La Página No Oficial de Esperanza Aguirre. Caso IMEFE

El PSOE acusó al gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) de obstaculizar la investigación del caso Imefe al no presentarse como acusación particular en el juicio ni "reclamar el dinero estafado". Entre 1994 y 1999, responsables municipales adjudicaron a varias empresas, de las que cobraron comisiones, cursos de formación financiados por la UE que no fueron impartidos. La fiscalía reclama 272 millones y nueve años de cárcel para dos miembros del PP.

"A la Administración municipal le restituyeron la posible responsabilidad patrimonial de aquella época. No existe ahora mismo pendiente ningún tipo de responsabilidad patrimonial de nadie en contra de los intereses de los madrileños", aseguró la concejal de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Ana Botella.

La edil del PP descartó que el Ayuntamiento se vaya a personar como acusación particular en la causa que se sigue por el caso Imefe, tal y como exige el PSOE, partido que llevó el asunto a los tribunales. Para Botella, el caso Imefe es "ahora mismo un asunto que está sub júdice". "Hay una petición de la Fiscalía Anticorrupción, pero desde el Ayuntamiento no diremos nada hasta que no haya una calificación definitiva", puntualizó. La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para el ex director gerente del Imefe Ricardo Peydró Blázquez y el ex director del Servicio de Formación Ocupacional, José Luis Solana Azcárate, por presuntos delitos continuados de prevaricación y cohecho al adjudicar cursos de formación subvencionados en parte con fondos europeos que no fueron impartidos y en los que fueron falsificadas las firmas de los supuestos asistentes.

Anticorrupción pide también penas de dos años para otros seis responsables de empresas adjudicatarias de los cursos de formación como responsables de un delito continuado de falsedad y estafa. Los ocho imputados suman penas de 30 años de cárcel.

El portavoz municipal socialista, Óscar Iglesias, aseguró que el Ayuntamiento "es el principal afectado por la estafa", pero el PP intenta que no se investigue el caso "para ocultar" los delitos de sus afiliados y cargos de confianza en el Ayuntamiento de Madrid, "al igual que ha ocurrido en otros casos de corrupción". Para los socialistas la postura del equipo de gobierno de no presentarse como acusación particular en el juicio responde a un intento de "entorpecer la investigación". Iglesias explicó que, al no personarse, el Ayuntamiento no podrá reclamar el dinero defraudado a los madrileños.

La concejal socialista Isabel Vilallonga acusó a la edil de Empleo, Ana Botella, de mentir "cuando sostiene que la Administración municipal no está lesionada" en su patrimonio por el caso Imefe. Vilallonga recordó que, como figura en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, sólo dos de los empresarios acusados (Fernando Cisneros y José María Ariza) devolvieron dinero, concretamente 174.000 euros entre los dos. El resto, incluidos los dos principales imputados, no ha restituido "absolutamente nada". Además, la UE ha reducido en los últimos años las subvenciones destinadas a los cursos de formación para cobrarse el dinero defraudado.

www.elpais.com, 28/02/08

- 29 de enero de 2001. Redes empresariales con escasa o nula plantilla docente e infraestructura participada por militantes del PP copan desde 1996 la adjudicación de cursos para formar parados del Imefe. Estas empresas habían facturado unos 1.400 millones de pesetas (8,41 millones de euros), lo que suponía casi un 25% de la cantidad adjudicada en ese periodo.

- Destitución de un alto cargo. El Gobierno municipal, del PP, destituye a José Luis Solana, un adjunto a la gerencia del Imefe. La justificación de entonces fue que mantenía "amistad" con un socio (militante del PP) de Ifomar, uno de los grupos más favorecidos por este organismo (31 de enero de 2001).

- Comisión de investigación. Comienza una comisión de investigación creada en el Ayuntamiento para aclarar el supuesto fraude. En su primer día de trabajo, se conoce que el Consistorio pagó más de 50 millones de pesetas (unos 300.000 euros) en 25 cursos de formación a presos que nunca fueron impartidos. (8 de febrero de 2001).

- El gerente se va. El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, abandona su cargo al término de la comisión de investigación. Este alto cargo se quedó como asesor del grupo del PP, lo que fue criticado entonces por la oposición (PSOE e IU). (Mayo de 2001).

- Dinero a devolver. El informe definitivo del Ministerio de Trabajo sobre los cursos del Imefe entre 1994 y 1999 reduce a 4,1 millones de euros las anomalías y a 1,8 millones de euros el dinero que el Ayuntamiento debe devolver a la UE. (Junio de 2002).

- Primera sentencia. La administradora de Ifomar, Carlota Rosso Muñoz, es condenada a 22 meses de cárcel por estafa y falseamiento continuado de documento (8 de septiembre de 2004). (www.elpais.com, 28/02/08)

RICARDO PEYDRÓ BLÁZQUEZ Ex gerente del Imefe.De asesor a concejal

El gerente del Imefe entre 1994 y 2001, Ricardo Peydró Blázquez, dimitió de su cargo en mayo de 2001. Peydró había presentado su dimisión dos meses antes, pero el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), retrasó su cese "hasta que se termine la comisión de investigación" [que se celebró para intentar esclarecer los hechos]. Poco después de que concluyera dejó el cargo, pero no abandonó la política.

Peydró trabajó como asesor del grupo municipal del PP durante los años siguientes. Según un colaborador, "Peydró se encargó de elaborar informes y acudir a determinados actos". El ex gerente del Imefe estuvo cerca de dos años cobrando 1.800 euros mensuales del Ayuntamiento de Madrid por su labor de "asesor no funcionario" designado a dedo por el PP.

Poco después Peydró desembarcó en el Ayuntamiento de Las Rozas, donde ocupa un cargo de confianza del alcalde, Bonifacio de Santiago. Peydró es concejal de Presidencia, Calidad e Innovación Tecnológica, además es segundo teniente de alcalde de la localidad madrileña.www.elpais.com, 28/02/08

JOSÉ LUIS SOLANA Ex director de Formación del Imefe El primer destituido

El director de Formación del Instituto Madrileño de Formación (Imefe) fue la primera víctima política del supuesto fraude en el pago de cursos para formar parados. Sólo dos días después de saltar este escándalo, en enero de 2001, fue destituido por mantener una amistad con uno de los socios de Ifomar, Rafael Oriol. De hecho, sufrió un accidente con Oriol en un viaje por Extremadura.Solana salió malherido de aquel accidente y el socio de Ifomar murió. Ambos habían acudido a la comunidad extremeña para buscar casas rurales e impartir allí cursos de turismo rural.

Solana intervino en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid el 27 de febrero de 2001. Allí afirmó que estaba "dolido" por su destitución.El ex director de Formación aseguró que los cursos del Imefe eran adjudicados a algunas empresas de formación gracias a la recomendación de "concejales de los distintos partidos políticos". La oposición utilizó estas declaraciones para demostrar que los cursos del Imefe no fueron inspeccionados antes de 2000.www.elpais.com, 28/02/08

ANTICORRUPCIÓN PIDE NUEVE AÑOS DE CÁRCEL PARA DOS IMPLICADOS EN EL FRAUDE DE LOS CURSOS DEL IMEFE

La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para el ex director gerente del Imefe (Instituto Municipal para el empleo y la Formación Empresarial) Ricardo Peydró Blázquez y el ex director del Servicio de Formación Ocupacional, José Luis Solana Azcárate, por el escándalo de las adjudicaciones de cursos de formación de empleo que no fueron impartidos y en los que fueron falsificadas las firmas de los supuestos asistentes.

Anticorrupción pide penas de dos años para otros seis responsables de las empresas adjudicatarias. En total , Anticorrupción reclama 30 años de cárcel para ocho acusados.

Según el escrito de la fiscal Pilar Melero Tejerina, los acusados Peydró y Solana adjudicaron de común acuerdo a diferentes sociedades cursos de formación para desempleados, subvencionados en un 45% por el Fondo Social Europeo y el resto, por el Ayuntamiento de Madrid "a cambio de dinero o regalos".

Solana, que elaboraba las propuestas de adjudicación, recibió una comisión de un 3% del importe total de cada curso que el Imefe abonaba a la sociedades adjudicatarias, cantidad que ascendió a

272.134,25 euros (45.279.328 pesetas). Ese dinero lo compartía con Peydró, quien firmaba arbitrarios decretos de adjudicación y además recibía presentes de valor importante por su cumpleaños.

Para evitar ser descubiertos, daban información a las empresas sobre cómo debían elaborar y presentar los programas formativos, y jamás comprobaban las ofertas sobre el terrenos, ni inspeccionaban los cursos.

"La situación dio lugar a que empresas con nula o escasísima experiencia en el sector y sin medios materiales o humanos, resultasen adjudicatarias de año en año". además de que un total de siete cursos, por importe de 154.532 euros (25.712.000 pesetas) no llegaron a ser impartidos, y para aparentar que se habían realzado dos de los adjudicatarios "imitaban la firma de profesores y alumnos en la documentación que remitían al Ifeme, suponiendo, de esta forma, su intervención en cursos que no se habían impartido".

Fraude masivo

Isabel Vilallonga, concejal socialista en el Ayuntamiento, que sacó a la luz el escándalo cuando estaba en el Ifeme, se felicitó por el escrito de Anticorrupción, que aprecia presuntos delitos continuados de prevaricación, cohecho y falsedad, aunque asegura que la acusación se queda corta en cuanto las cantidades presuntamente defraudadas: "El fraude fue absolutamente masivo, no es lo que se ha podido acreditar. Hubo empresas que decían que daban daban clases a los presos y no lo hicieron nunca. Incluso metieron en la relación a la cárcel de Carabanchel, que estaba ya cerrada".Villalonga reclamó que el ayuntamiento de Madrid se persone como acusación particular y que el PP depure responsabilidades en sus filas, pues los dos principales acusados son afiliados suyos.