Golf y ladrillo en Villanueva  

Villanueva del Pardillo, situada a 26 kilómetros de la capital y gobernada por el PP, prepara una modificación del avance del plan general que propone la recalificación de nueve millones de metros cuadrados. La propuesta eleva la población a medio plazo (10 años a partir de la aprobación) a 30.540 vecinos, y a largo, a 63.000 habitantes (la actual es de 10.721). Además, incluye un campo de golf municipal de 18 hoyos en una zona no urbanizable protegida por su interés paisajístico. Parte de la finca que ocupará la instalación deportiva pertenece al grupo San Román, cuyo propietario está vinculado a la Operación Malaya. El documento se encuentra en poder de los grupos municipales para su estudio y todavía no ha pasado por el pleno municipal.

Villanueva del Pardillo se ha apuntado al carro del crecimiento urbanístico que afecta a los pueblos con los que limita: Colmenarejo, Galapagar, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada y Valdemorillo. El equipo de gobierno, del PP, inició el proceso para conseguir un nuevo plan general en 2002. El pleno del Ayuntamiento aprobó entonces el avance del ordenamiento urbano, que iba a sustituir al plan general de 1998, todavía en vigor. El plan salió a información pública en ese momento.

Después llegaron tres años de silencio, hasta que, a finales de 2005, el Ayuntamiento entregó a los grupos políticos de la oposición (cuatro ediles del PSOE y uno del CDS) un nuevo documento de aprobación inicial del plan general. En él se aumentaba el número de viviendas contemplado en 2002.

Ahora los concejales están a la espera de que se convoque un pleno para discutir la propuesta y decidir si se aprueba o no. Los servicios técnicos municipales aclaran que al no haber sido aprobada en pleno esta documentación puede sufrir aún modificaciones.

Las actuaciones propuestas cambian el panorama urbanístico del municipio. La población se multiplica por tres a medio plazo (según el cálculo de los técnicos, 10 años desde su aprobación) y por seis si se llega a alcanzar el tope de 63.000 habitantes.

Fuentes municipales quitan hierro al incremento poblacional y aseguran: "El techo de habitantes es estimativo, porque se calcula agotando todo el suelo urbanizable, tanto el sectorizado [preparado para edificar en el momento en que la Comunidad apruebe el plan] como el no sectorizado [reserva de suelo edificable a más largo plazo]. Y hay que tener en cuenta que este último se desarrollará una vez se hayan terminado las parcelas sectorizadas".

Para los terrenos sectorizados la propuesta plantea 6.707 nuevas viviendas, que, sumadas a las 3.437 previstas por las actuales normas urbanísticas, dan un total de 10.144 casas. De ellas, 5.053 son pisos, 3.771 chalés adosados y pareados, y 1.320 chalés independientes. Pero, además, el documento deja 5.189.491 metros cuadrados de terreno para urbanizar en un futuro, donde entrarían otras 11.000 viviendas.

El nuevo parque de viviendas se distribuirá en los nueve millones de metros cuadrados que el municipio pretende recalificar (véase gráfico adjunto). Según las normas vigentes, el suelo no urbanizable ocupa 22.127.603 metros cuadrados. En el nuevo avance en estudio, esta superficie se reduce a 13.072.820 metros cuadrados, que se consideran protegidos. De esta forma, los terrenos aptos para edificar pasan del 13% actual al 48,7%.

Villanueva del Pardillo también se suma a la moda de los campos de golf municipales. El avance plantea una instalación de 18 hoyos que contará con una casa club, un edificio y área de mantenimiento, una caseta de prácticas y aparcamientos. El Ayuntamiento considera la instalación deportiva como un elemento que contribuirá a mantener el entorno con la máxima calidad ambiental. Para los ecologistas, sin embargo, un campo de golf es un jardín de donde se erradican todos los animales, acabando con la biodiversidad del entorno, y que, además, consume agua.

La parcela elegida para su ubicación ocupa una superficie total de 578.000 metros cuadrados y está calificada como no urbanizable por su interés paisajístico. Si el avance se aprueba, pasará a convertirse en red pública general para uso deportivo. Con esta calificación, el terreno adquiere una edificabilidad que se asigna a los propietarios en otros sectores del municipio. Villanueva del Pardillo consigue así que las tierras del futuro campo de golf se conviertan en municipales.

Los socialistas opinan que esta instalación deportiva ocasionaría un profundo cambio "negativo" para el municipio. "Sería mejor crear un parque", comentan. Además, recuerdan al alcalde que, en su opinión, se ha contemplado poco espacio para dotaciones deportivas, como un polideportivo o piscina cubierta.

Parte del terreno donde se ubicará el campo de golf pertenece al grupo San Román, uno de los principales constructores del municipio. El secretario general del PSOE de la localidad, Eduardo Fernández, sostiene que "siempre ha existido trato a favor de San Román en el pueblo". "Con la instalación del campo de golf en esos terrenos se le vuelve a favorecer. Hay que tener en cuenta que, además, muchas de las parcelas que rodean las futuras instalaciones deportivas también son de su propiedad". Fernández recuerda que en 1995 el Ayuntamiento recalificó a San Román un terreno de 55.294 metros cuadrados donde tiene "levantada una mansión".

Las críticas socialistas chocan con la opinión del Ayuntamiento, que asegura que el nuevo plan aportará calidad de vida a los ciudadanos. Como ejemplo, explican que un peatón empleará 10 minutos en llegar a cualquier punto del pueblo partiendo del centro urbano. También destacan el parque de ribera que se creará en la zona del arroyo de Los Palacios. Al mismo tiempo, según fuentes municipales, se mejorarán los accesos al municipio. El avance contempla la construcción de una variante para descongestionar el centro del pueblo y se reserva suelo para un futuro medio de transporte ferroviario "tipo tren ligero o cercanías".

Alcalde y concejal de Urbanismo

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Juan González Miramón (PP), lleva 15 años ocupando el sillón consistorial sin interrupción. Al mismo tiempo, ejerce de concejal de Urbanismo. Y es precisamente esta área la que le ha jugado varias malas pasadas.

En 1997 la Audiencia Provincial ordenó la inhabilitación de González durante dos meses por un delito de prevaricación, cometido por presionar al dueño de un restaurante arrendado en una finca municipal.En 2003 González volvió a visitar el juzgado. Esta vez por un supuesto delito de tráfico de influencias. Le acusaban de adjudicar a la empresa de un primo suyo un contrato de limpieza municipal. Fue absuelto, el juez consideró que su actuación sólo contenía "un aire fraudulento".

En la última denuncia, el regidor se enfrenta a un presunto delito de prevaricación. Según ésta, la comisión municipal de gobierno, con el voto del alcalde, autorizó la urbanización de un terreno de 74 hectáreas llamado Las Vegas sin el preceptivo plan parcial, según exige la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

La esposa de González Miramón es propietaria del 1,5% del terreno, en el que se pueden edificar un total de 500 chalés. El ex director general de Urbanismo Enrique Porto declaró ante la juez que la ausencia de un proyecto urbanístico para Las Vegas supone "un grave perjuicio para los intereses públicos y sociales".

Para el abogado del alcalde, se trata de una querella política en la que se detecta la mano de los socialistas, en la oposición municipal. Eduardo Fernández, secretario general del PSOE de la localidad, niega que exista ningún tipo de persecución política contra el alcalde. Además, opina: "El regidor carece de preparación para ostentar la Concejalía de Urbanismo, como lo demuestra la forma en la que ha crecido el pueblo, con muchas viviendas, pero sin infraestructuras adecuadas al aumento poblacional". www.elpais.es 15.11.06

El alcalde de Villanueva del Pardillo, acusado de prevaricar en favor de su esposa  

Juan González Miramón, alcalde del PP de Villanueva del Pardillo (10.721 habitantes), acudió ayer a los juzgados de San Lorenzo de El Escorial, donde una juez esperaba su declaración sobre un presunto delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta). La comisión municipal de gobierno, con el voto del alcalde, había autorizado la urbanización de un terreno de 74 hectáreas (500 chalés) sin el preceptivo plan parcial. Entre los propietarios del suelo estaba la esposa del regidor, que también fue llamada ayer a declarar. El juez ha paralizado las obras.En lugar de redactar un plan parcial para desarrollar las parcelas (zona denominada Las Vegas), tal como exige la Ley del Suelo de la Comunidad y el propio Plan General de Villanueva del Pardillo, González Miramón encargó un informe urbanístico a cuatro asesores externos al Ayuntamiento.

Todos recomendaron lo mismo: no era necesario realizar el plan parcial. Pero entre esos asesores contratados se encontraba José Luis González Sabariego, que es abogado de la constructora que está levantando los chalés. Un hecho que el fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio, ya advirtió a la juez que lleva el caso."El alcalde ha actuado conforme a la ley en todo momento, y si ha cometido irregularidades, se debe a que no es un experto en urbanismo", declaró ayer Alfonso Travelle, abogado del regidor. González Miramón es presidente de la Sociedad Urbanística Municipal y, además, ha asumido las funciones de la concejal de Urbanismo del municipio, por lo que es la máxima autoridad municipal en esta materia. Lleva 15 años consecutivos siendo alcalde de la localidad.

Tres millones de pesetas

El alcalde, por su parte, negó ante la juez haber autorizado la urbanización para beneficiar a su esposa, propietaria del 1,5% del terreno. Sin embargo, rechazó hacer declaraciones a este periódico."Compré las tierras en 1988 por tres millones de pesetas [18.000 euros] con un dinero que me dieron mis padres", declaró ayer ante la juez María Isabel Quebrada Torres, esposa de González Miramón. La mujer del regidor es uno de los 232 propietarios que aceptaron urbanizar sus tierras. Sólo cuatro votaron en contra del convenio que les presentó el Ayuntamiento el 16 de marzo de 2003. La ausencia de un proyecto urbanístico específico para Las Vegas supone "un grave perjuicio para los intereses públicos y sociales", declaró ante la juez el pasado 19 de junio el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto Rey.

"González Miramón no se abstuvo cuando se aprobó la urbanización a pesar de que su esposa era propietaria de una parte de los terrenos. Eso demuestra la conducta prevaricadora del alcalde", según César Canora, abogado que presentó hace un año la querella que motivó la investigación judicial y representante de la acusación particular.

"Es una querella política", replicó ayer en el juzgado el abogado municipal de Villanueva del Pardillo, Esteban Hidalgo. El letrado cree que detrás de la querella hay "intereses partidistas de los concejales socialistas, que no han denunciado al alcalde porque les interesa urbanizar la zona, pero que quieren desgastarlo". Lo dijo ayer a escasos metros de Eduardo Fernández, secretario general del PSOE en la localidad, que quiso apoyar a los denunciantes para "limpiar de especulación el municipio".

La querella ha conseguido que la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial paralice cautelarmente las licencias de obra ya concedidas y el otorgamiento de otras nuevas "hasta que se realice un plan parcial", según informó ayer el alcalde en una carta que envió a los propietarios de Las Vegas.No es la primera vez que González Miramón acude a un juzgado. En 1997, un juez de la Audiencia Provincial ordenó su inhabilitación por dos meses por un delito de prevaricación: por presionar al dueño de un restaurante arrendado en una finca municipal.

No fue la última ocasión que tuvo el regidor para declarar ante un juez. En 2003 fue juzgado de nuevo. Esta vez por tráfico de influencias. Adjudicó a la empresa de un primo suyo un contrato de limpieza municipal. Esta vez resultó absuelto, el juez consideró que su actuación sólo contenía "un aire fraudulento".Ayer volvió a declarar acusado de prevaricación. Los denunciantes piden su inhabilitación y una multa de nueve millones de euros.EL PAÍS - 06-07-2006