COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
1. TRES
CANTOS: CORRUPTELAS INMOBILIARIAS
2. TRES CANTOS: FAMILIARES DE LA PRESIDENTA
REGIONAL IMPLICADOS EN TEMAS DE ESPECULACIÓN
3. VILLANUEVA DE LA CAÑADA: DE NUEVO, FAMILIARES
DE ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO' TRAS UNA GESTIÓN DEL EX DIRECTOR DE
URBANISMO
4. VILLANUEVA DE LA CAÑADA: EL EX JEFE DE
URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE DIMITIÓ, TRAS UN ‘PELOTAZO’ DE 4,3 MILLONES €
5. EL MOLAR:
EL EX DIRECTOR DE URBANISMO AGILIZÓ EL PLAN DE EL MOLAR EN EL QUE DIJO
HABERSE INHIBIDO
6. MAJADAHONDA:
DOS EX EDILES DECLARAN QUE LA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO RECIBÍA SOBORNOS
7. COLMENAR DE OREJA: LA COMUNIDAD DE MADRID,
ACUSADA DE COMPRAR SUELO POR ENCIMA DE SU COSTE
8. CARRETERA DE LOS PANTANOS: LA COMISIÓN
EUROPEA ABRE EXPEDIENTE POR LA AMPLIACIÓN DE LA M-501
9. pelayos de la presa:
EL AYUNTAMIENTO APROVECHA LAS OBRAS DE LA VARIANTE PARA RECALIFICAR TERRENOS
RÚSTICOS
10. Las RozaS: EL CONSTRUCTOR San
Román, el NUEVO señor de Las Rozas
11.
ARROYOMOLINOS: EL CONSTRUCTOR San Román, TAMBIÉN ES el señor de ARROYOMOLINOS
12.
TORRELODONES: EL ALCALDE RECALIFICA TERRENOS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO A AMIGOS Y
FAMILIARES DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN
13.
GALAPAGAR: UNA COMISIÓN EUROPEA INSTA A BRUSELAS A INVESTIGAR EL URBANISMO DE
ESTE MUNICIPIO
14. CHINCHÓN:
LA ALCALDESA ES ACCIONISTA DE DOS CONSTRUCTORAS DEL PUEBLO
15.
Brunete: un importante empresario Y PROMOTOR madrileño beneficiaDO DE UNAS NADA
CLARAS recalificaciones
16. QUIJORNA: LA ALCALDESA VENDIÓ UNA ALAMEDA
PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA RECALIFICÓ
17. SAN
LORENZO DEL ESCORIAL: LA DECLARACIÓN DE PORTO EN UN JUICIO DONDE TENÍA
INTERESES BENEFICIA AL ALCALDE DE SAN LORENZO
18. LOS MOLINOS: LA CONSEJERÍA DE URBANISMO
PERMITE LEVANTAR 1.000 CASAS EN ZONA DE TRANSICIÓN DEL PARQUE NACIONAL
19.
MORALZARZAL EL
AYUNTAMIENTO INSISTE EN URBANIZAR LA FINCA CUYA RECALIFICACIÓN HA SIDO
RECHAZADA EN TRES OCASIONES POR LA COMUNIDAD
20.
AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN EX CONCEJAL DE URBANISMO SE QUITA LA CARETA Y SE
PASA AL LADRILLO
21. POZUELO DE ALARCÓN: EL PELUQUERO DE AZNAR TAMBIÉN SE PASA
AL LADRILLO
22.
VALDEMORO: INCENDIAN UN COCHE DE UNA CONSTRUCTORA
QUE USABA EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA
23.
BRUSELAS EXPEDIENTA A ESPAÑA POR LA NUEVA LEY URBANÍSTICA DE ESTA COMUNIDAD
24.
ALCALDES VALENCIANOS PLANEAN
URBANIZAR CASI 200 MILLONES DE M2
25.
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN: LA MUJER DEL EX ALCALDE BENEFICIADA POR UNA
RECALIFICACIÓN DE TERRENOS
26. BURRIANA: LA RECALIFICACIÓN MASIVA DE SUELO EN LA COSTA DE
CASTELLÓN ABRE UNA CRISIS EN EL PP
27. OROPESA:
EL CONCEJAL DE URBANISMO DE OROPESA PAGÓ PARTE DE UNA PARCELA CON DINERO NEGRO
28. AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE: ABREN DILIGENCIAS CONTRA ALPERI POR SUPUESTO TRATO DE FAVOR AL
CONSTRUCTOR ENRIQUE ORTIZ
29. BENIDORM:
15 HOTELES DE BENIDORM SUPERAN EL VOLUMEN EDIFICABLE CON PERMISO DE LA
GENERALITAT
30. ORIHUELA:
LA JUEZ ADMITE LA DENUNCIA DEL 'CASO ORIHUELA' Y PIDE AL FISCAL QUE PROPONGA LAS
PRUEBAS A PRACTICAR
31. TORREVIEJA:
EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS DEL ALCALDE
32. ALCOI: UN ALTO
CARGO COMPRA UNA FINCA JUNTO A UN FUTURO CAMPO DE GOLF
33. DOLORES: EL
ALCALDE COMPRÓ CINCO PARCELAS EN LA HUERTA ONCE MESES ANTES DE RECALIFICAR EL
SUELO
34. LA VILA JOIOSA:
EL AYUNTAMIENTO PAGA POR UN SOLAR OCHO VECES MÁS DE LO QUE COSTÓ TRES MESES
ANTES
35. LA VILA JOIOSA:
EL AYUNTAMIENTO APRUEBA EL PLAN URBANÍSTICO ANULADO POR EL TSJ SIN
ADAPTARLO A LA LUV
36. Riba-roja:
FAMILIARES DEL
ALCALDE ESPECULAN EN EL PAI DE PORXINOS
37. BENIATJAR: UNA
URBANIZACIÓN DE CHALÉS APROBADA REVALORIZA SUELO DE UN CONCEJAL
REGIÓN DE
MURCIA
38. EL HERMANO DEL PRESIDENTE REGIONAL AVALA UN PRÉSTAMO A UNA
EMPRESA BENEFICIADA POR EL GOBIERNO REGIONAL
39. EL
PRESIDENTE REGIONAL ES ACUSADO DE PARTICIPAR EN UN 'PELOTAZO' URBANÍSTICO
40. LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE SE NIEGA, POR TERCERA VEZ, A ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DE PUERTO
MAYOR
41. EL FISCAL JEFE
DEL TSJRM RECLAMA UNA PRÓRROGA PARA SEGUIR INVESTIGANDO CASOS DE SUPUESTA
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
42. AYUNTAMIENTO DE MURCIA: EL CONCEJAL DE FOMENTO
ES SOCIO DE UNA EMPRESA AUTORIZADA A CONSTRUIR PISOS EN LA CIUDAD
43.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA: LA CORPORACIÓN RECALIFICA SUELO A UNA
COOPERATIVA VINCULADA A SU CONCEJAL DE URBANISMO
44. AYUNTAMIENTO DE MURCIA: SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN PENAL
POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL ARQUITECTO MUNICIPAL DE MURCIA
45. AYUNTAMIENTO DE MURCIA: EL AYUNTAMIENTO
QUINTUPLICA LA EDIFICABILIDAD PARA VARIAS PROMOTORAS, SUPONEMOS QUE AMIGAS
46. AYUNTAMIENTO DE MURCIA: EL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA RECLAMA EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PGOU DE MURCIA
47. CARTAGENA: INVESTIGAN JUDICIALMENTE UNA COMPRA
DE TERRENOS PROTEGIDOS
48. ÁGUILAS: LA FISCALIA INVESTIGA AL GOBIERNO
REGIONAL POR UN 'PELOTAZO' DE 75 MILLONES €
49. CIEZA:
DENUNCIAN AL ALCALDE POR SUPUESTA PREVARICACIÓN Y
FALSEDAD DE DOCUMENTO
50. SAN JAVIER: LA
FISCALÍA DE MURCIA INVESTIGA UN SUPUESTO TRATO DE FAVOR DEL ALCALDE A UNA
PROMOTORA A LA QUE ESTÁ VINCULADA
51. SAN JAVIER: EL ALCALDE ADJUDICA A UN PROMOTOR
URBANÍSTICO QUE FUE SU EX SOCIO LA CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DEL DEPORTE POR
4,5 MILLONES
52. MULA: EL CONCEJAL DE URBANISMO IRÁ A LOS TRIBUNALES POR
IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS
53. TORREPACHECO: EL
ALCALDE CONTINÚA TRABAJANDO PARA ‘POLARIS WORLD’ A PESAR DE SU PROMESA
54. AYUNTAMIENTO DE JAÉN: EL AYUNTAMIENTO
RECALIFICA DOS FINCAS MULTIPLICANDO EL VALOR DE LAS MISMAS
55.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: EL PGOU RECALIFICA UNA ZONA VERDE EN LA SE CONSTRUIRÁN 22
CHALÉS
56. NERJA: MULTA DE 873.520 € A LA EMPRESA
DE UN EDIL POR URBANIZAR SUELO PROTEGIDO
57. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ: EL COLEGIO DE
ABOGADOS CUESTIONA AL CONCEJAL DE URBANISMO DE CÁDIZ
58. LA LÍNEA
DE LA CONCEPCIÓN:
LA CONSTRUCTORA AIFOS DONÓ 90.000 € AL CONSISTORIO
59. ROTA: EL
CONCEJAL DE URBANISMO IMPUTADO POR PREVARICAR EN ASUNTOS INMOBILIARIOS
60. PUNTA
UMBRÍA: LA JUEZ INVESTIGA LA RELACIÓN DE PUNTA UMBRÍA Y EL 'CASO CAMAS'
60.
GIBRALEON. EL ALCALDE PRESENTA UN INFORME SOBRE
UNA PRESUNTA TRAMA URBANÍSTICA DE LA ANTERIOR CORPORACIÓN
61. LANJARÓN: EL ALCALDE DE
JUSTIFICA LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS Y RECALIFICA CINCO HECTÁREAS PARA UN
COMPLEJO TURÍSTICO JUNTO A UNA FINCA SUYA
62. NIGRÁN: EL
FISCAL VE INDICIOS DE DELITO EN OPERACIONES URBANÍSTICAS
63. TUI: EL PP
RATIFICA A UN ALCALDE POPULAR CON TRES PROCESOS JUDICIALES POR DELITOS
URBANÍSTICOS
ISLAS BALEARES
64. AYUNTAMIENTO DE IBIZA: EL EX MINISTRO MATUTES,
FAVORECIDO POR LA AUTOVÍA DE IBIZA, GRACIAS A LA
CONSELLERA DE VÍAS Y
OBRAS, QUE CASUALMENTE ES SU HIJA
65. SANT JOSEP: EL FISCAL SOLICITA CÁRCEL PARA UN
ALCALDE DE IBIZA POR PREVARICACIÓN
66. MONTPORT: LA CONSEJERO MONER OTORGÓ EN 2002
LICENCIA PARA 15 EDIFICIOS EN UNA ZONA INEDIFICABLE
67. SES SALINES: EL EX ALCALDE PIDIÓ PERSONALMENTE
A LOS ALCALDES LOS CERTIFICADOS PARA EL INTERÉS GENERAL DE SU FINCA
68. ANDRATX: LA FISCALÍA IMPULSA DOS CAUSAS POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA CONTRA
EL ALCALDE
69. SANTA MARGALIDA
LA FISCALÍA ABRE UNA SEGUNDA CAUSA POR LA CORRUPCIÓN
70. CIUTADELLA:
EL CASO DE UNA PERMUTA DE TERRENOS SIGUE ADELANTE EN EL
JUZGADO
71. TELDE: ARRESTADA UNA CONCEJAL POR EL CASO DE
CORRUPCIÓN EN TELDE
72. FUERTEVENTURA:
DENUNCIAN ANTE LA FISCALIZA ANTICORRUPCIÓN AL PRESIDENTE DEL PP POR PERMITIR LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA MANSIÓN EN UN MONUMENTO NATURAL
73.
SALAMANCA: EL
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA RECALIFICA TERRENOS DE LA FAMILIA DE UN CONSEJERO
AUTONÓMICO
74. NAVAS DEL MARQUÉS: EL GOBIERNO DE CASTILLA Y
LEÓN RECURRE LA SENTENCIA QUE IMPIDE TALAR EL REFUGIO DE CIGÜEÑAS PARA
CONSTRUIR UN CAMPO DE GOLF
75.
VILLANUEVA DE GÓMEZ. LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SE OPONE AL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y APRUEBA TRES CAMPOS DE GOLF EN UNA ALDEA
76. CEBREROS:
DIMITE LA ALCALDESA DE CEBREROS TRAS UNA ACUSACIÓN DE IRREGULARIDADES
URBANÍSTICAS
77. ARROYO DE
LA ENCOMIENDA:
UN JUEZ ORDENA INVESTIGAR LA
RECALIFICACIÓN PARA EDIFICAR 2.984 VIVIENDAS
78. ARROYO DE LA
ENCOMIENDA: FOMENTO ABRE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR AL EDIL DE ARROYO DUEÑO
DE DOS VPO, PESE A SER PROPIETARIO DE OTRAS TRES
79. PONFERRADA. EL DELEGADO EN LEÓN DEL GOBIERNO REGIONAL CONSTRUYE UN CHALÉ
ILEGAL EN ZONA RÚSTICA
80. YEBES - GUADALAJARA: LA FAMILIA DE ESPERANZA AGUIRRE BENEFICIADA POR LAS
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CIUDAD
81. SESEÑA: ZAPLANA IMPLICADO EN UN PELOTAZO URBANÍSTICO
PRINCIPADO DE
ASTURIAS
82. ASTURIAS: INVESTIGAN A UN SENADOR POR SU PRESUNTA
PARTICIPACIÓN COMO COMISIONISTA EN LA VENTA DE TERRENOS
83. BADAJOZ: LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ABRE DILIGENCIAS
INFORMATIVAS POR EL CASO GOLF GUADIANA
84. EGÜÉS: EL 'CASO EGÜÉS' LLEGA A LOS
TRIBUNALES
85. PAMPLONA:
LOS CONSTRUCTORES VEN "ESCANDALOSA" LA SUBASTA DE SOLARES POR EL
AYUNTAMIENTO
(2005)
86. LOGROÑO: EL AYUNTAMIENTO BENEFICIA A LA
FAMILIA DE PEDRO J. CON UN SUPUESTO "PELOTAZO"
87. SANTURDE: LA JUSTICIA INVESTIGA UN
"PELOTAZO URBANÍSTICO"
88. MANJARRÉS:
EL ALCALDE INCLUYE EN EL AVANCE DEL FUTURO PLAN GENERAL DE LA LOCALIDAD LA
RECALIFICACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS DE SU PROPIEDAD
89. LARDERO: EL
JUEZ ORDENA LA DEMOLICIÓN DE 43 PISOS AUTORIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO
90. LARDERO: EL
AYUNTAMIENTO PAGARÁ 3,2 MILLONES DE € POR LOS "DESMANES" DE SU ALCALDE
COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID
1. TRES
CANTOS: CORRUPTELAS INMOBILIARIAS
Tres Cantos
aprobó en 2003 su Plan General para seguir creciendo y en 2004, el Gobierno
local decidió que una empresa privada gestionase ese crecimiento. El ex
concejal Antonio Reino Cortés, del PP, se fue del Ayuntamiento para no votar
esa cesión. Antes, hizo este comentario a uno de sus colaboradores: "Voy a
ir al Delgado [asesor de la alcaldesa de Tres Cantos] a decirle oye, aquí me
he enterado yo, o sea, de que hay 30.000 millones, ¿quién se los va a
llevar? A ver, dime, quién se los va a llevar. Oyes que no que sí. Le diré
yo estoy aquí como un gilipollas levantando la mano para que tú te lleves 30
kilos, de eso nada".
En unas grabaciones realizadas en esa
época, se han escuchado, de boca de Antonio Reino, lindezas de este estilo: "En
esto tiene que estar Romero de Tejada". "Lo que sospecho es que en esto tiene
que estar Romero de Tejada [entonces secretario general del PP en Madrid y hoy
miembro del PP en el consejo de administración de Cajamadrid] con la otra. ¿Cómo
no va a estar el partido? ¿Cómo no va a estar enterado mi partido de lo que pasa
con el Plan General? ¿Mi partido con un plan general de ordenación urbana de 300
millones está ausente? Pero joder, la facción que tiene que estar ahí es la de
Romero de Tejada, Mario Utrilla
and company.
No me parece correcto lo que
hemos hecho.
(20/10/06)
2. TRES CANTOS:
FAMILIARES DE LA PRESIDENTA REGIONAL IMPLICADOS EN TEMAS DE ESPECULACIÓN
De la venta de
parcelas incluidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos
no sólo han salido beneficiados los tíos y primos de la presidenta de la
Comunidad de Madrid. La inmobiliaria de uno de sus hermanos, Aguirre Newman,
presidida por Santiago Aguirre podría haber actuado de intermediaria en esta
operación. Así, se incrementaría el número de personas del entorno de Aguirre
favorecidas por esta operación. Los antecedentes que sostendrían esta tesis se
remontan al 19 de febrero de 2003, dos días después de que se aprobara de forma
provisional el Plan General de Urbanismo de Tres Cantos. Es este día, cuando
Aguirre Newman S.A. solicita al ministerio de Hacienda un certificado catastral
de las fincas propiedad de Desarrollo Inmobiliario Área TC S.L. Esta última
empresa es propiedad de los tíos y primos maternos de Esperanza Aguirre.
Cuatro tíos maternos y cinco primos carnales de
Esperanza Aguirre compraron 23 fincas rústicas en Tres Cantos antes de que
fueran recalificadas. A los pocos días se recalificaron los terrenos, aumentando
considerablemente su valor. Ésta no ha sido la primera vez que la familia de
Aguirre se beneficia de una recalificación de terreno. Hace dos años una parte
de sus parientes, propietarios de unas tierras por las que pasaba el trazado del
AVE Madrid-Barcelona, vieron cómo el precio de estas se triplicaba.
El 13 de
febrero de 2001, poco después de la firma del contrato de arras, el pleno del
Ayuntamiento de Tres Cantos, gobernado por una coalición entre el PP y el
partido independiente de Tres Cantos Unido, aprobó el Avance del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), que afectaba a 17 de esas 23 fincas. Los parientes de
Aguirre vendieron los terrenos tres años después estas fincas, por 11,5 millones
€. (23/01/06)
3. VILLANUEVA
DE LA CAÑADA: DE NUEVO, FAMILIARES DE ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO'
TRAS UNA GESTIÓN DEL EX DIRECTOR DE URBANISMO
Alminar Villas,
una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza
Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones € en la
compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada cuyo plan de
urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general
de Urbanismo, que también tenía propiedades en esa zona. Dicha firma vendió
en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones € 24.326 m2
del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 €.
La presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de su portavoz, ha
declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en
relación con el sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde tanto Porto como
familiares de la jefa del Ejecutivo regional tenían unos terrenos que
vendieron en 2006 tras desbloquear urbanísticamente esa zona en 2004 el
citado alto cargo regional.
Gil de Biedma es uno de los operadores
inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se dedica, entre otras cosas, a
la compraventa de suelo en distintos municipios, en algunos casos en pleno
proceso de modificación de sus planes generales (aquellos que definen dónde y
cómo se puede edificar). Tanto Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como
Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y
comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) vendieron en enero de 2006
sus terrenos.
(17/10/06)
4. VILLANUEVA
DE LA CAÑADA: EL EX JEFE DE URBANISMO DE ESPERANZA AGUIRRE DIMITIÓ, TRAS UN
‘PELOTAZO’ DE 4,3 MILLONES €
El director
general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, autorizó en
2004 un plan parcial (Los Pocillos) de Villanueva de la Cañada (Madrid) que
incluía más de 20.000 m2, parte de los cuales eran de su
propiedad y otros de su sociedad Elclansol (que compartía con un concuñado
del alcalde). Porto dio por corregidas las deficiencias que bloqueaban su
urbanización desde hacía un año y vendió sus fincas en enero pasado por 4,3
millones €, frente a los 87.000 € pagados por él y sus socios antes de su
recalificación en 1999. Posteriormente, y tras descubrirse este embrollo,
Porto dimitió.
La historia de
este
pelotazo urbanístico se cierra el 11 de enero de 2006. Ese día,
la constructora Fadesa -firma que en ocasiones ha pagado servicios privados
arquitectónicos de Porto y de Plarquin, firma de sus socios- compra una
finca rústica de 2.000 m2 en Villanueva de la Cañada. Quienes la
venden la habían comprado en 1988 por 24.000 €. Sus propietarios eran
Enrique Porto y esposa (25%), y sus socios José María Fernández del Río y
esposa (25%) y Ricardo Ortega Aranegui (50%), concuñado de Luis Partida,
alcalde de Villanueva de la Cañada desde 1979. Su número registral es 4.159.
Pese al título
de "rústica" que le atribuye la escritura, ésta destaca que la finca "se
encuentra íntegramente incluida en el sector número 1 de suelo urbanizable
denominado Los Pocillos, que dispone a fecha de hoy de Plan Parcial aprobado
definitivamente y firme en derecho, y con fecha de publicación en el BOCAM
de 26 de noviembre de 2004". El precio de venta se tasa en 186 €/m2,
lo que brinda a los vendedores un ingreso total de 400.458 €.
Ese mismo día,
Elclansol, firma que incluye a los mismos propietarios (la esposa de Porto,
con régimen de gananciales, es socia desde noviembre de 2001, al igual que
Fernández del Río y el concuñado del alcalde de Villanueva de la Cañada),
vende también a Fadesa otras dos parcelas rústicas en dicho municipio:
números registrales 2.587 (11.285 m2) y 2.718 (10.062 m2).
La escritura, vuelve a recalcar, que "a fecha de hoy" ambas fincas están
incluidas en el sector del suelo urbanizable antedicho y que dispone de plan
parcial aprobado. Con igual precio por m2, la sociedad de Porto,
Elclansol, cobra 3,9 millones € por unos terrenos que le costaron 63.000 €
en 1994, antes de su recalificación.
Mientras, la
Presidenta Regional solo contesta con un lacónico "pregúntenle a Porto".
Ésta fue la respuesta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, dio
cuando se le preguntó sobre las razones de la dimisión del director de
Urbanismo, Enrique Porto. "Estará deseoso de contestarles", añadió. Ningún
miembro del Gobierno ha respaldado la gestión del alto cargo y sólo el Grupo
Parlamentario del PP en la Asamblea regional ejerció su defensa. (04/10/06)
5. EL
MOLAR: EL EX DIRECTOR DE URBANISMO AGILIZÓ EL PLAN DE EL MOLAR EN EL QUE
DIJO HABERSE INHIBIDO
El ex
director general de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto, tras admitir
que desde su nombramiento, en diciembre de 2003, ha autorizado media docena
de planeamientos redactados por sus socios privados en Brunete,
Ciempozuelos, Moralzarzal, Moraleja de Enmedio y Villanueva de la Cañada,
declaró que su única inhibición declarada se ceñía a la revisión de las
normas subsidiarias del SAU 21 de El Molar, cuyo plan parcial -que prevé
levantar más de 4.000 viviendas en la zona- ha redactado Plarquin.
Pero según
un escrito de 2004 firmado por Porto demuestra que intervino para tramitar y
agilizar el expediente. Realmente había un vínculo mucho más cercano entre
Porto y dicho proyecto: él mismo y luego Plarquin, la empresa de sus socios,
habían sido contratados para elaborar el planeamiento del SAU 21. En segundo
lugar: Porto no se inhibió en el expediente. No se inhibió en las fases
anteriores de su tramitación.
Un escrito
suscrito por él de 27 de diciembre de 2004, urge a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental a que emita el informe "en el menor plazo
posible". Su misiva recordaba al citado departamento -inserto en la
consejería de la que él depende, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio-
que en noviembre de 2003 dicha dirección emitió un informe en el que imponía
como condición para la aprobación del SAU 21 para uso residencial la
modificación de la huella sonora del aeropuerto de Barajas. Porto le informó
que el 28 de enero de 2004 se había aprobado la nueva huella de la
ampliación del aeropuerto, y que el alcalde de El Molar le presentó el 10 de
noviembre el expediente de cumplimiento de las condiciones impuestas por el
Gobierno regional en 2002. Sólo quedaba dicho informe, que resultó positivo. (25/09/06)
6. MAJADAHONDA:
DOS EX EDILES DECLARAN QUE LA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO RECIBÍA SOBORNOS
Los dos ediles de
Majadahonda expulsados del PP, José Luis Peñas y Juan José Moreno, ratificaron
ante el juez que un empresario les aseguró que Pammasa, empresa municipal que
gestiona el urbanismo en Majadahonda, recibía
maletines por la permuta de
derechos de edificación que permitía a los empresarios liberarse de construir
vivienda protegida.
El fiscal
preguntó a Peñas por la relación que podía tener la empresa Afar-4, una de las
constructoras que permutó derechos con el Ayuntamiento, con la adjudicación de
los derechos. El concejal respondió que el mismo empresario que le habló de los
maletines le comentó que para él la clave de la adjudicación se
encontraba en que "dos días después de la adjudicación, el alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá, constituyó una sociedad mercantil con Ignacio
Sánchez Junco". De Foxá, sin embargo, mantiene que la cesión a Pammasa se
realizó por ese dinero, debido a que no es lo mismo la venta a privados que a
una empresa municipal para edificar vivienda protegida.
El llamado ‘caso Majadahonda’, nos dejó una perla, ya que el actual
alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y su predecesor, el dimisionario
Guillermo Ortega, ambos del PP, involucraron a la presidenta del partido en
Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el conflicto suscitado en ese
Ayuntamiento como consecuencia de una operación urbanística realizada en una
parcela de propiedad municipal. Se ha difundido parte de una conversación
mantenida entre Foxá, Ortega y otros cargos del PP local, en la que el primero
asegura que Aguirre le ordenó paralizar la operación urbanística diseñada por
Ortega. (25/01/06)
7. COLMENAR DE OREJA: LA COMUNIDAD DE MADRID,
ACUSADA DE COMPRAR SUELO POR ENCIMA DE SU COSTE
La empresa
pública de la vivienda (Ivima) de haber comprado suelo a Fadesa Inmobiliaria por
encima de su precio para hacer pisos de protección oficial en Colmenar de Oreja.
El Ivima pagó 92,5 € por m2 para favorecer a Fadesa, cuando esos
mismos terrenos los había adquirido esta empresa unos meses antes al
Ayuntamiento de la localidad por sólo 29. Según las fuentes de la consejería de
Medio Ambiente, el mes de diciembre se invirtió 18,75 millones de € en la compra
de 200.000 m2 en Colmenar de Oreja a razón de 92,5 €/m2.
Pero las fuentes aseveraron que estos terrenos no se compraron a la empresa
inmobiliaria Fadesa, sino a ciudadanos particulares a través de talones
nominativos. Estos terrenos están situados en el sector urbanístico
“Valdeguerra”, donde está previsto un desarrollo urbanístico que incluye la
construcción de 4.500 viviendas protegidas.
(24/05/06)
8. AMPLIACIÓN
CARRETERA DE LOS PANTANOS: LA COMISIÓN EUROPEA ABRE EXPEDIENTE POR LA AMPLIACIÓN
DE LA M-501
La Comisión Europea
ha abierto expediente a España por considerar que los trabajos de ampliación
de la M-501, conocida como
carretera de los pantanos, "ponen en grave
peligro áreas protegidas". La Comisión exige una declaración medioambiental
completa. El Gobierno de Esperanza Aguirre, a pesar de que la obra contaba
con un informe contrario del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la eximió de declaración de impacto.
La gravedad con
que Bruselas valora la situación queda reflejada en que ha dado sólo un mes
de plazo a las autoridades españolas para responder y subsanar deficiencias.
"España no ha tenido suficientemente en cuenta los efectos de las obras en
las áreas aledañas, en especial sobre las aves y las especies animales de la
zona conocida como Encinares de los ríos Alberche y Cofio, en la que hay
lugares protegidos por la legislación de la UE para la protección de la
naturaleza", señala la Comisión. La duplicación de la carretera cuenta con
la oposición del PSOE e IU y de los grupos ecologistas que la han denunciado
en Bruselas.
La Directiva Hábitats
establece que cualquier plan que afecte a algún lugar de la red Natura 2000
(los Encinares del Cofio y el Alberche, por ejemplo), debe ser sometido a
una evaluación adecuada. A Bruselas le alarma que se haya "dividido las
obras de la M-501 en cinco subproyectos separados". Fuentes comunitarias
consideran que la división puede ser una estratagema "para evitar que se
conozca el auténtico impacto ambiental del proyecto". Con anterioridad a la
apertura de este expediente, el Gobierno de Esperanza Aguirre reconoció que
su proyecto para desdoblar un tramo de 15 kilómetros de la M-501
(carretera de los pantanos), ampliando carriles y duplicando la anchura
de la vía, favorecerá los desarrollos urbanísticos en una zona de alto valor
natural. Así se recoge en un informe realizado por la Consejería de
Transportes e Infraestructuras y entregado la semana pasada a los tres
alcaldes de los municipios implicados: Quijorna (PP), Navas del Rey
(independientes) y Chapinería (PP).
"El medio
ecológico no es el más afectado por la carretera, sino por los posibles
desarrollos urbanísticos", dice el estudio. Por ello, la Comunidad asegura
que pondrá medios para que se alcance un pacto entre todos los Ayuntamientos
de la zona con el fin de que se comprometan a "impedir un crecimiento no
marcado por sus planes y sin control". Pero el texto de la consejería no
concreta de qué forma y manera se pueden impedir esos desarrollos
urbanísticos desmedidos. La
carretera de los pantanos discurre junto
a una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), un entorno de gran valor
natural.
Aguirre siempre
ha dejado claro, desde que se hizo cargo de la presidencia de la Comunidad,
su intención de ampliar el tramo de autovía de la M-501 para hacerla más
segura. Cuando se le pregunta por este proyecto, ella suele responder: "¿Qué
son más importantes, las personas o los pajaritos?". (14/10/06)
9. PELAYOS DE LA PRESA:
EL AYUNTAMIENTO APROVECHA LAS OBRAS DE LA VARIANTE PARA RECALIFICAR TERRENOS
RÚSTICOS
En febrero de
este año se iniciaron las obras de la circunvalación de la M-501, de unos
seis kilómetros, a su paso por Pelayos de la Presa. La variante, situada
entre los kilómetros 50 y 54 de la M-501, pretende evitar el tránsito de
vehículos por el pueblo. El proyecto se topó con la oposición de grupos
vecinales y ecologistas. Los vecinos propusieron en 1996 el soterramiento
del tramo de 600 metros de la carretera que cruza el pueblo, para evitar una
circunvalación que afectara al rico entorno medioambiental. Pelayos de la
Presa está situado en la Zona de Especial Protección de Aves de los ríos
Alberche y Cofio.
No tuvieron
éxito, y la Comunidad optó por la variante. A pesar de los reveses, la
organización ecologista Sierra Oeste Desarrollo Sostenible no ha cejado en
su lucha y tiene abierto un recurso contencioso administrativo ante el TSJM
contra las obras por presuntos daños ambientales.
El fiscal de
Medio Ambiente, Emilio Valerio, también investiga la actuación. Valerio ha
ordenado al juzgado nº 2 de Navalcarnero que estudie el cambio de
calificación de terrenos planteada por el Consistorio a raíz de la
construcción de la circunvalación, ya que la carretera deja en su interior
unos terrenos de un millón de m2 que, según el Plan General
pasarán de rústicos a urbanizables. En ellos se podrán construir viviendas.
El fiscal también instó a que se investigue quiénes son los propietarios de
ese suelo, entre los que hay un ex alcalde del PP, Carlos Hernández. A
Valerio le sorprende que en junio de 2000 la Comunidad aprobara una
declaración y que la modificara en octubre de 2002 sin un nuevo periodo de
información pública.(25/10/06)
10. Las RozaS: EL CONSTRUCTOR San
Román, el NUEVO señor de Las Rozas
Fidel San Román, empresario detenido en la Operación Malaya de
Marbella por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y
prevaricación -fue puesto en libertad hace unos días bajo fianza-, es un viejo
conocido por los 75.000 vecinos de Las Rozas, gobernado por el PP. Sus cinco
sílabas son sinónimo de dinero, viviendas nuevas y poder. Pero, para algunos
compradores, San Román suena también a defectos de obra en sus viviendas y a las
denuncias interpuestas que todavía no han recibido respuesta. El conglomerado
empresarial de la familia San Román es responsable del 70% de las actuaciones
urbanísticas en Las Rozas. Opinan, asimismo, que el empresario es el que más se
ha beneficiado del aumento de viviendas auspiciado por el PP (que gobierna el
municipio). El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pendiente de aprobación
definitiva, prevé 7.556 viviendas nuevas en esa zona, y un techo poblacional de
110.000 habitantes, según el PP. El Ayuntamiento, gobernado por el PP y con
Bonifacio de Santiago de alcalde, prefiere no hacer declaraciones al respecto.
(31/07/06)
11.
ARROYOMOLINOS: EL CONSTRUCTOR San Román, TAMBIÉN ES el señor de ARROYOMOLINOS
San Román también tiene intereses también en otras localidades, como
Arroyomolinos. El pasado 15 de junio, el PSOE llevó a la Asamblea de Madrid una
reclamación para evitar que la Comunidad permitiese al Ayuntamiento de
Arroyomolinos, del PP, recalificar 154 hectáreas protegidas para construir 3.700
viviendas, una operación de la que se beneficiaría San Román.
(31/07/06)
12.
TORRELODONES: EL ALCALDE RECALIFICA TERRENOS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO A AMIGOS Y
FAMILIARES DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN
El Ayuntamiento de
Torrelodones, con los votos del PP, aprobó el cambio de uso del Área Homogénea
Norte para poder construir 1.536 viviendas, un campo de golf municipal, un
centro comercial y oficinas. Esta zona, de 128 hectáreas (la extensión de unos
150 campos de fútbol), adyacente a la A-6, se encuentra protegida desde 2003,
cuando el anterior alcalde, Enrique Muñoz, del PP, aprobó calificación como
suelo protegido por su valor ambiental. Pero la cosa no
queda aquí: también la
hermana del alcalde de Torrelodones, María Isabel
Galbeño, ha comprado, a través de una empresa familiar, terrenos en esta área.
La constructora C-15
de Morales adquirió varias parcelas en el Área Homogénea Norte antes de que el
equipo de gobierno del Ayuntamiento llevara y aprobara en el pleno municipal el
cambio de calificación de esos terrenos que estaban protegidos. El AHN que el
Consistorio quiere reclasificar fue protegida por la anterior corporación,
también del PP, dados sus valores naturales.
El alcalde, Carlos Galbeño,
destituyó a dos concejales del PP contrarios a estos trapicheos urbanísticos,
por no seguir, según él, la disciplina de partido. El Área Homogénea Norte
(AHN), una zona de 128 hectáreas en el término de Torrelodones, es como un
caramelo en el patio de un colegio. Un grupo de constructoras e inmobiliarias de
la zona compraron suelo en este terreno protegido por su valor ecológico. Muchas
de estas operaciones se produjeron antes de que el Consistorio comenzar los
trámites, en diciembre de 2004, para cambiar el uso de esas has. de encinas
centenarias y enebros. De protegido a urbano directamente.
Carlos Galbeño
también es amigo íntimo de José Luis Velasco, propietario de Accord, otra de las
empresas que se han hecho con suelo en esta zona. Eduardo Morales, cara visible
de C-15 y amigo personal de Galbeño y de Mario Mingo, presidente del PP local y
diputado nacional, también consiguió suelo.
(24/08/06)
13.
GALAPAGAR: UNA COMISIÓN EUROPEA INSTA A BRUSELAS A INVESTIGAR EL URBANISMO DE
ESTE MUNICIPIO
La Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido reclamar a la Comisión Europea que
inicie una investigación sobre el plan urbanístico de Galapagar. El
Ayuntamiento, del PP, ha aprobado de forma inicial un proyecto para construir
9.000 viviendas, lo que supondría duplicar la población de este municipio de la
sierra. El Defensor del Pueblo también ha reclamado información al Ayuntamiento
para estudiar las quejas de los vecinos sobre el nuevo plan municipal de
urbanismo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha iniciado el
examen de las alegaciones remitidas por la Plataforma de Vecinos contra el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de Galapagar. El proyecto urbanístico aprobado
por el Consistorio pretende duplicar la población de la localidad hasta los
60.000 habitantes. Además, la Comisión de Peticiones ha solicitado a la Comisión
Europea que inicie una investigación preliminar sobre el plan urbanístico de
Galapagar. La asociación de vecinos recibió la carta el 14 de agosto. "Nos
llamarán para que expliquemos nuestras alegaciones. (31/08/06)
14.
CHINCHÓN: LA ALCALDESA ES ACCIONISTA DE DOS CONSTRUCTORAS DEL PUEBLO
Luisa María Fernández Fernández, alcaldesa
merced a una moción de censura en la que su grupo junto con una concejal
tránsfuga del Partido Independiente, Isabel Montes, arrebataron la alcaldía al
PSOE, tiene intereses inmobiliarios en Chinchón. La nueva alcaldesa popular en
el momento de iniciarse la moción de censura era accionista de dos constructoras
de la localidad: Navarredonda 2000, SL, y Nuevas Propiedades Inmobiliarias
Chinchón, SL. El objeto social de ambas es la construcción y la promoción de
viviendas. Las dos constructoras están levantando viviendas en el casco urbano.
Todo hacía indicar que tras la moción de
censura se esconde una trama urbanística, algo que el PP niega.
Quién se beneficia del cambio es Javier
Sánchez-Lázaro, senador de la antigua Alianza Popular por Extremadura a
principios de los ochenta (PP), es administrador solidario y apoderado de la
empresa inmobiliaria Jabbar Inversiones. Esta empresa es dueña, a través de otra
denominada Inverwarner Promociones 2002, de una finca en Chinchón denominada
Dehesa de la Jara Alta (de 350 hectáreas). El consejero delegado mancomunado y
apoderado de Jabbar entre 1999 y 2003 y
accionista
de Inverwarner (sólo
tiene una acción), es Pedro García Valero. Éste, a su vez, es amigo y ex
compañero de trabajo de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario regional del PP,
en la empresa de fotocopias MIC Servicio de Copias, SL. Esta empresa salió a
relucir durante la comisión de investigación del llamado
caso Tamayo,
cuando dos diputados del PSOE (María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo) traicionaron
a su partido y se ausentaron durante la sesión de investidura del candidato
socialista Rafael Simancas.
En 2000, la entonces alcaldesa de Chinchón,
Ana María Magallares, del PP, elaboró el avance del plan general y recalificó
dichos terrenos de Jabbar. El PP dice que no fue ella directamente, sino que
había delegado las competencias urbanísticas en la Comunidad de Madrid, también
del PP. En las últimas elecciones el PP obtuvo cinco concejales, el PSOE logró 4
ediles y el Partido Independientes, 2. Socialistas e independientes decidieron
coligarse. Una de sus primeras acciones fue anular el avance del plan.
Para adquirir los terrenos de la Dehesa de
la Jara Alta, el entonces presidente de Jabbar, Javier Sánchez Lázaro, y su
consejero Pedro García Valero constituyeron la empresa Inverwarner Promociones
2002. Inverwarner tiene un capital social de seis millones de € que fueron
desembolsados por Pedro García (un euro) y Jabbar, con 5.999.999
participaciones. Los socios mayoritarios de la empresa MIC Servicios de Copias,
SL, en la que trabajaba Ricardo Romero de Tejada y Pedro García Valero, son los
hermanos Juan Carlos y Fernando Sánchez Lázaro, que fue diputado regional en la
Asamblea de Madrid (95-99).
(16/01/06)
15.
Brunete: un importante empresario Y PROMOTOR madrileño beneficiaDO DE UNAS NADA
CLARAS recalificaciones
Brunete es otra de las localidades madrileñas
gobernadas por el PP con presuntos episodios de especulación inmobiliaria. Las
recalificaciones de unos terrenos han beneficiado al empresario Luis García
Cereceda, dueño del célebre restaurante Zalacaín y uno de los hombres más ricos
del país. Las plusvalías a obtener por Cerceda son algo más de 730 millones €.
Todo comenzó cuando Luis García Cereceda, que opera a través de las
inmobiliarias Lugarce y Procisa, compró en el año 2000 una finca denominada
La Pellejera, situada en las afueras
de Brunete. La finca cuenta con una extensión aproximada de 800 hectáreas, de
las cuales, 600 hectáreas son de especial protección por razones
medioambientales al estar situadas dentro del parque forestal del río
Guadarrama. En las 200 hectáreas restantes es donde se centrará una parte de la
recalificación urbanística aprobada por el municipio madrileño.
Cereceda compró esos hace seis años por unos 30 millones €. La cantidad pagada
sorprendió en el pueblo, ya que parecía desorbitada teniendo en cuenta que, al
tratarse de suelo rustico, ese suelo tenía la naturaleza de no urbanizable.
Ahora el precio de la finca asciende a 1.300 millones €.
Ese mismo año 2000, el Ayuntamiento de Brunete, presidido por Félix Gavilanes,
del PP, inició los trámites para la aprobación del PGOU. Según se ha denunciado
el ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con una de las inmobiliarias donde
Cereceda es titular. Así, las 200 hectáreas de
La Pellejera pasaron a ser
urbanizables. Actualmente el plan general de urbanismo en Brunete tiene informe
favorable de la Comunidad de Madrid, pero todavía falta la aprobación del
Consejo de Gobierno para su ejecución. Es decir, Esperanza Aguirre tiene la
última palabra.
(05/09/06)
16. QUIJORNA:
LA ALCALDESA VENDIÓ UNA ALAMEDA PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA
RECALIFICÓ
La alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, del PP,
ha vendido a Sanedi, una empresa del grupo San Román, una alameda de 3.750
m2 calificada por el actual ordenamiento
del municipio (aprobado hace cuatro años) como zona protegida por su valor
ambiental. Pero en el nuevo avance del plan general, la finca se recalifica
y adquiere edificabilidad. La regidora asegura que no ha aprovechado su
cargo político para beneficiarse con esta venta. El Ayuntamiento adjudicó la
redacción del avance del plan a Plarquin, empresa de la que era socio
Enrique Porto, ex director general de Urbanismo. Quijorna, una localidad de
2.325 habitantes, sita a unos 35 kilómetros de Madrid, rodeada de montes
preservados y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los
Encinares de los ríos Alberche y Cofio.Los planes del
actual equipo de gobierno pasan por una enorme expansión urbanística del
pueblo. El nuevo avance del plan, todavía en tramitación, pretende llevar al
municipio a 60.000 habitantes y declarar urbanizable todo el suelo, excepto
las zonas intocables de la ZEPA y los montes preservados. El planeamiento
contempla recalificar 1.067 hectáreas, el 40% del término municipal. "Pero
en un espacio de entre 20 y 25 años", aclara la alcaldesa de la localidad.
Estos planes multiplican por 11 el suelo
declarado urbanizable, cuyas normas fueron aprobadas hace sólo 4 años. Dentro de
las zonas protegidas que pasarán a computar como suelo edificable, se encuentran
varias fincas situadas en medio de una alameda. Están calificadas como espacios
singulares, carrizales y espacios catalogados de especial protección de cauces y
riberas. Una de ellas, la parcela número 286, situada en el polígono 3,
pertenecía a la actual alcaldesa y a su marido, hasta que vendieron a la
promotora Sanedi (perteneciente al grupo de Fidel San Román, vinculado a la
Operación Malaya) por 270.455 €, 4 veces más de lo que se paga normalmente por
un espacio como éste, donde no se puede construir.
(29/09/06)
17. SAN
LORENZO DEL ESCORIAL: LA DECLARACIÓN DE PORTO EN UN
JUICIO DONDE TENÍA INTERESES BENEFICIA AL ALCALDE DE SAN LORENZO
El ex director
de Urbanismo de la Comunidad declaró como testigo en junio de 2005 en un
juicio contra José Luis Fernández Quejo, del PP, ex alcalde de San Lorenzo
de El Escorial, por un supuesto delito urbanístico y descalificó a uno de
los técnicos de su propio departamento que firmaron un informe que declaraba
nulas dos licencias urbanísticas. El alcalde fue posteriormente absuelto.
Este Ayuntamiento adjudicó a la empresa Plarquin, de la que Porto fue socio
hasta 2003, el desarrollo urbanístico de Monesterio, un proyecto de
construcción de miles de casas y un gran centro comercial en San Lorenzo.
La declaración
de Porto ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial fue providencial
para el alcalde y los otros cinco ediles acusados en ese proceso. El ex
director de Urbanismo compareció como testigo de tres abogados de los
acusados. Su testimonio desbarató en parte la principal prueba de cargo que
tenía el fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio. En el juicio, Porto
desacreditó el informe. Señaló que el Departamento de Inspección
Urbanística, del que había partido este informe incriminatorio, estaba bajo
su responsabilidad. Fuentes judiciales entienden llamativo que estas
manifestaciones las hiciera el ya ex director de Urbanismo de Madrid como
"testigo de la defensa" y que fuese la empresa Plarquin la que resultase
adjudicataria, en mayo de 2004, del diseño del desarrollo urbanístico de
Monesterio, un complejo urbanístico sito a 5 km. del casco urbano de San
Lorenzo para 18.000 personas.
(06/10/06)
18. LOS MOLINOS: LA CONSEJERÍA DE URBANISMO
PERMITE LEVANTAR 1.000 CASAS EN ZONA DE TRANSICIÓN DEL PARQUE NACIONAL
La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ha suspendido el plan general de Los Molinos, vigente
desde 1969, y ha redactado unas normas de ordenación transitorias que
recalifican 41 hectáreas para la construcción de 1.045 viviendas en la zona de
transición del futuro parque nacional del Guadarrama. En ellas vivirán más de
3.000 vecinos, que permitirán que Los Molinos casi duplique su población actual.
La consejería declara además como suelo urbano consolidado las cerca de 400
hectáreas existentes entre el casco urbano y las urbanizaciones periféricas,
donde hay grandes bolsas de suelo sin edificar. La orden de la consejería, en
información pública hasta el próximo 22 de enero, insta también al Ayuntamiento
de Los Molinos, del PP, a que revise el planeamiento antes de dos años. (14/01/06)
19.
MORALZARZAL
EL
AYUNTAMIENTO INSISTE EN URBANIZAR LA FINCA CUYA RECALIFICACIÓN HA SIDO
RECHAZADA EN TRES OCASIONES POR LA COMUNIDAD
A pesar de
que la Comunidad de Madrid ha rechazado el proyecto en tres ocasiones, el
Ayuntamiento de Moralzarzal persiste en su intento de urbanizar esta zona
alejada cinco kilómetros al norte del casco urbano principal, como si en
ello le fuera la vida. El anterior Gobierno regional, presidido por Alberto
Ruiz Gallardón, lo declaró en dos ocasiones como suelo no urbanizable de
especial protección ambiental, y así figura en las normas de planeamiento
vigentes desde hace tres años. y en la presente legislatura, en 2004, los
técnicos regionales de medio ambiente volvieron a rechazarlo al desestimar
el avance del plan general, en el que esa zona volvía a ser incluida como
urbanizable. Este avance fue elaborado por Plarquin Consultores, sociedad
dirigida por el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid,
Enrique Porto.
Como por sí
solo el ámbito no se puede tramitar a través de una modificación puntual, el
Ayuntamiento ha vuelto a aprobar un nuevo avance del plan general para
intentar "colarlo" de nuevo. De salir adelante la nueva propuesta se
reduciría el número de viviendas, de las iniciales 2.672 a 1.480, y en lugar
de 1.049 protegidas se edificarían 880 (de las que 740 serían en alquiler
con opción a compra), quedando 592 libres (222 pareados y 370 en bloques de
dos alturas).
No queda
aquí la cosa. Además, el concejal de Hacienda y Redes e Infraestructuras de
Moralzarzal y portavoz del Partido Popular, Javier Martín Pascual, posee,
junto a su esposa, María del Carmen Charro Huerga, dos promotoras
inmobiliarias, Martin Huerga y Construcciones Plaza 4. Tras ser nombrado
edil en Junio de 2003, tanto él como su esposa mantuvieron la administración
de la primera, pero no sobre la segunda que fue delegada en sus hijas, según
consta en el Registro Mercantil de Madrid. (26/04/06)
20.
AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN EX CONCEJAL DE URBANISMO SE QUITA LA CARETA Y SE
PASA AL LADRILLO
El concejal de
Vivienda del PP Sigfrido Herráez abandonó el Ayuntamiento de Madrid el 26 de
septiembre pasado y, una semana más tarde, fichó como vicepresidente en una
constructora. Este fichaje escandalizó a todos los grupos políticos,
incluido el PP, aunque admitieron que legalmente no había incompatibilidad
alguna. Un rastreo en las actividades de la constructora Rayet, en la que
ahora trabaja Herráez, y en las empresas de su esposa, dedicadas a la
construcción, demuestra que en la vida pública y privada del ex concejal hay
un importante denominador común: el ladrillo.
Rayet está
construyendo dos proyectos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue
directamente administrada por Herráez como concejal, y su esposa acaba de
lograr la adjudicación de otro hospital en Vallecas, que sufraga la
Comunidad de Madrid, del PP. Rayet SA está levantando el edificio más
emblemático del Ensanche de Vallecas: el hospital de la Fundación Proyecto
Alzheimer. Sigfrido Herráez (de profesión arquitecto) presidió la junta de
compensación del Ensanche de Vallecas.
Esperanza Aguirre ha
sido muy comprensiva en el asunto Herráez, Aguirre le prestó su apoyo: "En el
futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio". Entre Esperanza
Aguirre y el matrimonio Herráez ha habido al menos otro punto de conexión en el
pasado. En julio de 2003, el entonces concejal (a través de su empresa
Arquitectura y Cultura SL) y su esposa María Gálvez (a través de Bimost SL)
habían comprado al constructor del PP Francisco Bravo 52.700 m2 en
Móstoles. Bravo admitió haber ayudado al tránsfuga Eduardo Tamayo en la huida
que impidió que Rafael Simancas se alzara con la presidencia de la Comunidad de
Madrid y facilitó que ésta fuera para Esperanza Aguirre tras repetir las
elecciones.
(2005)
21. POZUELO DE
ALARCÓN: EL PELUQUERO DE AZNAR TAMBIÉN SE PASA AL LADRILLO
Pedro Romero Aguilar, peluquero del ex presidente del Gobierno, José
María Aznar y adjudicatario de la explotación del campo de golf de Pozuelo de
Alarcón, ha desarrollado en los últimos años una importante carrera empresarial.
La trayectoria profesional de Pedro Romero Aguilar ha pasado de
gestionar cinco peluquerías en Madrid a dirigir un complejo grupo de empresas.
La relación de Romero con José María Aznar arrancó en 1995 cuando el ex
presidente del Gobierno era líder de la oposición. El peluquero comenzó su
carrera inmobiliaria en el año 2000 con la sociedad PRA Interglobe, donde se
alió con el hotelero Rafael Santamaría Trigo.
El concurso para
la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón ha sido adjudicado a
Play Golf Gestión, en la que figuran como socios Juana Fernández (esposa de
Romero), José Luis Sanz Arribas y Pedro Iván Romero, hijo del peluquero.
Según datos del registro mercantil, el matrimonio Romero-Fernández y sus
hijos aparecen en 14 sociedades, que tienen un capital social superior a los
10 millones de €, unos 1.600 millones de pesetas.
Pedro Romero Aguilar se ha asociado con varios
constructores para realizar operaciones urbanísticas en las localidades de
Alcorcón y Arroyomolinos, con un gran desarrollo urbanístico en los próximos
años. Pedro Romero fue el que puso en contacto al ex presidente con el
golfista Manuel Piñero. A su vez, Piñero presentó al matrimonio Aznar a
Germán Garrido, que les ha dado clases en el Club de Campo de Madrid.
(2005)
22.
VALDEMORO:
INCENDIAN UN COCHE DE UNA CONSTRUCTORA QUE USABA EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA
La investigación
del incendio intencionado que calcinó un vehículo que usaba el consejero de
Presidencia de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha descubierto que el
coche estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, Grandes Locales de
Negocios. Granados fue alcalde de esa localidad hasta 2003, cuando entró a
formar parte del Gobierno de Esperanza Aguirre como consejero de Transportes
e Infraestructuras. Ahora es el titular de Presidencia. Además, fue elegido
secretario general del PP de Madrid hace casi dos años.
(25/10/06)
23.
BRUSELAS EXPEDIENTA A ESPAÑA POR LA NUEVA LEY
URBANÍSTICA DE ESTA COMUNIDAD
Por todo ello,
Bruselas ha dado un duro varapalo a la Generalitat
Valenciana con el urbanismo como protagonista. La UE reclama ahora la
modificación de la Ley Urbanística Valenciana, aprobada a finales de 2005
precisamente para adaptar el sistema urbanístico valenciano a la legislación
comunitaria y para sustituir a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística,
también censurada en Bruselas. Y todo por la misma razón: la violación de las
normas de contratación pública. La Comisión amenaza con llevar el caso a los
tribunales si no recibe una "respuesta satisfactoria" en dos meses. Bruselas
lanzó una nueva advertencia contra España, al exigirle que modifique la ley
Urbanística Valenciana (LUV), ilegal a ojos de la Comisión Europea, por no
respetar las leyes de contratación pública. Mediante un "dictamen motivado
suplementario", el Ejecutivo comunitario pidió a España que adapte la
legislación urbanística valenciana a la europea, y amenazó con llevar el caso
ante los tribunales europeos si no obtiene una "respuesta satisfactoria" en dos
meses.
Es el segundo paso de un procedimiento de infracción abierto el
pasado abril contra la LUV, que entró en vigor el pasado febrero y que sustituye
a su vez a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de 1994, también
cuestionada por Bruselas. Las autoridades comunitarias consideran que esas leyes
violan las normas europeas. En concreto, consideran contrarios a las reglas del
mercado interior los anuncios de los concursos de obras públicas, los
procedimientos de adjudicación de los Programas de Actuación Integrada (PAI) a
los agentes urbanizadores (promotores privados que pueden actuar con capacidades
de la Administración pública), así como la posibilidad de modificar las
condiciones de los contratos en el momento de la adjudicación o incluso durante
su ejecución.
(05/04/06)
24.
ALCALDES VALENCIANOS PLANEAN URBANIZAR CASI 200 MILLONES DE M2
La mesa del
consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula solicitudes
municipales para reclasificar 194,5 millones de m2 de suelo que
actualmente están fuera de ordenación. Una superficie que equivale al doble
de la que ocupa la ciudad de Barcelona, que tiene una extensión de 100 km2.
De los 542 ayuntamientos valencianos, 123 aspiran a recalificar de suelo
rústico a urbanizable 67,2 millones de m2 en la provincia de
Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59,3 millones en la de
Alicante.
Francisco Camps
sabía de sobra cuál era el talón de Aquiles de su Gobierno cuando en junio
decidió colocar al frente de la Consejería de Territorio a Esteban González
Pons, una persona de confianza, en sustitución de Rafael Blasco. Todas las
encuestas coincidían en señalar que la gestión del Gobierno valenciano en
urbanismo y ordenación del territorio era, con diferencia, la peor valorada
por los ciudadanos. Un sondeo del Instituto Opina de octubre de 2005
confirmaba que el 28,5% de los encuestados aseguraba que la política del
Ejecutivo regional en esta área era mala, frente a un 18,5% que la
consideraba buena. Un año después empeoró. Para el 36% de los ciudadanos, la
gestión del territorio seguía siendo mala.
La imagen tan
negativa es el resultado de la suma de numerosos factores que incluyen desde
presuntos casos de corrupción que afectan a los alcaldes de Orihuela y
Torrevieja hasta megaproyectos urbanísticos como el plan Rabassa de
Alicante, que supone la construcción de 15.000 viviendas que habitarán
45.000 personas en 10 años y que supondrá un incremento del 15% de la
población.
Pero sobre todo,
es el resultado de la feroz crítica del Parlamento Europeo a un modelo de
crecimiento del territorio. Las quejas de 15.000 ciudadanos afectados por la
aplicación de la legislación urbanística valenciana llenaron los despachos
de la Eurocámara, que envió dos misiones de eurodiputados a la Comunidad
Valenciana para concluir, en un informe aprobado por el pleno de la Cámara
el año pasado, que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)
vulneraba los derechos de los pequeños propietarios. El Consell de Camps
intentó remediar el rapapolvo europeo con la aprobación de una nueva ley en
la que aseguraba que corregiría los vicios de la anterior, pero la Ley
Urbanística Valenciana (LUV) no pasó el examen. La Comisión Europea dio hace
dos semanas un nuevo ultimátum a la Generalitat para que cambie la LUV y la
adapte a las directivas europeas sobre contratación pública, de modo que se
garanticen el control administrativo y la transparencia en la gestión
urbanística. De hecho, decenas de municipios presentaron PAI a toda prisa
antes del pasado febrero, cuando entró en vigor la LUV.
25. AYUNTAMIENTO DE
CASTELLÓN: LA
MUJER DEL EX ALCALDE BENEFICIADA POR UNA RECALIFICIÓN DE TERRENOS
Justo un día
antes de que entrara en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), el PP
de Castellón aprobó una serie de actos urbanísticos en una zona en la que la
esposa del ex alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, tiene dos solares. La
oposición denunció la operación en el salón de plenos y cuestionó que el PP
priorice un sector urbanístico que incluye propiedades de la mujer del ex
alcalde de Castellón. "Parece que este trámite es una huida para que quien pueda
se escape de la nueva ley. ¿Y por qué se ha priorizado este sector? Pues resulta
que en este sector 13 hay terrenos propiedad del anterior alcalde", aseguraron.
Antes de aquella maniobra, las dos parcelas de la
esposa del ex alcalde, María Nieves Serrano, tenían la calificación de no
urbanizable y un coste económico que aún no se había revalorizado. Actualmente,
el ex alcalde de Castellón del PP, José Luis Gimeno, compatibiliza actividades
privadas y publicas. Es socio de una mercantil de la construcción, Grupo Gimeno,
adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Castellón. Paralelamente, Gimeno es
también consejero de la empresa pública Gumsa, una sociedad gestora de
promociones urbanísticas en Castellón. La función de esta gestora municipal es
promover y gestionar el suelo con actuaciones urbanísticas en zonas poco
atrayentes para las empresas privadas. (01/02/06)
26.
BURRIANA: LA RECALIFICACIÓN MASIVA DE SUELO EN LA COSTA DE CASTELLÓN ABRE
UNA CRISIS EN EL PP
El alcalde de Burriana (Castellón), Alfonso
Ferrada, del PP, aprobó en enero la adjudicación del desarrollo urbanístico de
700.000 m2
en una franja próxima a la costa del municipio, pese a la
existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios,
contrario a dicha adjudicación. Distintas empresas inmobiliarias compraron suelo
rústico hasta 6 meses antes de recalificarse los terrenos. La operación
urbanística ha suscitado una crisis en el PP y ha obligado a intervenir al
presidente provincial, Carlos Fabra.
El alcalde de Burriana no escondió su empeño en
adjudicar el programa a Corporación Inmobiliaria Albia, SA, una empresa que
hasta seis meses antes había estado adquiriendo terrenos rústicos en una zona
que, con la aprobación del programa, se recalificaría como urbanizable. Ferrada
desmintió la existencia de un "pelotazo" y en su día aseguró que había conocido
a los socios de Corporación Inmobiliaria Albia el mismo día que presentaron su
propuesta urbanística en el Ayuntamiento.
En cualquier caso, la decisión del alcalde ha
provocado una crisis en la que ha tenido que intervenir el presidente provincial
del PP, Carlos Fabra, ya que los populares gobiernan en el municipio con una
diferencia de un solo concejal y el grupo se había fragmentado de forma notoria.
Según el expediente, el valor de los terrenos a urbanizar, una vez conocida la
intención del Ayuntamiento de apoyar el desarrollo aunque el suelo aún no
estuviera recalificado, se multiplicó por seis. Además, la adjudicación de la
urbanización ha estado plagada de irregularidades. En cualquier caso, sobre la
misma aún está pendiente el visto bueno de la Generalitat valenciana, con
competencias sobre materia urbanística, que ha de aprobar definitivamente el
proyecto.
(28/09/06)
27. OROPESA:
EL CONCEJAL DE URBANISMO DE OROPESA PAGÓ PARTE DE UNA PARCELA CON DINERO
NEGRO
El concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat (PP), adquirió en el año
2000, tres años antes de ser elegido edil, cinco parcelas en el municipio. La
compra de una de ellas desencadenó el inicio de un litigio judicial sobre la
titularidad de la misma, por lo que fue llamado a declarar, en calidad de
testigo, en la instrucción de las diligencias abiertas por la querella que
presentó un vecino que la reclamaba.
En su declaración
ante el juez, que tuvo lugar en julio de 2003, según consta en el acta, Fabregat
dijo haber pagado parte de la finca "en dinero negro".
Según indica el
documento que recoge su testimonio, este dijo que "entregó a cambio de la finca
un millón de pesetas y, aparte, 500.000 en dinero negro". El edil aseguró no
recordar los términos utilizados en su declaración ni por qué habló de "dinero
negro" ya que ha "cumplido con Hacienda" y con sus "declaraciones
patrimoniales". La declaración ante el juez tuvo lugar un mes después de que
Fabregat tomara posesión como concejal de Urbanismo de Oropesa, aunque hacía
referencia a una operación realizada tres años antes. Entonces, en 2000,
Fabregat, junto a su esposa, adquirió cinco pequeñas parcelas entre los meses de
junio y septiembre, por las que desembolsó, según figura en el registro de la
propiedad, algo más de 75.000 €. La superficie total de las cinco fincas
asciende a 11.811 m2, lo que supone que las compró a un precio medio
de 6,3 €.
En octubre, entre
uno y cuatro meses después de su adquisición, el ahora edil y su esposa firmaron
un contrato de compraventa con Construcciones Castellón 2000, del grupo Marina
d'Or, que preside Jesús Ger, por el que vendía las cinco fincas por un precio
total de 567.905 €, es decir, por alrededor de 48 €/m2, lo que
reportó a Fabregat y a su esposa un beneficio de 492.000 €. Pese a que la
operación de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción pública de la misma
no se realizó hasta mayo de 2003, un mes antes de que se celebraran las
elecciones municipales en las que salió elegido el edil. Fabregat admitió la
alta rentabilidad de la operación aunque sostuvo que "el precio lo marca el
mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho", pese a que se trata de
fincas rústicas que en el Plan General de Ordenación Urbana aparecen calificadas
como "agrícola protegido". (28/03/06)
28. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: ABREN
DILIGENCIAS CONTRA ALPERI POR SUPUESTO TRATO DE FAVOR AL CONSTRUCTOR ENRIQUE
ORTIZ
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de
Alicante, Jesús Gómez Angulo, ha abierto diligencias previas por la denuncia del
fiscal Anticorrupción contra el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y los
ediles de Urbanismo y Tráfico, Sonia Castedo y Luis Concepción, respectivamente,
por el presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la contratación de
tres aparcamientos, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia. El
magistrado ha incoado las diligencias número 4.600 y prepara la notificación de
la causa a los cinco denunciados, que son el alcalde, los dos ediles, el técnico
de Tráfico Antonio Escobedo y el representante legal de la mercantil Ortiz e
Hijos.
Según la Fiscalía, los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de
prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de fondos públicos
y apropiación indebida. El fiscal Felipe Briones inició la investigación a
instancias de una denuncia del dirigente vecinal José Luis Valdés por supuestas
irregularidades en el contrato de adjudicación de los aparcamientos subterráneos
de Padre Esplá, Catedrático Soler y Hermanos López de Osaba. Según el fiscal,
las irregularidades han causado un quebranto económico a las arcas municipales
estimado en 2.268.060 euros al menos.
Felipe Briones advirtió en su denuncia que existió
un concierto entre el alcalde y los ediles de Urbanismo y Tráfico para conferir
a Ortiz mejoras respecto al contrato inicial después de que dos técnicos
informaran en contra de ellas. Para ello, “se decidió dejar sin resolver la
denegación de las modificaciones” y “sustituir el órgano gestor”, trasladando el
expediente a la Concejalía de Tráfico. El nuevo funcionario “en cumplimiento de
instrucciones verbales de su concejal emitió un informe”, “proponiendo
compensaciones a Ortiz por la aparición de necesidades nuevas y circunstancias
imprevistas”, según el fiscal. (22/09/06)
29. BENIDORM:
15 HOTELES DE BENIDORM SUPERAN EL VOLUMEN EDIFICABLE CON PERMISO DE LA
GENERALITAT
El portavoz del PP
en el Congreso y ex alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, benefició a los
hoteles de esa ciudad en su etapa como presidente de la Generalitat valenciana.
Zaplana otorgó en 2001 a ese municipio bonificaciones urbanísticas a través de
una modificación puntual del plan general que permitió a ciertos
establecimientos turísticos exceder la edificabilidad prevista hasta en un 40%.
A la medida, que se denominó
premio hotelero, se acogió una quincena de
hoteles con el compromiso verbal de aportar a cambio al Ayuntamiento unas
compensaciones en solares que no se han producido.
Cuando Zaplana, que
había llegado a la alcaldía de Benidorm gracias al voto de una tránsfuga,
accedió a la Generalitat, quiso dar un impulso al sector turístico con
iniciativas como el parque Terra Mítica. Desde la presidencia del Gobierno
valenciano planteó a los empresarios agrupados en la patronal Hosbec la
necesidad de renovar la planta hotelera para crear complejos de cuatro y cinco
estrellas, reconvirtiendo los que tenían dos y tres.
El proyecto fue
acogido de forma entusiasta por los empresarios y por su sucesor en la alcaldía,
Vicente Pérez Devesa. Algunos municipios como Benidorm o las localidades vecinas
de La Vila Joiosa y L'Alfàs del Pi (en aquel momento gobernadas por la
izquierda) se dejaron llevar por el ímpetu constructor hotelero e introdujeron
apartados en los planeamientos que entonces redactaban para permitir que estas
industrias tuvieran todas las facilidades.
Fuentes del
departamento de Urbanismo explican que el anterior alcalde, Vicente Pérez
Devesa, llegó a plantear en 2005 una propuesta a la actual Consejería de
Territorio para que los hoteleros compraran parcelas de Serra Gelada, un paraje
del municipio, y las cedieran al parque natural. Cinco años después y con los
hoteles a pleno funcionamiento, el municipio no ha obtenido los beneficios
prometidos. (04/08/06)
30. ORIHUELA:
LA JUEZ ADMITE LA DENUNCIA DEL 'CASO ORIHUELA' Y PIDE AL FISCAL QUE PROPONGA LAS
PRUEBAS A PRACTICAR
La titular del
Juzgado nº 4 de Orihuela ha admitido la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción
de Alicante por 30 supuestos hechos delictivos por la gestión urbanística y
contable en el Consistorio oriolano del PP. La magistrada ha comunicado su
decisión al fiscal para que este presente el escrito de proposición de pruebas.
Los denunciados son el alcalde, cuatro concejales, tres asesores, el secretario,
cuatro promotores y la firma Necso. Mientras, la Comisión de Hacienda ha
suspendido indefinidamente la nueva contrata de basuras en espera de tres
informes externos. La titular del Juzgado nº 4, Lidia Mª Paloma Montaño, rechazó
inicialmente la competencia del caso e impugnó el reparto del Decanato de los
Juzgados de Orihuela.
El fiscal remitió el
escrito el pasado día 14 y el Decanato asignó el caso a la oficina de Montaño
dos días después. La magistrada consideró que la denuncia del fiscal
Anticorrupción, Felipe Briones, era una ampliación de una causa abierta en el
Juzgado número 6 sobre uno de los puntos incluidos en el escrito del ministerio
público y, por tanto, que era esa oficina competente. El Decanato rechazó el
recurso de la juez y mantiene que, por reparto, su oficina es la que tiene que
instruir la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Acto seguido, la magistrada
acordó la admisión de la misma y dio traslado de su decisión al ministerio
público para que presente el escrito de proposición de pruebas. El fiscal acusa
a los denunciados de los supuestos delitos de malversación, falsedad, tráfico de
influencias y prevaricación.
Pero José
Manuel Medina da para mucho más: Un nuevo capítulo en el caso de irregularidades
urbanísticas se ha registrado en el municipio de Orihuela, gobernado por el PP.
En esta ocasión, ha sido la conselleria de Territorio y Vivienda, quien ha
decidido abrir un expediente “informativo” sobre la reclasificación de unos
terrenos protegidos en el paraje de Las Asomadas. La institución pública quiere
comprobar si se han cumplido todas las condiciones que desde la Comisión
Territorial de Urbanismo (CTU) y la propia conselleria exigieron para la
aprobación del proyecto urbanístico en esta zona.
Actualmente
José Manuel Medina, alcalde de Orihuela, del PP,
es imputado por los delitos de cohecho y tráfico de
influencia. Los presuntos delitos están derivados de su uso privado
de bienes de promotores y de la adjudicación ilegal de tres programas
urbanísticos. Estos planes de urbanismo, según la Fiscalía Anticorrupción, han
sido desarrollados en zonas donde no se podían llevar a cabo, como es el caso de
huertas protegidas. Además, estas adjudicaciones incluyeron recalificaciones de
suelo, no justificadas para el Ministerio Público. Precisamente, esas
recalificaciones son las que van a investigar la conselleria de Territorio y
Vivienda para comprobar si se cumplieron todas las condiciones exigidas para su
aprobación. Sin embargo, en la práctica, el alcalde Medina ha permitido edificar
en esos 373.943 m2 de suelo que estaba protegido. (29/03/06)
31. TORREVIEJA:
EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS DEL ALCALDE
El fiscal
Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado al juez que investigue
los movimientos bancarios del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández
Mateo, del PP, desde 2000. En esa fecha, el primer edil adquirió una finca
rústica en Almoradí por 180.000 € y, dos años más tarde, la revendió por 5,4
millones de €. La petición de los extractos bancarios de Hernández Mateo se
incluye en la batería de nuevas pruebas que el ministerio público ha trasladado
al titular del Juzgado nº 4 de Torrevieja.
La acusación pública
también plantea al juez que solicite a las Cortes Valencianas un certificado de
los pagos efectuados por esa institución a Hernández Mateo por su condición de
diputado autonómico. El fiscal cierra el apartado de nuevas pruebas documentales
con la petición de un justificante de los gastos de explotación de la mencionada
finca rústica -18 hectáreas de suelo en la localidad de Almoradí-. Hernández
Mateo aseguró que compró los terrenos para poner en marcha una explotación
agrícola, "y criar perros". A parte, el ministerio público propone al juez
instructor que tome declaración, en calidad de testigos, los representantes
legales de la mercantil Eden del Mar, firma a la que el alcalde vendió la finca.
Esta promotora ha sido beneficiada con adjudicaciones urbanísticas en
Torrevieja.
Este no es el único
capítulo turbio de este alcalde: A raíz de la lectura y análisis de las
correspondientes escrituras, se ha conocido que el mismo día que el alcalde,
Pedro Ángel Hernández Mateo, vendió una finca de Almoradí a la empresa Edén del
Mar, SL, esta adquirió otra en San Miguel de Salinas al propio regidor.
Además, la finca que
Edén del Mar vendió al alcalde en San Miguel de Salinas fue adquirida por esta
empresa "solo 18 días antes" de formalizar la operación de venta al dirigente
popular. Demasiada casualidad, ya que la misma empresa fue también la que
compró al alcalde la finca en Almoradí que el primer edil había adquirido por
180.000 € dos años antes. Edén del Mar pagó por estos terrenos 5,4 millones de
€. Es curioso que si entre las dos fincas sólo hay una separación de tres
kilómetros de distancia el alcalde venda a 4.000 pesetas/m2 a Eden
del Mar y esta empresa adquiera a 1.500 pesetas el metro".
El fiscal Anticorrupción de
Alicante, Felipe Briones, detectó hace un año "indicios de delito" en la
operación de compra-venta de una finca por parte del alcalde de Torrevieja que
le reportó una ganancia de 5,2 millones de €. El fiscal remitió al juzgado de
Torrevieja la denuncia presentada por el grupo de Esquerra Unida (EU) contra el
alcalde para que abra una investigación. En la denuncia, EU imputaba al alcalde
los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. EU presentó la
denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra Hernández Mateo, tras trascender a
la opinión pública que el primer edil de Torrevieja ganó 5,2 millones en la
operación de compra-venta de una finca en la vecina localidad de Almoradí.
El alcalde compró en
2000 tres parcelas rústicas -en total 18 hectáreas de suelo rústico- por 180.000
€. Dos años más tarde, el primer edil vendió el terreno por 5,4 millones de €.
La oposición denunció que Hernández Mateo adquirió la finca a un promotor,
propietario de la mercantil Edén del Mar, al que antes había adjudicado una
urbanización en Torrevieja. Este promotor participó luego en un proyecto para
urbanizar 19 millones de m2 en Almoradí que incluían el terreno
adquirido por el alcalde. (22/02/06)
32. ALCOI: UN ALTO CARGO COMPRA UNA FINCA JUNTO A
UN FUTURO CAMPO DE GOLF
Ramón Doménech Doménech, subsecretario de la
Conselleria de Territorio y Vivienda, ha comprado una finca rústica de 395.000 m2
de extensión, situada a poco menos de un kilómetro de la zona del proyecto
Xirillent Golf, que prevé una urbanización y un campo de golf. El dirigente
autonómico compró estos terrenos (en los que va incluida una masía) por 456.000
€ a un grupo de 10 entidades religiosas locales, representadas por el vicario
episcopal en Alcoi, José Antonio Varela.La operación de adquisición se formalizó pocos meses antes de que se presentara
el proyecto para construir en Xirillent un campo de golf, un hotel y una
urbanización con 500 chalés. Hay que señalar que la viabilidad de esta obra
depende, en gran manera del dictamen que haga de la misma la Conselleria de
Territorio, en la que Doménech ocupa un alto cargo. El conseller Rafael Blasco
expresó en diferentes ocasiones su apoyo a la iniciativa, a pesar de que cuenta
con dos informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre
la falta de justificación de las reservas hídricas. Esta finca, conocida como el
Mas de Miró, fue donada en el año 2002 por un matrimonio alcoyano a un total de
diez entidades religiosas de la ciudad. La propiedad estaba dividida entre las
siguientes instituciones: Parroquia de San Mauro y San Francisco, Siervas de
María, Parroquia de San Vicente y San Antonio, Congregación Hermanitas Ancianos,
Fontilles, Arzobispado de Valencia, Casa Beneficencia Hogar Infantil. Parroquia
de San Roque, Parroquia Natividad de Nuestra Señora y Fundación Mariola la
Asunción. (22/03/06)
33. DOLORES: EL ALCALDE COMPRÓ CINCO PARCELAS EN
LA HUERTA ONCE MESES ANTES DE RECALIFICAR EL SUELO
Gabriel Gascón,
alcalde de Dolores (Alicante) por el PP, adquirió cinco parcelas en zona de
huerta el 29 de diciembre de 2004. Once meses después ese suelo se recalificó,
fuera del PGOU, para la construcción de 2.664 viviendas y un campo de golf. El
10 de noviembre de 2005, sólo 15 días antes del pleno que recalificó el sector,
Gascón vendió las fincas a un precio, en escritura, muy por debajo del que se
pagaba en la zona. El PAI, promovido por el propio alcalde, se adjudicó a la
empresa San José, propiedad de la familia de un miembro de la ejecutiva
provincial del PP.
El alcalde y su
hermano vendieron las parcelas a la empresa Rigal Inversiones Patrimoniales SL,
mercantil que empezó a comprar suelo en la zona de huerta -unos 100.000 m2-
un año antes de la recalificación. Rigal Inversiones es una empresa "próxima al
alcalde". Según las escrituras públicas, el alcalde apenas ganó dinero con la
operación de compra-venta. La adquisición la realizó a cinco vendedores
distintos y la venta, a un solo comprador: Rigal Inversiones, por solo 47.000 €,
según escritura.
Por esas fechas, a
quince días de la recalificación, el suelo se pagaba a unos 50 €, según han
declarado varios afectados por la recalificación, cifra muy distante de los 4,8
€ que recibió el alcalde por cada metro que enajenó. Según figura en el
expediente de recalificación del suelo, el padre del alcalde y los familiares de
dos ediles del PP son propietarios de fincas en el sector que se recalificó. Sin
embargo, tanto el alcalde como los dos concejales participaron en la votación
para apoyar, en una misma sesión, la recalificación del suelo (1,6 millones de
metros de huerta) y la adjudicación del PAI a la empresa San José.
La adjudicataria de
las 2.664 casas y el campo de golf pertenece al grupo de empresas San José, de
la familia de Antonio Rodríguez Murcia, concejal del PP de Orihuela alineado con
el sector zaplanista y miembro de la ejecutiva provincial del PP designado
directamente por su presidente, José Joaquín Ripoll.
(02/04/06)
34. LA VILA JOIOSA: EL AYUNTAMIENTO PAGA POR UN SOLAR OCHO VECES MÁS
DE LO QUE COSTÓ TRES MESES ANTES
La empresa Gavina
del Arsenal, SL ha realizado un negocio redondo con el Ayuntamiento de La Vila
Joiosa. El pasado diciembre esta sociedad adquirió un solar en una zona verde
por 18.000 € y sólo tres meses después llegó a un acuerdo con el Consistorio
para permutar la parcela por un inmueble de titularidad municipal. El
Ayuntamiento tasó su propiedad en 110.100 € y valoró la parcela de la empresa en
128.000, es decir 110.000 € más de lo que costó tres meses antes. El PP aprobó
la permuta pese a las advertencias de la oposición antes del pleno.
La parcela adquirida
por Gavina del Arsenal en diciembre de 2005 por 18.000 € quedó inscrita a nombre
de esta sociedad en el Registro de la Propiedad de La Vila Joiosa el 20 de enero
de 2006. En marzo, en una comisión informativa municipal, el concejal de
Hacienda de La Vila, Isidro Cantó, llevó a dictamen una propuesta de permuta
según la cual la finca de Gavina del Arsenal, de 256,6 m2, se
permutaría por un inmueble de titularidad municipal. El informe de tasación,
firmado por la arquitecto técnico, valoró la propiedad municipal en 110.100 € a
fecha de 10 de octubre de 2005 y tasó la parcela de Gavina del Arsenal en
128.000, a fecha de 10 de diciembre.
(03/04/06)
35. LA VILA JOIOSA:
EL AYUNTAMIENTO APRUEBA EL PLAN URBANÍSTICO ANULADO POR EL TSJ SIN
ADAPTARLO A LA LUV
El Ayuntamiento de
La Vila Joiosa (Marina Baixa) aprobó por mayoría absoluta, con el voto
favorable del gobierno local, del PP, el Plan Parcial de Mejora 2 del Sector
PP-1 Cales y Atalayes, que afecta a 5.000 viviendas ya finalizadas y habitadas
en la Cala de Finestrat. Pero la propuesta del edil de Urbanismo, Amadeo
Sánchez, es la misma que el Tribunal Superior de Justicia declaró nula de pleno
derecho el pasado 27 de junio, al constatar que en el pleno de 4 de julio de
2002, cuando se aprobó, obtuvo diez votos favorables, cuando la mayoría absoluta
es de once. El alcalde, José Miguel Llorca Senabre, defendió el procedimiento
seguido escudándose en que ha sido "bajo el criterio técnico del secretario del
Ayuntamiento". "La sentencia dice que se trata de un defecto de forma que se ha
subsanado", concluyó. El plan afecta a 4.747 viviendas sobre una extensión de
1,05 millones de m2, afectando a 10.681 personas, según el PGOU. Esta
no es la primera irregularidad urbanística en la zona, ya que a escasos metros
se encuentra el Hotel Atrium Beach, paralizado y con una orden de demolición por
exceso de edificabilidad.
(21/07/06)
36. Riba-roja:
FAMILIARES DEL
ALCALDE ESPECULAN EN EL PAI DE PORXINOS
Familiares del
alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona Zaragoza, del PP, han adquirido
suelo en la zona de expansión del plan urbanístico de Porxinos y en otros
puntos antes de la aprobación de los proyectos. El grupo municipal
socialista denuncia la trama de intereses en una querella contra el alcalde
y sus sobrinos Cristina Vázquez Tarazona y José Vicente Tarazona Campos,
ambos concejales, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de
influencias, malversación, fraude e información privilegiada en la
aprobación del plan de Porxinos del presidente del Valencia CF, Juan Soler.
Un juzgado de
Llíria abrió diligencias previas para la ratificación de la denuncia, como
paso previo a la admisión a trámite. La denuncia parte de la aprobación del
Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos y se extiende a otras
operaciones que la querella vincula a intereses familiares del alcalde. La
Consejería de Territorio aprobó en julio el PAI de Porxinos, que el propio
Soler no tuvo empacho en calificar como un "pelotazo urbanístico". La
querella pide la paralización cautelar del plan y fianza de 300.000 € de los
denunciados para hacer frente a posibles responsabilidades.
Durante la
tramitación del PAI ya salió a la luz que la madre del alcalde Tarazona era
titular de cuatro parcelas en el ámbito del PAI, lo que obligó al alcalde
popular a desgajarlas de la operación. Ello no impidió que votara a favor de
la aprobación del PAI, lo que a juicio de los socialistas supone una
"arbitrariedad" y una prevaricación, ya que el interés personal persistía.
Los terrenos cercanos a Porxinos experimentarán una revalorización y son
"susceptibles" de recalificación, máxime cuando la empresa de Soler mantiene
viva sobre ellos una "opción de compra", según la querella.
En una larga
lista de conexiones urbanísticas -consultadas en los registros de propiedad-
la denuncia asegura que en el área de influencia de Porxinos, ya en el
municipio de Vilamarxant, tienen suelo el alcalde y su esposa. El
matrimonio, además, es dueño de terrenos que entran en el PAI de Masía de
Traver II, aún en tramitación, siempre según la querella.
La hija del
alcalde habría hecho "buen uso" de información privilegiada, ya que en "en
plenas negociaciones para la aprobación y adjudicación del PAI de Porxino",
en julio de 2004 compró terrenos en el PAI Calvari-Riolva, a 500 metros del
anterior. El PAI fue votado favorablemente por el alcalde. En ese mismo plan
se hizo con suelo otro sobrino del alcalde en junio de 2002. Este mismo
familiar también compró terreno que entra en el PAI Cementeri, de uso
industrial pendiente de adjudicación.La denuncia menciona también otras
relaciones familiares ligadas al urbanismo. (19/10/06)
37. BENIATJAR:
UNA URBANIZACIÓN DE CHALÉS APROBADA REVALORIZA SUELO DE UN CONCEJAL
El proyecto del
nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Beniatjar, en la Vall d'Albaida,
que prevé una urbanización de 150 chalés, recalificará una extensión de
470.000 m2 dentro de los cuales hay terrenos agrícolas de un
concejal del PP de la localidad.La revisión PGOU de Beniatjar, según explica
el alcalde de la localidad, Francisco Giner, también del PP, parte de hace
diez años y en un principio preveía la ampliación del núcleo urbano que
"estaba estancada por problemas técnicos". De este modo, Giner reconoce que
"llegó una empresa promotora de Albaida y nos propuso esta urbanización, nos
pareció bien y cerramos el plan", el cual se aprobó en fase de concierto
previo con los votos en solitario del PP y la oposición del Bloc en el
pleno. El nuevo plan urbanístico, además de los 150 chalés, contempla
también la edificación de otras 100 viviendas respecto a una población
actual en Beniatjar de 235 habitantes y un núcleo urbano que no llega a los
65.000 m2.
(13/10/06)
REGIÓN DE
MURCIA
38. EL HERMANO
DEL PRESIDENTE REGIONAL AVALA UN PRÉSTAMO A UNA EMPRESA BENEFICIADA POR EL
GOBIERNO REGIONAL
El hermano del presidente de la comunidad autónoma ha
avalado el préstamo concedido a una empresa beneficiada por el Gobierno
regional. De esta empresa son socios el ‘número tres’ del PP en la región y uno
de los dueños de Polaris, una sociedad repetidamente beneficiada con
recalificaciones en ayuntamientos gobernados por el PP y en adjudicaciones de
televisiones digitales.
La aparición
del nombre del hermano del presidente de la Comunidad de Murcia como avalista en
la sociedad "Ronda Sur Levante S.L.”, en la que son socios el número tres del PP
regional, Antonio Sánchez Carrillo y uno de los dueños de la empresa Polaris,
Facundo Armero, es el centro del huracán político que se ha desatado en al
región. Así, el hermano del presidente, Ramón Luis Valcárcel, Carlos Valcárcel
Siso, figura como avalista en un préstamo de 1.100.000 € para la compra de esta
sociedad, que es propietaria de unos terrenos en el municipio de la capital.
Antonio Sánchez Carrillo, concejal del Ayuntamiento de Murcia, votó en varias
ocasiones a favor de otros proyectos urbanísticos de su socio y amigo, Facundo
Armero, uno de los dueños de Polaris. (02/02/06)
39. EL
PRESIDENTE REGIONAL ES ACUSADO DE PARTICIPAR EN UN 'PELOTAZO' URBANÍSTICO
El PSOE denuncia que
el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del PP, participó en un
pelotazo urbanístico en el centro de Murcia. La cooperativa a la que
pertenece Valcárcel compró en 2003 un edificio por 13,126 millones de €, y dos
años después vendió los bajos por 13,943 millones a una sociedad en la que
estaban 16 de los 24 cooperativistas, pero no Valcárcel.
Con la venta, según
los socialistas, éste pudo comprar su piso. Un portavoz del Gobierno regional
afirmó que la intención de Valcárcel no es hacer negocio, sino convertir la casa
"en su residencia habitual". Valcárcel ha conseguido un piso de 260 m2
en una de las principales calles de Murcia sólo con los beneficios de la venta
de los bajos comerciales del inmueble. Los socialistas explican que la
constructora Metrovacesa vendió en 2003 a la Cooperativa de Viviendas Gran Vía,
en la que participa Valcárcel, un edificio de 7.000 metros por 13.126.104 €.
En fin, que se puede decir de un dirigente político que
se hizo en voz alta una
pregunta trascendental: “¿Por qué el agua tiene que ser para regar lechugas y no
para hacer campos de golf?”. “Que nadie le diga a los murcianos lo que tienen
que hacer con el agua”. Para terminar con el no menos inquietante
“No hay que demonizar al ladrillo”. (28/02/06)
40. LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE SE NIEGA, POR TERCERA VEZ, A ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DE PUERTO
MAYOR
La sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha pedido por tercera vez a la
consejería de Industria y Medio Ambiente la documentación relativa al proyecto
de Puerto Mayor, informaron en una nota la asociación de Naturalistas del
Sureste (ANSE) y Greenpeace.
Dentro del proceso judicial abierto tras el
recurso presentado por ambas organizaciones contra el proyecto de Puerto Mayor,
la sala ha dictado una resolución que ordena a la consejería que remita esa
documentación antes de diez días, bajo apercibimiento de multa. En concreto,
pide los datos del expediente del levantamiento de la suspensión de esas obras
aprobado por el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, no
enviada por el Gobierno regional en las dos ocasiones anteriores en las que se
le pidió. Ambas organizaciones "entienden que si la consejería se niega de nuevo
a entregarlo deberá procederse seguidamente a la apertura de diligencias penales
contra sus responsables por la posible comisión de un delito de desobediencia a
la autoridad judicial".
Según ANSE con este proceder los responsables de la
consejería estarían "tratando de ocultar las graves responsabilidades en que
podría haber incurrido Alvarado al acordar de forma improcedente el
levantamiento de la suspensión de las obras ordenado antes por la Comunidad al
comprobar que el proyecto era ilegal por ser contrario a las normas de Costas y
de Medio Ambiente". (24/04/06)
41. EL FISCAL JEFE
DEL TSJRM RECLAMA UNA PRÓRROGA PARA SEGUIR INVESTIGANDO CASOS DE SUPUESTA
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
la Región de Murcia, que dirige Manuel López Bernal, ha pedido al fiscal general
del Estado, Cándido Conde-Pumpido, una prórroga para mantener abiertas varias
diligencias informativas, entre ellas, las relacionadas con supuestas
irregularidades inmobiliarias. El fiscal jefe pretende retomar tras el verano la
solicitud de documentación sobre estos casos y la toma de declaración a los
afectados que aún no han sido citados.
Entre las diligencias que el fiscal jefe quiere proseguir
se encuentran las relativas a La Zerrichera, en Águilas; el supuesto tráfico de
influencias en el convenio urbanístico sobre la Casa del Piñón, en La Unión, y
el caso del parking de San Esteban, en Murcia. La solicitud de prórroga se
refiere también a la investigación abierta sobre la presunta situación ilegal de
una granja de cerdos ubicada en Cieza y que es propiedad del jefe del Servicio
de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Agua, José Pastor.
Esta ampliación del plazo de investigación elevada a la Fiscalía General del
Estado se debe a que las diligencias informativas tienen que ser concluidas en
el plazo de seis meses. (23/07/06)
42.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA: EL CONCEJAL DE FOMENTO ES SOCIO DE UNA EMPRESA
AUTORIZADA A CONSTRUIR PISOS EN LA CIUDAD
El concejal de
Fomento del Ayuntamiento de Murcia y número tres del Partido Popular en la
Región, Antonio Sánchez Carrillo tiene relación con la empresa Polaris World.
Esta firma tiene previsto urbanizar en la ciudad cerca de 600 viviendas. El
concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia y destacado dirigente del PP en
la Región, Antonio Sánchez Carrillo, tiene negocios en común con Facundo Armero,
quién compró en 2004 una amplia extensión de terreno urbanizable en el término
municipal de Murcia y es además uno de los propietarios de la promotora Polaris
World, que a su vez una de las empresas más beneficiarias dela Región de Murcia,
tanto en recalificaciones urbanísticas como en adjudicaciones millonarias de la
radiotelevisión autonómica o de TDT. En respuesta a estas acusaciones, el edil
popular explicó que en su calidad de empresario de la construcción no se
interesa por terrenos que no sean urbanos para evitar participar en
recalificaciones que pudieran beneficiarlo e incurrir así en irregularidades.
Pese a las
evidencias Antonio Sánchez Carrillo afirmó no ver razones para presentar su
dimisión. Valcárcel le pidió a Sánchez Carrillo que reflexionara durante el fin
de semana y tomara la mejor decisión, tanto para él, como para el Partido
Popular. El presidente regional le aseguró que, tomara la decisión que tomara, seguiría contando con su apoyo. Así, tras
‘meditarlo’ el concejal continuó en su cargo. (20/01/06)
43.
AYUNTAMIENTO DE
MURCIA: LA
CORPORACIÓN RECALIFICA SUELO A UNA COOPERATIVA VINCULADA A SU CONCEJAL DE
URBANISMO
El Ayuntamiento de
Murcia (PP) decidió recalificar más de 110.000 m2 de suelo a una
cooperativa de viviendas que gestiona Novel Stamp, una empresa fundada por el
concejal de Urbanismo, Fernando Berberena Loperena. La solicitud de
recalificación se produjo el 14 de febrero de 2003, cuando Berberena pertenecía
al consejo de administración de Novel Stamp, que será la gestora de la
cooperativa a la que meses después, ya como miembro del Ayuntamiento, se le
permitiría construir las viviendas en plena huerta murciana, pese a que el plan
general de Murcia lo desaconseja. Según la documentación, el Ayuntamiento de
Murcia aprobó definitivamente la recalificación en octubre de 2003 a la
cooperativa Joven Futura.
Berberena era
entonces concejal de Urbanismo y había abandonado su actividad empresarial,
vendiendo sus participaciones en esta empresa inmobiliaria en abril aquel mismo
año, según aseguró . Ante las críticas de los socialistas, Berberena defendió en
persona, en varios plenos, la conveniencia de recalificar los terrenos,
basándose en que en dos años había perdido su valor ambiental. Esta decisión se
tomó sin los informes técnicos necesarios y sin el estudio de impacto ambiental
preceptivo.
El presidente de
Joven Futura, Ricardo Zamora, confirmó a que cuando Berberena formaba parte de
Novel Stamp esta empresa asesoró a Joven Futura en la presentación del documento
y que, después de ser nombrado concejal, se reunió con él para hablar del
proyecto urbanístico. (21/02/06)
44. AYUNTAMIENTO DE
MURCIA: SE
ABRE UNA INVESTIGACIÓN PENAL POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL ARQUITECTO
MUNICIPAL DE MURCIA
El fiscal de la Audiencia provincial de Murcia ha abierto una
investigación penal sobre las presuntas irregularidades cometidas por el
arquitecto municipal del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver.
La familia del arquitecto gestiona la mayoría de las grandes
urbanizaciones que se están construyendo en la ciudad y el propio arquitecto es
socio de dos importantes promotores. El fiscal jefe de la Audiencia provincial
de Murcia, Manuel López Bernal, ha abierto diligencias de investigación penal de
oficio para esclarecer las denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas
por el arquitecto jefe de Planeamiento Urbanísitico en el Ayuntamiento de
Murcia, en excedencia por paternidad.
También ha abierto un expediente el colegio de Arquitectos de Murcia
sobre las presuntas incompatibilidades de este arquitecto en relación a la
actividad del estudio de arquitectos de su hermano y de su padre. Según
denuncias recogidas en el sector, este estudio profesional estaría acaparando la
mayor parte de los grandes proyectos urbanísticos en la capital mientras otros
están sufriendo retrasos. Uno de los denunciantes aseguró que los proyectos para
ser aprobados debían pasar necesariamente por el despacho del arquitecto jefe.
Entre las promotoras que cuentan con el diseño de la empresa de Peñalver están
Polaris World o Profusa, mientras que otras, como Famu, representan a empresas
que han cedido suelo forestal en zonas remotas del municipio a cambio de
aumentar la edificabilidad de las promociones urbanísticas aprobadas en el
Ayuntamiento de Murcia, lo que les ha generado beneficios de 1.200 millones €.
(21/03/06)
45.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA: EL
AYUNTAMIENTO QUINTUPLICA LA EDIFICABILIDAD PARA VARIAS PROMOTORAS, SUPONEMOS QUE
AMIGAS
El Ayuntamiento de Murcia,
gobernado por el PP, ha firmado cuatro convenios con varias promotoras que les
permitirán construir 20.000 viviendas donde estaban previstas 4.000. Los
acuerdos, que quintuplican la edificabilidad de 4 urbanizaciones de la zona
norte de la capital, reportarán a esas empresas unos 1.400 millones €. El
municipio, del que es alcalde Miguel Ángel Cámara, recibirá a cambio de la
ampliación aportaciones de los promotores por valor de 160 millones €, con los
que el equipo de gobierno prevé saldar la deuda municipal. Las plusvalías
millonarias que recibirán las 4 promotoras serán posibles gracias a un informe
firmado por el jefe de Servicio de Planteamiento Urbanístico del Ayuntamiento de
Murcia, Joaquín Peñalver, quien ha solicitado una excedencia, tras conocerse
contenido del documento.
En ese informe se
sostiene que el valor del incremento de edificabilidad añadida es de unos 120
€/m2, mientras que el precio que se está pagando en la zona norte de
Murcia, donde se van a construir las urbanizaciones, es de unos 1.200 €/m2.
El beneficio de la operación sería de unos 1.080 €/m2.
Una de las
cooperativas de viviendas que ha iniciado los trabajos en la zona ha valorado el
precio del m2
en 1.000 €, lo que supera en unos 880 € el precio
determinado por el arquitecto jefe en su informe. Entre las empresas que se han
visto beneficiadas por los cuatro convenios firmados están Profusa, Lo Navarro,
Fadesa, Larache, Manuel Nicolás, Urbamur y Visionaria. (04/04/06)
46.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA: EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RECLAMA EL EXPEDIENTE
DE MODIFICACIÓN DEL PGOU DE MURCIA
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha reclamado a la Comunidad
Autónoma el expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Murcia dentro de las actuaciones abiertas tras el recurso presentado
por el Colegio de Arquitectos. El recurso contencioso-administrativo de los
arquitectos fue presentado contra el acuerdo de la Comunidad Autónoma que dio el
visto bueno a la modificación efectuada por el Ayuntamiento de Murcia.
A juicio de estos profesionales, estas variaciones
introducidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) podrían favorecer la
especulación urbanística. Fuentes judiciales indicaron a EFE que cuando se
reciba el expediente se dará traslado del mismo al Colegio de Arquitectos para
que puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas, lo mismo que
podrá hacer la Comunidad Autónoma en defensa del mantenimiento de la resolución
contra la que se recurre. En la presentación de recurso, el Colegio solicitó que
hasta tanto la Sala entre en el fondo del asunto y resuelva su reclamación se
proceda por la misma a ordenar la suspensión cautelar del acuerdo. (15/05/06)
47.
CARTAGENA: INVESTIGAN JUDICIALMENTE UNA COMPRA DE TERRENOS PROTEGIDOS
Una de las
mayores operaciones urbanísticas de Murcia está amenazada por la
investigación judicial de la corrupción en Marbella. Lo Poyo es un polémico
proyecto de Cartagena (Murcia) de recalificación de unos terrenos
protegidos. En 2004, los terrenos fueron vendidos por 213 millones a
sociedades del empresario vasco Javier Arteche. En la compraventa de
terrenos, la investigación judicial ha hallado indicios del pago de dos
millones de euros por parte de una sociedad de Roca en la fase de
intermediación. La Kutxa (caja de ahorros de Guipúzcoa), que aportó fondos
para esta gran operación inmobiliaria, ha optado por disolver nueve
sociedades que tenía con Arteche para la promoción urbanística de esa zona.
Roca, el ex
asesor urbanístico de Marbella planea sobre la macrourbanización de Lo Poyo.
El número máximo de viviendas que se pueden levantar en Lo Poyo y en otra
urbanización próxima, Montemayor, alcanza las 15.000. La Kutxa y Arteche
destinaron a la compra de terrenos 213 millones € y se preveía una inversión
de otros 1.000 para la construcción de las viviendas.
En enero de
2005, la finca Lo Poyo obtuvo una declaración favorable de impacto
ambiental, y nueve meses después inició su reclasificación el Ayuntamiento
de Cartagena (PP). La última palabra para dar
luz verde a esta
recalificación la tiene el Gobierno regional (PP). A juicio de los
investigadores suscita sospechas el hecho de que el desembolso de 213
millones -amén del pago de Roca- para comprar los terrenos ocurra en marzo
de 2004, cuando estaba prohibida su urbanización por sentencia judicial por
carecer de informe medioambiental y un año antes de su aprobación por el
Ayuntamiento. (25/09/06)
48.
ÁGUILAS: LA FISCALIA INVESTIGA AL GOBIERNO REGIONAL POR UN 'PELOTAZO' DE 75
MILLONES €
El fiscal jefe
de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la
recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la
que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. Según
la investigación del fiscal, el propietario del grupo Hispania, Trinitario
Casanova Abadía, ganó en dos años 75 millones € con el cambio de uso. La
recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de
Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor. La fiscalía ha abierto
diligencias también por la recalificación de otro terreno protegido en cuya
compra intermedió el cerebro de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca.
La finca La Zerrichera
está en un lugar privilegiado: cerca del Mediterráneo y de una sierra
protegida y junto a la futura autovía Cartagena-Vera. El concejal del PP de
Águilas José López compró junto a otros empresarios el suelo en 2004. Pocos
meses después, el 15 de septiembre de 2004, vendió al promotor Trinitario
Casanova. El concejal ganó 1,2 millones € y el constructor pagó 30 millones
€ por toda la finca. Entonces, las 240 hectáreas de suelo estaban
calificadas como rústicas y un tercio estaba protegido por la UE como Lugar
de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves.
El Ayuntamiento de Águilas aprobó en 2005 la recalificación de la
finca para construir 4.100 casas y un campo de golf. El cambio de uso salió
adelante con los votos del PP y de seis ediles del PSOE. Éstos fueron expulsados
del partido por apoyar la recalificación. López dimitió tras publicarse que
había ganado dinero en la venta. A principios de 2006, la Consejería de Obras
Públicas aprobó el expediente y el terreno pasó a ser urbanizable. El consejero
de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, es amigo personal del constructor, según
la investigación. La recalificación contó con el apoyo del entonces consejero de
Medio Ambiente, Francisco Marqués.
(20/10/06)
49. CIEZA:
DENUNCIAN AL
ALCALDE POR SUPUESTA PREVARICACIÓN Y FALSEDAD DE DOCUMENTO
Izquierda Unidad
ha presentado una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en la
que acusan al alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, de los presuntos delitos de
falsedad de documento público y prevaricación por su actuación en la aprobación
de un convenio urbanístico en el paraje de Benís de este municipio.
La denuncia fue
presentada por el coordinador regional de la coalición, José Antonio Pujante, y
el secretario de Ordenación del Territorio de IU de Cieza, Manuel Martínez, y en
ella se acusa al alcalde de haber cambiado los planos de los terrenos afectados
por este convenio que figuraban en el expediente municipal para ocultar que
incluía varias fincas propiedad de una hermana de la concejal de Urbanismo.
Según los hechos
expuestos en la denuncia, en el expediente de este convenio urbanístico sometido
a Pleno y aprobado con los votos del PP el 24 de noviembre de 2004 figuraba un
plano con los terrenos afectados que incluía varias fincas propiedad de María
Fernanda Caballero Ríos, hermana de la concejal de Urbanismo, Concepción
Marín-Blázquez Ríos.
Días antes de la aprobación, la empresa promotora, Dignitas S.L.,
realizó una presentación pública del proyecto y en la documentación facilitada
figuraban los mismos planos con los terrenos de la hermana de la edil. El
convenio comprende la recalificación de 270 hectáreas en el paraje de Benís para
la construcción de 5.287 viviendas, un campo de golf y un hotel de 340
habitaciones. El primero de los planos, con las fincas de María Fernanda Caballero
Ríos, lleva las firmas de los técnicos, el segundo, en el que han desaparecido
estos terrenos, sólo va firmado por el alcalde y el secretario del Ayuntamiento,
según la documentación que acompaña a la denuncia.
(28/03/06)
50. SAN JAVIER: LA FISCALÍA DE MURCIA INVESTIGA UN SUPUESTO TRATO DE FAVOR
DEL ALCALDE A UNA PROMOTORA A LA QUE ESTÁ VINCULADA
La Fiscalía de Murcia investiga al Ayuntamiento de
San Javier en relación a la urbanización Señorío de Roda, promovida por Peinsa,
porque se comenzó a construir y puso en venta antes de aprobarse su plan parcial
y proyecto de urbanización, y contó con informes contrarios de la Comunidad
Autónoma, según fuentes jurídicas. El Plan Parcial de esta urbanización,
ejecutada en varias fases desde 2004 y que está habitada ya en parte, fue
aprobado de forma definitiva por el Gobierno de Murcia el 7 de junio de este año
con su publicación en el Boletín Oficial de la Región.
La Fiscalía se ha interesado en saber si existió
tráfico de influencias del primer edil hacia el propietario de Peinsa, Juan
Gracia, quien constituyó en febrero de 2004 una sociedad con el alcalde de San
Javier, José Hernández, y el promotor de Urdemasa, Santiago Martínez Esparza,
entre otras personas, para construir varias viviendas particulares en Valencia.
El alcalde de San Javier, José Hernández, preguntado
acerca de esta investigación, consideró "ridículo" que se le atribuya un
supuesto trato de favor al promotor y defendió la legalidad de la actuación del
Ayuntamiento en este proyecto de obra. El Ayuntamiento de San Javier aprobó
definitivamente el plan parcial de esa urbanización en septiembre de 2004 sin
haber subsanado irregularidades advertidas por un técnico de la dirección
general de Vivienda que supervisó el expediente. (20/06/06)
51. SAN JAVIER:
EL
ALCALDE ADJUDICA A UN PROMOTOR URBANÍSTICO QUE FUE SU EX SOCIO LA CONSTRUCCIÓN
DE LA FACULTAD DEL DEPORTE POR 4,5 MILLONES
El Ayuntamiento
acaba de adjudicar las obras de construcción de la Facultad de Ciencias del
Deporte a la empresa Urdemasa, que preside Santiago Martínez Esparza, amigo y ex
socio del alcalde de San Javier, José Hernández. Con la contrata, la
constructora de San Javier se embolsará 4.454.931,85 € de las arcas municipales
por levantar el recinto universitario, según la decisión unánime de la Junta de
Gobierno local, con el voto a favor del alcalde. De las tres empresas que se
presentaron al concurso, finalmente resultó adjudicataria la unión temporal de
empresas formada por Trimtor y Urdemasa, ésta última presidida por el ex socio
del alcalde en la mercantil Valencia al Mar, una sociedad que se creó con fines
inmobiliarios. Hernández asegura que “tras la polémica mediática surgida a causa
de dicha sociedad decidí abandonarla sin que desde entonces mantenga ningún tipo
de vínculo con las empresas participantes”.
El alcalde
insiste en que “desde hace varios meses no tengo ninguna relación con la empresa
Valencia al Mar”, a pesar de lo cual el Grupo Independiente llevará al fiscal la
adjudicación de las obras y la vía utilizada para financiarlas, que implica
también a la empresa Urdemasa. (17/10/06)
52. MULA: EL CONCEJAL DE URBANISMO IRÁ A LOS TRIBUNALES POR
IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS
El portavoz
municipal del PSOE en Mula, Juan Ballester, anunció que los servicios jurídicos
del partido “están preparando la correspondiente denuncia” contra el concejal de
Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos, por las presuntas irregularidades
cometidas en la tramitación de los convenios urbanísticos de la Muela de
Albudeite, Casa Alta, Los Chopos y la Muela de Don Evaristo, promovidos todos
ellos por empresarios con los que el edil hizo negocios inmobiliarios. Ballester
implicó al concejal en una “trama urbanística” para la recalificación de
terrenos en Mula y se preguntó “qué tiene que ocurrir en el PP para que alguien
asuma responsabilidades y dónde está la separación de lo público y lo privado”.
En la misma
comisión, dos de las promotoras con las que Pérez de los Cobos hizo negocios
inmobiliarios, Artecons y Urbincosta, presentaron otros dos convenios
urbanísticos más, los de Casa Alta y Los Chopos, en los que solicitaban la
recalificación de terrenos en estos parajes para la construcción de 5.800 y 900
viviendas, respectivamente.
Asimismo, otra de las promotoras que le compró los
terrenos al concejal, Galba Inversiones, participa en la sociedad Mula Resort,
al que el Ayuntamiento le recalificó terrenos en la Muela de don Evaristo para
construir 2.800 viviendas. Ballester subrayó que Pérez de los Cobos “votó en dos
ocasiones a favor de este convenio, lo que constituye una incompatibilidad
manifiesta” a causa de las relaciones mercantiles que mantuvo con uno de los
promotores beneficiarios. (27/06/06)
53. TORREPACHECO: EL
ALCALDE CONTINÚA TRABAJANDO PARA ‘POLARIS WORLD’ A PESAR DE SU PROMESA
El alcalde de la
localidad murciana de Torrepacheco, el ‘popular’ Daniel García Madrid, continúa
trabajando como abogado para la constructora ‘Polaris World’, una de las más
beneficiadas con contratos de obra en la región, a pesar de que había anunciado
que dejaría este puesto si ganaba las elecciones, tal y como ha ocurrido. El
alcalde de Torrepacheco manifestó que al acceder al puesto de primer edil en
2003 había abandonado cualquier relación profesional, en su calidad de abogado,
con uno de los dueños de ‘Polaris World’. Sin embargo, distintos documentos
señalan que Daniel García Madrid siguió representando ante los tribunales a la
constructora un año después de que accediera al cargo.
El Grupo
Independiente del municipio ha revelado que precisamente en esas fechas de 2004,
el alcalde firmó dos convenios urbanísticos con dos empresas de ‘Polaris World’
por valor de casi diecisiete millones de euros.
(03/07/06)
54.
AYUNTAMIENTO DE JAÉN: EL AYUNTAMIENTO RECALIFICA DOS FINCAS MULTIPLICANDO EL
VALOR DE LAS MISMAS
El Ayuntamiento de Jaén elevó en 14,5
millones de € el valor de una finca privada adquirida 10 días antes por 13,3
millones por la sociedad Dimostra Inmobiliaria S. L. Dentro de los convenios que
el gobierno local, del PP, aprobó en el mes de noviembre, antes de la entrada en
vigor de la nueva Ley del Suelo andaluza, llama la atención el suscrito con esta
empresa, que se constituyó el 27 de octubre. En apenas 25 días, la sociedad
adquirió la finca, negoció el convenio urbanístico con el Ayuntamiento y se
benefició de la recalificación duplicando el valor de los terrenos. A cambio,
Urbanismo se garantizaba el cobro por anticipado del 10% de los aprovechamientos
urbanísticos cifrados en 2,8 millones.
La finca Viñasnuevas,
de 23,9 hectáreas y ubicada junto al hospital Princesa de España de Jaén,
pertenecía a la familia Sainz Monzón. El pasado 12 de noviembre fue adquirida
por la sociedad Dimostra Inmobiliaria S. L. por 13,3 millones de €. La empresa,
con domicilio social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), se había constituido
oficialmente el 27 de octubre con un capital social de 3.100 €. El administrador
único de la sociedad es José Victor Rodríguez Silva Sánchez. El 22 de noviembre,
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén aprobó un convenio urbanístico
con esa empresa. El convenio permitió recalificar los terrenos (pasando de suelo
rústico a urbanizable), con lo que se incrementó el valor de la finca hasta los
28,8 millones de €. En diez días, por tanto, el valor de la finca creció en 14,5
millones de €.
A través de ese convenio, el Ayuntamiento
jiennense cobró por anticipado el 10% de los aprovechamientos urbanísticos, unos
2,8 millones € (más otra cantidad igual por los sistemas generales), una medida
que pocos días prohibió la nueva Ley del Suelo de Andalucía, que entró en vigor
el 12 de diciembre. (22/01/06)
55.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA:
EL PGOU
RECALIFICA UNA ZONA VERDE EN LA SE CONSTRUIRÁN 22 CHALÉS
El nuevo Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga prevé la recalificación de una
zona verde de 17.557 m2 en el monte Gibralfaro que pertenece desde
hace 6 años al presidente de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, imputado de
presunto delito de cohecho por el juez instructor de la Operación Malaya. El
grupo inmobiliario proyecta construir 22 viviendas unifamiliares en la parcela
recalificada.
La parcela en
cuestión, en la que hay un viejo caserón en ruinas, se preservó en los dos
planes generales anteriores por su valor ecológico, con una densa arboleda de
pinos y eucaliptos, y por presentar además una fuerte pendiente.
En el PGOU de 1983
fue calificada de suelo no urbanizable, y en el actualmente vigente, de 1997, se
consideró zona verde en sistema general de áreas libres, tipificación que
permitía a sus propietarios recibir algún tipo de compensación.
En 1999, el
presidente del grupo Aifos compraron 11.000 m2 de la parcela al 50%,
según consta en el Registro de la Propiedad. Ahora, en la revisión del PGOU que
fue aprobada inicialmente por el pleno municipal el pasado 26 de julio con los
votos de la mayoría del PP y el rechazo de los dos grupos de la oposición (PSOE
e IU), la parcela en cuestión pasa a ser catalogada como suelo urbano no
consolidado. Al amparo de esta recalificación, y según el documento del PGOU, se
permitirá construir en la zona una promoción con 22 chalés, 15 de ellos en
régimen de vivienda libre y siete como VPO; aunque la promotora podría pagar al
Ayuntamiento una compensación para trasladar a otra zona este cupo de vivienda
protegida. El plan otorga a la parcela un techo edificable total de 2.201,65 m2.
Cada una de las 15 viviendas libres tendrá 220 m2, y las protegidas,
si finalmente se ejecutan, 94 m2. La falda del monte Gibralfaro se ha
convertido en una de las zonas residenciales más estimadas por los malagueños. S
El alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre (PP), ha asegurado no tener "ni idea" del asunto. Pero
parece ser que el Ayuntamiento de Málaga tiene firmados al menos dos contratos
con Aifos para el patrocinio en exclusiva del Salón Inmobiliario del
Mediterráneo y el copatrocinio del Festival de Cine Español. El presidente del
grupo Aifos, Jesús Ruiz Casado, está imputado por el juez que instruye el caso
de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella de un presunto delito de cohecho, y
desde el 29 de junio se encuentra en libertad bajo fianza de 500.000 € tras
permanecer nueve días en prisión. (08/08/06)
56. NERJA:
MULTA DE 873.520 € A LA EMPRESA DE UN EDIL POR URBANIZAR SUELO PROTEGIDO
La Junta de Andalucía ha puesto una multa de
873.520 € (unos 145 millones ptas.) a la sociedad Pago de Río Seco, de la que es
copropietario el concejal de Medio Ambiente de Nerja, José Miguel Jimena (PP),
por realizar parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable protegido, en una
zona rural que se ha convertido ya en una urbanización con ocho viviendas
unifamiliares. La sociedad infractora deberá, además, demoler el vial de acceso
y las conducciones de luz y abastecimiento de agua realizadas contra la ley, en
el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de la sanción.
El artículo 66 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA) establece que se considerará parcelación urbanística en terrenos
catalogados de no urbanizable la división simultánea o sucesiva de terrenos,
fincas o parcelas en dos o más lotes que puedan inducir a la formación de nuevos
asentamientos. Las inspecciones realizadas por técnicos de la Consejería de
Obras Públicas han constatado que así ha sido en este caso, al estar construidas
ya ocho viviendas, un carril asfaltado de acceso, servicio de abastecimiento de
agua y red eléctrica. También se ha hecho publicidad de venta o alquiler de las
parcelas y viviendas, entre las que hay una distancia inferior a los 50 metros
mínimos que estipula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en el
municipio de Nerja. Al tratarse de una infracción muy grave y penada con más de
500.000 € de multa, la resolución del expediente iniciado en febrero de 2004 ha
sido adoptada por la propia consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez.
(2005)
57.
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ: EL COLEGIO DE ABOGADOS CUESTIONA AL CONCEJAL DE URBANISMO
DE CÁDIZ
El decano del Colegio de Abogados de Cádiz, José Antonio Gutiérrez
Trueba, cuestionó la actuación del bufete de abogados del concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento gaditano, José Loaiza, al considerar que uno de sus socios
incurrió en incompatibilidad al representar como letrado al promotor
inmobiliario Enrique Arroyo, señalado como
asustaviejas (personas que
recurren a las coacciones para desalojar inmuebles) por dos dirigentes vecinales
de la capital. El decano del Colegio de Abogados aludió al artículo 6 del Código
Deontológico de la profesión, que detalla que todas las limitaciones de uno de
los socios de un bufete, como es el caso del edil de Urbanismo, son extensibles
al resto de letrados que lo conforman.
Este artículo pudo transgredirlo este bufete
cuando el abogado Alfonso Pozuelo, marido de la edil popular Mercedes Colombo y
socio de Loaiza, fue el letrado del promotor Enrique Arroyo en una denuncia por
un caso urbanístico. "Una persona con responsabilidad política no debe
intervenir en ningún asunto de urbanismo desde su despacho y tampoco, por
extensión, sus socios", dijo Gutiérrez.
(2005)
58. LA
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN:
LA
CONSTRUCTORA AIFOS DONÓ 90.000 EUROS AL CONSISTORIO GOBERNADO POR EL PP
La inmobiliaria Aifos,
intervenida judicialmente en el transcurso de la
Operación Malaya
contra la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales en la Costa del
Sol, ingresó en el ayuntamiento de La Línea de la Concepción(Cádiz),
gobernado por el exgilista, Juan Carlos Juárez, ahora en las filas del
Partido Popular, 90.000 euros en concepto de donación. Según refleja el
escrito, "el 15 de julio de 2004, la mercantil Arquitecturas y Promociones
Inmobiliarias (Aifos) dona 90.000 euros al ayuntamiento para la celebración
de actos culturales, conciertos y actividades de ocio y taurinas". El
documento en cuestión se encuentra firmado por Manuel Torres Ojeda y Juan
Carlos Juárez, quien ha venido negando durante mucho tiempo la presunta
relación de la inmobiliaria Aifos y el ayuntamiento linense.
(29/09/06)
59. ROTA: EL
CONCEJAL DE URBANISMO IMPUTADO POR PREVARICAR EN ASUNTOS INMOBILIARIOS
El edil de
Urbanismo de Rota (27.000 habitantes, Cádiz), Antonio Peña (PP), está
imputado por prevariación en la tramitación de un expediente de urbanización
en suelo privado, cuya empresa propietaria le acusa de hacerse de forma
ilícita con la titularidad mayoritaria de la parcela. Quiere volver a
presentarse en las próximas elecciones municipales de 2007. (02/10/06)
60.
PUNTA UMBRÍA: LA JUEZ INVESTIGA LA RELACIÓN DE PUNTA UMBRÍA Y EL 'CASO
CAMAS'
El juzgado de
Instrucción número 3 de Huelva ha determinado en un auto la apertura de una
investigación para esclarecer la presunta vinculación del alcalde de Punta
Umbría, José Carlos Hernández Cansino, del PP, en la trama de corrupción
urbanística del caso Camas (Sevilla), a raíz de la denuncia que en octubre
pasado presentó Los Verdes. La juez del caso, María Luisa Claro, establece
en el auto que de los hechos se presume "una posible existencia de una
infracción criminal".
La investigación
se va a centrar en esclarecer la reunión mantenida en un hotel de Punta
Umbría el 21 de enero de 2005 por dirigentes y concejales del PP de Huelva y
de Sevilla, y en la que estuvo presente el alcalde. En ese encuentro los
dirigentes populares trataron presuntamente de comprar el voto de la ex
concejal popular de Camas, Inmaculada Larrinaga, para convencerla de que no
apoyara la moción de censura contra el alcalde de esa localidad sevillana,
Agustín Pavón (IU).
La juez
argumenta que aunque "no están determinadas la naturaleza y circunstancias"
de lo que la organización conservacionista considera "trama urbanística", ni
tampoco "las personas que en ella han intervenido, es procedente instruir
diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar
tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable". La voluntad de
la magistrada es en un primer momento llamar a declarar a las personas que
asistieron a la reunión celebrada en Punta Umbría, que según la denuncia de
Los Verdes, son José Carlos Hernández Cansino, la alcaldesa de Olivares,
María Victoria Fraile (PP), y el concejal de Castilleja de Guzmán (Sevilla)
Aureliano Lucas (PP).
(11/01/06)
60.
GIBRALEON. EL ALCALDE PRESENTA UN INFORME SOBRE
LA TRAMA URBANÍSTICA DEL PP
El alcalde
de Gibraleón (Huelva), Juan Serrato, presentó un informe realizado por una
empresa pericial de tasación de terrenos avalada por el Banco de España
según el cual el PP pretendía poner en marcha cuatro convenios urbanísticos
por los que el Ayuntamiento de Gibraleón dejaría de ingresar 5,3 millones de
euros.
En rueda de
prensa, Serrato, que puntualizó que los convenios están paralizados porque
están pendientes de revisión antes de incorporarse al PGOU de la localidad,
indicó que este informe se remitirá al juzgado para que se incorpore a la
denuncia interpuesta por Los Verdes contra estos convenios por presunta
"corrupción urbanística"
El alcalde
de Gibraleón aseguró que este informe "demuestra que la moción de censura
presentada contra el anterior equipo de Gobierno del PP estaba justificada
para impedir que se le robara a Gibraleón con convenios urbanísticos para
beneficiar a determinados promotores que, además, tendrían unos beneficios
de más de once millones de euros".(08/02/06)
61. LANJARÓN: EL ALCALDE DE JUSTIFICA LOS PELOTAZOS
URBANÍSTICOS Y RECALIFICA CINCO HECTÁREAS PARA UN COMPLEJO TURÍSTICO JUNTO A UNA
FINCA SUYA
El alcalde de
Lanjarón, José Rubio (PP), ha optado por recalificar a un particular unos
terrenos para que construya un polígono industrial privado, antes que
utilizar -para atender las demandas de suelo de los empresarios locales- la
parcela municipal de 50.000 m2
preparada para ello desde hace una
década. El alcalde pretende destinar este terreno para un complejo
turístico.
Para ello no
dudará en venderlo a los promotores y recalificarlo. Curiosamente, la
parcela linda por el oeste y el norte con una finca propiedad de 15.000 m2
propiedad de José Rubio. En estos seis años, dicen los empresarios, el
alcalde no ha querido "tocar" los terrenos y ahora ha comenzado a proyectar
otro polígono en terrenos particulares, una parte de los cuales necesitan
también de una recalificación al ser rústicos. El alcalde asegura que este
polígono da respuesta a las necesidades del empresariado local.
(2005)
GALICIA
62. NIGRÁN: EL FISCAL VE
INDICIOS DE DELITO EN OPERACIONES URBANÍSTICAS
La Fiscalía especial de Ordenación del Territorio
de Vigo prevé concluir la investigación sobre las frustradas recalificaciones de
unos terrenos de Nigrán comprados a precio reducido por Metrowest Europa,
integrada por varios empresarios y directivos del Celta. Tras estudiar los datos
que obran en su poder, el ministerio público mantiene, por el momento, sus
sospechas iniciales. Las averiguaciones realizadas llevan a pensar que los
implicados en la operación pudieron beneficiarse de información privilegiada y
haber incurrido en un delito de negociaciones prohibidas y otro de tráfico de
influencias.
La acusación continúa con la recopilación y estudio de toda la documentación y
todavía no ha decidido quiénes serán las personas que tendrán que desfilar por
su despacho. El fiscal no descarta a nadie en su lista de citaciones, ni
siquiera al alcalde de Nigrán y ex directivo celeste, Alfredo Rodríguez.
Recientemente, el regidor nigranés contactó con la Fiscalía para confirmar si
tendría que trasladarse a Vigo a prestar declaración. El responsable del
departamento especial le contestó que, por el momento, aún no le fue posible
decidir la lista de citaciones, por lo que no le podía dar una respuesta en
firme. Todo dependerá de los resultados finales de las indagaciones que, durante tres
meses, realizó un equipo del Seprona de la Guardia Civil y otros cuerpos
policiales. El fiscal especial, Juan Carlos Aladro, calificó la pesquisa de
“seria y complicada”. La investigación está prácticamente concluida y ahora el
ministerio público repasa la documentación con el fin de elaborar un
cuestionario con el que interrogar a los implicados. Una vez oída la versión de
estos, decidirá si halla indicios suficientes para llevar adelante la acusación
mediante la presentación de una querella en el juzgado o, por el contrario,
archiva el caso. Desde junio, la Fiscalía ha realizado pesquisas en el Concello para localizar
documentos incriminatorios que revelasen operaciones fraudulentas,
transferencias de capitales y otros movimientos extraños en torno a dichos
solares. El departamento remitió un oficio al Concello para que le informase del
Plan General que iba a aprobar en el pleno boicoteado por los vecinos. (20/09/06)
63. TUI:
EL PP RATIFICA
A UN ALCALDE POPULAR CON TRES PROCESOS JUDICIALES POR DELITOS URBANÍSTICOS
El alcalde de Tui, el popular Antonio Feliciano Fernández
Rocha, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados por un nuevo supuesto
caso de prevaricación urbanística. Junto a él también estuvieron los concejales
José Prada Álvarez, José Manuel Sousa Sousa, Moisés Rodríguez Pérez, Telmo
Martínez Ramos y Alfredo Alonso Acuña, así como el aparejador municipal y la
asesora jurídica del citado ayuntamiento. Para todos ellos, el fiscal solicita
ocho años de inhabilitación y el pago de 7.200 €.
Durante la primera jornada de esta vista oral, que se celebró en el Juzgado de
lo Penal número 2 de Pontevedra, el regidor municipal reconoció que la
corporación aprobó la concesión de la licencia de rehabilitación del Casino
viejo de Tui así como de construcción de un edificio de nueva planta en la parte
posterior del citado inmueble. Aludió a que tal aprobación contó con informes
previos de los técnicos municipales, ya que “los políticos no vemos los
proyectos”, al tiempo que aseguró que ni para él ”ni para los técnicos [el
edificio] está dentro del conjunto histórico” de Tui.
Sobre el hecho de que Patrimonio hubiese permitido la rehabilitación del casino,
pero no así la construcción del segundo edificio, el regidor municipal tudense
se defendió asegurando que ”no se pueden dar licencias a medias” para los
proyectos. Asimismo, reiteró que si bien tiene conocimiento de la existencia de
una zona clasificada como Bien de Interés Cultural, ”es el conjunto histórico y
no la zona de la que hablamos”.
La concesión de esta licencia por parte de la corporación municipal es definida
por el fiscal como un “claro desprecio de la legislación vigente al haber
vulnerado conscientemente la normativa urbanística”, un hecho en el que los dos
técnicos procesados habrían jugado un papel importante: ”Contraviniendo grave y
conscientemente la legislación urbanística [...] emitieron sus respectivos
informes técnico y jurídico estimando aplicable a la parcela en cuestión la
ordenanza primera -relativa a suelo urbano y, por lo tanto, no precisa de un
informe vinculante por parte de Patrimonio- y no la quinta -que sí requiere de
tal informe y es muy restrictiva a la hora de realizar modificaciones de la
estructura existente-”. (19/10/06)
ISLAS
BALEARES
64.
AYUNTAMIENTO DE IBIZA:
EL EX MINISTRO MATUTES, FAVORECIDO POR LA AUTOVÍA DE IBIZA, GRACIAS A LA
CONSELLERA DE VÍAS Y OBRAS, QUE CASUALMENTE ES SU HIJA
Desde la
plataforma
No volem la autopista
apuntan que el proyecto de construcción de autovías en Ibiza podría
favorecer económicamente al ex ministro de Exteriores Abel Matutes. Según
afirman, al margen de que su hija, Stella Matutes, sea la consellera de Vías y
Obras del Consell Insular, “hay cosas coincidentes como que, por ejemplo, el
vial de salida de la autovía del aeropuerto estará situado justo en la
urbanización Canrespalls, de la familia Matutes; o que la cantera que logró la
concesión para la construcción de las vías sea también del ex ministro, o que
Abel Matutes pertenezca al consejo de administración de Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC), empresa adjudicataria de la obra”.
Esta sospecha
la comparte el diputado socialista por Baleares José Ramón Mateos, que acota que
“el hecho de que el PP tenga un interés tan grande en esta obra nos hace pensar
en intereses económicos ocultos. De hecho, el Consell Insular cambió la
redacción inicial del Plan Territorial Insular (PTI) para que pudiesen abrirse
nuevas canteras en zonas protegidas en mayo de 2005. Se da la circunstancia de
que el grupo empresarial Matutes y Matías Arrom Bibiloni (MAB) había comprado
meses antes una de esas canteras”. (22/02/06)
65. AYUNTAMIENTO DE IBIZA: EL FISCAL SOLICITA CÁRCEL PARA UN
ALCALDE DE IBIZA POR PREVARICACIÓN
La fiscalía acusa al alcalde de Sant Josep de Ibiza, José Serra, del
PP, y a los cinco concejales de su equipo de gobierno en 1992 de un presunto
delito de prevaricación urbanística y solicita para cada uno una condena de dos
años y medio de cárcel y 12 de inhabilitación. Serra y su equipo autorizaron
supuestamente la construcción de una residencia de 300 m2 sobre la
cima del monte Puig d'en Serra, en un enclave protegido, y extendieron la
licencia municipal a pesar de los informes adversos de los funcionarios y
técnicos. El fiscal ha presentado el escrito de calificación y ha solicitado la
apertura de juicio. Sin embargo, la defensa del alcalde -el hombre fuerte del PP
en Ibiza, que tiene otras causas abiertas- alega que el delito del que se le
acusa ha prescrito. (23/07/06)
66. MONTPORT: LA
CONSEJERO MONER OTORGÓ EN 2002 LICENCIA PARA 15 EDIFICIOS EN UNA ZONA
INEDIFICABLE
La actual consellera d'Agricultura, Margalida Moner, otorgó en el año 2002,
cuando era alcaldesa de Andratx, una licencia de obras para la construcción de
15 edificios plurifamiliares, con un total de 96 viviendas, Montport, en el Port
de Andratx. Esta zona es inedificable desde el año 1991, cuando fue incluida en
la Ley de Espacios Naturales (LEN) como Área Rural de Interés Paisajístico
(ARIP). Actualmente se construyen 20 edificios. Un juez investiga las diferentes
licencias otorgadas por el Ajuntament d'Andratx después que la Fiscalía haya
observado indicios de delito a partir de una denuncia de la Guardia Civil.
La licencia otorgada cuando presidía el Consistorio Margalida Moner
se aprobó en una comisión de gobierno celebrada en marzo de 2002, estando
presentes los concejales Eugenio Hidalgo, actual alcalde y responsable también
entonces de Urbanismo, Llorenç Suau, y la misma Margalida Moner.
(22/07/06)
67. SES
SALINES: EL EX ALCALDE PIDIÓ PERSONALMENTE A LOS ALCALDES LOS CERTIFICADOS PARA
EL INTERÉS GENERAL DE SU FINCA
El ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal (PP) declaró
ante el juez que pidió personalmente a diez alcaldes de su partido
certificaciones que acreditasen la participación de la Agrupació de Cavallistes
del municipio, a la que Vidal pertenece, en diferentes festejos de la Isla con
el fin de conseguir la declaración de interés general para una edificación en
suelo rústico propiedad de su familia. Vidal especificó que a ninguno de esos
diez alcaldes o tenientes de alcalde les explicó para qué necesitaba esas
certificaciones. Vidal declaró ante el titular del juzgado de Instrucción número
8 de Palma, Antoni Rotger, por la denuncia presentada ante las presuntas
irregularidades de esas certificaciones, ya que la Agrupació de Cavallistes de
ses Salines fue constituida legalmente en 2001 y esos documentos municipales
certifican supuestas actuaciones anteriores que se remontan hasta 1994. Con las
certificaciones, Vidal consiguió del Consell una declaración de interés general
para una edificación en suelo rústico que serviría como sede de la Agrupació de
Cavallistes. Al destaparse el tema, la institución suspendió el interés general
y Vidal dimitió. (19/04/06)
68. ANDRATX:
LA FISCALÍA IMPULSA DOS CAUSAS POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA CONTRA EL ALCALDE
Las decisiones de
política urbanística del Ayuntamiento del municipio turístico de Andratx, en
Mallorca, comandado por el alcalde Eugenio Hidalgo, del PP, están siendo
investigadas por la Fiscalía de Baleares, que ya ha concretado su acción en dos
denuncias contra el alcalde por supuestos delitos medio ambiental y de
prevaricación. El fiscal especializado en temas ecológicos y delitos
urbanísticos, Adrián Salazar, indaga una decena de supuestos casos de corrupción
urbanística.
Una de las denuncias
alude a la autorización administrativa para levantar en una zona rural boscosa
altamente protegida hasta veinte edificios que suman 150 viviendas, en el Port
d'Andratx. La segunda causa hace referencia a la construcción de una residencia
de dos plantas, de 100 m2, propiedad del alcalde Hidalgo, sobre un
porche agrícola que, aparentemente, no podía ser ampliado por la calificación y
dimensión del terreno. (22/07/06)
69. SANTA
MARGALIDA LA FISCALÍA ABRE UNA SEGUNDA CAUSA POR LA CORRUPCIÓN
La fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia ha decidido abrir, tras archivar las diligencias
por el llamado caso cintas, una segunda investigación para depurar los casos de
posible corrupción urbanística en Santa Margalida. El teniente fiscal Ladislao
Roig, en el decreto de archivo de la investigación afirma que, a pesar de la
posible invalidez como prueba de la grabación magnetofónica aportada al caso,
existe "una conversación mantenida entre dos personas (supuestamente el alcalde
del PP Antoni Del Olmo y el ex alcalde de Unió Mallorquina Jaime Ribot) de la
que se deriva, sin ningún género de dudas, la entrega de seis mil euros de uno
de los intervinientes a otro (Ribot a Del Olmo)".
El decreto de
archivo fue hecho público y en él se informa de la apertura de las segundas
diligencias informativas por parte de la fiscalía. La investigación pretende
clarificar si las sospechas sobre la existencia de un entramado de corrupción
basado en recalificaciones de solares a cambio de sobornos, y en el que estarían
implicados, además del alcalde Del Olmo, otros concejales y empresarios de la
localidad son ciertas. Ladislao Roig ha decidido, como primera medida, unir a la
nueva causa la pormenorizada declaración efectuada por Mateu Ferrer, el
periodista que destapó el caso, ante la Guardia Civil.
Ferrer, en seis
apretados folios, expuso a los investigadores el resultado de su investigación
periodística en torno al supuesto entramado de trasiego de comisiones
millonarias enmarcado en el proceso de revisión de las Normas Subsidiarias de
Santa Margalida. El redactor aportó datos muy pormenorizados que permitían
interpretar muchas de las claves de la conversación entre Del Olmo y el
empresario Ribot. El número dos de la fiscalía atribuye la nulidad como prueba
de la cinta, a dos circunstancias: el desconocimiento de la autoría de la
grabación y la mala calidad de su sonido, constatada por la Guardia Civil.
(19/09/06)
Ni Del Olmo,
defendido por Rafael Perera, ni Ribot, representado por Eduardo Valdivia, han
reconocido su participación en la charla, ni han admitido la grabación de la
misma. El fiscal censura esta actitud: "ninguno de los dos interlocutores ha
tenido la valentía ciudadana de reconocer formalmente haber sido él el autor de
la grabación" . Roig añade a continuación que, pese a todo, son "los dos únicos
sospechosos" de haber mantenido la reunión y de haberla registrado en la cinta.
70. CIUTADELLA:
EL CASO DE UNA
PERMUTA DE TERRENOS SIGUE ADELANTE EN EL JUZGADO
El día 11 en el
Juzgado de Ciutadella declaraban los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento por
el caso de la permuta de la Calle de la Creu con la Calle Glosador Vivó. Los
Partidos de la Oposición del Consistorio habían presentado una denuncia al
Fiscal anticorrupción que acabó con la presentación en septiembre 2005, de la
querella del Fiscal mallorquín Joan Carrau contra el Teniente de Alcalde de
Urbanismo de Ciutadella, Avelino Casasnovas del PP por los presuntos delitos de
estafa, tráfico de influencias, fraude, negociación prohibida a funcionarios y
abuso de la función pública.
Los
antecedentes son estos: Casasnovas se interesó como Concejal en la compra a un
jubilado, de unos terrenos de 109 m2 ubicados en el Camino de Mahón;
el propietario rechazó esta oferta y el Concejal le ofreció 24.000,00 € con un
matiz: No sería el Ayuntamiento el que abonaría esta cantidad sino el empresario
mallorquín Antonio Picó, amigo por cierto del Teniente de Alcalde. El Portavoz
del Fórum Ciudadano Luis Camarero, denunciaba que el Ayuntamiento había engañado
a este propietario.
Medio año más
tarde el Ayuntamiento de Ciutadella le ofrecía a Picó permutar sus 109 m2
por un solar municipal edificable de 105 m2 ubicado en la Calle
Glosador Vivó, a cambio de que el empresario mallorquín le diese al Ayuntamiento
20.000 € adicionales. El argumento del Consistorio para llevar a cabo esa
permuta fue el interés de Cruz Roja por instalarse en los terrenos del Camino de
Mahón; traslado que nunca llegó a materializarse. De todo ello los Grupos de la
Oposición extrajeron que el Ayuntamiento dispensaba trato de favor al empresario
mallorquín y es que el precio por m2
de la parcela que se le cedió se
fijó en 1.200 €, cuando terrenos próximos a la zona sólo costaban 110,00 €/m2.
(14/05/06)
71. TELDE:
ARRESTADA UNA CONCEJAL POR EL CASO DE CORRUPCIÓN EN TELDE
La concejal de
Festejos del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas), Guadalupe López, y su
marido, Salvador Santana, fueron detenidos en el marco de la Operación
Faycán, que investiga un caso de corrupción en esta corporación canaria.
López ha quedado en libertad con cargos; Santana, según informa el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, está imputado por malversación de caudales
públicos y usurpación de funciones. La nota añade que el juez instructor del
caso Faycán, Javier García, citará en los próximos días a la concejal
de Festejos, perteneciente al PP, para tomarle declaración. La detención de
López y de su marido forma parte de las investigaciones que sigue el
magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Telde sobre la presunta trama
de corrupción por el cobro de comisiones ilegales. En total, 16 personas,
entre políticos, empresarios y empleados municipales, figuran como imputados
en esta presunta trama de corrupción que salió a la luz pública el pasado 1
de marzo, cuando se produjeron las primeras detenciones; entre ellas la de
otra concejal, Antonia Torres, también del PP. El alcalde de Telde,
Francisco Valido (PP), anunció que no presentará su dimisión. (27/09/06)
72. FUERTEVENTURA:
DENUNCIAN ANTE
LA FISCALIZA ANTICORRUPCIÓN AL PRESIDENTE DEL PP POR PERMITIR LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA MANSIÓN EN UN MONUMENTO NATURAL
El Partido Verde Canario ha puesto hoy en conocimiento de la fiscalía
anticorrupción las posibles implicaciones del presidente del PP en
Fuerteventura, Domingo González Arroyo, al conceder una licencia urbanística,
cuando era alcalde de la Oliva, para la construcción de una mansión en un el
espacio natural protegido de Malpais de la Arena al que entonces era su Yerno. Se
da la circunstancia de que La Sala de lo Penal del TSJC ha ordenado la apertura
de juicio oral contra Domingo González Arroyo por presuntos delitos de
prevaricación e intrusismo profesional por contratar durante cinco años como
topógrafo a la misma persona supuestamente beneficiada por la licencia
urbanística.
Además afirma
los Verdes que el PP mintió al Parlamento de Canarias para proteger a Domingo
González Arroyo, ya que, según Los Verdes ”En la respuesta a una de una pregunta
parlamentaria referida a la construcción de la citada vivienda ilegal en suelo
protegido, formulada por D. Eustaquio Juan Santana Gil del Grupo Parlamentario.
Socialista canario, el secretario general técnico de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente, en manos del PP en aquella época, negó que la
citada vivienda, estuviese en espacio Natural Protegido. Tal como ha quedado
registrado en el el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias Número 97 del
17 de julio de 1998. (15/05/06)
73.
AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA:
RECALIFICAN TERRENOS DE LA FAMILIA DE UN CONSEJERO AUTONÓMICO
La
recalificación como "suelo urbanizable no delimitado" de dos parcelas de
32,5 hectáreas que figuraban como "suelo rústico de entorno urbano", a las
afueras del norte del casco urbano de la ciudad, fue denunciada como "el
mayor
pelotazo urbanístico de la historia de Salamanca" por el grupo
socialista en el Ayuntamiento. La propiedad del 10% de esos terrenos
corresponde a la esposa y cuñados del secretario general del PP en Castilla
y León y consejero de Presidencia del Gobierno regional, Alfonso Fernández
Mañueco.
El terreno se
encuentra a la salida de la capital, en las inmediaciones del pabellón
Multiusos, sobre las colinas de Las Cabezas y Peñiscas II. Los dos espacios,
junto con otros tres cerros, figuraban en el PGOU como "suelo rústico de
entorno urbano", en el que la Ley del Suelo de la comunidad autónoma prohíbe
"las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada". Con la
decisión tomada por el PP de eliminar de ese suelo las 32,5 hectáreas, al
margen del informe técnico de los redactores, se podrán construir 73
viviendas de 100 m2
sobre las lomas calificadas no urbanizables
dados "sus valores paisajísticos como elementos morfológicos singulares".
(24/10/06)
74. NAVAS DEL
MARQUÉS: EL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN RECURRE LA SENTENCIA QUE IMPIDE TALAR
EL REFUGIO DE CIGÜEÑAS PARA CONSTRUIR UN CAMPO DE GOLF
La Junta de Castilla y León acordó recurrir la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia que impide talar un pinar
protegido en las Navas del Marqués (Ávila). La sentencia vetó la
urbanización, impulsada por la Junta, por afectar a la zona de cría de la
cigüeña negra, entre otras especies protegidas. La portavoz vicepresidenta
primera, María Jesús Ruiz, afirmó que la sentencia genera "precedentes muy
preocupantes" y "de imprevisibles consecuencias" que calificó de "lesivas" e
"impensables" para todas aquellas Zonas de Protección para las Aves. Y
afirmó que impediría centenares de urbanizaciones. Por ello, concluyó: "Es
una sentencia que no podemos compartir". El ayuntamiento de las Navas del
Marqués, del PP, también recurrirá. Las dos administraciones mantienen su
apoyo a la construcción de 1.600 chalés y cuatro campos de golf en un pinar
de alto valor ecológico aunque eso suponga la tala de 35.000 árboles.
El Ayuntamiento, la Junta y la Diputación fundaron
una sociedad que impulsó la recalificación y pactó con un constructor de
Murcia la edificación de 1.600 chalés, cuatro campos de golf y un hotel en
un pinar considerado de especial protección para la cigüeña negra, el águila
imperial, entre otras especies. El constructor, Francisco Gómez,
El
Paloma, se adjudicó una parcela que era pública y que la Junta
recalificó. Los responsables de la Junta que recalificaron tomaron la
decisión años antes de pedir informes técnicos.
La Junta le autorizó a talar
más de 35.000 pinos maduros y le exigía repoblar 200 hectáreas. La sentencia
criticó la urbanización, afirmó que no hay interés público en la obra, que
"vulnera frontalmente" el plan de recuperación de la cigüeña negra de la Junta y
se preguntó por qué la administración autonómica no urbaniza en la zona que
pretendía repoblar en vez de en el pinar maduro. Todo ello, pese a que los
técnicos de la Junta de Castilla y León informaron en al menos tres ocasiones
contra la construcción de 1.600 chalés, un hotel y cuatro campos de golf en un
pinar protegido de Las Navas del Marqués.
Además de todo lo dicho, se ha sabido que el
constructor Francisco Gómez,
El Paloma, obtuvo 215 hectáreas de terreno
protegido por casi el mismo precio que había ofrecido por la mitad del terreno.
La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila)
pactaron con él en 2001 la construcción de una gran urbanización en el pinar e
incluso le encargaron que diseñara el proyecto, años antes de iniciar los
trámites urbanísticos y ambientales. En la compraventa, la empresa pública se
comprometía a indemnizar al constructor si no recalificaba el terreno en dos
años.
El constructor Francisco Gómez, alias
El
Paloma, acordó en 2001 "su intención de adquirir 95 hectáreas por 9,157
millones €" a la empresa pública Montes de las Navas, que acababa de comprar
7.000 hectáreas de monte por 9 millones € a Resinera Española. La empresa Montes
de las Navas fue fundada por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y la
Diputación de Ávila (todas del PP) con el objeto oficial de proteger el monte;
aunque se dedicó a recalificarlo y urbanizarlo. El Paloma, según el acta del
consejo de administración de la empresa de 21 noviembre de 2001, ya advertía de
que podía necesitar otras 50 hectáreas que tendrían "otras compensaciones en
función de la clasificación del terreno". (12/10/06)
75.
VILLANUEVA DE GÓMEZ. LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN SE OPONE AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y APRUEBA TRES
CAMPOS DE GOLF EN UNA ALDEA
La Junta de
Castilla y León dio luz verde a los tres campos de golf en Villanueva de
Gómez, un pueblo de 143 habitantes de Ávila. Los representantes de la Junta
sacaron adelante el proyecto en la comisión provincial de Urbanismo con los
votos en contra de la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, que no sabe de dónde saldrá el agua, ya que el
pueblo se abastece con cubas. El proyecto lleva aparejada la construcción de
7.500 chalés, para los que ya se han talado unos 10.000 pinos maduros.
La comisión
provincial ambiental de Castilla y León vivió una jornada atípica de
discusiones. De los 16 miembros que integran la comisión, el proyecto salió
adelante tras recibir cinco votos en contra, los correspondientes a la Unión
de Pequeños Agricultores (UPA), UGT, Comisiones Obreras, el representante de
las organizaciones ecologistas y el de la Confederación Hidrográfica del
Duero. La Junta impuso su mayoría y, apoyada por la Diputación y los
empresarios, recomendó a la Consejería de Medio Ambiente que apruebe el
proyecto.
El delegado
territorial del Gobierno regional en Ávila, Francisco José Sánchez,
manifestó en la reunión que "la urbanización es progreso y empleo" y que "no
hay otra alternativa para la zona", y llegó a invitar a pasar al promotor
para que explicase las bondades de su urbanización, según fuentes presentes
en la reunión. El voto en contra de la Confederación Hidrográfica del Duero
"nos debe preocupar por el desarrollo del proyecto", ya que "en la propia
reunión ya nos han advertido de que van a ser restrictivos con las
concesiones de agua que, para este proyecto, son básicas", señaló Sánchez,
que también afirmo que el campo de golf se regará "con el agua residual de
las urbanizaciones, aunque para que éstas la produzcan primero tienen que
recibir agua limpia".
El expediente
aprobado por la Comisión de Prevención Ambiental será tramitado a la
Consejería de Medio Ambiente, quien tiene que elaborar la declaración de
impacto ambiental. La urbanización incluye 7.500 viviendas y tres campos de
golf.
(19/10/06)
76.
CEBREROS: DIMITE LA ALCALDESA TRAS UNA ACUSACIÓN DE IRREGULARIDADES
URBANÍSTICAS
La que ha sido
alcaldesa de Cebreros desde 1985, Pilar García (PP), presentó su renuncia como
primera edil de su pueblo. Aseguró en un comunicado que la intención de esta
actuación ha sido la de "defender las gestiones municipales y el interés general
de mi pueblo ante cualquier situación de duda creada con las manifestaciones que
se han vertido sobre ella en los últimas días". Se refiere Pilar García a las
acusaciones formuladas por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Cebreros
que la acusaron de un posible "conflicto de intereses" urbanístico.
En ese
comunicado, Pilar García asegura textualmente que su renuncia se debe a la
importancia que tiene para ella el futuro de los vecinos de su pueblo -tanto los
que la votaron como los que no-. Insiste en que ha gobernado por el interés
general, basando su gestión en la eficacia, la transparencia y la honorabilidad
de su persona, "valores que la han guiado en todo momento". Pilar García
reconoce que se va triste pero a la vez satisfecha por haber dedicado parte de
su vida a "hacer cosas buenas por mi pueblo". (22/02/06)
77. ARROYO DE
LA ENCOMIENDA:
UN JUEZ ORDENA
INVESTIGAR LA RECALIFICACIÓN PARA EDIFICAR 2.984 VIVIENDAS
El
magistrado de Instrucción nº 1 de Valladolid ordenó abrir diligencias previas
para aclarar si se ha podido cometer algún tipo delictivo en el proceso de
recalificación de unos terrenos que llevó a cabo el Pleno de Ayuntamiento de
Arroyo de la Encomienda, en enero de este año, durante una intervención
administrativa que ha supuesto el cambio a residencial de un suelo calificado
como industrial por el Plan General de Ordenación Urbana, y en el que se prevé
edificar 2.984 viviendas.
Este cambio de uso
fue solicitado en junio del pasado año por la constructora gallega Mahía,
propietaria de los 335.000 m2, y se materializó mediante un convenio
urbanístico que firmó el alcalde del PP, José Manuel Méndez Freijo, con la
representante legal de Mahía, María Iluminada Miguel Fernández. Se da la
circunstancia que esta apoderada estuvo contratada por una empresa de Méndez
Freijo, Recreativos Dema, durante más de cuatro años, y dejó esta sociedad el 21
de mayo del 2002 para pasar a trabajar para Mahía.
María Iluminada Miguel
Fernández es hija del concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y diputado
provincial Dionisio Miguel Recio, quien fue designado vocal de la empresa de
suelo y vivienda (Emuva) de Arroyo en febrero del 2004. Miguel Recio dimitió
posteriormente de esta sociedad que se encarga de gestionar las obras y
servicios municipales, así como de vender patrimonio local para obtener
recursos.Tanto el PSOE como IU se
opusieron en su día a este convenio urbanístico, que calificaron de 'auténtico
pelotazo de más de 180 millones
€
por las plusvalías que generaría el cambio de
uso de unos terrenos donde el PGOU, aprobado en enero del 2003, preveía la
instalación de unas 120 pequeñas y medianas empresas.
Además de las
decisiones municipales adoptadas en dos plenos, y en otras tantas comisiones de
Infraestructuras previas -apoyadas por la mayoría del PP en ambos-, el juez ha
recomendado a la policía que investigue la procedencia del patrimonio acumulado
en los últimos años por los ediles de Arroyo de la Encomienda que apoyaron el
cambio de suelo industrial por residencial.
En este caso,
la nueva sentencia judicial dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo
de Valladolid declara nulo de pleno derecho el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Arroyo del 5 de mayo del 2005, por el que se aprobaba
definitivamente el Estudio de Detalle para la Modificación de las parcelas A-1,
A-3 y A-4, situadas en el plan parcial de La Vega, muy cerca del complejo
hotelero próximo a la autovía A-62.
(20/05/06)
78. ARROYO DE
LA ENCOMIENDA:
FOMENTO ABRE UN EXPEDIENTE SANCIONADOR AL EDIL DE ARROYO DUEÑO DE DOS VPO, PESE
A SER PROPIETARIO DE OTRAS TRES
La Consejería de Fomento, que dirige Antonio Silván, ha
abierto un expediente sancionador al concejal del PP de Arroyo de la Encomienda,
Javier Cruz Sánchez, que posee cinco viviendas a nombre de él y su esposa, dos
de las cuales están catalogadas como de protección oficial (VPO). Este técnico
de mantenimiento de la empresa Helios, que actualmente se encuentra en
excedencia por sus funciones de dedicación exclusiva al Consistorio de Arroyo
como edil de Obras, no ha respondido a los requerimientos efectuados desde la
Dirección General de la Vivienda para que explicase en qué circunstancias compró
estos pisos y en qué situación se encuentran actualmente, si alquilados o
cerrados. (29/06/06)
79. PONFERRADA. EL DELEGADO EN LEÓN DEL GOBIERNO REGIONAL CONSTRUYE UN CHALÉ
ILEGAL EN ZONA RÚSTICA
Eduardo Fernández, delegado en León del Gobierno
regional de Castilla y León, del Partido Popular, está construyendo un chalé
ilegal en una parcela de 4.412 m2, junto al pantano de Bárcena, en
las inmediaciones de Ponferrada, en un terreno donde no se puede edificar y del
que no es propietario en su integridad. Se da la circunstancia de que Fernández
es presidente de la Comisión Provincial de Urbanismo de León y por lo tanto
otorga o retira licencias de construcción en base a la ley que ahora parece
olvidar.
El paraje natural no urbanizable donde levanta el chalé Fernández es
un terreno rústico protegido en el que según las normas urbanísticas del vigente
Plan de Ordenación Urbana no se puede edificar, salvo que se posea un millón de
m2. Muy por el contrario, Fernández solo cuenta con un contrato
privado de compra, fechado en 1979, de 2.800 de los 4.412 m2 de la
parcela que ocupa, a nombre de su madre, María Flor García. Pero la totalidad
del terreno figura en la relación de bienes de la Fundación Fustegueras, que ha
pagado los impuestos desde su creación en 1977.
Estos 2.800 m2
adquiridos por la madre del político,
sobre los que se encuentra la edificación ilegal (anteriormente había una bodega
también ilegal) no se hallan asentadas en el Registro de la Propiedad del
municipio de Ponferrada, según el delegado del Gobierno regional en León, porque
su padre, Magín Fernández, no los registró en su día, quizá porque no pudo ni
entonces ni ahora, al no contar con los requisitos necesarios. A esto se suma
que por la totalidad de los 4.412 m2
de la parcela que disfruta el
político, la contribución por finca rústica ha sido pagada en los últimos 28
años por la Fundación Fustegueras, creada tras la muerte de un rico vecino de
Ponferrada, Miguel Fustegueras, y compuesta por los párrocos de la ciudad y el
alcalde (hoy Carlos López Riesco, del PP, sucesor de Ismael Alvarez, condenado
por acoso sexual a su concejala de Hacienda Nevenka Fernández).
(2005)
80.
YEBES -
GUADALAJARA:
LA FAMILIA DE ESPERANZA AGUIRRE BENEFICIADA POR LAS CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
CIUDAD
Valdeluz tiene
pocos precedentes. En apenas siete años, unas dehesas desérticas se van a
convertir en una ciudad de 34.000 habitantes. Una empresa constructora, el
grupo Reyal, como agente urbanizador, se está encargando de todo: desde el
diseño hasta la adjudicación de obras a otras constructoras, pasando por el
propio bautizo de la criatura. Todo ello ha sido posible gracias a la
ubicación en este páramo castellano de la estación del AVE Madrid-Barcelona
que la ciudad de Guadalajara, con 67.000 habitantes y a tan solo 14
kilómetro, hubiese querido para ella.
El proyecto,
rodeado de polémica porque los terrenos recalificados eran de una tía del
marido de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, va viento
en popa y promete generar en la comarca una presión medioambiental y social
que todas las instituciones públicas deben ahora afrontar. En el enclave de
Alcohete, como era conocido, hay una frenética actividad constructora. Se
están edificando 9.500 viviendas y los primeros
colonos llegarán el
próximo verano. El principal atractivo de esta nueva urbe es la estación del
AVE y su tren de alta velocidad, que deposita al viajero en Atocha en 27
minutos.
El Gobierno del
PP, con Esperanza Aguirre como ministra de Cultura, diseñó esta línea del
AVE sin parada en Guadalajara. El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado,
optó por el enclave de Alcohete, propiedad de El Arverjal, SL, sociedad de
Teresa Micaela Valdés Ozores, tía del marido de Esperanza Aguirre, y los
hijos de aquélla. Eran 3,4 millones de metros cuadrados de suelo rústico
recibido en herencia por Valdés Ozores que el Ayuntamiento de Yebes, pueblo
de sólo 217 vecinos y a cuyo término municipal pertenece, recalificó y, por
tanto, revalorizó en 2001. (04/12/05)
81. SESEÑA: ZAPLANA IMPLICADO EN UN PELOTAZO URBANÍSTICO
La historia se repite. Tras el caso Terra Mítica, el
pelotazo urbanístico de Seseña amenaza al portavoz del PP en el Congreso,
Eduardo Zaplana. IU acusa al popular de estar implicado en el caso de corrupción
del pueblo toledano. Según IU hubo connivencias políticas, y presuntos delitos,
en todo el proceso administrativo sobre la concesión al empresario Francisco
Hernando, conocido como Paco El Pocero, de las autorizaciones necesarias para
construir 13.000 viviendas. Una iniciativa que se ha convertido en el pelotazo
urbanístico de moda, valorado entre 800 y 1.500 millones €, y que implican a
Eduardo Zaplana.La entrada en escena del dirigente del PP empieza desde el momento de la
concesión de la polémica Medalla al Mérito en el Trabajo para Hernando en 2004
-época en que Zaplana era ministro de Trabajo-, sin otro aval que el de un
subordinado suyo, casualmente consuegro del empresario. Además, los antecedentes
de Hernando no eran para concederle una Medalla al Mérito. El Pocero fue
declarado persona non grata en Villaviciosa de Odón (Madrid), y condenado en
1991 por insultar a un policía municipal y amenazar a un alcalde que había
cerrado una de sus plantas hormigoneras.
Asimismo, IU denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, una serie de casualidades
como las coincidencias de Hernando y Zaplana en su relación con la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM). El 19 de noviembre de 2002, Zaplana recibía el
visto bueno de la CAM para su crédito y adquiría su vivienda de 532 metros
cuadrados en el madrileño paseo de La Castellana, por valor de 1.6 millones €.
Dicha concesión avivó las acusaciones de “trato de favor” sobre el ex presidente
de la Generalitat valenciana, ya que el crédito incluía una carencia de tres
años en el pago principal, periodo durante el cual sólo debía abonar los
intereses.
La relación entre ambos ha sido reconocida por el propio Hernando, así como la
estancia del político del PP en el yate de El Pocero, el Clarena. Por ello,
Zaplana decidió cambiar de yate y este verano va a disfrutar del que le brinda
su amigo, el dueño de la clínica privada Salus de Benidorm. (31/07/06)
PRINCIPADO DE
ASTURIAS
82. ASTURIAS: INVESTIGAN A UN SENADOR DEL PP DE ASTURIAS
POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN COMO COMISIONISTA EN LA VENTA DE TERRENOS
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
investigó al senador del PP Javier Sopeña por su presunta participación como
comisionista en la venta de unos terrenos en la costa asturiana. Según se indica
en una denuncia este senador y concejal del ayuntamiento de Oviedo ha actuado de
intermediario en la operación urbanística en la que se llega a pactar una
comisión de 19 millones de pesetas en dinero negro. Según la trascripción de las
grabaciones los intermediarios en la venta son el propio senador y concejal de
urbanismo de Oviedo durante más de diez años, Javier Sopeña; su abogado y un
tercer comisionista, Regino Canteli, el autor de las grabaciones.
Se trata de
vender los terrenos a una empresa inmobiliaria en la que participa Serafín
Abilio, presidente de los constructores asturianos. En una de las reuniones,
Abilio llega a un principio de acuerdo sobre la comisión a pagar a los
intermediarios: 19 millones de pesetas en dinero B. En todo momento,
según la trascripción, el pago de la comisión lo garantiza el dirigente del PP
por su relación con el empresario de la construcción. Así lo asegura en varias
reuniones con el abogado del senador, el intermediario Cantelli.
La operación se complica cuando este comisionista,
Regino Cantelli, exige más dinero por la operación. Entonces es el propio
senador del PP el que interviene y trata de convencerle.
El senador Javier Sopeña ha reconocido que puso en contacto a las
partes compradora y vendedora, aunque asegura que lo hizo por amistad y sin
cobrar nada a cambio. Serafín Abilio reconoce su relación con el senador pero
niega que hablara con él sobre esta operación. Sí, admite que ofreció a los
intermediarios 19 millones de pesetas en dinero negro por las fincas.
Mientras, el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo,
salió públicamente en defensa de su concejal y senador Javier Sopeña, por
primera vez. El regidor sostuvo que los cargos públicos tienen derecho a
participar en otras actividades en su tiempo libre: “Fuera de sus horas de
trabajo pueden dedicarse a jugar al tute por las tardes, que los hay, o a
intervenir en la compra de una finca. Es absolutamente legal”.
(09/05/06)
83. BADAJOZ: LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ABRE DILIGENCIAS
INFORMATIVAS POR EL CASO GOLF GUADIANA
La Fiscalía
Anticorrupción del Estado ha abierto diligencias informativas por el caso del
Golf Guadiana en Badajoz, por el que se construyeron en este recinto 70
apartamentos en lugar del aparta hotel proyectado para el que se tenía licencia
municipal. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Badajoz, José Ramón Suárez, declaró ante el fiscal jefe de la Audiencia
Provincial de Badajoz.
Suárez ha hecho
hincapié en "las responsabilidades políticas" que de este caso se derivan, y que
en su opinión apuntan directamente a la concejala de Urbanismo, Cristina
Herrera, y al alcalde de la ciudad, Miguel Celdrán. El PSOE de Badajoz ya
denunció en otras ocasiones que"el alcalde y la concejala de Urbanismo conocían
desde hace años las irregularidades del Golf Guadiana y no han hecho nada al
respecto, salvo ocultar la situación". Por eso piden la dimisión de la titular
local de Urbanismo.
Por su parte,
Cristina Herrera rechaza esta petición de dimisión y sale al paso de las
declaraciones de Suárez afirmando que lo que ha abierto la Fiscalía
Anticorrupción son "sólo diligencias informativas que no demuestran nada", y que
podrían ser archivadas. Respecto al hecho de que el caso hubiese pasado de la
Audiencia Provincial de Badajoz a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, Herrera
sostiene que "es algo normal". (07/02/06)
84. EGÜÉS: EL
'CASO EGÜÉS' LLEGA A LOS TRIBUNALES
El denominado
caso Egüés, la instrucción de la trama de corrupción urbanística en la
que están procesados varios ex cargos públicos de UPN seguirá un procedimiento
abreviado de diligencias previas.
La judicatura
basa su auto en
el proyecto para construir un apartotel en Gorraiz. A Galipienzo le imputa ser
el autor de un delito de cohecho, donde concurren como cooperadores necesarios
José Luis Ruiz Bartolomé (su socio), Jesús Marco del Rincón (ex asesor legal del
Ayuntamiento), Nuria Alas Brun (arquitecta municipal), y como cómplice su
esposa, Eva Iglesias. A Galipienzo también le imputa tres delitos de
prevaricación por otras actuaciones durante su mandato.
El juez debe
ahora concretar las acusaciones contra los imputados, un total de diez personas,
entre las que se encuentran el ex alcalde de UPN en Egüés, Ignacio Galipienzo, y
su esposa, Eva Iglesias; el ex director general de Industria del Gobierno
navarro, Emilio Izquierdo; la arquitecta municipal de Egüés y el gerente del
consistorio, así como diversos empresarios inmobiliarios que participaron en la
compraventa de un solar escolar con la pretensión de edificar un apartotel. De
momento el juzgado ha decidido continuar la instrucción contra todos ellos, sin
perjuicio de que en el momento en que se acabe la instrucción decida qué
personas continúan o no imputadas. El juzgado aceptó en diciembre la personación
en la causa del Ayuntamiento del valle de Egüés como acusación particular al
haber resultado perjudicado por las actuaciones investigadas en la causa. (2005)
85.
PAMPLONA:
LOS CONSTRUCTORES VEN "ESCANDALOSA" LA SUBASTA DE SOLARES POR EL
AYUNTAMIENTO
Los
constructores y promotores de Navarra han calificado de "escandalosa" la
actuación del Ayuntamiento de Pamplona, gobernada por UPN-CDN, que esta
semana ha recaudado 45,6 millones € con la subasta de los últimos ochos
solares edificables de la ciudad, en los que se construirán 258 viviendas
libres. Los constructores acusaron al consistorio de ser "el mayor
especulador" de la Comunidad foral por utilizar un sistema "perverso", que
el propio Gobierno central quiere prohibir.La Asociación de Constructores y
Promotores de Navarra (ACP) afeó con energía la actuación del equipo de
gobierno de Yolanda Barcina (UPN), al considerar que contribuye
"escandalosamente" a encarecer el precio del suelo y la vivienda. "Es un
sistema poco social", indicó Jesús Urdánoz, portavoz de ACP, para añadir que
tan transparente es la subasta como el sistema concurso,.
UPN ha defendido
el procedimiento afirmando que otorga transparencia a las adjudicaciones y
ha acudido al mismo argumento que criticó con dureza en 1998: que con el
dinero recaudado por cada vivienda libre el consistorio podrá promover tres
pisos de VPO, además de obtener fondos para otros fines. Los constructores
han señalado que otros municipios de la comarca de Pamplona, con fuerte
escasez de suelo, han optado por enajenar parcelas mediante convenios o
concursos, permitiendo construir pisos bastante más baratos. Un portavoz de
la ACP calculó que la repercusión por vivienda de la subasta realizada en
1998 fue de 120.000 €. La de ahora oscilaría entre los 170.000 y los 210.000
€.
(2005)
86. LOGROÑO: EL AYUNTAMIENTO BENEFICIA A LA
FAMILIA DE PEDRO J. CON UN SUPUESTO "PELOTAZO"
El Ayuntamiento
de Logroño, gobernado por el PP, dio luz verde a la venta de un aparcamiento
situado en el centro de la ciudad a una empresa propiedad de la familia de Pedro
J. Ramírez. La sociedad, participada por una hermana del director de
El
Mundo, compró las plazas por 600 € cada una y podrá sacarlas a la venta por
24.000 €. Se da la circunstancia, además, de que la jefa de prensa del alcalde,
que autorizó esta venta, es otra hermana de Pedro J. Ramírez. Un cúmulo de
“casualidades” que ha sido denunciado.
La empresa, Parking Logroño S. L., explotaba desde
1982 el aparcamiento de la Plaza Paz, pero no tenía la propiedad del suelo, que
es lo que ahora le ha vendido el Ayuntamiento. Según denuncia la oposición, el
único motivo para justificar la venta de este aparcamiento es que se va a
construir otro en Gran Vía que incumple una cláusula de la concesión que impide
ubicar otro estacionamiento a menos de 150 metros de la Plaza de la Paz. El
Ayuntamiento fijó el precio de cada una de las plazas en 600 €, mientras que la
empresa podrá venderlas a los ciudadanos por 24.297 €. Este desfase económico
supondrá para esta compañía un beneficio de 12 millones €, mientras que para el
Ayuntamiento supone una pérdida de 1,3 millones €. (31/03/06)
87. SANTURDE:
LA JUSTICIA INVESTIGA UN "PELOTAZO URBANÍSTICO"
El PSOE de La Rioja anunció que se
personará como acusación particular contra el alcalde de Santurde, Jesús Montoya
(PP), por un presunto delito contra la Administración Pública. Este anuncio lo
hizo público después de que el juzgado de Haro admitiese a trámite la denuncia
del propio fiscal jefe de La Rioja, Juan Calparsoro. El “pelotazo urbanístico”
se consumó cuando el pleno municipal votó a favor de una recalificación de
terrenos rústicos a urbanizables en una parcela de casi 7.300 m2
propiedad de la empresa Ribera del Oja Mercantil, de la que era también
co-administrador.
Tanto el
alcalde como sus concejales del PP votaron “unánimemente la recalificación de
los terrenos en cuestión”. El 21 de enero de 2005, cuatro meses más tarde, el
alcalde y los concejales del PP votaron de nuevo “unánimemente la recalificación
provisional de los terrenos en cuestión y dan traslado del expediente, además de
facultar al alcalde para que firme y tramite los documentos pertinentes”. El pasado 10 de abril, el fiscal jefe de La Rioja, Juan Calparsoro,
interpuso una denuncia ante el juzgado número 1 de Haro para investigar las
acciones urbanísticas de Montoya “por entender que los hechos denunciados
podrían constituir delito contra la Administración Pública”. Los beneficios de
venta de los terrenos recalificados (construcción de la urbanización San Andrés:
10 unifamiliares y 37 viviendas con apartamentos, pisos y locales comerciales)
ascenderían a 7 millones €. (03/05/06)
88. MANJARRÉS:
EL ALCALDE INCLUYE EN EL AVANCE DEL FUTURO PLAN GENERAL DE LA LOCALIDAD LA
RECALIFICACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS DE SU PROPIEDAD
El avance del PGM de
Manjarrés califica como suelo urbano con uso deportivo y de ocio unas fincas de
60 hectáreas situadas en un monte a cuatro kilómetros del casco urbano y que
podrían albergar un campo de golf y admitir viviendas en una tramitación
posterior del propio plan o en una modificación puntual. Las fincas son
propiedad del alcalde y de dos hermanos, así como de sus esposas. La zona
proyectada es un monte con gran diversidad de flora y fauna y denunciaron que a
escasos metros de las fincas el Ayuntamiento ya ha trasladado un depósito de
agua. (20/07/06)
89. LARDERO:
EL JUEZ ORDENA LA DEMOLICIÓN DE 43 PISOS AUTORIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO
El edificio cambió
el uso de unifamiliar a manzana para albergar el doble de viviendas por una
decisión del Consistorio anulada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja Pedro Vallejo, el alcalde, era accionista de la sociedad que construyó
la urbanización La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja (TSJR) ha ordenado la “demolición” parcial de una
urbanización edificada por DAMWO 10, SL, sociedad en la que el propio alcalde de
Lardero, el 'popular' Pedro Vallejo, participaba directamente como accionista,
según un documento que obra en el expediente judicial.
La sentencia es
consecuencia de un recurso presentado por la colindante comunidad de vecinos de
la urbanización 'Las Adelfas', cuyos vecinos cuando adquirieron las viviendas
contaban con la garantía urbanística inicial de que la construcción planificada
delante de sus jardines no superaría la altura de la suya ni asumiría parte de
los terrenos destinados a espacios libres (zona verde o aceras, por ejemplo).
La sentencia del
TSJR revoca una anterior en la que ya se daba la razón a la comunidad de vecinos
de 'Las Adelfas', pero en la que no se entraba en el fondo de la cuestión. Ahora
queda clara la ilegalidad de la licencia concedida por el Consistorio. En este
sentido, el nuevo fallo estima el recurso de apelación, revoca la sentencia
previa y “anula la licencia otorgada para la edificación de la parcela 54 del
polígono 5 de Lardero por ser contraria a derecho y en consecuencia nulo el
estudio de detalle en que se ampara”. “Y ordenamos -continúa la sala del TSJR-
la demolición de la edificación en cuanto exceda de lo legalmente permitido
conforme a las normas subsidiarias de aplicación, pero si ello resultare
imposible técnicamente se sustituirá por la indemnización que proceda conforme
al artículo 105 de la Ley Jurisdiccional”. La sentencia deja claro que “el
estudio de detalle modifica las alineaciones interiores, incrementa la altura
máxima de cornisa en la edificación, aumenta el aprovechamiento urbanístico y la
densidad de población”. (01/08/06)
90. LARDERO: EL
AYUNTAMIENTO PAGARÁ 3,2 MILLONES € POR LOS "DESMANES" DE SU ALCALDE
La diputada
socialista Inmaculada Ortega dijo que "las decisiones irresponsables" del
alcalde de Lardero, Pedro Vallejo (PP), en relación con dos promociones
urbanísticas en esta localidad, supondrán al Consistorio el pago de 3,2 millones
de €, la mitad de las plusvalías obtenidas en estas operaciones. Ortega hizo
estas declaraciones en una conferencia de prensa en la que informó de "las
graves consecuencias económicas" de dos sentencias contra dos promociones en
esta localidad. Estas dos sentencias obligan la demolición o en su defecto
indemnización a los demandantes -propietarios de chalés- por el importe del
exceso de obra en las promociones Alfil y Argos. (10/09/06)
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