ISABEL DÍAZ AYUSO Y LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

 

"Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona  va a fallecer que mejor se quede ahí yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado".
Isabel Díaz Ayuso. El Mundo.10.05.20

 

 



ÍNDICE

AMNISTÍA DENUNCIA LA “DEFICIENTE” INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA SOBRE LAS MUERTES DE MAYORES EN RESIDENCIAS

 

LOS RETRATADOS POR LA AUDIENCIA: JUEZA, FISCAL, AYUSO Y SUS INTOXICADORES

 

LA FISCAL DESPACHÓ EL CASO DE LAS RESIDENCIAS DE LEGANÉS EN TRES FOLIOS QUE OBVIAN EL ‘PROTOCOLO DE LA VERGÜENZA’

 

PROTOCOLOS BAJO SOSPECHA EN MADRID: LA JUEZ INDAGA SOBRE LA ORDEN DE NO DERIVAR ANCIANOS DE RESIDENCIAS A HOSPITALES

 

LA JUSTICIA PIDE TOMAR DECLARACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO QUE IMPIDIÓ DERIVAR ANCIANOS DE RESIDENCIAS EN MADRID

 

FAMILIARES DE RESIDENTES PROTESTARÁN EN FISCALÍA POR LA "INACCIÓN" ANTE LAS MUERTES DE MAYORES: "ESTAMOS DESOLADOS Y CANSADOS"

 

LOS DATOS Y TESTIMONIOS QUE DESMONTAN LA POSTURA DE LA FISCALÍA DE MADRID SOBRE LO OCURRIDO EN LAS RESIDENCIAS

 

LA FISCAL SUPERIOR DE MADRID ASEGURA QUE LOS PROTOCOLOS PARA LAS RESIDENCIAS NO PROHIBIERON QUE SE DERIVARAN PACIENTES A HOSPITALES

 

"NO SON MUERTES, SON ASESINATOS": MAREA DE RESIDENCIAS EXIGE A LA FISCALÍA QUE INVESTIGUE AL GOBIERNO DE AYUSO

 

PP Y VOX DAN CARPETAZO AL ESCÁNDALO DE LAS MUERTES EN RESIDENCIAS EN MADRID: "NO NECESITAMOS UNA INVESTIGACIÓN"

 

LOS CONCIERTOS CON EMPRESAS PRIVADAS SE COMEN EN MADRID EL 58% DEL AUMENTO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER A MAYORES

 

TRES GRANDES MENTIRAS (Y UNA VERDAD) DE AYUSO EN 'EL HORMIGUERO' SOBRE LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS

 

LA FISCALÍA SIGUE ARCHIVANDO DENUNCIAS POR MUERTES EN RESIDENCIAS DE MADRID AL NO VER UNA DEJACIÓN DE CUIDADOS

 

LOS FAMILIARES DE 29 RESIDENTES FALLECIDOS EN LEGANÉS RECURREN EL ARCHIVO DE LA CAUSA Y PIDEN QUE SE ORDENE A LA JUEZA INVESTIGAR

UNA JUEZA DE LEGANÉS ARCHIVA LA QUERELLA POR LA MUERTE DE 29 RESIDENTES PESE AL CÚMULO DE PRUEBAS DE FALTA DE ATENCIÓN

EL PP VETA CREAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS, DESPUÉS DE RESPONSABILIZAR A IGLESIAS DE ELLAS

ASÍ FUE EL TAPÓN A LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE MADRID, HOSPITAL POR HOSPITAL: EL 73% DE MUERTOS NO FUE TRASLADADO A UN CENTRO MÉDICO

LA VERDAD SOBRE LAS RESIDENCIAS Y EL 4M: RAZONES PARA VOTAR

UN DOCTOR QUE DESCARTÓ HOSPITALIZAR A MAYORES DE RESIDENCIAS: “NO ME PARECE DISCRIMINATORIO”

LA DIRECTORA DE UNA RESIDENCIA DECLARA QUE LOS PROTOCOLOS PARA NO DERIVAR A HOSPITALES ERAN "DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO"

LOS 'AGUJEROS' DE LA VERSIÓN DEL ALTO CARGO DE AYUSO PARA JUSTIFICAR EL 'PROTOCOLO DE LA VERGÜENZA' EN LAS RESIDENCIAS

LA HORA DE LA VERDAD PARA EL ALTO CARGO DE AYUSO QUE FIRMÓ EL 'PROTOCOLO DE LA VERGÜENZA' APLICADO EN LAS RESIDENCIAS

29.800 PERSONAS QUE VIVÍAN EN RESIDENCIAS HAN MUERTO POR COVID EN ESPAÑA DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

LOS CORREOS SOBRE EL PROTOCOLO DE LAS RESIDENCIAS DE MADRID QUE EL GOBIERNO AYUSO OCULTA A LA ASAMBLEA

 

LAS CARTAS DE REYERO AL CONSEJERO DE SANIDAD DURANTE LA CRISIS DE LAS RESIDENCIAS DE MADRID: “EN LUGAR DE ENVIAR MÉDICOS, ENVIÁIS LISTADOS”

 

LA CARTA DE REYERO DEL 31 DE MARZO: “LOS PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA PUEDEN OCASIONARNOS PROBLEMAS LEGALES EN EL FUTURO”

 

LA CARTA DE REYERO DEL 11 DE ABRIL: “LA TAN ANUNCIADA 'MEDICALIZACIÓN' COMO BIEN SABES NO ES UNA REALIDAD EN NUESTRAS RESIDENCIAS”

 

FAMILIARES DE MAYORES EN RESIDENCIAS PIDEN UN MODELO DE CENTROS “MÁS HUMANOS”

 

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID REABRE LA INVESTIGACIÓN Y REQUIERE LOS PROTOCOLOS APLICADOS EN CUATRO RESIDENCIAS

 

LA AUDIENCIA DE MADRID REABRE LA CAUSA CONTRA AYUSO Y ESCUDERO POR LA GESTIÓN EN CUATRO RESIDENCIAS DE LEGANÉS

 

DESESTIMADO EL RECURSO DEL GOBIERNO REGIONAL CONTRA LA DEMANDA DE LAS RESIDENCIAS DE LEGANÉS

 

LA FISCALÍA SOLICITA AL TRIBUNAL SUPREMO QUE RECHACEN LAS QUERELLAS CONTRA AYUSO

 

LA FISCALÍA NO APRECIA “RELEVANCIA PENAL” EN LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS EN MADRID EN LA PANDEMIA

 

UN EMPRESARIO DE HOSPITALES Y OTRO DE RESIDENCIAS DESMONTAN LA DEFENSA DE AYUSO EN LA CRISIS DE LOS GERIÁTRICOS

 

MADRID PAGÓ MÁS DE 20 MILLONES A LAS RESIDENCIAS PRIVADAS POR LAS PLAZAS VACANTES DURANTE LA PANDEMIA

 

UNA JUEZ EXCULPA A AYUSO DE LAS MUERTES EN RESIDENCIAS: "ERA UNA CARENCIA ESTATAL"

 

EL GOBIERNO DE AYUSO ENTREGA CON MESES DE RETRASO EL MAPA SEROLÓGICO DE LAS RESIDENCIAS: EN DOS TODOS TIENEN ANTICUERPOS Y EN 33 NO SE DETECTA NINGUNO

 

LA PRUEBA DEFINITIVA DE LA DISCRIMINACIÓN DE LOS MAYORES EN MADRID: LOS DATOS POR RESIDENCIAS DESVELAN CÓMO SE PARALIZÓ EL TRASLADO A LOS HOSPITALES


EL 'HOSPITAL MILAGRO' DE AYUSO TAMBIÉN EXCLUYÓ A LOS MAYORES: SÓLO 23 RESIDENTES FUERON TRASLADADOS A IFEMA

SANIDAD O EL SILENCIO SOBRE EL BROTE DE ALCORCÓN

FAMILIARES DE RESIDENTES DENUNCIAN ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA LA TRAMA MONTADA POR DOMUSVI PARA ELUDIR IMPUESTOS

NUEVO BROTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID: 47 CASOS Y UN FALLECIDO EN UNA RESIDENCIA DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

MAREA DE RESIDENCIAS PIDE AL SUPREMO QUE EVITE LA DESTRUCCIÓN DE LAS CONVERSACIONES ENTRE EL SUMMA 112 Y LOS GERIÁTRICOS DE MADRID

LAS INSPECCIONES EN RESIDENCIAS DE MADRID DETECTAN DEJADEZ EN LAS MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS Y UN CASO DE PRESUNTOS MALOS TRATOS

LOS DATOS DEL GOBIERNO AYUSO REVELAN QUE 7.291 MAYORES MURIERON EN MADRID EN SU RESIDENCIA SIN SER TRASLADADOS A UN HOSPITAL

LA HECATOMBE DE LAS RESIDENCIAS EN MADRID: 544 MUERTOS EN ORPEA, 516 EN AMAVIR, 419 EN DOMUSVI, 217 EN BALLESOL...

LAS RESIDENCIAS DE MADRID GOLPEADAS POR EL VIRUS: EL LISTADO DE LOS CENTROS DONDE MURIERON 5.954 PERSONAS


DOMUSVI EN ESPAÑA TAMBIÉN EJECUTA PRÁCTICAS FISCALES IRREGULARES Y PRESENTA CUENTAS CON PÉRDIDAS

DOMUSVI UTILIZA DOS SOCIEDADES EN LUXEMBURGO PARA NO PAGAR IMPUESTOS POR SUS RESIDENCIAS DE ESPAÑA Y FRANCIA

DOMUSVI DESVÍA A JERSEY PARTE DE LO QUE GANA EN ESPAÑA CON 138 RESIDENCIAS QUE VIVEN SOBRE TODO DEL DINERO PÚBLICO


LOS JUECES OBLIGAN A MEDICALIZAR LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN POR SEXTA VEZ

AYUSO ADMITE QUE "LA SITUACIÓN ES COMPLICADA" POR EL "REGUERO DE 100 DENUNCIAS" POR LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS

PODEMOS LLEVARÁ A LOS TRIBUNALES A AYUSO POR SU GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS DURANTE LA PANDEMIA

LA IZQUIERDA PIDE QUE AYUSO Y SUS CONSEJEROS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES EXPLIQUEN EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN QUÉ OCURRIÓ EN LAS RESIDENCIAS

LA FISCALÍA AUMENTA SUS INVESTIGACIONES A RESIDENCIAS EN MADRID

EL OBSERVATORIO MADRILEÑO DE SALUD CRITICA LA GESTIÓN DE AYUSO EN LAS RESIDENCIAS: “HA PRIMADO EL BENEFICIO EMPRESARIAL”

VOX DEJA SOLA A AYUSO Y PERMITE AL PSOE PRESIDIR LA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ LAS RESIDENCIAS DE MADRID

ARRANCA ESTE LUNES LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE RESIDENCIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

LA FISCALÍA DE MADRID ADVIERTE QUE LLEGARÁ HASTA EL FINAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS RESIDENCIAS

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS RESIDENCIAS EN MADRID LLEGA A LA ASAMBLEA: PROTOCOLOS "ILEGALES", QUERELLAS Y CRISIS DE GOBIERNO

LOS JUECES FRENAN EL INTENTO DE AYUSO DE NO MEDICALIZAR LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN Y LEGANÉS

EL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES DE MADRID PIDIÓ LA AYUDA URGENTE DEL EJÉRCITO AL DELEGADO DEL GOBIERNO

SANIDAD ADMITE QUE CARECE DE INFORMACIÓN FIABLE DEL NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS EN RESIDENCIAS POR CORONAVIRUS

ISABEL DÍAZ AYUSO: “EL ACERCAMIENTO DE CS AL PSOE ES INQUIETANTE”

LA "MEDICALIZACIÓN" DE LAS RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SE HIZO CON SANITARIOS VENEZOLANOS SIN CONTRATO

LAS RESIDENCIAS QUE QUEDARON A SU SUERTE ANTE EL COLAPSO HOSPITALARIO

PP, CS Y VOX 'SALVAN' AL CONSEJERO DE SANIDAD EN UN PLENO EN EL QUE LA IZQUIERDA ACUSA A AYUSO DE "ABANDONAR" A LAS RESIDENCIAS

EL DRAMA DE LAS RESIDENCIAS EN MADRID: ASÍ SE IMPEDÍA DERIVAR ANCIANOS AL HOSPITAL

LA FISCALÍA CENTRA LA INVESTIGACIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE MADRID: 104 DE 220 EN TODA ESPAÑA

EL ‘YO ACUSO’ DE UN CONSEJERO A SU PROPIO GOBIERNO: “LA RESPONSABILIDAD DE LAS RESIDENCIAS ESTÁ EN MADRID”

EL GOBIERNO AYUSO PERMITIÓ ENTRAR Y SALIR DE RESIDENCIAS A MILES DE MAYORES HASTA UNA SEMANA DESPUÉS DEL 8M

MADRID CIERRA A VISITAS 44 RESIDENCIAS DE ANCIANOS AL REGISTRAR NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS

LA CRISIS POR LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS CERCA A LOS CONSEJEROS DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

LA LLEGADA DE LOS BOMBEROS A LAS RESIDENCIAS: “HAY QUE COLABORAR RETIRANDO A LOS FALLECIDOS QUE NADIE RECOGE”

LOS GESTORES DE AMBULANCIAS QUE ACUDÍAN A LAS RESIDENCIAS MADRILEÑAS: “EL DOCTOR IBA SOLO A FIRMAR LA DEFUNCIÓN”

ARAGONÉS, GERENTE DE TRANSAMED: "ALGUIEN DECIDIÓ QUE LOS MAYORES DE MADRID SE QUEDARAN EN LAS RESIDENCIAS"

AYUSO COLOCÓ A UNA AMIGA SIN EXPERIENCIA PARA MEDICALIZAR LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

DIMITE EL JEFE DE GABINETE DEL CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES DE MADRID EN PLENA CRISIS SOBRE LAS RESIDENCIAS

MADRID REGISTRA LAS PEORES CIFRAS DE MUERTOS EN RESIDENCIAS DE ESPAÑA

AYUSO AGRADECE LA AYUDA DE BURGUEÑO Y NO ENTRA A VALORAR SUS OPINIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS EN MADRID

EL ASESOR SANITARIO DE AYUSO: “LOS MAYORES DE RESIDENCIAS QUEDARON ABANDONADOS A SU SUERTE EN TODA ESPAÑA, INCLUIDO MADRID”

LOS 12 DÍAS DE LA “OPERACIÓN BICHO”: EL FIASCO DEL PLAN DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA SALVAR LAS RESIDENCIAS

EL EJERCICIO DE EQUILIBRISMO DE PABLO CASADO CON LOS DATOS DE LAS RESIDENCIAS

CASADO VUELVE A HACER TRAMPAS CON LAS CIFRAS DE FALLECIDOS EN RESIDENCIAS PARA SALVAR A AYUSO

LA MUERTE INDIGNA: RECONSTRUCCIÓN DE LA TRAGEDIA DE LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS EN MADRID

EL RESPONSABLE DE MEDICALIZAR RESIDENCIAS EN MADRID ADMITE QUE LA ATENCIÓN FUE INSUFICIENTE DURANTE SEMANAS

CRONOLOGÍA DEL DESASTRE EN LAS RESIDENCIAS DE MADRID: 7.600 FALLECIDOS, CRISIS EN EL GOBIERNO E INVESTIGACIÓN JUDICIAL

LA RESIDENCIA DOCTOR GONZÁLEZ BUENO, LA MAYOR DEL PAÍS, PROHÍBE LAS VISITAS POR UN LEVE REBROTE CASOS

UNA RESIDENCIA COMUNICÓ QUE LAS "AUTORIDADES SANITARIAS" PROHIBÍAN EL TRASLADO A HOSPITALES YA ANTES DEL PROTOCOLO DEL GOBIERNO AYUSO

MADRID NO TRASLADÓ PACIENTES A OTRAS AUTONOMÍAS Y AYUSO DEFIENDE QUE NO ESTABAN SATURADOS

DÍAZ AYUSO RECONOCE SIN QUERER QUE GESTIONÓ LAS RESIDENCIAS Y SE QUEDA CON ESTA CARA TRAS DARSE CUENTA

AYUSO CREE QUE CON LA COMISIÓN DE RESIDENCIAS LA OPOSICIÓN BUSCA "PARTIR" SU GOBIERNO Y LANZAR "SOFLAMAS INDIGNANTES"

AYUSO, SOBRE EL VÍDEO DEL HOSPITAL DE MADRID: “NO ERAN INSTRUCCIONES SINO UNA SESIÓN ENTRE MÉDICOS”

“VAMOS A DENEGAR LA CAMA A LOS PACIENTES QUE MÁS RIESGO DE MORIR TIENEN”

AYUSO VUELVE A ELUDIR SU RESPONSABILIDAD SOBRE LAS RESIDENCIAS: "¿DÓNDE HA ESTADO EL JEFE DE REYERO, QUE ES PABLO IGLESIAS?"

FACUA DENUNCIA A LA MULTINACIONAL COLISÉE POR APLICAR UNA 'TASA COVID' DE 85 EUROS EN SUS RESIDENCIAS DE MAYORES

AYUSO ALARDEA DE SU GESTIÓN PESE AL ESCÁNDALO DE LAS RESIDENCIAS

MADRID Y CATALUÑA USARON EL FONDO DE EMERGENCIA DEL GOBIERNO PARA PRIORIZAR LOS EPI EN VEZ DEL PERSONAL DE LAS RESIDENCIAS

LA COMUNIDAD DE MADRID CIERRA VARIAS RESIDENCIAS TRAS DETECTAR NUEVOS POSITIVOS Y RECONOCE QUE MUCHAS OTRAS NO HAN PODIDO REABRIR

LOS DATOS DE RESIDENCIAS INTERVENIDAS EN ESPAÑA DEMUESTRAN LA DESATENCIÓN DE MADRID A LO QUE PASABA DURANTE LA PANDEMIA

EL
15% DE LOS RESIDENTES DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES HAN MUERTO EN MADRID DURANTE LA PANDEMIA

7.690 USUARIOS DE RESIDENCIAS DE MADRID MURIERON DE MARZO A MAYO, MIENTRAS LA COMUNIDAD INVESTIGABA SOLO 14 DE 710 CENTROS

EL GOBIERNO DE AYUSO SÓLO ABRIÓ 14 EXPEDIENTES POR 710 RESIDENCIAS, PESE A SER LA COMUNIDAD CON MÁS FALLECIDOS: 7.690

MÓSTOLES DENUNCIARÁ AL CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID POR EL TRATO "INHUMANO Y DEGRADANTE" A LOS MAYORES DE RESIDENCIAS

LA MULTINACIONAL COLISÉE IMPONE UNA 'TASA COVID' A LOS MAYORES DE SUS RESIDENCIAS PARA QUE PAGUEN LAS "MEDIDAS EXTRA DE SEGURIDAD"

UN GERIÁTRICO DE DOMUSVI EN MADRID PIDIÓ A FAMILIARES AUTORIZACIÓN ESCRITA PARA DEJAR MORIR EN EL CENTRO A RESIDENTES RECHAZADOS POR EL HOSPITAL

EL CONSEJERO DE LAS RESIDENCIAS EN MADRID SE QUEJÓ DE SU GOBIERNO EN UNA CARTA A AMNISTÍA INTERNACIONAL

GERIATRAS ADVIERTEN DEL "MENOSCABO EVIDENTE" DE LA DIGNIDAD DE LOS MAYORES EN LA PANDEMIA Y PIDEN REFLEXIÓN

SÁNCHEZ ASEGURA QUE EL GOBIERNO HA TENIDO "COMPROMISO ABSOLUTO" CON LAS RESIDENCIAS: "SE HA ENVIADO HASTA AL EJÉRCITO"

RITA MAESTRE: "SON ACTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL QUE POR TANTO RECIBIÓ EL GOBIERNO MUNICIPAL Y NO SABEMOS SI SE HIZO ALGO CON ELLAS"

ALMEIDA RECRIMINA QUE REYERO "MANDARA CORREOS" SOBRE SUPUESTAS ILEGALIDADES CON LAS RESIDENCIAS Y "LOS SACARA PARA TRATAR DE EXCULPARSE"

EL PSOE ENDURECERÁ SU OPOSICIÓN EN MADRID POR EL ESCÁNDALO DE LOS GERIÁTRICOS Y EL APARTAHOTEL DE AYUSO

“NUESTROS PADRES NUNCA HAN SIDO NI SERÁN UN ERROR”

LA REBELIÓN CONTRA EL HOSPITAL DE UNA DIRECTORA DE RESIDENCIA: “ESTO ES SENTENCIAR DE MUERTE A LA GENTE Y NO LO PIENSO PERMITIR”

FEIJÓO DESMONTA EL BULO DEL PROPIO PP: “EL GOBIERNO CENTRAL SE DESVINCULÓ DE TODAS LAS RESIDENCIAS”

“ESTÁBAMOS SOLOS. PEDÍAMOS AUXILIO Y NO LLEGABA”

LOS DÍAS MÁS DUROS DE LOS GERIATRAS DE MADRID

ACTAS POLICIALES PRUEBAN QUE AL MENOS CINCO RESIDENCIAS PIDIERON AUXILIO A LA COMUNIDAD DE MADRID SIN RESPUESTA: "SUGIEREN ABANDONO DE LAS INSTITUCIONES"

AYUSO ANUNCIA UNA “INVESTIGACIÓN INTERNA” SOBRE LAS RESIDENCIAS A ESPALDAS DE CIUDADANOS

AYUSO SE ESCUDA EN QUE NO HUBO “ORDEN POLÍTICA” PARA NO HOSPITALIZAR A ANCIANOS

SOLO 921 MAYORES DE 70 AÑOS CON CORONAVIRUS HAN INGRESADO EN UCI DE MADRID DESDE EL 1 DE MARZO

MADRID JUSTIFICÓ EN UN CORREO LAS DIRECTRICES A LOS MÉDICOS DE PRIMARIA PARA NO TRASLADAR AL HOSPITAL A PACIENTES MAYORES

UN JUZGADO DE MADRID RECHAZÓ EN MARZO UNA DENUNCIA DE CLECE POR IMPEDIR EL TRASLADO DE ENFERMOS A HOSPITALES

“HA FALLADO TODO: HAN FALTADO PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS”

MADRID RECONOCE QUE NO SEPARÓ ANCIANOS SANOS DE ENFERMOS COMO ORDENÓ SANIDAD

EL PP SE VUELCA EN DEFENSA DE AYUSO ANTE EL DESASTRE DE LAS RESIDENCIAS EN MADRID

GERIÁTRICOS, HOSPITALES, MASCARILLAS Y ESCUELAS SIEMPRE FUERON COMPETENCIAS AUTONÓMICAS PESE A LOS BULOS DEL PP

LOS MAYORES CON SEGURO PRIVADO SÍ FUERON TRASLADADOS DE RESIDENCIAS A HOSPITALES EN MADRID

ACTAS DE INSPECCIÓN POLICIAL RECOGEN QUEJAS DE RESIDENCIAS POR NO PODER ENVIAR ENFERMOS A HOSPITALES: “NO HUBIERA HABIDO TANTOS FALLECIMIENTOS”

GERIÁTRICOS, HOSPITALES, MASCARILLAS Y ESCUELAS SIEMPRE FUERON COMPETENCIAS AUTONÓMICAS PESE A LOS BULOS DEL PP

EL PP SE LANZA CONTRA IGLESIAS PARA TAPAR LA RESPONSABILIDAD DE SUS GOBIERNOS EN LAS MUERTES DE LAS RESIDENCIAS

PP Y VOX CULPAN A IGLESIAS DEL DRAMA EN LAS RESIDENCIAS OBVIANDO QUE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA ES AUTONÓMICA Y SIGUE INTACTA

LA CONSTITUCIÓN Y EL BOE DESMIENTEN A CASADO: NO, LAS COMPETENCIAS DE LAS RESIDENCIAS NO SON DE PABLO IGLESIAS

IGLESIAS Y AYUSO ELEVAN EL TONO EN SUS ATAQUES POR LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS

NI EL RESIDENTE FUE AL HOSPITAL, NI EL HOSPITAL FUE A LA RESIDENCIA

MADRID
ELABORÓ UN PROTOCOLO PARA NO DERIVAR AL HOSPITAL A PACIENTES DOMICILIARIOS

IGLESIAS DEFIENDE QUE LA JUSTICIA DECIDA SI AYUSO INCUMPLIÓ LA LEY AL NEGAR ATENCIÓN HOSPITALARIA A LOS ANCIANOS

LA CRISIS DE LAS RESIDENCIAS RODEA DE INCÓGNITAS EL FUTURO DEL MANDATO DE DÍAZ AYUSO

HOSPITALES DE MADRID RECHAZARON A PACIENTES DE RESIDENCIAS POR SU EDAD: “A LOS MAYORES DE 75 AÑOS NO NOS LOS COGEN”

AYUSO DEFIENDE SU GESTIÓN EN LAS RESIDENCIAS: "LA ESTRATEGIA DE CIUDADANOS ES INCOMPRENSIBLE"

ASÍ MURIERON MÁS DE 6.000 PERSONAS EN RESIDENCIAS DE MADRID

GABILONDO PIDE A AYUSO QUE CESE AL CONSEJERO DE SANIDAD POR LA “GRAVE DESATENCIÓN SANITARIA” DE LAS RESIDENCIAS

LAS LLAMADAS DE RESIDENCIAS QUE EL HOSPITAL IGNORÓ

REYERO INSISTE EN QUE RECIBIÓ "UN PROTOCOLO Y NO UN BORRADOR" SOBRE LAS DERIVACIONES DE MAYORES A HOSPITALES

UN JUZGADO REMITE AL SUPREMO LA QUERELLA DE LAS FAMILIAS DE RESIDENCIAS CONTRA AYUSO

RUIZ ESCUDERO: "ME SIENTO TRAICIONADO POR REYERO"

"EL PACIENTE NO ES DERIVABLE"

REYERO CONFIRMA QUE EL CONSEJERO DE SANIDAD IGNORÓ SUS ADVERTENCIAS PARA MEDICALIZAR LAS RESIDENCIAS

UN CONSEJERO DE AYUSO AVISÓ DE QUE LOS ANCIANOS EN LAS RESIDENCIAS IBAN A MORIR "DE FORMA INDIGNA"

EL CONSEJERO DE SANIDAD DE AYUSO INSISTE EN LAS MENTIRAS QUE DESMONTAN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS POR INFOLIBRE

UNIDAS PODEMOS Y MÁS MADRID PIDEN LOS EMAILS DE SANIDAD CON LOS PROTOCOLOS QUE “PROHIBÍAN” EL TRASLADO DE RESIDENTES A HOSPITALES

LLEGA AL SUPREMO LA QUERELLA CONTRA AYUSO POR LA MUERTE DE PACIENTES DE GERIÁTRICOS CUYA HOSPITALIZACIÓN VETÓ MADRID

ESCUDERO ACUSA A REYERO “DE FARISEÍSMO POLÍTICO” TRAS PUBLICARSE EL CONTENIDO DE SUS CORREOS INTERNOS SOBRE LAS RESIDENCIAS

LOS CORREOS INTERNOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE DENUNCIARON LAS MUERTES “INDIGNAS” EN LAS RESIDENCIAS

IGLESIAS ACUSA A AYUSO DE COMETER “PROBABLEMENTE UNA ILEGALIDAD QUE HA COSTADO MUCHAS VIDAS” EN LAS RESIDENCIAS

EL GOBIERNO DE AYUSO ADMITE QUE ENVIÓ "POR ERROR" EL PROTOCOLO QUE INDICABA NO DERIVAR A ANCIANOS RESIDENTES A HOSPITALES

REYERO, EL VERSO SUELTO QUE PONE EN APUROS EL GOBIERNO DE AYUSO

UN CONSEJERO DE AYUSO DESENMASCARA A LA PRESIDENTA Y PONE EN DUDA LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE SANIDAD EN LAS RESIDENCIAS

UN CONSEJERO DE AYUSO DICE QUE "NO ES ÉTICO Y POSIBLEMENTE NO SEA LEGAL" RECHAZAR A RESIDENTES EN HOSPITALES

EL CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES EN MADRID CREE QUE NEGAR EL AUXILIO A LAS RESIDENCIAS PUDO SER ILEGAL

AYUSO NIEGA QUE SE DIESEN INDICACIONES "POLÍTICAS" SOBRE QUÉ PACIENTES ENTRABAN EN LA UCI: "SIEMPRE PRIMAN CRITERIOS MÉDICOS"

LA ORDEN DE EXCLUSIÓN DE ANCIANOS EN HOSPITALES QUE MADRID QUISO OCULTAR DERIVA EN UNA CUARTA DENUNCIA CONTRA AYUSO

MADRID INDICÓ A LOS MÉDICOS DE PRIMARIA EVITAR EL TRASLADO AL HOSPITAL DE MAYORES CON COVID-19 Y PATOLOGÍAS GRAVES

37 MAYORES MURIERON EN LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN Y LEGANÉS TRAS LOS AUTOS JUDICIALES

EL PP DE AYUSO OCULTÓ QUE ANTES DEL CORONAVIRUS LA SITUACIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE MADRID ERA MÁS QUE DRAMÁTICA

5.811 MUERTES POR COVID EN RESIDENCIAS DE MADRID EN 50 DÍAS

FRENTE DE ALCALDES CONTRA AYUSO PARA QUE MEDICALICE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

LOS JUECES OBLIGAN AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE MEDICALICE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE ALCORCÓN

MADRID RECONOCE 13.911 MUERTES VINCULADAS AL CORONAVIRUS, 7.577 MÁS DE LAS QUE COMUNICA AL GOBIERNO

AGUADO RECUERDA A AYUSO QUE ELLA NO PUEDE CESAR A CONSEJEROS DE CIUDADANOS

EL CAÓTICO BAILE DE CIFRAS SOBRE CUÁNTAS RESIDENCIAS ESTÁN MEDICALIZADAS

AYUSO AVISA A CS: HABRÁ CESES SI SE DEMUESTRAN "ERRORES" EN LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS

LAS 5.272 MUERTES EN RESIDENCIAS AGRAVAN LA CRISIS ENTRE PP Y CS: DÍAZ AYUSO YA NO DESCARTA CESES

AYUSO ANUNCIA QUE HABRÁ CESES EN SU GOBIERNO SI SE DEMUESTRAN NEGLIGENCIAS EN LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS

LA RESIDENCIA VITALIA LEGANÉS DONDE HAN FALLECIDO 96 PERSONAS TIENE UNOS BENEFICIOS ANUALES DE UN MILLÓN DE EUROS

EL GOBIERNO DE AYUSO SE FRACTURA: ACUSACIONES, DESMENTIDOS E INSULTOS ENTRE CIUDADANOS Y PP

CRECEN LAS DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO DE MADRID POR LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS

MÁS DEL 80% DE LOS FALLECIDOS EN LAS RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID HAN MUERTO POR CORONAVIRUS

MADRID ELEVA LAS MUERTES EN RESIDENCIAS RELACIONADAS CON COVID A CASI 5.000

REYERO: "NO ENTIENDO QUE LLEVEN SANITARIOS A OTRAS COMUNIDADES Y NO A NUESTRAS RESIDENCIAS"

DENUNCIAN "INCUMPLIMIENTOS GRAVÍSIMOS" DEL GOBIERNO DE AYUSO EN LAS RESIDENCIAS: "NI A LOS FAMILIARES LES DICEN EL NÚMERO DE FALLECIDOS"

AYUSO SE NEGÓ A QUE LA POLICÍA MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL REPARTIERAN MASCARILLAS Y ALEGÓ QUE ESTABAN EN LAS RESIDENCIAS

AYUSO SIGUE SIN ENVIAR MÉDICOS A LAS RESIDENCIAS UN MES DESPUÉS DE PROMETERLO

LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE QUE HAN MUERTO 4.260 PERSONAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES

MADRID ADMITE LA MUERTE DE 4.260 PERSONAS EN RESIDENCIAS CON CORONAVIRUS O SÍNTOMAS PERO QUE SOLO 781 ESTABAN DIAGNOSTICADOS

LA INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES MULTIPLICA EL RIESGO EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE MADRID

ASÍ INTERVIENE LA COMUNIDAD DE MADRID UNA RESIDENCIA CRÍTICA: “NO PUEDO IR, YA VOY EL LUNES”

LA FISCALÍA PROSIGUE LA INVESTIGACIÓN DE LOS FALLECIMIENTOS DE ANCIANOS EN LAS RESIDENCIAS DE LA REGIÓN

AYUSO
CALCULA QUE HAN MUERTO 3.000 ANCIANOS EN LAS RESIDENCIAS DE MADRID

LAS DOS SEMANAS DE CHOQUES CON CIUDADANOS QUE LLEVARON A AYUSO A HACERSE CON EL CONTROL DE LAS RESIDENCIAS

CRISIS DE GOBIERNO EN MADRID POR EL CORONAVIRUS: AYUSO QUITA A CIUDADANOS EL CONTROL DE LAS RESIDENCIAS

UNA EMPRESA DE RESIDENCIAS INVESTIGADA EN UNA TRAMA CORRUPTA LOGRÓ 56 MILLONES DE EUROS DEL GOBIERNO AGUIRRE

LA COMUNIDAD DE MADRID DA UN IMPRECISO BALANCE DE MUERTES EN SUS RESIDENCIAS DURANTE LA EPIDEMIA

DÍAZ
AYUSO: "NO SABÍAMOS NADA DE LA RESIDENCIA DONDE 19 MAYORES HAN MUERTO CON CORONAVIRUS"

DÍAZ AYUSO, SOBRE LOS DOS CASOS DE CORONAVIRUS EN MADRID: "ES MÁS PELIGROSO EL MIEDO, QUE EL PROPIO VIRUS"


 

 

AMNISTÍA DENUNCIA LA “DEFICIENTE” INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA SOBRE LAS MUERTES DE MAYORES EN RESIDENCIAS

 

Afirma que la mayoría de las investigaciones del Ministerio Público “no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia" para aclarar lo ocurrido

 

Critica que no se hayan “investigado adecuadamente” los protocolos de no derivación a hospitales, “responsables directos” de que miles de personas no recibieran asistencia sanitaria “al menos en Madrid y Cataluña”

 

Pide la creación de una comisión de la verdad en el Congreso y advierte: "Corremos el riesgo de una generalizada impunidad"

 

La pasividad de la Fiscalía ante la muerte de miles de mayores en las residencias de mayores no despierta solo un enorme malestar entre los familiares de las víctimas, sino que también acaba de cosechar la crítica de una de las ONG más prestigiosas del mundo. Amnistía Internacional denunció este lunes la “deficiente investigación” realizada por el Ministerio Público en relación con las decenas de miles de muertes registradas en los centros residenciales. También criticó que las pocas comisiones de investigación creadas en Parlamentos autonómicos se hayan ido cerrando –así ocurrió en Madrid, Cataluña y Castilla y León–, por lo que solicita la apertura de una comisión de la verdad en el Congreso.

 

La fecha elegida por Amnistía para realizar su denuncia es simbólica, puesto que este 31 de enero se cumplen dos años desde que se detectó el primer caso de coronavirus en España. Desde entonces han fallecido a causa de la pandemia más de 35.000 residentes, de ellos más de 20.000 durante la primera ola, en muchos casos sin recibir atención sanitaria y en condiciones que vulneraron sus derechos humanos, tal y como demostraron en detallados informes la propia Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras.

 

Tras analizar la evolución de denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña, Amnistía llegó a la conclusión de que faltan “mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias y el impacto que tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestación de asistencia sanitaria a las personas mayores que vivían en ellas”.

 

Por ello, la organización acusa a “las autoridades” de incumplir “su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

 

“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia. Las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

 

La investigación “deficiente” de la Fiscalía

El principal destinatario de la denuncia de Amnistía es el Ministerio Público, dirigido por Dolores Delgado desde finales de febrero de 2020, justo unos días antes de que el virus empezase a provocar estragos en las residencias.

 

“Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales”, destacó Amnistía.

 

La organización considera que “la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias”.

 

Safira Cantos, responsable de la investigación realizada por Amnistía, recordó que "las familias de las víctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les puede proporcionar”. Y destacó que es fundamental un “papel proactivo” de la Fiscalía para aclarar lo sucedido. “Sin embargo, muchas veces son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”, sostuvo.

 

 

infoLibre ha denunciado diversos casos especialmente llamativos de esta actitud pasiva de la Fiscalía. El último la semana pasada, cuando desveló el escrito de tres folios con el que el Ministerio Público pidió que se cerrase la investigación judicial sobre la muerte de 29 mayores en cuatro residencias de Leganés (Madrid). En dicho documento, la fiscal Raquel Fernández Alonso obvia por completo el elemento central que denunciaron los familiares que presentaron las querellas: que los mayores que caían enfermos no eran trasladados a los hospitales como consecuencia de un Protocolo aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que impedía su derivación. El mes pasado, este periódico informó de que la fiscal de la causa archivada contra el director de la residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real) no acudió a la declaración del único imputado porque “estaba de vacaciones”. En el centro fallecieron 75 personas durante la primera ola de la pandemia.

 

En Barcelona, según recuerda Amnistía, la denuncia de casi doscientos familiares en relación con 30 residencias fue archivada por la Fiscalía sin tomar declaración a las víctimas o los profesionales de las residencias.

 

Por todo ello, Amnistía pide al Ministerio Fiscal “que lleve a cabo investigaciones proactivas sobre todos los fallecimientos de personas a las que no se aseguró adecuada asistencia sanitaria. La investigación debe esclarecer cómo los protocolos institucionales fueron determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores en residencias”.

 

Los protocolos de Madrid y Cataluña

Esos protocolos que impedían la derivación a los hospitales de los residentes son también objeto de la crítica de Amnistía.

 

infoLibre desveló en junio de 2020 la existencia del Protocolo aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que impedía el traslado a los hospitales de aquellos residentes con mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo; es decir, de las personas más vulnerables [puedes consultar en esta información los documentos con las cuatro versiones que tuvo dicho protocolo]. En los meses de marzo y abril de 2020, 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital (5.795 con covid o síntomas compatibles). Una cifra que equivale al 77% del total de residentes fallecidos en dicho periodo. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo el día 18 de aquel mes.

 

En Cataluña, el Gobierno entonces presidido por Quim Torra aprobó un protocolo en el que se recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus. El documento lo publicó el 31 de marzo betevé, la televisión pública del Ayuntamiento de Barcelona. Aunque este protocolo era más matizado en su contenido que el de Madrid, lo cierto es que en Cataluña se produjo también un cerrojazo brutal a las derivaciones hospitalarias. infoLibre desveló que en marzo y abril de 2020 murieron en Cataluña 2.797 mayores en sus residencias sin ser atendidos en un hospital. Una cifra que representaba el 72% del total de residentes fallecidos en dicho periodo.

 

Amnistía es contundente a la hora de analizar este asunto: “La aplicación de los protocolos de no derivación a hospitales no se ha investigado adecuadamente, y el Ministerio Fiscal ha concluido que no fueron un impedimento para el traslado hospitalario de residentes enfermos; lo que contrasta con los hallazgos de Amnistía Internacional que sí considera que los protocolos en vigor durante la primera ola de la pandemia provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud”.

 

La organización considera que estos protocolos “son responsables directos de la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria, al menos en Madrid y Cataluña, de miles de personas en los momentos más duros de la pandemia”. La consecuencia es que “no se aseguró una valoración individual basada en el mejor pronóstico” de cada enfermo, sino que se utilizaron criterios como la fragilidad, el deterioro cognitivo o la edad que no están “relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio. Las decisiones médicas deben ser siempre individualizadas y basadas en evidencia científica”.

 

El Ministerio Fiscal, recuerda Amnistía, tampoco ha tenido en cuenta en sus investigaciones las afirmaciones de responsables de residencias o políticos que reconocen que los protocolos impidieron la derivación a los hospitales sin que al mismo tiempo se les prestara asistencia sanitaria adecuada en las residencias. Esta última es una clara referencia, aunque sin citarle por su nombre, al exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero [puedes consultar aquí las cartas enviadas por Reyero al consejero de Sanidad denunciando este y otros hechos sobre lo ocurrido en las residencias, que fueron publicadas por infoLibre en enero de 2021].

 

Por su parte, continúa Amnistía, el Consejo General del Poder Judicial "tampoco ha realizado seguimiento sobre si las víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales, contribuyendo así a la falta de información y transparencia".

 

Los Parlamentos tampoco investigan

Amnistía centra sus críticas en el Ministerio Público, pero también denuncia la falta de investigación en el ámbito político. “A pesar de la gravedad de lo sucedido en las residencias, se han ido cerrando en España las pocas comisiones de investigación abiertas en algunos parlamentos autonómicos. Estas sólo han desarrollado, en el mejor de los casos, investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos”, destacó la organización.

 

Los Parlamentos autonómicos que abrieron comisiones de investigación fueron los de Cataluña, Madrid y Castilla y León. En los dos primeros casos, el adelanto de las elecciones llevó a su cierre y tras los comicios los partidos mayoritarios se negaron a reabrirlas. En Madrid bloquearon la investigación PP y Vox, mientras que en Cataluña fueron ERC, Junts y PSC, que decidieron constituir en su lugar un grupo de expertos. En Castilla y León también ha decaído la comisión tras la convocatoria a las urnas el próximo 13 de febrero.

 

En otras muchas comunidades, las comisiones de investigación ni siquiera llegaron a constituirse. La izquierda las tumbó por ejemplo en Asturias, Baleares, Extremadura o La Rioja, mientras que la derecha impidió que se creasen en Andalucía, Galicia o Murcia. El argumento de la mayoría parlamentaria fue siempre el mismo, con independencia del color político: la oposición quería utilizar la tragedia para desgastar al Gobierno.

 

A nivel estatal, el Congreso tampoco ha puesto en marcha ninguna comisión para analizar lo ocurrido en las residencias. Por ello, Amnistía solicita “la creación de una comisión de la verdad en el Congreso que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder algo similar", indicó Esteban Beltrán.

 

El resumen de la exhaustiva investigación realizada por Amnistía Internacional quizá se pueda resumir en estas siete palabras de Safira Cantos: "Corremos el riesgo de una generalizada impunidad".

 

Amnistía Internacional presentó su investigación este lunes 31 de enero, en una rueda de prensa a la que asistieron varios familiares de víctimas. Y también distribuyó vídeos con los testimonios de cuatro personas que perdieron a su padre o a su madre, y que denuncian el sufrimiento añadido que supone para ellos que no se esté investigando lo ocurrido y que ni siquiera se les escuche.

 

Amnistía sostiene que entre Madrid y Barcelona se han archivado diligencias de investigación “de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información”.

 

Safira Cantos, responsable de la investigación realizada por Amnistía, destacó que a las víctimas “lo que más dolor les causa es que su caso acabe en archivo, sin conocer toda la verdad de lo sucedido”. Y también recordó que “el Protocolo de la ONU sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, aplicable a los centros geriátricos, reconoce el derecho de los familiares de las víctimas a participar en las investigaciones”.

 

Uno de los testimonios es el de Ángela Arreba, cuya madre –Julia– falleció el 8 de abril de 2020 en la residencia Amavir Arganzuela de Madrid. “Tienes la sensación de que nadie te escucha, de que no quieren saber, de que nadie se hace eco. La continua negación de los hechos, la desinformación y la mentira en la que vivimos causa mucho dolor", denuncia Ángela Arreba.

 

"Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más", lamenta Ana María, cuya madre murió en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital. La denuncia que presentó hace año y medio en el juzgado continúa en trámite.

 

https://www.infolibre.es/politica/amnistia-denuncia-deficiente-investigacion-fiscalia-muertes-mayores-residencias_1_1218115.html

 

LOS RETRATADOS POR LA AUDIENCIA: JUEZA, FISCAL, AYUSO Y SUS INTOXICADORES

 

Manuel Rico

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la jueza Mónica Boticario Martín reabrir la causa por la muerte de 29 mayores en cuatro residencias de Leganés durante la primera ola de la pandemia. Esta es la noticia que debería alegrar a cualquier persona, salvo a los desalmados y a los posibles culpables. Pero más allá de la noticia, la resolución judicial tiene mucho que analizar, por lo que determina y también por cómo quedan retratados algunos personajes. Intentaré resumirlo en los seis puntos siguientes.

 

1. Juliana, María, Feliciano, Esperanza, María Purificación, Carmen...

Una parte de la sociedad española lleva casi dos años demostrando tal deshumanización ante la masiva violación de derechos humanos sufrida por los mayores durante la primera ola del covid –más de 20.000 residentes fallecidos según cifras oficiales y decenas de miles que sobrevivieron pero con un notable deterioro de su salud física y mental–, que parece necesario empezar por lo más obvio: fallecieron personas, con nombres y apellidos; personas con familiares que les querían; personas que pertenecían a la generación que recuperó la democracia y construyó el Estado de bienestar en España. Y es que escuchando o leyendo a los desalmados, cualquiera podría concluir que estamos hablando de alguna cosa inservible. Pero no, este asunto trata sobre lo más valioso que existe: la vida y el bienestar de personas, muchas de ellas especialmente vulnerables.

 

Estamos hablando de Juliana, que vivía en la residencia madrileña Los Frailes, gestionada por Aralia. El 24 de marzo de 2020, cuando desde el centro pidieron su traslado, en el Hospital Severo Ochoa determinaron que no era “una paciente derivable, por lo que debe mantenerse en la residencia con oxigenoterapia. Ese mismo día es trasladada a la unidad de aislamiento. Se mantiene contacto con Geriatría por los brotes de agresividad que presenta la paciente, y desde el hospital pautan la medicación y el tratamiento a seguir. Se le colocan muñequeras para conseguir tratarla y se le coloca el día 28 mascarilla de oxígeno pediátrica”. Así consta en el execrable auto dictado en su día por Mónica Boticario Martín. Juliana murió el 9 de abril de 2020.

 

Estamos hablando de María, que residía en el centro de Amavir. El 30 de marzo mostró síntomas de decaimiento e ingesta irregular de alimentos. El 7 de abril empeoró su estado basal, pero el Severo Ochoa no autorizó su traslado “por no cumplir los requisitos marcados por protocolos Comunidad de Madrid (gran dependiente y deterioro cognitivo severo)”, según se indica en el execrable auto. Por la mutua privada sus familiares consiguieron que fuese trasladada al Hospital Quirón de Alcorcón, donde tras su exploración el diagnóstico fue de “deterioro estado general, fallo renal e hipernatremia”. Falleció al día siguiente.

 

Estamos hablando de Feliciano, de 85 años, quien estaba en Vitalia Home. El 18 de marzo comenzó con tos sin expectoración y fiebre alta (39º). Al día siguiente se llamó al servicio de urgencias para derivar al hospital, que negó el traslado. Murió once días después.

 

Estamos hablando de Esperanza, de María Purificación y de Carmen, que también residían en Vitalia Home. Cuando desde su residencia llamaron al Severo Ochoa para solicitar el traslado, ni siquiera cogieron el teléfono.

 

Estamos hablando de Carmen, de Ricardo, de Rosa, de Carmen, de Antonio, de Atanasio, de Eladia, de María, de Piedad y de María del Sagrario. La primera vivía en la residencia de Amavir, el segundo en DomusVi y los otros ocho en Vitalia Home. Todos ellos fallecieron sin recibir asistencia hospitalaria.

 

2. La Justicia y la Injusticia

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid conocido este miércoles es la segunda rectificación que se realiza desde esta instancia superior al Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés.

 

En el procedimiento judicial se están analizando en realidad dos querellas diferentes, que fueron acumuladas en su día. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

 

El 18 de agosto de 2020, ante la primera querella presentada por los familiares, la jueza decidió directamente inadmitirla. ¡Sí, inadmitirla! Su señoría consideró que no merecía la pena perder el tiempo con el asunto.

 

El 5 de noviembre de aquel año, la Sección 23ª de la Audiencia Provincial admitió parcialmente el recurso interpuesto por los querellantes y ordenó realizar una serie de pruebas, “a los efectos de que se individualicen cada uno de los casos relatados, solicitando a las respectivas residencias a las que se hace referencia en el escrito de querella para que aporten los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid con los que actuaron durante los meses a los que se refiere el escrito de querella y, en particular, los criterios de derivación de los residentes a centros hospitalarios”. Además, ordenó solicitar “a las respectivas residencias la historia de los residentes y las decisiones que se adoptaron respecto a cada uno de ellos en particular”; pedir a los hospitales las historias clínicas de dos personas que fallecieron allí; requerir a las residencias que explicasen de qué medios de protección disponían y las medidas de seguridad que adoptaron, y que se tomase declaración a los querellantes. 

 

Mónica Boticario Martín practicó las diligencias que consideró pertinentes y, el 13 de julio de 2021, dictó su execrable auto de archivo y sobreseimiento libre de las actuaciones.

 

La Sección 23ª de la Audiencia Provincial le ordena ahora por segunda vez practicar una serie de pruebas, en busca de un doble objetivo: “para una decisión más fundamentada y para despejar toda duda sobre la actuación de los querellados”.

 

Pese a que se trata de la segunda corrección al Juzgado de Leganés, hay que señalar también que los magistrados de la Audiencia Provincial se muestran magnánimos con la actuación de Mónica Boticario Martín. Por poner el ejemplo más obvio: en su execrable auto, la jueza sostiene que analizó "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros". Y a continuación menciona hasta 22 resoluciones, pero en ese extenso listado no figura el Protocolo dictado el 18 de marzo de 2020 por la Consejería de Sanidad que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo [puedes consultar aquí dicho Protocolo, desvelado por infoLibre]. En otras palabras: Boticario estudió documentos como para escribir una tesis doctoral, pero justo se le olvidó entrar en detalle en el que utilizaron en los hospitales para prohibir el traslado de los mayores. Habrá sido un despiste. La Audiencia Provincial generosamente ni menciona este asunto en su resolución.

 

Recordemos otra obviedad: ningún querellante tiene derecho a que la Justicia le dé la razón. El derecho, de rango constitucional, es a la tutela judicial efectiva. Y los hechos permiten llegar a una conclusión bastante clara: hay decisiones judiciales que cumplen con ese mandato y hay otras que se cachondean de él. Es la diferencia entre Justicia e Injusticia.

 

La resolución de la Audiencia sobre las residencias de Leganés es importante por lo que determina y también por cómo quedan retratados algunos personajes.

3. La Fiscalía da vergüenza otra vez

En el auto de la Audiencia Provincial hay una somera mención al Ministerio Público. Es esta: “Conferido traslado, el Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida”.

 

La decisión judicial es, por tanto, también una sonora bofetada para la Fiscalía, que se opuso al recurso de los familiares.

 

En este asunto de investigar lo ocurrido en las residencias son ya decenas las actuaciones vergonzosas (en términos jurídicos) del Ministerio Público por toda España. Y dado que estamos ante una institución que se rige por el principio jerárquico, la principal responsable de dicho comportamiento es la fiscal general, Dolores Delgado García.

 

Que sea precisamente ella, quien tuvo una meritoria y notable carrera como fiscal durante casi dos décadas, la que está arrastrando a un lodazal el prestigio del Ministerio Público, es para mí algo inesperado y sorprendente. Pero los hechos son tozudos. Hace meses que Delgado debería haber comparecido públicamente para dar explicaciones sobre la actuación fiscal en el tema de las residencias. Y si no tiene o no puede dar esas explicaciones, debe dimitir.

 

4. Lo que dice la Audiencia Provincial

Como se explica perfectamente en el auto de la Audiencia Provincial, los recursos de los familiares sostienen que los fallecimientos de los residentes se produjeron por dos causas distintas y acumulativas. La primera en el tiempo sería “una falta de previsión y de adopción de medidas de protección frente al Covid-19 por parte de los responsables de las residencias que propició que muchos de los residentes enfermaran”. Y la segunda, que una vez que el virus entró en los centros, “a muchos residentes no se les derivó a centros hospitalarios, lo que propició su fallecimiento, y a otros no se les derivó a su debido tiempo, lo que hizo ineficaz el tratamiento médico tardíamente prestado”.

 

Dada la resolución de la Audiencia Provincial, no parece temerario concluir que el primero de esos factores tendrá poco recorrido judicial. Hasta en dos ocasiones se indica en el auto que, a la vista de las diligencias practicadas, no cabe “inferir en el presente caso una actuación disconforme a la lex artis por parte del personal de las residencias implicadas que fuera propiciadora de los contagios”. A priori, será difícil establecer un reproche penal para los directores de las residencias por este tema.

 

La Audiencia Provincial entiende, sin embargo, que es necesario investigar con más detalle la segunda cuestión, la posible falta de atención sanitaria adecuada una vez producidos los contagios. Y ello lleva directamente al Protocolo aprobado por la Consejería de Sanidad del Gobierno Ayuso. De hecho, el órgano judicial ordena que se tome declaración “a los responsables de implementar los protocolos de actuación” y a “los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa”. Estos últimos deberán declarar en calidad de testigos, lo que les impone la obligación legal de decir la verdad.

 

Y este punto es especialmente interesante. Hasta ahora, el foco de la mayoría de los procedimientos judiciales se ha centrado en los directores de las residencias. Algo que tiene, sin duda, toda la lógica jurídica del momento. Pero en el escenario también deberían figurar otros actores que de momento han logrado permanecer en la oscuridad más absoluta: los geriatras que aplicaron ese Protocolo inhumano dictado por el Gobierno Ayuso. Ellos también deben una explicación: a los familiares para empezar, pero también a esa parte de la sociedad que se niega a enterrar este tema sin conocer la verdad.

 

5. Ayuso, la responsable política (para empezar)

La querella de los familiares agrupados en la Marea de Residencias se dirigía inicialmente contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y contra los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La Audiencia Provincial, en el auto que ordenó admitir a trámite la querella, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

 

Así que en este momento Ayuso y sus consejeros no son objeto de investigación judicial alguna. Pero hay otra cuestión que se llama responsabilidad política.

 

El 28 de mayo de 2020, en la Asamblea de Madrid, el entonces portavoz de Unidas Podemos –Jacinto Morano– planteó la siguiente cuestión: "Nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su Gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencias de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid". Y la respuesta de la presidenta madrileña fue la siguiente: "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo".

 

Esa absurda mentira sobre el “borrador” fue repetida en los meses siguientes, machaconamente, por Ayuso y su consejero Escudero. Ahora, en todo tipo de escritos oficiales, desde los autos de la Audiencia Provincial a la Memoria anual de la Fiscalía de Madrid, se reconoce lógicamente la verdad: que el Protocolo existió y se aplicó. Pero resulta que nos hemos saltado una pantalla: ¿han visto ustedes a Ayuso o a Escudero pedir perdón por mentir una y otra vez, en la Asamblea y en los medios amigos? Yo tampoco.

 

La mentira de Ayuso buscaba ocultar la verdad sobre la muerte de 7.291 personas mayores, que fallecieron en las residencias sin recibir atención hospitalaria durante la primera ola. Cualquier político con un ápice de dignidad, habría dimitido ya.

 

6. Los cómplices mediáticos

El auto de la Audiencia Provincial es toda una lección jurídica para Mónica Boticario Martín y para la Fiscalía, y vuelve a retratar a Ayuso y sus consejeros. Pero no son los únicos retratados. También están los medios y periodistas que han montado y difundido la operación de desinformación más indigna desde la teoría de la conspiración del 11-M (que en más de un caso haya repetidores tampoco debería extrañar).

 

Una campaña que incluyó desde repetir cual loritos a sueldo que el Protocolo era un borrador hasta señalar falsamente que las competencias sobre las residencias las tenía el entonces vicepresidente Pablo Iglesias.

 

Ellos saben quiénes son (y las hemerotecas también). Ninguno ha tenido la dignidad de pedir perdón primero y dedicarse luego a otra profesión.

 

https://www.infolibre.es/opinion/columnas/retratados-audiencia-jueza-fiscal-ayuso-intoxicadores_129_1217968.html

 

LA FISCAL DESPACHÓ EL CASO DE LAS RESIDENCIAS DE LEGANÉS EN TRES FOLIOS QUE OBVIAN EL ‘PROTOCOLO DE LA VERGÜENZA’

 

Se opuso al recurso de los familiares porque las residencias cumplieron los “protocolos” aprobados por la Administración, sin analizar si dichas órdenes impidieron el traslado al hospital de los 29 mayores fallecidos

 

La Audiencia Provincial, en cambio, decidió reabrir la causa para que declaren los responsables de “implementar los protocolos” y del servicio de geriatría del hospital

 

Los familiares de residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia llevan más de un año denunciando en diversos puntos de España la desidia de la Fiscalía a la hora de investigar lo ocurrido. Un memorial de agravios al que se acaba de sumar un nuevo caso. El Ministerio Público defendió cerrar la investigación iniciada tras la presentación de dos querellas por parte de los familiares de 29 personas fallecidas en cuatro residencias de Leganés (Madrid). Y lo hizo por medio de un escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, de apenas tres folios de extensión y en el que se obvia por completo el elemento central que denuncian los familiares: que los mayores que caían enfermos no eran trasladados a los hospitales como consecuencia de un Protocolo aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que impedía su derivación.

 

La Audiencia Provincial de Madrid no atendió la solicitud de la Fiscalía y ordenó reabrir la causa, por medio de un auto que se conoció el pasado miércoles.

 

En el mismo procedimiento se instruyen dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de las que 29 fallecieron, mientras que las otros seis lograron sobrevivir.

 

La jueza encargada de la Instrucción, Mónica Boticario Martín, ni siquiera admitió a trámite la primera querella. En noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a abrir la instrucción. Ocho meses después, Boticario archivó el procedimiento. Los familiares presentaron sendos recursos y la Audiencia Provincial acaba de ordenar de nuevo que se continúe la investigación. El Ministerio Público pidió que se rechazaran los recursos de los familiares y se enterrase así definitivamente la causa.

 

Los argumentos de la Fiscalía

El escrito está firmado por la fiscal Raquel Fernández Alonso y lleva fecha de 14 de septiembre de 2021. Son tres folios y cinco líneas en los que apenas analiza los argumentos esgrimidos por las acusaciones. Todo lo contrario que el auto de la Audiencia Provincial, un detallado documento de 19 páginas en el que se abordan y sistematizan todas las razones alegadas por los querellantes (en varias ocasiones para no darles la razón y respaldar el trabajo de la jueza).

 

Los recursos de los familiares sostienen que las muertes de los residentes se produjeron por dos causas distintas y compatibles. La primera, que no se adoptaron medidas de protección frente al covid por parte de los responsables de las residencias. Y la segunda, que una vez que el virus entró en los centros, a muchos mayores no se les derivó al hospital o se hizo de forma tardía. Este último hecho, argumentan, fue consecuencia del Protocolo aprobado por el Gobierno Ayuso que impedía trasladar al hospital a los residentes con un mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo (infoLibre desveló la existencia del Protocolo y sus diferentes versiones en esta información de junio de 2020).

 

Pues bien, en el escrito del Ministerio Público no se dedica ni una palabra a analizar el tema de la prohibición de derivaciones. La fiscal se limita a decir que las residencias informaron sobre “las gestiones para derivar a los enfermos a los hospitales” y que en todo momento actuaron “conforme a los protocolos e instrucciones dadas por la Administración Pública”.

 

Como resulta obvio, la clave no es saber si las residencias informaron o no sobres sus gestiones para derivar enfermos, sino cuál fue el resultado de esas gestiones. Pues bien, la respuesta está en el propio auto de archivo de la juez Boticario: al menos 16 de los 29 fallecidos no fueron trasladados al hospital. En tres casos se reconoce que hubo una prohibición expresa de derivación y en otros tres que ni siquiera cogieron el teléfono en el Severo Ochoa cuando llamaron para pedir el traslado. En los diez restantes no consta en el auto de archivo por qué no fueron derivados. Nada dice sobre esto la fiscal Raquel Fernández.

 

Un razonamiento similar es aplicable a la afirmación de que los directores actuaron conforme “a los protocolos y las instrucciones recibidas”. El análisis de si cumplieron o no órdenes sería relevante a la hora de determinar quién es responsable, pero hay un paso previo imprescindible en el ámbito penal: saber si esas instrucciones fueron la posible causa de algún fallecimiento. Eso es precisamente lo que se sostiene en el recurso presentado por los familiares agrupados en Marea de Residencias: que la relación entre el Protocolo del Gobierno Ayuso y la no derivación hospitalaria ”es evidente” en varios casos y que ello llevó a la muerte del paciente sin recibir la atención debida. Un argumento que el Ministerio Público tampoco combate en su escrito, ya que simplemente se limita a decir que los directores cumplieron instrucciones, sin analizar el contenido de las mismas y sus posibles efectos en el deterioro de la salud de los residentes.

 

En definitiva, la conclusión de la fiscal es que las muertes de los mayores fueron inevitables y que no hay culpables: “Los fallecimientos ocurridos fueron a consecuencia del agravamiento de las patologías presentadas por contagio del covid, sin que se pueda atribuir un ánimo de ocasionar la muerte ni siquiera culposo, se les prescribe un tratamiento, se les presta la asistencia debida, con lo que se conocía en dicho momento, y con los medios que se disponía (no solo en Leganés, y en las residencias, sino en toda España), sin embargo el desenlace en alguno de los casos, fue lamentablemente, el fallecimiento, pero ello, no puede considerarse que sea constitutivo de un ilícito penal”. [La puntuación es la del original]

 

La Audiencia ordena seguir investigando

Frente a la pobreza argumental del escrito del Ministerio Público, la Audiencia Provincial de Madrid elaboró un detallado auto en el que se estima parcialmente el recurso de apelación de los querellantes.

 

El tribunal defiende la actuación de la jueza en varios aspectos, por ejemplo cuando niega que haya existido “olvido o desinterés respecto de la querella” presentada por los familiares de Vitalia Home, como alegaban en su recurso. Pero considera que es necesario seguir investigando determinados aspectos, en busca de “una decisión más fundamentada y para despejar toda duda sobre la actuación de los querellados”.

 

En concreto, ordena tres actuaciones instructoras. Primero, tomar declaración a los responsables de “implementar los protocolos” en cada una de las cuatro residencias. Segundo, interrogar en calidad de testigos a los responsables médicos de los centros, “en relación a la deficiente atención sanitaria a la que hacen referencia los querellantes [...] así como al seguimiento de los protocolos para la derivación hospitalaria”. Y tercero, llamar a declarar también como testigos a los responsables del servicio de geriatría del Hospital Severo Ochoa, para que entre otras cuestiones “ilustren acerca de la decisión de no derivación hospitalaria de algunos de los residentes, todo ello a los efectos de establecer la relación con el fatal desenlace”. La declaración de estos últimos es relevante porque el Protocolo del Gobierno Ayuso convirtió a los geriatras de los hospitales en las personas que decidían si un mayor podía ser trasladado, de acuerdo con los criterios de no derivación establecidos.

 

En otras palabras, la actuación instructora que solicita la Audiencia se centra en la cuestión de los protocolos y la falta de derivación hospitalaria, cuestión que ni menciona la fiscal en el escrito en el que defendía rechazar el recurso de los familiares.

 

https://www.infolibre.es/politica/fiscalia-opuso-investigar-residencias-leganes-escrito-tres-folios-no-analiza-protocolo-verguenza_1_1218025.html

 

PROTOCOLOS BAJO SOSPECHA EN MADRID: LA JUEZ INDAGA SOBRE LA ORDEN DE NO DERIVAR ANCIANOS DE RESIDENCIAS A HOSPITALES

 

Leganés y cita a declarar a los responsables médicos de los centros y al del servicio de geriatría del hospital Severo Ochoa para abordar el funcionamiento de las derivaciones a complejos hospitalarios

 

Casi dos años después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobase los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de las residencias a los hospitales durante la primera ola de la Covid-19, esos documentos siguen bajo sospecha. Un total de 7.291 mayores murieron en apenas dos meses en los geriátricos de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, en lo que sigue siendo la gran sombra de la gestión de Ayuso durante la pandemia. La decisión partió en dos al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto esta semana a poner en el punto de mira aquellos protocolos y ha citado a declarar a varios responsables de aplicarlos. Familiares de víctimas y asociaciones esperan que esta vía que se abre de nuevo en los tribunales amplíe el foco hacia los responsables políticos.

 

El auto de la Audiencia Provincial abre la vía por primera vez a investigar las instrucciones sobre derivaciones de ancianos contagiados en cuatro residencias de Leganés. Los demandantes iniciaron la causa contra los directores de los centros alegando un "trato inadecuado" a los mayores durante los primeros meses de la pandemia. Entre marzo y junio de 2020 en Madrid fallecieron 7.690 usuarios –1.203 confirmados con COVID-19–, una cifra que en ese momento supuso el 18,1% del total de los residentes. Casi uno de cada cinco. Para los denunciantes los hechos investigados "pueden ser constitutivos" de varios delitos, entre ellos, homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

 

El auto emitido el 11 de enero reabre la causa por segunda vez en contra del criterio de la magistrada del juzgado de instrucción, que había archivado las demandas contra las cuatro residencias de Leganés —DomusVi, Vitalia, Amavir y Aralia— ya en un par de ocasiones.

 

En esta nueva decisión, conocida esta semana, la Sección 23 de la Audiencia Provincial ordena a la magistrada realizar tres nuevas diligencias más, orientadas a abordar el funcionamiento de los protocolos en las residencias demandadas. Los jueces defienden que para llegar a una "decisión más fundamentada" es necesario "tomar declaración a los responsables de implementar los protocolos de actuación frente al COVID-19 en cada una de las residencias".

 

La investigación judicial vuelve a poner el foco en la gestión del Gobierno regional de Díaz Ayuso, un asunto que irrita a la presidenta madrileña cada vez que se le pregunta por el tema, decidida como está a figurar como un ejemplo de liderazgo durante la crisis. Aquella decisión que tomó en su día la Consejería de Sanidad, en manos entonces del PP, provocó una gigantesca brecha con sus socios de Ciudadanos, que llegaron a cuestionar la legalidad de los protocolos.

 

Las relaciones entre las dos alas de la coalición se llevaron al límite por el duro enfrentamiento entre los dos responsables de la gestión de las residencias: el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), que acabó presentando su dimisión meses después y tras haber aireado públicamente las discrepancias con la manera de hacer de los populares. Reyero llegó a calificar los protocolos de "inmorales" y "posiblemente ilegales" en una comisión parlamentaria en la Asamblea de Madrid. El entonces dirigente de Ciudadanos, hoy retirado de la política, reclama todavía una investigación parlamentaria y judicial para aclarar lo sucedido.

 

Aunque Ayuso ha intentado por todos los medios borrar el rastro de aquello, incluso con unas elecciones donde fulminó a Ciudadanos, los protocolos siguen persiguiendo a la presidenta madrileña. Recientemente, en una entrevista en el Hormiguero con Pablo Motos, la dirigente del PP se defendió asegurando que "se trató a cada cadáver con cariño y con respeto" después de que el presentador le preguntara por las muertes en las residencias y la negativa del PP a que se produzca una comisión de investigación que determine lo ocurrido en estos centros. En el recorrido por la hemeroteca de las declaraciones de la presidenta regional, primero los calificó de "borradores"; después dijo que se trataba de "sugerencias", y a día de hoy, Ayuso se defiende argumentando que cada geriatra tomó la decisión individualmente.

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha esquivado de momento todas las denuncias que se han puesto contra ella por esta cuestión. Pero los denunciantes siguen pidiendo que los responsables directos de aprobar aquellos protocolos también desfilen por los juzgados. Uno de ellos es el alto cargo de la Consejería de Sanidad que los firmó, Carlos Mur de Víu, quien aunque no ha sido llamado a declarar por el momento desde un juzgado, ya pudo dar su versión en la comisión de investigación iniciada en la Asamblea de Madrid que decayó por el adelanto electoral –y que PP y Vox se han encargado de enterrar en la nueva legislatura tras el 4M–. Mur reconoció la validez de los protocolos y aseguró que sus superiores, señalando directamente al consejero Enrique Ruiz Escudero, fueron conocedores de los mismos. "Siempre informé a mis responsables directos", dijo Mur, que entonces ocupaba el cargo de director general de coordinación socio-sanitaria, en comisión parlamentaria.

 

El psiquiatra de profesión reconoció que no eran "borradores", como aseguró durante aquellos meses Díaz Ayuso, sino que eran protocolos que pretendían dar "criterios homogéneos" a los directores de residencias y hospitales ante una situación de "desastre sanitario", dijo, un colapso que también fue negado entonces por la dirigente madrileña.

 

La cuestionable gestión sobre los geriátricos por parte del Gobierno de Díaz Ayuso durante aquellos fatídicos meses no termina con los protocolos. El día siguiente de enviar el último protocolo –el 26 de marzo de 2020– y de que Reyero ya hubiera manifestado su disconformidad por los mismos en unos emails que remitió al consejero de Sanidad y que acabaron haciéndose públicos, Ayuso tomó dos decisiones: retirarle las competencias sobre las residencias al consejero de Ciudadanos y contratar a Encarnación Burgueño, una mujer sin ninguna experiencia en la materia, para que se hiciera cargo de la gestión de los geriátricos: la conocida como ‘operación bicho’, otro punto negro de aquella gestión que fue tildada de escándalo por quienes la vivieron de cerca. De la Operación Bicho quedaron unos audios sonrojantes donde la mujer a la que se había encomendado la gestión de la crisis decía "flipar en colorines" con la oportunidad de negocio que se había abierto a su empresa.

 

La justicia cita a los responsables médicos

Tras la decisión judicial conocida esta semana comparecerán como testigos los responsables médicos de cada uno de los centros de mayores denunciados y los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, el centro sanitario de referencia, para abordar el funcionamiento de los traslados.

 

En el caso de los facultativos de los centros de mayores, la Audiencia considera que es necesario que expliquen "el seguimiento" de las órdenes enviadas por la Comunidad "para la derivación hospitalaria e informen de los medios disponibles en cada una de las residencias en esos momentos para prestar atención médica a los residentes enfermos que no fueron derivados al hospital de referencia".

 

Por su parte, los geriatras del Severo Ochoa deberán aportar información sobre los "criterios adoptados" en las primeras semanas de la pandemia para el traslado de los enfermos desde las residencias implicadas a los hospitales. Asimismo, tendrán que ilustrar "acerca de la decisión de no derivación".

 

Los familiares que han promovido esta causa asumen con cierta incredulidad la reapertura del caso. "No tengo ningún tipo de esperanza. No veo con ganas a la jueza", indica Laura, portavoz de la plataforma de familias que se han querellado contra la residencia Vitalia Leganés. Desde el colectivo Marea de Residencias, que también ha impulsado una de estas dos demandas, reciben "como una buena noticia" la decisión de la Audiencia Provincial. Aún así, se muestran decepcionados por el papel de la Fiscalía, que se posicionó a favor del archivo de la investigación.

 

https://www.eldiario.es/madrid/protocolos-sospecha-madrid-juez-indaga-orden-no-derivar-ancianos-residencias-hospitales_1_8698913.html

 

LA JUSTICIA PIDE TOMAR DECLARACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO QUE IMPIDIÓ DERIVAR ANCIANOS DE RESIDENCIAS EN MADRID

 

La Audiencia Provincial de Madrid reabre la causa por las muertes en cuatro residencias de Leganés. Cita a declarar a los responsables médicos de los centros y al del servicio de geriatría del hospital Severo Ochoa para abordar el funcionamiento de las derivaciones

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa por los fallecimientos en cuatro residencias de Leganés (Madrid) durante la primera ola de la pandemia. Los magistrados de la Sección número 23 sostienen que para tomar "una decisión más fundamentada" es necesario tomar declaración a los "responsables de implementar los protocolos de actuación frente al Covid-19 en cada una de las residencias". Además, abogan por que comparezcan en "calidad de testigos" los responsables médicos de cada uno de los centros de mayores denunciados y los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era el centro sanitario de referencia, para abordar el funcionamiento de las derivaciones.

 

El pasado mes de julio, un juzgado de instrucción archivó la causa impulsada por familiares de residentes de varias centros —DomusVi, Vitalia, Amavir y Aralia— del municipio madrileño, su defensa recurrió el sobreseimiento y la Audiencia ha estimado parcialmente esta petición, en un auto emitido el 11 de enero, al que ha accedido elDiario.es.

 

Los familiares de los residentes fallecidos iniciaron la causa contra los directores de los centros de mayores alegando un "trato inadecuado" a los mayores durante los primeros meses de la pandemia. Según la demanda presentada, esta situación "habría propiciado que un número importante de residentes se contagiaran de COVID 19 en las propias residencias muriendo muchos de ellos por no haber recibido asistencia sanitaria adecuada, bien por no haber sido trasladados a los centros hospitalarios o haberlo sido con retardo y, en consecuencia, sin haberse podido hacer nada por su vida". Para los denunciantes estos hechos "pueden ser constitutivos" de varios delitos, entre ellos, homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

 

Los demandantes recurrieron el archivo al "echar en falta" la práctica de "más diligencias de investigación para aclarar los hechos". Aunque la Audiencia Provincial defiende la labor realizada por el juzgado de instrucción, estima parcialmente el recurso presentado y continúa adelante con la causa "para adoptar una decisión jurídicamente fundamentada sobre conocimientos médicos y que esclarezca los hechos que son objeto de las querellas".

 

"Vaya por delante que a la vista de las diligencias practicadas, tal y como resulta de las actuaciones, es difícil advertir que en el caso concreto no se hiciera lo posible por parte del personal que prestaba sus servicios en las residencias implicadas, todas ellas de la localidad de Leganés, para tratar de evitar contagios por COVID así como de prestar la asistencia sanitaria que requerían los residentes. En cualquier caso, la actuación ha de ser valorada siempre desde una perspectiva 'ex ante', es decir, conforme a las condiciones existentes en ese momento; momento en el que se podría hablar de colapso del sistema sanitario", continúan los magistrados de la Audiencia Provincial.

 

Además, el auto recoge que hay "dos riesgos diferentes a los que se debe dar respuesta independiente" en la instrucción judicial. "Por una parte se trataría de verificar las conductas creadoras del riesgo de contagio del virus COVID 19", apuntan los jueces. Y por otra: "Sería preciso verificar si hubo conductas incrementadoras de riesgo para la vida una vez producida la infección o con sospecha de infección por no prestación de la atención sanitaria adecuada pudiendo hacerlo".

 

"Para una decisión más fundamentada y para despejar toda duda sobre la actuación de los querellados —continúa la Audiencia Provincial— se considera necesario: tomar declaración a los responsables de implementar los protocolos de actuación frente al COVID 19 en cada una de las residencias a los efectos de que expliquen los informes ya remitidos en cuanto a los protocolos seguidos para evitar los contagios en relación a los medios disponibles", continúan los magistrados.

 

Asimismo, promueven dos diligencias más. La primera consiste en "tomar declaración en calidad de testigos a los responsables médicos de cada una de las residencias" para que "ilustren" sobre "la situación médica de cada uno de sus pacientes a los que se refieren las querellas presentadas", "así como al seguimiento de los protocolos para la derivación hospitalaria e informen de los medios disponibles en cada una de las residencias en esos momentos para prestar atención médica a los residentes enfermos que no fueron derivados al hospital de referencia".

 

Los responsables del servicio de geriatría del hospital de referencia del municipio, el Severo Ochoa, también comparecerán como testigos para aportar información "sobre los criterios adoptados" en las fechas investigadas "para el traslado de los enfermos desde las residencias implicadas" al centro sanitario. Estos facultativos serán cuestionados por "la decisión de no derivación hospitalaria de algunos de los residentes". "Todo ello a los efectos de establecer la relación con el fatal desenlace", añaden los magistrados.

 

https://www.eldiario.es/madrid/justicia-pide-declaracion-responsables-protocolo-impidio-derivar-ancianos-residencias-leganes_1_8690818.html

 

FAMILIARES DE RESIDENTES PROTESTARÁN EN FISCALÍA POR LA "INACCIÓN" ANTE LAS MUERTES DE MAYORES: "ESTAMOS DESOLADOS Y CANSADOS"

 

Denuncia que las investigaciones judiciales por las muertes en los geriátricos durante la pandemia se están cerrando sin que se conozca la verdad de lo ocurrido y sin señalar responsables

 

 Pladigmare lamenta la falta de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de Ayuso y prevé trasladar esta queja a la consejera de Políticas Sociales en una reunión el 23 de noviembre

 

"No se están investigando a fondo los fallecimientos de mayores en residencias durante la pandemia". Así de contundentes se muestran desde Marea de Residencias para explicar la convocatoria de una concentración ante la sede de la Fiscalía de Madrid el próximo jueves, 11 de noviembre. Consideran que desde el Ministerio Público no se está haciendo todo lo necesario para conocer la verdad de lo ocurrido y hacer justicia por los más de 7.000 residentes que murieron sin ser trasladados a hospitales durante la primera ola de la epidemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid.

 

"Estamos desolados y cansados. Percibimos una dejadez y un abandono institucional", explican a infoLibre desde Marea de Residencias, que centra parte de sus críticas en lo que consideran una "inacción" por parte de la Fiscalía, ya que consideran que ésta es la que debería tener la iniciativa de las investigaciones. Sin embargo, opinan que no es así, a la vista de los resultados de las casi 400 querellas que familiares y trabajadores han presentado en juzgados de toda la Comunidad de Madrid por los fallecimientos de mayores en geriátricos: la mayoría se están archivando y el colectivo no encuentra ningún apoyo por parte de los fiscales, que en algunos casos, asegura, ni siquiera van a las comparecencias durante la instrucción judicial.

 

Por eso, han convocado el 11 de noviembre a las 11.00 horas una concentración frente a la Fiscalía Superior de Madrid. "Después de 18 meses y de las más de 7.000 muertes ocurridas en las residencias de la Comunidad de Madrid, muchas de ellas seguramente evitables, y de las diversas querellas presentadas por Marea de Residencias, la Fiscalía continúa sin apenas investigar qué ha sucedido y quiénes son los máximos responsables de esta atrocidad", afirma el colectivo, que hará entrega a la fiscal superior, Almudena Lastra, de una carta con documentación e informes en la que le plantearán todas estas inquietudes.

 

Desde Marea de Residencias exigen responsabilidades "al más alto nivel, si es necesario", es decir, a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y las consejerías de Sanidad y de Justicia, pero lamentan que ni siquiera se están investigando a fondo a los máximos responsables de las residencias de mayores.

 

Tal y como publicó este periódico, en algunos de los archivos llevados a cabo por el Ministerio Público ante las denuncias interpuestas por otro colectivo, Pladigmare, se sostiene que no existió "voluntad" por parte de los gestores de los centros de omitir cuidados que aumentara el riesgo para los residentes o fuera "determinante" para el resultado que finalmente se produjo y se defiende que la actuación desarrollada "se adecuó a lo que era jurídicamente exigible". La Fiscalía hace hincapié en que las consecuencias de la pandemia eran desconocidas inicialmente "por el estado de la ciencia" y que los geriátricos hicieron lo que pudieron trabajando en "condiciones extremas".

 

Pero la experiencia de lo que vivieron esos días los familiares de los residentes es bien distinta. "Les dejaron morir. No se les socorrió", afirman desde Marea de Residencias. "Ni tan siquiera se están leyendo los testimonios de las querellas", denuncian.

 

Tampoco desde el ámbito político se permite llegar al fondo de la cuestión: precisamente la semana pasada, PP y Vox dejaron claro en la Asamblea de Madrid que no se volverán a investigar en sede parlamentaria las miles de muertes que se registraron en las residencias de la Comunidad.

 

Reunión Pladigmare-Consejería

 

Al margen de la concentración convocada por Marea de Residencias, otro de los colectivos que también ha impulsado denuncias por los fallecimientos de mayores durante la primera ola, Pladigmare, ha explicado a infoLibre que el próximo 23 de noviembre sus representantes se reunirán con la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Concepción Dancausa. Una reunión que ellos habían solicitado hace más de un mes y en la que tienen previsto abordar tanto este asunto como otros que afectan al día a día de los mayores de las residencias y que, además, estaban pendientes de tratar desde antes de la pandemia.

 

Miguel Vázquez, presidente de la plataforma, explica que expondrán a Dancausa sus quejas por la inexistencia de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en los fallecimientos de mayores y también retomarán el debate sobre la inclusión de los familiares en más órganos de participación de los centros, una propuesta que plantearon a principios de 2020 y que quedó interrumpida por la pandemia.

 

Asimismo, quieren abordar las consecuencias de la implantación del nuevo acuerdo marco que fija las condiciones de contratación de plazas concertadas en residencias de mayores de la región y preguntarán por las indemnizaciones de un millón de euros que el Gobierno autonómico anunció para quince residencias privadas por los "daños" generados por la pandemia y que no incluyen a los familiares que sacaron a sus mayores de los geriátricos durante esos meses y a pesar de ello siguieron pagando su cuota.

 

https://www.infolibre.es/politica/familiares-residentes-protestaran-fiscalia-inaccion-muertes-mayores-desolados-cansados_1_1213027.html

 

 

 LOS DATOS Y TESTIMONIOS QUE DESMONTAN LA POSTURA DE LA FISCALÍA DE MADRID SOBRE LO OCURRIDO EN LAS RESIDENCIAS

 

El Ministerio Público sostiene que el 'Protocolo de la Vergüenza' no fue impedimento para derivar a hospitales y que era un conjunto de recomendaciones, pero los datos reflejan que los traslados se desplomaron un 36,8%

 

Dice que en los geriátricos se podía dar un tratamiento similar al del hospital, pero la justicia dictaminó que los centros no estaban medicalizados y en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo murieron 5.343 mayores en sus residencias

 

El 18 de marzo de 2020, cuatro días después de que se activara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus y los contagios ya estaban desbocados en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó un Protocolo que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En las siguientes semanas fallecieron en geriátricos de la región 7.291 personas sin recibir atención hospitalaria, lo que supone el 77% del total de muertes registradas en estos centros madrileños.

 

El Protocolo fue desvelado por infoLibre y es lo que llevó a familiares y trabajadores de residencias a denunciar ante la justicia la actuación tanto de cargos públicos de la Comunidad y responsables de geriátricos por lo que consideran una dejación del deber de cuidado. La asociación Marea de Residencias optó por acudir a la Fiscalía de Madrid, pero asegura que la inmensa mayoría de las causas abiertas, más de 300, están acabando en archivo. Este martes sus representantes serán recibidos por la fiscal superior de esta comunidad, Almudena Lastra, a la que solicitaron una reunión hace un mes para pedirle explicaciones sobre el resultado de las investigaciones y exigir "verdad y justicia".

 

Cada archivo tiene un decreto individual, pero la Memoria de la Fiscalía de Madrid correspondiente a 2020 hace unas conclusiones generales en las que trata de justificar la actuación que ha venido manteniendo y el por qué de esos archivos, que en la mayoría de los casos no aprecian una conducta negligente de los centros de mayores que pueda llevar a establecer una causa-efecto con los fallecimientos. Sin embargo, el informe cae en importantes incorrecciones y datos erróneos, a la luz de las estadísticas hechas públicas por el propio Gobierno regional y declaraciones de distintos responsables de geriátricos y del Ejecutivo en la comisión de investigación que estuvo en marcha en la pasada legislatura en la Asamblea de Madrid –que se ha cerrado sin acabar los trabajos y sin conclusiones por el veto de PP y Vox–.

 

Protocolos y descenso en las derivaciones

Para empezar, la Fiscalía de Madrid concluye que el Protocolo del Gobierno de Ayuso "contiene una serie de recomendaciones, que todos los geriatras hospitalarios que informaron señalaron que tenían valor meramente orientativo y no excluían la valoración integral de cada paciente". Después, resalta que "de los datos estadísticos aportados se desprende que los criterios llamados de exclusión no funcionaron como impedimentos para las derivaciones, pues fueron objeto de traslado hospitalario usuarios de edades avanzadas y con muy diversas patologías basales y altos grados de dependencia". E insiste: "A pesar de que algunas residencias mostraron su disconformidad con los criterios hospitalarios, lo cierto es que en todas ellas hubo derivaciones, si bien éstas debían pasar el cribado previo de la interconsulta y sólo eran aceptadas cuando se consideraba que iba a haber un beneficio para el usuario".

 

De aquí se extraen dos derivadas que, acudiendo a datos objetivos y a interpretaciones jurídicas, permiten desmontar estas afirmaciones del Ministerio Público. Por un lado, el estatus jurídico del conocido como Protocolo de la Vergüenza. ¿Era de obligado cumplimiento o era un conjunto de "recomendaciones" con "valor orientativo" como dice la Fiscalía? Expertos en Derecho Contencioso-Administrativo consultados por este periódico lo tienen claro: tras revisar el documento, concluyeron que su naturaleza jurídica se encuadra en el artículo 6 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual "los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio".

 

Para los profesores y magistrados consultados por este periódico, el Protocolo "está firmado por un alto cargo del Gobierno y lleva el sello oficial de la Comunidad", de modo que "opera genuina y propiamente como una orden de servicio o instrucción".

 

Frente a esta interpretación, lo que parece deducirse de las conclusiones del Ministerio Público es que está de acuerdo con lo que dijo en su día en la comisión de investigación el que fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur, alto cargo que firmó el Protocolo: “No eran ni órdenes de aplicación directa ni de obligado cumplimiento, sino un conjunto de recomendaciones" para los profesionales que debían aplicarlos.

 

Este periódico preguntó este lunes a la Fiscalía Superior de Madrid en qué se basa jurídicamente para afirmar que los protocolos de exclusión aprobados por la Consejería de Sanidad eran "orientativos" y contenían "recomendaciones", descartando así que se trataba de órdenes de obligado cumplimiento, y si considera, por tanto, que la interpretación de los juristas consultados por infoLibre es errónea. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

 

La otra derivada de la afirmación incluida en la Memoria de la Fiscalía de Madrid son los traslados de residentes a hospitales que, según defiende, no se impidieron en la primera ola. Los datos recabados por infoLibre lo desmienten: en las cuatro semanas críticas de la pandemia, entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020, no sólo no aumentaron de forma significativa las derivaciones hospitalarias como sería lógico al multiplicarse el número de enfermos, sino que se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro semanas previas. Y ese frenazo fue mucho más brusco precisamente en los geriátricos más azotados por el virus, hasta el extremo de que ni uno solo de los 82 centros con mayor número de fallecidos llegó a trasladar un paciente al día de media durante esas cuatro semanas.

 

El cálculo sale de los datos oficiales aportados por la Consejería de Sanidad, y solicitados a través del Portal de Transparencia, acerca de los 18.895 traslados realizados en los seis primeros meses del año en la Comunidad de Madrid, incluyendo la residencia de origen y el hospital de destino. Y lo que reflejan es que entre el 10 de febrero y el 8 de marzo, se registraron 3.158 traslados, mientras que entre el 9 de marzo y el 5 de abril, se produjeron 1.995, esto es, un 36,8% menos. En esta información se pueden consultar todas estas cifras de forma pormenorizada.

 

Y hay más pruebas. Actas de inspección a dos geriátricos levantadas por la Policía Municipal de Madrid revelan la imposibilidad de las residencias de trasladar a mayores a hospitales. En una de ellas, la directora de un centro reconocía que si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos, puesto que sólo son residencia y no hospital”.

 

Y aparte de los datos, la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid presenció los testimonios de testigos directos de esa decisión de no trasladar a residentes a hospitales y las consecuencias que ellos mismos vieron en esas duras semanas de la pandemia. Para empezar, el del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero se desmarcó del Protocolo de exclusión y fue tajante: "Considero que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal".

 

También está el relato de Lidia Sánchez, directora de la residencia Amavir Alcorcón, quien explicó que entre el 13 de marzo y el 9 de abril, el hospital rechazó derivaciones, un período durante el que murieron 30 mayores en su centro. En su opinión, si les hubiesen trasladado, algunas de estas personas habrían sobrevivido, "sin lugar a dudas".

 

Eduardo Esteban, gerente de la empresa Transamed, contratada por Encarnación Burgueño, la directora de la empresa Cardio Líder a quien ordenó supuestamente la Comunidad de Madrid suministrar "ayuda urgente" a residencias de ancianos durante el punto álgido de la pandemia, desveló que sólo le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitaron.

 

Más de 5.000 fallecidos en veinte días

La Memoria de la Fiscalía no se queda ahí. En otro punto sostiene que en los casos en los que un residente no era trasladado a un centro sanitario se informaba a las familias de ello poniendo "el acento en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles de que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido en caso de ser derivados", lo cual "generaba un padecimiento añadido a las familias, además de incomprensión, en muchos casos, llegando a producirse traslados a los solos efectos de mitigar esta sensación". Esta afirmación da por supuesto que los residentes iban a recibir "tratamiento similar", ya fueran enviados al hospital o si se quedaban en el geriátrico. Pero, como se ha visto con el análisis de las cifras y las declaraciones de responsables de residencias de mayores, estos centros no tenían la capacidad necesaria para atender a una persona infectada por coronavirus.

 

Un día antes de la aprobación por escrito del Protocolo, el médico del geriátrico madrileño La Purísima Concepción ya informó a los familiares de que "los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias", las cuales recomendaban mantenerlos en la residencia, donde permanecían "aislados". Y en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, es decir, cuando la orden ya estaba por escrito y enviada a los centros, 5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo.

 

La alternativa que tenía la Comunidad de Madrid, según explicó Alberto Reyero, era que se medicalizaran los geriátricos y que así se lo transmitió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en las cartas que le dirigió el 31 de marzo y el 11 de abril, con las cifras de fallecidos creciendo cada día. El primero sostiene que no se hizo, mientras que el segundo mantiene que sí. El enfrentamiento del responsable de Políticas Sociales con Sanidad en toda la gestión de la pandemia le llevó a dimitir tras el verano de 2020.

 

La duda sobre la medicalización la resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después de que los gobiernos municipales de Alcorcón y Leganés pidieran que se exigiera al Gobierno de Ayuso que medicalizara estos centros. Tras peticiones de información y numerosos recursos del Ejecutivo autonómico, el TSJM determinó respecto a esos dos casos que de los documentos aportados por la Comunidad "no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario" a cada una de las residencias "en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos".

 

Otro párrafo de la Memoria de la Fiscalía que llama la atención es este: "Para los supuestos en que el paciente quedaba en el centro, se ha observado que no se pautaba habitualmente ningún seguimiento, sino que quedaba a la decisión del equipo médico de la residencia formular una nueva interconsulta, por lo que, dependiendo de su pericia y de las posibilidades reales de atención sanitaria del centro, podían darse situaciones dispares ante enfermos en condiciones similares".

 

Habla de "posibilidades reales de atención sanitaria del centro", lo cual contradice claramente el punto anterior, ya que aquí ya no se da por hecho que todos los geriátricos de la Comunidad de Madrid podían ofrecer un tratamiento médico similar al de un hospital. Y además, reconoce que en las residencias en general no se pautaba ningún seguimiento sanitario a los afectados por coronavirus, insistiendo en la idea de que no había una atención adecuada.

 

https://www.infolibre.es/politica/fiscalia-madrid-justificarse-tema-residencias-datos-incorrectos-alegaciones-no-explica_1_1215706.html

 

 

LA FISCAL SUPERIOR DE MADRID ASEGURA QUE LOS PROTOCOLOS PARA LAS RESIDENCIAS NO PROHIBIERON QUE SE DERIVARAN PACIENTES A HOSPITALES

 

Almudena Lastra se reúne con familiares y concluye que en la comunidad no sucedió nada que no “pasara en otras partes”

 

Hace unos días un grupo de familiares de ancianos fallecidos por covid en residencias madrileñas se manifestó a las puertas de la Fiscalía Superior de Madrid por lo que ellos consideraban la inacción de este órgano a la hora de saber la verdad sobre la gestión en estos centros en lo peor de la pandemia. La fiscal superior, Almudena Lastra, ha recogido el guante este martes y se ha reunido con una delegación de la asociación Marea de Residencias. Esta agrupación de afectados quería explicaciones por un punto concreto de la memoria de actividad de este órgano en el que se aseguraba que el polémico protocolo del Gobierno de Díaz Ayuso para evitar traslados de pacientes de residencias a hospitales era “meramente orientativo” y “no evitó derivaciones”. Tras salir de la reunión, Lastra ha explicado que a la Fiscalía no le consta que hubiera “prohibición de derivar” y que las muertes en residencias no corresponden a un “problema de gestión de la Comunidad de Madrid”.

 

“Un protocolo es un protocolo, y se refiere a normas de actuación generalizadas. Ha habido muertes en residencias de toda España y en todos los países de nuestro entorno. Lo que apuntamos nosotros es que tal vez exista una mala concepción del modelo residencial en lugar de un problema coyuntural”, ha detallado Lasta en conversación con EL PAÍS tras el encuentro con la asociación.

 

En la memoria, la Fiscalía subrayaba que los protocolos del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso para evitar derivar a mayores enfermos de covid a hospitales en los momentos más duros de la pandemia para evitar el colapso de los hospitales eran “recomendaciones” con “valor meramente orientativo” y que “no excluían la valoración integral de cada paciente”. Las conclusiones del Ministerio Público indican que el protocolo “lógicamente contenía criterios generales, incluidos algunos que permitían una inicial clasificación de los usuarios entre los que aparentemente se beneficiarían más del traslado hospitalario y aquellos que no, pero que estos “no eximían de hacer una valoración de cada usuario en caso de sospecha de contagio”.

 

En noviembre del 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló estos protocolos al considerar que no podían tacharse de “irrazonables a la vista del fenómeno de la pandemia que empezaba a sufrir el país, con un total desconocimiento de su entidad y el modo de enfrentarlo, y que ya desde el principio, empezó a encender las luces rojas sobre el posible desbordamiento del sistema sanitario y asistencial.”

 

En las tres semanas en las que la covid casi llegó a saturar la atención hospitalaria, del 18 de marzo al 5 de abril de 2020, las residencias de la Comunidad derivaron a 900 ancianos. En ese periodo se produjeron casi 5.000 fallecimientos en los centros de mayores de la región. A partir de la segunda semana de abril se fueron normalizando las derivaciones a centros sanitarios y esos protocolos se anularon.

 

Para la representación de los familiares, el momento en el que han hablado de estas pautas emitidas por el Gobierno regional ha sido “la gran decepción”. Así lo transmite su portavoz, María José Valero. “Para nosotros es incomprensible, una barbaridad”, ha asegurado. Sin embargo, también han admitido que después de la sentencia del TSJM, la Fiscalía “también tiene un tope”. Los familiares han agradecido la receptividad de las fiscales, que han estado reunidas con ellos dos horas, pero mantienen su lucha por que se llame a declarar a responsables políticos, como Carlos Mur de Víu, director de coordinación sociosanitaria, y la persona que envió los correos informando del protocolo de exclusión sanitaria a las residencias. “Los familiares nos han transmitido que creen que todo va a acabar sin que se sepa la verdad pero la justicia es lenta y aún queda mucho recorrido”, ha apuntado la fiscal superior.

 

“Nosotras no somos avalistas de nadie”, ha respondido Lastra sobre si las conclusiones del Ministerio Público suponen un respaldo a la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, “hemos diseccionado cada caso y allí donde hemos entendido que no ha habido una buena actuación lo hemos perseguido penalmente”. Junto a ella, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha puntualizado: “Nosotros mismos hemos recurrido cuando hemos considerado que el sobreseímiento de una causa no estaba justificado, cuando hemos visto que en una hoja de seguimiento de un paciente había un hueco en el fin de semana, cuando el informe médico no era exhaustivo, cuando hemos visto casos de muerte por deshidratación... Es verdad que hasta ahora no hemos tenido mucha suerte en los tribunales”.

 

Planes de contingencia

 

La Fiscalía destaca en su memoria que el 99% de las residencias denunciadas contaban con planes de contingencia que “resultaron relevantes solo en los casos en que adaptaron la normativa que se iba generando a la realidad del centro”. El informe defiende la actuación de la Administración tras sus investigaciones: “Intuitivamente podía pensarse que evidenciaba un mayor grado de negligencia, no necesariamente se tradujo de esa forma. Por el contrario, fueron varios los casos en los que su intervención temprana permitió terminar de implementar los planes de contingencia en residencias que, a partir de ese momento, evolucionaron positivamente”.

 

La Fiscalía sí que detectó al menos algunos fallos en la gestión de los centros de mayores. En la memoria se destaca que el flujo de información en los primeros meses funcionaron correctamente “cuando se trataba de transmitir información que necesitaba la Administración, pero no necesariamente a la inversa, pues son muchos los casos de directores de residencias que no encontraban la forma de hacer llegar sus necesidades o que eran remitidos de unas áreas a otras sin respuestas claras”.

 

También admite que el modo de comunicarse con las familias por parte de los centros, pudo generar “padecimiento añadido, además de incomprensión, en muchos casos, llegando a producirse traslados a los solos efectos de mitigar esta sensación”. Esto se debió a que “en la información a las familias solía ponerse el acento en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar la que habrían recibido caso de ser derivados”, concluyen los fiscales tras sus pesquisas.

 

Los representantes del Ministerio Público también indagaron en los retrasos a la hora de examinar a los pacientes, pero, según sus conclusiones, quedó acreditado que “en casi todos los casos se pudo comprobar que había habido una atención sanitaria constante”. La Fiscalía asegura que no se puede achacar responsabilidad penal por el modo en el que se llevaron a cabo las interconsultas, es decir análisis del estado de los pacientes entre los responsables del centro y los hospitales, cuando no se llevaron a cabo por falta de tiempo por el rápido avance de la enfermedad o cuando se constata que la derivación no habría cambiado la evolución del paciente. Para la Fiscalía, las dificultades detectadas estuvieron “ligadas a la necesidad de dotación sanitaria de las residencias para afrontar una crisis de esta magnitud”.

 

Sin respuestas

 

La vía judicial no ha servido a los familiares para obtener respuestas sobre el modo en el que fueron atendidos los ancianos que vivían en residencias. La Fiscalía de Madrid inició 62 investigaciones en 2020 en residencias de mayores, la mayoría de ellas motivadas por denuncias de familiares. Estos procesos incluían más de 130 muertes. El Ministerio Público señala que las causas buscaban el “esclarecimiento de fallecimientos ocurridos por una inadecuada atención médica” y los allegados de los afectados apuntaban la “falta de información y transparencia” así como la “falta de medios de protección para los trabajadores y de adecuadas medidas de prevención de los contagios entre los usuarios”.

 

Casi todas estas causas se archivaron “por considerar que no había indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo”. A finales del año pasado solo 12 continuaban siendo investigadas.

 

La actuación de las residencias y los hospitales en esas semanas tan duras tampoco se investigaron por la vía política. Vox impidió con sus votos que la Asamblea de Madrid investigara las órdenes del Ejecutivo regional que impidieron las derivaciones de los ancianos al abstenerse en la votación para impulsar una comisión de investigación.

 

El diciembre del año pasado el Tribunal Supremo ordenó a los juzgados investigar la gestión de las residencias. En su auto, los magistrados especificaban que era “necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada”. En este sentido, la Fiscalía concluye en su memoria que “no hubo desatención y que no se dejó de prestar una asistencia sanitaria concreta que estuviera a su alcance y que fuera previsible que, de haberse aplicado, habría evitado la muerte”.

 

Los familiares no opinan así y han puesto todos sus esfuerzos en que se indage en el modo en el que fallcieron sus allegados. La asociación Pladigmare, por ejemplo, presentó en verano de 2020 ante la Fiscalía denuncias por las 59 residencias que registraban por entonces más fallecimientos que la media en la Comunidad de Madrid. De ellas, unas 30 fueron archivadas.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-21/la-fiscal-jefe-de-madrid-se-reune-con-familiares-de-fallecidos-por-covid-en-residencias-y-asegura-que-la-comunidad-no-fue-la-responsable.html

 

 

"NO SON MUERTES, SON ASESINATOS": MAREA DE RESIDENCIAS EXIGE A LA FISCALÍA QUE INVESTIGUE AL GOBIERNO DE AYUSO

 

El colectivo de familiares y trabajadores entrega una carta a la fiscal superior de Madrid para exigir que las investigaciones por los fallecimientos en geriátricos lleguen hasta el final

 

 "¿Por qué la Fiscalía no propone pruebas de investigación con respecto a los políticos aforados de la Comunidad de Madrid?", se pregunta

 

Decenas de personas se han concentrado este jueves ante la sede de la Fiscalía Superior de Madrid, convocados por Marea de Residencias, para criticar las investigaciones que está acometiendo sobre los fallecimientos de mayores durante la primera ola de la pandemia, pues la inmensa mayoría de las causas abiertas por la presentación de querellas y denuncias, más de 300, por parte de los familiares y trabajadores de esos centros están acabando en archivo. "No son muertes, son asesinatos", han coreado los manifestantes, que han entregado una carta a la fiscal superior, Almudena Lastra, en la que exigen que se llegue hasta el final para tener "verdad y justicia" y se depuren responsabilidades.

 

En la carta a la fiscal, a la que ha tenido acceso infoLibre, la asociación se pregunta porqué el Ministerio Público no indaga en la orden del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso por la que no se permitió a las residencias derivar a pacientes con coronavirus a los hospitales de la región. "Orden que esa Fiscalía no parece haber tenido en cuenta. En esa orden dejaron muy claro que no se iban a derivar a los hospitales a los residentes y se les iba a atender en las mismas residencias. ¿Por qué la Fiscalía no asume que esa orden pública del 12 de marzo sí que existió? ¿Por qué la Fiscalía no propone pruebas de investigación sobre esa orden con respecto a los políticos aforados de la Comunidad de Madrid?", cuestiona.

 

Marea de Residencias explica a Lastra que no entiende por qué el Ministerio Público "no ha pedido todavía la declaración de quienes hicieron y dieron el visto bueno a los distintos protocolos" que fijaron “criterios de exclusión” para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales "ni la del resto de personas que podrían decir qué ocurrió en la Consejería de Sanidad y qué decisiones se tomaron por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni tan siquiera la del entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria qué firmó esos protocolos". "¿Por qué se limita a pedir declarar a alguno de los directores y médicos de residencias?", quiere saber.

 

Para la asociación, "los distintas órdenes políticas generales de no derivación de los residentes junto a la falta de atención a las residencias, demostrada también, aunque hasta ahora desde las fiscalías no se hayan querido dar cuenta, fueron la causa directa de la alta mortalidad pues, desde cualquier punto de vista, implicaron la clara omisión del deber de socorro, denegación de auxilio, homicidio imprudente y prevaricación por dar esas órdenes". "Esos protocolos los mataron a todos", han coreado los manifestantes frente a la Fiscalía.

 

En la misiva, de seis páginas, Marea de Residencias dice a la fiscal superior que las órdenes y algunos de los protocolos, "los más dañinos", fueron "políticos, no sanitarios", por lo que quiere saber si Lastra los considera "legales". En caso de que no, pide conocer "el porqué de la inacción respecto a los responsables políticos" desde el Ministerio Público, el cual "está obligado a actuar cuando se conculcan derechos de los ciudadanos y más con el resultado de miles de muertes". Y en caso de que sí, se pregunta: "Si todas las órdenes dadas por los responsables políticos no han sido delito para esa Fiscalía, ¿quiere decir que las pueden dar otras veces, con los mismos resultados o incluso peores, con impunidad?".

 

Durante la concentración de protesta después de entregar la carta a la fiscal superior, familiares de residentes y trabajadores de los centros han insistido en que hubo muertes que pudieron haber sido perfectamente "evitables" si esas personas hubieran sido atendidas en hospitales. Por eso, esos más de 7.000 fallecimientos en la Comunidad de Madrid "no pueden ser minimizadas por los fiscales". Y por eso han exigido una vez más una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que llegue hasta el final y una ley estatal de residencias que cambie radicalmente el sistema de cuidados, dando más peso a la gestión pública de los centros.

 

https://www.infolibre.es/politica/no-son-muertes-son-asesinatos-marea-residencias-exige-fiscalia-investigue-gobierno-ayuso_1_1213095.html

 

 

PP Y VOX DAN CARPETAZO AL ESCÁNDALO DE LAS MUERTES EN RESIDENCIAS EN MADRID: "NO NECESITAMOS UNA INVESTIGACIÓN"

 

 Los conservadores aprovechan una proposición de la oposición sobre los geriátricos para acusar a la izquierda de "jugar con el dolor de las familias"

 

 Unidas Podemos carga contra el Gobierno por, en plena pandemia, dejar sin gastar un 43% de la partida de oxígeno en las residencias y un 33% de la fármacos

 

El tándem PP-Vox deja claro que no se volverán a investigar en sede parlamentaria las miles de muertes que se registraron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Y no se hará por varios motivos. Primero, porque los conservadores no están dispuestos a permitir que desde el bloque de la izquierda se siga "agitando" el que es el principal avispero de la gestión sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Y segundo, porque desde la ultraderecha consideran que el "diagnóstico" ya está claro y que lo que hay que hacer ahora es mirar hacia delante para avanzar hacia un "nuevo modelo". "La investigación ya está hecha, no la necesitamos", sostuvieron desde la bancada de Vox en respuesta a las formaciones de izquierdas, que acusaron al bloque de derechas de intentar silenciar y "acallar" lo sucedido en los geriátricos de la región durante los meses más terribles de la crisis sanitaria: "No sé cómo pueden dormir sabiendo lo que han hecho".

 

La hecatombe en los centros de mayores madrileños regresó de nuevo este miércoles al Pleno de la Asamblea de Madrid. Casi cuatro meses después de que el rodillo PP-Vox impidiese una reapertura en la Cámara regional de la investigación que quedó cerrada en falso tras el adelanto electoral, Unidas Podemos ha vuelto a llevar al Parlamento autonómico una proposición no de ley para instar al Gobierno de Díaz Ayuso a "investigar y analizar" lo sucedido en los geriátricos, a crear una Ley de Residencias y a proteger a las trabajadoras cuando denuncian o informan de las condiciones en las que desarrollan su actividad. "Les dije que no nos íbamos a cansar ni a rendir", ha arrancado la diputada Paloma García, quien ha sido la encargada de defender la iniciativa en sede parlamentaria, que ha sido tumbada por conservadores y extrema derecha.

 

Durante su intervención, la parlamentaria se ha encargado de repasar toda la información que se conoce sobre lo vivido en marzo y abril de 2020 en los centros. Ha hablado de los protocolos que impedían la derivación hospitalaria de los mayores, algunos de los cuales, a pesar de la teoría del borrador que se alentó desde el Ejecutivo regional, iban firmados por el entonces director de Coordinación Sociosanitaria y fueron enviados a los centros. O de la no medicalización de las residencias. O de que ni siquiera se utilizaron los hospitales privados o las instalaciones de campaña que se montaron, como la que se levantó en Ifema, para atender a los residentes. "Todos estos son datos constatables", se ha encargado de recordar la diputada de Unidas Podemos.

 

Pero no fue la única información que García se encargó de poner sobre la mesa. Los grupos ya tienen las cifras de ejecución presupuestaria relativas al año pasado, al más duro de la pandemia. Y, ahí, el grupo parlamentario también ha encontrado datos relevantes. "Todo el mundo pensaría que si se prohibió la derivación a hospitales, el gasto de oxígeno en las residencias sería mayor. Pues no, no se gastó más dinero, sino menos. En concreto, dejó de gastarse el 43% de la partida relativa al oxígeno", ha sostenido la diputada. Una realidad con la que también se ha topado prestando atención al gasto en farmacia. "Si no se les dejó ir a hospitales, lo lógico es que hubiera sido mayor que el presupuestado. Pues no, fue menor. Se gastó el 33% menos de la partida dedicada a los productos farmacéuticos", ha recalcado.

 

La única explicación que encuentra García a dichas cifras es que o bien "no les importe" la "vida" de los mayores o que exista un "cierto grado de psicopatía". Al ataque iniciado desde Unidas Podemos se sumaron, posteriormente, Más Madrid y PSOE. "Teníamos el peor sistema en el peor momento. Mientras lo público ha ido retrocediendo, el sector privado se ha tirado al cuello de un mercado que le asegura beneficios. Somos una de las tres comunidades con más plazas privadas que públicas", ha señalado el diputado verde Emilio Delgado, quien ha recordado que en la región "hacen falta 8.000 plazas públicas". Desde las filas socialistas, el parlamentario José Cepeda ha acusado a la derecha de querer "ocultar" lo sucedido en los geriátricos cuando todavía quedan "muchas preguntas por responder". Por ejemplo, por qué se ha acordado indemnizar con un millón de euros a una quincena de geriátricos que, en algunos casos, tienen causas abiertas en los tribunales.

 

Pero la derecha, como hizo el pasado mes de julio, se ha mantenido firme. No volverá a haber una comisión de investigación sobre la tragedia en las residencias madrileñas. En primer lugar, no tendrá el visto bueno del PP, quien se ha encargado de acusar –otra vez más– a los grupos de la oposición de "seguir agitando" el asunto como parte de su "estrategia política". "Quieren jugar con el dolor de las familias para utilizarlo en contra del Gobierno del PP", se ha encargado de señalar desde su escaño la diputada Encarna Rivero, quien ha señalado que los votantes y los tribunales ya han valorado la actuación del Ejecutivo regional en relación con el agujero negro de las residencias. Y con esto dicho, ha cargado contra Pablo Iglesias, ha acusado a Más Madrid de alentar sabotajes en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y ha criticado que la izquierda no colabore en la comisión sobre Barajas: "Eso sí que merece una auténtica comisión".

 

Y como los conservadores, tampoco la ultraderecha está por la labor. A pesar de la existencia de unos "protocolos indignos", de que "faltó" una "coordinación" entre las áreas "social y sanitaria", de que existiese una "total improvisación", de que el personal estuviese "sobrepasado"... Para Vox, no hay más que investigar porque, según ha dicho, el "diagnóstico" ya está claro. "La investigación ya está hecha, no la necesitamos", se ha encargado de decir el diputado José Ignacio Arias, quien ha resaltado que lo que buscaba la izquierda en la comisión de investigación de la pasada legislatura no era "la verdad", sino "tumbar al Gobierno". Ahora, ha dicho, es necesario mirar hacia delante. Y, para ello, lo que hay que hacer es apostar por una una "comisión de estudio" como la que la ultraderecha registró a mediados de octubre. "Para mejorar sistema de coordinación, honrar a los fallecidos y estudiar si procede un nuevo modelo", ha sentenciado Arias.

 

https://www.infolibre.es/politica/pp-vox-dan-carpetazo-escandalo-muertes-residencias-madrid-no-necesitamos-investigacion_1_1212580.html

 

LOS CONCIERTOS CON EMPRESAS PRIVADAS SE COMEN EN MADRID EL 58% DEL AUMENTO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER A MAYORES

 

Las primeras cuentas públicas tras la pandemia destinan a la atención de las personas mayores 603,5 millones de euros, 85,3 millones más que en 2019

 

De ese aumento, 49,75 millones corresponde al incremento de crédito para plazas concertadas en residencias y centros de día

 

Los conciertos educativos se incrementan hasta los 1.164,6 millones, 111,6 millones más que en 2019, y aumenta el crédito destinado a profesores de religión

 

Los mayores han sido, de lejos, el colectivo más castigado por la pandemia de coronavirus. Sólo en las residencias de Madrid, según los últimos datos facilitados por el Imserso, han perdido la vida a lo largo de la crisis sanitaria 6.363 personas con covid-19 confirmado o síntomas compatibles con la enfermedad. Por eso, una de las incógnitas a despejar en las primeras cuentas regionales del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso era, justamente, el dinero que pondría sobre la mesa de cara a 2022 para atender a las personas mayores. El análisis en profundidad de los presupuestos muestra que la partida experimenta un crecimiento respecto a la presupuestada antes del estallido de la pandemia. Pero también evidencia que el incremento viene empujado, sobre todo, por la relación con el sector privado. Así, casi seis de cada diez euros de esta subida se corresponden con el aumento de crédito para plazas concertadas en residencias y centros de día de la comunidad autónoma.

 

Aunque fueron presentados hace unas horas en la Puerta del Sol, no se ha tenido conocimiento del detalle de las nuevas cuentas públicas, de la letra pequeña, hasta este miércoles, cuando han sido registradas en la Asamblea de Madrid para el inicio de su tramitación parlamentaria. En los presupuestos, la atención a las personas mayores no aparece reflejada en un solo programa presupuestario, sino en varios. ¿Y a cuánto asciende el volumen de todos ellos? Según los datos de la Comunidad de Madrid, la suma total se sitúa en los 603,5 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 16,5% frente a los 518,1 millones de los presupuestos de 2019, los últimos que se aprobaron en la región. Un aumento que, sin embargo, es uno de los más modestos de entre las principales partidas de la Consejería de Políticas Sociales. Así, por ejemplo, en Familia y Menor se registra un repunte del 54,3%. Y del 24,6% en atención a la dependencia.

 

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso destinará a la atención a las personas mayores, por tanto, 85,3 millones de euros más que hace dos años. Sin embargo, buena parte de ese empuje viene dado por el repunte de los fondos destinados al sector privado. Según se recoge en las cuentas públicas, es especialmente importante el incremento de crédito para plazas concertadas en residencias y centros de día. Sube un 22,6% respecto a los últimos presupuestos. Pasa de los 222,06 millones de entonces a los 271,81 millones para el próximo ejercicio. Es decir, 49,75 millones más. Una cifra que representa por sí sola el 58% del incremento que experimenta la atención a los mayores. En resumen, los conciertos con las empresas privadas del sector residencial se comerán en 2022 casi seis de cada diez euros del aumento del dinero destinado a cuidar de este segmento poblacional tan castigado por la crisis del coronavirus.

 

Uno de los objetivos de este desembolso en las cuentas públicas será "reparar" aquellas residencias y centros de día cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid pero se encuentran "gestionados por empresas privadas con contratos de servicios". Pero no solo eso. También pretende con el incremento de los fondos que "los recursos humanos" de los centros de personas mayores se adecúen "a las nuevas necesidades", reforzando el personal de atención directa. De hecho, la mejora de las plantillas es uno de los objetivos que se buscan en el Acuerdo Marco de residencias, que se aprobó el pasado mes de febrero, antes de que el Ejecutivo de coalición PP-Cs saltase por los aires. Un pacto que, entre otras cosas, subía de 54,51 a 74,88 euros lo que debe pagar la Comunidad de Madrid a los geriátricos concertados por plaza y día. Una subida que puede explicar el repunte del crédito en conciertos del próximo año.

 

Más dinero para profesores de religión y la concertada

 

La educación concertada también experimenta una subida. En el próximo ejercicio, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinará 1.164,6 millones de euros a los conciertos educativos para financiar las enseñanzas que se imparten en aquellos centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos –111,6 millones más, una subida del 10,6% respecto a 2019–, frente a los 1.101 millones que recibirá la educación pública infantil, primaria y especial o los 1.104 millones que se presupuestan para la red pública de enseñanza secundaria y FP. Madrid lleva más de una década siendo la segunda región que más dinero invierte en concertada, solo por detrás de Cataluña. De ahí que sea la segunda autonomía que menos alumnado tiene en centros públicos. En el curso 2018-2019, últimas cifras del Ministerio de Educación, un 53,8% de los estudiantes apostaba por este tipo de enseñanza, frente al 80,9% de Castilla-La Mancha, por ejemplo.

 

Otro de los aspectos a destacar en materia educativa tras prestar atención a la letra pequeña de las cuentas públicas es el incremento del dinero destinado a profesores de religión. Para el próximo año, el crédito presupuestado para esta categoría en la enseñanza pública asciende a 46,27 millones: 32,89 millones en infantil, primaria y especial y 13,38 millones en secundaria. Supone un aumento del 23% respecto a hace un par de años, cuando se pusieron sobre la mesa 37,52 millones de euros. Una subida que contrasta con la experimentada por los funcionarios de ambos niveles educativos. En su caso, el crédito presupuestado es de 1.690 millones de euros, frente a los 1.559 millones que se recogían en las cuentas de 2019. Un repunte del 8%.

 

Sanidad infradotada y dinero insuficiente para salud mental

 

¿Y qué pasa con la Sanidad? El Ejecutivo regional pone sobre la mesa para esta materia 8.783,8 millones de euros. Supone un repunte de 693,2 millones –un 8,6%–. Sin embargo, es menor que lo que realmente se gastó en el sistema sanitario antes de la pandemia. En 2019, el desembolso consolidado, el real, fue de 8.962 millones en la región, 178 millones más de lo que ahora se presupuesta, según las propias cifras del Ministerio de Sanidad. A pesar de su importancia durante la pandemia, la Atención Primaria pierde peso.

 

¿Y la salud mental? El nuevo plan, correspondiente al periodo 2022-2024 contará el próximo año con 9,2 millones, con una inversión de 33 millones a tres años. "La propuesta de presupuestos presentada proyecta la misma dotación que el anterior plan de salud mental 2018-2020", se han encargado de denunciar desde la Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM).

 

Las cuentas, que han sido presentadas en la Cámara regional para el inicio de su tramitación, todavía no cuentan con el beneplácito de la extrema derecha, un actor clave si el PP quiere que salgan adelante. "La negociación está abierta con Vox. Estamos valorando el conjunto de las propuestas y viendo cómo podemos buscar puntos de encuentro, que los hay", ha dicho este miércoles en la Asamblea el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. "Ayuso es presidenta gracias a los votos de Vox y ahora haremos todo lo posible por sacar este presupuesto con los votos de Vox", ha dicho, por su parte, la portavoz de la ultraderecha en la Cámara, Rocío Monasterio.

 

https://www.infolibre.es/politica/conciertos-empresas-privadas-comen-madrid-58-aumento-presupuestario-atender-mayores_1_1212353.html

 

 

TRES GRANDES MENTIRAS (Y UNA VERDAD) DE AYUSO EN 'EL HORMIGUERO' SOBRE LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS

 

“Abrir eso, ¿de qué sirve?”, aseguró la presidenta madrileña en relación con la investigación que reclaman las familias de las víctimas. “No es cierto que ahí hubo dejación. Es ahondar en un dolor innecesario”

 Ayuso responsabiliza a los geriatras, dice que ningún residente murió en soledad porque fueron acompañados en su agonía por militares y afirma que las muertes no se podían haber evitado.

 

Los datos demuestran lo contrario

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió este martes en una entrevista en el programa El Hormiguero (Antena 3) a una sola pregunta sobre las residencias de ancianos y las muertes que tuvieron lugar en ellas sobre todo durante las primeras semanas de la pandemia.

 

El presentador, Pablo Motos, quiso que explicara porqué el PP, con la ayuda de Vox, se opone a que una comisión de investigación parlamentaria aclare lo sucedido en Madrid, tal y como reclaman las asociaciones que representan a las familias de los fallecidos.

 

Díaz Ayuso se preguntó: “Abrir eso, ¿de qué sirve? No es cierto que ahí hubo dejación. Es ahondar en un dolor innecesario”. En su respuesta, dejó caer además tres mentiras y una verdad. Son las siguientes:

 

1. “Lo que pasó en las residencias es lo mismo que pasó en las casas, con la salvedad de que allí los geriatras eran los que decidían las decisiones (sic) que se tomaban”.

 

 

Los protocolos de la Comunidad de Madrid que establecieron “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de mayores que vivían en residencias y que en la práctica supusieron la diferencia entre morir y tener una oportunidad de supervivencia en un hospital crearon la figura del “geriatra de enlace”.

 

El sistema funcionaba del siguiente modo: cuando un anciano enfermaba, la residencia llamaba al geriatra de enlace del hospital para saber si lo podían trasladar. Pero el geriatra no tomaba su decisión libremente: estaba obligado a seguir el protocolo establecido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y, si cumplía los criterios “de exclusión” no lo podían trasladar.

 

Los criterios para no derivar, como desveló en su día infoLibre, se basaban en un alto nivel de dependencia física o de deterioro cognitivo. Sólo había una excepción: quienes tenían seguro privado podían llamar directamente a una ambulancia, también privada, que les llevaba a su hospital privado, donde no existía la figura del “geriatra de enlace”. A ellos no se les aplicó el protocolo de exclusión.

 

Hay decenas de testimonios de familiares, incluidos en denuncias y querellas, que dejan constancia de que desde el hospital se llegó a rechazar el traslado de residentes.

 

Existen además dos contundentes narraciones en primera persona que se pudieron escuchar en la comisión de investigación de la pasada legislatura durante tiempo que sí funcionó antes de las elecciones del 4 de mayo: el de una directora de residencia en Madrid que relató cómo el hospital que le correspondía rechazó a sus enfermos durante 27 días y el del ejecutor de la Operación Bicho, según el cual sólo le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitaron en Madrid.

 

Si una mujer de 80 años que vivía en su domicilio iba al hospital con su hijo, la ingresaban porque no tenía que pasar por el geriatra de enlace. La discriminación que Ayuso niega solo tenía lugar si quien trataba de llevar al enfermo al hospital era una residencia y no un familiar y si el afectado tenía determinado grado de deterioro físico y cognitivo.

 

Por tanto, los geriatras tomaron las decisiones de acuerdo con las órdenes que aprobó la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero.

 

2. “Yo no quiero que se abra una comisión de investigación para decirle a las familias que la muerte de su familiar se podía haber evitado porque es mentira”.

 

 

Es una afirmación que simplemente no se sostiene. En marzo y abril fallecieron 7.291 personas en las residencias de Madrid sin ser trasladadas a un hospital, según datos oficiales facilitados por el Gobierno madrileño a infoLibre. La presidenta de la Comunidad, ni nadie, puede saber cuántas de ellas habrían sobrevivido de haber recibido tratamiento en un hospital. Pero, a priori, parece bastante difícil de sostener lo que está diciendo la presidenta madrileña: que si los 7.291 mayores hubiesen sido trasladados a un hospital, los 7.291 habrían muerto igual.

 

Pero es que, además, hay un hecho que desmiente la tesis de Ayuso: la cifra de fallecimientos de residentes cayó drásticamente cuando se recuperaron las derivaciones hospitalarias. Es algo que se ve con nitidez comparando los datos de mortalidad de dos periodos. En los ocho día del 27 de marzo al 3 de abril, en plena aplicación del veto a los traslados hospitalarios, se contabilizaron 2.397 fallecidos, lo que supone una media de 300 al día. De ellos, 2.101 murieron en la residencia (263 de media al día) y 296 en el hospital (37 de media al día). Mientas que en los ochos días del 23 al 30 de abril, cuando ya casi se recuperaron por completo los traslados de enfermos de las residencias a los hospitales, hubo 566 fallecidos, lo que supone una media de 70 al día. De ellos, 284 en la residencia (35 de media al día) y 282 en el hospital (35 de media al día).

 

Entre esos dos períodos, el primero con protocolo y el segundo prácticamente sin él, la mortalidad de residentes bajó de 300 a 70 al día.mortalidad El número de fallecidos en el hospital de media diaria fue casi idéntica (37 frente a 35), y lo que se desplomó fue el número de fallecidos en la residencia (de 263 a 35) precisamente cuando se volvieron a realizar traslados con regularidad.

 

Estos datos demuestran, por tanto, que la mortalidad se disparó precisamente cuando se impidió el traslado al hospital de las personas mayores.

 

3. “Las personas que murieron solas no lo estuvieron nunca porque siempre tuvieron la mano de un militar, de un profesional de la UME o de alguien del Ejército”.

También es completamente falso. Los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), movilizados por el Gobierno central, acudieron a los centros a desinfectar, a enseñar a sectorializar las residencias o a comprobar en su caso que estaban bien sectorializadas. La sectorialización, ordenada or el Gobierno central, consistía en dividir las residencias en cuatro zonas: enfermos con covid, con síntomas compatibles, sin síntomas pero con contactos sospechosos y sin síntomas ni contactos. Los militares no acudieron a los centros a darle la mano a los moribundos.

 

En aquellos días los familiares no podían ir a ver a los residentes, ni cuando estaban muriendo, ya que estaba en vigor el estado de alarma. Una de las quejas más frecuentes es que ni les informaban de que su padre o madre estaba grave (pasaban de un día para otro de estar bien a morir). Y el personal, por su parte, en las residencias que más sufrieron el azote del virus (con un porcentaje medio de bajas superior al 40%), apenas tenía capacidad para dar de comer a los ancianos.

 

Si los militares no iban a eso, los familiares no podían entrar y el personal estaba desbordado, es indudable que una gran parte de los fallecidos en las residencias murieron en absoluta soledad.

 

Eso por no destacar otra cuestión obvia: ¿cómo sabe Ayuso que esas 7.291 personas que fallecieron en las residencias en los meses de marzo y abril lo hicieron siempre acompañadas? ¿Existe algún tipo de registro oficial, hasta ahora desconocido, sobre las condiciones exactas en que murieron esos 7.291 mayores que obra en poder de la presidenta madrileña?

 

4. “Se han tumbado esas comisiones de investigación en toda España. Me hace gracia que los que no han permitido abrirlas [en otros sitios] pidan que se permita en Madrid”.

 

 

Esta afirmación sí es verdad. Los mismos partidos que exigen la investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en las residencias en la Comunidad de Madrid han votado en contra en las asambleas legislativas de otras Comunidades Autónomas en las que quien hacía esa petición era, entre otros partidos, el PP.

 

La creación de una comisión de investigación ha sido rechazada, de momento, en 11 comunidades: Galicia, Asturias, Euskadi, Cataluña, Illes Balears, La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, además de Madrid. La votación está pendiente en la Comunitat Valenciana.

 

En Aragón se puso en marcha una comisión de estudio del modelo residencial a partir de lo ocurrido durante la pandemia y en Castilla y León, con gobierno del mismo signo que Ayuso (PP), sí está en marcha una comisión de investigación. Es, de momento, la única excepción a la regla.

 

En las comunidades de Cantabria, Navarra y Canarias el debate sobre la creación de una investigación parlamentaria ni siquiera llegó a producirse porque nadie lo planteó.

 

https://www.infolibre.es/politica/tres-grandes-mentiras-ayuso-hormiguero-muertes-residencias_1_1213058.html

 

 

LA FISCALÍA SIGUE ARCHIVANDO DENUNCIAS POR MUERTES EN RESIDENCIAS DE MADRID AL NO VER UNA DEJACIÓN DE CUIDADOS

 

"No cabe aseverar que una actuación diferente hubiera evitado el resultado ni que su conducta fuera determinante en el contagio o que hubiera opciones sanitarias distintas", dicen las resoluciones

 

 Para el Ministerio Público, en los casos analizados no se puede concluir que las muertes se produjeran por una "conducta negligente" de los centros, sino por la "dimensión trágica de la pandemia"

 

Los denunciantes lamentan que la Fiscalía determine que se cumplieron los protocolos de las residencias, pero no ponga en duda si era el modo de actuar adecuado

 

La Fiscalía ha archivado cinco de las 59 denuncias que había registrado la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) por fallecimientos de mayores en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. En las resoluciones que ha emitido en las últimas semanas, el Ministerio Público, después de las diligencias practicadas, entiende que no ha apreciado "voluntad" de los gestores de los centros de omitir cuidados que aumentara el riesgo para los residentes o fuera "determinante" para el resultado que finalmente se produjo y que la actuación desarrollada "se adecuó a lo que era jurídicamente exigible". Además, hace hincapié en que las consecuencias de la epidemia eran desconocidas inicialmente "por el estado de la ciencia" y que los geriátricos hicieron lo que pudieron trabajando en "condiciones extremas".

 

Según ha podido saber infoLibre, de las 59 residencias que había denunciado Pladigmare ante la Fiscalía, cinco ya han sido archivadas, concretamente las de La Solana, en Tielmes; Amavir, en Coslada; Las Camelias, en Móstoles; Getafe Alzheimer, y Orpea Pinto I. En todos estos casos, el Ministerio Público no ve indicios de infracción penal. "No se desprende que el resultado dañoso fuese consecuencia de una conducta negligente de la residencia ni de la observancia del deber objetivo de cuidado y del deber de asistir y atender a los residentes, sino de la dimensión trágica de la pandemia, no siendo posible subsumir los hechos en ningún tipo penal", explica una de las resoluciones.

 

El Ministerio Público ha analizado comunicaciones institucionales mantenidas entre los centros y la Administración pública, con hospitales, las medidas organizativas, la disponibilidad de medios de protección en las residencias, el personal con el que contaba en la primera ola de la pandemia así como la interacción con las funerarias y los servicios de emergencia. Todos estos datos los ha obtenido de documentación aportada por los propios centros investigados y su hospital de referencia, pero no de familiares, o al menos no consta así en la resolución. Las conclusiones a las que llega el fiscal es que desde la residencia se hicieron las gestiones pertinentes con las que "obtener una visión global del paciente y tomar la decisión más adecuada en cada caso concreto para decidir el lugar donde prestarse la mejor atención médica, teniendo en cuenta la situación funcional y fragilidad del residente como mejores predictores".

 

"Si el paciente podía ser atendido adecuadamente en la residencia y no se iba a beneficiar de la atención hospitalaria, al no permitir disminuir su estado de gravedad ante una enfermedad aguda sobrevenida, se recomendaba el tratamiento en la residencia, aportando el hospital los medios necesarios para la correcta asistencia y llevando un seguimiento individualizado, y en caso contrario se optaba por su derivación al hospital", explica el fiscal que ha analizado los casos de Coslada y Tielmes, en dos resoluciones prácticamente calcadas. El Ministerio Público no individualiza conductas de empleados concretos, ya que "su actuación está incardinada en el conjunto del actuar de la persona jurídica", esto es, la residencia, "y debe ser valorada en ese contexto".

 

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado el pasado mes de enero, desde la entrada en vigor del primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, se han abierto en el ámbito penal un total de 441 diligencias, siendo la Comunidad de Madrid la región donde se registraba un mayor número de ellas, más del 53%.

 

No es una atención sanitaria integral

 

El fiscal tiene claro que en las residencias "no se presta de forma integral" el cuidado sanitario, "en tanto que son centros de naturaleza socio-sanitaria o asistencial que carecen de las características de los establecimientos sanitarios" y su función consiste en "asistir, vigilar, atender y proteger a los residentes en un entorno seguro mediante la intervención de profesionales con la capacidad y titulación necesaria en cada una de las áreas en las que se necesite su intervención, entre las que se encuentra el área de salud, que se presta por personal de enfermería, médicos, gerocultores y auxiliares". "Son muchos los caos en que las residencias tienen cubierta la atención médica de residentes mediante la contratación de personal sanitario y de otras categorías profesionales, siendo en esos casos ellos quienes, con presencia en el centro controlan y supervisan la derivación y hospitalización correspondiente", añade.

 

En base al análisis de la información facilitada por la residencia, "debe concluirse que la actuación de la residencia en el contexto de la pandemia se adecuó a lo que era jurídicamente exigible, se ajustó a su deber jurídico de garante en las especiales circunstancias en que se produjo la situación de riesgo, sin que se observe una actuación cuya voluntaria omisión hubiera sido determinante del resultado finalmente producido", explica una de las resoluciones, que no aprecia que con la actuación del centro se "contribuyera a crear o aumentar un riesgo que, además de no resultar preexistente, no pudo ser controlado".

 

En su opinión, este extremo no se puede "equiparar" a la "inacción" que "se les atribuye" en las denuncias a la "causación activa de las muertes que se les imputa, resultando imposible con arreglo al actual estado de la ciencia que la denunciada pudiera haber desarrollado actuación alguna que pudiera evitar los desgraciados efectos producidos por la pandemia", de modo que "no pueden apreciarse indicios de la comisión de un delito de homicidio imprudente en relación con la gestión general para con los residentes". Tampoco ve la Fiscalía indicios de delito de omisión de socorro porque "de las actuaciones no se aprecia en la conducta" de la residencia en cuestión "razones que permitan conectar una actuación u omisión delictiva por los contagios que desgraciadamente se produjeron".

 

Es más, para el Ministerio Público, "es evidente que la pandemia constituye un evento natural cuya génesis ninguna relación guarda con la acción humana y, por lo tanto, con la actuación u omisión desarrollada" por el centro. Es un "evento extraordinario cuyas consecuencias resultaban inicialmente ignoradas por el estado de la ciencia, al igual que lo eran las medidas que pudieran resultar más idóneas al objeto de combatir la enfermedad", de ahí que "no se pueda atribuir a la acción desarrollada el desenlace finalmente acaecido, pues el reproche penal no puede construirse de un modo objetivo, en atención a la mera producción de un resultado, pues ello supondría una vulneración del principio de culpabilidad".

 

Ni suficientes medios ni voluntad de omitir cuidados

 

A su juicio, de las actuaciones practicadas no se deduce que las residencias investigadas hicieran una "dejación de su deber de cuidado o asistencia médica para con sus residentes, sino que adecuó su proceder al marco normativo y a la realidad material a la que se enfrentaba". Como otras resoluciones judiciales ya emitidas en relación a la pandemia, la Fiscalía entiende que no disponer de suficientes medios de protección en las primeras semanas de la primera ola "no puede ser objeto de reproche penal cuando era notorio y conocido la escasez de estos en el mercado y por tanto la dificultad o imposibilidad de actuación se vio limitada por la situación que se estaba atravesando a nivel nacional". Y "tampoco puede vislumbrarse", en los cinco casos analizados, que "hubiera una voluntad de omitir otros cuidados siendo consciente de que ello podría determinar la muerte de los residentes y, mucho menos, atribuirle la finalidad de buscar el resultado".

 

De hecho, considera que "no cabe aseverar que una actuación diferente de la denunciada hubiera evitado el resultado, pues no puede afirmarse que su conducta fuera determinante en el contagio ni que tuviera opciones sanitarias distintas a su alcance para tratar de impedir el luctuoso final". "La residencia tuvo que gestionar los medios escasos de que disponía, con carencias de material médico, de recursos, con profesionales sanitarios y auxiliares trabajando en condiciones extremas y desbordados ante la multitud de contagios, muchos de ellos también infectados, intentando tratamientos desesperados y tomando las decisiones que estaban a su alcance", explica una de las resoluciones.

 

Desde Pladigmare expresan a este periódico su decepción por el archivo de estas investigaciones, aunque tienen la esperanza de que de la práctica de otras diligencias en otros centros se judicialice alguno de los casos denunciados. En su opinión, con estas cinco resoluciones se pone de manifiesto que la Fiscalía da por probado que las residencias cumplieron sus protocolos, pero no cuestiona en ningún momento si esos protocolos eran los adecuados en cada momento. Además, reprocha que no se pronuncie sobre los fallos detectados y plasmados en las denuncias sobre la clasificación de los residentes en función del riesgo por incidencia del virus.

 

https://www.infolibre.es/politica/fiscalia-sigue-archivando-denuncias-muertes-residencias-madrid-no-ver-dejacion-cuidados_1_1197110.html

 

LOS FAMILIARES DE 29 RESIDENTES FALLECIDOS EN LEGANÉS RECURREN EL ARCHIVO DE LA CAUSA Y PIDEN QUE SE ORDENE A LA JUEZA INVESTIGAR

La magistrada Mónica Boticario archivó dos querellas tras admitir la existencia de un cúmulo de pruebas de falta de atención médica a los mayores que vivían en cuatro residencias del municipio madrileño

En el caso de la querella planteada por familiares de 21 fallecidos en Vitalia Home la jueza no practicó ni una sola de las diligencias solicitadas y ni siquiera ha cumplido la obligación legal de motivar su decisión

Marea de Residencias, por su parte, destaca que en el auto de archivo no se mencione el Protocolo aprobado por el Gobierno Ayuso que impidió trasladar residentes enfermos al hospital

Los familiares de 29 mayores que vivían en residencias de Leganés (Madrid) y fallecieron durante la primera ola de la pandemia presentaron un recurso contra la decisión de la jueza Mónica Boticario Martín de archivar la causa, pese a que la mínima investigación judicial realizada ya sirvió para obtener un cúmulo de pruebas de la falta de asistencia médica sufrida por los residentes. Los familiares piden a la Audiencia Provincial de Madrid que anule el auto de archivo y ordene a la magistrada continuar con la investigación.

La resolución de la jueza lleva fecha del pasado 13 de julio y en realidad archiva dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Como desveló infoLibre este miércoles, en el auto de archivo se recogen tres casos en los que desde el Hospital Severo Ochoa se prohibió expresamente el traslado de residentes enfermos. Es lo que le ocurrió a Juliana, que vivía en Los Frailes; a María, que residía en El Encinar-Amavir, y a Feliciano, que estaba en Vitalia Home. En la resolución judicial también se narran otros tres casos en los que desde la residencia llamaron al hospital para plantear una posible derivación, pero ni siquiera les cogieron el teléfono. Así sucedió con Esperanza, María Purificación y Carmen, las tres residentes de Vitalia Home. En el auto de archivo de Boticario ni siquiera consta por qué no fueron trasladados al hospital diez mayores y hay otros cuatro casos en los que la persona fue finalmente derivada, pero la jueza no indica cuánto tiempo permaneció enferma en la residencia antes de recibir atención hospitalaria. Todos estos mayores terminaron falleciendo entre marzo y abril de 2020.

LA PRIMERA QUERELLA
La jueza Boticario mostró nulo interés por conocer lo ocurrido en las residencias de Leganés desde el primer momento. En agosto de 2020, cuando se presentó la querella de Marea de Residencias, directamente no la admitió a trámite. Una decisión que fue corregida por la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó la admisión de la querella y que se practicasen las diligencias oportunas.pa

Los familiares de los once residentes –ocho fallecidos y tres que pudieron sobrevivir– acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En la querella de Marea de Residencias también se pedía actuar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La Audiencia, en todo caso, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

En su recurso de apelación, el abogado de Marea de Residencias sostiene que el aforamiento no debe ser obstáculo para que se investigue lo ocurrido, y si resultaran "indicios sólidos de criminalidad contra los aforados", sea entonces cuando asuma la competencia el Supremo o el TSJ de Madrid. "Pero para que se den tales indicios de criminalidad se hace necesario una actividad instructora más ambiciosa que la desplegada por el juzgado", añade.

La jueza Boticario no encontró el más mínimo indicio de delito, ni de los políticos ni de los no aforados. Marea de Residencias recuerda que pese a las numerosas diligencias que se pidieron en la querella, prácticamente no se practicó ninguna. "Llama la atención que no se haya llamado a declarar a los querellantes, ni a los directores de las residencias, ni a los geriatras de referencia de los hospitales, o a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos. Así mismo, se echa en falta el informe del forense sobre la adecuada atención y evolución del estado de salud de los residentes, más allá del contenido reflejado en las historias clínicas aportadas", se destaca en el recurso.

La magistrada analizó la documentación aportada por las residencias y, en su caso, por los hospitales. Y en su auto de archivo asegura que también estudió "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros". Menciona hasta 22 resoluciones, pero justo omite el Protocolo que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

En su recurso, Marea de Residencias considera "fundamental investigar qué protocolo y qué versión del mismo fue el que se le aplicó" a cada uno de los residentes. Y añaden que la investigación judicial, una vez aportados las diferentes versiones del Protocolo, "debe ir encaminada a averiguar si fue conocido por los tres aforados, promovido o impulsado por ellos". Si Ayuso, Ruiz Escudero y López "conocían la existencia" del Protocolo, "o lo aprobaron, es preciso que se pueda conocer en la fase de instrucción".

Marea de Residencias entiende que "lo relevante a efectos de los cuidados y atención médica, es saber si con los síntomas que presentaban y la evolución que iban teniendo [los residentes], debían haber sido derivados a centros hospitalarios o si la residencia contaba con medios para garantizar una atención y cuidados dignos".

Marea de Residencias recuerda que los geriátricos no fueron medicalizados, a pesar de que así lo anunció el Gobierno de Ayuso y que en el caso concreto de Leganés existió además una resolución expresa del TSJ de Madrid ordenando la medicalización, que fue incumplida. "La demora en el actuar de los querellados implica la existencia de un nexo causal entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos. […] La adopción de medidas habría evitado el trágico resultado que se ha producido".

Los datos oficiales del Gobierno Ayuso, publicados en su día por infoLibre, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid, y es justo el que no menciona la jueza Boticario en su detalladísima lista con 22 resoluciones.

LA SEGUNDA QUERELLA
La segunda querella fue presentada, el 2 de julio de 2020, por los familiares de 24 mayores que vivían en Vitalia Home, de los que 21 fallecieron y tres lograron sobrevivir. Y lo ocurrido con su querella es un ejemplo sangrante de desidia judicial.

La querella le tocó por reparto al Juzgado de Instrucción Número 1 de Leganés, que decidió inhibirse en favor del Juzgado 5, que ya estaba instruyendo la causa impulsada por Marea de Residencias. La jueza Boticario se pasó meses sin responder hasta que, ante la insistencia del abogado de los querellantes, le comunicó el 21 de diciembre de 2020 que no había aceptado la inhibición de su compañero y que había devuelto el asunto al Juzgado Número 1. Un mes más tarde, el 22 de enero, Boticario cambió de opinión y decidió acumular ambas querellas. Pero la magistrada no hizo absolutamente nada, así que, el 1 de marzo, el abogado solicitó que se pronunciase sobre las diligencias solicitadas. La jueza respondió que, cuando se practicasen las que estaban en curso –las solicitadas por Marea de Residencias–, "se acordará lo procedente". La siguiente noticia que han tenido los querellantes es el auto de archivo del pasado 13 de julio.

Es decir, después de 11 meses, Boticario ha cerrado la causa sin tomarse ni siquiera la molestia de responder a la solicitud de diligencias. Nada. Ni un auto, salvo el de archivo, en un procedimiento donde las familias de 21 personas fallecidas piden que se investigue lo ocurrido.

En este caso, la querella iba dirigida contra la directora de Vitalia Home en Leganés y tres ejecutivos de dicho grupo geriátrico. No pedían actuar contra ningún miembro del Gobierno Ayuso.

La falta absoluta de actividad instructora por parte de Boticario es la razón fundamental en la que se apoya el recurso de apelación de estos familiares. En su escrito, el abogado recuerda que la jueza "no ha practicado" ninguna de las diligencias solicitadas, "por lo que nada se ha realizado por el Juzgado en orden a esclarecer, como esta parte pedía, los hechos por los que se presentó la querella admitida a trámite". En ese sentido, considera "absolutamente contradictorio que se admita a trámite una querella, pues tal admisión presupone que los hechos relatados de ser ciertos serían constitutivos de delito y han de ser investigados, pero no se practique ninguna de las diligencias solicitadas para investigar dichos hechos. Y, lo que es peor, sin dictar resolución alguna respecto a esas diligencias".

Entre ellas figuran algunas tan básicas como citar a los querellados para que presten declaración, solicitar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que remita los informes relativos a su intervención en la residencia, o pedir a la Policía Judicial que "elabore un atestado en el que informe de las medidas de prevención adoptadas por Vitalia Leganés para evitar la propagación del coronavirus entre los residentes y los trabajadores de la residencia, número de infectados y fallecidos, así como las instrucciones facilitadas a los residentes y al personal de las medidas y protocolos de prevención".

"Al no acordarse nada respecto a las diligencias solicitadas es como si se hubieran rechazado sin fundamentación alguna", se indica en el recurso de apelación, antes de recordar que es una obligación legal motivar los autos, de forma que "basta dicha omisión de razonamiento para declarar su nulidad".

En el recurso se destaca que la jueza Boticario indica en varios casos que la persona enferma no tenía covid, cuando no es verdad, y califica de "bastante deficiente" la actuación de Vitalia Home Leganés, donde fallecieron 93 personas entre el 11 de marzo y el 21 de abril. "Las medidas que pudieron adoptar resultaron claramente insuficientes e inadecuadas para impedir o minimizar el contagio generalizado de los residentes y, por ende, las graves consecuencias del mismo, por lo que la conducta de los querellados no se acomodó a los patrones de prevención que las circunstancias exigían para evitar los terribles daños", se concluye en el recurso de apelación.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/07/23/los_familiares_residentes_fallecidos_leganes_recuren_archivo_causa_piden_que_ordene_jueza_que_investigue_122993_1012.html



UNA JUEZA DE LEGANÉS ARCHIVA LA QUERELLA POR LA MUERTE DE 29 RESIDENTES PESE AL CÚMULO DE PRUEBAS DE FALTA DE ATENCIÓN

La magistrada Mónica Boticario relata el caso de tres residentes a quienes el hospital Severo Ochoa calificó como paciente "no derivable" por incumplir los requisitos del Protocolo de la Comunidad de Madrid

Admite que en otras tres ocasiones la residencia llama al hospital para trasladar al mayor enfermo y "no les cogen el teléfono", aunque tampoco le da mayor importancia a este hecho

Ni siquiera indica por qué razón la persona no fue derivada al hospital en una decena de casos, aunque Boticario asume que se debió a "la situación de colapso absoluto del sistema sanitario"
La jueza sostiene que analizó hasta 22 órdenes, resoluciones y decretos dictados por las Administraciones sobre la pandemia, pero justo se olvida de mencionar el Protocolo del Gobierno
Ayuso que impedía trasladar mayores a hospitales

"No es sólo que se archive la querella sin practicar una investigación mínima, es la inhumanidad que destila el auto de la jueza". Esta frase resume el sentimiento de familiares de mayores que fallecieron en cuatro residencias de Leganés (Madrid) durante la primera ola de la pandemia, tras leer el auto firmado por la magistrada Mónica Boticario Martín, que archiva las querellas presentadas contra los directores de los geriátricos.

La resolución de la jueza lleva fecha del pasado 13 de julio y en realidad archiva dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Los familiares acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En la querella de Marea de Residencias también se pedía actuar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La jueza Boticario, en agosto de 2020, inadmitió la querella de Marea de Residencias, pero esta entidad presentó un recurso y la Audiencia Provincial obligó a la magistrada de Leganés a admitirla y practicar las diligencias oportunas. Eso sí, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

La jueza Boticario no encuentra el más mínimo indicio de delito, tras estudiar la información sobre los cuidados recibidos por los 35 mayores y analizar "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros", según indica en el auto. A continuación menciona hasta 22 resoluciones, pero llama poderosamente la atención que en el extenso listado no se incluya el Protocolo que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

Los datos oficiales del Gobierno Ayuso, publicados también por este periódico, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid, y es justo el que no menciona la jueza Boticario en su detalladísima lista con 22 resoluciones.

PROHIBIDO EL TRASLADO AL HOSPITAL

La magistrada no considera necesario analizar el posible impacto que ese Protocolo tuvo en aquellos casos en que los mayores enfermos no recibieron asistencia hospitalaria, a pesar de que al menos en tres ocasiones consta que desde el Hospital Severo Ochoa se impidió su traslado. El Protocolo del Gobierno Ayuso establecía que si un mayor enfermaba, desde la residencia se tenía que llamar al Servicio de Geriatría del hospital de referencia, que debía rechazar la derivación si cumplía los requisitos establecidos, es decir, si tenía un alto grado de dependencia o deterioro cognitivo.

Juliana tenía 86 años y vivía en la residencia Los Frailes, gestionada por Aralia. En el auto de archivo se indica lo siguiente:

El 24 de marzo se pone la residencia en comunicación con el Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, exponiéndole el caso de Juliana, indicándoles desde el hospital que no es una paciente derivable, por lo que debe mantenerse en la residencia con oxigenoterapia. Ese mismo día es trasladada a la unidad de aislamiento. Se mantiene contacto con Geriatría por los brotes de agresividad que presenta la paciente, y desde el hospital pautan la medicación y el tratamiento a seguir. El día 26 de Marzo empieza a presentar picos de fiebre y agitación, quitándose las gafas nasales todo el rato. Escupe la medicación y la comida y se muestra muy agitada. La médico de Geriatría del hospital insiste en mantener la pauta de hidratación. Se le colocan muñequeras para conseguir tratarla y se le coloca el día 28 mascarilla de oxígeno pediátrica. En analítica presenta alteración en niveles de sodio. Pese a las muñequeras sigue arrancándose el oxígeno y la vía y no cesa de dar patadas. El mismo día 28 presenta cuadro de adormilamiento y mal estado general. El día 30 de marzo, la Médico de Geriatría del Hospital, tras ser informada, manifiesta que la paciente está ya para cuidados paliativos que empiezan a serle administrados, con aumento de la morfina paulatinamente. Fallece el día 9 de Abril.

El trato dispensado a Juliana no merece ningún reproche por parte de la jueza Boticario, que tampoco muestra mayor extrañeza al ver que se califica a una persona como "paciente no derivable".

María, de 92 años, residía en el centro de Amavir en Leganés. Esto es lo que figura en el auto de archivo sobre ella:

Desde el 30 de Marzo empiezan a observarla más detenidamente por síntomas de decaimiento e ingesta irregular de alimentos. Sin fiebre. El 7 de Abril empeora su estado basal y el Hospital Universitario Severo Ochoa no autoriza su traslado por no cumplir los requisitos marcados por protocolos Comunidad de Madrid (gran dependiente y deterioro cognitivo severo). Por la Mutua privada sus familiares consiguen que sea trasladada al Hospital Quirón de Alcorcón. Según informe de Quirónsalud llega a ese Hospital el día 7 de Abril de 2020, con deterioro del estado general, malestar y decaimiento. ITU con mala evolución. Ingresa sin fiebre y con buenos niveles de saturación. A su llegada desaturación importante. Se le practica resonancia con resultado no determinante. Se decide ingreso por situación de pandemia. Tras su exploración el diagnóstico es de deterioro estado general, fallo renal e hipernatremia. Fallece el 8 de Abril en el citado Hospital de Alcorcón.

La experiencia de María demuestra otra circunstancia que fue denunciada por los familiares de muchos residentes durante la primera ola en la Comunidad de Madrid. Que aquellos pacientes que tenían un seguro privado sí eran trasladados al hospital, mientras que no se atendía a los residentes enfermos en la sanidad pública. La jueza Boticario, sin embargo, no detecta aquí ninguna posible discriminación.

Feliciano, de 85 años, estaba en Vitalia Home Leganés. También a él le negaron el tratamiento hospitalario. Así se narra en el auto:

El 18 de Marzo de 2020 comienza con tos sin expectoración y fiebre alta (39º). Se le aísla por protocolo covid. El 19 de Marzo se llama al servicio de urgencias para derivar al hospital. Desde geriatría del Hospital niegan derivación. Roncus y flemas en ambos campos pulmonares. Diagnóstico de muy probable covid. Mal estado general. Presenta livideces en zona abdominal. Fallece sin prueba hecha pero con sintomatología compatible el 30 de Marzo de 2020.

Existe evidencia, por tanto, de que Juliana, María y Feliciano fallecieron en el geriátrico después de que desde el Severo Ochoa se impidiese su traslado al hospital. En la resolución judicial se narran al menos otros tres casos en que desde la residencia llamaron al hospital para plantear una posible derivación hospitalaria, pero ni siquiera les cogieron el teléfono. Todos los afectados vivían en el centro de Vitalia Home.

Fue lo que ocurrió con Esperanza, de 86 años:

El 19 de Marzo de 2020 amanece en malas condiciones en general. Con fiebre, y disnea. En el Severo Ochoa no les cogen el teléfono. La doctora de la residencia recomienda comenzar con paliativos, morfina, buscapina y midazolán y no derivar al hospital porque está colapsado (Doctora Esther). Diagnóstico ITU. Se suspende el resto de la medicación. Fallece ese mismo día. Nunca fue diagnosticada de covid.

Le sucedió lo mismo a María Purificación, de 85 años:

El 11 de Marzo presenta fiebre. El 14 sigue con algo de fiebre. Como está todavía pendiente de valoración por paliativos, se decide iniciar tratamiento con morfina. El 16 de Marzo se intenta comunicación con Hospital Severo Ochoa pero imposible.

Y pasó también con Carmen, de 85 años:

El 14 de Marzo de 2020 empieza con fiebre y somnolencia. Sin tos ni expectoración. El 16 de Marzo se llama en varias ocasiones al Severo Ochoa para posible derivación porque sigue decaída y con fiebre. Los niveles de saturación son buenos. No les cogen el teléfono. El día 17 fallece en residencia. No llegó a practicársele una prueba de diagnóstico para covid.

Además de estos seis casos –tres con prohibición expresa de derivación y otros tres donde ni siquiera cogen el teléfono en el hospital–, hay otros diez donde en el auto de archivo no consta por qué no fueron trasladados. Es lo que ocurrió con Carmen, que estaba en el geriátrico de Amavir; con Ricardo, que vivía en Domusvi, y con ocho mayores de Vitalia Home: Rosa, Carmen, Antonio, Atanasio, Eladia, María, Piedad y María del Sagrario.

En el auto de archivo la jueza describe otras situaciones extrañas. Por ejemplo, sobre Carmen, de 89 años y residente en Vitalia Home, dice lo siguiente:

Nunca presentó fiebre, ni saturación indebida, ni problemas respiratorios. La pusieron, como a todos, en aislamiento preventivo. En esa situación a diario se le medía temperatura y niveles de saturación. Desconocemos las causas de su fallecimiento.

¿Cómo es posible que no se conozca la causa de su fallecimiento? ¿No hay parte de defunción, está en blanco? Nada comenta al respecto Boticario.

También sorprende el caso de Miguel Máximo, de 89 años, y residente en Vitalia Home. Allí vivía con su mujer, Eladia. Ambos fallecieron con un día de diferencia. Esto es lo que escribe la magistrada:

El 23 de Marzo de 2020 presenta fiebre de 38 y cansancio general. Nivel de saturación normal. Es entonces cuando se acuerda ponerlo en aislamiento preventivo. El 25 de Marzo de 2020 sufre una caída de la cama, sin consecuencias. No hay más informes a partir del 25 de Marzo. Dice VITALIA que ese día es derivado al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, donde falleció el 29 de Marzo.

¿"Dice Vitalia" que fue trasladado? ¿Boticario no reclamó al hospital su expediente para comprobar si es cierto lo que le dijeron desde la residencia?

Existen otros cuatro casos donde el enfermo fue finalmente trasladado a un hospital, pero donde la magistrada no considera necesario indicar en su auto desde cuándo estaba esa persona enferma. Una información imprescindible para saber cuántos días estuvo sin asistencia. Es lo que sucede con Carmen, que estaba en el centro Los Frailes; con Avelina, que vivía en El Encinar-Amavir, y con Félix y María, que residían en Vitalia Home.

A la magistrada tampoco parece extrañarle que Antonia, de Amavir, sea trasladada al hospital después de llevar ocho días con fiebre en la residencia.

En fin, hay en el auto párrafos cuya lectura evoca un texto surrealista, como este sobre María, de 96 años:

En lugar de ser trasladada al Hospital, lo es al Centro de VITALIA de Moratalaz el día 2 de Abril de 2020 como medida preventiva frente al COVID tras resultado negativo en PCR realizada por la Fundación Jiménez Díaz el día anterior. El día 3 de Abril vuelven a solicitar traslado a Leganés por cuadro de desaturación. Ellos gestionan traslado a residencia pero muere en Moratalaz antes de que llegue la ambulancia. La PCR que se le practicó descarta que su fallecimiento esté relacionado con la enfermedad de coronavirus, sin perjuicio, además, de que recibiera siempre el tratamiento médico, asistencial y hospitalario que precisó.

¿Cómo pudo recibir María "siempre el tratamiento hospitalario" que precisó si nunca ingresó en un hospital? Boticario no lo aclara.

LAS CONCLUSIONES DE LA JUEZA

Después de narrar todo lo expuesto, la magistrada llega a la siguiente conclusión: “De la historia clínica de todos ellos se desprende que se trataba de personas con importantes antecedentes médicos y patológicos, y que a todos ellos se le prestó la asistencia médica, asistencial, y hospitalaria que las circunstancias permitieron, y adecuada a su situación basal en esos momentos”.

En cuanto a la decisión de trasladar o no a los pacientes al hospital, la jueza razona que “en casi todos los casos no dependió de los propios centros asistenciales cuyos directores son objeto de esta querella, sino que se trató de una decisión médica consensuada con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era quien decidía en última instancia, teniendo en cuenta la situación clínica del paciente a derivar y sus propias posibilidades de ofrecerle tratamiento con visos de serle favorable”. Esta explicación es correcta, pero Boticario oculta algo que no parece un detalle intrascendente: los geriatras decidían cumpliendo las órdenes de la Consejería de Sanidad.

A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid le dejó claro a Boticario, cuando le ordenó admitir a trámite la querella, que la presidenta Ayuso y los consejeros Escudero y López no formaban parte de su investigación, la jueza no se abstiene de escribir lo siguiente: “Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estar personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. ¿Cómo es capaz la jueza de sacar una conclusión sobre la actuación de los consejeros si no forman parte de lo que ha investigado? Una vez más no lo explica, simplemente lo escribe.

Los familiares de la querella acumulada y archivada en el mismo auto –la de los 24 residentes de Vitalia Home– publicaron un comunicado en el que recuerdan que la magistrada de Leganés no practicó ni una sola de las diligencias que solicitó su abogado, se declaran "indignados" porque la jueza ha ignorado sus "historias, pruebas y argumentación" y critican que "atribuya la causa de defunción a las enfermedades previas y a la avanzada edad de los mayores". Además, anuncian un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. El recurso fue presentado ayer mismo.


https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/07/21/una_jueza_leganes_archiva_querella_por_muerte_residentes_pese_constatar_que_muchos_no_fueron_trasladados_hospital_122930_1012.html


EL PP VETA CREAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS, DESPUÉS DE RESPONSABILIZAR A IGLESIAS DE ELLAS

El Partido Popular ya ha adelantado que no va a apoyar la petición para evitar ''que jueguen con el dolor de las familias''

Este viernes Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos registraban en la Asamblea de Madrid una petición para reanudar la comisión de investigación sobre las muertes por coronavirus en las residencias madrileñas –el asunto se paralizó por la convocatoria de elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso-. En la solicitud, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, los tres grupos de la izquierda con representación en la Asamblea señalaban que el objetivo de dicha comisión sería “aclarar qué pasó” y “evitar que vuelva a suceder en el futuro”. En este sentido, abogaban por tomar declaraciones tanto a la propia Ayuso, como a otros altos cargos del gobierno madrileño, para conocer de primera mano lo que sucedió durante los meses de febrero a junio de 2020 en las residencias de mayores, las medidas que se tomaron y, si fuera necesario, derivar responsabilidades.

Una petición que la izquierda espera que el Partido Popular y Vox apoye. “Nos parecería una barbaridad hacer borrón y cuenta nueva ante este hecho que ha sido traumático. El Gobierno de Ayuso debería haberse reunido como mínimo con los familiares de los fallecidos y queremos reanudar ese trabajo para depurar responsabilidades políticas”, destacaba la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Mónica García, quien añadía que si populares y extrema derecha vetaban la comisión, significaría que “tendrían algo que ocultar”.

“No puede ser que no se sepa lo que ha pasado con los 7.000 mayores fallecidos en residencias. Exigimos responsabilidad para saber qué pasó con aquellos protocolos que no auxiliaron a estas”, denunciaba por su parte la portavoz del PSOE en la Cámara regional, Hana Jalloul. Por último, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Carolina Alonso, ha insistido en que no entenderían que algún grupo no apoyara esta iniciativa cuando -dice- se cerró "de manera abrupta". A su juicio, deben depurarse todas las responsabilidades políticas posibles porque "sin verdad no hay libertad".

Durante la primera ola de la pandemia, el COVID-19 se cebó con las residencias de toda España y, en especial, con las de la Comunidad de Madrid, donde, según el INE, más de 6.000 ancianos perdieron su vida tras haberse contagiado o presentaban síntomas compatibles con la enfermedad. Ahora, más de un año después, las muertes en los centros de mayores han ascendido hasta las más de 29.600 personas.

De esta manera, el asunto se encuentra en manos de la Mesa de la Asamblea, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta -controlan cuatro de los siete puestos-. Los populares, sin embargo, ya han adelantado que no van a apoyar la petición de las fuerzas de izquierdas. “El PP no va a ser ningún tipo de soporte para que jueguen con el dolor de las familias madrileñas e intenten utilizar ese dolor contra Isabel Díaz Ayuso. Es inaceptable”, justificaba su portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, pocos minutos después de registrarse el escrito.

Una cadena de acusaciones contra Iglesias
Una negativa del PP a reanudar la comisión de investigación sobre las muertes en las residencias que sorprende ya que llega después de que precisamente los de Casado hayan estado responsabilizando, desde el primer momento de la crisis sanitaria, de estos decesos a Pablo Iglesias.

En este sentido, hay que recordar que el rifirrafe político durante las primeras etapas por la gestión de las residencias de ancianos fue una constante. En aquellos meses, PP y Vox unieron sus fuerzas contra el Gobierno central y Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, al que acusaron en varias ocasiones de ser el responsable de las residencias y, por lo tanto, de las muertes por coronavirus. Tanto la formación de Pablo Casado como la de ultraderecha sostenían su discurso en el 'mando único' de la administración central con la declaración del estado de alarma. Sin embargo, el real decreto ley de 14 de marzo que establecía el estado de alarma señalaba en el artículo sexto, llamado "Gestión ordinaria de los servicios", que las comunidades autónomas mantendrían sus competencias, entre las que figuran las residencias de ancianos y de los hospitales.

En aquel momento, la dirección del PP llegó a pedir por escrito a todos sus dirigentes que en sus declaraciones públicas responsabilizaran al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, del desastre de las residencias madrileñas, a pesar de reconocer que la gestión regional de estos centros dependía (y depende) directamente del Gobierno, presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso, entonces gobernando en coalición con Ciudadanos.

Una orden que no tardaron en seguir dentro de las filas del PP. “Él tenía el mando único en las residencias de ancianos y jamás hizo absolutamente nada por ninguna. Y viéndose acorralado, ha decidido que nos metamos todos en la misma melé, pero es que yo sí he estado ahí, y él no ha estado nunca”, denunció la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. "Me parece que quien no ha hecho absolutamente nada, quien no ha dictado un solo protocolo ni una sola instrucción, difícilmente puede tener la legitimidad de decir ahora que se han hecho actuaciones criminales”, señaló por su parte el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. “Bajo su tutela han muerto 16.000 personas mayores. No se excuse en los datos de las comunidades autónomas, lo que hay es una responsabilidad única que tiene que asumir”, afeó el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

https://www.elplural.com/politica/espana/pp-veta-comision-investigacion-muertes-residencias-responsabilizar-iglesias_268595102


ASÍ FUE EL TAPÓN A LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE MADRID, HOSPITAL POR HOSPITAL: EL 73% DE MUERTOS NO FUE TRASLADADO A UN CENTRO MÉDICO

Los datos de la Comunidad desmienten que la mayoría de los fallecidos en geriátricos durante la primera ola fuera hospitalizada, como asegura en campaña Ayuso

Siete de cada diez muertes de mayores de residencias de Madrid en la primera ola de coronavirus se produjeron dentro de los geriátricos, donde en muchos casos no había medios para curarles ni las condiciones dignas para que tuvieran una buena muerte. Son datos de la propia Comunidad de Madrid y contradicen la cifra que ha repetido durante la campaña del 4-M la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, según la cual siete de cada diez mayores de residencias murieron en hospitales. Realmente fue a la inversa. Murieron 11.389 mayores que vivían en residencias, de los cuales 8.338 no fueron trasladados a un hospital, según los datos de la propia Comunidad de Madrid.

El tapón a las residencias de mayores fue generalizado en los 26 hospitales de la red pública madrileña sobre los que existen datos, según el análisis de la epidemióloga especializada en tercera edad María Victoria Zunzunegui, que se apoya en las bases de datos oficiales disponibles y que ha compartido con EL PAÍS. El estudio comprende las muertes por cualquier causa entre el 8 de marzo y el 7 de julio de 2020, el período para el que existen cifras de fallecimientos centro por centro. Cada residencia tenía asignado un hospital de zona, desde el que un geriatra de enlace filtraba quién tenía derecho a cama y quién no, de acuerdo con los protocolos de triaje que elaboró la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Los documentos, que han sido denunciados por Amnistía Internacional como una grave violación de derechos humanos, buscaban evitar el colapso de los hospitales madrileños.

El Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, y el Infanta Cristina, en Parla, fueron los que aplicaron de modo más estricto el protocolo: un 83% de las muertes en las 28 residencias que dependían de ellos se produjo en los geriátricos. El Infanta Cristina es el centro donde fue grabado un vídeo en el que un jefe médico informaba a su equipo de que no estaban siendo admitidos los mayores de residencias. El médico reunió a los sanitarios para avanzarles que el siguiente paso iba a ser negar cama a cualquier persona mayor viniera de donde viniera: “Eso es drástico. Esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo”.

El hospital que fue más receptivo con los mayores de residencias fue el Clínico San Carlos: un 61% de las muertes en sus 15 residencias se produjo en los hogares de mayores. De ese hospital depende Monte Hermoso, la residencia que fue noticia el 17 de marzo porque se estaban apilando los cadáveres en su sótano tras días de intentos de hospitalización infructuosos.

Es muy probable que estos datos hubiesen mostrado un tapón aún mayor si el período estudiado fuera el comprendido entre el 8 de marzo y el 15 de abril, cuando los hospitales estaban colapsados, pero no existen datos públicos de muertes centro a centro para ese tiempo. A partir de mitad de abril los hospitales volvieron a abrir sus puertas a los mayores y creció el número de derivaciones.

Ayuso ha defendido que se produjeron miles de traslados de ambulancia entre hospitales y residencias, pero estos cayeron bruscamente durante el período del triaje. Además, hay sobradas pruebas de que las ambulancias hicieron el camino inverso: trasladaron a mayores enfermos de vuelta a las residencias, para dejar una cama libre a otros enfermos.

En la recta final de la campaña para las autonómicas madrileñas Ayuso ha dicho contra la evidencia que el 70% de los mayores de residencias fallecidos murió en un hospital. Eso fue lo que aseguró a EL PAÍS la semana pasada sin precisar a qué período se refería. Este jueves en una entrevista en La hora de La 1, en Televisión Española, volvió a dar el dato, refiriéndose a la primera ola.

La presidenta ha tachado de “insensato” cualquier esfuerzo para investigar la discriminación a los mayores, que ha sido llevada a los juzgados por cientos de familias de las víctimas. “Tengo claro que ir a un hospital no significaba estar a salvo”, respondió la presidenta a este periódico. “Cada geriatra, cada sanitario, tomó en su momento sus mejores decisiones. Y que hoy, empezar a cuestionar lo que ese geriatra o ese sanitario hizo cuando llegó ese tsunami es por parte de todos algo artificial. Porque no hemos estado ahí para saberlo ni ustedes ni yo”.

Opacidad

El análisis de Zunzunegui se apoya en el cruce de dos bases de datos de la Comunidad de Madrid: la lista de muertes residencia a residencia entre el 8 de marzo y el 7 de julio y la lista de hospitales de referencia para residencias de mayores. La lista de muertes fue conseguida por este periódico en julio del año pasado tras una solicitud de acceso a la información pública, un procedimiento regulado por la ley. La cifra incluye muertos por cualquier causa y en cualquier lugar.

Si nos ceñimos a las muertes por covid-19, todavía hoy siguen siendo un enigma. El Gobierno de Ayuso da un balance incompleto que solo incluye a los fallecidos dentro de las residencias y, por tanto, es desconocido el número de muertos en hospitales. Esta información es esencial para evaluar lo que ha pasado en las residencias de Madrid en la segunda y tercera olas, en las que se siguieron produciendo brotes devastadores.

El Imserso, que desde marzo de 2021 centraliza el balance de muertes en residencias de todas las regiones, ha resaltado el defecto de los datos madrileños en su actualización semanal (los datos están siendo permanentemente revisados). A pesar de que son cifras parciales, Madrid es la región de España con más mayores residentes en geriátricos fallecidos por covid-19 durante toda la pandemia (6.197).

https://elpais.com/espana/elecciones-madrid/2021-05-01/asi-fue-el-tapon-a-las-residencias-de-mayores-de-madrid-hospital-por-hospital-el-73-de-muertos-no-fue-trasladado.html


LA VERDAD SOBRE LAS RESIDENCIAS Y EL 4M: RAZONES PARA VOTAR

La gestión de las residencias de mayores por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia fue el elemento clave del debate electoral en la campaña del 4M. En realidad, tendría que haber sido un tema de análisis permanente durante el último año por una sencilla razón: en los casi 40 años de existencia de la Comunidad de Madrid, jamás ocurrió un hecho tan grave que afecte directamente a la responsabilidad del Gobierno autonómico.

Lo que sucedió es algo que, simplemente escribirlo, duele: en apenas mes y medio, entre mediados de marzo y finales de abril de 2020, fallecieron 9.470 mayores que vivían en residencias de Madrid. De ellos, 7.291 murieron en el propio centro, sin recibir atención médica ni ser trasladados a un hospital. Ello supone que el 77% del total de decesos se produjo en el geriátrico, porcentaje que se incrementó hasta el 84% en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo que impedía traslados de los ancianos enfermos al hospital (5.343 mayores murieron en esos veinte días en sus residencias). De las 9.470 personas fallecidas, 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles (el 61% del total) y el resto perdieron la vida por otras causas. Hay que recordar que la prohibición de derivar residentes al hospital no solo afectó a quienes estaban contagiados por el virus, sino a todos los que tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Todas estas cifras son datos oficiales, aportados por la Consejería de Sanidad a infoLibre a través del Portal de Transparencia.

Lo que sucedió, y esto duele aún más escribirlo, es que muchos de los mayores murieron solos, ahogados en su propia tos, sin oxígeno, sin recibir la atención médica a la que tenían derecho. Derecho porque así lo determinan nuestra Constitución y nuestras leyes, y derecho por un sentido básico de humanidad.

Con estos hechos, escuchar en el debate a Ayuso mentir con descaro sobre los datos (dijo que el 70% de los mayores habían muerto en el hospital) o mentir con brutalidad sobre las posibilidades de sobrevivir de los ancianos (afirmó que el traslado al hospital no habría salvado a ninguna de las 7.291 personas que murieron en los geriátricos), provoca cierta rabia y cierta pena a cualquier persona con un mínimo de conciencia. Y la tentación de escribir un artículo desde las tripas. Pero eso no sería periodístico. Así que lo que sigue es una explicación fría, basada únicamente en hechos incontestables, sobre la responsabilidad política del Gobierno de Ayuso en la muerte de esos mayores y sobre la falsedad de los argumentos que utilizan quienes defienden su gestión en este tema. Es el relato periodístico que dicta la razón.

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE AYUSO
El Gobierno de Ayuso realizó cuatro actuaciones que, conjuntamente, provocaron que miles de mayores muriesen en las residencias desatendidos, sin recibir atención médica. Esas cuatro medidas no pueden ser analizadas aisladamente –como hacen algunos por interés o por ignorancia– porque todas ellas se tomaron al mismo tiempo y todas ellas contribuyeron al resultado fatídico. Son las siguientes:

1. El Protocolo de no derivación hospitalaria

El 18 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero aprobó un Protocolo que impedía derivar a los hospitales a los residentes enfermos que tuvieran un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Los días 20, 24 y 25 de marzo se aprobaron otras tres versiones del mismo Protocolo. Con un lenguaje más o menos crudo, todas ellas compartían el elemento esencial: la orden de no trasladar a los hospitales a las personas más dependientes. Cualquiera que conozca el perfil de los residentes sabe que esa orden afectaba potencialmente a miles de ancianos, ya que en los geriátricos son muy pocos los mayores con autonomía y muchos los que tienen un grado de dependencia alta.


En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, fallecieron en los centros 5.343 mayores sin ser trasladados a un hospital, un 84% del total de decesos. Para entender lo que significa este porcentaje es conveniente compararlo con lo que ocurre habitualmente: el número de muertes en los centros está claramente por debajo del 20%. Se trata de personas en estado terminal, a las que no tiene sentido alguno llevar a un hospital, y la decisión se toma con el acuerdo de sus familiares. Durante la primera ola de la pandemia en Madrid, en la práctica totalidad de los casos, la decisión de no trasladar a los mayores al hospital le fue impuesta a sus familiares en contra de su expresa voluntad.

2. La no medicalización de las residencias

La decisión de no trasladar a miles de mayores a los hospitales, siendo discriminatoria y grave, no dejaba al Gobierno autonómico sin alternativas para intentar salvar sus vidas. De hecho, tuvo en sus manos tres alternativas. La primera era medicalizar las residencias. El entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, lo explicó perfectamente en una comparecencia en la Asamblea de Madrid: “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó resoluciones ordenando que se medicalizasen las residencias de Alcorcón y Leganés, pero el Ejecutivo de Ayuso no se mostró conforme y recurrió las resoluciones judiciales, alegando que ya había aportado distinto material a los geriátricos. El TSJM determinó que “medicalizar” una residencia consiste en dotarla “del personal sanitario necesario” y “del material preciso para actuar sobre los residentes”. Y concluyó que de los documentos aportados por el Gobierno autonómico “no se desprende que se haya procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario” a cada una de las residencias “en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la situación de emergencia en la que nos encontramos”.

Ayuso y Escudero hicieron caso omiso al TSJM. Su plan para medicalizar las residencias fue la llamada Operación Bicho: un plan encargado a Encarnación Burgueño, la hija del ideólogo de la privatización hospitalaria de Madrid, Antonio Burgueño, a quien Ayuso había encomendado la coordinación del sector sanitario cuando empezó la pandemia. El plan duró doce días y fue un auténtico caos. "Vimos morir a personas sin sedación y hay personas que murieron sin condiciones dignas. Los que nosotros vimos morir, sufrieron", confesó en la Asamblea de Madrid el dueño de la empresa de ambulancias subcontratada para visitar las residencias.

3. Número de traslados al hospital del Ifema: 23

Durante la primera ola de la pandemia, el Gobierno de Ayuso montó un hospital de campaña en las instalaciones de Ifema, que estuvo operativo entre el 21 de marzo y el 30 de abril. La Comunidad de Madrid aseguró que dicho centro tendría 5.000 camas.

La realidad es que, durante las seis semanas que estuvo abierto, en Ifema se atendió a 3.811 personas. De ellas, únicamente 23 eran mayores procedentes de dos residencias. Es decir, el 0,6% del total. En ese periodo, el 43,5% de los fallecidos en la región con covid o síntomas compatibles eran ancianos que vivían en residencias. En otras palabras: se creó un hospital al que no se trasladó a las personas que más lo necesitaban, aquellas que estaban muriendo en las residencias sin ningún tipo de cuidado médico.

Un segundo elemento inexplicable en relación con el Ifema es por qué se decidió cerrarlo cuando seguían muriendo muchas personas en los geriátricos sin ser trasladados a un hospital. La decisión de desmontar Ifema se adoptó una semana antes del cierre. Pues bien, en esos siete días, 549 mayores murieron en una residencia sin ser derivados a un hospital. La emergencia sanitaria no había pasado.

4. Número de traslados a hospitales privados: 0

El Gobierno de Ayuso, con buen criterio, decidió poner bajo un mando único tanto a los hospitales públicos como a los privados. La presidenta madrileña lo explicó así en la Asamblea: “El jueves 12 de marzo mantuve la primera reunión con representantes de la sanidad pública y privada para crear, de manera histórica, un mando único de la sanidad en Madrid, según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!” [puedes consultar aquí el diario de sesiones].

La realidad es la siguiente: ese mando único “histórico” no consideró necesario que los 68 hospitales privados atendiesen a las personas que vivían en las residencias y caían enfermas. Los datos oficiales de derivaciones hospitalarias demuestran que todos los traslados de residentes enfermos se hicieron a centros de la red pública de hospitales. La Comunidad no trasladó ni a un solo residente a un hospital privado. Ni uno.

Los únicos residentes que fueron trasladados a los hospitales privados fueron aquellos que tenían un seguro privado. En otras palabras: tener un seguro privado se convirtió, en muchas ocasiones, en el único salvoconducto para recibir atención hospitalaria y salvar la vida.

Estos son los hechos. Y se resumen así: el Gobierno de Ayuso es responsable de haber aprobado un Protocolo que impidió trasladar a miles de mayores a los hospitales y de decidir además no utilizar las tres alternativas que tenía para intentar salvar sus vidas –medicalizar los centros, trasladar a los enfermos a Ifema o llevarles a los hospitales privados–, lo que provocó que muriesen desatendidos en los geriátricos.

LOS FALSOS ARGUMENTOS PARA TAPAR LO OCURRIDO
Para tapar la realidad de lo ocurrido, el Gobierno de Ayuso ha puesto en marcha una serie de mentiras y manipulaciones. Algunas más bien burdas, como asegurar que un Protocolo firmado digitalmente por un alto cargo del Gobierno era en realidad un “borrador”, y otras más sofisticadas, como ofrecer cifras de derivaciones hospitalarias de amplios periodos de tiempo (entre marzo y junio) para enmascarar que el problema con la falta de traslados se produjo básicamente durante cuatro semanas al principio de la primera ola. Pero hay cinco grandes argumentos (falsos) que el PP madrileño y sus altavoces mediáticos repiten sin cesar. Son estos:

1. Las competencias eran de Pablo Iglesias

Las competencias tanto en materia sanitaria como de servicios sociales, lo que incluye las residencias, son de las comunidades autónomas. Y en ninguno de los decretos aprobados durante el estado de alarma se produjo ningún cambio competencial en este sentido. Saber la verdad sobre este asunto es sencillo: si alguien asegura que se produjo esa transferencia de competencias, basta con enseñar el BOE donde se aprobó tal cosa. Nadie lo ha enseñado, claro, porque no existe.

En el debate sobre el estado de la región, el 15 de septiembre de 2020, el portavoz del PP –Alfonso Serrano– afirmó literalmente lo siguiente sobre este tema:

Dice usted: "Tráigame aquí un boletín oficial que diga que Pablo Iglesias asume el mando"; vale, bueno, a ver, no es el boletín oficial, es una noticia de La Sexta, que para usted puede ser más o menos algo así como creíble (Risas): "Pablo Iglesias se pone al mando de los servicios sociales de toda España: vamos a construir un escudo social". Oiga, ¿está mintiendo La Sexta? ¿Lo está diciendo usted? ¡A ver si se están equivocando! (Aplausos.) ¿Esto qué es? ¿La caverna mediática? ¡Es La Sexta! "¡El ministro Illa ha puesto al mando de los servicios sociales de toda España al vicepresidente Pablo Iglesias!". ¡Oiga, eso lo dice La Sexta!, que ya sé que no es el BOE, pero usted le dará un poquito de credibilidad, pero bueno [Puedes consultar aquí el diario de sesiones].

¿Es posible ser más frívolo cuando se está hablando de miles de personas muertas en condiciones indignas? Sea cual sea la respuesta, la realidad es que España es un Estado mucho más serio del que dibujan algunos políticos, y las decisiones sobre el reparto de competencias se publican en el BOE.

Constatar la evidencia de que las competencias nunca fueron transferidas no equivale, por supuesto, a afirmar que el Gobierno central hizo todo bien. Durante la primera ola cometió un grave error: no otorgó a las residencias la misma prioridad que a los hospitales. Y tendría que haberlo hecho. Tuvo una clara responsabilidad por omisión, al no haber adoptado más medidas en esa línea, para lo que estaba facultado gracias a los poderes excepcionales del estado de alarma.

2. El triaje era necesario porque no había medios para atender a todos

Lo que se aplicó a los mayores madrileños no fue un triaje, fue una discriminación en razón del lugar de residencia. Médicos Sin Fronteras, en un excelente informe sobre lo ocurrido durante la pandemia, explica cuáles son las pautas que se deben seguir para realizar un triaje: “Cada caso debe ser valorado individualmente, con criterio exclusivamente clínico, psicológico y social. Los criterios de priorización deben ser objetivos, éticos y transparentes, aplicarse equitativamente y hacerse públicos si fuera necesario”. Es evidente que ninguno de esos criterios se siguió con los residentes en Madrid durante la primera ola de la pandemia.

La excusa del triaje tiene, además, un problema mayor. La aplicación del triaje requiere como condición previa que exista una escasez de medios. Así que esconderse tras el supuesto triaje en los hospitales no sirve para responder a estas tres preguntas: ¿Y por qué no se medicalizaron las residencias como ordenó el TSJM? ¿Y por qué no se trasladaron enfermos al Ifema, que supuestamente podía tener operativas 5.000 camas y solo atendió a 23 mayores? ¿Y por qué no se llevaron pacientes desde los geriátricos a los hospitales privados, salvo que tuvieran seguro médico privado?

3. Lo mismo que ocurrió en Madrid sucedió en otras comunidades

Es cierto que Madrid no fue la única comunidad donde, en la primera ola de la pandemia, la mayoría de los mayores fallecieron en las residencias y no fueron trasladados al hospital. En Madrid ello ocurrió en el 77% de las muertes de residentes, mientras que en Cataluña ese porcentaje se situó en el 72% y en Castilla y León en el 71%. De Castilla-La Mancha no hay datos oficiales, pero otras estadísticas apuntan a que el porcentaje fue similar. En esas cuatro comunidades se concentraron el 75% de los fallecidos en la primavera de 2020.

Lo que no ocurrió en ninguna otra comunidad, y lo que configura por tanto la excepcionalidad de Madrid, es que el Gobierno autonómico incumpliese resoluciones judiciales que le ordenaban medicalizar las residencias y que además se negase a trasladar enfermos a los hospitales donde había plazas para atenderles (Ifema y hospitales privados).

Por supuesto, tampoco hay ninguna comunidad donde se aprobase un Protocolo como el de Madrid prohibiendo el traslado a los hospitales de los mayores de acuerdo con su nivel de dependencia. En Cataluña, eso sí, se aprobó también un Protocolo indigno que recomendaba no ingresar en la UCI a mayores de 80 años con determinadas patologías.

4. Otras comunidades tuvieron peores datos que Madrid

El Gobierno de Madrid, a mediados del pasado año, puso en circulación una estadística que indicaba que “Navarra, Aragón y Extremadura superan el 80% de fallecidos por covid que residían en geriátricos”. Un porcentaje que en Madrid se quedaba en aquel momento en el 41%. No hace falta ser un experto matemático para entender que, al comparar los decesos en las residencias con los producidos fuera de ellas, el porcentaje puede ser bajo por dos motivos: porque realmente hay pocos fallecimientos en las residencias o porque fuera de los geriátricos hay también una hecatombe importante. Esto último fue exactamente lo que sucedió en Madrid, triste líder en muertes en la primera ola en los geriátricos y fuera de ellos.

Para saber qué ocurrió realmente dentro de las residencias, hay dos estadísticas que sí son relevantes: el número de mayores fallecidos respecto al total de residentes y el exceso de mortalidad (que es precisamente la estadística que utiliza el PP para sostener, con razón, que el número de fallecidos totales por covid en España es mayor que el que recogen las cifras oficiales). En ambas cuestiones Madríd es la comunidad con peores datos: en la primera ola fallecieron el 12% del total de residentes de Madrid con covid o síntomas compatibles, por delante de Castilla-La Mancha, donde se superó ligeramente el 8%. En cuanto al exceso de mortalidad en los geriátricos, según un estudio recién publicado en Envejecimiento en Red, se disparó hasta el 52,9% en Madrid, casi el doble que la producida en la segunda comunidad peor parada, de nuevo Castilla-La Mancha con el 27,9%.

En todo caso, hay que tener presente que la responsabilidad política del Gobierno madrileño no deriva de que fuese la comunidad con más residentes fallecidos. Es importante conocer los datos reales, para evitar las manipulaciones interesadas. Pero la responsabilidad de Ayuso y Escudero nace de cómo gestionaron la pandemia, no del número de fallecidos. Su responsabilidad es producto de las cuatro decisiones mencionadas: el Protocolo de no derivación hospitalaria, la no medicalización de los centros incumpliendo resoluciones judiciales y la doble negativa a trasladar ancianos enfermos al Ifema y a los hospitales privados.

5. Los residentes no se habrían salvado aunque se les hubiese trasladado al hospital

Este argumento lo utilizó Ayuso por primera vez en el debate electoral y lo desmienten tanto la lógica como la realidad de lo ocurrido a partir de mayo. ¿Alguien puede sostener en serio que los 7.291 mayores que fallecieron en las residencias habrían perdido igual la vida si hubiesen recibido atención hospitalaria? ¿Todos? ¿Los 7.291? Es evidente que una parte de esas personas habría muerto y que la otra se habría salvado.

Por supuesto, en términos éticos, aunque todos hubiesen fallecido, la inmoralidad de privarles del derecho a recibir atención médica sería la misma. Pero es que la realidad demuestra que, además de inmoral, es un argumento falso. Las derivaciones hospitalarias de los residentes enfermos empezaron a recuperarse en la segunda mitad de abril y, especialmente, a partir de mayo. Y el número de mayores fallecidos se redujo drásticamente, por la sencilla razón de que la atención médica les salvó la vida a muchos de ellos.

LOS ENCUBRIDORES
Hasta aquí los hechos. Pero no me gustaría terminar este artículo de opinión sin realizar una valoración subjetiva.

Muchísimos ciudadanos madrileños desconocen los hechos que acabo de exponer, por la sencilla razón de que hay algunos medios que jamás han informado sobre ellos. Sus directores son responsables de encubrir esa hecatombe. Si es por ignorancia, es una ignorancia culpable; si es por otras razones menos confesables, se califican solas.

La Fiscalía está teniendo, en general, un papel lamentable. Es asombroso que, con todas las pruebas documentales que existen sobre el Protocolo y su aplicación masiva en las residencias, no haya abierto una investigación de oficio. Una Fiscalía que actúa como abogada defensora se denigra a sí misma y ofende especialmente a los familiares de las víctimas. Es, también, una Fiscalía encubridora.

Hay una pregunta sin respuesta, pero creo que clarificadora: si quienes fallecieron en las residencias sin atención médica, fuesen la madre o el padre de los políticos que adoptaron esas decisiones, ¿habrían actuado igual? Si fuesen la madre o el padre de los encubridores, ¿actuarían estos como lo hacen?

En los casi 40 años de existencia de la Comunidad de Madrid, jamás ocurrió un hecho tan grave que afecte directamente a la responsabilidad del Gobierno autonómico. Jamás han existido, por tanto, más razones para ir a votar. Si tienen alguna duda a la hora de acercarse a las urnas o a la hora de escoger papeleta, quizá les ayude hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo me sentiría yo si fuesen mi madre o mi hermano las personas que murieron de forma indigna en una residencia, solos, sin atención médica, ahogados en su propia tos, sin oxígeno?

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2021/04/23/las_residencias_jamas_hubo_una_mayor_razon_para_votar_119599_1023.html


UN DOCTOR QUE DESCARTÓ HOSPITALIZAR A MAYORES DE RESIDENCIAS: “NO ME PARECE DISCRIMINATORIO”

Javier Martínez Peromingo ha defendido en la Asamblea a los 22 geriatras que aplicaron el triaje de la Comunidad de Madrid

Uno de los momentos más intensos de la investigación del abandono a las residencias en la Asamblea de Madrid se ha vivido este viernes, cuando un diputado ha cuestionado a uno de los 22 doctores que decidieron qué enfermos tenían derecho al hospital. ¿No era discriminación negarle ese auxilio a mayores de residencia?, le ha preguntado Emilio Delgado, de Más Madrid, a Javier Martínez Peromingo, geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del hospital de Móstoles Rey Juan Carlos.

El doctor Carlos Mur, exdirector general de coordinación sanitaria en la Comunidad de Madrid, durante su comparecencia telemática este miércoles en la Asamblea de Madrid.
El hospital de Ifema se llevó a los sanitarios que iban a medicalizar las residencias
Carolina habla con la prensa delante de la residencia La Paz, en Madrid, el jueves 5 de marzo de 2020, cuando se conoció el fallecimiento de su madre, Carmen Rosa Morón.
Carmen Rosa, la primera fallecida por covid en una residencia de Madrid deja de ser una cifra
Peromingo parece tener la conciencia tranquila y le ha respondido al diputado, sin perder la calma, que la práctica médica habitual es asignar tratamientos distintos a los pacientes. “No me parece en absoluto discriminatorio”, ha considerado. Su explicación no ha convencido a Delgado.

—No, no. No se está hablando de aplicar un tratamiento. Se está hablando de derivar a un hospital. Si tú vives en tu casa con tu hija, tu hija te lleva a un hospital. Si vives en una residencia, no.

—Pero, hombre, en todas las enfermedades, en función de cómo lo valora clínicamente un médico, unas veces se decide que el paciente puede irse a su casa. De hecho, la mayoría de la gente que va a urgencias se vuelve luego a su casa con un tratamiento. No se quedan ingresados en el hospital.

Según Peromingo, los mayores de su área de influencia no sufrieron abandono durante la primera ola de coronavirus, porque su hospital no se saturó tanto como otros y esas residencias sí estaban preparadas para atender a los enfermos de covid. Delgado le ha recordado que la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias, y tampoco dio oportunidad a esos mayores de ir al gran hospital temporal de Ifema.

Un filtro nuevo

La comparecencia de Peromingo en la comisión de investigación de la crisis era esperada, porque hasta ahora no se había escuchado a los médicos de Madrid que aplicaban los polémicos protocolos que la Comunidad elaboró en la primera ola de la pandemia de coronavirus. Los documentos recomendaban descartar a los mayores dependientes que vivían en residencias para evitar “el colapso del Sistema de Salud”. Peromingo y los otros médicos que actuaron como filtro eran conocidos como “geriatras de enlace”, un grupo nuevo creado por la Consejería de Sanidad para acometer esa tarea. Ahora están en el punto de mira de centenares de hijos que han recurrido a la justicia para denunciar la negación de auxilio a sus padres.

Peromingo ha hablado muchas veces en plural, “nosotros”, como un representante de ese grupo que formaban 22 geriatras durante el mes de los rechazos, entre mediados de marzo y mediados de abril del pasado año. Desde mayo, cuando acabó esa crisis, Peromingo ocupa un alto cargo de la Consejería de Sanidad, el de director general de coordinación sociosanitaria. Sucedió en el puesto a Carlos Mur, el doctor que firmó las distintas versiones de los protocolos entre el 18 y el 25 de marzo.

La comparecencia de este viernes y la de Mur, el miércoles de la semana pasada, han permitido conocer más detalles sobre cómo nacieron los protocolos. Mur convocó el viernes 13 de marzo por la mañana en la sede de la Consejería a Peromingo y a otros jefes de geriatría para cumplir con la misión que le había dado el día anterior el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. “Los mayores de residencia que den positivo por coronavirus serán atendidos en la propia residencia”, ordenó Escudero.

Peromingo y los geriatras elaboraron un protocolo que recomendaba no derivar a esta población para así no colapsar los hospitales. La otra pata del plan, según dijo Mur, era la medicalización con sanitarios de atención primaria, pero no fue ejecutada, porque cuando abrió el hospital temporal de Ifema, la Comunidad de Madrid mandó allí a ese ejército de médicos.

Dardos contra Carlos Mur

Hoy Peromingo ha lanzado dardos contra Mur: “Cometió muchos errores. Uno de ellos fue el envío de los borradores, no dejándose asesorar”. Según ha dicho, se suponía que los geriatras iban a asesorarle a él. Mur es un psiquiatra con menos conocimiento del sector de las residencias o de los mayores. Pero a pesar de esto, tomó decisiones sin consultarles, ha asegurado Peromingo. Los geriatras tenían un borrador técnico que no estaba listo para distribuir, pero Mur envió a hospitales y residencias varias versiones abreviadas sin su consentimiento. A ellos no les gustaba ni el lenguaje, ni los criterios para no hospitalizar.

Ellos sí dieron su visto bueno a la versión final, del 25 de marzo. En esencia, ese documento no difiere mucho de los anteriores. Esa última versión pedía que el personal de la residencia llamara por teléfono al geriatra de enlace para valorar a cada enfermo. El traslado al hospital dependía del estado de las urgencias y del grado de autonomía del paciente. Debían ser tratadas en las residencias las personas con dependencias como alzhéimer o que necesitaran silla de ruedas. Pero esto era la teoría. En la práctica muchas residencias sufrieron un tapón absoluto y a otras se les impuso un corte a los 75 años de edad.

El protocolo tenía un anexo que pedía suministrar a los geriátricos fármacos y sistemas de oxígenos, pero en muchos casos esta ayuda tardó en llegar, de modo que los mayores enfermos quedaron desamparados, como han denunciado reportes de organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras.

Creo que se intentó, no se lo puedo garantizar al 100%, pero creo que se intentó dar la mejor asistencia

Peromingo ha defendido su actuación y la de sus compañeros. “Nuestra razón de ser como geriatras es el tratamiento a los mayores y evitar la discriminación”. ¿Tuvieron todos una muerte digna? “Creo que se intentó, no se lo puedo garantizar al 100%, pero creo que se intentó dar la mejor asistencia”.

La sesión de este viernes era la octava con testigos que celebra la comisión de investigación, que empezó a recibir comparecientes en octubre. Además de Peromingo han sido interrogados este viernes otros dos altos cargos de la Comunidad: el jefe de Bomberos, Agustín de la Herrán, y el exgerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Óscar Álvarez. El primero relató cómo su cuerpo colaboró desde el 23 de marzo en la retirada de 185 cadáveres de las residencias, un apoyo a las funerarias desbordadas.

El segundo tenía su cargo las 25 residencias públicas de Madrid, donde murieron 1.197 mayores durante la primera ola de coronavirus. Álvarez ocupa hoy el cargo de director general de Discapacidad en la Consejería de Políticas Sociales, de Ciudadanos. Visiblemente nervioso, ha medido mucho su lenguaje para no hurgar en la herida de un tema que incomoda claramente al partido. Ciudadanos no quiere repetir la tensión de la primavera pasada cuando el entonces jefe de Álvarez, el consejero Alberto Reyero, criticó frontalmente la gestión de Ayuso.

Álvarez ha hablado hoy de que cuando el 21 de marzo vio por primera vez uno de los protocolos de exclusión sintió “temor”, pero ha evitado ser crítico. Contrasta con Reyero que fue rotundo en público al decir que esos documentos no eran éticos, y posiblemente tampoco legales.

RECUERDOS DE UNA CLASE DE ÉTICA EN LA FACULTAD

Los geriatras madrileños que aplicaron el filtro no habían vivido antes un reto ético como el del año pasado. Peromingo ha recordado hoy una clase de medicina de catástrofe en la facultad en la que le pusieron un ejercicio. Tenía que poner pegatinas de colores para decidir quién iba al hospital y quién no. “Tuve en mi momento una clase de medicina de catástrofe que te contaban unas cosas que eran increíbles”, ha dicho. “Era inconcebible”.

"Sé que muchos de ustedes no son médicos pero no creo que ninguna de las personas que estamos aquí pensásemos hace un año, hace dos años que íbamos a vivir esto que hemos vivido", ha añadido. "Nadie nos preparó y no estábamos preparados en ninguno de los sentidos".

Los críticos han tachado el triaje que impuso la Comunidad de “protocolos de la vergüenza”. Han denunciado que era discriminatorio con las personas que vivían en residencias, ya que las personas mayores que residían en viviendas no se sometían a ese filtro. También han reprochado que los protocolos tuvieran en cuenta la dependencia para seleccionar quién merecía una cama de hospital, ya que la falta de autonomía no da una idea de que una persona tenga menos opciones de sobrevivir.

“Los geriatras de Madrid necesitan un curso de bioética”, critica el abogado Carlos Sardinero, para quien el abandono de mayores en residencias fue “una de las mayores violaciones de derechos fundamentales de la historia reciente de España”.

En todo caso, muchos dicen que los protocolos no deben analizarse aisladamente. La otra pieza del puzle era la medicalización. Los geriatras de hospital diseñaron y aplicaron el triaje pensando que las residencias iban a tener un refuerzo de médicos, fármacos y oxigenoterapia que a todas luces fue insuficiente y llegó muy tarde. “Hemos insistido en una frase: o el residente va al hospital o el hospital a la residencia”, dijo el consejero Alberto Reyero el año pasado.

https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-05/un-doctor-que-descarto-hospitalizar-a-mayores-de-residencias-no-me-parece-discriminatorio.html


LA DIRECTORA DE UNA RESIDENCIA DECLARA QUE LOS PROTOCOLOS PARA NO DERIVAR A HOSPITALES ERAN "DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO"

También declara ante el juez el médico de la residencia pública de Carabanchel, quien confirma que recibió los protocolos de la Consejería de Sanidad y que "los dos primeros hablaban de obligatoriedad y el último de recomendaciones"

El ex alto cargo de Ayuso que firmó los protocolos, Carlos Mur, afirmó en la comisión de investigación sobre residencias que "no eran obligatorios"

La directora de una residencia pública de Carabanchel, investigada por la presunta comisión de un delito de homicidio, ha declarado ante el juez que entendía que desde el punto de vista administrativo los protocolos sobre no derivación a hospitales de enfermos de covid-19 firmados por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu, eran de "obligado cumplimiento", han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El juez de Instrucción número 50 de Madrid ha tomado esta mañana declaración en calidad de investigada a la directora de La Gran Residencia, situada en Carabanchel, en el marco de la querella presentada a través de Marea de Residencias por la hija de una usuaria fallecida en la primera ola de la pandemia.

Marea de Residencias suma ya más de 200 querellas a la que se unirán otras 200 para que la Justicia investigue los protocolos de actuación que se siguieron en las residencias en la primera ola de la pandemia, así como los criterios de derivación a los hospitales.

Tanto la investigada como el médico que ha declarado como testigo ante el juez han afirmado que entendían que los protocolos eran de obligado cumplimiento. En concreto, se recibieron cuatro documentos, pero desde el punto de vista administrativo entendían que eran obligados.

En la comisión de investigación sobre Residencias y covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur afirmó esta semana que los Protocolos “no son una orden de aplicación directa ni de obligado cumplimiento”, sino un “conjunto de recomendaciones” para los médicos que debían aplicarlos.

En estos documentos se fijaban criterios para no derivar a determinados residentes enfermos de covid-19 con dependencia o discapacidades a hospitales durante el punto más álgido de la pandemia.

En cuidados paliativos

En su declaración, Rosa María M.G. ha señalado que en el caso concreto de la residente fallecida "no la derivaron al hospital no por los protocolos sino porque ya estaba en situación de Cuidados Paliativos cuando ingresó".

También ha comentado la investigada que ella y el personal de la residencia han hecho "todo lo que han podido", relatando que se quedaron reducidos porque la gente se contagio del virus.

Según la directora, la residencia cumplía los ratios que les imponían las normas y estaba en contacto con el geriatra de referencia con el que "nunca hablaron de los protocolos".

También ha comparecido un médico de la residencia en calidad de testigo, quien ha reconocido igualmente que se recibieron los protocolos de Carlos Mur y que "los dos primeros hablaban de obligatoriedad y en el último de recomendaciones".

El sanitario ha señalado que está querellante venía con un informe del Hospital Ramón y Cajal en el que se aconsejaba que tuviera cuidados paliativos antes que un tratamiento médico invasivo.

Asimismo, ha explicado que "las decisiones se tomaron en conjunto con la geriatra de referencia y que nunca hablo con la geriatra de los protocolos".

"Desde mi punto de vista médico no era derivable a ningún hospital puesto que no hubiera mejorado. El tratamiento que le daban en la residencia y que les proporcionaba el hospital hubiera sido el mismo que se lo hubieran ingresado", ha dicho.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/26/la_directora_una_residencia_declara_que_entendia_que_los_protocolos_para_no_derivar_hospitales_eran_obligados_117289_1012.html


LOS 'AGUJEROS' DE LA VERSIÓN DEL ALTO CARGO DE AYUSO PARA JUSTIFICAR EL 'PROTOCOLO DE LA VERGÜENZA' EN LAS RESIDENCIAS

Carlos Mur niega conocer un correo del 22 de marzo enviado por el consejero de Políticas Sociales mostrando su rechazo al Protocolo. La verdad es que Mur era uno de los destinatarios y él mismo contestó al mensaje aquel día Sostiene que las tres primeras versiones del Protocolo no contaban con el consenso de los expertos, pero hay al menos dos correos suyos donde dice que es un documento "acordado" o "avalado" por los geriatras Afirma que la única versión del documento que se "aplicó" fue la cuarta y última. Sin embargo, los datos de mayores fallecidos en residencias sin recibir atención hospitalaria prueban lo contrario Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que analiza lo ocurrido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia tenía señalado en rojo la fecha de la comparecencia de Carlos Mur, el encargado de firmar el conocido como Protocolo de la vergüenza, que impidió trasladar a miles de ancianos enfermos desde los geriátricos a los hospitales. La intervención de Mur este miércoles dejó un gran titular al admitir que había firmado digitalmente las cuatro versiones del Protocolo, los días 18, 20, 24 y 25 marzo. Lo que significa que Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), mintieron de forma reiterada, en la propia Asamblea y en múltiples entrevistas, cuando afirmaron que el único Protocolo que existió fue el del día 25 de marzo y que los anteriores eran un mero "borrador".

Carlos Mur decidió admitir lo que ya estaba probado documentalmente –los cuatro Protocolos con su firma digital fueron reproducidos de forma íntegra por infoLibre en junio del año pasado–, pero a partir de ahí optó por ofrecer una versión que se aparta de la verdad en elementos esenciales. El objetivo era doble: implicar al entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), en la elaboración del Protocolo y restar toda importancia a las tres primeras versiones del documento, en un intento de levantar un cortafuegos ante una hipotética responsabilidad penal.

El correo del 22 de enero

Cuando le llegó el turno de preguntar a la portavoz de Ciudadanos, Ana Isabel García, el compareciente ya había afirmado en varias ocasiones que Políticas Sociales participó “desde el principio” en la elaboración del Protocolo a través de dos altos cargos, en referencia al gerente y el coordinador médico de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Así que lo primero que hizo la diputada de Cs fue advertirle a Mur que mentir en una comisión de investigación es un delito. Tras conseguir que el compareciente aclarase que no estaba acusando a Reyero de “avalar” el documento, García le preguntó por un correo concreto.

– Ana Isabel García: Recuerda usted que Reyero se puso en contacto con el consejero de Sanidad a través de un correo electrónico el pasado 22 de marzo, del que usted también tiene conocimiento, y llegó a decirle que no estaba de acuerdo con dichos Protocolos.

– Carlos Mur: Yo no tuve conocimiento en aquel momento de dicho correo electrónico. Es más, el día 24 de marzo por la mañana sí que recibo un mensaje del consejero Reyero, que me comentaba que había hablado con el consejero de Sanidad de distintos temas, y me habló en concreto de un proyecto que habíamos planteado conjuntamente, llamado Arca de Noé, de buscar una residencia limpia donde ir ubicando residentes asintomáticos de las residencias más afectadas. Pero él personalmente a mí no me comentó ningún contenido ni ninguna conversación o correo con el consejero de Sanidad, y entiendo que tampoco tenía por qué hacerlo.

– Ana Isabel García: Le vuelvo a preguntar. ¿no recuerda que usted tuviera conocimiento de la oposición del señor Reyero a los Protocolos, a través de un correo electrónico del pasado 22 de marzo?

– Carlos Mur: Recuerdo perfectamente que el 22 de marzo yo no recibo un correo electrónico directamente del consejero Reyero. En los 64 días y 64 noches que estuve como director general durante la primera ola de la pandemia recibí y envié 3.025 correos electrónicos, los cuales han sido convenientemente revisados, y le puedo asegurar que yo no recibí o no me consta haber recibido un correo electrónico con esas características.

La misma versión sostuvo cuando le interrogó el portavoz del Partido Popular, Carlos Izquierdo. "A mí directamente nadie me comunicó hacer ninguna modificación a los Protocolos, ni durante su proceso de elaboración ni después", respondió ante la pegunta de si algún "director general o médico" de Políticas Sociales "le dijo algo sobre hacer alguna modificación de los Protocolos". Y cuando Izquierdo insistió en si le habían "mandado algún escrito" para hacer cambios en los documentos, Mur reiteró: "A mí directamente no".

infoLibre ha tenido acceso al contenido del correo al que se refirió la portavoz de Cs en el interrogatorio y también al que envió el propio Mur como respuesta ese mismo día.

Efectivamente, el domingo 22 de marzo a las 9:06 de la mañana, Reyero envió un correo electrónico dirigido a su homólogo de Sanidad y con copia al entonces viceconsejero de Políticas Sociales (Javier Luengo) y a Carlos Mur. En dicho correo, cuya existencia fue desvelada en su día por El País, Reyero manifiesta expresamente su oposición al Protocolo y advierte de que en el caso de negar la asistencia a las personas con discapacidad podrían incurrir "en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Cuando no había transcurrido ni hora y media desde el envío del mensaje de Reyero, el propio Carlos Mur le responde, a las 10:26. Además de enviarle el mensaje de respuesta a los destinatarios iniciales, incluye también a Ana Dávila-Ponce de León, entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y ahora diputada del PP en la Asamblea y miembro de la comisión de investigación.

Carlos Mur empieza su mensaje a Reyero indicando que el “Protocolo elaborado y consensuado por diez jefes de servicio de geriatría de los hospitales madrileños y apoyado por el Dr. Primitivo Ramos (AMAS) intenta prestar la mejor atención clínica en la pandemia actual”. Tras realizar diversas consideraciones sobre la actuación desarrollada en las residencias, admite que de momento no han podido “funcionar como residencias medicalizadas”. Y, ya al final de su mensaje, Mur declara expresamente que le parece “adecuado” revisar “mañana mismo” la utilización del índice Barthel en el Protocolo.

El índice Barthel mide de 0 a 100 la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades básicas de la vida diaria, como vestirse o alimentarse. Y en el primer Protocolo del Gobierno Ayuso se excluía de la derivación hospitalaria a quienes tuvieran un índice de Barthel por encima de 60. En las dos siguientes versiones, las de los días 20 y 24, se mantuvo la referencia a Barthel. Y en la última se sustituyó por una escala de fragilidad, que seguía excluyendo a las personas con mayor dependencia.

LA "FALTA DE CONSENSO" DE LAS TRES PRIMERAS VERSIONES

Ese correo de respuesta enviado por Mur al entonces consejero de Políticas Sociales saca a la luz el segundo gran agujero negro de la versión que el ex alto cargo de Ayuso ofreció en la Asamblea. Se trata de su insólita explicación de por qué la Consejería de Sanidad aprobó los Protocolos de los días 18, 20 y 24 de marzo, avalados por Mur con su firma. “Fueron avalados por mí por una razón fundamental: porque, en el día a día, mientras llegábamos a conclusiones definitivas, el cataclismo al que hacían frente en primera línea todos los profesionales era enorme, y no queríamos que no tuvieran ningún tipo de apoyo desde la Administración y que pesaran sobre sus hombros determinadas decisiones. Y aunque yo apunté mi disconformidad con criterios relativos al índice de Barthel o a la enfermedad neurodegenerativa, decidí avalar dicho Protocolo de forma general a expensas de futuras modificaciones”, aseguró el compareciente.

Y en referencia al documento del día 20, que hablaba directamente de “criterios de exclusión” en la derivación hospitalaria de mayores, Mur insistió de nuevo en que “dicha versión no tuvo el consenso absoluto de todos los especialistas, lo cual es absolutamente fundamental en este tipo de documentos. Y nunca se llegó a aplicar por aquellos que tendrían que haberlo aplicado, que eran los geriatras de enlace”.

“¿Y para qué se envían, si no se tienen que aplicar?”, le preguntó con una lógica aplastante la portavoz de Ciudadanos, puesto que Mur había admitido que desde la Consejería de Sanidad se habían enviado los documentos a los hospitales públicos de la Comunidad. La respuesta de Mur fue la siguiente: “Se enviaron porque había que buscar un acuerdo general para una toma de decisiones. Y donde no había consenso era en una pequeña parte del documento, que era lo referente a los traslados, pero claro que se aplicaron al hablar de oxigenoterapia, a la hora de hablar de establecer ayudas para la zonificación, para el aislamiento, llevar EPIS, ayudarles en cursos de formación a todos los profesionales de las residencias”.

Una explicación que atenta contra el más mínimo sentido común: un Protocolo sanitario oficial no se difunde "cuando hay que buscar un consenso", sino cuando así lo deciden los responsables de la Consejería, exista o no un acuerdo entre los técnicos. Un Protocolo no es el producto de una toma de decisiones colectivas y por consenso. Por eso el documento lo firma el director de Coordinación Sociosanitaria y no una asamblea de técnicos. Pero, más importante aún, esa explicación choca con los correos electrónicos enviados aquellos días por el propio Mur.

Para empezar, como hemos visto, en el mensaje de respuesta que Mur envía a Reyero el día 22 de marzo, presume de que el Protocolo ha sido “elaborado y consensuado por diez jefes de servicio de geriatría de los hospitales madrileños”. No habla de que existan discrepancias entre ellos, sino al contrario, destaca que es un documento “consensuado”.

Carlos Mur fue el encargado de enviar los Protocolos de los días 18, 20 y 24 de marzo a un total de 18 altos cargos de la Comunidad de Madrid, que eran los responsables de su aplicación en hospitales y residencias. El documento lo envió en los tres casos a través de un correo electrónico, donde indica qué envía y por qué razón. "Con el objeto de racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos: Se adjunta protocolo acordado para CRITERIOS de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada), protocolo técnico elaborado por los principales jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid, servicios de Geriatría con especialistas referente constituidos y teléfono de contacto. Además, se envía otro protocolo de actuación y protección elaborado por el AMAS", señala el director de Coordinación Sociosanitaria, que por tanto destaca que el Protocolo ha sido "acordado" por los principales jefes de geriatría, de nuevo sin que haga mención alguna a esas supuestas discrepancias.

En las versiones de los días 20 y 24, Mur indica que adjunta el Protocolo "actualizado" y aclara que "dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y del material disponible". Por tanto, en ningún momento habla de que las recomendaciones sean provisionales mientras buscan en la Consejería un "consenso" entre los geriatras, sino que atribuye los cambios a la evolución de la crisis sanitaria.

Por si fuera poca evidencia en contra de la tesis defendida por Mur en la Asamblea, el correo con el Protocolo del día 25 es el único donde expresamente se dice que "sustituye" al del día anterior, "por una errata y por publicación de la orden SND /27/2020 en en BOE de ayer". En cambio, desde Sanidad en ningún momento se informó sobre la sustitución de los Protocolos de los días 18 y 20, que fueron los que se aplicaron en esas fechas por orden del departamento de Reyero. [Puedes leer el contenido íntegro de los cuatro correos en esta información].

La aplicación de los Protocolos y las consultas a familiares

Las tesis de Carlos Mur patinaron en otras dos cuestiones fundamentales: la aplicación de los Protocolos y las supuestas consultas a familiares sobre si se debían derivar o no a residentes enfermos.

Carlos Mur puso especial empeño en asegurar que las tres primeras versiones del Protocolo no se llegaron a aplicar. En ocasiones lo hizo de forma rotunda: “el segundo Protocolo nunca se llegó a aplicar”, “determinadas versiones no se llegan a aplicar nunca”. Y en otras utilizó una expresión más matizada: “No me consta que se aplicaran de forma generalizada”.

En algún momento sus explicaciones llegaron al surrealismo, como cuando sostuvo que de las tres primeras versiones del Protocolo se aplicó todo –la oxigenoterapia, la zonificación de centros, el aislamiento–, menos lo que no generaba consenso, es decir, los criterios de derivación hospitalaria. O sea que, según Mur, los directivos y médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid tenían las siguientes facultades: donde él escribía que el Protocolo estaba "acordado" con los geriatras, ellos sabían interpretar que había importantes desavenencias, y cuando él enviaba un documento para aplicarlo, ellos adivinaban sin indicación alguna que en realidad había partes que sí debían aplicar y otras que no.

Tras la comparecencia de Mur, infoLibre comprobó las cifras de fallecimientos de residentes en esos días en los que según dijo no se aplicaba el Protocolo. El resultado es el siguiente: los días 22, 23, 24 y 25 de marzo fallecieron 807 mayores que vivían en geriátricos, de ellos 628 en los propios centros y 179 en los hospitales. Por tanto, el 78% de los decesos se produjeron sin derivación hospitalaria. Son datos oficiales de la propia Consejería de Sanidad, a los que este periódico accedió en su día a través del Portal de Transparencia.

Las cifras diarias de fallecimientos de residentes durante la primera ola demuestran que los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo y que, en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo (6.352 personas). Esa es la evidencia incontestable de que el Protocolo se aplicó y que tuvo unas consecuencias brutales para la vida de miles de ancianos. Y esa prohibición del traslado a los hospitales se empezó a aplicar de forma sistemática desde la aprobación del Protocolo el 18 de marzo y continuó bastante más allá del 25 de aquel mes, cuando se redactó la cuarta versión del documento. En concreto, se prolongó hasta los primeros días de abril.

Por otra parte, hay decenas y decenas de testimonios de familiares de víctimas, y también de algunas directoras de residencias, indicando que los hospitales no permitían el traslado de los ancianos. Y también son muy numerosas los familiares de fallecidos que declararon que a su familiar no le dejaron elegir cuando enfermó, que simplemente le negaron la asistencia hospitalaria. Por eso, cuando el diputado de Más Madrid Emilio Delgado le preguntó si habían tenido los mayores márgenes para decidir sobre su vida, sorprendió escuchar lo siguiente respuesta en boca de Mur: "Muchísimos casos indudablemente sí. Dependía de su deterioro cognitivo y de la situación. Y para ello estaban tanto sus familiares, con los cuales se consultaba tanto desde las residencias como desde los médicos que le atendían, las propuestas de derivación y las propuestas de tratamiento".

Incrédulo, Delgado reaccionó con rapidez e inquirió: "¿Ustedes preguntaron a sus familiares si se les derivaba o simplemente les trasladaron que no cumplían criterios de derivación?". Entonces, incluso Mur decidió echar un poco el freno a su desparpajo: "Desconozco casos concretos, sería una cuestión de analizar caso a caso".

Y es que asegurar que se consultó a los familiares si dejaban morir a sus seres queridos en las residencias, abandonados sin asistencia médica, ahogados por las dificultades para respirar que les provocaba el virus, era a todas luces añadir demasiada burla al dolor que sufren esas familias. Especialmente, cuando uno sabe de sobra que no es cierto.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/25/el_alto_cargo_ayuso_que_firmo_protocolo_las_residencias_falta_verdad_version_exculpatoria_que_ofrece_asamblea_117207_1012.html



LA HORA DE LA VERDAD PARA EL ALTO CARGO DE AYUSO QUE FIRMÓ EL 'PROTOCOLO DE LA VERGÜENZA' APLICADO EN LAS RESIDENCIAS

Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria durante la primera ola de la pandemia, comparece este miércoles por videoconferencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid

Mur tiene ante sí una alternativa complicada: si dice la verdad, será una nueva prueba de cargo contra sus exjefes Ayuso y Escudero, pero si miente se arriesga a cometer un delito castigado por el artículo 502 del Código Penal

Comparece ante la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid para analizar lo ocurrido en las residencias y a priori solo hay dos opciones: si dice la verdad sobre las decisiones que adoptó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en marzo y abril de 2020, será una prueba más de cargo contra la presidenta madrileña y el consejero de Sanidad, pero si miente se arriesga a cometer un delito. El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

La comparecencia de Mur se producirá por videoconferencia. Ahora vive en Cataluña y, ante las restricciones legales para viajar entre comunidades, así lo solicitó en su día Mur. Su intervención estaba prevista para el pasado 5 de febrero, pero fue suspendida después de que el primero de los comparecientes no pudiera acceder a la sala de la reunión. Se trata de Óscar Moral, presidente de la asociación de personas con discapacidad Cermi Madrid, que utiliza una silla de ruedas. Un suspenso en toda regla para la Asamblea en materia de accesibilidad. Los grupos decidieron por unanimidad suspender la sesión y las tres comparecencias se han trasladado a este miércoles 24 de febrero.

La tercera intervención será la del presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, quien comparece a petición de Vox. Durante la primera ola destacó como uno de los principales defensores del Gobierno Ayuso, con afirmaciones como la siguiente: "No se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable". García Navarro no explicó cómo había adquirido dicho conocimiento, pese a que en principio se trata de algo que él no puede saber ya que desconoce los expedientes médicos de los más de 9.000 residentes fallecidos en Madrid en los tres primeros meses de la pandemia, la mayoría por coronavirus. También destacó por repetir la estrategia de la Comunidad de Madrid a la hora de dar las cifras de traslados desde residencias a hospitales, consistente en ofrecer datos de un periodo amplio de tiempo (de marzo a mayo por ejemplo), para enmascarar así que el colapso de las derivaciones se produjo básicamente durante cuatro semanas.

A continuación, se explican algunos hechos clave en los que estuvo implicado Carlos Mur y que marcarán su comparecencia parlamentaria.

EL PROTOCOLO DE EXCLUSIÓN

La Consejería de Sanidad aprobó, el 18 de marzo, un Protocolo que establecía criterios de exclusión de derivación a los hospitales de mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. De ese documento se hicieron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 de marzo. Las cuatro versiones fueron firmadas digitalmente por Carlos Mur. infoLibre las desveló el pasado mes de junio. Tras ser conocido, ese documento fue calificado por familiares de residentes fallecidos como el "Protocolo de la vergüenza". El consejero de Sanidad, entonces y ahora, es Enrique Ruiz Escudero (PP).

Todas las versiones, con un lenguaje más o menos crudo, discriminan a los ancianos que vivían en residencias por su dependencia o deterioro cognitivo. El documento más descarnado es el que Sanidad aprobó el 20 de marzo, donde se habla sin ambages de “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de los mayores. En todo momento se plantea la cuestión como una orden, no como una recomendación o sugerencia. Entre otras, se utilizan las siguientes expresiones literales: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, "Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original]. La instrucción afectó tanto a enfermos con "infección respiratoria" como a los que tenían "otra patología".

LOS CUATRO ENVÍOS DEL PROTOCOLO

Las cuatro versiones del Protocolo fueron enviadas por el propio Carlos Mur, minutos después de firmarlas digitalmente, a los altos cargos de la Comunidad de Madrid que tenían que aplicarlo o que supervisar su ejecución. El documento se envió en todos los casos por correo electrónico. infoLibre los reprodujo de forma íntegra el pasado 20 de enero [Puedes consultar aquí los cuatro correos].

Los destinatarios de los correos de Carlos Mur son en total 18 personas diferentes, aunque no todas recibieron las cuatro versiones del Protocolo. Hay ocho altos cargos del Gobierno Ayuso que sí figuran en todos los envíos, entre ellos la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y ahora diputada del PP en la Asamblea (Ana Dávila-Ponce de León Municio) y el gerente del SUMMA 112 (Pablo Busca Ostalaza). El SUMMA 112 es el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y gestiona el servicio de ambulancias de la Comunidad. Mur indica expresamente que el documento también está dirigido a la atención de los gerentes y directores médicos de los hospitales.

En la ejecución del Protocolo desempeñaron un papel clave los denominados “geriatras de enlace” de los hospitales, que eran quienes negaban el traslado de los ancianos enfermos que Sanidad ordenó excluir, cuando les pedían su derivación desde una residencia. Pero también fue relevante la actuación del SUMMA 112, ya que las ambulancias no acudían a los geriátricos si no contaban con la autorización expresa del geriatra de enlace. De esa forma, se impedía que los responsables de las residencias o los familiares de los mayores lograsen su traslado al hospital sin el permiso del geriatra de enlace.

EL EFECTO DEL PROTOCOLO

El resultado de la aplicación del Protocolo fue demoledor para los mayores. Una auténtica condena a muerte para muchos de ellos, que fallecieron asfixiados en los centros donde vivían sin recibir ningún tipo de atención médica.

infoLibre desveló el pasado mes de agosto las cifras diarias de fallecimientos de residentes durante la primera ola, teniendo en cuenta si la muerte se había producido en el propio centro o en el hospital. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que la Consejería de Sanidad aprobase su Protocolo de exclusión. En los veinte días posteriores a la aprobación de dicho documento, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo (6.352 personas).

En circunstancias normales, son una minoría el número de mayores que fallecen en los geriátricos. Eso ocurre cuando la persona se encuentra en un estado terminal o no puede obtener ningún beneficio del tratamiento hospitalario y la decisión se adopta, como norma general, con el consentimiento de los familiares. Nada de eso ocurrió aquellos dos meses en las residencias de Madrid: el Gobierno de Ayuso ordenó prohibir la derivación hospitalaria para los mayores que tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, con independencia de cuáles fueran los beneficios que podían obtener del tratamiento en un hospital. Y en muchos casos se hizo contra la voluntad expresa de sus familiares, que reclamaban sin éxito la derivación.

LAS MENTIRAS DE AYUSO Y ESCUDERO

El 28 de mayo, dos días después de que infoLibre desvelase la segunda versión del Protocolo, la presidenta madrileña tuvo que responder en la Asamblea a una pregunta sobre dicho documento. "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", aseguró Ayuso sin inmutarse en sede parlamentaria.

La dirigente del PP inventó así la teoría del borrador, que no solo era falsa, sino también completamente disparatada para cualquier persona que tenga la más mínima noción de Derecho administrativo. Y es que esa teoría supondría admitir que en la Comunidad de Madrid hay altos cargos que se dedican a firmar digitalmente documentos cuando no están autorizados para ello y a enviarlos a otros dirigentes políticos y a todos los hospitales públicos de la región para que se apliquen de forma inmediata órdenes que no deben ser ejecutadas. Y que además es un comportamiento en el que incurren de forma reiterada, en concreto, tres veces en el caso de Mur.

Aquel 28 de mayo, infoLibre había reproducido solo la segunda versión del Protocolo, única que obraba entonces en su poder. Por eso Ayuso habló en la Asamblea de la filtración de “un borrador”. Pero este periódico consiguió las cuatro versiones del Protocolo que había firmado Carlos Mur y las reprodujo de forma íntegra el 5 de junio, demostrando así que la presidenta madrileña había mentido en la Asamblea.

También reprodujo otro Protocolo que habían elaborado los geriatras, mucho más técnico y extenso, del que sí se había enviado un borrador por error a algunos hospitales. Este segundo documento no estaba firmado por nadie y nada tenía que ver con el Protocolo de Mur.

Desde entonces, Ayuso y Escudero han repetido en múltiples ocasiones la falsedad de que las tres primeras versiones del Protocolo –aprobadas y enviadas a los hospitales los días 18, 20 y 24 de marzo– eran un simple borrador y que el único documento oficial fue el del día 25.

El entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), mostró a Escudero su profundo rechazo al Protocolo e incluso le advirtió de que podría ocasionarles “problemas legales en el futuro”, tal y como consta en la carta que le envió el 31 de marzo de 2020, que fue desvelada por infoLibre el pasado mes de enero.

LA ‘OPERACIÓN BICHO’

Además de firmar el Protocolo que prohibió derivar a miles de ancianos a los hospitales, Carlos Mur también tuvo un papel central en la denominada operación Bicho, cuya existencia fue desvelada por El País. Era un plan para prestar asistencia médica en las residencias que se encomendó a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña (Antonio Burgueño) y que carecía de cualquier experiencia en el sector de la gestión sanitaria. El plan por parte de Burgueño hija consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros.

El dueño de Transamed, cuando compareció en la comisión de investigación de la Asamblea, admitió la absoluta carencia de medios que había tenido y confesó que en los doce días que duró aquella operación le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitó.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/24/la_hora_verdad_para_alto_cargo_ayuso_que_firmo_protocolo_muerte_aplicado_las_residencias_117107_1012.html


29.800 PERSONAS QUE VIVÍAN EN RESIDENCIAS HAN MUERTO POR COVID EN ESPAÑA DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Hay más de 13.400 contagios activos. Los centros afrontan la tercera ola en alerta y, por primera vez desde el inicio de la epidemia, esperanzados por la vacuna

Dos procesos han discurrido de forma paralela desde final de 2020: la campaña de vacunación ha ido avanzando a medida que se disparaban los contagios. Esto ha hecho que las residencias, las más golpeadas por el virus y las primeras en el orden de prioridades para inmunizarse, no se hayan librado de la tercera oleada de la pandemia. Desde que estalló la crisis sanitaria y hasta finales de enero, han muerto por covid o con sintomatología compatible 29.757 personas que vivían en centros de servicios sociales —no solo los de mayores, también incluyen los de discapacidad—, según cifras de las comunidades autónomas. Un mes después de iniciarse la vacunación, hay 13.484 contagios activos y las residencias, acostumbradas a convivir con el miedo, siguen en alerta. Pero por primera vez la esperanza se cuela en el discurso: a principios de marzo esperan ser “los lugares más seguros del país”. Están contando los días.

La cifra oficial de fallecimientos en residencias continúa sin conocerse. Hasta ahora el Gobierno solo ha facilitado, en el informe del grupo de trabajo sobre la covid en estos centros, el dato hasta el 23 de junio: 20.268 muertes con covid confirmada o con síntomas compatibles. Si bien se desconoce cuántas de ellas corresponden a mayores, sin duda son la mayoría, los geriátricos han sido uno de los grandes focos de la pandemia. Sin embargo, no hay más información centralizada sobre los decesos, por lo que es preciso recurrir a las autonomías. Resulta difícil comparar los datos. Asturias, Madrid y Castilla y León, por ejemplo, no especifican cuántos de los fallecidos vivían en geriátricos y cuántos residían en centros de discapacidad. Y en el caso de Madrid ni siquiera puede conocerse la cifra real de decesos porque en sus informes diarios solo recoge las muertes en los propios centros y no las de los usuarios que fallecen en el hospital. Sin embargo, el cómputo global permite calibrar la evolución. Desde mediados de noviembre, la última vez que este diario recabó cifras, en plena segunda oleada, hasta el 27 de enero —o la fecha más próxima con cifras actualizadas—, las comunidades han contabilizado 5.224 muertes de internos en residencias sociosanitarias: un 26% de las 19.834 notificadas en el conjunto de la población.

“La Navidad ha pasado factura”, asegura Susana Ruiz, miembro de la junta directiva de la Federación Lares, patronal que agrupa a unas mil residencias gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. “Pero lo estamos viviendo de forma más leve que en la primera oleada, que nos pilló sin material de protección, sin test y sin conocimiento de cómo funcionaba el virus”, añade. Y con protocolos que en las comunidades más tensionadas restringieron la derivación hospitalaria de mayores de residencias. Pero ahora quienes precisan atención médica del sistema de salud la reciben, según insisten en el sector, y se ha ganado en capacidad de diagnóstico y en aislamientos.

No hay datos para el conjunto del país, pero comunidades como Asturias plasman en cifras las diferencias entre las oleadas: en la primera, el 32% de los casos confirmados se diagnosticaron en centros sociosanitarios, el 67% de los fallecidos se dieron entre internos de esos centros, y el 34% de los usuarios contagiados fallecieron; en la tercera (del 1 al 25 de enero), son el 4,2% de las infecciones confirmadas, los decesos de residentes suponen el 40% del total, y el 8% de quienes contrajeron el virus murieron.

“En enero hemos tenido más muertes que en diciembre, también más contagios”, explica Andrés Rueda, portavoz y coordinador del ámbito de residencias de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “Cuando el virus entra, sigue siendo demoledor”, sostiene. El contagio se expande fácilmente, continúa, en centros en los que guardar la distancia de seguridad entre los trabajadores y los residentes es imposible. “Aunque pongamos trabas para que el virus entre, una vez que lo hace, es donde va a causar más daño: es muy fácil que se transmita porque son instituciones cerradas donde viven las personas más vulnerables”, explica el preventivista Jesús Molina Cabrillana. Por ello preocupan los 13.484 contagios activos, especialmente en regiones como la Comunidad Valenciana, la autonomía con la mayor incidencia acumulada del país, que acumula casi un tercio de los mismos (4.636).

Los únicos datos centralizados que facilita el Ministerio de Sanidad corroboran el repunte de positivos en los centros. Cada viernes, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) informa sobre los nuevos casos diagnosticados relacionados con brotes. Aunque en las estadísticas de las autonomías constan más contagios que los recogidos en los documentos del CCAES, estos últimos permiten esbozar la evolución en residencias de mayores: entre los casos del 18 de diciembre (740 positivos en 56 brotes) y los del pasado 29 de enero (1.735 en 128 brotes) hay un incremento del 134,5%.

“Me preocupa que en un nivel de contagio muy elevado, si la situación es crítica, pueda volver a haber discriminaciones por edad”, apunta José María Toro, secretario general de la patronal Ceaps, que aglutina a unas 2.000 residencias. Está convencido de que la situación irá mejorando en los centros y de que esta estabilización redundará también en la del país en su conjunto, ya que las cifras de fallecidos bajarán. Pero aún quedan días por delante y cree que no hay tiempo que perder con la vacunación.

El epidemiólogo Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, incide también en que la inmunización en estos es la “clave” de esta tercera oleada, dado que la prioridad debe ser siempre proteger a los más vulnerables. “Cuando tienes una transmisión comunitaria tan grande, es muy fácil que el virus entre en cualquier ámbito: en casa, en el trabajo, en los colegios y, por lo tanto, en las residencias de ancianos, por mucho que se restrinjan las visitas y salidas”, lamenta. En España, la administración de dosis avanzaba mientras repuntaban los contagios. “Este es el desastre. Teníamos que haber salvado el plan de vacunación, no la Navidad”, prosigue.

Hay residencias en las que la campaña ni siquiera ha podido iniciarse porque se ha declarado un brote. En otros centros se han registrado casos tras haber recibido ya la primera inyección. Allí donde hasta ahora no han tenido infección y, por tanto, los residentes carecen de anticuerpos, tienen más riesgo de que el virus se expanda. Ignacio Fernández, presidente de la FED, patronal que agrupa a unas 2.000 residencias, reconoce que el “momento es peligroso” y que están “con el corazón encogido, para que pasen las semanas a toda velocidad” y llegue la segunda dosis.

La campaña avanza, pero a diferente ritmo entre las comunidades. La mayoría ha inyectado ya la primera dosis. Madrid lo cifra en el “99% de las residencias”. En Canarias y en Murcia explican que ya han administrado las dos dosis, en Extremadura esperan haber terminado el proceso esta semana. En Bizkaia confían en que la vacuna esté generando todos sus efectos ya a finales de febrero, en Navarra terminarán de inocular la segunda dosis el 12 de febrero.

En esta comunidad informaron la semana pasada de que comienza a remitir el número de positivos en los centros de mayores. Según datos preliminares recabados en Israel, el primer pinchazo es capaz de bajar la transmisión del virus. La Generalitat de Cataluña también ha indicado que los primeros datos que manejan muestran que una sola dosis reduce a partir de los 10 días el riesgo de enfermar y que está percibiendo el impacto en las residencias. “Aún son muy preliminares, hay que esperar porque no son fruto de una reflexión científica sólida o ajustada al método”, apunta Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, “pero en principio son indicadores positivos”.

Así que García indica que previsiblemente, si no hay contratiempos y la campaña avanza, podrá haber “un pequeño porcentaje que no estén protegidos pese a la vacuna, pero es mínimo”. Por ello la situación se vive ahora con más tranquilidad que en los meses previos. Se ve la luz al final del túnel. “Debemos empezar a preparar el siguiente escenario, una vez que todos los centros estén vacunados y hayan pasado siete días desde la segunda dosis”, sostiene Jesús Cubero, secretario general de la patronal Aeste, con unos 400 centros. “A partir de primeros de marzo quizá serán los únicos centros seguros que tengamos en España. Sin bajar la guardia, hay que primar el bienestar emocional de los mayores, deben ir abriéndose las residencias, facilitando visitas”, continúa. Para que, por fin, llegue su desescalada.

https://elpais.com/sociedad/2021-02-02/29800-personas-que-vivian-en-residencias-han-muerto-por-covid-en-espana-desde-el-inicio-de-la-pandemia.html


LOS CORREOS SOBRE EL PROTOCOLO DE LAS RESIDENCIAS DE MADRID QUE EL GOBIERNO AYUSO OCULTA A LA ASAMBLEA

infoLibre reproduce los cuatro correos enviados por Sanidad en marzo con el Protocolo que excluía de la derivación hospitalaria a los mayores con alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo El Gobierno Ayuso se los negó a la Asamblea en octubre con dos argumentos falsos: que esos documentos eran un “procedimiento interno de trabajo” y que contenían "datos personales de los profesionales" Ambos alegaciones tampoco son aplicables a las cartas de Alberto Reyero, desveladas por este periódico el pasado domingo. El Ejecutivo autonómico también se las ocultó al Parlamento autonómico Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus

Isabel Díaz Ayuso decidió ocultar a la Asamblea de Madrid todas las comunicaciones que se produjeron entre las consejerías de su Gobierno en relación con el Protocolo que, durante la primera ola de la pandemia, excluyó de la derivación hospitalaria a los mayores que vivían en residencias y tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En la respuesta enviada en octubre al Parlamento autonómico por el Ejecutivo regional, se ofrecen dos argumentos para justificar la negativa a facilitar esas comunicaciones: que eran un “procedimiento interno de trabajo” y que contenían "datos personales de profesionales". Los documentos que hoy reproduce infoLibre demuestran que ambas alegaciones son falsas en lo que respecta a las comunicaciones esenciales relacionadas con el Protocolo: los cuatro correos electrónicos que envió la Consejería de Sanidad a los altos cargos del Gobierno madrileño que tenían que aplicar o supervisar su ejecución.

Esos dos argumentos tampoco son ciertos respecto a las comunicaciones de mayor relevancia política: las dos cartas que el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), envió al titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), reclamando que se adoptaran medidas para impedir que miles de mayores muriesen en la residencias sin recibir asistencia médica. En esas misivas, desveladas por infoLibre el pasado domingo, Reyero muestra su rechazo al Protocolo que impedía la derivación de mayores al hospital y advierte a Escudero que ello incluso puede ocasionarles “problemas legales en el futuro”.

La comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid, para estudiar lo ocurrido en las residencias, solicitó "copia de las comunicaciones" entre las Consejerías de Políticas Sociales y Sanidad "en relación con la elaboración y aplicación de protocolos de derivación de pacientes institucionalizados en centros residenciales a centros hospitalarios". El departamento de Sanidad aprobó el 18 de marzo el Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria. Los días 20, 24 y 25 de marzo actualizó dicho documento. Las cuatro versiones fueron firmadas digitalmente por el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur. Todas ellas, unas con un lenguaje más descarnado que otras, mantenían como criterios para no trasladar a los residentes enfermos tener un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo.

El resultado de la aplicación del Protocolo fue demoledor. Los tres días con menos derivaciones durante toda la primera ola de la pandemia fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que la Consejería de Sanidad aprobase dicho documento. En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo. La inmensa mayoría tampoco recibió ningún tipo de ayuda médica en el geriátrico donde residían. En total, sólo en marzo y abril, perdieron la vida 9.470 residentes en la región.

Cuando infoLibre desveló a finales de mayo el contenido exacto de la segunda versión del Protocolo –la del 20 de marzo–, Ayuso y Escudero se inventaron que el documento era en realidad un “borrador” que se había enviado por error a hospitales y residencias. Este periódico publicó entonces de forma íntegra las cuatro versiones del documento, todas ellas firmadas digitalmente por Carlos Mur, desmontando así la mentira que ambos dirigentes del PP han repetido sin cesar desde entonces.

En esa estrategia de negar la evidencia, se enmarca la necesidad de Ayuso de ocultar a la Asamblea de Madrid las “comunicaciones” entre las dos consejerías de su Gobierno, ya que son una prueba más de que el Protocolo se envió y ejecutó desde el 18 de marzo. En otras palabras: tumban la teoría inventada del “borrador”.

Las “comunicaciones” entre ambas Consejerías en relación con el Protocolo de exclusión son lógicamente múltiples. Pero es evidente que las principales son aquellas en que Sanidad informa de su contenido, ordena su aplicación y establece quién debe tener conocimiento del mismo. Todo ello se hizo a través de cuatro correos electrónicos, enviados por Carlos Mur. infoLibre desveló la existencia de estos correos el pasado 9 de junio, en una información titulada "El Gobierno de Ayuso envió a 18 altos cargos y a los directivos de los hospitales el Protocolo que excluía a los residentes", pero hasta ahora no se conocían los documentos.

Su lectura desmonta los dos argumentos usados por el Gobierno autonómico para mantener en secreto dichos correos. No son un “procedimiento interno de trabajo” del Ejecutivo, ya que se dirigen a la atención de los “directores gerentes y directores médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid” y además se solicita expresamente a Políticas Sociales que difunda el Protocolo entre “todas las residencias de la red pública y privada”. En aquel momento estaban operativos 472 geriátricos en la Comunidad de Madrid. Y en los correos no se ofrece ningún “dato personal” de “profesionales” sanitarios. Sólo figuran los nombres y correos oficiales de los altos cargos del Gobierno Ayuso que deben aplicarlo o supervisarlo y el nombre de la persona que elaboró un documento de la AMAS, la Agencia Madrileña de Atención Social que se encarga de las 25 residencias de gestión pública de la Comunidad.

A continuación, se reproducen los cuatro correos enviados desde la Consejería de Sanidad los días 18, 20, 24 y 25 de marzo con el Protocolo de exclusión.

LAS CUATRO COMUNICACIONES CLAVE SOBRE EL PROTOCOLO

CORREO ENVIADO EL 18 DE MARZO, A LAS 14:20 HORAS

Carlos Mur firma el Protocolo el 18 de marzo. El documento se envía por correo a nueve altos cargos del Gobierno madrileño. En el 'Asunto' figura: "Protocolo derivación hospitales a residencias (geriatra referente) – Atención en residencias". Este texto se mantendrá invariable en las comunicaciones de las tres versiones posteriores del documento.

El correo se inicia con la siguiente indicación: "Att / Directores gerentes y directores médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid". Esta expresión se repite en la comunicación del día 20, mientras que en las del 24 y 25 se sustituye por la siguiente: "Por favor hacer extensiva esta comunicación a los GERENTES de hospitales y directores médicos" [La mayúscula es del original].

A continuación, Mur escribe el cuerpo del mensaje, apenas cinco líneas indicando qué envía y por qué razón. "Con el objeto de racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos: Se adjunta protocolo acordado para CRITERIOS de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada), protocolo técnico elaborado por los principales jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid, servicios de Geriatría con especialistas referente constituidos y teléfono de contacto. Además, se envía otro protocolo de actuación y protección elaborado por el AMAS", señala el director de Coordinación Sociosanitaria, con una puntuación ciertamente confusa.

En realidad, en aquel momento se aprobaron dos documentos diferentes aplicables a todas las residencias de la Comunidad: el Protocolo firmado por Carlos Mur, que era el que establecía los criterios de derivación hospitalaria, y otro más técnico elaborado por los geriatras y que no lleva ninguna firma. [Todos esos documentos fueron reproducidos por infoLibre en esta información]. Y un tercero específico para los centros del AMAS.

El correo se envió a las 14:20 horas del 18 de marzo, trece minutos después de que Mur hubiese firmado el Protocolo.

CORREO ENVIADO EL 20 DE MARZO, A LAS 17:32 HORAS

Esta segunda versión del documento es la que habla con mayor crudeza de la prohibición de trasladar residentes a los hospitales. Así, se utilizan las siguientes expresiones literales: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, "Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original].

Carlos Mur envió el Protocolo por correo el día 20, a las 17:32 horas, apenas una hora después de firmarlo. El mensaje tiene 17 destinatarios.

Tras explicar que el objetivo es "racionalizar el abordaje" de la emergencia sanitaria, Mur añade: "Dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y del material disponible. En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPIS en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales. El objetivo primordial en este momento es disminuir fallecimientos evitables en determinados centros".

"Ruego a los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales la difusión del protocolo de actuación a todas las residencias de la red pública y privada", solicita Mur al final de su comunicación. Esta petición también la incluyó el alto cargo de Sanidad en los correos de los días 24 y 25 de marzo. Por tanto, resulta evidente que no se trata de un "procedimiento interno de trabajo", como alegó el Gobierno Ayuso para no entregarlo a la comisión de investigación de la Asamblea.

CORREO ENVIADO EL 24 DE MARZO, A LAS 21:17 HORAS

La tercera versión del Protocolo se envió el 24 de marzo, a las 21:17 horas, 26 minutos después de que lo firmase Carlos Mur.

El texto del mensaje es prácticamente idéntico a los anteriores. En el primer párrafo se explica el "objetivo" del documento, en el segundo se advierte de que las recomendaciones "van siendo forzosamente actualizadas" y en el tercero se pide a "los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales" que difundan el documento entre las residencias.

Este correo tuvo como destinatarios a 12 altos cargos o directivos de los departamentos de Sanidad y Políticas Sociales.

CORREO ENVIADO EL 25 DE MARZO, A LAS 15:41 HORAS

La cuarta y última versión del Protocolo se envió con solo medio día de diferencia, a las 15:41 horas del 25 de marzo. Mur lo había firmado 40 minutos antes.

Tras el párrafo inicial con la justificación, Mur añade en este correo que los documentos que envía "SUSTITUYEN A LOS DE ANOCHE, por errata y por publicación de la orden SND/27/2020 en el BOE de ayer" [las mayúsculas son del original].

Este hecho es muy relevante ya que es la única vez en que Mur hace constar que una versión de su Protocolo anula otra anterior. En otras palabras: las versiones enviadas el 18 y el 20 de marzo no fueron sustituidas expresamente, como ocurrió con la del día 24. Que no eran borradores, como falsamente sostienen Ayuso y Escudero, es una evidencia por la sencilla razón de que los borradores no se firman digitalmente por un alto cargo de un Gobierno y se difunden después para que sean aplicados.

El resto del mensaje es prácticamente idéntico al del día anterior. En cuanto a los destinatarios, se envió a las 12 mismas personas que el correo del día 24.

Las cartas de Reyero

El Protocolo que condenaba a miles de mayores enfermos a permanecer en las residencias sin recibir atención médica provocó un importante enfrentamiento entre los consejeros de Políticas Sociales y Sanidad. En una carta enviada el 31 de marzo, Reyero muestra a Escudero su rechazo inequívoco a “los protocolos de derivación hospitalaria existentes. Los relativos a personas mayores y a personas con discapacidad”.

Tras recordarle al consejero de Sanidad que esa cuestión ya se la ha “transmitido con anterioridad”, Reyero le advierte incluso que su contenido puede tener consecuencias legales: “En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas con grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente les discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que pueden ocasionarnos problemas legales en el futuro”. Diversos juzgados están investigando ya denuncias presentadas por familiares de víctimas en las que se pide actuar contra Ayuso y Escudero.

El Gobierno Ayuso tampoco envió a la Asamblea las cartas de Alberto Reyero, en las que además de rechazar el Protocolo de derivación hospitalaria, el político de Ciudadanos critica que no se hayan utilizado otras vías alternativas que tenía para salvar vidas de los ancianos. Esas vías eran medicalizar los geriátricos o trasladar mayores al hospital de campaña de Ifema y a los hoteles medicalizados.

La lectura de las misivas muestra que también en este caso son falsos los dos argumentos utilizados para mantenerlas en secreto: ni son un "procedimiento interno de trabajo", ni contienen "datos personales de profesionales".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/20/el_gobierno_ayuso_uso_dos_argumentos_falsos_para_ocultar_asamblea_las_comunicaciones_sobre_protocolo_las_residencias_115604_1012.html
 

 

LAS CARTAS DE REYERO AL CONSEJERO DE SANIDAD DURANTE LA CRISIS DE LAS RESIDENCIAS DE MADRID: “EN LUGAR DE ENVIAR MÉDICOS, ENVIÁIS LISTADOS”

 

El responsable de Políticas Sociales remitió dos misivas el 31 de marzo y el 11 de abril, a las que ha tenido acceso infoLibre, reclamando medidas para que los mayores no muriesen en los centros sin asistencia médica. Sanidad no hizo caso

 

Reyero advierte que el Protocolo que prohibía la derivación hospitalaria de muchos ancianos podría tener consecuencias legales y critica que la anunciada “medicalización” de los geriátricos no se haya realizado

 

Desvela que el titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se negó también a trasladar mayores al hospital del Ifema o a los hoteles medicalizados

 

“El problema fundamental en la Comunidad de Madrid es que no se acaba de considerar a los usuarios de las residencias como un colectivo prioritario dentro de la competencia del mando único sanitario. Por eso, en lugar de enviar médicos, enviáis listados”. Esas palabras, entre la denuncia y la indignación, están escritas en una carta que el entonces consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Cs), envió a su compañero de Gobierno, Enrique Ruiz Escudero (PP), titular del departamento de Sanidad. Era 11 de abril y Reyero llevaba semanas reclamando dentro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se adoptaran medidas para impedir que miles de mayores muriesen en la residencias sin recibir asistencia médica. A Reyero no le hicieron caso. Solo en marzo y abril fallecieron 9.470 residentes en Madrid. En las tres semanas críticas de la pandemia, entre el 22 de marzo y el 10 de abril, murieron  5.343 ancianos en el propio geriátrico (el 84% del total en ese periodo), sin ser trasladados a un hospital y en la inmensa mayoría de los casos sin recibir tampoco atención médica en el centro donde vivían.

 

infoLibre ha tenido acceso a las dos cartas que Reyero le envió a Escudero al principio de la pandemia, fechadas el 31 de marzo y el 11 de abril. [Se reproducen íntegras en estas dos informaciones: primera carta y segunda carta].Su lectura constituye un demoledor pliego de cargos: el Gobierno de Ayuso no sólo prohibió mediante un Protocolo trasladar a los hospitales a residentes enfermos con un alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, sino que además descartó utilizar las vías alternativas que tenía para salvar vidas de los ancianos. Esas vías eran medicalizar los geriátricos o trasladar mayores al hospital de campaña de Ifema y a los hoteles medicalizados. En sus misivas, Reyero muestra su rechazo al Protocolo que impedía la derivación de mayores al hospital y advierte a Escudero que ello incluso puede ocasionarles “problemas legales en el futuro”.

 

Escudero no ejecutó ninguna de las actuaciones que le reclamaba Reyero. Se limitó a enviarle a Polítícas Sociales listados de personal sanitario para que intentase contratarlo por su cuenta, algo que era completamente inútil porque competía con el propio departamento de Sanidad, y médicos o enfermeras preferían ir a un hospital antes que a una residencia. De ahí la acusación de Reyero: “En lugar de enviar médicos, enviáis listados”. Escudero ni siquiera se tomó la molestia de contestar las dos misivas de su compañero de Gabinete.

 

Alberto Reyero dimitió el 2 de octubre. Antes, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid el 1 de junio, el político de Ciudadanos llegó a admitir que establecer unos criterios de exclusión hospitalaria basados en niveles de dependencia y discapacidad “no es ético y posiblemente no sea legal”. Aquel día ya indicó que así lo había transmitido “en sus comunicaciones” con el consejero de Sanidad. Pero las cartas de Reyero han permanecido hasta ahora en secreto.

 

Una opacidad que se extendió hasta la comisión de investigación creada en la Asamblea para analizar lo ocurrido en las residencias, que solicitó de forma oficial copia de todas esas “comunicaciones” mantenidas entre los departamentos de Políticas Sociales y Sanidad en relación con el Protocolo de exclusión hospitalaria. El Gobierno de Ayuso se negó a entregar a la Asamblea las cartas y el resto de documentos –entre ellos están los mensajes enviados por Sanidad con el Protocolo y correos electrónicos de Reyero a Escudero– con el argumento de que formaban parte de “un procedimiento interno de trabajo” y contenían “datos personales de los profesionales”. En lo que respecta a las cartas de Reyero, que hoy reproduce infoLibre, esos dos argumentos son falsos.

 

La Consejería de Sanidad aprobó, el 18 de marzo, un Protocolo que establecía criterios de exclusión de derivación a los hospitales de mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo firmó el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur. De ese documento se hicieron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 de marzo. Las cuatro versiones del documento fueron firmadas digitalmente por Mur y enviadas de forma inmediata a los altos cargos del Gobierno Ayuso que debían encargarse de su aplicación.

 

En su primera carta, el 31 de marzo, Reyero muestra su rechazo inequívoco a “los protocolos de derivación hospitalaria existentes. Los relativos a personas mayores y a personas con discapacidad”. Tras recordarle al consejero de Sanidad que esa cuestión ya se la ha “transmitido con anterioridad”, le advierte incluso que su contenido puede tener consecuencias legales: “En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas con grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente les discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que pueden ocasionarnos problemas legales en el futuro”. [Diversos juzgados están investigando ya denuncias presentadas por familiares de víctimas en las que se pide actuar contra Ayuso y Escudero.]

 

En su segunda misiva, del 11 de abril, el consejero de Políticas Sociales vuelve a insistir en el tema de la prohibición de trasladar al hospital a mayores que vivían en residencias. Reyero destaca que le “preocupa especialmente” la “escasa derivación hospitalaria” de los centros residenciales, “sobre todo de aquellas con grado 3 de dependencia”. Y lo conecta al hecho de que tampoco se hayan medicalizado las residencias: “Si eso [la falta de derivaciones] hubiera venido acompañado de la medicalización de las residencias, habría tenido sentido, pero no ha sido así. Como se os ha trasladado desde los centros y desde algunas de las patronales del sector, los datos de derivación a hospitales desde residencias son tremendamente escasos y preocupantes”. Las personas con grado 3 son las que tienen mayor nivel de dependencia.

 

El resumen que realiza Reyero de la situación que se está viviendo en los geriátricos de Madrid es demoledor: “La realidad de los centros residenciales en la Comunidad de Madrid a estas alturas de la crisis es que, a pesar de nuestras continuas peticiones, no cuentan con apoyo sanitario estable y que las cifras de derivación a hospitales son tremendamente bajas en este segmento de la población”.

 

Meses después, dentro de la investigación periodística realizada por infoLibre sobre la tragedia sufrida en las residencias de España durante la primera ola de la pandemia [puedes consultar el dosier aquí], este periódico desveló las cifras del frenazo en el traslado de ancianos a hospitales residencia a residencia. Y los datos son inequívocos: en las cuatro semanas del 9 de marzo al 5 de abril, cuando a diario se infectaban y morían cientos de mayores con el virus, las derivaciones hospitalarias se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro semanas previas, cuando el efecto de la pandemia en los geriátricos o aún no existía (en febrero) o era testimonial (los primeros días de marzo). Lógicamente, esa cifra en vez de haber disminuido tendría que haberse multiplicado exponencialmente, igual que lo hicieron el número de enfermos.

 

Esos datos también muestran el enorme impacto que tuvo el Protocolo del Gobierno Ayuso en la prohibición de atender a los mayores enfermos en hospitales. Los tres días con menos derivaciones durante toda la primera ola fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que la Consejería de Sanidad aprobase dicho documento. En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, 5.343 mayores murieron en las residencias de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo.

 

Reyero tenía razón: las cifras de derivación hospitalaria eran “tremendamente bajas”.

 

Ayuso y Escudero, pese a contar de forma diaria con la información de fallecidos y contagiados en los centros residenciales, no hicieron nada para frenar la sangría. Y cuando infoLibre desveló el contenido exacto del Protocolo, el 26 de mayo, se inventaron que el documento era en realidad un “borrador” que se había enviado por error a hospitales y residencias. Este periódico publicó entonces de forma íntegra las cuatro versiones del documento, todas ellas firmadas digitalmente por Carlos Mur, desmontando así la mentira que ambos dirigentes del PP han repetido sin cesar. A día de hoy, Ayuso y Escudero siguen sin admitir su engaño y sin pedir perdón a los familiares de las víctimas.

 

En su comparecencia en la Asamblea del 1 de junio, Reyero resumió en una frase la alternativa que tenía la Comunidad de Madrid para no dejar desamparados a los mayores en las residencias: “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia”.

 

El Protocolo aprobado por el departamento de Escudero impedía que los residentes fuesen al hospital y Sanidad tampoco hizo nada para medicalizar los geriátricos, a pesar de que Reyero lo reclamó de forma reiterada, tal y como demuestran sus cartas. En la del 31 de marzo detalla los cuatro aspectos que le preocupan en ese momento y empieza por la necesidad de incorporar personal sanitario a los centros y que lo hagan con material adecuado. “No se trata de otra cosa que de poner en marcha la tan anunciada ‘medicalización’ de las residencias, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias. Para aquellos enfermos que no pueden ser derivados al hospital y tienen la enfermedad, deben implantarse medidas de hospitalización en las propias residencias, reduciendo el riesgo de contagio y aplicando todas las medidas para garantizar, en el caso de que sean necesarias, unos cuidados paliativos adecuados”, sostiene Reyero, quien añade expresamente: “La solución que hasta ahora habéis ofrecido de enviarnos listados de personal sanitario para que los reclutemos nosotros no funciona porque competimos con Sanidad y eso nos impide contratar adecuadamente”.

 

Si no estuviesen muriendo cientos de ancianos cada día, la situación sería simplemente grotesca: la consejería que gestiona todo el personal sanitario de la Comunidad de Madrid, en vez de mandarlo a los lugares donde estaban personas gravemente enfermas, envía unos listados a otro departamento del Gobierno para que intente realizar alguna contratación por su cuenta. Por eso, en su misiva del 11 de abril, Reyero estalla: “En lugar de enviar médicos, enviáis listados”.

 

Para el improbable caso de que Escudero no supiese cuál era la forma en la que se debía actuar para detener la masacre en los geriátricos, su compañero de Gobierno se lo detalla: “Lo más efectivo sería que el mando sanitario enviara personal sanitario en coordinación con los equipos de geriatría de los hospitales. No es necesario recordar cuáles son las necesidades de las residencias, os enviamos información diaria de cada una de ellas y además las estáis conociendo de primera mano en los reconocimientos que se están llevando a cabo”.

 

Con anterioridad, en esta segunda carta había explicado el problema que suponía la falta de medicalización de las residencias. “No hace falta que insista en que las residencias madrileñas son recursos sociales y que en esta situación de emergencia necesitan más que nunca de un apoyo sanitario intenso”, escribe el consejero de Políticas Sociales. Reyero reitera que “no se trata de otra cosa que de poner en marcha su tan anunciada “medicalización”, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias, a pesar de que fuera una de las medidas más destacadas del Plan de Acción contra el coronavirus, que anunciaste el pasado 12 de marzo”.

 

Reyero certifica, así, que un mes después de la anunciada “medicalización” de las residencias, esta no se había realizado. Lo que sí había ocurrido aquel 11 de abril era lo siguiente: 6.887 residentes habían fallecido, la inmensa mayoría sin ser trasladados a un hospital y sin recibir asistencia médica en el geriátrico donde vivían. Algo más del 60% tenían covid o síntomas compatibles y el resto fallecieron por otras enfermedades.

 

Por el camino se había producido otro episodio rocambolesco, la conocida como Operación Bicho, desvelada por El País. Era un plan para prestar asistencia médica en las residencias que se encomendó a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña (Antonio Burgueño) y que carecía de cualquier experiencia en el sector de la gestión sanitaria. El plan por parte de Burgueño hija consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros. El dueño de esta compañía, cuando compareció en la comisión de investigación de la Asamblea, admitió la absoluta carencia de medios que había tenido y confesó que en los doce días que duró aquella operación le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitó.

 

Las dos opciones de la alternativa para no dejar abandonados a su suerte a los mayores de las residencias habían sido descartadas por Ayuso y Escudero: ni se derivaba a los ancianos a los hospitales, ni se medicalizaba las residencias. Por si eso no fuera suficiente, el Gobierno madrileño también decidió impedir su traslado al hospital de campaña de Ifema o a los hoteles medicalizados que se pusieron en marcha, además de presumir de “repliegue sanitario” mientras en los geriátricos seguían en una situación de extrema gravedad y nadie atendía a los ancianos enfermos. Todo ello lo denuncia el entonces consejero de Políticas Sociales en su segunda carta.

 

“En semanas anteriores hemos hecho distintas propuestas para que los usuarios de residencias pudieran derivarse a otros recursos, ya fuera a los hoteles medicalizados puestos en marcha o que incluso se reservara espacio en IFEMA para ellos. Sobre estas propuestas hemos tenido respuestas negativas en un primer momento”, escribe Reyero.

 

El hospital de campaña montado en el recinto ferial estuvo operativo seis semanas, entre el 21 de marzo y el 30 de abril. El PP lo bautizó como el “hospital milagro” y aseguró que había provocado asombro en todo el mundo. En el acto organizado para su clausura, el 1 de mayo, Ayuso llegó a afirmar lo siguiente: “Ifema se ha convertido ahora en el hospital milagro. Tanto es así que la paciente mayor que hemos tenido en este hospital de campaña tenía 103 años. Por eso se llama el hospital milagro, porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado, han curado para después pasar a hoteles medicalizados o irse a casa con los suyos”.

 

Como desveló infoLibre, el milagro de Ifema consistió en no atender a quienes más lo necesitaban: las residencias de mayores. De los 472 geriátricos que estaban operativos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en 470 no se realizó ni un solo traslado a Ifema. Los otros dos centros enviaron en total 23 personas: 12 la residencia Monteverde, de Villaviciosa de Odón, y 11 la Sol Salud, de Collado Villalba. El hospital de campaña atendió en total a 3.811 personas, según datos oficiales, así que los 23 residentes trasladados allí suponen el 0,6% del total.

 

En cuanto a los hoteles medicalizados que se abrieron en la Comunidad, también estuvieron vetados para los mayores. Durante los meses de marzo y abril no se produjo a ellos ni un solo traslado desde un geriátrico.

 

La misiva de Reyero saca a la luz que pidió expresamente que se utilizaran esos dos recursos extraordinarios para aliviar los efectos de la pandemia entre los mayores y que Sanidad le dijo que no. Además sin ofrecer explicación alguna, como se deduce del hecho de que el consejero tenga que especular sobre los motivos de esa negativa en su carta: “Entendemos que serán decisiones basadas en criterios clínicos, médicos o sanitarios, pero también entendemos que deberían derivarse más pacientes de residencias a centros hospitalarios, sobre todo, ahora que tanto IFEMA como el resto de hospitales empiezan a estar en una situación de menor presión asistencial que en semanas anteriores”.

 

Además de la ocurrencia sobre el “hospital milagro”, el equipo de Ayuso decidió presumir de “repliegue sanitario”, mientras en los geriátricos continuaba la hecatombe humaniaria. Este es uno de los hechos que despierta mayor indignación en Reyero, tal y como se aprecia en su carta del 11 de abril: “Tampoco puedo dejar de citar la decepción que supone escuchar mensajes que mencionan un repliegue sanitario en la Comunidad, como consecuencia de la mejora en la situación hospitalaria general, y que eso no suponga ningún refuerzo sanitario en las residencias, cuando es absolutamente necesario y venimos insistiendo en ello repetidamente. No lo puedo entender”.

 

Una perplejidad en la que incluye otra polémica decisión adoptada en aquellos días, en este caso por el Ayuntamiento de la capital que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP): el envío de equipos de SAMUR en apoyo al sistema sanitario de Castilla y León. “Sé que es una decisión que le corresponde al Ayuntamiento de Madrid y que persigue la solidaridad territorial que comparto, pero ¿no sería más adecuado que reforzaran la situación sanitaria en las residencias?”, se pregunta el consejero de Políticas Sociales.

 

Las dos misivas del político de Ciudadanos se detienen en otro tema que hasta ahora no había estado en el foco del debate público: Sanidad no sólo aprobó un Protocolo que impedía el traslado de muchos mayores a los hospitales, sino que solicitó y ejecutó una derivación inversa, de pacientes desde los hospitales a los geriátricos a pesar de que eran positivos.

 

En la carta del 31 de marzo, Reyero muestra su “preocupación” por la solicitud de Sanidad “de derivación de pacientes de hospitales a los centros residenciales” y pide que primero se atienda “al problema existente en todas” las residencias. “Con la mayor celeridad, hay que atajar nuestra situación y, en base a ello, articular mecanismos ágiles con los que podamos contribuir a colaborar con los hospitales. Si no, corremos el riesgo de que todo nuestro sistema residencial colapse”, advierte.

 

Tampoco esta petición surtió ningún efecto a tenor de la misiva que el consejero envía a Escudero casi dos semanas después, donde alerta de nuevo sobre este asunto: las derivaciones de pacientes “dados de alta desde un centro hospitalario y que son trasladados a centros residenciales directamente siendo positivos en COVID-19”. “Una situación que consideramos puede provocar nuevos picos de contagio en centros residenciales muy mermados tanto en personal como en residentes por el efecto de dicho virus”, añade Reyero.

 

Esa carta del día 11 de abril termina con el enésimo llamamiento de Reyero a buscar otras fórmulas para luchar contra la pandemia en las residencias y con un presagio, que lamentablemente se cumplió: “Es por tanto necesario que trabajemos en dar respuestas distintas que contribuyan a contener la letalidad de la epidemia dentro de las residencias. Si no lo hacemos, la tragedia actual se puede convertir en una catástrofe”.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/18/las_cartas_reyero_consejero_sanidad_durante_crisis_las_residencias_madrid_lugar_enviar_medicos_enviais_listados_115515_1012.html

 

 

LA CARTA DE REYERO DEL 31 DE MARZO: “LOS PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA PUEDEN OCASIONARNOS PROBLEMAS LEGALES EN EL FUTURO”

 

“Se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas de grado 3 de dependencia”, denuncia en la misiva enviada al consejero de Sanidad, que infoLibre reproduce de forma íntegra

 

El responsable de Políticas Sociales realiza una “petición casi desesperada”: pruebas de detección del virus porque sin ellas “es imposible tomar decisiones correctas en las residencias”

 

Avisa de que hay que atajar “con la mayor celeridad” la situación de los geriátricos y buscar vías de colaboración con los hospitales: “Si no, corremos el riesgo de que todo nuestro sistema residencial colapse”

 

Las residencias fueron la zona cero de la pandemia durante la primera ola y los centros de Madrid fueron los más golpeados de España. En situación de normalidad las competencias sobre los geriátricos recaen en la Consejería de Políticas Sociales, que entonces lideraba Alberto Reyero (Cs). La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, decidió el 26 de marzo establecer un mando único sanitario en las residencias y puso al frente al titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP). Eran momentos en que ya fallecían en la Comunidad de Madrid más de 200 residentes al día, una cifra que empeoraría mucho en las semanas siguientes hasta sumar 9.470 mayores muertos en marzo y abril, la mayoría con covid o síntomas compatibles.

 

Políticas Sociales insistía en una obviedad, que la crisis era esencialmente sanitaria, pero el departamento de Escudero anteponía la situación de los hospitales a cualquier otra consideración. Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo en los geriátricos, Reyero le escribió una primera carta el 31 de marzo, que infoLibre reproduce de forma íntegra a continuación.

 

El político de Ciudadanos empieza recordando que los efectos del covid-19 sobre los mayores que viven en residencias “está siendo devastador”. Tras considerar “un acierto” el establecimiento del “mando sanitario” en la gestión de la pandemia en los geriátricos, destaca un error en la forma de abordar la crisis: “Estamos ante un problema sanitario y le estamos dando respuesta en centros sociales, con los medios materiales previstos para otro tipo de atención. Con personal capacitado técnicamente, pero muy reducido y que habitualmente se dedica al cuidado de los procesos crónicos y de la dependencia”. Es una referencia al personal sanitario que existe en algunas residencias, ni siquera en todas. Por ejemplo, la legislación de Madrid no obliga a tener médico en centros de menos de 50 plazas. Y en los geriátricos grandes, lo habitual es que un médico acuda algunas horas al día y que no haya enfermeras en los turnos de noche o de fin de semana.

 

A continuación, Reyero pasa a detallarle a Escudero cuatro aspectos que le “siguen preocupando” sobre la forma en que se está gestionando la crisis.

 

El primero es que no se haya puesto aún en marcha “la tan anunciada ‘medicalización’ de las residencias”, que efectivamente Sanidad se había comprometido a realizar el 12 de marzo. Reyero advierte que “para aquellos enfermos que no puedan ser derivados al hospital y tienen la enfermedad, deben implantarse medidas de hospitalización en las propias residencias”. Y explica que no funciona “la solución” ofrecida hasta entonces por Sanidad: enviar listados de personal sanitario para que los intentase reclutar el departamento de Políticas Sociales. El principal motivo era que la propia Consejería de Sanidad estaba contratando médicos y enfermeras, que preferían ir a un hospital antes que a una residencia.

 

El segundo aspecto era “una petición casi desesperada”, indica Reyero, en referencia a la necesidad de contar con pruebas suficientes de detección del virus. “Sin ellas es imposible tomar decisiones correctas en las residencias”, sostiene el consejero. En el caso de los ancianos eran precisas para “aislar correctamente desde el primer momento a usuarios positivos y negativos”, mientras que en el de los trabajadores se necesitaban para poder “contar con todos aquellos que son negativos” aunque estuvieran pasando una cuarentena en sus domicilios. “¿Sabes cuándo podremos contar con ellos [los test] en un número suficiente?”, le pregunta Reyero al titular de Sanidad.

 

“Mi tercera preocupación es la actual solicitud que nos estáis haciendo de derivación de pacientes de hospitales a los centros residenciales”, señala Reyero, que rechaza una petición ciertamente kafkiana: en vez de levantar la prohibición de trasladar mayores a los hospitales, lo que estaba provocando una verdadera sangría en los geriátricos, Escudero pretendía enviar a las residencias pacientes desde los hospitales. El consejero de Políticas Sociales se declara dispuesto “a poner plazas a disposición” de Sanidad, pero no antes de “atender primero al problema existente” en todas las residencias. “Por lo tanto, con la mayor celeridad, hay que atajar nuestra situación y, en base a ello, articular mecanismos ágiles con los que podamos contribuir a colaborar con los hospitales. Si no, corremos el riesgo de que todo nuestro sistema residencial colapse”, defiende Reyero.

 

Por último, el político de Ciudadanos cita “los protocolos de derivación hospitalaria existentes”, una cuestión que según destaca ya le ha “transmitido con anterioridad”. Su mensaje no puede ser más claro: “En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas de grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente les discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que pueden ocasionarnos problemas legales en el futuro”.

 

Alberto Reyero se refiere al Protocolo que había aprobado la Consejería de Sanidad el 18 de marzo, que establecía criterios de exclusión de derivación a los hospitales de mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En aquel momento no había trascendido su contenido exacto, que fue desvelado en dos informaciones publicadas por infoLibre los días 26 de mayo y 5 de junio.

 

El consejero de Sanidad no respondió a la carta de su entonces compañero de Gobierno y tampoco atendió los asuntos que le preocupaban. Once días más tarde, Reyero le envió una segunda misiva, que incidía en los mismos puntos esenciales. [Puedes consultar íntegra esa segunda carta en esta información].

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/18/la_carta_reyero_del_marzo_los_protocolos_derivacion_hospitalaria_pueden_ocasionarnos_problemas_legales_futuro_115519_1012.html

 

LA CARTA DE REYERO DEL 11 DE ABRIL: “LA TAN ANUNCIADA 'MEDICALIZACIÓN' COMO BIEN SABES NO ES UNA REALIDAD EN NUESTRAS RESIDENCIAS”

 

“Los centros residenciales a estas alturas de la crisis, a pesar de nuestras continuas peticiones, no cuentan con apoyo sanitario estable y las cifras de derivación a hospitales son tremendamente bajas”, critica

 

Cita “la decepción que supone” escuchar mensajes sobre un “repliegue sanitario” por la mejora de la situación hospitalaria general “y que eso no suponga ningún refuerzo sanitario en las residencias”

 

En la misiva, que infoLibre reproduce de forma íntegra, denuncia que desde los hospitales se está trasladando “directamente” a los geriátricos a pacientes dados de alta que son positivos en covid-19

 

En plena crisis por la gestión de la pandemia en las residencias de Madrid, el consejero de Políticas Sociales escribió dos cartas al titular de Sanidad pidiendo que se adoptasen medidas para evitar que los mayores muriesen en los centros sin recibir asistencia sanitaria. Las peticiones de Alberto Reyero (Cs) fueron básicamente desoídas y el resultado fue una hecatombe en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde en marzo y abril fallecieron 9.470 mayores, la mayoría con covid o síntomas compatibles.

 

En su primera carta, fechada el 31 de marzo, Reyero le había transmitido cuatro preocupaciones a Enrique Ruiz Escudero (PP), el titular de Sanidad: la falta de medicalización de las residencias, la inexistencia de pruebas suficientes para detectar qué residentes y trabajadores tenían el virus, la solicitud de trasladar ancianos contagiados desde los hospitales a los geriátricos y el contenido del Protocolo aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que impedía trasladar a mayores enfermos a los hospitales. [Puedes consultar íntegra esa primera carta en esta información]. A la vista de que esa primera misiva no había servido prácticamente de nada, Reyero escribió una segunda el 11 de abril, que infoLibre reproduce de forma íntegra a continuación.

 

Tres de los cuatro problemas que citaba Reyero en su primera carta vuelven a ser el eje de la segunda. El único que ya no menciona es la falta de pruebas para diagnósticar el virus, porque se había producido una “llegada masiva de tests”.

 

El entonces consejero de Políticas Sociales empieza indicando que fue una “buena decisión” establecer un mando único sanitario a las órdenes de Escudero, pero añade que tiene “lagunas importantes” en la atención a los mayores que viven en residencias y que es “esencial” resolverlas. “Me refiero en primer lugar al imprescindible apoyo sanitario en residencias y en segundo lugar a la escasa derivación hospitalaria de sus usuarios”, destaca Reyero.

 

Respecto al “apoyo sanitario en residencias”, Reyero le recuerda a Escudero que es un compromiso que llevaba un mes incumpliéndose: “No se trata de otra cosa que de poner en marcha su tan anunciada ‘medicalización’, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias, a pesar de que fuera una de las medidas más destacadas del Plan de Acción contra el coronavirus, que anunciaste el pasado 12 de marzo”.

 

Al igual que ya había hecho en la primera misiva, Reyero explica que “no funciona” la solución planteada por Sanidad consistente en facilitar listados de personal sanitario a Políticas Sociales para que sea este departamento quien los reclute. “Competimos con Sanidad y al final la mayoría prefiere ir antes a IFEMA que a una residencia”, señala, antes de explicar que el mismo problema tienen con la nueva idea de Escudero: ofrecer listados de personal sanitario de las mutuas de accidentes de trabajo. “Además de lo ineficiente del proceso, en este caso no es el perfil adecuado para atender” a los mayores, indica el político de Ciudadanos.

 

A continuación, Reyero describe cuál es la verdadera solución: “Lo más efectivo sería que el mando sanitario enviara personal sanitario en coordinación con los equipos de geriatría de los hospitales. No es necesario recordar cuáles son las necesidades de las residencias, os enviamos información diaria de cada una de ellas y además las estáis conociendo de primera mano en los reconocimientos que se están llevando a cabo”. Algo de puro sentido común cuando cientos de personas estaban falleciendo en los centros residenciales sin recibir ningún tipo de asistencia.

 

El consejero de Políticas Sociales aborda a continuación dos hechos que le parecen incomprensibles a la vista de la crisis que se está viviendo en las residencias de Madrid. “Tampoco puedo dejar de citar la decepción que supone escuchar mensajes que mencionan un repliegue sanitario en la Comunidad, como consecuencia de la mejora en la situación hospitalaria general, y que eso no suponga ningún refuerzo sanitario en las residencias, cuando es absolutamente necesario y venimos insistiendo en ello repetidamente. No lo puedo entender”, manifiesta Reyero. La segunda circunstancia que no entiende es que el Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP), haya enviado equipos del SAMUR a Castilla y León. Aunque entiende que es un gesto de “solidaridad territorial”, se pregunta si “no sería más adecuado que reforzaran la situación sanitaria en las residencias” de Madrid.

 

La mala gestión de Madrid no se estaba produciendo en otras comunidades, sostiene Reyero, que informa a su compañero de que ha estado revisando otros modelos autonómicos. “Me ha sorprendido encontrar ejemplos mucho más eficaces que el nuestro, no dejando a su suerte a Políticas Sociales sino mediante la implicación directa de Sanidad”, indica. Y pone dos ejemplos, de distinto color político: la Comunidad Valenciana, donde gobierna un tripartido de izquierdas que lidera el PSOE, y Andalucía, donde manda una coalición PP-Cs con apoyo externo de Vox al igual que en Madrid. “Por eso te pido que trabajemos ya en una solución distinta a la actual y que pase por una implicación mayor de Sanidad, en línea con lo que se está haciendo en estas CCAA”, le reclama a Escudero tras detallarle las medidas adoptadas en esos dos territorios.

 

En ese momento, Reyero evita cualquier rodeo y denuncia con claridad lo que considera el origen de lo que está ocurriendo: “Desde mi punto de vista, el problema fundamental en la Comunidad de Madrid es que no se acaba de considerar a los usuarios de las residencias como un colectivo prioritario dentro de la competencia del mando único sanitario. Por eso, en lugar de enviar médicos, enviáis listados”.

 

Tras describir en detalle la falta de implicación de Sanidad, menciona otra cuestión que le “preocupa especialmente”: que los mayores enfermos de los geriátricos no se estén trasladando a los hospitales. “Como se os ha trasladado desde los centros y desde algunas de las patronales del sector, los datos de derivación a hospitales desde residencias son tremendamente escasos y preocupantes”, destaca.

 

A ello, continúa Reyero, hay que añadir el traslado de pacientes dados de alta desde hospital “y que son trasladados a centros residenciales directamente siendo positivos” en covid-19. Una situación que ya había comentado en la primera misiva y que, en su opinión, “puede provocar nuevos picos de contagio” en los geriátricos.

 

La siguiente queja de Reyero tiene que ver con otro hecho incomprensible: la negativa de Sanidad a atender a los ancianos que caían enfermos en el hospital de campaña que se había habilitado en el recinto ferial de Ifema o en los hoteles medicalizados. “En semanas anteriores hemos hecho distintas propuestas para que los usuarios de residencias pudieran derivarse a otros recursos, ya fuera a los hoteles ‘medicalizados’ puestos en marcha o que incluso se reservara un espacio en IFEMA para ellos. Sobre esas propuestas hemos tenido respuestas negativas en un primer momento”, rememora el consejero de Políticas Sociales. En un primer momento, y también posteriormente cabe precisar, ya que ningún residente fue trasladado a un hotel medicalizado y sólo 23 lo fueron al hospital de campaña.

 

Alberto Reyero concluye su carta reclamando de nuevo un cambio en la gestión de las residencias: “Es por tanto necesario que trabajemos en dar respuestas distintas que contribuyan a contener la letalidad de la epidemia dentro de las residencias. Si no lo hacemos, la tragedia actual se puede convertir en una catástrofe”. Los números de la catástrofe ya son conocidos: 9.470 residentes fallecidos en marzo y abril, el 77% sin ser trasladados a un hospital y la inmensa mayoría de ellos sin recibir tampoco asistencia sanitaria en el centro donde perdieron la vida.

 

El 2 de octubre, Reyero dimitó como consejero de Políticas Sociales. Escudero sigue al frente de la cartera de Sanidad.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/18/la_carta_reyero_del_abril_tan_anunciada_medicalizacion_como_bien_sabes_no_una_realidad_nuestras_residencias_115521_1012.html

 

 

 

 

FAMILIARES DE MAYORES EN RESIDENCIAS PIDEN UN MODELO DE CENTROS “MÁS HUMANOS”

 

Miembros de la Marea de Residencias reclaman protocolos que les permitan visitar con más frecuencia a sus seres queridos

 

Casi un centenar de ciudadanos vinculados al movimiento Marea de Residencias conmemoraron este domingo en la Puerta del Sol un año de reivindicaciones por un modelo de centros “más humanos”. Mejorar la gestión de la pandemia es ahora una parte crucial en sus reivindicaciones: hasta julio hubo casi 6.000 muertes oficiales por covid-19 entre las 474 residencias de mayores activas en la Comunidad de Madrid. Pero la plataforma también reclama desde antes de la crisis del coronavirus mejorar el ratio de cuidadores y la atención  sanitaria en los propios centros.

 

Las zonas básicas de salud que suben en contagios en Madrid: de La Moraleja a Leganés

A José Sereno González, octogenario, le duele que no exista un protocolo en tiempos de pandemia que le permita poder acompañar a su esposa más que unos minutos a la semana. “Está hecha un vegetal, consumidita, y no puedo más que verla un día a la semana 20 minutos y escoltado”, dice.

 

“En esta segunda ola ya no asustan las cifras, nos hemos acostumbrado, pero detrás de cada cifra hay una vida, nombres y apellidos, una historia personal, una familia destrozada. No podemos seguir viendo a nuestros seres queridos encerrados y exigimos una solución para que vuelvan a vivir, a sentir la luz de las calles, sin estar aislados de sus familias, eso es morir también”, señaló en la lectura del manifiesto María Jesús Valero, miembro de la plataforma. Durante los peores momentos de la crisis del coronavirus las visitas de familiares llegaron a estar prohibidas. Ahora se llevan a cabo con estrictos protocolos con el objetivo de evitar contagios.

 

Carmen López, presidenta de la Asociación de Familiares de la Residencia de Los Frailes, perdió a su madre por covid el 1 de mayo. Hasta entonces asegura que su estado de salud era bueno. “Solo pedimos a la Comunidad de Madrid que se diriman responsabilidades y que no conculquen los derechos de las personas que viven en las residencias porque son ciudadanos de pleno derecho y no se les puede mantener muertos en vida como están haciendo. Están prohibiendo las visitas a los familiares y sin embargo no se están tomando medidas reales de seguridad para proteger a los trabajadores, que son los vehículos principales que entran y salen de las residencias”, consideró.

 

Carmen Martín, que paseaba vendiendo mascarillas azules con el logo de la plataforma, siente impotencia por alguna de las carencias que constata en la residencia en la que está ingresada su madre.  “No se está cumpliendo el protocolo de la Comunidad de Madrid ni en visitas ni en cuidados. No hay fisioterapeutas las horas que tiene que haber, no se cumple la ratio de personal, los trabajadores están sobrecargados de trabajo y desprotegidos, los abuelos han perdido de cinco a 20 kilos porque no se les están dando las comidas con los nutrientes necesarios, no se les hidrata y cogen muchas infecciones por la falta de higiene”, afirma.

 

Según datos a los que accedió EL PAÍS en octubre de 2019, en respuesta a una petición hecha por la vía de la transparencia, una quinta parte de los centros autorizados en la región había sido sancionada entre 2014 y 2019. El listado incluía centros de atención social (la gran mayoría destinados a ancianos) y se trataba de motivos como falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento. En total, 130 centros sociales fueron sancionados, de los que 96 eran residencias de ancianos autorizadas y seis eran centros de día. El resto eran 12 centros ilegales, como residencias clandestinas en chalés que fueron cerradas tras ser descubiertas y un pequeño número de centros para personas con discapacidad.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2020-11-22/familiares-de-mayores-en-residencias-piden-un-modelo-de-centros-mas-humanos.html

 

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID REABRE LA INVESTIGACIÓN Y REQUIERE LOS PROTOCOLOS APLICADOS EN CUATRO RESIDENCIAS

 

Los magistrados piden a cuatro centros de mayores de Leganés, en los que fallecieron nueve familiares de los demandantes, que aporten los criterios de derivación a hospitales que estuvieron en vigor entre marzo y mayo

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente la demanda presentada contra cuatro residencias situadas en el municipio de Leganés (Madrid) y estudiará lo sucedido durante la primera ola de la pandemia en esos centros, en los que fallecieron nueve familiares de los querellantes y dos más resultaron contagiados.

 

Saber más

 

En un reciente auto, la sección 23 ha solicitado a las respectivas residencias que "aporten los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid con los que actuaron durante los meses a los que se refiere el escrito de querella y, en particular, los criterios de derivación de los residentes a centros hospitalarios".

 

El 18 de agosto el juzgado de instrucción número 5 de Leganés rechazó estudiar la querella presentada al considerar que se basaba en "conjeturas". Sin embargo, en un escrito fechado el 5 de noviembre, adelantado por la Cadena Ser, la Audiencia Provincial ha optado por revocar esta decisión y reabre la causa contra los centros Aralia Parque de Los Frailes, Amavir-El Encinar, Domus Vi Leganés y Vitalia Leganés. Los magistrados dan la razón a los demandantes y consideran que los familiares de los residentes no tenían posibilidad de "presentar evidencias de los hechos que se relatan en el escrito de querella", por lo tanto defienden que es el  instructor "quien debe practicar las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos relatados".

 

Ante esta decisión, han solicitado a las residencias "la historia de los residentes a los que hace referencia el escrito de querella y las decisiones que se adoptaron respecto a cada uno de ellos en particular". A estos centros también requerirán un listado de "los medios de protección individual y personal de los que disponían en las fechas de producción de los hechos, así como las medidas de seguridad adoptadas".

 

Los magistrados no solo se han dirigido a las residencias. Entre las diligencias realizadas, también han pedido información a los hospitales en los que estuvieron ingresados o fallecieron algunos de los usuarios citados en la demanda. Asimismo, entre la batería de medidas solicitadas, contemplan que los dos residentes que están vivos y que se contagiaron en uno de estos centros sean citados a declarar, si "sus condiciones de salud lo permiten, a fin de tomar un mejor y más cercano conocimiento de los hechos".

 

La querella fue impulsada por miembros de la plataforma Marea de Residencias. El escrito presentado por este colectivo se dirigía contra los directores de cuatro centros de mayores de Leganés y contra varios miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de sanidad, Enrique Ruíz Escudero, y el consejero de Interior y Justicia, Enrique López. Los magistrados han optado por asumir parcialmente el recurso, tras desestimar la denuncia contra los altos cargos del Ejecutivo autonómico ya que ni el juzgado de instrucción ni la Audiencia Provincial son "competentes" para asumir la causa.

 

https://www.eldiario.es/madrid/audiencia-provincial-madrid-estima-recurso-presentado-cuatro-residencias-estudiara-protocolos-aplicados_1_6447197.html

 

 

LA AUDIENCIA DE MADRID REABRE LA CAUSA CONTRA AYUSO Y ESCUDERO POR LA GESTIÓN EN CUATRO RESIDENCIAS DE LEGANÉS

 

Marea de Residencias recurrió la decisión alegando la vulneración de la tutela judicial efectiva al imposibilitarles "iniciar una investigación judicial sobre el fallecimiento o contagio de sus familiares" El instructor inadmitió la querella argumentando que los fallecimientos fueron causados por la pandemia y no por la actuación de los querellados, "dado que se trataba de un fenómeno novedoso del que poco o nada se sabía, y se sigue sin saber"

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se reabra la causa contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, por presuntas negligencias en la gestión de la primera fase de la pandemia en cuatro residencias de la localidad madrileña de Leganés.

 

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Mareas de Residencias contra el auto de inadmisión a trámite formulado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés.

 

La querella iba dirigida contra Ayuso, cuatro directores de residencias de Leganés y Escudero. Se formuló por delitos de homicidio imprudentes, lesiones, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

 

Por tanto, los magistrados dejan sin efecto dicha inadmisión a los efectos de practicar las diligencias que se sugieren en esta resolución, entre ellas la toma de declaración a cada uno de los querellados y a dos de los residentes que se contagiaron del virus si su salud se lo permite.

 

Además, creen "preciso" que el juez instructor conozca los protocolos de actuación que se siguieron en las residencias implicadas, así como los criterios de derivación a los hospitales.

 

También insta al instructor que se requiera a las residencias la historia de los residentes a los que se refiere la querella, así como a los centros hospitales donde fueron derivados las historias clínicas.

 

Igualmente, los magistrados ordenan al juez que solicite a las residencias que informen sobre cuáles eran los medios de protección individual y colectiva de los que disponían en las fechas en las que se produjeron los hechos.

 

En la querella, familias de varios residentes fallecidos en cuatro residencias de Leganés denunciaban la supuesta comisión de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

 

Falta de indicios de criminalidad

 

Los motivos principales que argumentó el instructor para no dar cabida a la querella eran la falta indicios de criminalidad, y que se consideraba que los relatos de hechos de los querellantes se sustentaban en indicios delictivos, entre otros motivos.

 

El Juzgado también indicó que fallecimientos y contagios fueron causados por la pandemia y no por la actuación de los querellados, "dado que se trataba de un fenómeno novedoso del que poco o nada se sabía, y se sigue sin saber". Por ello, apuntó que cualquier responsabilidad que existiera debería dirimirse en la jurisdicción civil o contencioso-administrativa.

 

Los abogados de la Marea de Residencias acordaron recurrir en apelación a la Audiencia de Madrid, que ahora estima de forma parcial su recurso. Desde Marea de Residencias han tachado el auto de "buena noticia".

 

Entre otros motivos, los recurrentes alegaron la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, "al imposibilitar a los querellantes iniciar una investigación judicial sobre el fallecimiento o contagio de sus familiares".

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/11/20/la_audiencia_madrid_reabre_causa_contra_ayuso_escudero_por_gestion_cuatro_residencias_leganes_113518_1012.html

 

 

DESESTIMADO EL RECURSO DEL GOBIERNO REGIONAL CONTRA LA DEMANDA DE LAS RESIDENCIAS DE LEGANÉS

 

Los jueces dan la razón al Ayuntamiento y admiten el escrito municipal contra la Consejería de Sanidad

 

Nuevo varapalo a los letrados de la Comunidad de Madrid en los casos de las residencias de Leganés. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han desestimado el recurso presentado por la abogacía regional contra la demanda del Ayuntamiento leganense por la gestión de las residencias de mayores de la localidad durante la pandemia. Los jueces entienden que el Consistorio tiene toda la legitimidad para pedir responsabilidades al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y para solicitar que se investigue si la Consejería de Sanidad utilizó o no todos los medios que tenía a su alcance para frenar la oleada de muertes registradas en los geriátricos.

 

El auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM, al que ha tenido acceso EL PAÍS, desestima a lo largo de ocho folios todos los puntos que había alegado el letrado regional. Este argumentó en su escrito para desestimar la demanda del Ayuntamiento de Leganés que esta Administración no podía “actuar en materias ajenas a su competencia” o en casos que no le reportaran “beneficio directo alguno”. Es decir, que el Consistorio solo podía acudir a los tribunales si pedía alguna medida para sí mismo. Los magistrados rechazan ese argumento y recuerdan que esta institución ha acreditado hasta el momento “un interés legítimo aparentemente suficiente en la defensa del derecho a la salud de los mayores de los centros ahí [en su municipio] ubicados” y para exigir a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de sus obligaciones.

 

Leganés fue uno de los municipios más golpeados por la primera oleada de la pandemia, lo que llevó a que el hospital Severo Ochoa estuviera colapsado y fuera necesario habilitar un hospital de campaña en las inmediaciones. La situación fue tal que, además de fallecer centenares de personas, las urgencias del centro no pudieron acoger a pacientes durante días y días.

 

“Al margen de ello, no solo residentes y trabajadores en las residencias se ven afectados por la situación de la pandemia, sino que la misma afecta a la totalidad de los vecinos, toda vez que se demostró que dichos centros fueron un foco de contagio y transmisión en los primeros momentos de la pandemia, no siendo por tanto ajeno al interés municipal el control de la transmisión de la enfermedad entre los vecinos”, recoge el auto de admisión a trámite, del que ha sido ponente el magistrado Rafael Botella y García-Lastra.

 

El letrado regional también apeló a que el objeto de la demanda -la medicalización de las residencias y la supuesta inactividad de la Consejería de Sanidad- se había perdido por el transcurso del tiempo. En su opinión, la situación en los geriátricos ya había mejorado y las órdenes ministeriales ya no estaban en vigor. De nuevo, los jueces creen que no se puede admitir ese razonamiento, ya que no se ha entrado en el fondo de la cuestión, es decir, que no se ha esclarecido si el Gobierno regional actuó bien o no en el tratamiento de los mayores ingresados. Los magistrados mantienen su obligación de investigar lo sucedido: “Ese pronunciamiento sobre la conformidad o no a derecho de una determinada conducta [la atención adecuada en las residencias] y, si esta integraba o no una auténtica inactividad, no se ha producido”, recoge el escrito.

 

El auto está redactado con términos muy duros y contundentes como los anteriores escritos que obligaban a tomar medidas cautelares en los geriátricos de Leganés. Los jueces también tiran por tierra el intento del letrado regional de no admitir la demanda porque no se agotó con carácter previo la vía administrativa. El abogado de Sanidad mantiene que, si el Ayuntamiento quería que se tomaran medidas urgentes en los geriátricos, debería haber llamado a la puerta de la Consejería antes de acudir directamente al TSJM y pedir unas medidas cuatelarísimas.

 

El ponente del auto lo rechaza por dos motivos. El primero es que el alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, escribió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 30 de marzo en el que le pedía actuaciones inmediatas. El 20 de abril, hubo otro requerimiento del Ayuntamiento a los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales. Cuatro días después, se iniciaron las acciones legales.

 

El segundo motivo resulta aún más obvio para los magistrados: “Cuando se exige, como en este caso, el cumplimiento de obligaciones que pueden implicar un riesgo para la vida, debe admitirse la posibilidad de acudir a la jurisdicción sin agotar el plazo de reacción que el precepto concede a la Administración”.

 

El recurso regional también planteaba que el Ayuntamiento de Leganés tan solo buscaba una llamada acción declarativa, es decir, que los jueces digan si las citadas consejerías actuaron o no bien y protegieron a los mayores. Los magistrados del TSJM ven acertada esa pretensión municipal, dado que se hizo en un contexto en el que estaban muriendo decenas y decenas de personas en estos geriátricos: “La actuación del Ayuntamiento articulando una pretensión de carácter meramente declarativo no resulta de entrada desacertada. La valoración por parte del Tribunal de si hubo o no inactividad es el objeto de este procedimiento y no puede soslayarse”.

 

El ponente concluye que el caso debe seguir adelante y que se debe investigar la actuación de la Administración regional. Todas estas cuestiones previas se resolverán en la sentencia, donde se entrará en detalle “en el fondo del asunto”, según el magistrado.

 

SEGUNDO VARAPALO POR LAS RESIDENCIAS DE LEGANÉS

 

La admisión a trámite de la demanda del Ayuntamiento de Leganés se ha conocido la misma semana que la Audiencia Provincial de Madrid revocaba un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés por el que se archivaba una querella de familiares de 11 mayores fallecidos o contagiados en cuatro geriátricos de esta localidad. La sección 23 obliga a reabrir el caso y a estudiarlo en detenimiento para saber si los directores de estas residencias pudieron cometer los delitos de homicidio por imprudencia, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación. La acusación también se dirige contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, e Interior y Justicia, Enrique López. La querella, presentada por los familiares de los mayores fallecidos o contagiados, se dirige contra los directores de las residencias Aralia Parque de los Frailes -donde murieron tres mujeres-, Amavir El Encinar -tres mujeres víctimas mortales-, Domusvi-Leganés -un residente fallecido- y Vitalia Home Leganés, con una anciana muerta y dos residentes con covid-19-. La ponente del auto de la Audiencia Provincial, la magistrada María Paz Batista González, entiende que el archivo de la causa supone una vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. No se practicó ninguna diligencia para investigar los hechos ni se motivó adecuadamente el auto de archivo. “Examinado el escrito de querella, se describen 11 casos distintos en los que se hace referencia a situaciones de retardo en la atención médica de algunos pacientes de covid-19 que residían en las residencias de mayores. Así mismo, se hace alusión a la falta de medidas de protección en las residencias, motivo de muchos de los contagios, según manifiestan los querellantes, así como la falta de información a los familiares del estado de sus seres queridos, entre otras manifestaciones”, recoge el auto de la Audiencia. La magistrada mantiene que lo presentado en la querella da pie a que se pueda decir que pudieron cometerse algunos delitos “si bien siempre de manera indiciaria”. Por ello, ordena al juez de Leganés que practique las diligencias necesarias y comprobar los hechos relatados. También afirma que, si los directores de las residencias actuaron conforme a los protocolos del Gobierno regional, es necesario saber “al menos” cuáles fueron estos. Para ello, las residencias deberán aportarlos al juzgado, junto con los criterios de derivación de internos a los hospitales. Los responsables de los geriátricos también deberán entregar las historias clínicas de los fallecidos y contagiados, así como los medios de protección individual y personal con que contaban y las medidas de seguridad adoptadas. La magistrada también ordena que se tome declaración a las dos personas infectadas “a fin de tomar un mejor y más cercano conocimiento de los hechos”.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2020-11-22/desestimado-el-recurso-del-gobierno-regional-contra-la-demanda-de-las-residencias-de-leganes.html

 

 

 

LA FISCALÍA SOLICITA AL TRIBUNAL SUPREMO QUE RECHACEN LAS QUERELLAS CONTRA AYUSO

 

La Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas responsabiliza a la presidenta y a sus consejeros de Políticas Sociales y Sanidad por las muertes y los contagios sanitarios de la región

 

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que rechace una querella presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por miles de muertes y contagios de sanitarios en Madrid a causa de la Covid-19. El órgano, como ya hizo anteriormente contra las denuncias y querellas contra el Gobierno central, ha explicado que no se puede responsabilizar de forma penal a la formación madrileña.

 

Según argumenta en el informe presentado ante la sala de lo penal “las numerosas pérdidas de vidas humanas en las residencias de Madrid, así como los numerosos contagios del personal sanitario, como consecuencia del virus, podría tener reparación en otros ámbitos, pero no en esta vía penal que requiere que se inicie atribuyendo a un ciudadano/a hechos concretos y determinados susceptibles de ser incardinados en un tipo penal y aportar un indicio probatorio de tales hechos, so pena de caer en investigaciones prospectivas vedadas por nuestro Tribunal Constitucional”.

 

Dicha querella fue impuesta por la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas y señala a Díaz Ayuso y a sus consejeros de Políticas Sociales y Sanidad de las 5.828 muertes causadas por el coronavirus, sobre todo en residencias de ancianos, y por el contagio de 11.669 sanitarios de la región. La querella sostiene que entre marzo y mayo se encontraron 62 cadáveres en estas viviendas de ancianos.

 

La Fiscalía solo apunta a las acusaciones de Isabel Días Ayuso, ya que por su puesto tiene privilegio en materia de jurisdicción ante el Supremo, y pide que se decline la querella. "Es imprescindible que la descripción del suceso que realice el querellante ofrezca datos o circunstancias que permitan subsumirlo en algunas de las descripciones típicas que de las conductas delictivas se hace en el Código Penal", y en este caso no ocurre.

 

El Tribunal Supremo tiene la última palabra

 

El Tribunal Supremo determinará en las próximas semanas si admite o no el medio centenar de denuncias y querellas contra varios componentes del Gobierno central, sobre todo contra Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad Salvador Illa, y ahora además contra Isabel Díaz Ayuso. Todas estas denuncias les responsabilizan penalmente de las muertes y contagios por su gestión durante la pandemia del coronavirus.

 

En consecuencia, la Fiscalía considera que no hay que abrir ninguno de estos procesos por vía penal. En su momento, presentó un escrito de más de 300 páginas al Tribunal Supremo respecto a las querellas y denuncias impuestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. De la misma forma, este órgano fiscal lo hace con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

 

https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/fiscalia-solicita-tribunal-supremo-rechacen-querellas-isabel-diaz-ayuso_251416102

 

LA FISCALÍA NO APRECIA “RELEVANCIA PENAL” EN LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS EN MADRID EN LA PANDEMIA

 

Decisión de calado en la crisis por la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera oleada del coronavirus. La Fiscalía de Madrid ha archivado la primera denuncia que recibió sobre el tema al no apreciar “relevancia penal” tras recabar informes y documentación de la Administración. Según ha informado este jueves a través de un comunicado, el ministerio público descarta que se pueda imputar un delito de homicidio u omisión de socorro a los responsables y sanitarios de uno de estos centros, donde murieron 23 personas, por lo que ordena dar carpetazo al asunto. En ese escrito, además, marca su criterio general a seguir en el resto de casos abiertos en la región.

 

Aunque la Fiscalía admite que hubo una “una falta generalizada de cierto material sanitario y de equipos de protección” —así como “una saturación de los servicios médicos de asistencia primaria y hospitalaria”—, concluye que se actuó siempre conforme a la ley, teniendo en cuenta además “las especiales circunstancias en que se produjo el riesgo”. Señala también que las autoridades y los gestores de esta residencia tomaron medidas para tratar de combatir la situación excepcional a la que se enfrentaron. “Si bien es cierto que la actuación pudo haber sido diferente en caso de no habernos encontrado inmersos en una pandemia, en ese contexto se adecuó a lo que le era jurídicamente exigible”, puntualiza.

 

Esta decisión de la Fiscalía de Madrid, que rechaza la primera denuncia presentada por el Defensor del Paciente, sienta un importante precedente. El ministerio público tiene abiertas en la Comunidad cerca de 50 investigaciones por la gestión de las residencias y, con este archivo, se marca la línea a seguir. Según detallan fuentes jurídicas, aunque se estudia cada caso por separado, aquí se fijan los “criterios generales” a valorar. Y, de hecho, en los próximos días se prevé dar carpetazo a otros seis casos similares en la región. A los afectados les queda, eso sí, acudir personalmente a un juzgado a denunciar por lo penal o ir a la vía civil para reclamar una indemnización. Un grupo de familiares ya lo hizo y presentó una querella donde culpaba de las muertes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a otros miembros de su Gobierno. Pero un juzgado de Leganés desestimó sus pretensiones.

 

Informes de la Administración

 

Antes de posicionarse en el caso anunciado este jueves, la Fiscalía recabó documentación de la Consejería de Políticas Sociales y del centro, y solicitó un informe a la geriatra de referencia de las residencias de Madrid sobre los criterios de naturaleza médica, clínica o asistencial “que hubieran determinado la decisión sobre las derivaciones sanitarias en las fechas de los hechos”. La residencia y el Gobierno de Madrid, en manos de PP y Cs, explicaron entonces que se detectó el 8 de marzo el primer caso sospechoso de coronavirus y que, a partir de ese momento, se informó a los familiares y se activaron los mecanismos de actuación: primero se aislaron áreas específicas para más tarde suspender las actividades comunes y suprimir las visitas.

 

“A medida que la situación avanzaba, se dispusieron nuevas medidas: se realizaron desinfecciones, requiriendo la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando fue preciso, y se siguieron los protocolos sanitarios para los casos de fallecimiento en residencia”, subrayó la Consejería. El informe encargado también resaltaba que se facilitaron equipos de protección individual a los trabajadores a medida que estaban disponibles, según explica el ministerio público, que insiste en que a la residencia como tal tampoco se le pueden atribuir los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica. “No están contemplados entre los que puede cometer una persona jurídica [...], sin perjuicio de la posible responsabilidad civil que en su caso le pudiera corresponder”, remacha.

 

https://elpais.com/sociedad/2020-10-15/la-fiscalia-no-aprecia-relevancia-penal-en-la-gestion-de-las-residencias-en-madrid-en-la-pandemia.html

 

UN EMPRESARIO DE HOSPITALES Y OTRO DE RESIDENCIAS DESMONTAN LA DEFENSA DE AYUSO EN LA CRISIS DE LOS GERIÁTRICOS

 

Los primeros testigos de la comisión que investiga la tragedia confirman que los mayores con seguro privado pudieron salvarse

 

Un empresario del sector sanitario privado en Madrid y otro de la patronal de residencias han confirmado este viernes lo que ya se conocía por investigaciones periodísticas desde hace meses: a los mayores de residencias de Madrid se les denegó la asistencia sanitaria para evitar el colapso de los hospitales, la medicalización de las residencias es un invento de la Comunidad de Madrid y quien tenía más dinero pudo salvarse.

 

La Comunidad de Madrid nunca envió a los hospitales privados los protocolos de triaje, según ha dicho en la Asamblea de Madrid el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca: “No lo hubiéramos permitido”. Esos documentos sí fueron distribuidos en los hospitales públicos y las residencias tuvieron que acatarlos, según ha añadido el presidente de la Federación Española de Dependencia (FED), Ignacio Fernández Cid: “Lamentablemente la gran mortalidad la tuvimos en las residencias y eso confirma el hecho de que no tuvimos derivaciones hospitalarias”.

 

Abarca y Fernández Cid han intervenido en la primera sesión de comparecencias de la comisión que investiga las responsabilidades políticas por la tragedia de la primavera. Fue un drama que hizo tambalear al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entonces y ahora se convierte en un nuevo dolor de cabeza que se suma a sus otros frentes abiertos durante la segunda ola. Irónicamente ambos testigos han sido propuestos por los dos partidos del Gobierno regional. Abarca, por el PP, y Fernández Cid, por Ciudadanos.

 

El presidente de HM Hospitales ha descrito cuáles fueron las normas que estuvieron en vigor en marzo y abril durante la crisis de las residencias que causó la muerte a miles de ancianos. Sus siete hospitales nunca estuvieron sujetos a los protocolos de exclusión así que los pacientes de residencias asegurados pudieron encontrar una cama en sus hospitales durante el tapón hospitalario en Madrid. “No conozco el protocolo. Lo que sí le puedo decir es que no hicimos discriminación por edad ni por ningún tipo de motivos”, ha afirmado durante el interrogatorio de los diputados. HM Hospitales es una empresa familiar que tiene siete de sus 17 hospitales en Madrid y da servicio a pacientes con cobertura de las grandes aseguradoras. Abarca también preside la Fundación Iris, que representa al sector sanitario privado.

 

Sus declaraciones confirman lo que ya reveló este periódico en junio: los hospitales privados tuvieron sus propias normas durante lo peor de la crisis. La tarjeta del seguro privado fue un salvoconducto para escapar de la trampa mortal de las residencias y acceder a una cama de hospital.

 

El presidente de la FED ha dicho por su parte que la causa de las casi 6.000 muertes de residentes en Madrid fue el bloqueo de los hospitales. “(Es) lamentable que se diga tú sí, tú no, ¿que estamos en un colapso del sistema sanitario? Pues sí, pero los residentes también son personas", ha afirmado Fernández Cid, que es también presidente de Casablanca, un grupo que tiene ocho residencias en Madrid. Este empresario ha confirmado que sus residencias recibieron los protocolos de triaje y que tuvieron que acatarlos, desmintiendo así a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quienes aseguraron que los protocolos eran borradores.

 

“Cuando nosotros detectábamos que tenía un seguro privado inmediatamente llamábamos al hospital privado y se le derivaba al hospital privado, por supuesto”, ha añadido Cid. “Buscábamos las vueltas para que esa persona recibiese la atención sanitaria oportuna y sí se derivaba al hospital privado, claro que sí”.

 

En un momento de su comparecencia, Fernández Cid ha hecho una breve pausa, emocionado al recordar a sus trabajadores en las semanas más duras: “Gente llorando por las esquinas, no se puede usted imaginar, y encima diciendo ¿qué estamos haciendo mal?, se nos están muriendo... Esa era nuestra realidad, totalmente desbordados. Y después a las nueve nos culpaban en el telediario”.

 

“Ha sido terrible y muy injusto”

 

Los protocolos que elaboró la Comunidad de Madrid pedían a los hospitales públicos limitar la admisión de pacientes de residencias con alto grado de dependencia. Casi 6.000 mayores murieron por covid-19 dentro de las residencias entre mediados de marzo y hasta mediados de abril mientras los hospitales de Madrid estuvieron al borde del colapso. Durante esas semanas se redujo drásticamente el número de mayores de residencias hospitalizados. La Comunidad creó el 13 de marzo un grupo de 22 geriatras que se repartieron el control de las hospitalizaciones procedentes de las 473 residencias de Madrid. El entonces director de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur de Víu, centralizó la redacción de estos protocolos, de los cuales hubo varias versiones. La final, del 25 de marzo, recomendaba a los geriatras rechazar a los mayores de residencias con dependencia para aliviar así la presión sobre los hospitales.

 

El 12 de marzo, la Comunidad creó un mando único que unía la sanidad pública y la privada bajo una misma coordinación. Pero los mayores de residencias enfermos sin seguro privado solo fueron derivados a hospitales públicos, a excepción de 15 personas que fueron hospitalizadas en la zona privada de la Fundación Jiménez Díaz.

 

Los hospitales privados sí recibieron a residentes enfermos sin seguro de modo indirecto: llegaban enviados desde hospitales públicos. “Desde las residencias nunca llegaron pacientes. Venían siempre desde el hospital público”, ha dicho Abarca. “De hecho no sé exactamente el número de pacientes que venían de residencias porque para mí constaban siempre que venían de hospitales públicos”.

 

“Atendimos a 600 pacientes de la sanidad pública, de los cuales, buceando en las historias, nos salen 182 pacientes de residencias, de los cuales 33 tenían cobertura pública, sin seguro, y 149 con seguro privado”. Según Abarca sus hospitales se saturaron hasta el punto de que tuvieron que denegar el ingreso a pacientes con seguro.

 

Abarca no precisó este viernes la fecha de esas derivaciones desde residencias, pero el 23 de abril escribió en un blog que en las semanas previas se habían muerto mayores de residencias sin oportunidades.

 

“Siguen llegando mayoritariamente a los hospitales enfermos de residencias, muy mayores y muy malitos que al menos, al llegar al hospital, tienen alguna oportunidad. No como pasó en semanas anteriores”. “Lo que ha pasado con nuestros mayores ha sido terrible y muy injusto”, añadió.

 

El 27 de abril, cuando había pasado lo peor de la crisis, Abarca volvió a escribir una reflexión en la que responsabilizaba a las Administraciones autonómicas y locales: “Lo ocurrido en muchas residencias ha sido simplemente indescriptible. La falta de control de las Administraciones autonómicas y locales ha dejado un reguero de muertos que nos avergüenza como sociedad y debería llevar, por sí mismo, a replantear toda la estrategia sociosanitaria del país”.

 

Abarca también ha sido crítico con el Gobierno central. Ha señalado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dirigido por Fernando Simón como el principal responsable de las muertes porque, añade, si hubiera reaccionado en febrero antes habría evitado el contagio.

 

Este invitado del PP a la comisión ha evitado este viernes las críticas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se ha excusado sobre sus reflexiones durante la crisis: “Lo escribía a diario, fruto de un desahogo”.

 

El representante de la patronal, Fernández Cid, ha desmontado la ficción de la “medicalización” de residencias. Según el consejero Escudero, la Comunidad medicalizó 232 residencias, pero el presidente de la patronal lo ha negado. Ha dicho que los geriátricos madrileños no han recibido ningún refuerzo sanitario extraordinario. No tuvieron ayuda durante la crisis y tampoco ahora tienen unos recursos adicionales: “Ahora desde atención primaria o, mejor dicho, desde los hospitales, viene algún médico a la residencia. Eso para nosotros no es medicalizar la residencia”, ha dicho Fernández Cid. “Es lo que debiera ser lo normal. El sistema sanitario dando servicio a personas mayores dependientes”.

 

Además de los dos empresarios ha intervenido un representante de las familias, Miguel Vázquez, propuesto por el PSOE. Vázquez también ha hablado de las muertes por abandono. “Tengo constancia de muchas familias que no podían trasladar a sus mayores a hospitales: de finales de marzo a mediados de abril”. Cuando los hospitales reabrieron sus puertas trataron a mayores en malas condiciones. “Se han derivado residentes a hospitales que entraron sedientos”, ha añadido.

 

Los diputados de esta comisión de 18 miembros guardaron al inicio un minuto de silencio por los fallecidos. Es la primera sesión de comparecencias de 21 previstas a lo largo de un año. Los partidos han propuesto la intervención de líderes políticos como Ayuso, el presidente Pedro Sánchez y varios miembros de sus respectivos Gobiernos. Los diputados han decidido que primero hablen quienes estuvieron en primera línea y más adelante, el año que viene, lo hagan los políticos. Para entonces sus explicaciones serán quizás más difíciles de aceptar.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-09/un-empresario-de-hospitales-y-otro-de-residencias-desmontan-la-defensa-de-ayuso-en-la-crisis-de-los-geriatricos.html

 

 

MADRID PAGÓ MÁS DE 20 MILLONES A LAS RESIDENCIAS PRIVADAS POR LAS PLAZAS VACANTES DURANTE LA PANDEMIA

 

La Cadena SER accede a las facturas que ha abonado la Consejería de Políticas Sociales a las residencias concertadas por las 4.000 plazas que se quedaron libres durante los peores meses de la crisis sanitaria del COVID-19

 

Desde el inicio de la crisis del COVID-19 y, en concreto, a raíz de la entrada en vigor del Estado de Alarma – el 14 marzo-, el gobierno madrileño dio orden de no aceptar nuevas altas en las residencias, tanto públicas, como concertadas, por motivos de seguridad. Esa decisión se mantuvo hasta el pasado 22 de junio – cuando expiró el Estado de Alarma-. En ese intervalo de tiempo el coronavirus castigó durísimamente a los más mayores, prueba de ello es que en esos tres meses se produjeron 4.397 plazas vacantes en las residencias tras el fallecimiento de los beneficiarios, tal y como han confirmado a la SER desde la Consejería de Políticas Sociales.

 

Ninguna de esas plazas se cubrió en todo este tiempo, no se hizo porque no se podía, pero el Gobierno madrileño sí pagó por ellas a las empresas que gestionan esas residencias, según se acredita en las facturas a las que ha tenido acceso la SER (ver foto), donde se puede comprobar que la Consejería de Políticas Sociales abonó a las residencias privadas-concertadas por las plazas que no había sido ocupadas.

 

El importe total de esas facturas asciende a casi 28 millones de euros, según un cálculo aproximado tomando como referencia los 56 euros por plaza/día que se cerró con la patronal de las residencias. Ese Acuerdo Marco firmado en 2016 obliga a la administración a pagar a las residencias privadas-concertadas por la ausencia de los residentes siempre y cuando "no se superan los 45 días”, un plazo que quedó más que sobrepasado en estos meses de pandemia.

 

El PSOE cree que es un error más de gestión

 

“Nos parece un escándalo que se haya pagado por plazas no ocupadas, sin tomar ninguna decisión de cómo se corrige esto. Da la impresión de que se trata de pagar a las empresas amigas y no mirar por los intereses de la ciudadanía”, denuncia el diputado del PSOE, José Ángel Chamorro, presidente de la Comisión de Investigación sobre la situación de las residencias madrileñas.

 

Desde la Consejería que dirige Alberto Reyero defienden que se quiso pagar porque así se garantizaba el mantenimiento de todas plantillas que trabajaban en las residencias, ya de por sí muy mermadas durante aquellos meses. Es decir, Alberto Reyero no quiso seguir los pasos de su compañero de Educación, Enrique Ossorio, que sí optó por suspender temporalmente los contratos con los servicios de comedor de los centros educativos.

 

La patronal agradece el gesto: "Se evitaron ERTES"

 

Desde la patronal de las residencias valoran muy positivamente el gesto que tuvo el consejero de Ciudadanos porque “gracias a este tipo de medidas ha sido posible mantener el nivel de cuidados de todos los centros residenciales y que haya una rotación necesaria en las plantillas, sin tener que realizar ningún ERTE, y que hayamos podido ofrecer la atención que merecen todos los mayores en los centros de España”, explica a la SER el Secretario General de Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia y Residencias para Mayores, Jesús Cubero.

 

En estos momentos, la Consejería de Políticas Sociales está negociando con la patronal de las residencias privadas el nuevo Acuerdo Marco que está a punto de expirar. Según han confirmado a la SER las dos partes, esas reuniones comenzaron este pasado miércoles “con la intención de mejorar la gestión de las residencias y la calidad del servicio”, apuntan.

 

La Comunidad de Madrid tiene ahora mismo 2.245 plazas vacantes en las residencias. Esa cifra está muy por encima de las plazas libres que solía haber en las residencias antes del inicio de la pandemia, en concreto, ante del 8 de marzo, había 639 plazas son ocupar. Desde el pasado 22 de junio se han adjudicado 1.953 nuevas plazas, pero todavía sigue habiendo 4.354 mayores en lista de espera para conseguir una plaza residencial, según los datos oficiales.

 

https://cadenaser.com/emisora/2020/09/10/radio_madrid/1599710414_718494.html

 

UNA JUEZ EXCULPA A AYUSO DE LAS MUERTES EN RESIDENCIAS: "ERA UNA CARENCIA ESTATAL"

 

Disculpa la actuación de la Comunidad de Madrid porque la covid-19 era una enfermedad desconocida y destaca que el Gobierno de Sánchez era la "autoridad suprema" y tampoco garantizó material de protección

 

La juez de instrucción número 5 de Leganés ha rechazado estudiar una querella de familiares contra varios responsables de residencias de ancianos y consejeros de la Comunidad de Madrid. La resolución supone un varapalo para los querellantes a los que acusa de basarse en “conjeturas”. Disculpa al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, hasta el punto de alegar que el covid 19 es una enfermedad de la que aún se desconocen sus efectos o que la falta de materiales de protección era “una carencia estatal”.

 

La querella acusaba a la Comunidad de Madrid y a varios consejeros de una “inadecuada aplicación de protocolos, de un actuar tardío e insuficiente y de decisiones equivocadas que provocaron el fallecimiento de miles de residentes de geriátricos”. Sin embargo, la magistrada Mónica Boticario alega en su auto al que tenido acceso Vozpópuli que la covid-19 es “una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo y del que poco se ha averiguado" hasta el día de hoy "como demuestra la situación de 'segunda ola' con numerosos rebrotes en todo el territorio nacional".

 

El Juzgado de Leganés recibió la querella el pasado 28 de mayo. La firman 11 familias de ancianos. Varios de sus mayores han muerto y otros resultaron contagiados en residencias del municipio madrileño de Leganés. Apostaron por la vía penal y la querella se presentó contra diversos directores de centros geriátricos y consejeros de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.

 

Acusan de homicidio imprudente

Les acusan de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y trato degradante. Sin embargo, la juez considera que “no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad”. En algunos de sus razonamientos jurídicos incluso secunda algunos de los argumentos esgrimidos por la presidenta madrileña desde el inicio de la pandemia, como las dificultades con las que se encontró su administración a la hora de adquirir material sanitario de protección.

 

“Por lo que respecta a los querellados de carácter político, por más que se insista en la querella en que no actuaron de manera eficaz ni a tiempo, no podemos olvidar que la falta de material de protección (los denominados epis) era una carencia a nivel estatal, que hubo de comprarlo de manera urgente a otros países, que el mercado estaba colapsado porque la pandemia se extendía a nivel mundial”, dice el auto dictado el 18 de agosto.

 

Señala al Gobierno central

En ese sentido, la magistrada añade que “tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, garantizó esas dotaciones”. En su exposición de argumentos, incluye un dardo contra el Gobierno de Pedro Sánchez al recordar “la polémica suscitada en cuanto a la compra de test masivos a una empresa china que luego resultaron inadecuados para el fin para el que fueron adquiridos”. 

 

Para desmontar la acusación por homicidio, el auto argumenta que es la pandemia la que hizo enfermar a estas personas “y no la actuación de los directores de la residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. “De la descripción que se hace sobre los pasos seguidos por la Comunidad de Madrid para responder a dicha situación de alarma social no se desprende indicio alguno de la comisión de uno varios ilícitos”, concluye.

 

El auto supone un varapalo para los familiares, a los que acusa de sostener su acusación con meras “prospecciones” y “sin indicio alguno en que basar sus sospechas de actuación irregular"

 

La juez destaca en su auto que no todos los casos relatados en la querella son iguales: “Hasta en cuatro de los casos no se habla ni de sintomatología compatible con la covid-19, ni menos aún de prueba de diagnóstico positiva. En todos estos casos se produjo el fallecimiento sin signos”. Destaca que en otros dos casos solo hubo contagio, sin fallecimiento, pero no fue posible determinar cuándo y dónde se produjo el contagio.

 

"Sin indicio alguno"

El auto supone un varapalo para los familiares, a los que acusa de sostener su acusación con meras “prospecciones” y “sin indicio alguno en que basar sus sospechas de actuación irregular por parte de las residencias y de la Comunidad de Madrid”. La juez reprocha que la querella utilice expresiones como “pudieron determinar”, “es probable que”, “pudiera haber habido”. Por ello, califica como “meras conjeturas” la tesis de la querella.

 

La juez sale también en defensa de la residencias de ancianos al destacar que el personal de estos centros también se contagiaron de forma masiva poniendo “en peligro sus propias vidas para intentar salvar al mayor número de gente”. “Lo que no es exigible a una persona es prestar un auxilio que no está en sus manos, que supera con crecer lo razonable y moralmente exigible”, añade. 

 

Con todo, la resolución deja la puerta abierta a los familiares que emprendan acciones legales para tratar de reclamar responsabilidades en el ámbito civil o administrativo. Actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía que tendrá que pronunciarse sobre esta decisión de no admitir a trámite la querella. Contra esta medida, cabe todavía la posibilidad de recurrir en apelación.

 

https://www.vozpopuli.com/espana/juez-exculpa-ayuso-muertes-residencias_0_1391561233.html

 

EL GOBIERNO DE AYUSO ENTREGA CON MESES DE RETRASO EL MAPA SEROLÓGICO DE LAS RESIDENCIAS: EN DOS TODOS TIENEN ANTICUERPOS Y EN 33 NO SE DETECTA NINGUNO

 

La Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid ha remitido a los geriátricos los resultados preliminares del estudio del impacto del virus entre personal y residentes

 

El documento registra que en diez centros el 90% de usuarios y trabajadores tienen anticuerpos; en el extremo contrario, otras 33 residencias no fueron alcanzadas por el virus ya que no se detectó ningún contagio

 

El nivel de inmunidad (baja, media o alta) de este estudio determinará, con semanas de demora tras la oleada de rebrotes, las medidas a tomar en cuanto a visitas y salidas de usuarios

 

La Comunidad de Madrid acaba de remitir a los centros de mayores el mapa serológico que prometió ya a finales de mayo e inició a finales de junio. Este martes 1 de septiembre, los centros han recibido [ver abajo] el estudio confeccionado por la Comunidad, un análisis que detalla el alcance de los contagios del virus y por tanto el porcentaje de inmunidad en cada geriátrico. De los 268 centros analizados, la inmensa mayoría (110) tienen una tasa de inmunidad baja y de ellos más de una treintena se instalan en la total ausencia de inmunidad. Le siguen aquellos que sí registran un porcentaje alto de inmunidad (88), de los cuales dos residencias alcanzan el 100%. Otras setenta se quedan con una tasa de inmunidad media.

 

A través de un correo electrónico al que ha tenido acceso infoLibre, la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid se dirige a los directores y gerentes de los centros para remitir los resultados relativos a la inmunidad de cada centro, con datos acumulados de residentes y trabajadores. Se trata de una primera panorámica de la situación que no incluye la totalidad de las residencias: "Esta misma semana estarán también disponibles los resultados de aquellos centros" cuyas pruebas se realizaron posteriormente al 17 de agosto, indica el e-mail. El mensaje también puntualiza que los datos presentados no incorporan "los estudios previos realizados en los centros", por lo que pueden existir cambios en las conclusiones definitivas.

 

Las residencias más afectadas por la crisis sanitaria son aquellas que, en consecuencia, han cosechado una mayor inmunidad. Una decena acumula un nivel de inmunidad superior al 90%, entre ellas la Dos de Mayo (100%), Santa Isabel (95,24%) y Orpea Meco (90,32%). Otras 70 residencias quedan clasificadas en un nivel medio de inmunidad. Son, entre otras, Pablo Neruda (65,63%), Amavir Usera (63,38%), DomusVi Móstoles (62,10%) y Afanias Canillejas (60,34%). En el nivel más bajo de inmunidad quedan algunos ejemplos como Santa María del Monte Carmelo (8,93%), Mayores Mataelpino (5%) y otros 33 geriátricos que se anclan en el 0% de inmunidad. Algunos nombres son Orpea San Fernando, Casa Familiar Trinidad Gil-Moralzarzal, Los Enebros y El Chaflán. Estas residencias deberán extremar las medidas de precaución para evitar que el virus contagie a los usuarios especialmente vulnerables.

 

La dirección de una residencia en el norte de Madrid con la que ha contactado este diario explica que los resultados no ofrecen una imagen del todo fiel a la realidad. La tasa de inmunidad resultante, detallan desde el centro, sólo incluye a quienes accedieran a participar en el estudio para la detección de anticuerpos, pero no necesariamente al total de los usuarios. "Cada residencia ha enviado un número de muestras", indican las mismas voces, así que el nivel de inmunidad deja fuera a las personas que rechazaran someterse a los análisis.

 

Con todo, a partir de estas conclusiones cada centro deberá tomar medidas específicas, ajustándose a la Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad. En su artículo sexto, el documento detalla que se limitarán las visitas y salidas de los residentes en centros sociosanitarios en función de la situación epidemiológica de la comunidad y de las características serológicas del centro.

 

La Orden de Sanidad remite a su vez al documento Medidas generales de salidas y visitas en centros residenciales de mayores. Según el mismo, la situación epidemiológica de la comunidad vendrá determinada por la incidencia acumulada de casos en los últimos siete días. El tercer nivel, el más alto, equivale a una incidencia acumulada de 80 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. En la Comunidad de Madrid, de acuerdo a los datos de este miércoles, la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos siete días es de 214,46 por cada 100.000 habitantes.

 

En este escenario, las residencias con nivel de inmunidad alto (más de un 70% de residentes con IGG) podrán aceptar nuevos ingresos, salidas con limitaciones y dos visitas a la semana por una duración de una hora y con cita previa. Aquellas con un nivel de inmunidad medio (entre el 50% y el 70%) también tendrán vía libre a la hora de acoger nuevos ingresos pero no salidas del centro, además de dos visitas semanales por una hora de duración. En cuanto a la inmunidad baja (menos del 50%), están permitidos los ingresos pero no las salidas, mientras que las visitas estarán limitadas a una a la semana y durante una hora.

 

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a preguntas de infoLibre aseguran que el estudio está "pendiente de concluir" aunque los datos disponibles ya han sido comunicados a las residencias. Así, según el departamento de Enrique Ruiz Escudero, los centros ya pueden poner "en práctica las diferentes medidas" y adecuar "las visitas a los centros y las salidas del mismo en función de "la situación epidemiológica de la comunidad y de la inmunidad de cada centro".

 

"Problemas informáticos"

 

El pasado 25 de junio, el consejero de Sanidad anunció en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea autonómica que la Comunidad de Madrid pondría en marcha un estudio "pionero en Europa" para "poder identificar los cambios en la prevalencia de la infección" por SARS-CoV-2 que permitieran "adoptar las medidas ante nuevos brotes de covid-19", según una nota de prensa del propio Ejecutivo regional. El objetivo de fondo parecía ser poner todos los medios necesarios para evitar que los centros para la tercera edad volvieran a convertirse en la zona cero de la pandemia, que ya ha acabado con la vida de 19.800 residentes, más de 5.900 en la región madrileña. El sistema parecía sencillo: sabiendo con qué inmunidad cuentan los ancianos y los trabajadores de cada residencia, se podrían elaborar planes más concretos para, en caso de detectar positivos de covid-19, actuar de forma más rápida y eficaz.

 

Los datos, sin embargo, no han llegado con toda la premura que habría sido deseable. Tal y como reconoció la propia Comunidad de Madrid, a causa de una serie de "problemas informáticos la transmisión de la información sobre los resultados del mapa serológico de los centros realizado hasta ahora se ha demorado por causas ajenas al laboratorio". La Consejería de Sanidad señalaba a preguntas de este diario que a finales de agosto habían sido realizadas 42.188 pruebas en 316 residencias. El grueso restante estará terminado, añadían, en tres semana. Por el momento, un total de 268 geriátricos saben cuáles son sus datos respecto a la inmunidad. Las demás residencias aguardan su turno para poder completar el mapa y conocer los pasos a seguir de cara a los próximos meses.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/02/el_mapa_serologico_las_residencias_madrilenas_110538_1012.html

 

 

LA PRUEBA DEFINITIVA DE LA DISCRIMINACIÓN DE LOS MAYORES EN MADRID: LOS DATOS POR RESIDENCIAS DESVELAN CÓMO SE PARALIZÓ EL TRASLADO A LOS HOSPITALES

 

infoLibre accede a la información de todas las derivaciones realizadas en la Comunidad de enero a junio, incluyendo la residencia de origen y el hospital de destino

 

Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación por parte del Gobierno Ayuso del Protocolo que impedía el traslado al hospital de determinados residentes

 

La comparación entre las cuatro semanas críticas de la pandemia y las cuatro semanas previas es demoledora: en vez de aumentar los traslados al multiplicarse los enfermos, se desplomaron un 37%

 

Algunos ejemplos sangrantes: Vitalia Home Parla derivó a un paciente en esas cuatro semanas, la residencia pública Adolfo Suárez a tres, Ballesol Alcalá a cuatro. En esos tres centros murieron 219 personas en marzo y abril

 

 “La verdad es lo que le estoy diciendo: ha habido 9.200 traslados de mayores de residencias a hospitales”. Son palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre lo ocurrido en los geriátricos de Madrid durante la pandemia, pronunciadas el 28 de mayo en la Asamblea autonómica, y lo de menos es que el dato sea falso (en realidad, entre el 1 de marzo y el 27 de mayo se había producido el traslado de 8.393 residentes). Lo realmente grave es que al ofrecer una cifra global descontextualizada, sin especificar en qué fecha y desde qué centro se produjeron esas derivaciones hospitalarias, queda difuminado el drama padecido en decenas de residencias de Madrid. La verdad queda escondida tras ese dato genérico. Y también cualquier posible responsabilidad.

 

infoLibre ha accedido a la información de los 18.895 traslados realizados en los seis primeros meses del año en la Comunidad de Madrid, incluyendo la residencia de origen y el hospital de destino. Son datos oficiales aportados por la Consejería de Sanidad en respuesta a una petición realizada por un periodista de este medio al amparo de la Ley de Transparencia. [Sanidad facilitó los datos de 19.779 derivaciones, al incluir también centros de discapacidad y no sólo de residencias de mayores, pero este artículo se centra en estas últimas].

 

El análisis de esos miles de datos permite llegar a una conclusión irrefutable: en las cuatro semanas críticas de la pandemia, entre el 9 de marzo y el 5 de abril, no sólo no aumentaron de forma significativa las derivaciones hospitalarias como sería lógico al multiplicarse el número de enfermos, sino que se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro semanas previas. Y ese frenazo fue mucho más brusco precisamente en los geriátricos más azotados por el virus, hasta el extremo de que ni uno solo de los 82 centros con mayor número de fallecidos llegó a trasladar un paciente al día de media durante esas cuatro semanas.

 

La cifra global de derivaciones ha sido utilizada en múltiples ocasiones tanto por la presidenta madrileña como por su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para negar que hubieran fallecido en las residencias personas sin recibir la debida atención hospitalaria. Pero ese dato genérico, por sí solo, es engañoso al menos por tres motivos:

 

a. Las derivaciones no se impidieron de forma sistemática durante toda la pandemia. El análisis semanal de las cifras demuestra que la paralización se ejecutó entre el 9 de marzo y el 5 de abril. Y con especial intensidad entre el 16 y el 29 de marzo, cuando el Gobierno Ayuso aprobó un Protocolo que impedía el traslado al hospital de determinados residentes.

 

b. No todos los geriátricos sucumbieron al virus. De los 472 centros de mayores que estaban operativos en esas fechas, en 131 no se produjo ni un solo fallecimiento de personas contagiadas con covid-19 o con síntomas compatibles durante los meses de marzo y abril, y en otros 83 se registraron menos de cinco decesos por esa causa. El problema se concentró en buena parte de las 82 residencias que sufrieron 40 o más muertes cada una.

 

c. Al no establecer una comparación con lo que ocurría antes de la pandemia, no permite saber cómo evolucionó la situación durante la crisis sanitaria.

 

infoLibre publica hoy el primero de una serie de reportajes analizando los microdatos obtenidos de la Consejería de Sanidad, que arrojan sin duda luz sobre la mayor tragedia ocurrida en España durante la pandemia: la muerte de 9.470 mayores en los geriátricos de Madrid en los meses de marzo y abril, la inmensa mayoría sin recibir atención hospitalaria previa y al menos 5.795 de ellos con coronavirus o síntomas compatibles.

 

Los datos antes y después del protocolo

 

Para saber si ha ocurrido algo anormal en cualquier asunto, lo primero que se necesita es saber qué es la normalidad. En el caso de las derivaciones hospitalarias es preciso conocer, por tanto, cuántas se producían antes de la pandemia.

 

Pues bien, entre el 6 de enero (lunes en que dio comienzo la primera semana completa del año) y el 8 de marzo se produjeron 7.514 derivaciones hospitalarias. Como ese periodo abarca nueve semanas, la media semanal es de 835. Hay que destacar que las cifras son muy estables: el máximo fueron 926 traslados entre el 20 y el 26 de enero y el mínimo 742 entre el 2 y el 8 de marzo (ya con el virus llamando a las puertas de las residencias). Sólo hubo otra semana con menos de 800 derivaciones: entre el 24 de febrero y el 1 de marzo la cifra se quedó en 770.

 

El domingo 8 de marzo, la Comunidad de Madrid no prohibió aún las visitas a los residentes, pero sí las restringió a las “estrictamente necesarias” y siempre que la persona no presentase “sintomatología respiratoria”. El viernes 13 de marzo, el Gobierno de Ayuso ordenó cerrar los centros de día adyacentes a muchos geriátricos. Y el Gobierno central aprobó el estado de alarma el 14. Esa semana, del 9 al 15 de marzo, las derivaciones ya se redujeron hasta 552. Pero lo peor estaba por llegar.

 

“Los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias”, explicaba el 17 de marzo el médico de La Purísima Concepción a los familiares de los residentes, por medio de un escrito que reprodujo este periódico. Y al día siguiente, 18 de marzo, la Consejería de Sanidad aprobó el Protocolo que prohibía trasladar al hospital a mayores de los geriátricos que tuvieran un mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Un documento que firmó digitalmente el entonces director de Coordinación Socio-sanitaria, Carlos Mur, y que ese mismo día se envió por correo a los gerentes y directores médicos de los hospitales de Madrid y a los altos cargos del Gobierno de Ayuso que debían garantizar su aplicación. En los días siguientes, se aprobaron otras tres versiones de ese Protocolo, todas ellas desveladas de forma íntegra por infoLibre. En todas se establecían, con mayor o menor crudeza en el lenguaje, criterios de exclusión para trasladar a determinados enfermos.

 

La aplicación de esas órdenes de las “autoridades sanitarias”, recogidas formalmente en el Protocolo pero que ya se empezaron a aplicar días antes como prueba la carta del médico de La Purísima Concepción, fue demoledora: en la semana del 16 al 22 de marzo sólo se realizaron 345 traslados de residentes. Una reducción del 58,6% respecto a la media semanal previa a la pandemia.

 

Los tres días con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo. Es más, el día 20 fue cuando se envió a los hospitales la segunda versión de dicho documento, que contenía la redacción más dura al hablar directamente de “criterios de exclusión de derivación hospitalaria” [puedes consultarlo aquí]. Esos tres días hubo 42, 40 y 35 traslados, respectivamente, en toda la Comunidad. En enero y febrero la media diaria fue de 120.

 

La cosa mejoró muy poco en la semana siguiente. Del 23 al 29 de marzo el número de derivaciones se quedó en 400, también menos de la mitad de lo que era normal antes de la crisis sanitaria. El 26 de marzo se realizaron 46 derivaciones, el 28 de marzo fueron 45 y el 29 de marzo se hicieron 50, tres de las cifras más bajas de toda la serie.

 

Hay que destacar que esta fortísima reducción de traslados se produjo al mismo tiempo que se multiplicaban los enfermos. Es decir, lo lógico es que se hubieran disparado los ingresos hospitalarios de mayores procedentes de residencias y no al revés.

 

La situación empezó a cambiar en la semana del 30 de marzo al 5 de abril, cuando se registraron 698 derivaciones. Aunque para ser realmente precisos hay que establecer el punto de inflexión el día 1 de abril, cuando hubo 101 traslados. Era la primera vez que se superaba la barrera del centenar desde el 6 de marzo. Y para darse cuenta de la anormalidad de unas cifras tan bajas quizá baste un dato: en 60 de los 66 días transcurridos entre el 1 de enero y el 6 de marzo hubo más de 100 derivaciones.

 

Superado el colapso hospitalario, muchos mayores recuperaron el derecho a recibir atención hospitalaria. Así, la semana del 6 al 12 de abril se produjeron 1.118 traslados; y la siguiente otros 1.003. En una comparecencia en la Asamblea, Ruiz Escudero explicó precisamente que el Gobierno madrileño situaba “el pico máximo de la pandemia” entre el 27 de marzo y el 1 de abril.

 

El problema es que para entonces ya habían muerto 4.470 residentes (datos del 5 de abril) y que varios miles más habían empeorado de forma grave que estaban a punto de fallecer en sus residencias, de forma que el 12 de abril ya eran 7.141 los que habían perdido la vida.

 

El análisis de las derivaciones durante los meses de mayo y junio deja testimonio de la masacre vivida. Fallecidos uno de cada cinco residentes, lógicamente hay muchos menos enfermos que necesiten atención hospitalaria (en ese periodo tampoco se produjeron nuevos ingresos). En ninguna semana de esos dos meses se alcanzaron las 700 derivaciones. Pero ya no fue por la negativa a tratar a los enfermos, sino por el menor número de pacientes.

 

En resumen: en las cuatro semanas críticas de la pandemia, entre el 9 de marzo y el 5 de abril, se produjeron 1.995 traslados. Y en las cuatro semanas previas, entre el 10 de febrero y el 8 de marzo, se registraron 3.158. Mientras los enfermos se multiplicaban en los geriátricos, las derivaciones a los hospitales se redujeron un 36,8%.

 

Las residencias más afectadas

 

El análisis semanal de los datos antes y después de la llegada del virus ayuda a enfocar la realidad: lo que ocurrió no fue normal. Pero es necesario seguir ajustando la lente. Y eso lleva a analizar los traslados centro a centro.

 

En la Comunidad de Madrid hubo 82 geriátricos con 40 o más fallecidos en los meses de marzo y abril, los más duros de la pandemia. Un ranking luctuoso que encabezan las residencias públicas Doctor González Bueno (113 fallecidos) y Reina Sofía (103) y las privadas Vitalia Home Leganés (92) y Ballesol Alcalá (90). En esas 82 residencias se registraron en total 4.693 decesos durante esos dos meses.

 

Resulta evidente que en esos 82 geriátricos se tenían que haber multiplicado los traslados al hospital, puesto que también se incrementaron de forma exponencial las personas que caían enfermas. Pero los datos del Gobierno Ayuso demuestran que ocurrió exactamente lo contrario.

 

En las cuatro semanas críticas, entre el 9 de marzo y el 5 de abril, se produjeron en total 746 derivaciones hospitalarias en dichos centros [los datos incluyen 81 de las 82 residencias porque en la información facilitada por la Consejería de Sanidad no figura la pública de Arganda del Rey]. Una cifra insignificante comparada con el número de mayores que terminaron perdiendo la vida. Y también con el número de traslados registrados en las cuatro semanas previas a la pandemia: 1.225. Por tanto, la reducción media fue del 39%.

 

Ni una sola de las 81 residencias llegó a trasladar al hospital un paciente al día de media durante esas cuatro semanas. Las que más se acercaron fueron Reina Sofía y DomusVi Leganés, cada una con 24 traslados. Un dato que en todo caso palidece ante los 130 positivos y 103 fallecidos en el centro público de Las Rozas, y los 80 contagiados y y 58 decesos en las instalaciones de la multinacional en Leganés.

 

En 50 de esos geriátricos el número de derivaciones quedó por debajo de diez. Y la paralización de traslados fue prácticamente total en 17, que contabilizaron entre uno y cuatro; es decir, un máximo de un enfermo a la semana atendido en un hospital.

 

La comparación con lo ocurrido en las cuatro semanas previas a la pandemia tampoco deja duda alguna sobre lo que ocurrió. En 59 de esos 81 geriátricos se redujeron los traslados entre el 9 de marzo y el 5 de abril, en comparación con el periodo del 10 de febrero al 8 de marzo. Y en la mayoría lo hicieron de manera muy significativa: en 41 centros el desplome fue del 40% o superior, llegando en algún caso a superar el 90%. 

 

Algo completamente ilógico ante el avance de la pandemia. De hecho, en los hospitales se dispararon los ingresos de la población general, pero como demuestran los datos oficiales del Gobierno Ayuso en el caso de los residentes eso no fue así. En otras palabras: la población más afectada por la pandemia –el 70% de los fallecidos en Madrid con covid-19 vivían en geriátricos– fue la que dejó de recibir atención hospitalaria de manera significativa.

 

En dos geriátricos el número de traslados fue el mismo antes de la pandemia y en las cuatro semanas críticas, mientras que en 20 de los 81 se incrementó, aunque en ningún caso en cifras similares a los enfermos que tenían en sus instalaciones: las derivaciones aumentaron en total en 104, en unos centros donde en febrero y marzo fallecieron 1.031 mayores.

 

A continuación, infoLibre reproduce el listado con los 81 centros más azotados por la pandemia, indicando el número de traslados en los dos periodos mencionados, la diferencia en porcentaje entre ambas cifras y el número de fallecidos en marzo y abril. Posteriormente, se analizan de forma más detallada los datos residencia a residencia.

 

Los datos, centro a centro

 

El conocimiento de qué día se produjeron exactamente los traslados al hospital desde cada una de esas 81 residencias permite comprobar aún con mayor claridad el efecto del Protocolo de exclusión en la inmensa mayoría de los centros. Dentro de esas cuatro semanas críticas de la pandemia, del 9 de marzo al 5 de abril, hubo un desplome de las derivaciones en las dos semanas posteriores al 18 de marzo, cuando el Gobierno Ayuso aprobó el documento que impedía trasladar a los hospitales a residentes con determinado nivel de dependencia física o deterioro cognitivo.

 

Estos son los datos, desglosados por geriátricos, de esas cuatro semanas fatídicas. Y la variación porcentual respecto a las cuatro semanas previas.

 

Vitalia Home Parla (50 fallecidos): 1 traslado. Reducción del 95,7%

 

El 6 de marzo se realizó un traslado y en el mes siguiente no se produjo ninguno más. El 5 de abril hubo una derivación y luego llegó otro periodo sin traslados hasta una que se efectuó el 16 de abril.

 

Adolfo Suárez (79 fallecidos): 3 traslados. Reducción del 90,6%

 

El 5 de marzo se realizaron dos traslados y luego pasaron 22 días sin derivaciones. Se hizo otra el 27 de marzo y nuevo parón hasta el 5 de abril, cuando se llevaron a cabo dos.

 

Francisco de Vitoria (87 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 85,7%

 

En las cuatro semanas críticas se realizó un traslado los días 9, 11 y 14 de marzo. Con el Protocolo ya en vigor se realizaron únicamente dos más en dos semanas y media: el 23 de marzo y el 5 de abril.

 

Geriasa, Madrid (42 fallecidos): 2 traslados. Reduccción del 83,3%

 

Una derivación se realizó el 10 de marzo y, tras veinte días en blanco, hubo otra el 30 de marzo. No se retomaron hasta el 7 de abril, que se realizaron dos.

 

La Alameda (41 fallecidos): 3 traslados. Reducción del 80,0%

 

Los traslados se llevaron a cabo el 12 y 14 de marzo y el 1 de abril. El resto de días, nada.

 

Amavir Vallecas (40 fallecidos): 3 traslados. Reducción del 80,0%

 

Después de dos traslados el 8 y 9 de marzo, pasaron 20 días en blanco hasta que se hizo otro el 29 de marzo. Luego hubo uno el 3 de abril.

 

Campo Real (40 fallecidos): 2 traslados. Reducción del 77,8%

 

Se efectuó un traslado el 10 de marzo y no hubo ni una derivación en los 23 días siguientes. El 3 de abril se efectuó otra.

 

San Juan de Dios (69 fallecidos): 7 traslados. Reducción del 77,4%

 

Las visitas de residentes al hospital se produjeron los días 10, 13, 14, 18, 24 y 28 (dos) de marzo.

 

Los Nogales Pacífico (83 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 76,2%

 

El 9 y el 12 de marzo hubo sendos traslados y luego 29 días de paralización total. El 1 de abril se realizaron dos y el siguiente fue el 4 de abril.

 

Ballesol Alcalá (90 fallecidos): 4 traslados. Reducción del 75,0%

 

Las derivaciones se registraron los días 9, 12, 15 y 17 de marzo. Tras el Protocolo de exclusión, cerrojazo total. Hasta el 6 de abril, que hubo dos.

 

Caser Moraleja (62 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 75,0%

 

En los 26 días transcurridos entre el 9 de marzo y el 4 de abril se produjo una sola derivación: el 25 de marzo. El 4 de abril se llevaron a cabo dos y al día siguiente otras dos.

 

La Marina (54 fallecidos): 6 traslados. Reducción del 73,9%

 

Se efectuaron dos traslados el 9 de marzo, uno el 11 y otro el 17 de ese mes. Con el Protocolo llegaron dos semanas de parón, hasta que se hizo una derivación el 1 de abril y otra el 4 de ese mes.

 

Nª Sª del Rosario, Valdemoro (41 fallecidos): 6 traslados. Reducción del 72,7%

 

Las derivaciones se hicieron el 9, 11 (dos), 13 y 16 de marzo. En las casi tres semanas posteriores al Protocolo sólo hubo otra (24 de marzo).

 

Albertia Moratalaz (48 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 72,2%

 

Dos traslados el 9 de marzo, otros dos el 10 de marzo y uno el 16 de ese mes. Y luego, tras el Protocolo de exclusión, un parón absoluto.

 

Los Nogales Hortaleza (82 fallecidos): 4 traslados. Reducción del 71,4%

 

Se llevaron a cabo traslados el 9, 10, 19 y 22 de marzo. Vinieron después más de dos semanas sin una sóla derivación, hasta que se hizo una el 8 de abril.

 

La Purísima Concepción (54 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 68,8%

 

Dos traslados el 13 de marzo y uno el 14, 18 y 24 de ese mes. Y luego frenazo total hasta el 9 de abril, que se hizo uno.

 

Amavir Pozuelo (47 fallecidos): 8 traslados. Reducción del 68,0%

 

Las derivaciones se llevaron a cabo los días 11, 12, 15, 23, 25 y 31 de marzo y el 2 de abril (dos).

 

DomusVi Espartales (49 fallecidos): 4 traslados. Reducción del 66,7%

 

Se hicieron traslados el 9, 10 y 13 de marzo. Y en el mes siguiente sólo hubo uno: el 19 de marzo. Después, nada hasta el 17 de abril.

 

Vitalia Home Las Rozas (44 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 66,7%

 

Hubo una derivación los días 11, 12, 16 y 17 de marzo. Tras la aprobación del Protocolo, frenazo absoluto hasta el 3 de abril, que se llevó a cabo otra.

 

Clínica Los Ángeles (62 fallecidos): 6 traslados. Reducción del 64,7%

 

Tras los traslados del 9, 11 y 12 de marzo pasaron dos semanas en blanco. El 26 de marzo se produjeron tres. Y otro frenazo hasta el 27 de abril.

 

Mirasierra (69 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 64,3%

 

Las derivaciones fueron el 15, 16 y 18 de marzo. Con el Protocolo ya en vigor no se volvió a realizar ni una sola hasta el 5 de abril, que hubo dos.

 

Amavir Torrejón (40 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 64,3%

 

Se realizaron traslados el 14 y 17 de marzo. Después once días en blanco hasta la derivación del 28 de marzo. Y las siguientes fueron el 4 y 5 de abril.

 

Nª Sº del Carmen (88 fallecidos): 7 traslados. Reducción del 63,2%

 

Los traslados fueron el 9, 10, 11, 13, 14 y 17 de marzo. El Protocolo los frenó en seco. No volvió a aparecer una ambulancia para llevar a un residente al hospital hasta el 5 de abril.

 

Amavir Alcalá (44 fallecidos): 6 traslados. Reducción del 62,5%

 

Las derivaciones se produjeron el 10, 11, 12 y 15 de marzo. El Protocolo paralizó todo hasta el 26 de marzo, que hubo una. Para la siguiente tuvieron que esperar al 6 de abril (tres).

 

Alcorcón (57 fallecidos): 7 traslados. Reducción del 61,1%

 

Hubo traslados el 9, 10 y 13 de marzo. Entonces llegaron dos semanas en blanco hasta que se llevó a cabo uno el 28 de marzo. Los siguientes fueron el 31 de marzo y el 1 y 4 de abril.

 

Amavir Valdebernardo (79 fallecidos): 4 traslados. Reducción del 60,0%

 

El 9 y 12 de marzo hubo traslados. Y luego casi tres semanas sin uno solo hasta el 1 de abril. Se produjo otro el 3 de ese mes.

 

Ballesol Pozuelo (47 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 58,3%

 

Hubo un traslado el 14 de marzo y, tras el Protocolo, sólo otro en casi tres semanas (28 de marzo). Luego hubo uno los días 1, 2 y 3 de abril.

 

Urbanización de Mayores (53 fallecidos): 17 traslados. Reducción del 55,3%

 

La misma tónica que en tantas otras residencias. Se realizaron traslados los días 9, 11, 12 (dos), 13, 16 y 17 (tres) de marzo. Luego, con la aprobación del Protocolo de exclusión, sólo hubo una derivación en más de dos semanas (fue el 20 de marzo). Ya en abril se produjo una el 3, cinco el 4 y una el 5.

 

Primar II (66 fallecidos). 9 traslados. Reducción del 55,0%

 

Dos derivaciones el 10 de marzo, una el 11 y cuatro el 14. Con el Protocolo llegó el cerrojazo: en las tres semanas siguientes sólo hubo un traslado (20 de marzo). Luego hubo otro el 4 de abril.

 

Amavir Usera (52 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 54,5%

 

Los traslados se efectuaron el 9, 13, 23, 25 y 31 de marzo.

 

Gran Residencia (73 fallecidos): 15 traslados. Reducción del 53,1%

 

Hubo traslados el 10, 11 (dos), 12, 14 (dos), 16, 17 (dos) y 18 de marzo. Con el Protocolo ya en vigor, en las dos semanas siguientes sólo hubo dos (23 y 24 de marzo). En abril se realizaron el 1, 2 y 4.

 

Las Camelias (60 fallecidos): 11 traslados. Reducción del 47,6%

 

Se llevaron a cabo derivaciones los días 10, 11, 14, 17 y 20 (dos) de marzo. Después se contabilizaron diez días en blanco, hasta un traslado el 30 de marzo. Le siguieron otro el 1 de abril y tres el 3 de ese mes.

 

Vitalia Home Leganés (92 fallecidos): 14 traslados. Reducción del 44,0%

 

Los traslados se realizaron el 9, 11, 12, 14 (tres), 17 y 18 de marzo. El Protocolo provocó un frenazo de cinco días sin derivaciones. Luego hubo dos el 23, una el 29 y otra el 31 de marzo. En abril, el 4 y el 5.

 

Reina Sofía (103 fallecidos): 24 traslados. Reducción del 42,9%

 

Es una de las dos residencias con más derivaciones en esas cuatro semanas críticas. También la segunda con más fallecidos en la Comunidad. Pero la pauta es la misma: entre el 9 y el 17 de marzo se efectuaron once traslados y el Protocolo provocó un parón casi total de dos semanas, en las que sólo hubo dos derivaciones el 20 y 21 de marzo. Se retomaron el 30 de ese mes, con cinco traslados. El 31 se efectuaron tres, al igual que el 2 de abril.

 

Orpea Sanchinarro (60 fallecidos): 4 traslados. Reducción del 42,9%

 

Las derivaciones se llevaron a cabo el 26, 27 y 30 de marzo y el 5 de abril.

 

Peñuelas (62 fallecidos): 7 traslados. Reducción del 41,7%

 

Se efectuaron traslados el 17, 21, 24, 28 y 31 de marzo (dos) y el 1 de abril.

 

Villa del Prado (46 fallecidos): 7 traslados. Reducción del 41,7%

 

Dos traslados el 11 y 16 de marzo y, tras la aprobación del Protocolo, más de una semana de parón hasta el siguiente el 26 de marzo. El 28 hubo dos, uno el 29 y otro el 31 de ese mes.

 

Orpea Alcobendas (45 fallecidos): 7 traslados. Reducción del 41,7%

 

Los traslados se efectuaron los días 13, 14, 17, 19, 23 y 30 de marzo y 4 de abril.

 

DomusVi Alcalá (46 fallecidos). 13 traslados. Reducción del 40,9%

 

Se produjeron derivaciones el 9, 10 (cuatro), 11, 13 y 18 de marzo. Ocho en total hasta ese día. En las dos semanas posteriores al Protocolo hubo tres: el 19, 24 y 26 de marzo. Ya en abril, se produjo una el 2 y otra el 5. No hubo más hasta el 21 de aquel mes.

 

Orpea Valdemarín (55 fallecidos): 6 traslados. Reducción del 40,0%

 

Hubo derivaciones hospitalarias los días 17, 18, 23 (dos), 26 y 31 de marzo.

 

Alba II, Cobeña (54 fallecidos): 3 traslados. Reducción del 40,0%

 

Los tres únicos traslados fueron el 21, 29 y 30 de marzo. Para el siguiente tuvieron que esperar hasta el 13 de abril.

 

Amavir Ciudad Lineal (54 fallecidos): 3 traslados. Reducción del 40,0%

 

Se realizaron dos traslados el 10 de marzo y luego vinieron casi cuatro semanas en blanco, hasta que se hizo otro el 5 de abril.

 

Orpea El Escorial (43 fallecidos): 14 traslados. Reducción del 39,1%

 

Tres traslados el 12 de marzo, dos el 13, uno el 15, el 16 y el 18. En las dos semanas siguientes hubo derivaciones el 20, 23 y 25 de marzo. Ya en abril, se efectuaron el 1 y el 3 (dos).

 

Dr. González Bueno (113 fallecidos): 16 traslados. Reducción del 38,5%

 

En la residencia con más fallecidos de toda la Comunidad se realizaron derivaciones el 9, 11 (dos), 12, 13, 14 y 15 (dos) de marzo. Despues, una semana en blanco. Se retomaron el 23 (dos), 24, 27 (dos) y 29 de marzo. En abril hubo una el 3 y otra el 5.

 

Orpea V. de la Cañada (74 fallecidos): 23 traslados. Reducción del 37,8%

 

El tercer geriátrico con más traslados en cifras absolutas. De ellos, 15 se efectuaron en marzo, los días 9, 10, 11 (tres), 12, 20, 23 (tres), 26, 29, 30 y 31 (dos). Los ocho restantes se llevaron a cabo los cinco primeros días de abril.

 

Isla Taray (59 fallecidos): 23 traslados. Reducción del 36,1%

 

Entre el 9 y el 18 de marzo se llevaron a cabo 14 derivaciones. El Protocolo trajo el consabido frenazo y en casi dos semanas sólo se produjeron otras dos (20 y 22 de marzo). Se retomaron el 30 y 31 de marzo (dos). En abril hubo dos traslados el día 1, otro el 2 y uno el 3.

 

Isabel la Católica (60 fallecidos): 10 traslados. Reducción del 33,3%

 

Entre el 9 y el 31 de marzo hubo cuatro traslados (los días 14, 24, 28 y 31). En los cinco primeros días de abril se hicieron otros seis.

 

Valle de la Oliva (42 fallecidos): 14 traslados. Reducción del 33,3%

 

Tres traslados el 9 de marzo, uno el 10, dos el 12 y uno el 15. En los diez días siguientes al Protocolo hubo sólo uno (22 de marzo). El 29 se realizaron dos y ya en abril hubo cuatro, los días 2, 3 y 5 (dos).

 

Residencia Carabanchel (78 fallecidos): 9 traslados. Reducción del 30,8%

 

Las derivaciones se efectuaron el 9, 10 (dos), 12 y 17 (dos) de marzo. Con el Protocolo llegó una semana sin traslados. El 25 de marzo hubo tres y ya no se produjo ningún otro hasta el 6 de abril.

 

Casaquinta, Ciempozuelos (74 fallecidos): 12 traslados. Reducción del 29,4%

 

Se efectuaron traslados los días 12 (dos), 15, 16, 18, 24 (tres), 27, 30 y 31 de marzo. Y otro el 5 de abril.

 

Casablanca Valdesur (52 fallecidos): 10 traslados. Reducción del 28,6%

 

Hubo traslados los días 10, 12, 13, 17, 19, 23 (tres) y 28 de marzo. Y el 1 de abril.

 

Amavir Humanes (49 fallecidos): 13 traslados. Reducción del 27,8%

 

Entre el 9 y el 17 de marzo se realizaron 8 derivaciones. A continuación, once días en blanco, hasta que se realizó una el 28 y otra el 30. En abril hubo dos el 2 y una el 5.

 

Orpea Santo Domingo (44 fallecidos): 3 traslados. Reducción del 25,0%

 

Los tres únicos traslados fueron el 18 y 30 de marzo y el 5 de abril.

 

Edalia Arturo Soria (40 fallecidos): 3 traslados. Reducción del 25,0%

 

Hubo derivaciones el 15 y 17 de marzo y el 2 de abril.

 

Orpea Buenavista (66 fallecidos): 9 traslados. Reducción del 18,2%

 

Cinco derivaciones se llevaron a cabo antes del Protocolo, los días 11, 12 (dos), 14 y 15 de marzo. Desde esta fecha, medio mes en blanco. El 31 de marzo hubo dos, una el 2 de abril y otra el 3.

 

Santiago Rusiñol (58 fallecidos): 14 traslados. Reducción del 17,6%

 

Los traslados se efectuaron el 14, 16, 18, 22, 24, 29, 30 (tres) y 31 (dos) de marzo. Y el 2, 3 y 5 de abril.

 

Orpea San Fernando (48 fallecidos): 5 traslados. Reducción del 16,7%

 

Se efectuaron derivaciones los días 12, 19, 23 y 24 de marzo y el 3 de abril.

 

Sergesa Boadilla (49 fallecidos): 9 traslados. Reducción del 10,0%

 

Entre el 9 y el 31 de marzo únicamente se llevaron a cabo dos traslados, los días 12 y 21. En los cinco primeros días de abril hubo siete.

 

Orpea Loreto (43 fallecidos): 6 traslados. Sin variación

 

Hubo traslados el 9, 10 y 11 de marzo. En las tres semanas siguientes sólo se realizó otro (21 de marzo). En abril hubo uno el 3 y otro el 4.

 

San Fernando (42 fallecidos): 2 traslados. Sin variación.

 

Se produjo una derivación el 9 de marzo y luego casi cuatro semanas en blanco hasta que se hizo otra el 3 de abril.

 

Juan Pablo II (44 fallecidos): 9 traslados. Aumento del 12,5%

 

Tres traslados se produjeron el 21 de marzo y otro el 31 de ese mes. Ya en abril hubo uno el día 1 y cuatro el 5.

 

Amavir Arganzuela (62 fallecidos): 8 traslados. Aumento del 14,3%

 

Las derivaciones fueron el 9, 10, 13, 23 y 28 de marzo y el 1 y 4 (dos) de abril.

 

Parque Coimbra (49 fallecidos): 15 traslados. Aumento del 25,0%

 

Un traslado el 10 y otro el 12, a lo que siguieron dos semanas de frenazo total. Se retomaron el 26, 28 y 31 (dos) de marzo. En los primeros cinco días de abril se realizaron nueve.

 

La Aurora (44 fallecidos). 10 traslados. Aumento del 25,0%

 

Entre el 9 y el 25 de marzo hubo una sola derivación (11 de marzo). El 26 se produjo otra, el 27 dos, el 29 una y el 30 otra. Ya en abril hubo dos el día 1, una el 2 y otra el 5.

 

Orpea Carabanchel (50 fallecidos): 9 traslados. Aumento del 28,6%

 

Hubo traslados el 9, 10 (dos), 12 y 17 (dos) de marzo. Tras el Protocolo sólo se produjeron otras tres, todas ellas el mismo día: 25 de marzo.

 

Orpea Aravaca (54 fallecidos): 17 traslados. Aumento del 30,8%

 

Las derivaciones fueron el 10 (dos), 14, 15 (tres), 18, 19, 20, 24 (tres), 27 y 29 de marzo. Y el 2 (dos) y 4 de abril.

 

Amavir Colmenar (44 fallecidos): 19 traslados. Aumento del 35,7%

 

Se llevaron a cabo traslados el 10 (dos), 11 (tres), 12, 13, 14 (dos) y 15 de marzo. Con el Protocolo de exclusión llegó un importante parón y sólo hubo otro en casi dos semanas (20 de marzo). Luego hubo uno el 27, otro el 29, uno el 30 y cuatro el 31 de marzo. El último fue el 5 de abril.

 

Nogales Imperial (51 fallecidos): 7 traslados. Aumento del 40,0%

 

Tres derivaciones se realizaron en marzo (los días 21, 23 y 27) y cuatro en abril, una el 1, dos el 2 y una el 5.

 

Casasolar Sº Duque Gandía (62 fallecidos): 20 traslados. Aumento del 42,9%

 

En marzo únicamente se produjeron cuatro traslados: los días 17, 25 y 26 (dos). Los otros 16 se concentraron en los cinco primeros días de abril.

 

Campodón (50 fallecidos): 10 traslados. Aumento del 42,9%

 

Hubo derivaciones el 12, 14, 15 (dos) y 17 de marzo. En los días posteriores al Protocolo sólo una el 24. Se retomaron el 29 (dos) y 30 de marzo y el 3 de abril.

 

Geriasa (66 fallecidos): 12 traslados. Aumento del 50,0%

 

Cuatro traslados se produjeron los días 11, 13 y 18 (dos) de marzo. El Protocolo vino acompañado de un parón de doce días. El 30 hubo uno y el 31 otro. En los cinco primeros días se abril se efectuaron los seis restantes.

 

DomusVi Leganés (58 fallecidos): 24 traslados. Aumento del 50%

 

Es junto a la residencia Reina Sofía la que más derivaciones efectuó en esas cuatro semanas. Se hizo una el 9, dos el 10 y otra el 14 de marzo. Luego vinieron ocho días en blanco. Se retomaron el 22 (tres), 23, 24 (dos), 25, 27 y 30 de marzo. Las once restantes se llevaron a cabo en los cinco primeros días de abril.

 

Montehermoso (52 fallecidos): 20 traslados. Aumento del 53,8%

 

Entre el 9 y el 18 de marzo se hicieron 15 traslados. En los días posteriores al Protocolo uno (23 de marzo). El 25 hubo tres y el 29 uno. Para el siguiente tuvieron que esperar al 10 de abril.

 

Ballesol Tres Cantos (49 fallecidos): 2 traslados. Aumento del 100,0%

 

En la información facilitada por Sanidad no constan derivaciones en marzo. En los primeros días de abril hubo una el 1 y otra el 5.

 

Caser Santa Hortensia (40 fallecidos): 10 traslados. Aumento del 100,0%

 

Entre el 9 y el 13 de marzo se registraron siete traslados. Desde esa fecha a final de mes sólo uno (21 de marzo). El 31 de marzo hubo dos. Y el siguiente fue ya el 12 de abril.

 

Residencia Fuenlabrada (66 fallecidos): 19 traslados. Aumento del 111,1%

 

Las derivaciones se produjeron los días 9, 10, 11, 15, 16, 17 (dos), 19 (tres), 20, 21 (dos), 24 y 30 de marzo. Y el 1 y 3 de abril (tres).

 

Los Nogales Pontones (44 fallecidos): 16 traslados. Aumento del 128,6%

 

Es una de las pocas residencias que se sale de la pauta general. Entre el 9 y el 18 de marzo no contabilizó ni una derivación, mientras que entre el 19 y el 30 de marzo acumuló once. El 3 de abril realizó dos y el 4 de abril otras tres.

 

Moscatelares (41 fallecidos): 10 traslados. Aumento del 150,0%

 

Se efectuaron traslados los días 9, 11, 14, 15, 17, 19, 23 y 28 (dos) de marzo y 1 de abril.

 

Orpea Collado Villalba (54 fallecidos): 22 traslados. Aumento del 266,7%

 

Hubo derivaciones los días 13, 16 y 17. Tras el Protocolo, una semana de parón absoluto. El 25 hubo una, el 28 otra, el 29 dos y el 30 tres. Las doce restantes se concentraron en los tres primeros días de abril.

 

DomusVi Ciudad de Móstoles (51 fallecidos): 11 traslados. Aumento del 450,0%

 

Entre el 9 de marzo y el 1 de abril se produjo un único traslado, el día 14. Es decir, más de tres semanas casi completamente paralizadas las derivaciones. El 2 de abril se produjo una, el 3 otras tres, el 4 fueron cinco y el 5 una más.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/08/19/la_prueba_definitiva_discriminacion_los_mayores_madrid_los_datos_por_residencias_desvelan_como_paralizo_traslado_los_hospitales_110091_1012.html

EL 'HOSPITAL MILAGRO' DE AYUSO TAMBIÉN EXCLUYÓ A LOS MAYORES: SÓLO 23 RESIDENTES FUERON TRASLADADOS A IFEMA

En marzo y abril dieron positivo 10.298 personas que vivían en geriátricos, así que se envió al hospital de campaña al 0,22% de quienes sufrieron el virus, según los datos oficiales obtenidos por infoLibre

En 470 de las 472 residencias operativas en Madrid durante la pandemia no se realizó ni un solo traslado al Ifema, que atendió en total a 3.811 enfermos

El colectivo de residentes quedó diezmado durante las seis semanas que estuvo abierto el hospital: 5.795 perdieron la vida con covid o síntomas compatibles

“Se llama el hospital milagro porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado”, presumió Ayuso sobre Ifema

“Ifema se ha convertido ahora en el hospital milagro. Tanto es así que la paciente mayor que hemos tenido en este hospital de campaña tenía 103 años. Por eso se llama el hospital milagro, porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado, han curado para después pasar a hoteles medicalizados o irse a casa con los suyos”. Son palabras de Isabel Díaz Ayuso, pronunciadas el 1 de mayo, en el acto de clausura del hospital de campaña que se convirtió en un mitin con gente amontonada incumpliendo todas las recomendaciones sanitarias y los gobernantes repartiendo alegremente bocadillos de calamares.

Lo cierto es que el milagro de Ifema pasó de largo para quienes más lo necesitaban: las residencias de mayores. De los 472 geriátricos que estaban operativos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en 470 no se realizó ni un solo traslado a Ifema. Los otros dos centros enviaron en total 23 personas: 12 la residencia Monteverde, de Villaviciosa de Odón, y 11 la Sol Salud, de Collado Villalba. El hospital de campaña estuvo operativo seis semanas, entre el 21 de marzo y el 30 de abril.

Así consta en una respuesta facilitada por la Consejería de Sanidad a una solicitud de información pública planteada a través de Transparencia por un periodista de infoLibre. En su contestación especifica que estos datos fueron aportados por el Summa 112, el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, que es el encargado de gestionar las ambulancias.

Hay que destacar que en el geriátrico de Villaviciosa nadie se contagió con el coronavirus en marzo y abril, mientras que en el de Collado 22 residentes tuvieron covid-19.

Estos datos confirman que los mayores fueron excluidos de Ifema de forma aún más radical que del resto de hospitales de la Comunidad. El Gobierno de Ayuso aprobó el 18 de marzo un Protocolo que en la práctica impedía trasladar a los hospitales a buena parte de las personas que vivían en residencias, al establecer como criterios de exclusión padecer un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En los dos peores meses de la pandemia, marzo y abril, la aplicación de ese Protocolo se tradujo en que 7.291 personas fallecieron en los geriátricos sin ser trasladados a un hospital. Una cifra que equivale al 77% de todos los residentes fallecidos (9.470), por covid-19 o por cualquier otra causa, según desveló infoLibre la semana pasada.

Las cifras de Ifema plantean además una primera pregunta clave: ¿qué sentido tiene montar un “hospital milagro” y excluir justo al colectivo que está padeciendo de forma más brutal la pandemia? Es decir, a las personas que más necesitan ese “milagro”.

Los datos son abrumadores: Ifema atendió a 3.811 personas, según datos oficiales, así que los 23 residentes trasladados allí suponen el 0,6% del total. Pero resulta que en marzo y abril, de los 9.470 fallecidos que vivían en geriátricos de Madrid, 5.795 lo hicieron con coronavirus o con síntomas compatibles. Una cifra que representa un 43,5% de todos los decesos por esa causa en la región a fecha 30 de abril, último día que estuvo abierto el hospital de campaña. Así que no había ninguna duda de que eran los mayores quienes más necesitaban los cuidados hospitalarios.

Y si ampliamos el foco, comprobamos que en aquellos dos meses se contagiaron con la enfermedad 10.298 residentes. Así que la Comunidad de Madrid trasladó a Ifema exactamente al 0,22% de todos los mayores que padecieron el virus.

El “milagro” tuvo, por tanto, una explicación muy terrenal: se excluyó del hospital de campaña al colectivo con la mortalidad y la tasa de contagio más alta.

Y de esa forma, de los 3.811 pacientes atendidos en el hospital de campaña, sólo fallecieron 17.

Hay una segunda cuestión en torno al funcionamiento del Ifema que permanece sin aclarar: ¿por qué estuvo sólo seis semanas abierto un centro cuyos resultados consideraba tan excelentes el Gobierno de Madrid? La versión oficial es que, como el número de contagios se había reducido, ya no era necesario mantenerlo abierto puesto que era menor la presión sobre los hospitales de la región.

Pero esa versión requiere una importante matización en lo que respecta a los mayores de las residencias. En los siete días anteriores al cierre –del 21 al 30 de abril, ambos inclusive–, perdieron la vida 960 personas que vivían en geriátricos de la Comunidad de Madrid. De ellos, 549 lo hicieron en la propia residencia sin ser trasladados previamente a un hospital. Esta cifra supone el 57,2% del total, lejos ya del 77% de media que se registró en el conjunto de marzo y abril, pero aún muy por encima de lo que era habitual antes de la pandemia. ¿El “hospital milagro” no podía ayudar a esos mayores que seguían falleciendo en las residencias de forma masiva?

El caso es que una paciente de 103 años fue atendida en Ifema y sobrevivió, así que Ayuso pudo explicar aquel 1 de mayo a la humanidad que estaba clausurando “el hospital milagro”.

“El asombro del mundo”

La humanidad no es una hipérbole. Al menos no, si se hace caso a la presidenta madrileña. “Este proyecto ha sorprendido al mundo. Numerosos países nos han llamado, se han interesado por el proyecto porque ha creado al final una tendencia, ha sido un símbolo de la lucha contra una pandemia como la que está teniendo el planeta. Y es un orgullo saber que se han interesado por esto tantos otros países”, proclamó en aquel acto de clausura.

La idea no era nueva. Dos días antes, ya se lo había adelantado a los grupos parlamentarios durante un debate en el pleno de la Asamblea de Madrid. “Señorías, ¡lo que ha ocurrido en Ifema sorprende al mundo! El jefe de expertos de covid-19 de la OMS visitó la instalación y la describió como extraordinaria, ¡como un milagro! No hay ningún hospital en el mundo que haya manejado 1.000 enfermos de Covid de manera simultánea, algunos de los cuales estaban graves. Y la mejor noticia: el número de altas ha sido superior a los 4.000 pacientes, que volvieron a casa o a hoteles entre aplausos, porque cada vez que uno de ellos recobraba la vida se iba con un aplauso. ¡Ese ha sido el maravilloso ambiente que se creó en el hospital de campaña!”.

En el acto de cierre del “hospital milagro”, Ayuso no se quiso quedar corta con las comparaciones: “Como el Dos de Mayo, como la Puerta de Alcalá o como El Escorial, Ifema es ya un símbolo más de la Comunidad”.

El Escorial e Ifema.

A los diputados no los sorprendió con imágenes tan potentes, pero merece la pena recordar el relato de Ayuso que consta en el diario de sesiones, aunque sea un poco extenso:

“El día 20 nace el hospital de campaña de Ifema. Todo cuanto rodea a este proyecto es impresionante y servirá para siempre de ejemplo de lo que somos capaces de hacer los españoles… El esfuerzo logístico y de coordinación de Ifema pasará, sin duda, a la historia, ¡no existen precedentes; en pocas horas convertimos una feria de muestras en el hospital más grande de España! Todos colaboramos, mientras algunos grupúsculos a izquierda y derecha de mi Gobierno no dudaron en intentar denigrar este grandísimo esfuerzo […] Así se construyó un macrohospital de 1.350 camas, con 16 de cuidados intensivos, con 1.000 profesionales sanitarios, también con servicio de lavandería, de limpieza y de catering, en el que han llegado a ingresar más de 4.000 pacientes, de los cuales ha habido 17 fallecidos. Gracias a ello aliviamos la presión en los hospitales y pudimos salvar más vidas. Ifema salvó a los hospitales al principio y ahora, asumiendo el grueso de los pacientes de coronavirus y, además, les permitirá poco a poco volver a la normalidad”.

Ifema “salvó a los hospitales”, según Ayuso, que sin embargo no aclaró las razones por las que su Gobierno aplicó entonces un Protocolo que excluía el traslado a los hospitales de buena parte de los residentes. Ese Protocolo se aprobó el 18 de marzo, justo cuando se decidió montar el hospital de campaña.

Las palabras de la presidenta madrileña no convencieron a la oposición. “¡Ifema no ha maravillado al mundo, señora Ayuso! ¡Ifema habrá maravillado a sus directores de comunicación y marketing! […] ¡Ifema es su gran tapadera propagandística!”, resumió la portavoz de Más Madrid, Mónica García, quien aprovechó su intervención para explicarle a Ayuso que en la Comunidad hay “tres hospitales que son más grandes que Ifema”.

Algo menos incisivo se mostró el socialista Ángel Gabilondo: “Yo no pretendo dejar de reconocer lo que Ifema ha supuesto. Sin embargo, hay un aspecto del hospital de Ifema que es obligado comentar: me refiero a sus costes de oportunidad, no a una cantidad económica sino a lo que se pierde, se deja de hacer o tener cuando se hacen ciertas cosas, porque para poner en marcha ese hospital han cerrado 102 centros de Atención Primaria y los servicios de Urgencia de Atención Primaria”.

Una idea en la que también insistió Jacinto Morano, de Unidas Podemos: “Cuando han tenido que afrontar esta crisis, ¡han tenido que destaparse los pies para taparse la cabeza!; es decir, han cogido a los profesionales de Atención Primaria para llevarlos al Ifema, con el efecto de que la Atención Primaria, que es evidentemente uno de los elementos centrales para el cuidado de una situación de pandemia, no ha podido proteger adecuadamente a los madrileños y madrileñas”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/08/06/el_hospital_milagro_ayuso_tambien_excluyo_los_mayores_solo_residentes_fueron_trasladados_ifema_109711_1012.html

SANIDAD O EL SILENCIO SOBRE EL BROTE DE ALCORCÓN

La alcaldesa Natalia de Andrés pide por carta al consejero Ruiz-Escudero datos sobre un contagio en el municipio

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha remitido una carta al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, en la que le solicita información sobre el brote registrado en el municipio el pasado fin de semana. Hasta el momento, el Ayuntamiento alcorconero solo ha recibido el silencio por respuesta, pese a haber requerido datos y haber ofrecido todos sus medios para combatirlo.

El domingo por la tarde la Consejería de Sanidad, a cuyo frente está Enrique Ruiz-Escudero (PP), envió un comunicado de prensa en el que informaba que se habían registrado tres nuevos brotes en la región en las últimas 24 horas y que ya se habían notificado al Ministerio de Sanidad. Uno de ellos se encontraba entre Madrid y Alcorcón, con tres positivos y 33 contactos en seguimiento. Este brote pertenece al ámbito social, según Sanidad.

La concejal de Salud de Alcorcón, Victoria Meléndez, intentó contactar con el responsable territorial de Salud Pública, pero este se encuentra de vacaciones. Todas las gestiones realizadas resultaron infructuosas, por lo que la propia alcaldesa decidió llamar la mañana del lunes al consejero. Este le cogió el teléfono, según De Andrés, y le dijo que no podía atenderla porque tenía varias reuniones. Después, se comprometió a devolverle la llamada.

El tiempo pasó y el responsable de la cartera de Sanidad no se puso en contacto con la alcaldesa, por lo que esta le mandó este martes una carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Habiendo tenido conocimiento por los medios de comunicación de un brote en nuestra ciudad, y tras intentar contactar con usted telefónicamente en el día de ayer [el lunes], sin éxito, me dirijo una vez más a esa Consejería por escrito para solicitar información detallada sobre la situación epidemiológica actual de Alcorcón”, comienza la misiva.

Profunda preocupación

La alcaldesa también le expresa su “profunda preocupación” sobre los recursos sanitarios y de vigilancia epidemiológica “para contener un posible incremento en la transmisión de los casos positivos de la Covid-19”. De Andrés se pone en el escrito a disposición de Ruiz-Escudero “con el objetivo de afrontar este hecho [el brote] lo más eficaz y coordinadamente posible”, así como “para cualquier asunto de nuestra competencia que pudiera ser útil”.

La regidora alcorconera mostró este martes su enfado por el trato recibido desde hace meses por la Comunidad de Madrid y más concretamente por la Consejería de Sanidad desde el inicio de la pandemia y el estado de alarma. “No se logra entender cómo la máxima responsable de un municipio no tiene información sobre el brote que ha habido y que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso siempre permanezca en el silencio y en el oscurantismo. Encima, cuando le hemos puesto sobre la mesa todos los medios que estén a nuestro alcance para solucionarlo”, protestó De Andrés. “La situación se repite desde hace meses y, por lo que se ve, no tienen ninguna intención de solucionarlo”, añadió.

Este periódico ha intentado recabar, sin éxito, la versión de la Consejería de Sanidad.

La del lunes es la segunda carta que De Andrés manda al consejero en menos de 20 días, en las que pide, sin respuesta por el momento, información sobre la situación del coronavirus en Alcorcón. La primera se produjo a mediados de julio y también requería datos sobre los contagios y personas positivas en la Covid-19. El Ayuntamiento de Alcorcón decidió la semana pasada contratar a un epidemiólogo para controlar el avance de la pandemia y para que elabore informes de salud pública, entre otras funciones.

El Ayuntamiento de Alcorcón presentó en abril un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid por el abandono que sufrían las residencias de la localidad, en las que se registraron decenas de muertos. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó la medida cautelarísima solicitada por el Consistorio y obligaron a la Consejería de Sanidad a que medicalizara los geriátricos y a que informara a los jueces semanalmente. El letrado de la Comunidad ha recurrido hasta en seis ocasiones este auto y siempre ha recibido el rechazo de los magistrados. Estos le han recordado que la población mayor es la más vulnerable por el coronavirus y que necesitan protección especial. Además, le han reiterado que el Ejecutivo autonómico sabe perfectamente lo que es medicalizar un espacio, como ya lo hizo en los hoteles utilizados para la covid-19 y en el propio hospital de campaña de Ifema.

https://elpais.com/espana/madrid/2020-08-05/sanidad-o-el-silencio-sobre-el-brote-de-alcorcon.html?prm=enviar_email

FAMILIARES DE RESIDENTES DENUNCIAN ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA LA TRAMA MONTADA POR DOMUSVI PARA ELUDIR IMPUESTOS

La denuncia fue presentada por REDE, organización que agrupa a asociaciones de familiares y usuarios de residencias en Galicia, al entender que existen “indicios de delitos contra la Hacienda Pública”

El escrito se basa en tres informaciones publicadas por infoLibre desvelando la estructura de la trama societaria y sus prácticas fiscales

DomusVi, que es la empresa líder del sector en España con 138 residencias, desvía beneficios a una sociedad de la isla de Jersey

La Agencia Tributaria tiene desde este miércoles una denuncia para que investigue la existencia de un posible fraude fiscal por parte de DomusVi, la multinacional que es líder del sector de las residencias en España. La denuncia la ha presentado REDE, una organización que agrupa a asociaciones de familiares y usuarios de residencias de Galicia y que está presidida por Paulino Campos.

En concreto, REDE formuló denuncia contra la sociedad Geriavi, que tiene su sede en Vigo y es la matriz española de DomusVi. Este grupo explota 138 geriátricos en España y es el único que tiene implantación en todas las comunidades autónomas.

REDE pide a la Agencia Tributaria que abra diligencias de investigación a Geriavi al entender que “existen indicios de delitos contra la Hacienda Pública, al menos por la participación de esta entidad en un entramado internacional tendente, presuntamente, a eludir las normativas fiscales para obtener unos beneficios impropios”.

El relato de hechos de la denuncia se basa en tres informaciones publicadas por infoLibre, en las que se desvelaba la estructura de la trama societaria montada por DomusVi y las prácticas fiscales del grupo para evitar el pago del impuesto de sociedades y desviar los beneficios a una compañía creada en la isla de Jersey.

DomusVi es el principal grupo de residencias en España, el tercero en Francia y ha entrado con fuerza en Portugal y varios países de Latinoamérica. De acuerdo con sus datos, gestiona más de 400 geriátricos, atiende a más de 70.000 “residentes y clientes” y en 2018 facturó 1.370 millones de euros. Pese a estas cifras de negocio tan importantes, no paga ni un euro por impuesto de sociedades. Algo que consigue mediante prácticas de elusión fiscal diseñadas por su principal accionista, el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), y que se ejecutan desde dos compañías de Luxemburgo.

DomusVi recurre a una de las medidas más extendida entre las multinacionales para evitar el pago de impuestos: el endeudamiento. La compañía matriz del grupo en Francia –denominada Kervita– está pagando a dos sociedades en Luxemburgo de su principal accionista unos intereses desorbitados por los 640,5 millones que le han prestado. Desorbitados significa entre el 9,2 y el 11%, en dos operaciones de deuda firmadas en julio de 2017, cuando el tipo de interés de mercado no superaba el 4%.

Kervita es la empresa que presenta las cuentas consolidadas de todo el grupo. En concreto, consolida los resultados de más de 200 filiales, incluidas las 54 que tienen su sede en España. ¿Qué significa eso? Que todas las empresas del grupo tributan como si fuesen una sola, de forma que los beneficios de unas empresas se compensan con las pérdidas de otras, reduciendo así la factura fiscal. Todas las compañías tienen sus cuentas, pero la única responsable del impuesto de sociedades es la empresa matriz que consolida las cuentas.

Como Kervita es la sociedad que tendría que pagar impuestos por los beneficios de todo el grupo, ICG le impone el pago de esos intereses desorbitados para llevarla a pérdidas. De hecho, entre julio de 2017 y marzo de 2019, Kervita abonó en intereses a las dos sociedades de Luxemburgo 105,5 millones de euros. Ello le permitió declarar pérdidas y, en consecuencia, no pagó cantidad alguna por el impuesto de sociedades, según las cuentas depositadas por Kervita en el Registro Mercantil de Nanterre (Francia) consultadas por infoLibre. Y ello pese a facturar 1.370 millones de euros anuales.

Estamos ante una operativa financiera compleja, que utiliza una trama societaria de más de 20 empresas en cuatro países (España, Francia, Luxemburgo y Jersey), pero cuyo resultado es inequívoco: el traslado de beneficios a una sociedad en la isla de Jersey creada por los principales dueños de DomusVi, mediante operaciones de endeudamiento ejecutadas desde compañías de Luxemburgo que permiten no pagar impuestos por el negocio de residencias del grupo en España y Francia.

DomusVi aplica también en España las mismas prácticas de elusión fiscal para trasladar parte de sus beneficios a la compañía de Jersey. El ejemplo más claro es la firma de un préstamo de 65 millones de euros entre la matriz del grupo en España –Geriavi– y su accionista único –la sociedad francesa Homevi– a un tipo de interés del 7,7%, en septiembre de 2015, lo que supone prácticamente el doble del precio de mercado en aquel momento. La legislación española obliga a realizar este tipo de operaciones entre sociedades vinculadas al valor de mercado.

¿Cuál era ese tipo de interés en 2015, cuando se firmó el crédito de 65 millones al 7,7%? La respuesta se puede encontrar incluso en las propias cuentas de Geriavi. Varias de sus filiales tenían a finales de 2015 deudas con entidades de crédito por un importe total de 55,3 millones de euros y el tipo de interés medio se situó en ese ejercicio “en el 3,92% aproximadamente”, según se indica literalmente en la memoria de la compañía. Al año siguiente ese porcentaje bajó ligeramente hasta el 3,88%.

La consejera delegada de Geriavi es Josefina Fernández Miguélez, que también es accionista minoritaria de DomusVi a través de una sociedad francesa denominada Mancare I.

REDE entiende que las informaciones de infoLibre “resultan especialmente esclarecedoras sobre la creación y el desarrollo de una estrutura de ingeniería financiera, en la que participa GeriaVi, que puede traducirse en una conducta ilícita con resultado de fraude fiscal o evasión de impuestos, al sobrevalorar conceptos deducíbles con el fin de reducir el pago de sus obligaciones tributarias respecto a lo que legalmente le correspondería”. El escrito de denuncia ante la Agencia Tributaria lo elaboró el despacho de abogados coruñés Pérez-Lema.

DomusVi es un grupo que vive esencialmente del dinero público. Como desveló este periódico en una anterior investigación, 82 Administraciones autonómicas, forales y locales alimentan la caja de ingresos de la multinacional.

En algunos de sus geriátricos se han vivido verdaderas catástrofes durante la pandemia y, aunque se desconoce la cifra total de fallecidos por la opacidad de varios Gobiernos autonómicos y de la propia empresa, los datos que sí han trascendido son escalofriantes. En sus centros de Madrid fallecieron 419 mayores con covid-19 o con síntomas compatibles, en los de Cataluña 145, en Baleares 36 y en Andalucía 33. En total, 633 mayores muertos en las cuatro autonomías cuyos datos oficiales ha desvelado infoLibre.

En otras comunidades también han trascendido hechos impactantes, por ejemplo en Galicia o la Comunidad Valenciana, pero las cifras totales se desconocen.

"Las personas mayores como mercancia"

En declaraciones a este periódico, Paulino Campos explica las razones de la denuncia presentada en la Agencia Tributaria por parte de la organización que preside: "El vasto entramado societario de la multinacional DomusVi, que dio a conocer infoLibre a finales de julio, tiene todos los visos de operar con herramientas financieras ilegales por lo menos desde hace cinco años, eludiendo el pago de impuestos en España, violando las leyes, lo que sitúa presuntamente al emporio franco-británico en el universo del delito continuado por fraude fiscal o evasión de impuestos. Por ello vemos la necesidad ineludible de denunciar a la matriz española, Geriavi, ante la Agencia Tributaria, el organismo competente para determinar si DomusVi efectivamente está vulnerando las leyes".

Paulino Campos asegura que "de ser así, de enfrentarnos ante la delincuencia financiera organizada que utiliza a las personas mayores y dependientes como mera mercancía, un hecho gravísimo e intolerable, solicitaremos de las Administraciones españolas correspondientes que se le retire a DomusVi la autorización y acreditación de sus centros de servicios sociales".

La denuncia ante la Agencia Tributaria no es la única acción que piensa emprender REDE tras desvelarse la trama societaria y las prácticas fiscales de Domusvi: "La próxima semana presentaremos también ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) otra denuncia contra Geriavi y DomusVi, y sus principales accionistas, en la suposición de la comisión de delitos contemplados en el Código Penal, derivados del funcionamiento fraudulento de una red estratégica de más de 20 sociedades controlada desde paraísos fiscales, incompatible con las leyes internacionales y españolas vigentes y con las normas que vigilan los acuerdos o conciertos con la Administración pública".

Más allá de las cuestiones legales, Paulino Campos denuncia por último que las actuaciones de DomusVi chocan "con la ética exigible a todo aquel operador habilitado para la prestación de servicios a un cuerpo fundamental de la sociedad, vulnerable e indefenso, como es el de las personas mayores y dependientes, que viene sufriendo durante los últimos años un menoscabo evidente de la dignidad, deterioro que ha derivado en un holocausto atroz durante la infame gestión de la pandemia en las residencias españolas y que ha llevado a miles de ancianos a la tumba, muchos de ellos ingresados en los centros del emporio DomusVi".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/08/05/una_asociacion_familiares_residentes_denuncia_ante_agencia_tributaria_trama_montada_por_domusvi_para_eludir_impuestos_109721_1012.html

NUEVO BROTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID: 47 CASOS Y UN FALLECIDO EN UNA RESIDENCIA DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

Se
está realizando un seguimiento a 38 de sus contactos: 24 residentes y 14 empleados de esta institución

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha notificado esta tarde al Ministerio de Sanidad un nuevo brote de la Covid-19 en una residencia de mayores de San Martín de la Vega con 47 casos positivos, uno de los cuales ha fallecido.

Además, seis de las 47 personas que ha dado positivo se encuentran hospitalizadas con cuadros de neumonía y deterioro por enfermedades previas. De los 47 casos positivos, 38 corresponden a residentes y nueve a profesionales de la residencia de personas mayores.

Además, se está realizando un seguimiento a 38 de sus contactos: 24 residentes y 14 empleados de esta institución, que hasta la fecha carecía de casos previos de la Covid-19.

El brote se detecta a raíz de la realización de pruebas PCR a cuatro residentes que presentaban síntomas. El estudio del resto de usuarios y trabajadores ha identificado otros 43 casos positivos, todos asintomáticos.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad mantiene abierta la investigación epidemiológica y se encuentra en estos momentos completando la identificación y toma de muestras de los contactos estrechos que son externos a la residencia.

Además, la Consejería de Sanidad se mantiene en constante contacto con la Consejería de Políticas Sociales, y conjuntamente están realizando distintas actuaciones para el control del brote, atención de los residentes, familiares y trabajadores.

El equipo referente de Geriatría del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro está coordinado con el profesional sanitario del centro.

Entre otras actuaciones, para evitar el riesgo de contagio y mejorar la atención en la residencia, se está trasladando a residentes sin infección a otros centros sociosanitarios.

Asimismo, se realiza seguimiento de los pacientes asintomáticos que permanecen en el mismo.

Por su parte, la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria está revisando el Plan de Contingencia del Centro y las medidas de prevención que se deben mantener con los residentes, tanto en este centro como en la residencia donde se trasladan.

Este brote se suma a los cuatro nuevos en la región, con un total de 33 casos positivos y 37 contactos en seguimiento, ninguno de los cuales ha requerido ingreso hospitalario.

https://www.elplural.com/autonomias/brote-comunidad-madrid-47-casos-fallecido-residencia-san-martin-vega_245587102

MAREA DE RESIDENCIAS PIDE AL SUPREMO QUE EVITE LA DESTRUCCIÓN DE LAS CONVERSACIONES ENTRE EL SUMMA 112 Y LOS GERIÁTRICOS DE MADRID

La plataforma presenta ante el Tribunal Supremo una nueva ampliación de la querella contra la presidenta Ayuso y su consejero de Sanidad

Marea de Residencias reclama la medida cautelar de ordenar la conservación de las grabaciones del Summa 112 "para evitar que puedan desaparecer pruebas incriminatorias decisivas"

Testimonios de trabajadores y familiares de residentes aseguran que el servicio que gestiona las ambulancias se negó de forma sistemática a realizar traslados en los días críticos de la pandemia

Marea de Residencias, organización que agrupa a familiares de residentes y trabajadores de estos centros, ha realizado una nueva ampliación de la querella presentada contra Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad de Madrid y diversos directores de geriátricos en la que solicita al Tribunal Supremo que impida "la destrucción o borrado de las grabaciones de las conversaciones entre el personal del Summa 112 y las residencias de la Comunidad de Madrid desde el 1 de marzo de 2020".

El Summa 112 es el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y, por tanto, el encargado de realizar los traslados en ambulancia de pacientes enfermos desde los geriátricos a los hospitales. Múltiples testimonios de trabajadores de los centros y de familiares aseguran que, durante los meses críticos de la pandemia en marzo y abril, el Summa 112 rechazaba de forma casi sistemática las llamadas para trasladar a mayores desde las residencias a los hospitales.

El escrito de Marea de Residencias, según ha podido saber infoLibre, fue presentado en el Alto Tribunal el viernes 31 de julio. El Supremo es el órgano que debe decidir si admite a trámite o no la querella al estar aforada ante dicho tribunal la presidenta madrileña.

La plataforma considera que la medida cautelar que solicitan "es necesaria para evitar que puedan desaparecer pruebas incriminatorias decisivas en el presente procedimiento. En numerosos testimonios de los querellantes constan referencias a conversaciones entre el personal del Summa 112 y responsables de las residencias, valorando la posibilidad de trasladar al residente al hospital, o no".

Como desveló infoLibre la semana pasada, en marzo y abril fallecieron en los geriátricos madrileños 7.291 personas sin ser trasladadas previamente a un hospital, según los datos oficiales del propio Gobierno Ayuso. Esta cifra representa el 77% del total de residentes muertos durante esos dos meses y es la constatación de que durante el pico de la pandemia se aplicó el Protocolo de la Consejería de Sanidad que impedía el traslado al hospital de los mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o un alto grado de deterioro cognitivo.

"De no adoptarse la medida cautelar solicitada se corre el riesgo cierto de que dichas grabaciones desaparezcan al no existir obligación legal de mantenerlas indefinidamente, por lo que la solicitud reúne los requisitos de fumus boni iuris, al partir de unos hechos con apariencia delictiva verosímil y contra personas concretas, y del periculum in mora, en tanto que una resolución tardía al respecto impediría disponer en el procedimiento de las grabaciones", se lee en el escrito presentado ante el Supremo por la Marea de Residencias. Esos dos son los requisitos legales necesarios para que un tribunal pueda ordenar una medida cautelar como la que solicita la Marea de Residencias.

Por todo ello, la plataforma pide al Supremo que se dirija al Summa 112 ordenando "la conservación de todas las grabaciones" entre el personal del servicio de Urgencias y el de cualquier residencia de la Comunidad de Madrid.

Tres meses a la espera de la admisión

La querella inicial de Marea de Residencias se presentó el 7 de mayo, en nombre de 26 personas afectadas, contra la presidenta madrileña, el consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– y los directores de diez residencias de la Comunidad de Madrid. Siete de ellas pertenecen a grandes grupos del sector –dos son de DomusVi, dos de Ballesol, dos de Aralia y uno de Amavir–, dos son geriátricos públicos y el otro es un centro integrado municipal. Marea de Residencias solicita que se investigue a los querellados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

Pocas semanas después, Marea de Residencias presentó otras dos querellas contra los directores de cinco centros en las localidades de Leganés y Alcorcón, en la que también pidieron que se investigue a Ayuso, Escudero y el consejero de Justicia, Enrique López.

El jueves 28 de mayo, la plataforma realizó una ampliación de la querella inicial aportando al Juzgado –la causa no había sido aún remitida al Supremo– copia del Protocolo que impedía trasladar a determinados mayores enfermos desde las residencias a los hospitales. La existencia de ese documento había sido desvelada dos días antes por infoLibre, que además lo publicó íntegramente. Ese Protocolo fue firmado por el entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad, Carlos Mur. Del documento existen cuatro versiones, todas ellas firmadas digitalmente por Mur los días 18, 20, 24 y 25 de marzo.

Las cuatro versiones del Protocolo fueron enviadas por correo electrónico, minutos después de ser firmadas por Mur, a los altos cargos del Gobierno madrileño y a los directivos de los hospitales que debían aplicarlo. Este periódico informó de que los destinatarios de los correos de Mur fueron en total 18 personas diferentes, aunque no todas recibieron las cuatro versiones del Protocolo. Hay ocho altos cargos del Gobierno Ayuso que sí figuran en todos los envíos, entre ellos el gerente del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza.

El 5 de junio, la jueza de Madrid donde había caído por reparto la querella colectiva de Marea de Residencias decidió enviarla al Tribunal Supremo, a la vista del aforamiento de Ayuso.

Esta semana se cumplirán tres meses desde la presentación de la iniciativa judicial y los querellantes todavía están a la espera de que la Justicia decida si la admite o no a trámite.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/08/04/marea_residencias_pide_supremo_que_evite_destruccion_las_conversaciones_entre_summa_112_los_centros_madrid_109612_1012.html

LAS INSPECCIONES EN RESIDENCIAS DE MADRID DETECTAN DEJADEZ EN LAS MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS Y UN CASO DE PRESUNTOS MALOS TRATOS

La Comunidad de Madrid ha examinado doce centros de mayores desde marzo. Sus inspectores han detectado que no se hacen controles de temperatura, que se incumple la distancia de seguridad y un caso de mala praxis por “tratos bruscos” y “faltas de respeto” a una usuaria

El servicio de inspección de la Comunidad de Madrid realizó trece intervenciones en las residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia. Los registros llevados a cabo por los funcionarios de la Consejería de Política Sociales revelan relajación con las medidas de prevención para contener al virus. Los trabajadores autonómicos explican en las actas emitidas, a las que ha accedido elDiario.es, que algunos de los centros de mayores no mantenían la sectorización por zonas para dividir a pacientes según su estado de salud (sospechosos o que están a la espera del resultado de un test de COVID-19, sanos y contagiados).

Estos documentos dejan constancia de que en varios casos los inspectores se encontraron al entrar en los centros con que los trabajadores no les tomaron la temperatura, a pesar de acudir del exterior. Además, teniendo en cuenta que el virus también puede ser portado por un familiar, llama la atención cómo se relata en un acta que no se respetó la distancia de seguridad en la visita de un ser querido a una usuaria, de hecho llegó a haber contacto físico entre ellos.

Los funcionarios detallan casos de "deficiente limpieza" en los pastilleros de medicación o de exceso de ocupación entre los residentes. Aunque el episodio más grave, que terminó con el despido de una trabajadora y la sanción a tres más, se produjo en el centro privado de mayores El Escorial. La dirección consideró que el comportamiento de estas profesionales hacia una usuaria pudo suponer "presuntos malos tratos" al detectar "mala praxis" y falta de profesionalidad. Los hechos se detectaron en febrero después de que la familia hubiese colocado una "cámara/despertador encima de la mesilla de la habitación" sin informar a los responsables del centro, siempre según la información expuesta en el acta de inspección elaborada por el servicio de inspección y fechada el 3 de junio.

Las hijas de la residente llegaron a presentar 41 grabaciones a los gestores, tras su visionado la residencia optó por despedir a una auxiliar "por reiteración" al "catalogar sus acciones como presuntos malos tratos hacia la residente". "Los responsables del centro consideran como mala praxis, tratos bruscos y no profesionales, faltas de respeto, trato poco cariñoso y deshumanizado el resto de imágenes que han visualizado", añade el funcionario de la Comunidad. Las sanciones no se limitaron a esta destitución, tres auxiliares más fueron amonestadas con una suspensión de empleo y sueldo, que osciló entre los 15 y 45 días, dependiendo del caso.

"En cuanto a las medidas adoptadas para la prevención de malos tratos y el ejercicio de malas praxis la directora informa de reuniones con las auxiliares (alegando las auxiliares estrés laboral y no ser conscientes de sus acciones cuando se vieron en las imágenes), reuniones de las auxiliares que aparecían en los vídeos y las hijas de la residente", recoge el acta. La pandemia impidió que se continuase con "nuevas formaciones", aunque en la inspección realizada en junio aseguraron que la residencia había "iniciado un proyecto de humanización". Ante esta situación, en sus conclusiones los funcionarios instaron a los gerentes a elaborar "medidas de vigilancia y/o cuidado especial que garanticen la prevención, supervisión e intervención para las personas usuarias dependientes". La familia no ha "interpuesto reclamaciones" por estos hechos, según consta en el informe. Desde el centro no han respondido por el momento a la petición de información realizada por elDiario.es.

Entre el 8 de marzo y el 23 de junio, el servicio de inspección de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid examinó doce residencias, solo el centro de mayores Los Jardines de Navas situado en Navas del Rey fue objeto de dos actuaciones, en el resto de casos se limitaron a acudir o llamar en una ocasión. Durante los meses investigados, en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid fallecieron 7.690 personas, 1.203 confirmados con la infección, según los datos aportados por el Gobierno regional al Ministerio de Sanidad.

De entre las más de 450 residencias que hay en la región, la Consejería ha puesto solo el foco en una docena de centros porque han recibido alguna denuncia relacionada con su funcionamiento, por petición de "organismos intervinientes" como "bomberos o Sanidad" — explican desde el departamento autonómico de Políticas Sociales -- "o bien de oficio por parte de los inspectores". 22 personas se encargan de examinar el funcionamiento de las más de 400 residencias que hay en la Comunidad.

La
mayor parte de las inspecciones realizadas durante la pandemia se hicieron en mayo y junio, ya lejos de los episodios más devastadores del virus, solo dos centros fueron examinados en el mes de abril. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria en la que se sigue encontrando la Comunidad de Madrid y las consecuencias que ésta ha tenido en las residencias, uno de los puntos sobre el que los inspectores centran la atención es la adaptación que han realizado estos recursos asistenciales para contener el virus en sus instalaciones.

El 19 de junio, en su examen a la residencia privada Los Hueros, situada en el municipio de Villalbilla, el funcionario advirtió de que en las visitas se estaban incumpliendo las medidas de seguridad impuestas para prevenir el virus. En el acta ha explicado que observó el encuentro mantenido por una familiar y una residente "sin guardar medidas de distanciamiento" y con contacto físico entre estas dos personas. El acta indica que la usuaria fue "acompañada a la puerta del centro por la familiar cogida de la mano" al terminar la visita. De esta forma, las dos implicadas, profesionales y gerencia desoyeron las medidas planteadas por la Comunidad, que insta a que se mantenga la distancia de seguridad en estas reuniones, "evitando el contacto físico", según consta en un protocolo de coordinación facilitado a esta redacción el 17 de junio por fuentes oficiales del Gobierno autonómico.

Continuando con la contención del virus, este profesional también destaca que al entrar al centro no le realizaron "toma de temperatura corporal" y que tampoco había "un pediluvio de desinfección" de las suelas del calzado. Asimismo, anota que el emplazamiento "se encuentra sin sectorizar [separación de zonas según la relación que tengan los usuarios con el virus] y sin habilitar circuitos para la entrada de los profesionales". Los Hueros no es la única residencia en la que se realiza esta observación, también figura en las actas emitidas tras la inspecciones en las residencias privadas Masam Guadarrama, situada en el municipio del mismo nombre, y Hestia (Colmenar Viejo).

El citado protocolo de coordinación también recomienda a los centros que realicen "una toma de temperatura" a los visitantes para descartar síntomas compatibles con la COVID-19 antes del acceso. Sobre la sectorización, desde la Consejería indican que "es necesario que las residencias cuenten con un espacio libre" para realizarla y que se pueda usar "en caso de que sea necesario". Entre las actas examinadas por esta redacción hay casos destacables como el de Orpea Valdemarín (Madrid), que ha llegado a distribuir su espacio en cinco sectores con una "zona blanca (residentes sin la COVID-19), zona verde (residentes que han pasado la COVID-19), zona amarilla (residentes que han salido del centro), zona naranja (zona destinada a residentes por posible COVID-19) y zona roja (residentes con la COVID-19)", tal y como se puede leer en el acta emitida el 18 de junio.

Ante las anotaciones realizadas por el inspector sobre las medidas de prevención, la directora de Masam Guadarrama contraargumentó que estaba "a la espera de recibir alfombras felpudos desinfectantes", que tienen habitaciones y camas habilitadas "para un posible aislamiento", así como que existen dos circuitos de entrada para los trabajadores. En el informe de Los Hueros, el funcionario dejó claro que había una mesa "con material de desinfección" y en el caso de Hestia, su responsable destacó que "los profesionales se cambian en la lavandería" y entran por una puerta posterior.

Durante las primeras semanas de la pandemia los inspectores mantuvieron "contacto diario" — apuntan fuentes oficiales de la Consejería — con las residencias "para recopilar datos diarios sobre su situación". Por una de estas comunicaciones, el 15 de abril el servicio de inspección decidió levantar acta al observar "exceso de ocupación del centro" en la documentación facilitada ese día por la residencia privada Centro Chinchón, localizada en el municipio con el mismo nombre. Después de contactar por teléfono con el director, el trabajador público que redactó el informe le instó a "ajustarse a la capacidad total autorizada conforme se establece en la normativa vigente".

Entre todas estas actuaciones, la residencia a la que se ha destinado más atención ha sido el centro privado Los Jardines de Navas (Navas del Rey), en el que este servicio observó el 26 de mayo que "los pastilleros de medicación" presentaban "una deficiente limpieza". Ante esta situación, la Consejería requirió a los responsables que "se garantice la limpieza e higiene del equipamiento y utensilios utilizados para la preparación y administración" de los tratamientos de los residentes.

No es casualidad que esta residencia haya sido la única que motivase dos inspecciones. En mayo, el Ayuntamiento de Móstoles denunció el "estado lamentable" en el que se encontraban cinco ancianos que procedían de Los Jardines de Navas y fueron traslados a la residencia Juan XXIII, por orden de la Comunidad de Madrid. Según recoge un informe policial al que accedió elDiario.es, los mayores llegaron "sucios, con fuerte olor a orín y muy cansados". La Concejalía de Derechos Sociales y Mayores constató que "vestían ropa deteriorada, sucia", se encontraban en mal estado de higiene y llevaban cerca de nueve horas sin comer, de acuerdo con la denuncia.

Las condiciones en las que llegaron los cinco usuarios motivó que el 17 de mayo un inspector se personara en el centro. A pesar de la denuncia del Ayuntamiento de Móstoles, el director manifestó que "los usuarios se encontraban aseados y desayunados con su respectiva medicación, informe médico y equipaje preparado". En la documentación emitida, el inspector añadió que su interlocutor le mostró "imágenes de dicha circunstancia captadas en su teléfono móvil". Diez días después un trabajador de la Consejería de Políticas Sociales volvió a visitar el centro para realizar un examen más amplio, después de que el Gobierno regional explicase que había abierto una investigación al constatar que el centro no "cumplía las condiciones" para aislar a los mayores, apuntaron fuentes de la cartera de Alberto Reyero.

En un acta de inspección más extensa, el 26 de mayo el inspector constató una deficiente limpieza en los pastilleros de los usuarios, aunque teniendo en cuenta los hechos que constaban en la denuncia policial, también destacó que se observaba "una correcta higiene personal de las personas usuarias". Ni esta actuación ni ninguna de las anteriores ha desencadenado la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comunidad. Desde la Consejería de Políticas Sociales explican que estos informes permiten realizar "un seguimiento concreto que se materializa en requerimientos y, si es preciso, en una segunda inspección".

https://www.eldiario.es/madrid/inspecciones-residencias-madrid-detectan-dejadez-medidas-coronavirus-caso-presuntos-malos-tratos_1_6141602.html

LOS DATOS DEL GOBIERNO AYUSO REVELAN QUE 7.291 MAYORES MURIERON EN MADRID EN SU RESIDENCIA SIN SER TRASLADADOS A UN HOSPITAL

El 77% de los residentes que fallecieron en marzo y abril en geriátricos madrileños no fueron objeto de derivación hospitalaria

Estos datos demuestran hasta qué punto se aplicó el Protocolo del Gobierno Ayuso que excluía traslados a hospitales de enfermos que vivían en residencias

infoLibre publica los datos de los 110 centros con diez o más muertes y menos de un 20% de derivaciones

En nueve residencias fallecieron más de 70 mayores sin recibir atención hospitalaria

Listado de las residencias de Madrid con menos derivaciones hospitalarias.

El 18 de marzo, cuando la pandemia empezaba a desbocarse en Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó un Protocolo que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Los datos oficiales del propio Gobierno madrileño, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran ahora hasta qué punto se aplicó esa orden de exclusión: 7.291 residentes fallecieron en los geriátricos sin recibir previamente atención hospitalaria en marzo y abril, lo que supone el 77% del total de decesos registrados durante esos dos meses entre los residentes madrileños.

En circunstancias normales, siempre hay un porcentaje de mayores que fallecen en los geriátricos donde viven, pero muchísimo más reducido. La derivación al hospital de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas puede crear complicaciones por el simple traslado o no tiene sentido someterles a técnicas médicas invasivas como una intubación porque no sobrevivirían. En todo caso, la decisión debe ser producto de una valoración médica individual teniendo en cuenta la situación clínica del enfermo, y no de una orden dictada por un Gobierno para su aplicación de forma generalizada tal y como ocurrió en Madrid.

En Cataluña, aunque no existió un Protocolo como el de Madrid, también se aplicó en la práctica la exclusión hospitalaria de residentes durante varias semanas. Este periódico ya desveló los datos de Cataluña: el 72% de los fallecidos (2.797 personas) en marzo y abril lo hizo en el propio centro.

Un periodista de infoLibre solicitó al Gobierno madrileño a principios de mayo, acogiéndose a la Ley de Transparencia, información sobre el número de decesos producidos en las residencias entre el 1 de marzo y el 30 de abril, desglosados por centro e indicando si la muerte se había producido en el hospital o en la propia residencia. La respuesta llegó este martes. Este periódico analizó ayer en un primer reportaje la hecatombe vivida en las residencias de la mayoría de los grandes grupos que dominan el sector residencial de Madrid, con cifras tan devastadoras como los 544 muertos en los centros de Orpea, el operador líder en la región. O el hecho de que cinco de esas empresas tuvieran una ratio de fallecidos en relación con las plazas gestionadas que supera los 15 puntos porcentuales; en concreto, un 17,6% Mensajeros de la Paz, un 17,0% Casablanca, un 16,8% Aralia, un 16,4% Vitalia Home y un 15,6% DomusVi.

La segunda entrega del análisis de los datos recibidos vía Transparencia está centrada en las derivaciones hospitalarias, objeto de una importante polémica desde finales de mayo, cuando infoLibre publicó de forma íntegra el Protocolo que establecía los criterios de exclusión. En un primer momento, la presidenta Ayuso y su consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– se inventaron que ese documento era un mero “borrador”. Este periódico desveló entonces las cuatro versiones existentes de ese Protocolo, todas ellas firmadas digitalmente por un alto cargo de Sanidad –Carlos Mur–, y también todos los datos relevantes sobre el envío de dicho texto por correo electrónico a 18 altos cargos del Gobierno regional y a los gerentes y los directores médicos de hospitales madrileños para su aplicación.

La información de hoy, basada como todas las anteriores en datos y documentos oficiales del propio Gobierno Ayuso, cierra el círculo: el Protocolo se aprobó, el Protocolo se envió a las personas que tenían que encargarse de su puesta en práctica y el Protocolo se aplicó como demuestran las cifras de fallecimientos de mayores en las residencias sin recibir atención hospitalaria.

LAS 110 RESIDENCIAS MÁS CRÍTICAS

En los geriátricos madrileños fallecieron en marzo y abril, los dos meses en que la pandemia los azotó con fuerza, un total de 9.470 personas. De ellas, 5.795 lo hicieron con covid-19 confirmado o con síntomas compatibles con la enfermedad y los otros 3.675 sin que la causa del fallecimiento tuviera aparente relación con el virus.

El Protocolo de exclusión de la Comunidad de Madrid se debía aplicar a todos los enfermos que cumplieran una serie de criterios, tuvieran o no coronavirus. Entre ellos figuraban padecer un determinado nivel de dependencia y un grado avanzado de deterioro cognitivo, aspectos que no están directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona, aunque sí con los medios que requiere su atención en un hospital.

De esos 9.470 residentes fallecidos, 7.291 perdieron la vida en el propio centro (77%) y 2.179 recibieron atención hospitalaria (23%). Hay que tener en cuenta que estas cifras abarcan los dos meses completos, pero el momento crítico en el sistema sanitario madrileño se vivió entre el 15 de marzo y el 15 de abril aproximadamente. Ahí fue cuando, según decenas de testimonios de familiares de residentes, se cerró casi por completo la posibilidad de los traslados. En otras palabras: en esas cuatro semanas el porcentaje estuvo necesariamente por encima del 77%, porque este dato incluye una primera quincena de marzo en la que no había colapso en los hospitales.

En Madrid están autorizadas para funcionar 475 residencias de mayores, aunque durante la pandemia estuvieron operativas 472. En esta información se analizan los 267 centros en los que se registraron como mínimo diez decesos. Pues bien, sólo en 17 el número de fallecidos en la residencia se quedó por debajo del 50%. En los otros 250 casos, fueron mayoría quienes murieron en el propio centro residencial.

En siete geriátricos, que sumaron 138 decesos, todos se produjeron sin traslado previo. En otros 33, el 90% o más de los residentes perdieron la vida sin llegar al hospital, situación que afectó a 1.205 mayores. En 70 más, esa cifra superó el 80% y los muertos sin atención hospitalaria fueron 2.414.

Las cifras no dejan lugar a dudas. En 110 geriátricos, casi uno de cada cuatro de toda la red, se cumplió una doble condición: fallecieron diez o más personas –el máximo son los 113 del centro Doctor González Bueno– y entre un 80 y un 100% de esos decesos se produjeron en la propia residencia.

A continuación, infoLibre publica un listado con los nombres y datos de esos 110 geriátricos.

LOS DATOS DE LOS GRANDES GRUPOS

Las cifras son todas llamativas, teniendo en cuenta que estamos hablando de la pérdida de vidas humanas y en muchos casos de personas especialmente vulnerables, pero hay algún dato especialmente impactante: hay hasta nueve geriáticos en cuyas instalaciones fallecieron más de 70 mayores. Cinco de ellas son públicas y están gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS): Doctor González Bueno (95 decesos en el propio centro), Reina Sofía (87), Francisco de Vitoria (84), Nuestra Señora del Carmen (76) y Adolfo Suárez (71). Los otros cuatro son las residencias de Ballesol en Alcalá de Henares (84), la de Los Nogales en Hortaleza (81), la que gestiona Sanitas en Carabanchel (75) y la de Amavir en Valdebernardo (71).

En Madrid, como en el resto de comunidades, conviven geriátricos de tipología muy diversa. Hay 141 que tienen menos de 50 plazas autorizadas y 30 que cuentan con más de 250 camas, once de ellas públicas gestionadas por el AMAS. Un virus con la enorme capacidad de transmisión del covid-19 convirtió en verdaderas trampas mortales a esos macrocentros residenciales.

El análisis de los datos de derivaciones hospitalarias por grupos empresariales o entidades demuestra que en este tema las diferencias han sido pequeñas. En el caso de los 25 centros públicos que gestiona el AMAS, el 80,0% de los 992 fallecidos lo hicieron en sus propias instalaciones.

En cuanto a los doce principales grupos del sector, que cuentan con 136 geriátricos y 22.665 camas (el 43,3% del total), Casablanca es el que menos derivaciones realizó. El 87% de los 219 fallecidos en sus centros se quedó sin atención hospitalaria. Luego vienen otros siete grupos con porcentajes prácticamente idénticos: Aralia (80,6% de los 191 decesos sin derivación), Vitalia Home (80,1% de 196), Los Nogales (79,8% de 397), Sanitas (79,0% de 462), Mensajeros de la Paz (79,0% de 238), Orpea (78,9% de 930) y Amavir (78,7% de 828).

Algo por detrás, aunque con diferencias mínimas se sitúan Ballesol (77,6% de las 371 muertes sin traslado hospitalario) y DomusVi ( 76,7% de 615). Cierran esta clasificación Albertia (72,1% de 201) y Caser (71,0% de 124).

En definitiva, en ninguno de los grandes grupos del sector la media bajó del 70% de fallecimientos en la propia residencia. Un fiel reflejo del colapso hospitalario y de la aplicación del Protocolo de exclusión de mayores aprobado, dictado y aplicado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/30/los_datos_del_gobierno_ayuso_revelan_que_291_mayores_murieron_madrid_residencia_sin_ser_trasladados_hospital_109481_1012.html

LA HECATOMBE DE LAS RESIDENCIAS EN MADRID: 544 MUERTOS EN ORPEA, 516 EN AMAVIR, 419 EN DOMUSVI, 217 EN BALLESOL...

infoLibre publica los datos de los 5.795 fallecimientos atribuidos al coronavirus en marzo y abril desglosados por centros de la Comunidad de Madrid La lista la encabeza Ballesol Alcalá con 84 muertes pero hay hasta 38 geriátricos donde se registraron 40 o más decesos La ratio de fallecimientos por número de plazas es especialmente negativa en los casos de Mensajeros, Aralia, Vitalia Home, DomusVi, Amavir y Orpea En 131 de las 472 residencias operativas en Madrid no falleció ninguna persona a causa del virus infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al apoyo de sus socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción

El sector de las residencias en la Comunidad de Madrid está dominado por una docena de grandes grupos cuyos centros han sucumbido en muchos casos a la pandemia. Las cifras son aterradoras: 544 fallecidos en Orpea, 516 en Amavir, 419 en DomusVi, 284 en Los Nogales, 224 en Sanitas, 217 en Ballesol, 171 en Mensajeros de la Paz, 166 en Casablanca, 136 en Vitalia Home, 131 en Aralia… Una lista que suma hasta 5.795 mayores que vivían en residencias y que murieron por coronavirus confirmado o con síntomas compatibles con la enfermedad.

Los datos se corresponden con los decesos producidos durante marzo y abril y fueron facilitados este martes por la Comunidad de Madrid a un periodista de infoLibre, que los solicitó a principios de mayo acogiéndose a la Ley de Transparencia. Esos dos fueron los meses críticos de la pandemia en Madrid. En mayo y junio la cifra de decesos atribuidos al covid-19 se incrementó unicamente en 189, hasta situarse en 5.984. Es decir, el 96,9% de las muertes ocurrieron en los dos primeros meses de pandemia. Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), es la comunidad donde más residentes perdieron la vida: el 30% de los registrados en toda España.

En marzo y abril fallecieron en total 9.470 personas que vivían en las residencias madrileñas. De acuerdo con los registros oficiales, 1.118 tenían covid-19, 4.677 mostraban síntomas compatibles con el virus y otras 3.675 murieron por otras causas. Por tanto, el 61,2% (5.795) habrían perdido la vida por la pandemia y el 38,8% restante por otras causas.

Aunque el sistema de recogida de información era lógicamente idéntico para todos, el análisis de los datos muestra que algunos geriátricos fueron más laxos que otros a la hora de atribuir la causa del fallecimiento al virus. Los ejemplos más llamativos son los siguientes: el centro de Ballesol en Mirasierra registró 20 decesos y no atribuyó ni uno solo al virus; el de Orpea en Pinto sufrió 19 muertes y adjudicó una al Covid-19, y el de Albertia en San Sebastián de los Reyes padeció 41 fallecimientos y consideró que sólo 11 los había provocado la pandemia.

A continuación se reproduce el listado íntegro con el número de decesos desglosados por residencias y se analiza en detalle cómo afectó la pandemia a los principales grupos.

Gestión pública vs. gestión privada

En la Comunidad de Madrid están registradas 475 residencias, de las que 472 estaban operativas durante los meses de marzo y abril. El sector está profundamente privatizado: sólo hay 29 centros de titularidad y gestión pública –25 a cargo de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y cuatro municipales–, mientras que los 443 geriátricos restantes están en manos privadas. Por tanto, sólo el 6,1% de las residencias tienen gestión pública. Este porcentaje se duplica si analizamos el número de plazas autorizadas porque parte de los centros que gestiona la AMAS tienen gran capacidad: el Doctor González Bueno es el más grande con 604 camas y hay otros seis con más de 400. El resultado es que hay 45.775 plazas de gestión privada (el 87,5% del total) y 6.517 de gestión pública (12,5%).

Pues bien, en cuanto al número de decesos durante la pandemia, 670 se produjeron en residencias de gestión pública (11,6% del total) y 5.125 en las privadas (88,4%). En términos globales, aunque la diferencia no es muy grande, son menos malos los datos de los geriátricos públicos.

La AMAS tiene a su cargo 6.258 camas y en sus centros perdieron la vida 644 personas. Es decir, uno de cada diez residentes. El virus azotó con fuerza especial a siete centros, todos ellos con más de 40 víctimas y que están entre los treinta con peores cifras (Doctor González Bueno, Reina Sofía, Francisco de Vitoria, Adolfo Suárez, Nuestra Señora del Carmen, Gran Residencia y Arganda del Rey). Todos menos el Adolfo Suárez tienen más de 400 plazas, un dato más para la reflexión sobre la conveniencia de tener macroinstalaciones de este tipo, que se han mostrado especialmente vulnerables cuando entra en ella un virus letal como el covid-19.

En 10 geriátricos madrileños se registraron 60 o más fallecimientos durante la pandemia y en otros 28 la cifra de residentes muertos se situó entre 40 y 59. Esta luctuosa lista la encabeza el centro de Ballesol en Alcalá de Henares, con 84 mayores muertos por el virus o con síntomas compatibles.

En el lado contrario se sitúan los 131 centros que no atribuyeron ninguna muerte al covid-19 (el 27,7% del total). Es probable que la cifra real sea algo inferior, a la vista de casos como el comentado de Ballesol Mirasierra, aunque se trata de una excepción ya que sólo en cinco de los 131 perdieron la vida seis o más residentes.

Los datos de los grandes grupos

La inmensa mayoría de esas residencias sin víctimas no pertenecen a la docena de grandes grupos que tienen cada vez mayor influencia en el sector residencial madrileño. Esos 12 grupos cuentan con 136 geriátricos y 22.665 camas (el 43,3% del total). Y en sus instalaciones perdieron la vida 2.989 personas, lo que equivale al 51,8% del total de decesos. Un porcentaje claramente superior al de camas gestionadas.

El principal grupo privado es Orpea, que cuenta con 23 geriátricos y 4.023 plazas. En marzo y abril fallecieron 544 de sus residentes, un porcentaje del 13,5% respecto al total de camas. En 15 de sus instalaciones hubo 20 o más víctimas, lo que da una idea de lo extendido que estuvo el virus en sus centros.

Amavir tiene 21 residencias y registró 516 decesos, un 14,8% en relación con las 3.483 camas que gestiona en la Comunidad. En 12 de sus instalaciones se registraron 20 o más muertes.

DomusVi es el tercer principal operador de la Comunidad de Madrid con 17 residencias y 2.692 plazas gestionadas. Su ratio de fallecimientos es aún peor que los de Orpea y Amavir: se sitúa en el 15,6% puesto que 419 mayores perdieron la vida a causa del virus durante los dos meses críticos de la pandemia.

A continuación, en número de camas se sitúan Sanitas y Ballesol. El primero tiene 19 geriátricos y 2.538 plazas, mientras que el segundo cuenta con 13 centros y 2.474 camas. Los dos han padecido el mismo porcentaje de fallecimientos en relación con los residentes: un 8,8%. Una cifra por debajo del resto de grandes grupos. Hay que hacer no obstante la salvedad de que Sanitas es también con diferencia quien atribuyó menos fallecimientos en sus intalaciones al covid-19 en comparación con otras causas: consideró que sólo 224 de los 462 decesos totales registrados en sus instalaciones se debieron a la pandemia (un 48,5%). En el caso de Ballesol ese porcentaje es mucho más alto (el 58,5%), aunque cuenta con el llamativo ejemplo de Mirasierra, donde asegura que ninguno de los 20 fallecimientos se debió al virus. En total, murieron 217 residentes en centros de Ballesol.

Tres grupos que operan exclusiva o mayoritariamente en Madrid se sitúan a continuación en número de camas gestionadas: Los Nogales (2.278), Albertia (1.002) y Casablanca (979). Los Nogales es dueño de la segunda residencia con más víctimas de toda la región, la que tiene en Hortaleza con 80 decesos, y en total contabilizó 284 muertes en sus instalaciones. Un porcentaje del 12,5%.

Albertia es, junto a Sanitas y Ballesol, el único de los doce principales grupos cuya ratio de fallecimientos en relación con las plazas de sus centros se sitúa por debajo del 10%. En concreto, en el 9,8, después de que perdieran la vida 98 residentes de sus seis residencias.

Mucho más malas son las cifras de Casablanca, que registró 166 muertes en sus ocho geriátricos. El porcentaje de fallecimientos en relación con las plazas es del 17,0%, el segundo peor de las doce empresa analizadas.

Mensajeros de la Paz, Vitalia Home y Aralia gestionan menos de mil plazas, pero sus cifras en términos comparativos son muy malas. La ratio entre residentes fallecidos y camas gestionadas se eleva al 17,6% en el caso de Mensajeros de la Paz (970 plazas y 171 decesos); al 16,8% en Aralia (778 plazas y 131 muertos), y al 16,4% en Vitalia Home (827 plazas y 136 fallecidos).

Cierra el grupo de grandes empresas Caser, que dispone de 621 plazas autorizadas en sus tres centros. En ellos perdieron la vida 83 personas, lo que equivale a un 13,4% de los residentes.

Todos los demás operadores de la región gestionan menos de 500 plazas. El más conocido es Clece, que cuenta con 403 plazas en cuatro residencias, donde murieron 28 personas. Una ratio del 6,9%, más baja que la de todos los demás grupos analizados.

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LAS RESIDENCIAS DE MADRID GOLPEADAS POR EL VIRUS: EL LISTADO DE LOS CENTROS DONDE MURIERON 5.954 PERSONAS

Un informe oficial obtenido por EL PAÍS recopila por primera vez con datos completos todos los geriátricos de la región más afectados por la pandemia

Una cuidadora ayuda a comer a una anciana en una residencia del barrio madrileño de Villaverde, en Madrid.

La Comunidad de Madrid ha revelado por primera vez cómo se reparten las casi 6.000 muertes oficiales por covid-19 entre las 474 residencias de mayores activas en Madrid, las más devastadas de España por el coronavirus. En un listado que este periódico ha obtenido gracias a una petición de transparencia, aparecen 20 centros con más de 50 fallecidos por la enfermedad. Los datos que publica este martes EL PAÍS arrojan luz sobre la tragedia en las residencias madrileñas, objeto de cientos de denuncias por abandono de la atención médica y otras irregularidades.

Desde marzo el Gobierno regional ha dado información muy incompleta sobre los daños del coronavirus en las residencias de mayores madrileñas, donde al principio de la pandemia había autorizadas 52.123 plazas. A pesar de numerosas peticiones de medios de comunicación, solo ha informado de la cifra total de muertos en las residencias, sin especificar en qué centros se encontraban los brotes más mortíferos. Esta falta de transparencia ha sido un tormento para muchas familias que se han quejado de que los geriátricos tampoco les daban información sobre el brote y han tenido que conocer esa situación a través de filtraciones a la prensa.

La residencia del grupo Ballesol en Alcalá de Henares, con 84 muertos por covid-19, es la que tiene un número mayor de fallecidos. Le sigue otra residencia privada, la del grupo Los Nogales en el barrio madrileño de Hortaleza (82 muertes), y cuatro residencias públicas de la Comunidad, Reina Sofía (78), Doctor González Bueno (78), Francisco de Vitoria (74) y Adolfo Suárez (72).

La lista con los fallecidos de cada residencia puede consultarse en este buscador (que incluye también los datos de las residencias de personas con discapacidad y las de personas con enfermedad mental).

Los datos muestran que el virus entró arrasando en las residencias, ayudado por la facilidad con la que se propaga en espacios cerrados donde conviven cientos de personas. Son muchos los centros que tienen decenas de muertes por covid-19. Solo 132 geriátricos madrileños se han librado del golpe mortal del virus (el 28% del total). Se trata en muchos casos de centros ubicados en la sierra madrileña, lejos del trasiego continuo de visitantes. 34 centros de la capital no han tenido muertes por covid-19.

Este listado ha sido obtenido tras una solicitud hecha en mayo por la vía de la Ley de Transparencia de 2013, que obliga a las administraciones a dar una contestación a los ciudadanos, quienes en caso de una respuesta negativa pueden recurrir a los tribunales.

Una asociación de familias, Pladigmare, se pregunta por qué el gobierno regional no dio las cifras en los peores días de la crisis, cuando podían haber resultado de utilidad. “Parece que han actuado con la misma resistencia que cuando se negaban a revelar qué residencias eran objeto de sanciones. Querían proteger la reputación de las empresas”, lamenta Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare.

Familiares escépticos

Tras la publicación de este artículo, varios grupos de familiares han dicho a este periódico que dudan de la veracidad de los datos oficiales. Una portavoz del grupo Ademaf, Carmen López, afirma que muchos grupos de víctimas han hecho sus propios conteos y las cifras oficiales son inferiores a la realidad. Esto puede deberse a que las residencias no han reconocido a muchos fallecidos como “posible covid-19″, de modo que en los certificados de defunción registraban otra causa. “El médico de algunas residencias rellenaba certificados en los que ponía que la causa era un fallo cardíaco, el motivo estándar. Todos nos morimos por un fallo cardíaco”, se queja López.

Antes de conocer estos datos ya había dudas sobre los datos de residentes muertos por covid-19 que ha proporcionado la Comunidad. El dato de 5.954 fallecidos con síntomas o con la prueba hecha se refiere solo a los residentes muertos dentro de una residencia y ha sido proporcionado por la Consejería de Políticas Sociales. Pero la Consejería de Sanidad no ha informado aún de cuántos residentes muertos en hospitales han perdido la vida a causa de la covid-19, en lo que supone otro ejemplo de falta de transparencia.

El listado que ha obtenido este periódico informa de que 11.555 residentes han muerto por cualquier causa en residencias y hospitales de la región entre el 8 de marzo y el 7 de julio. De ellos 8.379 perdieron la vida en residencias y 3.176 en el hospital. Estos datos significan que, asumiendo que las 52.123 plazas de residencias estaban ocupadas antes de la pandemia, habría muerto en cuestión de cinco meses el 22% de los mayores residentes en Madrid.

El alto número de fallecidos en las propias residencias se debe a que los hospitales de la Comunidad de Madrid rechazaron a los enfermos procedentes de estos centros durante aproximadamente un mes, entre mediados de marzo y mediados de abril, cuando la sanidad madrileña estuvo saturada a causa de la pandemia.

Con el objeto de evitar el colapso de sus hospitales, el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dio orden a los hospitales madrileños para que limitaran los traslados desde residencias de mayores. Creó una red de 22 doctores geriatras encargados de autorizar las hospitalizaciones, de acuerdo a unos documentos de triaje inspirados en la medicina de catástrofe.

La otra cara de ese plan era la “medicalización” de residencias, que iba a suponer que los mayores fueran tratados en los centros, pero la Comunidad dio esa misión a la hija de un asesor, Encarnación Burgueño, que dirigió un esfuerzo insuficiente y desorganizado. La propia “medicalización” de las residencias era vista por muchos como una tarea imposible: “Era jugar a lo que no somos”, le dijo a este periódico el presidente de la Federación Española de Dependencia, Ignacio Fernández Cid. Cuando a mediados de abril se alivió la carga sobre los hospitales madrileños, los residentes volvieron a ser admitidos y la mortalidad descendió bruscamente en las residencias.

Cientos de familias madrileñas se enfrentan ahora a la que será probablemente una larga batalla judicial contra los responsables del Gobierno de Ayuso que diseñaron esas medidas y contra más de 100 residencias investigadas por la Fiscalía.

El documento que ha recibido este periódico contiene información referente a los 711 centros de servicios sociales de carácter residencial de Madrid, un universo más amplio que el de las 474 residencias de mayores operativas y que incluye a las residencias para personas con discapacidad y para personas con enfermedad mental. La mortalidad ha sido más reducida en estos centros con una población más joven. La gran mayoría de estos otros centros no han reportado muertes por covid-19. Las residencias de este tipo que han tenido más muertes por este motivo son Medinaceli en la calle Ramírez Tomé (5), Orpea Madrid Mirasierra (4) y Nuevo Versalles (4).

https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-28/los-5954-muertos-por-covid-19-en-residencias-de-madrid-centro-a-centro.html

DOMUSVI EN ESPAÑA TAMBIÉN EJECUTA PRÁCTICAS FISCALES IRREGULARES Y PRESENTA CUENTAS CON PÉRDIDAS

La matriz del grupo en España, Geriavi, firmó en 2015 un préstamo de 65 millones al 7,7% de interés con la empresa francesa que es su accionista único

Desde su constitución hace cinco años, Geriavi ha firmado con la compañía préstamos por 503 millones. Ya ha pagado en intereses 55 millones, además de amortizar otros 143 de principal

La compañía usa el endeudamiento para trasladar parte de sus beneficios a una red societaria que termina en Jersey

En enero de 2020 emitió obligaciones por 115 millones que también suscribió su accionista único.

Geriavi se niega a aclarar qué tipo de interés paga

Documento de Geriavi donde consta el tipo de interés del 7,7% que paga por un préstamo de su accionista único.

La multinacional DomusVI aplica también en España prácticas de elusión fiscal para trasladar parte de sus beneficios a una red societaria que termina en la isla de Jersey, según desveló infoLibre esta semana. El ejemplo más claro es la firma de un préstamo de 65 millones de euros entre la matriz del grupo en España –Geriavi– y su accionista único –la sociedad francesa Homevi– a un tipo de interés del 7,7%, en septiembre de 2015, lo que supone prácticamente el doble del precio de mercado en aquel momento. La legislación española obliga a realizar este tipo de operaciones entre sociedades vinculadas al valor de mercado.

El 30 de enero de 2020, pocos días antes de que la pandemia entrase con fuerza en España, Geriavi lanzó otra importante operación de endeudamiento: 115 millones en obligaciones subordinadas. La deuda fue comprada íntegramente por Homevi. infoLibre preguntó a Geriavi cuál era el tipo de interés al que se había cerrado dicho contrato, para saber si se ajustaba a la legalidad, pero la portavoz de la compañía se negó a contestar. Ni a esa ni al resto de preguntas planteadas (puedes ver al final de esta noticia todas las cuestiones que quedaron sin respuesta).

Geriavi. Imagen de obligaciones.

Documento de Geriavi donde se consigna que su accionista único, Homevi, ha suscrito en enero de 2020 otros 115 millones de deuda en obligaciones subordinadas.

El uso del endeudamiento es una de las medidas más utilizadas por las multinacionales para reducir su factura fiscal y trasladar los beneficios a otra compañía del grupo que se encuentre en un territorio de baja o nula tributación. Al endeudarse mucho, una sociedad tiene que afrontar importantes gastos financieros. Y esos gastos reducen los beneficios que pueda obtener por su actividad ordinaria. Si los créditos se firman encima a un tipo de interés muy alto, como ocurre con DomusVi, los gastos financieros se multiplican. Y el beneficio fiscal, también.

infoLibre publicó este jueves las pruebas documentales que demuestran que DomusVi está utilizando dos sociedades de Luxemburgo para no pagar impuestos por las residencias que gestiona en España y Francia. Lo hace a través de operaciones de deuda con un tipo de interés desorbitado: entre el 9,2 y el 11%.

DomusVi es una multinacional que vive esencialmente del dinero público. Como informó este periódico en una anterior investigación, 82 Administraciones autonómicas, forales y locales alimentan la caja de ingresos de la multinacional. En algunos de sus geriátricos se han vivido verdaderas catástrofes durante la pandemia y, aunque se desconoce la cifra total de fallecidos por la opacidad de varios Gobiernos autonómicos y de la propia empresa, los datos que sí han trascendido son escalofriantes. Por poner un ejemplo: en sus diez centros de Cataluña fallecieron 145 personas con covid-19 o con síntomas compatibles en marzo y abril. Cifras impactantes se acumulan también en centros de Galicia o la Comunidad Valenciana.

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AS CUENTAS DE LA MATRIZ ESPAÑOLA

Geriavi se constituyó en julio de 2015, tiene su sede en Vigo y su consejera delegada es Josefina Fernández Miguélez. DomusVi cuenta en España con 138 residencias y cerca de 20.000 camas, que representan el 70% de la facturación del grupo. El resto lo aportan otros servicios, desde la atención domiciliaria de mayores a los centros de salud mental. En 2017, la división residencial del grupo facturó 355 millones de euros y en 2019 tenía previsto superar los 437 millones, un incremento del 23% en dos años. El grupo en su conjunto, que tiene también gran fortaleza en Francia, alcanzó en 2018 una cifra de negocio de 1.370 millones de euros.

En sus dos primeros años de vida, Geriavi indicó en las cuentas que presenta en el Registro Mercantil de Pontevedra el tipo de interés al que firmaba los préstamos. Por eso se puede saber que el suscrito en septiembre de 2015 lo fue al 7,7%, pues consta en la documentación presentada al año siguiente. Pero en 2017 ya empezó a ocultar ese dato y no lo ha vuelto a facilitar de los créditos suscritos a partir de esa fecha. Recurre siempre a la misma fórmula estándar: los préstamos “devengan un tipo de interés de mercado pagadero semestralmente”.

¿Cuál era ese tipo de interés en 2015, por ejemplo, cuando se firmó el crédito de 65 millones al 7,7%? La respuesta se puede encontrar incluso en las propias cuentas de Geriavi. Varias de sus filiales tenían a finales de 2015 deudas con entidades de crédito por un importe total de 55,3 millones de euros y el tipo de interés medio se situó en ese ejercicio “en el 3,92% aproximadamente”, según se indica literalmente en la memoria de la compañía. Al año siguiente ese porcentaje bajó ligeramente hasta el 3,88%.

Geriavi. Imagen tipo de interés medio

Documento de Geriavi en el que se indica que el tipo de interés medio que pagó por deudas con entidades de crédito se situó por debajo del 4% en 2015 y 2016.

¿Por qué es importante saber si los préstamos devengan un tipo de interés de mercado? Pues para algo tan básico como saber si es legal. La Ley del Impuesto de Sociedades, en su artículo 18, establece que “las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor de mercado. Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia”. Entre otros supuestos, se considera que dos entidades están vinculadas cuando una de ellas tiene “al menos el 25% del capital social o los fondos propios” de la otra. En el caso de Homevi y Geriavi no hay duda puesto que la primera tiene el 100% de las acciones de la segunda.

Lógicamente, el tipo de interés al que prestan dinero las entidades de crédito se puede considerar de mercado. Y si esos créditos son a la misma empresa pues más claro todavía, porque el mismo riesgo corre un banco que Homevi a la hora de dejar dinero a Geriavi. Así que la conclusión obvia es que el tipo de interés de mercado en 2015 no llegaba al 4%, incluyendo ya la legítima ganancia del prestamista, muy lejos del 7,7% al que se firmó el contrato de septiembre de 2015 entre Geriavi y Homevi por importe de 65 millones.

Desde su constitución en 2015, Geriavi ha firmado once contratos de préstamo con su accionista único, por un importe nominal de 502,9 millones. Dos de esos créditos ya están completamente devueltos. En cinco años, Geriavi ha amortizado 143 millones de principal y ha pagado otros 55,1 millones en intereses. En total, ha destinado 198 millones a cumplir con la deuda que le ha endosado Homevi. Y a 31 de diciembre de 2019 aún le quedaban 359,9 millones de principal por devolver, a lo que hay que sumar los 115 millones de la emisión de obligaciones subordinadas en enero de 2020.

En otras palabras: Geriavi se ha anotado 55,1 millones en gastos financieros con Homevi, lo que ha convertido a la empresa en deficitaria hasta el punto de que acumula pérdidas por 31,6 millones de euros, y además ha devuelto 143 millones a su accionista único. Una gigantesca transferencia de fondos que sólo es posible en un negocio que genera enormes ingresos de caja, como ocurre con las residencias.

Más allá del dinero que le facilita Homevi, Geriavi cambió a finales de 2019 su política de no endeudarse con las entidades financieras. El 27 de noviembre, firmó un préstamo con garantía hipotecaria sindicado con tres bancos (Caixabank 50%, Sabadell 35% y Abanca 15%) por valor de 100 millones de euros. Al cierre del ejercicio había utilizado 40 millones.

¿Y para qué quiere la matriz española de DomusVi tanto dinero? Esta es la explicación que ofrece la compañía que dirige Josefina Fernández Miguélez en la última memoria económica:

“Para el ejercicio 2019 la sociedad presenta resultados negativos (pérdidas) por 11.749.303 euros. El origen de estos resultados está en los costes asociados a las adquisiciones realizadas y al coste de la financiación necesaria para las mismas. La sociedad espera mejorar estos resultados en el próximo ejercicio”.

Esa última frase consta exactamente igual en las memorias de 2018 y 2017. Pero llega el siguiente ejercicio y los resultados empeoran. Algo que resulta lógico si se tiene en cuenta que es una compañía diseñada estructuralmente para perder dinero. ¿Cómo va a tener beneficios una empresa que declaró en 2019 una cifra de negocios de 17,2 millones y sólo en intereses a su accionista único tuvo que pagar 19,8 millones? Es decir, sólo en intereses por los préstamos de Homevi ya abonó más que todo lo que ingresó por su actividad ordinaria.

En cuanto a las adquisiciones realizadas, la principal fue la compra del grupo SARquavitae por 259 millones, que se elevó a público en febrero de 2017. Dicha compañía contaba con 88 centros residenciales, con 11.000 plazas en total, y era hasta entonces la líder del sector en España. Su adquisición permitió a DomusVi ocupar ese puesto. Bien directamente o bien a través de alguna de sus filiales –Casta Salud o Quavitae– adquirió, además, en estos cinco años, otra docena de centros en España (por menos de 50 millones en total), cuatro sociedades en Portugal (9,5 millones) y parte del capital del grupo Acalis en Latinoamérica (29,8 millones). En total, el precio de las adquisiciones no llega a 350 millones, lejos de los más de 500 recibidos en préstamos de Homevi. Y eso sin tener en cuenta los 115 millones de la emisión de obligaciones de enero de 2020 ni el préstamo sindicado de 100 millones con los bancos firmado en noviembre de 2019.

Geriavi es en la actualidad la matriz de 58 filiales. De ellas, 53 están en España, cuatro en Portugal y una tiene su sede en Chile (Acalis). Esas filiales son las que se encargan de gestionar las residencias concretas. A veces una compañía lleva un solo geriátrico, mientras que en otras ocasiones se encarga de varios centros. Fuera de España, la inversión más relevante es la de Acalis, que explota centros en Chile, Uruguay y Colombia. Geriavi tiene el 100% del capital de todas sus filiales, de forma directa o indirecta, salvo de Acalis, del que a finales de 2019 poseía el 41%.

Pero Geriavi es sólo una pieza en un engranaje societario que pasa por cuatro territorios: España, Francia, Luxemburgo y Jersey. Sus cuentas y sus prácticas fiscales no se pueden entender de forma aislada porque forman parte de un todo.

UNA PIEZA DEL ENGRANAJE

La multinacional DomusVi tiene, desde julio de 2017, como accionista mayoritario al fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), que ha creado una tupida red societaria para articular la compra de DomusVi y reducir al mínimo su factura fiscal mientras se mantenga como su principal propietario. La sociedad última de la trama tiene su domicilio en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco, y se denomina ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership. [Aquí puedes leer una detallada información sobre el entramado].

Entre cualquiera de las 138 residencias que DomusVi en España y esa sociedad de Jersey se interpone un red societaria de más de 20 compañías. La mayoría de ellas no tienen empleados y fueron creadas por motivos exclusivamente financieros con un objetivo básico: no pagar impuestos en España y Francia y trasladar las ganancias a Jersey, donde la tasa del impuesto de sociedades es del 0%.

Geriavi y sus 58 filiales presentan sus cuentas consolidadas en Francia y no en España. En concreto, la encargada de consolidar los balances es una sociedad llamada Kervita, cabeza de un grupo con más de 200 participadas en total. Consolidar las cuentas significa que todas las empresas del grupo tributan como si fuesen una sola, de forma que los beneficios de unas empresas se compensan con las pérdidas de otras, reduciendo así la factura fiscal. Todas las compañías tienen sus cuentas, pero la única responsable del impuesto de sociedades es la empresa matriz que consolida las cuentas. En el caso de DomusVi, por tanto, la sociedad Kervita es también responsable del impuesto de todas sus filiales españolas.

La consolidación tiene como objetivo conocer de forma más ajustada la realidad económica de los grupos empresariales. Esto es algo perfectamente legal, regulado de forma prácticamente idéntica en todos los países de la UE, pero que en la práctica termina beneficiando a los grandes grupos con muchas filiales porque es muy probable que algunas de ellas tengan pérdidas y puedan reducir así la factura fiscal de las que obtienen beneficios. En el caso de DomusVi, gracias a la consolidación fiscal se ahorró 22 millones en 2019 y otros tantos en 2018.

Cuestión diferente son las prácticas de elusión fiscal que ejecuta la multinacional. Como Kervita es la sociedad que tendría que pagar impuestos por los beneficios de todo el grupo, ICG carga sobre ella el máximo endeudamiento posible y le impone el pago de unos intereses desorbitados. En concreto, Kervita está pagando a dos sociedades en Luxemburgo de su principal accionista unos intereses de entre el 9,2 y el 11%. El endeudamiento de Kervita con dichas compañías de Luxemburgo asciende a 640,5 millones de euros de principal y el pago de intereses ascendió a 105,5 millones, entre julio de 2017 y marzo de 2019.

Esos gastos financieros enormes permiten a Kervita declarar pérdidas y, como consolida las cuentas de sus más de 200 filiales, el resultado práctico es que no paga ningún tipo de impuesto de sociedades por su negocio de residencias en España y Francia, pese a que en 2018 admitió una facturación total de 1.370 millones de euros.

El fuerte endeudamiento de otras empresas del grupo, como la española Geriavi, contribuye al mismo objetivo. Para empezar, Geriavi acumula pérdidas importantes –solo en 2019 tuvo unos números rojos de 11,7 millones– y Kervita puede compensarlas con otras filiales que declaren beneficios. Reduce así la factura fiscal.

Además, como ICG adquirió DomusVi mediante un fuerte endeudamiento ("apalancamiento financiero" en el argoyt), drenar la caja de las residencias es necesario para hacer frente a esa deuda y financiar así la compra de la multinacional por parte del fondo de inversión. El pago de intereses desorbitados acelera el proceso y el traslado de buena parte de las ganancias a territorios de baja o nula tributación permite incrementar los beneficios.

En Kervita es donde se juntan los tres grupos de accionistas que tiene DomusVi: el fondo británico ICG, que controla el 55,5% del capital; la compañía francesa Société d'Investissements DVH (SIDVH), que en marzo de 2019 declaraba tener el 33,8%, y los principales ejecutivos del grupo de residencias, que tenían en ese momento el 10,7%, aunque esta cifra pudo variar desde entonces ya que existían contratos que otorgaban a los directivos la posibilidad de vender sus acciones a ICG y SIDVH.

Los directivos del grupo DomusVi entraron en el capital de Kervita a través de otras tres sociedades montadas en Francia: Mancare I, Mancare II y Mancare III. En la primera de ellas, de acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el Registro de Nanterre (Francia) correspondientes a 2018, la principal accionista era Josefina Fernández Miguélez, la consejera delegada de Geriavi. A finales de 2018, tenía el 13,32% del capital de Mancare I. A preguntas de este periódico, Fernández Miguélez no quiso aclarar qué porcentaje tiene en la actualidad y si también es accionista de Mancare II o Mancare III.

DOMUSVI NO CONTESTA

infoLibre planteó, el jueves 16 de julio, ocho preguntas a la consejera delegada de Geriavi, Josefina Fernández Miguélez. A través de una portavoz, indicó que no iba a respoder a ninguna.

Las cuestiones planteadas fueron las siguientes:

1. La estructura societaria de Geriavi termina en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco, en concreto en una sociedad denominada ICG Europe Fund VI (Nº. 1) Limited Partnership. ¿Cuál es la razón de elegir a Jersey para situar allí la sociedad última de la estructura del grupo DomusVi?

2. ¿Qué porcentaje de acciones tiene a día de hoy Josefa Fernández Miguélez de la compañía francesa Mancare I?

3. ¿Tiene Josefina Fernández Miguélez participaciones en las sociedades Mancare II y Mancare III? En caso afirmativo, ¿qué porcentaje tiene del capital de esas compañías?

4. A 31 de diciembre de 2019, Geriavi tenía suscritos con su accionista única (Homevi) nueve préstamos a largo plazo, de los que le quedaban por amortizar 359,9 millones de euros. Algunos de esos préstamos tenían un tipo de interés del 7,7% (por ejemplo, el firmado el 2 de septiembre de 2015). Pese a ello, en las cuentas anuales la sociedad mantiene que el tipo de interés que paga es el de “mercado”. ¿Entiende Geriavi que el 7,7% es el tipo de interés de mercado desde 2015 hasta ahora?

5. El 30 de enero de 2020, Geriavi lanzó obligaciones subordinadas por importe de 115 millones de euros, suscritas íntegramente por su accionista único (Homevi). ¿Qué tipo de interés paga Geriavi por esas obligaciones subordinadas?

6. Geriavi ha declarado pérdidas todos los ejercicios y ya acumula más de 31 millones en números rojos desde su creación. Y la compañía del grupo DomusVi que consolida fiscalmente (Kervita) también declara pérdidas desde su constitución. El resultado es que ni Geriavi ni Kervita han tenido que pagar nada por impuesto de sociedades. Una situación que se consigue gracias a los importantes gastos financieros que tienen las empresas clave de la estructura societaria. ¿Estamos ante meras prácticas de ingeniería fiscal?

7. Un grupo como Geriavi, cuyos ingresos proceden de forma mayoritaria de la Administración pública, ¿considera correcto formar parte de una estructura societaria que termina en Jersey y crear un sistema de préstamos entre empresas del grupo para no pagar impuesto de sociedades ni en España ni en Francia?

8. Al menos a través de Mancare I, Josefa Fernández Miguélez es accionista de Kervita. Esta última compañía está pagando, por bonos convertibles suscritos por dos sociedades del grupo domiciliadas en Luxemburgo, un tipo de interés del 9,2 y del 11%, respectivamente. ¿Considera que se ajusta a la legalidad fiscal europea pagar en la actualidad hasta un 11% de tipo de interés por un instrumento financiero del grupo DomusVi?

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/24/domusvi_espana_tambien_ejecuta_practicas_fiscales_irregulares_presenta_cuentas_con_perdidas_109236_1012.html

DOMUSVI UTILIZA DOS SOCIEDADES EN LUXEMBURGO PARA NO PAGAR IMPUESTOS POR SUS RESIDENCIAS DE ESPAÑA Y FRANCIA

La compañía matriz de DomusVi, que consolida las cuentas de todas las filiales del grupo en España y Francia, está transfiriendo los beneficios a Luxemburgo a través de operaciones de deuda

La empresa francesa paga a su principal accionista en Luxemburgo unos intereses desorbitados: entre el 9,2 y el 11%

Entre julio de 2017 y marzo de 2019 abonó en intereses 105,5 millones, lo que le permite declarar pérdidas y no pagar ni un euro por impuesto de sociedades pese a que el grupo factura 1.370 millones al año

El mismo sistema usan las compañías de Luxemburgo para enviar el dinero hasta una sociedad en Jersey de los principales dueños de DomusVi

Documento de la sociedad luxemburguesa Topvita Financing donde indica que está cobrando un 11% de interés a Kervita, matriz del grupo DomusVi en Francia.

La multinacional DomusVi es el principal grupo de residencias en España, el tercero en Francia y ha entrado con fuerza en Portugal y varios países de Latinoamérica. De acuerdo con sus datos, gestiona más de 400 geriátricos –138 de ellos en España–, atiende a más de 70.000 “residentes y clientes” y en 2018 facturó 1.370 millones de euros. Pese a estas cifras de negocio tan importantes, no paga ni un euro por impuesto de sociedades. Algo que consigue mediante prácticas de elusión fiscal diseñadas por su principal accionista, el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), y que se ejecutan desde dos compañías de Luxemburgo.

DomusVi recurre para lograr su objetivo a una de las medidas más extendida entre las multinacionales para evitar el pago de impuestos: el endeudamiento. La compañía matriz del grupo en Francia –denominada Kervita– está pagando a dos sociedades en Luxemburgo de su principal accionista unos intereses desorbitados por los 640,5 millones que le han prestado. Desorbitados significa entre el 9,2 y el 11%, en dos operaciones de deuda firmadas en julio de 2017, cuando el tipo de interés de mercado no superaba el 4%. La existencia de estos créditos fue desvelada por el digital francés Le Média.

Entre julio de 2017 y marzo de 2019, Kervita abonó en intereses a las dos sociedades de Luxemburgo 105,5 millones de euros. Ello le permitió declarar pérdidas y, en consecuencia, no pagó cantidad alguna por el impuesto de sociedades, según las cuentas depositadas por Kervita en el Registro Mercantil de Nanterre (Francia) consultadas por infoLibre.

Estamos ante una operativa financiera compleja, pero cuyo resultado es inequívoco: el traslado de beneficios a una sociedad en la isla de Jersey creada por los principales dueños de DomusVi, mediante operaciones de endeudamiento ejecutadas desde compañías de Luxemburgo que permiten no pagar impuestos a las empresas del grupo en España y Francia que gestionan en total más de 400 residencias de mayores.

infoLibre trasladó a la consejera delegada de DomusVi en España, Josefina Fernández Miguélez, la siguiente pregunta: “Kervita está pagando por operaciones de deuda suscritas con dos sociedades del grupo domiciliadas en Luxemburgo un tipo de interés del 9,2 y del 11%, respectivamente. ¿Considera que se ajusta a la legalidad fiscal europea pagar en la actualidad hasta un 11% de tipo de interés por ese instrumento financiero?”. A través de su portavoz, Fernández Miguélez se negó a responder.

DomusVi vive esencialmente del dinero público. Como desveló este periódico en una anterior investigación, 82 Administraciones autonómicas, forales y locales alimentan la caja de ingresos de la multinacional. En algunos de sus geriátricos se han vivido verdaderas catástrofes durante la pandemia y, aunque se desconoce la cifra total de fallecidos por la opacidad de varios Gobiernos autonómicos y de la propia empresa, los datos que sí han trascendido son escalofriantes. Por poner un ejemplo: en sus diez centros de Cataluña fallecieron 145 personas con covid-19 o con síntomas compatibles en marzo y abril. Cifras impactantes se acumulan también en centros de Galicia o la Comunidad Valenciana.

Veam
os en cuatro pasos cómo funciona el entramado financiero montado por DomusVi y cómo ha diseñado el fondo ICG la compra del grupo de residencias para dar un pelotazo, en buena parte gracias al dinero que evita pagar en el impuesto de sociedades por sus negocios en España y Francia.

1. LA COMPRA DE DOMUSVI

ICG se convirtió en el principal accionista de DomusVi en julio de 2017, tras adquirir el 55,5% del capital que tenía hasta entonces otro fondo, PAI Partners. Cuando este último compró la empresa en septiembre de 2014 fue valorada en 639 millones de euros y cuando cerró su venta a ICG se tasó en 2.364 millones. En otras palabras: PAI Partners pagó 354 millones por su 55,5% del capital y se embolsó 1.312 millones con su venta.

Es importante entender cómo hacen negocio los fondos llamados de private equity –que invierten en compañías no cotizadas–, como PAI Partners o ICG. Estas compañías, cuando entran en una empresa, lo hacen ya con un horizonte de salida que suele situarse en los cinco años y rara vez supera los siete. Por supuesto, si encuentran una opción de obtener antes importantes plusvalías, lo hacen. Eso es lo que ocurrió con PAI Partners y DomusVi: el fondo no estuvo ni tres años en el capital del grupo de residencias y multiplicó su inversión casi por cuatro. Esa es una forma convencional de hacer negocio: vender la empresa por un precio más alto que el de adquisición.

Pero los fondos tienen una segunda forma de ganar dinero mucho más sofisticada, usando lo que en la jerga se llama “apalancamiento financiero”. Imaginemos que un fondo quiere comprar una empresa que vale 10, pero sólo quiere invertir 5, así que pide los otros 5 prestados. Es clave que la empresa genere mucha caja (las residencias son un buen ejemplo), de forma que con ese dinero que entra de forma constante en la compañía se pueda ir pagando el crédito. Cuando llega el momento de vender la empresa, aunque el fondo lo haga por 10 (lo mismo que le costó), habrá ganado 5 si el préstamo ya está devuelto.

ICG diseñó una operación con un enorme apalancamiento para comprar DomusVi. Para ello creó en 2017 en Francia una sociedad denominada Kervita, con unos fondos propios de 543 millones de euros –ahora tiene 625–, que emitió de forma inmediata deuda por 640,5 millones.

Quién suscribió esa deuda y a qué precio lleva al segundo paso de esta operación.

2. LA UTILIZACIÓN DE LA DEUDA

infoLibre desveló este lunes la trama societaria de más de 20 empresas en cuatro países montada para mover el dinero desde cualquiera de las 138 residencias de DomusVi en España hasta la sociedad dominante del grupo en Jersey. En esa trama hay tres empresas clave para las operaciones de elusión fiscal: Kervita, que es la que consolida las cuentas de todas las filiales del grupo en España y Francia, y las luxemburguesas Topvita Investment y Topvita Financing.

Estas dos últimas compañías son las que suscribieron la deuda lanzada por Kervita –en forma de bonos convertibles– el 27 de julio de 2017, el día que se formalizó la compraventa de DomusVi. Topvita Investment adquirió deuda por importe de 535,8 millones de euros, a un tipo de interés del 9,2%, y Topvita Financing se quedó con 104,7 millones, a un interés del 11%.

Las dos sociedades de Luxemburgo tienen los mismos accionistas y con la misma distribución de capital entre ellos –se trata de otras cinco sociedades controladas por el grupo ICG– y Topvita Investment es además la dueña del 55,5% de las acciones de la francesa Kervita.

Por tanto, al tener una de las sociedades participantes en la emisión y suscripción de los bonos más del 25% de la otra, debería considerarse una “operación vinculada”. Y la consecuencia principal de esa calificación es que dichas operaciones deben realizarse al valor de mercado. Las normas de contabilidad internacional que utilizan las auditoras, explicó una de ellas a este periódico, indican que "el tipo de mercado sería el de un bono similar más dos puntos porcentuales. Eso nos llevaría a entre un 3,5 y un 4%. En operaciones en Europa se podría llegar a admitir un 5% como máximo, aunque realmente ya es muy alto. En ningún caso, desde luego, ni un 9,2 ni un 11%".

Adquirir en 2017 un bono a un tipo de interés del 11% sólo sería lógico si existiera una alta probabilidad de impago. Es decir, si estuviéramos ante un bono basura. Pero, lógicamente, ICG no va a emitir un bono basura a través de una empresa de la trama societaria (Kervita) y comprarlo a través de otras dos (las Topvita) porque estaría engañándose a sí mismo.

La lógica de la operación es otra: cargar de gastos financieros a Kervita para que esta sociedad pierda dinero. Eso nos lleva al tercer paso: las cuentas de Kervita.

Pero antes merece la pena detenerse en otro detalle: en octubre de 2017, Topvita Investment compró deuda de otras tres sociedades francesas: Mancare I, Mancare II y Mancare III. Son las compañías utilizadas por ejecutivos de DomusVi –entre ellos Josefina Fernández Miguélez– para participar en el capital del grupo. Topvita Investment adquirió en total 927.691 euros en bonos, que se amortizaron de forma mayoritaria en los meses siguientes. Pero lo relevante es fijarse en el tipo de interés al que se suscribieron dichos bonos: el 3%. No el 9,2%, ni mucho menos el 11%. Y la operación subyacente es la misma en todos los casos: la adquisición de DomusVi.

Topvita. Bonos

Documento de Topvita Investment donde explica que está cobrando un 9,2% de interés a Kervita por sus bonos convertibles. Las sociedades de los directivos de DomusVi (Mancare I, II y III) pagan en cambio un interés del 3%.

3. LAS CUENTAS DE KERVITA

La empresa francesa Kervita tiene una doble función en el esquema montado por los dueños de DomusVi.

En primer lugar, es la empresa que presenta las cuentas consolidadas de todo el grupo. En concreto, consolida los resultados de más de 200 filiales, incluidas las 54 que tienen su sede en España. ¿Qué significa eso? Que todas las empresas del grupo tributan como si fuesen una sola, de forma que los beneficios de unas empresas se compensan con las pérdidas de otras, reduciendo así la factura fiscal. Todas las compañías tienen sus cuentas, pero la única responsable del impuesto de sociedades es la empresa matriz que consolida las cuentas. En el caso de DomusVi, por tanto, la sociedad Kervita es también responsable del impuesto de todas sus filiales españolas. Gracias a la consolidación fiscal, se ahorró 22 millones en 2019 y otros tantos en 2018. Esto es algo perfectamente legal, regulado de forma prácticamente idéntica en todos los países de la UE, pero que en la práctica termina beneficiando a los grandes grupos con muchas filiales porque es muy probable que algunas de ellas tengan pérdidas.

En segundo lugar, como Kervita es la sociedad que tendría que pagar impuestos por los beneficios de todo el grupo, ICG le impone el pago de esos intereses desorbitados que hemos visto para que pueda declarar pérdidas. En 2018 tuvo un resultado financiero negativo de 82,6 millones de euros y en 2019 de 70,3 millones. En total, 152,9 millones dedicados de forma casi íntegra a pagar intereses a Topvita Investment y Topvita Financing [hay que destacar que esta cifra no coincide con la que aportan las sociedades luxemburguesas porque el periodo fiscal es diferente. En Kervita coincide con el año natural, mientras que en las compañías de Luxemburgo termina el 31 de marzo].

Kervita. Resultado financiero negativo.

Cuentas de Kervita donde consta el resultado financiero negativo de 2019 (70,3 millones) y 2018 (82,6 millones).

El resultado financiero negativo fue clave para que Kervita pudiera declarar pérdidas en ambos ejercicios, tanto en sus cuentas individuales como en las consolidadas de todo el grupo. Y finalmente, según explica la propia compañía, el “resultado fiscal” del grupo fue negativo en 6,3 millones de euros en 2019 y en 39,0 millones en 2018.

El resultado fiscal es el que se tiene en cuenta para el pago de impuestos, una vez realizados los ajustes que imponga la normativa tributaria de cada país.

En definitiva, tal y como está diseñada la estructura de DomusVi, se puede concluir que Kervita está diseñada para tener pérdidas estructurales y evitar el pago del impuesto de sociedades por parte de un grupo que factura 1.370 millones al año. La consolidación le permite ahorrar 22 millones y el endeudamiento le facilita llevar el resultado fiscal a números rojos.

Queda un último paso entender cómo llega el dinero a la sociedad de Jersey donde están los dueños de DomusVi.

Kervita. Resultado fiscal.

Cuentas de Kervita de 2019 donde se refleja la ganancia obtenida por la consolidación de las cuentas de sus filiales (22 millones) y el resultado fiscal negativo del grupo DomusVi (6,3 millones).

4. EL DINERO VIAJA A JERSEY

El pago de intereses está permitiendo a DomusVi trasladar una parte sustancial de los beneficios del grupo a las dos compañías de Luxemburgo mencionadas (Topvita Investment y Topvita Financing), pero el dinero tiene que seguir su viaje hasta la isla de Jersey, que es donde está la sociedad última dominante de la trama, denominada ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership.

El método utilizado es idéntico, aunque los productos financieros sean diferentes. Pongamos el ejemplo de Topvita Investment, que el mismo 27 de julio de 2017 que compró a la francesa Kervita deuda por importe de 535,8 millones, se endeudó por su parte en 600,8 millones de euros. El tipo de interés que paga a sus acreedores es también el 9,2% y esa deuda la suscribieron íntegramente entre siete sociedades que son accionistas de Topvita Investment de forma directa o indirecta. El principal producto utilizado fueron los llamados CPECs ("certificados de acciones preferentes convertibles", por sus siglas en inglés), que en Luxemburgo están libres de tributación.

Y lo mismo hizo Topvita Financing, que en su caso emitió instrumentos de deuda por 103,7 millones de euros, por los que paga el mismo 11% de tipo de interés que cobra a Kervita. Y la deuda también la compraron en su totalidad sus accionistas, que son los mismos que en Topvita Investment.

Topvita CEPC

Documento de Topvita Investment donde detalla que se endeudó en 600,8 millones de euros, a un tipo de interés del 9,2%.

Con el dinero ya en Jersey se cierra el círculo. Se trata de un territorio fiscalmente opaco, donde el impuesto de sociedades está a un tipo del 0% y donde es prácticamente imposible conocer la identidad de los accionistas de una empresa.

Un círculo que empieza con el dinero público del que se nutren las residencias de DomusVi y que continúa con la elusión del pago de impuestos a Hacienda de un grupo con una facturación milmillonaria gracias a la utilización de prácticas fiscales que como mínimo bordean la legalidad. Los beneficios, en cambio, son privados y se reparten en Jersey.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/22/domusvi_utiliza_dos_sociedades_luxemburgo_para_no_pagar_impuestos_109125_1012.html

DOMUSVI DESVÍA A JERSEY PARTE DE LO QUE GANA EN ESPAÑA CON 138 RESIDENCIAS QUE VIVEN SOBRE TODO DEL DINERO PÚBLICO

infoLibre desvela la trama societaria de más de 20 compañías en cuatro países montada para mover el dinero desde cualquiera de las residencias de DomusVi en España hasta la sociedad dominante del grupo en Jersey

Los principales dueños de la multinacional son inversores que pusieron el dinero a través del fondo ICG y cuya identidad se desconoce

Entre los accionistas minoritarios están un fondo que pertenece al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, un banco público francés y algunos de los principales ejecutivos de la empresa

La consejera delegada de DomusVi en España, Josefina Fernández Miguélez, tiene sus acciones a través de una sociedad montada en Francia que se denomina Mancare I SAS
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Manuel Rico@manuelrico

Documento mercantil de Topvita Investment Sàrl donde desvela que la sociedad última de control del grupo DomusVi está en Jersey.

La multinacional DomusVi es la principal empresa del sector de las residencias de mayores en España y la tercera de Europa. En julio de 2017, se convirtió en su accionista mayoritario el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), que ha creado una tupida red societaria para articular la compra de DomusVi y reducir al mínimo su factura fiscal mientras se mantenga como su principal propietario. Una red que pasa por Luxemburgo y termina en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco donde tiene su domicilio la sociedad última de la trama, ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership.

infoLibre ha analizado documentos de los Registros Mercantiles de España, Francia, Luxemburgo y Jersey para trazar la línea que une a la empresa local dueña de una residencia en España con la sociedad última de control en Jersey. O lo que es lo mismo: para seguir el rastro del dinero, desde que ingresa en la compañía que gestiona uno de los geriátricos de DomusVi hasta que llega a su destino final en la sociedad de Jersey. Esa trama societaria está compuesta por más de 20 empresas, tal y como se muestra en el gráfico que acompaña a esta información.

La existencia de ese entramado de empresas, la mayoría sin empleados y creadas por motivos exclusivamente financieros, lleva a una conclusión obvia: parte del dinero que DomusVi gana en España termina en Jersey, un territorio fiscalmente opaco y donde la tasa del impuesto de sociedades es del 0%, según los datos de la OCDE.

El principal cliente de DomusVi en España es la Administración pública. Como desveló infoLibre en una anterior investigación, 82 Gobiernos autonómicos, forales y locales alimentan la caja de ingresos de la multinacional. Lo hacen por dos vías: adjudicándole la gestión de residencias o concertando plazas. En el primer caso, conocido como “gestión indirecta”, un centro mantiene la titularidad pública pero es gestionado de forma privada por la empresa que recibe la concesión. En el segundo, la Administración compra una plaza en la residencia, paga una cantidad de dinero a cambio de poder enviar al geriátrico a una persona que tenga derecho a recibir atención por su dependencia. La parte más importante de los ingresos de DomusVi –al igual que de los demás grandes grupos del sector– procede de la Administración por una de esas dos vías. El resto de los ingresos los obtiene al comercializar las plazas que no concierta, es decir, las que explota directamente de forma privada, vendiendo el servicio residencial a los ciudadanos que lo puedan pagar.

En definitiva: el dinero público es la principal fuente de ingresos de DomusVi y parte de las ganancias que obtiene la multinacional en España terminan en Jersey, en una compañía con unos inversores cuya identidad se desconoce, porque quien da la cara ante el Registro Mercantil de la isla situada en el Canal de la Mancha es el fondo de inversión ICG.

DomusVi cuenta en España con 138 residencias y cerca de 20.000 camas, que representan el 70% de la facturación del grupo. El resto lo aportan otros servicios, desde la atención domiciliaria de mayores a los centros de salud mental. En 2017, la división residencial del grupo facturó 355 millones de euros y en 2019 tenía previsto superar los 437 millones, un incremento del 23% en los dos años bajo el control del fondo ICG. El grupo en su conjunto, que tiene también gran fortaleza en Francia, alcanzó en 2018 una cifra de negocio de 1.370 millones de euros.

En algunos de los geriátricos de DomusVi se han vivido verdaderas catástrofes durante la pandemia. El primer reportaje de investigación de este periódico sobre las residencias, publicado el 8 de abril, se centraba precisamente en lo ocurrido en ocho de sus geriátricos, donde habían fallecido más de 150 personas en las primeras semanas de azote del virus.

Tres meses y medio después sigue siendo imposible conocer la cifra exacta de fallecimientos en las residencias de España porque hay nueve gobiernos autonómicos –entre ellos los de las cuatro comunidades con más muertes en geriátricos: Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha– que se niegan a ofrecer esa información desglosada por centros. Así que un periodista de infoLibre ha pedido la información a los 17 Ejecutivos autonómicos acogiéndose a la Ley de Transparencia. Entre los que ya han contestado está Cataluña, donde DomusVi explota diez residencias, en las que fallecieron 145 personas con covid-19 o con síntomas compatibles en marzo y abril. En Andalucía gestiona 13 geriátricos, en los que perdieron la vida 33 mayores durante esos dos meses. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno autonómico ha planteado la posibilidad de revertir una concesión a DomusVi en Alcoi (Alicante), donde los familiares aseguran que hubo 73 víctimas.

A continuación, infoLibre desgrana la estructura societaria de DomusVi que va desde cualquiera de las 138 residencias de España a la sociedad ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership en Jersey. Una red que recorre cuatro países y que gráficamente se resume así:

Trama societaria DomusVi.

La estructura societaria de la multinacional de residencias DomusVi, que termina en una sociedad domiciliada en la isla de Jersey.

LA TRAMA SOCIETARIA EN ESPAÑA

La sociedad matriz del grupo DomusVi en España se llama Geriavi, fue creada en julio de 2015 y tiene su sede en Vigo. La consejera delegada es Josefina Fernández Miguélez, que se ha mantenido al frente del grupo mientras crecía por medio de fusiones y su propiedad iba cambiando de fondo de inversión en fondo de inversión.

"Los fondos entendieron siempre que no hay pelotazos en geriatría", declaraba en octubre de 2017, el mismo día que se completaban las transacciones accionariales por las que el fondo Pai Partners le vendía su 55,5% de capital en el grupo DomusVi al fondo ICG. Cuando PAI Partners compró la empresa en septiembre de 2014 fue valorada en 639 millones de euros y cuando cerró su venta en julio de 2017 se tasó en 2.364 millones. En otras palabras: PAI Partners pagó 354 millones por su 55,5% del capital y se embolsó 1.312 millones con su venta. Al parecer, ganar en menos de tres años 958 millones no es un "pelotazo" para Josefina Fernández.

A finales de 2019, Geriavi contaba con 58 filiales. De ellas, 53 están en España, cuatro en Portugal y una en Chile. Esas filiales son las que se encargan de gestionar las residencias concretas. A veces una compañía lleva un solo geriátrico, mientras que en otras ocasiones se encarga de la explotación de varios centros. Las participadas más importantes son Quavitae Servicios Asistenciales y Geriatros.

Fuera de España, la inversión más relevante es la del Grupo Acalis, con sede en Chile y que además de en ese país tiene centros también en Uruguay y Colombia. En una reciente entrevista, Fernández explicaba que en Latinoamérica tienen que construir centros de lujo por el tipo de cliente al que se dirigen: “Los adultos mayores, como les llaman allí, que van a una residencia en Chile están acostumbrados a vivir en su casa con dos o tres asistentes".

Geriavi tiene el 100% del capital de todas sus filiales, salvo de Grupo Acalis, del que a finales de 2019 poseía el 41%.

Geriavi es una sociedad anónima unipersonal (SAU), es decir, que tiene un único accionista. Se trata de una compañía francesa denominada HomeVi SAS. De esta forma, la trama societaria de DomusVi hace un primer cruce de frontera, aunque no será el último.

La compañía con sede en Vigo presenta sus cuentas consolidadas en Francia y no en España. Los grupos empresariales tienen la obligación de consolidar sus cuentas, es decir, recoger en un mismo balance los datos financieros de todas las sociedades que están bajo su control. El objetivo es que se pueda conocer mejor cuál es la situación económica de dicho grupo. A la hora de pagar impuestos puede ser una ventaja porque los beneficios de las sociedades que ganan dinero se compensan con las pérdidas de aquellas compañías que van mal, reduciendo así la factura fiscal del conjunto del grupo.

“Las cuentas anuales consolidadas del grupo DomusVi serán depositadas en el Registro Mercantil de Francia a través de Kervita SAS”, explica Geriavi en la documentación que presenta en el Registro Mercantil de Pontevedra. Toca analizar, por tanto, la estructura del grupo en Francia.

Documento Geriavi 2019.

Documento de Geriavi SAU, donde indica quién es su accionista único y quién su sociedad dominante en Francia.

LA TRAMA SOCIETARIA EN FRANCIA

DomusVi tiene cuatro sociedades en Francia, en una estructura piramidal en la que cada compañía tiene el 100% de su filial. En la base está HomeVi SAS, cuyo accionista único es Casavita SAS; el accionista único de Casavita SAS es Finvita SAS, y el accionista único de Finvita SAS es Kervita SAS, que es por tanto quien está en la cúspide y es la sociedad dominante que presenta las cuentas consolidadas de todo el grupo.

SAS son las iniciales de société par actions simplifiée, un tipo de sociedad de la que no existe en España una forma jurídica equivalente, aunque estaría a medio camino entre la sociedad anónima y la limitada. Tiene una gran flexibilidad en su funcionamiento y organización, que se establecen básicamente en sus estatutos y no en el Código de Comercio, por lo que es el tipo societario preferido por los grandes grupos para sus filiales.

HomeVi SAS es la primera empresa de DomusVi en su estructura gala. Es la dueña directa del 100% del capital de la española Geriavi, de la gala DomusVi SAS –la empresa que cumple en Francia la misma función que Geriavi en España– y de la alemana DomusVi GmbH.

En sus cuentas, HomeVi le otorga a su filial francesa un valor contable de 502 millones de euros, a Geriavi de 232 millones y a la participada alemana de 100.000 euros.

Documento HomeVi

Documento de HomeVi donde se relacionan sus tres filiales directas, entre ellas la española Geriavi.

Casavita SAS es la segunda empresa del entramado en Francia. Es la accionista única de HomeVi. Antes de que el fondo de inversión ICG se hiciera con el control de DomusVi, Casavita era la sociedad que presentaba las cuentas consolidadas de la multinacional ante la Hacienda francesa, incluidas las de sus filiales directas e indirectas en España. Así lo hizo en el ejercicio 2017.

HomeVi Casavita

Documento de HomeVi donde se indica que su accionista único es Casavita.

La pirámide continúa hacia arriba con Finvita SAS, que tiene el cien por cien de las acciones de Casavita. Es la compañía que utilizó el fondo PAI Partners para el control accionarial del grupo, durante los tres años en los que fue el dueño de la mayoría de su capital. Su única función es la de intermediaria en la estructura, como demuestra el hecho de que en los últimos tres años haya declarado que el importe de su cifra de negocios es de cero euros. En cambio, su capital social asciende a 643,4 millones de euros.

Casavita Finvita

Documento de Casavita donde se indica que su accionista único es Finvita.

Cuando se produjo la venta a ICG, este fondo decidió engordar la estructura en Francia con una nueva compañía y creó Kervita SAS. Mediante una serie de transmisiones cruzadas de acciones entre las diferentes empresas, ejecutadas en julio y octubre de 2017, se estableció la configuración actual con Kervita como sociedad dominante.

Finvita

Documento de Casavita donde se indica que su accionista único es Kervita.

En Kervita es donde se juntan los tres grupos de accionistas que tiene DomusVI: el fondo británico ICG, que controla el 55,5% del capital; la compañía francesa Société d'Investissements DVH SAS (SIDVH), que en marzo de 2019 declaraba tener el 33,8%, y los principales ejecutivos del grupo de residencias, que tenían en ese momento el 10,7%, aunque esta cifra pudo variar desde entonces ya que existían contratos que otorgaban a los directivos la posibilidad de vender sus acciones a ICG y SIDVH.

El rastro del dinero puesto por ICG lleva al segundo cruce de frontera, puesto que sus acciones en Kervita las tiene a través de una sociedad domiciliada en Luxemburgo que se llama Topvita Investment Sàrl (iniciales de société à responsabilité limitée, equivalente a una SL en España).

Los directivos del grupo DomusVi, por su parte, entraron en el capital de Kervita a través de otras tres sociedades montadas en Francia: Mancare I SAS, Mancare II SAS y Mancare III SAS. En la primera de ellas, de acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el Registro de Nanterre correspondientes a 2018, la principal accionista era Josefina Fernández Miguélez, la consejera delegada de Geriavi que declara que no existen los "pelotazos en geriatría".

A finales de 2018, Josefina Fernández Miguélez tenía el 13,32% del capital de Mancare I. infoLibre le preguntó el pasado jueves a la portavoz del grupo en España si mantenía ese mismo porcentaje en la actualidad y si tenía también participación en Mancare II y Mancare III. En una muestra más de falta de transparencia, Fernández Miguélez se negó a responder a esas y a todas las demás preguntas de este periódico. Una opacidad que Geriavi y su consejera delegada aplican de forma generalizada, no sólo a la hora de hablar sobre sus intereses económicos, sino también sobre asuntos mucho más graves como el número de fallecidos en sus residencias durante la pandemia. Y ello a pesar de que, como se indicó con anterioridad, la expansión de DomusVi en España y el enriquecimiento de su consejera delegada se debe en buena medida al dinero público que recibe la compañía de las Administraciones públicas.

La compañía luxemburguesa Topvita Investment también declaraba una participación minoritaria en las tres sociedades creadas por los directivos del grupo.

Topvita Investments

Documento de Topvita Investments donde declara las acciones que tenía en marzo de 2019 en Kervita, Mancare I, Mancare II y Mancare III.

El tercer elemento en el accionariado de Kervita, y por tanto de todo el grupo DomusVi, es la compañía francesa SIDVH. Esta sociedad estaba controlada por Sagesse Retraite Santé (SRS), creada por Yves Journel, el fundador del grupo DomusVi en Francia en 1983. Sin embargo, en la operación de venta a ICG de la multinacional de residencias, SIDVH tuvo que realizar una ampliación de capital en la que SRS pasó a ser un socio minoritario con el 21,3% del capital. Con la mayoría se hicieron CDC International Capital (ahora BPI France) y Mubadala Investment Company, a través de un fondo específico surgido de la alianza de ambos denominado FEF.

BPI France es un banco público francés mientras que Mubadala Investment Company es un fondo soberano del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. En España, Mubadala es el principal accionista de Cepsa.

En otras palabras: la mayoría de las ganancias de los geriátricos que DomusVi tiene en España terminan en una compañía de Jersey, pero una pequeña parte de ese dinero viaja hacia un fondo del régimen de Abu Dabi.

LA TRAMA SOCIETARIA EN LUXEMBURGO

La compra de la mayoría del capital de DomusVi por parte de ICG en 2017 se articuló a través de un fondo denominado ICG Europe Fund VI, que recaudó 2.500 millones de euros entre inversores, mientras que la matriz de ICG –Intermediate Capital Group plc– aportó otros 500 millones. ¿Y quienes son los que ponen dinero en este tipo de fondos de inversión? Pues por una parte los llamados inversores institucionales –aseguradoras, bancos, fondos de pensiones– y por otra las conocidas como family offices, las sociedades que utilizan los multimillonarios para sacar el máximo rendimiento a su dinero.

El funcionamiento de los fondos de private equity –que invierten en compañías no cotizadas– es habitualmente el siguiente: una vez recaudado el dinero tienen una serie de años –el máximo suelen ser cinco– para entrar en diferentes empresas y otros tantos para desinvertir y salir del accionariado con las mayores plusvalías posibles. Los gestores del fondo cobran un porcentaje fijo por su trabajo –lo normal es el 2% del dinero bajo su gestión– y otro variable en caso de que el beneficio obtenido en la operación rebase una cierta barrera. Lo habitual es que el primer 8% de las ganancias se reparta exclusivamente entre los inversores y, a partir de esa cantidad, los gestores del fondo tienen derecho a un 20% de los beneficios que se repartan.

Por tanto, hay dos ideas básicas: cuando ICG entra en DomusVi –o cualquier fondo de private equity en una empresa– lo hace ya con un horizonte temporal de salida y su objetivo esencial es obtener unos beneficios que superen claramente el 8% de lo invertido, porque a partir de esa barrera se multiplican las ganancias del propio fondo. Una de las actuaciones esenciales para lograr ese objetivo es montar unas complicadas estructuras societarias en territorios de baja o nula tributación fiscal. Por ponerle cifras al tema: en el caso de ICG Europe Fund VI, los gestores del fondo crearon seis sociedades en Luxemburgo y diez en Jersey. A ello hay que sumarle las compañías específicas constituidas para cada operación concreta.

En el caso de la adquisición de DomusVi, la empresa clave es Topvita Investment Sàrl, que como hemos visto es la que tiene el 55,5% de las acciones de la compañía francsesa Kervita. Una segunda compañía en Luxemburgo es Topvita Financing Sàrl, que como su nombre indica tiene como objetivo primordial ayudar a la financiación de la operación.

Ambas compañías fueron creadas el mismo día –2 de marzo de 2017– y tienen los mismos accionistas, según lo declarado en el Registro Mercantil de Luxemburgo. Son otras cinco empresas que se reparten el capital de la siguiente forma: el 48,11% es de ICG Europe Fund VI Investment Sàrl; el 39,75% de Topvita Coinvestment I SCSp; el 6,35% de Intermediate Capital Group plc; el 5,74% de Topvita Coinvestment II SCS y el 0,05% de ICG Europe Fund VI Lux Co-invest SCS.

Algunas de estas empresas tienen a su vez como accionistas a otras compañías –la mayoría también de Luxemburgo–, pero como se indica en el documento que abre esta información, la sociedad última de control es ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership, cuya sede está en la isla de Jersey.

LA TRAMA SOCIETARIA EN JERSEY

Luxemburgo es un lugar atractivo para los fondos por sus bajos impuestos –hasta el punto de que se ha convertido en uno de los principales centros de operaciones en Europa de private equity–, mientras que Jersey añade al tema fiscal –no se paga impuesto de sociedades– otra ventaja para ciertos inversores: la opacidad. Es prácticamente imposible conocer quiénes son los accionistas de una compañía con sede en la isla del Canal de la Mancha.

La sociedad que está en la cúpula de la trama societaria de DomusVi es una "limited partnership", un tipo de asociación del Derecho británico que es la utilizada habitualmente por los fondos de private equity. Está compuesta por un "general partner", que designa el propio fondo y que se encarga de la gestión, y los "limited partners", que son los inversores que ponen el dinero y cuya responsabilidad se limita al capital invertido. El general partner es quien decide dónde invierte, aunque puede tener determinadas limitaciones que le han puesto los inversores; por ejemplo, no invertir en determinada zona geográfica o en cierto tipo de industrias.

En determinadas ocasiones, se produce una inversión conjunta (co-investment) y a veces el propio fondo también compromete parte de su capital. Es lo que ocurrió con el ICG Europe Fund VI, donde el fondo británico además de encargarse de la gestión, invirtió 500 de los 3.000 millones recaudados (el 16,67% del total a través de Intermediate Capital Group plc). Tal y como consta en su último informe de cuentas anuales, "la sede principal del negocio" de dicho fondo está en Jersey.

La limited partnership que controla finalmente ese 55,5% del grupo DomusVi se llama ICG Europe Fund VI (No 1) y como general partner actúa otra compañía de Jersey denominada ICG Europe Fund VI GP Limited. Allí es donde terminan la mayor parte de las ganancias que generan 138 residencias en España, que viven básicamente del dinero público que reciben de 82 Administraciones autonómicas y locales. Lo que se desconoce es la identidad de los beneficiados. El resto de las ganancias acaban en los bolsillos de algunos directivos del grupo, entre ellos Josefina Fernández Miguélez, y en las arcas de un banco público francés (BPI France), un fondo del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (Mubadala) y un multimillonario galo (Yves Journel).

ICG Jersey
Inscripción en el Registro de Jersey de la sociedad que está en la cúspide de la trama societaria de Domusvi: ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/20/domusvi_desvia_jersey_parte_que_gana_espana_con_negocio_residencias_que_mayoria_dinero_origen_publico_109017_1012.html

LOS JUECES OBLIGAN A MEDICALIZAR LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN POR SEXTA VEZ

Los magistrados del TSJM recuerdan que la situación no ha cambiado y que hay riesgo para los mayores

Los intentos de acabar con la medida cautelar de medicalizar las residencias de mayores de Alcorcón por parte del Letrado de la Comunidad de Madrid han chocado de nuevo con el muro de los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJM). Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo han tumbado por sexta vez en tres meses el último recurso presentado por el abogado regional. Los jueces ya en su auto de 10 de julio recuerdan que las medidas cautelares —en este caso, que haya médicos y enfermeras en los geriátricos— se podrán extender todo el tiempo que sea necesario para garantizar la salud de los residentes.

El abogado de la Comunidad de Madrid recurrió el auto dictado por los magistrados de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM de 23 de junio y una providencia del 26 de ese mes. En su escrito, solicitaba dejar sin efecto la medida cautelar aprobada por los magistrados a mediados de abril, cuando el Ayuntamiento de Alcorcón, con su alcaldesa Natalia de Andrés (PSOE) a la cabeza, presentó un recurso ante el Tribunal Superior. El escrito municipal pedía la intervención médica con carácter urgente y cautelar de las cuatro residencias de mayores de la localidad, dado el alto número de mayores fallecidos por coronavirus. Y todo ello, sin que ni la Consejería de Políticas Sociales, con Alberto Reyero al frente, ni la de Sanidad, con Enrique Ruiz-Escudero, tomaran medidas para solucionarlo.

El letrado de la Comunidad de Madrid entendía que se debía revocar la medicalización de los centros de mayores y dejar vigente tan solo la obligación de “informar periódicamente de la situación de los residentes”. Basaba su petición en que las residencias “no demandan medidas extraordinarias”. Estas se encontraban “cubiertas por su personal, apoyadas por el hospital, y sin que precisen significativamente refuerzo material”, según consta en el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El auto judicial, de la que es ponente la magistrada María del Pilar García Ruiz, es más escueto que los redactados con anterioridad. En tan solo cinco folios se ventilan la cuestión, ya que en sus fundamentos jurídicos recuerdan todos y cada uno de los puntos que han ido reiterando al abogado autonómico durante los escritos anteriores. Escritos en los que no ha conseguido ninguna rebaja en las medidas cautelares y en los que incluso se le ha apercibido de que informase a la mayor brevedad de lo que estaba ocurriendo en los geriátricos. En caso contrario, los magistrados estaban dispuestos a tomar medidas contra la autoridad —en este caso, el equipo de Ruiz-Escudero por ejercer el mando único en las residencias— que contraviniera la orden.

Este último auto mantiene de nuevo que las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme con el que concluya el procedimiento judicial o este concluya de manera anticipada por las causas recogidas en la ley, como la retirada del recurrente. “Entiende la sala que el auto de fecha de 23 de junio de 2020 debe confirmarse por sus propios fundamentos ya que los mismos, que son de plena aplicación al caso, no han sido atacados de modo efectivo”, mantiene el escrito del TSJM. “Lo que en realidad vierte la parte actora [la Comunidad de Madrid] en el recurso es una mera disconformidad con el criterio adoptado por este órgano jurisdiccional para decidir como lo hizo sobre la denegación de lo solicitado”, añade.

Los jueces dan también un pequeño tirón de orejas al letrado regional, que argumentó en su escrito que el estado de alarma se levantó en el territorio español el 9 de junio, “no siendo hasta el 21 de junio cuando quedó efectivamente levantado”, añaden los magistrados.

De todas formas, reiteran que su medida no está vinculada con el estado de alarma, sino con “la continuación de la situación de riesgo ante la falta de certeza de la evolución de la situación sanitaria”. En concreto, desde que se habían puesto en marcha las distintas fases de desescalada y, en especial, “el levantamiento de la prohibición de visitas a las residencias de mayores en esta Comunidad Autónoma”.

Los jueces son incluso más taxativos: “En cualquier caso, el argumento relativo a la pérdida de vigencia del estado de alarma (en reciente fecha de 21 de junio de 2020) así como de las Órdenes que cita del Ministerio de Sanidad carece de relevancia a los efectos pretendidos”. Y mantienen que la medida cautelar de medicalizar las residencias de Alcorcón ya fue explicada en autos anteriores. En ellos, se puso como ejemplo lo realizado por el Ejecutivo autonómico en el hospital de campaña de Ifema o en los hoteles cedidos en la región.

Cobertura jurídica

A ello se une que “la pérdida de vigencia del estado de alarma y de las reiteradas Órdenes Ministeriales a partir del 21 de junio pasado no perjudica el hecho de que el recurso que se resuelva habrá de serlo conforme a la normativa vigente cuando el mismo se interpuso, y, más aún, que, pese a que las normas en cuestión ya no estén vigentes la medida cautelar adoptada no pierde su cobertura jurídica”. La magistrada ponente le da otro tirón de orejas al abogado regional al final de los razonamientos jurídicos, al citarle que los jueces pueden adoptar las medidas cautelares “que sean adecuadas” al fin que se pretende, es decir, “para evitar o paliar dichos perjuicios”.

Este correlato de autos contra el letrado regional se suma a otros similares dictados por la misma sala a favor del Ayuntamiento de Leganés, con su alcalde Santiago Llorente (PSOE) al frente, que tomó la misma decisión que su compañera de partido y vecina de municipio, Natalia de Andrés.

https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-17/los-jueces-obligan-a-medicalizar-las-residencias-de-alcorcon-por-sexta-vez.html

AYUSO ADMITE QUE "LA SITUACIÓN ES COMPLICADA" POR EL "REGUERO DE 100 DENUNCIAS" POR LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS

También ha reprochado al resto de partidos que quieran investigar en la Asamblea: “Tenemos una comisión no de investigación sino de dolor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que la situación en la Comunidad de Madrid “es complicada” porque tiene “un reguero de 100 querellas” en los juzgados por su gestión de las residencias.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en Estadio con Federico Jiménez Losantos, donde además de describir el homenaje de Estado como “una ceremonia de la ONU frente a un pebetero”, ha cargado contra la oposición y los ciudadanos que la han denunciado por los fallecidos en residencias.

“Están buscando paralizar mi acción de Gobierno. He tenido dificultades incluso” para gobernar, ha dicho. A su juicio, “quieren retorcer el dolor” con la creación de una comisión de investigación sobre la situación de las residencias y su gestión: “Tenemos una comisión no de investigación sino de dolor. Es cierto que la situación para el Gobierno autonómico es dificilísima”, ha admitido.

“Ayuso ha reprochado a otros partidos que “no todos son conscientes de lo importante que es ponerse a trabajar pensando en lo fundamental”.

Sobre su relación con Ciudadanos, ha apuntado que “que hemos tenido desencuentros, pero los dos equipos están trabajando unidos. Cuando trabajamos en el día a día no noto las diferencias entre un partido y otro”.

Con respecto a Vox, que también avaló la creación de la comisión de investigación, ha asegurado que “no entiendo su estrategia” pues “tienen razón en muchos planteamientos, pero luego van perdiendo la razón y erosionando” con sus argumentos. “No hay que demostrar todo el tiempo las diferencias”, ha concluido.

https://www.elplural.com/politica/ayuso-admite-situacion-complicada-reguero-100-denuncias-gestion-residencias_244171102


PODEMOS LLEVARÁ A LOS TRIBUNALES A AYUSO POR SU GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS DURANTE LA PANDEMIA

El
nuevo coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, ha anunciado que llevará a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a los tribunales por su gestión durante el pico de la pandemia de coronavirus en las residencias de mayores, donde han muerto casi 6.000 ancianos de esta enfermedad en los últimos cuatro meses. En una entrevista concedida a Europa Press, el también vicealcalde de Alcorcón ha recordado que varias sentencias obligan al Gobierno regional a medicalizar los geriátricos de Leganés y Alcorcón, por lo que ante la falta de ejecución "va a seguir presionando y pidiendo las responsabilidades oportunas, también llevando a Ayuso a los tribunales".

"Vemos el talante de Ayuso cuando la Justicia le obliga a medicalizar unas residencias para que los mayores no se mueran ahogados y para darles medios sanitarios para mejorar la pandemia y no lo hace, con sentencias judiciales firmes. Nuestra labor como Ayuntamiento es cuidar a nuestros mayores. Estamos haciéndolo y como oposición en la Asamblea de Madrid llevaremos ante las últimas consecuencias al Gobierno de Ayuso, porque creemos que ha cometido un delito de falta de auxilio a los mayores de esas residencias", ha declarado.

Santos quiere que las residencias se medicalicen para garantizar que los ancianos que allí viven "no vuelvan a morir ahogados" como durante la pandemia del coranavirus. A su juicio, la Ley de Residencias ha quedado "totalmente anulada", ya que obliga a estos centros a tener un ratio mayor de médicos y enfermeros por pacientes que los actuales y que tengan respiradores.

"La pandemia no se puede prever pero las condiciones en las que hemos llegado a ella tienen responsables. Las licitaciones de las residencias salen a precio para empresas como OHL, Fomento, Urbaser o Florentino Pérez, que gestionan el 80% de las residencias [leer aquí la investigación de infoLibre sobre los fondos de inversión, multimillonarios y algún empresario corrupto que controlan los 13 mayores grupos de residencias en España], que ponen por delante el nivel económico a los mayores en una pandemia. El modelo de gestión tiene que cambiar creando una empresa pública de los Cuidados, para que la dependencia y la sanidad de los mayores no vuelvan a ser el negocio de los grandes núcleos empresariales", ha esgrimido.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/11/podemos_llevara_los_tribunales_ayuso_por_gestion_las_residencias_durante_pandemia_108778_1012.html


LA IZQUIERDA PIDE QUE AYUSO Y SUS CONSEJEROS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES EXPLIQUEN EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN QUÉ OCURRIÓ EN LAS RESIDENCIAS

Representantes de los familiares, médicos, hospitales, empresas propietarias de estos centros, médicos, policías y bomberos serán llamados a comparecer en sede parlamentaria

El PP apura el plazo para registrar su solicitud de comparecientes

El director de investigación de infoLibre, Manuel Rico, figura en el listado presentado por el PSOE y Podemos

La Comisión de Investigación sobre la situación de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la crisis del covid-19, cuando acumularon gran parte de los fallecidos y aplicaron protocolos que impidieron el traslado a los hospitales, ha sido constituida esta semana en la Asamblea de Madrid. Y los grupos ya dan los primeros pasos para que la maquinaria eche a andar. El próximo lunes, como tarde, los grupos parlamentarios tendrán que registrar sus peticiones de comparecencia. Y los grupos parlamentarios ultiman el listado de quienes pretenden que sean llamados a sede parlamentaria para aportar sus testimonios.

Los grupos de la izquierda lo tienen claro. En la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el covid-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020 no pueden faltar, como comparecientes, tres políticos madrileños que han sido protagonistas estas trágicas semanas. Es el caso de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP); el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs). Los tres han sido incluidos en los listados de PSOE, Más Madrid y Podemos.

En el caso del listado de Más Madrid también figura el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado (Ciudadanos). Como en el caso del resto de políticos, la formación justifica que sea llamado "debido a las responsabilidades que ostenta, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado y ejecutado las decisiones relativas al funcionamiento y a la preparación de las residencias de mayores para hacer frente a la emergencia covid-19 en la Comunidad de Madrid".

Hasta el 25 de marzo, la consejería responsable de los centros de de mayores de la región era la de Políticas Sociales. Pero Ayuso decidió retirar estas competencias a Reyero y transferírselas a Sanidad en un episodio más de los enfrentamientos que acumulan PP y Cs, socios de Gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid.

Era solo el comienzo de las tensiones entre Sanidad y Políticas Sociales. Porque el choque total llegó después de que infoLibre publicara los protocolos del Gobierno de Ayuso que prohibieron trasladar pacientes de residencias a hospitales. Algo que, a ojos del consejero Reyero "no es ético y posiblemente no sea legal", según unas declaraciones realizadas el 1 de junio en la Asamblea de Madrid.

Los protocolos llevaban la firma de un alto cargo de la Consejería de Sanidad, Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria–. Él es otra de las personas a la que pretenden convocar los grupos de la izquierda. Todos coinciden en solicitar su presencia en el Parlamento regional.

En los tres listados también hay unanimidad sobre la necesidad de que comparezcan Antonio Burgueño, ex director general de Hospitales y asesor para la crisis del covid-19. Y su hija, Encarnación Burgueño, directora general de Cardio Líder. Según publicó el diario El País, la presidenta Díaz Ayuso recurrió a esta empresa sin experiencia previa en el sector para gestionar la crisis de los centros de mayores.

Asociaciones de familiares y residentes

Las formaciones políticas quieren que en esta comisión de investigación aporten también sus testimonios asociaciones en defensa de los derechos de los mayores como Marea Residencias o Pladigmare, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias. De esta última asociación el convocado es Miguel Vázquez, su presidente.

También quieren contar con la presencia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

En el escrito de Más Madrid [Aquí, en PDF] figuran dos nombres clave cuyo testimonio, difundido por El Periódico de Catalunya, sirvió para describir a la perfección cómo desde los hospitales se negaba el ingreso a residentes en centros de mayores. Las llamadas son la doctora Mirthaines Castro de Ponzo, doctora en la residencia Vitalia de Griñón. Y Ramona Carvajal, familiar de una de las fallecidas en esa residencia.

El director de investigación de infoLibre, Manuel Rico, figura en el listado presentado por el PSOE y Podemos. Este diario ha publicado más de una veintena de informaciones sobre los polémicos protocolos y sobre la estructura empresarial del sector de las residencias en España.

El PP apura el plazo para solicitar los comparecientes en esta comisión de investigación. Fuentes del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid consultadas por este diario aseguran que no lo harán hasta el lunes. En Vox, por su parte, avanzan que uno de los llamados será el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien la derecha achaca ser el "responsable" de la residencias durante el estado de alarma.

El diputado del PSOE José Ángel Gómez Chamorro fue elegido este lunes presidente de la misma, acompañado por el diputado conservador Diego Sanjuanbenito, como vicepresidente, y por la parlamentaria de Unidas Podemos Paloma García como secretaria.

Fue la extrema derecha de Vox la que permitió que los socialistas se hicieran con la Presidencia de esta comisión al votar a sus propios candidatos.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/10/la_oposicion_quiere_que_ayuso_sus_consejeros_sanidad_servicios_sociales_expliquen_asamblea_que_ocurrio_las_residencias_108681_1012.html

 

LA FISCALÍA AUMENTA SUS INVESTIGACIONES A RESIDENCIAS EN MADRID

Las diligencias de análisis en relación a las residencias ascienden hasta las 107 en la región

La Fiscalía General del Estado ha aumentado el número de investigaciones llevadas a cabo respecto a irregularidades en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.

Solo en la región madrileña se han abierto 107 diligencias sobre los problemas en los centros de ancianos por la crisis del coronavirus.

Se han abierto cuatro nuevas investigaciones en la Comunidad de Madrid de las que se habían registrado el pasado 2 de julio.

Las reclamaciones y las quejas por la poca protección de los mayores en los centros en los que se encontraban ha provocado las reclamaciones de los familiares.

Según informa la Fiscalía General del Estado, un total de 185 diligencias civiles permanecen abiertas, mientras que permanecen abiertas 229 diligencias de investigación en relación a las residencias de mayores.

https://www.elplural.com/sociedad/fiscalia-aumenta-investigaciones-residencias-madrid_243580102


EL OBSERVATORIO MADRILEÑO DE SALUD CRITICA LA GESTIÓN DE AYUSO EN LAS RESIDENCIAS: “HA PRIMADO EL BENEFICIO EMPRESARIAL”

A través de un análisis de CC.OO. y UGT, proponen medidas urgentes para recuperar la sanidad pública en la Comunidad de Madrid

El Observatorio Madrileño de Salud ha elaborado un informe con el que señala las continuas irregularidades que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva cometiendo respecto a la sanidad pública en la región.

En un trabajo realizado de la mano de CC.OO. y UGT, se señala la mala gestión llevada a cabo por la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante la crisis del coronavirus en lugares tan delicados como las residencias de ancianos.

Según señala el análisis, las residencias de mayores son, en su gran parte, privatizadas. “Ha primado el beneficio empresarial por encima del bienestar de los residentes y de la calidad del servicio”, señala el informe.

De las 473 residencias que se encuentran en la Comunidad de Madrid, solo 25 son de titularidad y gestión publica directa, mientras que otras 18 solamente poseen titularidad pública.

Los cuidadores aseguran que las empresas saben que se dedica menos tiempo al usuario para ahorrarse así costes de personal. El análisis asegura que la privatización y el negocio son los que han conducido a esta catástrofe.

Tal y como asegura el Observatorio Madrileño de Salud, la mortalidad en las residencias ha sido escandalosa. El 64,4% de los mayores internos que habían dado positivo han perdido la vida a causa del coronavirus.

Sistema sanitario público debilitado por los recortes
La Comunidad de Madrid cuenta con unos presupuestos sanitarios insuficientes, por debajo de la media del resto de comunidades. En la última década se ha destinado 10.822 millones de euros menos a la sanidad pública.

Por culpa de las medidas de ahorro se ha disminuido el número de camas, un deterioro de la Atención Primaria, recortes del personal sanitario, privatizaciones y una disminución de stock de material.

La falta de sanitarios había acumulado hasta febrero de 2020, “453.177 pacientes en lista de espera para consultas con especialistas”. Para hacer frente a este problema desde el Observatorio Madrileño de Salud se aconseja la contratación de los 836 profesionales, tal y como había prometido el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

La privatización y la reducción del stock, para ahorrarse costes, ha hecho que Madrid se haya convertido en la ciudad con más contagiados de España, aunque es la tercera comunidad en población y la decimotercera en porcentaje de población mayor.

Mala gestión de Isabel Díaz Ayuso
El Observatorio Madrileño de Salud explica en su informe que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha continuado "favoreciendo los intereses empresariales".

La creación de la Dirección General de Salud Pública por parte de Esperanza Aguirre en 2008, ha tenido un carácter decorativo frente a las medidas impuestas por la Consejería de Sanidad de la región.

“No se preocupó nunca por dar solución a los problemas de salud”, señala el escrito. Según el informe, Ayuso fomentó los negocios privados en IFEMA y dejó de lado el plan de atención sanitaria en las residencias.

Plan de Salud de la Comunidad de Madrid
Para hacer frente a la crisis del coronavirus que ha perjudicado totalmente al sistema sanitario, el Observatorio Madrileño de Salud advierte de la necesidad de unos presupuestos suficientes, 9.500 millones de euros, para la sanidad pública madrileña.

Para reforzar el sector sanitario de cara un posible rebrote del virus, el análisis asegura que es necesario un Plan de Salud de la Comunidad de Madrid. Además de ello, será necesario aumentar las camas hospitalarias hasta alcanzar una ratio de 5 camas por cada 1.000 habitantes.

“Es el momento de exigir a la Comunidad de Madrid una respuesta a la altura de las necesidades de salud”, aclara el informe.

https://www.elplural.com/sociedad/observatorio-madrileno-salud-critica-gestion-ayuso-residencias-ha-primado-beneficio-empresarial_243482102

VOX DEJA SOLA A AYUSO Y PERMITE AL PSOE PRESIDIR LA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ LAS RESIDENCIAS DE MADRID

El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha impedido este lunes que el centroderecha presida la comisión de investigación sobre el drama de las residencias en la crisis del coronavirus. Como ya pasó la semana pasada con la comisión para la reconstrucción, los de Rocío Monasterio no se han alineado al votar con PP y Cs y, así, el PSOE controlará también la comisión que servirá a la estrategia de José Manuel Franco, líder de los socialistas madrileños, desvelada por OKDIARIO: «Retorcer el tema de las residencias» para derrocar al Gobierno regional.

Si bien Ciudadanos ha apoyado al candidato del Partido Popular a la presidencia de la comisión, el diputado regional Diego Sanjuanbenito, Vox se ha negado a hacer lo propio. Por ello, el parlamentario socialista José Ángel Gómez Chamorro será el presidente, Diego Sanjuanbenito será el vicepresidente y Paloma García Villa (Podemos) será la secretaria.

La izquierda tendrá, por tanto, mayoría en la Mesa de esta comisión, lo que facilitará las cosas a PSOE, Podemos y Más Madrid para establecer el calendario de sesiones, la lista de personas que comparecerán y a la postre, las conclusiones. La comisión pretende determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones «inadecuadas o irregulares» en un momento «de grave crisis sanitaria».

El presidente de la comisión, tras constituir el órgano, ha señalado que espera «que esta comisión cumpla con estas perspectivas de mirar por los intereses de los familiares y residentes de la Comunidad para dar una mejor atención en los recursos residenciales, así como una alternativa clara para que los hechos ocurridos no vuelvan a ocurrir».

Voto a sí mismos

El voto en blanco de Vox la semana pasada permitió al PSOE presidir la comisión para la reconstrucción. En esta ocasión, los de Vox se han votado a sí mismos, lo que a la postre ha dado el mismo resultado. La presidencia de la comisión caerá en manos socialistas y el Partido Popular y Ciudadanos muestran su enfado con los de Rocío Monasterio.

En una nota de prensa, Vox asegura que estamos ante «un paso más en el pacto de exculpación entre PP y PSOE+Podemos». «La Mesa (de la comisión) ha quedado conformada el representante del Gobierno criminal de Sánchez (en la Presidencia), el representante de Díaz Ayuso (en la Vicepresidencia) y el representante de Pablo Iglesias (en la Secretaría). Queda patente que tienen mucho que esconder», aseguran.

Vox tacha de «vergonzoso» que los partidos que serán investigados en dicha comisión por conformar los gobiernos en Madrid y en La Moncloa, «pretendan ser juez y parte de la misma para taparse las vergüenzas y evitar, entre otras cuestiones, que tenga que comparecer Pablo Iglesias y dar explicaciones».

Explica que «por esta razón», Vox presentó a «sus propios candidatos para presidir la Mesa de dicha comisión. Es la única formación que puede acreditar su imparcialidad a la hora de dirigir la investigación del geriatricidio ocurrido durante la pandemia del coronavirus». «Sin embargo, los candidatos propuestos por esta formación sólo recibieron el apoyo de sus propios diputados, mientras quedaba en evidencia el pacto del consenso progre para ocultar la desastrosa gestión de unos y otros que tan graves consecuencias ha tenido en esta crisis sanitaria», valora la formación de Santiago Abascal.

En su comunicado, Vox agrega que «ahora comprobamos que el pacto de exculpación que se puso de manifiesto con la mal llamada comisión de reconstrucción queda ahora confirmado también en la de investigación de las residencias». «En cualquier caso, Vox seguirá luchando para que se sepa la verdad de lo ocurrido con nuestros mayores, para devolverles la dignidad que les robaron y para pedir las responsabilidades políticas que correspondan», apostillan.

Isabel Díaz Ayuso

En este caso, Vox había pedido también, como la izquierda, desarrollar una investigación en la Asamblea sobre las residencias. Sin embargo, su propuesta, que fue la primera en registrarse, quedó descartada. Finalmente ha salido adelante la iniciativa de comisión registrada por la izquierda regional justo después de la polémica de las órdenes de Sanidad para no derivar ancianos de residencias a hospitales.

En todo caso, ante las disputas internas entre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reprendió a ambos para que cada uno se centrarse «en hablar de su gestión», en decir lo que ha hecho y explicarlo, y no en la de sus compañeros. Por ello, la dirigente autonómica decidió impulsar una «investigación interna» dentro del Gobierno regional por lo sucedido en las residencias de mayores consecuencia de esta crisis.

Fin de la comisión

El objetivo pasa determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones «inadecuadas o irregulares» en un momento «de grave crisis sanitaria». El trabajo de la Comisión finalizará en el plazo de un año desde su constitución, pudiendo acordar la Mesa de la Asamblea la prórroga del plazo aquí establecido a petición motivada de la Comisión.

Conclui
do el plazo establecido, la Comisión, en no más de 30 días, elaborará un dictamen con la relación de sesiones y trabajos, las conclusiones aprobadas y las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios. El dictamen resultante junto con los votos particulares que puedan presentar los grupos se elevará al Pleno de la Cámara para su debate y posible aprobación.

18 miembros

Este grupo de trabajo está compuesta por 18 diputados designados por sus respectivos grupos parlamentarios. Podrán participar tres parlamentarios de cada grupo. Por el PSOE estará Puri Causapié, Matilde Ojeda y José Ángel Chamorro; del Partido Popular, Carlos Izquierdo, Dolores Navarro y Diego San Juan Benito; de Ciudadanos, Ana García, Tomás Marcos y Miguel Díaz.

Por su parte, por el partido de Íñigo Errejón (Más Madrid), Emilio Delgado, Mónica García y Pablo Gómez Perpinyà, de Vox tomarán parte los diputados Mariano Calabuig, Pablo Gutiérrez de Cabiedes y José Ignacio Arias Moreno y, finalmente, de Podemos la portavoz Isa Serra, Vanessa Lillo y Paloma García.

https://okdiario.com/espana/vox-deja-sola-ayuso-permite-psoe-presidir-comision-que-investigara-residencias-madrid-5854847

ARRANCA ESTE LUNES LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE RESIDENCIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La misión será determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones "inadecuadas o irregulares" en un momento "de grave crisis sanitaria"

La comisión será sin comparecientes y en la que se elegirá a su presidente, vicepresidente, secretario y los diputados que asistirán

La comisión de investigación sobre la situación provocada por el covid-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020 arrancará este lunes en la Asamblea de Madrid con la sesión de constitución de la misma, informa Europa Press. Será sin comparecientes y en la que se elegirá a su presidente, vicepresidente, secretario y los diputados que asistirán.

Esta comisión fue propuesta inicialmente por el PSOE justo después de la polémica de las órdenes de Sanidad para no derivar ancianos de residencias a hospitales que adelantó infoLibre [Aquí puedes consultar nuestro dossier con nuestra investigación sobre las residencias]. Estas "contradicciones" en la explicación de lo sucedido en las residencias de mayores entre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero llevó a los grupos de izquierda a registrarla.

El titular de Sanidad llegó a reconocer que uno de los seis borradores del protocolo dirigidos a atender en centros hospitalarios a personas con covid-19 procedentes de centros residenciales se envió por "error" y acusó a Reyero de haber filtrado unos correos electrónicos dirigidos a él, donde advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales.

Sin embargo, Reyero especificó que se trataba de un protocolo y no un borrador, y llegó a afirmar que "hubo mucho revuelo entre los geriatras de la Consejería de Sanidad" porque las órdenes para no derivar usuarios de residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad al hospitales durante el pico de la pandemia "no se sostenían". Finalmente, fue la Mesa de la Asamblea de Madrid quien dio el visto bueno para la creación de esta Comisión de Investigación.

Funcionamiento de la comisión

Con esta comisión pretenden determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones "inadecuadas o irregulares" en un momento "de grave crisis sanitaria".

La Comisión estará compuesta por 18 miembros designados por los grupos parlamentarios. Podrán participar tres parlamentarios de cada grupo. El trabajo de la Comisión finalizará en el plazo de un año desde su constitución, pudiendo acordar la Mesa de la Asamblea la prórroga del plazo aquí establecido a petición motivada de la Comisión.

Conclui
do el plazo establecido, la Comisión, en un plazo no superior a 30 días, elaborará un dictamen con la relación de sesiones y trabajos, las conclusiones aprobadas y las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios. El dictamen resultante junto con los votos particulares que puedan presentar los grupos se elevará al Pleno de la Cámara para su debate y posible aprobación.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/05/arranca_este_lunes_comision_investigacion_residencias_comunidad_madrid_108507_1012.html

LA FISCALÍA DE MADRID ADVIERTE QUE LLEGARÁ HASTA EL FINAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS RESIDENCIAS

La Consejería de Justicia y la Fiscalía regional se reúnen para analizar la situación jurídica y administrativa tras la pandemia

Y en esta primera cita tras el largo confinamiento sobre la mesa ha estado el altísimo nivel de fallecimientos en los geriátricos madrileños que supera las 6.000 personas. El Fiscal Superior de Madrid, Jesús Caballero Klint, ha señalado que se investigan un buen número de residencias y que se reproducen una serie de patrones de actuación que es necesario analizar.

Caballero Klint ha indicado que al mismo tiempo que se investigan las residencias, se quieren hacer recomendaciones en el ámbito civil de la tutela que tiene la Fiscalía en el ámbito de las personas mayores para que "no vuelvan a ocurrir" las muertes producidas durante los peores momentos de la crisis sanitaria en la región.

En todo caso ha aclarado que esas diligencias de investigación se están abordando con absoluta libertad de criterio, Pero no hay que olvidar que las circunstancias en cada una de las 500 residencias que hay en Madrid pueden ser diferentes y no se puede meter "a todas en el mismo saco", algo que sería injusto.

Sobre el archivo de algunas denuncias, ha señalado que se han producido al no detectarse responsabilidad penal y ha dicho que tiene que haber "un plus de dejación de negligencia que comporte esa responsabilidad penal", algo diferente a que pueda haber otros tipos de responsabilidades como patrimoniales.

De cualquier modo hay abiertas en la región 107 diligencias de investigación que dirige el Ministerio Publico. Se trata del 60 por ciento del total en toda España.

https://cadenaser.com/emisora/2020/07/07/radio_madrid/1594138476_483003.html

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS RESIDENCIAS EN MADRID LLEGA A LA ASAMBLEA: PROTOCOLOS "ILEGALES", QUERELLAS Y CRISIS DE GOBIERNO

El impacto del coronavirus en las residencias de ancianos ha sido devastador. Desde que comenzó la pandemia, las 710 residencias madrileñas suman 5.987 fallecidos con coronavirus o sintomatología. Del total, 1.253 muertes corresponden a casos confirmados mediante test y 4.734 a casos con síntomas compatibles, según los datos oficiales remitidos. Esto supone el 18,1% del total. Es decir, casi una de cada cinco personas que vivía en una residencia ha fallecido durante los peores meses de la pandemia en Madrid.

Los primeros datos que se conocieron sobre la expansión del virus fueron los facilitados por la Consejería de Políticas Sociales a los grupos parlamentarios durante el pico de la pandemia el 25 de marzo, que revelaban que durante los primeros quince días de la crisis sanitaria murieron 1.130 personas en centros sociales, 1.101 de geriátricos. Según publicó InfoLibre, únicamente el 13% de ellos recibió asistencia sanitaria.

La falta de respuesta de la Comunidad de Madrid ante la desatención médica y la ausencia de espacios medicalizados para atender a los enfermos ha provocado un terremoto en el gobierno regional. De todas las comunidades, Madrid es la que acumula más diligencias civiles por esta cuestión (150, a 29 de junio). A ello se le suma una querella presentada por un grupo de familiares en un juzgado de Madrid, que ya ha sido elevada al Tribunal Supremo al estar denunciada la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Durante los momentos más duros de la pandemia por el coronavirus, entre mediados de marzo y mediados de abril, la Comunidad de Madrid gobernada por PP y Cs marcó unas directrices claras para excluir a las personas mayores que estaban viviendo tanto en residencias como en sus propios domicilios de cualquier atención hospitalaria. En dichos protocolos se recomendó a los médicos de Atención Primaria evitar el traslado a los hospitales a pacientes con síntomas del covid-19 mayores de 80 años y con patologías graves.

Sin embargo, sí otorgó un trato diferente a los mayores que contaban con un seguro privado, según publicó El País. Los pacientes de la privada no obtuvieron ningún problema para ser trasladados desde los centros donde residían hasta sus hospitales de referencia. Ayuso lo desmintió y aseguró que las órdenes de exclusión de los ancianos de residencias para ser ingresados en hospitales eran "borradores" y que nunca llegaron a los centros. Sin embargo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció al cabo de unos días ante la oposición que los protocolos de exclusión llegaron a las residencias y los hospitales aunque se trató de un "error".

Reyero y Escudero, en medio de una guerra sin tregua

El consejero de Políticas Sociales, encargado de la gestión de las residencias, Alberto Reyero (Cs), pidió el 21 de marzo la "activación urgente del Ejército para el apoyo sanitario y logístico" al Gobierno central, pese a la oposición de Ayuso. La presidenta madrileña lo apartó 5 días después en favor del consejero de Ruiz Escudero (PP) y desde entonces los desencuentros entre los dos socios de la coalición han sido frecuentes.

Reyero aseguró en primer lugar que las residencias no estaban medicalizadas. Ayuso dijo que sí lo estaban. Más tarde, el político de Cs señaló que los criterios que se distribuyeron desde el gobierno regional a los centros hospitalarios fueron "en contra" del criterio de la Consejería de Políticas Sociales y señaló que él se oponía de manera "radical" a los mismos. "No es ético y posiblemente no sea legal" dejar sin atención médica a los ancianos de las residencias, dijo.

Reyero especificó que se trataba de un protocolo y no un borrador, y llegó a afirmar que "hubo mucho revuelo entre los geriatras de la Consejería de Sanidad" porque las órdenes para no derivar usuarios de residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad a hospitales durante el pico de la pandemia "no se sostenían".

A principios de junio El País publicó unos correos electrónicos entre ambos dirigentes, en los que el político de Cs advierte a Escudero de los peligros de no trasladar a los ancianos a los hospitales y en los que también le pide la colaboración de la Consejería de Sanidad. Para Escudero, esto supuso una "filtración" interesada. "Esto es una traición. Yo no lo hubiera hecho", dijo. Al cabo de unos días, Ayuso anunció una investigación "interna" para dirimir lo ocurrido en las residencias y señaló que la exclusión de ancianos se hizo por "pragmatismo y nunca por dejación ni negligencia".

Las culpas para Iglesias

Mientras que los dirigentes del gobierno regional discrepaban sobre si se habían tomado las mejores decisiones, el PP y Vox buscaban un culpable en el Gobierno nacional. Ambas formaciones insistieron durante semanas en atribuir la responsabilidad de lo ocurrido en las residencias de mayores al Ejecutivo central, y más en concreto al vicepresidente segundo Pablo Iglesias.

Dirigentes de PP y Vox señalaban que con la aplicación del estado de alarma, Iglesias asumió "el mando único" en las residencias de ancianos. Una información falsa. La administraciones autonómicas conservaron "las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios". Así lo refleja el Boletín Oficial del Estado en los artículos 4 y 6 del real decreto del 14 de marzo. La función del Ministerio de Sanidad durante la emergencia sanitaria fue reforzar el papel de los gobiernos autonómicos.

"¿Dónde ha estado el jefe de Reyero, que es Pablo Iglesias? No ha ayudado ni a mi consejero ni a la Comunidad", dijo Ayuso a mediados del mes de junio, situando al líder de Unidas Podemos como "jefe" de su consejero de Políticas Sociales, tratando de negar así la responsabilidad del Ejecutivo regional.

Arranca la comisión de investigación en la Asamblea

Este
lunes ha arrancado la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid con la elección de los miembros de su Mesa, cuya mayoría ostentará la izquierda y estará presidida por el PSOE. Esta comisión fue propuesta inicialmente por los socialistas, y después se sumaron a ella Más Madrid y Unidas Podemos, después de la polémica de las órdenes de Sanidad para no derivar ancianos de residencias a hospitales.

Vox ha dejado en minoría a PP y Ciudadanos al no sumarse en las votaciones, otorgándole a la izquierda el control del órgano rector de esta comisión. PP y Ciudadanos han votado en conjunto a sus aspirantes, mientras que Vox ha propuesto a su propio candidato. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha celebrado que "quienes consideran que lo que ha pasado en las residencias es meramente una anécdota no vayan a tener el control de la comisión".

El PSOE pretende que esta comisión dirima "las responsabilidades políticas" que hubiera habido en la gestión y saber qué ha sucedido para "mejorar en el futuro", ha subrayado la portavoz socialista, Purificación Causapié. La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha avanzado que su grupo pedirá que la primera persona que comparezca en la comisión sea Ayuso y que espera que se haga una reflexión sobre el modelo residencial.

"Tenemos una expectativa de que sea una Comisión con cierta transparencia, donde puedan venir los familiares, trabajadores y trabajadoras de las residencias", explica Paloma García Villa, portavoz en Políticas Sociales de Unidas Podemos y secretaria de la Mesa. "Esperamos que se pueda aclarar con nombre y apellidos quiénes son las responsables, aunque sea en una Comisión parlamentaria, y también creemos que la justicia tendrá que actuar".

Desde Ciudadanos señalan a Público que "esperan " que en esta comisión se "diriman las responsabilidades políticas" con dimisiones si es necesario. "Tenemos que estar preparados de cara a que pueda venir un rebrote o un hipotético virus futuro. Y por ello hay que saber qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal". Aun así, y pese a las discrepancias entre PP y Cs señalan que no quieren convertir la comisión en un "enfrentamiento" con su socio.

El trabajo de la comisión durará un año desde su constitución, aunque se podrá solicitar a la Asamblea una prórroga del plazo. Una vez concluya el plazo, hay un plazo de 30 días para elaborar un dictamen resultante con las conclusiones y las enmiendas generadas.

https://www.publico.es/politica/comunidad-madrid-investigacion-residencias-madrid-llega-asamblea-protocolos-ilegales-querellas-crisis-gobierno.html
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS RESIDENCIAS CONSTITUIDA PERO SIN FECHA DE INICIO

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha dado este martes por constituida la comisión de investigación sobre residencias promovida por la izquierda, si bien queda pendiente de definir la fecha para que inicie sus trabajos, que la oposición ha insistido en arrancar en el mes de julio.

Al haber transcurrido siete días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, se entiende por constituida esta comisión, que investigará la situación provocada por la pandemia del coronavirus en las residencias de mayores y la gestión de estos centros por parte del Gobierno regional entre febrero y junio.

Ahora los grupos parlamentarios deberán concretar las normas de funcionamiento, composición y plazos, para luego celebrar una sesión constituyente que dé comienzo a los trabajos de esta comisión, cuya creación fue propuesta conjuntamente por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

Tras la Junta de Portavoces de este martes, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha destacado que hay una "necesidad urgente de celeridad" para acordar los parámetros de la comisión y que "pueda ponerse en marcha lo antes posible".

"La gravedad del asunto hace crucial empezarla cuanto antes", ha coincidido el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, quien ha defendido que la comisión de investigación arranque "antes del verano", simultáneamente a la comisión de estudio que se creará para abordar la reconstrucción de la región.

Gómez Perpinyà ha acusado al PP y a Ciudadanos de querer "posponer hasta después del verano" la constitución de esta comisión. "Nos parece una broma de mal gusto que sea (la presidenta autonómica) Isabel Díaz Ayuso la que pretenda dirigir la supuesta investigación interna (sobre las residencias), viene a ser como que Miguel Bosé dirija una investigación sobre vacunas; es evidente que el espacio para investigar lo sucedido es la comisión de investigación", ha ironizado.

Díaz Ayuso: "Las muertes en residencias solo se habrían evitado si hubiéramos cerrado todo el país en febrero"

A juicio del portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, hay un aparente consenso en cuanto a "acelerar todos los trámites" para que la comisión se ponga en marcha en julio y ha destacado la necesidad de "saber qué ha pasado en las residencias" para depurar responsabilidades" y, sobre todo, "no volver a cometer los mismos errores".

Desde Vox defienden que la comisión de residencias debe cerrarse antes del verano y no esperar a septiembre, antes que priorizar un plan de reconstrucción para la Comunidad de Madrid, ha señalado su portavoz, Rocío Monasterio. "Creemos que para poder reconstruir tenemos que saber primero verdad y no se puede construir nada sino se hace en base a la verdad", ha subrayado Monasterio, que ha abogado por que tanto la comisión de reconstrucción como la de residencias "convivan".

Según la dirigente de Vox, PSOE y Ciudadanos están interesados en posponer su creación a después del verano, cuando lo primordial es "saber la verdad" de lo que ha ocurrido en las residencias de mayores, para saber "quién ha gestionado bien esta crisis y quien no".

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha avisado de que, si bien no tiene "ningún interés" en retrasar la puesta en marcha de la comisión, "no es algo que se monta en una semana", sino que "hay unos plazos", y cree que "no va a dar tiempo" a iniciarla tan rápido como quiere la oposición. "Igual lo que buscan algunos es un titular (...) todas estas cuestiones a veces tienen un pequeño toque populista", ha indicado Serrano, quien es partidario de priorizar la comisión de estudio para la reconstrucción.

Serrano ha apuntado que los demás grupos "han rechazado el ofrecimiento del PP de ampliar el objeto de esa comisión" y de que se investigaran, además de las residencias, cuestiones "que también preocupan e importan a los madrileños" como el 8M o los cambios de fase en la desescalada.

Durante la pandemia, en las residencias de la Comunidad de Madrid han muerto por coronavirus 5.979 personas.

http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Lacomision-investigacion-residencias-constituida-inicio-0-2241375877--20200616074325.html

LOS JUECES FRENAN EL INTENTO DE AYUSO DE NO MEDICALIZAR LAS RESIDENCIAS DE ALCORCÓN Y LEGANÉS

El letrado de la Comunidad de Madrid solicitó que se levantara la medida cautelar por el descenso del número de contagios

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han tumbado de nuevo sendos recursos presentados por el Letrado de la Comunidad de Madrid en los que solicitaba que se dejaran sin medicalizar las 12 residencias de mayores de Alcorcón y Leganés. Los magistrados de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo han redactado dos autos prácticamente calcados en los que recuerdan a la Consejería de Sanidad que el coronavirus no está ni mucho menos controlado y que los ancianos son la población de mayor riesgo. Mantienen la obligación de que se les informe cada semana.

Este es el enésimo recurso que pierde la Abogacía regional, que ha intentado por todos los medios a su alcance frenar las medidas cautelares solicitadas por la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, y el de Leganés, Santiago Llorente, ante la supuesta inactividad de la Comunidad de Madrid en los geriátricos de sendas localidades. Los jueces ordenaron que se medicalizaran de inmediato todas las residencias, ante la enorme cantidad de mayores muertos por la pandemia. En concreto, pedían que los médicos y enfermeras se trasladaran de manera permanente a los cuatro geriátricos de Alcorcón: la residencia de la Comunidad de Madrid, el centro Campodón, Amavir y Sanitas. Y a los ocho de Leganés: Parque de los Frailes, Domus Vi, Vitalia Home, Los Balcones, Nuestra Señora de Butarque, Amavir El Encinar, Valdepelayos y Valdeluz.

Pese a que el cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid ha recurrido todas las decisiones judiciales, siempre han recibido un no rotundo

Dictaron sendos autos con fecha de 21 y 27 de abril. Los magistrados pusieron como ejemplo que las medidas que tenía que tomar la Consejería de Sanidad, con su máximo representante a la cabeza, Enrique Ruiz-Escuderio, era similar a lo que habían hecho en el hospital de campaña instalado en Ifema o a los hoteles en los que se atendía a enfermos del coronavirus.

Pese a que el cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid ha recurrido todas las decisiones judiciales, siempre han recibido un no rotundo. Los magistrados de la Sección Octava le han recordado el derecho a la salud de todas personas y a recibir el tratamiento adecuado. Además, en este caso se ve agravado al tratarse de personas mayores y de una enfermedad que les ataca de manera mucho más grave, lo que puede terminar incluso con la muerte.

Los dos últimos autos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, tienen fecha de 22 y 24 de junio. El recurso presentado por la Abogacía autonómica solicitaba en ambos procedimientos que se revocara la medida cautelar. Basaba la petición en que “los informes presentados durante las últimas semanas evidencian el cumplimiento de la obligación impuesta, mediante el notable esfuerzo de los medios personales y materiales”. El escrito no recuerda, sin embargo, que entre la promulgación del primer auto (a finales de abril) y el primer informe remitido, tras numerosas peticiones de ambos Ayuntamientos y fechado el 14 de mayo, murieron en las residencias 37 mayores —28 en Leganés y 9 en Alcorcón—.

El escrito regional mantiene que se puede constatar que “las circunstancias han cambiado”, en cuanto la situación de los residentes, en que ya no hay ausencia de personal sanitario y medios materiales y en la capacidad del hospital Severo Ochoa o del hospital universitario Fundación Alcorcón para acoger a los pacientes que lo precisen. Durante la pandemia han muerto por covid 287 mayores en residencias de Leganés y 148 en Alcorcón. Al menos, hasta el 14 de mayo.

Los dos Ayuntamientos fueron consultados por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y alegaron que se mantuviera la medida cautelar solicitada desde el inicio del procedimiento. Entendían los abogados de los Consistorios que la situación, lejos de mejorar, se mantenía para todos los residentes de estos geriátricos.

Mantener las cautelares

Las dos magistradas ponentes, Amparo Guilló Sánchez-Galiano y María del Pilar García Ruiz, han dictado dos autos, con la dureza que ha caracterizado a la Sección Octava en ambos procedimientos iniciados por los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés. Las jueces recuerdan en sus escritos que las medidas cautelares se pueden mantener hasta que recaiga sentencia firme con la que acabe el procedimiento o hasta que este finalice ante de llegar a juicio. A eso se añade que lo que se investigue por parte de los instructores del caso o lo que aporten las partes en su defensa no tiene la capacidad por sí misma para modificar esas cautelares. “La Sala constata el cumplimiento del auto, pero no encuentra motivos para levantar la medida cautelar acordada”, mantienen las juezas en sus escritos. Estos autos pueden ser recurridos ante la propia sala en el plazo de cinco días.

Las magistradas no aceptan la tesis del Letrado de la Comunidad de Madrid de que el cambio de fase por parte de la región pueda ser “una garantía de finalización de la pandemia”

Con esta parte le habría bastado para motivar su decisión, pero las magistradas deciden entrar en el fondo del asunto y no quedarse solo en la forma. Los escritos reconocen que se ha dado “cierta estabilización en la situación de los residentes y centros” de ambas localidades por contagios de coronavirus. Pero eso no es suficiente: “Dicha tendencia no podrá considerarse definitiva sino en el momento en el que el funcionamiento de tales centros y estado de los residentes se acerque, cuando menos, a la situación anterior al reconocimiento de la situación de pandemia que dio lugar, a su vez, al estado de alarma”. Las juezas recuerdan que se produjo el “colapso” del sistema sanitario y que los hospitales estuvieron desbordados “por el volumen de pacientes que tuvieron que ser atendidos en los hospitales en esas fechas”. También mantienen que si ahora se puede trasladar a los mayores a las residencias se debe a que las circunstancias han cambiado.

Las magistradas no aceptan la tesis del Letrado de la Comunidad de Madrid de que el cambio de fase por parte de la región pueda ser “una garantía de finalización de la pandemia”. “Y mucho menos de la desaparición del virus y de la posibilidad, por tanto, de que tuvieran lugar rebrotes del mismo que pudieran suponer un empeoramiento del riesgo para el colectivo de residentes”, añaden los autos. Estos reiteran, al igual que en todos los escritos anteriores, que “las personas de la tercera edad son un colectivo que ha resultado ser el más afectado, con diferencia, por las altas tasas de letalidad del virus”. Los riesgos, por tanto, no se pueden considerar “inexistentes”.

Las juezas recuerdan otro hecho significativo que puede traer graves consecuencias para los mayores: “el hecho de que los centros-residencias de mayores han sido abiertos al público de modo muy reciente, por lo que es imposible disponer de una evaluación de resultados a propósito de tal medida”. “En consecuencia, es imposible descartar de plano el riesgo de nuevos contagios que, si no con la misma intensidad, si pudieran llegar a acercar a estos centros y sus residentes —en situación de vulnerabilidad sanitaria especial— a la experiencia anteriormente vivida”, recogen los escritos judiciales. A ello, se podría sumar que los servicios hospitalarios pudieran llegar a saturarse “de nuevo en poco tiempo”.

Sin cambios apreciables

Ante todo este razonamiento, la Sala Octava no aprecia que “se haya producido un cambio de las circunstancias que motivaron la adopción de la medida cautelar que deba determinar ahora su revocación”. “La mejora de la situación que se describe en los informes aportados y “el alivio sobre la presión hospitalaria” que se afirma en la petición no implican una consolidación en la situación apreciada para adoptar la medida cautelar acordada en su día, que determine ahora su modificación”, concluyen las ponentes.

Los escritos reiteran la obligación que tiene la Consejería de Sanidad de informar cada siete días al Tribunal Superior. De hecho, los Ayuntamientos se han quejado durante el procedimiento de la falta de cumplimiento de este extremo por parte del departamento de Ruiz-Escudero, lo que llevó al TSJM a dictar una providencia en la que se lo recordaba e incluso amenazó con tomar medidas coercitivas en caso de que continuara si remitir los informes periódicos.

https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-03/los-jueces-reiteran-a-ayuso-que-debe-medicalizar-las-residencias-de-alcorcon-y-leganes.html


EL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES DE MADRID PIDIÓ LA AYUDA URGENTE DEL EJÉRCITO AL DELEGADO DEL GOBIERNO

Alberto Reyero alertó varias veces en marzo al Ejecutivo central de la situación “preocupante” de las residencias de mayores

La falta de respuesta de la Comunidad de Madrid ante la desatención médica y la falta de otros recursos en las residencias de mayores en los albores de la crisis del coronavirus llevó al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, a pedir el 24 de marzo la “activación urgente del Ejército para el apoyo sanitario y logístico” incluso al delegado del Gobierno. Tres días antes hizo esta solicitud al vicepresidente Pablo Iglesias; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, pese a la oposición de Isabel Díaz Ayuso. De las 5.300 desinfecciones militares en geriátricos de toda España, 896 fueron en Madrid (17%).

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero (PP), presentó el 12 de marzo un plan, “histórico” según la Comunidad, que incluía la medicalización de las residencias. Los positivos por la covid-19 serían atendidos sin tener que derivarlos a hospitales. Dos semanas después, el compromiso no se había cumplido. Y el desamparo en las residencias era mayúsculo. Concentraban casi un millar de los 1.130 decesos oficiales por coronavirus en Madrid. Transcurridos dos meses, la cifra se había multiplicado por seis: a 19 de junio habían fallecido 5.985 ancianos —el 15% de los residentes— en los centros de servicios sociales por el virus o con una sintomatología compatible.

En medio de ese infierno, Reyero (Ciudadanos) elevó sus peticiones de auxilio al Gobierno mediante diferentes vías. También a través de José Manuel Franco, el delegado en Madrid. “La situación general de las residencias de mayores es muy preocupante y algunas precisan de una intervención muy urgente. Considero que la intervención militar con apoyo sanitario militar es la única manera de reconducir algunas de ellas especialmente problemáticas y con alto número de fallecidos: organizando, aislando, evacuando, etc., si es necesario”, exponía el consejero de Políticas Sociales en un correo electrónico al que ha tenido acceso EL PAÍS.

“El Ejército no tiene capacidad para enviar sanitarios, no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias, y no digamos por todo el país”, rechazó Ayuso días antes. La presidenta de Madrid terminó reclamando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) colaborara en la desinfección de los geriátricos.

En el escrito a Franco, Reyero adjuntaba la carta que envió el 21 de marzo a Iglesias, Illa y Robles en la que solicitaba la intervención de las Fuerzas Armadas. “Podríamos priorizar necesidades en función de la disponibilidad de medios materiales y humanos. Espero que nos puedas ayudar”, le insistió al delegado.

Reyero instaba a “intervenir inmediatamente” en cinco residencias de mayores. La más conocida era Monte Hermoso. Fue la primera de Madrid donde trascendió que se había producido un brote masivo con docenas de muertos. La Fiscalía Provincial abrió una investigación penal. El Defensor del Paciente definió el caso como “insólito” y denunció la “falta de seguridad extrema, limpieza, personal y medios”.

El consejero también consideraba prioritario actuar en las residencias de Ballesol en Alcalá de Henares y Casaquinta, en Ciempozuelos. Lo mismo que en la de la de Santísima Virgen y San Celedonio: a finales de marzo contabilizaba 25 muertos y tenía a la mitad de la plantilla aislada. Los trabajadores de la residencia Orpea Loreto de Madrid, también en la lista, denunciaron que la empresa ocultó muertes por la covid-19.

Cuando Reyero escribió a Franco los mayores contagiados en residencias ya no eran trasladados a ningún hospital. Fallecían en el mismo centro. La excepción fueron los enfermos con seguro privado, que sí fueron derivados en lo peor de la pandemia. La Comunidad envió al menos cuatro correos para excluir la hospitalización de positivos por coronavirus en residencias. Justo lo que Reyero le reprochó al consejero de Sanidad en reiteradas ocasiones. La primera fue el 22 de marzo, cuando el responsable de Políticas Sociales advirtió por escrito al de Sanidad del riesgo de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna”. “Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”, añadía si no se atendía a personas discapacitadas con independencia de la edad.

El 26 de marzo, dos días después de la carta de Reyero al delegado del Gobierno, Ayuso anunció un plan de choque para las residencias. La Comunidad puso a su frente a Encarnación Burgueño, sin experiencia en gestión sanitaria e hija del ex director general de los hospitales regionales, para sustituir los traslados de mayores a hospitales por una asistencia médica en las residencias. En los 12 días que duró la “Operación Bicho”, denominación que le puso Burgueño, el número de residentes fallecidos se disparó por encima de los 4.200. Esto es, más de 3.000 personas perdieron la vida en las residencias de Madrid el tiempo que duró la fallida “medicalización” que dirigió Burgueño. Hasta mediados de abril los hospitales no volvieron a admitir a pacientes de residencias.

El Ejército palió el abandono de los centros de servicios sociales de carácter residencial. De las 11.061 desinfecciones realizadas por todo el país durante la Operación Balmis, 1.489 se desarrollaron en Madrid (13,4%). La mayoría (896) fueron en residencias, seguidas de hospitales (156), edificios de la Administración (131), centros sociales (107), medios de transporte (58), centros de salud (48), vías públicas (32), comercios (15), aeropuertos (7) y otras infraestructuras (39).

https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-05/el-consejero-de-asuntos-sociales-de-madrid-pidio-la-ayuda-urgente-del-ejercito-al-delegado-del-gobierno.html


SANIDAD ADMITE QUE CARECE DE INFORMACIÓN FIABLE DEL NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS EN RESIDENCIAS POR CORONAVIRUS

El documento, al que ha tenido acceso la SER, apunta que unos 20.000 residentes murieron por COVID-19: la mitad diagnosticados con prueba PCR y la otra mitad con síntomas compatibles pero sin test que lo confirmen

Sanidad reconoce en un informe interno que carece de información fiable de las Comunidades Autónomas para presentar un balance oficial de fallecidos por coronavirus en las residencias de ancianos.

En ese documento, que ha conocido la Cadena SER, se apunta que cerca de 20.000 residentes murieron por coronavirus, la mitad diagnosticados con prueba PCR y la otra mitad con síntomas compatibles pero sin test que lo confirmen, por lo que no figuran en la estadística del Ministerio.

Datos incompletos

Los datos no están completos porque hay una comunidad que nunca ha reportado la información al Ministerio y otras tres lo han hecho solo en dos o tres ocasiones. Sanidad lamenta la inconsistencia y la incongruencia de los datos, las fechas incoherentes en el envío de la información, errores en la suma de residentes y ausencia de datos relevantes.

Tres meses después, Sanidad ha llegado a la conclusión de que los datos de las Comunidades Autónomas sobre los muertos en las residencias no son fiables. Hasta tal punto que afirma que la mala calidad de esa información dificulta su difusión.

Casi 19.000 ancianos muertos por COVID-19

Así figura en los documentos del Ministerio que ha podido conocer la Cadena SER y que indican que en los geriátricos han fallecido casi 19.000 ancianos por coronavirus: 9.000 confirmados con prueba y 9.830 con síntomas de COVID sin confirmación.

Pero el informe destaca que hay discrepancias en el número de muertos, ausencia de datos sobre las causas de fallecimiento, errores en la suma de residentes, intervenciones de residencias sin especificar o fechas incoherentes en el envío de la información. Información que además está incompleta.

Hay una Comunidad Autónoma que nunca ha notificado y otras lo han hecho de forma irregular o fuera de plazo pesar de que estaban obligadas a hacerlo dos veces por semana tras la orden ministerial del 23 de marzo. Orden que se incumplió sin que Sanidad tomase medidas conocidas. La documentación detalla que de las más de siete mil residencias fueron intervenidas 391. Solo 8 por incremento de muertos, solo 84 por ausencia de médicos y solo una por dificultades en la gestión de cadáveres.

https://cadenaser.com/ser/2020/07/07/sociedad/1594101711_509771.html

ISABEL DÍAZ AYUSO: “EL ACERCAMIENTO DE CS AL PSOE ES INQUIETANTE”

“En las denuncias de las residencias solo hay partidos instalados en el politiqueo y que remueven el dolor con intereses políticos»

–¿Pero por qué entonces en la Asamblea critican que la oposición quiera fiscalizar la gestión de las residencias, por ejemplo?

–No buscan fiscalizar nada, sólo buscan utilizar a los muertos para hacer política.


–¿Le preocupan las denuncias sobre la gestión de las residencias?

–Me preocupa trasladar a las familias tanto dolor.

–Para muchas de ellas puede ser un consuelo que se fiscalice lo que ha pasado y que se asuman responsabilidades.

–Aquí no se busca aclarar nada. Sólo hay unos partidos instalados en el politiqueo y que están trasladando un mensaje que no es cierto.

–¿No faltaron medios en las residencias, atención médica y test?

–Hay que tener en cuenta que, aunque hubiéramos tenido un médico por habitación, en muchos casos no habría servido para nada. Ante el coronavirus lo más eficaz es la anticipación, como hicieron en otros países que cerraron antes las fronteras. Si España hubiera actuado en febrero o en marzo la tragedia no habría llegado a ser tan grande. Se está trasladando el falso mensaje de que se ha abandonado a la gente y de que se hubiera podido evitar su muerte, y es muy difícil que una persona con muchas patologías, gravemente enferma y muy mayor, pueda curarse cuando el virus entra en su cuerpo. Me importa que se siga removiendo este dolor con intereses políticos.

Iglesias lleva años aprendiendo de los mejores tiranos, que entraron democráticamente en el poder para instalarse eternamente»

–¿Está diciendo que todas las personas mayores que han fallecido en las residencias no lo han hecho por la falta de medios y de atención médica? ¿Que no se hubieran salvado en un hospital?

–Cuando ha habido tantos fallecimientos en hospitales, esto te demuestra que había situaciones en las que era imposible evitar un desenlace fatal. Es un virus muy agresivo y la carga viral en febrero y marzo era altísima. Ahora sigue entre nosotros, pero en aquellos meses la carga viral era tan potente que las personas se les morían a los médicos en las manos. Si me dijeran que sólo han fallecido personas en las residencias, y en los hospitales, no, podríamos pensar que era una cuestión de medios sanitarios. Pero el problema es que éste es virus fortísimo y muy agresivo con las personas mayores, y más si tienen patologías, que es como normalmente se está en una residencia. Las estadísticas de fallecidos en todo el mundo confirman que más de un 60 por ciento tenían más de 80 años.

–¿No ha fallado el modelo actual de las residencias?

–Ha venido una crisis sanitaria nacional sin precedente, y hay que tomar nota de ella y ver en qué se puede mejorar porque en el futuro nos podemos enfrentar a otra situación parecida. Antes tantas muertes no nos podemos quedar de brazos cruzados y vamos a reforzar el modelo. Jamás podré olvidar esto y mi obligación es estudiar qué se puede mejorar y hacerlo. Pero por las estadísticas, y el conocimiento que ya tenemos del virus, sabemos que es muy difícil hacerle frente cuando ha infectado a una persona mayor y con patologías previas. No hay vacuna ni medicina, y hoy sólo tenemos la distancia para evitar que se propague de cuerpo a cuerpo.

–Entiendo que considera que la gestión autonómica no tiene recorrido penal. ¿Tampoco entonces la del mando único?

–Lo desconozco. Imagino que tendrá más complicaciones porque en el momento que asumes el mando, asumes también la máxima responsabilidad en la gestión. Ahora bien, yo no echo los muertos encima de nadie a diferencia de la izquierda. Y la campaña de algunos contra Madrid me parece cruel, canalla e insensata porque el mensaje que traslada a las personas que han perdido un familiar es mezquino. No les puedes decir que la muerte de su familiar no nos importó porque detrás había un sanitario, un geriatra o un bombero, que han puesto su vida por detrás de la persona a la que atendían y que han estado trabajando sin medios y sin recursos, sobre todo al principio de la pandemia. En las tres semanas más duras la situación fue de guerra.

https://www.larazon.es/espana/20200705/7l5p44zdabazrmszydhqbyscfq.html


LA "MEDICALIZACIÓN" DE LAS RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SE HIZO CON SANITARIOS VENEZOLANOS SIN CONTRATO

La empresa Transamed, contratada por el Gobierno de Ayuso, empleó a tres médicos extranjeros para realizar las visitas a los geriátricos.

Cuando estos profesionales pidieron ser pagados, el dueño de la empresa les planteó que había más sanitarios que querían trabajar y a los que no tenía "por qué hacer ningún contrato"

La "Operación Bicho", que es como bautizó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su plan para "medicalizar las residencias" durante los días críticos de la pandemia en los que murieron más de 7.000 ancianos, consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social. Pese a que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato ni seguro. Cuando los trabajadores se quejaron, el gerente de la sociedad, Eduardo Aragonés, amenazó con prescindir de ellos para reclutar a médicos sin contrato que tuvieran más necesidad de trabajar.

La documentación en poder de eldiario.es y los testimonios de cuatro trabajadores que participaron en el dispositivo describen un sinfín de irregularidades, falta de coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la subcontrata que eligió para esta misión. El importe todavía se desconoce porque la operación se llevó a cabo mediante los trámites simplificados para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. La emergencia sanitaria impactó duramente en los centros de mayores, especialmente en autonomías como Madrid, en las que las residencias se convirtieron en focos de brotes e infecciones. El balance de víctimas actualmente alcanza los 8.236 ancianos fallecidos, de ellos 5.987 eran casos confirmados o con sospechas de coronavirus.

El rosario de irregularidades que describe el personal sanitario reclutado por Transamed es interminable: ausencia de contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que inicialmente les prometieron.

Cuando el personal hizo ver a la empresa que estaba incumpliendo las condiciones pactadas, su gerente, Eduardo Aragonés, amenazó a los tres médicos venezolanos con prescindir de ellos para emplear a otros facultativos en negro que necesitasen más el trabajo. "Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena", llega a decir en un mensaje de audio remitido a un grupo de WhatsApp en el que se encontraba parte de su plantilla, al que ha tenido acceso esta redacción y que se reproduce más abajo.

El empresario, en una larga conversación con este medio, no ha sido capaz de explicar por qué no registró en la Seguridad Social los contratos del personal que mandó a las residencias en los días más duros de la pandemia y sin estar cubiertos por un seguro.

Aspiraban a ser "reyes" de la gestión sociosanitaria

Transamed y GTM, empresas de Aragonés que se encargan de gestionar ambulancias privadas, llegaron a las residencias de la Comunidad de Madrid de la mano de la firma Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la Consejería durante la COVID-19. Se trata de una de las contrataciones más polémicas de la administración regional durante la pandemia.

En unos mensajes publicados por El País, Encarnación Burgueño, sin experiencia anterior en la gestión de residencias, envía un audio a Aragonés: "Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿El curro que habéis hecho? En una semana... Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa".

Según ese mismo periódico, Burgueño llegó a enviar a Aragonés un contrato remunerado "para la gestión integral de la crisis del Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid", que iba firmado por Carlos Mur de Víu, director de Coordinación Sociosanitaria cesado por Ayuso el 13 de mayo.

El relato de los trabajadores de Transamed no solo habla de las irregularidades laborales, también desmonta las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la medicalización de los geriátricos. La misión de este personal en Transamed, según los testimonios recabados por eldiario.es, fue levantar acta de la situación en que se encontraba cada centro y señalar las necesidades de personal en informes que iban firmados con el correspondiente número de colegiado de cada uno de los sanitarios.

Los médicos con los que ha contactado esta redacción y que participaron en este proyecto, operativo entre el 26 de marzo y el 6 de abril, todos venezolanos, advirtieron al empresario antes de iniciar la relación laboral que vivían en España con visados de estudiante. Documentos a los que ha accedido eldiario.es corroboran esa versión.

El contacto del gerente de Transamed con los facultativos se produce a través de WhatsApp. "¿Tienes trabajo? Ahora tienes". Así empezó la relación laboral por la que el gerente de la empresa les prometió alrededor de 2.000 euros –siempre según las fuentes consultadas– con un contrato de 40 horas semanales. Finalmente, cada médico recibió 1.000 euros a través de una transferencia bancaria, según exponen las fuentes consultadas.

En conversación con eldiario.es, el administrador de la compañía, Eduardo Aragonés, es incapaz de explicar en qué momento y cómo dio de alta a los sanitarios en la Seguridad Social. Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, entre el 20 y el 21 de abril distribuyó a varios de estos profesionales un documento en PDF titulado "precontrato" y el nombre de cada trabajador al que estaba dirigido. Aragonés desmiente que en esa fecha, tras dos semanas del final del proyecto de las residencias, enviase esos archivos.

Cinco días después, el 25 de abril, mandó un mensaje a un grupo en el que estaban estos tres profesionales: "Entended que no se van a realizar contratos ni pre contrato". E hizo llegar su amenaza a través de un mensaje de audio (que se reproduce más abajo): "Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena".


Los médicos empleados por la subcontrata de las ambulancias se sienten estafados. "Él siempre jugó con nuestra necesidad. De hecho, un día que no nos estaba pagando lo que nos había comentado, se lo planteé. Le comenté que estábamos aquí viviendo sin familia, que necesitábamos pagar la comida y el alquiler. Estuvimos en las residencias arriesgando la vida", cuenta uno de los facultativos sobre su conversación con el jefe.

Durante la peor época de la pandemia, con centenares de muertes y profesionales superados por las consecuencias de la emergencia sanitaria, estos profesionales entraron en estos centros amparados por el Gobierno regional para certificar la situación en la que se encontraban y emitieron unos informes dejando constancia de las necesidades de personal y los usuarios firmando con su número de colegiado esos documentos.

A eso es a lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llama "medicalización de las residencias", en contra del criterio del consejero de Servicios Sociales de su Gobierno, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien siempre ha defendido que los geriátricos nunca se medicalizaron.

Estos profesionales aseguran que la empresa no les ha dado de alta en la Seguridad Social y que desde el principio tuvieron dificultades para cobrar lo pactado con Aragonés. Ante esta situación, el 25 de abril se plantaron. A través de un grupo de WhatsApp, al que ha accedido eldiario.es, los sanitarios expusieron que habían decidido "no continuar" con "los servicios hasta que no se abone el importe pendiente igual que a otros compañeros de la empresa". "Al final somos nosotros quienes hemos dado la cara colocando nuestro número de colegiado en las condiciones laborales que son las que son. Y hay límites", planteó uno de estos trabajadores, en representación de los tres sanitarios venezolanos.

La respuesta de Aragonés fue clara: "Entended que no se van a realizar contratos, ni pre contrato y que ya no me creáis confianza por lo cual no tengo mucho más que decir". "Devolver (sic) los uniformes y que os vaya muy bien", añadió.

Aragonés carga contra sus trabajadores

Consultado por el contenido del audio reproducido por esta redacción, el gerente de Transamed se limita a apuntar que ese mensaje "está sacado de contexto" y opta por cargar contra los trabajadores que le ayudaron a desarrollar el proyecto, asegurando que uno de estos médicos "no tiene la nacionalidad española, no tiene los papeles de trabajo y está trabajando". "Igual que los otros dos médicos que tenemos", incide. Asimismo, añade que va a "denunciar" a uno de los profesionales citados "porque [actualmente] está trabajando de forma ilegal" en un centro de mayores. Los sanitarios con los que ha contactado esta redacción han pedido que no se revelen sus nombres por temor a las consecuencias que pueda provocar esta información sobre su estatus migratorio.

La respuesta del empresario al que se le ha adjudicado la gestión de estas ambulancias es contradictoria: Aragonés asegura que la relación laboral terminó cuando finalizó el proyecto de las residencias. Las fuentes consultadas por esta redacción lo desmienten y el nombre y apellidos de dos médicos figuran en el cuadrante de horarios del mes de abril de las ambulancias. Este documento fue generado un día después de que la intervención impulsada por Burgueño en los geriátricos fracasase. Las fuentes consultadas aseguran que estos profesionales continuaron vinculados a la empresa realizando visitas médicas a domicilio.

Sobre la situación legal en la que se encontraban los médicos que realizaron las visitas a las residencias y sellaron los informes, el gerente de la empresa aporta varias versiones. En un principio asegura que se contrató a todos. Pero posteriormente plantea que les aportó unos precontratos, que los sanitarios "no le han devuelto firmado en ningún momento". Preguntado si al no recibirlos de vuelta no pudo darles de alta, responde: "Exactamente". Conforme avanza la conversación con eldiario.es, reconoce, sin embargo, que recibió un contrato firmado por estos trabajadores el 20 de abril.

El empresario insiste en responsabilizar a los sanitarios de su situación, al reseñar que "ellos deberían ir a extranjería con ese precontrato, según estipula la normativa en España", para ser "homologado". Además, asegura que durante el estado de alarma "no había forma de dar de alta a nadie porque no había funcionarios ni nada". Fuentes legales consultadas por esta redacción desmontan la primera afirmación, recuerdan que dar de alta es "siempre" una obligación del empleador. Asimismo, explican que el precontrato sirve como promesa de contrato y es un trámite previo para que la población extranjera suscriba un contrato ordinario. "Mientras no se formalice este documento no pueden prestar servicios", insisten. Por su parte, fuentes oficiales de la Seguridad Social desmienten la segunda afirmación y aseguran que "no ha habido ningún problema con los trámites de los trabajadores" durante el estado del alarma.

La Consejería de Sanidad, que encargó a Burgueño este proyecto, se desmarca de estas contrataciones y se limita a responder que la relación con Transamed "fue un apoyo puntual y no ha habido transacción comercial del Sermas". La directora de Cardio Líder no ha atendido a las peticiones de información realizadas por eldiario.es.

Respaldados por la asociación de médicos venezolanos

Viendo la situación en la que se encontraban, los sanitarios contactaron con la asociación de médicos venezolanos, AMEVESP. El 21 de abril, este colectivo publicó en Twitter que "la empresa Transamed sigue estafando a médicos venezolanos ya que tarda en pagar e incluso les paga menos de lo acordado. Cuidado con estos estafadores".

https://www.eldiario.es/madrid/medicalizacion-residencias-Comunidad-Madrid-venezolanos_0_1042195938.html

LAS RESIDENCIAS QUE QUEDARON A SU SUERTE ANTE EL COLAPSO HOSPITALARIO

El sistema público de salud desatendió muchos centros de mayores. Cuando el ejército acudió a desinfectarlos se encontró con una grave falta de personal, formación y medios para combatir la epidemia

El teniente coronel de infantería al frente del batallón de emergencias entró por primera vez en las residencias de ancianos una semana después de que comenzara el confinamiento contra la epidemia y se encontró desesperación, angustia y caos. Para entonces, los muertos por la covid-19 empezaban a contarse por miles en España aunque en esas cuentas oficiales no estaban todavía los fallecidos en los centros de mayores.

El mando militar al frente del batallón que había desinfectado seis geriátricos en tres días redactó informes escuetos y dolorosos sobre lo que había visto en esos centros atacados por el coronavirus. En los partes del teniente coronel se resumen algunos de los problemas que han causado tanto dolor en las residencias: descontrol, recursos insuficientes, ausencia de asistencia sanitaria pública, falta de personal y escasa formación para combatir el brote.

EXTRACTOS DE LOS PARTES DEL TENIENTE CORONEL TRAS REVISAR RESIDENCIAS

- “Trabajadores, angustiados; limpiadores, llorando; la directora, infectada”. “Los trabajadores se encuentran con angustia a la entrada de la residencia. El personal de limpieza se encuentra llorando en las escaleras. La directora no se encuentra en la residencia porque está infectada”.

- “Positivos compartiendo habitación doble”. “165 residentes, 24 positivos (compartiendo habitación doble, dando como resultado 48 casos posibles positivos), tres muertos en la residencia (posteriormente se informó de que ya habían sido trasladados al tanatorio aunque el personal de esta unidad no pudo comprobar esto último al no tener acceso a todas las partes de la residencia), 20 miembros de la plantilla de baja”.

- “Falta de control real del personal que está infectado”. “Dentro de la residencia se nota bastante falta de control de la situación por parte del personal auxiliar, con alto grado de nerviosismo, transformándose en caos a la hora de gestionar las diversas situaciones (…) No tienen el control real del personal que realmente estaba infectado o estaba sano (…) Trasladaron personal que estaba infectado junto con personal sano, que a su vez se acumulaba en la zona de entrada”.

- “No cuenta con medios de desinfección”. “El centro no cuenta con medios de desinfección y el servicio de limpieza ha suspendido sus trabajos. La limpieza la realizan los trabajadores del centro”.

- “Cinco aislados, ninguno con síntomas”. ”140 residentes, de los cuales dos habían sido ingresados y dieron positivo por coronavirus, eran pacientes asintomáticos ambos. Tenían a otros cinco aislados, ninguno con síntomas”.

- “Medios muy limitados, muy poca formación para proceder ante esta situación”. “La residencia cuenta con medios muy limitados y muy poca formación/información de cómo proceder ante esta situación. Los trabajadores contaban todos con mascarilla y guantes, pero se los quitaban, se tocaban la cara, cogían comida…”.

- “Ningún control respecto al aislamiento de los residentes”. “Con respecto al aislamiento de los residentes, no llevaban prácticamente ningún control, los pacientes deambulaban libremente, incluso los aislados (…) En varias ocasiones aparecían residentes en lugares donde teóricamente no deberían estar (hall principal, por fuera de la residencia, en pasillos interiores donde se estaba desinfectando)”.

- “Violencia verbal contra los trabajadores”. “Gran parte de los residentes tiene su capacidad racional desgastada, por lo que a los trabajadores se les hace muy complicado su control… Se presenció alguna situación de violencia verbal contra los trabajadores”.

- “Siete positivos, pero por los síntomas, se presuponen mucho más”. “Siete positivos confirmados, pero por los síntomas, se presuponen muchos más. 15 fallecidos por covid hasta ese momento”.

- “Tienen 18 posibles casos, pero faltan test”. “104 residentes, dos fallecidos, los dos con síntomas compatibles con coronavirus. Tienen 18 posibles casos más entre los residentes (presentan síntomas). No están confirmados por falta de test”.

- “Para entrar a las habitaciones usan una funda de plástico”. “No tienen un protocolo de aislamiento adecuado ya que para entrar a las habitaciones usan una funda de plástico, que dejan en el pasamanos al salir y usan indistintamente entre todos los trabajadores”.

- “El médico de baja, la máxima autoridad, una enfermera”. “La plantilla es de 42 trabajadores, de los que 20 están de baja, todos con síntomas. Contaban con un médico que actualmente está de baja. La mayor autoridad sanitaria en el interior es una enfermera”.

- “Disponen de medios muy básicos”. “Disponen de medios muy básicos, y una información y formación también muy básica. Se ha percibido bastante nerviosismo entre el personal debido a esto”.

Capítulo 1
Una investigación judicial sobre la desatención médica de las comunidades

El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, se coló a finales de febrero en cientos de residencias de toda España y acabó con la vida de casi 20.000 personas, la mayoría ancianos, según los últimos datos de las 17 comunidades autónomas, que tienen la competencia sobre estos centros.

La Fiscalía investiga ahora la supuesta desatención médica a numerosas residencias por parte de las autoridades autonómicas entre el 14 de marzo y el 14 de abril, un periodo crítico en el que decenas de hospitales de toda España estuvieron desbordados por la asistencia a enfermos de la covid-19. Fiscales de distintas provincias han preguntado a los directores de residencias si pidieron ayuda a los servicios públicos de salud de cada comunidad y qué respuesta les dieron. También han reclamado las comunicaciones, si existen, entre las residencias y los hospitales o centros de salud de cada zona. Además, quieren saber si las residencias contaban con el personal y los medios obligatorios según las distintas normativas autonómicas.

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández, sostiene que la investigación judicial probará que las residencias llamaron “por activa y por pasiva” a los servicios de salud de las comunidades y les “negaron los ingresos” en hospitales. Y que esas “llamadas están grabadas”.

Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), llegó al Congreso cargada de documentación que demostraba supuestamente todas las peticiones de auxilio que hicieron las residencias y la falta de respuesta de las autoridades. “Cuando nos dicen que nuestros mayores tienen que estar en las residencias, nosotros esperábamos que nos mandaran EPI (equipos de protección individual), médicos, enfermeras, y test diagnósticos, y que se hiciera una valoración de las personas y si alguno podía salvar la vida habría que trasladarle al hospital”, afirmó. Pero eso no ocurrió en muchos casos.

La policía municipal de Madrid, los bomberos de Alcorcón, directores de residencias repartidas por las comunidades más pobladas, cientos de familiares de fallecidos en muchas partes de España y mandos al frente de la Unidad Militar de Emergencias han denunciado el abandono que sufrieron numerosos centros de mayores durante, al menos, los 30 días que pasaron desde el decreto que ponía a España en estado de alarma hasta mediados de abril, cuando los hospitales comenzaron a vaciarse de enfermos de la covid-19.

Hay cientos de denuncias de particulares relacionadas con el deficiente funcionamiento de residencias (trato degradante, falta de medidas de prevención, nula información…) y con el abandono de sus familiares por parte de los servicios públicos de salud.

Capítulo 2

Hospitales desbordados = residencias abandonadas

España sufrió los mayores daños de la epidemia entre mediados de marzo y mediados de abril, con cientos de muertes y miles de contagios cada día. Al menos una tercera parte de los fallecimientos quedó fuera de la estadística oficial del Ministerio de Sanidad porque ocurrió en geriátricos o en domicilios y no se hicieron pruebas diagnósticas para conocer el motivo de la enfermedad que causó la muerte.

A muchos de estos centros no llegaban en las primeras semanas de la pandemia ni los médicos, ni las ambulancias, ni los medicamentos, ni las pruebas diagnósticas, ni los equipos de protección individual. Aquellos días, ni siquiera llegaron los servicios funerarios, pese a que había cadáveres dentro de las residencias. “Llamamos a las funerarias y les dijimos: ¡No nos podéis hacer esto! Y nos contestaron que no podían venir porque no tenían EPI para sus trabajadores”, explica Cinta Pascual, presidenta de la patronal CEAPS.

El pasado 2 de abril, España ya era el país del mundo con más contagios diarios por coronavirus (8.000) y con más muertos cada 24 horas (950, la mayoría en hospitales). Madrid, el territorio más golpeado por la epidemia, registró ese día más de 500 fallecimientos, casi la mitad en residencias de ancianos. Los hospitales madrileños atendían muy por encima de su capacidad máxima. Habían pasado de tener 640 camas en las zonas de cuidados intensivos a más de 1.500 para hacer frente a la crisis sanitaria. “Si no tomamos más medidas”, dijo entonces el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para justificar el endurecimiento de la cuarentena, “las UCI estarán saturadas en dos o tres semanas”.

Las UCI de toda España apenas podían atender la emergencia causada por el virus. El 2 de abril había 6.092 camas ocupadas en estas áreas de cuidados intensivos, mientras que antes de la crisis la capacidad total era de solo 4.400 plazas. De los 100.000 enfermos diagnosticados con covid a primeros de abril, la mitad estaban hospitalizados. Muchos centros habían reconvertido sus plantas para dedicarlas casi en exclusiva a la atención de infectados por el SARS-CoV-2.


Los protocolos de la Consejería madrileña de Sanidad aprobados para ese periodo crítico imponían restricciones a los traslados a hospitales de ancianos de residencias en función del grado de discapacidad o dependencia del enfermo. Los requisitos dejaban fuera a la inmensa mayoría de los mayores aquejados de algunas de las dolencias que impedían su ingreso en un centro sanitario.

“Nos pareció una barbaridad [la discriminación de Madrid]”, se queja Cinta Pascual. “Pero protocolos con limitación de acceso a hospitales hay muchos en más sitios y con palabras científicas muy bonitas”. “Pese a ello”, continúa, “estábamos convencidos de que se iban a llevar a nuestros enfermos a hospitales, pero a mediados de marzo se produjo el cierre. No ha pasado en todos los sitios, sino en aquellas comunidades que tenían sus sistemas públicos de salud colapsados. Ha ocurrido en Madrid, en Barcelona, en alguna provincia de Castilla y León. He sentido rabia y pena. No entendía qué estaba pasando y por qué. Emocionalmente no lo vamos a superar”.

El consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), sostiene que en las residencias de ancianos “se cuida pero no se cura”, por lo que si el “residente no va al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia”, algo que no ocurrió en muchos casos en la Comunidad de Madrid durante el primer mes de la pandemia.

Las normativas autonómicas sobre centros de mayores señalan que se trata de establecimientos de servicios sociales no sanitarios, de “alojamiento, convivencia y atención social”, donde la atención sanitaria y farmacológica que se le presta al residente “es complementaria a la pública que le pudiera corresponder”, garantizando “el acceso de los usuarios a los recursos sanitarios públicos”.


El protocolo de la Consejería de Sanidad fechado el 26 de marzo era “discriminatorio”, según Reyero. “La derivación a hospitales debe basarse en criterios clínicos, no se puede excluir a nadie por discapacidad o niveles de dependencia. No es ético ni legal”. Reyero escribió en tres ocasiones al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), para quejarse del trato indigno que se le estaba dando a los ancianos de las residencias de la Comunidad de Madrid.

El consejero Ruiz Escudero niega que el sistema de salud abandonara a las residencias y para demostrarlo facilitó a finales de mayo en la Asamblea de Madrid una relación de servicios sanitarios prestados a las residencias, sin especificar las fechas: “Se han acometido 633 actuaciones en residencias, 232 han sido medicalizadas, se han ordenado 9.235 traslados de residencias a hospitales y también de hospitales a residencias, y se han distribuido 30.500 test en centros sociosanitarios, se ha comunicado el resultado de 18.000 test siendo positivos 6.271. Hay 28 equipos de atención primaria y 38 equipos formados por personal sanitario de hospitales que están atendiendo a las residencias, y también 26 equipos de geriatras que atienden a las residencias y coordinan con los hospitales de referencia. Se han entregado más de 12 millones de unidades de protección para las residencias y se han dispensado ya 2.960 concentradores de oxigenoterapia y 175.000 dosis de medicamentos”.

Expertos en geriatría y en medicina interna señalan que el traslado al hospital no siempre es lo mejor para pacientes muy frágiles con una enfermedad infecciosa grave, como la covid-19. Su organismo no aguantaría los procedimientos invasivos de los hospitales. Pero advierten de que, para decidir, hay que hacer una valoración individual con criterios clínicos, nunca con restricciones como la edad o la discapacidad. Y subrayan que tiene que garantizarse que en el geriático tendrán el cuidado médico necesario. Muchas no lo tenían. Ni tenían personal entrenado ―el fijo está formado por auxiliares de enfermería o gerocultores—ni medicación adecuada como sedantes ni oxígeno. Las residencias arguyen que son centros sociales, no sanitarios.

“En cuanto necesitas medicación por vía intravenosa o que enfermería esté 24 horas, tienes que medicalizar la residencia. Hay comunidades que lo han hecho y otras que no. Y todas lo han hecho tarde porque llegaron tarde los EPI y los test”, asegura el presidente de la Sociedad Española de Geriatría (SEGG), José Augusto García Navarro. A muchas residencias no fueron las ambulancias para los traslados pero tampoco los médicos de los centros de salud o los equipos de cuidados paliativos. “Durante la crisis hemos atendido a los pacientes donde se nos ha requerido pero llegó un punto en el que no éramos suficientes”, denuncia Clara Abad, presidenta de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia, que atribuye la falta de medios en Madrid a la infradotación de la atención primaria y a que dos terceras partes de la plantilla del hospital de campaña de Ifema se cubrieron con médicos de familia que tuvieron que dejar sus puestos en los centros de salud.

Capítulo 3
La lucha contra el virus en hogares de cuidados a los mayores

La pandemia ha devastado numerosas residencias de ancianos de muchos países europeos. España, Italia, el Reino Unido o Francia tienen cifras muy altas de fallecimientos en hogares de cuidados a los mayores. Son casas grandes con mucha gente que convive junta muchas horas al día. Si entra el coronavirus, su propagación es rápida y el daño que causa, enorme, al atacar en un lugar cerrado donde convive el grupo de población más vulnerable ante un brote infeccioso.

Los primeros protocolos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades, previos a la declaración del estado de alarma en España, plantearon medidas preventivas que pasaban por el aislamiento de los casos sospechosos en las residencias. Pero esos protocolos no sirvieron de mucho para atajar el brote porque llegaron cuando el coronavirus ya estaba dentro de los centros.

“El problema”, explica Cinta Pascual, presidenta de la patronal CEAPS, “es que el 30% de los casos de coronavirus que teníamos era asintomático y, por tanto, aunque nosotros aisláramos en una planta a los sospechosos, en otra planta podían quedar residentes asintomáticos que seguían contagiando al resto”.

La lucha contra un virus tan invisible y tan mortífero que se cuela en recintos cerrados donde convive gente mayor con múltiples enfermedades crónicas se complica si, además, no es posible acudir a un sistema público de salud desbordado por la demanda de decenas de miles de enfermos.


Cinta Pascual denuncia así el abandono: “A finales de marzo nos reunimos en un comité de crisis con expertos epidemiólogos y nos dijeron: ‘Esto es la guerra y estáis solos”. En esa guerra, las residencias de ancianos intentaron comprar material para proteger a sus trabajadores, pero en algún caso les fue confiscado porque no eran un sector prioritario. En esa guerra, las residencias sufrieron numerosas bajas por enfermedad y, además, algunos de sus trabajadores fueron fichados por hospitales que necesitaban manos para atender a sus enfermos. En esa guerra, los directores de los centros tuvieron que mantener durante más horas de las razonables a cadáveres en habitaciones porque las funerarias no iban a recogerlos.

El Ministerio de Sanidad hizo público el 2 de abril un código ético que fijaba las pautas para gestionar una emergencia sanitaria donde había más necesidades que recursos. El ministerio admitía que la rápida expansión del brote infeccioso estaba poniendo a prueba los sistemas sanitarios de las comunidades, que tenían dificultades para conseguir los medios necesarios, tanto materiales como humanos, para atender la emergencia. Por esa razón, Sanidad hacía recomendaciones para tomar decisiones cuando los recursos son finitos y las necesidades infinitas.

EL CÓDIGO ÉTICO DE SANIDAD

1. “No se puede discriminar a nadie por ningún motivo ajeno a la situación clínica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia, basadas en la evidencia”.

2. Solo se podrá acudir a los criterios de priorización cuando se hayan agotado las posibilidades existentes para disponer de los recursos asistenciales necesarios y para optimizar el uso de los disponibles.

3.Excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos del Estado de derecho (artículo 14 de la Constitución).

4. Los pacientes de mayor edad en caso de escasez extrema de recursos asistenciales deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la población, es decir, atendiendo a criterios clínicos de cada caso en particular.

Este código ético se incumplió en algunos casos. Los tribunales deberán resolver si esas conductas tienen un reproche penal o no, y si acarrean una indemnización a los perjudicados por la responsabilidad patrimonial de la Administración ante un daño ocasionado por el anómalo funcionamiento de sus servicios públicos.

Capítulo 4
El negocio del cuidado de mayores

En España hay 5.457 residencias de ancianos con casi 382.000 plazas, según datos del Imserso. Ninguna normativa autonómica obliga a tener enfermeras las 24 horas del día en estos establecimientos.

El último informe del Defensor del Pueblo sobre “atención a mayores en centros residenciales”, previo a la declaración de la pandemia, reclamaba más recursos para aplicar la ley de dependencia, se quejaba por una lista de espera de 50.000 personas y pedía una “revisión al alza de las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial”. “Las ratios de personal están desfasadas. Ahora los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor”, señalaba. El informe consideraba necesario “mejorar la cualificación del personal” y promover un “modelo de residencia con atención médica y de enfermería más amplia y extensa”.

En los últimos años, el perfil de los ancianos que viven en residencias ha cambiado y requieren mayores cuidados médicos. En promedio, se trata de personas de más de 85 años, con tres enfermedades activas, que consumen más de siete medicamentos diarios, padecen insuficiencia respiratoria (17%) y algún tipo de incontinencia en tres de cada cuatro casos, según los informes de CEAPS.

“La ley de dependencia [vigente desde 2006] cambió las residencias de forma drástica. Ahora atienden a personas más dependientes. A partir de esta ley muchas personas en situación de dependencia que hasta entonces no podían pagarse una plaza pudieron acceder a ella, a través de plazas públicas o concertadas, o de prestaciones vinculadas al servicio [por las cuales se da un dinero a la persona, que debe aportar de su bolsillo lo que quede hasta cubrir el precio de la plaza]”, afirma José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.


Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, vinculó lo ocurrido en las residencias de ancianos a los fuertes recortes en gasto social que ha sufrido España en los últimos años: “Han sido 7.000 millones de euros en sanidad y 5.000 millones en el sistema de la dependencia. Esos recortes han aumentado la vulnerabilidad de los mayores”. Además, Iglesias encontró otras razones para justificar la tragedia de los últimos cuatro meses: “¿Que las residencias estén en manos de conocidos corruptos y fondos buitre no tiene nada que ver?”, se preguntó.

Las patronales que representan a la mayoría del sector niegan las acusaciones de Iglesias y explican que tan solo el 15% de las residencias en España están en manos de grandes grupos, alguno de los cuales es propiedad de empresarios imputados en casos de corrupción. El 67% de los centros está gestionado por pequeñas y medianas empresas.

Capítulo 5
Las cifras de la tragedia

Los registros civiles han contado un exceso de mortalidad de 43.936 personas respecto al año pasado en el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio. El Ministerio de Sanidad ha notificado en ese mismo periodo 26.991 fallecidos diagnosticados de covid-19. La diferencia de 16.945 fallecidos está relacionada también con la epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 aunque no puede ser atribuida completamente a esta circunstancia, según los expertos. La mayoría de esos 16.945 muertos corresponde a ancianos que fallecieron en residencias o en sus viviendas sin haberse hecho la prueba del coronavirus.

Entierro de una mujer, en el Prat de Llobregat. Falleció en una residencia y durante la pandemia los funerales quedaron restringidos a la presencia de pocos familiares.
Entierro de una mujer, en el Prat de Llobregat. Falleció en una residencia y durante la pandemia los funerales quedaron restringidos a la presencia de pocos familiares. ALBERT GARCIA
Los datos facilitados por los Gobiernos de Madrid y Cataluña suman casi 2.000 muertos en domicilios y más de 10.000 en residencias, la mayoría con coronavirus o sospecha de padecer covid-19.

Cuando la Policía Municipal de Madrid levantó acta de la inspección realizada a una residencia en mayo, el mando al frente de la operación escribió: “Nos dicen que si se hubieran podido derivar al hospital a los enfermos, habría habido menos fallecimientos”. Los expertos sostienen que es imposible saberlo.

Oficialmente, más de 28.300 personas han muerto en España por la covid-19, según la estadística del Ministerio de Sanidad, de los que el 86% tenía más de 70 años.

Conclusiones
La atención no fue adecuada

La tragedia que desencadenó la entrada del coronavirus en el 20% de las 5.400 residencias de ancianos de toda España, según datos de CEAPS, se vio agravada por la saturación de los servicios públicos sanitarios como consecuencia del contagio de decenas de miles de personas por el coronavirus SARS-CoV-2. El colapso hospitalario en muchas zonas impidió la atención adecuada a residencias. La aprobación de protocolos restrictivos por algunas comunidades, como Madrid, apuntalaron el abandono de residencias situadas en zonas con hospitales colapsados. Las cifras del drama, que no son homogéneas, tampoco entraron en la estadística del Ministerio de Sanidad sobre muertos por el coronavirus. De las cerca de 20.000 personas fallecidas en residencias, con test positivo o sospecha, más de 10.000 (de Madrid, Cataluña y Castilla y León, principalmente) no figuran en las cifras oficiales.

El debate respecto al modelo de las residencias de ancianos en España lleva años sobre la mesa. Un sector defiende reforzar su dotación médica y sanitaria. El Defensor del Pueblo también reclama para estos centros una atención médica y de enfermería “más amplia y extensa” que la existente en la actualidad. Expertos en servicios sociales advierten, sin embargo, de los peligros de convertir estos centros en una especie de hospitales pequeños y abogan por aproximar más las residencias a un concepto de hogar, con unidades de convivencia y donde se respete el proyecto vital de cada residente. Los expertos defienden también que la atención médica necesaria provenga de los servicios públicos de atención primaria y de una buena coordinación con la red hospitalaria.

https://elpais.com/sociedad/crisis-del-coronavirus/2020-06-27/las-residencias-que-quedaron-a-su-suerte-ante-el-colapso-hospitalario.html


PP, CS Y VOX 'SALVAN' AL CONSEJERO DE SANIDAD EN UN PLENO EN EL QUE LA IZQUIERDA ACUSA A AYUSO DE "ABANDONAR" A LAS RESIDENCIAS

Enrique Ruiz Escudero esquiva su reprobación como responsable de Sanidad de la Comunidad de Madrid con 36 votos frente a 36

Unidas Podemos, el grupo promotor de la iniciativa, califica de "decisión política" la denegación de atención sanitaria a los mayores de las residencias.

El Gobierno de coalición Partido Popular-Ciudadanos en la Comunidad de Madrid vivió este jueves una prueba de fuego en la Asamblea regional en la votación de la reprobación del consejero de Sanidad (PP), Enrique Ruiz Escudero, planteada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie. En el contexto de esta iniciativa está la polémica gestión de la crisis del covid-19 en la región, con el drama de las residencias de mayores como foco principal, una cuestión que ha enfrentando públicamente a los socios del Gobierno de coalición en el Ejecutivo autonómico.

Al filo de las 21.00 horas, el Pleno de la Asamblea de Madrid, rechazó la iniciativa con 36 votos en contra de la reprobación frente a 34 a favor. Pese a que la votación fue en secreto, a petición del grupo de Unidas Podemos, los números cuadran con el bloque de la investidura frente al de los partidos de la izquierda. Debido a las medidas tomadas por el coronavirus, los parlamentarios en la Cámara madrileña se han reducido ahora a 70 con este reparto por grupos: PSOE (20), PP (16), Ciudadanos (14), Más Madrid (10), Vox (6), Unidas Podemos (4).

No es ningún secreto que los roces entre el responsable de Sanidad y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), han sometido a una gran prueba de estrés al Ejecutivo de coalición, sobre todo a cuenta de la actuación en las residencias de mayores. El enfrentamiento ha sido indisimulado, en público. Porque el responsable de Políticas Sociales, a quien Isabel Díaz Ayuso le retiró las competencias de los centros de mayores el 25 de marzo, no ha ocultado que no comparte los protocolos –desvelados por infoLibre– que, en los peores días de la pandemia, no permitieron derivar a hospitales a residentes enfermos. "No es ético y posiblemente no sea legal", ha llegado a decir.

En su intervención, Paloma García, de Unidas Podemos, grupo promotor de la iniciativa, calificó de "decisión política" la denegación de atención sanitaria a los mayores de las residencias. Crítica también fue la socialista Pilar Sánchez Acera, que acusó al Gobierno regional de "abandonar a las residencias". Y la representante de Más Madrid, Mónica García, que intentó desmontar el argumentario de la derecha que apunta a que las competencias en materia de centros de mayores durante el estado de alarma estaban en manos del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias (Unidas Podemos).

"Las competencias eran suyas, solo suyas y nada más que suyas", insistió Mónica García.

Desde Ciudadanos, Enrique Veloso dijo no compartir el "relato interesado" que hace la izquierda de lo ocurrido en las residencias y consideró que los mismos que piden la reprobación de Ruiz Escudero deben pedir también la de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas donde ellos gobiernan. Y citó "datos" que apuntan a que entre el 1 de marzo y el 5 de junio se realizaron más de 10.000 traslados de alojados en residencias a hospitales.

"Que yo sepa, todas las comunidades autónomas tienen protocolos para el tratamiento de pacientes", insistió el representante de Ciudadanos en una intervención sin autocrítica.

Eduardo Raboso, diputado del Partido Popular, echó en cara a los socialistas y a Unidas Podemos que el Gobierno central todavía no ha facilitado el número exacto de fallecidos por la pandemia. "Están ustedes echándonos encima unos muertos que en realidad son suyos", dijo. Y defendió que los protocolos "son la esencia de la medicina" y que estos protocolos "no vienen del consejero [Ruiz Escudero]".

A juicio del representante de los conservadores, tanto el consejero de Sanidad como el de Políticas Sociales "se esforzaron innegablemente en el cumplimiento de su deber más allá de lo que resultaba exigible".

Por su parte, Gádor Joya (Vox) se sorprendió de que la izquierda pida que se aparte el consejero antes de que haya una investigación al respecto y mostró sus "sospechas" de que sólo se quiera "atacar a uno para salvar a muchos".

Los antecedentes

Tras las críticas de Reyero a los protocolos, en la parte del Gobierno madrileño integrada por el Partido Popular consideraron "insostenible" la continuidad de Reyero como integrante del Ejecutivo. Pero desde Ciudadanos salieron a recordar que, sobre la cuota del partido naranja en Consejo de Gobierno, es el vicepresidente Ignacio Aguado el que tiene la última palabra. En las horas previas a la votación de este jueves se alentó la posibilidad de que hubiera ruptura de la disciplina de voto dentro del grupo de Ciudadanos, unos rumores que el vicepresidente Ignacio Aguado se encargó de disipar.

El titular de Sanidad llegó a asegurar que uno de los seis "borradores" del protocolo –en realidad no eran borradores, porque todos los documentos llevaban firma– fue enviado por "error" y acusó a Reyero de haber filtrado unos correos electrónicos dirigidos a él, donde advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los mayores de residencias a centros hospitalarios.

Pero Reyero le llevó la contraria. Defendió que se trataba de un protocolo y no un borrador. "Hubo mucho revuelo entre los geriatras de la Consejería de Sanidad", llegó a afirmar porque las órdenes para no derivar a residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad al hospitales en los peores días de pandemia "no se sostenían".

Ayuso les llamó al orden pidiéndoles que se dedicaran a hablar de sus respectivos departamentos. Y anunció la apertura de una "investigación interna" dentro del Gobierno regional por lo sucedido en las residencias de mayores en plena pandemia. Es la segunda investigación interna que abre desde que estalló la crisis del covid-19. La primera fue la motivada por la polémica de su alojamiento en un apartamento perteneciente a la cadena de hoteles Room Mate hasta que la Comunidad de Madrid pasó a la fase 1. Y el contrato fantasma con esta empresa hotelera. Como consecuencia de este "error humano", cesó el secretario general técnico de esta consejería al ser considerado el responsable de que ese contrato apareciera y desapareciera después de la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid.

Ayuso: "Menos reprobación y más escuchar"

Horas antes del debate de la reprobación en el Pleno de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid respaldaba a su consejero de Sanidad.

"Menos reprobación y más escuchar a las personas que tienen responsabilidades de Sanidad en la Comunidad, que se han dejado la piel por todos los madrileños", sostuvo.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/25/pp_reprobacion_consejero_sanidad_madrid_108149_1012.html

EL DRAMA DE LAS RESIDENCIAS EN MADRID: ASÍ SE IMPEDÍA DERIVAR ANCIANOS AL HOSPITAL

EL PERIÓDICO recoge la conversación telefónica entre una doctora y la hija de una anciana agonizante, en la que la facultativa reconoce que no puede enviar a la enferma a un centro sanitario

Día 23 de marzo de 2020. Ramona Carvajal recibe una llamada de la doctora que atiende a su madre, Alejina, en una residencia del sur de Madrid, en la localidad de Griñón. La madre lleva 13 días enferma de covid-19, pero no la hospitalizan, pese al ruego de la hija. La anciana morirá 17 días después de esta llamada.

El testimonio al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y que forma parte de una denuncia que se presentará ante el juzgado de guardia, es prueba palpable de cómo se materializaba una praxis que las familias de ancianos ingresados en residencias vienen denunciando desde hace semanas: en pleno auge del coronavirus, con las ucis hospitalarias al borde del colapso, los abuelos enfermos no eran derivados a los centros sanitarios.

Un protocolo de la Comunidad de Madrid fechado el 18 de marzo por el entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, limitaba el acceso a las UCIs en una práctica de medicina de guerra. Se priorizaba a los más jóvenes y sanos. De las personas mayores y de los discapacitados, solo los que no tuvieran cierto nivel de deterioro cognitivo, o los que pudieran moverse por su propio pie, o no tuvieran patologias tan propias de la edad como la hipertensión o la diabetes, serían admitidos en una unidad de cuidados intensivos para intentar liberarles del coronavirus. No era el caso de la inmensa mayoría de internos de las residencias.

Después de semanas creciendo, las diligencias penales abiertas por las fiscalías de toda España para investigar si se cometió algún delito en las residencias de ancianos o de personas con discapacidad han alcanzado esta semana los 240 casos, según los datos ofrecidos este jueves por la Fiscalía General del Estado, 16 más que la semana pasada.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200625/residencias-madrid-coronavirus-enfermos-hospital-8014511?jwsource=cl

EL GOBIERNO DE AYUSO OCULTA INFORMES Y ADJUDICACIONES DEL NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIA QUE COSTARÁ 50 MILLONES A LOS MADRILEÑOS

Tanto Ciudadanos como la oposición hacen saltar las alarmas ante el temor de que este nuevo proyecto se convierta en un "escándalo"

Este miércoles la Comunidad de Madrid ha notificado que se inician los trámites para la construcción de un nuevo hospital de emergencia en Valdebebas, entre Ifema y el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. “El proyecto anunciado este mes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ampliará los recursos asistenciales de la sanidad pública madrileña aportando hasta 1.000 nuevas camas y supondrá una inversión de alrededor de 50 millones de euros”, explica la administración regional.

Un montante nada desdeñable que se invertirá de forma “urgente y extraordinaria” con el fin de que las obras, que se iniciarán próximamente, terminen a finales de otoño para “seguir reforzando el sistema sanitario madrileño con un nuevo centro público frente a posibles rebrotes de coronavirus COVID-19 u otras enfermedades”. Esta nueva infraestructura contará con más de 1.000 camas y estará dotado, según expone el gobierno autonómico, con tecnología puntera para atender cualquier tipo de pandemia que venga en el futuro.

Sin embargo, la pompa propagandística con la que se está anunciando este nuevo proyecto megalómano no es bien recibida por buena parte de los grupos de la Asamblea de Madrid. Fuentes de Ciudadanos explican a ElPlural.com que el anunció encendió todas las alarmas en el cuadro naranja, a la espera de conocer los pormenores contractuales y sabedores de que la sospecha de posibles irregularidades se cierne sobre el mando único del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, encabezado por su mano derecha, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.

Valdebebas se tramitará con carácter urgente mientras se solapa en el tiempo la vuelta a la normalidad en el recinto ferial de Ifema, hospital de campaña que operó de urgencia 41 días con el fin de descongestionar las UCI en la peor etapa de la pandemia. Las prisas por sacar adelante el hospital de campaña, del que Ayuso no duda en vanagloriarse cada vez que puede, supusieron un gasto desproporcionado a los madrileños. Tal y como recogió ElPlural.com, se realizaron 15 contratos: nueve hasta el 30 de junio (el hospital cerró el 1 de mayo), dos hasta el 31 de mayo, tres hasta el 31 de marzo y uno posterior. Adjudicaciones que han supuesto al erario madrileño un gasto de 15,6 millones de euros, lo que supone que cada día que el hospital de Ifema permaneció abierto se gastaron más de 380.000 euros.

Este gasto innecesario (se realizaron contratos por más tiempo del que el hospital estuvo abierto) incluía entre sus adjudicaciones de urgencia al Grupo Empresarial Electromédico. La empresa Iberman, conectada a lo largo y ancho de la región a través de prórrogas ilegales sin concurso público, recibió 368.995,38 euros por prestar los servicios de electromedicina que monopoliza en la región gracias a la connivencia de la gerencia de los hospitales y la Comunidad de Madrid.

Sabedores de lo ocurrido en el pasado, los grupos de la oposición piden mayor transparencia en la puesta en marcha del nuevo hospital de emergencias. Fuentes de la Asamblea condenan que el gobierno de Ayuso no haya hecho público ni el informe técnico que avala la construcción del centro, ni el informe de contingencia sobre el que se regirá el hospital ni las empresas adjudicatarias de los servicios que se prestarán en el recinto. Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para conocer el motivo de que estos documentos preceptivos no hayan sido publicados en el portal de transparencia, pero, por el momento, el gobierno autonómico ha rehusado dar declaraciones.

José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE de Madrid, explica a ElPlural.com que la celeridad del anuncio de Isabel Díaz Ayuso “huele mal” y podría suponer un nuevo “disparate” basado en las “ocurrencias” de la administración regional. “Las adjudicaciones no están en el portal de transparencia”, señala Freire, anticipando un posible “escándalo” derivado de un “acto arbitrario”.

https://www.elplural.com/autonomias/gobierno-ayuso-oculta-informes-adjudicaciones-hospital-emergencia-costara-50-millones-madrilenos_242632102

EL PSOE PROTESTA POR LA FALTA DE RESPUESTAS DEL GOBIERNO A SUS PREGUNTAS SOBRE LA GESTIÓN DE LA CRISIS

El
Ejecutivo regional se remite al portal de contratación en sus contestaciones parlamentarias

Tras meses sin responder a las preguntas por escrito de la oposición por el estado de alarma, el Gobierno regional ha empezado ahora a contestar los cientos de peticiones de información sobre la gestión de la crisis del coronavirus que se agolpan en el registro de la Asamblea. Los representantes públicos quieren conocer al detalle los expedientes que recogen cada paso de las operaciones para comprar material sanitario en China y trasladarlo en avión a Madrid; adquirir tests para detectar la enfermedad; o distribuir mascarillas gratuitas desde las farmacias regionales. Para su sorpresa, el Gobierno les ha remitido una y otra vez al portal de contratación, sin dar ningún detalle, en lo que los representantes del PSOE consideran un intento de dificultar su labor de fiscalización.

“El grupo parlamentario socialista está absolutamente indignado por la falta de transparencia del gobierno”, lamenta Pilar Sánchez Acera, número dos del grupo que encabeza Ángel Gabilondo. “Aparte de la tardanza en contestar, no se puede consentir que nos remitan al portal de contratación y no nos dejen ver físicamente esos contratos y los expedientes que acompañan. Parecería que quieren ocultar algo”.

La queja es preludio del duro pleno que previsiblemente se vivirá hoy en la Asamblea. Los integrantes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tienen un puñado de preguntas relacionadas con la pandemia. Y como colofón se votará la reprobación del titular de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero.

Salvo sorpresa, el bloque que forman PP, Cs y Vox se unirán para impedir que la izquierda gane la votación. Y aunque la oposición esperaba poner en un aprieto al titular de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que ha denunciado en público los errores del Ejecutivo en las residencias, tanto el Gobierno como Cs aseguran que se unirá al voto negativo de la mayoría. Su abstención provocaría una crisis gubernamental irreconducible.

“En lugar de debatir porqué no se medicalizaron las residencias o porqué se excluyó a personas dependientes o con discapacidad de la atención hospitalaria, salimos con esta vileza”, lamentó ayer Reyero sobre la polémica planteada por el sentido de su voto, un alegato en el que de hecho volvió a dejar constancia de sus discrepancias con Ruiz-Escudero. “El que quiera reducir todo a un enfrentamiento con un compañero de Gobierno o a una lucha entre partidos políticos es un miserable. Yo no estoy en eso”.

https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-25/el-psoe-protesta-por-la-falta-de-respuestas-del-gobierno-a-sus-preguntas-sobre-la-gestion-de-la-crisis.html

LA DERECHA HACE DE SU 'PLAN BARAJAS' "OTRO 8M" CONTRA SÁNCHEZ PESE A QUE LAS MISMAS MEDIDAS SE APLICAN EN TODA EUROPA

PP y Ciudadanos consideran insuficientes las medidas de control a los pasajeros en el aeropuerto de Madrid El Gobierno insiste en que han sido adoptadas en el marco europeo y en que no es un paquete cerrado, sino que podrá adaptarse a nuevos escenarios Teodoro García Egea: "A este paso, el Gobierno de Pedro Sánchez va a convertir Barajas en otro 8 de marzo" infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al apoyo de sus socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción

"A este paso, el Gobierno de Pedro Sánchez va a convertir Barajas en otro 8 de marzo". Quien así ha hablado es el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en declaraciones a esRadio. En la base de sus declaraciones está el pulso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene con el Ejecutivo central a cuenta de la vuelta a la normalidad en el aeropuerto de Madrid. En manos de una coalición Partido Popular-Ciudadanos y presidido por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, lleva varios días exigiendo a Pedro Sánchez mayores controles y "medidas efectivas de prevención y contención que contribuyan a evitar la importación de casos de covid-19 por pasajeros de vuelos internacionales que llegan al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas".

Durante toda la pandemia, los conservadores han recurrido a la circunstancia de que se permitieran las marchas feministas del pasado 8 de marzo como un elemento de desgaste continuo al Ejecutivo central. Con el archivo de la causa en los tribunales –ahora hay recursos en contra de ese archivo–, esta estrategia se ha venido abajo y parecen haber encontrado en la gestión de las llegadas de pasajeros a Barajas un nuevo campo para la confrontación política.

"Hagan caso a los presidentes del Partido Popular, porque hasta ahora, cuando le han hecho caso a los presidentes autonómicos del Partido Popular les ha ido bien [...] Esto debería hacer reflexionar a las autoridades sanitarias para que tengamos un plan concreto sobre Barajas y no estemos ante un nuevo 8 de marzo porque, en este caso, sí llevamos avisando tiempo de que las conexiones con otros países deben ser conexiones seguras, debe haber reciprocidad en la realización de pruebas, de test a la salida y entrada de viajeros y, por tanto, todo lo que no hagan en este momento, en el futuro, cualquier ciudadano con toda legitimidad podrá pensar que el Gobierno tiene algo de responsabilidad en lo que está ocurriendo", defendió el número dos del PP en la citada entrevista.

Fuera de España, decenas de países, como Portugal, Francia, Reino Unido o Alemania, celebraron el 8M en el mundo. Y, en España, hasta el Partido Popular se sumó a las concentraciones.

Hasta la fecha, el Gobierno central y el regional han intercambiado varias comunicaciones con el aeródromo como protagonista. El pasado viernes, el presidente del Gobierno respondía a una carta previa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso intentando tranquilizarla sobre la seguridad en Barajas y recordando que el Gobierno está coordinado con el resto de los socios de la UE en las medidas adoptadas por la reapertura del espacio aéreo. Y, este martes, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero (PP) remitía una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que el Ejecutivo regional insiste en la necesidad de que se "arbitren" con "urgencia" otras "medidas adicionales que permitan la contención eficaz de la pandemia que aún nos amenaza".

¿Qué está pasando en Barajas? ¿Qué medidas se han implantado desde el Gobierno central? ¿A qué responden? ¿Qué reclaman desde el Gobierno regional? infoLibre da respuestas a estas preguntas.

El pasado 21 de junio, coincidiendo con el fin del estado de alarma, España abrió sus fronteras a los países del espacio Schengen y la Unión Europea. Y los pasajeros que no vienen de estos países lo hacen en vuelos de repatriación o con permisos laborales o de residencia, explican en el Ejecutivo. Todas las personas que hacen entrada en territorio español por el aeropuerto de Barajas son sometidas, según explican las mismas fuentes, a un triple control.

No puede hacerse de forma unilateral

No se trata de exámenes arbitrarios, inventados por el Gobierno de Pedro Sánchez, sino de controles que cuentan con el aval de la Unión Europea, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y las asociaciones de aeropuertos y de compañías aéreas. "Solo íbamos solos en el interior de nuestro país. Cuando tenemos que compartir fronteras [...] tenemos que ser recíprocos. Barajas está con las mismas medidas que todos los aeropuertos", defendió este martes la vicepresidenta Carmen Calvo en declaraciones a Antena 3.

El triple control pasa por una medición de temperatura con cámaras termográficas, la cumplimentación de un formulario cuya firma implica una declaración responsable en la que, entre otros asuntos, el firmante se compromete a contactar con las autoridades sanitarias en caso de experimentar síntomas, y un control visual. En el caso de no pasar estos tres controles, el pasajero será remitido a los servicios médicos. Estaríamos, en este caso, ante un control secundario, "que realiza un equipo médico que atiende a los casos sospechosos y realiza una evaluación clínica y epidemiológica", explican desde el departamento de Salvador Illa.

Las fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre mantienen que no se trata de un escenario cerrado y que se irán tomando todas las medidas que la situación vaya aconsejando de la misma manera que se ha implantado estos mismos controles. El pasado sábado, en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Barajas, a horas de que llegaran los primeros pasajeros, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, insistía en que estas decisiones no pueden tomarse de manera unilateral.

Pero para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el protocolo puesto en marcha por el Ejecutivo central –y por extensión, por las autoridades europeas– deja mucho que desear. "Tras la situación vivida en nuestro país en los últimos meses, no podemos conformarnos solo con revisiones visuales basadas en el 'ojo clínico' del que las hace, controles de temperatura y formularios en papel que por su volumen no permiten seguimiento epidemiológico alguno", puede leerse en la carta remitida este martes por el consejero Ruiz Escudero al ministro de Sanidad.

En la Comunidad de Madrid consideran "insuficientes" las medidas del llamado plan Barajas del Gobierno "al haberse detectado ya en España casos importados que han entrado a nuestro país por el aeropuerto" madrileño.

Esos "casos importados" que cita el consejero se deben a vuelos de repatriaciones o de pasajeros con permiso de residencia o trabajo en España porque, hasta el momento, solo se han abierto fronteras a vuelos comerciales a países del espacio Schengen y la Unión Europea.

La Consejería de Sanidad madrileña traslada a Illa una serie "medidas adicionales" que podrían ser adoptadas en Barajas y solicita que sean "elevadas" al resto del Gobierno, en especial al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a las autoridades europeas y a la Organización Mundial de la Salud.

L
as propuestas que llevan la firma de consejero de Sanidad madrileño están integradas en tres grandes bloques: control de la enfermedad en origen, acciones de Sanidad Exterior y control en destino, es decir, dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.

PCR negativa 24 horas ante de viajar a España

Dentro del primero de los bloques, la Comunidad de Madrid reclama la "restricción de vuelos procedentes de países con una tasa de incidencia acumulada por covid-19 superior a la registrada en España y/o espacio Schengen".

También incluyen en este bloque el "requerimiento para poder embarcar de una prueba diagnóstica de PCR negativa para SARS-CoV-2 en las 48 horas anteriores a la salida a cualquier destino de nuestro país". En el Ejecutivo precisan que este tipo de controles, a dos días de viajar, no son un método infalible y que en esas 48 horas no se puede garantizar que no se produzcan contagios.

En el apartado de las "acciones de Sanidad Exterior", se reclama una plataforma tecnológica que permita a las autoridades sanitarias autonómicas monitorizar a los pasajeros una vez que los pasajeros han accedido a su territorio, mensajes en los teléfonos móviles con indicaciones para proceder en el caso de presentar síntomas y publicidad en aeropuertos o medios de transporte con los teléfonos a los que recurrir si hay síntomas.

Por último, desde la Comunidad de Madrid reclaman que en el aeropuerto de Barajas se ponga en marcha las 24 horas del día un dispositivo del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) para la atención de aquellos pacientes que detecte Sanidad Exterior.

Partidos de la Asamblea de Madrid piden a Ayuso que asuma su responsabilidad

Desde la Cámara legislativa madrileña, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos coincidieron en pedir a Ayuso que asuma su responsabilidad para tomar medidas en Barajas.

Pablo Gómez Perpinyà (Más Madrid) consideró que el plan del Gobierno central para el aeropuerto es "insuficiente", pero, al mismo tiempo, consideró que la presidenta madrileña "está viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo". "La Comunidad está mostrando la incapacidad que tiene de vigilar a los que estamos en Madrid y se sigue negando a contratar rastreadores y personal en Atención Primaria", criticó, según informa Europa Press.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano, señaló que teme que Ayuso no quiere asumir "su responsabilidad" porque el aeropuerto de Barajas está en la Comunidad y es ella quien debería "asumir sus responsabilidades". En el ámbito nacional, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, acusó al PP de querer "convertir Barajas en el nuevo 8M", después de que la Justicia haya "tumbado su temita" de "criminalizar al feminismo" y culparle de la expansión del coronavirus.

Desde Vox, Rocío Monasterio, consideró que ha llegado el momento de que se deje de hablar de Sánchez y "empezar a gestionar".

Ciudadanos, de la mano del PP

En esta cuestión del aeropuerto de Barajas, PP y Cs han ido bastante de la mano. El vicepresidente, Ignacio Aguado, ha pedido que el Gobierno actúe "urgentemente" para aplicar controles efectivos en Barajas. Y, de cara al 1 de julio, cuando abren las fronteras extracomunitarias considera que deberían exigirse pruebas PCR en origen y prohibir los vuelos procedentes de países donde la pandemia no esté controlada.

Para la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), las medidas que ha tomado hasta la fecha el Gobierno central el Barajas son "cosméticas".

Casado y los pactos

Mientras una parte del PP aprieta a Sánchez con las actuaciones en Barajas, el líder del PP, Pablo Casado, puso este martes el foco en su voluntad al pacto y al acuerdo con el Gobierno. La primera meta sería este jueves en el Congreso de los Diputados, cuando se debatirá el decreto sobre la nueva normalidad. El jefe de los conservadores avanzó que su formación está dispuesta a votar a favor si el Ejecutivo se sienta a hablar con el PP para introducir una serie de cambios que los conservadores creen necesarios. Casado ha encargado a Ana Pastor que se dirija al ministro de Sanidad para abordar estos asuntos. La idea del PP es que se incorporen al texto medidas de lo que han bautizado como Pacto Cajal, su propuesta de pacto de Estado por la Sanidad.

De forma paralela, el líder del principal partido de la oposición sigue reclamando al Gobierno que "reconozca de una vez la cifra real de fallecidos". "No es mucho pedir y es importante asistir al homenaje en memoria de las víctimas sabiendo cuantos españoles han perdido la vida", añadió. Esta exigencia llegó también al Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley –sin efecto vinculante–.

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https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/24/verdades_mentiras_del_plan_barajas_otro_derecha_contra_gobierno_108077_1012.html

LA FISCALÍA CENTRA LA INVESTIGACIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE MADRID: 104 DE 220 EN TODA ESPAÑA

Tras Madrid, sigue siendo Cataluña la autonomía con mayor número de investigaciones abiertas, un total de 43, seguida por los 24 expedientes en Castilla-LaMancha y los 20 de Castilla y León Se han abierto un total de veintiuna nuevas diligencias de investigación en la última semana, mientras que el número de procedimientos civiles se mantiene estable

La Fiscalía General del Estado sigue dando cuenta del número de diligencias penales abiertas por sus delegaciones en toda España por posibles delitos relacionados con la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia por covid-19, que ya superan las 220. Madrid sigue siendo la comunidad que más investigaciones acumula, un total de 104 a las que hay que sumar seis procedimientos ya abiertos por otros tantos juzgados de instrucción, según informa Europa Press.

Según esta información, durante la última semana se ha decretado el archivo de un total de cinco expedientes de diligencias de investigación penal. Concretamente, en las Fiscalías Provinciales de Guadalajara, Burgos, Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Cáceres, y la Rioja, éstas últimas por haberse acordado su judicialización. En total 33 órganos judiciales tramitan ya causas por posible responsabilidad penal en estos centros.

Se tiene además constancia esta semana de la incoación de un total de veintiuna nuevas diligencias de investigación. Cinco en la Fiscalía Provincial de Barcelona, seis en la de Madrid, dos en la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares, dos en la Fiscalía Provincial de Cáceres, y una en las Fiscalías de Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Manresa-Igualada, La Rioja y Navarra.

Tras Madrid sigue siendo Cataluña la Comunidad con mayor número de investigaciones abiertas, un total de 43, seguida muy de lejos por las dos Castillas, con un total de 24 expedientes en Castilla-LaMancha y 20 en Castilla y León; tras las que se sitúa Galicia con 14 diligencias en curso y Extremadura con 6 causas de este tipo en el Ministerio Público. Detrás de estos territorios se sitúa Andalucía con 3 asuntos en trámite en las fiscalías, La Rioja con 2 expedientes y las comunidades de Asturias, Canarias, Navarra y Valencia, con una diligencia tramitándose en cada una de ellas.

En Cantabria, Baleares y País Vasco no se registra ningún caso de trascendencia penal que estén estudiando las Fiscalías de dichos territorios, mientras que en Murcia no hay expedientes en Fiscalía, pero sí tres causas judiciales ya abiertas por presuntas irregularidades en estos centros.

Se mantienen las diligencias civiles

En cuanto a las diligencias civiles, en la última semana el Ministerio Público no ha acordado el archivo de ninguna, por lo que la cifra total se mantiene en 194 abiertas en las fiscalías territoriales, desde donde se hace el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores.

Madrid y Cataluña son, de lejos, las comunidades autónomas donde permanecen abiertos más procedimientos civiles, con decenas de diligencias, seguidas por Castilla y León, con una veintena, Andalucía, con unas 15, o Castilla-La Mancha, con una decena. Además, se ha incoado en los últimos días un procedimiento de jurisdicción voluntaria en un juzgado de primera instancia de Huesca, a instancias de la Fiscalía y en relación con el contenido de una de sus diligencias civiles en trámite.

https://www.infolibre.es/noticias/madrid/2020/06/25/la_fiscalia_general_centra_investigacion_las_residencias_madrid_104_220_toda_espana_108150_1762.html

EL ‘YO ACUSO’ DE UN CONSEJERO A SU PROPIO GOBIERNO: “LA RESPONSABILIDAD DE LAS RESIDENCIAS ESTÁ EN MADRID”

Reyero contradice la versión de Díaz Ayuso, que subraya la responsabilidad del Gobierno central, y se desentiende de un aplauso al consejero de Sanidad

En cuanto Enrique Ruiz-Escudero acaba su intervención, decenas de diputados se levantan para mostrar con aplausos su apoyo al consejero de Sanidad. Las palmas coreografiadas deben dejar la fotografía de la unidad del Gobierno de coalición de PP y Cs frente a las críticas de la oposición a su gestión de la pandemia del coronavirus. El trampantojo, sin embargo, salta por los aires inmediatamente. Los diputados de Cs permanecen atornillados en sus escaños. Y Alberto Reyero, titular de Políticas Sociales por elección de ese partido, también se queda quieto mientras el resto de consejeros presentes se levantan para la ovación. Nada resume mejor el enfrentamiento entre los dos gestores, ni la tensión con la que Ruiz-Escudero afronta en la tarde de este jueves la votación de su reprobación en la Asamblea, marcada por los 6.000 muertos registrados en las residencias.

“Le puedo garantizar que yo no me he quitado de en medio, que yo sigo pensando que la responsabilidad de Políticas Sociales y de las residencias, está aquí, está en esta Comunidad Autónoma, y está en esta consejería”, lanza minutos antes Reyero, rompiendo en dos minutos dos meses de estrategia comunicativa de Isabel Díaz Ayuso.

Frente a la presidenta de la Comunidad, y el PP, que defienden que era el Gobierno central quien tenía la competencia de la gestión de las residencias, y por lo tanto de la hecatombe, Reyero. Frente a la formación conservadora, que lleva semanas asegurando que se han medicalizado más de 200 de esos centros sanitarios, Reyero, que lo niega. Y frente a los protocolos de derivación a los hospitales que discriminaban a los residentes en función de su grado de dependencia o discapacidad, y que el PP tilda de borradores, Reyero: “No es ético y posiblemente no sea legal”, advirtió el 1 de junio, dándolos por buenos.

Porque el consejero de Políticos Sociales lleva semanas discrepando de Ruiz-Escudero, en público y en privado, en primera persona, y a través de sus subordinados. Sobran los ejemplos.

22 de marzo. Reyero le escribe un email a Ruiz-Escudero. “Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de las residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en condiciones indignas”, advierte. “Por lo que sería necesario un apoyo sanitario adicional por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener”, añade. “Si esto lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene una componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con una discapacidad grave pero buenas expectativas de vida podrían ser rechazados en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”.

La petición de medicalizar residencias se ha hecho por tierra, mar o aire en cualquier reunión en la que hemos participado

8 de abril. Reunión telemática con representantes de la consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Extracto de lo recogido en el acta, según Reyero: ‘El viceconsejero de Políticas Sociales considera que la necesidad de médicos se sabe desde el primer día, que se han buscado permanentemente y que la responsabilidad de que haya o no médicos no es de que haya o no una lista. Cree que no se considera a las residencias desde un punto de vista sanitario, como a otros niveles, afirma que si se puede incorporar profesionales vía repliegue sería importante, porque vemos espacios complicados, sin médico y sin enfermería’.

Las tensiones que está provocando el choque entre los dos consejeros ha puesto en peligro la estabilidad del primer gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid, obligando a intervenir a las direcciones nacionales de los dos partidos para evitar la tentación de un adelanto electoral (PP) o una moción de censura con la izquierda (Cs). El diálogo con los dirigentes nacionales, no obstante, no ha dulcificado el discurso de Reyero. Se ha podido ver este jueves en la Asamblea.

“Es
conocida mi posición con respecto a la medicalización de las residencias, coincidente, por otro lado, con otras personas relevantes en el ámbito sanitario”, ha dicho Reyero, contraponiendo su criterio con el de Ruiz-Escudero. “Y solo remarcar que esta petición se ha hecho por tierra, mar o aire en cualquier reunión en la que hemos participado”.

¿Son esos los truenos que preceden a la tormenta? ¿Puede llegar Reyero a desmarcarse del apoyo que debe prestarle todo el Ejecutivo a Ruiz-Escudero en la reprobación de esta tarde? El consejero de Políticas Sociales y Cs dicen que no. La oposición, por si acaso, presiona: quiere que se vote en urna, para que nadie sepa lo que ha votado cada diputado cuando llegue el recuento de una votación en la que PP, Cs y Vox impondrán sus votos si permanecen unidos.

https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-25/el-yo-acuso-de-un-consejero-de-cs-la-responsabilidad-de-las-residencias-esta-en-madrid.html

LOS DATOS QUE EL PP OLVIDA CUANDO ACUSA AL GOBIERNO DE MENTIR SOBRE LAS CIFRAS DE MUERTOS

Madrid es la comunidad donde más ancianos murieron en las residencias y la segunda con mayor desfase en las cifras de fallecidos. La Sanidad madrileña colapsó y nadie del Gobierno regional dio la voz de alarma. Negaron la realidad por una mezcla de soberbia y oportunismo político mientras eludían su propia responsabilidad

Ignacio Escolar

1. Tras el fiasco judicial del 8M, el Partido Popular apuesta esta semana por otra teoría de la conspiración: la de las cifras de los muertos. "¿Qué oculta el Gobierno?" se pregunta la oposición, que acusa al Ejecutivo de "mentir a sabiendas" sobre estas cifras. "No es un desajuste numérico, es un abismo moral", asegura la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo: "Ustedes dejan a 17.000 compatriotas en el limbo".

2. Ese limbo, según el PP, es la enorme diferencia entre el aumento de la mortalidad registrada durante la pandemia respecto a años anteriores y los muertos confirmados por coronavirus. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), entre el 10 de marzo y el 31 de mayo murieron en España 43.657 personas más que el año pasado. Pero las cifras oficiales de muertes por COVID-19 con prueba diagnóstica es de 28.235 fallecidos.

3. El PP, al acusar al Gobierno de esta conspiración para esconder a los muertos, olvida tres claves fundamentales.

La primera, que difícilmente se puede esconder algo que está a la vista de todos. Los datos del MoMo no salen de ningún informe secreto: son oficiales y los proporciona un instituto público.

La segunda, que esa divergencia entre el exceso de mortalidad y los muertos de covid confirmados con una prueba diagnóstica no es una anomalía española, sino la tónica en todo el mundo.

La tercera, que la fuente de los datos oficiales de fallecidos no es tampoco el Gobierno: son las autonomías. Incluidas todas aquellas en las que el PP gobierna, como la Comunidad de Madrid.

4. Catalunya y Madrid lideran ese "abismo moral" que critica Cayetana Álvarez de Toledo. Más de un tercio de esas posibles víctimas de COVID-19 que no están registradas como tales murieron en Madrid, una región donde el Partido Popular gobierna desde hace un cuarto de siglo y que Pablo Casado pone como "ejemplo de gestión" frente a la pandemia.


5. Madrid es la segunda autonomía con más muertos sin identificar que probablemente fallecieron por la pandemia –o por el colapso sanitario provocado por la pandemia–. Y también la región donde la mortalidad se disparó más en toda España, según el MoMo.


6. Madrid también fue la autonomía donde más ancianos murieron en las residencias. Fallecieron el 17% de todos los residentes en apenas tres meses, el porcentaje más alto de toda España. Más de un tercio de todas las muertes en las residencias de toda España se registraron en la Comunidad de Madrid.

7. Los datos son apabullantes y muy claritos. Las manipulaciones del PP con estas cifras también son evidentes. En las últimas semanas, la derecha está difundiendo una estadística que retuerce la verdad de forma flagrante. Aquí un par de ejemplos.

PP Comunidad de Madrid

@ppmadrid
En respuesta a @ppmadrid
Pablo Iglesias ataca a la Comunidad de Madrid, donde un 32% de los fallecidos por COVID-19 lo han hecho en residencias de mayores. Pero calla ante el 85% de Aragón y Extremadura o el 73% de Cantabria. https://www.larazon.es/salud/20200609/gy374v6s6jaxrhil3ehoesz55u.html …
Inicio de la Fase 2 en Madrid. Reanudación de visitas en residencias de mayores
Un 32% de muertos en residencias de Madrid frente al 85% de Aragón
Ayuso estudia acciones legales contra Pablo Iglesias tras decir que la gestión del gobierno autonómico en los centros de mayores «fue un crimen»
larazon.es

230
17:50 - 12 jun. 2020

Rosa Díez

@rosadiezglez
Diez CCAA presentan mayor tasa de mortandad en las residencias q Madrid, q está por debajo de la media nacional. No lo verán en las televisiones. Guarden los datos, para contrarrestar la propaganda maléfica de la pareja tóxica Sánchez/Iglesias. https://www.abc.es/sociedad/abci-diez-comunidades-tienen-peores-datos-madrid-muertos-residencia-durante-epidemia-202006212021_noticia.html …

4.175
12:18 - 22 jun. 2020

8. La trampa es bastante burda. Esta clasificación ordena las comunidades en función de qué porcentaje de los mayores de 65 años falleció en las residencias respecto al total de muertos. Es un indicador que sirve de poco para mostrar lo que ocurrió y casi el único en el que Madrid sale relativamente bien parado, por dos motivos.

El primero, que solo cuenta como muertos por covid en Madrid a aquellos ancianos fallecidos que dieron positivo en una prueba PCR: apenas 1.252. Entre marzo y mayo, murieron más de 7.000 ancianos en los geriátricos de Madrid, pero solo se hizo pruebas a un pequeño porcentaje de estos fallecidos. Que en Madrid haya tantos muertos sin confirmar en las residencias –ni se les dio tratamiento ni se les hizo las pruebas– ayuda a que su posición en esta clasificación sea mejor.

El segundo, que en algunas comunidades, como Aragón, la inmensa mayoría de los muertos diagnósticados fallecieron en residencias. ¿Eso significa que la pandemia fue allí peor? Evidentemente no: en Madrid murió el 17% de los ancianos de las residencias, el peor porcentaje de todas las autonomías. Es casi el doble de la media española, que fue del 9%.


La mortalidad en las residencias de mayores en cada comunidad autónoma

Porcentaje (%) de residentes fallecidos en cada comunidad durante la crisis de la COVID-19. Aragón, Euskadi y La Rioja no han proporcionado sus cifras

Cada cuadrado representa el número de residentes totales frente a los fallecidos con COVID-19 confirmado, incluyendo casos sospechosos y los fallecidos por todas las causas

Madrid (17%)
C. León (11%)
Cataluña (8%)
C. La Mancha (14%)
Andalucía (5%)
Asturias (9%)
C. Valenciana (4%)
Galicia (4%)
Extremadura (11%)
Navarra (10%)
Cantabria (8%)
Canarias (5%)
Islas Baleares (7%)
Murcia (8%)
Fuente: datos recopilados por eldiario.es de las comunidades autónomas actualizados a la semana del 15 al 19 de junio

9. La campaña del PP acusando al Gobierno de mentir con los muertos tiene un objetivo evidente: esconder la nefasta gestión que hizo la Comunidad de Madrid de la pandemia y de las residencias de ancianos. Desviar la atención del verdadero escándalo: las órdenes para dejar sin asistencia médica a los ancianos sin seguro privado, que denuncian hasta sus propios socios de Gobierno en Madrid, los consejeros de Ciudadanos.

10. "Ya no se está dando tratamiento a los ancianos de residencias. Se les está dando terapia para infección bacteriana y si es un covid, mala suerte" (...) Las UCI se van a asignar por años de vida recuperables. Esto es horroroso".

Este vídeo del jefe médico del hospital Infanta Cristina de Parla (Madrid) es la enésima prueba que demuestra a las claras lo que pasó. La sanidad de Madrid colapsó. No había camas UCI. No había recursos.

11. En Lombardía (Italia), los hospitales también colapsaron. Pero la respuesta de las autoridades fue pedir ayuda. Llegaron refuerzos de otras zonas del país menos castigadas por la pandemia. También médicos de China, de Rusia, de Cuba… Algo inimaginable en el Madrid de Ayuso.

12. Madrid no pidió ayuda. Al contrario. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se dedicó a negar la realidad y acusar a quienes decían lo contrario de mentir. "La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos", aseguraba el 21 de marzo la presidenta de Madrid. Un día antes, el 20 de marzo, su Gobierno había enviado a los hospitales y residencias de Madrid un protocolo prohibiendo el traslado de los ancianos de las residencias.

13. Dos días antes de tachar de "bulo" el colapso de la sanidad, el 19 de marzo, Ayuso había recibido en su correo electrónico un mensaje desesperado de una de las residencias abandonadas a su suerte. Ayuso nunca les respondió.

14. Un día después, el 22 de marzo, el propio consejero de su Gobierno de coalición –Alberto Reyero, de Ciudadanos– envió dos correos al consejero de Sanidad, del PP, advirtiendo que discriminar a los ancianos para que "fallecieran de forma indigna" era una decisión éticamente irresponsable y posiblemente ilegal.

15. El 19 de marzo, el consejero Alberto Reyero y el vicepresidente Ignacio Aguado, ambos de Ciudadanos, pidieron ayuda al Ejército para medicalizar las residencias. Ayuso se negó: "Esta petición no sirve porque el Ejército no tiene capacidad". Días después, le quitó al consejero Reyero las competencias sobre las residencias. Las asumió su consejero de Sanidad, no Pablo Iglesias, al que ahora el Gobierno de Madrid quiere culpar de este desastre en otro ejemplo más de zafia propaganda. Hasta la propia Ayuso admite, cuando se le escapa, que la gestión de la Sanidad y de las residencias siempre han sido competencias de la Comunidad de Madrid.

16. "Hemos puesto en marcha un plan de choque para medicalizar las residencias", aseguraba Díaz Ayuso el 26 de marzo. De ese supuesto plan, presentado a bombo y platillo, se encargaba la hija del privatizador de la Sanidad madrileña, Encarnación Burgueño: alguien de nula experiencia en estos temas, elegida a dedo por el Gobierno de Madrid y que tampoco tenía medios para afrontar un reto así. Burgueño bautizó su plan de choque como la 'operación bicho'. Fue un enorme fiasco.

17. El gobierno de Madrid no solo no pidió ayuda sino que su presidenta presumía en esas fechas de que sobraban los recursos. En una entrevista en el Financial Times el 24 de marzo, en pleno colapso de los hospitales, Isabel Díaz Ayuso aseguró que la sanidad madrileña estaría "en unos días" en condiciones de ayudar a otras regiones de España. Era otra mentira propagandística.

18. La realidad en las residencias de Madrid era muy distinta. "Nos encontramos fallecidos que llevaban entre siete y diez días sin recoger", explican hoy los bomberos.

19. "La práctica totalidad de las residencias ya están medicalizadas", aseguraba Isabel Díaz Ayuso el 17 de marzo durante una entrevista en Telecinco. Fue otra mentira más.

20. Lo más criticable no es que los hospitales madrileños colapsaran, como ha ocurrido con esta pandemia en muchas otras regiones del mundo. Lo realmente grave es otra cosa: que nadie en la Comunidad de Madrid diera la voz de alarma. Que no pidieran ayuda. Que negaran la realidad por una mezcla de soberbia y oportunismo político.

21. Era más importante mantener una ficción. El discurso triunfalista del "milagro de Ifema"; el mantra de que Madrid tiene "la mejor sanidad del mundo". Esa mentira política que pretendía hacer responsable al Gobierno central de los muertos, mientras eludía su propia responsabilidad.

22. La gestión de Ay