El Ayuntamiento de Quijorna (PP) autorizó construir más de 120 viviendas de forma ilegal
La
Consejería
de
Urbanismo
de la
Comunidad
de
Madrid
parece
haber
dejado
en
evidencia
las
actuaciones
urbanísticas
del
gobierno
Popular
de
Quijorna,
al
reconocer,
en un
informe
de la
Dirección
General
de
Urbanismo,
la
ilegalidad
de una
ordenanza
municipal
aprobada
por el
Partido
Popular,
que
incumple
las
Normas
Urbanísticas
del
citado
municipio.
Según
una nota
de
prensa
publicada
por el
Grupo
Independiente
en el
municipio
madrileño,
en dicho
informe
de la
Dirección
General
de
Urbanismo,
de fecha
21 de
noviembre
de 2007,
el
Servicio
de
Inspección
Urbanística
declara
la
ilegalidad
de dicha
normativa,
en
virtud
de la
cual se
han
construido
y se
siguen
construyendo
más de
120
viviendas,
pertenecientes
a 6
promociones
en el
casco
urbano
del
municipio.
Licencias
por
decreto
La
ilegalidad
de esta
ordenanza,
aprobada
por el
PP, fue
denunciada
por el
Grupo
Independiente
de
Quijorna
(GIQ)
inicialmente
ante la
Alcaldesa,
Mercedes
García
Rodríguez,
quien
concedió
las
licencias
por
decreto.
Ahora,
la
máxima
autoridad
urbanística
de la
Comunidad
de
Madrid
avala
con su
informe
la
denuncia
de los
independientes.
“Paralización
inmediata”
“Vamos a
solicitar
la
paralización
inmediata
de las
promociones,
así como
la
demolición
de las
obras
ejecutadas
ilegalmente,
iniciando
de
inmediato
acciones
judiciales
contra
los
responsables
políticos”,
manifestó
Florentino
Serrano,
Portavoz
del GIQ.
Edificios
ya
habitados
Pero,
según la
misma
nota de
prensa,
la
situación
urbanística
generada
por la
concesión
de estas
licencias
ilegales
es
todavía,
si cabe,
de mayor
gravedad,
pues dos
de las
promociones
están
completamente
terminadas,
y una de
ellas,
habitada.
Interesantes
conexiones
La misma
fuente
relata
que,
curiosamente,
19
chalets
ya
habitados,
cuya
licencia
la
Comunidad
de
Madrid
declara
ilegal,
fueron
proyectados
por el
actual
arquitecto
municipal,
José
Núñez,
propietario
anterior
del
terreno
y ex
Secretario
General
del
Partido
Popular.
Responsabilidad
patrimonial
“Han
construido
19
chalets
donde
sólo se
pueden
hacer 6.
La
responsabilidad
patrimonial,
únicamente
en esta
promoción,
puede
superar
los 5
millones
de
euros”,
concluyó
el
concejal
portavoz
del GIQ.
www.elplural.com 14.12.07
La corrupción urbanística de Quijorna pasa a investigación judicial
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que, tras abrir “diligencias de investigación” contra la alcaldesa del municipio madrileño de Quijorna, la popular Mercedes García Rodríguez, y otros cuatro concejales del ayuntamiento por corrupción urbanística, trasladará la investigación al juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles para dar continuidad al proceso judicial.
El
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha decidido no
archivar la denuncia que el
Grupo Independiente de Quijorna
interpuso contra la
alcaldesa (PP) y cuatro
concejales por la firma
presuntamente irregular de un
convenio que reducía
drásticamente la construcción de
viviendas de protección oficial
en terrenos del ayuntamiento.
Con este paso se inician las
diligencias judiciales contra
los imputados en un juzgado de
Instrucción, al que se han
remitido tanto las diligencias
previas como las diligencias de
investigación que realizó el
TSJM.
Reducción de la vivienda
protegida
La denuncia contra el equipo de
Gobierno de Quijorna se
interpuso tras la firma de un
total de 37 acuerdos para
construir viviendas. Estos
acuerdos
redujeron
del 50 al 10 por ciento el
número de viviendas de
protección oficial,
en contra de lo estipulado en la
Ley del Suelo madrileña.
Con el apoyo de PP y
PSOE
Estos convenios salieron
adelante en agosto de 2006 con
el apoyo de la acaldesa, y dos
concejales del PP, junto a los
votos favorables de dos
concejales socialistas. Estos
últimos
fueron
inmediatamente expedientados
y está previsto que sean
expulsados próximamente del PSM.
La alcaldesa, acusada
también de malversación
La alcaldesa del municipio, por
su parte, tiene abierto
otro
proceso judicial
por haber pagado para su defensa
en este caso a abogados del
bufete del polémico ex juez
Gómez de Liaño con fondos
municipales, algo que no permite
la ley.
www.elplural.com 21.03.07
Mercedes García Rodríguez, la alcaldesa popular del municipio madrileño de Quijorna, está acusada de un “presunto delito de prevaricación en concurrencia con el de malversación de caudales públicos” por haber pagado con fondos públicos del Ayuntamiento al despacho de abogados Gómez de Liaño S.L. para su defensa personal. La alcaldesa habría tomado unos 30.000 euros del erario público para pagar los servicios jurídicos de defensa en otra querella, en la que se le acusaba de escándalos urbanísticos.
El grupo político municipal Grupo
Independiente de Quijorna (GIQ) se querelló contra la
alcaldesa del municipio, a la que acusan de haber
contratado para su defensa particular al gabinete de
abogados regentado por el polémico ex juez Gómez de
Liaño, sobre quien pesa una condena por prevaricación, y
cuyo bufete ha defendido a personajes tan polémicos como
Isabel García Marcos, imputada en la trama de corrupción
urbanística de Marbella.
Mercedes García está acusada de pagar a Gómez de Liaño
con los fondos municipales incurriendo, según los
querellantes, en un presunto delito de malversación de
caudales públicos y en otro de prevaricación.
Los pagos a Gómez de Liaño
En agosto de 2006 la alcaldesa se vio envuelta en un
caso de especulación inmobiliaria por la aprobación de
unos convenios municipales que reducían en un 40 por
ciento el número de viviendas protegidas de área. En
diciembre del mismo año el Ayuntamiento aprobó una
factura por importe de 29.696 euros al gabinete Gómez de
Liaño S.L. para la “defensa jurídica de la Sra.
Alcaldesa en asunto penal” en una presunta actuación
irregular ya que, según se informa en el documento, el
presupuesto se aprobó “al margen de todo procedimiento
administrativo y careciendo de competencia”.
El Ayuntamiento no paga la defensa de sus
concejales
Según la denuncia, “con cargo al presupuesto del
Ayuntamiento no puede contratarse la defensa y
representación de uno de sus concejales”. El texto
matiza además que “los hechos son mucho más graves
porque la contratación del letrado, el reconocimiento
del gasto y el pago de su importe lo ha hecho la
alcaldesa al margen de todo procedimiento y vulnerando
su deber de abstención” (al votar el presupuesto y
elaborar la factura, Gacía Rodríguez debía haberse
abstenido de participar, puesto que el tema le tocaba
directamente).
Prevaricación…
Los querellantes encuentran un delito de
prevaricación en la actuación de la alcaldesa porque
cometió una “injusticia sustancial” al “aprovechar la
mayoría municipal para adoptar un acuerdo que de modo
flagrante pretende utilizar fondos públicos en beneficio
directo del os propios concejales que adoptan el
acuerdo”. Además, los acusados “participaron en la
deliberación y votación y adoptaron un acuerdo
manifiestamente injusto” pese a ser conscientes de que
sin su voto “que legalmente no podían emitir, el acuerdo
que les beneficiaba no sería adoptado”.
… y malversación de caudales
Además, el documento apunta también a un delito de
malversación de caudales públicos por “cargar al
presupuesto municipal los honorarios del abogado por un
asunto en el que no defiende al Ayuntamiento”, algo que,
a juicio de los demandantes, “evidencia en la alcaldesa
un ánimo de lucro patente”.
www.elplural.com
02.03.07