CARLOS LESMES  : UN GENOVÉS EN FUNCIONES CON TOGA Y DE OBEDIENCIA DIVINA

LAS NOTICIAS.13.04.21


 

TRES ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN ANTE LA COMISIÓN EUROPEA EL ‘RIESGO CLARO DE VIOLACIÓN’ DEL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA

 

EL CGPJ EN FUNCIONES HA RENOVADO A LA MITAD DE LA CÚPULA JUDICIAL Y HA HECHO UNA VEINTENA DE NOMBRAMIENTOS EN EL SUPREMO

 

EL PODER JUDICIAL PROSIGUE CON LOS NOMBRAMIENTOS TRAS EL FRACASO DE SU RENOVACIÓN

 

EL PODER JUDICIAL APRUEBA POR LA MÍNIMA SEIS NOMBRAMIENTOS TRAS LA RUPTURA DE PSOE Y PP PARA LA RENOVACIÓN

 

DE PRADA, EL CONTINUO OBJETIVO A ABATIR POR EL PP

 

DE PRADA, EL JUEZ AL QUE EL PP NO QUERÍA VER PONIENDO SENTENCIAS Y QUE YA ACEPTÓ EN 2018 PARA EL CGPJ

 

CALVO SALE AL ATAQUE CONTRA EL PODER JUDICIAL TRAS LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

 

EL CGPJ INSTA AL CONGRESO A RECABAR SU OPINIÓN EN LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL

 

EL CGPJ CUMPLE SU AGENDA Y NOMBRA POR MAYORÍA 4 PUESTOS DE LA CÚPULA JUDICIAL

 

UN AÑO DE CONFLICTOS Y TENSIONES ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL

 

PSOE Y PODEMOS ACELERAN UNA PROPUESTA PARA LIMITAR AL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES

 

CRECE EL APOYO A UNA DIMISIÓN EN BLOQUE DEL CGPJ PARA "FRUSTRAR LAS EXPECTATIVAS" DEL PP DE CONTROLAR LA CÚPULA JUDICIAL

 

UN CGPJ EN FUNCIONES NOMBRA A 46 CARGOS, LA MAYORÍA AFINES A LESMES Y EL PP, Y CONDICIONA LA JUSTICIA PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS

 

2.500 JUECES RECLAMAN A LOS PRINCIPALES PARTIDOS QUE DESPOLITICEN YA EL CGPJ

 

EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO PREGUNTA A ESPAÑA SI EL PODER JUDICIAL DE LESMES DISCRIMINÓ A UNA JUEZA EN UN NOMBRAMIENTO

 

LESMES DESOYE AL EJECUTIVO Y LOGRA ASIGNAR SEIS CARGOS CLAVE

 

IZQUIERDA Y NACIONALISTAS REDOBLAN LA PRESIÓN SOBRE EL PP PARA LA RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL Y OTRAS INSTITUCIONES

 

LA SEMANA EN QUE LESMES ECHÓ UN PULSO AL GOBIERNO Y ARRASTRÓ A LA TORMENTA A FELIPE VI

 

EL ÚLTIMO ENCONTRONAZO DEL GOBIERNO CON EL PODER JUDICIAL EN UN AÑO CONVULSO

 

EL VETO AL REY DESTAPA LA DISPUTA EN EL GOBIERNO POR EL BLOQUEO JUDICIAL

 

ZARZUELA DICE QUE LA LLAMADA DEL REY A LESMES HA SIDO "DE CORTESÍA" Y "SIN CONSIDERACIONES INSTITUCIONALES"

 

EL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES CARGA CONTRA EL GOBIERNO POR LA AUSENCIA DEL REY EN LA ENTREGA DE DESPACHOS

 

EL REY TELEFONEA A LESMES PARA DECIRLE QUE LE HABRÍA “GUSTADO ESTAR” EN EL ACTO DE BARCELONA

 

EL FUTURO DE LA SALA DEL SUPREMO QUE REVISA CASOS COMO EL ESPIONAJE A BÁRCENAS, BAJO CONTROL CONSERVADOR POR EL BLOQUEO DEL PP

 

EL PODER JUDICIAL SEGUIRÁ NOMBRANDO JUECES CON LA MAYORÍA CADUCADA DE RAJOY TRAS BLOQUEAR EL PP SU RENOVACIÓN

 

CASADO ACEPTÓ EN UN ‘WHATSAPP’ A SÁNCHEZ RENOVAR EL PODER JUDICIAL

 

EL CGPJ DEJA FUERA DE LA LISTA A 2 JUECES DE CASOS DE CORRUPCIÓN

 

EL BLOQUEO DEL PP GARANTIZA EL CONTROL CONSERVADOR DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LOS JUECES Y DEL TC AL INICIO DE OTRO CURSO JUDICIAL

 

EL PODER JUDICIAL RETOMA LA SELECCIÓN DE ALTOS CARGOS TRAS EL FRACASO DE LA NEGOCIACIÓN PARA SU RENOVACIÓN

 

DOS JUECES DEL SUPREMO ALERTAN DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES DEL CGPJ "DESLEGITIMAN" EL SISTEMA JUDICIAL

 

EL PODER JUDICIAL REACTIVA EL NOMBRAMIENTO DE CARGOS DISCRECIONALES ANTE LA FALTA DE ACUERDO PARA SU RENOVACIÓN

 

LESMES DESAFÍA AL GOBIERNO Y DICE QUE LA ÚNICA AUTORIDAD PARA GESTIONAR EN LOS JUZGADOS EL ESTADO DE ALARMA ES EL CGPJ

 

EL BLOQUEO DEL PODER JUDICIAL SE AGRAVA TRAS UN NUEVO PORTAZO DEL PP


UNA VOCAL DEL CGPJ EMITE UN VOTO EN EL QUE DENUNCIA MANIOBRAS DEL

BLOQUE CONSERVADOR PARA DESACREDITAR A DELGADO


EL PODER JUDICIAL RESPALDA EL NOMBRAMIENTO DE DELGADO COMO FISCAL GENERAL CON 12 VOTOS A FAVOR Y 7 EN CONTRA


EL SECTOR CONSERVADOR DEL PODER JUDICIAL NO IMPONE SUS TESIS CONTRA DELGADO, PERO LANZA UN ATAQUE INÉDITO CONTRA ELLA


EL PODER JUDICIAL SUSPENDE EL NOMBRAMIENTO DE JUECES HASTA SU RENOVACIÓN


LESMES EXCLUYE LA PALABRA “IDONEIDAD” DE SU PROPUESTA PARA EVALUAR A DELGADO COMO FISCAL GENERAL, PERO ADMITE QUE CUMPLE LOS REQUISITOS


LA PROPUESTA DE LESMES OMITE PRONUNCIARSE SOBRE LA IDONEIDAD DE DELGADO Y SE LIMITA A VALIDAR LOS REQUISITOS


CASADO CONFÍA EN QUE EL PODER JUDICIAL DESAUTORICE EL NOMBRAMIENTO DE DELGADO COMO FISCAL GENERAL


EL GOBIERNO RESPALDA EL DERECHO A LA CRÍTICA DE IGLESIAS Y RECUERDA QUE LA RENOVACIÓN DEL CGPJ ESTÁ BLOQUEADA POR EL PP


CRECE LA TENSIÓN ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL EJECUTIVO TRAS CALIFICAR IGLESIAS DE "HUMILLACIÓN" LOS REVESES EN EUROPA POR EL 'PROCÉS

UN CGPJ EN FUNCIONES NOMBRA A 46 CARGOS, LA MAYORÍA AFINES A LESMES Y EL PP, Y CONDICIONA LA JUSTICIA PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS


EL PODER JUDICIAL ASIGNA BAJO CONTROL CONSERVADOR Y ESTANDO EN FUNCIONES 52 PLAZAS DE ALTO NIVEL Y CONVOCA OTRAS OCHO AL SUPREMO


EL PACTO PARA RENOVAR EL PODER JUDICIAL, MÁS CERCA TRAS EL 10-N


EL SUPREMO RECHAZA PARALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES


UN CGPJ EN PICADO


LESMES ENVÍA UNA NUEVA CARTA A LAS CORTES PARA QUE RENUEVEN EL PODER JUDICIAL


ARRECIAN LOS RECURSOS CONTRA LAS PROMOCIONES DE JUECES DE UN PODER JUDICIAL EN FUNCIONES DIRIGIDO POR LESMES


JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA DENUNCIA LA “INTOLERABLE AUSENCIA DE IGUALDAD” EN EL ACCESO AL SUPREMO


TRES PLAZAS DEL SUPREMO PARA TRES HOMBRES, AUNQUE HAYA CANDIDATAS CON MAYORES MÉRITOS


UNA CATEDRÁTICA ES DESCARTADA PARA EL SUPREMO EN FAVOR DE UN REGISTRADOR CON CURRÍCULUM INFERIOR


JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA DENUNCIA LA PRESENCIA DE UNA SOLA MUJER EN LA TERNA DE NUEVOS MAGISTRADOS PARA EL TS


LESMES, EN EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS


DECEPCIÓN EN LA JUDICATURA CATALANA POR EL TRASLADO A MADRID DE UN ACTO DEL REY: “ES UN GRAN ERROR”


EL PRESIDENTE DEL SUPREMO PIDE PERDÓN POR LA CRISIS DE LAS HIPOTECAS: “NO LO HEMOS GESTIONADO BIEN”


EL SUPREMOGATE: EL MAYOR ATAQUE JAMÁS CONTADO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL


EL MAGISTRADO QUE HA FRENADO LA DOCTRINA SOBRE LAS HIPOTECAS LLEGÓ A

LA PRESIDENCIA DE LA SALA TRAS LAS PRESIONES DE LESMES


EL CGPJ DENIEGA EL REINGRESO DEL JUEZ CLAVE EN LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' Y
 BLOQUEA ASÍ SU CARRERA HACIA EL GOBIERNO DE LOS JUECES


EL PODER JUDICIAL RECHAZA DEFENDER AL JUEZ DE 'GÜRTEL' A QUIEN EL PP ACUSÓ DE ESTAR EN SINTONÍA CON LOS PROETARRAS


JJPD DENUNCIA QUE LOS NOMBRAMIENTOS DEL SUPREMO SON “EJEMPLOS DE PUERTAS GIRATORIAS”


LA DIVISIÓN DE LOS PROGRESISTAS DEL CGPJ AÚPA A UN EXSENADOR DEL PP AL SUPREMO


LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, UN CONFLICTO ASEGURADO PARA EL PRÓXIMO OTOÑO


EL PP OCUPA LOS PUESTOS CLAVE DE LA JUSTICIA ASEDIADO POR LA CORRUPCIÓN


EL BLOQUE CONSERVADOR IMPONE A ESPEJEL AL FRENTE DE LA SALA PENAL DE LA AUDIENCIA


EL CONGRESO CORRIGE Y DESAUTORIZA AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL


COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL CGPJ


LAS ASOCIACIONES DE JUECES SE UNEN CONTRA LESMES


JUECES PROGRESISTAS ACUSAN AL SUPREMO DE LEGITIMAR "PURGAS IDEOLÓGICAS"


MALESTAR EN EL CGPJ ANTE LOS MODOS IMPERATIVOS DEL PRESIDENTE LESMES


EL CGPJ ELIGE DE NUEVO A RIQUELME PRESIDENTE DEL TSJ DE MURCIA PESE AL REVOLCÓN DEL TS


CORRECTIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO A LESMES POR LOS NOMBRAMIENTOS DE CARGOS JUDICIALES


EL SUPREMO ANULA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TSJ MURCIA


LAS GESTIONES "FRENÉTICAS" DE LESMES PARA CASTIGAR A UNA JUEZA PROGRESISTA


NOMBRAMIENTOS JUDICIALES CON LA POLÍTICA AL FONDO


LESMES HUYE DE LOS PERIODISTAS


JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCIÓN DE DÍEZ-PICAZO EN EL SUPREMO


EL SUPREMO ADMITE UNA DEMANDA CONTRA SU PRESIDENTE LESMES


JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCIÓN DE DÍEZ-PICAZO EN EL SUPREMO


LESMES LOGRA IMPONER AL PREFERIDO DEL PP AL FRENTE DE LA SALA DEL SUPREMO QUE JUZGA LOS ACTOS DEL GOBIERNO


EL GOBIERNO NO FALLA: OTRO ‘JUEZ FAES’ AL SUPREMO


ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN EL "PRESIDENCIALISMO" DE LESMES


JUSTICIA SE ATRIBUYE NOMBRAR A DEDO A LOS SECRETARIOS DEL SUPREMO


MANIOBRA PARA QUE UN CONSERVADOR PRESIDA LA SALA DEL SUPREMO QUE PUEDE TUMBAR DECISIONES DEL GOBIERNO


EL CGPJ OTORGA LA PLAZA DE JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ AL EXVOCAL DEL PP JUAN PABLO GONZÁLEZ


LA JUEZ ROBLES PIDE A LESMES QUE EXPLIQUE LAS COMIDAS EN EL SUPREMO


LA MANO DERECHA DE LESMES PARTICIPÓ EN LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES QUE COBRARON DE LA COMUNIDAD DE MADRID


UN VOCAL DEL CGPJ ENVÍA A UN JUZGADO UN DOCUMENTO CON LOS NOMBRES DE 20 JUECES EXPEDIENTADOS


PROGRESISTAS DEL CGPJ ACUSAN A LESMES DE DISCRIMINAR A UNA MUJER PARA EL TSJ DE MURCIA Y CENSURAR A DISCREPANTES


LA ASOCIACIÓN JUECES POR LA DEMOCRACIA ACUSA A LESMES DE COMETER UN FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN


LESMES IMPONE SU NÚCLEO DURO PARA CONTROLAR LA JUSTICIA


EL PP AMPLÍA SU MAYORÍA EN LA COMISIÓN CLAVE DEL PODER JUDICIAL


PULSO AL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL


LA SALA CLAVE DEL SUPREMO PROTESTA POR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO


LESMES SE SALTA AL PLENO DEL CGPJ Y SACA A CONCURSO LA PLAZA DE LA VOCAL CABREJAS


EL CGPJ PIERDE DEMOCRACIA INTERNA TRAS UN AÑO DE PRESIONES POLÍTICAS


LA VOCAL PILAR SEPÚLVEDA PIDE A LESMES IR A LA COMISIÓN PERMANENTE


EL CGPJ SACA A CONCURSO LA PLAZA DEL JUEZ RUZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL


EL PODER JUDICIAL ABRE UNA VÍA DUDOSA PARA QUE RUZ FINALICE EL ‘CASO GÜRTEL’


LAS PRESIONES POLÍTICAS COMPLICAN EL FUTURO DE RUZ AL FRENTE DE GÜRTEL


FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL VEN “INCOMPRENSIBLE” ECHAR A RUZ


CARLOS LESMES: "QUE RUZ ACABE CON LA INSTRUCCIÓN DE BÁRCENAS Y GÜRTEL NI SIQUIERA DEPENDE DE ÉL"


EL JUEZ RUZ PODRÁ TERMINAR DE INSTRUIR EL ‘CASO GÜRTEL’ SI LO PIDE


SIETE VOCALES DEL PODER JUDICIAL PIDEN QUE EL PLENO VEA LA CONTINUIDAD DE RUZ


EL PRESIDENTE DEL CGPJ GARANTIZÓ AL GOBIERNO QUE RUZ SERÍA APARTADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL


EL JUEZ RUZ, PUNTO...Y SEGUIDO


EL FUTURO DE RUZ AL FRENTE DEL ‘CASO GÜRTEL’ FRACTURA AL PODER JUDICIAL


LOS CINCO VOCALES DE LA PERMANENTE DEL PODER JUDICIAL GANAN CASI UN 45% MÁS QUE RAJOY


EL CGPJ AVALA LA NUEVA ESTRUCTURA JUDICIAL DE LA 'LEY DEL SILENCIO' DE GALLARDÓN


UN DESNUDO DE MUJER PONE EN PIE DE GUERRA A MAGISTRADAS DEL SUPREMO


EL SECTOR DEL CONSEJO AFÍN AL PP IMPONE A UN ULTRACONSERVADOR PARA EL SUPREMO


LESMES TOMA A LOS JUECES POR ASNOS: "SE LES CONTROLA CON EL PALO Y LA ZANAHORIA"


LESMES, EL ZAR DEL PODER JUDICIAL


LESMES IMPONE A LA CANDIDATA DEL PP PARA PRESIDIR EL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO


EL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO ABRE OTRA BRECHA EN EL PODER JUDICIAL


EL SUPREMO ANALIZA SI JUANES CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER SU VICEPRESIDENTE

SEIS VOCALES EXIGEN QUE SE ANULE LA NORMA QUE LES RECORTA ATRIBUCIONES

EL PRESIDENTE DEL CGPJ DICE QUE FUE AL VATICANO PARA REPRESENTAR A ESPAÑA "EN OTRO ESTADO"


JPD AFIRMA QUE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO AL VATICANO CUESTIONA LA ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO


EL JEFE DEL PODER JUDICIAL ENCABEZÓ LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA ANTE EL PAPA

 

ONCE POLÍTICOS Y JUECES ESPAÑOLES ARROPARÁN EL NOMBRAMIENTO DE 19 NUEVOS CARDENALES

 

EL SUPREMO INVITA AL PLENO DEL CONSTITUCIONAL A UNA REUNIÓN INÉDITA

 

MALESTAR ENTRE LOS VOCALES A LOS DOS MESES DEL NUEVO PODER JUDICIAL

 

¿QUIÉN HA PERDIDO LAS DENUNCIAS CONTRA LESMES? EL TS CULPA A LA SECRETARIA JUDICIAL

 

MAGISTRADOS IMPUGNAN EN EL SUPREMO LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL DE GALLARDÓN

 

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO “SOLO SE DIRIGE A LOS HOMBRES MAGISTRADOS”

 

EL KAMIKAZE CUYO INDULTO ANULÓ EL SUPREMO TENDRÁ QUE VOLVER A LA CÁRCEL

 

EL SECTOR AFÍN AL PP CONTROLARÁ EL NÚCLEO DE PODER DEL PODER JUDICIAL

 

DIECISÉIS PARTICIPACIONES EN LOS CURSOS DE FAES ‘AVALAN’ AL NUEVO PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

 

CARLOS LESMES, UN MAGISTRADO CONSERVADOR DE PROFUNDAS RAÍCES RELIGIOSAS

 

PP Y PSOE PACTAN QUE LESMES PRESIDA EL PODER JUDICIAL

 

EL PASADO SIGUE EN EL PODER JUDICIAL

 

MARLASKA Y EL JUEZ QUE DECIDE SOBRE LA SANIDAD MADRILEÑA, EN EL PODER JUDICIAL

 

CARLOS LESMES, MAGISTRADO Y EX ALTO CARGO DE JUSTICIA, SE PERFILA COMO PRESIDENTE

 

UN EX CARGO DE AZNAR

 

EL SUPREMO CONFIRMA LOS NOMBRAMIENTOS DE CUATRO DE SUS JUECES

 


 

 

TRES ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN ANTE LA COMISIÓN EUROPEA EL ‘RIESGO CLARO DE VIOLACIÓN’ DEL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA

 

Le instan a abrir un procedimiento para constatar la “intromisión política en el poder judicial”, lo que vulnera varias normas comunitarias y amenaza, por tanto, los fondos europeos para nuestro país

 

Advierten también que el Gobierno pretende "rebajar y politizar más todavía la mayoría necesaria para renovar el CGPJ" y que esto “sería el inicio del camino hacia el totalitarismo”;

 

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) —que representan a más de 2.500 jueces y magistrados españoles— han denunciado ante la Comisión Europea una situación de «riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España», tras la aprobación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que limita las competencias del órgano de gobierno de los jueces estando en funciones, y que jueces, fiscales y abogados critican duramente.

 

Han enviado sendas misivas a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Věra Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, alertando de ello.

 

Piden al Consejo de Europa que inste al Gobierno de España que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo 49 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en los términos en que los viene interpretando.

 

Solicitan, en su caso, que se valore la procedencia de la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

 

En última instancia, de no subsanarse la situación denunciada, le piden que inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, de constatación de riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España, como Estado miembro, de los valores contemplados en el artículo 2 y del Estado de Derecho.

 

Estas tres asociaciones denuncian formalmente ante la Unión Europea la “intromisión política en el Poder Judicial que se está produciendo en España”, con iniciativas del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos como la aprobada el pasado mes de marzo para forzar el “apagón del Consejo General del Poder Judicial” cada vez que los dos principales partidos (PSOE y PP) no se pongan de acuerdo para renovar este órgano clave para el buen funcionamiento de la Justicia española, pues es el único que puede cubrir las bajas y vacantes en los tribunales más importantes del país, algo que ya no podrá cumplir mientras los políticos no lo renueven y lo mantengan bloqueado, como ocurre desde diciembre 2018, como sucedió entre 2006 y 2008 y como puede volver a ocurrir en un par de años cuando toque renovarlo de nuevo.

 

Denuncian «apagón y desapoderamiento del CGPJ y su colonización por los partidos políticos», que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación,…), y con ello su independencia e imparcialidad.

 

Y advierten que esta actuación «pone en riesgo el Estado de Derecho, lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y por lo tanto, del propio Derecho de la Unión».

 

También alertan a la Comisión Europea sobre la otra reforma de la LOPJ planteada por PSOE y Unidas Podemos para que todos los vocales y el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo dependan sólo de la mayoría que apoye al Ejecutivo de turno en cada momento y dejando a la oposición fuera de un reparto que, ya de por sí, estas mismas asociaciones y el propio Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa señalan como una de las principales razones de la politización de la Justicia española.

 

APM, AJFV y FJI afirman que, si esta reforma termina de aprobarse, supondría el “inicio del camino hacia el totalitarismo” en nuestro país.

 

El procedimiento que estas asociaciones solicitan a la Comisión Europea para que compruebe lo que está ocurriendo con el Poder Judicial en España está previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE y puede derivar en sanciones contra los Estados miembros que incumplan principios y valores fundamentales para la misma Unión de la que forman parte, como el respeto a la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de Derecho.

 

APM, AJFV y FJI apuntan en su escrito algo que puede tener graves consecuencias y más en las actuales circunstancias de crisis sanitaria y económica, ya que el reparto de fondos europeos está condicionado a que los países miembros que los reciben cumplan con las normas de la propia UE, como recoge expresa y nítidamente el Reglamento del Parlamento y del Consejo de la UE, cuyo primer ejemplo de “vulneración de los principios del Estado de Derecho” es precisamente “poner en peligro la independencia de los jueces” (artículo 3.a), que afirman que es justo lo que ocurre cuando un Ejecutivo como el de España aprueba reformas no ya para limitar una de las principales atribuciones de su CGPJ, sino incluso para politizarlo más todavía rebajando las mayorías necesarias para repartírselo sólo entre los partidos que apoyen al Gobierno de turno.

 

El documento se completa con una hemeroteca de noticias de medios españoles publicados al respecto.

 

«Con enorme pesar, nos vemos obligados a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España, aun sabiendo que sólo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización interna», explican en su misiva -fechada a 6 de abril y hecha pública hoy-, y le instan a que tome cartas en el asunto.

 

“La reforma realizada y la que está por venir no son sino corolarios de un sistema perverso en su origen, contrario a las exigencias del Consejo de Europa y de la Unión Europea, por el que los partidos políticos llevan más de 35 años repartiéndose los puestos más importantes del Poder Judicial”, ha manifestado a Confilegal la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, una de las asociaciones firmantes, que buscan con esta iniciativa que «se respete la separación de poderes».

 

LA MISIVA, AL DETALLE

 

Estas tres asociaciones señalan que «a pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial, de modo que, en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE – es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales -, se camina en la dirección opuesta».

 

Explican que ante esta situación se dirigen la Comisión Europea para poner de manifiesto «el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial en trámite».

 

Informan que la primera reforma, ya en vigor, prevé un “apagón” del CGPJ, al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes (vocales).

 

Le advierten que la segunda reforma prevista «implica una rebaja de las mayorías exigidas en las Cámaras Legislativas para la designación de los vocales judiciales, de manera que los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del CGPJ».

 

Solicitan a la Comisión Europea «una actuación en garantía del Estado de Derecho en España, como valor fundamental de la UE».

 

Estas tres asociaciones recuerdan que «España, desde hace más de 35 años, no cumple con las recomendaciones del Consejo de Europa al privar a los jueces de la elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial, ya que los eligen las Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado)».

 

Indican que en España, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, los 20 vocales del CGPJ son designados por las Cámaras legislativas (Congreso de los Diputados y Senado) por mayoría de 3/5, incluidos los 12 vocales de procedencia judicial, los cuales, desde el año 2013, son nombrados de entre unos candidatos que se presentan con avales de 25 miembros de la carrera judicial o de una asociación judicial. Una vez admitidas sus candidaturas, la designación formalmente es hecha por las Cámaras.

 

Este sistema fue avalado por el Tribunal Constitucional español (en la sentencia número 108/86), aunque con las siguientes precisiones: que el modelo preferible de selección de vocales es la elección directa por jueces y magistrados; que la elección parlamentaria suponía el riesgo de que las Cámaras, al hacer sus propuestas, distribuyesen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos; y que existía un riesgo de politización de la Justicia; y en su Fundamento Jurídico 13o dejó claro que la designación de los Vocales conforme a criterios partidistas “no era admisible”, aunque concluyó que ello no era fundamento para declarar la inconstitucionalidad de la norma, porque existía la posibilidad de una interpretación conforme al espíritu y la letra de la Constitución.

 

«En definitiva, la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria”, destacan APM, AJFV y FJI.

 

Y señalan que después de 35 años, «los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables realidades».

 

«Puede afirmarse que el actual sistema “de facto” es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las Instituciones europeas, según las cuales ‘las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial'», exponen estas asociaciones.

 

Añaden que «la práctica, desde 1985 hasta la actualidad, consiste en que los principales partidos políticos se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del parlamento; y una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos».

 

También apuntan que «antes esto se hacía discretamente, pero actualmente se realiza con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa».

 

APM, AJFV y FJI informan, asimismo, que el actual proceso de renovación del CGPJ se inició hace más de dos años y que las candidaturas a vocales judiciales del CGPJ fueron admitidas.

 

«Desde entonces, los negociadores de los partidos políticos se reúnen sin llegar a un acuerdo. Las Cámaras no son convocadas para debatir la cuestión. De esta manera, la decisión de las Cámaras legislativas es suplantada por los partidos políticos dominantes, que también se han negado a modificar el sistema de elección de vocales judiciales, a pesar de que algún partido lo ha propuesto y las asociaciones judiciales lo han reclamado conforme a las recomendaciones europeas», explican.

 

Señalan que en esta situación, dado que el CGPJ sigue cumpliendo sus funciones institucionales, entre ellas la de nombrar a los jueces de altos tribunales de España, de acuerdo con la ley, los partidos que gobiernan en coalición en España (PSOE y Unidas Podemos) han promovido dos reformas legislativas.

 

La primera consiste en reducir las mayorías necesarias para la elección de los vocales de procedencia judicial, que pasa de 3/5 a ser la misma que para formar Gobierno.

 

Estas asociaciones denuncian que «la reforma supone eliminar la única garantía del deficiente sistema español de elección de vocales judiciales del CGPJ».

 

Recuerdan que «esta propuesta, ha sido rechazada duramente por los operadores jurídicos (especialmente, casi todas las asociaciones judiciales), la prensa y por el propio CGPJ», y que la Comisión Europea expresó su oposición por ser contraria a las recomendaciones de la UE.

 

Dicha proposición está paralizada, si bien sus promotores han manifestado públicamente que continuaran adelante si el CGPJ no se renueva.

 

La segunda tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su función mas importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado, una reforma que entró en vigor el pasado 31 de marzo.

 

«Esta reforma suprime otras facultades del CGPJ que consideremos esenciales, como la legitimación para promover conflictos de competencias entre órganos constitucionales», informan, y que, en suma, «reduce las funciones del CGPJ a aspectos meramente burocráticos, en detrimento de su función esencial: ser el garante de la independencia judicial».

 

Destacan que «estamos ante una “ley de apagón o desapoderamiento” del CGPJ, ya que esta limitación persistirá hasta que se elija al nuevo CGPJ, acentuando la dependencia política del órgano de gobierno de los jueces respecto de las Cámaras que lo nombraron».

 

También recuerdan que no se ha solicitado el parecer de la Comisión de Venecia, en salvaguarda de las garantías del estado de Derecho y la independencia judicial, como era debido, según en su día subrayó VE, al valorar la primera de las propuestas.

 

Además, resaltan que la segunda propuesta ha prosperado sin dar audiencia ni al CGPJ ni a las asociaciones judiciales, a pesar de que se había solicitado expresamente este trámite.

 

También destacan que «resulta especialmente preocupante que en este tipo de reformas no se de específica audiencia a las asociaciones judiciales, lo que es contrario a las recomendaciones europeas en materia de refuerzo y garantía de la independencia judicial.

 

En este sentido, recuerdan que en el reciente informe de GRECO, de finales de 2020, acerca de San Marino se subraya que “no hace falta decir que los jueces deben ser consultados y tener voz en las decisiones básicas sobre la forma de la justicia moderna y las prioridades involucradas. Ese proceso de consulta debe estar dotado de garantías adecuadas de inclusión, transparencia y rendición de cuentas”.

 

Asimismo, indican que el propio Consejo Consultivo de Jueces Europeos en su Opinión Número 23 (2020) establecía que «en general, la opinión de las asociaciones judiciales debe solicitarse y ser considerada por el poder ejecutivo a todos los niveles con respecto a las reformas y proyectos judiciales, incluidas las cuestiones presupuestarias y la asignación de recursos, las condiciones de trabajo y todos los aspectos del estatuto de los jueces.”.

 

Informan que el siguiente paso, que ya ha sido anunciado, consistirá, como ya se ha expuesto, en sustituir la mayoría reforzada de 3/5 de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno (algunos de ellos abiertamente animan a no respetar la Constitución).

 

Estas tres asociaciones judiciales denuncian que «se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción».

 

Como conclusión, afirman que dicha actuación constituye un «desapoderamiento del CGPJ como órgano constitucional de gobierno de los jueces de España, a realizar en dos fases: el “apagón” del CGPJ en sus funciones de nombramiento de altos cargos judiciales, mediante reforma legal que ya ha sido aprobada; y la «sumisión del poder judicial al Gobierno de cada momento», con poder de decisión sobre los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación,…), a través de la reforma de la LOPJ sobre las mayorías que está en trámite.

 

También recuerdan que las Asociaciones Judiciales firmantes vienen reclamando desde hace años que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por la Carrera Judicial, siguiendo los estándares del Consejo de Europa.

 

Entienden que las anteriores iniciativas «agravan la intromisión política en el poder judicial que se está produciendo en España, lo que compromete los valores que consagran los arts. 2 y 49 del Tratado de la UE en cuanto proclama la obligación de todos los Estados de preservar el Estado de Derecho».

 

Consideran que está «en juego la separación de poderes y la independencia judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho, como garantía de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, que son fundamentos de nuestra Unión Europea (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea); y como parte de nuestro patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea, fundada sobre dichos valores indivisibles y basada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho (Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea).

 

«La separación de poderes y el respeto a la independencia judicial son requisitos necesarios para que haya un Estado de Derecho, que es como los Estados democráticos garantizan el respeto de los derechos fundamentales y a los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la solidaridad», subrayan.

 

Además, señalan que asumen que los jueces nacionales son esencialmente también jueces europeos, que aplican el Derecho de la Unión, «razón por la que la Unión, incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe vigilar la independencia del poder judicial en todos los Estados miembros como una de las exigencias del Estado de Derecho, y tal como se establece en el artículo 49 del TUE y en el artículo 47 de la Carta».

 

Recuerdan que entre los grandes objetivos que persigue la Unión Europea está la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, y destacan que «esto no es posible si no se garantiza la aplicación del Derecho de la Unión entre sus miembros constituidos como Estados de Derecho, sometidos a la ley (rule of law), con jueces nacionales y a la vez de la UE independientes, que puedan aplicar debidamente la ley nacional y el Derecho de la UE.»

 

Recuerdan, igualmente, los considerandos 3 y 16 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

 

Asimismo, aluden al artículo 3 del referido Reglamento, que bajo el título “Vulneración de los principios del Estado de Derecho” dispone que a los efectos del mismo «se podrá considerar indicio de vulneración de los principios del Estado de Derecho lo siguiente: Poner en peligro la independencia de los jueces”.

 

APM, AJFV y FJI señalan que la Comisión Europea, junto con otras instituciones de la Unión y sus Estados miembros, «es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y de velar por que se observen la legislación, los valores y los principios de la UE», y le reclaman que actúe.

 

https://confilegal.com/20210412-tres-asociaciones-judiciales-denuncian-ante-la-comision-europea-el-riesgo-claro-de-violacion-del-estado-de-derecho-en-espana/

 

 

EL CGPJ EN FUNCIONES HA RENOVADO A LA MITAD DE LA CÚPULA JUDICIAL Y HA HECHO UNA VEINTENA DE NOMBRAMIENTOS EN EL SUPREMO

 

Los vocales han sacado adelante en más de dos años de interinidad veinticinco presidencias de audiencias provinciales, diez de tribunales superiores de justicia y en la Audiencia Nacional, además de presidencias de sala y plazas en tribunales militares

 

En el alto tribunal, cuatro plazas han ido a la Sala Primera, otras cuatro en la Segunda, tres en la Tercera, cuatro en la Cuarta y otras cuatro en la Quinta

 

Los miembros del órgano de gobierno de los jueces no ven posible sacar adelante nuevas adjudicaciones de puestos en el Pleno de marzo, el último en el que podrían tener sus funciones intactas

 

En un bloqueo institucional sin precedentes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones desde diciembre de 2018 ante el continuo fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar a sus veinte vocales. En estos más de dos años con el mandato caducado, el órgano de gobierno de los jueces ha nombrado a la mitad de la cúpula judicial de tribunales superiores (TSJ) de toda España, también de audiencias provinciales, y ha adjudicado más de una veintena de plazas de magistrado en todas las Salas del Tribunal Supremo.

 

Según los datos contenidos en el apartado de nombramientos discrecionales de la página web del CGPJ, consultados por infoLibre, la institución que preside Carlos Lesmes desde diciembre de 2013 ha acometido un total de 86 designaciones, unas con mayor apoyo, otras con menos, e incluso algunas por unanimidad, estando en funciones, es decir, entre diciembre de 2018 y marzo de 2021, al no haber ningún precepto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que les impidiera ejercer esta función, a pesar de que el órgano ha sido fuertemente criticado, sobre todo en los últimos meses, por sectores del Gobierno y de Unidas Podemos, que culpan al PP del bloqueo para la renovación.

 

Los veintiún miembros del CGPJ –veinte vocales más el presidente– han dado luz verde en estos dos años y tres meses con mandato caducado a la renovación de 25 presidencias de audiencias provinciales, la mitad de las 50 de toda España; diez presidencias de tribunales superiores de justicia, más de la mitad de los diecisiete totales; y veintiún plazas de magistrado en el Supremo, plazas que son vitalicias hasta la jubilación, renuncia o fallecimiento de los que las ocupan.

 

En el alto tribunal, cuatro puestos han ido a parar a la Sala Primera (de lo Civil), otros cuatro a la Sala Segunda (de lo Penal) –una de ellas ha sido confirmar en la presidencia al magistrado Manuel Marchena–, tres a la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), cuatro a la Sala Cuarta (de lo Social), y otras cuatro a la Sala Quinta (de lo Militar). En los TSJ, los vocales del órgano de gobierno de los jueces han renovado las presidencias de Madrid, Galicia, Aragón, Navarra, Extremadura, Asturias, Canarias, País Vasco, Cantabria y Baleares, aunque también han nombrado a nuevos presidentes de sala de estos tribunales.

 

En las audiencias provinciales, el CGPJ caducado ha renovado las presidencias de las de Granada, Almería, Salamanca, Ciudad Real, Navarra, León, Cantabria, Baleares, Cáceres, Ourense, Córdoba, Tarragona, Bizkaia, Segovia, Pontevedra, Soria, Cáceres de nuevo, Valladolid, Valencia, A Coruña, Castellón, Toledo, Lleida, Albacete y Zamora. Y en la Audiencia Nacional, el órgano ha renovado a José Ramón Navarro como presidente y también ha nombrado a nuevos presidentes de las Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.

 

De los 86 nombramientos del CGPJ en funciones, un total de catorce lo han sido por unanimidad y la mayor parte se han llevado a cabo con más de los votos necesarios, en virtud de si se requiere mayoría absoluta o mayoría cualificada de tres quintos, en función de las plazas en liza. Ha habido grandes mayorías, de hasta diecinueve votos a favor y dos en blanco, y muchas de ellas se registraron en los Plenos que la institución celebró el pasado otoño, ya con duras críticas desde el Gobierno por estos nombramientos con mandato caducado. Los vocales se pusieron de acuerdo para, frente a los que dudaban de la legitimidad de la adjudicación de plazas en estas condiciones, lanzar un contundente mensaje de unidad y defensa de sus competencias. Sólo dos miembros del órgano se mostraban discrepantes, los elegidos a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta y de IU Concepción Sáez.

 

Cuatro intentos de renovación

 

El órgano de gobierno de los jueces lleva más de dos años caducado, pero han sido varios los intentos por renovarlo, que finalmente no han fructificado. La primera vez fue antes de que finalizara su mandato de cinco años, pero cuando ya habían dado comienzo los trámites –escuchar en el Congreso a los candidatos a vocal por el turno de juristas de reconocida competencia– el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, se frustró tras la publicación en medios de comunicación de un mensaje del entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, enviado a su grupo parlamentario en el que presumía de que, con ese pacto que incluía al magistrado Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ, podrían controlar la Sala Segunda del Supremo "desde detrás".

 

Esto ocurrió en el otoño de 2018 y el mandato de la institución presidida por Lesmes caducó en diciembre de ese año. Los acontecimientos políticos del siguiente año, fundamentalmente los numerosos procesos electorales –dos convocatorias de comicios generales, más los autonómicos, municipales y europeos– dejaron paralizada la renovación del CGPJ. El siguiente intento fue en enero de 2020, que tampoco salió adelante y los vocales continuaron ejerciendo las funciones que la ley les permite aún estando en funciones.

 

Llegó 2020 y, con ello, la conformación del Gobierno de coalición, pero las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces siguieron estancadas y el principio de acuerdo de enero tampoco resultó. En julio de ese año, la institución anunció que había de nuevo en marcha negociaciones que podrían derivar en un pacto, por lo que paralizó los nombramientos discrecionales que tenía previstos en julio. Tampoco hubo avances y en septiembre, diecinueve vocales votaron a favor de adjudicar plazas clave en varios órganos judiciales, incluido el Supremo, donde entraron tres nuevos magistrados en la Sala de lo Penal.

 

Desde entonces, el CGPJ ha venido haciendo nombramientos en un ambiente político cada vez más crispado. La mayoría de vocales defiende que deben seguir ejerciendo las funciones que les manda la ley y quieren estar ajenos a la discusión política, pero lo que se ha visto en los últimos meses ha sido un choque entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial después de que PSOE y Unidas Podemos presentaran una proposición de ley para rebajar las mayorías en Congreso y Senado para elegir a los vocales del turno judicial (doce de los veinte que designan las Cámaras). La propuesta generó fuertes críticas de la oposición y de las principales asociaciones judiciales y hasta la Comisión Europea expresó sus dudas, y tras la moción de censura de Vox, en la que se advirtió un cambio de tendencia en el PP de Casado, Sánchez optó por frenar la tramitación de la reforma.

 

Sin embargo, el acuerdo seguía sin llegar ante las condiciones que planteaba el PP: retirar la reforma –no sólo frenarla–, "despolitizar la elección del CGPJ y Fiscalía" así como excluir a Unidas Podemos del proceso. Esta situación se mantuvo y las conversaciones se enfriaron también ante la inminencia de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, pero una vez pasadas, parecía abrirse un tiempo de sosiego político sin procesos electorales a la vista. Y aún así, lo que ya parecía un acuerdo hecho se frustró de nuevo tras la negativa del partido conservador a incluir al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, el juez al que se atribuyen las frases más duras de la sentencia del caso Gürtel que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa; un nombre que, sin embargo, el PP sí aceptaba en el acuerdo de finales de 2018.

 

La moción de censura en Murcia y el adelanto electoral en Madrid alejan aún más el acuerdo de renovación y el CGPJ se enfrenta al mayor periodo de interinidad de su historia, pues al menos hasta después de los comicios madrileños no se prevé un desbloqueo de las negociaciones. Pero esta vez, el tiempo que dure la falta de acuerdo ya no será igual para los vocales, pues en menos de un mes entrará en vigor otra proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que limita los poderes del órgano cuando está en funciones. Los nombramientos discrecionales se acabaron para la institución hasta que ésta sea renovada.

 

¿Y qué opinan los vocales?

 

Los miembros del CGPJ caducado ya dan por hecho que seguirán en funciones unos cuantos meses más. Y la mayoría lamenta que esto coincida con la entrada en vigor de la reforma de la LOPJ que les va a quitar competencias, pues prevén un grave déficit en el funcionamiento diario de la Administración de Justicia si cargos judiciales se van quedando vacantes de ahora en adelante, por ejemplo, por jubilaciones o finalizaciones de mandato, y esta situación se alarga en el tiempo, lo que puede suponer una merma en la prestación de los servicios que prestan los órganos judiciales a los ciudadanos.

 

El próximo Pleno del órgano de gobierno de los jueces está previsto para la semana que viene, concretamente el 25 de marzo, y la Comisión Permanente continúa sus trabajos para cubrir plazas vacantes, como dos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tras la jubilación de los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego, así como en la presidencia de la Audiencia de La Rioja, para la que sólo hay un candidato. Del anterior Pleno quedaron además dos puestos pendientes de nombrar también en el alto tribunal, uno en la Sala de lo Civil y otro en lo Social, pero fuentes del CGPJ consultadas por infoLibre ven muy improbable que puedan asignarse estas vacantes.

 

Por un lado, la imposibilidad de llegar a tiempo a elevar a Pleno las candidaturas de las que aún se están realizando las entrevistas a los aspirantes, proceso que en algunos casos termina el último día de marzo; por otro, la sensación general que hay entre los vocales de que el Senado aprobará en fechas muy próximas la reforma de la ley que les imposibilitará seguir haciendo estos nombramientos discrecionales. La percepción entre algunos miembros del órgano de gobierno de los jueces es de "preocupación" por la nueva situación que se les presenta cuando la nueva LOPJ se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ya no puedan seguir ejerciendo una función que consideran "necesaria" para el buen funcionamiento de la Justicia.

 

Lo que sí seguirá su curso dure lo que dure la interinidad del CGPJ es el trámite de informe a los anteproyectos de ley que llegan del Consejo de Ministros. El órgano de gobierno de los jueces tiene dos encima de la mesa desde principios de marzo: el borrador de la Ley de Memoria Democrática que sustituirá a la de Memoria Histórica y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según las fuentes consultadas por infoLibre, el plazo para presentar el informe de la primera finaliza el próximo día 29; para la segunda, el plazo expira el 9 de abril. No obstante, estos tiempos se pueden prorrogar.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/21/el_cgpj_renovado_funciones_mitad_cupula_judicial_hecho_una_veintena_nombramientos_supremo_118112_1012.html

 

 

EL PODER JUDICIAL PROSIGUE CON LOS NOMBRAMIENTOS TRAS EL FRACASO DE SU RENOVACIÓN

 

El CGPJ aprueba por la mínima seis designaciones tras la ruptura de las negociaciones de PSOE y PP. Los vocales han decidido sacar del orden del día dos de las tres plazas del Supremo que estaban en liza

 

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha conseguido sacar adelante por la mínima seis de los ocho nombramientos que tenía sobre la mesa, si bien ha optado por aplazar dos de los más importantes: una plaza de magistrado en la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo y otra en la Sala Cuarta (Social). Los vocales, cuyo mandato está prorrogado desde diciembre de 2018 ante la falta de acuerdo político para su renovación, sí han llegado a un acuerdo in extremis para elegir la tercera plaza en liza en el alto tribunal, también en la Sala Primera. Para esta ha sido designado el magistrado Antonio García, destinado hasta ahora en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

 

Los miembros del Consejo estaban convocados este jueves a un pleno extraordinario para aprobar ocho nombramientos discrecionales que quedaron aplazados la semana pasada ante la posibilidad de que el PSOE y el PP llegaran a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Los vocales optaron hace una semana por frenar los nombramientos casi dando por hecho que, siete días después, el acuerdo para la renovación sería oficial, lo que, previsiblemente, hubiera llevado a la mayoría de miembros del Consejo a renunciar a esas votaciones y dejarlas ya en manos de sus sucesores. Pero la ruptura de las negociaciones entre socialistas y populares ha cambiado el escenario y el pleno del CGPJ ha afrontado dividido la sesión de este jueves.

 

Con todo, el pleno ha conseguido votos suficientes para aprobar seis de los ocho nombramientos previstos, si bien el resultado de las votaciones queda muy lejos de las mayorías holgadas conseguidas en todas las designaciones que se han abordado en los últimos meses. Las tres plazas más importantes de las seis aprobadas (la del Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de País Vasco y Canarias) han salido con la mayoría justa de tres quintos (13 votos) necesaria. Según fuentes del órgano, las tres votaciones han terminado con idéntico resultado: 13 votos a favor y siete en blanco. Estos últimos corresponden a cinco magistrados del sector progresista que ya vienen votando en blanco en los últimos plenos al entender que los actuales vocales no están ya legitimados para decidir nombramientos discrecionales (Concepción Sáez, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y Rafael Mozo) y dos del ala conservadora (Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández).

 

En el caso de las presidencias de los tribunales autonómicos, ha sido necesaria, además, una segunda votación, ya que en la primera ninguno de los candidatos obtuvo el número mínimo de votos para hacerse con el puesto. Los nombramientos han recaído finalmente en el actual presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Ignacio José Subijana (País Vasco) y en el titular del Registro Civil 1 de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo Bragado (Canarias).

 

Los otros puestos requerían solo de una mayoría simple, que el pleno ha conseguido aunque también con escaso margen. Los vocales han designado a Garbiñe Biurrun como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (12 votos), a José Antonio Vega Bravo como presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca (14 votos) y a Luis Miguel Columna como presidente de la Audiencia Provincial de Almería (13 votos).

 

Las otras dos plazas previstas en el Supremo se han retirado del orden del día porque, según los vocales consultados, no había una mayoría suficiente para sacarlas adelante. La intención del Consejo es volver a incluirlas en el pleno ordinario previsto el 25 de marzo, donde, además, se pretende incluir otros dos puestos del alto tribunal, en este caso en la Sala Tercera, una sala clave porque es la que decide sobre todos los asuntos que afectan al Gobierno o al propio Poder Judicial. Los vocales consultados prevén que en las próximas semanas se inicien negociaciones para intentar lograr un pacto sobre estas futuras votaciones. La mayoría de miembros del Consejo consultados admite que el objetivo es dejar estos nombramientos hechos ante la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe en abril la ley que veta los nombramientos con el mandato caducado.

 

https://elpais.com/espana/2021-03-04/el-poder-judicial-aprueba-por-la-minima-seis-nombramientos-y-pospone-dos-plazas-del-supremo.html

 

 

EL PODER JUDICIAL APRUEBA POR LA MÍNIMA SEIS NOMBRAMIENTOS TRAS LA RUPTURA DE PSOE Y PP PARA LA RENOVACIÓN

 

Los vocales han decidido sacar del orden del día dos de las tres plazas del Supremo que estaban en liza

 

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha conseguido sacar adelante por la mínima seis de los ocho nombramientos que tenía sobre la mesa, si bien ha optado por aplazar dos de los más importantes: una plaza de magistrado en la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo y otra en la Sala Cuarta (Social). Los vocales, cuyo mandato está prorrogado desde diciembre de 2018 ante la falta de acuerdo político para su renovación, sí han llegado a un acuerdo in extremis para elegir la tercera plaza en liza en el alto tribunal, también en la Sala Primera. Para esta plaza ha sido designado el magistrado Antonio García, destinado hasta ahora en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

 

Los miembros del Consejo estaban convocados este jueves a un pleno extraordinario para aprobar ocho nombramientos discrecionales que quedaron aplazados la semana pasada ante la posibilidad de que el PSOE y el PP llegaran a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Los vocales optaron hace una semana por frenar los nombramientos casi dando por hecho que, siete días después, el acuerdo para la renovación sería oficial, lo que, previsiblemente, hubiera llevado a la mayoría de miembros del Consejo a renunciar a esas votaciones y dejarlas ya en manos de sus sucesores. Pero la ruptura de las negociaciones entre socialistas y populares ha cambiado el escenario y el pleno del CGPJ ha afrontado dividido la sesión de este jueves.

 

Con todo, el pleno ha conseguido votos suficientes para aprobar seis de los ocho nombramientos previstos, si bien el resultado de las votaciones queda muy lejos de las mayorías holgadas conseguidas en todas las designaciones que se han abordado en los últimos meses. Las tres plazas más importantes de las seis aprobadas (la del Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de País Vasco y Canarias) han salido con la mayoría justa de tres quintos (13 votos) necesaria. Según fuentes del órgano, las tres votaciones han terminado con idéntico resultado: 13 votos a favor y siete en blanco. Estos últimos corresponden a cinco magistrados del sector progresista que ya vienen votando en blanco en los últimos plenos al entender que los actuales vocales no están ya legitimados para decidir nombramientos discrecionales (Concepción Sáez, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y Rafael Mozo) y dos del ala conservadora (Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández).

 

En el caso de las presidencias de los tribunales autonómicos, ha sido necesaria, además, una segunda votación, ya que en la primera ninguno de los candidatos obtuvo el número mínimo de votos para hacerse con el puesto. Los nombramientos han recaído finalmente en actual presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Ignacio José Subijana (País Vasco) y en el titular del Registro Civil 1 de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo Bragado (Canarias).

 

Los otros puestos requerían solo de una mayoría simple, que el pleno ha conseguido aunque también con escaso margen. Los vocales han designado a Garbiñe Biurrun como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (12 votos), a José Antonio Vega Bravo como presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca (14 votos) y a Luis Miguel Columna como presidente de la Audiencia Provincial de Almería (13 votos).

 

Las otras dos plazas previstas en el Supremo se han retirado del orden del día porque, según los vocales consultados, no había una mayoría suficiente para sacarlas adelante. La intención del Consejo es volver a incluirlas en el pleno ordinario previsto el 25 de marzo, donde, además, se pretende incluir otros dos puestos del alto tribunal, en este caso en la Sala Tercera, una sala clave porque es la que decide sobre todos los asuntos que afectan al Gobierno o al propio Poder Judicial. Los vocales consultados prevén que en las próximas semanas se inicien negociaciones para intentar lograr un pacto sobre estas futuras votaciones.

 

https://elpais.com/espana/2021-03-04/el-poder-judicial-aprueba-por-la-minima-seis-nombramientos-y-pospone-dos-plazas-del-supremo.html

 

 

DE PRADA, EL CONTINUO OBJETIVO A ABATIR POR EL PP

 

El partido considera a este magistrado progresista, uno de los autores de la sentencia de Gürtel que acabó con el Gobierno de Rajoy, una línea roja para renovar el Poder Judicial

 

José Ricardo de Prada (Madrid, 1957), magistrado con 30 años a las espaldas en la Audiencia Nacional, se sienta solo en un banco de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso. Mira a Carlos Rojas, diputado del PP, y le contesta contundente:

 

—Mi independencia es algo que queda absolutamente acreditado a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Desde el primer momento hasta el último. Desde mi primera resolución hasta la última.

 

Es 16 de noviembre de 2018 y De Prada se somete a la evaluación de trámite de la Cámara tras ser propuesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el PSOE y con el respaldo de Unidas Podemos. Los populares, aunque han aceptado su presencia en un acuerdo que terminaría rompiéndose, aprovechan la sesión para arremeter contra él, todavía dolidos por la sentencia del caso Gürtel que firmó en mayo de ese año y que provocó la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa: “No comparto parte de su trayectoria”, le espeta Rojas, que eleva el tono: “Es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo; es decir, durante unos años dejará usted de dictar sentencias”.

 

El tiempo pasa, pero ese resquemor sigue vivo. El PP ha convertido ahora a este juez, enmarcado en el sector progresista de la Audiencia, en una línea roja para pactar la renovación de un Consejo que enfila su tercer año con el mandato caducado. La formación conservadora ha expuesto su presencia de nuevo en el acuerdo —al igual que la de la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género y exdiputada de Podemos— como justificación para volver a abandonar las negociaciones. Pero la obcecación de los populares con De Prada viene de lejos.

 

Este firme defensor de la justicia universal que ha participado en tribunales penales internacionales sobre los crímenes de la antigua Yugoslavia, está considerado por sus más cercanos como un juez muy garantista y lleva años en la diana del partido de Pablo Casado. Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior e imputado por la Operación Kitchen, ya lo calificó de “indigno” en 2016 y pidió al CGPJ que tomara medidas contra él después de que dijera en una mesa redonda que la tortura a algunos miembros de la banda terrorista ETA había sido “clara” y “yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho”.

 

Una animadversión velada, que se destapó definitivamente tras la sentencia de Gürtel. Rafael Hernando, actual senador y portavoz entonces del PP en el Congreso, le acusó solo unos días después del fallo de tener una “sintonía con el mundo proetarra”. Los populares le atribuyen las frases más duras de una resolución, respaldada también por el magistrado Julio de Diego, que dio por acreditaba la caja b del partido —como así confirmó después el Tribunal Supremo— y que, además, cuestionaba la “credibilidad” de Rajoy, que compareció como testigo en el juicio.

 

“Coincidiendo con Gürtel, he sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros 30 que llevo trabajando en la Audiencia Nacional”, explicaba en una entrevista con EL PAÍS el propio De Prada, quien también se opuso a la entrada en prisión preventiva de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entonces presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Ómnium Cultural, a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La consideró “desproporcionada”.

 

Tras la primera sentencia contra Gürtel, el PP centró esfuerzos en recusarlo de los tribunales que iban a enjuiciar otras derivadas de la trama de corrupción. De hecho, consiguió apartarlo de la vista oral sobre la contabilidad paralela reflejada en los papeles de Bárcenas —que comenzó este 8 de febrero—. La Sala de lo Penal decidió, en un reñido debate resuelto con el voto a favor de ocho magistrados y la oposición de otros siete, sacarlo por incluir en ese primer fallo una argumentación sobre la caja b que no era “absolutamente necesaria” y que “compromete” su imparcialidad.

 

De Prada entró en la carrera judicial tras un breve paso de seis años por la abogacía. Perteneciente a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia; y cercano al antiguo magistrado Baltasar Garzón, al que manifestó su apoyó en público tras su inhabilitación; se ha mostrado crítico con el actual funcionamiento del CGPJ, pero también con la propuesta de que la elección de la mayoría de vocales dependa de los propios jueces y no de las Cámaras, como ocurre actualmente: “La elección corporativa es problemática, muy problemática, porque significa una pérdida importante de legitimidad en cuanto a que se desconecta de la sociedad”, dice: “Que pueda venir establecida desde un sistema de votación parlamentaria, en principio, no tiene que plantear ningún problema. Otra cosa distinta es que responda más o menos a posibles negociaciones. Pero cómo funciona la política es algo complicado”.

 

https://elpais.com/espana/2021-02-27/de-prada-el-continuo-objetivo-a-abatir-por-el-pp.html

 

 

DE PRADA, EL JUEZ AL QUE EL PP NO QUERÍA VER PONIENDO SENTENCIAS Y QUE YA ACEPTÓ EN 2018 PARA EL CGPJ

 

Los conservadores aceptaron que saliera de la Audiencia Nacional en el intento de renovación de hace dos años, pero ahora lo vetan para el órgano de gobierno de los jueces tras ser apartado de dos salas de Gürtel El magistrado, con más de treinta años de carrera en este tribunal, revisó la sentencia de La Haya que condenó al criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic.

 

"Es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias". Es el comentario que el diputado del PP Carlos Rojas espetó al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada durante su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de lo Diputados en noviembre de 2018. De Prada era candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la cuota de juristas, en el anterior intento para renovar esta institución cuando se cumplían cinco años de mandato.

 

Unos meses antes de aquella afirmación por parte del diputado, De Prada había firmado, junto con otro magistrado, la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel que condenó al PP como partícipe a título lucrativo. A este juez se atribuyen las frases más duras de la resolución que daba por acreditada la existencia de una caja B en el PP y que no vio "suficientemente creíble" la declaración como testigo de Mariano Rajoy. La sentencia propició la presentación de la moción de censura que desalojó al PP de la Moncloa, pero aún así, ese mismo año la formación conservadora, ya con Pablo Casado al frente, aceptó al magistrado en el acuerdo que alcanzó con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Del comentario de Rojas se infiere que al PP no le importaba en ese momento que De Prada saliese de la Audiencia Nacional.

 

En otoño de 2018, el horizonte judicial que se le avecinaba al partido estaba repleto de futuros juicios correspondientes a piezas separadas del caso Gürtel. En la sección de la Sala de lo Penal que debía hacerse cargo de todos ellos estaba De Prada, por lo que el magistrado podía de nuevo ser asignado a cualquiera de los tribunales que debían enjuiciar causas como la del pago con dinero negro de las obras de la sede del PP en la calle Génova.

 

De hecho, así fue, aunque para entonces el intento para renovar el CGPJ que incluía a De Prada ya había fracasado. Al año siguiente, el magistrado fue designado ponente de los tribunales de las piezas sobre financiación irregular y la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, pero fue recusado por el PP y el extesorero Luis Bárcenas porque ya se había pronunciado con respecto a la supuesta contabilidad opaca. Lo cierto es que el pasado octubre, el Tribunal Supremo confirmó el grueso de la sentencia de la primera época de la red corrupta, incluidas las pruebas relativas a la caja B del partido conservador.

 

De Prada, pues, quedó en 2019 fuera de los tribunales encargados del resto de piezas del caso Gürtel, aunque sigue perteneciendo a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y ahora que no puede "poner sentencias" que afecten al PP, el partido de Pablo Casado ha optado por vetar su candidatura al CGPJ en la lista del Gobierno como jurista de reconocida competencia, según fuentes conocedoras de las negociaciones que se retomaron tras las elecciones catalanas para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el cual lleva más de dos años caducado.

 

Contextos diferentes, según el PP

 

En el PP apuntan que los contextos en 2018 y ahora son diferentes. El más evidente es que en 2018 no tenían reservas con respecto a que el presidente de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, fuese presidente del CGPJ, tal y como habían pactado el Gobierno socialista y el PP. Ahora se supone que la presidencia sería más del gusto de los socialistas y que la entrada de De Prada implica otro obstáculo para los conservadores. Señalan, además, según las fuentes consultadas por infoLibre, que de 2018 a día de hoy han "aprendido" y son más conscientes del "daño" que han hecho algunas frases que se le atribuyen en la sentencia de Gürtel. Unos argumentos que, no obstante, chocan con el compromiso de Pablo Casado de no volver a hablar de los escándalos de corrupción que afectan a la época de sus predecesores al frente del PP.

 

2018 también era otro momento muy distinto al actual porque el PP era la fuerza mayoritaria en las Cortes Generales y porque Vox no pisaba tan fuerte los talones a los conservadores. No hace ni un mes que la formación liderada por Santiago Abascal se hizo con once escaños del Parlament de Catalunya. El PP, se quedó en tres. Dicen también en el principal partido de la oposición que ahora es Pedro Sánchez el principal interesado en que se desbloquee la situación. Que es el que tiene la prisa y que sabe que la alternativa es una reforma legal, presentada por PSOE y Unidas Podemos, y congelada en el Congreso de los Diputados, "mal vista en Bruselas".

 

En declaraciones a VozPópuli el pasado miércoles, el magistrado De Prada se preguntaba, sobre el rechazo del PP, “cómo se puede compatibilizar un declarado interés en la defensa de la independencia judicial con vetar a un juez” y achacaba el veto a su presencia en el CGPJ con “haber puesto una sentencia que parece no haber gustado al partido”.

 

Treinta años en la Audiencia Nacional

 

La trayectoria de José Ricardo de Prada va más allá del caso Gürtel, aunque haya sido conocido fundamentalmente por eso. Se licenció en Derecho en 1980 y cursó formación complementaria especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Estrasburgo y Derecho Internacional Humanitario. Aterrizó en la Audiencia Nacional en 1990, aunque en estos más de treinta años ha sido también juez internacional en la Sala de Apelaciones de crímenes de guerra de Bosnia Herzegovina en Sarajevo.

 

Tras el juicio de la primera época de Gürtel, formó parte del tribunal de La Haya que estudió la apelación del exlíder serbobosnio Radovan Karadzic, condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra.​ Precisamente fue por esta labor por lo que quedó fuera de la lista de candidatos del turno judicial en las negociaciones del CGPJ de otoño de 2018, de ahí que compareciera en el Congreso por la cuota de juristas de reconocido prestigio.

 

Fue precisamente esta experiencia lo que alegó De Prada en su réplica al diputado del PP Carlos Rojas. "Mi independencia queda acreditada a lo largo de toda mi trayectoria profesional", dijo, para añadir que es el único juez español que es titular en varias cortes internacionales y que ha tratado los asuntos más complicados en su trayectoria de 28 años en la Audiencia Nacional. "España debe estar orgullosa de tener un juez en el tribunal internacional que revisa el caso más importante desde la Segunda Guerra Mundial", remachó.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/27/de_prada_juez_que_no_queria_ver_poniendo_sentencias_que_acepto_2018_para_cgpj_117294_1012.html

 

CALVO SALE AL ATAQUE CONTRA EL PODER JUDICIAL TRAS LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

 

La vicepresidenta del Gobierno acusa al CGPJ de “poner en solfa la democracia”

 

La batalla entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y en especial su presidente, Carlos Lesmes, es ya una guerra abierta. La decisión del CGPJ de seguir haciendo nombramientos cargos judiciales a pesar de que hay una ley tramitándose para impedir que pueda hacerlo con el mandato caducado, y su exigencia de ser consultado sobre esa reforma, ha roto todos los puentes. La vicepresidenta Carmen Calvo acusó este viernes al CGPJ de “poner en solfa la democracia” por no respetar al Congreso y reveló una conversación entre Lesmes y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que demuestra la tensión que hay.

 

La pugna entre el Gobierno y el Poder Judicial no es nueva. Lleva varios meses en marcha. Viene al menos desde octubre, cuando el CGPJ decidió retomar los nombramientos, en aquella ocasión muy relevantes porque eran de magistrados de la sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzgó el procés y los grandes casos de corrupción política, la más sensible. El Gobierno hizo llegar a Lesmes que debía frenar esos nombramientos a la espera de la renovación, ya que lleva ahora más de dos años con el mandato caducado. La mayoría conservadora, con el apoyo de otros vocales progresistas, siguió adelante.

 

Después llegó el incidente de Barcelona, con la ausencia del Rey Felipe VI en un acto judicial importante por decisión del Gobierno. Y ahora llega este salto definitivo en el que la vicepresidenta dejó muy claro que el Ejecutivo considera que el Poder Judicial no respeta al Poder Legislativo, por lo que el choque entre los poderes alcanza ya unos niveles inusuales mientras la renovación del CGPJ sigue bloqueada.

 

Según la vicepresidenta primera, Lesmes esta vez también estaba avisado de que el Gobierno no veía bien que volvieran a producirse nombramientos —aunque ahora de menor relevancia— en el último pleno del jueves. Calvo contó ayer en La Sexta que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, habló el miércoles con el presidente del Poder Judicial y le trasladó que no era oportuno hacer esos nombramientos cuando la ley que los impediría está en tramitación en el Congreso. “El ministro de Justicia habló con el presidente del Consejo General del Poder Judicial antes de ayer [miércoles]. Se trataba de comunicar que cada uno se mantuviera en su sitio. El Poder Judicial debería esperar al Parlamento”, aseguró Calvo.

 

Fuentes del Consejo señalan que fue Lesmes el que llamó a Campo, con el que ya había hablado otras dos veces esta semana en actos protocolarios en los que coincidieron, para explicarle qué iba a hacer el CGPJ en el pleno. En esto coinciden otras fuentes del Ejecutivo. El detalle no es menor porque si fuera Campo el que hubiera llamado a Lesmes, podría hablarse de injerencia. Pero fue al revés. El presidente del Supremo, según las fuentes consultadas, le explicó que se iban a aprobar los protocolos para elegir a nuevos magistrados del Supremo dentro de unos meses, en teoría con el Consejo ya renovado; los nombramientos que se harían, que estas fuentes califican como “de segundo nivel”; y le avanzó que habría una nota pidiendo poder informar de la norma que tramita el Congreso, pero de forma suave, mucho más contenida de lo que pretendía un grupo de vocales conservadores (los más duros). Campo y Lesmes tienen buena relación, aunque el ministro de Justicia lleva meses trasladando que no considera oportunos los nombramientos ahora.

 

Lesmes reivindicó ante Campo que él había conseguido un consenso para suavizar mucho la nota; y además, lo llevaba a un pleno ordinario y no a uno extraordinario. En el sector conservador del Consejo han sentado muy mal las declaraciones de Calvo ayer en La Sexta. Creen que puede “echar gasolina al fuego” y hacer que en el próximo pleno este grupo de vocales conservadores más duro presione para que se hagan más nombramientos.

 

Calvo fue especialmente crítica, mostrando el profundo malestar con el CGPJ que se vive en el Gobierno, y en especial en su departamento, que lleva este asunto directamente y ha sido el inspitador de las dos reformas del Poder Judicial que están ahora en el Congreso. “La decisión es insólita”, señaló Calvo al comentar los nombramientos en el Consejo.

 

También criticó la nota exigiendo ser escuchados. “Si el Parlamento decide regular este asunto, lo mejor es que cada uno esté en su sitio expectante. Imagínese que cualquier otro órgano decide que cuando el Parlamento va a legislar ellos tienen que ser escuchados. La democracia representativa la ponemos en solfa, entonces. Los demás poderes tienen que estar en obediencia del Parlamento, que es el órgano que bombea la sangre de la democracia”, insistió.

 

Texto medido

 

El comunicado del CGPJ que criticaba la vicepresidenta, y que fue aprobado por 16 votos a cinco, señala que este órgano reclama ser consultado sobre la reforma legal que le impediría realizar nombramientos con el mandato caducado. El texto del CGPJ, “muy medido”, según fuentes del sector conservador, reconoce la legitimidad de la iniciativa, pero solicita que su voz sea escuchada por el Congreso durante la tramitación, pese a que no está obligado porque se trata de una proposición de ley —a iniciativa de los grupos— y no de un proyecto de ley —a iniciativa del Gobierno—.

 

Mientras, los cinco vocales progresistas que se opusieron plantearon lo contrario: que todos los miembros del Consejo dimitan el próximo 1 de enero para forzar la renovación.

 

Calvo estaba claramente molesta. “La división de poderes consiste en que cada uno tiene sus ámbitos de competencia y no puede invadir la de otros”, remató la vicepresidenta. Lo que no quiso aclarar es si el Gobierno recuperará la ley para permitir una renovación sin el PP en el caso de que no haya acuerdo después de las elecciones catalanas. El Ejecutivo vive el asunto cada vez con más tensión, aunque de momento ha decidido esperar un poco más al PP.

 

https://elpais.com/espana/2020-12-18/calvo-se-lanza-contra-el-poder-judicial-por-hacer-nombramientos-la-decision-es-insolita.html

 

 

EL CGPJ INSTA AL CONGRESO A RECABAR SU OPINIÓN EN LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL

 

El Pleno del CGPJ responde a la tramitación parlamentaria de la reforma del Poder Judicial. Con 16 votos a favor y 5 en contra, los vocales han emitido un comunicado institucional en el que instan al Congreso que recabe su opinión y el dictamen de Europa al tratarse de una reforma que afecta al órgano de gobierno en funciones. Se trata de un movimiento que trataban de evitar los socios de Gobierno cuando tramitaron esta reforma por la vía parlamentaria y no vía Consejo de Ministros. Sin embargo, el órgano de gobierno de jueces se ha mostrado reticente a que esta reforma no cuente con su dictamen.

 

Se trata de una comunicación que no suele ser habitual por parte del CGPJ y que evidencia el malestar existente entre gran parte de los vocales que integran el órgano, caducado desde hace dos años. El registro de la proposición parlamentaria el pasado mes de octubre se entendió desde el seno del Pleno como una injerencia a su labor. El Ejecutivo trata de evitar que este consejo, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018, siga acometiendo nombramientos en la cúpula de la carrera judicial, como los que se han aprobado hoy mismo, al considerar que compete a los nuevo 20 vocales que sustituyan al equipo de Carlos Lesmes. No obstante, desde el Consejo recuerdan que ya paralizaron las votaciones en varias ocasiones este año y que están cumpliendo con un mandato legal.

 

Ahora, el Pleno acuerda un total de cinco puntos entre los que se encuentra que el Congreso cuente con su opinión al respecto. Igualmente instan a la cámara baja a que efectúe idéntico trámite para que la Comisión Europea exprese su opinión sobre esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Cabe recordar que el registro de esta proposición suscitó dudas en Europa donde advirtieron al Ejecutivo de Sánchez que la modificación del sistema de elección de vocales iba en contra de las recomendaciones que desde años lleva efectuando el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) al respecto. El Ejecutivo impulsó la iniciativa acusando al PP de bloquear cualquier intento de pacto. Por ello la misma promueve que la renovación pueda ver la luz si hay mayoría absoluta de la cámara y no de tres quintos como ocurre en la actualidad.

 

Implicar a los jueces

 

En el tercero de los puntos, el Pleno apunta que es necesario "dar audiencia a todos los agentes afectados" por esta reforma y señalan muy especialmente a las asociaciones de jueces y fiscales. Precisamente representantes de las cuatro principales asociaciones de magistrados acudieron hace apenas unas semanas al Congreso para entregar un manifiesto firmado por más de 2.500 jueces en el que pedían la despolitización del órgano. Al respecto, destaca el cuarto punto acordado por el Pleno en el cual instan a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado a que procedan "sin mayor demora" a llevar a efecto la renovación del CGPJ.  Finalmente, la última petición reside en dar traslado de este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ).

 

Lo que dice ahora el Pleno es que es necesario recabar todos estos informes porque, aunque no sean vinculantes, la cuestión es de calado. "La iniciativa tiene por objeto la modificación de la LOPJ limitando las competencias del CGPJ sobre nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional. Es decir, afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial", reza el escrito en el cual hacen hincapié en que la necesidad de que Europa emita una valoración de esta reforma de la Ley de 1985 ya lo recoge la Jurisprudencia del TJUE.

 

El pronunciamiento del CGPJ se produce en un momento de parón en las negociaciones entre el PP y PSOE para renovar el órgano. De hecho, esta misma semana se produjo una llamada telefónica entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, en la que ambos conversaron durante tres cuartos de hora sin llegar a ningún entendimiento. Tanto es así que un día después, en la cámara baja, siguieron lanzándose reproches en relación a esta situación de parálisis que afecta al CGPJ. Por ese motivo, el Pleno se planteó a principios de diciembre seguir con su agenda institucional y sacar adelante el nombramientos de plazas vacantes desde el año pasado, hecho que ha tenido lugar en este último pleno del año.

 

https://www.lainformacion.com/espana/cgpj-congreso-reforma-poder-judicial/2824071/

 

EL CGPJ CUMPLE SU AGENDA Y NOMBRA POR MAYORÍA 4 PUESTOS DE LA CÚPULA JUDICIAL

 

El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido con el calendario previsto en plena revuelta política por su situación en funciones. Pese a la tramitación el en Congreso de la iniciativa parlamentaria que trata de impedir su actuación en esta situación, los vocales del CGPJ han dado luz verde por mayoría a cuatro nombramientos clave de la cúpula judicial. Entre ellos se encuentra el de José Pablo Aramendi Sánchez como nuevo presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el cual ha obtenido 17 de los 21 votos de los integrantes del Pleno.

 

De este modo, y tal y como lo adelantó La Información, el CGPJ actúa de acuerdo a lo previsto y saca adelante estos nombramientos en su último Pleno del año. Además de Aramendi Sánchez, todos los vocales a excepto de dos de ellos han elegido a María José Renedo como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; a David Ordóñez como presidente de lo Contencioso del TSJ de Asturias y a Joaquín González Casso como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Frente al criterio general, han votado en blanco los vocales Concepción Sáez, Álvaro Sepúlveda y Pilar Cuesta, los tres integrantes del bloque más progresista.

 

Los cuatro cargos forman parte de un conjunto de ocho nombramientos que el Pleno tenía pendiente sacar adelante y que se habían congelado en los últimos meses a la espera de un acuerdo entre los principales partidos políticos para renovar su composición. Sin embargo, la ausencia de pacto les llevó a seguir adelante con su agenda, tal y como ya adelantó su presidente Carlos Lesmes en su discurso de apertura del año judicial. Las fuentes del órgano consultadas por este diario adelantaron que deben cumplir por Ley el mandato recogido en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). De acuerdo con el punto dos del mismo, si las cámaras no efectúan en el plazo previsto la designación de vocales, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la designación del nuevo. 

 

La respuesta del CGPJ

 

No obstante, los grupos parlamentarios de la coalición del Gobierno anunciaron que, de no desbloquearse la situación actual, pondrían en marcha los trámites necesarios para modificar la Ley de manera exprés en aras a evitar que actúen estando en funciones. PSOE y Unidas Podemos cumplieron lo pactado y lograron el respaldo de la cámara baja para comenzar la tramitación de una proposición cuya entrada en vigor esperan para comienzos del año que viene. El gesto no sentó bien dentro del CGPJ desde donde insisten en que cumplen con el mandato constitucional y recuerdan que el órgano de gobierno de los jueces es el primero que ha instado a que se cierre un acuerdo entre PP y PSOE para desatascar esta situación que se alarga desde diciembre de 2018.

 

De hecho, algunos entendieron este gesto como una injerencia a sus funciones y plantearon que se estudie en el Pleno de este jueves una respuesta institucional al trámite parlamentario. Por ese motivo se acordó estudiar dos escritos de los vocales. Uno de ellos lo firman un total de seis vocales (Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández) y propone que se solicite al Congreso que recabe informes tanto del CGPJ como de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre esta proposición de Ley. El otro va más allá y propone que el órgano examine directamente el contenido de esta proposición. Lo respaldan la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, además de Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán.

 

Con todo, el Consejo ya movió ficha la semana pasada. La Comisión Permanente reunida el pasado día 10 aprobó las bases para convocar más nombramientos. Se trata del primer paso antes de que los magistrados presenten sus candidaturas y éstas sean votadas y afectan a un total de 12 puestos de los cuáles seis son relativos a plazas en el Tribunal Supremo. A ello hay que sumarle que todavía quedan nombramientos que llevar a cabo. La mayoría de ellos afectan a plazas que quedaron vacantes en 2019. Entre ellas se encuentran la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no obstante, se trata de una votación que queda relegada ya para el año que viene.

 

En lo que respecta al Pleno de este jueves, las fuentes consultadas explicaron que sacarían adelante algunos de los nombramientos pendientes si el acuerdo alcanzado era por mayoría, como así ha ocurrido. De hecho, esta es la tónica imperante en los nombramientos que el Consejo ha llevado a cabo en los últimos meses (y que incluyeron renovaciones en las principales Salas del Tribunal Supremo). Además de los cuatro puestos clave de la cúpula judicial, el Pleno ha aprovado con 20 votos a favor y uno en contra, las bases que regirán el proceso de selección de doce plazas de nombramiento discrecional, lo que constituye el primer paso para proceder a su futura convocatoria. 

 

https://www.lainformacion.com/espana/cgpj-nombra-mayoria-cupula-judicial/2824030/

 

 

UN AÑO DE CONFLICTOS Y TENSIONES ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL

 

El Gobierno de coalición y el máximo órgano de los jueces han disentido sobre el nombramiento de la Fiscal General del Estado o la falta de renovación del CGPJ

 

El año 2020 ha estado marcado por cuatro refriegas entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial desde que, en enero, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, criticara el trato judicial a los líderes independentistas, hasta la actual pugna por la no renovación del órgano de los jueces.

 

Iglesias y el procés. El 14 de enero de 2020, a la semana de superar la investidura el primer Gobierno de coalición de esta etapa democrática, el nuevo vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, criticó en Antena 3 algunas actuaciones judiciales en Europa contra los líderes independentistas en Cataluña sentenciados por el Supremo en octubre de 2019: “Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español”. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó al día siguiente por unanimidad una declaración en la que apeló a la “moderación, prudencia, mesura y a la responsabilidad institucional” para evitar que se cuestione “la independencia, imparcialidad y profesionalidad” de los jueces.

 

El nombramiento de Delgado. El Gobierno propuso el 16 de enero a la anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, como la nueva fiscal general del Estado y el Consejo del Poder Judicial cuestionó que se hiciera sin su informe y hasta evitó pronunciarse sobre su idoneidad para el cargo, limitándose a aceptar que reunía los requisitos. Siete vocales del CGPJ emitieron un voto particular considerándola “no idónea” por sus antecedentes políticos.

 

El Rey y el año judicial. Los 20 vocales y el presidente del Consejo cumplieron su mandato de cinco años en diciembre de 2018 y, por lo tanto, llevan dos años prorrogados por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para proceder a su renovación, que requiere el apoyo de 210 diputados del Congreso. El PP ha bloqueado varios acuerdos casi cerrados. El presidente del CGPJ ha enviado varias cartas de queja a las Cortes. En octubre, hartos de esperar, PSOE y Unidas Podemos presentaron un proyecto para reformar la ley que regula ese órgano de los jueces que soliviantó más las tensiones al cambiar su sistema de elección en vez de con tres quintos de la Cámara a solo con mayoría. La oposición y hasta la Comisaría de Justicia de la UE plantearon quejas. El presidente paralizó esa norma para invocar un pacto con el líder popular, Pablo Casado, que no se vislumbra.

 

La no renovación del CGPJ. Los 20 vocales y el presidente del Consejo cumplieron su mandato de cinco años en diciembre de 2018 y, por lo tanto, llevan dos años prorrogados en el cargo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para proceder a su renovación, que requiere el apoyo de 210 diputados del Congreso. El PP ha bloqueado varios acuerdos casi cerrados. El presidente del CGPJ ha enviado varias cartas de queja a las Cortes. En octubre, hartos de esperar, PSOE y Unidas Podemos presentaron un proyecto para reformar la ley que regula ese órgano de los jueces que soliviantó más las tensiones al cambiar su sistema de elección en vez de con tres quintos de la Cámara a solo con mayoría. La oposición y hasta la UE plantearon quejas. El presidente paralizó esa norma para invocar un pacto con el líder popular, Pablo Casado, que no se vislumbra.

 

https://elpais.com/espana/2020-12-18/un-ano-de-conflictos-y-tensiones-entre-el-poder-ejecutivo-y-el-judicial.html

 

 

 

PSOE Y PODEMOS ACELERAN UNA PROPUESTA PARA LIMITAR AL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES

 

Los dos partidos socios de Gobierno registran una nueva proposición de ley para presionar al PP en la negociación sobre el órgano de gobierno de los jueces

 

El PSOE y Unidas Podemos han registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley conjunta para limitar la capacidad de acción y sobre todo de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ante la situación de bloqueo en su renovación impuesta por el PP desde hace, justo ahora, dos años. La propuesta se ha precipitado para presionar al PP en esa negociación y para poder llevar la medida a discusión y aprobación en el pleno del 15 de diciembre, el último antes de las navidades. La proposición se concentra en un aspecto específico del funcionamiento en situación de prórroga del Consejo a la espera de pactar su renovación con el PP o de activar definitivamente el proyecto de ley más amplio de reforma exprés de ese organismo que el presidente Pedro Sánchez paralizó hace un mes para intentar una última aproximación con Pablo Casado.

 

Los portavoces parlamentarios del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, han acudido a las 10.30 al registro del Congreso para tramitar una proposición de ley orgánica con la que se modifica la ley de 1985 que regula el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo de establecer su régimen jurídico para cuando ese organismo tenga que estar en funciones. Esta medida llevaba varios días fraguándose.

 

El presidente, Pedro Sánchez, resolvió activar esta solución momentánea, a la espera del movimiento del PP, este mismo martes con una llamada a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cuando ella se dirigía a la sesión de control al Gobierno que se celebraba en el Senado. Desde allí Calvo habló con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el más partidario en el Ejecutivo de los contactos para resolver este problema con el PP. Y en la noche de ayer, sobre las 21.30, la vicepresidenta Calvo informó también al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, para que esta vez no se produjeran problemas de descoordinación como los de las últimas semanas.

 

Fuentes de la cúpula gubernamental han justificado la necesidad de esta medida por la importancia de acabar con la interinidad de un órgano clave del entramado institucional y, sobre todo, para forzar al PP y facilitarle una entrada al pacto al aparcar por ahora la idea de cambiar el sistema de mayorías vigentes para la elección del Consejo, algo que Bruselas mira con recelo, según ha expresado la Comisaría de Justicia, como también partidos de la izquierda parlamentaria, como Más País.

 

Lo que no abordan, por tanto, en esta nueva proposición PSOE y Unidas Podemos es el intento más amplio de cambiar el método de elección del Poder Judicial, que sí está en la ley exprés planteada por ambas formaciones el pasado octubre. Aquella reforma legislativa sí permitiría aprobar la renovación de los doce vocales jueces del Consejo por mayoría absoluta del Congreso (176 escaños) frente a los tres quintos (210) que se exigen ahora. Con ese simple cambio, el Gobierno se garantizaría renovar la mayoría del Poder Judicial con los votos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez hace 11 meses y con los ya pactados para los presupuestos de 2021. De esa manera se cambiaría la actual mayoría absoluta conservadora del Consejo vigente desde hace siete años, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.

 

En la explicación de motivos de la nueva propuesta, ambos partidos, socios de coalición en el Gobierno, determinan la necesidad de “limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato”. Y detallan que en situaciones como la actual, con un Consejo que debía haberse renovado hace dos años al cumplir su mandato de cinco, no debería poder nombrarse al presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias, los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o los magistrados del Tribunal Constitucional.

 

Las dos formaciones consideran que esas limitaciones deberían ser “lógicas y derivadas del carácter excepcional de la no renovación en plazo” y que deberían extenderse también con respecto a los nombramientos de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la acción disciplinaria, el director del gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la inspección de tribunales.

 

El proyecto de ley firmado ahora por PSOE y Unidas Podemos persigue, además, llenar una laguna jurídica del diseño constitucional sobre las funciones que debe ejercer el Consejo del Poder Judicial, como ya sucede con otros organismos fundamentales del sistema. En el artículo 570.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solo se hace referencia a esa situación con los vocales del CGPJ fuera de plazo al señalar que entonces “el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial”. Pero no se indican más previsiones en ese escenario.

 

El registro este miércoles de esta nueva proposición de ley se ha producido con urgencia ante la evidencia constatada por el PSOE y Podemos de la continuidad del bloqueo de la renovación por parte de la actual dirección del PP y para que la iniciativa se pueda considerar en la junta de portavoces de la semana que viene, que ordenará los asuntos a tratar en el pleno del 15 de diciembre, el último que podrá llevar proposiciones de ley en condiciones normales antes de que acabe el año. Los partidos tienen un cupo de iniciativas legislativas en cada pleno y al PSOE le corresponde una para el pleno de esa jornada. El plan del Ejecutivo es que la proposición se tramite sin lectura única, se discuta y modifique durante el mes de enero, que es inhábil, y se apruebe ya en febrero, tras las elecciones catalanas, algo que también conviene para beneficiar el calendario de desmarque del PP con respecto a Vox en Cataluña. Si tras este nuevo plazo o ultimátum el PP decidiese permanecer en el bloqueo y en la situación actual, el Ejecutivo se dispondría a descongelar la reforma íntegra de la ley del Poder Judicial.

 

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reclamado sin éxito a los partidos y a las presidentas del Congreso y del Senado en varias ocasiones que se proceda a la renovación de ese órgano; y en estos meses ha propuesto nombramientos relevantes que estaban vacantes en varios tribunales e incluso en el Supremo. Unidas Podemos ya planteó este martes en el Congreso que esos nombramientos le parecían “ilegítimos y manchados de ilegalidad” y reprochó al Supremo que no hubiese reconsiderado ya la situación de los presos condenados por el proceso independentista en Cataluña. Esa formación querría que pudiesen salir libres antes de las elecciones del 14 de febrero, bien por la vía de los indultos que debe aprobar el Consejo de Ministros o por la de la revisión de penas al rebajar las condenas por sedición con una reforma del Código Penal.

 

El Consejo ya hizo, en esta precaria situación, algunos nombramientos en octubre y tiene previsto designar en breve otras seis plazas del Supremo y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del País Vasco y hasta una vacante en la Audiencia Nacional.

 

https://elpais.com/espana/2020-12-02/psoe-y-podemos-aceleran-una-propuesta-para-limitar-al-poder-judicial-en-funciones.html

 

 

 

CRECE EL APOYO A UNA DIMISIÓN EN BLOQUE DEL CGPJ PARA "FRUSTRAR LAS EXPECTATIVAS" DEL PP DE CONTROLAR LA CÚPULA JUDICIAL

 

Cinco vocales progresistas reprochan la actitud de los de Pablo Casado de tratar de excluir a Unidas Podemos de la negociación

 

Se muestran partidarios de definir las competencias del órgano cuando su mandato haya caducado, pero también legislar para obligar al Parlamento a renovar

 

Cumplidos dos años del bloqueo político a la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya son cinco los vocales que plantean como solución la dimisión en bloque o de un mínimo de once integrantes para forzar que el Congreso y el Senado cumplan con su "obligación constitucional" y también para evitar y frustrar las "expectativas de interferencia en la independencia judicial de quien obstaculiza la renovación", en clara alusión al PP, que lleva meses poniendo trabas para no pactar con el PSOE la lista de candidatos a integrar un nuevo órgano de gobierno de los jueces y lograr así la necesaria mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado.

 

Hasta ahora, los vocales Álvaro Cuesta y Concepción Sáez, nombrados a propuesta de PSOE e IU, respectivamente, eran los únicos que se habían mostrado públicamente a favor de una renuncia en bloque o de la mayoría para tratar de impedir que el bloqueo se alargue aún más. De hecho, según contó Sáez a infoLibre recientemente, ella ya planteó esta posibilidad cuando se frustró el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en noviembre de 2018 tras la filtración del nombre de Manuel Marchena como posible nuevo presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo y del whatsapp del entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que auguraba que con ese pacto iban a poder "controlar la Sala Segunda" del alto tribunal "desde detrás".

 

Ahora, cuando parece que el bloqueo persiste y que las posturas entre PSOE y PP siguen enfrentadas, con Casado insistiendo en que Unidas Podemos no participe en la negociación, otros tres vocales han decidido unirse a la propuesta de que los miembros del órgano caducado den un golpe en la mesa y dimitan con efectos a partir del 1 de enero de 2021. Son Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo y Clara Martínez Careaga, los tres también del sector considerado progresista.

 

Así lo expresan los cinco vocales en el voto particular que han firmado en respuesta a la resolución aprobada este jueves por dieciséis de los veintiún miembros que conforman el CGPJ según la cual solicitan al Congreso de los Diputados que les consulte antes de aprobar la propuesta de reforma presentada por el PSOE y Unidas Podemos que limita las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando su mandato ha expirado, entre ellas acometer nombramientos discrecionales en órganos judiciales. También que recabe informe del Consejo de Europa, asociaciones judiciales y demás entidades representativas.

 

Recados al PP sin nombrarle directamente

 

Según defiende el voto particular, que ha redactado Cuesta y al que se han adherido Sáez, Sepúlveda, Mozo y Martínez Careaga, el CGPJ actual "ha venido cumpliendo sus funciones de forma ejemplar" y "no va a consentir que se le convierta en chivo expiatorio, o moneda de cambio, de la incapacidad de quienes son los auténticos responsables de no renovar en plazo su composición". "Quien bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial debe perder toda esperanza de sacar rédito político de su irresponsable conducta", explican estos vocales.

 

"Es preciso en esta hora preservar al CGPJ del debate político, asimismo consideramos que hemos de plantearnos cuál es la mejor contribución de este órgano, ya sea a su legitimación democrática o ya lo sea a una reforma legal ampliamente consensuada en el marco de un gran acuerdo de Estado, o simplemente al desbloqueo de la renovación de esta institución, evitando y frustrando las expectativas de interferencia en la independencia judicial de quien obstaculiza la renovación del mismo. Para ello sería conveniente acordar, llegado este momento, la renuncia en bloque de los miembros de esta institución o, al menos, la renuncia, como mínimo, de once de sus vocales", remarca el texto, consultado por infoLibre.

 

Aunque estos cinco vocales no mencionan directamente al PP en ningún momento, se puede deducir fácilmente cuando subrayan que "no puede excluirse" de las negociaciones para la renovación del Consejo "a ningún grupo parlamentario constituido y reconocido conforme a lo establecido en los reglamentos" de Congreso y Senado y "al marco legal vigente", "ni a ningún diputado o senador", en clara referencia a la insistencia del partido conservador por que Unidas Podemos no forme parte de las conversaciones para acordar la lista de futuros vocales.

 

Cuesta, Sáez, Sepúlveda, Mozo y Martínez Careaga son partidarios de "la necesidad de una completa regulación que defina qué competencias corresponden a un CGPJ prorrogado en funciones", pues lo ven como "un requisito de legitimación democrática y de adaptación a los cambios sociales y enfoques normativos de cada momento". Este argumento va en línea con la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) presentada por el PSOE y Unidas Podemos y que acaba de empezar a tramitarse en el Congreso, en la que se especifican lo que puede y no puede hacer el órgano de gobierno de los jueces cuando su mandato haya caducado, pues la norma original no hace ninguna mención al respecto salvo prohibir la elección de un nuevo presidente.

 

A su juicio, "la experiencia de bloqueos y retrasos en la renovación del CGPJ en distintas épocas como en el año 1996, en el año 2001, en el 2006 hasta el 2008, o en el año 2018 hasta la actualidad, tras 35 años de vigencia de la LOPJ, hace que sea necesaria su reforma, para regular el concepto y alcance de Consejo en funciones", así como "una regulación más precisa y comprometida de los plazos y de la obligación de las Cámaras de poner en marcha los mecanismos de renovación y tramitación de las diversas candidaturas para su renovación". "La regulación de estas materias es claramente disponible por el legislador orgánico, como así reconoce la más reciente jurisprudencia constitucional, aunque debiera hacerse en el marco de un amplio acuerdo por la Justicia", aseveran.

 

Punto de encuentro sobre la petición de informes

 

Pero estos cinco vocales también comparten con sus compañeros que el CGPJ debería ser escuchado por el Poder Legislativo cuando en éste se planteen reformas normativas que afecten al ámbito del Poder Judicial. En este sentido, apuntan que "existe un déficit en la regulación que la LOPJ hace de la función de informe no vinculante regulada en el artículo 561", por lo que consideran que "deberían ampliarse las posibilidades de información, de manera urgente, de las propuestas normativas que afecten al ámbito orgánico del Poder Judicial, de la Justicia y de los Derechos y Garantías Fundamentales cuando de manera sustancial se modifique un texto parlamentario respecto de lo que fue su inicial formulación como anteproyecto o proyecto, o en el supuesto de algunas proposiciones de ley o de enmiendas".

 

"A estos efectos bastaría, sino una leve modificación de la LOPJ, la modificación de los reglamentos parlamentarios, normas de interpretación, resoluciones o usos parlamentarios, ya que el propio artículo 561 de la LOPJ vigente establece que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales (…) y…cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas estimen oportuna", explican, de modo que solicitan a las Cámaras que "el Consejo pueda ser oído e informar las proposiciones de ley, una vez hayan sido tomadas en consideración, que regulen el estatuto de jueces y magistrados o la estructura, composición, funcionamiento y competencias del CGPJ".

 

Fuentes del sector conservador del CGPJ consultadas por infoLibre no ocultan que parte de los dieciséis vocales que no han apoyado este voto particular están en general de acuerdo con el espíritu de su redacción, entre otras cosas porque el texto no menciona específicamente al PP como culpable del bloqueo en que se encuentra la renovación del organismo. Sin embargo, han explicado que no pueden apoyarlo debido a sus últimos párrafos, los que hacen referencia a la propuesta de dimisión, ya que siguen apelando a su "responsabilidad" de seguir ejerciendo sus funciones aunque su mandato ya esté caducado. "Somos un poder del Estado", han remachado.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/17/crece_apoyo_una_dimision_bloque_del_cgpj_para_frustrar_las_expectativas_del_controlar_cupula_judicial_114577_1012.html

 

 

UN CGPJ EN FUNCIONES NOMBRA A 46 CARGOS, LA MAYORÍA AFINES A LESMES Y EL PP, Y CONDICIONA LA JUSTICIA PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS

 

Los nuevos presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales permanecerán en las plazas cinco años. Y los nuevos magistrados del Supremo hasta la jubilación. Esta cúpula judicial la tendría que haber nombrado el próximo Consejo.

      

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emprendido una vertiginosa carrera, a pesar de estas en funciones desde hace un año, y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendría que haber nombrado el próximo Consejo. En su mayoría son afines al presidente interino Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el órgano constitucional.

 

Los altos cargos de la cúpula judicial se renuevan cada cinco años, excepto los magistrados del Supremo que permanecen en la plaza hasta la jubilación. Y así lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.

 

Este 4 de diciembre se cumple un año de un CGPJ en funciones. Y Carlos Lesmes, el presidente interino que maneja el poder en el órgano constitucional y dirige la mayoría afín al PP, ha impulsado una convocatoria masiva de plazas para renovar la cúpula judicial.

 

Dicha competencia correspondería al próximo Consejo pendiente de nombrar por las Cortes Generales y que va a tener una composición política diferente de la actual, creada cuando Alberto Ruiz-Gallardón era el ministro de Justicia del PP en tiempos de bipartidismo. La sensibilidad social y la representación política ha cambiado en el Congreso de los Diputados y el Senado.

 

Grave cuestionamiento

 

Sólo cuatro de los veinte vocales del Consejo interino se han opuesto a esta fiebre: Enrique Lucas Murillo -designado a propuesta del PNV-, así como las vocales progresistas Roser Bach, María Victoria Cinto y Concepción Sáez.

 

"Acabemos con la vertiginosa carrera para agotar todos los nombramientos posibles que se ha lanzado”. Los vocales Lucas, Bach y Cinto pidieron el pasado septiembre a sus compañeros que se moderaran y, aunque consideran legal el ejercicio de estas atribuciones estando en funciones, sostienen en un voto particular que el CGPJ debe autocontenerse y evitar un “grave cuestionamiento” de su propia legitimidad.

 

Pero Lesmes y la mayoría conservadora han seguido adelante, con el apoyo de un sector de la minoría progresista. Sólo necesita de dos votos de la izquierda para sacar adelante los nombramientos más reforzados, y la división de los progresistas se los facilita cuando ofrece concesiones a uno u otro sector.

 

Sólo desde mayo pasado, han nombrado o convocado el nombramiento de 46 presidentes de tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, de las salas de las distintas jurisdicciones, así como de magistrados del Supremo.

 

A diferencia de lo que ocurre con el Gobierno, no existe una sentencia del Supremo que limite el alcance de un mandato en funciones. Aunque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial prevé un Consejo interino y, dado su carácter político, las fuentes jurídicas consultadas consideran que se están usurpando competencias del próximo Consejo.

 

Control del Supremo

 

Mientras, el CGPJ ha emprendido la carrera de sacar las plazas del Tribunal Supremo pendientes. Incluso se ha convocado la plaza del expresidente de la Sala Tercera José Manuel Sieira, cuando no se jubila hasta el 15 de diciembre.

 

Desde que accedió al poder en 2013, Lesmes ha tenido entre sus objetivos el Tribunal Supremo al que ha logrado dar un vuelco en su composición .

 

“Hoy, las cinco salas del alto tribunal tienen una mayoría de tendencia conservadora y los políticos que negocian ahora los pactos no saben que no podrán gobernar con un Tribunal Supremo de cara”, explica en fuentes progresistas del CGPJ.

 

Por si fuera poco, Lesmes ha logrado nombrar magistrados del Supremo a personas afines que rondan la cincuentena, de tal manera que se ha asegurado su presencia en los próximo 15 ó 20 años, hasta la jubilación.

 

Las asociaciones recurren

 

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han recurrido al Supremo esta retahíla de nombramientos del CGPJ en funciones y que no se hayan elaborado reglamentos sobre los baremos a tener en cuenta adaptados a la nueva legislación.

 

Los baremos genéricos fueron definidos por el Pleno después de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

El nuevo artículo 326.2 de dicha Ley estableció el pasado diciembre que deberán existir unas bases en cada convocatoria donde se definirán los méritos a tener en consideración para cada puesto. Esta reforma que pretendía responder las críticas del Consejo de Europa que ha afeado a España por su falta de transparencia en los nombramientos de la cúpula judicial.

 

“Pero ni se elige conforme al mérito de los candidatos, ni se propone acorde con la ley en materia de igualdad”, zanja Ignacio Ubaldo González Vega, portavoz de JJpD, quien tiene claro que el objetivo “es nombrar a los afines antes de que termine el mandato”.

 

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, cree que toda situación de interinidad está “acompañada de cierta parálisis ante iniciativas de calado. Pero llama la atención que no se haya producido en los nombramientos”.

 

Vuelco al Tribunal Supremo

 

Carlos Lesmes siempre ha tenido una fijación: la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Es la que juzga los actos del Gobierno, los actos administrativos y las decisiones del propio Consejo. Es su especialidad.

 

Desde que llegó al poder, Lesmes ha conseguido colocar en esta Sala a un tercio de todos sus magistrados. Como su íntimo amigo Luis María Díez Picazo, al que nombró presidente de esta Sala en detrimento de independiente Sieira. O la persona que lo propuso a Gallardón, Fernando Román. Sin olvidar a Dimitry Berberoff, su exdirector de Gabinete Técnico.

 

En la Sala de lo Social -que juzga asuntos derivados de la reforma laboral, por ejemplo- el vuelco dado en estos seis años es histórico. Lesmes y su mayoría han nombrado la mitad de sus magistrados.

 

En la Sala de lo Penal -que juzga a los aforados, por ejemplo- han designado a 9 de sus 14 integrantes, con algunas concesiones al sector progresista.

 

También han dado un giro a la Sala Primera, la de lo Civil, que juzga cuestiones como los derechos de los consumidores y las cláusulas abusivas. Su presidente es su amigo Francisco Marín Castán, cuyo hermano Fernando ha sido nombrado este noviembre magistrado de la Sala Quinta. Es la Sala de lo Militar, donde se designó magistrado a Jacobo Barja de Quiroga, quien en 2013 convenció a Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) de que Lesmes era el candidato ideal para el CGPJ.

 

Espejel y Barrientos, los favoritos

 

Estos días se celebran las entrevistas para cubrir tres plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se presentan un total de veintiocho candidatos, once de ellos mujeres. Las entrevistas no han finalizado, pero fuentes jurídicas aseguran que Lesmes habría hecho llegar a su entorno los nombres de sus preferidos: Concepción Espejel -presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recusada por el caso Gürtel por su afinidad al PP-; Jesús María Barrientos -que aún no ha terminado su mandato de presidente del TSJ de Catalunya- así como un posible magistrado de JJpD como podría ser Javier Hernández, presidente de la Audiencia de Tarragona (en funciones).

 

Acaba de convocar también una plaza para la Sala Tercera. Y en el entorno del presidente interino ya se asegura que su preferida es Esperanza Córdoba Castroverde, una alto cargo del CGPJ que saltaría desde allí directamente al Supremo cuando lleva seis años sin poner sentencias, indican fuentes jurídicas. Jefa de la Inspección de los tribunales, es hermana de su íntimo amigo Diego Córdoba Castroverde, elevado también a magistrado de esa misma sala durante este mandato.

 

https://www.publico.es/politica/cgpj-funciones-nombra-46-cargos-afines-lesmes-pp-condiciona-justicia-proximos-20-anos.html

 

 

2.500 JUECES RECLAMAN A LOS PRINCIPALES PARTIDOS QUE DESPOLITICEN YA EL CGPJ

 

Tres de las cuatro asociaciones de magistrados recogen unas 20.000 firmas para cambiar el sistema de elección de vocales en plena renovación del órgano.

 

El PP abre la puerta a la renovación del CGPJ si Moncloa asume sus peticiones

 

Tres de las cuatro principales asociaciones de magistrados han solicitado a los partidos políticos del país un encuentro urgente para reclamarles un cambio en el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de una reivindicación que se produce en plenas negociaciones entre el PSOE y PP para la renovación del órgano, el cual se mantiene en funciones desde diciembre de 2018. Para ello, estas asociaciones han lanzado su Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial, que en pocos días ha recabado un total de 20.000 firmas de distintos sectores sociales y profesionales.

 

El Manifiesto que firman la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) recoge la necesidad de que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial. El objetivo, según explican en una nota, es despolitizar el órgano de gobierno de jueces para que éstos puedan votar 12 de los 20 vocales que lo integran. En concreto se tratan de los 12 que la Constitución establece que sean elegidos entre la propia carrera judicial y no a propuesta de los principales partidos políticos. De hecho, apuntan que este cambio legal debe ir en sentido opuesto a la iniciativa parlamentaria registrada recientemente por PSOE y Podemos para reducir la mayoría en la elección de estos doce vocales. La misma está en 'standby' a la espera de cómo avancen las negociaciones con el Partido Popular.

 

"Esa reforma agrava aún más la politización del órgano y se aleja por completo de los estándares europeos de independencia que son exigibles para la separación de poderes", reza el manifiesto firmado por las tres asociaciones, las cuáles representan a un total de 2.500 jueces de la carrera y añaden que lo único que piden es que los políticos cumplan con una reivindicación que, en los últimos meses, no solo se ha escuchado en la esfera judicial. "También y cada vez más los propios ciudadanos españoles y hasta las instituciones europeas (reclaman) que el Poder Judicial en nuestro país sea y parezca más independiente, porque de poco sirve lo primero si no se garantiza lo segundo", sentencian.

 

Los jueces consideran que, si no se sigue con lo expuesto con los Grupos de Estado contra la Corrupción (GRECO) para que los jueces recuperen más cuota de protagonismo, la politización del órgano será cada vez "más descarada" y, además, mantiene la posibilidad de prolongados bloqueos cuando toca renovarlo cada cinco años, como está ocurriendo en la actualidad. Carlos Lesmes, presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, sigue con su mandato en funciones ya que expiró a finales de 2018. Lo mismo ocurre con la totalidad de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que ya han pedido en reiteradas ocasiones que los partidos impulsen las negociaciones y cumplan con su mandato constitucional. 

 

El fracaso en las negociaciones entre PP y PSOE llevó a este último partido a registrar una iniciativa parlamentaria para modifica el sistema de mayoría de elección de 12 de los 20 vocales. La propuesta provocó el rechazo de gran parte de la carrera judicial y las advertencias de Bruselas acerca de que podría afectar a la independencia judicial; reacciones que provocaron que las negociaciones se retomaran en aras a cerrar un pacto de renovación que afecta también al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. Sin embargo, cuando ya parecía que las conversaciones iban en la senda correcta, el acercamiento del Ejecutivo a Bildu ha vuelto a provocar el rechazo de los populares.

 

La formación que lidera Pablo Casado ha vuelto a poner sus líneas rojas al acuerdo, como ya hiciera antes de verano cuando el pacto era casi una realidad. Entonces, las críticas de Podemos a la Monarquía y a la independencia judicial hicieron saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo. Del mismo modo, el PP se niega a que la formación de Pablo Iglesias participe en el reparto de vocales. Con estas premisas las conversaciones, que nunca llegaron a romperse del todo, se retomaron hace apenas unas semanas aunque en los últimos días se han vuelto a tambalear también por la Ley Celáa y el acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, confía en que el acuerdo llegue antes de fin de año. Una tesis que también respaldan implicados en las negociaciones consultados por La Información.

 

https://www.lainformacion.com/espana/cgpj-congreso-reforma-poder-judicial/2824071/

 

 

EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO PREGUNTA A ESPAÑA SI EL PODER JUDICIAL DE LESMES DISCRIMINÓ A UNA JUEZA EN UN NOMBRAMIENTO

 

La Corte europea emplaza al Estado español a que presente alegaciones tras la demanda de la magistrada Pilar Alonso, que defiende sus méritos respecto al juez elegido en 2016 para presidir el TSJ de Murcia, Miguel Pascual del Riquelme

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado un primer paso para investigar si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes y cuyo mandato está agotado desde hace dos años discriminó a una magistrada en un nombramiento discrecional. La corte con sede en Estrasburgo ha emplazado al Gobierno español a que presente las alegaciones que considere pertinentes. Tiene de plazo hasta el próximo 5 de febrero, según fuentes de la defensa de la recurrente, la magistrada Pilar Alonso, que alega que el CGPJ la discriminó por razón de su género en 2016 al elegir para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Murcia a un juez, Miguel Pascual del Riquelme, cuando ella tenía más méritos.

 

 Los últimos nombramientos consolidan el desequilibrio de género en la cúpula judicial: las mujeres ocupan solo una de cada cinco plazas del Supremo

Los últimos nombramientos consolidan el desequilibrio de género en la cúpula judicial: las mujeres ocupan solo una de cada cinco plazas del Supremo

 

 

A juicio de la magistrada, esa supuesta discriminación se justificó “erróneamente” como un “elemento de discrecionalidad” en la valoración de uno de los requisitos que tiene en cuenta el CGPJ para elegir a uno u otro aspirante —el llamado plan de actuación, un documento que contiene los objetivos y el programa diseñado por cada candidato— y subraya que en todos los demás requisitos —tiempo de servicio activo, escalafón en la carrera judicial o tiempo de ejercicio en órganos colegiados, entre otros— había igualdad de méritos o ella era superior.

 

Pasqual del Riquelme fue entre 2003 y 2006 letrado del Gabinete Técnico del CGPJ y Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, un destino que le permitió también incrementar su curriculum con actividades de naturaleza no jurisdiccional. Sustituyó en el puesto de presidente del Tribunal Superior de Murcia a Juan Martínez Moya, quien en la actualidad es vocal del órgano de gobierno de los jueces a propuesta del Partido Popular.

 

El recurso de Alonso está ya en manos de una de las salas del tribunal europeo. La comunicación al país afectado para que formule alegaciones supone que la demanda ha pasado un primer filtro, confirman en el TEDH, que habitualmente se pronuncia de forma simultánea y en la misma sentencia sobre la admisión a trámite y el fondo del asunto. No obstante, tras recibir esa información, la Corte europea podría declarar el asunto inadmisible si estimara que no se ha producido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

Los nombramientos de altos cargos judiciales —jueces del Supremo, presidentes del TSJ o de sus salas jurisdiccionales, presidentes de audiencias provinciales....— se realizan de forma discrecional por parte de los vocales del CGPJ. La normativa que los regula se rige por los principios de "mérito y capacidad" y tiene en cuenta elementos objetivos como la antigüedad en la carrera judicial o la pertenencia a cierto orden jurisdiccional; pero también otros sujetos a valoración como las sentencias significativas dictadas, la producción jurídica (libros, artículos...) o la participación en cursos o conferencias.

 

Además, los aspirantes se someten a entrevistas públicas y la Comisión de Igualdad presenta un informe de impacto de género antes de cada nombramiento en el que, teniendo en cuenta los currículos, suele recomendar que se designe a una candidata mujer en el caso de que la haya para intentar paliar el desequilibrio de género que existe en la cúpula judicial. Fue lo que ocurrió en esta ocasión, si bien esa recomendación no obtuvo el respaldo del Pleno. El 29 de enero de 2015 doce de los veinte vocales acordaron nombrar presidente del TSJ de Murcia a Pascual del Riquelme. El Consejo destacó los méritos del candidato y argumentó que su perfil, considerado en su conjunto, era mejor para el cargo “pese a su menor antigüedad y destino en órgano jurisdiccional unipersonal”.

 

Su nombramiento contó con un voto particular formulado por la presidenta de la Comisión de Igualdad, la vocal Clara Martínez de Careaga, al que se adhirieron otros cinco vocales, y que destacó que todos los requisitos objetivos eran favorables a Alonso. En ese momento, superaba a Pascual del Riquelme en el tiempo de servicio activo, con 31 años de carrera frente a 22; en el escalafón en la carrera judicial, donde ella tenía el número 280 y él el 1.440; o en el tiempo de ejercicio en órganos colegiados, pues ella llevaba 23 años en la Audiencia Provincial de Murcia y él era titular de un juzgado de lo Penal. Además, Alonso presentó 35 resoluciones en materia civil y 17 en materia penal, mientras que el otro aspirante sólo había presentado cinco resoluciones emitidas en procesos penales por delitos menores. Según este voto particular, recogido en la demanda ante Estrasburgo, no se tuvieron en cuenta en este nombramiento los principios de mérito y capacidad, hubo “abuso de autoridad” y fue “un caso claro de discriminación por razón de sexo”.

 

Con estos argumentos, la jueza recurrió ante el Supremo, que le dio la razón en una sentencia del 10 de mayo de 2016 al considerar que la elección se motivó de forma “insuficiente o defectuosa”. El Alto Tribunal, sin embargo, no aceptó la petición de la magistrada para que, si consideraban nulo el nombramiento de su rival, la designaran a ella. Sólo instó a dictar “una resolución debidamente motivada”. Apenas 15 días después, el 26 de mayo, el CGPJ retomó el nombramiento y eligió de nuevo a Pascual del Riquelme con dos votos más de los que había conseguido en 2015. Respaldaron su nombramiento catorce de los veinte vocales.

 

En una resolución esta vez sí más exhaustiva, el Consejo recordó que goza de una “amplia discrecionalidad” a la hora de “priorizar” los méritos que considere “más relevantes o trascendentes para el desempeño de la plaza a cubrir en cada caso y momento”. Y justificó que aunque Alonso tenía más méritos en los elementos objetivos que son cuatificables numéricamente, Pasqual del Riquelme tenía más “habilidades de gestión” y era la persona “más idónea” teniendo el cuenta el resto de méritos.

 

El Consejo destacó, por ejemplo, la “calidad, prolijidad, extensión, gran proyección de futuro y muy interesantes propuestas” de su programa de actuación en comparación con las “escasas, genéricas y muy triviales propuestas” de Alonso. También dijo que la comparecencia de la jueza ante el Pleno se caracterizó “por su vaguedad en las propuestas” a las que aludió “de manera desestructurada”, mientras que el candidato dejó de ver en ese mismo trámite que su preparación para afrontar las necesidades organizativas del TSJ era “indiscutible, rabiosamente, indiscutible, avasalladora incluso”.

 

Nuevo recurso en el Supremo

 

La jueza impugnó de nuevo el nombramiento ante el Tribunal Supremo, que recordó que este era un problema de motivación, no de comparación de méritos y rechazó su recurso al estimar que el Consejo esta vez sí lo había justificado de forma “cumplida y razonable”. Recordó, además, que la doctrina avala las “amplísimas facultades de valoración y elección” que este  órgano tiene respecto a los nombramientos de carácter discrecional y que este tipo de convocatorias, a diferencia del concurso de méritos, “no incluye baremación alguna de los méritos computables”. Es decir, que el Consejo, en cada caso, puede dar preeminencia a unos méritos sobre otros. En este caso optó por valorar especialmente cuestiones más subjetivas como la actividad docente e investigadora o el programa de actuación.

 

También rechazó el Supremo que en este caso hubiera habido discriminación por razón de sexo porque, aseguró, no se cumplía “el perfil parejo que obligaría a otorgar preferencia a la candidata mujer”. De la misma forma se expresó el Tribunal Constitucional, que en un auto del 13 de noviembre de 2018 inadmitió a trámite el recurso de Alonso al concluir que en este caso no hubo indefensión y que tampoco existía indicio alguno de que la jueza no hubiera sido elegida para el cargo por ser mujer y que, por tanto, no hubo una vulneración de los derechos constitucionales invocados.

 

Precisamente estas son las cuestiones sobre las que se centra la petición de información que la Corte de Estrasburgo ha hecho a la Abogacía del Estado, que tendrá que responder a si se ejecutó de manera correcta la primera sentencia del Supremo que anuló el nombramiento y la revisión “cumplió con los requisitos generales de equidad” y a si la jueza fue discriminada o no por motivos de género tanto en el propio nombramiento por parte del CGPJ como en la revisión judicial de ese nombramiento por parte del Supremo.   

 

https://www.eldiario.es/politica/tribunal-estrasburgo-pregunta-espana-si-judicial-lesmes-discrimino-jueza-nombramiento_1_6465402.html

 

LESMES DESOYE AL EJECUTIVO Y LOGRA ASIGNAR SEIS CARGOS CLAVE

 

María Luisa Segoviano, primera mujer que preside una sala del Tribunal Supremo

 

En pleno desencuentro con el Ejecutivo por la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces, y con el Ejecutivo buscando fórmulas para desatascar la renovación del órgano de gobierno de la judicatura, el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó este miércoles seis nombramientos clave en el Tribunal Supremo: tres presidencias de sala y tres plazas en la Sala de lo Penal, la que juzga causas contra aforados. Las votaciones ahondan la brecha con el Ejecutivo, que reclamó que se pospusieran los nombramientos hasta la renovación del órgano.

 

Con los seis nombramientos votados este miércoles por el Consejo, el órgano que preside Carlos Lesmes culmina un proceso por el que, desde que en diciembre de 2018 caducó su mandato, ha renovado buena parte de la cúpula judicial. Los vocales han adjudicado en estos meses más de medio centenar de cargos discrecionales, desde presidencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia a la presidencia de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. También han designado hasta 13 magistrados del alto tribunal, que son plazas vitalicias cuya adjudicación, si se hubiera renovado el Consejo a tiempo, no habría correspondido al pleno actual.

 

El Gobierno intentó en los últimos días frenar los seis nombramientos clave de ayer como forma de presionar al PP para desbloquear el órgano. Pero la mayoría de los vocales, incluidos seis de los siete que fueron propuestos en su momento por el PSOE, desoyeron la petición del Ejecutivo y optaron por alcanzar un acuerdo global con la mayoría conservadora liderada por Carlos Lesmes, que ha conseguido así sacar adelante los nombramientos con votaciones holgadas. El resultado es una imagen de cohesión que, según varios miembros del Consejo consultados, no responde a la realidad de lo que se vive a diario en el órgano, pero que le permite al presidente legitimar su decisión de seguir adelante con los nombramientos pese a la presión de La Moncloa.

 

La elección de cargos discrecionales del Consejo requiere un mínimo de 13 votos, una suma que no alcanza ni el bloque conservador ni el progresista, lo que ha obligado a ambas facciones a negociar la selección de nombres. Los progresistas ganan cuatro plazas: dos presidencias de sala (la Social y la Militar) y dos puestos en la sala de lo Penal. Los conservadores se quedan con dos, pero logran conservar, tras el convulso mandato de Luis Díez-Picazo, la presidencia de la Sala de lo Contencioso, la que resuelve los litigios contra decisiones del Gobierno.

 

El órgano que dirige Lesmes ha renovado, estando en funciones, las cinco presidencias de sala del Supremo. El resultado es favorable para el bloque conservador, que se garantiza para los próximos años la presidencia de las dos salas clave: la de lo Contencioso (adjudicada ayer a César Tolosa) y la Penal, presidida por Manuel Marchena, que renovó el cargo en octubre pasado.

 

Los progresistas se han hecho con las presidencias de la Sala Cuarta (de lo Social) y la Quinta (de lo Militar). Al frente de la primera estará María Luisa Segoviano, que se convierte en la primera mujer en presidir una sala del Supremo en más de 200 años. Segoviano, de 70 años y tendencia progresista, recabó los votos de 19 de los 21 miembros del pleno del Consejo. Los otros dos, Concepción Sáez y Álvaro Cuesta, votaron en blanco por estar en contra de que el actual Consejo designara estas plazas clave.

 

A esa elección se une, frente a la Sala de lo Militar, la del progresista Jacobo Barja de Quiroga. Y se cubren también tres plazas de la Sala Penal del Supremo, la que tiene la última palabra en todas las causas penales y juzga las causas contra aforados. Serán ocupadas por dos magistrados progresistas (Javier Hernández y Leopoldo Puente) y uno conservador (Ángel Hurtado).

 

María Luisa Segoviano, primera presidenta

 

La designación de la presidencia de la Sala Cuarta no era sobre el papel el puesto más estratégico de los que estaban este miércoles en liza, pero la designación de María Luisa Segoviano sí se ha convertido en la más simbólica de todas porque supone acabar con una anomalía de 200 años: que ninguna mujer hubiera nunca presidido una sala del alto tribunal. Segoviano, que venía ejerciendo la presidencia en funciones de la sala desde el verano, tras la jubilación de su titular, ingresó en la carrera judicial en 1987 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos entre 1997 y 2002 y presidenta de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Superior con sede en Valladolid entre ese año y 2006, cuando fue nombrada magistrada del Supremo.

 

Su elección supone también que, a partir de ahora, la Sala de Gobierno del alto tribunal contará con dos mujeres entre sus integrantes: la presidenta de la Sala Cuarta como miembro nato y la magistrada de la Sala Segunda Susana Polo García, que obtuvo un puesto en las últimas elecciones a este órgano, celebradas el 26 de noviembre de 2019.

 

César Tolosa, el reto de pacificar la Sala de lo Contencioso

 

César Tolosa ha recabado 18 de los 21 votos del pleno para ponerse al frente de la Sala Tercera del Supremo, una de las salas clave del alto tribunal pero que en los últimos años ha protagonizado episodios polémicos de la mano de su anterior presidente, Luis Díez-Picazo, que ha renunciado a renovar en el cargo. Algunos de esos capítulos, como la rectificación sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, dejaron una profunda división en la sala que todavía pervive. Intentar cohesionar a los magistrados será una de las tareas de Tolosa, de 63 años y miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Juez desde 1982, ha ejercido gran parte de su carrera en Cantabria, donde presidió la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior autonómico. Llegó al Supremo en 2014 y desde el año pasado forma parte de la Sala de Gobierno como miembro electo.

 

Jacobo Barja de Quiroga, un progresista al frente de la Sala de lo Militar

 

Jacobo Barja de Quiroga ha obtenido 19 de los 21 votos del pleno para sustituir a Ángel Calderón, que se jubiló recientemente tras tres mandatos al frente de la Sala Quinta. Barja de Quiroga, magistrado de esta sala desde 2014, es considerado un progresista con estrechos lazos en los dos sectores. Fue vocal del CGPJ (de 1996 a 2001), exjefe de gabinete del anterior presidente, Gonzalo Moliner y hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba.

 

Ángel Hurtado, el juez que pidió absolver al PP en Gürtel

 

El magistrado Ángel Hurtado llega a la Sala de lo Penal cuando está tiene pendiente dictar la sentencia definitiva sobre la primera etapa de la trama Gürtel, que confirmó la existencia de una caja b en el PP y condenó al partido. Hurtado, no afiliado a ninguna asociación, fue el ponente de aquella resolución y el único magistrado que se opuso a la condena de la formación entonces presidida por Mariano Rajoy, a cuya comparecencia como testigo también se opuso, sin éxito, el nuevo magistrado del alto tribunal. Juez desde 1983, ha ejercido los últimos 14 años en la Audiencia Nacional, de cuya Sala de Apelaciones formaba parte hasta ahora.

 

Javier Hernández, de Cataluña al Supremo

 

El magistrado Javier Hernández, elegido para cubrir la vacante por jubilación de Francisco Monterde en la sala de lo Penal, ha desarrollado toda su carrera en Cataluña. Presidía hasta ahora la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia y ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de Lleida y de la de Tarragona. De tendencia progresista, es considerado un penalista con un elevado perfil técnico e intelectual. Ha ejercido como profesor en la Escuela Judicial entre 1999 y 2003; en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona como profesor conferenciante en el área de Derecho Constitucional (2007-2009) y como profesor del área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universitat Rovira i Virgili (1994-1999).

 

Leopoldo Puente, un penalista moderado

 

El elegido para cubrir la vacante por jubilación de Alberto Jorge Barreiro estaba destinado hasta ahora en la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Considerado un progresista moderado, fue miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia y es especialista en Derecho Penal, materia que ha impartido como profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha.

 

https://elpais.com/espana/2020-09-30/maria-luisa-segoviano-primera-mujer-que-preside-una-sala-del-tribunal-supremo.html

 

IZQUIERDA Y NACIONALISTAS REDOBLAN LA PRESIÓN SOBRE EL PP PARA LA RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL Y OTRAS INSTITUCIONES

 

El PSOE, Unidas Podemos y otros siete partidos firman un comunicado conjunto en el que acusan al PP de incurrir en una “grave irresponsabilidad” por el bloqueo en el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo

 

La presión sobre el PP crece para que facilite la renovación en instituciones clave del Estado como el Consejo General del Poder Judicial. Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han firmado junto a ERC, PNV, Junts per Catalunya, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe un comunicado conjunto en el que acusan implícitamente al PP de incurrir en una “grave irresponsabilidad” por el bloqueo en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Los partidos firmantes suman 187 escaños en el Congreso, por encima de la mayoría absoluta (176), aunque para la renovación de órganos pendientes como el Poder Judicial se necesitan mayorías de tres quintos. “Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el interés general de manera flagrante”, afirman en el escrito, en el que exigen a los populares que “de manera inmediata cesen en su actitud de bloqueo y muestren su disposición a colaborar en la renovación pendiente” de las instituciones citadas. Si nada cambia, la renovación del Poder Judicial cumplirá a finales de año dos años de demora.

 

“Los grupos y fuerzas parlamentarias que representan más de la mayoría absoluta del Congreso exigen la colaboración del resto de los grupos parlamentarios para cumplir el mandato legal de renovar la composición de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado. Algunas de las principales instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, agotaron hace tiempo, de forma total o parcial, el plazo de ejercicio establecido en nuestro ordenamiento jurídico", recoge el documento, impulsado por los socialistas.

 

Las nueve formaciones recalcan que se trata de organismos “que ejercen un papel fundamental para el funcionamiento normalizado del Estado de Derecho”. “El incumplimiento de la obligación legal de proceder a su renovación afecta gravemente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos”, advierten. Pablo Casado aceptó en julio en un whatsapp a Pedro Sánchez renovar el Poder Judicial. El PP alega que la negociación se truncó el 14 de agosto por el ataque de Podemos a la monarquía, tras la marcha del Rey emérito a Emiratos Árabes Unidos.

 

En el documento se insiste en que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente “establecen con claridad la obligación inexcusable” de los partidos con representación en las Cortes Generales “para proceder en tiempo y forma a la renovación de estas instituciones básicas”.

 

Fuentes de Unidas Podemos afirman que “la situación de captura del Poder Judicial por parte del PP es inconstitucional e insostenible, como pudimos ver este viernes”, en referencia a la polémica que suscitó la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos de la última promoción de jueces de la Escuela Judicial de Barcelona. “Es un hecho muy importante que la mayoría absoluta del Poder Legislativo, el único de los tres poderes que es elegido directamente por la ciudadanía, nos hayamos unido para señalar este secuestro y exigir que se le ponga fin inmediatamente”, sostienen en el socio minoritario del Gobierno.

 

https://elpais.com/espana/2020-09-27/izquierda-y-nacionalistas-redoblan-la-presion-sobre-el-pp-para-la-renovacion-del-poder-judicial-y-otras-instituciones.html

 

LA SEMANA EN QUE LESMES ECHÓ UN PULSO AL GOBIERNO Y ARRASTRÓ A LA TORMENTA A FELIPE VI

 

Moncloa intentó alejar la entrega de despachos judiciales de la fecha en la que el presidente del CGPJ les anunció que se conocería la sentencia sobre la inhabilitación de Torra. El Gobierno buscó blindar al rey y Lesmes amenazó con hacer coincidir el fallo con el 1-O

 

 

 

Esta no es una historia del Gobierno contra la Monarquía, sino más bien de la cúpula judicial contra el Gobierno. Tampoco es una estrategia para “confinar” a la jefatura del Estado, sino para blindar a Felipe VI en un momento en que acumula problemas, y no porque se los haya creado precisamente el Gobierno, sino su propio padre, Juan Carlos I. El enésimo pulso de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones y con el mandato caducado desde hace dos años, al gabinete de Sánchez ha ido esta vez demasiado lejos al usar a la Corona como ariete contra el Ejecutivo.

 

El relato que elDiario.es ha podido reconstruir con la versión de las instituciones implicadas sobre por qué el Gobierno desaconsejó la presencia de Felipe VI en Barcelona para la entrega de los despachos judiciales y la tormenta institucional que desató esta semana es muy diferente a lo que hasta ahora ha trascendido. Por las maniobras de Lesmes, por la ausencia de explicaciones de Moncloa, por la falta de transparencia de Zarzuela, por la necesidad de Unidas Podemos de diferenciarse de sus socios de Gobierno, por la ofensiva tuitera de Pablo Iglesias y Alberto Garzón contra la Monarquía. O por todo a la vez.

 

La historia empieza más o menos hace quince días cuando Carlos Lesmes transmite, en el transcurso de una conversación privada, al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que el Supremo tiene intención de notificar la sentencia de inhabilitación de Torra la semana que arranca el 21 de septiembre. Unos días después, el presidente del CGPJ designado con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, informa a La Moncloa de que el fallo saldrá el 24 de septiembre. Hasta aquí lo que cuentan fuentes cercanas a Campo.

 

“No es habitual que el Poder Judicial  informe al Gobierno ni del contenido ni de las fechas de las sentencias, si bien todo lo que tiene que ver con Catalunya se ha movido en esas coordenadas desde hace tiempo para que el Ejecutivo pueda organizar las cuestiones de orden público que puedan suscitarse como consecuencia de fallos judiciales que afecten al independentismo”, relatan varios interlocutores en el poder ejecutivo.

 

Unos días después de la llamada con la que Lesmes informa al Gobierno de la fecha concreta del fallo judicial, la Casa Real pasa a La Moncloa las previsiones -que no la agenda- de Felipe VI para la semana de marras y en ellas aparece el acto de entrega de despachos judiciales en Barcelona el día 25.

 

No hubo debate. Desde el Gobierno se le hizo saber a la Casa del Rey que no era oportuna políticamente la presencia del monarca en Barcelona en esas fechas porque coincidiría con el fallo judicial, y el jefe de la Casa “lo entendió perfectamente”, según cuentan las mismos fuentes. Zarzuela declina entonces la invitación de Lesmes.

 

Poco después, el presidente del CGPJ hace saber al Ejecutivo, para intentar salvar la presencia del rey en el acto, que la notificación de la sentencia será el 1 de octubre, y el Gobierno pone el grito en el cielo al entender que hacer coincidir la posible inhabilitación con una fecha tan simbólica daría lugar seguro a nuevos episodios de inflamación del independentismo con los que se buscaría “santificar” a Torra.

 

“Carlos Lesmes [lamenta un ministro de Sánchez] buscaba una foto con el Rey por encima de cualquier otra cosa. Entró en cólera y maniobró todo lo que pudo para que la sentencia, una vez que se evitó la presencia de Felipe VI en Barcelona, no se conociera esta semana con el objetivo de impedir que quedase claro que la única intención del Gobierno era proteger al rey, y no emprender una campaña contra él, como ha pretendido hacer ver el presidente del CGPJ”.

 

El malestar del Gobierno con Lesmes es notorio por cómo ha gestionado la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona sin la presencia del Rey. “Ha ido demasiado lejos”, arguyen en La Moncloa, donde añaden que se le propuso aplazar la fecha del acto y alejarlo lo más posible de la tensión política que provocará la previsible inhabilitación de Torra, a lo que se negó rotundo.

 

Lo que ocurrió después y ha derivado en la polémica de esta semana es sabido por todos, incluida la “torticera maniobra” -en palabras del Gobierno- de Lesmes con la que desveló una llamada de Felipe VI que “sólo fue de cortesía”. Con su avieso manejo no sólo ha agrandado la maltrecha relación del ejecutivo con la cúpula del poder judicial, sino que ha arrastrado al jefe del Estado al centro de una polémica, a la que también han contribuido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, desde sus respectivas cuentas de twitter al denunciar una supuesta “falta de neutralidad” del jefe del Estado y de “maniobrar” contra el Ejecutivo.

 

"Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales", escribió Iglesias en su cuenta de Twitter. Garzón fue incluso un paso más allá al acusar a la "monarquía hereditaria" de "maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido". Garzón consideró "insostenible" esa "posición" que, a su juicio, es "aplaudida por la extrema derecha".

 

En Moncloa prefirieron el viernes, en plena polémica, guardar silencio sobre la posición de sus socios, pero lo atribuyen a estudios demoscópicos cualitativos que maneja el partido morado y reflejan el coste electoral de estar en el Gobierno y la no rentabilidad electoral de las medidas aprobadas. A “su permanente necesidad” de distinguirse del PSOE, dicen las mismas fuentes. De ahí que, desde la vuelta del verano, Unidas Podemos haya elegido de nuevo como bandera el debate sobre Monarquía o República para diferenciarse del ala socialistas del Gobierno.

 

Ni Iglesias ni ningún otro ministro, más allá del titular de Justicia, han estado al tanto de los detalles o el recorrido de esta nueva polémica entre el CGPJ y el Gobierno, ya que han sido el propio Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quienes han llevado personalmente la negociación con Zarzuela y Campo y la interlocución con Lesmes.

 

Lo nuclear del asunto en todo caso es que al presidente del CGPJ -nombrado por el Gobierno de Rajoy y sin recambio por el bloqueo del PP-, con el mandato caducado y sin visos de que se desbloquee la renovación de la cúpula judicial, le ha dado por ejercer sus poderes, incluidos diversos nombramientos en puestos clave del Poder Judicial. En su enésimo pulso al Ejecutivo de Sánchez “no ha tenido reparo en utilizar y meter en su mismo fango a Felipe VI”, dicen fuentes del Ejecutivo.

 

No será su última maniobra. Esta semana, el miércoles, el CGPJ tiene previsto hacer nuevos nombramientos y el Gobierno no está dispuesto a cruzarse de brazos. Con las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial estancadas tras el fallido pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, Lesmes parece decidido a realizar varios nombramientos discrecionales de calado en el pleno del próximo día 30. Entre otros, tres nuevos jueces para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que decide los casos de corrupción.

 

De hecho, en el discurso de Apertura del Año Judicial, Lesmes recalcó que «el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por la Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos» y subrayó que esas funciones «son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose, porque lo contrario sería incumplir la norma fundamental, con grave quebranto para la justicia española". Atentos a la semana, que el Gobierno ya baraja distintos escenarios para impedirlo.

 

https://www.eldiario.es/politica/semana-lesmes-echo-pulso-gobierno-arrastro-tormenta-felipe-vi_1_6248327.html

 

EL ÚLTIMO ENCONTRONAZO DEL GOBIERNO CON EL PODER JUDICIAL EN UN AÑO CONVULSO

 

El Consejo ha emitido tres comunicados en nueve meses con Pablo Iglesias como principal diana de las críticas

 

El choque de trenes que este viernes se escenificó en la Escuela Judicial fue el último capítulo de ciertas tensiones que existen desde hace tiempo entre los componentes del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y una parte importante de la judicatura. Pese a que el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, magistrado de profesión y de perfil conciliador, ha tratado desde su llegada al puesto de limar asperezas tras cada encontronazo, las costuras saltaron definitivamente por los aires con la ausencia del Rey en uno de los actos más simbólicos para la carrera y en un escenario nada baladí: Cataluña, adonde irán destinado la mayoría de jueces de la nueva promoción y donde se produjo el desafío independentista, que colocó al Poder Judicial en el ojo del huracán con la sentencia del procés.

 

“No son capaces de separar lo que son los partidos políticos de las instituciones. Están llevando el funcionamiento de los partidos a las instituciones”, resume el representante de una de las principales agrupaciones judiciales del país en una semana en que tres de ellas han emitido contundentes comunicados pidiendo explicaciones a La Moncloa por la ausencia del Rey. Buena parte de la carrera, sobre todo la más conservadora, ve la decisión del Gobierno como una cesión a los independentistas y un menosprecio.

 

Estos ánimos caldeados se suman, además, a los sucesivos reproches que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dirigido en el último año contra Podemos y su líder, Pablo Iglesias, por cuestionar sentencias o decisiones judiciales. El Consejo ha llegado a emitir hasta tres comunicados para exigir “respeto”. El último, hace apenas un mes, después de que el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid imputase a la formación como persona jurídica y a varios miembros de su cúpula tras la denuncia de un exabogado del partido por irregularidades en sus cuentas. “El respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de derecho y de la propia democracia. La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos”, subrayaba el órgano.

 

Antes, la mayoría del CGPJ, dominado por el sector conservador, ya había hecho lo mismo en dos ocasiones. En enero, le exigió a Iglesias “responsabilidad institucional” después de que este dijera que la prueba de que la “judicialización” del procés fue un error es que “muchos tribunales europeos” habían “quitado la razón” a jueces españoles, y que eso había supuesto una “humillación” para España. En abril, publicó una segunda nota después de que el vicepresidente, tras conocer la condena de la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra, escribiese en Twitter: “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensación de injusticia”. “Propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles”, le acusó el Consejo.

 

El vicepresidente, desde luego, no está dispuesto a echarse para atrás —aunque sus encontronazos se traduzcan en malestar también con el sector del PSOE en el Ejecutivo por no censurarlo— y este viernes dejó otro recado al afirmar que “respeto institucional significa renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma”. Lesmes y los vocales del Consejo se encuentran en funciones desde hace casi dos años y continúan haciendo nombramientos de cargos discrecionales de los tribunales, algo muy criticado por la izquierda política.

 

Precisamente, existe un persistente malestar dentro de la carrera con los socialistas (y también con el PP) por su oposición a modificar el sistema de selección de los vocales del CGPJ, para que a la mayoría de ellos los nombren directamente los propios jueces —actualmente, los eligen las Cámaras—. La renovación se encuentra bloqueada en estos momentos por la oposición del PP a pactar con el PSOE. Todo ello, sin hablar de los problemas en los juzgados derivados de la covid —más los que ya arrastraba— y la guerra dentro de la Fiscalía, otro de los frentes que tiene abierto el Ejecutivo en el ámbito jurídico.

 

https://elpais.com/espana/2020-09-25/el-ultimo-encontronazo-del-gobierno-con-el-poder-judicial-en-un-ano-convulso.html

 

 

EL VETO AL REY DESTAPA LA DISPUTA EN EL GOBIERNO POR EL BLOQUEO JUDICIAL

 

Podemos acusa a Felipe VI de maniobrar contra el Ejecutivo en colaboración con el presidente del Supremo

 

La decisión del Ejecutivo de vetar al Rey en la entrega de despachos a la 69 promoción de jueces en Barcelona ha desencadenado una tormenta política de consecuencias imprevisibles en el Gobierno de coalición. La parte que representa Podemos acusa al Rey de maniobrar contra el Ejecutivo en colaboración con el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Y relacionan sus ataques al Monarca con la no renovación del Poder Judicial por el bloqueo del PP y porque el presidente Pedro Sánchez no busca ni encuentra una solución para evitar que el Gobierno de los jueces siga “en manos de la derecha”.

 

En Podemos creen que la anulación por el Gobierno del que forman parte de la presencia de Felipe VI en el acto del viernes en Barcelona intentaba evitar que coincidiera ese mismo día con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la posible inhabilitación por desobediencia del presidente catalán, Quim Torra. Y piensan que tanto la cúpula del Poder Judicial, que ya lleva casi dos años caducada y a la que acusan de estar escorada a la derecha, como el PP pretendían rentabilizar esa coincidencia contra el Ejecutivo.

 

La vicepresidenta Carmen Calvo pidió este sábado “calma” a todos los actores de esta polémica para mantener la posición constitucional tras un enredo con demasiadas zonas oscuras. Pero el sector de Podemos en el Ejecutivo no quiere ya “más contemplaciones”, según fuentes de su dirección. “El presidente y su ministro de Justicia consideran que, con buenas formas, y una actitud dialogante, el PP bajará las armas y se prestará a negociar la renovación del Poder Judicial. Pero, como hemos visto, la vía de ir por las buenas no sirve de nada”, cuenta un miembro de Podemos en el Gabinete. Su apuesta es buscar otras alternativas con los socios de investidura para renovar el Consejo —algo que rechaza el PSOE porque no sumarían los 210 votos necesarios— o, en su defecto, promover leyes que permitan contrarrestar un Gobierno de los jueces de mayoría conservadora y con poder suficiente para elegir los puestos más sensibles pendientes del Tribunal Supremo.

 

Sobre los ataques al Rey, Podemos advierte de que van a continuar. Y explican que no han recibido ningún reproche directo del Gobierno por las acusaciones lanzadas en Twitter por Pablo Iglesias y Alberto Garzón. “Puede no parecer normal hasta ahora en España que un ministro o vicepresidente critique una actuación del Rey, algo que sí sucede en el Reino Unido y otros países, pero va a volver a pasar. Queremos ser el contrapeso, porque el Rey se pasó, se excedió de sus funciones y se ha demostrado inútil eso de decirles en privado a los del PSOE que esto no puede ser o que algo se ha hecho mal”, avisa un miembro de esa formación en el Gabinete. Los ministros de Podemos tampoco tuvieron ninguna información o aclaración en toda la semana sobre las razones reales de la ausencia del Rey en Barcelona, como la mayoría de los del PSOE.

 

Solo la vicepresidenta Calvo y Pedro Sánchez llevaron esa negociación con la Casa del Rey. Algunos ministros sí recibieron mensajes de la Secretaría de Estado de Comunicación cuando estalló la polémica y debían afrontar una entrevista en televisión, pero para que guardaran silencio: “Si os preguntan, contestad que no sabéis nada”. No tuvieron que mentir.

 

Ni siquiera había participado de la decisión el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien le preguntaron en la Cadena SER por los motivos del veto y respondió: “Un paquete de razones”.

 

Media docena de fuentes del Gobierno y de la administración de Justicia aportan versiones contradictorias con las de otros participantes en la polémica.

 

La entrega de despachos a la 69 promoción de jueces se planteó este año como un acto discreto y minoritario por culpa de la covid-19. No estaban invitadas las familias de los jueces novatos, ni la mayoría de los principales cargos judiciales, ni las autoridades catalanas. A diferencia de otros años, no se iba a celebrar en un auditorio con capacidad para 1.000 personas, sino en el salón de actos de la Escuela Judicial, situada en un edificio de la montaña que sube al Tibidabo, una zona cuya protección en caso de problemas entraña complicaciones.

 

“El Gobierno no alegó motivos de seguridad. Si lo hubieran hecho, al menos podríamos saber de qué se trataba. El oscurantismo dio alas a todas las teorías”, explica un vocal del Poder Judicial. Algunos de esos consejeros elegidos a propuesta del PP apuntan a que se trató de un hacia los independentistas catalanes ante la negociación de los Presupuestos. Uno de ellos sostiene que el veto solo pudo obedecer a que ERC llamó a Pedro Sánchez para exigirlo. Un portavoz oficial de ERC lo negó este sábado tajantemente a preguntas de este periódico.

 

Explicaciones confusas

 

En la organización del evento, como todos los años, el Rey dio su visto bueno a muchos detalles y fijó la fecha que le cuadraba con su agenda. En ningún momento comunicó al Consejo problemas para acudir a Barcelona. Pero el viernes de la semana pasada, la Casa del Rey no incluyó en su agenda esa actividad. Y el lunes, el Poder Judicial, que ya había cursado las invitaciones impresas con la participación del Rey, conoció que el Gobierno había vetado la presencia de Felipe VI.

 

Un alto magistrado progresista defiende la decisión del Gobierno: “Se celebra un acto minoritario en la Escuela Judicial, no en el auditorio como otros años. Se ha prohibido a las familias asistir, la mayor parte del Consejo no va, los presidentes de los tribunales de justicia no van, las autoridades políticas catalanas, que era de alguna manera lo que justificaba la presencia del Rey, tampoco van a ir. Desde el punto de vista protocolario le haces un feo al Rey yendo a un acto en el que prácticamente no habrá representación institucional de esa comunidad”.

 

Las razones de seguridad también tenían su sustento. La Escuela Judicial está en medio del Tibidabo, en una zona complicada para maniobrar y de fácil bloqueo. El magistrado progresista añade: “No es sólo un problema de seguridad para el Rey, es un problema de orden público”. El dispositivo de seguridad se mantuvo al máximo nivel, como algunos de los presentes no habían visto nunca.

 

Desde el Gobierno se asegura que se hicieron gestiones con Lesmes para aplazar el evento, algo que desde el Consejo se desmiente. Un relevante miembro de la carrera judicial apostilla: “Pretender llevar al Rey a Barcelona precisamente a un acto con problemas de seguridad y orden público, y justo cuando va a salir la sentencia de Torra es una temeridad y muestra el absoluto desconocimiento de la situación política por parte de quién convoca. El propio Lesmes se ha movido con el tribunal para que la sentencia no saliera hasta el lunes para que no les fastidiaran el acto”.

 

Razones de seguridad

 

Desde el sector de Podemos en el Gobierno se insiste en ese argumento: “Justificar el veto en lo de los problemas de seguridad no tiene sentido, pero sí la inoportunidad política del acto”. Varios ministros apuntan a que en el Gabinete tenían la seguridad de que la sentencia contra Torra se iba a dar a conocer precisamente el viernes y su resultado podría servir a la derecha, política, mediática y judicial, para interpretarla como “una derrota contra los intentos dialogantes del Gobierno sobre el conflicto catalán”.

 

“Todo esto del Rey”, señala un vocal del Poder Judicial, “me suena a un intento de arreglarlo después buscando razones que no se dieron en un primer momento. Si hubiera venido Felipe VI no habría pasado nada. La situación política en Cataluña no es la de hace un año, cuando por indicación del Gobierno y en vísperas del comienzo del juicio contra los líderes independentistas, sí cambiamos y celebramos el acto en Madrid. Se han metido en un jardín innecesario. Si no puedes explicar algo, mejor no lo hagas. Comprendo que la situación es espantosa, que estamos sin presupuesto, pero es que los jueces no somos moneda de cambio. Al Rey hay que invitarle. Es un acto importante”.

 

Los que estuvieron el viernes en Barcelona cuentan que Lesmes atendió solícito la llamada del Rey, en medio de la foto de familia con los nuevos jueces, y se la comunicó a los mismos unos minutos después “con aires triunfantes” y “porque así se lo había pedido el monarca”. Varios testigos de esa charla coinciden en la versión que escucharon a Lesmes: “Me pide el Rey que os comunique que le habría gustado estar aquí”. Pero agregan que entendieron que la frase era “pura cortesía, sin ningún contenido de reproche al Gobierno”. Una interpretación que más tarde confirmó oficialmente la Casa del Rey. Un magistrado moderado que conoce a Lesmes considera que esa confidencia fue una frivolidad que metió al Rey en serios problemas y provocó la reacción airada de los ministros de Podemos.

 

El precedente de La Almudena

 

El conflicto interno en el Gobierno de coalición sobre la situación judicial se extiende a la valoración del papel del actual rey Felipe VI. El PSOE defiende públicamente la Monarquía constitucional como un todo. En Unidas Podemos mantienen una buena relación personal con el Monarca, pero no política. Creen que tomó partido con la llamada el viernes durante el acto judicial en Barcelona a Carlos Lesmes y señalan que no ha sido un detalle aislado. Como apuntó en un tuit el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuestionan que el Rey pueda estar “maniobrando” políticamente contra el Ejecutivo y sobre todo contra la inclusión en él de Podemos. Recuerdan algunos otros incidentes que no les parecen anecdóticos.

 

Alguno de los ministros de Podemos apunta que, durante todos los meses que llevan en el Gobierno, no han acudido como “ministros de jornada” a acompañar a los monarcas en ninguno de sus diversos actos institucionales, como siempre está obligado algún componente del Ejecutivo. Y rememoran ahora la discusión interna y con la Casa del Rey que se produjo con motivo de la organización por parte de la Iglesia católica, el 6 de julio en la catedral de La Almudena, del funeral a las víctimas de la covid-19. El Ejecutivo ya había avisado de que preparaba un funeral de Estado, laico, el 16 de julio, en el patio de armas del Palacio Real, pero la iglesia insistió en el suyo. Del Gobierno solo se presentó la vicepresidenta Carmen Calvo. Esa situación sirvió para que muchos medios subrayaran que el Monarca había estado allí frente a la ausencia del presidente. La Iglesia incluso presionó para que acudieran más ministros, hasta de Podemos. La discusión en el seno del Gobierno se trasladó tras aquel funeral católico a la Casa Real.

 

https://elpais.com/espana/2020-09-26/el-veto-al-rey-destapa-la-disputa-en-el-gobierno-por-el-bloqueo-judicial.html

 

ZARZUELA DICE QUE LA LLAMADA DEL REY A LESMES HA SIDO "DE CORTESÍA" Y "SIN CONSIDERACIONES INSTITUCIONALES"

 

El presidente del CGPJ les ha dicho esta mañana a los nuevos jueces que Felipe VI le había llamado por teléfono y le había dicho que le "hubiese gustado" acompañarle

 

"Ha sido una llamada de cortesía con el objeto de trasladar su felicitación personal a la nueva promoción de la carrera judicial", dicen en Zarzuela

 

La llamada telefónica que ha hecho este viernes el rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha sido "una llamada de cortesía" y "sin consideraciones institucionales" sobre el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, han informado fuentes de la Casa del rey.

 

"Ha sido una llamada de cortesía al presidente del CGPJ con el objeto de trasladar su felicitación personal a la nueva promoción de la carrera judicial, sin consideraciones institucionales respecto del acto ya celebrado", estas fuentes de Zarzuela.

 

Después de conocerse que, tras el acto de entrega de despachos a los integrantes de la última promoción de la carrera judicial, en el que no ha participado el rey, Lesmes les ha dicho a los jóvenes jueces que Felipe VI le ha llamado por teléfono y le ha dicho que le "hubiese gustado" acompañarle en este acto.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/25/zarzuela_dice_que_llamada_del_rey_lesmes_sido_cortesia_sin_consideraciones_institucionales_111428_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias&rnot=1042614

 

 

EL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES CARGA CONTRA EL GOBIERNO POR LA AUSENCIA DEL REY EN LA ENTREGA DE DESPACHOS

 

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en funciones desde hace dos años, asegura que la presencia del monarca "tiene dimensión constitucional y política"

 

"Sentimos un enorme pesar por esta ausencia". Con estas palabras ha lamentado el presidente en funciones del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que por primera vez en la historia el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no haya acudido a la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, celebrado este viernes en Barcelona, sede de la escuela judicial. "La presencia del rey", ha dicho el jefe del Poder Judicial, "va mucho más allá de lo protocolario" y "tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos".

 

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, que tiene su mandato caducado desde hace dos años, ha cargado así contra el Gobierno por haber preferido que el rey no asista al acto por primera vez. Una decisión que se ha justificado por razones de seguridad entre otras, tal como alegó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. "Sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado, expresamos nuestro firme deseo de que Su Majestad el Rey pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces", ha expresado el presidente del CGPJ.

 

Lesmes se ha quejado de la ausencia de Felipe VI con un alegato a favor de la institución monárquica y la Constitución. "El Poder Judicial emplea una fórmula de hondo significado simbólico y constitucional: la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey", ha destacado el juez, una fórmula que según Lesmes "expresa también que la administración de la Justicia se hace en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia del Estado, conjugándose así, armónicamente, en la fórmula constitucional, las ideas de soberanía y unidad de nuestra nación".

 

El presidente del CGPJ y del Supremo ha pronunciado estas palabras ante el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos; y el director de la escuela judicial, Jorge Jiménez. Ante la ausencia del monarca, Lesmes ha presidido la sesión.

 

Después de que se conociera que el Jefe de Estado no acudiría a la ceremonia, el malestar se ha hecho notar en buena parte de la carrera judicial. Este jueves la comisión permanente del CGPJ encomendó a su presidente que fijara una posición sobre la no asistencia del monarca. Además seis vocales del sector conservador firmaron una declaración lamentando la ausencia del Felipe VI como símbolo de la unidad del Estado. Al finalizar el acto de este viernes, el vocal José Antonio Ballestero se ha levantado para pedir un viva al Rey, que ha sido respondido por los asistentes de la sala.

 

Por su parte, desde el PP consideran "humillante" que se haya vetado la presencia del rey y acusan directamente al Gobierno de ello. "El Gobierno está demostrando que está atacando a todas las instituciones que le impiden desguazar el país", ha señalado el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, durante un acto en La Gomera. El hecho de que el monarca no haya acudido a Catalunya es, para él, una "cesión intolerable y un precio que no se debe pagar nunca".

 

Mientras, por parte del Ejecutivo consideran que es una decisión "bien tomada". “El Gobierno tiene que refrendar políticamente cuáles son las actuaciones y posiciones que mantiene su majestad. Le agradecemos que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad”, ha ahondado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

 

La ausencia del rey Felipe VI ha centrado todos lo comentarios, tanto públicos como fuera de micrófono, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces. "Hoy teníamos la ilusión de un acto que ha quedado un tanto empañado por la ausencia del rey", ha asegurado en su intervención Cristina Menéndez Velez, número uno de la promoción, que ha hecho una apasionada defensa de la justicia y del poder judicial.

 

El acto de este viernes se ha celebrado en un momento que la política catalana está a la espera de conocer el veredicto del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra. Un fallo que se espera para principios de la semana que viene pero que también podría haberse producido este mismo viernes, coincidiendo con la ceremonia de entrega de despachos. La decisión del tribunal, si confirma la condena por desobediencia impuesta por el TSJC, apartaría finalmente a Torra de la presidencia y abriría un periodo incierto con un Govern en funciones hasta que se produzca una nueva investidura.  

 

https://www.eldiario.es/catalunya/presidente-judicial-muestra-malestar-ausencia-rey-entrega-despachos-protocolario_1_6245640.html

 

EL REY TELEFONEA A LESMES PARA DECIRLE QUE LE HABRÍA “GUSTADO ESTAR” EN EL ACTO DE BARCELONA

 

El presidente del Poder Judicial expresa al Gobierno su “enorme pesar” por la ausencia de Felipe VI

 

La nueva promoción de jueces, formada por 33 mujeres y 29 hombres, ha recogido este viernes sus despachos en la Escuela Judicial de Barcelona en un acto envuelto en una tormentosa polémica por la ausencia de Felipe VI. Por primera vez desde que asumiera la jefatura del Estado, el Rey no ha presidido la cita. En su lugar, lo ha hecho el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, quien ha aprovechado la ocasión para lamentar y expresar su “enorme pesar” por que no haya asistido el Monarca, “símbolo de la unidad y permanencia del Estado”. Según ha explicado el propio Lesmes a los asistentes tras acabar el acto, el Rey lo ha telefoneado para decirle que le habría “gustado estar”, según confirman fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

 

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Rivas, tampoco ha estado en el evento por problemas de agenda, según ha alegado, aunque el martes su presencia estaba confirmada. Por su parte, de los 62 nuevos jueces de la promoción, 47 han ido al evento. De los que han faltado, 9 ya habían comunicado antes de esta semana que no asistirían, según fuentes del CGPJ. Al finalizar la cita, muchos participantes, incluido Lesmes, han gritado un “¡viva el Rey!”. A continuación, a través de un micro abierto, se ha escuchado decir: “Se han pasado”. Varias televisiones han atribuido estas palabras al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero este ha afirmado después que no se “reconoce” en dicha grabación, según fuentes del ministerio.

 

La inasistencia del Monarca ha provocado el estallido de buena parte de la carrera judicial, que le otorga un enorme valor simbólico a la entrega de despachos. Las principales asociaciones judiciales han manifestado públicamente su indignación, numerosos miembros de la carrera han subido fotos de Felipe VI a sus redes sociales y la nueva promoción de jueces, protagonista del acto de este viernes, debatió si boicotear el evento y no acudir al mismo. Una propuesta que se rechazó. “Lo que más indigna es que el Gobierno no nos ha explicado las razones concretas para tomar esta medida”, explica un magistrado. “Este acto está un poco empañado”, ha dicho la número uno de la nueva promoción, Cristina Menéndez, durante la lectura de su discurso, en el que ha lamentado las ausencias de los compañeros que se han visto “desencantados”.

 

Lesmes ha incidido en la misma línea: “Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de su majestad, del jefe del Estado, en la ceremonia responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función”. “La Constitución de 1978, que ha permitido transitar a España por su más largo periodo de paz, progreso, estabilidad y convivencia, al instituir y regular el Poder Judicial emplea una fórmula de hondo significado simbólico y constitucional: la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”, ha añadido.

 

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha recalcado “que la administración de la justicia se hace en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia del Estado”. “Por todo ello, la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos”, ha apostillado, antes de reiterar su “pesar por lo sucedido” y expresar su “deseo” de que el Monarca vuelva a estar el año que viene en la ceremonia. Tras su discurso y justo antes de la conclusión del acto, Juan José Ballesteros, vocal del CGPJ, se ha levantado y ha pedido a los presentes que griten “con toda moderación, pero también con toda convicción” un “¡viva el rey!”. Muchos lo han secundado.

 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justificó el jueves la ausencia de Felipe VI por la necesidad de “proteger las instituciones”, entre ellas la Monarquía. Buena parte de la carrera judicial, en especial el sector más conservador, considera la decisión del Gobierno como una cesión política a los independentistas y un desaire del Ejecutivo a la magistratura y al propio Monarca. El Rey había aceptado la invitación formal del CGPJ para encabezar el acto, y el órgano de gobierno de los jueces había remitido a los asistentes las invitaciones en las que figuraba la presencia del jefe del Estado. Sin embargo, el martes, la Casa del Rey comunicó al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que Felipe VI no acudiría a la ceremonia. Un vocal del Consejo, José María Macías, aseguró que la comunicación de La Zarzuela indicaba que el Gobierno no autorizaba su presencia en el acto. Nadie en el Ejecutivo ha desmentido esta versión.

 

La indignación de los jueces, expresada por sus principales asociaciones profesionales, y también en redes sociales y conversaciones privadas, ha ido creciendo a lo largo de la semana. Algunos magistrados la perciben, con incomodidad y enfado, como un intento del Gobierno de instrumentalizar a la carrera judicial —en este caso a la última promoción de la Escuela— para mandar un doble mensaje político: al PP, para que acceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos años; y a los independentistas catalanes, para que ayuden a sacar adelante los Presupuestos del Estado.

 

Aunque nadie en el Gobierno ha querido vincularlo expresamente con la no asistencia del Rey al acto en Barcelona, en los próximos días está previsto que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia en la que previsiblemente confirmará la condena de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, lo que podría derivar en protestas.

 

Cambio de escenario

 

La ausencia de Felipe VI del acto de entrega de despachos, por primera vez desde que accedió al trono, ha coincidido además con un cambio de escenario: el acto se ha celebrado en la Escuela Judicial, donde se forman los jueces españoles. Es un recinto aislado, mal comunicado en transporte público y de difícil acceso, pero ubicado en un lugar privilegiado, con vistas de Barcelona y en plena sierra de Collserola, la montaña que abraza la ciudad.

 

Con la excepción del año pasado, cuando se trasladó a Madrid, el acto se había celebrado siempre en el Auditori de Barcelona, un edificio de aspecto solemne donde los y las jueces de la nueva promoción acudían con sus mejores galas a recibir su habilitación como tales de manos del Monarca. El acto más formal daba paso a un pequeño cóctel en el que eran habituales los corrillos de los jueces y sus familias para tomarse una foto junto al Rey y tal vez charlar un rato con él. La presencia de periodistas y autoridades judiciales, políticas o policiales era abrumadora y solía llenar el vestíbulo del auditorio. Pero este año se ha limitado a consecuencia del coronavirus.

 

https://elpais.com/espana/2020-09-25/el-rey-telefonea-a-lesmes-para-decirle-que-le-hubiera-gustado-estar-en-el-acto-de-barcelona.html

 

EL FUTURO DE LA SALA DEL SUPREMO QUE REVISA CASOS COMO EL ESPIONAJE A BÁRCENAS, BAJO CONTROL CONSERVADOR POR EL BLOQUEO DEL PP

 

El CGPJ mantiene la incógnita de si asignará a final de mes tres plazas de magistrados de la Sala de lo Penal, ante la que acaban los recursos de los grandes procesos por corrupción El órgano de gobierno de los jueces se aproxima a los dos años de mandato en funciones tras la crisis desatada en noviembre de 2018 por un whatsapp donde el PP se jactaba de que seguiría dominando bajo cuerda el alto tribunal

 

El segundo bloqueo impuesto en una década por el PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras perder el Gobierno roza ya los dos años con una gran incógnita a la vista. Bajo control conservador, con un mandato que expiró en diciembre de 2018 y tras haber repartido desde entonces 57 plazas judiciales de alto nivel [puedes consultarlas aquí], el órgano de gobierno de la magistratura lo tiene ya todo dispuesto para un nuevo paso estando en funciones: el nombramiento discrecional y vitalicio de tres magistrados para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS). Es decir, para la cúpula del sistema de impugnaciones de sentencias del ámbito penal dictadas por tribunales de rango inferior.

 

En plena tempestad por el espionaje a Luis Bárcenas, que desde el viernes implica la imputación del exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, el órgano que preside Carlos Lesmes resolverá la incógnita el último día del mes. El interrogante se sustenta sobre dos opciones opuestas: la primera, que en el pleno del día 30 el Consejo ponga nombre y apellidos a los nuevos titulares de las tres plazas del Supremo, vacantes por jubilación. O que, por el contrario, decida dejar en espera la cobertura de puestos decisivos para el mapa judicial hasta que un acuerdo parlamentario renueve sus 20 vocalías, paso previo para la elección de quien se sitúe a su frente.

 

El bloqueo de la renovación del CGPJ empezó en noviembre de 2018. A punto de finalizar su mandato de cinco años, ya había un acuerdo parlamentario para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pero salió a la luz un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado y exdirector general del Policía, Ignacio Cosidó. El texto de ese mensaje subrayaba que, aun perdiendo la mayoría en el CGPJ, el PP seguiría controlando la Sala Penal del Supremo "desde detrás". Aquello provocó la inmediata renuncia de Manuel Marchena a presidir el alto tribunal y el órgano de gobierno de los jueces, uno de los puntos clave de un pacto que quedó hecho trizas. El PP inició en aquel momento el segundo bloqueo tras el que había formalizado en noviembre de 2007: sin mayoría parlamentaria y bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el partido conservador ya se negó entonces a cualquier negociación y frenó durante un año los cambios en la composición del CGPJ. En septiembre de 2008, hubo por fin acuerdo.

 

Entre las consecuencias del bloqueo destaca que el dibujo del mapa judicial español continúa así bajo dominio conservador. Y la situación de la Sala de lo Penal del Supremo constituye el paradigma: todos los grandes procesos por corrupción terminan allí. En sus manos acaba también la eventual imputación e investigación de cargos en activo y otros representantes públicos -como el rey emérito- que por el ámbito de su responsabilidad gozan de aforamiento de máximo nivel. Además de diputados, senadores y ministros, esa lista incluye también a quienes ostentan presidencias autonómicas.

 

Inicialmente fijado para el jueves 24, Lesmes ha optado por posponer una semana el pleno del Consejo. ¿Significa esto que de la sesión del día 30 saldrán los tres magistrados que distintas partes anticipan como un reforzamiento del carácter conservador de la Sala de lo Penal o presupone por el contrario que confía en que los dos grandes partidos, PSOE y PP, se vean forzados a alcanzar un acuerdo? Ninguna de las fuentes consultadas estos días por infoLibre se atreve a aventurar una respuesta. Lesmes cuenta con su propio voto y con el de los 11 vocales del sector conservador. Pero algunos expertos creen que tiene también a su alcance el apoyo de al menos un miembro del llamado sector progresista cuyo nombre omite este medio porque no ha logrado recabar su versión.

 

De las listas de aspirantes a cada una de las tres plazas, el CGPJ excluyó en julio a dos jueces clave en casos de corrupción: Eloy Velasco, primer instructor de Púnica, donde se investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid; y José de la Mata, que instruye la parte de los papeles de Bárcenas que la confesión de Francisco Correa sobre mordidas a cambio de contratos públicos obligó a reabrir a comienzos de 2017. Entre quienes han pasado el filtro y prosiguen así como aspirantes a la Sala Penal del Supremo figuran Concepción Espejel, presidenta de la sala penal de la Audiencia y recusada en Gürtel no por pérdida de independencia pero sí de la apariencia de imparcialidad por el papel desempeñado por PP en su ascenso como vocal del CGPJ; y Ángel Hurtado, que presidió el juicio a la trama Gürtel y fue el miembro del tribunal que quedó en minoría al oponerse a que el PP fuese declarado beneficiario de la trama.

 

Salvo circunstancias excepcionales, incluso si el órgano que preside Carlos Lesmes nombra a esos tres magistrados en el pleno del día 30, ninguno de ellos participará en ningún trámite relacionado con los asuntos que ya están en el Supremo aguardando una sentencia próxima. Entre ellos, el citado caso Gürtel, donde el PP confía en obtener una resolución que borre no de las hemerotecas pero sí de los anales jurídicos la dictada por la Audiencia Nacional tras el primer gran juicio a la trama. Justamente aquella de la que discrepó Hurtado. Recurrida por el partido de Pablo Casado y por distintas defensas de los 29 condenados, esa sentencia es la que en mayo de 2018 certificó la existencia de "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". Certificó asimismo que el PP recibía donaciones que no se hacían "de modo altruista por algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".

 

La mayoría de los jueces que con Manuel Marchena al frente integran la Sala de lo Penal se adscriben a la predominante ala conservadora de la judicatura. Entre los 13 miembros que, además de Marchena, la integran a día de hoy figuran el último fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy (Julián Sánchez Melgar), un antiguo senador del PP (Vicente Magro), un magistrado del Opus Dei (Antonio del Moral), un expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (Pablo Llarena) y el exportavoz de la también conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (Miguel Colmenero).

 

Las tres vacantes por cubrir estuvieron ocupadas hasta su jubilación por Luciano Varela, de signo progresista y que en el juicio del procés fue quien acuñó la tesis de que la actuación de los independentistas fue "una farsa"; Jorge Alberto Barreiro, considerado del mismo sector y que fue quien imputó en el caso ERE a los presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El tercer juez jubilado es el conservador Francisco Monterde.

 

Los tres nuevos nombramientos pendientes y sobre los que Lesmes se reserva la posibilidad de cubrir el día 30 reforzarían de manera previsible el peso del sector conservador. El presidente del CGPJ, a su vez cabeza del Tribunal Supremo, ya sugirió el pasado día 7 durante la apertura del año judicial que los nombramientos seguirían adelante. En su discurso de apertura, Lesmes exhortó de nuevo a los partidos a pactar la renovación. Pero a renglón seguido añadió que paralizar la asignación de plazas discrecionales entrañaría "un grave quebranto para la Justicia". Con anterioridad, el magistrado ya había enviado tres cartas a las presidencias del Congreso y el Senado para urgir la renovación del Consejo.

 

En julio, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se declaró abiertamente contrario a que el CGPJ efectúe cualquiera de los 30 nombramientos discrecionales cuya tramitación ha puesto en marcha. "¿Deben hacer esos nombramientos? No, rabiosamente no", afirmó Campo en una entrevista con infoLibre. En enero, y tras una reunión secreta nada más tomar posesión de la cartera, Campo logró que Lesmes paralizase la adjudicación para presidencias de TSJ autonómicos, Audiencias Provinciales, plazas del Supremo y puestos de la jurisdicción militar. Pero la pregunta de si Lesmes seguirá adelante o no permanecerá sin respuesta hasta el próximo día 30.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/20/el_futuro_sala_del_supremo_que_revisa_casos_como_espionaje_barcenas_bajo_control_conservador_por_bloqueo_del_pp_111153_1012.html

 

EL PODER JUDICIAL SEGUIRÁ NOMBRANDO JUECES CON LA MAYORÍA CADUCADA DE RAJOY TRAS BLOQUEAR EL PP SU RENOVACIÓN

 

El órgano de gobierno de los jueces reactiva los nombramientos tras haber designado 43 puestos de la cúpula judicial en la situación interina que mantiene desde 2018

 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reactiva estando en funciones y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta la renovación de plazas en los principales tribunales. Seis de ellas en el Supremo, donde los nombramientos para magistrados son vitalicios salvo renuncia de la persona interesada. Los demás altos cargos –incluidos los presidentes de sala del Alto Tribunal– tienen una duración de cinco años prorrogables una vez.

 

La mayoría del PP en un Poder Judicial en funciones: 43 nombramientos en un año, 12 en el Supremo

 

La negativa del líder del Partido Popular, Pablo Casado, a alcanzar un acuerdo para la renovación de los órganos judiciales tiene una consecuencia muy concreta a finales del mes de septiembre: el actual CGPJ, que debía haber sido renovado en diciembre de 2018, votará a los magistrados para tres plazas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que entiende de las causas contra aforados; y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia Provincial de Ourense.

 

A finales del pasado julio, y ante la existencia de negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovación del CGPJ, la mayoría del pleno votó a favor de sacar del orden del día la votación de estos nombramientos discrecionales. Según informó el Consejo en un comunicado, la decisión se tomó por "razones de prudencia" ante la confirmación de la existencia de esas conversaciones. Pero en el transcurso de aquella reunión, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, advirtió de que en el caso de que la negociación para la renovación fracasase se retomarían esas votaciones en el siguiente pleno, que se celebrará probablemente el 24 de septiembre.

 

Para la elección de magistrados es necesaria una mayoría de 13 votos de los 20 vocales con los que cuenta el CGPJ, a los que se suma el presidente. La corriente conservadora no alcanza esa cifra, de ahí que pese a la mayoría de miembros propuestos por el PP, la elección de magistrados siempre está precedida de una negociación. El bloqueo de Pablo Casado a renovar el CGPJ solo deja dos opciones: una negociación en posición ventajosa para el bloque conservador, pese a que la actual composición del Consejo debería haber cambiado por mandato constitucional hace 20 meses; o que los progresistas voten en contra de los nombres propuestos y las plazas sigan vacantes.

 

43 puestos en funciones

 

De continuar el bloqueo, la renovación de plazas por parte de un Consejo en funciones podría ampliarse en los próximos meses. La comisión permanente del CGPJ anunció este jueves que ya había fijado las fechas en septiembre para entrevistar a los candidatos a presidir otras tres salas del Supremo: la de lo Contencioso, donde se ven los pleitos contra la Administración; la de lo Social, encargada de examinar conflictos laborales; y la de lo Militar.

 

También están fijadas las entrevistas para cubrir otras cinco plazas, entre ellas las presidencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y de la Audiencia de Cáceres. El procedimiento establece que, tras las entrevistas, la comisión permanente propone una terna de candidatos para cada puesto y el pleno vuelve a tener la última palabra.

 

Un Consejo interino y que nada tiene que ver con la actual composición de las Cortes Generales encargadas de designar a sus vocales –desde que se eligió se han celebrado cuatro elecciones generales– ha acordado hasta el momento la renovación de 43 puestos de alto nivel en los principales tribunales. Doce de ellos en el Supremo, dos en la Audiencia Nacional, 14 en los tribunales superiores autonómicos y 15 en audiencias provinciales.

 

Tras reunirse con el presidente del Gobierno, el líder del PP aseguró que había puesto como condición para renovar el órgano de gobierno de los jueces y llegar a cualquier otro acuerdo de Estado que Unidas Podemos salga del Ejecutivo. Al día siguiente, el nuevo portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, dijo en cambio que Casado había propuesto a Sánchez un cambio en el sistema de elección de vocales del CGPJ, pese a que en julio las negociaciones se movieron en una renovación con el modelo actual.

 

También con este sistema el PP pactó el último intento de renovación que saltó por los aires en noviembre de 2018 tras filtrarse un mensaje en el que el entonces portavoz del partido en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que era el nombre pactado con el Gobierno de Sánchez en su primera legislatura, cuando no gobernaba con Unidas Podemos– se controlaría "por detrás" la sala II del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés. Precisamente el magistrado Marchena es uno de los jueces que han renovado su plaza, en este caso la de presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, con este Consejo interino.

 

"Fuera del marco constitucional"

 

La Unión Progresista de Fiscales lamentó recientemente en un comunicado la decisión del PP de "continuar con su negativa a renovar los miembros de tres de las más importantes instituciones democráticas", lo que supone "no acatar las leyes" que las regulan y afecta "directamente" a su "letigimidad". "Nos coloca fuera del marco constitucional", señala el colectivo de fiscales, que insta al CGPJ a dejar de hacer nombramientos y a actuar de forma similar a como lo haría un Gobierno en funciones, que tiene vetado por ley nombrar o cesar altos cargos salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general justificadas.

 

Otras asociaciones como la minoritaria Foro Judicial Independiente han calificado de "inaceptable" la decisión del CGPJ de paralizar los nombramientos de jueces y han pedido que se sigan realizando "para la buena marcha de la Administración de Justicia". "No resulta aceptable que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo obedezca a intereses partidistas, siendo los propios elegidos los principales damnificados por la actuación del CGPJ", expuso en un comunicado. Esta asociación recuerda que entre 2006 y 2008, cuando el CGPJ estuvo en funciones casi dos años, se hicieron nombramientos de jueces.

 

Este lunes se celebra en el Tribunal Supremo el acto solemne de la apertura del año judicial. Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar y está al frente del órgano de gobierno de los jueces desde 2013, pronunciará su séptimo discurso de inicio de curso en los tribunales ante el rey, la fiscal general del Estado, el ministro de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo. Será el segundo estando en funciones. El año pasado hizo referencias a la "etapa final" de su mandato y urgió a los partidos a la renovación del Consejo, que no ha sido posible por la falta de acuerdo político.

 

Estas negociaciones y el inicio del curso político están marcadas inevitablemente por la moción de censura anunciada por Vox para septiembre. El movimiento del partido de Santiago Abascal ha trastocado la estrategia del PP, pues, previsiblemente, todo el foco mediático tras el parón estival estará centrado en la iniciativa de la extrema derecha. Esta cita también ha hecho que sea más complicado para el partido de Pablo Casado articular un discurso duro contra el Gobierno cuando había trascendido que estaba negociando con Pedro Sánchez cuestiones de calado como la renovación de órganos constitucionales. 

  

https://www.eldiario.es/politica/judicial-seguira-nombrando-jueces-mayoria-caducada-rajoy-bloquear-pp-renovacion_1_6201204.html

 

 

CASADO ACEPTÓ EN UN ‘WHATSAPP’ A SÁNCHEZ RENOVAR EL PODER JUDICIAL

 

El PP admite la negociación y dice que se truncó el 14 de agosto por el ataque de Podemos a la monarquía

 

Todo empezó en julio. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Enrique López, encargado del PP de esta área, ya habían hablado mucho de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta vez sí parecía que había agua. Así que Pedro Sánchez escribió a Pablo Casado, con el que tiene más contacto discreto del que parece. Le envió un WhatsApp preguntándole si era cierta esa posibilidad de acuerdo. Casado le contestó por la misma vía que sí, que quería un pacto para renovar todos los órganos constitucionales, según fuentes de la negociación. En agosto había principio de acuerdo con algunos nombres. Pero Casado se echó atrás.

 

Esta vez iba en serio. Después del intercambio de mensajes con el presidente, Casado designó una persona de su máxima confianza, que no era Enrique López, para cerrar los detalles con La Moncloa. Una negociación directa y discreta entre los dos líderes y sus entornos, para que luego remataran Campo y López.

 

Desde ese momento, en la semana del 20 de julio, todo fue bien. El acuerdo era inminente. Además de las reuniones preparatorias de Campo y López, hubo hasta 12 contactos telefónicos en julio y agosto entre los equipos de Casado y Sánchez. Y tres reuniones presenciales, todo con gran discreción. Hubo muchos contactos a todos los niveles.

 

En agosto se llegó a un principio de acuerdo sobre todo: renovación del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del consejo de RTVE y del Defensor del Pueblo. Con algunos nombres ya encima de la mesa, según estas fuentes. Solo faltaba rematarlo con todos los detalles. Pero Casado, justo después de que Cayetana Álvarez de Toledo desvelara el día de su destitución, el 17 de agosto, que el pacto estaba ultimado, se echó para atrás.

 

El PP, que no admite que el pacto estuviera tan cerrado aunque sí la intención inicial, asegura que lo que cambió es la actitud de Unidas Podemos en agosto, cuando estalló el escándalo por la salida del rey Juan Carlos de España ante las noticias sobre sus cuentas opacas. Y niega rotundamente que las declaraciones de Álvarez de Toledo tuvieran ninguna relevancia. Pero varias fuentes tanto del PSOE como del PP creen que sí fueron definitivas porque dejaban al líder en un lugar delicado.

 

El PP ha hecho público hoy un comunicado en el que dá detalles para desmentir la idea de que la destitución de Álvarez de Toledo tuviera relación con la marcha atrás. El texto señala que Casado comunicó a Sánchez el cambio el 14 de agosto, tres días antes de la destitución de la portavoz. El comunicado admite el whatsapp inicial y la negociación y explica el cambio: “El 3 de agosto, la Casa Real anuncióla salida de España del Rey Don Juan Carlos, lo que motiva un intolerable ataque del vicepresidente segundo del Gobierno al Rey Don Felipe. El líder de la oposición no fue en ningún momento informado por el presidente del Gobierno, y transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendocontra la Jefatura del Estado. El 11 de agosto, Podemos fue imputado por financiación irregular mientras intensificaba sus críticas al Poder Judicial, a la Monarquía, y pedía un gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con Esquerra a cambio de retomar la mesa de autodeterminación de Cataluña. Por todo ello, el 14 de agosto Pablo Casado transmitió al Gobierno, a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella. El 2 de septiembre, el presidente del Partido Popular se lo comunicó personalmente al presidente del Gobierno en la Moncloa y lo hizo público en una larga comparecencia de prensa”, señala el PP.

 

Casado ha dejado muy claro, tanto en público como en privado, a través de su equipo —el último contacto con La Moncloa fue el 31 de agosto— que el pacto es inviable mientras esté Unidas Podemos en el Gobierno. En la rueda de prensa del miércoles, el líder del PP señaló que las cosas habían cambiado en agosto por la actitud de Unidas Podemos. Desde la salida de Juan Carlos I y la imputación del partido por una denuncia sobre supuesta financiación irregular, Pablo Iglesias ha atacado a la justicia y la Monarquía de una forma inasumible para el PP, señalan en este partido.

 

Sin embargo, Iglesias está en el Ejecutivo desde enero y siempre ha mantenido una posición crítica con los escándalos de Juan Carlos I y dura con la justicia, hasta el punto de que hubo un reproche del Consejo General del Poder Judicial, y el PP negoció el acuerdo en julio y agosto.

 

¿Qué ha cambiado? Según la versión oficial del PP, que Unidas Podemos ha endurecido su postura y se lo ha puesto muy difícil a Casado. Según algunas fuentes de este partido, que el jefe de la oposición se vio desnudo ante el sector más duro, sobre todo mediático, después de que su portavoz desvelara el acuerdo, y tuvo que dar marcha atrás.

 

Es algo que ya sucedió en el anterior acuerdo, en 2019. Cuando se conoció el pacto, Casado sufrió críticas muy fuertes de la derecha. Ya estaba pensando en dar marcha atrás, como le pedían en su entorno, pero no fue necesario: el propio juez Manuel Marchena, el presidente del Poder Judicial que habían pactado Sánchez y Casado, renunció a la batalla al publicarse un mensaje del portavoz del PP, Ignacio Cosidó, en el que le contaba a sus senadores que con Marchena el PP iba a “controlar la sala segunda por detrás”. El pacto se fue al garete y los más duros del PP respiraron tranquilos. El negociador de entonces de los populares, Rafael Catalá, quedó achicharrado internamente.

 

Gran discreción

 

Esta vez, Sánchez y Casado llevaban la negociación con gran discreción, pero informaron a Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, un conservador que presiona hace meses para que se renueve un órgano que en diciembre cumplirá dos años fuera de plazo, el récord hasta ahora. El anterior también fue con el PP en la oposición: dos años de bloqueo. Algunas fuentes consultadas señalan que a este ritmo el PP ya se habrá apropiado por la puerta de atrás de un mandato entero del Poder Judicial —cinco años— con una mayoría que según la Constitución no le correspondía.

 

En el pleno del Consejo General del Poder Judicial del 28 de julio, Lesmes les dijo a sus 20 miembros: “Tengo información certera de ambas partes de que es inminente el acuerdo. Por eso creo que lo mejor es aplazar los nombramientos”, según fuentes del CGPJ.

 

Llevaban parados desde enero, cuando hubo un primer intento de acuerdo entre Campo y López. Los consejeros tenían la previsión de que el pacto se anunciaría a finales de agosto, ellos estarían aún en la apertura del año judicial —que se celebra este lunes— y después serían renovados. Varios consejeros detectaron este verano movimientos de todo tipo para la renovación, con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también encima de la negociación de nombres. Pero la marcha atrás de Casado deja las cosas en una situación compleja. Lesmes ha propuesto retomar los nombramientos pendientes desde hace casi un año. Hay tres vacantes esperando en la trascendental sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es la que juzga el procés y todos los grandes casos de corrupción, desde Urdangarín a Rato pasando por Gürtel. Y empieza a tener problemas para componer salas cuando hay recusaciones, que es casi siempre. Ahora mismo, si Carles Puigdemont volviera a España, tendrían problemas para componer una sala que lo juzgara. Desde noviembre de 2019, ya hay 29 candidatos examinados por el CGPJ para esas vacantes.

 

Si el bloqueo sigue y vuelven los nombramientos, el sector conservador podrá controlarlos. Aunque necesitará 13 votos, con lo que los progresistas podrían bloquear alguno. En el mundo judicial, donde se han producido las presiones más intensas para que Casado renovara los órganos constitucionales, casi nadie cree que el líder del PP vaya a mantener otros tres años largos el bloqueo, como se deducía de sus palabras el miércoles —dijo que no habrá renovación mientras Unidas Podemos tenga algo que ver en ella, por tanto mientras esté en el Gobierno—. Pero después de dos fiascos seguidos con el mismo recorrido —acuerdo discreto, revelación, presión de la derecha, marcha atrás— nadie se atreve ya a hacer apuestas.

 

https://elpais.com/espana/2020-09-06/casado-acepto-en-un-whatsapp-a-sanchez-renovar-el-poder-judicial.html

 

 

EL CGPJ DEJA FUERA DE LA LISTA A 2 JUECES DE CASOS DE CORRUPCIÓN

 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves las listas de candidatos a las tres plazas de magistrado que han quedado vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, unas ternas que se han elaborado tras escuchar los proyectos de todos los candidatos el pasado mes de diciembre y que incluyen a seis magistrados de la Audiencia Nacional.

 

Entre los aspirantes excluidos destacan dos jueces de instrucción de este órgano, José de la Mata –que actualmente instruye varias de las causas de mayor complejidad en la Audiencia Nacional, como son los casos Pujol, los papeles de Bárcenas y el 3 por ciento en Cataluña–; y la ex concejal del PP en Madrid María Tardón.

 

No obstante, ambos pueden ser propuestos por cualquier vocal del Pleno para que su nombre vuelva a estar entre los considerados al puesto, según han señalado a Europa Press fuentes de órgano de gobierno de los jueces. También ha quedado fuera Eloy Velasco, que fue quien inició la instrucción de los casos Púnica y Lezo.

 

Entre los que sí han pasado este primer filtro está el propio presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, así como Ángel Hurtado, que fue el juez de Gürtel contrario a condenar al PP como partícipe a título lucrativo.

 

Se suman a las ternas hechas públicas por la Comisión Permanente varios jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como Juan Ramón Séz, Teresa Palacios y Manuela Francisca Fernández Prado, a los que se suma la presidenta de este órgano, Concepción Espejel, cuyo nombre suena seguro para ocupar una de las tres plazas vacantes.

 

Otros candidatos que suenan con fuerza son el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, y el magistrado de este órgano Javier Hernández, según las fuentes consultadas.

 

El resto de candidatos en pasar el primer filtro del CGPJ son Joaquín Delgado (actualmente Audiencia Provincial de Madrid), Lorenzo Jesús Del Río Fernández (TSJ de Andalucía), María del Rosario Esteban (Audiencia Provincial de Madrid), María Dolores Hernández Rueda (Audiencia Provincial de Valencia), Leopoldo Puente Segura (TSJ Madrid), María Pilar Rasillo (Audiencia Provincial de Madrid), Eduardo de Urbano (Audiencia Provincial de Madrid).

 

Requisitos

 

Las tres plazas, correspondientes al turno general, están reservadas a miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado, en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y con diez años de antigüedad en esa categoría y no menos de quince en la Carrera.

 

Las convocatorias obedecen a la jubilación del magistrado que formó parte del tribunal que juzgó el "procés" independentista en Cataluña Luciano Varela, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer.

 

TSJ Canarias y Audiencia de Ourense

 

Por otra parte, los magistrados que integran la terna de candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente, Antonio Doreste, son: Pedro Joaquín Herrera Puentes (Audiencia Provincial de Las Palmas), Juan Luis Lorenzo Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife), y José Félix Mota Bello (Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife)

 

Finalmente, los jueces que integran la terna de candidatos a presidir la Audiencia Provincial de Orense, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente son Ana María Blanco Arce (Audiencia Provincial de Ourense) y Antonio Piña Alonso, que aspira a su reelección.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/02/cgpj_deja_fuera_lista_para_supremo_dos_jueces_clave_casos_corrupcion_108424_1012.html

El bloqueo del PP garantiza el control conservador del órgano de gobierno de los jueces y del TC al inicio de otro curso judicial

 

La negativa de Casado a negociar con el Gobierno empantana la renovación del Consejo General de Poder Judicial, paralizada hace dos años tras la difusión de un 'whatsapp' donde su partido se jactaba de que el Tribunal Supremo estaría bajo su control Los por ahora insalvables obstáculos apuntan a que el Tribunal Constitucional resolverá los recursos del 'procés' estando en funciones cuatro de sus 12 integrantes

 

El whatsapp del PP cuya difusión bloqueó en noviembre de 2018 la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha garantizado al sector conservador de la judicatura mantener por segundo año consecutivo su dominio en el tercer poder del Estado. Aquel mensaje, donde el PP se jactaba de haberse asegurado el control de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "desde detrás", hizo trizas lo que ya era un pacto cerrado para renovar el CGPJ. El acuerdo rebajaba el peso del PP en la nominación parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ, el órgano de gobierno que dibuja el mapa de la magistratura mediante el reparto de los puestos decisorios.

 

Fijado para este lunes el acto solemne que abre el nuevo año judicial y tras la negativa tajante de Pablo Casado a negociar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el CGPJ sigue sin visos de salir de una fase de interinidad que el 4 de diciembre cumplirá dos años. Entre las figuras habituales en el acto de apertura del curso aparece el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo y que en noviembre de 2018 renunció de manera fulminante a dirigir el CGPJ y el alto tribunal en cuanto se conoció aquel whatsapp del PP. El bloqueo afecta igualmente al Tribunal Constitucional (TC) –un tercio de cuyos 12 miembros está pendiente de renovación desde noviembre– así como al Tribunal de Cuentas, también bajo dominio conservador y encargado de velar por la legalidad del gasto público. Salvo viraje inesperado, el TC resolverá en situación de interinidad y con mayoría conservadora los recursos de los condenados del procés.

 

Para la renovación de los miembros del CGPJ y del TC cuya elección depende del Congreso se requiere el voto de tres quintas partes de la Cámara (210 votos). Si el PP se mantiene enrocado en el bloqueo, socialistas y Unidas Podemos (155 escaños entre ambos) necesitarían encontrar otros 55 votos. Y esa no parece una tarea fácil.

 

Bajo la batuta de su presidente, Carlos Lesmes, todo apunta a que el CGPJ (12 votos del sector conservador, contando el de Lesmes, frente a nueve del llamado ala progresista) no va a tirar la toalla en cuanto a proseguir la asignación de altos cargos de manera discrecional. Durante el año y medio que lleva en funciones, ya ha efectuado nada menos que 57 nombramientos de alto nivel para cubrir 12 plazas del Supremo, 13  en Tribunales Superiores (TSJ) autonómicos y 14 presidencias de Audiencias Provinciales. Ahora, otros 30 puestos están en espera.

 

El 28 de julio, el Consejo metió en el congelador los cinco nuevos nombramientos previstos para ese día, entre ellos tres del Supremo. Lo hizo ante "la confirmación" de que PSOE y PP estaban negociando. Dos semanas antes, Lesmes había enviado un tercer escrito a los presidentes del Congreso y el Senado donde les advertía que efectuar los cambios en la composición del Consejo es un mandato legal insoslayable.

 

Cuando el CGPJ volvió a dejar en el cajón los nombramientos, PSOE y PP estaban en efecto negociando en torno a una mesa. Y quienes capitaneaban el diálogo eran el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y su homólogo en el Gobierno madrileño, el consejero Enrique López, responsable de ese área en el PP. Pero una vez que Cayetana Álvarez de Toledo fue defenestrada en agosto como portavoz parlamentaria y proclamó en público su oposición a un acuerdo que vino a calificar de inminente, Casado tumbó la mesa. No negociará nada con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

 

Ahora, la formación conservadora añade a su lista de bloqueo un nuevo argumento esgrimido desde hace décadas por asociaciones judiciales, pero nunca asumido por ningún Ejecutivo, ni del PSOE ni del PP: que la renovación de los miembros del CGPJ dependa de los jueces y no del Congreso y el Senado. El whatsapp de quien en 2018 ostentaba la portavocía del PP en el Senado, el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, asestó sin duda un mazazo a la vulnerable imagen de independencia del tercer poder del Estado. ¿Mejoraría esa imagen si fuesen los jueces, salidos de una dura oposición que en la práctica exige años de dedicación casi plena al estudio, quienes sin la intervención directa o indirecta de las urnas decidieran quiénes de ellos han de gobernarlos a través del CGPJ? La pregunta nunca ha dejado de estar en presente en el debate.

 

¿Volverán los nombramientos este mes?

 

Fuentes jurídicas remarcan que Lesmes ha ido aumentando su influencia entre algunos de los nueve vocales que conforman la minoría del CGPJ, lo que le permite llegado el caso contar con ciertos votos del sector progresista. Salvo que los nueve se plantearan una dimisión en bloque, opción que se perfila hoy remota. Para empezar, el núcleo duro de Lesmes –la comisión permanente– ya ha programado para la semana que comienza este lunes 7 de septiembre las comparecencias de los candidatos a cubrir las presidencias de tres Salas del Supremo: la de lo Contencioso (Tercera), lo Social (Cuarta) y lo Militar (Quinta). Y a lo largo del mes desfilarán también ante la permanente los aspirantes a presidir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Málaga) y la Audiencia Provincial de Cáceres.

 

¿Resolverá de inmediato sobre todos esos nombramientos el pleno del Consejo, que se celebra el último jueves del mes? Los portavoces oficiales del Consejo no lo confirman. Ni lo desmienten, de forma que permanece abierta la posibilidad de que, a diferencia de lo que sucede con cualquier Gobierno en funciones, el CGPJ vuelva a hacer uso de sus potestades legales y actúe como si su mandato no hubiese expirado en diciembre de 2018. A ello ya se han opuesto tanto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

 

En julio, durante una entrevista con infoLibre, el ministro de Justicia expresó de manera inequívoca su posición: "¿Deben hacer esos nombramientos? No, rabiosamente, no". Ahora, Justicia declina cualquier pronunciamiento. Y en el archivo de sentencias judiciales queda el voto particular con que dos magistrados del Supremo alertaron en junio de que la política sobre nombramientos discrecionales que aplica el actual CGPJ constituye "uno de los principales factores de la deslegitimación" del sistema judicial ante la ciudadanía.

 

La incógnita del magistrado detenido por supuesta violencia de género

 

En lo que respecta al Tribunal Constitucional, integrado por 12 miembros, está pendiente la renovación de los cuatro que corresponde elegir al Congreso una vez que su mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. Han de salir el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré y Andrés Ollero.

 

En lo que constituye un hecho inédito, Valdés fue detenido el 10 de agosto por un supuesto delito de violencia de género y puesto en libertad al día siguiente. Ahora, se encuentra en espera de que, previsiblemente la próxima semana, la Fiscalía emita un informe que decidirá el rumbo de la causa, ya en manos del Tribunal Supremo. Valdés permanece en su cargo y, hasta ahora, no ha dado ningún paso que apunte hacia una dimisión. Hasta ahora, los problemas con la justicia solo han provocado en el TC una dimisión: la de Enrique López, que abandonó el tribunal y pasó a la Audiencia Nacional tras ser interceptado por la Policía Municipal de Madrid mientras conducía una moto sin casco y con una tasa de alcoholemia superior a la permitida.

 

En realidad, los nueve años de permanencia en el TC que determina el artículo 159 de la Carta Magna no finalizan hasta julio de 2021 para los cuatro cuyo relevo en el cargo se mantiene bloqueado. Porque los cuatro tomaron posesión en julio de 2012. Pero, como explican fuentes del tribunal, "el plazo [de los nueve años] se cuenta desde la fecha en que debía haberse hecho la renovación del grupo al que sustituyeron y no desde aquella en que se hizo efectiva". Así es desde la reforma derivada de una ley orgánica de 2007 que aprobaron el PSOE y el PP. Pero lo que persiste inalterable es el mandato legal de renovar de los órganos constitucionales. Como el TC y el CGPJ.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/07/cgpj_110600_1012.html

 

EL PODER JUDICIAL RETOMA LA SELECCIÓN DE ALTOS CARGOS TRAS EL FRACASO DE LA NEGOCIACIÓN PARA SU RENOVACIÓN

 

El Consejo reactiva las entrevistas a los candidatos a ocupar los puestos clave de la carrera

 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones más de 20 meses, ha anunciado este jueves que retoma a partir de la próxima semana los procesos para nombrar a los cargos discrecionales de los tribunales españoles. El órgano adopta esta decisión después de que, el pasado julio, anunciase que retiraba del orden del día la votación para elegir a cinco de ellos ante la “confirmación” de que existían negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación de la institución. Unas conversaciones que el líder del PP, Pablo Casado, ha frenado en seco en las últimas semanas.

 

A través de un escueto comunicado, el órgano de gobierno de los jueces ha informado de que este septiembre vuelve a poner en marcha las entrevistas de los candidatos a las presidencias de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo; del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (con sede de Málaga); y de la Audiencia Provincial de Cáceres. Las comparecencias comienzan el próximo martes.

 

Este mismo miércoles, durante el encuentro que mantuvieron el presidente Pedro Sánchez y Casado en La Moncloa, el dirigente del partido conservador transmitió al jefe del Ejecutivo que no renovará los órganos constitucionales mientras Unidas Podemos tenga algo que ver en esa negociación. Una posición que los socialistas califican de “obstruccionista”. “Hay un Gobierno legítimo que el señor Casado directamente no quiere aceptar”, carga María Jesús Montero, ministra de Hacienda. “La actitud facha del PP es una provocación a lo establecido en la Constitución y un ataque a los principios básicos de la democracia”, añade Odón Elorza, diputado del PSOE por Gipuzkoa y exalcalde de San Sebastián.

 

La renovación del CGPJ lleva enquistada casi dos años. Desde que saltó por los aires después de que se filtrara un mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosidó, entonces portavoz popular en el Senado, donde presumía de que controlaría la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al proponer como presidente del Poder Judicial al juez Manuel Marchena. Tras publicarse ese texto, el magistrado renunció a ocupar ese cargo y el PP decidió reventar el pacto que ya había cerrado con el PSOE. Desde ese momento, las conversaciones entre ambas fuerzas se han sucedido, pero no han logrado materializarse. Fuentes de los dos partidos confirman que este septiembre podría haber visto la luz un nuevo acuerdo, pero Casado ordenó frenarlo.

 

A través de cuatro cartas, el propio Consejo ha recordado a los partidos que la Constitución los “obliga” a renovar el órgano tras cumplir su mandato. Incluso, como medida de presión, paralizó los nombramientos discrecionales en enero de 2020, aunque los retomó en mayo a la vista de que el bloqueo proseguía. Posteriormente, el pasado 28 julio, difundió un comunicado donde revelaba que había retirado del orden del día el debate y votación de cinco cargos: tres plazas de magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, uno de los puestos más cotizados de la carrera; la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense.

 

Según afirmó el CGPJ, lo hizo “ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del órgano”. Un anuncio que presagiaba un posible desbloqueo, que finalmente ha quedado en nada. Pese a ello, un grupo de fiscales instó este lunes a los partidos a cerrar un nuevo acuerdo y señaló que incumplir este mandato previsto en la Ley Fundamental “nos coloca fuera del marco constitucional”.

 

https://elpais.com/espana/2020-09-03/el-poder-judicial-retoma-la-seleccion-de-altos-cargos-tras-el-fracaso-de-la-negociacion-para-su-renovacion.html

 

DOS JUECES DEL SUPREMO ALERTAN DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES DEL CGPJ "DESLEGITIMAN" EL SISTEMA JUDICIAL

 

Brecha interna por la sentencia que, por tres a dos votos, reafirma la designación como magistrado de la Sala III del antiguo director de gabinete de Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial y del propio Supremo Los dos jueces discrepantes temen que pueda tener "un efecto devastador" para muchos miembros de la judicatura: puede llevarles a creer que su trabajo "no será ponderado en condiciones de igualdad"

 

El soterrado pero agrio debate sobre los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha traspasado ya incluso los muros del Tribunal Supremo (TS) para abrir una brecha interna. Hace justo una semana, dos de sus magistrados lanzaron por escrito una alerta inédita: la actuación que sobre la asignación de plazas de alto nivel está siguiendo el CGPJ es "una de las cuestiones que más polémica social han suscitado en torno a dicho órgano constitucional". Y constituye "uno de los principales factores de la deslegitimación" del sistema judicial ante la ciudadanía.

 

Los entrecomillados del anterior párrafo pertenecen al voto particular con que dos miembros de la Sala de lo Contencioso del Supremo se desmarcan de una sentencia que ha roto la baraja del acuerdo. Ambos, Nicolás Maurandi y Segundo Menéndez, expresan en ese voto su absoluta disconformidad con la sentencia que por tres votos a dos ha ratificado el nombramiento de un juez con el que literalmente comparten espacio desde hace dos años: Dimitry Berberoff, que había sido director del gabinete técnico del Supremo, cuya misión consiste en dar asistencia al presidente del tribunal –en este caso, Carlos Lesmes– y a las salas. El magistrado ocupó ese cargo hasta que el CGPJ, igualmente presidido por Lesmes, le designó magistrado de lo Contencioso el 24 de julio de 2018.

 

Frente a los tres magistrados que respaldan la sentencia favorable a Berberoff, los dos autores del voto particular sostienen en cambio que, pese a su carácter discrecional, el CGPJ se ha saltado "el derecho fundamental a la igualdad". Y su gran reproche a la sentencia con la que rompen amarras es que ha asumido una tesis que Maurandi y Menéndez ven inaceptable: la de que el órgano de gobierno de los jueces goza de "una libertad tan extensa" que se traduce en la posibilidad de nombrar a quien decida sin necesidad de justificar que también fue analizada la trayectoria de los restantes candidatos "siguiendo las mismas pautas cualitativas de evaluación". Y sin necesidad, tampoco, de "reflejar cuál fue el resultado que cada uno de ellos obtuvo en ese examen comparativo". Una vez trazadas las líneas maestras de su razonamiento, los dos magistrados disparan un auténtico misil: la sentencia dictada en favor de Berberoff "puede causar un efecto devastador en la carrera judicial". Porque puede llevar a muchos jueces a la convicción de que "el esfuerzo por realizar bien su trabajo jurisdiccional no será ponderado en condiciones de igualdad".

 

Cuando en julio 2018 el CGPJ eligió a Berberoff para la plaza vacante en la Sala de lo Contencioso del Supremo ya había aflorado la polémica de los nombramientos discrecionales. Pero en los últimos tiempos ha visto afilarse sus aristas porque el CGPJ permanece en funciones desde diciembre de ese año. Lo que congeló entonces su renovación fue que saliera a la luz un whatsapp donde el PP se jactaba de que perder la mayoría en el consejo al haber cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento no le privaría de seguir controlando "desde detrás" la Sala Penal del Supremo. La difusión de aquel mensaje provocó la renuncia inmediata de quien iba a convertirse en nuevo presidente del Consejo, Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo. A partir de entonces y con un PP cerrado a negociar un nuevo pacto, el órgano de gobierno de los jueces lleva año y medio bloqueado. Desde entonces y bajo dominio conservador, ha asignado 57 plazas judiciales de alto nivel. Y se prepara ahora para distribuir otras 30: cinco en julio y 25 a partir de septiembre. Los vocales conservadores suman 11 sobre un total de 20.

 

En medio de un escenario donde la mayoría conservadora del Consejo prosigue un avance que dejará dibujado buena parte del mapa judicial, emerge ahora la sentencia con la que Maurandi y Menéndez  marcan una distancia kilométrica. Fechada el 11 de junio, la sentencia ha ratificado un nombramiento –el de Berberoff– que había sido impugnado por un rival que adujo la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Ese rival es el juez que en la Audiencia Nacional preside una de las secciones de lo Contencioso, Jesús María Calderón.

 

Entre los tres votos favorables que han inclinado la balanza de la sentencia en favor de Berberoff se cuenta el de Luis María Díez Picazo, presidente de la mencionada Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Díez Picazo llegó en 2015 a la cúpula del área que tras la Sala Penal posee mayor peso político por cuanto es la que dirime todos los recursos que llegan contra decisiones administrativas del Gobierno, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Su ascenso se produjo gracias al impulso de Lesmes: apoyándose en la mayoría conservadora, el máximo responsable del CGPJ cerró la puerta a la reelección del entonces presidente de la sala para un segundo mandato. El defenestrado, José Manuel Sieira, llegó a hacer entonces pública una afirmación inesperada: "El Consejo General del Poder Judicial no puede convertirse en un palacio de intrigas".

 

La sentencia que avalan Díez-Picazo y los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Eduardo Espín no cuestiona la valía profesional de Calderón. Su argumento central reside en que el Consejo "conserva un margen de discrecionalidad indudable". Y que el nombramiento de Berberoff cumplió todos los requisitos legales. La sentencia lo expone así: "La motivación [del nombramiento] pone de manifiesto en forma extensa y detallada el alto grado de excelencia que concurre en el candidato que, en una valoración conjunta determinó el nombramiento, lo que entra en el margen de valoración discrecional del Consejo, por lo que no incurre en déficit alguno de motivación".

 

En el procedimiento, los intereses de Berberoff estuvieron representados por un prestigioso letrado, Nicolás González-Cuéllar. Coautor junto con el magistrado Manuel Marchena de algunas obras de análisis jurídico, González-Cuéllar saltó a los titulares en diciembre pasado cuando, como cabeza visible de la asociación de abogados Movimiento 24.2, anunció una querella por prevaricación contra el abogado del Estado que dirigiese a la Sala de lo Penal del Supremo un escrito con la solicitud de dejar libre al independentista Oriol Junqueras.

 

La de ahora no es esta la primera vez en que chocan Díez-Picazo y Maurandi. Fue el segundo quien en octubre de 2018 presidió el tribunal que dictó la sentencia por la que los bancos pasaban a estar obligados a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados cuando afecta a hipotecas. Y fue Díez-Picazo quien, en una decisión que provocó la mayor crisis y el mayor desgaste vividos por el Tribunal Supremo, hizo que el pleno de la Sala de lo Contencioso revisara esa sentencia y adoptara otra contraria y favorable a la banca. Para entonces, y como publicó infoLibre, Díez Picazo ya había dejado de impartir clases en el centro universitario Cunef, propiedad de la AEB, es decir, de la patronal bancaria. El decreto aprobado luego por el Gobierno de Pedro Sánchez dejó en agua de borrajas la sentencia impulsada por Díez-Picazo.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/18/dos_jueces_del_supremo_alertan_que_los_nombramientos_discrecionales_del_cgpj_deslegitiman_sistema_judicial_107890_1012.html

 

EL PODER JUDICIAL REACTIVA EL NOMBRAMIENTO DE CARGOS DISCRECIONALES ANTE LA FALTA DE ACUERDO PARA SU RENOVACIÓN

 

El órgano de gobierno de los jueces, que paralizó las designaciones en enero, acuerda convocar 25 plazas

 

El Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, reactiva el nombramiento de cargos discrecionales, que estaban suspendidos desde enero pasado a la espera de que los partidos se pusieran de acuerdo para renovar este órgano. Ya a finales de febrero, fuentes del Consejo señalaron que era previsible que se retomaran los nombramientos pendientes ante la evidencia de que los grupos parlamentarios no iban a cerrar a corto plazo un acuerdo, pero la crisis sanitaria provocada por la covid-19 ha alejado más si cabe esa posibilidad. De momento, la comisión permanente del Consejo ha elevado este jueves al pleno las bases que regirán el proceso de nombramiento de 25 cargos, entre ellos las presidencias de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, Illes Balears y el País Vasco.

 

Desde que está en funciones, el Consejo ha aprobado más de 40 cargos discrecionales, lo que ha generado fuertes críticas incluso dentro del órgano por parte de vocales que entendían que sus miembros no están ya legitimados para hacer nombramientos que, en algunos casos, son incluso vitalicios. Pero el presidente, Carlos Lesmes, y la mayoría conservadora de sus vocales, consideran que prima la necesidad de cubrir las vacantes.

 

Según una nota difundida por el órgano de gobierno de los jueces, una vez que el pleno apruebe las bases, y cuando se haya levantado la suspensión de los plazos administrativos recogida en el real decreto por el que se declaró el estado de alarma, el Consejo irá acordando el anuncio en el Boletín Oficial del Estado de cada convocatoria.

 

Entre las plazas cuyas bases de convocatoria se han elevado este jueves al Pleno figuran las presidencias de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo. La primera de ellas quedará vacante el próximo 2 de septiembre, fecha en la que vence el mandato de cinco años para el que fue elegido su actual titular, Luis María Díez-Picazo. Las otras dos obedecen a la jubilación ―los próximos días 25 y 12 de junio, respectivamente― de Jesús Gullón al frente de la Sala Cuarta y de Ángel Calderón en la Sala Quinta.

 

Además de estas, se han elevado las bases de convocatoria de una plaza de magistrado de la Sala Cuarta del alto tribunal, correspondiente al turno de especialistas, como consecuencia del fallecimiento el pasado mes de febrero del magistrado José Manuel López García de la Serrana. También se publicarán en las próximas semanas las convocatorias de las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, Illes Balears y el País Vasco; nueve presidentes de Sala de Tribunales Superiores (las de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ de Asturias y Navarra y las de lo Social de los TSJ de Andalucía (sede de Málaga), Cantabria, Illes Balears, Castilla y León (sede de Burgos), Región de Murcia, País Vasco y Asturias; y las Audiencias Provinciales de Almería, Illes Balears, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Granada, León, Navarra y Salamanca.

 

Además, el Consejo reactivará también el nombramiento de las cinco plazas ya convocadas y que quedaron en suspenso en enero: tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.

 

https://elpais.com/espana/2020-05-14/el-poder-judicial-reactiva-el-nombramiento-de-cargos-discrecionales-ante-la-falta-de-acuerdo-para-su-renovacion.html

 

LESMES DESAFÍA AL GOBIERNO Y DICE QUE LA ÚNICA AUTORIDAD PARA GESTIONAR EN LOS JUZGADOS EL ESTADO DE ALARMA ES EL CGPJ

 

En un comunicado que se ha hecho público tras la reunión de este jueves, la Comisión Permanente del CGPJ presidida por Carlos Lesmes asegura que ha tenido conocimiento de algunas iniciativas de comunidades autónomas con competencias transferidas de prestar asistencia judicial de forma no presencial. «Semejantes iniciativas impedirían, en la práctica, la prestación de los servicios esenciales de la Administración de Justicia» . De igual forma, recuerdan, algunas asociaciones profesionales de jueces y magistrados han realizado comunicados condicionando la prestación de los servicios esenciales a la obtención previa de medios de protección individual y colectiva «pese a la notoria limitación de recursos disponibles y a la existencia de otras prioridades como es la exigida por el servicio sanitario».

 

Lesmes recuerda que los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno de los jueces establecen que los juzgados y tribunales «permanecerán abiertos y prestarán los servicios que los propios acuerdos definen como esenciales, salvo allí donde las autoridades sanitarias competentes dispongan el cierre de las instalaciones y por el tiempo indispensable en que ese cierre se mantenga».

 

El CGPJ, única autoridad

 

«La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas con competencia sobre medios personales y materiales de la Administración de Justicia tienen encomendada una importante e imprescindible función prestacional, de auxilio o colaboración consistente en facilitar los medios para que el Poder Judicial cumpla la tarea que tiene constitucionalmente asignada. En el cumplimiento de esa función, la Administración prestacional no puede, ni de manera directa ni indirecta, impedir o desactivar los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno del Poder Judicial establecido en la Constitución Española para asegurar la prestación del servicio que dicho poder tiene encomendado», señala el texto.

 

Sin embargo, y como acaba de recordarle a Carlos Lesmes el Sector de Justicia de FSC-CC. OO. en un comunicado hecho público hace unas horas, el número de contagios en este sector triplica al de la media en España, y le insisten en que los funcionarios no son «sus empleados» y que por tanto no tienen que cumplir sus directrices.

 

El sindicato acusa en ese comunicado al Consejo General del Poder Judicial de arrogarse competencias que no le corresponde sobre el personal necesario para cubrir los servicios mínimos en los tribunales, ya que eso corresponde a las autoridades sanitarias y administrativas.

 

Efectivamente, como consecuencia del estado de alarma decretado el pasado sábado, 14 de marzo, la autoridad competente en todo el territorio nacional ha pasado a ser el Gobierno de Pedro Sánchez, quien ha asumido el mando único sobre todas las administraciones públicas por aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, incluyendo también al Consejo General del Poder Judicial.

 

El artículo 9 de la Ley, dice textualmente que: “Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”.

 

La Ley Orgánica establece que si la resistencia a las órdenes fuera cometida por una autoridad, en este caso el presidente del CGPJ, sus facultades para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración de estado de alarma podrán ser asumidas por el Gobierno de la Nación.

 

https://diario16.com/lesmes-desafia-al-gobierno-y-dice-que-la-unica-autoridad-para-gestionar-en-los-juzgados-el-estado-de-alarma-es-el-cgpj/

 

EL BLOQUEO DEL PODER JUDICIAL SE AGRAVA TRAS UN NUEVO PORTAZO DEL PP

El Gobierno evita el choque institucional con el Consejo General del Poder Judicial, controlado por los conservadores, con un reparto que viene de cuando el PP tenía mayoría absoluta, pero aprieta el acelerador para presionar a los populares para su renovación, pendiente desde hace más de un año. El Ejecutivo llamará de inmediato al PP para empezar a negociar. Y exige a la oposición que desbloquee la renovación en vez de “embarrar la política”. Los populares, sin embargo, después de la elección de Dolores Delgado como fiscal general, han reafirmado su intención de mantener el bloqueo si el PSOE no cambia el sistema de elección.

 

El estreno del Gobierno no ha podido ser más claro. Desde el primer día, con el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general, el Ejecutivo ha visto con claridad que tendrá enfrente no solo al PP, Vox y Ciudadanos, sino también a una parte importante de la cúpula judicial, algo que puede ser decisivo en los próximos meses, en los que vienen decisiones clave que afectarán a la política catalana y por tanto a la española. Este viernes además el Ejecutivo buscó un campo de batalla ideológico perfecto para un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos: el veto parental que han implantado en Murcia PP y Ciudadanos por exigencia de Vox. Ambos asuntos centraron la primera comparecencia ordinaria tras el Consejo de Ministros —el martes salió de forma excepcional el presidente— que también fue muy simbólica, porque mostró la sintonía de la coalición con tres ministras en la mesa, dos del PSOE —María Jesús Montero, de Hacienda, e Isabel Celaá, de Educación— y una de Podemos, Irene Montero, de Igualdad.

 

Entre gestos y miradas de complicidad, las dos ministras Montero bromearon con que estas primeras reuniones se viven con “gran normalidad” pese a los duros reproches que ambos partidos se lanzaron en los últimos meses. Ambas concluyeron que el Gobierno está muy cohesionado. “No hay ministras del PSOE y de Podemos, todas lo somos del Gobierno de coalición”, resumió María Jesús Montero.

 

La titular de Hacienda, que se estrenaba como portavoz del Ejecutivo, fue muy clara desde el principio. El Gobierno no va a contribuir con sus declaraciones “a aumentar la crispación ni al intento de embarrar la política” que en su opinión protagoniza la oposición, pero tampoco se va a quedar quieto. Montero anunció que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene previsto llamar al Partido Popular para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Montero reprochó a Pablo Casado que afirme “sin pudor” que va a utilizar sus diputados, imprescindibles para cualquier acuerdo —se necesitan tres quintos del Congreso, 210 escaños— para bloquear la renovación de estas instituciones.

 

La también ministra de Hacienda cargó contra la oposición y le pidió que permita arrancar con calma al nuevo Gobierno y que sea leal. “Es nuestra obligación velar por la normalidad. Este país necesita que nos entendamos. Nosotros no vamos a echar leña al incendio. Esperamos que haya renovación de las instituciones. Los que están en el bloqueo deberían respetar el principio básico de la convivencia democrática, que es respetar la voluntad de los ciudadanos, que determina que a nosotros nos toca gobernar y a otros hacer una oposición leal y constructiva”.

 

El PP mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018. Fuentes de la dirección señalan que si Pedro Sánchez les convoca para hablar del órgano de gobierno de los jueces, acudirán “por respeto institucional” pero, como adelantó EL PAÍS, se niegan a pactar cualquier renovación si no se cambia la ley y el método de elección de los vocales del CGPJ de forma que 12 de ellos sean elegidos directamente por los jueces. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a presentar ese proyecto, pero finalmente se echó atrás. Los populares reafirman su rechazo a negociar la renovación del organismo en la decisión del presidente de nombrar a Delgado fiscal general. “Sánchez no es de fiar”, destacó García Egea.

 

El PP ya bloqueó durante dos años el Poder Judicial durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: Y la composición actual del organismo le favorece, ya que hay una mayoría cómoda de vocales propuestos por sus siglas: se renovó cuando los populares, entonces con Rajoy a la cabeza, disfrutaban de una amplia mayoría absoluta. El partido no se da por aludido ante la decisión del CGPJ de paralizar todos los nombramientos como medida de presión para agilizar la renovación del organismo y no establece ninguna fecha límite para este bloqueo.

 

Mientras, en el Poder Judicial también se ahonda la división entre los consejeros elegidos por uno y otro partido. La vocal Concepción Sáez (propuesta por IU) defiende en el voto particular presentado este viernes sobre la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado que el órgano de gobierno de los jueces debió otorgar a la exministra de Justicia un “informe de idoneidad” como se ha hecho en anteriores ocasiones. “No hay nada en su currículo ni en su trayectoria que perturbe y comprometa el informe de idoneidad que debió otorgarle este consejo”, afirma Sáez en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.

 

La citada vocal reprocha también al Poder Judicial la declaración difundida el pasado miércoles para pedir “responsabilidad institucional” a Pablo Iglesias tras sus críticas a la actuación de la justicia española en el procés. “No parece que [este Consejo] se halle en condiciones de predicar mesura y tiento a los demás poderes del Estado ni a quienes están llamados a ostentar su representación cuando no han tenido siquiera ocasión de comenzar su andadura”, señala Concepción Sáez tras recordar que el actual CGPJ está en funciones desde diciembre de 2018.

https://elpais.com/politica/2020/01/17/actualidad/1579288626_254126.html

 

UNA VOCAL DEL CGPJ EMITE UN VOTO EN EL QUE DENUNCIA MANIOBRAS DEL BLOQUE CONSERVADOR PARA DESACREDITAR A DELGADO

 

Concepción Sáez subraya que la propuesta sometida a votación fue "incompleta" por la "llamativa omisión" de la referencia a la idoneidad de la exministra

 

La vocal a propuesta de IU sostiene que el Consejo, por su situación de interinidad, no está en condiciones de pedir "mesura" y "tiento" a miembros del Gobierno

 

Concepción Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de Izquierda Unida, ha firmado un voto concurrente en el que denuncia actuaciones del bloque conservador –esto es, de los representantes elegidos por el PP– para poner en duda la capacidad de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El órgano de gobierno de los jueces, que este jueves avaló dividido el nombramiento de la exministra, está en funciones desde diciembre de 2018.

 

Sáez explica en el texto al que ha tenido acceso eldiario.es que comparte la decisión de la cúpula del Poder Judicial de avalar el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado acordada por 12 votos a favor y 7 en contra. Pero afirma que la propuesta sometida a votación por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, es "incompleta" por la "llamativa omisión" de la referencia a la idoneidad de la persona propuesta que sí se había incluido en los informes de este mismo Consejo sobre los nombramientos de los últimos cuatro máximos responsables del Ministerio Público.

 

Destaca, además, que los vocales conservadores, que en anteriores nombramientos de fiscal general del Estado habían sostenido la naturaleza "meramente ritual y formalista" del informe del CGPJ –es decir ciñéndose únicamente a los requisitos de ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo– tuvieron este jueves un posicionamiento "opuesto" haciendo un voto particular en el que la rechazan por parcial abordando un requisito "no contemplado" en el Estatuto sobre los fiscales generales.

 

La vocal subraya también que tras la explicación dada por Lesmes sobre una propuesta de la que se había eliminado la mención a la idoneidad buscando precisamente que fuera "admisible por todas las sensibilidades" todo parecía abocado a su aceptación general. Sin embargo, los vocales propuestos por el PP votaron en contra y presentaron el citado voto particular "con extraordinaria rapidez, apenas 45 minutos después de finalizado el pleno".

 

La vocal sostiene además que el Consejo, por la situación de interinidad en el que está inmerso desde diciembre de 2018, no está en condiciones de pedir "mesura" y "tiento" a miembros del Gobierno recién formado. Este miércoles, el órgano de gobierno de los jueces reclamó al vicepresidente Pablo Iglesias que evite "la utilización política" de la Justicia tras sus palabras sobre el procés en una entrevista.

 

Sáez, que votó en contra del nombramiento como fiscales generales del Estado de José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar –ambos propuestos durante la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno– es desde septiembre de 2018 gerente de la Mutualidad General Judicial, un cargo para el que fue propuesta por la Secretaría de Estado de Justicia cuando Dolores Delgado dirigía el Ministerio de Justicia. Este hecho la llevó a renunciar como miembro de la comisión permanente del CGPJ, que es el principal órgano de dirección del Consejo, y donde sus miembros sí tienen dedicación exclusiva.

 

https://www.eldiario.es/politica/Poder-Judicial-maniobras-conservador-Delgado_0_985851603.html

              

EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LOS JUECES SE FRACTURA ANTE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

El informe sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ha fracturado este jueves el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano ha avalado la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para que la hasta ahora ministra de Justicia sea la nueva fiscal general del Estado, pero lo ha hecho con 12 votos a favor y 7 en contra, una división que no se daba desde la elección de otro exministro, Javier Moscoso, en 1986 (trece votos a favor, seis en contra y uno en blanco). El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, llevó al pleno una propuesta de mínimos con la que, según explicó, buscaba la unanimidad. Pero fueron precisamente siete de sus vocales más afines, propuestos por el PP, los que votaron en contra al considerar que Delgado no es “idónea” para desempeñar el cargo.

Los vocales del CGPJ estaban preparados para que el pleno para informar sobre la idoneidad de Delgado como fiscal general del Estado derivara en un largo y tenso debate. Sin embargo, la sesión duró poco más de una hora y, según las fuentes consultadas, se desarrolló con relativa calma. Pero cuando los vocales comenzaron a anunciar su voto se constató la fuerte división entre el sector conservador y el progresista.

 

Los siete votos en contra de Delgado corresponden a vocales propuestos por el PP (José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Nuria Díaz, José María Macías, Carmen Llombart y Juan Manuel Fernández). Los miembros del Consejo solo votaron la propuesta que llevó al pleno su presidente, que se limitaba a constatar que Delgado cumple “los requisitos exigidos” para el puesto, pero elimina una frase empleada en los acuerdos para la elección de los últimos cuatro fiscales en la que Lesmes señalaba que los méritos reflejados en el currículum del candidato “determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento”.

 

El informe del órgano de gobierno de los jueces es un trámite preceptivo, pero no vinculante, en el que el CGPJ comprueba que el candidato a fiscal general cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. En los cuatro fiscales elegidos hasta ahora durante el mandato de Lesmes (Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra) la propuesta del presidente terminaba con la siguiente fórmula: “La verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto”. En el texto enviado para el pleno de esta tarde, este párrafo se transforma en una sola frase: “A la vista de la documentación referida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”.

 

Con esta fórmula, el presidente evita señalar los “méritos” del currículum de la exministra de Justicia y determinar la idoneidad de la candidata para ejercer el cargo. Esta es la propuesta que se aprobó. Al iniciar la sesión, el presidente explicó a los vocales que había optado por esa solución para evitar la ruptura. Sin embargo, siete de los vocales elegidos por el PP, que conforman el núcleo más cercano de Lesmes, se desmarcaron de ese texto y votaron en contra. Algunos de ellos dejaron constancia en el pleno de que entendían que, aunque Delgado cumplía los requisitos formales para ser fiscal general, no era “idónea” para el cargo, por lo que no iban a respaldarla.

 

El pleno del CGPJ está integrado por 21 miembros, de los que 13 (incluido el presidente) fueron nombrados a propuesta del PP, siete por el PSOE y los dos restantes, por IU y PNV, lo que da a los conservadores una holgada mayoría de 13 a 9. Pero en el pleno de este jueves faltaron dos miembros propuestos por el PP, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. Tampoco estuvo presente Pilar Sepúlveda (PSOE), aunque intervino por videoconferencia, por lo que la mayoría del sector conservador antes del pleno se vio reducida a 10 vocales frente a nueve. Pero el presidente Carlos Lesmes se posicionó desde el principio a favor de dar el visto bueno a Delgado y, finalmente, solo dos de sus vocales más afines secundaron su propuesta.

Tras la votación, la vocal Nuria Díaz anunció que iba a formular un voto particular discrepante al que se adhirieron el resto de los vocales que votaron contra Delgado. “La asunción de la responsabilidad de Fiscal General del Estado sin solución de continuidad, inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y de diputada del partido político que sustenta al Gobierno proponente, supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al Fiscal General del Estado”, recoge el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

 

Según estos vocales, las circunstancias que rodean a Delgado “crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución que ha de dirigir, lo que comporta, a su vez, que las funciones constitucionales que debe cumplir como Fiscal General del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones”.

 

Otros tres miembros del pleno (Concepción Sáez, propuesta por IU, y Rafael Fernández Valverde y Ángeles Carmona, propuestos por el PP) que votaron a favor de Delgado redactarán también un voto particular para aclarar matices respecto a la propuesta aprobada. La primera ya expresó en el pleno su disconformidad con que el texto redactado por Lesmes no haga una mención expresa a la “idoneidad” de Delgado; Fernández Valverde y Carmona eran partidarios, por su parte, de haber incluido en el acuerdo alguna objeción por el daño a la imparcialidad que puede suponer que la que hasta el pasado lunes era ministra de Justicia se convierta ahora en fiscal general.

 

El CGPJ presidido por Lesmes siempre ha informado a favor del candidato propuesto por el Gobierno, aunque en los dos últimos nombrados durante el mandato de Mariano Rajoy (José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar) hubo un voto en contra de la vocal Concepción Sáez (nombrada a propuesta de IU). En esos casos algunos vocales pidieron que el informe del CGPJ no se limitara a comprobar que el candidato cumple con los requisitos exigidos para ser fiscal general, sino que incluyera una valoración sobre sus cualidades para el cargo. La mayoría de vocales del sector conservador se opusieron a esta posibilidad.

 

En etapas anteriores solo la candidatura de Moscoso suscitó una división similar a la registrada con Delgado. No obstante, en el caso de Jesús Cardenal, propuesto en 1997 por José María Aznar como fiscal general, el pleno del CGPJ sí fue más allá de esa valoración técnica y, aunque respaldó de forma unánime la candidatura, dejó constancia de su preocupación por “manifestaciones” del candidato no acordes con la Constitución. Se referían a la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1994, donde Cardenal había hablado de la “mediocridad ética” de la sociedad al reflexionar sobre los planes de facilitar los divorcios, o reconocer a las parejas homosexuales.

 

El presidente del PP, Pablo Casado, se había mostrado por la mañana confiado en que el CGPJ rechazara la candidatura de Delgado. Tras conocer la votación, fuentes populares señalaron que el resultado “obliga” a la exministra “a rechazar el nombramiento (...) si le queda alguna dignidad personal y profesional”.

 

LESMES FRENA LOS NOMBRAMIENTOS DEL CGPJ

 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no hará más nombramientos hasta que no se renueve. Así lo anunció ayer el presidente, Carlos Lesmes, que como el resto de miembros lleva en funciones desde diciembre de 2018. Durante estos 14 meses, el CGPJ ha efectuado más de 40 nombramientos discrecionales, una decisión cuestionada por asociaciones de jueces e incluso por algunos vocales del Consejo.

 

El Consejo había defendido su legitimidad para realizar estos nombramientos y la necesidad de ocupar las vacantes para evitar que la justicia se paralizase. Pero Lesmes ha optado ahora por frenar la cobertura de todas las plazas pendientes “en la confianza de una pronta renovación de la institución”. Si no el CGPJ no se renueva “en un tiempo prudencial”, según una nota difundida por el presidente, se retomarán los nombramientos. Entre las designaciones que se paralizan hay tres plazas de la Sala Penal del Supremo, que no cuenta con magistrados suficientes para futuros juicios relacionados con el procés.

 

https://elpais.com/politica/2020/01/16/actualidad/1579189369_523714.html?rel=listapoyo

 

EL SECTOR CONSERVADOR DEL PODER JUDICIAL NO IMPONE SUS TESIS CONTRA DELGADO PERO LANZA UN ATAQUE INÉDITO CONTRA ELLA

Los detractores de la exministra de Justicia suman siete votos en contra de su nombramiento frente a 12 a favor y sostienen en un voto particular que "no cumple con el requisito de la imparcialidad"

Dos de los vocales conservadores que avalaron el tímido sí postulado por el presidente del CGPJ niegan su idoneidad para el cargo

El rechazo del ala conservadora de la judicatura a que Dolores Delgado asuma el cargo de nueva fiscal general del Estado provocó este jueves un acto de confirmación de que la exministra de Justicia se ha convertido en objetivo de un ataque sin precedentes.

Con mayoría en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los conservadores no lograron ver cumplido el deseo que por la mañana había expresado el líder del PP, Pablo Casado: que el órgano de gobierno de los jueces declarase que la exministra de Justicia no reúne los requisitos para dirigir la Fiscalía. Pero en el pleno de la institución que debía emitir un dictamen preceptivo aunque no vinculante sobre su futuro nombramiento consiguieron abrir una brecha de profundidad desconocida: el Consejo avaló el futuro nombramiento de Delgado por 12 votos a favor y siete en contra.

Lo sucedido en el CGPJ indica que irá en aumento el enfrentamiento con la fiscal general y el Gobierno desde un consejo dividido que lleva ya en funciones 13 meses y que en ese periodo y bajo la mayoría conservadora ha efectuado 52 nombramientos discrecionales de altos cargos de la judicatura. Esos nombramientos quedan ahora congelados, y así lo anunció en el pleno del CGPJ su presidente, Carlos Lesmes. El también presidente del Supremo expuso que el proceso para la renovación del órgano de gobierno está ya en marcha y que el consejo debe por tanto evitar nuevas designaciones. En teoría es así, pero el PP ya ha anunciado que bloqueará la adaptación del órgano al nuevo mapa parlamentario. La renovación del Consejo quedó bloqueada a final de 2018 cuando trascendió un whatsapp donde el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, daba por hecho que el partido seguiría controlando el Poder Judicial a través del magistrado del Supremo Manuel Marchena.

Afirmaciones de alto voltaje contra la exministra

De los 19 vocales que asistieron a la sesión del consejo abierta a las cuatro y media de la tarde, siete fueron no solo contrarios a avalar que Delgado cumple las exigencias legales sino que a la hora y media de haber finalizado la reunión presentaron un voto particular donde introducen afirmaciones de alto voltaje: “La candidata propuesta no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica”.

Desembarcar –añade a renglón seguido el texto- en la cúpula del ministerio público “inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y habiendo sido propuesta siendo diputada supone, a nuestro juicio, un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado”.

"Estas circunstancias que concurren en la candidata propuesta – prosigue el texto– son hechos que crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución que ha de dirigir, lo que comporta, a su vez que las funciones constitucionales que debe cumplir como Fiscal General del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones".

Los argumentos del voto particular se sitúa en la misma coordenada que el que había desplegado por la mañana el presidente del PP. Lo que Casado dijo a su llegada a un desayuno informativo fue esto: "Espero, porque confío mucho en el CGPJ que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad porque la legislación española le exige imparcialidad que una diputada del PSOE a día de hoy no tiene”. El presidente del PP completó su razonamiento lanzando una pregunta: qué ocurriría si su partido hubiese propuesto a Gallardón como fiscal general siendo “diputado del PP y ministro de Justicia”.

Hasta ahora, ningún fiscal general había cosechado tantos noes en este paso previo a que su designación quede formalizada. En 1986, Javier Moscoso, pasó de ser ministro de Presidencia en el Gobierno de Felipe González a fiscal general del Estado. En el Consejo, Moscoso obtuvo 13 votos a favor, seis en contra y uno en blanco. Según vocales que asistieron a la reunión, el precedente de Moscoso fue esgrimido de forma explícita por una de las vocales progresistas, Clara Martínez de Careaga, para defender que un exministro puede convertirse en fiscal general sin ningún problema legal ni ético.

De los 19 votos emitidos –dos miembros de la mayoría conservadora, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea, no asistieron–, 12 fueron favorables a la propuesta del presidente del órgano y del Supremo, Carlos Lesmes, propuesta que se limitaba a avalar que Delgado cumple los requisitos legales exigidos para el puesto.

Es decir, a diferencia de lo habitual, esta vez se sometía a votación un aséptico o tibio texto que no hacía constar la idoneidad de la exministra para ocupar su nuevo cargo. Según su equipo, buscaba así rebajar la tensión y lograr el consenso. Pero al menos una de las vocales del sector progresista, Concepción Sáez, anunció que este viernes presentará un voto particular donde haga valer su convicción de que Delgado debió ser expresamente definida como idónea.

El acuerdo fue aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, el conservador Carlos Lesmes, y de los vocales progresistas, Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo. Apoyaron asimismo la propuesta los conservadores Rafael Fernández Valverde y Ángeles Carmona.

Y votaron en contra los vocales conservadores Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart.

Otros dos vocales de la mayoría conservadora, aquellos que secundaron la propuesta de Lesmes, han anunciado otro voto en el que, pese a haber optado por el sí, argumentarán que Delgado no es idónea para dirigir la Fiscalía.

Ahora, una vez superado el trámite del órgano de gobierno de los jueces, el nombramiento de Delgado se someterá al examen de la Comisión de Justicia del Congreso. Allí, todo indica que la guerra se recrudecerá por la oposición tajante de las tres formaciones de derecha, el PP, Vox y Ciudadanos.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/01/17/el_sector_conservador_del_poder_judicial_no_impone_sus_tesis_contra_delgado_pero_lanza_ataque_inedito_contra_futura_fiscal_general_102934_1012.html

 

EL PODER JUDICIAL SUSPENDE EL NOMBRAMIENTO DE JUECES HASTA SU RENOVACIÓN

El pleno, a propuesta de Lesmes, paraliza el nombramiento de cargos judiciales "en la confianza de una pronta renovación de la institución"

Tenían pendiente nombrar tres nuevos magistrados de la sala de lo penal

El nuevo magistrado del Tribunal Supremo Ricardo Cuesta (d) saluda al presidente del tribunal, Carlos Lesmes (i) durante la ceremonia de toma de posesión del cargo celebrada en Madrid (España),  a 15 de enero de 2020 .

El nuevo magistrado del Tribunal Supremo Ricardo Cuesta (d) saluda al presidente del tribunal, Carlos Lesmes (i) durante la ceremonia de toma de posesión del cargo celebrada en Madrid (España), a 15 de enero de 2020 . / Pool (Pool)

El Consejo General del Poder Judicial no nombrará más jueces hasta que no se renueve el organismo. El órgano de gobierno de los jueces ha tomado esta decisión en pleno, a propuesta del presidente Carlos Lesmes, confiando en "una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno".

La decisión afecta, entre otros, al nombramiento de tres nuevos magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo que este año dictará sentencia sobre casos como Gürtel, los ERE o estudiará la sentencia que dicte la Audiencia Nacional sobre Josep Lluís Trapero.

El Consejo especifica, después de casi medio centenar de nombramientosen fase de interinidad, que "los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia".

El CGPJ, cuyo mandato expiró hace más de un año, expica que esta medida afecta a cinco plazas cuya provisión estaba pendiente: tres en la sala de lo penal del Supremo, la presidencia del TSJ de Canarias y la de la Audiencia Provincial de Ourense.

https://cadenaser.com/ser/2020/01/16/tribunales/1579202956_856751.html

LESMES EXCLUYE LA PALABRA “IDONEIDAD” DE SU PROPUESTA PARA EVALUAR A DELGADO COMO FISCAL GENERAL PERO ADMITE QUE CUMPLE LOS REQUISITOS

El texto remitido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial a los vocales elimina una frase empleada en las cuatro ocasiones anteriores en la que se constataban los “méritos” del candidato y se le declaraba idóneo para el cargo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, evita afirmar la idoneidad de Dolores Delgado para el cargo de fiscal general del Estado en la propuesta que ha remitido a los vocales para su debate en el pleno del Consejo convocado para este jueves por la tarde. El escrito enviado por Lesmes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, admite que Delgado cumple "los requisitos exigidos" para el puesto, pero elimina una frase empleada en las propuestas para la elección de los últimos cuatro fiscales en la que el presidente del órgano de gobierno de los jueces señalaba que los méritos reflejados en el currículum del candidato “determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento”.

La propuesta del presidente del Consejo omite parte del párrafo final de las cuatro propuestas anteriores. En los casos de Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y Maria José Segarra el texto terminaba con la siguiente fórmula: “La verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto”. En el texto enviado para el pleno de esta tarde, este párrafo se transforma en una sola frase: “A la vista de la documentación referida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”. Con esta fórmula, el presidente evita señalar los “méritos” del currículum de la exministra de Justicia y determinar la idoneidad de la candidata para ejercer el cargo.

El pleno del Consejo examina a partir de las 16.30 de este jueves la candidatura de la hasta ahora ministra de Justicia como fiscal general del Estado. El informe del órgano de gobierno de los jueces es un trámite preceptivo, pero no vinculante, en el que el CGPJ comprueba que el candidato a fiscal general cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.

Fuentes del CGPJ aseguraron que Lesmes llevaría al pleno una propuesta idéntica a la de los últimos fiscales generales, en la que se limita a constatar que la candidata cumple los requisitos. “A partir de ahí, se puede abrir el debate, como siempre”, señalaron estas fuentes.

El escrito del presidente ha llegado finalmente a los vocales unas horas antes del inicio del pleno. Algunos vocales consultados habían mostrado este miércoles su extrañeza porque Lesmes no hubiera todavía enviado a los miembros del pleno su propuesta sobre la candidatura. Según estas fuentes, en ocasiones anteriores la propuesta del presidente ha llegado con varios días de antelación. Al margen de ese retraso en el envío y, salvo ese párrafo final, el resto del texto es idéntico al que Lesmes llevó al pleno para la elección de los cuatro últimos fiscales generales: el presidente recuerda el marco legal en el que se encuadra la designación del fiscal general del Estado (artículo 124 de la Constitución y artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al pleno de Consejo, “la emisión del informe previo sobre el nombramiento” tras analizar el currículum profesional del candidato.

El cambio en la propuesta de Lesmes anticipa que el pleno de este jueves va a ser tenso. Varios miembros del CGPJ consultados coinciden en que lo previsible es que el Consejo informe a favor de la candidatura de Delgado, aunque aseguran que habrá debate en el pleno y no se descarta que la propuesta no salga por unanimidad. “Va a ser un debate a cara de perro”, asegura un vocal consultado. Parte del sector conservador está dispuesto a dejar constancia de su oposición al nombramiento de Delgado, según varias fuentes.

El CGPJ siempre ha informado a favor del candidato propuesto por el Gobierno, aunque en los dos últimos nombrados durante el mandato de Mariano Rajoy (José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar) hubo un voto en contra de la vocal Concepción Sáez (nombrada a propuesta de IU). En esos casos algunos vocales pidieron que el informe del CGPJ no se limitara a comprobar que el candidato cumple con los requisitos exigidos para ser fiscal general, sino que incluyera una valoración sobre sus cualidades para el cargo. La mayoría de vocales del sector conservador se opusieron a esta posibilidad.

No obstante, en el caso de Jesús Cardenal, propuesto en 1997 por José María Aznar como fiscal general, el pleno del CGPJ sí fue más allá de esa valoración técnica y, aunque respaldaron de forma unánime la candidatura, dejaron constancia de su preocupación por “manifestaciones” del candidato no acordes con la Constitución. Se referían a la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1994, donde Cardenal había hablado de la “mediocridad ética” de la sociedad al reflexionar sobre los planes de facilitar los divorcios, o reconocer a las parejas homosexuales.

https://elpais.com/politica/2020/01/15/actualidad/1579118867_331247.html

LA PROPUESTA DE LESMES OMITE PRONUNCIARSE SOBRE LA IDONEIDAD DE DELGADO Y SE LIMITA A VALIDAR LOS REQUISITOS

La votación sobre la fiscal general propuesta por Sánchez fracturará al CGPJ, varios de cuyos vocales estudian votar en contra del dictamen

El órgano de gobierno de los jueces estudiará los requisitos formales para el nombramiento Delgado, si bien estos se limitarán previsiblemente a chequear si la candidata cumple con determinados trámites formales

Según los vocales más críticos, el hecho de que Delgado haya sido diputada del PSOE hasta esta misma mañana pone en cuestión su imagen de imparcialidad

La propuesta de informe preceptivo, aunque no vinculante, que ha presentado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, sobre la decisión del Gobierno de que la próxima fiscal general del Estado sea la exministra de Justicia y exdiputada del PSOE Dolores Delgado omite pronunciarse expresamente sobre la idoneidad de la misma, limitándose a validar que cumple los requisitos formales para su designación, según informa Europa Press.

El debate que se desarrollará este jueves sobre dicha propuesta fracturará previsiblemente a este órgano, varios de cuyos vocales tienen previsto no sólo cuestionar su propuesta mediante votos particulares, sino votar directamente en contra de la misma.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de este órgano, que señalan que la alusión expresa a la "idoneidad" del candidato sí aparecía en las propuestas anteriores realizadas por Lesmes respecto de los nombramientos de José Luis Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra.

En cuanto a los reparos a la designación de Delgado durante el debate de este asunto, procederán según las mismas fuentes del grupo de vocales designados a propuesta del PP, que son mayoría, y que además no actuarán de forma unitaria: mientras que un grupo que puede llegar hasta cinco se plantea votar en contra de la propuesta, el resto propone apoyar la propuesta que ha presentado Lesmes –que se limita a dar por cumplidos los requisitos legales–, pero reflejando por escrito su discrepancia.

Estas discrepancias fueron debatidas en una reunión mantenida el miércoles por este grupo de vocales y van desde la crítica a la "puerta giratoria" que supone saltar directamente del ministerio de Justicia a la jefatura del Ministerio Público al hecho de que, hasta esta misma mañana, Delgado haya mantenido su condición de diputada del PSOE, partido para el que hizo campaña política hace apenas unas semanas.

Principales reparos

Esta condición de Delgado, según los vocales más críticos con la propuesta de Pedro Sánchez, determina la falta de la idoneidad de la candidata por varios motivos, ya que pone en cuestión su imagen de imparcialidad respecto a determinadas causas jurídicas de trascendencia mediática y política.

Lo peor, no obstante, y sin prejuzgar la labor que desarrollará Delgado en su puesto, es el perjuicio a la imagen de la Justicia, a lo que se une lo polémico de una figura que ha sido vinculada a la causa abierta por presunta corrupción policial que investiga la Audiencia Nacional en relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Por lo pronto, al propuesta de Lesmes, a la que ha tenido acceso Europa Press, se limita a concluir que, a la vista de la documentación remitida al órgano de gobierno de los jueces "se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada", que consisten en ser jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Se espera que el bloque progresista y los propuestos por partidos nacionalistas, que son 9, voten en bloque a favor de esta propuesta.

Por otro lado, a la reunión de este jueves faltarán dos vocales, aunque ello no afectará al juego de mayorías entre los consejeros conservadores y progresistas porque habrá una ausencia de cada lado: la de Wenceslao Francisco Olea, que se encuentra fuera de España; y la de Pilar Sepúlveda, a propuesta del PSOE, por razones de salud.

Precedentes

En cuanto a los precedentes, las mismas fuentes apuntan al caso de Javier Moscoso, designado fiscal general en 1986, nada más concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia, cuya validación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite que en la práctica totalidad de ocasiones es automático, originó una agrio debate en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se dividió respaldando al candidato por 13 votos frente a 6 y uno en blanco.

En cuanto a los más recientes, tanto la designación como fiscales generales del fallecido José Manuel Maza como la de su sucesor, Julián Sánchez Melgar, ambos magistrados de lo Penal del Supremo cuando accedieron al cargo, mereció el voto discrepante de la vocal designada por IU, Concepción Sáez, que argumentó que el consejo no debía limitarse a la comprobación de los requisitos formales y debía emitir una opinión acerca de los méritos y capacidad de la persona propuesta. En el caso de Segarra, esta vocal votó a favor del nombramiento por considerarla idónea, y es previsible que este jueves haga lo mismo con Delgado.

En las primeras dos ocasiones, durante el debate de este asunto se le replicó por la mayoría del Pleno del pleno diciendo que un dictamen más allá del aval de los requisitos formales implicaba una valoración "política" que excedía de las competencias del CGPJ. Esta tarde dichas valoraciones políticas podrían, previsiblemente, producirse por una mayoría.

El Pleno del CGPJ se reunirá mañana de forma extraordinaria para estudiar la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido fuertemente contestada por la práctica totalidad de asociaciones fiscales con excepción de la Unión Progresista (UPF), de la que Delgado formó parte en su día, y buena parte de representantes del Ministerio Público.

En su reunión de este jueves, el órgano de gobierno de los jueces estudiará los requisitos formales para el nombramiento Delgado, si bien éstos se limitarán previsiblemente a chequear si la candidata cumple con determinados trámites formales, como ser jurista de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Ni el CGPJ ni la Cámara baja tienen en la práctica capacidad real de vetar la decisión del Gobierno.

Una vez estos pasos se cumplimenten, Delgado pasará directamente a dirigir el Ministerio Público, donde prima el principio de jerarquía. Y lo hace tras ocupar un puesto en el Gobierno desde el que dirigió la acción de la Abogacía del Estado, que en la causa del procés se ha venido posicionando de forma discrepante a los criterios de los cuatro fiscales del caso: cambiando la petición de condena de rebelión por la de sedición –que fue la que obtuvo el aval del tribunal–, e informando después a favor de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pudiera cumplimentar los trámites para ejercer de europarlamentario.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/01/16/la_propuesta_lesmes_omite_pronunciarse_expresamente_sobre_idoneidad_delgado_limita_validar_requisitos_102908_1012.html

CASADO CONFÍA EN QUE EL PODER JUDICIAL DESAUTORICE EL NOMBRAMIENTO DE DELGADO COMO FISCAL GENERAL

Pablo Casado, líder nacional del PP, ha animado este jueves a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a desautorizar el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los 20 vocales del organismo se reúnen este jueves para avalar (o no) la idoneidad de la exministra del Gobierno de Pedro Sánchez para acceder a la cúspide del ministerio público. Entre los requisitos que debe cumplir Delgado figura el ser una jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.

“Espero, porque confío mucho en el Consejo General del Poder Judicial, no como la izquierda, que hoy también declarará que la fiscal general propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad”, ha dicho Casado a la entrada a un desayuno informativo ofrecido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “La legislación española le exige la imparcialidad que una diputada al día de hoy del PSOE no tiene”, ha seguido. “¿Se imaginan que Alberto Ruiz Gallardón, fiscal de carrera, número uno de su promoción, hubiera sido propuesto para fiscal general del Estado siendo diputado del PP y ministro de Justicia?”, se ha preguntado. “Sería un auténtico escándalo que no nos hubieran perdonado”, se ha contestado. “Es gravísimo”.

El líder del PP ha incidido en que Delgado ha sido reprobada tres veces en el Congreso de los Diputados y ha dado mítines del PSOE hasta hace un mes. El PP ya había anunciado que recurrirá su designación por incumplir, a su juicio, el artículo 59 del estatuto fiscal, que establece que no podrán ser miembros del Ministerio Fiscal quienes pertenezcan a partidos políticos o sindicatos y que tampoco podrán tomar parte en las elecciones legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto personal.

En la misma línea ha argumentado luego la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha llenado su discurso de referencias al Gobierno de la nación. “Hemos asistido a un ataque contra la unidad de España; un presidente del Gobierno que no ha defendido la soberanía de todos los españoles; que no ha impuesto la ley en Cataluña, y que entiende que las instituciones públicas son organismos para okupar (con k), siguiendo la histórica estela de la izquierda radical: el ejemplo más inmediato y claro ha sido el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado”, ha opinado la líder popular.

El Gobierno de coalición que han formado el PSOE y Unidas Podemos, por su parte, defiende la idoneidad de Delgado para ocupar el cargo. Así lo han hecho en primera persona tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el vicepresidente, Pablo Iglesias. El nombramiento, dijo el martes el jefe del Gobierno, es “impecable”.

https://elpais.com/politica/2020/01/16/actualidad/1579167306_673423.html

EL GOBIERNO RESPALDA EL DERECHO A LA CRÍTICA DE IGLESIAS Y RECUERDA QUE LA RENOVACIÓN DEL CGPJ ESTÁ BLOQUEADA POR EL PP

El Ejecutivo se pronuncia tras la declaración de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en la que ha pedido "moderación, prudencia y mesura" al líder de Podemos "El Gobierno considera que es tiempo de dialogar y aportar acuerdos que refuercen nuestras instituciones", ha respondido el Ejecutivo en un breve comunicado

El Gobierno de Pedro Sánchez ha respaldado este miércoles sin citarlo al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en sus críticas a la actuación judicial y ha recordado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está bloqueada por el PP.

El Ejecutivo se ha pronunciado así tras la declaración de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que ha pedido "moderación, prudencia y mesura" a Pablo Iglesias tras su afirmación de que resoluciones de los tribunales europeos han dejado "en mal lugar" a la Justicia española, lo cual supone una "humillación para el Estado". En este sentido, ha subrayado que el Gobierno está en la posición de "diálogo" para la renovación de los órganos judiciales y ha reprochado al Partido Popular por bloquear la misma, según informa Europa press.

"El Gobierno considera que es tiempo de dialogar y aportar acuerdos que refuercen nuestras instituciones. Es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno, evitando que su acción se resienta por el bloqueo", ha indicado.

Asimismo, se ha apoyado en el comunicado del órgano de gobierno de los jueces para respaldar, sin citar en ningún momento, a su vicepresidente segundo y llamar al PP a colaborar en este sentido. "En esa actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica, tal y como reconoce el CGPJ en su comunicado, es donde está el gobierno y donde pedimos que también esté la oposición".

En concreto, el CGPJ ha defendido su labor en la declaración institucional hecha pública este miércoles. "Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", indicaba el comunicado.

El CGPJ replica que no es "obstáculo" para su renovación

El CGPJ ha replicado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que no es un "obstáculo" para la renovación del órgano de gobierno de los jueces y ha recordado que la ha reclamado hasta en tres ocasiones.

Fuentes del organismo han incidido en que el CGPJ "no es ningún obstáculo para su propia renovación" y ha recordado que el propio Carlos Lesmes, presidente del órgano, se ha dirigido hasta en tres ocasiones a los presidentes de Congreso y Senado instándoles a que se pongan a ello.

La última de ellas fue el pasado 23 de diciembre, cuando Lesmes envió sendas cartas a las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, en las que les recuerda la necesidad de a adoptar las medidas necesarias para que la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyos miembros se encuentran en funciones desde el 4 de diciembre de 2018.

Lesmes inició los trámites para la renovación del Consejo el 3 de agosto de 2018 –cuatro meses antes de la fecha de expiración del mandato, tal y como dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)–, fecha en la que dio traslado a los entonces presidentes del Congreso y del Senado del acuerdo por el que se disponía el inicio del procedimiento para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, y el 26 de septiembre siguiente les remitió asimismo las candidaturas a vocales del Consejo por el turno judicial definitivamente proclamadas.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/01/15/el_gobierno_respalda_derecho_critica_iglesias_recuerda_que_renovacion_del_cgpj_esta_bloqueada_por_pp_102880_1012.html

CRECE LA TENSIÓN ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL EJECUTIVO TRAS CALIFICAR IGLESIAS DE "HUMILLACIÓN" LOS REVESES EN EUROPA POR EL 'PROCÉS'

El órgano de gobierno de los jueces interpreta las palabras del vicepresidente como un "cuestionamiento" de la independencia de los magistrados y pide evitar la "utilización política" de la justicia El Gobierno respalda el derecho de Iglesias a la crítica y recuerda que la renovación del CGPJ permanece bloqueada

Por sorpresa y horas después de que el PP ratificase su bloqueo a cualquier acuerdo para renovarlo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundió este miércoles una "declaración institucional" que refleja el aumento de tensión con el Gobierno y en la que atribuye al vicepresidente Pablo Iglesias un "cuestionamiento de la independencia" de los jueces por calificar como "humillación para el Estado" los distintos reveses sufridos en Europa en relación al procés. El Consejo pide evitar la "utilización política" de la justicia y reclama "responsabilidad institucional", así como "moderación, prudencia y mesura".

Dominado por el sector conservador y pendiente de renovación desde diciembre de 2018, la declaración de la comisión permanente del CGPJ –su núcleo duro– ha visto la luz en la víspera de que el pleno de la institución deba pronunciarse este jueves sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Ese pronunciamiento no tiene carácter vinculante para el Gobierno pero indicará hasta dónde están dispuestos los vocales conservadores de la cúpula de la judicatura a llevar su pulso con el Ejecutivo.

La "declaración institucional" fue suscrita de forma unánime por todos los miembros de la permanente. Es decir, también por los tres que fueron elegidos como vocales a propuesta del PSOE y aupados luego a la comisión permanente por iniciativa del máximo responsable del órgano de gobierno y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Pero a última hora de la tarde Moncloa envió un comunicado donde respalda el derecho a la crítica de Iglesias, anima al diálogo y subraya la necesidad de terminar con el bloqueo en el poder judicial para "poner al día sus órganos de gobierno". Es ese bloqueo el que impide adaptar la composición del CGPJ al nuevo mapa parlamentario. Y es también el que, pese a que se trata de un órgano en funciones, ha permitido al consejo efectuar más de 50 "nombramientos discrecionales" de altos cargos de la judicatura en el último año. Entre ellos, los de siete magistrados del Supremo; cuatro presidentes de Tribunales Superiores (TSJ) y 14 presidentes de Audiencias Provinciales.

Tras el comunicado de Moncloa, fuentes del CGPJ replicaron que el propio Carlos Lesmes se ha dirigido ya en tres ocasiones a los presidentes de Congreso y Senado instándoles a que acometan el proceso de renovación.

Frente a la alusión de Iglesias a que ha habido distintas resoluciones en Europa contrarias al criterio de la judicatura española, el CGPJ entiende que solo pueden tenerse en cuenta dos. Y una de ellas, coincidente con la posición española. La contraria es la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictada en diciembre sobre la inmunidad de Oriol Junqueras; y la favorable, el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que confirmó la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament de Cataluña del 9 de octubre de 2017.

Además del TJUE y siempre en relación al procés se han pronunciado contra decisiones de España tribunales de Bélgica, Alemania y Reino Unido.

Ni amparo ni defensa por los ataques en 'Gürtel'

Los portavoces oficiales del Consejo subrayan que la aprobada tras la entrevista donde Iglesias ofreció su punto de vista se trata de una declaración muy similar a otras acordadas con anterioridad en respuesta a políticos de distintos partidos, como el comunicado  lanzado en abril de 2018 cuando el entonces ministro de Justicia, del PP, criticó al juez que pidió la absolución para La Manada: "Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe", fue lo que dijo Rafael Catalá. En aquel comunicado oficial –no hubo declaración institucional–, el CGPJ se refirió a las manifestaciones de "diversos miembros del Gobierno", aunque fue Catalá quien provocó enfado en el mundo judicial. Pero aunque fuese un comunicado –o sea, un texto de menor rango– utilizó casi clavados, y así lo subrayan sus portavoces, los mismos argumentos manejados para referirse a Iglesias: mesura, moderación, prudencia y evitación del uso político de la justicia.

No obstante, el Consejo se ha mostrado por lo general reacio a intervenir contra dirigentes políticos. Por ejemplo, el 1 de junio de ese mismo año de 2018 y tras la sentencia de Gürtel que declaró al PP beneficiario económico de la trama corrupta, el entonces portavoz del partido en el Congreso, Rafael Hernando, se lanzó a degüello contra uno de los magistrados del tribunal, José Ricardo de Prada, considerado progresista. Hernando acusó públicamente a De Prada de estar "en sintonía con el mundo proetarra". Aunque dos asociaciones judiciales pidieron al órgano de gobierno de los jueces que saliera en su defensa, el consejo se mantuvo en silencio.

Tres años antes, el CGPJ reconvino, sin declaración institucional, al entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por atacar a tres magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron a dos etarras en aplicación de una norma europea. Fernández Díaz dijo que la decisión judicial era "lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente". "Alguien puede pensar que esa decisión se ha tomado deliberadamente con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicación de lo que dice la ley sino a la voluntad de los que han adoptado la decisión", añadió. El Consejo denegó el amparo a los tres jueces atacados y calificó de "exceso no justificado" las palabras del ministro.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/01/16/crece_tension_entre_poder_judicial_ejecutivo_tras_calificar_iglesias_humillacion_los_reveses_europa_por_proces_102881_1012.html

UN CGPJ EN FUNCIONES NOMBRA A 46 CARGOS, LA MAYORÍA AFINES A LESMES Y EL PP, Y CONDICIONA LA JUSTICIA PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS

Los nuevos presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales permanecerán en las plazas cinco años. Y los nuevos magistrados del Supremo hasta la jubilación. Esta cúpula judicial la tendría que haber nombrado el próximo Consejo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emprendido una vertiginosa carrera, a pesar de estas en funciones desde hace un año, y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendría que haber nombrado el próximo Consejo. En su mayoría son afines al presidente interino Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el órgano constitucional.

Los altos cargos de la cúpula judicial se renuevan cada cinco años, excepto los magistrados del Supremo que permanecen en la plaza hasta la jubilación. Y así lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.

Este 4 de diciembre se cumple un año de un CGPJ en funciones. Y Carlos Lesmes, el presidente interino que maneja el poder en el órgano constitucional y dirige la mayoría afín al PP, ha impulsado una convocatoria masiva de plazas para renovar la cúpula judicial.

Dicha competencia correspondería al próximo Consejo pendiente de nombrar por las Cortes Generales y que va a tener una composición política diferente de la actual, creada cuando Alberto Ruiz-Gallardón era el ministro de Justicia del PP en tiempos de bipartidismo. La sensibilidad social y la representación política ha cambiado en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Grave cuestionamiento

Sólo cuatro de los veinte vocales del Consejo interino se han opuesto a esta fiebre: Enrique Lucas Murillo -designado a propuesta del PNV-, así como las vocales progresistas Roser Bach, María Victoria Cinto y Concepción Sáez.

"Acabemos con la vertiginosa carrera para agotar todos los nombramientos posibles que se ha lanzado”. Los vocales Lucas, Bach y Cinto pidieron el pasado septiembre a sus compañeros que se moderaran y, aunque consideran legal el ejercicio de estas atribuciones estando en funciones, sostienen en un voto particular que el CGPJ debe autocontenerse y evitar un “grave cuestionamiento” de su propia legitimidad.

Pero Lesmes y la mayoría conservadora han seguido adelante, con el apoyo de un sector de la minoría progresista. Sólo necesita de dos votos de la izquierda para sacar adelante los nombramientos más reforzados, y la división de los progresistas se los facilita cuando ofrece concesiones a uno u otro sector.

Sólo desde mayo pasado, han nombrado o convocado el nombramiento de 46 presidentes de tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, de las salas de las distintas jurisdicciones, así como de magistrados del Supremo.

A diferencia de lo que ocurre con el Gobierno, no existe una sentencia del Supremo que limite el alcance de un mandato en funciones. Aunque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial prevé un Consejo interino y, dado su carácter político, las fuentes jurídicas consultadas consideran que se están usurpando competencias del próximo Consejo.

Control del Supremo

Mientras, el CGPJ ha emprendido la carrera de sacar las plazas del Tribunal Supremo pendientes. Incluso se ha convocado la plaza del expresidente de la Sala Tercera José Manuel Sieira, cuando no se jubila hasta el 15 de diciembre.

Desde que accedió al poder en 2013, Lesmes ha tenido entre sus objetivos el Tribunal Supremo al que ha logrado dar un vuelco en su composición .

“Hoy, las cinco salas del alto tribunal tienen una mayoría de tendencia conservadora y los políticos que negocian ahora los pactos no saben que no podrán gobernar con un Tribunal Supremo de cara”, explica en fuentes progresistas del CGPJ.

Por si fuera poco, Lesmes ha logrado nombrar magistrados del Supremo a personas afines que rondan la cincuentena, de tal manera que se ha asegurado su presencia en los próximo 15 ó 20 años, hasta la jubilación.

Las asociaciones recurren

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han recurrido al Supremo esta retahíla de nombramientos del CGPJ en funciones y que no se hayan elaborado reglamentos sobre los baremos a tener en cuenta adaptados a la nueva legislación.

Los baremos genéricos fueron definidos por el Pleno después de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El nuevo artículo 326.2 de dicha Ley estableció el pasado diciembre que deberán existir unas bases en cada convocatoria donde se definirán los méritos a tener en consideración para cada puesto. Esta reforma que pretendía responder las críticas del Consejo de Europa que ha afeado a España por su falta de transparencia en los nombramientos de la cúpula judicial.

“Pero ni se elige conforme al mérito de los candidatos, ni se propone acorde con la ley en materia de igualdad”, zanja Ignacio Ubaldo González Vega, portavoz de JJpD, quien tiene claro que el objetivo “es nombrar a los afines antes de que termine el mandato”.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, cree que toda situación de interinidad está “acompañada de cierta parálisis ante iniciativas de calado. Pero llama la atención que no se haya producido en los nombramientos”.

Vuelco al Tribunal Supremo

Carlos Lesmes siempre ha tenido una fijación: la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Es la que juzga los actos del Gobierno, los actos administrativos y las decisiones del propio Consejo. Es su especialidad.

Desde que llegó al poder, Lesmes ha conseguido colocar en esta Sala a un tercio de todos sus magistrados. Como su íntimo amigo Luis María Díez Picazo, al que nombró presidente de esta Sala en detrimento de independiente Sieira. O la persona que lo propuso a Gallardón, Fernando Román. Sin olvidar a Dimitry Berberoff, su exdirector de Gabinete Técnico.

En la Sala de lo Social -que juzga asuntos derivados de la reforma laboral, por ejemplo- el vuelco dado en estos seis años es histórico. Lesmes y su mayoría han nombrado la mitad de sus magistrados.

En la Sala de lo Penal -que juzga a los aforados, por ejemplo- han designado a 9 de sus 14 integrantes, con algunas concesiones al sector progresista.

También han dado un giro a la Sala Primera, la de lo Civil, que juzga cuestiones como los derechos de los consumidores y las cláusulas abusivas. Su presidente es su amigo Francisco Marín Castán, cuyo hermano Fernando ha sido nombrado este noviembre magistrado de la Sala Quinta. Es la Sala de lo Militar, donde se designó magistrado a Jacobo Barja de Quiroga, quien en 2013 convenció a Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) de que Lesmes era el candidato ideal para el CGPJ.

Espejel y Barrientos, los favoritos

Estos días se celebran las entrevistas para cubrir tres plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se presentan un total de veintiocho candidatos, once de ellos mujeres. Las entrevistas no han finalizado, pero fuentes jurídicas aseguran que Lesmes habría hecho llegar a su entorno los nombres de sus preferidos: Concepción Espejel -presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recusada por el caso Gürtel por su afinidad al PP-; Jesús María Barrientos -que aún no ha terminado su mandato de presidente del TSJ de Catalunya- así como un posible magistrado de JJpD como podría ser Javier Hernández, presidente de la Audiencia de Tarragona (en funciones).

Acaba de convocar también una plaza para la Sala Tercera. Y en el entorno del presidente interino ya se asegura que su preferida es Esperanza Córdoba Castroverde, una alto cargo del CGPJ que saltaría desde allí directamente al Supremo cuando lleva seis años sin poner sentencias, indican fuentes jurídicas. Jefa de la Inspección de los tribunales, es hermana de su íntimo amigo Diego Córdoba Castroverde, elevado también a magistrado de esa misma sala durante este mandato.

https://www.publico.es/politica/cgpj-funciones-nombra-46-cargos-afines-lesmes-pp-condiciona-justicia-proximos-20-anos.html

EL PODER JUDICIAL ASIGNA BAJO CONTROL CONSERVADOR Y ESTANDO EN FUNCIONES 52 PLAZAS DE ALTO NIVEL Y CONVOCA OTRAS OCHO AL SUPREMO

Antes de su renovación, bloqueada hace un año, el equipo que preside Carlos Lesmes dejará dibujado con los nombramientos discrecionales el mapa del alto tribunal, de TSJ autonómicos y de Audiencias Provinciales

La Fiscalía mantendrá paralizados 30 nombramientos discrecionales mientras esté en funciones, pero el Consejo ha designado en esa misma situación a los presidentes de cuatro TSJ autonómicos y de 14 Audiencias Provinciales

Recién cumplido un año del bloqueo para su renovación, en funciones y bajo la batuta del conservador Carlos Lesmes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva ya asignadas en este periodo 50 plazas de magistrados de la cúpula, cuyo nombramiento es oficialmente definido como "discrecional" y entre los que se cuentan la presidencia de la Audiencia Nacional, la de cuatro TSJ autonómicos y las de 14 Audiencias Provinciales. Desde septiembre, el Consejo ha convocado además ocho plazas para el tribunal de mayor altura, el Supremo, aún pendientes de adjudicación. De ellas, tres son para la Sala Penal (o Segunda), epicentro de grandes decisiones judiciales relacionadas con la vida política. Y dos, para la Sala de lo Contencioso (Tercera), en cuyas manos acaban los pleitos de mayor relieve contra pasos administrativos de las Administraciones Públicas.

La composición de este Consejo, interino desde el 5 de diciembre de 2018, mantiene intacta la mayoría conservadora de la etapa de Mariano Rajoy. Desde diciembre de 2013, el órgano que maneja las riendas de la judicatura funciona integrado por 11 vocales elegidos a propuesta del PP más el presidente, Carlos Lesmes; otros nueve son de signo progresista. En noviembre de 2018 el Parlamento alcanzó un acuerdo para ajustar esa composición a la nueva mayoría parlamentaria e invertir el número de vocales, que pasarían a ser 11 progresistas y nueve conservadores. El pacto, que incluía situar en la presidencia al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, fue dinamitado.

Como un motor averiado cuyo parón dispara paradójicamente una cadena de hechos notables –efectuar nombramientos discrecionales bajo una mayoría distinta a la que auguraba su renovación–, el bloqueo del CGPJ arrancó en noviembre de 2018. Ese parón se produjo al difundirse un whatsapp del PP que presentaba a Marchena como alguien a quien podría controlar entre bambalinas. Marchena renunció, el acuerdo quedó hecho trizas y el magistrado continuó como presidente de la Sala Segunda y no se vio forzado a renunciar como presidente del tribunal encargado de juzgar a los líderes del procés. El 5 de diciembre expiró el mandato de los 20 vocales y el presidente. Y todos entraron en fase de interinidad. Único candidato al puesto, Marchena fue revalidado por 19 votos a favor y dos en blanco como presidente de la Sala Penal el 30 de octubre.

La convocatoria de las tres últimas plazas para el Supremo de las referidas en el primer párrafo fue lanzada por el CGPJ el 31 de octubre, 10 días antes de las elecciones tras las que debía abrirse el periodo de formación de nuevo Gobierno. En septiembre, el CGPJ ya había abierto el plazo de presentación de candidaturas para otra plaza en la Sala Segunda. Y para otra más en la Sala Tercera.

Las otras tres plazas pendientes en el Supremo y convocadas con el Consejo en funciones se reparten así: una para la Sala de lo Social (Cuarta) y dos para la Sala Militar (Quinta).

Dos leyes muy distintas

La Ley del Gobierno limita de manera drástica el margen de actuación del Ejecutivo en los nombramientos discrecionales cuando se encuentra en espera de que haya un nuevo gabinete. Pero la norma que regula esa misma circunstancia para el órgano de gobierno de los jueces (la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ) le deja en cambio manos libres. Salvo con una excepción: lo único que no puede es nombrar a un nuevo presidente.

No obstante, la pregunta continúa siendo esta: ¿resulta inevitable que el CGPJ opere en cuanto a los nombramientos discrecionales como si no estuviese en funciones? En los tribunales de toda índole, sea cual sea su gradación, los magistrados asignados a una sala o sección pueden intervenir en asuntos de otra si su presencia se muestra imprescindible para evitar el colapso.

Los portavoces oficiales del Consejo defienden, no obstante, la necesidad imperiosa de cubrir las vacantes en los puestos de la alta judicatura para garantizar la buena marcha de la máquina. "Si hay varias jubilaciones en una misma Sala, dejarlas vacantes indefinidamente podría causar un problema en su normal funcionamiento", sostiene la fuente. El presidente del CGPJ ya ha dirigido tres escritos a los presidentes del Congreso y el Senado para recordarles "su obligación legal de renovar el órgano de gobierno de los jueces"

Las tres plazas del Supremo cuya cobertura aprobó el Consejo el 31 de octubre se sacan a convocatoria para su cobertura por la jubilación de sus titulares, aunque dos de ellos –uno, de la Sala Penal y otro, de la de lo Contencioso– no colgarán la toga hasta mediados de diciembre, fecha en que el nuevo Ejecutivo podría estar ya formado. En la Sala de lo Contencioso quien se jubila –el 15 de diciembre– es José Manuel Sieira. Sieira es el magistrado a quien Lesmes impidió en 2015 abordar un segundo mandato como presidente de la sala, rompiendo así una norma no escrita y colocando en su lugar al magistrado que en octubre de 2018 y con el impuesto hipotecario llevó al Supremo a su peor crisis, Luis Díez-Picazo.

Pero también en el campo jurídico hay diferencias abrumadoras. Al igual que Lesmes, la fiscal general del Estado, María José Segarra, se encuentra en funciones. Y ello mantiene atascados nada menos que 30 nombramientos discrecionales. Entre ellos, los de dos plazas de fiscal de la Sala Penal del Supremo por jubilación de sus titulares. Las fuentes consultadas aseguran que la Ley de Gobierno no resulta aplicable al ministerio público. Pero que la Fiscalía no es partidaria cubrir las plazas discrecionales estando en funciones. Si se jubila un fiscal jefe ocupa su puesto de manera provisional su segundo, el teniente fiscal. Y si no existe ese puesto, la plaza queda vacante.

El escrito de la vocal partidaria de poner límites

El principal eslabón en la cadena de hechos trascendentes provocada por el bloqueo a la renovación del CGPJ son, sin duda, los nombramientos discrecionales. Porque, como indica el adjetivo, distan de equipararse a aquellos cuya cobertura está sujeta a reglas sin margen, que es lo que, por ejemplo, ocurre –o ha de ocurrir– con las oposiciones de cualquier naturaleza.

Cuando el 31 de octubre el pleno del Consejo aprobó la convocatoria de las tres referidas plazas del Supremo, una vocal de la minoría progresista, Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, emitió un voto particular discrepante que ponía el foco sobre los nombramientos discrecionales. "Un CGPJ «en funciones» –escribió Sáez– no es, no puede ser, un CGPJ «en plenitud de funciones» y, por lo tanto, hemos de admitir con naturalidad la existencia de límites y ajustarnos a ellos".

Más adelante y tras dejar constancia de que la ausencia de "apoyaturas legales, jurisprudenciales y académicas" no contribuye a "aclarar" cuáles han de ser esos límites, Sáez agrega un pasaje que explica su posición: "Sin embargo, criterios de elemental prudencia (que son los que, en último término, se vienen aplicando a la limitación de la actividad de “los gobiernos en funciones”) aconsejan no adoptar decisiones ni medidas que representen algún obstáculo o condicionamiento a la labor del CGPJ que nos siga. Y nadie duda de que los nombramientos discrecionales para altos cargos de la judicatura en España, muchos –como ocurre en el caso de las plazas que se convocan para proveer las Salas del Tribunal Supremo- sin limitación temporal de permanencia en el puesto una vez producidos, entran dentro de tal categoría".

El cerrojo y una tripleta de nombres ya en el aire

De hecho, una vez cubra el actual CGPJ las plazas de la Sala de lo Penal y salvo que alguno de los hoy allí destinados desee jubilarse antes del tope máximo establecido por la ley –72 años– o se amplíe el número de plazas, se echará el cerrojo por varios años a la incorporación de nuevos magistrados a esa crucial división del cuerpo de mando jurídico que constituye el Supremo. Solo uno de los actuales componentes de la Sala, Miguel Colmenero, alcanza la edad de jubilación obligatoria en 2023. Y quien le sigue en la lista de edad, Andrés Palomo, llegará al límite en 2026.

En espera de que el pleno del Consejo resuelva esos tres nombramientos discrecionales, en ciertos ámbitos jurídicos se considera como favoritos para esas tres nuevas plazas en la Sala Penal a Concepción Espejel, presidenta de la sala homónima de la Audiencia Nacional y apartada del caso Gürtel por su cercanía al PP; Jesús Barrientos, presidente del TSJ de Cataluña, miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria, de carácter moderado y presidente del recién terminado juicio a Quim Torra; y José de la Mata, titular del juzgado 5 de la Audiencia Nacional, director general en Justicia bajo el Gobierno de Zapatero e instructor de la parte de los papeles de Bárcenas que fue reabierta cuando Francisco Correa declaró que distintos empresarios pagaban mordidas al PP a cambio de contratos públicos. Otras fuentes sostienen que De la Mata ha perdido opciones en los últimos días. En cualquier caso, ninguna de las predicciones puede darse por segura.

Desde el 5 diciembre de 2018, el Consejo ya ha cerrado siete nombramientos discrecionales en el Tribunal Supremo. Además de revalidar a Marchena como presidente de la Sala de lo Penal, designó, nada más entrar en periodo interino y por unanimidad, al nuevo presidente de la Sala Primera (Civil) del Supremo, Francisco Marín. Y ha elegido tres magistrados para esa misma sala; otros dos para la de lo Social, que revisa todo lo relacionado con la reforma laboral; y otra mas para la Sala Quinta, la Militar.

El órgano de gobierno de los jueces ha nombrado asimismo a los presidentes de cuatro Tribunales Superiores de Justicia (TSJ): Navarra, Asturias, Galicia y Aragón. Solo en ese último caso hubo unanimidad. Además, ha designado a cinco presidentes de la Sala de lo Social de otros tantos TSJ (Cataluña, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha y Aragón) y a los de la Sala de lo Contencioso de tres tribunales autonómicos: Galicia, Murcia y Castilla y Lón.

En cuanto a las 14 Audiencias Provinciales a cuyos presidentes ha nombrado el Consejo estando en funciones, figuran algunas de relevancia, bien por corresponderse con grandes ciudades y capitales autonómicas o bien por su situación geopolítica. Por ejemplo, Valencia, Vizcaya, A Coruña, Pontevedra, Valladolid, Toledo, Lleida y Tarragona.

El grueso de los nombramientos discrecionales efectuados en fase de interinidad se refiere a miembros de distintos tribunales militares: en total, 17.

Las dos plazas restantes cubiertas mediante nombramientos discrecionales poseen gran valor: son nada menos que la Presidencia de la Audiencia Nacional y la presidencia de la Sala de lo Contencioso de ese mismo tribunal.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/30/el_cgpj_asigna_estando_funciones_bajo_control_conservador_plazas_juez_convoca_ocho_supremo_101401_1012.html

EL PACTO PARA RENOVAR EL PODER JUDICIAL, MÁS CERCA TRAS EL 10-N

PSOE y PP, junto a la coalición Navarra Suma que integra también a los populares, alcanzan los 210 escaños necesarios

Aunque el bloqueo político persiste, el 10-N ha permitido ya al bipartidismo avistar la recuperación de una capacidad que había perdido en los anteriores comicios por primera vez desde la restauración de la democracia. Tras caer hasta los 189 diputados el 28-A, la suma de PSOE y PP —junto a la coalición Navarra Suma que integra también a los populares— alcanza ahora de nuevo los 210 escaños necesarios para poder pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el 4 de diciembre de 2018.

Un órgano que, en este periodo, se ha visto cuestionado por las asociaciones judiciales al haber seguido con los nombramientos de los cargos de responsabilidad de los tribunales españoles y que ha llevado a su propio presidente, Carlos Lesmes, a denunciar que la prolongación de esta situación "puede contribuir a su descrédito" entre los ciudadanos. Una encuesta del CIS de hace unas semanas apuntaba que un 50,8% de los españoles valora como "bastante bajo" o "muy bajo" el grado de independencia de los magistrados españoles.

Las palabras de Lesmes, que calificó también de "anomalía" la incapacidad del Parlamento de sustituir a los vocales del CGPJ, se produjeron después de que los resultados electorales del 28-A complicasen mucho la renovación. Los dos principales partidos requerían por primera vez el apoyo de, al menos, una tercera fuerza que aportase los 21 parlamentarios que faltaban para alcanzar la mayoría de tres quintos de la Cámara que exige la ley.

Y, además, en la anterior legislatura había saltado por los aires el acuerdo que habían cerrado PP y PSOE para renovar el Poder Judicial tras publicarse un mensaje de móvil del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, donde alardeaba de que la formación conservadora iba a asegurarse el control del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces con el nombramiento de Manuel Marchena. Esa filtración provocó la renuncia pública de Marchena a ocupar ese puesto y, de inmediato, se paralizó la renovación. Y así sigue.

https://elpais.com/politica/2019/11/11/actualidad/1573499867_143341.html

EL SUPREMO RECHAZA PARALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES

Para el alto tribunal los nombramientos gozan de “presunción de legalidad

El Tribunal Supremo ha respaldado este martes, aunque de forma cautelar, la convocatoria de una veintena de plazas de la cúpula judicial acordadas por el Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones desde diciembre pasado. La Sala de lo Contencioso ha rechazado suspender temporalmente estas convocatorias mientras resuelve los recursos presentados por dos asociaciones judiciales. Aunque el Supremo no se pronuncia todavía sobre el fondo del asunto, el tribunal considera que los nombramientos impugnados gozan de “presunción de legalidad”.

El auto notificado por el Supremo, firmado por cinco magistrados de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, solo responde a la petición de suspensión cautelar de los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitada por las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria. Pero algunos de los argumentos que ha empleado el tribunal para explicar su decisión implican un cierto respaldo del alto tribunal a la forma en la que el órgano de gobierno de los jueces está gestionando su interinidad.

Los más de 40 nombramientos convocados o ya acordados por el Consejo, pese a estar en funciones, han enfrentado al órgano que preside Carlos Lesmes con dos de las principales asociaciones judiciales. Las asociaciones reprochan que un CGPJ en funciones apruebe nombramientos que en unos casos son vitalicios y en otros condicionan para los próximos años la cúpula judicial. Además, sostienen que las convocatorias no cuentan con el preceptivo desarrollo reglamentario y no se han comunicado a las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, lo que vulnera, según ellas, la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El CGPJ ha defendido su legitimidad para convocar y acordar los nombramientos y, entre otros argumentos, alega la necesidad de renovar los cargos que quedan vacantes para evitar la paralización de la justicia.

Es en este punto en el que el auto del Supremo, de 10 páginas, respalda la actuación del Consejo: “El normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas y, mientras esta Sala no se pronuncie en contra mediante sentencia, los nombramientos efectuados cuentan con presunción de legalidad” señala el tribunal, que aboga por que prevalezcan “los intereses generales asociados” a las convocatorias efectuadas por el Consejo “en ejercicio de sus competencias”.

 22 acuerdos impugnados

El recurso de las asociaciones se dirigió contra 22 acuerdos adoptados por la Comisión Permanente (el principal órgano de decisión del CGPJ) entre mayo y julio de este año. Mediante esos acuerdos se convocaron otras tantas presidencias y plazas en distintos órganos judiciales, entre ellas la presidencia de la Audiencia Nacional y de varios tribunales superiores de justicia autonómicos.

Las asociaciones profesionales pidieron la nulidad de esos acuerdos y solicitaron al Supremo que los suspendiera cautelarmente mientras resolvía sobre el fondo del asunto. Esta última petición es la que ha rechazado ahora el Supremo.

Según el alto tribunal, el recurso de las asociaciones no pierde su finalidad aunque no se acepte la suspensión cautelar, porque la ejecución de una hipotética sentencia estimatoria conduciría a la nulidad de los nombramientos y a la nueva convocatoria de las plazas. Por otra parte, añaden los magistrados, los intereses públicos sí se verían afectados si se dejan ahora en suspenso esas convocatorias.

https://elpais.com/politica/2019/10/01/actualidad/1569950347_255722.html

UN CGPJ EN PICADO

El empeño del Consejo de mantener a Enrique López y Eloy Velasco en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional es para estudio ejemplar del derecho perverso

Es un bálsamo Leiva. De madrugada escucho una de sus canciones: “Hazlo como si fueras a morir mañana”. El título me viene de lujo para lo que quiero expresar aquí "con rabiosa independencia", que diría de manera solemne pero no tan creíble el presidente del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), don Carlos Lesmes. Llevo más de media vida dictando sentencias, conociendo problemas. Tanto es así que, si apareciesen todas las personas implicadas en mis resoluciones, se repoblaría una ciudad de provincias. He sentido cientos de dilemas, dudas, sentimientos humanos y mezquindades. Ahora bien, cuatro años como portavoz nacional en la independiente Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que representa a más de 800 jueces y magistrados de este país, y los necesarios viajes a Madrid me han servido para envejecer y ser escéptico ante los cortesanos.

Estos años me han facilitado oscuros saberes nigrománticos. Un personaje actual muy conocido en estos momentos me dijo: “Raimundo, lo peor de Madrid son los codazos”. Le entendí. Lo peor fue cuando me percaté de que sus codos se hallaban encallecidos y sus hombros fortalecidos de tanto ejercicio de apartamiento jurídico-competitivo.

Voy al tema. El órgano de gobierno de los jueces, es decir, el CGPJ, que por cierto a la mayoría de los ciudadanos le preocupa tanto como el apareamiento del cangrejo de río, pese a las ínfulas y barroquismos, y que tendría que cumplir con creces el artículo 103 de la Constitución, que somete a los poderes públicos a la Ley, ha caído en picado. Ojo, no digo que a todos sus miembros se les pueda encasillar por igual, pero lo cierto es que sus últimas actuaciones son para enmarcar.

Este CGPJ en funciones, que pervive gracias al azar, se ha desmelenado como en una despedida de soltero. El empeño del Consejo de mantener a Enrique López y Eloy Velasco en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, sorteando machaconamente la voluntad del Tribunal Supremo, es para estudio ejemplar del derecho perverso. Lo de los nombramientos exprés, revestidos de legalidad encubierta, de altos cargos judiciales —dónde está su verdadero Poder— se debería examinar en manuales jurídicos de magia. No porque los nombrados no lo merezcan, faltaba más, sino porque sabemos que serán nombrados los elegidos de los nombrantes. Sé lo que digo, aunque parezca un juego de palabras, un trilerismo. Sé lo que digo, aunque parezca el bufón shakesperiano al que se le reían las gracias pero decía la verdad.

Quizás no se vean tantas sonrisas cuando el Supremo se pronuncie sobre lo que se asemeja a un club de golf. “Los amigos de mis amigos son mis amigos”, cantaba Objetivo Birmania. Nombrad, hacedlo “como si no importara nada”, que dice Leiva. Pero cuidado. Aún quedan jueces en España. Aún quedan jueces con mayúsculas. Aún quedan.

Raimundo Prado es portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

https://elpais.com/politica/2019/07/24/actualidad/1563986211_022753.html

LESMES ENVÍA UNA NUEVA CARTA A LAS CORTES PARA QUE RENUEVEN EL PODER JUDICIAL

El presidente del Consejo recuerda a las Cámaras que la sustitución es "obligada"

La carta ya está en camino. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha anunciado que ha enviado este miércoles una misiva a los presidentes de las Cortes para insistirles en que deben proceder a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que se encuentra en funciones desde el pasado 4 de diciembre. Este es el tercer escrito que remite el magistrado, después de que alertase en agosto del pasado año de que activaba el procedimiento para que se reemplazase a los vocales; lo que reiteró en una segunda nota remitida en enero de este 2019.

Esta cuestión es una de las grandes batallas políticas que se avecina en los próximos meses, después de que el pacto de PP y PSOE saltase por los aires en noviembre de 2018. Lesmes recuerda en su carta a los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, que "resulta legalmente obligado" llevar a cabo la renovación del Poder Judicial. "Ciertamente, la disolución anticipada de las Cámaras, en marzo de este 2019, ha podido condicionar la culminación del proceso de renovación", admite el presidente del CGPJ, pero añade: "Constituido ya el nuevo Parlamento, tras las elecciones generales del pasado día 28 de abril, e iniciada ya la XIII Legislatura, creo necesario recordar nuevamente que resulta legalmente obligado proceder a la renovación de este órgano en el plazo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

El presidente del Consejo confía en su carta en que se adopten "pronto" las medidas necesarias para su renovación, aunque el asunto se encuentra absolutamente parado desde finales de 2018. El acuerdo del bipartidismo se rompió tras difundirse un mensaje de móvil del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, donde alardeaba de que la formación conservadora iba a asegurarse el control del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces con el nombramiento de Manuel Marchena.

Esa publicación provocó la renuncia pública de Marchena a ocupar ese puesto y, de inmediato, la paralización de la renovación del CGPJ. Una situación que se prolonga desde entonces y que ha enconado la relación entre el Consejo y tres de las cuatro asociaciones judiciales —todas excepto la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)—. Los colectivos denuncian que un Poder Judicial en funciones haya decidido activar en mayo el nombramiento de altos cargos judiciales, como presidentes de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. "Carece de la legitimidad para ello", le reprochó uno de los colectivos.

https://elpais.com/politica/2019/07/10/actualidad/1562756406_922757.html

ARRECIAN LOS RECURSOS CONTRA LAS PROMOCIONES DE JUECES DE UN PODER JUDICIAL EN FUNCIONES DIRIGIDO POR LESMES

Un vocal decide apartarse de una designación tras las críticas de una asociación profesional

El Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde 2018, acumula recursos de magistrados y asociaciones judiciales contra los procesos abiertos en los últimos meses para designar los cargos de responsabilidad en los tribunales. Pese a que el órgano presidido por Carlos Lesmes defiende la "transparencia" de sus acuerdos, las alegaciones se suceden e, incluso, dos jueces han llevado esas decisiones al Supremo. Los colectivos también han recurrido 13 puestos por la vía administrativa. Y las críticas han provocado que un vocal se aparte de un nombramiento.

El enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tres de las cuatros asociaciones profesionales —todas, excepto la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura— se ha intensificado desde el pasado mayo después de que el órgano presidido por Carlos Lesmes decidiese poner en marcha el nombramiento de los presidentes de varias Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). "¿Por qué existe prisa en nombrar unas plazas que pueden ser prorrogadas?", se preguntaban entonces, con cierto retintín, los tres colectivos —Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente—, que pedían en un comunicado la paralización del proceso y recordaban a los miembros del Consejo que, desde 2018, "ya no deberían permanecer" en sus puestos.

Un tono que, posteriormente, ha ido subiendo a medida que se sucedían las convocatorias de los puestos y se acumulaban los recursos. De hecho, JJpD ha llegado a afirmar que el actual CGPJ "carece de la legitimidad necesaria para adoptar decisiones de trascendencia para la carrera judicial, en tanto que su actividad debería limitarse al despacho mínimo ordinario de los asuntos". Y la AJFV ha acusado al órgano de "falta de imparcialidad" y de "pastelear con los nombramientos discrecionales" pese a encontrarse en una situación de provisionalidad.

El Poder Judicial se encuentra en funciones desde el pasado diciembre, cuando las Cámaras debían haber aprobado la renovación de sus miembros. De hecho, PP y PSOE pactaron un reparto y el Congreso llegó a poner en marcha la comisión consultiva por donde desfilaron los primeros candidatos a convertirse en vocales. Pero todo saltó por los aires cuando se desvelaron unos mensajes de móvil del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, donde presumía de un futuro control de los populares sobre el Supremo y el CGPJ al asegurarse el nombramiento de Manuel Marchena, de perfil conservador, como su presidente.

Entonces, la renuncia de Marchena tras estallar la polémica y la inestabilidad política, que acabó con la convocatoria en febrero de Pedro Sánchez de nuevas elecciones, paralizaron todo el proceso de renovación. Aún así, según han denunciado las tres asociaciones judiciales, el Consejo aprobó solo dos meses después y por "sorpresa" las bases para aprobar los nuevos nombramientos de la cúpula judicial.

Amparo al Supremo

A raíz de ello, según explica el portavoz de la AJFV, Raimundo Prado, ya han recurrido por la vía administrativa este proceso para el nombramiento, de momento, de 13 altos cargos: la presidencia de la Audiencia Nacional; la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional; las presidencias de ocho Audiencias Provinciales (Albacete, Castellón, A Coruña, Lleida, Valencia, Valladolid, Toledo y Zamora); la presidencia del TSJ de Galicia; y las presidencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León y de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón. Además, incide el portavoz de la Francisco de Vitoria en que, cuando se materialicen, tienen intención de llevar cada designación al Supremo.

"Las asociaciones están en su derecho a recurrir", recalca un portavoz del Consejo, que insiste en que las convocatorias "tienen unas bases muy detalladas, donde se establecen claramente los méritos y cómo se van a valorar".

Este frente de las asociaciones no es el único que se le ha abierto al CGPJ. La magistrada Rosa María Freire, instructora del caso de los discos duros de Bárcenas, ha llevado al Supremo la decisión del Consejo de nombrar como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a un juez con un número escalafón menor que ella —el elegido ocupa el 4.212, frente al 1.271 de Freire—.

Además, tras el recurso de otra juez, el Supremo también ha pedido al Poder Judicial que explique qué criterios siguió en mayo para mantener a los magistrados Enrique López y Eloy Velasco como adscritos a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, después de que el alto tribunal anulara las plazas en propiedad que les habían otorgado. Y a todo esto se suma que la magistrada María José Hernández, que aspiraba a la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón, denunció la pasada semana un trato "indigno" y "discriminatorio" en la entrevista que le hizo el Consejo.

Una acusación rechazada en el seno del órgano, pero que ha provocado que el vocal José María Macías haya decidido abstenerse en el nombramiento de la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón tras la denuncia de María José Hernández y el respaldo de la AFJV, asociación a la que pertenece. La juez afirmó durante su exposición que en esa Sala no había habido ninguna mujer en 30 años. Y Macías, tras recordarle que solo el presidente de ese órgano era elegido directamente por el Consejo, le preguntó si conocía que la normativa prevé que solo tiene que primarse a una candidata mujer cuando haya igualdad de méritos entre los candidatos.

"Se están produciendo lo que solo sé interpretar como agrios ataques contra mi persona, que no tengo la menor duda de que pretenden y pueden influir en el procedimiento de nombramiento al que se refiere dicha convocatoria", ha afirmado Macías en una carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y remitida a sus compañeros y a Lesmes. El vocal, que enmarca esta denuncia en los ataques de las asociaciones contra el actual CGPJ, también afirma en ese texto que sabe que puede "estar abriendo una puerta muy peligrosa, en la que basta con atacar a un vocal para apartarlo de un procedimiento selectivo o para intimidarlo".

https://elpais.com/politica/2019/06/24/actualidad/1561403179_090276.html

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA DENUNCIA LA “INTOLERABLE AUSENCIA DE IGUALDAD” EN EL ACCESO AL SUPREMO

El CGPJ “vuelve a mantener la sistémica discriminación de las mujeres en el seno de la carrera judicial". La elección de tres magistrados para tres plazas vacantes y sin ninguna mujer es “una nueva oportunidad perdida” para dotar al alto tribunal de una representación acorde con la realidad social.

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha denunciado el nombramiento de tres hombres en tres plazas vacantes del Tribunal Supremo realizado este jueves por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando había candidatas con mejor curriculum que no fueron preseleccionadas.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denuncia la presencia de únicamente una mujer en las ternas que fueron objeto de votación final por el pleno del CGPJ. Circunstancia que “revela la patente e intolerable ausencia de igualdad de oportunidades para las mujeres candidatas. España es el país de la Unión Europea con menos magistradas en el Tribunal Supremo”, destaca el comunicado. Sólo es superado por Albania y Luxemburgo.

"Sistémica discriminación"

A juicio de esta asociación, el CGPJ “vuelve a mantener la sistémica discriminación de las mujeres en el seno de la carrera judicial. Se trata de una nueva oportunidad perdida para dotar al alto tribunal de una mayor, más justa y necesaria presencia de agmistradas, que responda de una vez por todas a los tiempos y realidad social en los que vivimos”.

El pleno del CGPJ ha nombrado este jueves a dos nuevos magistrados para la Sala de lo Social del TS, Ricardo Bodas Martín y Juan Molins García-Atance; y a un nuevo magistrado para la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, Juan María Díaz Fraile.

Ana Orellana, primera magistrada de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y cuarta mujer en integrarla desde 1730.

Ana Orellana, primera magistrada de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y cuarta mujer en integrarla desde 1730. Descartada por el CGPJ.

JJpD recuerda que la ONU en su informe de 17 de junio de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres en la legislación y en la práctica en España, formuló una recomendación final vinculante para el Estado español: "Con respecto a la participación de la mujer en la vida política y pública el grupo de trabajo recomienda que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública, en particular en los niveles más altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior".

El CGPJ eludió elegir este jueves como magistrada del Supremo a Ana Orellana, la única magistrada académica de España, para la plaza de especialista de la jurisdicción Social de la que ella es la número dos de España. En su lugar, aupó al Supremo al número 10 de la especialidad, Juan Molins.

Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil. Foto: Universidad de Santiago de Compostela.

Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil, descartada a pesar de tener un curriculum superior al elegido. Foto: Universidad de Santiago de Compostela.

Además, ni siquiera fue preseleccionada para la votación la catedrática de Derecho Civil María Paz García Rubio, candidata con mayores méritos que el registrador Juan María Díez Fraile, que ha salido elegido como magistrado de la Sala de lo Civil.

El tercer elegido ha sido Ricardo Bodas como magistrado generalista de la Sala de lo Social. Bodas preside la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que recientemente rechazó la demanda de conflicto colectivo interpuesta por las cuatro asociaciones de jueces contra el CGPJ de Carlos Lesmes.

El CGPJ es el órgano constitucional encargado de los nombramientos llamados discrecionales: la cúpula judicial de las audiencias, tribunales superiores de justicia y el Supremo. A pesar de que lleve un año en funciones, sin renovarse, sus veinte vocales siguen adelante con los nombramientos por medio de una mayoría que dirige su presidente, Carlos Lesmes, pendiente también de un próximo destino.

https://www.publico.es/politica/juezas-jueces-democracia-denuncia-intolerable-ausencia-igualdad-acceso-supremo.html

TRES PLAZAS DEL SUPREMO PARA TRES HOMBRES, AUNQUE HAYA CANDIDATAS CON MAYORES MÉRITOS

El CGPJ se salta sus criterios de igualdad, sus propias bases y hasta las recomendaciones de la ONU para nombrar a Juan Molins, Ricardo Bodas y Juan María Díaz Fraile magistrados de las Salas de lo Social y Civil. Y orilla a las candidatas con mayores méritos Ana Orellana y Paz García Rubio.

El pacto entre la mayoría conservadora y un sector progresista próximo al PSOE ha desembocado en el nombramiento de tres varones para las tres únicas plazas de magistrado convocadas en el Tribunal Supremo cuando había al menos dos mujeres candidatas con mayores méritos que los elegidos.

Ha ocurrido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional encargado de los nombramientos llamados discrecionales: la cúpula judicial de las audiencias, tribunales superiores de justicia y el Supremo. A pesar de que lleve un año en funciones, sin renovarse, este órgano sigue adelante con los nombramientos que dirige su presidente, Carlos Lesmes, pendiente también de un próximo destino.

El CGPJ ha nombrado magistrado para la Sala de lo Social, encargada de los asuntos laborales, por el llamado turno de especialistas a Juan Molins García-Atance, un juez que en el escalafón ocho posiciones por debajo de Ana Orellana, la primera magistrada  académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Los candidatos orillados son José Manuel González Viñas y Orellana, los números uno y dos de la especialidad en toda España.

También ha nombrado para la Sala de lo Civil a Juan María Díaz Fraile, un registrador de la propiedad con menor curriculum y méritos que la catedrática de Derecho Civil María Paz García Rubio. Esta candidata ni siquiera fue preseleccionada por la Permanente para que fuera votada en el Pleno.

Para la Sala de lo Social, por el turno de generalistas, ha optado por Ricardo Bodas quien preside la misma sala en la Audiencia Nacional, la misma sala que recientemente rechazó la demanda de conflicto colectivo interpuesta por las cuatro asociaciones de jueces contra el CGPJ de Lesmes.

Tanto Díaz Fraile como Bodas tienen un pasado político. El primero fue alto cargo en la dirección general de Registros durante la etapa del Gobierno del PP de José María Aznar. Bodas fue director general de Justicia con el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

Más allá de la ley

Los nombramientos de dos candidatos por encima de dos mujeres con más mérito se producen a pesar de que la Ley Orgánica de Igualdad dispone que los poderes públicos “procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad”.

También la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a respetar el principio de igualdad.  Y la base sexta de las convocatorias de estas plazas impone al CGPJ que nombre a una mujer, si existe igualdad en méritos con un hombre.

Por si fuera poco, el propio Tribunal Supremo tiene establecido que la promoción de las mujeres en la cúpula judicial "está llamada a tener funcionalidad real", y "se hace más acuciante cuanto más tiempo va transcurriendo desde que entró en vigor".

La ONU ya advirtió de esta anomalía democrática de la judicatura española en su informe de 17 de junio de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujeres en la legislación y en la práctica en España, recuerda la Asociación de Mujeres Juezas. En su último comunicado, esta asociación ya no reclama la igualdad, sino que a mejores méritos no se discrimine a la mujer.

Las conclusiones de este informe de la ONU son vinculantes para España y en ellas recomienda: «que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública , en particular en los niveles más altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior.”

España es el país con menos mujeres en el Tribunal Supremo de la UE. Tan sólo está superada por Albania y Luxemburgo. Se encuentra en el puesto 38 de 40 países europeos.

La media de la UE de magistradas del Tribunal Supremo está en un 37 %, cuando nuestro país tenía un 14 % antes de la jubilación de la magistrada Milagros Calvo. Con la elección de Molins, el porcentaje de magistradas baja al 13 %.

Por si fuera poco, en la Sala de lo Civil sólo había una mujer de ocho magistrados y con el nombramiento de Díaz-Fraile se pasa a una mujer de nueve varones. Allí se dirimen los delicados asuntos de Familia y otros litigios entre ciudadanos. Las mujeres son más de la mitad de la población española, como también son más de la mitad las magistradas que hay en la carrera judicial y tienen una media de edad similar a la de los magistrados.

La votación

El pleno del CGPJ está compuesto por 20 vocales y el presidente Lesmes.

El candidato Molins García-Atance obtuvo 13 de los 21 votos del Pleno para la plaza del Supremo de magistrado especialista en Social. Cuatro votos logró Florentino Eguaras y dos cada uno Ana María Orellana Cano y José Manuel González Viñas, que son los números dos y uno de la especialidad.

Por si parte, Díaz Fraile fue votado 18 de los 21 miembros del Pleno. Los tres restantes apoyos fueron para el candidato Julio Banacloche.

Bodas obtuvo el apoyo de 14 de los 21 miembros del Pleno, frente a los 6 votos obtenidos por Antonio Jesús Outeiriño Fuentes y el conseguido por Juan Manuel San Cristóbal Villanueva.

https://www.publico.es/politica/tres-plazas-supremo-tres-hombres-haya-candidatas-mayores-meritos.html

UNA CATEDRÁTICA ES DESCARTADA PARA EL SUPREMO EN FAVOR DE UN REGISTRADOR CON CURRÍCULUM INFERIOR

En la Sala de lo Civil del alto tribunal sólo hay una mujer del total de ocho magistrados, cuando allí se dirimen litigios entre ciudadanos, como los asuntos de Derecho Familia. Las mujeres españolas son casi 24 millones de personas.

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago, asesora en materia de redacción de leyes, doctora en Derecho, ex vicerrectora de Universidad, experta en Derecho Civil de Galicia… Estos méritos no han servido a María Paz García Rubio para, al menos, ser propuesta para la plaza del Tribunal Supremo a la que se ha presentado.

El nombre de Paz García Rubio no figura en la propuesta elevada por la Comisión Permanente al pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este jueves es la votación de esta plaza y otras dos más de la Sala de lo Social del Supremo.

La propuesta de los candidatos recae en la Comisión Permanente CGPJ, el órgano constitucional elegido por los partidos políticos presentes en el Parlamento. Se votan tres plazas en el Supremo. Y todos los favoritos son hombres.

La plaza a la que se presentó Paz García Rubio es en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Se presentaron 15 candidatos, tres de los cuales son mujeres. Ninguna ha sido propuesta para ser votada en el pleno.

El favorito para esta plaza es Juan María Díaz Fraile, registrador de la propiedad, apoyado por los vocales de aupados por PSOE al Consejo, y que fue letrado de la Dirección General del Notariado con el Gobierno de José María Aznar.

Frente a él, la postergada Paz García Rubio le supera en publicaciones, conferencias y en especialidad: es catedrática de Derecho Civil desde hace 19 años y lleva 35 años de docencia universitaria en esta especialidad a la espalda. Julio Banacloche Palao y Manuel Rivera Fernández, los otros dos propuestos, también son catedráticos, pero con menos años de experiencia que García Rubio.

La base sexta de estas convocatorias impone al CGPJ que nombre a una mujer, si existe igualdad en méritos con un hombre. Pero la catedrática ni siquiera ha sido propuesta a pesar de tener un curriculum superior.

Paz García Rubio es la única candidata que es vocal de la Sección Civil de la Comisión General de Codificación. Hay otro candidato -Banacloche- vocal de esta Comisión, pero en el ámbito Procesal. La función de estos expertos es asesorar al Gobierno en la elaboración de leyes.

Cualquiera de los 20 vocales del CGPJ puede rescatar un nombre de los candidatos y exigir al pleno que se vote. Pero las distintas fuentes consultadas sostienen que las plazas ya están pactadas entre Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, su mayoría conservadora y un sector progresista.

Piden no ser discriminadas

La Asociación de Mujeres Juezas de España reclama que se cumpla con la Ley y que no se excluya a mujeres, como ocurre con el caso de Paz García Rubio.

Esta asociación ni siquiera pide que se prime a las mujeres, sino que al menos “las decisiones se tomen en base a criterios objetivos en la valoración de méritos de las personas aspirantes, evitando decisiones arbitrarias que den prevalencia a los aspirantes varones, con méritos inferiores a los de las aspirantes mujeres”, según asegura en su último comunicado.

El caso de García Rubio es paradigmático, como el de Ana Orellana, de que se orillan a las candidatas al Supremo en favor de los hombres a pesar de tener igual o curriculum superior.

Orellana es la única que ha pasado el filtro para ser votada en alguna de las tres plazas del Supremo. Pero no ha sido designada ‘favorita’, a pesar de ser la primera magistrada de número de la Real Academia de Jurisprudencia y número dos de toda España en su especialidad. Está ocho posiciones por encima del pactado por Lesmes.

Sólo una magistrada

En la Sala de lo Civil del alto tribunal a la que se presenta García Rubio sólo hay una mujer del total de ocho magistrados: María de los Ángeles Parra Lucán. Allí se dirimen litigios entre ciudadanos, como los asuntos de Derecho de Familia, y las mujeres son casi 24 millones de personas; más de la mitad de la población.

Esta plaza es una vacante por el turno de juristas tras la renuncia de Francisco Javier Orduña, quien dimitió después de varios votos contrarios a la mayoría sobre la defensa de los consumidores ante las cláusulas abusivas bancarias, como la retroactividad de las cláusulas suelo.

https://www.publico.es/politica/catedratica-descartada-supremo-favor-registrador-curriculum-inferior.html

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA DENUNCIA LA PRESENCIA DE UNA SOLA MUJER EN LA TERNA DE NUEVOS MAGISTRADOS PARA EL TS

Según la asociación "España es el país de la UE con menos magistradas en el Tribunal Supremo"

Juezas y Jueces para la Democracia ha denunciado este jueves que en las ternas de votación final para la selección de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo, solamente haya estado presente una mujer, informa Europa Press.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encarga de esa selección, ha nombrado, en una reunión celebrada este jueves, a dos nuevos magistrados para la Sala de lo Social del TS, Ricardo Bodas Martín y Juan Molins García-Atance. Asimismo, han nombrado a un nuevo magistrado para la Sala de lo Civil, Juan María Díaz Fraile.

Esta circunstancia "revela la patente e intolerable ausencia de igualdad de oportunidades para las mujeres candidatas", han lamentado desde la asociación, que ha recordado que "España es el país de la UE con menos magistradas en el Tribunal Supremo".

De esta manera, han afirmado que esta selección ha sido una "nueva oportunidad perdida" para dotar al Alto Tribunal de una "justa" presencia de magistradas. "El CGPJ vuelve a mantener la sistemática discriminación de las mujeres en el seno de la carrera judicial", han añadido.

En este sentido, desde Juezas y Jueces para la Democracia han recordado un informe de la ONU fechado el 17 de junio de 2015, donde se recoge una serie de recomendaciones para el Estado español "sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres en la legislación y en la práctica en España".

Según han afirmado, este informe recoge, entre otras medidas, que "el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública, en particular, en los niveles más altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior".        

https://www.eldiario.es/zonacritica/Lesmes-corazon-tinieblas_6_900519955.html

LESMES, EN EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS

La actualidad es un juego de prestidigitación permanente, y la mayoría se olvidó de que, todo suspenso, sólo salían ganando los que se quedaban en funciones por los tiempos que sean necesarios hasta volver a lograr un acuerdo de renovación

Lesmes, desde el cuarto de máquinas, ha nombrado a los que se ordenaba pero ha hecho un truco de trilero inaceptable para seguir conservando en la Sala de Apelaciones a López y Velasco

La imagen del trilero de la calle Sierpes está bien solidificada en los mitos de la democracia española. Ya todos saben. Lo que es más costoso es darse cuenta de que no fue uno, ni serán dos, sino que la vida pública y los poderes del Estado están agusanados de trileros y de banderías.

Seguro que todos recuerdan la bolita que contenía un mensajito de Cosidó que hablaba de un reparto conveniente para el Consejo General del Poder Judicial que presidido por Manuel Marchena "controlaremos por la puerta de atrás". Se nos fueron los ojos detrás de esta bolita. En juego estaba también la renuncia de Marchena a aceptar el cargo y, por último, la "digna" estampida de Casado que tras "peerse" se enfadó y tiró de una patada la mesa de juego. Por cierto, que ¡los números de representación en que se hubiera visto en aquel momento y en los que se ve! Pero esa es otra historia. Ahí nos quedamos todos, prendados de las manos hábiles que manejaban el jueguecito. Rota la baraja nos fuimos todos a otra cosa. La actualidad es un juego de prestidigitación permanente, y la mayoría se olvidó de que, todo suspenso, sólo salían ganando los que se quedaban en funciones por los tiempos que sean necesarios hasta volver a lograr un acuerdo de renovación. Tiempos que ya superan el medio año y que se pueden ir hasta vaya usted a saber cuánto. Ahí sigue Lesmes, agazapado en el corazón de las tinieblas rodeado de sus mariachis y con todo el poder en la mano. Todo el poder para seguir colocando a los afines, cuantos más mejor y cuanto antes mejor. Sin disimulo y sin rebozo. Sin importar incumplir las sentencias o pasarte el control judicial por el forro. Corre, corre Alicia. Llego tarde.

La cuestión es que el Tribunal Supremo, su Sala Tercera, tiró por tierra el nombramiento de Enrique López y Eloy Velasco como miembros de la Sala de Apelaciones (como ya les conté en El Supremo hunde el salvavidas del PP). Así que no quedaba otra que cumplir la sentencia y nombrar a los magistrados Manuela Fernández-Prado y Ángel Hurtado para esa sala, por tener más méritos, y hacer levantar el ala a los que habían sido nombrados contrariamente a Derecho. Así que Lesmes, desde el cuarto de máquinas, ha nombrado a los que se ordenaba pero ha hecho un truco de trilero inaceptable para seguir conservando en la Sala de Apelaciones a López y Velasco. No se olviden de que la Sala de Apelaciones es la madre de todas las salas de la Audiencia Nacional, porque está llamada a controlar todas sus sentencias. Lo que se sacan de la manga es poner a los que deben pero dejar adscritos a esa sala a los dos desbancados "hasta que salga una vacante y la pidan". Claro que para que salga una vacante los bien nombrados tendrían que irse y ellos la ocuparían. Traducción: los deja de pegados para siempre en el lugar en el que el Tribunal Supremo les acaba de decir que no pueden estar.

Se trata de algo inaudito. En toda la historia judicial española lo que ha sucedido con las anulaciones de nombramientos es que los anulados volvían a su puesto anterior y, si este estaba ocupado, el problema se le creaba al órgano de origen para recolocarlos como adscritos. En este caso concreto, López debería haber vuelto a la Sala de lo Penal y Velasco a su juzgado y, dado que sus vacantes estaban cubiertas, haberse quedado adscritos a los mismos hasta que hubiera nuevas vacantes que cubrirían con preferencia. Pues no. Dejar a López y a Velasco en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional significa consagrar que el control judicial de los nombramientos judiciales que hace el CGPJ es papel mojado y que éste puede campar a sus anchas y nombrar a quien le salga. Así lo acaban de demostrar con me parece no poco cabreo de la propia Sala Tercera.

El caso es que Enrique López queda colocado en esa Sala que, según él mismo contó allá los tiempos, fue creada por su amigo Michavila para que él la presidiera (ver La Señora de las Salas). Lo de la carrera de López da para un monográfico. El magistrado que llegó a la Audiencia Nacional sin haber puesto una sola sentencia por delito -sólo por faltas- gracias a las argucias del PP. El magistrado que casi inmediatamente fue encumbrado al Tribunal Constitucional, sin reunir mérito alguno, por el Partido Popular. El que perdió tal canonjía por cometer un delito y conducir borracho por la Castellana y que volvió con antecedentes a la Sala de lo Penal. El que fue aupado con trampa a la Sala de Apelaciones. Él. Sólo con explicar su recorrido se podrían argumentar casi todos los males de la carrera judicial en España y de su entrega al poder político. No se equivoquen, en esta jugada Eloy Velasco va de pegado. Si lo hacen con López, lo tienen que hacer con él porque está en las mismas condiciones. Eso el propio Velasco lo sabe y lo ha contado. Así que se quedan en una sala que ahora tendrá cinco miembros para 18 sentencias que pusieron el año pasado. Algo que tiene que estimular a los jueces de base que sucumben bajo el peso del papel.

Lesmes sigue con mano firme manejando la zanahoria. Tiene prisa porque, aunque le queda margen, no sabe cuánto tardará el nuevo gobierno en pactar una nueva renovación del CGPJ, que ahora será a cuatro bandas. El PP puede intentar bloquearlo. Ahora mismo siguen teniendo a los suyos en mayoría. Tiene prisa, decíamos. Así que acaban de sacar el concurso para cubrir la presidencia de la Sala de lo Social de Aragón y las presidencias de las Audiencias de Albacete, Lleida, Toledo y Zamora. Para ello, han creado sin consensuar un baremo de méritos. Un consejo prorrogado. Corre, corre, Alicia. Voy tarde, muy tarde.

Van a dejar copado todo lo que puedan. El rumbo político ha cambiado y hay muchos que piensan que hace demasiado frío fuera. Otro de los nombramientos pendientes es el del propio presidente de la Audiencia Nacional. Los rumores apuntan a que pretende hacerlo Lesmes y que no piensan renovar al actual titular, Navarro, sino nombrar a Francisco Vieira. Vieira, el magistrado que consideraba que los que estaban en la AN debían amar mucho la publicidad porque si no entendía que corrieran tal riesgo. Ese que ha dado el salto ahora que ya no hay riesgo de que te maten. Otro que lleva en cargos gubernativos desde que empezó el siglo.

La renovación del actual CGPJ debe ser un trabajo prioritario nada más constituirse el nuevo gobierno. Y no estaría mal que, para impedir que se imponga la prisa y la necesidad del PP de colocar a sus afines, los actuales vocales progresistas del Consejo se plantearan dejar ya sus cargos y forzar una crisis institucional que impidiera que prosiga esta política de salvar a los esforzados soldados de la APM. Seis mil euros netos al mes no lo pagan todo. 

Mientras, sigan atentos a las manos que yo no dejaré de intentar contarles dónde guardan la bolita.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Lesmes-corazon-tinieblas_6_900519955.html

DECEPCIÓN EN LA JUDICATURA CATALANA POR EL TRASLADO A MADRID DE UN ACTO DEL REY: “ES UN GRAN ERROR”

Felipe VI entrega este martes sus despachos a la nueva promoción de jueces

Con las sensibilidades a flor de piel tras el procés y apenas unas semanas antes de que comience el juicio contra los líderes independentistas, la sede de la Real Academia Española (RAE) acoge este martes un acto que ya ha generado "decepción" en Cataluña: la entrega del Rey de los despachos oficiales a los nuevos jueces. Por primera vez en dos décadas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado esta ceremonia de Barcelona a Madrid. Según argumentó, con motivo del 40 aniversario de la Constitución.

Una decisión que no ha sentado bien en la carrera judicial catalana, que ha denunciado en los últimos meses las presiones que sufren de grupos secesionistas. "Transmitimos respetuosamente al Consejo nuestra profunda decepción. Confiamos en que esta sea una decisión transitoria y que en el futuro se den las condiciones para que el tradicional acto de la entrega de despachos presidido por su majestad el Rey se pueda volver a celebrar en esta ciudad", afirmó la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en un acuerdo difundido el pasado 18 de diciembre y donde destaca que la Escuela Judicial está situada en Barcelona, donde se ha celebrado este acto durante los últimos 20 años.

La juez decana de Barcelona, Mercè Caso, también ha calificado de "gran error" el traslado de la ceremonia a Madrid. "Es muy desalentador para los que trabajamos aquí y que queremos a la escuela. Y yo creo que, si se ha producido, debería ser una circunstancia única y el año que viene se deberían volver a dar aquí", ha añadido en una entrevista en Europa Press.

El pasado año, cuatro meses después de la declaración de independencia, Felipe VI aprovechó la ceremonia en la capital catalana para trasladar a los jueces su "confianza y apoyo", así como para recordarles que son los garantes de la "legalidad de la acción de los poderes públicos". Según subrayó, los magistrados ocupan una "posición clave" para "salvaguardar y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

El CGPJ explica que la iniciativa de trasladar a Madrid el acto responde a la intención de conmemorar el 40 aniversario de la Constitución Española —"que creó el órgano de gobierno de los jueces, con sede en la capital de España"—, así como celebrar que se cumplen también 25 años de la aprobación de la Ley Orgánica 16/1994, que atribuyó al Consejo General la competencia en materia de selección y formación de jueces y magistrados: "Supuso la separación, hasta entonces conjunta, de la formación de jueces y fiscales".

Según los datos del CGPJ, 63 nuevos jueces recibirán este martes sus despachos en un acto presidido por Felipe VI, al que también asistirán la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la fiscal general del Estado, María José Segarra. El 63,4% de ellos son mujeres y la media de edad al ingresar en la Escuela Judicial en 2017 era de 27 años.

https://elpais.com/politica/2019/01/07/actualidad/1546858337_373131.html

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO PIDE PERDÓN POR LA CRISIS DE LAS HIPOTECAS: “NO LO HEMOS GESTIONADO BIEN”

"Se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido la mañana de este jueves perdón por la confusión en torno a las hipotecas y ha hecho una "llamada a la confianza" en la justicia. "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien. Se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, lo sentimos todos", ha asegurado para, a renglón, seguido pedir "disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados en esta deficiente gestión".

En la jornada de puertas abiertas en el Supremo, Lesmes ha revelado que él no apoya la decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, de elevar el caso a pleno. El presidente del alto tribunal ha contado que habló varias veces con Díez-Picazo el pasado jueves después de que se hiciera pública la sentencia que establece que es el banco, y no el cliente, quien tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. En esas conversaciones, el presidente de la sala lamentó haberse enterado de la resolución por los medios de comunicación.

Ambos volvieron a hablar por teléfono el viernes. En una primera conversación, Lesmes, según su versión, pidió a Díez-Picazo que elaborara una "nota aclaratoria" sobre el alcance de la sentencia. A Díez-Picazo "no le pareció oportuno, no estaba de acuerdo" y se negó a hacerlo. Y, poco después, llamó a Lesmes y le comunicó que lo que iba a hacer era difundir una nota en la que anunciaba la suspensión de todos los recursos pendientes relacionados con el tributo hipotecario y la convocatoria de un pleno para revisar si se mantiene o se rectifica el nuevo criterio. Esa nota, en vez de aclarar lo ocurrido, ha generado "confusión" en los bancos y los ciudadanos, ha reconocido Lesmes.

El presidente del alto tribunal ha asegurado que, tras la sentencia, no recibió "ninguna llamada de ninguna entidad bancaria". La decisión sobre quién pagará el impuesto está ahora en manos del pleno de la Sala de lo Contencioso, que se reunirá el día 5 de noviembre. Lesmes ha negado que en esa sesión se vaya a "revisar" la nueva jurisprudencia de que sea el banco quien abone este tributo. "Esa percepción no se ajusta a la realidad", ha dicho. Pero a continuación ha afirmado también que el pleno es "soberano" para decidir lo que considere.

El presidente del Supremo sí ha dado a entender que, en su opinión, el pleno tenía que haberse reunido antes de la sentencia, para deliberar sobre el cambio de criterio, y no después. "Cuando se producen modificaciones de jurisprudencia lo normal es que se examinen en plenos jurisdiccionales, es una forma habitual de nuestro trabajo", ha dicho. Pese a estar en desacuerdo con la actuación de Díez- Picazo, Lesmes ha asegurado que no le pedirá su dimisión.

https://elpais.com/economia/2018/10/25/actualidad/1540453006_030571.htm

EL SUPREMOGATE: EL MAYOR ATAQUE JAMÁS CONTADO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

La revisión de la sentencia sobre las hipotecas fue impulsada por el presidente del propio tribunal

En el derecho romano, ucase o ukase era un edicto o decreto del emperador, y en la Rusia imperial se llamaba así a una proclamación del zar, del gobierno o de un líder religioso, que tenía fuerza legal.

Esa fuerza es la que impone el ukase de Luis Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, o Sala Tercera del Tribunal Supremo, que dejar en suspenso “el giro jurisprudencial” que supone la sentencia de la sección segunda de 16 de octubre de 2018 según la cual son las entidades bancarias las que deben asumir el pago del impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria y no los que clientes o prestatarios.

Luis Díez-Picazo sabía (contra ciertas versiones circulantes en el sentido de que se ha enterado de la sentencia por la prensa) que la sección segunda, bajo la presidencia del magistrado Nicolás Maurandi, tenía previsto resolver un recurso de casación sobre este tema, como se puede comprobar en este auto de admisión al que ha tenido acceso ARA, que está firmado por Díez-Picazo.

Es la sección especializada en impuestos. Y el magistrado ponente, Jesús Cudero, es un especialista de reconocido prestigio que llegó a la sección en muy buenas relaciones con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Díez-Picazo es alérgico a convocar plenos de una sala de 31 magistrados. Desplazó en 2015 de la presidencia de la Sala Tercera a uno de los magistrados de mayor prestigio, José Manuel Sieira, que aspiraba a renovar, como era costumbre, su mandato y cumplir un segundo periodo.

Díez-Picazo es miembro de esa secta secreta que se conoce en la magistratura por el acrónimo GAL (Grupo de Amigos de Lesmes). El presidente del Supremo y del CGPJ necesitaba a Díez-Picazo para acabar con la pesadilla de esa díscola Sala Tercera, encargada, precisamente, de controlar los actos del CGPJ, y que en durante el primer mandato de Sieira había castigado a Lesmes tumbando varias de sus resoluciones.

Pero Díez-Picazo, como Lesmes, dedican la mayor parte de su tiempo no al ejercicio de la función jurisdiccional -como hacía Sieira- sino a conspirar y urdir operaciones que tienen   que ver más con su propio interés.

Por tanto, no es que, según fuentes judiciales consultadas por ARA, el presidente de la sección segunda Maurandi le hiciera una jugada a Díez-Picazo. La verdad: ni Díez-Picazo ni su padrino Lesmes le dieron la importancia debida al tema del impuesto en las escrituras notariales de préstamo hipotecario.

Otro miembro del Grupo de Amigos de Lesmes, el flamante miembro de la sección segunda, Dimitry Berberoff, presentó un voto particular contra la sentencia los cinco magistrados. Por tanto, Lesmes estaba al corriente.

El comunicado firmado por Díez-Picazo destacaba la “enorme repercusión económica y social” de lo que, decía, suponía “un giro  radical en el criterio jurisdiccional hasta ahora sustentado”.

Le faltó a Díez-Picazo poner los 4.000 millones que calcula la agencia de calificación Moody´s que costaría a las entidades bancarias el “giro radical”. Porque hay que recordar que la sección segunda no se ha limitado a interpretar: ha anulado el artículo 68.2 del reglamento del impuesto.

Los movimientos al alza en la Bolsa de Madrid del pasado viernes, día 19 de octubre, deberían ser investigados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Porque, ¿Díez-Picazo comentó con Lesmes lo que se disponía a hacer, es decir, emitir un comunicado suspendiendo de facto la resolución hasta un Pleno que dictamine si se confirma o no el giro jurisprudencial?

La subida de las acciones de los bancos el pasado viernes, tras la bajada del jueves, puede haber generado fortunas si se disponía de información sobre lo que se cocía.

Y cabe recordar que la jefa de gabinete de Lesmes, la fiscal Ana Murillo, es esposa de José Manuel Cendoya, uno de los vicepresidentes del Banco Santander.

El ukase de Díez-Picazo es el mayor ataque a la independencia judicial, en este caso, de la sección segunda, y no desde fuera del tribunal sino desde sus entrañas, desde la misma presidencia de la Sala Tercera.

https://www.ara.cat/es/SupremoGate-ataque-contado-independencia-judicial_0_2110589124.html

EL MAGISTRADO QUE HA FRENADO LA DOCTRINA SOBRE LAS HIPOTECAS LLEGÓ A LA PRESIDENCIA DE LA SALA TRAS LAS PRESIONES DE LESMES

En 2015 varios vocales denunciaron una campaña de presión del presidente del CGPJ en favor de Díez-Picazo para presidir la Sala Tercera

Se impuso al entonces presidente, un magistrado que le triplicaba en experiencia y le superaba ampliamente en sentencias dictadas

Fuentes del Supremo destacan que su decisión de frenar la doctrina sobre las hipotecas ha causado "tristeza" en un tribunal ya muy desprestigiado

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se dirige a Luis Díez Picazo en el acto de su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

En 2015 ocurrió un hecho inédito en el Tribunal Supremo. A pesar de la norma no escrita de que todos los presidentes de sala renuevan tras su primer mandato, José Manuel Sieira vio cómo los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votaban a otro candidato para apartarlo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Luis María Díez-Picazo, sin apenas experiencia en el alto tribunal, ganó con los votos de los conservadores tras una campaña de presión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, según denunciaron entonces algunos vocales.

Ahora, Díez-Picazo ha protagonizado otro hecho inédito. Por primera vez ha decidido revisar una doctrina del Supremo ya consolidada en una sentencia. Ha convocado al Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesto por 31 jueces, para que decidan si, como sostienen cinco de ellos, son los bancos quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no los clientes. El propio Díez-Picazo les encargó a esos magistrados que sentaran jurisprudencia y, cuando decidieron fallar contra los bancos -con las consecuencias que conlleva su sentencia-, dio marcha atrás.

Díez-Picazo llegó al Supremo hace una década, en 2008. Lo hizo por el turno reservado a "juristas de reconocida competencia". Es catedrático de Derecho Constitucional y ha impartido clases en universidades españolas e italianas. Hasta hace no mucho lo hacía en en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), financiado por la Asociación Española de Banca (AEB).

Una campaña de presión "bestial"

En 2015 terminaron los primeros cinco años de mandato de Sieira al frente de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo. Su renovación se daba por hecha en el alto tribunal, pero semanas antes de la votación saltaron las alarmas entre algunos vocales del CGPJ. Varios de ellos advirtieron de las maniobras de Lesmes para aupar a Díez-Picazo, conservador y próximo al actual presidente del Supremo.

Fuentes del CGPJ recuerdan ahora esa campaña. Nadie en el órgano de gobierno de los jueces dudaba de la renovación porque Sieira no había tenido ninguna polémica durante su presidencia, había desarrollado una gestión solvente de la Sala Tercera y tenía buena acogida entre los magistrados de la misma. Pero entonces comenzó una campaña de presión "bestial", señalan esas fuentes. Se convenció a vocales que se habían comprometido a votar a Sieira para que diesen su apoyo a Díez-Picazo. El primero llevaba 21 años en el alto tribunal; el segundo, siete.

Durante la reunión que debía elegir entre Sieira o Díez-Picazo -otros dos candidatos estaban prácticamente descartados- algunos vocales recordaron que el Supremo había establecido que primaba el magistrado con más experiencia, salvo que el más reciente tuviese otros méritos que hiciesen ese inservible. Por ejemplo, experiencia en el orden contencioso-administrativo: Sieira triplicaba a Díez-Picazo. Se compararon también sus resoluciones jurídicas: el primero había dictado 2.609 por 898 del segundo.

Los vocales del CGPJ también manejaron otros datos para tomar su decisión, como que Sieira había reducido de 10.743 asuntos pendientes a 4.421 en cinco años en una de las salas del Supremo que mayor ratio de recursos admitidos a trámite tiene. No había datos de Díez-Picazo, que no había presidido ninguna sala de ningún tribunal hasta el momento. Se procedió entonces a votar: 12 de 21 vocales se decantaron por Díez-Picazo. La polémica  llegó a la ONU.

Algunos vincularon esa campaña de Lesmes con que Díez-Picazo era de corte conservador. Otros incidían en que los esfuerzos de Lesmes se debían a una animadversión personal con Sieira a raíz de la polémica por el indulto al conductor 'kamikaze' de Valencia. La Sala que presidía Sieira tumbó la propuesta de Lesmes de avalar ese indulto.

Díez-Picazo pidió la doctrina que ahora ha frenado

Fuentes del CGPJ señalan que la elección de Díez-Picazo, que causó una gran sorpresa entonces, se ha demostrado equivocada con el tiempo. Ha estado más centrado en sus conferencias y publicaciones que en la gestión de la Sala Tercera, que "no le ha importado nada". También rechazan que, como han publicado algunos medios, no supiese de la trascendencia de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. Por el sistema de admisión de recursos de casación y porque la resolución podía entrar en conflicto con algunas anteriores. Además, el propio Díez-Picazo firmó el auto de admisión a trámite del recurso que dio origen a la sentencia que el pasado jueves provocó que los bancos se desplomasen en la bolsa.

"Las cuestiones que se suscitan en el presente recurso de casación muestran interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, porque es notorio que ambas afectan a un gran número de situaciones, trascendiendo del caso objeto del proceso", dice el escrito que lleva, entre otras, su firma. Añadía que la tarea de los seis jueces que iban a revisar el recurso era la de "precisar, aclarar, matizar, revisar o ratificar la doctrina jurisprudencial" sobre el impuesto de las hipotecas. Eso hicieron, sentar jurisprudencia, hasta que Díez-Picazo, 24 horas más tarde, paralizó esa doctrina para que fuese revisada por su  "enorme repercusión económica y social".

Esa decisión, sin precedentes, ha provocado la extrañeza de algunos magistrados del Supremo. "El pleno no está para esas cosas, no ha pasado nunca. En la sala los magistrados no están muy conformes", señala uno de ellos. Varias fuentes coinciden en que el presidente de la Sala Tercera ha dejado en una situación muy delicada a los jueces que firmaron la sentencia, que afianzaron una doctrina que ahora el alto tribunal puede revertir.

"La consternación que hay en la calle la hay aquí dentro", sostiene un magistrado, que define el sentimiento dentro del alto tribunal de "tristeza". A la decisión de Díez-Picazo le han seguido multitud de ataques sobre la falta de independencia de los magistrados del Supremo, algo que este juez considera especialmente negativo en este momento, cuando se habla día sí y día también sobre "la posibilidad de presiones externas" en la causa del 1-O.

La incertidumbre que ha creado la decisión de Díez-Picazo, que ha afectado a la firma de hipotecas, se prolongará al menos hasta el 5 de noviembre, cuando ha fijado la fecha para estudiar si se aplica o no la doctrina sobre el impuesto. Lo ha hecho tras reunirse este lunes con Lesmes y los magistrados firmantes de la sentencia, un encuentro que ha acabado con un comunicado que trata de despejar las dudas sobre el enfrentamiento entre los jueces a raíz de este asunto.

Mientras tanto, IU ha reclamado la comparecencia de Lesmes en el Congreso para que dé explicaciones y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido la dimisión de Díez-Picazo, partidario de que "de los jueces se hable lo menos posible, mejor que se hable de sus sentencias" porque "estar en el ojo del huracán no es bueno".

https://www.eldiario.es/politica/magistrado-paralizado-hipotecas-Supremo-Lesmes_0_827668084.html

EL CGPJ DENIEGA EL REINGRESO DEL JUEZ CLAVE EN LA SENTENCIA DE 'GÜRTEL' Y BLOQUEA ASÍ SU CARRERA HACIA EL GOBIERNO DE LOS JUECES

La mayoría conservadora del Consejo aduce que De Prada "no ha aportado documentación justificativa" de su cese en el tribunal internacional de La Haya

El juez ya comunicó a la Junta Electoral su "renuncia expresa" el 28 de agosto

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegado este jueves el reingreso al servicio activo al magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada Solaesa, que desde marzo se encuentra destinado en servicios especiales en el Tribunal Penal Internacional de La Haya para la revisión de la sentencia contra el genocida serbio Radovan Karadzic. De Prada ha emitido un comunicado en el que califica esa decisión como "sanción encubierta".

De Prada fue uno de los dos jueces que forzaron la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el juicio de Gürtel y que luego firmaron la sentencia que considera acreditada la caja B del PP y condena al partido como beneficiario económico de la trama.

Como publicó infoLibre, De Prada solicitó el 28 de agosto su reingreso en el servicio activo para optar a un puesto de vocal en el CGPJ, que debe renovarse a partir de diciembre. Lo hizo después de que la Junta Electoral de la judicatura, que dirime los conflictos suscitados con los aspirantes a ocupar un puesto en el CGPJ e integrada por tres magistrados del sector conservador, comunicase a De Prada que su candidatura no podía ser aceptada porque estaba en servicios especiales.

Aunque De Prada sostiene que la Junta está interpretando de manera errónea la ley, reaccionó de inmediato con el envío, el 28 de agosto, de una carta en la que le comunicaba que renunciaba "expresamente a la situación de servicios especiales". Ahora, y tras la decisión adoptada la mañana de este miércoles por la comisión permanente del CGPJ, la Junta Electoral debe lanzar en cuestión de horas la lista de los candidatos admitidos y excluidos. Dada la trayectoria que ha seguido el caso, todas las fuentes consultadas consideran remota la hipótesis de que la Junta Electoral se pronuncie en favor de De Prada aunque, en teoría, cabe esa posibilidad.

Bajo la batuta del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y gracias a la mayoría que ostentan en la comisión permanente, los conservadores han bloqueado ahora el reingreso de De Prada bajo el argumento de que no ha aportado "documentación justificativa" de su cese en el cargo que ocupaba en La Haya "pese a que se le requirió el pasado 29 de agosto".

La Comisión Permanente basa su decisión en el informe emitido por los órganos técnicos del CGPJ, que señala que el artículo 355 de la LOPJ establece que los magistrados deberán solicitar el reingreso al servicio activo “al cesar en el puesto o cargo determinante de la situación de servicios especiales”. Según el informe, “no cabe, por tanto, una renuncia a la situación de servicios especiales para dejar de encontrarse en tal situación, sino que lo que debe acontecer es un cese en el puesto o cargo que se desempeña y para el que se ha sido nombrado (bien por renuncia o por cualquier otro motivo) o, en su caso, cese de la causa que motivó dicha situación”.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José María Macías. Los vocales Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, considerados progresistas, han votado en contra.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/09/06/el_cgpj_deniega_reingreso_del_juez_clave_sentencia_gurtel_bloquea_asi_carrera_hacia_gobierno_los_jueces_86461_1012.html

EL PODER JUDICIAL RECHAZA DEFENDER AL JUEZ DE 'GÜRTEL' A QUIEN EL PP ACUSÓ DE ESTAR EN SINTONÍA CON LOS PROETARRAS

La comisión permanente del CGPJ descarta una condena al ataque lanzado por Rafael Hernando contra el juez de Gürtel José Ricardo de Prada

Los portavoces del órgano de gobierno aseguran que la propuesta de la vocal Concepción Sáez de defender al magistrado ni siquiera llegó a votarse

El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, no participó en el debate

El ataque lanzado el viernes en el Congreso por el portavoz del PP, Rafael Hernando, contra uno de los firmantes de la sentencia del caso Gürtel, el magistrado José Ricardo de Prada, quedará sin respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces descartó este jueves la propuesta lanzada por una de las vocales progresistas para emitir un pronunciamiento público en defensa de De Prada, a quien Hernando acusó de estar "en sintonía con el mundo proetarra". Fuentes oficiales del CGPJ han explicado que la iniciativa de la vocal Concepción Sáez –adscrita al sector progresista– ni siquiera llegó a votarse.

La posición mayoritaria en el Consejo –explicaron sus portavoces sin más detalles– es la de que no debe interferir en la libertad de expresión de los representantes políticos, especialmente cuando sus intervenciones se producen en el Parlamento.

Lejos de formular una retractación o una disculpa, el PP se ratificó el lunes en lo dicho por Hernando durante uno de sus turnos de intervención en el debate de la moción de censura. Esa ratificación se produjo cuando dos asociaciones judiciales –Juezas y Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente– pidieron el CGPJ que amparase a De Prada "de modo efectivo". El CGPJ respondió que el amparo solo se otorga a petición de parte. Y que De Prada no lo había solicitado pero que, no obstante, la comisión permanente estudiaría el asunto si alguien lo planteaba en la siguiente reunión.

Esa reunión se celebró este jueves por la mañana. Es decir, coincidiendo con la toma de posesión de la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, acto al que no acudió el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, el conservador Carlos Lesmes. El asunto –aducen los portavoces del CGPJ– no estaba en el orden del día pero se trató. Y Lesmes "ni siquiera intervino".

El voto de Lesmes

Hace una semana, Lesmes hizo valer su voto de calidad para excluir así a De Prada del tribunal que debía decidir sobre la libertad o el encarcelamiento de 11 condenados de Gürtel. El magistrado, ahora en servicios especiales en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, había solicitado que se le permitiera seguir en el tribunal para concluir los trámites derivados de la sentencia: la adopción de medidas cautelares y la resolución sobre las posibles reclamaciones de subsanación de errores que pudieran plantear las partes. Su petición provocó un empate de cuatro a cuatro. Y fue Lesmes quien lo deshizo.

En virtud de ese acuerdo, De Prada tampoco podrá participar ahora en la sala a la que compete resolver si desecha o incorpora las "rectificaciones" que el PP acaba de reclamar en lo que concierne al redactado sobre su carácter de beneficiario económico de la trama corrupta. Fechado el 4 de junio, el escrito del PP sostiene que se trata de corregir y completar omisiones argumentales de la sentencia sobre por qué se le condena en el ámbito civil como partícipe a título lucrativo.

Juristas de prestigio consultados por infoLibre y por completo ajenos al caso opinan por el contrario que el escrito del PP tiene pocos visos de prosperar porque lo que discute se relaciona más con la valoración de las pruebas que ha tenido en cuenta la sentencia que con hipotéticas omisiones susceptibles de subsanación. Y la valoración de la prueba –concluyen esos expertos– se dirime mediante los recursos. En este caso, con el ya anunciado por el PP ante el Tribunal Supremo.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/08/el_poder_judicial_rechaza_defender_juez_gurtel_quien_acuso_estar_sintonia_con_los_proetarras_83747_1012.html

JJPD DENUNCIA QUE LOS NOMBRAMIENTOS DEL SUPREMO SON “EJEMPLOS DE PUERTAS GIRATORIAS”

La asociación de jueces progresistas sospecha que pueda haber “interferencia en procesos judiciales presentes o futuros” con el nombramiento de Vicente Magro Servet en la Sala de lo Penal.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denuncia que algunos de los recientes nombramientos del Tribunal Supremo “no se ajustan a los principios de mérito y capacidad sostenidos por el precedente ejercicio profesional de cada uno de los candidatos, sino por motivos o intereses ajenos a la función jurisdiccional que les viene encomendada”.

Así se ha pronunciado esta asociación después de conocerse los nombramientos para las plazas vacantes de Fernando Román (Sala Contencioso-Administrativo) y Vicente Magro Servet (Sala Penal), de los que dice que “son claros ejemplos de puertas giratorias” ya que han recaído sobre personas que han ostentado cargos políticos del PP, partido al que también ha estado vinculado el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

Román, amigo íntimo de Lesmes

JJpD: Parece que el perfil que se busca para cubrir las vacantes es el de candidatos conservadores

Fernando Román, amigo íntimo de Lesmes, fue Secretario de Estado de justicia bajo el mandato del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y el que diseñó el actual modelo del CGPJ “con un corte claramente presidencialista que favorece ostensiblemente a Carlos Lesmes”, afirma JJpD.

Por su parte, Vicente Magro Servet fue senador por el PP en la Comunidad Valenciana (Alicante), “donde los casos de corrupción vinculados a dicho partido son y han sido una constante, como se evidencia en el juicio seguido actualmente en la Audiencia Nacional”, aducen.

“Parece que el perfil que se busca para cubrir las vacantes en la Sala Segunda del Alto Tribunal es el de candidatos de perfil conservador. Ello aumenta las sospechas de interferencia en procesos judiciales presentes o futuros de los que conoce o conocerá el Tribunal Supremo”, afirma JJpD.

El colectivo recuerda que la Comisión Europea en su informe sobre el estado de la justicia en los países de la UE, refleja que un 58% de la opinión pública española tiene una imagen “mala” o “muy mala” sobre la falta de independencia judicial, percepción que, para JJpD “es consecuencia directa de las “interferencias y presiones del Gobierno y sus políticas”.

Asimismo, acusan al CGPJ de “vulnerar” con los últimos nombramientos su propia política de transparencia al no publicar los currículums de los candidatos “impidiendo así que la ciudadanía pueda comprobar si dichos nombramientos responden a los principios de mérito y capacidad”.

https://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/jueces-democracia-denuncia-nombramientos-supremo-son-ejemplos-puertas-giratorias/20180126183713147827.html

LA DIVISIÓN DE LOS PROGRESISTAS DEL CGPJ AÚPA A UN EXSENADOR DEL PP AL SUPREMO

Repartieron sus votos entre los dos candidatos progresistas a ocupar un puesto en la Sala Segunda del Alto Tribunal

La suma de apoyos en torno a Javier Hernández, de Jueces para la Democracia, le habría permitido sortear la mayoría conservadora gracias al voto de Lesmes

Vicente Magro presidió la asociación de jueces conservadores APM y fue elegido senador por el PP en 1996

El Poder Judicial elige al número dos de Gallardón en el Ministerio como nuevo magistrado del Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido este jueves al conservador Vicente Magro Servet como nuevo magistrado de la Sala Segunda. Este exsenador del PP se ha impuesto gracias a que los vocales progresistas del Consejo han dividido sus votos entre los otros dos candidatos.

Magro, hasta ahora destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, ha logrado el apoyo del CGPJ para ocupar la vacante que deja José Ramón Soriano. Se ha impuesto a los candidatos Javier Hernández García y Susana Polo García, los dos de tendencia progresista.

Este tipo de votaciones van precedidas de negociaciones y acuerdos entre los integrantes del Consejo. Fuentes del CGPJ apuntan que Hernández era el mejor posicionado porque contaba con el mejor currículum de los aspirantes. Sin embargo, el bloque progresista no ha unido sus votos y una parte de esos vocales han apoyado a Polo, la magistrada que quiso juzgar a Elpidio Silva por filtrar los correos de Blesa.

El CGPJ tiene 20 integrantes, más el voto del presidente, Carlos Lesmes, que tiene potestad para romper los empates con su voto de calidad. A la sesión de este jueves ha faltado por motivos médicos el vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE en el Congreso.

Magro ha recibido 10 votos de los 20 votos en disputa. Hernández, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, se ha llevado cinco, los mismos que Polo, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los dos son miembros de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia.

Hernández se ha llevado los votos de tres vocales progresistas -Roser Bach y  Mar Cabrejas, propuestas por el PSOE, y Concepción Sáez, propuesta por IU- y el de José María Macías, propuesto por CIU. Lesmes ha decidido apoyar con su voto de calidad a Hernández. Si los vocales progresistas hubiesen unido sus votos en torno a este candidato el apoyo del presidente del CGPJ con su voto de calidad les habría valido para imponer su candidatura frente a la de Magro.

Los 10 vocales conservadores del Consejo han votado en bloque a Magro, mientras que Polo se ha llevado los votos Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo (propuestos por el PSOE) y Enrique Lucas (PNV). Polo fue la magistrada que instruyó la causa contra el juez Silva por filtrar los correos de Blesa, un caso que archivó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El nuevo integrante de la Sala Segunda del Supremo tiene un marcado perfil conservador. Juez desde 1987, ha sido  senador del PP por Alicante entre 1996 y 1997 y presidente de la asociación mayoritaria de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)-, que representa a los jueces conservadores.

Magro llegó a la Cámara Alta como candidato independiente en las listas del PP en las elecciones generales de 1996, donde llegó a ejercer como primer secretario de la Comisión de Justicia y vocal de la Comisión de Interior y Función Pública.

Abandonó su escaño en 1997 para ejercer como presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Tras varios años al frente de este organismo, Magro comunicó su decisión de dejar el puesto para trasladarse a la Audiencia Provincial de Madrid, donde el CGPJ le concedió la plaza de magistrado a finales de 2016.

Ahora ocupará una plaza en la Sala Segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena, y que se ocupa de los asuntos penales. Por ejemplo, revisa los recursos por causas penales o se encarga de investigar a los políticos aforados que son investigados por delitos de corrupción.

Por ejemplo, va a compartir sala con Pablo Llarena, el juez que instruye la causa contra los políticos catalanes investigados por rebelión. Como miembro de esa sala tendrá que ver también los recursos que interpongan las partes contra las decisiones del instructor. Esa Sala también investiga a una senadora del PP, Pilar Barreiro, por su implicación en la trama Púnica.

El CGPJ también ha elegido este jueves al exsecretario de Estado de Justicia Fernando Román para a Sala Tercera del Supremo. Román, que fue número dos de Alberto Ruiz Gallardón en el Ministerio de Justicia, ha obtenido 10 de los 19 votos. Lesmes no ha votado por la amistad que les une al candidato ganador.

https://www.eldiario.es/politica/progresistas-exsenador-PP-Tribunal-Supremo_0_733177728.html

LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, UN CONFLICTO ASEGURADO PARA EL PRÓXIMO OTOÑO

La elección de los nuevos vocales obligará a ponerse de acuerdo a los grupos políticos

El Congreso y el Senado tendrán que abordar el próximo otoño la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un puzle que obliga a ponerse de acuerdo a la mayoría de los grupos del Congreso y del Senado y que esta vez, con el Parlamento más fragmentado de la democracia y el PP recién desbancado del Gobierno, se antoja especialmente complejo. Cada una de las Cámaras tiene que elegir a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al cupo de jueces. Pero la selección tiene que salir adelante por mayoría de tres quintos, lo que exige que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, envió ayer una carta a todos los jueces para recordarles que los cinco años de mandato del actual Consejo vencen el 4 de diciembre y comunicarles que, dentro de un mes, el 4 de agosto, se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas para los 12 puestos reservados a los miembros de la carrera judicial. Puede presentarse cualquier juez que cuente con el aval de al menos 25 miembros de la carrera o el de una asociación judicial, pero los nombres de los futuros vocales serán de nuevo elegidos previo acuerdo de los partidos.

La renovación del Consejo llega sin que las Cortes hayan abordado el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que han reclamado al unísono todas las asociaciones de jueces para que los 12 vocales que les corresponden sean seleccionados por ellos y no por los grupos políticos. “Una vez que se ha iniciado el proceso de renovación no se van a cambiar las reglas a mitad del juego, lo que nos aboca, como mínimo, a otros cinco años de un Consejo elegido por el sistema actual”, afirma Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y la mayoritaria en la carrera.

Rodríguez Padrón sostiene que la reforma del sistema no ha salido adelante por falta de voluntad política, y ahora, con el Congreso dividido y un entendimiento casi imposible entre los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE), teme que el mandato del Consejo presidido por Lesmes se acabe prorrogando. En 2013, con el PP con mayoría absoluta en las dos Cámaras, los grupos tardaron dos meses en llegar al acuerdo del que salió la actual composición del órgano de gobierno de los jueces: 10 miembros propuestos por el PP, siete propuestos por el PSOE, uno pactado con IU, uno con CiU y otro con PNV. Pero la entrada en juego de Podemos y Ciudadanos, y la situación creada tras la moción de censura, que deja al PP con mayoría parlamentaria pero al PSOE con el poder en la Moncloa, complica la situación. “La dificultad de llegar a un acuerdo por la fragmentación del Parlamento pone de relieve la perversión del sistema”, advierte Rodríguez Padrón.

Más optimista se muestra el portavoz de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega. "Me han trasladado que es posible el acuerdo, pero es pronto para saberlo", afirma. Su asociación, que hace cinco años se opuso a presentar candidatura para los vocales del turno de jueces por no estar confirme con el sistema de elección, ha decidido que esta vez sí lo hará, aunque sigue aspirando a la elección directa por parte de los miembros de la carrera.

https://elpais.com/politica/2018/07/03/actualidad/1530640225_304663.html

EL PP OCUPA LOS PUESTOS CLAVE DE LA JUSTICIA ASEDIADO POR LA CORRUPCIÓN

Utiliza su mayoría en el Poder Judicial, fruto de la victoria en 2011, para imponer en ocho días a dos afines en puestos clave de la Audiencia Nacional

Con esa misma mayoría se renovarán en los próximos meses tres plazas en la Sala del Tribunal Supremo que investiga a los aforados

Espejel ha sido nombrada con el rodillo del CGPJ; para López se ha optado por exigir un viejo título que sólo él y unos pocos más tienen

El Partido Popular se está sirviendo de un instrumento heredado de su mayoría absoluta, el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para ocupar con afines la cúpula judicial, a pesar de gobernar en minoría y mientras proliferan grandes investigaciones por corrupción en su contra.

En un plazo de ocho días, los vocales del CGPJ propuestos por el PP en 2013 han votado a favor de ubicar en dos de los puestos más importantes de la Audiencia Nacional a Concepción Espejel y Enrique López, magistrados que comparten haber sido apartados a la vez por sus propios compañeros de los tribunales que están juzgando y juzgarán casos de corrupción del PP, con el argumento de su proximidad a la formación política en el Gobierno.

En el método empleado para elegir a Concepción Espejel no ha habido rodeos por tratarse de un nombramiento discrecional. Aspiraban seis magistrados y el bloque mayoritario ha optado, entre los jueces conservadores, por aquella a la que la secretaria general del PP llamó “querida Concha”, durante discurso con motivo de una condecoración.

Solo Vicente Guilarte, propuesto como vocal por el PP, ha optado por Carmen Lamela, una candidata que desde el bloque progresista se apreciaba de consenso. Los otros 11 conservadores, incluido el juez que el Gobierno de Mariano Rajoy designó para presidir el Poder Judicial, Carlos Lesmes, han votado a Concepción Espejel. La magistrada Manuela Fernández de Prado, con 25 años de experiencia "ininterrumpida" en la Audiencia Nacional, como ha recordado Jueces para la Democracia (JpD), ha recibido el apoyo de 8 vocales progresistas. JpD ha calificado de "demoledor" el mensaje que se envía a los jueces con el nombramiento de Espejel.

La presidenta de la Sala de lo Penal está facultada para abocar a pleno las resoluciones que considere, arrebatando así la decisión a una sección determinada y poniéndola en manos del conjunto de magistrados de esa Sala, de mayoría conservadora. Espejel, hasta ahora presidenta de la Sección Segunda, integrará la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, influirá con sus decisiones sobre el reparto de los asuntos entre unas secciones y otras y presidirá ella misma la Primera. También influirá en los señalamientos de juicios, una cuestión aparentemente administrativa, pero que puede resultar determinante en qué magistrados integren un tribunal, según su disposición en ese momento.

Ingeniería administrativa para López

La elección de Enrique López ha necesitado de otra ingeniería más complicada que en el caso de Espejel. La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional era una exigencia de los organismos internacionales desde casi su fundación. El Partido Popular hizo un amago de creación al final del mandato de Aznar, pero no ha sido hasta los últimos meses cuando éste se ha concretado.

En medios jurídicos cunde la indignación por los elegidos para ocupar un tribunal con tanto poder y de tanta exigencia jurídica apenas tengan experiencia en poner sentencias. La Sala de Apelaciones revisará en sus fallos todos los que haya dictado previamente la Sala de lo Penal de los casos que comiencen a instruirse a partir del próximo 1 de junio.

El criterio impuesto desde el Gobierno para que López y Velasco hayan llegado a la Sala de Apelaciones es que los magistrados que integren el tribunal tengan la especialidad en penal. En la polémica abunda que esa especialidad solo se les reconoce a aquellos que superaron una oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo.

El número uno de esta convocatoria fue Ramón Sáez, magistrado progresista de gran experiencia, exvocal del CGPJ a propuesta de IU y ponente en los últimos tiempos del fallo que absolvió en la Audiencia Nacional a los manifestantes que rodearon el Parlament de Cataluña en mayo de 2011. El CGPJ debió convocar después una nueva oposición, pero nunca llegó a hacerlo.

Por tanto, entre los doce que ostentan la única especialidad en penal reconocida están Enrique López y Eloy Velasco. Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selección y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implica que deja de instruir los casos de corrupción más graves que afectan al PP y cuya investigación está abierta: la pieza del caso Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación Lezo, con el expresidente autonómico Ignacio González en el centro.

Segundo ascenso con una renuncia de por medio

La insistencia del PP con Enrique López se remonta a la pelea que durante años mantuvo por ubicarle en el Tribunal Constitucional, a pesar de la oposición frontal del PSOE, que alegaba no reunía los méritos exigidos. En 2013, con la mayoría absoluta del PP, llegó el momento de su desembarco en el Constitucional, pero un año después el magistrado se vio obligado a dimitir tras ser sorprendido conduciendo borracho su moto y sin casco por el centro de Madrid. La Ley permitía su reingreso inmediato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En dos años y medio, López ha vuelto a ascender, ahora a la nueva Sala de Apelaciones, de la que resta por elegir a su presidente. Será, como en el caso de Espejel, una elección discrecional. Hasta entonces, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, presidirá provisionalmente el tribunal. Navarro aparece en la fotografía que ilustra esta información detrás de Espejel, aplaudiendo como Cospedal. En aquel entonces era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En los próximos meses cabe un nuevo movimiento que afecta a otra ubicación clave en el sistema judicial español, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encarga de investigar a los cargos políticos y otros aforados. Dos puestos están vacantes ya, uno más lo estará en las próximas semanas y en noviembre se marcharán cuatro magistrados eméritos, tres de ellos progresistas. Si la mayoría conservadora del CGPJ impone a sus candidatos en las tres plazas a cubrir, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se escorará todavía más a la derecha.

Marchena, el 'cerebro' en la sombra

El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, es considerado desde el sector progresista de la judicatura la cabeza pensante detrás de todos los movimientos de piezas que se están produciendo en el sector judicial. Según fuentes del caso, Marchena llamó al teléfono móvil del juez Eloy Velasco mientras tomaba las primeras declaraciones de detenidos en la Operación Lezo para advertirle de que iban a intentar apartarle del caso por el puesto que desempeñó su mujer en la Comunidad de Madrid en tiempos de Ignacio González. Como consecuencia de ello, Velasco preguntó a González y su defensa si querían que se apartara.

Una de las plazas pendientes de convocar el Tribunal Supremo es la de José Manuel Maza, el primer fiscal general del Estado reprobado en la historia de la democracia española, tan solo seis meses después de ser nombrado por el Gobierno. Maza no era la primera opción para el Ejecutivo, que pretendía renovar en el puesto a Consuelo Madrigal. Sin embargo, la negativa de ésta a designar puestos claves en el Ministerio Público hizo cambiar de postura al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Uno de esos puestos era el de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, para el que fue elegido Manuel Moix. Antes de nombrarlo, Maza fue advertido por la teniente fiscal de Anticorrupción y por la Unión Progresista de Fiscales de que iba a nombrar alguien a quien el principal acusado de la Operación Lezo, Ignacio González, alababa en las intervenciones telefónicas y del que sabía que iba a ocupar el puesto tres meses antes. Maza ignoró el aviso. La pasada semana Moix fue reprobado en el mismo pleno que Maza y el ministro Catalá, el pasado 16 de mayo.

http://m.eldiario.es/politica/Partido-Popular-coloniza-judicial-corrupcion_0_647436298.html

EL BLOQUE CONSERVADOR IMPONE A ESPEJEL AL FRENTE DE LA SALA PENAL DE LA AUDIENCIA

La sucesora de Fernando Grande Marlaska fue apartada del caso Gürtel por su cercanía al PP

La votación ha sido celebrada esta mañana por el pleno del órgano de gobierno de los jueces, y ha arrojado el resultado de 11 votos a favor de la elección de Espejel, 8 a favor de Manuela Fernández Prado, 1 voto por el magistrado Fermín Echarri y otro para la magistrada Carmen Lamela.

Espejel, que sustituirá en el puesto a Fernando Grande-Marlaska, tendrá amplios poderes para organizar la sala de lo Penal de la Audiencia. Entre sus competencias figuran la posibilidad de presidir cualquier vista oral que se celebre en su jurisdicción -como hizo en su día Javier Gómez Bermúdez con el juicio de los atentados del 11 de marzo de 2014- . También puede hacer que cualquier asunto pueda dirimirlo el pleno de la Sala de lo Penal, formado por una veintena de magistrados.

El grupo de vocales conservadores, cuyo voto llegó a la jornada de ayer dividido, se ha agrupado esta mañana después de celebrar por la noche una reunión para ponerse de acuerdo, según han informado fuentes no oficiales del CGPJ.

Espejel fue obligada por el conjunto de magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional a excluirse de los tribunales que juzgarán el caso Gurtel y el asunto de los llamados papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP, debido a la afinidad con este partido de la magistrada, que no había querido abstenerse por iniciativa propia. Ahora será la presidenta de esos mismos magistrados.

Se da la circunstancia de que esa misma exclusión forzosa para juzgar estos dos mismos sumarios afectó también al magistrado del mismo tribunal Enrique López, considerado también por sus compañeros demasiado afín al PP para juzgar el caso Gürtel.

La semana pasada el mismo CGPJ que ha nombrado hoy presidenta a Espejel designó a López para ocupar una de las dos plazas de magistrado de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Puede decirse, de este modo, que meses después de ser excluidos por su afinidad al PP de unos determinados casos que afectaban a este partido, ambos han sido ascendidos por el CGPJ.

El puesto de presidente de la Sala Penal de la Audiencia tiene carácter gubernativo pero también jurisdiccional, es decir, quien lo ocupa organiza dicha sala en términos administrativos, pero también forma parte del tribunal como magistrado que juzga asuntos.

Además de Espejel, aspiraba al puesto Manuela Francisca Fernández Prado, magistrada de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y preferida por los progresistas.

También era candidato Juan Pablo González González, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia y uno de los favoritos, hasta ayer noche, del grupo conservador del CGPJ.

Fermín Echarri, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apoyado por el hasta ahora presidente de la Sala Penal, Fernando Grande Marlaska, y Carmen Lamela Díaz, del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, fueron los nombres del consenso para el caso de un acuerdo entre todos los vocales que finalmente no se ha producido.

María Teresa Palacios Criado, magistrada de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia, tuvo siempre pocas posibilidades.

La vacante en la Sala de lo Penal de la Audiencia se ha creado porque el vocal y magistrado, Fernando Grande Marlaska, había llegado casi al final de su mandato como presidente de la citada sala. Además, cuando estaba a punto de finalizar su mandato, Marlaska accedió a uno de los puestos de la Comisión Permanente del CGPJ.

Se trata de la comisión más importante, la que lidera el órgano de gobierno de los jueces. Y sus miembros tienen dedicación exclusiva). De este modo, la vacante de Marlaska debía ser cubierta

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/25/actualidad/1495707672_369867.html

EL CONGRESO CORRIGE Y DESAUTORIZA AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

Lesmes pretendía evitar una comparecencia en la comisión de investigación de Interior

El arranque este miércoles de la comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior ha estado precedido de un conflicto institucional entre el Congreso y el Consejo General del Poder Judicial que, finalmente, ha perdido Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y el Poder Judicial. El conflicto se ha sustanciado en un intercambio de cartas entre Lesmes y Ana Pastor, presidenta del Congreso, porque el primero quería impedir la comparecencia este miércoles de Daniel de Alfonso, exresponsable de la Oficina Antifraude de Cataluña. De Alfonso es magistrado y abre las comparecencias porque fue grabado en el despacho del entonces ministro del Interior Jorge Fernández y, según las conversaciones reveladas por Público, amañaban procedimientos contra rivales políticos.

De Alfonso fue citado por la comisión, él pidió permiso al Poder Judicial y Lesmes remitió una breve carta el 29 de marzo a Pastor negando la comparecencia. Invocaba la "inmunidad judicial" regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial en un artículo que señala que "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia. Cuando una Autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un Juez o Magistrado, y que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquel, previo aviso".

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/04/actualidad/1491317335_631828.html

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL CGPJ

Ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial afirmó recientemente que la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones judiciales ya que representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos.

Ante estas palabras, cuando menos sorprendentes en quien ocupó cargos directivos en el Poder Ejecutivo durante dos legislaturas y actualmente preside el órgano encargado de velar por la independencia judicial, las Asociaciones Judiciales quieren manifestar:

1. El derecho de asociación de los miembros de la carrera judicial –no sería necesario recordarlo- se reconoce de manera explícita en el artículo 127 de la Constitución, que se ve desarrollado en los artículos 401 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al propio tiempo se prohíbe a los Jueces/zas y Magistrados/as la pertenencia a partidos políticos y sindicatos.

2. Esta doble circunstancia significa que el Juez/a, ante todo, es una persona, está integrado en la sociedad a la que sirve activamente y, como tal, es titular de la libertad ideológica y de pensamiento, como constantemente ha recordado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Además, tiene derecho a la defensa de sus intereses profesionales siempre que contribuyan a la mejora de la Justicia.

3. El pluralismo es un valor constitucional que el Sr. Lesmes parece ignorar, lo que no impide una unidad de objetivos. El asociacionismo judicial, desde la diversidad, tiene un mismo objetivo, establecido en el art 401 LOPJ: mejorar la Administración de Justicia, la independencia judicial, e incrementar su confianza ante los ciudadanos/as a quienes servimos, lo cual es sobradamente conocido. Recordamos al Presidente del CGPJ que son mucho más los puntos que nos unen que los que nos separan.

4. La politización de la justicia que pudiera deducirse de las palabras del Presidente es rotundamente falsa. Esa politización se identifica en realidad con otros motivos; Junto con las indeseables injerencias del Ejecutivo, hay que destacar el actual sistema de designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuya reforma hemos solicitado conjuntamente todas las asociaciones, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa a través del último informe GRECO, que advierte del riesgo que comporta este sistema de designación con relación a la independencia judicial.

5. Por todo ello, no podemos aceptar las palabras del Sr. Lesmes, al que desde aquí reclamamos una rectificación pública. No podemos asumir que las Asociaciones seamos el problema. Como siempre hemos proclamado, entendemos que nuestro papel es necesario para el impulso permanente de mejorar la Justicia. Tratamos de buscar soluciones y, desde luego, nuestra diversidad de planteamientos merece un respeto.

Madrid, 17 de marzo de 2017

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA- ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS "FRANCISCO DE VITORIA"- JUECES PARA LA DEMOCRACIA - FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

http://juecesparalademocracia.blogspot.com.es/2017/03/comunicado-conjunto-sobre-las.html?m=1

LAS ASOCIACIONES DE JUECES SE UNEN CONTRA LESMES

El presidente del Supremo y del CGPJ dijo que la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de los Diputados Carlos Lesmes ha conseguido que las cuatro asociaciones judiciales de planteamientos muy diferentes se hayan puesto de acuerdo… para exigirle unánimemente una rectificación pública. La causa son las palabras de Carlos Lesmes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuando afirmó que la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones judiciales “ya que representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos”.

En un comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la de Jueces y Magistrados "Francisco de Vitoria", Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente califican, cuando menos como sorprendentes tales declaraciones “en quien ocupó cargos directivos en el Poder Ejecutivo durante dos legislaturas y actualmente preside el órgano encargado de velar por la independencia Judicial”.

“Titulares de libertad de pensamiento”

Para empezar, los jueces señalan que aunque no sería necesario recordarlo, el derecho de asociación de los miembros de la carrera judicial se reconoce de manera explícita en el artículo 127 de la Constitución, que se ve desarrollado en los artículos 401 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al propio tiempo se prohíbe a jueces y magistrados la pertenencia a partidos políticos y sindicatos.

Considera por tanto que esta doble circunstancia significa que jueces y juezas son ante todo, personas integradas en la sociedad a la que sirven activamente y, como tales, “son titulares de la libertad ideológica y de pensamiento, como constantemente ha recordado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Además, tienen derecho a la defensa de sus intereses profesionales siempre que contribuyan a la mejora de la Justicia”.

“El pluralismo es un valor constitucional que el Sr. Lesmes parece ignorar, lo que no impide una unidad de objetivos. El asociacionismo judicial, desde la diversidad, tiene un mismo objetivo, establecido en el art 401 LOPJ: mejorar la Administración de Justicia, la independencia judicial, e incrementar su confianza ante los ciudadanos a quienes servimos, lo cual es sobradamente conocido. Recordamos al presidente del CGPJ que son mucho más los puntos que nos unen que los que nos separan”, continúan.
La politización está en el CGPJ

Las cuatro asociaciones judiciales señalan que “ la politización de la justicia que pudiera deducirse de las palabras del Presidente es rotundamente falsa. Esa politización se identifica en realidad con otros motivos”.

Estos motivos que llevan a la politización los resumen así: “Junto con las indeseables injerencias del Ejecutivo, hay que destacar el actual sistema de designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuya reforma hemos solicitado conjuntamente todas las asociaciones, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa a través del último informe GRECO, que advierte del riesgo que comporta este sistema de designación con relación a la independencia judicial”.

“Por todo ello, no podemos aceptar las palabras del Sr. Lesmes, al que desde aquí reclamamos una rectificación pública. No podemos asumir que las Asociaciones seamos el problema. Como siempre hemos proclamado, entendemos que nuestro papel es necesario para el impulso permanente de mejorar la Justicia. Tratamos de buscar soluciones y, desde luego, nuestra diversidad de planteamientos merece un respeto”.

http://www.elplural.com/sociedad/2017/03/17/las-asociaciones-de-jueces-se-unen-contra-lesmes

JUECES PROGRESISTAS ACUSAN AL SUPREMO DE LEGITIMAR "PURGAS IDEOLÓGICAS"

Duro comunicado contra la Sala III por avalar el rechazo del Poder Judicial a que la juez Angels Vivas presida la Audiencia Provincial de Barcelona

Discriminación por sexo, asunción de la postura del Consejo General del Poder Judicial, reproches a la magistrada… Jueces para la Democracia ha hecho pública su crítica ante la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo que ha validado la postura del CGPJ en su decisión de que Angels Vivas pese a su mayor antigüedad en el escalafón e igual o mayor número de méritos que el candidato elegido, haya sido rechazada para la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y consideran inadmisible “que se legitimen las purgas ideológicas”.

La magistrada fue una de las firmantes del Manifiesto de los 33, un grupo de jueces que apoyaron en Cataluña el derecho a decidir. Para el Supremo a la magistrada “nadie la obligó a bajar a la arena política”, según hace constar la sentencia. No admitió la Sala III que el CGPJ fuera discriminada por ser mujer o que se vulnerase su derecho a la libertad de expresión al tener en cuenta sus posiciones políticas.

Haciendo un resumen de los hechos Jueces para la Democracia recuerda que la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 419/2017, de 9 de marzo, que cuenta con un voto particular de un magistrado en desacuerdo, se refiere al acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 31 de marzo de 2016 que decidía que el juez Antonio Ramón Recio Córdoba fue nombrado presidente frente a la magistrada Angels Vivas Larruy que era la otra candidata. Esta sentencia obedece a un recurso presentado por el acuerdo del Consejo.

Más antigua y con más méritos

JpD reprocha a sus colegas que “el citado Acuerdo se adoptó sabiendo que la magistrada Àngels Vivas es mucho más antigua en el escalafón y con o más méritos que el magistrado finalmente nombrado, y, como deja entrever el voto particular que se formula a la Sentencia, en clara vulneración del principio de no discriminación por razón de sexo porque no se justificó la preferencia del magistrado elegido en este supuesto”.

La asociación judicial progresista califica la sentencia de “decisión sin precedentes”, en un claro “ejercicio de voluntarismo que en absoluto está justificado”, “situándose la Sala en la posición del Consejo General del Poder Judicial y sustituyendo a éste en el ejercicio de sus funciones”, y “(sin) juzgar los hechos”, citando a quien firma el voto particular.

“El Tribunal Supremo no sólo no restaura a Àngels Vivas en sus derechos anulando el acto discriminatorio que ha sufrido, sino que, además, le reprocha el haber suscrito un manifiesto en el que, como jurista, expresó una opinión jurídica sobre el encaje constitucional del “derecho a decidir” del pueblo de Cataluña. Y ello, a pesar a que el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial no efectúa análisis alguno sobre dicho aspecto, precisamente porque la jurisprudencia constitucional se lo prohíbe.”, añaden.

El manifiesto de los 33

Para JpD “resulta paradójico, que se diga que “aun admitiendo que los jueces y magistrados no tienen restringida su libertad de expresión sobre temas políticos y que, más en concreto, la firma del «Manifiesto de los 33» fue ejercicio legítimo de dicho derecho fundamental -algo que esta Sala ni afirma ni niega-, eso sólo significa que la Sra. Vivas no incurre en responsabilidad disciplinaria”. Pero eso no impide que el Consejo General del Poder Judicial “no pueda tener en cuenta las actuaciones y manifestaciones de índole política que, aun siendo legítimas, hayan realizado los distintos candidatos”.

“Es llamativo –continúan- que la Sentencia del Tribunal Supremo señale a los miembros de Carrera Judicial por su ideología política, sin que lo haya hecho el órgano fiscalizador, el Consejo General del Poder Judicial.

A JpD le sorprende también algunas de las cosas que dice la sentencia como las siguientes: “Quien voluntariamente baja a la arena política y participa en el debate y la lucha propios de ese ámbito, no puede razonablemente esperar que se olvide ese dato”. Y que “(no) cabe exigir a cada uno de los Vocales del CGPJ singularmente considerados que borre de su mente ese tipo de datos a la hora de formar su convicción individual sobre la idoneidad del correspondiente candidato para ocupar una plaza de provisión discrecional”.

“Se legitiman las purgas ideológicas”

“Es por ello inadmisible que se legitimen las purgas ideológicas cuando ni tan siquiera el órgano que efectuó el nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial, lo había hecho”, añaden . Y rechazan también “la discriminación por razón de sexo que ha sufrido la magistrada Angels Vivas, en un proceso que se alega vulneración los derechos fundamentales, específicamente el de la igualdad, la Sentencia se niegue a repararla con argumentos de índole formal”.

Recuerdan que los jueces al igual que toda la ciudadanía, “somos también titulares de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y tenemos el derecho a no sufrir discriminación alguna, tal y como ha señalado reiteradamente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”.

“Igualmente, reclamamos la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres en la carrera judicial, debiéndose tomar medidas para que las magistradas, actualmente infrarrepresentadas en los cargos discrecionales, no solamente no sean discriminadas en esos nombramientos, sino que se tomen medidas de acción positiva para que exista una presencia equilibrada de las mismas, equivalente al 52 por ciento de su presencia en la carrera judicial”, concluyen.

http://www.elplural.com/sociedad/2017/03/16/jueces-progresistas-acusan-al-supremo-de-legitimar-purgas-ideologicas

MALESTAR EN EL CGPJ ANTE LOS MODOS IMPERATIVOS DEL PRESIDENTE LESMES

El nombramiento de Grande Marlaska para la Comisión Permanente motivó discusiones en el pleno

Algunas formas del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a la hora de llevar al pleno las propuestas de nombramientos están causando auténtico malestar entre los vocales de este órgano decisorio de la principal institución de gobierno de los jueces. Fuentes consultadas por ELPLURAL.COM achacan falta de debate y determinismo en las propuestas de Lesmes “no se trata de negociar o debatir un planteamiento, sino de votar 'sí o sí' lo que propone el presidente”, explicaron

En el caso de la reciente designación del juez Fernando Grande Marlaska como miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, la situación rozó la crispación en el pleno cuando Lesmes anunció la salida de este órgano del juez Gerardo Martínez Tristán y el nombramiento en su lugar de Fernando Grande Marlaska. El problema no radicaba en la persona de este magistrado sino en la manera de hacer efectivo su nombramiento por parte de Lesmes.

“Decisión presidencial”

Es decir, la discusión se centra en que no hay una auténtica elección por los miembros del pleno sino una decisión presidencial. Y no es la primera vez. Un grupo de vocales llevó en su día ante el Tribunal Supremo un recurso en relación a las elecciones de los miembros de la comisión permanente. Las vocales acusaban en esa ocasión a su presidente de infringir “abiertamente” las normas legales e impedir la conformación dialogada y consensuada de las decisiones y las reglas establecidas para la conformación de la voluntad en todos los órganos colegiados, también el CGPJ.

Este recurso fue desestimado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, previo amplio debate, y con varios votos particulares en contra. Pese a ello, las vocales recurrentes se verán obligadas a abonar 4.000 euros de costas.

En el caso del nombramiento de Grande Marlaska, se produjo una dura discusión entre algunos vocales y el propio Lesmes a cuenta de esta falta de debate o negociación en el nombramiento del nuevo miembro de la permanente. En pocas palabras, se le reprochó que la propuesta del presidente, que no debería ser más que un proyecto a debatir previamente o durante el pleno, resultara una imposición sometida a la mera formalidad de una votación cuyo resultado final era conocido por todos de antemano.

¿Por qué sigue en la Audiencia hasta abril?

Los vocales que emitieron votos en contra de las propuestas de Carlos Lesmes fueron Concepción Sáez, Roser Bach y Enrique Lucas. Otra vocal, Victoria Cinto, votó en blanco. Tanto Lucas como Sáez anunciaron la formulación de votos particulares a los que Bach anunció que se pensaba adherir.

Otro aspecto en este nombramiento que ha causado malestar y sorpresa es la prórroga de la actividad de Fernando Grande-Marlaska como presidente de la Sala de lo Penal hasta el mes de abril si bien fuentes judiciales comentaban que no es una situación habitual. “Lo normal es que el nombramiento en la permanente surta efecto desde el momento en que se aprueba en el pleno, teniendo que abandonar el puesto anterior”.

Tal decisión ha producido diversos comentarios y de hecho se barajaba la posibilidad de que frente a la alegada carga de trabajo que se ha argüido como causa de la permanencia de Grande Marlaska en su puesto de la Audiencia, se trate más bien “de que estén esperando al nombramiento de la persona que le va a sustituir”. Para tal sustitución se barajan nombres como el de Concepción Espejel o Juan Pablo González Villanueva, de manifiesto talante conservador, entre otros.

Sobre Maza tampoco se debatió

Los comentarios sobre la actitud de Lesmes en las políticas de nombramientos no es nueva. Recientemente cuando el CGPJ tuvo que dar el visto bueno a la designación del magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo José Manuel Maza, como Fiscal General del Estado, se produjo una situación similar ya que no abundaron las explicaciones acerca de tal decisión.

Buena parte de los vocales –como la mayor parte del mundo judicial- daba por hecho que su predecesora, Consuelo Madrigal, sería confirmada en el puesto. Al no ser así, se dispararon los rumores sobre que la ahora ex fiscal general se habría negado a adoptar medidas de mayor control hacia el Ministerio Fiscal de acuerdo con las necesidades del Gobierno. Este tema tampoco se debatió en el pleno del CGPJ para irritación de muchos de sus miembros, preocupados porque el órgano colegial se vea vacío de contenido al obviarse los debates en su seno y, por tanto, al gestarse sus más destacadas decisiones en el círculo del presidente y no en su Pleno.

http://www.elplural.com/sociedad/2017/01/30/malestar-en-el-cgpj-ante-los-modos-imperativos-del-presidente-lesmes

EL CGPJ ELIGE DE NUEVO A RIQUELME PRESIDENTE DEL TSJ DE MURCIA PESE AL REVOLCÓN DEL TS

El candidato del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, obtiene dos votos más que en su primera elección.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido de nuevo esta mañana a Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, después de que el Supremo anulara el pasado 5 de abril su primer nombramiento por su insuficiente motivación de los méritos del elegido frente a los de otra candidata, la magistrada Pilar Alonso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo reprocha al Consejo General del Poder Judicial que en el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia postergara "sin explicación" a la candidata mujer que aspiraba al puesto, Pilar Alonso, en beneficio del candidato varón que resultó designado, Miguel Pasqual de Riquelme, pese a que "la valoración de los elementos objetivos de ella se impone claramente sobre los de él".

El Alto Tribunal anuló el nombramiento de Pasqual de Riquelme y ordenó al CGPJ que vuelva a adjudicar la plaza "mediante resolución debidamente motivada en los términos indicados en esta sentencia".

Tras una larga deliberación que se ha prolongado hasta las 14.30, el CGPJ ha vuelto a elegir a Pasqual de Riquelme y con más apoyo que la primera vez. En enero obtuvo 12 votos y ahora, 14. Al bloque de vocales propuestos por el PP y al presidente, Carlos Lesmes, se han unido dos consejeros propuestos por el PSOE, Mar Cabreja y Álvaro Cuesta.

http://www.elespanol.com/espana/20160526/127737284_0.html

CORRECTIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO A LESMES POR LOS NOMBRAMIENTOS DE CARGOS JUDICIALES

La Sala Tercera, de la que procede Carlos Lesmes, tumba la elección del presidente del TSJ de Murcia por falta de motivación.

Una de las peores noticias para Carlos Lesmes ha llegado este lunes de parte del tribunal que preside, el Supremo, y para más inri de la Sala de la que procede, la Tercera, que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa y vigila, por tanto, al Consejo General del Poder Judicial, también presidido por Lesmes.

La Sala Tercera ha anulado el nombramiento de Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia después de una deliberación que se prolongó durante la mañana y la tarde. La larga duración del debate fue la primera señal de que el Supremo estaba decidido a someter la política de nombramientos del actual CGPJ al severo escrutinio que ya aplicó a sus antecesores a partir de Francisco Hernando y el primer indicio de que Lesmes, pese a su control del Alto Tribunal, podía recibir su primer revés.

Al final la designación de Pasqual de Riquelme (efectuada el 29 de enero de 2015 por 12 votos de 21) se ha echado abajo por 18 votos frente a 15. Ha habido incluso cinco magistrados -José Díaz, Manuel Garzón, Segundo Menéndez, Jorge Rodríguez Zapata y José Manuel Sieira- que votaron a favor de que el TS declarara el derecho de la recurrente, la magistrada de la Audiencia de Murcia Pilar Alonso, a ocupar el cargo. Sin embargo, la Sala Tercera no está (todavía) por dar el paso de ordenar un nombramiento al CGPJ, por lo que será el Consejo el que vuelva a pronunciarse sobre la elección del presidente del Tribunal autonómico murciano.

El contraste de los candidatos

La demanda de Pilar Alonso contra el nombramiento de su compañero Miguel Pasqual de Riquelme, redactada por el prestigioso administrativista Tomás Ramón Fernández, fue avocada al Pleno de la Sala III por el anterior presidente, José Manuel Sieira, cuando estaba punto de ser defenestrado por el CGPJ a favor de Luis Díez-Picazo.

El recurso destacaba que Alonso ostenta el puesto 280 del escalafón, frente al 1.160 de Pasqual de Riquelme; su antigüedad es de 31 años, frente a los 22 del nombrado; ha ejercido competencias civiles y penales durante 23 años en la Audiencia Provincial de Murcia, mientras que el designado no tiene experiencia en órganos colegiados ni en la jurisdicción civil, que es uno de los ámbitos del TSJ. Ambos han sido jueces decanos y miembros de la Sala de Gobierno.

Según el Servicio de Inspección del Consejo, Alonso ha superado siempre el módulo de dedicación (127,40% en 2014, 121,27% en 2013, 111,97% en 2012 y 115,66% en 2011), mientras que las cifras de Pasqual del Riquelme son 41,7% en 2014, 53,5% en 2013, 47,9% en 2012 y 25,5% en 2011. "No sirva de excusa", señalaba la demanda, "la exención del 50% que se le aplica como juez decano, pues incluso doblando estas cifras se queda por debajo de la línea y muy lejos de Alonso Saura".

"Hay sólo una cosa en la que Pasqual del Riquelme supera a Alonso y es en su trabajo como letrado en el Consejo General del Poder Judicial y como jefe del servicio de relaciones internacionales, pero esto es algo que no figura en la convocatoria y que, como es obvio, no tiene nada que ver con la función a desempeñar por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia", indicaba el recurso, sugiriendo la ventaja que representa la proximidad del candidato al órgano que efectúa el nombramiento. Es un hecho notorio la estrecha relación del nombrado con el vocal Juan Martínez Moya, presidente del tribunal murciano hasta enero de 2015, cuando pasó el testigo a Miguel Pasqual de Riquelme.

"En lo que concierne a los datos objetivos, directamente comprobables con o sin referencias numéricas, que, según la convocatoria, deben tenerse en cuenta para resolver, la diferencia a favor de mi representada es sencillamente abismal. ¿Puede esa diferencia ser conjurada por un proyecto de lo que simplemente se piensa hacer, es decir, por una apreciación forzosamente subjetiva y como tal inaprehensible de lo que son simples ideas o buenos deseos?", indicaba la demanda en referencia al proyecto de gobierno presentado por Pasqual de Riquelme y que fue muy bien valorado por el CGPJ.

"Si es así", añadía la demanda, "sobran los datos objetivos, antigüedad, experiencia en órganos colegiados, sentencias dictadas, puestos servidos, etc. Con pedir un proyecto y valorarlo libremente sería suficiente. Lo único malo es que personas con una trayectoria impecable en el plano estrictamente judicial quedarían excluidas de los cargos judiciales".

"Quia nominor leo"

El recurso también aludía al incumplimiento por el CGPJ del mandato legal de procurar un equilibrio entre mujeres y hombres a la hora de acceder a puestos de responsabilidad y defendía la "arbitrariedad" de la elección en los siguientes términos: "El acuerdo de nombramiento afirma que Pasqual del Riquelme es 'el más idóneo' y 'el más adecuado' de los tres candidatos presentados pero no dice por qué, no ha contrastado sus méritos con los de los otros dos candidatos ni expresado razón alguna que pueda justificar esa conclusión, que es, por lo tanto, un simple 'porque sí', 'porque yo lo digo', quia nominor leo, un acto gratuito y arbitrario. (...) Hasta un ciego podría verlo. El Consejo nombra siempre a quien quiere sin que le importen los requisitos objetivos con los que el Reglamento de nombramientos pretende asegurar la observancia de la regla constitucional del mérito y capacidad".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha acogido la tesis de la arbitrariedad del nombramiento ni de la discriminación de la recurrente por motivos de género, pero sí ha tumbado el acuerdo del CGPJ por falta de motivación. La sentencia reprochará al Consejo que no haya valorado los méritos de Alonso y del tercer candidato, Andrés Pacheco, en contraste con los de Pasqual de Riquelme; que haya postergado sin explicación los datos objetivos de antigüedad y servicio en órganos colegiados en beneficio del proyecto de gobierno y que no haya justificado por qué no ha tenido en cuenta el desequilibrio hombre-mujer en los cargos judiciales.

Falta de motivación

La anulación del nombramiento por insuficiente o defectuosa motivación es una seria advertencia a Lesmes, que en su primer comparecencia pública tras ser elegido presidente del Supremo y del Consejo en diciembre de 2013 se comprometió con solemnidad a realizar la designación de cargos judiciales exclusivamente por razones de mérito y capacidad.

¿Cómo se interpreta la decisión del Supremo? "La Sala le ha dicho a Lesmes 'cuidado, la última palabra la seguimos teniendo nosotros'", señalan fuentes del tribunal, que destacan que no han sido sólo los magistrados situados ideológicamente en la izquierda los que han tumbado el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia, sino también destacados miembros de la Sala como Mariano de Oro-Pulido (que incluso ha asumido la ponencia) o Jorge Rodríguez Zapata.

"Han dado en el trasero de Pasqual de Riquelme una patada a Lesmes, cuyo autoritarismo no gusta", opinan otras fuentes de la Sala, que indican que, tras la intervención de los magistrados más veteranos, otros más modernos como José Antonio Suay o José María del Riego inclinaron su criterio a favor de estimar la demanda.

Es, en cualquier caso, la primera de una serie de acuerdos controvertidos del CGPJ que van a ser revisados por la Sala Tercera y quizá un revulsivo para nuevos recursos. Precisamente este lunes se ha conocido el voto particular que cinco vocales (Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas y Concepción Sáez) han formulado contra el nombramiento de Antonio Recio como presidente de la Audiencia de Barcelona en lugar de Ángeles Vivas, un asunto en el que encuentran muchas similitudes con el caso de Miguel Pasqual de Riquelme y Pilar Alonso.

En este sentido, la decisión de la Sala Tercera supone una innegable reivindicación de la postura de los vocales del grupo minoritario del CGPJ, que cuestionaron el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia y a los que se trató incluso de impedir la presentación de su postura discrepante.

http://www.elespanol.com/espana/20160404/114738837_0.html

EL SUPREMO ANULA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TSJ MURCIA

El Pleno de la Sala III del Supremo ha anulado el nombramiento de Miguel Pascual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, acordado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 29 de enero de 2015.

Por 18 votos a 15, los magistrados han anulado ese nombramiento al entender que "su motivación fue insuficiente o defectuosa".

Los magistrados han estimado así el recurso planteado contra dicho nombramiento por la también magistrada Pilar Alonso Saura, quien optó al puesto junto a Miguel Pascual del Riquelme pero no resultó elegida.

Esta magistrada además solicitaba que el Pleno, de estimar su recurso, la designara para el puesto al que optaba. Una petición que el Supremo ha rechazado por 28 votos, frente a 5 magistrados que han apoyado esta petición.

5 magistrados del Pleno se han abstenido por razones justificadas.

Ahora el CGPJ tendrá que pronunciarse de nuevo sobre este nombramiento.

El TSJ ha emitido un comunicado en el que valora la decisión del Tribunal Supremo desde la más absoluta normalidad y el respeto al sistema de recursos contra las decisiones del CGPJ. Añade que "la decisión anticpada en el día de hoy deberá ser plasmadas en la correspondiente sentencia y notificada al Consejo General del Poder Judicial para que proceda a su ejecución mediante el dictado de un nuevo acuerdo que fundamente la decisión a adoptar"

Entre tanto, finaliza, el actual Presidente continua en el cargo.

http://cadenaser.com/emisora/2016/04/04/radio_murcia/1459791659_542814.html

LAS GESTIONES "FRENÉTICAS" DE LESMES PARA CASTIGAR A UNA JUEZA PROGRESISTA

Jueces para la Democracia denuncia que el CGPJ prima el talante conservador de los jueces y practica “el machismo institucional”

Un juez conservador con menor experiencia profesional frente a una jueza progresista con más años de tribunales ha sido la elección del Consejo General del Poder Judicial para dirigir la Audiencia Provincial de Barcelona. Así lo denuncia Jueces para la Democracia que señala: “en el CGPJ han sido conocidas las gestiones frenéticas de Lesmes (el presidente) hacia los vocales con la finalidad de impedir que se nombrase a Angels Vivas en una muestra muy reprochable de machismo institucional”. JpD considera que la actitud de la magistrada favorable al derecho a decidir en Cataluña no se le ha perdonado y por todo ello piensa impugnar el acuerdo.

El motivo de protesta de Jueces para la Democracia se centra “en la reiteración de nombramientos del CGPJ que incumplen de manera manifiesta los principios de mayor mérito y capacidad, para centrarse en preferencias meramente ideológicas. Además, en el presente caso también concurre una visible discriminación de género, que desgraciadamente ha tenido otros precedentes”.

Diferencias notables entre candidatos

Relata la asociación que el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado el nombramiento de Antonio Recio como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. “A dicha plaza optaba también la magistrada Àngels Vivas, que ha obtenido 8 votos frente a los 10 del otro candidato, a lo que se deben añadir 3 abstenciones”.

Afirman los jueces progresistas que entre los datos objetivos de cada aspirante para optar a la referida plaza “se evidencian diferencias notables. Àngels Vivas tiene una antigüedad de 33 años y está en el puesto 159 del escalafón; el otro candidato cuanta con una antigüedad de 25 años y está en el puesto 1.359 del escalafón. En la carrera judicial resulta notorio que una diferencia escalafonal de 1.200 puestos es de enorme relevancia”.
Discriminación de género

“Además, Àngels Vivas ha estado 25 años en órganos colegiados, frente a los 10 años del otro candidato. Por otro lado, la experiencia en cargos gubernativos de Àngels Vivas también es muy superior, al haber sido magistrada decana de Barcelona, miembro de la sala de gobierno del TSJ y presidenta de la sección 9ª de la Audiencia Provincial”, aseveran.

Para JpD la disparidad en los méritos objetivos se ha visto acompañada por una clara discriminación de género. “La presencia de mujeres es mayoritaria en la judicatura (el 52%), pero sigue siendo muy minoritaria en el acceso a los cargos judiciales. De hecho, el 85% de las presidencias de Audiencias Provinciales está ocupada por hombres y esta situación no va a cambiar con decisiones arbitrarias como la que se ha adoptado”.
A pesar de los méritos superiores

¿Qué debería haber hecho el órgano máximo de los jueces? En su opinión “ante cualquier duda en la ponderación de los méritos de cada aspirante, lo más proporcionado hubiera sido acordar el acceso de una mujer para el cargo, a la vista de la discriminación institucional existente, como establecen los propios acuerdos internos del CGPJ”.

Añaden que con más razón se tendría que haber adoptado esta decisión “ante los méritos objetivos superiores de Àngels Vivas, que es una magistrada de gran prestigio profesional, muy respetada por su calidad técnico-jurídica y una de las primeras mujeres que accedió en nuestro país a la judicatura”.

“Lesmes sigue el guion de Gallardón”

“La decisión -añaden- es una muestra más del sectarismo en materia de nombramientos de este CGPJ, que opta en la mayoría de los casos por designaciones de marcado perfil conservador, sin hacer una valoración estricta de las capacidades profesionales. Se trata de un CGPJ diseñado por el ex ministro Gallardón, que puso al frente a Carlos Lesmes como hombre de máxima confianza política y que está actuando según el guion previsto”.

Resalta JpD que “en el CGPJ han sido conocidas las gestiones frenéticas de Lesmes hacia los vocales con la finalidad de impedir que se nombrase a esta magistrada, en una muestra muy reprochable de machismo institucional”.
Por el derecho a decidir

Piensan además que “Probablemente a Àngels Vivas tampoco se le ha perdonado ser una magistrada de perfil progresista, ni sus opiniones sobre la situación en Cataluña”. Se refieren aquí a que la magistrada fue una de los 33 jueces que firmaron el documento sobre el derecho a decidir. La jueza no está considerada como independentista sino como otros jueces en la idea de defender este derecho sin necesidad de que Cataluña salga de España”.

“Desde Jueces para la Democracia expresamos que esta decisión nos parece especialmente grave, por lo que vamos a preparar la impugnación de este acuerdo. Asimismo, vamos a contactar con distintos organismos públicos y con las más diversas organizaciones sociales para poner de manifiesto la intensa discriminación de género que se vive en nuestra judicatura”.

Instan además a los grupos parlamentarios para que en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados requieran explicaciones a Carlos Lesmes en su próxima comparecencia “y le pidan aclaraciones sobre la marginación de las magistradas en la carrera judicial, como se ha puesto de manifiesto con este acuerdo. Nos parece especialmente lamentable que una institución judicial que debería ser ejemplo de igualdad, ecuanimidad y no discriminación esté siendo especialmente conocida por todo lo contrario”.

http://www.elplural.com/2016/04/01/las-gestiones-fren-ticas-de-lesmes-para-castigar-una-jueza-progresista

NOMBRAMIENTOS JUDICIALES CON LA POLÍTICA AL FONDO

Jueces progresistas critican el "rodillo" de los conservadores, cuyos representantes han vuelto a obtener puestos clave

Los vocales de izquierda han optado por candidatos conservadores para evitar las opciones promovidas por el presidente Carlos Lesmes

Los nombramientos de este jueves del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, mantienen la preeminencia de los jueces conservadores, que siguen poblando el Tribunal Supremo y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

Fuentes progresistas consultadas por infoLibre sostienen que los vocales del Poder Judicial han sacado "el rodillo" para imponer con su mayoría a sus candidatos. Como por ejemplo ha pasado en las presidencias de los tribunales superiores de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Las mismas fuentes sostienen que los vocales progresistas han tenido que apostar por candidatos conservadores para evitar el "desprestigio" del CGPJ.

1. TSJ CATALUÑA

La primera decisión, con transfondo político, ha sido el cambio en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El magistrado de la progresista asociación Jueces para la Democracia Miguel Ángel Gimeno Jubero ha sido desplazado por el hasta ahora presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, Jesús María Barrientos Pacho.

En el transfondo de la disputa, ganada por el juez adscrito a la asociación Francisco de Vitoria, se encuentra el desafío independentista de los nacionalistas catalanes. Según denunció la Asociación de jueces de Gimeno Jubero, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, criticó la actuación del hasta este jueves presidente del TSJ catalán por su tratamiento a la querella contra el expresident catalán Artur Mas por la consulta soberanista. Lesmes consideraba que este asunto judicial iba demasiado lento.

Y por eso la mayoría conservadora del Poder Judicial ha optado por apartar al actual presidente para apostar por Jesús María Barrientos Pacho, un magistrado de reconocido prestigio pero al que fuentes judiciales progresistas califican de "jacobino", es decir, en las antípodas de los intereses del nacionalismo catalán. "A Gimeno, que es un buen magistrado, no se le ha perdonado su actuación en relación al independentismo catalán", se lamentan las mismas fuentes a infoLibre, que llegan a calificar a Barrientos de "intransigente" con los postulados nacionalistas.

De hecho, según informa Europa Press, el nuevo presidente del TSJ catalán mostró su preocupación en la entrevista celebrada el 12 de enero ante el Poder Judicial por el desafío soberanista, al mismo tiempo que denunció que en la planta judicial catalana existe un centenar de vacantes provocada por la inestabilidad.

Avanzó que su intención, en el caso de ser elegido, sería la de "acomodarse a las circunstancias de cada momento", siempre con sometimiento a los mandatos legales y al orden constitucional. También aseguró que existen un centenar de vacantes en la planta judicial catalana, provocadas -dijo- por la inestabilidad creada por la "situación peculiar" que se vive en la comunidad autónoma, y las "incertidumbres" que ésta provoca.

Llegó a mencionar la causa abierta tras la consulta del 9-N para proponer que se eviten situaciones como la que ha generado que el juez Joan Manel Abril, haya sido designado instructor de la querella contra Mas cuando fue elegido magistrado para el TSJC a propuesta del Parlament catalán. "Uno de los compañeros de procedencia parlamentaria investiga ahora a tres miembros del Govern", recordó Barrientos, planteando que estos magistrados propuestos por el Parlament, "corran turno" en el reparto de las causas que afecten a aforados.

Por su parte, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado Bernabéu, se deshizo en elogios con el nuevo presidente del TSJ catalán: "Es un magnífico magistrado".

Este mismo jueves se ha hecho público que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Antonio Fonseca-Herrero, ha solicitado al juez instructor de la causa abierta tras la consulta del 9-N, Joan Manel Abril, que le remita un informe sobre las supuestas dilaciones en el impulso del procedimiento, denunciadas en diciembre por Manos Limpias.

Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el promotor ha abierto diligencias informativas a raíz de la queja, en la que se acusaba a Abril de dirigir la instrucción "de manera torticera" en beneficio de "intereses políticos".

2. TSJ COMUNIDAD VALENCIANA

Ante el rodillo conservador, fuentes judiciales remarcan que los vocales progresistas se han visto obligados a apoyar con sus votos a dos candidatos conservadores, aunque moderados. como por ejemplo es el caso de la presidenta del TSJ valenciano, María del Pilar de la Oliva Marrades: "Han evitado excesos, ya que el PP apostó por el murciano Vicente Magro Servet, que había sido senador de la formación conservadora. Pero hubiera sido un escándalo apartar ahora mismo a De la Oliva, que ha actuado de forma independiente. No hay que olvidar que el actual presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de la Rosa, fue consejero de Justicia del Gobierno del PP de Francisco Camps", explican las citadas fuentes.

Y para evitar el desprestigio del CGPJ, los vocales progresistas han optado por apoyar a la actual presidenta dle TSJ valenciano, María del Pilar de la Oliva Marrades. El propio Lesmes y su etorno más cercano, como por ejemplo la vocal a instancias del PP Carmen Llombart, apuntan fuentes judiciales a infoLibre, votaron al exsenador del PP Vicente Magro Servet.

3. SALA TERCERA DEL SUPREMO

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, la que se encarga de los casos en los que puedan incurrir los integrantes del Gobierno central, también vivió una disputa con trasfondo político, que obligó a que los vocales progresistas del CGPJ renunciaran a promover a un candidato de su cuerda, en beneficio de un conservador.

El exsecretario de Estado con Alberto Ruiz-Gallardón de ministro de Justicia, Fernando Román, fue derrotado por la alianza de los progresistas con sectores conservadores no oficialistas. Al final el hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, Rafael Toledano Cantero, fue elegido por 13 de los 20 vocales del Poder Judicial.

4. SALA DE LO MILITAR DEL SUPREMO

El CGPJ renueva a Ángel Calderón Cerezo al frente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, por lo que afronta un tercer mandato en la presidencia de la Sala Quinta del Alto Tribunal, para la que fue nombrado en 2005. De esta forma, el Poder Judicial crea un precedente al posibilitar que el presidente de una Sala puede mantenerse durante 15 años en el mismo cargo: "Esta decisión no tiene precedente, porque desde 1997 se instauró un sistema de rotación pretende que nadie se anquilose en las presidencias", explican fuentes judiciales a este diario.

5. OTRAS PRESIDENCIAS CONSERVADORAS

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, y las presidencias de los TSJ de Castilla y León y Castilla-La Mancha mantienen su preeminencia conservadora con la entrada de los conservadores Pablo Llarena, José Luis Concepción y Vicente Rouco, respectivamente. Este último es pariente del cardenal Antonio María Rouco Varela.

En el caso de la presidencia del TSJ andaluz, las fuentes consultadas por infoLibre difieren en la interpretación de la existencia de un único candidato, que al final ha obtenido la presidencia: Lorenzo Jesús del Río Fernández. Mientras unas sostienen que se trata de un pacto entre el PSOE andaluz y Lesmes a cambio de apartar a la jueza Mercedes Alaya, las otras fuentes consultadas rechazan esta versión, al considerar que los progresistas no han promovido una alternativa para evitar que se les acuse de querer inmiscuirse en las investigaciones judiciales de los ERE del Gobierno del PSOE andaluz.

6. UN PROGRESISTA EN LA PERMANENTE

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial también ha aprobado con 17 votos a favor, uno en contra y tres en blanco la nueva composición de tres de sus cuatro comisiones legales -la Permanente, la de Asuntos Económicos y la de Igualdad- en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé su renovación anual. El progresista Rafael Mozo pasa a integrar el órgano clave de gestión diaria, en sustitución del vocal Juan Manuel Fernández, propuesto por el PP.

A propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, Fernández, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, formará parte de la Comisión de Asuntos Económicos, en la que sustituirá al vocal y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien ocupará la vacante dejada por Mozo en la Comisión de Igualdad. Esta nueva distribución no cambia la composición de la mayoría, que siguen manteniendo los vocales conservadores.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/29/renovacion_del_poder_judicial_44003_1012.html

LESMES HUYE DE LOS PERIODISTAS

Sólo ha habido dos personas que no han querido hablar con la prensa durante el mes de julio en los cursos de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial. Una de ellas fue la ministra de Empleo Fátima Báñez y la segunda ha sido Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Así, el magistrado no ha querido atender a los medios de comunicación ni hacerse fotos en el ‘photocall’ durante la última intervención de estas jornadas.

Sin dejar siquiera que nadie se acercase a él, la directora de Comunicación del Poder Judicial, Cristina Ónega, se ha mostrado tajante ante las preguntas de los periodistas, que querían saber su opinión acerca de la elección del presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez , y sobre el informe para la ONU que magistrados progresistas del TS, y vinculados a asociaciones judiciales, están preparando sobre las presiones dirigidas a propiciar este nombramiento. “Ya he dicho que no va a hacer declaraciones, dejadnos pasar”, decía la responsable de prensa con altivez mientras le acompañaba en todo momento.

La falta de independencia en el Supremo y la cercanía de Lesmes tanto al Partido Popular como a los círculos de Mariano Rajoy a la hora de proponer y colocar a Díez-Picazo son dos de las noticias que más han destacado en la prensa durante los últimos días. Colocar a un presidente afín en la sala tercera, encargada de controlar los actos del Ejecutivo y del propio CGPJ, es decisivo para que el PP dejase todo atado en el TS antes de las elecciones generales.

Las asociaciones de jueces progresistas como Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente ya venían denunciando el “presidencialismo” del juez. "Un presidencialismo más propio de otros tiempos que de una democracia moderna inserta en el mundo occidental y europeo", señalaban preocupados.

El último de ellos en hablar del “interés extraño” en torno al Supremo fue el inhabilitado Baltasar Garzón durante estos mismos cursos de la UCM el pasado jueves. "El problema no es que se cambie a un presidente por otro sino que se suscite una polémica de que esto se hace por un interés extraño a lo que es el propio mérito y funcionamiento del Tribunal", criticaba frente a los medios de comunicación.

http://www.publico.es/politica/lesmes-huye-periodistas.html

JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCIÓN DE DÍEZ-PICAZO EN EL SUPREMO

José Manuel Sieira se plantea recurrir la votación que otorgó la presidencia de la Sala Tercera a Díez-Picazo

El conflicto por la elección de Luis Díez-Picazo como presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo va a llegar a Naciones Unidas. Un grupo de magistrados progresistas del alto tribunal y asociaciones judiciales van a presentar un informe ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas (ONU), un organismo creado en 1994 y que depende del Consejo de Derechos Humanos. El escrito se presentará el lunes y según han adelantado los magistrados que lo están elaborando tratará de convencer al organismo internacional de que la sustitución de José Manuel Sieira al frente de la sala que revisa los recursos contra el Gobierno ha estado precedida por presiones a los vocales del Poder Judicial que participaron en la votación.

La denuncia se presentará como un complemento a la que en noviembre pasado llevaron a Naciones Unidas las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente y la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain. En aquella ocasión, el escrito se centró en advertir al relator sobre diversas iniciativas del Gobierno español, como la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, la falta de recursos y la presión contra jueces ejercida por el poder político.

El informe sobre la elección del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo detallará el proceso por el que se llegó este miércoles a la designación de Díez-Picazo durante el que, según han denunciado en las últimas semanas magistrados y vocales del Consejo General del Poder Judicial, se han producido presiones para que saliera elegido la candidatura preferida de presidente de ambas instituciones, Carlos Lesmes. El informe lo está preparando un reducido grupo de jueces que intentará que en los próximos días sea suscrito por más magistrados antes de remitirlo a la ONU.

En la votación del pleno del órgano de gobierno de los jueces, Díez-Picazo obtuvo 12 de los 21 votos: el del presidente y los de los 11 vocales del Consejo nombrados a propuesta del PP. El actual presidente de la sala, José Manuel Sieira obtuvo ocho ( de seis vocales del PSOE, la de IU y el del PNV), y el magistrado Eduardo Calvo Rojas, uno (de la vocal a propuesta del PSOE Mar Cabrejas).

Según fuentes judiciales, Sieira se plantea recurrir la votación que le dejó fuera de la presidencia. Si da el paso, sería la propia Sala de lo Contencioso del Supremo la que tendría que resolverlo, ya que es la encargada de los recursos contra actos del Poder Judicial, pero los dos implicados (Sieira y Díez-Picazo) tendrían que abstenerse. El nuevo presidente sí podría decidir si el recurso se ve en la sección primera de la sala o en el pleno, en cuyo caso todos los magistrados participarían en la deliberación.

La presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es considerada un puesto estratégico del alto tribunal porque en ella se resuelven los recursos que se presentan en el Supremo contra las decisiones del propio Lesmes y del Poder Judicial, además de todos los litigios planteados contra el Gobierno por las Comunidades Autónomas o cualquier empresa o ciudadano.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/23/actualidad/1437650263_121194.html

JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCIÓN DE DÍEZ-PICAZO EN EL SUPREMO

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado en marzo de este año por cuatro vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión de no renovar las comisiones que integran la institución aprobada a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes.

En concreto, los vocales progresistas recurrieron el acuerdo adoptado el 29 de enero de 2014, sobre la propuesta de composición de las comisiones del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) para el año 2015 y que suponía la no renovación de sus componentes, cuando el preámbulo de la ley que lo regula establece que tiene que existir una renovación anual.

Días después, los vocales progresistas presentaron un escrito en el que concretaban que el recurso que interponían ante el Tribunal Supremo lo realizaban contra "los acuerdos del presidente de dicho órgano" y no contra los del Pleno del CGPJ.

En un auto hecho público este martes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las alegaciones de la Abogacía del Estado, que había indicado que las cuatro miembros del CGPJ carecían de legitimación para recurrir las decisiones de un órgano colegiado al que pertenecen.

La Sala acuerda, por tanto, continuar con la tramitación para resolver el asunto en sentencia. No obstante, rechaza el segundo escrito respecto a los acuerdos de Lesmes al considerar que, además, de ser extemporáneo, "altera el objeto del recurso".

Renovación anual

La no renovación de las comisiones se formalizó en el Pleno del 29 de enero. La única novedad se produjo en la poderosa Comisión Permanente, desde donde Lesmes gobierna todo el CGPJ.

En la Permanente se cubrió el puesto vacante por la "renuncia forzada" de la vocal de CiU Mercé Pigem, tras descubrirse que entró desde Andorra junto a su hermana con 10.000 euros en el coche, renuncia que fue forzada por el propio Lesmes cuando no constituía falta administrativa. Es más, el equipo de Lesmes filtró a la prensa dicha renuncia mientras se producía la reunión entre ambos para abordar el incidente en la frontera.

Pigem fue sustituida por la conservadora Nuria Abad en la Permanente.

En el recurso se señalaba que pese a que seis vocales solicitaron la votación individualizada de la conformación de cada una de las Comisiones y que se contaba con tres candidaturas formales para la Permanente, Lesmes sometió únicamente su propuesta personal, "desconocida por el Pleno al no haber sido formulada previamente por escrito, incumpliendo así de forma clara lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo".

El recurso fue elaborado sin conocer los argumentos de la mayoría porque carecían del acuerdo escrito.

http://www.publico.es/politica/supremo-admite-demanda-presidente-lesmes.html

LESMES LOGRA IMPONER AL PREFERIDO DEL PP AL FRENTE DE LA SALA DEL SUPREMO QUE JUZGA LOS ACTOS DEL GOBIERNO

El pleno del órgano de gobierno de los jueces elige a Díez-Picazo por doce votos a favor. Por primera vez en la historia, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, Sieira, no es renovado en un segundo mandato al obtener sólo ocho votos. Los vocales conservadores ceden a las presiones del entorno del Gobierno y de Carlos Lesmes

Díez-Picazo es un catedrático de Derecho Civil de Castilla-La Mancha que fue nombrado hace siete años por el llamado quinto turno magistrado del Supremo.

El actual presidente, José Manuel Sieira, sólo ha obtenido ocho votos del pleno del CGPJ. Sieira es juez de carrera y ejerce de magistrado del Supremo desde hace 21 años.

Al cargo también aspiraba Eduardo Calvo, quien ha obtenido un único voto, el de la vocal Mar Cabrejas, nombrada a instancia del PSOE. El cuarto candidato, el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, no ha logrado ningún apoyo.

Todos los vocales de la mayoría conservadora del CGPJ han votado a favor de Díez-Picazo. En cambio, los siete vocales de la minoría progresista han apoyado a Sieira, al igual que el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas.

Por primera vez en la historia, se ha saltado una norma no escrita según la cual el presidente de una sala es renovado para un segundo mandato. El CGPJ deberá motivar este nombramiento en favor de un amigo del presidente del órgano constitucional y de su programa, frente a un Sieira con más antigüedad, que tenía la Sala Tercera casi al día y cuyo cese estaba cantado por el enfrentamiento que mantiene con Lesmes a cuenta del control de sus actos, de los del CGPJ y del Gobierno.

Lesmes se movió en los círculos cercanos a Mariano Rajoy para conseguir que el Gobierno enviara un mensaje a los vocales del CGPJ más díscolos, los juristas nombrados a instancias del PP, y forzar así el nombramiento de Díez-Picazo, hecho que se ha producido este jueves.

Las discrepancias entre Lesmes y Sieira son profesionales y personales. Sieira defiende la función de control de los actos del Gobierno y del CGPJ que ha ejercido su Sala, y que ha llevado a la anulación de algunos nombramientos de altos cargos judiciales impulsados por Lesmes. Esta función de contrapoder molesta al actual presidente Lesmes,

Sieira fue quien avocó al pleno de la Sala el famoso indulto del Gobierno a favor de un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por matar a otro conductor. Lesmes era el ponente de la sentencia y partidario de que el Ejecutivo pudiera indultar. En cambio, el Pleno de la sala acordó que el Ejecutivo no podía otorgar esta medida de gracia sin motivación alguna, y anuló el indulto.

Otro de los enfrentamientos entre Lesmes y Sieira fue la sentencia del Supremo que amparaba la indemnización millonaria a Florentino Pérez y su plataforma Castor, que causó más de mil terremotos frente a las costas de Castellón. Sieira impulsó el párrafo de la sentencia del Supremo que permitía al Gobierno no indemnizar con 1.400 millones de euros por el fiasco de Castor en caso de que se demostrara dolo o negligencia en la gestión de este proyecto. El Ejecutivo no utilizó este párrafo, sino que pagó a Florentino y los consumidores españoles tendrán que afrontar este coste en las próximas décadas a través de la factura de la luz.

Su cese implica además una patada en la distancia a Margarita Robles, magistrada de la Sala III del Supremo, ex vocal del CGPJ, amiga de Sieira y enemiga personal de Lesmes. El presidente del Supremo llegó incluso a exigir a Sieira que renunciara a esta amistad si quería seguir en su cargo, según fuentes jurídicas.

Han votado a favor de Díez-Picazo los vocales nombrados a propuesta del PP Ángeles Carmona, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea, así como el presidente, Carlos Lesmes.

Por su parte, han votado a favor de Sieira los vocales progresistas María Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo, además de Enrique Lucas, propuesto por el PNV.

http://www.publico.es/politica/lesmes-coloca-diez-picazo-frente.html

 EL GOBIERNO NO FALLA: OTRO ‘JUEZ FAES’ AL SUPREMO

Luis Díez-Picazo Giménez elegido por el CGPJ para presidir la Sala Tercera del Alto Tribunal

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha dejado lugar a la sorpresa. Otro juez muy cercano al PP pasa a ocupar una de las presidencias de la Sala del Supremo. Esta mañana se presentaban cuatro candidatos a la plaza para presidir la Sala Tercera…, y los miembros del Consejo han elegido al más conservador y cercano al partido del Gobierno: Luis Díez-Picazo Giménez.

En la carrera judicial a la hora de valorar al nuevo presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo han dado a ELPLURAL.COM dos conceptos.., eso sí, por este orden: “PP puro” y “buen profesional”. Lo cierto es que en seguida se añade, con placer o con fastidio, dependiendo de la ideología de las fuentes: “se están haciendo (el PP) con toda la justicia”.

Novedad en el tribunal
Hay un dato que debe valorarse a la hora de la elección de Díez-Picazo. Entre los cuatro jueces que se presentaban para el cargo, estaba el actual presidente, José Manuel Sieira, que aspiraba a repetir mandato. El hecho de que no haya sido reelegido en un segundo mandato, nos dicen en fuentes judiciales, es la primera vez que sucede en la historia de este tribunal. El ‘pecado’ de Sieira, ser un ‘neutral’, al que incluso algunos tildan de ‘ligeramente progresista’. Mala cosa en estos tiempos en los que Carlos Lesmes preside el CGPJ y desde el Gobierno

En cambio, Díez-Picazo Giménez, abogado del Estado, y juez por cuarto turno (los magistrados que no son jueces de carrera), ha dejado a lo largo de su trayectoria huellas claras de su adhesión al PP. Quizás las más claras, sus participaciones en el gran ‘think tank’, el motor ideológico, de los ‘populares’, FAES.

Cursos FAES
Hemos localizado su participación, de hecho, al menos en tres cursos. Uno sobre ‘El modelo de organización territorial en la perspectiva de la reforma constitucional”, que presidía Javier Zarzalejos, uno de los aznaristas más aznarista que Aznar. Otro sobre la “Reforma del Senado”, en este caso con el ministro Rafael Arias-Salgado de coordinador. Y aún un tercero sobre el Presente y Futuro de la Constitución, de nuevo con Zarzalejos, Javier, al frente.

Pero quizás, para dar buena idea de lo integrado que Luis María Díez-Picazo es visto en el PP, lo mejor sea señalar quienes le acompañaban en los cursos.., insistimos, donde se madura y ‘escribe’ el pensamiento del PP. En el primero de ellos coincidió no sólo con destacados ‘populares’ como Arias Salgado, Fenández-Lasquetty o Pio García-Escudero, sino con ‘padres’ del partido como Manuel Fraga y Romay Beccaria.

En el segundo le acompañaron buena parte de esta lista, con un añadido, el de, así viene en la memoria de la FAES, María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, entonces aún en promoción dentro de Génova. Con la que también coincidió en su tercera participación en la Fundación PP.

http://www.elplural.com/2015/07/22/el-gobierno-no-falla-otro-juez-faes-al-supremo/

ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN EL "PRESIDENCIALISMO" DE LESMES

Las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han denunciado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ejerce "un presidencialismo más propio de otros tiempos que de una democracia moderna inserta en el mundo occidental y europeo".

En un comunicado conjunto, las tres asociaciones judiciales reconocen que miran "con preocupación algunas de sus decisiones y su enfrentamiento con parte de la Carrera Judicial y con el más alto Tribunal de Justicia de la nación, como cuando despreció la queja de 13 Magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo".

Las tres asociaciones han reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que elija "con las máximas garantías de independencia" al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ante las informaciones sobre supuestas presiones a los vocales para que designen a un candidato determinado.

El pleno del órgano de gobierno administrativo de los jueces tiene previsto elegir este miércoles al presidente de la Sala Tercera, encargada de controlar los actos del Gobierno y del propio CGPJ.

Carlos Lesmes se niega a renovar a su actual presidente, José Manuel Sieira, ya que rechaza el control que sobre sus actos se ha realizado desde la sala tercera del Supremo. Además, fue quien llevó al pleno de esta sala la anulación del indulto al kamikaze, en 2013, cuyo ponente era el propio Lesmes.

En un comunicado conjunto, las tres agrupaciones muestran su "profunda preocupación" y advierten que "cualquier interferencia del poder político en este proceso contribuiría una vez más al deterioro de la credibilidad de nuestras instituciones judiciales".

JpD, FdV y FJI recuerdan que la Sala Tercera del Tribunal Supremo es la que controla los actos del Gobierno. "Con más razón cabe reclamar que esta designación sea efectuada de forma que asegure las máximas garantías de independencia, imparcialidad y profesionalidad del presidente de la Sala", dicen.

"Esperamos que las informaciones [difundidas] sean falsas y que sean desmentidas por el presidente del CGPJ y deseamos que en modo alguno se ceda a la tentación de promover, mediante un inadecuado uso de la política de nombramientos discrecionales, a candidatos que puedan ser más cómodos para el poder político o para el órgano de gobierno de los jueces", concluyen.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/22/la_juez_convierte_irreversible_decision_juzgar_los_espias_sueldo_comunidad_madrid_35741_1012.html

JUSTICIA SE ATRIBUYE NOMBRAR A DEDO A LOS SECRETARIOS DEL SUPREMO

El PP introduce una enmienda en el Senado con la libre designación de los funcionarios que participan en grandes causas y recursos

El Gobierno se ha atribuido la libre designación de los secretarios judiciales del Tribunal Supremo, es decir, el cuerpo de funcionarios que tiene control sobre el trámite de grandes causas y recursos. El Ejecutivo lo ha hecho de nuevo por la puerta de atrás de una enmienda del PP a la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida en el Senado, al margen del foco político y mediático. La norma fue ratificada el miércoles en el Congreso para que entre en vigor el 1 de octubre y a parir de ese momento los secretarios pasarán a denominarse letrados de la Administración de Justicia.

En el Supremo hay 21 secretarios judiciales que hasta ahora eran designados por el procedimiento ordinario de concurso, es decir, en función de la antigüedad, como se hace en el resto de los tribunales y en otras carreras funcionariales. Así se mantenía en el artículo 450.1 del proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes y en el que salió del Congreso. Sin embargo, en el Senado se introdujo una enmienda en el que se elimina el criterio objetivo de la antigüedad para asegurar que esas plazas “se provean por libre designación” y “se elimina la preferencia por la mayor antigüedad en el orden jurisdiccional al que corresponda la plaza”.

Según el Sindicato de Secretarios Judiciales la reforma “no prevé ninguna valoración de méritos o capacidades u otra medida que haga transparente el mecanismo de selección”.

“La elección a dedo de todos los puestos de trabajo en el Tribunal Supremo no se justifica ni por la naturaleza del órgano, ni por las funciones del Secretario Judicial, ni por las necesidades del servicio público. Desde hace tiempo se tiende a perjudicar la neutralidad e imparcialidad de la función pública a que nos debemos”, añade este sindicato.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/09/actualidad/1436461295_879707.html

MANIOBRA PARA QUE UN CONSERVADOR PRESIDA LA SALA DEL SUPREMO QUE PUEDE TUMBAR DECISIONES DEL GOBIERNO

Fuentes del CGPJ denuncian una campaña de su presidente para que no repita José Manuel Sieira, a pesar de haber desatascado la Sala Tercera

Presenta su candidatura Luis Díez-Picazo, muy próximo a Lesmes y elegido por Gallardón para presidir la comisión que analizó la reforma del Poder Judicial

El Pleno del Poder Judicial, de mayoría conservadora, elegirá el próximo 22 de julio al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

Los recursos judiciales que la oposición o cualquier otro presente contra las actuaciones del Gobierno que salga de las próximas elecciones generales serán resueltos, como marca la Ley, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Hasta hace unas semanas, todo parecía indicar que la continuidad se iba a imponer y al frente de la también llamada Sala de lo Contencioso-Administrativo seguiría su actual presidente, José Manuel Sieira, un magistrado de corte progresista, pero moderado, que presenta su gestión durante estos últimos cinco años como principal aval. Sin embargo, la irrupción en la carrera de Luis Díez-Picazo, muy próximo al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha hecho aflorar una maniobra para que la Sala que puede hacer temblar a un Gobierno sea presidida por un magistrado de claro corte conservador durante los próximos cinco años.

Una norma no escrita hace que los presidentes de Sala suelan ver renovado su primer mandato siempre que éste se haya visto a salvo de polémicas. Sieira tomó las riendas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en 2010 con 14.477 recursos pendientes de resolver. A 3 de junio de 2015, esos recursos habían disminuido hasta los 4.421, menos de una tercera parte. Por otra parte, José Manuel Sieira es un veterano magistrado que lleva 21 años en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

A pesar de ello, hay tres magistrados que le van a intentar disputar el cargo. Según fuentes del Alto Tribunal, a la intención de Díez-Picazo de presentarse reaccionaron otros dos magistrados de la Sala Tercera: Eduardo Calvo Rojas y Jorge Rodríguez-Zapata. Pero las mismas fuentes restan posibilidades a estos dos últimos, extendida como está en el CGPJ la idea de que el candidato de su presidente, Carlos Lesmes, es Díez-Picazo. La maniobra se completa con las presiones que, según fuentes del CGPJ, está ejerciendo Lesmes sobre varios vocales, a los que ha conminado a no apoyar la renovación de Sieira.

Las fuentes consultadas sitúan la animadversión de Lesmes hacia Sieira en el fallo de la Sala Tercera que tumbó el indulto del Gobierno al conocido como 'kamikaze' de Valencia. Lesmes fue el magistrado encargado de defender la ponencia en contra del recurso presentado por la familia del fallecido. La Sala se partió en dos. Lesmes reunió 17 apoyos por 19 que se posicionaron en contra, con lo que el actual presidente del CGPJ perdió la ponencia, que pasó a manos de Rafael Fernández Valverde.

Los cuatro candidatos serán entrevistados por la comisión permanente del CGPJ en audiencia pública en las próximas semanas. Los 20 vocales del pleno del Consejo General del Poder Judicial, más su presidente, votarán quién va a presidir la Sala III del Tribunal Supremo hasta 2020. El pleno cuenta con mayoría conservadora y un eventual empate puede ser resuelto con el voto de calidad del presidente Lesmes.

Díez-Picazo, con FAES y Gallardón

Luis Díez-Picazo es magistrado del Tribunal Supremo desde hace seis años. Es, por tanto, el más reciente en el Alto Tribunal de cuantos aspiran a presidir la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesta en la actualidad por 37 magistrados más su presidente. Díez-Picazo accedió al Tribunal Supremo por el quinto turno, esto es, como jurista de reconocido prestigio. De 58 años, es catedrático de Derecho Constitucional con un amplísimo curriculum.

El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, eligió a Díez-Picazo para presidir la comisión que abordó la reforma del Consejo General del Poder Judicial. De las pocas intervenciones públicas que se le encuentran figura una de 2006 en un campus de la FAES, el think tank del Partido Popular, dedicado al Presente y Futuro de la Constitución. Apenas tres semanas después de que los catalanes refrendaran el nuevo Estatuto de Cataluña, Díez-Picazo afirmó: “Estamos ante un intento subrepticio de transformar nuestro país en un Estado asimétrico que pone en juego la igualdad política de los ciudadanos”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala Tercera entenderá de, entre otros, los recursos “contra actos y disposiciones” adoptados en el seno del Consejo de Ministros. El plazo para presentar la candidatura a presidirla finalizó el pasado domingo, pero todavía restan unos días para aquellos magistrados que decidieron enviar la suya por correo.

En cuanto a los otros dos candidatos, Jorge Rodríguez-Zapata se presenta con la experiencia de haber sido magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular. También magistrado del Supremo por el quinto turno, accedió al Alto Tribunal hace quince años, en los que siempre ha estado en la Sala III, a excepción de su periodo en el Constitucional, entre 2002 y 2011.

Por último, Eduardo Calvo Rojas lleva una década en el Tribunal Supremo. Es afiliado a la asociación progresista Jueces para la Democracia y le avala haber presidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo en otro tribunal, la Audiencia Nacional.

http://www.eldiario.es/politica/Maniobra-conservador-Sala-Supremo-Gobierno_0_403860594.html

EL CGPJ OTORGA LA PLAZA DE JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ AL EXVOCAL DEL PP JUAN PABLO GONZÁLEZ

El magistrado ocupa el puesto de juez central de instrucción 3 de forma provisional, en contra del criterio seguido para que Pablo Ruz abandonara el juzgado central 5.

Donde dije digo, digo Diego. El magistrado Pablo Ruz, instructor en el juzgado central número 5, hubo de abandonar su trabajo y regresar a un juzgado de Móstoles (Madrid) porque ocupaba el cargo de forma provisional, en comisión de servicio. El nuevo Consejo General del Poder Judicial decidió sacar a concurso la treintena de plazas cubiertas en España de esta manera, entre las que se encontraba la de Ruz, cuya instrucción del caso Gürtel levantaba ampollas en el PP, y cubrirlas por el concurso ordinario.

El concurso lo ganó José de la Mata, porque fue el magistrado mejor posicionado en el escalafón de todos los jueces en activo que se presentaron a la convocatoria. Fue alto cargo del gobierno socialista en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. La sorpresa fue mayúscula en el CGPJ al descubrir quién había ganado el concurso entre todos los que se presentaron. Ocupará la plaza mientras su titular se encuentre en excedencia, ya que es magistrado de enlace en Gran Bretaña.

El problema regresó de nuevo con el juzgado central de instrucción 3, cuyo titular, Javier Gómez Bermúdez, ha sido nombrado magistrado de enlace en Francia. Este nombramiento diplomático ha sido auspiciado por José María Aznar ante Mariano Rajoy, según fuentes conocedoras de las gestiones realizadas en los aledaños del Gobierno.

En lugar de sacar la plaza a concurso ordinario, el CGPJ ha optado por regresar a su denostada fórmula de la comisión de servicio, que no requiere respetar el escalafón de entre los candidatos ni seguir un principio de mérito y capacidad. Esto es, de la manera en la que Pablo Ruz ocupaba el juzgado central número 5.

El elegido ha sido Juan Pablo González, quien fue vocal del CGPJ a propuesta del Partido Popular durante el mandato entre 2001 y 2008. Después fue nombrado diplomático judicial en París hasta el pasado 27 de mayo que regresó al servicio activo.

La Permanente del CGPJ justifica esta decisión en que Juan Pablo González cubrirá en comisión de servicio el juzgado central de instrucción 3 para “evitar disfunciones en el normal funcionamiento del juzgado hasta tanto se cubra la plaza vacante por el procedimiento ordinario en el próximo concurso de traslados”.

El acuerdo ha contado con los votos a favor de Carlos Lesmes, presidente del órgano constitucional, y de los vocales Mar Cabrejas, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán. Sólo votó en contra Álvaro Cuesta, quien considera que se tendría que haber aprobado primero la necesidad de esta comisión de servicio y, además, defiende que había una candidata más idónea para el puesto.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional propuso a González a la Permanente del CGPJ al considerar que su amplia experiencia en cooperación judicial internacional “avala un entendimiento de las competencias que son materia propia de los Juzgados Centrales de Instrucción” y “supone una ventaja en la acomodación al desempeño” de sus funciones.

La convocatoria se decidió después de que el juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, comunicara las dificultades para cubrir la vacante dejada por Gómez Bermúdez mediante el sistema ordinario de sustitución, ya que hubiera correspondido al magistrado Eloy Velasco y hubiera provocado una sobrecarga de trabajo.

http://www.publico.es/politica/cgpj-otorga-plaza-javier-gomez.html

LA JUEZ ROBLES PIDE A LESMES QUE EXPLIQUE LAS COMIDAS EN EL SUPREMO

La magistrada reclama al presidente del Consejo que sea transparente con los gastos de los eventos protocolarios que organiza dentro del Tribunal

La magistrada Margarita Robles ha remitido hoy un escrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que preside Carlos Lesmes, en el que pide que se dé transparencia y se aclaren "los gastos protocolarios de los distintos eventos (comidas, reuniones de trabajo...) que se hacen en la sede de este Tribunal Supremo". Fuentes de este tribunal y de empresas de servicio de comidas han señalado a EL PAÍS que "con gran frecuencia" el presidente Lesmes "celebra desayunos y almuerzos con invitados dentro del Tribunal Supremo" en los que "no se escatiman recursos ni dinero".

Robles, magistrada del Tribunal Supremo, demanda transparencia a estos gastos protocolarios tras haber tenido "conocimiento de la próxima realización de una inspección a las diferentes Salas de este Tribunal, y en concreto a la Sala Tercera, de la que formo parte", señala, "sin que se hayan explicitado las razones que han determinado esa decisión".

Robles indica en el escrito que ayer envió a la Sala de Gobierno, que preside Lesmes: "Teniendo en cuenta que la realización de una inspección a las Salas de este Tribunal constituye un hecho inédito, que no tiene precedentes desde la creación del mismo, y que podría evidenciar una sombra de duda sobre el trabajo que aquí se realiza, solicitaría, en aras a la necesaria transparencia, que si a bien se tiene, se nos informara a los magistrados/as de esta Sala sobre las razones de la inspección y el alcance de la misma, para poder en su caso colaborar activamente en ella". Y añade: "Igualmente, y en aras a esa transparencia, solicitaría se informara si esa inspección se circunscribirá a los asuntos que se tramitan en las mismas Salas, o si se extenderá también a los gastos protocolarios de los distintos eventos (comidas, reuniones de trabajo, etcétera) que se hacen en la sede de este Tribunal Supremo".

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/14/actualidad/1429034254_611848.html

LA MANO DERECHA DE LESMES PARTICIPÓ EN LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES QUE COBRARON DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Poder Judicial, de la que forma parte Gerardo Martínez Tristán, ha reclamado al Servicio de Inspección que elabore un informe
Un magistrado considera que el vocal del Consejo propuesto por el PP debería abstenerse en cualquier actuación relacionada con el pago de dietas del Gobierno madrileño

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, a su llegada a la sede del Consejo General del Poder Judicial. EFE El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, a su llegada a la sede del Consejo General del Poder Judicial. EFE

El vocal a propuesta del PP en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial Gerardo Martínez Tristán fue uno de los magistrados que aprobaron en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la designación de los jueces y secretarios que cobraron las dietas de la Comunidad de Madrid, según confirmaron a infoLibre fuentes del propio Poder Judicial, que especifican que la reunión se celebró el 28 de noviembre de 2011.

La Sala de Gobierno la componían entonces, además de Francisco Vieira como presidente del TSJM y Martínez Tristán, en calidad de máximo responsable de la Sala de lo Contencioso-Administrativo; el presidente de la Sala de lo Social, Juan Miguel Torres Andrés; la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer; y el juez decano, José Luis González Armengol, según informa el diario Confilegal.com.

Y en esa reunión, los magistrados acordaron designar a los jueces que iban a formar parte de los grupos de trabajo con la Comunidad de Madrid. El diario El País publicó que jueces, fiscales y otros funcionarios adscritos al TSJ recibieron más de 200.00 euros de la Comunidad de Madrid. Y lo recibieron de forma directa o indirecta con la participación de la empresa Indra. Precisamente, el TSJ es el órgano que se encarga de investigar a los aforados del Gobierno madrleño, presidido por Ignacio González (PP).

Comité Permanente

En concreto, el trabajo de los magistrados consistió en el desarrollo de una herramienta informática en decanatos y órganos judiciales que se puso en marcha en 2010. Asimismo, nueve juristas que conformaban el denominado Comité Permanente de seguimiento de la digitalización de los juzgados y tribunales de Madrid (integrado por tres jueces y seis secretarios) percibieron en 2014 dietas extra por importe de 3.000 euros cada uno (27.000 en total).

La actuación de Martínez Tristán, marido de la consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por María Dolores de Cospedal, fue muy polémica al pretender que todos los recursos presentados contra la privatización de la Sanidad madrileña se decidieran en el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que él presidía. El PSOE llegó a plantear la recusación de Martínez Tristán por su proximidad al PP. Al final, este magistrado acabó siendo propuesta como vocal del Poder Judicial, en donde ahora se le considera la mano derecha u hombre de confianza del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Servicio de Inspección

La Comisión Permanente, de la que forma parte Martínez Tristán, fue la encargada de enviar este caso al Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero. También este mismo órgano reclamó al Servicio de Inspección del Poder Judicial que elaborara un informe, confirman a este diario fuentes oficiales del Consejo. Según el diario Confilegal.com este servicio ya ha iniciado sus pesquisas con entrevistas a los magistrados que participaron en los trabajos.

infoLibre se ha puesto en contacto con un magistrado, de reconocido prestigio, que explicó que lo prudente por parte de Martínez Tristán habría sido abstenerse: "Que la Comisión Permanente reclame un informe podría parecer neutro, pero realmente debería de abstenerse. No era necesario que se encargara este informe, ya que Martínez Tristán que estaba ahí mismo, podía informar del tema", completa el juez que reclama anonimato.

Pero el papel de Martínez Tristán como integrante de la Comisión Permanente del Poder Judicial podría tener un mayor peso. Esta comisión tendría la facultad de obligar al instructor a que reabriera el caso si éste hubiera decidido archivarlo. Y en caso de que la comisión disciplinaria acordara una sanción, el recurso tendría que ser resuelto por la Comisión Permanente.

Declaradas a Hacienda

Según reconoció Vieira en una nota de prensa, la intervención de los magistrados ha sido "esencial" para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas "adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración". También aseguró que todas las cantidades percibidas habían sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.

Asimismo, Vieira explicó que desde un principio entendió que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos "estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/28/un_vocal_del_poder_judicial_participo_reunion_que_designo_los_jueces_que_cobraron_comunidad_madrid_29025_1012.html

UN VOCAL DEL CGPJ ENVÍA A UN JUZGADO UN DOCUMENTO CON LOS NOMBRES DE 20 JUECES EXPEDIENTADOS

Para pedir la suspensión de un juicio, el vocal del CGPJ Vicente Guilarte remitió a un juzgado un escrito en el que se incluían los nombres de 20 jueces a quienes se habían abierto o archivado expedientes disciplinarios

El abogado de un caso contra una registradora denunció a Guilarte ante el Consejo por prevalerse de su cargo y por vulnerar la Ley de Protección de Datos

Un informe del CGPJ lo niega y asegura que la divulgación de los nombres de los jueces no es “imputable” al vocal

La ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitió en junio de 2013 a los vocales de este órgano compaginar su cargo con la actividad profesional previa que ejercían. Es el caso de Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil y director del área jurídica del Colegio de Registradores. Fue nombrado vocal en diciembre de 2013 a propuesta del PP. Forma parte de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, la que expedienta y sanciona a los jueces. Al mismo tiempo, defiende ante esos mismos jueces a los registradores que son denunciados por sus calificaciones o inscripciones.

El pasado mes de noviembre, Guilarte remitió al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño un escrito para pedir la suspensión y aplazamiento de un juicio, en el que defendía a la registradora mercantil de La Rioja, Celia Meneses Martínez Bernal. La fecha de la vista coincidía con la de una reunión de la Comisión Disciplinaria del CGPJ. El documento enviado reproduce los acuerdos alcanzados por la citada comisión el 20 de noviembre de 2014, e incluye los 21 nombres de otros tantos jueces y magistrados a quienes se había abierto o archivado expedientes disciplinarios o a quienes se sancionaba. También consigna el motivo por el que se les había incoado el procedimiento o por el que se les multaba.

Deber de sigilo y máxima precaución con la protección de datos

Los vocales del CGPJ, al igual que los empleados de la Administración de Justicia, están obligados por ley a “mantener sigilo de los asuntos que conozcan por razón de sus cargos o funciones y no hacer uso indebido de la información obtenida, así como guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión está prohibida legalmente”. Lo estipula el artículo 497 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, están obligados a guardar “discreción” sobre los expedientes que manejan y a la “máxima precaución en la observancia de la Ley de Protección de Datos”, según fuentes jurídicas.

Los acuerdos de la Comisión Disciplinaria se publican en la página web del CGPJ pero con los nombres de los jueces tachados, así como la localización de los juzgados donde ejercen. Vicente Guilarte no guardó la misma precaución con los papeles que mandó al juzgado de Logroño.

El escrito detalla la apertura de expedientes por falta graves o muy graves –normalmente por retraso injustificado, desconsideración o abuso de autoridad– a nueve jueces, el archivo de otros cinco, una sanción de un año para otro y dos recursos, entre otras resoluciones. Curiosamente, el último punto del orden del día corresponde a una solicitud cursada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para recabar información sobre el sistema de notificación a los jueces sancionados, a raíz de la filtración a la prensa local de la sanción impuesta a un juez. La petición se retiró.

Demanda ante el CGPJ

El abogado que demandó a la registradora riojana consideró que, en este caso, Vicente Guilarte no había mantenido el sigilo debido y presentó una denuncia ante el CGPJ. Pero no sólo por la posible vulneración de la confidencialidad, sino también porque consideraba que el vocal se estaba prevaliendo de su condición para influir en la decisión del juez.

El artículo 580 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dicta que los vocales del CGPJ no pueden “invocar o hacer uso de su condición de tales en el ejercicio de su profesión”. Otras fuentes jurídicas consultadas advierten, en efecto, de la “presión” que puede suponer para un juez de Primera Instancia tener enfrente como abogado de una de las partes a un vocal del CGPJ, y no uno cualquiera sino precisamente uno de los encargados de sancionar la conducta y el rendimiento de los jueces.

Como resultado de la denuncia, el gabinete técnico del CGPJ emitió el 22 de diciembre un informe que exime a Vicente Guiliarte de toda responsabilidad. Así, niega que aducir una convocatoria de la Comisión Disciplinaria para pedir la suspensión de un juicio sea “invocar su condición de vocal” en los términos del artículo 508 antes citado. “Lo que la norma prohíbe es hacer valer la condición de vocal para fines interesados, obtener ventaja personal o beneficio o eludir el cumplimiento de obligaciones”, explica el informe.

Tampoco cree el gabinete técnico que Guilarte haya vulnerado su deber de sigilo. Por el contrario, interpreta que el escrito enviado al juzgado de Logroño es una “documentación necesaria, equivalente a otras como la certificación del secretario de la Comisión, que se utiliza como medio probatorio para acreditar la certeza de lo aducido”. A juicio de los técnicos del CGPJ, ese documento es de los que se pueden enviar “a un tercero sin necesidad de consentimiento de los interesados, por cuanto tiene por destinatario a los jueces o tribunales en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas en el proceso”. Por tanto, concluye el informe, el hecho de que los datos incluidos en el documento sean divulgados, “no es imputable” al vocal.

El informe del gabinete fue refrendado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 13 de enero, según explican fuentes del propio organismo.

Defensor del hermano de Mariano Rajoy

Vicente Guilarte es letrado del Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad desde 2003. En 2009 se le puso al frente del departamento jurídico. Su misión en este tiempo ha sido defender a los registradores en los tribunales cuando son demandados por sus actuaciones. Entre sus defendidos cabe citar a Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno y registrador como él, que fue expedientado por la Dirección General de los Registros y el Notariado en 2008 por “extralimitarse en sus funciones”. Por ese motivo se le impuso una multa de 12.000 euros.

Enrique Rajoy demandó después a la Dirección General y ganó tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como en la Audiencia Nacional. El hermano del presidente agradeció a Guilarte en una carta enviada a la intranet del Colegio de Registradores su “impagable apoyo”. Entonces Enrique Rajoy era registrador de la Propiedad en Alcalá de Henares. Ahora lo es en Cáceres.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/02/un_vocal_del_cgpj_envia_juzgado_documento_con_los_nombres_jueces_expedientados_29163_1012.html

PROGRESISTAS DEL CGPJ ACUSAN A LESMES DE DISCRIMINAR A UNA MUJER PARA EL TSJ DE MURCIA Y CENSURAR A DISCREPANTES

Siete vocales acusan por escrito a Lesmes de censura y de discriminar por ser mujer a una candidata con mayor experiencia

El nombramiento a finales del pasado mes de enero del juez de lo Penal de Murcia Miguel Alfonso Pascual como presidente del Tribunal Superior de Justicia en dicha comunidad ha originado una monumental bronca en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siete de cuyos vocales acusan al presidente, Carlos Lesmes, de propiciar la discriminación por ser mujer de otra candidata más válida y de censurar a los discrepantes con esta decisión.

Así se señala en el voto particular que ha presentado la vocal y magistrado del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga con el apoyo de otros seis consejeros del sector progresista y del nacionalista de este órgano, en el que se denuncia el manejo por parte de Lesmes para impedir la presentación, en un voto particular que fue rechazado por extemporáneo de sus razones contra la designación de Pascual.

El documento destaca que, dada la práctica inexistencia de mujeres presidentas en los TSJ (sólo hay una en los 15 órganos de esta categoría), que Alonso ha sido perjudicada por su condición de mujer "sin más justificación que una subjetiva valoración del proyecto de actuación del candidato varón" que "bordea la arbitrariedad e incurre en discrimación".

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consejo retuvo el acuerdo de nombramiento que fue adoptado el 29 de enero hasta casi un mes después, el pasado día 20, hurtándole así la posibilidad de estudiar los motivos del nombramiento de cara al voto particular que legalmente debería haber presentado 48 horas después de la designación del nuevo presidente del TSJ de Murcia.

En fuentes del Consejo, sin embargo, se ha explicado a Europa Press que el voto particular de Martínez de Careaga fue presentado más de 20 días después del de celebración del Pleno cuando podía haberlo hecho en tiempo, lo que motivó su inadmisión. La vocal planteó esta cuestión en el siguiente Pleno, celebrado el pasado 26 febrero, que por 14 votos a 7 acordó confirmar la inadmisión del voto particular.

MÉRITO Y CAPACIDAD

Según explica la vocal progresista en su voto, el nombramiento de Miguel Alfonso Pascual perjudicó y discriminó a la candidata más competente, la magistrada del la Audiencia Provincial de Murcia María Pilar Alonso Saura, cuya antigüedad en la Carrera se sitúa en 1.160 puestos por encima del finalmente designado.

A ello se añade, según la discrepante, el hecho de que Alonso lleve destinada 23 años en la Audiencia de Murcia frente a un juez, el que resultó elegido por la mayoría conservadora, cuya experiencia se limita al enjuiciamiento unipersonal de delitos menores y sin ninguna experiencia en órganos colegiados.

Los vocales firmantes de este documento son, además de Martínez de Careaga, Roser Bach, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Enrique Lucas, María Victoria Cinto y Pilar Sepúlveda.

Frente a las acusaciones, fuentes del Consejo consultadas por Europa Press recuerdan que este tipo de procesos selectivos se rigen por lo dispuesto en el Reglamento del CGPJ que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

En el caso de los órganos gubernativos, los aspirantes deben elaborar un programa de actuación describiendo las principales iniciativas encaminadas a mejorar el funcionamiento del tribunal o la Sala a cuya presidencia aspiran que luego exponen en una comparecencia pública en la sede del CGPJ y que es valorado por el Pleno en la elección.

LA ANTIGÜEDAD NO ES DETERMINANTE

La antigüedad es, por tanto y según estas fuentes, uno más de los requisitos que se tienen en cuenta. Añaden que en el mandato del actual CGPJ, el Pleno ha elegido para cargos gubernativos a varias mujeres que contaban con menor antigüedad que algunos de sus competidores varones.

Este es el caso de la presidenta de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, Garbiñe Biurrun, que ingresó en la Carrera Judicial en 1987, cuando uno de los dos aspirantes varones al mismo cargo lo había hecho en 1983.

La misma situación se dio con la presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres, María Félix Tena, que ingresó en la carrera en 1988 y que fue elegida para el cargo frente a candidatos varones que lo habían hecho en 1979 y 1987.

Tampoco en otros casos, sin presencia de candidatas femeninas, ha sido elegido el aspirante con más antigüedad: así sucedió en los procesos selectivos para la presidencia de la Audiencia Nacional o de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, apuntan.

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Progresistas-CGPJ-Lesmes-TSJ-Murcia_0_1950900427.html

LA ASOCIACIÓN JUECES POR LA DEMOCRACIA ACUSA A LESMES DE COMETER UN FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN

JpD reprocha al presidente del Consejo General del Poder Judicial su actuación "autoritaria y presidencialista" al negarse a renovar la Comisión Permanente. La asociación asegura que el Gobierno utiliza el órgano para nombrar a vocales de su confianza y marginar a las voces críticas

Jueces por la Democracia (JpD) ha criticado duramente en un comunicado distribuido a la carrera judicial la decisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de negarse a cumplir la renovación de la comisión permanente, prevista en la Ley 4/2013 de 28 de junio, que modifica la ley que regula el órgano.

La asociación progresista denuncia la actitud “presidencialista” de Lesmes y la actuación del Gobierno del Partido Popular que, afirman, usa a Lesmes para nombrar a los cargos más importantes de la justicia ordinaria. JpD reprocha al presidente del CGPJ que carece “por completo de sentido institucional” y que obedece “solícito” a los dictados del Gobierno.

“El resultado no es otro que la transformación del órgano de gobierno de los jueces en un órgano del Gobierno contra los jueces y su independencia”, se lamentan. La comisión permanente del CGPJ tiene atribuidas todas las funciones que no se corresponden al pleno y a las otras comisiones, lo que se traduce en que la permanente es el centro del poder de decisión del órgano. Para evitar una concentración de poder excesiva, la ley prevé que la permanente se renueve una vez al año; pese a ello, Lesmes ha decidido no hacerlo, aunque ha asegurado que se renovará antes de que termine el año.

“La promesa del Presidente de Consejo de que la Comisión será renovada antes de fin de año es una muestra más del presidencialismo que inspira el funcionamiento de este órgano constitucional, siendo él y no el Pleno quien decide el cuándo y el cómo de la renovación”, responde la asociación.

Debido a que es el presidente el que tiene la capacidad de configurar “a su antojo” la comisión permanente, Lesmes está aprovechando, dice el comunicado, para asegurarse la fidelidad de algunos vocales y para hacer que las voces discrepantes se vean “relegadas a un segundo plano”.

La asociación acusa a Lesmes de actuar de forma “autoritaria” y de no cumplir una ley que diseña un CGPJ “de carácter presidencialista”. Todo ello a pesar de que algunos vocales ya habían hecho público su deseo de pasar a formar parte de la permanente y sin poder descartar, aseguran, que otros no se hayan atrevido a hacerlo ya que era “una batalla perdida pues no había la más mínima intención por parte del presidente del CGPJ de que hubiera renovación alguna”, argumentan.

La no renovación de la comisión permanente fue aprobada en el último pleno del CGPJ con 14 votos a favor y siete en contra, con la única salvedad de la entrada de un nuevo vocal por la dimisión de su cargo de Mercè Pigem

http://www.publico.es/politica/jpd-acusa-al-pp-fraude.html

LESMES IMPONE SU NÚCLEO DURO PARA CONTROLAR LA JUSTICIA

Ejerce un poder total a través de la comisión permanente. En el pleno de hoy se ha negado a cambiar a sus integrantes, en contra de las demandas de la minoría progresista y a pesar de que la ley contempla la rotación anual de sus miembros

Si algo ha demostrado este año de ejercicio del poder por parte de Carlos Lesmes es un marcado presidencialismo al frente del Consejo General del Poder Judicial. Todo el control lo ejerce a través de la comisión permanente, a donde llegan los asuntos ‘cocinados’ por un comité de dirección cuyos integrantes son designados directamente por él.

Sólo cinco de los veinte vocales tienen dedicación exclusiva y sueldo correspondiente: son los integrantes de la Permanente. Los demás están obligados a compaginar sus trabajos con las funciones recortadas de este órgano, lo que les provoca numerosas dificultades para enterarse de lo que realmente ocurre dentro del CGPJ.

El Pleno del CGPJ ha afrontado este jueves una sesión polémica por esta causa. Seis vocales que conforman la minoría progresista demandaban a Lesmes la renovación de la comisión permanente, de tal manera que diera entrada a nuevas voces diferentes a las que le han servido en este año para controlar la cúpula de los órganos de gobierno de la administración de justicia.

La minoría progresista ha reclamado que cumpla con el espíritu de la ley que reformó el CGPJ y que, por cierto, fue elaborada por el propio Lesmes quien, a pesar de ejercer como magistrado, asesoró al Gobierno del PP para recortar las competencias de este órgano constitucional.

La norma proclama en su preámbulo que para permitir “una mayor pluralidad en la composición de la Comisión Permanente se prevé su renovación anual, estableciendo de este modo la posibilidad de que todos los Vocales, con excepción de los que integren la Comisión Disciplinaria, puedan llegar a formar parte de la misma”.

Ya en su articulado la ley introdujo la expresión “se procurará” la rotación anual de los integrantes de la Permanente (artículo 601.2).

Lesmes se ha negado a tal renovación: no quiere renunciar al control presidencial que ejerce a través de la Permanente. Cuenta con los votos seguros de los vocales nombrados a propuesta del PP -Juan Manuel Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán-, al igual que con la aquiescencia habitual del exdiputado socialista Álvaro Cuesta y de la magistrada Mar Cabrejas, nombrada esta última a iniciativa de Antonio Camacho, ex secretario de Estado de Interior socialista.

La certeza de Lesmes de que el Pleno iba a aceptar su decisión era tal que sacó a concurso la plaza de Cabrejas dentro del macroconcurso de traslados de jueces que se convocó en diciembre. En otras palabras, daba por hecho que Cabrejas continuaría con su dedicación exclusiva en la Permanente, por lo que su plaza -en el juzgado de primera instancia 55 de Madrid- fue ofrecida para que la ocupe otro juez mientras dure esta situación de servicios especiales.

En este macroconcurso se introdujo también el juzgado central de instrucción 5. Lesmes contó con el apoyo de Cabrejas en la Permanente para sacar la plaza que ocupa Pablo Ruz de forma interina.

Los seis vocales de la minoría progresista reclamaron esta renovación en diciembre, por medio de un escrito firmado por Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez, todos ellos nombrados por el Parlamento a propuesta del PSOE excepto Sáez, que lo fue por IU. Hace unos días volvieron a solicitar por escrito a Lesmes que accediera a dicha renovación prevista en la Ley y que todos asumieron de forma implícita al nombrarlo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo en 2013.

Espadas en alto

Tanto Abad como Bach y Sepúlveda solicitaron por escrito su incorporación a la Permanente, aunque la ley no exige este requisito. La candidatura de Bach tiene opositores, ya que forma parte de la Comisión Disciplinaria, que no se renueva en los cinco años que dure el mandato de este Consejo.

El único cambio previsto que aprobó el pleno de este jueves ha sido una incorporación en la Permanente, la de la vocal Nuria Abad, designada a petición del PP. Entra en el núcleo duro en sustitución de Mercé Pigem, la vocal pillada sacando 10.000 euros de Andorra junto a su hermana y que dimitió en diciembre pasado tras ser presionada en este sentido por el propio Lesmes. La renuncia se produjo aunque no incurrió en infracción administrativa alguna.

Dadas las espadas que había en alto, y a la vista de la renuncia de Pigem, Lesmes optó por aplazar el debate de diciembre con el argumento de que intentaría alcanzar un acuerdo lo más amplio posible sobre la renovación de la Permanente entre los 20 integrantes del Pleno.

Pero no ha existido tal acuerdo en este conflictivo Pleno. En esta sesión se estrenó el nuevo vocal que ha sustituido a Pigem: José María Macías, quien juró el pasado martes ante el rey como nuevo vocal del CGPJ.

Macías forma parte de la lista de sustitutos que aprobó el Senado en 2013 dentro del cupo de juristas de reconocida competencia. Exjuez, ejercía como abogado en el despacho de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

El primer candidato a sustituir a Mercé Pigem como vocal del órgano de gobierno de los jueces, era Antonio María Álvarez-Buylla, quien renunció por "razones personales" y dejó paso a Macías.

http://www.publico.es/politica/lesmes-renueva-nucleo-duro-controlar.html

EL PP AMPLÍA SU MAYORÍA EN LA COMISIÓN CLAVE DEL PODER JUDICIAL

Vocales progresistas acusan a Lesmes de saltarse la ley "sin sinrojo"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha logrado imponer su criterio y frenar la renovación total de la comisión permanente del consejo, el órgano en el que se toman la mayoría de decisiones relevantes del Poder Judicial y cuyo relevo reclamaban los vocales progresistas. El pleno del consejo ha acordado, por 14 votos a siete, mantener en el cargo a los dos miembros propuestos por el PP (Francisco Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández Martínez) y a los dos del PSOE (Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta) y cubrir solo el hueco dejado en diciembre por Mercè Pigem, (CiU), que dimitió después de que se conociera que había entrado en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo.

El puesto de Pigem lo ocupará Nuria Abad, vocal a propuesta del PP, lo que refuerza la mayoría conservadora en esta comisión. Hasta ahora, esta mayoría estaba condicionada por la vocal de CiU, que con su voto podía hacer inclinarse la balanza a favor del Lesmes y los dos vocales del PP o provocar un empate que tenía que resolverse con el voto de calidad del presidente. Con la entrada de Abad, Lesmes se garantiza ahora una cómoda mayoría en todas las votaciones de este órgano. Además, el presidente ha contado en el último año con el apoyo de los dos vocales del PSOE en algunas importantes deliberaciones de la Permanente, de ahí que Lesmes se haya opuesto a promover la entrada de otros vocales progresistas que pudieran ser más críticos con sus decisiones.

El presidente del Poder Jodicial logra frenar la renovación total de su núcleo de decisión

Tras dos horas y media de debate, la propuesta de Lemes ha salido adelante con el voto de todos los miembros propuestos por el PP más el vocal propuesto por CiU, José María Macías Castaño, que se ha estrenado hoy en el consejo. Han votado en contra los cinco miembros propuestos por el PSOE que no forman parte de la Permanente -Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, y Pilar Sepúlveda- la vocal de IU -Concepción Sáez- y el del PNV -Enrique Lucas-. Los siete han anunciado que formularán voto particular. Además, todos excepto el vocal propuesto por el PNV, han firmado un escrito en el que acusan a Lesmes y a los miembros que han secundado su propuesta de saltarse la ley "sin sonrojo".

Los cinco vocales de la Permanente son los únicos que tienen dedicación exclusiva para el Poder Judicial y deciden sobre todos los asuntos importantes que no están reservados al pleno. Suya fue, por ejemplo, la decisión de sacar a concurso la plaza del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Los vocales progresistas que no forman parte de esta comisión habían exigido en las últimas semanas su renovación total apelando a la ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que esta se elegirá anualmente y que el pleno del Consejo “procurará la rotación anual” de sus miembros, excepto de aquellos vocales que también pertenezcan a la Comisión Disciplinaria. Según fuentes del Poder Judicial, Lesmes se ha comprometido a que, en los cuatro años que le quedan al actual consejo, vaya renovándose parcialmente la comisión Permanente para que todos los miembros que lo deseen puedan formar parte de ella.

"El mantenimiento de dicha comisión con la misma composición una vez transcurrido un año desde su nombramiento, plazo en el que legalmente debía ser renovada, además de contravenir de forma clara lo dispuesto legalmente, sortea sin sonrojo la letra y el espíritu de una Ley que dejó claramente establecido que el nuevo modelo de Consejo no debía ser presidencialista y que la participación de todos los vocales en la Comisión Permanente quedaría asegurada por su renovación anual", señala el escrito difundido por estos cinco vocales.

La renovación de esta comisión ya se abordó en el pleno de diciembre, pero la falta de acuerdo obligó a Lesmes a aplazar la decisión un mes para buscar un acercamiento entre los dos frentes. El mes ha pasado, sin embargo, sin que los vocales acerquen posturas y hoy se ha impuesto la propuesta inicial del presidente.

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/29/actualidad/1422535369_546259.html

PULSO AL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL

El cese de Torres Dulce y la protesta del Supremo destapan las injerencias del Ejecutivo

El Gobierno tiene a las principales instituciones judiciales del país al borde de la rebelión. La sala clave del Tribunal Supremo ha hecho público su rechazo al intento de injerencia del Ejecutivo en decisiones relacionadas con la excarcelación de etarras; la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, antes de finalizar su mandato, ha extendido la sospecha sobre el intento de manipulación por parte del Gobierno en esta institución; el Consejo General del Poder Judicial, en plena tormenta tras sacar a concurso la plaza del juez que investiga la corrupción del PP, ha tenido que aplazar la renovación de sus principales órganos por la oposición de una parte de sus vocales.

El Supremo vivió este jueves una jornada inquietante. Un grupo de magistrados de la Sala de lo Penal se juntó a primera hora para recoger firmas de protesta contra las injerencias del Gobierno. La iniciativa, insólita en la historia del tribunal, terminó a mediodía con éxito notable para los promotores de la queja: 13 de los 18 magistrados de esa sala firmaron un comunicado que simboliza su descontento con el Ejecutivo.

La Sala de lo Penal del Supremo se encarga de las causas de terrorismo y de las relacionadas con la corrupción de la clase política, entre otras. La recogida de firmas de los magistrados evidencia su hartazgo ante el supuesto intento de manipulación por parte del Gobierno en un tema, el terrorismo de ETA, especialmente sensible para la opinión pública.

La excarcelación de etarras decidida por la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, en aplicación de una decisión marco europea, destapó la indignación del Ejecutivo, que a través de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que esa decisión de la Audiencia sería corregida por el Supremo.

El presidente de la Sala de lo Penal de este tribunal, Manuel Marchena, se apresuró a convocar un pleno en el que supuestamente se iba a fijar el criterio para enmendar a la Audiencia. “A través de un recurso de otro preso etarra, al que se había denegado la acumulación de condenas, pretendían fijar criterio y, de paso, derogar la excarcelación de Santi Potros. Esas trampas no pueden admitirse en el Supremo”, explica un juez. El pleno convocado por Marchena no resolvió nada, aplazó la decisión a enero y escenificó la fractura en la Sala. Uno de los magistrados aprovechó la ocasión para expresar el profundo malestar con el Gobierno.

Las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, donde sugería que las decisiones judiciales de acumulación de condenas a etarras eran prevaricadoras agotaron la paciencia de magistrados del Supremo, poco habituados a discrepar públicamente del Ejecutivo.

“La nota de protesta es fruto del hartazgo. El Gobierno está legislando contra la doctrina del Supremo con la idea de que no pasa nada porque controla todas las instituciones judiciales. Lo hizo al introducir una enmienda en el Senado para evitar la aplicación de la decisión marco europea sobre acumulación de condenas; lo intenta ahora con una reforma legal que permita la intervención de comunicaciones sin autorización judicial pese a toda la jurisprudencia que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo en contra de esa posibilidad, y también proyecta cambios en relación con las pruebas de ADN contra el criterio de este tribunal”, señala un magistrado. Otro resume así la situación: “La falta de respeto del Gobierno a la autonomía de las instituciones judiciales ha desencadenado esta reacción en los principales órganos del Poder Judicial”.

La dimisión de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general antes de terminar su mandato extiende la sospecha del intento de control por parte del Gobierno sobre otra pieza estratégica en la administración de justicia. “El Ejecutivo se equivocó al nombrar a Torres-Dulce y no entendió que en una institución tan jerárquica, el fiscal general no impusiera su criterio en relación con la querella contra el Gobierno catalán por la consulta ilegal del 9-N. Si el Gobierno quería controlar esa instancia, eligió a la persona equivocada. Además, la dimisión le ha estallado en la cara al crear la imagen de que Torres-Dulce se ha ido por la falta de independencia”, señala un ex alto cargo judicial.

El Gobierno de los jueces también sufre la inestabilidad del juego político. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, deberá tramitar la queja de los magistrados del Supremo cuando en el órgano que preside hay otro incendio mayor. Los vocales progresistas se niegan a que Lesmes imponga la continuidad de los seis miembros de la comisión permanente, órgano clave del organismo que debe ser renovado cada año.

La última decisión de la Comisión Permanente de convocar la plaza que ocupa Pablo Ruz, juez instructor del caso Gürtel y del caso Bárcenas, ha dejado la sospecha del intento del Gobierno del PP de sacar de la Audiencia Nacional al magistrado que más daño puede hacer a su imagen por las investigaciones que dirige.

División total sobre la excarcelación de etarras

Los 18 magistrados que conforman las distintas secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunieron el mes pasado en pleno para deliberar sobre cómo resolver los recursos de etarras presos que pedían, en aplicación de una decisión marco europea de 2008, que se les computaran los años pasados en cárceles francesas para descontárselos del cálculo de cumplimiento máximo de sus penas en España (30 años).

Los jueces de la Audiencia Nacional que debatieron sobre la cuestión conocían una sentencia del Supremo (dictada en marzo con la unanimidad de los cinco magistrados de la sala) favorable a la acumulación de las penas cumplidas en otros países comunitarios, en ausencia de legislación española que recogiera la decisión marco europea. La deliberación de la Audiencia Nacional se produjo el pasado noviembre, cuando ya se había aprobado en las Cortes la trasposición de la decisión marco europea, aunque la Ley todavía no había entrado en vigor.

La nueva norma establece una condición temporal en su disposición adicional única: "En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010".

Esa disposición adicional dejaba sin efecto la decisión marco europea para los terroristas de ETA presos que habían recurrido. La división de opiniones entre los 18 jueces de la Audiencia Nacional fue absoluta: nueve frente a nueve. La reunión no sirvió para fijar un criterio claro sobre cómo actuar. Unos días después, a principios de diciembre, llegaron los primeros autos judiciales: la sección primera de la Audiencia aceptaba acumular condenas y excarceló a dos etarras; la sección segunda, con un voto particular, rechazaba descontar los años cumplidos en Francia del cumplimiento máximo de la pena en España.

En el Supremo, la división es parecida. Cinco magistrados se pronunciaron a favor de acumular penas en el caso Urrusolo Sistiaga (marzo de 2014), pero el pleno de la Sala de lo Penal (15 magistrados) estudió el pasado martes un recurso de Pedro José Picabea por idéntico motivo que dejó pendiente de resolver tras un largo debate en el que la fractura resultó evidente.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/20/actualidad/1419092965_786067.html

LA SALA CLAVE DEL SUPREMO PROTESTA POR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO

13 jueces piden a Lesmes que actúe ante Rajoy por unas declaraciones de Fernández Díaz

Trece de los 18 magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que instruye todos los casos en los que hay imputados políticos aforados por el Congreso o el Senado, firmaron este jueves un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno en el poder judicial. En un gesto insólito en la historia reciente del Supremo, los 13 magistrados, entre ellos varios jueces pertenecientes al sector conservador de la magistratura, firmaron una carta dirigida al presidente de la sala, Manuel Marchena, para que actúe ante unas recientes declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que este calificó de “lamentables” las excarcelaciones de miembros de ETA decretadas por la Audiencia Nacional.

El escrito está suscrito por todos los miembros de la sala de lo Penal, incluidos los tres eméritos, excepto el presidente Marchena y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados. La reacción de los jueces llega después de que varios miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Justicia, Rafael Catalá, hayan criticado en público las excarcelaciones de etarras ordenadas por la Audiencia en cumplimiento de un acuerdo marco europeo que permite acumular en España las penas cumplidas en otros países.

Estas críticas han sido recibidas entre miembros de todos los sectores de la judicatura como una intromisión del Gobierno en la independencia judicial, pero los jueces, hasta ahora, habían optado por silenciar en público su malestar. El detonante de la carta de los magistrados de lo Penal han sido unas declaraciones de Fernández Díaz en una entrevista publicada el pasado sábado por La Razón. El ministro fue preguntado por la acumulación de penas a etarras, que el Tribunal Supremo avaló en marzo, cuando obligó a la Audiencia a revisar la condena del etarra José Luis Urrusolo Sistiaga para descontarle el tiempo de condena cumplido en Francia. “Me parece lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente”, respondió el ministro; a la pregunta de si los jueces podían estar prevaricando al tomar estas decisiones, contestó: “Yo no digo eso, pero si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación”.

Los jueces recogen en su escrito estas declaraciones, así como otras de la misma entrevista en las que Fernández Díaz lamenta que se haga “un uso alternativo del derecho” y sostiene que estas decisiones judiciales “provocan falta de confianza en las instituciones”.

Los 13 magistrados que firman la carta, “sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno”, piden al presidente de la Sala de lo Penal que haga llegar al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su “desazón” por estas afirmaciones. Los jueces instan a Lesmes a que, si considera que las afirmaciones del ministro “no son adecuadas ni guardan el debido respeto” al Tribunal Supremo, se lo haga saber al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le pida “que ponga coto” a manifestaciones como las de su ministro del Interior.

Fernández Díaz: "He respetado y respetaré siempre la ley"

Tras las críticas de los magistrados del Supremo, el ministro del Interior ha insistido este jueves en que respeta la independencia judicial y la separación de poderes. En unas breves declaraciones a los periodistas antes de asistir a la jura de 24 comisarios principales, Fernández Díaz se ha limitado a afirmar: "He respetado y respetaré siempre la ley". A lo que ha añadido que respeto la separación de poderes "garantizada, reconocida y amparada" en la Constitución. A pesar de la insistencia de los reporteros, el titular de Interior ha reiterado que la separación de poderes es "el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado social, democrático y de Derecho como es el nuestro".

Entre los cinco miembros de la Sala de lo Penal que no han firmado la carta se encuentran Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral, que fueron dos de los cinco magistrados del Supremo que en marzo suscribieron la sentencia que avalaba la acumulación de penas del etarra Urrusolo Sistiaga. El alto tribunal celebró el pasado martes un pleno en el que tenía previsto unificar criterio sobre este asunto, pero, tras un largo debate, decidió aplazar la decisión hasta, al menos, el próximo enero.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/18/actualidad/1418909614_978651.html

LESMES SE SALTA AL PLENO DEL CGPJ Y SACA A CONCURSO LA PLAZA DE LA VOCAL CABREJAS

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha saltado a la torera al pleno de este órgano constitucional cuyos 20 vocales son elegidos por las Cortes Generales. Mañana jueves el Pleno tiene previsto acordar los vocales formarán parte de la poderosa comisión permanente por otro año más.

Los seis miembros de la Permanente son los únicos de los 20 vocales que tienen dedicación exclusiva, con un elevado sueldo correspondiente. Esto es, no tienen que compatibilizar sus trabajos con la función de vocal, a diferencia de lo que ocurre con los otros 14 vocales.

Lesmes pretende renovarla con sus componentes actuales, entre los que se encuentra la magistrada progresista Mar Cabrejas. Sin embargo, para este puesto se postula la también magistrada progresista Roser Bach, exdirectora de la Escuela Judicial.

Pero Lesmes debe tener tal confianza de que su voluntad será cumplida que el CGPJ ha sacado a concurso la plaza de Cabrejas asumiendo que continuará en excedencia otro año más.

Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 13 de diciembre, dentro del macroconcurso de 364 plazas en el que salió la que hoy ocupa el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.

En la página 10 figura la convocatoria de la plaza del “Juzgado de 1ª Instancia nº 55 de Madrid, mientras su titular, María del Mar Cabrejas Guijarro, se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial”. Esto es, mientras continúe en excedencia a causa de su pertenencia a la Permanente.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 601.2 que "se procurará la rotación anual del resto de los vocales en la composición anual de la Comisión Permanente". La única comisión que no se rota es la Disciplinaria, cuyos vocales miembros tienen un mandato de cinco años

Lesmes no quiere realizar esta rotación, cuando seis vocales progresistas han solicitado lo contrario: la renovación de las comisiones. Firmaron esta solicitud Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Victoria Cinto, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez, todos ellos designados a propuesta del PSOE menos la última, que lo fue por IU.

El único cambio que contempla el presidente del CGPJ es la sustitución de Mercè Pigem por la vocal Nuria Abad.

Pigem dimitió al ser pillada sacando 20.000 euros junto a su hermana de Andorra. Ella no cometió infracción administrativa alguna, pero Lesmes la presionó para que renunciara al cargo –días antes habían tenido una bronca a cuenta de la consulta del 9N-y dejó a CiU sin representación en una institución del Estado por primera vez en la historia.

El Senado ya eligió la lista de los sustitutos en 2013. El primero de ellos es el decano de los procuradores de Madrid, conservador y próximo a Lesmes. Pero no se va a esperar a que la Cámara Alta proclame al nuevo vocal, sino que la plaza de Pigem en la poderosa Permanente será cubierta este mismo jueves.

En estos momentos forman parte de la Permanente los magistrados vocales Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán (designados a propuesta del PP), así como Mar Cabrejas y el exdiputado socialista Álvaro Cuesta. Estos dos últimos, aunque fueron propuestos por el PSOE, suelen votar en la misma línea que Lesmes.

Son tres los vocales que han solicitado entrar en la Permanente: Nuria Abad y Pilar Sepúlveda –ambas juristas que se postulan en sustitución de la también jurista Pigem-, así como Roser Bach, quien se propone para la plaza de Cabrejas. Sin embargo, Bach pertenece a la Disciplinaria y hay voces que consideran que Bach no puede presentarse porque es miembro de la comisión disciplinaria.

Así las cosas, el Pleno se presenta movido para este jueves. Pero el BOE ya ha publicado el resultado

http://www.publico.es/politica/lesmes-salta-al-pleno-del.html

EL CGPJ PIERDE DEMOCRACIA INTERNA TRAS UN AÑO DE PRESIONES POLÍTICAS

El Poder Judicial se ha convertido en un órgano piramidal y presidencialista. Carlos Lesmes, que forzó la salida de Pigem y no aplica la misma dureza con su sustituto, cumple un año al frente del órgano que gobierna la justicia

La situación es tal que en una semana, Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha hecho con la cabeza de la vocal de CiU Mercè Pigem, a quien forzó a dimitir sin darle siquiera tiempo para explicar sus motivos ante el resto de compañeros del pleno del órgano de gobierno de los jueces. Además, ha acabado con el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional como instructor de la Gürtel, mientras se niega a amparar a los jueces que han excarcelado a etarras en cumplimiento de lo que dispone el Consejo de Europa y los deja a los pies de las críticas de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de los medios afines.

Nunca un órgano como el CGPJ había sido tan politizado: los 20 miembros son elegidos directamente por los grupos parlamentarios, sin que los 12 de procedencia judicial previstos por la Constitución sean elegidos siquiera indirectamente por sus compañeros; y las ‘sugerencias' y presiones por parte del PP a vocales alcanzan tal magnitud que un sector de este partido, muy castigado por la corrupción, intenta ahora forzar la no renovación de la presidenta del tribunal superior de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, para sustituirla por alguien que fue miembro del gobierno popular de Francisco Camps, investigado por casos de corrupción.

Lesmes ha impuesto una estructura vertical y presidencialista en el órgano de gobierno de un poder, el judicial, que está basado en la deliberación y en la decisión colegiada.

Basa su poder en la comisión permanente, epicentro desde donde gobierna bajo el amparo del Ejecutivo del PP. Sus cinco miembros son los únicos con dedicación exclusiva y alto salario, del total de 20 vocales elegidos por las Cortes Generales.

El próximo jueves tendrá lugar el pleno del CGPJ, que sin duda será el más tenso del año que lleva Lesmes al frente del órgano. La sustitución de la vocal convergente Mercè Pigem en la comisión permanente es el primer problema al que se enfrenta. Según fuentes judiciales consultadas por Público, Carlos Lesmes tiene la intención de nombrar a alguien "de su confianza" para el puesto en otro arrebato de presidencialismo, ya que es el Pleno el que elige a los miembros de la Permanente, tal como refleja el artículo 601 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Lesmes quiere colocar a Nuria Abad, pero la vocal progresista Pilar Sepúlveda ha solicitado por escrito incorporarse a la Permanente en sustitución de Pigem. Es más, varios vocales progresistas planean escribir una carta similar, en una suerte de motín a bordo del sector crítico que él no consigue controlar.

La comisión permanente ha de renovarse una vez al año, y aunque el artículo 601 de la LOPJ insta a "procurar la rotación" de sus miembros, fuentes del sector progresista aseguran que Lesmes "no tiene intención de renovar los puestos de la permanente".

"Se está creando muy mal ambiente", reconocen fuentes del órgano, que señalan como un hecho paradigmático la presión que Lesmes ejerció sobre Pigem hasta conseguir su dimisión cuando ésta siempre le había apoyado en la Permanente. Lesmes afronta, así, un pleno con cuentas pendientes y con el sector progresista enfrentado a él por sus últimas decisiones.

A esta renovación de la permanente se suma la sustitución del puesto del CGPJ que ocupaba Pigèm. El Senado designó en 2013 los suplentes, y el primero es Antonio Álvarez-Buylla. Decano de los procuradores de Madrid, Álvarez-Buylla estaba querellado hasta final de noviembre por un presunto delito de falsedad. Los querellantes planean recurrir el archivo de la causa, por lo que no podría ser nombrado vocal ya que éstos se rigen por las mismas incompatibilidades que los jueces , que no pueden ejercer en caso de estar procesados.

El sector progresista del órgano ya ha manifestado que Lemes debería ser tan "ejemplar" con Álvarez-Buylla como con Pigem, quien sin haber cometido ningún delito ni falta administrativa fue forzada a dimitir tras ser pillada.

Mercè Pigem, que ocupaba su puesto en el CGPJ a propuesta de CiU, se convirtió en un elemento incómodo para Lesmes. En el proceso soberanista catalán, Pigem se mostró a favor de la consulta, y Lesmes no tardó en llamar a capítulo a la vocal.

"Cuando Pigem apoyó el 9-N, fue abroncada por Lesmes" de tal manera que "los gritos se oían desde el pasillo", relatan fuentes internas. Esta advertencia fue interpretada por el entorno de Pigem como el inicio de una "persecución" para sacarla del CGPJ y, en consecuencia, para sacar a CiU de un órgano del Estado por primera vez en la historia. Tras celebrarse la consulta alternativa, se produjo la "pillada" de la vocal y su dimisión forzada.

En el episodio de Andorra, el entorno de Pigem asegura que "fueron a por ella". La vocal catalana tiene familia en Andorra. En la frontera, los agentes de aduanas suelen preguntar por mercancías a declarar de forma habitual. Sin embargo, el día que se para a Pigem se preguntó por el dinero que llevaban ella y su hermana. La cuantía total que llevaban ambas (20.100 euros) estaba en la frontera del límite permitido, que son 10.000 euros por persona.

El agente de aduanas presente, que se encontraba con un miembro de la guardia civil, no consideró pertinente la apertura de ningún informe. Sin embargo, el guardia civil insistió en elaborarlo, a pesar de que el agente de aduanas se retiró y lo dejó solo.

"La filtración del incidente a la prensa provino de fuentes del Ministerio del Interior", sostienen en fuentes del sector crítico. Cuando Pigem se reunió el viernes 28 de noviembre con Lesmes, el encuentro resultó ser una encerrona. La presión fue de tal magnitud, que se difundió una nota de prensa desde el CGPJ anunciando que Lesmes le había pedido la dimisión, cuando ambos aún estaban reunidos en el despacho.

"Esto es un aviso a navegantes", se lamentan miembros del órgano. "Tenía que haber esperado al lunes para dejar que se explicara ante el pleno". Al día siguiente de su reunión con Lesmes Pigèm hacía oficial su renuncia en el órgano.

Otra decisión polémica ha sido el concurso de la plaza del juez central de instrucción 5. El juez Pablo Ruz, ocupa esta plaza desde hace tres años y medio en sustitución del juez titular, Miguel Carmona, ocupando la figura conocida como "comisión de servicios". Esta figura no pasa por concurso público, sino que son puestos por designación que se encarga de renovar el CGPJ cada seis meses.

Este concurso se insertó en un macroconcurso de 364 plazas de jueces, donde se metieron una treintena de casos como el de Ruz. La competencia de convocatoria es de la Permanente, pero la decisión de si una plaza se dota en comisión de servicios es discrecional y puede ser abordada por el pleno.

Por ello, varios vocales le instaron a elevar al pleno esta convocatoria, para que se sometiera a la decisión de todos miembros del órgano constitucional. Lesmes les contestó al día siguiente de convocar el macroconcurso y argumentó que la Permanente no tiene dependencia orgánica del Pleno.

Cuando este proceso culmine, Ruz tendrá que abandonar su puesto porque tiene 10 años de antigüedad y a la Audiencia Nacional concurren jueces con 25 años de ejercicio profesional.

En este año transcurrido, Lesmes ha implantado un régimen presidencialista y ha conseguido tal estructura de poder piramidal que el Pleno se ha quedado casi vacío de contenido; sólo se ocupa de los nombramientos y los informes prelegislativos.

El pasado 4 de diciembre el CGPJ archivó las diligencias previas que abrió a los 33 jueces firmantes del manifiesto a favor del derecho a decidir, tras una denuncia presentada por Manos Limpias. Días antes Lesmes había anunciado en corrillos con políticos que la comisión disciplinaria iba a expedientar al juez Santiago Vidal y el resto de firmantes.

Sin embargo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, archivó las diligencias abiertas. "No puede apreciarse que los firmantes persigan una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, actuación que queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española", aseguró.

Además, 11 de diciembre el Tribunal Supremo anuló la sanción de diez días de suspensión de funciones a tres jueces de Sevilla por presuntos retrasos en resolver un caso derivado de una compraventa realizada en 2002. La sanción había sido impuesta por el CGPJ con el voto en contra de cuatro miembros. El Tribunal Supremo declaró que la sanción no debió imponerse nunca.

http://www.publico.es/actualidad/cgpj-pierde-democracia-interna-ano.html

LA VOCAL PILAR SEPÚLVEDA PIDE A LESMES IR A LA COMISIÓN PERMANENTE

La vocal envía al presidente Carlos Lesmes una carta en la que reclama cubrir temporalmente la plaza vacante que ha dejado Mercé Pigem

Después de la dimisión forzada de la vocal Merce Pigem tras descubrirse que trajo dinero de Andorra sin que hubiera cometido ninguna ilegalidad, su plaza en la comisión permanente ha quedado vacante y la vocal propuesta por el PSOE, Pilar Sepúlveda García de la Torre la ha solicitado. Si finalmente el presidente de la institución, Carlos Lesmes, aceptara la propuesta se restablecería el equilibrio entre progresistas y conservadores a la comisión permanente que se encargada, entre otras cosas, de los nombramientos y selección de jueces.

Pilar Sepúlveda ha escrito una carta al presidente Lesmes en la que asegura que al corresponder dicha plaza al turno de juristas de reconocida competencia, y no al turno de Jueces y Magistrados en activo en la carrera judicial –art. 601.2 LOPJ-, solicita se considere su presente ofrecimiento de cobertura temporal, sin perjuicio de lo que proceda en la renovación anual pendiente.

Sepúlveda, asegura que sería una buena oportunidad para que la Comunidad Andaluza, que tiene el mayor número de personas y Audiencias provinciales de todo el país tuviera representación en la comisión permanente.

Raíces andaluzas

En su carta, Sepúlveda refleja que "se encuentra plenamente vinculada a la Comunidad Autónoma Andaluza, que -al margen de adscripciones formales realizadas conforme al nuevo sistema de vocalías territoriales implantado por esa Presidencia y por la Comisión Permanente- carece de representación actual en dicha Comisión, siendo dicha Autonomía la que:

a) tiene mayor número de personas residentes de toda la Nación -8.392.537 de personas residentes, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de julio de 2014, equivalente a 18’02% del total de residentes en el Estado-;

b) tiene mayor número de provincias, y por consiguiente Audiencias Provinciales;

c) tiene mayor número de partidos judiciales de todo el territorio nacional, un total de 85 –de los que ocho pertenecen a la provincia de Almería, catorce a la de Cádiz, doce a la de Córdoba, nueve a la de Granada, seis a la de Huelva, diez a la de Jaén, once a la de Málaga y quince están en la provincia de Sevilla-, sin incluir los correspondientes a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, estrechamente vinculadas a esta Autonomía, y dependientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Dicho número de partidos judiciales es igualmente el más alto de todo el territorio nacional, y equivalente a un 19’72 % de todo el Estado.

En tercer lugar, es la única Vocal de procedencia andaluza que no se encuentra adscrita a la Comisión Disciplinaria, y por ende no imposibilitada legalmente de acceder a la Comisión Permanente, ex art. 601.2 LOPJ.

"Por estas razones, y pudiendo sin duda aportar una especial proximidad y sensibilidad personal vinculada a mi condición de andaluza, y a toda mi trayectoria profesional desarrollada en esta Comunidad Autónoma, con su territorio y con su población -que reitero trasciende de adscripciones formales- es por lo que ofrezco mi candidatura a cubrir la vacante precitada", concluye

http://cadenaser.com/ser/2014/12/11/tribunales/1418294905_664919.html

EL CGPJ SACA A CONCURSO LA PLAZA DEL JUEZ RUZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL

La Comisión Permanente apoya sacar a concurso la plaza del magistrado quien tendrá que pedir continuar con la Gürtel y Caja B como juez de refuerzo, pero hay problemas legales

Por cuatro votos a uno. Ha rechazado el acuerdo el vocal progresista Álvaro Cuesta. La permanente del Poder Judicial ha aprobado básicamente su propuesta de acuerdo del pasado viernes. Es decir, sacar a concurso la plaza del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y cuando se incorpore el titular, previsiblemente en marzo, Ruz tendrá que solicitar su continuidad como juez de refuerzo si desea instruir los casos más complejos que ha llevado hasta la fecha, como el proceso Gürtel o la Caja B del PP. A continuación, la comisión permanente del CGPJ, oída la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, estudiará la solicitud para que pueda investigar estas causas hasta que finalice su instrucción.

Pero juristas consultados por la SER resaltan que el Consejo no puede garantizar que Ruz vaya a investigar estos casos. Esta decisión corresponde exclusivamente a quien acabe ganando la plaza, y cualquier imposición contravendría el principio del juez predeterminado por Ley. Es más, de acuerdo con el artículo 216 bis 2 de la LOPJ, en su apartado cuarto, el futuro juez titular del juzgado de instrucción número 5, tendrá que asumir las causas que ya se están investigando, y dejar para Ruz solo "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral, lo que en principio, descartaría que Pablo Ruz continuase con la instrucción de los procesos que afectan al PP.

La mejor salida, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER, era aplicar el 355 bis que permitía continuar a Ruz en el juzgado, mientras el titular, Miguel Carmona, se encuentre en situación de Servicios Especiales como juez de enlace en el Reino Unido. Precisamente esa ha sido la postura que ha planteado en la permanente el vocal Álvaro Cuesta.

http://cadenaser.com/ser/2014/12/09/tribunales/1418146722_856287.html

El Poder Judicial abre una vía dudosa para que Ruz finalice el ‘caso Gürtel’

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este martes por cuatro votos a uno sacar a concurso, entre otras 364, la plaza que ocupa ahora en comisión de servicio el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, que será adjudicada en marzo a un nuevo magistrado. Pero el acuerdo adoptado ayer por el principal órgano de decisión del Poder Judicial abre una vía que, sobre el papel, permite a Ruz continuar instruyendo el caso Gürtel hasta que cierre la investigación sobre la trama de corrupción ligada al PP.

La solución pactada en los últimos días entre el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y varios vocales, salió aprobada por cuatro votos a uno. A favor votaron Lesmes, los dos vocales propuestos por el PP (Francisco Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández Martínez) y la vocal a propuesta del PSOE, Mar Cabrejas. El otro vocal propuesto por los socialistas, Álvaro Cuesta, fue el único que ha votado en contra y ha presentado una propuesta alternativa que suponía prorrogar de nuevo la comisión de servicio de Ruz para que el magistrado siguiera hasta junio como titular del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, pero esta iniciativa no fue refrendada por ninguno de los otros cuatro vocales presentes en la reunión.

La propuesta de Lesmes salió aprobada por cuatro votos a uno

El acuerdo de la comisión permanente afecta a otros 40 jueces que, como Ruz, están en comisión de servicio y tendrán la oportunidad de quedarse como apoyo en el juzgado que ahora ocupen si instruyen causas “de especial relevancia o complejidad”. Pero el acuerdo se ha ideado a la medida de la situación del instructor del caso Gürtel y para evitar el escándalo que supondría apartarle de esta causa —que él ha llevado durante cuatro años y medio— justo cuando la investigación se acerca a su final.

En las horas previas a la reunión, los miembros de la comisión permanente han recibido presiones desde el PP y el PSOE. Los socialistas intentaron convencer a sus dos vocales para que se opusieran a un acuerdo que, según creen, no garantiza la continuidad de Ruz a partir de marzo. Finalmente, solo Álvaro Cuesta votó en contra de la propuesta consensuada el viernes. El acuerdo del Poder Judicial tampoco convence del todo al PP, que aunque logra que Ruz deje de estar al frente del juzgado, se expone a que, si el magistrado lo pide, siga indagando en la trama de corrupción que compromete los intereses electorales de los populares en un año de comicios municipales, autonómicos y generales.

El texto, en teoría, prepara el camino para que Ruz pueda seguir al frente de la instrucción de Gürtel. Será él quien deba solicitarlo y la comisión permanente, tras escuchar a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, decidirá si le otorga una nueva comisión de servicio como juez de refuerzo. Aunque el acuerdo concede al Poder Judicial la última palabra para decidir sobre la continuidad de Ruz, fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, si el magistrado lo pide, se le autorizará. El juez no ha revelado, de momento, si tiene intención de hacer uso de esta opción y quedarse como apoyo en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional.

El acuerdo pergeñado por la comisión permanente no tiene precedentes claros lo que, llegado el momento, podría ocasionar dudas legales o ser recurrido por algunas de las partes personadas en el caso Gürtel. El artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial regula el nombramiento de los jueces de apoyo. Su cometido “con plena jurisdicción”, según este artículo, será “el trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento”, mientras que “los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal” quedan reservados para el titular o titulares del juzgado. La solución pensada para el caso de Ruz es otra: que el magistrado de apoyo se quede con la principal causa del juzgado y el titular, con el resto.

Fuentes consultadas señalan que ese artículo de la ley orgánica está pensado para el caso habitual en que el juez titular pide un refuerzo para sacar adelante los asuntos de su juzgado. Pero estas fuentes sostienen que esa no es la situación del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional y aseguran que el acuerdo aprobado ayer no va a ocasionar problemas jurídicos. La solución pactada pasa por que Ruz pida quedarse como juez de apoyo antes de que esté nombrado el nuevo juez titular. De esa manera, cuando el magistrado que gane la plaza por concurso se incorpore a su puesto, ya habrá un acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y de la comisión permanente del Poder Judicial para que Ruz siga instruyendo el caso Gürtel y la pieza separada de los papeles de Bárcenas.

Cinco vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial ya han amenazado con impugnar el acuerdo de este martes ante el Tribunal Supremo. Estas vocales son Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda —designadas por el PSOE— y Concepción Sáez, elegida a propuesta de Izquierda Unida. Las cinco registraron el pasado viernes, junto a otros dos miembros del Poder Judicial, un escrito en el que solicitaban a Carlos Lesmes que la continuidad de Ruz no se debatiera entre los cinco vocales de la comisión permanente, sino en un pleno de todo el Poder Judicial. Estas vocales, en una nota citada por Europa Press, se reservan ahora “el derecho” a interponer un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de este martes

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/09/actualidad/1418144069_053120.html

LAS PRESIONES POLÍTICAS COMPLICAN EL FUTURO DE RUZ AL FRENTE DE GÜRTEL

El PP y el PSOE se movilizan para influir en la comisión del Consejo del Poder Judicial

El organismo decide este martes si facilita la continuidad del magistrado en el proceso

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, integrada por cinco miembros —el presidente y dos vocales elegidos a propuesta del PP; y otros dos miembros apoyados por el PSOE— resuelve hoy el futuro del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional entre fortísimas presiones políticas. El acuerdo previo alcanzado el pasado viernes entre vocales de las dos sensibilidades, que permitía a Ruz continuar al frente del caso Gürtel si pedía quedarse como refuerzo del nuevo titular que gane la plaza, puede saltar por los aires.

El PSOE rechaza avalar un acuerdo del que desconfían porque creen que no garantiza la continuidad de Ruz y por eso presionó durante todo el día de ayer a los vocales de su sensibilidad en la comisión permanente, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, para que voten en contra. Algo parecido hizo el PP previamente con el sector conservador del Consejo del Poder Judicial para que el juez Ruz no continúe al frente de un sumario que destroza sus intereses electorales.

En sus últimos autos judiciales, este magistrado implicó al PP y a la ex ministra Ana Mato como “partícipes a título lucrativo” de los delitos cometidos por dirigentes populares en el caso Gürtel. El PP critica estas resoluciones y considera que la continuidad de Ruz al frente del juzgado podría perjudicar mucho sus intereses en un año con dos citas clave: las elecciones autonómicas y municipales de mayo y las elecciones generales de final de año. Algunos de sus candidatos podrían verse salpicados por nuevas resoluciones del juez Ruz.

Los intereses del PP y del PSOE en esta partida por el control del poder judicial amenazan la estabilidad del Consejo. Carlos Lesmes, presidente del Gobierno de los jueces, y varios vocales de la Comisión Permanente habían negociado durante las últimas semanas una fórmula que evitara el escándalo que supondría apartar al juez que instruye la causa sobre la corrupción en el partido que gobierna en España.

La convocatoria de plazas que hoy tenía previsto aprobar la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial establecía la siguiente salvedad: “Los magistrados que se ocupen de causas de especial relevancia o complejidad pueden solicitar continuar en sus destinos como jueces de refuerzo hasta finalizar estos procedimientos, para lo que se les concedería una nueva comisión de servicio”. Éra una formulación pensada como traje a medida del juez Ruz para posibilitar su continuidad al frente de las causas de corrupción que salpican al PP.

Esa fórmula intermedia acordada el pasado viernes puede variar hoy si en la comisión permanente se produce una fractura del voto como consecuencia de las presiones políticas de unos y de otros.

Ruz instruye el caso Gürtel desde junio de 2010, fecha en la que se hizo cargo del juzgado en comisión de servicios tras la suspensión del magistrado Baltasar Garzón. La red Gürtel es la mas extensa trama de corrupción conocida en democracia vinculada al PP. El magistrado abrió en marzo de 2013 una pieza separada de la causa, el denominado caso Bárcenas, donde investiga la financiación ilegal del PP durante casi 20 años (entre 1990 y 2009) a través de una caja b oculta al fisco.

El mandato de Ruz en comisión de servicios podría continuar hasta junio de 2015 si solicita la cuarta prórroga, pero el Consejo del Poder Judicial ha decidido sacar ahora esa plaza a concurso, entre otras 42 de parecidas características.

Por otra parte, siete de los 20 vocales del consejo, propuestos por PSOE, IU y PNV, han firmado una petición para que el futuro del juez del caso Gürtel se decida en pleno, donde se pondría de manifiesto una división aún mayor que la que se puede registrar en la Comisión Permanente.

Si el magistrado Pablo Ruz no puede continuar en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional la causa se ralentizará porque el nuevo titular tendrá que asumir el estudio de un procedimiento con más de 200 comisiones rogatorias, un centenar de imputados, cientos de miles de folios de sumario, y más de una decena de vías alternativas de investigación abiertas tanto en el caso Gürtel como en el caso Bárcenas.

Tres alternativas en el juzgado 5

El Consejo General del Poder Judicial está dominado con mayoría absoluta por los vocales nombrados a propuesta del PP (11 de 20), por lo pueden imponer su criterio en las decisiones que adopten los órganos de Gobierno. En relación con la plaza del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ahora ocupa en comisión de servicios Pablo Ruz, caben tres posibilidades.

Continuidad hasta marzo de 2015. El Consejo General del Poder Judicial saca a concurso la plaza del Juzgado de Instrucción número 5. La antigüedad en la carrera judicial marcará quién gana el puesto entre los jueces que opten a la plaza. El concurso se resuelve en febrero y el nuevo titular toma posesión en marzo. Ruz tiene que dejar el juzgado y volver a la plaza que tiene reservada en Móstoles. El caso Gürtel y el caso Bárcenas que instruye ahora el magistrado, junto a otros procedimientos, pasará a manos de un nuevo juez.

Continuidad hasta junio de 2015. El Consejo General del Poder Judicial podría prorrogar seis meses más —lo permite la Ley— la comisión de servicios del juez Pablo Ruz. Esa circunstancia obligaría al Consejo a tomar idéntica posición respecto a otros 42 juzgados que se encuentran en idéntica situación en toda España. Esta es la opción que defiende el PSOE.

Prórroga hasta el fin de la instrucción (sin fecha). La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene la intención de prorrogar automáticamente la comisión de servicios de Pablo Ruz hasta marzo de 2015, cuando el nuevo titular tome posesión de la plaza que gane en concurso. La permanente abre la posibilidad de que, en función de la complejidad y relevancia de determinadas causas abiertas en el juzgado, el actual instructor, Pablo Ruz, pueda solicitar quedarse como juez de refuerzo hasta la finalización de los procedimientos.

Una plaza con dueño. La plaza del juzgado 5 de la Audiencia pertenece al magistrado Antonio Carmona, ex vocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE. Pero nunca llegó a ocuparla porque el Gobierno del PP le buscó antes un acomodo como juez de enlace para el Reino Unido, donde aún continúa.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/08/actualidad/1418065451_722885.html

FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL VEN “INCOMPRENSIBLE” ECHAR A RUZ

Fiscales de la Audiencia Nacional han mostrado su apoyo a la continuidad del juez Pablo Ruz en el juzgado central de instrucción número 5. Entre los magistrados, los muestras de respaldo son contadas

La decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de debatir este martes sacar a concurso la plaza del juez Pablo Ruz, ha provocado las críticas de numerosos fiscales de la Audiencia Nacional consultados por la Cadena SER.

Los representantes del Ministerio Público advierten del perjuicio de cambiar a Ruz, por la gran cantidad de causas, al margen de los procedimientos considerados “políticos”, que pueden verse afectados con su sustitución. Se trata de decenas de casos de narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo yihadista y procedimientos cuya investigación permanece secreta, pero que tienen una “gran trascendencia” a juicio de estos fiscales. Echar a Ruz, insisten estas fuentes fiscales, supondrá paralizar cuando no “una condena al archivo” de “muchas” de estas causas.

Las mismas fuentes censuran la falta de apoyos entre los magistrados de la Audiencia Nacional. La SER ha contactado con varios de ellos y pocos defienden su continuidad. Algunos valoran el trabajo de Ruz al frente del juzgado número 5 y la calidad de sus resoluciones, que por ejemplo en los casos Gürtel y Caja B han recibido siempre el refrendo de sus superiores, y reconocen que si el Consejo quiere, puede prorrogarle. Pero la mayoría opta por ponerse de perfil y recordar que ya lleva cuatro años de comisión de servicios en una plaza a la que llegó con menos méritos que otros jueces que también optaban a la misma. Otros magistrados recalcan que Ruz no ha ganado su plaza por concurso. No es de su casta.

http://cadenaser.com/ser/2014/12/08/tribunales/1418045281_463673.html

Carlos Lesmes: "Que Ruz acabe con la instrucción de Bárcenas y Gürtel ni siquiera depende de él"


El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, afirma que su "voluntad" es que "no se perturben los asuntos que el juez de la Audiencia Nacional está llevando y que éste pueda terminar la instrucción "en un tiempo razonable"

"La voluntad, la mía al menos, es que no se perturben los asuntos que se estén llevando y que estén ya para terminarse en un tiempo razonable de tiempo"

Carlos Lesmes ha participado este sábado en la celebración del aniversario de la Constitución española. Durante la recepción posterior al acto institucional, Lesmes accedió a contestar las preguntas de eldiario.es en medio de la polémica por el final de la carrera del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. El presidente del CGPJ niega presiones políticas para apartar al juez de la instrucción de los sumarios que afectan al PP, como la trama Gürtel o el caso Bárcenas.

Lesmes reconoce que el futuro de los casos Bárcenas y Gürtel no está en la mano del juez Pablo Ruz, a quien el PP vio con buenos ojos en un primer momento y a quien ahora consideran una bestia negra para sus intereses.

¿Qué está ocurriendo en el CGPJ con respecto al juez Ruz y su sutitución?

No veo que esté ocurriendo nada especial. Hay una hoja de ruta que lo que pretende es no perturbar la instrucción. Pero, en general, no solo de Ruz, sino de los jueces que están en su misma situación, que son 40.

¿No hay intencionalidad política ni ha recibido presiones del Gobierno para apartar a Ruz de los casos que afectan al PP?

No, en absoluto. Yo creo que la hoja de ruta no apunta en esa dirección. En ese juzgado como en otros, hay muchos sumarios. De lo que se trata es de no perjudicarlos y que puedan terminarse en un tiempo razonable. Si la previsión es que va a tardar tres años, entonces lo lógico es que el caso lo lleve el titular del juzgado. Pero es que los casos más conocidos están ya en su fase final.

¿Quién va a sustituir a Ruz?

Ni idea. Se cubre por antigüedad estricta. El propio Ruz podría optar a la plaza pero lo que pasa es que él es un juez con poca antigüedad. Más antiguos que él, hay miles de jueces. Cualquiera de ellos puede pedirlo, por lo que es imposible saber lo que puede pasar. Le corresponderá, como le digo, al más antiguo. En la carrera judicial hay cinco mil y pico jueces. Cualquiera puede pedir esa plaza.

¿Tiene posibilidades de continuar hasta junio?

Habrá que verlo. Lo primero, tiene que pedirlo él. Hay que oír a la sala de gobierno y luego resolver. No es está nada decidido sobre Ruz. Pero la voluntad, la mía al menos, es que no se perturben los asuntos que se estén llevando y que estén ya para terminarse en un tiempo razonable de tiempo.

¿Ha hablado usted con el juez Ruz?

No. Yo con los jueces no hablo. No, porque no me parece bien que yo deba hablar con los jueces.

¿No es el papel del presidente del CGPJ?

No. En este caso es simplemente fijar una hoja de ruta para no perjudicar las investigaciones penales.

¿Cree que Ruz podrá acabar la instrucción de los caso Gürtel y Bárcenas?

Bueno, que Ruz acabe con la instrucción de los casos Bárcenas y Gürtel ni siquiera depende de él. Él ha pedido algunas diligencias y… pero yo creo que sí que va a acabarla. Por la información de la que dispongo, que es la que aparece en prensa, la impresión es que está a punto de acabarla. De hecho, ha finalizado ya la principal y ha dictado un auto. Personalmente, yo querría que él la terminara. Que sea él quien la termine.

http://www.eldiario.es/politica/CGPJ-Carlos_Lesmes-Juez_Ruz-caso_Gurtel-Barcenas_0_332117004.html

El juez Ruz podrá terminar de instruir el ‘caso Gürtel’ si lo pide

El CGPJ saca a concurso su plaza, pero podrá seguir hasta que acabe la investigación

El juez Pablo Ruz podrá terminar de instruir el caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Tras meses de debate, el Poder Judicial ha encontrado una solución que parece pensada a la medida de la situación de Ruz: ni le obligan a abandonar el Juzgado número 5 de la Audiencia, como pedía el sector más conservador de la judicatura, ni se le prorroga la comisión de servicio otros seis meses, como demandaba el ala más progresista. El magistrado dejará de estar al frente del juzgado en marzo, pero podrá seguir como juez de refuerzo hasta que termine de instruir las causas “de especial relevancia o complejidad” en las que haya estado trabajando. Es decir, hasta que acabe, al menos, la instrucción del caso Gürtel.

El orden del día de la sesión del próximo martes de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye la convocatoria de un concurso de traslado para magistrados con 364 plazas, incluida la que de Ruz en la Audiencia Nacional. Los jueces que, como el instructor de Gürtel, ocupan ahora esas plazas en comisión de servicio permanecerán en su puesto hasta marzo, que será cuando se incorporen los nuevos titulares. De esta manera, la estancia de Ruz al frente del juzgado, que caducaba a finales de este año, se prorrogará automáticamente otros tres meses, salvo que el magistrado renuncie a esta opción, según recoge el acuerdo que votará el martes el Poder Judicial.

Pero el texto contempla, además, una excepción que permitirá a Ruz seguir en la Audiencia hasta que termine de investigar Gürtel: a partir de marzo, los jueces que instruyan causas “de especial relevancia o complejidad” podrán solicitar seguir en sus juzgados como jueces de refuerzo hasta que completen la investigación, para lo cual se les concederá una nueva comisión de servicio.

El Poder Judicial, en un comunicado difundido ayer, argumenta esta excepción que se va a ofrecer a los jueces de casos complejos en el interés “de no provocar una alteración seria” en la tramitación que pueda dificultar “su pronta conclusión”. Esta vía se pondrá en marcha si lo pide el magistrado y será la comisión permanente la que, tras escuchar a la Sala de Gobierno correspondiente (en el caso de Ruz, la de la Audiencia Nacional), decidirá si le concede una nueva comisión de servicios como juez de refuerzo. El juez tendrá que argumentar para qué casos la pide y, si se le otorga, se trabajará en exclusiva en esas causas, mientras que el nuevo magistrado titular se ocupará del resto de asuntos.

Aunque el acuerdo que votará y, salvo sorpresa, aprobará la comisión permanente da a este órgano la última palabra para decidir en marzo sobre la continuidad de Ruz en la Audiencia Nacional, fuentes del Poder Judicial dieron ayer por hecho que el juez podrá quedarse si así lo pide para terminar de instruir, al menos, el caso Gürtel, cuya primera fase está prácticamente concluida. Así, la investigación que ha puesto contra las cuerdas al PP seguirá en manos del magistrado a las puertas de las elecciones municipales, autonómicas y generales. Ruz investiga también los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, el caso Neymar (presuntos delitos en el fichaje del jugador por el Barça) y presuntas irregularidades en la Sociedad General de Autores (SGAE).

La comisión permanente está formada por seis miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad del presidente, Carlos Lesmes. Esta mayoría se verá reforzada en la próxima sesión tras la salida de Mercè Pigem, la vocal a propuesta de CiU que abandonó la semana pasada el Poder Judicial tras conocerse que había entrado en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo. Pigem era miembro de la comisión permanente y aún no tiene sustituto.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha mantenido contactos en los últimos días con vocales conservadores y progresistas para lograr una propuesta de acuerdo que pueda ser aceptada por la mayoría. Poco antes de que se conociera ayer el orden del día de la próxima comisión permanente, un grupo de siete vocales del Poder Judicial le presentaron un escrito a Lesmes en el que piden que la continuidad del magistrado se debata en un pleno, en el que están presente todos los vocales, y no en un órgano más restringido. Estos vocales entienden que sería una “gran irresponsabilidad” que la continuidad de Ruz se decidiera en la comisión permanente, cuya decisión podría ser recurrida por las partes implicadas en los procedimientos que instruye Ruz, algo que no ocurriría si la decisión la toma el pleno del Poder Judicial. Fuentes del CGPJ explicaron que el texto no se estudió ayer porque no llegó a tiempo antes de cierre del orden del día.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417791629_411804.html

Siete vocales del Poder Judicial piden que el pleno vea la continuidad de Ruz

La comisión permanente prevé decidir el martes si el magistrado sigue en la Audiencia

Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial han presentado un escrito en el que piden que la decisión de si se renueva o no al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional se tome en un pleno y no, tal y como estaba previsto, en la comisión permanente del próximo martes 9 de diciembre. Los vocales argumentan que la Ley orgánica del Poder Judicial atribuye al pleno “todos los nombramientos o propuesta de nombramientos que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos”.

El escrito va dirigido al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y está suscrito por los vocales a propuesta del PSOE Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo; Consepción Sáez, propuesta por IU; y Rafael Mozo, del PNV. Estos vocales entienden que sería una “gran irresponsabilidad” que la continuidad de Ruz se resolviera en la comisión permanente, cuya decisión podría ser recurrida por las partes implicadas en los procedimientos que instruye Ruz, algo que no ocurriría si la decisión la toma el pleno del Poder Judicial.

La comisión permanente está formada por seis miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad que del presidente, Carlos Lesmes. Este órgano decidirá previsiblemente sacar a concurso 282 plazas de jueces aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros. El Poder Judicial podría incluir en este paquete la plaza del juzgado 5 de la Audiencia que Ruz ocupa en comisión de servicios desde 2010. Si se decanta por esta opción, el magistrado dejaría la Audiencia Nacional a finales de año.

El Consejo General del Poder Judicial concedió a Ruz una prórroga de seis meses el pasado 24 de junio en la que destacaba su “excelente rendimiento” y justificaba la decisión en que “cualquier cambio en la comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado”. El órgano de gobierno de los jueces puede aceptar una última prórroga para Ruz y mantenerlo durante otros seis meses al frente del juzgado para que que cierre alguna de las piezas de las investigaciones que tiene más avanzadas y sacar la plaza en junio de 2015. En julio se cumplen dos años de la actual comisión de servicios de Ruz en el juzgado 5 de la Audiencia y la ley no permite renovar las comisiones de servicio más allá de 24 meses.

Aunque, según fuentes del Poder Judicial, cabría una tercera posibilidad y es que se nombre a un nuevo juez titular para ese juzgado pero se permita a Pablo Ruz quedarse como juez de refuerzo para trabajar en exclusiva en el caso Gürtel.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417790315_317631.html

El presidente del CGPJ garantizó al Gobierno que Ruz sería apartado de la Audiencia Nacional

Carlos Lesmes trasladó al ministro Rafael Catalá que sacaría a concurso la plaza de Ruz en el juzgado número 5 de la Audiencia

La dimisión de Mercè Pigem da a Lesmes la mayoría en la comisión permanente del Consejo que aprobará el proceso para sustituir a Pablo Ruz

Dos poderes del Estado, ejecutivo y judicial, caminan estos días de la mano en la persecución de un mismo objetivo: que el juez Ruz abandone el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde el Partido Popular ha encontrado sus mayores problemas a costa de los casos Gürtel y Bárcenas. Según ha podido saber eldiario.es, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha comprometido personalmente con el ministro de Justicia para poner fin a la era Ruz en la Audiencia.

Rafael Catalá lo ha contado ya en su entorno más íntimo y ha trasladado el mensaje a Moncloa: "El CGPJ me ha dicho que Ruz no seguirá en la Audiencia". Esa es la frase que las fuentes consultadas atribuyen al sustituto de Gallardón al frente de Justicia.

Los compromisos adquiridos por Lesmes con el Gobierno vulneran cualquier principio de separación de poderes y explican la frase pronunciada por el ministro esta semana en un desayuno informativo: "No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso Gürtel".

La conversación entre Catalá y Lesmes se produjo antes de que Ruz dictase el auto que obligó al cese de Ana Mato. La decisión del magistrado de sentar a la exministra en el banquillo por el lucro obtenido de la Gürtel cayó como un jarro de agua fría en el entorno de Rajoy.

La dimisión de Mato ha complicado a Lesmes su objetivo de deshacerse de Ruz sin ruido mediático. Eso es lo que explica la decisión que el próximo martes adoptará la mayoría conservadora del CGPJ. Según informó el viernes por la tarde el Consejo en nota de prensa, la plaza de Ruz saldrá a concurso y el magistrado podrá quedarse un par de meses más, mientras se resuelve el concurso para sustituirle.

Además, según el Consejo, el instructor de Gürtel y de los papeles de Bárcenas podría pedir permiso para seguir durante un plazo indefinido para cerrar ambas causas como juez de apoyo.

Lo sorprendente del movimiento de Lesmes es que abre un concurso para cubrir una plaza que ya tiene dueño. El titular del juzgado número 5 de la Audiencia es el magistrado Miguel Carmona, a quien el Gobierno tentó con éxito con un puesto en la embajada de Londres para apartarlo de las causas que analizan las cuentas del PP en los últimos años. Carmona no se jubila hasta 2016, por lo que su plaza no precisa sustituto hasta esa fecha. Lo que ahora se hace es abrir el proceso para nombrar un juez suplente para sustituir a otro juez suplente.

Presiones a Ruz para que no insista

Pablo Ruz ha recibido mensajes en las últimas semanas para que dé un paso atrás y se deje expulsar del juzgado que tiene en jaque al Gobierno y al Partido Popular. Fuentes cercanas al magistrado señalan sin embargo que Ruz mantenía a principios de semana su intención de solicitar la prórroga que le habría mantenido en el puesto hasta finales de junio. Ahora esa posibilidad ha quedado bloqueada por la decisión del CGPJ de sacar su plaza a concurso.

La duda a partir de ahora reside en si Ruz está dispuesto a mantener el pulso y pedir al Consejo que le mantenga al frente de Gürtel y Bárcenas como juez de apoyo. Ruz todavía no ha tomado una decisión al respecto.

http://www.eldiario.es/politica/CGPJ-Gobierno-Ruz-Audiencia-Nacional_0_331417041.html

El juez Ruz, punto...y seguido

Por: Ernesto Ekaizer| 26nov2014

El juez Pablo Ruz ha dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de la llamada parte troncal (1999-2005) del caso Gürtel: 43 imputados, participación de dos personas -la ya exministra de Sanidad, Ana Mato, y Gema Matamoros, esposa del ex alcalde Guillermo Ortega, - y de un partido, el PP, a título lucrativo.

Es decir: se beneficiaron del resultado de actividades consideradas ilícitas por el juez.

Los viajes y otras dádivas con que la trama Gürtel favoreció a Jesús Sepúlveda, entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón, Ana Mato y su familia, aparecen enumerados minuciosamente. Son diecisiete folios sobre los 205.

El juez ha sobreseído a tres personas. Entre ellas el ex ministro y ex secretario general, Ángel Acebes, en la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital.

Aunque concluye una parte importante de la investigación, le queda al juez todavía terminar los hechos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares (pieza principal) y la contabilidad B del Partido Popular, correspondiente a la pieza de los Papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013.

Pero ya en este auto de conclusión, Ruz anticipa, como lo hiciera en múltiples resoluciones, la existencia de la contabilidad B del PP.

Ruz escribe: "La contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos".

Pero, atención, este es otro capítulo, queda pendiente.

Luis Bárcenas aparece como imputado en esta parte troncal que acaba de concluir por su presunta participación en los delitos cometidos por la trama de Francisco Correa. En negocios y cobro de comisiones.

Y, además, Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, son protagonistas, en esta parte de la investigación, en su relación con operaciones utilizadas por Bárcenas para ocultar su patrimonio en Suiza.

Es el caso de la compraventa simulada de obras de arte en Argentina. Uno de sus cooperadores, Edgardo Patricio Bel, es denunciado ante la justicia argentina, por el diseño de la operación de "venta ficticia" de cuadros a la pintora argentina Isabel Mackinlay, según se refleja en el auto.

He aquí un resumen a vuelo de pájaro de la investigación: más de 100 imputados han prestado declaración en la causa, una cifra superior a 100 testigos, 190 comisiones rogatorias que llenan más de 80 tomos, cursadas a 21 países, diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telefónicas así como la documentación aportada por las múltiples entidades financieras cuya colaboración se ha requerido a lo largo de estos años.

Aunque no se dice, una parte importante de la investigación arranca de aquella lejana comisión rogatoria enviada por el juez Baltasar Garzón el 2 de marzo de 2009 a Suiza. Es una ironía que la mayor parte de la información sobre el patrimonio oculto de Bárcenas proceda de esa petición de auxilio judicial por el juez que sería inhabilitado.

Dicha petición de auxilio judicial a Suiza tuvo que ser, más tarde, complementada por el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, en abril de 2010.

Fue a raíz de la advertencia de las autoridades de inteligencia financiera helvéticas sobre la ampliación del límite de la tarjeta VISA solicitada por Luis Bárcenas en febrero de 2010. El tesorero del PP era una persona que por su condición de senador figuraba en una lista de clientes del LGT Bank (ex Dresdner, Ginebra) como PEP o Personas Expuestas Políticamente.

Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

El juez da al ministerio Fiscal y a las partes acusadoras el plazo de treinta días para que soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento o pidan diligencias complementarias.

Un juez en comisión de servicios

Hay que recordar que el juez Ruz es un juez en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El titular de dicho juzgado es Miguel Carmona. Dicho magistrado se encuentra en situación de servicios especiales en Londres.

Las comisiones de servicios, como la que ejerce Ruz, están reguladas por la ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial de febrero de 2011.

Según el artículo 350 de la ley Orgánica el "Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro". Las prórrogas son de seis meses.

Por tanto: las comisiones de servicios tienen una duración máxima de dos años.

¿Cuál es la situación de Ruz?

La comisión permanente del CGPJ, bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, resolvió por acuerdo del 17 de junio de 2013 "conceder nueva comisión de servicio al magistrado Pablo Ruz Gutiérrez, para servir el cargo en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional".

Es decir: aunque Ruz ya estaba en el juzgado desde junio de 2010, la comisión permanente le concedió una nueva comisión de servicios a partir de junio de 2013.

La comisión permanente del CGPJ razonaba, al resolver esa nueva comisión de servicios, que "cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicios produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal".

Esta "nueva comisión de servicios", pues, según la ley Orgánica y el ya citado Reglamento tiene, según hemos apuntado, una duración máxima de dos años.

Por tanto, el límite último es el 24 de junio de 2015.

El 26 diciembre de 2013, la nueva comisión permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, acordó prorrogar en seis meses la comisión de servicios de Ruz.

He aquí el acuerdo: "Este nombramiento se efectúa al persistir las razones que justificaron la adopción de la medida, esto es: continuar el titular de dicho Juzgado en la situación administrativa de servicios especiales; no haber variado aquellas tenidas en cuenta, cuando se le concedió la comisión; dado que cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de Instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal; y dado el excelente rendimiento del magistrado comisionado".

Transcurridos seis meses, el 24 de junio de 2014, la comisión permanente vuelve a renovar por seis meses la comisión de servicios con idénticos argumentos. Y añade unas conclusiones del juez Ruz, según las cuales los asuntos en trámite en el juzgado han sufrido una notable reducción.

Pero advierte: "No obstante, las excepcionales circunstancias concurrentes en relación con determinados asuntos cuya competencia había asumido este órgano en el pasado, o bien ha procedido a asumir en fechas más recientes ante la asignación realizada por turno de reparto determina que un elevado número de procedimientos de los actualmente en trámite en el juzgado precisen para su debida instrucción e impulso procesal en plazos razonables de una especial dedicación por parte del titular, especialmente en lo relativo a materias competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (muy significadamente, por su volumen, excepcionalidad y complejidad las Diligencias Previas 148/06, actual Sumario 3/13 –Forum Filatélico- y 275/08 -“Caso Gurtel”-, junto con la pieza separada “Caso papeles de Bárcenas".

Bien.

Por tanto, el próximo 24 de diciembre vencen los seis meses de la última prórroga de la comisión de servicios, quedando, según se ha apuntado, otros seis meses, hasta junio de 2015, para llegar al plazo máximo de dos años de la actual comisión de servicios.

En este contexto, el CGPJ se ha embarcado en el proceso de adjudicación de 282 plazas de jueces y magistrados.

La comisión permanente ha aprobado, en su reunión del 14 de octubre y el Pleno lo ha ratificado más tarde el "Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes".

A raíz de esta aprobación, en la intranet del CGPJ se ha enviado la siguiente comunicación el 15 de octubre:

Estimados compañeros y compañeras, en la Comisión Permanente celebrada ayer se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis".

El artículo citado de la ley Orgánica establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación".

Los llamados "mecanismos ordinarios de sustitución" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.

Pero, atención, también se prevé ahora, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (artículo 118 derogado), que se podrán cubrir "mediante comisiones de servicio" (situación actual de Ruz).

Pero es que, además, el artículo 326.3 de la ley Orgánica dice: "El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administración de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo".

En resumen: la comisión de servicios de Ruz está vigente y todavía le queda de plazo legal hasta junio de 2015.

Ingeniería jurídica ahora, no

No parece existir razón alguna, por tanto, para emprender ingenierías jurídicas como podría ser sacar la plaza a concurso en diciembre próximo y crear una bicefalia de jueces en uno de los juzgados que se ocupa de instruir importantes casos de corrupción y delitos económicos.

Si bien el caso Fórum-Filatélico se ha cerrado, hay casos añadidos como el de Barça-Neymar y Jordi Pujol Ferrusola, para citar solo dos asuntos de relevancia aparte del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. La bicefalia apuntada se produciría como resultado de sacar la citada plaza a concurso y dar lugar a una situación en la que el nuevo magistrado a cargo conviva con Ruz en calidad de juez de apoyo, pero con responsabilidad sobre los casos más importantes.

No parece, por tanto, la solución indicada.

Tanto la comisión permanente, encabezada por su presidente, Carlos Lesmes, como el juez Ruz, deben garantizar la continuidad de las instrucciones sumariales en curso en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Sí, además del CGPJ, el juez Ruz. Porque, como señala el artículo 350.2, "las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado...".

El juez Ruz ha concluído, según hemos señalado, la parte troncal (1999-2005) de la instrucción del caso Gürtel. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el último auto que las partes personadas pueden recurrir, pretende sentar en el banquillo a 43 personas imputadas.

Este auto, como decimos, es recurrible.

Una vez que se resuelvan por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los recursos, el juez deberá dar traslado a las partes personadas para que eleven sus calificaciones. Y, a partir de ellas, llegará el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral.

Ahora bien: la presencia del juez Ruz sigue siendo imprescindible.

Uno, todavía queda pendiente el auto de apertura de juicio oral, que deberá tener en cuenta la resolución de los recursos contra el auto de conclusión en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y lo que soliciten las partes personadas en sus calificaciones.

Un procedimiento judicial debe estar blindado frente a la inseguridad e inestabilidad.

Y, dos, aparte del caso Gürtel, el juez Ruz tiene pendiente, aparte de los Papeles de Bárcenas, otros asuntos, según hemos dicho, de importancia.

Cualquier pacto imaginario o implícito, sin aspavientos, contra la corrupción debería pasar, pues, por asegurar la prórroga de la comisión de servicios del juez Ruz por otros seis meses, el plazo necesario, ahora sí, para encaminar definitivamente los casos que tiene entre manos.

La comisión permanente dirigida por Lesmes, por una parte, y el juez Ruz, por la otra, deben ir de la mano y estar a la altura de las circunstancias.

Pues eso, el juez Ruz acaba de concluir una parte de la investigación y debe seguir.

Punto...y seguido

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/11/el-juez-ruz-concluyey-debe-seguir-1.html

El futuro de Ruz al frente del ‘caso Gürtel’ fractura al Poder Judicial

Los conservadores son mayoría y prefieren no renovar al magistrado

La continuidad del magistrado Pablo Ruz al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde instruye desde hace cuatro años el caso Gürtel y desde hace 20 meses el caso Bárcenas, divide al Gobierno de los jueces. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial está formada por seis miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad que atesora el presidente, Carlos Lesmes. Este órgano decidirá previsiblemente el próximo 9 de diciembre si saca a concurso la plaza que Ruz ocupa ahora en comisión de servicios.

La decisión sobre el magistrado influye en el calendario para el fin del caso y en el futuro político del PP, es decir, si se cierra o no antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y o de las generales del próximo año.

Ruz tiene aún la posibilidad de solicitar una prórroga más de seis meses para seguir en el juzgado. El Consejo General del Poder Judicial espera que esta petición se produzca en los próximos días. Pero si la comisión permanente decide sacar su plaza a concurso el 9 de diciembre, la solicitud de prórroga quedará sin efecto y no se atenderá, salvo para aceptar que Ruz siga en el juzgado hasta que el adjudicatario de la plaza tome posesión de la misma.

Los casos del juez Ruz

Desde que llegó a la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz ha dictado numerosas resoluciones judiciales que han disgustado a los partidos con más poder en España: PSOE, CiU y PP.

Cuando se hizo cargo del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, tras competir con otros 20 compañeros por esa comisión de servicios, heredó la investigación del chivatazo policial a colaboradores de ETA en el bar Faisán en Irún (Gipuzkoa) durante el mandato como presidente del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Ruz imputó al ex director general de la Policía nombrado por el PSOE, y acabó procesando al ex jefe superior del País Vasco y a otro inspector. Ambos fueron condenados por revelación de secretos en una sentencia que confirmó hace solo dos meses el Tribunal Supremo.

Aunque al principio se resistió, el magistrado abrió una causa en enero de 2013 a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de Cataluña. Las primeras diligencias que ordenó le llevaron a investigar el supuesto pago de comisiones ilegales a Pujol Ferrusola por parte de empresas contratistas de la Generalitat de Cataluña. En este proceso no solo ha imputado a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer, sino también a media docena de empresarios supuestamente beneficiados por contratos de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de CiU.

En el caso Gürtely su pieza separada de los papeles de Bárcenas, el juez Ruz ordenó hace 16 meses prisión incondicional contra el extesorero nacional del PP; sentará en el banquillo a dos decenas de ex altos cargos populares, entre los que destacan los tres extesoreros; mantiene imputados a ocho grandes constructores por supuestas donaciones ilegales y ha señalado al partido de Mariano Rajoy como partícipe a título lucrativo de las corruptelas de la trama.

Hay una tercera vía pendiente de explorar consistente en abrir la posibilidad de que en aquellos juzgados que instruyan causas de especial complejidad, el Poder Judicial, a petición de la Sala de Gobierno del tribunal afectado por esa situación, pueda aprobar el mantenimiento de un juez de refuerzo. Si esta vía prosperase, Ruz podría permanecer como refuerzo del juez titular para seguir instruyendo el caso Gürtel, uno de los muchos que dirige ahora.

La comisión permanente la forman tres miembros conservadores —dos vocales más el presidente Lesmes, que tiene voto de calidad en caso de empate—, dos vocales a propuesta del PSOE y una vocal de CiU, Mercé Pigem, que dimitió anteayer tras conocerse su incidente en Andorra. Pigem recibió allí 9.500 euros en efectivo de su madre y los pasó por la frontera en compañía de su hermana, a la que descubrieron en el bolso más de 10.000 euros, cantidad máxima permitida.

La comisión permanente se reunirá previsiblemente en las próximas sesiones sin haber cubierto la vacante que deja en ese órgano la vocal Pigem, con lo que serán cinco miembros de ese organismo los que decidan el futuro de Ruz: tres conservadores y dos progresistas. Más adelante será el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Antonio Álvarez Buylla, quien sustituya a Pigem como vocal, no en la permanente.

Los vocales progresistas Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta defenderán que no se saque la plaza a concurso de momento para que Ruz pueda seguir instruyendo al menos hasta junio el caso Gürtel, el caso Bárcenas y otros de similar complejidad relacionados con la corrupción.

Mientras, los conservadores defienden que la plaza del juzgado 5 de la Audiencia Nacional tiene que salir a concurso como cualquier otra en parecidas circunstancias. Si la plaza sale a concurso a mediados de diciembre, el nuevo juez tomará posesión a primeros de marzo de 2015, con lo que Ruz tendría apenas tres meses para cerrar muchos de los flecos pendientes en la instrucción de esas dos causas.

La instrucción del caso Gürtel y de su pieza separada de los papeles de Bárcenas, próximas a su finalización, quedaría así en manos de un magistrado nuevo sin conocimiento sobre un procedimiento especialmente complejo: acumula cientos de miles de folios en un sumario con cerca de 200 comisiones rogatorias tramitadas —y algunas bloqueadas por defectos en la instrucción de los tribunales suizos— más de un centenar de imputados y diversas piezas de investigación abiertas todavía que apuntan directamente al corazón financiero del PP.

Si la mayoría conservadora impone su criterio, el juez Ruz dejaría la causa en el momento de mayor apuro para el partido del Gobierno, cuando acaba de finalizar la instrucción de la primera fase del caso Gürtel (1999-2005) para abrir juicio oral, pero hay otras piezas de investigación pendientes de finalización con graves imputaciones de corrupción sobre dirigentes populares.

En el auto que concluye la investigación, Ruz atribuye al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato su participación a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta.

El instructor dejaría el caso en el momento más delicado del PP

La última resolución judicial de Ruz se hizo pública un día antes de la comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar su plan anticorrupción. La decisión del juez llegó en un momento tan delicado para el PP que desencadenó la dimisión de la ministra Mato, bajo sospecha desde que en 2009 se descubrieron los regalos de la trama Gürtel a su exmarido, Jesús Sepúlveda.

Dirigentes populares consultados por este periódico consideran que la iniciativa del juez Ruz de firmar la resolución judicial el miércoles 26 de noviembre estuvo motivada por la celebración del pleno en el Congreso un día después, algo que niegan fuentes jurídicas conocedoras del trabajo del magistrado.

Algunos dirigentes populares interpretan además que Ruz dictó ese auto como venganza ante su próxima salida del juzgado como consecuencia de la decisión que adopte el Gobierno de los jueces en los próximos días.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/30/actualidad/1417369317_981775.html

LOS CINCO VOCALES DE LA PERMANENTE DEL PODER JUDICIAL GANAN CASI UN 45% MÁS QUE RAJOY

Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ, ingresa 130.152 euros anuales en concepto de sueldo y "otras remuneraciones"

El máximo responsable del Poder Judicial recibiría una pensión indemnizatoria de 104.122 euros si abandonase su cargo, durante un máximo de dos años

130.152,62 euros es la cantidad anual que recibe por su trabajo el presidente del Poder Judicial. Carlos Lesmes, el máximo responsable del CGPJ, percibe en concepto de ingresos todos los meses 10.846,05 euros, según los datos ofrecidos desde el miércoles por el portal de transparencia del Poder Judicial. Lesmes cobra por su labor al frente del Consejo una cantidad 16 veces mayor que el salario mínimo interprofesional, fijado en España en 645,30 euros mensuales, y casi el doble que lo que recibe el presidente del Gobierno.

Además, el CGPJ fija una indemnización por abandono al cargo asociada a la figura del presidente del Consejo y presidente del Tribunal Supremo. En el caso de abandonar su puesto, Carlos Lesmes recibiría una pensión indemnizatoria anual de 104.122 euros durante un máximo de dos años. Es decir, ingresaría el 80% de los ingresos que cobraba cuando estaba al frente del Consejo sin estar ya al frente del él.

El presidente del Consejo recibe actualmente 26.448,38 euros en concepto de sueldo y 103.704,24 en concepto de “otras remuneraciones” no especificadas, según consta en el portal de transparencia del Poder Judicial. Además de estas cifras, Lesmes ingresa una tercera cantidad en concepto de “trienios”.

El portal también especifica otras remuneraciones de altos cargos del Poder Judicial. En el CGPJ trabajan 20 vocales elegidos por el Congreso y el Senado, de los que cinco forman parte de la Comisión Permanente. Cada uno de estos cinco recibe 112.249,60 euros anuales en concepto de sueldo, "otras remuneraciones" y trienios. Del mismo modo, el secretario general ingresa la cantidad de 109.662 euros anuales.

Si comparamos los sueldos de estos cargos con los del presidente del Gobierno la diferencia es especialmente notable. Mariano Rajoy recibe anualmente 78.185 euros –un 43,5% menos que los vocales de la permanente del CGPJ– y cada uno de los ministros del actual gobierno 68.981.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/02/los_vocales_del_consejo_general_del_poder_judicial_cobran_1555_mensuales_mas_que_presidente_19098_1012.html?utm_content=buffercd4ef&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

EL CGPJ AVALA LA NUEVA ESTRUCTURA JUDICIAL DE LA 'LEY DEL SILENCIO' DE GALLARDÓN

Dos progresistas, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, apoyan el texto del sector conservador e impiden junto con dos nacionalistas que prospere un texto alternativo que pedía la retirada de la reforma porque choca contra la Constitución

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado adelante este viernes con el apoyo de 13 de los 20 vocales presentes en el momento de la votación su dictamen consultivo sobre el Anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que avala la nueva estructura judicial diseñada por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón.

Han votado a favor de la reforma del Gobierno dos vocales progresistas Álvaro Cuesta, ex dirigente del PSOE, y Mar Cabrejas, así como los conservadores Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Gilarte, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea y el presidente, Carlos Lesmes.

Han votado en contra los vocales progresistas Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Concepción Sáez, además de los vocales nacionalistas Mercè Pigem y Enrique Lucas.

El sector progresista pedía al Gobierno la retirada de su anteproyecto porque "diseña un nuevo modelo que choca frontalmente con los mandatos constitucionales sobre el poder judicial", como es la propia independencia de los jueces.

Pero tuvo dos deserciones, las de Álvaro Cuesta y de Mercedes Cabrera, que optaron por la abstención del texto de sus compañeros, y por apoyar el informe que respalda la reforma del PP.

El documento del sector progresista denuncia que el Gobierno trata de imponer una reforma que altera toda la estructura judicial sin consenso alguno -lo que supone un disolvente social-; representa una "auténtica mordaza legal" a los jueces -a los que se les prohibe siquiera opinar o manifestarse de cualquier asunto del debate público, lo que para este sector implica un afán de impedir cualquier atisbo de disidencia-, y permite que un caso pueda ser desviado de un juzgado a otro por los presidentes de los nuevos tribunales de instancia, que serán nombrados por el órgano político del CGPJ.

Informe favorable a la reforma
El informe favorable a la reforma, con sus matizaciones, ha necesitado casi 15 horas de reunión entre este jueves y viernes, para salir adelante. Pide también la supresión de los planes de Justicia para instaurar una doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo y que, además de los tribunales de instancia provinciales, el Gobierno no cierre la posibilidad de abrir juzgados en aquellos lugares donde concurran circunstancias geográficas o de trabajo singulares.

El Anteproyecto de Justicia, que tiene más de 600 artículos y supondrá la implantación de un nuevo modelo de estructura judicial que suprime los actuales juzgados de instrucción y Audiencias en favor de tribunales de instancia en cada una de las capitales de provincia.

El informe, con 20 miembros del Pleno presentes en el momento de la votación -la vocal progresista Pilar Sepúlveda ha tenido que ausentarse-, ha sido aprobado con 13 votos a favor y 7 votos en contra.

Sugerencias
Entre las sugerencias presentadas por los vocales en forma de enmiendas al texto inicial han sido aceptadas este viernes figura la presentada por la vocal Nuria Díaz, que rechaza la posibilidad, prevista en el texto remitido por el Gobierno, de reelegir a un máximo de cuatro vocales del CGPJ para un segundo mandato. La enmienda considera que la medida no está justificada y que puede afectar a la independencia de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Considera también que lo dicho en el Anteproyecto sobre que el CGPJ pueda ordenar a quien perturbe o inquiete a los jueces el inmediato cese en dicha conducta, que si persiste constituiría un delito contra la Administración de Justicia, puede chocar con el ejercicio de las libertades de expresión e información y "presenta algunos inconvenientes serios", por lo que se aconseja su reconsideración.

Además, advierte que la posibilidad de que el juez unipersonal que se sienta afectado en su independencia pueda solicitar que otros dos magistrados de su mismo tribunal formen Sala con él para resolver el asunto no está contemplada en las normas de reparto y composición de los órganos judiciales, lo que podría "afectar, e incluso vulnerar, el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley".

Prohibido opinar
La prohibición a los jueces y las asociaciones judiciales de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales "puede considerase justificada y proporcional en tanto sirve al fin de preservar no sólo la independencia y a la imparcialidad de la justicia, sino también su imagen y la apariencia de independencia e imparcialidad de la misma", según el CGPJ.

Aconseja no obstante modificar el precepto, que sitúa en el mismo nivel a los jueces y a las asociaciones, para establecer "distintos límites al ejercicio de las libertades de expresión e información" por parte de estas últimas.

El Anteproyecto debería recoger expresa y explícitamente los bienes constitucionales que justifican la restricción del derecho de expresión e información de los miembros de la Carrera Judicial, como es el caso de la independencia judicial, especificando que la limitación "es admisible cuando la valoración pueda provocar una perturbación en el juez al que corresponde el conocimiento del asunto de actualidad".

Justicia universal
El texto señala que "no existe una norma internacional general que obligue a los Estados a incorporar el principio de justicia universal a sus leyes nacionales de atribución de jurisdicción penal a sus tribunales" y añade que "si lo hacen, y en qué medida lo hacen, es una decisión de política criminal que compete al legislador nacional".

El CGPJ, no obstante, sugiere que se redacten con mayor claridad y precisión algunos de los preceptos para evitar las controversias en cuanto a su interpretación, dada la relevancia e importancia de los bienes jurídicos que pudieran verse afectados.

El Consejo es consciente de la controversia actual en lo relativo a la interpretación del apartado referido a los llamados "narcobarcos" en aguas internacionales, pero no hace comentario alguno al respecto en el texto aprobado por respeto a la decisión que ha de tomar el Tribunal Supremo al examinar los recursos interpuestos contra varias resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, según advierte el texto.

Aforamiento de la familia real
Por otra parte, el reconocimiento de la prerrogativa del aforamiento a la reina consorte o al consorte de la reina, al príncipe heredero y su consorte "merece una valoración positiva, al tratarse de personas consideradas de la máxima relevancia del Estado".

Además, añade que "por circunstancias sobrevenidas a la elaboración de este Anteproyecto, de conocimiento público, resulta necesario regular el estatuto jurídico de Juan Carlos I y la reina Sofía, tras la abdicación del rey, atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento".

Por otra parte, se recomienda la revisión de la redacción del precepto y la utilización de un lenguaje igualitario, incluyendo en consecuencia, de modo expreso, "una referencia a la princesa heredera".

Además, el texto señala que "el aforamiento no es una condición inherente al enjuiciamiento de determinados cargos públicos, mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la función que desempeña" y que, "en el Derecho comparado, o bien no existe el aforamiento, o los aforados son muy pocos".

Aforamiento vinculado al ejercicio del cargo
También considera el CGPJ que el aforamiento procesal "causa varios problemas en el procedimiento y conduce en ocasiones a situaciones de difícil comprensión" y que "puede significar una afectación del principio de igualdad procesal, al extenderse más allá de los casos previstos en la Constitución y vinculados al principio de inmunidad, persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal".

Por todo ello, se plantea "la necesidad de su limitación ad personam" y se propone "enfatizar el carácter funcional de esta prerrogativa, de manera que deberá vincularse, en todo caso, a los hechos cometidos en el ejercicio de la profesión o el cargo y al actual desempeño o ejercicio del mismo, cesando cuando cese aquel".

En todo caso, "debería suprimirse la extensión temporal que el Anteproyecto establece, manteniendo el privilegio del fuero tras hacer desparecido la condición o cesado en el cargo".

Finalmente, el establecimiento de Tribunales Provinciales de Instancia (TPI) como órgano de la primera instancia "se presenta como una organización idónea y adecuada".

Su organización colegiada, servida por una oficina judicial común, "permite adaptarla a las necesidades del momento, sin necesidad de crear nuevos órganos judiciales, lo que merece una valoración positiva".

http://www.publico.es/politica/530816/el-cgpj-avala-la-nueva-estructura-judicial-de-la-ley-del-silencio-de-gallardon

UN DESNUDO DE MUJER PONE EN PIE DE GUERRA A MAGISTRADAS DEL SUPREMO

La imagen del cartel de las jornadas de puertas abierta del alto tribunal enciende la polémica

Al menos tres magistradas del Tribunal Supremo y dos vocales del Consejo General del Poder Judicial han remitido hoy una carta al presidente de ambas instituciones, Carlos Lesmes, en la que piden la retirada del cartel que anuncia las jornadas de puertas abiertas que empiezan mañana en el alto tribunal y que concluyen el día 14. La imagen del cartel “es una alegoría de la justicia", obra de Alcalá-Galiano, ubicada en la Sala de pasos perdidos del Supremo, en la que aparece una mujer desnuda. Las magistradas piden en su nota la inmediata retirada del cartel y muestran su “sorpresa” porque se haya elegido esta alegoría para ilustrar las jornadas.

Las firmantes señalan: “Podrá ser una imagen presente en las paredes del Tribunal Supremo (y apropiada para una exposición artística), pero no parece la más adecuada para acercar la justicia a la ciudadanía si se atiende a la realidad social. Parafraseando a las artistas que denunciaron la discriminación de las mujeres en el mundo del arte, ¿la figura femenina de una mujer desnuda es la representación de la justicia?”, cuestionan las magistradas y vocales del Poder Judicial, entre las que se encuentran Isabel Perelló, Margarita Robles, Celsa Picó, Pilar Teso y Pilar Sepúlveda (magistradas del Tribunal Supremo y vocales del Consejo del Poder Judicial); la también vocal Roser Bach, y la exvocal Margarita Uría. Y, a medida que avanza el día van creciendo las adhesiones de otras magistradas del Supremo, en cuya plantilla de unos 85 jueces solo hay once mujeres.

“Creemos que no se ha tenido en cuenta que ciudadanos o ciudadanas procedentes de otras culturas pueden verse sorprendidos por la representación de la justicia como una mujer desnuda apenas cubierta por un velo transparente, algo absolutamente alejado de la iconografía que la representa desde hace siglos en el mundo occidental”, señalan.

Fuentes del Consejo del Poder Judicial señalan: “La imagen corresponde con uno de los frescos del Tribunal Supremo, y es la imagen que representa a la verdad. La imagen para el cartel fue elegida en un concurso en el que han participado alumnos del Instituto Europeo de Diseño de Madrid, de los más prestigiosos en esta materia. Los alumnos visitaron el Supremo y presentaron varios proyectos para ilustrar estas jornadas, tras contarles lo que se quería transmitir con ellas”.

Las citadas fuentes añaden: “Las ganadoras han sido dos estudiantes del instituto, Carolina y Raquel, que tienen 25 y 21 años, y su proyecto resultó ganador frente a otros cuatro de compañeros. El jurado que eligió el proyecto, en el que no estaba el presidente Lesmes, era mayoritariamente femenino, tres mujeres y un hombre”. Y con esta imagen “se intentó transmitir la idea de transparencia en la que está comprometido el Consejo y que el trabajo de los jueces consiste en la búsqueda de la verdad”. Los carteles, añadieron estos medios, están ahí desde hace una semana.

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/11/actualidad/1402491426_341616.html
 

EL SECTOR DEL CONSEJO AFÍN AL PP IMPONE A UN ULTRACONSERVADOR PARA EL SUPREMO

La designación de José Luis Requero abre una batalla entre los dos grupos del

El nombramiento de un juez ultraconservador como nuevo magistrado del Tribunal Supremo (reprueba el matrimonio homosexual, tiene 54 años, es miembro del Opus Dei y se llama José Luis Requero) ha sembrado la discordia entre los grupos conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial. Y con él se fracturó el pasado jueves el pacto no escrito del reparto de altos cargos entre ambos grupos. Los progresistas creían tener pactado para ese puesto a Ángel Arozamena, pero el grupo mayoritario hizo su primera exhibición de fuerza (11 votos contra 10) y colocó a dos jueces afines a sus postulados en las dos vacantes que había en el Supremo: Requero en la Sala de lo Contencioso y Antonio Vicente Sempere en la de lo Social. Los progresistas facilitaron la llegada de Sempere (obtuvo 15 de los 21 votos), como estaba pactado, y se toparon con la mayoría absoluta de sus colegas en el caso de Requero.

Están que trinan los progresistas. O, al menos, una parte de ellos. Porque se empieza a agigantar la brecha entre dos de sus vocales y el resto de consejeros progresistas (seis). Y es que, según fuentes de este sector, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta y la juez Mar Cabrejas van a su aire.

Aunque votaron por Arozamena, a ellos les echan parte de la culpa de que un juez ultraconservador haya sido aupado al Supremo. “Sabían la jugada y no nos avisaron”, destacan. Los vocales de la Permanente, cinco más el presidente, tres de ellos afines al PP, una al nacionalismo de CiU y dos nombrados por el PSOE (Cuesta y Cabreja), son los vips del actual Consejo: chófer y unos 6.000 euros netos de sueldo. Los otros 15 no tienen exclusividad: han de compatibilizar sus juzgados o profesiones habituales con las tareas del Consejo (asistencias a plenos, comisiones...).

Varios consejeros progresistas no aciertan a entender, y lo dicen con sorpresa, cómo algunos vocales del grupo conservador que han demostrado una gran sensibilidad hacia el matrimonio homosexual (un solo voto contra pronóstico habría alterado el nombramiento de Requero) le han apoyado para este cargo. Requero, en 2005 (entonces era vocal del Poder Judicial), comparó el matrimonio homosexual con un casamiento entre “un animal y un hombre”. Entonces, el Gobierno socialista acaba de dar cobertura legal al matrimonio homosexual. Requero declaró: “Me quedo sin argumentos para decir por qué no se pueden casar dos hermanos o un hombre con muchas mujeres, o la unión entre un hombre y un animal si al fin y al cabo todo depende de la demanda social”.

Solo han pasado cuatro meses desde que se constituyó este Consejo y los ánimos se caldean. El presidente Carlos Lesmes tira de estadística para exponer que este nuevo Consejo, a diferencia del anterior, hace nombramientos en plazo y con el respaldo de amplias mayorías, sin distinciones ideológicas. El de Requero ha roto esa tendencia. Lesmes tuvo que convencer a alguno de los suyos sobre la idoneidad de Requero. Al final, el bloque conservador unió sus 11 votos y de nada sirvió que los dos vocales nacionalistas (Mercé Pigem, CiU, y Enrique Lucas, PNV) se adhirieran a la opción progresista de Arozamena. Antes del comienzo del pleno, la vocal progresista Clara Martínez de Careaga y Rafael Fernández Valverde, este afín al PP, fueron a ver a Lesmes para decirle que habían consensuado el nombre de Arozamena para la Sala de lo Contencioso.

Lesmes dijo que no, que o proponían a Jesús Cudero, candidato de Jueces para la Democracia, o que ponía sobre la mesa el nombre de Requero. Se negaron, lo puso y los 11 votos de su sector hicieron el resto. Al salir del pleno, las caras progresistas eran un poema. Los dos nombramientos, conservadores.

http://politica.elpais.com/politica/2014/04/27/actualidad/1398623319_970402.html

LESMES TOMA A LOS JUECES POR ASNOS: "SE LES CONTROLA CON EL PALO Y LA ZANAHORIA"

Jueces para la Democracia acusa al presidente del CGPJ: "cree que nos puede domesticar como animales", tras unas declaraciones en un periódico nacional. Francisco de Vitoria pide su dimisión por su torpeza y asemejarse "al señorito que va montado en el burro".

El Consejo General del Poder Judicial "se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria". Esta reflexión de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, ha irritado a parte de la carrera judicial.

La reflexión forma parte de una entrevista publicada hoy por el diario El Mundo y realizada por la veterana periodista de Tribunales María Peral.

La asociación Jueces para la Democracia ha difundido hoy un comunicado en el que reprocha a Lesmes su falta de respeto hacia las opiniones de integrantes de la judicatura y las califica de "una grosería inaceptable" además de dar a entender que les "puede domesticar como a animales".

Por su parte, la Asociación Francisco de Vitoria ha pedido en otro comunicado su dimisión por sus "torpes y denigrantes manifestaciones", al tiempo que pide a los vocales del Consejo que se pronuncien públicamente por sus manifestaciones.

Francisco de Vitoria destaca "el gran talento para la metáfora" del presidente del Tribunal Supremo, "quien gráficamente concibe al juez como un burro de carga, y a sí mismo como al señorito que va montado en el burro, encargado de premiar o castigar según el burro se comporte".

Mientras, Jueces para la Democracia ha acusado a Lesmes de reiterar declaraciones en las que muestra "poco respeto" hacia los jueces y de utilizar a la propia institución "como instrumento de presión hacia quienes no piensan como él".

JpD: Mentalidad 'autoritaria' desde la que hostiga 'opiniones ajenas'
Jueces para la Democracia recuerda que los jueces tienen prohibido el ejercicio de la libertad de expresión. "No obstante, Lesmes manifiesta de forma continua que las opiniones con las que no está de acuerdo son contrarias a la independencia y la imparcialidad de quienes integran el poder judicial. Los derechos fundamentales de las juezas y jueces no quedan anulados por nuestro estatuto profesional", apostillan.

La actitud de Carlos Lesmes "contrasta con su propia trayectoria profesional. Hay que recordar que ocupó cargos políticos de confianza, pues durante ocho años fue Director General del Ministerio de Justicia, durante la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno".

Tras recordar esta trayectoria, la asociación judicial sostiene que nunca han cuestionado su independencia e imparcialidad cuando regresó a la judicatura, "a pesar de que haya intervenido como magistrado en asuntos que afectan o hayan afectado al poder político. En todo caso, podrían aplicarse los correspondientes mecanismos de abstención o recusación. También resulta conocido que Lesmes ha participado en numerosos actos de la FAES, la fundación de carácter ideológico del PP. Sin embargo, semejantes implicaciones no las considera relevantes y otras de mucha menor intensidad las cataloga como reprobables".

Desde esa "contradictoria perspectiva" -incide el comunicado- Lesmes reprocha a integrantes de la judicatura que expresen sus opiniones o que suscriban manifiestos, pero él se prodiga en expresar las suyas sobre los mismos asuntos. Hace poco, recuerda la nota, el CGPJ prohibió a una magistrada de la jurisdicción social que participara en un foro social por la paz en Euskadi, sin que se pueda entender en qué puede ello afectar a su independencia, aunque se comprenda perfectamente que a Lesmes no le gustan las opiniones con las que no está de acuerdo".

Con sus declaraciones referidas a que al juez se le controla con el palo y la zanahoria, Jueces para la Democracia sostiene que estas reflexiones "el presidente del CGPJ muestra claramente su mentalidad autoritaria, desde la que no duda en hostigar las opiniones ajenas. A quienes comulgan con sus puntos de vista se les ofrece la zanahoria, en forma de premios y nombramientos; a quienes tienen legítimamente otra forma de pensar se les persigue con el palo".
"Además -añaden-, se trata de unas manifestaciones de una grosería inaceptable, gravemente ofensivas hacia quienes integramos el poder judicial, pues implican la creencia de que se nos puede domesticar como a animales. Y reflejan un concepción clientelar del poder que supone una falta de respeto hacia el trabajo diario que se lleva a cabo en cada juzgado o tribunal".

Por ello, exigen de Lesmes una rectificación y muestran su "preocupación al estar cumpliéndose en el CGPJ los peores pronósticos que habíamos formulado, tras asegurarse el ministro Gallardón una mayoría del órgano de gobierno judicial afín a sus intereses".

Francisco de Vitoria:'torpes y denigrantes manifestaciones'
La Asociación Francisco de Vitoria ha pedido su dimisión por sus "torpes y denigrantes manifestaciones".

En un comunicado, la asociación Francisco de Vitoria solicita a los vocales del CGPJ que adopten las decisiones oportunas para "reparar el grave desprestigio" que las declaraciones de Lesmes "han causado a todos los jueces del país".

También critica las palabras del presidente del CGPJ cuando "se jacta" de haber nombrado para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a dos magistrados "de orientación progresista", a pesar de que en el Consejo "hay una mayoría conservadora".

"Lesmes traslada a la opinión pública que la politización imperante en el CGPJ (conservadores-progresistas) existe en la carrera judicial, y obvia que la gran mayoría de jueces son profesionales independientes que cumplen honradamente su función", añade la asociación.

http://www.publico.es/508535/lesmes-toma-a-los-jueces-por-asnos-se-les-controla-con-el-palo-y-la-zanahoria

LESMES, EL ZAR DEL PODER JUDICIAL

Nunca en la democracia una única persona ha acaparado tanto poder de un Estado. Cada vez son más los vocales y magistrados que acusan a Carlos Lesmes de autoritario. Preside el Tribunal Supremo y el CGPJ con mano de hierro. Otros defienden su voluntad de diálogo. Es el zar del Poder Judicial

"Hemos creado un monstruo". Quien así se expresa es un alto cargo del PP, preocupado por la deriva que ha adquirido el órgano de gobierno del poder judicial. Todo el poder está concentrado en una única persona, Carlos Lesmes, que reparte juego y nombramientos de la cúpula judicial sólo con la ayuda de una Comisión Permanente, elegida por el Pleno pero propuesta por él.

Fue la decisión política de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, quien reformó a uña de caballo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y arrastró a su partido a un modelo que concentra el poder en el presidente.

"Nunca en la historia de la democracia una única persona había acumulado tanto poder del Estado en sus manos". Quien así se expresa es un magistrado del Supremo, la más alta institución judicial de España. Ni siquiera un ministro o un presidente de las Cortes alcanza el poder adquirido por Lesmes.

Lesmes preside la Comisión Permanente, el órgano que ha acaparado todo el poder del Consejo, excepto de aquellas competencias que son indelegables del Pleno o que ellos acuerdan ceder al Pleno para que no haya enfados entre los vocales. Son cinco los restantes miembros de la Permanente: los jueces Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, María del Mar Cabrejas, así como los ex diputados Mercé Pigem -de Ciu- y Alvaro Cuesta, del PSOE, de diversas sensibilidades.

Los vocales no pueden viajar a Madrid sin su autorización expresa y previa de la Permanente"Yo creí que iba a trabajar en política judicial y no en un parvulario". Así se expresa un vocal del CGPJ, asombrado por lo que está ocurriendo. El poder de Lesmes y de la Permanente es tal que los vocales no pueden viajar a Madrid sin su autorización expresa y previa.

Los vocales del CGPJ tienen rango de secretario de Estado, pero no pueden acudir al despacho para mantener reuniones con un ciudadano si la Permanente no autoriza antes el viaje. Incluso el vocal Enrique Lucas solicitó llegar dos días antes del Pleno mensual para así estudiarse la documentación del extenso Orden del Día, pero se lo han denegado.

El control llega hasta tal punto que las dos vocales ponentes del informe sobre la reforma del aborto -Pilar Sepúlveda y Carmen Llombart- tenían listos sus textos para refundir la ponencia y presentarla el 15 de marzo, como estaba previsto. Pero la Permanente decidió el jueves pasado solicitar un mes más de prórroga al Gobierno. Sepúlveda se enteró por la prensa de esa solicitud de prórroga. ¿Las razones? Las desconoce.

También causa asombro que en el último Pleno se negara a los vocales el acceso al expediente de unos magistrados expedientados, cuando era el Pleno el que tenía que aprobar o no la adopción de medidas disciplinarias sobre ellos.

La última bronca ha sido la elección de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que ha recaído en Ángeles Carmona, una vocal cualificada para el puesto y propuesta por el PP, en lugar de Clara Martínez de Careaga, presidenta de la Comisión de Igualdad y, por lo tanto, la candidata natural para dirigir la respuesta judicial ante este fenómeno delictivo.

Cinco vocales han decidido solicitar un Pleno Extraordinario para, en sus palabras, "poner pie en pared" ante el poderoso control que está adquiriendo Lesmes y la Permanente. Es el caso de los vocales Sepúlveda, Martínez de Careaga, Roser Bach, María Victoria Cinto o Rafael Mozo.

Cinco vocales solicitan un Pleno Extraordinario para 'poner pie en pared' a esta situación

El poder de Lesmes abarca el control de las competencias del CGPJ, recortado con la reforma: la selección de jueces -a través de la Escuela Judicial, dependiente del Consejo, y de los tribunales examinadores-; el nombramiento de las cúpulas del gobierno administrativo judicial de España; la disciplina de los jueces -con un Promotor de la Acción de la Justicia nombrado por el Pleno con su apoyo y que concentra competencias jamás vistas -; el refuerzo de un juzgado para que tengas medios suficiente e investigue una causa importante...

El 9 de marzo se cumplen tres meses de la elección de Carlos Lesmes Serrano (Madrid, 1958) como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Se presentó ante la sociedad bajo las banderas del diálogo y la transparencia -en una rueda de prensa sin preguntas-, pero cada vez más voces de ambas instituciones denuncian lo contrario.

Los adjetivos se quedan cortos entre sus críticos: autoritario, alevoso, iluminado... En el Supremo algunos le han puesto el sobrenombre de "Tirano de la Ensenada", en referencia a la calle donde radica la sede principal del CGPJ (Marqués de la Ensenada de Madrid). Sus defensores hablan de su capacidad de diálogo y su aguante.

Lesmes se ha rodeado de una guardia de corps compuesta por ex miembros de la revista El Derecho, bajo el control de su jefa de Gabinete, la también fiscal Ana Murillo quien está casada con Juan Manuel Cendoya, director de Comunicación del Banco de Santander.

El entorno familiar del nuevo secretario general del CGPJ, el magistrado José Luis Terrero Chacón, era accionista de esta editorial jurídica El Derecho hasta que la mayoría de las acciones se vendieron a la editorial Francis Lefebvre. Terrero era el coordinador editorial.

Es más, Lesmes era miembro del Consejo Editorial de El Derecho, al igual que Ángel Juanes, el actual vicepresidente del Tribunal Supremo. También colaboró con la editorial el vicesecretario general, José Luis de Benito, amigo de Antonio Camacho y pieza clave para decantar el apoyo del PSOE a este Consejo reformado.

"La mayoría de los nombramientos que se han producido en la cúpula judicial desde que llegó Lesmes han sido porque han colaborado con la revista El Derecho; porque tienen la especialidad de Contencioso-Administrativo, como Lesmes; porque han coincidido con el mismo preparador que él, o porque son de la misma promoción", destaca una fuente interna.

Amenazas de despido y temor

Se atribuye a Ana Murillo el control absoluto de cuantas decisiones internas se adoptan en el Consejo, que abarcan desde el control de los letrados hasta obligar a las señoras de la empresa de limpieza a vestir chaqueta, pintarse y servir café a los vocales, o la comida en las reuniones de Lesmes... Con insinuaciones de amenaza de despido de quienes se oponían a servir.

Lesmes se rodeó también de la bandera de la austeridad. Pero ha creado el cargo nuevo de Jefe de Protocolo, que no existía en el Consejo y cuyas funciones las realizaba una funcionaria de nivel 16. Ahora se ha traído al jefe de protocolo del ministerio de Justicia, Camilo Ignacio Sigmal, de nivel 30.

Lesmes se rodeó de la bandera de la austeridad, pero ha creado el cargo de Jefe de Protocolo

El temor se ha extendido en la sede de Marqués de la Ensenada. Temor a que los correos profesionales y los ordenadores sean espiados -la jurisprudencia del Tribunal Constitucional les ampararía-, porque Lesmes se pone nervioso con las filtraciones que se están produciendo desde dentro de la institución. Y temor a que los empleados laborales sufran una regulación de empleo, como sufrieron las secretarias eventuales. Una de ellas fue despedida a pesar de atravesar por una grave enfermedad.

El constituyente definió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como un órgano colegiado compuesto por 20 vocales: 12 jueces y magistrados y, el resto, nombrados directamente por el Parlamento. Pero se ha convertido en una institución centralizada en una persona y su guardia de corps.

El autor de esa reforma fue el propio Lesmes, quien ha llegado a decir en privado que, si fuera por él, reformaría la Constitución para hacer desaparecer al CGPJ, según aseguran fuentes del Supremo.

Algunos altos cargos del PP reciben estas señales de alerta con preocupación y apostillan: "hemos creado un monstruo con la reforma"

http://www.publico.es/506558/lesmes-el-zar-del-poder-judicial

LESMES IMPONE A LA CANDIDATA DEL PP PARA PRESIDIR EL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

María Ángeles Carmona es vocal del Consejo y desplaza así a la candidata natural para el puesto, la magistrada del Supremo Clara Martínez de Careaga. El sector más crítico se plantea pedir un pleno extraordinario ante la gestión "autoritaria" de su presidente.

Carmona es actualmente la responsable del Gobierno del PP en Andalucía en materia de violencia de género. Varias fuentes del Consejo destacan la "incompatibilidad de ser presidenta del Observatorio judicial y, a su vez, depender del Ejecutivo". En concreto, es jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía desde el año 2012.

Lesmes ha impuesto a la candidata del PP, en lugar de la vocal y magistrada del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, quien preside la Comisión de Igualdad y era considerada la candidata natural, ya que la valoración de la respuesta judicial en violencia de género depende de la citada Comisión.

Martínez de Careaga era la candidata defendida por el sector progresista, mientras que Carmona llegó al CGPJ con la promesa del PP de que presidiría el Observatorio, como ha ocurrido finalmente.

En el sector progresista consideran que Lesmes "ha incumplido los acuerdos" con los que los 20 vocales del Consejo aprobaron en diciembre pasado, y por unanimidad, el reparto de las comisiones entre ellos. El reparto de las comisiones fue propuesto por Lesmes cuando accedió a la presidencia del Consejo.

Así, Martínez de Careaga "aceptó presidir la Comisión de Igualdad entendiendo que presidiría el Observatorio, en lugar de integrar la poderosa Comisión Permanente", según las mismas fuentes.

El artículo 610 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial -reformada por el PP- establece que corresponde a la Comisión de Igualdad "el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o de cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos".

Sin embargo, la delegación de este cargo es una potestad atribuida al presidente del CGPJ en un Convenio con el que se creó el Observatorio, en el año 2002.

El Observatorio es una institución considerada clave en la respuesta judicial ante el fenómeno delictivo de la violencia de género. De forma periódica, organiza reuniones y cursos de formación para los jueces especializados, que ejercen en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Proviciales.

La pugna entre Careaga y Lesmes, ambos magistrados del Supremo, se ha mantenido desde diciembre a cuenta de la elección de la presidencia del Observatorio.

El propio Lesmes habría prometido a Martínez de Careaga la presidencia del Observatorio, en consonancia con lo realizado por consejos anteriores. Pero, ahora, ha cambiado de opinión.

La opción de Carmona, validada este jueves por la Comisión Permanente del Consejo, supone de "facto" dejar sin muchas competencias a la Comisión de Igualdad.

Al mismo tiempo, la Comisión Permanente del Consejo ha nombrado vocales del Observatorio a Carmen Llombart y a Pilar Sepúlveda.

Posible pleno extraordinario pedido por los críticos

El hondo malestar que ha causado esta última decisión de Lesmes ha provocado que los vocales más críticos del órgano de gobierno de los jueces se planteen la solicitud de convocatoria de un Pleno Extraordinario, con el objeto de discutir lo que consideran que es una gestión "autoritaria" y "falta de diálogo", informa Europa Press.

En el Consejo se ha extendido una sensación de malestar entre varios vocales desde que comenzó el mandato de este Consejo, tanto por las decisiones de Lesmes como por las formas en las que se adoptan.

Esta es la razón por la que ya se tendría el apoyo de los cinco vocales que se precisan para forzar la convocatoria de un Pleno extraordinario.

Pese a la oposición de muchos vocales a la hora de conformarse con el puesto que Lesmes había pensado para ellos en el nuevo Consejo, que concentra todo su poder en la Comisión Permanente, el diseño del presidente obtuvo el voto unánime de todos ellos en el Pleno en el que se aprobó quien iba a integrar cada una de sus comisiones. Por ello, algunos se sienten traicionados por las decisiones posteriores a dicho apoyo.

El enfado ya se evidenció el pasado jueves, cuando el Pleno retiró del orden del día una reforma de su Reglamento dirigida a permitir que se pueda delegar en determinados funcionarios de este órgano atribuciones que se entienden menores, tales como aprobar prórrogas de jurisdicción de los jueces, licencias por enfermedad o sustituciones.

La medida mereció un escrito de queja de seis vocales del "ala progresista" de este órgano, que consideran que de aprobarse estas medidas se vaciarían de contenido algunas de sus atribuciones y se les arrebatarían competencias.

Los firmantes de este escrito de queja son los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, María Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, ninguno de los cuales estuvo presente durante la rueda de prensa posterior al Pleno, mientras que otros miembros del Consejo sí acompañaron a su presidente durante su comparecencia.

Dilatada experiencia
María Ángeles Carmona ejerce como secretaria judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla desde el año 2009, al tiempo que compatibiliza su cargo dependiente del Gobierno y como vocal del CGPJ.

A su vez, Clara Martínez de Careaga ejerce como jueza desde hace 31 años, ha sido miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribvunal Superior de Justicia de Madrid y fue la primera mujer de la historia en ingresar en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en el año 2009. Está casada con Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado.

http://www.publico.es/506249/lesmes-impone-a-la-candidata-del-pp-para-presidir-el-observatorio-contra-la-violencia-de-genero

EL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO ABRE OTRA BRECHA EN EL PODER JUDICIAL

La designación de Carmona, conservadora, para dirigir el organismo provoca nuevos roces

Los roces entre un amplio sector del grupo progresista y el presidente del Poder judicial, Carlos Lesmes, crecen por días. Lo último ha sido la designación de María Ángeles Carmona (conservadora) como presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Un cargo que, según distintas fuentes del sector progresista, legalmente (artículo 610.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) debe recaer en la presidenta de la Comisión de Igualdad. Este cargo lo ocupa la magistrada del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, a quien Lesmes “prometió” este puesto el pasado 9 de enero, en la antesala de la constitución de las comisiones.

La de Igualdad, la minicomisión del Consejo, es la única en manos del sector progresista (Martínez de Careaga y los vocales Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda). Al entregarle el Observatorio a Carmona, a Igualdad se le cercenan la mitad de sus competencias legales, lamentan fuentes progresistas. Lesmes y Martínez de Careaga mantuvieron una tensa conversación hace unos días, cuando ella supo por el propio Lesmes su intención de nombrar a Carmona como presidenta del Observatorio. Según las citadas fuentes, la explicación de Lesmes sobre este nombramiento fue que Carmona había ido al Consejo para hacerse cargo del Observatorio, y que los vocales (“se referirá a los conservadores”, le espetan) entienden que es la persona adecuada porque desde 2009 coordina como cargo estatal la violencia de género en Andalucía desde la Delegación del Gobierno; y aun admitiendo que se lo había prometido, Lesmes se justificó: “Me lo he pensado mejor”. “Eso es hacer trampas y faltar a la palabra”, le reprochan al presidente.

En este cruces de reproches, y al borde de unir sus firmas seis vocales progresistas para exigir un pleno extraordinario en el que pedir explicaciones, el sector progresista se pregunta del lado de quién están dos de sus ocho miembros: les llaman “los acomodados”, y pertenecen a la todopoderosa Comisión Permanante, que preside Carlos Lesmes. Se trata del exdiputado socialista Álvaro Cuesta, quien, según fuentes del Consejo, pidió a Lesmes estar en la Permanente por razones económicas (al tener exclusividad, dispone de coche oficial y de unos 6.000 euros de sueldo); y Mar Cabrejas, vocal de confianza del diputado del PSOE Antonio Camacho.

http://politica.elpais.com/politica/2014/03/09/actualidad/1394396387_405265.html

 

EL SUPREMO ANALIZA SI JUANES CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER SU VICEPRESIDENTE

UPyD ha impugnado esta mañana el nombramiento al entender que su designación incumple la ley puesto que accedió al cargo sin ser magistrado del alto tribunal

UPyD, partido que dirige Rosa Díaz, ha impugnado esta mañana ante la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo el reciente nombramiento de Ángel Juanes como vicepresidente del Tribunal Supremo. Su designación fue adoptada hace dos meses por el pleno del Consejo del Poder Judicial a propuesta del nuevo presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Hasta su nombramiento como vicepresidente del Supremo, Juanes ocupó el puesto de presidente de la Audiencia Nacional. UPyD esgrime que el nombramiento de Juanes no se ajusta a los requisitos que impone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que obliga a que la figura del vicepresidente del Supremo, que es de nueva creación, recaiga en un magistrado del Tribunal Supremo y no, como en el caso de Juanes, de la Audiencia Nacional. Y es que UPyD, a través de sus abogados, alega que Juanes no era magistrado del Supremo en el momento de su nombramiento, puesto que perdió esa consideración cuando voluntariamente decidió dejar la Sala Quinta de lo Militar del alto tribunal para hacerse cargo de la presidencia de la Audiencia Nacional.

En ese momento, según fuentes jurídicas, perdió la consideración de magistrado del Supremo y, en puridad, la categoría, ya que la Audiencia Nacional no es el Tribunal Supremo. Otras fuentes señalan que existe un acuerdo para que los presidentes de la Audiencia Nacional tengan la consideración de magistrados del Supremo y que ambos cargos son equivalentes.  La Sala Tercera tendrá que analizar ahora todo este asunto a instancias de UPyD.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/28/actualidad/1393595543_658145.html

SEIS VOCALES EXIGEN QUE SE ANULE LA NORMA QUE LES RECORTA ATRIBUCIONES

Lesmes quiere delegar en funcionarios del Consejo General del Poder Judicial atribuciones como las prórrogas de jueces, licencias pro enfermedad o sustituciones

Seis vocales progresistas del Consejo del Poder Judicial han decidido plantarse ante la decisión de la Comisión Permanente, que preside Carlos Lesmes, de elevar al pleno de hoy la aprobación de un reglamento que entienden les arrebata competencias que legalmente corresponden al pleno. El citado reglamento permite que la Permanente, en la que Lesmes y los vocales afines al PP tienen mayoría absoluta, delegue en jefes de servicio (es decir, en funcionarios del Consejo) atribuciones que competen al pleno y, en consecuencia, a sus 21 vocales.

Las tareas que la Permanente quiere poder delegar son, por ejemplo, las prorrogas de jurisdicción de los jueces, las licencias pro enfermedad, sus sustituciones o las autorizaciones para que un magistrado que ha sido trasladado de juzgado pueda redactar sentencias que tuviera atrasadas en el juzgado antiguo.

Los seis vocales exigen a Lesmes que retire del orden del día del pleno ese reglamento. Opinan que su aprobación “puede llegar a desdibujar el carácter de órgano de gobierno del poder judicial, como lo define la Constitución, y compromete seriamente su genuina esencia colegial”. Los vocales que firman el escrito son Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, María Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Carga de trabajo

Los cinco miembros de la Permanente (entre los que se hallan los vocales progresistas Álvaro Cuesta y Mar Cabreja) esgrimen a favor de esa delegación el aumento de la carga de trabajo. Sus colegas progresistas lo ven de otra forma: entienden que son temas que “tienen una incidencia directa en la carrera judicial”. Y discrepan de que “impliquen una dedicación cuantitativa o cualitativamente compleja”. “Este es un órgano colegiado, y delegar esas materias en un jefe de servicio es sustraerlas del control de todos los vocales y dejarlas en manos del presidente, que es el superior jerárquico de los jefes de servicio”, sostienen fuentes del Consejo. Señalan estos vocales que el reglamento que pretende aprobar la mayoría conservadora del Consejo es una medida más para “vaciar de contenido destacados ámbitos de actuación de los/las vocales que son fundamentales en este órgano, ya que afectan a su esencia colegial, y que, además, supone alejarles del día a día de la carrera judicial”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/26/actualidad/1393448537_509271.html

EL PRESIDENTE DEL CGPJ DICE QUE FUE AL VATICANO PARA REPRESENTAR A ESPAÑA "EN OTRO ESTADO"

Carlos Lesmes se defiende de las críticas por haber encabezado la delegación española en un acto religioso

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, rechazó este jueves las críticas por haber encabezado la delegación española que asistió a un acto religioso el pasado fin de semana en el Vaticano. Según Lesmes, él actuó como “representante de España en un Estado extranjero, en este caso la Santa Sede” y los que le han criticado "no entienden muy bien lo que es participar en una delegación al Vaticano".

Lesmes, hombre de fuertes convicciones religiosas, recordó que él es la quinta autoridad española y que si fue elegido para viajar al Vaticano fue como representante del Estado, no del Gobierno. “Allí había otras 18 delegaciones de otros países”, añadió. Todas las asociaciones de jueces excepto la conservadora APM han criticado que el presidente del CGPJ represente a España, un estado aconfesional, en una visita de carácter religioso, en este caso la designación de 19 nuevos cardenales.

http://www.eldiario.es/politica/Lesmes_0_233427152.html

JPD AFIRMA QUE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO AL VATICANO CUESTIONA LA ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO

 

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) criticó este miércoles la reciente visita del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, al Vaticano para asistir a la investidura de diversos cardenales, por entender que su presencia en un evento religioso es opuesta a “la aconfesionalidad del Estado”.

En un comunicado, JpD señala que Lesmes acudió al Vaticano tras ser nombrado por el Gobierno como presidente de una amplia delegación de autoridades española. A este respecto, la asociación considera que “resulta poco respetuoso con la división de poderes propia de nuestro Estado Constitucional que el Gobierno pueda designar como delegado en un acto religioso al máximo representante del poder judicial”.

Jpd añade además que “este tipo de confusiones entre la actividad pública y las funciones religiosas se vienen reiterando de forma preocupante”. “Hace poco se ha sabido que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha concedido la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen María Santísima del Amor y también empieza a ser habitual que algunos miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones se encomienden a vírgenes para que mejore la situación económica, política o social”, señala la asociación de jueces.

En referencia a Lesmes, JpD asegura que “resulta especialmente preocupante que el máximo representante del poder judicial participe oficialmente en ceremonias religiosas” y que “no distinga entre sus convicciones religiosas personales y la necesaria neutralidad que debe ejercer en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Estas actuaciones suponen “una quiebra de la neutralidad estatal en materia religiosa” y provocan que se proyecte “la perspectiva de que la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado Español, lo cual no resulta compatible con el principio de aconfesionalidad que establece el artículo 16-3 de la Constitución”, apunta JpD. 

Para la asociación de jueces, “se trata de gestos que evocan tiempos predemocráticos, en los que existía una religión oficial y una plena confusión entre el plano institucional público y el religioso”.

 

http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/conflictos-religiosos/jpd-afirma-que-la-visita-del-presidente-del-supremo-al-vaticano-cuestiona-la-aconfesionalidad-del-estado_XUwETyv4mZfdKJr0W2Z6r2/

 

 

EL JEFE DEL PODER JUDICIAL ENCABEZÓ LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA ANTE EL PAPA

 

Los jueces critican que en un Estado laico se nombre a Lesmes para un acto religioso

 

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, encabezó este fin de semana, por encargo del Consejo de Ministros, la delegación española que acudió a Roma para la ceremonia en la que el papa Francisco designó a 19 nuevos cardenales; entre ellos, al arzobispo emérito español Fernando Sebastián. Lesmes, que preside el tercer poder del Estado, el judicial, fue designado presidente de la delegación española en el Consejo de Ministros del pasado viernes, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Altos cargos judiciales, que piden mantener el anonimato, y tres de las cuatro asociaciones judiciales, han mostrado su “indignación, sorpresa y perplejidad” porque el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo capitanee un acto religioso en el marco de un Estado aconfesional como España.

 

Es la primera vez que un presidente del Supremo encabeza una delegación oficial y religiosa en Roma. En actos anteriores, la delegación española ha sido encabezada básicamente por políticos, como José Bono, Miguel Ángel Moratinos o la actual vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

 

En actos anteriores, la delegación española ha sido encabezada por políticos

 

El cargo de presidente del Supremo y del Consejo es equiparable en rango al de un secretario de Estado. Aparte de Lesmes, también integraron la delegación española, además de varios diputados y senadores del PP, otros dos secretarios de Estado: el de las relaciones con la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, y el de Seguridad, Francisco Martínez. Los tres acudieron con sus esposas. Un portavoz del Ministerio de Justicia explicó ayer que, en nombre de este ministerio, acudió el director de Relaciones con las Confesiones, Ángel Llorente. “Si bien, y por protocolo, Lesmes encabezó la delegación porque, al ser el presidente del Consejo y del Supremo, era el de mayor rango entre los asistentes”. A pesar de su nombramiento por el Gobierno, Lesmes señaló a EL PAÍS, a través de su portavoz en el Poder Judicial, que su viaje y el de su esposa los abonó de su bolsillo. Y que lo hizo por una cuestión “de ética personal”. El presidente del Supremo es una persona de profundas convicciones religiosas, como también lo era su antecesor en el cargo Carlos Dívar. “Pero ni al propio Dívar se le habría ocurrido una cosa así”, señalan altas fuentes judiciales. Lesmes no dio cuenta de su viaje al pleno del Consejo del Poder Judicial, que es un órgano colegiado.

 

Los portavoces de tres de las cuatro asociaciones judiciales de España (Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia) no entienden la decisión de Lesmes. Conrado Gallardo, del Foro Judicial Independiente, señala: “Con los problemas que tiene la justicia, es incomprensible que el Gobierno nombre al presidente del Supremo para un acto de este tipo. Estamos perplejos”, confiesa Gallardo. Tampoco lo ve normal Marcelino Sexmero, portavoz de la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria: “Sorprende que en un Estado aconfesional, el Gobierno comisione para una ceremonia religiosa a alguien que es, no solo el presidente del Poder Judicial, también el del Supremo. Y sorprende que acuda comisionado por el Gobierno a un acto religioso, lo que cuestiona la separación de poderes”. Una reflexión parecida hace Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. Sostiene que “actitudes de este tipo, como la reciente que ha protagonizado el ministro del Interior, Jorge Fernández, al conceder una medalla policial a la Virgen del Mar, vulneran la aconfesionalidad del Estado. Este Gobierno”, añade Bosch, “no es capaz de delimitar los espacios institucionales de los religiosos”. Este periódico intentó ayer, sin éxito, hablar con el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/25/actualidad/1393361796_065324.html

 

ONCE POLÍTICOS Y JUECES ESPAÑOLES ARROPARÁN EL NOMBRAMIENTO DE 19 NUEVOS CARDENALES

 

Entre otros, acuden el presidente del Supremo, secretarios de Estado, un diputado y un senador

 

Entre los nuevos cardenales se encuentra el español Fernando Sebastián, conocido por sus declaraciones homófobas y contrarias a las mujeres que abortan

 

Al menos once jueces y políticos españoles asisten este sábado en en la basílica de San Pedro del Vaticano al nombramiento de 19 nuevos cardenales. Entre ellos está el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; el embajador de España ante la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga; el secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo; el secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez Vázquez; y el vicepresidente del Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, informa Europa Press.

 

También formarán parte de la misma el diputado en el Congreso, Eugenio Nasarre; el senador por Navarra, José Ignacio Palacios; el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Ángel Llorente; el director de las Relaciones con la Santa Sede, Gabriel Ferrán; el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda Lassa; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calatayud, María Mercedes Sarrate de Castro; y el director del Instituto Cervantes, Sergio Rodríguez López-Ros.

 

El papa Francisco ha nombrado este sábado 19 nuevos cardenales entre los que se encuentra el español Fernando Sebastián, conocido por sus recientes declaraciones homófobas y contrarias a los derechos de la mujer. En una entrevista publicada en diario Sur cargó contra los homosexuales. Calificó de "sexualidad deficiente" a la homosexualidad, de la que dijo que se puede "normalizar con tratamiento". En otra entrevista, esta vez en El Periódico de Aragón, dijo que las mujeres que abortan "quieren quitarse de en medio al hijo para disfrutar de la vida". Estas declaraciones no fueron reprobadas ni por la La Conferencia Episcopal ni por el Vaticano, que rehusaron valorarlas. La Fiscalía si inició una investigación para esclarecer si las declaraciones sobre la homosexualidad hechas por Sebastián son constitutivas de infracción penal.

 

Además de Sebastián también son nombrados el primer cardenal de Haití de la historia, monseñor Chibly Langlois, un obispo casi centenario, expertos en diplomacia y media docena de miembros de la Curia Romana.

 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/22/politicos_jueces_espanoles_arroparan_nombramiento_nuevos_cardenales_13849_1012.html

 

 

EL SUPREMO INVITA AL PLENO DEL CONSTITUCIONAL A UNA REUNIÓN INÉDITA

 

Carlos Lesmes pretende abordar cuestiones institucionales de ambos tribunales

 

La sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los magistrados que conforman el pleno del Tribunal Constitucional se reunirán por primera vez este viernes tras la invitación de los primeros a los segundos.

 

El objetivo del encuentro, según fuentes del Supremo, es reflexionar sobre "las posiciones institucionales de los dos tribunales". Además, se abordarán posibles colaboraciones en materias formativas así como la posibilidad de compartir medios materiales para optimizar los recursos de ambos tribunales.

 

Las mismas fuentes han señalado que el tratamiento de todos los temas se hará, en cualquier caso, desde el máximo respecto por las competencias de cada tribunal y sin intención de promover ningún tipo de injerencia.

 

La idea y la invitación surgió del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien lo expuso en una de las reuniones de la sala de Gobierno, que aceptó la iniciativa."El espíritu es escuchar al Constitucional y que el Constitucional nos escuche, han señalado las mismas fuentes, que insisten en señalar que, en todo momento, "se respetará el terreno de cada tribunal", aunque se vayan también a analizar si de alguna manera la colaboración entre ambos tribunales puede beneficiar al usuario de la justicia.

 

Por su parte, según fuentes del Constitucional, en la reunión se abordarán también "cuestiones de naturaleza jurisdiccional".

 

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/18/actualidad/1392731322_507836.html

 

MALESTAR ENTRE LOS VOCALES A LOS DOS MESES DEL NUEVO PODER JUDICIAL

 

Reprochan que algunas iniciativas de Lesmes generan clasismo entre los consejeros

 

Vocales de distintas sensibilidades del nuevo Consejo del Poder Judicial consideran, tras dos meses en el cargo, que determinadas medidas impuestas por el presidente Carlos Lesmes están derivando en la creación de un Poder Judicial “presidencialista”, lo que “fractura el espíritu colegiado que otorga la Constitución a este órgano”. Y, además, entienden que esas medidas están propiciando la existencia de “vocales de primera y segunda clase”.

 

Los de primera división serían los cinco consejeros, más el presidente, que integran la Comisión Permanente (que tienen dedicación exclusiva y concentran un poder nunca visto); y los de segunda, los externos, que son 15 y que deben compatibilizar sus tareas anteriores con el trabajo del Consejo. Algunos han pedido que el Consejo debata la posibilidad de liberarles parcialmente de sus tareas anteriores para afrontar la carga de trabajo del Consejo, pero Lesmes ha dicho que “ni hablar”, que los que deseen esa liberación la pidan a las salas de Gobierno de sus tribunales superiores.

 

No ha gustado nada a los vocales externos que viven fuera de Madrid las trabas que les han impuesto para acudir a sus despachos.

 

Lesmes mantuvo hace días una reunión informal con todos los vocales (es consciente de que hay malestar). En ese plenillo, algunos consejeros le espetaron que, con la aplicación que se estaba haciendo de la nueva ley aprobada por el PP, y que ha supuesto un giro radical en el funcionamiento del Consejo, se estaba configurando un Consejo “desigual, con un trato humillante para algunos”. Los vocales ajenos a la Permanente solo pueden desplazarse “sin autorización previa” a las reuniones del pleno o a las comisiones a las que estén adscritos. Pero para cualquier otro tipo de viaje han de pedir autorización previa a la Permanente. En cambio, los vocales de la Permanente han quedado exentos de este trámite. “Son incoherencias intolerables; y es inadmisible el interés del presidente en mantener alejados a los vocales externos, sometidos a un control férreo, a diferencia de los de la Permanente, y eso que todos hemos sido elegidos por las mismas Cortes Generales”, señala un consejero.

 

“Se ha hecho así para controlar el gasto del Consejo”, explica un portavoz del Poder Judicial. Otras fuentes oficiales señalan que tras de esa decisión subyace un principio que aireó Lesmes al tomar posesión: la austeridad. “Ya somos mayorcitos para tan desigual control”, clama un vocal, que entiende que esa fiscalización, “necesaria, debe hacerse, sí, pero a posteriori, y sin distinciones”.

 

También está generando malestar entre algunos vocales progresistas la “falta de transparencia” que anida en el nuevo Consejo. “Transparencia no es colgar simples datos o anuncios en la web del Consejo. La transparencia”, han reprochado a Lesmes algunos consejeros, “pasa porque los procedimientos sobre las decisiones sean públicos y nítidos”. Y citan, por ejemplo, los encargos que hace Lesmes a su libre albedrío a los vocales. Exigen que el Consejo vuelva a ser un órgano colegiado. Es decir, que cualquier decisión que tome Lesmes (el presidente que más poder atesora de todos los que han pasado desde 1985 por esta institución: él intervino en la redacción de la nueva ley que regula este Consejo) sea sometida a debate y votación en los plenos por todos los vocales.

 

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/12/actualidad/1392239847_613313.html

 

¿QUIÉN HA PERDIDO LAS DENUNCIAS CONTRA LESMES? EL TS CULPA A LA SECRETARIA JUDICIAL

 

¿Quién ha perdido y cómo los cuatro escritos de queja presentados contra el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, por presunta prevaricación? Como ya adelantó este diario, una mano negra dentro del Alto Tribunal traspapeló las cuatro denuncias de Saberlotodo Internet y respondió al CGPJ que en la institución “no consta” haber recibido ninguna de ellas. Los funcionarios del TS, sin embargo, se lavan las manos y culpan de la misteriosa desaparición a la secretaria judicial de la Sala Segunda.

 

Perdidos dentro del propio palacio de las antiguas salesas, la sede del Tribunal Supremo. Esa es, al menos, la versión oficial que el Tribunal había trasladado hasta ahora al CGPJ ante las diligencias abiertas por este organismo el pasado 14 de octubre, un mes antes de que Carlos Lesmes fuera elegido como nuevo presidente del poder judicial. Sin embargo, esta supuesta pérdida encaja difícilmente con la versión que, por su parte, ha ratificado por escrito la Secretaría del Gabinete Técnico del Alto Tribunal, que ha evadido responsabilidades ante las explicaciones formuladas por el administrador de Saberlotodo Internet, José Vicente Lucas.

 

En un escrito del pasado 3 de febrero, días después de que este periódico publicase la supuesta pérdida de los documentos, el secretario del gabinete técnico del TS, Luis Ignacio Sánchez Guiu, certificó la entrada de dichas denuncias en el Alto Tribunal. La primera de ellas, con fecha del 27 de julio de 2012; la segunda, el 5 de diciembre de ese mismo año, la tercera, el 26 de febrero de 2013 y, la última, el pasado 25 de abril. “La entrada, según consta, se hizo en la Secretaría de la Sala Segunda que tramita causas especiales”, señala el documento, que evita, eso sí, identificar a la destinataria final, la secretaria judicial María Antonia Cao Barrero. “No procede realizar indicación alguna sobre la persona receptora por cuanto no es función de este secretario la entrega personal de los escritos en las Secretarías; no constándole, por tanto, el funcionario o funcionarios a quienes se hizo materialmente la entrega”.

 

Hay que recordar que la citada secretaria fue la que firmó la respuesta al CGPJ en la que cerraba todo el caso “sin que conste haber recibido en la Secretaría de mi cargo ningún otro escrito”. Precisamente, fue el reiterado silencio a esos cuatro escritos lo que motivo que Saberlotodo Internet se dirigiera al CGPJ para pedir amparo y lo que motivó la apertura de las citadas diligencias. Tras la misteriosa ‘pérdida’, el CGPJ ha remitido la denuncia al Ministerio de Justicia, que es quien debe determinar si “podría existir una disfunción en el funcionamiento de la secretaría”.

 

Origen de la denuncia

 

Saberlotodo Internet solicitaba en esos cuatro escritos a la Sala Especial del Tribunal Supremo la reapertura de la causa por prevaricación contra Lesmes que dicho órgano, presidido por el juez Luciano Varela, archivó el 7 de septiembre de 2010. La empresa basa su batalla judicial contra el hoy presidente del Supremo en un documento oficial de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) remitido en su día al propio Lesmes que demostraría su versión de que el citado juez dictó una resolución injusta contra ellos a sabiendas.

 

El origen de esta denuncia se remonta a mayo de 2009, cuando Lesmes presidía la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y desestimó un recurso presentado por Saberlotodo Internet SL contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una sanción de 60.000 euros. La empresa defendió entonces que la sentencia incurría en “un grave error material” al computar mal la fecha de notificación de la multa de la AEPD y recurrieron, por ello, para que el juez rectificase la sentencia. La aclaración de dicha fecha era decisiva, pues de ello dependía que la multa de 60.000 euros hubiera caducado o no, “dado que habrían transcurrido más de seis meses entre la fecha del acuerdo de incoación del expediente sancionador y la de notificación de la resolución sancionadora”.

 

La sanción fue notificada por la AEPD a Saberlotodo Internet SL el 2 de enero de 2008 y no el 7 de diciembre de 2007, como sostuvo Lesmes en su sentencia por error. Fecha que no accedió a corregir tras el recurso presentado por José Vicente Lucas en el que se alertaba del error. A partir de entonces, el caso ha sido un continuo sostenella y no enmendalla que ha acabado en un callejón sin salida dentro del Tribunal Supremo y que no se ha corregido ni siquiera cuando Saberlotodo Internet ha presentado ante el Alto Tribunal una carta de Artemi Rayo Lombarte, exdirector de la AEPD, dirigida al propio Lesmes en la que él mismo reconocía que la sanción “fue notificada al ahora recurrente el 2 de enero de 2008”. La misiva está fechada el día 20 de febrero de 2008; la sentencia de Lesmes es, sin embargo, del 1 de abril de 2009. Poco después, el 26 de junio de 2009, Lesmes firmaba otro auto en el que decía, textualmente, “no haber lugar a la aclaración de sentencia” sobre el error de la fecha.

 

“Ante la incapacidad de la Sala de rectificar un error evidente que simplemente hubiese requerido ir al folio nº 273 del Expediente administrativo, comprobar que la fecha de notificación recogida en la sentencia era errónea y rectificarla, estimando la nulidad de la resolución sancionadora por caducidad del procedimiento sancionador, esta parte no tuvo otra alternativa que instar al correspondiente procedimiento penal por prevaricación judicial de la Sala enjuiciadora, al emitir a sabiendas una resolución judicial y arbitraria”, relata el abogado de Saberlotodo en su escrito de amparo al CGPJ.

 

Como se ha explicado, la querella criminal contra Lesmes fue archivada por el Supremo en septiembre de 2010. Sin embargo, Saberlotodo no encontró el citado documento firmado por Artemi Rayo hasta el 26 de junio de 2012, por lo que, a partir de ese momento, José Vicente Lucas lucha por reabrir el procedimiento al entender que había hallado “un documento esencial que demostraba el elemento cognoscitivo y volitivo del delito imputado a la Sala”.