En la larga lucha contra ETA, la democracia española ha ensayado todos los caminos. El Gobierno de Felipe González, vulnerando todos los principios morales, transitó el atajo de la guerra sucia contra el terrorismo debilitando la legitimidad moral del Estado para vencer al terror y fortaleciendo en última instancia a esta banda criminal. El Gobierno de Zapatero, buscando rentabilizar un final anticipado del terrorismo, se adentró en el atajo de la negociación política con los asesinos traicionando la voluntad democrática de los españoles y retrasando innecesariamente la derrota de los terroristas. Pero hubo también Gobiernos que mantuvieron la firmeza democrática frente al chantaje del terror, utilizaron todo el Estado de Derecho pero sólo el Estado de Derecho para derrotar a los terroristas y situaron a las victimas del terrorismo en la vanguardia de la lucha por la libertad. La experiencia histórica nos demuestra que sólo desde los principios democráticos, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de la dignidad de las victimas es posible derrotar al terror.

En más de treinta años de lucha democrática contra ETA no habíamos asistido sin embargo a un chivatazo dado desde el propio Ministerio del Interior a esta banda terrorista. El caso Faisán es por ello una de las páginas más negras de la lucha contra el terrorismo. Una delación que abortó la operación más importante contra el aparato de extorsión de la banda, aquellos que se dedican mediante la amenaza y el chantaje a recaudar los fondos para que los pistoleros puedan cometer sus asesinatos. Es esencial para la credibilidad de nuestro Estado de Derecho y para el honor de todos los policías que se juegan la vida diariamente luchando contra estos asesinos, especialmente por aquellos que cayeron en esa lucha, que los responsables de esta traición asuman su responsabilidad.

La complejidad de este caso y los denodados esfuerzos del entonces ministro del Interior y hoy además vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, por ocultar la verdad y eludir su responsabilidad política han enmarañado este caso hasta un punto en el que muchos ciudadanos pueden perderse en un mar de acusaciones cruzadas e informaciones no siempre desinteresadas. Sin embargo, con la información que conocemos es posible obtener ya algunas conclusiones:

• El chivatazo a ETA ha existido, no es invención de nadie.
• El caso Faisán es el mayor escándalo, después del GAL, en treinta años de lucha democrática contra el terrorismo.
• Se trata de un chivatazo político. Resulta imposible que funcionarios policiales realizaran una delación a ETA sino es por una orden política.
• La naturaleza política del caso la evidencia que uno de los imputados fuera director general de la Policía, nombrado por el Gobierno de Zapatero, y una vez destituido, nombrado secretario de Organización del PSE en Álava.
• El chivatazo tiene lugar en el contexto de una negociación política que el Gobierno de Zapatero mantuvo con la banda terrorista en la legislatura anterior.
• La conexión entre el chivatazo y la negociación con ETA es evidente políticamente y podría ser ratificada en sede judicial por los papeles remitidos por Francia.
• El principal responsable político del caso, por acción u omisión, es Alfredo Pérez Rubalcaba, quién era ministro del Interior en el momento en que se produjo el escándalo.
• El hoy vicepresidente primero del Gobierno ha hecho además cuanto ha estado en su mano por tapar este caso, incluyendo la mentira reiterada al Parlamento. Su responsabilidad política es por ello aún mayor.
• El tráfico de llamadas y la utilización de identidades ocultas en sus comunicaciones hace pensar fundadamente que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, tiene una conexión directa con el caso. En estos momentos su comparecencia ante la Audiencia Nacional está pendiente de un recurso a la Sala de lo Penal. El secretario de Estado tiene pendiente además una comparecencia en el Congreso para aclarar su participación en el caso desde el 25 de enero de 2010.

Exigir las responsabilidades penales de este caso, que en la imputación de colaboración con banda armada pueden suponer hasta diez años de cárcel, corresponde a los jueces. Es fundamental para la credibilidad de nuestro Estado de Derecho que unos hechos de esta gravedad y naturaleza no queden impunes.

Las responsabilidades políticas deben dirimirse sin embargo en el Parlamento y, en última instancia, en las urnas. Y la responsabilidad política principal del caso Faisán corresponde a Alfredo Pérez Rubalcaba por dos motivos: porque era el ministro del Interior en el momento en el que se produjo el chivatazo y por ocultar con posterioridad por todos los medios la verdad. Rubalcaba ha respondido con el silencio y el insulto cada vez que ha sido interpelado por este asunto en el Congreso de los Diputados. Y lo que es aún más grave, ha mentido al menos en tres ocasiones de forma constatada en sede parlamentaria.

Ocultar la verdad y practicar la mentira no es muestra de habilidad política, sino de ausencia de unos mínimos principios éticos. El ministro del Interior puede considerar que esta vía puede permitirle eludir su responsabilidad, pero la nuestra es recordar que la política no es la arena en la que se pueden mezclar intereses legítimos con procedimientos turbios sin consecuencias indeseables. Del interés de todos es acabar con ETA, pero si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a la convicción generalizada de nuestra sociedad que ante el terror sólo cabe la ley y la justicia. El fin no justifica los medios y la verdad no resta poder, sino que nos protege de su abuso.