CRISTINA CIFUENTES CUENCAS, LA OPERACIÓN PÚNICA Y FUNDESCAM
LAS NOTICIAS 2021-2015
ÍNDICE
CIFUENTES, FUERA DE PÚNICA; AGUIRRE Y GONZÁLEZ SIGUEN DENTRO
EL PP NIEGA QUE CASADO INTEGRASE EL PATRONATO DE FUNDESCAM COMO DIJO CIFUENTES
CIFUENTES SE DESLIGA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL Y SIN QUE LE PREGUNTEN LANZA QUE CASADO PERTENECÍA A FUNDESCAM
CRISTINA CIFUENTES RESPONDE SOBRE SU PAPEL EN LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO
CIFUENTES SE DESVINCULA ANTE EL JUEZ DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP MADRILEÑO
UN DOSIER DE LA FIRMA QUE FINANCIÓ AL PP EN 2007 CUESTIONA LA VERSIÓN DE CIFUENTES SOBRE SU PAPEL EN ESA CAMPAÑA ELECTORAL
CIFUENTES PREPARA SU DECLARACIÓN POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID
UN DOSIER DE LA FIRMA QUE FINANCIÓ AL PP EN 2007 CUESTIONA LA VERSIÓN DE CIFUENTES SOBRE SU PAPEL EN ESA CAMPAÑA ELECTORAL
CIFUENTES DECLARARÁ COMO IMPUTADA POR EL CASO PÚNICA EL 9 DE OCTUBRE
CIFUENTES: “EN EL PP HUBO FUEGO AMIGO”
LAS FRASES DE CIFUENTES SOBRE...
CIFUENTES SE DESMARCA DE LA 'PÚNICA': "NO ME HE LLEVADO NI UN EURO DE DINERO PÚBLICO"
LA BOMBA DE GRANADOS: PEDIRÁ TESTIFICAR CONTRA AGUIRRE Y CIFUENTES
CIFUENTES, TRAS LA PETICIÓN DE IMPUTACIÓN DE LA FISCALÍA: "LA VERDAD PREVALECERÁ"
ANTICORRUPCIÓN SOLICITA IMPUTAR A ESPERANZA AGUIRRE Y CRISTINA CIFUENTES EN EL ‘CASO PÚNICA’
ARCHIVADA LA QUERELLA DE CIFUENTES CONTRA GRANADOS TRAS ACUSARLA DE CONOCER LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
EL JUEZ DE PÚNICA CREE QUE CIFUENTES DEBIÓ ABSTENERSE EN UN CONTRATO QUE ADJUDICÓ
CIFUENTES SOBRE LA CAJA B DEL PP: NO SABÍA NADA, NO OYÓ NADA Y NO VIO NADA
TODAS LAS 'RANAS' DE CRISTINA CIFUENTES
CIFUENTES SE HACE LA RUBIA CON LAS CUENTAS DEL PP
CIFUENTES: "JAMÁS TUVE NADA QUE VER CON LA GESTIÓN NI CON LA ADMINISTRACIÓN NI DEL PARTIDO NI DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES"
EL CONGRESO INTENTA VINCULAR A CIFUENTES CON EL PASADO MÁS NEGRO DEL PP DE MADRID
LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP PERSIGUE A CIFUENTES EN SU MOMENTO POLÍTICO MÁS DECISIVO
GRANADOS 'RATIFICA' LA IMPLICACIÓN DE CIFUENTES EN LA CAJA B DEL PP
EL PSOE Y UNIDOS PODEMOS PEDIRÁN LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES EN EL CONGRESO ANTE LAS REVELACIONES DE GRANADOS
CIFUENTES ASEGURA QUE SÓLO TIENE 3.000€ EN EL BANCO PESE A COBRAR MAYOR SALARIO QUE RAJOY
LA PÚNICA YA SEÑALABA A CIFUENTES ANTES DE QUE GRANADOS HABLARA
CRISTINA CIFUENTES, MARCADA POR SU PASADO
CIFUENTES SE QUERELLARÁ CONTRA GRANADOS TRAS SU ACUSACIÓN
GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA ESTRUCTURA PARALELA QUE AUPÓ A AGUIRRE CON FINANCIACIÓN IRREGULAR
GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
EL CINTURÓN DE HIERRO DE GONZÁLEZ: MANDABAN CIFUENTES, ISABEL GALLEGO, TABOADA Y SARASOLA
EL PSOE Y UNIDOS PODEMOS PEDIRÁN LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES EN EL CONGRESO ANTE LAS REVELACIONES DE GRANADOS
GRANADOS IMPLICA A AGUIRRE Y A CIFUENTES EN LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO
GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
UNA FUNCIONARIA DE LA ASAMBLEA PIDE IMPUTAR A CIFUENTES POR EL CONTRATO DE LA CAFETERÍA
LA FISCAL SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES COMO 'EXPERTA' EN HOSTELERÍA: "¿NO HABÍA MÁS GENTE?"
LA EX JEFA JURÍDICA DE LA ASAMBLEA EXCULPA A CIFUENTES POR EL CONTRATO DE LA CAFETERÍA
EL JUEZ DE PÚNICA ACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y CITA A LA
EXRESPONSABLE JURÍDICA DE LA ASAMBLEA DE MADRID
EL JUEZ CITA A DECLARAR LA EXJEFA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA DE
MADRID POR LA LICITACIÓN DE LA CAFETERÍA
CIFUENTES RECOLOCA A SU EXCONSEJERO SEÑALADO POR PÚNICA EN EL SENADO
CIFUENTES CAMBIA MEDIO GOBIERNO Y RELEVA AL CONSEJERO SALPICADO POR EL CASO
PÚNICA
CIFUENTES
DESTITUYE A SUS DOS CONSEJEROS MÁS POLÉMICOS
EL CONSEJERO CESADO TABOADA MINTIÓ SOBRE SU PAPEL EN LA ADJUDICACIÓN DE 118
MILLONES BAJO SOSPECHA EN PÚNICA
CIFUENTES CESA AL GERENTE DEL PP DE MADRID POR LA PÚNICA Y NOMBRA A UN NUEVO
RESPONSABLE
CIFUENTES SE ENFRENTA AL DEBATE DE LA REGIÓN TRAS SER ACUSADA POR LA GUARDIA
CIVIL DE PREVARICACIÓN Y COHECHO
LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINÓ DATOS CLAVE DEL 'NÚMERO 3' DE CRISTINA CIFUENTES
CIFUENTES RESISTE LAS PRESIONES INTERNAS Y SÓLO APARTARÁ A TABOADA SI LO IMPUTAN
LA INVESTIGACIÓN DE ‘PÚNICA’ SE VUELCA EN EL NÚMERO TRES DE CIFUENTES, GONZÁLEZ
TABOADA
EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO SOBRE EL PAPEL DEL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES EN EL
"BOTÍN" DE ARPEGIO
LA FISCALÍA ACUSA AL GOBIERNO DE CIFUENTES DE “OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE” SOBRE LA ‘PÚNICA’
LA EX LETRADA JEFE DE LA ASAMBLEA DE MADRID SE NIEGA A DECLARAR ANTE LOS
DIPUTADOS
EL DURO INTERROGATORIO DEL JUEZ A ARTURO SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES: "TAN
REGULAR NO FUE"
LAS FISCALES APUNTARON A CIFUENTES: "¿ERA LA PRESIDENTA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN?"
LAS FISCALES DEL ‘CASO PÚNICA’ SE INTERESARON POR EL PAPEL DE CIFUENTES EN UNA
ADJUDICACIÓN
CIFUENTES DESPEJA BALONES SOBRE LOS FUNCIONARIOS E INSISTE EN QUE EL INFORME DE
LA UCO "ESTÁ EQUIVOCADO"
JUSTICIA, FISCALÍA Y GUARDIA CIVIL: LOS 6 DOCUMENTOS QUE ACORRALAN A CIFUENTES
DOS SENTENCIAS PRESENTADAS POR PODEMOS CUESTIONAN EL "INFORME AD HOC" QUE
EXCULPA A CIFUENTES
El juez dejó sin imputar al número 3 de Cifuentes a la espera de analizar 100 cajas
MALESTAR EN LA GUARDIA CIVIL CON ZOIDO POR SU DEFENSA DE CIFUENTES Y SUS
INSINUACIONES CONTRA LA UCO
EL HILO DE LA PÚNICA QUE LLEVÓ A LA GUARDIA CIVIL HASTA LAS ‘COCINAS’ DE MADRID
CIFUENTES FIGURA COMO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EXPERTOS INVESTIGADO POR LA UCO
CIUDADANOS DESCONFÍA DE CIFUENTES Y CUESTIONA SU TRAYECTORIA EN EL PP
CIFUENTES PIDE DILUIR SU COMPARECENCIA URGENTE CON OTROS 11 DIPUTADOS Y TÉCNICOS
CIFUENTES COMPARECERÁ EL 2 DE JUNIO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
ASAMBLEA POR INFORMES DE LA UCO
LA UCO SOSTIENE QUE LOS EXPERTOS, ENTRE ELLOS CIFUENTES, MANIPULARON OFERTAS EN
FAVOR DE ARTURO FERNÁNDEZ
CIFUENTES RECURRE A LOS ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA VOLVER A
CUESTIONAR A LA GUARDIA CIVIL
EL CONTRATO DE LA DISCORDIA: CIFUENTES VUELVE A CUESTIONAR A LA UCO
LAS 7 MENTIRAS O MEDIAS VERDADES DE CIFUENTES EN SUS EXPLICACIONES SOBRE
‘PÚNICA’
LA FISCALÍA Y EL JUEZ AVALARON EN MARZO LA TESIS DE LA UCO QUE VINCULA
FINANCIACIÓN IRREGULAR CON LAS ADJUDICACIONES DE CIFUENTES
LA UCO MOSTRÓ LA OFERTA DE LA COMPETENCIA AL TÉCNICO QUE HIZO EL INFORME
FAVORABLE A CANTOBLANCO, PERO ESTE DIJO DESCONOCERLO
LA GUARDIA CIVIL RATIFICA SUS SOSPECHAS SOBRE CIFUENTES EN UN SEGUNDO INFORME
LOS SEIS "ELEMENTOS PROBATORIOS" DE LA GUARDIA CIVIL CONTRA CRISTINA CIFUENTES
CIFUENTES PLANTA CARA A LA GUARDIA CIVIL TRAS RECABAR EL APOYO DE JUEZ Y
FISCALÍA
LOS RIVALES DE ARTURO FERNÁNDEZ DESVELAN MANIPULACIONES EN LA ADJUDICACIÓN DE LA
CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA
CIFUENTES VE MOTIVOS POLÍTICOS EN LA ACUSACIÓN DE CORRUPCIÓN
CRISTINA
CIFUENTES: "ACTUÉ CONFORME A LA LEGALIDAD"
LA GUARDIA CIVIL VINCULA A CIFUENTES CON DOS DELITOS PERO EL JUEZ DESCARTA
IMPUTARLA
LA PÚNICA SIGUE HACIENDO ‘ROTOS’ AL EQUIPO DE CIFUENTES
LA GUARDIA CIVIL ENTRA EN LA ASAMBLEA DE MADRID EN BUSCA DE CONTRATOS DE LA ‘PÚNICA’
Dimite el director general de Cifuentes señalado en la Púnica
DIMITE DANIEL ORTIZ, EL DIPUTADO DEL PP DE MADRID IMPLICADO EN LA TRAMA PÚNICA
CIFUENTES NOMBRA NÚMERO DOS DE LA CAMPAÑA DEL PP PARA EL 26-J AL CONSEJERO
SEÑALADO POR EL ‘CEREBRO’ DE LA PÚNICA
CIFUENTES, A
TABOADA: "¿CUÁNDO VAS A PONER LA QUERELLA?"
CIFUENTES RECUERDA QUE MARJALIZA ES UN “DELINCUENTE” Y QUE NO HAY NINGÚN
IMPUTADO EN SU GOBIERNO
TABOADA SE AFERRA AL CARGO: "CIFUENTES ME CREE, Y YO NO DIMITIRÉ EN BASE A
MENTIRAS"
MARJALIZA SEÑALA A TRES DIPUTADOS DE CIFUENTES POR SU VINCULACIÓN CON LA TRAMA
CORRUPTA
EL DIPUTADO DE CIFUENTES INVESTIGADO EN PÚNICA PIDE DECLARAR VOLUNTARIAMENTE EN
EL TSJ MADRILEÑO
EL JUEZ PIDE IMPUTAR AL DIPUTADO DE CIFUENTES, DANIEL ORTIZ, POR CORRUPCIÓN
UN DIPUTADO DE CIFUENTES, IMPLICADO EN EL MAYOR PELOTAZO DE LA PÚNICA
PEDRO ROLLÁN ASEGURA QUE SE CUMPLIERON "LOS REQUISITOS LEGALES" EN LA CREACIÓN
DE DOMINIOS
PODEMOS SALPICA EN PÚNICA A PEDRO ROLLÁN, CONSEJERO DE CRISTINA CIFUENTES
LA ASAMBLEA DE MADRID ORDENA OCULTAR EL REGISTRO DE VISITAS QUE PERMITIRÍA VER
SI EXISTIÓ EL FAMOSO CAFÉ ENTRE DE PEDRO Y CIFUENTES
GONZÁLEZ TABOADA NIEGA QUE PRESIONASE AL 'ALBONDIGUILLA' PARA VENDER A LA TRAMA
UNA PARCELA EN BOADILLA
EL JUEZ DE LA GÜRTEL LLAMA A DECLARAR AL ‘HOMBRE FUERTE’ DE CIFUENTES
LAS 'OPERACIONES PÚNICAS' DEL CONSEJERO DE CIFUENTES, JAIME GONZÁLEZ
TABOADA
EL NÚMERO TRES DE CIFUENTES RECHAZA JUSTIFICAR GASTOS DE 16,5
MILLONES
ARPEGIO GASTÓ 3,3 MILLONES EN PRIMERAS PIEDRAS Y PROPAGANDA
EL PP QUIERE EVITAR QUE LA ASAMBLEA DE MADRID INVESTIGUE LA PÚNICA Y
GÜRTEL
EL JUEZ INVESTIGA AL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES EN UNA PIEZA SEPARADA
DEL CASO PÚNICA
CIFUENTES IGNORA LAS SOSPECHAS SOBRE SU 'NÚMERO 3' Y LE DA UN CARGO
EN LA EMPRESA INVESTIGADA EN PÚNICA
EL JUEZ DE PÚNICA ENCARGA A HACIENDA UN INFORME QUE ESTRECHA EL
CERCO SOBRE EL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES
CIFUENTES DEBERÁ 'TRAGAR' CON 'PÚNICA', CIUDAD DE LA JUSTICIA,
CANAL, CURSOS DE FORMACIÓN...
MÁS ‘PÚNICA’ PARA CIFUENTES: ¿POR QUÉ EL JUEZ
ESTÁ PREGUNTANDO POR LA PORTAVOZ ADJUNTA DEL PP EN LA ASAMBLEA DE
MADRID?
CIFUENTES REDACTA UN DECÁLOGO PARA DEFENDERSE EN TWITTER POR ‘SU
RELACIÓN’ CON ‘EL PÚNICO’ DE PEDRO
CIFUENTES, SOBRE EL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA: "NO CONOZCO A ESE
SEÑOR, LO REITERO Y LO VOY A DECIR UNA Y MIL VECES"
CIFUENTES, PILLADA EN TWITTER DE CHARLA CON EL CONSEGUIDOR DE LA
PÚNICA: “SI TENGO UN MOMENTO TE INVITO A UN CAFÉ”
LAS CONVERSACIONES Y LA FOTO DE CIFUENTES CON UN CABECILLA DE LA
PÚNICA AL QUE NIEGA CONOCER
CIFUENTES, AL 'CONSEGUIDOR' DE LA PÚNICA: "SI TENGO UN MOMENTO
DURANTE EL PLENO TE INVITO A UN CAFÉ"
EL EXTRAÑO TRÁNSITO DE BORJA SARASOLA DE LA PÚNICA A LA JEFATURA DEL
COMITÉ ELECTORAL DEL PP
CIFUENTES APARECE EN EL SUMARIO DE LA PÚNICA COMO ‘CLIENTA
POTENCIAL’ EN LA MISMA LÍNEA DE FÍGAR O VICTORIA
CIFUENTES DEFIENDE A SU CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE AL QUE MARJALIZA
RELACIONA CON LA TRAMA PÚNICA
Adade considera "absolutamente incongruente" que García-Castellón cierr en este momento la causa contra la expresidenta madrileña cuando antes había expresado la conveniencia de hacerlo al término de la instrucción
La acusación popular que ejerce Adade en el caso Púnica ha recurrido el auto dictado por el juez Manuel García-Castellón en lo referente a Cristina Cifuentes al considerar que en nada han variado los indicios que llevaron a su imputación. En su escrito, la asociación lamenta que el juez haya roto “el uso de la Audiencia Nacional de evitar interferencias” en periodos electorales, en referencia a la campaña de las autonómicas madrileñas.
Cifuentes estaba imputada por haber participado en la decisión de conceder los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, uno de los donantes del PP madrileño a través del subterfugio de Fundescam, la fundación creada por el partido en Madrid a tal efecto. Asimismo, Cifuentes estaba acusada de participar en la propia financiación irregular del PP como miembro del patronato de la citada Fundescam.
En el mismo escrito, Adade solicita que se revoque el archivo de la causa para el propio Arturo Fernández y para Tatiana Recoder, exjefa de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid. “Lo que eran criterios objetivos para los investigados señor Fernández y señora Recoder, lo son también para la señora Cifuentes, por mucho que haya ocupado cargos más altos, tenga mejores amigos o más influyentes o, al tiempo de dictar el auto estuviésemos en plena campaña electoral, lo que rompe, dicho sea con el mayor de los respetos, el uso de la Audiencia Nacional de evitar interferencias en estos periodos”, añade el escrito.
Adade destaca el argumento esgrimido por la defensa y sostenido por el juez de que Cifuentes solo fue a una reunión de Fundescam y no era informada de la financiación. “Fundescam solo era una tapadera, por eso se puede permitir el lujo (Cifuentes) de solicitar que certifiquen que ni iba ni sabía nada de las donaciones recibidas a través de Fundescam, pues es plenamente consciente de que es imposible que acrediten lo contrario, puesto que era solo una tapadera”.
La acusación popular considera “absolutamente incongruente” el auto de archivo con todo lo instruido hasta el momento y que incluye los informes de la UCO de la Guardia Civil con los indicios contra Cifuentes, asumidos por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público, sin embargo, no se ha pronunciado sobre la petición de archivo de Cifuentes que ha resuelto ahora el juez y que se remonta a noviembre del pasado año.
Adade reprocha a García-Castellón que en el pasado resolviera que no era “momento procesal oportuno” resolver el archivo solicitado por los imputados, que añadiera que eso se debería producir “al terminar la instrucción o al acordar, o no, la apertura de juicio oral” y que haya cambiado de parecer jurídico al respecto.
CIFUENTES, FUERA DE PÚNICA; AGUIRRE Y GONZÁLEZ SIGUEN DENTRO
El juez afronta la fase final de la instrucción sobre la financiación irregular del PP de Madrid
Manuel García-Castellón, juez del caso Púnica, archivó este martes las pesquisas contra Cristina Cifuentes, una de los tres expresidentes madrileños imputados por esta trama de corrupción urdida supuestamente para financiar ilegalmente al PP autonómico, entre otros extremos. El magistrado concluye que Cifuentes no ostentaba entonces ningún cargo de suficiente implicación, al contrario que Esperanza Aguirre e Ignacio González, a quienes situó en la cúspide de la toma de decisiones para el desvío de dinero público desde el Gobierno regional.
El juez instructor adopta esta decisión en plena campaña electoral en la Comunidad y, aunque de forma aislada, algún parlamentario del PP no desaprovechó este martes la ocasión para cargar contra la izquierda, a la que exigieron “pedir perdón”. La propia Cifuentes también se manifestó a través de Twitter: “Después de tres años de linchamiento, de vivir un auténtico calvario, la Audiencia Nacional rechaza mi participación en Púnica. Siempre fui inocente. ¿Quién me va a resarcir ahora el sufrimiento padecido? ¿Y el de mi familia? ¿Quién me va a devolver todo lo que me arrebataron?”.
El sumario del caso otorga a Cifuentes un papel menor, muy distinto al que perfila para sus dos predecesores en el cargo, Ignacio González y Esperanza Aguirre, que permanecen imputados.
Cifuentes. La Guardia Civil detectó presuntas “irregularidades” en la adjudicación de los servicios de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea regional en 2009 y 2011. Esos contratos se concedieron al Grupo Cantoblanco, liderado por Arturo Fernández, señalado como uno de los empresarios que financió irregularmente a los populares madrileños a través de donaciones a Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad).
Cifuentes había sido patrona de Fundescam y formó parte de la mesa para otorgar esa adjudicación, pero el juez afirmó este martes que no existen indicios suficientes que acrediten que actuase movida por “una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones [al PP] que había realizado”. Según García-Castellón, la expolítica había salido del patronato de la fundación, donde nunca ocupó un cargo relevante: “Ni presidenta, vicepresidenta, secretaria o gestora”. Por tanto, dice, su implicación en esta entidad era “irrelevante” y “no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Fernández en Fundescam”.
Así, tras tomar declaración a varios miembros de la mesa de adjudicación (incluido alguno de otro partido), el juez concluye que no se aprecia “arbitrariedad” en dicha concesión. Además, el magistrado recuerda que solo la declaración de otra investigada sitúa a Cifuentes en reuniones con uno de los empresarios implicados en la trama, algo que ella y su supuesto interlocutor negaron.
Aguirre. El poder de Esperanza Aguirre en aquella época era, en cambio, muy distinto. En su auto de imputación en 2019, el juez atribuyó a Aguirre la “supervisión” de los mecanismos irregulares detectados en la trama y de la supuesta caja b del partido regional. Ocupó la presidencia de Fundescam de 2004 a 2010 —una de las supuestas herramientas de financiación irregular—. Mantenía jerarquía directa y una estrecha relación con los principales implicados: como el entonces vicepresidente Ignacio González; Francisco Granados, consejero y secretario general del PP de Madrid; o Beltrán Gutiérrez, gerente del partido. Además, en base a la declaración de otro exconsejero y del empresario Horacio Mercado, se le sitúa en reuniones con este último donde se dieron presuntamente directrices para beneficiarlo.
Además, Aguirre fue la gran beneficiaria de la trama, con la supuesta financiación de sus campañas electorales o el desvío de dinero para pagar iniciativas de mejora de su imagen en internet.
González. Procesado también por el caso Lezo, se le sitúa en las reuniones con Mercado. Era también patrono de Fundescam —para la que aprobó subvenciones que supuestamente acabaron desviadas—. Además, otras dos de las empresas públicas usadas por la trama, la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y el Canal de Isabel II, estaban bajo sus órdenes directas.
UNA LARGA INSTRUCCIÓN EN LA RECTA FINAL
La confesión. La instrucción del caso Púnica afronta la recta final —se espera que concluya este verano— y el juez ha acelerado la toma de decisiones. Entre otras cuestiones, deberá resolver si procesa a Aguirre y González. Para ello, cuenta con una batería de indicios. Entre otros, la confesión de Horacio Mercado, uno de los implicados en la trama. El empresario relató que realizó servicios para la campaña electoral del PP de Madrid en 2007 y que el partido le indicó que las facturas por estos trabajos las girase a “cuatro o cinco empresas”. Según su relato, trató todo el asunto sobre la facturación en b con Beltrán Gutiérrez: “Y creo que tanto Francisco Granados como Ignacio González conocían el tema, sin ninguna duda”, apostilló Mercado, cuyas empresas recibieron en 2006 contratos públicos de la Comunidad por valor 5,6 millones de euros. Durante su declaración, el empresario también afirmó que se reunió en varias ocasiones con Aguirre, pero que nunca abordó el asunto directamente con ella.
La agenda. Los investigadores aprehendieron a Francisco Granados, que acumulaba un millón de euros en billetes de 100, 200 y 500 en un maletín guardado en el altillo de casa de sus suegros, una libreta de tapas negras con datos sobre la supuesta caja b del PP De Madrid. Este cuaderno estaba lleno de anotaciones manuscritas del exconsejero sobre la organización de actos de campañas electorales, junto a las palabras “IN-OUT”. Según los investigadores, estos apuntes recogen la presunta relación de “ingresos procedentes de determinados empresarios”. El juez añade en sus escritos que la instrucción ha constatado que Granados “recaudó dinero en efectivo de proveedores de la Comunidad de Madrid, que presuntamente agradecían las adjudicaciones públicas de las que eran objeto sus empresas”. El sumario también acumula indicios de facturas ficticias para camuflar el desvío de fondos y escuchas telefónicas, entre otras pruebas. Al igual que Cifuentes, Aguirre y González niegan cualquier conocimiento sobre una caja b del PP autonómico.
https://elpais.com/espana/2021-04-21/cifuentes-fuera-de-punica-aguirre-y-gonzalez-siguen-dentro.html
EL PP NIEGA QUE CASADO INTEGRASE EL PATRONATO DE FUNDESCAM COMO DIJO CIFUENTES
Contradice la versión ofrecida por la expresidenta de la Comunidad de Madrid
Cristina Cifuentes en su comparecencia en la Audiencia Nacional
El Partido Popular niega de forma rotunda que su presidente nacional, Pablo
Casado, haya formado parte del patronato de Fundescam, la fundación investigada
por financiar las campañas electorales de Esperanza Aguirre. Lo hace después de
que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes lo sostuviese
así este miércoles en su comparecencia en la Audiencia Nacional en el marco de
la Operación Púnica.
Tal y como ha informado este diario, la exdirigente conservadora se desligó de todo lo relacionado con la supuesta financiación ilegal del PP madrileño, negó haber participado en reuniones con las empresas de publicidad a las que los investigadores señalan como partícipes en el desvío de fondos, rebajó su presencia en la dirección de Fundescam, investigada por su papel en la financiación paralela de las campañas de Aguirre, defendió la legalidad de los dos contratos adjudicados bajo su batuta a uno de sus donantes y, sin ser preguntada por ello, añadió que también Pablo Casado se incorporó a su patronato como presidente de Nuevas Generaciones.
"El presidente no fue patrono de Fundescam", insisten desde la dirección nacional del Partido Popular.
Mientras, desde el Partido Popular de Madrid, insistieron en lo mismo en su perfil de la red social Twitter. Lo hicieron después de que su portavoz en la Asamblea, el diputado Alfonso Serrano, asegurase en declaraciones a los periodistas en la Cámara madrileña que desconocía si su jefe de filas había integrado el patronato de Fundescam.
CIFUENTES SE DESLIGA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL Y SIN QUE LE PREGUNTEN LANZA QUE CASADO PERTENECÍA A FUNDESCAM
La expresidenta de Madrid, que declaró este miércoles como imputada en Púnica, asegura que solo fue a una sesión de la fundación investigada por financiar las campañas de Aguirre
Niega haber asistido a reuniones con las empresas que participaron en el supuesto desvío de fondos y defiende los contratos adjudicados con su participación al empresario Arturo
La expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes se desligó este miércoles de todo lo relacionado con la supuesta financiación ilegal del PP madrileño, negó haber participado en reuniones con las empresas de publicidad a las que los investigadores señalan como partícipes en el desvío de fondos, rebajó hasta extremos mínimos su presencia en la dirección de la fundación Fundescam, investigada precisamente por su papel en la financiación paralela de las campañas de Esperanza Aguirre, defendió la legalidad de los dos contratos adjudicados bajo su batuta a uno de sus donantes y, por iniciativa propia, lanzó que también Pablo Casado se incorporó a su patronato como presidente de Nuevas Generaciones.
Cifuentes, que declaró durante más de tres horas como imputada en la pieza de Púnica donde el juez Manuel García Castellón investiga la contabilidad paralela del PP madrileño, centró toda su comparecencia en un solo mensaje: jamás ha tenido nada que ver con dinero ni conoce nada de la caja B. Su única misión en las campañas electorales –repitió– fue movilizar a la militancia para que acudiera a los actos programados. No atacó de forma abierta a sus antecesores –Esperanza Aguirre e Ignacio González– pero tampoco los defendió. Simplemente, marcó distancias. Luego, tras abandonar la Audiencia Nacional, remachó una de sus ideas más conocidas: que fue su Gobierno el que se personó como acusación en Púnica.
El juez interrumpió el interrogatorio al trascender que estaba siendo oído por los periodistas desde la sala de prensa por culpa de un error técnico o de configuración del sistema. Una vez cortado el sonido, lo reanudó.
La introducción del nombre de Pablo Casado resultó inesperada. Cuando la Fiscalía la estaba interrogando por los miembros del PP que también habían formado parte del patronato de Fundescam, Cifuentes leyó una lista con una quincena de nombres. Y a renglón seguido, por iniciativa propia, añadió que a los mencionados había que añadir también a Pablo Casado. Sin precisar fecha, dijo que se incorporó "como presidente de Nuevas Generaciones" de Madrid. Ella misma solo acudió a una reunión de Fundescam, sostiene su relato. Y fue al mostrar el acta de esa reunión de 2006 –perteneció al patronato entre 2005 y 2008– cuando la Fiscalía reaccionó con sorpresa, aseguran fuentes jurídicas: porque a Anticorrupción, y así lo expresó la fiscal, el PP le transmitió en su momento que no había actas de Fundescam anteriores a 2010.
En 2007, año de elecciones municipales y autonómicas, Cifuentes participó en el comité de campaña del PP regional como secretaria de movilización territorial. Era también miembro del patronato de Fundescam, una fundación del PP clave para desentrañar la financiación paralela y opaca con que durante años y a tenor de múltiples y sólidos indicios dopó el partido las campañas de Esperanza Aguirre.
Cuando la Fiscalía le preguntó por cómo la exdirectora de comunicación del Gobierno madrileño en la etapa de Aguirre, Isabel Gallego, la había señalado como una de las asistentes a una reunión clave con la empresa Swat, pieza esencial en el supuesto uso de dinero público en beneficio del PP, Cifuentes vino a decir que Gallego había sostenido esa versión en una especie de venganza porque fue ella quien, ya como presidenta del partido, la descabalgó de su nuevo puesto en el grupo municipal del PP.
Miembro del comité de campaña de 2007, Cifuentes negó que tratase de forma habitual con Daniel Horacio Mercado, dueño del ya extinto grupo de empresas de publicidad comandado por Over Marketing y el empresario que en diciembre de 2017 confesó haber participado en la financiación ilegal del PP. Su declaración en este punto topa con tres hechos. El primero, que un dosier de Over Marketing sobre los trabajos realizados para el PP en 2007 la muestra en la página gráfica de arranque en una foto mientras charla en solitario con Mercado. El segundo es otro papel interno de Over, este unido a las actuaciones de Púnica, cuyo contenido indica que sí participó en gestiones de la campaña electoral. Se trata de un folio con una serie de anotaciones. Una de ellas dice así: "Fco Granados: San Martín de Valdeiglesias (Pablo Martín Cabezuela-También pedida cita de parte de Cristina Cifuentes)". Y el tercero es la lista de regalos de Over adelantada por la web losgenoveses.net y que bajo el epígrafe "Asamblea de Madrid" incluye su nombre así: "Cristina Cifuentes: especial Loewe". La Fiscalía le preguntó por la anotación referida, cuyo contenido negó Cifuentes. Y le preguntó también por el regalo de Loewe: la expresidente desmintió haberlo recibido.
Sobre los dos contratos otorgados en 2009 y 2011 al empresario Arturo Fernández para gestionar el bar de la Asamblea de Madrid, Cifuentes se centró en remarcar tres mensajes: que la calidad fue lo primordial; que Fernández, dueño del grupo Cantoblanco, ya prestaba servicio para Moncloa y la Casa Real y que había sido el representante del PSOE el que había modificado los criterios de adjudicación. Anticorrupción sostiene que Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Asamblea, participó en "los conciertos dirigidos a adjudicar a las empresas del investigado Arturo Fernández los contratos de Servicio de Cafetería, Cocinas y Comedores de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011". Esos contratos "gratificarían las aportaciones dinerarias que efectuó dicho empresario a la Fundación Fundescam para el pago subrepticio de gastos electorales". Propietario del Grupo Cantoblanco, en esa época Fernández presidía la patronal madrileña, CEIM. En 2007 había donado 160.000 euros a Fundescam, la fundación que ya en 2003 había financiado la campaña de Esperanza Aguirre.
La expresidenta de Madrid, que dimitió en abril de 2018, ha proclamado siempre su inocencia y no ha dejado de recalcar que fue su Gobierno el que se personó como acusación en Púnica y el que envió a la Fiscalía documentos sobre ilegalidades en el Canal de Isabel II, germen del caso Lezo y que llevaría a prisión a su antecesor inmediato al frente del Ejecutivo, Ignacio González.
Pero ya un año antes de su dimisión, la UCO emitió en marzo de 2017 un informe donde atribuía a Cifuentes un grave comportamiento en la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011, fechas en que ocupaba la vicepresidencia de la Cámara. Dos años y medio después, ahora sin blindaje (aforamiento) por cargo público, Cifuentes ha terminado imputada con argumentos muy similares a los que manejaba la Guardia Civil.
La imputación de Cifuentes se produjo el 2 de septiembre a petición de la Fiscalía, cuyo informe destaca "su indiciaria participación en el desvío de fondos públicos para pago de gastos particulares" del PP madrileño "y gastos electorales que se ocultaron a la Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, en su caso, en las elecciones autonómicas del 2007 y 2011 y generales del 2008". Según Anticorrupción, Cifuentes "asistióe a las reuniones" que mantuvieron varios imputados, entre ellos Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, con el empresario Juan Miguel Madoz, administrador de Swat SL. Esa empresa resulta crucial en la trama para desviar dinero al partido mediante supuesta publicidad institucional.
El auto judicial que convierte a Cifuentes y Esperanza Aguirre en imputadas por la financiación del PP se centra en los contratos con Cantoblanco. Cifuentes, relata el magistrado, formaba parte del comité de expertos "que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores". Y presidía además la mesa de contratación. "No les importó –se lee en la resolución judicial– que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/10/10/cifuentes_99689_1012.html
CIFUENTES SE DESVINCULA ANTE EL JUEZ DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP MADRILEÑO
La expresidenta madrileña afirma que no participó en la gestión administrativa de Fundescam
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se desvinculó este miércoles en la Audiencia Nacional de la financiación irregular del PP regional. La expolítica, que declaró como imputada durante cerca de tres horas ante el juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, negó “rotundamente” tener conocimiento de la existencia de una caja b en la formación ni de los mecanismos para financiar las campañas electorales por encima de los límites legales entre los años 2003 y 2011, según informaron fuentes presentes en el interrogatorio.
La declaración de Cifuentes en esta fase final de la investigación de Púnica —el macrosumario de corrupción debe concluir antes del 6 de junio del próximo año— se inició de manera accidentada. El juez García-Castellón se vio obligado a interrumpir el interrogatorio tras tener conocimiento de que la declaración, que se celebraba a puerta cerrada como impone la ley, se estaba escuchando por un error técnico en otras dependencias de la Audiencia Nacional, como la sala de prensa.
Tras la reanudación, las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez no ciñeron su interrogatorio a la adjudicación supuestamente irregular de los contratos de restauración de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, sino que lo extendieron a los indicios que la vinculan con la caja b del PP madrileño y con el desvío de fondos públicos para financiar a la formación conservadora. Cifuentes supuestamente participó en reuniones en las que se planteó un mecanismo de desvío de fondos públicos desde la empresa pública Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) a Swat, firma que preparaba las campañas del PP. Para este trasvase, Swat emitió facturas falsas a la multinacional Indra, una de las grandes empresas adjudicatarias de contratos de ICM. Este hecho, “por su relevancia, no pudo resultar ajeno” a Cristina Cifuentes, entonces secretaria territorial del PP madrileño, señalaba el juez el pasado septiembre en el auto por el que la imputaba.
La expresidenta, según fuentes jurídicas, negó haber participado en esta reunión y achacó que una de las imputadas, Isabel Gallego, directora general de Medios de Esperanza Aguirre, la hubiera situado en la misma a una cuestión de enemistad. Cifuentes incluso llegó a confundir a José Martínez Nicolás, el exconsejero delegado de ICM y subordinado suyo, con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás, afirman estas fuentes.
La fiscal interrogó también a la expresidenta sobre los detalles de la adjudicación irregular de los servicios de cafetería y comedor de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco. Esta empresa de restauración estaba dirigida por el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, quien en 2007 realizó donaciones de 160.000 euros bajo cuerda al partido a través de la fundación Fundescam. Cifuentes era patrona de esa entidad instrumental para la financiación del PP y formó parte del comité regional de campaña para las elecciones autonómicas de ese año. Cifuentes reconoció su participación como miembro nato del patronato de Fundescam, pero negó que tuviera conocimiento sobre la gestión administrativa de la fundación. Para reforzar su posición, recordó que en una etapa posterior el presidente del PP, Pablo Casado, también formó parte de este patronato, como líder de Nuevas Generaciones.
Al salir de la Audiencia, Cifuentes dijo a los medios que su principal participación en el caso Púnica fue personar a su Gobierno como acusación en la causa.
https://elpais.com/politica/2019/10/09/actualidad/1570630416_481481.html
CRISTINA CIFUENTES RESPONDE SOBRE SU PAPEL EN LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO
La expresidenta regional está imputada por una adjudicación irregular a un donante del partido
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y abril de 2018, responderá este miércoles sobre su supuesto papel en la financiación ilegal del PP regional, una de las piezas que componen el macrosumario Púnica de corrupción. Cifuentes ha sido citada como imputada a las 17.00 por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El magistrado y la Fiscalía Anticorrupción pretenden aclarar los detalles de la adjudicación irregular de los servicios de cafetería y comedor de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco.
Esta empresa de restauración estaba dirigida por el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, quien en 2007 realizó donaciones de 160.000 euros bajo cuerda al partido a través de la fundación Fundescam. Cifuentes era patrona de esa entidad instrumental para la financiación del PP y formó parte del comité regional de campaña para las elecciones autonómicas de ese año, en las que Esperanza Aguirre obtuvo la segunda de sus tres mayorías absolutas consecutivas.
Cifuentes también será interrogada, previsiblemente, por su supuesta participación en el "desvío de fondos públicos para pago de gastos particulares del PP de la Comunidad de Madrid" y por gastos electorales que se ocultaron a la Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, referentes a las elecciones autonómicas del 2007 y 2011 y generales del 2008. Cifuentes, recuerda el juez, "asistió a las reuniones" que mantuvieron los investigados Ignacio González y Francisco Granados, junto a Esperanza Aguirre y el exconsejero Borja Sarasola con Juan Miguel Madoz, administrador de la empresa Swat, en las que se planteaban la estrategia política y de comunicación del PP regional para los comicios.
En estas reuniones se planteó supuestamente un mecanismo de desvío de fondos públicos desde la empresa pública Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) a Swat, firma que preparaba las campañas del PP. Para este trasvase, Swat emitió facturas falsas a la multinacional Indra, una de las grandes empresas adjudicatarias de contratos de ICM. Este hecho, "por su relevancia, no pudo resultar ajeno" a Cristina Cifuentes, entonces secretaria territorial del PP madrileño, señala el juez.
En un mensaje en Twitter, la expresidenta Cifuentes, que dimitió tras hacerse público un vídeo en el que era sorprendida robando dos botes de crema en un supermercado, ha escrito este miércoles: “El obstáculo es el camino” (Proverbio Zen)”. Además de esta imputación por la caja b del PP regional, Cifuentes está procesada como supuesta inductora de la falsificación del acta sobre su trabajo de fin de máster en el extinto Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta causa, la Fiscalía solicita tres años de prisión para ella.
En el auto —resolución judicial razonada— por el que imputó a Cifuentes el pasado septiembre, el juez García-Castellón afirma que existen indicios de que Cifuentes, durante su etapa como diputada en la Asamblea de Madrid, participó en una trama para beneficiar al empresario Arturo Fernández “amañando contratos a su favor”. Según el auto, Cifuentes, presidenta de la mesa de contratación, formó parte del “comité de expertos” que otorgó de forma “arbitraria” en 2009 a Cantoblanco el contrato de los servicios de restauración de la Asamblea. Este concurso público contaba con unos pliegos de condiciones redactados de modo que “los criterios subjetivos de valoración de las ofertas fuesen preponderantes a los criterios objetivos”, según el magistrado.
Cifuentes tomó partido por la empresa de Arturo Fernández, un empresario donante del partido y muy próximo a la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, pese a que las condiciones de presidenta de la mesa de contratación y de miembro del “comité de expertos” que valoró la oferta eran legalmente incompatibles. Este comité estaba formado por otras dos personas. Una es la también investigada Tatiana Recoder, cuya participación tampoco era legal ya que había emitido previamente un informe jurídico en el que obvió que el borrador del pliego de condiciones del contrato “estaba cargado de irregularidades”.
La tercera experta era Virtudes Merino, exjefa de protocolo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. “Ninguna de las tres personas que formaron parte del citado comité de expertos disponía de experiencia en la valoración de los criterios para la adjudicación de un servicio de restauración”, señala el auto del juez García-Castellón.
La adjudicación se produjo en junio de 2009, en una reunión de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid. Esa sesión fue presidida por Cristina Cifuentes, “quien votó a favor de la aprobación del informe técnico que ella misma emitió”, lo que va en contra de las leyes de procedimiento administrativo.
En el año 2011, según la investigación, se repitió el patrón, aunque en esta ocasión, además de Cifuentes participaron supuestamente también en la trama el exconsejero Francisco Granados, considerado el cerebro del caso Púnica, y el exgerente regional del partido Beltrán Gutiérrez.
https://elpais.com/politica/2019/10/09/actualidad/1570611870_014108.html
UN DOSIER DE LA FIRMA QUE FINANCIÓ AL PP EN 2007 CUESTIONA LA VERSIÓN DE CIFUENTES SOBRE SU PAPEL EN ESA CAMPAÑA ELECTORAL
La expresidenta de Madrid, que declara este miércoles en 'Púnica', aparece en un documento de Over Marketing que arranca con una página de fotos donde el equipo electoral de la compañía confraterniza con dirigentes del partido
El dueño, Daniel Mercado, solo sale en cuatro de las 23 imágenes, una de ellas en solitario con Cifuentes, que siempre ha negado su participación en la gestión electoral
"No tuve absolutamente nada que ver ni con la gestión económica del PP ni con la gestión de sus campañas electorales ni con nada de nada de nada". Así de rotunda contestó hace un mes Cristina Cifuentes en Telecinco a la pregunta sobre la decisión del juez de imputarla en la Operación Púnica dentro de la pieza donde se investiga la financiación del PP madrileño.
Sin embargo, un documento interno del grupo de publicidad Over Marketing –cuyo dueño ha confesado que financió al PP– cuestiona el alejamiento de Cifuentes respecto de la gestión de las campañas. Se trata de un dosier de ese extinto grupo sobre sus trabajos para el PP en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y al que ha tenido acceso infoLibre. El documento, de 24 páginas de las que 12 se refieren a la Comunidad de Madrid, arranca con un combo, o lote, de fotos donde el equipo electoral de la compañía confraterniza con dirigentes del partido en posados conjuntos. El dueño, Daniel Mercado, solo sale en cuatro de las 23 imágenes reunidas en ese folio, una de ellas en solitario con Cifuentes. El resto de las páginas exhibe retazos de dípticos o carteles o fotogramas de vídeos cuyos protagonistas exclusivos son distintos candidatos.
Desde el pasado jueves, la expresidenta de Madrid no ha accedido a hablar con este periódico ni a ofrecer una explicación a través de sus portavoces habituales.
Over Marketing constituye uno de los nombres más negros de la causa de Púnica para los tres expresidentes madrileños imputados por la financiación del PP –Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes– y los seis exconsejeros que ostentan ese mismo rango. Solo entre 2004 y 2008 el grupo obtuvo del Gobierno de Madrid 10 millones en adjudicaciones de contratos publicitarios. Y quien fue su propietario ya ha admitido no solo que sus empresas –Over, Traci, Link y Abanico– se beneficiaron de contratos amañados sino que en la campaña de 2007 aceptó pagos en negro y con facturas falsas pagadas por empresarios de la construcción.
Cifuentes, que declara este miércoles, lleva año y medio sosteniendo que su única tarea en la campaña de 2007 fue "exclusivamente la movilización de los cargos y de los afiliados para participar en los actos electorales". Así lo recalcó el 20 de marzo de 2018 ante la comisión de investigación del Congreso sobre la "presunta financiación ilegal del PP". Cuando el diputado del PSOE Artemi Rallo le recordó que había sido miembro del patronato de Fundescam, Cifuentes contestó así: "Y, desde luego, en las campañas electorales, como le estoy diciendo, claro que estaba en el comité de campaña, pero mi responsabilidad era exclusivamente la de la movilización de los dirigentes y de las personas para que fueran a los mítines. Punto pelota. No tenía ninguna otra responsabilidad. No tenía absolutamente ninguna capacidad". ¿Significa lo anterior que Over Marketing le dio protagonismo en su dosier pese a que ni siquiera tenía la facultad de facilitar gestiones o reuniones con candidatos o dirigentes locales? Cifuentes no ha querido aclararlo.
En 2007, la mujer que en 2018 dimitió como presidenta en medio del escándalo del máster y tras la difusión de un vídeo en el que aparecía robando una crema en un supermercado, era secretaria de movilización territorial del PP de Madrid, miembro del patronato de la oscura fundación Fundescam, que ya desde 2003 abonaba facturas electorales de Esperanza Aguirre, y vicepresidenta de la Asamblea regional. Son dos de los contratos otorgados por el Parlamento madrileño al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández –la concesión de la cafetería en 2009 y 2011– lo que constituye la razón básica por la que el juez de Púnica ha decidido llamarla a declarar en calidad de investigada. Cifuentes presidía la mesa de contratación y, además, formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes.
En febrero de 2018, dos meses antes de su dimisión, la declaración prestada por el que durante años se mantuvo como el principal político imputado en Púnica, Francisco Granados, zarandeó a Cifuentes. Granados, cuya cuenta oculta en Suiza desencadenó en 2014 la investigación que permitió desarmar la trama corrupta, le dijo al juez Manuel García Castellón que Cifuentes conocía la existencia de la caja B del PP de Madrid. Según su versión, la entonces presidenta del Ejecutivo regional perteneció al "núcleo de poder" que manejó la "campaña paralela y de refuerzo" de Aguirre hasta que terminó su "relación sentimental" con Ignacio González. Cifuentes interpuso una querella contra Granados por injurias y calumnias. En febrero de este año, la Audiencia de Madrid la archivó.
Página del dossier sobre las elecciones de 2007 del PP de Madrid en la que aparece Cristina Cifuentes (Foto 21)
CIFUENTES PREPARA SU DECLARACIÓN POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID
Está imputada por haber beneficiado al empresario Arturo Fernández mediante amaño
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ultima estos días su declaración por su presunta participación en la financiación irregular del PP de Madrid, en su caso mediante la adjudicación de contratos supuestamente amañados de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Cifuentes deberá declarar el miércoles próximo ante el juez del caso Púnica, el magistrado Manuel García-Castellón, quien la citó como investigada dentro de la pieza de la causa por haber beneficiado al empresario Arturo Fernández mediante el amaño de la adjudicación de contratos de cafetería a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid.
En su auto de citación, que dictó el 2 de septiembre, el juez sostiene que uno de los métodos utilizados por el PP de la Comunidad de Madrid para obtener financiación de forma irregular fue el uso de la Fundación Fundescam para canalizar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).
Arturo Fernández, vicepresidente de CEIM y presidente del Grupo Cantoblanco, habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear “de manera encubierta gastos electorales”.
El juez, como hizo en su momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas de contratos de restauración en 2009, 2011 y 2013.
En 2009 y en 2011, expone el magistrado en su auto, hay evidencias de “conciertos dirigidos a beneficiar” a Arturo Fernández “amañando la adjudicación” de esos contratos.
Cifuentes era la presidenta de la mesa de contratación y, según el juez, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
García-Castellón la interrogará en el marco de la pieza número 9 del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, la misma por la que está imputada la también expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, cuya comparecencia está fijada para el próximo día 18.
Un día antes está previsto que preste declaración como investigado su sucesor, Ignacio González, que además está imputado en el caso Lezo, en el que se investiga una presunta trama de corrupción en el Canal de Isabel II.
En la pieza número 9 de Púnica se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra (imputada también junto a su expresidente Javier Monzón y que tendrán que declarar el día 4) o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.
CIFUENTES DECLARARÁ COMO IMPUTADA POR EL CASO PÚNICA EL 9 DE OCTUBRE
El magistrado Manuel García-Castellón acordó su declaración y la de su antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, junto al de otra cuarentena de investigados en la trama
El juez del caso Púnica ha citado a declarar a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes el próximo 9 de octubre. Después de que su abogado pidiera la suspensión de la comparecencia que estaba prevista para este martes porque coincidía con un señalamiento anterior de otro de sus clientes, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha aplazado el interrogatorio a la próxima semana.
El pasado 2 de septiembre, el magistrado acordó su declaración y la de su antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, junto al de otra cuarentena de investigados en la trama. Cifuentes declarará en primer lugar, ya que Aguirre no está citada hasta el próximo 18 de octubre, más de un mes después del inicio de las nuevas diligencias. Lo mismo sucede con el expresidente Ignacio González, citado el día 17 de octubre.
30 investigados declararán en las próximas semanas, pero la cifra se incrementará con nuevos imputados en la pieza sobre Cofely y la que investiga la construcción de colegios en la comunidad
En el caso de la expresidenta madrileña, imputada también en el caso máster, el magistrado menciona en su auto su vinculación con la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid. "Participarían en el concierto Cristina Cifuentes y una funcionaria (Tatiana Recoder), quienes integraron el comité de expertos que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco". "No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la investigada Recoder había emitido en el expediente del contrato un informe jurídico", especifica el auto.
Aunque el juez no lo menciona en su escrito, la Fiscalía Anticorrupción va un paso más allá en el informe que generó las nuevas imputaciones y apunta a un tejemaneje de la trama que "no pudo resultar ajeno" a Cifuentes. En su anexo tercero, en el que se desarrolla la presunta financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid y de sus dirigentes, el Ministerio Público pide que "se reciba declaración como investigada a Cristina Cifuentes por su indiciaria participación en el desvío de fondos públicos para pago de gastos particulares". Al igual que el magistrado, la Fiscalía apunta a la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea, pero también incide en una supuesta operación fraudulenta entre el PP, Indra y una tercera empresa.
En reuniones
Según explica en su escrito, la expresidenta madrileña "asistió a las reuniones que mantuvieron los investigados Ignacio González y Francisco Granados, junto a Esperanza Aguirre y Borja Sarasola, con Juan Miguel Madoz Echevarria, administrador de la empresa SWAT, en las que se planteaba la estrategia política y de comunicación, muchas de ellas celebradas en la sede de SWAT". La Fiscalía considera clave su asistencia a estos encuentros, pues considera a Madoz, cuya presencia está prevista este mismo martes en la Audiencia Nacional, "uno de los cooperadores en el desvío de fondos públicos para pago de gastos electorales, que omitía el administrador electoral en la contabilidad de las campañas". Una estrategia que, según defiende, "se planeaba en las reuniones" y pasaba por emitir facturas falsas desde 2008 a la mercantil Indra "como medio de trasvase de fondos desde la Agencia de Informática de la CAM para pagar gastos electorales y otros gastos del partido".
Más allá de su presencia en estas reuniones, Anticorrupción no menciona ningún hecho que demuestre que la expresidenta fuera conocedora de este supuesto desvío de fondos, pero asegura que, "por su relevancia, no pudo resultar ajeno a la Secretaría Territorial", cargo que entonces ocupaba Cifuentes. A falta de que avance la declaración y se tome declaración a otros de los asistentes a estas reuniones, el juez ha optado por no incluir esta parte de la acusación en el auto con el que imputa a la política, pero todo apunta a que las fiscales preguntarán por este extremo cuando acuda a declarar como investigada el próximo 9 de octubre.
CIFUENTES: “EN EL PP HUBO FUEGO AMIGO”
"No creí que esa imputación se fuese a producir porque yo no tengo nada que ver con Púnica", ha dicho sobre el caso de corrupción
“Llevo más de un año y medio callada y creo que es el momento de contar algunas cosas”. Con estas palabras se presentó Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid y exlíder regional del PP. Cifuentes reapareció en una entrevista en El programa de Ana Rosa -la primera desde su dimisión- a los pocos días de que se conociese su reciente imputación en el caso Púnica, el macrosumario de corrupción vinculada al PP de la Comunidad de Madrid y que se investiga desde febrero de 2014: "No creí que esa imputación se fuese a producir porque yo no tengo nada que ver con Púnica. De hecho, el Gobierno que yo tuve el honor de presidir, a instancia mía, se personó en el caso Púnica. [La imputación] Me disgustó y me sorprendió. En el PP saben que en esos años yo no tenía nada que ver con la gestión económica de las campañas del PP. He gestionado escrupulosamente el dinero de la Comunidad [de Madrid]; no me he llevado ni un euro [de dinero] público". Preguntada por su predecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, también imputada en la causa, ha subrayado que de otras personas no iba a hablar.
Cristina Cifuentes ha pasado “un calvario”. Su suplicio comenzó con el caso máster —fue acusada de obtener un posgrado sin presentar su trabajo fin de máster—, un asunto destapado por eldiario.es. Pero la puntilla le llegó con la filtración de un vídeo en el que Cifuentes aparecía hurtando unas cremas en un supermercado Eroski. Unas imágenes grabadas hace casi una década. “Las cremas llegan a mi bolso porque las meto yo”, ha reconocido Cifuentes, “las meto en el bolso por equivocación, pero las cremas se pagaron al momento. Fue un error del que me arrepiento. Pasé mucha vergüenza”. “Lo que no me podía imaginar era que alguien estaba grabando un vídeo de manera fraudulenta. Y que se usara ocho años después, previa extorsión”, ha continuado la expresidenta. “Creo que lo he pagado con creces. Me sorprende que el asunto de las cremas se haya utilizado para intentar destruirme personalmente”.
“Una tormenta perfecta”. Cifuentes define así la situación a la que se enfrentó antes de dimitir de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, en abril de 2018. No tiene duda de que algunos de estos ataques vinieron del PP, el partido en el que desarrolló su carrera política: “Enfrentarme a las irregularidades del Canal y del caso Lezo han sido el origen de muchos problemas que he tenido”. ¿Hubo fuego amigo del PP?, le preguntó Ana Rosa Quintana. "Sí, hubo fuego amigo del PP", ha respondido Cifuentes. ¿Quién guardó ese vídeo? “Las cloacas del Estado”, ha dicho Cifuentes. “Puede que hubiera la mano de algún político que se sintiera agraviado con alguna actuación del Gobierno de la Comunidad”, ha añadido con cierto misterio.
“Se han dicho muchas mentiras sobre mí: si era cleptómana, si estuve ingresada, si me divorcié… Ha sido un año y medio muy difícil”. Cifuentes ha reconocido en la entrevista que se ha sentido sola. Sobre todo por parte de sus compañeros de partido. “Cuando hablamos de mi partido, no quiero generalizar”, ha matizado, “he recibido el apoyo de muchos militantes y muchos ciudadanos; de los dirigentes, no”. “Es algo muy doloroso. Incluso de personas que me lo deben todo políticamente”, ha continuado Cifuentes. ¿Tiene trato con Pablo Casado? “Ni me ha llamado”. ¿Isabel Díaz Ayuso? “Le deseo todos los éxitos políticos. La conozco hace muchos años; la vi crecer políticamente”. Hace unos días, cuando se supo la imputación por Púnica, Ayuso dijo que la única relación que tenía con Aguirre y Cifuentes era la misma que podría tener con cualquier otro afiliado al PP. “Tiene que ser ella la que lo explique. Yo le tengo mucho cariño”, ha dicho Cifuentes. “¿Y ella a usted?”, ha repreguntado Ana Rosa. “No lo sé, tendrá que decirlo ella”.
Cuestionada por la actualidad política y la posibilidad de nuevas elecciones, Cifuentes ha mostrado su preferencia por un Gobierno del PSOE con la abstención de PP y Cs. También su rechazo a la idea de Casado llamada España Suma: "No creo que sea una buena idea". "Si el PP no reivindica, con hechos, el espacio liberal de un partido de centroderecha, otro partido, como Cs, puede ocupar ese espacio. Ahora, para bien o para mal, hay un partido a la derecha -Vox- y también Ciudadanos, que está pugnando por el espacio de centro", ha continuado Cifuentes. "El PP no puede jugar a todo: tiene que decidir si quiere ser la Alianza Popular de Fraga o el PP que aglutinó al centro democrático, el PP de Aznar y Mariano Rajoy", ha agregado, "el PP tiene que recuperar su identidad: ahora está en tierra de nadie”.
LAS FRASES DE CIFUENTES SOBRE...
Su trato con Pablo Casado, líder del PP: “No lo tengo porque ni me ha llamado”.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. “Le deseo todos los éxitos políticos.
La conozco hace muchos años. La vi crecer políticamente. Le tengo mucho cariño”.
La imputación de Esperanza Aguirre en la Púnica, como ella: “De otras personas no voy a hablar”.
El PP. “Tiene que recuperar su identidad: ahora está en tierra de nadie”. “Si el PP no reivindica, con hechos, el espacio liberal de un partido de centroderecha, otro partido, como Cs, puede ocupar ese espacio”.
El expresidente Garrido (su sucesor), ahora en Ciudadanos: “Cualquier persona tiene derecho a cambiar de opinión. Si tu partido político no te representa, está bien que tú te cambies. No me pareció bien cómo lo hizo. Tenía que haberlo hecho de otra manera. Pero está bien que abandone el PP si considera que este ha abandonado el centro político”.
https://elpais.com/ccaa/2019/09/09/madrid/1568014351_641341.html
CIFUENTES SE DESMARCA DE LA 'PÚNICA': "NO ME HE LLEVADO NI UN EURO DE DINERO PÚBLICO"
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha defendido este lunes que no se ha llevado jamás "ni un euro de dinero público" y que no tiene "absolutamente nada que ver" con la trama Púnica, por la que ha sido llamada a declarar en calidad de investigada el 1 de octubre.
En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, ha desvelado que, para ella, la imputación ha sido "un mazazo", que la disgustó "tremendamente", porque no creía que se fuese a producir nunca.
"En el PP lo sabe todo el mundo, en esos años no tuve nada que ver con la gestión económica ni con la gestión de sus campañas electorales... ni con nada de nada", ha asegurado la expresidenta del partido.
En concreto, ha explicado que declarará por el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que se realizó cuando ella era vicepresidenta de la Cámara. Cifuentes ha defendido que, como declaró en sede parlamentaria en la comisión de corrupción, en todas las mesas de contratación en las que estuvo se atendió "al cien por cien de los requisitos técnicos", que no modificó "ni una sola copa" y que tampoco participó en "la elaboración de los pliegos".
Pese a que ahora la decisión la tomará el juez, la exdirigente regional ha sostenido que en España el término 'imputación' "ha perdido completamente su sentido" porque cuando se produce ya se está condenado tanto por los medios como socialmente.
"Ya eres culpable y ya luego no pasa nada si se te levanta la imputación. El sufrimiento entre medias en lo que se queda", ha manifestado. En este punto, ha indicado que ella va a dar "todas las explicaciones" que sean necesarias y ha asegurado que su inocencia "en todas aquellas cosas" de las que le ha acusado "va a quedar clara".
Vincula su salida de la política a una "tormenta perfecta"
Cifuentes ha vinculado su salida de la política a una "tormenta perfecta", que se planificó "en un despacho", y que tuvo que ver con "el interés económico de un empresario que quería recibir dinero y no lo recibió", con un "componente de venganza" por "levantar alfombras" y por que a personas les venía "muy bien" desgastarla.
La exdirigente regional ha hecho hincapié en que había personas de su partido que se la tenían "jurada" desde que empezó a luchar contra la corrupción mientras que otros querían apartarla porque se la veía como la "sucesora de Rajoy".
Además, Cifuentes ha puesto el foco en el "tratamiento" que le dieron desde algunos medios de comunicación, que, a su parecer, "no tiene precedentes en la historia de España". "A mí se me linchó", ha asegurado la expresidenta del PP de Madrid, tras recordar que "durante casi mes y medio" el caso máster ocupó radios, televisiones y prensa.
Sobre el máster, la exdirigente ha mantenido que ha dicho "la verdad en todo momento" y ha reconocido que parte de sus problemas judiciales los hubiera evitado si no hubiera renunciado al aforamiento, al entregar su acta de diputada de la Asamblea, ya que hubiera sido juzgada por el Tribunal Supremo.
Tomó la decisión de marcharse porque creía que era "lo mejor para el proyecto político" que ella defendía en ese momento. "Yo no me voy por el famoso vídeo de las cremas. Ya tenía la decisión tomada de renunciar varios días antes", ha desvelado.
"Las cloacas del Estado"
Respecto al vídeo, que provocó su precipitada dimisión, ha contado que las cremas llegan a su bolso porque "las mete" ella, pero que lo hizo "por equivocación" y "sin querer".
Se trata, según ha explicado, de un error que subsanó en ese momento y ha desgranado que no podía imaginar que había alguien estaba grabándolo y que lo iban a guardar para utilizarlo "cuando conviniera, previo intento de extorsión".
"Me resulta difícil hablar de esto. Es algo de lo que no me siento orgullosa en absoluto; al contrario. Jamás voy a defender que alguien se lleve algo de una tienda, pero es que objetivamente yo no me di cuenta", ha sostenido. En este sentido, ha declarado que a raíz de las imágenes se le ha acusado de cleptómana, algo que es "mentira".
Para la expresidenta autonómica, este vídeo tiene que ver con "las cloacas del Estado". De hecho, el asunto se encuentra ya en manos de su abogado que ha presentado una demanda civil contra el centro comercial por la distribución de las imágenes.
https://www.madridiario.es/cifuentes-punica
LA BOMBA DE GRANADOS: PEDIRÁ TESTIFICAR CONTRA AGUIRRE Y CIFUENTES
El ex 'hombre fuerte' de Esperanza Aguirre propondrá a la Audiencia Nacional ofrecer su versión y los datos recabados una vez se escuche a los exdirigentes madrileños
Francisco Granados, hasta ahora principal imputado de Púnica, puede dejar de serlo. Tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de que se interrogue como imputados a tres expresidentes madrileños por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, el que fuera vicepresidente del Gobierno regional y uno de los hombres fuertes de Aguirre se prepara ya para apuntalar su acusación contra su antigua jefa y contra Cristina Cifuentes e Ignacio González.
A falta de conocer si el juez Manuel García-Castellón atenderá la solicitud de la Fiscalía, cosa que no sucederá hasta el próximo septiembre a su regreso de vacaciones, el considerado cabecilla de la Púnica ve más cercana la posibilidad de demostrar que otros por encima de él maniobraron con la caja B de la formación. Su defensa solicitó hace más de un año las imputaciones que ahora reclama el Ministerio Público y, según fuentes jurídicas, propondrá a la Audiencia Nacional ofrecer su versión y los datos recabados una vez se escuche a los exidirigentes de la Comunidad de Madrid.
Granados, ex secretario general del PP regional, levantó la alfombra por primera vez en una declaración prestada en febrero del pasado año. Apuntó entonces a una responsabilidad directa de los expresidentes en la financiación de los gastos de campaña de las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid de los años 2007 y 2011 y elecciones generales del año 2008. Habló entonces de que, en los comicios, el partido realizó para Aguirre una "campaña paralela y de refuerzo" que salía del presupuesto oficial y situó a Cifuentes en el "núcleo de poder" desde el que se manejó. La instrucción apunta en que, en las dos primeras campañas, el PP de Madrid manejó fondos en negro de hasta cinco millones de euros.
Entonces, comenzó a tirar de la manta y ahora, quiere terminar de hacerlo. Su versión, que se afanarán por desmontar los afectados si, como todo apunta, acaban desfilando ante el juez, es que Aguirre dejó en manos de González la gestión de la financiación irregular. Junto a ellos sitúa al ex número tres de Cifuentes en el Ejecutivo, Jaime González Taboada, el exconsejero Borja Sarasola y a la antigua responsable de Comunicación.
El dinero irregular salía de falsos contratos de publicidad, indicó también entonces y señaló al Canal de Isabel II, el Consorcio de Turismo de la Comunidad y la empresa pública de informática y comunicaciones (ICM). Las tres unen, como un puente, las tramas Púnica y Lezo. La combinación descrita incluía también a empresas públicas y privadas. Desde Arpegio y PromoMadrid a la Consejería de Turismo, por la parte pública, o la Licuas de Molpeceres y Swat en la zona privada.
Tres cabecillas
El argumento principal que le empujaba entonces, cuando apretó el botón del ventilador, y le impulsa ahora es el de la responsabilidad. En las campañas bajo sospecha, los expresidentes tomaron las riendas. Informes policiales posteriores —destaca— acreditaron que el PP de Madrid pagó en negro "y de manera encubierta" a proveedores de los actos al menos en la campaña electoral de 2011. Los investigadores desvelaron entonces detalles del uso de la caja B de los populares en Madrid, que llegó a acumular, solo durante ese año, hasta 1,5 millones de euros, que acreditan el manejo de fondos de procedencia oculta para abonar facturas por los servicios prestados.
En el caso de Cifuentes, Granados apuntó que entre los años 2004 y 2008 fue secretaria de Política Territorial del partido y para las elecciones de 2007 fue además responsable de movilización de la campaña del PP. Ignacio González ejerció como director de campaña de Madrid, señaló también. El cabecilla de la Púnica quiere dejar de serlo y su versión servirá como elemento de contradicción si se acepta por parte del instructor.
CIFUENTES, TRAS LA PETICIÓN DE IMPUTACIÓN DE LA FISCALÍA: "LA VERDAD PREVALECERÁ"
Ha parafraseado una cita del primer presidente de los Estados Unidos George Washington
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha manifestado en redes sociales que "la verdad prevalecerá", comentario que se produce tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción la cite como investigada en el 'caso Púnica'.
En su cuenta de la red social Instagram, Cifuentes ha parafraseado una cita del primer presidente de los Estados Unidos George Washington al escribir: "La verdad prevalecerá, para traer luz donde haya pesares".
A ese comentario adjunta una foto ubicada en un balcón Teatro Real, en la que se ve de fondo el Palacio Real de Madrid, y en la que figura con la bandera nacional y de la Comunidad de Madrid.
Petición fiscal
La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, que cite como investigadas a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional.
Concretamente, en la pieza relacionada con la presunta financiación irregular del PP de Madrid, la número 9, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir al magistrado que llame a declarar como investigados a las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, al expresidente de Indra Javier Monzón y a la propia empresa.
En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam -vinculada con el PP de Madrid- a "determinados empresarios y organismos empresariales, que ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales". Otro informe de la Guardia Civil también destacó que Cifuentes era "partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. Estas adjudicaciones se relacionan con las donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, que, de igual manera, habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales.
ANTICORRUPCIÓN SOLICITA IMPUTAR A ESPERANZA AGUIRRE Y CRISTINA CIFUENTES EN EL ‘CASO PÚNICA’
La Fiscalía quiere que las expresidentas e Ignacio González declaren en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP. También pide que se explique como investigado el expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo de PRISA, Javier Monzón
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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que impute a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el macrosumario del caso Púnica, según confirmaron fuentes judiciales. El ministerio público pide que ambas expolíticas declaren como investigadas en la pieza separada sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño entre 2003 y 2011, una de las 16 ramas en que se divide la causa. El partido de Pablo Casado se limitó a expresar su respeto a las decisiones judiciales y a recordar la presunción de inocencia de sus exdirigentes.
El verano vuelve a ser un época complicada para el PP en los tribunales. La Fiscalía presentó ayer al juez García-Castellón un informe en el que le solicita la reordenación del caso Púnica, la trama corrupta encabezada por el exconsejero madrileño Francisco Granados. Esta gigantesca causa, que acumula más de un centenar de imputados, empezó a investigarse en 2014 y debe estar concluida antes del 6 de junio de 2020. El escrito, de 75 páginas, propone reducir de 16 a 11 el número de piezas que componen el macrosumario para facilitar su enjuiciamiento.
Sin embargo, la carga de profundidad del dictamen no está en el replanteamiento de las diferentes ramas de la causa. Las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá piden al magistrado que en la pieza número 9, sobre el supuesto desvío de fondos para gastos del PP de la Comunidad de Madrid, cite como imputadas a las expresidentas regionales y antiguas líderes del partido Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
La Fiscalía también solicita al magistrado instructor la declaración como investigado de Javier Monzón, presidente de la compañía Indra entre 1993 y 2015, y actual presidente no ejecutivo de PRISA, empresa editora de EL PAÍS. La petición del ministerio público tiene que ver con la supuesta entrega de fondos por parte de Indra para las campañas de Aguirre en 2007 y 2011. Las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá piden asimismo la imputación de otros dos directivos de Indra, cuyos nombres no trascendieron, y de la propia compañía como persona jurídica, siempre según fuentes judiciales. El pasado junio, la Guardia Civil remitió a García-Castellón un informe en el que los investigadores señalaban que la empresa Indra abonó supuestamente 566.497 euros a una firma de formación, que a su vez los transfirió a la consultora Swat SL, que asesoró al PP madrileño en temas de estrategia y comunicación política para las campañas electorales de 2007 y 2011.
Contratos millonarios
El pasado marzo, la Guardia Civil remitió un informe al juez en el que por primera vez implicaba a Aguirre en las supuestas maniobras para financiar ilegalmente las campañas electorales para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011. En ellas, la política conservadora encadenó tres mayorías absolutas, la primera de ellas tras el escándalo del tamayazo, la deserción de dos diputados del PSOE madrileño que impidió la investidura del socialista Rafael Simancas y obligó a repetir las elecciones.
En aquel escrito, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado situaron a Aguirre en reuniones en las que supuestamente se acordó favorecer con contratos públicos a empresas de publicidad que trabajaron en las campañas de 2003 y 2007. Estas compañías de marketing, propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, recibieron contratos por valor de 7,4 millones de euros.
Para facilitar los pagos, el Ejecutivo de Aguirre modificó varias leyes autonómicas, de modo que las adjudicaciones pasaran por la mesa del entonces vicepresidente regional y después sucesor de Aguirre, Ignacio González, imputado en el otro gran macrosumario madrileño, el caso Lezo y cuya declaración por la caja b también ha sido solicitada por la Fiscalía.
Esas instrucciones surgieron de varias reuniones celebradas en fechas que la Guardia Civil no ha podido concretar, en las que participó Esperanza Aguirre junto a Ignacio González y Francisco Granados. También intervinieron en ellas el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo —actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel— y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, así como la responsable de comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego, y el propio empresario argentino. Aguirre fue situada en estas reuniones por dos de los participantes: Lamela y el propio Mercado.
Lamela confirmó en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que en estas reuniones “se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over [una de las empresas de Mercado] en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”. A partir de ese momento, las firmas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento. Los agentes apreciaban delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.
La presunta financiación irregular del PP abarca también a los comicios autonómicos de 2011. En aquella convocatoria, en la que Aguirre logró la mayor victoria de su carrera política, el PP gastó en propaganda 6,2 millones de euros, casi el doble del límite legalmente establecido. De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de una caja b que manejaba el entonces gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y que supuestamente se nutría de fondos aportados por Granados e Ignacio González.
La expresidenta madrileña, mentora política de la futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha logrado hasta ahora mantenerse siempre al margen de los escándalos que han protagonizado sus colaboradores más inmediatos. Aunque la corrupción ha acabado por convertirse en uno de los signos definitorios de sus mandatos, Aguirre ha esquivado siempre las consecuencias judiciales y ha negado en todo momento haber participado en actos ilegales.
En el caso de Cristina Cifuentes, presidenta regional entre junio de 2015 y abril de 2018, la investigación se centra en las supuestas irregularidades para la adjudicación, en 2009, de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. La investigación trata de aclarar si la adjudicación, en la que Cifuentes participó en su condición de vicepresidenta del Parlamento, fue presuntamente amañada a cambio de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del partido, camuflada como donación de 160.000 euros a Fundescam, la fundación del PP regional y en cuyo patronato figuraba la propia Cifuentes.
https://elpais.com/politica/2019/08/02/actualidad/1564747712_466357.html
ARCHIVADA LA QUERELLA DE CIFUENTES CONTRA GRANADOS TRAS ACUSARLA DE CONOCER LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
La magistrada rechaza que la conducta del exsecretario general del PP madrileño se pueda encuadrar en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias" hacia la expresidenta de la Comunidad de Madrid Concluye que "cuando se trata de personas públicas, que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública ha de estimarse que priman las libertades de expresión e información"
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha inadmitido y archivado la querella que presentó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, después de que éste declarara en la Audiencia Nacional que la primera era conocedora de la supuesta financiación ilegal del partido madrileño.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado a 3 de mayo, la magistrada rechaza que en este caso la conducta de Granados se pueda encuadrar en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias" hacia Cifuentes. Contra el fallo cabe recurso de apelación en un plazo de cinco días.
Cifuentes, que presentó la querella siendo presidenta madrileña a título particular, alegó un "espurio uso de la palabra para descalificar y dañar su buen nombre, honor e imagen" para hablar de injurias, mientras que las calumnias las encuadró "al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad".
La jueza Mª Isabel Durántez Gil hace un alegato a favor de las libertades de expresión e información cuando se trata de cargos públicos implicados en asuntos de relevancia pública, "obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general".
El archivo llega después de la renuncia de Cifuentes a sus cargos como presidenta de la Comunidad de Madrid y como máxima responsable del PP de Madrid por el caso del máster que cursó bajo presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y la publicación de un vídeo en el que era descubierta tras haber hurtado cosméticos en un supermercado.
Nulidad de actuaciones
La defensa de Granados solicitó la nulidad de pleno derecho de lo actuado por no haberse notificado el auto de admisión de la querella, lo que le causaba "indefensión" a su cliente. También pidió la nulidad por la supuesta "falta de concordancia entre los delitos atribuidos en el escrito de querella" —delitos de injurias, calumnias, y trato degradante— y los señalados en la cédula de citación que se le entregó en relación a un delito de injurias.
En cuanto al delito de trato degradante, la juez alega que los comentarios de Granados sobre una supuesta relación sentimental no encuadran en esta calificación jurídica al no reunir los requisitos para su apreciación. En este punto, se refería la magistrada a las declaraciones de Granados sobre una supuesta "relación sentimental" entre los expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes.
También rechaza que Granados incurriera en un delito de calumnias, dado que sus manifestaciones ante los medios se limitaron a "relatar y repetir lo que había declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional".
"Su actuar no podrá enmarcarse en las infracciones penales antes descritas, dado que la jurisprudencia viene considerando que no se puede considerar calumnia cuando el acusado da a conocer unos hechos a una institución oficial competente para su investigación, dado que en ese caso su finalidad no es otra que provocar una investigación del órgano jurisdiccional en relación a los hechos", señala el fallo.
Asimismo, el juez destaca que cuando el conflicto se mueve en un marco en el que el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general, "los citados derechos alcanzan entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información".
"Cuando se trata de personas públicas, que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública ha de estimarse que priman las libertades de expresión e información, pues así lo requiere el pluralismo político, para no correr el riesgo de hacer del derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en un Estado democrático", agrega.
EL JUEZ DE PÚNICA CREE QUE CIFUENTES DEBIÓ ABSTENERSE EN UN CONTRATO QUE ADJUDICÓ
El magistrado mantiene imputada a la jefa del servicio jurídico de la Asamblea de Madrid por el contrato irregular al empresario Arturo Fernández que salpica a la presidenta madrileña
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, considera que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, debió abstenerse de participar en la adjudicación, en el año 2009, del contrato de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández. Así se desprende de un auto del 6 de abril, en el que mantiene la imputación de Tatiana Recoder, jefa de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, que también participó en aquel concurso.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que tras la adjudicación a Cantoblanco de aquel contrato se esconde una maniobra para financiar ilegalmente al PP madrileño. Cifuentes participó en aquel concurso para la explotación del comedor y la cafetería de la Asamblea cuando era vicepresidenta de la Cámara. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si el contrato fue amañado a cambio de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del PP de Madrid camuflada como donación de 160.000 euros a Fundescam, la fundación ligada al partido entonces liderado por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuraba la presidenta.
Recoder y Cifuentes formaban —junto con María Merino, jefa de protocolo del Gabinete de la Presidencia regional, y el funcionario Isaac Arturo Zubiri— el comité de expertos que realizó la licitación. Recoder, letrada de la Asamblea, elaboró el informe jurídico de aprobación de los pliegos de condiciones administrativas particulares del contrato público y asumió como tal que este documento se ajustaba a la legalidad. Según la investigación, Cifuentes intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid que desembocaron en la adjudicación, en 2009, de la gestión de los servicios de comedor de la Cámara al Grupo Cantoblanco.
En su declaración ante el juez, en noviembre, Recoder negó cualquier irregularidad en la adjudicación del contrato y en la actuación de Cifuentes. El pasado 31 de enero, presentó un escrito en el que solicitaba su sobreseimiento en la causa. El auto del juez García-Castellón conocido ayer rechaza esta pretensión y recalca que Recoder “no apreció, sin que pueda determinarse aún si por ignorancia o con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de doña Cristina Cifuentes Cuencas”.
Dos informes de UCO
La investigación sobre esta adjudicación se inició a principios de 2017, y Cifuentes no ha sido imputada por ello. Dos informes de la UCO fechados en marzo del año pasado apuntaban que la hoy presidenta madrileña —en un volcán político por la falsedad del máster que le otorgó la Universidad Rey Juan Carlos— pudo haber cometido delitos de prevaricación y cohecho por esta adjudicación. En su segundo informe, la UCO destacaba que Recoder y los otros dos asesores cayeron en “significativas y evidentes contradicciones” cuando fueron interrogados, lo que consideraba un indicio de las irregularidades. También recalcaba que Cifuentes, en cuyo despacho se celebró la reunión, estaba al tanto de todo ello.
Cuando ambos documentos policiales salieron a la luz dos meses después, la política negó cualquier irregularidad y compareció en el Parlamento regional para dar explicaciones. Desde su entorno se cargó entonces con dureza contra la Guardia Civil. El silencio del juez instructor, Eloy Velasco, que estaba a punto de abandonar su puesto, y de la Fiscalía Anticorrupción, comandada en aquel momento por Manuel Moix, parecieron paralizar esta línea de investigación.
Tras la llegada de García Castellón al juzgado y el nombramiento del fiscal Alejandro Luzón como nuevo responsable de Anticorrupción, las pesquisas se reactivaron. Fuentes cercanas a la investigación siempre las han considerado clave para probar la supuesta participación de Arturo Fernández en la financiación irregular del PP, así como el papel jugado por Fundescam.
Una agenda, dos ‘pendrive’ y la caja b del pp
Las anotaciones manuscritas de la agenda intervenida a Francisco Granados en octubre de 2014 fueron el arranque de la investigación que desembocó en los dos informes de la UCO que salpican a Cifuentes. El entonces instructor Eloy Velasco abrió una pieza separada para investigar la caja b en el PP de Madrid que le permitió localizar en casa del exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez, dos pendrive con una supuesta contabilidad paralela. Esta revelaba que a través de las cuentas de Fundescam se pagaban gastos electorales y que los fondos provenían de empresarios que recibían adjudicaciones públicas. Uno de ellos era Arturo Fernández, quien se hizo con la adjudicación del servicio de comedor en la que participó Cifuentes.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523533146_090948.html
CIFUENTES SOBRE LA CAJA B DEL PP: NO SABÍA NADA, NO OYÓ NADA Y NO VIO NADA
La actual presidenta de la Comunidad de Madrid asegura desconocer las empresas con las que contrató su propia campaña (2015): "Yo era candidata"
La presienta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha marcado un Mariano Rajoy este martes ante la Comisión de Investigación de la caja B del Partido Popular. En sede parlamentaria, ha asegurado que “no sabía anda de la gestión o la administración del partido”. Cifuentes ha dicho que no ha tenido nunca ninguna responsabilidad en las cuentas de la formación, ni siquiera en las campañas electorales en las que participó en calidad de miembro del comité electoral.
Cristina Cifuentes ha subrayado que, a pesar de formar parte de la dirección de las campañas del 2007 y 2008, sus funciones se limitaban a la movilización de los militantes: "Jamás tuve nada que ver, excepto a partir del momento en que me nombraron presidenta del PP de Madrid hace un año, con la gestión ni con la administración del partido ni, por supuesto, con la financiación de las campañas electorales”. “Era secretaria de movilización territorial. Punto pelota, no tenía ninguna otra responsabilidad". Eso sí, ha matizado que tampoco está al tanto de con qué empresas se contrató en su campaña electoral, en 2015, cuando ya era candidata: “La campaña de 2015 yo era la candidata, el PP nombró un equipo de dirección y yo confío en su buen hacer. No era mi cometido. Mi cometido era el ser candidata”, ha justificado.
Tal y como adelantó El Plural, uno de los temas en los que más iba a incidir los diputados era el caso FUNDESCAM. Cristina Cifuentes presidió la Mesa de Contratación y formaba parte del comité de expertos de la licitación de explotación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, contrato que recayó en el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández, donante confeso del PP. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid se ha escudado en que la decisión se tomó por unanimidad.
En este sentido, el diputado del Grupo Mixto Óscar Matute (EH Bildu), ha señalado que el hecho de que la licitación se adjudicara por unanimidad “no alivia la responsabilidad, no le exime de esa negligencia”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en que su actuación siempre se ha basado en la premisa de “tolerancia cero ante la corrupción”. Ante esto, Matute, en tono irónico, le ha dicho que “no dudo de su voluntad de tolerancia cero con la corrupción, porque no soy juez, pero si alguien ve esta comisión puede pensar que voluntad bien, pero perspicacia…”.
Cifuentes asegura que no sabía nada, no oyó nada y no estaba al tanto de nada, en consecuencia, Matute ha anunciado que se documentará sobre cuáles son las funciones de un secretario general en el PP porque “el nombre suena muy rimbombante” pero después “no saben nada”.
En cuanto a su relación con Francisco Granados, asegura que “siempre fue correcta, no fuimos amigos”, y razona que el exconsejero le cuelga el muerto porque “el señor Granados no digiere que algunos seamos tolerantes cero con la corrupción”, y añade que “no le sentará muy bien que la Comunidad de Madrid decidiera personarse en la trama Púnica, donde él es el principal imputado”. "Todo esto obedece a una venganza del señor Granados", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid.
https://www.elplural.com/politica/2018/03/20/cifuentes-caja-b-PP-no-sabia-nada
TODAS LAS 'RANAS' DE CRISTINA CIFUENTES
Todos los dimitidos e imputados que rodean a la flamante presidenta de la Comunidad y del Partido Popular de Madrid
Con la frecuencia que aconseja la actualidad, a lo largo de los últimos meses, hemos venido informando sobre algunos de los colaboradores más directos de Cristina Cifuentes, tanto en su condición de presidenta del PP de Madrid como Presidenta de la CM, gracias al apoyo de Ciudadanos.
Y hoy, sin animo exhaustivo, damos un nuevo paso informativo pasando a limpio y juntado un listado de genoveses que han sido cesados o han dimitido. Al igual que las tiene Aguirre, Cifuentes también tiene sus 'ranas'.
Diputados Grupo Parlamentario Popular
1. Josefa Aguado Del Olmo. Nº 39 en la lista encabezada por Cifuentes. Ha presentado su dimisión el pasado 25 de mayo tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para investigarla por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama Gürtel.
2. Daniel Ortiz Espejo. Nº 42 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex alcalde Mostoles. Dimite en julio 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le atribuye cinco delitos relacionados con el Caso Púnica y el supuesto amañó de un contrato para la Púnica de 73 millones a cambio de una mordida de 743.000 euros.
3. José Ignacio Echevarría Echaniz. Nº 14 en la lista encabezada por Cifuentes. Expresidente de la Asamblea y ex Consejero de Transportes. Dimite en diciembre 2015 tras ser sancionado en un control de alcoholemia. Desde abril del 2017 está siendo investigado en la PS 14 del Caso Púnica en su calidad de ex Tesorero regional del PP y la financiación irregular del PP madrileño.
4. Borja Sarasola Jáudenes. Nº 12 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex Consejero de Medio Ambiente. Dimite en julio 2015 tras ser citado como investigado en el Caso Púnica. El 24 de febrero del 2017 la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) remitió al juez Velasco un informe sobre la adjudicación de la cafetería de la Vicepresidencia 1ª del Gobierno Regional al Grupo Cantoblanco del investigado Arturo Fernández. En el citado informe además de certificar las irregularidades de esa adjudicación cita expresamente a Sarasola como responsable de la adjudicación durante su etapa como secretario General Técnico y presidente de la Mesa de Contratación.
Altos cargos del gobierno de Cifuentes y del PP de Madrid
5. Miguel Ángel Ruiz López. Viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Ex Consejero de Arpegio entre 2008-2011. El 16 de mayo del 2017 presentó su dimisión tras ser conocerse que estaba siendo investigado por el juez Velasco dentro del denominado Caso Púnica. Ese mismo día agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían desplazado a la sede de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para registrar su despacho oficial.
6. Miguel Garzón Andrés. Asesor del Gabinete de Cristina Cifuentes. Dimite tras hacerse público que está siendo investigado por un juez de Getafe dentro del denominado Caso Teatro Madrid durante la etapa de Juan Soler como alcalde Getafe. Garzón pasó de ser jefe de gabinete de Soler en la alcaldía de Getafe a gerente de la empresa municipal GISA, que aparece en los informes policiales del caso como una sociedad central en los posibles amaños según los testimonios de algunos de los implicados.
7. María Begoña Reyero. Asesora de Comunicación en el equipo de Cifuentes dentro de la Consejería de Sanidad. Con anterioridad trabajó en asuntos de urbanismo prensa en el Ayuntamiento cuyo alcalde era Juan Soler.
8. Carlos López Jimeno. Ex Director General de Industria, Energía y Minas. Cesado/dimitido el 20 de octubre del 2016 después de que su nombre apareciera en las investigaciones de la denominada trama Púnica de sobornos y amaño de contratos públicos en la región. Se investiga a López Jimeno porque habría intercedido para que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares le otorgara un contrato a la multinacional francesa Cofely. Además, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, López Jimeno poseía un 20% de la sociedad Alba Ingenieros Consultores SL cuando, entre 2008 y 2012, ésta recibió algo más de 192.000 euros de una institución público-privada de la que él mismo era y sigue siendo patrono, y de cuyas cuentas bancarias tiene incluso firma en representación de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
9. Edmundo Rodríguez Sobrino. Presidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II para Sudamérica. Cesado/dimitido en abril 2016. Está siendo investigado por el Caso Lezo que se instruye en la Audiencia Nacional.
10. Beltrán Gutiérrez Moliner. Gerente del PP Madrid. Cesado en abril 2016. Está siendo investigado en el Caso Púnica por financiación irregular del PP de Madrid.
https://www.elplural.com/los-genoveses/2018/03/20/cristina-cifuentes-ranas-pp
CIFUENTES SE HACE LA RUBIA CON LAS CUENTAS DEL PP
La presidenta de Madrid se presenta como víctima del “machismo” por ser interrogada en el Congreso y se jacta de su fama de no ser corrupta
Cristina Cifuentes llegó este martes al Congreso arropada por pesos pesados del PP y en la puerta lanzó un mensaje de inocencia: “No sé qué hago aquí”. Lo pensó todo el rato. Es el primer cargo en activo del partido que comparece en la comisión de investigación de la financiación del PP y lamentó que “baile al son de Granados” y sea “altavoz” de sus acusaciones “sin pruebas”. En su óptica, iba allí arrastrada por un “presunto delincuente”, Francisco Granados, a causa de unas “declaraciones falsarias, miserables y tremendamente machistas” contra las que se ha querellado. Se refiere a la mención que hizo el exdirigente popular de una supuesta relación sentimental de Cifuentes con Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, razón por la que ella, presuntamente, conocería irregularidades en las campañas del PP.
Cifuentes repitió la acusación de machismo varias veces, hasta que al final de la sesión hizo una arenga en toda regla y llegó a reducir su presencia a eso: “¿Estamos con las víctimas o con los verdugos? ¡Es que yo he sido objeto de un ataque machista injustificado y absolutamente difamatorio, y el resultado de eso es que me hacen a mí comparecer!”. Acabó diciendo que “ni en la vida ni en la política vale todo”, aunque ayer a ella esgrimir el machismo le valió como cortina de humo. Parecía que estaba allí por una conspiración y una tontería de bar de Granados, y no por un informe de la UCO que habla de ella, un contrato raro de una cafetería en la Asamblea de Madrid y su participación en Fundescam, el extraño ente del PP sospechoso de ser una pieza de financación irregualr del PP. Se hizo la tonta con las cuentas del PP y encima quedó como el portento del partido, como una que ahí es famosa precisamente por ser implacable con la corrupción.
El PSOE le recordó que la cita se fijó “en junio del año pasado” y además es que en tres horas de comisión nunca se habló de los comentarios de Granados, sino de lo que ella sabía del caso Púnica y otros. Sobre Granados, dijo que actúa por “venganza”, porque la Comunidad de Madrid se sumó a la petición fiscal de que siguiera en prisión.
En el plano político sucedió otra cosa interesante, su primer cara a cara con Íñigo Errejón, probable candidato de Unidos Podemos en las próximas autonómicas. En un diálogo correoso ensayaron la pelea. Errejón se lo preparó como unas oposiciones y le mostró el organigrama de la dirección de campaña de 2007, donde ella estaba, todo subrayado en rosa, con seis de trece miembros imputados. “¿Cómo se hace campaña sin enterarse de que la mitad están implicados en actos ilícitos?”, inquirió. “Pregúnteselo al director de esa campaña”. Que era Ignacio González. Al final se dieron un beso y salieron juntos en la foto, porque Errejón se acercó al estrado. Casi que buscaba el momento para ser consagrado por ella como rival oficial, a la espera de su partido.
El PP también se tomó muy en serio la comparecencia, casi se personó en bloque. Frente al perfil bajo de otros días, se sentaron por la sala hasta 20 diputados y ejercieron de público entregado, mientras la líder del PP madrileño repetía que en las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008, bajo sospecha, solo era responsable de “movilización territorial”. Nada que ver con el dinero: “Yo nunca jamás tuve nada que ver con la gestión ni financiación del PP”. Negó “campañas b, ni en c, ni todas las letras del alfabeto”. Zanjó así el tema: “Punto pelota”.
Informe de la UCO
El punto pelota no paró nada, le siguieron preguntando. Más que nada porque el juez Manuel García Castellón continúa investigando. Cifuentes se defendió bien —el PNV también la defendió bien, optó por no preguntar nada—, respondió a todo sin despeinarse, y apeló constantemente a que ella es especial, como un bicho raro en su partido por ser implacable con la corrupción: “Tengo el terrible defecto de decir la verdad siempre”. Paradójicamente, esta defensa heroica de su honradez tenía algo de peligroso para el PP: presentarse como excepción. También la comitiva entusiasta de populares se movía en ese doble filo al exhibirla como su joyita. Cifuentes abundó en esta cualidad suya hasta la extenuación. Se dijo “abochornada” por los del PP que tienen cuentas en Suiza.
“¿No le extraña que la UCO concluyera que su actuación podía ser constitutiva de prevaricación y cohecho?”, le apretó Artemi Rallo, del PSOE. Es la clave de la cuestión, aún abierta, y uno de los pocos momentos en que se notó tocada a Cifuentes. Sabe que es una sombra que aún no se ha despejado judicialmente, aunque no esté imputada. De hecho, respondió con una fórmula familiar, maquinal en estos casos: “Mire, ese asunto del que usted habla…”. Ahí, como que dejó de ser especial, pero fue un momento. Al final todos los del PP se hicieron una foto con ella.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/20/actualidad/1521535124_052205.html
CIFUENTES: "JAMÁS TUVE NADA QUE VER CON LA GESTIÓN NI CON LA ADMINISTRACIÓN NI DEL PARTIDO NI DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES"
La presidenta madrileña es la primera dirigente conservadora en activo que comparece en la comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP A pesar de que estuvo en el patronato de Fundescam, usada para financiar ilegalmente al PP, sostiene que ella se limitó a aceptar el cargo y a participar en una junta en la que se aprobó una modificación de estatutos Niega responsabilidades en la financiación de las campañas previas a su llegada a la presidencia del partido y en la elección de candidatos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se convirtió este martes en la primera dirigente del Partido Popular en activo en comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal de los conservadores en el Congreso de los Diputados.
Cifuentes, aunque no se puso al frente del partido hasta la dimisión de Esperanza Aguirre, fue citada por la oposición después de que el exsecretario general de la formación madrileña Francisco Granados la señalara como conocedora de las campañas al margen de la contabilidad oficial que, según declaró ante el juez instructor de la Púnica, se organizaron en 2007 y 2011 y en las que también habría participado el expresidente regional Ignacio González. No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista ya la había incluido en la lista de comparecientes cuando se constituyó la comisión el año pasado.
"Jamás tuve nada que ver con la gestión ni con la administración ni del partido ni de las campañas electorales", insistió en varias ocasiones la dirigente conservadora a las preguntas del socialistas Artemi Rallo.
Cifuentes sostuvo que no ingresó en la estructura orgánica del partido hasta 2004, como secretaria de política territorial. Que su papel en las campañas era movilizar a militantes y dirigentes. Y que esa fue su competencia en la campaña autonómica y municipal de 2007 y en las generales de 2008. "Como responsable de territorial jamás tuve responsabilidad en la gestión ni en la financiación del partido de ninguna de las maneras. Mi responsabilidad era exclusivamente la movilización de los dirigentes. Punto pelota", añadió. La presidenta regional lleva en el PP desde el año 1978 y más de una veintena de años en puestos destacados.
Sobre su papel como patrona de Fundescam, sostuvo que, entre 2005 y 2008, su participación en la organización "se limitó a aceptar el cargo y a participar en una junta en la que se aprobó una modificación de estatutos".
Fundescam, ya extinguida y que dependía de la ejecutiva regional del PP, se nutría de subvenciones y de donaciones de grandes contratistas públicos de la Comunidad de Madrid. Oficialmente, el objeto social de Fundescam nada tenía que ver con la financiación de campañas electorales, tarea que incluso la anterior legislación sobre partidos ya prohibía. Pero, en la práctica, llevaba años sufragando gastos electorales la formación conservadora en Madrid. Solo entre 2003-2004 recibió un millón en donaciones.
"Yo de eso sé probablemente lo mismo que lo que sabe usted de mayor caso de corrupción que se ha producido en España, que es el caso de los ERE de Andalucía: Nada", intentó zanjar.
El 'Tamayazo'
El portavoz socialista arrancó preguntando a Cristina Cifuentes por el Tamayazo, el caso de transfuguismo de dos diputados madrileños del PSOE que abrió la puerta al gobierno de Esperanza Aguirre en junio de 2003.
Rallo citó un documento manuscrito sobre este episodio en el que figuraba su nombre, a lo que Cifuentes respondió acusando al socialista de recurrir a un argumento "pueril" intentando vincularla con el Tamayazo por el hecho de que apareciera mencionada en un papel.
🔴@RalloArtemi pregunta a @ccifuentes (tras su auto-alegato sobre su lucha contra la corrupción) si prefiere que le lea la lista de “sus ranas”.
— PSOE Congreso (@gpscongreso) 12:39 - 20 mar. 2018 · Madrid, Spain
El socialista intentó trazar también una vinculación entre este caso de transfuguismo y el ascenso de Cifuentes en el PP de Madrid, algo que la presidenta negó de forma categórica.
Rallo sostuvo, y no faltó a la verdad, que la presidenta fue nombrada portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea en 2003. Pero ya había ocupado este puesto, como recordó Cifuentes, entre los años 95 y 99, en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid.
El primer cara a cara con Errejón
El momento más esperado de la jornada llegó tras el turno del socialista, cuando el diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón tomó la palabra para interrogar a Cifuentes. No es oficial. Pero Errejón está en todas las quinielas para rivalizar con la dirigente conservadora por la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las próximas autonómicas.
El diputado de la formación morada quiso saber por qué Cifuentes, que era presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid cuando se descubrió la cuenta de Granados en Suiza y el episodio que quedó grabado en vídeo de Ignacio González en Colombia, no abrió una investigación interna. Su respuesta fue que hace años no se sospechaba de los comportamientos de ambos exdirigentes conservadores. Pero que, en todo caso, ambos cargos entraban dentro de las competencias del Comité Nacional de Derechos y Garantías. O sea, que era cosa de la dirección nacional.
Cifuentes añadió que los asuntos que tienen que ver con el Canal de Isabel II están denunciados porque el Gobierno que preside "lo puso en conocimientos de la Fiscalía", algo que Errejón puntualizó al añadir que la Guardia Civil llevaba ya "un año investigando".
El parlamentario de Unidos Podemos preguntó a Cifuentes si desde la Comunidad de Madrid se está obstaculizando de alguna forma el trabajo de la Justicia en la investigación de los escándalos de corrupción que afectan al PP de Madrid. "La Fiscalía duda de la colaboración", añadió. La presidenta madrileña lo negó. "Mire si estamos colaborando que nos han aceptado la personación en Gürtel, en Púnica y en Lezo", destacó.
También negó Cifuentes haber tenido, en el pasado, responsabilidad a la hora de elegir candidatos a las listas del PP de Madrid. Esa era una tarea, dijo, del Comité Electoral Regional.
Ante la insistencia de Errejón en que aclarara por qué no se dio cuenta de las irregularidades que cometían algunos de sus compañeros en el PP, la presidenta sacó el caso de Pablo Echenique. "¿O usted conocía, por ejemplo, que el responsable de Organización de su partido no pagaba la Seguridad Social de su empleada? ¿A que no lo sabe?".
Cifuentes ha venido al Congreso a decirnos que no sabía nada, que no vio nada, que solo pasaba por allí. La Fiscalía Anticorrupción dice que su Gobierno obstaculiza las investigaciones de la Justicia. Le pregunto:
— Íñigo Errejón (@ierrejon) 13:30 - 20 mar. 2018
Como ha ocurrido en otras ocasiones en esta comisión, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), renunció a hacer uso del turno de palabra.
"Usted a mí me puede hacer todas las críticas políticas que quiera, pero no puede poner en duda mi honestidad", dijo Cifuentes a Toni Cantó (Ciudadanos) en uno de los momentos más tensos de la jornada. El parlamentario de la formación naranja había acusado a la presidenta de mirar para otro lado en materia de corrupción.
Según sostuvo la presidenta, ella, que practica "la tolerancia cero contra la corrupción", saldrá de la política "con menos de lo que llegó". Y reprendiendo a Cantó le advirtió de que, de no haber estado en sede parlamentaria, le habría planteado una querella, como ha hecho con Granados.
Bronca PP-oposición
Pero el momento más tenso llegó al final con una bronca entre Beatriz Escudero, una de las portavoces del PP en esta Comisión, los grupos de la oposición y el propio presidente de este órgano, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.
Escudero, que también es vicepresidenta de la comisión, acusó a los partidos que han citado a Cifuentes de hacerlo para "menoscabar su intachable reputación".
Pese a que Quevedo le pidió "un poquito de contención", Escudero transformó su intervención en una especie de mitin y definió a su compañera de filas como "un referente en la política española. A su juicio, la comisión de investigación de este miércoles fue "el mundo al revés" porque se ha puesto "en tela de juicio" a una de "las personas que más han prevenido y perseguido la corrupción" mientras un "presunto delincuente" como Granados se ha convertido para la oposición en "referencia de credibilidad".
Después, en un lapsus, se refirió al portavoz socialista como "señor Granados". "Bueno, es casi igual", diría antes de pedir "perdón" por haber deslizado "un chascarrillo". Además, se preguntó si Errejón había arrancado su "precampaña" como candidato de la Presidencia de la Comunidad de Madrid con este interrogatorio.
"Eviten este tipo de espectáculos", volvió a pedir Quevedo antes de exigir a Escudero que hiciese una pregunta concreta. La parlamentaria conservadora preguntó a su compañera por qué creía que había sido citada a comparecer justo después de que Granados la implicara en las campañas paralelas que, según dijo ante el juez, se hicieron para Aguirre en 2007 y 2011. Una cuestión que dio pie a que la presidenta se quejara de que el Parlamento estaba haciendo de altavoz de Granados.
Turno por alusiones
Tras la intervención de Escudero, PSOE y Unidos Podemos pidieron la palabra por alusiones. Rallo destacó que el "deleznable presunto delincuente" con el que le había comparado, en referencia a Granados, compartió décadas con Cifuentes en la Asamblea y la dirección del PP madrileño.
Por su parte, Carolina Bescansa (Unidos Podemos), demandó que la Mesa de la comisión estudie qué se puede hacer con los parlamentarios que han actuado de "palmeros" de Cifuentes y se han dedicado a "abuchear y patalear" durante los turnos de la oposición, informa Europa Press.
Antecedentes
Granados explicó en la comparecencia que ha llevado a la presidenta madrileña al Congreso que Cifuentes formó parte del núcleo de esas campañas paralelas porque tenía una supuesta "relación sentimental" con Ignacio González. La presidenta se ha querellado contra él por esas afirmaciones. Así se lo recordó Cifuentes al diputado de ERC Juan Tardà, atribuyendo su presencia este martes en el Congreso a una venganza del ex hombre fuerte de los gobiernos de Aguirre por haberse personado la Comunidad en el caso Púnica. Y por haberse opuesto a su salida de prisión.
El miércoles 21 será el turno del constructor David Marjaliza, considerado cabecilla de la trama. El exsocio de Granados tendría que haber comparecido el pasado martes en la misma sesión que él, pero no lo hizo alegando padecer una infección en las vías respiratorias.
Antes de Cifuentes estaba prevista la comparecencia del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que no acudió a la comisión ya que no había recogido la citación.
Próximas citas: Aguirre y González
La comisión continuará sus sesiones tras la Semana Santa. El 10 de abril están programadas las comparecencias de González y Aguirre, los antecesores de Cifuentes y que compartieron gobierno regional y responsabilidades en el partido con Granados.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/20/cifuentes_comparecencia_comision_investigacion_financiacion_ilegal_pp_80843_1012.html
EL CONGRESO INTENTA VINCULAR A CIFUENTES CON EL PASADO MÁS NEGRO DEL PP DE MADRID
PSOE, Podemos y Ciudadanos afloran los episodios más oscuros de los populares, como el 'tamayazo', Gürtel, Púnica... para relacionarlos con la amplia trayectoria de Cifuentes en el partido
Cifuentes ve "una vergüenza" que el congreso sea "altavoz de la difamación"
La estrategia de los grupos de la oposición era clara: intentar vincular a Cristina Cifuentes con el pasado más negro del PP de Madrid. No era mala estrategia. La hoy presidenta de la Comunidad de Madrid y de los populares madrileños lleva 30 años ocupando cargos de responsabilidad en su partido. "Con ese curriculum es usted la persona idónea para hablar de la presunta financiación irregular del PP", empezaba el PSOE su intervención este martes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que precisamente intenta esclarecer si el PP se financió ilegalmente. 'El tamayazo', Fundescam, los casos Gürtel y Púnica, todos los episodios más oscuros que rodean a los populares salieron a relucir en la comparecencia de Cifuentes.
La presidenta regional fue clara en sus respuestas. "Nunca he participado ni en la gestión económica ni en la financiación de las campañas. Como secretaria territorial me dedicaba a la movilización de militantes y cargos públicos en los actos de partido". Lo repitió hasta la saciedad. Y recalcó. "Mi política es tolerancia cero con la corrupción. Por eso nos hemos personados como acusación en los casos Gürtel, Púnica y Lezo". Un discurso que lleva manteniendo desde que llegó al Ejecutivo autonómico.
Los agentes acudieron a sus domicilios, llamaron al timbre, pero nadie abrió la puerta a pesar de que dentro había luces encendidas y movimiento
PSOE y Podemos intentaron disparar quizás al punto más débil que tiene Cifuentes, que no puede huir de su pasado. Cifuentes ya era portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid en 1995 y según el diputado Artemi Rallo el 'tamayazo' le catapultó a la dirección del partido en 2003. Los socialistas empezaron rememorando precisamente unos de sus peores fantasmas, el 'tamayazo', la deserción de dos diputados socialistas que provocó la repetición de las elecciones autonómicas de 2003 y el triunfo de Esperanza Aguirre. "¿Recibió usted una llamada telefónica del señor Tamayo?", le preguntaron desde la bancada socialista. "No. Intentar vincularme a mí con el 'tamayazo' es pueril. No tengo ni idea de quien financió la campaña de 2003. Yo no participé", le espetó Cifuentes.
La presidenta regional también fue patrona de Fundescam, una fundación del PP que aparece en varios sumarios judiciales porque presuntamente sirvió para financiar irregularmente al PP de Madrid. "Estuve en Fundescam entre febrero de 2005 y septiembre de 2008. No intervine en ninguna de las decisiones de la fundación ni mucho menos en sus cuestiones económicas", repitió Cifuentes, que señaló que solo ha participó en los comités de campaña de dos elecciones, las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. "Y como secretaria de política territorial solo me encargaba de la movilización". "¿No vigilaba las cuentas del patronato?", le preguntaron desde Podemos. "No", fue la respuesta.
Después llegó el turno de Iñigo Errejón, que en pocos meses será el rival del Cifuentes en las elecciones autonómicas de 2019. El diputado de Podemos se jugaba mucho y se preparó su intervención, aunque tuvo algún que otro lapsus al presentar datos equivocados (que fueron corregidos por Cifuentes). Errejón volvió al pasado de Cifuentes y empezó preguntando por sus competencias cuando fue nombrada en 2008 presidenta del comité de garantías. "En febrero de 2014 los medios publican las cuentas en Suiza de Granados. ¿Por qué no abrió una investigación interna?". La pregunta fue directa. "El señor Granados era entonces senador y no era competencia de PP de Madrid", señaló Cifuentes. "Cuando se hizo público el viaje a Colombia de Ignacio González con bolsas de basura llevando supuestamente dinero negro. ¿Por qué no le abrió un expediente?", fue el siguiente dardo de Errejón. "No tenía conocimiento más allá de lo que publicaban los medios. González no entraba en el ámbito del comité de garantías madrileño, porque era miembro del comité ejecutivo nacional". En definitiva, no eran responsabilidad suya.
Cifuentes tampoco sabía nada
La siguiente pregunta fue sobre José Luis Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que denunció la Gürtel con sus grabaciones. "¿Es verdad que usted le dijo en una reunión que no denunciara, que se metiera en la nevera y no hiciera ruido?", disparó de nuevo Errejón. "Jamás me he dirigido en esos términos al señor Peñas. Tiene una imaginación...". Errejón basó toda su intervención buceando en el pasado de Cifuentes. "Usted estuvo en el comité de campaña de las elecciones de 2007. De los 13 miembros de ese comité hoy seis están imputados y otros dos aparecen en sumarios. ¿Nunca sospechó nada?, ¿Le parece normal?". "Ni es normal ni es conveniente. Yo llevaba la movilización de los afiliados", repitió Cifuentes como un mantra. "¿Cómo se hace campaña electoral sin enterarse de que la mitad están implicados en actos ilícitos?", insistió Errejón. "Pregúnteselo al director de esa campaña". Es decir, a Ignacio Gonzalez.
Algunos en el PP aseguran que la presidenta regional no pasa por su mejor momento; otros, que está mejor que nunca. Este martes evidenció un error de principiante al equivocarse al votar su ley
Obviamente también salió a relucir el caso Púnica y el famoso informe de la UCO que ha relacionado a Cifuentes con la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario y donante del PP Arturo Fernández. "Ese asunto del que usted habla [señaló Cifuentes parafraseando a Rajoy] ya se trató en la comisión de investigación de la Asamblea. Yo fue vicepresidenta primera y como tal tenía que presidir las mesas de contratación. El 100% de las adjudicaciones cuando yo presidía la mesa siempre se realizaron por unanimidad de todos los miembros de la mesa y de todos los grupos políticos, y siempre adjudicando la oferta que recomendaban los técnicos".
Esquerra le preguntó por las graves acusaciones que ha hecho Granados en sede judicial, donde señaló que Aguirre tuvo "una campaña electoral de refuerzo" en el año 2007 y que en ese núcleo de decisiones estuvo Cifuentes junto a Ignacio González. La presidenta regional cree conocer qué está detrás de las "difamaciones" de Granados. "Es una venganza porque la Abogacía de la Comunidad, que está personada en el caso Púnica, se adhirió a la petición de la Fiscalía para que Granados siguiera en prisión", señaló Granadas, que reiteró que sus funciones en los comicios de 2007 se limitaron a la movilización de militantes en los actos de partido. "Con todos los cargos que usted ha ocupado, sus funciones más bien parecían las de un regidor de mítines", replicaron desde Bildu.
Más desdibujada fue la intervención de Toni Cantó, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, aunque empezó su intervención con graves insinuaciones, preguntando a Cifuentes si como actual presidenta del partido conocía cómo financió su campaña de 2015 y si conocía el nombre de las empresas proveedoras que han trabajado con los populares. "No. No me dedicaba a eso", respondió Cifuentes, que amenazó con acciones legales, como ya ha hecho con Granados, contra quien ponga en duda su honradez y honorabilidad.
"Sigo sin saber por qué estoy aquí. Porque el señor Granados, un presunto delincuente, hizo unas declaraciones presuntamente machistas contra mi. Sin aportar ninguna prueba", terminó Cifuentes su intervención. "La Justicia amapará el derecho de una persona a no ser difamada. Yo creo que este dignísimo Congreso no tenía que haber seguido al señor Granados, que toca y el Congreso baila. Yo no estoy en ninguna investigación judicil. Se ha abierto un camino que no ayuda a la democracia".
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-20/cifuentes-comision-congreso-financacion-pp_1538393/
LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP PERSIGUE A CIFUENTES EN SU MOMENTO POLÍTICO MÁS DECISIVO
La presidenta de la Comunidad de Madrid se somete a las preguntas de los diputados tras ser vinculada por Granados con la cúpula que conocía la caja B
Afronta el camino hacia 2019 con grandes anuncios, como la bajada de impuestos, mientras intenta contener una posible fuga de votos a Ciudadanos
Para la mayoría del PP no hay duda de que sigue siendo "la mejor candidata". Tampoco se ha planteado por el momento un plan B
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no pasa por su mejor momento político a un año de la cita con las urnas. Pese a sus intentos de separarse del PP de la Púnica y la Lezo, las acusaciones del exvicepresidente Francisco Granados que la señalan como parte de la cúpula del partido que avalaba métodos ilegales para financiar las campañas han vuelto a tejer el hilo que la vincula con la corrupción del pasado. La foto de la dirigente sometiéndose a las preguntas de diputados de la oposición en el Congreso sobre la caja B del PP "hace daño" diga lo que diga y haga lo que haga, coinciden fuentes populares.
La comparecencia, a la que la presidenta acude "tranquila, para dar las explicaciones que haga falta" –dice su entorno–, es el colofón de unas semanas en las que Cifuentes ha intentado contrarrestar la mala prensa a golpe judicial, por un lado, con la querella presentada contra Granados por señalarla sin pruebas; y, por otro, con grandes anuncios desde el Gobierno. Los más importantes: una megarreforma del hospital público La Paz a diez años vista y una batería de nuevas rebajas fiscales que empezarían a funcionar en año electoral si Ciudadanos da su respaldo.
Las relaciones con el socio de investidura se mantienen, entre tanto, en calma tensa. Estirando sin romperse y con las encuestas dando cancha a los de Rivera frente a los populares, que son conscientes de que hay una parte de su electorado que mira a Ciudadanos como opción posible en las urnas. El desagüe está abierto porque la marca PP y sus siglas, asumen algunos en el partido, "están manchadas".
Convencida de que no será imputada
Para salir de ese cerco, Cifuentes sigue siendo "la mejor opción" para el grueso del partido y del Gobierno. "No hay duda, está a otro nivel", dicen fuentes del PP, que no contemplan a día de hoy otra posible candidatura. No existe plan B porque todos ponen la mano en el fuego por que la presidenta no será imputada.
Ni por las acusaciones de Granados ni tampoco por el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid que, presuntamente, sirvió para financiar al PP de Madrid. Esa licitación se produjo con Cifuentes al frente de una mesa de contratación cuyos integrantes, según la Guardia Civil, actuaron para "favorecer de manera preconcebida" al empresario Arturo Fernández.
Los agentes de la UCO interrogaron a todos los miembros de esa mesa salvo a Cifuentes, mientras que el juez, por ahora, solo ha tomado declaración a Tatiana Recoder, jefa de los servicios jurídicos, que siempre ha defendido la legalidad de esa adjudicación. Fue la primera vez que Púnica llamó directamente a la puerta del despacho de la presidenta y el motivo que la llevó a pasar por las preguntas de la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid el pasado mes de junio. La oposición ha intentado sin éxito que vuelva a este foro para responder por otro asunto: la "providencia traspapelada" que le daba vía libre a entregar a los diputados documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo.
Un error en un mal momento
En la última semana los grandes anuncios de Gobierno se han tropezado con un error de la propia presidenta que ha terminado tumbando en la Asamblea de Madrid su propia ley de universidades, uno de los proyectos estrella de la legislatura. El texto tendrá que volver al punto de partida cuando el tiempo apremia después de que se olvidara de pulsar un botón en la votación de la enmienda de Podemos, que salió adelante y luego quedó anulada al retirar el Gobierno el proyecto. El equilibrio actual de diputados, con la ausencia del portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado, de baja de paternidad, es total: Podemos y PSOE suman los mismos diputados que PP y Ciudadanos, lo que genera empates constantes en las votaciones.
El PP asume, como el resto de partidos, que lo que pase en Madrid en las autonómicas será el termómetro de las urnas de 2020. No revalidar la región, uno de los grandes feudos populares, conllevaría un precio que no se puede permitir.
https://m.eldiario.es/madrid/Cifuentes-comparece-financiacion-irregular-PP_0_751724988.html
GRANADOS 'RATIFICA' LA IMPLICACIÓN DE CIFUENTES EN LA CAJA B DEL PP
El exconsejero madrileño se reafirma al finalizar su declaración en la existencia de un núcleo de poder con Aguirre, González y la actual presidenta como principales exponentes, que controlaban la financiación ilegal
Francisco Granados niega su implicación y el resto de acusaciones de la Fiscalía en un interrogatorio que se reanudará el próximo 15 de marzo
El exsecretario general del Partido Popular en Madrid y exconsejero en esta comunidad, Francisco Granados, ha ratificado este martes, a preguntas de los medios de comunicación y a la salida de su declaración en la Audiencia Nacional, la existencia de una financiación ilegal en el PP de Madrid, con la participación, entre otros, de Esperanza Aguirre, Ignacio González, y Cristina Cifuentes.
Si mencionó las "relaciones personales", dice, entre Cifuentes y González, fue para que se entendiera por qué la actual presidenta conocía la situación y era el "brazo ejecutor"; las "manos y los pies", según sus palabras, de Ignacio González. Ante el juez, todavía no lo ha dicho. No le ha dado tiempo a preguntar a la Fiscalía tras más de tres horas de interrogatorio, en las que Granados ha respondido a preguntas sobre su patrimonio, el millón en su cuenta en Suiza, o posibles regalos recibidos de los empresarios David Marjaliza o Ramiro Cid.
La exmano derecha de Esperanza Aguirre ha asegurado que todo procedía de su trabajo. Que nunca recibió una televisión o escopetas como regalo, ni compartió una finca en Ávila en la que Ramiro Cid figuraba como testaferro. También sostiene que nunca favoreció a nadie con adjudicaciones en la Comunidad, o con el planeamiento urbano de Valdemoro, el municipio del que era alcalde. Solo ha mencionado hoy a Aguirre para asegurar que se contrató a Isabel Pantoja para la inauguración de una línea de metro en Madrid por capricho de la presidenta. Según Granados, Aguirre le dijo que le "hacía ilusión" que la contrataran para el acto, y él encargó las gestiones a su asesor Edelmiro Galván. Fue finalmente la polémica Waiter Music la que llevó a cabo los preparativos. Supuestamente, esta empresa organizaba después actos del PP a bajo precio, a cambio de las adjudicaciones públicas.
La declaración de Granados se reanuda el próximo 15 de marzo a las 15:30 horas. Será entonces cuando la fiscalía entre de lleno en la financiación ilegal. Este lunes solo ha habido tiempo de preguntarle por su libreta moleskine, en la que aparecen siglas vinculadas a números, y que para el Ministerio Público se trata de un claro indicio más sobre la caja negra de la formación conservadora. Granados ha insistido en que se trata de cifras de asistentes a actos del Partido Popular. Que el acrónimo JLM no es Javier López Madrid sino Juntas Locales de Madrid; que JEC no se corresponde con José María Entrecanales, sino con Jornadas de Educación Concertada; y que las siglas LD no tienen que ver con Luis Delso, sino con Listas de Diputados.
http://cadenaser.com/ser/2018/02/27/tribunales/1519739055_779932.html
EL PSOE Y UNIDOS PODEMOS PEDIRÁN LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES EN EL CONGRESO ANTE LAS REVELACIONES DE GRANADOS
Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de investigación de la financiación del PP Francisco Granados asegura ante el juez que la presidenta madrileña participaba en las decisiones de Ignacio González
Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de investigación de la financiación del PP
El PSOE y Podemos pedirá que Cristina Cifuentes comparezca en el Congreso para rendir cuentas sobre las revelaciones de Francisco Granados ante el juez en las que ha involucrado a la actual presidenta madrileña en las decisiones que tomaba su antecesor, Ignacio González.
El Grupo Socialista y el de Unidos Podemos quieren ver a la dirigente del PP madrileño desfilar por la comisión parlamentaria que investiga la financiación irregular del partido de Mariano Rajoy.
"Creemos que es conveniente llamarla a declarar", ha expresado el también diputado, que no ha querido entrar en si la presidenta madrileña será imputada tras el paso de Granados por el juzgado: "Respecto a su futuro judicial, no vamos a entrar", declarado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa.
Los socialistas también reclamarán explicaciones en esa comisión parlamentaria de Esperanza Aguirre e Ignacio González por su presunta participación en la financiación ilegal del PP madrileño.
"De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos merecemos esta vergüenza", ha escrito el diputado de Unidos Podemos y previsible candidato a la Comunidad de Madrid en las autonómicas de 2019, Íñigo Errejón, en un comentario publicado en su cuenta de Twitter
De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos merecemos esta vergüenza
— Íñigo Errejón (@ierrejon) 13:23 - 12 feb. 2018
Granados declara este lunes ante el juez de la Operación Púnica a petición propia con la intención de admitir parte de responsabilidad en la caja B que se usó para las elecciones de 2007 y 2011, además de señalar a Esperanza Aguirre e Ignacio González. En el marco de esa declaración, ha apuntado que Cifuentes era conocedora de las decisiones del segundo.
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Cifuentes-Francisco_Granados_0_739476281.html
CIFUENTES ASEGURA QUE SÓLO TIENE 3.000€ EN EL BANCO PESE A COBRAR MAYOR SALARIO QUE RAJOY
La presidenta de la Comunidad de Madrid contesta a las acusaciones de Granados sobre la Caja B del PP: "¿A quién van a creer, al que tenía un millón en el altillo o a mí, que vivo alquilada y con 3.000 euros en la cuenta?" También revela que Rajoy le llamó el lunes tras la declaración del imputado en la Púnica para mostrarle "todo su cariño".
Cristina Cifuentes esgrimió ayer que vive de alquiler y sólo tiene 3.000 euros en su cuenta corriente como argumento para negar cualquier relación con las tramas de corrupción del Partido Popular. No obstante, su salario como presidenta de la Comunidad de Madrid asciende a unos 90.000 euros brutos al año, casi 11.000 euros más que el sueldo del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La presidenta madrileña es una de las responsables autonómicas mejor pagadas de España –y sus consejeros también cobran bastante más que los ministros del Ejecutivo del PP–, pero antes de alcanzar ese cargo ya ingresaba una cantidad muy similar –incluso superior– como delegada del Gobierno en Madrid, puesto que desempeñó desde enero de 2012 hasta que sucedió a Ignacio González al frente de la comunidad autónoma en 2015.
Como respuesta a las acusaciones del ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, de que ella estaba al corriente de la Caja B del partido, Cifuentes declaró, en una entrevista en La Sexta Noche: "¿A quién van a creer, al que tenía un millón en el altillo o a mí, que vivo alquilada y con 3.000 euros en la cuenta?"
Esperanza Aguirre llegó a decir que era "pobre de pedir"
Una afirmación que llama la atención por parte de quien cobra un sueldo público de 6.400 euros brutos al mes (por 14 pagas) y tiene gran parte de sus gastos cotidianos pagados por el erario público. Por ejemplo, cuenta con tres chóferes, cada uno de ellos con un salario de en torno a los 37.000 euros brutos al año.
Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos y ex condesa consorte de Murillo, ya utilizó un argumento parecido en 2010, cuando ostentaba la presidencia de la Comunidad de Madrid y aseguró que ella no tendría que pagar un nuevo impuesto del PSOE sobre las grandes fortunas: "Yo soy pobre de pedir", dijo. Pocos días después tuvo que pedir disculpas por su "comentario desafortunado", pero la Mesa de la Asamblea de Madrid no admitió la petición del Grupo Parlamentario Socialista de acceder a la declaración de bienes y patrimonio de la presidenta regional.
Cifuentes: "La única relación que tuve con las cuentas del PP eran las cuentas que he pagado yo como afiliada"
Por su parte, Cifuentes afirmó en la entrevista de este sábado en el programa de televisión La Sexta Noche que jamás tuvo ni siquiera conocimiento de las cuentas de su partido en Madrid: "La única relación que tuve con las cuentas del PP eran las cuentas que he pagado yo como afiliada", declaró la actual presidenta del Partido Popular madrileño, quien comenzó su carrera política con sólo 16 años afiliándose a las Nuevas Generaciones de Alianza Popular y ha ostentado numerosísimos cargos de responsabilidad en la formación conservadora.
En cuanto a las declaraciones de Granados –quien fue Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y salió recientemente en libertad provisional como imputado en la trama Púnica–, Cifuentes explicó:
"Sentí muchísimo asco, me dio un asco horroroso. Creo que cuando a una persona se la difama, se cometen delitos de injurias y calumnias y delitos contra el honor, se tiene que pagar por ello. A sus muchísimas causas judiciales abiertas se le va a sumar esta otra, porque creo que la difamación en la vida no puede salir gratis. Una persona no puede difamar a otra de una manera tan tremenda. Además, introduciendo temas personales. Me parece repugnante".
Además de acusarla de estar al tanto de la financiación ilegal del PP, Granados hizo referencia a una presunta relación sentimental entre Cifuentes e Ignacio González, su predecesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid y actualmente en libertad bajo fianza como imputado en el caso Lezo sobre el expolio del Canal Isabel II.
"Poner la mano en el fuego es una expresión medieval"
Por otra parte, Cifuentes, ha revelado este sábado que Rajoy le llamó el pasado lunes para mostrarle "todo su cariño" tras las afirmaciones de Granados, tema del que, en cambio, dijo no haber hablado con Aguirre.
Sobre si pondría "la mano en el fuego" por Aguirre y González en relación a la financiación irregular del partido, Cifuentes ha aducido que a ella esta expresión le parece "medieval" y que prefiere hablar de "confianza". Aunque ha reconocido que, en vista de lo ocurrido con González, "mucha confianza, sinceramente no" tiene ya en sus antecesores del PP madrileño.
Sin embargo, ha alegado que el caso de Aguirre es "diferente", porque –aun admitiendo que no puede pronunciarse sobre sus labores en el partido por desconocerlas– sí ha dicho creer que hizo "muchas cosas buenas e importantes" por la Comunidad de Madrid. Y afirmó decirlo "de corazón". Entre esas cosas ha destacado que "contribuyó a la transformación" de la Comunidad, con los nuevos hospitales, los colegios bilingües o la ampliación del Metro.
A la pregunta de si dimitiría si resultase investigada, en aplicación del código ético del PP de Madrid, Cifuentes ha asegurado que ni siquiera contempla la posibilidad de una imputación porque "nunca" ha hecho "nada ilegal". Pero ha agregado que ese código ético se lo aplican ahora "todos" los políticos del partido, incluida ella, "porque estamos en una nueva etapa del PP de Madrid".
http://www.publico.es/politica/caja-b-pp-cifuentes-asegura-3000e-banco-pese-cobrar-mayor-salario-rajoy.html
LA PÚNICA YA SEÑALABA A CIFUENTES ANTES DE QUE GRANADOS HABLARA
La UCO pidió que se la investigara por las concesiones a Arturo Fernández y varios de sus colaboradores de más confianza están imputados
Cristina Cifuentes ha anunciado una querella contra Francisco Granados por las acusaciones que vertió contra ella al vincularla con la presunta financiación ilegal del PP. “No se puede ser más mentiroso, mezquino, miserable y machista”, ha dicho la presidenta madrileña del antiguo número dos del PP regional también en referencia a las palabras de su antiguo compañero en el PP, quien habló en su declaración ante el instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, de una supuesta relación sentimental con Ignacio González.
Pero no son solo las acusaciones de Granados las que comprometen a Cifuentes en la supuesta financiación ilegal del PP, que instruye García Castellón y que tiene dos vertientes: la pieza separada 14 la Púnica, denominada a la que se ha sumado recientemente la pieza 4 del caso Lezo. Todo ello ya existía antes de que Granados empezara a cantar. De hecho, no es la primera vez que el exnúmero dos del PP madrileño vierte acusaciones contra ella.
Como recuerda nuestro colaborador Los Genoveses, la veterana militante de AP/PP Cristina Cifuentes tiene dificultades para quitarse de en medio porque tenía responsabilidades directas en la Ejecutiva que presidía Esperanza Aguirre.
En el caso Púnica también están señalados dos diputados de su grupo parlamentario en la Asamblea y no son cualquiera. Se trata del exconsejero Jaime García Taboada, a quien recolocó en el Senado, y Bartolomé González, el alcalde de Alcalá de Henares, a quien e le relaciona con la presuntas comisiones que pudo recibir por parte de la multinacional francesa Cofely (PS 6). .
El primero fue señalado por Granados como integrante del cinturón de hierro de Ignacio González, junto a Cifuentes, Aguirre y Borja Sarasola. Está vinculado a la PS 13 que investiga las irregularidades en la sociedad pública Arpegio. Taboada aparece en el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de mayo [en el que también se acusaba a Cifuentes de “ocultar información relevante” sobre la Púnica], como objeto de investigación. En concreto, la Fiscalía reclama a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”.
Pero sin duda, uno de sus principales quebraderos de cabeza es la adjudicación irregular de la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario y donante del PP, Arturo Fernández. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reclamó que se la investigase por dos presuntos delitos: uno de cohecho y otro de prevaricación.
Cifuentes presidió simultáneamente en 2009 y 2011 el Comité de Expertos -que es el órgano que hace la propuesta técnica- y la Mesa de Contratación que finalmente adjudicó los contratos. Y junto a estas dos responsabilidades, incompatibles entre sí, reúne otras responsabilidades:
- Presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre y el denostado Francisco Granados.
- Patrona de Fundescam, la fundación que recibe las donaciones de Arturo Fernández y que está siendo investigada por el juzgado de García Castellón.
Además de las concesiones a Arturo Fernández, Cifuentes se ve salpicada por Arpegio. El que fuera su viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Ruiz López, que se vio obligado a dimitir el pasado 16 de mayo tras conocerse que estaba siendo investigado por el juez Velasco dentro de la PS Arpegio, una de las 15 que forman el Caso Púnica. La trayectoria de Ruiz López está estrechamente ligada a la de Jaime González Taboada, del que ya hemos hablado.
Entre los afectados por los trapicheos de Arpegio de su Grupo Parlamentario Popular están:
- Daniel Ortiz Espejo. Nº 42 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex alcalde Móstoles. Dimite en julio 2016. El juez Velasco le atribuye cinco delitos por el supuesto amañó de un contrato para Cofely de 73 millones a cambio de una mordida de 743.000 euros.
- José Ignacio Echevarría Echaniz. Nº 14 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex Presidente de la Asamblea y ex Consejero de Transportes. Dimite en diciembre 2015 tras ser sancionado en un control del alcoholemia. Desde Abril del 2017 está siendo investigado en la PS 14 del Caso Púnica en su calidad de ex Tesorero regional del PP por la financiación irregular del PP madrileño.
- Borja Sarasola Jáudenes. Señalado por Francisco Granados en su declaración integrante del cinturón de hierro y número 12 en la lista encabezada por Cifuentes. Exconsejero de Medio Ambiente. Dimite en julio 2015 tras ser citado como investigado en el Caso Púnica. El 24 de febrero del 2017 la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) remitió al juez Velasco un informe sobre la adjudicación de la cafetería de la Vicepresidencia 1ª del Gobierno Regional al Grupo Cantoblanco del investigado Arturo Fernández. En el citado informe además de certificar las irregularidades de esa adjudicación cita expresamente a Sarasola como responsable de la adjudicación durante su etapa como Secretario General Técnico y Presidente de la Mesa de Contratación.
Todo esto, sin meternos en el caso Lezo en el que Cristina Cifuentes se ha convertido en juez y parte. Mención aparte sus esfuerzos para ocultar a la oposición documentos administrativos sobre los contratos bajo sospecha del Canal de Isabel II, del que fue consejera. ¿Acaso tiene algo que ocultar?
https://www.elplural.com/politica/2018/02/13/la-punica-ya-senalaba-cifuentes-antes-de-que-granados-hablara
CRISTINA CIFUENTES, MARCADA POR SU PASADO
Llegó a Alianza Popular con tan solo dieciséis años y se afilió a Nuevas Generaciones. Desde entonces, Cristina Cifuentes tuvo una carrera meteórica en el PP de Madrid, cuyas entretelas conoce como nadie. Es evidente que la actual presidenta madrileña no llegó ayer a la formación que durante tantos años gobernó con holgada mayoría absoluta esta Comunidad, pero también es cierto que hasta la fecha nunca ha sido imputada en asuntos de corrupción.
El dardo envenenado de Francisco Granados ha sido enorme y coloca a Cifuentes en una situación inesperada. Rodeada de un núcleo duro que la defiende con fervor, otros en el partido denunciaban su ambición y algunas deslealtades. A pesar de su pasado en Alianza Popular, siempre fue de moderna, agnóstica y abanderada de causas «progres» como el matrimonio gay. Una especie de chica adelantada a su tiempo, algo «rojilla» y sobrada, en opinión de sus críticos. Por el contrario, para sus leales, era incluso la mejor situada para suceder a Mariano Rajoy.
En política, como en todo en la vida, es difícil borrar a los protectores del pasado. Y Cifuentes tuvo tres de peso: Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González y Esperanza Aguirre, quienes la auparon en diferentes momentos. Retirados Gallardón y Aguirre de la vida política, defenestrado Ignacio González, ella no tuvo reparos en renegar de algunas actuaciones y convertirse en el mayor azote contra los asuntos turbios de su partido. Era una especie de guerrillera sin freno, olvidando tal vez que en otros tiempos la ayudaron. Ello, desde luego, no justifica en absoluto las diatribas de Paco Granados, claramente manchado en aras de una huida hacia adelante para su defensa. Pero viene a demostrar que la discreción y prudencia son a veces más rentables que el ataque a los antiguos compañeros. Sabido es que no hay peor cuña que la de la misma madera.
Cifuentes se querella y está en su derecho, mientras su socio de gobierno, Ciudadanos, que la sostiene por la mínima, la mira con lupa. Nadie duda de que Francisco Granados es un hombre ferozmente dispuesto a atravesar líneas rojas. Pero también dice un refrán que cuando todos se conocen, los riesgos a correr deben ser mínimos.
Cristina fue intrépida, osada y valiente, sin atisbar que en esta fauna política los lobos heridos quieren morder la presa. Unos la veneran como una lideresa implacable contra la corrupción, otros la censuran haber olvidado pronto sus apoyos de antaño y, además, pretender aparentar que era una neófita recién llegada al partido. Su pasado, hasta ahora limpio, es el que es sin discusión. Su presente y su futuro dependen de que las acusaciones de un bravucón se conviertan en pruebas de rigor.
CIFUENTES SE QUERELLARÁ CONTRA GRANADOS TRAS SU ACUSACIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid responde que le da igual lo que diga Granados, "un presunto delincuente" y afirma que solo es responsable de su gestión
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que va a presentar "de inmediato" una querella contra el exconsejero madrileño Francisco Granados por "un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".
Según han explicado fuentes del Ejecutivo regional, Cifuentes ha tomado esta decisión tras conocer, "a través de los medios de comunicación", las declaraciones efectuadas este lunes por Granados ante el juez del caso Púnica.
Cifuentes ha anunciado que va a ejercer ante los tribunales "cuantas acciones civiles y penales le correspondan, por lo que constituye un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".
Así, presentará "de inmediato" una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título personal, ya que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
Francisco Granados ha declarado hoy a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que ha asegurado que Cifuentes formaba parte del círculo de poder de Ignacio González.
Granados ha dicho sobre Cifuentes -de la que ha indicado que tenía una estrecha relación con González-, que cuando se celebraron las campañas electorales de las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, financiadas de forma supuestamente irregular, ella era secretaria de Política territorial del PP madrileño y conocía de estas prácticas.
Esta misma mañana Cifuentes ha afirmado que le daba "exactamente igual" lo que dijera el exconsejero, "un presunto delincuente" que en su estrategia de defensa "quiere involucrar a todo el mundo" con el fin de "poder librarse" de una condena.
"Lo único que quiero respecto a Francisco Granados o a cualquier otra persona de mi partido o de cualquier otro partido que haya estado o esté en un procedimiento de corrupción es que la Justicia actúe cuanto antes, con total contundencia y con rapidez para que se deriven las responsabilidades", ha asegurado.
La presidenta ha defendido su trayectoria política y personal, liderando la "tolerancia cero frente a la corrupción en el día a día". "Soy una persona transparente, mi declaración de bienes -de no bienes- está ahí, no tengo nada, vivo de una determinada manera y no tengo absolutamente nada que ocultar", ha dicho.
Además, ha insistido en que ella no había tenido responsabilidades de gestión, ni en el PP ni en ningún Ejecutivo, hasta hace dos años, porque a pesar de haber sido diputada "muchísimos años" no ha pertenecido "a ningún Gobierno: ni de Esperanza Aguirre ni de Ignacio González ni de Alberto Ruiz-Gallardón ni de nadie".
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/12/radio_madrid/1518441283_361291.html?int=masinfo
GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA ESTRUCTURA PARALELA QUE AUPÓ A AGUIRRE CON FINANCIACIÓN IRREGULAR
El exconsejero revela en la Audiencia Nacional que la actual presidenta de Madrid formó parte del núcleo de poder en las elecciones de 2007 y 2011 dirigido por Ignacio González “hasta que tuvieron la ruptura sentimental”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, formó parte de la estructura paralela montada para reforzar la imagen de su antecesora Esperanza Aguirre en las elecciones de 2007 y 2011 y que supuestamente fueron financias con dinero irregular, según ha asegurado Francisco Granados en la Audiencia Nacional.
Cifuentes integró esta estructura paralela, o núcleo de poder que dirigía Ignacio González, “hasta que tuvieron la ruptura sentimental”, según ha afirmado de pasada Granados en un momento de su declaración voluntaria ante el juez central de instrucción 6, Manuel García Castellón, que investiga la trama Púnica.
Esa financiación irregular de ambas campañas que Granados “intuye” que existía era conocida por la propia Esperanza Aguirre y llevada a cabo por el vicepresidente Ignacio González, ayudado por Cristina Cifuentes quien entonces era la responsable regional del partido.
Cifuentes formó parte de la estructura paralela que dirigía Ignacio González, “hasta que tuvieron la ruptura sentimental”, dijo Granados
Tanto la campaña de las elecciones locales y autonómicas de 2007 como las generales de 2011 contaron con esta estructura paralela destinada a impulsar a Esperanza Aguirre como política.
En el núcleo duro se encontraban Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Borja Sarasola (diputado regional), Isabel Gallego (directora de Comunicación de Aguirre) y Jaime González Taboada, número tres de la actual presidenta de Madrid quien recientemente ha sido designado senador a pesar de estar salpicado por el caso Púnica (lo que refuerza el aforamiento del juicio de esta trama en el Supremo) y que en la época de Aguirre era director general de Cooperación.
Granados cree que las campañas “paralelas de refuerzo” de Esperanza Aguirre se pagaron en parte "a través de gastos de publicidad que se encargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid", según fuentes jurídicas presentes en su declaración.
Desconoce cuánto dinero se desvió
El líder de la Púnica no ha podido evaluar el alcance de dinero público desviado para la campaña personal de Aguirre. Ante el juez ha asegurado que sólo el Canal de Isabel II gastaba en publicidad 15 millones y que, sumados a otras empresas públicas, podría hablarse de "30, 40 ó 50 millones" pero sin poder concretar cifra alguna, según las mismas fuentes presentes en su declaración.
En las dos campañas de 2007 y 2011, el PP manejó una caja B de cinco millones de euros, según la investigación judicial.
A él no le comunicaban todas las decisiones sobre las campañas electorales, pese a ser secretario general del PP de Madrid, porque era Ignacio González quien las controlaba, ha insistido.
En todo caso, ni él, que dirigió la campaña de los comicios de 2011, ni Beltrán Gutiérrez, el gerente, tenían acceso a esta supuesta caja B. Sólo conocían la contabilidad legal, controlada por el Tribunal de Cuentas, según ha revelado en su interrogatorio sin aportar prueba alguna. La campaña de 2007 fue dirigida por Ignacio González.
Ahora bien, a la salida de su declaración ha proclamado que cree que Aguirre, González, Cifuentes y demás integrantes del núcleo paralela actuaron de manera “legal”. Basa su afirmación en “las pruebas” que existen del caso y que no le llevan a cambiar de opinión.
En todo momento, Granados ha apuntado a Aguirre y a González como las personas que decidían “todos los cargos de la Comunidad de Madrid y del PP regional”, así como las empresas públicas. “Y no sé si en este orden”.
La declaración ha durado tres horas y será reanudada el próximo día 20 de febrero.
Inauguraciones de las obras públicas
Interrogado por su abogado defensor, Ignacio Vasallo, Granados ha revelado también que el sistema de gestión de Prisma (el Plan Regional de Inversiones y Servicios) pasó a ser controlado por la Comunidad de Madrid porque Aguirre estaba harta de dar dinero a los alcaldes, en especial del PSOE, y que luego no le invitaran a las inauguraciones de las obras públicas.
Granados ha agregado que él se desentendió de la gestión de Arpegio porque Aguirre delegó toda responsabilidad de esta empresa en el consejero delegado Eduardo Larraz.
Granados se ha desmarcado de su exsocio David Marjaliza, quien lo señala al frente de las irregularidades de la empresa pública Arpegio y de la consejería de Transportes con las que se habrían financiado los populares de Madrid.
Marjaliza ha optado por colaborar con la Justicia y ha revelado los amaños de contratos públicos y el cobro de comisiones del que se valió el líder de la Púnica como alcalde de la localidad de Valdemoro (Madrid) y como consejero de la Comunidad.
Granados ha asegurado ante el juez central de instrucción 6 que en las obras del metro, al principio, se contrataba a las grandes constructoras porque eran las que disponían de tuneladoras. Pero más adelante, y en otras obras como tranvía o el metro ligero, se empezó a contratar a empresas medianas.
De esta manera ha justificado estas contrataciones y también una afirmación de Marjaliza, quien sostiene que Granados reveló en una cena que había sido cesado porque Florentino Pérez pidió su cabeza a Esperanza Aguirre después de que intentara dar las obras a empresas medianas, como Albi, San José o Teconsa.
GRANADOS IMPLICA A CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Afirma que Cifuentes formaba parte del "núcleo de hierro" liderado por Ignacio González para “reforzar” con ingresos ilegales, las campañas de Aguirre en Madrid, por la “relación sentimental” que mantuvo Cifuentes con el expresidente madrileño
Un núcleo de hierro para la financiación ilegal que conocía Aguirre, según Granados, y que estaba conformado por González, Cristina Cifuentes, Borja Sarasola, Isabel Gallego, y José María de la Uz, entre los años 2007 y 2011.
Granados atribuye a Aguirre y González la financiación ilegal del PP en Madrid
El supuesto líder de la Púnica desvela a la SER el contenido de la declaración voluntaria en la Audiencia Nacional. Sostiene que están implicados "el viejo y el nuevo PP"
El exsecretario general del PP en Madrid sostiene que González ordenó que empresas públicas como el Canal Isabel II, ICM, PromoMadrid, Imade y el Consorcio de Turismo, contrataran servicios publicitarios fraudulentos a empresas como Swat, que organizaban las campañas de Aguirre. Esa era la fórmula de pagos irregulares con dinero público con el objetivo de financiar de forma ilegal al PP.
Cifuentes era conocedora y formaba parte del núcleo duro de González, dice, por la relación sentimental que mantenía con éste. Ante el juez, Granados ha dicho que Cifuentes era “la mano derecha y la voz” de Ignacio González. El “brazo ejecutor” del expresidente en el partido, durante el tiempo en el que según dice, duró la relación sentimental de ambos, entre 2007 y 2011, cuando concluyó como “la película Atracción Fatal”, según sus palabras al magistrado.
Granados no ha aportado prueba o documento alguno al respecto. Dice que ya están en el sumario, en relación a los indicios recabados por los investigadores, y ha instado a cruzar las facturas de publicidad de las empresas públicas mencionadas para corroborar la veracidad de sus afirmaciones.
A su salida de los juzgados, Granados ha defendido que todo lo que ha dicho "se puede comprobar" a pesar de no haber aportado documentos porque él no se va llevando documentos de las administraciones ni de los partidos: "Yo salgo de los sitios con lo puesto".
http://cadenaser.com/ser/2018/02/12/tribunales/1518423966_348745.html
EL CINTURÓN DE HIERRO DE GONZÁLEZ: MANDABAN CIFUENTES, ISABEL GALLEGO, TABOADA Y SARASOLA
El núcleo de poder se desarma cuando la actual presidenta rompe su relación sentimental con el expresidente, según Granados
La rana ha cantado cucú. El exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, ha declarado este lunes ante el juez y ha apuntado alto. Granados ha involucrado a Esperanza Aguirre y a Ignacio González en la financiación en B del PP madrileño en las campañas de 2007 y 2011. Pero no se vayan, que aún hay más. El concierto ha continuado y, al término de su declaración, Granados ha mentado a Cristina Cifuentes, quien, según su relato, formaba parte del núcleo de control en la estructura de poder.
Francisco Granados ha asegurado que todos los nombramientos los hacían González y Aguirre y que, hasta el último de los departamentos de prensa, eran nombrados por ellos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid despachaba cualquier problema con una periodicidad semanal, según Granados, quien ha aseverado que ellos mandaban en todo, incluso en ocasiones, tenía más poder y peso González que la propia Aguirre.
González no mandaba solo. Tenía su particular guardia pretoriana, un cinturón de hierro, un núcleo de control del poder. Sus integrantes eran Isabel Gallego, exdirectora de Comunicación de Aguirre (ya imputada en la causa); Jaime González Taboada, exnúmero tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador del PP; el consejero Borja Sarasola y el premio gordo, Cristina Cifuentes.
Granados ha declarado que Cifuentes es nombrada en 2005 número tres del partido y que se convirtió en la mano derecha de González: era sus ojos y sus oídos. Acumuló mucho poder y responsabilidad. Incluso, el exconsejero ha apuntado que en ocasiones Cifuentes se jactaba de que no mandaba González, sino ella. No obstante, Granados no se ha limitado a detallar su estrecha relación profesional, sino que también ha apuntado a una relación sentimental entre Cifuentes y González.
El caso Púnica investiga la financiación irregular del PP en las campañas de 2007 y 2011, y en este sentido, Granados ha especificado que la campaña electoral de 2007 la dirigen González y Cifuentes.
A la guardia pretoriana de poder articulada por Ignacio González habría que sumarle un nombre más, Eduardo Larraz. Fue Aguirre quién delegó toda la responsabilidad de la empresa Arpegio en Larraz, por aquel entonces, consejero delegado.
El entramado de control de González se viene abajo por un romance. Según Granados, el detonante de la fractura es producto de la ruptura de una presunta relación sentimental entre Cifuentes y González.
https://www.elplural.com/politica/2018/02/12/caso-punica-granados-gonzalez-cifuentes-aguirre
EL PSOE Y UNIDOS PODEMOS PEDIRÁN LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES EN EL CONGRESO ANTE LAS REVELACIONES DE GRANADOS
Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de investigación de la financiación del PP Francisco Granados asegura ante el juez que la presidenta madrileña participaba en las decisiones de Ignacio González
Ambas formaciones reclamarán que Cristina Cifuentes acuda a la comisión de investigación de la financiación del PP
El PSOE y Podemos pedirá que Cristina Cifuentes comparezca en el Congreso para rendir cuentas sobre las revelaciones de Francisco Granados ante el juez en las que ha involucrado a la actual presidenta madrileña en las decisiones que tomaba su antecesor, Ignacio González.
El Grupo Socialista y el de Unidos Podemos quieren ver a la dirigente del PP madrileño desfilar por la comisión parlamentaria que investiga la financiación irregular del partido de Mariano Rajoy.
"Creemos que es conveniente llamarla a declarar", ha expresado el también diputado, que no ha querido entrar en si la presidenta madrileña será imputada tras el paso de Granados por el juzgado: "Respecto a su futuro judicial, no vamos a entrar", declarado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa.
Los socialistas también reclamarán explicaciones en esa comisión parlamentaria de Esperanza Aguirre e Ignacio González por su presunta participación en la financiación ilegal del PP madrileño.
"De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos merecemos esta vergüenza", ha escrito el diputado de Unidos Podemos y previsible candidato a la Comunidad de Madrid en las autonómicas de 2019, Íñigo Errejón, en un comentario publicado en su cuenta de Twitter
De confirmarse las acusaciones de Granados, Cifuentes llegó a la cima del PP de Madrid escalando una montaña de corrupción (Púnica, Gürtel...). Igual que Esperanza Aguirre e Ignacio González. Los madrileños y las madrileñas no nos merecemos esta vergüenza
— Íñigo Errejón (@ierrejon) 13:23 - 12 feb. 2018
Granados declara este lunes ante el juez de la Operación Púnica a petición propia con la intención de admitir parte de responsabilidad en la caja B que se usó para las elecciones de 2007 y 2011, además de señalar a Esperanza Aguirre e Ignacio González. En el marco de esa declaración, ha apuntado que Cifuentes era conocedora de las decisiones del segundo.
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Cifuentes-Francisco_Granados_0_739476281.html
GRANADOS IMPLICA A AGUIRRE Y A CIFUENTES EN LA CAJA B DEL PP MADRILEÑO
Francisco Granados ha tirado de la manta, pero no tanto como para quedarse él mismo descubierto. El ex secretario general del PP madrileño y principal imputado del caso Púnica ha reconocido este lunes la financiación ilegal del partido, y, por primera vez, ha implicado en ella a la expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que hasta ahora había salido bien librada de todas las causas de corrupción que cercan a la formación conservadora. Granados apuntó básicamente contra la antigua cúpula del PP, encarnada en Aguirre y en su antigua mano derecha, el expresidente madrileño Ignacio González.
También ha reservado un dardo contra la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. Según ha manifestado, Cifuentes estuvo en “el núcleo de poder” que manejó la “campaña paralela” de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011 por una supuesta “relación sentimental” con Ignacio González, afirman fuentes presentes en la declaración. En esas dos campañas el partido en Madrid manejó fondos opacos por valor de cinco millones de euros, según la investigación. “Me da igual lo que diga este señor, es un delincuente”, ha respondido este lunes la aludida Cristina Cifuentes.
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que presentará "de inmediato" una querella contra el exconsejero madrileño Francisco Granados por "un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen".
Según el testimonio de Granados, en la empresa pública de suelo Arpegio, eje de las prácticas corruptas, colocó como consejero delegado a Eduardo Larraz, por indicación de Aguirre. Larraz está imputado por supuestamente cobrar comisiones de constructores por adjudicaciones de grandes parcelas de suelo en diferentes municipios para vivienda protegida y por las obras del llamado Plan Prisma. En casa de este directivo la Guardia Civil encontró 146 lingotes de oro. Granados ha afirmado también que en Plan Prisma, Aguirre exigió que los fondos dejaran de entregarse a los ayuntamientos y que los trabajos los ejecutara directamente la Comunidad de Madrid para poder obtener rédito político por ellos, apuntan fuentes presentes en el interrogatorio.
En momento de la declaración, Granados ha contado ante el juez la existencia de una supuesta "relación" de tipo "sentimental" entre Ignacio González y su sucesora y actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, según varias fuentes presentes en el interrogatorio. Esta es la causa por la que la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid tenía conocimiento de dicha caja b con la que, según Granados, se pagó una campaña “paralela” en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011. Granados ha asegurado que en aquellos comicios él se centró en los gastos de la campaña A, y que de la pagada con dinero negro estaba bajo el control absoluto de Ignacio González.
Hasta que mantuvieron esta supuesta relación sentimental, Cifuentes se mantuvo en “el núcleo de control” y en “la estructura de poder” de dicha campaña paralela. En este núcleo también ha situado a Isabel Gallego -exdirectora de Comunicación de Aguirre y ya imputada en la causa-, Jaime González Taboada -ex número tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador del PP por designación autonómica- y el exconsejero Borja Sarasola.
El exconsejero ha asegurado que los fondos de dicha caja B provenían principalmente de falsos contratos de publicidad del Canal de Isabel II, del Consorcio de Turismo de la Comunidad de Madrid y la empresa pública de informática y comunicaciones (ICM). En esta trama jugaba un papel clave la sociedad Swap, que ya había salido en la investigación del caso Púnica. Granados –que no ha aportado documentación durante su comparecencia- ha desvinculado de estas irregularidades a la dirección nacional del partido y al exgerente regional, Beltrán Gutiérrez.
Así, ha afirmado que el que fuera tesorero del PP nacional, Álvaro Lapuerta nunca le pidió que amañara ningún contrato, en contra de lo que aseguró Ignacio González. Según Granados, él sólo recibió una llamada de Lapuerta en todo el tiempo que estuvo al frente de la secretaría general del PP de Madrid y fue para pedirle que indagara sobre el patrimonio de Ignacio González.
A la salida de su declaración, Granados ha asegurado a la prensa que todo lo que había asegurado en su declaración ante el juez "se puede confirmar". El político ha insistido ante los medios que existía una campaña "paralela" que estaba "a las órdenes de Ignacio González" y que se financiaba "al margen del partido". El juez le tomará de nuevo declaración el próximo 20 de febrero para que continúe su declaración.
El cabecilla de la trama fue detenido en octubre de 2014 y salió de prisión el pasado junio bajo fianza de 400.000 euros. A finales de enero solicitó al juez instructor, Manuel García-Castellón, comparecer para una nueva declaración, la tercera desde su arresto. En su anterior comparecencia, en diciembre de 2016, también a petición propia, sus intentos de exculparse a toda costa pese a los indicios contra él en el sumario, exasperaron al juez Eloy Velasco. Este lunes, Granados venía dispuesto a “contar todo” lo que sea útil para la investigación. Eso sí, sin complicar más su ya difícil situación.
El ex número dos del partido y antiguo consejero de Presidencia y Transportes de la Comunidad de Madrid está directamente implicado en al menos siete de las 16 piezas de que consta el macrosumario Púnica. Este lunes, su abogado, Javier Vasallo, le planteó una batería de 212 preguntas. Parte de ellas iban encaminadas a desacreditar una de las mayores pruebas contra él: la libreta Moleskine en la que supuestamente apuntó movimientos de la caja b del PP, con entradas y salidas de fondos bajo los epígrafes in y out. En ella quedó reflejado, entre otras anotaciones, cómo Granados se repartió con Javier López Madrid, exconsejero de la empresa OHL, 500.000 euros de una partida de 2,1 millones que la constructora había destinado para financiar las elecciones autonómicas de 2011.
Granados dedicó buena parte de su declaración a desacreditar a su antiguo amigo el empresario David Marjaliza, otro de los cabecillas de la trama corrupta y que desde abril de 2015 colabora con la investigación. Marjaliza, que empezó a labrar su fortuna en Valdemoro (Madrid), municipio en el que Granados era alcalde, fue el que puso nombre y apellidos a las iniciales anotadas en la Moleskine por el expolítico. Más recientemente, ha aportado al juez documentos sobre el supuesto cobro de una comisión ilegal de 3,6 millones de euros por la adjudicación amañada de tres obras del Metro de Madrid, y que se repartió a partes iguales con Granados y López Madrid.
https://politica.elpais.com/politica/2018/02/12/actualidad/1518423314_789832.html
GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
El antiguo número dos del PP madrileño sostiene que hubo una financiación "paralela" de las campañas de Madrid en 2007 y 2011 El principal imputado en 'Púnica', a quien los investigadores atribuyen corrupción a gran escala, dice que la actual presidenta de la Comunidad se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González.
Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes se han convertido esta mañana en el trípode sobre el que el antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, ha sustentado esta mañana su declaración voluntaria en el caso Púnica, para la que prometía novedosas revelaciones sobre la –presunta– financiación ilegal del partido y que finalmente ha sido más difusa de lo esperado. Granados, cuya declaración proseguirá el día 20 y que este lunes solo ha respondido a su abogado, ya tiene respuesta de Cifuentes: "No tengo nada que ocultar, me da exactamente igual lo que diga este presunto delincuente". La presidenta madrileña presentará de inmediato una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título personal, puesto que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
En sus tres horas de comparecencia, Granados, ahora en libertad bajo fianza por graves delitos de corrupción, ha asegurado que las campañas de Aguirre se "reforzaban" con financiación "paralela" obtenida a través de empresas de publicidad y a la que se declara por completo ajeno. Según Granados, esa campaña paralela –ha eludido términos como ilegal o irregular– a la que desarrollaba la estructura orgánica del PP madrileño y del nacional la llevaban González y Cifuentes, así como otros cargos de menor rango. Granados ha declarado que Cifuentes, cuyo nombramiento como "número 3" del PP madrileño en 2005 ha recalcado, se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González. Y que ambos mantuvieron una relación sentimental.
Granados ha puesto especial énfasis en destacar el papel de Mariano Rajoy como quien de verdad "destapó" la trama Gürtel al pedir a Esperanza Aguirre "en 2007 o 2008" que frenase la venta de una parcela de Arganda del Rey en la que el grupo de Francisco Correa estaba implicado. Y ha llegado a asegurar que fue el ahora presidente del Gobierno quien, una vez que Aguirre lo excluyó de su gobierno, le convenció para que se presentase al Senado en 2011. Él, Granados, no quería porque era poco trabajo –ha argumentado– pero el líder del partido se lo pidió y finalmente accedió a ello.
Entre las empresas de publicidad que cree estaban implicadas en ese canal paralelo de financiación ha citado a Swat, que ya estaba siendo investigada. Esas empresas, ha dicho, contrataban con el Consorcio de Turismo, bajo la batuta de la exsenadora Ana Isabel Mariño, y con el Imade, que dirigía Aurelio García de Sola, "pariente de Esperanza Aguirre" y cuyo presupuesto para publicidad era multimillonario. En el núcleo duro de Aguirre, Granados ha situado también a la exdirectora de comunicación del Gobierno madrileño, Isabel Gallego, y al exconsejero Jaime González Taboada. El igualmente exconsejero Borja Sarasola pertenecía también al grupo director de las campañas.
La operativa reconocida por Granados coincide con la ya descrita por otro de los investigados en Púnica, el empresario de publicidad Daniel Mercado. Pero Granados, y así lo subrayan fuentes presentes en su declaración, no ha aportado detalles y ha optado en todo momento por la sugerencia frente a la atribución directa de hechos. Por ejemplo, al hablar sobre las fuentes de esa financiación paralela ha mencionado el Canal de Isabel II, feudo de su ahora acérrimo enemigo Ignacio González.
Pero lo ha hecho para decir que sabe que en efecto gastaba mucho en publicidad pero que no puede asegurar nada. Y que cree que la empresa Licuas y el empresario Joaquín Molpeceres tal vez ayudaban en la campaña por su relación con el Canal, su relación con el marido de Cristina Cifuentes y por amistad con Esperanza Aguirre. La "intuición", ha afirmado después, le dicta que los gastos más importantes salían del Imade, uno de los organismos autónomos que más fondos manejó en la pasada década y cuya extinción decretó Aguirre en diciembre de 2010.
"El PP se dirigía desde la Puerta del Sol", ha dicho para ilustrar el poder de Aguirre y su núcleo duro, del que él mismo se ha excluido para presentarse poco menos que como un simple subordinado de Ignacio González. Granados ha relatado cómo cuando en 2011 Aguirre lo descabalgó de la secretaría general del PP madrileño para aupar a Ignacio González él mismo le dijo al entonces delfín que por fin se había convertido formalmente en secretario general, que era lo que en la práctica llevaba siendo desde hacía años.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/granados_acusa_aguirre_75161_1012.html
UNA FUNCIONARIA DE LA ASAMBLEA PIDE IMPUTAR A CIFUENTES POR EL CONTRATO DE LA CAFETERÍA
Tatiana Recoder, exjefa del Servicio Jurídico, reconoció ante la Fiscalía que ni ella ni la presidenta eran expertas en hostelería
La que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana-Sonsoles Recoder, ha enviado al juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Púnica, que sobresea el procedimiento sobre ella en relación con la adjudicación de la cafetería de la Cámara al empresario Arturo Fernández, que la Guardia Civil considera ilegal y un pago por sus donaciones al Partido Popular. De no hacerlo, solicita al juez Manuel García Castellón que llame como imputada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y a la jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo de la Asamblea, María Virtudes Merino [exmujer de José Luis Ayllón, nuevo jefe de Gabinete de Mariano Rajoy], dado que junto a ella formaron el Comité de Expertos que valoró positivamente la oferta de Fernández y su empresa, el Grupo Cantoblanco.
La estrategia de Recoder pasa por presentarse como una cumplidora de órdenes de sus superiores y, de hecho, en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso El Plural, su abogado se pregunta –“¿por qué?”- se le achaca a ella la responsabilidad por la “pretendida incompatibilidad de la señora Cifuentes”, dado que estaba al mismo tiempo en el Comité de Expertos que valoró la oferta de la cafetería y en la Mesa de Contratación que acabó adjudicando el servicio de hostelería.
Una serie de coincidencias que, según la Guardia Civil, supondrían que Cifuentes habría incurrido en los presuntos delitos de “prevaricación continuada y cohecho”.
En su escrito, el abogado de la exjefa de Servicios Jurídicos dice que no se “alcanza a comprender” por qué la Guardia Civil, la Fiscalía y el Juzgado pregunta a su defendida por la incompatibilidad de Cifuentes y no han “considerado oportuno citar a la interesada para recibirle declaración y pedirle las pertinentes explicaciones”.
Sobre si Cifuentes tenía que haberse abstenido de entrar en el Comité de Expertos, el escrito señala que “si se entiende que respecto de tal designación cabía hacer algún reproche debería efectuárseles a ellos[a la Mesa de la Asamblea, en la que también estaba Cifuentes], no a mi defendida]”. Y remacha: “Pero en todo caso es evidente que de haber tenido que abstenerse, quien debería haberlo considerado y hecho sería la propia interesada, la Ilma. Sra. Doña Cristina Cifuentes Cuencas”.
Con estos argumentos, la defensa pide que se dicte “auto de sobreseimiento libre y parcial” sobre la causa contra Tatiana-Sonsoles Recoder. Y, en caso de no acceder, pide como prueba que se interrogue a Cristina Cifuentes y a Merino como miembros del Comité de Expertos. Acto seguido, el abogado se cura en salud y señala que dicho testimonio tiene que ser “en calidad de investigadas”, -antes imputadas- “para salvaguardar sus derechos fundamentales” y que dicha petición no se hace “porque se las considere como posibles responsables de cualquier actuación delictiva”.
Además, otra de las pruebas que pide el escrito es que el juzgado se dirija al Congreso de los Diputados, a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Economía y Hacienda y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que remitan “todos los expedientes” con los que adjudicaron servicios de hostelería a Arturo Fernández ente los años “2005 y 2009”.
Recoder vivió en noviembre un duro interrogatorio, antes del que se llegó a especular que pudiera implicar a Cifuentes, aunque en esa ocasión acabó exculpándola. Aunque sí que reconoció que ni la ahora presidenta, ni ella ni Merino tenían experiencia “pura y dura” en hostelería y que su propio bagaje era “como ama de casa”. Lo que provocó el enfado de la fiscal del caso, como se puede escuchar en los audios que hoy revela El Español: "¿Y no podían encontrar a nadie? Un comité de expertos tiene la finalidad que tiene...".
https://www.elplural.com/politica/2018/02/02/cristina-cifuentes-imputacion-punica-asamblea-madrid
LA FISCAL SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES COMO 'EXPERTA' EN HOSTELERÍA: "¿NO HABÍA MÁS GENTE?"
La jefa del Servicio Jurídico, también en el comité sobre la cafetería de la Asamblea, reconoce su experiencia en restauración era como "ama de casa".
"¿No había más gente? ¿Tenía que ser precisamente ella [Cristina Cifuentes] la que estuviese en las dos mesas y encima en el comité de expertos? Eso es lo que nos llama un poco la atención". La pregunta salió por boca de la fiscal en mitad de la declaración judicial de Tania Sonsoles Recoder, exjefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid. La funcionaria estaba citada a declarar como investigada por la concesión de la gestión de la cafetería de la Asamblea al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández.
Los informes de la Guardia Civil sobre la concesión de los contratos en 2009 y 2011 explican que los concursos pudieron estar manipulados para gratificar al empresario por sus fuertes donaciones a Fundescam y que el comité de expertos que valoró las ofertas, una terna en la que estaba Cristina Cifuentes, habría mentido para favorecerle. Además, los fiscales se cuestionan el papel de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en las adjudicaciónes, ya que además de miembro del comité de expertos, era presidenta de la mesa de contratación.
En su declaración ante la Audiencia Nacional, la exresponsable de los Servicios Jurídicos de la Asamblea de Madrid reconoce que ninguna de las tres personas que formaron el comité de expertos tenía experiencia "pura y dura" en hostelería y que en su caso, su bagaje en restauración se limita a sus labores como "como ama de casa". La réplica de la fiscal no se hizo esperar: "¿Y no podían encontrar a nadie? Un comité de expertos tiene la finalidad que tiene..."
Cifuentes no avisó
En la mayor parte de su declaración, la funcionaria de la Asamblea de Madrid declinó cualquier responsabilidad sobre manipulación alguna en este contrato y negó incluso que supiera la duplicidad de puestos de Cifuentes, que además de formar parte del comité de expertos eramiembro de la mesa de contratación que otorgó el contrato. "Yo no participaba en esas reuniones", zanjó Recoder. "A mi únicamente se me comunica que yo he sido designada parte del comité de expertos y que me tenggo que reunir con los otros dos miembros, y se me da por hecho quienes son. Yo no tengo que tener conocimiento".
"¿Y usted no formuló ninguna reserva a que la señora Cristina Cifuentes perteneciese también al comité de expertos?" preguntó la fiscal. "Yo no sabía que la señora Cifuentes era miembro de la mesa de contratación porque eso son partes estancas. Yo no tengo conocimiento de ese dato y creo recordar que [ella] no puso de manifiesto que era miembro de la mesa de contratación". ¿Es decir, que valoraron las ofertas y durante todo el proceso usted no era consciente y no conocía si pertenecía la señora Cifuentes a la mesa de contratación?" incide la fiscal.
"Han pasado nueve años y no le puedo decir a ciencia cierta o lo sabía o no, porque yo no participo en ningún momento en el proceso de contratación [...]En cuanto a las causas de abstención y recusación, como abstención tenía que haberse abstenido Cristina Cifuentes. Yo no podía intervenir. Y para yo formular una recusación tendría que ser interesada en el procedimiento administrativo". Y no lo era.
LA EX JEFA JURÍDICA DE LA ASAMBLEA EXCULPA A CIFUENTES POR EL CONTRATO DE LA CAFETERÍA
Destaca que Cifuentes integraba el Comité de Expertos que avaló aquella adjudicación por el cargo que desempeñaba entonces como hubiera ocurrido con cualquier otra persona
La exjefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recoder ha exculpado este jueves en la Audiencia Nacional a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, salpicada por la UCO en la trama Púnica en relación con los contratos adjudicados por una mesa de contratación que ella presidía en su etapa como vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid.
Ha defendido ante el juez instructor Manuel García Castellón que la licitación en 2009 de este servicio se hizo cumpliendo escrupulosamente con la legalidad vigente y destacado que Cifuentes integraba el Comité de Expertos que avaló aquella adjudicación por el cargo que desempeñaba entonces y formó parte de esta operativa, como hubiera ocurrido con cualquier otra persona.
Recoder, que ha declarado en calidad de investigada, ha respondido a las preguntas de su letrado y de la Fiscalía en relación al contrato que recayó en el Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández. Según explican fuentes presentes en la declaración, Recoder ha insistido durante los cerca de 45 minutos que ha durado el interrogatorio, en que los criterios que se siguieron venían recogidos en los pliegos y que ella no tenía responsabilidad en revisar el fondo de los mismos, sino simplemente en que se cumplieran, como así ocurrió. En respuesta a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción ha explicado también que se valoró positivamente la experiencia anterior de la empresa en otras licitaciones como por ejemplo la gestión que ostentó hasta 2014 de la cafetería del Congreso de los Diputados.
En julio de 2009, Cantoblanco se llevó la concesión del servicio de hostelería durante el siguiente año tras presentar una oferta de 212.900 euros. Obtuvo una puntuación total de 71,59 puntos y superó al segundo licitador, Clece SA (empresa integrada en ACS), que obtuvo 57,5 puntos. En ese año, la presidenta de la Asamblea era Elvira Rodríguez, actual presidenta de la CNMV. En julio de 2011, Cantoblanco volvió a imponerse en el concurso con una propuesta de 174.960 euros. En este segundo contrato, aunque el proceso de licitación también fue iniciado bajo la presidencia de Rodríguez, la adjudicación la completó su sucesor en el cargo, José Ignacio Echeverría (que dimitió en diciembre de 2015 tras sufrir un accidente de tráfico y superar la tasa de alcoholemia permitida).
En ambos procesos, el órgano de contratación del Parlamento autonómico resolvió que la compañía de Arturo Fernández había presentado la oferta más ventajosa. Según la información a la que ha tenido acceso El Confidencial, Cifuentes, como vicepresidenta primera de la Asamblea, presidió la comisión de expertos que estudió y aprobó la valoración de las ofertas presentadas. Cifuentes fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y principios de 2012 y le tocó presidir varias mesas de contratación.
EL JUEZ DE PÚNICA ACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y CITA A LA
EXRESPONSABLE JURÍDICA DE LA ASAMBLEA DE MADRID
La Guardia Civil sostiene que la presidenta de Madrid cometió un delito de
prevaricación y otro de cohecho por una adjudicación en la Asamblea madrileña.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha activado la
investigación que salpica a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, y que puede acabar haciéndola desfilar como investigada. Se
trata de la adjudicación de un contrato de cafetería al grupo Cantoblanco en el
año 2009 por parte de la Asamblea de Madrid cuando ella era la presidenta de la
mesa de contratación.
En una providencia fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso La
Vanguardia, el magistrado cita a declarar en calidad de investigada para el
próximo 18 de octubre a la entonces responsable de los servicios jurídicos de la
Asamblea madrileña, Tatiana Sonsoles Recoder, “por su participación en el
proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores
de la Asamblea de Madrid del año 2009”.
Después de que el pasado 27 de marzo la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, que investiga el ‘caso Púnica’, emitiera un informe señalando la
posible comisión de dos delitos por parte de Cifuentes el juez no había adoptado
ninguna medida al respecto. Cuando se conoció el contenido del informe policial,
desde el entorno de Cifuentes y la propia presidenta negaron con rotundidad su
implicación en cualquier irregularidad y se cargó contra la Guardia Civil por la
temeridad del informe.
En ese momento, el juez que llevaba el caso, Eloy Velasco, estaba a punto de
abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 para ascender como
magistrado a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y no hizo nada.
Además, el fiscal jefe de Anticorrupción en aquel entonces, Manuel Moix, no era
favorable a investigar a Cifuentes.
Sin embargo, ahora hay un juez nuevo, Manuel García Castellón, y un fiscal jefe
de Anticorrupción renovado, Alejandro Luzón -tras la dimisión de Moix al
conocerse que disponía de una sociedad en Panamá-. A la vuelta de verano, los
investigadores han decidido reactivar la investigación por la adjudicación
irregular al empresario Arturo Fernández, a su vez investigado por financiar
irregularmente al PP de Madrid.
Tras la declaración de Recoder, y posiblemente la de otros responsables en la
adjudicación, el juez decidirá si hay indicios suficientes para citar a
Cifuentes en calidad de investigada, lo que muy probablemente le haría dimitir
de su cargo.
La UCO llegó a realizar hasta dos informes señalando la presunta comisión de los
delitos de prevaricación y cohecho por parte de Cifuentes. En sus escritos, los
investigadores explican que hay indicios que indican que la adjudicación de los
contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de
Madrid de los años 2009 y 2011, “pudo ser decidida de antemano”.
“Actos injustos con pleno conocimiento”
A juicio de la investigación policial, hubo una clara intención de beneficiar en
todo momento al grupo Cantoblanco. Esta intención se articuló “a través de una
pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que
conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones donde se ponen de
manifiesto actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles
en cuanto al resultado presumible de su realización, de la que puede inferirse
el pleno conocimiento y voluntad a la hora de ejecutar los mismos”.
La Guardia Civil relaciona en sus informes estas adjudicaciones con las
aportaciones económicas localizadas y efectuadas por el empresario Arturo
Fernández a la Fundación Fundescam en fechas anteriores a las mismas. Según los
investigadores, estas aportaciones fueron en gran parte destinadas a sufragar
gastos electorales del Partido Popular, al que pertenecía Cristina Cifuentes,
Cifuentes presidía las mesas de las licitaciones de los contratos públicos en
relación a Arturo Fernández, a la vez que participaba como componente de los
comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas presentadas,
según la UCO.
Para llegar a esta conclusión, los agentes tomaron declaración a diversos
responsables de la adjudicación, entre ellos a Tatiana Sonsoles Recorder, ahora
citada por el juez. Precisamente, sobre su declaración la UCO cree que mintió ya
que ofreció “respuestas inverosímiles” y no porque “pudiera desconocer que la
experiencia no es un criterio de adjudicación, sino un criterio de solvencia”.
http://www.lavanguardia.com/politica/20171005/431806967707/juez-punica-investigacion-cifuentes-cantoblanco-asamblea-de-madrid.html?facet=amp
EL JUEZ CITA A DECLARAR LA EXJEFA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA DE
MADRID POR LA LICITACIÓN DE LA CAFETERÍA
Tatiana Sonsoles Recorder formó parte, junto a Cristina Cifuentes, del Comité de
Expertos que tuvo como única finalidad "favorecer al Grupo Cantoblanco" en dicha
licitación
La Guardia Civil señala que hay "significativas y evidentes contradicciones"
entre el testimonio de Recorder y otro miembro del comité
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de
investigar la trama Púnica, citó a declarar como investigada el próximo 18 de
octubre a la exjefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana
Sonsoles Recorde en relación a las supuesta adjudicación irregular del servicio
de cafetería, cocinas y comedoras de la Asamblea de Madrid a Grupo Cantoblanco
entre los años 2009 y 2011, época en la que la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, era la presidenta de la mesa de contratación, han
informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El juez ha citado a Sonsoles por su presunta participación en esta adjudicación
a la sociedad del expresidente de los empresarios madrileños Arturo Fernández,
también investigado, después el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil elaborado el pasado 27 de marzo en el que destacaba que la
comisión de una presunta prevaricación por parte del Comité de Expertos del que
formó parte Cifuentes. Unos días antes los investigadores remitieron otro
informe en el que se incidió también en la posible comisión del delito de
cohecho.
Según la UCO, este Comité tuvo como única finalidad favorecer de manera
preconcebida al Grupo Cantoblanco en los procesos de licitación y en la decisión
de antemano de la adjudicación de los mismos. Este favorecimiento se habría
materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos
y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus
partícipes.
Además, relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces
presidente de los empresarios madrileños a Fundescam –fundación del PP de
Madrid–, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales,
si bien el segundo informe no alude a esta circunstancia.
Testimonios contradictorios
La UCO llegó a estas conclusiones después de tomar declaración en las
dependencias de la Guardia Civil a Tatiana Sonsoles Recorder, la jefa de
relaciones externas y protocolo de la cámara Maria Merino –que formaba parte del
comité de expertos–, y el también miembro de esta mesa Arturo Zubiri. Según los
investigadores estos testimonios ponen de manifiesto la existencia de
"significativas y evidentes contradicciones" que permiten concluir la existencia
de "una pluralidad de acciones" por parte del Comité de Expertos.
La UCO señala que en ambas licitaciones, y concretamente en la licitación del
año 2011, existe una diferencia de puntos que obtiene la empresa Cantoblanco
tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A. bajo el falso
argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto.
De esta circunstancia concluye la UCO, "tuvieron que ser directas partícipes y
conocedoras las otras dos componentes del comité expertos María Cristina
Cifuentes Cuencas y María Merino Muñoz, lo cual ha podido acreditarse de manera
indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de
los licitadores".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/10/05/el_juez_cita_declarar_exjefa_servicios_juridicos_asamblea_madrid_por_licitacion_cafeteria_70367_1012.html
CIFUENTES RECOLOCA A SU EXCONSEJERO SEÑALADO POR PÚNICA EN EL SENADO
Carambola perfecta de la presidenta madrileña que pone a una consejera sacada de
la Mesa, para hacer sitio a la senadora que a su vez deja el escaño a Taboada
Carambola perfecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, en la restructuración de su Ejecutivo que llevó a cabo el pasado 22
de septiembre y en el que incluyó a tres nuevos consejeros, uno de ellos por la
creación de la Consejería de Cultura y Turismo y los otros dos por la salida de
los polémicos Jaime González Taboada y Jesús Sánchez Martos.
Pero la también presidenta del PP de Madrid no se olvida de los que la han
servido y, al igual que ya hizo colocando al polémico exconsejero de Sanidad,
Sánchez Martos, en la Dirección de la Fundación para el Conocimiento Madri+d,
dependiente de la Consejería de Educación, este lunes la Cadena SER ha publicado
que designará a González Taboada senador autonómico.
El refugio del Senado
La decisión de Cifuentes para su exconsejero no es menor ya que González Taboada
lleva señalada por la investigación de la operación Púnica desde hace tiempo y,
aunque aún no haya sido investigado formalmente por el juez, es algo que no se
descarta y que podría haber desestabilizado nuevamente el Gobierno madrileño.
Con su colocación Taboada redobla el aforamiento ante esta posible imputación en
Púnica, por lo que podría elegir, si le imputan, si ir al Tribunal Supremo o al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
El único trámite que tiene que cumplir Cifuentes para lograr su propósito es que
el nombramiento de Taboada como senador por designación autonómica sea aprobado
en la Asamblea de Madrid por mayoría simple, es decir, más votos a favor que en
contra.
En la Cámara Alta, Taboada tendrá como compañero al también senador del PP por
designación autonómica, Juan Soler, también colocado allí por Cristina Cifuentes
y salpicado por el caso Teatro como alcalde de Getafe.
Cambio de puestos, como de cromos
Conseguir dejar libre el puesto en la Cámara Alta para Taboada también ha
requerido de lo que podríamos llamar un ‘cambio de cromos’ por parte de
Cifuentes. Este escaño lo ocupaba antes la senadora Ana Isabel Mariño que
renunció a él para entrar al puesto que había quedado libre en la Mesa de la
Asamblea de Madrid.
El asiento en el órgano rector de la cámara autonómica había quedado vacante, a
su vez, porque Cifuentes había designado a su anterior dueña, Rosalía Gonzalo
López, que ha sido designada por Cifuentes para ocupar la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras.
https://www.elplural.com/politica/2017/10/02/cifuentes-recoloca-su-exconsejero-senalado-por-punica-en-el-senado
CIFUENTES CAMBIA MEDIO GOBIERNO Y RELEVA AL CONSEJERO SALPICADO POR EL CASO
PÚNICA
Jaime González
Taboada deja la consejería de Medio Ambiente y Jesús Sánchez Martos la de
Sanidad. La Comunidad crea la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo
Cristina Cifuentes ha aprovechado el último debate del estado de la región, que
marca el ecuador de la legislatura, para hacer cambios en su Gobierno. Dos
consejeros salen del Ejecutivo, uno cambia de cartera, y se crea una nueva
consejería. Los damnificados son el número tres del su Ejecutivo, Jaime González
Taboada, que abandona la consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio; y Jesús Sánchez Martos, que deja la consejería de
Sanidad. El cambio más importante es el de Taboada. Salpicado por el caso
Púnica, la presidenta regional llevaba ya tiempo sufriendo presiones de parte de
su equipo para que le sacara del Ejecutivo, ya que las muchas informaciones
periodísticas que le vinculaban con la corrupción manchaban colateralmente a
Cifuentes.
Taboada seguirá como coordinador general del PP de Madrid, es decir, como número
3 del partido. Fuentes del PP señalan a El Confidencial que es posible que
Taboada sea recolocado como senador. La de Sánchez Martos también era una salida
que se esperaba. Tenía el perfil menos político de todo el Ejecutivo. Como ya
publicó este diario, Sánchez Martos no ha cuajado con parte de su equipo ni ha
tenido una buena relación con los sindicatos del ramo. Hasta cuatro directores
generales de la consejería se han marchado en el último año y medio, cesados o
tras presentar su renuncia, hartos de aguantar los modos y las formas del ya ex
consejero.
En un comunicado
enviado por el Gobierno regional se informa que ambos (Taboada y Sánchez Martos)
han cesado a petición propia. Taboada será sustituido por el que hasta este
momento era consejero de Transportes y Vivienda, Pedro Rollán, ex alcalde de
Torrejón de Ardoz. A Rollán le sustituirá a su vez como nueva consejera de
Transportes la diputada Rosalía Gonzalo, muy cercana a la presidenta. El nuevo
titular de la Consejería de Sanidad será Enrique Ruiz Escudero, que ocupaba la
Viceconsejería de Presidencia y Justicia, y médico de profesión. A este le
sustituye a su vez Isabel Díaz Ayuso, diputada autonómica y del núcleo duro de
la presidenta. Llevó las redes sociales en la campaña del PP y es portavoz
adjunta del grupo parlamentario.
Cifuentes también ha creado una nueva consejería, la de Cultura, Turismo y
Deportes, que será dirigida por Jaime de los Santos, hasta ahora director de la
Oficina de Cultura y Turismo.
El viceconsejero de este nuevo departamento será Álvaro Ballarín, diputado
autonómico. El área de Deportes estaba antes encuadrado en la consejería de
Educación, a la que ahora se sumará el 'apellido' de Investigación. Todos los
cambios han sido adelantados por Telemadrid.
Por otra parte, se nombrará director de la recién creada Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid 112 a Carlos Novillo, hasta ahora Director General de
Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia, y anteriormente Jefe del
Cuerpo de Bomberos de Alcorcón. Los nuevos cargos tomarán posesión este próximo
martes.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-09-23/cifuentes-cambia-medio-gobierno-y-releva-al-consejero-salpicado-por-el-caso-punica_1448597/
CIFUENTES
DESTITUYE A SUS DOS CONSEJEROS MÁS POLÉMICOS
Jaime González Taboada fue acusado por el presunto cabecilla de 'Púnica' de
cobrar comisiones por concesiones del Plan Prisma
Jesús Sánchez Martos fue quien recomendó abanicos de papel contra el calor en
las aulas después de que varios alumnos sufrieran golpes de calor
La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este viernes "cambios" en la
estructura de la corporación regional, con la creación de la Consejería de
Cultura
Cambios en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina
Cifuentes. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Jaime
González Taboada, y el de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, serán sustituidos,
respectivamente, por el actual consejero de Transportes, Pedro Rollán, y el
hasta ahora viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero.
Así lo ha anunciado el Gobierno regional a través de un comunicado recogido por
Europa Press, que señala que tanto González Taboada como Sánchez Martos serán
cesados de sus funciones "a petición propia". La Consejería de Transportes y
Vivienda recaerá en la diputada regional y secretaria primera de la Mesa de la
Asamblea, Rosalía Gonzalo.
El comunicado sigue al anuncio realizado este viernes durante el debate sobre el
estado de la región por la presidenta, Cristina Cifuentes, de cambios en la
estructura de Gobierno, entre los que se incluye la creación de la nueva
Consejería de Cultura, que asumirá el actual director de la Oficina de Cultura y
Turismo, Jaime de los Santos.
Jaime González Taboada fue acusado por Marjaliza, presunto cabecilla de Púnica,
de cobrar comisiones por concesiones del Plan Prisma, mientras que Jesús Sánchez
Martos fue quien recomendó abanicos de papel contra el calor en las aulas
después de que alumnos de varios colegios madrileños sufrieran a lo largo de ese
mismo día vómitos, golpes de calor y una lipotimia.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/23/salen_peticion_propia_del_gobierno_cifuentes_los_consejeros_medio_ambiente_sanidad_69883_1012.html
EL CONSEJERO CESADO TABOADA MINTIÓ SOBRE SU PAPEL EN LA ADJUDICACIÓN DE 118
MILLONES BAJO SOSPECHA EN PÚNICA
El hasta ayer número 3 de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada -ayer se
anunció su cese oficial-, mintió en la Asamblea de Madrid el pasado 28 de julio
cuando aseguró no haber ido «nunca» a la mesa de contratación de la empresa
pública Arpegio. EL MUNDO ha accedido a más de 40 actas de las adjudicaciones en
que Taboada participó, entre 2009 y 2011, como miembro del órgano al que aseguró
no haber ido a preguntas de la oposición.
Las actas obran también en poder de los investigadores, que intentan comprobar
lo declarado por David Marjaliza, el empresario ex socio de Francisco Granados
en la trama Púnica: la vinculación de Taboada con la cadena de adjudicaciones a
cambio de mordidas e incluso de financiación irregular del PP en los contratos
de Arpegio. Según declaró hace dos años Marjaliza, un tercio de cada mordida
habría ido al propio Taboada.
El monto total de lo adjudicado por González Taboada en esos años, como parte de
la mesa de contratación, fue de 118 millones de euros públicos, según las
propias actas. Los fondos públicos asignados por Arpegio correspondían al Plan
Prisma, un instrumento de la Comunidad de Madrid de inversión en municipios de
toda la Comunidad. Los cargos orgánicos de Taboada en el Partido Popular de
Madrid han estado vinculados desde hace años al vínculo de la dirección regional
con las diferentes agrupaciones municipales, según fuentes del PP.La declaración
de Taboada se produjo el pasado 28 de julio en la comisión de investigación
sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid. En este caso, la sesión
estaba dedicada a la pérdida del expediente de la empresa Dusa, sociedad a la
que Arpegio otorgó un contrato para gestionar el Plan Prisma, el plan para hacer
obras en municipios madrileños que ahora investiga Anticorrupción.
A respuesta de una pregunta de la diputada del PSOE Encarnación Moya, el
consejero dijo lo siguiente, según consta en la transcripción de la propia web
de la Cámara madrileña: «Es verdad que yo era miembro de esas mesas de
Prisma-Arpegio, no de las mesas de Arpegio, eso es cierto, pero también es
verdad que yo no fui a ninguna».El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Cifuentes, que abandonará su cargo oficialmente el martes, era
entonces, en 2009, director general de Administración Local, y había sido
nombrado directamente por Francisco Granados en 2006 como miembro de la mesa que
adjudicaba millones públicos en inversiones.
Hasta 2009 Taboada no acudió a la mesa, pero ese año se produjo una sospechosa
circunstancia a juicio de los investigadores. Mientras asignaba los fondos desde
la Dirección General, Taboada también participaba en la elección de las empresas
ganadoras de los concursos desde la mesa de contratación. Tampoco se entiende
muy bien por qué, si no había acudido a ninguna mesa desde el año 2006 pese a
estar nominado como miembro, fue renovado en ese cargo en la legislatura
2008-2011. La Comunidad de Madrid, al ser preguntada por las palabras de Taboada
en la Asamblea, aseguró que el consejero «se refería en realidad al Plan Prisma
de 2006-07» porque la comparecencia sólo versaba sobre ese plan. Añadieron que
«en otras ocasiones» ya había reconocido haber estado en mesas del segundo
Prisma.
Entre las muchas empresas adjudicatarias se encuentran varias de las que los
investigadores cuentan como posibles pagadoras de comisiones. Algunas de ellas,
implicadas en otros sonados casos de corrupción, como es el caso de Virton y
Licuas, que figuran en el sumario de Gürtel.
Los investigadores creen que su presencia respondía a la intención de Granados
de asegurarse que determinadas empresas de las que la trama conseguía mordidas
ganaban los contratos, como declaró David Marjaliza al juez Eloy Velasco.
Taboada habría sido, así, el hombre de Granados en Arpegio, pero aún no ha sido
imputado formalmente en la causa Púnica, que ahora dirige el magistrado Manuel
García Castellón, tras la salida del juzgado de Eloy Velasco. Se da la
circunstancia de que Taboada es el único miembro de la mesa no investigado aún
en la trama. Uno de los últimos en serlo fue precisamente quien era considerado
su mano derecha en Arpegio, Miguel Ángel Ruiz, que tuvo que dimitir el pasado
mes de mayo de su cargo de viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad tras
ser formalmente investigado. Su dimisión se produjo prácticamente al mismo
tiempo que los agentes de la UCO estaban registrando su despacho.
http://www.elmundo.es/madrid/2017/09/24/59c6acaa46163f12248b45ea.html
CIFUENTES CESA AL GERENTE DEL PP DE MADRID POR LA PÚNICA Y NOMBRA A UN NUEVO
RESPONSABLE
La nueva dirección ha considerado necesario el cambio pues pertenecía a “la
época anterior” y su nombre aparece en algunos momentos en el sumario de Púnica
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Cristina Cifuentes, ha cesado al
hasta ahora gerente regional del partido, Guillermo Mayoral, y ha nombrado en el
puesto a José Manuel Carrillo.
La salida de Mayoral se ha hecho con el consenso de la nacional, pues
históricamente los relevos de los responsables de las finanzas han sido
‘negociados’ con los dirigentes del partido a nivel estatal. Fue el relevo
cuando la anterior dirección cesó a Beltrán Gutiérrez, imputado por la Justicia.
Carrillo, que hasta la fecha trabajaba en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
ejerce desde hace algunas fechas en el primer piso de la calle Génova, sede del
partido en Madrid.
El relevo en la gerencia, es decir en las cuentas del partido en Madrid, forma
parte de la estrategia de Cifuentes para gestionar el PP tras el congreso
celebrado la pasada primavera.
Algunos medios señalaron que Guillermo Mayoral, que era empleado, había
participado en la gestión económica en las que hubo financiación irregular de
las campañas electorales de Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre mantuvo, pese a las primeras denuncias, a Beltrán Gutiérrez al
frente del Partido Popular de Madrid hasta que su nombre apareció en el caso de
las tarjetas black.
Lo que fue definitivo para que Aguirre cesara en 2014 a Beltrán fue conocer que
aparecía en sumarios en los que se demostraba la financiación ilegal del
partido.
La nueva dirección del PP ha considerado que Mayoral era persona vinculada a la
anterior dirección de Aguirre/González/Gutiérrez por lo que ha decidido
prescindir de sus servicios.
El antiguo gerente es empleado desde hace muchos años del Partido Popular y se
ha incorporado al puesto administrativo que tenía antes de ser nombrado
responsable de Madrid.
http://www.vozpopuli.com/politica/Cifuentes-PP-Madrid-Punica-responsable_0_1065494903.html
CIFUENTES SE ENFRENTA AL DEBATE DE LA REGIÓN TRAS SER ACUSADA POR LA GUARDIA
CIVIL DE PREVARICACIÓN Y COHECHO
La presidenta se defenderá culpando a los gobiernos anteriores, pero ella
siempre estuvo ahí
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se enfrenta hoy a su
segundo debate del estado de la región. Un reto que se extenderá dos días, entre
hoy y mañana, y ante el que pretende transmitir sensación de tranquilidad. Ayer,
con pocos ojos sobre ella por el conflicto catalán, Cifuentes ya adelantó su
estrategia.
La presidenta madrileña prometió proponer “algunos proyectos importantes” para
“seguir avanzando” y dijo que la oposición se dedicaría a criticar a anteriores
gobiernos. “Voy a defender y a poner en valor la acción de mi Gobierno, y no voy
a entrar en lo que hicieron o dejaron de hacer los anteriores. Mi obligación es
gobernar, gestionar, solucionar problemas y trabajar para que tengamos mejores
servicios, que se cree empleo y que crezca la economía, y no voy a entrar en
cuestiones que no son de mi Gobierno”, señaló.
Es decir, que se amparará en la herencia recibida ante la oleada de críticas que
recibirá el viernes de parte de la oposición, cuando tengan su turno de réplica.
Y quien sabe si los rescoldos catalanes calentarán en su favor.
Sin embargo, Cifuentes siempre estuvo ahí, por mucho que busque poner una línea
divisoria que en realidad es muy difusa. La presidenta madrileña acude por
primera al trance del debate regional con la acusación sobre ella, por parte de
la Guardia Civil, de delitos tan graves como “prevaricación continuada y
cohecho”. Pocos presidentes autonómicos en activo cuentan con semejantes
acusaciones sobre sus cabezas. Los tuvo Pedro Antonio Sánchez en Murcia, y acabó
dimitiendo, y ni siquiera Carles Puigdemont en la actualidad ostenta semejante
mérito.
Si esta condición novedosa saliese a relucir en el debate regional, Cifuentes ya
ha avisado de que tirará de la excusa de gobiernos anteriores. En este caso, el
de Esperanza Aguirre, quien gobernaba cuando tuvieron lugar dichos hechos. Pero
a ella le acusó la Guardia Civil, aunque el entonces juez instructor se negó a
imputarla, porque en 2009 y 2011 estuvo al mismo tiempo en el comité de expertos
-que valoraba oferta de Arturo Fernández para quedarse con la gestión de la
cafetería de la Asamblea- y presidió la mesa de contratación que adjudicó el
contrato a este donante de la financiación irregular del PP.
También dentro del caso Púnica, hay que recordar que Cristina Cifuentes mantiene
como su número tres a Jaime González Taboada. Una persona vinculada a ese pasado
que Cifuentes rechaza. Hasta el punto de que la Fiscalía ha acusado al Gobierno
madrileño de “ocultar información relevante” para esta investigación y de no
tener “una colaboración espontánea”. Se da la paradoja de que Cifuentes mantiene
a un imputado en la causa vigilando los papeles de Púnica que el mismo Ejecutivo
madrileño ha reconocido que “traspapeló” contratos.
Y más allá de Púnica, será inevitable que sobrevuele en la Asamblea de Madrid la
Operación Lezo. Puestos a buscar en el pasado, Cifuentes podrá esgrimir que todo
es culpa de Ignacio González y hasta de Alberto Ruiz-Gallardón, ahora también
imputado en la causa del agua madrileña. Hasta podrá presumir de que ella
destapó el caso Lezo. Pero Cifuentes acudió a denunciar a la Fiscalía obligada
por las circunstancias, y después de que lo hiciera el PSM, y no hay que olvidar
que cuando se realizaron las operaciones sospechosas de la etapa de González,
Cifuentes formaba parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
Porque Cifuentes siempre estuvo ahí, aunque ahora actúe como si su Presidencia
se hubiera generado de forma espontánea.
https://www.elplural.com/politica/2017/09/21/cifuentes-se-enfrenta-al-debate-de-la-region-tras-ser-acusada-por-la-guardia
LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINÓ DATOS CLAVE DEL 'NÚMERO 3' DE CRISTINA CIFUENTES
Una cantidad ingente de
documentación relacionada con la investigación del caso Púnica ha sido
destruida. Se trata de los expedientes para adjudicar el mantenimiento del
Parque Polvoranca. Un subdirector general y un jefe de Área han denunciado ante
el juez que Jaime González Taboada, número tres del Gobierno de Cristina
Cifuentes en Madrid, les presionó para adjudicar ese contrato a una empresa a la
que relacionan con la financiación del PP.
La destrucción de documentos ha sido definitiva, porque de muchos de ellos no
hay copia, según fuentes cercanas al caso. Esa desaparición se produjo a lo
largo de varias semanas durante la pasada primavera. Se trataría de todos los
informes, contratos, partes de servicio, incidencias y expedientes guardados en
un armario de la Dirección General de Administración Local sobre el parque
Polvoranca, situado en el municipio madrileño de Leganés. El mueble está situado
en las dependencias de esa dirección general, en la calle de Alcalá Galiano de
Madrid.
La documentación del parque de Leganés se guardaba en un armario
Esta dirección general sigue dependiendo actualmente de Taboada, que es
consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
Anteriormente, en los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, fue
director general de Administración Local. Además, fue miembro de la mesa de
contratación de la empresa pública Arpegio, investigada en el caso Púnica por
presuntos cobros de comisiones ilegales de empresas constructoras a cambio de
adjudicaciones de obra.
El contrato de mantenimiento de este parque, que es uno de los más grandes de
Madrid con una extensión de unas 150 hectáreas, ha sido denunciado en la
investigación de la operación Púnica. Según los testimonios recabados en la
Audiencia Nacional de un ex jefe del Área de Zonas Verdes y del entonces
subdirector general de la Dirección de Administración Local, el actual consejero
madrileño presionó para que se le concediera ese contrato a Imes-Api, una filial
de ACS. El contrato era de dos años, prorrogable a otros dos, y habría supuesto
un montante de unos cuatro millones de euros.
Aunque finalmente no se le concedió a esta, sino a una UTE formada por las
sociedades Ciclo y Equam, los dos testimonios en sede judicial apuntan a Taboada
como autor de las presiones para que el contrato se le diera a la empresa del
grupo ACS. Los técnicos no se plegaron a las presiones y terminaron denunciando.
Dos testigos declararon que Taboada les presionó para una adjudicación
Toda la documentación destruida estaba guardada en un armario de oficina de unas
dimensiones aproximadas de un metro de ancho por 2,5 de alto. En ese mueble,
según las fuentes consultadas por este diario, sólo había documentación del
parque Polvoranca, y todas sus baldas estaban llenas.
Pero en la pasada primavera, con la investigación ya abierta y recabados desde
hace meses los testimonios contra Taboada, se empezó a destruir documentación.
Las carpetas guardadas se iban tirando a un contenedor de reciclaje que una vez
por semana se lleva una empresa de las dependencias de la Comunidad para
reciclar lo que haya dentro. Por el reducido tamaño de este contenedor, se llenó
varias veces antes de que el armario fuese vaciado por completo. Pero
finalmente, al cabo de varias semanas, todo había desaparecido.
No obstante, no era esta la única documentación que existe sobre el parque.
Aunque las fuentes consultadas recalcaron que de la mayoría de papeles no había
más copias y los expedientes tampoco estaban digitalizados, lo más probable es
que existan otros documentos y contratos en otras dependencias de la Comunidad
de Madrid, como la Consejería de Medio Ambiente o el Departamento de
Contratación. Si alguna de las decisiones pasó por el Consejo de Gobierno,
también tiene que haber fotocopias, aunque no originales.
Fuentes internas explicaron que la destrucción de documentación antigua es algo
habitual en todas las administraciones. En este caso, sin embargo, se da la
circunstancia de que no había sólo documentos viejos, sino también recientes.
http://www.elmundo.es/espana/2017/07/21/5970fe2de5fdea7a618b459a.html
CIFUENTES RESISTE LAS PRESIONES INTERNAS Y SÓLO APARTARÁ A TABOADA SI LO IMPUTAN
"No puedes castigar a tu hijo antes de que se porte mal en el colegio". Así
ejemplifican en el PP de Madrid la no expulsión de algunos de sus cargos
salpicados por escándalos ligados a la corrupción. El último de ellos ha sido el
número tres de Cristina Cifuentes, acusado por imputados en Gürtel y Púnica de
haber participado en casos de corrupción. Sólo si resulta él imputado, será
apartado del lado de la presidenta de la Comunidad y de las filas del partido.
Jaime González Taboada ha sido recientemente acusado por un funcionario de haber
participado en el amaño de contratos públicos en favor de empresas que
financiaron ilegalmente al Partido Popular en épocas de Esperanza Aguirre. J.G.V.,
exresponsable de Zonas Verdes de la Comunidad de Madrid, declaró ante el juez de
la Audiencia Nacional que instruye la Operación Púnica que el consejero de Medio
Ambiente era uno de los principales colaboradores de la trama junto a Francisco
Granados, según informó el diario El Español.
Los hermanos González acusaron a Cifuentes y su mano derecha de haber hecho
"chanchullos" en los pueblos
En aquel entonces, el también coordinador general del PP de Madrid ostentaba el
cargo de director general de Cooperación con la Administración Local mientras
que Granados era ya consejero de Presidencia. Juntos habrían alterado,
presuntamente, en 2008, el concurso público para el mantenimiento del Parque de
Polvoranca, en Arganda del Rey. Según declaró el entonces subdirector general de
Inversiones en Municipios ante el juez Eloy Velasco y recoge el citado medio,
González Taboada le habría advertido de las exigencias de Granados: dicha
licitación sólo se podía adjudicar a la empresa IMESA, una de las proveedoras
del PP en la campaña electoral de 2007, que logró mantener a Aguirre al frente
de la Comunidad. El contrato ascendía a 1,9 millones de euros.
El propio Ignacio González y su hermano, Pablo, ambos encarcelados por el caso
Lezo, habrían tirado ya de la manta en una dirección similar relacionada también
con la presunta financiación irregular del PP: "Ella [por Cifuentes] se
encargaba de la campaña electoral de los pueblos quien daba dinero a los pueblos
era éste [Taboada]. Yo creo que ahí hicieron sus chanchullos", asegura Pablo a
Ignacio en una de las grabaciones desveladas por el citado diario. "Éste, Jaime,
debía sacar de todos los lados", le responde el expresidente. Su hermano vuelve
a responderle: "Nosotros solamente tuvimos con él lo de los campos de fútbol y
evidentemente algo tiene. [...] Ten en cuenta que entonces estaba en
Arpegio...".
¿Dónde está la documentación de Arpegio?
Arpegio, empresa pública que realizó adjudicaciones e inversiones por valor de
1.000 millones de euros entre los años 2006 y 2011 que se encuentran en el punto
de mira de la investigación judicial de la Operación Púnica, ha sido
precisamente objeto de polémica reciente. Nuevo Arpegio, la sociedad pública de
gestión de suelo de la Comunidad de Madrid, ha informado al juzgado de
instrucción de la "desaparición" de unos contratos originales con una de las
empresas clave relacionada con los presuntos amaños realizados por Granados para
su propio enriquecimiento. Hasta la fecha, todos los miembros de la Mesa de
Contratación de Arpegio han sido imputados. Todos menos uno: Taboada.
PP de Madrid: "Cifuentes ha entregado el doble de documentación a la Justicia de
lo que le han pedido. Si algo ha desaparecido, ocurrió previamente a su llegada
a la Comunidad"
Este "traspapelado" del que informó el diario El País deberían formar parte de
la documentación requerida por el juez para investigar a la trama Púnica desde
2014. Al tratarse de una empresa pública, son muchos quienes han dirigido su
mirada hacia el Gobierno de Cristina Cifuentes, ya acusado por la oposición -sus
socios de Ciudadanos incluidos- en anteriores ocasiones de no ser tan
transparente como intenta aparentar, y la han culpado de la misteriosa pérdida
de dichos papeles. En el partido se justifican: "Si algo ha desaparecido,
ocurrió previamente a la llegada de Cifuentes al poder. Ella siempre ha
colaborado con la Justicia. Incluso ha entregado el doble de documentación de lo
que le han pedido a la Administración", argumentan.
Sus cifras refuerzan su mensaje: "La Comunidad de Madrid ha entregado hasta
ahora más de 250.000 folios, 43.200 archivos informáticos y 9.300 carpetas de la
empresa pública Nuevo Arpegio a la Fiscalía y a la UCO [Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil]", señala el PP de Madrid en un comunicado. "La UCO está
buscando unos originales que no encuentra pero que tampoco estaban ahí cuando
llegó Cifuentes", agregan las fuentes consultadas.
Comparecencia en la Asamblea
Asimismo, en el PP de Madrid recuerdan que ha sido la propia consejera delegada
de Nuevo Arpegio, Susana Magro, quien ha solicitado comparecer, a petición
propia en la Cámara regional "para esclarecer ante los diputados regionales
cualquier duda relacionada con la gestión de esta empresa". "Esta petición de
comparecencia se enmarca en la línea de máxima colaboración y transparencia que
está caracterizando a la nueva dirección de la empresa y al Gobierno de Cristina
Cifuentes para esclarecer las irregularidades ocurridas en el año 2006, que
están siendo objeto de investigación judicial", presume el partido en un
comunicado.
Pese a ello, Podemos ha solicitado la comparecencia de Taboada en la Asamblea de
Madrid para que dé explicaciones sobre el régimen de custodia de dicha
documentación. A ellos se unirán también PSOE y Ciudadanos. "Nos parece bien,
nosotros también queremos que se aclare este asunto y es posible que tomemos
alguna iniciativa para que el Gobierno de Cifuentes dé explicaciones sobre la
documentación que, al parecer, e incomprensiblemente, se ha extraviado", señalan
fuentes socialistas.
Los naranjas, por su parte, van más allá. No quieren preguntar al número tres
del Ejecutivo regional sólo por la pérdida de documentación, sino también por
las nuevas informaciones sobre su presunta participación en los amaños de
contratos desveladas este miércoles. "Nos parece preocupante, no es la primera
vez que se señala a Taboada en la trama Púnica y le vamos a pedir
explicaciones", aseguran desde el partido que, últimamente, no se encuentra en
el mejor momento de sus relaciones con el PP.
'El Albondiguilla' implicó a González Taboada en Gürtel; Marjaliza, en Púnica
Es más, el número tres de Gobierno y PP regional no sólo ha sido señalado por
implicados en Púnica, sino también por alguno de los imputados en Gürtel. Quien
fue alcalde de Berzosa de Loyola (91-95), Estremera (95-99) y teniente alcalde
de Pozuelo de Alarcón (99-2003) se vio implicado en Gürtel a causa de las
declaraciones del exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González. El
Albondiguilla involucró a González Taboada en la supuesta infravaloración
intencionada de una parcela que los técnicos del Ayuntamiento habían valorado en
30 millones y que acabó en manos de otro implicado en Gürtel por valor de tan
sólo 19,4%.
En Púnica fue el empresario David Marjaliza, exsocio de Granados, el primero en
acusar al hoy consejero de favorecer a empresas de la trama como Waiter Musiec
-entre otras- en contratos públicos que gestionaba a través del Plan de
Inversiones Prisma, dependiente de la Dirección General que ocupó durante los
Gobiernos de Aguirre y González. Marjaliza incluso cuantificó las presuntas
ganancias de Taboada en "un tercio" de las mordidas.
Errejón: "Cifuentes tiene que decidir si une su suerte a Taboada. Si no la
quiere unir, le tiene que cesar inmediatamente"
El consejero madrileño, que negó estas acusaciones "rotundamente", anunció
entonces acciones legales por "difamación" y delitos contra su honor. También
Cifuentes salió defensa de su consejero de Medio Ambiente Administración Local y
Ordenación del Territorio. "Es impresentable que una persona de servicio público
intachable se vea manchada por las acusaciones de un presunto delincuente",
zanjó la presidenta.
Tras las nuevas informaciones sobre esta cuestión que apuntan en la misma
dirección de lo expresado por Marjaliza, fue Íñigo Errejón quien desde la
formación morada reaccionó con más contundencia desde los pasillos del Congreso.
"Cifuentes tiene que decidir si une su suerte a Taboada. Si no la quiere unir le
tiene que cesar inmediatamente, si no lo hace está uniendo su suerte a la de
él", dijo para pedir la dimisión de uno de los hombres fuertes de la presidenta,
junto al portavoz del Gobierno regional y secretario general del PP de Madrid,
Ángel Garrido.
Cifuentes, al menos de momento, mantiene su confianza en su número tres, "una
persona de servicio público intachable"
Dentro de la formación conservadora también hay voces que recomiendan a su jefa
apartar a los garbanzos negros que pueden afear su imagen de regeneradora del
PP. Sin embargo, la presidenta sigue manteniendo, de momento, la confianza en
él. "No puedes castigar a tu hijo antes de que se porte mal en el colegio",
insisten las fuentes de la formación, que recuerdan que, no los estatutos del PP
nacional, pero sí en el propio código ético que se ha autoimpuesto la presidenta
se exige abandonar el cargo público cuando se es imputado.
"Nadie puede pedir que se le eche por si acaso, sólo si termina siendo
investigado", inciden fuentes cercanas a Cifuentes, que recuerdan que a la
presidenta no le tiembla el pulso en aplicar su doctrina de regeneración.
Ejemplo de ello, dicen, fue el caso del viceconsejero, precisamente también de
Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, apartado tras haber sido imputado por
corrupción en el marco de la trama Púnica. "Si Taboada es imputado, será
destituido", prometen las citadas fuentes.
http://www.publico.es/politica/operacion-punica-cifuentes-apartara-numero-tres-imputado.html
LA INVESTIGACIÓN DE
‘PÚNICA’ SE VUELCA EN EL
NÚMERO TRES DE
CIFUENTES, GONZÁLEZ
TABOADA
Un informe de
funcionarios de la
Comunidad le acusa de
“ser uno de los cinco
que manejaban la
financiación paralela
del PP” y pedía “regalos
personales”
Cristina Cifuentes tiene
un problema en su equipo
con nombre propio: Jaime
González Taboada. No es
un cualquiera, hablamos
de su número tres en el
Gobierno, el consejero
de Medio Ambiente,
Administración Local y
Ordenación del
Territorio. Sobre él, la
Púnica siempre ha
revoloteado, aunque si
el caso de corrupción no
se ha posado sobre él,
todavía, es gracias a su
aforamiento por ser
diputado en la Asamblea
de Madrid.
De hecho, se le podría
considerar un imputado
fantasma. Justo antes de
dejar la Audiencia
Nacional, en uno de sus
últimas decisiones, el
juez Eloy Velasco
decidió imputar a todos
los miembros -menos uno-
de la mesa de
contratación de Arpegio,
la empresa pública que
protagoniza una de las
piezas más complicadas
de la Púnica.
Esa excepción en la
imputación fue Taboada,
porque quien tendría que
investigarle es el
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Para
ello, el juez de la
Audiencia Nacional
tendría que elevar una
exposición razonada al
tribunal madrileño y eso
le haría perder el caso.
Antes de tomar esa
decisión, hay más de 100
cajas que analizar,
fruto de los registros
policiales de las
últimas semanas. La
última palabra la tendrá
el juez que sustituirá a
Eloy Velasco.
Pero desde antes de
abrir las cajas ya hay
pruebas sobre la mesa
que ponen muy difícil la
situación de González
Taboada.
El informe de la
Fiscalía
Porque, aunque no se le
impute, Taboada aparece
en el informe de la
Fiscalía Anticorrupción
del 11 de mayo (el mismo
que acusa al Gobierno de
Cifuentes de “ocultar
información relevante”
sobre la Púnica), como
objeto de investigación.
En concreto, la Fiscalía
reclama a la Comunidad
de Madrid las actas de
Presidencia “por las que
designó a Jaime González
Taboada (…) vocal en
representación de la
Comunidad de Madrid en
la Mesa de contratación
del Plan Prisma
2006-2007” y lo mismo,
pero para “la Mesa de
contratación del Plan
Prisma 2008-2011”.
Dentro de ese apartado,
la Fiscalía pide “copia
de las órdenes” que
determinaron las obras y
servicios que hicieron
Arpegio y Nuevo Arpegio
con los Planes Prisma en
las fechas en que
Taboada estaba en la
mesa de contratación.
Protección de Taboada
El informe, además de
acusar al Gobierno
madrileño de ocultar
información, apunta a
una protección sobre
miembros del Ejecutivo
que, por la descripción
y el contexto, bien
podría ser Taboada. “Por
otro lado”, escriben las
fiscales, “hemos
comprobado en otros
requerimientos a la
Comunidad de Madrid que
existe todavía una
cierta autoprotección
sobre aquellos que han
ejercido funciones
públicas en la CAM y
orgánicas en el partido
regional”.
Dentro del sumario de la
Púnica también se
incluyen dos informes,
uno de un testigo que
fue funcionario y otro
anónimo, que están en
manos del juez y donde
las acusaciones hacia
Taboada son de gran
calado.
Acoso laboral
El primero de ellos es
un relato cronológico
del que fuera jefe de
área de zonas verdes de
la Comunidad de Madrid,
en el que explica cómo
Taboada le habría
sometido a un intenso
acoso laboral por no
manipular según su
antojo y el de Francisco
Granados una
adjudicación pública
relacionada con el
Parque de Polvoranca
(Leganés) que no fue a
parar a una empresa de
Florentino Pérez.
En concreto, este
funcionario, con todo
lujo de detalles explica
cómo Taboada le exigió
“ver mi informe antes de
que yo lo enviase a la
mesa de contratación” y
después, a través de un
cargo intermedio, se le
dijo que “Granados no
admite que el concurso
se adjudique a otra
empresa que no sea IMES-API,
del Grupo ACS
(Florentino Pérez).
Este informe, que el
funcionario se negó a
cambiar, le llevó a “una
situación de inactividad
con presiones
indirectas: táctica de
desgaste”. La cosa va a
más con el tiempo y es
trasladado a una
“ruidosa habitación” que
se le asigna “como
despacho”. Él la
describe así: un
“almacén de proyectos”
que en realidad es “la
habitación de la planta
baja que está frente a
la oficina supervisora”.
Para colmo, después le
colocan “a mi lado, en
mi despacho” a una
“arquitecta de reciente
incorporación”. “Paso a
ser el único jefe de
área, o incluso jefe de
servicio de toda la
Dirección General que no
tiene despacho
independiente propio”.
El Grupo Pontejos
El otro informe está
firmado por el llamado
“Grupo Pontejos”, un
grupo de funcionarios
bautizado con el nombre
de la plaza adyacente a
la sede de la Comunidad
de Madrid. Este informe,
también en manos del
juez, sospecha del
perfil de Taboada, “un
auténtico semianalfabeto”,
lo que les lleva a
recelar de que hubiera
ocupado la Dirección
General y “menos aún se
entiende su actual cargo
de consejero”.
Este Grupo Pontejos
recuerda que, a los
funcionarios, “una vez
utilizados y exprimidos,
los ha expulsado o
marginado (…) a l no
prestarse a sus
múltiples caprichos e
irregularidades que van
mucho más allá de lo
permisible”. Y señalan
que en la segunda de las
tres legislaturas “actuó
como mandado de
Francisco Granados para
todo tipo de asuntos
poco claros”. Además de
recordar (citando, por
cierto, una noticia de
ELPLURAL.COM), que
Taboada era “uno de los
asiduos a las fiestas de
lujo en casa de Tomás
Martín Morales, antiguo
alcalde en la sombra y
gran conseguido de
Boadilla del Monte. A
estas fiestas eran
invitados los
principales imputados en
la trama Gürtel”.
Los mismos funcionarios
acusan a Taboada de
tener por “costumbre en
navidad pedir regalos
personales de gran
importancia. Así algunos
de los pedidos y
recibidos para él y para
Miguel Ángel Ruiz fueron
un juego de palos de
golf marca Callaway,
televisores de plasma,
etc…”. “Ante personas de
su confianza se
vanagloriaba de ser ‘uno
de los cinco’ que
manejaban la
financiación paralela
del PP en Madrid. Él
mismo se consideraba un
comisionista”.
El papel del
viceconsejero
El informe concluye así:
“No es posible ni
prudente subestimar el
daño que Jaime González
y Miguel Ángel Ruiz han
hecho a tantas personas
y a tantas instituciones
incluido en el propio
partido al que ambos
dicen servir”.
La atención ahora está
en lo que haya
encontrado el juez en
los registros que
autorizó, a petición de
la Fiscalía
Anticorrupción, en el
despacho de Ruiz,
viceconsejero y mano
derecha de Taboada. El
objetivo era “intervenir
la información en papel
o digital relativa a su
intervención en la
ejecución de los Planes
Prismas y en los
Consejos de
Administración de los
Consorcios
Urbanísticos”.
Y recuerda al juez que
toda esta investigación
“se inicia a raíz de las
declaraciones de David
Marjaliza en las que
revelaba el pago de
comisiones por
contratistas y
promotores”. Unas
comisiones que, aunque
el juez no lo
especifica, cobraba
entre otros Taboada,
según la declaración de
Marjaliza.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/16/la-investigacion-de-punica-se-vuelca-en-el-numero-tres-de-cifuentes-gonzalez
EL JUEZ ESTRECHA EL
CERCO SOBRE EL PAPEL DEL
'NÚMERO 3' DE CIFUENTES
EN EL "BOTÍN" DE ARPEGIO
El magistrado Eloy
Velasco dictó el pasado
mes de mayo un auto
donde pidió a la
Consejería de
Presidencia de la
Comunidad de Madrid
nuevos datos sobre Jaime
González Taboada, el
único miembro de la mesa
de contratación de
Arpegio que no se
encuentra imputado en el
caso Púnica en estos
momentos. Es aforado
ante el Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid ya actualmente
ocupa consejero de Medio
Ambiente.
Los investigadores de la
trama Púnica tiene
puesto en estos momentos
el foco en la gestión
presuntamente
fraudulenta de la
sociedad pública
madrileña Arpegio
-encargada de gestionar
el suelo de la Comunidad
de Madrid-ya que
consideran que fue uno
de los mayores focos de
desfalco en esta
macrocausa de
corrupción.
Arturo Fernández llamó a
González el día que
declaró ante el juez
preocupado por Fundescam
La Fiscalía
Anticorrupción tiene en
su poder "evidencias
documentales sobre el
reparto ilícito del
suelo público de Madrid,
como si se tratase de un
botín". Así lo subraya
el juez Eloy Velasco en
un auto, al que ha
tenido acceso Vozpópuli,
donde explica que ese
"botín" fue repartido a
cambio del pago de
"dádivas concertadas
entre contratistas,
intermediarios y el ex
consejero madrileño
Francisco Granados",
desde el pasado martes
en libertad. En ese
'reparto de cromos'
ilegal habrían
participado consejeros
de la sociedad Arpegio y
"otros participantes
cuya responsabilidad hay
que determinar".
Tanto el Ministerio
Público como el juez
creen que el que fuera
secretario general del
PP de Madrid, Francisco
Granados, presunto
cabecilla de la red
Púnica, aprovechó su
puesto como consejero
durante aquellos años en
la entidad para
manipular hasta 22
consorcios urbanísticos
y un sinfín de contratos
de obras públicos
incluidos en el llamado
Plan Prisma. Sólo los
planes Prismas fueron
dotados con 1000
millones de euros de
fondos públicos.
En este contexto, los
investigadores quieren
determinar el papel que
desempeñó en Arpegio el
número tres de Cristina
Cifuentes, el actual
consejero de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid, Jaime
González Taboada. Por
esta razón, Velasco
ordenó el pasado mes de
mayo a la Consejería de
Presidencia del Gobierno
regional que le
entregase documentación
sobre "el acto" por el
que el máximo
responsable de esta
cartera "designó a Jaime
González Tabaoda,
director general de
cooperación local, vocal
en representación de la
Comunidad de Madrid en
la mesa de contratación
del plan Prisma de
2006-2007 y del Plan
Prisma de 2008-2011".
Además, el instructor
solicitó al Ejecutivo de
Cifuentes copias "de las
órdenes por las que se
determinaron las obras y
servicios objeto de
encomienda a las
empresas públicas
Arpegio y Nuevo Arpegio"
relacionadas con los
citados planes.
"La voracidad de
Arpegio"
En la resolución,
Velasco pone de relieve
"la voracidad de la
sociedad Arpegio y sus
mercantiles satélites -Dusa,
Adolfo Maestre y
Asociados, Técnicas
Territoriales Urbanas (TTU),
Jaraba y Tamame
Asociados, y de los
Consorcios Urbanísticos,
por obtener beneficios
personales o para
terceros a partir de
procesos acomodados de
vena de parcelas de la
Comunidad de Madrid,
adjudicaciones públicas
de parcelas para
viviendas de protección
pública y obras y
servicios de la
Comunidad de Madrid".
Antes de abandonar el
Juzgado Central Número
6, Velasco acordó imputó
a todos los miembros de
la mesa de contratación
de Arpegio, excepto
Taboada, que es aforado
ante el TSJM
Se da la circunstancia
de que antes de
abandonar el Juzgado
Central Número 6 de la
Audiencia Nacional, el
juez acordó la
imputación de los
miembros de la mesa de
contratación de Arpegio.
Fueron imputados todos
sus integrantes excepto
Taboada. De esta forma,
actualmente están siendo
investigados por Púnica
y la gestión de la
empresa de suelo
madrileña el ex jefe de
gabinete de Celia
Villalobos, Eduardo
Larraz; el jefe de
Gabinete de Granados,
Ignacio Palacios; y el
ex secretario general de
la Fundación Arpegio
Francisco Esquivias.
Asimismo, están
imputados en la
Audiencia Nacional el
administrador de la
empresa análisis y
gestión de desarrollos
urbanos (Dusa) y
encargado de gestionar
las licitaciones
públicas del plan Prisma
en 2006-2007, Adolfo
Fernández Maestre; la
exdirectora de Proyectos
del Plan Prisma en
Arpegio Pilar Rubio
Izquierdo; el director
de Proyectos de Nuevo
Arpegio, Pedro Bernad
Moreno; la directora de
la Asesoría Jurídica de
Arpegio entre 2006 y
2009, Pilar Roca Suárez-Inclán;
la abogada y ex
secretaria de la mesa de
contratación
MaríaDolores Nogal
González; así como José
Luis Jaraba, Tomás
Fernández Jiménez y
Sagrario Gómez Hernando.
La declaración de todos
ellos fueron aplazadas
recientemente 'sine die'
y será el nuevo
instructor del caso
Púnica, Manuel García
Castellón, el que deberá
tomarles a todos ellos
declaración. Será este
juez también quién deba
decidir si procede o no
penalmente contra el
'número tres' de
Cristina Cifuentes.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/estrecha-cerco-numero-Cifuentes-Arpegio_0_1035797665.html
LA FISCALÍA ACUSA AL
GOBIERNO DE CIFUENTES DE
“OCULTAR INFORMACIÓN
RELEVANTE” SOBRE LA
‘PÚNICA’
“Se hace difícil confiar
que haya una
colaboración leal por
parte de la Comunidad de
Madrid”
La posverdad, esa
tendencia a convertir
las mentiras en verdades
de cara a la opinión
pública a través de los
sentimientos, tiene
ejemplos en nuestro
país. De hecho, no hay
que buscar muy lejos,
basta acercarse al
kilómetro 0 de España,
en plena Puerta del Sol
de Madrid. Sobre la
placa que marca el
epicentro vial del país,
el pasado 2 de mayo,
Cristina Cifuentes, se
autoerigió en garante de
la transparencia y socia
preferente de la
Justicia en la lucha
contra la corrupción.
“El tiempo de los
corruptos ha llegado a
su fin en la Comunidad
de Madrid” fue la frase
que acuñó ese día la
presidente madrileña.
Porque la posverdad se
basa en sentimientos y
golpes en el pecho, pero
se derrumba con hechos,
como los que recoge el
informe de la Fiscalía
Anticorrupción al que ha
tenido acceso
ELPLURAL.COM y que fue
enviado al juzgado de la
Audiencia Nacional que
investiga la trama
Púnica el pasado 11 de
mayo, pocos días después
del discurso de
Cifuentes.
En este informe, la
Fiscalía acusa al
Gobierno de la Comunidad
de Madrid, a la empresa
pública Arpegio y a la
Dirección General de
Medios de estar
“ocultando información
relevante a la autoridad
judicial”. Fue esta
postura y “las
dificultades para
obtener información
fiable de la Comunidad
de Madrid” lo que
provocó la oleada de
registros policiales,
entre ellos el del 16 de
mayo en el despacho del
viceconsejero de Medio
Ambiente, Miguel Ángel
Ruiz, que provocó su
dimisión. Una renuncia
al cargo que quedó
eclipsada porque ese
mismo día se conoció que
la Guardia Civil acusaba
a Cifuentes de
"prevaricación
continuada y cohecho".
Según la Fiscalía
Anticorrupción, con
respecto a los contratos
de publicidad que
Arpegio realizó “a favor
siempre del mismo grupo
de empresas”, se
requirió bastante
documentación a esta
empresa pública
dependiente de la
Comunidad de Madrid.
“Una vez más la
documentación remitida
por la entidad pública
ha sido mínima y con un
nivel de inconsistencia
serio que nos hacen
cuestionar su veracidad
y que se pueda estar
ocultando información
relevante a la autoridad
judicial”, señala en el
informe las fiscales de
la Púnica, María Teresa
Gálvez y Carmen García
Cerdá.
Una sensación, según los
fiscales, que llega al
juez: “El Juzgado conoce
las dificultades para
obtener información
fiable de la Comunidad
de Madrid”. Y acusan al
gabinete de Cifuentes
de, por lo menos, tener
poco celo: “Se ha
llegado a producir por
la Dirección General de
Medios la pérdida o
extravío de los informes
contratados con la
sociedad EICO de
Alejandro de Pedro, sin
que la Comunidad de
Madrid, personada en las
actuaciones haya
realizado ninguna
manifestación”.
Los hechos que señala la
Fiscalía están a la
vuelta de la esquina:
“La última documentación
recibido de Nuevo
Arpegio en octubre del
pasado año volvió a
presentar
inconsistencias y
carencias en la línea
documental de los
expedientes que nos
hacen pensar que existe
más información que la
que se transmite”.
Con todos estos datos en
la mano, las fiscales
concluyen: “Las razones
expuestas nos conducen a
pensar que se hace
difícil confiar que haya
una colaboración
espontánea y leal por
parte de la Comunidad de
Madrid, no
vislumbrándose medidas
alternativas que
satisfagan la
realización del interés
superior de la
justicia”. Es por esta
desconfianza por la que
“se hacen necesarias las
entradas y registros que
proponemos”, entre las
que estaban el registro
del viceconsejero de
Cifuentes.
ELPLURAL.COM ha
contactado con la
Dirección General de
Medios de la Comunidad
de Madrid para conocer
las explicaciones a
estas acusaciones, sobre
todo las que aluden a
este gabinete. “Hay
orden específica de
colaborar con la
Justicia al máximo”,
señalan, “aquí se ha
dado todo lo que se ha
pedido”. “A nosotros
nadie nos ha pedido
nada”, añaden, para
subrayar como prueba que
las acusaciones de la
Fiscalía “se refieren a
la etapa anterior”, es
decir, a la época de
Ignacio González y
Esperanza Aguirre.
Unas afirmaciones que no
cuadran con el hecho de
que la Fiscalía habla de
octubre de 2016, cuando
Cifuentes ya llevaba un
año y medio en el cargo.
Y cuando en el informe
se define a la Comunidad
de Madrid como personada
en la Púnica, un status
que tiene desde agosto
de 2015, debido a que lo
pidió Cifuentes para
conseguir
“transparencia” y
"defender de una mejor
manera los intereses de
los propios madrileños y
de la Administración
regional".
¿Transparencia?
Posverdad.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/12/la-fiscalia-acusa-al-gobierno-de-cifuentes-de-ocultar-informacion-relevante
LA EX LETRADA JEFE DE LA ASAMBLEA DE MADRID SE NIEGA A DECLARAR ANTE LOS
DIPUTADOS
Tatiana Recoder participó en los concursos
que investiga la UCO de la cafetería de la Asamblea
Tatiana Recoder, ex letrada jefe de la Asesoría Jurídica de la Asamblea de
Madrid e integrante del comité de expertos que intervino en la adjudicación del
contrato de la cafetería del Parlamento autonómico de 2009 investigado por la
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), se ha negado a responder a
las preguntas de los diputados esta mañana en la comisión de investigación
contra la corrupción. En la actualidad, Recoder ya no ocupa un puesto directivo,
pero continúa formando parte del cuerpo de abogados de la Asamblea.
La letrada se ha personado en la sala donde se está desarrollando la sesión y ha
indicado que tras su declaración ante la UCO el 9 de marzo de 2017, "no he sido
objeto de investigación judicial de ningún tipo". A continuación, ha añadido que
su labor (como funcionaria) "en esta casa me obliga a quedarme en ese ámbito sin
intervenir en el político".
La abogada informó sobre los pliegos de adjudicación y realizó el informe que
sirvió de base para la adjudicación del contrato al grupo Cantoblanco, del
empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica por aportar fondos a la
caja b del PP madrileño. El comité de expertos estaba formado por tres personas:
junto a Recoder se encontraban Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta de la
Comunidad de Madrid, y María Merino, jefe de protocolo del Gabinete de
Presidencia, que también ha declarado hoy ante la comisión parlamentaria.
El informe de la UCO especifica que algunas de las supuestas irregularidades
detectadas "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" los personas
integrantes del comité de expertos que decidió el concurso y entre las que cita
expresamente a Cifuentes. El documento concluye que este último hecho "ha podido
acreditarse de manera indubitada" en uno de los aspectos de la adjudicación bajo
sospecha.
Las tres declaraciones que analizaron los agentes son las de María Merino, jefa
de Protocolo de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio
Jurídico de la Cámara autonómica, e Isaac Arturo Zubiri, funcionario de la
misma. A Cifuentes, en cambio, la UCO no la llamó para conocer su versión de los
hechos.
"Muerta de miedo" ante la UCO
La jefa de Protocolo del Gabinete de Presidencia, María Merino, en cambio, ha
contestado a las preguntas de los diputados sobre los polémicos concursos, a
pesar de que su abogada se lo había desaconsejado. Merino ya declaró el pasado 9
de marzo ante la UCO por la misma causa. Y lo "muerta de miedo", ha relatado
hoy. Ha reconocido que la modificación del criterio que valoraba la experiencia
de las empresas (se subdividieron los 40 puntos iniciales en 30 para las que
ofertaran mayor experiencia en servicio de hostelería público y 10 en privado)
no era legal, pero que ella no contaba en ese momento con los conocimientos
necesarios para haberlo detectado. En aquel momento contaba con estudios de
Psicología y Filosofía y, en la actualidad, es licenciada en Derecho. Aún así,
la "asume" porque firmó la adjudicación.
La cargo de confianza del PP se ha referido continuamente a que siguió los
criterios de los técnicos, siguiendo la misma estela de la presidenta de la
Comunidad de Madrid en su declaración ante la misma comisión parlamentaria el
pasado 2 de junio. Merino ha relatado que en el primer contrato, el de 2009,
nadie le comentó que iba a formar parte del comité de expertos. Se enteró porque
se encontró varias cajas con documentación en su despacho. “Ya sé que parece
increíble, pero no se sorprenda, esas cosas pasan”, ha respondido a César Zafra,
diputado de Ciudadanos.
"El comité de expertos no se constituye de forma irregular, porque lo hace la
Mesa de la Asamblea en el que están representados todos los grupos políticos por
la Cámara", ha advertido Merino al diputado de Podemos Ramón Espinar. “No le
consiento que diga que yo he amañado un concurso en el lugar del crimen (el
despacho de Cifuentes)”. También ha recordado que, a día de hoy, no hay ninguna
investigación judicial abierta por este motivo.
El diputado socialista Rafael Gómez Montoya le ha recordado que un técnico de la
Asamblea de Madrid (Arturo Zubiri) declaró ante la UCO que fue ella (Merino)
quien le obligó a modificar las puntuaciones del concurso en una reunión que
mantuvieron con Cifuentes. Merino ha negado también ese extremo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/06/16/madrid/1497607417_696050.html
EL DURO INTERROGATORIO DEL JUEZ A ARTURO SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES: "TAN
REGULAR NO FUE"
Velasco desplegó una batería de preguntas a lo largo de 10 minutos sobre el
contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco intentó acorralar al empresario
Arturo Fernández en un duro interrogatorio sobre su papel en la presunta
financiación del PP de Madrid. El magistrado de Púnica desplegó toda una batería
de preguntas destinadas a averiguar el papel desempeñado por la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la adjudicación de contratos para la
cafetería de la Asamblea madrileña al grupo Cantoblanco. "Tan regular como usted
dice no fue", llegó a apuntar durante el interrogatorio, a cuya grabación ha
tenido acceso El Confidencial.
La tensa sucesión de preguntas comenzó con una en la que Velasco inquiere sobre
la relación que une a Cifuentes y Fernández. "Mi relación, como con todos,
excelente, muy buena", contestó el empresario, al que el juez demanda, a
continuación, si se ha visto favorecido en alguna licitación pública "por algún
cargo público". El magistrado pone el foco en las licitaciones de 2009 y 2011 de
restauración en la sede parlamentaria regional.
"Cifuentes formaba parte del comité de expertos y era la presidenta de la mesa
de contratación que a usted le adjudicó esos servicios", apunta el instructor, e
insiste: "¿No hubo nadie del PP que le dijo, te la vamos a adjudicar a ti?".
Fernández niega todo conocimiento del asunto y precisa que desde que el PP
gobierna en Madrid, sus empresas han ganado algunos concursos y perdido otros.
"Mis concursos han sido todos más que transparentes, muy exigentes", agrega.
El juez Velasco, lejos de plegar velas, intenta llegar más al fondo de la
cuestión. "¿El dedo del político no fue el decisor?", "¿hubo la mano de algún
político?", "para decirlo en castellano... ¿no estaba amañado aquello?,
repregunta una y otra vez hasta extenderse durante más de 10 minutos. El
empresario lo niega todo, asegura que concurrió a la adjudicación para la
Asamblea por una cuestión de prestigio, a pesar de que era un negocio ruinoso
que le hacía perder más de 60.000 euros al año.
"Estuve allí como también he estado en el Congreso, Moncloa o la Zarzuela, llevo
58 años trabajando en esta historia", explica, y detalla que él quería irse
porque perdía dinero sistemáticamente y recibía múltiples quejas. "Se me
quejaban hasta del café", dice en un punto.
Velasco continúa insistiendo y apunta irregularidades del contrato, como el
hecho de que se ponderaba la experiencia de Cantoblanco en el sector público.
"¿Alguien le ayudó?", inquiere una vez más, obteniendo solo continuas negativas
de Arturo Fernández, que se enroca en el hecho de que él no se encargaba
directamente de la presentación en los concursos y en que no le hizo "muy feliz"
ganar aquel. "¿No es un poco irregular eso? Le dieron 25 puntos", reitera una
última vez el magistrado.
En un informe incorporado a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil apuntaba la vinculación de Cifuentes con la comisión de delitos de
prevaricación continuada y cohecho en el marco de la trama Púnica, por este
contrato. No obstante, hace unas semanas, fuentes jurídicas apuntaron que ni el
juez ni la Fiscalía se planteaban por el momento pedir la imputación de la
presidenta madrileña por estos hechos.
Durante el interrogatorio, el juez pregunta también por la relación de Fernández
con Esperanza Aguirre e Ignacio González, encarcelado en el marco de la
operación Lezo. El empresario reconoce que le une a ellos dos una buena
relación, pero descarta que le pidieran que efectuara donaciones a Fundescam
que, según las sospechas de los investigadores, sirvieron en realidad para
financiar de forma ilícita las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. "Me lo
pidió alguien del PP", dice, aunque no precisa la identidad de esta persona.
En este punto, Fernández apunta que donó a Fundescam al igual que contribuyó,
"cuando tenía dinero", en otras fundaciones como la del síndrome de Down.
También aseguró que ha hecho favores a otros partidos. "Como yo no soy del PP ni
del PSOE ni de nada, soy empresario, si me pedían el favor, pues daba alguna
cena o alguna comida, por tener el detalle", dijo según los audios del
interrogatorio.
El empresario insistió en varias ocasiones en que no tiene fondos en la
actualidad y, en respuesta a las preguntas de la fiscal, indicó que hizo los
donativos que ahora se investigan en pro de la sociedad. "Nadie que da un
donativo a una fundación lo va contando. Cuando hago una donación, no lo
publicamos, lo hacemos porque hay que ayudar. Hay que devolver a la sociedad
parte de lo que se gana, decimos mucho los empresarios. Me parece algo
razonable, sobre todo en mi caso, que no tengo hijos", dijo.
La fiscal Carmen García Cerdá tomó el revelo del juez y continuó incidiendo en
el famoso contrato. "¿Alguien le pide a usted que se presente a esos concursos
de la cafetería de la Asamblea?", pregunta hasta en tres ocasiones la
representante del Ministerio Público. Fernández explica que él, entonces,
"estaba muy de moda" y reitera que era una cuestión de prestigio y que su
empresa no fue alertada por nadie sino que sus empleados lo vieron en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
La versión del tesorero
El juez Velasco interrogó también en esta pieza, destinada a averiguar de qué
forma en las tres campañas mencionadas el PP "por lo menos duplicó, en negro, el
máximo que le permitía la ley" —explica el propio magistrado en una de las
grabaciones al que fuera tesorero del partido en Madrid durante dos años,
Ignacio Echevarría—. Al ocupar ese cargo, el también exconsejero de Transportes
figuró durante ese plazo como patrono de Fundescam. El magistrado, muy gráfico
en un punto de la comparecencia, le dice en referencia a la campaña de 2007: "Se
lo voy a preguntar a lo bestia, como soy yo, ¿se pudieron pasar de gasto legal
en más de 2,7 millones de euros?".
Negó todo conocimiento de la presunta financiación irregular y concretó que si
hubiera sabido algo así, "lo hubiera denunciado a quien le correspondía",
Esperanza Aguirre. La mayor parte de los fondos procedía de aportaciones de la
Comunidad de Madrid, dijo, y aclaró que la fundación no tenía sede y las
reuniones se celebraban en la primera planta de sede popular de Génova.
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado en una
improvisada comparecencia de prensa que "no ha habido financiación ilegal del PP
de Madrid"
"Nunca he sacado dinero ni metido dinero ni nada de nada", asegura en un momento
de la ronda de preguntas, y agrega que nunca tuvo ningún indicio de que
existieran irregularidades. "Confiaba totalmente en Beltrán Gutiérrez", gerente
de la formación regional, dijo, y precisó que a este lo nombró "Génova España".
Los investigadores apuntan a que las donaciones investigadas coincidían siempre
con periodos electorales y luego "se secaban".
Echevarría también recibió preguntas sobre el servicio de restauración de la
Asamblea de Madrid. "¿No recibió usted alguna indicación de algún político que
estuviera incluso más arriba que usted?", indagó el juez en su caso. Las
fiscales plantearon también la cuestión y se refirieron directamente a
Cifuentes. "¿La señora Cifuentes no formaba parte de ese comité de expertos?",
preguntó Teresa Gálvez.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-15/juez-velasco-arturo-fernandez-punica-cifuentes-pp-interrogatorio-audiencia-nacional_1399934/
LAS FISCALES APUNTARON A CIFUENTES: "¿ERA LA PRESIDENTA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN?"
Los interrogatorios de Teresa Gálvez y Carmen García al extesorero del PP
madrileño José Ignacio Echevarría muestran que no sólo la UCO investigó la
actuación de la presidenta madrileña.
El polémico informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
sobre la actuación de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y los autos
del juez Eloy Velasco no fueron las únicas pesquisas realizadas en el caso
Púnica centradas en la mandataria del PP. Así lo demuestra el interrogatorio que
realizaron las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García al extesorero del PP
madrileño y expresidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echeverría, que
revela que también ellas centraron buena parte de sus preguntas en la
participación de Cifuentes en una adjudicación otorgada al expresidente de la
patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, también investigado en la causa.
Cuando el magistrado Eloy Velasco interpeló a Echeverría sobre la adjudicación
del servicio de restaurante de la Asamblea de Madrid, el juez insinuó la
posibilidad de que el entonces presidente de la Asamblea madrileña hubiera
recibido alguna indicación de un político, "incluso más arriba que usted", para
adjudicar a Arturo Fernández el contrato, algo que el empresario rechazó de
plano.
Y fue entonces cuando la fiscal Gálvez tomó la palabra, tal y como consta en la
grabación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, para preguntar a Echeverría sobre
los integrantes de la mesa de contratación que otorgó el servicio a Fernández,
amigo personal de la expresidenta Esperanza Aguirre: "¿No había cargos
políticos? ¿La señora Cifuentes no formaba parte de ese comité de expertos?",
espetó la representante del Ministerio Público, que de esta forma ponía nombre
al "alto cargo" al que se había referido segundos antes el juez Eloy Velasco.
Echevarría explicó entonces el modo en el que se llevaban a cabo las
adjudicaciones: "El comité de expertos es una cuestión, porque son funcionarios,
y después está la mesa de contratación, que es el órgano que definitivamente
adjudica. En esa mesa, por una parte están los técnicos, que llevan una
propuesta, y un representante de cada grupo político".
Pero esta respuesta genérica no convenció a la fiscal, que insistió en que su
interrogatorio se centraba en el comité de expertos que evaluó las ofertas del
Grupo Cantoblanco: "Pero yo le pregunto por el comité de expertos que evaluó las
ofertas, ¿no estaban políticos, diputados o representantes de la Asamblea como
la señora Cifuentes?", insistió de nuevo Gálvez.
Pero Echeverría volvió a diferenciar el comité de expertos de la mesa de
contratación: "No señora. Estoy tratando de explicarme, a lo mejor es que me
estoy explicando muy mal. No hay ningún comité de expertos, nada más que el
grupo técnico de funcionarios que son los que evalúan las ofertas. Y después
está el órgano dónde ya se adjudica, y ahí sí hay políticos, claro que hay
políticos porque son miembros de la mesa. Si usted me está preguntando por
Cristina Cifuentes, será porque ha visto en esa adjudicación su nombre. Estaba
porque era secretaria primera o segunda de la mesa de la Asamblea, no porque
pasara por ahí", completó este excargo del PP.
¿Siendo presidenta de la mesa de contratación podía formar parte del grupo de
técnicos que evaluaban las ofertas?
Y en ese momento del interrogatorio la otra fiscal, Carmen García, tomó la
palabra para de forma concreta volver a preguntar sobre Cifuentes: "¿Era
presidenta de la mesa?", a lo que Echeverría contestó: "Eso ya no me acuerdo".
"¿Y siendo presidenta de la mesa de contratación podía formar parte de ese grupo
de técnicos que evaluaban las ofertas?", interpeló de nuevo la fiscal. "No, era
una reunión totalmente diferente", aclaró de forma escueta Echeverría. "Vale",
zanjó entonces su interrogatorio la fiscal Carmen García.
En su declaración como imputado, Echevarría aseguró también, a preguntas del
juez Eloy Velasco, que el de tesorero del PP madrileño no era más que "una
figura representativa", que no controlaba las cuentas del partido.
Precisamente sobre las cuentas, el juez Velasco preguntó de forma directa sobre
los sobrecostes de la campaña de 2007: "Se lo voy a preguntar como soy yo, a lo
bestia. ¿Se pudieron pasar en gasto legal en más de 2,7 millones de euros?". "Lo
desconozco", se defendió, que tras recurrir en numerosas ocasiones a la
expresión de que no conocía nada o no se acordaba de nada sobre la actividad del
partido y sus responsables políticos, llegó a asegurar: "Da la impresión de que
soy tonto, pero no me acuerdo".
En el interrogatorio a Echeverría, el juez Eloy Velasco también se interesó
sobre la persona que nombró al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, uno
de los principales imputados en la pieza separada de la presunta financiación
irregular del PP en la Púnica. "Me figuro que el secretario general, que me
parece que era Granados", especificó el extesorero, que fue interrumpido por el
instructor, que dijo: "¿La señora Aguirre no?¿No le nombró ella ni le daba
cuenta de sus gestiones electorales?".
Génova España
Echeverría aseguró entonces que a Beltrán Gutiérrez "lo nombró Génova, planta
séptima, que es Génova España". "Entonces nada que ver con ella", completó
entonces el juez Velasco, que minutos antes había acusado a Echeverría de
falsedad documental, delito electoral, malversación, fraude, falsificación de
documento público, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales y
prevaricación.
Asimismo, el magistrado en su interrogatorio informó a Echeverría de que la
investigación sobre la caja B del PP madrileño abarca "tres campañas
electorales. Una autonómica, una nacional y la siguiente autonómica. Y en la de
2007 usted era el tesorero".
También relató que el extesorero estaba presuntamente implicado en "una de las
cuatro vías en las que ustedes conseguían dinero irregular para financiar los
gastos de las campañas políticas. A través de Fundescam, y aportó facturas
falsas para justificar gastos que no eran debidos ni conformes con la ley
electoral", aseguró el juez en su interrogatorio.
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/fiscales-apuntaron-Cifuentes-presidenta-tecnicos_0_1035797718.html
LAS FISCALES DEL ‘CASO PÚNICA’ SE INTERESARON POR EL PAPEL DE CIFUENTES EN UNA
ADJUDICACIÓN
Anticorrupción interrogó al exconsejero Echeverría por la actuación de la
presidenta madrileña en los contratos de la cafetería de la Asamblea siete días
después de recibir el informe de UCO
Antiguo senador del PP, consejero de Transporte en los Ejecutivos de Esperanza
Aguirre y presidente de la Asamblea de Madrid entre 2011 y 2015, José Ignacio
Echeverría Echániz acudió el pasado 8 de marzo a la Audiencia Nacional a
declarar como imputado en el caso Púnica. Su condición de patrono de la
Fundación Fundescam —señalada por la investigación como una de las supuestas
fuentes de financiación irregular del partido en Madrid para las campañas
electorales— centró buena parte del interrogatorio al que durante cerca de 40
minutos le sometieron tanto el juez Eloy Velasco como las dos fiscales
Anticorrupción que, Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá.
Sin embargo, tanto el magistrado como estas dos últimas también preguntaron al
político por la adjudicación del contrato de la cafetería y el restaurante de la
Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández,
también investigado en la causa. En concreto, las representantes de
Anticorrupción querían saber cuál había sido el proceso seguido con dicha
licitación de 2011, cuando Echeverría era el presidente del parlamento regional,
y, sobre todo, el papel jugado en la misma por su compañera de partido y hoy
presidenta del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes, según recoge el audio de
aquella declaración al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El exconsejero, que durante todo el interrogatorio se escudó en el “no lo sé” y
“supongo” para eludir buena parte de las preguntaron que le plantearon, se
limitó a asegurar que si Cifuentes aparecía en la documentación incorporada al
expediente del mismo era por su condición entonces de integrante la mesa de la
Asamblea, sin detallar más. En el momento del interrogatorio, el juez Velasco y
las fiscales tenían en sus manos desde hacía una semana el primer informe de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implicaba a la presidenta
madrileña en las supuestas irregularidades de aquel concurso. Veinte días más
tarde del primero, los agentes entregaron un segundo en el que ratificaban sus
sospechas.
Arturo Fernández y su "excelente" relación con la presidenta de Madrid
El mismo día que Echeverría Echániz declaraba en la Audiencia Nacional, también
lo hizo el empresario Arturo Fernández. Este, investigado por el supuesto
vinculo de una donación de 60.000 euros que hizo en 2007 a Fundescam y la
posterior adjudicación a sus sociedades de restauración de contratos públicos,
fue interrogado intensamente por el juez Velasco sobre la concurso que ganó en
2009 y 2011 para gestionar la cafetería y el restaurante de la Asamblea de
Madrid. El magistrado le preguntó cómo era su relación con Esperanza Aguirre
("buena"), Ignacio González ("protocolaria") y Cifuentes ("excelente") y si
detrás de aquella adjudicación "hubo la mano de algún político". Arturo
Fernández negó de manera reiterada cualquier irregularidad en un contrato que,
insistió, le causaba pérdidas y que si se presentó fue "por prestigio". Velasco
también le preguntó si sabía que la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid era
entonces la presidenta de la mesa de contratación y de la junta de evaluación
que decidió aquel contrato. "No lo sabía", fue su respuesta. El juez le llegó a
cuestionar la legalidad de aquel proceso: "Tan regular, tan regular como usted
dice no fue".
Las primeras referencias en el interrogatorio a la adjudicación a Arturo
Fernández de dicho contrato las planteó el propio magistrado tras veinte minutos
de interrogatorio. “Respecto a su etapa como presidente de la Asamblea, ¿cómo se
designaba al comité de expertos que valoraba las ofertas que presentaban los
licitadores en los procedimientos de contratación de la asamblea?”, le planteó
el juez. Echeverría Echániz explicó que en la mesa que adjudicó el mismo había
representantes de los tres grupos políticos de la Cámara autonómica -PP, PSOE e
IU en aquel momento- y que él no participó en la misma.
“¿No recibió usted alguna indicación de algún político que estuviera más arriba
que usted para que se le tratara bien a esta persona y se le adjudicara ese
contrato?”, le insistió el magistrado al exconsejero al sospechar que Arturo
Fernández había ganado dicho contrato tras hacer una donación a Fundescam. El
político se limitó a decir que lo único que recordaba era que la del Grupo
Cantoblanco “fue la única oferta que se quedó al final” y recalcó que fue él
quien anuló posteriormente dicha adjudicación por diversos incumplimientos en la
ejecución del contrato.
“¿No había cargos políticos? ¿No había cargos públicos? ¿La señora Cifuentes no
formaba parte de ese comité de expertos?”, le plantearon al político.
A partir de ese momento, las fiscales tomaron las riendas del interrogatorio e
incidieron en los detalles de dicho contrato y, más en concreto, sobre la
composición del “comité de expertos que evalúa las ofertas”. Pese a la
insistencia de Echeverría en asegurar que de ese órgano supuestamente sólo
formaban partes funcionarios, las representantes de Anticorrupción volvieron a
preguntar si en el mismo, como reflejaban los documentos recogidos en el informe
de la UCO, participó la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid: “¿No había
cargos políticos? ¿No había cargos públicos? ¿La señora Cifuentes no formaba
parte de ese comité de expertos?”, le plantearon al político.
Éste alegó que si la firma de la dirigente del PP madrileño aparecía en algún
documento de dicho concurso era por su condición de “secretaria primera o
segunda de la mesa de la Asamblea, no porque pasara por allí”. Una de las
fiscales le corrigió: “Era la presidenta de la mesa de contratación, ¿puede
ser?”.La representante de Anticorrupción incidió a continuación si, por dicha
cargo, Cifuentes “podría ser parte de ese grupo de expertos que evaluaban las
ofertas”. La respuesta negativa del exconsejero no impidió que Anticorrupción
volviera a preguntarle “si ella estaba firmando en el comité de expertos”. “No
lo sé, ella forma parte de la mesa de contratación”, fue la respuesta del
exconsejero de Aguirre.
Veinte días después de aquel interrogatorio, la UCO presentaba un segundo
informe en la Audiencia Nacional sobre dicha adjudicación tras interrogar en
calidad de 'investigados no detenidos' a los tres técnicos que participaron
junto a Cifuentes en la mesa de expertos que evaluó las ofertas. El documento
policial ratificaba sus sospechas sobre la política madrileña tras recalcar las
contradicciones en las que habían caído estos tres funcionarios. En mayo, al
conocerse la existencia de ambos informes de la Guardia Civil, estallaba el
escándalo. La presidente madrileña ha negado desde entonces cualquier
irregularidad en su actuación.
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/15/actualidad/1497538092_278592.html
CIFUENTES DESPEJA BALONES SOBRE LOS FUNCIONARIOS E INSISTE EN QUE EL INFORME DE
LA UCO "ESTÁ EQUIVOCADO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que su "pecado fue no valorar,
valoró el técnico, yo me limité a asentir y a dar por bueno el criterio del
técnico"
En una comparecencia muy trabada, con enfrentamientos directos con los diputados
autonómicos, Cifuentes admite "posibles errores administrativos" en los
contratos
Tres informes de la UCO apuntan a la implicación de Cifuentes en la financiación
irregular del PP de Madrid por indicios "de una adjudicación decidida de
antemano"
Diputados del PP hacen un paseíllo a Cifuentes a su llegada a la comisión de
investigación
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha descargado sobre
los funcionarios de la Asamblea de Madrid los posibles "errores administrativos"
en los contratos de adjudicación a la empresa Cantoblanco. La dirigente del
Partido Popular ha reiterado que el informe de la Guardia Civil que la relaciona
con la presunta financiación irregular del PP "está equivocado"
La presidenta había sido llamada por los grupos de la oposición de la cámara
autonómica para explicar las posibles irregularidades que investiga la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la adjudicación los años 2009 y
2011 de los contratos de restauración y cafetería a Grupo Cantoblanco, empresa
del exlíder de la patronal madrileña Arturo Fernández, y su vinculación con con
la financiación irregular del PP de Madrid en el marco de la Operación Púnica.
Con una puesta en escena muy cuidada, con traje blanco, ha entrado en la sala
protegida por un grupo de diputados y miembros del Partido Popular que le han
hecho un paseillo. Cifuentes se ha asegurado de hacer público que llevaba la
insignia de la Guardia Civil que le otorgaron como madrina del cuerpo armado,
después de las críticas que hizo al informe de la UCO que la vincula
presuntamente a la financiación ilegal del PP.
"La UCO está equivocada en ese informe en muchas cosas. Contiene extremos que
están equivocados y realiza juicios de valor que deberían hacer jueces o
fiscales. Lo que a mí me parece que no es real es que aquí hubiera una
confabulación para beneficiar a un empresa concreta. No sólo es irreal, sino
absolutamente incierto", ha sentenciado Cifuentes.
"Problema administrativo"
Cifuentes ha despejado balones a los funcionarios de la Asamblea. "Si se han
cometido errores en la elaboración de los pliegos no lo voy a discutir, pero en
este caso estamos hablando un problema administrativo no de una causa penal", ha
apuntado.
Antes de entrar señaló que estaba " tranquilísima. El proceso fue transparente,
cristalino, con informes favorables y jurídicos de los técnicos, con decisiones
tomadas por unanimidad de todos los órganos y grupos partidos. Es sorprendente
el valor que le está dando Ciudadanos y Podemos a un informe policial para crear
un juicio paralelo".
Cifuentes ha salido desde el principio con una ofensiva airada contra los
diputados autonómicos con los que se enzarzó en agrias disputas en un debate
trabado. La presidenta ha reiterado que su petición de comparecencia era solo un
intento de "linchamiento político".
"Modificaciones puntuales"
En un tenso debate, la presidenta sí ha admitido que "se hicieron modificaciones
puntuales, muy menores, que no variaban el resultado final". La Guardia Civil
recogió la declaración de funcionarios de la Asamblea de Madrid en las que se
referían a una reunión en el despacho de Cifuentes en la que se cerró la
licitación. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez
terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató uno de los
funcionarios.
La presidenta no ha llegado a aclarar los motivos por los que la Mesa la designó
como uno de los miembros de la de la Comisión de Expertos que evaluó las
ofertas. En este sentido ha señalado como una de las posibles razones que "comía
todo los días en la Asamblea" y que había "un precedente en 2008 con el comité
de expertos de la contratación de las cestas de Navidad".
Este es uno aspectos más polémicos ya que los agentes de la Guardia Civil
apuntan que se incluyeron criterios de valoración contrarios a derecho y hubo
“arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos”, que
encabezaba Cifuentes.
"Usted se cree que puedo recordar los acuerdos que se tomaban en la Mesa cada
semana en 2009", le ha respondido airada al diputado de Ciudadanos, César Zafra.
La presidenta ha insistido en que no participó "en la elaboración de ningún
pliego de condiciones ni en 2009 ni en 2011".
Según la Guardia Civil Cifuentes que entonces era vicepresidenta de la Asamblea
de madrid compatibilizó ser miembro del comité de expertos con la presidencia de
la mesa de contratación, “circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera
Ia imparcialidad”. Ante las preguntas del diputado de Podemos, Ramón Espinar,
sobre esta incompatibilidad, la presidenta ha remachado que "no la había. Hay
opinión jurídica más cualificada, que es la de esta Asamblea, que lo ha dicho de
manera taxativa en un informe pedido para ello".
Participación en la campaña de 2008
Aunque intentó no contestar a la pregunta de su participación en las campañas
electorales del PP porque, en su opinión "no era objeto de esta comisión",
finalmente ha admitido que fue miembro del comité de campaña en los comicios de
2008, como responsable territorial de partido, y no ha descartado que estuviera
en la siguiente campaña de 2011. La Guardia Civil tiene las sospechas de posible
financiación irregular del PP en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Los informes señalan directamente a Cifuentes porque integraba a la vez el
patronato de Fundescam, al Comité de Campaña y los órganos de contratación de la
Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que
ella perteneció a Fundescam entre "febrero de 2005 y septiembre de 2008".
"Cometí el pecado de no valorar, valoró el técnico, yo me limité a asentir y a
dar por bueno el criterio del técnico", ha espetado la presidenta. Con estas
declaraciones trataba de escapar de un informe de la UCO, que recoge que existió
"una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como
única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la empresa de Arturo
Fernández.
Espinar le ha requerido sobre si conocía al empresario Arturo Fernández,
Cifuentes ha comentado: "Conozco a cientos de personas. Cómo me voy a inhibir
por conocer a Arturo Fernández, mi relación era puramente institucional".
http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes_0_650235215.html
JUSTICIA, FISCALÍA Y GUARDIA CIVIL: LOS 6 DOCUMENTOS QUE ACORRALAN A CIFUENTES
La presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrenta a la Comisión de
Investigación sobre la Corrupción en la Asamblea
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, vive este viernes
uno de los peores tragos de su carrera política. A raíz del informe de la
Guardia Civil que le acusaba de delitos de cohecho y prevaricación continuada,
la Comisión de Investigación sobre corrupción política de la Comunidad de Madrid
le ha citado para que dé explicaciones sobre la contratación del grupo
empresarial de Arturo Fernández para la cafetería y el comedor de la Asamblea de
Madrid.
Reclaman su presencia todos los partidos de la Asamblea de Madrid -PSOE, Podemos
y Ciudadanos- menos el Partido Popular, y la comisión arrancará a las 10:00
horas. Eso sí, antes de Cifuentes, el PP ha conseguido que vaya a dar
explicaciones Antero Ruiz, exdiputado de Izquierda Unida que era vicepresidente
tercero en el momento de los hechos.
Aunque existe una diferencia fundamental entre Cifuentes y Ruiz: al de Izquierda
Unida la Guardia Civil no le nombra en sus informes, y mucho menos le imputa
delitos. Entre otras cosas porque, aunque Ruiz fue forzado a dejar su acta por
su implicación en las tarjetas Black, el empresario beneficiado no donó dinero a
IU ni el entonces diputado gestionaba las campañas electorales de su partido.
Y es que Cifuentes sí cumplía esas características, por no hablar de la
colección de documentos que atesora en su contra y que le ponen las cosas muy
complicadas. A continuación, ofrecemos a nuestros lectores el contenido de los
informes y documentos judiciales a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que
tienen contra las cuerdas a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
1. Prevaricación continuada y cohecho
El primer informe de la Guardia Civil al respecto está fechado el 1 de marzo de
este año y abunda en la contratación de la cafetería, señalando que María
Cristina Cifuentes Cuenca era a la vez miembro del Comité de Expertos que valoró
la oferta y presidenta de la mesa de contratación.
Una circunstancia que es “completamente irregular y anómala, y únicamente puede
corresponderse con la intencionalidad de tener controladas las licitaciones en
todo momento, es decir, ejercer un control en la valoración directa de las
ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente
aprobadas”.
Al mismo tiempo, la Guardia Civil vincula la adjudicación con “las aportaciones
económicas localizadas y efectuadas por el empresario Arturo Fernández a la
Fundación Fundescam (…) que fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos
electorales de la formación política a la que pertenecía Cristina Cifuentes
cuando ésta formaba parte del Patronato de la referida Fundación”.
La bomba viene justo después, cuando asegura que “los hechos descritos en el
mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de
PREVARICACIÓN CONTINUADA y COHECHO” [sic] tras lo que vuelven a citar a Cristina
Cifuentes por “la presunta participación en los hechos citados”.
2. Manipulación del concurso
En otro informe de la Guardia Civil, fechado el 28 de marzo, en el que un agente
analiza los interrogatorios realizados a varios funcionarios de la Asamblea de
Madrid. A uno de ellos, Isaac Arturo Zubiri y miembro del comité de expertos, le
acusan de que “faltó a la verdad a la hora de elaborar el informe de valoración
de las ofertas” y dar 0 puntos a una empresa rival “bajo la falsa argumentación
de que la misma no había presentado documentación alguna”.
Y, añade, en el párrafo que cierra el informe: “Circunstancia de la que tuvieron
que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité
de expertos -María Cristina Cifuentes Cuenca y María Merino Muñoz- lo cual ha
podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que
valoraba otras mejoras de los licitadores”.
3. "Habrían participado cargos públicos"
Cifuentes también aparece mencionada en otro informe de la Guardia Civil del 1
de marzo, de más de 100 folios, que se dedica a analizar la presunta
financiación ilegal del Partido Popular. Es en las conclusiones generales donde
se explica como “determinados empresarios” ingresaron a Fundescam “importantes
cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales”.
En concreto, se paran en el caso de Arturo Fernández y los contratos adjudicados
“en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y
donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces
al Patronato de la Fundación FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones
económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca”.
4. “Estructura de decisión cohesionada en el tiempo”
Después de leer los informes del 1 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción emitió
su propio informe en el que incluyen las mismas valoraciones de la Policía
Judicial sobre las “adjudicaciones en favores del grupo de Arturo Fernández
-Grupo Cantoblanco- quien siempre que se determinó a realizar una donación a
Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos desde
Vicepresidencia [cargo de Cifuentes] y de la Asamblea de Madrid en los años
2007, 2009 y 2011”. Unas contrataciones que “presentaban irregularidades por su
falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en
favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites del informe”.
Y, en otro párrafo, vuelve a mencionar los cargos de Cifuentes, cuando señala la
“coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de la Fundación
FUNDESCAM, Directores y miembros de los Comités de Campañas Electorales,
Presidente, Secretario General y Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, Gerente y cargos orgánicos del PP y autorizados en cuentas y en las
mesas de contratación de la CAM consolidó una estructura de decisión cohesionada
en el tiempo”.
5. “Múltiples irregularidades penalmente relevantes”
En medio del escándalo que supuso que la Guardia Civil apuntase a posibles
delitos de la presidenta madrileña que acababa de declarar que “el tiempo de los
corruptos ha llegado a su fin”, Cifuentes encontró una tabla de salvavidas en
unas supuestas declaraciones del entorno de Eloy Velasco en las que descartaba
de momento imputarla.
A Velasco, inmerso en aquel momento en el proceso para dejar el juzgado de
instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por un puesto mejor, nunca se le
oyó decir aquello en persona. Sin embargo, sí que hay algo tangible vinculado a
su trabajo: tres cédulas de citación como imputados, dos de ellas a personajes
tan relevantes como Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, José Ignacio
Echevarría, expresidente de la Asamblea y patrono de Fundescam y la empresaria
María Luisa de Madariaga.
En dichas citaciones, el juez Velasco incluyó tres textos idénticos en los que
habla de las “evidencias” de que varios empresarios ingresaron “importantes
cantidades” a Fundescam que “fueron empleadas para gastos electorales no
declarados como tales” por el PP.
Acto seguido y sobre estos hechos, Velasco señala que hay “sólidos indicios que
acreditarían como algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron
adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de
Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente
relevantes y donde habrían participados cargos públicos que también pertenecían
por entonces al Patronato de la Fundación FUNDESCAM cuando se efectuaron las
aportaciones económicas detectadas”.
http://www.elplural.com/politica/2017/06/02/justicia-fiscalia-y-guardia-civil-los-6-documentos-que-acorralan-cifuentes
DOS SENTENCIAS PRESENTADAS POR PODEMOS CUESTIONAN EL "INFORME AD HOC" QUE
EXCULPA A CIFUENTES
Ramón Espinar entrega a la presidenta regional dos sentencias que la secretaria
general de la Asamblea ignora en las conclusiones del documento que firma
Podemos considera que la funcionaria a la que se ha encargado el informe peca de
"déficit de profesionalidad" y "una falta de rigurosidad jurídica manifiesta"
Cifuentes ha defendido las conclusiones "taxativas" del informe y se ha mostrado
víctima de un "linchamiento político"
Podemos ha intentado este viernes desmontar uno de los ejes de defensa
principales de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha comparecido
ante la comisión de investigación de la Asamblea regional que investiga la
corrupción política en la Comunidad de Madrid. La secretaria general de la
Asamblea de Madrid firmó el pasado 26 de mayo un informe que niega
incompatibilidades entre las distintas instancias que intervienen en la
adjudicación de los contratos de la institución y aseguraba que no existe
ninguna sentencia judicial que diga lo contrario. Podemos ha encontrado al menos
dos, lo que cuestiona las conclusiones exculpatorias del informe.
El secretario general de Podemos en Madrid y diputado de la Asamblea, Ramón
Espinar, ha interrogado durante la comisión de investigación a Cifuentes. En su
intervención, Espinar le ha entregado a la presidenta regional dos sentencias
judiciales, una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 2016, y otra
del País Vasco, de 2015. Ambas se pueden consultar al final de esta información.
Sin embargo el informe firmado por la secretaria general de la Asamblea de
Madrid asegura en sus páginas 16 y 17 que las incompatibilidades entre miembros
del Comité de Expertos y de la Mesa de Contratación, donde estaba Cristina
Cifuentes en el momento de los contratos investigados por la Guardia Civil, "es
una cuestión no resuelta por la jurisdicción contencioso-administrativa hasta la
fecha, resultando por lo tanto un planteamiento que pudiendo ser controvertido
está sujeto a interpretación jurídica".
El informe está firmado el 26 de mayo de 2017 y las dos sentencias desveladas
este viernes por Podemos en la comisión de investigación son de 2015 y 2016.
Aunque en Podemos reconocen que las sentencias son posteriores al momento de las
contrataciones, creen que invalidan el documento de la secretaria general.
Fuentes del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea consideran que la
secretaria general muestra un "déficit de profesionalidad" y "una falta de
rigurosidad jurídica manifiesta". Desde Podemos apuntan a que el informe se ha
hecho " ad hoc" para intentar exculpar a Cifuentes.
Además, el hoy portavoz de Podemos en la Asamblea, Ramón Espinar, ha explicado
que el informe también confunde al "órgano proponente del contrato" y el "órgano
proponente de la contratación". Es decir, entre quien dice que hay que cubrir
una actividad y quien decide cómo se hace eso.
Cifuentes ha defendido las conclusiones "taxativas" del informe firmado por la
secretaria general de la Asamblea de Madrid. Con una puesta en escena muy
cuidada, con traje blanco y una insignia de la Guardia Civil en la solapa,
después de las críticas que hizo a los informes de la UCO.
La presidenta regional ha salido en su comparecencia a la ofensiva, airada
contra los diputados autonómicos con los que se ha enzarzado en agrias disputas
en un debate trabado. La presidenta ha denunciado ser víctima de un intento de
"linchamiento político".
Aunque ha intentado no contestar a la pregunta de su participación en las
campañas electorales del PP porque, en su opinión "no era objeto de esta
comisión", finalmente ha admitido que fue miembro del comité de campaña en los
comicios de 2008, como responsable territorial de partido, y no ha descartado
que estuviera en la siguiente campaña de 2011.
http://www.eldiario.es/politica/Dos_sentencias_presentadas_por_Podemos_cuestionan_el_-informe_ad_hoc-_que_exculpa_a_Cifuentes_0_650235220.htm
El juez dejó sin imputar al número 3 de Cifuentes a la espera de analizar 100
cajas
El horizonte judicial de Jaime González Taboada, número tres del Gobierno de
Cristina Cifuentes, se llena de nubarrones. En una de las últimas decisiones
antes de abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco decidió la semana pasada citar en calidad de investigados
(la nueva figura jurídica de la imputación) a todos los miembros de la mesa de
contratación de Arpegio, la empresa pública que protagoniza una de las piezas
del caso Púnica. A todos los miembros menos a uno, González Taboada, consejero
de Medio Ambiente y también coordinador general del PP de Madrid.El juez que
sustituya a Velasco tendrá que tomar declaración a los investigados que
pertenecieron a la mesa de contratación de Arpegio. De momento, la citación
prevista para julio ha quedado pospuesta. Los investigados son Pilar Roca
Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad
Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de
Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre
2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Francisco
Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio (imputado ya en otras
piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la
mesa de contratación (y la presidenta del comité de empresa)
Todos fueron elegidos por el consejo de administración de la empresa pública el
23 de febrero de 2006, cuando Arpegio recibió el encargo de la Comunidad de
Madrid de gestionar el Plan Prisma 2006-2007, un plan de inversiones financiado
por el Ejecutivo autonómico para realizar obras en todos los municipios de la
región menos la capital. Jaime González Taboada también fue elegido miembro de
la mesa, "designado por la Consejería de Presidencia", que en esos momentos
ostentaba Granados. "Era su soldado", asegura una fuente del caso. El juez, en
cambio, ha decidido no acusarle. De momento. Fuentes de la investigación han
señalado a El Confidencial que Velasco aplazó la decisión de remitir los
indicios en su contra al tribunal competente y que será su sustituto el que
decida al respecto.
La pieza de Arpegio (ahora rebautizada como Nuevo Arpegio) es una de las más
complicadas del caso, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil está analizando más de 100 cajas de documentación incautadas en los
últimos registros. Los agentes no han podido entregar a Velasco, que este jueves
abandonó el juzgado, los informes con las conclusiones de este análisis, que se
prolongará previsiblemente varios meses. Los recibirá, por tanto, el nuevo
titular del Juzgado Central de Instrucción 6, que será designado en las próximas
semanas.
La imputación de Taboada hubiera supuesto en estos momentos de la instrucción la
posible pérdida de la pieza sobre Arpegio, ya que Taboada es aforado. Es decir,
la Audiencia Nacional no puede investigarle y debe enviar una exposición
razonada para elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que
este cite como investigado al consejero. Por eso Velasco, en sus últimos días al
frente del juzgado encargado de Púnica, decidió citar solo a los miembros de la
mesa de contratación que no están aforados. No había tiempo material para nada
más, agregan las fuentes consultadas.
El objetivo es que la UCO siga avanzando en sus investigaciones mientras que el nuevo titular del juzgado interroga a los miembros de la mesa de contratación de Arpegio ya imputados. En marzo de 2008, también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que dimitió la semana pasada tras ser otro de los citados en calidad de investigados por el juez Velasco. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio.
La UCO está investigando si la trama Púnica obtuvo suculentos beneficios
amañando la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios
urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de esta empresa
pública. Es solo uno de los capítulos de la pieza. En otro, los agentes también
están investigando si se amañaron obras del Plan Prisma, un plan que financió en
dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011) centenares de adjudicaciones valoradas en
casi 800 millones de euros por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias
pudieron pagar mordidas por llevarse los contratos, según los indicios que ya
manejan en la Guardia Civil. González Taboada estuvo en la mesa de contratación
de ambas entidades.
La UCO y el juez creen que Granados utilizó su cargo en la Consejería de
Presidencia (2004-2011) para amañar determinados contratos públicos. Como
consejero, fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007.
Eloy Velasco sostiene que
Granados reguló el funcionamiento de esos planes Prisma para garantizarse un
"dominio absoluto" sobre las "decisiones de adjudicación". La UCO lleva el
último año recabando documentación de Arpegio constantemente, y la semana pasada
decidió realizar importantes registros en la Consejería de Medio Ambiente.
Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza,
ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía
Anticorrupción) los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban
comisiones a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas,
Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los
intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos. Los
investigadores tienen además presente que el elegido directamente por Granados
para estar en esa mesa de contratación fue Taboada.
La mesa es el órgano técnico que debía valorar las ofertas presentadas por las
empresas que licitaban por los contratos del Plan Prisma. González Taboada era
entonces también director general de Administración Local, el departamento que
planificaba el Prisma aunque lo ejecutaba Arpegio. El empresario Marjaliza ya
declaró ante el juez cómo se repartían los presuntos amaños: "Un tercio de la
obra era para los técnicos, un tercio para Jaime González Taboada con su gente y
el último tercio para Paco [Granados] o la consejería". Aunque lo que realmente
quiso explicar es que las obras del Plan Prisma se repartían entre los técnicos,
el grupo de Taboada y el grupo de Granados, y que luego cada grupo intentaba
amañar las que podía dentro del lote que le correspondía. Taboada siempre ha
negado las acusaciones y se ha querellado contra Marjaliza.
La Fiscalía, por su parte, señala en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial que "la investigación financiera realizada por la Guardia Civil ha permitido conocer el montante aproximado de ganancias ilícitas generadas por la trama en torno a la actividad inmobiliaria y el inicial análisis de la documentación concerniente a los fondos Prisma. Lo que permite señalar la cantidad de 728 millones de euros como importe gestionado por Francisco Granados y sus más directos colaboradores, que presuntamente han generado ingentes beneficios a las personas que han estado detrás de la adjudicación de obra civil al amparo de dichos fondos".
MALESTAR EN LA GUARDIA CIVIL CON ZOIDO POR SU DEFENSA DE CIFUENTES Y SUS
INSINUACIONES CONTRA LA UCO
El papel desempeñado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras el informe de la UCO que acusaba a su compañera de partido Cristina Cifuentes está generando malestar entre diversos sectores de la Guardia Civil. Entienden que está anteponiendo su condición de hombre de partido por delante de su cargo de ministro del Gobierno de España. Se basan en las declaraciones públicas en las que ha insinuado que sus agentes se equivocaron con su informe, ha asegurado que la Guardia Civil no necesita defensa o incluso que los investigadores han hecho "daño" al PP: La UCO "unas veces acierta y otras no".
"Sinceramente creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona (Cifuentes) y a un partido (el PP) que creo hay que evitar", ha afirmado Zoido este mismo miércoles durante una entrevista en esRadio recogida por Europa Press. Se refería a la difusión del informe elaborado por la Guardia Civil en el marco de la pieza sobre la financiación irregular del PP en el caso Púnica. En él, la UCO acusaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid de la comisión de un presunto delito de cohecho y otro de prevaricación por su participación en la adjudicación de varios contratos de la Asamblea de Madrid en favor del empresario Arturo Fernández, amigo personal de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.
El martes en el Senado, Zoido mantuvo un enfrentamiento con una senadora de Podemos, que le reprochó su defensa de los intereses del partido: “La Guardia Civil no necesita que nadie la defienda”, replicó el ministro, quien además desacreditó a Podemos en su salvaguarda del Instituto Armado. En términos parecidos se expresó el máximo responsable de la seguridad ante las cámaras de 13TV. Dijo que la Guardia Civil son seguidores públicos y hay que defenderlos, pero acto seguido insinúo errores en lo que afecta a Cifuentes: “en ocasiones (la UCO) acierta con sus informes y en otras no”.
"Comprometida contra la corrupción"
En sus manifestaciones públicas Zoido ha optado por destacar la lucha de Cifuentes contra la corrupción: “si hay una persona comprometida con la lucha contra la corrupción es la señora Cifuentes”. Ese alegato tan contundente en favor de su compañera no se ha producido en otras ocasiones cuando han sido otros los dirigentes investigados por la Guardia Civil. A juicio del ministro, Cifuentes “hace muy bien en defenderse y decir lo que piensa” y niega que las declaraciones de la presidenta hayan supuesto una crítica a los investigadores.
Cifuentes ha enmarcado la investigación de la UCO en una campaña de “acoso y derribo" contra su Gobierno. También se ha referido al trabajo de la Guardia Civil como un informe "sin ningún fundamento jurídico" y remarcó que lo suscribe sólo un investigador (en realidad son dos, ). Que “discrepe” no significa “ningún ataque”, disculpó después el ministro. No lo ven así desde la Guardia Civil.
"NO PARECE LO MÁS OPORTUNO"
Consultadas varias asociaciones profesionales del Instituto Armado, todas coinciden en que Zoido debería defender a los investigadores sin ambages. “Estoy convencido de que si la UCO lo emite, está lo suficientemente documentado. La UCO no hace suposiciones, presenta pruebas”, afirma tajante a EL ESPAÑOL Fernando Ramírez Trejo de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). Aunque admite que Zoido les ha defendido en muchas ocasiones, recuerda que tiene que ser el juez quien determine la inocencia o culpabilidad de Cifuentes.
El juez del caso, Eloy Velasco, transmitió a través de varios medios de comunicación su negativa a investigar a la presidenta, aunque no ha dictado ninguna resolución judicial en ese sentido y abandonará el juzgado el próximo 1 de junio. “Lo que sí vamos a hacer es defender el trabajo de la Guardia Civil y la UCO. Si él (Zoido) quiere defender a alguien de su partido, allá él. No parece lo más oportuno”, zanja Ramírez Trejo.
En la misma línea se expresa el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Fernández. “Lo que tiene que hacer (Zoido) es una defensa como lo que es, el ministro del Interior y parte del Gobierno de España. Debe defender a las fuerzas de seguridad y más a una unidad de élite como la UCO, que siempre se ha presumido de ella”.
"NO ENTENDEMOS LA POSTURA DEL MINISTRO"
Ha manifestado su preocupación ante el hecho de que “por primera vez se rompa la sintonía que había entre la UCO, los fiscales y los jueces, que siempre han respaldado sus informes”. “La UCO lo único que ha hecho ha sido trabajar y presentar sus conclusiones. Entendemos la postura de Cifuentes, pero no la del ministro. No debe tomar partido y esas declaraciones son partidistas”, sostienen desde la asociación profesional mayoritaria del Cuerpo.
Una tercera asociación, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), se suma a esta defensa por medio de un comunicado. “La Unión de Oficiales Guardia Civil, al igual que el resto de asociaciones profesionales, coincide en alabar el magnífico trabajo realizado por la UCO en su lucha contra la lacra de la corrupción política”. Al mismo tiempo, este colectivo “lamenta el silencio cómplice del Ministerio del Interior, una vez más, ante quienes critican infundadamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
http://www.elespanol.com/espana/20170524/218478622_0.html
EL HILO DE LA PÚNICA QUE LLEVÓ A LA GUARDIA CIVIL HASTA LAS ‘COCINAS’ DE MADRID
La agenda manuscrita de Granados fue la pista de la que arranca la investigación
que desembocó en el informe que cita a Cifuentes
Unas misteriosas iniciales. Las palabras en inglés “in” y “out”. Y diversas
cifras. Las anotaciones manuscritas encontradas en una agenda intervenida a
Francisco Granados en octubre de 2014 es el punto de arranque de la compleja
investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que
desembocó en el informe fechado el pasado 1 de marzo que salpicaba a la actual
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el supuesto amaño
de las adjudicaciones de 2009 y 2011 de sendos contratos para que el empresario
Arturo Fernández gestionara las cocinas, el comedor, la cafetería de la Asamblea
de Madrid.
Aquella anotaciones pudieron ser descifradas gracias a la colaboración de uno de
los principales implicados de la trama, el constructor David Marjaliza, quien
detalló que las cifras distribuidas en dos columnas de aquella agenda recogían
el supuesto pago de comisiones ilegales por parte de empresarios y su entrada en
la caja b del PP madrileño. Marjaliza también puso nombre a dos grupos de
iniciales: “JLM” era el empresario Javier López Madrid y “BG”, Beltrán
Gutiérrez, quien había sido gerente del PP de Esperanza Aguirre hasta su
implicación en el caso de las tarjetas black. Con estos datos sobre la mesa, el
juez Eloy Velasco abrió una pieza separada secreta, la número 14 del sumario de
Púnica, para investigar la existencia de una caja B de los populares madrileños.
"La premisa inicial de la que parte esta línea de investigación -se lee en un
informe de la Guardia Civil en referencia a dicha agenda- es el hallazgo de un
elemento documental relativo, a juicio policial, a la campaña de 2011 que
revelaría supuestos pagos efectuados por distintos empresarios al que era
secretario regional del PP y jefe de campaña, Francisco Granados, quien a su vez
entregaría la mayor parte de ese dinero al entonces gerente del partido y
administrador electoral, Beltrán Gutiérrez". Por ello, el siguiente paso que dio
la UCO fue registrar las viviendas y lugares de trabajos de Javier López Madrid
y del propio Beltrán Gutiérrez. Fue, precisamente, en el domicilio de este
último en el que la Guardia Civil localizó dos pendrive que se han revelado
claves para el avance de las investigaciones.
En ellos, los agentes encontraron contabilidades para el pago de las campañas
electorales de 2007, 2008 y 2011, así como información sobre el sistema de
empresas interpuestas, desvío de fondos públicos y pagos a través de una
fundación del partido con las que los populares conseguían superar de manera muy
significativa el tope de gasto electoral. "El análisis de la documentación
incautada a Beltrán Gutiérrez revela numerosas irregularidades de la normativa
electoral y de financiación de los partidos políticos y ha evidenciado una
contabilidad b de gastos e ingresos relacionados con la celebración de numerosos
comicios electorales", recalca la Guardia Civil en uno de sus informes. En estas
maniobras, la UCO señala como pieza clave la Fundación para el Desarrollo
Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), "directamente
vinculada" al PP y que en la "ingente documentación" intervenida aparece como
pagadora de numerosos gastos electorales de los populares.
"La constatación de que a través de la cuenta corriente de Fundescam se estaban
librando pagos correspondientes a gastos electorales de la campaña electoral del
2007 del PP de Madrid hizo fijar la atención de los agentes de la unidad
investigadora en la cuenta corriente de la citada fundación y en la declaración
tributaria reflejada en el modelo 347 de la AEAT", señala un informe de la
Guardia Civil que a continuación destaca que estas pesquisas revelaron que "la
inmensa mayoría" de las salidas de fondos desde los depósitos bancarios a nombre
de Fundescam tuvieron precisamente como fin pagar la campaña.
Por ello, la UCO se centró "a partir de entonces en determinar las fuentes de
financiación de Fundescam" y, por tanto, saber quiénes figuraban como donantes
sobre todo por un detalle: "Las aportaciones efectuadas en la cuenta corriente
de la fundación cesaron tan sólo una semana y media después de los referidos
comicios electorales (27 de mayo de 2007), y en el resto del año no se efectuó
ninguna aportación más, lo que podría indicar la relación directa de las
aportaciones recibidas con la celebración de unos comicios electorales", apuntan
los documentos policiales.
Al analizar esa lista de donantes preelectorales, la Guardia Civil encontró en
un lugar destacado con una entrega de 60.000 euros al empresario Arturo
Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco que englobaba una extensa trama de
empresas, muchas de ellas dedicadas a la hostelería y con adjudicaciones
públicas. Los agentes también lo relacionan con otra donación, esta de 100.000
euros que aportó la patronal madrileña cuando él era el vicepresidente de la
misma.
“La investigación, una vez constatadas dichas aportaciones, ha centrado sus
pesquisas en determinar posibles tratos de favor a los empresarios que
efectuaron las importantes aportaciones económicas al PP de Madrid a través de
la citada Fundación, por parte de Administraciones públicas ubicadas donde esa
formación política logró ganar esas elecciones [de 2007] y, por ende, tuvo
responsabilidades de gobierno durante los cuatro años siguientes”, recalca en un
informe la UCO.
Entre otros, los contratos analizados fueron los que el Grupo Cantoblanco
Colectividades SL consiguió para gestionar los servicios de cafetería, cocina y
comedor en la Asamblea de Madrid, y que fueron licitados en 2009 y 2011, “es
decir, a partir de la fecha en la que se produjeron las aportaciones económicas”
que reflejaban las cuentas de Fundescam. Los agentes destacan que es en ese
momento cuando descubren que “personas que pertenecían al Patronato de la
fundación y al PP de Madrid cuando el empresario hizo las aportaciones
económicas, tuvieron una participación directa en esos procesos de licitación”.
Se refieren, como más adelante indican, a Cristina Cifuentes, quien al ser
entonces vicepresidenta de la Cámara autonómica, era integrante del órgano de
contratación y del comité de expertos que estudió las ofertas presentadas.
Un experto de la UCO en contratación pública concluyó que el concurso presentó
hasta seis supuestas irregularidades que, en su opinión, suponían sendos
“indicios de una adjudicación decidida de antemano en los referidos contratos y
permiten asociar un nexo causal evidente respecto a la consecución de
adjudicación por parte de la empresa Grupo Cantoblanco con fecha posterior a
efectuarse las importantes aportaciones económicas a la Fundación Fundescam”.
Las anotaciones de Granados llevaban así a la Guardia Civil hasta las mismas
cocinas de la Asamblea de Madrid.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/20/actualidad/1495288907_551590.html?rel=mas
CIFUENTES FIGURA COMO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EXPERTOS INVESTIGADO POR LA UCO
Aparece en un acta firmada como responsable del equipo de valoración y la
presidenta mantiene que es un error.
Cristina Cifuentes sí figura como presidenta el Comité de Expertos que puso al
Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, a la cabeza de la licitación
por la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2011. Una licitación que la Guardia
Civil considera un presunto pago tras las donaciones que el empresario realizó a
una fundación del Partido Popular. Tras estallar el caso, la presidenta de la
Comunidad de Madrid aseguró que era “falso” que ella presidiera el grupo de tres
personas encargado de valorar las ofertas. Sin embargo, el expediente de
contratación de la Asamblea de Madrid, consultado por EL ESPAÑOL, contradice las
palabras de Cifuentes.
El acta de la reunión del Comité de Expertos, firmada el 21 de junio de 2011 y
que se reproduce bajo estas líneas, recoge textualmente que Cristina Cifuentes,
entonces vicepresidenta primera de la cámara autonómica, “la preside” mientras
que María Merino -jefa de Protocolo del gabinete de Presidencia- es vocal y
IsaacArturo Zubiri, técnico Asesor, es “vocal actuando como secretario”. En su
declaración ante la Guardia Civil es el propio Zubiri quien reconoce que suyo es
el primer informe de valoración ratificado por Cifuentes y su compañera tras su
papel como “vocal y secretario” del citado comité. Los dos compañeros de la
presidenta en el grupo de trabajo han prestado declaración ante la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como investigados.
Hasta el momento, Cifuentes ha mantenido públicamente que su papel como
presidenta de este comité era “falso” y que ella se limitó a ratificar el
informe previo elaborado por Zubiri. Sin embargo, esta documentación oficial,
rubricada por ella, coloca a la secretaria general del PP de Madrid en un plano
distinto. De hecho, la responsable de Protocolo del Gabinete de Presidencia
explicó a los agentes que la reunión se celebró en el despacho de Cifuentes y
que no hubo debate alguno sobre la valoración de las ofertas. Algo que coincide
en parte con la versión de Cifuentes. En cualquier caso, la reunión para valorar
las ofertas y ratificar los informes duró exactamente tres cuartos de hora según
las actas: desde las 10:30 de esa mañana hasta que el acta quedó sellada a las
11:15.
MESA DE CONTRATACIÓN.
Desde en el entorno de la presidenta madrileña reiteran que Cifuentes no fue
nunca presidenta de este trío de expertos y achacan al funcionario encargado de
la redacción del acta un “error” en la atribución de estos cargos. Sobre el
hecho de que el documento esté rubricado también por la presidenta de la
Comunidad de Madrid, desde su equipo explican que posiblemente “no se percató”
de la redacción de esa parte del documento. Para acreditar estos hechos,
recuerdan que la Mesa de Contratación que nombró el comité de expertos no
refleja cargo alguno ni voto de calidad para ninguno de los integrantes: “el
comité adoptará los acuerdos por mayoría”.
Pese a eso, tanto el acta de 2011 como la de la renovación en 2013, reflejan la
misma composición de cargos, con un presidente del comité de expertos -en este
caso ya no es Cifuentes que estaba fuera de la Asamblea- y dos vocales, uno de
ellos ejerciendo como secretario.
FRENO A LOS COMPETIDORES
Los informes de la UCO reflejan una serie de presuntas irregularidades sobre la
adjudicación que hacen sospechar a los investigadores en un amaño para favorecer
al empresario Arturo Fernández. El responsable del Grupo Cantoblanco reconoció
ante el juez Eloy Velasco el pago de 160.000 euros en donaciones a la Fundescam,
una fundación controlada por el PP de Madrid y que tuvo a Cifuentes y otros
responsables del PP de Madrid como Esperanza Aguirre e Ignacio González en el
patronato. Entre las presuntas irregularidades, los agentes explican que los
candidatos al contrato no pudieron acceder a las instalaciones de la cafetería
para conocer al detalle las necesidades y preparar sus ofertas económicas en
2011. Algo que solicitaron por escrito varias empresas, y entre ellas Clece,
principal competidor del Grupo Cantoblanco.
Según los informes de la Guardia Civil en manos de la Audiencia Nacional, el
comité de expertos, en un informe rubricado también por Cifuentes, calificó en
2011 con cero puntos al grupo Clece por no presentar una documentación
acreditativa sobre sus propuestas de mejora en el servicio. Unos papeles que
según la UCO sí fueron presentados en tiempo y forma por el competidor de Arturo
Fernández. Según el análisis de la Guardia Civil, esa decisión fue vital para
que el contrato fuera renovado de nuevo por el donante del PP y es una de las
principales causas de que la integridad de la adjudicación se ponga en duda.
El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid niega las tesis presentadas
por la UCO en sus informes y mantiene que todo el proceso cumplió
escrupulosamente con la legalidad.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170523/218228881_0.html
CIUDADANOS DESCONFÍA DE CIFUENTES Y CUESTIONA SU TRAYECTORIA EN EL PP
El socio del Gobierno de Madrid exige que la presidenta dé explicaciones en una
comisión
El PSOE, Podemos y Ciudadanos se unieron ayer para pedir que Cristina Cifuentes
aclare en una comisión de investigación el papel que jugó en la concesión de dos
contratos de gestión que la Guardia Civil considera sospechosos. Aunque Albert
Rivera solo pedirá la dimisión de la presidenta de Madrid si esta es imputada,
la relación entre los socios de investidura se ha deteriorado. “Hay sospechas y
llevan a la desconfianza”, dijo José Manuel Villegas, número dos de Ciudadanos.
El PP y Ciudadanos están unidos por un pacto de investidura en Madrid. El
partido de Rivera solo pedirá la dimisión de Cifuentes, o estudiará participar
en una moción de censura, si esta es imputada. Aunque Ciudadanos defiende la
vigencia del pacto, la polémica ha tensado enormemente la relación entre los dos
socios.
“A raíz de esas informaciones se produce desconfianza”, argumentó Villegas sobre
los dos informes de la Guardia Civil. “Hay unas sospechas que hay que disipar”,
siguió en conversación con EL PAÍS. “Hay sospechas y llevan a la desconfianza.
Eso se puede recuperar si hay explicaciones convincentes, rotundas, que hagan
desaparecer las sospechas. Eso estamos pidiendo”, añadió sobre la comisión de
investigación parlamentaria que la oposición ha fijado para el 2 de junio.
"Cifuentes preside la Comunidad gracias a nuestros votos, tenemos todo el
derecho del mundo a exigirle explicaciones políticas en la Asamblea a partir de
la existencia de los informes policiales", aseguró un dirigente que pertenece al
reducido círculo de consejeros de Rivera. “También negamos que ella represente
la renovación. Lleva tres décadas en el PP, que está podrido de arriba a abajo",
añadió, vinculando a Cifuentes con la etapa de Ignacio González (detenido en la
Operación Lezo) y Esperanza Aguirre (dimitida como concejal tras el escándalo).
La hoy presidenta no participó de esos Ejecutivos, aunque fue diputada
autonómica y también delegada del Gobierno. El argumento, sin embargo, es
empleado por todos los portavoces de Ciudadanos. “Quien está en el lodo no puede
sacarnos del lodo”, opinó Rivera. “Que dé explicaciones de si conocía la
financiación irregular del partido y de si recibía presiones de la señora
Aguirre y del señor González”, dijo Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en
Madrid. “El PP nunca ha encarnado la renovación en nada. Esa es la vitola que se
ha visto obligado a ponerse para justificar los casos de corrupción”, remató
César Zafra, el diputado autonómico que se encargó de interrogar a Esperanza
Aguirre a su paso por la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.
El PP afea a Ciudadanos que esté empleando la polémica para un triple objetivo.
Primero, erosionar la imagen de Cifuentes como adalid de la regeneración del PP.
Segundo, presentar a Ciudadanos como única garantía en la lucha contra la
corrupción. Y tercero, marcar distancias con Mariano Rajoy.
“Siempre intentan desgastar a Cristina Cifuentes para obtener rédito político.
Me parece normal siendo oposición pero me parece incongruente siendo parte de un
pacto de gobierno”, opinó Isabel Díaz Ayuso, diputada autonómica del PP
integrada en el núcleo duro de Cifuentes. “Ella es lo peor que les podría haber
pasado: representa a un nuevo PP, moderno, a la gente joven le gusta, es
moderada y reformista”.
Tras el estallido de los casos Gürtel, Púnica o Bárcenas, el PP perdió la
mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Cifuentes depende de Ciudadanos.
Desde las elecciones de mayo de 2015, su equipo busca achicar el espacio
electoral del partido de Rivera y reconquistar la mayoría absoluta con un
programa marcado por las medidas de regeneración y la lucha contra la
corrupción. Ese esfuerzo se resume en el código ético impulsado por Cifuentes, e
incluido en los estatutos del PP de Madrid, “el más duro que hay en España”,
según los dirigentes del equipo de la presidenta. Esa afirmación es empleada
ahora en su contra por sus rivales internos y externos.
“Nuestra posición frente a la corrupción, como todo el mundo sabe es de
tolerancia cero, lo demostramos día a día tomando la iniciativa llevando a la
Justicia además todo aquello que consideramos que no es conforme a derecho",
difirió ayer Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de la
Comunidad de Madrid.
El PP y Ciudadanos están vinculados por tres pactos de investidura autonómicos
(Madrid, La Rioja y Castilla y León) y uno nacional. Aunque los dos partidos
niegan que se pueda hacer una lectura nacional de la polémica que rodea a
Cifuentes, las máximas figuras de ambas formaciones se han implicado a fondo en
la cuestión. Si el mismo Rivera ha participado en el intento de desdibujar la
figura de Cifuentes, también Mariano Rajoy ha intentado reforzar a la presidenta
autonómica ("Cristina tiene todo el apoyo del PP, lo hemos demostrado y lo ha
expresado así el presidente del Gobierno, la secretaria general y todos", dijo
ayer Fernando Martínez Maíllo, coordinador nacional de esta formación).
Además, el estallido de la Operación Lezo, las nuevas revelaciones del caso
Púnica y la polémica que afecta a Cifuentes han tenido un efecto directo en las
expectativas electorales de Ciudadanos, que se han multiplicado a costa de las
del PP. El partido de Rivera pasaría de 7 a 13 concejales en el Ayuntamiento y
de 17 a 31 diputados en la Asamblea si hubiera elecciones hoy, según los datos
de Metroscopia. El CIS, por su parte, también detecta una clara mejora de la
formación de Rivera, que alcanzaría un 14,9% de los votos en toda España, su
mejor expectativa desde hace más de un año. Ninguno de esos datos ha pasado
desapercibido para los estrategas de Ciudadanos.
Las direcciones nacionales de los dos socios ya vivieron momentos de tensión por
las negociaciones que culminaron en la dimisión de Pedro Antonio Sánchez,
presidente de Murcia imputado en el caso Auditorio.Ahora, el foco está puesto
sobre Cifuentes. La presidenta autonómica no está imputada, pero sus socios de
Ciudadanos evalúan la vigencia de su pacto a cada nuevo capítulo que relaciona
al PP con presuntos casos de corrupción.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/18/actualidad/1495123195_273307.html
CIFUENTES PIDE DILUIR SU COMPARECENCIA URGENTE CON OTROS 11 DIPUTADOS Y TÉCNICOS
La presidenta madrileña asegura que "no tiene
nada que ocultar" sobre las supuestas adjudicaciones irregulares de la cafetería
de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido
comparecer "a la mayor brevedad posible" ante la Comisión de Investigación sobre
la corrupción política de la Asamblea de Madrid para informar sobre las
supuestas irregularidades en las concesiones del servicio de cafetería del
Parlamento regional en 2009 y 2011. La presidenta ha dicho que "no tiene nada
que ocultar" pero su partido ha reclamado que a esa sesión urgente acudan
también con la líder del PP madrileño los tres representantes de los partidos de
la oposición que tomaron parte en esa adjudicación y los ocho técnicos del
parlamento regional.
Dos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han
implicado a Cifuentes en las supuestas irregularidades en las concesiones. En
esa época, ocupaba el cargo de vicepresidenta de la Comunidad de Madrid y el
puesto de presidenta de la mesa de contratación de la Asamblea y era una patrona
más de la fundación del PP de Madrid, Fundescam. Aunque el juez Eloy Velasco, de
la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo y el caso Púnica Eloy, ha
decidido no investigar ni imputar a Cifuentes y los citados técnicos por esos
hechos, la UCO si ha visto indicios de delitos de cohecho y prevaricación.
Cifuentes quiere aclarar que su actuación en las dos adjudicaciones se ajustó
"plenamente" a la legalidad, y que las decisiones sobre los contratos se tomaron
"por unanimidad en el marco de un proceso administrativo en el que intervienen
tanto representantes políticos como técnicos de la Administración", según
informan fuentes del Gobierno regional.
"El Partido Popular de la Asamblea de Madrid ha solicitado que comparezcan ante
esta Comisión las personas que intervinieron en estos procesos, en función de
sus responsabilidades y representación en la Cámara durante las Legislaturas
VIII y IX, en total 11, tres de ellas diputados de PSOE e IU, y ocho técnicos".
En concreto, se ha pedido la comparecencia de Francisco Cabaco -diputado del
PSOE, vicepresidente Segundo de la Asamblea e integrante de la Mesa de
Contratación en 2009-, Antero Ruiz -diputado de IU, vicepresidente tercero e
integrante de la Mesa de Contratación en 2009 y 2011-, y Juan Barranco -diputado
del PSOE, vicepresidente segundo e integrante de la Mesa de Contratación en
2011-.
También se ha solicitado que comparezcan Mónica Martín de Hijas -directora de
Gestión Administrativa e integrante de la Mesa de Contratación en 2009 y 2011-;
Fernando Ortega -interventor e integrante de la Mesa de Contratación en 2009 y
2011-; Javier Sánchez -Letrado e integrante de la Mesa de Contratación en 2009-;
José Prada -Jefe de Contratación e integrante de la Mesa de Contratación en 2009
y 2011-, y Fabio Pascua -secretario general e integrante de la Mesa de
Contratación en 2009 y 2011-.
Igualmente se han pedido las comparecencias de Tatiana Recoder -letrada jefe de
la Asesoría Jurídica e integrante del Comité de Expertos en 2009-; María Merino
-jefa del Servicio de Relaciones Exteriores y Protocolo y miembro del Comité de
Expertos en 2009 y 2011-; y Arturo Zubiri -Técnico Superior e integrante del
Comité de Expertos en 2011-
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/19/actualidad/1495185033_277027.html
CIFUENTES COMPARECERÁ EL 2 DE JUNIO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
ASAMBLEA POR INFORMES DE LA UCO
La Mesa ha fijado la fecha después de que
Ciudadanos y Podemos registraran sendas peticiones de comparecencia de la
presidenta
C's reprende a Cifuentes por oponerse a comparecer en una sesión extraordinaria
de la comisión de investigación
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparecerá el
próximo 2 de junio en la comisión de investigación sobre corrupción política de
la Asamblea, en una sesión extraordinaria, para dar explicaciones a raíz de los
informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la
vinculan con la financiación irregular del PP de Madrid.
Así lo ha anunciado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, en
declaraciones a los medios antes del Pleno. La Mesa de la comisión ha fijado
este mismo día la fecha, después de que Ciudadanos y Podemos registraran sendas
peticiones de comparecencia de la presidenta.
"Lo que ha explicado en rueda de prensa, sin preguntas, por cierto, y lo que ha
explicado a través de redes sociales, que lo explique aquí, que es donde tiene
que explicárselo a los madrileños. Que nos explique si conocía o no la
financiación irregular de su partido, si recibió instrucciones de algún
dirigente o ex dirigente del PP; en definitiva, que nos explique por qué aparece
su nombre reflejado en un informe de la Guardia Civil, ratificado ayer mismo en
un segundo informe", ha explicado.
Para Aguado, "esas explicaciones son necesarias en sede parlamentaria y no en
una rueda de prensa". El portavoz de Ciudadanos ha reprendido a la presidenta de
la Comunidad por oponerse a comparecer. "Hemos conseguido lo que queríamos, que
era traer a la presidenta regional a comparecer a la Comisión sobre corrupción
política en una sesión extraordinaria. Nos llama la atención que la señora
Cifuentes haya arrastrado los pies y se haya opuesto a comparecer en esta sesión
extraordinaria, yo pensaba que iba a pedir comparecer, entiendo que tenía que
haber pedido esa comparecencia de forma voluntaria, no vale con comparecer ante
los medios de comunicación, no vale con dar explicaciones en las redes sociales,
hay que venir aquí a la Asamblea", ha manifestado.
"Yo sinceramente siento algo de pena al ver que la presidenta no está actuando
tal y como predica, ella defiende unas cosas y luego actúa de otra manera, yo
esperaba que hubiera venido de forma voluntaria, no ha sido así, hemos tenido
que ser nosotros los que pidiéramos esa comparecencia", ha agregado. Tras
agradecer al PSOE su apoyo a esta comparecencia en sesión extraordinaria ha
dicho que le "extraña" que Podemos "se haya abstenido", al tiempo que ha
comentado que "parece que quieren seguir en el autobús montados en lugar de ver
en directo y apoyar la comparecencia de la presidenta regional aquí en la
Cámara".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/18/cifuentes_comparecera_junio_comision_investigacion_asamblea_por_informes_uco_65214_1012.html
LA UCO SOSTIENE QUE LOS EXPERTOS, ENTRE ELLOS CIFUENTES, MANIPULARON OFERTAS EN
FAVOR DE ARTURO FERNÁNDEZ
Acreditan seis presuntas irregularidades que favorecieron al grupo Cantoblanco
frente a sus competidores.
El comité de expertos de la Asamblea de Madrid, entre los que se encontraba
Cristina Cifuentes, mintió en sus valoraciones para favorecer al empresario
Arturo Fernández en la concesión de la cafetería de la Cámara parlamentaria
regional en 2011. Así lo concluye al menos un informe de la Guardia Civil
incluido en el sumario de la Operación Púnica que coloca a la actual presidenta
de la Comunidad de Madrid como “conocedora” y “directa partícipe” de los
presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
El documento rubricado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
constata que, en la valoración de las ofertas presentadas, el comité de
expertos, entre los que se encontraba Cifuentes, otorgó cero puntos a uno de los
principales competidores de Arturo Fernández, Clece, por no aportar una
documentación necesaria. Un simple análisis de los agentes ha constatado que, al
contrario de lo reflejado en esas valoraciones, la empresa competidora presentó
su propuesta de una forma completamente legal. Una propuesta que no fue tenida
en cuenta por Cifuentes y el resto de los componentes del equipo a la hora de
valorar las ofertas.
“Como se ha puesto de manifiesto en la investigación desarrollada y respecto a
la licitación del año 2011, el componente del comité de expertos Isaac Arturo
Zubiri faltó a la verdad a la hora de elaborar el informe de valoración de las
ofertas y no tuvo en consideración la oferta presentada por la empresa Clece,
asignándole a la misma cero puntos en dos criterios de adjudicación bajo la
falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna”,
explican los agentes en su informe, enviado el pasado 6 de marzo a la Audiencia
Nacional.
"No es cierto"
Para llegar a esta conclusión, la Guardia Civil se basa en la declaración de
varios responsables de la empresa competidora que desmienten la versión de los
principales investigados en esta pieza. Concretamente, el técnico de
Restauración de Clece, José Pérez, subrayó a los agentes que "no es cierto" que
no presentaran una valoración sobre la calidad de alimentos y suministradores,
tal y como recogía el comité de expertos.
El papel que la Guardia Civil otorga a Cifuentes en la adjudicación de la
cafetería de la Asamblea al grupo Cantoblanco, liderado por Arturo Fernández, ha
abierto una batalla de declaraciones y desmentidos de la presidenta de la
Comunidad de Madrid. Por un lado, los investigadores consideran que la
adjudicación es un pago por los 160.000 euros que Arturo Fernández aportó en
donaciones personales a la Fundación Fundescam. Y por otro, Cifuentes mantiene
que su papel en ese contrato fue completamente transparente, y que se aprobó con
el voto unánime de todos los partidos presentes en la mesa de contratación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado a EL ESPAÑOL que en aquella
adjudicación "éramos tres los designados por la Mesa de la Asamblea y no había
presidente". Además ha explicado a este diario que únicamente se reunieron "una
vez" y que en aquella reunión ella "nunca valoró la propuesta técnica.
Directamente la di por buena", sostiene.
Sin embargo, los informes de la UCO se centran en su papel como responsable del
comité de expertos que valoró las propuestas. El grupo de trabajo, según la
documentación, estaba formado por cuatro personas. Y tres de ellos han prestado
declaración como investigados. Según los informes de la Guardia Civil, dos de
ellos (el funcionario que realizó el primer informe de valoraciones y la
responsable del servicio jurídico de la Asamblea) mintieron en sus
comparecencias y aportaron versiones “inverosímiles” sobre los baremos y las
valoraciones fijadas en el despacho de Cristina Cifuentes.
La tercera -responsable de Protocolo de la Cámara autonómica- declaró que en la
reunión no hubo “nada que deliberar” ya que la decisión estaba tomada, con el
Grupo Cantoblanco a la cabeza. “Que vuelve a repetir que en esa reunión no se
realizó ninguna valoración, que fue una reunión meramente expositiva”, refleja
el acta de su comparecencia.
"Cuanto menos sorprendente"
Cristina Cifuentes es la única integrante de este grupo de trabajo que no ha
prestado declaración en los tribunales, ya que está aforada y la Audiencia
Nacional tendría que desviar el caso en esa parte al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid para interrogarla en las mismas condiciones que a sus
compañeros. En los días posteriores al informe, tanto los autos de la Fiscalía
Anticorrupción como los del juez Eloy Velasco, encargado del caso, refrendaron
la tesis de que la concesión estaba amañada para favorecer al empresario amigo
de Esperanza Aguirre. Tras levantarse el secreto de sumario, el juez Velasco
cambió de criterio y aseguró a través de fuentes jurídicas que no veía pruebas
suficientes como para investigar formalmente a Cifuentes.
El informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, relata además que los miembros
del comité integrado por la presidenta autonómica cambiaron el criterio para la
elección de la concesionaria y valoraron la relación de los licitantes con la
Administración pública por encima de su experiencia en el campo privado. Es
decir, cambió la forma de evaluar las ofertas en mitad del procedimiento y sin
que apareciera en los pliegos de condiciones.
Según el Instituto Armado, este cambio de criterio va contra la ley y
beneficiaba también a Arturo Fernández, titular de la concesión desde 2009. Tras
interrogar a los tres expertos -el funcionario que elaboró el primer baremo
tenía sólo conocimientos de hostelería “a nivel usuario”- los agentes no han
podido identificar a la persona que dio la orden para que el criterio de
valoración se cambiara.
Asimismo, los agentes tienen en cuenta la declaración como testigo de otro
responsable de la competidora, el encargado del Departamento de Estudios y
Proyectos, Ángel Díaz Bocanegra, quien alegó que ese cambio de criterio "es
cuanto menos sorprendente". "En algún otro concurso han impugnado la licitación
por hechos similares. No llegaron a ver el informe del comité de expertos. En
otros concursos, si se inventan otra vara de medir toman medidas al respecto",
sostuvo durante su declaración como testigo ante la Guardia Civil.
Los agentes de la UCO en su informe detectan además una nueva irregularidad.
Otra (y van tres) que beneficia a Arturo Fernández sobre sus competidores.
Mientras el comité penalizó a otros competidores por no presentar a tiempo las
certificaciones, en el caso de Cantoblanco, los mismos peritos aceptaron como
buenas certificaciones que ni siquiera eran de la empresa que se presentaba a
concurso, sino de otras controladas también por Arturo Fernández. Cuando los
agentes preguntaron por esto a Tatiana Recoder, responsable del servicio
jurídico de la Asamblea, aseguró que se pudo deber a un “error administrativo”
pero que en ningún momento hubo “mala fe”.
Las seis irregularidades de la asamblea
En sus informes, la Guardia Civil acredita hasta seis irregularidades en la
adjudicación de los contratos a Arturo Fernández, entre las que se destaca la
coincidencia de integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos
con miembros de Patronato Fundescam e integrantes del comité de campaña como son
Cristina Cifuentes, “quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos
con la de ejercer como presidenta de la mesa de contratación”.
Para la UCO, esta circunstancia es contraria a la legalidad y “vulnera la
imparcialidad” que debe presidir la actuación de la mesa de contratación. La
sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la
aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en
una decisión con potestad resolutoria.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170517/216728997_0.html
CIFUENTES RECURRE A LOS ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA VOLVER A
CUESTIONAR A LA GUARDIA CIVIL
La Comunidad de Madrid distribuyó este jueves un informe de ocho páginas,
atribuido a fuentes jurídicas de esta Administración, en el que se insiste en
las críticas al informe de la Guardia Civil que trascendió el martes y en el que
se solicitaba investigar a Cifuentes por posible «prevaricación» y «cohecho». La
Unidad Central Operativa (UCO) considera que puede haber delito en la
participación de Cifuentes en las adjudicaciones realizadas al empresario
hostelero Arturo Fernández, que a su vez financiaba al PP madrileño a través de
donaciones irregulares a la fundación Fundescam. La respuesta de la líder
madrileña, sólo unas horas después, fue que el informe era «una sucesión de
juicios de valor, sin ningún fundamento jurídico». Ese mismo día se conoció, a
través de fuentes jurídicas, que el juez Velasco descartaba imputar a la
presidente madrileña y que ni siquiera había ordenado continuar con la
investigación.
Pese a esta decisión, este jueves un contrainforme de los servicios jurídicos de
la Comunidad de Madrid desmontó punto por punto las aseveraciones de la Guardia
Civil. Según este documento, la participación de Cifuentes en la adjudicación de
la cafetería de la Asamblea en los años 2009 y 2011 -ella era vicepresidenta de
la Cámara y presidía la Mesa de Contratación- fue «ajustada a Derecho» y, por
tanto, «las acusaciones policiales contra ella carecen de fundamento». El texto
detalla el proceso de adjudicación, realizado por «unanimidad de la Mesa» y con
los «preceptivos informes jurídicos», y el funcionamiento de la Mesa de
Contratación, con 4 técnicos y 3 políticos (PP, PSOE e IU), y niega que, como
apunta la UCO, pudiera existir incompatibilidad en el hecho de que presidiera la
Mesa y formara parte del Comité de Expertos (el órgano que valora las propuestas
de adjudicación), según establece la Ley de Contratos Públicos. Respecto a
Fundescam, destaca que dejó de ser vocal en 2008, antes de estas contrataciones.
«NO HAY CASO», sostiene este informe en grandes letras, pese a que se ha tomado
declaración a funcionarios de la Asamblea, contra quienes, recuerdan, no se ha
hallado ningún indicio. «Menos respecto a Cristina Cifuentes», señalan. «El
valor que tiene un informe policial (en este caso de la UCO de la Guardia Civil)
y los juicios de valor allí contenidos no es ni tan siquiera el de un dato
indiciario», aseguran. Se reitera que «está plagado de presunciones, juicios de
valor y planteamientos prospectivos carentes de base probatoria y fáctica
alguna». Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid apuntan también que
el autor califica de irregular o sospechosa la defectuosa redacción técnica de
los pliegos de adjudicación. «Cristina Cifuentes, como es obvio, no tenía
participación alguna en su redacción, y fueron informados favorablemente por una
letrada de la Asamblea y por el interventor». En este contexto, el PP salió ayer
a proclamar públicamente su respaldo a la labor de las Fuerzas de Seguridad del
Estado y asegurar que en el informe sobre la presidenta madrileño han hecho su
«trabajo».
En ese momento no se conocía aún el contrainforme de la Comunidad de Madrid,
pero el PSOE había pedido la comparecencia del ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, para aclarar si «defiende» a la Guardia Civil ante las críticas
de Cifuentes. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, manifestó
a Antena 3 que ellos respetan «todos los informes que se puedan elaborar, pero
al final lo que vale son las decisiones judiciales».
Poco después, una vez que el PSOE anunció la petición de comparecencia del
ministro del Interior, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Rojas,
profundizó en esta idea. Rojas destacó el «apoyo» del PP a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que, dijo, trabajan «para perseguir los delitos» y
«auxiliar a la Justicia». Sobre el informe de Cifuentes, indicó que la Guardia
Civil «está haciendo su trabajo, con profesionalidad, y luego el juez es quien
tiene que valorar».
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/18/591df56a468aebb5658b460e.html
EL CONTRATO DE LA DISCORDIA: CIFUENTES VUELVE A CUESTIONAR A LA UCO
El Confidencial accede al documento que genera las sospechas de la Guardia
Civil. La presidenta de la CAM las rechaza y destaca que ningún juez la acusa en
un auto oficial
El documento clave en la adjudicación del contrato que el empresario Arturo
Fernández se llevó en la Asamblea de Madrid y que centra las acusaciones de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se encuentra incorporado en el sumario
de la trama Púnica, cuyo secreto acaba de levantar el juez Eloy Velasco.
Entre los tomos que el juzgado ha facilitado a las partes del procedimiento y a
los que ha tenido acceso El Confidencial, aparece el acta de sesión de la Mesa
de Contratación de la Asamblea de Madrid celebrada el 27 de junio de 2011 y
presidida por Cifuentes. El punto cuarto del acta se refiere a las ofertas
presentadas para la contratación del servicio de cafetería, cocina y comedores,
que fue asignada al Grupo Cantoblanco, propiedad del empresario.
La propuesta de Fernández recabó 83,67 puntos, muy por encima de las de los
otros dos aspirantes —Clece, que sumó 59,57, y Manserco, que se quedó en 56—. La
mesa consideró la oferta de Cantoblanco, por un importe de 162.000 euros sin
IVA, como la más ventajosa y adjudicó el contrato de la discordia. El acta
aparece firmada por Cifuentes, entonces vicepresidenta, que, como es habitual,
también estampó su rúbrica en otras ocho páginas del documento.
Este jueves, Cifuentes ha vuelto a poner en duda el contenido del informe en el
que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la señala en relación
con la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho.
Una nota de los servicios jurídicos en que se pondera la irrelevancia penal de
estas acusaciones destaca que los investigadores han vertido "juicios de valor"
que no tienen siquiera el carácter de indicios y pone de manifiesto que no
existe resolución judicial alguna en contra de la presidenta ni contra ningún
miembro del Comité de Expertos que participó en aquella decisión.
Según el argumentario, al que ha tenido acceso El Confidencial, no hay auto
judicial de investigación formal respecto de las personas que integraban este
órgano —María Virtudes Merino, Tatiana Recoder y Arturo Zubiri— y menos contra
Cifuentes. Esto indica que no se han hallado indicios racionales de criminalidad
ni por parte de la autoridad fiscal ni por parte de la autoridad judicial.
Los tres miembros del comité que avaló la concesión de los comedores de la sede
del Gobierno regional a Fernández han declarado policialmente en el marco de la
investigación que sigue el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia
Nacional.
Los servicios jurídicos insisten en que el informe de la UCO no tiene más valor
que el de cumplimentar una diligencia de mera ordenación para mejor conducción
de la investigación. "Nunca es una prueba, ni puede contener valoraciones de
carácter jurídico, cuyo monopolio en exclusiva corresponde al filtro judicial.
No es ni un indicio, ni una prueba, ni una diligencia de investigación, ni menos
un peritaje", aseguran, y agregan que su contenido está plagado de
"presunciones, juicios de valor y planteamientos prospectivos carentes de base
probatoria y fáctica alguna".
"Debe concluirse que si no se ha seguido diligencia judicial alguna antes del
levantamiento de la medida de secreto para las partes, tras la emisión de los
citados informes, es que a juicio de la Fiscalía y de la autoridad judicial debe
descartarse la relevancia penal de los hechos expuestos en los citados
informes", insisten.
También resaltan que la declaración policial, en calidad de investigado, no
equivale a una imputación y dicen que la UCO señala irregularidades que se
refieren a una defectuosa redacción de los pliegos de cláusulas administrativas
en los que Cifuentes no tuvo participación alguna y que fueron informados
favorablemente tanto por una letrada de la Asamblea como posteriormente por el
Interventor de la Asamblea.
Un procedimiento con garantías
Sobre las declaraciones policiales de los miembros del comité de expertos a los
que la Guardia Civil atribuye las mismas conductas que a la presidenta, esta
pone el foco en que todos aseguraron que las valoraciones que favorecieron que
el contrato se adjudicara al Grupo Cantoblanco las realizaron exclusivamente los
técnicos y la ahora presidenta se limitó a aceptarlas. "No cabe imputar delito
de prevaricación al Comité de Expertos en la medida en que la resolución de
adjudicación corresponde a la Mesa de la Asamblea", asegura la nota y subraya
las "múltiples garantías que rodean a un procedimiento de contratación en el
ámbito de la Asamblea de Madrid, garantías que pueden estimarse incluso
superiores a las existentes en la propia Administración Pública".
Los argumentos contra el criterio de la UCO se basan además en que la normativa
rectora de la contratación en la Asamblea de Madrid dispone que los
vicepresidentes de la Cámara formen parte simultáneamente del Órgano de
Contratación y de la Mesa de Contratación, como sucedió en este caso concreto.
Los miembros de la Mesa de Contratación pueden formar parte también del Comité
de Expertos, ya que la Ley de Contratos del Sector Público no contemplaba
incompatibilidad o prohibición expresa alguna a este respecto, estando referida
tal incompatibilidad al órgano proponente, en este caso, la Dirección de Gestión
Administrativa, en la que no participaba Cifuentes.
"Es la Mesa de la Asamblea el órgano colegiado competente en dictar la
resolución, en este caso, la adjudicación de los contratos. Órgano colegiado,
cuya composición no puede vincularse a un partido político concreto sino que
tiene representación de PSOE e Izquierda Unida", dice, y destaca que la
resolución se adoptó, por unanimidad, tras el examen de los informes jurídicos y
de intervención y de la documentación obrante en los expedientes. "La injusticia
de la resolución no se ve por ninguna parte, habida cuenta de que esta,
penalmente al menos, se cifra en un apartamiento absoluto y consciente de la
legalidad que se debería predicar de todos los miembros" y no tan solo de
Cifuentes, concluye.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-18/cifuentes-uco-punica-audiencia-nacional_1384794/
LAS 7 MENTIRAS O MEDIAS VERDADES DE CIFUENTES EN SUS EXPLICACIONES SOBRE
‘PÚNICA’
La presidenta se disfraza de Esperanza Aguirre para vender falacias y llorar
porque vive “de alquiler”
Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre no han tenido nunca una amistad íntima,
más bien se profesaban una enemistad manifiesta. Pero eso no implica que la una
haya podido aprender de la otra en estos últimos años. Desde luego, esa es la
impresión que se destilaba este martes de la comparecencia -que no rueda de
prensa, porque no se permitieron las preguntas- de la presidenta de la Comunidad
de Madrid para defenderse de la acusación de prevaricación continuada y cohecho
de la Guardia Civil.
Una comparecencia marcada por las falacias, las medias verdades y el victimismo.
El manual político que durante años ha manejado con habilidad Esperanza Aguirre.
De hecho, Cifuentes llegó a presumir de que “vivo de alquiler, con una cuenta
corriente mermada” y por un momento era inevitable acordarse del piso de “techos
altos” de la lideresa que no era capaz de caldear con su calefacción.
Pero vayamos al detalle de las mentiras, o medias verdades, que Cifuentes regaló
a los medios en su comparecencia:
1. “Yo he conocido el informe por los medios de comunicación. No he tenido
oportunidad de verlo”
La Comunidad de Madrid está personada como acusación particular en el caso
Púnica desde el año 2015. El 8 de marzo de este año, pocos días después de los
informes en cuestión, la propia Cifuentes presumía de que la Comunidad “está
personada” en la causa y prometía “colaboración absoluta”.
Pero esa situación no sólo le da la obligación moral de colaborar, sino el
derecho a tener acceso a la documentación de la causa una vez levantado el
secreto de sumario. Es decir, “oportunidad de ver” el informe ha tenido, incluso
por encima de los periodistas que hemos publicado su contenido. Otra cosa es que
no haya querido.
2. “El informe es una sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento
jurídico”
Aquí, Cifuentes hace directamente trampas. Evidentemente, la Guardia Civil no
tiene jurisdicción para hacer sentencias, pero sí para valorar hechos y realizar
acusaciones de delitos.
Sin embargo, fundamentos sí tiene la Guardia Civil, que en tres informes
diferentes detecta hasta seis presuntas irregularidades en la adjudicación de la
cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández. Y, sobre lo que más
afecta a Cifuentes -su doble papel de juez y parte como responsable de la
adjudicación y del comité de expertos que valoró las propuestas- citan el
“artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común”, así como
extractos de sendos informes de “Juntas Consultivas de contratación
administrativa”. No son sólo “juicios de valor”.
3. “A mí no me ha temblado el pulso para acudir a la Fiscalía en cuanto hemos
tenido conocimiento de alguna irregularidad”
El “yo destapé la Gürtel” particular de Cifuentes es igual de falso que el de
Aguirre. Pese a la imagen vendida por la presidenta y reforzada por los medios
de comunicación afines, el trabajo para destapar la trama del Canal de Isabel II
surgió de los grupos de la oposición gracias a su investigación en la Comisión
de Estudio de la deuda del Parlamento madrileño. Una comisión, por cierto, a la
que el Gobierno de Cifuentes puso trabas y negó o dilató la entrega de
información.
No fue hasta una comparecencia de su consejero de Presidencia y presidente del
Canal, Ángel Garrido, forzada por la oposición, cuando anuncian en junio de 2016
que enviarán un informe a la Fiscalía. Medio año después de que la Comisión ya
investigase la trama y varios años después de que Cifuentes fuera consejera en
la empresa pública del agua, cuando se produjeron las compras fraudulentas que
ahora se investigan. O no lo supo -malo-, o no quiso saber -peor-, o supo y le
tembló el pulso -pésimo-.
4. “¿De verdad alguien tiene duda de que he podido cometer un hecho ilícito?
Sinceramente, la respuesta es no”.
Tanto en este caso, como en el anterior, nos encontramos ante falacias de
autoridad. Creedme a mí y no a vuestros ojos. O no creáis a la Guardia Civil. Ni
a la Fiscalía Anticorrupción, que cinco días después del informe de la UCO avala
la tesis policial y señala, en otro informe, que “los procedimientos de
adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su
falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en
favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe”.
Y, un poco después, el mismo informe señala la “coincidencia de personas y de
roles entre los propios patronos de la Fundación FUNDESCAM, Directores y
miembros de los Comités de Campañas Electorales, Presidente, Secretario General
y Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Gerente y cargos
orgánicos del PP y autorizados en cuentas y en las mesas de contratación de la
CAM consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo”. En esta
estructura, los cargos -en plural- que ocupó Cifuentes están marcados en negrita
por nosotros.
5. “Fue una adjudicación totalmente transparente”
Como hemos mencionado, no es lo que piensa la Guardia Civil. Pero tampoco es lo
que revelaron ante el juez los empresarios que aspiraron al contrato y que
vieron con sorpresa cómo se lo llevaba Arturo Fernández.
No les dejaron entrar a la Asamblea para ver cómo era la cafetería que querían
gestionar. La oferta la prepararon “a ciegas sin ver la realidad”, que no es
exactamente la definición de transparencia. O se les puso un cero en ciertos
apartados de la oferta por no haber presentado cierta documentación que aseguran
que sí se dio.
6. “Están pasando cosas muy feas”
Aquí hay que entrar en interpretaciones, aunque la propia Cifuentes ha dado más
puntadas este miércoles, al hablar de que ella no tiene “áticos”. Apunta a
Ignacio González y quizás a una vendetta política por la Operación Lezo. Y es
cierto que se sospechaba que González tendría munición de sobra para vengarse e
incluso se temía a qué aparecería en las grabaciones del micrófono colocado en
el despacho privado del expresidente. Pero no parece que sea el caso. A día de
hoy, González no es comisario de honor de la Guardia Civil ni firma los informes
de la UCO.
Lo que sí que es feo, y de muy baja calidad política, es recurrir a las
conspiranaoias para evitar dar explicaciones. Y, sobre todo, que toda una ex
delegada del Gobierno se dedique a echar por tierra el trabajo de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado que hasta hace poco ella misma lideraba.
7. “Mi honradez está fuera de toda duda, absolutamente fuera de toda duda”.
Hay dudas razonables a raíz de los informes de la Guardia Civil y de las
fiscales del caso Púnica. Hay dudas por el triángulo mágico de Cifuentes, que la
sitúa, en la época de los hechos, en el comité de una campaña dopada con dinero
recibido por una fundación en la que era patrona a cambio de una adjudicación
firmada por ella. Todo presunto, por supuesto, pero da lugar a la duda.
Y, sobre todo, porque en democracia nadie, y mucho menos un cargo público,
debería estar exento de ser objeto de duda. Porque es el primer paso para la
impunidad.
http://www.elplural.com/politica/2017/05/17/las-7-mentiras-o-medias-verdades-de-cifuentes-en-sus-explicaciones-sobre-punica
LA FISCALÍA Y EL JUEZ AVALARON EN MARZO LA TESIS DE LA UCO QUE VINCULA
FINANCIACIÓN IRREGULAR CON LAS ADJUDICACIONES DE CIFUENTES
Cinco días después del informe de la Guardia Civil, Velasco asumía
“irregularidades” en los contratos y las fiscales, que eran “un sistema de
recompensa”.
Un informe de la Fiscalía Anticorrupción y un auto del juez Eloy Velasco
avalaron el pasado marzo la tesis de la Guardia Civil sobre la relación entre la
financiación irregular del PP de Madrid y los contratos en favor del empresario
Arturo Fernández firmados por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid
cuando estaba al frente de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid.
Ambos pronunciamientos, tanto el de las fiscales del caso Púnica, María Teresa
Gálvez y Carmen García, como el del magistrado, tienen fecha del 6 de marzo, es
decir, apenas cinco ddespués del polémico informe de la UCO en el que los
investigadores vinculan a Cifuentes con los delitos de prevaricación y cohecho
por adjudicar estos contratos.
Según las fiscales “los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y
servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y
ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo
Fernández desde los trámites de informe”. Atendiendo a los informes de la
Guardia Civil, la Fiscalía incluía estas actividades como “otro de los sistemas
de financiación irregular de los excesos electorales en el capítulo de gastos”
que “se instrumentó por el sistema de recompensa a los donantes con contratos
públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid”.
Por su parte el juez, en la misma fecha, hizo una aseveración similar en el auto
en el que citaba como investigado al exgerente del PP de Madrid Beltrán
Gutiérrez. A juicio de Velasco, “los informes policiales ofrecen evidencias de
que a través de la cuenta corriente de Fundescam determinados empresarios y
organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de
dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como
tales”.
El juez habla de “sólidos indicios” que acreditarían que Arturo Fernández “fue
adjudicatario de determinados contratos públicos de la Asamblea de Madrid en los
que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde
habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al
patronato de Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas
detectadas”. Aunque no la cita expresamente, Cifuentes estaba en el citado
patronato cuando se hicieron los pagos y luego fue presidenta de la Mesa de
Contratación de la Asamblea cuando se adjudicaron los contratos. A tenor de
estos argumentos, tanto el titular del Juzgado que coordina la investigación
como la Fiscalía no tenían duda en marzo de que las concesiones al empresario
eran irregulares. Estas afirmaciones se producían menos de una semana después de
que la Guardia Civil señalase a Cristina Cifuentes como una de las responsables
de adjudicar esos contratos.
Fuentes de la Comunidad de Madrid consultadas por este periódico al respecto de
estos dos documentos argumentan que son previos a las declaraciones que
prestaron ante la Guardia Civil los miembros del comité de expertos de la
Asamblea de Madrid, organismo que también integraba Cifuentes. Declararon ante
los investigadores el 8 de marzo, dos días después del auto del juez y el
informe de las fiscales. Las fuentes del Gobierno madrileño consultadas
interpretan que a la luz de sus exposiciones tanto el magistrado como el
Ministerio cambiaron de opinión acerca de las irregularidades apuntadas
anteriormente.
Las representantes del Ministerio Público citaban el trabajo de la Guardia Civil
al identificar “varias adjudicaciones en favor de Arturo Fernández, quien
siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo una
adjudicación de diversos contratos públicos de Vicepresidencia y de la Asamblea
de Madrid en los años 2007, 2009, 2011”. En lo que afecta directamente a los
contratos de la Asamblea de Madrid, la investigación se centra en los que obtuvo
Arturo Fernández 2009 y 2011.
Pagos a Fundescam
La UCO liga esas concesiones a dos pagos a Fundescam que atribuye al empresario
de 60.000 euros y otro 100.000 euros realizados con carácter presuntamente
finalista en marzo de 2007, antes de las elecciones autonómicas de ese año. La
Guardia Civil advierte en su informe del 1 de marzo que entonces Cifuentes
presidía la mesa de contratación de la Asamblea y al mismo tiempo integraba el
comité de expertos, algo incompatible a juicio de los investigadores. Además
recuerdan que en el momento en el que Arturo Fernández hizo los pagos a
Fundescam, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid figuraba entre los
patronos de ese organismo. Añade la UCO también que en el momento de los pagos,
Cifuentes era parte del comité de campaña del PP de Madrid, concretamente la
encargada de “movilidad territorial”.
Aunque el informe de las fiscales tampoco cita a Cifuentes de forma expresa, sí
que avala la existencia de “una red de decisión y ejecución cohesionada”
integrada por varios cargos de los desempeñados en su momento por la hoy
presidenta madrileña. “La coincidencia de personas y de roles entre los propios
patronos de la fundación Fundescam, directores y miembros de los comités de
campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, Gerente y cargos orgánicos del Partido
Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la CAM
consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo”.
Añade el escrito que “este grupo de decisión puso en marcha una planificación de
diversos canales de financiación irregular con el objetivo directo de sufragar
los excesos de las campañas electorales”.
A partir del estudio de la contabilidad B recogida en los pen drives incautados
al exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, los investigadores han
calculado que la campaña electoral de 2007 hubo un exceso de gasto de 2,6
millones sobre el límite marcado por la Ley. En la de 2008 (elecciones
generales) este exceso fue de 685.000 y en la de 2011, de 1,5 millones. Eso
suman casi cinco millones de euros en las tres campañas. En el marco de la
operación Lezo, también instruida en la Audiencia Nacional por el juez Eloy
Velasco, consta una conversación telefónica entre los expresidentes de la
Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González en la que ella admite,
en privado, la posibilidad de haber sobrepasado el límite de gasto electoral.
El juez descarta imputar
El escrito de la fiscalía del 6 de marzo adelantado por Europa Press zanja que
“en resumen en el atestado de la Policía Judicial (la UCO) se detallaban las
distintas vías de financiación irregular del Partido como son las recompensas a
los donantes en forma de adjudicaciones públicas a su favor”.
Pese a estas conclusiones y las de la Guardia Civil, el juez del caso, Eloy
Velasco, juez del caso Púnica,no tiene intención de proceder contra Cristina
Cifuentes. Al mismo tiempo, fuentes jurídicas, indicaron este martes que la
Fiscalía Anticorrupción tampoco ha encontrado pruebas de que tuviera una
participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de
Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparecen los informes de la UCO y
de los fiscales.
Las fuentes jurídicas consultadas resaltan que la UCO, que señala indicios de
delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación,
la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se
investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en
los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170517/216728542_0.html
LA UCO MOSTRÓ LA OFERTA DE LA COMPETENCIA AL TÉCNICO QUE HIZO EL INFORME
FAVORABLE A CANTOBLANCO, PERO ESTE DIJO DESCONOCERLO
El técnico formaba parte del Comité de Expertos para la valoración de las
ofertas presentadas junto, en el que estaba la vicepresidenta de la Asamblea,
Cristina Cifuentes Defendió su mejor puntuación para el Grupo de Arturo
Fernández alegando que "la comida se podía llevar a casa" y que "era bueno para
los funcionarios"
El técnico de la Asamblea de Madrid que realizó el informe a favor de adjudicar
la cafetería de esta institución al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo
Fernández, dijo a la Guardia Civil que desconocía numerosa documentación de la
oferta de la competencia, la sociedad Clece, y alegó que no se lo había pasado
el Secretario General de la Asamblea. Durante el interrogatorio, la UCO le
mostró el documento completo de la oferta de Clece, un total de 53 fólios.
El autor del informe técnico de 2011 en el que se basó la Asamblea de Madrid
para elegir a la empresa que debía prestar el servicio de restauración en el
Parlamento regional fue realizado por Isaac Arturo Zubiri García, quien prestó
declaración ante la Guardia Civil el pasado mes de febrero.
Este formaba parte del Comité de Expertos para la valoración de las ofertas
presentadas junto con la Jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo
del Gabinete de la Presidencia, María Merino, y la entonces vicepresidenta
primera de la Cámara, Cristina Cifuentes. La puntuación de las ofertas se
realizó en base a cuatro criterios: características del servicio, calidad de los
alimentos y suministradores, relación de servicios y otras mejoras. La principal
competidora del Grupo Cantoblanco, la empresa Clece, recibió un "0" en dos de
ellos: calidad de los alimentos y otras mejoras.
Durante el interrogatorio, la Guardia Civil preguntó a Isaac Arturo Zubiri por
los criterios de puntuación y por el hecho de que hubiera adjudicado un cero a
Clece en dos de los criterios. El argumento que dio el técnico fue que esta
sociedad no había presentado documentación alguna sobre esos aspectos de la
oferta.
Pero la UCO le mostró la documentación completa de Clece, un total de 53 folios
en los que se explicitaba la calidad de los alimentos que servirían en la
cafetería y restaurante de la Asamblea, así como la relación de los
suministradores de los mismos, junto con una larga lista de mejoras sobre las
bases que pedía el pliego de condiciones del Parlamento regional.
El técnico dijo en dos ocasiones que no le constaba que esa documentación que le
estaban mostrando fuera la que él examinó en el expediente que le remitió la
secretaría general.
Al ser preguntado por el motivo por el que se le dieron 25 puntos al Grupo
Cantoblanco por la experiencia en el servicio, cuando éste no había presentado
"certificaciones" de los trabajos realizados –que era un criterio de
adjudicación–, Arturo Zubiri alegó que, aunque la empresa de Arturo Fernández no
presentó "certificaciones" sí entregó una lista de los trabajos realizados con
la administración pública.
Además, dijo que ninguna de las otras dos personas que componían el Comité de
Expertos le había advertido de que en la adjudicación que se realizó en 2009 se
había valorado la experiencia de las empresas "únicamente teniendo en cuenta la
presentación de certificaciones".
Según la versión de este técnico, él realizó el informe por actuar como vocal y
secretario del Comité de Expertos. Explicó que tras realizar este informe, el
citado Comité se reunió en el despacho de la vicepresidenta, Cristina Cifuentes,
y que ésta no tenía "ninguna valoración hecha".
Expuso que la otra persona que formaba parte del Comité "criticó alguna de las
puntuaciones otorgadas por él" y que "se modificaron las puntuaciones a petición
expresa de esa persona" pero recalcó que "no varió el ránking, aunque sí
variaron las puntuaciones finales". Arturo Zubiri añadió ante la Guardia Civil
que esta persona del Comité "iba con un papel y decía: aquí creo que un punto
más o un punto menos" y que "Cristina Cifuentes dijo que se hicieran las
modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien y que se firmase el
acuerdo".
El técnico defendió también su mejor puntuación para el Grupo de Arturo
Fernández alegando que también había presentado como mejora una copa de Navidad,
recepciones, camiones habilitados para poder desplazar alimentos, un menú picnic
y argumentó que "la comida de Arturo se podía llevar a casa" y que "era bueno
para los funcionarios".
Entre otro momento de la declaración, Arturo Zubiri admite que el seguro de
responsabilidad civil que presentó el Grupo Cantoblanco era menor en cantidad
que el de Clece, pero que el ganador del concurso se ofrecía a ampliarlo de
manera específica para los riesgos de la Asamblea.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/17/la_uco_mostro_oferta_competencia_tecnico_que_hizo_informe_favorable_cantoblanco_pero_este_dijo_desconocerlo_65175_1012.html
LA GUARDIA CIVIL RATIFICA SUS SOSPECHAS SOBRE CIFUENTES EN UN SEGUNDO INFORME
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juez Eloy
Velasco un segundo documento sobre la presunta implicación de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las supuestas irregularidades en
la adjudicación del contrato de comedor y cafetería al Grupo Cantoblanco del
empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica por aportar fondos a la
caja b del PP madrileño. Fechado 27 días después del primero, llegó a la
Audiencia Nacional el 28 de marzo de 2017 como un "ampliatorio" del anterior. En
el mismo, los agentes hacen un "análisis" de las declaraciones que tomaron en
calidad de investigados policiales a tres asesores y miembros de los comités de
expertos que participaron en las licitaciones de los años 2009 y 2011.
En la conclusiones del nuevo documento policial, de quince folios de extensión y
al que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes concluyen que "el contenido de las
referidas declaraciones avala aún más las conclusiones apuntadas" en el informe
anterior "respecto a la existencia de una pluralidad de acciones por parte del
comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera
preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos
de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos". La UCO
recalca que de algunas de las supuestas irregularidades detectadas "tuvieron que
ser directas partícipes y conocedoras" los integrantes del comité de expertos
que decidió el concurso y entre las que cita expresamente a Cristina Cifuentes.
El documento concluye que este último hecho "ha podido acreditarse de manera
indubitada" en uno de los aspectos de la adjudicación bajo sospecha.
Las tres declaraciones que analiza el informe son las que prestaron el pasado 8
de marzo ante la Guardia Civil como investigados María Merino, jefa de Protocolo
de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio Jurídico de
la Cámara autonómica, e Isaac Arturo Zubiri, funcionario de la misma. Todo ellos
fueron, junto a la hoy presidenta regional y que entonces ocupaba el cargo de
vicepresidenta del parlamento madrileño, asesores y miembros de los comités de
expertos que decidieron sobre ambos concursos. Los agentes destacan que durante
las declaraciones, los tres cayeron en "significativas y evidentes
contradicciones" tanto con lo que afirmaban unos y otros como con los "elementos
de prueba documental que obran en la investigación desarrollada". La UCO destaca
que todo ello es un indicio más de que se produjeron "conductas arbitrarias que
derivaron en actos injustos" con el único objetivo de que los concursos para el
comedor y la cafetería de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 se los
llevara el empresario Arturo Fernández.
"La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas
licitaciones –se lee textualmente en este segundo informe de la Guardia Civil-
habría sido la de proporcionar a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL
un amplio margen de puntos obtenidos en la valoración de los criterios de
juicios de valor, para poder afrontar la apertura del último sobre el que
emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las
ofertas económicas de las empresas licitadoras (puntuaciones donde el comité de
expertos no intervenía)”. La UCO destaca en este sentido que esta supuesta
irregularidad “es fácilmente apreciable en ambas licitaciones", pero sobre todo
en la de 2011. En este punto, llega a aseverar que el comité de expertos del que
formaba parte Cifuentes dio cero puntos en dos apartados a la oferta presentada
por la empresa Clece SA "bajo la falsa argumentación de que la misma no había
presentado documentación alguna". En este punto, los agentes recalcan que de
dicha circunstancia estaba al tanto la hoy presidenta de la Comunidad.
Cifuentes aseguró este martes, tras conocerse el primer informe de la Guardia
Civil que la vinculaba con la supuesta financiación irregular de las campañas
electorales de su partido, que los informes policiales eran "juicios de valor,
sin fundamento jurídico" y que así lo debía entender Velasco ya que no había
tomado ninguna iniciativa contra ella. "En todos los años que fui presidenta del
órgano de contratación, el 100% de las decisiones se tomaron por unanimidad de
todos los partidos y en base a los informes técnicos", puntualizó en su
comparecencia ante los medios. La presidenta madrileña sugirió la existencia de
una posible conspiración al señalar que "están ocurriendo muchas cosas, muchas
de ellas muy desagradables". "En política no todo vale", añadió.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/17/actualidad/1495020664_645861.html
LOS SEIS "ELEMENTOS PROBATORIOS" DE LA GUARDIA CIVIL CONTRA CRISTINA CIFUENTES
Hasta tres informes de la UCO apuntan a la implicación de Cifuentes en la
financiación irregular del PP de Madrid
Los agentes reúnen indicios "de una adjudicación decidida de antemano" en favor
de Arturo Fernández
La Guardia Civil cree que hay suficientes "elementos probatorios" para acusarla
de cohecho y prevaricación
Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a
la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de
Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la
cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la
ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos "elementos probatorios"
para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación.
El referente a la financiación de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011,
es especialmente contundente a la hora de reunir indicios sobre la actuación de
Cifuentes en su etapa como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, época en la
que el empresario Arturo Fernández gestionó los restaurantes y cafeterías de la
cámara.
Ese documento, fechado el 1 de marzo de 2017, concluye que existen indicios "de
una adjudicación decidida de antemano en los referidos contratos -de la
cafetería de la Asamblea de Madrid- y permiten asociar un nexo causal evidente
respecto a la consecución de adjudicación por parte de la empresa Grupo
Cantoblanco, con fecha posterior a efectuarse las importantes aportaciones
económicas a Fundescam".
Los indicios que reúnen los agentes aluden a que se excluyó a empresas del
concurso investigado, se incluyeron criterios de valoración contrarios a derecho
y hubo “arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos”,
que encabezaba Cifuentes.
Los investigadores señalan también que ese comité valoró con cero puntos a la
empresa que competía con Cantoblanco en dos apartados con la excusa de que “no
presentó ningún tipo de documentación al respecto”. Los representantes de esa
empresa, sin embargo, certificaron ante la Guardia Civil que habían entregado
esa documentación.
En ese informe señalan directamente a Cifuentes porque integraba a la vez el
patronato de Fundescam, el Comité de Campaña y los órganos de contratación de la
Asamblea de Madrid. Además, compatibilizó ser miembro del comité de expertos con
la presidencia de la mesa de contratación, “circunstancia contraria a la
legalidad y que vulnera Ia imparcialidad”.
Hasta tres informes implican a Cifuentes
Esos indicios se agrupan en uno de los tres informes que implican a Cifuentes en
la dinámica de financiación irregular del PP de Madrid. La Guardia Civil elabora
otro con las declaraciones como investigados que prestaron ante los agentes el
resto de implicados en el amaño del contrato para el Grupo Cantoblanco.
En ese otro informe, la UCO recoge que existió "una pluralidad de acciones por
parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer
de manera preconcebida" a la empresa de Arturo Fernández, y detallan la
operativa a partir de las declaraciones de Isaac Arturo Zubiri y María Merino,
los otros dos integrantes del comité.
Esa operativa que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación era conocida
por la tercera integrante. "Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras
las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María
Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada", concluye el
informe de la UCO.
Las declaraciones de Zubiri y Merino, que estamparon su firma en las
adjudicaciones, y que han sido interrogados por ello, permitieron a los agentes
conocer una reunión en el despacho de Cifuentes en la que se cerró la
licitación. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez
terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató Zubiri.
"Elementos probatorios" de dos delitos
Con las investigaciones que los agentes han ido plasmando en los sucesivos
informes, estos señalan que existen suficientes "elementos probatorios" para
acusar a Cifuentes de dos delitos. "Los elementos probatorios puestos de
manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en
el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de
prevaricación continuada y cohecho", señala el tercer informe, sobre las
adjudicaciones a Cantoblanco.
A continuación, los agentes de la UCO incluyen la relación de personas contra
las que se debería actuar por la comisión de esos dos delitos. La primera que
incluyen es Cristina Cifuentes como "componente del comité de expertos en las
licitaciones de los anos 2009 y 2011. Presidenta de la Mesa de contratación en
las licitaciones de los años 2009 y 2011".
Recuerdan en su informe que se trata de una persona que "ostenta en la
actualidad el cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, encontrándose
sujeta al aforamiento preceptivo según los estatutos de Ia Comunidad de Madrid".
Los agentes hacen esta aclaración porque el resto de investigados que avalaron
los contratos con Arturo Fernández, y que no son aforados, han sido interrogados
por la Guardia Civil. Todos menos Cifuentes.
Los seis indicios contra Cristina Cifuentes
Los agentes resumen los seis indicios que les hacen concluir que el comité de
expertos que presidía Cifuentes amañó el contrato en favor de la empresa de
Arturo Fernández como contraprestación a sus donaciones al PP. Estos son esos
indicios:
En los Pliegos Administrativos se incluyeron criterios de solvencia técnica
acumulativos con exigencia de clasificación que restringieron la concurrencia de
empresas a la licitación.
En los Pliegos Administrativos se han incluido criterios de valoración de las
ofertas contrarios a Derecho: valoración de la experiencia, valoración de
mejoras ofertadas sin haberse estas concretado previamente, inclusión de
fórmulas que desnaturalizan el componente económico.
Arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos. Destaca
la inclusión de subcriterios utilizados por el comité de expertos para
fundamentar las valoraciones que no fueron publicados en los pliegos y por tanto
eran desconocidos por los licitadores cuando presentaron sus ofertas.
Arbitrariedad a la hora de valorar hechos de idéntica similitud para favorecer o
penalizar según a qué empresa; es decir, trato diferente para situaciones
idénticas.
A una de las empresas licitadoras se la valora con cero puntos en dos criterios
de valoración (30 puntos en juego), alegando el comité de expertos en su
Informe, que la misma fue puntuada con cero puntos porque no presentó ningún
tipo de documentación al respecto. Oídos representantes de la empresa en
declaración manifestaron no ser cierta la aseveración del Informe del comité de
expertos y facilitaron a esta Unidad la documentación que presentaron en su día
y la certificación de la misma por su asesoría Jurídica. Ambos técnicos que
desconocían las puntuaciones finales otorgadas sobre esos criterios de
valoración no se explican lo sucedido.
Coincidencia integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con
miembros de Patronato FUNDESCAM e integrantes del Comité de Campana como son
Cristina Cifuentes, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos
con la de ejercer como Presidenta de la Mesa de contratación, circunstancia
contraria a Ia legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la
actuación de la Presidenta de la mesa de contratación. La sitúa además como
interviniente en las valoraciones arbitrarias y en Ia aprobación de esas mismas
valoraciones efectuadas por Ia mesa de contratación en una decisión con potestad
resolutoria. Asimismo pertenecía al Patronato de FUNDESCAM cuando se efectuaron
las aportaciones de 160.000 euros del empresario y que fueron destinado a
sufragar gastos de campana y perteneció al comité regional de Campaña del
Partido Popular de Madrid en los referidos comicios.
http://m.eldiario.es/politica/indicios-Guardia-Civil-Cristina-Cifuentes_0_644286652.html
CIFUENTES PLANTA CARA A LA GUARDIA CIVIL TRAS RECABAR EL APOYO DE JUEZ Y
FISCALÍA
La presidenta regional dejó Fundescam antes de que Arturo Fernández ganara los
dos contratos de la Asamblea. Ella asegura que su papel en la mesa de expertos y
en la de contratación fue legal
"¿Pero alguien tiene duda de que yo he podido cometer un hecho ilícito? Mi
honradez está fuera de toda duda". Con estas palabras, la presidenta regional
Cristina Cifuentes quiso dejar claro este martes que no comparte en absoluto el
duro informe que la UCO ha incorporado al sumario del caso Púnica para analizar
los contratos que el empresario Arturo Fernández, donante del PP, se llevó de la
Asamblea de Madrid. La Guardia Civil habla de "valoración policial" y cree que
Cifuentes pudo cometer los delitos de prevaricación y cohecho. La presidenta
califica el informe de "sucesión de juicios de valor sin fundamento jurídico".
La llave la tienen el juez Eloy Velasco, instructor del caso, y la Fiscalía
Anticorrupción, que en principio descartan imputar a Cifuentes porque no han
encontrado pruebas de que la dirigente popular haya participado en lo que se
investiga en esta pieza del procedimiento, la financiación irregular del PP de
Madrid.
La guerra está servida, alimentada además por la oposición, que ha salido en
tropel para intentar cobrarse una pieza de caza mayor. Los investigadores tienen
claro que los contratos que ganó Fernández se amañaron. Así lo creen también las
dos fiscales del caso en un escrito del 6 de marzo, dos días antes de que Manuel
Moix se hiciera cargo de Anticorrupción. Ellas señalan que las adjudicaciones
investigadas "presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación
y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor de Arturo Fernández". La
postura del magistrado del caso Púnica (a punto de dejar el puesto), que realizó
un duro interrogatorio a Arturo Fernández sobre el papel de Cifuentes en la
adjudicación de los contratos, y la postura de la Fiscalía (según aseguran
fuentes cercanas a la investigación) han cambiado: ambos recalcan que "no ven
indicio de delito alguno" y "Cifuentes no es objeto de investigación".
La UCO ha analizado dos contratos adjudicados a Arturo Fernández, expresidente
de la patronal madrileña. En julio de 2009, su empresa Cantoblanco se llevó la
concesión del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid para el año 2010
tras presentar una oferta de 212.900 euros. En julio de 2011, Cantoblanco volvió
a imponerse en el concurso con una propuesta de 174.960 euros. La mano de
Cifuentes solo aparece en el segundo, aunque según la UCO "los elementos de
prueba" determinan que ambas adjudicaciones "pudieron ser decididas de
antemano".
"No voy a consentir que nadie ponga en duda ni por asomo mi honradez, que es lo
único que realmente tengo", señala Cifuentes
Cifuentes, entonces vicepresidenta primera de la Asamblea, presidió la comisión
de expertos que estudió y aprobó la valoración de las ofertas presentadas en la
adjudicación de 2011, paso previo a que la mesa de contratación adjudicara el
contrato a Cantoblanco. "No voy a consentir que nadie ponga en duda ni por asomo
mi honradez, que es lo único que realmente tengo. Voy a usar todos los medios",
señaló ayer Cifuentes, que avisa a navegantes, según señalan en su entorno, "a
los partidos políticos que quieran sacar provecho y pongan en duda su
honorabilidad".
Cifuentes califica el informe de la UCO de "sucesión de juicios de valor sin
ningún fundamento jurídico"
Las claves del informe
Las claves del informe son las fechas en que se produjeron los hechos
analizados. En marzo de 2007, el grupo empresarial de Arturo Fernández donó
60.000 euros a Fundescam, la fundación vinculada al PP investigada por la
Audiencia Nacional. Ese mismo mes la patronal madrileña, de la que Fernández era
presidente, donó otros 100.000 euros. Cifuentes fue vocal de Fundescam entre
mayo de 2005 y septiembre de 2008. "Puede constatarse la coincidencia de patrono
de la fundación de Cristina Cifuentes con su pertenencia al PP de Madrid y a los
comités de campaña de esa formación política cuando se efectuaron aportaciones
económicas", asegura la UCO. La presidenta madrileña lo desmiente y afirma que
"nunca intervino en actividades de la fundación".
Las donaciones fueron utilizadas para sufragar "gastos electorales no declarados
como tales, detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios
que acreditan cómo algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron
adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado
múltiples irregularidades penalmente relevantes". Los contratos de Cantoblanco
llegaron en 2009 y 2011. La UCO define como "pluralidad de arbitrariedades" las
cometidas por las personas "que conformaron el comité de expertos en ambas
licitaciones, donde se ponen de manifiesto actos injustos y altamente
discriminatorios".
Baile en una fecha
Los agentes señalan en su informe que Cifuentes supuestamente "vulneró la
imparcialidad" de la mesa de contratación al "compatibilizar" la presidencia de
esta con su pertenencia al patronato de Fundescam, cuando esta entidad había
recibido 160.000 euros del empresario y de la patronal, en teoría para ayudar al
PP en las elecciones autonómicas de 2007. Pero en 2009 —fecha del primer
contrato— Cifuentes ya no estaba en Fundescam: "Cesé el 18 de septiembre de
2008, y así consta en las actas de la fundación. Por tanto, no entiendo la
vinculación con un contrato de 2009". Un baile en la fecha en el informe de la
Guardia Civil.
Cifuentes sí estuvo en el comité de expertos (que valoran las propuestas de las
empresas que presentan a los contratos), en la Mesa de Contratación (que es el
órgano que propone al adjudicatario) y en la Mesa de la Asamblea de Madrid, que
es el órgano que finalmente efectúa la adjudicación (Cifuentes fue
vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y principios de 2012). La Mesa de
Contratación siempre ha estado compuesta por el interventor, el jefe de
Contratación, el director de Gestión Administrativa, el secretario general o un
letrado, y los tres vicepresidentes (entonces del PP, PSOE e IU). Es decir,
cuatro técnicos y tres políticos.
Cifuentes lo aclara: "Yo formaba parte de la Mesa de Contratación porque en la
Asamblea el presidente delega siempre en el vicepresidente para presidirla. Es
así siempre, es un acto reglado. Y en cuanto a que yo estuviera en la comisión
de expertos, la Mesa de la Asamblea lo decide en abril de 2009 y me eligen a mí.
Yo no manifesté mi deseo, desde luego. Me dijeron que yo y ya está". Desde el
Gobierno regional señalan que el proceso, en ambos contratos, se hizo siguiendo
los "principios de objetividad, imparcialidad y legalidad". Por su parte, la UCO
cree que existió "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos
que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la
empresa de Fernández.
Las 'mentiras' de Isaac Arturo Zubiri
Los agentes creen también que uno de los expertos, Isaac Arturo Zubiri, mintió
en la asignación de puntos en las empresas que se presentaron al obviar de forma
consciente la oferta de otra sociedad que aspiraba al servicio de cafetería.
Alegó para ello que no había aportado documentación alguna, "una falsa
argumentación". Esta operativa, que permitió a Cantoblanco hacerse con la
licitación, era conocida por el resto de integrantes del comité de expertos,
según la OCU. "Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos
componentes del comité de expertos, Cristina Cifuentes y María Merino".
Finalmente, la adjudicación definitiva de los contratos la hizo la Mesa de la
Asamblea, compuesta por distintos partidos políticos, tras analizar la propuesta
de la Mesa de Contratación, quien a su vez asumió el informe del comité de
expertos, ese que según la UCO fue condicionado. Las adjudicaciones se hicieron
por unanimidad de todos los miembros de la Mesa de Contratación y de la Mesa de
la Asamblea, sin reparo alguno, tanto en 2009 como en 2011, y respetando también
en su totalidad la puntuación efectuada por los técnicos. Además, ninguna de las
empresas que participaron en el concurso presentó recurso o alegación alguna
para mostrar su discrepancia con el resultado.
La UCO finaliza recordando que en estas adjudicaciones Cantoblanco "no presentó
certificaciones que avalasen su experiencia", como exigían los pliegos, y que
pese a ello "no fue penalizada". Es decir, "hubo arbitrariedad y hubo un trato
diferente para situaciones idénticas". La Guardia Civil cree que compatibilizar
Ia pertenencia a los comités de expertos y valorar las ofertas con el hecho de
presidir las mesas de contratación es una circunstancia "completamente irregular
y anómala, y únicamente puede corresponderse con la intencionalidad de tener
controladas las licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en Ia
valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas
valoraciones eran finalmente aprobadas".
Para concluir, la presidenta de la comunidad asegura: "Se está construyendo un
relato con elementos que parecen veraces pero que no tienen fundamento en el
momento en que yo no estoy en la fundación en los años en los que se investigan
los contratos". La guerra con la UCO está servida. Y en ella, de momento, tiene
el apoyo del juez y del nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-17/cifuentes-uco-guerra-informe-punica_1383641/
LOS RIVALES DE ARTURO FERNÁNDEZ DESVELAN MANIPULACIONES EN LA ADJUDICACIÓN DE LA
CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA
En sus declaraciones ante la UCO, el resto de imputados señalaron a Cifuentes:
la adjudicación de la cafetería de la Asamblea fue cosa suya
Hace no mucho afirmábamos que todos los caminos llegaban a Esperanza Aguirre y
que, en el trayecto, se entrelazaban su multitud de ranas. Desde hoy, después de
que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya pedido imputar a
Cristina Cifuentes en la trama Púnica por prevaricación y cohecho en la
adjudicación de los servicios de la cafetería de la Asamblea de Madrid,
podríamos empezar a afirmar que se descubren nuevos caminos que presuntamente
llevarán a la nueva lideresa: Cifuentes.
Aunque fueron varias empresas las que presentaron sus proyectos para conseguir
la explotación de los servicios de cafetería, comedor y restaurante de la
Asamblea de Madrid, finalmente la elegida fue el Grupo Canto Blanco de Arturo
Fernández, amigo de la infancia de Esperanza Aguirre.
¿Casualidad? Los investigadores creen que no y lo relacionan con la supuesta
financiación ilegal del PP de Madrid y de la campaña electoral de 2007.
Y es que, Cifuentes no ha sido señalada este martes sólo por la UCO. En sus
declaraciones ante los agentes, los responsables de la otra empresa que se
presentó para llevar la cafetería de la Asamblea hablan de irregularidades o
aseguran que se les puntuó negativamente manipulando sus proyectos.
ELPLURAL.COM ha tenido acceso a las actas de declaración de los representantes
de estas empresas que declararon como testigos ante los agentes de la UCO. En
dicho documento, se puede ver como un trabajador de la empresa CLECE S.A asegura
que “no pudieron acceder a la Asamblea a ver las instalaciones para preparar la
oferta”, “que la prepararon a ciegas sin ver la realidad” y que no le consta que
ningún miembro de la empresa estuviera presente en la mesa de contratación para
defender el proyecto.
Es más, son los propios agentes de la UCO los que le descubren a la empresa que
su proyecto fue valorado en algunos puntos con un “cero” alegando que no habían
presentado ideas para mejorar detalles de la cafetería de la Asamblea. Ante
esto, la empresa asegura que no lo sabían y que es incierto, que sí se presentó
esa documentación.
Además, la UCO destaca que esta empresa “con experiencia”, según sus
trabajadores, fue penalizada y descartada mientras que, en otros años, otra
empresa sin experiencia consiguió 25 puntos del total de 30 que se pueden
obtener.
Otro de los testigos asegura que nunca “llegaron a ver el informe del comité de
expertos” para entender porque no fueron los elegidos y que se “inventó” una
“vara de medir” diferente que les pudo dejar fuera. “En otros concursos, s se
inventan otra vara de medir toman medidas al respecto”, dijo.
Cifuentes, señalada por otros acusados
Además, funcionarios y otras figuras también imputadas en el caso han coincidido
en un punto: Cifuentes era la que decidía, organizaba y mandaba. Ellos sólo
ejecutaban.
Así, por ejemplo, cuando los agentes e investigadores de la UCO interrogaron a
María Virtudes Merino (jefa de protocolo de la Asamblea, miembro del comité de
expertos e imputada) esta aseguró que para valorar los proyectos de las
diferentes empresas que se presentaron al concurso para gestionar la cafetería
de la Asamblea, se hizo una reunión “muy corta" y "meramente expositiva".
Dicha reunión se celebró en el propio despacho de Cifuentes y en ella, según
Merino, la otra empresa que luchaba por conseguir el contrato presentó sus
ideas, aunque no sirvió para nada. Nunca se llegó a deliberar para poner en
común los pros y los contras de cada propuesta y empresa. "No había nada que
discutir", porque la decisión estaba tomada. La adjudicación era de antemano
para el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández.
Por su parte, el también imputado y funcionario Isaac Zubiri, relató cómo fue él
el que escribió el informe en el que se valoraban las empresas que optaban al
contrato. Mantiene que Cifuentes le dijo que hiciera las modificaciones
pertinentes y que se firmará el acuerdo.
Más detalles de la supuesta financiación ilegal
Aunque el juez Eloy Velasco ha rechazado de momento imputar a Cifuentes, con su
petición, la Guardia Civil ha señalado a Cifuentes por la financiación irregular
del PP madrileño relacionada con la Púnica.
Según la UCO, Cifuentes era la presidenta de la Mesa de Contratación de la
Asamblea de Madrid y, como tal, habría mediado para que la contratación de la
cafetería fuera para Cantoblanco.
En aquella época Cifuentes también pertenecía al patronato Fundescam, y aquí es
donde está la clave: Cantoblanco, que se llevó la adjudicación, habría dado
anteriormente 160.000 euros a Fundescam, un dinero que se usaría para financiar
la campaña electoral del PP en los comicios autonómicos de 2007. Un circulo
claro y evidente que se cierra con un último puesto ocupado por Cifuentes:
también era miembro del comité de campaña del PP regional para esas elecciones.
http://www.elplural.com/politica/2017/05/16/los-rivales-de-arturo-fernandez-desvelan-manipulaciones-en-la-adjudicacion-de-la
CIFUENTES VE MOTIVOS POLÍTICOS EN LA ACUSACIÓN DE CORRUPCIÓN
La UCO afirma que la actual presidenta de Madrid adjudicó contratos ilegales
como miembro del patronato de Fundescam. La Fiscalía sostiene que, de momento,
no hay pruebas
Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica destaca la
presunta participación de la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, en las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de un
contrato en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, imputado en la
causa por aportar fondos a la caja b del PP. Cifuentes tildó el documento de
“juicio de valor sin fundamento jurídico alguno” y apuntó a una conspiración.
El informe, remitido el pasado 1 de marzo al juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco y conocido ahora tras levantarse el secreto de sumario, destaca que
Cifuentes intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la Mesa de
Contratación de la Asamblea de Madrid que desembocaron en la adjudicación, en
2009, de la gestión de los servicios de comedor y cafetería del edificio de la
Cámara autónoma al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal
madrileña.
Según los investigadores, en aquella adjudicación se tomaron decisiones que
“podrían ser constitutivas” de delitos de prevaricación continuada y cohecho en
los que “se aprecia la presunta participación” de la actual presidenta
madrileña. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción apuntaron que pese al contenido
del informe, “a día de hoy” no se había abierto una investigación sobre
Cifuentes, aunque admitían que no podían descartarlo en el futuro. Fuentes
judiciales señalaron a EL PAÍS que Velasco está investigando el informe, pero
“por ahora” no piensa imputar a la dirigente popular.
El documento de la UCO destaca que Cifuentes supuestamente “vulneró la
imparcialidad” de la Mesa de Contratación al “compatibilizar” la presidencia de
este órgano —que ocupaba por su condición en aquel momento de vicepresidenta de
la Asamblea— con su pertenencia al patronato de Fundescam, la fundación del PP
madrileño, cuando esta había recibido como donación 160.000 euros del empresario
Arturo Fernández que fueron utilizados por los populares para financiar su
campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2007. Además, recalca que
Cifuentes pertenecía, precisamente, al comité de campaña del PP para esos
comicios como vocal de Participación Territorial. El informe de la UCO recuerda
en varias ocasiones al juez la actual condición de aforada de la presidenta
regional.
La respuesta de Cifuentes al informe llegó horas después. En una comparecencia
ante la prensa, Cifuentes se desvinculó de cualquier actuación ilegal en su
actuación como presidenta de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid.
Cifuentes calificó el informe de la UCO de “juicios de valor, sin fundamento
jurídico” y aseguró que así lo debía entender Velasco ya que no había tomado
ninguna iniciativa contra ella, informa Esther Sánchez.
“En todos los años que fui presidenta del órgano de contratación, el 100% de las
decisiones se tomaron por unanimidad de todos los partidos y en base a los
informes técnicos”, puntualizó. Cifuentes también recordó que fue vocal de
Fundescam entre febrero de 2005 y septiembre de 2008, un año antes del primero
de los concursos objeto de investigación, y que su participación en la misma fue
mínima. La presidenta madrileña sugirió la existencia de una posible
conspiración al señalar que “están ocurriendo muchas cosas, muchas de ellas muy
desagradables”. “En política no todo vale”, añadió.
Donaciones a Fundescam
Los agentes detallan que a través de una cuenta corriente de Fundescam
“determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007
importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos
electorales no declarados como tales”. Entre estos donantes estaba Arturo
Fernández, quien fue adjudicatario de “contratos públicos en los que se han
detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”.
En dichas licitaciones participaron “cargos públicos que también pertenecían por
entonces al Patronato de la fundación Fundescam cuando se efectuaron las
aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cristina Cifuentes”,
según recoge el informe. El documento policial enumera las seis “principales
irregularidades” detectadas en esta adjudicación. Así, la Guardia Civil enfatiza
que se incluyeron criterios de solvencia que impidieron a otras empresas
participar, además de incluir fórmulas que “desnaturalizan el componente
económico” de las ofertas que se presentaban para que no fuera este el que
decidiera el mismo. Los agentes también destacan que el comité de expertos
incluyó “subcriterios” de valoración que no fueron publicitados en los pliegos
del concurso y dio un trato diferente a empresas que presentaban ofertas
similares. En este sentido, destacan que el Grupo Cantoblanco “no presentó
certificaciones que avalasen la experiencia”, como exigían los pliegos, y que
pese a ello “no fue penalizada”.
Tres imputados
Con estos datos sobre la mesa, los investigadores preguntaron expresamente por
Cifuentes a las otras tres personas que el informe señalaba como implicados en
la adjudicación, y a los que tomó declaración como imputados. A Tatiana Recoder,
letrada jefa de la asesoría jurídica de la Asamblea de Madrid, le preguntaron
“si no apreció una incompatibilidad respecto a que Cifuentes fuese componente
del comité de expertos y presidenta de la mesa de contratación en esa misma
licitación". La abogada respondió que desconocía Cifuentes estaba al frente de
ese órgano.
María Virtudes Merino, jefa de protocolo de la Asamblea e integrante del comité
de expertos, declaró a la Guardia Civil que hubo una reunión “muy corta” y
“meramente expositiva” para analizar las ofertas presentadas a esta
adjudicación. Este encuentro se produjo en el despacho de Cifuentes. Allí, según
Merino, Recoder expuso sus razonamientos jurídicos, pero no se deliberó sobre
nada: “No había nada que discutir”. Finalmente, el funcionario Isaac Zubiri
explicó a los agentes cómo se encargó del informe de valoración de las compañías
que optaron al concurso y que, tras una reunión para estudiarlas, fue Cifuentes
quien dijo que se hicieran las modificaciones que se habían planteado en esa
cita y que se firmase el acuerdo.
En un escrito del 6 de marzo, Anticorrupción hizo suyas buena parte de las
afirmaciones de la UCO sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de
contratos al Grupo Cantoblanco. En el mismo hablaba de “procedimientos de
adjudicación” con “irregularidades por su falta de motivación, baremación y
ponderación de las ofertas”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/16/actualidad/1494936002_991531.html
CRISTINA CIFUENTES:
"ACTUÉ CONFORME A LA LEGALIDAD"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, defiende que no
actuó contra la ley: "Mi actuación fue conforme a la legalidad por completo en
base a las funciones que tenía como vicepresidenta primera de la Asamblea de
Madrid. Las decisiones eran colegiadas y se tomaban conforme a informes
técnicos", ha asegurado a los medios.
La Guardia Civil haya ha pedido investigarla por prevaricación y cohecho. El
Instituto Armado y el juez Eloy Velasco investigan a la actual presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por supuesta incompatibilidad en la
adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, por su papel
como patrono de Fundescam y por haber sido una de las responsables de campaña
del PP regional durante los años investigados en Púnica.
Cifuentes, ha asegurado hoy que tiene una "gran confianza" en la Justicia y ha
afirmado que el informe de la UCO que la relaciona con presuntas irregularidades
en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea en 2009 y 2011 "son una
relación de juicios de valor".
"Tengo la conciencia tranquila no, tranquilísima. Soy una persona absolutamente
honesta, no tengo que demostrarlo", ha señalado la presidenta de la Comunidad en
un encuentro con la prensa, en la que ha dicho que va a "defender" su honor y su
credibilidad.
Por su parte, el secretario general técnico del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha informado ante los periodistas que el proceso de
contratación en la que se involucra a Cristina Cifuentes por presuntas
irregularidades "fue totalmente transparente y no responde a una decisión
individual".
"Es un proceso reglado que cuenta con la participación de los miembros de los
distintos partidos políticos con representación parlamentaria. Las decisiones se
adoptaron en todo momento por unanimidad, y en base únicamente, a criterios
técnicos", ha señalado el secretario general.
"La Mesa de Contratación es un órgano plural, sujeto a un procedimiento reglado,
con decisiones colegiadas, que respetan los criterios técnicos", precisó.
En cuanto a la supuesta relación de Cifuentes con la adjudicación de la
cafetería y su vinculación a Fundescam, señaló que Cifuentes "dejó de ser vocal
de la Fundación en 2008, un año antes del primero de los concursos objeto de
investigación".
http://www.elmundo.es/madrid/2017/05/16/591b367346163fa92a8b45f2.html
LA GUARDIA CIVIL VINCULA A CIFUENTES CON DOS DELITOS PERO EL JUEZ DESCARTA
IMPUTARLA
La presidenta de la Comunidad de Madrid fue componente de la mesa de
contratación en la Asamblea de Madrid en las licitaciones en adjudicaciones a
dedo al empresario Arturo Fernández. La UCO acusa a Cifuentes de prevaricación y
cohecho.
La Guardia Civil señala a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, como presunta autora de un delito de prevaricación y otro de
cohecho por adjudicar a dedo contratos al empresario Arturo Fernández cuando
estaba en la mesa de la Asamblea de Madrid.
Según la Guardia Civil, Cifuentes habría formado parte de las mesas de
contratación para favorecer al grupo Cantoblanco mientras que el empresario
Arturo Fernández financiaba al partido al que ella pertenecía.
Por su parte, Eloy Velasco, juez del caso Púnica, no tiene intención de proceder
contra Cristina Cifuentes, pese al informe de la UCO.
Según fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado
pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se
investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece
el citado informe.
Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación
a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual
que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta
pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se
considera que Cifuentes esté involucrada.
Pretensión de beneficio
En el informe de la UCO, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los agentes
explican que hay indicios que indican que la adjudicación de los contratos del
servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años
2009 y 2011, “pudo ser decidida de antemano”.
A juicio de la investigación policial, hubo una clara intención de beneficiar en
todo momento al grupo Cantoblanco. Esta intención se articuló "a través de una
pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que
conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones donde se ponen de
manifiesto actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles
en cuanto al resultado presumible de su realización, de la que puede inferirse
el pleno conocimiento y voluntad a la hora de ejecutar los mismos”.
La Guardia Civil relaciona estas adjudicaciones con las aportaciones económicas
localizadas y efectuadas por el empresario Arturo Fernández a la Fundación
Fundescam en fechas anteriores a las mismas. Según los investigadores, estas
aportaciones fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos electorales del
Partido Popular, al que pertenecía Cristina Cifuentes,
Cifuentes presidía las mesas de las licitaciones de los contratos públicos en
relación a Arturo Fernández, a la vez que participaba como componente de los
comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas presentadas,
según la UCO.
Dos delitos
Para los investigadores, estos hechos serían constitutivos de un delito de
prevaricación continuada y otro de cohecho. "Se aprecia la presunta
participación en los hechos citados de Cristina Cifuentes, como componente del
comité de expertos en las licitaciones de los años 2009 y 2011 y como presidenta
de la Mesa de contratación en las licitaciones de los años 2009 y 2011".
Además, la Guardia Civil señala a María Virtudes Merino Muñoz, Tatiana Sonsoles
Recoder e Isaac Arturo Zubiri, como componentes del comité de expertos en la
licitación del año 2009 y 2011.
Según relata la Guardia Civil, las aportaciones de Arturo Fernández a Fundescam
para desde ahí financiar "de manera encubierta" al PP comenzaron en el año 2007.
Los investigadores, "una vez constatadas las aportaciones efectuadas por
determinados empresarios, efectuaron gestiones indagatorias en el sentido de
localizar y analizar los procedimientos de adjudicación donde fuesen
coincidentes determinados elementos, tales como que la empresa adjudicataria
fuese alguna de las empresas administradas por los empresarios que efectuaron
las importantes aportaciones económicas" al Partido Popular.
También "que alguno de los patronos de la Fundación por donde se canalizaron las
aportaciones económicas, hubiese tenido un importante papel decisorio en esas
licitaciones donde esas empresas resultaron ser adjudicatarias”.
En este sentido, la UCO constata la coincidencia de Patrono de la Fundación
Fundescam de Cifuentes con su pertenencia al PP de Madrid y a los comités de
campaña de esa formación política —cuando se efectuaron las aportaciones
económicas—, y también con el hecho de pertenecer al comité de expertos que
efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los
contratos de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años
2009, 2011 y 2013.
Cristina Cifuentes desempeñó también de manera simultánea la Presidencia de la
Mesa de contratación en esas licitaciones. En todas ellas resultó ser la empresa
Cantoblanco la adjudicataria final de los contratos.
Antes de los pagos no tuvo adjudicaciones
Los agentes destacan cómo la empresa de Arturo Fernández ya participó en la
licitación de la Asamblea de Madrid del contrato de cafetería, cocinas y
comedores en el año 2006 y resuelto en el año 2007, "y no resultó ser
adjudicataria final". Esta valoración se produjo antes de que comentaran las
referidas aportaciones económicas.
La investigación deja claro en su informe que hasta que el grupo Cantoblanco no
empezó a apoyar al Partido Popular, a través de Fundescam, no resultó ser la
adjudicataria en ninguno de los concursos a los que se había presentado. Y que
empezó a ser "la adjudicataria final de las licitaciones después de producirse
las citadas aportaciones económicas, circunstancia que parece repetirse también
en ocasiones pretéritas a la investigación desarrollada”.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170516/216478643_0.html
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pide investigar a la presidenta
de la Comunidad de Madrid por la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas
y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años
2009 y 2011
A través de la cuenta corriente de Fundescam "determinados empresarios y
organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de
dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como
tales", reza el informe incorporado al 'caso Púnica'
La Unidad Central Operativa (UCO) vincula a la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, y al expresidente del Gobierno regional Ignacio
González, entre otros, con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos
gastos electorales de campañas del PP de Madrid, en el marco de la trama Púnica.
Así consta en uno de los informes de la UCO incorporados al sumario de esta
trama liderada supuestamente por el exsecretario general del PP de Madrid
Francisco Granados, donde se recoge que a través de la cuenta corriente de
Fundescam, "determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en
el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar
gastos electorales no declarados como tales".
La UCO pide investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por los delitos
de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas
y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años
2009 y 2011. El sumario sobre la pieza de la presunta financiación irregular del
PP incluye un informe en el que la Guardia Civil señala a Cifuentes como
presidenta de las mesas de contratación de las licitaciones de los contratos
públicos en la Asamblea de Madrid.
El Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO considera que las
conductas apreciadas pueden responder a un delito electoral continuado en
concurso con los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho,
prevaricación y blanqueo de capitales.
La UCO ha detectado, en relación a estos hechos, "sólidos indicios que
acreditarían cómo algunos de estos empresarios, como Arturo Fernández, fueron
adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado
múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado
cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la
Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas,
como es el caso de Cifuentes".
Estos hechos, según recoge este informe, han dado lugar a la elaboración de un
informe policial complementario. Asimismo, añade que se "han mostrado evidencias
de que se realizaron pagos de actos electorales desde la cuenta de
funcionamiento del partido, que recibió sustanciales fondos procedentes del
Grupo Parlamentario".
Sería destinatario de "buena parte de los fondos" el empresario Óscar Sánchez
Moyano, vinculado a la Escuela Europea de Dirección de Empresas (EUDE), entre
otras, "quien habría suscrito un contrato de servicios con el partido, con el
objeto de encubrir la condición de intermediario en la organización y producción
de los gastos electorales.
El pasado 23 de marzo, infoLibre publicó que la UCO interrogaba a funcionarios
que junto con Cifuentes dieron un contrato al exjefe de la patronal madrileña.
La Guardia Civil investigaba la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de
Madrid en 2011 tras la valoración efectuada por un comité al que pertenecía la
hoy presidenta de Madrid. Arturo Fernández, beneficiario de aquella concesión y
donante de la fundación utilizada por el PP en la etapa de Aguirre para abonar
gastos electorales, ya había declarado como investigado ante el juez de Púnica.
EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO
DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP
Eloy Velasco interroga al expresidente de la patronal madrileña Arturo
Fernández por el dinero que trasvasó a Fundescam antes de las autonómicas de
2007 y el contrato que logró para gestionar el bar de la Asamblea regional
También han declarado como imputados el exconsejero de Industria de
Esperanza Aguirre José Ignacio Echeverría y el ex gerente del Partido
Popular madrileño Beltrán Gutiérrez
Las investigaciones que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
mantiene abiertas sobre la financiación del PP madrileño en el contexto de
la Operación Púnica han dado hoy un salto cualitativo. Ante Velasco han
declarado como imputados dos antiguos altos cargos del PP madrileño -José
Ignacio Echevarría, exconsejero con Esperanza Aguirre y expresidente de la
Asamblea regional, y Beltrán Gutiérrez, gerente regional del partido en la
etapa de Aguirre-, así como el expresidente de la patronal madrileña Arturo
Fernández. El juez ha preguntado al empresario por sus relaciones con la
expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, pero
también con la actual jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes.
El interrogatorio a Fernández ha hecho que trascienda un dato que hasta
ahora había pasado inadvertido: que la actual jefa del Ejecutivo regional
fue vocal de la fundación Fundescam, que centra el foco de las
investigaciones y cuyo papel en la presunta financiación ilegal del PP
madrileño en las campañas de 2003 y 2004 ya fue destapado en 2009 p0r una
investigación periodística del diario Público. El magistrado ha preguntado
al exdirigente patronal madrileño por los al menos 60.000 euros que donó a
Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la
Fundación Arturo Fernández. Y por el contrato que ese mismo año obtuvo de la
Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara, donde Cifuentes
ostentaba entonces el cargo de de vicepresidenta.
Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia
de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba
parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo
acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación". Sobre el
contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la
gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las
decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por
delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".
Hasta ahora se sabía que Fernández había sido uno de los grandes donantes de
la fundación de cabecera del PP madrileño, Fundescam, en las elecciones que
en 2003, el año del tamayazo, auparon a Esperanza Aguirre a la presidencia
de Madrid. Los manejos de esa fundación ya afloraron en el sumario del caso
Gürtel pero Anticorrupción consideró que los presumibles delitos habían
prescrito. Ahora, el hallazgo de nuevos documentos durante los registros de
la Operación Púnica la han traído de nuevo al primer plano.
El juez que instruye la causa no ha decretado medidas cautelares para
ninguno de los tres investigados. El magistrado ha interrogado a los
imputados después de que ordenara el pasado martes el registro de empresas e
incluso realizara "requerimientos inmediatos y mediatos" a departamentos de
la Comunidad de Madrid, como es el caso de las Consejerías de Industria y
Sanidad.
Según las mismas fuentes, los requerimientos inmediatos se realizan bajo la
posibilidad de que se efectúe un registro para obtener la documentación
requerida. El diario El Independiente.com, ha asegurado que el juez Velasco
busca información sobre los hospitales promovidos por el Gobierno de
Esperanza Aguirre.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_punica_pregunta_por_cifuentes_empresario_que_hizo_donaciones_una_fundacion_del_pp_62226_1012.html
LA PÚNICA
SIGUE
HACIENDO
‘ROTOS’ AL
EQUIPO DE
CIFUENTES
El Gobierno
de Cristina
Cifuentes
continúa
acorralado
por la red
Púnica, ya
que varios
de los
diputados
regionales
designados
por la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
están siendo
investigados
por su
participación
en esta
trama
corrupta
durante el
ejercicio de
sus cargos
anteriores.
El sumario
del ‘caso
Púnica’ ya
ha dejado
dos
‘cadáveres’
políticos:
el de Daniel
Ortiz
Espejo,
exalcalde de
Móstoles,
que fue el
primer
diputado del
PP de Madrid
que dimitió
por verse
involucrado
en esta
trama de
corrupción;
y el del
hasta ahora
director
general de
Industria,
Energía y
Minas,
Carlos López
Jimeno,
quien
presentó su
renuncia al
cargo esta
misma
semana.
Daniel Ortiz
dimitió de
todos sus
cargos
-diputado,
concejal
portavoz del
grupo y
presidente
del PP en
Móstoles- el
pasado mes
de julio
después de
que el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid
(TSJM) le
citara a
declarar en
calidad de
investigado
–antes
imputado-
por su
presunta
implicación
en la trama,
algo que
tuvo que
hacer el
TSJM, ya que
el juez
instructor
de la causa,
Eloy
Velasco, no
podía
hacerlo por
estar
aforado.
Y es que el
juez Velasco
considera
que Ortiz
podría haber
utilizado su
condición de
alcalde de
Móstoles
para
interceder y
“presionar”
para
adjudicar en
2014 a la
empresa
Cofely un
contrato de
suministros
y servicios
energéticos
de 73
millones de
euros a
cambio de
comisiones
por 746.000
euros, un
comportamiento
en el que el
magistrado
ve indicios
de delitos
de tráfico
de
influencias,
fraude a la
administración
pública y
cohecho,
infidelidad
en la
custodia de
documentos,
revelación
de secretos
y cohecho.
Tres meses
después,
concretamente
el pasado
jueves, era
el director
de Industria
el que
abandonó el
Ejecutivo de
Cifuentes,
sólo un día
después de
conocerse un
informe de
la Unidad
Central
Operativa
(UCO) de la
Guardia
Civil que
dice que
López Jimeno
hizo pagos
por valor de
200.000
euros entre
2010 y 2012
desde la
Fundación de
la Energía
de la
Comunidad
(una
institución
semipública
de la que
participa la
Administración
regional) a
la sociedad
Alba
Ingenieros
Consultores
SL, de la
que él mismo
era
copropietario
en dicho
periodo con
un 20% del
capital.
Pero la
‘pesadilla’
de Cifuentes
aún no ha
concluido,
ya que
quedan
algunas
piezas que
aparecen en
este
entramado-
que mantiene
en prisión a
Francisco
Granados,
exsecretario
general del
PP de Madrid
y
exconsejero
de los
Gobiernos de
Esperanza
Aguirre,
desde
octubre de
2014- que
aún no han
presentado
la dimisión.
Uno de ellos
es su número
tres, Jaime
González
Taboada,
consejero de
Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio,
y el otro el
diputado
regional
Bartolomé
Casas.
A González
Taboada,
David
Marjaliza,
presunto
cerebro de
la Púnica,
le acusa de
cobrar un
tercio de
las mordidas
que pagaban
los
constructores
a cambio de
adjudicarles
obras del
Plan Prisma
y además el
juez le
investiga
por la
gestión
irregular de
fondos de
Arpegio,
pero
Cifuentes
pone por él
la mano
tanto en el
fuego que no
sólo no le
ha pedido
que dimita
sino que,
ignorando
las
sospechas,
le nombró
vocal de
Arpegio,
ahora Nuevo
Arpegio, el
ente público
investigado
precisamente
por el juez
Eloy Velasco
por
irregularidades
en sus
adjudicaciones.
Otro miembro
del equipo
de Cifuentes
que lleva
señalado por
la Guardia
Civil desde
septiembre
como
receptor de
comisiones
es el
diputado
regional
Bartolóme
González, ya
que los
investigadores
consideran
acreditado
que la trama
corrupta le
pagó 60.000
euros cuando
era alcalde
de Alcalá de
Henares a
cambio de
adjudicar un
contrato
municipal a
la empresa
Cofely. El
pago se
habría
realizado a
través de
una empresa
de
construcción
vinculada a
David
Marjaliza.
Sin embargo,
Cifuentes no
ha exigido
su cabeza y
se ha
limitado a
anunciar que
dimitirá si
finalmente
es imputado
formalmente.
Los
contratos de
Arturo
Fernández
Además, el
nombre de
Cifuentes
aparece en
una nueva
línea de
investigación
sobre la
financiación
del PP que
ha abierto
el juez de
la Audiencia
Nacional
Eloy Velasco
en la pieza
14 del
sumario
según
informaba
elconfidencial.com
Este digital
asegura que
la UCO ha
hallado
nuevos
elementos
que apuntan
a que Arturo
Fernández
habría
colaborado
también en
esa
financiación
ilegal del
PP de Madrid
a cambio de
conseguir
las
concesiones
del servicio
de
hostelería
del
Parlamento
autonómico y
asegura que
uno de los
contratos
que se
investigan
fue
adjudicado
por una mesa
de
contratación
que presidía
Cifuentes,
que fue
vicepresidenta
de la Cámara
madrileña
entre los
años 2007 y
2012, antes
de dirigir
la
Delegación
del Gobierno
en Madrid.
Polémicas
adjudicaciones
Por otra
parte, el
Gobierno
autonómico
también ha
licitado
algunos
contratos
muy
controvertidos
por afectar
a empresas
salpicadas
por la
Gürtel de
los que ya
informó en
su día
ElBoletin.com.
Una de estas
decisiones
polémicas ha
sido la de
encargar la
rehabilitación
de un
palacio en
el distrito
de
Carabanchel
a una filial
del Grupo
Ortiz, una
empresa que
–a pesar de
aparecer en
el sumario
de la
Gürtel,
estar
salpicado
por la
Púnica y
haber
reconocido
que financió
irregularmente
a
Convergència,
se ha hecho
con un
contrato de
200.000
euros.
http://www.elboletin.com/smartphone2/nacional/141083/gurtel-haciendo-rotos-equipo-cifuentes.html
EL PP EN LA ASAMBLEA RESTA IMPORTANCIA AL REGISTRO DE LA
UCO Y AFIRMA QUE "ES ALGO QUE SUCEDE EN LAS
ADMINISTRACIONES"
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Enrique
Ossorio, ha restado importancia al registro que dos
agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil están llevando a cabo este martes en la
Asamblea de Madrid, al afirmar que "es algo que sucede
en todas las administraciones públicas".
Según las informaciones recabadas por los portavoces de
los grupos parlamentarios, los agentes, cuyas
actuaciones están relacionadas con la Operación Púnica,
han solicitado acceso a los expedientes de contratación
relacionados con la cafetería, cuando estaba gestionada
por Arturo Fernández.
"Total respeto a las actuaciones de la Guardia Civil y
judiciales", ha manifestado Ossorio en la rueda de
prensa posterior a la Junta de Portavoces.
Según el portavoz popular, "es algo que sucede en las
Administraciones Públicas que tienen contratos", y la
Asamblea "tiene muy pocos contratos, porque por su
naturaleza no es un órgano que haga inversiones o
contrataciones más allá de los necesario para su
funcionamiento".
"Lo que va a hacer la Asamblea, no me cabe la menor
duda, es facilitar toda la información para que la
investigación judicial y de la Guardia Civil siga
adelante sin ningún problema", ha agregado.
Asimismo, ha manifestado que espera que no se haya
producido ninguna irregularidad y ha recordado que la
Asamblea cuenta con servicios de contratación con
personal funcionario, interventor y servicio jurídico.
"Como todos, podremos equivocarnos en cosas pero confío
en que no haya habido ninguna irregularidad en la
Asamblea de esa naturaleza", ha zanjado.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Ángel
Gabilondo, ha manifestado que espera "que se aclare lo
que haya podido hacerse irregularmente, si así fuera, y
que se trate de explicar quiénes eran los responsables".
"En el caso de que haya habido alguna contratación
irregular, hay que dar explicaciones políticas y de todo
tipo, espero que no haya nada irregular pero si lo hay
pediremos explicaciones y exigiremos responsabilidades",
ha aseverado, y ha agregado que entonces habrá que
preguntarse quiénes eran los responsables de dichas
contrataciones en la Mesa en ese momento.
Para el portavoz de Podemos, José Manuel López, es
"increíble" que la Guardia Civil esté buscando en la
Asamblea de Madrid papeles, a su juicio, "de una gestión
que es a la que nos tiene acostumbrados el PP en esta
región los últimos 21 años".
"Están buscando, parece, sobre la situación de la
antigua cafetería, que la gestionaba Arturo Fernández,
que en palabras Esperanza Aguirre sería una
mamandurria", ha agregado.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha afirmado
que "la Asamblea tiene que ser una oficina de cristal",
y ha garantizado "transparencia y colaboración si es
necesaria" por parte de su grupo, aunque los contratos
son anteriores a su llegada a la Cámara madrileña.
Arturo Fernández renunció a la concesión de la Cafetería
de la Asamblea en agosto de 2014, tras lo que permaneció
cerrada hasta que la Cámara eligió una nueva oferta en
noviembre del mismo año.
http://www.europapress.es/ Publicado
27/09/2016 13:19:58CET
LA GUARDIA CIVIL ENTRA EN LA ASAMBLEA DE MADRID EN BUSCA
DE CONTRATOS DE LA ‘PÚNICA’
Los agentes de la UCO portaban un mandamiento judicial
del instructor de la 'trama Púnica', el juez Eloy
Velasco El consejero de Justicia afirma que la
documentación solicitada es de hasta el año 2013
Fachada de la Asamblea de Madrid.
Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil se personaron durante la mañana de este
martes en la Asamblea de Madrid para pedir acceso a
expedientes de contratación de la Cámara, según
informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Los agentes llegaron a la Asamblea sobre las 10.00 horas
con un mandamiento judicial del Juzgado Central de
Instrucción 6, que dirige el instructor de la trama
Púnica, el juez Eloy Velasco, en el que se establece el
"secreto de las actuaciones".
Al parecer, los agentes podrían seguir en las
instalaciones del parlamento madrileño revisando la
documentación.
El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad
de Madrid, Ángel Garrido, afirmó este martes que los
contratos que ha pedido la UCO se corresponden con
expedientes hasta el año 2013.
Garrido afirmó que el único dato con el que cuenta es
que se trata de expedientes que se corresponden hasta
2013 y destacó la "máxima colaboración" con la acción de
la justicia en este y cualquier otro tema que
corresponda con el Ejecutivo autonómico o la Asamblea.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/27/la_guardia_civil_persona_asamblea_madrid_para_pedir_expedientes_contratacion_55366_1012.html
Dimite el director general de Cifuentes señalado en la Púnica
Carlos López
Jimeno
contrató a
su empresa y
medió para
dar una
adjudicación
a Cofely,
según la
Guardia
Civil
Carlos López
Jimeno,
hasta este
jueves
director
general de
Industria de
la Comunidad
de Madrid,
presentó su
dimisión a
la
presidenta
Cristina
Cifuentes
tras
aparecer
señalado en
el sumario
del caso
Púnica.Un
informe de
la Guardia
Civil,
basado en
datos de la
Agencia
Tributaria,
constata que
una empresa
de la que es
accionista
cobró casi
200.000
euros entre
2010 y 2012
de Fenercom,
una
fundación de
la que fue
patrono como
director
general. La
investigación
también cree
que medió
para que
Alcalá de
Henares
contratara
con Cofely.
La empresa
Alba
Ingenieros
Consultores
SL, en la
que López
Jimeno tiene
un 20% de
las acciones
según la
Agencia
Tributaria,
recibió
193.000
euros entre
2010 y 2012
de Fenercom
(Fundación
de la
Energía de
la Comunidad
de Madrid),
una
fundación
participada
por la
Consejería
de Economía
de la que el
ya ex alto
cargo de
Cristina
Cifuentes
era patrono.
Las
cantidades
recibidas
por realizar
distintos
informes se
distribuyeron
en tres
años: 35.675
euros en
2010, 59.250
euros en
2011 y
97.100 euros
en 2012.
López Jimeno
presentó su
dimisión
para
“defenderse”
de las
informaciones
aparecidas
desde hace
varios meses
sobre su
presunta
implicación
en Púnica,
aseguró este
jueves en un
comunicado.
Ha tomado
esa
decisión,
añadió,
porque
“tiene la
conciencia
completamente
tranquila al
no haber
realizado
nunca
ninguna
actuación
contraria a
la legalidad
ni a la
ética”.
Asegura que
lo publicado
son
“infamias
sobre mi
persona,
fruto de
informes
policiales
cargados de
inexactitudes”.
Lluvia d
regalos para
los alcaldes
Desde plumas
y lotes de
vino o
quesos,
hasta
televisiones
de 7.000
euros,
pasando por
bolsos de
marca y
relojes de
lujo. El
empresario
David
Marjaliza,
uno de los
cabecillas
de la trama
Púnica,
estuvo años
comprando
regalos de
Navidad a
alcaldes de
distinto
signo
político,
sobre todo
de Madrid,
para
intentar
conseguir
contratos
públicos. Un
informe de
la Guardia
Civil que
figura en el
sumario de
Púnica
recoge el
listado de
obsequios y
de
receptores.
Entre ellos,
exalcaldes
del PP como
Guillermo
Ortega
(Majadahonda)
o Arturo
González
Panero
(Boadilla
del Monte),
pero también
del PSOE,
como Tomás
Gómez,
exalcalde de
Parla al que
la trama
regaló,
según el
sumario, una
televisión
de 4.999
euros, unos
gemelos y
una pasmina.
Recuerda
también los
"últimos 16
años de
carrera
profesional"
que ha
dedicado a
trabajar
para
"mejorar la
vida de los
madrileños"
en los
trabajos que
ha
desempeñado
para los
diferentes
gobiernos
regionales.
Fenercom es
una
fundación
participada
por empresas
privadas y
por la
Consejería
de Economía
madrileña, y
en su
patronato
hay seis
miembros de
este
departamento,
entre ellos
el director
general de
Industria.
López Jimeno
ya había
aparecido en
las
pesquisas de
Púnica
porque los
investigadores
sospechan
que
intercedió
para que el
Ayuntamiento
de Alcalá de
Henares
diera un
contrato de
eficiencia
energética a
la
multinacional
Cofely.
Supuestamente
a cambio iba
a obtener
fondos para
la Fundación
de la
Energía de
la Comunidad
de Madrid,
según se
recoge en un
informe de
la Unidad
Central
Operativa
también
aportado al
sumario.
“Hace un par
de semanas
le pedí un
favor para
el
Ayuntamiento
de Alcalá de
Henares”.
Esta es una
de las
frases que
destacan los
investigadores.
La escribe
el director
comercial de
Cofely,
Constantino
Álvarez, y
se refiere
al director
general de
Industria de
la Comunidad
de Madrid,
es decir,
López
Jimeno.
Lucía Figar
y la marea
verde
La parte del
sumario
sobre la que
el juez Eloy
Velasco ha
levantado el
secreto esta
semana
incluye
otros
informes de
la Guardia
Civil en los
que se
aprecia cómo
la entonces
consejera de
Educación en
Madrid,
Lucía Figar,
utilizó los
servicios de
Alejandro de
Pedro, uno
de los
conseguidores
de la red
corrupta, no
solo para
mejorar su
imagen en
internet,
sino también
para
arremeter
contra el
movimiento
de defensa
de la
educación
pública
conocido
como marea
verde.
En el
sumario
consta un
correo
electrónico
en el que un
colaborador
de Figar
informa a De
Pedro de que
“los
profesores
interinos”
de la marea
verde han
entrado en
el perfil de
Wikipedia de
la consejera
y “han
añadido un
párrafo
completamente
sesgado”. Le
dice que
están
presumiendo
de su
“hazaña” y
le pide que
intente
modificarlo.
El equipo de
De Pedro
redactaba
consignas
para
defender a
Figar desde
distintos
perfiles en
redes
sociales y
también para
desprestigiar
al
movimiento
educativo.
“Continuaremos
hasta que se
nos indique
lo
contrario,
actuando
contra la
marea verde,
protegiendo
a la
consejera y
actuando
en/con los
media
correspondientes
llegado el
caso”, se
lee en uno
de los
documentos
aportados al
sumario.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/20/madrid/1476967466_517449.html
DIMITE
DANIEL
ORTIZ, EL
DIPUTADO DEL
PP DE MADRID
IMPLICADO EN
LA TRAMA
PÚNICA
Caso Púnica Daniel Ortiz PP Madrid Adjudicación contratos Fiscalía Anticorrupción Contratación pública Corrupción política Contratos administrativos PP Fiscalía Sector público Poder judicial Partidos políticos Casos judiciales Corrupción Gasto público Derecho administrativo Finanzas públicas Delitos Economía Política Administración pública Finanzas Justicia
Cristina Cifuentes ha esperado hasta la imputación oficial de Daniel Ortiz para forzar su salida. El exalcalde deja todos sus cargos en el PP, como diputado en la Asamblea y como portavoz en el Ayuntamiento de Móstoles, hasta que se aclaren los hechos que se le imputan en relación al caso Púnica.
El PP no ha hecho más que apurar los tiempos y aplicar el código ético del partido y Ciudadanos se ha apuntado el tanto de una salida que dificultaba las relaciones entre los conservadores y su socio de investidura en la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, se ha apresurado en señalar que no se habría producido esta dimisión sin la función de control de su partido. El PSOE y Podemos entienden que la medida llega mal y tarde. Daniel Ortiz ha reiterado su inocencia en el encuentro mantenido con la presidenta de la Comunidad.
Ortiz está imputado por seis delitos, entre ellos cohecho y fraude a la administración pública, porque en su etapa como alcalde de Móstoles amañó la adjudicación a la principal empresa de la Púnica, Cofely, de un contrato de eficiencia energética de 73 millones de euros. A cambio, percibió supuestamente una mordida de 743.000 que se repartió con los también políticos del PP Mario y Alejandro Utrilla Palombi. Constan numerosas pruebas en el caso contra Ortiz, así como las confesiones de David Marjaliza, que participó como conseguidor del contrato, y de su exconcejal en Móstoles, David Sánchez, quien aportó sms desvelados por la SER que le involucraban.
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/08/radio_madrid/1467995905_382233.html
CIFUENTES
NOMBRA
NÚMERO DOS
DE LA
CAMPAÑA DEL
PP PARA EL
26-J AL
CONSEJERO
SEÑALADO POR
EL ‘CEREBRO’
DE LA PÚNICA
La gestora
del PP de
Madrid
decide que
González
Taboada sea
director
adjunto de
la campaña
el mismo día
que se
conoció que
Marjaliza lo
había
acusado de
cobrar
comisiones
Cifuentes
insistió
este
miércoles en
que
cualquier
imputación
de un
miembro de
su Gobierno
conllevará
un "cese
fulminante",
aunque
señaló que
lo que diga
Marjaliza le
preocupaba
"lo justo"
El martes 17
de mayo, al
mismo tiempo
que se
conocían
nuevos datos
del sumario
de la
Operación
Púnica, la
gestora del
Partido
Popular de
Madrid,
presidida
por Cristina
Cifuentes,
se reunía en
la sede del
partido.
Entre otros
asuntos la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid y su
equipo
empezaron a
engrasar la
maquinaria
electoral
con la vista
puesta en
las
generales
del próximo
26 de junio
con los
nombramientos
del comité
de campaña.
Tras Juan
Carlos Vera
como
director, se
ubicó a
Jaime
González
Taboada como
uno de los
dos
directores
adjuntos.
Vicesecretario
de
Territorial
del PP de
Madrid,
diputado en
la Asamblea
y consejero
de Medio
Ambiente,
González
Taboada era
señalado ese
mismo día
por David
Marjaliza,
uno de los
cabecillas
de la trama
Púnica, como
perceptor de
comisiones
ilegales por
concesiones
de un plan
regional.
El otro
adjunto a
Juan Carlos
Vera,
secretario
general de
la gestora
del PP de
Madrid, es
el diputado
regional y
vicesecretario
de
Organización
Alfonso
Serrano.
Vera,
diputado
nacional por
Madrid y
dirigente de
la máxima
confianza de
Mariano
Rajoy, ya
fue director
de la
campaña
regional
para las
generales
del 20 de
diciembre.
Por aquellas
fechas
todavía
Esperanza
Aguirre era
presidenta
del PP de
Madrid.
Las fuentes
del partido
conocedoras
de estos
nombramientos
circunscriben
el del
González
Taboada en
"la
normalidad".
Sostienen
que
Cifuentes ha
optado por
trasladar la
estructura
de la
gestora al
comité de
campaña
apostando
por poner al
frente a
quienes son
considerados
los números
dos (Vera),
tres
(González
Taboada) y
cuatro
(Serrano)
del partido.
Otras
fuentes de
la formación
apuntan a
que el hecho
de que
Cifuentes
haya
decidido no
prescindir
de su
consejero de
Medio
Ambiente en
el comité de
campaña es
una muestra
de que sigue
confiando en
él porque el
juez, pese a
estos
testimonios
no ha
encontrado
elementos
para
imputarle.
Este martes,
preguntada
por las
declaraciones
de Marjaliza
ante el
juez, señaló
que lo que
diga él,
"que es un
presunto
delincuente",
le
preocupaba
"lo justo".
No obstante,
insistió en
que si
cualquier
miembro de
su Gobierno
es imputado,
habrá "cese
fulminante".
A juicio de
Marjaliza, y
de ello
queda rastro
en el
interrogatorio
del juez
Eloy
Velasco,
González
Taboada era
quien
"mangoneaba"
el reparto
de los
fondos del
Programa
Regional de
Inversiones
y Servicios
de Madrid
(Prisma). Se
trata del
conocido
coloquialmente
como el Plan
Prisma, un
proyecto
aprobado en
la etapa de
Francisco
Granados,
ahora
encarcelado,
como
consejero de
Presidencia
y Justicia
de la
Comunidad
con el fin
de repartir
inversiones
entre los
municipios
madrileños.
La gestión
correspondía
al ahora
consejero de
Cifuentes en
su calidad
de director
General de
Cooperación
con la
Administración
Local.
El sumario
refleja que
el juez
cuestiona al
socio de
Granados
sobre si del
100% de los
fondos que
repartía el
plan Prisma,
a Taboada le
tocaba
gestionar el
77,81%. "¿Le
suena que
era el que
mangoneaba?",
le pregunta
Velasco. "El
que
mangoneaba
era él",
respondió.
"Yo no puedo
dimitir"
Nada más
conocer la
parte del
sumario que
le afecta,
el número
tres del PP
madrileño
negó estas
acusaciones
y anunció
una querella
por delitos
contra el
honor. "Yo
no puedo
dimitir en
base a las
mentiras de
un señor",
señaló este
miércoles.
Tras asistir
a una
reunión
extraordinaria
en la que se
abordaron
algunos
aspectos del
incendio de
Seseña
(Toledo),
sostuvo que
el plan
Prima
"estaba
dirigido por
toda la
Comunidad".
"Una cosa es
que una
dirección
tenga un
trabajo y
otra, cosas
más graves.
Jamás he
estado con
este señor y
jamás he
compartido
un café ni
he estado un
minuto con
él o con
algún
miembro de
su familia",
sostuvo
González
Taboada.
Pago de
comisiones
El
interrogatorio
desvela cual
era el modus
operandi,
siempre
según el
testimonio
de
Marjaliza.
En su
relato,
sostiene que
a él le
pasaban
"entre las
tres y las
cinco"
mejores
ofertas. "Si
era una
empresa
conocida la
llamaba y le
decía que si
quería la
obra pagaran
una
comisión".
El cabecilla
de esta
trama señala
que no había
falta que
diera más
detalles ni
que
mencionara
que llamaba
de parte de
Granados
porque
"todos" en
ese momento
sabían que
era su mano
derecha.
Marjaliza
explicó al
juez que
este
dirigente
del PP de
Cifuentes
era el
interlocutor
de Granados,
exsecretario
general del
PP de Madrid
y del
exalcalde de
Valdemoro:
"A mí me
decían que
tenían que
hablar
siempre con
[Jaime]
Taboada, que
era el que
gestionaba
[el plan
Prisma].
Estaba en la
mesa y ellos
llamaban a
Jaime, y una
semana
después me
decían esta
[obra] sí y
esta no",
completó
Marjaliza,
al ser
preguntado
sobre si
había
pactado con
Granados las
obras de la
empresa
regional
Arpegio.
"Había una
cosas no
escrita
según la
cual un
tercio de
las obras
era para los
técnicos, un
tercio para
Jaime
Taboada con
su gente y
el último
tercio para
Paco o la
consejería",
señala en un
momento de
su
declaración.
No es
Taboada el
único
diputado de
Cifuentes
salpicado
por este
escándalo.
El cabecilla
de la red
Púnica
señaló a
otros dos
diputados
del PP en la
Asamblea de
Madrid por
sus
vinculaciones
con la trama
de Granados,
según consta
en la
declaración
del
arrepentido
de 13 de
noviembre de
2015. Se
trata del
exalcalde de
Getafe Juan
Soler y del
exregidor de
Alcalá de
Henares
Bartolomé
González.
Aguirre: "No
hay nadie
que piense
que soy
corrupta"
Todo esto
ocurrió en
los años de
Esperanza
Aguirre al
frente de la
Comunidad de
Madrid, uno
de los
motivos que
llevó a que
presentara
su dimisión
el pasado
febrero.
Pero fue una
dimisión a
medias
porque dejó
el PP de
Madrid pero
se mantuvo
como líder
del Grupo
Municipal
Popular en
el
Ayuntamiento.
Este
miércoles,
después de
que
infoLibre
adelantara
que el socio
de Granados
sostiene que
Aguirre fue
informada
del proyecto
para un
pelotazo de
la Púnica en
Valdemoro,
señaló que
"no hay
nadie que
piense" que
ella es
"corrupta" o
que se "haya
llevado un
duro".
Según dijo
en un
desayuno
informativo
organizado
por Estrella
Digital, las
palabras del
empresario
le producen
"bochorno,
vergüenza e
indignación".
"La falta de
ética está
en las
personas,
pero la
publicitación
de los casos
de
corrupción
junto a la
lentitud de
la justicia
es lo que
hace pensar
a la gente
que los
políticos
son
inmunes",
mantuvo.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/19/cifuentes_nombra_numero_dos_campana_del_para_al_consejero_senalado_por_marjaliza_49908_1012.html
CIFUENTES, A
TABOADA:
"¿CUÁNDO VAS
A PONER LA
QUERELLA?"
Este jueves,
durante la
celebración
del Pleno de
la Asamblea,
el consejero
Jaime
González
Taboada
explicaba a
la prensa
que la
querella por
las
acusaciones
vertidas
contra él
por David
Marjaliza,
presunto
cabecilla de
la trama
Púnica,
estaba "a
punto". La
presidenta
ha
insistido:
"¿Cuándo vas
a ponerla?"
El
consejero,
que este
mismo
miércoles
reiteraba su
voluntad de
continuar en
su cargo
("No puedo
dimitir en
base a las
mentiras de
un señor2,
ha dicho), e
insistía en
que contaba
con la
confianza de
la
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
respondía a
las
preguntas de
la prensa
sobre la
querella
anunciada a
su llegada
al hemiciclo
de la
Asamblea de
Madrid. Tras
asegurar que
estaba ya
ultimando la
querella,
Cifuentes,
desde su
escaño, le
ha
preguntado:
"¿Cuándo vas
a
presentarla?".
Marjaliza
aseguró en
su
declaración
ante el juez
que Taboada,
presuntamente,
"mangoneaba"
el dinero
del plan
PRISMA,
destinado a
invertir en
infraestructuras
en los
municipios
de la
región. Ante
estas
acusaciones,
el consejero
mantiene que
"Todo el
mundo cree
en mí,
incluida la
presidenta".
http://www.madridiario.es/434121/cifuentes-taboada-querella-punica
CIFUENTES
RECUERDA QUE
MARJALIZA ES
UN
“DELINCUENTE”
Y QUE NO HAY
NINGÚN
IMPUTADO EN
SU GOBIERNO
La
presidenta
de la
Comunidad de
Madrid,
Cristina
Cifuentes,
ha vuelto a
mostrar su
“tolerancia
cero con la
corrupción”
y ha
confirmado
que en el
caso de que
“el juez
impute o
investigue a
cualquier
cargo, ya
sea alto
cargo o
director,
dimitirá de
forma
inmediata”.
De esta
forma
Cifuentes ha
aclarado que
de momento
en su
gobierno no
hay nadie
imputado,
por lo que
ha restado
importancia
a las
acusaciones
de David
Marjaliza
sobre altos
cargos del
PP de la
Comunidad de
Madrid
calificando
al
empresario
cabecilla de
la Púnica de
“delincuente”.
Para la
presidenta
autonómica
“por mucho
que
Marjaliza
haya
colaborado
en la
investigación
para salir
de la
cárcel, no
deja de ser
un
delincuente
que ha
reconocido
muchos de
los delitos
que él ha
cometido”,
por lo que
ha preferido
darle toda
la
relevancia a
“las
decisiones
del juez”,
antes que a
las del
cabecilla de
la trama de
corrupción
que ha
salpicado,
entre
muchos, a
Francisco
Granados.
En concreto,
la
presidenta
del PP
madrileño ha
defendido
así la
inocencia de
su consejero
de Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio,
Jaime
González
Taboada,
frente a las
acusaciones
del
condenado
Marjaliza.
Taboada se
querellará
contra
Marjaliza
El consejero
de Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio,
Jaime
González
Taboada,
niega
rotundamente
las
acusaciones
vertidas
contra él
por David
Marjaliza.
Así lo ha
hecho
público en
un
comunicado
enviado a
los medios
de
comunicación
donde
asegura que
: “Dada la
absoluta
falsedad de
estas
acusaciones,
Taboada va a
interponer
de inmediato
acciones
legales, de
carácter
civil y
penal, por
delitos
contra el
honor“.
Desde el
Gobierno de
la Comunidad
recuerdan
que tanto
González
Taboada como
la totalidad
de los
diputados y
miembros del
Gobierno
regional
están
sujetos a un
estricto
Código
ético,
mediante el
cual existe
el
compromiso
de renunciar
a sus actas
y a sus
cargos, en
el caso de
que se dicte
contra ellos
auto formal
de
investigación,
circunstancia
que no se ha
producido en
el caso del
consejero
madrileño.
El que fuera
el cerebro
de la Púnica
ha señalado
al número
tres del
Gobierno de
Cifuentes
vinculándolo
con
operaciones
urbanísticas
cuando éste
era director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local. En
concreto,
David
Marjaliza
aseguró ante
el juez que
muchas de
las obras
del plan
urbanístico
estaban
amañadas, de
modo que la
empresa
adjudicataria
de las
mismas
abonaba una
generosa
comisión que
se repartían
entre
Francisco
Granados,
González
Taboada y el
propio
Marjaliza.
Jaime
González
Taboada ha
defendido
siempre su
inocencia a
pesar de
estar
señalado
desde hace
meses. Solo
en caso de
que
finalmente
sea citado
ante el juez
en calidad
de
investigado
tendrá que
renunciar a
su cargo y
escaño en el
gobierno de
la Comunidad
de Madrid.
http://okdiario.com/espana/madrid/cifuentes-tacha-marjaliza-delincuente-142037
TABOADA SE
AFERRA AL
CARGO:
"CIFUENTES
ME CREE, Y
YO NO
DIMITIRÉ EN
BASE A
MENTIRAS"
El consejero
de Medio
Ambiente de
Cristina
Cifuentes ha
asegurado
que no se va
a apartar
del Gobierno
de la
Comunidad
tras las
acusaciones
de Marjaliza
en el caso
Púnica.
Seguirá en
su puesto
"siempre y
cuando" su
partido y su
presidenta
quieran.
El consejero
de Medio
Ambiente,
Administración
Local y
Ordenación
del
Territorio,
Jaime
González
Taboada, ha
asegurado
ese
miércoles
que no se va
apartar del
Gobierno de
Cristina
Cifuentes,
ya que no
puede
"dimitir en
base a las
mentiras" de
David
Marjaliza,
manifestando
que sus
afirmaciones,
que le
implican en
el caso
Púnica, son
"absolutamente
inciertas de
arriba
abajo".
"Niego la
mayor. Yo a
este señor
no le
conozco
absolutamente
de nada,
como ya lo
dije, y son
absolutamente
inciertas
todas y cada
una de las
afirmaciones",
ha aseverado
el consejero
madrileño en
declaraciones
a los medios
tras asistir
a una
reunión
extraordinario
para tratar
aspectos del
incendio de
Seseña.
Taboada ha
querido dar
explicaciones
sobre las
acusaciones
de uno de
los
cabecillas
de la trama
Púnica ante
el juez de
la Audiencia
Nacional
Eloy
Velasco, a
quien
manifestó
que el
consejero,
entonces
director
general de
Cooperación
con la
Administración
Local,
"mangoneaba"
el dinero
del Plan
Regional de
Inversiones
y Servicios
(PRISMA).
Tras conocer
las
acusaciones,
Taboada
anunció el
martes que
interpondría
una querella
contra el
constructor
para
defender su
honor y el
de las
personas que
durante doce
años
trabajaron
con él. "No
le conozco.
Las
afirmaciones
son
inciertas de
arriba abajo
y por eso he
iniciado
acciones
judiciales",
ha reseñado.
"Jamás he
estado con
este señor y
jamás he
compartido
un café ni
he estado ni
un minuto
con él o
algún
miembro de
su familia",
ha espetado.
Asimismo, ha
explicado
que cuando
estaba en la
Dirección de
Administración
Local él no
tenía
relación con
las
empresas,
sino con los
ayuntamientos
y los
alcaldes.
"Que hablen
ellos si
tenían la
más mínima
sospecha",
ha señalado.
También ha
querido
dejar claro
que no va a
dimitir por
"las
mentiras de
este señor"
y que
seguirá
trabajando
por los
madrileños
"siempre y
cuando" su
partido y su
presidenta
quieran.
"Soy
inocente de
las
afirmaciones",
ha agregado.
Además, ha
señalado que
ha hablado
con Cristina
Cifuentes,
quien le ha
manifestado
que le cree.
"Ella me ha
dicho que me
cree y yo le
he dicho lo
que le dije
hace nueve
meses, que
no le
conozco de
nada. Es una
cosa que se
ha inventado
él", ha
recalcado.
Tras ello,
ha pedido a
los
madrileños
que confíen
en su
presunción
de inocencia
más que la
de "una
persona que
ha estado en
la cárcel".
"Es un
presidiario
que habla de
otras
personas y
yo me
defenderé en
los
tribunales",
ha dicho.
http://vozpopuli.com/actualidad/82066-taboada-se-aferra-al-cargo-cifuentes-me-cree-y-yo-no-dimitire-en-base-a-mentiras
MARJALIZA
SEÑALA A
TRES
DIPUTADOS DE
CIFUENTES
POR SU
VINCULACIÓN
CON LA TRAMA
CORRUPTA
El socio de
Granados
aseguró al
juez que el
exregidor de
Alcalá de
Henares
Bartolomé
González
pidió una
comisión de
60.000 euros
a la empresa
Cofely
El
arrepentido
también
explicó que
el consejero
madrileño
Jaime
González
Taboada era
el
interlocutor
de la trama
y que el
exalcalde de
Getafe Juan
Soler se
benefició de
viajes a
París
El presunto
cabecilla de
la red
Púnica
señaló a
tres
diputados
del PP de la
Asamblea
madrileña
por sus
vinculaciones
con la trama
liderada por
Francisco
Granados,
según consta
en la
declaración
del
arrepentido
de 13 de
noviembre de
2015.
Se trata en
concreto del
también
consejero
del Gobierno
de Cristina
Cifuentes
Jaime
González
Taboada; del
exalcalde de
Getafe Juan
Soler; y del
exregidor de
Alcalá de
Henares
Bartolomé
González,
que fue
secretario
general del
Grupo
Parlamentario
del PP en el
Parlamento
madrileño.
Sobre Jaime
González
Taboada,
Marjaliza
explicó al
juez Eloy
Velasco que
este
dirigente
del PP de
Cifuentes
era el
interlocutor
de Granados
y el
exalcalde de
Valdemoro:
"A mí me
decían que
tenían que
hablar
siempre con
[Jaime]
Taboada, que
era el que
gestionaba
[el plan
Prisma].
Estaba en la
mesa y ellos
llamaban a
Jaime, y una
semana
después me
decían esta
sí y esta
no",
completó
Marjaliza,
al ser
preguntado
sobre si
había
pactado con
Granados las
obras de la
empresa
regional
Arpegio.
El alcalde
de Gefate
repitió
El socio de
Granados
también
aludió al
exregidor
Juan Soler,
también
parlamentario
del PP
madrileño de
Cifuentes:
"El alcalde
de Getafe
acudió con
J.A., que
era cómo
llamaban al
jefe de
gabinete, y
con algún
concejal,
invitado por
Cofely a
París.
Incluso
repitió.
Todo lo
pagaba
Cofely", en
referencia a
la empresa
que más
comisiones
abonó a los
imputados a
cambio de
contratos de
eficiencia
energética.
El tercero
de los
cargos que
Marjaliza
vinculó con
la Púnica es
el también
exalcalde,
en esta
ocasión de
Alcalá de
Henares
Bartolomé
González. A
la pregunta
de quién
pagó 60.000
euros a
Bartolomé
González, el
cabecilla de
la red
corrupta
aseguró: "Yo
no sé quién
lo pagó, lo
que sí sé es
que lo
pidió. Me lo
dijo [el
directivo de
Cofely]
Pedro García
y supongo
que sí se le
pagaría,
pero
recuerdo que
a mí me
pedía dinero
y yo lo iba
entregando
porque era
una gestión
que yo no
hice".
Alcalde de
Alcobendas
Pero el juez
Velasco
también
preguntó a
Marjaliza
sobre sus
reuniones
con el
alcalde de
Alcobendas
Ignacio
García de
Vinuesa, que
también
forma parte
del Grupo
Parlamentario
del PP en la
Asamblea "y
que es
aforado".
"Me reuní
dos o tres
veces en el
Ayuntamiento
por los
contratos de
eficiencia
energética",
reconoció.
Preguntado
sobre si se
habló de
darle un
dinero,
Marjaliza lo
negó: "Este
señor no me
pidió nada.
A fecha de
la
negociación
que
estábamos,
jamás me
pidió nada
nunca. Él
nunca me
pidió
dinero, y yo
no tenía la
confianza
como para
ofrecérselo
todavía
porque no le
conocía
prácticamente
nada".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/17/marjaliza_senala_tres_diputados_cifuentes_49852_1012.html
EL DIPUTADO
DE CIFUENTES
INVESTIGADO
EN PÚNICA
PIDE
DECLARAR
VOLUNTARIAMENTE
EN EL TSJ
MADRILEÑO
Daniel Ortiz
niega su
implicación
en la trama
corrupta
después de
que el juez
Eloy Velasco
enviase la
exposición
razonada
para que se
le
investigase
por su
supuesto
trato de
favor a
Cofely
El diputado
regional del
PP y
exalcade de
Móstoles,
Daniel
Ortiz, ha
pedido
declarar
voluntariamente
en el
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid (TSJM)
ante las
"acusaciones"
que le
vinculan con
el caso
Púnica. Por
ahora, Ortiz
no ha
renunciado a
su acta de
parlamentario,
como ya le
ha exigido
la
oposición.
El juez de
la Audiencia
Nacional
Eloy Velasco
envió este
miércoles
TSJM la
exposición
razonada
sobre Ortiz
para que
este fuera
investigado
por
favorecer a
una de las
empresas de
la trama,
Cofely, con
un contrato
de 73
millones de
euros.
"Niego
rotundamente
cualquier
implicación
en los
hechos y
todas
aquellas
noticias en
las que se
me coloca
como
partícipe en
irregularidades
en el
ejercicio de
mis
funciones
como alcalde
de la ciudad
de Móstoles,
por ser
absolutamente
inciertas",
ha
trasladado
el diputado
regional en
un
comunicado
este
viernes.
Ortiz ha
recalcado
que su
función como
primer edil
"siempre ha
estado
presidida
por el más
riguroso
respeto a la
legalidad y
a los
vecinos del
municipio".
El diputado
popular cree
que se está
produciendo
un "juicio
paralelo, al
margen de
los órganos
judiciales"
que está
ocasionando
"un daño
irreparable"
su honor. Es
por ello,
por lo que
ha
presentado
un escrito
ante el TSJM
para que le
reciba
declaración
"lo antes
posible" y
tenga así
"oportunidad
de exponer"
su versión
de los
hechos.
http://www.eldiario.es/madrid/PP-Daniel-Ortiz-voluntariamente-TSJM_0_515498764.html
EL JUEZ PIDE
IMPUTAR AL
DIPUTADO DE
CIFUENTES,
DANIEL
ORTIZ, POR
CORRUPCIÓN
Eloy Velasco
remite la
exposición
razonada al
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid para
que
investigue
al aforado
por seis
delitos
El juez
halla
sólidos
indicios de
que junto a
sus
cómplices,
Ortiz
percibió
746.000
euros de la
trama por
facilitar un
contrato de
73 millones
a la firma
de la
Púnica,
Cofely,
mientras era
alcalde de
Móstoles
El juez de
la Audiencia
Nacional
Eloy Velasco
acuerda
enviar una
exposición
razonada al
Tribunal
Superior de
Justicia de
Madrid con
los indicios
delictivos
contra el
diputado
regional
Daniel
Ortiz, por
haber
favorecido a
la empresa
Cofely en un
contrato de
73 millones
de euros
durante su
etapa como
alcalde de
Móstoles.
En su
escrito, el
titular del
Juzgado
Central de
Instrucción
6 entiende
que la
conducta del
aforado
Daniel Ortiz
sería
constitutiva
de los
delitos de
fraude
contra la
administración
pública,
tráfico de
influencias,
uso de
información
privilegiada,
infidelidad
en la
custodia de
documentos y
revelación
de secretos
e
informaciones
y cohecho.
A lo largo
de los 74
folios de la
exposición
razonada el
magistrado
incluye
todos los
indicios
recabados a
lo largo de
la
instrucción,
entre ellos
numerosa
documentación,
escuchas
telefónicas,
correos
electrónicos
y
declaraciones
policiales y
judiciales
que obran en
el
procedimiento.
El juez
explica que
en esta
pieza del
caso Púnica,
la sexta, se
investigan
las
presuntas
irregularidades
en la
adjudicación
de contratos
entre
ayuntamientos
de la
Comunidad de
Madrid y la
multinacional
Cofely.
En el caso
concreto de
Móstoles, el
juez Velasco
señala que
durante su
mandato
(2013-2014)
“se han
detectado
presuntos
actos de
corrupción”
en beneficio
de Cofely
“con un
ánimo de
lucro
personal
como
contrapartida”
en el que
fue en su
día regidor
del
Ayuntamiento,
además de en
su concejal
de Medio
Ambiente
Alejandro
Utrilla
Palombi y su
hermano
Mario
Utrilla
Palombi,
diputado
regional en
la anterior
Asamblea de
Madrid y
antiguo
alcalde de
Sevilla La
Nueva, “que
se erigieron
como
intermediarios-representantes
de todos
ellos en las
negociaciones
del cobro de
dádivas”.
Por parte de
Cofely
actuaron
“activamente”
responsables
del
Departamento
Comercial,
principalmente
su director,
Constatino
Álvarez, el
responsable
de Mercado
Público,
Pedro García
Pérez, así
como
personal del
Departamento
de
Operaciones
y el
director
general de
la compañía
en España,
Mauricio
Didier.
Participó
también
David
Marjaliza,
como asesor
comercial
externo de
la empresa,
como
conseguidor
del
contrato,
como
intermediario
con los
mencionados
cargos
públicos
municipales
en la
obtención de
informaciones
reservadas
para
preparar las
ofertas de
la compañía,
como
representante
de la
compañía en
la
negociación
de los pagos
de las
comisiones e
incluso como
financiador,
adelantando
los primeros
pagos de
comisiones,
objeto luego
de
reembolso,
tal y como
él mismo ha
confesado en
el juzgado.
La
exposición
razonada
detalla
todos los
indicios
recabados
contra
Daniel Ortiz
en las fases
de
licitación,
adjudicación
y ejecución
del
“contrato
administrativo
mixto de
suministros
y servicios
energéticos
y
mantenimiento
integral con
garantía
total de los
edificios
municipales
y centros
educativos
del
municipio de
Móstoles”,
licitado el
12 de
diciembre de
2013 y
adjudicado
el 20 de
2014 por
importe de
73.143.434,76
euros por un
periodo de
12 años.
Daniel
Ortiz, según
el juez de
la Audiencia
Nacional,
recabó
información
del avance
de la fase
de
licitación
del contrato
presionando
continuadamente
sobre
empleados
públicos y
autoridades
municipales,
“prevaliéndose
de su
posición
como alcalde
de la
localidad”,
especialmente
sobre el
concejal
promotor del
expediente,
David
Sánchez Rey,
llegando
incluso a
solicitarle
la
interrupción
del
procedimiento
de
adjudicación,
interfiriendo
en el
proceso
reglado de
decisión de
la Mesa de
Contratación,
único órgano
competente
sobre el
contrato,
del que no
formaba
parte.
Según
Velasco,
durante la
tramitación
del
procedimiento
puso en
marcha “una
dinámica de
mensajes e
intercambios
de informes
confidenciales
que
generaron un
auténtico
circuito
paralelo
encubierto
de
licitación,
remitiendo
subrepticiamente
a los
empleados de
Cofely (…)
documentos
confidenciales
de la oferta
de un
licitador
competidor”.
Dicha
actuación se
hizo,
continúa el
juez, al
objeto de
que los
cuadros
técnicos de
esa
multinacional
realizaran
“como
efectivamente
realizaron,
un
contra-informe
anónimo para
excluir al
competidor
mejor
baremado
hasta
entonces”,
con el fin
de ayudar a
esa empresa
–Cofely
España-
“facilitándole
información
que no podía
adelantar y
que sólo
filtró a
ella”.
El escrito
del juez
señala que
las
irregularidades
se hicieron
a cambio de
cantidades
entre
240.000
euros,
500.000
euros y
6.000 euros
“como
reconocimiento
a su ayuda
para obtener
el
contrato”,
dinero que
salió con
cargo al
presupuesto
mismo de
ejecución
del contrato
mediante
facturación
que se giró
al
Ayuntamiento
mediante
conceptos
como una
simulada
auditoría
por importe
del 2 por
ciento del
presupuesto
de
adjudicación
en 12
anualidades.
También a
cambio de
“una serie
de
reformados
que no eran
más que una
ficción de
gastos para
generar a
costa del
erario
municipal el
efectivo
necesario
para abonar
las dádivas
prometidas
que, en
perjuicio
del
servicio, la
competencia
y el erario
público
repartió con
otras
autoridades
municipales
y que llevó
a que
finalmente
se le
adjudicara
el contrato
a la empresa
indicada”.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/11/tribunales/1462959427_720364.html
UN DIPUTADO
DE
CIFUENTES,
IMPLICADO EN
EL MAYOR
PELOTAZO DE
LA PÚNICA
Daniel
Ortiz,
exalcalde de
Móstoles,
intermedió
para
adjudicar un
contrato de
75 millones
a Cofely
Daniel
Ortiz,
diputado del
PP en la
Asamblea de
Madrid y
exalcalde de
Móstoles,
intermedió
para que
Cofely, la
principal
empresa de
la trama
Púnica,
ganara un
macrocontrato
de alumbrado
en esta
localidad de
200.000
habitantes
al sur de
Madrid. Así
lo cree la
Unidad
Central
Operativa
(UCO) de la
Guardia
Civil, que
en un
informe
incorporado
al sumario
del caso
Púnica
recopila
pruebas de
cómo usó su
cargo para
influir en
la
adjudicación
del contrato
público de
mayor
cuantía de
entre los
que dieron a
la red los
municipios
investigados
en la causa.
El informe
que la OCU
entregó al
juez Eloy
Velasco, de
más de 300
páginas y
con fecha de
septiembre
de 2015,
relata cómo
"el
concierto
delictivo"
pretendía
influir en
el concurso
para que
fuera Cofely
la
adjudicataria,
"independientemente
de cuál
fuese la
oferta
económicamente
más
ventajosa",
a cambio del
pago de
"notorias
comisiones a
cargos
públicos
vinculados
al
Consistorio
de Móstoles".
Según las
investigaciones
de la
Guardia
Civil, el
entonces
alcalde y un
concejal
habían
"adquirido
un
compromiso
previo con
Cofely
incluso
antes de la
publicación
del
contrato".
El concejal
en cuestión
era
Alejandro
Utrilla,
edil adjunto
de Medio
Ambiente del
Ayuntamiento
de Móstoles,
que —según
la UCO— pudo
cometer
delitos de
fraude,
revelación
de secretos
y cohecho.
El
exalcalde,
que es
aforado por
su actual
condición de
diputado en
la Cámara
madrileña,
sería autor
de delitos
de cohecho y
fraude,
según los
investigadores.
La empresa
se había
comprometido
a pagar una
mordida de
240.000
euros a
cambio de
las
facilidades
para obtener
el contrato.
El concurso
para
adjudicar el
alumbrado
público de
Móstoles no
siguió los
patrones
habituales
de la trama
en otros
municipios.
En lugar de
crear los
pliegos de
la
licitación
específicamente
para
facilitar
que ganara
Cofely, en
este caso
"se pusieron
trabas a los
competidores,
de forma que
finalmente
se desechase
la oferta
del
licitador
mejor
posicionado
y se
orientase el
concurso a
la empresa
que querían
que lo
ganase",
asegura el
informe.
Con un
precio de
licitación
de 75
millones de
euros, el
contrato
mostoleño
era
especialmente
jugoso para
la trama.
Los
responsables
de Cofely
llegaron a
elaborar un
informe
anónimo para
ayudar al
Ayuntamiento
a desestimar
la oferta de
otra de las
empresas
competidoras,
Fulton. Para
confeccionarlo
accedieron
al
expediente
de
contratación
valiéndose
de
"contactos
personales
con los
cargos
públicos",
asegura la
UCO, que
detectó
correos
electrónicos
y
conversaciones
entre los
implicados
en las que
aludían a
ese informe
anónimo.
"Nos están
escuchando"
La minuciosa
investigación
de la UCO
incluye
escuchas
telefónicas,
correos
electrónicos
e infinidad
de pruebas
documentales.
En una de
las
conversaciones
intervenidas
los
investigadores
escuchan a
los
implicados
bromear
sobre la
posibilidad
de que les
estén
oyendo.
Constantino:
No sigas por
ahí. No
sigas por
ahí... que
no sigas por
ahí.
Pedro: ¿Por?
Constantino:
Pues porque
nos están
escuchando.
Se trata de
Pedro García
Pérez y de
Constantino
Álvarez, los
trabajadores
de Cofely
que
presuntamente
urdieron el
amaño. Los
investigadores
escucharon
al primero
decir por
teléfono una
frase que
resultó muy
reveladora:
"Nadie puede
negar que
nos han
echado una
mano en que
resultáramos
adjudicatarios
del
contrato".
Justo antes
hablaba con
Álvarez de
"resolver lo
de los
240.000
euros". Y
justo
después es
cuando este
último le
pide a
García que
no siga por
ahí porque
les pueden
estar
escuchando.
El ahora
diputado
Ortiz no es
el único
político que
tiene
relación con
el contrato
de Móstoles
con Cofely.
Mario
Utrilla,
exalcalde
del PP de
Sevilla la
Nueva,
municipio
muy cercano
a Móstoles,
colaboró con
su hermano
Alejandro
Utrilla en
el amaño del
millonario
concurso de
alumbrado,
según el
informe de
la UCO.
Utrilla
también fue
diputado de
la Asamblea
de Madrid en
la pasada
legislatura.
El juez
Velasco
llamó a
declarar a
Utrilla como
imputado en
junio
pasado,
junto con
los entonces
consejeros
de la
Comunidad de
Madrid
Salvador
Victoria y
Lucía Figar.
Daniel Ortiz
ha rehusado
comentar el
contenido
del informe
incluido en
el sumario
de la trama
Púnica, del
que el
jueves se
conocieron
varios tomos
hasta ahora
secretos y
que adelantó
EL PAÍS. Una
portavoz del
Grupo
Popular en
la Asamblea
de Madrid ha
remitido una
nota de
prensa en la
que asegura:
"Como ya
declaré ante
la
ciudadanía
cuando era
alcalde y
ahora como
portavoz en
la
oposición,
mantengo mi
actitud de
más absoluta
indignación
con los
casos de
corrupción y
en el caso
de la
Operación
Púnica son
falsas todas
las
acusaciones
que hoy he
recibido
hacia mi
persona".
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/19/actualidad/1455899373_511469.html
PEDRO ROLLÁN ASEGURA QUE SE CUMPLIERON "LOS REQUISITOS LEGALES" EN LA CREACIÓN DE DOMINIOS
El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, ha afirmado este sábado que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz del que era alcalde, "formalizó un contrato" que prestó un servicio "con total y absoluta calidad" y "cumpliendo los requisitos legales".
El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, ha afirmado este sábado que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz del que era alcalde, "formalizó un contrato" que prestó un servicio "con total y absoluta calidad" y "cumpliendo los requisitos legales".
En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero ha respondido así a la acusación del diputado del grupo parlamentario de Podemos Miguel Ongil, que a través de un informe pericial asegura que varias personas, entre ellas, Rollán, se encuentran dentro del marco de la Operación Púnica por la creación de dominios que favorecían el posicionamiento de determinados cargos políticos en internet.
El informe pericial, que "no se ha facturado" a Podemos, sino que es obra de "un profesional comprometido" con el partido que quería "realizar un ejercicio de transparencia", asegura que la información analizada "afecta a dos comunidades autónomas": Madrid y Valencia y "solo parcialmente", por lo que concluye que el análisis "es la mínima parte que ha aflorado del iceberg".
PODEMOS SALPICA EN PÚNICA A PEDRO ROLLÁN, CONSEJERO DE CRISTINA CIFUENTES
Un informe pericial encargado por Podemos cifra en 433 las páginas web dedicadas a "destrozar" al PSOE, entre las que se encuentra la del consejero de Transporte, Infraestructura y Vivienda de la Comunidad de Madrid.
El caso Púnica salpica a un nuevo cargo del Partido Popular, en esta ocasión a Pedro Rollán, exalcalde de Torrejón de Ardoz y actual consejero de Transporte, Infraestructura y Vivienda de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta es Cristina Cifuentes.
Así se desprende de los documentos revelados este viernes por Podemos, que relaciona la trama corrupta del PP madrileño con 433 páginas web dedicadas a "destrozar a un contrario", el PSOE, según el informe.
En el caso de Rollán, se vería salpicado por estar incluido en esa lista el dominio pedrorollan.com, sin que el dirigente popular hubiera protestado por el contenido publicado en dicha web.
Se trata de un informe pericial encargado por el diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid Miguel Ongil y en el que también aparece el nombre de Alejandro de Pedro, el conseguidor de la trama Púnica.
En sus conclusiones, el perito destaca que varios dominios corresponden a cargos políticos, todos ellos del Partido Popular. Otras difundían contenido xenófobo o estaban dirigidas a un sector concreto de la población (afectadoscooperativas.com). Algunas webs incluso estaban destinadas a funcionar durante los procesos judiciales de candidatos del partido (wikipediafranciscogranados.com) o pretendían dar la imagen de falsos periódicos digitales (noticiascoslada.com).
Esta información pertenece sólo a dos comunidades autónomas, la de Madrid y la valenciana y podrían constituir "indicios" de que podrían haber dado "visibilidad y apariencia de legalidad a empresas pantalla que constataban sin tener nada detrás", dice textualmente el informe.
El 'conseguidor' de la 'Púnica' reconoce su relación personal con la Presidenta de Madrid y con Lucía Figar, pero dice que “a Ignacio González ni le conozco”
Alejandro de Pedro, el conocido como conseguidor de la Operación Púnica, ha comparecido, por fin, ante la comisión de investigación de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho durante más de una hora. A menudo, regateando las preguntas. Incluso remitiendo a los diputados a su declaración ante el juez Eloy Velasco, que lleva el sumario. Pero aún así ha dejado perlas.
Amigos y desconocidos
Quizás la más llamativa, cuando los diputados le han preguntado por sus relaciones personales con los diferentes líderes del PP. En este sentido, de Pedro ha sido muy contundente en algún caso, por ejemplo ha dicho que “a Ignacio González ni le conozco”, aunque ha reconocido que realizó trabajos para él. Y algo menos claro, con otros.
Así, ha reconocido su buena relación con la exconsejera Lucía Figar, y que trabajó para mejorar su imagen en las redes. Igual que, preguntado si era amigo de la actual presidenta de Madrid Cristina Cifuentes, ha dicho que en efecto la conocía, aunque no ha entregado en confirmar ni negar la profundidad de esa relación.
Cifuentes y los cafés
Como desvelamos en su momento en ELPLURAL.COM, entre Cifuentes y de Pedro se produjo un fluido intercambio de tuits, en uno de los cuales se leía “si tengo un momento durante el Pleno te invito a un café”. Tuit que ha dado paso a que se desvelara, por parte de los diputados, una queja pública sorprendente: pidieron el registro de las visitas producidas en el mes de febrero de 2011, cuando se produjo el tuit, que reproducimos, con la intención de comprobar si se había concretado esa invitación, y fueron informados por los funcionarios de que existía una orden verbal de no entregar dichos registros.
La actual diputada, que era manager community en el PP de Madrid
También se ha preguntado a De Pedro por su relación con la actual diputada del PP, Isabel Díaz Ayuso, responsable en aquel momento de las redes sociales del PP madrileño, y con la que ha dicho que se veía mensualmente. El papel de Isabel Ayuso fue importante porque teóricamente sería la responsable de un intercambio de tuits entre la cuenta de Esperanza Aguirre y de Alejandro de Pedro.
Las hijas de Zapatero
El conseguidor de la Púnica ha reconocido que trabajó para el PP, aunque ha dicho que jamás infló sus facturas, y que sus trabajos fueron reales, como consta, ha insistido, en los ordenadores que se llevó la Guardia Civil en el registro de sus oficinas. También, a preguntas del PP, De Pedro ha reconocido que realizó trabajos para el PSOE. Entre otros para mejorar la imagen de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que pagó el PSOE.
De Pedro ha dado como explicación a que un partido pagara facturas de las campañas de mejora en redes de sus líderes, al hecho de que aparecían a menudo citados por su nombre, pero en razón de su cargo. Cuando se ha subrayado que en este caso se trataba de las hijas de un político -en el entrono de Zapatero siempre se ha negado que él conociera la existencia de este encargo-, los diputados socialistas han recordado que los pagos del PSOE eran realizados con el dinero del partido, y no a cargo de fondos públicos.
El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haber presionado al exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla', para que vendiera una parcela a la trama 'Gürtel', según informaron fuentes jurídicas.
El consejero madrileño, que ha declarado en calidad de testigo y, por lo tanto, con obligación de decir la verdad, ha asegurado que no conoce al presunto líder de la red de corrupción Gürtel, Francisco Correa, y que solo se dedicó a recibir la documentación sobre ese terreno para remitirla a la Dirección General de Urbanismo para obtener su visto bueno.
El que fuera director general de Cooperación con la Administración Local ha negado que la operación causara un perjuicio económico al consistorio y ha precisado que los técnicos municipales valoraron la parcela en unos 30 millones, que acabó siendo vendida en cerca de 19 millones.
El magistrado quiere recabar con esta citación, solicitada por una de las acusaciones populares personadas en la causa, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), su versión sobre la venta de unos terrenos situados en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
El entonces alcalde del municipio, Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, indicó en una declaración voluntaria prestada ante el juez en diciembre que González Taboada le presionó en su etapa como responsable de territorio de la Comunidad de Madrid, para que abaratara el precio de venta de ésta parcela
Además, De la Mata ha escuchado también en calidad de investigado al funcionario de esta localidad Antonio Miguel Reyes por presuntos delitos de corrupción por amañar presuntamente la adjudicación de varios terrenos a la trama liderada por Francisco Correa.
En concreto, el juez señaló en un auto que Antonio Miguel Reyes facilitó la adjudicación por parte de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte de cuatro parcelas a favor de Rústicas MBS tras emitir un informe en el que habría otorgado la mayor puntuación a esta empresa "de forma arbitraria, sin fundamentar su valoración y utilizando subcriterios que no estaban recogidos en los pliegos correspondientes". De igual modo, habría favorecido a la mercantil Teconsa en la construcción de tres equipamientos de 96, 80 y 57 viviendas, respectivamente.
http://www.madridiario.es/430696/gonzalez-taboada-trama-gurtel-audiencia-nacional
EL JUEZ DE
LA GÜRTEL
LLAMA A
DECLARAR AL
‘HOMBRE
FUERTE’ DE
CIFUENTES
De la Mata
convoca al
consejero de
Medio
Ambiente,
Jaime
González
Taboada, por
la venta de
una parcela
en Boadilla
del Monte
El consejero
de Medio
Ambiente de
Madrid y
hombre
fuerte de
Cristina
Cifuentes,
Jaime
González
Taboada,
tendrá que
declarar el
próximo 12
de febrero
en la
Audiencia
Nacional en
el marco de
la
investigación
sobre la
trama
Gürtel,
según ha
podido saber
en exclusiva
ELPLURAL.COM.
En concreto,
el juez José
de la Mata
le llama
para que
explique la
venta de una
parcela en
Boadilla del
Monte,
valorada en
30 millones
de euros y
que salió a
concurso por
19,4
millones. El
terreno
acabó en
manos del
empresario
José Luis
Ulibarri,
otro
imputado
Gürtel.
De esta
manera da
luz verde a
la petición
de la
Asociación
de Abogados
Demócratas
por Europa
(ADADE), la
principal
acusación
popular de
este caso y
de la trama
Gürtel, que
había
reclamado
ante el
juzgado
Central de
Instrucción
número 5 de
la Audiencia
Nacional la
declaración
de González
Taboada.
ADADE
considera
que el
consejero
habría
presionado
para que se
rebajara el
precio de la
parcela,
según la
acusación
del
exalcalde
popular de
Boadilla,
Arturo
González
Panero,
imputado en
el escándalo
Gürtel y
conocido
bajo el
alias de ‘el
Albondiguilla’.
Caso Gürtel,
Taboada y
Boadilla del
Monte
Todo parte
de la
acusación
que hizo el
Albondiguilla
en el marco
del caso
Gürtel, en
su
declaración
voluntaria
en el JCI nº
5 de la
Audiencia
Nacional el
pasado día 9
de
diciembre.
Ante el juez
De la Mata
dijo que
González
Taboada,
cuando era
Director
General de
Cooperación
con la
Administración
Local de la
Comunidad de
Madrid,
trató de
convencerle
de que
sacara a
concurso una
parcela por
un valor de
19,4
millones de
euros,
cuando los
técnicos del
Ayuntamiento
de Boadilla
del Monte la
habían
valorado en
30 millones.
El juez,
además de
pedir la
declaración
de Taboada,
reclama a la
Comunidad de
Madrid, a
través de la
Consejería
de
Presidencia,
Justicia y
portavocía
de Gobierno,
el
expediente
para
autorizar la
venta.
González
Taboada le
abre de esta
manera un
nuevo roto
al Gobierno
de Cristina
Cifuentes.
Hasta ahora,
la presunta
implicación
de González
Taboada en
la Púnica,
donde ya se
había visto
señalado por
numerosas
pruebas y
testimonios,
no sólo no
la han hecho
cambiar de
opinión,
sino que ha
subrayado
que mantiene
su total
“confianza”
en él.
http://www.elplural.com/2016/01/20/el-juez-de-la-punica-llama-a-declarar-al-hombre-fuerte-de-cifuentes/
LAS 'OPERACIONES PÚNICAS' DEL CONSEJERO DE CIFUENTES, JAIME GONZÁLEZ TABOADA
Obsesión por aprobar una adjudicación a una empresa relacionada con la Púnica.
Jaime González Taboada, consejero de la Comunidad de Madrid con Cristina
Cifuentes, se implicó y mucho en esta operación, según la versión de un concejal
del Partido Popular. Lo publica 'El Español'.
Las extrañas maniobras del consejero de Cristina Cifuentes. Centramos la
historia. Todo ocurre en Hoyo de Manzanares, una localidad madrileña donde el PP
tenía mayoría absoluta la legislatura pasada.
En uno de sus plenos se vota en contra de la clasificación que daba como
ganadora de una adjudicación a Dalkia, una empresa vinculada a Cofely,
considerada como la gran compañía de la trama Púnica.
Y detrás de todo esto hay un nombre propio. El concejal popular Álvaro González
del Castillo. Fue su voto el que echa para atrás la adjudicación. ¿Por qué? Muy
sencillo. Advierte más de una irregularidad en la forma en la que se quería
adjudicar ese contrato.
Un megacontrato más bien, de 4,7 millones de euros para 15 años. ¿Cuál es
entonces el papel de Taboada? Poco después de que se celebrase ese pleno, el
alcalde de Hoyo convoca un comité ejecutivo para analizar ese voto en contra y
allí se presenta Taboada, entonces director general de cooperación con la
Administración Local, con la intención de convencerles de lo bueno del contrato,
de que la eficiencia energética es buena para el pueblo.
Coincidencias con la trama Púnica. Según el alcalde, Taboada se comprometió en
el comité a "encargar una encuesta política y de intención de voto en el
municipio". Algo que hacía Cofely para lograr adjudicaciones, según el juez.
El concejal que votó en contra de ese contrato describe a 'El Español' las
enormes coincidencias que encontró cuando se destapo la trama púnica y el
contrato que se quería aprobar en el pleno.
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/operaciones-punicas-consejero-cifuentes-jaime-gonzalez-taboada_2015080400167.html
EL NÚMERO TRES DE CIFUENTES RECHAZA JUSTIFICAR GASTOS DE 16,5 MILLONES
La Intervención pidió a Jaime González Taboada que conformara gastos de 16,5
millones de
Arpegio que incluyen importantes pagos en propagada y primeras piedras
Jaime González Taboada, número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes, rechaza
“conformar” la factura de 16,5 millones que la filial pública Arpegio,
investigada por el juez dentro de la trama Púnica, le elevó por gastos internos
del Plan de Inversiones de Madrid (el Prisma 2006/2007). Esta polémica factura,
que lleva años guardada en un cajón, incluye pagos de 3,3 millones en primeras
piedras de obras y un costosísimo despliegue mediático en el que llegaron a
pagarse 852.000 euros por varios vídeos propagandísticos. Los interventores
pidieron a Taboada que conformase y justificase esos gastos. Él entiende que no
le corresponde.
Taboada, actual consejero de Medio Ambiente de Madrid y durante los últimos 12
años, en los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, director general
de Administración Local, ha rechazado justificar esa factura alegando que, entre
sus competencias, no estaba la de conformar gastos de Arpegio, y menos aún, por
un “importe de esa envergadura”, explicó un portavoz de su consejería. En todo
caso, según este portavoz, quien debió conformarla era el anterior consejero de
Presidencia y Justicia, Salvador Victoria. Taboada es, como director general de
Administración Local, quien ha gestionado, a través de Arpegio, el Plan Prisma
2006/2007, en contacto con los alcaldes de los municipios en los que se han
acometido obras de inversión. Desde 2006, la Comunidad ha destinado a este plan
582 millones.
Esta polémica factura ha estado cinco años guardada en un cajón y contiene
gastos internos de Arpegio (propaganda, comidas, asesoramientos...) de los años
2006 y 2007, época en que era consejero y responsable político de Arpegio
Francisco Granados, implicado en la Púnica y jefe de Taboada.
En un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, la intervención delegada de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno se ha opuesto a
hacer “un asiento directo” de ese dinero en la contabilidad oficial, tal como en
mayo y diciembre de 2013 pidieron tanto Victoria como Taboada. Aseguran los
interventores que esos 16,5 millones son gastos internos de Arpegio y que, en
todo caso, debe abrirse un expediente para ver por qué se desvió esa cantidad de
los 582 millones del Prisma 2006/2007. A lo sumo, según los interventores, cabe
imputar la factura dentro de los gastos “en bienes corrientes y servicios de los
presupuestos generales de la Comunidad de Madrid”, si bien para ello debe
conformarla/justificarla el “centro gestor”; es decir, la dirección general de
la que era responsable Taboada. Pero este se niega, y sostiene que eso debió
hacerlo el anterior consejero responsable de Arpegio, Salvador Victoria, según
el citado portavoz de la Comunidad.
Se da la circunstancia de que Taboada es ahora, además, el consejero que manda
en Arpegio, que depende de la Consejería de Medio Ambiente. Arpegio se descontó
los 16,5 millones y no los ha devuelto a la Comunidad porque entiende que el
convenio que suscribió para el desarrollo del Prisma se lo permite, de lo que,
ahora, discrepa Taboada, quien entiende que tales gastos debe asumirlos Arpegio
ya que en el convenio, señala, se indica que los mismos "son gratuitos". En
realidad, el convenio sí permite a Arpegio que la Comunidad le abone los gastos
que tenga "como consecuencia directa de los encargos o mandatos ejecutados" del
plan Prisma.
Victoria y Taboada se han visto salpicados en la trama Púnica. El primero está
imputado de cuatro delitos y el segundo ha sido implicado en una confesión
voluntaria prestada ante el juez por David Marjaliza, cerebro de la red y socio
de Granados, jefe de Taboada en la época en que se gastaron esos 16,5 millones.
La factura incluye desembolsos de hasta 35.000 euros por colocar la primera
piedra de, por ejemplo, una obra en Serranillos del Valle, y el pago de 850.000
euros por varios vídeos de propaganda, entre otros pagos que fuentes del
Gobierno de Cifuentes consideran “desproporcionados”.
El juez del caso Púnica Eloy Velasco tiene bajo lupa a Arpegio, que además de
ayudar con subvenciones públicas (salidas de los 582 millones) a los
ayuntamientos de Madrid para sus obras, compra terrenos y luego los vende
mediante concurso. El juez ha descubierto, entre otras presuntas
irregularidades, pelotazos en recalificaciones de terrenos. Una de las doce
piezas separadas en que ha troceado las diligencias de Púnica se corresponde con
el epígrafe “Granados y colaboradores”, entre ellos, Taboada. El juez no se ha
dirigido aún hacia él porque se trata de un aforado.
La factura de 16,5 millones la elevó a Taboada, en 2010, el anterior director
general de Arpegio, Miguel Ángel Ruiz, que ahora es su mano derecha y lo ha
elegido viceconsejero. En parte por el lío de la factura y en parte porque la
presidenta Cristina Cifuentes quiere “personas de su confianza” en los
principales organismos públicos, la Comunidad acaba de relevar a Francisco
Labayen como director general de Arpegio. Ha sido sustituido por Susana Magro,
que también ha sido nombrada vocal del Consejo de Administración de Arpegio. De
esta firma 100% pública procede también, como vocal de su Consejo de
Administración, Fernando Moya Lorente, al que también ha aupado Taboada como
secretario general técnico de su consejería. Es decir, ha colocado como altos
cargos a algunos de sus hombres de confianza en Arpegio. Taboada mantuvo ante
este periódico que él no tenía nada que ver con la gestión económica de Arpegio;
si embargo, ha cortado, junto a alcaldes, decenas de cintas de nuevas obras en
los ayuntamientos de la región.
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/24/actualidad/1443127666_292228.html
ARPEGIO
GASTÓ 3,3 MILLONES EN PRIMERAS PIEDRAS Y PROPAGANDA
EL PAÍS accede a la contabilidad interna de esta empresa de la Comunidad de
Madrid, investigada por el juez Velasco en el marco de la trama Púnica
Colocar la primera piedra de la comisaría de policía de Alcalá de Henares (una
carpa con un monolito del evento y un cóctel) costó 28.232 euros; la de la
residencia de mayores de Navas del Rey (lo mismo, pero con una degustación de
pinchitos) 29.000 euros; y los 10.000 paraguas y bolígrafos traídos urgentemente
desde China en avión, otros 28.072. Sólo en relaciones públicas, publicidad y
primeras piedras, Arpegio, la firma 100% pública de Madrid que investiga el juez
Eloy Velasco dentro de la red Púnica, gastó 3,3 millones con cargo al plan
Prisma de inversiones 2006/2007.
EL PAÍS ha tenido acceso a los gastos internos (referidos a consultorías,
comidas, teléfono, relaciones públicas, primeras piedras, folletos...) que tuvo
la filial pública Arpegio durante el desarrollo del Plan Regional de Inversiones
de Madrid (Prisma, 2006/2007). El objetivo de este plan, puesto en marcha por el
Gobierno de Esperanza Aguirre, era ayudar a los municipios a sufragar las obras
que necesiten. El Prisma 2006/2007 ha dispuesto hasta ahora de 582 millones de
euros.
Arpegio es la sociedad pública a la que se encomendó el desarrollo de este plan.
Para llevarlo a cabo realizó gastos “muy disparatados e innecesarios” (al margen
del presupuesto de 582 millones), según fuentes cercanas a este organismo. Todos
estos gastos internos figuran en una factura por importe total de 16,5 millones
que ha sido elevada por Arpegio a la Comunidad de Madrid para que le sea abonada
en su cuenta. Pero la Comunidad está poniendo pegas y la factura se ha
convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Gobierno de Cristina
Cifuentes. Y, en concreto, para su número tres y consejero de Medio Ambiente,
Jaime González Taboada, quien durante los últimos 12 años ha sido director
general de relaciones con la administración local y, por tanto, la persona que
gestionó con alcaldes y ayuntamientos las inversiones del Prisma. La factura ha
estado guardada desde 2009 en un cajón y su destino final sigue coleando.
González Taboada aseguró a este periódico que él no tiene nada que ver con la
gestión de Arpegio, puesto que se trata de una sociedad que tiene su propio
consejo de administración.
Si no hubo recato económico en la colocación de primeras piedras (que suman
782.000 euros), el coste del despliegue propagandístico y publicitario de estas
obras no se quedó a la zaga. Arpegio contrató, por ejemplo, un plan de
comunicación de sus obras por 2,5 millones. Por la elaboración de un “vídeo
estereoscópico en tres dimensiones” y la presentación de “vídeos zonales” de
obras del Prisma, Arpegio pagó, en concreto, 852.000 euros. Y otros 500.000 por
la creación y mantenimiento de una página web. Más otros 660.000 por
“consultorías y asistencia técnica para la gestión integral, técnica, jurídica y
económica" de las obras del Prisma 2006/2007.
5,9 millones en consultoría y sueldos
Si impresiona el despliegue propagandístico que Arpegio dio a las obras del
Prisma 2006/2007, en la factura de 16,5 millones que este organismo público
pretende ahora que le abone la Comunidad de Madrid hay otras anotaciones que
también llaman la atención. En concreto, 5,9 de los 16,5 millones que conforman
esa factura se han gastado “en consultorías y asistencias para la tramitación de
licitaciones”, según reza la factura sobre ese gasto en concreto. Este dinero es
al margen de los 582 millones invertidos por la Comunidad en las obras del
Prisma 2006/2007.
Fuentes cercanas a la firma Arpegio señalan que esos 5,9 millones se
corresponden, además de con consultorías, con el pago de salarios a los
trabajadores, una veintena, que hubo que contratar para el desarrollo del plan
de inversiones.
La más cara y suntuosa de las primeras piedras importó 35.000 euros y fue para
una obra del Prisma en Serranillos del Valle, municipio de apenas 4.000
habitantes. Otra costosa primera piedra fue la que se puso con motivo del inicio
de las obras de la comisaría conjunta de Policía Nacional y Local de Alcalá de
Henares, 28. 232 euros. El acto se limitó a la instalación de una carpa con su
respectivo atril y un monolito símbolo del inició de las obras. Lo presidió
Aguirre, aunque también asistieron los exconsejeros Alfredo Prada y Granados.
Entre los gastos que Arpegio quiere que la Comunidad le abone (y que forman
parte de la citada factura de 16.5 millones) figuran también 289.000 euros por
las plazas de garaje para empleados y arrendamiento de la oficinas que tuvo
Arpegio en la Torre II de la plaza de Colón; otros 96.027 euros se gastaron “en
supermercado, suministros higiénicos, farmacia, consumibles informáticos y
bebidas (agua y café)”; mientras que en “ticket de comida para empleados” hay
anotados otros 48.286” euros.
La partida de publicidad y propaganda es de las más elevadas. “E innecesarias”,
señalan fuentes cercanas a Arpegio. En total 2,5 millones. Según se indica en un
anexo de la citada factura de 16,5 millones, los 2,5 millones se gastaron en lo
siguiente: “Realización de una campaña publicitaria institucional, con
elaboración de audivisuales y folletos para presentar los proyectos regionales,
así como elaboración del logotipo Prisma y relaciones con los medios de
comunicación”.
Asimismo, para el “mantenimiento de sistemas informáticos, aplicaciones, web,
equipos y en licencias de programas informáticos de renovación anual, constan
pagos por importe de 351.000 euros”, sin contar otros 78.000 empleados en
“útiles y herramientas de escritorio”. Fuentes del actual Gobierno de Cristina
Cifuentes admiten que ciertamente se produjo un derroche de dinero en publicidad
y propaganda en el marco del Prisma 2006/2007.
Un periodista de EL PAÍS analizó los cientos de pagos de la citada facturas de
16,5 millones y observó que, además, Arpegio contrató actos con la firma de la
red Púnica Waiter Music. Con posterioridad la Comunidad ha rechazado tales
contrataciones. Waiter Music es una de la empresa de las que se sirvió el
exconsejero Francisco Granados para amasar su ilícita fortuna.
Arpegio se dedica a desarrollar el programa Prisma y también a realizar
operaciones relacionadas con el suelo. Es decir, compra terrenos, insta la
recalificación, los urbaniza y los saca a concurso para su venta. Su finalidad
es atraer inversiones para la Comunidad. El juez Velasco está investigando
presuntos pelotazos en recalificaciones de terrenos en las que habría
intervenido Arpegio y de las que se habrían beneficiado Granados y otros
implicados. El cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ha pactado con la
Fiscalía Anticorrupción confesar todos sus chanchullos a cambio de una rebaja de
pena. En su declaración ha implicado a González Taboada, antiguo subordinado de
Granados.
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/22/actualidad/1442944647_565337.html
EL PP QUIERE EVITAR QUE LA ASAMBLEA DE MADRID INVESTIGUE LA PÚNICA Y GÜRTEL
Los conservadores se han opuesto a la creación de la Comisión de Investigación
sobre Corrupción Política al considerar que pretende "abrir una causa general"
contra su partido
Tanto el PSOE como Ciudadanos, que pactaron con Podemos la petición, creen que
no se pueden dejar fuera asuntos que estén judicializados
Esa comisión trabajará independientemente de la otra sobre Endeudamiento y
Gestión Pública, impulsada por Podemos, en la que se va a auditar la actuación
de los gobiernos de Aguirre y González
Cristina Cifuentes va a tener que enfrentarse a partir del mes de octubre en la
Asamblea de Madrid a dos de los casos de corrupción que afectan de lleno al PP
de Madrid y de los que ella está intentando apartarse a toda costa: la trama
Gürtel y la Púnica. Ese mes comenzarán los trabajos de las dos comisiones
impulsadas por los grupos de la oposición en las que se va a investigar las
actuaciones de los gobiernos del PP que le precedieron, el de Esperanza Aguirre,
y el de Ignacio González. El PP se ha opuesto.
Los populares acusan al PSOE, Podemos y Ciudadanos de querer "abrir una causa
generalizada" contra su partido y tratarán de evitar que ambos casos sean
incluidos en los trabajos de la Comisión sobre corrupción con la excusa de que
están "judicializados". Pero el PP ya no cuenta con mayoría absoluta en la
Asamblea de Madrid y tendrá que amoldarse a lo que decidan los demás grupos.
Además, Cifuentes siempre ha defendido la "tolerancia cero contra la corrupción"
por lo que le será difícil oponerse a que se hurgue en ambos casos.
La primera Comisión que comenzará a trabajar será la de Estudio sobre
Endeudamiento, impulsada por Podemos, que tiene fijada su primera reunión para
el próximo 6 de octubre. Paralelamente, aunque sin fecha aún predeterminada,
también echará a andar la Comision sobre la Corrupción Política, que pactó
Ciudadanos con el PSOE y Podemos, y a la que se ha opuesto el PP. Con todo, lo
que más ha enfadado a Cifuentes es que los promotores de esta iniciativa hayan
sido los de Ciudadanos, partido con el que cerró un Pacto de Investidura en el
que no figuraba este asunto. Solo la realización de una auditoría económica
externa de los últimos ocho años de los gobiernos regionales.
Sin embargo, el portavoz de la formación de Albert Rivera, Ignacio Aguado,
justifica esta vuelta de tuerca de control político al PP porque "son dos cosas
distintas". "Una cosa es el acuerdo de investidura que hicimos con el PP para
que el Ejecutivo funcione, y otra cosa es que nosotros podamos pactar con las
demás fuerzas politicas comisiones como ésta. Esa es la suerte y la fuerza que
tenemos en la Asamblea de Madrid, poder aprobar leyes e iniciativas con unos o
con otros".
El portavoz de Ciudadanos recuerda que el PP, sistemáticamente, gracias a la
mayoría absoluta que antes tenían en la Asamblea de Madrid, ha bloqueado
enmiendas, peticiones de comparecencias o de comisiones de investigación sobre
la corrupción, por lo que considera que "ya es hora de poner luz y taquígrafos a
estos temas que han azotado a la Comunidad de Madrid". Pero niega que lo que
pretenden sea "abrir una causa generalizada" contra el partido de Cifuentes,
como ellos sostienen. "Lo único que queremos saber es qué ha pasado y cómo se ha
gestionado en estos años la Comunidad de Madrid, porque ha habido mucha
opacidad", añade Aguado.
José Manuel Franco, portavoz del PSOE, también cree que el PP va a poner todos
los obstáculos posibles para impedir que la Púnica y Gürtel lleguen a la
Comisión. "Es su línea de actuación. Nosotros lo que queremos es que haya una
mayor transparencia y que los ciudadanos sepan a dónde han ido a parar sus
impuestos".
La oposición, en mayoría
Sin embargo, esta vez el PP no cuenta con mayoría absoluta y las decisiones de
la Comisión -que estará compuesta por 18 diputados-, se tomarán por voto
ponderado, sistema que beneficia a los grupos de la oposición, que tendrá
mayoría. "Además -añade Aguado- cuenta con la novedad de que, a diferencia de
las que se han abierto en otros parlamentos, la nuestra permite llevar temas que
puedan perjudicar al Gobierno de turno. Porque hasta ahora todas han estado
encabezadas por miembros de los gobiernos que están en ese momento en el poder y
eso impide que haya conclusiones notorias".
Ambos portavoces explican a eldiario.es que el objetivo de las investigaciones
es determinar "las responsabilidades políticas" que puedan derivarse de los
casos de corrupción o de las irregularidades que se pudieran haber cometido en
años anteriores "sin interferir en la acción judicial".
En el escrito registrado en la Asamblea, publicado en el BOAM, este extremo se
deja claro: "La Comisión de Investigación acometerá todos los trabajos que se
consideren necesarios, sin perjuicio de los procesos judiciales pasados, en
curso o que puedan abrirse durante la duración de los trabajos de esta
comisión".
Posible exigencia de responsabilidades a Cifuentes
Aguado asegura que su grupo "todavía no ha analizado" si pedirán
responsabilidades políticas a la propia Cifuentes si de los trabajos de la
Comisión se derivara que conocía el entramado de corrupción del PP de Madrid.
"La Comisión ni siquiera está definida. Tendremos que marcar un plan de
actuación y decidir a quién llamamos". Lo que sí se sabe es que estará presidida
por un diputado de su grupo mientras que la de Endeudamiento y Gestión Pública
la presidirá un parlamentario de Podemos.
Esta primera Comisión servirá a los grupos para entender cómo se ha gestionado
la Comunidad de Madrid en los últimos años, los procesos de contratación que se
han llevado a cabo, o los informes económicos que había detrás de las decisiones
que tomaron los Gobierno anteriores. "Si en esta Comisión se detectaran
irregularidades, esos casos pasarían también a la Comisión sobre Corrupción,
aunque ésta funcionará independientemente, sin tener que esperar a lo que ocurra
en la otra", adelanta José Manuel Franco.
http://www.eldiario.es/politica/PP-Asamblea-Madrid-Punica-Gurtel_0_431507473.html
EL JUEZ INVESTIGA AL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES EN UNA PIEZA SEPARADA DEL CASO
PÚNICA
Las pesquisas sobre Jaime González Taboada, iniciadas tras la confesión de David
Marjaliza, ocupan una de las 12 piezas del caso. El magistrado tiene que decidir
si admite a algunas de las acusaciones
El auto no lo menciona expresamente, pero el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco investiga a Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente y
'número tres' de Cristina Cifuentes, en una de las doce piezas separadas en las
que acaba de trocear el 'caso Púnica'. La trama, que ya ocupa 65 tomos y más de
50.000 folios, se ha divido en estas doce instrucciones, distintas pero
paralelas, para agilizar y ordenar la causa. En una de esas doce piezas, la
ocho, bautizada como “Granados y colaboradores”, se incluyen las pesquisas que
la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inició hace unos meses
sobre el consejero madrileño.
Como ya publicó El Confidencial, el principal imputado en la causa, el
empresario David Marjaliza Villaseñor (socio y amigo del exconsejero madrileño
Francisco Granados) empezó a colaborar hace semanas con la UCO y con el juez
para conseguir una reducción en su previsible futura condena. En esa
colaboración mencionó el nombre de González Taboada y la empresa pública
madrileña Arpegio, encargada de gestionar suelo en la Comunidad de Madrid. A
raíz de su declaración, la UCO investiga ocho contratos por valor de 11,7
millones de euros que Arpegio y la Fundación Arpegio firmaron con tres empresas
de la trama: Waiter Music, la constructora DICO y Aranan Gestión Patrimonio
Inmobiliario, estas dos últimas vinculadas a Marjaliza.
La Guardia Civil investiga ocho contratos de la empresa pública Arpegio con la
trama y la relación del consejero en esas adjudicaciones
Granados fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007.
Durante ese periodo, en febrero de 2006, Arpegio firmó con la Comunidad de
Madrid un convenio para que el ente público gestionara el plan de inversiones
Prisma, que tiene por objeto la ejecución de obras en apoyo de los municipios.
El ‘número 3’ de Cifuentes era entonces director general de Cooperación con la
Administración Local, dirección de la que dependía la gestión del plan Prisma.
La información que ofreció Marjaliza, que supuso el inicio de una serie de
investigaciones y comprobaciones por parte de la UCO, se ha incluido en esta
pieza 8. "Las pesquisas han avanzado y empiezan a dar sus primeros frutos",
explican fuentes del caso. La declaración de Marjaliza sigue bajo secreto de
sumario.
Las investigaciones de las posibles relaciones entre la trama y la empresa
pública Arpegio no solo salpican a González Taboada. El juez también tiene una
relación de nombres de otros responsables de Arpegio, algunos de los cuales
ocupan actualmente puestos en el Gobierno de Cifuentes. En junio de 2015 el
magistrado también mostró especial interés en los contratos que Arpegio pudo
firmar con un empresario, Carlos
El juez Velasco también quiere organizar la representación de las acusaciones
particulares y populares que han pedido personarse en el caso. Aún no ha
decidido, tras consultarlo con la Fiscalía, si va a aceptar o no la de la
Comunidad de Madrid, que lo ha solicitado "para esclarecer si el patrimonio de
los madrileños ha salido perjudicado", explican fuentes del Gobierno regional.
En principio, todo indica que el magistrado aceptará su personación.
Son muchas las Administraciones públicas que quieren estar en el caso, como el
Ayuntamiento de Parla, el de Valdemoro o el de Moraleja de Enmedio (todos en
Madrid), y varios municipios valencianos. Mover Parla, el partido de la
exalcaldesa socialista de esa localidad, Beatriz Arceredillo, también quiere
personarse.
En las acusaciones particulares, el juez aún debe decidir si las autoriza todas
a título individual o las agrupa bajo una solo coordinación, que en un principio
podría recaer en la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que
también está personada en el 'caso Gürtel'. La verdad es que plataformas y
organizaciones muy diversas ideológicamente han pedido ser acusación, lo que
dificulta que todas se organicen en una sola. El sindicato Comisiones Obreras
también lo ha solicitado, al igual que Manos Limpias, la asociación que ha
creado el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, y la Asociación para la
Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y
Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA). Algunas de ellas ya lo han conseguido.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-09-17/el-juez-ya-investiga-al-numero-3-de-cifuentes-en-una-pieza-separada-del-caso-punica_1020267/
CIFUENTES IGNORA LAS SOSPECHAS SOBRE SU 'NÚMERO 3' Y LE DA UN CARGO EN LA
EMPRESA INVESTIGADA EN PÚNICA
La
presidenta de Madrid firma el decreto por el que Jaime González Taboada,
salpicado por la declaración de uno de los cabecillas de la trama, pasa a ser
vocal de Arpegio, el ente público investigado precisamente por el juez Eloy
Velasco por irregularidades en sus adjudicaciones.
La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, vuelve a poner la mano en el fuego
por su 'número 3', el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada,
salpicado por algunas declaraciones en el 'caso Púnica'. Y, en esta ocasión, lo
hace con el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) como testigo. El Consejo de
Gobierno que ella preside acordó el pasado 8 de septiembre nombrar al político
vocal de Nuevo Arpegio SA, la empresa pública de gestión del suelo investigada
por el juez Eloy Velasco precisamente por supuestas irregularidades en
adjudicaciones a miembros de la trama de corrupción. El nombramiento fue
oficializado dos días después en el BOCM en un acuerdo que firman Cifuentes y el
propio Taboada, como titular de la Consejería de la que depende este ente de la
Administración autonómica. Según fuentes del Ejecutivo regional, este es el paso
previo al nombramiento del 'número 3' como presidente de la cuestionada empresa
pública.
El acuerdo para nombrarle vocal de Arpegio se produjo el 8 de septiembre, un día
después de que el juez Velasco ordenada nuevas diligencias sobre esta empresa
pública
El acuerdo, que se publicó el pasado jueves en el BOCM, hace público el cese de
los seis vocales que hasta ahora ejercían dicho cargo en el Consejo de
Administración de la empresa pública en nombre de la Comunidad y propone el
nombramiento de los cinco que los sustituían. El primero, el propio González
Taboada, de cuya consejería depende Nuevo Arpegio desde que un decreto del 4 de
agosto pasado incluyó a esta empresa en la estructura orgánica de su
departamento. Cristina Cifuentes no ha dudado hasta ahora en respaldar
públicamente a su 'número 3' desde que comenzaran a salir a la luz las sospechas
de su implicación en la trama Púnica. Y ello, según fuentes del propio PP, pese
a las voces que desde dentro del partido le recomendaban prescindir de uno de
sus hombres de máxima confianza para no poner en peligro el pacto con Ciudadanos
que le dio la Presidencia de la Comunidad.
Sin embargo, el nombramiento se produce sólo un día después de que el pasado
martes 7 de septiembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6
dictase un auto en el que ordenaba a la Agencia Tributaria elaborar un informe
sobre las adjudicaciones recibidas por un empresario de la construcción, Carlos
G.R., con la Comunidad de Madrid "con especial hincapié" en las logradas con
Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA, la antecesora de Nuevo Arpegio. En
concreto, el magistrado quiere saber qué contratos recibió entre 2004 y 2011,
periodo que coincide con la etapa en la que el ahora encarcelado "Francisco
Granados ocupó cargos de relevancia en la Comunidad de Madrid" y en el que
también González Taboada, en su condición entonces de director general de
Cooperación con la Administración Local del Ejecutivo autonómico, gestionaba
PRISMA, el plan de inversiones en obra pública en los municipios madrileños que
era materializado desde Arpegio. El contenido de dicha orden judicial fue
desvelado este lunes en exclusiva por Vozpópuli.
La confesión de Marjaliza
De este modo, el juez Velasco mostraba su clara intención de centrar parte de
las pesquisas del 'caso Púnica' en una línea de investigación que llevaba tiempo
abierta, pero que recibió un importante impulso el pasado mes de junio.
Entonces, el constructor David Marjaliza, socio y amigo de Granados, acudió tres
días a la Audiencia Nacional para, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía
Anticorrupción, confesar durante cerca de once horas las corruptelas en las que
había participado. Aunque el contenido de dicho testimonio aún permanece
secreto, sí ha transcendido que el socio de Granados habló de supuestas
irregularidades en las recalificaciones de terrenos en las que tuvo
participación la firma pública Arpegio y de adjudicaciones de obras
presuntamente amañadas en el Plan PRISMA. Además, según confirman a este diario
fuentes cercanas a la investigación, citó expresamente al actual consejero de
Medio Ambiente de la Comunidad.
Taboada es citado por varios imputados en las conversaciones telefónicas
intervenidas por la Guardia Civil y es citado por Marjaliza en su confesión ante
el juez
Para entonces, sin embargo, el nombre del 'número 3' de Cifuentes ya había
salido en el sumario. Así, fue citado por el anterior alcalde de Valdemoro, José
Carlos Boza Lechuga, en una conversación con Marjaliza intervenida por orden
judicial en la que se deja constancia de la ascendencia que supuestamente tenía
sobre Taboada el que fuera secretario regional del PP. "Le he pedido una cita a
Jaime González Taboada también para ver si me hace lo de las obras del PRISMA.
Entonces le he invitado a comer para ver cómo le cojo el pulso a éste, porque
Jaime conmigo nunca ha sido hostil, pero ahora me hace menos caso y ya no está
Paco [en referencia a Francisco Granados] y ya no le manda, pues ya pasa", llega
a asegurar el regidor que pretende que la empresa pública le sufrague varias
obras en su localidad por un total de "millón y pico". En otra conversación
telefónica de Boza por este tema, en este caso con el propio Granados, es éste
quien asegura que se lleva "fenomenal con Jaime".
El nombre de González Taboada volvió a salir en febrero de 2015, y en este caso
en las preguntas de la Guardia Civil a un testigo. En concreto, en el
interrogatorio a Francisco Esquivias, actual secretario general de Nuevo
Arpegio, la empresa que sustituyó en diciembre de 2010 a la antigua Arpegio tras
su fusión con otro ente de la Comunidad, Tres Cantos SA. Los agentes de la UCO
le interrogaron en profundidad sobre el mecanismo de actuación de dicha empresa
entre abril de 2005 y diciembre de 2007, el periodo en el que Granados, por su
condición de 'número 3' del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, fue presidente de
Arpegio. Fue en esta etapa en el que esta entidad comenzó a gestionar las
inversiones de PRISMA, que dependían directamente de González Taboada en su
condición de director general de Cooperación con la Administración Local. Por
ello, los agentes preguntaron expresamente a Esquivias por el papel del actual
consejero de Medio Ambiente en la gestión de aquellas ayudas a los consistorios.
En el acta de aquella declaración figuran, de hecho, cinco contratos de este
plan por un total de 1,5 millones de euros adjudicados en aquellos años a la
constructora DICO, una de las intervenidas en la 'Operación Púnica'.
http://vozpopuli.com/actualidad/68256-cifuentes-ignora-las-sospechas-sobre-su-numero-3-y-le-da-un-cargo-en-la-empresa-investigada-en-punica
EL JUEZ DE PÚNICA ENCARGA A HACIENDA UN INFORME QUE ESTRECHA EL CERCO SOBRE EL
'NÚMERO 3' DE CIFUENTES
El
magistrado pide a la Agencia Tributaria un análisis sobre un empresario y sus
contratos con la Comunidad de Madrid, "con especial hincapié" en la sociedad
Arpegio, en cuyas inversiones tuvo responsabilidades Jaime González Taboada.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha
decidido centrar una parte de la investigación del 'caso Púnica' en la empresa
pública de la Comunidad de Madrid Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA y,
con ello, en el actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada,
'número 3' del Gobierno de Cristina Cifuentes. Así se refleja en un reciente
auto al que ha tenido acceso Vozpópuli con el que el magistrado requiere a la
Agencia Tributaria (AEAT) un nuevo informe sobre las contrataciones de este
organismo en el que González Taboada tenía capacidad de decisión en su condición
de director general de Cooperación con la Administración Local en la anterior
Legislatura. El consejero, que siempre ha negado cualquier relación con la trama
de corrupción y ha recibido el respaldo público de la presidenta madrileña, ha
sido implicado por David Marjaliza, el socio de Francisco Granados y cabecilla
de la trama que el pasado mes de junio decidió 'tirar de la manta'. Su condición
de aforado obligaría a la Audiencia Nacional a inhibirse en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid si el juez decide acusarle.
El magistrado quiere conocer los contratos que entre 2004 y 2011 se adjudicaron
a un constructor bajo sospecha desde Arpegio, la empresa pública en la que tuvo
responsabilidades González Taboada
La nueva petición del juez Velasco es continuación de otra que hizo el 24 de
junio pasado. En aquella ocasión, reclamó a Hacienda un estudio en profundidad
de la Declaración Tributaria 347 del año 2006 que hizo el empresario de la
construcción Carlos G.R. y "su entorno societario". Entonces, el magistrado
quería saber si aquel año en concreto, esta persona "ha sido beneficiario de
algún tipo de adjudicación o contrato por parte de la Comunidad de Madrid y en
sus entres públicos asociados [...] con especial hincapié en la empresa pública
Arpegio". Tras recibir ese primer informe, la Unidad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional un oficio para pedir que dichas
pesquisas se ampliaran a un periodo mayor de tiempo. En concreto, el que va
entre 2004 y 2011, "durante el cual Francisco Granados ocupó cargos de
relevancia en la Comunidad de Madrid". Aquellos años coinciden también con la
etapa en la que González Taboada, en su condición de director general,
gestionaba PRISMA, el plan de inversiones en obra pública en los municipios
madrileño que era materializado desde Arpegio. El instructor ha dado luz verde a
la petición de los agentes.
De este modo, el juez Velasco centra parte de las pesquisas del 'caso Púnica' en
una línea de investigación que llevaba tiempo abierta, pero que recibió un
importante impulso el pasado mes de junio. Entonces, David Marjaliza acudió tres
días a la Audiencia Nacional para, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía
Anticorrupción, confesar durante cerca de once horas las corruptelas en las que
había participado. Aunque el contenido de dicho testimonio aún permanece
secreto, sí ha transcendido que el socio de Granados habló de irregulares
recalificaciones de terrenos en municipios en las que tuvo participación la
firma pública Arpegio y de obras supuestamente amañadas del Plan PRISMA. Además,
según confirman a este diario fuentes cercanas a la investigación, citó
expresamente al actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad. De hecho, la
primera petición de información a la Agencia Tributaria la hizo el magistrado
entre la segunda y la tercera jornada de las declaraciones de Marjaliza.
"Me llevo fenomenal con Jaime"
Para entonces, sin embargo, el nombre del 'número 3' de Cifuentes ya había
salido en el sumario. Su nombre fue citado por el anterior alcalde de Valdemoro,
José Carlos Boza Lechuga, en una conversación con Marjaliza intervenida por
orden judicial en la que se deja constancia de la ascendencia que supuestamente
tenía sobre él Francisco Granados. "Le he pedido una cita a Jaime González
Taboada también para ver si me hace lo de las obras del PRISMA. Entonces le he
invitado a comer para ver cómo le cojo el pulso a éste, porque Jaime conmigo
nunca ha sido hostil, pero ahora me hace menos caso y ya no está Paco [en
referencia al exdirigente regional del PP] y ya no le manda, pues ya pasa",
llega a asegurar el regidor que pretende que la empresa pública le sufrague
varias obras en su localidad por un total de "millón y pico". En otra
conversación telefónica de Boza por este tema, en este caso con el propio
Granados, es éste quien asegura que se lleva "fenomenal con Jaime".
Granados, Marjaliza y el que fuera alcalde de Valdemoro Boza Lechuga hablaban en
sus conversaciones telefónicas del actual consejero. "Me llevo fenomenal con
Jaime", llega a afirmar el primero
El nombre de González Taboada volvió a salir en febrero de 2015, y en este caso
en las preguntas de la Guardia Civil a un testigo. En concreto, en el
interrogatorio a Francisco Esquivias, actual secretario general de Nuevo
Arpegio, la empresa que sustituyó en diciembre de 2010 a la antigua Arpegio tras
su fusión con otro ente de la Comunidad, Tres Cantos SA. Los agentes de la UCO
le interrogaron en profundidad sobre el mecanismo de actuación de dicha empresa
entre abril de 2005 y diciembre de 2007, el periodo en el que Granados, por su
condición de 'número 3' del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, fue presidente de
Arpegio. Fue en esta etapa en el que esta entidad comenzó a gestionar las
inversiones de PRISMA, que dependían directamente de González Taboada en su
condición de director general de Cooperación con la Administración Local. Por
ello, los agentes preguntaron a Esquivias por el papel del actual consejero de
Medio Ambiente en la gestión de aquellas ayudas a los consistorios. En el acta
de aquella declaración figuran, de hecho, cinco contratos de este plan por un
total de 1,5 millones de euros adjudicados en aquellos años a la constructora
DICO, una de las intervenidas en la 'Operación Púnica'.
Unos funcionarios de la Comunidad de Madrid, bajo el nombre de 'Grupo Pontejos',
repartieron recientemente un informe contra González Taboada en el que le acusan
de supuestas irregularidades durante su gestión cuando era director general de
Cooperación. El documento no ha sido elaborado en la actualidad, corresponde a
los años en los que González Taboada ocupaba dicho cargo (hasta mayo de 2015),
pero las recientes declaraciones de David Marjaliza 'tirando de la manta' y
señalándole, ha hecho que vuelva a ponerse en circulación. El inicio del mismo
es contundente: "LAS ACUSACIONES DEL 'GRUPO PONTEJOS'
Los profesionales de la Administración, y muchos representantes del ámbito
municipal madrileño, no comprenden cómo un perfil como el de Jaime González
Taboada, sin ningún tipo de titulación ni jurídica, ni técnica, ni económica, un
auténtico semianalfabeto, está desempeñando un cargo de la complejidad y
amplitud de conocimientos de la Dirección General que ocupa".
Estos funcionarios acusan al actual consejero de Medio Ambiente de haber
utilizado "abusivamente" a los profesionales de la Administración y, una vez que
ha cumplido con sus deseos, proceder a su expulsión o marginación. "Se da la
circunstancia increíble –añaden- de que ha ocupado la Dirección General durante
tres legislaturas seguidas. Sobre todo durante la segunda actuó como mandado de
Francisco Granados para todo tipo de asuntos poco claros". En otro de los
párrafos añaden que sus años de gestión "están plagados de arbitrariedades e
irregularidades, convirtiéndose en un vividor de la política que utiliza su
puesto en beneficio propio".
http://vozpopuli.com/actualidad/68115-el-juez-de-punica-encarga-a-hacienda-un-informe-que-estrecha-el-cerco-sobre-el-numero-3-de-cifuentes
CIFUENTES DEBERÁ 'TRAGAR' CON 'PÚNICA', CIUDAD DE LA JUSTICIA, CANAL, CURSOS DE
FORMACIÓN...
Ciudadanos y PSOE ya han perfilados los asuntos que quieren llevar a la comisión
de investigación que comienza en octubre, y avisan de que las conclusiones
pueden acabar en la Fiscalía Anticorrupción
Los grupos de la oposición empiezan a fijar el tiro en la diana. Tanto
Ciudadanos como el Partido Socialista de Madrid y Podemos ya han decidido qué
temas quieren llevar a la comisión de investigación que se pondrá en marcha
previsiblemente en octubre en la Asamblea de Madrid para auditar la gestión de
los Gobiernos regionales del PP en las dos últimas legislaturas. El 'caso
Púnica', la Ciudad de la Justicia, el Canal de Isabel II, los cursos de
formación, los contratos de Arpegio (la empresa pública del suelo) e ICM (la
Agencia de Informática y Comunicaciones), e incluso algunas obras del Metro de
Madrid y el hospital de Vallecas serán algunos de los temas que se pondrán sobre
la mesa de esta comisión. Una comisión que no va a ser de estudio, como la que
analizará la deuda regional, sino que obligará a los comparecientes que sean
citados a acudir y cuyas conclusiones, avisan algunos de los partidos de la
oposición, pueden acabar en los juzgados o en la Fiscalía Anticorrupción.
La comisión de corrupción estará compuesta por 18 miembros (6 del PP, 5 del
PSOE, 4 de Podemos y 3 de Ciudadanos), y será presidida por la formación de
Albert Rivera. “No es una causa penal ni un juicio paralelo. Lo único que
queremos analizar es si se han hecho mal las cosas y en ese caso exigir
responsabilidades políticas y penales, si las hay”, explica Ignacio Aguado,
líder de Ciudadanos en Madrid. La comisión empezará en octubre y sus miembros se
verán cada 15 días. Antes de empezar, los grupos decidirán que temas se
tratarán, aunque no hay que olvidar que PSOE, Podemos y Ciudadanos tienen 12 de
los 18 votos, por lo que el PP, salvo sorpresa, deberá "tragar" con los temas
que le impongan, teniendo en cuenta que lo que se va a analizar es la gestión de
Gobiernos populares.
Ciudadanos, por su parte, ha seleccionado tres temas que considera vitales y que
cree que deben estar en la comisión. El primero es el 'caso Púnica', que por su
dimensión ha golpeado a varios organismos autonómicos. Aguado quiere que la
comisión se centre en el Sermas, en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que
entre 2006 y 2009 pagó casi 11 millones de euros a una constructora del
principal imputado, David Marjaliza. Esta empresa, Obrum Urbanismo y
Construcciones, levantó dos centros de salud en Alcorcón y Aranjuez, este último
con un fuerte sobrecoste.
El segundo tema es el de La Ciudad de la Justicia, una faraónico proyecto de
Esperanza Aguirre que no ha visto la luz y que Cristina Cifuentes ha decidido
paralizar, suspendiendo el concurso de adjudicación. La Comunidad inyectó 150
millones de euros en este proyecto, aunque el patrimonio neto actual es de 25
millones, según adelantó El País, por lo que hay 105 millones que no han sido
invertidos en este gran complejo de la Justicia y cuyo gasto habrá ahora que
auditar y averiguar donde ha terminado.
Opacidad del Canal de Isabel II
El tercer tema que Ciudadanos quiere llevar es la gestión del Canal de Isabel
II, “una gestión muy opaca en estos años”, señala Aguado, que pone como ejemplo
el contrato de adjudicación del servicio de “call center” para la atención de
“averías y riesgos”, un servicio que se iba a llevar desde Perú, no desde
España, y que provocó críticas entre sindicatos y trabajadores.
El Partido Socialista de Madrid, por su parte, quiere sumar nuevos temas a la
comisión. Dentro del 'caso Púnica' cree clave indagar el papel que ha tenido
Arpegio (la empresa pública del suelo) y la Fundación Arpegio en algunos
contratos adjudicados a la trama. Como ya publicó El Confidencial, la UCO de la
Guardia Civil investiga la relación del 'número 3' de Cifuentes, el consejero
Jaime González Taboada, con ocho contratos que Arpegio y su fundación
concedieron a tres empresas de la trama. Los socialistas también quieren incluir
a la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), implicada también en el
caso. El director general de ICM, José Martínez Nicolás, está imputado en el
caso.
El PSOE también propondrá que la comisión también investigue los cursos de
formación de la Comunidad, más conocido como 'caso Aneri', un fraude de unos 15
millones de euros. El Juzgado de instrucción número 9 de Madrid investiga el
dinero de este fondo, subvenciones para cursos destinados a la formación por
Internet que nunca se dieron. Por último, los socialistas estudiarán llevar
algunas de las obras de Metro a la comisión. “Me temo que de la comisión saldrán
muchas sospechas pero pocas certezas. Será un trabajo duro en el que habrá que
analizar mucho documento, si finalmente aparecen todos”, ironiza el diputado
socialista José Manuel Franco, que también lamenta la falta de medios y técnicos
especializados con los que contarán los partidos de la oposición para analizar
toda la información.
La primera comisión desde 'el tamayazo'
Podemos, por su parte, también ha fijado una serie de temas prioritarios para
llevar a la comisión. "Nos gustaría que fueran temas que aún no están en sede
judicial y que necesitan ser investigados", señala Eduardo Gutiérrez, portavoz
en temas de corrupción de Podemos. "Salvo el 'caso Aneri', el de los cursos de
formación, que aunque sí está judicializado creemos que es un tema capital".
Podemos también quiere hablar de La Ciudad de la Justicia y del Cana de Isabel
II, pero también quiere sumar el hospital de Vallecas, una obra que consideran
sospechosa. Luego en una segunda etapa de la comisión Podemos quiere meter en el
debate en tren a Navalcarnero (que no se ha terminado y está paralizado) y las
contratas del servicio de incendios de la Comunidad a empresas privadas.
Todos coinciden, no obstante, en señalar que la comisión puede acabar en
reprobaciones políticas, peticiones de dimisión e incluso en la exigencia de
responsabilidades en los tribunales. “Es la primera comisión sobre corrupción
que hay en Madrid desde la del 'tamayazo' en 2003 y no va a estar controlada por
el partido del Gobierno. Es una buena oportunidad”, concluye Aguado.
Paralelamente a la de corrupción, la Asamblea también ha puesto en marcha la de
endeudamiento, o estudio como la llaman algunos diputados, para analizar las
causas de la desorbitada deuda que acumula la Comunidad de Madrid, en torno a
26.400 millones. En principio ambas comisiones se van a celebrar de forma
paralelara, aunque al PSOE le hubiera gustado que primero se hubiera celebrado
la de deuda porque de ella habrían podido salir cuestiones a tratar en la de
corrupción. “Bueno, también puede ocurrir que algún tema que se trate en la de
endeudamiento derive por su importancia a la de corrupción", sentencia Aguado.
"Si tenemos indicios suficientes de delitos, irá a Fiscalía", señala Gutiérrez.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-09-10/cifuentes-debera-tragar-con-punica-ciudad-de-la-justicia-canal-metro-telemadrid_1008349/
UNA EMPRESA DE RESIDENCIAS MULTIPLICÓ POR 23 SUS INGRESOS
PROCEDENTES DEL GOBIERNO DE AGUIRRE TRAS ASOCIARSE CON LA ‘PÚNICA’
La firma Atención Social y Estancias Residenciales obtuvo de la
Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid 56,3 millones tras
crear una sociedad con Marjaliza en Valdemoro
La empresa pasó de facturar al Gobierno de Aguirre 482.359 euros en
2007 a recibir una media anual de 11,2 millones los cinco años
siguientes
La mayor parte de las adjudicaciones las realizó el departamento
que dirigía Engracia Hidalgo, ahora titular de la cartera de
Economía y Hacienda en el Ejecutivo de Cifuentes
La empresa Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser)
facturó 482.359 euros en 2007. En los cinco años siguientes, tras
asociarse a David Marjaliza y obtener cuatro adjudicaciones del
Gobierno de Aguirre para gestionar residencias de mayores, su
facturación total fue de 56.389.868 euros. Ello supone unos ingresos
medios anuales para el periodo 2008-2012 de 11.277.973 euros. En
otras palabras: sus ingresos se multiplicaron por más de 23 tras
asociarse con Marjaliza, hombre clave de la trama Púnica junto al ex
número dos del PP de Madrid Francisco Granados. Tanto Marjaliza como
Granados permanecen en prisión desde el pasado 27 de octubre. Estos
datos constan en un informe de la Agencia Tributaria, aportado al
sumario judicial, al que ha tenido acceso infoLibre.
Este dato se conoce después de que este periódico adelantara este
martes que seis empresas que la Guardia Civil vincula con la trama
Púnica se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de
euros por la construcción de 12 colegios concertados y uno
totalmente privado, según consta en un informe de la Agencia
Tributaria, que también especifica que la red se hizo con otros 19
millones mediante el cobro a las cooperativas de profesores que
gestionan los colegios.
"Se da además la circunstancia de que a partir de la vinculación con
David Marjaliza, la empresa Atención Social y Estancias
Residenciales obtiene cuatro contratos con la Comunidad de Madrid",
especifican los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil en un informe en el que analizan los negocios de la
trama con los centros de mayores. Ante estas conclusiones, la
Fiscalía Anticorrupción anuncia al juez Velasco su intención de
revisar "las concesiones".
Todas estas cantidades se reflejan en un informe de 19 de mayo de
2014 de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía
Anticorrupción, que ha servido de base para que el juez que instruye
el caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, impute a los
propietarios del Grupo Aser, Elena Moreno Pascual y Juan José Amor
Moreno, los delitos de cohecho y fraude. Tanto Elena Moreno Pascual
como su hijo, Juan José Amor Moreno, se negaron a declarar ante el
magistrado en marzo pasado, tal y como consta en las grabaciones a
las que ha tenido acceso infoLibre.
Cuatro contratos de la Comunidad
El documento de Hacienda aporta los cuatro contratos. El primero de
ellos, de noviembre de 2007, supuso un ingreso inicial para el Grupo
Aser de 17.808.850 euros por la gestión del centro de personas
mayores en el distrito madrileño de Villaverde. El 10 de noviembre
de 2011, la firma implicada en Púnica obtuvo una prórroga de dos
años por 2.458.170 euros. En esa fecha, la consejera de Familia y
Asuntos Sociales era Gádor Ongil.
Los otros tres centros de mayores los adjudicó la consejera Engracia
Hidalgo, ahora titular de la cartera de Economía y Hacienda del
Ejecutivo de Cristina Cifuentes. El 29 de septiembre de 2008, la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales otorgó al Grupo Aser la
gestión de los centros de mayores de Puente de Vallecas (9.866.845
euros), Villa del Prado (8.333.021 euros) y Usera (11.663.058
euros).
Al igual que en el caso del centro de mayores del distrito madrileño
de Villaverde, en los otros tres la Comunidad de Madrid también
prorrogó los contratos iniciales con un desembolso añadido de
6.643.647 euros. En total, los más de 56 millones de euros que se
reflejan en el informe de Hacienda enviado al juez Eloy Velasco.
Una residencia en Valdemoro
Los agentes de la UCO se remontan al año 2006 para mostrar la
vinculación entre Marjaliza y los propietarios de la empresa
Atención Social y Estancias Residenciales. En ese año, el
Ayuntamiento de Valdemoro, considerado el epicentro de la red
corrupta dirigida por Francisco Granados, adjudicó a Obrum Urbanismo
y Construcciones, empresa de Marjaliza, la edificación de un centro
de mayores. Esta firma ingresó casi 20 millones de euros. La
sociedad que gestionó el mencionado centro geriátrico se denomina
Atención Social y Residencial Valdemoro. Y en la misma eran socios
Marjaliza y Elena Moreno Pascual, del Grupo Aser.
Precisamente, un auto firmado por el titular del Juzgado Central de
Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el 27 de octubre de
2014 pone de manifiesto la importancia de la firma Atención Social y
Estancias Residenciales (Grupo Aser) en la trama. El juez,
accediendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, acordó el
embargo de todos los bienes de la empresas de la trama, entre las
que se encuentra la sociedad beneficiada por las adjudicaciones de
la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid bajo la
presidencia de Esperanza Aguirre.
En la resolución, Velasco explica que la decisión de embargar los
bienes se produce por considerar que los mismos proceden de un
delito de blanqueo de capitales. Hacienda especifica que la empresa
Atención Social y Estancias Residenciales consta como "contribuyente
en proceso concursal".
Otros 10,7 millones de Sanidad
Pero, además de las Consejerías de Familia y Educación, el Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS), dependiente de la Consejería de
Sanidad, pagó en 2006, 2007 y 2009 un total de 10,7 millones de
euros a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones, tal y como
adelantó este diario.
infoLibre ha comprobado que en junio de 2014 la Comunidad abonó
otros 1,3 millones a la constructora que pertenece a David
Marjaliza, el principal socio de Granados. En total, la empresa
habría percibido del Servicio Madrileño de Salud más de 12 millones
de euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/21/una_empresa_residencias_multiplico_por_sus_ingresos_procedentes_del_gobierno_aguirre_tras_asociarse_con_punica_36761_1012.html
MÁS ‘PÚNICA’ PARA CIFUENTES:
¿POR QUÉ EL JUEZ ESTÁ PREGUNTANDO POR LA PORTAVOZ ADJUNTA DEL PP EN
LA ASAMBLEA DE MADRID?
Isabel Díaz Ayuso, número dos del Grupo Popular, era responsable de
las redes sociales del partido mientras el 'conseguidor púnico'
Alejandro de Pedro se hacía con contratos
Se escucha en las grabaciones de las declaraciones de la Audiencia
Nacional. El juez Eloy Velasco le preguntó a Lucía Figar, la
imputada exconsejera del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cómo
había conocido a Alejandro de Pedro. Y la exconsejera respondió que
a través de Isabel Díaz Ayuso. También puede escuchar cómo el
magistrado pregunta a otros imputados, por ejemplo a la directora de
Comunicación de Esperanza Aguirre, por si conocían a Isabel Díaz
Ayuso.
¿En qué se basa el interés del magistrado que está dirigiendo el
sumario de la trama Púnica en Isabel Díaz Ayuso? Según fuentes
cercanas a la investigación con las que ha hablado ELPLURAL.COM, el
interés del juez proviene de un hecho: en el momento en el que
Alejandro de Pedro (que ha pasado a ser conocido como ‘el
conseguidor’ de la trama y una de sus cabezas junto a Francisco
Granados y el empresario David Marjaliza) se mostraba más activo
buscando hacerse con los contratos de imagen de diferentes gobiernos
y dirigentes del PP, Isabel Díaz Ayuso era la responsable del
control de las redes sociales ‘populares’. Además, en concreto, de
llevar personalmente la cuenta de Esperanza Aguirre, presidenta del
partido en Madrid.
Momento en el que se produjo, por ejemplo, este intercambio de
mensajes entre Alejandro de Pedro y quien ‘firma’ Esperanza Aguirre,
pero que, nos aseguran fuentes populares, escribió quien llevaba la
cuenta:
Posteriormente, cuando Cristina Cifuentes presentó su candidatura a
la presidencia, dio el paso de responsabilizarse de las cuentas en
redes de la ahora presidenta de Madrid. Un trabajo que debió
realizar lo suficientemente bien al gusto de Cifuentes como para
que, a pesar de ir en el número 23 de la lista del PP para la
Asamblea, en estos momentos sea la número dos, portavoz adjunta, del
Grupo Popular.
Desde ese puesto, en su cuenta de Twitter, Isabel Díaz Ayuso, aunque
sin citar en ningún momento a Alejandro de Pedro ni las
características de su relación con él, no ha tenido reparos en
mostrarse activa sobre este asunto alabando tanto al PP de Madrid…
…como aireando las ‘explicaciones’ de la presidenta de la Comunidad,
su jefa, Cristina Cifuentes, sobre su amistoso intercambio de tuits
con el propio Alejandro de Pedro, del que les hemos informado en
ELPLURAL.COM.
http://www.elplural.com/2015/08/14/mas-punica-para-cifuentes-por-que-el-juez-esta-preguntando-por-la-portavoz-adjunta-del-pp-en-la-asamblea-de-madrid/
CIFUENTES REDACTA UN DECÁLOGO
PARA DEFENDERSE EN TWITTER POR ‘SU RELACIÓN’ CON ‘EL PÚNICO’ DE
PEDRO
La presidenta de Madrid publica ocho tuits con los que intenta
justificar sus intercambios de mensajes con el 'conseguidor'
Alejandro de Pedro... por la reacción en las redes, no convence
Cristina Cifuentes ha decidido huir hacia delante en el problema que
tiene por ‘su relación’ con Alejandro de Pedro, el conocido como
‘conseguidor de la Púnica’. En el sumario aparecía que de Pedro
había decidido contactarla para ofrecerse a llevarle su imagen en
las redes, y que iba a hacerlo a través de su directora de
comunicación. Desde el primer momento Cifuentes nos negó a nosotros
y a otros medios que el contacto se produjera, sin embargo, unos
tuits encontrados por usuarios en la propia cuenta de la presidenta
de Madrid venían a mostrar que su relación había sido más próxima de
lo que había reconocido.
Cifuentes, utilizando su cuenta de Twitter ha decidido ni
rectificar, ni negar, ni explicar, sino descalificar sus propios
tuits con de Pedro, y lo ha hecho a través de ocho tuits, una
especie de ‘tabla de la ley’ de Cifuentes, con los que, conforme a
su lógica, viene a explicar su uso de las redes.
‘La tabla de Cifuentes’, compilada en un solo tuit por uno de sus
seguidores, y que ella ha ‘legalizado’ retuiteándolo, es éste:
Es más, como si se tratara del decálogo bíblico, Cifuentes ha
publicado un último tuit intentando ‘cerrar’ el asunto con su
lógica:
Cifuentes Ronaldo
El problema para la presidenta de Madrid es que sus ocho puntos de
la verdad más estrambote no han cerrado el asunto. Al contrario, los
usuarios de la red han comenzado a contestarla. Entre los primeros,
el dirigente de Podemos, Pablo Echenique.
http://www.elplural.com/2015/08/13/cifuentes-redacta-un-decalogo-para-defenderse-en-twitter-por-su-relacion-con-el-punico-de-pedro-2/
CIFUENTES, SOBRE EL
CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA: "NO CONOZCO A ESE SEÑOR, LO REITERO Y LO
VOY A DECIR UNA Y MIL VECES"
La presidenta de Madrid asegura que las conversaciones en Twitter
con Alejandro de Pedro y la fotografía juntos que ambos difundieron
no significa que ambos se conozcan
"No pasaría absolutamente nada si le conociera y me hubiera tomado
con él un café o 25", apunta Cifuentes que lamenta conocer a algunos
imputados del Partido Popular
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, insiste
en que no conoce a Alejandro de Pedro, uno de los principales
cabecillas de la operación Púnica, pese a aparecer junto a él en una
fotografía que ella misma compartió en Twitter y pese a las
conversaciones que ambos mantuvieron en esta red social. Para
Cifuentes, aparecer en una instantánea con una persona y compartirla
en su cuenta personal no significa nada. "Yo no conozco a ese señor,
lo reitero y lo voy a decir una y mil veces", ha dicho este jueves
durante la entrega de las llaves de una vivienda social en el barrio
de Tetuán a una familia con riesgo de exclusión.
"Yo no conozco a ese señor. Tengo fotos con él como tengo con
muchísimas más personas. Yo me hago fotos con cualquiera que me lo
pida", ha aclarado. Cifuentes ha asegurado además que "no pasaría
nada si le conociera" o si se hubiera tomado con él "un café o 25".
La presidenta madrileña ha calificado de "torticero" que algunos
medios la intenten relacionar con la Operación Púnica y ha dicho que
en política "no debería valer todo". "Me parece que en política no
vale todo. Ni para los que me trollean en Twitter ni para algunos
medios de comunicación tampoco", ha apuntado.
"Hace un rato he publicado una foto que me he encontrado con
Cristiano Ronaldo y alguien puede pensar que el señor Cristiano
Ronaldo y yo nos conocemos y no es así. Vamos yo creo que no me
conoce, yo a él sí le conozco", ha argumentado Cifuentes.
La presidenta madrileña ya había negado tajantemente conocer a
Alejandro de Pedro. Sin embargo, Cifuentes mantuvo conversaciones
públicas vía Twitter con el imputado en las que comentaban cuándo
tomar un café o que la presidenta era "más guapa en persona".
Cifuentes dice en uno de los tuits que está encantada de haber "desvirtualizado"
al informático envuelto en la trama corrupta.
Por otro lado, en el sumario de la Operación Púnica, Alejandro de
Pedro dice telefónicamente que va a pedir una cita con Cifuentes
"pues le conoce". De Pedro confirma que va a llamar a Marisa que era
la directora de Comunicación de Cifuentes.
http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes-Pedro-conozco-reitero-decir_0_419608328.html
CIFUENTES, PILLADA EN TWITTER
DE CHARLA CON EL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA: “SI TENGO UN MOMENTO TE
INVITO A UN CAFÉ”
ELPLURAL.COM ya destapó los intentos de Alejandro de Pedro por
acercarse a ella y el entorno de la presidenta de la Comunidad de
Madrid siempre ha negado que hubiese contactos
Los portavoces de Cristina Cifuentes mienten, o dicen la verdad a
medias. Tras la revelación por parte de ELPLURAL.COM de que la
presidenta de la Comunidad de Madrid aparecía en el sumario de la
Púnica como una potencial cliente de la trama, el entorno de
Cifuentes se empeñó en señalar que el conseguidor de la trama no
había contactado con ella, aunque en realidad parece que fue
Cifuentes quien contactó con él, según un tuit de 2011 descubierto
en su cuenta.
En dicho mensaje, es Cifuentes la que le dice a De Pedro “Si tengo
un momento durante el Pleno te invito a un café :-) ” El emoticono
iba incluido y ni siquiera se trata de un mensaje privado,
intervenido por la Policía, sino un tuit a plena luz que muestra su
confianza con el que hoy en día es considerado uno de los cerebros
de la trama y que ha sido destapado por los usuarios de la red
social.
En el sumario, como destapó ELPLURAL.COM, Alejandro de Pedro exhibe
sus conocimientos en las alturas del PP y le dice a su ‘socio’,
según se recoge en la nota de la Guardia Civil “que va a pedir una
cita con CIFUENTES pues le conoce. ALEJANDRO dice que va a llamar a
MARISA que es la DIRECTORA DE COMUNICACIÓN de CIFUENTES además de
GALLARDÓN y le conoce muy bien”. El asunto les parece un negocio
importante, y, concluye la nota policial, “JOSE ANTONIO dice que se
ponga las pilas con ese asunto”.
La presidenta de la Comunidad ya se ha apresurado a asegurar también
en Twitter que nunca llegó a tomarse café “ni otra cosa” con De
Pedro y ha presumido de que se diferencia de otros políticos como
Ramón Espinar, de Podemos, que “han borrado todo su historial en
Twitter para que nadie sepa qué ha dicho/hecho”.
En ELPLURAL.COM ya les contamos cómo precisamente por la existencia
de contratos con la trama para ‘la mejora de su imagen’, el juez
llamó a declarar como imputadosal exvicepresidente de la Comunidad
de Madrid, Salvador Victoria, a la consejera Lucía Figar y también a
la directora de Comunicación de Esperanza Aguirre y de Ignacio
González, Isabel Gallego. Incluso, como también les contamos, hasta
un dirigente del PP ya fuera de la primera línea, como Eduardo
Zaplana, reconoció a nuestro periódico que le había contactado
Alejandro de Pedro.
http://www.elplural.com/2015/08/12/cifuentes-pillada-en-twitter-de-charla-con-el-conseguidor-de-la-punica-si-tengo-un-momento-te-invito-a-un-cafe/
LAS CONVERSACIONES Y LA FOTO
DE CIFUENTES CON UN CABECILLA DE LA PÚNICA AL QUE NIEGA CONOCER
La Presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha negado
tajantemente conocer a Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas de
la trama Púnica: "No conozco al señor De Pedro, ni conozco a ninguna
de estas personas, más allá de conocerles a través de los medios de
comunicación".
Rastreando el twitter de Cifuentes hemos encontrado que con De Pedro
tenía conversaciones distendidas. No podemos saber qué contestaba
Alejandro de Pedro porque su twitter no está disponible, pero sí
sabemos que Cristina Cifuentes, en noviembre de 2010, le echaba en
cara a uno de los cabecillas de la trama Púnica que no le hubiera
saludado.
Pero hay más. Unos meses más tarde, en en Congreso Nacional del PP
que se celebró en Sevilla en enero de 2011, se conocieron
personalmente.
Alejandro de Pedro llegó a piropear a Cifuentes después del
encuentro. Y ésta se lo agradeció.
Un mes después, seguían en contacto por Twitter. En febrero de 2011,
durante varios días, Cristina Cifuentes se escribió con Alejandro de
Pedro desde el Pleno de la Asamblea de Madrid con intención de verle
e invitarle a un café.
Además, Alejandro De Pedro reconoce en una conversación telefónica,
incluida en el sumario de la Púnica, que él conoce a Cifuentes y a
su jefa de prensa "Marisa".
Sumario Púnica
Si ese café tuvo finalmente lugar, y si se lo tomaron dentro de la
Asamblea de Madrid porque alguien le dió acceso a Alejandro de Pedro
a la institución, o fuera de ella, es algo que habrá que preguntarle
a la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
http://www.eldiario.es/malditahemeroteca/Cifuentes-conocia-Pedro-cabecilla-Punica_6_415118485.html
CIFUENTES, AL 'CONSEGUIDOR' DE
LA PÚNICA: "SI TENGO UN MOMENTO DURANTE EL PLENO TE INVITO A UN
CAFÉ"
El mensaje de Twitter fue enviado por la actual presidenta de la
Comunidad de Madrid a Alejandro de Pedro en 2011, antes de ser
delegada del Gobierno en la capital. La política conservadora
responde a las críticas que "nunca" ha llegado a tomar café con el
imputado.
"Si tengo un momento durante el Pleno te invito a un café". Este es
el mensaje de Twitter que la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, envió al conseguidor de la trama Púnica,
Alejandro de Pedro, en febrero de 2011 cuando la política
conservadora era diputada en la Asamblea madrileña (aún no había
sido nombrada delegada del Gobierno en Madrid) y la red corrupta
operaba en la Comunidad a pleno rendimiento.
El tuit, que ha sido recuperado por los usuarios de la red social
este miércoles, ha levantado rápidamente la ira de oposición y
ciudadanos. No obstante, la presidenta ha replicado que "nunca" ha
tomado "café (ni otra cosa) con Alejandro de Pedro" y ha señalado
que otros políticos "han borrado todo su historial en Twitter para
que nadie sepa qué ha dicho/hecho".
Esta no es la primera vez que el nombre de Cifuentes se asocia a la
Púnica. En el sumario de la trama aparece la presidenta de la
Comunidad de Madrid como cliente potencial de la misma y en las
declaraciones ante el juez del empresario David Marjaliza, el
'cerebro' de la Púnica, implicó a consejeros del nuevo equipo de
Gobierno de Cristina Cifuentes y a varios diputados autonómicos.
Según destapó El Plural, el 'conseguidor' de la Púnica quería
mantener una reunión con Cristina Cifuentes tras enterarse de que la
política estaba "de manera clandestina creando un equipo para
relanzar su imagen para la alcaldía”. Así, en un documento de la
Guardia Civil aparece que Alejandro de Pedro, el 'conseguidor', "va
a llamar a Marisa que es la directora de comunicación de Cifuentes
además de Gallardón y le conoce muy bien”.
El entorno de Cifuentes negó entonces que la presidenta hubiera sido
contactada por Alejandro de Pedro o por José Antonio Alonso, socio
del 'conseguidor' y aseveró que jamás han firmado ningún acuerdo con
de Pedro.
Marjaliza: El número 3 de Cifuentes cobró comisiones
El presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, continuó
estrechando el cerco sobre el Gobierno de Cristina Cifuentes en su
declaración ante el juez Eloy Velasco. Marjaliza, según publicó El
Español, y amplió la nómina de políticos del Gobierno regional
involucrados en la trama. A los nombres de Francisco Granados,
Salvador Victoria y Lucía Figar, Marjaliza sumó el de Jaime González
Taboada, ex director general de Cooperación con la Administración
Local, número 3 de la lista de Cifuentes en las elecciones
autonómicas y actual consejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio.
Asimismo, Marjaliza mencionó a dos actuales diputados autonómicos:
Bartolomé González, número 11 de la candidatura del PP, y Eva Borox,
número 3 de la lista de Ciudadanos, la formación que apoyó a
Cifuentes para lograr ser investida presidenta regional.
Según la información publicada por el diario dirigido por Pedro J.
Ramírez, las fuentes judiciales señalaron que Marjaliza implicó a
González Taboada en un “reparto” de las obras de infraestructura
financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan
Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Según
Marjaliza, las obras programadas se repartían en tres lotes y sus
adjudicaciones eran amañadas para obtener comisiones ilícitas. Un
lote iba para determinados funcionarios, otro para Taboada y el
tercero para él y Granados.
Cifuentes, avergonzada
De momento, más allá de los tuits mencionados anteriormente, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha
limitado a señalar que se siente "avergonzada" por algunos detalles
del sumario de la Operación Púnica. La presidenta madrileña rechazó
valorar el caso de Ignacio González, a quien Granados acusó de
conocer la existencia de las tarjetas black, aunque sí se refirió a
José Miguel Moreno, exdiputado popular en la Asamblea de Madrid y
exalcalde de Valdemoro.
“Escuchar a un diputado decir que viene a no hacer nada y a llevarse
la pasta me da vergüenza”, afirmó Cifuentes que también defendió a
su número tres y Consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada,
al que el cerebro de la Operación Púnica, el constructor David
Marjaliza, acusó por cobro de comisiones.
http://m.publico.es/politica/1929467/cifuentes-al-conseguidor-de-la-punica-si-tengo-un-momento-durante-el-pleno-te-invito-a-un-cafe
EL EXTRAÑO TRÁNSITO DE BORJA
SARASOLA DE LA PÚNICA A LA JEFATURA DEL COMITÉ ELECTORAL DEL PP
Número 12 en la lista de Cifuentes, se libró de declarar ante el
juez como imputado gracias a su aforamiento, al que renunció unos
días después
Borja Sarasola, que fuera en el puesto número 12 en las listas de
Cristina Cifuentes, fue llamado a declarar como imputado por el juez
que investiga la trama Púnica el pasado 26 de mayo. La citación
estaba fijada para el 15 de junio, pero fue desconvocada días
después de que Sarasola fuera elegido diputado tras los comicios, y
por tanto pasara a ser aforado.
Cifuentes incluyó a Sarasola en su lista electoral a pesar de su
implicación en la trama Púnica, una responsabilidad de la que no
puede escapar la actual presidenta madrileña dado que es desde hace
siete años la presidenta regional del Comité de Garantías y de
Derechos del PP.
Sarasola renunció a diputado días después de su nombramiento
La gracia le duró poco tiempo, ya que el propio Borja Sarasola
renunció a su acta de diputado a principios de julio. A pesar de
haber sido citado por el juez como imputado en la trama de
corrupción, el Partido Popular lo nombró presidente del Comité
Electoral de la formación en Madrid, en sustitución del exconsejero
de Presidencia Salvador Victoria, también imputado en el caso
Púnica.
Sarasola fue citado por el juez Eloy Velasco el pasado 26 de mayo.
“Se señala para el día 15 de junio de 2015, a las 1 0:00 horas
recibir declaración en calidad de imputado a Borja Sarasola Jáudenes”,
afirma el juez en su citación, a la que ha tenido acceso la SER.
El juez desconvocó la citación el tres de junio, tras el
nombramiento de diputado de Borja Sarasola en las pasadas
elecciones.“Habiendo sido nombrado parlamentario Borja Sarasola
Jáudenes, y por lo tanto teniendo fuero, se deja sin efecto el
señalamiento previsto para el día 15 de julio de 2015”, afirmaba el
juez en su escrito.
Alto cargo con Aguirre y con González
Borja Sarasola, exvicesecretario nacional de organización de Nuevas
Generaciones, fue diputado autonómico tras la victoria de Esperanza
Aguirre en 2011 y viceconsejero de Asuntos Generales de la
Vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde donde
firmó polémicas adjudicaciones como la de la Plaza de Toros de las
Ventas a Taurodelta, según publicó EstrellaDigital.es.
Posteriormente, fue consejero de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial en el Gobierno de Ignacio González.
Yerno de un secretario de Estado de Comunicación con Aznar
Borja Sarasola Jaúdenes está casado con Pilar Martín, hija de Pedro
Antonio Martín Marín, vicepresidente del Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid, dedicada a controlar la explotación de
Las Ventas. Fue secretario de Estado de Comunicación de Presidencia
en el Gobierno de Aznar, en 1998.
http://www.elplural.com/2015/07/28/el-extrano-transito-de-borja-sarasola-de-la-punica-a-la-jefatura-del-comite-electoral-del-pp/
CIFUENTES APARECE EN EL SUMARIO
DE LA PÚNICA COMO ‘CLIENTA POTENCIAL’ EN LA MISMA LÍNEA DE FÍGAR O
VICTORIA
"La delegada del Gobierno está bajo mano de manera clandestina
creando un equipo para relanzar su imagen para la Alcaldía"
El ‘abrazo’ de los capos de la Púnica con el PP madrileño llegó a
ser muy apretado.., sus raices profundas, como muestra el sumario.
Según se ve en sus páginas, no hay puerta a la que no hubieran
llamado, o al menos intentado llamar. De todas partes intentaban
recoger cualquier euro posible. Utilizaban rumores o noticias para
presentarse ante cada dirigente…
Los ‘mafiosos’ actuaban gracias a su relación de ‘confianza’ con el
PP
Buena idea de ese funcionamiento lo recoge una conversación entre
dos de esos capos de la trama, el exalcalde de Cartagenta, José
Antonio Alonso, y uno de los que el sumario muestra como principales
y más agresivos ‘conseguidores’, Alejandro de Pedro. En su punto de
mira, esta vez, Cristina Cifuentes.
La escena, tal y como la recoge el sumario de la Púnica, muestra muy
bien el funcionamiento de esta gente en una de sus principales
actividades. Detectan que hay un alto cargo ‘popular’ que quiere
mejorar su imagen y empiezan a merodearlo para ofrecerle sus
servicios…, avalados por que son gente que ‘la estrctura PP’
considera ‘uno de los nuestros’.
“Relanzar su imagen”, la llamada clave para el negocio
“ALEJANDRO DE PEDRO recibe llamada de JOSÉ ANTONIO ALONSO -se lee en
el resumen de la llamada interceptada por los agentes de la Guardia
Civil que siguen la trama-. Continúan la conversación. JOSE ANTONIO
dice que como conclusión el TIO le ha cantado la gallina y le ha
dicho que la DELEGADA DEL GOBIERNO está bajo mano de manera
clandestina creando un equipo para relanzar su imagen para la
alcaldía”.
Una vez han detectado el ‘objetivo’, lo que hacen es buscar la forma
de acceder al personaje para ‘colocar’ sus servicios moviendo las
influencias y los contactos políticos que manejan: “esto se lo ha
dicho EDUARDO (no se especifica de quién se trata), pero este dice
que ahí no llega, que todo ha sido en el despacho de CARLOS MARÍN.
JOSÉ ANTONIO le dice que tenga en cuenta lo que le ha dicho”.
El camino hacia ‘la víctima’
Y entonces Alejandro de Pedro, exhibe sus conocimientos en las
alturas del PP y le dice a su ‘socio’, según se recoge en la nota de
la Guardia Civil “que va a pedir una cita con CIFUENTES pues le
conoce. ALEJANDRO dice que va a llamar a MARISA que es la DIRECTORA
DE COMUNICACIÓN de CIFUENTES además de GALLARDÓN y le conoce muy
bien”. El asunto les parece un negocio importante, y, concluye la
nota policial, “JOSE ANTONIO dice que se ponga las pilas con ese
asunto”.
En el entorno de Cifuentes niegan no sólo que se firmara el acuerdo,
sino tan siquiera que llegaran a ser contactadas por Alejando de
Pedro o José Antonio Alonso. Pero la conversación da, como decimos,
una excelente idea de cómo funcionaba la trama y de la facilidad con
la que veían la posibilidad de manejarse entre las filas de la
dirección del PP. Con este asunto de la ‘mejora de la imagen’ en los
medios de manera muy especial, desde luego en la comunidad de
Madrid.
En ELPLURAL.COM ya les contamos cómo precisamente por la existencia
de contratos con la trama para ‘la mejora de su imagen’, el juez
llamó a declarar como imputados al exvicepresidente de la Comunidad
de Madrid, Salvador Victoria, a la consejera Lucía Figar y también a
la directora de Comunicación de Esperanza Aguirre y de Ignacio
González, Isabel Gallego. Incluso, como también les contamos, hasta
un dirigente del PP ya fuera de la primera línea, como Eduardo
Zaplana, reconoció a nuestro periódico que le había contactado
Alejandro de Pedro.
http://www.elplural.com/2015/07/27/cifuentes-aparece-en-el-sumario-de-la-punica-como-clienta-potencial-en-la-misma-linea-de-figar-o-victoria/
CIFUENTES DEFIENDE A SU CONSEJERO
DE MEDIO AMBIENTE AL QUE MARJALIZA RELACIONA CON LA TRAMA PÚNICA
Jaime González de Taboada dice no conocer al empresario relacionado
con la trama corrupta que salpica al Partido Popular, y ya ha
interpuesto una demanda ante la Fiscalía", por "difamación" y otros
supuestos delitos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
mostrado este domingo su confianza y respaldo al consejero de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime
González Taboada, quien, según le ha trasladado "no conoce de nada"
al empresario David Marjaliza.
Así lo ha manifestado Cifuentes antes del acto con motivo del Día de
los Abuelos celebrado en Madrid, al ser preguntada por el sumario
del Caso Púnica donde supuestamente se recoge que Marjaliza implica
al consejero en la trama.
La presidenta ha detallado que Taboada ha interpuesto "ya una
demanda ante la Fiscalía", por entre otros delitos, "difamación" ya
que "no tiene absolutamente nada que ver con él".
En esta línea, Cifuentes ha tildado de "impresentable" que a una
persona "de servicio público intachable" se vea manchada por las
acusaciones de un presunto delicuente.
Pese al apoyo mostrado a su consejero, la popular ha reiterado que
"si cualquier diputado o cargo público del PP resulta afectado o
imputado por corrupción" ella exigiría "su dimisión con carácter
inmediato".
"Oír a un diputado decir 'vengo a no hacer nada y a llevarme la
pasta' me da absoluta vergüenza"
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado este domingo
que le da "absoluta vergüenza" "escuchar a un diputado decir 'vengo
aquí a no hacer nada y a llevarme la pasta'", en alusión a las
palabras recogidas por el sumario del Caso Púnica del exdiputado
regional y ex alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, que habría
asegurado hacerse diputado para estar "tocándose los cojones".
Cifuentes ha manifestado sentirse alegre porque "de una vez se haya
abierto el sumario y se vayan conociendo los detalles" de la trama
Púnica, desarticulada en octubre de 2014, por la que se consiguieron
contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas,
eficiencia energética y reputación 'on line' en tres comunidades
autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una
decena de ayuntamientos madrileños.
La presidenta espera "que la justicia actúe contra quien ha cometido
delitos" con toda "rapidez y contundencia". Asimismo, ha declarado,
además, que va "a ser la primera" que lo haga "cuando se detecte un
caso de corrupción".
La popular ha afirmado que, pese a que todavía se desconocen si las
palabras de los imputados registradas en el sumario son ciertas o
no, ella se pone "a la cabeza de la manifestación" contra los
corruptos que "a todos" avergüenzan.
http://www.publico.es/politica/cifuentes-defiende-consejero-medio-ambiente.html
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