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ÍNDICE

1. CORREA FACTURÓ ACTOS PARA AGUIRRE TRAS RETIRAR UNA DENUNCIA

2. VERDADES Y MENTIRAS DEL ENTRAMADO

3. AGUIRRE SUELTA LASTRE CON DOS ALCALDES

4. …Y CONSULTABAN A AGUIRRE DATOS COMO EL COLOR DE LOS ESCENARIOS, PARA QUE FUERA VESTIDA EN CONSONANCIA

5. EL EX ALCALDE DE POZUELO DICE AHORA QUE PAGÓ EL JAGUAR CON UN BMW USADO

6. UN TODOTERRENO, UNA 'TELE' DE PLASMA Y SOBORNOS POR 422.000 EUROS

7. GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ EX ALCALDE. EL JEFE DE UNA GENERACIÓN CON MUCHAS AMBICIONES

8. UNO DE LOS IMPUTADOS FUE ASESOR DE MICHAVILA

9. "EL PP ES UN PARTIDO HONRADO"

10. PRIMERO SE ADJUDICA, LUEGO SE COBRA

11. ARGANDA DEL REY. EL GAFITAS DEJA PASO A EL MORDAZAS

12. BOADILLA CEDE SUELO A UNA FIRMA QUE OFRECIÓ 13 MILLONES MENOS QUE OTRA

13. EL ALCALDE DE BOADILLA ANUNCIA EL CESE DE DOS IMPLICADOS POR GARZÓN

14. LOS AGENTES ESPIARON LA CITA DE PRADA CON UN EX PRESIDENTE DE TELEMADRID

15. EL PP OCULTA DOCUMENTACIÓN CLAVE PARA SABER QUIÉN ESPIÓ

16. AGUIRRE CIERRA LA COMISIÓN SIN ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS

17. AGUIRRE PRESENTA UNA DEMANDA CONTRA EL PAÍS

18. PRADA SE LLEVÓ DOS ORDENADORES DE LA COMUNIDAD QUE AÚN NO HA PAGADO

19. GRANADOS NIEGA EL ESPIONAJE Y ACUSA A DOS POPULARES DE MENTIR

20. LOS ESPIADOS SE REVUELVEN CONTRA AGUIRRE

21. REPORTAJE: EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID LAS MENTIRAS DEL CONSEJERO Y SU CLAC DEL PP

22. AGUIRRE PRESIONA A RAJOY PARA QUE NO REABRA LA INVESTIGACIÓN

23. GALLARDÓN LLEVA A LOS TRIBUNALES EL INTENTO DE AGUIRRE DE HACERSE CON CAJA MADRID

24. VECINOS DE VALLECAS ACUSAN A BOTELLA DE LIMPIAR SUS CALLES SÓLO CUANDO VA DE VISITA

25. UNA EDIL DEL PP DE GETAFE CARGA 32.000 EUROS EN UNA TARJETA DEL AYUNTAMIENTO


1. CORREA FACTURÓ ACTOS PARA AGUIRRE TRAS RETIRAR UNA DENUNCIA

La red corrupta que dirigía Francisco Correa mantuvo estrechas relaciones con el Gobierno de Esperanza Aguirre con posterioridad a 2004, cuando supuestamente fue vetada por la presidenta regional por órdenes del PP nacional. Pablo Crespo, uno de los jefes de la red, exigió en 2006 a un alto cargo del Gobierno madrileño el pago de deudas electorales del PP de Madrid. Incluso presentó una denuncia por impago contra Francisco Granados, secretario general del PP en la región, y que acabó retirando por temor a perder contratos de la Comunidad de Madrid.

Aguirre nunca explicó públicamente el cese de su consejero de Deportes, Alberto López Viejo -acusado después por Garzón de cobro de sobornos-, pero filtró que había seguido contratando a la trama a sus espaldas desde 2004, cuando se destaparon irregularidades sobre Correa. A juzgar por los datos aportados a Garzón, López Viejo le ocultó que facturó al grupo del empresario investigado por el juez 3,2 millones de euros, más cinco millones de contrataciones irregulares que dejó pendientes de pago, y que en parte recaerían en empresas tapadera de la red.

Pero hay varios hechos que impiden creer que Aguirre ignoraba que su Gobierno seguía contratando con la trama de Correa con posterioridad a 2004. Cargos de su gabinete y de su protocolo siguieron llamando con posterioridad a 2004 a Easy Concept con ocasión de cada acto institucional que les contrató López Viejo, fuera cual fuera la empresa escogida para facturarlo, según confirman testigos de dichas gestiones. Tales llamadas de miembros del equipo de Aguirre tenían un sencillo fin: la presidenta quería saber de primera mano el color escogido para el fondo del escenario del acto institucional para adecuar su vestimenta con un tono que combinara bien. Las llamadas se sucedieron de 2004 a 2007.

Además, la presidenta madrileña tenía más vías para saber que su Gobierno seguía contratando a Correa tras su supuesto veto. Por ejemplo, antes de cerrar cada acto institucional que organizaba la trama, el jefe de gabinete de la consejería responsable del evento contactaba con la empresa de Correa concernida, según testigos. Debatían lemas, logos y otros detalles del acto. Y, además, Pedro Rodríguez Pendas, adscrito a Presidencia, coordinaba todo lo relativo al acto con la consejería pertinente, la empresa de Correa y, de haberlo, con el patrocinador. Por tanto, existían múltiples vías para que Aguirre supiera la reiterada contratación de las mismas empresas que forman parte de la red corrupta, la repetición de las mismas directivas de Correa para negociar los actos y la coincidencia de direcciones y teléfonos para ultimar detalles.

Hay otro elemento que prueba que Aguirre distaba de haber cortado sus relaciones con la trama después de 2004. Según una grabación que obra en poder de este diario, en mayo de 2006, Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego e imputado como uno de los jefes de la trama, relata en una reunión celebrada en su oficina de la madrileña calle de Serrano que tiene dos frentes abiertos para cobrar una deuda que rondaba los 48.000 euros por actos electorales realizados para el PP de Madrid. Por un lado, había presentado una denuncia contra Francisco Granados, secretario general del partido en Madrid, por dicho presunto impago. Y, por otro, informaba a sus empleados de que "el otro día" llamó a Salvador Victoria, secretario del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Explicó que le detalló que le habían pagado ya parte de la deuda, unos 20.000 euros, pero que aún quedaba pendiente una suma similar. Días más tarde, Crespo llamó a sus subordinados de la trama y les informó de que el resto del dinero se había pagado ya.

El juicio contra el PP por la deuda electoral con Correa nunca se celebró. Y la trama, aparentemente, cobró. Hubo personas dentro de la red que criticaron la demanda judicial por entender que perjudicaría futuras adjudicaciones del Gobierno de Aguirre. "Nos va a traer problemas. Hay que retirar la demanda. Hay que ceder para poder seguir", proclaman en las reuniones grabadas varios miembros de la red encargados de captar contratos del Gobierno madrileño.

Del reparto de pagos para actos institucionales en favor de la trama no se libró ni siquiera la Consejería de Presidencia. Sólo entre 2004 y 2007, dicho departamento facturó a la trama casi 220.000 euros, según documentación en poder de este diario. El informe elevado a Garzón supera tal cifra. Entre los múltiples actos abonados por dicha consejería figura uno de 2004 de homenaje a las víctimas del 11-M, adjudicado a Easy Concept.

Fue troceado en nueve contratos en favor de la misma empresa y por un mismo acto para burlar la ley de contratos de administraciones públicas. Ninguno de los nueve contratos alcanzaba los 12.000 euros, lo que habría exigido su adjudicación por concurso. Los contratos alcanzaban montos de hasta 11.999 euros. Por un euro no era ilegal su adjudicación a dedo.

Pero cuando se ve al completo el trabajo facturado y difuminado, se hace evidente el truco: por un lado, se abonan los elementos del sonido; por otro, la iluminación de la tarima y la toma de vídeo; en tercer lugar, las escaleras del escenario; luego, el escenario del coro; una factura más para la lona con el rótulo "gracias a todos" y así sucesivamente se emiten facturas distintas por el nombre de los afectados, el vídeo conmemorativo, las flores y la moqueta y, por último, las sillas. Un solo acto, una misma empresa, nueve contratos. El coste total superó los 95.000 euros.

(www.elperiodico.com, 10/032/09)

2. VERDADES Y MENTIRAS DEL ENTRAMADO

Los autos del juez Garzón han destapado la relación de destacados miembros del PP con la trama de corrupción vinculada al partido. Los documentos han desmentido rotundas afirmaciones de dirigentes y varios imputados.

ESPERANZA AGUIRRE "Sin relación con la actividad de la Comunidad"

"Los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no pueden relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". (...) "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular".

Estas declaraciones de la presidenta Esperanza Aguirre son desmentidas en varios pasajes del auto, que incluso detalla entregas de dinero con el entrecomillado: "Pago Comunidad de Madrid". El juez señala: "El Sr. López Viejo [diputado autonómico, ex consejero de Deportes y ex viceconsejero de Presidencia] estaría vinculado con la organización investigada a la que habría beneficiado desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid".

Servimadrid Integral, una de las compañías de Correa "trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia, y otras con las que hacían eventos sueltos", explica el auto.

ALBERTO LÓPEZ VIEJO "Rotundamente falso que haya recibido dinero"

"Es rotundamente falso que haya recibido dinero alguno de los investigados", declaró el ex consejero Alberto López Viejo. El juez considera que tres de los aforados implicados en la trama -el propio López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, falsedad y asociación ilícita, al haber cobrado presuntamente 1,2 millones en sobornos. Según la resolución judicial, "en la contabilidad B que se llevaba por el Sr. [José Luis] Izquierdo, siguiendo las instrucciones de Correa y Pablo Crespo [uno de los cabecillas de la trama], aparecen anotaciones que explican movimientos concretados en entregas de dinero como incentivo y pagos en favor de ALV (Alberto López Viejo) y a [Alberto] Bosch". El escrito del juez añade que "Pablo Crespo se habría reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle sobres con dinero".

BENJAMÍN MARTÍN VASCO "Ninguna actuación irregular"

"No he tenido conocimiento de ninguna actuación irregular en Arganda. He decidido iniciar acciones judiciales contra Isabel Jordán, persona que, según informaciones periodísticas, me ha acusado de acordar un pacto de silencio ante actividades irregulares", explicó el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco.

El parlamentario cobró presuntamente 437.000 euros por favorecer los intereses de Correa. El auto explica que mientras Martín Vasco estuvo al frente de la empresa pública Fomento y Desarrollo de Arganda "se produjo la entrada de las empresas de Correa mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept". En la cuenta B de la trama figuran, entre otras, anotaciones "por billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches, organización de la boda, viaje de novios, compras en joyería Suárez y tres entregas en efectivo de 30.000, 50.000 y 150.000 euros (230.000 euros), ascendiendo el montante total a 345.166" euros.

MARIANO RAJOY "Indefensión"

"El juez quiere convertir el sumario en una causa general contra un partido, se filtran un sinfín de informaciones sobre personas a las que se les deja en la indefensión". El PP anunció que suspende de militancia a todos los implicados, salvo a Camps, Costa y los tres diputados madrileños.

(www.elpais.com, 07/03/09)

3. AGUIRRE SUELTA LASTRE CON DOS ALCALDES

Uno de ellos, Ginés López, cesó como alcalde de Arganda del Rey a las 11 de la mañana de . Y también como concejal, militante del PP y, por tanto, como presidente del partido en el municipio del sureste. El otro, Jesús Sepúlveda, escenificó dos horas más tarde su renuncia como regidor de Pozuelo de Alarcón, además del de militante y cabeza del partido. Pero no entregó su acta de concejal.

El lapso horario pudo tener que ver con las conversaciones de la presidenta Esperanza Aguirre con ambos. Según fuentes del PP regional, había telefoneado antes a López (el jueves por la noche, cuando el juez Baltasar Garzón había imputado a cinco nuevos altos cargos de Madrid en el caso Gürtel) que a Sepúlveda ( por la mañana). Los dos aseguraron que no tenían nada que ver en la trama. Pero el resultado, de gran "contundencia y rapidez en la toma de decisiones", según las mismas fuentes, fue casi el mismo.

El caso de Sepúlveda fue más alambicado. Durante toda la mañana estuvo reunido con sus concejales. Según su servicio de prensa, no estaba en el Ayuntamiento. Era mentira. Estaba encerrado en su despacho. "Ha costado más que dimitiera", explicaron fuentes del partido. "Ha dicho que primero quería hablar con su equipo. Pero es que no podía ser que Ginés hubiera dimitido y él no", añadieron. Algunos empezaron a temer un caso parecido al del alcalde de Boadilla, Arturo López Panero, que se negó a cesar tras haber sido imputado por el mismo asunto y haberlo anunciado Aguirre.

Pasada la una, sin dar la cara y mediante comunicado, Sepúlveda anunció su dimisión. Lo hizo exculpándose de los cargos que le imputa el juez (presuntamente recibió sobornos por valor de 422.000 euros, un coche y una televisión de plasma) y arremetiendo contra Garzón.

Pasada una hora, el alcalde se escabulló por el parking en el vehículo de un compañero. Y pese a "la contundencia y la rapidez", él sigue siendo el que manda en Pozuelo. Porque no ha entregado el acta de concejal y porque hasta que la semana que viene no se celebre el próximo pleno, no se formalizará la renuncia.

(www.elpais.com, 07/03/09)

4. …Y CONSULTABAN A AGUIRRE DATOS COMO EL COLOR DE LOS ESCENARIOS, PARA QUE FUERA VESTIDA EN CONSONANCIA

Aunque en 2004 la dirección nacional del PP dio orden de no continuar firmando contratos con la red de empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la Operación Gürtel, la Comunidad de Madrid continuó haciendo adjudicaciones al empresario, que incluso llegó a poner una denuncia para que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre pagase sus deudas con las sociedades. Aunque Aguirre destituyó a su ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y aseguró desconocer que la Comunidad había seguido contratando con Correa, diversos datos hacen difícil creer que la lideresa ignorase estos contratos. Su propio gabinete, por ejemplo, se ponía en contacto directo con las empresas adjudicatarias para informar a la presidenta regional de detalles concretos, como el colorido de los escenarios.

En 2006, Pablo Crespo, uno de los principales imputados en la Operación Gürtel y ex secretario general del PP gallego, exigió a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre el pago de deudas por actos electorales encargados a las empresas vinculadas a la trama de Francisco Correa, según informa hoy el diario El País. Estos contratos se habrían seguido firmando pese a que en 2004 supuestamente la dirección nacional del PP había ordenado no seguir haciendo contrataciones con las empresas de Correa.

Sin embargo, los contratos habrían seguido, hasta tal punto que Crespo llegó a interponer una demanda contra el secretario general del partido en Madrid y consejero de Presidencia e Interior Francisco Granados para reclamar el cobro de las facturas, aunque, según el diario de Prisa, acabó retirándola por miedo a perder futuros contratos con la Comunidad. Por este tipo de contratos destituyó Aguirre al que fuera consejero de Deportes de la región, Alberto López Viejo, que habría seguido contratando con Correa después de 2004 supuestamente a espaldas de la presidenta regional, dejando deudas millonarias.

Sin embargo, numerosos datos hacen difícil de concebir que Aguirre desconociese estos contratos, ya que cargos de su propio gabinete y de su protocolo llamaron después de 2004 a Easy Concept y el resto de las empresas implicadas con ocasión de cada acto institucional que contrataba López Viejo. Normalmente, el motivo de la llamada era bien simple: Aguirre quería conocer de primera mano los colores elegidos para los escenarios de cada acto para poder adecuar a ellos el traje que luciría ese día.

Además, antes de cerrar cada contrato, el jefe de gabinete de la consejería correspondiente contactaba con la empresa de Correa contratada para debatir sobre los logotipos y los lemas. Entre tanto, Pedro Rodríguez Pendás, adscrito a Presidencia, coordinaba los actos entre las consejerías pertinentes, las empresas implicadas y, en su caso, los patrocinadores.

En numerosas ocasiones, los actos adjudicados a Correa superaban con creces los 12.000 euros, coste que la ley fija para obligar a sacar dicha adjudicación a concurso público. En esos casos, la Comunidad troceaba los contratos para no superar ese límite y poder adjudicar a dedo la organización de los actos. Así, por ejemplo, cuando en 2004 se celebraron los actos de homenaje por los atentados del 11-M, Easy Concept facturó un total de 95.656 euros por sus trabajos, pero la cantidad se dividió en nueve contratos, todos por valor inferior a 12.000 euros. La empresa de Correa cobró por un lado los elementos de sonido, por otro la iluminación, e incluso dividió los contratos de los diferentes escenarios y escaleras, así como la colocación de lonas, la decoración floral o el alquiler de las sillas.

(www.elplural.com, 10/032/09)

5. EL EX ALCALDE DE POZUELO DICE AHORA QUE PAGÓ EL JAGUAR CON UN BMW USADO

Tardó 22 horas pero, finalmente, Jesús Sepúlveda recuperó la memoria y recordó cómo había adquirido su coche, un Jaguar. El ex alcalde de Pozuelo y ex secretario nacional del Area Electoral del Partido Popular fue requerido el miércoles por este periódico para que explicara si era cierto que Francisco Correa le había regalado el vehículo y se limitó a pedir tiempo para aclararlo., hizo pública una nota en la que niega la mayor. En sus explicaciones, el ex marido de Ana Mato ofrece una versión algo sorprendente: Correa se empeñó en adquirir su coche usado y él se lo cedió a cambio del Jaguar nuevo; aunque, según sostiene, pagando la diferencia entre ambos.

Sepúlveda califica de "incierto y falso" que el cabecilla de la trama del caso Gürtel comprase el citado coche -por el que Correa pagó 8,6 millones de pesetas en diciembre de 1999- y que se lo diese gratis total. "Nadie me ha regalado ningún coche", afirma tajante en su nota; "el señor Correa se mostró interesado en el vehículo de mi propiedad, un BMW modelo 523 i, que yo pretendía entregar como parte del precio del coche referido en su publicación, proponiéndome llevar a cabo aquella adquisición a través de una sociedad suya, por interés suyo, abonando yo la diferencia entre el valor de ambos vehículos, lo que puntualmente hice", prosigue el comunicado.

Jesús Sepúlveda no informa de si existe o no algún documento que pruebe ese pago en metálico que equilibraría el cambio y se limita a asegurar que su "voluntad e interés" es aclarar todos los extremos "una vez se determine qué organo judicial es el competente y se garantice el derecho de defensa". Además, no descarta emprender "las acciones que correspondan" como consecuencia de las informaciones publicadas.

El ex secretario del Area Electoral popular, en su proclamada intención aclaratoria, no se refiere únicamente al asunto del Jaguar, sino que se extiende a "los hechos recogidos en el auto" por el que se le ha llamado a declarar como imputado. Sostiene que las acusaciones formuladas por el juez Baltasar Garzón son "falsas y de enorme gravedad" y asegura que serán "puntualmente esclarecidas", no ante los medios de comunicación, sino "en el procedimiento".

La información publicada -y que todavía no ha sido incorporada a las diligencias previas emprendidas por Garzón- mantiene que Francisco Correa y su empresa Travel Group pagaron en diciembre de 1999 a la sociedad Auto Capital 8.666.700 pesetas por un Jaguar. Ese vehículo, con idéntico número de chasis, fue matriculado 5 días después por un ciudadano con el mismo DNI que el ex senador y ex alcalde de Pozuelo.

El juez Garzón hace referencia en su auto judicial a otro vehículo que Sepúlveda utiliza desde abril de 2004 y que también le habría sido regalado por Correa. El magistrado sostiene que su nombre está en la contabilidad B -en las cuentas llamadas de "seguridad"- de la trama de corrupción y que, al menos desde 2002, ha venido cobrando diversas cantidades en conceptos no especificados -únicamente se precisan los relativos al pago de viajes- hasta alcanzar un total de 422.992 euros.

(www.elmundo.es, 13/03/09)

6. UN TODOTERRENO, UNA 'TELE' DE PLASMA Y SOBORNOS POR 422.000 EUROS

Jesús Sepúlveda será ex alcalde de Pozuelo la semana que viene, cuando se celebre el próximo pleno. Hasta entonces manda él. Porque pese a presentar la dimisión, no ha renunciado al acta de concejal. Y tiene que irse - le costó varias horas tomar la decisión que le exigía el partido- porque el juez Baltasar Garzón le imputa varios cobros de sobornos y cohechos por parte de Francisco Correa, el jefe de la trama de corrupción que salpica al PP. Concretamente, le acusa de haber cobrado comisiones por valor de 422.992 euros.

El último auto del magistrado detalla fechas y cantidades entregadas al alcalde de Pozuelo, que en las notas contables de Correa aparece como "J. S.". Según el juez, "una vez que Sepúlveda ganó las elecciones, el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano". Según el mismo auto, Sepúlveda, presuntamente, recibió de su amigo Correa un Range Rover y una pantalla de plasma.

El alcalde de Pozuelo aparece en la contabilidad B del grupo de Correa. Los primeros pagos, según el auto del juez, se efectuaron el 4 de junio de 2003. Fueron dos; cada uno de 12.000 euros. El mes de octubre de 2004, Francisco Correa, según el auto, abonó una factura de Pasadena Viajes de 8.972 que iba a cargo de Sepúlveda.

El Ayuntamiento y su todavía alcalde se negaron a hacer ninguna declaración. Se remitieron al comunicado que elaboraron por la mañana. En él, Sepúlveda proclama su inocencia y carga contra Garzón. "Es evidente que nos encontramos ante un nuevo episodio Garzón, caracterizado, como ha reconocido la Fiscalía Anticorrupción, por su arbitrariedad, que está perjudicando gravemente al Partido Popular". Según Sepúlveda, "todas las imputaciones son radicalmente falsas [...] y se refieren a indicios falsos".

Y así lo creían todos los miembros de su equipo, que se abrazaban e incluso sollozaban por los pasillos como en un funeral. Algo parecido se respiraba en la calle. "A mí me parece un buen hombre. No creo que haya hecho nada", decía una vecina en la puerta del Consistorio.

Además, el alcalde de Pozuelo contrató en varias ocasiones al despacho de abogados del diputado del PP José María Michavila. Eius Abogados realizó, al menos, tres trabajos para el Ayuntamiento. En 2006 se firmó un contrato para realizar dos dictámenes y un asesoramiento jurídico por un importe de 27.000 euros en un procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, sin concurso. A este procedimiento optaron otras dos empresas que ofertaron 30.000 euros y que fueron rechazadas. Ofertar por encima del precio de licitación no parece la mejor manera de obtener un contrato.

(www.elpais.com, 07/03/09)

7. GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ EX ALCALDE. EL JEFE DE UNA GENERACIÓN CON MUCHAS AMBICIONES

Ginés López Rodríguez, madrileño de 44 años, forma parte de una singular generación de políticos del PP criados en Nuevas Generaciones de Madrid a principios de los noventa. Muchos de ellos ocupan actualmente cargos de responsabilidad en municipios de la región. El ex alcalde de Arganda presidió en Madrid el ala juvenil del PP entre 1991 y 1994. En esa época coincidió con otros cachorros prometedores: Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, y Guillermo Ortega, ex regidor de Majadahonda. También con Benjamín Martín Vasco, diputado regional y ex edil de Arganda. Todos ellos están salpicados ahora por el caso Gürtel.

López procede de una familia acomodada con negocios en Arganda. Su padre tiene una finca cerca de la ciudad, en la carretera de Chinchón, pegada al río. Allí, López se construyó una casa, donde reside con su mujer y sus hijas. No es un hombre ostentoso. "Más bien apocado", precisan fuentes municipales. Algunos colaboradores lo definen como poco estridente, nada soberbio. Por eso entre los vecinos del municipio ha sorprendido que se vea envuelto en la presunta trama de corrupción encabezada por Francisco Correa.

Ginés López no desayunó en el bar Portofino, donde acostumbra. Pasó la mañana ocupado en presentar su dimisión como alcalde y entregar el acta de concejal. Tampoco tomó las cañas en El Gato, un bar junto a la sede del Ayuntamiento. "Allí coincidía con mucha gente", explican fuentes municipales. No es un hombre carismático, pero si era muy conocido en Arganda. Fue alcalde entre 1995 y 1999. Perdió las municipales de ese año, pero regresó en 2003. Entretanto ocupó varios cargos en el Gobierno regional. Entre ellos, la dirección general de Administración Local o la de Juego.

Hasta hace dos años tenía un estrecho colaborador con el que se repartía el gobierno de la ciudad: Benjamín Martín Vasco. Pero en diciembre de 2006, lo cesó. Según cuentan varias fuentes municipales, días antes de producirse la ruptura "hubo gritos que se oyeron en todo el pueblo".

(www.elpais.com, 07/03/09)

8. UNO DE LOS IMPUTADOS FUE ASESOR DE MICHAVILA

Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta octubre de 2008 y uno de los imputados por el juez Garzón el pasado jueves, fue asesor de José María Michavila durante su etapa como ministro de Justicia entre 2002 y 2003. La relación con Michavila, cuyo bufete -Eius- trabajó para los ayuntamientos de Boadilla y el de Pozuelo, ambos presuntamente implicados en la trama de corrupción, no se ha interrumpido: Clemente Aguado cesó a petición propia como viceconsejero precisamente para asumir la dirección general de una fundación benéfica latinoamericana donde Michavila ocupa el cargo de secretario. Como ya se informó, dos de los directores de Eius son letrados del Congreso, que ha abierto una investigación para dirimir si los abogados han incurrido en incompatiblidad.

Ex diputado autonómico por el PP, Clemente fue director de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado entre 2003 y 2005. Según el auto de Garzón donde le imputa junto con otros cargos del PP madrileño, Clemente cobró de la trama 16.000 euros mediante dos pagos. Uno de ellos, de 10.000 euros, aparece registrado en la llamada "Caja B actual", uno de los compartimentos contables con los que que el grupo capitaneado por Francisco Correa consignaba la sucesión de cobro y pago de comisiones.

Este periódico no logró contactar con Carlos Clemente ni con ningún directivo de la fundación a la que se ha vinculado. Un cargo medio de esa institución aseguró por la tarde desde Panamá que hasta ese momento ignoraba por completo que Clemente estuviera involucrado en un caso de corrupción.

Tanto el auto de Garzón donde se notifica la imputación de Clemente como aquel donde se inhibe respecto a los aforados de Madrid incluyen la referencia a un asiento contables cuyo significado se está investigando. La resolución del juez se refiere a él en estos términos: "Archivo box V51. Clave "bruja", en Caja de seguridad en Velásquez, 96 con número de 51".

En ella consta una entrada de 900.000 euros y constan tres retiradas el 25 de mayo de 2007 con el concepto entrega Tomás Martín en oficina le conoce porque le ha visto con Pablo Crespo desconociendo a qué se dedica, y en el campo observaciones Santo Albondiguilla América por importes de 150.000, 210.000 y 300.000 euros". De los tres términos de esa ecuación cifrada, dos resultan fáciles de descifrar: Albondiguilla es el apodo con que la trama designaba al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero. La alusión a América apunta, sin duda, a los negocios de Correa en el continente. El misterio reside en la mención a Santo, nombre o apellido que no se corresponde con el de ninguno de los imputados ni con el de los empresarios que, según Garzón, pagaron comisiones a la red corrupta de Correa.

El jefe de la trama, cuyo apellido dio nombre a la operación lanzada por Garzón -Gürtel, correa en alemán- tenía negocios en Miami y pretendía abrirse camino empresarial en Panamá, país al que pretendía huir y cuya laxitud en materia de sociedades lo convierte en uno de los paraísos fiscales usualmente transitados por la delincuencia internacional. El presunto capo de la red también había adquirido propiedades inmobiliarias en Cartagena de Indias (Colombia). En Bogotá, la capital de ese país, reside actualmente Carlos Clemente con su familia.

(www.publico.es, 07/03/09)

9. "EL PP ES UN PARTIDO HONRADO"

Quince autocares uno detrás de otro. Llegaban de Chamartín, de Moncloa, de Chamberí... Iban cargados de mujeres que llenaron el teatro de Alcobendas para celebrar con las líderes del PP el Día Internacional de la Mujer. La más esperada, claro, Esperanza Aguirre. "¡Guapa!", la interrumpieron nada más empezar a hablar. "¡Muchas gracias!", contestó ella, toda sonrisas. Parecía decidida a mostrar optimismo.

Criticó al Gobierno por la futura ley del aborto, felicitó a sus compañeros de Galicia y País Vasco por los resultados electorales y, finalmente, entró en materia: "El PP es un partido honrado". Y matizó: "Que podrá haber gente que ha actuado mal". Pausa escénica. Los banderines dejan de ondear por momentos. "Y ésos inmediatamente se irán fuera cuando se pruebe. Si es que se prueba, porque nosotros defendemos la presunción de inocencia". Sonrisa. Aplausos. Si a alguien se le había ocurrido pensar que el caso Gürtel podía perjudicar al PP, se equivoca, vino a decir Aguirre. Todo lo contrario: le dará votos. El "montaje de los espionajes" y "las filtraciones" se han "vuelto en contra" de los "adversarios". Tan en contra, proclamó, que son "un estímulo" para el votante del PP.

(www.elpais.com, 08/03/09)

10. PRIMERO SE ADJUDICA, LUEGO SE COBRA

Tomás Martín Morales tiene una larga carrera de cometidos municipales a sus espaldas (asesor en Arganda, concejal en Getafe, cargo de confianza en Boadilla...). Y una abultada cantidad de dinero en su cuenta corriente, según el auto del juez Garzón. El ex vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte intermedió "para obtener la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva" del municipio "a la empresa Hispánica", según consta en el escrito del juez. Se trata de la inversión más importante realizada por el Ayuntamiento de Boadilla, con un presupuesto próximo a los 30 millones de euros, explica Pablo Nieto, portavoz del PSOE local.

El 10 de mayo de 2007 la mesa de contratación municipal adjudicó el contrato de las obras del "Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte" a la constructora Hispánica. Apenas 15 días después, en la caja de dinero negro hallada en la sede de una de las empresas del entramado de corrupción aparecen varios movimientos de dinero. Entre ellos, "tres apuntes de fecha 25 de mayo de 2007 constatando entregas a Tomás Martín en oficina por importes de 150.000, 210.000 y 300.000 euros (660.000 euros), figurando en el primero la referencia Santo y en los otros dos la referencia albondiguilla América y albondiguilla", recoge el auto.

El proceso de adjudicación fue controvertido. El Ayuntamiento encargó dos informes para valorar las propuestas de las empresas. El resultado fue dispar. El realizado por funcionarios municipales para la concejalía de Urbanismo concluyó que la mejor oferta era la de Sacyr (48,8 puntos). Le daba cinco puntos más que a Hispánica (43,81). Pero el otro informe, elaborado por un cargo de confianza del ex alcalde, Arturo González Panero (imputado por el caso Gürtel), para el área de Deportes escogió a Hispánica. La valoró con el doble de puntos que a Sacyr (42 frente a 21,15) e inclinó la balanza en la suma final.

"Un cargo de confianza del ex alcalde firmaba el informe que resultaba definitivo en la adjudicación a la empresa preferida y otro cobraba la comisión dos semanas después", afirma Nieto. "Que cargos de confianza y por tanto absolutamente dependientes del alcalde firmaran informes era una práctica habitual. Lo denunciamos en muchas ocasiones, no sólo por ilegal, sino porque eliminaba el único control que existe sobre estas contrataciones, el informe de un funcionario independiente", concluye el portavoz socialista. Un portavoz del Ayuntamiento aseguró que "el consistorio aprobó que determinados cargos de confianza pudieran equipararse al rango funcionarial para emitir informes vinculantes".

La implicación de cuatro altos cargos en el caso Gürtel no alteraba lo más mínimo la partida de cartas de la sobremesa en el bar frente al Ayuntamiento de Boadilla. "Soy apolítico", mascullaba un parroquiano sin quitar ojo a las cartas. Indiferencia absoluta. Acodada en la barra, la encargada, Emi, defendía al ex alcalde: "Yo creo que es inocente". Le conoce hace 20 años. "Viene aquí a desayunar. [por el viernes] también vino". No lo tenía tan claro Fernando, que esperaba a un amigo en la calle de José Antonio: "Se veía venir. Mucha obra y mucha rotonda para un pueblo tan pequeño...". Juan y José se desternillaban recordando el apodo del pueblo: Boadilla de las fuentes, porque cada rotonda la coronaba un surtidor. "Y lo peor es que las hacían y meses después las desmontaban para que pasara el tren ligero, como si no supieran el trazado de antes."

(www.elpais.com, 08/03/09)

11. ARGANDA DEL REY. EL GAFITAS DEJA PASO A EL MORDAZAS

Sorpresa. Es el adjetivo más repetido en Arganda del Rey, 50.000 habitantes, tras el cese el viernes del alcalde, Ginés López Rodríguez, imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel. Los vecinos de este municipio (50.000 habitantes) a 30 kilómetros al sureste de Madrid han visto estos días cómo el alcalde, un ex concejal y otros dos trabajadores municipales han sido salpicados por la trama de corrupción. Las investigaciones judiciales revelan que cobraron comisiones millonarias.

"La gente se ha quedado sorprendida", resume Jesús Valverde, un empresario que vive en el barrio de los Villares. Muchos vecinos viven ajenos al escándalo político que se ha desatado en el Ayuntamiento, pero los que están al tanto lo tienen claro: "Si dimite será por algo", zanja Valverde. "La gente está alucinada. Que saliera lo de Benjamín [Martín Vasco, diputado regional implicado también por Garzón] era normal. Pero lo del alcalde no se lo esperaba la gente", apuntaba el pasado viernes una trabajadora municipal junto al edificio en obras que hace las funciones de Ayuntamiento.

Ginés López y Martín Vasco trabajaron codo a codo durante un par de años al frente de la gestión municipal. Pero en diciembre de 2006 el ex alcalde lo destituyó. Nunca revelaron el motivo, pero desde entonces se distanciaron.

La polvareda levantada por la imputación del regidor ha trastocado el orden municipal. El hueco que ha dejado Ginés López, conocido como El Gafitas en la organización, lo ha cubierto, en funciones, y a la espera que el PP regional lo confirme, el primer teniente de alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero. Un hombre del sector más conservador del PP local, según fuentes municipales, que lo definen como "un tipo educado y asequible". Pero, matizan, es conocido por El Mordazas porque en febrero de 2003 tapó la boca a un joven, llamado Ángel, cuando éste gritaba "No a la guerra" en un mitin de Aznar en Arganda.

Rodríguez Sardinero tendrá que pilotar el Consistorio durante dos semanas, hasta que el PP regional decida quién sustituirá a Ginés López. La número 2 de la lista electoral y a la que en principio le correspondería la alcaldía es María Pino de Juana. Pero parece que no cuenta con la plena confianza del equipo de gobierno. Hace un par de semanas fue relevada como responsable de Hacienda. Ahora ocupa la Concejalía de Atención al Ciudadano, con menos responsabilidad, según fuentes del Ayuntamiento. Ginés López dejó el acta de concejal que recogerá el popular Tomás Fernández Leganés.

(www.elpais.com, 08/03/09)

12. BOADILLA CEDE SUELO A UNA FIRMA QUE OFRECIÓ 13 MILLONES MENOS QUE OTRA

Boadilla del Monte (42.000 habitantes) no es famosa por su pujante industria. Más bien lo contrario. Su entorno agreste, rodeado de bosques de encinas, la convierte en una ciudad residencial y tranquila. En este escenario, el ex alcalde, el imputado en la trama de corrupción Gürtel Arturo González Panero (PP), reservó suelo municipal para la industria local. La idea era construir naves en el polígono Prado del Espino, junto al campo de golf de la Ciudad Financiera del Banco Santander.

Para ello decidió convocar un concurso para levantar estos locales y llevar su gestión. Sólo se presentaron dos empresas: Inmoconfidence y Cip Dealer. Tras valorar las propuestas, el equipo de gobierno adjudicó en noviembre de 2008 a Cip Dealer la edificación de los locales industriales y la gestión de los mismos a cambio de un canon anual de 358.500 euros. Esta oferta es 126.755 euros inferior a la presentada por la otra competidora. Como el plazo de adjudicación es de 99 años, el Ayuntamiento de Boadilla deja de ganar 12,6 millones de euros en ese periodo.

En la evaluación de las propuestas económicas, Cip Dealer no recibe ninguna puntuación por ser la oferta más baja. Ganó el concurso por aspectos técnicos tales como "apoyo a la publicidad que se instala en el complejo; instalación de un tótem de información municipal; ubicación de un monolito informativo del complejo o creación de una página web...". Otros criterios de valoración son el plazo de construcción de las naves o su calidad arquitectónica. Aunque hay poca diferencia entre una propuesta y otra, todos los puntos van a favor de Cip Dealer.

El objeto social de esta empresa es el comercio al por mayor de productos duraderos. Su administrador, Mariano Pascual Guevara, es representante de un entramado de más de 25 empresas.

El ex regidor de Boadilla, suspendido cautelarmente de militancia del PP desde hace cinco días, aunque está imputado por su presunta participación en la trama de corrupción en administraciones gobernadas por el PP que investiga el juez Baltasar Garzón, ha mostrado, según fuentes de su corporación, su deseo de seguir controlando los asuntos relativos a obras del municipio. Los grupos de la oposición (Alternativa por Boadilla y PSOE) han denunciado el concurso ante los tribunales al considerar que fue irregular.

Fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte anunciaron que los servicios jurídicos municipales estudian este contrato. "Puede ser resuelto en los próximos días", desvelaron. Las mismas fuentes explican que la empresa tenía la obligación de depositar un aval en un plazo de 15 días desde la adjudicación y no lo ha realizado. "Se está revisando el contrato", dicen.

El portavoz del partido independiente Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, considera que se trata de "otra adjudicación claramente lesiva para los intereses públicos y otro ejemplo más en que el PP de Boadilla adjudica a la empresa que menos ofrece. El municipio deja de ingresar más de 12 millones de euros".

(www.elpais.com, 09/03/09)

13. EL ALCALDE DE BOADILLA ANUNCIA EL CESE DE DOS IMPLICADOS POR GARZÓN

Boadilla del Monte (Madrid) ha padecido los excesos de la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Garzón. El nuevo alcalde del municipio, Juan Siguero, anunció que destituirá al diputado regional Alfonso Bosch y al ex concejal José Galeote de sus cargos al frente de la Empresa municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla (EMSV). Ambos están implicados en la Operación Gürtel. Un portavoz municipal confirmó que el regidor adoptará la decisión "a lo largo de la semana. Previsiblemente, el jueves o el viernes", precisó.

Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa [supuesto cabecilla de la trama corrupta] ha realizado en dicho municipio", según el auto de inhibición de Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que decidir sobre la imputación de Bosch por ser diputado regional. Además, es gerente de la EMSV de Boadilla desde 1995. Durante este periodo adjudicó a la empresa Easy Concept (una de las de Correa) la gestión de la Oficina municipal de Atención al Ciudadano por un importe de 506.000 euros anuales en un contrato por 14 años.

El auto explica cómo Bosch se autoinculpó: "Reconoce en las intervenciones telefónicas que él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla, refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación". El diputado regional intermedió para lograr la adjudicación a Constructora Hispánica de la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla por 29,6 millones.

Por su parte, Galeote, consejero de la EMSV, recibió 612.506 euros en comisiones mientras fue concejal (1995-2003), según la investigación judicial. Galeote fue hombre de confianza del ex alcalde, Arturo González Panero, también imputado, y primer cargo público en dimitir tras conocerse su implicación en la trama.

Cuando se formalice la destitución de Bosch y Galeote serán cuatro los cargos políticos que hayan abandonado sus puestos en el Ayuntamiento de Boadilla. El pasado viernes dimitió el vicepresidente de la EMSV, Tomás Martín Morales, quien recibió tres entregas de dinero por un total de 660.000 euros en una cuenta de dinero negro hallada en la sede de una de las empresas del caso Gürtel. La Policía Judicial acudió al consistorio para recabar contratos de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

(www.elperiodico.com, 10/032/09)

14. LOS AGENTES ESPIARON LA CITA DE PRADA CON UN EX PRESIDENTE DE TELEMADRID

Agentes del Gobierno de Madrid espiaron al ex presidente de Telemadrid y ex diputado regional del PP Álvaro Renedo, otro dirigente caído en desgracia ante Esperanza Aguirre. Renedo fue fotografiado por los espías, según el parte de éstos, tras entrevistarse en un hotel con Alfredo Prada, ex consejero de Justicia. Ambos espiados confirman su encuentro.

Los 33 partes originales que recogen los seguimientos por agentes de la Consejería de Interior de Madrid en 2008 a políticos del PP contrarios a Aguirre como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero Prada no sólo coinciden con sus agendas oficiales, sino con las privadas.

Y quienes tuvieron encuentros con ellos también fueron investigados o fotografiados. Este diario ha identificado a dos víctimas colaterales del espionaje negado por el consejero de Interior, Francisco Granados, pero que nutren un listado que incluye al ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta y a la diputada regional Carmen Rodríguez.

La primera víctima colateral del espionaje es Álvaro Renedo, presidente de Telemadrid entre 2003 y 2007 por nombramiento de Aguirre y diputado regional en la anterior legislatura. La segunda es Clara Reynolds, presidenta de una fundación. Renedo fue espiado el 20 de mayo de 2008. Los espías de la Consejería de Interior lo describieron y fotografiaron tras entrevistarse con Prada en el hotel Hesperia de Madrid: "Se reúne en el interior de hotel con un hombre de edad avanzada, calvo, con gafas y de una estatura similar a la de P". "Ese hombre de edad avanzada, calvo y con gafas que se entrevistó en el hotel Hesperia con Prada soy yo", confirmó Renedo.

Pero evitó opinar sobre tal espionaje y aclarar si presentaría acciones legales. Renedo había caído ya en desgracia en mayo de 2008 ante Aguirre. Había sido su amigo personal y compañero de oposición, pero ella no dudó en apearlo de la presidencia de Telemadrid. Y, por si fuera poco, Renedo, cuando fue espiado, se entrevistaba con otro disidente, Alfredo Prada, al que Aguirre destituyó tras ser fichado por Mariano Rajoy para su ejecutiva.

Renedo fue espiado en su encuentro con Prada tras haber mantenido sólo unas horas antes una entrevista con Granados en la cafetería Riofrío, junto a la sede del PP. No ha querido detallar su entrevista con Granados, que estaba entonces inquieto por ciertos ataques periodísticos contra él. La entrevista entre Renedo y Granados no fue espiada.

Renedo sólo fue objeto de espionaje indirecto cuando contactó con Prada, objetivo continuado del seguimiento desde la Consejería de Interior. No en vano, el 20 de mayo de 2008, Prada, consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre, fue seguido minuto a minuto por los espías de la Consejería de Interior.

De su marcaje salen dos datos sobresalientes: uno figura en la agenda de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, su cita con Prada en Sol. Pero los agentes sólo anotan que Prada entra a las 16.45 en la sede de la presidencia madrileña y que sale a las 17.40. No detallan quién lo recibe. Ignoran un dato que deberían conocer si manejaran agendas.

Y poseen otros que no podrían extraer de ellas, salvo por el espionaje que describen: "A las 20.45 sale P de su lugar de trabajo, se dirige caminando hasta el hotel Hesperia, el cual se encuentra a unos 300 metros de su puesto de trabajo (le siguen a una cierta distancia los dos hombres del dispositivo más próximos a él)". Y luego describen y fotografían a Renedo. "Alguien debe tener mis fotos", clama Renedo. Unas fotos que no figuran en agendas.

(www.elpais.com, 09/03/09)

15. EL PP OCULTA DOCUMENTACIÓN CLAVE PARA SABER QUIÉN ESPIÓ

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, no ha tenido reparo en facilitar a un medio de comunicación los documentos sobre gastos del escolta de Alfredo Prada, el ex consejero de Justicia espiado supuestamente por agentes autonómicos, cuando se trasladó a León. Pero ha negado durante las últimas semanas documentación crucial para poder investigar quién de entre los agentes de la Consejería de Interior hizo los seguimientos a cargos del PP contrarios a la línea marcada por la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

El PP ha impuesto su mayoría absoluta en la comisión de investigación para no facilitar, entre otros, los expedientes del personal de seguridad de la Consejería de Interior: partes de los servicios realizados por éstos, facturas de material fotográfico, información sobre los viajes al extranjero del vicepresidente Ignacio González y datos sobre adjudicaciones supuestamente irregulares realizadas por la Comunidad.

Los populares han rechazado más de la mitad de las peticiones de documentación del PSOE e IU. Además, han puesto todo tipo de vetos a las comparecencias que la oposición solicitó y que podían esclarecer lo ocurrido durante los últimos años en la Consejería de Interior.

El propio consejero, Francisco Granados, se negó a solicitar un dictamen pericial caligráfico sobre todos los agentes de la consejería y se limitó a pedir el cotejo de la firma de uno de los supuestos espías. Lo hizo evitando utilizar documentos originales y aportando fotocopias del diario EL PAÍS. El diario encargó un informe a dos peritos calígrafos que señalaron al agente José Manuel Pinto como autor de los partes.

(www.elpais.com, 09/03/09)

16. AGUIRRE CIERRA LA COMISIÓN SIN ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dará cerrojazo a la comisión de investigación de la trama de espionaje político destapada por EL PAÍS sin escuchar los principales testimonios, los de las víctimas de los espías. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ha decidido esta mañana, gracias a la mayoría absoluta que detenta el PP, fijar para el próximo 18 de marzo la aprobación del dictamen de la comisión, lo que en la práctica implica que mañana será el último día de vida útil del organismo. El final de las pesquisas, que estaba previsto que duraran hasta el 31 de marzo, se adelanta 13 días tras apenas cuatro sesiones. Francisco Granados, máximo responsable de la Consejería de Interior, de la que dependen los presuntos responsables de la red, cerrará mañana las comparecencias.

Así lo ha decidido la mayoría del PP en la Junta de Portavoces, a propuesta de la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, con los votos en contra del PSOE e IU. Maru Menéndez e Inés Sabanés, portavoces de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, han comparecido juntas en rueda de prensa para denunciar la maniobra del PP, que han calificado de "atropello democrático". Ambos partidos han advertido de que agotarán todas las vías "parlamentarias", "jurídicas" e "institucionales" para seguir investigando la supuesta trama. Entre otras medidas, PSOE e IU estudian llevar al Tribunal Constitucional lo que consideran la vulneración de los "derechos de los grupos parlamentarios". Además, Menéndez ha anunciado que los socialistas "no asistirán a actos instituciones organizados por Esperanza Aguirre" en señal de protesta.

De este modo, el PP da carpetazo a los trabajos de la comisión, tal y como han venido denunciando PSM e IU desde el día en el que se aprobó el orden de comparecientes, sin que por ella hayan pasado sus protagonistas. Al menos tres altos cargos populares fueron vigilados, según ha publicado este periódico: el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, el ex presidente de Telemadrid y ex diputado autonómico, Álvaro Renedo, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Así las cosas, desfilarán por la comisión apenas diez de los 29 comparecientes previstos.

Entre ellos, Marcos Peña, asesor de seguridad de Granados, y Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad. Los dos negaron haber participado o tenido conocimiento de ningún espionaje o seguimiento a cargos públicos. También han pasado por la comisión un ex consejero socialista del Gobierno de Joaquín Leguina, Virgilio Cano, y dos consejeros del PP en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, que ahora es concejal en el Ayuntamiento. Todos negaron que en sus etapas se realizaran labores de contravigilancia. Estas comparecencias fueron tildadas de "despropósito" por Alberto Ruiz-Gallardón y por Pedro Calvo, que acusó a su propio partido de querer desviar la atención.

La comisión elaborará su dictamen de conclusiones después de la comparecencia mañana miércoles de Francisco Granados, a pesar de que la comisión tenía tiempo para trabajar hasta el 31 de marzo. En la comisión se someterá a votación antes de pasar a pleno. En el hemiciclo, en el que el PP tiene mayoría absoluta, también pasará la votación.

A pesar de alardear de ella a posteriori, Aguirre dio luz verde a la comisión a regañadientes y presionada por la dirección del PP, que encargó a María Dolores de Cospedal una investigación interna en vista de la postura de la presidenta, que negaba la existencia de la trama y se negaba a mover un dedo para esclarecer los hechos. Sin embargo, el PP le ha puesto piedras en las ruedas desde el principio. La comisión se constituyó el 6 de febrero pero tardó casi un mes en arrancar de hecho por la tardanza del PP en detallar su lista de comparecientes.

(www.elpais.com, 10/032/09)

17. AGUIRRE PRESENTA UNA DEMANDA CONTRA EL PAÍS

El secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, ha anunciado hoy que todos los miembros del Gobierno regional presentaron hace 10 días, a título individual, una demanda de conciliación contra el director de EL PAÍS, por las informaciones sobre la supuesta trama de espionaje que calificó de "falsas". Güemes ha aclarado, en declaraciones a los medios de comunicación, que esta demanda de conciliación, es "el paso previo, si no se rectifica en sede judicial, a la presentación de una querella criminal". Una acto de conciliación prevé un arreglo de la controversia en un Juzgado de Primera Instancia o de Paz con la asistencia de la parte demandada y demandante. Este tipo de demanda pretende evitar el juicio.

Respecto a la continuidad de la comisión de Investigación en el Parlamento madrileño, el secretario de Comunicación del PP de Madrid ha indicado que es ya es tiempo de que la Asamblea de Madrid se dedique a "cuestiones más cercanas a las necesidades de la gente y no a dar pábulo a una enorme falsedad". Así, se preguntó si el parlamento regional "debe seguir derrochando energías y recursos en una comisión que responde exclusivamente a un enorme bulo y a una gran mentira".

(www.elpais.com, 10/032/09)

18. PRADA SE LLEVÓ DOS ORDENADORES DE LA COMUNIDAD QUE AÚN NO HA PAGADO

La sesión en la Asamblea se tensó especialmente con el informe de la secretaria técnica de la Consejería de Interior, Mar Pérez Merino, sobre su investigación interna. Del mismo se deduce que no hubo gastos extras por "espionaje" y que Prada se llevó dos ordenadores que aún no ha abonado. Él ha preguntado (recientemente por burofax) el precio de los mismos. Son unos 4.100 euros, según las facturas. La Comunidad quiere que los devuelva. Él, de momento, ni los ha entregado ni ha pagado.

El director del área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, calificó de "panfletos" los partes de seguimientos a políticos de la región publicados en los medios de comunicación, y negó que tuviese relación con ellos. Esta actitud le costó una fuerte reprimenda de los portavoces de la oposición, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), que tacharon de "frívola" y poco responsable para un alto cargo de la administración pública.


"Yo nunca he visto esos panfletos, ni me han ordenado ningún seguimiento a políticos", dijo Gamón en el marco de la comisión de investigación sobre el presunto espionaje en la Comunidad de Madrid que se desarrolla en la Asamblea regional.

Se mostró sorprendido por el hecho de que hayan relacionado su cese, en junio de 2008, con el supuesto robo de un ordenador de un colaborador del ex consejero Alfredo Prada en el Campus de la Justicia pues, según aseguró, él mismo llevaba pidiendo al consejero de Presidencia, Francisco Granados, desde abril su cese "por cuestiones personales".

En una comparecencia en la que criticó abiertamente a la oposición, rectificó la declaración del subdirector de Seguridad, Miguel Castaño, sobre quiénes fueron las personas que fueron al Campus de la Justicia, concretamente, al despacho de Juan Carlos Fernández.

"Quiero corregir una de las cosas que he contrastado. Dijo que habían ido dos personas, pues no, ninguna de las dos, es un error de él... Entiendan que acordarse de no sé qué fecha en el mes de julio... no tiene la menor importancia, ninguno de los dos me acompañó", dijo Gamón, que aclaró que salió de allí con las manos vacías. De hecho, destacó que tampoco tiene nada que ver con el borrado de las cámaras de seguridad que grabaron esa polémica visita, pues la seguridad de ese edificio no está controlada por la Comunidad.

Gamón resaltó que ha tenido múltiples responsabilidades durante su vida con importantes cargos (Jordi Sevilla, Rafael Vera, Casa Real...) y sólo se ha interesado por los servicios de protección, no de sus actividades, al tiempo que dijo no tener ninguna relación con la presidenta Esperanza Aguirre diferente a sus cometidos laborales. Destacó que incluso la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, le concedió la Cruz al mérito civil.

"Mi relación con Aguirre [...] es única y exclusivamente laboral, fui su jefe de escoltas", manifestó, y añadió: "Mi relación con Aguirre es trabajo, trabajo, trabajo, lo que hace ella". "Nunca he recibido ninguna instrucción de Granados ni de ningún otro miembro del Gobierno", manifestó.

(www.lavanguardia.es, 10/032/09)

19. GRANADOS NIEGA EL ESPIONAJE Y ACUSA A DOS POPULARES DE MENTIR

El consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, compareció en la comisión de investigación sobre espionaje. Y se encargó de cerrarla ya que, su jefa, Esperanza Aguirre, ha decidido que ya no hay nada que investigar. Su consejero resumió la tesis oficial en una frase: "no existen ni espías ni espiados". A su entender, dicha tesis ha quedado acreditada por los trabajos de la comisión, durante la cual también se han destapado, dijo, "mentiras" de algunos compañeros de su partido, aludiendo a Pedro Calvo, concejal de Seguridad de Alberto Ruiz-Gallardón, y el exconsejero Alfredo Prada.

Granados se ensañó especialmente con Prada, que fue cesado por Aguirre tras respaldar la candidatura de Mariano Rajoy a liderar el PP. Precisamente Prada fue uno de los políticos que fue objeto de un supuesto espionaje, ya que El País ha publicado partes de seguimiento a él y a su familia durante el año pasado. No obstante, El Mundo ha cotejado algunos de esos partes con las agendas de Prada y ha concluido que el mismo día que los espías le situaban en un restaurante él estaba volando a Tailandia. ¿Quién tiene razón?. Granados aseveró que no quería entrar en polémicas mediáticas, aunque acusó a Prada de mentir cuando confirmó que su parte de seguimiento coincidía "punto por punto" con su agenda.

"Es evidente que alguien ha mentido y que alguien mintió a un periódico cuando le dijo que su agenda coincidía, punto por punto, con los partes de seguimiento. Alguien miente, y no soy yo", sentenció Granados.

También tuvo tiempo para rebatir a Calvo, el edil del Ayuntamiento de Madrid que hace años fue responsable de Interior en la Comunidad bajo el mando de Gallardón. Calvo aseguró en la comisión que en su época "nunca" se realizaron labores de contravigilancia. "Como mucho, de apoyo en actos concretos; por ejemplo, los que se celebraban en la sede de la Presidencia", apostilló el concejal. Granados se presentó en la Asamblea con 15 documentos para tratar de demostrar que el Gobierno de Gallardón sí tenía servicio de escoltas propios y vigilancia. "Si alguien mintió en esta comisión... ustedes sabrán", espetó a las portavoces de PSOE e IU, que han amenazado con llevar a los tribunales los testimonios contradictorios que se produjeran en el órgano de investigación.

Además, el responsable de Interior negó que tenga estructuras parapoliciales o de espionaje en su consejería. Y explicó que había realizado varias pruebas caligráficas para comprobar que entre los exguardias civiles que colaboran con él no había caligrafías coincidentes con la que se observa en los partes de seguimiento publicados. Dicho todo eso, se cebó con la oposición. Reprochó al PSM que haya intentado "desprestigiar y acabar" con el Gobierno de Aguirre. Sobre su portavoz, Maru Menéndez, dijo que hacía el ridículo y que no tenía nivel para ser parlamentaria, por sentirse más cómoda "en el lodazal". A la diputada de IU Inés Sabanés le afeó que se sumase a una estrategia de "derribo".

(www.elperiodico.com, 12/032/09)

20. LOS ESPIADOS SE REVUELVEN CONTRA AGUIRRE

Que Esperanza Aguirre haya cerrado con cajas destempladas la comisión del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid no significa que la ley del silencio funcione. lo pudo comprobar la presidenta. Dos de los presuntos espiados del PP, Manuel Cobo y Alfredo Prada, a los que ha impedido comparecer, se rebelaron. Levantaron el dedo. Y dijeron que sí, que padecieron seguimientos. La fractura en el PP volvió a asomar. Por el espionaje y por la guerra en Caja Madrid.

Primero terció Cobo, vicealcalde de Madrid: "No cambio nada de lo dije cuando se supieron los seguimientos, que creo que, efectivamente, se han realizado. Se me ha seguido". El número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, durante 45 minutos, buscó liberarse del fardo, rechazar las acusaciones de "mentir" que los aguirristas habían arrojado al equipo del alcalde; la última vez, el miércoles, por boca del consejero de Interior, Francisco Granados. Explicó con detalle cómo los movimientos que describen los partes, en abril de 2008, "coinciden" con su agenda pública y privada.

No hay más vía que ésta, repitió Cobo: "Conocer quién lo hizo, por qué, quién lo ordenó y con qué fines". Por eso él mismo interpuso una denuncia ante la Fiscalía y otra en el juzgado de guardia, cuando El País señaló a un técnico de seguridad, gracias a exámenes grafológicos, como posible autor de las notas. "Granados querrá saberlo", escurrió. "Y si hay falsedad documental [como alega Aguirre], mi partido en Madrid querrá saberlo".

El vicealcalde insistió, y no por casualidad, en el doble rasero de la Comunidad, al equiparar el seguimiento que él asegura haber sufrido, y que Aguirre ha despreciado, con el que afecta al número dos de la presidenta, Ignacio González, "igual de infame y de mafioso". Así que, en su caso y en el del vicepresidente, "se debe llegar a las últimas consecuencias", subrayó.

Cobo eludió censurar el cierre de la comisión ya finiquitada en la Asamblea de Madrid, aunque precisó que habría estado "encantado" de comparecer si le hubieran citado. Se cuidó asimismo de elevar responsabilidades a la cúpula nacional del PP. Tiró a dar a Aguirre. Por un lado, refrendó lo que los ex consejeros de Gallardón dijeron en la comisión, que la Comunidad no tiene competencia para tareas de vigilancia o contravigilancia. Y por otro, deslizó la sospecha: "Nada tiene que ver la estructura de un cuerpo con que se mande hacer a alguien algo legal o ilegal".

Prada, ex consejero de Aguirre y hoy escudero de Mariano Rajoy, convergió con Cobo. , en declaraciones a Europa Press, se etiquetó como "víctima" de espionaje y se ratificó en que "nunca" había mentido cuando dio credibilidad a los partes. Confiaba, añadió, en que le dejaran explicarse en la Asamblea. La Justicia dirá y si exculpa a la Comunidad, le satisfaría mucho, sostuvo.

La otra grieta se llama Caja Madrid. Cobo anunció que el Ayuntamiento de la capital interpondrá dos recursos contra la Comunidad por "imponer" los nuevos estatutos de la entidad, que menguan la representación del Consistorio en los órganos de gobierno, porque se consideran "lesivos" para los intereses de los madrileños. CCOO también prepara un recurso similar, informa Virginia Zafra. El sindicato estudia acudir incluso al Defensor del Pueblo: juzga inconstitucional la Ley de Cajas de Aguirre, aprobada a toda prisa en diciembre de 2008.

González respondió seco. Cree "incongruente" que Gallardón recurra ahora los estatutos de la caja, que tendrá que aprobar la asamblea de la entidad el día 23 y, si no es así, los impondrá el Gobierno regional. Sobre Cobo, nada: "Se ha dejado en evidencia que no ha habido espionaje".

(www.publico.es, 13/03/09)

21. REPORTAJE: EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID LAS MENTIRAS DEL CONSEJERO Y SU CLAC DEL PP

El Gobierno de Esperanza Aguirre y el Grupo Parlamentario Popular han deslizado múltiples mentiras durante las cuatro sesiones de la comisión de investigación sobre el espionaje a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid. Lo que sigue sólo es una muestra de las recurrentes falsedades, o errores, con los que los dirigentes populares han intentado machacar a la oposición en el Parlamento regional.

- "Muchos partes no se corresponden con la agenda. Es incompatible estar en Chinchón y en León a la vez". El consejero de Interior, Francisco Granados, descalificó alguno de los 33 partes de seguimiento porque supuestamente no coincidían con las agendas de los espiados. Para ello, se apoyó en el diario El Mundo y su resbalón -basado en un error de este periódico- respecto a una fecha. Granados aseguró que mientras los espías situaban al ex consejero Alfredo Prada en Chinchón, estaba en León. Pero, en realidad, el parte de seguimiento no ofrece dudas: el 13 de mayo cuentan los espías que Prada estaba en Chinchón. EL PAÍS publicó incluso una fotografía de aquel día que acreditaba que Prada estuvo allí. El propio Prada lo confirmó, aunque Granados no se dio por enterado para mantener su mentira.

- "El diario EL PAÍS ya ha dicho que nunca ha mantenido que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya espiado". Los partes de seguimiento y los informes de los peritos calígrafos encargados por EL PAÍS acreditan que el espionaje se hizo desde el Gobierno regional a través de agentes de la Dirección General de Seguridad y así lo ha mantenido este periódico en todo momento. EL PAÍS informa a través de lo que se publica en sus páginas. Granados usó torticeramente unas declaraciones a la prensa de un periodista de este diario sacadas de contexto.

- "Casualmente el parte falso (del 15 de marzo) es el que tiene las anotaciones manuscritas". El consejero Granados intentó colar en la comisión que las letras manuscritas aparecidas en los partes correspondían a un solo día que, supuestamente, se ha demostrado erróneo en su fecha aunque acertado en los hechos que describe. Pero hay al menos otros dos partes donde aparecen textos manuscritos con nombres y números.

- "Es ilegal tener los partes".

Granados se enfadó mucho cuando la oposición le habló de los 33 partes de seguimientos a cargos públicos del PP que obran en poder de la Fiscalía. Aseguró, en tono amenazante, que la oposición no podía tener los partes porque sería ilegal. EL PAÍS puso a disposición de la Justicia una documentación que ha venido publicando desde hace semanas. Cualquier grupo parlamentario que la hubiera solicitado a este periódico habría tenido una copia. Y no hubiera cometido ninguna ilegalidad. Ninguna autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario ni ha ordenado que no se hagan públicos los partes de seguimiento a los cargos del PP.

- "Alguien ha mentido a EL PAÍS cuando dice que la agenda coincidía punto por punto con esos partes". El consejero Granados acusó a su ex compañero de Gobierno Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, de mentiroso por responder a EL PAÍS que los hechos relatados por los espías correspondían "punto por punto" a sus actividades públicas y privadas.

En su última entrevista concedida a este periódico, el pasado domingo, Prada lo dejó claro: "De mi vida pública y de mi vida privada se han publicado una serie de hechos que en su mayor parte coinciden con la realidad". Prada y personas que almorzaron o se vieron con él durante los dos meses que, al menos, duró el espionaje, han declarado que los seguimientos son veraces porque los hechos relatados ocurrieron realmente.

- "Las agendas públicas y privadas están a disposición de los escoltas, por supuesto". Para intentar justificar de dónde pueden proceder los datos aparecidos en los partes de seguimiento, algunos pertenecientes a la vida privada de los espiados, el consejero de Interior aseguró que todos los escoltas manejan esa información.

El subdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Miguel Castaño, llegó a decir ante los diputados, sin mostrar síntomas de alarma, que esa documentación delicada y confidencial aparecía tirada al día siguiente en los coches de los escoltas. Distintos cargos públicos aseguraron a EL PAÍS que sus agendas privadas no están a disposición de los escoltas. "Por supuesto que no", señalaron.

- "La piedra angular de esta acusación eran los supuestos partes, que a día de hoy no se sostienen". El portavoz del PP, David Pérez, que cargó de falsedades su discurso en las distintas sesiones de la comisión, llegó a asegurar que los partes eran falsos, aunque el PP admitió que no los conocen en su totalidad y que tenerlos sería una "ilegalidad" porque están a disposición de la Fiscalía. De la veracidad de los partes han dado cuenta Alfredo Prada, ex consejero de Justicia y diputado del PP; Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid; Álvaro Renedo, ex diputado del PP y ex presidente de Telemadrid; y Carmen Rodríguez Flores, diputada del PP.

- "Han tenido todos los medios a su alcance para investigar". Probablemente sea la mentira más gruesa de cuantas ha pronunciado el grupo popular. La dijo David Pérez. El PP, con su mayoría absoluta, ha impedido que comparezcan 18 de las personas que se admitieron en un principio en el seno de la comisión, entre ellos, las espiadas, y ha vetado numerosa documentación clave para investigar. Incluso la documentación que han remitido llegó cuando estaba compareciendo la persona que había elaborado la misma, con lo que se tuvo que hacer un receso para que los diputados la estudiaran.

- "Los presuntos espiados no existen". Lo dijo otra vez David Pérez. Pero existen. Se llaman Manuel Cobo, Alfredo Prada, Álvaro Renedo, Carmen Rodríguez Flores, Juan Carlos Fernández...

(www.elpais.com, 12/032/09)

22. AGUIRRE PRESIONA A RAJOY PARA QUE NO REABRA LA INVESTIGACIÓN

Vistos los pasos de los últimos días, al PP de Madrid, y a su líder, Esperanza Aguirre, ya sólo le restaba rematar. Diligentemente, lo hizo. Utilizando a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, impuso el día de clausura definitiva de la investigación del presunto espionaje en la Comunidad. El miércoles 18 de marzo, el pleno de la Cámara discutirá –y aprobará– el dictamen de conclusiones. Éstas se basarán en el relato de sólo 11 comparecientes y cuatro días de trabajos.

Una vez que la comisión de los espías cierre a cal y canto, habrá que comprobar si Mariano Rajoy queda satisfecho y si se atreve a encargar a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que reabra las pesquisas internas. El PP de Madrid ya le previno. Le presionó. "En este momento, la demostración de que no ha habido espionaje a partir de la falsedad de los partes es tan manifiesta, es tan clara y tan meridiana que, en mi opinión, nadie se plantearía una investigación, porque la investigación se ha producido ya en el seno de la Asamblea, con luz y taquígrafos". Eso dijo en rueda de prensa, de forma alambicada, el hombre de Aguirre en la Cámara, David Pérez.

Después, un alto cargo del Gobierno regional y miembro de la cúpula del PP madrileño, aclaró a Público la posición de su partido: "No tendría sentido", dijo, que De Cospedal reabriese la investigación interna que suspendió el 2 de febrero, en cuanto Aguirre accedió a crear la comisión en la Asamblea. "Es una hipótesis que el PP de Madrid no contempla. No tendría ni pies ni cabeza".

La consigna en Génova, la dirección nacional, es nítida: Rajoy no quiere pronunciarse sobre el cierre de la comisión del espionaje hasta que haya dictamen. Entonces, decidirá si reabre la investigación interna. No obstante, De Cospedal, en conversación informal con los periodistas, apuntó que "personalmente" no le disgustaba que se dieran por liquidados los trabajos. "No me disgusta, personalmente no me disgusta", destacó. Y matizó: "A mí, ni me tiene que gustar ni me tiene que disgustar".

Para Maru Menéndez e Inés Sabanés, las portavoces de PSOE e IU en la Asamblea, no caben las vacilaciones de Génova. Ambas sostuvieron que "en coherencia" con lo que dijo De Cospedal en su día, el PP debería reabrir el proceso interno. "Espero que Rajoy no avale el golpe de mano de Aguirre", apuntó Sabanés. Las dos portavoces comparecieron juntas tras encontrarse con una decisión precocinada: Rodríguez planteó a la Junta de Portavoces que el 18 se hiciese un hueco en el pleno para votar el dictamen. Casaba con la estrategia desplegada por el PP, que se aferró a la información que El Mundo publicó el domingo, dando por "falsos" los partes de seguimiento al ex consejero de Aguirre Alfredo Prada.

Menéndez y Sabanés denunciaron el "atropello" del PP, y le acusaron de instalar la "excepcionalidad democrática" en Madrid. "No ha tenido ninguna voluntad de transparencia. Aguirre tiene mucho que ocultar". Fue la sentencia de la socialista, que rubricó Sabanés: "Esto no va a acabar así. Es el principio del fin de la impunidad de la presidenta".

Pérez insistió en que la "comisión ha perdido su base" pues las acusaciones de espionaje "son falsas". Atacó a PSOE e IU por su "fingido agravio", fruto del "monumental fiasco" que les produjo descubrir "la verdad". Amenaza final: "Exigiremos responsabilidades políticas de este montaje".

(www.publico.es, 11/032/09)

23. GALLARDÓN LLEVA A LOS TRIBUNALES EL INTENTO DE AGUIRRE DE HACERSE CON CAJA MADRID

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado este jueves la presentación de un recurso contra el Proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral de Caja Madrid aprobado por la Comunidad de Madrid que reduce su representación en los órganos de gobierno de la entidad financiera. Según ha dicho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento considera "lesivo" para los intereses de los madrileños y "contrario al artículo 2.3 de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro" la nueva representación de las corporaciones locales en los nuevos estatutos.

Cobo ha afirmado que Madrid pasaría de 70 a 24 representantes y ha asegurado que detrás de este recurso "no hay ninguna otra cuestión ni enfado" contra la Comunidad de Madrid, sino sólo "la defensa de los intereses de los madrileños". El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, tildó de "bastante incongruente" el recurso anunciado por el Ayuntamiento de Madrid.

En primer lugar, reveló que le "sorprende" este anuncio "porque los Estatutos no se han aprobado" todavía, por lo que "será (un anuncio) a futuro". "Como todo esto es bastante incongruente, no quiero pensar que esto sea un intento de amedrentar e intentar orientar a los miembros de la asamblea general, que se tienen que pronunciar dentro de unos días en relación a estos estatutos, lo cual no tendría mucho sentido". "Creo que eso no es razonable, creo que no es lo que se pretende", agregó.

"Lo que parece claro es que si el consejo de administración de Caja Madrid ha dado su visto bueno por unanimidad a los Estatutos, como no podría ser de otra manera, porque son unos estatutos que lo único que hacen es adaptarse a la Ley en vigor, lo razonable y normal es que la asamblea general, que es el órgano máximo de la caja, pero que, a su vez, es la que ha designado a sus representntes en el consejo de administración, y éste le propone unos estatutos, lo lógico es que también vote a favor", consideró el número dos de Esperanza Aguirre.

Además, destacó que "los representantes supuestamente del Ayuntamiento en el consejo de administración de Caja Madrid han votado a favor de estos Estatutos en el Consejo de Administración que se celebró hace unos días".

"Por lo tanto, sería bueno que alguien explicase por qué los representantes del Ayuntamiento en el consejo, que son los que tienen capacidad de decidir y de proponer estos Estatutos, votan favorablemente, y sin embargo, el Ayuntamiento hace un anuncio de recurso", agregó.

(www.publico.es, 12/032/09)

24. VECINOS DE VALLECAS ACUSAN A BOTELLA DE LIMPIAR SUS CALLES SÓLO CUANDO VA DE VISITA

Varios grupos de vecinos de Puente de Vallecas, alrededor de una cincuentena, increparon a Ana Botella, delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento, por la falta habitual de limpieza en las calles de su distrito. También acusaron a la dirigente popular de que las vías sólo se arreglan cuando va ella de visita.

Desde el Consistorio aseguraron que ya se han realizado cuatro actuaciones de limpieza en el Puente de Vallecas, con una duración de una semana y la intervención de 92 operarios ayudados por 60 máquinas de limpieza.

Botella, también teniente de alcalde, fue al barrio para comprobar las labores de limpieza que se están realizando esta semana en cumplimiento del Plan de Limpieza General 2009, con el que, según explicaron desde Medio Ambiente, se pretende llevar a cabo una "puesta a punto" de diferentes zonas de la capital. Pero, durante su visita, varios vecinos de la Colonia Sandi (en el distrito de Puente de Vallecas) se quejaron a Botella del estado de abandono en el que se encuentran las calles habitualmente y explicaron que sólo se limpia el distrito "cuando viene ella".

Uno de los vecinos, Eugenio Delgado, subrayó que "sólo se están limpiando dos calles en el barrio" y explicó que lleva 34 años viviendo allí y, hasta , "nunca se han visto dos camiones de limpieza juntos". Botella le replicó que, según sus datos, "el cien por cien de los vecinos y comerciantes encuestados consideraron que la limpieza integral que el Ayuntamiento está haciendo en todos los distritos es una actuación buena o muy buena".

Asimismo, la delegada pidió la colaboración de los vecinos y afirmó: "El éxito de este plan depende de lo que ocurra al día siguiente de la limpieza". "Queremos que los madrileños se comprometan con la limpieza de su barrio, porque está en manos de todos conseguir que se mantenga limpio el máximo tiempo posible".

Desde el Ayuntamiento indicaron que el Plan en Puente de Vallecas afectará a 84 calles distribuidas en 12 zonas en torno a las calles de León Felipe, Rafael Fernández Hijicos, Luis Marín, Carlos Solé, Montánchez, Felipe de Diego, Venta del Pájaro, Río de San Lorenzo, Tierruca, la zona de Ruidera y la Colonia Sandi.

En estas zonas, los servicios de limpieza de la capital, dicen desde el Ayuntamiento, llevarán a cabo una labor "intensiva" de recogida de muebles y enseres, limpieza y recambio de papeleras y contenedores, limpieza de los graffitis de las fachadas, recogida de los residuos caninos en el pavimento y el baldeo y barrido a fondo de calles y plazas.El año pasado se realizaron en Puente de Vallecas 23 actuaciones que abarcaron 265 calles.

(www.elpais.com, 11/03/09)

25. UNA EDIL DEL PP DE GETAFE CARGA 32.000 EUROS EN UNA TARJETA DEL AYUNTAMIENTO

Todo fue cosa de su hija de 14 años. Fue ella quien en sólo cuatro meses se gastó casi 33.000 euros descargando en Internet capítulos de sus series favoritas, entre ellas Perdidos. Eso dijo la concejal del PP de Getafe, Blanca Rosa Alcántara, para justificar la factura que ha pagado el Ayuntamiento por el uso de la tarjeta de acceso a Internet que tenía asignada como herramienta de trabajo. En todo el año pasado la cuenta superó los 40.000 euros.

Al borde del llanto y acompañada del portavoz adjunto de los populares en el Consistorio getafense, José Luis Vicente, Alcántara anunció que devolverá hasta el último euro consumido con los intereses "que sean necesarios". Lo hizo después de que, el pasado viernes, el gobierno local advirtiese a su partido sobre la existencia de este gasto y abriese un expediente informativo.

La edil popular dio su versión: su hija cogió sin permiso la tarjeta municipal y se dedicó a descargar de Internet series de televisión, especialmente una de sus preferidas, Perdidos. Pese a que era habitual que su hija utilizase el ordenador portátil, Alcántara, según dijo, nunca sospechó, ya que dispone en su casa de un servicio inalámbrico de acceso a Internet. "Lo pagará ella personalmente", precisaron fuentes del grupo popular.

Mientras, el equipo de gobierno cargó con dureza contra el PP local, al que acusó de "irresponsable y negligente" y de hacer "un mal uso de fondos públicos", señaló la portavoz municipal, Sara Hernández. Dicha portavoz evitó pedir la dimisión o el cese de la concejal, si bien calificó de "vergonzosa" la excusa dada para justificar el gasto.

(www.elpais.com, 10/032/09)

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