TELMO
MARTÍN GONZÁLEZ , EL SOSPECHOSO AMIGO DE MARIANO & FEIJOO
LAS NOTICIAS, TAL CUAL
LA ALCALDESA DE SANXENXO
SALE DEL JUZGADO
IMPUTADA POR
PREVARICACIÓN Y COHECHO
Catalina González (PP)
sostiene que no tiene
"ninguna duda" sobre la
legalidad de sus actos
Excargos de urbanismo de
Sanxenxo se niegan a
declarar
La alcaldesa de Sanxenxo
(Pontevedra), Catalina
González (PP), ha salido
este mediodía de los
juzgados de Cambados
tras declarar ante el
juez que investiga un
caso de presunta
corrupción urbanística
con una imputación por
prevaricación, cohecho y
tráfico de influencias.
La regidora está
implicada en un sumario
en el que se investiga
la concesión de varias
licencias en el
municipio desde 2006 y
en el que también está
acusada la secretaria
general de Urbanismo de
la Xunta y exgerente de
Urbanismo de Sanxenxo,
Encarnación Rivas. Rivas
está imputada por
prevaricación
urbanística, aunque el
instructor ha advertido
que estudia añadir el
delito de cohecho.
González ha asegurado no
tener "ninguna duda" con
respecto a la legalidad
de sus actos, informa
Europa Press. La
regidora del PP ha
contestado durante tres
horas a las preguntas
que le ha realizado el
titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de
Cambados que instruye la
causa. Tras prestar
declaración, la regidora
ha explicado que
contestó a todas las
preguntas realizadas por
el juez Juan Manuel
Hermo, "intentando
aclarar todas ellas
hasta donde yo tenía
conocimiento", ha
sostenido, para luego
manifestar que está
"tranquila y animada".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/29/galicia/1385738462_660298.html
EL JUEZ IMPUTA A LA JEFA DE URBANISMO PREVARICACIÓN “QUE PUEDE SER
COHECHO”
Rivas aprobó una
licencia que luego dio
pie a una orden judicial
de derribo
Excargos de urbanismo de
Sanxenxo se niegan a
declarar
La secretaria general de
Ordenación do Territorio
e Urbanismo de la Xunta,
Encarnación Rivas,
declaró ayer como
imputada por un presunto
delito de prevaricación
urbanística en la
supuesta trama de
corrupción en el
Ayuntamiento de Sanxenxo
en la que también están
implicadas otras 12
personas, entre ellas la
actual alcaldesa del
municipio pontevedrés,
la popular Catalina
González. Aunque Rivas
fue citada por una
presunta prevaricación
en su etapa de directora
de la Gerencia de
Urbanismo, entre 2004 y
2006, cuando era regidor
Telmo Martín, el
instructor ha advertido
que esta acusación
“podría dar lugar a un
delito de cohecho”,
según confirmaron
fuentes judiciales a
través del Tribunal
Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG).
La posible ampliación de
la imputación de la que
fue máxima responsable
del urbanismo en
Sanxenxo a un delito de
cohecho viene a
complicar aún más el
caso que comenzó como
una de tantas
investigaciones que se
han abierto en los
juzgados de Cambados por
supuestas ilegalidades
urbanísticas contra
políticos y técnicos que
han desfilado por este
ayuntamiento. El
interrogatorio de la
secretaria general de
Urbanismo de la Xunta
duró tres horas para
aclarar, entre otras,
las irregularidades
apreciadas en la
licencia concedida a la
promotora Construcciones
Balboa y Chan, SL, que
levantó un bloque de
viviendas en la calle
Progreso de Sanxenxo y
que supuestamente contó
con todos los informes
favorables de Rivas.
El edificio se construyó
pero dio lugar a una
denuncia y orden de
derribo hace tres años
que todavía no se ha
ejecutado. La sentencia
firme del TSXG, que
confirmó una anterior de
un juzgado de primera
instancia de Pontevedra,
ordenó en 2010 la
demolición del edificio
desestimando todos los
recursos interpuestos
por la promotora para
intentar salvar el
inmueble.
La licencia se concedió
en 2006, meses antes de
que Rivas abandonara la
Gerencia de Urbanismo y
después de encajar
varias modificaciones
por las que se le
permitió a la promotora
construir un edificio de
dos bloques. Este
permiso se otorgó pese a
que uno de los inmuebles
carecía de vial de
acceso y el paso se
tenía que hacer a través
del otro bloque que da a
la calle Progreso. La
carencia y la posterior
solución técnica del
edificio fueron el
centro del litigio que
acabó en orden de
derribo, ya que, según
el fallo, incumplía las
normas urbanísticas
contempladas en el Plan
General de Ordenación de
Sanxenxo, cuya redacción
estuvo dirigida también
por Encarnación Rivas,
licenciada en
arquitectura.
La imputación de la
secretaria general de
Urbanismo sorprendió en
medios políticos y del
propio gobierno
municipal en Sanxenxo,
hacia el que se dirigían
las denuncias de al
menos cinco expedientes
presentados en la
Fiscalía y en los que se
pone el acento en las
presuntas
arbitrariedades que
presiden la concesión de
licencias. El presidente
de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, no dudó
ayer en expresar
públicamente su
confianza en su alto
cargo imputada, aunque
se afanó en puntualizar
que “los directores
generales no forman
parte del Gobierno sino
el presidente y los
conselleiros”. Feijóo
elogió la trayectoria de
su jefa de Urbanismo.
“Estaremos muy atentos a
esa llamada [judicial] a
la directora general, de
la que tenemos el mejor
concepto tanto en su
labor anterior como en
su actual etapa en el
Gobierno gallego”,
añadió el presidente.
Después de la secretaria
general le tocó el turno
en los juzgados a
Soledad Leiro, exasesora
jurídica de la Gerencia
de Urbanismo de Sanxenxo
que abandonó este
departamento municipal
el pasado año, junto a
otros cuatro técnicos
que fueron destituidos
por el Ayuntamiento por
falta de trabajo. Mañana
está previsto que
declare la alcaldesa,
Catalina González, en
relación a otros tres
expedientes urbanísticos
denunciados en el
juzgado de Cambados. La
regidora, del PP,
comparecerá ante el juez
Juan Manuel Hermo en
calidad de imputada por
tres delitos:
prevaricación, cohecho
impropio y tráfico de
influencias.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/28/galicia/1385664279_447781.html
EL SUPREMO INVESTIGA A
TELMO MARTÍN POR
RECALIFICAR UNA FINCA DE
SU EMPRESA
El tribunal decidirá si
el diputado del PP
delinquió cuando era
alcalde de Sanxenxo
La Sección Segunda del
Tribunal Supremo
investiga al diputado
popular en el Congreso
Telmo Martín por los
presuntos delitos de
negociaciones prohibidas
a funcionarios y tráfico
de influencias en la
recalificación de unos
terrenos cuando era
alcalde de Sanxenxo. La
parcela fue vendida
posteriormente por la
promotora Construcuatro,
de la que Martín era
accionista, a otra
empresa vinculada a la
familia del
exconselleiro José Cuiña
y en ella se levantó una
urbanización de
viviendas de lujo.
Lo que comenzó como una
denuncia presentada por
una asociación de
vecinos de Sanxenxo por
delito ecológico —la
urbanización ocupaba el
espacio de servidumbre
del regato de un río y
provocaba continuas
inundaciones— derivó
seis años después en
esta investigación.
Telmo Martín ya no era
regidor de Sanxenxo sino
diputado en el Congreso
y, por tanto, político
aforado, lo que ha
obligado a inhibirse al
juzgado instructor de
Cambados.
El caso que se incoó en
2006 estuvo salpicado
por una serie de
incidentes, como la
paralización de la
instrucción durante
varios años después de
que la Audiencia
Provincial de Pontevedra
revocase el auto de
archivo del juez de
Cambados y ordenara
ampliar las
investigaciones que
apuntaban al que fuera
regidor de Sanxenxo. En
aquel momento, Telmo
Martín era portavoz del
PP en el Ayuntamiento de
Pontevedra. Se tardó
tres años en reactivar
el caso y, cuando por
fin se hizo, las
diligencias judiciales
habían desaparecido del
juzgado de Cambados. En
mayo pasado, varios días
después de celebrarse el
auto de reconstrucción,
un funcionario encontró
los legajos en una
estantería del archivo
judicial donde se habían
buscado sin éxito. Para
entonces Telmo Martín ya
había tomado posesión de
su escaño en el Congreso
de los Diputados,
logrado en las
elecciones generales del
20 de noviembre de 2011.
El juzgado de Cambados
remitió la causa al
Tribunal Supremo después
de apreciar indicios de
la posible imputación
del político, que se
sustancian en un informe
preliminar del
Ministerio Fiscal. En
junio, después de la
reconstrucción de las
diligencias, el juzgado
solicitó varias pruebas
documentales, cumpliendo
así el auto de la
Audiencia Provincial de
Pontevedra. El Supremo
continuará ahora con la
investigación que afecta
al político aforado y en
la que intervendrá como
ponente el magistrado
Carlos Granados, según
indicaron fuentes
judiciales. Mientras, el
juzgado de Cambados
seguirá instruyendo la
causa por delito
medioambiental que se
abrió a instancias de la
Asociación de Vecinos
San Cristóbal de
Portonovo contra la
promotora Construziona
Galicia, SL, la firma de
la familia Cuiña que
edificó la urbanización
Illas Atlánticas.
El entonces juez de
Cambados había acordado
el archivo de la causa
ambiental en 2008 porque
los informes periciales
del Seprona no fueron
concluyentes para
imputar a la promotora
un delito contra los
recursos naturales o el
medio ambiente. En el
recurso contra el auto
de archivo, el abogado
de los vecinos había
denunciado la posible
vulneración de las
normas esenciales del
proceso, “alegando una
situación de
indefensión”, porque se
había acordado el
sobreseimiento sin que
les hubiesen dado
traslado de las últimas
diligencias practicadas
por el juzgado. El
letrado de los vecinos
también se quejó a la
Audiencia de que el
juzgado había hecho caso
omiso a un escrito con
fecha 14 de diciembre de
2007 en el que ponían en
conocimiento del
instructor “nuevos
hechos” de los que
tuvieron conocimiento a
través de las
diligencias practicadas
previamente y por ello
solicitaban nuevas
pruebas.
Los “nuevos hechos”
hacían referencia a las
posibles
responsabilidades
penales del entonces
alcalde Telmo Martín en
la venta de los terrenos
por parte de
Construcuatro (en la que
poseía el 33% de las
acciones) a Construziona
Galicia por 2,78
millones de euros, así
como en la previa
recalificación de la
parcela por el
Ayuntamiento que él
presidía. La propiedad
en cuestión era un
humedal al borde de una
duna, terrenos
adquiridos como rústicos
y luego recalificados en
primera línea de playa,
donde hoy se levanta la
urbanización de 96
viviendas. La parcela
está inventariada en al
catálogo de zonas
húmedas de Galicia
elaborado por la
Consellería de Medio
Ambiente.
La Sala, presidida por
el magistrado Xosé Xoán
Barreiro, estimó el
recurso del colectivo
vecinal y acordó la
nulidad de las
actuaciones a partir de
la providencia con fecha
26 de agosto de 2007, a
efecto de que el juzgado
le diese traslado a las
partes de las últimas
diligencias practicadas
para que pudieran
conocerlas. En el mismo
auto también ordenó que
se iniciara la
investigación que habían
solicitado los vecinos
“por si de las mismas
pudieran derivarse
responsabilidades
penales” de Telmo
Martín, hechos que se
remontan a 2004. Sin
embargo, desde el 9 de
junio de 2009, cuando se
dicta el auto, el
juzgado de Cambados no
practicó ninguna prueba
nueva para aclarar la
actuación del entonces
alcalde y luego se dio
por perdida la causa. El
fiscal del caso pidió su
reconstrucción pero el
proceso siguió
paralizado, coincidiendo
con el traslado del juez
y de que el abogado de
los vecinos fuese
elegido concejal por el
BNG en el Ayuntamiento
de Pontevedra y no
volviera a insistir en
sus reclamaciones
judiciales.
El Supremo se encargará
ahora de para aclarar si
Telmo Martín, que
acumula varias denuncias
por asuntos
urbanísticos, ha
incurrido en alguna
actuación delictiva o si
los hechos que se
investigan ya han
prescrito.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/galicia/1355503813_678733.html
LA
XUNTA SE ENREDA CON
TELMO MARTÍN
El
pleito por el ‘perdón’
de tres millones a
Construcuatro se basa en
que el edificio de
Silgar carece del
preceptivo permiso
sectorial del Gobierno
gallego
Los
únicos informes
conocidos de técnicos de
la Xunta sobre el
edificio de
Construcuatro en la
playa de Silgar, en
Sanxenxo, son los del
expediente sancionador,
y nadie ha cuestionado
su rigor. A la empresa
de Telmo Martín —alcalde
entonces de la
localidad—, según
concluyó, le
correspondía pagar una
sanción de tres y pico
millones de euros y
reponer la legalidad
urbanística. Luego
irrumpieron como en
comedia de enredo
Cristina Paz-Curbera y
Llovet, técnica de la
Demarcación de Costas de
Pontevedra, y Enrique
López Veiga, a la sazón
conselleiro de Pesca y
ahora senador. López
Veiga condonó aquella
sanción con el aval de
un informe de Paz-Curbera
y aun exponiendo en su
resolución que no era de
su competencia concluir
el expediente, que ya es
enredo. Tuvieron que
pasar cinco años para
que el Tribunal Supremo
lo desenredara.
En
una sentencia de medio
folio, el alto tribunal
dictaminó en junio de
2011 que, efectivamente,
por la cuantía de la
sanción, solo el
Consello de la Xunta
podía retirar la multa
al constructor y
dirigente del PP. El
expediente volvió, pues,
al momento en que sus
técnicos formularon la
propuesta de sanción. El
Consello de la Xunta de
Feijóo, sin embargo, con
nuevos "informes
técnicos" que hurta al
Parlamento, según afloró
en su último debate,
aprobó en septiembre
"convalidar" el
sobreseimiento que
resolvió López Veiga
—más enredo— y condonar
así la sanción a
Construcuatro.
"Fue
una carallada", sostiene
Paz-Curbera. Las
esquinas de la fachada
del edificio de
Construcuatro, en
primera línea de la
playa de Silgar, distan
18,20 y 17.81 metros
respectivamente de la
línea del dominio
público marítimo
terrestre. Tendrían que
estar a 20 metros, como
ordena la Ley de Costas
(1988) y lo hacían las
normas subsidiarias del
urbanismo local (1990).
Pero el edificio creció
sin que los vigilantes
de Costas, contra lo
habitual en otros casos,
realizaran ningún
informe sobre la obra,
pese a lo visible y
emblemático del lugar.
Hasta que la asociación
ecologista Salvemos
Pontevedra denunció la
infracción.
En
Sanxenxo gobernaba Telmo
Martín (1999-2007) y al
enredo se suman los dos
organismos hermanados
con competencias en la
disciplina urbanística
del litoral, la
Demarcación de Costas,
dependiente del
Ministerio de Medio
Ambiente, y el Servicio
de Usos do Litoral, de
la Consellería de Pesca.
El primero lo dirigía
José Antonio Rueda
Crespo, padre del actual
conselleiro de
Presidencia, Alfonso
Rueda, y su tía Paloma
era la delegada de Pesca
en Pontevedra. Esta
coincidencia cobra
relieve por el empeño
personal del conselleiro
Rueda en promover de
nuevo a Paz-Curbera para
la jefatura de Costas,
que ya desempeñó después
de su padre.
En la
Demarcación de Costas
Paz-Curbera es
responsable desde 1999
del servicio de Dominio
Público, cargo que
compatibilizó con la
jefatura provincial de
Costas (2004-2009) y en
el que no ha cesado tras
recuncar en esa jefatura
en abril pasado.
En
Sanxenxo el deslinde de
Costas comenzó en 1998 y
14 años después aún no
ha concluído, lo que
también contribuye a
enredos. En la
exposición inicial del
plan general aprobado
por el Ayuntamiento en
2003, por ejemplo, en
los planos de la
Dirección General de
Costas la línea de
protección partía en dos
el chalet de la propia
Paz-Curbera; en los
definitivos del plan,
sin embargo, lo salvan
con una extraña parábola
hasta el límite de la
piscina.
En
2005, en el "informe
aclaratorio" para López
Veiga sobre el edificio
de Silgar, Paz-Curbera
alude a las arduas
dificultades encontradas
para fijar la línea de
protección en la zona y
atribuye a un hipotético
"error de grafiado" de
los propios planos de
Costas la indución a la
infracción de
Construcuatro. Pero en
la tramitación del
expediente sancionador,
según técnicos de Costas
consultados, no existe
ningún acto ni
resolución
administrativa de Costas
o de Usos do Litoral
que, basándose en
supuestos planos
erróneos, determinara la
infracción de la
construcción. El "error"
que descubre Paz-Curbera
remite a que "en un
primer momento" la línea
se marcó, absurdamente,
a 19 metros, distancia
que, por lo demás,
también invade el
edificio.
Este
enredo, con todo, a día
de hoy se vuelve
irrelevante. El Tribunal
Superior de Xustiza ha
admitido a trámite el
contencioso de Salvemos
Pontevedra contra el
acuerdo de condonar la
sanción a Construcuatro
porque su edificio
invade la zona de
protección "careciendo
de la preceptiva
autorización sectorial
de la Xunta", el quid de
la cuestión, ya que
Construcuatro ni
siquiera llegó a
pedirla. Por esta "carallada",
en fin, "el pobre Telmo
Martín" está siendo
víctima de "una
canallada", según Paz-Curbera,
o de una "persecución
inadmisible" por parte
de la oposición, según
el conselleiro Agustín
Hernández. Para enredar
lo obvio.
Otra
vara de medir para un
vecino de Vigo
José
Ramón Quiroga, pequeño
empresario constructor,
decidió hacerse casa en
una parcela familiar de
San Miguel de Oia, en
Vigo, sin licencia
municipal, con solo unas
garantías de que el
terreno sería
recalificado por el plan
general de urbanismo,
cuya aprobación se hacía
en 2006 inminente. En
septiembre de ese año,
el Seprona le paralizó
la obra por encontrarse
a unos 50 metros del
mar, "dentro de la zona
de servidumbre de
Costas, que es de 100
metros". La denuncia se
tramitó al Servicio
Provincial de Costas,
que a su vez la remitió
en diciembre a la
Delegación Provincial de
Protección do Litoral de
la Xunta, en un
expediente sancionador
que paralizó la
instrucción penal
paralela por un delito
contra la ordenación del
territorio.
Después de más tres años
de calvario judicial,
Quiroga pactó una pena
rebajada con la
fiscalía: seis meses de
prisión, inhabilitación
profesional, multa,
demolición de lo
construido y devolución
del suelo a su estado
anterior, rasantes
incluidas. En enero de
2010 la sentencia estaba
plenamente ejecutada y,
un año después, en
febrero de 2011, el
Servicio de Costas de
Pontevedra comunicó a
Quiroga su
"rectificación de un
manifiesto error de
hecho": el linde de
protección en la zona de
marras, donde él se
hacía la casa, estaba a
20 metros del mar, y no
a 100 metros, por
haberlo aprobado así la
Dirección General de
Costas en enero de aquel
2006, ocho meses antes
de la denuncia del
Seprona. Cristina Paz-Curbera,
responsable de Dominio
Público y del propio
Servicio Provincial de
Costas, según parece, no
se enteró. Tampoco la
fiscalía.
Quiroga atribuye a
Costas, por error o
negligencia, la
responsabilidad de su
quebranto, que cifra en
194.636 euros y quiere
reclamar al Ministerio
de Medio Ambiente. Para
ello necesita el número
del expediente que le
abrió Paz-Curbera con la
denuncia del Seprona,
pero que esta, pidiendo
tiempo para su
aterrizaje en la
jefatura provincial, se
niega a facilitarle. El
"error" fue reconocido
de oficio por el
anterior jefe de Costas,
Cristóbal Fernández.
Pero Quiroga ya ha
tenido que recurrir al
juzgado para no perder,
por silencio
administrativo, los
derechos que reclama.
DESAPARECEN DEL JUZGADO
LAS DILIGENCIAS DE UN
CASO CONTRA TELMO MARTÍN
Todo el soporte en papel
de unas diligencias
abiertas en 2006 en el
juzgado número 2 de
Cambados se ha esfumado.
Son unos 200 folios de
instrucción en torno a
una denuncia de la
Asociación de Vecinos
San Cristóbal de
Portonovo, en Sanxenxo,
contra la construcción
de una urbanización de
pisos de lujo, Illas
Atlánticas, que promovió
la empresa Construziona
Galicia, SL y que
sustanció el Seprona en
un informe preliminar.
La denuncia se había
judicializado por un
supuesto delito contra
el medio ambiente por
parte de Construziona,
promotora vinculada a la
familia del
exconselleiro de
Política Territorial,
José Cuiña. Pero meses
después, la acusación
particular amplió la
denuncia por hechos que
aparecían en la misma
causa y que podrían
derivar en la imputación
del ahora diputado en el
Congreso del PP Telmo
Martín por presunto
delito de negociaciones
prohibidas a
funcionarios y/o tráfico
de influencias cuando
era alcalde de Sanxenxo.
En el punto de mira está
de nuevo la empresa
Construcuatro, de la que
Martín poseía el 33% de
las acciones, y que
vendió los terrenos a la
promotora Construziona
por 2,78 millones.
La Audiencia impidió en
2009 que el juez cerrara
el caso en falso
Desde junio de 2009 la
causa sufrió un colapso.
La absoluta paralización
de las diligencias
coincide en el tiempo
con un auto de la
Audiencia de Pontevedra
en el que se revoca el
archivo provisional que,
a petición del fiscal,
dictó el que fuera juez
instructor, Juan Carlos
Carballal y se le
requiere que siga
investigando, algo que
no se hizo.
Transcurridos tres años,
las diligencias
siguieron aparcadas,
desoyendo las
indicaciones de la
Audiencia, sin que se
hubiera registrado
ninguna nueva actuación
judicial. Pero lo más
llamativo es que tampoco
la parte denunciante
representada por el
abogado Vicente García
Legísima presentó queja
o reclamación por ello.
El letrado salió elegido
concejal por el BNG en
Pontevedra en las
pasadas elecciones.
Nadie sabe desde hace
cuánto tiempo estas
diligencias se
encuentran en paradero
desconocido. Hay
constancia de que el
fiscal del caso
encargado de los delitos
urbanísticos, David
Lafuente, advirtió el
extravío de la causa a
finales del pasado año.
Luego el juez Carballal
fue trasladado a Vigo en
marzo y tomó posesión el
nuevo titular, que fue
informado de lo que
estaba ocurriendo. Se
comprobó que ni un solo
papel de todo lo
instruido pudo ser
recuperado y que los
legajos,
sorprendentemente, están
perdidos.
El ahora diputado del PP
recalificó su terreno y
lo vendió por 2,78
millones
La desaparición del
procedimiento ha causado
perplejidad en medios
judiciales y de la
fiscalía de Pontevedra
consultados y nadie se
ha atrevido a dar una
explicación convincente
de por qué unos
documentos que tendrían
que estar custodiados en
el juzgado han acabado
en paradero desconocido.
Un hecho insólito que
cobra mayor relevancia
al tratarse de un caso
que podría salpicar a un
político y con un largo
historial por denuncias
urbanísticas, algunas
finalmente archivadas.
Pero, además, la deriva
que tomó el
procedimiento en la fase
de instrucción apunta a
un absoluto desinterés
de todas las partes pese
a las inequívocas
consignas que dio la
Audiencia de Pontevedra
para que a la
investigación no se le
diera carpetazo.
La denuncia que
presentaron en el
juzgado los vecinos
consideraba ilegal la
construcción el edificio
Illas Atlánticas porque
los terrenos ocupaban el
espacio de servidumbre
del río Baltar. El juez
llegó a paralizar las
obras dos meses a raíz
del informe del Seprona,
aunque en agosto de 2008
decidió archivar el caso
y desestimar la
apelación de los
vecinos.
La promoción, de lujo,
la ejecutó una empresa
de la familia de José
Cuiña
El juez instructor alegó
que “de lo actuado no
resultaba debidamente
justificada la
perpetración del delito
contra los recursos
naturales y el medio
ambiente que había dado
lugar a la formación de
la causa”, una
resolución que no
cuestionó la Audiencia.
Sin embargo, en su
recurso de reforma el
abogado de la acusación
se quejó ante la
Audiencia de que el
archivo se había
acordado sin que se les
hubiese dado traslado de
un informe de la Xunta y
del resultado del
exhorto remitido al
juzgado de Vigo en el
que se comunicaba que la
bióloga designada como
perito judicial no
aceptaba el cargo.
También alegó que el
auto del juez
desestimando el recurso
de apelación no entraba
a valorar un escrito
presentado el 14 de
diciembre de 2007 en el
que se ponían en
conocimiento del
instructor y de la
fiscalía “hechos nuevos
de los que se tuvo
noticia a través de las
diligencias de
instrucción que podrían
derivar en
responsabilidades
penales” contra Martín y
otras personas. Y ahí sí
les dio la razón la
Audiencia.
“Tiene razón la parte
apelante al considerar
que antes de dictarse el
auto de sobreseimiento
se le debió dar traslado
de las últimas
diligencias practicadas
para que pudiera
instruirse e interesar
lo que a su derecho le
conviniere, no
compartiendo los
argumentos de la
resolución \[del juez\]
debido a que la
notificación de ésta,
por fuerza, se tuvo que
producir al menos
simultáneamente a la del
auto”, esgrime el 5 de
junio de 2009 la Sección
Segunda que preside el
magistrado José Juan
Barreiro Prado. La Sala
considera que “se han
infringido normas
esenciales del
procedimiento,
derivándose de tal
infracción una situación
de indefensión para la
parte denunciante”, y
declara la nulidad de
todo lo actuado a partir
del auto de archivo del
juez.
Pero además, y en
relación al escrito
presentado en el que se
aportan nuevas pruebas,
la Audiencia le requiere
al juzgado que siga
investigando “por si de
los mismos se derivasen
responsabilidades
penales, delitos de
naturaleza distinta a
los que dieron lugar a
la incoación de las
diligencias y sobre las
que no se pronuncia el
juez instructor”.
Polémica recalificación
y venta de terrenos
Siendo alcalde de
Sanxenxo, Telmo Martín
recalificó un humedal al
borde de la duna de
Baltar, unos terrenos en
primera línea de playa
que su empresa adquirió
como rústicos y que pudo
revender luego como
urbanizables a la
empresa de la familia
Cuiña. En ellos se
levanta hoy la
urbanización Illas
Atlánticas, cuya
construcción motivó la
apertura de las
diligencias perdidas en
Cambados.
Por las fincas inscritas
como rústicas
Construcuatro pagó
595.000 euros. Una vez
calificadas como suelo
urbano, en 2004 la
empresa del alcalde las
vendió por 2,78 millones
de euros a la
constructora de Ramón y
Eladio Cuiña, hermanos
del exconselleiro, donde
construyeron 96
viviendas. La parcela
está inventariada en el
catálogo de zonas
húmedas de Galicia
elaborado por la
Consellería de Medio
Ambiente y linda con los
terrenos de la antigua
fábrica de Conservas
Peña, hoy también
propiedad de
Construziona y parte
fundamental del solar de
la urbanización.
La titularidad de los
terrenos de la
conservera Peña fue
reclamada sin éxito en
los tribunales por los
vecinos. La finca pasó a
manos de Conservas
Portonovo, que en los
noventa suscribió un
convenio con el
Ayuntamiento para
recalificar el solar a
condición de que
instalaran la factoría
en otra parcela y
recuperaran a los
trabajadores. Pero la
empresa nunca cumplió su
parte del trato.
En 1999 Telmo Martín
accedió a la alcaldía de
Sanxenxo y sucedió al
frente de la agrupación
local del PP a José
Manuel Otero. Se inició
la redacción del PXOM
que finalmente
recalificaría la
parcela. Paralelamente,
Construcuatro fue
adquiriendo fincas junto
a la conservera.
Entonces, Otero, el
antecesor de Martín al
frente del PP, entró en
el accionariado de la
fábrica, amplió el
objeto social de la
empresa a la promoción
inmobiliaria y se hizo
con más suelo del que
ahora ocupa la
urbanización Illas
Atlánticas. El asunto
provocó una encendida
pelea política que se
cortó de cuajo. El
entonces portavoz
socialista, Pepe Aguín,
presentó una moción para
revocar la licencia
municipal de Illas
Atlánticas pero terminó
retirándola para
trabajar como gerente de
Nauta, empresa municipal
creada por Martín y que
este presidió hasta que
dejó la alcaldía
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/11/galicia/1336759277_118671.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/21/galicia/1340308568_939838.html
EL
SUPREMO DECIDIRÁ SI MARTÍN
COMETIÓ DELITO CUANDO ERA
ALCALDE DE SANXENXO
El ahora diputado recalificó unos terrenos de su
promotora que la empresa vendió luego como urbanizables
El juzgado de Cambados y la fiscalía acordaron
remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito
medioambiental contra los promotores del edificio Illas Atlánticas de
Sanxenxo y que podría derivar en la posible imputación del diputado
Telmo Martín, alcalde de la localidad pontevedresa cuando ocurrieron los
hechos. La investigación se refiere a la venta de parte de los terrenos
donde se levantó el inmueble por parte de la empresa Construcuatro, de
la que era accionista, y que habían sido recalificados antes por parte
del Ayuntamiento que presidía Martín.
La remisión de las diligencias al alto tribunal se
produce al ser el órgano competente para investigar y en su caso juzgar
al político, aforado desde que en las pasadas elecciones obtuviese un
escaño en el Congreso de los Diputados por la lista del PP en
Pontevedra. Martín abandonó recientemente el cargo de portavoz de la
oposición en el Ayuntamiento de Pontevedra, al que se incorporó tras
dejar la alcaldía de Sanxenxo. El Supremo proseguirá con la
investigación que afecta al diputado mientras en Cambados se continuará
instruyendo la causa por delito medioambiental. El caso se abrió a raíz
de una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo
contra la promotora Construziona Galicia, SL, ya que el edificio ocupó
el espacio de servidumbre de un regato del río Baltar, lo que originó
continuos desbordamientos y conllevó la paralización de las obras.
Sin embargo, y a petición del fiscal del caso, David
de Lafuente, el entonces juez de Cambados, Juan Carlos Carballal, había
acordado el archivo del caso en agosto de 2008 porque en los informes
periciales no se hallaron pruebas del delito contra los recursos
naturales o el medio ambiente, auto que, en fase de apelación de los
denunciantes, fue revocado por la Sección Segunda de la Audiencia de
Pontevedra un año después.
En el recurso, el abogado de los vecinos había
denunciado la posible vulneración de las normas esenciales del proceso,
"alegando una situación de indefensión" porque se había acordado el
sobreseimiento sin que les hubiesen dado traslado de las últimas
diligencias practicadas por el juzgado. Los denunciantes se quejaron a
la Audiencia de que el juzgado había hecho caso omiso a un escrito con
fecha de 14 de diciembre de 2007 en el que ponían en conocimiento del
instructor nuevos hechos de los que tuvieron conocimiento a través de
las diligencias practicadas previamente y solicitaban nuevas pruebas.
Causa reactivada en mayo
Casi tres años después de que la Audiencia de
Pontevedra ordenara la investigación sobre Martín, el pasado 9 de mayo
se celebraba en el juzgado número 2 de Cambados el acto de
reconstrucción de las diligencias en presencia del nuevo juez, el
fiscal, la secretaria y el abogado de la acusación particular. Pero una
semana después, buscando otros asuntos, un funcionario encontró los
legajos en un anaquel del archivo donde se había inspeccionado varias
veces. El inesperado hallazgo ha permitido reactivar el caso en tiempo
récord.
Aunque gracias a la aplicación informática Minerva
las diligencias estaban a salvo, la reconstrucción tendría que hacerse
folio a folio ya que solo el soporte en papel tiene validez en la
Administración de justicia. Una parte ya se había recuperado a través
del abogado de los vecinos de Portonovo.
Antes de dictar el auto de inhibición a favor del
Supremo, el nuevo juez instructor ordenó la práctica de nuevas
indagaciones, pruebas documentales que habían requerido los vecinos y
que no se llegaron a incorporar a la causa. También el fiscal ha
redactado su informe de conclusiones.
Se referían los vecinos a las posibles
responsabilidades penales del entonces alcalde Telmo Martín en la venta
de los terrenos por parte de Construcuatro (empresa de la que el ahora
diputado poseía el 33% de las acciones) a Construziona, promotora
vinculada a la familia del exconselleiro José Cuiña, por 2,78 millones
de euros, así como la recalificación previa de la parcela por parte del
Ayuntamiento que presidía Martín. La parcela en cuestión era un humedal
al borde de una duna, terrenos adquiridos como rústicos y luego
recalificados en primera línea de playa, donde hoy se levanta la
urbanización de 96 viviendas. La parcela está inventariado en al
catálogo de zonas húmedas de Galicia.
La Audiencia estimó el recurso interpuesto por el
representante legal de los vecinos y ordenó que se iniciaran la
investigación por si "pudieran derivarse responsabilidades penales" de
Martín, presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y
tráfico de influencias, hechos que se remontan a 2004. Pero desde el
auto de la Audiencia de Pontevedra el juzgado de Cambados no practicó
ninguna prueba nueva. La causa estuvo paralizada hasta que en noviembre
de 2011 se dio incluso por perdida al no aparecer los legajos en ninguna
de las dependencias judiciales. El fiscal del caso pidió su
reconstrucción, pero el caso ya había dado un giro, ya que Martín
accedió a un escaño en el Congreso en noviembre pasado y se convirtió en
aforado. El Supremo tendrá que retomar la investigación, resolver si
hubo una actuación delictiva y si ha prescrito dado el tiempo
transcurrido.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/12/galicia/1339529166_870103.html
HERNÁNDEZ ATRIBUYE A TÉCNICOS LA
CONDONACIÓN DE UNA MULTA A MARTÍN
El PSOE promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se
aplique el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego
El Gobierno gallego empezando por su presidente,
Alberto Núñez Feijóo, intenta hacer ver que cuando perdonó una multa de
tres millones de euros —el pasado 24 de septiembre en el Consello de la
Xunta y sin informar a la prensa— a la promotora que fundó su diputado y
exalcalde Telmo Martín solo sigue instrucciones del Tribunal Supremo.
Ayer, en el Parlamento, fue el conselleiro de Medio Ambiente y
Territorio, Agustín Hernández, quien se apuntó a esa tesis.
En realidad lo que dictaminó el Tribunal Supremo en
sentencia firme fue que el exconselleiro y desde ayer senador por
designación autonómica, Enrique López Veiga, no era competente para
dictar una resolución en 2005 que condonó una sanción de tres millones
de euros a la firma Construcuatro, participada por Telmo Martín y cuyas
acciones maneja ahora su esposa, por la construcción de un edificio que
invade el dominio público en primera línea de la playa de Silgar, en el
municipio pontevedrés.
El fallo del alto tribunal no prejuzga sobre si la
Xunta debía o no sancionar a la firma de Martín, sino que establece que,
en caso de adoptar esa decisión política, el órgano competente para
hacerlo debía ser el Consello de la Xunta. Y eso fue lo que le recordó
ayer a Hernández el diputado socialista Isamel Regó, quien le reprochó
que el Gobierno lleve semanas negándole a la Cámara el expediente de la
resolución.
Rego recordó que la propuesta del funcionario
instructor del expediente en 2005 proponía seguir adelante con la multa
y preguntó algo más: ¿Sobreseyó la Xunta solo la multa o también la
reposición de la legalidad urbanística? ¿Va a seguir disfrutando la
promotora de esos metros de más que se vendían a 6.000 euros el metro a
los pies de la playa de Sanxenxo? En su doble intervención ante el
Pleno, Hernández dejó esas dos incógnitas en el aire. Subrayó, como
repite el presidente Feijóo, que el perdón a la inmobiliaria de Martín
fue "a propuesta de la dirección de la Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística [cuya directora fue nombrada por él mismo] y
previo informe de la asesoría jurídica para dar cumplimiento a la
sentencia y habló de una "persecución inadmisible a Martín". El PSOE
promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se aplique
el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego y el PP asegura que todo
es una cortina de humo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/galicia/1339617547_900287.html
AGUSTÍN HERNÁNDEZ VE INADMISIBLE LA
"PERSECUCIÓN" A TELMO MARTÍN
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas dice que la Xunta actuó conforme a derecho con
Construcuatro
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, Agustín Hernández, ha mantenido este miércoles que la
Xunta "actuó conforme a derecho" basándose en informes de la Axencia de
Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y de la Asesoría Xurídica
para sobreseer el expediente abierto contra Construcuatro por invadir el
dominio público marítimo-terrestre con una edificación en el paseo de
Silgar, en Sanxenxo (Pontevedra).
Dicho esto, interpelado por el diputado socialista
Ismael Rego en el pleno del Parlamento, ha considerado las críticas de
la oposición sobre el sobreseimiento del expediente abierto por Costas
del Estado y la correspondiente condonación de la multa (unos 3,5
millones de euros) al diputado popular Telmo Martín --uno de los
propietarios de Construcuatro-- "una persecución inadmisible".
Todo ello, después de que el veterano parlamentario
acusase de paso al PP de "premiar" al exconselleiro de Pesca Enrique
López Veiga con un puesto en el Senado por designación autonómica, ya
que "fue quien sobreseyó el expediente a sabiendas de que no tenía
competencia para hacerlo", sino que correspondía al Consello de la
Xunta. Lo ha dicho apoyándose en "una sentencia en firme" del Tribunal
Supremo, que remarca que el expediente fue "sobreseído indebidamente".
"Seguro que no tuvo agallas para llevárselo a Manuel Fraga", ha razonado
Rego, quien ha criticado que el actual Consello de la Xunta sí haya
optado por suspender este caso. "Llueve sobre mojado", ha lamento.
Finalmente, se ha interesado por el expediente de
reposición de la legalidad urbanística, aunque no obtuvo datos del
conselleiro a este respecto. En lo que sí ha hecho hincapié es que el
edificio levantado por Construcuatro se hizo conforme a una licencia "de
primera ocupación". "No pidió una licencia para un retejado y después
hizo un pazo", ha replicado, en relación con las acusaciones sobre la
vivienda del líder del PSdeG, Pachi Vázquez. Por su parte, la
representante del BNG en el debate, Carme da Silva, ha advertido de que
la sociedad "percibe" que las normas urbanísticas "se adaptan" para
ajustarse a las necesidades de quien tiene que aplicarlas o "se saltan".
"Se actúa en función de quién es el aludido", ha sostenido, poniendo
como ejemplo de este tipo de políticas el municipio lucense de
Barreiros.
"Hay que resolver y transparentar las normas
urbanísticas", ha defendido la nacionalista, quien ha recordado que la
jefa provincial de Costas del Estado en Pontevedra, Cristina Paz-Curbera
y Llovet, juzgó "una canallada" la sanción impuesta al "pobre Telmo"
Martín dado que existía "un error de grafiado" en los planos. "Será
pobre de espíritu", ha ironizado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/galicia/1339610644_755303.html
LA JEFA
DE COSTAS TACHA DE
"CANALLADA" UNA SANCIÓN A LA
EMPRESA DE TELMO MARTÍN
Paz
Curbera, reincorporada a su
cargo en abril tras
abandonarlo en 2009, se sumó
ayer a la tesis de la
constructora conforme la
cual el "pobre de Telmo" fue
perseguido por su afiliación
política
"Lo de
Construcuatro fue una
carallada, yo no quiero
hablar de esto, porque fue
una canallada", lanzó ayer
Cristina Paz Curbera, jefe
de la Demarcación de Costas
de Pontevedra, respecto al
proceso que llevó a la
constructora de la que Telmo
Martín es socio cerca de
tener que afrontar una multa
de tres millones de euros
por invadir el dominio
público con un edifico en
primera línea del paseo de
Silgar, en Sanxenxo. Pese a
que la Xunta del PP ha
intercedido en dos ocasiones
para evitar la sanción a la
empresa, Paz Curbera,
reincorporada a su cargo en
abril tras abandonarlo en
2009, se sumó ayer a la
tesis de la constructora
conforme la cual el "pobre
de Telmo" fue perseguido por
su afiliación política.
"Se
cebaron con él y no tenían
razón", insistió la jefa
provincial tras una visita a
la delegación de la Xunta en
Pontevedra. Allí ofreció una
nueva interpretación sobre
el origen del informe de
deslinde firmado por ella
tras el encargo del entonces
conselleiro Enrique López
Veiga para dar carpetazo
—sin tener competencia para
ello, como después rubricó
el Supremo— a la propuesta
de sanción de los técnicos
de su propio departamento,
los primeros en proponer la
multa de tres millones a
Construcuatro basándose en
los planos. "Nos dimos
cuenta por casualidad de que
la casa estaba a 19 metros y
no a 20. Metimos la pata los
de Costas, la empresa que
hizo el deslinde, que grafió
mal la protección, yo lo
tengo demostrado", aseguró.
La jefa
de Costas adujo que todo el
paseo de Silgar tiene el
mismo problema que el
edificio de Construcuatro,
"pero claro, como es Telmo,
todo el mundo contra el
pobre Telmo. O el que fuera,
da igual el alcalde que
fuera". Dice la jefa de
Costas que tal ilegalidad
colectiva tendría fácil
arreglo a través de un
"estudio para la
homogeneización de la
fachada marítima".
El
archivo decretado por López
Veiga en 2005 lo levantó
Salvemos Pontevedra en
sucesivas resoluciones del
Tribunal Superior de Xustiza
y el Supremo. Este último
remitió al Consello da Xunta
—el verdadero competente
para resolver— el
expediente. El Gobierno de
Feijóo reiteró el archivo el
pasado noviembre. La
asociación ecologista ha
recurrido la decisión.
También tiene pendiente otro
pleito contra la propia Paz
Curbera por una casa que
esta construyó en Sanxenxo.
La ONG entiende que está en
zona de protección. Ella lo
niega.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/05/galicia/1338929272_820317.html
TELMO MARTÍN: “ME SIENTO
PERSEGUIDO POR RAZONES QUE
SON MENTIRA”
El diputado asume la tesis de Louzán en su adiós
al Ayuntamiento de
Pontevedra
El exalcalde de Sanxenxo asegura que en los medios
“se habla mucho”
Tras dos intentos frustrados de alcanzar la
alcaldía, Telmo Martín
finalizó ayer formalmente su
etapa en la política local
de Pontevedra con la
renuncia a su acta de
concejal en el pleno
municipal. El exalcalde de
Sanxenxo pasará a desempeñar
en exclusiva su papel de
diputado en el Congreso por
el PP en medio de la
polémica por la benevolencia
de la Xunta con la empresa
constructora de la que hasta
el pasado diciembre fue
consejero. “Me siento
perseguido”, aseguró
respecto al asunto al
término de la sesión.
La tesis de la persecución a Martín la enunció la
semana pasada el presidente
de la Diputación, Rafael
Louzán, y a ella se ciñó el
edil saliente ante las
preguntas sobre el perdón de
la Xunta a la multa de tres
millones de euros a
Construcuatro por invadir el
dominio público en el
edificio de Sanxenxo, en el
que el propio Martín tiene
un piso. “Quiero ratificar
las palabras que dijo Louzán.
Me siento perseguido por
razones que son mentira,
pero no me preocupo. Lo
llevo dentro de lo que es la
labor política y no me
afecta”, apuntó, y dijo
confiar en que “en algún
momento todo quedará claro”.
Martín no dio detalles sobre
tales mentiras pero opuso,
como ya hiciera en el caso
de los cobros probados de
sobreprecios ilegales en las
viviendas de Construcuatro
en Navia (Vigo), que nunca
ha sido llamado a declarar
por ningún juzgado y que en
los medios “se habla
mucho”.
Lores y Louro agradecen a Martín su “trato
exquisito”
Su despedida en el pleno se desarrolló con
cordialidad. Los choques
entre Martín y el alcalde,
el nacionalista Miguel Anxo
Fernández Lores, habían sido
sonados en los cuatro años y
medio en que compartieron
asiento en la corporación,
con un estallido final en
enero del año pasado,
también en un pleno, en el
que el regidor le dedicó una
ristra de epítetos poco
amistosos: animal carroñero,
vengativo, ruin, falso,
cobarde y narcisista entre
ellos. Aunque Lores se
disculpó con posterioridad,
las relaciones nunca fueron
cordiales, hasta el punto de
que nacionalistas y
socialistas acordaron, hace
ahora un año, aprobar una
moción para reprobarlo como
líder de la oposición. A
pesar de eso, Martín se
despidió agradeciendo a su
rival político el “trato
exquisito que tuvo siempre,
al margen de los debates”.
“Le deseo el mayor éxito
como diputado y que sea
feliz”, contestó Lores. “Si
pone todas las mañas podrá
ser un diputado útil para la
provincia”, le espetó por su
parte el portavoz del PSOE,
Antón Louro.
Martín dijo sentirse orgulloso de su paso por la
ciudad. “Es un orgullo haber
contribuido desde 2007 a
enderezar el rumbo de
Pontevedra”, presumió, y
señaló su aterrizaje en la
ciudad del Lérez como un
antes y un después en la
política local. “La ciudad
vivía de espaldas al río, y
ahora se está viendo que
tiene que ser el epicentro”.
También señaló a su
sustituto en la corporación,
Jacobo Moreira. “El PP tiene
un grupo muy cohesionado con
un portavoz que lo va a
hacer maravillosamente
bien”, defendió.
Durante la etapa que ahora se cierra se operó
también el cambio de postura
del PP respecto a la
permanencia de la fábrica de
celulosas en la ría, que
pasó a rechazar, y el nuevo
hospital para la ciudad.
Este último tema ocupó parte
del pleno. El bipartito
local acordó llevar ante el
Tribunal Superior de Xustiza
el decreto de incidencia
supramunicipal de la obra, a
la que PSOE y BNG han
declarado la guerra por el
modelo de financiación
elegido para llevarla a
cabo, basado en el sistema
de colaboración
público-privada. El pleito
añadirá probablemente nuevos
retrasos a una
infraestructura estancada,
con una dotación
presupuestaria testimonial
en las cuentas de la Xunta
para 2012 y con el estudio
para las expropiaciones
todavía por presentar.
www.elpais.es 24.04.12
EL GOBIERNO ASCIENDE A LA FUNCIONARIA DEL INFORME
EXCULPATORIO A CONSTRUCUATRO
-
La nueva jefa de Costas
de Pontevedra posee un
chalé frente al mar en
zona protegida
-
Paz Curbera firmó el
plano que permitió
archivar una multa de
tres millones a
Construcuatro
Cristina Paz Curbera es, otra vez, jefa de Costas
en la provincia de
Pontevedra. El Gobierno de
Mariano Rajoy ha desoído el
fuerte rechazo que provocaba
su nombramiento y, aunque
con retraso, ha repuesto a
la funcionaria en un cargo
que ocupó entre 2005 y 2007.
Paz Curbera es la autora del
controvertido informe en el
que se basó en 2005 el
exconselleiro Enrique López
Veiga y, recientemente, la
Xunta de Feijóo, para
perdonaruna multa de tres
millones de euros a
Construcuatro, de la que en
aquel momento era socio y
consejero delegado el
diputado del PP Telmo
Martín.
Paz Curbera también es conocida por poseer un
chalé frente al mar en zona
de protección. La directora
de la demarcación de Costas
se construyó en 1999 la
casa, de 450 metros
cuadrados y sobre una finca
de 2.500, sobre unos
terrenos de Sanxenxo que las
normas urbanísticas de la
época calificaban de “suelo
no urbanizable”. Pero Telmo
Martín, a la sazón alcalde
de esa localidad, aprovechó
el Plan General de 2003 para
recalificarlos como
urbanizables y desplazar el
límite de servidumbre de
protección justo hasta la
fachada del chalé. Para
ello, obtuvo un informe
favorable de la demarcación
de Costas, en la que Paz ya
ejercía como jefa del
servicio de Gestión del
Dominio Público Marítimo
Terrestre.
Dos años después, la intervención del Servicio de
Costas resultó crucial para
resolver uno de los
principales problemas que se
encontró Telmo Martín
mientras compaginó la
alcaldía con la actividad
inmobiliaria. Un edificio
que Construcuatro, de la que
Martín poseía el 33%,
edificó en la selecta playa
de Silgar, en Sanxenxo,
invadía dos metros la zona
de servidumbre y contaba con
un piso más de los
permitidos. La Xunta le
abrió un expediente que el
entonces conselleiro de
Pesca, Enrique López Veiga,
archivó al aparecer un plano
distinto aportado por
Costas, en el que la
invasión se reducía a un
metro. La “discrepancia”
entre planos justificó al
archivo, lo que libró a la
inmobiliaria de Martín de la
demolición y de una multa de
tres millones.
www.elpais.es 24.04.12
FEIJÓO ‘PERDONA’ UNA MULTA
DE TRES MILLONES A LA FIRMA
DE TELMO MARTÍN
La Xunta revocó la sanción propuesta por el
técnico que instruyó el
expediente
El Consello da Xunta del pasado 24 de noviembre
acordó perdonar una sanción
de 3.055.841 euros a la
empresa Construcuatro, de la
que en aquel momento era
socio y consejero delegado
Telmo Martín, ahora diputado
del PP en el Congreso y
antes alcalde de Sanxenxo,
por la construcción en este
municipio de un edificio de
seis plantas que invade el
dominio público de la playa
de Silgar. La Xunta silenció
ese acuerdo en la referencia
pública de los adoptados en
esa sesión del Consello. La
decisión ignora la propuesta
de sanción de tres millones
del técnico que instruyó el
expediente, en 2005, y da
por bueno otro informe
solicitado a mayores de
Cristina Paz-Curbera y
Llovet, a la sazón jefa del
servicio de Gestión de
Dominio Público y luego de
la Demarcación de Costas de
Pontevedra, cargo al que
está previsto que vuelva la
próxima semana.
La Xunta, para oficializar el perdón de los más
tres millones de euros a la
constructora de la que fue
socio Telmo Martín hasta
hace unos meses, convalidó
en noviembre una resolución
del conselleiro de Pesca e
Asuntos Marítimos \[Enrique
López Veiga\] de 18 de
febrero de 2005, días antes
de que el PP perdiera las
elecciones autonómicas, y
que fue recurrida en los
tribunales. La resolución
del expediente abierto a
Construcuatro era
competencia del Consello de
la Xunta y no del
conselleiro, sentenció el
Tribunal Supremo en firme el
pasado mes de junio. El
conselleiro lo anticipaba ya
en los fundamentos de su
propia resolución, que no
obstante determinó el
sobreimiento “del expediente
sancionador”. El Gobierno
que preside Alberto Núñez
Feijóo acordó “convalidar la
resolución \[de López
Veiga\] y acordar así el
sobreseimiento del citado
expediente seguido contra
Construcuatro SA por la
realización de obras en la
zona de servidumbre de
protección marítima en
Sanxenxo”.
La obra es un edificio residencial de seis plantas
a pie de la glamurosa playa
de Silgar y en el que el
propio Telmo Martín se
reservó un piso con dos
terrazas. Invade entre uno y
2,69 metros el dominio
público desde la línea de
playa, que debería ser, como
establece la Ley de Costas,
de 20 metros. Fue denunciado
por la ONG Salvemos
Pontevedra y el instructor,
dependiente entonces de la
Consellería de Pesca que
presidía López Veiga,
formuló “los hechos
imputados, los preceptos
infringidos, los preceptos
sancionadores y la posible
sanción” que fueron
comunicadas a las partes.
Tras recibir sus
alegaciones, propuso la
sanción.
Pero López Veiga recabó un “informe aclaratorio”
de la Demarcación de Costas
de Pontevedra, que a la
sazón dirigía José Antonio
Rueda Crespo, exsenador del
PP y exvicepresidente de la
Diputación de Pontevedra,
fallecido el pasado mes de
enero. Era el padre del
actual conselleiro de
Presidencia y secretario
general del partido en
Galicia, Alfonso Rueda. El
trámite se realizó con
sorprendente celeridad.
El Gobierno gallego ocultó el acuerdo en la
referencia pública del
Consello
Paz-Curbera, subordinada de Rueda Crespo, realizó
el informe, atribuyendo la
invasión de Construcuatro
del dominio público a “un
error en el grafiado” de los
planos, ya que la
servidumbre de protección,
dice Paz-Curbera, “en un
primer momento se marcó a 19
metros cuando su correcta
medición en este tramo es de
20 metros”.
Pero no se entiende por qué se grafiaron 19 metros
en lugar de 20, cuando la
Ley de Costas es taxativa en
ese sentido. Además, según
fuentes consultadas por este
periódico, cuando se incoa
un deslinde, se facilita una
línea de dominio público y
una línea de servidumbre de
protección —20 metros en
zonas urbanas y 100 metros
en los demás casos— que se
comunican, entre otros
organismos, al Ayuntamiento
correspondiente y a la Xunta.
Esas líneas dan la plena
validez legal hasta que se
aprueba el deslinde
definitivo. Cualquier otro
plano que se utilice entre
la incoación y la aprobación
definitiva del deslinde
carece de validez legal,
nadie puede esgrimirlos como
planos de deslinde. Los de
Sanxenxo están aún sin
aprobar, aunque el deslinde
fue incoado ya en 1998.
Por lo demás, la línea de dominio público de la
playa de Silgar fue siempre
la misma. La constructora
pudo fácilmente medir sus
lindes y comprobar si
cumplían el mandato legal.
“Con o sin errores, con o
sin planos, las referencias
estaban claras y las
distancias también”,
aseguran los expertos. López
Veiga, sin embargo, a la
vista del informe de Paz-Curbera
y pese a reconocer que la
imposición de multas de más
de 601.000 euros
correspondía al Consello da
Xunta y no a él, sobreseyó
el expediente sancionador
“por presuntas obras
abusivas en la zona de
servidumbre de protección”.
Los sucesivos recursos de las partes,
contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia y de
casación ante el Tribunal
Supremo, confirmaron que el
órgano competente para
resolver el expediente
sancionador era el Consello
da Xunta, que lo oficializó
en noviembre como se dice, a
la chita callando y sin
pronunciarse sobre la
reposición de la legalidad
urbanística que también,
tras rebatir las alegaciones
de Construcuatro, requería
el instructor en su
propuesta de resolución:
imponer la sanción “y
ordenar la vuelta de los
terrenos donde se ejecutaron
las obras a su primitivo
estado”.
El edificio de seis plantas invade el dominio
público de la playa de
Silgar
Multa en Vigo y más enjuagues en Sanxenxo
La Xunta tiene pendiente de ejecutar otra sanción
a la empresa Construcuatro
de 3,7 millones de euros, de
los que 1,23 millones
corresponden a la devolución
de los sobreprecios que
cobró a compradores de pisos
protegidos en un edificio
que construyó en el polígono
vigués de Navia, y 2,47
millones, el doble de las
cantidades indebidamente
cobradas, por la sanción
mínima que procedía aplicar.
La empresa ha presentado
recurso de alzada y, cuando
la Xunta lo resuelva, si
confirma la sanción, aún le
queda la vía
contencioso-administrativa.
Telmo Martín fue consejero delegado de la
constructora hasta el 23 de
diciembre pasado, fecha en
la que le reemplazó en el
cargo, como en otras de sus
empresas, su mujer, María
Dolores Táboas Carballal. Él
ha abandonado la política
local —renunció a su acta de
concejal de Pontevedra— para
dedicarse intensamente al
Congreso, donde consiguió
escaño en las elecciones de
noviembre y figura como el
diputado más rico, con un
patrimonio declarado de 21,5
millones de euros.
www.elpais.es 15.04.12
TELMO MARTÍN RENUNCIA COMO
EDIL Y DEJARÁ DE LIDERAR EL
PP EN PONTEVEDRA
Se da un tiempo para seguir de presidente local
“hasta que el partido
mande”
El portavoz del PP de Pontevedra y dos veces
candidato a la alcaldía,
Telmo Martín, abandonará su
cargo en la corporación
municipal tras el próximo
pleno, según anunció ayer en
rueda de prensa. Le
sustituirá su número dos,
Jacobo Moreira, que
compatibilizará el puesto
con el de diputado en el
Parlamento autónomo. La
salida de Martín, que
continuará temporalmente
“hasta que el partido mande”
como líder oficial del PP
local, la había avanzado él
mismo la noche electoral del
22 de mayo de 2011, cuando
el recuento de votos
evidenció que el
desmoronamiento del PSOE no
le sería suficiente para
alcanzar la mayoría absoluta
que había rozado en 2007.
Desde entonces había ido
delegando funciones en sus
compañeros de grupo, hasta
llegar a ausentarse del
pleno de los presupuestos
para asistir al funeral de
un compañero de partido.
Tras asegurarse un puesto de salida en la lista de
los populares para el
Congreso por la provincia de
Pontevedra, Martín reconoció
ayer que ambos cargos “son
algo incompatibles”.
“Seguiré trabajando por
Pontevedra desde el
Congreso, aunque habrá que
esperar un poco por los
proyectos porque lo que más
preocupa a nivel nacional es
la crisis”, admitió. Dijo
sentirse “contento y
orgulloso” de su paso por la
ciudad del Lérez, de la que
destacó la apuesta “que no
tiene vuelta atrás” por la
construcción del hospital
único de Monte Carrasco, en
el limbo presupuestario. En
su haber está también el
giro de 180 grados en la
postura de los populares
respecto a la ubicación de
la fábrica de celulosas
junto a la ría, que antes
defendían y ahora repudian,
o la polémica por el cobro
de sobreprecios ilegales en
viviendas públicas por parte
de una constructora de la
que era socio.
Fichaje de Feijóo
En los últimos meses de campaña trató sin éxito de
reeditar a escala local la
estrategia de desgaste del
bipartito a cuenta de un
pretendido exceso en el
coste del mobiliario
municipal, y llevó al
juzgado a un concejal por
una concesión irregular de
obras en la que el juez vio
una chapuza, pero no un
delito. PSOE y BNG se
aliaron para reprobarlo
oficialmente en un pleno en
abril. El fichaje de Martín
fue una decisión personal
del líder del PP gallego y
hoy presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo. En el
verano de 2006, cansado de
las guerras intestinas de
los populares pontevedreses
se fue a buscar a Sanxenxo,
segunda residencia de
destacados militantes de la
ciudad, a un hombre hecho a
sí mismo que había ganado
reputación y contactos entre
los veraneantes más ilustres
de la villa.
El supuesto milagro económico de Sanxenxo propició
que Feijóo decidiera
ficharlo
Constructor y alcalde al mismo tiempo, Martín
disfrutaba de la bonanza
económica que el boom del
ladrillo dejaba en licencias
a las arcas municipales de
su Ayuntamiento y también en
la cuenta de resultados de
la promotora de la que era
socio y de su empresa de
materiales de construcción.
Fruto de esa época de las
vacas gordas revocó la
concesión del puerto
deportivo de Sanxenxo a una
empresa privada para que
volviese a propiedad
municipal. Aquel presunto
milagro económico avaló su
candidatura en Pontevedra
ante Feijóo, pero el sector
más tradicional de la ciudad
nunca dejó de ver en él a un
recién llegado. En su primer
intento le faltaron unos
cuantos centenares de votos
para la mayoría absoluta.
Cuatro años más tarde,
pinchada ya la burbuja
inmobiliaria, ni siquiera
fue ya primera fuerza en
mayo de 2011.
www.elpais.es
26.03.2012
EL SUPREMO DECLARA ILEGAL UN EDIFICIO DE LA PROMOTORA DE TELMO
MARTÍN
La creatividad
administrativa de Enrique
López Veiga, conselleiro de
Pesca en dos gobiernos de
Manuel Fraga, salvó a
Construcuatro en 2005 del
derribo de uno de sus
proyectos estrella en
Sanxenxo. La promotora de la
que es socio el entonces
alcalde popular de la
localidad, Telmo Martín, hoy
presidente del PP de
Pontevedra, había levantado
un lujoso edificio de seis
plantas junto a la playa de
Silgar, famosa por la
concentración de veraneantes
y el elevado precio de la
vivienda. Allí se reservó un
piso de dos terrazas el
propio Martín. El problema
es que la obra no respetó
los 20 metros legales de
separación mínima de la
costa. La ONG Salvemos
Pontevedra lo denunció y la
propia consellería empezó a
tramitar un expediente
sancionador, que propuso
imponer una multa de 3,05
millones de euros y la
demolición del inmueble.
El informe no llegó al
Consello de la Xunta,
competente para resolverlo,
porque López Veiga lo
paralizó. Salvemos
Pontevedra llevó el asunto
al Tribunal Superior de
Xustiza, que anuló el acto
del conselleiro en una
sentencia que ratifica ahora
el Supremo. El primer fallo
obligaba a retrotraer el
expediente al momento de la
propuesta de sanción, lo que
en la práctica significa que
la Xunta debe decidir qué
hacer con el inmueble. La
resolución del Supremo,
fechada el 22 de julio, hace
suyos los argumentos del
Superior.
López Veiga se extralimitó
en sus funciones al archivar
un expediente sobre el que
le correspondía responder al
Consello de la Xunta, para
lo que se refugió en una
supuesta contradicción en
los deslindes. Los técnicos
de su departamento
constataron que el inmueble
superaba en más de dos
metros la distancia legal
con la playa, pero el
conselleiro encargó otro
estudio al Servicio de
Costas del Ministerio de
Medio Ambiente. Este
determinó que la invasión de
la servidumbre era menor -en
torno a un metro- lo que
sirvió a López Veiga para
dar carpetazo al expediente.
La jefa de Costas era
entonces Cristina de Paz,
también con casa junto al
mar en Sanxenxo y contra la
que pleitea Salvemos
Pontevedra.
El Supremo rechaza los
argumentos de Construcuatro
para tumbar la resolución
del Superior. La supuesta
vulneración de las leyes
administrativas la despacha
como argumento
"artificioso". La empresa
alegaba que el acto del
conselleiro no era
radicalmente nulo sino
subsanable. El Supremo le
quita importancia y alega
que la sentencia previa no
se basa en esa distinción y
añade que en cualquier caso
el acto no se corrigió, y
"debe ser expulsado del
ordenamiento jurídico y
anulado".
SANXENXO GASTA 900.000 EUROS EN PLEITOS DESDE 2006
Un asesor de la Xunta y de infractores
urbanísticos cobró 345.000
euros
El desparramado crecimiento urbanístico de Sanxenxo ha dado
pie en los últimos años a
que al Ayuntamiento del
turístico municipio
pontevedrés haya tenido que
destinar una buena parte de
sus fondos a afrontar gastos
judiciales. Entre 2006 y
2009 las facturas
municipales por pleitos y
asesorías jurídicas
alcanzaron los 900.000
euros, de los cuales más de
la tercera parte
corresponden a los gastos
generados por la Xerencia de
Urbanismo.
-
El Ayuntamiento dice que los juicios vienen de la
época de Telmo Martín
-
El gran beneficiado es José Luis Narbón, ex
director de Urbanismo
Tan frenética actividad en los juzgados ha supuesto una
constante fuente de ingresos
para los despachos con los
que habitualmente colabora
el Gobierno local, según
datos de la intervención
municipal. Entre ellos,
destaca el bufete de José
Luis Narbón, ex director
general de Urbanismo entre
1990 y 1997 a las órdenes de
José Cuiña, a la sazón
conselleiro de Ordenación do
Territorio. Narbón, que ha
vuelto a tener un papel
destacado en el diseño de
los planes urbanísticos del
Gobierno autónomo tras la
vuelta del PP al poder en
2009, cobró unos 345.000
euros entre los pagos que
recibió a su nombre y los
que registró a través de su
bufete, Urbagalex.
Desde el Ayuntamiento de Sanxenxo, un portavoz asegura que la
hinchazón en las facturas es
consecuencia directa de los
pleitos suscitados a raíz de
la aprobación del Plan Xeral
de Ordenación Municipal (PXOM)
de la villa en 2003.
Entonces aún era alcalde el
constructor Telmo Martín,
que se prepara ahora para su
segundo asalto electoral al
Gobierno de la capital
provincial.
En los años a que se refieren los informes, los gastos
municipales aumentaron
progresivamente. En 2006
fueron 131.000 euros que
subieron ligeramente al año
siguiente hasta los 176.000,
para dispararse en 2008 a
los 327.000. El año pasado
la factura se redujo un
tanto, pero se mantuvo, con
267.000, por encima de los
dos primeros.
Narbón se distinguió, durante la etapa del bipartito, por
defender promociones
inmobiliarias en A Guarda y
Oia, siempre contra el
criterio de la Axencia de
Protección da Legalidade
Urbanística. Tras la llegada
de Agustín Hernández a la
Consellería de Territorio,
el departamento le encargó,
en cambio, un "estudio sobre
el panorama del derecho
urbanístico español" por el
que recibirá 67.000 euros
que la Xunta enmarca en los
"trabajos previos" a la
redacción de una nueva ley
gallega del suelo.
Los pagos del Ayuntamiento a Narbón, a título personal o a
través de su empresa,
arrojan una media de 86.500
euros al año entre 2006 y
2009. Se trata de una
cantidad muy similar a la
que recibirá este año
-84.600- a raíz de un
convenio firmado el pasado
marzo por la alcaldesa,
Catalina Gómez, según el
cual el abogado se
compromete a ejercer las
labores de asistencia
jurídica, emisión de
dictámenes y asesoría
general.
Desde el Gobierno local aseguran, por otra parte, que Narbón
fue contratado en 2007 por
un periodo de tres años como
asesor, un compromiso que se
ratificó de nuevo este año.
Este acuerdo, se limita a un
sueldo mensual de 700 euros
en su primera redacción y de
1.000 tras su renovación.
Todos los demás abonos,
insisten, son resultado de
los pleitos que Narbón le
llevó al Ayuntamiento.
www.elpais.es 20.12.10
LA XUNTA RETRASA LA SANCIÓN
A LA CONSTRUCTORA DE TELMO
MARTÍN
Medio Ambiente solicita
nuevas pruebas que pueden
cambiar el expediente
La ley obligó al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, Agustín
Hernández, a reabrir el
expediente a Construcuatro
por el cobro de sobreprecios
en viviendas protegidas en
Vigo, pero la sanción está
lejos de hacerse efectiva.
Según los anteriores
responsables de la
Consellería de Vivenda, que
abrió el proceso
administrativo contra la
promotora del líder del PP
de Pontevedra, Telmo Martín,
las diligencias se habían
agotado y la sanción estaba
lista para su ejecución.
Construcuatro tendría que
pagar una multa de un millón
de euros, devolver las
comisiones ilegales y quedar
inhabilitada para edificar
vivienda protegida durante
seis años. Pero no será así
de momento.
El Gobierno bipartito suspendió el expediente a Construcuatro
en abril de 2008, tras la
apertura por un juzgado de
Vigo de actuaciones
judiciales, incompatibles
legalmente con las
administrativas. Una vez
archivada la causa penal -en
la que se corroboró el pago
de sobreprecios, aunque no
se demostró la concurrencia
de delitos-, la Xunta
levantó la suspensión. Ahora
bien, el departamento que
dirige Agustín Hernández,
amigo personal de Telmo
Martín, ha decidido
solicitar nuevas pruebas,
que retrasarán e incluso
podrían modificar los
resultados del expediente.
El Instituto Galego de Vivenda e Solo determinó antes del
cambio de Gobierno en
Galicia la existencia de
infracción, consistente en
la percepción de
sobreprecios en un edificio
de la urbanización viguesa
de Navia, tipificada como
muy grave en la Lei de
Vivenda de Galicia. Según
los anteriores responsables
de la consellería, sólo
restaba comunicárselo a los
afectados y ejecutar la
sanción.
La hoja de ruta de Medio Ambiente es otra. De momento,
solicitará al juzgado el
informe pericial emitido por
el inspector de Hacienda,
así como los documentos de
contabilidad de la empresa,
en los que se recogen los
sobreprecios. Además,
volverá a remitir el acuerdo
de incoación del expediente,
que se remonta a octubre de
2007, a 11 de los 87
propietarios compradores
afectados, de los que no
cuenta con acuse de recibo.
Esta decisión supone la
apertura de otro período de
15 días para la aportación
de documentación, pero sobre
todo abre la posibilidad de
que se presenten nuevas
pruebas, y por lo tanto se
revise la existencia de la
infracción.
Pero no se terminan ahí las pruebas adicionales que la
Consellería de Medio
Ambiente, de la que depende
el IGVS, quiere estudiar, a
pesar de que el cobro de
"sobreprecio, prima o
cantidad en concepto de
compraventa o arrendamiento
en las viviendas de
protección oficial" está
tipificada en la ley como la
más grave de las posibles
infracciones. Después de la
aportación de documentos por
los 11 afectados que restan
por hacerlo, la Xunta
"abrirá período de prueba",
en el que incluirá las
declaraciones realizadas por
Construcuatro en el curso de
las acciones judiciales. La
consellería incorporará como
prueba "todo el documento
contenido en las actuaciones
judiciales que, si es el
caso, acredite el presunto
pago de sobreprecios".
Sólo después de examinar toda esta documentación, procederá
Medio Ambiente a redactar la
propuesta de resolución.
Según los anteriores
responsables de la
Consellería de Vivenda, se
trata de diligencias
innecesarias que demorarán e
incluso modificarán la
tipificación de la
infracción, con el objetivo
de evitar la sanción a
Construcuatro. La empresa,
de la que Telmo Martín posee
el 33%, cobró sobreprecios
al menos a 32 compradores,
que pagaron hasta 33.000
euros más para no perder los
pisos protegidos. Según el
informe policial que encargó
el juzgado, el dinero lo
repartía la empresa con un
intermediario.
A la espera de disculpas
Tanto en primera instancia como en la Audiencia
Provincial, las dos
sentencias sobre el caso
Construcuatro dan por
probada la existencia de
sobreprecios. La resolución
considera que no hubo
"coacción de relevancia
penal", por lo que absolvió
a los imputados. Lo
justificó así; "Todos los
afectados accedieron a la
entrega de las cantidades
solicitadas en el breve
período de tiempo que se les
daba para ello, alegando que
les interesaba adquirir las
viviendas a ese precio, tal
y como estaba el mercado".
De no acceder a pagar el
sobreprecio, los afectados
se quedaban sin las
viviendas protegidas, lo que
no impide a la sala que
juzgó el caso destacar la
inexistencia de "cualquier
tipo de fuerza o
intimidación".
Telmo Martín se sintió reforzado por la sentencia.
"Espero que aquellas
personas que con un interés
político intentaron
difamarme, manchar mi
nombre, ahora reconozcan que
yo no cometí ningún delito:
que lo digan", retó el
dirigente del PP. Lejos de
recibir disculpas, deberá
afrontar el expediente
administrativo, aunque
demorado. La sentencia de la
Audiencia Provincial
constató que los
sobreprecios, acordados como
"mejoras" no efectuadas, no
figuraban en la escritura
pública ni en el contrato de
compraventa, pero sí en los
libros de contabilidad.
www.elpais.es 29.03.10
HERNÁNDEZ REABRE EL
EXPEDIENTE A TELMO MARTÍN
POR SOBREPRECIOS EN VIGO
Al conselleiro de Medio
Ambiente, Agustín Hernández,
no le ha quedado otro
remedio que tomar una
decisión probablemente
dolorosa: expedientar a su
compañero de partido y amigo
personal, Telmo Martín, por
el presunto cobro de
sobreprecios en viviendas
sociales de Navia, en Vigo.
Una vez confirmado el
archivo de la causa
judicial, al no encontrar la
Audiencia Provincial de
Pontevedra materia penal en
el caso, la Xunta ha
levantado la suspensión de
la causa administrativa
contra Construcuatro, que
puede acabar en una multa de
un millón de euros, la
devolución de las comisiones
ilegales y la inhabilitación
para edificar vivienda
protegida durante seis
años.
Fue la Consellería de
Vivenda, entonces dirigida
por la nacionalista Teresa
Táboas, la que abrió en
septiembre de 2007 el
expediente a Construcuatro,
la inmobiliaria que
pertenece en un 33% al
presidente local del Partido
Popular de Pontevedra. La
razón era la investigación
abierta por un juzgado de
Vigo, basada en las
denuncias de 32 compradores
de viviendas que pagaron
hasta 33.000 euros de más
para hacerse con los pisos
protegidos. Pero las propias
indagaciones judiciales, que
pasaron después a la
Audiencia Provincial,
obligaron a Vivenda a
"suspender" el expediente en
julio de 2008.
A pesar de que el caso fue
archivado en primera
instancia, el anterior
Gobierno vio en la
investigación judicial un
respaldo a favor de aplicar
la máxima sanción a
Construcuatro. Esta opinión
se sustenta en que el auto
incluía entre los hechos
probados y avalados por las
pruebas practicadas el cobro
de sobreprecios, aunque
descarta delitos penales por
considerar que no medió
violencia, amenaza o
engaño.
También el auto que dictó
posteriormente la Audiencia
Provincial constató que,
aunque los sobreprecios,
acordados como "mejoras" no
efectuadas, no figuraban en
la escritura pública ni en
el contrato de compraventa,
sí aparecían en los libros
de contabilidad y facturas
de la constructora. Sin
embargo, la resolución reza:
"Todos los afectados
accedieron a la entrega de
las cantidades solicitadas
en el breve período de
tiempo que se les daba para
ello, alegando que les
interesaba adquirir las
viviendas a ese precio, tal
y como estaba el mercado". Y
descarta "cualquier tipo de
fuerza o intimidación que
haga considerar la
existencia de coacción de
relevancia penal".
Pero las consideraciones de
tipo penal tendrán poca
relevancia en el expediente
administrativo, que se basa
en si hubo o no
sobreprecios, tal y como se
desprende de la
investigación judicial. Así,
el informe policial
encargado por el juzgado de
instrucción señala que, de
las conversaciones grabadas,
"se deduce claramente que
esa cantidad de dinero negro
sería repartida entre el
intermediario, José García
Tilve, y Construcuatro, de
manera que la empresa se
llevaría unos 20.000 euros
por la venta de cada piso".
Esa cantidad, sumada a lo
recabado por el
intermediario, supondría un
20% del total del precio
oficial de los pisos de
Construcuatro en Navia,
ubicados en el número 25 de
la calle Teixugueira.
De concretarse las
propuestas de sanciones, no
sería la primera vez que la
Administración autonómica
multa a una inmobiliaria y
le impide construir vivienda
protegida. Ocurrió con la
sociedad Vigolar, que
también cobró sobreprecios
en el mismo polígono vigués
de Navia.
(www.elpais.com,
02/03/10)
CONSTRUCUATRO SE EXPONE A
UNA MULTA MILLONARIA Y A 6
AÑOS DE INHABILITACIÓN
El juez ha dictado que en el
cobro de sobreprecios en el
polígono de viviendas de San
Paio de Navia (Vigo) no
existió delito penal por
parte de Construcuatro, la
promotora en la que
participa como socio el ex
alcalde de Sanxenxo Telmo
Martín, pero en su sentencia
considera probado que
requirió a los denunciantes
pagos en dinero negro.
Vivenda entiende, en ese
sentido, que el fallo
bastará para resolver,
cuando se cierre la vía
judicial, el expediente
sancionador que abrió en
octubre del 2007 por las
denuncias de 21
propietarios. De acuerdo con
la ley en vigor, que
tipifica el caso como
infracción muy grave, la
firma del actual presidente
del PP en Pontevedra se
expone a una multa que
rondará los 2 millones de
euros (entre la sanción y la
devolución de las cantidades
indebidamente cobradas) y a
seis años de inhabilitación
para construir pisos
protegidos.
El importe de la sanción
procede de una estimación
realizada a partir de las
cantidades que Vivenda, y
ahora también el Juzgado de
Instrucción número 2 de
Vigo, considera
indebidamente cobradas a los
denunciantes. En principio,
el expediente de la
consellería afecta a 21
adjudicatarios, que pagaron
entre 12.000 y 42.000 euros
en dinero negro. Vivenda
calcula que la constructora
de Martín tendría que
devolver unos 600.000 euros,
que se sumarían a una
sanción por el doble de esa
cantidad (1,2 millones), con
lo que el importe total se
aproximaría a los 2 millones
de euros.
El departamento que dirige
la nacionalista Teresa
Táboas es consciente de que
la inmobiliaria agotará la
vía judicial, para defender
sus intereses y también para
ganar tiempo ante la
aplicación del expediente
sancionador por parte de
Vivenda.
La consellería sostiene que
este tipo de prácticas
fraudulentas en el mercado
de los pisos de precio
tasado ya no es posible
desde la puesta en marcha
del Rexistro de Demandantes
de Vivenda Protexida, porque
ahora es la propia
Administración la que le
comunica a las empresas
constructoras la lista de
adjudicatarios de las
viviendas, lo que les impide
exigir esos pagos.
Construcuatro se librará del
endurecimiento del régimen
sancionador que introducirá
la futura Lei de Vivenda,
que actualizará al marco en
vigor desde el 2002. El
proyecto de ley que la Xunta
aprobó en julio, y que se
encuentra en la recta final
de su tramitación
parlamentaria con la
previsión de Vivenda de que
la Cámara debata su
aprobación en diciembre,
eleva la sanción por
infracciones graves de
60.001 euros a un millón. Y,
en el caso concreto de «a
percepción de sobreprezos,
primas ou cantidades
distintas ao prezo na
transmisión ou arrendamento
de vivendas protexidas», la
nueva norma ampliará la
multa que ahora es el doble
de los pagos cobrados
indebidamente hasta cinco
veces ese importe.
En cambio, la próxima
legislación no regulará la
prohibición de que los
cargos municipales puedan
ejercer la promoción
inmobiliaria, como pretendía
la conselleira nacionalista
con la inclusión de un
artículo específico en el
borrador inicial del texto.
La propuesta de Táboas de
que los alcaldes no pudieran
compatibilizar esa función
con actividades
inmobiliarias en los
municipios que gobiernan,
una idea inspirada
precisamente por la
intención de evitar más
casos como el de la
promotora en la que
participa el ex regidor de
Sanxenxo, tuvo que ser
retirada a instancia de la
Consellería de Presidencia,
que dirige el socialista
Méndez Romeu, que alegó que
esa pretensión colisionaba
con la norma que regula la
Administración local. En el
texto enviado al Parlamento,
la restricción inicial dejó
paso a una cláusula
descafeinada que se limita a
incidir en el deber ético de
los alcaldes
(www.lavozdegalicia.es,
27/11/08)
UNA SENTENCIA ACTIVA EL
DERRIBO DE UN EDIFICIO DE
TELMO MARTÍN EN SANXENXO
La intervención directa del entonces conselleiro
de Pesca, Enrique López
Veiga, del PP, impidió en
febrero de 2005 que se
ejecutara una orden de
derribo y una multa de 3
millones de euros contra la
inmobiliaria Construcuatro
por invadir la zona de
servidumbre
marítimo-terrestre en
Sanxenxo. Tres años después,
el Tribunal Superior de
Xusticia de Galicia (TSXG)
ha anulado la resolución del
ex conselleiro y activado la
sanción contra la empresa de
la que posee el 33% Telmo
Martín, alcalde de Sanxenxo
cuando se construyó el
edificio y actual presidente
local del PP de Pontevedra.
La sentencia es consecuencia del recurso de una
asociación ecologista,
Salvemos Pontevedra, contra
el sobreseimiento del
expediente. La misma
organización había
denunciado a Pesca, entonces
con las competencias de
Costas, las obras abusivas
en la servidumbre de
protección en el paseo de
Silgar, donde Construcuatro
levantaba un edificio con
licencia para sótano, planta
baja, cuatro pisos y áticos.
En realidad, según figura en
el Registro de la Propiedad
y constataron funcionarios
de Pesca, el edificio cuenta
con una planta más de las
autorizadas por el
Ayuntamiento.
El expediente realizado por el Servicio de Usos
del Litoral de la
consellería dejaba poco
lugar a dudas. Consideraba
como hechos probados que el
edificio no respetaba los 20
metros preceptivos de zona
de servidumbre, sino una
distancia de "entre 17,81 y
18,20 metros de la ribera
del mar". También constataba
que las obras carecían de
autorización en materia de
Costas de la comunidad
autónoma. Como el valor de
lo construido ascendía a
12,2 millones de euros, se
le imponía una multa de 3,05
millones, con un recargo de
305.584 euros mensuales
mientras no se ejecutara la
demolición para devolver los
terrenos en los que se
ejecutaron las obras a su
primitivo estado.
El expediente de multa y demolición debería haber
sido trasladado al Consello
de la Xunta, que es el
órgano competente para
dictar una resolución de
esas características, según
confirma la sentencia del
tribunal gallego. En vez de
ello, el conselleiro acordó
de oficio, y "como medida
complementaria", solicitar
nuevos informes al Servicio
de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente. En esos
informes se estimaba que la
invasión de la servidumbre
no era de hasta 2,12 metros,
sino de un metro. Fue
suficiente para que López
Veiga apelara a la
existencia de "planos de
deslinde contradictorios"
para decretar el
sobreseimiento del
expediente.
El TSXG estima el recurso de Salvemos Pontevedra,
por considerar probado que
la resolución que impugna
había sido dictada "por un
órgano incompetente". La
sentencia precisa que la
instancia apropiada para
archivar el caso sólo podría
haber sido el Consello de la
Xunta, la única competente
para resoluciones en las que
la multa supere los 500.000
euros. "Parece clara la
necesidad de respetar la
atribución competencial
normativamente atribuida al
Consello de la Xunta",
precisa el fallo judicial.(www.elpais.com,
28/02/08)
Dos agentes inculpan ante la
juez a Construcuatro por
sobreprecios
La promotora de Telmo Martín
fijaba las cantidades y las
recogía el día del pago
Construcuatro, la
promotora
inmobiliaria de la
que es consejero
delegado el
dirigente del PP
Telmo Martín, fijaba
las cantidades (de
12.000 a 42.000
euros, en función de
la planta a que
perteneciera el piso
comprado) y el mismo
día en que era
pagado el
sobreprecio por el
comprador, otro
responsable de la
empresa, José Manuel
Torres, acudía a
Vigo para hacerse
con la cantidad que
los clientes habían
pagado en metálico,
sin recibir ningún
justificante.
Dos intermediarios,
José Luis Veiga y
Purificación Justo,
confirmaron lo
habitual de esa
práctica en su
declaración ante la
juez que instruye el
caso del cobro de
sobreprecios por
pisos protegidos
edificados por
Construcuatro en el
polígono vigués de
Navia. A otro
intermediario,
Fernando Silva, le
fue aplazada su
declaración tras
aducir el miércoles
su abogado que
acababa de llegar de
viaje y que no había
podido estudiar las
diligencias. Los
tres y José Tilve, a
quien se tomó
declaración hace un
año, habrían sido
los intermediarios
de Construcuatro en
el cobro de los
sobreprecios. Veiga
y Silva son agentes
inmobiliarios.
Purificación Justo
no está titulada,
aunque ha mantenido
relaciones
profesionales con
Construcuatro a
través de una
oficina propia que
no está catalogada
como inmobiliaria.
Tilve, que ha negado
sus tareas de
intermediario contra
notables evidencias,
es un empleado de
Citroën que creyó
encontrar una
oportunidad de
negocio en sus
gestiones para la
constructora.
Por el cobro de los
sobreprecios,
Purificación Justo
reconoció percibir
para sí 600 euros de
cada comprador. José
Luis Veiga, a quien
se permitió
abandonar las
dependencias del
juzgado hurtando la
presencia de
periodistas, declaró
no haber cobrado
nada por esa gestión
concreta, que
enmarcó en el
conjunto de otras
que su agencia
inmobiliaria
realizaba para
Construcuatro, en
Navia y en otras
promociones, por las
que percibiría un 2%
del precio de las
ventas.
Algunos de los
compradores
reclamaron un recibo
o una factura que
certificara su pago
en efectivo, ya que
la recuperación del
dinero se les señaló
inviable.
Construcuatro tenía
para ellos
respuesta.
"Que abandonen la
vivienda", era la
contestación que
Construcuatro
transmitía a los
intermediarios para
que se la hicieran
saber a los
compradores
mosqueados.
Tanto Veiga como
Justo declararon que
interpretaban los
sobreprecios
marcados por
Construcuatro como
el pago de mejoras
en los pisos, lo que
Antonio Salceda,
abogado de una
veintena de
afectados por los
pagos, desmintió.
"No sólo no se
realizaron esas
mejoras, sino que en
muchos casos tampoco
los materiales
empleados en la
construcción cumplen
la memoria de
calidad", afirmó
Salceda. "También se
ha dicho que las
mejoras no se
realizaban en el
interior de las
viviendas, sino en
el exterior, en las
fachadas, lo que
resulta aun más
absurdo", añadió.
Todos los
procedimientos de
cobro de los
sobreprecios por
parte de
Construcuatro están
sembrados de
advertencias contra
quienes los pagaron,
bien directamente en
sus oficinas de
Pontevedra o a los
intermediarios que
seguían sus
instrucciones. El
"recaudador" de
Construcuatro,
Torres, prevenido
sobre el momento en
que el comprador iba
a efectuar el pago,
solía esperar en una
cafetería hasta que
el comprador
abandonara las
oficinas de los
intermediarios,
momento en que él
acudía para recibir
la cantidad pagada y
cobrada siempre en
metálico.
La empresa
constructora ha
presentado
declaración en
Hacienda del ingreso
de los sobreprecios,
según cree el
abogado Antonio
Salceda, que aún no
ha podido
comprobarlo. "En
caso de que sea
así", afirmó ayer,
"la ha presentado
después de abrirse
el procedimiento
judicial, con lo que
evita incurrir en
delito fiscal. Pero
si tenemos en cuenta
que a quienes
reclamaban facturas
o recibís no
se les facilitaron,
es muy probable que
en esa misma gestión
se hayan destruido
pruebas sobre el
caso", añadió.
El 'caso
Construcuatro'
-
Sobreprecios
de entre
12.000 y
42.000
euros.
Treinta
clientes
de
Construcuatro
admitieron
haber
pagado
cantidades
de
dinero a
varios
intermediarios,
que
decían
actuar
en
nombre
de la
promotora,
para
acceder
a un
piso
protegido.
Fuentes
de la
investigación
cifran
el
fraude
en 3
millones
de
euros.-
Grabaciones
judiciales.
El
juzgado
de
Instrucción
número 2
de Vigo
tiene en
su poder
dos
grabaciones
de voz
que
prueban
el
chantaje
de un
intermediario
a dos
clientes.
La
investigación
de
momento
no ha
derivado
en
imputaciones
penales.-
Pagos en
Construcuatro.
Varios
compradores
en el
edificio
Castelao
de Navia
declararon
ante la
Consellería
de
Vivenda
haber
realizado
pagos en
las
oficinas
de la
constructora,
a la que
la Xunta
prevé
sancionar
con un
millón
de euros
de
multa.
www.elpais.es
11.01.08
La juez investiga la contabilidad de la
promotora de Telmo Martín
La titular del juzgado de
Instrucción número 2 de Vigo
tiene en su poder desde la
pasada semana libros de
contabilidad y declaraciones de
IVA y del impuesto de sociedades
de Construcuatro, la
promotora de la que es
accionista y consejero delegado
el presidente local del PP de
Pontevedra. La documentación
fue solicitada por la jueza para
indagar si hay algún rastro del
presunto cobro de sobreprecios
por viviendas de protección
oficial que Construcuatro
edificó en el polígono vigués de
San Paio de Navia.
Según explicaron fuentes
jurídicas, los 200 folios de
documentación que está
examinando la jueza se refieren
a la liquidación de impuestos y
las anotaciones contables
correspondientes a la venta de
pisos protegidos en el edificio
del número 25 de la calle
Teixugueiras de Navia. En ese
inmueble, Construcuatro vendió
82 pisos protegidos. Varios
propietarios denunciaron en su
día, y posteriormente
ratificaron ante la jueza y los
inspectores de la Consellería de
Vivenda, que intermediarios que
decían actuar en nombre de la
promotora de Telmo Martín les
exigieron el pago de comisiones
de entre 14.000 y 42.000 euros
para acceder a los pisos, cuyo
precio está oficialmente tasado.
Nuevas declaraciones
La jueza ha llamado a declarar
para esta semana a tres de esos
intermediarios, José Luis Veiga
y Jesús Fernando Silva Portela,
representantes de dos agencias
inmobiliarias viguesas que
gestionaron la venta de pisos,
así como Purificación Justo
Pérez. Veiga y Silva ya
reconocieron ante la Consellería
de Vivenda que se incrementó el
precio de algunos pisos, pero lo
atribuyeron a mejoras en los
materiales. De un cuarto
intermediario, José Tilve, hay
conversaciones grabadas con
autorización judicial en las que
amenaza a los compradores con
dejarles sin piso si no abonan
un sobreprecio. En una de las
conversaciones, Tilve ofrece a
un cliente un número de cuenta
bancaria de Construcuatro para
que formalice el ingreso. Sin
embargo, el intermediario ha
negado los hechos en sus
declaraciones a la Consellería
de Vivenda, que tiene un
expediente abierto a
Construcuatro por este motivo.
www.elpais.es
07.01.08
Dos agencias culpan a Construcuatro por
cobrar sobreprecios
Las comisiones se justificaban por
mejoras en las viviendas protegidas
Junto al relato de los
propietarios del edificio
Castelao, en Vigo, y las cintas
de las dos conversaciones
grabadas con micrófono oculto a
un intermediario que revelan la
existencia de las comisiones
ilegales, la causa abierta en el
juzgado vigués contra la
promotora Construcuatro por el
cobro de sobreprecios en pisos
protegidos contiene ya la
versión que los responsables de
las inmobiliarias Veiga y Silva
-que participaron en la
compraventa de los inmuebles-
ofrecieron a la Consellería de
Vivenda.
En las respuestas al
cuestionario planteado por el
instructor de la consellería,
los propietarios de las dos
agencias negaron haber
percibido, ni siquiera
reclamado, sobreprecios a cambio
de vender las viviendas de
protección oficial y trasladaron
la responsabilidad a la
promotora en la que el
presidente del PP en Pontevedra,
Telmo Martín, figura como
consejero delegado y
copropietario. El primero en
comparecer, José Luis Veiga
Rodríguez, dueño de la
inmobiliaria Veiga, señaló que
los inmuebles, en cuyo traspaso
negó haber participado, se
vendían "al precio que fijan por
metro cuadrado los planes
estatales de vivienda". Dicho
esto, Veiga admitió que "el
importe de los pisos variaba en
función de la altura", una
práctica prohibida por la
legislación que constituye al
mismo tiempo una evidencia del
cobro de comisiones ilegales en
el edificio de San Paio de
Navia.
No fue la única contradicción en
su testimonio que han advertido
los investigadores. A preguntas
de los responsables de Vivenda,
Veiga, a quien varios
compradores habían identificado
como la persona que les vendió
los pisos, rechazó haber
"prestado servicios a
Construcuatro", si bien
reconoció: "Algunas personas
interesadas me pidieron que los
recomendase a Construcuatro para
que les vendiese los pisos".
Según él mismo admite, ese
trámite lo realizó ante el
"señor Torres", en referencia a
José Manuel Torres García,
copropietario de la promotora y
a quien al menos dos compradores
acusan de haberles cobrado en
mano distintas cantidades en
dinero negro.
Según su relato, Veiga no
percibió ni un euro por esa
gestión. Tampoco cobró, según se
deduce de sus palabras, por
"prestar un despacho de su
agencia para que Construcuatro
pudiera cerrar las operaciones
en Vigo sin obligar a sus
clientes a desplazarse a la sede
de su oficina en
Pontevedra".Cuestionado sobre si
en algún momento recibió dinero
por encima del precio tasado, el
propietario de la inmobiliaria
Veiga señaló: "No lo hice pero
me consta que algunos clientes
solicitaban algunas mejoras y le
pagaban [a Construcuatro] por
ellas" . La supuesta realización
de obras no incluidas en la
memoria es también el hilo
argumental del segundo
declarante.
En su testimonio en la
consellería, que también figura
en las diligencias judiciales,
el representante de la agencia
Silva eludió cualquier
responsabilidad. Jesús Fernando
Silva Portela, que se presentó
como "agente de la propiedad
inmobiliaria", asumió su papel
como intermediario pero negó
haber cobrado o exigido
comisiones ilegales.
"Construcuatro me pidió que
actuara como mediador de unas
viviendas que tenían una mejoras
muy buenas", señaló. Esa
diferencia de calidades respecto
a la memoria inicial fueron las
que, según Silva, explicarían
los sobreprecios, que él negó
haber cobrado "porque ese tema
se trataba directamente en
Construcuatro".
Preguntado sobre el importe que
solicitaba a los compradores, el
representante de la inmobiliaria
Silva respondió que "el que
fijaba la ley". A continuación
añadió un matiz significativo:
"A todos los clientes les dije
el precio oficial. No obstante
les advertí que debían hablar
con Construcuatro porque había
mejoras que estaban a la vista
cuyo pago debían negociar con
ellos".
Silva negó hacer recibido ningún
sobre con dinero y señaló que
eran los responsables de la
promotora los que acudían a
buscarlo a sus oficinas. "Yo no
podía coger dinero sin firmar",
concluye. Esta declaración
contrasta con la de varios
compradores de los pisos,
quienes denunciaron que la
promotora y una persona llamada
"señor Veiga" ofrecieron
camuflar las comisiones
facilitando facturas falsas por
obras no realizadas.
www.elpais.es 19.11.07
Un socio
del líder del PP de Pontevedra cobró en mano dinero
negro
Veinticuatro propietarios de
pisos protegidos en el
edificio Castelao de Vigo
han reconocido haber pagado
sobreprecios de entre 12.000
y 46.000 euros a
Construcuatro y a dos
agencias inmobiliarias de
Vigo, según consta en la
documentación que figura en
las diligencias previas que
instruye la titular del
Juzgado número 2 de Vigo.
En sus testimonios algunos
compradores reconocen haber
"pagado dinero negro en mano
a José Manuel Torres",
copropietario de la empresa
Construcuatro, junto al
presidente del PP local de
Pontevedra, Telmo Martín y a
un tercer socio, Eugenio
Sobral.
"Ingresé 18.000 euros a
través de una transferencia
bancaria a Construcuatro
porque esa cantidad formaba
parte del precio oficial del
piso, pero los otros 33.000
euros [de la comisión
ilegal] se los entregué en
un sobre a José Manuel
Torres de Construcuatro". Es
una de las últimas
declaraciones de compradores
de viviendas en el edificio
Castelao de Navia que la
juez tiene sobre la mesa en
la que se acusa a uno de los
copropietarios de
Construcuatro, José Manuel
Torres García, de cobrar
personalmente los
sobreprecios a cambio de
formalizar los contratos
para los pisos de protección
oficial.
El nombre de José Manuel
Torres, propietario de un
tercio de las acciones de la
empresa constructora,
aparece en otras dos
declaraciones de los 24
compradores que han
reconocido haber pagado
sobreprecios, que la
promotora les exigió como
requisito indispensable para
venderles el piso de
protección oficial que se
les había adjudicado.Según
recoge el expediente abierto
por la Consellería de
Vivenda y que ya ha sido
incorporado por la juez a
las diligencias previas,
otros dos vecinos del
edificio Castelao aseguraron
haber entregado en la
inmobiliaria Silva -una de
las dos, junto a la agencia
Veiga, que actuaron de
intermediarias de la empresa
Construcuatro- 32.000 y
35.500 euros,
respectivamente, en dinero
negro. Ambos denunciantes
afirmaron que fue el
personal de la agencia quien
les explicó que los pagos
debían hacerse de ese modo,
"porque así lo había
decidido el señor Torres,
apoderado de Construcuatro".
El resultado de los
cuestionarios realizados por
el departamento de Teresa
Táboas a los propietarios de
los pisos constituye, según
fuentes cercanas a la
investigación, la principal
prueba del fraude, junto a
las dos grabaciones
autorizadas por la juez que
desvelan el cobro de
sobreprecios por parte de un
tercer intermediario, P.T.
De la palabra de los
compradores de los pisos que
sí han querido hablar -casi
la mitad de los 87
propietarios de viviendas en
el edificio Castelao- se
deriva que al menos 24
desembolsaron distintas
cantidades en dinero B
que oscilan entre los
12.000 y los 46.000 euros.
Un porcentaje significativo
reconoció los pagos, pero
eludió detallar el importe y
también el nombre de los
intermediarios a los que les
fueron entregados los
sobres.
Un tercer grupo de
compradores, aproximadamente
la mitad, ha negado
tajantemente el pago de
sobreprecios. Fuentes
próximas al caso no
descartan que la empresa y
los intermediarios hubieran
liberado de las comisiones a
una parte de compradores del
edificio Castelao. Eso
explicaría en parte el
reducido número de denuncias
(de momento sólo dos en la
vía penal, aunque el abogado
de la acusación anuncia que
pronto serán 30). A ellas
hay que añadir los 24
escritos del expediente
administrativo, también en
manos de la juez, que
instruyó la Consellería de
Vivenda.
La documentación aportada
por este departamento al
juzgado detalla que la
inmobiliaria viguesa Silva
habría percibido al menos
167.000 euros en comisiones
ilegales de manos de seis
compradores de viviendas en
el edificio Castelao. Otra
agencia de la misma ciudad,
Veiga, que también medió en
el negocio, ingresó otros
70.000 euros en comisiones
ilegales a cambio de vender
tres pisos protegidos. Según
figura en la documentación
del juzgado, la promotora
Construcuatro, bien en sus
oficinas de Pontevedra o
bien a través de sus
empleados o cargos
directivos, habría recibido
directamente 90.000 euros
además de un alto porcentaje
de los cobros realizados por
sus agentes.
www.elpais.es
22.10.07
"Billetes en bolsas para entregar en
una cafetería"
El dosier en poder de la
juez que investiga el caso
es un relatorio en primera
persona firmado por 24
compradores de pisos
protegidos en el que se
explayan sobre los métodos
utilizados por la promotora
para percibir las comisiones
ilegales y evidencia que el
pago de sobreprecios fue en
muchos casos la única salida
para acceder a una vivienda
en el edificio Castelao.
Tal y como dejaron patente
las grabaciones de voz
autorizadas por la juez cuyo
contenido publicó este
diario, en las que un
intermediario exigía
comisiones ilegales a dos
clientes de la promotora, el
expediente instruido por
Vivenda constata amenazas y
extorsiones por parte de las
agencias que mediaron en la
compraventa. Además pone al
descubierto la connivencia
entre dos inmobiliarias
viguesas, Silva y Veiga, y
Construcuatro a la hora de
ejecutar el fraude. En uno
de los escritos un
propietario afirma haber
escuchado de su vendedor la
fórmula para repartir los
33.000 euros de la comisión:
18.000 para Construcuatro y
15.000 para el encargado de
cerrar la venta.
El relato de otro comprador
reconoce que acudió a una
cafetería "con 19.300 euros
en billetes metidos en una
bolsa de plástico" que
entregó a un intermediario y
asegura que sólo unos
minutos después ambos
acudieron a las oficinas de
Construcuatro en Pontevedra
donde rubricaron los
contratos. Un tercer cliente
afirma haber abonado 31.500
euros de sobreprecio a la
inmobiliaria Silva y añade
que, previamente, el
personal de Construcuatro en
Pontevedra le corroboró que
la agencia actuaba en
representación de la
promotora.www.elpais.es
22.10.07
"42.000 euros en negro"
En la misma agencia otro
comprador se vio "obligado"
a abonar "42.000 euros en
B". "Me dijeron que si
lo quería, bien, y que de lo
contrario tenían 20
aspirantes en la lista",
añade. Y hubo un cliente a
quien se le reclamaron en el
momento de la compra 12.000
euros como anticipo, que
nunca figuraron en la
contabilidad oficial. Además
son legión los vecinos del
edificio Castelao que
admiten haber recibido
negativas cada vez que
solicitaron facturas de las
cantidades entregadas.
Por este mismo caso, la
Consellería de Vivenda
propuso ya una sanción de un
millón de euros a
Construcuatro además de
obligarle a devolver las
cantidades cobradas al
margen del valor de la
vivienda pública y una
inhabilitación por seis años
para edificar pisos
protegidos en Galicia. De
momento, la vía
administrativa y la judicial
siguen caminos
complementarios, si bien
cualquier condena en los
tribunales invalidaría la
sanción propuesta por el
Gobierno gallego.www.elpais.es
22.10.07
La promotora intentó camuflar el
fraude con facturas falsas de obras
inexistentes
Los tratos cerrados en la
sede de Construcuatro y la
entrega de las viviendas no
impidieron que los
intermediarios y la
promotora siguiesen llamando
a los compradores una vez
ocupados los pisos. En
junio, con la investigación
judicial en marcha, los
representantes de la
constructora intentaron
camuflar los sobreprecios.
Así consta en el expediente
que figura en el Juzgado de
Instrucción número 2 de Vigo
al que ha tenido acceso EL
PAÍS. "Me propusieron
disfrazar los cobros con
facturas de mobiliario y
mejoras en el piso que no
habían hecho, y lo rechacé",
asegura un propietario. El
resto de declaraciones
corroboran que no es un caso
aislado.
Otro de los vecinos admite
que tres meses después de
firmar las escrituras, el
gerente de la inmobiliaria,
"el señor Veiga", le llamó
para ofrecerle recibos de
obras no acometidas en su
piso para "camuflar" las
comisiones ilegales. Los
clientes que trataron con
Construcuatro recibieron
llamadas parecidas. Según
sus testimonios, ninguno de
ellos aceptó la propuesta.
De confirmarse la existencia
de facturas falsas los
representantes de las
inmobiliarias y
Construcuatro estarían
incurriendo en otro delito,
falsificación de documentos,
además de los supuestos de
los que actualmente se les
acusa, fraude fiscal y
estafa.
www.elpais.es
22.10.07
TELMO
Y LOS GENOVESES
Es casi imposible tener perspectiva serena sobre
política y políticos, porque lo que hacen
nos afecta a todos. Y eso sin contar con que
España es un país terriblemente faccional,
apasionado y partidista. Un faccionalismo de
banderías, divisor, que en principio nos es
extraño, pero que cada día la derecha de la
madrileña calle Génova nos trae más a
Galicia. Así que, implicados y obcecados,
olvidamos completamente que los políticos
son como los demás.
Es cierto, tienen ambición, pero ¿quién no la
tiene? Todos ambicionamos conseguir un
afecto, o retenerlo; conseguir un trabajo,
un puesto, un reconocimiento... No son
distintos a los demás mortales. Son personas
con familia, amigos, sentimientos, perros y
gatos... ¿Y, acaso, si los pinchásemos no
sangrarían como cualquiera? En el juego de
poder, los políticos son guerreros que
luchan, pero los guerreros también sufren.
Si recordamos eso podremos ver con
perspectiva el sufrimiento de algunos
políticos y así, comprendiendo al ser humano
que va bajo la armadura violenta, los
respetaremos más. No debemos desearle a un
político lo que no deseamos para nosotros.
En ese sentido, aunque estemos en radical y
absoluto desacuerdo con sus posturas
políticas, aunque nos enfaden, debemos
guardar cierta consideración para las
carreras protagonizadas por Mariano Rajoy y
Alberto Núñez Feijoo. A ambos les tocó una
suerte semejante, aunque quizá tengan
finales distintos: recibieron una herencia
maldita. A ambos les fue prometida una
herencia opulenta pero, luego de un proceso
de discusión familiar lleno de
incertidumbres, incidentes y litigios, y
cuando finalmente llegó el momento de
recibir la herencia, les fue arrebatada por
alguien ajeno a la familia. Además, de la
familia enemiga. Cómo no sentirse estafado,
humillado y herido. Es muy difícil para
cualquiera sobreponerse psicológicamente.
¿Cuántas personas en esa situación serían
capaces de aceptarlo y reconocer a quien
finalmente heredó como gobernante legítimo?
Y ahí hay que ponerle un positivo al Núñez
Feijoo: encajó algo tan duro de un modo
pasable.
Pero eso no quita que su situación sea un
verdadero tormento que sólo él conoce,
atrapado entre lo viejo y lo nuevo, entre
las ataduras de un pasado que no desaparece
y la búsqueda de algún futuro posible. Ahí
está Telmo Martín, un hombre joven que en
realidad es un político viejo. Un resto de
lo que fue el PP en Galicia, corrupción
descarada, desvergonzada y sin límites. La
más vieja Galicia, la que nos dejó en
herencia tantos desastres y caos en todos
los ámbitos, el urbanismo, Reganosa, la
Cidade da Cultura, dos superpuertos
adosados, la destrucción del natural..., que
está costando tanto ordenar y racionalizar.
medio natural, que está costando tanto
ordenar y racionalizar.
El PP gallego nació de la victoria de Alianza
Popular sobre la UCD, aquel intento frágil,
fugaz y fracasado de civilizar a la derecha
española. Aquella AP de Manuel Fraga se
levantó sobre el apoyo de verdaderos
campeones de la economía "informal", contra
bando y marea: Terito, el Patriarca, Ligero,
Bea Gondar, Nené Barral...El fracaso y
descomposición de la UCD gallega hizo que
todos los conseguidores cayesen en la
cazuela de Fraga Iribarne y, reunidas al fin
todas las viejas estructuras heredadas del
Régimen, resultó el PP gallego: una
estructura densa y extensa que penetró el
territorio y la sociedad, la economía, la
ideología y hasta la imaginería y los
símbolos. Nuestra derecha no se levantó
sobre una clase industrial o financiera, no
sobre el empresariado industrial y
financiero catalán o vasco, sino sobre un
estadio económico anterior, aventureros sin
escrúpulos que burlan las leyes para imponer
su ley a sus vecinos.
Y para imponer sus precios. Leemos con pasmo que
el señor Telmo Martín dice que lo que
publicó este periódico, las pruebas de la
extorsión a los compradores de viviendas
sociales y del fraude fiscal es "el precio
de estar en política". Ahora estamos
conociendo que el precio de estar en
política en esta derecha gallega son los
euros negros conseguidos con chantaje a las
familias más humildes. Núñez Feijóo está
emparedado entre la calle Génova y sus
abanderados y el pasado, pero alguien debe
dimitir, o él o Telmo.
Al Pacino protagonizó El precio del poder, al
menos aquel personaje no disimulaba ni se
metía en política. También protagonizó
Atrapado por su pasado. Todo está en el
cine.
www.elpais.es 14.10.07 SUSO DE TORO
Vivenda asegura que
la sanción a Construcuatro sigue adelante
La
Consellería de Vivenda seguirá adelante con el
expediente de sanción a la inmobiliaria Construcuatro,
de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo
Martín, es consejero delegado, por presunto fraude en la
venta de viviendas protegidas en el polígono vigués de
Navia. El departamento de Teresa Táboas, que no ha
recibido notificación del juzgado que investiga el caso
para que lo archive, niega haber descartado la
existencia de intermediarios en el presunto cobro de los
sobreprecios.
La
consellería no ha recibido notificación alguna del
Juzgado número 2 de Vigo, que instruye el caso abierto
por el presunto cobro de sobreprecios en la compraventa
de vivienda protegida contra la promotora del edificio
de Teixugueiras, 25 y contra dos agencias inmobiliarias
viguesas. El departamento que dirige Táboas sigue
adelante, por lo tanto, con el expediente de sanción,
que fuentes de la consellería aseguran que desembocará
en una multa de un millón de euros a la empresa de Telmo
Martín, dadas las pruebas contra Construcuatro.
Vivenda
cuenta para culminar el expediente con un plazo máximo
de seis meses. La penal y la administrativa son dos vías
complementarias "que se pueden llevar en paralelo" hasta
que el juzgado califique los hechos, precisó ayer la
consellería en un comunicado. La sanción, no obstante,
no se podrá ejecutar hasta que se produzca la resolución
judicial, dada la prioridad de la vía penal frente a la
administrativa.
Pero
mientras eso no ocurra, Vivenda seguirá trabajando en el
expediente "con total normalidad". La consellería
asegura mantener una "total colaboración con el juzgado
de instrucción número 2 de Vigo", al que remitirá todo
el expediente que obra en su poder. Pero niega el
departamento que dirige Táboas que la juez haya
solicitado ningún informe a la Delegación de Vivenda, y
que desde esa consellería se remitiese contestación
alguna al juzgado en la que se excluyera la existencia
de intermediarios en la compraventa de pisos protegidos.
El
comunicado de la consellería denuncia la existencia de
"personas vinculadas a la denuncia judicial presentada
por dos presuntos afectados" por el cobro de los
sobreprecios, "que están más interesadas en entorpecer
la labor" de la consellería "que en aclarar" el presunto
fraude y sancionar a los responsables. En todo caso, el
asunto "trasciende a los directamente afectados",
incluidos los denunciantes, "porque se trata de
viviendas construidas en suelo adquirido y urbanizado
con recursos públicos".
El
presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, subrayó
ayer la vertiente política del caso, e invitó al
presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a
"actuar en consecuencia". Tras presidir el Cosnello de
la Xunta, Touriño aseguró confiar en la justicia, y
añadió: "Iba a decir que también confío en que Feijóo
actúe en consecuencia, pero la verdad es que tengo pocas
esperanzas".
www.elpais.es
12.10.07
FEIJÓO DESVINCULA LOS NEGOCIOS DE TELMO MARTÍN DE SU ACTIVIDAD
POLÍTICA
El
presidente del PP en Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, se mostró ayer favorable a una
"investigación sin límites" en el caso del
presunto cobro de sobreprecios en vivienda
protegida que realizó la promotora
Construcuatro, de la que participa el presidente
del PP en Pontevedra, Telmo Martín. "Lo que me
sorprende es que la Consellería de Vivenda esté
tardando tanto tiempo, dado que los afectados
llevan hablando desde hace tiempo", sostiene.
Feijóo no aclaró en qué podrían afectar las
denuncias a Construcuatro a la política de
vivienda del PP gallego e insistió en investigar
primero "y luego hablar". "No estamos dispuestos
a condenar a personas que de momento ni fueron
imputados", contestó al ser preguntado sobre si
su partido piensa iniciar una investigación
interna sobre la posible implicación de Telmo
Martín. A pesar de reclamar el pasado mes de
septiembre la dimisión de la conselleira de
Política Territorial, María José Caride, por
irregularidades denunciadas por el PP sobre la
concesión de la Vía do Barbanza, el presidente
del PP gallego considera "abrumadora" la
diferencia a la hora de pedir responsabilidades
a Martín. "Hay que plantearse qué tiene que ver
como persona el señor Telmo Martín en este
asunto, además de lo que tenga que ver la
empresa en la que participa", argumentó. "Una
cosa son las actuaciones en el ámbito político y
otra cuestión son actuaciones en el ámbito
mercantil".
El
responsable del PP sostiene que el caso no
afectará a la imagen del partido porque,
explicó, cada vez que hay denuncias sobre un
dirigente del PP quedan archivadas, "como en el
caso concreto del presidente local de
Pontevedra". "Cada vez que hubo denuncias el
político ganó las elecciones limpiamente en las
urnas", argumentó.
El
secretario de Organización del PSdeG, Ricardo
Varela, recriminó ayer a Feijóo que no haya
adoptado ninguna medida con respecto a Martín,.
Varela asegura que, independientemente de las
repercusiones de tipo judicial, "está
perfectamente contrastado que hay un responsable
político que tiene una empresa que cobró
sobreprecios". "Esto tiene que tener una
asunción de responsabilidades inmediatas tanto
en el ámbito personal como en la organización
del Partido Popular", subrayó. Varela sostiene
que se está "ratificando" que el PP "es el
primero de la fila para pedir responsabilidades
y el último de la fila para asumirlas cuando le
corresponde".
(www.elpais.com,
10/10/07)
TELMO MARTÍN: "ES EL PRECIO A PAGAR POR ESTAR EN POLÍTICA"
El PP sostiene que no tomará medidas internas ni
entrará en "juicios paralelos"
El recién elegido presidente del Partido Popular
en Pontevedra, Telmo Martín, se mostró ayer seguro de que "no
hay nada de nada" respecto al presunto cobro de partidas en
dinero negro en vivienda protegida que realizó la constructora
Construcuatro, de la que es consejero delegado y posee el 33%.
Martín sostiene que tiene que pasar "por este trance porque es
el precio que hay que pagar por estar en política" y recalca que
nada "saldría a la luz" si no fuese socio de Construcuatro.
El presidente del PP pontevedrés aseguró "estar
tranquilo y preparado para aguantar cualquier cosa" y que
hablará cuando concluya el expediente anunciado ayer por la
Consellería de Vivenda, según declaró ayer a Radio Pontevedra.
Martín lamentó que se esté haciendo "un juicio paralelo de lo
que va a ocurrir" y que no se respete la separación de poderes.
En la misma línea de defensa se situó el Partido
Popular que, en palabras de su secretario general, Alfonso
Rueda, indicó, preguntado si el PP tiene pensado tomar medidas
al respecto, que el partido no apoya ni "hará juicios políticos
paralelos" y de Telmo Martín "menos que nadie". Rueda recordó
que el nuevo presidente -"elegido con el 98% de los votos" el
pasado fin de semana- del PP en Pontevedra "ni siquiera está
imputado y advirtió que "hay que dejar actuar a la justicia".
"Telmo anunció que daría explicaciones en su momento", recalcó.
Desde la dirección nacional del PP, su secretario
general, Ángel Acebes, se mostró "seguro" de que el partido en
Galicia actuará "como siempre con absoluta diligencia y
transparencia" ante cualquier denuncia.
El portavoz del grupo parlamentario del PSdeG,
Ismael Rego, indicó que este "escándalo de primera magnitud"
apunta a que la Xunta "en la que estaba Feijóo" se encontraba
rodeada de "señores de guante blanco". "Es un robo de los
recursos públicos a las familias más necesitadas de un grupo de
espabilados con información privilegiada", sostiene el portavoz
del grupo socialista. "Por lo que se demuestra en la cinta había
gente que utilizaba la política de vivienda para estafar",
insistió y "con el nivel de relación entre Feijóo y Martín no
cabe duda de que fuera un conocedor privilegiado". Rego recalcó
que algunas tramas urbanísticas como la de Nigrán provienen de
la provincia de Pontevedra "y del entorno de Rajoy, Feijóo,
Telmo y Louzán".
Rego reclamó una explicación del entonces máximo
responsable de la vivienda en Galicia y destacó como necesario
que comience "a asumir alguna responsabilidad". "Va a ser
difícil que Feijóo salga impune, porque ya van siendo muchas
cosas", argumentó.
El grupo parlamentario del BNG acusó al PP de
"tener varias varas de medir según si los casos afectan a un
militante del PP o no". Carlos Aymerich, portavoz de los
nacionalistas en el Parlamento, sostiene que no le "reclaman
nada" al PP, con relación a la ausencia de medidas tomadas desde
el partido conservador, "porque detrás de Telmo tendrían que ir
muchos más. Algunos se retratan con las medidas que toman",
concluyó.
Aymerich acusó a Feijóo de no actuar en este tipo
de casos "que todos sabemos que pasan" mientras fue el
responsable de la Consellería de Política Territorial, de la que
dependía la vivienda en Galicia.
EL PAÍS 9 OCT 2007
NOMBRADO CON EL RESPALDO DE RAJOY
Telmo Martín
fue investido presidente del PP de Pontevedra el sábado
después de obtener el 97% de los votos en el congreso
local al que se presentó como único candidato. A su
proclamación asistió el presidente nacional del partido,
el pontevedrés Mariano Rajoy, que evitó pronunciarse
sobre los escándalos que salpican a la empresa del
dirigente pontevedrés.
www.elpais.es
09.10.07
" LLEVA EL DINERO
'B' A LA OFICINA DE LA EMPRESA "
La segunda de las cintas que recogen las
negociaciones entre el intermediario que se encargaba de captar los clientes
para Construcuatro y uno de sus compradores prueba que la promotora, de la que
el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado,
ingresaba la mayor parte de las comisiones ilegales exigidas a cambio de vender
viviendas de protección oficial en el edificio Castelao del barrio vigués de
Navia.
Durante la conversación que fue grabada con la
autorización de la juez y bajo supervisión de agentes del Cuerpo Nacional de
Policía, P.T., el mediador de Construcuatro, el mismo que aparecía en la primera
de las cintas cuyo contenido trascribió ayer este diario, reconoce que más de un
tercio de las comisiones ilegales iban a parar a su hijo. El intermediario
percibió un importe de 32.000 euros en dinero negro, que, según sus palabras, se
repartieron Construcuatro (20.000) y su hijo (12.000). El cliente tuvo que pagar
otros 200 euros aparte en concepto de lámparas halógenas. Esta es la
transcripción del contenido de la cinta de voz al que ha tenido acceso EL PAÍS y
de la que se eliminan los datos personales del cliente y de la sucursal bancaria
que tramitaba algunos pagos.
P.T. Buenos días.
Comprador. Buenos días, vengo del banco y aún
tengo que ir al notario a firmar el préstamo.
P.T. ¿Cómo quedó el tema? ¿Tú cuál es el que
quieres? ¿ Quieres para adelante y arriba?
C. Yo quería el sexto, que es el que vi, pero
bueno...
P.T. No, no... si... no se le puede hacer frente
al sexto... ¿Yo te di los papeles esos?
C. Sí, me dio los precios y eso, con el sexto y la
documentación que hay que aportar.
P.T. En el banco hay que tener cuidado de no
hablar nada del dinero B.
C. Ah, nada, ¡claro!
P.T. Ni hacer comentarios, ni nombres de empresa,
ni nada.
C. Ay, eso no, claro,
P.T. Porque a veces por una cosita de nada la
vamos joder, que al final no queda en nada, pero es un rollo y se mete uno en un
tinglado del carallo.
C. Sí, claro.
P.T. (Ruido de papeles). El sexto, el séptimo,
compara la diferencia. Ahora los precios son todos más o menos igual.
C. Sí, el sexto es el que me dio a mí.
P.T. Sí, es que varía, mira, ves, el B tiene tres
metros más.
C. Eso es lo de la documentación, que me volví
loco para juntar todo eso, menos mal que el del banco me hizo un préstamo, que
si no, no había forma.
P.T. Si, no es fácil. No es fácil
C. Le tuve que pedir un préstamo sin justificar
nada.
P.T. Para comprar el despacho, para comprar los
muebles
C. Pero ellos te piden factura, que yo no les
presento nada, al final el del banco quiere justificarlo de alguna manera (...)
P.T. Hay diferencias así de precios de garaje,
porque algunos tienen la bodega más grande, porque al hacer la división
horizontal, designaron ellos y decidieron poner el lote completo.
C. Si, claro.
P.T. Esto es el precio del piso, la hipoteca
serían 99.000 euros.
C. Si, casi 100.000. Hay que hacer la reserva este
mes ya.
P.T. Me voy a enterar, porque yo sé que uno que
fue allá.
C. A Pontevedra
P.T. Sí, uno que fue con la idea de hacer la
reserva y de dar los 20.400 euros al firmar la compraventa.
C. Sí
P.T. Le dio 1.000 y el resto lo agregó a la
hipoteca
C. ¿Los 20.000?
P.T. Si. A lo mejor a ti te interesaría...
C. Está bien que los 20.000 de la firma vayan con
la hipoteca.
P.T. Me dijeron que había que negociarlo.
C. Yo tengo que pedir el 100%, ya hablé con él,
presentando un aval no hay problema.
P.T. Porque esto si se hace ya el martes...
C. Hasta el jueves no podría, trabajo el
miércoles.
P.T. Es igual. Quedo contigo el jueves por la
tarde.
C. Porque después de entregar lo de la reserva ya
avisarán para hacer lo próximo.
P.T. Si es así, se hace la firma del contrato y
compraventa a la vez.
C. Yo, al banco los 20.000 euros ya los pedí con
la hipoteca y en principio no hay problema.
P.T. Lo que urge es hacerlo cuanto antes. Te
quedarías con el sexto.
C. Hombre, yo en principio sí. Vamos a hacer
cuentas, a ver cómo nos sale. ¿ Habló con su hijo?
P.T.: Sí, los 12.000.
C. ¿No hay forma de 10.000?
P.T. No. Bueno es que hay gente de palabra, me
caíste simpático, muy formal pero el también tiene que hacer su vida.
C. ¿12.000? ¿Y el sexto, cuánto era para la
empresa?
P.T. Ah! ¿El B?
C. Sí, el B. Mire ahí cuánto es.
P.T. A ver, 24.265.
C. ¿Subió el tema?
P.T. Y el tercero son 18.000.
C. Me quedo con el tercero, no me queda otra.
P.T. Son 2.000 euros que suben cada uno.
P.T. Fue lo que te dije, sube en dinero B 1.265
euros pero baja en A.
C. El problema es que éstos los puedo justificar
en el banco y los otros no.
P.T. Yo te agencio el tercero.
C. Porque el sexto, en 20.000 ni de broma. ¿No?
P.T. ¿Y si consiguiese el cuarto?
C. ¿El cuarto por 20.000? Más 12.000 de su hijo,
32.000. Yo ahora junto 29.000. ¿Habría posibilidad de entregarle cuando el banco
me pueda dar justificados los 3.000 restantes? Yo junté 29.000 entre la
hipoteca, lo que me prestó hasta la señora del piso donde estoy de alquiler...
porque eso después lo saco de la cuenta vivienda, ¿entiende?
P.T. Claro, ese problema lo tiene también mi
hijo.
C. Porque ahora me hizo un préstamo puente y
después puedo sacar de la cuenta vivienda.
P.T. Yo si te puedo...
C. ¿El cuarto, por 20.000? Y 12.000 para su hijo,
yo se lo acepto ya, pero bueno le tengo que dar esos 3.000 euros, cuando pueda
firmar la hipoteca.
P.T. Vamos a ver.
C. Vale
P.T. Además, el cuarto tiene halógenos. Son 200
euros más por unos halógenos que le puso el que se iba a quedar con él.
C. Le doy los 20.000 euros para la empresa y 8.000
para usted o los reparte a su manera y después los 4.000 cuando la hipoteca.
Eso, yo le doy ahí, que esto es para la empresa, 20.000.
P.T. Sí porque a la empresa hay que...
C. Hay que dárselos.
P.T. No se puede...
C. O sea que a la empresa hay que darle los
20.000.
P.T. No se puede andar a jugar con...
C. Pues se los daría a usted.
P.T. Aunque se fíen de mí, pero no se fían de ti.
C. Claro
P.T. No te conocen de nada.
C. O sea que entonces, ¿haría eso, no? Si acepto,
claro.
P.T. Mira, yo tengo posibilidades del cuarto, son
20.000 y reservo el cuarto.
C. Y quedamos el jueves.
P.T. Para allá hay que llevarle 20.300.
C. ¿Redondeamos en 20.000?
P.T. No, no, no.
C. 20.200, ¡joder! Es que no baja ni un céntimo.
P.T. Yo no voy a andar con rebajas. Tienen gente
esperando
C. Pues yo el jueves llevaría lo de la empresa,
más 8.000 para usted y los otro 4.000 cuando pueda sacar de la cuenta vivienda.
Porque pedir más ya no pido, junté 19.000 entre la señora del piso, mi novia y
9.000 del banco que me hizo un préstamo, porque ya llegué allí desesperado.
P.T. Y yo, que te quité 3.000.
C. Claro, es que si no...
P.T. ¡Estás teniendo suerte, eh!
C. Si no, era imposible
P.T. Yo hice eso sin hablar con él para nada y
mira él no está de acuerdo, pero bueno, como tiene que adaptarse a lo que yo...
C. Es que yo más ya no podía, fui al banco
desesperado.
P.T. Sólo faltaba que fueras a atracarlo.
C. Sí. Tengo que atracar un banco para comprar un
piso...
P.T. Lo que me tienes que pagar son los halógenos
C. Vale, ¿Cuánto es?
P.T. Doscientos. Es que yo tengo que dar el dinero
al del piso.
C. Se los pago con los 4.000.
P.T. Y es una cosa buena, porque no tienes que
andar escabichando ahí, haciendo obra.
C. Claro están puestos ya.
P.T. Están hechos.
C. Perfecto, me quedo con el cuarto así ya no doy
más vueltas. Cuento con eso, 28.000. Estos dos son aparte y después, le doy
4.200, lo de los halógenos.
P.T. Allí no te hacen papeleo ninguno mientras no
entregues los 2.000 y tal, tú le llevas para el en B, 20.265 euros en un sobre.
C. Eso es lo que le llevo, en efectivo tiene que
ser, ¿no?, en billetes.
P.T. Sí,sí.
C. Vale, ¿ y en Pontevedra el sitio ese donde
queda, es la oficina de ellos, de la empresa?
P.T. Sí, detrás del Gobierno Civil, casi enfrente
del ayuntamiento.
C. El Ayuntamiento, sí, donde está la Alameda.La
sede de Construcuatro en el primero piso del número 10 de la calle Prudencio
Landín, detrás de la Subdelegación del Gobierno].
P.T. Bueno, yo voy contigo.
C. Usted va conmigo.
P.T. Además, solo no puedes ir, que no te conocen
de nada.
C. Claro.
www.elpais.es
09.10.07
La Xunta multará a
la promotora del líder del PP de Pontevedra
Construcuatro deberá pagar un millón de euros y devolver los
sobreprecios de los pisos
La
Consejería de Vivienda de la Xunta sancionará a
Construcuatro, la promotora en la que el recién nombrado
presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín, ejerce
como consejero delegado, con una multa de al menos un
millón de euros por cobrar sobreprecios en la venta de
pisos protegidos. El expediente exige la devolución de
las comisiones ilegales y podría conllevar la
inhabilitación de la promotora para edificar viviendas
protegidas durante seis años.
El Gobierno
gallego ha propuesto una sanción mínima a Construcuatro
de un millón de euros, además de obligar a la promotora
a devolver las comisiones ilegales cobradas a los
compradores por los 96 pisos de protección oficial
edificados en el barrio vigués de Navia, que de momento
el Gobierno gallego cifra en otro millón de euros. El
expediente sancionador de la Consejería de Vivienda
tiene su origen en una denuncia de tres particulares que
aseguraron haber sido coaccionados y amenazados por
intermediarios de la promotora -de la que el presidente
del PP de Pontevedra es consejero delegado- para
reclamar entregas en dinero negro al margen del precio
que la ley fija para las viviendas protegidas.
Después de
entrevistar a la mayoría de residentes del edificio
promovido por Construcuatro, la Xunta concluye que al
menos 21 de los 95 propietarios pagaron comisiones
ilegales que oscilan entre los 12.000 y los 42.000
euros. Según los declarantes, la entrega del dinero en
B se efectuaba antes de firmar los contratos de
compraventa y no constaba en la documentación que la
constructora enviaba a la consejería.
Los 21
compradores aseguran haber sido obligados a pagar las
comisiones bajo la amenaza de no venderles los pisos y
añaden que Construcuatro se negó a entregar recibos de
las cantidades aportadas. Además de proponer una multa
mínima de un millón de euros, el expediente abierto por
la Xunta solicita a Construcuatro la devolución de los
978.800 euros que sus clientes afirman haber abonado en
dinero negro.
Esta cifra
no incluye todos los sobreprecios cobrados, ya que
muchos de los propietarios se han negado a concretar
ante la consejería las cantidades abonadas en dinero
negro. Fuentes de la Xunta han confirmado a EL PAÍS que
la multa económica podría verse incrementada cuando
hayan declarado todos los vecinos del edificio.
El Gobierno
regional recuerda que el expediente sancionador podría
concluir además con inhabilitación de la promotora para
construir vivienda pública durante seis años, algo que
ya ocurrió a la sociedad Vigolar, que también cobró
sobreprecios en el mismo polígono.
El caso de
Construcuatro lo estudia además el juzgado de
Instrucción número 2 de Vigo donde ya se han presentado
dos denuncias por la vía penal. El abogado que aglutina
a una veintena de propietarios en el mismo edificio
anunció ayer que a final de semana se personarán otros
20 afectados que acusan a Construcuatro de un doble
delito de estafa y fraude fiscal.
El
presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, aseguró
ayer que las denuncias por los sobreprecios "son el
precio que hay que pagar por estar en política" y añadió
que "este caso no vería la luz" si él no fuese consejero
delegado de Construcuatro.
www.elpais.es
09.10.07
" SI NO PAGAS 20.000
EUROS EN 'B' ESTE MES, OLVÍDATE DEL PISO"
Dos grabaciones de voz autorizadas por una juez de
Vigo, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, prueban que la promotora
Construcuatro, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es
consejero delegado, percibió distintas cantidades en dinero negro -20.400 euros
de un comprador y 24.265 de otro- a cambio de venderles viviendas protegidas.
Las cintas evidencian además las amenazas de los intermediarios a los clientes.
"Si no pagas este mes, olvídate del piso", advierte uno de los mediadores
que también percibió 8.000 euros por la venta.
Las 24 denuncias presentadas en el Juzgado de
Instrucción número 2 de Vigo presentadas por clientes de la promotora
Construcuatro se acompañan de una potente carga documental. La juez tiene la
transcripción de dos conversaciones, grabadas bajo su consentimiento, que
corroboran que la mayor parte del dinero negro cobrado a los compradores iba a
la empresa en la que el presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín, figura
como consejero delegado y de la que posee el 33% de las acciones. El
intermediario exige sobreprecios de entre 20.000 y 32.000 euros. En este último
caso, explica que 24.000 euros eran para la promotora y 8.000 para él. Lo que
sigue es el extracto de una de las conversaciones, entre P. T., el mediador, y
uno de los compradores.
P. T. Esto corre prisa.
C. Ya, pero el del banco me dijo que este mes no
se puede.
P. T. Si no puede ser este mes, luego olvídate del
piso.
C. Son ellos, se me dijo que no se podía
escriturar este mes.
P. T. Espera, vamos a ver deja de escriturar. Una
cosa es escriturar y otra cosa es lo que hay que hacer ahora. ¿Tú sabes lo que
hay que hacer ahora?
C. Sí, supongo que entregar la pasta.
P. T. No es entregar la pasta solamente. Mira lo
que hay que hacer es el contrato reserva y el contrato compraventa. (...) Mira,
este es el precio del piso, lo que pueden dar de hipoteca más o menos, y queda
esto, mil euros para la reserva y 2.400 en la firma de la compraventa.
C. ¿Y los 21.000 euros del B, los entregamos en
Pontevedra?
P. T. Sí, los del B en Pontevedra. Eso voy yo
contigo, tú no conoces, ni te conoce nadie.
C. Déjame un papel, quiero hacer una anotación.
P. T. Mira aquí tienes, qué datos quieres, este es
el número de cuenta de Construcuatro en... [cita el nombre de una entidad
bancaria y a continuación dicta los dígitos de la cuenta].
C. Vale. Este es de Construcuatro.
P. T. Sí, es de Construcuatro. Es donde hay que
ingresar los 20.400 euros.
C. ¿Cómo hacemos la semana que viene? ¿Quedamos
para ir a Pontevedra [a la sede de Construcuatro]?
P. T. Sí, yo voy a ir con mi hijo el martes.
C. Yo el martes no tendré la disponibilidad del
dinero.
P. T. Si no tienes el dinero, ese día se puede
hacer el contrato reserva con 1.000 euros. Y después ya se le entrega lo otro.
C. Estoy apurado de dinero.
P. T. Ya, tú y todos. Mi hijo también y tiene una
cuenta de ahorro vivienda.
C. Si hubiera sabido antes lo de los 21.000 euros
hubiera actuado de otra manera.
P. T. El problema del dinero es el problema de
todos, lo tienes tú, mi hijo, el otro...
C. Yo el problema lo tengo cuando de un día para
otro me dicen que hay que sacar de debajo de las piedras 22.000 euros. Yo cobro
una nómina.
P. T. Tendrás que pedirlo.
C. Voy a ir al banco ahora.
P. T. No le hables del dinero en B para nada.
C. No, yo no le hablo del dinero en B, yo le digo
que necesito ese dinero.
P. T. A ver si se puede arreglar la hipoteca. El
asunto es el dinero B, sabes cuánto paga mi hijo en dinero B: 30.000 euros.
C. Es una barbaridad.
P. T. Sube 2.000 euros por cada altura. Ya te dije
que los pisos iban a subir.
C. Me decías que iban a subir pero no de esta
manera.
P. T. Hay un dinero que subió pero es baratísimo.
Ayer estuve viendo otros de 35 millones y dos habitaciones.
C. Si eso ya lo hablamos.
P. T. Pues hay que molestar a los amigos y a los
suegros, la familia está para ayudar.
(www.elpais.com,
08/10/07)
UN PROMOTOR HECHO A
SÍ MISMO QUE SE COSTEÓ DE SU BOLSILLO LA CAMPAÑA ELECTORAL
"El corazón me pide hablar, pero la cabeza y los
abogados me recomiendan que no lo haga". Esa frase lacónica es toda la
explicación que ha ofrecido Telmo Martín después de que su empresa apareciese
implicada en el cobro de comisiones ilegales. El escándalo de los sobreprecios
es el último disgusto que el ladrillo ha propiciado al recién nombrado
presidente del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, un político hecho a sí
mismo y "sin cargas económicas", como acostumbra a repetir, que no halló
problema para simultanear los cargos de consejero delegado en la promotora y el
de alcalde en la localidad turística por excelencia de Galicia -Rajoy veranea
allí desde niño- donde Construcuatro tenía importantes intereses urbanísticos.
Martín fue elegido presidente, a pesar de que el asunto de los sobreprecios
lleva ya un largo recorrido en los juzgados y los medios de comunicación.
Su álbum institucional incluye fotos junto al Rey,
y otras personalidades habituales del Club Náutico de Sanxenxo. Tras ocho años
como alcalde promotor, Martín, obtuvo un importante respaldo en Pontevedra, que
le dejó a las puertas de la mayoría absoluta gracias a lo que los dirigentes del
PP bautizaron como efecto Telmo. La campaña la pagó de su bolsillo. Durante su
etapa de regidor, elaboró un Plan General que recalificó un humedal a la empresa
en la que posee un 33%. "Siendo honrado todo se puede compatibilizar", responde
a la pregunta por la confluencia de negocios y política.
(www.elpais.com,
08/10/07)
RAJOY RESPALDARÁ A
TELMO MARTÍN COMO LÍDER DEL PP DE PONTEVEDRA
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy,
asistirá el próximo sábado al congreso local del partido en Pontevedra, en un
gesto de claro respaldo a la designación de Telmo Martín como nuevo líder local.
Rajoy y el presidente regional del partido, Alberto Núñez Feijóo, estarán
presentes, junto a 700 compromisarios, en una asamblea convocada expresamente
para consagrar el liderazgo de Martín, ex alcalde de Sanxenxo y actual portavoz
municipal del PP en Pontevedra tras encabezar la lista de los populares en la
ciudad en las elecciones municipales del pasado mayo.
En el congreso, que se celebrará bajo el lema
Pontevedra ten futuro, se elegirá también un nuevo comité ejecutivo. La cita
pontevedresa es la primera de una sucesión de congresos locales del PP en
algunas de las principales ciudades gallegas.
Martín ya ejercía de hecho el liderazgo local del
partido desde que logró ser la lista más votada en las elecciones municipales.
Ahora asumirá la presidencia en plena controversia por la implicación de la
empresa Construcuatro, de la que es consejero delegado, en el cobro de
sobreprecios en dinero negro por la venta de viviendas de protección oficial en
el barrio vigués de Navia. Martín no ha querido pronunciarse sobre el caso
alegando que así se lo ha recomendado su abogado.
(www.elpais.com,
03/10/07)
TELMO MARTÍN CALLA
SOBRE CONSTRUCUATRO "POR RECOMENDACIÓN DE LOS ABOGADOS"
La repercusión mediática derivada de las denuncias
presentadas contra Construcuatro por el presunto cobro de sobreprecios en las
viviendas de Protección Oficial de Navia (Vigo) obligó ayer al portavoz
municipal del PP en Pontevedra y socio de la promotora, Telmo Martín, a
comparecer ante los medios. "El corazón, sinceramente, me pediría hablar ahora
mismo, pero la cabeza y los abogados me recomiendan que no lo haga", dijo.
Martín, quien no quiso confirmar si la empresa de
la que es consejero delegado cobró comisiones ilegales a cambio de vender
viviendas de Protección Oficial en Vigo, recordó que en los últimos tres años ha
sido objeto, en varias ocasiones, de "acusaciones muy graves" vinculadas también
a Construcuatro y ya entonces se mantuvo "callado y muy tranquilito". "Tuve que
aguantar estoicamente lo que se decía de mí durante todo un año", aseveró,
"hasta que pudieron comprobar que era todo una falacia". Ahora, mantiene, "no
hay nada de nada, son temas todos interesados y una estrategia".
El ex alcalde de Sanxenxo afirmó estar "tranquilo
y seguro del resultado final de las investigaciones del juez", pero no será
hasta que éstas concluyan cuando desvele "por qué salió esto en estos momentos y
de dónde viene". El líder del PP pontevedrés, que posee el 33% del capital de
Construcuatro, se resistió a entrar "en el fondo del asunto" porque, de este
modo, "estaría siguiéndole el juego a quienes pretenden suplantar el papel que
le corresponde a los jueces". Lo que no aclaró es a quiénes se refería, si a los
medios de comunicación que se han hecho eco de la investigación que lleva a cabo
la Consellería de Vivenda y el Juzgado número 2 de Vigo o a los más de 20
denunciantes afectados por el presunto fraude. "Vamos a dejar que la justicia
haga su trabajo y después tendremos tiempo de hablar", reiteró, ya que de haber
tenido algún motivo de preocupación "no estaría ahora aquí y ya habría hablado
hace días".
"Posición económica cómoda"
Para Telmo Martín "lo más importante es el honor,
porque por encima de los partidos están los ciudadanos y eso en España se lleva
muy mal". Y añadió que "la mayoría de los diputados son funcionarios" y que
sería bueno para la democracia que esto cambiase, momento que aprovechó para
destacar que Mariano Rajoy, líder del PP, "hizo muy bien en ganar la plaza de
registrador de la propiedad para dedicarse a la política". "Un político como yo,
que es empresario, primero tiene que ponerse en una situación económica cómoda
para que no lo traguen, porque si no me comerían por todos lados. Ustedes
imaginen que estuviera lleno de hipotecas y arruinado, tendría que andar a
quitar", declaró.
"Lo triste de todo es que yo quería hablar de los
100 días de gobierno en Pontevedra, que es lo que les interesa a los
ciudadanos", concluyó el portavoz del PP.
(www.elpais.com,
02/10/07)
CATALINA GONZÁLEZ:
LA NUEVA JESÚS GIL DE LA POLÍTICA
Dicen de ella que es la nueva Jesús Gil de la
política. Nada más ser elegida alcaldesa se puso un sueldo de casi 80.000 euros
brutos anuales. En la actualidad está en inmersa en un juicio por la
construcción de más de 300 viviendas en la costa. Se llama Catalina González Bea
y es alcaldesa por el Partido Popular de la localidad gallega de Sanxenxo. Según
publica el semanario Interviú esta semana, la edil del Partido Popular es
conocida, aparte de por sus más que dudosas decisiones en materia de Urbanismo,
por ser comparada por los vecinos de la localidad gallega de Sanxenxo con la
zarina rusa “Catalina la grande”.
78.400 euros
Catalina González apenas lleva un año en el cargo.
Fue designada sucesora por el anterior alcalde de la localidad gallega, Telmo
Martín. En las pasadas elecciones autonómicas y municipales consiguió obtener
mayoría absoluta en las urnas. Poco tiempo después se produjo el escándalo:
Catalina se puso un sueldo de 78.400 euros brutos anuales.
Urbanizaciones
Aún así, y gracias a las presiones del Partido Popular regional, González se vio
obligada a bajarse el sueldo a 64.000. Pero el verdadero problema no son los
modos despóticos de los que González hace uso para gobernar, y ni siquiera su
elevado salario; sino, que tal y como afirma el líder local del BNG, el
verdadero problema es que la alcaldesa popular quiere llenar “Sanxenxo de
urbanizaciones que lleguen hasta el mar”.
Sentido común
“Quieren llenar Sanxenxo de urbanizaciones hasta
el mar, sin sostenibilidad ni sentido común. Se ha aprobado la construcción de
casi 3.000 viviendas en la línea de costa. Aquí están posicionadas todas las
grandes constructoras” afirma para la revista Interviú el líder del BNG en
Sanxenxo, Roberto Fernández Flores.
Impacto Ambienal
Hace poco más de un mes, la Xunta de Galicia, a
través de Medio Ambiente, ha llevado al Ayuntamiento de Sanxenxo a los
tribunales por no parar la construcción de 199 chalés en las playas de Montalvo
y Major y 134 en la zona de Telleiro-Noalla. Aún así, y pese a que ninguno de
estos proyectos contaban con ningún estudio previo de impacto ambiental, la
alcaldesa ha decidido seguir adelante con la construcción de estas chalés.
Marbella
En definitiva, y lamentablemente, con actuaciones como estas, (y como la de
construir un complejo de campos de golf en medio de 200.000 metros cuadrados de
pinares y ríos), la alcaldesa del Partido Popular parece seguir trabajando para
que su localidad sea comparada con Marbella y ella misma, con el ya fallecido
Jesús Gil y Gil. (www.elplural.com,
02/10/07)
" Entregué 30.000 euros en
negro en la sede de Construcuatro a un empleado "
"Unos días
antes de escriturar la compra en el notario, me citaron en la
sede de Construcuatro, en Pontevedra, para que entregara los
30.000 euros que habíamos apalabrado en una cita anterior, y así
hicimos". Pedro Brites, un manipulador de pescado de 31 años,
evoca el proceso que le llevó a pagar en negro la citada
cantidad como condición para hacerse con el piso que había
elegido, un noveno, del edificio Castelao, en el polígono vigués
de Navia, construido por Construcuatro, empresa de la que Telmo
Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33%. "Como
yo, todos", afirma.
El
edificio Castelao fue el primero que se construyó en el polígono
de Navia, donde está previsto edificar 8.000 viviendas
protegidas. No ocupa la parcela que inicialmente le fue asignada
a la constructora de Telmo Martín, en la que sólo podría
construir 46 viviendas. Al estar ésta ocupada por una colonia
gitana, cuyo desalojo se presentaba problemático, Construcuatro
pudo ejercer sus derechos constructivos en la primera línea de
la calle Teixugueiras, la principal de polígono. Aquí pudo ganar
alturas y ampliar la promoción a 96 viviendas. Hace dos años que
el edificio Castelao está acabado.
"Nos
interesó el sitio y pasamos por la oficina de Construcuatro en
Vigo. Allí nos metieron en la lista de peticionarios y quedaron
en avisarnos con lo que fuera", recuerda Pedro Brites. "El año
pasado nos llegaron rumores de que no les interesaba vender las
viviendas, que iban a dedicar todo a alquiler".
En
diciembre, sin embargo, Brites y su esposa reciben de
Construcuatro aviso de que está abierto el proceso de venta. "De
repente les entró mucha prisa. Nos dijeron que teníamos que
formalizar la compra antes de fin de año, para entregarnos el
piso en marzo, y a nosotros nos puso realmente contentos, porque
pudimos elegir piso y el precio nos pareció excelente, 23,5
millones de pesetas".
Unos días
después, "cuando ya estábamos con los dientes largos", Pedro
Brites es convocado de nuevo a la sede pontevedresa de
Construcuatro. "Me dicen que la Xunta no les deja vender a lo
que les gustaría y que con el precio que nos han dado, la
empresa pierde dinero, de manera que, si seguíamos interesados
en el piso, tendríamos que aportar una cantidad a mayores y en
negro". Exactamente, en su caso, novena planta y con mucha luz,
serían 30.000 euros.
La tarifa
en negro se fijaba en función de la planta en que se ubicara el
piso -a más altura, más cantidad- y de la luz exterior que
recibiera. Brites conoce algunos casos de vecinos que pagaron
41.000 euros, "pero creo que se debe a que pagaron no a la
empresa, sino a intermediarios que aumentaron su parte".
El 26 de
diciembre, unos días antes de escriturar la compraventa en el
notario, Pedro Brites entregó sus 30.000 euros a un empleado de
Construcuatro en la sede de la empresa en Pontevedra. "Pagamos
porque el piso sigue siendo barato para los precios de mercado
en Vigo; en total estamos hablando de 30 millones de pesetas por
90 metros cuadrados, que no lo encuentras en ningún sitio de la
ciudad".
Cuando en
marzo pudieron ocupar la vivienda les decepcionó un poco.
"Estaba sin los acabados, todo con el yeso y escayola a la
vista, los armarios sin cajoneras..." La constructora no asumió
mayor obra sobre lo ya realizado, ni en su casa ni en ninguna
otra, y tampoco se ha prestado a subsanar deficiencias
ostensibles en muchas viviendas, singularmente humedades, que
ahora los compradores reclaman.
A Pedro
Brites y su esposa volvió a encendérseles el piloto rojo en
mayo. El mismo empleado de Construcuatro que le había atendido
en las anteriores ocasiones, le citó a otra entrevista, pero
esta vez no en las oficinas de la constructora, sino en el peaje
de Pontevedra de la autopista AP-9. "Allí me dice que les han
denunciado, pero que yo no tendré problema ya que 27.000 de mis
30.000 euros ya estaban blanqueados. ¡Y a mí, qué!, le digo.
Pretendía que yo, si me llamaba el juez, declarara que los
30.000 euros eran para pagar mejoras en el piso, cuando ni
siquiera nos arreglaban las humedades. Yo diría la verdad, eso
le dije".
Nadie
convocó ninguna reunión de comunidad: hay compradores vinculados
a la constructora que actuarían de chivatos. Pero el buzoneo y
otras prácticas semiclandestinas pusieron en danza a los
vecinos. A las dos denuncias iniciales, que pusieron en marcha
la investigación judicial, se sumaron otras dos, y los cuatro
fueron quienes agitaron el cotarro. Ahora son 22 los
denunciantes, "pero se sumarán más".
Sólo están
sin vender los ocho áticos y hay bastantes pisos aún sin ocupar.
Los denunciantes descartan la menor intencionalidad política en
su proceder, aunque deploran las respuestas de Vivenda a sus
demandas. Subrayan la precariedad económica de muchas de las
familias que han pagado el sobreprecio. Brites, sin cargas
familiares y la ayuda de su mujer, se siente un privilegiado:
gana limpios 800 euros al mes y paga de hipoteca menos de 500
euros.
www.elpais.es
29.09.07
PONTEVEDRA : GRABACIONES AUTORIZADAS POR LA JUEZ PRUEBAN
LOS COBROS ILEGALES DE LA PROMOTORA DE TELMO MARTÍN
Veinte familias más han presentado denuncia contra la
promotora Construcuatro por cobrar sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros a
cambio de vender viviendas de Protección Oficial en un edificio de Vigo. La juez
que instruye el caso tiene en su poder varias grabaciones de voz realizadas por
la policía que probarían los cobros ilegales por parte de un intermediario de la
constructora, en la que
Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33% de las acciones. el
fraude se cifra en 3 millones euros.
El número 25 de la calle Teixugueiras en el polígono vigués
de Navia, alberga 92 viviendas, de las que 83 ya han sido vendidas por la
promotora Construcuatro. Las otras 9, reservadas a familias numerosas, todavía
continúan a la venta. Se trata de una promoción de pisos de protección
autonómica que la constructora desarrolló después de adquirir a precio reducido
una parcela urbanizada por la Xunta de Galicia.
De momento, más de 20 familias que compraron pisos en el
edificio están tramitando a través de un bufete de abogados de Vigo otras tantas
denuncias ante el juzgado. En ellas reconocen que varios intermediarios, en
nombre de Construcuatro, les cobraron sobreprecios de entre 19.000 y 46.000
euros. Fuentes próximas a la investigación calculan que las comisiones ilegales
podrían alcanzar tres millones de euros sólo por las ventas en ese edificio.
El caso lo estudia desde diciembre la titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de Vigo a raíz de la denuncia de dos de los compradores. La
juez, que ha decretado el secreto de sumario, autorizó unas grabaciones de voz
bajo supervisión de la policía que probarían, según han confirmado fuentes
cercanas a la investigación, el cobro de los sobreprecios por parte de uno de
los intermediarios en las operaciones, J.T. que de momento figura como el único
imputado en el proceso. El cobro de las comisiones fue exigido a las familias
por al menos tres intermediarios -un particular y dos agencias inmobiliarias-a
través de pagos parciales y siempre en dinero negro, que no debía reflejarse en
el documento de la compraventa. Las mismas fuentes aseguran que los pagos
realizados oscilaron entre los 19.000 y los 46.000 euros, si bien otros testigos
han constatado que los intermediarios llegaron a reclamar a varios interesados
más de 60.000 euros, que no fueron abonados.
En muchos casos se realizaron cobros a los compradores sin
que la constructora -de la que el portavoz del PP en Pontevedra y ex alcalde de
Sanxenxo, Telmo Martín, posee el 33%- les explicase el concepto de la operación.
Estas cantidades abonadas en dinero negro no formaban parte del precio oficial
de las viviendas, tasado por ley, y que va desde 104.000 hasta 146.000 euros,
más 21.000 por el garaje y el trastero. En las oficinas de la delegación de la
Consellería de Vivenda en Pontevedra constan además dos escritos de sendas
familias que reconocieron haber pagado 19.000 y 33.000 euros de sobreprecio,
respectivamente y que llevaron al departamento de Teresa Taboas. que todavía no
se ha personado como acusación, a abrir un expediente informativo.
Las denuncias las tramita un bufete de Vigo, que ya aglutina
a unos veinte compradores, y atribuyen a la constructora un doble delito de
estafa inmobiliaria y contra la Hacienda Pública. La defensa no descarta exigir
responsabilidades además a la Consellería de Vivenda, a la que atribuyen "falta
de diligencia" a la hora de tramitar las denuncias presentadas en su delegación
de Pontevedra a principios de diciembre.
www.elpais.com, 28/09/07
GALLARDÓN AVALA A
LOS CANDIDATOS DEL PP EN VIGO Y PONTEVEDRA
Corina Porro y Telmo Martín, modelos para el
alcalde madrileño
Las analogías de Vigo hace tiempo que se decantan
preferentemente como "la Barcelona de Galicia". Ayer fueron reventadas por la
mayor proximidad, paralelismos y coincidencias con Madrid que Corina Porro y los
dos Albertos que la escoltaron, Ruiz Gallardón y Núñez Feijóo, alcalde de Madrid
y el presidente del PP gallego, respectivamente, glosaron con desparpajo. El
cosmopolitismo de ambas, el compañerismo de sus policías locales, generado en el
11-M y reconocido en Vigo con la entrega a la de Madrid del Salacot de Honor y,
en fin, la "más que afinidad, la identidad de propuestas con Corina", dijo Ruiz
Gallardón.
La más concreta de la alcaldesa de Vigo remitió a
"la movida" de los años ochenta: "Quiero pedirte, Alberto, que volvamos a
revivir aquella experiencia a través de otro gran concierto, este verano en
Vigo". Los madrileños están invitados ya "a conocer nuestro mar" ahora y al
posible reencuentro de las dos ciudades en 2009 con motivo del Desafío Atlántico
de Grandes Veleros.
La campaña de las municipales invade las calles
viguesas "Creo que es mucho lo que podemos hacer", respondió Ruiz Gallardón,
tras señalar que el futuro es de las ciudades y de las redes que establezcan
entre ellas. En este contexto, "el liderazgo es fundamental", añadió, y el de
Corina en Vigo, "un modelo".
Los dos Albertos se fueron luego a Pontevedra,
donde los esperaba una comitiva de fuste: Telmo Martín, Rafael Louzán, Dolores
Pan, Teresa Pedrosa, Pilar Rojo y Ana Pastor. Aquí la idea recurrente fue la del
paralelismo existente entre el candidato popular, Telmo Martín, y el alcalde
madrileño como políticos valientes, ambiciosos y arriesgados.
Telmo Martín señaló a Gallardón como "el ejemplo a
seguir", máxime cuando la transformación del Manzanares y la M-30 promovida en
Madrid es "muy similar al bulevar Lérez-Ría" que él propone para Pontevedra,
pese a la incredulidad y escepticismo que ha suscitado. "Es fabuloso,
absolutamente viable y realizable en los plazos fijados", sentenció Gallardón
desde su "experiencia". "No hay que abandonar la utopía, sino gestionarla".
Luego se fueron todos a pasear, firmar autógrafos,
tomar una caña, repartir saludos y a comer con representantes de la vida social
y política de Pontevedra. En el almuerzo se proyectó un vídeo con los logros de
Gallardón en Madrid.
www.elpais.es 10.02.07
Los
lucrativos negocios del candidato del PP a Pontevedra
El
candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, Telmo
Martín, multiplicó por 20 sus beneficios mientras
estuvo al frente del ayuntamiento de Sanxenxo. La
revista Interviú repasa la trayectoria de
este político del PP, desde que era fontanero hasta
convertirse en alcalde millonario.
Goza de la simpatía
de Mariano Rajoy, que veranea en Sanxenxo,
donde su mujer tiene una casa. Martín administra una
quincena de sociedades que en 2005 ingresaron 115
millones de euros. El pasado 19 de enero Telmo Martín
renunció a su cargo de alcalde de Sanxenxo, tras dos
legislaturas con mayoría absoluta, para ser el candidato
a la alcaldía de Pontevedra. Se va con las 13.000 nuevas
viviendas que contempla el Plan General de Ordenación
Urbana de Sanxenxo y con muy poco suelo pendiente de
recalificar. Las empresas adjudicatarias son, desde el
constructor local, como Nino Mirón, presidente del
Pontevedra Club de Fútbol, hasta los gigantes Acciona y
Fadesa, pasando por Sedesa, vinculada a la familia del consejero
valenciano del PP Juan Cotino, ex director de la
Policía y Xosé Cuiña, ex consejero de Ordenación del
Territorio de la Xunta de Galicia.
Negocios con Cuiña
En Portonovo, localidad que pertenece a
Sanxenxo, en los años 2000 y 2004 la empresa
Construcuatro, de la que Martín es socio, adquirió tres
fincas por 600.000 euros. Según el Registro de la
Propiedad, esas fincas, que sumaban 3.641 metros, eran
rústicas en el momento de la compra. En 2005, la empresa
de Telmo Martín se las vendió, ya recalificadas, a
Construziona, una sociedad participada por Cuiña y por
su familia. También participa en dicha empresa
Francisco Doblas, ex concejal del Ayuntamiento de
Vigo por el PP. La venta fue por 2,4 millones de euros.
De fontanero a alcalde millonario
Cuenta Interviú que a principios de
los años setenta, Telmo Martín, se ganaba la vida como
fontanero. Ha edificado en Sanxenxo con su empresa
Construcuatro, que ha experimentado un fuerte
crecimiento desde que Telmo, que posee el 33 por ciento,
se convirtió en alcalde. También ha crecido la empresa
que montó en 1979 con su padre, Hierros Santa Cruz SL,
sobre todo gracias a los trabajos realizados para el
Ministerio de Fomento mientras su titular era
Francisco Álvarez Cascos.
Las ventajas de ser del PP
El PP le invitó en 1999 para que formase parte
de sus filas. En 2002, Construcuatro obtuvo por la mitad
de precio 5.100 metro cuadrados de edificabilidad tras
una permuta con el Instituto Gallego de Vivienda y
Suelo, dependiente de
Xosé Cuiña.
Constituye empresas siendo alcalde
Telmo constituyó algunas empresas más durante
el ejercicio de su cargo, Grupo inmobiliario Martín
Taboas SL, Grupo inmobiliario Atlántico Sur SA,
Galataimar SL. En total, en 2005 las sociedades
administradas por el político del PP obtuvieron unos
ingresos aproximados de 115 millones de euros. En
Pontevedra, Construcuatro es la empresa que más
construye.
www.elplural.com 06.02.07
DE
FONTANERO A ALCALDE MILLONARIO
Ha renunciado a la alcaldía de Sanxenxo, donde
poco queda por recalificar, para ser el candidato del PP
a la de Pontevedra, donde su principal empresa
constructora es la que más edifica. Telmo Martín, de
orígenes humildes, administra una quincena de sociedades
que en 2005 ingresaron 115 millones de euros.
Los vecinos más antiguos de Meaño (Pontevedra) aún
recuerdan a aquel paisano, tan buen mozo, de grandes
ojos azules y cabellos rubios, montado en una moto
Gilera, en la que transportaba sus aperos de fontanería.
A principios de los años setenta, Telmo Martín González,
nacido en 1958, se ganaba la vida como fontanero y
acudía a clases nocturnas para obtener el graduado
escolar. Así pasó la adolescencia el que años más tarde
sería uno de los alcaldes gallegos más populares –el de
Sanxenxo (Pontevedra) por el PP–, a la vez que brillante
empresario. El pasado 19 de enero renunció a su cargo de
alcalde, tras dos legislaturas con mayoría absoluta,
para ser el candidato a la alcaldía de Pontevedra.
Se va, pero ha dejado el pastel bien repartido.
Con las 13.000 nuevas viviendas que contempla el Plan
General de Ordenación Urbana de Sanxenxo –el doble de
las existentes– no queda casi suelo para recalificar en
la localidad. Las empresas adjudicatarias van desde el
constructor local, como Nino Mirón, presidente del
Pontevedra Club de Fútbol, hasta los gigantes Acciona y
Fadesa, pasando por Sedesa, vinculada a la familia del
consejero valenciano del PP Juan Cotino, ex director de
la Policía. También le ha tocado un pedazo del pastel a
Xosé Cuiña, ex consejero de Ordenación del Territorio de
la Xunta de Galicia, antaño delfín de Manuel Fraga.
Con Cuiña ha hecho Telmo buenos negocios, como el
de Portonovo, localidad que pertenece a Sanxenxo. Allí,
entre los años 2000 y 2004, la empresa Construcuatro, de
la que Martín es socio, adquirió tres fi ncas que
sumaban 3.641 metros cuadrados, por 600.000 euros. Según
el Registro de la Propiedad, esas fincas eran rústicas
en el momento de la compra. En 2005, la empresa de Telmo
se las vendió, ya recalificadas, a Construziona, una
sociedad participada por Xosé Cuiña y por su familia.
También participa en dicha empresa Francisco Doblas
Bermejo, ex concejal del Ayuntamiento de Vigo por el PP.
La venta fue por 2,4 millones de euros. Según Juan
Carlos Martínez, asesor de Martín, las fincas, en
realidad, eran urbanizables desde 1990, y achaca al
Registro el error en la calificación del suelo. Sea como
fuere, lo cierto es que el que entonces era alcalde de
Sanxenxo hizo un suculento negocio: su empresa ganó casi
dos millones de euros en la operación.
Telmo Martín es de esa clase de regidores que, sin
complejos, abiertamente, deciden no renunciar a su mayor
fuente de ingresos, que en este caso –como en la
mayoría– es la construcción; incluso ha edificado en
Sanxenxo con su empresa Construcuatro. Esta sociedad,
que fue constituida en 1991, ha experimentado un fuerte
crecimiento desde que Telmo, que posee el 33 por ciento,
se convirtió en alcalde. En 2005 facturó 65.877.337
euros, mientras que en 1997 logró 9.149.828; en 2000
fueron 15.953.529, y en 2004 Construcuatro obtuvo unos
ingresos de 27.725.978 euros.
Antes de ser alcalde, Telmo Martín, que ha
declinado hacer declaraciones para este reportaje, ya
era empresario, un pequeño empresario que iba haciéndose
un sitio en los negocios relacionados con el mundo del
hierro. A mediados de la década de los 70, el joven
Telmo emigró a Alemania, donde trabajó como ferrallista,
según indica su asesor, Juan Carlos Martínez. De vuelta
a Galicia, con el oficio aprendido y con ansias de
prosperar, montó en 1979, con su padre y con su tío, una
fábrica de hierros, Hierros Santa Cruz SL, que ha sido
el buque insignia de su trayectoria empresarial. Hierros
Santa Cruz también ha crecido mientras su fundador era
el alcalde de la turística localidad de Sanxenxo y,
sobre todo, gracias a los trabajos realizados para el
Ministerio de Fomento mientras su titular era Francisco
Álvarez Cascos (2000-2004). Hierros Santa Cruz fue
subcontratada para algunas de las más grandes obras de
la época: ampliación del aeropuerto de Barajas y
diversos tramos del tren de alta velocidad, entre ellos,
uno en Galicia, lo que generó acusaciones de
favoritismo. La sociedad de Telmo se defendió entonces,
alegando que siempre había trabajado en las obras
públicas. En las memorias anuales de cuentas de Hierros
Santa Cruz Santiago SL, otra empresa administrada por
Telmo, en el capítulo de Transacciones con el
administrador único (retribuciones y préstamos que hace
a la empresa o viceversa) figura: “Esta información no
se facilita por ser susceptible de causar graves
perjuicios”.
Las propiedades del alcalde
Aunque sus empresas más rentables ya existían
antes de ser alcalde, Telmo se ha dedicado a constituir
algunas más durante el ejercicio de su cargo. Por
ejemplo, Grupo inmobiliario Martín Taboas SL, Grupo
inmobiliario Atlántico Sur SA, Galataimar SL. En total,
en 2005 las sociedades administradas por el político del
PP obtuvieron unos ingresos aproximados de 115 millones
de euros.
Sanxenxo, al norte de la ría de Pontevedra, es
conocida como la capital turística de Galicia. Con unos
17.000 habitantes censados, en verano se alcanzan hasta
los 130.000. El censo oficial de viviendas de la
localidad es de 12.000, de las que 7.000 son residencias
estivales. El hasta hace poco alcalde de Sanxenxo posee,
desde 2005, un ático con vistas al mar, en un exclusivo
edificio, y en el puerto deportivo tiene un yate. En
Pontevedra, de donde quiere ser alcalde, Construcuatro
es la empresa que más construye. Allí posee tres
viviendas en un edificio situado en una de las mejores
zonas de la ciudad. En Málaga, donde Construcuatro ya ha
levantado un residencial, es dueño de un ático y dos
plazas de garaje. En la localidad pontevedresa de Meaño
posee dos fincas rústicas, según el Registro de la
Propiedad.
Un patrimonio considerable para un brillante
hombre de negocios y un popular alcalde a la vez. En
2002, Construcuatro obtuvo por la mitad de precio 5.100
metros cuadrados de edificabilidad tras una permuta con
el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, dependiente de
Xosé Cuiña.
SanXenxo: La recalificación del verde al gris
Lo primero que hizo Telmo Martín cuando accedió a
la alcaldía de Sanxenxo, en 1999, fue hacer un nuevo
Plan de Ordenación Urbana, que en sólo dos años y medio
quedó aprobado. Están previstas 13.000 nuevas viviendas
–el doble de las existentes–, la mayoría adjudicadas ya
a diferentes empresas. Uno de los que más construyen en
Sanxenxo es Nino Mirón, presidente del Pontevedra Club
de Fútbol. Las constructoras Fadesa y Acciona también
van a construir, en zonas privilegiadas. Un pequeño
chalé adosado puede costar 600.000 euros. Sanxenxo es el
municipio gallego con el suelo más caro de toda la
autonomía. El hasta ahora alcalde ha sido denunciado por
la asociación Salvemos Pontevedra por la operación de
venta de unas parcelas de su empresa, Construcuatro, a
Construziona, de Xosé Cuiña.
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/de-fontanero-a-alcalde-millonario
05.02.07
Telmo Martín : "Soy un
ganador"
Con la sonrisa grapada en la cara y entre las lágrimas de sus
admiradores, Telmo Martín dejó ayer de ser el alcalde de
Sanxenxo. A partir de ahora, para el mundo de la política pasará
a ser en exclusiva el candidato del PP a la alcaldía de
Pontevedra, con el que el partido de Rajoy y Feijóo aspira a
remover al nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores tras ocho
años de mandato. Martín dijo adiós en un pleno de guante blanco,
en el que los halagos le llegaron hasta de una oposición
resuelta en la despedida a tender un puente de plata al ya ex
alcalde y todavía promotor.
Por toda contestación encontró Martín las tímidas protestas de
un grupo de opositores ataviados con camisetas de Ronda Non,
en alusión al vial proyectado por Martín y tumbado por la Xunta.
También encajó algún mandoble retórico, siempre amistoso, del
portavoz del BNG, Roberto Fernández Lores, hermano de quien será
el principal contrincante en Pontevedra del aspirante popular.
No hubo alusiones a los negocios inmobiliarios de Construcuatro,
la empresa de la que Martín posee el 33%, que ganó 2,78 millones
de euros con tres fincas adquiridas, recalificadas y vendidas
cuando ya estaba al frente del gobierno municipal de Sanxenxo.
Como es costumbre, Telmo Martín no ocultó su condición de
empresario, aunque sí obvió las referencias al sector. Se
permitió hacer gala de ella. "Soy un hombre emprendedor,
trabajador y, sobre todo, ganador", se confesó en un discurso
improvisado, ante las casi 100 personas que presenciaron el
pleno que consagró su renuncia. Su abandono, decidido para
centrar sus fuerzas políticas en la consecución de la alcaldía
de Pontevedra, pone fin a siete años de mandato, su primera
experiencia política, de la que afirmó haber aprendido
"muchísimo".
Cuando llegó a la alcaldía de Sanxenxo, recordó, carecía de
cualquier experiencia política. Pasado el tiempo, reconoció
sentirse "mucho más realizado como persona y como político, pero
también como empresario". De cómo la política enriqueció al
promotor inmobiliario Telmo Martín no dio detalles, pero sí de
la rapidez con que los alcaldes pueden viajar del cero al
infinito: "Hablar con el Rey y, a los dos minutos, con el señor
que pide una farola en su parroquia: eso sólo pasa en la
Administración local".
La portavoz socialista, Dulcinea Aguín, decidió que no era "el
momento de una evaluación política", por lo que se limitó a
agradecer la cordialidad del ahora candidato. Roberto Fernández
Lores apuntó algún que otro "claroscuro" de la gestión de Telmo
Martín, al que despidió tirando de refrán: "Que tanta gloria
lleves como paz nos dejas".
www.elpais.es 17.12.06
La Diputación vendió edificabilidad
a Telmo Martín a un tercio del valor de mercado
La Diputación de Pontevedra calculó en 1.900 euros el precio de
venta del metro cuadrado construido en Portonovo (Sanxenxo), a
través de un convenio del que se benefició una empresa del
alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, del PP. Así se establece en
el acuerdo firmado por Construcuatro con la institución
provincial, por la que ésta traspasó los derechos de edificación
de 1.460 metros cuadrados expropiados para un vial a cambio de
500.000 euros. Las inmobiliarias de Sanxenxo consultadas estiman
en 6.000 euros el precio del metro construido en la zona.
El cálculo del precio final de la edificabilidad se fijó en un
estudio de la Diputación que parte de un valor del metro
cuadrado construido en 1.900 euros. Así, Construcuatro, de la
que Telmo Martín posee el 33%, pudo recuperar la edificabilidad
de la parcela expropiada a cambio de 499.451 euros. La
Diputación ya había ingresado 312.319 euros en la cuenta de
Construcuatro en concepto de expropiación, por lo que la empresa
de Martín se quedó con los derechos de edificación en esos 1.460
metros a cambio de 168.491 euros.
La expropiación afectaba a parte de una finca de 3.610 metros
cuadrados que se integraron en el Polígono de Ejecución Integral
10, en Baltar, en primera línea de la playa de Portonovo, el
mismo donde Construcuatro vendió por 2,78 millones de euros tres
fincas adquiridas como rústicas y después recalificadas. El
destinatario final de los terrenos fue en todos los casos
Construziona, empresa de Ramón y Eladio Cuiña, hermanos del ex
conselleiro José Cuiña.
El convenio entre la Diputación, que preside Rafael Louzán, del
PP, y Construcuatro, culmina un proceso iniciado en 2001, cuando
la entidad provincial notifica la expropiación al anterior
propietario de la parcela, ex concejal del PP en Pontevedra, por
1.446 euros. Finalmente, el jurado de expropiación estableció un
precio de 279.358 euros más intereses de demora, en una reunión
a la que no asistió ningún representante de la Diputación, "a
pesar de haber sido citado formalmente", según el acta. Seis
meses después, Construcuatro se hacía con la finca por 480.810
euros, con el derecho a ingresar en su cuenta 312.319 a los que
ascendió la expropiación con los intereses.
Antes de vender la finca a Construziona, la Diputación aprobó el
convenio con la empresa de Telmo Martín por el que cede los
derechos urbanísticos del terreno expropiado, a petición de
Construcuatro, y que se traspasan al resto del terreno. El
Servicio de Arquitectura cifró en casi medio millón de euros el
precio del aprovechamiento urbanístico, "en base a los criterios
de valoración aplicados a parcelas ubicadas en la misma zona".
Esas parcelas eran de Construziona, a la que también expropió la
Diputación para devolverle después la edificabilidad de 865
metros cuadrados a cambio de 344.953 euros.
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Ismael Rego,
afirmó ayer que echa de menos una respuesta "contundente" del
máximo responsable de los populares gallegos, Alberto Núñez
Feijoo, ante los reiterados casos de supuestas irregularidades
urbanísticas en los que están inmersos alcaldes del Partido
Popular, .
Rego entiende que el alcalde de Sanxenxo "ya debería estar en su
casa", al trascender que recalificó un humedal y lo vendió en
2,78 millones de euros. "Son muchas casualidades las que van
apareciendo", comentó Rego, quien lamentó la falta de una
respuesta "contundente" por parte de Núñez Feijóo y consideró el
caso de Sanxenxo una cuestión "muy seria y delicada" ante la que
el PP, precisó, "tendría que dar ya una respuesta".www.elpais.es
15.12.06
El alcalde de Sanxenxo recalifica su
humedal y lo vende por 2,8 millones
La política y los negocios
forman una rentable combinación para la economía del alcalde de
Sanxenxo, Telmo Martín. Lejos de interrumpir su actividad inmobiliaria
en el Ayuntamiento que preside, el regidor municipal y candidato del PP
a la alcaldía de Pontevedra se ha visto favorecido por el nuevo Plan
General de Ordenación Municipal, que recalificó y multiplicó el precio
de fincas rústicas adquiridas por su empresa antes de que se aprobara el
documento urbanístico, que después vendió por 2,78 millones de euros.
Telmo Martín posee el 33% de Construcuatro, una inmobiliaria con una
intensa actividad en el municipio de Sanxenxo, donde gobierna, y en el
de Pontevedra, en el que aspira a hacerlo a partir del año próximo.
Entre otras actividades desarrolladas en el Ayuntamiento que preside,
Construcuatro adquirió entre noviembre de 2000 y febrero de 2004 tres
fincas rústicas que el Plan General de Ordenación Municipal clasificó
como suelo urbanizable, lo que le permitió venderlas una vez aprobado el
nuevo planeamiento por 2,78 millones de euros. Diversas fuentes sitúan
el precio de compra de las parcelas en torno a los 150.000 euros.
Las fincas están enclavadas en
el humedal de Baltar, en Portonovo (Sanxenxo), incluido en el catálogo
de zonas húmedas de Galicia elaborado por la Consellería de Medio
Ambiente. Su urbanización, actualmente en marcha, supondrá la
construcción de un centenar de pisos de lujo en primera línea de la
playa de Portonovo, en el que pasa por ser el municipio turístico con el
precio del suelo más caro de Galicia. Una vez aprobado el Plan General,
en febrero de 2003, la constructora vendió los terrenos por 2,4 millones
de euros más IVA (2,78 millones, en total) a una empresa con apellidos
célebres en el PP: Construziona, de Ramón y Eladio Cuiña Crespo,
hermanos de José Cuiña, conselleiro de Política Territorial en la
Xunta de Manuel Fraga.
Los movimientos para hacerse
con las parcelas comenzaron en el año 2000, unos meses después de que
Telmo Martín fuese investido alcalde. El 9 de noviembre de ese año,
Construcuatro adquiría 1.767 metros cuadrados de terreno de labradío. El
21 de febrero de 2001, la empresa de la que el alcalde es consejero
delegado compraba otra finca de "labradío, regadío e inculto" de 758
metros cuadrados. La última de las parcelas, obtenida el 13 de febrero
de 2004, con el Plan General ya aprobado, son 1.113 metros cuadrados de
suelo no edificable. El 2 de diciembre de ese mismo año, Construcuatro
vendía las tres fincas a la empresa de los hermanos Cuiña, a la que el
alcalde Telmo Martín le dio después licencia para promover el Polígono
de Ejecución Integral (PEI) 10, en el que se integraron los solares.
Martín defendió ayer la
compatibilidad de su cargo con los negocios inmobiliarios. "Siendo
honrado, todo se puede compatibilizar. No veo ningún problema mientras
se cumplan las exigencias de la ley", declaró. Frente a las fuentes que
cifran en 150.000 euros el precio de compra de las tres parcelas, Martín
aseguró por escrito a este periódico que pagó por ellas un precio de
casi 600.000 euros (la cuarta parte del precio de venta), y agregó que
fueron adquiridas en 1999, año en que Telmo Martín tomó posesión de su
cargo. El alcalde sostiene que esas parcelas y las que las rodean "son
suelo urbano desde 1990", cuando se aprobaron las normas subsidiarias de
planeamiento. Dichas normas no llegaron a ejecutarse nunca. Respecto a
la condición de suelo rústico que figura en la escritura de venta a
Construziona, una portavoz del alcalde sentenció: "Esas son cosas de los
notarios".
www.elpais.es 12.12.96
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