LAS NOTICIAS IGNOMINIOSAS QUE GENERA EL SUSODICHO  2013



  "Tiene todo el respaldo personal y político del Gobierno y del PP"
( Francisco Camps. Pte de la Generalitad valenciana.19.12.03 )

Fiscalía. Escrito de acusación a Carlos Fabra. Enero 2012
Auto juez Nules sentando en el banquillo al susodicho. 22.03.13

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA NO PRESCRIPCIÓN DELITOS
SOLICITUD DE AMPARO AL CGPJ DEL JUEZ INSTRUCTOR .26.06.12

 

EL DIRIGENTE DEL PP SOLO RESPONDIÓ AL AGUADO INTERROGATORIO DEL FISCAL

Anticorrupción apenas incidió en los ingresos injustificados y en los cuatro delitos fiscales

Las primeras palabras de Carlos Fabra ante el micrófono a través del que responden los acusados fueron para anunciar que solo respondería a las preguntas del fiscal. Ni a la Abogacía del Estado, personada para reclamar el dinero supuestamente defraudado, ni a la acusación popular, que ha sido la que ha insistido, a lo largo del proceso, en la existencia de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La Fiscalía Anticorrupción tenía la oportunidad de hacerle responder ante el tribunal, pese a su derecho a mentir, por cada uno de los documentos incluidos en la causa. Son papeles que reflejan gestiones que denunció el propio Ministerio de Agricultura que, en un informe interno, reflejó cómo la empresa del amigo de Fabra trataba de “conseguir sus autorizaciones supliendo las deficiencias de las documentaciones exigibles mediante visitas a todas las autoridades del ministerio (de este Gobierno y de los anteriores)”. “Recordarás que estuve en tu despacho acompañando a Carlos Fabra (...) y hablamos sobre la autorización de un pesticida”, dice otro de los escritos dirigidos al ministerio e incluidos en el sumario. Pero el fiscal apenas pasó por encima.

Incluso más aguado fue su interrogatorio, de poco más de una hora, sobre los cuatro delitos fiscales detectados por Hacienda. El fiscal se achicó en la primera pregunta, a la que Fabra contestó refiriéndose a los informes de los peritos como los de “sus peritos”, después de que su defensa haya pedido que estos no sean considerados como tales. El informe pericial señala, entre otros muchos, diez ingresos diferentes, de 3.000 euros en efectivo, realizados en solo dos días y sobre una misma cuenta. Pero el fiscal solo le preguntó por un caso con tres operaciones, de las que Fabra solo dijo que no podía explicarlas porque algunos ingresos los hacía su chófer.

“Cuando alguien tiene la cantidad de préstamos que yo tenía, realmente es por necesidad de pagar algo o hacer algún reintegro a otro banco porque me vencía un préstamo. Y así he funcionado yo toda mi vida, siempre funciono igual, incluso ahora”, fue la única explicación que dio el dirigente del PP sobre las más 17.000 operaciones analizadas por los peritos.

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/03/actualidad/1380830403_817637.html

EL ACUSADOR DE FABRA SE ARREPIENTE

Vilar mantuvo una estrecha relación con el exdirigente popular pero vio traicionada su amistad
Diez años y muchos documentos después, se desdice

“Todo empezó porque un día aparecí con una brasileña”. Vicente Vilar, el único hombre que ha logrado poner en jaque al todopoderoso Carlos Fabra, expuso el jueves sus penurias durante el juicio al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, que se sienta en el banquillo de los acusados por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, delitos por los que Anticorrupción pide 13 años de cárcel.

El acusador, el industrial que presentó la querella que ha llevado a Fabra hasta el banquillo, cambió su versión y pretendió reducirlo todo a un ataque de celos, a una rabieta descontrolada, o, en todo caso, a un asunto de “mujeres codiciosas”. Nada de meter al dirigente del PP “en un lío que no se merece”, tal como dijo ante el juez.

Pero Vilar, el acusador arrepentido, lo hizo un poco tarde. Cambió su relato después de casi diez años manteniendo que Carlos Fabra le había cobrado “cantidades millonarias a cambio de favores políticos”, gestiones para tratar de agilizar las autorizaciones para los productos fitosanitarios que fabricaba. Pero en el proceloso caso Fabra ya se han incluido documentos, informes periciales y testimonios que respaldan su primera versión. Y es un caso en el que la justicia no se ha implicado durante diez años por su testimonio, que sí que lo originó, sino por los documentos e indicios que daban veracidad a su relato, del que se desdijo este jueves, cuando, quienes en otro tiempo fueron sus amigos, ya lo habían presentado como un mentiroso.

Todo indica que el cambio de estrategia del acusador de Fabra se debe a una maniobra de su defensa, en un intento de, exculpando a Fabra, tratar de exculparse a sí mismo de los delitos de cohecho y tráfico de influencias de los que está acusado. Vicente Vilar está en la cárcel desde hace seis años. Fue condenado en 2007 por agresión sexual, secuestro y robo a la que entonces era su esposa, Monserrat Vives. Desde entonces, ha estado en la prisión de Zuera (Zaragoza) y, ahora, en la de Castellón. En ambas ha tenido una actitud activa, participativa y solidaria, lo que le ha procurado informes favorables. Así, su tercer grado podría estar cerca. Una nueva condena le dejaría privado de libertad unos años más.

Vicente Vilar inició su amistad con Carlos Fabra en 1999. Se conocieron a través de sus esposas, que coincidían en el puesto de fruta en el Mercado Central de Castellón. Hasta de la compra de frutas tropicales le dejó hablar el tribunal durante el juicio. Para entonces, el empresario había logrado levantar una fábrica de productos fitosanitarios en Artana, un pueblo de apenas 2.000 habitantes al suroeste de la provincia de Castellón. Su vida era la planta, donde pasaba horas y horas trabajando, sintetizando productos químicos contra los males del campo. Tantas eran las horas que acabó utilizando parte de la fábrica para convertirla en vivienda, adonde trasladó también a su familia.

Mientras, Vives y la esposa de Fabra empezaban a congeniar. Tomaban café juntas tras la compra. “Tenía la edad de mis hijas y con ella hablaba de todo”, relató durante su interrogatorio María Amparo Fernández, la exmujer del dirigente del PP. La relación fue a más. Los maridos se conocieron. Fernández llegó a ser madrina del hijo menor del matrimonio Vilar-Vives. Y el industrial comenzó a contarle a Fabra los problemas que tenía para conseguir la autorización de sus productos de Naranjax en los ministerios de Agricultura y Sanidad.

En medio de esa relación fluida y en 1999, las esposas montaron una empresa, Artemis 2000. Según Vilar, para que ambas familias obtuvieran beneficios por la comercialización de los productos que se le autorizaban a Naranjax y, así, además, evitar la “sangría” de dinero negro que le pagaba al dirigente del PP, en maletines y bolsas de plástico, según ha contado en numerosas ocasiones. Según Fabra, Vilar únicamente se ofreció a compartirla para que uno de los hijos del dirigente del PP tuviera una salida profesional.

Entre 2000 y 2001, la relación traspasó también lo personal. Carlos Fabra facturó a la fábrica de fitosanitarios más de 72.000 euros en concepto de asesoramiento. El empresario siempre dijo que los informes no existían y el dirigente del PP presentó en el juzgado, cuando le fueron requeridos, unos documentos que transcribían parte de un trabajo que se podía encontrar en internet y la guía de prevención de riesgos laborales de una mutua.

“Es una persona a la que he apreciado mucho, en momentos, hasta muchísimo. Hubiera dado la vida por él, pero el concepto de la amistad entre nosotros es distinto. Él es muy ambicioso y la amistad para él no tiene ningún valor”, contó Vicente Vilar sobre Carlos Fabra el 18 de diciembre de 2003, el día que presentó la querella contra él.

“Le pagaba y le pagaba a gusto. Lo hacía de una manera gustosa”, afirmó.

“Hoy en día le considero una mala persona. Es el culpable de mi destrozo familiar. Intenté que todo esto no pasara. Le avisé, pero ha pasado del tema porque está emborrachado de poder y se cree el zar de Castellón”, sentenció al explicar su denuncia.

El cambio de la amistad al odio se produjo en abril de ese mismo año. La esposa de Vilar presentó una denuncia acusándole de agresión sexual. El matrimonio Fabra-Fernández la apoyó. “Ni me llamó, ni me pidió una explicación, eso no lo hace un amigo”, dijo entonces. “No lo denuncié por venganza sino porque no me llamó ni me apoyó cuando mi mujer me denunció por violación”, volvió a repetir el jueves en el juicio. “Está movido por el rencor, no está bien de la cabeza”, contaba Fabra a sus allegados. “Me odia porque declaré contra él”, sostuvo esta semana.

Vicente Vilar aseguraba que el apoyo de Fabra a su exmujer solo perseguía hacerse con las empresas del grupo: “Tanto él como su mujer le metieron pájaros en la cabeza a la mía, que procede de una familia muy humilde, y le decían que le correspondía otro tipo de vida, con viajes... Ella bebió de unas aguas que le gustaron y él se convirtió en el cerebro de un montaje para apoderarse de las empresas del grupo y después venderlas”.

El caso es que aquel punto final en la relación entre Fabra y Vilar supuso que tanto el empresario como su entonces esposa comenzaran a citar a los medios de comunicación para sacarse todo tipo de trapos sucios, informes psicológicos, fotografías del pasado...

Vilar hablaba de sí mismo, en muchas ocasiones, en tercera persona. No tuvo reparo en exhibir los álbumes familiares en los que destacaba las fotos con el matrimonio Fabra-Fernández. Invitaba a su fábrica a todo aquel que quisiera escucharle. Financió la grabación de un cd parodiando el personaje de Fabra. Y, mientras, aportaba al juzgado documentos. Facturas de joyas supuestamente regaladas a “sus amigos”, faxes enviados y recibidos de diferentes cargos públicos en los que se hablaba de sus productos y fechas concretas de reuniones en los ministerios. “A La Moncloa vino porque le hacía ilusión ver el palacio”, aseguró Fabra esta semana durante el juicio.

Vicente Vilar fue consciente, desde el principio, de que la querella contra el todopoderoso Fabra le suponía su propia inculpación. No hubo abogado capaz de convencerle de que las acusaciones se volverían contra él. Se mantuvo en su empeño.

Esta semana, casi diez años después, se desdijo. El empresario se sienta, en el banquillo de los acusados, en el lado opuesto al dirigente del PP. Ni se miran. En medio están sus mujeres y el quinto imputado en la causa que, de vez en cuando, intercambian opiniones. Pese a la petición de su abogado, ahora de oficio, Vilar ha permanecido esposado, incluso, durante su declaración.

“Nunca se le dio dinero a Carlos. Vino Mampa (esposa de Fabra) y mi mujer le entregó 30 millones de pesetas (180.000 euros)”. El industrial dijo en el juicio que después hubo otro pago, acordado entre ambas mujeres, de otros 150.000 euros. Así ha intentado reducir diez años de investigación a un pacto entre “mujeres codiciosas”. Todo porque “un día aparecí con una brasileña”.


http://politica.elpais.com/politica/2013/10/05/actualidad/1381002659_915848.html

FABRA CUESTIONA LA IMPARCIALIDAD DE LOS INSPECTORES QUE LE ACUSAN DE FRAUDE

El dirigente del PP pide que los funcionarios de Hacienda no sean considerados peritos

“Era un mago en la consecución de fines ilícitos”, dice la acusación

La defensa del expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, marcó este miércoles el inicio de su estrategia judicial. Hasta ahora, había negado los hechos y había despotricado contra la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, de la acusación popular e incluso de los jueces. Él siempre se ha considerado víctima de una campaña de persecución política que, sin embargo, le ha llevado al banquillo de los acusados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. En la primera sesión del juicio, el ataque se centró en los inspectores de Hacienda que destaparon los delitos fiscales de los que está acusado por defraudar, entre 1999 y 2003, cerca de 700.000 euros al no declarar unos ingresos de casi dos millones de euros. Son los delitos por los que las acusaciones piden ocho de los 13 años de cárcel que reclaman para el dirigente del PP.

Las acusaciones de tráfico de influencias son difíciles de acreditar, aunque en el caso Fabra hay decenas de documentos que certifican el interés y las gestiones que hizo ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura para lograr las autorizaciones para comercializar unos productos concretos: los que fabricaba Vicente Vilar, entonces amigo del dirigente del PP castellonense. Igual ocurre con el cohecho, pese a que en el proceso también ha habido constancia de pagos del empresario a una de las sociedades de Fabra que, según Anticorrupción, utilizó, además, para ocultar otros cobros.

Así, el objetivo se centró en la acusación del fraude fiscal, la más contundente tras la investigación que, durante cinco años y con dificultades para obtener información, dos inspectores de Hacienda hicieron de sus cuentas y patrimonio. En su informe concluyeron, en un principio, que Fabra y su esposa, Amparo Fernández, habían ingresado 3,7 millones de euros cuya procedencia no pudieron justificar. El dirigente del PP presentó más documentación pero solo pudo aclarar el origen de un 9% de esa cifra, 332.565 euros, con lo que los peritos rebajaron los ingresos injustificados a 3,3 millones.

Javier Boix, abogado de Fabra, señaló como cuestiones previas a la declaración de los imputados, que los inspectores de la Agencia Tributaria no son imparciales y, por lo tanto, no pueden ser considerados como peritos. “Su imparcialidad está contaminada”, dijo. Y argumentó su petición en el hecho de que son funcionarios que forman parte de la misma Administración que se presenta como perjudicada en la causa, la Agencia Tributaria, por el dinero defraudado. “Esta sujeción comporta que necesariamente los criterios que se establezcan están en la línea de actuación del ministerio fiscal con evidente interés de que la causa prospere”, manifestó el letrado. “No pueden ser denunciantes y peritos”, añadió. El fiscal Anticorrupción le contestó recordando que los inspectores son designados por el juez y respondió a la sentencia del Supremo esgrimida por la defensa como doctrina con la existencia de otros fallos que afirman que los inspectores de Hacienda sirven a los intereses generales y por ello han de considerarse legalmente investidos de imparcialidad.

El tribunal, constituido por los tres magistrados que intentaron excluir el delito de cohecho de la causa, no se pronunció sobre la consideración que deben tener los inspectores de Hacienda, algo que resolverá en la sentencia, según indicaron. Sí respondieron a la petición del dirigente popular de excluir del caso a la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores. El tribunal se negó.

Fabra llegó al juzgado aparentemente impasible. Así siguió durante prácticamente toda la lectura de los escritos de acusación, tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Abogacía del Estado. Apenas le cambio el gesto para dibujar una sonrisa, cuando el abogado de la acusación leyó: “A la vez que el señor Fabra hablaba con el presidente Aznar tratando que su esposa, Ana Botella, se interesara también”. La alusión hizo referencia a la relación que el expresidente del PP de Castellón fraguó con la familia Aznar-Botella durante sus vacaciones estivales en Castellón.

“Carlos Fabra era un mago en la consecución de ilícitos fines” dijo también la acusación popular que le señala como diseñador de “lo que podríamos llamar una empresa criminal” a través de “un sistema para participar en mejores condiciones” de los beneficios que generaban sus gestiones y que este fuera “lo más opaco posible”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/02/actualidad/1380711323_751517.html

EL SÍMBOLO DE LA CORRUPCIÓN DEL PP

El juicio a Fabra supone el inicio del fin de la tolerancia con los escándalos

Camps aplicó al resto de imputados el mismo rasero que al ‘barón’ de Castellón

El juicio a Carlos Fabra, a quien el mismo Mariano Rajoy no dudó en tachar de “ciudadano ejemplar”, representa el final de una etapa marcada por la corrupción y el despilfarro en el PP valenciano. Casi una década después de ser denunciado por un empresario, Carlos Fabra se sentará en el banquillo tras haber recibido el apoyo, solo “a nivel personal”, del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Poco calor para quien en los últimos años recibió homenajes multitudinarios y elogios de los dirigentes del PP, dispuestos a poner la mano en el fuego por quien controlaba con mano férrea su provincia desde la Diputación de Castellón.

Carlos Fabra, heredero de una amplia saga de caciques provinciales, siempre ha tenido habilidad para ampliar su influencia más allá de los límites de Castellón. A mediados de los 90, forjó una alianza con el PP alicantino para aupar a Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat. Y una década más tarde la rompió para arrebatarle el control del PP regional a Zaplana y consolidar a Francisco Camps como presidente valenciano.

Escenarios que Carlos Fabra siempre supo aprovechar para blindar al PP de la provincia de Castellón ante injerencias ajenas. Y con los que supo obtener el apoyo del Gobierno valenciano para proyectos que, como el aeropuerto de Castellón, hoy parecen descabellados. Tal fue la tolerancia de Camps hacia sus excentricidades que una gigantesca escultura inspirada en Carlos Fabra preside hoy la instalación aeroportuaria sin aviones.

Ello explica que, cuando a finales de 2003, el empresario Vicente Vilar presentó dos denuncias contra el entonces presidente de la Diputación de Castellón —por cobrar dinero a cambio de agilizar permisos fitosanitarios en el Ministerio de Agricultura— nadie se atreviese a poner en cuestión la figura de Carlos Fabra.

Eduardo Zaplana, entonces portavoz del Gobierno de Aznar y todavía presidente del PPCV, se mostró “convencido de la honorabilidad” del castellonense. Y Francisco Camps, apenas recién elegido presidente de la Generalitat, se apresuró a garantizarle “todo el respaldo personal y político mío, del Gobierno, del PP de la Comunidad Valenciana y de toda España”. Fue el principio de una cascada de apoyos y muestras de afecto de la cúpula popular, a las que también se sumaría en una visita a Castellón en julio de 2008 Mariano Rajoy, necesitado del apoyo de los populares valencianos. “Un ciudadano y político ejemplar para el PP”, dijo Rajoy de Fabra.

A principios de 2007, el barón popular de Castellón ya había dejado claro que solo asumiría responsabilidades políticas con una sentencia condenatoria firme. Y tras revalidar su mayoría absoluta en las elecciones municipales de ese año no tuvo ningún pudor en asegurar que había sido “absuelto por el pueblo”.

Fabra marcó con claridad la senda por la que transitaría, a partir de entonces, el presidente valenciano Francisco Camps. Tanto que en el congreso regional del PP de 2008, Camps impulsó la modificación de los estatutos del partido para dejar claro que “la suspensión automática de funciones y militancia” solo se produciría “cuando existiese una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso”.

Con la doctrina Fabra asentada, Camps hizo extensivo, hasta su dimisión en julio de 2011, el trato otorgado al presidente de la Diputación al resto de cargos imputados en escándalos de corrupción.

Ello explica por qué los ocho diputados autonómicos del PP imputados en el caso Gürtel y el caso Brugal siguen en sus escaños. Y por qué Rafael Blasco, imputado en el caso Cooperación, no fue apartado del Grupo Popular hasta la llegada al poder de Alberto Fabra, que el año pasado logró que abandonase su escaño Pedro Hernández Mateo tras ser condenado por amañar, como alcalde, la contrata de basuras de Torrevieja.

Camps siempre consideró las imputaciones por corrupción de los altos cargos de su partido un “linchamiento político”, del que él mismo se sintió víctima, y nunca llegó a abrir, siquiera, un simple expediente informativo a los imputados.

Tras la llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat y el PP valenciano, el nivel de tolerancia con la corrupción y el despilfarro ha cambiado. Pero, aún así, Alberto Fabra ha permitido que Carlos Fabra fijase el calendario de su retirada. Primero abandonó el puesto de presidente de la Diputación en las municipales de 2011 —no sin antes condicionar el nuevo equipo de gobierno— y, posteriormente la presidencia provincial del partido.

El mismo Alberto Fabra, exalcalde de Castellón, le debe su carrera al otrora poderoso barón provincial del PP, que ha mantenido hasta hace muy pocos meses la presidencia de Aerocas, la empresa de la Generalitat que gestiona el Aeropuerto de Castellón. Todo un aterrizaje suave para quien fue un político de altos vuelos. Por lo menos en Castellón.

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/01/actualidad/1380654445_561415.html

CARLOS FABRA SE SIENTA EN EL BANQUILLO SIN EL APOYO SOCIAL Y CON EL PP AUSENTE

Solo su familia acompaña al juzgado al expresidente de la Diputación de Castellón

Una veintena de cargos públicos, entre diputados, senadores, directores generales y concejales acompañaron al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en su primera comparecencia ante el juzgado de Nules, en 2004, donde un grupo de vecinos le recibió al grito de “ladrón”.

Ayer, en la Audiencia provincial de Castellón, ni afectos ni contrarios, ni políticos se dieron cita en la que fue la primera sesión del juicio al dirigente del PP por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Solo hubo un grito que, por exclusivo, pudo oírse muy bien: “¡Estamos contigo. La provincia está contigo!”, dijo una mujer.

El paseíllo de Fabra hasta la entrada de la Audiencia fue una muestra de su declive.

Una decena de agentes de la Guardia Civil le acompañaron a su entrada y le custodiaron a la salida, en la que se concentró buena parte del más de un centenar de periodistas acreditados, a los que el dirigente del PP no quiso dirigirse.

No se vio a sus sucesores en la Diputación de Castellón que, durante años, no han dudado de su honorabilidad. Solo una de las vicepresidentas de la institución provincial, a quien Fabra impuso antes de salir del cargo de presidente, lanzó un mensaje alusivo en su perfil de Facebook parafraseando una canción que habla del miedo y la valentía. “Contigo estoy”, añadía. Su mensaje provocó apenas una veintena de comentarios de apoyo.

Quizá para que esa exclusión del poder del que tan cerca ha estado no fuera tan evidente, tampoco le acompañaron muchos amigos. Sí parte de su familia, su hermano y una hija. Su otra hija, la diputada popular Andrea Fabra, no acudió al juzgado pese a que sí se ha trasladado estos días a Castellón para estar cerca de su padre y de su madre, que también se sienta en el banquillo de los acusados para responder por tres delitos contra la Hacienda Pública.

A partir de hoy comienza el examen a Fabra, cuando en la segunda sesión del juicio, declare y responda o no a las preguntas de las acusaciones. A unos metros de él volverá a sentarse el hombre que le denunció, Vicente Vilar, el empresario para el que, supuestamente, realizó las gestiones políticas. Ayer, el industrial, que cumple condena por una agresión sexual, permaneció toda la sesión esposado. Tomar partido por la agredida, su ahora exesposa, es, según el relato de la defensa, el motivo que llevó a Vilar a presentar la denuncia ante el juzgado.

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/02/actualidad/1380742102_660702.html

Anticorrupción reclama a 13 años de cárcel al dirigente del PP, Carlos Fabra

La Fiscalía fija una multa de 1,9 millones y una indemnización de otros 692.000 euros

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación definitivo para el caso Fabra, en el que reclama 13 años de prisión y 15 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra. Acusa al dirigente popular de la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, por los que le reclama una multa de 1,9 millones de euros de multa y el pago de una indemnización de otros 692.000 euros.

Después de casi diez años de investigación, Fabra se sentará en el banquillo de los acusados el próximo día 2 de octubre durante el juicio por el que pasarán, como testigos, cuatro exministros de Aznar. Uno de ellos, Miguel Arias Cañete, volvió a ocupar la cartea de Agricultura. Otros dos, Celia Villalobos (Sanidad) y Jesús Posada (Agricultura), ocupan actualmente la vicepresidencia y la presidencia de las Cortes, respectivamente. El cuatro, Juan Costa, fue ministro de Ciencia de Tecnología y diputado por Castellón. También declarará el actual vicesecretario de Estudios y Programas del PP y diputado nacional, Esteban González Pons.

El fiscal considera probado que Fabra mantuvo diversas reuniones "tanto con responsables políticos como administrativos" de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad así como con diputados con el fin de agilizar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos sanitarios que quería comercializar un industrial, entonces, amigo suyo. El fiscal señala que el dirigente del PP utilizó una sociedad de la que era administrador único para "ocultar los pagos realizados" por el empresario beneficiario de sus gestiones y que llegó a ingresar en sus cuentas cerca de dos millones de euros que "no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta declarada y que fueron ocultados a Hacienda". Además, su esposa ingresó otros 1,4 millones de procedencia no justificada y que tampoco declaró a Hacienda. Por ello, considera que el fraude entre 1999 y 2003 alcanzó los 692.000 euros, que es la cantidad que se le exige como indemnización, más los intereses devengados, en el caso de Carlos Fabra. A su exesposa, para la que pide seis años de cárcel por tres delitos fiscales, le atribuye un fraude de más de 400.000 euros.

El escrito de acusación relata cómo, tras varios contactos en los ministerios, se constituyó la sociedad Artemis 2000, de las que eran socias la entonces esposa del empresario Vicente Vilar y la esposa de Fabra, María Amparo Fernández. "Fabra continuó en su tarea de intermediación ante autoridades políticas y administrativas en favor no ya solo de las empresas propiedad de Vilar sino también de su esposa", indica el fiscal.

Por su parte, la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, reclama los mismos años de cárcel pero eleva la multa a 8,1 millones y la indemnización a 886,475 euros. Además, pide 18 años de inhabilitación.

Además de Fabra, en el banquillo de los acusados se sentará también el empresario que le denunció, Vicente Vilar, un industrial que fue amigo suyo y que acabó denunciándole y acusándole de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Los "favores" consistían en tratar de agilizar las licencias para la fabricación de productos fitosanitarios ante los ministerios de Agricultura y Sanidad, durante los gobiernos de José María Aznar.

http://politica.elpais.com/politica/2013/09/26/actualidad/1380192388_104672.html

EL JUICIO A CARLOS FABRA ARRANCARÁ EL 2 DE OCTUBRE TRAS NUEVE AÑOS DE INVESTIGACIÓN

• La fiscalía le acusa de delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal

• El mismo tribunal que rechazó la acusación de cohecho ha sido elegido para juzgarle

Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 2 de octubre para ser juzgado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Lo hará cuando hayan pasado más de nueve años desde que el empresario Vicente Vilar, hasta entonces amigo íntimo, le denunciara y acusara de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de que el expolítico mediara para obtener los permisos para comercializar productos fitosanitarios. Desde entonces, nueve jueces y cuatro fiscales han pasado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 15 años de prisión para el ex político.

La Audiencia Provincial de Castellón ha puesto ahora fecha para el juicio del ex barón del PP y ha dictaminado los magistrados que le juzgarán: Esteban Solaz (presidente), junto a Pedro Luis Garrido y Aurora de Riego. Los tres magistrados son los mismos que en mayo de 2012 instaron al instructor a anular la acusación de cohecho una vez se había dictado ya la apertura de juicio oral. Son los únicos que quedaban en la Sección Primera después de que el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, decidiera apartarse voluntariamente del caso. Su nombramiento revela que ninguno de ellos ha seguido los pasos de Domínguez y no han pedido apartarse.

La decisión de retirar el cohecho llevó al juez Jacobo Pin, titular del juzgado 1 de Nules, a pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial al ver “perturbaba” su independencia en la instrucción del caso. El Tribunal Supremo revocó el auto y dio vía libre a Pin para que Carlos Fabra fuera también juzgado por este presunto delito.

Solaz también participó en la resolución de un recurso vulnerando las normas de reparto. En dicho recurso también participó Garrido y el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez. De hecho, Domínguez argumentó en el escrito en el que decidió retirarse voluntariamente del caso Fabra que su relación con el proceso se limitó a formar parte del tribunal que resolvió dicho recurso, del que dijo que “resulta absolutamente inocuo a los fines de preservación de imparcialidad”.

La Sección Primera ha fijado los del 2 al 4 de octubre para el interrogatorio de todos los acusados. Junto a Carlos Fabra se sentarán en el banquillo quien fuera su mujer, María de los Desamparados Fernández; el empresario que le denunció (Vicente Vilar) y su exmujer, Monserrat Vives; y el exsenador Miguel Prim. El juicio se ha dividido en diez sesiones más que se prolongarán hasta el 30 de octubre para la toma de declaraciones de setenta testigos y de varios peritos.

Tras años de instrucción y de recursos, Carlos Fabra se sentará en el banquillo para enfrentarse a una pena de 15 años de cárcel que le reclama la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Será en octubre cuando tenga la oportunidad de responder ante el magistrado por las acusaciones sobre la presunta utilización de su cargo al frente de la Diputación y del PP castellonense para beneficiar a Vicente Vilar (el empresario que le acusó y que también se sentará en el banquillo junto a su ex esposa y la entonces mujer de Carlos Fabra) en la obtención de los permisos necesarios para comercializar productos sanitarios. Vilar le acusó de cobrarle “cantidades millonarias” por estas supuestas gestiones. El expolítico también está acusado de defraudar, junto a su exmujer, 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/25/valencia/1372155807_144208.html

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ CISCAR SUSTITUYE A CARLOS FABRA COMO PRESIDENTE DE AEROCAS

El presidente del Consell conversó con el imputado antes de anunciar la renuncia al cargo

Carlos Fabra deja la dirección de la empresa promotora del aeropuerto de Castellón. El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha decretado en un auto conocido esta mañana que se ponga fecha para juzgarle por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Esta tarde, Fabra ha presentado su dimisión "irrevocable" al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, con quien ha conversado antes de anunciar públicamente su renuncia.

Así lo ha asegurado Carlos Fabra tras la decisión judicial que supone la apertura de juicio oral contra él por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Su sustituto al frente de Aerocas será el vicepresidente del Consell, José Ciscar, que ya preside la comisión interdepartamental del Gobierno valenciano donde se analizan las posibles ofertas de compra por el aeropuerto de Castellón.

Según Carlos Fabra, "a primera hora de este viernes" ha presentado su dimisión "irrevocable" al presidente de la Generalitat. "Tal y como dije que haría si se abría juicio oral", ha subrayado. El expresidente de la Diputación de Castellón ha añadido que a partir de ahora, se sentirá "más libre" y ya verá "por qué camino van" sus decisiones futuras.

En estas últimas semanas, Carlos Fabra ha mantenido un pulso con el Gobierno valenciano por el control del aeropuerto de Castellón. Fabra se presentó como valedor de una supuesta oferta de compra de un grupo hispano-libio que no se ha llegado a formalizar. El protagonismo del ya expresidente de Aerocas ignorando a los miembros del Consell motivó que el vicepresidente José Ciscar se refiriese a Carlos Fabra como "ese señor".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/22/valencia/1363978962_419929.html

CARLOS FABRA: “YA ERA HORA TRAS NUEVE AÑOS SOPORTANDO MOFAS DE GENTUZA”

El expresidente de la Diputación de Castellón asegura que ha sufrido "indefensión"

El expresidente de la Diputación de Castellón y exresponsable del PP provincial, Carlos Fabra, ha asegurado este viernes, tras conocer la decisión del juez de abrir juicio oral contra él por el 'caso Naranjax' incluyendo el delito de cohecho, que "ya era hora", tras "nueve años y medio de indefensión pública y teniendo que soportar insultos y mofas de gentuza". Esta ha sido la primera valoración de Carlos Fabra de la decisión judicial que supone la apertura de juicio oral contra él por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Fabra, que ha preferido no opinar sobre el contenido del auto hasta conocerlo, "pues, como es habitual", ha dicho, "primero lo conoce la prensa y luego nosotros", sí ha señalado que "era de esperar" que la resolución incluyera la imputación del delito de cohecho, "puesto que es una persona de ideas muy fijas desde el primer día", ha dicho en alusión al instructor.

Por otra parte, preguntado por las declaraciones del vicepresidente y portavoz del Consejo, José Císcar, respecto a que se "podría revisar" su situación como presidente de Aerocas --la promotora del aeropuerto de Castellón-- si la apertura del juicio oral "supone un cambio respecto al estatus actual" que mantiene, ha indicado: "Que hagan lo que crean conveniente, pues es una cuestión que no depende de mí, sino de ellos".

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CARLOS FABRA IRÁ AL BANQUILLO POR SEIS DELITOS TRAS NUEVE AÑOS DE INVESTIGACIÓN

El exlíder del PP de Castellón será juzgado por fraude, cohecho y tráfico de influencias

Tras nueve años de pesquisas, el paso de nueve jueces y cuatro fiscales, de decenas de autos y de recursos y tres sentencias del Tribunal Supremo, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra se sentará en el banquillo de los acusados. Será juzgado, previsiblemente, en otoño por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales.

Se sentará en el banquillo por haber realizado, presuntamente, gestiones políticas, utilizando su cargo a favor de un empresario que, entonces, era amigo suyo y que acabó denunciándole y acusándole de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos. Irá a juicio porque, durante la investigación, los peritos judiciales detectaron en sus cuentas y patrimonio la existencia de 3,7 millones de euros que los inspectores de Hacienda consideraron ingresos no justificados. Un dinero, además, que no declaró a la Hacienda pública, por lo que también se sentará en el banquillo acusado de defraudar, junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004.

Está acusado de cohecho, tráfico de influencias y cuatro fraudes fiscales

Carlos Fabra se sentará en el banquillo de una sala de la Audiencia de Castellón, pese a que este mismo tribunal lo ha intentado evitar con unas resoluciones con las que pretendió declarar prescritos y reducir solo a uno los cuatro delitos fiscales por los que finalmente será juzgado. El intento de la Audiencia fue revocado por el Tribunal Supremo, al igual que lo fue la resolución mediante la que el tribunal provincial trató de imponer al juez instructor la retirada de la acusación de cohecho, un delito sobre el que había indicios no solo para la acusación popular sino también la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.

Ayer, finalmente, el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, decretó el auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible, con la “absoluta libertad de criterio” que le otorgó el Tribunal Supremo en su última sentencia.

En el escrito, el juez concede a las partes diez días para ratificar o modificar sus escritos de acusación o defensa. Los primeros piden entre 15 y 10 años de cárcel para el exdirigente del PP; los segundos, la absolución. A partir de ese momento, el caso Fabra pasará definitivamente a la Audiencia de Castellón, que será la que señale la fecha del juicio.

Su decisión será, entonces, recurrible al Tribunal Supremo. Si se eliminase el delito de cohecho de la acusación, el caso hubiera sido visto en el propio juzgado de Nules y su decisión solo se hubiera podido recurrir, en segunda instancia, ante la Audiencia de Castellón, con lo que el caso Fabra no hubiera salido de la provincia.

Los peritos detectaron en sus cuentas 3,7 millones no justificados

Hasta llegar a ese auto de apertura de juicio oral, el juez Pin ha aguantado la presión de la propia Audiencia provincial, de tal manera que acabó solicitando amparo al Consejo General del Poder Judicial en una petición inusual, ya que no denunciaba beligerancias externas sino de sus superiores. El Consejo del Poder Judicial aparcó el tema, que aún está pendiente de resolución. En cualquier caso, los magistrados que firmaron las resoluciones favorables a Fabra que luego fueron revocadas por el Supremo no podrán formar parte del tribunal que le juzgue puesto que están “contaminados” al haber resuelto recursos durante la instrucción. Así, la mayoría de los jueces de las secciones primera y segunda de la Audiencia no podrán formar parte de ese tribunal.

 “Ya era hora”, clama el procesado

Hace seis años, Carlos Fabra se declaró absuelto por las urnas. Un año después, el presidente del PP, Mariano Rajoy, lo calificó de “político ejemplar”. “Ya era hora”, dijo ayer el expresidente del PP de Castellón al conocer la decisión del juez de sentarlo en el banquillo. Pese a las decenas de recursos que la defensa de Fabra ha presentado durante toda la instrucción, aunque reclamó nuevos plazos para tratar de justificar sus ingresos, ayer, Carlos Fabra escenificó su satisfacción porque será juzgado después de más de nueve años “de indefensión pública y teniendo que soportar insultos y mofas de gentuza”. Fabra tuvo además palabras para el juez de Nules que lo ha llevado hasta el banquillo y aseguró que su decisión “era de esperar”, ya que “es una persona de ideas muy fijas desde el primer día”.

Pese a las graves acusaciones, Carlos Fabra dejó sus cargos, por iniciativa propia, en las últimas elecciones municipales. Sin embargo, el PP no ha hecho pública la apertura de ningún expediente sancionador y, hasta ayer, seguía presidiendo una sociedad pública, la del aeropuerto peatonal de Castellón. Era el único cargo imputado en un caso de corrupción que se había mantenido en la Administración valenciana desde que Alberto Fabra fue nombrado presidente.

 “Que hagan lo que crean conveniente, no depende de mí, sino de ellos”, afirmó Fabra por la mañana después de que el portavoz del Gobierno valenciano, José Ciscar, pidiera tiempo para analizar la situación tras la decisión judicial. A media tarde, Fabra anunció la presentación de su dimisión “irrevocable” como presidente de la sociedad pública Aerocas, promotora del aeropuerto sin aviones de Castellón.

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EL SUPREMO ORDENA QUE CARLOS FABRA TAMBIÉN SEA JUZGADO POR COHECHO

La audiencia provincial de Castellón quiso anular la acusación sobre el exdirigente del PP

El expresidente del PP de Castellón y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, será juzgado también por cohecho, tal como señaló el titular del juzgado número 1 de Nules, donde se ha instruido el caso Fabra, y en contra de la decisión de la Audiencia provincial, que reclamó que se anulara la acusación por este delito. El exdirigente popular, que sigue presidiendo la sociedad pública del aeropuerto de Castellón, será juzgado por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales.

Así lo ha decidido, por unanimidad, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha atendido el recurso presentado por la acusación, la abogacía del Estado y la fiscalía anticorrupción, que se opusieron a la anulación de la acusación de delito. La fiscalía sostuvo que el auto en el que la Audiencia provincial que decretó el archivo del cohecho “genera indefensión, puesto que la decisión de la Audiencia se adoptó sin dar audiencia ni al fiscal ni al resto de las partes”. Y señaló, además, su consideración de que los hechos son constitutivos del delito de cohecho, y no solo del tráfico de influencias. Ahora, el Supremo ha dado al instructor "absoluta libertad de criterio".

Según los informes de los peritos, Carlos Fabra y su entonces esposa, Amparo Fernández, defraudaron a Hacienda 1,5 millones de euros entre 1999 y 2003. Las acusaciones de tráfico de influencias se basan en la supuesta mediación realizada por Fabra para tratar de agilizar la autorización de fabricación de productos fitosanitarios que entonces comercializaba un empresario, amigo suyo, que acabó denunciándole por cobrar “cantidades millonarias” a cambio de esos favores políticos. Por el juzgado que investiga el caso Fabra han pasado nueve jueces y cuatro fiscales. Pin se ha mantenido durante los últimos cuatro años.

Después de más de ocho años de instrucción, la sección primera de la Audiencia dictó un auto de oficio con el que pretendía devolver la causa al juzgado de Nules. Tras rechazar los indicios de cohecho señalados por el instructor, dijo no ser competente para juzgar a Fabra, puesto que las peticiones de pena se rebajarían y el caso tendría que ser visto en el mismo juzgado y no en la Audiencia Provincial.

Esta no ha sido la única ocasión en la que la audiencia ha contravenido lo dictado por el juez. En diciembre de 2010, el mismo tribunal, después de que Fabra así lo pidiera, decidió declarar prescritos todos los delitos fiscales de los que se le acusaba, a excepción de uno. En aquella ocasión, el Tribunal Supremo también revocó su decisión. En octubre de 2012, la Audiencia de Castellón decidió también estimar el recurso que presentó el exdirigente popular ante la decisión del juez de imponerle una fianza de 4,2 millones de euros, que quedó rebajada hasta 3,2 millones.

Las injerencias de la Audiencia de Castellón en el trabajo del instructor acabaron provocando que el juez pidiera amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, con el fin de que la sección de la Audiencia que preside el propio presidente de la institución, Carlos Domínguez, “deje de perturbar mi independencia”, tal como describió el propio Jacobo Pin.

El juez explicó que estaban “tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho” cuando él había detectado indicios suficientes para sostener la acusación y llevarla a juicio. El CGPJ aplazó su decisión sobre el amparo hasta que el Supremo adoptara una decisión respecto a las decisiones de la Audiencia. Ahora deberá pronunciarse sobre los jefes del instructor de Nules.

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LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN REBAJA LA FIANZA A FABRA DE 4,2 A 3,2 MILLONES DE EUROS

El tribunal desoye a la fiscalía y a la abogacía del Estado y atiende la petición del dirigente del PP

La Audiencia de Castellón ha decidido contravenir también la decisión del titular del juzgado número 1 de Nules, que instruye el caso Fabra, sobre la fijación de la fianza impuesta al expresidente del PP y expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. La sección primera de la Audiencia ha decidido admitir el recurso presentado por el popular y rebajarla de 4,2 millones de euros a 3,2. Fabra está acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales ya que, según los peritos de Hacienda, el matrimonio Fabra defraudó 1,5 millones de euros.

En su auto, el tribunal reconoce que la fijación de las fianzas se establecen "con total libertad dentro de los límites establecidos en la ley, sin que exista algún requisito por el que dicha multa deba ser impuesta únicamente en el tanto de la cuantía defraudada". Sin embargo, sostiene que el juez de Nules realizó un cálculo haciendo un promedio de las valoraciones que se pedían las acusaciones "pero no dice cuáles son las cifras sobre las que se realiza el promedio". Y considera que la "discrecionalidad no motivada no puede ser suficiente cuando se está ante tan altas cantidades de dinero".

La Audiencia estima así la petición realizada por el expresidente del PP y pese a que tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado mostraron su desaprobación con una rebaja de la fianza. La Fiscalía Anticorrupción pide 13 años de prisión para Carlos Fabra, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. La acusación eleva su petición de cárcel hasta los 20 años. Sin embargo, aún está por determinar si Fabra será juzgado o no por cohecho, después de un polémico enfrentamiento entre la propia Audiencia y el juez de Nules, que acabó pidiendo amparo al Consejo General del Poder Judicial.

Esta misma sección de la Audiencia fue la que instó a archivar cuatro de los cinco delitos de los que se acusaba a Fabra, una decisión que fue rebatida por el Tribunal Supremo.

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EL PODER JUDICIAL APLAZA SU DECISIÓN SOBRE EL AMPARO AL JUEZ DEL ‘CASO FABRA’

Primero fue la petición de documentación a la Audiencia de Castellón. Ahora, el Poder Judicial ha decidido aplazar su decisión sobre si otorga el amparo o no al titular del juzgado número 1 de Castellón, Jacobo Pin, instructor del caso Fabra, que denunció el intento de la Audiencia de tratar “de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho”, uno de los tres de los que está acusado el ya expresidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, sobre el que también hay indicios de la comisión de tráfico de influencias y fraude fiscal.

La comisión permanente celebrada esta misma mañana ha acordado suspender la tramitación del procedimiento de amparo “hasta tanto se resuelvan por la Sala Segunda del Tribunal Supremo los recursos de casación” que, precisamente, se presentaron contra las resoluciones de la sección Primera de la Audiencia de Castellón y que llevaron a Pin a presentar la solicitud de amparo con el fin de que “deje de perturbar mi independencia”, tal como redactó el juez.

La decisión de la Sección Primera de la Audiencia, que fue adoptada de oficio, ha sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por la Abogacía del Estado. En ella, la Audiencia que preside Carlos Domínguez, decidió devolver la causa, tras más de ocho años de instrucción, al juzgado de Nules, en donde se inició la investigación después de que un empresario acusara a Fabra de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos.

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EL ÚNICO AVIÓN EN EL AEROPUERTO DE FABRA, EL QUE CORONA SU ESCULTURA

La escultura ha costado 300.000 euros y flanquea la entrada al desierto recinto aeroportuario

El aeropuerto de Castellón aún está a la espera de abrir sus pistas a los aviones, pero este martes el artista Juan Ripollés remató con un avión de aluminio la colosal escultura en homenaje al expresidente del PP castellonense, Carlos Fabra, que este le encargó personalmente en 2010 con un presupuesto de 300.000 euros más IVA, a pagar por el Gobierno valenciano. Ripollés aseguró este martes, a los pies de la obra, que el coste total ha sido de casi medio millón. “Tengo que poner 127.000 euros de mi bolsillo”, dijo. El hombre avión, como el artista ha denominado su escultura, mide 24 metros de altura y 18 de ancho y pesa 33 toneladas.

El polémico pintor y escultor se pronunció sobre el coste de 300.000 euros que se pagarán de las arcas públicas y que dice aún no haber cobrado: “Terminar la obra supone dejar de vaciar los bolsillos de mis hijos”. “Yo invierto en lo privado porque las Administraciones no me pagan lo que yo les pido (…) Me dieron un presupuesto para una escultura de ocho metros y la he hecho de 24. Tengo que poner 127.000 de mi bolsillo”, indicó.

Fue el propio Carlos Fabra quien contrató la escultura en 2010 sin contar con la aprobación del consejo de administración de Aerocas y con deficiencias en la documentación. La Generalitat reconoció en su día que fue Fabra quien firmó con Ripollés, pero ya un año antes encargó a un despacho de abogados un informe “para determinar el método con el que se podría contratar a un artista de incuestionable prestigio, oriundo de Castellón, como Ripollés”. El artista aseguró que le serviría para honrar al impulsor del proyecto del aeropuerto. Sin embargo, este martes, trató en todo momento de desdecirse de sus declaraciones. “Ha habido tanta mala intención que cuando la obra no estaba casi empezada ya se publicó que era Carlos Fabra”, dijo.

“Quitaros de la cabeza que a mí me encargan obras las empresas públicas, Castellón me debe muchísimo dinero y el PP no me ha pagado ni una sola escultura”, dijo a los periodistas. Ripollés aseguró que la última pieza encargada por una institución o empresa pública fue hace años con la Diputación. “Ninguna más me ha comprado nada”, dijo y retó a dar casos. Pero al ser advertido por el hecho de que Aerocas es una empresa pública, el artista dijo: “Está encargada por el consorcio del aeropuerto y yo no sé si es pública o no, lo que sé es que me la encargaron”.

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EL CONSEJO INVESTIGARÁ LAS PRESIONES AL JUEZ DEL ‘CASO FABRA’

 Las asociaciones de jueces han pedido al Consejo que estudiara el amparo al instructor 

El Consejo General del Poder Judicial incoará un expediente de investigación por la denuncia y la petición de amparo formuladas por el juez instructor del caso Fabra, Jacobo Pin, que ha acusado a la sección primera de la Audiencia de Castellón de perturbar su independencia, tratando de imponerle el archivo de parte de la causa contra el presidente del PP de Castellón. El pleno del órgano de gobierno de los jueces ha abordado la petición de amparo y ha concluido que se iniciará el expediente en cuanto la solicitud, que el juez firmó el martes, llegue al Consejo. 

La petición de amparo al Consejo General del Poder Judicial realizada por el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, instructor del caso Fabra, destaca por ser inusual. Habitualmente, los jueces piden amparo a su órgano de gobierno ante injerencias o presiones externas. En este caso, el instructor de la causa contra el presidente del PP de Castellón lo ha hecho al ver perturbada su independencia con las resoluciones de otros jueces, los que forman la sección primera de la Audiencia provincial de Castellón. “Por considerarme inquietado o perturbado en mi independencia”, tal como señala en su escrito. Ningún magistrado de la sección primera de la Audiencia provincial ha querido valorar la denuncia formulada por Pin. Las asociaciones de jueces se han mostrado prudentes, aunque piden al Consejo que estudie el caso y se pronuncie, tal como es preceptivo. 

La libertad de criterio está sometida a los superiores pero solo en los casos que marca la ley

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sostiene que el Consejo ha de estudiar y analizar la situación para determinar si ha habido “una actitud de sugerencia de resoluciones al instructor”, una extralimitación, algo que, a su juicio, “no será admisible”. Pin relata en su escrito cómo la sección primera “pretende imponer” el archivo de una parte del proceso contra el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. Menciona la actitud de los magistrados de este tribunal “intentando imponerme una decisión que me corresponde exclusivamente a mí como Juez Instructor e impidiéndome culminar la Instrucción” de un procedimiento que lleva más de ocho años abierto. Bosch sostiene que será el Consejo el que tendrá que aclarar si las indicaciones de la Audiencia son puramente jurisdiccionales “que entraría en el marco de su competencia”. 

El portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, considera que el consejo debe estudiar el tema, aunque adelanta que su resolución se puede limitar a señalar que es una cuestión de jurisdiccionalidad. En cualquier caso, ha indicado que los jueces tienen una libertad de criterio que está sometida a sus superiores a través de la resolución de recursos, pero añade que esa imposición de criterio solo puede darse en los casos que la ley señala como revisables. Una de las resoluciones dictadas por la sección primera de la Audiencia hace referencia al auto de apertura de juicio oral que, según la norma, no es susceptible de recurso. 

Con cautela se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece el presidente de la Audiencia y de la sección primera, Carlos Domínguez. José Luis González Armengol apunta desconocer las resoluciones en las que se basa el juez para solicitar el amparo y destaca, en cualquier caso, que “siempre hemos entendido que las presiones son externas”, por lo que considera de “difícil encaje” la petición de amparo de Pin. Aún así, considera que el Consejo debe estudiar el caso y dictar el preceptivo pronunciamiento. 

También el presidente del Consejo general de la Abogacía, Carlos Carnicer, se ha pronunciado sobre la petición de amparo y ha indicado que solo el hecho de la denuncia es “gravísimo”. Para Carnicer, un ataque a la independencia es “lo que más puede vulnerar la justicia”. El presidente de la Abogacía ha apuntado que en sus 40 años de profesión solo a conocido dos o tres asuntos en los que un juez haya denunciado injerencias de otros jueces, informa Lorena Ortega. Además, el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, considera que la sección primera de la Audiencia de Castellón "no ha estado a la altura de las circunstancias". 

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PSOE E IU EXIGEN DE ROSA PARA QUE EXPLIQUE LAS PRESIONES

El diputado Ricardo Sixto pide la comparecencia del presidente del CGPJ en el Congreso 

El secretario de Política Institucional del PSOE, Antonio Hernando, ha emplazado al Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) a investigar la "gravísima" denuncia del juez que instruye el caso Fabra, que ha pedido amparo al órgano de gobierno de los jueces denunciando presiones de sus superiores para que archive oarte del caso. "Creo que el CGPJ, si quiere recuperar su prestigio, tiene que hacer algo más que justificar sus gastos y actuar de forma decente, tiene que cumplir con su obligación, y su obligación es que si hay un miembro de la carrera judicial que está denunciando presiones para archivar un caso que afecta al PP tiene que investigarlo inmediatamente", ha declarado Hernando en los pasillos del Congreso. 

Para el PSOE, la denuncia es de la "máxima gravedad" y "sería un auténtico escándalo" si se demostrase que un juez "que investiga un caso de presunta corrupción estuviese recibiendo presiones de sus superiores jerárquicos" en un caso que afecta a un dirigente del PP y en el que, en palabras de Hernando, "el PP tiene que dar muchísimas explicaciones". 

"Quizás ahora empecemos a explicarnos por qué han sido tantos los jueces que han pasado por la instrucción del caso Fabra (un total de nueve) y por qué han sido tantos los que se han ido", ha remachado. Por eso, ha instado al CGPJ que investigue de forma inmediata quiénes están presionando al juez y desde cuándo, independientemente de la situación de "interinidad" que vive el Consejo y de que su actual presidente, que remplazó hace una semana a Carlos Dívar, Fernando de Rosa, haya sido "dirigente del PP y responsable de Justicia en la Comunidad Valenciana". 

También el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto, ha solicitado la comparecencia del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, en el Congreso para que explique las presiones que está recibiendo el instructor del caso Fabra. La diputada de EUPV en las Cortes, Marina Albiol, ha denunciado que "en Castellón también hay caciquismo judicial". Por ello, la formación de izquierdas quiere que De Rosa explique la denuncia y "qué medidas ha tomado el máximo órgano de gobierno de los jueces para asegurar la independencia del magistrado". Marina Albiol ha asegurado que esta petición de amparo "explica muchas cosas raras e inquietantes que han acompañado la instrucción del 'caso Fabra', sin ir más lejos, el brutal retraso". 

Llamazares pide a Gallardón que se implique y no se limite a hacer "política de marqueting"

Por su parte, el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, también ha emplazado al Consejo a estudiar las presiones denunciadas y ha subrayado que la principal tarea del CGPJ es garantizar la independencia de los jueces y que, por tanto, en su encuentro de hoy, "además de hablar de ellos mismos y de sus dietas", deberían abordar los problemas del Poder Judicial y, singularmente, el citado caso. "Creo que es un hecho gravísimo que cuestiona la independencia del Poder Judicial", ha manifestado Llamazares, antes de pedir explicaciones al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por un lado, y al CGPJ, por otro. "Algo tiene que decir el ministro de Justicia, que parece que sólo está para hacer política de marketing, y el CGPJ, que está enormemente débil y que parece que está dedicado únicamente a su procelosa vida interna", ha concluido. 

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EL JUEZ DEL ‘CASO FABRA’ ACUSA A SUS JEFES DE “PERTURBAR” SU INDEPENDENCIA

Jacobo Pin afirma que la Audiencia de Castellón presiona para que cierre la causa por cohecho

Más de ocho años de investigación y nueve jueces  

Las presiones han acabado provocando el estallido. Y el Consejo General del Poder Judicial tiene ahora una patata caliente que habrá de resolver. Después de ver cómo la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón trataba de rebatir sus decisiones, el titular del juzgado número 1 de Nules, instructor del caso Fabra, ha decidido pedir amparo al órgano de gobierno de los jueces con el fin de que esa sección de la Audiencia, que preside el propio presidente del organismo, Carlos Domínguez, “deje de perturbar mi independencia”. 

El juez sostiene que esa sección está “tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho” del que está acusado el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. La causa, de momento, está abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. 

“Soy consciente de que puede parecer inusual que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo contra un órgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbación de mi independencia, que debe velar mi actuar, no es una mera cuestión jurisdiccional”, señala el juez en la providencia en la que reclama el amparo. 

Denuncia al Consejo del Poder Judicial maniobras de la sección primera

El juez, Jacobo Pin, que dirige la instrucción del caso Fabra desde hace tres años, relata en su escrito las últimas resoluciones de la sección primera de la Audiencia, que incluso han desdicho las señaladas por otra sección del mismo tribunal, la segunda, que ha sido la encargada de resolver los recursos durante los más de ocho años de instrucción. Pin indica que “aun a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no le otorga tal posibilidad”, la sección primera ha tratado de adoptar algunas medidas como la de declarar nulo el auto de apertura de juicio oral que ponía al presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, a un pie del banquillo de los acusados. 

En esa resolución, además, los magistrados apuntaron el sobreseimiento del delito de cohecho, insinuándolo pero no dictándolo expresamente, lo que, según el juez, “no pueden hacer en el estado actual del procedimiento”. La decisión de la Audiencia provocó que el propio juez pidiera una aclaración para que este tribunal dijera explícitamente si tenía que archivar la causa por cohecho. Pero la sección primera no lo ha hecho, quizá porque sería incurrir en una irregularidad aún mayor. “Consideré y considero que concurren indicios racionales de criminalidad constitutivos de un presunto delito de cohecho”, insiste el juez en su escrito. 

Jacobo Pin expone que ha sido instructor del caso Fabra durante tres de los ocho años que se dilata ya la causa, “controlando en todo momento la legalidad del cauce procedimiental a seguir (…), atendiendo a los hechos declarados punibles (…), supervisando la calificación jurídica”. Y afirma que “el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas impide demorar más la tramitación de la presente causa, cuya instrucción está concluida desde hace meses”. 

Desde que Pin se hizo cargo de la causa —el noveno juez a lo largo de estos más de ocho años—, la diligencia ha sido una norma en un procedimiento que se antojaba eterno. Sin embargo, las dilaciones en la resolución de recursos han impedido que el de Fabra sea ya un caso cerrado. 

“Consideré y considero que concurren indicios de cohecho”, insiste 

La causa se inició cuando Vicente Vilar, un fabricante de fitosanitarios y hasta entonces amigo de Fabra, le denunció por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El entonces presidente de la Diputación de Castellón medió, según los indicios, ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de acelerar la autorización de esos productos. Además, la investigación de las maniobras y supuestos cobros ilegales destapó cuatro presuntos fraudes fiscales cometidos por Carlos Fabra junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, que dejaron de ingresar 1,2 millones en las arcas públicas. Por todo ello, la fiscalía pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra. 

El presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, que no ha firmado las últimas resoluciones de su sección, ha sido cuestionado por su amistad con Fabra. De hecho, esa relación fue uno de los motivos que se sopesaron a la hora de su reelección, en 2008, en la que contó con el apoyo del ahora presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa. El órgano de gobierno de los jueces no atendió las advertencias ni al hecho de que vulnerara las normas de reparto y resolviera un recurso del caso. Ahora será ese mismo Consejo, presidido por De Rosa, quien tendrá que resolver la petición de amparo del juez de Nules. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/27/actualidad/1340822654_467303.html

EL JUEZ SE NIEGA A REBAJAR LA FIANZA DE 4,2 MILLONES DE EUROS IMPUESTA A FABRA

La cantidad requerida al presidente del PP de Castellón no es desproporcionada, según el instructor

El titular del juzgado número 1 de Nules ha desestimado la solicitud del presidente provincial del PP, Carlos Fabra, de que se le redujera la fianza impuesta como garantía de que hará frente a su responsabilidad civil si es condenado por los presuntos delitos de tráficos de influencias, cohecho y fraude fiscal.

El juez mantiene la cantidad de 4,2 millones de euros para Fabra y 1,7 para su exesposa, María Amparo Fernández, ya que considera que "no resulta desproporcionada y se ajusta perfectamente a derecho". Además, en un auto con el que el juez contesta a la reclamación de la Audiencia para que revisara esas cantidades, esgrime que incluso es "una cifra inferior a lo interesado por la Abogacía del Estado y la acusación popular". Fabra y Fernández están acusado de defraudar 1,7 millones de euros a Hacienda.

El juez del caso Fabra, que lleva más de ocho años en instrucción, está respondiendo a todos y cada uno de los requerimientos realizados por la Audiencia Provincial, que cuestionó tanto la apertura de juicio oral con la inclusión del presunto delito de cohecho, como la fijación de la fianza. El juez ya ha reclamado a la Audiencia que defina, exactamente y a la mayor brevedad posible, si sus argumentos sobre la existencia o no de indicios para juzgar un presunto delito de cohecho se traducen en un sobreseimiento. Y aún sin apuntarlo, en el auto en el que mantiene la fianza expone su parecer, ya que esgrime que "las partes acusadoras son muy libres de determinar los márgenes penológicos que estimen oportunos, siempre, claro está, dentro de los límites legalmente fijados, como ocurre en el presente caso".

Pese a los retrasos para la fijación de fecha para el juicio, la Audiencia provincial, que preside Carlos Domínguez, vuelve a tener la pelota en su tejado y en sus manos la opción de demorar, aún más, la resolución del caso Fabra, iniciado después de que un empresario le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

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EL JUEZ PIDE A LA AUDIENCIA QUE ACLARE SU INTERPRETACIÓN SOBRE EL ‘CASO FABRA’

El instructor de la investigación reclama una resolución "a la mayor brevedad"

El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha solicitado a la Sección Primera de la Audiencia de Castellón que aclare "expresamente" qué quiere hacer con el caso Fabra por el que se investiga al presidente del PP provincial y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, ante la posible comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Después de un auto dictado de oficio por esta sección, que preside el propio presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, el juez instructor quiere que este tribunal explique, claramente, cuál es su decisión sobre el caso. El auto desdecía otra decisión de la misma Audiencia e incluso admitía un recurso sobre una resolución que no es recurrible.

Por ello y puesto que planea una discusión sobre el tribunal competente para juzgar a Fabra, el juez pide que "a la mayor brevedad posible, aclare expresamente" si la Sección Primera "ha sobreseído la presente causa respecto de los delitos de cohecho calificados por las partes acusadoras", algo que la Sección Segunda, que es la que ha resuelto los recursos hasta ahora no había hecho. También reclama que "si por parte de dicho Tribunal se estima competente para el enjuiciamiento de la misma en el Juzgado de lo Penal correspondiente", es decir, si considera que el caso debe quedarse en Castellón, con una casi nula posibilidad de ser visto por el Supremo.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular han anunciado que recurrirán la polémica resolución de la Audiencia que, tras más de ocho años de investigación, pretende devolver la causa al juzgado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/06/valencia/1338974643_283887.html

LAS PARTICULARES INTERPRETACIONES DE LA AUDIENCIA EN EL ‘CASO FABRA’

El tribunal tiene versiones distintas de los hechos que demorarán la resolución

Anticorrupción recurre la exclusión del delito de cohecho en el ‘caso Fabra’

Carlos Fabra se muestra "satisfecho" por el traslado de su causa a Nules

Cuando estaba a punto de fijarse la fecha del juicio al presidente del PP provincial y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, la Audiencia de Castellón ha decidido devolver el caso al juzgado de Nules, que empezó a investigarlo hace más de ocho años y que, en principio, acabó mandando a Fabra al banquillo por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Ha sido la sección Primera de la Audiencia, la que preside el propio presidente del tribunal, Carlos Domínguez, y lo ha hecho a través de un auto dictado de oficio, sin que nadie se lo pidiese. Dictado no para resolver un recurso sino para desdecir el dictado por otra sección, la Segunda, que es la que ha elaborado, durante estos años, la mayoría de las resoluciones del caso Fabra.

La primera particularidad es que lo hace en base a una apelación ya resuelta por la sección Segunda, y que presentó Fabra contra la decisión del juzgado de iniciar la tramitación para celebrar el juicio. Una decisión que, según la ley, no es recurrible y así lo había entendido la sección Segunda. Sin embargo, la Primera, no solo la ha tramitado y resuelto favorablemente sino que lo ha hecho en sentido contrario a la propia Audiencia, desdiciéndose.

La segunda particularidad es que el auto de la sección Primera alega argumentos supuestamente esgrimidos por la sección Segunda, en cuanto a que el delito de cohecho que se le imputaba a Fabra no existe. Una de las resoluciones a las que hace referencia señala, efectivamente, que "ninguna de las iniciativas que se imputan a Carlos Fabra en forma de interesarse o mediar en Madrid ante las autoridades de las Cortes Generales o el Ministerio de Agricultura, en favor de los productos fitosanitarios del Sr. Vilar y la Sra. Plaja pendientes de aprobación, a cambio de ciertas cantidades de dinero, se pueden enmarcar en las actividades relativas al cargo de presidente de la Diputación". Sin embargo, en la misma resolución, en su parte dispositiva, que es en la que concluye y expone sus decisiones, ordena que siga la instrucción "por los hechos relativos a las supuestas influencias y los pagos y cobros supuestamente realizados", es decir, por el cohecho. La sección Segunda, que ha mantenido en varias ocasiones ese argumento de la posibilidad de que el cohecho no exista, nunca, en su parte dispositiva, limitó la decisión del juez instructor de señalar los presuntos delitos por los que debía ser juzgado. Y nunca cercenó el principio acusatorio. Ahora, la sección Primera la ha desdicho.

Es destacable, además, que una de las resoluciones que menciona la sección Primera en su argumentación es la que declaró prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales que se imputan a Fabra, una decisión que después fue tumbada por el Supremo.

La consecuencia de la decisión de esta sección se centra en el tribunal que juzgará a Fabra. Si se excluye el cohecho, la competencia recaerá en un juzgado penal y tendrá, como instancia de recurso, la propia Audiencia provincial. Es decir, el caso prácticamente no saldrá de Castellón porque la posibilidad de recurrir luego al Supremo es muy escasa. Si no se excluyera el cohecho, sería juzgado por la Audiencia pero la vista de un posible recurso fuera de Castellón sería más fácil.

Las interpretaciones de la Audiencia han merecido la rápida reacción de la Fiscalía Anticorrupción, que tardó horas en anunciar que la recurriría ante el Supremo. También lo hará la acusación popular, primero ante la propia Audiencia y luego ante el Supremo. La consecuencia última es que el caso Fabra cumplirá los nueve años de instrucción sin haber sido resuelto y con el principal imputado presidiendo aún el PP de Castellón

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/03/valencia/1338753751_860021.html

ANTICORRUPCIÓN RECURRE LA EXCLUSIÓN DEL DELITO DE COHECHO EN EL ‘CASO FABRA’

La Audiencia de Castellón devolvió la causa al juzgado para eliminar el delito

Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante la Audiencia de Castellón en el que anuncia la presentación de un recurso contra la decisión de este audiencia de excluir el delito de cohecho en el “caso Fabra”, en el que el presidente del PP provincial y expresidentes de la Diputación, Carlos Fabra, está acusado también de tráfico de influencias y cuatro fraudes fiscales.

Así lo ha anunciado la fiscalía en comunicado en el que explica que presentará el recurso de casación en las próximas semanas y que este será elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Sección Primera de la Audiencia de Castellón, en una resolución realizadas de oficio, decidió devolver la causa, tras más de ocho años de instrucción, al juzgado de Nules, en donde se inició la investigación después de que un empresario acusara a Fabra de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos. La Audiencia se basó en otros escritos de la Sección Segunda para exigir al juez una rectificación sobre las acusaciones formuladas contra el dirigente del PP y requirió que se excluyera el delito de cohecho. Esta decisión ha provocado la reacción de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrirá la exclusión de este delito y, por tanto la nulidad del auto de apertura de juicio oral, con el que Fabra se acercaba al banquillo de los acusados.

La Fiscalía y la acusación mantienen que utilizó su cargo de presidente de la Diputación de Castellón

Tanto la fiscalía como la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores UCE, alegaron que Carlos Fabra utilizó su cargo como presidente de la Diputación para mediar ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de tratar de agilizar la fabricación de productos sanitarios reclamada por un, entonces, amigo. La acusación ha anunciado que también recurrirá la decisión de la Audiencia provincial.

En cualquier caso, recurso supondrá un nuevo retraso en la resolución de la causa, después de que el 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordara la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003.

El Supremo rechaza otro recurso de Carlos Fabra por la filtración de sus datos fiscales

Mientras Carlos Fabra se mostraba ayer "satisfecho" y con "ganas de luchar" después de que la Audiencia Provincial descartara el delito de cohecho que se le imputaba, hoy, además de conocer la decisión de Anticorrupción de recurrirlo, se ha topado también con una resolución del Tribunal Supremo que desestima uno de sus recursos. En este caso, se mostró en contra de la decisión de la Agencia de protección de dato de no sancionar las filtraciones sobre el expediente fiscal en el que se le atribuyó, a él y a la entonces su esposa, un fraude de más de un millón de euros. El Supremo ha rechazado el recurso.

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/24/actualidad/1337857759_435209.htm

LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN PARALIZA EL JUICIO A CARLOS FABRA Y DEVUELVE EL CASO A NULES

Está acusado de delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra hacienda

Fabra presentó un recurso por entender que no debía ser imputado por cohecho

La Audiencia Provincial de Castellón ha devuelto al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules la causa sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia, Carlos Fabra, porque no se considera competente para juzgarlo.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sección Primera de la Audiencia Provincial alega en un auto que la Sección Segunda estimó recientemente un recurso Fabra descartando el delito de cohecho, lo que aleja la causa de este ámbito jurisdiccional.

El juzgado de Nules había remitido el caso a la Audiencia para que procediera a la apertura del juicio oral, pero sin el delito de cohecho, "el caso le corresponde a un juzgado de lo penal, no a una sala de la Audiencia", subrayan las citadas fuentes.

El pasado 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordó la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

Fabra presentó un recurso de apelación contra esta decisión por entender que no debía ser imputado por cohecho, y la Sección Segunda de la Audiencia estimó su petición el pasado 4 de mayo, manteniendo, no obstante, que podría haber existido tráfico de influencias.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.

Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.

Según el auto, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.

Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según ese auto.

Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del ex presidente y más de 580.000 por parte de su esposa.

www.efe.es 22.05.12

EL 'CASO FABRA' SALE DE NULES PARA SER JUZGADO EN LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN

La sala fijará la fecha del juicio, ocho años y medio después de iniciar la causa

Las diligencias del llamado "caso Fabra" se han cerrado y la instrucción ha salido ya del juzgado número 1 de Nules, camino de la Audiencia provincial de Castellón, donde ha de ser juzgado. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), cuando el sumario llegue a la Audiencia, la sala que se fije como competente en el caso tendrá que admitir la causa. Además, habrá que esperar a la resolución de dos recursos de apelación que aún están pendientes y, cuando estos se hayan resuelto, será cuando se señale la celebración de juicio.

Después de ocho años y medio, el caso Fabra abandona el juzgado de Nules ante el que Vicente Vilar, el empresario que acusó al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, presentó la denuncia que dio lugar al caso.

Carlos Fabra está acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales, por los que la fiscalía pide 13 años de cárcel, que la acusación popular eleva a 20. Además, el juez ha fijado una fianza de 4,2 millones de euros como depósito que garantice la responsabilidad que se le atribuirá si es condenado por las acusaciones que, en el caso de fraude, según los peritos de Hacienda, ascendió a 1,2 millones de euros que el entonces matrimonio Fabra dejó de pagar a las arcas públicas.

www.elpais.es 19.04.12

EMBARGADOS LOS BIENES DE CARLOS FABRA

El juez de Nules inicia el embargo de bienes de Carlos Fabra

La justicia ha decidido poner en marcha el embargo de bienes del presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, que debía haber abonado una fianza de más de 4 millones de euros.

El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha iniciado el procedimiento de embargo de bienes al presidente provincial del PP, Carlos Fabra, y a su exesposa, María Amparo Fernández. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, Fabra y Fernández han presentado un listado de bienes susceptibles de ser embargados, por la fianza que les fijó el juez de Nules y que no pagaron en el primer plazo establecido. El juez inicia el embargo con la tasación de esos bienes y la comprobación de que cubren las cantidades exigidas, según la misma fuente.

La fianza impuesta a Carlos Fabra asciende a 4.2 millones de euros, y la de su exmujer es de 1.7 millones. El titular del juzgado de instrucción de Nules reclama esas garantías para asegurarse de que pagarán en el caso de ser condenados por los delitos por los que van a ser juzgados. Carlos Fabra está acusado de cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales, mientras que María Amparo Fernández habría cometido tres fraudes al fisco.

Según el último informe judicial de los peritos de Hacienda elaborado a instancias del juzgado instructor de Nules, Carlos Fabra y su exmujer, María Amparo Fernández, ingresaron entre 1999 y 2004 un total de 8.3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias, de los que no han podido justificar 3.3 millones. Un total de 1.9 millones corresponden a Fabra y 1.4 a María Amparo Fernández. Según los peritos, Fabra habría dejado de pagar a Hacienda una cuota de más de 900.000 euros y Fernández cercana a los 700.000.

www.cadenaser.com 06.02.12

LOS BANCOS CONCEDEN CRÉDITOS A CARLOS FABRA HASTA CASI LOS CIEN AÑOS

El líder del PP en Castellón, firmaba hipotecas para blanquear dinero según la acusación.

El presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, firmaba hipotecas que no podría pagar con su sueldo público, según el escrito de la acusación popular, como fórmula para blanquear dinero. Una de esas hipotecas, con Bancaja, vencería cuando Fabra tuviese 98 años.

Bancaja concedió una hipoteca a Carlos Fabra sobre su casa de Madrid hasta el 2045, fecha en la que el presidente del PP de Castellón tendría 98 años.

El líder del PP en Castellón compró un piso de 200 metros cuadrados en la exclusiva plaza de las Salesas de Madrid en el año 2002.

Años después, Fabra solicita una ampliación de la hipoteca original, que el banco le concede. En concreto -y según consta en el registro-, un crédito de 100.000 euros, que finalizaría en enero de 2045, escritura firmada ante notario el pasado 22 de diciembre de 2009, día de la lotería y en plena crisis financiera.

Según las condiciones concedidas por Bancaja al presidente del PP de Castellón, Fabra pidió el crédito a los 63 años, de manera que terminaría de pagar a los 98 años.

Práctica poco habitual

La concesión de ampliación de hipotecas en esos términos no es una práctica habitual. Fuentes de la entidad consultadas por la Cadena SER, aseguran que lo habitual es limitar la amortización a los 70 años y no 30 años más, como se hizo con Fabra.

Otras entidades se mueven en los mismos límites y, en todo caso, con clientes muy solventes. Esta vivienda podría ser una de las embargadas si Carlos Fabra no deposita la fianza de 4,2 millones que le exige el juzgado.

Hipotecas para el blanqueo

La acusación popular sostiene en su escrito de conclusiones enviado al juzgado de Nules que el líder del PP en Castellón firmaba hipotecas y créditos como una forma de blanquear dinero. Así, el dinero negro en billetes que supuestamente recibía - asociado a los delitos de cohecho que se le imputan -, servía para hacer frente al pago de las cuotas. Para realizar esta aseveración, la acusación popular se basa en el informe de los peritos de Hacienda presentado en 2010 al juzgado de Nules. Los peritos, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, detectaron que los bancos y cajas de ahorro habían concedido a la familia Fabra un total de 33 préstamos por más de 5 millones de euros entre 1995 y 2004, año en el que concluyeron las investigaciones.

La mayoría de estos créditos fueron concedidos a Carlos Fabra junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, por cantidades que en muchos casos superaban los 100.000 euros y en varias ocasiones los 500.000 y 600.000 euros. En algún caso, los técnicos detectaron la participación de los hijos. Según el informe, el matrimonio Fabra acumuló los pagos de muchos de estos préstamos a la vez, como los créditos por 2.3 millones de euros obtenidos entre 2002 y 2004. El matrimonio Fabra hacía frente a las cuotas con un salario declarado de unos 10.000 euros brutos al mes entre ambos cónyuges.

El pago de la fianza

Carlos Fabra ha presentado un recurso al juzgado de Nules en el que alega que no actuará hasta que no le notifiquen personalmente que debe pagar la fianza. La acusación popular se ha opuesto a ese recurso de Fabra. Dice que es suficiente con la notificación efectuada a través del procurador. La acusación interpreta que esta acción de Fabra es una maniobra dilatoria más en el proceso.

La fianza de 4.2 millones se la ha impuesto el juez de Nules para garantizar que pagará en caso de ser condenado por cohecho, tráfico de influencias y los cuatro delitos fiscales por los que será juzgado en Castellón.

www.cadenaser.com 06.02.12

LA HUIDA DEL AGUERRIDO CARLOS FABRA

El presidente del PP de Castellón evita contestar sobre su situación judicial

Hubo un tiempo en el que Carlos Fabra aceptaba todos los envites y alardeaba de valentía. Hubo un tiempo en el que el expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente provincial del PP, presa de su belicoso carácter, salía al paso ante cualquier información y blandía palabras como espadas. Hubo un tiempo en que no había capote que se le resistiese. Hubo un tiempo hasta ayer, cuando buscó las tablas. De un salto abandonó la sala de prensa dejando atónito a su compañero de atril. El motivo fue una pregunta incómoda: ¿Ha pagado la fianza señor Fabra?

Ayer expiró el plazo para que presentara la fianza que le exige el juez

Ayer expiraba el plazo concedido por el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, para que hiciese efectivo el pago de la fianza de 4,2 millones de euros impuesta en concepto de responsabilidad civil, para garantizar que podrá pagar en caso de ser condenado por cohecho, tráfico de influencias y los cuatro delitos fiscales por los que será juzgado en unos meses en la Audiencia Provincial de Castellón.

Fabra convocó ayer una rueda de prensa en la Cámara de Comercio, donde ocupa la secretaría general, para explicar los planes de internacionalización de la institución, junto al jefe del área de comercio exterior, Juan José Martínez. La pequeña sala aguardaba atestada de medios de comunicación la comparecencia del presidente del PP y del aeropuerto de Castellón para que respondiera sobre la apertura del juicio oral, la imputación por tráfico de influencias en su misma causa del senador que él nombró, Miguel Prim, y por el pago de la millonaria garantía judicial. Pero como si no fuera con él la cosa y con un evidente gesto de enfado, Fabra respondió que estaba allí como secretario general de la Cámara de Comercio y que si tenían más preguntas que hacer sobre los planes de exportación de la cámara las contestaría. "Si no", agregó, "buenos días y adiós", y se levantó y huyó de la sala.

Atrás quedó el tiempo en el que Fabra respondía a cualquier pregunta. Cuando intentaba demostrar su poder con su célebre "aquí mando yo" o con un "quien paga manda" en referencia al respeto que debía guardarle la Universitat Jaume I de Castellón ya que su influencia llegaba hasta quien concedía a la institución las subvenciones. Tampoco fue parco en palabras para autocalificarse como "cacique" o al reconocer que cuando quería "colocar a alguien" lo colocaba "y punto".

Casi nunca ha tenido problemas para hablar de cualquier asunto, llegando incluso a contraprogramar recientemente al presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, durante la celebración del Día de la Provincia en la madrileña feria de turismo Fitur. El presidente provincial aprovechó esa jornada en Madrid para explicar las novedades y promocionar su opción política. Aquel día, Fabra aprovechó para realizar su primera comparecencia pública en Castellón desde que estallara la polémica por la ruptura del contrato con la concesionaria del aeropuerto. También lo hizo en la institución cameral y como secretario general de la misma, pero entonces no tuvo problemas para contestar a cualquier pregunta sobre el futuro de la infraestructura. Al día siguiente robó todo el protagonismo a Moliner en los medios. Su entorno asegura que estaba complacido.

Respecto a su fianza, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana manifestó que el juez de Nules verificará hoy si la ha abonado y actuará en consecuencia. Podría concederle unos días más u ordenar el embargo de sus bienes.

www.elpais.es 26.01.12

UN EXSENADOR DEL PP, NUEVO IMPUTADO EN EL 'CASO FABRA'

La Audiencia de Castellón ha decidido admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP en el llamado caso Fabra. Se trata del exdiputado y exsenador Miguel Prim, sobre el que el tribunal sostiene que "pudo haber cometido comportamientos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa".

Con esta decisión, la Audiencia Provincial ha admitido, en parte, la solicitud de la acusación popular de ampliar el número de imputados a ex altos cargos de la Administración central en la época de Aznar, responsables de los ministerios de Agricultura y Sanidad, ante los que Fabra trató, supuestamente, de agilizar autorizaciones para los productos de su entonces amigo, el empresario Vicente Vilar, que acabó denunciándole por cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos.

Prim fue una de las personas a través de las que Fabra, supuestamente, realizó gestiones. Entre otras cosas, remitió un escrito al ministro Miguel Arias Cañete en el que le pedía que, "a la mayor brevedad posible", "se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que te he mencionado en este escrito", tal como indica el auto de la Audiencia. El documento enviado por Prim desembocó en la apertura de una investigación interna para determinar si había algún problema especial con los productos de Vilar.

La Fiscalía Anticorrupción pidió el archivo para estos dirigentes, en diciembre de 2010, pero la Audiencia ha decidido atender la solicitud de la acusación popular para que Prim sea también juzgado por tráfico de influencias.

Preparando la fianza

La resolución de la Audiencia, que ha tardado casi dos meses en resolver el recurso, no ha provocado la paralización de la apertura de juicio oral contra Fabra que dictó el viernes el titular del Juzgado número 1 de Nules, que señaló, además, la imposición de una fianza de 4,2 millones de euros para el presidente provincial del PP.

La hija del encausado y también diputada por Castellón, Andrea Fabra, ha afirmado que su padre todavía no la ha aportado "porque hasta ayer no se le había notificado el auto a las partes afectadas". Carlos Fabra se reunió ayer con su equipo jurídico para analizar la situación, según explicó su hija.

www.elpais.es 25.01.12

CARLOS FABRA ANUNCIA QUE RECURRIRÁ AL CONSTITUCIONAL

"Las sentencias no son firmes hasta el último estado", clamó el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, hace dos años. Lo hizo como anuncio de que su afán de recurrir las resoluciones judiciales no se iba a parar en el Tribunal Supremo. Y así lo mostró de nuevo ayer, cuando desveló que acudirá al Constitucional para tratar de revocar la decisión del Supremo de que sea juzgado por todos los delitos que se le imputan.

El titular del juzgado número 1 de Nules decretó el viernes la apertura de juicio oral contra el aún presidente provincial del PP, Carlos Fabra, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Además, le requirió el depósito de una fianza de 4,2 millones de euros como garantía de pago de su responsabilidad civil en el caso de que sea condenado por defraudar 1,2 millones de euros a la Hacienda pública, según los peritos, junto con su entonces esposa, María Amparo Fernández, que también está imputada. A ella también se le ha pedido una fianza de 800.000 euros.

Ayer, a través de un comunicado enviado a la agencia Efe explicó que ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, previo al recurso de amparo que planteará ante el Tribunal Constitucional, "en relación con la prescripción de los posibles delitos fiscales". Pero este recurso no paraliza la marcha de su juicio.

Defiende su inocencia

En su comunicado, Carlos Fabra reiteró su inocencia y su "firme convencimiento" de que será absuelto. Además, relató que el auto del juez de Nules también ha sido recurrido, en este caso ante la Audiencia Provincial de Castellón. En cualquier caso, estos recursos no paralizan la causa.

Fabra considera en su comunicado que "no existe delito de cohecho" y que la Audiencia Provincial de Castellón ya se "expresó en este sentido mediante una resolución anterior". Para Fabra y su equipo jurídico "tampoco ha habido tráfico de influencias alguno, porque nada se hizo para conseguir legalización o ventaja administrativa alguna". Además, afirma que "no existe delito fiscal alguno según se desprende del informe del perito fiscal nombrado al efecto". Según su versión no hay delitos pero el hecho es que lleva ocho años encausado.

www.elpais.es 24.01.12

LA AUDIENCIA AMPLÍA EL CASO FABRA A UN EXSENADOR DEL PP

Ve indicios de delito de tráfico de influencias contra Miguel Prim por pedir al ministro de Agricultura que diera luz verde a los productos fitosanitarios que vendía Fabra

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha revocado el pronunciamiento de sobreseimiento provisional en relación con el exdiputado y exsenador del PP Miguel Prim "por su posible intervención en un delito de tráfico de influencias" en el denominado caso Fabra.

El sobreseimiento fue dictado por el juzgado de Nules que investiga al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, entre otros, tras las querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar, que acusó a Fabra de recibir dinero para agilizar el permiso administrativo de productos de una empresa de fitosanitarios.

Según el auto judicial, hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, "los indicios existentes contra Miguel Prim son suficientes como para justificar la continuación de las actuaciones".

En el auto se recuerda que "no se exige para la consumación del delito de tráfico de influencias que se produzca un beneficio para sí o para un tercero", sino que "el delito se consuma desde el momento en que se influye en el funcionario público o autoridad".

En este punto, se cita el contenido de una carta que remitió al ministro de Agricultura, entonces Miguel Arias Cañete, para pedirle que se diese "luz verde" a determinados productos que comercializaba una empresa participada por las mujeres de Fabra y Vicente Vilar.

El juez llama la atención sobre el hecho de que "no pide que se siga la tramitación administrativa que corresponda, sino que, 'a la mayor brevedad posible' se 'dé luz verde' a los citados productos".

Por otra parte, la Audiencia de Castelló ha confirmado el sobreseimiento provisional para Rafael Milán, Rubén Moreno y María Dolores Flores y se acuerda que éste sea definitivo en el caso de Pilar Máñez.

Pilar Máñez fue directora general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente; Rafael Milán fue director general del Ministerio de Agricultura; Rubén Moreno es actual diputado nacional del PP y exdirector del Centro Superior de Alta Tecnología Científica para la Investigación en Biomedicina y en Transplantes de Tejidos y Órganos de la Comunitat Valenciana; y María Dolores Flores fue directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

Los magistrados han dado la razón a los abogados de Pilar Máñez, que defienden que el sobreseimiento debe ser libre y no provisional y afirmaban que "tras seis años de procedimiento no puede derivarse la comisión de ilícito penal alguno".

También han expuesto estos letrados que "la recurrente, al igual que otras personas, se limitó a atender las peticiones de información procedentes del resto de imputados, principalmente de Carlos Fabra, sin que recibiese contraprestación alguna".

www.levante-emv.com 24.01.12 

FABRA ANUNCIA UN RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL QUE NO PARALIZA EL JUICIO 

El expresidente de la Diputación de Castellón recurre así la decisión del Supremo, que ordenó que fuera juzgado por todos los delitos que se le imputan 

“Hasta Luxemburgo”, anunció el expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP de esta provincia, Carlos Fabra, que llegaría recurriendo y recurriendo en la causa que le llevará, en los próximos meses, a sentarle en el banquillo. 

Lo dijo hace varios años y hoy lo ha hecho visible a través de un comunicado remitido a la agencia Efe en el que explica que ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, previo al recurso de amparo que presentará ante el Tribunal Constitucional, "en relación con la prescripción de los posibles delitos fiscales" que contempla el auto de apertura de juicio oral. De esta manera, Fabra recurre la decisión del Supremo, que ordenó que fuera juzgado por todos los delitos que se le imputan que, además de tráfico de influencias y cohecho, son, sumando los imputados a su ex esposa, siete fraudes fiscales por no ingresar en las arcas públicas 1,2 millones de euros. 

El titular del juzgado número 1 de Nules decretó el viernes la apertura de juicio oral contra Fabra y le impuso una fianza de 4,2 millones de euros como garantía de que hará frente a las penas que se le impongan, en el caso de que sea condenado. Hoy, a través de la agencia de información, ha reiterado su inocencia y su “firme convencimiento” de que será absuelto. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia han indicado que Fabra aún no ha presentado la fianza, pero que está en plazo. 

En el comunicado, Carlos Fabra ha explicado que el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juez de Instrucción número 1 de Nules “se encuentra recurrido ante la Audiencia Provincial de Castellón”. En cualquier caso, estos recursos no paralizan la causa. 

Fabra asegura en su escrito que “no existe delito de cohecho” y que la Audiencia Provincial de Castellón ya se “expresó en este sentido mediante una resolución anterior”. Para Fabra y su equipo jurídico “tampoco ha habido tráfico de influencias alguno, porque nada se hizo para conseguir legalización o ventaja administrativa alguna”. Además, afirma que “no existe delito fiscal alguno según se desprende del informe del perito fiscal nombrado al efecto”.  

www.elpais.es 23.01.12 

FABRA, AL BANQUILLO CON UNA FIANZA RÉCORD PARA UN POLÍTICO 

El juez abre juicio oral al expresidente de Castellón, que debe depositar 4,2 millones de euros 

El político popular tiene de plazo hasta el lunes para pagar o se le embargarán los bienes 

Según el juez, Fabra defraudó a Hacienda cerca de 694.000 euros 

El expresidente de la Diputación de Castellón y aún líder del PP provincial, Carlos Fabra, se sentará en el banquillo, acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Así lo ha decidido el titular del Juzgado número 1 de Nules quien, en un auto, ha decretado la apertura de juicio oral contra Fabra, a quien ha impuesto una fianza de 4,2 millones. La fianza, en este caso, no es una medida para eludir la prisión, tal como ocurrió con el expresidente balear Jaume Matas. El juez la ha decretado como fórmula para que existan garantías de que el acusado, en el caso de que sea condenado, hará frente a su responsabilidad civil por el fraude y las multas que conllevan los otros delitos. Según los peritos de Hacienda, el entonces matrimonio Fabra defraudó 1,2 millones. 

En el auto, el juez dio al dirigente del PP un plazo de un día, que con el fin de semana en medio se cumple este lunes. Si no deposita el dinero, se procederá al embargo de sus bienes.

La fianza, en este caso, no es una medida para eludir la prisión 

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 13 años de prisión para Carlos Fabra, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. Por su parte, la acusación eleva su petición de prisión hasta los 20 años. 

En su auto de apertura de juicio oral, con el que se remitirá el caso a la Audiencia Provincial, donde ha de ser juzgado, el juez incluye a la exesposa de Fabra, María Amparo Fernández; al empresario que acusó a ambos, Vicente Vilar, y a la exesposa de este, Monserrat Vives. A la primera le exige una fianza de 1,7 millones y a Vilar y a Vives, 800.000. 

“No me van a poder juzgar de nada”, dijo Carlos Fabra en diciembre de 2010, después de que el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, se refiriera a él como “ciudadano y político ejemplar”. 

Con la remisión del caso Fabra a la Audiencia de Castellón, el procedimiento pasará por el trámite del reparto y, posteriormente recaerá en una sección, que será en la que se celebre el juicio y la responsable de señalar el día en el que comenzará la vista. Según las previsiones, podría celebrarse en el segundo semestre de este año. 

Parece probable que se nombre un tribunal mixto, con jueces de distintas secciones. Esto se debe a que los magistrados de la sección segunda han sido los encargados de resolver los recursos que han llegado a este tribunal durante los más de ocho años que ha durado la instrucción. Por ello están “contaminados” y no pueden juzgar el caso. Por un error de reparto, según se dijo, uno de los recursos recayó en la sección primera, que preside el también presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, por lo que tampoco los tres magistrados que participaron en la resolución de este recurso podrán formar parte del tribunal de magistrados. Un segundo recurso llegó a esta sección pero no llegó a resolverse. Aún así, es posible que los jueces que lo admitieron también sean rechazados. De esta manera, en las secciones primera y segunda no quedan jueces suficientes para formar el tribunal. 

El pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo ordenó que Fabra fuera juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así una decisión de la Audiencia provincial de Castellón. Este tribunal acordó en diciembre de 2010 sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito. 

Tras esta decisión, el juez de Nules pidió a las partes que presentaran sus conclusiones y ni siquiera ha esperado a que la Audiencia resuelva otro recurso pendiente, y que está debatiendo desde hace más de un mes, sobre la ampliación del número de imputados en la causa, tal como solicitó la acusación popular. 

www.elpais.es 20.01.12

FABRA CONSIDERA "PAPARRUCHADAS" LAS CRÍTICAS A SU ESTATUA

El presidente de Aerocas defiende la escultura de Ripollés en el aeropuerto

Para Carlos Fabra, las críticas por instalar una estatua inspirada en su cara en el aeropuerto sin aviones de Castellón son "paparruchadas y bufonadas". "Como si en otros aeropuertos no hubiera esculturas como decoración", espetó incrédulo ante la dimensión que han alcanzado las sátiras, que incluso han traspasado fronteras, por gastar más de 300.000 euros del dinero público en el coloso de 30 toneladas y 24 metros de altura. En efecto, otros aeropuertos tienen estatuas, aunque en las democracias occidentales es extraño que se erijan en honor del gobernante de turno.

Asegura que tiene varias ofertas para comprar la infraestructura

El presidente de la promotora pública del aeropuerto de Castellón Aerocas realizó ayer su primera comparecencia pública desde que el pasado 30 de diciembre la Generalitat anunciase la ruptura unilateral del contrato con la empresa concesionaria de la explotación de la infraestructura porque el Consell no podía asumir las pérdidas durante los ocho primeros años de gestión. Un contrato que el propio Fabra calificó como "fantástico para el aeropuerto de Castellón" cuando lo firmó junto a representantes de la firma el pasado 23 de marzo con el beneplácito del Gobierno valenciano. Pero Fabra, durante la presentación de unos cursos en la Cámara de Comercio, donde es secretario general, aseguró ayer que "comparte" la decisión del Consell y deslizó críticas a la empresa concesionaria, que "no ha demostrado especial celo ni interés" en la gestión de aeropuertos, porque según le afeó, "no se ha presentado" a un concurso convocado "hace unos dos meses" por el Ejecutivo central para explotar distintos aeródromos, "lo que le hubiera permitido diversificar" riesgos.

Respecto al futuro de la infraestructura, añadió más incertidumbre al afirmar que se abrirá "cuando se pueda" y no descartó que fuera gestionada por Aerocas, la empresa pública que preside a pesar de que el 99% de las acciones son de la Generalitat, con la "externalización" de determinados servicios aeronáuticos. Pero también dejó caer que intentan la incorporación de AENA, el operador público del Ministerio de Fomento, e incluso que podrían vender el aeropuerto y en este sentido sostuvo que dispone de "ofertas de varias compañías". No dijo cuáles, pero insistió en este asunto al pedir celeridad al Gobierno central para la aprobación de los permisos de vuelo porque "un aeropuerto autorizado vale una fortuna" y uno sin permisos "no vale nada". Un empresario cercano al aeropuerto añadió con sorna que "lo que tiene valor es un aeropuerto con pasajeros". Precisamente lo que le falta desde que el 25 de mayo fuera inaugurado por Fabra y Francisco Camps.

www.elpais.es 19.01.12

EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN CUESTA 300.000 EUROS AL MES SIN FUNCIONAR

La promotora está en quiebra técnica, según los expertos

El aeropuerto de Castellón permanece sin aviones y su actividad sigue siendo nula, sobre todo desde que el Consell rescindiera el contrato con la empresa concesionaria. El único movimiento que se detecta en las instalaciones es el de la cuenta de gastos de la Generalitat, que a través de la sociedad promotora Aerocas afronta cada año unos desembolsos invariables cercanos a los cuatro millones de euros sin que el aeropuerto esté operativo, repartidos en sueldos, gastos de mantenimiento y conservación, y diversos capítulos como arrendamientos, cánones o costes financieros.

Más de 300.000 euros mensuales, según fuentes aeroportuarias, y sin incluir los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas, que en 2010 superaron los siete millones de euros; la contratación de servicios profesionales independientes que en los dos últimos años han superado los 1,4 millones o el servicio de hurones y halcones para la instalación, con un precio de 90.000 euros más IVA.

El aeropuerto de Castellón, la obra impulsada por Carlos Fabra con el apoyo del Consell, carece de fecha de apertura, de permisos de vuelo y de operadora que contrate a las aerolíneas, pero ya acumula pérdidas por más de 31 millones de euros y la promotora pública Aerocas, según el último informe del Síndic de Comptes, cumple los supuestos de disolición, ya que su deuda supera a su capital. Es lo que expertos consultados por este periódico designan como quiebra técnica.

Los epígrafes del gasto invariable reflejados en el presupuesto son muy numerosos y suman cerca de tres millones de euros al año. Se trata del mantenimiento, conservación, agua, luz, contratos del personal de seguridad, arrendamientos y cánones, primas de seguro, suministros, amortizaciones, impuestos y gastos de funcionamiento. A ello hay que sumar los 1,2 millones en costes financieros anuales y los 382.000 euros en sueldos de las siete personas contratadas por la sociedad.

El portavoz socialista en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, pidió ayer la destitución de Carlos Fabra de la presidencia de Aerocas. Su homólogo en el Bloc, Enric Nomdedéu censuró por "escandaloso" el gasto.

www.elpais.es 011.01.12

UN COLOSO DE 20 TONELADAS INSPIRADO EN CARLOS FABRA

El líder de Castellón encargó la efigie de 300.000 euros para el aeropuerto

El aeropuerto sin aviones de Castellón tendrá pronto su particular guardián: un coloso de metal de más de 20 toneladas inspirado en la figura del presidente provincial del PP, Carlos Fabra, de cuya cabeza saldrá un avión. El artista valenciano Juan Ripollés está acabando de instalar la escultura de 24 metros de altura y 300.000 euros de coste que flanqueará la entrada al recinto aeroportuario.

Fabra: "[El escultor] se ga inspirado en mí, y creo que no inmerecidamente"

La obra ha sido objeto de polémica desde el principio tanto por su coste como por servir de homenaje a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación imputado por varios delitos fiscales y contra la Administración y todavía presidente de la empresa pública Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas), participada por la Generalitat y la Diputación.

Fue Carlos Fabra quien contrató en 2010 a Ripollés, un artista mimado por el PP de Castellón que tiene un gran número de esculturas repartidas por toda la ciudad y que ha asistido a cenas públicas de apoyo a Fabra en pleno proceso judicial. Ripollés aseguró, tras el encargo, que la escultura le serviría para honrar al impulsor del proyecto del aeropuerto. "Una figura a la que le saldrá de la cabeza un avión, ese es el germen y el esperma del nacimiento de la obra", declaró.

Una inspiración de la que se vanaglorió el propio Carlos Fabra: "Él [Ripollés] se ha inspirado en mí, y yo creo que no inmerecidamente, que he tenido mucho que ver con el aeropuerto, si se me permite la inmodestia". "Me parece maravilloso, si además inspirara a las musas ya sería perfecto", añadió Fabra.

Para la oposición, este encargo no es más que un nuevo ejemplo de "megalomanía" que costará 300.000 euros a las arcas públicas. El rostro de Carlos Fabra ya figura, junto a los de otros políticos, en el retablo de una ermita en Vall d'Alba, municipio del que es alcalde uno de los vicepresidentes de la Corporación Provincial, y en uno de los murales que decoran la Diputación.

La contratación de la gigantesca escultura, según desvela una auditoría reciente, se realizó en junio de 2010 sin contar con la aprobación del consejo de administración de Aerocas y con deficiencias en la documentación.

La Generalitat ha reconocido que fue Carlos Fabra quien firmó el contrato con Ripollés en julio de 2010, pero el pedido se fraguó un año antes. El Gobierno valenciano argumentó que Aerocas encargó a un despacho de abogados un informe jurídico "para determinar el método con el que se podría contratar a un artista de incuestionable prestigio, oriundo de Castellón, como Ripollés". A finales de 2009 el consejo de Aerocas vio una maqueta y un boceto de la obra, pero no fue hasta septiembre de 2011 cuando aprobó formalmente su contratación.

La Generalitat ha reservado 300.000 euros del presupuesto previsto para 2012 para pagar una escultura que, en su opinión, "tiene un coste muy inferior a la media de otras esculturas de aeropuertos provinciales, debido a que el artista ha renunciado a percibir ningún canon artístico".

www.elpais.es 09.01.12

EU EXIGE A CARLOS FABRA QUE PAGUE DE SU BOLSILLO SU MEGALOMANÍA EN EL AEROPUERTO

La diputada autonómica de Esquerra Unida (EU) Marina Albiol solicitó ayer que el presidente de la empresa pública Aerocas, Carlos Fabra, "pague de su bolsillo" los gastos millonarios del aeropuerto de Castellón, que fue inaugurado sin aviones y en el que se han gastado 30 millones de euros en publicidad desde 2003.

Albiol aseguró que este gasto publicitario "es una muestra más de la megalomanía" de Carlos Fabra, presidente provincial del PP de Castellón y "artífice de este proyecto exterminador de las arcas públicas y sin sentido, ya que continúa sin funcionar" casi nueve meses después de su inauguración.

Según la diputada de EU, Carlos Fabra, que fue presidente de la Diputación de Castellón hasta las elecciones municipales de 2011, tendría que hacerse cargo de estos gastos millonarios ya que no escuchó las advertencias realizadas por la Sindicatura de Comptes, el organismo que audita las cuentas de la Generalitat.

Marina Albiol pidió a Carlos Fabra que "evite a los castellonenses que paguen sus deseos personales en una época de recortes como la que estamos viviendo y de la que el PP ha hecho gala en los últimos días aplicándolos a sanidad y educación".

"La construcción del aeropuerto, incluida la escultura de Ripollés, en homenaje al propio Carlos Fabra, es una burla en la ciudadanía", prosiguió Marina Albiol, "el señor Carlos Fabra es el responsable último de esta barbaridad y tendría que responder con dinero de su propio bolsillo porque ha utilizado los fondos públicos para llevar a cabo un proyecto para satisfacer su ego y sin ninguna utilidad social".

Albiol anunció que su grupo exigirá explicaciones al Consell por el gasto desorbitado realizado por Aerocas.

www.elpais.es 09.01.12

EL AEROPUERTO SIN AVIONES DE CASTELLÓN HA GASTADO 30 MILLONES EN PUBLICIDAD

La firma Aerocas mantuvo el gasto en patrocinio pese a entrar en déficit

El aeropuerto de Castellón no ha comenzado a operar y su futuro es más incierto que nunca después de que la Generalitat haya roto el contrato con la concesionaria que debía hacerse cargo de su explotación. Pese a ello, desde que en el año 2003 se iniciaron los trámites para su construcción, la empresa Aeropuerto de Castellón (Aerocas S. L.), propiedad del Gobierno valenciano y de la Diputación de Castellón, ha gastado más de 30 millones de euros para darse a conocer a través de patrocinios deportivos, publicidad y ferias.

Un gasto que ha sido objeto de reproche continuo por la Sindicatura de Comptes [el Tribunal de Cuentas autonómico] que señala que todas las contrataciones se han realizado "sin acreditar la necesidad del gasto ni la determinación del precio del contrato" y sin analizar el posible beneficio para el aeropuerto. Aerocas admite que no puede determinar este retorno económico pero asegura que la publicidad era necesaria para atraer turistas y aerolíneas.

La pasada semana, el actual presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció que este año no se promocionará el aeropuerto en Fitur porque hay que promocionar "lo que se tiene y no lo que se va a tener". Pero hasta la fecha, Aerocas ha gastado más de 30 millones en contratos para publicitar lo que aún no se ha puesto en marcha. Y tras la ruptura del contrato con la concesionaria, el inicio de los vuelos está más en el aire que nunca y la instalación se está dando a conocer por ser un aeropuerto sin aviones.

Aerocas se constituyó en enero de 2003 y ese año se hizo el primer desembolso: 62.800 euros en patrocinio de un torneo de golf y en la presentación del proyecto. El aeropuerto ni había comenzado a construirse. La inversión en publicidad creció rápidamente a partir de 2004 con los patrocinios deportivos del Villarreal CF y el CD Castellón.

A pesar de la mala marcha de Aerocas, que entró en 2006 en números rojos, los patrocinios se mantuvieron. Es más, este gasto se duplicó en 2008 y 2009 hasta llegar a los 7,75 millones de euros. En 2010, el último ejercicio auditado, Aerocas gastó 4,36 millones en patrocinio y cerró con un déficit de 31 millones.

En la actualidad, Aerocas mantiene la construcción, con un coste de 300.000 euros, de la escultura de bronce de 25 metros de altura y 20 toneladas inspirada, según el escultor Juan García Ripollés, en el impulsor del aeropuerto, el presidente provincial del PP Carlos Fabra, y ubicada en la rotonda de acceso al aeropuerto.

www.elpais.es 08.01.12

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