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"Madrid, emblema de la España del PP"
(Mariano Rajoy dixit.14.01.07)

Villanueva de la Cañada 'regala' tres millones en suelo a propietarios que serán expropiados  

las claves de una denuncia (pdf)

El rumboso alcalde y su particular política social

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada regalará unos tres millones de euros en terrenos a los terratenientes dueños de 26.813 metros cuadrados de varias fincas que iban a ser expropiados para ampliar la carretera M-503. Un convenio firmado con el Ayuntamiento el pasado 13 de septiembre fija que estos propietarios reciban a cambio de la cesión gratuita de sus terrenos (calificados como no urbanizables por el planeamiento vigente) la misma superficie, pero de suelo urbanizable, en la ampliación del casco urbano. Según el alcalde Luis Partida (PP), que también preside la Federación de Municipios, su equipo de gobierno usa esta fórmula desde hace tiempo. "Es política social", afirmó.

"Un fraude de ley y un subterfugio". Así califica el diputado socialista de la Asamblea regional, Modesto Nolla, la actuación del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, al tramitar la cesión de terrenos de particulares para la carretera M-503. Éste es un proyecto que corre a cargo de la Consejería de Transportes e Infraestructuras para unir la M-50 y la M-600.

Una orden de la consejería anunció el 26 de julio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el periodo de información pública de los afectados por el expediente de expropiación forzosa por la obra de la carretera M-503, donde figuran los propietarios de Villanueva. Según una portavoz de la consejería, ese expediente sigue abierto porque el Gobierno regional todavía no ha recibido los convenios con los dueños de los terrenos. "En todo caso, antes de paralizar el expediente, los estudian antes nuestros servicios jurídicos para ver si el convenio es legal", agregó.

El pasado 13 de septiembre, el Consistorio de Villanueva de la Cañada firmó un convenio con cada afectado por el que les reconoce "los correspondientes derechos urbanísticos de los terrenos ocupados, como integrantes del sistema supramunicipal o general de infraestructuras en suelo urbanizable sectorizado, para hacerlos efectivos desde ya, y, en todo caso, en la futura ordenación urbanística".

Terreno de secano

Según el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Villanueva, los terrenos que ocupará parte de la carretera M-503 (26.813 metros cuadrados) están calificados como suelo no urbanizable y de secano. El Ayuntamiento tiene aprobado un avance de plan general urbanístico que modificará esa consideración hacia la de suelo urbanizable, aunque todavía la Comunidad de Madrid no le ha dado el visto bueno y, por tanto, el avance no está en vigor.

La importancia de considerar uno u otro tipo de suelo radica en que el terreno urbanizable es más caro en el mercado. En la expropiación forzosa, el valor de los solares no urbanizables "oscila entre un euro por metro cuadrado, si se determina por el método de capitalización de rentas; a cuatro como máximo, si se aplica el de comparación de los valores de mercado en fincas análogas, como marca el artículo 26 de la Ley del Suelo", explica Molla. Eso supone que la Comunidad pagaría como mínimo 107.252 euros al expropiar.

El diputado socialista añade que el valor medio del suelo urbanizable sectorizado en Villanueva de la Cañada es de 120 euros por metro cuadrado. Por eso, estima que el Consistorio regala a los propietarios unos 3.110.308 euros, "al reconocerles derechos urbanísticos en función del avance del plan general que aún no está vigente".

El mismo 13 de septiembre, los propietarios firmaron el acta de ocupación del expediente de expropiación. En ese documento se dice que "el propietario manifiesta que cede gratuitamente la finca de referencia para la ejecución del proyecto citado, en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento".

Según Molla, el convenio quiere "hacer una ficción de que no se produce la expropiación para no tener que aplicar la legislación en esta materia". La Ley del Suelo (artículos 24 y 25) y la Ley de Expropiación Forzosa (artículo 36.1) estipulan que el valor de un terreno a expropiar debe calcularse en función de la catalogación que marque el planeamiento vigente y no por derechos futuros. "Con esta fórmula, los terrenos aumentan al valor de suelo urbanizable", puntualizó el diputado socialista, que explica que a quienes ya se benefician porque la carretera pase cerca de sus fincas se les concede, además, terrenos más valiosos

Sin embargo, el alcalde de Villanueva de la Cañada sostiene que este sistema es "una forma de repartir beneficios y cargas entre los afectados por la carretera". Según él, las fincas que resultan afectadas por la vía también se benefician de ella. "Pretendemos que la Administración no tenga que pagar ni un duro a los beneficiarios de esa carretera", aseguró. El Ayuntamiento cederá gratuitamente a la Comunidad de Madrid los terrenos para ampliar la carretera.

"Actuamos siempre así", aseguró Luis Partida. "Y mientras yo sea alcalde, va a ser así siempre". El regidor insistió que sólo los grupos de la oposición están contra la fórmula que él ya usó en su municipio, por ejemplo, para construir la variante de la M-600. "Si está mal, lo que debían hacer es ir a los tribunales", planteó. "Es el empecinamiento de querer demostrar que hay que expropiarlo todo"

El teniente de alcalde, beneficiado

Entre los propietarios de los 26.813 metros cuadrados afectados por la carretera M-503 que han firmado convenios con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, hay algunos nombres muy conocidos en el municipio y relacionados con el PP, según denuncia el diputado socialista Modesto Nolla.

Uno es Enrique Serrano Sánchez-Tembleque, primer teniente de alcalde de Villanueva de la Cañada, del PP. Junto con otros cuatro familiares, figura como propietario de la parcela número 5, con 7.576 metros cuadrados.

El alcalde del municipio, Luis Partida, restó importancia a su aparición entre los propietarios con los que ha firmado un convenio. "Tienen también su hermano, su primo... Pertenece a los Serrano, una de las familias con más terrenos en Villanueva de la Cañada. Donde toques, ahí tienen terrenos. No tiene mayor dificultad. Pasa en la mayoría de los pueblos", aseguró el regidor.

Otro de los nombres aportados por el PSOE es Julio Brunete de la Plaza, ex primer teniente de alcalde, también por el PP, cargo que ocupó durante varios mandatos anteriores.

El alcalde negó que esté relacionado con las fincas que figuran en los convenios. "Nunca ha estado", dijo. Sin embargo, el nombre de Brunete de la Plaza sí figura en la relación de afectados por la expropiación que publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 26 de julio de 2005 como titular de la parcela 11, con una superficie de 4.833 metros cuadrados.

También figura su tío, Luciano Serrano Serrano, titular de 753 metros cuadrados.

Otro de los propietarios es Francisco González Gamella, hermano de la primera esposa de Luis Partida. Figura como administrador solidario -junto a Clemente González Botello y con Soledad González Botello como apoderada- de la empresa Villanueva 3, que tiene 2.272 metros cuadrados afectados por la carretera.

El alcalde de Villanueva explicó que hace tiempo que no mantiene relaciones con él por razones personales. "Yo no tengo nada que ver", recalcó. Después, insistió: "Se equivoca quien crea que van por ahí las cosas".Publicado en El País.13.03.06

LA ESPOSA DEL ALCALDE DE VILLANUEVA COBRÓ DEL AUTOR DEL PLAN QUE FACILITÓ EL 'PELOTAZO' DE PORTO 

También se ha sabido que Juana Manrique, arquitecta municipal de Villanueva de la Cañada y esposa de su alcalde, Luis Partida (PP), cobró entre 2003 y 2005 de José María Fernández del Río, redactor del plan de Los Pocillos que facilitó el pelotazo que benefició a Enrique Porto, entonces director de Urbanismo. Los pagos se produjeron antes y después de emitir su informe favorable al proyecto. En dicho sector, poseían más de 20.000 m2 -que vendieron en enero de 2006 por 4,3 millones- su pagador, Fernández del Río y sus socios: Porto, que dimitió ante al conocerse el pelotazo, y Ricardo Ortega, cuñado de la funcionaria. Estos pagos del socio de Porto a la esposa del alcalde de Villanueva de la Cañada, que se extienden desde 2003 a 2005, se producen con una inusitada regularidad. Fernández del Río le liquidaba trimestralmente honorarios por supuestas actividades profesionales a dicha funcionaria. Así, por ejemplo, según sus apuntes contables, Fernández decía abonarle a Manrique el 50% de sus honorarios por labores realizadas precisamente para inmobiliarias que operaban en Villanueva de la Cañada en concepto de proyectos de ejecución de vivienda o urbanización. Algunos de tales servicios databan de 2003, por tanto, al menos desde ese año la arquitecta municipal habría venido desempeñando este doblete público y privado. El 12 de enero de 2004, Juana Manrique cobra de Fernández del Río 28.577 euros. En septiembre de 2004, Plarquin -empresa de Fernández del Río que antes compartía con Porto-, realiza otro pago a la esposa de Partida por un monto similar, 26.615 euros, por "honorarios por trabajos de colaboración realizados en su estudio referidos al desarrollo urbanístico de los terrenos situados en Alfoz de Quintadueñas (Burgos)".

Pero parece que realmente la contrapartida al pago era esta: debía informar favorablemente, como así hizo, cada uno de dichos trámites, plan general, plan parcial, desarrollo de las unidades de ejecución, proyectos de urbanización, licencias de obras y viviendas, etcétera. No es una hipótesis. Un ejemplo: el 14 de julio de 2004, entre pago y pago de Fernández del Río. Manrique dictaminó el proyecto del plan parcial del sector 1 de Los Pocillos redactado por su financiador. La arquitecta lo "informa favorablemente para su aprobación provisional, ya que se han cumplido todas las modificaciones exigidas en los informes emitidos por los distintos órganos consultados". Por el contrario, Ecologistas en Acción denunció en los juzgados al equipo redactor de los planes parciales de dicho municipio y a las autoridades que los aprobaron: Comisión de Urbanismo de Madrid y Corporación de Villanueva de la Cañada. (05/10/06)

FAMILIARES DE ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO' TRAS UNA GESTIÓN DE PORTO  

Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de su portavoz, ha declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en relación con el sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde tanto Porto como familiares de la jefa del Ejecutivo regional tenían unos terrenos que vendieron en 2006 tras desbloquear urbanísticamente esa zona en 2004 el citado alto cargo regional.

Gil de Biedma es uno de los operadores inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se dedica, entre otras cosas, a la compraventa de suelo en distintos municipios, en algunos casos en pleno proceso de modificación de sus planes generales (aquellos que definen dónde y cómo se puede edificar). Tanto Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) vendieron en enero de 2006 sus parcelas en el sector 1 de Villanueva de la Cañada.

Hasta que Porto fue nombrado director general de Urbanismo, la urbanización de ese sector estaba bloqueada, pues los técnicos habían planteado distintas objeciones al plan. Porto, desoyendo a sus técnicos, desbloqueó la aprobación del citado plan parcial -redactado por un socio suyo, José María Fernández del Río, ex consejero de Cajamadrid por el PP- en septiembre de 2004. Las ventas de esos terrenos, en los que ya se podía edificar, se hicieron en enero de 2006 sin que Porto, que poseía una parte, ni los familiares de Esperanza Aguirre, también dueños de terrenos en la zona, invirtieran un solo euro en urbanizarlos.

- Revalorización. La revalorización de los terrenos de Villanueva de la Cañada tuvo su primer hito en la recalificación del sector aprobada en 1999 por el Ayuntamiento, presidido por Luis Partida (PP). Partida encargó a Porto el diseño del crecimiento del municipio. Pese a la recalificación de los terrenos, el Gobierno regional, entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó en mayo de 2003 la urbanización del plan parcial que desarrollaba el sector 1 (denominado Los Pocillos, con 1,4 millones de metros cuadrados), entre cuyos propietarios figuraban ya Porto y los familiares de Esperanza Aguirre. Cuando Porto, con el cambio de Gobierno regional, llegó a la Dirección General de Urbanismo -tomó posesión en enero de 2004-, desbloqueó nueve meses después los problemas que bloqueaban el plan de urbanización de dicho sector, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos.

La finca que compraron los familiares de Esperanza Aguirre se valoraba en 24.040 euros en noviembre de 1999 -nueve meses después de su recalificación- por su dueño, Benito Nieto García (6.000 euros más de lo que le costó en 1995). Cuando la vende, un año más tarde, en mayo de 2000, ya pide y recibe 419.975 euros de Alminar de Villas (la empresa de los Gil de Biedma) y Construcciones Ureta. Ambas sociedades la venden en enero de 2006 por 4,6 millones de euros a la inmobiliaria Terinza 26, que a su vez le da un valor de subasta de seis millones de euros.

- Intervención decisiva. La intervención de Porto como director general de Urbanismo fue decisiva para su negocio y para el de la familia de Aguirre en Villanueva de la Cañada. Porto rechazó el informe de sus técnicos, que arrojaba una terrible losa sobre sus intereses y los de los Gil de Biedma. Sus responsables técnico y jurídico le exigieron en un escrito de nueve folios -que Porto evitó incorporar al expediente administrativo- mantener la suspensión urbanística que pesaba sobre este sector de Villanueva de la Cañada desde mayo de 2003 por entender que persistían dos de las seis deficiencias que denunciaron entonces, y alguna anomalía más, como la falta de informe de evaluación ambiental.

Los expertos consultados por este periódico ven otro supuesto trato favor de Porto a ese plan parcial: fue devuelto al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada en mayo de 2003 para su corrección antes de seis meses. Sin embargo, fue vuelto a presentar en Urbanismo en agosto de 2004, 15 meses después, por lo que Porto debió darlo por caducado. Sin embargo, lo bendijo y aprobó al mes siguiente. De haberlo rechazado, habría sido redactado como nuevo y conforme a la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, que forzaría a los dueños a ceder 104.000 metros cuadrados de suelo urbanizable a la Comunidad de Madrid (un tercio sería para viviendas protegidas, unas 300).

Funcionarios de Urbanismo afirman que ninguna de las objeciones que plantearon al plan eran insalvables. Pero admiten que sus pegas, de haber sido atendidas, habrían retrasado el plan, lo que podría haber complicado los planes de venta de los dueños y el calendario de construcción de los promotores.

TRES DEFICIENCIAS QUE NUNCA FUERON SUBSANADAS  

Enrique Porto, ex director general de Urbanismo de Madrid, autorizó el plan del Sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos, sin subsanar las tres deficiencias siguientes que denunciaron sus técnicos:

- Monte preservado. Los técnicos denunciaron que se inflaba ilegalmente el volumen de edificabilidad del sector al computarse como suelo urbanizable el monte preservado: "No pueden computarse dichos suelos a efectos del cálculo de la edificabilidad, del aprovechamiento urbanístico o del número máximo de viviendas en el ámbito del sector". Tal párrafo de los técnicos, se mutó en lo siguiente al bendecirlo Porto: "La consideración tanto por el plan parcial como por el plan general de estos terrenos como sistema general de espacios libres no es incompatible con su calificación como suelo no urbanizable protegido". Y así ocurriría en la práctica: el monte se computó y aumentó la edificabilidad del sector, según los expertos.

- Paralización por la M-503. La segunda deficiencia que orilló Porto y denunciaban sus técnicos rezaba así: "En relación con la carretera M-503, colindante con el Plan Parcial, se reitera la necesidad de subsanar las deficiencias que motivaron el aplazamiento de la aprobación definitiva del Plan General que afecta a una banda de 200 metros a ambos márgenes de dicha carretera, tramitación previa a la aprobación definitiva del presente plan parcial".

Más allá de si esta paralización afectaba directamente a fincas de Porto, como sugieren expertos consultados, lo que sí admiten funcionarios de Urbanismo es que el desbloqueo de este veto zonal derivado del Plan General, originaría unos trámites que retrasaría todo el plan parcial del sector donde tenían intereses Porto y los tíos y primos de Aguirre. Y al afectar al Plan General, su desbloqueo debía autorizarlo el Gobierno de Aguirre, según los expertos. Pero Porto eliminó de un plumazo el veto derivado de la M-503: "Se resuelve mediante una glorieta, cuyo trazado se ajusta al proyecto".

- Sin informe ambiental. Porto obvió una tercera anomalía que denunciaron sus técnicos: "Es necesario hacer mención del informe de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental de octubre de 2003, en lo relativo a la obligatoriedad o no de someter el proyecto de plan parcial a alguno de los procedimientos ambientales. Entendemos necesario una aclaración a dicho informe, al existir un vacío en los procedimientos a realizar o realizados respecto a la protección, puesto que el plan general no efectuó evaluación ambiental como hubiera sido exigible, ni análisis ambiental". 

UN CONSISTORIO DEL PP FACILITÓ UN 'PELOTAZO' A PROMOTORES QUE FINANCIARON A TAMAYO Y SÁEZ  

El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP), mandó adquirir en 1997 una finca de los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, que apoyaron al diputado Eduardo Tamayo cuando en 2003 rompió la disciplina de voto y frustró un Gobierno socialista en Madrid. Los constructores compraron la parcela en 268.674 €, y meses después, el Ayuntamiento de Villanueva la valoró, en informe sin fecha, en 963.349 €. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 €, que vendieron en tres meses por 2,5 millones. El beneficio fue de 2,2 millones.

El 26 de diciembre de 1996, la sociedad Villanueva de los Negocios -presidida por Vázquez y con Bravo como secretario- compró una finca de 4.618 m2 en Villanueva de la Cañada calificada como equipamiento comercial. La firma pagó 268.674 €. Sólo dos meses después, el 26 de febrero de 1997, el alcalde, Luis Partida, decreta dentro de la revisión del plan de ordenación urbana que dicho terreno "sería idóneo para albergar algún servicio de carácter público". Acabó destinado a un cuartel de la Guardia Civil. El Ayuntamiento inició entonces las gestiones para su adquisición. Partida advierte en un escrito que "por los contactos mantenidos con la propiedad se ha llegado a la conclusión de que la permuta con terrenos municipales sería una fórmula aceptable para la obtención del citado terreno". El alcalde alude en febrero de 1997 a contactos con la propiedad, Villanueva de los Negocios, que compraron el terreno 2 meses antes.

Ese mismo día, 26 de febrero, según acta del Ayuntamiento, el alcalde ya define incluso qué propiedades municipales daría a los Bravo: dos solares en la calle Jacinto Benavente incluidos en un ensanche. Ya sólo quedaba por demostrar que la finca de los Bravo y las municipales tenían un valor similar y por lo tanto eran permutables. Esa labor recayó en el aparejador municipal, Miguel Fernández, quien concluyó en un informe sin fecha: "Se comprueba la sensible equivalencia de los valores de ambos terrenos, por lo que la permuta de los mismos se considera equilibrada".

El valor que el aparejador da a las fincas municipales resulta de multiplicar su superficie máxima construible (7.018 m2) por el valor del suelo (137,9 €/m2), lo que da un precio de 965.899 €. El informe precisa que la tipología de las fincas que cede el Ayuntamiento será vivienda colectiva en manzana cerrada. La valoración de la finca de Bravo y Vázquez es la siguiente: el aparejador multiplica la superficie máxima construible (3.506 m2), por el valor del suelo (275 €/m2),). El resultado fue de 963.349 €.

Lo raro es que ambos terrenos -uno destinado a vivienda y otro a equipamiento-, se valorasen casi igual, sino que el aparejador municipal valorase en 963.349 € unos terrenos que Bravo y Vázquez habían comprado por sólo 268.674 € sólo dos meses antes de que el alcalde ordenara la permuta. Por tanto, con sólo ese informe municipal los Bravo ya habían obtenido casi 700.000 € de ganancia, sin contar con que la rentabilidad de las fincas municipales recibidas no fuera aún mayor de la tasada por el aparejador.

Los hechos confirmaron la sospecha. A los tres meses de producirse la permuta de fincas, -el intercambio se materializó en marzo de 1999 por exigencias burocráticas, pero sin modificar las tasaciones de 1997-, los Bravo vendieron por 2,5 millones la finca que el Ayuntamiento les entregó valorada en 965.899 €. En total, con una inversión de 268.674 €, habían obtenido un beneficio de 2,2 millones. Y sin poner un ladrillo. (06/11/06)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA: EL EX JEFE DE URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE DIMITIÓ, TRAS UN ‘PELOTAZO’ DE 4,3 MILLONES €

El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, autorizó en 2004 un plan parcial (Los Pocillos) de Villanueva de la Cañada (Madrid) que incluía más de 20.000 m2, parte de los cuales eran de su propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado del alcalde). Porto dio por corregidas las deficiencias que bloqueaban su urbanización desde hacía un año y vendió sus fincas en enero pasado por 4,3 millones €, frente a los 87.000 € pagados por él y sus socios antes de su recalificación en 1999. Posteriormente, y tras descubrirse este embrollo, Porto dimitió.

La historia de este pelotazo urbanístico se cierra el 11 de enero de 2006. Ese día, la constructora Fadesa -firma que en ocasiones ha pagado servicios privados arquitectónicos de Porto y de Plarquin, firma de sus socios- compra una finca rústica de 2.000 m2 en Villanueva de la Cañada. Quienes la venden la habían comprado en 1988 por 24.000 €. Sus propietarios eran Enrique Porto y esposa (25%), y sus socios José María Fernández del Río y esposa (25%) y Ricardo Ortega Aranegui (50%), concuñado de Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada desde 1979. Su número registral es 4.159.

Pese al título de "rústica" que le atribuye la escritura, ésta destaca que la finca "se encuentra íntegramente incluida en el sector número 1 de suelo urbanizable denominado Los Pocillos, que dispone a fecha de hoy de Plan Parcial aprobado definitivamente y firme en derecho, y con fecha de publicación en el BOCAM de 26 de noviembre de 2004". El precio de venta se tasa en 186 €/m2, lo que brinda a los vendedores un ingreso total de 400.458 €.

Ese mismo día, Elclansol, firma que incluye a los mismos propietarios (la esposa de Porto, con régimen de gananciales, es socia desde noviembre de 2001, al igual que Fernández del Río y el concuñado del alcalde de Villanueva de la Cañada), vende también a Fadesa otras dos parcelas rústicas en dicho municipio: números registrales 2.587 (11.285 m2) y 2.718 (10.062 m2). La escritura, vuelve a recalcar, que "a fecha de hoy" ambas fincas están incluidas en el sector del suelo urbanizable antedicho y que dispone de plan parcial aprobado. Con igual precio por m2, la sociedad de Porto, Elclansol, cobra 3,9 millones € por unos terrenos que le costaron 63.000 € en 1994, antes de su recalificación.

Mientras, la Presidenta Regional solo contesta con un lacónico "pregúntenle a Porto". Ésta fue la respuesta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio  cuando se le preguntó sobre las razones de la dimisión del director de Urbanismo, Enrique Porto. "Estará deseoso de contestarles", añadió. Ningún miembro del Gobierno ha respaldado la gestión del alto cargo y sólo el Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea regional ejerció su defensa. (04/10/06)

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