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CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

EL JUEZ TORRES 'NO DESCARTA' LLAMAR A DECLARAR A MÁS RESPONSABLES POLÍTICOS 

El juez que instruye el 'caso Guateque', Santiago Torres, no descarta llamar como imputados a distintos responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid presuntamente vinculados con la trama de concesión irregular de licencias en el Consistorio, apuntó hoy el portavoz municipal socialista, David Lucas. 

Torres decidió citar por primera vez a responsables municipales de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid así como a la jefa del servicio de licencias para que declaren, aunque no en calidad de imputados, en relación a varios de los expedientes que se investigan. 

El socialista insistió en que existen "responsabilidades políticas claras" en relación a la trama de corrupción en el seno del Ayuntamiento y confió en que los llamados a declarar "clarifiquen esas responsabilidades políticas y penales". 

En su opinión, "no es de recibo que mientras que estos responsables políticos son llamados a declarar en el Juzgado 32, a los represantes elegidos democráticamente se nos niegue la posibilidad de que pasen por la comisión de investigación". Precisamente el viernes concluirá dicha comisión municipal al no llegar a un acuerdo entre el PP y los grupos de la oposición en cuanto al número e identidad de los comparecientes. 

Por este motivo, el portavoz municipal socialista David Lucas, afirmó este miércoles que le gustaría que el PP "reconsiderara su boicot" a la comisión de investigación facilitando la comparecencia en ella de responsables políticos. 

El PSOE matizó que, en el auto en el que el juez Torres rechazaba la imputación de cargos políticos solicitada por el Grupo Municipal Socialista, añadió que en un futuro "no descarta la posibilidad de llamar a declarar a determinados responsables políticos" tras conocer los resultados de la auditoría realizada por la empresa Tragsatec en casi 200 expedientes implicados en la trama. 

(www.elmundo.es, 27/03/08)

Imputado el jefe de licencias del distrito de Villaverde

La Guardia Civil registra el despacho del funcionario

El caso Guateque no está enterrado ni ha caído en el olvido. El juez que dirige la instrucción, Santiago Torres, y los agentes de la Guardia Civil que investigan la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, siguen trabajando. Ayer el juez citó como imputado a un nuevo funcionario: el jefe de licencias de la Junta Municipal de Villaverde, Eduardo Escribano Clemente, acusado de supuesta prevaricación, cohecho y tráfico de influencia, según fuentes de la investigación.

  • El PSOE pide alargar la comisión de investigación hasta que se cierre el caso

El funcionario tendrá que acudir a declarar el próximo viernes acerca de su supuesta implicación en el caso Guateque.

Minutos antes de que Escribano fuese imputado, una decena de agentes de la Guardia Civil se presentó en su despacho de la Junta de Villaverde con una orden para registrarlo. No estuvieron más de 45 minutos. Sabían lo que buscaban. Y por eso se incautaron del disco duro del ordenador del funcionario y de dos agendas. Y precisamente, porque todavía se están produciendo detenciones, el portavoz socialista, David Lucas, pidió ayer "que se mantenga abierta la comisión de investigación hasta que concluya la investigación del caso".

Los agentes de la Guardia Civil que registraron el despacho de Escribano buscaban información sobre expedientes en los que participó Eduardo Agustino Carrasco, uno de los empresarios imputados en la trama y encarcelado por el juez Torres el pasado enero.

Entre los documentos que maneja la Guardia Civil y que relacionan a Escribano con Agustino Carrasco se encuentra el expediente de un bar en la calle de la Alegría de la Huerta. El propietario de este local de ocio superó la evaluación ambiental, requisito indispensable para obtener la licencia, con un informe favorable de fecha del pasado 13 de julio.

Otro de los expedientes que vincula a los dos imputados tiene que ver con un supermercado (Eroski) en el paseo de Alberto Palacios. Éste logró el informe ambiental el pasado 1 de agosto.

En ambos expedientes figuran las firmas de Victoriano Ceballos y la de su jefe en la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, "informando favorablemente" de la evaluación ambiental. Ambos funcionarios han sido encarcelados por el juez Torres. Ceballos es señalado como el presunto cabecilla de la organización que cobraba a empresarios a cambio de agilizar licencias.

Fuentes de la investigación revelan que Escribano aparece, además, en alguna de las grabaciones realizadas por la Guardia Civil en una conversación con Victoriano Ceballos. www.elpais.es 20.02.08

El juez ya ha registrado 15 de las 21 juntas municipales

La investigación de la Operación Guateque está aún en sus inicios, según adelantaron hace una semana fuentes del proceso. Cuando el juez que instruye el caso, Santiago Torres, levantó el secreto de sumario, todo hacía indicar que el caso iba a cerrarse, pero aún se prolongará cerca de un año. Por eso, fuentes de la investigación adelantan que se esperan más detenciones en los próximos días y remarcan que la investigación sigue abierta.

La Operación Guateque saltó a la luz el pasado 14 de noviembre cuando el juez Torres ordenó el registro de la sede de Urbanismo del Ayuntamiento y la detención de varios funcionarios y empresarios por una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de agilizar licencias de locales de ocio.

Hasta el momento la actividad judicial ha sido frenética y la Guardia Civil ha registrado 15 de las 21 juntas municipales (Centro, Tetuán, San Blas, Moratalaz, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Chamartín, Salamanca, Villaverde, Arganzuela, Carabanchel, Latina, Retiro, Villa de Vallecas y Hortaleza), así como las sedes de Gerencia de Urbanismo y de la Concejalía de Medio Ambiente. Ayer fue el turno de Villaverde.

El portavoz socialista, David Lucas, consideró "lamentable ver cómo la Guardia Civil entra en las dependencias municipales, y mientras tanto el alcalde de la ciudad sólo se preocupa de si se besa o no con Aguirre". A lo que agregó: "Nadie gobierna, nadie gestiona, y nadie se preocupa de dar soluciones a la mayor trama de corrupción del municipio".

Exceso de celo

Los grupos de la oposición (PSOE e IU) se quejaron ayer también del exceso de celo de los funcionarios municipales. En las dependencias donde se guardan los expedientes solicitados por el juez -a las que algunos llaman "el confesionario", quizá por los pecados que contienen sus documentos-, los funcionarios hacen un férreo control de quienes acuden a consultar la documentación para preparar la comisión de investigación.

"Están todo el rato encima. Cada vez que quieres consultar uno, tomar nota o hacer una fotocopia, tienes que dar el nombre. Es inaudito", se queja un miembro del PSOE que acude a diario a revisar los expedientes.

El Ayuntamiento dice que no tiene ninguna culpa. Un portavoz trasladó la responsabilidad al secretario municipal, que custodia los documentos municipales. www.elpais.es 20.02.08

Una empresa de ingeniería sobornó a nueve funcionarios desde 2001

La agenda de los empresarios revela que pagaron 130.000 euros en comisiones.- Un informe de la Guardia Civil destaca la envergadura de la trama de corrupción

La empresa de ingeniería Agustino Proyectos e Instalaciones llevaba las cuentas al detalle. Al menos las referidas a los sobornos que pagaba a los funcionarios que agilizaban las licencias que el estudio tramitaba. Todos esos cobros y pagos eran apuntados por sus directivos en una agenda siguiendo un método contable bastante artesanal: nombres de funcionarios, fecha en la que se realizaba el pago, cantidad y calle del local del cliente al que se iba a conseguir la licencia. Todo manuscrito a bolígrafo.

"El 'negocio' de Agustino Proyectos no tiene precedente en Madrid"

Los principales responsables de esta empresa, Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez, fueron enviados a prisión por el juez que instruye el caso Guateque, Santiago Torres, el pasado 12 de enero, tras incumplir una citación del juez porque estaban de vacaciones. Ahora, la agenda incautada por la Guardia Civil revela información sobre los pagos que realizó la empresa a nueve funcionarios municipales desde 2001. Desembolsaron 127.000 euros destinados a "comisiones" irregulares que les permitían agilizar las licencias que sus clientes les habían solicitado. Así se desprende de un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso este periódico y que incluye las citadas libretas de cuentas.

En dicho documento aparecen los siguientes funcionarios: Victoriano Ceballos (Medio Ambiente), Domingo Sánchez Bote (Junta Municipal de Salamanca), Manuel Salcedo Romanillos (Chamartín), Fernando de la Torre de Diego (Chamartín), José Luis Moreno López (Chamartín), Fernando Ruiz Torrejón (Urbanismo), Miguel Ángel García Jodar (Medio Ambiente), Valentín Álvarez Vela (Retiro), Alfonso García López de los Mozos (Carabanchel).

En total, seis áreas distintas del Ayuntamiento que Agustino Proyectos tenía controladas mediante sobornos. Todos estos funcionarios han sido llamados a declarar por el juez Torres. La mayoría han sido imputados por su presunta colaboración en la mayor trama de corrupción en Madrid. Uno de ellos, Ceballos, es señalado por fuentes de la investigación como el presunto cabecilla de la trama.

En otra de las agendas incautadas a Eduardo Agustino Carrasco, y que hacía referencia a sus operaciones de 2006, había una anotación que decía: "Honorarios, C./Conde de Peñalver, 2. Domingo Sánchez, 4.000. Nosotros, 4.000". Esta anotación parece indicar que la empresa se quedaba la misma comisión que entregaba a los funcionarios presuntamente corruptos, o sea, 130.000 euros en seis años.

En otra inscripción se aprecia: "10.00 horas. Llamar a Valentín y quedar (llevar comisión)". Según la Guardia Civil, se refiere a Valentín Álvarez Vela, jefe de licencias de la Junta de Retiro y también imputado en el caso Guateque.

En la lista aparecen también direcciones de locales que presuntamente iban a beneficiarse de las gestiones de la empresa mediante el pago de comisiones. Junto al abono que debía efectuarse al funcionario de turno y la fecha en que se realizó, aparece anotada la calle Puigcerdá, 6, donde está el restaurante Zen Central; Peñascales, 1, donde está el club de intercambio de parejas Momentos, o Profesor Waksman, 11, donde se halla el restaurante Casa Encantada.En un informe de la Guardia Civil contenido en el sumario del caso Guateque al que ha tenido acceso EL PAÍS, el instituto armado se refiere a Julián Rubén López Martínez y Eduardo Agustino Carrasco, ambos socios de la empresa Agustino Proyectos e imputados en el caso Guateque por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, como piezas clave de la trama: "Se sabe que son dos de los personajes más relevantes en esta trama de presunta corrupción municipal". Así, los imputados, con su red de contactos en el Ayuntamiento y su cartera de clientes, lograron montar un negocio que duró, al menos, siete años.

Además, el documento revela que "ahora se conoce que es amplia la relación de pagos que efectuaron a una pléyade de funcionarios, y luenga la relación de presuntos untados". La de los funcionarios se sabe: son nueve. Los untados aparecen también en una lista de la empresa.

Precisamente, sobre las anotaciones que contenían las agendas de las que la Guardia Civil se incautó, se dice: "Estas anotaciones manuscritas demuestran la importante y enrevesada organización que tienen o tenían estos sujetos en relación con importantes pagos de dinero por favores abonados a un nutrido grupo de funcionarios destinados en distintas concejalías y juntas municipales de distrito".

El informe revela que ambos imputados eran "el nexo de unión entre numerosos industriales de Madrid solicitantes de licencias varias y el grupo referido del Consistorio". Pero una de las partes más llamativa es la que se refiere al estilo de los empresarios de Agustino Proyectos: "Una buena cartera de clientes, buen verbo, fáciles y resueltas promesas hechas al respetable en el sentido de ser rápidos y certeros en sus gestiones como conseguidores y una agenda pletórica de nombres y teléfonos de funcionarios dispuestos a trocar sus servicios por dinero".

Y aún va más allá el documento y se atreve a medir la envergadura de la trama que organizó Agustino Proyectos alrededor de su estudio de ingenieros: "Esta pareja -durante los años que llevan actuando en la plaza de Madrid- han edificado un jugoso y extenso mercado dentro de este tipo de particular industria, que seguramente no tiene precedentes ni en la historia de la Villa y Corte ni en el ramo para el que trabajan como ingenieros hacedores de proyectos técnicos". www.elpais.es 20.02.08

Un funcionario imputado en el 'caso Guateque' destruyó documentos

José Antonio Jodar, uno de los funcionarios imputados por el caso Guateque, se llevó presuntamente hace 15 días un expediente relacionado con esa investigación judicial de Gerencia de Urbanismo, su antiguo lugar de trabajo. Concretamente, el número 714/2001/6086, desarchivado precisamente por él mismo en su día, según informó ayer la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, al ser preguntada acerca del asunto por Pedro Sánchez, el responsable del área del PSOE en la comisión de Urbanismo.

El expediente desaparecido trata de una modificación de licencia a favor de una empresa en el número 7 de la calle del Pez (distrito Centro). Según un informe presentado por la responsable de Urbanismo, en el ático del edificio ubicado en ese número la empresa propietaria (cuyo nombre evitaron dar los responsables del Ayuntamiento) habría construido cuatro viviendas donde sólo se habían autorizado dos.

Jodar acudió a la calle de Guatemala, donde se encuentra la Gerencia de Urbanismo, el pasado 25 de enero. Por eso el Ayuntamiento le ha abierto un expediente sancionador, independiente de la investigación judicial, como medida cautelar.

La presencia de este funcionario en las oficinas un viernes por la tarde (con la sede prácticamente vacía), más el hecho de que Jodar esté en libertad provisional (quedó libre el pasado 21 de noviembre tras pagar una fianza de 3.000 euros), y que desde entonces hayan desaparecido varios expedientes, ha hecho sospechar a Urbanismo que Jodar "ha destruido documentación", según fuentes municipales.

Urbanismo lo denunció al área de Función Pública el pasado 28 de enero, y dos días después se abrió el expediente. Esa investigación conlleva que se le aparte de su puesto de trabajo, desde el día siguiente a que le sea notificado, como ocurrió el 31 de enero.

La presunción de inocencia hasta que haya decisión judicial impide al Ayuntamiento evitar que los funcionarios imputados vuelvan a sus puestos de trabajo.

www.elpais.es 14.02.08

El Ayuntamiento se niega ahora a dejar las licencias a los arquitectos

La propuesta del colegio profesional declina asumir responsabilidades jurídicas

Si, pero no. La luz verde dada en diciembre por el alcalde de Madrid para que un colegio profesional como el de los Arquitectos asuma la emisión de licencias de obras se convirtió ayer en luz roja. Paloma Sobrini, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), había mostrado por la mañana la disposición de su colegio a poner en marcha, en el último trimestre de 2008, una oficina que informará, en seis semanas y media, los proyectos arquitectónicos de obras, remodelaciones o rehabilitaciones presentados a los ayuntamientos. Perseguía de tal manera dejarlos listos y acelerar su licencia municipal para poder acometerlos.

La propuesta, extensible a los 179 municipios de la región, se plantea reducir las demoras de autorizaciones de edificación en las que los consistorios incurren que se prolongan como media 23 meses y perjudican sobremanera a promotores y colegiados.

Pero la proposición del COAM precisa que los informes de la futura oficina colegial "serán voluntarios y no presentarán problemas legales ni de responsabilidad jurídica, pues comprometen sólo al promotor", como dijo Sobrini.

Estos son los dos aspectos que el Ayuntamiento de Madrid menciona para rechazar el proyecto de oficina del COAM. "Al ser voluntaria la certificación propuesta por el Colegio de Arquitectos, se crearían dos categorías de promotores, cosa que queremos eludir a toda costa", explica Juan Bravo, concejal de Hacienda del Consistorio de Madrid. "Además, el Colegio de Arquitectos no acepta asumir las responsabilidades derivadas de sus propios dictámenes al respecto".

Desde diciembre en que el alcalde formulara su oferta, María Jesús Fraile y Cayetano Prieto, por parte de la Concejalía de Hacienda, han mantenido tres reuniones, y una el propio Juan Bravo, con la directiva del Colegio de Arquitectos, dice el concejal. "En todas las reuniones les advertimos de que no compartíamos su modelo". Por la mañana, en conferencia de prensa, Sobrini había destacado que el Ayuntamiento se mostraba "encantado" con la oficina colegial.

Ya por la noche, tras las declaraciones de Juan Bravo, la decana Sobrini dijo mostrarse "asombrada" por el rechazo del Ayuntamiento a su fórmula.

Por otra parte, Sobrini había confirmado antes que la licencia para edificar la nueva sede del COAM en las Escuelas Pías de la calle de Hortaleza (ver EL PAÍS de 9 de febrero) expira el 20 de marzo. Por ello, dijo, acometerá su construcción la empresa FCC, a la que COAM se apresta a vender su sede de la calle del Barquillo, 12, por la que le ha ofrecido 40 millones de euros. La futura sede será una concesión municipal por 75 años. De los 100 asistentes a la última Junta de Representantes (el parlamento del Colegio, 33 se opusieron a este tipo de venta. "Nos deja sin patrimonio colegial y, en plena crisis inmobiliaria, es muy arriesgada", dicen varios consultados.

www.elpais.es 14.02.08

ANA BOTELLA RESTA IMPORTANCIA AL CASO GUATEQUE 

El caso Guateque parece no tener importancia real para Ana Botella. Al contrario, según la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid la trama de corrupción “nos ha dado una oportunidad para tratar de mejorar algunas cosas”. Además, a juicio de Botella la trama está limitada a un “pequeño número de funcionarios”, pese a que según avanza la investigación crece el número de implicados. Es el caso del hijo de Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental y por tanto ligado a la concejalía de Botella. El hijo de Fernández de Castro, tal y como recoge El País, es el último madrileño supuestamente implicado en la trama descubierto por la Policía.

 La Razón recoge una entrevista a la mujer de Aznar en la que ésta, tras definir su concejalía como un lugar en el que se realiza un trabajo “apasionante”, manifiesta que la operación Guateque ha servido para que en unos meses se plantee “una nueva forma de gestionar licencias”, aunque no ha aclarado si esta “nueva forma” irá acompañada de la privatización del servicio, como anunció el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, hace unos meses.

El papel de la oposición

Pese a la gravedad del caso Guateque, Botella parece haber restado importancia a la trama durante la entrevista, aprovechando para criticar a la oposición porque “siempre trata de utilizarlo todo políticamente”. Aunque la concejala de Medio Ambiente madrileña asegura que esta vez “me da la sensación” de que “sin mucho éxito”.

No más palabras sobre Gallardón

Botella también se ha manifestado sobre la no inclusión de Gallardón en las listas del PP de cara a las elecciones del próximo 9 de marzo. “No seré yo la que añada una palabra más en esta cuestión”, aseguró la edil madrileña, “como ha dicho el presidente del PP, Mariano Rajoy, tanto Esperanza Aguirre como Alberto Ruiz-Gallardón se habían ofrecido para ir con él en las listas del PP y se lo agradecía muchísimo”. Pero nada más al respecto ha añadido Botella, salvo que espera que el “alcalde más votado por los madrileños en la historia de la ciudad” siga “muchos años en la política española”.

Campaña política

Ana Botella aprovechó la entrevista de La Razón para hacer campaña a favor del PP, partido al que tacho de “disciplinado” confrontándolo con el PSOE, donde “ha habido una escisión”. Según Botella esta “escisión” está protagonizada por Rosa Díez, fundadora de UPyD (Unión, progreso y democracia).

Botella no es Clinton

Por último, Ana Botella se ha desmarcado de Hillary Clinton. Y lo ha hecho después de que el entrevistador la comparase con la aspirante al liderazgo de los demócratas estadounidenses. “Bueno… Yo creo que eso son sólo divertimentos periodísticos”, concluyó.

 (www.elplural.com, 11/02/08)

El Ayuntamiento acusa a un imputado del 'Guateque' de llevarse expedientes

El Consistorio aparta al funcionario de su puesto en Gerencia de Urbanismo

El Ayuntamiento de Madrid sospecha que uno de los funcionarios imputados por el caso Guateque se ha llevado, hace una semana, expedientes relacionados con esa investigación judicial de Gerencia de Urbanismo. Se trata del técnico José Antonio Jodar García, que acudió a la calle de Guatemala el pasado 25 de enero. Por eso le ha abierto un expediente sancionador, independiente de la investigación judicial, como medida cautelar.

La presencia de este funcionario en las oficinas de Urbanismo un viernes por la tarde (con la sede prácticamente vacía), más el hecho de que Jodar esté en libertad provisional (quedó libre el pasado 21 de noviembre tras pagar una fianza de 3.000 euros, con la obligación de presentarse en los juzgados los días 10 y 24 de cada mes), y que desde entonces hayan desaparecido varios expedientes, ha hecho sospechar a Urbanismo que Jodar "ha destruido documentación", según fuentes municipales.

Urbanismo lo denunció al área de Función Pública el lunes pasado, y dos días después se abrió el expediente. Esa investigación conlleva que se le aparte de su puesto de trabajo, desde el día siguiente a que le sea notificado. Eso ocurrió el jueves.

La presunción de inocencia hasta que haya decisión judicial impide al Ayuntamiento evitar que los funcionarios imputados vuelvan a sus puestos de trabajo. La única vía es abrirles un expediente (como se ha hecho con los ocho encarcelados) por un máximo de seis meses.

El abogado de Jodar, Alfredo Gómez Mendizábal, explicó que su defendido ha recibido una concisa y "ambigua" notificación de este expediente. "Nada de eso es cierto", afirmó el abogado. "Él no ha manipulado nada". También explicó que ambos acudieron ayer por la mañana al Ayuntamiento para tratar de conocer cuál es la acusación. "La instructora se ha negado a darle el expediente y cualquier tipo de información", explicó. "Ha dicho que no era el momento".

Por otra parte, el juez Santiago Torres citó ayer a declarar a otros cuatro funcionarios imputados, cuyos nombres aparecían en una agenda de los empresarios Eduardo Agustinos y Julián Rubén López, informa Álvaro Corcuera. Uno no acudió al juzgado por enfermedad. Los otros tres quedaron libres y el juez no adoptó medidas cautelares

www.elpais.es 02.02.08

El juez del caso inspecciona la casa de Luis Armada

Un domicilio rodeado de periodistas. En la calle de la Bola, donde vive Luis Armada, ex gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid y ahora viceconsejero de Transportes, se encontraba el juez del caso Guateque, Santiago Torres, que realizó una inspección ocular del piso. Y todo porque una particular, Margarita Botija, denunció a Armada por haber reformado su casa sin licencia. Por ello, pero también por la licencia del hotel Comfortel -condicionada a otra autorización para levantar un hospital que no se hizo-, en la Avenida de Pío XII, Armada se encuentra imputado en la presunta trama de cobros irregulares a cambio de licencias municipales.

El juez Torres no abrió la boca tras la inspección del piso y también de un almacén situado en los bajos del edificio. Supuestamente, y según la denuncia, Armada se habría aprovechado de la licencia otorgada para unas obras en ese local para remodelar su casa.

El abogado de Armada, Francisco Hernando, dijo que su cliente había demostrado que todo era falso. "Me parece que el asunto puede quedar totalmente despejado", dijo. Con un gesto muy serio, Armada guardó silencio en el medio minuto que permaneció en la calle, el tiempo justo para recorrer el camino entre su portal y el almacén citado anteriormente. www.elpais.es 02.02.08

EL CONCEJAL DE UN DISTRITO INVESTIGADO PRESIDE LA COMISIÓN

La comisión de investigación por el caso Guateque ha quedado constituida a última hora de esta tarde con los votos del PP y con la oposición de PSOE e IU por "salud política". La presidencia ha recaído, como ya había adelantado horas antes el delegado de Economía y portavoz del PP en la comisión, Miguel Ángel Villanueva, en Tomás Serrano, concejal del PP y presidente de la Junta de distrito de Barajas, una de las investigadas en la trama de corrupción en torno a las licencias municipales.

La de hoy ha sido la primera reunión de este grupo de trabajo -compuesto por cuatro miembros del PP, dos del PSOE y uno de IU-, que nace con polémica porque PSOE e IU querían que fuera un socialista el presidente. El portavoz municipal socialista y también en la comisión, David Lucas, ha reclamado en la cita la presidencia para la oposición "porque no se puede fiscalizar al Gobierno municipal si el presidente es el Gobierno municipal". En este sentido, ha recordado que la comisión del caso IMEFE, un escándalo sobre el uso de ayudas europeas en el mandato de José María Álvarez del Manzano, estuvo presidida por el PSOE.

Villanueva ha contraatacado con otros ejemplos en los que el Gobierno municipal presidió una comisión de investigación, como es el caso Kelvinator, analizado en el Ayuntamiento de Getafe en el 2003. Esta comisión "investigó presuntas adjudicaciones irregulares y fue presidida por el concejal de Urbanismo del PSOE", ha dicho Villanueva. Serrano es el histórico concejal en Barajas, una junta que preside por tercera legislatura consecutiva. , los socialistas ya se barruntaban que iba a ser el presidente, a pesar de que los populares lo desmentían.

El PSOE recuerda que cuatro expedientes del sumario del juez que instruye el caso, Santiago Torres, corresponden a su distrito. Las licencias en cuestión habrían sido agilizados gracias a la intervención de la mano derecha de Serrano en Barajas: su gerente, Francisco Javier Colino Gil.

"No se puede ser juez y parte"

Se tuvo acceso a los cuatro expedientes (9135, 9625, 9638 y 9656), que forman parte del sumario. En dos aparece como técnico el cabecilla de la trama y funcionario del área de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos. Y todos aparecen reclamados como "prioridad" por el gerente de Serrano: una cafetería, una clínica veterinaria, un taller de reparación y un restaurante. Los socialistas ponían el grito en el cielo. "No es compatible ser investigado y aparecer como referencia en el sumario, formar parte de la comisión de investigación y mucho menos ser presidente de la sesión de constitución", opina Lucas.

Según los populares "esos expedientes no forman parte de los 187 del sumario, sino de su base de datos" e insistieron en que "ni el concejal de Barajas ni su gerente fueron citados ni como acusados o imputados, ni como testigos".

Villanueva negaba esta mañana que Barajas esté siendo investigado. El delegado de Economía ha contestado a las criticas del PSOE matizando que ningún expediente de esta Junta se encuentra dentro del sumario de la operación Guateque. También durante el pleno, Lucas le ha contestado que "no puede ser juez y parte" presidiendo la comisión de investigación, como propone el PP, mientras que su Junta está siendo investigada por el Juzgado número 32.

Lucas critica también la presencia en la comisión de investigación de la concejala de San Blas, Carmen González, porque el sumario del caso incluye otro expediente en el que se detalla la agilización de una licencia por parte de la edil o del personal de confianza a su cargo. Por parte del PP, además de Villanueva y Serrano y González, está en la comisión Patricia Lázaro, secretaria del grupo. De los socialistas irá, junto a Lucas, el responsable de urbanismo, Pedro Sánchez; y, de IU, Ángel Pérez.

(www.elpais.com, 31/01/08)

EL JUEZ ORDENA UNA AUDITORÍA EN EL AYUNTAMIENTO

Los ánimos se calientan horas antes de que se constituya la comisión de investigación que llevará al Ayuntamiento el caso Guateque, el mayor asunto de corrupción en la concesión de licencias conocido en el consistorio madrileño. el PSOE anunciaba que el Juez Torres, que instruye el caso desde el juzgado de instrucción número 32, había ordenado el pasado 27 de enero una auditoria interna para averiguar qué es lo que no había funcionado bien en la Concejalía de Medio Ambiente (una de las implicadas en la trama) para que se produjeran los supuestos sobornos que ayudaban a agilizar la concesión de licencias mediante la elaboración rápida de los informes medioambientales. La auditoría correrá a cargo de la empresa pública Tragsatec, que ya colaboró con dicha concejalía en los informes de impacto ambiental.

Fuentes del gobierno municipal, matizaron que no se auditarán los 187 expedientes del sumario, sino unos pocos. Según la providencia dictada por el juez, "se acuerda encomendar al grupo de empresas TRAGSA la práctica de una pericia consistente en que se realice una auditoría de gestión sobre la tramitación de los expedientes administrativos [referidos al folio 6604 y siguientes, relativos a las agendas de los imputados Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez; y los referidos al folio 7777 y 7778, sobre las actuaciones de la Guardia Civil] relacionados con la causa, a fin de informar sobre las causas de aceleraciones o enlentecimientos en la tramitación de tales expedientes".

El PSOE volvió a sacar a la palestra un nombre, el de Tomás Serrano, uno de los cuatro miembros del PP en la comisión de investigación e histórico concejal en la Junta de distrito de Barajas, que preside por tercera legislatura consecutiva. Pero, más allá de que presida o no la comisión de investigación (los socialistas lo aseguran y los populares lo desmienten), los socialistas se preocuparon por rescatar del sumario del juez Torres cuatro expedientes que corresponden a su distrito y que habrían sido agilizados gracias a la intervención de su mano derecha en Barajas: su gerente, Francisco Javier Colino Gil.

Este periódico tuvo acceso a los cuatro expedientes (9135, 9625, 9638 y 9656), que forman parte del sumario. En dos aparece como técnico el cabecilla de la trama y funcionario del área de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos. Y todos aparecen reclamados como "prioridad" por el gerente de Serrano: una cafetería, una clínica veterinaria, un taller de reparación y un restaurante.

Los socialistas ponían el grito en el cielo porque el presidente de la comisión "no puede ser, a la vez, juez y parte", ya que la mano derecha de Serrano era su gerente, quien supuestamente agilizó expedientes del sumario. Según los populares "esos expedientes no forman parte de los 187 del sumario, sino de su base de datos" e insistieron en que "ni el concejal de Barajas ni su gerente, fueron citados ni como acusados o imputados, ni como testigos".

En este clima, el alcalde tiene hoy una cita con los comisionados de los grupos: Miguel Ángel Villanueva, edil de Economía y Empleo y portavoz del PP en la comisión, Tomás Serrano, edil de Barajas, Carmen González, de San Blas y Patricia Lázaro, secretaria del grupo; de los socialistas estarán su portavoz, David Lucas, y el responsable de urbanismo, Pedro Sánchez; y, de IU, Ángel Pérez. Tras esa reunión, quedará constituida oficialmente la comisión de investigación.

(www.elpais.com, 30/01/08)

AYUNTAMIENTO DE MADRID. 'CASO GUATEQUE': CEBALLOS Y SU JEFE SE ENFRENTARÁN ANTE EL JUEZ

Será el próximo lunes 4 de febrero, en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Dos de los principales actores del caso Guateque tendrán que enfrentarse en duelo judicial. Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro, dos nombres que empiezan a ser ya familiares dentro de la presunta trama de sobornos a cambio de agilizar licencias municipales, se enfrentarán a un careo para aclarar las posibles contradicciones en sus declaraciones ante Santiago Torres, el juez que lleva el caso. Ceballos era subordinado de Fernández de Castro en el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. También eran, además, y siempre según el abogado de Ceballos, "buenos amigos".

Sin embargo, la supuesta relación de amistad entre ambos ya no existe. "Ni se hablan", asegura José Luis Prada, letrado de Ceballos. El abogado de Fernández de Castro prefiere callar. En una conversación telefónica bastante acalorada, Prada defiende una y otra vez la inocencia de su cliente y confirma el conflicto entre uno y otro: "¿Cómo quieres que se sienta [Ceballos]? Estaba en la cárcel y su compañero en la celda de al lado estaba mintiendo a los periódicos".

Prada se refería a la carta que redactó Fernández de Castro a finales de diciembre. En la misiva, el imputado acusaba a Ceballos, supuesto cabecilla de la trama, de ser "el único chorizo". Y añadía: "Llevo dos años y medio en el departamento y lo que me encontré cuando llegué era lo más parecido a una situación caótica".

Desde que Fernández de Castro escribió esto, asegura Prada, "no le ha vuelto a dirigir la palabra. Como mucho le decía buenos días o buenas tardes cuando se cruzaba con él en la cárcel [de Alcalá Meco]".

Esa tirantez se escenificó precisamente en el exterior de la prisión el pasado miércoles 23 de enero, cuando los familiares de uno y otro, además de los de Santiago Castillo, un tercer imputado (del total de diez que había encarcelados), esperaban a sus seres queridos. El juez había decretado fianzas de entre 60.000 y 100.000 euros para ellos. Junto a la garita de entrada a prisión las familias de Ceballos y Fernández de Castro compartieron espera de más de cuatro horas. Ni se miraron.

En ese contexto de animadversión personal es en el que hay que entender que el careo entre los dos imputados, el próximo lunes 4 de febrero será un cruce de acusaciones y de falta de entendimiento entre ambos. El juez tendrá que decidir quién tiene razón.

El abogado de Ceballos, José Luis Prada, negó que él hubiera pedido ningún careo entre su cliente y Fernández de Castro, tal y como se dijo hace unos días. "Lo que dije fue que me planteo pedir careos en general, pero nunca aludí a Fernández de Castro", afirmó. Prada aprovechó para dibujar a un Ceballos muy distinto del que, según él, han mostrado los medios de comunicación. "Mi cliente se excedió en hacer el bien. Le preocupaba que la gente tuviera soluciones y ahora resulta que él es el malo de la película", señaló.

Prada cargó contra todo el mundo, no sólo contra la prensa. Según dijo, el caso Guateque es "un montaje de la Guardia Civil". "No hay nada. Si hay alguien que fue sobornado por mi cliente, que salga y lo demuestre", retó. En cuanto a la instrucción, que dirige el juez Torres, el letrado la calificó como "una mierda". Aunque Prada reconoce que su cliente no es "ningún santo", asegura que "nunca jamás pidió dinero a nadie". En cuanto a las conversaciones telefónicas intervenidas a su defendido, Prada asegura que "serían en broma". Son conversaciones en las que Ceballos y los intermediarios hablaban abiertamente del dinero a dividir. "Me tienes que dar 3.000 euros para repartir con mi jefa si quieres que adelante el expediente", revela una de las conversaciones interceptadas a Ceballos por la Guardia Civil.

Antes del careo del 4 de febrero entre Ceballos y Fernández de Castro, el juez tomará declaración el próximo viernes día 1 a los empresarios José Luis Moreno, Fernando de la Torre y Valentín Álvarez, según informó Europa Press. Los tres están imputados por un delito de cohecho por acceder supuestamente a los pagos exigidos para obtener trato de favor en la tramitación de los expedientes de sus establecimientos.

(www.elpais.com, 29/01/08)

La comisión de investigación del 'caso Guateque' la presidirá el PP

La oposición rechaza la decisión de los populares por mermar la imparcialidad

La expectación creada en torno a la comisión que investigará el caso Guateque no tuvo ayer, sin embargo, una respuesta equiparable. Los representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento -Manuel Cobo (PP), David Lucas (PSOE) y Ángel Pérez (IU)- se reunieron en Junta de Portavoces para decidir cuáles serían las reglas del juego de esa investigación sobre la supuesta red de cobros ilegales por la concesión de licencias municipales, el caso de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid.

  • Cobo Calleja : "El Gobierno y el Partido Popular no tenemos nada que ocultar"

Tras unos escasos 45 minutos de reunión, el resultado fue el siguiente: la comisión la formarán siete conejales (cuatro del PP, dos del PSOE y uno de IU), y paralizará sus trabajos durante la campaña electoral para las elecciones generales del 9-M. Fue lo único en lo que se pusieron de acuerdo. Pero, nada más salir de la Junta, el vicealcalde, Manuel Cobo, ya anunciaba que la comisión de investigación la presidirá un popular (sin dar un nombre) y que la portavocía de su grupo la llevaría Miguel Ángel Villanueva, el concejal de Economía y Empleo.

Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. El portavoz del grupo socialista, David Lucas, aseguro que el hecho de que la Junta de Portavoces no hubiera acordado ningún otro aspecto de la Comisión, salvo la composición de la misma, y que, antes de conocer otros detalles, el vicealcalde Manuel Cobo avanzara que el presidente será un popular era "un muy mal precedente porque me temo que el PP pretende ejercer el rodillo para decidir quiénes van a comparecer y cómo van a ser las sesiones". Lucas esperaba que la Junta sirviera para determinar los mecanismos de funcionamiento, "pero el PP se ha negado a hablar de ello", dijo.

Desde IU también se criticó la decisión unilateral del PP sobre el presidente de la comisión, aunque su portavoz, Ángel Pérez, se mostró satisfecho de que fueran siete sus miembros "por una cuestión de agilidad y eficacia".

Y, del mismo modo que el PP se negó a dar el nombre de quién será el presidente, en el PSOE decidieron mantener en secreto hasta la semana que viene quiénes serán sus dos concejales. El único caso claro era el de IU que, con un sólo miembro en la comisión, será el propio Pérez el que acuda a las sesiones, que se convocarán, en principio, dos veces por semana pudiéndose producir relevos entre los concejales de cada grupo.

La semana que viene, serán los grupos quienes comuniquen al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, los designados, para mantener una reunión con él en la que precisamente lo primero que se decidirá es quién será el presidente de la comisión. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en empezar cuanto antes.

No obstante, Lucas anunció que pedirá que la presidencia sea para un socialista, algo que es ya "una tradición" instalada en el Ayuntamiento para dar "más objetividad y transparencia" a este tipo de trabajos. Y Cobo insistió en que "el Gobierno y el Grupo Popular no tenemos nada que ocultar".

Lucas le tomó la palabra y reclamó que las sesiones fuesen públicas y que los votos particulares queden reflejados. Los socialistas, como anunciaron el jueves, pedirán las comparecencias de las concejales de Urbanismo y Medio Ambiente Pilar Martínez y Paz González (ex responsable del área); pero también las de los presidentes de las Juntas de Distrito implicados; de los directores generales, de los gerentes y de los cargos de confianza. Según señaló el propio Lucas, "no están obligadas a comparecer, pero quedarían en evidencia si no lo hacen".

www.elpais.es 26.01.08

Victoriano Ceballos pedirá un careo con su jefe para aclarar "las contradicciones"

En el exterior de la cárcel de Alcalá Meco coincidieron el pasado miércoles los familiares de dos de los imputados en el caso Guateque, Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro. No hablaron. No se miraron. Nada. Y eso que tuvieron ocasiones de sobra, en las más de cuatro horas que coincidieron en el aparcamiento polvoriento que hay justo en la entrada de la prisión.

Ese detalle es muy probablemente una muestra de la tirantez que se ha vivido en las celdas entre dos de los imputados que más han sonado en la trama de las presuntas concesiones de licencias municipales a cambio de dinero. Desde Alcalá Meco, Fernández de Castro escribió una carta en la que calificaba a Ceballos como "el único chorizo". Y añadía: "Llevo dos años y medio en el departamento y lo que me encontré cuando llegué era lo más parecido a una situación caótica". Uno y otro salieron distanciados de Alcalá, separados por el tercero de los liberados bajo fianza en esa cárcel, Santiago Castillo.

En medio de ese clima de animadversión entre ambos, José Luis Prada, abogado de Ceballos (presunto cabecilla de la trama de corrupción municipal) avanzó ayer sus intenciones para los próximos días. Según dijo, pedirá una nueva comparecencia de su cliente al juez instructor del caso, el magistrado Santiago Torres. Pero además, dijo, pedirá careos con otros imputados para contrastar las informaciones, como las vertidas por Fernández de Castro, máximo responsable del departamento de Evaluación Ambiental, según informó Europa Press. Prada cree que hay contradicciones en las declaraciones que necesitan aclararse.

"Ahora tenemos conocimiento pleno de la instrucción. Sabemos cosas que antes desconocíamos. Vamos a ir asunto por asunto", aseguró Prada. Además, el abogado de Ceballos justificó la imagen que ofreció su defendido al salir de prisión. Ceballos se tapó la cabeza con una bolsa de plástico y tuvo que ser ayudado por sus familiares para subirse al coche. "Se siente muy presionado por la convulsión personal que está viviendo. Se sintió acorralado. Es una actitud humana", dijo Prada. "De buenas a primeras han metido a mi cliente en un buen follón", añadió el letrado.

En el otro lado de la historia, Javier Iglesias, abogado de Fernández de Castro, declinó rotundo hacer ningún tipo de declaración sobre su cliente ni sobre lo que había dicho previamente el letrado de Ceballos.

Además de Ceballos y Fernández de Castro, el miércoles salieron de las cárceles de Alcalá Meco y Soto del Real otros cuatro imputados tras pagar sus respectivas fianzas, que eran de 60.000 euros para los funcionarios y de 100.000 euros para los empresarios e intermediarios. Quedaron dentro de prisión cuatro acusados, que no pudieron reunir sus fianzas. Finalmente ayer sí lo hicieron y pudieron abandonar los cuatro la cárcel de Soto del Real. Se trata de Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente, y de los empresarios Eduardo Agustinos y Julián Rubén López, según indicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias www.elpais.es 26.01.08

El Ayuntamiento ha recibido 100 denuncias de ciudadanos

La oficina receptora de denuncias relativas al caso Guateque que se abrió el pasado 30 de noviembre bajo la supervisión del vicealcalde, Manuel Cobo, y por orden del juzgado de Instrucción número 32, había recibido hasta el día de ayer 101 denuncias nuevas de ciudadanos. Según los datos facilitados por fuentes del PP, 18 de ellas se han realizado mediante correo electrónico (oficinadedenuncias@munimadrid.es), siete por teléfono (en el 91-5132034) y 76 por correo ordinario.

Todas las denuncias se centralizan en la Asesoría Jurídica del Gabinete de Alcaldía. Y, supuestamente, y según las mismas fuentes, "se analizan, se solicita información a las Juntas de Distrito y/o a las áreas, y se contestan individualmente". Es la asesora jurídica, "que está en contacto permanente con el juzgado", la que realiza esa labor y la que valora y determina "si la denuncia tiene el calado o la enjundia suficiente como para ser remitida al juez", explicaban ayer fuentes del PP.

El PSOE solicitó también ayer que esas denuncias fuesen analizadas en la comisión especial de investigación "ya que, hasta ahora, nadie ha sabido nada al respecto", dijo el portavoz David Lucas. Desde el PP no se facilitó información acerca del contenido de las denuncias ni de cuántas de ellas habían sido remitidas al juez.

www.elpais.es 26.01.08

EL JUEZ DEL 'CASO GUATEQUE' MANTIENE IMPUTADO A ARMADA 

El juez levantó el pasado martes el secreto de sumario del caso Guateque (que investiga la presunta red de cobros ilegales en la concesión de licencias municipales) y esto tiene ya consecuencias. Los 10 encarcelados provisionalmente por orden del juez Santiago Torres en los últimos dos meses podrían irse a casa pagando una fianza a partir de hoy. Así lo pedirá el fiscal del caso, César Estirado. Según fuentes de la fiscalía, si el juez acepta esa petición, los siete funcionarios encarcelados podrían salir de sus celdas si depositaran 60.000 euros. La fianza sería de 100.000 para los empresarios y el intermediario. "Al haberse levantado el secreto de sumario, parte de las justificaciones de prisión pasan a un segundo plano", explicaron en la fiscalía. 

La petición, que hoy formalizará el fiscal, se conoció ayer, poco después de que declarara como imputado el viceconsejero de Transportes, Luis Armada. El que fuera gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2003, cuando José María Álvarez del Manzano (PP) era alcalde, defendió su inocencia ante dos licencias otorgadas presuntamente de manera irregular. Armada, ahora alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre, tuvo el apoyo del Ejecutivo regional. Para escenificarlo, acudió a los juzgados el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados. 

Nada más terminar de declarar, Armada reveló las preguntas que le había hecho el juez. Lo hizo en un pasillo del edificio de los juzgados de la plaza de Castilla, sin la presencia de cámaras, a las que evitó con éxito. "Me ha preguntado por la licencia del hotel Pío XII [denunciado por la Asociación Manos Limpias, un sindicato de la ultraderecha] y por las obras de una cubierta del sótano del edificio en el que vivo [denunciado por Margarita Botija, una particular que pertenece a una asociación de vecinos de Chamartín, muy implicada contra el desarrollo urbanístico del distrito]. Le he dicho al juez que las licencias fueron impecables", relató. 

La licencia del hotel Confortel, en la avenida de Pío XII, iba condicionada a otra autorización, para levantar un hospital. Pero éste nunca se construyó. "Se adjudicó con un estudio que detallaba las condiciones de la construcción", defendió Armada. Además, y según la denuncia contra el hoy viceconsejero de Transportes, Armada se habría adjudicado la licencia a sí mismo en el caso de la cubierta del sótano de su casa, un palacete en la calle de la Bola, 9 (Centro). "He entregado toda la documentación al juez", dijo confiado Armada, quien insistió en su inocencia."En absoluto ha habido irregularidades. Ninguna, ni en estas dos licencias ni en las más de 36.000 que tramité", señaló Armada. El ex responsable de las licencias en el Ayuntamiento de Madrid dijo que no veía detrás ningún interés oscuro: "Esto es algo personal como gerente municipal de Urbanismo que fui. Pero antes de mí también hubo otros gerentes". Tampoco creyó en manos negras el consejero de Presidencia y secretario regional del PP, Francisco Granados, que acudió al juzgado de plaza de Castilla para apoyar a Armada. "¿Intereses perversos? No creo. Más bien debe haber una denuncia de alguien con intereses poco recomendables", dijo, sin aludir a quién se refería. "Pongo la mano en el fuego por Armada", añadió. 

Además de al viceconsejero, el juez Torres tomó declaración a otros tres imputados. Uno de ellos fue Óscar Acero, jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Él fue quien firmó el permiso para las obras del sótano de la casa de Armada. A su salida del juzgado, Acero guardó silencio. Los otros dos imputados que comparecieron ante el juez fueron Manuel Cid, funcionario de Disciplina Urbanística, y Ángel Alzaga, del Área de Medio Ambiente. Tampoco quisieron hacer declaraciones. 

El juez Torres dirimirá hoy si decide la libertad con fianza para los 10 encarcelados por el caso Guateque. Si lo hace querrá decir que ya no hay riesgo de reiteración delictiva, ni de fuga, ni de que se obstaculice a la justicia, los tres supuestos por los que se decide la prisión provisional. 

Los encarcelados para los que el fiscal pedirá la libertad con fianza son Victoriano Ceballos, jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Ayuntamiento; Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental; Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo y el intermediario Santiago Castillo Morales. Estos cuatro fueron detenidos en la primera fase de la Operación Guateque. En la segunda fueron arrestadas otras seis personas, ahora en prisión: Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de la de Chamartín; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente, y Fernando Ruiz Torrejón, de la de Urbanismo. Los últimos encarcelados fueron los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos. 

(www.elpais.com, 24/01/08)

La Guateque se extiende por las instituciones del PP

Una cosa más une desde ayer a Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Además de la batalla que libraron esta semana por la silla de Rajoy, la ‘operación Guateque' amenaza con perturbar el sueño de ambos dirigentes. Después de remover el ayuntamiento, ayer, por primera vez el escándalo saltó hasta el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Luis Armada, viceconsejero de Transportes de Aguirre, fue imputado por el juez Torres en relación a sus actuaciones cuando era responsable de urbanismo en el consistorio. Tendrá que declarar el próximo miércoles a las doce de la mañana.

Fue una sorpresa para todos menos para el propio Luis Armada. El primer cargo político imputado en relación con la ‘operación Guateque' "esperaba que le citarán". Aunque Armada mantiene que su actuación fue "de correción escrupulosa" y la citación solo responde a su paso por el Ayuntamiento, una imputación judicial implica siempre que existen indicios claros de delito.

Una licencia para sí mismo
Los cargos están relacionados con una licencia de obras concedida por el político para hacer obras de reforma en su propia casa. Aunque el nombre que figura es el de su hijo, el juez considera demostrado que tanto el propietario como quien habitaba en la casa era el propio Luis Armada. También se alteró el firmante. Aunque fue el imputado quién tramitó el permiso, el nombre que aparece es el del jefe de zonas protegidas, Oscar Acero.

En la licencia se obvia además la protección que pesa sobre el edificio y que no permite modificar su estructura. Fue por eso por lo que, presuntamente, Armada solicitó licencia para modificar el sótano del edificio. Una vez obtenida la licencia, dichas obras comenzaron en la otra punta del edificio, cubriendo la terraza. Fuentes de la investigación no descartan que los cargos contra Armada sigan creciendo ya que son varias las causas y denuncias que pesan sobre él por sus actuaciones políticas.

Cargo de confianza del PP
Luis Armada ocupó la Gerencia de Urbanismo, un puesto de libre designación, entre 1997 y 2003 bajo los mandatos de José María Álvarez del Manzano. En 2003, después de ser inhabilitado por orden judicial para trabajar en la Gerencia, Esperanza Aguirre lo rescató para su Gobierno y le concedió la viceconsejería de Transportes.

Ahora la pelota queda en el tejado de Esperanza Aguirre. Aunque la citación es en calidad de imputado, nadie en la comunidad parecía ayer dispuesto a tomar medidas. Negaban incluso la más mínima preocupación. "Armada es una persona transparente. El 23 se explicará ante el juez y todo quedará aclarado", exponían.

El PSOE, en cambio valoró la noticia como nuevo un salto en el curso de la investigación. Se demuestra según ellos, que la Guateque "tiene un componente urbanístico indudable. Desmintió también la versión del vicealcalde, Manuel Cobo: ahora ya existe vinculación política.

www.publico.es 19.01.08

Armada, un historial polémico

Luis Armada tiene en su haber un largo historial judicial por actuaciones presumiblemente irregulares o al menos controvertidas, más allá de la licencia que se autoconcedió para la reforma de su palacete familiar, en el número 9 de la madrileña calle de La Bola, que en 2002 le permitió levantar una planta más en un edificio protegido.

Su primer revés fue cuando en diciembre de 2002, siendo ya gerente de Urbanismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que "carecía de cobertura legal" el llamado coeficiente K con el que se grababa a las nuevas edificaciones en el centro de Madrid. Los constructores lo llamaban el impuesto revolucionario: la cuantía se establecía en función de los metros cuadrados del solar, su ubicación, aprovechamiento y otras variables.

Obstáculos a la sentencia
El fallo de la Audiencia, irrecurrible ante el Supremo, obligaba al consistorio a devolver 20 millones de euros cobrados indebidamente a los promotores inmobiliarios que lo habían pagado. Armada, sin embargo, se las ingenió para ponerlo difícil: devolvería el dinero sólo a los afectados que lo reclamaran por vía judicial y obtuvieran una sentencia favorable.
En febrero de 2003, Armada fue condenado a pagar 7.200 euros "por un delito de desobediencia" a la Justicia por el juzgado de lo Penal número 20 de Madrid. Pese a la sentencia, Armada se negó a la demolición parcial de la Iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (Madrid). La condena, además, le inhabilitaba para empleo o cargo público durante un año y cuatro meses.

Armada recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial y en marzo de ese año revocó parte del fallo anterior. La inhabilitación quedaba reducida al desempeño de tareas dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Muy importante debía de ser Armada en la nebulosa inmobiliaria de Madrid, porque el Partido Popular decidió rescatarle ese mismo año. Alberto Ruiz-Gallardón, ya alcalde, aceptó prescindir de él y Esperanza Aguirre le convirtió en viceconsejero de Transportes e Infraestructuras.

Recalificación
A mediados de 2003 fue llamado a declarar como imputado por el entonces titular del juzgado 36 de Madrid, Fernando Grande-Marlaska, en relación a un convenio urbanístico firmado en 1997 en el que recalificaban como suelo residencial una zona que había destinada a equipamientos.
Entre otros, Grande-Marlaska llamó también a declarar en las mismas condiciones al ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz (que en un solo día ganó en esa operación 1,8 millones de euros); al que fue segundo teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y consejero delegado de Madrid-2012, Ignacio del Río; y a Carlos Pinilla, entonces presidente de la Junta de Compensación.

Según comunicó al juez la propia Comunidad de Madrid, esa operación infringía el ordenamiento urbanístico y el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.

Las diligencias coincidieron con otro episodio judical en el que Armada volvía a ser protagonista. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acababa de anular 28 desarrollos urbanos sobre suelo protegido promovidos por Ignacio del Río, Armada firmó un decreto para consolidar dichos desarrollos urbanos.

De funcionarios a empresarios
El que fue concejal de Urbanismo por el PP entre 1995 y 2003, Ignacio del Río, cambió recientemente su traje de funcionario por el puesto de consejero independiente en el Consejo de Administración del Grupo Vemusa, dedicado a la promoción inmobiliaria, la gestión de campos de golf y el negocio hostelero. El primer reto de Del Río es hacer rentable la inversión de 60 millones de euros en la adquisición de un solar en una zona residencial de Varsovia (Polonia). En ese suelo ha de nacer el residencial AvanGarden, compuesto de 300 viviendas.

Paradójicamente no existe incompatibilidad entre haber sido concejal de Urbanismo y ser, a continuación, consejero de una constructora. Sí la hay, sin embargo, entre su profesión de Registrador de la Propiedad, que ejerce en San Fernando (Cádiz) y su nuevo cargo en el Grupo Vemusa. Los "funcionarios públicos retribuidos con arancel", es decir registradores y notarios, están sometidos a una "incompatibilidad absoluta en el desempeño de funciones públicas y actividades privadas", según la sentencia 68/1990 del Tribunal Constitucional.

En su larga etapa como concejal con los gobiernos municipales de José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, Del Río tampoco dejó de ejercer como Registrador.

Pero del Río no es el único funcionario del PP que abandona su cargo público en las administraciones madrileñas para dedicarse a los negocios privados de la construcción. Sigfrido Herráez, edil de Vivienda en el primer mandato de Gallardón, dejó su cargo en 2005 para convertirse en vicepresidente del grupo inmobiliario Rayet. Según declaró en su día el propio Gallardón, el ex concejal le dijo que dejaba su cargo para dedicarse a la arquitectura.

Luis Eduardo Cortés abandonó la Conserjería de Obras Públicas para presidir Vallehermoso Inmobiliaria. Pese a la intención del gobierno central para reformar la ley que impida a los ex ediles trabajar antes de dos años en empresas relacionadas con el cargo público que hayan desempeñado, lo cierto es que la incompatibilidad brilla por su ausencia

www.publico.es 19.01.08

Un viceconsejero de Aguirre, citado como imputado en el 'caso Guateque'

Es el 'número dos' de Transportes, Luis Armada.- Estuvo al frente de la gerencia de Urbanismo de la Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2003

El actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada, ha sido citado a declarar como imputado por el juez Santiago Torres, que instruye la investigación contra una presunta trama de cobro de comisiones por la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, por su labor entre 1997 y 2003 al frente de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio de la capital. Se trata del primer cargo de designación política implicado en la trama de corrupción.

La citación judicial recoge que el Juzgado de Instrucción número 32 tomará declaración a Armada el próximo 23 de enero a las doce de la mañana en calidad de imputado en la Consejería. No detalla e ni los cargos que le imputa, ni las licencias sobre las que le va a requerir información. Pero, según informa la Cadena SER, lo que se investiga es el permiso otorgado cuando Armada estaba al frente de Urbanismo para la construcción de un hotel en el barrio de Chamartín, que estaba vinculada a la construcción de un hospital.

Luis Armada es actualmente viceconsejero de transportes de la Comunidad de Madrid. Ha estado en el Gobierno regional en las dos legislaturas de Esperanza Aguirre. En el pasado ocupó también altos cargos en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto gerente de Urbanismo en la etapa de José María Álvarez del Manzano al frente del Consistorio.

Su firma, en 36.000 licencias

Armada ha confirmado a este periódico que ha sido citado a declarar como imputado, pero ha asegurado que está "muy tranquilo" porque no cometió ninguna irregularidad, a lo que ha añadido que le dará al juez todas las explicaciones necesarias. Armada ha subrayado que su etapa al frente de Urbanismo fue "modélica". Entre 1997 y 2003, Armada otorgó 36.000 licencias.

La noticia debe sorprender al Gobierno de Aguirre, ya que hace apenas unos días, el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, afirmaba que el Ejecutivo "no tiene ninguna preocupación" y que "no es nada que tenga que ver con la Comunidad de Madrid". Al respecto, fuentes del Gobierno regional se han limitado a recordar que, cuando se produjeron los hechos por los que Armada está siendo investigado, éste trabajaba en el Ayuntamiento. La citación, según las mismas fuentes, no tiene nada que ver con su cargo en la Comunidad de Madrid.

La semana pasada, este periódico publicó el contenido de unas grabaciones del sumario del caso Guateque, que recogía una conversación telefónica entre uno de los empresarios detenidos, Antonio Sanz Escribano, con José Almansa, copropietario de la sala de fiestas 'La Botellita', situada en el número 63 de la calle de Serrano. El dueño del establecimiento se jactaba de que Aguirre les iba a ayudar a abrir sin licencia.

www.elpais.es 18.01.08

"Les pedí un 'kilito' para repartir: 2.500 para cada uno y un regalo"

A tan sólo cinco meses de su jubilación, Victoriano Ceballos, funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido arrestado por agentes de la Guardia Civil. La detención se produjo el pasado 14 de noviembre, cuando se iniciaron las actuaciones del caso Guateque. Fue acusado de presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar dinero a cambio de agilizar licencias de locales de ocio.

  • "Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos"

  • Varias escuchas del sumario involucran al funcionario con la trama

  • A cinco meses de su jubilación se ha descubierto la trama de corrupción

Ceballos ha visto cómo se desmoronaba la supuesta red de corrupción que presuntamente encabezaba. Todo comenzó con la demanda de un empresario que, en agosto de 2006, denunció presiones para que entregara dinero a cambio de acelerar la tramitación de la licencia de un bar de su propiedad.

Durante cinco meses, la Guardia Civil realizó escuchas a varios teléfonos, en los que aparecen numerosas conversaciones de funcionarios y conseguidores y donde se relaciona a Ceballos con el cobro de dinero a cambio de sacar adelante licencias.

En una de las conversaciones extraídas del sumario, Antonio Sanz Escribano, directivo de la empresa de ingeniería AB Sanz Escribano, y encarcelado por el juez Torres, habla con Ceballos sobre la licencia del teatro Martín, en la calle de Santa Brígida, de cuya tramitación se encarga la empresa Viagral.Según consta en el sumario, Sanz Escribano recibe otra llamada justo después de conversar con Ceballos. Esta vez es Vicente de Gregorio Alcalde, propietario de Viagral, vuelven a hablar de la licencia del teatro Martín, construido en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana a instancia del empresario de la escena Casimiro Martín. "Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos", comentan ambos empresarios.

En otra de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil Eduardo Giménez López, propietario del pub Jaleo llama a Ceballos para repartirse 6.000 euros (un millón de pesetas) por la licencia del pub, situado en la calle de Orense.

Eduardo Giménez. Oye, qué bueno. Ya sabes que les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 euros cada uno, porque los otros 1.000 euros son para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de distrito.

Victoriano Ceballos. Muy bien.

E. G. ¿Te parece correcto?

V. C. ¡¡Correcto!!

De los 187 expedientes de concesión de licencias que investiga la Guardia Civil y el juez Santiago Torres, 26 han sido tramitados por Ceballos en tiempo récord. El supuesto cabecilla de la trama despachó los expedientes de licencia en menos de un mes, cuando el tiempo medio de tramitación es de un año y medio.

Conforme avanza la investigación judicial del caso Guateque, instruida por el juez Santiago Torres, el funcionario del área de Medio Ambiente Victoriano Ceballos se va erigiendo como el cabecilla de la trama de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid. El proceso, cuyas actuaciones se iniciaron el pasado 14 de noviembre, acumula al menos 17 funcionarios imputados y 10 personas encarceladas.

En una de las conversaciones grabadas por agentes de la Guardia Civil en junio del año pasado y que figuran en el sumario, abierto parcialmente por el juez Torres la semana pasada, un arquitecto identificado como Jesús García, contratado por Viagral, llama por teléfono al directivo de la empresa de ingeniería AC 93 Sanz Escribano y le dice que los propietarios del teatro Martín han llamado a Óscar Acero, funcionario de la Gerencia de Urbanismo, para interesarse por la licencia del teatro Martín. Sanz Escribano, que ingresó en prisión el jueves pasado, le responde que Ceballos lo está arreglando con la abogada.

Jesús García. Me llaman los de Gerencia y me dicen que están llamando la propiedad de Santa Brígida para que te pregunte cómo van los trámites.

Antonio Sanz Escribano. ¿Y cómo es que no me llama a mí la propiedad?

J. G. ¿Cómo?

A. S. E. Por qué no me llama a mí la propiedad.

J. G. Pues no lo sé. Pregúntale a tu amigo Antonio que cómo va la situación. Yo creo que bien, no hay ningún problema en ese sentido, pero...

A. S. E. Estaba Victoriano Ceballos viendo con la jefe de..., con la abogada, la forma de decir que sí ahora.

J. G. Pero tú lo tienes controlado, ¿sigues controlándolo?

A. S. E. Sí, yo sigo controlándolo.

El propio Jesús García reconoce durante el interrogatorio de la Guardía Civil que "Ceballos se deja querer", en relación a "que admite dádivas por hacer favores como funcionario".A tenor de todas estas conversaciones y las pruebas inculpatorias contra Ceballos, el juez Torres determinó su ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Ceballos encabezaba presuntamente una trama en la que también participaban su superior en la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, también en prisión, y su compañera Carmen Eulalia Ibáñez. Esta última ha sido puesta en libertad bajo fianza a principios de enero tras declarar ante el magistrado. Lo que sí confirma el juez en un auto judicial es la existencia de "una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero".

Un informe elaborado por los agentes de la Guardia Civil que investigan la Operación Guateque revela que la red de corrupción ha sido posible por la falta de controles del Ayuntamiento.

"Las licencias están paralizadas"

La segunda parte del caso Guateque se juega en clave política. La oposición insiste en que el Ayuntamiento constituya cuanto antes una comisión para investigar el caso, pero el gobierno municipal, del PP, no parece dispuesto a hacerlo hasta que el secreto de sumario esté abierto completamente. La semana pasada el juez Santiago Torres levantó parcialmente el secreto de sumario. Hizo público 8 de los 10 volúmenes del proceso, los que tienen que ver con su primera actuación del pasado 14 de noviembre.

"El gobierno municipal está entendiendo el caso Guateque como una manera electoralista porque no quieren que la comisión se ponga en marcha para no manchar la figura del alcalde", afirmó el edil socialista responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento, Pedro Sánchez. Sánchez explicó que la comisión de investigación servirá para "conocer los fallos de control, calibrar si la ordenanza de licencias es o no efectiva, a nuestro entender no, y hacer conclusiones para mejorar su funcionamiento".

La batalla política está servida y más a pocos meses de las elecciones. El Grupo Municipal Socialista ha fijado su estrategia en responsabilizar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de la falta de controles. Éste, por su parte, señala que la trama viene de lejos.

El concejal socialista adelantó ayer que solicitará en las comisiones de Medio Ambiente y de Urbanismo información sobre el número de licencias concedidas por parte de estas áreas municipales desde que comenzaron las detenciones en el marco de la Operación Guateque.

"Por la información que nos llega entendemos que existe una más que probable paralización en el otorgamiento de esas licencias", señaló Sánchez. El concejal socialista añadió que existe "bastante inseguridad" entre los trabajadores del Ayuntamiento desde que el gobierno municipal "señaló como principales responsables de la trama a los funcionarios". www.elpais.es 14.01.07

Dos empresarios elevan a 10 los encarcelados

Los empresarios Julián Rubén López Martínez y Eduardo Agustino Carrasco han sido los últimos imputados que el juez que instruye el caso Guateque, Santiago Torres, ha enviado a prisión. Ambos empresarios se encontraban en busca y captura desde el pasado día 27 de diciembre por no haberse presentado ante un requerimiento del juez Torres.

El pasado martes se presentaron en las dependencias de la Guardia Civil de la calle de la Batalla del Salado, donde los agentes procedieron a su detención. Desde allí fueron trasladados a los juzgados de la plaza de Castilla para declarar ante el juez instructor.

Julián Rubén López y Eduardo Agustino eran los directivos de AC 93 y Agustino Proyectos e Instalaciones, dos de las empresas investigadas por hacer de intermediarias entre los empresarios y los funcionarios que cobraban comisiones por agilizar licencias de locales de ocio.

Admiten pagos

Los últimos encarcelados fueron detenidos y puestos en libertad bajo fianza con la condición de presentarse periódicamente ante el juez. El magistrado les interrogó como imputados a finales de noviembre. En su declaración, admitieron que habían pagado al supuesto cerebro de la trama Victoriano Ceballos, jefe de Impacto Medioambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, a fin de que agilizara las licencias de sus locales.

El pasado 15 de diciembre, los imputados no comparecieron en el juzgado, por lo que el magistrado ordenó su detención. Por eso se encontraban en busca y captura de la justicia. Se trata de la segunda parte de la investigación en el que el juez dilucida el papel de los conseguidores, personas que ponían en contacto a funcionarios y empresarios.

La primera parte se extenderá hasta que se acumulen indicios suficientes contra los funcionarios imputados hasta ahora en la causa, así como las personas que actuaron como intermediarios.

Hasta el momento, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales. Un total de 10 personas cumplen ya prisión preventiva, entre ellos Ceballos y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. www.elpais.es 14.01.07

" Hemos movido hasta a Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables..."

Las escuchas realizadas durante cinco meses por la Guardia Civil que investiga la Operación Guateque a raíz de la denuncia de un tendero del Rastro, han desvelado multitud de conversaciones curiosas. La complejidad del sistema de concesión de licencias que se retrasan durante meses ha favorecido que los empresarios busquen todos los vericuetos posibles para acelerar su tramitación.

  • "El concejal nos ha dicho de palabra que abramos hasta las cinco y media"

En una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil el pasado mes de julio y que figuran en el sumario del caso Guateque, Antonio Sanz Escribano, ingeniero de la firma de proyectos de ingeniería AB Sanz Escribano, actualmente en la cárcel por orden del juez, mantiene una conversación con José Almansa, uno de los propietarios del pub La Botellita de Serrano, situado en la calle de Martínez de la Rosa, esquina con la calle de Serrano.

Ambos hablan sobre las estrategias que siguen para conseguir una licencia. Almansa dice ser socio de Antonio Cato y que la madre de su novia es la mejor amiga de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la cual, según Almansa, "ha movido los hilos para que pueda abrir sin licencia su sala de fiestas", según se puede leer en el sumario.

Almansa trata de convertir la licencia del bar en una sala de fiestas para poder abrir hasta las cinco y media de la mañana. Pero se encuentra con el obstáculo de que la zona está calificada como ZAP (zona ambientalmente protegida), que engloba a buena parte del distrito de Salamanca y evita que se instalen bares en las zonas más residenciales para reducir el ruido.

Almansa sugiere que después de "mover los hilos" con Aguirre, el concejal del distrito, Tomás Pascual, dice que la zona no está incluida en el ZAP, pudiendo de este modo convertir la licencia del pub en sala de fiestas con actuaciones en directo.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, asegura a través de una portavoz que no conoce de nada a José Almansa ni el bar La Botellita de Serrano. La misma portavoz del Gobierno regional asegura que hay multitud de personas que conocen a la presidenta de la comunidad y que ésta no puede responder por cada una de ellas.

La conversación que se reproduce en el sumario del caso Guateque es la siguiente:

José Almansa. Lo que tenemos son actuaciones en directo, y queremos tenerlo hasta las cinco y media. Porque los bares especiales son hasta las tres y media...

Antonio Sanz Escribano. Lo que pedimos fue sala de fiestas que es hasta las cinco y media.

J. A. Hemos estado cerrando a las tres y media hasta enero que nos llegó un papel que nos iban a cerrar. Hemos movido todo, a todos los niveles. Por ejemplo, la madre de mi novia es la mejor amiga de Esperanza Aguirre, hemos movido hasta a Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables en muchos temas hasta tal punto que hemos llegado a que, por fin haya salido el tema y se ha acabado con el ZAP.... Una vez que hemos conseguido eso, tenemos a la gente de la Junta, ellos están esperando que presentemos el proyecto porque ahora mismo le están remitiendo estos días de Medio Ambiente...

A. S. E. Eso es lo que presentamos en su día y nada más hay que actualizarlo.

J. A. Eso es lo que necesitamos. El concejal nos ha dicho de palabra que abramos hasta las cinco y media mientras se tramita la licencia.... www.elpais.es 10.01.08

Cobo: "Una comisión de investigación por fascículos no tendría ningún sentido"

Niega que el Ayuntamiento esté detrás de la filtración de una cinta en la que un empresario se jacta ante uno de los detenidos de que sus contactos con Aguirre que hoy publica este periódico

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha dicho hoy una vez más no a la comisión de investigación sobre el caso Guateque que exige la oposición en el Ayuntamiento de la capital. El equipo de gobierno municipal había prometido crearla una vez que el juez hubiera levantado el secreto de sumario, cosa que sucedió hace unos días. El juez Torres hizo públicos ocho de los diez tomos de los que consta la instrucción de la trama de corruptelas en torno a las licencias de apertura de los locales. Cobo ha declarado que una "comisión de investigación por fascículos", lo que a su juicio plantean PSOE e IU, "no tendría ningún sentido".

En rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno municipal, que hoy ha presidido Cobo en ausencia del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón -fuera de la ciudad "por motivos personales y familiares"-, el vicealcade ha opinado que la comisión de investigación no es para la oposición más que una "excusa electoral". Para Cobo, iniciar ahora las sesiones, como pretende la oposición tras el levantamiento de parte del sumario, daría lugar a un debate en el que sólo se podrían abordar los casos conocidos y no los otros, para los que habría que esperar a que el juez levantara el secreto totalmente, que es lo que denomina "una comisión de investigación por fascículos".

El vicealcalde ha destacado que el auto del juez lo que "dice expresamente en su parte dispositiva" es "que se prorroga el secreto sumarial", aunque algunos, apunta, lo hayan querido "manipular" para afirmar que se ha levantado el secreto del sumario. El auto, ha añadido, sólo "hace una excepción en relación con los derechos de algunos detenidos y el tiempo que llevan detenidos y el legítimo derecho a la defensa para levantar el secreto parcialmente en lo que afecta a estos primeros detenidos". De esta forma, independientemente de que el acuerdo del pleno municipal establezca que la Comisión de Investigación comenzará cuando se levante el secreto sumarial, como ha recordado, iniciar ahora las sesiones daría lugar a un debate en el que sólo se podrían abordar los casos conocidos y no los otros, para los que habría que esperar a que el juez levantara el secreto totalmente.

"Ya establecieron quiénes son los responsables"

La explicación de que a la oposición no le importe incurrir en ese "absurdo", argumenta Cobo, es que "no tiene mucho interés" ni en "conocer todo lo que ha ocurrido" ni en "establecer las consecuencias políticas" a partir de las "responsabilidades penales" que establezca el juez. El objetivo de la oposición, ha continuado, es "electoral", y por eso "mucho antes ya establecieron quiénes son los responsables" y pidieron la dimisión de dos concejalas del Gobierno, sin esperar a la investigación y "sin la más mínima prudencia o el mínimo respeto" para la propia comisión. Por otra parte, Cobo ha dicho que no tiene "ni idea" de cuando se va a levantar el secreto del sumario, que es algo, ha recordado, que corresponde al juez.

Además, ha negado, como le sugería una de las preguntas, que el Ayuntamiento haya filtrado una grabación, incluida en el sumario, en la que un empresario se jacta ante uno de los detenidos de que sus contactos personales indirectos con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, le han permitido abrir sin licencia su sala de fiestas. Cobo ha dicho al respecto que le "extraña mucho" lo que ha leído y ha asegurado que esa grabación no ha podido salir del Ayuntamiento porque no tiene copia del sumario. EL PAÍS publica hoy una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil el pasado mes de julio y que figuran en el sumario del caso Guateque, Antonio Sanz Escribano, ingeniero de la firma de proyectos de ingeniería AB Sanz Escribano, actualmente en la cárcel por orden del juez, mantiene una conversación con José Almansa, uno de los propietarios del pub La Botellita de Serrano, situado en la calle de Martínez de la Rosa, esquina con la calle de Serrano.

Ambos hablan sobre las estrategias que siguen para conseguir una licencia. Almansa dice ser socio de Antonio Cato y que la madre de su novia es la mejor amiga de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la cual, según Almansa, "ha movido los hilos para que pueda abrir sin licencia su sala de fiestas", según se puede leer en el sumario.  www.elpais.es 10.01.08

Un tendero al que exigieron 72.000 euros destapó la 'trama de los conseguidores'

La investigación sobre la segunda fase del 'caso Guateque' afecta a 21 licencias irregulares tramitadas y 21 implicados, entre funcionarios de Madrid y particulares

El dueño de una tienda de animales de la zona de El Rastro fue quien destapó con su denuncia la trama de los conseguidores de licencias, según el sumario de la Operación Guateque. Juan Luis A. G. recibió una notificación del Ayuntamiento de Madrid para que clausurase su local y seguidamente, según su confesión, contactó con él alguien que, falsamente, se identificó como gerente de Urbanismo de Madrid. Éste le ofreció solucionar todos sus problemas con la licencia a cambio de 72.000 euros. Su denuncia activó la segunda fase de la Operación Guateque. La primera ya había cosechado 17 detenidos y nueve encarcelamientos, la mayoría funcionarios del Ayuntamiento; entre éstos, como supuestos cabecillas, el funcionario de la sección de Medio Ambiente Victoriano Ceballos.

El 30 de julio pasado, bajo autorización del juez Santiago Torres, la Guardia Civil pinchó teléfonos tanto de funcionarios municipales de Madrid y de particulares y descubrió la llamada trama de los conseguidores. Se trata de funcionarios y particulares que, según el sumario, "se están lucrando indebidamente, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para la imagen de la Administración". Los investigadores detectan al menos 21 expedientes de licencias sobre locales públicos plagados de "irregularidades".

En su informe, los agentes muestran su "certeza de que la acción de la justicia tiene muy complicado demostrar esas irregularidades" y por eso piden al juez que autorice los pinchazos telefónicos. Los agentes fijaron su lupa sobre Carmelo García Sánchez, ex funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid (quien ya fue absuelto en 2004 de un delito de tráfico de influencias), y Santiago Castillo, directivo de la firma de arquitectura AC 93, dedicada a tramitar proyectos de licencias. Señala la Guardia Civil en su informe: "Los denunciados Carmelo García y Santiago Castillo forman un equipo en el que actúan de intermediarios entre empresarios y el funcionario [municipal] encargado de la gestión administrativa [de las licencias]". No especifica quién de ellos, aunque sólo en esta segunda fase de la trama hay al menos implicados siete funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de Centro, cuatro de ellos en la cárcel. García y Castillo, según el sumario, se dedican "a la captación de posibles clientes con la necesidad de iniciar negocios en locales comerciales de la capital". Es decir, hablan con ellos y les ofrecen, a cambio de dinero, "acortar notablemente los tiempos en la tramitación de los expedientes, garantizándoles [en unos casos] que obtendrán la licencia y [en otros] la posibilidad de lograr dictámenes favorables a que puedan estar abiertos y legalizados locales que no cumplen los requisitos y que han sido denunciados por los vecinos".

Los 21 expedientes en los que los investigadores han hallado irregularidades están repartidos por distintos barrios de Madrid. Los implicados en la trama de los conseguidores son los particulares Carmelo García y Santiago Castillo (ambos presos) y la empleada del mismo Beatriz Martínez. El papel de Carmelo García dentro de la trama es "realizar el trabajo de campo, tener trato directo con los clientes". Castillo, en nombre del citado estudio de arquitectura, tiene un amplio abanico de funcionarios con los que contacta para garantizar que los empresarios, tras pagar, consiguen su licencia o que la policía local no les cierre el negocio. En el sumario hay una conversación telefónica entre Carmelo García y el funcionario municipal, actualmente preso, Fernando Ruiz. El primero ofrece al segundo "cuatro o 5 millones" por una licencia de ampliación para la clínica Ruber.  www.elpais.es 10.01.08

"Nos contaron que Ceballos pidió 12.000 euros por un informe favorable"

Óscar Acero, jefe de la Unidad Técnica de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, entró en el despacho del juez que instruye el caso Guateque en calidad de imputado y salió como simple testigo "debido al espíritu de colaboración" que, según el juez, demostró en su declaración.

Acero, según la investigación de la Guardia Civil, podría estar implicado en la trama de cobro de comisiones ilegales para agilizar licencias desde su privilegiado puesto en la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde revisaba licencias de locales situados en zonas protegidas.

En un momento de la declaración, Acero detalló al juez sus relaciones con Victoriano Ceballos, el funcionario de la concejalía de Medio Ambiente sobre el que la investigación ha recabado más pruebas sobre su supuesta corrupción:

"Recuerdo haber recibido una llamada de Victoriano Ceballos en julio de 2007. Se interesaba por la posibilidad de que el informe desfavorable que se había emitido sobre el local de la calle de Santa Brigida pudiera volver a ser favorable. Aclaró que el informe, favorable o no, correspondía al departamento de Medio Ambiente, no al mío".

Tras esta explicación, Acero detalló al juez sus sospechas: "Un compañero de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Calero, que conocía a los propietarios del local de Santa Brigida, me dijo que Antonio Sanz Escribano [supuesto intermediario que desde su despacho tramitaba las licencias mediante el pago de comisiones ilegales a funcionarios] le había dicho que Victoriano Ceballos le había pedido dos millones de pesetas [12.000 euros] por emitir un informe favorable sobre la calle de Santa Brigida. Al conocer esta información sobre Ceballos, inmediatamente se la comuniqué a mis subordinados para que tuvieran precaución con las cosas que se mandaban a Medio Ambiente".

Acero declaró al juez que el expediente de Santa Brigida se abrió a raíz de la solicitud de una licencia para restaurante-discoteca y que en la tramitación se elaboraron dictámenes por parte de un órgano colegiado formado por miembros del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid siguiendo el cauce legal establecido.  www.elpais.es 10.01.08

"Sólo pagué dos veces para que adelantaran expedientes"

Benjamín Valledor Fernández es un gestor que se dedica a "legalizar empresas o negocios", según declaró al juez del caso Guateque. Valledor confesó en su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que llamó el 30 de julio de 2007 a Victoriano Ceballos, el funcionario sobre el que pesan las principales acusaciones y pruebas de su conducta corrupta, para ofrecerle 2.000 euros para que agilizase la tramitación de una licencia de un bar situado en la calle de Mar de Omán. El interrogatorio siguió así:

Pregunta. ¿Alguien le dio a usted alguna vez dinero para pagar la comisión a Ceballos?

Respuesta. Sí, dos interesados. Uno fue del bar Santos, por el que pagué 3.000 euros y me comentó Ceballos que la mitad era para su jefa. Y el otro fue para el bar de Mar de Omán, que fueron 2.000 euros y los pagué en metálico en la calle.

P. ¿Le consta a usted que el dinero que entregó a Ceballos lo repartió realmente con su jefa?

R. No, lo desconozco.

P. ¿Era usted el que ofrecía dinero?

R. No, me lo pedía Ceballos.

 www.elpais.es 10.01.08

"No me puedo creer que yo haya dicho eso", declara el cabecilla de la trama

El funcionario Victoriano Ceballos, descolocado al oír su voz en una grabación

-Sí, hombre.

-Y qué le digo que le vamos a dar a mi jefa.

-No lo sé, tú verás.

-Podemos decirle que nos podemos repartir 3.000 euros.

-Mañana se lo digo: mira la gratificación que nos hacen es ésta (3.000 euros) por adelantar el expediente...

-En tres días emitimos el informe, le damos la copia y punto.

-Y dinero al canto.

Éste es un fragmento de la conversación que grabó el pasado julio la Guardia Civil al funcionario Victoriano Ceballos, uno de los principales imputados, encarcelado y señalado por fuentes de la investigación como presunto cabecilla de la trama de cobro de comisiones a cambio de agilizar licencias. Ceballos hablaba con el gestor Benjamín Valledor, otro de los implicados que aparecen en la investigación judicial.

"Eso no es cierto. No me puedo creer que yo haya dicho eso", respondió tras oír la cinta con la conversación que supuestamente le implicaba. Meses después de haber mantenido la conversación, Ceballos fue interrogado por agentes de la Guardia Civil en la Comandancia que el instituto armado tiene en Tres Cantos (Madrid). Allí, Ceballos negó una por una todas las acusaciones sobre su implicación en la trama. Ceballos además contestó con evasivas a múltiples cuestiones realizadas por agentes de la Guardia Civil. Éstos inquirieron a Ceballos sobre por qué había despachado al menos 26 expedientes de tramitación de licencias en menos de un mes -el tiempo medio para obtener una licencia es de un año y medio-. A lo que Ceballos respondió que él no informó sobre esos expedientes, sino que sólo los firmó. Y que en los meses siguientes hizo lo mismo. "Informé sobre un total de 1.000 expedientes en cinco meses", aseguró durante el interrogatorio. Ceballos negó que cobrase algún dinero por resolver expedientes a preguntas de la policía.

Este funcionario del departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente está señalado por fuentes de la investigación como el cabecilla de la red. Su jefe inmediato, Joaquín Fernández de Castro, que también está en la cárcel le acusa de ser el único culpable. Ceballos está en la cárcel desde el pasado 14 de noviembre, cuando el juez Santiago Torres inició las actuaciones por el caso Guateque. Desde entonces todas las líneas de investigación apuntan a la relación entre el funcionario y la empresa AC 93. Los propietarios de esta empresa están imputados y ayer prestaron declaración ante el juez. www.elpais.es 10.01.08

La trama de sobornos de Madrid implica a decenas de técnicos

El juez investiga una agenda donde figuran los pagos ilegales

El juez Santiago Torres, instructor de la Operación Guateque que sacó a la luz una densa trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, dispone de dos sólidas bazas para acreditar sobornos a una veintena de funcionarios municipales: la contabilidad secreta de la trama, hallada por la Guardia Civil en un registro en la sede de Agustino Proyectos, una de las supuestas empresas tramitadoras ilegalmente de licencias, y el informe que le están elaborando sus peritos sobre los ingresos y gastos de los encausados. Tal cifra puede engrosarse en próximas semanas ya que el juez no ha agotado el amplio listado de tan explosiva agenda.

Todo ello servirá para dinamitar algunas de las coartadas que algunos de los encartados han ido desgranando al ser interrogados: aseguran no haber cobrado ningún soborno, no haber agilizado irregularmente expedientes, incluso niegan que las frases grabadas, donde negocian mordidas, tengan el sentido que la lógica les da.

Por el contrario, la agenda hallada en la sede de Agustino Proyectos no deja lugar a dudas sobre la realidad de los cohechos: viene anotada la cifra pagada, el nombre más o menos preciso del funcionario receptor, un teléfono de contacto y el motivo del pago. De tal agenda ha salido exclusivamente la última oleada de detenciones de funcionarios decretada por el juez. No siempre ha sido fácil identificar al destinatario de tales pagos ilegales. En ocasiones, el nombre del sobornado no aparecía completo, y ha sido preciso interpretarlo en función del lugar de trabajo que se derivaba del teléfono de contacto.

En otras ocasiones, tal labor no ha sido aún finalizada, ya que el nombre aparece como algo más confuso, por lo que la estela de pagos puede extenderse a un número aún mayor de funcionarios.

Obviamente, el juez está vinculando tan poderosos indicios -anotaciones de cobro de sobornos y comprometidas frases grabadas- a otros dos elementos: si tales funcionarios han jugado algún papel en los 187 expedientes que han sido acelerados y que examina con lupa el juez. Los agentes ya han revisado expedientes hasta el año 2000. Y amén de la vertiginosa aprobación de tales expedientes, liquidados en un mes cuando suelen durar años, han hallado dos hechos coincidentes: la totalidad de los expedientes sobre los que existen indicios o sospechas de pagos fueron visados por Joaquín Fernández de Castro, como jefe de departamento de Evaluación Ambiental, quien, sin embargo, ha emitido mensajes exculpatorios para sí pero incriminatorios para el resto.

Negar la evidencia

Su subordinado, Victoriano Ceballos Fernández, jefe de división de análisis ambiental, a diferencia del anterior, no extiende las culpas a otros, pero sí niega algunas de las evidencias más clamorosas que le fueron expuestas en los interrogatorios. Por ejemplo, allí donde fue grabada su voz asintiendo a un reparto de 2.500 euros por una licencia, dice, sencillamente, que es mentira. En cambio, Ceballos sí admite que declaró por teléfono a Rubén López Martínez, miembro de la empresa Agustino Proyectos donde fue hallada la contabilidad secreta de los sobornos, que era muy difícil adelantar un expediente porque les estaba prohibido. Negó que hubiera dado tal mensaje para presionar y cobrar más.  www.elpais.es 05.01.08

El juez levanta el secreto de ocho tomos del sumario

El juez que instruye la operación Guateque, Santiago Torres, levantó ayer parte del secreto de sumario (ocho de los diez tomos). El caso que investiga la presunta trama de corrupción de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que cobraban a cambio de agilizar licencias de apertura o actividad para locales de ocio se ha convertido en el mayor caso de corrupción de la historia de la capital.

El juez Torres inició la investigación el pasado 14 de noviembre, después de meses de escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil, a raíz de la denuncia de un particular. En ellas varios funcionarios del Consistorio madrileño se ofrecen agilizar licencias a cambio de dinero.

Hasta el momento el juez ha decretado la prisión a nueve imputados, entre ellos seis funcionarios y tres empresarios. Además, el magistrado ha imputado a una veintena de empleados públicos, la mayoría de la concejalía de Medio Ambiente y de Urbanismo. Hasta el momento no hay ningún cargo público imputado en la investigación.

Agentes de la Guardía Civil han registrado ocho juntas municipales de distrito y las sedes de las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y se han incautado abundante documentación.

El juez Torres asestó un nuevo golpe a la compleja trama de corrupción el pasado 27 de diciembre cuando ordenó registrar seis edificios municipales y decretó 10 nuevas detenciones, aunque sólo se pudieron efectuar cinco

 www.elpais.es 05.01.08

"Ofrecí cuatro o cinco 'kilos' por la licencia del Rúber", declara un intermediario preso

El ex funcionario del Ayuntamiento de Madrid Carmelo García, encarcelado por la trama del caso Guateque, declaró voluntariamente ante el juez Torres la víspera de Navidad. En la última admite haber ofrecido "cuatro o cinco kilos" a un funcionario del Ayuntamiento, Fernando Ruiz, para que agilizase una licencia para la clínica Rúber de Madrid. El PAÍS ha tenido acceso a las dos declaraciones, íntegras, prestadas por García. La Rúber niega en un comunicado haber pagado nada nunca al margen de la ley.

En su primera declaración, García negó todas las imputaciones que le hizo el juez. Hace años, García ya tuvo problemas con la justicia por tráfico de influencias en relación con licencias municipales, pero fue absuelto. En concreto, el juez Torres le preguntó por su intervención a favor de una licencia para obras en la Rúber, en la calle Juan Bravo de Madrid. El juez cree que, en connivencia con amigos suyos del Ayuntamiento, García intentó endurecer los requisitos municipales con vistas a que la Rúber -o alguien que decía actuar en nombre de esta clínica- tuviera que pagar una comisión fuerte si quería resolver los problemas que planteaba su licencia. La respuesta de García al juez en esa primera declaración fue: "No conozco a nadie de la clínica Rúber".

En realidad, en su primera declaración García lo niega todo. El juez le preguntó, además, por su intervención en la tramitación de otras licencias para la aseguradora Ocaso y para cafeterías y restaurantes situados en las calles de Manuela Malasaña, Servator, Piamonte, Curtidores o Flor Baja, 1, entre otros locales. Fue enviado a prisión. Aparentemente, porque García se limitó a negar evidencias, según fuentes jurídicas. Para borrar esa imagen, es por lo que pidió al juez ampliar su declaración inicial.

Lo hizo el pasado 20 de diciembre. Es cuando reconoce que hace trabajos para la firma AC 93, un despacho del que es directivo Santiago Castillo, otro de los encarcelados en la Operación Guateque. Castillo era una especie de conseguidor desde su designación como apoderado de AC 93 en 1995. Los dos máximos directivos de esta firma, Julián Ruben López y Eduardo Agustino Carrasco, se hallan en paradero desconocido. El juez les tiene en búsqueda y captura. Muchos dueños de locales de Madrid acudían a AC 93, calle de Atocha, 25, cuando el Ayuntamiento les ponía pegas a sus licencias.

En su declaración voluntaria, García señala que el ofrecimiento de los "cuatro o cinco kilos" a su amigo y funcionario municipal Fernando Ruiz es por encargo de Castillo. García señala al juez: "Que lo de la calle Juan Bravo [se refiere a la licencia de la Rúber] no conozco a nadie. Lo que pasa es que el despacho de Santiago llevaba ese tema y me dijo que como yo tenía amistad con Fernando, [pues] que tenían que hacerle [a la Rúber] un requerimiento importante (...) Y que si era necesario pagarle cuatro o cinco kilos [por ello a Fernando], se le pagaba". Fernando Ruiz, funcionario de la gerencia de Urbanismo, también está preso. Ruiz, en su declaración, admite que habló de dinero con García, pero señaló que son amigos y se trataba "de una broma". García avala el testimonio de Ruiz en su segunda declaración, en la que niega haber cobrado de comisiones. Admite, eso sí, que se interesó ante un amigo suyo del Ayuntamiento, donde él trabajó y tiene un hermano, por un bar de Malasaña. Pero explica que fue su jefe Santiago Castillo quien trató este tema con el dueño del bar. "Hablaron ellos solos, yo no oí nada ni pillé ninguna cantidad".

En la casa de una amiga de García se han hallado fotocopias de falsas licencias que el propio imputado elaboraba. También había un tapón o sello del Ayuntamiento, real, para estamparlo sobre esas licencias falsas y aparentar que eran válidas. Pero no hay pruebas de que tales falsificaciones hayan sido utilizadas. www.elpais.es 05.01.08

Uno de los encarcelados por la operación Guateque afirma que en la Concejalía de Medio Ambiente era fácil manipular los expedientes

La Cadena SER ha tenido acceso al escrito titulado "Reflexiones desde el chabolo número 40" en el que el funcionario de libre designación Joaquín Fernández de Castro, habla de caos en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, y de que era muy fácil manipular los expedientes urbanísticos. El funcionario, encarcelado hace 37 días por su implicación en la trama corrupta de licencias municipales, también hace referencias directas a un director general, a quien no identifica, y a un concejal del actual equipo de Gobierno al que considera inductor

En los nueve folios a los que ha tenido acceso la SER, Fernández de Castro, jefe de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento niega su implicación, incluso la trama de cobro ilegal de comisiones para la concesión de licencias en su departamento, a partir de esta frase: "Victoriano Ceballos es sin duda el único chorizo... nadie más de mi departamento".

No obstante, Fernández de Castro sí que hace críticas y preguntas sobre la responsabilidad de sus superiores, y da pistas, como sus interregotarios ante el juez y la Guardia Civil. De uno de ellos, se desprende -por ejemplo- que sólo en su departamento fueron adelantados 150 expedientes de concesión de licencias, de los 350 que la concejalía puso en manos de los investigadores.

Una situación "disparatada y bodrio"

Fernández de Castro asegura que "los informes ambientales desde que yo me hice cargo de la Jefatura del Departamento iban firmadas solamente por el Director General". Es decir, que responsabiliza a un responsable político. El encarcelado habla de situación caótica en la concejalía y califica de "disparatada y bodrio" la ordenanza de agilización de licencias que aprobó en 2005 el alcalde Ruiz Gallardón y que él mismo se encargó de vigilar después con otra de las imputadas, Carmen Ibáñez.

Fernández de Castro asegura que el problema, ese "caos", era conocido por sus superiores, y se pregunta: "¿A quién hay que pedir responsabilidades? ¿A la concejala, al coordinador, al director general?". El imputado se refiere en concreto al anterior equipo de Medio Ambiente que dirigía Paz González: "Por qué no se soluciónó el problema?". Él mismo se responde al decir que "posiblemente porque todas las partidas económicas estaban dedicadas a pagar generosamente a los más de 300 altos cargos que desembarcaron con el nuevo alcalde".

¿Un concejal el inductor?

Apunta también a otro concejal como inductor de todo el proceso 'Guateque'. En concreto asegura: "Hasta Alcalá Meco ha llegado el rumor de que ha sido un concejal del equipo de Gobierno... que en la anterior legislatura dirigía una de las concejalías más conflictivas. ¿Qué busca? ¿A favor de quién juega".

La carta está fechada en Alcalá Meco, a 8 de diciembre de 2007

www.cadenaser.com 28.12.07

La red corrupta del Ayuntamiento de Madrid crece con otros cinco arrestos

El juez registra seis sedes municipales en la segunda fase de la Operación Guateque

La trama corrupta dedicada al cobro de sobornos a cambio de agilizar licencias en Madrid se extiende a más funcionarios e intermediarios. El juez Santiago Torres, que investiga la red que exigía comisiones ilegales desde hace años en el Ayuntamiento de la capital, ordenó ayer 10 nuevas detenciones de funcionarios y técnicos municipales, aunque la Guardia Civil sólo pudo practicar cinco. La operación trata de levantar el velo que ocultaba una tupida trama que facilitaba la concesión de licencias de apertura o actividad de locales comerciales y de ocio a cambio de dinero o, por el contrario, eternizaba el trámite a quienes no pagaban hasta que se rascaban el bolsillo. El instituto armado ejecutó ayer seis registros, en dependencias municipales, algunas ya batidas en la primera fase: las sedes de Medio Ambiente y Urbanismo.

Torres ha puesto en marcha la nueva fase de la Operación Guateque, lanzada en noviembre pasado, tras analizar la documentación requisada en los primeros registros, cotejarla con las escuchas telefónicas, recibir nuevos datos de las pesquisas de la Guardia Civil y tomar declaración a los hasta ahora detenidos o imputados. Hace unos 10 días, el Ayuntamiento de Madrid fue advertido de que se avecinaba una segunda fase. El alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, explicó que la batida de ayer es "una extensión" de la primera parte de la Operación Guateque.

La operación arrancó a primera hora de la mañana, cuando la Guardia Civil se presentó en las sedes de Urbanismo y Medio Ambiente con órdenes de registro y varias de detención. El primer arrestado fue un inspector de Medio Ambiente, J. G. L.

Los agentes también batieron las juntas municipales de distrito de Chamartín, Salamanca (de donde se llevaron al menos un ordenador), Retiro (zonas de pisos y locales caros y cuajadas de comercios) y Carabanchel, informa Álvaro Corcuera.

Ninguna de ellas había sido registrada en la primera fase, por lo que ya son ocho las juntas registradas de las 21 que tiene Madrid. Y las fuentes consultadas creen que la mancha de aceite de la corrupción aún se extenderá más y a más departamentos municipales.

Las detenciones se produjeron en cada una de las oficinas registradas, salvo en la de Retiro. En esta junta de distrito estaba previsto un arresto, pero el encausado estaba ausente. Otros dos funcionarios que iban a ser detenidos están de vacaciones. Las dos personas que faltan hasta completar la decena con orden de arresto judicial están supuestamente vinculadas a un despacho de arquitectos, cuyo registro no pudo ser ejecutado ayer.

Las investigaciones de la trama han llevado ya a seis personas a prisión, mantiene a cuatro funcionarios en libertad bajo fianza (de los 17 arrestados en la primera fase) y ha supuesto el interrogatorio por parte de la Guardia Civil de, al menos, 37 personas. Los cinco arrestados ayer pasarán la noche en el cuartel del instituto armado de Tres Cantos para pasar hoy a disposición de Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Los encarcelados hasta ahora están acusados de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Los investigadores tienen previsto completar la segunda fase de la operación en los próximos días y advierten de que el caso Guateque tiene visos de extenderse aún más.

De hecho, los 187 expedientes de licencias considerados sospechosos están vinculados a 17 juntas de distrito, según fuentes de la investigación. Los miembros de la trama corrupta exigían entre 3.000 y 18.000 euros por agilizar las licencias. Gracias a sus gestiones, engrasadas con la mordida, un trámite que habitualmente se demoraba hasta dos años, se concretaba en ocho meses.

www.elpais.es 28.12.07

Una mancha sobre ocho distritos

La red de comisionistas llevaba años "campando a sus anchas" y casi se había institucionalizado

Un particular, dueño de una discoteca, dio pistas sobre la trama con la denuncia presentada en verano. Unos funcionarios, según su relato, le intentaron cobrar por una licencia municipal. Esta acusación fue el detonante de la llamada Operación Guateque, una investigación de la Guardia Civil, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, que ha destapado la trama de corrupción más importante detectada en el Ayuntamiento de la capital. Un grupo de funcionarios, según los primeros resultados de la investigación, se dedicaba al cobro de comisiones ilegales (mordidas) para agilizar la concesión de licencias de bares y locales de ocio. Ya son ocho las Juntas de Distrito de Madrid investigadas y dos concejalías implicadas.

La trama es la más importante conocida hasta ahora en la capital de España

La mordida era "una sangría dineraria" para las víctimas de la red

Las primeras detenciones se produjeron la mañana del pasado 14 de noviembre. Agentes de la Guardia Civil acompañados por la Policía Municipal irrumpían de manera simultánea en la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la Concejalía de Medio Ambiente y en las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas. Los agentes también entraron en domicilios particulares y en oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama. Era la primera entrega tras cinco meses de investigación y 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial. Los agentes pusieron esa mañana a disposición del juez a 16 funcionarios sospechosos de integrar una compleja trama de corrupción.

Los responsables exigían cantidades que oscilaban entre 3.000 y 18.000 euros por conceder las licencias de locales de ocio. El pago en otras ocasiones lo hacían para que los expedientes sancionadores se perdieran o caducaran. "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca", llegaban a decir los funcionarios, según las conversaciones grabadas por orden judicial.

Al frente de la trama, según las investigaciones, estaba Victoriano Ceballos Fernández, cuñado de un ex concejal socialista y colocado a dedo hace más de 20 años. En la actualidad está en prisión, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El PSOE acusó al PP de haber permitido que siguiera en su puesto pese a ser investigado por delitos similares en 1996. Otro de los supuestos cabecillas era Joaquín Fernández de Castro, que fue destituido de su cargo de director de servicios de Medio Ambiente en 2003. En la actualidad ocupaba la jefatura de Evaluación Ambiental. Desde su puesto controlaba los locales que incumplían la normativa de ruidos.

La Operación Guateque ha ido creciendo con el paso de los días. El 16 de noviembre fue arrestado otro funcionario por la Guardia Civil. A éste se sumaban otros cinco trabajadores municipales imputados. Era el resultado del primer análisis de los 187 expedientes que fueron decomisados por la Guardia Civil en los edificios municipales.

El juez de guardia Francisco Javier Teijeiro tomó declaración durante el fin de semana del 17 y 18 de noviembre a los detenidos. Decretó el ingreso en prisión de seis personas (cinco de ellas, funcionarios), entre los que estaba Ceballos. De los nueve restantes, algunos quedaron en libertad con cargos.

El funcionario jubilado adscrito a la Gerencia de Urbanismo Carmelo García Sánchez, también ingresó en prisión por orden del juez el 20 de noviembre. Este trabajador había sido investigado en 2004 por haber participado supuestamente en una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar licencias pero fue absuelto por falta de pruebas.

La bronca política acampó entonces en el Ayuntamiento de Madrid, donde a las peticiones de dimisión que cursaba el PSOE, el PP replicaba con acusaciones como que la sede principal de los socialistas carecía de licencia y amenazó con enviar inspectores. En Madrid son numerosos los establecimientos y edificios que carecen de licencia de funcionamiento o tienen una provisional. La trama ha tocado también a empresarios, arquitectos y abogados que actuaban como intermediarios. Los investigadores concluyeron que durante "muchos años" la corrupción "campaba a sus anchas" en el Ayuntamiento de Madrid, provocando una "sangría dineraria" para las víctimas de la red.

 

www.elpais.es 28.12.07

David Lucas (PSM): "El alcalde se esconde"

El portavoz socialista pide la dimisión de las ediles de Urbanismo y de Obras Públicas

"Gallardón se esconde. Madrid en estos momentos no tiene alcalde". Éstas fueron las palabras con las que el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, acusó al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, de no asumir responsabilidades en la Operación Guateque.

Lucas también reclamó la destitución fulminante de la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, y de la que la legislatura pasada fue edil de Medio Ambiente, Paz González, ahora responsable de Obras Públicas.

"Los madrileños se han dado cuenta de que todo lo que tiene que ver con la concesión de licencias en la ciudad de Madrid es un caos absoluto. Casi nadie las tiene en regla y el único responsable es el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón", afirmó Lucas.

Caldera: "La mala hierba hay que extirparla"

El ministro de Trabajo pide colaboración con la justicia contra las tramas corruptas

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aportó ayer su grano de arena en la polémica por la trama de las licencias. El dirigente socialista reclamó a todos los ciudadanos e instituciones "la máxima colaboración con la justicia" para acabar con la corrupción, ya que supone un perjuicio para los ciudadanos y menoscaba las instituciones.

"Lo que me gustaría es que a la Administración de justicia se le preste toda la cooperación necesaria en beneficio del interés público, del interés ciudadano. A todos nos conviene que esas malas hierbas, si existen, sean extirpadas y que se sancione con todo rigor ese tipo de prácticas, si la justicia así lo determina", afirmó. El ministro reclamó"agilidad y transparencia" para resolver la trama.

Ruiz-Gallardón: "Será el juzgado el que informe"

El alcalde rehúsa valorar las detenciones y afirma que las conocía hace 10 días

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, rehusó ayer por tres veces hacer valoraciones sobre las nuevas detenciones en el caso Guateque.

Ofreció el argumento de que los registros y detenciones se estaban llevando a cabo en ese momento, y subrayó que se trata de una "extensión" del caso como consecuencia de la propia investigación, de la que el Juzgado número 32 le informó hace 10 días. "Será el propio juzgado el que informe", dijo. El regidor también explicó en la rueda de prensa tras la junta de gobierno que va a presentar un nuevo proyecto de reforma del sistema de concesión de licencias que podría requerir la reforma de la Ley del Suelo regional. En este caso, agregó, la presentará a la Comunidad de Madrid.

www.elpais.es 28.12.07

EL PSOE RECURRE AL JUZGADO POR NO COMPARECER GALLARDÓN POR EL 'CASO GUATEQUE' 

El Grupo Municipal Socialista de Madrid recurrirá al juzgado de lo contencioso-administrativo para denunciar al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, por su negativa a comparecer ante el Pleno del Ayuntamiento que se celebrará el jueves en la Casa de la Villa, según explicó el portavoz socialista, David Lucas. Para pedir la intervención del regidor, los socialistas se amparan en el artículo 95 del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Este artículo establece que "los concejales con responsabilidades de Gobierno y los miembros de la Junta de Gobierno local que no ostenten la condición de concejal comparecerán ante el Pleno para informar sobre un asunto determinado de su competencia, bien a petición propia, bien a iniciativa de un grupo político o de la quinta parte de los concejales". 

Además, el artículo 96 del mismo reglamento especifica que "el presidente, oída la Junta de Portavoces, no admitirá a trámite las comparecencias" en los supuestos de que se refieran a asuntos ajenos al ámbito del Ayuntamiento, que sean de exclusivo interés personal de alguna persona, que las peticiones de intervención profieran palabras o viertan conceptos contrarios a las reglas de cortesía, que supongan una consulta estrictamente jurídica o que sean reiterativas de otra pregunta de respuesta oral sustanciada durante el mismo año natural. 

Así, el PSOE, que interpondrá la denuncia el viernes o a principios de la semana que viene, considera que "Gallardón no puede acogerse a ninguno de los supuestos para no admitir la petición de comparecencia ya que, en su calidad de alcalde, ejerce la superior dirección de la Administración ejecutiva municipal y la supervisión de la acción de los delegados de las áreas de Gobierno, de los concejales presidentes de las juntas de Distrito y de los restantes órganos ejecutivos y directivos" 

Por ello, el PSOE considera que "tiene que informar a los ciudadanos acerca de la gestión realizada en los diferentes ámbitos municipales en relación con el otorgamiento de las licencias urbanísticas desde la entrada en vigor de la actual Ordenanza Tramitación de Licencias, deficiencias y problemas que se han planteado en su aplicación, y medidas a adoptar para mejorarla", en alusión al 'caso Guateque'. 

"Gallardón tiene que explicar las responsabilidades políticas de su equipo de Gobierno en la trama de corrupción más importante que ha tenido jamás este Ayuntamiento", reclamó Lucas en rueda de prensa. Además, el portavoz municipal criticó que el primer edil "haga ese 'feo' a sus compañeros de Gobierno y que falte así al respeto de todos los ciudadanos". 

Asimismo, el edil reprochó que Gallardón sea "el único político que no comparece ante el Pleno, tal y como hacen Esperanza Aguirre y José Luis Rodríguez Zapatero cada vez que es necesario, eludiendo así el control y la fiscalización pública a la que tiene derecho la oposición". 

"¿Qué es lo que teme, lo que no quiere explicar?", se preguntó Lucas, reiterando que "Madrid no tiene alcalde, porque Gallardón no atiende a los intereses de los vecinos ni soluciona sus problemas, sino que sólo piensa en sus intereses políticos personales". 

Por otra parte, y después de que Gallardón decidiera no incluir en el orden del día del Pleno de mañana su comparecencia, el PSOE presentó asimismo una moción de urgencia para que la Corporación municipal rechace esa decisión, "teniendo en cuenta la trascendencia de la materia y la alarma social que se ha generado en relación con la gestión de las licencias urbanísticas". 

"Esperamos que el PP no use su rodillo para evitar las preguntas que la oposición quiere plantear al alcalde, y esperamos que este tema pueda ser tratado mañana", explicó Lucas, anunciando que si esta moción de urgencia tampoco prospera el PSOE presentará otra denuncia ante el juzgado de los contencioso-administrativo, adicional a la que ya va a interponer seguro. El objeto de esa segunda reclamación sería "denunciar la falta de transparencia y la vulneración de la legislación vigente, que da derecho a los partidos de la oposición a solicitar comparecencias para poder ejercer su función fiscalizadora". 

(www.elmundo.es, 19/12/07)

Dos años de laberinto para una licencia

Los informes que tramitaban los detenidos por corrupción tardaban ocho meses

-¿Qué debo hacer para solicitar una licencia de funcionamiento de un local del centro?

La funcionaria tras la ventanilla de Información apenas levanta la mirada, pone su mano sobre uno de los montones de impresos, subraya algo con un bolígrafo sobre el papel y lo pasa por el hueco de la ventanilla:

-Tienes que venir esos días y que te reciba la técnica de Urbanismo. Ella ya te dirá. ¡Siguiente!

Ni cita previa ni nada. El papel dice que hay que ir los lunes, los miércoles o los jueves, de 8.30 a 11.30. Y esperar, se supone, a ser atendido. Es el primer paso del gigantesco laberinto burocrático que atraviesan gran parte de las licencias de apertura o de funcionamiento en Madrid.

La cruzada de esas solicitudes dura, según aseguran los técnicos del Ayuntamiento, una media de dos años y se atasca entre ocho y 12 meses en el área de Medio Ambiente del Consistorio (ver gráfico), según manifestó en un comunicado el pasado miércoles el Consejo Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM), que cuenta con el 8% de los 11.500 funcionarios administrativos del Consistorio. El nido de la corrupción del llamado caso Guateque se encontraba justo en ese lugar, desde el que operaban los funcionarios Joaquín Fernández de Castro (jefe del departamento de Evaluación Ambiental) y Victoriano Ceballos (jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental), que, supuestamente, dosificaban la concesión de los permisos en función de lo que sus solicitantes estuvieran dispuestos a pagarles.

El recorrido de una solicitud de licencia de los locales de pública concurrencia (bares, restaurantes, gimnasios, escuelas infantiles, talleres...) es una especie de tela de araña burocrática. Un montón de viajes de ida y vuelta de una mesa de despacho a otra y vuelta a la primera y así... Pero hay un nudo gordo en ese entramado, un ovillo en el área de Medio Ambiente. Porque todas las licencias que requieren un informe de impacto ambiental (la mayoría, al ser muchas las denominadas zonas protegidas en la ciudad) deben pasar por ese despacho sí o sí.

Por eso todos los días salen coches con carpetas de expedientes de las juntas de distrito municipales con destino al número 12 de la calle de Recoletos, donde está la sede de Medio Ambiente, y el cuello de botella. Y donde estaban también los principales encausados en el caso Guateque. "Son unos veinte pasos los que calculamos que da un expediente hasta que se resuelve", dice Mariano Lapuente, un técnico del Ayuntamiento que trabaja en el grupo de IU y que se tomó la molestia de seguir y analizar la trayectoria de un expediente de licencia. "Pero la tardanza de esta gestión no se debe sólo a los casos de corrupción de dos o tres funcionarios, sino a un sistema burocrático inoperante que se ha mantenido por la inercia de la Administración", explica.

Los expedientes se van acumulando en los registros de las 21 juntas de distrito. Las solicitudes de licencia abarcan desde una beca de comedor hasta un permiso de apertura de un negocio. Un tótum revolútum de solicitudes difícilmente cuantificable. Según datos de técnicos del Ayuntamiento, el pasado mes de octubre había una acumulación de 7.158 expedientes, de los que sólo 3.843 habían sido resueltos y 3.315 estaban aún sin resolver. En total, con el registro central y los ocho correspondientes a cada una de las áreas del Consistorio, más los 21 de cada junta municipal, son 30 puntos de recogida de solicitudes de licencias los que hay en la capital.

www.elpais.es 17.12.07

Medio Ambiente contrató por 480.000 euros a una empresa pública para acabar con el atasco

La Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM) recogía en el manifiesto difundido esta semana que el Área de Medio Ambiente había gastado 480.000 euros para acabar con el atasco de expedientes de licencias en dicha área. Es una decisión que puede ser tomada unilateralmente por el gobierno municipal porque se trata de una empresa pública española, TRAGSATEC, con más de 20 años de experiencia en la realización de todo tipo de trabajos en el ámbito agrario y medioambiental. Este periódico intentó en vano hablar con los responsables de la compañía.

Según explicó la concejal Ana Botella en el pleno extraordinario sobre el caso Guateque del 28 de noviembre, son unos 1.200 los expedientes que habían llegado a su departamento en 2007, de los que el 75% corresponderían a bares, restaurantes, talleres, centros asistenciales y clínicos. El mismo volumen que en los dos años anteriores, aseguró.

A pesar de la contratación de TRAGSATEC, que Botella llamó "medida de choque", los informes tardan entre ocho y 12 meses en salir del departamento, según los técnicos. "La razón es sencilla: los técnicos de TRAGSATEC hacen informes, pero no los pueden resolver. La resolución, positiva o negativa, la tiene que hacer un funcionario, con lo que el atasco al final es el mismo", explica otro ingeniero municipal, que pide el anonimato. Y lanza una pregunta al aire: "Si se quería agilizar, ¿no se habría podido contratar por el mismo precio a técnicos municipales que pudieran validar expedientes?".

www.elpais.es 17.12.07

GALLARDÓN ASUME EL CAOS EN LAS LICENCIAS Y QUIERE CAMBIAR LA LEY

Era imposible ocultarlo más. La trama de corrupción del Ayuntamiento de Madrid desmantelada en la llamada Operación Guateque sigue dando coletazos, y el propio alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo que admitir que en la capital existen "deficiencias" en la tramitación de licencias y que esto genera "efectos perversos". Y, aunque rechazó que hubiera "un desorden generalizado" en la situación legal de los edificios de la ciudad, habló sin reparos de "un déficit de gestión que vamos a corregir". "Vamos a proponer una modificación de la normativa, tanto propia como de la Comunidad de Madrid, para dar una respuesta adecuada a todas las situaciones que dé seguridad y agilidad al proceso".

Estas declaraciones del alcalde se producen justo después del cruce de acusaciones entre su equipo y el de la oposición. Los populares denunciaron que la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, carecía de licencia de funcionamiento desde su apertura, en 1981. Y los socialistas contraatacaron afirmando lo mismo respecto a la central del PP en la calle de Génova y las oficinas de la FAES.

Según Gallardón, el caos en la tramitación de las licencias de funcionamiento es el mismo en todas las ciudades grandes, y el principal culpable es la normativa actual, que, en su opinión, "no ha sido adaptada a la evolución y al dinamismo de Madrid". El alcalde recordó que el Pleno del Ayuntamiento aprobó hace dos semanas, además, por unanimidad de los tres grupos municipales -PP, PSOE e IU-, la creación de una comisión de investigación que se constituirá cuando el juez que lleva el caso de la Operación Guateque levante el secreto del sumario. "Vamos a cumplir ese compromiso para depurar las responsabilidades de los funcionarios", afirmó.

Gallardón respaldó, además, las decisiones adoptadas en los últimos días por la delegada de Urbanismo y Vivienda, del Ayuntamiento, Pilar Martínez. Así, tras ser preguntado por si Martínez recibió alguna orden para que los inspectores municipales no se personaran en Ferraz, como inicialmente estaba previsto, Gallardón apuntó: "Las decisiones que adopta la delegada de Urbanismo son las más adecuadas para la tramitación".

(www.elpais.com, 14/12/07)

El alcalde desautoriza a su concejal e impide la inspección a la sede del PSOE

Los socialistas revelan que los edificios del PP y de FAES tampoco tienen licencia

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dio un paso atrás y no permitió que la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, cumpliera su amenaza de movilizar a los funcionarios dependientes de su negociado para fiscalizar la situación burocrática de la sede del PSOE en Ferraz. O sea, que no hubo inspección de la casa central de los socialistas.

Los fotógrafos e informadores varios que tomaron las aceras del edificio aguardaron en vano. Pasadas 24 horas de la soflama de Martínez, la amenaza quedaba reducida a una petición de papeles, concretamente de seis documentos: "Los mismos que se pide a cualquier ciudadano, incluida la sede del PP en Génova". El PSOE, claro, dice que son "flecos administrativos".

Una alusión no casual. El PSOE contraatacaba denunciando que al corazón de los populares también le falta el permiso de funcionamiento. En el grueso de papeles sobre las obras realizadas en este edificio falta la licencia final. No se solicitó. El PP dice que sí, pero entre sus documentos tampoco aparece, sólo licencias parciales.

De paso, los socialistas también denunciaron que el edificio de la FAES tampoco tiene los sellos. Un folio con membrete municipal muestra, efectivamente, que carece de permisos.

La batalla de las licencias, el cruce de acusaciones sobre los edificios de los dos principales partidos, además de desplazar el debate sobre las irregularidades en la concesión de los permisos municipales y la maraña de corrupción y amiguismo que se atisba en el procedimiento, ha permitido vislumbrar una realidad bastante alarmante: muy pocos tienen en regla todos los papeles municipales necesarios.

Gallardón, según personas cercanas a su entorno, calificó como un error y un "acaloramiento momentáneo" el desahogo radiofónico de Martínez y el subsiguiente intercambio de golpes burocráticos entre los dos partidos.

Amenazas a PSOE y PP

El portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, amenazó ayer a los grupos del PP y PSOE con no asistir a la comisión de investigación sobre el caso Guateque si el Gobierno local y los socialistas continúan discutiendo a través de los medios de comunicación casos que deberían ser debatidos en dicho órgano.

Pérez comentó que "si lo que dice el sumario una vez se levante el secreto es lo mismo que dicen los periódicos, IU no irá a la comisión de investigación para sólo leer lo que ya se ha dicho". El portavoz de IU pidió "respetar lo que se ha acordado para que los madrileños puedan creerse algo de la política".

www.elpais.es 13.12.07

El PP y la FAES, sin licencia municipal de funcionamiento

La sede del Partido Popular en Génova 13 en Madrid no cuenta con la preceptiva licencia municipal de funcionamiento. Así lo consignan unos documentos a los que ha accedio El Plural. Este periódico ha podido saber además que la FAES de Aznar se encuentra también al margen de la ley, simplemente porque nunca solicitó la licencia de funcionamiento.

Un documento firmado por el secretario del distrito de Chamberí, Javier Machetti, advierte a los populares de que en caso de que no se solicite la licencia de funcionamiento para Génova 13, la licencia de actividad, que ya había sido concedida, “caducará”.

“Sin preceptiva licencia”
“Se advierte expresamente que en caso de inicio de actividad sin la preceptiva licencia de funcionamiento se procederá a la clausura de la misma”. Ésta era la advertencia lanzada sobre los populares por Machetti, después de que el PP, habiendo cumplido con todos los trámites legales para las obras realizadas en Génova, obviase la petición de la licencia de funcionamiento necesaria para su sede.

Licencias
Esta polémica surgió cuando la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Gallardón, Pilar Martínez, afirmase que la sede del PSOE en Ferraz no cuenta con licencias de funcionamiento desde 1981. Los socialistas han negado en todo momento que esto sea cierto y anunciaron una investigación sobre Génova 12 para comprobar si la sede popular se encuentra “en perfecto estado de revista, al igual que lo está el PSOE”, tal y como manifestó el portavoz municipal socialista, David Lucas.

Desautorización

Pero la acusación de Martínez ha caído en saco roto, pues la sede del PSOE no será registrada, tal y como habían anunciado los populares. De hecho, Alberto Ruiz-Gallardón ha desautorizado el comportamiento de Pilar Martínez, tal y como ha podido saber El Plural. Gallardón también ha asegurado que de él no va a partir ninguna investigación hacia Ferraz.

“Se le ha vuelto en contra”
Los socialistas ya denunciaron las irregularidades cometidas por el PP en torno a Génova 13, ahora demostradas por El Plural con documentos en la mano. A juicio de Pedro Sánchez, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, las acusaciones del PP sobre las licencias de Ferraz 70 son “una nueva cortina de humo Gallardón” con el fin de ocultar su responsabilidad en el caso Guateque. Pero la “cortina de humo” se “le ha vuelto en contra”, ya que ahora salen a la luz datos que confirman que la sede de los populares no está funcionando conforme a la legalidad.

“Desgobierno”
Pedro Sánchez considera que Gallardón, en su “huida hacia delante”, no ha dudado en arremeter “tanto contra el PSOE como contra el PP”, pues el ataque que ha lanzado contra los socialistas, acusándolos de no contar con las licencias necesarias en Ferraz, se vuelve ahora en contra de los populares. Sin embargo, Sánchez cree que no hay que “culpar tanto al PP como al Ayuntamiento”, pues los populares, como otros ciudadanos, han sido “víctimas del desgobierno” consistorial.
www.elplural.com 12.12.07

El Ayuntamiento envía un inspector a la sede del PSOE por no tener licencia

Los socialistas creen que es una venganza por los supuestos tratos de favor

Un inspector con una misión: escudriñar cada rincón de Ferraz. El Ayuntamiento de Madrid advirtió de que enviará hoy a un funcionario municipal al interior de la sede central del PSOE. El principal inmueble socialista carece de permiso de funcionamiento desde 1981, según Pilar Martínez, la concejal del Área de Urbanismo. Un súbito sentido del deber, el de Martínez, prologado el lunes por algunas observaciones de Manuel Cobo, vicealcalde, apuntando al mismo objetivo: Ferraz. Todo, en medio del torbellino de graves irregularidades y tratos de favor en la concesión de licencias que afecta al Consistorio.

  • "Es como si nosotros les mandásemos a Hacienda", replican los socialistas

El partido socialista pidió hacer obras en 2005 y "sólo hace una semana han comenzado los trámites para solicitar el permiso", fue la explicación de Martínez. "Nada de eso es verdad", replican desde la cúpula socialista, que apuntan a la vendetta por las informaciones que implican al Consistorio en casos de corrupción. Desde el PSOE se califica el asunto de "escandaloso por afectar al uso de funcionarios". Además, se cruza los dedos, porque el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "pare los pies a Martínez". "Es como si nosotros mandásemos a un inspector de Hacienda a Génova", concluyen, con tono de indignación.

Según la narración de la concejal en la Cope, "acudirá un inspector, puesto que han terminado esa reforma". "Como con cualquier ciudadano, un inspector irá a comprobar si las obras que han ejecutado se ajustan a la licencia concedida", dijo. Los socialistas ligan esta decisión a las noticias relacionadas con el caso Guateque, una trama de corrupción en la concesión de permisos municipales que investiga la justicia.

El portavoz municipal socialista, David Lucas, pidió a su vez información sobre la sede del PP en la calle de Génova y el estado de sus licencias.

La diligencia anunciada por Urbanismo, la movilización de los inspectores, no es tan habitual. La concejalía sólo concedió 25 licencias de funcionamiento para instalaciones de usos relacionados con actividades económicas en los primeros seis meses de 2007; o sea, bares, tiendas, restaurantes u hoteles. En definitiva, comercios. El resto, hasta 249, corresponde a usos de telefonía o a compañías eléctricas. El famoso cuello de botella al que se aferra el Consistorio cuando se le pregunta por estos asuntos se ha convertido en un estrechísimo desfiladero.

Una rendija por la que aún tienen que pasar, por ejemplo, las tiendas del centro comercial de Príncipe Pío, la terraza del hotel Victoria, el hotel Alicia y otros establecimientos que han decidido iniciar su actividad sin el visto bueno obligatorio. "Este colapso conlleva que muchos negocios abran antes de tiempo, con el peligro que eso conlleva", en valoración de los datos del grupo socialista en el Ayuntamiento.

Lo cierto es que también se pueden hacer cargo de estas licencias las juntas de distrito. Pero con salvedades. Por ejemplo, casi todos los comercios de hostelería del centro de Madrid deben acabar obligatoriamente en Urbanismo. La razón es que casi todos los edificios del corazón de la ciudad tienen algún grado de protección. Y si existe protección, entonces es ineludible que el postulante se tope con esta concejalía.

Los responsables del área ponen en duda los datos. Y aun dándolos por ciertos, consideran que no indican nada. Son pocas licencias, "pero ¿y qué?", se preguntan, antes de contestarse: "Eso no tiene nada que ver con un caso de corrupción".

Estas licencias certifican que las obras realizadas se ajustan a las ordenanzas. Por ejemplo, en materias como accesibilidad, prevención de incendios o evacuación.

"Es flagrante la inoperancia del Ayuntamiento tramitando estos asuntos", clama Lucas, que, al mismo tiempo, denuncia que "se mira hacia otro lado con los locales que abren sin tener todos los papeles en regla". Desde Urbanismo consideran que "hay un intento de implicarnos en asuntos turbios". En su opinión, el número de permisos no ejemplifica nada. www.elpais.es 12.12.07

El PSOE contraataca y acusa al PP de no tener licencia para Génova

Los populares sostienen que Ferraz carece de permiso de funcionamiento desde 1981

El PP ha acusado esta mañana al PSOE de "incumplir la ley" por no solicitar la licencia de funcionamiento de su sede de la calle Ferraz de Madrid y los socialistas han contraatacado al hablar de "vendetta" y apuntar la posibilidad de que la central popular de la calle Génova no esté en situación regular. En pleno escándalo por las graves irregularidades y los tratos de favor en la concesión de licencias, los populares sostienen que el principal inmueble socialista carece de permiso de funcionamiento desde 1981 y que iniciaron unas obras en el verano de 2005 cuyos trámites para solicitar el permiso iniciaron la semana pasada. Los socialistas responden al PP acusándole de los mismo: haber llevado a cabo unas obras en el verano sin papeles.

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha sido el escenario esta mañana de un nuevo cruce de acusaciones entre los dos principales partidos a cuenta del caso Guateque, endurecido por el anuncio hecho ayer por el Gobierno municipal de que un inspector visitaría esta mañana la sede federal del PSOE. Al final no se ha producido la visita, que anunció ayer la delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez. El Ayuntamiento ha preferido enviar primero un requerimiento al PSOE para que le remita la documentación correspondiente a la licencia del edificio de Ferraz.

La situación legal de la sede socialista se ha convertido, para unos y otros, en el paradigma de lo que ocurre. La veda la levantó el lunes el vicealcalde, Manuel Cobo, que aseguró que el secretario general del PSOE, José Blanco, le pidió en el verano de 2005, a través del concejal socialista Pedro Sánchez, que agilizara la licencia necesaria para unas obras en la sede federal del partido. El edil presuntamente implicado lo negó todo y pidió a Cobo que "no mienta y no haga malabarismo para eludir su responsabilidad".

"El Partido Socialista no ha cumplido la legalidad

A estas acusaciones se sumó ayer Martínez, que hoy ha reiterado en la Comisión. Según la delegada madrileña de Urbanismo, "el PSOE no ha cumplido la legalidad" al no haber solicitado la licencia de funcionamiento para su sede desde 1981 y que eso "demuestra" que el problema de las licencias en Madrid no es el retraso en su concesión sino que "hay unos pocos que actúan con ventaja". Ha indicado además que la actuación municipal en este caso se ha producido después de que el PSOE comunicara el 30 de noviembre al Ayuntamiento que había finalizado una obra ejecutada en Ferraz en el verano de 2005 -una reforma interior- con una licencia municipal que se tardó en conceder un mes y medio.

Por su parte, Pedro Sánchez ha dicho que el PSOE tiene "datos de que la sede del PP en Génova tampoco tiene licencia de funcionamiento" y la de actividad "está caducada desde junio", lo que "demuestra" que "el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón" es "responsable" del "desgobierno y el descontrol en la gestión de la tramitación de licencias". Los socialistas se declaran damnificados por esta situación. Además, Blanco ha insistido hoy en que Ferraz "cumple con la legalidad" y ha emplazado al alcalde de Madrid a que investigue si la sede del PP tiene o no las licencias correspondientes. En rueda de prensa, Blanco ha acusado al PP de recurrir a denuncias contra el PSOE para distraer la atención de la operación Guateque y ha confirmado que, hasta el momento de su comparecencia, no había llegado ningún inspector municipal a la sede.

El dirigente socialista ha calificado de "sorprendente" que el Ayuntamiento "haya tardado tan sólo 24 horas en anunciar que envía funcionarios a la sede del PSOE para verificar que se cumplido con una licencia" y sin embargo "tardaran años en enviar inspectores para que pudieran descubrir la red de extorsión que hay en su Ayuntamiento". Sobre las licencias del edificio, el número dos de los socialistas ha explicado que el partido realizó una obra de reforma, a partir de 2005, "cuya licencia ha concedido el Ayuntamiento y una vez que se concluyó la obra se solicitó la correspondiente licencia de funcionamiento" para lo cual es necesaria una visita de funcionarios municipales que hasta ahora no se ha producido. "Como la obra realizada se ha correspondido a la licencia concedida, invito al PP a que mire en otros ámbitos y que pregunte a la gente de su partido que también hizo obras [en 2005] si tiene licencia de funcionamiento o la ha solicitado", ha agregado.

Ya fuera de la Comisión, Pedro Sánchez ha denunciado "trato de favor" por parte del Gobierno municipal del PP a la Fundación FAES por concederle una licencia de obras para su sede en 2006, sin que el edificio contara con la debida licencia de funcionamiento. En medio de este cruce de acusaciones, el Grupo Municipal de IU ha amenazado con no estar en la Comisión de Investigación sobre el caso si el PP y el PSOE continúan discutiendo a través de los medios casos que deberían ser debatidos de manera oficial en dicho órgano. UGT y CC OO han asegurado que la visita que los inspectores municipales tenían previsto realizar a Ferraz no se ha materializado por una "orden política" del Gobierno local, al que acusan de estar utilizando a los funcionarios como "marionetas" al servicio de sus intereses.

www.elpais.es 12.12.07

UN EDIL DE GALLARDÓN FIGURA EN TRES EMPRESAS 

La operación Guateque ha puesto en el disparadero a los ediles de Alberto Ruiz-Gallardón. Partidos y medios miran hasta dónde llegaría la mano política en la agilización de las licencias. Y uno de los citados es Luis Asúa Brunt, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid desde 1999 y, hasta el pasado mes de junio, responsable del distrito de Centro, una de las zonas calientes de la Guateque. Allí se tramitaban más expedientes y allí hay, supuestamente, más puntos negros en el caso. 

Asúa aparece en los archivos del Registro Mercantil, según ha comprobado Público, como apoderado o administrador solidario de tres empresas: Marbeland, SL; Mosi Guard España, SL, y Ediciones Egunon, SL. Y aparece como tal a día de hoy, en diciembre de 2007.  

El edil popular reconoce su participación en las tres compañías. En conversación con este diario, aseguró que sólo hay una empresa “plenamente activa”, Marbeland. “Las demás no registran actividad desde hace años. Pero no es tan fácil matar a una persona jurídica. Hacer los asientos de cancelación a veces cuesta más”. Asúa argumenta que no declaró la actividad en tales empresas al ingresar en el Ayuntamiento porque “estaban muertas”. “Sociedades residuales hay miles”, añade, “y en aquel tiempo [1999] no existían herramientas informáticas tan completas como las actuales para rastrear en qué empresas figuraba yo”. 

"Me di de baja”

El edil recuerda que el pequeño bufete de letrados en el que trabajaba –que tenía su nombre, Luis Asúa– gestionaba “infinidad de apoderamientos de otras empresas”. El concejal subraya que se dio de baja en el Colegio de Abogados de Madrid como profesional ejerciente “entre 1999 y 2000”.  

De las tres empresas citadas, no se puede decir que tengan mucho en común. La primera de ellas, Marbeland, es una promotora inmobiliaria que opera básicamente en Madrid, Valladolid y Marbella. “Pertenecía a mi suegro y, a través de él, a mi esposa, que ya falleció. Es de mi familia política”.  

Asúa remacha que figura como apoderado desde 1997 porque así se le habilitó en un pleito contra la Cámara de Comercio de Madrid. “Pero ni cobro ni firmo ningún documento”. Tampoco, dice, de las otras dos compañías.  

Mosi Guard se montó en en el año 1995 como empresa que gestionaba en España la licencia del repelente de mosquitos homónimo, líder de ventas en el Reino Unido, y que todavía comercializan los laboratorios OTC Ibérica.  

La tercera compañía, Egunon, también de la añada de 1995, se proyectó como una empresa editorial, pero “ni se llegó a levantar”, insiste Asúa. Nada sabe de los socios capitalistas.  

(www.publico.es, 11/12/07)

El PSOE pide que dimitan dos ediles de Madrid por "priorizar" licencias

El 'número dos' de Gallardón dice que Blanco pidió agilizar las obras de Ferraz

El Ayuntamiento de Madrid fue ayer un hervidero de acusaciones mutuas entre el equipo de gobierno, del PP, y la oposición (PSOE e IU) por los coletazos de la información publicada ayer por este periódico sobre las recomendaciones de altos cargos y al menos 10 concejales para adelantar más de 130 expedientes de licencias urbanísticas entre 2005 y noviembre de 2007.

El portavoz socialista, David Lucas, compareció ayer en conferencia de prensa acompañado por el secretario de política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, para exigir responsabilidades al equipo de gobierno municipal por el supuesto trato de favor de diez ediles populares a varios locales de ocio. Lucas reclamó la dimisión de las concejales de Urbanismo y Medio Ambiente durante la pasada legislatura, Pilar Martínez y Paz González respectivamente. Además, pidió la comparecencia del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en el próximo pleno municipal para aclarar el asunto de las licencias. El regidor madrileño se limita a presidir los plenos pero nunca interviene como portavoz en ellos.

Desde el palacio de Telecomunicaciones, actual sede de la alcaldía, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), lanzó ayer un dardo envenenado contra los socialistas de Madrid. Les acusó de querer agilizar hace dos años la licencia de obras de la sede del PSOE en la calle de Ferraz. Cobo aseguró que en julio de 2005 el secretario general del PSOE, José Blanco, le solicitó en boca de un edil socialista de la capital que apresurara la licencia para las obras de reforma de la sede socialista.

El vicealcalde no dudó en recordar la llamada que se produjo en el verano de hace dos años: "El concejal socialista, Pedro Sánchez, me llama y me dice 'mira, perdona que te llame, pero es que Pepe Blanco me pide que, como vamos a hacer obras en Ferraz en verano, quería saber si tendríamos la licencia lo antes posible".

Desde las filas socialistas, el edil Pedro Sánchez no tardó en desmentir la acusación de Cobo. "Nunca le he llamado para agilizar ninguna licencia. Que no mienta y no haga malabarismo para eludir su responsabilidad", añadió este edil socialista responsable en temas de Urbanismo. Lo cierto es que durante el verano de 2005 la sede nacional del PSOE en Ferraz fue reformada. Sánchez contratacó y dijo: "Desconocía que el número dos del Ayuntamiento, Manuel Cobo, fuera el encargado de agilizar las licencias. Quizá él sí conocía el trato de favor y la discrecionalidad con la que agilizaban los expedientes".

La mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón señaló a los socialistas por querer adelantar su licencia después de que el portavoz socialista cargara contra Gallardón por permitir irregularidades y "muestras de favoritismo" en la gestión de las licencias.

Según publicó ayer EL PAÍS, en la base de datos del Área de Medio Ambiente se gestionaron 3.390 solicitudes de licencias entre 2005 y noviembre de 2007. Más de 130 expedientes registran recomendaciones de altos cargos y concejales para agilizarlos. Para el vicealcalde, las 131 anotaciones de injerencias en las solicitudes de licencias son "pocas". Cobo señaló que le "extraña que se hagan referencias a tan pocos expedientes porque tendrían que ser cientos, aunque sólo sean los que he llamado yo".

Los datos arrojados por la base de datos a la que tuvo acceso EL PAÍS no justifican que las indicaciones de los concejales y altos cargos tengan intereses ilícitos. Pero sí se desprende que las injerencias estaban a la orden del día. Un buen caldo de cultivo para que floreciera una trama como la enraizada en el Departamento de Medio Ambiente. Tres funcionarios de esta concejalía están en la cárcel por cobrar supuestamente para agilizar licencias.Desde la otra esquina de la oposición, el portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, no quiso hacer más sangre. "Esto evidencia el funcionamiento incorrecto de las juntas municipales de distrito del Ayuntamiento", y agregó: "El problema es que no sólo se conocían las irregularidades, sino que no se tomaron las medidas necesarias para evitarlas".

Trabajo repartido

La Operación Guateque, destapada el pasado 14 de noviembre por el juez Santiago Torres, continúa abierta y se restañan las cuadernas del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de la mayor trama de corrupción descubierta en el Consistorio de la capital en toda su historia democrática.

Pese a que el proceso sigue bajo secreto de sumario, el foco cada vez ilumina con más fuerza a Victoriano Ceballos, en prisión, como presunto cabecilla de la trama. Ceballos era jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, donde estaba enraizada la trama. Los supuestos miembros de la red se había repartido escrupulosamente las áreas. Ceballos se encargaba de todo lo relacionado con salas de fiestas, salones recreativos y locales de hostelería. Y así aparece reflejado en la base de datos sobre los 3.390 expedientes de licencias gestionados por Medio Ambiente entre 2005 y 2007. La mayoría de solicitudes de licencia presentados por bares, restaurantes y salas de fiestas estuvieron supervisadas por Ceballos.

Carmen Ibañez, otra de las presuntas imputadas que actualmente está en la cárcel, se encargaba de los expedientes de demolición de edificios, locales e inmuebles protegidos. El otro funcionario encarcelado, Joaquín Fernández de Castro, supervisaba algunos expedientes sobre otros locales públicos

www.elpais.es 11.12.07

Concejales y cargos ordenaron acelerar expedientes de licencias en Madrid

La base de datos de la Concejalía de Medio Ambiente recoge recomendaciones por escrito para dar "prioridad" y "adelantar" más de 100 permisos

La Operación Guateque, el mayor caso de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, sigue bajo secreto sumarial. EL PAÍS ha tenido acceso a la base de datos de la concejalía de la que partieron las principales irregularidades para agilizar licencias de bares, restaurantes y salas de fiesta

Numerosas recomendaciones de altos cargos y concejales a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid para agilizar determinados expedientes figuran recogidas por escrito en la documentación -más de 3.390 historiales administrativos- sobre la que ha puesto una lupa la investigación judicial del caso Guateque, la mayor trama de corrupción descubierta en la capital en toda su historia democrática.

EL PAÍS ha tenido acceso a una documentación que permite analizar pormenorizadamente los expedientes tramitados, en la Concejalía de Medio Ambiente, cuartel general desde el que se organizaron la mayoría de las irregularidades destapadas por la investigación policial y judicial. Fuentes cercanas a Medio Ambiente señalan: "Había hosteleros que se hacían tan pesados que se les adelantaba el expediente para no oírlos más. Pero, en otros casos, se les daba prioridad porque llegaban instrucciones de arriba, sin más", admiten.

En el Departamento de Medio Ambiente se produjo entre 2005 y 2007 -periodo que comprende la documentación a la que ha tenido acceso este periódico- un goteo de llamadas y avisos de varios concejales y altos cargos municipales pidiendo que se diese "prioridad" o se "adelantasen" expedientes de bares, restaurantes y salas de fiestas. Así lo revelan anotaciones hechas por los propios funcionarios de Medio Ambiente en la base de datos de los 3.390 expedientes que tramitó este departamento entre el 1 de enero de 2005 y el pasado 13 de noviembre. "Prioridad director general"; "prioridad concejal de Tetuán"; "se adelanta por escrito del concejal..."; "prioridad gerente JM [junta municipal] Salamanca"... Al menos en 131 expedientes analizados figura ese tipo de recomendaciones, y en al menos 11 casos son los concejales los que supuestamente dan la orden de priorizar o adelantar un expediente. En la mayoría de los casos, el técnico encargado de la tramitación de la licencia es Victoriano Ceballos, un funcionario al que colocó a dedo el PSOE -es cuñado de un ex concejal socialista- y que está encarcelado como supuesto cabecilla de la trama.

La base de datos no acredita que las órdenes de los superiores sean fruto de intereses ilícitos, matizan fuentes cercanas a Medio Ambiente. "Pero lo cierto es que llamaban o pasaban notas: una veces justificadas; y otras, no", señalan.

Las diligencias que instruye el juez de Madrid Santiago Torres sobre la trama de corrupción continúan secretas. El juez investiga, de momento, 187 expedientes. Básicamente, se ha centrado, por ahora, en aquellos que son mencionados por los implicados de la Operación Guateque en las conversaciones telefónicas que les interceptó la Guardia Civil.

Pero no es descartable, al hilo de las decenas de denuncias de empresarios hosteleros que han empezado a llegar a su juzgado, que Torres solicite todas las licencias del periodo investigado: desde enero de 2005 hasta el pasado noviembre.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, indicó al estallar este escándalo que, con los datos que había en la causa en ese momento, no cabía hablar de "conexiones políticas". Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, incluido el PP, que gobierna el municipio, han aprobado la creación de una comisión de investigación que depure responsabilidades sobre lo ocurrido. Casi todos los encausados están presos porque sus nombres son mencionados en conversaciones en las que se oye a funcionarios -principalmente, al supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos Fernández- hablar del cobro de comisiones a cambio de acelerar o retrasar informes medioambientales, necesarios para lograr una licencia.

Un análisis de los 3.390 expedientes revela cómo algunas licencias se tramitaban en cuestión de semanas y otros tardaban más de un año. Con una precisión: adelantar un expediente supone una alteración en los turnos y saltarse otros más antiguos.

"Yo soy Medio Ambiente"

Este periódico ha constatado, de entre las 3.390 licencias tramitadas en los últimos dos años, que lo que se indica en la base de datos es falso en al menos tres casos. Tres hosteleros consultados al azar han reconocido que pagaron comisiones a Victoriano Ceballos. Uno le dio 2.000 euros; otro, 6.000, y el tercero, 2.500. No han querido facilitar sus nombres. Se observa que sus expedientes han sido aprobados sin pegas pese a que ellos admiten que sus negocios no cumplen la "estricta normativa para nuevos locales".Coinciden, además, en que sus expedientes, a partir del momento en que pagaron a Ceballos, se resolvieron con gran celeridad. En uno de los casos, el hostelero tardó apenas una semana en obtener la luz verde medioambiental; en los otros, algo más de un mes. Lo habitual es que se tarde más de un año.Los funcionarios de Medio Ambiente, entre ellos los tres encarcelados, se repartían las áreas: locales de hostelería y salas de fiesta, demoliciones de edificios... Lo concerniente a restauración lo tramitaba Ceballos, que figura en casi todas las licencias relacionadas con esta actividad. "Yo soy Medio Ambiente", era la frase preferida de Ceballos cuando algún hostelero le planteaba problemas medioambientales para abrir su establecimiento. Ceballos era un especialista en resolver licencias. Veía el local, comprobaba que no reunía los requisitos y comentaba: "No cumples esto, ni esto ni esto. Pero, tranquilo, se puede resolver. Cuesta 3.000 euros". No decía que el dinero fuese para él: insinuaba que era para otro funcionario. De la noche a la mañana solventaba problemas que constituían verdaderos quebraderos de cabeza para otros. Por ejemplo, la posibilidad de colocar más mesas de las permitidas fuera del local. Si el Ayuntamiento sólo permitía 20 mesas, él conseguía un papel oficial autorizando el doble o el triple.A estos hosteleros le asombra la tranquilidad con que un funcionario les pedía dinero. Es más, daba sin rubor tarjetas con su correo electrónico, fax y teléfonos en los que localizarle en su puesto de trabajo: el departamento de evaluaciones ambientales del Ayuntamiento. www.elpais.es 10.12.07

"A veces se adelantan expedientes porque estamos saturados"

Los concejales que recomendaron agilizar licencias para locales de ocio lo justifican por las quejas que reciben por el atasco que sufre la tramitación

Los 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid andan revisando los procedimientos de concesión de licencia de obras y funcionamiento desde que el pasado 14 de noviembre se destapara el caso Guateque, una trama de presunta corrupción de funcionarios que cobraban a cambio de agilizar las licencias para locales de ocio. Una situación que podía pasar desapercibida a tenor del "caos" reinante en algunas juntas municipales de distrito, donde las recomendaciones de altos cargos para adelantar licencias estaban a la orden del día. Al menos 10 concejales del Ayuntamiento ordenaron "priorizar" expedientes de licencia desde 2005.

Algunos ediles lo justifican por el "atasco administrativo de las juntas de distrito", otros por "el cuello de botella" que se produce cuando una licencia pasaba a Medio Ambiente o Protección Civil, que tienen que emitir un informe. Pero la mayoría de los concejales justifican la tardanza porque muchas solicitudes "están incompletas y hay que reclamar nueva documentación". Por eso, el proceso se dilata y aparecen las injerencias.

El concejal del distrito Centro durante la pasada legislatura, Luis Asúa Brunt, reconoce que "a veces se adelantan expedientes, porque estamos saturados y la situación es desastrosa". Asúa se queja de que en su distrito se solicitan más de 9.000 licencias al año. "Centro es un disparate. No podemos atender todas las licencias", cuenta. "Por eso todo está muy retrasado", añade. Algo parecido le ocurre a su compañero del distrito de Chamartín, Luis Miguel Boto: "Tenemos más volumen de trabajo que la capacidad humana que tenemos".

Este argumento lo utiliza Asúa para justificar por qué pidió adelantar la licencia de dos restaurantes. "Uno de ellos es un argentino que llevaba tiempo reclamándola y tenía problemas con otro local", recuerda. El edil del distrito de Barajas José Tomás Serrano sostiene que no se puede tardar dos años en conceder una licencia. Su compañero del distrito de Chamartín, Luis Miguel Boto, reconoce que adelantó una licencia de una bocadillería porque "llevaba dos años esperando la licencia. Cuando se excede el tiempo medio se adelanta para cumplir con el principio de equilibrio". Otros ediles niegan haber priorizado expedientes, aunque en un registro municipal aparece la frase: "Adelantado de orden del concejal...".

Íñigo Henríquez, edil de Salamanca

- Pidió priorizar la licencia de un bar.

- "No he adelantado nada. Firmo lo que me ponen delante".

Luis Miguel Boto, concejal del distrito de Chamartín

- Pidió adelantar una bocadillería en el paseo de la Castellana.

- "Ese local llevaba dos años esperando la licencia. En esos casos, cuando se excede el tiempo medio habrá que adelantarla para cumplir con el principio de equilibrio".

Carmen Torralba, concejal del distrito de Vicálvaro

- Pidió dar prioridad a la licencia de un restaurante en la calle de las Alpujarras.

- "Prioridad ninguna. Según llegan se tramitan. No se da trato de favor a nadie. Si el expediente está en otro departamento nos interesamos, pero no lo adelantamos".

Dolores Navarro, concejal del distrito de Tetuán

- Pidió adelantar la licencia de un bar restaurante en la calle del Capitán Haya.

- "Puede ser que me haya interesado por la situación de un expediente que llevara mucho tiempo paralizado en Medio Ambiente, pero no he adelantado nada".

Elena Sánchez, edil de Ciudad Lineal

- Pidió priorizar una licencia de una cafetería en Arturo Soria.

- No hace declaraciones.

Nieves Sanz , edil de Latina

- Pidió adelantar la licencia de un salón de recreativos en la calle de Ocaña.

- Sin declaraciones.

Ángel Garrido, concejal de Chamberí

- Pidió adelantar la licencia de una heladería.

- No hace declaraciones.

Elena González, concejal del distrito de Retiro

- Pidió adelantar el expediente de un gimnasio.

- "No tengo conocimiento de ello; no he llamado a nadie para adelantar nada; puede que algún técnico; pero yo no".

Luis Asúa Brunt, concejal de Centro

- Pide adelantar la licencia de un bar en la calle de la Cruz y de otro restaurante en la calle Salitre.

- "A veces se adelantan expedientes porque estamos saturados y la situación es desastrosa".

Tomás Serrano Guió, concejal del distrito de Barajas

- Pidió priorizar la licencia de un cibercafé en la avenida de Logroño.

- "No he llamado a nadie para adelantar un expediente. Creo que el bar está precintado".

"Preguntar a Victoriano si se prioriza la licencia"

La Operación Guateque se ha convertido en el mayor caso de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Madrid. Pero según algunos trabajadores municipales no es algo nuevo en el Consistorio de la capital. Un concejal de distrito del Ayuntamiento de Madrid, que no quiere aportar su nombre, explica que "la arbitrariedad en la concesión de licencia es absoluta. Cualquiera que venga a protestar por la lentitud de su expediente consigue que se adelante". Aprovechando esta situación han florecido ciertas operaciones irregulares. Según sugiere este concejal, siempre han existido "regalitos y favores" a cambio de las licencias. El edil insiste en matizar que no conoce ningún caso concreto.

Sin embargo, señala a Protección Civil como posible foco de supuesta corrupción: "Hasta ahora ha aparecido un grupo de funcionarios pero tiene que caer la policía y Protección Civil", desvela.

Hay cuatro tipos de licencias de obras en el Ayuntamiento. Desde las tramitadas mediante actuación comunicada, que pueden tardar unos 20 días -para pequeños trabajos-, a las gestionadas por el procedimiento arbitrario común, que se prolongan durante más de un año. Para aprobar estas últimas es necesario un informe favorable de la Concejalía de Medio Ambiente y de Protección Civil. "La norma que rige los locales de hostelería es muy exigente", explica Dolores Navarro, concejal del distrito de Tetuán durante la pasada legislatura.

La mayoría de las solicitudes de licencia remitidas a Medio Ambiente eran estudiadas por Victoriano Ceballos, uno de los imputados en el caso Guateque, que está en la cárcel acusado de supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias. De hecho, en el registro municipal sobre la tramitación de expedientes se desvela la influencia que tenía este funcionario: "Preguntar a Victoriano si se adelanta", se lee en el registro de algunos expedientes.

www.elpais.es 10.12.07

El juez pide refuerzos y que se abra una oficina de denuncias

El juez del caso Guateque, Santiago Torres, está saturado de trabajo. Hasta ahora han declarado ante él 18 personas, pero ha llamado a 20 más. Los imputados suman ya 11, siete de los cuales son funcionarios municipales. Los expedientes se acumulan y no paran de llegar denuncias ciudadanas en relación a la trama de corrupción que el titular del Juzgado número 32 de Madrid investiga. Por ello, el juzgado solicitó al Ayuntamiento que habilitara un buzón o dirección de correo electrónica para que los madrileños puedan facilitar información sobre la trama.

Y el Ayuntamiento lo ha hecho. La dirección es oficina denuncias@munimadrid.es. La finalidad de este buzón, dijo ayer en una nota de prensa el juzgado, es la de "facilitar la recepción de esa información que los ciudadanos pueden aportar para que, mediante la colaboración de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, que lleva el caso, se pueda analizar y verificar para llevarla al juzgado".

El Ayuntamiento, además, comunicó al juez que se están recibiendo numerosas denuncias en el gabinete del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y "una vez verificadas y analizadas", serán remitidas al juzgado.

Tal es el volumen de trabajo que está generando el caso Guateque en el Juzgado de Instrucción número 32, que el juez ha iniciado los trámites para obtener un refuerzo de cuatro funcionarios en su juzgado.

La justificación es que "se está realizando una importante labor instructora y hay un alto número de personas imputadas".

El próximo lunes está previsto que declaren 20 personas más, de los que no se conoce todavía su grado de vinculación con la supuesta trama de corrupción.

Hasta ahora, el juez ha mandado a prisión a seis imputados, tres de lo cuales son funcionarios de la Concejalía de Medio Ambiente. Ayer, justamente, la titular de Urbanismo, Pilar Martínez, recordó que "las licencias que están siendo investigadas, no las concedió Urbanismo", sino Medio Ambiente y las juntas.

www.elpais.es 01.12.07

Funcionarios implicado en la 'operación Guateque' son propietarios de viviendas de protección oficial

Algunos de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid implicados en la 'operación Guateque' a los que se investiga por la concesión de licencias a cambio de comisiones, son propietarios de viviendas protegidas (VPO), según se desprende del Registro de la Propiedad que ha sido consultado por la Cadena SER. El juez Torres está investigando el patrimonio de estos funcionarios

Llama la atención especialmente el patrimonio de dos de estos funcionarios. Joaquín Fernández Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid tiene tres viviendas. Un Chalet en Villanueva de la Cañada, un piso en Majadahonda, ambos municipios en la provincia de Madrid, y una tercera vivienda en Chiclana, Cádiz, de 113 m2, además de fincas rústicas en Torrejón de Ardoz que suman más de 17.000 metros cuadrados.

El inmueble de Majadahonda, una de las localidades más caras de Madrid, tiene 205 m2 más plaza de garaje. Fernández de Castro lo adquirió a finales de 2006 y sobre él pesa una hipoteca de 528.000 euros, 90 millones de las antiguas pesetas. Según el Registro de la Propiedad, esta vivienda está clasificada como VPO.

Otro funcionario agraciado por las viviendas de protección oficial ha sido Fernando Ruiz Torrejón que trabaja en Gerencia de Urbanismo. Su mujer, con quien está casado en régimen de gananciales, cuenta con una VPO de 106 m2 más plaza de garaje en el Pinar de Chamartín. A ese inmueble hay que sumar un chalet en Benicassim de 341 m2 sobre una parcela de casi 400 m2 y que el matrimonio adquirió en 2005. Sobre esta vivienda no pesa ninguna hipoteca, según el Registro de la Propiedad. Ruiz Torrejón tiene otra vivienda en Madrid: un piso de 71 m2.

No hay dos sin tres. Adrián Luengo, también funcionario de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid cuenta con una vivienda de Protección Oficial en la capital de 77 m2.

www.cadenaser.com 30.11.07

La denuncia de los vecinos

La Asociación de Vecinos Barrio de las Letras desmintió que hayan hecho «oídos sordos» ante la supuesta trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Madrid y recordó que ya habían denunciado «la impunidad masiva» con la que operaban los locales de ocio nocturno en el distrito centro, según Europa Press.

Así reaccionaron los vecinos después de que la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, apuntase a las Asociaciones de Vecinos como uno más de los que hacían oídos sordos ante la llamada operación Guateque.

Gran parte de los imputados en esta asunto son funcionarios que agilizaban licencias de bares de copas a cambio de comisiones.

A este respecto, los vecinos aseguraron en un comunicado que llevan años denunciando estos casos ante el concejal del distrito Centro, Luis Asúa, sin conseguir algún tipo de contestación. Además, apuntaron que también se han quejado al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

«Esta situación de impunidad mantenida en el tiempo creó una sensación del todo vale para los que esperaban beneficios fáciles e inmediatos ante la pasividad de los responsables políticos, al tiempo que se multiplicaron las posibilidades para algunos funcionarios oportunistas que vieron en esta pasividad el caldo de cultivo adecuado a sus ambiciones», criticó la asociación.

Por otra parte, el juez Santiago Torres, que instruye las diligencias de la trama del caso, ha citado a declarar a otras 20 personas, entre ellas funcionarios y empresarios, para que aclaren su posible vinculación con la red de cobro de comisiones ilegales. El titular del Juzgado 32, que levantará el secreto sumarial a mediados de diciembre, retomará este lunes la toma de declaración a los imputados, cuyo número asciende a unas 40 personas.

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, insistió ayer en que el Ayuntamiento no tiene «nada que esconder» en relación a la presunta trama y que en ningún caso está implicado ningún responsable político o alto cargo del Gobierno municipal. www.elmundo.es 30.11.07

Gallardón conoce desde 2005 los 'puntos negros' de las licencias

El Consistorio tiene un sistema que 'radiografía' al día los trámites administrativos

El Ayuntamiento de Madrid dispone desde hace años de aplicaciones informáticas que le permiten controlar al detalle qué funcionarios tramitan las licencias, cuánto tiempo tardan, en qué juntas de distrito los retrasos son más largos y cualquier otro detalle que los responsables municipales quieran averiguar sobre el sistema de gestión de las licencias que otorgan.

Estas aplicaciones vienen desarrollándose en la administración municipal desde hace muchos años, en algunos casos desde 1991, pero es tras la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón a la alcaldía, en 2003, cuando se desarrollan las versiones más modernas y que van entrando en funcionamiento a partir de 2005.

La información que ofrecen estas aplicaciones, por ejemplo, demuestra que algunos distritos tardan el triple que otros en tramitar una licencia. Chamberí, en un extremo, tardaba el pasado mes de junio 449 días en tramitar licencias bajo el sistema "ordinario común", mientras Vicálvaro sólo 157, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Otro dato de interés es que mientras Centro y Chamberí tenían el pasado mes de marzo apenas el 36% y el 38% de los expedientes que tramitan terminados, en la mayoría de los distritos -Moratalaz, Arganzuela, Hortaleza o Barajas, por citar algunos- ese porcentaje alcanzaba el 60%, el 70% o, incluso, el 80%.

Una de estas aplicaciones cuenta incluso con un mecanismo de alerta, llamado "semáforo", que supuestamente avisa, entre otros detalles, de cuando un procedimiento o trámite se prolonga más allá de lo razonable, según desveló un trabajador municipal.

Los resultados de estas aplicaciones, en resumen, ofrecen una clara visión de la situación de las licencias en todo Madrid yseñalan los puntos negros -cuellos de botella, en el argot administrativo municipal- donde el sistema es más ineficaz y tarda más en resolver sus expedientes. Y estos distritos son Centro y Chamberí, precisamente en los que ha estallado la Operación Guateque, en la que hay siete funcionarios acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y en los que trabajaban parte de los imputados.

La posición mantenida por los responsables del Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, desde el estallido del caso, ha sido reducirlo a una trama formada por funcionarios corruptos a los que desde los cargos políticos era imposible detectar.

¿Tenían noticia los responsables políticos de esta información, contenida en su propio sistema informático? ¿Les hizo sospechar de algo? ¿Tomaron alguna medida?

Las dos concejales protagonistas del pleno extraordinario celebrado ayer sobre la Operación Guateque, Pilar Martínez, de Urbanismo, y Ana Botella, de Medio Ambiente, no dieron ninguna pista que permita responder a estas preguntas. Se mantuvieron fieles al guión. Si la trama de corrupción "era un secreto a voces, todos estábamos sordos", llegó a decir Martínez.

Este periódico trató de averiguar por la tarde hasta qué punto se sabía en el Ayuntamiento que los problemas de licencias se concentraban en unos pocos puntos de la administración municipal, aquéllos en los que ha estallado la corrupción.

Y se topó con la sorpresa de que dos concejalías se pasaban la pelota, ninguna de ellas queriéndose hacer responsable de unos datos ofrecidos por fuentes del propio Ayuntamiento.

Pilar Martínez negó que en Urbanismo tuvieran noticia de los retrasos acumulados en Centro y Chamberí. "No está entre nuestras competencias ni tenemos los mecanismos de control para saber qué hacen las juntas de distrito", insistió Martínez. "Cualquier dato sobre los tiempos de concesión de licencias en los distritos es responsabilidad de las propias juntas de distrito y, en segundo lugar, de Coordinación Territorial. Nosotros no los tenemos", repitió Martínez.

Un responsable de la Concejalía de Coordinación Territorial explicó al detalle uno de los sistemas informáticos (Sigsa) y la gran cantidad de información que de él se puede obtener. Pero sobre los datos que EL PAÍS quería contrastar, Coordinación Territorial le devolvió la pelota a Urbanismo. "Estos datos salen del sistema aplicado por Urbanismo en los últimos años. Nuestro sistema no los presenta de esta manera", aseguró este responsable. Ningún portavoz del Ayuntamiento logró casar estas dos versiones enfrentadas.

La propia Martínez confirmó que en 2003, tras llegar a la concejalía, adoptó varias medidas para modernizar la gestión de su departamento y la concesión de las licencias en Urbanismo. Una de estas medidas fue sacar un concurso, ganado por una consultora, para diseñar y aplicar un nuevo sistema de gestión de las licencias de Urbanismo los criterios de calidad certificados internacionalmente.

Grandes diferencias

Pero este sistema, según Urbanismo, se limitaba al trámite de sus propias licencias y no a las de las juntas de distrito, sobre las que dijo desconocer cualquier detalle. La versión de Coordinación territorial, en cambio, es que es el nuevo sistema de gestión aplicado por Urbanismo el que ofrecía los datos segmentados por distritos y el que pone de manifiesto las grandes diferencias entre ellos.

El problema de los puntos negros, según responsables municipales, se vio agravado por la política de personal. "Si en una junta se tramitaban 1.000 licencias y en la otra 5.000, por ejemplo, el número de funcionarios no era proporcional. Desde el Ayuntamiento no se evitó que unos pocos funcionarios acabaran tramitando muchas licencias, facilitando el hecho de que se acumularan retrasos que facilitaban que surgiesen prácticas ilícitas", admitió un responsable. Otro factor que ha contribuido a enquistar el problema ha sido la "falta de rotación de los funcionarios, una política sencilla y que evita que alguien acabe conociendo tanto el sistema que surjan complicidades indeseadas".

El juez Torres cita a declarar a otras 20 personas más por el 'caso Guateque'

El PSOE seguirá revisando los expedientes que no están bajo secreto de sumario.- Cobo insiste en que el Ayuntamiento no tiene "nada que esconder" y que no hay ningún alto cargo implicado

El juez Santiago Torres, que investiga una supuesta trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Madrid, ha citado a declarar a otras veinte personas, entre ellas funcionarios y empresarios, para que aclaren su posible vinculación con la red de cobro de comisiones ilegales para la concesión de licencias, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 32, que levantará el secreto sumarial del caso Guateque a mediados de diciembre, retomará el próximo lunes la toma de declaración a los imputados, cuyo número asciende a unas 40 personas. Ayer, el magistrado dejó en la libertad provisional bajo fianza de 3.000 euros al ingeniero de Urbanismo David Giménez López.

Además, le impuso la obligación de comparecer los días 10 y 24 de cada mes en la oficina de control de libertades provisioales de los Juzgados de Instrucción de Madrid, situados en la plaza de Castilla. Hasta la fecha, el número de empleados municipales detenidos por la Guardia Civil por su implicación en el caso asciende ya a 17, aunque otros tantos, entre los que se incluyen varios empresaios, han desfilado ante el juez al estar imputados.

30 denuncias en la web del PSOE

En concreto, seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones, entre ellos Victoriano Ceballos, el supuesto cerebro de la trama, permanecen en prisión por orden del juez Torres por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

En cuanto a la polémica política, el portavoz municipal del PSOE, David Lucas, ha dicho hoy que continuará revisando los expedientes urbanísticos que no están bajo secreto de sumario del caso Guateque para comprobar si hay alguna irregularidad, así como las "más de 30 denuncias" de particulares que ya han llegado a su página web.

Por su parte, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha insistido en que el Ayuntamiento no tiene "nada que esconder" en relación a la presunta trama de corrupción destapada por el juez Torres y que en ningún caso está implicado ningún responsable político o alto cargo del Gobierno que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.www.elpais.es 29.11.07

Pilar Martínez: "Si era un secreto a voces, todos estábamos sordos"

El 'caso Guateque' se investigará cuando se levante el secreto sumarial

Fue el pleno más largo de la era Gallardón en el Ayuntamiento. Nueve horas que, en realidad, contenían tres plenos. El ordinario, el de presupuestos y el monográfico sobre el caso Guateque. Y este último fue el que inauguró la sesión. Poco más de dos horas para intercambiar golpes, reproches, nada de autocrítica del PP y muy poco nuevo.

El PSOE pidió a Ana Botella que "limpie su casa", en alusión a su concejalía

Casi nada. La conclusión fue que, como propusieron PP e IU, la comisión de investigación sobre el caso Guateque, que cuenta ya con siete funcionarios imputados por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, comenzará justo después de levantarse el secreto sumarial, y no antes, como solicitaba el PSOE.

Comparecieron las concejales cuyas áreas han estado involucradas en la supuesta trama de corrupción: la de Urbanismo, Pilar Martínez, y la de Medio Ambiente, Ana Botella.

Martínez se dedicó a defender las bondades de la Ordenanza de Tramitación de Licencias aprobada en 2004. "Simplificó el procedimiento", impulsó "la concesión de licencia única" y "redujo los tiempos de concesión". Por si era poco, anunció que se revisará y se incorporará un seguimiento electrónico de los trámites y una ventanilla de ayuda al ciudadano.

Martínez se refirió también al runrún que ha circulado en todos los corrillos tras conocerse el escándalo de corrupción. Lo de que "era un secreto a voces". "Pues si eso era así, ¿dónde estaban los sindicatos, las asociaciones de vecinos, de empresarios, los medios de comunicación o las víctimas de la extorsión? Si era un secreto a voces, todos estábamos sordos", lanzó la concejal, extendiendo a toda la sociedad la supuesta responsabilidad de mirar hacia otro lado mientras unos cuantos cobraban comisiones ilegales. Además, insistió en la externalización de parte del proceso de tramitación de licencias.

Al portavoz de IU, Ángel Pérez, le pareció "ridículo" comparecer en el pleno para decir "que lo hacen todo bien". Pedro Sánchez, responsable de Urbanismo del PSOE, echó en cara a Martínez que el Ayuntamiento haya contratado 1.100 cargos de confianza y sólo tenga siete inspectores para controlar a los funcionarios. "Ustedes sabían que esto sucedía", le lanzó.

Y Martínez sacó a relucir "el manual". Un documento, que según manifestó ayer el PP, Ferraz habría proporcionado al grupo socialista para sacar provecho del escándalo de corrupción. "Pero son torpes, ya lo hicieron en las elecciones, y lo han hecho mal", le dijo la concejal de Urbanismo. "En vez de ir a Ferraz, si tiene pruebas vaya a los juzgados a denunciarlo".

Luego le tocó a Botella. Pero se cerró en banda. Se amparó en que la pregunta de los socialistas para el pleno estaba mal formulada. "Información sobre la trama de corrupción que investiga el juzgado", rezaba lo requerido. Y como hay secreto de sumario, dijo Botella, poco podía transmitir a la oposición. La concejal reconoció que hace tres años el Ayuntamiento subcontrató a la empresa Tragsa para agilizar los expedientes. "En este momento el proceso de tramitación es de un mes", dijo, desmintiendo a los empresarios que se quejan de que los trámites pueden durar hasta cinco años.

Al concejal socialista de Medio Ambiente, Pedro Santín, eso le pareció "tremendo". "Su intervención es un insulto a esta Corporación. Hemos venido a hablar de corrupción y no de sus milongas". Santín pidió responsabilidades políticas a Botella y le conminó a que "limpie su casa", en alusión a su concejalía. La concejal, claro, dijo que "no hay nada que limpiar".

Luego vino el debate sobre la creación de la comisión de investigación donde intervinieron los portavoces de los tres grupos. El socialista, David Lucas comparó la comisión del Guateque con la que se celebró en el Congreso tras el 11-M. "Entonces ustedes la pidieron antes de que se levantara el secreto sumarial", dijo a los populares antes de acusarles de "auspiciar la corrupción".

Y ahí intervino con vehemencia Manuel Cobo, portavoz popular y vicealcalde. Llamó "irresponsable" a Lucas por sus afirmaciones y le echó en cara un caso de corrupción ocurrido en Getafe mientras él era vicealcalde. Y es que lo de examinar la gestión de Lucas al frente del Ayuntamiento de Getafe cada vez que abre la boca en el pleno se ha convertido en práctica habitual entre los populares. Y Lucas entra al trapo.

Mientras el socialista y Cobo se daban patadas en la espinilla, el portavoz de IU, Ángel Pérez, el más brillante y liviano de los tres, se lo tomó con humor. "Para bien o para mal, ustedes han hecho la M-30, la remodelación de la Casa de Campo y quieren hacer el eje Prado-Recoletos. Pero luego, ¿quién manda a los funcionarios? Islero, el asesino de Manolete".

Así, el toro de 495 kilogramos que corneó en 1947 mortalmente al matador cordobés cerró el debate. Eso, y la votación cuyo resultado fue el de investigar la trama de corrupción más grande detectada jamás en el Ayuntamiento de Madrid sólo cuando se levante el secreto sumarial. www.elpais.es 29.11.07

Libertad bajo fianza para otro funcionario de la trama

El juez Santiago Torres, del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, decretó libertad bajo fianza para David Giménez López, ingeniero de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, por su supuesta implicación en la Operación Guateque, la trama de concesión de licencias irregulares que ha afectado a varios departamentos del Consistorio madrileño.

El juez, tras tomarle declaración, le dio un plazo de cinco días naturales para que deposite una fianza que asciende a 3.000 euros. Asimismo, deberá comparecer los días 10 y 24 de cada mes en la oficina de control de libertades provisionales de estos juzgados.

Giménez López era el único de los funcionarios detenidos en el marco de la citada operación que faltaba por declarar ante el juez. Fue arrestado a raíz de una conversación que mantuvo con Victoriano Ceballos, el jefe de División de Impacto Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, considerado el cerebro de la trama, y a quien el juez Torres ratificó el pasado viernes la prisión basándose en tres puntos: riesgo de fuga, evitar la reiteración delictiva y asegurar las pruebas del juicio.

En la conversación entre Giménez López y Ceballos se hablaba de las cifras a repartirse para agilizar la concesión de la licencia de un bar.

El juez previsiblemente seguirá tomando declaración a las personas que se encuentran imputadas en este procedimiento el lunes. www.elpais.es 29.11.07

Ana Botella se niega a dar datos de la 'operación Guateque' acogiéndose al secreto sumarial

La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, se ha acogido durante el pleno extraordinario sobre el 'caso Guateque' a el secreto sumarial impuesto por el Juzgado número 32 de Madrid para no dar datos concretos sobre las posibles responsabilidades políticos y expedientes implicados desde el área de Gobierno que dirige

En una intervención en la que ha recordado al pleno municipal la ordenanza vigente para obtener los documentos de Medio Ambiente necesarios para conseguir las licencias de funcionamiento de los locales, Botella reclamó además a IU y PSOE "la misma diligencia" a la hora de pedir responsabilidades políticas al Gobierno de la Nación por la supuesta trama de cobro de comisiones en la Delegación de Gobierno de Madrid a los inmigrantes para conseguir sus papeles.

Asimismo, la edil ha asegurado que "los informes de impacto ambiental" dependientes de su Concejalía "se están tramitando en un máximo de tres meses" gracias a las medidas de reforma adoptadas en el último año, y pidió que "no se generalice y se estudie cada expediente antes de pensar que todo es lo mismo".

Las lágrimas de Botella

En un tenso pleno, Ana Botella se ha dirigido al concejal socialista Pedro Santín con estas palabras: "Fíjeses, señor Santín, que por un momento he estado a punto de llorar. Cuando me ha empezado con este aire paternal a darme consejos sobre cómo podía afianzar mi liderazgo en esta situación complicada que estoy viviendo, por un momento he estado a punto de pedirle al vicealcalde que me diera un pañuelo, pero he pensado que no".

Además, ante las increpaciones del concejal socialista Pedro Santín y de la edil de IU Raquel López, quienes le pedían que cumpliera con el orden del día y el objetivo de su comparecencia, Botella ha replicado que ella estaba "ateniéndose a lo que el Juzgado había pedido". "Yo no tengo que limpiar ninguna casa", ha dicho la popular a Santín ante su petición de apuntar las posibles responsabilidades políticas dentro de su Concejalía

www.cadenaser.com 28.11.07

INVESTIGAN EL RESTAURANTE DE LA MUJER DE UN CONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE

Alberto con Esperanza

 El juez que investiga la operación Guateque, Santiago Torres, solicitó la semana pasada más expedientes sobre tramitación de licencias al Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos se encuentra el del restaurante que la mujer del consejero de Deportes, Alberto López Viejo, tiene en el distrito de Retiro.  El motivo que ha llevado a Torres a estudiar a fondo este informe es una de las grabaciones telefónicas que se realizó a los implicados en la trama durante los meses previos al inicio de las detenciones.

 Concretamente, se trata de una conversación entre Victoriano Ceballos, jefe de División en la Concejalía de Medio Ambiente y en prisión desde hace nueve días, y un funcionario de Urbanismo, supuestamente también participativo del cobro de comisiones.  «Tengo a dos más, el Rodilla y La hacienda argentina [propiedad de Teresa Gabarra, mujer de López Viejo]», le decía Ceballos a este trabajador público durante la charla por teléfono. Fuentes de la investigación no supieron calibrar la importancia de esta acusación ni si esta frase implicaba algún tipo de negociación con los dueños de estos dos locales de la zona de Retiro o simplemente se trataba de fijar dos posibles objetivos de cobro.

 Sin embargo, esta referencia ha sido suficiente para que el juez reclamara al Ayuntamiento de Madrid todos los papeles de estos dos locales, que fueron remitidos a Plaza de Castilla por la Junta de Distrito, y para que los adjuntara a las investigaciones previas que está llevando a cabo. 

Por su parte, el consejero de Deportes explicó que su mujer nunca ha tramitado «ninguna de las licencias del local con ninguna empresa o despacho». Según explicó López Viejo, «todos los trámites los ha hecho personalmente ella en la Junta de Retiro». Es más, el consejero aseguró que el local en cuestión, este asador argentino, todavía no dispone de la licencia de funcionamiento, que está solicitada desde noviembre de 2006, «firmada por su puño y letra» [en referencia a su mujer]. 

Teresa Gabarra no ha recibido todavía ninguna certificación del Juzgado como que su restaurante está entre los aludidos por los implicados, según confirmó López Viejo a M2, pero el consejero era consciente de que el expediente de este asador argentino está en Plaza de Castilla. «Aunque no sé responder por qué».

Tampoco ha sido solicitada su presencia por la Guardia Civil ni se le ha pedido que vaya a declarar, según explicaron varias fuentes.  

La mujer del consejero de Deportes es una empresaria muy conocida en el mundo de la hostelería en la capital. La hacienda argentina no es el único restaurante que gestiona, también es socia de una importante cadena de tabernas.  

Según explicó su marido, Gabarra adquirió el antiguo restaurante Pelé Melé, situado en el distrito de Retiro, porque, entre otras cosas, tenía ya todos los permisos municipales, incluidos el de terraza, lo que facilitaba la tramitación y explotación de estos metros.  

Para crear su propio diseño, Gabarra realizó obras de reforma y tuvo que solicitar una licencia de obras al Consistorio, que tardó casi ocho meses en tramitársela.  Ahora le queda el último papel, el definitivo: «Mi mujer lleva un año esperando a que le concedan la licencia de funcionamiento. Dicen que está parada en Medio Ambiente. Se le concedió la de obras, para realizar la reforma del local, y la de actividad, pero sigue esperando la inspección final», zanjó el consejero.  

www.elmundo.es 27/11/07

Detenido un ingeniero de Urbanismo por el 'caso Guateque'

El número de funcionarios imputados por corrupción suma 17

Con la detención ayer del ingeniero de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid D. G. L. suman ya 17 los funcionarios de la Operación Guateque dirigida por el juez Santiago Torres que se han visto implicados en el tráfico ilegal de licencias a cambio de cohechos. En concreto, este personaje aflora en una charla telefónica con el imputado Victoriano Ceballos, jefe del departamento de Evaluación Ambiental. Ambos acuerdan repartirse 2.500 euros para cada uno y dar 1.000 euros más a una funcionaria de la junta de distrito por la tramitación ilegal de una licencia para un pub en la calle Orense. Es una de las decenas que, según la investigación, concedió ilegalmente en los últimos años bajo mandato del PP y que investiga el juez Torrres. Pero hay otras licencias que este funcionario tramitó hace una década en tiempo recórd también bajo gobierno popular que también generan suspicacias en los actuales gestores municipales. Tales actuaciones sospechosas se refieren al informe de calificación ambiental que rubricó el 2 de julio de 1996, junto con su hoy jefe, Joaquín Fernández de Castro, también imputado. Tal informe ambiental había sido solicitado por el peticionario apenas 15 días antes, cuando, según fuentes relacionadas con estos trámites, suele demorarse un año la respuesta. Se trataba de medir el impacto sonoro que podía representar la construcción de una piscina y un garaje. Lo singular del caso es que la empresa solicitante era Oficina de Cooperación, que administra su cuñado Saturnino Zapata, ex concejal socialista en el ayuntamiento de Madrid. Dos meses después el Consistorio le abrió a Ceballos expediente por falsificar licencias, Fue archivado por justicia y Ayuntamiento. Este diario intentó ayer hablar sin éxito con el letrado de Ceballos.

www.elpais.es 27.11.07

Sólo siete inspectores controlan a los 26.000 funcionarios municipales

El Ayuntamiento carece de auditorías de oficio para prevenir la corrupción

Siete funcionarios para controlar a 26.000. No existe nada parecido a un sistema de inspección permanente o auditorías internas periódicas en el Ayuntamiento de Madrid, el más grande de España (como tampoco existe en otras grandes ciudades). Sólo siete personas integran la Inspección de Servicios y se encargan de controlar que sus 26.000 compañeros de plantilla hagan un trabajo ágil, eficaz y, sobre todo, limpio. En Madrid se ha destapado este mes la mayor red de corrupción municipal de su historia. No ha salpicado, por el momento, a ningún responsable político, pero los funcionarios corruptos lo han tenido fácil para delinquir durante años: nadie los estaba vigilando.

  • Si nadie denuncia a los funcionarios, no hay ningún control sobre ellos

  • Ninguna de las 83 faltas graves analizadas en 2006 llegó a los tribunales

Ni siquiera los siete miembros del departamento de Inspección de Servicios tienen esa función preventiva. Su cometido se limita a investigar y resolver las denuncias que cada año llegan sobre cinco supuestos: falta continuada al puesto de trabajo, incompatibilidades, acusaciones por acoso laboral o sexual, contratos que la oposición considera adjudicados de forma irregular y denuncias de particulares sobre actitudes supuestamente ilícitas de funcionarios.

El año pasado, estos siete inspectores tramitaron 344 expedientes: 261 por faltas leves y 83 por otras graves o muy graves. La "inmensa mayoría" de las denuncias fue archivada, el resto dio lugar a sanción administrativa. Ninguna llegó a los tribunales, porque no se hallaron indicios de delito, según fuentes municipales. "Las denuncias de particulares son pocas, y muchas son anónimas o sin pruebas", alegan desde el Consistorio.

Lo que no existe es un control de calidad permanente, un cuerpo de inspectores que haga auditorías -de oficio, sin necesidad de denuncia previa- cada cierto tiempo; o un mecanismo informático que haga saltar la alarma cuando un expediente, por ejemplo de concesión de una licencia, se eterniza en algún despacho. Si nadie denuncia, no hay control.

Los trabajadores municipales -al menos 16- imputados en la Operación Guateque están acusados de cobrar comisiones de miles de euros a empresarios de la capital a cambio de agilizar las licencias de apertura de sus locales o de retrasar expedientes de sanción abiertos contra ellos. Tres de los funcionarios implicados están ya en prisión.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha subrayado estos días que ningún concejal o cargo político de su gobierno está implicado en la trama, y concluye por ello que no existe "responsabilidad política". De la otra responsabilidad política, la de poner los medios para intentar prevenir el delito, no ha hablado.

"Es cierto que no hay un sistema de inspección permanente, pero no sólo en el Ayuntamiento de Madrid: tampoco en la mayoría, por no decir en ninguno, de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Organismos estatales como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sí tienen implantados esos mecanismos, pero las administraciones locales aún deben modernizarse mucho", argumenta Juan Bravo, concejal de Hacienda y Administración Pública.El concejal Juan Bravo subraya que el Ayuntamiento sí ha tomado en los últimos cuatro años medidas para desenmarañar los procedimientos administrativos, agilizar la concesión de licencias e imponer racionalidad en los trámites, y que eso, indirectamente, debería repercutir en la lucha contra la corrupción. "Si todos los trámites administrativos van más rápido, es más difícil que un funcionario chantajee a un empresario por agilizarlos", explica Bravo.

Cuando el equipo de Ruiz-Gallardón llegó al gobierno municipal, en junio de 2003, se trajo consigo un pequeño ejército de cargos de confianza, que colocó al frente de departamentos y áreas clave del Ayuntamiento. Aquello, que algunos llamaron "el desembarco de los 100" -en realidad eran casi 150 los cargos de nueva creación, aunque algunos atendían a los distintos grupos municipales- dio lugar a una de las polémicas más sonadas del inicio del mandato: PSOE e IU acusaron al PP de despreciar el trabajo de los funcionarios municipales, de apartar o ningunear a trabajadores que llevaban allí toda la vida para poner en su lugar a personas de confianza del alcalde.

"Si aquello generó rechazo y fue utilizado por la oposición para atacar al gobierno municipal, ¿qué habría pasado si hubiéramos llevado a cabo una reforma radical de la organización y los procedimientos administrativos del Ayuntamiento? Quizá habríamos sido acusados de caza de brujas o algo así. Y en ningún momento quisimos eso: la inmensa mayoría de los funcionarios son honestos y profesionales", se defiende un alto cargo del equipo de Ruiz-Gallardón.

Así que, por falta de voluntad o por miedo a la bronca sindical y política, el alcalde no hizo nada en su primer mandato para instaurar mecanismos de control que penetraran en las vísceras del Ayuntamiento y detectasen posibles casos de corrupción. Al final ha sido la denuncia de un particular y la acción decidida de un juez lo que ha dado lugar a la mayor operación contra la corrupción desarrollada en la capital de España.

Son ya 37 las personas investigadas, entre funcionarios, empresarios e intermediarios de la trama delictiva. Hay al menos 16 trabajadores municipales imputados, y en las conversaciones pinchadas se les oye festejar abiertamente las mordidas cobradas a decenas de locales.

De la magnitud de la operación da idea la comparación con lo sucedido en años anteriores: en el último cuarto de siglo, desde 1984, el Ayuntamiento abrió 30 expedientes a funcionarios por sospechas de corrupción. Tres fueron condenados por los jueces, otros tres están a la espera de sentencia y 12 recibieron sanciones disciplinarias. El resto de los casos fue archivado.

www.elpais.es 25.11.06

Dos encarcelados participaban en una comisión de control de licencias

OCHO NOMBRES QUE 'APARECEN' EN UNAS HORAS

El documento de la derecha, facilitado por el Ayuntamiento el jueves es prácticamente idéntico al de la izquierda, pero no tiene el listado de funcionarios de la comisión, dos de ellos encarcelados. El documento firmado y con los nombres fue entregado ayer, después de que el PSOE mostrase una copia. El Ayuntamiento lo explicó diciendo que el primero era un borrador.

Dos de los funcionarios encarcelados por su presunta vinculación en la operación Guateque fueron nombrados a dedo durante el anterior mandato del PP, en 2005, para participar en una comisión que vigilaba la concesión de las licencias urbanísticas. Son el jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro y la asesora técnica del mismo área, Carmen Ibáñez Martínez. Ambos enviados a prisión por el juez que instruye el caso, Santiago Torres, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y cobro ilegal de comisiones a cambio de agilizar la tramitación de licencias.

  • "Hay conexión con el Consistorio, son cargos de confianza", dice el PSOE

Ambos participaron en la constitución de la "Comisión técnica de seguimiento e interpretación de la ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas". Los nombres de estos funcionarios figuran en el acta de la sesión 1/2005, donde se constituyó la comisión, celebrada el 30 de junio de 2005. En la primera reunión de la ponencia técnica, celebrada el 11 de octubre de 2005, ya sólo aparece el de Ibáñez Martínez. Ambos funcionarios fueron nombrados por libre designación como miembros de la ponencia técnica. "Es una sesión de debate sobre aspectos jurídicos de alguna norma", cuenta un portavoz municipal. "Los imputados sólo eran miembros de la ponencia técnica, no de la comisión. No tienen poder de decisión. Es un órgano consultivo", agrega.

Joaquín Fernández de Castro es uno de los principales cabecillas de la trama. Es funcionario desde hace décadas y está a punto de jubilarse. Entró en el Ayuntamiento en 1968. Desde entonces ha escalado hasta ocupar la Dirección de Servicios de Gestión de Residuos y Calidad Ambiental. Según un responsable municipal, esta categoría se corresponde con la de subdirector general, la máxima escala en el cuerpo de funcionarios, que tiene 30 categorías profesionales. "Cuando fue designado para participar en esta ponencia desconocíamos que estaba en una trama de corrupción", indica un portavoz. Sin embargo, en 2003 fue degradado dos categorías profesionales, hasta la 28, por "no cumplir con la dedicación que exigía su puesto de trabajo". Aunque fuentes municipales apuntan que ya pesaban sospechas de corrupción sobre él. Su nombre aparece en la relación de miembros que componen la ponencia.

Carmen Ibáñez Martínez también fue designada a dedo como miembro de la comisión. Y sí participó en la primera reunión de la ponencia técnica. En esa sesión, celebrada el 11 de octubre de 2005, los ponentes debatieron sobre la interpretación de algunos aspectos de la ordenanza. Las conclusiones de la reunión fueron remitidas a la comisión para aprobarlas. Un portavoz municipal asegura que esta comisión no volvió a reunirse.

El Ayuntamiento aportó el jueves a este periódico una copia del acta de constitución de la comisión donde no aparecen los nombres de los dos funcionarios encarcelados y adujo que la información, adelantada por la Cadena SER, era "radicalmente falsa". En el punto tercero de la mencionada acta, donde se señala la relación de miembros de la ponencia sólo aparecían el número de representantes y el destino de los componentes.

El documento original firmado y sellado por los miembros de la comisión técnica recoge los nombres de los imputados borrados en el documento facilitado por el Ayuntamiento el día anterior. "Ayer [por el jueves] sólo pudimos conseguir un borrador del acta", justifica un portavoz municipal. "Cuando hemos podido buscar el documento con más tiempo, lo hemos hecho público", añade. "No ha habido ningún ánimo de ocultar información. Hay miles de documentos que lleva tiempo encontrar".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, señaló ayer que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "debería dar explicaciones y empezar a asumir su responsabilidad política". Lucas aseguró que los imputados "son cargos de confianza, por lo que hay una conexión clara y directa con el gobierno de Gallardón". Y agregó: "El alcalde debería haber reconocido que tiene un problema, haberse sentado con sus concejales para ver qué está pasando con los 1.100 cargos de confianza que no controla nadie, y dejar de responsabilizar a terceros y asumir lo que le corresponde".www.elpais.es 24.11.07

Un empresario contó en mayo al edil de Centro el pago de sobornos

El dueño de un bar de copas dio el nombre y teléfono de uno de los imputados

El propietario de un bar de copas denunció el pasado mes de mayo ante el concejal del distrito de Centro, Luis Asúa, que uno de los detenidos e imputados en la trama de corrupción que acecha a la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid le exigía y cobraba dinero por hacer gestiones ante la Junta de Centro y el Área de Medio Ambiente.

El empresario se reunió el día 16 de mayo con Asúa, la jefa de Disciplina Urbanística de Centro, Inés Sánchez, y un responsable policial al que no puede identificar. Allí dio el nombre y teléfono móvil de Julián Rubén López Martínez como la persona que le había cobrado 1.500 euros para solucionar unos trámites ante la Junta de Centro por unos problemas que tenía con la legalización de un aparato de aire acondicionado. Además, señaló a López Martínez como la persona que hacía siete años le había solicitado 150.000 euros para permitirle extender el horario de apertura de su local de tres a seis de la madrugada.

Julián Rubén López Martínez es uno de los 17 detenidos en la Operación Guateque. Actualmente se encuentra en libertad, aunque imputado. Es apoderado de la empresa Agustino Proyectos e Instalaciones, cuyo dueño, Eduardo Agustino Carrasco, en libertad con cargos, es a su vez propietario de una de las principales empresas implicadas en la trama, AC93.

"Les di el teléfono y conté muchas cosas. Pero nunca me dijeron nada, ni supe si habían abierto alguna investigación o si ésta había llegado a algún resultado", afirma el empresario.

El Ayuntamiento de Madrid ha declinado ofrecer su versión sobre la reunión.

El encuentro se gestó en un mensaje electrónico que el empresario envió a Luis Asúa el 8 de mayo. En el escrito, el dueño del bar empieza defendiéndose de las malas referencias que el concejal habría recibido sobre él y su actividad frente al local, que habían concluido con una orden de cese de actividad.

A continuación, el dueño del bar denuncia una serie de irregularidades entre el personal de la Junta de Centro: "Unos técnicos [municipales] me cobraron a través de un señor [el imputado Julián Rubén López Martínez] 1.500 euros después de una inspección"; "otro técnico de su junta que me revisó unas cosas que las tenía irregular [sic] y también me quería cobrar por hacerme el proyecto y regularizarlo; yo no lo hice y al tiempo me vino el cese"; "ha habido policías que nos querían cobrar a mí y a otro bar por no levantarnos actas"; "y así muchas cosas de su gente que no son peritas en dulce".

La carta termina: "Y le podría contar muchas cosas que ocurren y no pasa nada, pero aunque usted no lo crea, yo tengo la conciencia tranquila, lo que pasa que no me gusta que me chantajeen. Estoy a su disposición para lo que desee y si quiere darme cita para que hablemos en persona estaría encantado".

Luis Asúa tardó sólo cinco horas en contestarle: "He leído tu mail. El miércoles 16 a las 11.30 me viene muy bien", se puede leer en la respuesta de correo electrónico, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS.

En la reunión, el empresario expuso sus quejas y recordó que el mismo López Martínez le había exigido 150.000 euros para ampliar el horario de su bar. "Empezó pidiéndome dos millones de pesetas, uno para Medio Ambiente y otro para la Junta de Centro. Luego subió a cinco, más tarde a 10 y al final a 25. Yo le pregunté que cuánto tiempo tardaría en darme la licencia y llamó a su contacto en la Junta de Centro, que le dijo que tres meses. Al final dije que no porque era demasiado dinero", asegura el empresario.

"Este señor es uno de los que cobraba a los empresarios para agilizar la concesión de licencias o arreglar cosas. Presumía de sus contactos en el Ayuntamiento. Decía que podía conseguir cualquier cosa. Siempre había que dar una parte para los funcionarios del Área de Medio Ambiente y otra para la Junta de Centro", explica este empresario, que pide permanecer en el anonimato.

El empresario informó a EL PAÍS sobre esta reunión el viernes 16, dos días después de que estallara la Operación Guateque y cuatro antes de que el lunes 19 fueran hechos públicos los nombres de los imputados. Julián Rubén López Martínez se encontraba entre ellos.

"Soltar el dinero"

El empresario admite que los técnicos de la Junta de Centro le habían informado anteriormente de que su local "está en una calle en la que se supone que no puede haber locales abiertos hasta las seis". "Pero así han sido siempre las cosas en Centro. Nada se puede hacer o se puede hacer todo. Sólo hace falta tener el contacto y soltar el dinero".

Este caso es muy parecido a los primeros detalles que se van conociendo de la investigación, que sigue bajo secreto de sumario. Se trata de empresarios que se topan con la barrera infranqueable de las ordenanzas cuando hablan con los técnicos y funcionarios, pero a los que poco después se les ofrecen empresas auxiliares que presumen de sus relaciones privilegiadas con algunos funcionarios.www.elpais.es 24.11.07

"Los técnicos casi siempre dicen que no o son muy rigurosos en las inspecciones. Al final, cuando ya estás a punto de desistir, aparece una persona que se ofrece a arreglarlo todo. Pagando, claro", concluye el empresario.

El juez mantiene la prisión para cinco acusados

El magistrado alega el riesgo de fuga para impedir que salgan en libertad

Les encarceló el sábado el juez de guardia y ayer el magistrado que lleva la Operación Guateque, José Santiago Torres, ratificó su prisión provisional. Así, cinco de los seis encarcelados momentáneamente por la supuesta trama de corrupción municipal seguirán entre rejas. El juez Torres basó su decisión en tres puntos: "Riesgo de fuga, evitar la reiteración delictiva y asegurar las pruebas del juicio". Es decir, que no puedan contactar con otros testigos o imputados "hasta que se cumplimenten las diligencias". En el auto, Torres recuerda que "se encuentran pendientes de celebrar declaraciones de coimputados y de testigos que pudieran verse influidos en sus declaraciones por los imputados en prisión".

Joaquín Fernández de Castro, Victoriano Ceballos y Carmen Eulalia Ibáñez, funcionarios de la Concejalía de Medio Ambiente; Antonio Sanz, empresario, y Santiago Castillo, apoderado de AC93 (una gestoría intermediaria en la supuesta red de cobro de comisiones ilegales) son las cinco personas para las que se ratificó la prisión. Los cinco declararon durante cuatro horas en el Juzgado de Instrucción número 32, en la plaza de Castilla. El sexto encarcelado es Carmelo García, ex funcionario de Urbanismo, al que el juez ya interrogó y mantuvo en prisión.

El caso Guateque investiga "un presunto delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en orden a la agilización de la tramitación de informes correspondientes a la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid", según especifica el auto de Torres.

Secreto de sumario

El secreto de sumario sigue marcando las relaciones entre abogados y periodistas. Sólo uno de los letrados que estuvieron ayer en los juzgados se animó a hacer declaraciones. José Luis Prada, que defiende a Victoriano Ceballos, hizo precisamente referencia a ese secreto: "¿Hasta qué punto hay garantías procesales? No puede ser que salgan declaraciones del secreto sumarial que ni yo tengo". Prada se refería a las conversaciones (véase EL PAÍS de ayer), en las que su cliente negocia con un intermediario: "Me tienes que dar 3.000 euros para repartir con mi jefa si quieres que adelante el expediente". Ceballos es uno de los cabecillas de la trama de corrupción en el Ayuntamiento. El funcionario llegó hasta la jefatura de la división de impacto y análisis ambiental, en la Concejalía de Medio Ambiente. Lo hizo gracias a que el gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano le restituyó en su puesto hace 15 años tras ser absuelto de un supuesto cohecho.

Según Prada, los medios de comunicación no se enteran. "Os estáis equivocando. No hay ninguna trama. Mi cliente sólo es un trabajador. Su mujer igual. Tienen una casa pagada hace años y también dos coches. Pero el de la mujer todavía están pagándolo", detallaba el abogado de Ceballos para argumentar que su defendido "no tiene nada que ver". "Se ha llegado a decir que tiene cuentas en Suiza. Imagina cómo está su madre, de ochenta y tantos años", señaló. Al abogado tampoco le gusta que el Ayuntamiento se persone como acusación particular: "Si yo soy el Consistorio y me entero de que un funcionario comete una irregularidad lo que hago es abrirle un expediente. Pero no echo basura contra mi tejado. Los problemas se lavan en casa". Prada concluyó: "La fuerza mediática es tal que el juez no les dejará libres". Y Torres, que rehúsa hablar con la prensa, los encarceló provisionalmente.

www.elpais.es 24.11.07

"LA CORRUPCIÓN CAMPABA A SUS ANCHAS" 

La Guardia Civil lo define así: "Desde hace algunos años, muchos años, la trama de corrupción viene campando a sus anchas y con toda la impunidad de que es capaz entre los distintos escalones funcionariales del Ayuntamiento de Madrid, arrastrando en su indiscutible ánimo de enriquecerse a personas que a lo único que aspiran es a aperturar sus negocios y trabajar en paz, aunque para hacerlo se vean en la obligación de someterse a una sangría dineraria y a contemplar estoicamente cómo su patrimonio es saqueado sin compasión por funcionarios ávidos de percibir rápidas y sabrosas mordidas".  

Ninguno de los Gobiernos municipales que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid -el PP manda desde 1989- puede mirar hacia otro lado ante la trama de corrupción destapada con la Operación Guateque, donde han participado funcionarios cualificados. El análisis del equipo investigador de la Guardia Civil profundiza en la mayor trama de corrupción descubierta en la capital: "Si la investigación continuara durante muchos meses más, es obvio que saldrían a relucir otros nombres y otras caras de funcionarios e industriales y profesionales de los ramos de la ingeniería y de la arquitectura implicados en esta presunta trama de corrupción". 

El juez Santiago Torres, que investiga el caso desde hace meses, destaca en uno de sus escritos tanto "la gravedad de los hechos que se imputan como la alarma social que normalmente provocan en la ciudadanía, al suponer una quiebra de la confianza ciudadana depositada en quienes democráticamente han de gestionar intereses públicos". 

Medio Ambiente

La impunidad con la que han actuado estos funcionarios coexiste con un hecho de signo contrario: la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente ha sido plena desde que se iniciaron las pesquisas judiciales cinco meses atrás, según la Guardia Civil. Y su ayuda ha sido decisiva para aportar 193 expedientes que habían sido tramitados supuestamente en un tiempo récord. De esos expedientes, los investigadores se centraron en 187 cuya agilidad en la tramitación resultaba clamorosa. Si el tiempo habitual para conseguir la licencia es de dos años, dichas peticiones de autorizaciones para abrir nuevos locales habían consumido menos de un mes. Y no afecta a uno o dos distritos. Los expedientes sospechosos salpican todo Madrid (al menos 17 de los 21 distritos, según la investigación). 

La trama, asentada en diversas dependencias del Ayuntamiento, había logrado uno de los más ambicionados retos de la Administración pública para agilizar la atención burocrática: habían establecido una ventanilla única, ilegal, pero única. 

Los propios funcionarios, según han confesado al juez, recomendaban las gestorías más eficaces para tramitar sus asuntos. Y tales empresas conchabadas pagaban a los funcionarios por remitirles clientes. En ocasiones, los empresarios también pagaban directamente a los funcionarios, según la investigación. 

A medio camino entre los funcionarios y peticionarios de licencias se constituyó una red de conseguidores -"buscavidas", según la definición de los investigadores- que actuaban de enlaces, o empresarios del gremio de la arquitectura y de la ingeniería. Todo quedaba en manos de la trama: uno realizaba la obra, otro le daba licencia y el intermediario gestionaba los pagos y los encargos. 

Tan segura se sentía la trama que el funcionario Victoriano Ceballos razonaba así a un socio de AC93, empresa implicada: "Entiendo que tú y yo somos de los que opinamos que es preferible tener diez migajas que no pegar un golpe". No obstante, aseguraba que no era el criterio de su jefe en Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, quien le decía: "Mira, Victoriano, prefiero hacer una cosa al año". Una trama tan estable que si uno de los funcionarios conchabados estaba de vacaciones se exigía comisión para su sustituto. Incluso, en ocasiones se infiere que existía cierta competencia entre los funcionarios para cobrar la mordida. No en vano, se quejan "de que otros funcionarios se les han adelantado en la llevanza de determinados expedientes por cuya marcha se han interesado para intentar cobrar una comisión". 

Del osado juego del despacho de ingeniería de Antonio Sanz Escribano, considerado uno de los principales recaudadores, dan cuenta las numerosas llamadas con teléfonos del Ayuntamiento que ha descubierto la investigación. El tono de las conversaciones entre miembros de la trama es indisimulado: 

-Oye, bueno, que ya sabes les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 para cada uno, porque los otros 1.000 son para hacerle un regalito a la chica que está en la Junta de Distrito. 

-Muy bien.

-¿Te parece correcto? 

-Me parece correcto. 

La trama de corrupción fue investigada durante cinco meses a través de grabaciones de teléfono y de seguimiento a los distintos implicados. 

Tras considerar madura ya la investigación, el juez ordenó el pasado 14 de noviembre las primeras 16 detenciones y numerosos registros en los lugares de trabajo y los domicilios particulares de los implicados.

El juez ha dictado hasta ahora autos de prisión para tres funcionarios, un ex funcionario y dos miembros de una empresa de ingeniería a los que atribuye la intermediación para el pago de comisiones ilegales. Otros tres funcionarios y un trabajador autónomo han sido puestos en libertad bajo fianza. Entre los delitos que se imputa a la trama figuran los de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

 (www.elpais.com, 23/11/07) 

GALLARDÓN ELUDE, DE NUEVO, ACEPTAR RESPONSABILIDAD EN EL 'CASO GUATEQUE' 

El alcalde de Madrid desde hace cuatro años, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue eludiendo aceptar ninguna responsabilidad política en el caso Guateque. Ayer se le preguntó varias veces al respecto y, como la semana anterior, cuando dijo que "es el juez quien la ha determinado", insistió en que la responsabilidad es de quienes presuntamente cometieron los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. O sea, los funcionarios. La Operación Guateque monopolizó el turno de preguntas posterior a la Junta de Gobierno semanal. 

El alcalde de Madrid desde hace cuatro años, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue eludiendo aceptar ninguna responsabilidad política en el caso Guateque. Ayer se le preguntó varias veces al respecto y, como la semana anterior, cuando dijo que "es el juez quien la ha determinado", insistió en que la responsabilidad es de quienes presuntamente cometieron los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. O sea, los funcionarios. La Operación Guateque monopolizó el turno de preguntas posterior a la Junta de Gobierno semanal. 

- ¿No tiene responsabilidad el Ayuntamiento? "Un corrupto es un corrupto y la primera responsabilidad es de quien comete ese delito", respondió Gallardón, alcalde desde hace cuatro años. "¿Hay responsabilidades indirectas? ¿Pero a quién corresponden? ¿A quién seleccionó al funcionario [Victoriano Ceballos] y le ascendió?", respondió en tono interrogativo, pasándole el muerto al PSOE. 

- Una vieja trama sin control. Uno de los encarcelados era Carmelo García Sánchez, un ex funcionario ya acusado de los mismos delitos en 1996. ¿Por qué no se le investigó con profundidad y, en cambio, sí permaneció en la Gerencia de Urbanismo? 

"Aquel funcionario fue absuelto en su momento y se adoptaron las medidas cautelares mientras duró el proceso". Además, el alcalde dijo que administrativamente no se podía castigar lo que penalmente había sido absuelto. 

¿Y cómo se puede controlar a los funcionarios? 

Gallardón respondió que hay que tomar medidas "para que ningún funcionario pueda abusar de su cargo y enriquecerse a costa de los ciudadanos". Pero no facilitó medidas concretas. "Estamos hablando de unas 12 personas [los corruptos] sobre 25.000 funcionarios. Además, se tramitan 40.000 expedientes al año. Seamos conscientes de la proporción" que tiene el caso Guateque. 

- Soluciones al problema. De nuevo, la externalización del proceso de tramitación de licencias fue la única respuesta que facilitó en rueda de prensa Gallardón. Pero fue un poco más allá que la anterior semana. "En el futuro, mientras se tramiten las licencias, si se cumple con los requisitos, podrá iniciarse la actividad. El trabajo que se está haciendo es ése". Además, Gallardón comparó este proyecto con el método que ya se utiliza para las inspecciones de gas natural, ascensores o vehículos. Todas realizadas por empresas externas a la Administración. 

La semana pasada, preguntado por los sistemas que tiene el Ayuntamiento para vigilar la corrupción, reconoció que es "difícil controlar la que se ha producido porque consiste en el manejo de los tiempos". Dando a entender que la agilización o demora del trámite de expedientes no deja huella. Ese día animó a los ciudadanos a que denuncien los casos que conozcan de corrupción. Ayer, en declaraciones a Onda Cero, insistió en eso y anunció que el Ayuntamiento implantará una oficina de denuncias permanente para que los ciudadanos hagan llegar sus quejas al Consistorio y éste tome medidas si es necesario. Al margen del control ciudadano, no parece que vaya a implantarse un sistema interno en el Ayuntamiento. 

(www.elpais.com, 23/11/07)

Funcionarios del 'caso Guateque' admiten pagos ilegales de gestorías

Una de las empresas intermediarias implicada en la trama de corrupción tiene como clientes a algunos de los locales más conocidos de Madrid

Varios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid implicados en el caso Guateque han reconocido ante el juez haber recibido comisiones de las empresas que gestionaban las licencias municipales, según fuentes de la investigación. Los empleados municipales orientaban a los peticionarios de licencias hacia empresas conchabadas para que éstas les tramitaran sus expedientes, y eran dichas firmas quienes les pagaban las comisiones, según las mismas fuentes.

Los implicados recomendaban empresas que luego les remuneraban

La investigación del instructor Santiago Torres, titular del juzgado número 32, se ha centrado en los 187 expedientes más rápidamente tramitados por la trama asentada en diversas dependencias del Ayuntamiento de Madrid desde hace años.

Una de las principales empresas implicadas en la trama de concesión de licencias municipales en el Ayuntamiento de Madrid a cambio de sobornos captó como clientes a lo largo de sus 25 años de vida a decenas de establecimientos emblemáticos de muy distinto espectro: discotecas, fundaciones, hospitales, hoteles, gimnasios, hoteles, oficinas, bancos e, incluso, el Ministerio del Interior. La empresa, dedicada a "licencias de obras y actividades, proyectos, instalaciones, ingeniería, arquitectura, obras y legalizaciones", se jacta de tal clientela en su página web.

Su inclusión en tal listado no supone que les entidades hayan pagado una comisión a los funcionarios, según fuentes de la investigación, dado que existió una vía menos comprometida para que la trama cobrara su parte del ilegal pastel: orientando a los peticionarios hacia empresas que pagaban la mordida.

EL PAÍS llamó ayer a 12 de las empresas que fueron clientes de AC93. Sólo ocho respondieron y todas negaron tener conocimiento de irregularidades en el cobro de comisiones. Éstas son algunas de las firmas que contrataron a la empresa:

- Bares, restaurantes, discotecas... Archy, El Brillante, Jamaica, Comercial Cubana, La Floridita, La Nueva Fontana, La Nicoleta, La Sal, Liberata Bar, Mamá No Lo Sabe, Pan Europeo.

- Centros sanitarios. Ángela Navarro, Centro de Patología de la Mama, Clínica Amstrong, Clínica Ruber, Fundación Gotze, Podocenter.

- Gimnasios y belleza. Carmen Navarro, Castellana Sport Club, Palestra, Wellsport Club.

- Hoteles. NH Hoteles, hotel Sofitel, hotel Zenit Abeba.

- Oficinas. Abbot Laboratories, Asociación Gremial de Autotaxi, European University Barcelona, Labcatal Ibérica, Ministerio del Interior y Ocaso, SA.

- Bancos. BBVA, Banco del Comercio, Atlántico, de Inversión, Crédit Lyonnais y Credit Services.

- Cines, teatros y bingos. Bingo Riojano, cine Cristal, cine Palafox, salas de bingo Cinco Estrellas, teatro Alfil, UGC Cine Cité España y teatro Arlequín.

- Comercios. Coronel Tapioca, Decathlon, Lexus, Longcham, Sprint, Eroski, The Body Shop, Visión Lab y Vodafone.

La investigación tiene frente a sí una ingente tarea: recabar el testimonio de cuantas personas han logrado tramitar celéricamente sus licencias; investigar los datos de los ordenadores del Ayuntamiento vinculados a tales concesiones, las agendas de los sospechosos y evaluar su patrimonio personal.

Un funcionario acusado de participar en la trama está de vacaciones

Un trabajador municipal que está imputado en la Operación Guateque no ha sido aún detenido, ya que está fuera de Madrid de vacaciones. Este funcionario tiene previsto regresar antes de que termine la semana, momento en el que será arrestado por los investigadores, según fuentes judiciales.

El trabajador, cuya identidad no ha sido facilitada, trabaja en uno de los locales ya registrados por la Guardia Civil. Algunas fuentes apuntan directamente al área de Urbanismo. Las mismas fuentes añaden que la Guardia Civil ha registrado su puesto de trabajo y ha decomisado algunos documentos que le implican. También será acusado, al igual que el resto de detenidos, de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, entre otros.

Los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial están interrogando a lo largo de esta semana a más implicados y testigos en la trama de corrupción urbanística. Fuentes judiciales no descartan que se produzcan nuevos arrestos, en especial empresarios y trabajadores. "En general, la gente está colaborando mucho en el tema", añadieron fuentes del caso.

Algunos investigadores se encuentran con un laborioso estudio que les va a llevar semanas de trabajo. Los agentes decomisaron la semana pasada 187 expedientes de concesión de licencias municipales, cuyo proceso de tramitación ha sido más corto de lo habitual.

Cajas decomisadas

Los 187 expedientes se encuentran en las numerosas cajas que fueron decomisadas por los guardias civiles en las concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo y en las juntas municipales de Chamberí, Tetuán, San Blas y Centro. La reconstrucción de estos expedientes y de las personas que han participado en los mismos permitirá descubrir si hay más funcionarios y empresarios implicados en la trama.

La Guardia Civil también decomisó unos 40 discos duros y un ordenador portátil, además de discos compactos, memorias externas y disquetes informáticos. Los especialistas del instituto armado están analizando toda esta documentación y, en concreto, los mensajes que se cruzaban entre los detenidos para ver su contenido.

Los agentes también se incautaron de agendas personales, listines telefónicos, libros de contabilidad y anotaciones contables, además de 120.000 euros en efectivo.

Quedan en libertad otros cuatro imputados por el 'caso Guateque'

"Estoy convencido de que hay intereses políticos", dice uno de los acusados

El hermetismo por el caso Guateque en el juzgado de instrucción número 32 de Madrid es prácticamente total. "Secreto de sumario" es la frase favorita de los abogados que esperan en los pasillos con sus clientes imputados por la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid.

El juez impuso fianza para dos de las personas que declararon ayer

Ayer llegó el turno de pasar por el juzgado para otros cuatro imputados. Todos quedaron libres tras declarar ante el juez, Santiago Torres, durante toda la mañana. De esos cuatro, dos tendrán que pagar una fianza provisional de 3.000 euros. Se trata de José Antonio Jodar García, técnico de la Gerencia de Urbanismo, y de Luis Olave Martín, trabajador por cuenta ajena y dueño de tres empresas. Ambos tendrán que presentarse en los juzgados los días 10 y 24 de cada mes.

Olave es administrador único de hasta tres empresas en Madrid. Dos de ellas, Plinto S. A. y Plinto Decoración S. L., se dedican a la construcción, reparación y conservación de edificaciones. La tercera empresa, llamada Olasa S. A., alquila bienes inmuebles. Plinto entró en suspensión de pagos en el año 2000, después de haber recibido hasta 15 reclamaciones de parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

De entre todos los imputados que declararon ayer, Olave fue el único que dijo alguna cosa, aunque fuera mínima, mientras esperaba por los pasillos de los juzgados de instrucción. "Estoy convencido de que aquí hay intereses políticos", señaló al salir del interior de la sala donde le interrogó el juez Torres. "No conozco a ningún otro imputado", afirmó después de su declaración. Su abogado aseguró que todo había ido "perfecto" con el juez. Minutos después supo que su defendido tendrá que abonar una fianza.

Las otras dos personas puestas en libertad fueron Beatriz Martínez y Óscar Acero, que abandonaron los juzgados de la Plaza de Castilla sin que el juez acordara medidas cautelares contra ellos. Martínez, ingeniero industrial, trabaja para la empresa AC 93, dedicada a las "licencias, proyectos y ejecución de obras", según puede leerse en su web. Presuntamente es una compañía intermediaria en la trama de pagos ilegales para la concesión de licencias de bares y locales comerciales. AC 93 es la misma empresa para la que también trabaja Santiago Castillo, encarcelado anteayer dentro de la investigación por el caso Guateque. En cuanto a Acero, se trata del jefe de la unidad de licencias de la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

Con la puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros de José Antonio Jodar y Luis Olave ya son cuatro las personas que han quedado libres con la condición de tener que depositar el dinero. Los otros son Sara López, del Departamento de Urbanismo, y Mario Mínguez, funcionario de la sección de Disciplina Urbanística de Centro. Este último declaró ante el juez de guardia el sábado. En la madrugada del domingo, el acusado salió del juzgado por una puerta distinta a la habitual para evitar a la prensa.

Por el momento el juez ha enviado a prisión a seis personas. Tres de ellas trabajan en la concejalía de Medio Ambiente, el presunto núcleo de la corrupción municipal. Victoriano Ceballos, supuesto cabecilla de la trama, fue acusado de cohecho hace 15 años, aunque el juez le absolvió por falta de pruebas. El alcalde de la época, José María Álvarez del Manzano, le restituyó en su puesto.www.elpais.es 23.11.06

El juez investiga las empresas del funcionario emparentado con un ex edil socialista

El empleado público está en prisión y era uno de los cabecillas del 'caso Guateque'

El juez Santiago Torres, que investiga desde hace meses una trama de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Madrid que cobraba comisiones ilegales a cambio de acelerar licencias, ha solicitado al Gobierno municipal que preside Alberto Ruiz-Gallardón los expedientes correspondientes a tres empresas propiedad del funcionario Victoriano Ceballos, según fuentes de la investigación. Este trabajador municipal era Jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental en la concejalía de Medio Ambiente de Madrid. Desde ese puesto, agilizaba licencias a cabio de dinero que cobraba de intermediarios que, a su vez, se lo pedían a empresarios que tenían alguna autorización del Ayuntamiento pendiente de resolución.

El funcionario, ahora en la cárcel, tenía tres empresas Jardín, S. L., Madritum, S. L. y Fragoce, S. R. L, vinculadas a los negocios inmobiliarios. El Ayuntamiento de Madrid va a remitir al juzgado que investiga el caso todo el historial administrativo municipal de las tres sociedades vinculadas a Ceballos.

Este funcionario fue colocado a dedo en 1984 por el PSOE en el Ayuntamiento y, posteriormente, tras conseguir plaza de funcionario, fue ascendido cuatro niveles en sólo cuatro meses cuando su cuñado, un ex concejal socialista, era responsable de Personal.

Ceballos tuvo un incidente con la Justicia por el que llegó a ser investigado en un caso de supuesto cohecho y apartado de su puesto por el Gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano (PP). El fiscal, ante la falta de documentación que acreditara las denuncias contra Ceballos, acabó proponiendo y consiguiendo el archivo del caso y el funcionario fue restituido en su puesto.

Una oficina de quejas

El alcalde de Madrid ha asegurado hoy que implantará una oficina de denuncias permanente para que los ciudadanos hagan llegar sus quejas al Ayuntamiento y éste tome medidas si es necesario. En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Gallardón ha mostrado su voluntad de crear un sistema de auto licencias, en el que los ciudadanos tendrán más responsabilidad aunque siempre contando con la autorización municipal, con sanciones más duras, con una inspección más rápida del Ayuntamiento y con empresas certificadas para asegurar que se cumplen los requisitos establecidos por las ordenanzas.

www.elpais.es 23.11.06

Encarcelado un funcionario que ya fue acusado por corrupción en 2004

El Guateque continúa. Y con fuertes reminiscencias del pasado. El juez decretó ayer el ingreso en prisión sin fianza del funcionario jubilado, adscrito a la Gerencia de Urbanismo, Carmelo García Sánchez. Se le acusa de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias para la agilización del trámite de licencias de locales comerciales y de ocio. Algo de lo que ya se le había acusado años atrás. Entonces fue absuelto.

  • El empleado del Ayuntamiento no fue condenado por falta de pruebas

  • El trabajabor municipal ocupó la máxima categoría en la escala laboral

  • Aguirre no ve claro el plan de Gallardón de privatizar la gestión de licencias

Carmelo García Sánchez se sentó en el banquillo en 2004 por haber participado en una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar las licencias de actividad de sus locales. El fiscal le acusó entonces, junto a otros tres funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, de mediar a cambio de 12.000 euros para que el propietario de la sauna gay Paraíso obtuviera su licencia de funcionamiento. Carmelo García fue absuelto, por falta de pruebas, del delito de tráfico de influencias por el que había sido imputado.

Según el relato de los hechos que elaboró el fiscal del caso, la Policía Municipal irrumpió en mayo de 1995 en la sauna gay Paraíso. Los agentes anotaron los nombres de todos los clientes y precintaron el establecimiento, que estaba a la espera de recibir la licencia de apertura. El propietario de la sauna no daba crédito. Como denunció luego ante el juez, a comienzos de ese año había pagado grandes sumas de dinero a funcionarios para que acelerasen el trámite de su licencia e impidiesen el cierre de otro local que poseía. El soborno que acreditó para denunciar a los funcionarios le costó caro. El juez, a él sí, lo condenó a seis meses de cárcel.

Según la versión del fiscal, García Sánchez se ofreció en 1995 al dueño de la sala, Francisco Herrero, para mediar ante el Consistorio con el fin de resolver los problemas que el primero tenía con las autoridades municipales por la obtención de la licencia de apertura de la sauna.

A cambio de ello, Carmelo García exigió el cobro de 3.000 euros en efectivo y posteriormente la misma cantidad trimestralmente. El dinero se lo tendría que entregar mediante un cheque a un ingeniero que certificaba la validez del proyecto.

Tanto García como el resto de funcionarios implicados negaron que nunca hubieran cobrado dinero por acelerar licencias de apertura.

Según la versión que difundió ayer el Ayuntamiento, García Sánchez entró a trabajar en la Junta de Retiro en junio de 1959 y se jubiló en 2004. El mismo año en que se celebró el juicio. En su última etapa laboral fue "relegado" al registro de la Gerencia de Urbanismo.

Fuentes municipales confirmaron que García Sánchez ha sido imputado como particular. Según los consultados, habría participado en la trama valiéndose de los contactos y la experiencia atesorada durante su etapa como empleado municipal.

Como resultado del juicio celebrado en 2004 fue condenado el funcionario municipal Juan Bautista Beltra Romero Sancho a seis meses y un día de prisión y a una multa de 6.310 euros. También fue condenado el dueño de la sauna, Francisco Herrero, a seis meses de cárcel por el delito de soborno. Los otros dos técnicos municipales, Jerónimo Pablo Martínez Fuentes y Roberto Martínez Guindal, fueron absueltos.

Uno de los cabecillas de la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Fernández de Castro, fue destituido de su cargo de director de servicio de una de las áreas de la Concejalía de Medio Ambiente en 2003. Además, fue degradado dos categorías profesionales, pasó del 30 -la máxima en el cuerpo de funcionarios- al 28. Fuentes municipales revelan que la destitución se produjo porque el puesto que ocupaba Fernández de Castro "exige una dedicación especial y este funcionario no la cumplía". Las mismas fuentes explican que el cargo que ocupaba no era de confianza, "sino de máxima categoría profesional". Por eso se le tuvo que reubicar dentro del Ayuntamiento en una función acorde con su nueva categoría.

Fernández de Castro es un funcionario con mucha experiencia en el Ayuntamiento. Entró en la función pública municipal en 1968, cuando Carlos Arias Navarro era alcalde de Madrid. "Ahora está a punto de jubilarse", señala un responsable municipal. El funcionario llegó a ocupar la subdirección general del servicio de Limpieza cuando Alberto López-Viejo era concejal de Limpieza, entre 1999 y 2003. Ahora López-Viejo es consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, nombrado por la presidenta regional Esperanza Aguirre. En esa misma época Fernández de Castro coincidió en el Ayuntamiento con Aguirre, que era edil de Medio Ambiente.

Este funcionario encarcelado ocupa actualmente la jefatura de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Desde su puesto controlaba los locales que incumplían la normativa de ruidos. Y se encargaba de tramitar los asuntos relacionados con la insonorización y climatización de los bares. Fernández de Castro es administrador conjunto de una empresa. La sociedad El Almirez Turismo Rural, se dedica a la promoción inmobiliaria y a la ejecución de obras, así como a la gestión de alojamientos rurales.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid no han podido precisar si los imputados que fueron detenidos la semana pasada por su supuesta implicación en el caso y que fueron puestos en libertad el pasado domingo se incorporaron ayer a sus puestos de trabajo. Un responsable municipal explicó ayer que no pueden suspenderlos de empleo y sueldo por la presunción de inocencia.

Por otra parte, el pasado lunes la Guardía Civil registró las dependencias de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de distrito de Tetuán. Ayer imputaron a un arquitecto técnico de la junta de Tetuán. Además, agentes del cuerpo armado interrogaron ayer a diez de los 14 nuevos imputados que se sumaron al proceso el pasado lunes. Entre las personas que declararon ayer ante la Guardia Civil se encuentra Mariano García Bachiller, citado en calidad de testigo, no como imputado. La Operación Guateque arrancó el pasado miércoles, tras cinco meses de investigación y una decena de teléfonos de funcionarios pinchados. Ese día, agentes de la Guardía Civil registraron las dependencias de la concejalía de Urbanismo. Desde entonces han sido imputados 17 personas, la mayoría funcionarios municipales. El juez que instruye el caso, Santiago Torres, investiga además a otras 14 personas por su presunta relación con la red de cobro ilegal de comisiones.

Desde comienzo del caso el magistrado ha enviado a seis personas a prisión acusados de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencia. Entre los encarcelados se encuentran tres funcionarios, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de Medio Ambiente; Victorino Ceballos, jefe de división de impacto ambiental de Medio Ambiente; Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del mismo departamento. También han sido enviados a la cárcel dos personas vinculadas con estudios de arquitecturas que supuestamente hacían de intermediarias: Santiago Castillo Morales y Antonio Sánz Escribano. Ayer, el juez que instruye el caso ordenó enviar a prisión a Carmelo García Sánchez, ex funcionario de Urbanismo.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, indicó que no ve "clara la propuesta de Gallardón de privatizar la concesión de licencias administrativas", a raíz del caso Guateque. Y achacó la aparición de la trama a la normativa "decimonónica" que existe en España.

www.elpais.es 21.11.07

Los imputados también son empresarios

Funcionarios y empresarios. Es el perfil de los principales empleados municipales imputados en el caso de corrupción destapado en la Operación Guateque.

El jefe de división de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos, está en la cárcel por un supuesto delito de cohecho y cobro de comisiones ilegales por acelerar los trámites de las licencias urbanísticas. Este funcionario es uno de los responsables de decidir si los locales de ocio cumplen con las normas de insonorización acústica. Ceballos, además, acumula cargos directivos en cuatro empresas. Es presidente de Madritum, SL, una sociedad dedicada al comercio al por mayor de carnes, productos y derivados de cárnicos elaborados, huevos y aves de caza. La empresa tiene un capital de 12.000 euros. Lo llamativo es que el objeto social incluye la adquisición o venta de inmuebles. Ceballos, también, aparece como consejero delegado de la sociedad Fragoce, dedicada a la promoción y construcción de bienes inmuebles, con un capital de 3.000 euros.

Además, es apoderado de Zayde Jardín, SL, con licencia para realizar obras y trabajos de jardinería y su conservación y mantenimiento. Este trabajador municipal que prestaba sus servicios en la Concejalía de Medio Ambiente fue consejero delegado de Calavi, SA, una empresa que se dedica a prestar servicios a bares y restaurantes.

Constructoras

Otro de los funcionarios encarcelados, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la misma concejalía, es administrador, conjuntamente con su hermana, de la sociedad El Almirez Turismo Rural. La empresa tiene como objeto la compraventa y explotación de edificaciones y el comercio inmobiliario, la construcción y ejecución de obras y explotación de establecimientos dedicados al agroturismo.

El ex funcionario Carmelo García Sánchez, también en prisión, es propietario de Tabernas Le Mosquetaire, SL, una empresa que se dedica al servicio en cafeterías.

Mario Mínguez Fernández, funcionario de la Junta de distrito de Centro, imputado y puesto en libertad con una fianza de 3.000 euros, es apoderado de Estudio Tinsa, SL. Esta empresa se dedica a la albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.

www.elpais.es 21.11.07

«Deberíamos hacerle pagar 6.000 euros»

Los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid implicados en la operación Guateque decidían por teléfono cuánto dinero exigían a los empresarios por agilizarles las licencias de sus bares y pubs. En una de las conversaciones telefónicas registradas por la Guardia Civil se escucha cómo uno de los técnicos debate con otro la cantidad que le va a reclamar.

-«¿Y a éste cuánto le vamos a cobrar?», le preguntaba un funcionario a su compañero.

-«Deberíamos hacerle pagar 6.000 euros», le contestaba.

-«Yo creo que, por lo que hemos hecho, con 3.000 sería suficiente».

-«Vale».

-«De acuerdo».

Estas conversaciones demuestran el nivel de organización de la trama que investiga la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid y cómo cobraban cantidades de forma arbitraria, sin ajustarse a nada establecido. Los agentes están perplejos por la facilidad que tenían los empresarios y funcionarios en hablar de comisiones por teléfono. Las intervenciones, ordenadas por el magistrado que dirige el caso, van a ser clave para la actuación judicial. Los implicados cobraban el dinero en efectivo mediante intermediarios que trabajaban en despachos de abogados, delineantes y aparejadores.

Se calcula que los funcionarios han conseguido unos beneficios superiores a los cinco millones de euros con el cobro de las comisiones ilegales. Durante los registros se han incautado los agentes de 122.000 euros en metálico. Además, se ha comprobado que varios de los imputados poseen un patrimonio que no se correspondía con sus emolumentos. Tres de los procesados cuentan con chalés fuera de la capital y apartamentos en la costa alicantina.

Los agentes también han comenzado a interrogar a varios de los empresarios que han pagado a la trama a cambio de que se tramitarán las licencias de sus bares y pubs. Todos aquellos que entregaron dinero a los empleados públicos están acusados de un delito de cohecho.

La Guardia Civil también requirió ayer a un grupo de funcionarios auxiliares para que acudieran a declarar en sus dependencias. Entre estos se encuentra un técnico de la Junta de Tetuán que, por el momento, ha sido solamente imputado.

Por otra parte, ayer Mariano García Bachiller, funcionario de la Junta de Chamberí, acudió al juzgado en su condición de testigo, y no como imputado, como se dijo en otros medios. Bachiller lleva en la junta 39 años y está considerado como un empleado ejemplar y eficaz.

Nuevos interrogatorios

La Guardia Civil interrogará a lo largo de los próximos días a nuevos implicados. Estas mismas fuentes confirmaron que el magistrado investiga por el momento a 37 personas, entre ellas a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, abogados y profesionales que están acusados de un delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

De momento seis personas están en prisión: Victoriano Ceballos Fernández, Joaquín Fernández de Castro, Santiago Castillo Morales, Antonio Sanz Escribano, Carmen Eulalia Ibáñez Martínez y Carmelo García.

www.elmundo.es 21.11.07

Ana Botella no siente "ninguna responsabilidad" en la corrupción de sus funcionarios

Ana Botella, delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, no siente "absolutamente ninguna" responsabilidad política por la supuesta implicación de funcionarios de su área en el denominado "caso Guateque", abierto por un presunto cobro de comisiones para la obtención de licencias.

Ha afirmado que "en el Ayuntamiento de Madrid lo que hemos hecho, desde el momento en que por parte del juez ha habido un acercamiento para decir que tenía conocimiento de un posible delito, ha sido poner todos los medios a su disposición para que llegara al esclarecimiento de lo que haya ocurrido".

"Queremos que lo que haya ocurrido, lo que esté ocurriendo en distintos departamentos, se investigue", ha añadido Botella, que ha revelado que ella viene colaborando con la justicia en este caso "desde hace unos dos meses".

La solución, que los afectados denuncien 

Respecto al origen de la investigación, la responsable municipal ha declarado que "ha tenido que llegar una persona que ha ido al juez y ha dicho que no estaba dispuesto a pagar lo que le pedían y lo ha denunciado", y es en ese momento, ha agregado, cuando "el juez decide actuar" y "el Ayuntamiento de Madrid se pone absolutamente a disposición de la actuación judicial".

Tras valorar que, en este caso, la persona que formuló la denuncia, "que es un testigo protegido", la haya mantenido, ha sostenido que "todo aquel que sepa que hay, en este o en otro lugar, una actuación irregular, lo que debe hacer es denunciarlo, porque si no se denuncia no se puede actuar".

Defensa de los funcionarios  

Además Botella ha pedido que se apoye el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y no se deje nunca que la actuación "de unos pocos", "gente -ha dicho- que parece ser que llevaban muchos años en el Ayuntamiento", "sirva para enturbiar la actuación de la mayoría".

Por otra parte, Botella considera "zanjada" la cuestión de la comisión de investigación en el Ayuntamiento una vez que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido a crearla "cuando se levante el secreto del sumario".

Gallardón cita a un cuñado de un miembro del PSOE 

El alcalde de Madrid ha señalado hoy en declaraciones a Cuatro que el cabecilla de la presunta trama de corrupción en el ayuntamiento, Victoriano Ceballos, "entró por libre designación del PSOE". "Luego", ha añadido, lo "convirtieron en funcionario por el hecho de ser cuñado de un concejal". Gallardón ha añadido que "no seré yo quien le exija responabilidades al PSOE por esto". 

www.publico.es 19.11.07

Un cabecilla de la trama de Madrid fue encausado por cohecho hace 15 años

Uno de los supuestos cabecillas de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid fue apartado de su puesto hace más de 15 años a raíz de la denuncia de un particular por cohecho que acabó dirimiendo un juez. El funcionario, Victoriano Ceballos Fernández, cuñado de un ex concejal socialista, resultó absuelto entonces por falta de pruebas y el primer Gobierno de José María Álvarez del Manzano (1991-1995) le restituyó en su puesto. Ahora, el juez ha decretado para él prisión en relación con la trama de cobro ilegal de comisiones desarticulada en el Ayuntamiento de la capital.

  • El núcleo de la corrupción se encuentra en Medio Ambiente

  • Cinco de los 17 imputados fueron enviados ayer a prisión por el juez

A pesar de su sospechoso historial, Victoriano Ceballos Fernández alcanzó la jefatura de la división de impacto y análisis ambiental, en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de la concejalía donde se encontraba el núcleo duro de la presunta trama de corrupción municipal en la entrega de licencias de bares y locales comerciales ahora investigada.

De las 17 personas detenidas -un empresario y 16 funcionarios municipales de las gerencias de Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda, así como de las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas- sólo seis acudieron a declarar el sábado a partir de las nueve de la mañana a los juzgados de instrucción de Madrid, en la Plaza de Castilla. Cinco de esos imputados fueron enviados a prisión cerca de las cinco de la madrugada del domingo por el juez de guardia Francisco Javier Teijeiro. A uno de ellos se le impuso una fianza de 3.000 euros para quedar en libertad. El sexto quedó libre.

Tres de los cinco detenidos que el juez envió a prisión trabajaban para Medio Ambiente. Son, además de Victoriano Ceballos, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental, y Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica del mismo departamento y que se declaró inocente a través de los ventanucos de los calabozos en declaraciones a la Cadena Ser el pasado sábado. "Estoy tranquila porque no tengo nada. Me han implicado en algo de lo que no soy responsable. Hay algunos que están bastante mal, los pedazo de cabrones que están metidos en el tema", dijo. Los otros dos encarcelados son Antonio Sanz Escribano y Santiago Castillo Moreno. Todos ellos negaron las imputaciones ante el juez, según fuentes cercanas a la investigación.

Ceballos, junto con sus otros compañeros, ingresaron en la cárcel el domingo. A las 4.45 y 4.55 de la mañana, dos furgones de la Guardia Civil abandonaron los juzgados de instrucción de Madrid a toda velocidad con los imputados a bordo.

Pero apenas diez minutos antes de que saliera el primer furgón de la Guardia Civil, varias personas empezaron a desfilar por el edificio de los Juzgados de primera instancia, sitos en la calle del Capitán Haya. Trataban de evitar a seis periodistas que se encontraban a unos 300 metros. Entre los que salieron estaban el único liberado y un segundo que probablemente podría ser el imputado al que se le había impuesto la fianza de 3.000 euros.

Uno de los liberados caminaba despacio junto con su abogado. "¿Tiene usted algo que ver con la Operación Guateque?". El hombre respondió tímidamente y con una cara muy cansada (había estado detenido tres días y pasado las últimas 20 horas en los juzgados de Plaza de Castilla): "No, no...". Inmediatamente, el abogado aceleró el paso y le dijo: "Vamos, Mario". Se trataba de Mario Mínguez Fernández, funcionario de la sección de Disciplina Urbanística de la Junta Municipal de Centro. Rápidamente, y ante los flashes de dos fotógrafos, Mínguez se metió en un coche particular que llevaba esperando fuera del edificio desde al menos las once de la noche del sábado. "¿Eres inocente?". No respondió. El coche partió inmediatamente.

Un segundo imputado trató de simular que hablaba por su teléfono móvil. De repente, una señora que debía ser familiar suyo salió de un Citroën Xantia gris, que también llevaba varias horas merodeando por los juzgados. La mujer le colocó un abrigo en la cabeza al tiempo que le gritaba: "Tranquilo, que soy yo". Entonces, la familiar le llevó hasta el turismo. Con las prisas, el hombre tropezó y se dio un buen golpe contra el canto de la puerta del coche. La mujer se puso nerviosa y gritó a los periodistas: "¡No tenéis vergüenza!".

Además de los seis que declararon en los juzgados de Plaza de Castilla durante todo el sábado y parte de la madrugada del domingo, otros 11 detenidos la semana pasada habían sido puestos en libertad con cargos durante la jornada, según confirmó una portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil. Los imputados están a la espera de que declaren esta semana ante el juez que lleva el caso, José Santiago Torres, del juzgado de instrucción número 32.

Según fuentes de la investigación, esta semana podrían producirse nuevas detenciones dentro de la investigación de la Operación Guateque.

www.elpais.es 19.11.07

El PSOE recuerda que en 2004 ya denunciaron 2.800 licencias irregulares

La delegada de Medio Ambiente del Ayuntaiento de Madrid, Ana Botella, no tiene "absolutamente ninguna" responsabilidad política por la supuesta implicación de funcionarios de su área en el caso Guateque, abierto por un presunto cobro de comisiones para la obtención de licencias. En declaraciones a los periodistas tras abrir una jornada sobre contratación sostenible, la delegada ha explicado: "En el Ayuntamiento de Madrid lo que hemos hecho, desde el momento en que por parte del juez ha habido un acercamiento para decir que tenía conocimiento de un posible delito, ha sido poner todos los medios a su disposición para que llegara al esclarecimiento de lo que haya ocurrido".

"En el Ayuntamiento de Madrid queremos que lo que haya ocurrido, lo que esté ocurriendo en distintos departamentos, se investigue", ha añadido Botella, que ha revelado que ella viene colaborando con la justicia en este caso "desde hace unos dos meses". Para la concejala madrileña, "todos tenemos que llegar al fondo para saber qué es lo que está pasando y poner todos los medios a nuestro alcance para que esto no vuelva a ocurrir".

Respecto al origen de la investigación, la responsable municipal ha declarado que "ha tenido que llegar una persona que ha ido al juez y ha dicho que no estaba dispuesto a pagar lo que le pedían y lo ha denunciado", y es en ese momento, ha agregado, cuando "el juez decide actuar" y "el Ayuntamiento de Madrid se pone absoluamente a disposición de la actuación judicial".

Tras valorar que, en este caso, la persona que formuló la denuncia, "que es un testigo protegido", la haya mantenido, ha sostenido que "todo aquel que sepa que hay, en este o en otro lugar, una actuación irregular, lo que debe hacer es denunciarlo, porque si no se denuncia no se puede actuar".

Además, Botella ha pedido que se apoye el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y no se deje nunca que la actuación "de unos pocos", "gente -ha dicho- que parece ser que llevaban muchos años en el Ayuntamiento", "sirva para enturbiar la actuación de la mayoría".

"En el Ayuntamiento de Madrid hay cerca de 30.000 funcionarios, que en su gran mayoría actúan de la mejor manera", ha insistido Botella, que también ha señalado que la detención de algunos funcioarios de su área no alterará el trabajo del departamento. Por otra parte, Botella considera "zanjada" la cuestión de la comisión de investigación en el Ayuntamiento una vez que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se que comprometido a crearla "cuando se levante el secreto del sumario".

www.elpais.es 19.11.07

Nueva detención en la 'Guateque'

Un empresario se convirtió ayer en el detenido número 17 de la Operación Guateque, que desde el miércoles se desarrolla en el Ayuntamiento de Madrid y que ha dado a conocer una supuesta trama de corrupción de funcionarios. Otras cinco personas más fueron imputadas por el juez instructor Santiago Torres, que decretó el secreto de sumario.

Tras la revisión del material incautado por la Guardia Civil el miércoles, ayer se produjeron nuevos registros, informaron a Efe fuentes de la investigación. Se hicieron en varios despachos y domicilios particulares. El director de la Policía y de la Guardia Civil indicó que la operación sigue abierta y que no se descartan nuevas detenciones.

Varios de los apresados trabajan en las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, y otros tantos son abogados, arquitectos y aparejadores que colaboran de forma habitual con el Ayuntamiento de la capital, según indicaron fuentes de la investigación.

Las pesquisas, iniciadas en mayo tras la denuncia del dueño de una discoteca, están abiertas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Los detenidos supuestamente cobraban entre 3.000 y 18.000 euros por agilizar licencias o retrasar expedientes sancionadores. Todos los acusados prestarán hoy declaración ante el juez.

Comisión de investigación

El portavoz municipal del PSOE, David Lucas,
insistió ayer en crear una comisión de investigación para que se revisen todos los expedientes de las delegaciones de Urbanismos y Medio Ambiente desde 2003. Tras la información que adelantó ayer Público, que aseguraba que la Alcaldía había recibido la carta de dos empresarios que denunciaban supuestos sobornos, el representante socialista reclamó "responsabilidades políticas”.

"¿Por qué ha estado el alcalde mirando para otro sitio mientras se producían irregularidades?”, se preguntó David Lucas. “No hay que olvidar que los funcionarios solamente tramitan expedientes. La última firma la pone un cargo político, bien el concejal o el gerente”, añadió.

El PSOE reclamó que se habiliten de nuevo los despachos que tanto los técnicos socialistas como los de IU tuvieron en la Gerencia de Urbanismo hasta el pasado junio. Entonces, el Ayuntamiento cerró los espacios habilitados para ellos. Lo justificó con que el espacio para la oposición es el edificio de la calle Mayor. “Los técnicos tienen que ejercer las labores de control de control que han estado realizando durante años”, señaló David Lucas.

Ángel Pérez, portavoz de IU en el Ayuntamiento, indicó: “Las responsabilidades políticas en la presunta trama de corrupción por parte de funcionarios municipales son evidentes”. Y se preguntó: “Si el alcalde sabía de las denuncias, qué se hizo para tratar de confirmar o negar su existencia”. www.publico.es 17.11.07

Dos cargos de libre designación figuran entre los imputados

El PSOE acusa a Gallardón de saber desde hace dos años que había corrupción

El Ayuntamiento sigue con su estrategia de mirar, estrictamente, hacia los funcionarios imputados por la operación Guateque. Ya van 21 y ayer el Consistorio anunció que se personará como acusación particular en calidad de perjudicado. A los empleados municipales se les acusa de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El Ayuntamiento niega cualquier responsabilidad política, pero la oposición se la volvió a pedir ayer a gritos.

En rueda de prensa matinal, el portavoz del grupo municipal socialista, David Lucas, quiso mandarle varios recados al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la Operación Guateque. Primero, sobre la comisión de investigación que el regidor aceptó que se convoque cuando se levante el secreto sumarial. Y dijo Lucas que la comisión la quiere ya. Que no hay que esperar a lo que diga el juez porque es una investigación política y piensa pedirle "responsabilidades a los concejales y al propio alcalde".

"Queremos conocer todos los expedientes que han sido tratados en las Concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y en las tres juntas de distrito afectadas desde 2003; por eso no podemos esperar a que se abra el sumario judicial", explicó Lucas.

EL PAÍS ha reconstruido parte de la trama en la que 16 funcionarios (ayer fueron imputados cinco más) cobraban a empresarios por agilizar las licencias de establecimientos o retrasar expedientes sancionadores. Entre sus integrantes figuran empleados municipales de tres juntas de distrito (Centro, Chamberí y San Blas). Los empleados corruptos actuarían coordinados con sus compinches de las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo, concejalías encargadas de avalar que los locales cumplen los requisitos para obtener la licencia que finalmente emiten las juntas municipales.

Los funcionarios de más alto rango implicados son un jefe de departamento (dos niveles por debajo del director general del ramo) y un adjunto de departamento. Los dos son cargos de libre designación, cuyo sueldo supera los 40.000 euros anuales.

Para atajar la corrupción, Lucas exigió ayer una auditoría interna en el Consistorio que "depure" a todos los implicados en la Operación Guateque y "salve" la dignidad e integridad de la mayoría de los funcionarios municipales. Además, recordó que su grupo ha pedido un pleno monográfico sobre el escándalo.

Y el último recado, el más envenenado, se lo envió Lucas a Gallardón blandiendo una denuncia ciudadana que obraba en poder del alcalde desde 2005 y en la que se daba cuenta de las presuntas extorsiones sufridas por un empresario a manos de funcionarios municipales (técnicos y policías). Lucas exigió a Gallardón que explique "por qué miró hacia otro lado". Lo que no dijo Lucas es que la misma carta que ayer blandía como novedad, la tenía el PSOE desde hacía meses, según varias fuentes.

El grupo municipal de IU llevará al próximo pleno una iniciativa para que el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, explique el trámite que siguió la denuncia.

El Ayuntamiento dio ayer explicaciones sobre la carta. Pedro Calvo aseguró que, tras recibir la misiva, se realizaron dos investigaciones internas que no implicaron a policías municipales, como denunciaban los empresarios. Además, recordó que sobre el establecimiento de los denunciantes pesan denuncias de vecinos, de la policía y una condena del Tribunal Superior de Justicia. "Son infractores contumaces. Tienen 87 denuncias de la policía", explicó. Según el Consistorio, la Junta de Centro se reunió varias veces con los denunciantes para investigar el asunto y no encontró indicios de corrupción de sus técnicos.

Los dueños del local, situado en la calle de las Huertas, insisten en que se les reclamó dinero para obtener la licencia de actividad y se les amenazó repetidamente. www.elpais.es 17.11.06

La Alcaldía conocía desde 2005 la supuesta extorsión

"Voy a venir con la brigada y arrestarte sin ninguna explicación". El 7 de noviembre de 2005, el matrimonio formado por Rosa María Pinilla y Dragojlo Jankovic, dueños de dos locales de copas en el barrio de Huertas, envió una carta al Ayuntamiento de Madrid denunciando las amenazas que asegura recibían de un agente de la Policía Municipal.

Los empresarios apuntaron a que la "única razón" que podía provocar este acoso era el haberse negado a pagar a un técnico municipal por tramitar unas licencias. La Alcaldía recibió la misiva tres días después, como consta en el acuse de recibo que el Ayuntamiento envió al matrimonio.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, insistió ayer en que todas las denuncias "han sido investigadas" y que no ve responsabilidad política tras la supuesta actuación delictiva de los 16 funcionarios detenidos el miércoles. "Las responsabilidades las pide el juez", añadió.

"Lo sabían y no lo evitaron"

Pero el acuse de recibo en nombre del alcalde de estas denuncias en la Junta Municipal de Centro desacredita la versión oficial. Los dos empresarios insisten: "Lo sabían y no lo evitaron".

Rosa María y Dragojlo explican en su carta que, desde que abrieron su primer local en 2000, habían sufrido 230 inspecciones y ninguna finalizó en multa. En 2005 las amenazas se recrudecen: "El 6 de noviembre de 2005 se presentó personalmente el jefe de Inspectores del distrito Centro y ordenó el desalojo del local, [...] amenazando concretamente al hijo: ‘Te arrestaré, lo mejor que puedes hacer es irte de aquí", refleja la carta.

En los últimos años el matrimonio presentó sucesivas denuncias en los juzgados. Pero no fue hasta noviembre de 2006 cuando el juzgado de Instrucción número 50 admitió a trámite la querella presentada contra dos agentes municipales y dos técnicos de la Junta Municipal de Centro.

En el escrito, presentado por el letrado de los empresarios, Fernando Pamos de la Hoz, se califica a los querellados de "banda organizada, interesando -al más puro estilo mafioso- cantidades de dinero y otras prebendas para no cerrar los locales u otorgarles licencias, falsificando documentos públicos oficiales y materializando el ilícito del delito de prevaricación administrativa".

"Lo que ha pasado ahora [en referencia a la Operación Guateque] ocurre desde hace mucho tiempo, lo hemos denunciado y nunca nadie ha hecho nada, ¿por qué?", se preguntó Rosa María. Público trató sin éxito de obtener una respuesta del Ayuntamiento.

www.publico.es 16.11.07

Cinco detenidos son funcionarios de Medio Ambiente, y cuatro, de Urbanismo

La red de corrupción tenía tentáculos en Centro, Chamberí y San Blas

La operación Guateque ha logrado desarticular una red de corrupción enquistada en las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y en la Junta Municipal del distrito de Centro, con tentáculos en Chamberí y San Blas, según las detenciones llevadas a cabo hasta el momento. La Guardia Civil afirmó ayer que en los próximos días podrían producirse nuevos registros y arrestos con el avance de las investigaciones.

Pese a las evasivas lanzadas por los actuales responsables del Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, ningún equipo de gobierno municipal ha sido capaz en los últimos mandatos de identificar y atajar las prácticas ilegales que se dan en una de las áreas clave de cualquier ayuntamiento: la concesión y tramitación de licencias. Estas prácticas, según los primeros datos que han trascendido de la investigación, que sigue bajo secreto de sumario, consistían en el cobro de mordidas de entre 3.000 y 18.000 euros para agilizar trámites o retrasar sanciones.

Preguntado por la incapacidad de los controles internos del Ayuntamiento para detectar la corrupción en su interior, Gallardón respondió que "es muy difícil controlarlo porque no es una decisión irregular, sino una dosificación de los tiempos".

De los 16 funcionarios detenidos, cinco ocupaban cargos de responsabilidad en el área de Medio Ambiente: J. F. C., V. C. F., E. I. M., M. E. O. R. y M. A. D. L. El primero de ellos, según fuentes municipales, fue colaborador de la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, cuando ésta ocupó la Concejalía de Medio Ambiente entre 1991 y 1996. Según la investigación, el segundo foco de corrupción de la red estaba localizado en la Gerencia de Urbanismo, en la que trabajan F. R. T., A. L. R., O. A. F. y J. R. O. El primero de ellos posee una empresa de promoción de viviendas en Villaviciosa de Odón.

La red también estaba presente en las juntas municipales de distrito, especialmente en Centro. Allí ejercen sus funciones los detenidos F. Z. M. de B., M. M. F., A. M. C. y M. Á. H. En el vecino distrito de Chamberí trabajaban los funcionarios también detenidos M. G. B. y J. A. M., y en el de San Blas lo hace S. L. M. Según dijo el vicealcalde, Manuel Cobo, todos estos empleados públicos "llevan muchos años en sus funciones" y en ningún caso tienen relación con cargos políticos.

El alcance de la red se completaba con un reducido grupo de cinco empresas que, supuestamente, colaboraban con los detenidos y a las que éstos remitían a los empresarios que deseaban abrir bares y locales comerciales.

Una de estas empresas es un estudio de arquitectos situado cerca de la Junta de Centro. Su propietario es S. C. M. En el segundo caso se trata de un despacho de ingeniería ubicado en Chamberí. Las otras tres compañías supuestamente relacionadas con la trama se dedican a obras y trabajos de albañilería. Están ubicadas en Carabanchel, Arganzuela y Salamanca.

www.elpais.es 16.11.07

El alcalde privatizará la tramitación de licencias para bares y locales

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que privatizará parte del proceso para obtener las licencias municipales para bares y locales comerciales. La idea es que sean agencias privadas de certificación las que se ocupen de verificar si los establecimientos cumplen todos los requisitos necesarios para su funcionamiento. Esta tarea recae ahora sobre empleados municipales, especialmente técnicos, que comprueban in situ si el local cumple las condiciones (aislamiento, salida de humos...). Los funcionarios serán los encargados de decidir finalmente la concesión de licencias, tras estudiar los informes de las certificadoras privadas.

El alcalde hizo este anuncio 24 horas después de la desarticulación de la mayor trama de corrupción conocida en el Ayuntamiento de Madrid. Un total de 16 funcionarios municipales fueron detenidos por cobrar comisiones de hasta 18.000 euros por agilizar el otorgamiento de licencias o paralizar expedientes sancionadores por incumplimiento. Están acusados de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La Guardia Civil realizó registros en la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y tres juntas de distrito (Centro, Chamberí y San Blas) para requisar ordenadores y documentos. Era la Operación Guateque, iniciada hace cinco meses por la denuncia de un particular.

Sin fecha ni detalles

Gallardón aseguró ayer que "externalizar" el proceso de tramitación de estos permisos era una vieja idea que ahora se pondrá en marcha, aunque no concretó la fecha ni avanzó los detalles. Sí detalló que la última palabra sobre la concesión de una licencia la tendrán los funcionarios.

Los empresarios de restauración y bares madrileños llevan tiempo quejándose de la maraña administrativa que atraviesan para abrir sus negocios. Gallardón reconoció que dicho proceso es en la actualidad "demasiado lento". "Hay que agilizarlo. Todo lo que sea reducir los plazos es un paso determinante en favor de la transparencia", dijo.

El proyecto es que agencias privadas homologadas por el Ayuntamiento se ocupen de la gestión y de las inspecciones técnicas de los locales. Ahora estos trámites pueden durar hasta tres años hasta la obtención de un permiso. Según la investigación de la presunta trama de corrupción desmantelada, a cambio de dinero los trámites se liquidaban en un par de semanas. El alcalde señaló que en otras ciudades europeas ya se aplica este sistema de "externalización". Gallardón aseguró que es "difícil" controlar los casos de corrupción en los que el funcionario sobornado lo que hace es "dosificar los tiempos" y no comete irregularidades en la elaboración del expediente. El alcalde animó a que los ciudadanos que sepan de estas prácticas las denuncien.

El portavoz del PSOE, David Lucas, calificó de "auténtico disparate" esta privatización. El de IU, Ángel Pérez, propuso crear una ventanilla única que "canalice los trámites" y evite la maraña burocrática en torno a las licencias. A quien sí gustó la idea fue a los arquitectos. Su decana, Paloma Sobrini, celebró la propuesta: "La tortura de todos los arquitectos es conseguir licencias ágiles, transparentes y en forma. Llevamos años luchando para que se agilice el procedimiento", afirmó Sobrini.

www.elpais.es 16.11.07

La Cámara de Comercio ofrece su ayuda para privatizar la tramitación de licencias

El PSOE exige una auditoría interna en el Ayuntamiento que depure a todos los implicados

Los sindicatos y la oposición han criticado la idea de Alberto Ruiz-Gallardón de privatizar el servicio de tramitación de licencias comerciales, al tiempo que numerosas instituciones se han ofrecido a colaborar. Es el caso de la Cámara de Comercio, que ha propuesto otorgar una licencia provisional hasta que los técnicos municipales ratifiquen la apertura definitiva. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ha ofrecido también su ayuda al Ayuntamiento para luchar contra la corrupción urbanística con la creación de un "Certificado de Licencia" que acompañaría a las solicitudes de licencia en los expedientes.

El secretario general de la Confederación Empresarial de Madrid, Alejandro Couceiro, ha reclamado del Consistorio mayor celeridad en la gestión de concesión de licencias o una eliminación de los procesos administrativos.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David Lucas, ha exigido una auditoría interna en el Consistorio que "depure" a todos los implicados en la "Operación Guateque" y "salve" la dignidad e integridad de la mayoría de los funcionarios municipales que realizan su trabajo de manera "impecable". Tras presentar en el registro municipal la solicitud de un Pleno extraordinario en el que comparezcan las delegadas de las áreas de Urbanismo (Pilar Martínez) y Medio Ambiente (Ana Botella), Lucas ha pedido que la comisión que investigue la trama se constituya y comience los trabajos al día siguiente de la sesión plenaria.

"Huida hacia delante"

Lucas ha subrayado que si el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Galardón, "se hubiera dedicado" en los últimos cuatro años "a controlar los servicios municipales" en lugar de "a suceder al líder del PP", Mariano Rajoy, los madrileños no hubieran tenido que pasar la "vergüenza" de ver cómo la Guardia Civil entraba en las dependencias del Ayuntamiento para "limpiar la corrupción".

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Ángel Pérez, ha asegurado que la existencia de denuncias y de cartas dirigidas al alcalde en las que se advertía de presuntos casos de corrupción en el Consistorio evidencian que en la trama hay "responsabilidades políticas". El portavoz de IU ha calificado de "peligroso parche" que ahora el alcalde, "para salir del paso", recurra a otra de sus "ocurrencias" y proponga la privatización del servicio de concesión de licencias, ya que cuando el PP trató de hacer lo mismo con el cobro de multas, se tuvo luego que retornar a la gestión pública después de un gran escándalo.

Al mismo tiempo, el sindicato UGT Madrid ha tachado la propuesta de privatización de "huida hacia adelante" que creará un "caldo de cultivo" para beneficiar al mercado más allá del control público y "en contra de los intereses generales".

www.elpais.es 16.11.07

El PSOE pone cerco a Gallardón

Miguel Sebastián debe sentir un íntimo regocijo en su refugio universitario, el purgatorio donde cumple penitencia en espera de su potencial rehabilitación política.

El PSOE no quiere relacionar la Operación Guateque con la denuncia de posible corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Madrid que su ex candidato lanzó en la campaña electoral de mayo. Se trata de evitar que el alcalde encuentre de nuevo parapeto en que se trata de "un ataque personal". Pero Sebastián fue el primero en apuntar la existencia de una posible trama de esa naturaleza, bien que de una forma tan desafortunada que le costó al PSOE un varapalo electoral y a él un abrupto corte en su carrera política.

Si entonces Sebastián fue abandonado a su suerte, ahora la dirección federal del PSOE se ha puesto al frente de su representación municipal para acorralar de nuevo a Alberto Ruiz-Gallardón, a quien apunta como responsable directo de lo que resulte de la investigación judicial.

El miércoles, el número dos del partido, José Blanco, comió con el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Ayer, el secretario de Política Municipal, Álvaro Cuesta, convocó a la dirección de los concejales socialistas a Ferraz, donde compareció con su portavoz, David Lucas.

Aunque con toda cautela para no pillarse los dedos como le ocurrió a Sebastián, el PSOE vuelve a evocar la Operación Malaya. "Cuando vi las imágenes de las Fuerzas de Seguridad entrando en el Ayuntamiento, tuve la impresión de que no ocurría en Madrid, sino que estaba viendo algo que había ocurrido hace meses en Marbella", dijo Lucas. Después, matizó que sólo decía eso, que "las imágenes recuerdan a Marbella". No pienses en un elefante, como aconseja George Lakoff, uno de los nuevos yedais de Zapatero.

Al lado de Lucas, Cuesta acababa de asegurar que "algo huele a podrido". "Mientras que la trama crecía, parece que Ruiz-Gallardón estaba de guateque", agregó el dirigente federal del PSOE, quien acusó al alcalde madrileño de haber "desactivado los mecanismos de control y fiscalización".

La prueba de cargo 

Los socialistas subrayan como prueba de cargo que Ruiz-Gallardón decidió personalmente, tan sólo dos días después de su toma de posesión, expulsar de la gerencia de Urbanismo a los técnicos socialistas que trabajaban allí desde los tiempos de José María Álvarez del Manzano.

En el reparto de papeles, el más agresivo lo asumió el portavoz municipal. "Ruiz-Gallardón ha tolerado la corrupción", afirmó Lucas sin medias tintas. "No es una trama pequeña", agregó. Y aún añadió: "Creemos que hay claros indicios también de irregularidades en la adjudicación de los chirimbolos".

Todo cuando Ruiz-Gallardón pugna por colocarse en la parrilla de salida para la carrera sucesoria del PP ocupando un puesto en las candidaturas al Congreso.

www.publico.es 16.11.07
 

El Ayuntamiento de Madrid se personará como acusación particular en calidad de "perjudicado"

El Ayuntamiento de Madrid se personará como acusación particular en el caso investigado por el juez de Instrucción, Santiago Torres, sobre presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en las Concejalías de Medio Ambiente, Urbanismo y diferentes dependencias administrativas del Consistorio, en calidad de "perjudicado".

Una nueva persona, un empresario, ha sido detenida hoy en el marco de la operación Guateque. Además han sido imputados otros cinco funcionarios.

Con esta nueva detención, son ya 17 los detenidos en esta operación que se inició el pasado miércoles, cuando se practicaron 16 detenciones de funcionarios municipales y técnicos del Ayuntamiento de Madrid.

"Depurar" a los implicados 

Este viernes, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David Lucas, ha exigido una auditoría interna en el Consistorio que "depure" a todos los implicados en la 'operación Guateque' y "salve" la dignidad e integridad de la mayoría de los funcionarios municipales que realizan su trabajo de manera "impecable".

Tras presentar en el registro municipal la solicitud de un Pleno extraordinario en el que comparezcan las delegadas de las áreas de Urbanismo (Pilar Martínez) y Medio Ambiente (Ana Botella), Lucas ha pedido que la comisión que investigue la trama de corrupción se constituya y comience los trabajos al día siguiente de la sesión plenaria. 

Continuación de la operación del miércoles 

En la operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, se intervino numerosa documentación que está siendo analizada por los agentes.

Los detenidos están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, y formaban parte de una trama de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales de "todo tipo".

www.publico.es 16.11.07

"SIN UN KILO, NO HAY LICENCIA" 

Cinco meses de investigación, 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial y, al menos, 16 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos y otros profesionales (arquitectos, abogados...) implicados. El resultado de ese trabajo, en el que ha colaborado con el juez el propio gobierno municipal, es la desarticulación de la trama de corrupción más voluminosa detectada hasta ahora en el Ayuntamiento de la capital de España y que afectaría exclusivamente a funcionarios, sin implicaciones de cargos políticos, según explicó ayer el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La Guardia Civil la ha bautizado como operación Guateque. 

En una de las conversaciones intervenidas, según informaron fuentes de la investigación, el funcionario supuestamente corrupto le comunicaba a su interlocutor las condiciones para conseguir el permiso buscado: "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca". 

Buena parte de la trama ha podido ser destapada gracias al pinchazo de al menos 10 líneas telefónicas autorizado por el juez en estos meses tras recibirse la denuncia inicial de un particular al que intentaron cobrarle comisiones ilegales a cambio de la licencia que solicitaba para abrir un comercio. 

En esas grabaciones se escucha a algunos de los funcionarios implicados hablando de las comisiones que van a cobrar, con expresiones como éstas: "Si le conseguimos esta licencia, nos da dos kilos [12.000 euros]". 

Los funcionarios de la trama no sólo cobraban a los empresarios por agilizarles licencias de apertura de establecimientos, sino también para retrasar expedientes sancionadores a locales ya existentes que habían realizado alguna reforma, indicaron fuentes policiales próximas a la investigación. 

Todos los implicados fueron ayer interrogados por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de apertura de locales comerciales y de ocio. Los funcionarios, según la investigación, cobraban por cada gestión entre 3.000 y 18.000 euros, y conseguían que una licencia que tarda en concederse 18 meses se resolviera en 40 días, según la investigación. 

El gobierno municipal, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), asegura que ningún responsable político está implicado en la trama, que la operación no afecta a expedientes de operaciones urbanísticas ni recalificaciones de suelo sino sólo a licencias para abrir locales, y que el Ayuntamiento ha colaborado con el juez "desde el primer momento" de la investigación, que comenzó hace cinco meses. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicó en la Cadena SER que los implicados formaban "una mínima organización estable" y confirmó que no le constan "conexiones políticas". 

Los rumores sobre el pago de comisiones al Ayuntamiento por parte de establecimientos de ocio en Madrid están a la orden del día desde hace años, en la calle y algunos pasillos de la administración, pero hasta ahora sólo habían podido probarse casos aislados. 

La de ayer es la mayor operación contra este tipo de corrupción municipal desarrollada en la capital. "Decenas de locales", según fuentes de la investigación, han podido obtener sus licencias pagando comisiones a los miembros de la trama, que han actuado impunemente durante años. 

El número dos de Ruiz-Gallardón, el vicealcalde Manuel Cobo, compareció a media mañana ante una sala de prensa abarrotada para explicar que el gobierno municipal ha estado al tanto de la investigación desde que, hace meses -"antes del verano"-, un particular denunció que, al ir a pedir una licencia para abrir un local en su barrio, alguien le había sugerido que los trámites se agilizarían si pagaba dinero a cambio. Así empezó la investigación, que ha desembocado ahora en una operación de la Guardia Civil con el elocuente nombre de Guateque. 

Agentes del instituto armado entraron pasadas las nueve de la mañana en cinco dependencias del Ayuntamiento: las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente (que se encargan de la elaboración de informes previos a la concesión de licencias) y tres juntas de distrito (que son las que conceden o deniegan permisos: Centro, Chamberí y San Blas. Fuentes de la operación aseguran que "el meollo" de la trama está en la Concejalía de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, que se encarga de las mediciones del ruido y del impacto medioambiental, es la edil Ana Botella. 

Los agentes se incautaron de un maletín y varias cajas de documentos, entraron en el disco duro de los ordenadores y registraron mesas, armarios y archivos. "No ha sido una operación por sorpresa ni contra el Ayuntamiento. Estábamos al tanto y hemos facilitado todos los registros", insistió el vicealcalde Cobo. La Guardia Civil entró asimismo en "domicilios particulares" y oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama. 

La operación, ordenada el titular del juzgado número 32 de Madrid, Santiago Torres, está bajo secreto de sumario. Por eso, Cobo no quiso concretar ni los nombres de los funcionarios afectados ni las cantidades manejadas en los sobornos. Los implicados lo están bajo la acusación de tres delitos: cohecho (soborno), prevaricación (hacer uso del cargo para dictar resoluciones injustas) y tráfico de influencias. 

Según fuentes de la investigación, uno de los trabajadores del Ayuntamiento imputados en este caso es un histórico funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente que ya ocupaba cargos de relevancia cuando Esperanza Aguirre era concejal de este área, en los años noventa del pasado siglo. 

Ante los primeros rumores aparecidos por la mañana, Cobo también quiso subrayar que la operación no tiene "absolutamente nada que ver" con la Operación Malaya desarrollada en Marbella (Málaga) contra la red de corrupción en la que estaba implicado la mayoría del gobierno municipal, ni con una de las principales implicadas en ese escándalo de corrupción urbanística, la abogada Montserrat Corulla, a quien el PSOE relacionó en la pasada campaña electoral con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. 

Ayer, el regidor madrileño se limitó a afirmar que "ninguna actuación irregular va a ser consentida por parte del Ayuntamiento". 

(www.elpais.com, 15/11/07) 

"Si supieras a quién hay que darle la pasta, no estarías en esta situación"

Un madrileño cuenta cómo tuvo que cerrar su cafetería en el barrio madrileño de Lavapiés porque no pagó comisión alguna

"Si tú supieras a quién hay que darle la pasta, no estarías en esta situación". Esa fue la respuesta que le dio un funcionario del Ayuntamiento de Madrid a Álvaro Gallardo cuando le preguntó cómo podía evitar que precintaran su local. La conversación tuvo lugar dentro del bar, en el número 8 de la calle Ave María del barrio madrileño de Lavapiés en agosto de 2004.

Álvaro quiso más detalles, pero, según cuenta, el funcionario se negó a dárselos: "No sé ni quién eres, podrías tener una grabadora", le dijo. El local fue, finalmente, precintado, después de varios avisos del Ayuntamiento porque faltaba "un papel para conseguir la licencia de funcionamiento. Pero yo nunca conseguí averiguar de qué papel se trataba. En la Junta de Centro, de un departamento me mandaban a otro, y nunca estaba la persona que tenía que solucionar el trámite. Supongo que se referían a un papel morado, con un cinco y dos ceros". Esta junta municipal es una de las intervenidas ayer.

Pero lo peor vino después del precintado del local: "Yo quería volver a abrir porque lo había invertido todo ahí. Para eso, los técnicos municipales tenían que supervisar el establecimiento y comprobar que se adaptaba a la normativa".Álvaro cuenta que los funcionarios le obligaron a un sinfín de reformas basándose en menudencias: "Tuve que insonorizar tres veces el local porque se escapaba un decibelio, y hacer obras para añadir un centímetro a un escalón". A pesar de que hizo las modificaciones que le pidieron -algunas realizadas por empresas recomendadas por los técnicos- la licencia de funcionamiento nunca llegó porque "nunca dejó de haber un decibelio de más".

Durante los dos años siguientes, Álvaro abrió de forma clandestina. En abril de 2005, fue desahuciado. "La estrategia del Ayuntamiento es ponerlo todo tan complicado que te veas obligado a buscar otras salidas", concluye. 

"Pagué los 3.000 euros porque no me podía arriesgar a perderlo todo"

Juan (nombre ficticio) es otro afectado por la presunta trama que sí pagó por conseguir su licencia. Posee un bar en Huertas, una calle del centro de Madrid abarrotada de restaurantes y locales de copas. Hace cinco años, pagó 84.000 euros por el traspaso del negocio y 48.000 por las obras necesarias para adecuar el negocio a la normativa vigente. No obstante, para poder abrir el bar, se vio obligado a hacer una aportación extra de 3.000 euros.

"Pagué ese dinero a una consultora de ingenieros que me recomendaron otros dueños de locales", cuenta. "En teoría, a cambio de ese dinero ellos me indicaban cómo tenía que hacer la reforma. Pero, en realidad, su mayor servicio era avisarme de cuándo iba a venir el inspector para darme la licencia definitiva y, además, me garantizaban que este funcionario vendría sin ganas de incordiar".

El aviso del momento exacto en el que acudiría el inspector no es baladí, según afirma Juan: "Sé de dueños de locales que han preparado una pared de cartón piedra para simular el cuarto de la basura, por ejemplo, y así amoldarse a la ley. Ponían el muro justo antes de la llegada del inspector y después de su marcha, lo quitaban".

Juan consiguió abrir el local porque decidió "pagar, aunque sabía que parte de esos tres mil euros iría al Ayuntamiento. No podía arriesgarme a perder todo lo que había invertido en comprar y acondicionar el local". "Si no pagas, el inspector te niega la licencia por cualquier nimiedad, como que falta un centímetro de pared".

www.publico.es 15.11.06

LA TRAMA NEGABA LICENCIAS DE REAPERTURA A DUEÑOS DE LOCALES DE OCIO QUE NO PAGABAN 

Las investigaciones que han desbaratado la trama de funcionarios corruptos tienen su origen en la denuncia de dos empresarios de locales de ocio (especialmente discotecas, de ahí el nombre de Operación Guateque) que fueron sometidos a las presiones del grupo. La primera denuncia fue presentada en agosto de 2006 por un empresario que se negó a pagar 3.000 euros a un miembro de la trama, que fue detenido. La segunda es la que ha dado origen a la operación, al confirmarse la persistencia de la red. La Guardia Civil da por cerrada la operación con los 16 detenidos, entre funcionarios y técnicos, aunque no descarta que haya más registros que los 10 ya ejecutados. 

La Guardia Civil ha detectado que los detenidos supuestamente exigían entre 3.000 y 18.000 euros por agilizar las licencias de apertura de locales, y, sobre todo, las de reapertura que son preceptivas tras la realización de obras de reforma. El primer caso denunciado ya fue divulgado por EL PAÍS en agosto de 2006, tras la denuncia del dueño de un pub, quien llevó a la Guardia Civil una grabación con el contenido de una conversación entre él y el inspector del departamento municipal de Medio Ambiente identificado con las siglas A. S. 

El propietario de un local de ocio (en este caso un disco-pub) acometía unas obras de reforma interior. Una vez ejecutadas, el empresario tenía que recibir una inspección municipal que debía confirmar que las obras se ajustaban a la ley, a fin de obtener la licencia de reapertura. Lo primero que planteaban quienes ejecutaban las inspecciones es que la reapertura se podría llevar a cabo de inmediato y sin pegas si el empresario pagaba. 

Si se negaba, entonces empezaban las pegas. Se levantaban expedientes por no tener bien instalada la salida de humos o por mala insonorización. El expediente sobre el propietario de un establecimiento que no pagaba, además, dormía el sueño de los justos en los despachos, lo que hacía imposible la reapertura. En el caso de que la deficiencia fuera subsanada, también se demoraba la nueva visita del inspector. Y cuando se producía, se ponían nuevas objeciones a las obras acometidas. Así, el empresario se solía avenir a pagar la mordida a cambio de la concesión de la licencia de reapertura para no seguir perdiendo dinero por tener su negocio cerrado. 

Los dueños de los locales, una vez que accedían a pagar, firmaban en ocasiones documentos con el membrete municipal en blanco, que servirían para regularizar posteriormente la situación administrativa del local e incluso para certificar obras que no habían sido realizadas o eran defectuosas. 

Los investigadores han tenido pinchados una decena de teléfonos, con autorización del Juzgado número 32 de Madrid. 

(www.elpais.com, 15/11/07) 

"UN SECRETO A VOCES", DICEN EMPRESARIOS 

Los empresarios de la hostelería y el ocio nocturno recibieron la noticia con cierta frialdad. "Era un secreto a voces" o "hace años que esto sucede" eran frases recurrentes. A pesar de que ninguna de las asociaciones ni empresarios consultados admite abiertamente conocer ningún caso de corrupción en la tramitación de licencias, sí remarcan el tortuoso y largo camino que deben recorrer para obtener los permisos municipales. De esta situación, creen, pueden haber sacado beneficio algunos funcionarios que cobraban comisiones por agilizar los trámites. "Hay casos en los que los permisos tardan hasta cuatro años. Son empresarios que arriesgan un gran capital. Es un tiempo excesivo", explica una portavoz de una de las asociaciones. 

Desde que un empresario decide montar un local de ocio hasta que consigue servir la primera copa o canapé, puede pasar una media de dos años y medio. Así lo confirmó ayer la Asociación de Hosteleros la Viña, que cuenta con más de 3.000 afiliados en la Comunidad de Madrid y que este año ha tramitado entorno a 80 licencias. 

El departamento de licencias de dicha asociación prepara un proyecto según el tipo de negocio que propone el asociado. El empresario encarga entonces las reformas necesarias a un arquitecto. Luego un perito y un ingeniero industrial de la asociación certifican que se han llevado a cabo correctamente las remodelaciones y se diseña el proyecto definitivo para presentarlo a la Junta Municipal de Distrito. Hasta aquí, el tiempo de demora depende sólo del empresario y de las reformas que tenga que hacer. 

Luego, en el área de licencias de la Junta se lo pasan al técnico que va a llevar desde el primer momento el expediente. Manda una parte del proyecto a Medio Ambiente y a Urbanismo. Luego, cada técnico coge su parcela de ese expediente e informa a su área de si hay requerimientos. Si hay deficiencias, tienen que subsanarse y volver a presentar el proyecto. Según estas fuentes, así, una licencia puede tardar "tres, cuatro o incluso, en algunos casos, diez años". 

(www.elpais.com, 15/11/07)

CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Son sospechosos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y funcionaban como "una organización estable".- El caso afecta a abogados y arquitectos.- Diez registros en tres juntas de distrito, dos concejalías, empresas y viviendas

La Guardia Civil ha realizado a lo largo del día diez registros simultáneos en sedes del Ayuntamiento de Madrid, en concreto la delegación de Medio Ambiente y la Gerencia de Urbanismo, así como tres juntas de distrito -Centro, Chamberí y San Blas-, además de empresas y viviendas. La operación, bautizada Guateque, ha destapado una presunta "trama de corrupción". El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha precisado que afecta a 16 funcionarios aunque desconocía el número de detenidos, que fuentes del caso han aumentado a última hora de la tarde a 16. Están acusados de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En contra de lo dicho por el Consistorio, el Gobierno ha apuntado que también están implicadas personas que no son empleadas públicas. Se trata, según ha podido saber esta web, abogados y arquitectos. Funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones.

Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid: "La investigación no tiene nada que ver con operaciones urbanísticas" -

¿A cuánto ascendían las comisiones?

Así, según Cobo la "inmensa mayoría" son empleados públicos "con muchísimo tiempo" dedicados al Ayuntamiento y entre ellos no figura ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación responsables de las áreas registradas. Cobo, que ha exculpado en todo momento a los concejales, ha explicado que cobraban comisiones a cambio de agilizar licencias comerciales. Según fuentes del caso, sobre todo cobraban por retrasar expedientes sancionadores. El vicealcalde de Madrid ha explicado en rueda de prensa que la investigación arrancó "antes del verano" a raíz de la "denuncia de un particular". Cobo ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento ha colaborado desde el principio y "estrechamente" con la justicia, al tiempo que ha señalado que él ha sido el encargado de informar porque es el interlocutor con el juez encargado del caso, José Santiago Torres, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid.

El magistrado ha decretado secreto de sumario. Cobo no ha podido precisar la cuantía de las comisiones, al tiempo que ha hecho hincapié en que la operación se ha lanzado no contra el Ayuntamiento sino contra funcionarios concretos. Al parecer, se trata de empleados públicos con mucha antigüedad. De momento, hay al menos tres funcionarios detenidos, según fuentes cercanas al caso, que no descartan que se produzcan más arrestos. Las mismas fuentes apuntan que en el marco de la investigación se han producido numerosas intervenciones telefónicas, con unos 10 teléfonos pinchados. Además de las sedes municipales, también se han producido registros en casas particulares y empresas. Los agentes, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se han incautado de diversa documentación y de ordenadores. "Estamos con el juez", ha dicho Cobo, que ha querido recordar que "la mayoría de los funcionarios son honrados". Para el vicealcalde, la prueba de que los concejales de Medio Ambiente y urbanismo son inocentes es que ocuparon sus cargos en mayo y el cobro de comisiones es muy anterior.

Rubalcaba contradice a Cobo

En contra de lo que algunos medios habían informado en un principio, "no tiene absolutamente nada que ver con la Operación Malaya ni con operaciones urbanísticas". Tras la intervención de Cobo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contradicho la versión municipal de los hechos al asegurar que la operación "afecta a una serie de funcionarios y gente que no lo son". El ministro no ha concretado de quién se trata, pero EL PAÍS ha podido saber que son abogados y arquitectos. El ministro ha explicado, en los pasillos del Congreso, que esta operación "sigue abierta" y tardará horas en cerrarse. Rubalcaba ha especificado que esta operación se debe a una trama de corrupción urbanística, consistente "básicamente en cohechos y cobro de comisiones ilegales".

Por su parte, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ha detallado que funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones por agilizar la tramitación de expedientes para la apertura de locales. En declaraciones a la Cadena Ser, Moix ha precisado que los funcionarios investigados integraban "una organización con una estabilidad que permanece en el tiempo y que ha ido realizando una actuación dirigida a obtener dinero". Fuentes del caso han agregado que usaban intermediarios para la captación y cobro de comisiones. Moix también ha descartado "conexión política o relación con la Operación Malaya". El fiscal jefe ha aclarado que las detenciones practicadas no son por delitos urbanísticos, sino por cohecho. En cuanto a la cuantía de las comisiones, ha insistido en que todavía es difícil "cuantificar el monto total del dinero que se ha manejado". "Eso se valorará una vez que analicemos los datos que maneja la Guardia Civil", ha apuntado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado que los funcionarios serán puestos a disposición judicial "probablemente el sábado".

www.elpais.14.11.07

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