ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO Y EL CASO PERLA NEGRA

 

Se investigan delitos relacionados con el arrendamiento y posterior compra de un edificio sito en Arroyo de La Encomienda (Valladolid), y la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.

 

A juicio de Fiscalía, las operaciones fueron realizadas por parte de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A cuando era titular de la Consejería el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles, especialmente URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.

 

En relación al edificio de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), el MF sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.

 

Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo (Valladolid), las actuaciones concertadas por los acusados, “no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros”.

 

Figuran investigadas doce personas, entre ellos, la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los Viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. El juicio se celebrará desde el 14 de marzo hasta el 29 de abril del 2022. Están acusados de los delitos de cohecho, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales, y malversación de caudales públicos, entre otros.

 

Se da la circunstancia de que tres de los procesados, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo, figuran también inmersos en la denominada “Trama eólica”.

 

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.

 

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