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LA SUMA DE TODOS LOS ASUNTILLOS DE ESPE Y ALREDEDORES

" El PP considera que es importante y urgente establecer una eficaz política en favor de la familia en España "
( Programa Electoral PP.1996)
ESPE Y SU TITO EXPLICAN EL PELOTAZO : LEER PARA CREER

ESPE Y SU TITO EXPLICAN EL PELOTAZO : LEER PARA CREER

 

 

FAMILIARES DE ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO' TRAS UNA GESTIÓN DE PORTO  

Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de su portavoz, ha declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en relación con el sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde tanto Porto como familiares de la jefa del Ejecutivo regional tenían unos terrenos que vendieron en 2006 tras desbloquear urbanísticamente esa zona en 2004 el citado alto cargo regional.

Gil de Biedma es uno de los operadores inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se dedica, entre otras cosas, a la compraventa de suelo en distintos municipios, en algunos casos en pleno proceso de modificación de sus planes generales (aquellos que definen dónde y cómo se puede edificar). Tanto Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) vendieron en enero de 2006 sus parcelas en el sector 1 de Villanueva de la Cañada.

Hasta que Porto fue nombrado director general de Urbanismo, la urbanización de ese sector estaba bloqueada, pues los técnicos habían planteado distintas objeciones al plan. Porto, desoyendo a sus técnicos, desbloqueó la aprobación del citado plan parcial -redactado por un socio suyo, José María Fernández del Río, ex consejero de Cajamadrid por el PP- en septiembre de 2004. Las ventas de esos terrenos, en los que ya se podía edificar, se hicieron en enero de 2006 sin que Porto, que poseía una parte, ni los familiares de Esperanza Aguirre, también dueños de terrenos en la zona, invirtieran un solo euro en urbanizarlos.

- Revalorización. La revalorización de los terrenos de Villanueva de la Cañada tuvo su primer hito en la recalificación del sector aprobada en 1999 por el Ayuntamiento, presidido por Luis Partida (PP). Partida encargó a Porto el diseño del crecimiento del municipio. Pese a la recalificación de los terrenos, el Gobierno regional, entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó en mayo de 2003 la urbanización del plan parcial que desarrollaba el sector 1 (denominado Los Pocillos, con 1,4 millones de metros cuadrados), entre cuyos propietarios figuraban ya Porto y los familiares de Esperanza Aguirre. Cuando Porto, con el cambio de Gobierno regional, llegó a la Dirección General de Urbanismo -tomó posesión en enero de 2004-, desbloqueó nueve meses después los problemas que bloqueaban el plan de urbanización de dicho sector, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos.

La finca que compraron los familiares de Esperanza Aguirre se valoraba en 24.040 euros en noviembre de 1999 -nueve meses después de su recalificación- por su dueño, Benito Nieto García (6.000 euros más de lo que le costó en 1995). Cuando la vende, un año más tarde, en mayo de 2000, ya pide y recibe 419.975 euros de Alminar de Villas (la empresa de los Gil de Biedma) y Construcciones Ureta. Ambas sociedades la venden en enero de 2006 por 4,6 millones de euros a la inmobiliaria Terinza 26, que a su vez le da un valor de subasta de seis millones de euros.

- Intervención decisiva. La intervención de Porto como director general de Urbanismo fue decisiva para su negocio y para el de la familia de Aguirre en Villanueva de la Cañada. Porto rechazó el informe de sus técnicos, que arrojaba una terrible losa sobre sus intereses y los de los Gil de Biedma. Sus responsables técnico y jurídico le exigieron en un escrito de nueve folios -que Porto evitó incorporar al expediente administrativo- mantener la suspensión urbanística que pesaba sobre este sector de Villanueva de la Cañada desde mayo de 2003 por entender que persistían dos de las seis deficiencias que denunciaron entonces, y alguna anomalía más, como la falta de informe de evaluación ambiental.

Los expertos consultados por este periódico ven otro supuesto trato favor de Porto a ese plan parcial: fue devuelto al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada en mayo de 2003 para su corrección antes de seis meses. Sin embargo, fue vuelto a presentar en Urbanismo en agosto de 2004, 15 meses después, por lo que Porto debió darlo por caducado. Sin embargo, lo bendijo y aprobó al mes siguiente. De haberlo rechazado, habría sido redactado como nuevo y conforme a la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, que forzaría a los dueños a ceder 104.000 metros cuadrados de suelo urbanizable a la Comunidad de Madrid (un tercio sería para viviendas protegidas, unas 300).

Funcionarios de Urbanismo afirman que ninguna de las objeciones que plantearon al plan eran insalvables. Pero admiten que sus pegas, de haber sido atendidas, habrían retrasado el plan, lo que podría haber complicado los planes de venta de los dueños y el calendario de construcción de los promotores.

TRES DEFICIENCIAS QUE NUNCA FUERON SUBSANADAS  

Enrique Porto, ex director general de Urbanismo de Madrid, autorizó el plan del Sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos, sin subsanar las tres deficiencias siguientes que denunciaron sus técnicos:

- Monte preservado. Los técnicos denunciaron que se inflaba ilegalmente el volumen de edificabilidad del sector al computarse como suelo urbanizable el monte preservado: "No pueden computarse dichos suelos a efectos del cálculo de la edificabilidad, del aprovechamiento urbanístico o del número máximo de viviendas en el ámbito del sector". Tal párrafo de los técnicos, se mutó en lo siguiente al bendecirlo Porto: "La consideración tanto por el plan parcial como por el plan general de estos terrenos como sistema general de espacios libres no es incompatible con su calificación como suelo no urbanizable protegido". Y así ocurriría en la práctica: el monte se computó y aumentó la edificabilidad del sector, según los expertos.

- Paralización por la M-503. La segunda deficiencia que orilló Porto y denunciaban sus técnicos rezaba así: "En relación con la carretera M-503, colindante con el Plan Parcial, se reitera la necesidad de subsanar las deficiencias que motivaron el aplazamiento de la aprobación definitiva del Plan General que afecta a una banda de 200 metros a ambos márgenes de dicha carretera, tramitación previa a la aprobación definitiva del presente plan parcial".

Más allá de si esta paralización afectaba directamente a fincas de Porto, como sugieren expertos consultados, lo que sí admiten funcionarios de Urbanismo es que el desbloqueo de este veto zonal derivado del Plan General, originaría unos trámites que retrasaría todo el plan parcial del sector donde tenían intereses Porto y los tíos y primos de Aguirre. Y al afectar al Plan General, su desbloqueo debía autorizarlo el Gobierno de Aguirre, según los expertos. Pero Porto eliminó de un plumazo el veto derivado de la M-503: "Se resuelve mediante una glorieta, cuyo trazado se ajusta al proyecto".

- Sin informe ambiental. Porto obvió una tercera anomalía que denunciaron sus técnicos: "Es necesario hacer mención del informe de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental de octubre de 2003, en lo relativo a la obligatoriedad o no de someter el proyecto de plan parcial a alguno de los procedimientos ambientales. Entendemos necesario una aclaración a dicho informe, al existir un vacío en los procedimientos a realizar o realizados respecto a la protección, puesto que el plan general no efectuó evaluación ambiental como hubiera sido exigible, ni análisis ambiental". 

El `pelotazo´ de los parientes de la presidenta : MÁS DE OCHO MILLONES DE PLUSVALÍA EN TRES CANTOS  


En la localidad madrileña de Tres Cantos, cuatro tíos maternos y cinco primos carnales de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Madrid, adquirieron 176.000 metros cuadrados de terreno rústico que a los pocos días se recalificó, según denuncia el empresario que les vendió las fincas, aumentando su valor.El empresario Mariano Illera Sanz, madrileño de 65 años, se siente engañado. Pero en enero de 2001 estaba entusiasmado. Fue cuando aparecieron unos compradores para sus 23 fincas rústicas en el municipio madrileño de Tres Cantos.

Llevaba tiempo queriendo venderlas y no había manera. Le ofrecieron 4.800.000 euros. Un socio y él las habían comprado en 1988 por doce millones de pesetas (72.000 euros). Así que le pareció un negocio magnífico.Y en seguida las dos partes firmaron un contrato de arras (documento por el que se compromete la compra y venta mediante una señal, que en este caso fue del 15 por ciento del precio total). A los tres meses se materializó la venta y se firmaron las escrituras públicas. Mariano Illera creyó que ese había sido uno de los mejores negocios de su vida. Pero se equivocaba.

Asegura Illera que en el momento de la venta “desconocía que esos terrenos iban a recalificarse. No soy tonto; si lo hubiera sabido los hubiera vendido más caros”, dice el empresario.

El 13 de febrero de 2001, poco después de que Illera hubiera firmado (según asegura) el contrato de arras, el pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos, gobernado por una coalición entre el PP y el partido independiente Tres Cantos Unido, aprobó el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afectaba a 17 de esas 23 fincas. “Nadie me lo comunicó, ni el Ayuntamiento de Tres Cantos ni los compradores”, asegura el empresario.

Los nuevos dueños de los terrenos no vendieron inmediatamente, sino a los tres años, por once millones y medio de euros. Compró las tierras la constructora Urbalia, que hoy está a punto de comenzar a edificar en estas parcelas de Tres Cantos, una de las localidades más jóvenes de la Comunidad de Madrid, al norte, con una población de unos 40.000 habitantes y regada de urbanizaciones de chalés.

Mariano Illera no conoció la identidad de todos los compradores hasta la firma de las escrituras públicas de compra-venta, el 22 de mayo de 2001. El contrato de reserva lo firmó con tres personas. Una de ellas era Ángel Luis Pérez, alcalde del PSOE, hasta 1995, de Arroyomolinos, una de las zonas de expansión de la Comunidad de Madrid. Desde que dejó la política, Pérez se dedica al negocio inmobiliario. “Me llevé una sorpresa –dice Illera– cuando encontré en la notaría a bastantes personas, que no conocía, y me enteré de que eran de la familia Gil de Biedma. Yo los relacioné con el poeta Jaime Gil de Biedma, no con Esperanza Aguirre”, explica el empresario.

Efectivamente, aquellas personas eran primos del autor, ya fallecido. Y también tíos maternos y primos carnales de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP: Santiago, José Antonio y Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane. El último de ellos es el conde de Sepúlveda. Los hermanos Gil de Biedma son socios de la correduría AON Gil y Carvajal, la primera en volumen de negocio de España. Los primos de la política del PP que intervinieron en la operación Tres Cantos son Marta Gil de Biedma y Rodríguez Salmones, hija de Santiago Gil de Biedma; Isabel Victoria Gil de Biedma y Zulueta, hija de José Antonio Gil de Biedma; e Ignacio, Teresa y Javier Gil de Biedma Villalonga (éste último es el vizconde de la Nava de Asunción), hijos de Javier Gil de Biedma. María Luisa Gil de Biedma y Vega de Seoane, tía de la presidenta de la región, también participó en el negocio, aunque no fue compradora inicial. En total, en la operación urbanística de Tres Cantos han participado 22 particulares y empresas suyas, que han obtenido casi siete millones de euros de beneficio. Pese a la insistencia de esta revista, la familia Gil de Biedma no ha querido hacer declaraciones sobre este negocio.

Terrenos sin salida

Mariano Illera, ya jubilado, se ha dedicado buena parte de su vida al negocio del vidrio. Es propietario de empresas del sector, como Cristalería Ibérica y Llilop Promociones Ibérica, de cierto peso en el mundo de la cristalería. Las 23 fincas rústicas que compró con un socio en 1988 en Tres Cantos –con una superficie de 173.000 metros cuadrados– pertenecían a los familiares de José Banús, magnate del franquismo. Las tierras fueron integradas en la empresa de Illera Eland Construcciones. “Compramos aquellas tierras por hacer un favor a una persona –comenta Illera–. Le presentamos al Ayuntamiento de Tres Cantos hasta siete propuestas para hacer en esas fincas algún centro para menores u otros colectivos, y siempre lo rechazaron. Parecía que no tenían salida”. Por eso cuando apareció un comprador, Illera vio “el cielo abierto”: “No somos especuladores y el precio nos pareció razonable. Pero, claro, ahí el que se ha beneficiado es Ángel Luis Pérez, que estaba muy metido en toda la gestión inmobiliaria del PSOE y sabía lo que compraba cuando en Tres Cantos no se había recalificado nada”.

El empresario denuncia la existencia de información privilegiada: “El ex alcalde ha utilizado su influencia política. ¿Quién iba a saber que un mes después de firmar con él un contrato privado de compra-venta iban a recalificar esos terrenos que llevaban doce años olvidados? ¿Quién podía tener esa información privilegiada?” –se pregunta el empresario–. Pues la única persona que estaba metida en política, el ex alcalde socialista”.

Ángel Luis Pérez está desvinculado del mundo político, oficialmente, desde que dejó de ser alcalde. “Pero soy socialista de corazón”, asegura. No es la primera vez que Pérez se alía con el otro bando ideológico. Compareció en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid por el escándalo de los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz, en julio de 2003. Fue requerido por el PP al haber sido socio de los constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo, militantes del PP e implicados en el caso. “Illera y un socio nos vendieron los terrenos sabiendo que se iban a recalificar –asegura Pérez–. Si no, hubiéramos pagado mucho menos dinero. Unas tierras rústicas no valen 800 millones de pesetas (4.800.000 euros)”, argumenta Pérez. Los 176.000 metros cuadrados que poseía Illera representan más del cinco por ciento del sector afectado por el PGOU.

Miguel Aguado, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Tres Cantos, considera que “alguien debería dar explicaciones de cómo se fraguó esa operación. No puedo creer que, sin tener información previa y directa del equipo de gobierno, se pueda saber por dónde va a desarrollarse un PGOU”.

No fueron los socialistas, sino la coalición del PP y el partido independiente Tres Cantos Unido, que gobierna en el municipio desde 2000, la que recalificó los terrenos. El PP también gobernaba en la Comunidad de Madrid, responsable, en última instancia, de la autorización de los planes de urbanismo de las localidades de la región.

Cuando se produjo la venta de los terrenos, Esperanza Aguirre no era todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del Senado. Pero su familia materna tenía relaciones con la Comunidad de Madrid.

Este negocio del ladrillo ha unido a socios de lo más dispares. “A mí me propuso participar José Pérez Fernández, al que conozco desde hace 15 años, y que trabajaba por entonces con los Gil de Biedma”, explica el ex alcalde socialista. José Pérez era apoderado, en 2001, de la empresa constructora Alminar de Villas, SL, que ha edificado en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón y que por entonces pertenecía a Santiago, Javier y José Antonio Gil de Biedma. “A José Pérez le propuso la operación de Tres Cantos Enrique Jiménez Torregrosa, que es un comisionista (un intermediario inmobiliario). Los comisionistas son imprescindible en cualquier negocio inmobiliario y suelen llevarse un cinco por ciento del valor de la operación”, dice el ex político. José Pérez y Enrique Jiménez son las otras dos personas que negociaron inicialmente, junto al ex político del PSOE, con el empresario del vidrio Mariano Illera.

Socios con suerte

En cuanto a la financiación de la operación, parece que también los nuevos socios tuvieron suerte. “Si llego a saber que el banco, el BBVA, iba a financiar el 60 por ciento de la operación, hubiera invertido más”, explica Ángel Luis. El ex alcalde era el propietario individual mayoritario de las tierras. Pero la familia de Aguirre, en conjunto, representaba algo más del 50 por ciento de las propiedades.

Mariano Illera descarta que los parientes de Aguirre estuvieran detrás de la operación desde el principio, y considera que fueron los tres negociadores iniciales los que, una vez firmado el contrato de arras, buscaron inversores. “Y encontraron a los Gil de Biedma”, dice. Por el contrario, Ángel Luis Pérez asegura que los parientes de la presidenta de la región fueron los que le propusieron el negocio a través de su apoderado, José Pérez.
La familia Gil de Biedma Vega de Seoane sigue siendo propietaria, junto con el ex alcalde socialista, de seis fincas rústicas en Tres Cantos (unos 53.000 metros cuadros), pegadas al ámbito de actuación del PGOU. Su valor se disparará en cuanto sean recalificadas. Otro negocio más.

Mientras, el PSOE de Tres Cantos estudia con sus asesores jurídicos emprender algún tipo de actuaciones para “dilucidar cómo se gestó la operación. Al margen de la presunta información privilegiada que pueda haber existido –explica Miguel Aguado, portavoz socialista en el consistorio tricantino–, considero indigno que se especule de esta manera con el valor del suelo. Luego, las viviendas que se construyan en esas tierras tendrán precios disparados por esa especulación, que, encima, han llevado a cabo familiares de la presidenta regional”. Publicado en Interviu.29.05.06

El Gobierno regional justifica el 'pelotazo' del tío de Esperanza Aguirre  

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, no encontró ayer nada anormal en el hecho de que un tío de Esperanza Aguirre, presidenta regional, lograse una plusvalía de 2,1 millones de euros al vender unos terrenos de su propiedad cuya urbanización desbloqueó el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, contra el criterio de sus técnicos. Porto tramitó ese plan urbanístico incumpliendo la Ley de Altos Cargos de la Comunidad, pues pese a que tenía terrenos de su propiedad en esa misma zona no se inhibió en la tramitación del expediente. Porto dimitió después de conocerse esta operación.

Esperanza Aguirre no quiso ayer pronunciarse públicamente sobre el pelotazo de su tío, que consiguió vender unos terrenos que compró en el año 2000 por un precio 10 veces superior en enero de 2006. En una carta remitida a este diario, Aguirre aseguró: "En el ejercicio de mis responsabilidades de Gobierno jamás he tomado ninguna decisión que estuviera motivada por el deseo de favorecer a algún particular y mucho menos a un pariente mío, por lejano que sea" (véase Cartas al Director). El consejero de Presidencia del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados, declaró: "La revalorización es consecuencia de los seis años que transcurrieron entre la compra y la venta, como ocurre en muchísimas zonas de España, por no decir en todas, y desde luego en la Comunidad de Madrid, y no solo con el suelo, sino también con los pisos o los chalés. Las plusvalías que se generan en el suelo se producen fundamentalmente durante las recalificaciones, cuando pasa de rústico a urbanizable, y aquí se compró cuando ya era urbanizable", explicó Granados. Desde que era urbanizable hasta que se pudo construir, como consecuencia de la gestión de Porto, el tío de Aguirre consiguió multiplicar por 10 su valor. Granados se preguntó si existe "algún madrileño que se haga responsable y conozca todas las actividades de sus tíos, sobrinos o primos, porque eso es algo que no está al alcance de ningún mortal".

El portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, pidió ayer a Aguirre una "revisión de su política urbanística" y que ofrezca a los madrileños "una explicación" sobre la operación que engordó las arcas de su tío carnal.

Simancas acudió ayer a la sede bruselense del Parlamento Europeo, donde hoy presentará las quejas de miles de ciudadanos madrileños, que consideran que el desarrollo urbanístico del norte y del noroeste de la Comunidad de Madrid viola la legislación comunitaria y perjudica gravemente el medio ambiente.

"Ya sabíamos que en Villanueva de la Cañada se practica un urbanismo corrupto y depredador y que el señor Porto y su familia han obtenido beneficios espurios, también los familiares del actual alcalde Luis Partida y los socios del señor Porto en la empresa Plarquin. Hoy nos hemos enterado que también se enriquecieron familiares de Esperanza Aguirre", explicó Simancas, quien exigió explicaciones a la presidenta y al PP. "Lo menos que debe Esperanza Aguirre a los madrileños es una explicación", estimó el dirigente socialista. "A ver si tienen agallas, principios y convicciones éticas para actuar con eficacia", añadió el portavoz socialista. www.elpais.es 18.10.06

SIMANCAS PIDE A AGUIRRE EXPLICACIONES POR EL "PELOTAZO URBANÍSTICO" DE SU FAMILIA 

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, ha exigio hoy "explicaciones" a la presidenta Esperanza Aguirre sobre su "participación personal en el hecho probado de que su familia se benefició directamente de una operación urbanística especulativa e irregular en Villanueva de la Cañada". El PP ha respondido a las revelaciones que publica hoy EL PAÍS preguntando si existe "algún madrileño que conozca todas las actividades de sus tíos" porque "no está al alcance de ningún mortal".

En declaraciones a los periodistas antes de iniciar un viaje detrabajo a Bruselas, Simancas se refería así a una información publicada hoy este periódico según la cual una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, ganó 2,1 millones de euros en una compraventa de terrenos en esta localidad de Madrid, cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.

El secretario general del PSM-PSOE ha reclamado a Aguirre que dé "explicaciones urgentes y claras a la sociedad madrileña" y ha asegurado que, tal y como se "temían" los socialistas madrileños, el dimitido director general de Urbanismo "no era un verso suelto y la trama urbanística alcanza a la cúspide del Gobierno de Esperanza Aguirre". "Los beneficiarios en la trama urbanística de Villanueva de la Cañada al parecer ya no son sólo los familiares de Porto, sus socios en Plarquin, Fernández del Río y compañía, Luis Partida y su familia, sino que se descubre que también han sido beneficiarios los propios familiares de la presidenta", ha resumido Simancas, que ha considerado este asunto "extraordinariamente grave".

El encargado de dar explicaciones en nombre de Aguirre ha sido el Consejero de Presidencia, Francisco Granados, qye ha dicho que el terreno que adquirió José Gil de Viedma siempre fue urbanizable y se revalorizó porque entre la compra y la venta pasaron seis años. Según el consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid, el terreno que compró el tío de la presidenta y su revalorización es consecuencia de los seis años que transcurrieron entre la compra y la venta, como ocurre "en muchísimas zonas de España, por no decir en todas, y desde luego en la Comunidad de Madrid y no solo con el suelo, sino también con los pisos o los chalés".

"Las plusvalías que se generan en el suelo se producen durante las recalificaciones, cuando pasa de rústico a urbanizable", cosa que, según según Granados, no sucedió en este caso. Para el PP, lo lógico es que en seus años se haya avanzado en la "tramitación administrativa normal de un expediente" como este, lo que, en todo caso, no implica el aumento del valor del suelo, como pasa con una recalificación. El secretario general del PP madrileño ha comentado irónicamente que "parece de broma que alguien vaya a saber en 2000 que tres años después a una sobrina suya la van a hacer presidenta de la Comunidad y que otros tres años más tarde, va a hacer director general de Urbanismo a un señor que, a su vez, va a aprobar un plan parcial en el que está una persona cercana a la presidenta".

Asimismo, ha preguntado si existe "algún madrileño que se haga responsable y conozca todas las actividades de sus tíos, sobrinos o primos" porque "eso es algo que no está al alcance de ningún mortal". Granados ha cuestionado si este caso es uno de los que Simancas califica de "urbanismo decente o indecente", según se produzcan en municipios gobernados por el PSOE o por el PP. Los grupos parlamentarios del PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, a través de Matilde Fernández y Fernando Marín, han exigido hoy a Aguirre que en materia de Urbanismo "deje de jugar al calamar" y haga frente a todos los casos de corrupción, "denunciando e investigando las irregularidades y marginando a los que las cometan".

 Publicado en www.elpais.es  17.10.06

DENUNCIAN UN SUPUESTO TRATO DE FAVOR A LA FAMILIA DE ESPERANZA AGUIRRE. SEGÚN LA FISCALÍA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE MADRID

La fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid ha denunciado un supuesto trato de favor a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en los juzgados.  La fiscalía denuncia que el ex consejero de Economía desclasificó una vía pecuaria de gran valor ambiental, histórico y cultural que atraviesa una finca propiedad de la familia de la actual presidenta madrileña.  El 21 de enero del pasado año, el entonces consejero de Economía, Luis Blázquez, firmó la orden con la que se desclasificó como vía pecuaria un camino que atraviesa la finca "La Granjilla". Esta finca es propiedad por herencia de todos los hermanos de Esperanza Aguirre, ella incluida, y de sus tíos. A partir de la firma de la orden, la vereda del Camino Real de Madrid, ve totalmente reducidas las medidas de protección que antes tenía. La vía pecuaria tiene un valor histórico-cultural y medioambiental incalculable, no sólo por los restos arqueológicos que todavía existen en la zona, sino también por la riqueza y variedad de su flora y fauna. Según la denuncia de la sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la fiscalía, esta decisión supone que un bien de dominio público se pone en manos de la iniciativa privada. En la denuncia de la fiscalía además se asegura que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación por funcionario público y llama la atención sobre el hecho de que aquel 21 de enero de 2003, el consejero Blázquez mantuvo la clasificación y protección de otros 14 caminos y veredas en la zona de El Escorial. Solamente se modificó y desprotegió la vía pecuaria que pasa por la finca de la familia Aguirre, en la que están comenzando los trámites para levantar un negocio de celebración de bodas y congresos. (29/06/04) 

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