Asegura en
un escrito a Pedreira que es normal que se dilate
El letrado de la
Comunidad de Madrid Roberto Pérez Sánchez ha remitido un escrito al
magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, en
el que asegura, seis meses después de ser requeridos por el juez,
que es normal que el proceso de localización y recopilación de los
documentos pedidos se dilate "algo" en el tiempo. Así justifica el
letrado que pese a solicitarlo por primera vez el juez el 1 de
septiembre las facturas pagadas por el Gobierno regional al Grupo
Rafael, cuyas empresas ejercían de pantalla para Francisco Correa,
no se hayan enviado todavía. "La detección y recopilación de las
facturas lleva una ingente labor de búsqueda y clasificación en los
archivos administrativos de las diferentes consejerías", recalca el
letrado del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
El juez Pedreira no se
ha quedado de brazos cruzados y, un día después de recibir el
escrito de la Comunidad, dictó una providencia en la que solicitó a
la Intervención General del Estado (IGAE) que le informara sobre la
existencia de facturas de la Comunidad al Grupo Rafael.
La falta de colaboración
del Ejecutivo regional, que niega el abogado, ya fue objeto el 16 de
diciembre de 2010 de una providencia de Pedreira, en la que el
magistrado advertía de la responsabilidad penal de la persona que no
colaborara. Por eso el PSOE solicitó la declaración como imputado
del secretario general técnico de la Comunidad, Héctor Casado López,
al considerar que esta forma de actuar ponía en evidencia la
"intención manifiesta" de ocultación de los datos solicitados por el
tribunal. Además, el abogado defiende en el escrito la labor
realizada por el Ejecutivo popular en relación a las peticiones
judiciales: "La Comunidad de Madrid ha atendido, con plena
exactitud, todos y cada uno de los requerimientos cursados por los
órganos judiciales que, de forma sucesiva, se han ocupado de la
instrucción".
Pero el funcionario
regional hace también una valoración política de la petición de los
concejales socialistas: "Resulta triste que el ansia de perjudicar a
toda costa al adversario electoral, el deseo de obtener rédito
político por cualquier medio, lleve a algunos a hacer pasar por
auténtico aquello que no lo es".
2) CASO
GÜRTEL: LA POLICÍA DESTAPA UNA RED PARALELA DE CONTRATAS IRREGULARES
EN MADRID
El
exconsejero López Viejo otorgó concesiones a una empresa ajena a
Correa.- "Pillé a López Viejo dándole trabajo a otro; dice que se lo
pidió la presidenta"
Una empresa constituida
en enero de 2006, Ilusiona Comunicación, entró solo unos meses
después en el reparto supuestamente ilegal de contratos por cientos
de miles de euros para la organización de actos institucionales de
la Comunidad de Madrid en los que participaba la presidenta
Esperanza Aguirre.
El cerebro político de
esta trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel,
era Alberto López Viejo, exconsejero de Aguirre y encargado por
orden de la presidenta de organizar todos sus eventos.
Durante la primera mitad
del primer mandato de Aguirre (2003-2007), la mayoría de los actos
fueron encargados por López Viejo, aunque no tuviera responsabilidad
ni mando sobre la consejería que los convocaba, a empresas de la
trama corrupta que dirigía Francisco Correa.
A partir de 2006, la
cosa cambió un poco, según el último informe policial fechado el
pasado 2 de marzo de 2011 e incorporado al sumario del caso
Gürtel, donde se hacen públicos los correos electrónicos que se
cruzaban entre sí los directivos de la red Gürtel para tratar las
incidencias en la actividad de sus empresas.
En mayo de 2006, los
responsables de la trama corrupta estaban preocupados porque López
Viejo había diversificado el reparto de actos institucionales de la
presidenta y, por tanto, de un negocio que podía alcanzar varios
millones de euros al año.
Isabel Jordán, directiva
de Easy Concept, la empresa de la red Gürtel encargada de los actos
de Aguirre, escribe a su jefe, Pablo Crespo, número dos de la
trama para trasladarle algunos motivos de preocupación respecto a
una firma que organiza actos para Aguirre: "He hablado con Alberto
[supuestamente López Viejo] de la empresa Ilusiona y, según él, no
son muy amigos. Los conoce pero que nosotros vamos a seguir haciendo
los trabajos, solo que facturamos a través de ellos. Ya son cuatro
actos que hemos hecho con ellos".
Jordán se refiere, y la
cita por su nombre en el correo electrónico, a la empresa Ilusiona,
que por entonces tenía como administrador único a Javier Fernández
Verea, vinculado a un amigo de López Viejo y propietario de la
discoteca Gabana, según la investigación.
Entre la documentación
incautada a la trama corrupta figuran 23 trabajos por actos
institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid entre
abril y julio de 2006 por 345.190 euros facturados a nombre de
Ilusiona. Esos trabajos los hacía en realidad la empresa Servimadrid
Integral, perteneciente a la trama corrupta, pero los facturaba
Ilusiona, según la documentación que aporta en su informe la
policía.
En junio de 2006, la
desconfianza de la trama corrupta en López Viejo había aumentado.
Isabel Jordán remite entonces otro correo electrónico a Pablo
Crespo: "Este señor (en referencia supuestamente al ex consejero
autonómico Alberto López Viejo) está haciendo cosas raras. Le he
pillado dándole trabajo a una empresa que se llama Ilusiona para la
cual nosotros trabajamos. Según él, ha sido la presidenta [Esperanza
Aguirre] quien le ha pedido que le dé trabajo, pero yo me he
informado a través de cierto alcalde, que este chico es amigo de
él... A nosotros nos sigue dando trabajos pero está diversificando,
porque todo el mundo habla de él y de sus chanchullos (...)".
www.elpais.es 23.03.11
3) CASO
GÜRTEL: JORDÁN: "... EL DINERO QUE DIMOS A ALBERTO" CRESPO: "ESTO NO
SE COMENTA POR 'E-MAIL"
Isabel Jordán, directiva
de Easy Concept, la empresa de la trama Gürtel que organizaba todos
los actos institucionales presididos por Esperanza Aguirre entre
2004 y 2006, tenía contactos con Alberto López Viejo, el consejero
del Gobierno regional que le adjudicaba a dedo la mayoría de los
contratos de la Comunidad de Madrid.
De esta relación con el
consejero daba cuenta Jordán a su jefe Pablo Crespo, exsecretario de
Organización del PP gallego y lugarteniente de Francisco Correa.
En uno de los correos
electrónicos que envía Jordán a Crespo y que este responde, se
produce un curioso intercambio de informaciones en base a tres de
los seis puntos que abordan en la siguiente conversación.
Isabel Jordán. (...) "2.
Las facturas de José Luis, le dije a Javier que hablaría contigo
para comentar lo de las facturas porque no sabía que era para no
pagar tantos impuestos".
"4.
Cuando hicimos cuentas pusimos el dinero que le habíamos dado a
Alberto López Viejo, pero lo hicimos desde el año 2004".
"6.
También te mando documento que me ha remitido Alberto López Viejo
sobre la Asamblea de Madrid".
Pablo Crespo. "(...) 2.
Sin comentarios. No obstante, creo que estos temas no se deben
comentar por e-mail (todavía menos que por teléfono)".
"4.
¿Quién es Alberto López Viejo? No le conozco".
"6.
Sigo sin saber quién es ese señor".
www.elpais.es 23.03.11
4) EL
GOBIERNO DE AGUIRRE GASTÓ MÁS DE 60.000 EUROS EN LOS ESPÍAS
La Audiencia
reclama nóminas, gastos de combustible y facturas de teléfono para
evaluar la malversación de fondos públicos- La Comunidad compró
motos potentes que aparecen en los partes de seguimiento
Al menos 60.000 euros de
dinero público, según cálculos basados en el sumario del caso, se
gastó el Gobierno de Esperanza Aguirre en las nóminas de los cinco
supuestos agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid que espiaron al
exconsejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid
Manuel Cobo durante abril y mayo de 2008.
La Audiencia
cree las respuestas de los espías "vagas e imprecisas"
La Audiencia Provincial
de Madrid ha ordenado a la juez Carmen Valcarce, que archivó el caso
del espionaje político a cargos del PP, que recabe datos sobre el
consumo de combustible de los coches utilizados por los espías, así
como el gasto de sus teléfonos móviles durante marzo, abril y mayo
de 2008. La Audiencia Provincial, que
ve indicios de malversación de fondos
en el caso del espionaje político a cargos del PP, recuerda que hay
jurisprudencia del Tribunal Supremo, "considerando grave perjuicio
para la causa pública la utilización de un teléfono móvil por un
importe de 5.233 euros".
"La supuesta dificultad
en la fijación del importe de lo defraudado", señala la Audiencia,
"no puede querer decir impunidad... como tampoco es descartable
hacer evaluación del perjuicio a través de las nóminas abonadas en
los días acreditados de los seguimientos".Los partes del espionaje,
escritos a máquinas y con anotaciones manuscritas que los peritos de
la policía han atribuido a uno de los imputados, revelan que los
agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid siguieron durante la
inmensa mayoría de los días laborables de abril y mayo al
exconsejero Alfredo Prada o al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y
en ocasiones, a ambos.
Muchas veces, los
asesores de la Comunidad de Madrid no acudían a su oficina de la
Dirección General de Seguridad por las mañanas sino que se
trasladaban directamente desde sus lugares de residencia (municipios
de la periferia de Madrid) hasta las zonas de trabajo del
vicealcalde de Madrid, en la plaza de Cibeles, y del entonces
consejero de Justicia de la Comunidad, en la calle de Miguel Ángel
de Madrid.
Hay dos partes de
seguimientos fechados en marzo que, en realidad, corresponden a
abril pues hay errores en el mes, pero no en el día ya que reflejan
actividades que realmente hicieron los dos espiados esa fecha pero
no ese mes, según pudo comprobar la investigación.
Por tanto, para evaluar
el daño patrimonial no habría que considerar tres meses, como indica
el auto de la Audiencia Provincial, sino los dos en que,
efectivamente, los agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid
imputados en esta causa se dedicaron mañana, tarde y noche al
seguimiento de los cargos del PP. Hasta el punto de que, en alguna
ocasión, el espionaje se prolongó hasta la madrugada a las puertas
de un restaurante donde el exconsejero Prada había acudido con su
hija.
De los cinco imputados,
uno de ellos, el jefe Sergio Gamón, tenía una nómina de 90.000 euros
al año; los tres asesores del consejero de Interior Francisco
Granados cobraban casi 60.000 euros (y lo siguen haciendo porque no
han sido despedidos), mientras el empleado de la Dirección General
de Seguridad José Manuel Pinto ingresaba unos 40.000, según la
investigación. De media, los agentes cobraban algo más de 60.000
euros al año (5.000 al mes), lo que quiere decir que los cinco
imputados costaron 60.000 euros a la Administración durante abril y
mayo de 2008, cuando dedicaron su trabajo a seguir a dos cargos del
PP contrarios a Aguirre. Los partes del espionaje acreditan que los
agentes siguieron a veces a los cargos del PP en moto. La Consejería
de Interior compró unos meses antes de que comenzaran los
seguimientos dos potentes motos capaces de sobrepasar los 238
kilómetros por hora valoradas en 14.000 euros. El consejero Granados
aseguró que se utilizaban para "el traslado de correspondencia".
Cuando este periódico
descubrió las ocupaciones de los asesores de Granados y de su jefe,
Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre, todos ellos negaron
ante la policía que hubieran hecho seguimientos a Prada o a Cobo en
abril y mayo de 2008. Cuando la investigación judicial descubrió a
través de los posicionamientos de sus teléfonos móviles que habían
seguido a Prada y Cobo, los supuestos espías cambiaron su versión de
los hechos ante la juez y explicaron que estaban haciendo solo
contravigilancias.
La Audiencia considera
las respuestas de los espías "imprecisas, vagas y ausentes de
credibilidad". Los tres magistrados concluyen: "El bien jurídico de
estos delitos no tiene solo un contenido puramente económico sino
que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el recto
actuar de la Administración pública y en la legalidad de su
actuación".
5) GONZÁLEZ
CRITICA A LA PONENTE DEL AUTO PERO ELUDE HABLAR DE LOS OTROS DOS
JUECES
La respuesta oficial del Gobierno regional a la reapertura del
supuesto caso de espionaje que salpica a la Comunidad de Madrid
consistió ayer en insistir en las críticas a la juez ponente del
auto y en cuestionar el tiempo en que la Audiencia de Madrid ha
resuelto el recurso socialista. "Respetamos las decisiones
judiciales", comenzó el vicepresidente regional, Ignacio González,
antes de describir a la juez Luz Almeida, ponente del auto, como una
"abogada socialista destinada temporalmente" en el puesto. Luego se
mostró sorprendido de que esta "haya decidido reabrir la instrucción
en tiempo récord" y aseguró que se ha resuelto "un caso muy complejo
en 14 días" [en realidad han sido 21] cuando, dijo, la instrucción
del caso duró año y medio y la fiscalía se mostró partidaria del
cierre de la causa. Después, González eludió hasta seis veces
pronunciarse sobre los otros dos jueces que avalan la resolución.
- "El auto está firmado
por Luz Almeida, Manuel Hidalgo Abia y Rosa Esperanza Rebollo ¿qué
le parece que estos dos últimos sean conservadores?", preguntaba un
periodista.
- "Ya he dicho lo que
tenía que decirle", contestó González.
- "Los jueces Hidalgo y
Rebollo firmaron la condena de dos policías que detuvieron a
militantes del PP por el caso Bono, ¿qué opina?", terció
otro.
- "Damos por bueno todo
lo que se ha producido con el archivo de la causa por dos veces",
contestó González.
- "¿Cuál es el tiempo
mínimo que considera necesario para que se resuelva un recurso?",
fue la última pregunta.
- "Esto es al
contrario", zanjó González. "Dígame usted qué resoluciones conoce
que no pasan de 14 días".
El Tribunal Superior de
Justicia de Valencia falló hace unos días contra el portavoz
socialista Ángel Luna en un recurso de apelación que presentó el
dirigente político. Quería evitar sentarse en el banquillo por un
delito de encubrimiento al no contar quién le había dado un informe
policial que denunciaba la corrupción del Gobierno de Camps en el
caso Gürtel y que estaba bajo secreto del sumario. Luna presentó
su recurso de apelación el 1 de marzo y un día después presentó un
recurso similar la Fiscalía. El TSJ de Valencia falló el 24 de
marzo, 22 días después del recurso de la Fiscalía. En el caso de los
espías a sueldo de la Comunidad, el PSM presentó el recurso de
apelación el 1 de marzo y la sección 16 de la Audiencia falló el 22
de marzo, 21 días después. Un portavoz de la Audiencia señaló ayer
que la Sección 16 "tiene una agilidad tremenda, va al día y no se ha
alterado ningún turno".
6) LA AUDIENCIA DE MADRID REABRE EL CASO DEL ESPIONAJE DEL GOBIERNO
DE AGUIRRE A SUS ADVERSARIOS EN EL PP
La sala ve "suficientes indicios" de malversación y pide a la juez
que evalúe los gastos de los cinco agentes que siguieron a Cobo y
Prada
La Audiencia Provincial
de Madrid ha reabierto el caso
del supuesto espionaje político
perpetrado por ex guardias civiles y expolicías,
contratados por el Gobierno
de Esperanza Aguirre, a los dirigentes
del PP, Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha
de Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia
de la Comunidad de Madrid, ambos adversarios de la presidenta en la
pugna por el liderazgo del partido ante el congreso en el que
Mariano Rajoy revalidó su cargo. La Audiencia estima un recurso
presentado por el PSOE contra el archivo del caso. Prada y Cobo, que
también tenían intención de recurrir el archivo, recibieron una
llamada de Rajoy para que renunciaran a hacerlo y acataron esa
orden.
"En el estado actual de
las diligencias no existen motivos para proceder al sobreseimiento
provisional y archivo de las mismas. De lo actuado aparecen indicios
suficientes de la comisión de delito de malversación de caudales
públicos por el que se sigue la causa".
El auto, que reabre la investigación judicial sobre este caso de
supuesto espionaje político pagado con fondos públicos, no se limita
a exigir que la juez Carmen Valcarce complete la batería de
diligencias que dejó sin hacer antes de dar carpetazo al asunto,
sino que confirma que las pruebas recabadas durante la investigación
aportan indicios suficientes de que los agentes al servicio del
Gobierno de la Comunidad de Madrid siguieron a los dos políticos del
PP.
El presunto espionaje
político se centró, a lo largo de los meses de abril y mayo de 2008,
en dirigentes del PP contrarios a la línea de Aguirre dentro de su
propio partido, que se alineaban con Mariano Rajoy ante el vital
congreso que iba a celebrar el partido tras la derrota electoral de
marzo de ese año.
Pruebas
suficientes
La sección 16 de la
Audiencia Provincial entiende que existen pruebas suficientes de ese
espionaje político a los adversarios de Aguirre: "Los informes
policiales han llegado a determinar la autoría, a nivel indiciario
de los partes de seguimiento. A dicha conclusión se ha llegado tras
una laboriosa tarea de investigación y cruce de datos, entre los
datos suministrados por la compañía telefónica Movistar de los
teléfonos de los tres asesores de seguridad de la Comunidad de
Madrid, José Luis Caro, Antonio Coronado y José Oreja, sus
posicionamientos y el texto de cada uno de los partes. (...) De
dicho trabajo se ha conseguido establecer la correlación de
posicionamientos de los tres asesores con el contenido de los
seguimientos reflejados en los partes. Los posicionamientos son
coincidentes en todos y cada uno de los días, incluidos aquellos en
los que las personas objeto de seguimiento se han ausentado de
Madrid, visitando poblaciones cercanas". Los agentes Caro, Coronado
y Oreja fueron contratados a dedo por el consejero de Interior de la
Comunidad y secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados.
La Audiencia Provincial
hace un análisis del testimonio de estos tres agentes que
supuestamente espiaron a Cobo y a Prada a lo largo del tiempo: "Las
declaraciones de los tres asesores imputados en la causa por su
imprecisión, vaguedad y ausencia de credibilidad juegan como indicio
en su contra. Así, lo tres asesores negaron rotundamente cualquier
relación con los hechos investigados en su declaración en sede
policial. Una vez identificados sus teléfonos y sus posicionamientos
coincidentes con los partes del seguimiento, pasaron a tratar de
justificar su presencia casual en dichos lugares. Así, alegaron su
presencia en los alrededores de Cibeles por la existencia de varias
consejerías, dato que, obviamente, no explicaría ni su presencia
sistemática en la zona, ni, mucho menos, cuando se trata de
localidades de fuera de Madrid".
En Cibeles tenía su
despacho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Todas las
anotaciones de los partes de seguimiento relacionadas con Cobo
coinciden con la presencia de los agentes en los alrededores de su
despacho que certifican los posicionamientos de sus teléfonos
móviles.
Las
coartadas de los espías
Los tres magistrados de
la Audiencia Provincial desmontan las coartadas de los supuestos
espías: "En los seguimientos a localidades de Madrid, explicados
tras la inicial negativa como reforzamiento de la seguridad de esas
personalidades o esos actos, son incompatibles con que dichos
movimientos permanecieran ocultos a la seguridad de los mismos y,
sobre todo, son incompatibles con el hecho de que en numerosos
partes relatan haber perdido al objetivo en determinado punto, así
pues, no sabían adónde se dirigían. Es más, en algunos de los
partes, se manifiesta que han perdido el objetivo por parte de
medios, pues solo tenían cubiertas dos calles de las tres posibles,
por ejemplo. Lo cual se aparta de cualquier idea de reforzamiento de
la seguridad ordinaria".
La Audiencia Provincial
también señala que otro agente, José Manuel Pinto, empleado de la
Comunidad de Madrid, hizo anotaciones en los partes de seguimiento.
Pinto fue identificado por una doble pericial caligráfica encargada
por este periódico y por una tercera pericial que la juez ordenó
realizar a la policía: "Los indicios existentes contra José Manuel
Pinto", señala la Audiencia Provincial, "son igualmente
contundentes, existe una pericial caligráfica que le considera autor
de las anotaciones manuscritas que aparecen sobre algunos de los
partes de seguimiento. A la causa se ha aportado pericial
contradictoria que niega su autoría en dichas anotaciones. Esta sala
no debe pronunciarse sobre la credibilidad de una u otra pericial.
Ese es un tema propio de enjuiciamiento, cuando los peritos sean
sometidos a contradicción y evaluada su pericia con el resto de las
pruebas y pueda llegarse a una conclusión. Pero en este momento la
prueba pericial del gabinete de la policía es indicio suficiente".
¿Y sobre Sergio Gamón,
ex director general de Seguridad y que continuó en su puesto,
protegido por Esperanza Aguirre, hasta que la exesposa de Gamón y
exsecretaria de la propia Aguirre relató a este diario que su
exmarido era el jefe del equipo de espionaje a las órdenes del
vicepresidente Ignacio González? La juez nunca citó a esa testigo,
que fue despedida de Telemadrid tras ser durante años persona de
confianza de cargos del PP. El tribunal también ve suficientes
indicios de delito contra Gamón en la causa. "Los indicios
existentes contra Sergio vienen de las propias declaraciones de los
asesores que reciben de él las instrucciones, así como de su
dependencia orgánica del mismo, son sus subordinados directos".
Los cinco
imputados
La Audiencia Provincial
entiende que "las cinco personas imputadas tienen carácter de
funcionarios", algunos como asesores del consejero de Interior y
otros como empleados en ese departamento. "Y en virtud de esa
condición tenían la disponibilidad sobre sus teléfonos móviles,
vehículos, combustible y demás efectos necesarios para su labor como
funcionarios. (...) Así pues, los indicios existen y son suficientes
para la continuación de las diligencia".
La defensa de los
imputados, que ejerce el letrado Enrique Molina, reclamó durante el
procedimiento que el periodista de este diario que destapó los
seguimientos debería revelar sus fuentes en el sumario para probar
su veracidad. El tribunal considera que el trabajo periodístico está
harto probado y no debe revelar fuente alguna. "Su testimonio ha
servido como nottia criminis, que se ha visto refrendado por
la profusión de diligencias que han ido confirmando la credibilidad
de su testimonio. El derecho al secreto de sus fuentes es un derecho
constitucional necesario al derecho de información y al derecho de
la opinión pública a tener una información veraz, artículo 20 de la
Constitución, es una garantía de la democracia". Y, por añadidura,
"no es es el único indicio, no estamos en fase de juicio, ni de
dictar una sentencia con ese único testimonio, ni es ilegítima la no
revelación de la fuente por el periodista".
La Audiencia Provincial
pide a la juez que recabe datos sobre los gastos de los supuestos
espías para poder cuantificar la malversación de caudales públicos
antes de abrir el juicio contra los mismos.
www.elpais.es 30.03.11
7) EL GOBIERNO DE MADRID CUESTIONA "LA RAPIDEZ" CON LA QUE SE HA
REABIERTO EL CASO DEL ESPIONAJE
Gallardón: "Son los tribunales los que deben pronunciarse sobre el
espionaje".- El TSJM aclara que el Poder Judicial acordó la prórroga
de Luz Almeida como juez para todo este año judicial
El vicepresidente y
portavoz del Gobierno de Madrid, Ignacio González, ha continuado
esta mañana la línea de defensa emprendida ayer por
segundas y terceras espaldas del PP
tras la
reapertura del caso del espionaje
a Manuel Cobo y Alfredo Prada en la Audiencia Provincial de Madrid.
Esta línea no es otra que cargar contra María Luz Almeida Castro,
que dictó el auto junto a otros dos jueces. González ha tildado de
"bastante sorprendente" la "rapidez" con la que la juez ha reabierto
el caso, al tiempo que ha insistido en añadir a la juez el
calificativo de "abogada socialista" -es hermana de Cristina
Almeida, que fue portavoz del grupo socialista en la Asamblea-.
González ha cuestionado
que después de año y medio de instrucción y de que se archivara dos
veces al no existir indicio de delito ahora, "en solo 14 días", se
nombra a una ponente -Almeida- y se abre de nuevo la causa. A juicio
del Gobierno regional, "debe tratarse de uno de los récords mayores
de la actuación de la Justicia en un caso de esta naturaleza". Según
González, no es habitual que a un caso como este se le de "un
tratamiento tan rápido" y que se haga "curiosamente, basándose en un
único recurso", el que ha presentado el PSOE de Madrid.
Según González, el
Gobierno de Madrid "respeta la resolución judicial" pero confía en
que la justicia archive por tercera vez la causa "como lo ha hecho
las dos ocasiones anteriores". También ha cargado contra al
secretario general del PSM, Tomás Gómez, al que ha pedido que dé
explicaciones sobre el caso Patrimonio Siglo XXI, por el que
la ex alcaldesa de Torrejón y número dos del PSM
fue condenada a ocho años de
inhabilitación, y deje de "pontificar" en relación al del
espionaje. Los socialistas, junto con IU,
celebraron la decisión y
reclamaron la renuncia de la presidenta madrileña, Esperanza
Aguirre, y la de su consejero de Interior, Francisco Granados,
porque los presuntos espías trabajaban a sueldo del Ejecutivo
regional.
Granados no
va a dimitir
En el mismo sentido que
González hablaron ayer el portavoz y el portavoz adjunto del PP en
la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, y David Pérez, así como el abogado
del PP nacional, José Manuel Montero que, para tratar de
desacreditar la decisión judicial, la atribuyeron a una "influencia
política". Abrines afirmó que "además de no ser titular de carrera
por oposiciones es hermana de Cristina Almeida, que fue portavoz del
grupo socialista en la Asamblea". Cristina Almeida defendió ayer que
ni ella tiene nada que ver ya con el PSOE, ni su hermana, que
ingresó en la sección XVI de la Audiencia Provincial hace un año
para cubrir una vacante, tiene vínculos políticos.
Al respecto, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido hoy una nota en la
que aclara que en un acuerdo de 27 de julio de 2010, la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial "acordó prorrogar
para el año judicial 2010-11 el nombramiento de magistrados
suplentes y jueces sustitutos designados para el anterior año
judicial", en los términos de la propuesta formulada por la Sala de
Gobierno del TSJM, "propuesta que incluía, entre otros, a María Luz
Almeida Castro". El auto también lo firman los jueces Manuel Hidalgo
Abia, presidente de la sección XVI desde 1989, y Rosa Esperanza
Rebollo Hidalgo, titular de la misma sección. El primero es de
tendencia conservadora y fue el ponente de la sentencia del caso
Bono, en 2006, La juez Rebollo, que lleva siete años en la
Audiencia Provincial, también formó parte del tribunal que juzgó y
sentenció el caso Bono. Hasta cuatro veces se ha preguntado a
González en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno por estos
dos jueces conservadores sin éxito.
Sin embargo, el alcalde
del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha apartado
del argumentario de su partido, aunque ha sido para no pronunciarse.
"Son los tribunales y no los políticos los que deben pronunciarse",
ha declarado el alcalde en una entrevista
en la cadena Cope. Gallardón
se ha desvinculado así de la línea defendida por su partido hasta
ahora. El alcalde de Madrid ha alegado que la respuesta corresponde
a los tribunales a pesar de que su vicealcalde y mano derecha fue
uno de los presuntos espiados. "Cuando se publicó la resolución de
la juez archivando el caso tanto Manuel Cobo como yo dijimos que
acatábamos la decisión de la justicia. Ahora hay un auto de la
Audiencia de Madrid en sentido contrario y doy la misma respuesta:
por respeto, por formación jurídica y porque también soy
funcionarios, cuando un asunto está en manos de los tribunales, son
los tribunales los que deben pronunciarse y no los políticos", ha
concluido Gallardón.
Los principales espiados
mantuvieron ayer silencio. Cobo declinó hacer comentarios y el
exvicepresidente regional Alfredo Prada, anterior titular de
Justicia e Interior, mantuvo su teléfono desconectado. Una portavoz
de la Consejería de Presidencia aseguró ayer que Granados no va a
dimitir por este asunto -los presuntos seguimientos partieron de su
departamento-.
www.elpais.es 31.03.11
8) EL TRIBUNAL SUPERIOR TUMBA LAS OBRAS DE LA M-30 POR CARECER DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL
La decisión de los jueces carece de aplicación práctica y no afecta
a la carretera
Varapalo por partida
doble al Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) anuló ayer las obras del soterramiento de la M-30 y
dio la razón en dos sentencias al PSOE y a Ecologistas en Acción,
que habían recurrido el proyecto faraónico de Alberto Ruiz-Gallardón.
¿La consecuencia práctica de la decisión de los jueces? Ninguna. Ni
la M-30 se va a demoler ni va a sufrir ningún cambio. Como mucho,
los socialistas y los ecologistas pueden hablar de una victoria
moral.
Sentencia del
TSJM sobre la M-30
DOCUMENTO (PDF - 1,79Mb) - 16-03-2011
"La
resolución no tiene efecto alguno", dicen desde el Consistorio
Además, en un mal día
para los intereses del Ayuntamiento, el TSJM anuló 57 artículos de
la ordenanza municipal de licencias (que delegó el proceso de
concesión a empresas privadas) al aceptar sendos recursos de la
Comunidad de Madrid y de una asociación de empresarios del ocio.
El origen del conflicto
de las obras de la M-30 está en la decisión del Ayuntamiento de
trocear el proyecto (que se desarrolló durante 30 meses, terminó
pocos días antes de las elecciones municipales de 2007 y costó más
de 3.500 millones) de forma que no fuera necesario realizar un
informe de impacto ambiental. El Consistorio dividió las obras de
manera que ninguno de los tramos superara los cinco kilómetros (con
lo que se ahorraba la declaración de impacto ambiental que exige la
normativa autonómica) o los 10 kilómetros (con lo que hacía lo
propio eludiendo la legislación estatal y europea).En 2005
Ecologistas en Acción recurrió el proyecto. Tras un largo proceso,
el Juzgado número 22 de lo Contencioso-administrativo hizo una
consulta en 2008 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que
estableció que la M-30 debería haberse sometido a una declaración de
impacto ambiental previa al inicio de los trabajos. Tras esto, el
juzgado español declaró nulas las obras en varios tramos de la
carretera (que, a pesar de que la lógica dice que es una autovía, el
Ayuntamiento considera como calle). El Consistorio recurrió entonces
y una de las sentencias conocidas ayer desestima ese recurso.
Por otro lado, el grupo
socialista también recurrió las obras de la M-30 cuando las aprobó
el Gobierno de Gallardón, aunque al principio no se le dio la razón.
El PSOE apeló al TSJM y este ha fallado en la otra sentencia hecha
pública, y tomando parte de los argumentos de la sentencia de 2008,
que los socialistas tenían razón en sus argumentos y en consecuencia
anula nueve de los 12 tramos del proyecto de la M-30.
El galimatías jurídico
se resume en una frase del TSJM: "A estas alturas ya no se cuestiona
la necesidad de haber sometido los proyectos a procedimiento de
evaluación de impacto ambiental", dicen los jueces, que prosiguen:
"Estimamos que era incorrecto eximirlo por la sola circunstancia de
que discurriese por zonas urbanas". Una conclusión "que viene a
coincidir con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Y
continúan: "La necesidad de someter los proyectos a los
procedimientos de evaluación ambiental había sido admitida por el
propio Ayuntamiento al aceptar las condiciones impuestas por la
Comisión Europea". Estas condiciones eran: se permite al Consistorio
acabar las obras siempre que se realice la evaluación de impacto
ambiental una vez que se hayan terminado.
Es decir: la justicia ha
anulado las obras de la M-30 por partida doble, una en el año 2008 y
otra ahora. Y contra la decisión de los jueces no cabe ya recurso
alguno. Pero, echando mano del refrán, la postura del Ayuntamiento
es: ahí me las den todas. Porque es obvio que el soterramiento de la
M-30 no tiene vuelta atrás. Y así lo afirma un portavoz del
Consistorio: "La sentencia no tiene efecto alguno".
Distinta es la opinión
de los demandantes. Para Ecologistas en Acción, la obra es ilegal y
el Ayuntamiento la hizo sabiendo que lo era. "Además, ha arruinado a
la ciudad durante 35 años por la deuda que conlleva y no ha
solucionado ni los problemas de tráfico, ya que se siguen
produciendo atascos, ni los de contaminación, porque todos los años
se superan los niveles de algunos contaminantes", asegura Paco
Segura, uno de los portavoces de la organización. Y se pregunta:
"¿Va Gallardón a dar ahora explicaciones? En cualquier país
civilizado ya habría dimitido".
Por su parte, el
candidato de los socialistas a la alcaldía de Madrid, Jaime
Lissavetzky, declaró ayer que Alberto Ruiz-Gallardón "ha hecho
trampas" y afirmó que los criterios de gestión del actual regidor
son "las prisas, el electoralismo, la ilegalidad, la picaresca y la
insensatez", y todo ello con un fin, "burlar la ley, con absoluto
descaro y doble moral".
Ángel Pérez, candidato
de IU a la alcaldía, declaró a Europa Press que "la razón ha sido
pisoteada una vez más". Además, según Pérez, este fallo "sirve para
decir lo que está mal hecho, que es la M-30, pero no para evitarlo.
La justicia sigue siendo un instrumento bastante ineficaz".
www.elpais.es 17.03.11
9) DOS SENTENCIAS DESAUTORIZAN EL SISTEMA DE LICENCIAS PRIVATIZADO
DE GALLARDÓN
La ordenanza que regula
la gestión y el control de las licencias urbanísticas del
Ayuntamiento de Madrid excede las competencias del Consistorio y
además vulnera varios artículos de la Constitución. A esa conclusión
llegan dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), que anulan la mayor parte de los artículos de la ordenanza y
dan así la razón a la Comunidad de Madrid y a la Asociación de
empresarios de espectáculos, salas de fiesta, discotecas y ocio que
la recurrieron en cuanto la aprobó el pleno el 29 de junio de 2009.
"La autonomía local es
de naturaleza administrativa y no política a diferencia del Estado y
las comunidades autónomas, lo que implica que sus competencias no
son de legislación, potestad de la cual carecen, sino de mero
gestor", asegura el fallo que da la razón a la asociación de
empresarios de ocio, basándose en una sentencia del Supremo de 1982.
El TSJM considera que el Consistorio no debió facultar a las
empresas privadas -actualmente hay 27 acreditadas-, llamadas
entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas
(ECLU), para gestionar las licencias. Su creación, dice uno de los
fallos, "no es competencia del Ayuntamiento y no tiene cobertura
legal suficiente".
Estas entidades se
crearon a raíz del mayor escándalo de corrupción del Ayuntamiento de
Madrid, el caso Guateque, justo dos años después de que se
destapara la trama de corrupción en torno a las licencias. Se
trataba de delegar el proceso de gestión de los permisos, hasta
entonces únicamente en manos municipales, a entidades privadas con
el objetivo de agilizar el proceso. El nuevo sistema concitó
críticas de la oposición y el Colegio de Arquitectos, entre otros.
El Ayuntamiento anunció
ayer que recurrirá las sentencias. "Son muy flojas jurídicamente
hablando", aseguró el concejal de Hacienda, Juan Bravo, que está
convencido de que la ordenanza tiene suficiente cobertura legal. El
sistema está funcionando bien, añadió, ya que ahora se dan las
licencias en menos de un mes, cuando antes se tardaba hasta un año.
Con el recurso, la aplicación del fallo queda suspendida: las ECLU
seguirán trabajando como hasta ahora.
www.elpais.es 17.03.11
10) UN JUEZ CONDENA A TELEMADRID A EMITIR UNA RÉPLICA DEL COMITÉ
A TERTSCH
Las palabras del
periodista "suponían imputación de un hecho delictivo", a criterio
de los demandantes
El juzgado de primera instancia e Instrucción número dos de
Pozuelo de Alarcón ha condenado a Radio Televisión Madrid (RTVM) a
publicar la rectificación solicitada por el Comité de Empresa del
ente público contra unas manifestaciones de Hermann Tertsch en la
sección de opinión del "Diario de la Noche".
En la sentencia, la magistrada-juez María Elena Garde García
estima en su integridad la demanda interpuesta por las presidentas
de los Comités de Empresa de Televisión Autonomía Madrid, S.A, el
ente público RTVM y Radio Autonomía Madrid y condena a los
demandados a la "difusión y publicación de la rectificación
solicitada" y al pago de costas del procedimiento.
La demanda contra el ente público RTVM y sociedades dependientes,
La Otra y la página web de la cadena, fue presentada el 14 de mayo
del 2010, tras las manifestaciones de Tertsch del día 30 de abril
que, a criterio de los demandantes, "suponían imputación de un hecho
delictivo que perjudica y daña gravemente la reputación de la
plantilla de RTVM".
En sus manifestaciones, referidas al presunto sabotaje de la
emisión del partido entre el FC Barcelona y el Inter de Milán para
impedir la retransmisión del partido para los madrileños, Tertsch
decía: "quizás a algunos os consuele que el sabotaje no haya venido
desde dentro como tan frecuentemente suele pasar".
Pese a que estas manifestaciones se producían en una sección de
opinión, la jueza considera que son "claramente afirmaciones de
hechos y no meras opiniones", por lo que "debe darse a los
demandantes, como representantes de los trabajadores, a quienes
afecta directamente y perjudica la información dada, la posibilidad
de exponer su verdad sobre tales hechos".
La sentencia, sobre la que cabe recurso en el plazo de cinco días
desde su notificación el pasado día 21, da a los demandados tres
días de plazo para la publicación de la rectificación "con
relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la
información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas".
Fuentes de RTVM consultadas hoy por Efe no han hecho
manifestacones, hasta el momento, respecto a este fallo judicial.
www.publico.es 25.03.11
11) AGUIRRE
INAUGURA UN ALA DEL CLÍNICO CON CUATRO PLANTAS AÚN EN OBRAS
La
presidenta y su comitiva hacen un recorrido por zonas terminadas del
hospital pero eluden cerca de la mitad del sector que sigue
inacabado
Esperanza Aguirre es de
esas jefas que todo lo supervisan, lo preguntan y, si es menester,
lo critican. Es legendaria su propensión a pedir cambios y mejoras
en el último momento, cuando toca presentar las estaciones, los
trenes o los hospitales en cuestión. Cuando inauguró el metro ligero
dijo que le parecían "molestísimas" las "campanitas" que se oían al
acercarse a las paradas y que había que quitarlas. "Hay que echarle
tres en uno", añadió sobre el traqueteo de los vagones. En una
visita al puerto de Navacerrada, cambió el discurso oficial porque
no le gustaba el plan diseñado por su propio Gobierno. Ayer, durante
la "inauguración de la nueva ala norte" del hospital Clínico, hizo
la auditoría de rigor. Inspeccionó pasillos, mostradores,
salas de espera, habitaciones y hasta los lavabos. "¿Por qué has
hecho tan grande el baño?", le soltó al arquitecto.
La reforma
obligó a dispersar a 650 trabajadores entre siete hospitales
El centro
sustituye habitaciones de cuatro camas por otras de una o dos
Pero su visita no fue
todo lo concienzuda que cabía esperar. Los numerosos asesores le
diseñaron un recorrido perfectamente calculado: entró por el moderno
hall principal, montó en un ascensor y salió directamente a la
planta octava, ya remodelada, rematada y que lucía incluso carritos
bien surtidos de medicamentos, cuando aún no hay pacientes ni se los
espera hasta, mínimo, el 15 de abril. De allí volvió al ascensor y
bajó a la sexta planta, donde también pudo comprobar que las nuevas
habitaciones (160 dobles y 131 individuales) son amplias,
confortables y tienen, es cierto, unos baños muy grandes. Nada que
ver con lo que había sido este hospital, que hasta hace apenas año y
medio aún conservaba en el ala norte, la más antigua, estancias para
cuatro y seis pacientes con baños compartidos en los pasillos.
Aguirre dio su discurso,
la condujeron de nuevo al ascensor y, de allí, a la planta baja y a
la calle y al coche oficial. Solo habría tenido que bajarse en las
plantas cuarta, tercera, segunda o primera para comprobar que las
obras de la zona de hospitalización del ala norte no están, ni mucho
menos, terminadas. El hospital se cuidó mucho de que las puertas
metálicas de acceso al ala norte desde la sur estuvieran ayer
cerradas con llave y de que los ascensores no permitieran acceder a
las plantas aún en obras. Lo que se veía en esos pasillos
difícilmente hubiera conseguido la aprobación de la presidenta:
paredes sin rematar, cables colgando del techo, carretillas de obra,
generadores y sacos por los pasillos, habitaciones convertidas en
almacenes improvisados...
Lo que Aguirre inauguró
ayer fue, si acaso, la mitad de la nueva ala norte. La empresa
encargada de la reforma solo ha entregado cuatro plantas, de la
quinta a la octava. El resto, excepto la primera y la planta baja,
que aún tardarán más -hasta pasadas las elecciones, según fuentes
del hospital-, podrían ir rematándose a partir de mediados de abril.
Es decir, demasiado tarde para que la presidenta pudiera pasear por
sus relucientes pasillos sin incumplir la recientemente reformada
ley electoral. Era ahora (antes del martes 29) o nunca.
No es, ni mucho menos,
la primera vez que Aguirre se hace la foto en un hospital inacabado.
En la campaña de 2007, sin embargo, solucionaba la papeleta llamando
al evento "visita a las obras culminadas", entre otros
circunloquios. Ayer ni se molestó. Empezó su intervención asegurando
que estaba allí para "inaugurar la nueva ala norte" del hospital
Clínico. Las obras, recordó, empezaron en octubre de 2009. Hubo que
cerrar 380 camas y trasladar a 650 trabajadores, que quedaron
dispersados entre siete hospitales: Gregorio Marañón, Carlos III, La
Paz, Santa Cristina, Niño Jesús, Rodríguez Lafora (psiquiátrico) y
Cruz Roja. Ellos, y los pacientes, que han tenido que ir a uno u
otro hospital según de qué especialidad necesitasen consulta.
Con la reforma del ala
norte de hospitalización, señaló ayer Aguirre, concluye la segunda
fase de modernización del hospital Clínico, que incluyó la
ampliación de las urgencias y sigue con la construcción de un
Instituto de Salud Mental. En realidad, el centro acumula dos
décadas de obras casi ininterrumpidas. Se ha ido reformando poco a
poco y sin detener la actividad. La presidenta aprovechó para dar
las gracias a los trabajadores y los usuarios por su paciencia. Y
tuvo su momento emotivo: "Para mí es una satisfacción enorme y me
produce una gran emoción volver al hospital Clínico San Carlos, que
yo elegí, con un gran acierto por mi parte, para tratarme de la
dolencia que tenía y para ser operada aquí", aseguró, sobre su
intervención de un cáncer de mama el pasado 22 de febrero.
Aguirre no pudo irse del
hospital por donde había entrado. "Hay que buscar otra salida",
comentaban los escoltas de la presidenta mientras ella firmaba en el
libro de visitas y se despedía. Trataban así de evitar que volviera
a encontrarse con la treintena de trabajadores -muchos
pertenecientes al sindicato MATS- que la habían recibido con
pancartas, pitidos y gritos de "Sanidad pública" y "Menos
inauguraciones y más contrataciones" en la puerta principal. Se
hicieron notar pese a que varios guardias de seguridad los
arrinconaron en una esquina. Aguirre pasó -con cierta dificultad
porque se formó una aglomeración en el camino al ascensor- sin
inmutarse.
www.elpais.es 24.03.11
