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LA SUMA DE TODOS LOS ASUNTILLOS VARIOPINTOS DE ESPE Y ALREDEDORES

"Madrid, emblema de la España del PP"
(Mariano Rajoy dixit.14.01.07)


TRES CANTOS: CORRUPTELAS INMOBILIARIAS

Tres Cantos aprobó en 2003 su Plan General para seguir creciendo y en 2004, el Gobierno local decidió que una empresa privada gestionase ese crecimiento. El ex concejal Antonio Reino Cortés, del PP, se fue del Ayuntamiento para no votar esa cesión. Antes, hizo este comentario a uno de sus colaboradores: "Voy a ir al Delgado [asesor de la alcaldesa de Tres Cantos] a decirle oye, aquí me he enterado yo, o sea, de que hay 30.000 millones, ¿quién se los va a llevar? A ver, dime, quién se los va a llevar. Oyes que no que sí. Le diré yo estoy aquí como un gilipollas levantando la mano para que tú te lleves 30 kilos, de eso nada".

En unas grabaciones realizadas en esa época, se han escuchado, de boca de Antonio Reino, lindezas de este estilo: "En esto tiene que estar Romero de Tejada". "Lo que sospecho es que en esto tiene que estar Romero de Tejada [entonces secretario general del PP en Madrid y hoy miembro del PP en el consejo de administración de Cajamadrid] con la otra. ¿Cómo no va a estar el partido? ¿Cómo no va a estar enterado mi partido de lo que pasa con el Plan General? ¿Mi partido con un plan general de ordenación urbana de 300 millones está ausente? Pero joder, la facción que tiene que estar ahí es la de Romero de Tejada, Mario Utrilla and company. No me parece correcto lo que hemos hecho. (20/10/06)

MAJADAHONDA: DOS  EX EDILES DECLARAN QUE LA EMPRESA MUNICIPAL  DE URBANISMO RECIBÍA SOBORNOS

Los dos ediles de Majadahonda expulsados del PP, José Luis Peñas y Juan José Moreno, ratificaron  ante el juez que un empresario les aseguró que Pammasa, empresa municipal que gestiona el urbanismo en Majadahonda, recibía maletines por la permuta de derechos de edificación que permitía a los empresarios liberarse de construir vivienda protegida.

El fiscal preguntó a Peñas por la relación que podía tener la empresa Afar-4, una de las constructoras que permutó derechos con el Ayuntamiento, con la adjudicación de los derechos. El concejal respondió que el mismo empresario que le habló de los maletines le comentó que para él la clave de la adjudicación se encontraba en que "dos días después de la adjudicación, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, constituyó una sociedad mercantil con Ignacio Sánchez Junco". De Foxá, sin embargo, mantiene que la cesión a Pammasa se realizó por ese dinero, debido a que no es lo mismo la venta a privados que a una empresa municipal para edificar vivienda protegida.

El llamado ‘caso Majadahonda’, nos dejó una perla, ya que el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y su predecesor, el dimisionario Guillermo Ortega, ambos del PP, involucraron a la presidenta del partido en Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el conflicto suscitado en ese Ayuntamiento como consecuencia de una operación urbanística realizada en una parcela de propiedad municipal. Se ha difundido parte de una conversación mantenida entre Foxá, Ortega y otros cargos del PP local, en la que el primero asegura que Aguirre le ordenó paralizar la operación urbanística diseñada por Ortega. (25/01/06)

COLMENAR DE OREJA: LA COMUNIDAD DE MADRID, ACUSADA DE COMPRAR SUELO POR ENCIMA DE SU COSTE  

La empresa pública de la vivienda (Ivima) de haber comprado suelo a Fadesa Inmobiliaria por encima de su precio para hacer pisos de protección oficial en Colmenar de Oreja. El Ivima pagó 92,5 € por m2 para favorecer a Fadesa, cuando esos mismos terrenos los había adquirido esta empresa unos meses antes al Ayuntamiento de la localidad por sólo 29.  Según las fuentes de la consejería de Medio Ambiente, el mes de diciembre se invirtió 18,75 millones de € en la compra de 200.000 m2 en Colmenar de Oreja a razón de 92,5 €/m2. Pero las fuentes aseveraron que estos terrenos no se compraron a la empresa inmobiliaria Fadesa, sino a ciudadanos particulares a través de talones nominativos. Estos terrenos están situados en el sector urbanístico “Valdeguerra”, donde está previsto un desarrollo urbanístico que incluye la construcción de 4.500 viviendas protegidas. (24/05/06) 

PELAYOS DE LA PRESA: EL AYUNTAMIENTO APROVECHA LAS OBRAS DE LA VARIANTE PARA RECALIFICAR TERRENOS RÚSTICOS 

En febrero de este año se iniciaron las obras de la circunvalación de la M-501, de unos seis kilómetros, a su paso por Pelayos de la Presa. La variante, situada entre los kilómetros 50 y 54 de la M-501, pretende evitar el tránsito de vehículos por el pueblo. El proyecto se topó con la oposición de grupos vecinales y ecologistas. Los vecinos propusieron en 1996 el soterramiento del tramo de 600 metros de la carretera que cruza el pueblo, para evitar una circunvalación que afectara al rico entorno medioambiental. Pelayos de la Presa está situado en la Zona de Especial Protección de Aves de los ríos Alberche y Cofio.No tuvieron éxito, y la Comunidad optó por la variante. A pesar de los reveses, la organización ecologista Sierra Oeste Desarrollo Sostenible no ha cejado en su lucha y tiene abierto un recurso contencioso administrativo ante el TSJM contra las obras por presuntos daños ambientales. El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, también investiga la actuación. Valerio ha ordenado al juzgado nº 2 de Navalcarnero que estudie el cambio de calificación de terrenos planteada por el Consistorio a raíz de la construcción de la circunvalación, ya que la carretera deja en su interior unos terrenos de un millón de m2 que, según el Plan General pasarán de rústicos a urbanizables. En ellos se podrán construir viviendas. El fiscal también instó a que se investigue quiénes son los propietarios de ese suelo, entre los que hay un ex alcalde del PP, Carlos Hernández. A Valerio le sorprende que en junio de 2000 la Comunidad aprobara una declaración y que la modificara en octubre de 2002 sin un nuevo periodo de información pública.(25/10/06)

ARROYOMOLINOS: EL CONSTRUCTOR San Román, TAMBIÉN ES el señor de ARROYOMOLINOS  

San Román también tiene intereses también en otras localidades, como Arroyomolinos. El pasado 15 de junio, el PSOE llevó a la Asamblea de Madrid una reclamación para evitar que la Comunidad permitiese al Ayuntamiento de Arroyomolinos, del PP, recalificar 154 hectáreas protegidas para construir 3.700 viviendas, una operación de la que se beneficiaría San Román. (31/07/06)

LOS MOLINOS: LA CONSEJERÍA DE URBANISMO PERMITE LEVANTAR 1.000 CASAS EN ZONA DE TRANSICIÓN DEL PARQUE NACIONAL

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha suspendido el plan general de Los Molinos, vigente desde 1969, y ha redactado unas normas de ordenación transitorias que recalifican 41 hectáreas para la construcción de 1.045 viviendas en la zona de transición del futuro parque nacional del Guadarrama. En ellas vivirán más de 3.000 vecinos, que permitirán que Los Molinos casi duplique su población actual. La consejería declara además como suelo urbano consolidado las cerca de 400 hectáreas existentes entre el casco urbano y las urbanizaciones periféricas, donde hay  grandes bolsas de suelo sin edificar. La orden de la consejería, en información pública hasta el próximo 22 de enero, insta también al Ayuntamiento de Los Molinos, del PP, a que revise el planeamiento antes de dos años. (14/01/06)

MORALZARZAL EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN URBANIZAR LA FINCA CUYA RECALIFICACIÓN HA SIDO RECHAZADA EN TRES OCASIONES POR LA COMUNIDAD

A pesar de que la Comunidad de Madrid ha rechazado el proyecto en tres ocasiones, el Ayuntamiento de Moralzarzal persiste en su intento de urbanizar esta zona alejada cinco kilómetros al norte del casco urbano principal, como si en ello le fuera la vida. El anterior Gobierno regional, presidido por Alberto Ruiz Gallardón, lo declaró en dos ocasiones como suelo no urbanizable de especial protección ambiental, y así figura en las normas de planeamiento vigentes desde hace tres años. y en la presente legislatura, en 2004, los técnicos regionales de medio ambiente volvieron a rechazarlo al desestimar el avance del plan general, en el que esa zona volvía a ser incluida como urbanizable. Este avance fue elaborado por Plarquin Consultores, sociedad dirigida por el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.

Como por sí solo el ámbito no se puede tramitar a través de una modificación puntual, el Ayuntamiento ha vuelto a aprobar un nuevo avance del plan general para intentar "colarlo" de  nuevo.  De salir adelante la nueva propuesta se reduciría el número de viviendas, de las iniciales 2.672 a 1.480, y en lugar de 1.049 protegidas se edificarían 880 (de las que 740 serían en alquiler con opción a compra), quedando 592 libres (222 pareados y 370 en bloques de dos alturas).

No queda aquí la cosa. Además, el concejal de Hacienda y Redes e Infraestructuras de Moralzarzal y portavoz del Partido Popular, Javier Martín Pascual, posee, junto a su esposa, María del Carmen Charro Huerga, dos promotoras inmobiliarias, Martin Huerga y Construcciones Plaza 4. Tras ser nombrado edil en Junio de 2003, tanto él como su esposa mantuvieron la administración de la primera, pero no sobre la segunda que fue delegada en sus hijas, según consta en el Registro Mercantil de Madrid. (26/04/06)

AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN EX CONCEJAL DE URBANISMO SE QUITA LA CARETA Y SE PASA AL LADRILLO  

El concejal de Vivienda del PP Sigfrido Herráez abandonó el Ayuntamiento de Madrid el 26 de septiembre pasado y, una semana más tarde, fichó como vicepresidente en una constructora. Este fichaje escandalizó a todos los grupos políticos, incluido el PP, aunque admitieron que legalmente no había incompatibilidad alguna. Un rastreo en las actividades de la constructora Rayet, en la que ahora trabaja Herráez, y en las empresas de su esposa, dedicadas a la construcción, demuestra que en la vida pública y privada del ex concejal hay un importante denominador común: el ladrillo.

Rayet está construyendo dos proyectos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herráez como concejal, y su esposa acaba de lograr la adjudicación de otro hospital en Vallecas, que sufraga la Comunidad de Madrid, del PP. Rayet SA está levantando el edificio más emblemático del Ensanche de Vallecas: el hospital de la Fundación Proyecto Alzheimer. Sigfrido Herráez (de profesión arquitecto) presidió la junta de compensación del Ensanche de Vallecas.

Esperanza Aguirre ha sido muy comprensiva en el asunto Herráez, Aguirre le prestó su apoyo: "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio". Entre Esperanza Aguirre y el matrimonio Herráez ha habido al menos otro punto de conexión en el pasado. En julio de 2003, el entonces concejal (a través de su empresa Arquitectura y Cultura SL) y su esposa María Gálvez (a través de Bimost SL) habían comprado al constructor del PP Francisco Bravo 52.700 m2 en Móstoles. Bravo admitió haber ayudado al tránsfuga Eduardo Tamayo en la huida que impidió que Rafael Simancas se alzara con la presidencia de la Comunidad de Madrid y facilitó que ésta fuera para Esperanza Aguirre tras repetir las elecciones. (2005)

POZUELO DE ALARCÓN: EL PELUQUERO DE AZNAR TAMBIÉN SE PASA AL LADRILLO

Pedro Romero Aguilar, peluquero del ex presidente del Gobierno, José María Aznar y adjudicatario de la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón, ha desarrollado en los últimos años una importante carrera empresarial. La trayectoria profesional de Pedro Romero Aguilar ha pasado de gestionar cinco peluquerías en Madrid a dirigir un complejo grupo de empresas. La relación de Romero con José María Aznar arrancó en 1995 cuando el ex presidente del Gobierno era líder de la oposición. El peluquero comenzó su carrera inmobiliaria en el año 2000 con la sociedad PRA Interglobe, donde se alió con el hotelero Rafael Santamaría Trigo.

El concurso para la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón ha sido adjudicado a Play Golf Gestión, en la que figuran como socios Juana Fernández (esposa de Romero), José Luis Sanz Arribas y Pedro Iván Romero, hijo del peluquero. Según datos del registro mercantil, el matrimonio Romero-Fernández y sus hijos aparecen en 14 sociedades, que tienen un capital social superior a los 10 millones de €, unos 1.600 millones de pesetas.

Pedro Romero Aguilar se ha asociado con varios constructores para realizar operaciones urbanísticas en las localidades de Alcorcón y Arroyomolinos, con un gran desarrollo urbanístico en los próximos años.  Pedro Romero fue el que puso en contacto al ex presidente con el golfista Manuel Piñero. A su vez, Piñero presentó al matrimonio Aznar a Germán Garrido, que les ha dado clases en el Club de Campo de Madrid. (2005)

EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE BOADILLA Y LAS CONCESIONES DE LIMPIEZA

El Tribunal Superior de Madrid ha "anulado" por "arbitraria" la concesión del servicio de limpieza otorgada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la empresa Urbaser. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido, concedió en 1993 la contrata de recogida de, basuras a Urbaser desatendiendo los criterios establecidos por la propia corporación y pese a que la oferta de esta empresa no era la más ventajosa, según los jueces. El Consistorio ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo porque, si la hubiera ejecutado nada más recibirla, la localidad se habría quedado sin servicio de recogida de basuras. En la sentencia dictada por los cinco jueces de la Sección Segunda del alto tribunal madrileño éstos dan un fuerte varapalo al Consistorio de Boadilla (18.900 habitantes) y le condenan a pagar a la empresa Urbaser " los daños y perjuicios" derivados de tan "arbitraria decisión". El acuerdo ahora anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue adoptado el 7 de julio de 1993, en la sesión plenaria del Ayuntamiento, presidido entonces por Nieves Fernández Crespo, En ese pleno, los ediles "adjudicaron a la compañía Urbaser el servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte" a los vertederos de tales desechos. El concurso para aspirar a esa contrata fue aprobado el 12 de noviembre, también en sesión plenaria. Las plicas se abrieron el 8 de enero de 1993. Se observó entonces que la oferta de Urbaser (la empresa que finalmente se quedó la adjudicación) era de 132.847.391 pesetas, en torno a siete millones superior a la que presentó la empresa denominada Rafael y Rogelio de la Paliza e Hijos. Los jueces destacan que la oferta de éstos últimos, 126.791.317 pesetas, fue considerada como " la más ventajosa" por los técnicos del Ayuntamiento "y con mejor resultado final en la relación peseta/medio" y que, por tanto, era merecedora de la contrata. Al concurso también concurrieron las empresas Servicios Aseos Urbanos, SA, BFl Ibérica y Castellana de Servicios. El equipo de gobierno del Partido, con mayoría de votos, optó por la de Urbaser (Junio 2000).

EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE POZUELO (MADRID) Y SUS ADJUDICACIONES AMIGAS

Leopoldo Gómez Gutiérrez, ingeniero municipal de Pozuelo de Alarcón, ha recomendado en diversos informes técnicos la contratación de una empresa, Construcciones Mariano Tello, cuyo dueño, Mariano Tello Sánchez, es su socio en dos inmobiliarias. La sociedad de Tello ha recibido más de 2.500 millones desde 1992 en obras municipales de Pozuelo. Además, este ingeniero municipal ha sido contratado a dedo por el Ayuntamiento de Madrid. Este funcionario del Ayuntamiento de Pozuelo, con 21 años de antigüedad, está vinculado a Mariano Tello Sánchez a través de la inmobiliaria Imperial 41, creada en 1988. Ambos son administradores solidarios. Esta sociedad poseía una finca en la calle madrileña del mismo nombre con un volumen edificable de 3.243 metros. Además, ha sido administrador de la inmobiliaria Los Llanos de Pozuelo, donde también figura Mariano Tello que posee unas fincas de 42.000 metros en dicho municipio desde 1991. Gómez Gutiérrez cesó como consejero de esa inmobiliaria en 1995, pero mantiene un 15% de sus acciones, según ha confirmado él mismo. El funcionario compatibiliza su empleo público, donde tiene que analizar ofertas de constructoras e inmobiliarias, con sus negocios urbanísticos privados. Gómez Gutiérrez y Mariano Tello comparten domicilio social en la calle de Opón, donde reside la constructora de Tello y las inmobiliarias de Gómez Gutiérrez y Tello. Esos negocios conjuntos no han impedido a Gómez Gutiérrez informar en diciembre de 1997 a favor de la adjudicación a Construcciones Mariano Tello del contrato exclusivo de mantenimiento y reparación de la pavimentación. Dicho contrato, vigente desde 1997 al 2001, ha supuesto ya 750 millones de facturación al socio del funcionario. Desde 1992, Mariano Tello ha facturado al Ayuntamiento de Pozuelo 1.837 millones en obras menores, que le fueron adjudicadas directamente con la intervención de su socio y funciona (Junio 2000).

LA FISCALÍA DE MADRID HA PRESENTADO UNA QUERELLA POR UN SUPUESTO DELITO DE PREVARICACIÓN CONTINUADA CONTRA EL ALCALDE POPULAR DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Ésta es la segunda querella que presenta la fiscalía en menos de un año contra el Alcalde Fernández Quejo. La primera fue también por un supuesto delito urbanístico, y en ella figuran inculpados, además, otros cinco concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento. En aquella ocasión se acusó al alcalde de haber 'beneficiado' a un constructor al que se permitió levantar nueve chalés en una zona protegida. Esta vez, la querella de la fiscalía, que investiga ya un juzgado de San Lorenzo, tiene que ver con las obras que efectúa una constructora en la calle de Santa Rosa, 15 bis, de esta localidad. En 1997 había en ese enclave una parcela de 2.400 metros cuadrados propiedad de Rosa Andradas Oreja, quien ha destapado las irregularidades (Marzo 2001).

UN ARQUITECTO JUZGA IRREGULAR EL HOTEL PROMOVIDO POR UN ALTO CARGO DE GALLARDÓN

Luis Moya, catedrático de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid, ha hallado numerosas irregularidades en el expediente aprobado por la C.A de Madrid para levantar un hotel en La Cabrera. El secretario general técnico de la Consejería de Justicia, Alejandro Sanz Peinado, y su familia, son socios de la empresa que promueve el complejo turístico. 'Un año después de la aprobación inicial, otro alcalde dijo que no podía dar la aprobación provisional porque el caso no se estudió lo suficiente, y sin embargo la Comunidad lo aprueba definitivamente; eso no se entiende bien', declaró Moya a Localia Televisión. Como se recordará, Alejandro Sanz, fue alcalde popular de La Cabrera durante ocho años (Marzo 2001).

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN: RECALIFICACIONES EDUCATIVAS A LA CARTA

El actual regidor de Alcorcón (144.000 habitantes), Pablo Zúñiga, del Partido, lleva al pleno la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que una parcela de 88.500 metros cuadrados situada entre los campus de Alcorcón y Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos se convierta en urbanizable. El destino previsto es la construcción de un colegio privado de 17.000 metros cuadrados y 400 viviendas, de las que sólo 85 (el 21,2%) serán de protección. El Plan General recogía que esa parcela se destinara a futuras ampliaciones de la universidad, ya que está situada de forma estratégica entre ambos campus (Marzo 2001).

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID CONTINUA CON SU POLÍTICA DE FOMENTAR LOS CONTRATOS AMIGOS

La Concejalía de Limpieza decidió en julio de 2000 regalar mordedores comestibles para perros, con forma de hueso, a los dueños de canes que hicieran cursos de concienciación. En septiembre, para comprar 100.000 de estos huesos, pidió ofertas a tres empresas relacionadas entre sí mediante socios comunes. El contrato, por valor de siete millones de pesetas, se adjudicó el pasado marzo a una de ellas. Es la segunda adjudicación 'a dedo' que se destapa en pocas semanas. El concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, asegura que 'desconocía' a los dueños de las empresas. La Concejalía de Limpieza decidió llevar a cabo la adquisición de estos huesos, confeccionados a base de carne, por la modalidad de 'contrato negociado sin publicidad'. En este tipo de contratos, el Ayuntamiento tiene la potestad de llamar a un mínimo de tres empresas de su elección y solicitarles ofertas. ¿Por qué se decidió este tipo de contrato y no uno público normal en el que pudieran presentarse todas las empresas que quisieran? En el expediente, uno de los técnicos de esta concejalía lo explica: 'Los huesos que se pretende adquirir deberán ser masticables, prensados y de un tamaño de 12 centímetros de longitud y 4,5 de grosor, que normalmente no se encuentran en el mercado, debiendo tener esas características inexcusablemente'. De este modo, se pidieron ofertas a tres empresas: Ala Quinta Publicidad, Nauta Navis y Ala Doce. La primera es propiedad de Román Palacios; la segunda, de Juan Julio Álvarez Guerra, y en la tercera son socios tanto Román Palacios como Juan Julio Álvarez Guerra. La oferta más barata, por siete millones de pesetas, fue la presentada por Ala Quinta, que, además, para mejorar la propuesta, prometió colocar un anagrama del Ayuntamiento en cada hueso de plástico.

El concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, del Partido, aseguró que desconocía absolutamente a los dueños de las distintas empresas. López Viejo, sin embargo, se confesó 'sorprendido de la relación existente entre algunas de las personas que conforman el cuerpo societario de las diferentes empresas'. El concejal de Limpieza prosiguió: 'Esto [que las empresas estuvieran relacionadas] era algo que desconocía, dado que la petición de ofertas se hizo a empresas distintas, con domicilios distintos y distantes, y sin ninguna relación aparente entre ellas'. 'A la vista de la documentación aportada, y máxime teniendo en cuenta que esta sociedad ha contratado con empresas privadas de prestigio, nada me hacía sospechar la existencia de esta situación'. El edil responsable de Limpieza aseguró que conocer 'la composición de cada sociedad y las posibles relaciones con otras empresas se torna prácticamente imposible' (Abril 2001).

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL: EL EX PRESIDENTE DEL PP INVESTIGADO POR VIOLAR NORMAS URBANÍSTICAS

El ex presidente del Partido de San Lorenzo de El Escorial y actual gerente de Urbanismo de Las Rozas, Juan Manuel de Santos, se saltó supuestamente las normas urbanísticas en la reforma de un piso y un ático de 300 metros cuadrados situado en pleno corazón de esa localidad monumental, según un dictamen de la Comisión de Patrimonio, integrada por técnicos del Ayuntamiento y la Comunidad. De Santos consiguió, en 1996, licencia municipal para restaurar la vivienda que ya existía en el número 28 de la calle de Floridablanca, pero, en lugar de limitarse a restaurarla, amplió el volumen de la finca. Incluso construyó en el ático un casetón para el ascensor, elevando a tal fin la altura del tejado (Abril 2001).

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRECIA INDICIOS DE DAÑO A LAS ARCAS PÚBLICAS EN LOS GASTOS DEL ALCALDE

Álvarez del Manzano gastó entre 1991 y 1999 más de 60 millones de pesetas de una cuenta restringida sin control de la intervención municipal. Parte de ese dinero se fue a regalos o donativos a familiares y amigos, según la documentación oficial. Los gastos según el Consejero del Tribunal de Cuentas Antonio del Cacho " pueden ser constitutivos de un alcance de caudales', lo que significa que la hacienda pública podría haber salido perjudicada por la gestión del alcalde. Esos indicios llevan al consejero de Cuentas a considerar que 'resulta procedente, para una mejor defensa de los intereses del erario público, que por la comisión de gobierno [del Tribunal] se nombre delegado instructor, como mantiene el fiscal'. El auto del consejero de Cuentas eleva las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento, que será quien deberá encauzar su propuesta a la comisión de Gobierno. La investigación se centrará en si es legal, como hizo el alcalde, gastar hasta 12 millones sin factura alguna o pagar con dinero público viajes particulares junto a su esposa, hacer donativos periódicos a la costurera de su mujer, comprar un televisor para el hogar del jubilado de un pueblo de Guadalajara donde se estaba construyendo un chalé o regalar joyas a personas cuya identidad no ha facilitado aún. Hace más de un año, Álvarez del Manzano optó por devolver 215.374 pesetas de dos viajes particulares a Mallorca y Sevilla que había pagado con dinero público por un supuesto error atribuido a su jefe de protocolo.

La ley del Tribunal de Cuentas define la irregularidad detectada, el denominado alcance de caudales, como 'saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos'. El consejero de Cuentas que ha investigado los gastos del alcalde, Antonio del Cacho, fue nombrado en su día a propuesta del Partido. Según la normativa del Tribunal de Cuentas, podía haber decretado el archivo de las actuaciones si hubiera entendido que los hechos investigados no revestían 'manifiestamente el carácter de alcance'.

El auto firmado por el consejero Del Cacho señala que los gastos del alcalde de Madrid 'pueden ser constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos, por lo que para una mejor defensa de los intereses del erario público, resulta procedente que por la comisión de gobierno se nombre delegado instructor, como mantiene el ministerio fiscal, para que se proceda a las prácticas prevenidas en el artículo 47 de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas'. Concluido el sumario, el Tribunal de Cuentas podrá optar por el archivo o llevar a juicio al alcalde de Madrid. El auto detalla como tras un intento fallido de recurso del Ayuntamiento de Madrid sobre esta investigación preliminar, en marzo pasado entregó los documentos pertinentes para la defensa del alcalde, y el pasado 5 de abril 'el representante procesal de don José María Álvarez del Manzano presentó escrito por el que se persona' en la acción pública emprendida por el PSOE hace un año. El tribunal forzará al regidor a que explique lo que no logró la oposición: el detalle de cómo y con qué criterios gastó más de 60 millones de su cuenta restringida y a qué personas y organismos fue el dinero (Mayo 2001).

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RECHAZA EL RECURSO DEL ALCALDE DE MADRID

El Tribunal de Cuentas ha rechazado el recurso del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, contra el nombramiento de un delegado instructor para investigar los indicios de daño al erario público originados en los más de 60 millones gastados entre 1991 y 1999 con cargo a su cuenta restringida.

El auto, fechado el día 12 de junio, rechaza la tesis del alcalde de que se hallaba sumido en una situación de 'indefensión: " La resolución recurrida no ha producido indefensión alguna, puesto que no se prejuzga la existencia o no de responsabilidad contable, sino que, por el contrario, se remiten las actuaciones a la comisión de gobierno para que se proponga el nombramiento de un delegado instructor con el fin de que realice las oportunas averiguaciones y las correspondientes diligencias con la finalidad prevista en el artículo 47 de la ley de funcionamiento [del Tribunal de Cuentas] y obtener los antecedentes necesarios para determinar las supuestas responsabilidades contables'. Y se recuerda que tal proceso precisamente persigue que 'con todas las garantías se investiguen los hechos' (Junio 2001).

JUICIO POR PREVARICACIÓN CONTRA UN DIPUTADO DEL Partido Y EX EDIL DE ARGANDA

El ex concejal de Seguridad de Arganda y actual diputado del Partido en la Asamblea Benjamín Martín Vasco será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia para responder de un delito de prevaricación y de otro contra los derechos de los trabajadores. Martín Vasco está acusado de cambiar, cuando era edil, el turno a un policía municipal y poner en su lugar a otro agente que era el marido de su secretaria. El fiscal imputa los citados delitos a Martín Vasco, actual portavoz del Partido en la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea, y pide para él una pena de siete años de inhabilitación y una indemnización de cinco millones de pesetas para el cabo de la Policía Municipal Enrique B. G. Este agente se querelló contra Martín Vasco por haberle cambiado su turno de trabajo sin, a su juicio, ninguna justificación. Los hechos que han llevado al diputado regional al banquillo de los acusados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se produjeron en 1998, según fuentes con acceso a las diligencias. El entonces edil de Seguridad de Arganda, localidad gobernada a la sazón por el Partido, ordenó al suboficial jefe de la Policía Municipal, Santiago D. F., que cambiase turno y cometido al cabo Enrique B. G. Éste trabajaba entonces de noche y percibía por ello un plus de nocturnidad. El edil ordenó que Enrique pasase a trabajar durante el día y que ocupase su puesto nocturno otro agente, en concreto, el marido de su secretaria. El suboficial jefe acató la orden, si bien remitió un escrito al edil indicándole que tal instrucción carecía de motivo (Julio 2001).

EL INTERVENTOR RECOMIENDA AL ALCALDE QUE JUSTIFIQUE EL GASTO DE SU CUENTA RESTRINGIDA

El interventor municipal Vicente Arnau recomienda la regulación de la cuenta restringida de 7,1 millones de pesetas anuales que el alcalde, José María Álvarez del Manzano, del Partido, utiliza discrecionalmente, y aconseja que todos los gastos cuenten con su oportuna justificación. Así lo expresa Arnau en el preceptivo informe previo a la aprobación de los presupuestos municipales, que serán votados en un pleno extraordinario. Esta cuenta restringida, objeto de una investigación del Tribunal de Cuentas, desató una tormenta política el año pasado. Entonces se destapó que, con cargo a esta cuenta, el alcalde había hecho durante años donativos a instituciones religiosas y algunos viajes particulares con su esposa, María Eulalia Miró, además de pagar un televisor para un hogar del jubilado y diversas cantidades como ayuda a la costurera de su esposa. Pero hay más de 12 millones de pesetas de los que no hay ningún justificante. El interventor opina que 'aquellos gastos que puedan considerarse estrictamente como de protocolo y representación [entre los que incluye la cuenta restringida del alcalde] deben ser objeto de regulación específica'. Arnau añade que todos los gastos cargados a esa cuenta 'deben ser consecuencia de actos de protocolo y representación', 'redundar en beneficio o utilidad de la Administración' y no suponer 'retribuciones en especie o metálico'. El informe detalla que cada gasto deberá estar justificado 'con facturas originales'. Incluso cuando 'los gastos no superen las 15.000 pesetas (...) podrá acompañarse el tique expedido por la caja registradora', apunta. Por último, el interventor señala que 'excepcionalmente', y para gastos de escasa cuantía en los que haya sido imposible la obtención de la factura, se expedirá por la autoridad competente una certificación (Noviembre 2001).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA (MADRID): IMPUTADOS DOS FUNCIONARIOS, UN EDIL Y UN CONSTRUCTOR

La juez de instrucción número 1 de Navalcarnero, que investiga unas presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en Sevilla la Nueva (4.000 habitantes), ha levantado el secreto del sumario. Este hecho ha permitido conocer que están imputados en la querella interpuesta por el fiscal el ex alcalde de la localidad y actual concejal Ángel Batanero, del Partido; el secretario del Ayuntamiento; el arquitecto municipal, y el constructor Luis Joaquín Garrigues López, socio de la constructora La Genovesa. Se le acusa a este último de la supuesta comisión de delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil y delito contable. La imputación incluye también a quienes sean administradores, socios o apoderados de las entidades La Genovesa, SA, El Cuadrito, SA, y El Frenedal, SA. La querella interpuesta contra los cargos públicos les acusa de presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documentos públicos, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias (Diciembre 2001).

LA OPERACIÓN CHAMARTÍN ARRANCA 10 AÑOS DESPUÉS DE SU PRESENTACIÓN CON EL DOBLE DE EDIFICABILIDAD

La construcción de la denominada nueva Castellana (más de tres kilómetros de vías e infraestructuras nuevas que prolongarán el actual paseo hasta la M-40) contará con fondos públicos y costará 100.000 millones más de las cifras anunciadas hasta ahora (150.000 millones). Benigno Blanco, secretario de Estado de Infraestructuras; Luis Eduardo Cortés, vicepresidente regional, e Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde, presenta un acuerdo que modifica sustancialmente una operación lanzada en 1993 para cubrir de edificios el mar de vías de la estación de Chamartín. Además de elevar a 250.000 millones el gasto previsto, el acuerdo incrementa la edificabilidad del 0,6 en vigor en la zona a un 1,05.

Los responsables de Urbanismo de las tres administraciones- Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid- comparecieron conjuntamente para presentar el 'arranque' definitivo de la Operación Chamartín. Pero el escenario de datos y cifras que desglosaron Benigno Blanco, Ignacio del Río y Luis Eduardo Cortés tiene prácticamente sólo dos puntos en común con lo que se conocía hasta ahora de esa operación urbanística anunciada en 1993: el deseo de alargar 3,5 kilómetros el paseo de la Castellana, hasta alcanzar la M-40 aprovechando la radical remodelación que sufrirán las instalaciones de Renfe, y la construcción de una nueva estación. Manteniendo esos dos puntos, el modo en que se va a desarrollar la extensión de la capital hacía el norte cambia radicalmente. Hasta ahora, estaba previsto un desembolso de 150.000 millones en infraestructuras. Dinero que tenía que aportar la empresa Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch). Esos fondos tenían que salir íntegramente de los beneficios (plusvalías) que generará la venta o alquiler de los miles de viviendas y oficinas que se construirán en la zona. Pero Duch, creada por Argentaria tras ganar esta entidad financiera el concurso convocado por Renfe para llevar a cabo la operación, lleva desde 1997 reclamando que las administraciones aporten dinero para la realización de las infraestructuras. Duch considera que la edificabilidad que fija el Plan General de Ordenación Urbana (0,6 metros cuadrados construidos sobre cada metro de suelo) es insuficiente para poder financiar toda la operación sólo con las plusvalías. El rechazo general de las administraciones a poner dinero público y los recelos del Ayuntamiento a subir la edificabilidad bloquearon durante años el desarrollo de la operación. Pero Duch ha conseguido ahora que se acepten sus propuestas: habrá dinero público y subirá la edificabilidad de la zona (Diciembre 2001).

EL HIJO DEL ALCALDE MANZANO ENVUELTO EN IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, se ve obligado a señalar que respalda la actuación de los funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo que abrieron expediente al arquitecto José María Álvarez del Manzano y Miró, hijo del alcalde de la capital, por carecer de licencia para construirse un ático en su vivienda del distrito de Hortaleza. El denunciado debe solicitar el permiso de inmediato tendrá que demoler la azotea. Tanto Álvarez del Manzano y Miró como otros nueve vecinos de su urbanización fueron denunciados por edificar los áticos ilegales por un mesonero al que aquéllos, previamente, obligaron a clausurar el horno de asar de su restaurante, instalado en la planta baja de la urbanización (Enero 2002).

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