los doce primeros meses los recibos mensuales han sido de 3.647,35 euros (más de 600.000 pesetas). A partir de ese momento las condiciones del crédito hipotecario establecen un interés variable en base a la referencia del euribor más un 0,75%, una tasa considerada «dentro de los parámetros habituales de las entidades crediticias», según fuentes del sector inmobiliario consultadas por este periódico. En el caso de devoluciones parciales anticipadas del capital Bancaja no establece penalización alguna. Como garantía para la concesión de préstamo hipotecario la vivienda madrileña adquirida por Fabra quedó tasada por Bancaja en 870.750 euros (144.000 millones de las antiguas pesetas), 30.768 euros por debajo del precio total escriturado de la compra-venta. El valor de la operación supone el pago de 4.500 euros por metro cuadrado, «un precio ventajoso para la zona», según fuentes inmobiliarias madrileñas. El crédito con garantía hipotecaria de Bancaja por valor 691.000 euros se concede de forma conjunta al matrimonio Fabra-Fernández y a una de sus hijas, Claudia Fabra Fernández, casada en régimen de separación de bienes y residente en otro domicilio de Madrid.

Según ha podido saber la SER, Fabra también aporta dinero para los chalets de lujo que sus dos hijas compran en Pozuelo de Alarcón. La urbanización situada frente al llamado "Zoco de Pozuelo" pasa por ser una de las zonas de viviendas unifamiliares más caras de la provincia de Madrid.

En este punto es donde el escándalo político protagonizado por Fabra deja de ser sólo una cuestión provincial y pasa a convertirse en un tema de ámbito nacional, ya que una de las hijas del político está casada con Juan José Güemes, ex alto cargo de Turismo y actual consejero de la presidenta Esperanza Aguirre.

(*) Información facilitada por www.cadenaser.com  y el  www.levante-emv.com

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