ISABEL DÍAZ AYUSO  : LAS NOTICIAS 2014 - 2021
 

 

 LAS NOTICIAS 30 DICIEMBRE 2021

 

 MADRID NO CONTARÁ EN LA ESTADÍSTICA NACIONAL LOS POSITIVOS DE "AUTODIAGNÓSTICO" Y OCULTA SU RÉCORD DE CONTAGIOS EN TWITTER

 

EL GOBIERNO DE AYUSO CONTENTA A VOX Y CIERRA EL CENTRO DE MENORES DE BATÁN

 

IZQUIERDA UNIDA DENUNCIA LA CREACIÓN DE UNA “AGENCIA DE PRIVATIZACIÓN” SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID SIN CONTROL PARLAMENTARIO

 

LIBERTAD, CAÑAS, PUGNAS INTERNAS Y ELECCIONES: EL 2021 DE AYUSO

 

EL ESPRINT DE AYUSO: APRUEBA LOS PRESUPUESTOS Y NEGOCIA CON VOX 45 CAMBIOS LEGALES

 

AYUSO, EN SU BALANCE ANUAL: “MADRID TIENE LA MEJOR SANIDAD DE ESPAÑA”

 

AYUSO ACUSA A LA JEC DE TENER DECIDIDA LA SANCIÓN CONTRA ELLA MESES ANTES DE INICIAR EL PROCESO

 

LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL ULTIMA DOS SANCIONES A AYUSO POR VULNERAR LA LEY ANTES DEL 4-M

 

LA JUNTA ELECTORAL MULTA A AYUSO CON 960 EUROS POR TRES INFRACCIONES DE LA LEY ANTES DEL 4-M

 

ISABEL DÍAZ AYUSO: “ESTOY OBLIGADA A DEFENDER MI POLÍTICA SANITARIA POR ENCIMA DEL PP”

 

LA EXDIRECTORA DE SALUD PÚBLICA DE AYUSO: "DIMITÍ TRAS HORAS INTENTANDO CONVENCER DE QUE NO COMETIERAN UNA BARBARIDAD"

 

NUEVA ESTRATEGIA: DIFAMAR AL PERSONAL SANITARIO

 

AYUSO LE DICE A LOS ALCALDES QUE SE DIRIJAN A SÁNCHEZ POR EL AUMENTO DE CASOS

 

MADRID DEJARÁ DE HACER PCR A QUIENES DEN POSITIVO EN ANTÍGENOS DE FARMACIAS

 

AYUSO CULPA DEL COLAPSO DE LOS CENTROS DE SALUD A UN BOICOT INTERNO: "DE REPENTE, NO HAY MÉDICOS"

 

MADRID PEDIRÁ UN CAMBIO EN LAS CUARENTENAS PARA QUE VACUNADOS NO SE AISLEN

 

EL RODILLO PP-VOX EN MADRID: SÓLO UN 50% DE VOTOS IGUALES PERO TÁNDEM PERFECTO PARA TIRAR LEYES DE OTROS GRUPOS

 

MADRID AGITA SIN PRUEBAS LA AMENAZA DEL GRAN APAGÓN ENERGÉTICO

 

QUINCE AÑOS ESPERANDO AL TREN: “SOMOS EL DAÑO COLATERAL DE UNA PELEA DE POLÍTICOS Y CONSTRUCTORAS”

 

MADRID PAGA 162 MILLONES POR UNA LÍNEA DE TREN ABANDONADA, INCOMPLETA Y QUE NUNCA SE USÓ

 

AYUSO PAGARÁ 2 MILLONES MÁS DE LO PREVISTO POR LOS TEST 'GRATUITOS'

 

AYUSO, DE NO CANCELAR LAS CENAS A PRESAGIAR "SEMANAS DURAS": LA ATENCIÓN PRIMARIA COLAPSA

 

AYUSO MODULA SU DISCURSO TRAS UN DÍA CON 284.000 CONSULTAS POR COVID

 

TRANSPARENCIA INSTA A AYUSO A REVELAR A QUÉ RESIDENCIAS HA ABIERTO EXPEDIENTES POR EL COVID

 

AYUSO SALTA AL RUEDO: MÁS DINERO A TOROS QUE GONZÁLEZ Y CIFUENTES Y MENOS EXIGENCIAS EN LAS AYUDAS

 

EL PRESUPUESTO DE AYUSO AFLORA 29 MILLONES EN INTERESES DE DEUDA CON HOSPITALES DE GESTIÓN PRIVADA

 

EL GOBIERNO DE AYUSO PIDE POR CARTA A ALMEIDA QUE LE PERDONE 17 MILLONES DEL IBI DE HOSPITALES Y JUZGADOS PARA INVERTIR EN SANIDAD

 

AYUSO INSISTE EN LA POLÍTICA DE APOYO A LAS CLASES ALTAS QUE EL PP PRACTICA EN MADRID DESDE LA 'ERA AGUIRRE'

 

LA DERECHA VETA EN MADRID DAR COBERTURA LEGAL A LOS ALERTADORES DE CORRUPCIÓN COMO EXIGE BRUSELAS

 

EL EJECUTIVO DE AYUSO ADJUDICÓ CONTRATOS POR MÁS DE 200.000 EUROS A UNA EMPRESA PRESIDIDA POR UN INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

 

LAS 3.700 IDEAS PARA MEJORAR MADRID QUE RECHAZAN DÍAZ AYUSO Y VOX

 

EL GOBIERNO MADRILEÑO MANTIENE OCULTAS LAS DECLARACIONES DE BIENES DE SEIS ALTOS CARGOS

 

AYUSO USA LA FESTIVIDAD DE LA CONSTITUCIÓN PARA REIVINDICAR A JUAN CARLOS I Y ATACAR A SÁNCHEZ

 

AYUSO CARGA CONTRA SÁNCHEZ EN UN ACTO INSTITUCIONAL Y LE ACUSA DE "DESLEGITIMAR" LA CONSTITUCIÓN CON SUS LEYES

 

AYUSO SE ERIGE COMO LA FIGURA DEL PP QUE MEJOR RELACIÓN TIENE CON VOX

 

 


 

 

MADRID NO CONTARÁ EN LA ESTADÍSTICA NACIONAL LOS POSITIVOS DE "AUTODIAGNÓSTICO" Y OCULTA SU RÉCORD DE CONTAGIOS EN TWITTER

 

Ayuso articula un nuevo protocolo al margen de Sanidad que admite como positivo confirmado los autotest de farmacia, que ahora valdrán incluso para obtener la baja médica

 

La Comunidad de Madrid marcó este martes un nuevo récord de contagios y la tasa de incidencia acumulada se sitúa ya en los 2.018 casos por cada 100.000 habitantes. Se espera que la cifra continúe creciendo y alcance cotas más altas en los próximos días. La incidencia acumulada está disparada en toda España, pero se ceba especialmente en la capital. Este martes se han registrado 99.671nuevos contagios en las últimas 24 horas en todo el país; de los cuales 20.798 pertenecen a la capital. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene un plan maestro para maquillar los datos: contabilizará los autotests como positivos, pero no los notificará a Sanidad, por lo que no engrosarán las estadísticas oficiales.

 

Así lo explicado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, en una rueda de prensa en la que ha valorado la situación epidemiológica y asistencial. El Ejecutivo regional ha esgrimido que aún no existe acuerdo sobre los criterios que deben cumplir los resultados de los test autorealizados, lo que impide contabilizarnos en todo el territorio nacional. Sin embargo, cabe precisar que sí que existe un protocolo general establecido por el Ministerio de Sanidad; que recoge de forma clara que “las pruebas de autodiagnóstico no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos”. De manera que “los resultados positivos en estas pruebas se considerarán casos sospechosos que deberán confirmares en un centro sanitario”.

 

En otras palabras, que el Gobierno estatal establece que para que una persona figure en las estadísticas como positivo no vale con un autotest, sino que el resultado deberá ser confirmado en un centro sanitario. No obstante, Madrid ha articulado un protocolo particular y reconocerá los autodiagnósticos. Si el resultado es positivo en los test de farmacia, la persona debe comunicarlo al teléfono gratuito del servicio sobre el covid (900 102 112) para facilitar sus datos y ser informado de las medidas que debe adoptar. La Consejería de Sanidad considerará este resultado un verdadero positivo y se recomendará autoaislamiento durante diez días, evitar recibir visitas y extremar las medidas de prevención habituales, ha explicado la responsable de Sanidad madrileña.

 

Así, Ayuso profundiza en la idea de la autogestión y el autocuidado hasta tal punto que un test de antígenos de farmacia autorealizado sirve para obtener la baja médica, pues se considera positivo confirmado a todas luces.

 

Obviando datos

El protocolo de Madrid, que viola el nacional elaborado por el Ministerio de Sanidad, ocultará datos de contagiados reales porque habrá muchas personas que serán positivos y no figurarán en las estadísticas oficiales. Pero esta no es la única maniobra para maquillas las cifras.

 

La Comunidad de Madrid ha comenzado a utilizar una mucho más burda: no informar de las cifras negativas en sus tuits. Algunos usuarios no han tardado en reprochárselo, pues el perfil oficial únicamente ha informado de datos sobre vacunas inoculadas.

 

https://www.elplural.com/autonomias/madrid-no-contara-en-estadistica-nacional-positivos-autodiagnostico-oculta-su-record-contagios-en-twitter_281323102

 

 

EL GOBIERNO DE AYUSO CONTENTA A VOX Y CIERRA EL CENTRO DE MENORES DE BATÁN

 

Rocío Monasterio había reclamado en varias ocasiones que el recinto situado en la Casa de Campo se cerrara

 

Tres días después de aprobar los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 junto a Vox, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha revelado que cerrará el centro de menores de Batán. Una instalación que había recibido las críticas por parte de la formación de extrema derecha.

 

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, detalló que los residentes serán trasladados a otro edificio, del que todavía se desconoce su ubicación. Aunque el objetivo está claro: "clausurarlo, pero no de forma inmediata".

 

El Ejecutivo de Ayuso había acordado con Vox aplicar algunas medidas en dichos centros, como la de crear una auditoría "específica" para controlar los costes y subvenciones que se otorga. Una acción que se iba a llevar a cabo, como muy tarde, durante el primer trimestre de 2022. Una fiscalización que suponía un coste de 50.000 euros.

 

Pero, lejos de cumplir con su acuerdo, la Comunidad de Madrid ha ido un paso más allá y ha decido anunciar que el centro de Batán será clausurado. Unas palabras de la consejera de Familia, Juventud y Política Social que para el Ejecutivo regional no están vinculadas a las peticiones que hacía la formación de extrema derecha.

 

A pesar de las justificaciones del Gobierno de Ayuso, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ya le reclamó hace varios meses que se incrementar las medidas de control y vigilancia en el centro cercano a la Casa de Campo, porque había una alta "inseguridad" y los problemas con algunos de los residentes generaban "miedo" a las mujeres que pasan por allí.

 

Concepción Dancausa ha justificado que el Ejecutivo madrileño está obligado a que atiendan a los menores "que no tenga una familia" y aseguró que "algunos de ellos tienen una problemática distinta porque no conocen el idioma y tenemos que darles clases extras".

 

Para la consejera de Ayuso, no es importante el coste en los centros de menores extranjeros, tal y como reclama Vox, pero sí ha defendido que quieren que "los chicos tengan una vida normalizada y que no se conviertan en delincuentes".

 

https://www.elplural.com/autonomias/gobierno-ayuso-contenta-vox-cierra-centro-menores-batan_281186102

 

 

IZQUIERDA UNIDA DENUNCIA LA CREACIÓN DE UNA “AGENCIA DE PRIVATIZACIÓN” SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID SIN CONTROL PARLAMENTARIO

 

La coalición ha lanzado un comunicado en el que alerta de que el anteproyecto de ley 'Ómnibus', un compendio de medidas urgentes "para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración", contiene la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria, un instrumento que, según denuncia, servirá "para dar amparo legal a privatizaciones de la asistencia sanitaria que pueden culminar el proceso de acoso y derribo contra la sanidad madrileña".

 

"Con esta medida, el Gobierno del PP plantea crear un órgano sin control parlamentario, cuya dirección será nombrada por el Gobierno, sin que nuestras representantes en la Asamblea de Madrid puedan controlarlo, y que tendrá su financiación con cargo a los Presupuestos de la Comunidad", protesta IU.

 

El comunicado añade que esta agencia "también se financiará mediante donaciones, subvenciones o cobro de tasas propias" con lo que, argumenta, "dispondrá de un patrimonio propio sin control público".

 

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó este anteproyecto el 23 de diciembre y estará disponible para su consulta pública hasta el 3 enero en la web de la Comunidad de Madrid.

 

https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-29-diciembre_6_8617955_1082955.html

 

 

LIBERTAD, CAÑAS, PUGNAS INTERNAS Y ELECCIONES: EL 2021 DE AYUSO

 

Sus pactos con Vox, los cambios en Telemadrid y la tensión interna con Génova han marcado el año político de la presidenta madrileña

 

Isabel Díaz Ayuso recordará el año 2021 como el mejor año de su carrera política y con el apoyo mayoritario de los madrileños en las elecciones del pasado 4 de mayo, la dirigente madrileña logró aprovechar el espacio que dejó Ciudadanos para fortalecer a su partido y rozar la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid.

 

Pero a lo largo de este año, la presidenta no solo ha sido protagonista por las buenas noticias. Su postura negativa a las recomendaciones del Gobierno de España para restringir la movilidad y evitar más contagios, sus pactos con Vox, sus cambios en Telemadrid y, sobre todo, su pugna interna con Génova, han hecho olvidar el resultado electoral.

 

La ruptura con Aguado

Ayuso inició el año junto a Ignacio Aguado, al frente de la Comunidad de Madrid, y con la llegada de Filomena, el temporal que bloqueó la capital española, y el aumento de los contagios, ambos socios de Gobierno se centraban en tratar de acordar unos nuevos Presupuestos regionales, buscando el apoyo de Vox.

 

PP y Ciudadanos consideraban a la formación ultraderechista como el socio preferente para negociar las Cuentas públicas, pero la tensión con la situación hospitalaria, contradecía las posturas que se adoptaban desde el Gobierno madrileño. Mientras que Aguado defendía la destitución de la gerente del hospital Príncipe de Asturias por retirar el móvil a pacientes, la Consejería de Sanidad se negaba a hacerlo.

 

Un tira y afloja entre Ayuso y Aguado que terminó explotando en el mes de marzo, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió adelantar las elecciones regionales, tras lo ocurrido con la moción de censura que se presentó en la Región de Murcia, contra el Ejecutivo de Fernando López Miras. La líder regional adoptó tal decisión, acusando el intento de Ciudadanos de presentar una moción de censura similar en Madrid: "Quiero que los madrileños elijan entre socialismo y libertad".

 

Desde entonces, la presidenta madrileña inició su campaña electoral bajo ese mismo lema y, al saber que el exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, sería el candidato de Unidas Podemos a presidir la región, lo cambio para recalcar que los ciudadanos debían escoger entre "comunismo o libertad". Un lema que terminó con el resultado electoral positivo para los populares y con Iglesias abandonando la política. Algo por lo que la propia Ayuso se autofelicitó: "España me debe una".

 

Sus pactos con Vox

 

Aunque los resultados electorales fueron buenos para Ayuso, necesitaba el apoyo de, al menos, cuatro parlamentarios de Vox para conseguir la mayoría absoluta y volver a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Algo que se consumó el pasado 18 de junio y que se ha ido prolongando durante el primer semestre del Gobierno autonómico, como ha ocurrido con la negativa de la formación ultraderechista a investigar lo que sucedió en las residencias o con la contratación de emergencia.

 

Ayuso y Rocío Monasterio han adoptado, conjuntamente, gran parte de las medidas que ha aprobado el Ejecutivo durante la actual legislatura. Una de ellas ha sido la reforma la Ley de la televisión pública de Madrid, con la que el Ejecutivo madrileño se hacía con el control de Telemadrid. Un acuerdo que ha hecho que la dirigente regional intervenga de forma habitual en la cadena pública, como ocurrió con el especial durante su ineficiente gira por Estados Unidos o cuando comentó junto a los presentadores de los informativos los resultados en los Juegos Olímpicos.

 

Pero sin duda el principal entendimiento entre Vox y el Partido Popular se ha visto reflejado en la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Un acuerdo marcado por las 13 exigencias de la formación de Santiago Abascal, enmarcadas en contra del aborto, la eutanasia o fiscalizar los centros de menores inmigrantes.

 

La pugna interna con Génova

 

La relación entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso ha ido cambiando desde el pasado 31 de agosto. La presidenta madrileña, tras formalizar su Gobierno con el apoyo de Vox, reveló su intención de ser la líder del Partido Popular de Madrid. Un anuncio con el que reclamaba a la dirección nacional el adelanto del congreso autonómico para que se llevara a cabo "cuanto antes".

 

La líder regional defendía la importancia de que el cónclave de los populares en Madrid "se haga pronto", con el objetivo de preparar bien las elecciones que se celebrarán en el año 2023. Algo que el líder del partido, Pablo Casado, no defendió, porque consideraba que "no toca". Desde la dirección nacional, Teodoro García Egea reiteró que la fecha sigue siendo la misma.

 

Un enfrentamiento que ha continuado durante el último trimestre del año y que ha llevado a que Ayuso se posicione en contra de Génova y muestre públicamente su malestar con las decisiones adoptadas por su partido y reclama que "la democracia interna, que también hace falta, llegue al partido en Madrid".

 

Una pugna interna que todavía no ha finalizado y, según adelantó ElPlural.com, crece el miedo a que salga a la luz un escándalo contra Ayuso, como ocurrió con Cristina Cifuentes, sobre la gestión de los aviones durante la peor etapa de la pandemia. "No son cremas, son aviones", señalaron fuentes cercanas a Génova.

 

Aunque la fecha estimada para el congreso es durante el primer semestre de 2021, las elecciones en Castilla y León y la amenaza de adelanto electoral en Andalucía, podrían posponer el cónclave popular en Madrid hasta el segundo semestre del próximo año. Una tensión que ya ha surgido efecto en las encuestas y que está afectando al posible apoyo que podría obtener Casado en las próximas elecciones generales.

 

El chiringuito de Toni Cantó y otras polémicas de Ayuso

Después de que el Tribunal Constitucional obligara al Partido Popular a excluir a Toni Cantó de sus listas para las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ayuso decidió seguir contando con él tras los comicios regionales y no dudó en crear el polémico chiringuito, la Oficina del Español, y poner al ex de Ciudadanos como el director de dicha área. Los populares justificaron su creación con la intención de coordinar el español en Madrid para "ayudar a la creación de riqueza y empleo".

 

Un puesto con el que el también actor percibe un salario de 75.000 euros al año y que, seis meses después de defender el trabajo que desempeñaría, ya ha mostrado reticencias Y su intención de conseguir un ascenso en el Partido Popular. El objetivo podría ser el de intentar ponerle como cabeza de lista por Valencia para las próximas elecciones generales.

 

Pero la creación de la Oficina del Español no ha sido la única polémica de Ayuso durante el año 2021. Además de la falta de medidas de restricción para controlar la propagación de la Covid-19, el Gobierno madrileño también continúa sin ofrecer una solución clara a las familias de la Cañada Real y, tras más de un año sin luz, la presidenta regional aseguró que ella no gestiona sentimientos.

 

La presidenta también fue objeto de críticas al identificar a los neandertales como los "primeros madrileños tabernarios", por inventar el "autocuidado" en Madrid para definir el caos sanitario o por sus reproches contra el Papa Francisco por pedir perdón a México por los "errores muy dolorosos" de la Iglesia durante la Conquista española.

 

La última polémica del año de la dirigente regional ha estado relacionada con sus palabras con las que culpaba del colapso de los centros de salud a un boicot interno de algunos médicos y revelaba que "lo vamos a investigar". Aseguró que los ciudadanos "no tienen que estar esperando" y en algunos centros de salud "no cogen el teléfono, se cuelga o de repente no hay médicos".

 

https://www.elplural.com/politica/libertad-canas-pugnas-internas-elecciones-ano-2021-ayuso_281272102

 

EL ESPRINT DE AYUSO: APRUEBA LOS PRESUPUESTOS Y NEGOCIA CON VOX 45 CAMBIOS LEGALES

 

Con las elecciones de 2023 ya en el horizonte, la líder conservadora pisa el acelerador legislativo para volver a modificar la ley del suelo, retocar la del juego o poder contratar a médicos extranjeros

 

Con las elecciones de 2023 ya en el horizonte, Isabel Díaz Ayuso pisa el acelerador: la presidenta de la Comunidad de Madrid ha logrado aprobar este miércoles los primeros Presupuestos de la región desde 2019 y ha iniciado la tramitación de una ley ómnibus que incluye 45 cambios legales de calado en una sola votación, a celebrar previsiblemente en junio de 2022. Al igual que ha pasado con las primeras cuentas públicas con el sello de la líder conservadora, Vox será el árbitro que decida el final de ese esprint parlamentario para llegar a los comicios con una hoja de servicios que describa las bondades de gobernar en solitario. Atrás quedan los tiempos en los que el Gobierno de coalición de PP y Cs justificaba su parálisis legislativa con el argumento de que un Ejecutivo liberal procura producir las menos normas posibles para no inmiscuirse en la vida de los ciudadanos.

 

“Son los Presupuestos más ambiciosos de la historia de nuestra región”, ha dicho Díaz Ayuso tras la votación. “Este proyecto es un compromiso que adquirimos con los ciudadanos, a los que nos debemos, y un aviso para todo aquel que no lo tenga claro: el Gobierno de Madrid no va a subir los impuestos ni a cambiarles las reglas de juego a las empresas”, ha añadido. “Hemos cumplido con el mandato de libertad que nos dieron los ciudadanos el 4-M”.

 

La presidenta regional ha hablado en la Asamblea, donde ha tenido una doble cita de altura. Primero, la aprobación de las cuentas. Y luego, una reunión exprés del Consejo de Gobierno, donde se ha decidido impulsar la ley ómnibus, que afectará a 34 leyes, tres decretos legislativos, cuatro nuevas regulaciones de rango legal y cuatro decretos, incluyendo la derogación total o parcial de tres leyes y dos decretos.

 

El objetivo de esos cambios definidos como “urgentes” es “impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región”. Su tramitación incluirá modificaciones de normas nucleares para la Administración, como la del suelo; afectará también a la promoción de las apuestas, en la que previsiblemente se regulará la presencia de rostros conocidos; permitirá eximir del requisito de nacionalidad a extracomunitarios contratados en el servicio sanitario, para paliar los déficits de plantilla; e incluirá nuevas exenciones en el ámbito educativo, del medio ambiente, la formación y el empleo.

 

Un plan ambicioso del que aún no se conoce la letra pequeña, ni sus implicaciones, y que supone un drástico cambio de ritmo frente al que mantuvo hasta marzo de este año la coalición gubernamental formada por PP y Cs.

 

“Este es un Gobierno liberal, que no aspira a legislar por legislar, sobrecargando innecesariamente al ciudadano con un exceso de normativa”, argumentaban entonces los portavoces del Ejecutivo de coalición para justificar la falta de proyectos tramitados en la Asamblea.

 

Porque Díaz Ayuso cerró su primer mandato (2019-2021) sin aprobar ni una sola ley nueva de calado (apenas una reforma de la ley del suelo recurrida en el Constitucional y la aprobación de una nueva universidad privada) ni enviar un proyecto de Presupuestos a la Asamblea.

 

Sin embargo, en los seis meses transcurridos desde que fue investida como presidenta por segunda vez, ha sacado adelante las cuentas públicas, una reducción del IRPF, la eliminación de las tasas regionales, y una reforma de la ley de Telemadrid que le ha permitido controlar la compañía pública. También ha iniciado la tramitación de una nueva norma educativa con la que aspira a neutralizar la estatal, y que previsiblemente verá la luz en febrero. Y ya ha enviado a la Asamblea una reforma para que la Cámara no proponga a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

 

Además, el Gobierno regional ya tiene en marcha el anteproyecto de la Ley de Creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad; el de Economía Circular de la Comunidad de Madrid; el de regulación de la protección civil y las emergencias en la Comunidad de Madrid; el de creación de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid; el de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid; del libro y la lectura de la Comunidad de Madrid; el de patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid; o el de farmacia.

 

La comparación es entre el día y la noche. De la imposible convivencia entre PP-Cs-Vox, a la alianza del PP con Vox, que ha convertido sus negociaciones en la Asamblea regional en el laboratorio donde se experimentan las bases de una relación sobre la que Pablo Casado espera articular su llegada a La Moncloa, además del próximo ciclo electoral autonómico y municipal.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-22/el-esprint-de-ayuso-aprueba-los-presupuestos-y-negocia-con-vox-45-cambios-legales.html

 

AYUSO, EN SU BALANCE ANUAL: “MADRID TIENE LA MEJOR SANIDAD DE ESPAÑA”

 

La presidenta critica a Pedro Sánchez por beneficiar exclusivamente a las regiones gobernadas por el PSOE y por los partidos independentistas y admite que de cara a la vuelta al colegio la región baraja el escenario de la semipresencialidad

 

El balance que ha hecho la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasa por criticar al Gobierno de Sánchez y ensalzar el suyo. No hay más. Ayuso ha vuelto a afear al presidente de España que ponga al resto de comunidades autónomas en contra de Madrid y que beneficie sobre todo a las que están gobernadas por el PSOE y por los independentistas. Sin embargo, ha dicho, Madrid se ha dedicado a pensar en los ciudadanos y en “gestionar los servicios públicos con total respeto al bolsillo del contribuyente”, es decir, bajando impuestos (“la mayor bajada de la historia”) y haciendo hincapié en la libertad: “Madrid si no es libre, no es Madrid”

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid y el consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz regional, Enrique Ossorio, han comparecido este miércoles desde la Real Casa de Correos, tras la reunión del Consejo de Gobierno, para hacer balance del año 2021, de igual manera que lo han hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado. “Madrid tiene la mejor sanidad de España”, ha insistido la presidenta, que ha recordado que la Fundación Jiménez Díaz ha sido el centro hospitalario mejor valorado por los sanitarios españoles.

 

También ha avanzado que la vuelta al colegio después de las Navidades todavía no está decidida, “dependerá de la evolución de los contagios”, aunque ha reconocido que desde el Gobierno regional se están barajando dos escenarios: la total normalidad y la semipresencialidad para los más mayores, que pueden conectarse en línea. “El consejero de Educación anunciará la semana que viene las medidas que va a adoptar o las que va a proponer al Gobierno, según veamos la evolución de la pandemia”, ha dicho Ayuso. “Nosotros consideramos que es la Consejería de Sanidad quien en todo momento está informando sobre la evolución de la pandemia, pero según el comportamiento de la misma considera que después de Navidades será cuando se produzca ese descenso en picado. Y por eso estamos estudiando todos los escenarios para que la vuelta sea lo más normal posible, pero teniendo en cuenta todavía este pico de contagios, ya que hay una población cada vez más vacunada y que las cuarentenas han de ser distintas. Estudiaremos esto para que las familias tengan lo antes posible información al respecto y sepan cómo conciliar y cómo organizarse”.

 

Si finalmente la pandemia impide la vuelta con normalidad a las aulas, Ayuso ha recalcado que lo que van a intentar “es el segundo escenario”, que, ha insistido, consiste en “más distanciamiento, más ventilación, ahondar en las medidas de seguridad de siempre, intentar llevar test de antígenos nuevamente a las familias y que los mayores puedan duplicar las clases porque tienen más facilidad para seguirlas online”.

 

En cuanto a las macrofiestas, Ayuso ha avanzado que no se va a celebrar ninguna en la Comunidad de Madrid durante estas fechas, “en algunos casos porque han desistido sus promotores y en otros porque estas fiestas no tenían planes de contingencia covid, así que no se celebrarán”. Eso sí, ha querido sacar de esa ecuación a la celebración de las campanadas, en la Puerta de Sol, ya que ha dicho que “son espacios distintos” y ha remarcado la importancia de estar en un espacio abierto con mascarillas, pese a que ella misma se mostró en contra de esa medida hace una semana en la conferencia interterritorial de todos los presidentes autonómicos: “Estamos hablando de un lugar al aire libre, donde sus ciudadanos van con sus mascarillas y, por tanto, no habría que equiparar una macrofiesta en una discoteca, por ejemplo, con una cabalgata de Reyes o con la celebración al aire libre como pueden ser las campanadas de Fin de Año”.

 

De cara al próximo año, la presidenta ha anunciado que seguirán adelante con su plan de natalidad “para ayudar a las familias en Madrid a seguir adelante con sus proyectos vitales y poder conciliar mejor en una comunidad con obstáculos y con un invierno demográfico evidente, que afecta a toda España pero también a nuestra región”. Pero sobre todo, ha hecho hincapié en la guerra “sin cuartel” que va a seguir librando con Sánchez. “Vamos a seguir ahondando en la reducción de trabas burocráticas y de impuestos que vamos a defender”, esgrimió como pilar de su política fiscal, “para que el Gobierno no nos lleve a una supuesta armonización”. “Y desde luego ahí la Comunidad de Madrid va a estar con las clases medias, con todos los ciudadanos, con los contribuyentes para evitar que algún premio Nobel de Economía en el Gobierno de España pretenda subirle los impuestos a todos los madrileños en base a contentar al separatismo y a los nacionalistas que están en algunas comunidades sobre todo gobernadas por el PSOE”.

 

El aviso a Sánchez ha continuado durante toda su intervención: “Nos van a tener enfrente a quienes pretendan subirle los impuestos a los madrileños y todas aquellas reformas que vayan en la dirección contraria a la creación de empleo, que es lo que necesitan ahora mismo las familias. Y que alguien nos explique cómo se va a evitar ese dumping internacional, porque si se suben los impuestos en Madrid, la inversión y las empresas se irán de España”. Y ha insistido en los agravios hacia su región, que considera que es “la más solidaria, la que más aporta y la que está al servicio de España siempre”.

 

En la parte dedicada a las promesas para el próximo año, Ayuso ha asegurado que continuará “construyendo nuevos centros de salud, nuevos colegios, ampliación de Metro, de intercambiadores, seguiremos con la misma política fiscal y poniendo sobre la mesa el desarrollo de otros proyectos que son de gran orgullo para este Gobierno como es el Arco Verde, que creo que ninguna capital del mundo va a tener algo semejante: 200 kilómetros de biodiversidad en torno a Madrid”.

 

En cuanto a la promesa estrella de estas Navidades, la de repartir 12 millones de test de antígenos a todos los madrileños antes de la Nochebuena, la presidenta ha hecho poca autocrítica, pese a reconocer que solo se han entregado un millón y medio. “Hemos tenido problemas de abastecimiento, pero hemos sido la única comunidad autónoma que ha apostado por acercar la política del autocuidado a todos los ciudadanos como hicimos en su momento con las mascarillas”, ha recordado. “Gracias a esa política los ciudadanos de la Comunidad de Madrid las utilizan muchas veces incluso sin ser obligatorias. Esa política del autocuidado es la que trasladamos a los ciudadanos con estos test de antígenos y que están suponiendo ya para un millón y medio de familias el haberse reunido en unas condiciones de mayor seguridad. Ojalá lleguen cuanto antes, ese es nuestro propósito”.

 

CC OO sobre la vuelta al cole: "Dicen que van a esperar al final para decidir cuando saben perfectamente lo que funciona"

 

La vuelta al cole lleva dando semanas mucho que hablar, y que la Comunidad de Madrid no dé un paso al frente para anunciar cómo la va a encarar, más. Ayuso ha pasado la pelota al consejero de Educación, Enrique Ossorio, que la semana que viene anunciará cómo empezarán los menores de edad el curso académico y ha dejado en aire que los más mayores lo hagan como el curso pasado, de forma semipresencial. Las primeras críticas la han protagonizado desde CC OO. "Macrofiestas, ocio nocturno, campanadas... la única ciudad de Europa que celebrará el fin de año en la calle... Todo abierto sin restricciones. Y al final de la fiesta, los colegios cerrados y el derecho a la educación restringido. Eso al parecer es lo que nos espera", ha lamentado Isabel Galvín, representante de Educación en el sindicato. "Es disparatado, es escandaloso. Dicen que van a esperar al final para decidir cuando saben perfectamente lo que funciona: bajada de ratios, desdobles, contratación de profesorado y personal  educativo. Eso es lo que se necesita para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes. Madrid no se merece esto", ha insistido.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-29/ayuso-madrid-tiene-la-mejor-sanidad-de-espana.html

 

AYUSO ACUSA A LA JEC DE TENER DECIDIDA LA SANCIÓN CONTRA ELLA MESES ANTES DE INICIAR EL PROCESO

 

La Junta Electoral Central y la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre septiembre y diciembre de este año, cruzaron una serie de escritos en los que el tono se fue haciendo cada vez más áspero

 

En su intento por evitar las multas por tres actos celebrados el 8, 12 y 16 de abril, en pleno proceso electoral del 4-M, Ayuso llegó a acusar al máximo árbitro electoral de tener decidida la sanción desde finales de ese mes, en cuanto supo que había denuncias de Más Madrid y PSOE

 

Las instructoras de los expedientes señalan que es una acusación "grave", y además, desmontan todos los argumentos esgrimidos por la dirigente del PP en sus numerosas alegaciones

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo todo cuanto pudo para obstruir el procedimiento abierto por la Junta Electoral Provincial (JEP), primero, y por la Junta Electoral Central (JEC), después, y así, evitar que fuera sancionada. En el último escrito de alegaciones presentado el pasado 3 de diciembre llegó a acusar al árbitro de los procesos electorales de "deliberada y predeterminada actitud" contra ella, de tal forma que habría decidido "imponer" la multa "desde el mismo momento en que tiene noticia de una denuncia", es decir, antes incluso de iniciar el procedimiento.

 

La respuesta de la JEC se produjo seis días después, el día 9, a través de los expedientes que motivaron sendas multas de 600 y 360 euros, tal y como adelantó en primicia EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Es una contestación contundente, disponible y visible en la web de la entidad: "Nada acredita la expedientada como indicio fáctico de tan grave acusación". Añade más adelante que, a tenor de los pronunciamientos de los vocales del órgano en ésta y otras denuncias previas similares, no se pueden sostener semejantes "prejuicios".

 

La acusación de parcialidad es una muestra del duro intercambio de golpes, mediante resoluciones y escritos de alegaciones, que la presidenta madrileña y la Junta Electoral Central han librado desde septiembre, desde que el árbitro de los procesos electorales decidiera incoar dos expedientes sancionadores: uno por un acto celebrado el 8 de abril en la plaza de toros de Las Ventas, pues durante el mismo Ayuso vulneró el artículo 50.2 de la normativa electoral, y otro por dos actos el 12 y el 16 de abril, durante los que infringió, además del citado 50.2, el artículo 50.3.

 

No parece que vaya a cesar la pelea. La mandataria madrileña ha recurrido ya al Supremo y tiene pendiente de respuesta una petición de investigación interna por la filtración de la decisión precisamente a este medio.

 

El periplo fue accidentado incluso antes de que la JEC asumiera los expedientes, y eso es algo que llega a reconocer una de las instructoras de las sanciones ("accidentada tramitación", llega a decir). Dos razones lo sustentan: por un lado, que antes de desembocar las infracciones en la Junta Electoral Central, la Provincial llevó a cabo un procedimiento irregular, lo que provocó la anulación de sus decisiones; por otro lado, el número y el cariz de las alegaciones de Ayuso.

 

El detonante: 16 de septiembre de 2021

 

Dado que las dos resoluciones de las sanciones contienen un texto prácticamente idéntico y muestran una secuencia de hechos similar al cien por cien, este medio ha tomado como referencia el expediente sobre el acto del 8 de abril en la plaza de toros de Las Ventas.

 

Todo empezó, en el seno de la entidad, el 16 de septiembre, cuando decide anular lo que hasta la fecha había hecho el órgano homónimo a escala provincial. Había cometido una irregularidad procedimental que supuso la vulneración del "principio de legalidad en materia sancionadora, tanto en lo que se refiere al derecho de defensa de la expedientada como al mantenimiento de la debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora".

 

Ahora bien, "al no haber transcurrido el plazo de prescripción de la infracción", la JEC ve posible abordar dos nuevos expedientes sancionadores sobre los mismos hechos (los actos del 8 de abril, por una parte, y los del 12 y 16 de abril, por otra), y en consecuencia, sobre las mismas hipótesis que apuntan a los incumplimientos del 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Explica que, al haberse disuelto la Junta provincial, como es preceptivo tras unos comicios, se arroga la competencia y dictamina que aplicará en cada caso el tope de 1.200 euros que reserva dicha ley para las sanciones cursadas por las juntas provinciales, en vez de los 3.000 que la propia JEC maneja como límite máximo.

 

Ayuso pide tiempo (varias veces) y la jec se lo niega (todas las veces)

 

A partir de entonces, cruce de golpes. El 21 de septiembre, la presidenta madrileña (entiéndase sus abogados) solicita que se le amplíe el plazo de alegaciones debido "a la naturaleza y complejidad" de los expedientes, y sobre todo, debido a las "particulares complejidades que implica el reinicio de la actividad sancionadora por un órgano distinto del que en su día promovió la misma". La dirigente del PP adjunta profusa documentación al respecto.

 

Cabe recordar aquí que Ayuso logró la anulación de los expedientes hechos por la Junta Provincial madrileña a raíz de un recurso de alzada a la JEC. Intentó de este modo esquivar cualquier multa. Se llevó una sorpresa al recibir una notificación de la Junta Central en la que, tras informarle de que los expedientes provinciales quedaban sin efecto, tal y como pretendía, comunicaba que abría dos nuevos.

 

El 28 de septiembre, el presidente del máximo órgano electoral, el magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, desestima las peticiones de Ayuso. "Ha contado con tiempo suficiente" para cursar las alegaciones, incluso "superior al habitual", responde a la mandataria popular, a la que además transmite que el procedimiento no se ha hecho más dificultoso por haberlo asumido la JEC.

 

Disconforme, la presidenta de la Comunidad de Madrid envía otro escrito dos días más tarde en el que se queja de la decisión, que tilda de "rigorista". Asimismo, solicita que, al estar personada a título particular, como es preceptivo, se le envíen las notificaciones "en papel" y a su domicilio. Y deja un último recado: pide la revocación del acuerdo de la JEC del 16 de septiembre por "incurrir en defectos que acarrean su nulidad", relacionados con la cuantía de la multa.

 

Para entonces, ambos actores se han metido de lleno en un intercambio de argumentos. El 6 de octubre, la JEC se reúne y redacta un acuerdo en el que desbarata los argumentos de Ayuso. En el primer punto, ratifica la decisión del presidente de negar una dilación de los plazos. "No existe rigorismo, como se afirma en el escrito, sino la aplicación de los plazos legalmente previstos", indica. Igualmente, acepta el cambio de los datos del destinatario.

 

Decide, por otra parte, modificar el acuerdo por el que se incoa el expediente, de modo que queden justificados y conforme a la ley los criterios de aplicación de los topes de las multas, así como de las condiciones para su rebaja. Ello implica la concesión de un nuevo plazo de alegaciones, que Ayuso aprovechará.

 

Traca final de la presidenta

 

Esos "errores subsanados" sobre las cantidades de las sanciones, según los términos de la dirigente del PP, no impiden que vuelva a solicitar una ampliación del periodo de alegaciones, para lo que repara en "los vicios" del expediente que inicia el procedimiento. Así se expresa en otro escrito fechado el 15 de octubre. El presidente de la JEC lo desestima y recuerda de nuevo a la autoridad madrileña que los plazos que se le han concedido son suficientes para "formar criterio". Es pertinente apostillar que el proceso sancionador, ese primer tramo en la Junta Provincial, comenzó en abril.

 

Con todo, el escrito de alegaciones más exhaustivo y duro es el que Ayuso envía el 26 de octubre, el que "propiamente debe considerarse como escrito de alegaciones al pliego de cargos", en palabras de la JEC. La presidenta y sus abogados están preparando la respuesta final.

 

Así, pide la remisión del acta de la Junta Electoral Central, del 8 de abril de 2021, en la que "se acordó apercibir" a la dirigente para que "fuese más cuidadosa en sus intervenciones institucionales a fin de no vulnerar el principio de neutralidad que, en aplicación de los apartados 2 y 3 del art. 50 de la LOREG, deben respetar las autoridades públicas durante el desarrollo del proceso electoral". Esta acta no motivó expediente sancionador. La instructora de la JEC enviará dicha acta el 3 de noviembre.

 

Además, Ayuso pide revocar el acuerdo que da inicio al procedimiento porque, según arguye, carece de responsabilidad en los hechos que se le imputan. Aquí da indicios de lo que expresará más adelante, esa supuesta actitud "predeterminada" de la Junta para multarla, lo que cree que está detrás de que se le hayan rechazado todas las peticiones de ampliación de los plazos para alegar. Es más: en este escrito anticipa la posibilidad de recurrir por la vía "contencioso-administrativa" frente a la "al parecer ya decidida sanción que pueda imponer la Junta Electoral Central".

 

Y agrega: La "determinación parece clara desde el 29 de abril de 2021 a despecho de las alegaciones más que fundadas que se hayan podido presentar a lo largo del procedimiento".

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, a su vez, aduce diferentes vulneraciones de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y la "prescripción" de los supuestos hechos que motivan las infracciones, tanto los del acto del 8 de abril en Las Ventas como los del 12 y el 16 del mismo mes en el aeropuerto Madrid-Barajas y en Valdebebas, respectivamente. "Han pasado más de 6 meses desde la producción de los hechos hasta la notificación del acuerdo de incoación presuntamente correcto", subraya.

 

Con el fin de probar la ausencia de responsabilidad, destaca que sus mensajes y actos no fueron electoralistas, sino que obedecieron a "un posicionamiento ideológico", y que el procedimiento sancionador de la LOREG no es garantista. Hace hincapié, además, en que no fue advertida antes de la celebración del evento de Las Ventas, por lo que no se le puede achacar reincidencia.

 

La dura resolución de la JEC

 

El 19 de noviembre, las instructoras de los expedientes comunican a la presidenta madrileña las propuestas de resolución de las sanciones. Como era de esperar, Ayuso pide más tiempo para alegar, lo que se le niega porque ni han surgido "vicisitudes nuevas" ni han irrumpido "alteraciones relevantes" de los hechos. También rechaza la instructora del evento de Las Ventas la pretensión de Ayuso de aportar "nuevas pruebas adicionales", pues en la fase por la que atraviesa el proceso eso ya no es posible.

 

En consecuencia, el 3 de diciembre la presidenta envía un escrito para evitar la sanción o al menos amortiguarla. A su juicio, no está acreditada la culpabilidad porque en "otros supuestos" comparables la JEC no hizo nada. En las alegaciones al expediente por los actos del 12 y del 16 de abril cita el precedente de la sanción de 500 euros a Pedro Sánchez por haber usado la Moncloa en una entrevista de fines electoralistas, emitida en pleno proceso electoral del 10 de noviembre de 2019.

 

Apunta, además, a la vulneración del principio "non reformatio in peius", que es uno de los factores fundamentales que usa la presidenta para esquivar la sanción. Considera que durante el procedimiento ha ido quedando en una posición más desfavorable a pesar de que fue la que recurrió la decisión de la Junta Provincial.

 

La JEC, en el acuerdo, se refiere en los siguientes términos a esta acusación de haber decidido de antemano la sanción: "La parte más novedosa de este escrito consiste en la inclusión de una alegación 'previa' consistente en sostener 'la deliberada y predeterminada actitud de la Junta Electoral Central en su conjunto, y de parte de sus miembros en particular, de imponer, desde el mismo momento en que tiene noticia de una denuncia contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, una sanción, (…)”.

 

La resolución de la JEC, aprobada por la Junta el 9 de diciembre, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, desmonta todos los pilares en los que Ayuso sostiene sus alegaciones.

 

Primero. Siempre se han aplicado los "plazos legalmente previstos sin que ello haya ocasionado indefensión en la persona expedientada".

 

Segundo. No ha habido "vicio de nulidad", sino "una mera irregularidad no invalidante", que consiste en que al principio, en el acuerdo por el que incoa el expediente, quedó reflejada una cuantía de posible multa "inexacta".

 

La JEC empieza aquí un tono áspero contra Ayuso. "En todo momento la expedientada ha podido beneficiarse de la reducción de la sanción a la que tenía la posibilidad de acogerse, previo reconocimiento de su responsabilidad y pronto pago; sin embargo, todo apunta a que la expedientada en ningún momento ha deseado hacer uso de dicha opción para poner fin al procedimiento sancionador".

 

Tercero. Consecuencia de lo anterior, Ayuso no ha quedado en posición desfavorable, en comparación con el inicio del procedimiento.

 

Cuarto. No se ha producido prescripción de la infracción.

 

Quinto. La vulneración del artículo 50.2 de la LOREG se ha producido por haber incurrido la presidenta en un acto de “campaña de logros”. "La culpabilidad de -Ayuso- radica en que sabe o debe saber que no puede utilizar los recursos y medios institucionales de que dispone, en su condición de autoridad pública, para movilizar el voto en beneficio propio", apunta la instructora. "Debió, por tanto, tener la diligencia de adoptar las medidas oportunas para impedir que tuviese lugar una utilización propagandística de recursos públicos", añade.

 

En el expediente de los actos de los días 12 y 16 se le imputa la vulneración del 50.3 porque ha infringido la prohibición de asistir y protagonizar inauguraciones de infraestructuras públicas.

 

Por otro lado, aunque Ayuso intentó desarmar la consideración jurídica de la expresión "campaña de logros", la JEC concluye que con ella "no hace otra cosa que acoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia".

 

Sexto. No puede tenerse en cuenta la ausencia de advertencia previa porque sí la hubo. La Junta se refiere a un acuerdo de la Junta Electoral Provincial del 23 de marzo de 2021, ya con el proceso electoral del 4-M en marcha y que "la expedientada conoce o debería conocer".

 

Séptimo. No ha lugar a la acusación de parcialidad, ni de la Junta en pleno ni de parte de ésta. "Nada acredita la expedientada como indicio fáctico de tan grave acusación, sin que el voto emitido por los vocales citados en relación con otra denuncia pruebe la existencia de los prejuicios que, según la presidenta de la Comunidad de Madrid , han existido en el supuesto que nos ocupa".

 

https://www.epe.es/es/politica/20211228/ayuso-jec-sancion-13031205

 

 

LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL ULTIMA DOS SANCIONES A AYUSO POR VULNERAR LA LEY ANTES DEL 4-M

 

La Junta Electoral Provincial de Madrid sancionó a la presidenta autonómica con dos multas de 600 euros cada una, pero fueron anuladas por errores procedimentales acaecidos durante los trámites

 

Ambos procesos fueron reiniciados por la Junta Central en septiembre; como el plazo es de tres meses, en poco más de dos semanas habría de conocerse la decisión

 

La Junta Electoral Central (JEC) está a punto de sancionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por tres actos celebrados en abril, en la precampaña electoral del 4-M, informan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del organismo. La cuantía de la multa puede ser de 2.400 euros como máximo.

 

Dos magistradas, Esperanza Córdoba y Concepción Rosario Ureste, afrontan la fase final de sendos expedientes por tres actos protagonizados por la dirigente del PP los días 8, 12 y 16 de abril. Estos dos últimos eventos se han fundido en un único procedimiento.

 

La Junta Electoral Provincial ya amonestó a Díaz Ayuso con más de 600 euros por esos mismos eventos. Semanas más tarde, los dos procedimientos fueron anulados por la propia JEC al encontrar defectos de forma. Sin embargo, la mayoría de los vocales del órgano que supervisa todos los comicios en España tomaron una decisión inesperada: efectivamente había que dejar sin efecto los expedientes sancionadores, pero no podían quedar impunes los actos de Ayuso. Hallaron indicios de vulneración de la ley y optaron por asumir los dos procesos.

 

Así consta en el acuerdo que la JEC adoptó en la sesión del 16 de septiembre. Por regla general, dado que en lo contencioso-administrativo suele ser así, el plazo máximo para la resolución es de tres meses. Quedarían, por consiguiente, algo más de dos semanas.

 

La historia de esta sanción a Ayuso que nunca llega es rocambolesca y cabe recordarla precisamente por los virajes que ha tenido.

 

ACTO I: PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS

 

El 8 de abril de este año, la presidenta autonómica acudió al coso madrileño para inaugurar un monumento de homenaje al torero Víctor Barrio. Era un evento organizado por la Comunidad y durante el mismo Ayuso lanzó una serie de afirmaciones sobre partidas presupuestarias de su Gobierno, siempre relacionadas con la tauromaquia y su apuesta. Afirmaciones, a criterio de la JEC, "pensadas y preparadas previamente". Ello supone, en época electoral, que es la que se activa desde el momento en que se convocan los comicios, una quiebra del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

 

El PSOE denunció el acto ante la Junta Provincial, que lo archivó en un primero momento, el 21 de abril. A través de un recurso de alzada logró, sin embargo, que la Junta Central analizara el asunto una semana después. Fue el primer rapapolvo del órgano superior al inferior, pues se estimó parcialmente la queja socialista a tenor de las manifestaciones hechas por Ayuso y la literalidad del artículo 50.2 de la LOREG.

 

Ese mismo día de finales de abril, por tanto, la JEC pidió una cosa a la presidenta madrileña: que se abstuviera de "difundir mensajes con contenido electoralista en el curso de actos de carácter institucional", pues ello "infringe el deber de objetividad" consagrado en los artículos 103.1 de la Constitución y -el citado- 50.2 de la LOREG. Y pidió otra a la Junta Provincial: que incoara de nuevo el expediente.

 

Lo primero no sirvió para nada, pues Ayuso volvió a pronunciar palabras de contenido electoralista en actos institucionales; lo segundo, tampoco.

 

Si bien la Junta Provincial, tras analizar los hechos, encontrar la vulneración de la LOREG y actuar en consecuencia con una multa de 360 euros a Ayuso, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid recurrieron ante la JEC porque, según su criterio, se habían producido errores procedimentales, una "irregularidad procedimental" que afectaba al derecho de defensa de la presidenta y a la "debida separación entre la instrucción y la resolución del expediente". Hecha la constatación, la JEC decidió anular la sanción.

 

Ahora bien, la misma Junta Electoral Central se planteó si cabía recuperar el expediente. Concluyó que no porque habían caducado los plazos establecidos, pero destacó que sí era posible y legal iniciar uno nuevo. Y es lo que hizo. Lo decidió el 16 de septiembre pasado. El mismo día en que abre la puerta a una sanción de hasta 1.200 euros.

 

ACTOS 2 Y 3: AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS

 

La secuencia es muy similar con el otro expediente, el que afecta a dos actos de Ayuso los días 12 y 16 de abril. El PSOE los recurre por las declaraciones electoralistas vertidas y la Junta Provincial los archiva. De nuevo un recurso de alzada ante la JEC conlleva una estimación parcial porque, entiende la mayoría de los vocales, se detecta una posible vulneración del artículo 50.2 de la LOREG.

 

El del 12 de abril es un acto de presentación de un avión con simbología de la región y en él la presidenta hace un repaso sobre los logros de su Ejecutivo. El del 16 de abril es una visita a unas obras en Valdebebas, la conexión con la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, durante la que la máxima autoridad autonómica se pronuncia en términos similares.

 

Los dos tienen visos de infringir los principios de objetividad de los poderes públicos durante el periodo electoral y el de neutralidad de las instituciones. Como en el expediente anterior, la JEC pidió a la presidenta madrileña que se abstuviera de hacer más declaraciones similares y a la Junta Provincial, que iniciara otra vez el trámite sancionador. La historia se repite: multa de 600 euros, recurso de la Comunidad de Madrid por fallos procedimentales, anulación de la sanción por la JEC, inicio de un nuevo procedimiento por la propia JEC y estipulación de una sanción de hasta 1.200 euros.

 

DESENLACE Y EL CASO RECIENTE DE PEDRO SÁNCHEZ

 

Las fuentes consultadas, conocedoras del procedimiento, creen cercano el desenlace de un caso que se inició en abril. Ha tardado tanto por los virajes numerosos que han acontecido. Es probable que cuando el trámite acabe, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid recurran de nuevo, entonces por la vía contencioso-administrativa, y así hasta agotar todas las opciones.

 

Las presuntas infracciones de Ayuso recuerdan a dos precedentes recientes: el de Pedro Sánchez y el de Isabel Celaá. Ambos fueron sancionados por la Junta Electoral Central precisamente por vulnerar el artículo 50.2 de la ley. El presidente, en pleno proceso electoral del 10N de 2019, concedió una entrevista a La Sexta en el palacio de la Moncloa, en donde encadenó varias alusiones a logros de su Gobierno. Lo mismo hizo la entonces ministra portavoz en la sala de prensa del complejo presidencial.

 

https://www.epe.es/es/politica/20211201/junta-electoral-central-ultima-sanciones-12923286

 

LA JUNTA ELECTORAL MULTA A AYUSO CON 960 EUROS POR TRES INFRACCIONES DE LA LEY ANTES DEL 4-M

 

La presidenta madrileña desobedeció la normativa electoral en tres actos celebrados el 8, 12 y 16 de abril

 

Ocho meses después, Isabel Díaz Ayuso será sancionada por infringir la ley electoral en tres actos celebrados el 8, el 12 y el 16 de abril, durante la precampaña del 4-M. La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado multar a la presidenta madrileña con 960 euros, han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes conocedoras de la decisión.

 

Era lo esperado después de que, en septiembre, la JEC decidiera iniciar sendos expedientes sancionadores a la dirigente del PP (fusionó los eventos del 12 y del 16 abril en un mismo procedimiento). Fue una decisión inusual porque supuso una enmienda a la totalidad del procedimiento que previamente había cursado la Junta Electoral Provincial.

 

El organismo regional acordó en verano imponer a Ayuso una multa de 360 euros por haber vulnerado la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG), artículo 50.2, durante un acto celebrado en la plaza de toros de Las Ventas. Habló de las políticas llevadas a cabo por su Gobierno para impulsar la tauromaquia y de las partidas presupuestarias destinadas a ello. El precepto de la norma citado indica que, desde el momento de la convocatoria de los comicios, los cargos públicos que concurran a las urnas deberán abstenerse de hacer uso de los resortes institucionales para la venta de sus logros, sobre todo a través de declaraciones públicas.

 

Por esa misma razón la JEC sancionó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien antes de las generales del 10 de noviembre dio una entrevista a La Sexta en la Moncloa para promocionar algunas de sus políticas.

 

Pero, además, la Junta Provincial estableció otra multa a Ayuso de 600 euros por infringir la norma en otros dos actos del 12 y 16 de abril. Hizo lo mismo por lo que se la denunció en el evento de la plaza de toros.

 

Sucedió que los servicios jurídicos de la Comunidad encontraron posibles errores de procedimiento, así que los impugnó ante la Junta Electoral Central. Sus vocales, ocho magistrados y cinco catedráticos, encontraron dichos errores y anularon los expedientes. Ahora bien, también identificaron con claridad las vulneraciones de la ley electoral. Como no pudo reanudar sendos expedientes, resolvió incoar dos nuevos. Se han zanjado este jueves. Y se han zanjado con las mismas multas que la Junta Provincial fijó en su momento.

 

Fuentes del Gobierno madrileño, conocida la información adelantada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, han destacado a este medio que en el gabinete de la presidenta se encuentran a la espera de la notificación de la JEC. Asimismo, han mostrado su extrañeza por haberse enterado por la prensa antes que por el cauce oficial. Desde hace tres meses, el Ejecutivo de Ayuso sabía que la Junta Electoral estaba tramitando dos expedientes sancionadores y que la semana que viene expiraba el plazo del procedimiento. De hecho, sus servicios jurídicos presentaron alegaciones para neutralizar o reducir las cuantías de las posibles multas.

 

https://www.epe.es/es/politica/20211209/junta-electoral-multa-ayuso-960-12959225

 

ISABEL DÍAZ AYUSO: “ESTOY OBLIGADA A DEFENDER MI POLÍTICA SANITARIA POR ENCIMA DEL PP”

 

La presidenta madrileña prevé que el tsunami de contagios de la variante ómicron bajará antes del fin de la Navidad

 

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 43 años) cierra 2021 tras culminar un doble salto mortal: enfrentarse a una crisis sanitaria mientras disolvía el Gobierno formado por PP y Cs en la Comunidad de Madrid para ganar sus primeras elecciones y gobernar en solitario. Prevé que el tsunami de contagios que está provocando la variante ómicron empiece a frenarse antes de que acabe la Navidad. Afirma que defenderá su apuesta por no aplicar restricciones para combatir el virus incluso por encima de los intereses y posicionamientos oficiales del PP. Y deja abierta la posibilidad de abandonar la política al final de la próxima legislatura, que arrancará con las elecciones autonómicas de 2023.

 

Pregunta. ¿Qué escenario contemplan con esta variante?

 

Respuesta. Creemos que el crecimiento es explosivo, y también la caída. Esto no se refleja de la misma manera en la presión hospitalaria. Consideramos que todavía estaremos unos días con ese tipo de subida y, si se comporta como en otros lugares, prevemos que antes de que acabe la Navidad ya el virus empiece a caer.

 

P. ¿Quién le asesora? ¿Tiene un comité científico asesor?

 

R. Tengo a los mejores expertos en la consejería. No he presumido de lo que no tengo, sino de lo que sí. Es gente, todos, doctores en medicina, desde la directora general de Salud Pública al consejero. Han ido trabajando mano a mano con institutos, el nuevo centro de análisis del Zendal, los gerentes de los hospitales… Nunca toman decisiones solos, siempre están rodeados de grandes profesionales a los que han consultado a lo largo de la pandemia.

 

P. No hay un consejo asesor con ese nombre.

 

R. Con ese nombre no, pero ellos nunca toman decisiones solos. Siempre rodeados de grandes profesionales.

 

P. Cuando Madrid se separa de la tónica general de otras comunidades y decide mantener todo abierto, ¿es una decisión consensuada con esos técnicos o la parte política decide?

 

R. Con la información de los técnicos, después de cribados masivos que solo estamos haciendo nosotros, o herramientas como Vigía [que detecta el virus en las aguas residuales], sabemos cómo va a evolucionar el virus y entonces ahí se toman las decisiones políticas

 

P. Pero no siempre el criterio técnico y político han ido de la mano. En mayo de 2020, la entonces directora general de salud pública dimitió al estar en desacuerdo con su apuesta para que Madrid iniciara la desescalada.

 

R. Esa es su opinión. Es una mujer que dimitió en los medios de comunicación, una mujer con la que apenas he tenido trato, y que no se ha responsabilizado de la pandemia como sí lo ha hecho por ejemplo el equipo de Zapatero [viceconsejero de Sanidad], o del consejero, que siempre han estado al pie del cañón. Esa es la opinión que a mí me tiene que valer. La que ella emite es una valoración personal que yo respeto. Pero nunca he ido contra el criterio de la consejería ni contra el criterio del consejero. Ahora, es cierto que un presidente tiene que tener una valoración global de la situación. Cuando hay una pandemia, se tienen que tomar decisiones en base, lo primero, a la salud y a la vida, también en base a la educación, a los recursos con los que cuentas. En global. Hay que saber ser ecuánime para que se afecte al menor número posible de personas. Un presidente, con la opinión técnica de cada una de sus consejerías, toma una decisión política global.

 

P. Esa exdirectora dijo hace poco que el colapso en atención primaria es culpa suya.

 

R. No sé por qué es más importante la opinión de una directora general que abandona que la de una que sí que está al pie del cañón. Sinceramente.

 

P. Se supone que es más libre, ya no está atada a un puesto.

 

R. A lo mejor es más mediático. No me parece que sea una opinión más experta que la de la actual directora, que no ha abandonado, y que ha estado en los momentos más difíciles. Lo suyo es hablar de la gente que está al frente de la pandemia. No hay un solo gobierno autonómico en España que no haya cambiado a toda su consejería de Sanidad. Yo soy la única que ha mantenido a la inmensa mayoría de su equipo. ¿Le preguntáis a los exconsejeros de Sanidad del resto de las comunidades qué opinan de sus disensos con el actual Gobierno? Porque probablemente los haya, por eso son ex. Lo importante es qué opina la gente que está al frente de la gestión de la pandemia.

 

P. Antes de la Conferencia de Presidentes, pareció decir que Madrid le había dado una lección a todas las comunidades, que debían de aprender de Madrid, que si ha hecho un Zendal, que hubieran hecho los otros un Zendal. ¿Ha dado Madrid lecciones?

 

R. Siempre he respetado las decisiones que se han tomado en el resto de las Comunidades Autónomas. Es algo que no ha sucedido con Madrid. Por eso, lo único que pido a estas alturas es que después de haber realizado semejante desembolso para haber levantado dos hospitales públicos, herramientas como vigía o cribados masivos a 100.000 profesores, o a millones de personas por zonas básicas, después del sobreesfuerzo que ha realizado Madrid, pido que no me digan que porque no cerramos todo somos menos sensatos que los demás.

 

P. Porque cuando no cerraban, ¿no era una decisión política?

 

R. Es que da la sensación de que el que cierra es el responsable y el que no cierra el irresponsable, cuando el que no cierra es porque ha hecho todo lo anterior. El que me parece irresponsable es el gestor que no toma ninguna decisión y que lo único que hace es cerrar por cerrar sin dar alternativas. El virus no tiene por qué bajar: con Filomena subió. Arruinas masivamente a la gente. ¿Y eres más responsable por ello? ¿De verdad? Una pandemia no es blanco o negro, creo. Los cierres masivos están causando muchas depresiones.

 

P. También se han hecho en otros países europeos.

 

R. Y no por eso los aplaudo. Puedo entenderlo en la primera ola, cuando no sabíamos qué estaba pasando. A partir de ahí, hemos de aprender para evitar volver al cierre. El cierre es un fracaso. Hay que ser sinceros: no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con esto. Va para dos años. Y hay que buscar algo alternativo.

 

P. Pero si por no cerrar va a tener más gente en las UCI…

 

R. Es que no es así. El virus está también en los domicilios, el virus está en cualquier sitio. El 30% de los botellones se realizan en las casas. Son los espacios cerrados, donde no hay ventilación ni mascarillas, donde se produce el mayor contagio. No está demostrado que sea en los establecimientos públicos donde se estén dando los mayores brotes. Entonces, ¿qué cierras? ¿Cierras todo? Hay que ir al autocuidado, a la responsabilidad, y nosotros ir dando información y herramientas para que los ciudadanos se vayan protegiendo.

 

P. Los nuevos presupuestos prevén una inversión en sanidad inferior a lo que se gastó realmente en el último ejercicio previo a la pandemia (2019). ¿No influye eso en lo que está ocurriendo en los centros de salud?

 

R. El año pasado invertimos 2.200 millones extraordinarios para hacer frente a la pandemia. No es una cuestión solo de gastar más. Es cómo se hace. Gastar dinero es muy fácil, créanme, pero tomar decisiones para saber ser racional con ese gasto es donde yo creo que está la diferencia. El desembolso sanitario que se está realizando en Madrid es evidente.

 

P. ¿No tiene nada que ver en los déficits del servicio, las bajas sin cubrir o que Madrid pueda tener dificultades para atraer a los profesionales?

 

R. El problema de la atención primaria está en toda España. Hemos propuesto al Gobierno crear más facultades de medicina porque faltan médicos a futuro. En la Comunidad hemos puesto en marcha un plan de mejora de atención primaria que estamos negociando con los sindicatos y dotado con 80 millones de euros por el momento, irá a más. Seis de cada 10 MIR están viniendo a Madrid. Pero no quita para que evidentemente el sector sanitario esté cansado. Estamos viviendo una pandemia que va para dos años. ¿Cómo no van a estar cansados? Tienen toda la razón cuando exponen ese hartazgo.

 

P. Durante varios días, se mostró usted en contra de que el PP suspendiera las comidas y copas de Navidad, y dijo que en Madrid se podía seguir haciendo todo con normalidad. A la luz de lo que está pasando, ¿acertó?

 

R. Creo que siempre se pueden buscar alternativas.

 

P. ¿Le molestó que el partido hiciera una propuesta contradictoria con su estrategia sanitaria?

 

R. Entiendo que se esté preocupado, y en estos días esa preocupación se ha extendido a toda la población porque las cifras de esta variante son explosivas. Pero también sé que la política sanitaria que hemos defendido en Madrid es la que nos ha respaldado el conjunto de los ciudadanos en las urnas, que se ha demostrado eficaz, y que por eso yo estoy obligada a defenderla por encima del PP, porque antes de todo soy presidenta de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y no puedo tomar las decisiones de una u otra manera, o cambiar de criterio después de dos años, por ningún partido, ni siquiera el mío propio.

 

P. ¿Asume que eso pueda molestar en el PP?

 

R. Sí.

 

P. ¿Alguien del partido le ha trasladado ese malestar directamente?

 

R. No. Lo bueno es que todo el mundo sabe a estas alturas lo que opino de prácticamente todo.

 

P. ¿Con qué palabra definiría a Teodoro García Egea, el secretario general de su partido?

 

R. Con una palabra no podría definir a casi nadie. Todas las personas son muchas cosas en una.

 

P. ¿Y a su relación?

 

R. Estamos en un momento en el que hemos manifestado discrepancias con cuestiones menores, como las fechas de un congreso, pero nos unen otras muchas, muy y más importantes: un proyecto común que es alternativa y tiene que afrontar un cambio de gobierno.

 

P. Pero la discrepancia es porque él no le considera a usted como la persona idónea para presidir el PP de Madrid.

 

R. Mi obligación es intentar convencerle. Todos tenemos que escuchar la opinión del protagonista aquí, el afiliado y el votante. Por eso creo que no es una cuestión de lo que queramos ninguno de nosotros, sino de los tiempos de democracia interna de la casa, a la que nos debemos.

 

P. ¿No es contradictorio que el mismo partido la quiera de candidata para gobernar la región y no para liderar el partido?

 

R. Sé qué es lo que creo que es lo mejor para el partido en Madrid: que vayan en la misma dirección las políticas que ponemos en marcha desde el Gobierno y las decisiones que se toman en el partido. Hoy nos votan en lugares donde el PP nunca tuvo tanta aceptación. Es una forma de impulsar a quienes serán nuestros candidatos, de estar más cerca de los ciudadanos. Y también, es coherencia: si encabezo una papeleta, lo lógico es que me responsabilice de lo que ocurre detrás de esa papeleta.

 

P. ¿Ha sido un error que Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, haya tenido un papel protagonista en esta polémica, dado que es conocido que levanta ampollas en Génova?

 

R. Desconozco qué protagonismo tiene una persona que no quiere estar en el PP, ni va a estar.

 

P. ¿Es cierto que Casado ya le advirtió en 2019, cuando era una desconocida, de que no podría optar a presidir el PP de Madrid?

 

R. Sí. Durante dos años no he tenido un solo minuto para pensar en el futuro del PP de Madrid. Después del resultado del 4-M, de lo que piden las bases del partido y los votantes, de haber unificado mucho el voto en torno a nuestro proyecto, y haber sorteado la pandemia y muchas dificultades, sí que creo que no solo estoy en condiciones de presentarme, sin nunca desatender mis obligaciones como presidenta, sino que además creo que es lo mejor nos viene a la casa. Cuando esto se ha hecho así, con este orden, hemos cosechado amplias mayorías.

 

P. ¿Cómo acabará esto?

 

R. Quisiera que con Pablo Casado al frente de La Moncloa y yo habiendo contribuido a su campaña desde Madrid como presidenta del partido.

 

P. ¿Cuál es el límite de su carrera?

 

R. Lo mejor que se puede hacer en política es ir a las urnas con un compromiso, cumplirlo, y estar el tiempo justo para que no haya vacíos de poder, que la ilusión continúe. Por eso no tengo en mi mente ni mucho menos intentar perpetuarme. Me gustan las carreras cortas.

 

P. En alguna ocasión ha fijado el límite en ocho años. ¿Abandonará la política, o al menos la política madrileña, tras la próxima legislatura?

 

R. Está en mi mente, desde luego, hacerlo con esos planes. Es verdad que luego la vida va cambiando y te pone en distintas situaciones, pero ahora mismo sigo pensando lo mismo que hace dos años. Es un tiempo muy prudente para trabajar 15 horas al día. Desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid no he hecho otra cosa que trabajar, me he olvidado por completo de mí, lo he dejado todo apartado. No somos los mismos después de unos años, con la diferencia de que si tú ya no eres el mismo, y no estás con la misma tensión política, y la misma entrega, puedes perjudicar a otros, a muchos. Por eso, siempre he abogado por las carreras relativamente cortas e intensas.

 

P. ¿A qué se dedicará?

 

R. Después de lo que he vivido, que me hace enamorarme cada día de Madrid, siempre estaré trabajando en cualquier proyecto que le pueda servir a Madrid y a mi país, pero no necesariamente desde la política como la conocemos, desde una lista electoral y un gobierno.

 

P. ¿Quiere decir que dejará la política en un plazo de seis años?

 

R. No estoy en eso. Mi cabeza está en cómo salir de esta pandemia, en cómo dejar Madrid mejor de como la encontré.

 

P. ¿Y si le piden que sustituya a Casado y se presente a las elecciones generales?

 

R. Eso no va a ocurrir. Sé que va a haber un cambio en España en las próximas elecciones. La situación se ve clara. Hace falta un cambio de políticas que solo puede presentar el PP.

 

P. ¿Aceptaría gobernar con Vox en 2023?

 

R. No tengo que pensar en futuribles. El presente es el que es: gobierno en solitario, pero sí que me gusta que personas que antes votaban al PP, aunque ahora no o hagan, se vean representadas en mi gobierno.

 

P. Definió usted a Rocío Monasterio, la portavoz del partido de extrema derecha, como doña perfecta. ¿Por qué?

 

R. Fue a Vox en su conjunto. Tienen siempre la razón en todo. Ya les he dicho que muchas veces los ciudadanos no somos perfectos, que tenemos nuestros pecados, hijos que no son bajo manual, no hay dos familias ni dos personas iguales. A la hora de hablar de los demás hay que entender que existen los grises, las medias tintas, que unos tenemos múltiples identidades en uno, que se pueden ser muchas cosas a la vez, y que por eso cuando uno busca entenderse con el que piensa distinto, desde un punto de vista liberal, no es una cuestión de complejos, ni de miedos. Cuando me hablan de los miedos, de los orgullos, de los complejos, me parece que dan lecciones que no me gusta recibir por parte de nadie.

 

P. Proponen derogar las leyes LGTBI y usted se ha abierto a modificarlas.

 

R. Son leyes que nacieron muy escoradas políticamente, tenemos todo el derecho a actualizarlas.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-26/isabel-diaz-ayuso-estoy-obligada-a-defender-mi-politica-sanitaria-por-encima-del-pp.html

 

LA EXDIRECTORA DE SALUD PÚBLICA DE AYUSO: "DIMITÍ TRAS HORAS INTENTANDO CONVENCER DE QUE NO COMETIERAN UNA BARBARIDAD"

 

Yolanda Fuentes responde a Isabel Díaz Ayuso después de que esta cargara contra ella y su salida del cargo: "Dimitió en los medios de comunicación", ha dicho la presidenta autonómica en una entrevista con 'El País'.

      

La exdirectora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid Yolanda Fuentes ha contestado a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta señalara que Fuentes "dimitió en los medios de comunicación" y que no se responsabilizó de la pandemia.

 

La jefa del Ejecutivo madrileño ha hablado así en una entrevista con El País de la que fuera integrante del equipo encargado de gestionar la emergencia sanitaria en la región.

 

Por su parte, Fuentes ha señalado en Twitter que abandonó su cargo "en silencio tras horas intentando convencer de que no cometieran una barbaridad". Se refiere al momento en el que Ayuso decidió pedirle al Gobierno central pasar a la fase 1 de la desescalada tras el confinamiento.

 

Además, la exdirectora de Salud Pública ha añadido que no decide por opiniones, si no por informes técnicos. Y lo cierto es que los estudios elaborados por su equipo entonces señalaban que en aquel preciso momento no era recomendable cambiar de fase.

 

Fuentes también ha espetado en su mensaje a Ayuso que no haberse relacionado con la Dirección General de Salud Pública "ante tal tsunami dice más" de la presidenta autonómica que de ella. Y por último, ha sentenciado: "Olvídeme".

 

Este no ha sido el único encontronazo de la especialista en Medicina Preventiva con Ayuso en los últimos tiempos. De hecho, la exdirectora general rebatió a la mandataria hace tan solo unos días, cuando esta cargó contra el personal sanitario de la región. "La culpa es sólo tuya, mis compañeros hacen más de lo que pueden", señaló.

 

https://www.publico.es/politica/exdirectora-salud-publica-ayuso-dimiti-horas-intentando-convencer-no-cometieran-barbaridad.html

 

 

NUEVA ESTRATEGIA: DIFAMAR AL PERSONAL SANITARIO

 

Con los contagios disparados y la gente autodiagnosticándose, Díaz Ayuso asegura que “de repente no hay médicos” porque “no todos quieren trabajar”

 

¿Recuerdan la angustia del principio de la pandemia, cuando las cifras de muertos no dejaban de subir, no se sabía nada del coronavirus y no había vacunas? El personal sanitario, que en aquellos momentos carecía, además, de medios de protección suficientes, tenía el mismo miedo que el resto, incluso más, pero su trabajo es curarnos, así que se dejaron las pestañas en los hospitales y centros de salud y los temores en casa, junto a familiares a los que temían contagiar. Como no era difícil ponerse en su lugar, durante un tiempo salimos a aplaudirles a las ocho de la tarde. Sabíamos que se estaban jugando la vida y que algunos de ellos la perdieron.

 

No era difícil sentirse orgulloso, admirar su esfuerzo y su sacrificio. También es fácil ahora compartir su indignación por las palabras de Isabel Díaz Ayuso, quien, en la sexta ola, con los centros de salud y teléfonos de atención colapsados, los contagios disparados y la gente autodiagnosticándose, ha difamado a esos profesionales en una entrevista. La presidenta ha tenido el cuajo de asegurar ante los micrófonos que “de repente, no hay médicos” porque “no todos quieren trabajar y arrimar el hombro” y que lo va a investigar. Sí, había oído bien: el plan es investigar al personal de los centros sanitarios.

 

Ya sabemos que los políticos son alérgicos a la autocrítica, hábiles creadores de cortinas de humo y expertos en huir hacia adelante, pero esto es otro nivel. Ayuso sugiere que el colapso —del que avisó el colegio de médicos— obedece a que hay profesionales que son sindicalistas de izquierdas antes que profesionales y generan “mucha tensión” porque “quieren convertir los centros de salud en sedes electorales”.

 

En la misma entrevista, por la mañana, la presidenta aseguró que “el contagio es exponencial, pero no está revistiendo de especial carga a la asistencia sanitaria”; criticó lo que llamó “cuarentenas explosivas”, afirmó que anular cenas de navidad y promover el teletrabajo es “innecesario” y pidió que solo acudan a urgencias o centros de salud quienes tengan “un positivo en antígenos o síntomas evidentes”. Esa misma tarde, la Comunidad de Madrid informó de 11.221 contagios, la cifra más alta de toda la pandemia; anunció que dejaba de hacer PCR en la sanidad pública a quienes ya tuvieran un positivo en los antígenos de farmacia —si es que consiguen hacerse con un test — y la propia consejería de Salud pidió a los contactos estrechos con un positivo reducir las salidas de casa a “las esenciales” y “teletrabajar durante los siete o 10 días siguientes” aun cuando estén vacunados con pauta completa.

 

Todas las administraciones, de todos los tamaños y colores, han cometido errores en la pandemia. Este miércoles, con la que está cayendo, se decidió como medida estrella, en contra del criterio científico, recuperar la mascarilla en exteriores. Pero nadie, hasta ahora, se había atrevido a difamar a los que ocupan la primera línea frente al virus.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-23/nueva-estrategia-difamar-al-personal-sanitario.html

 

 

AYUSO LE DICE A LOS ALCALDES QUE SE DIRIJAN A SÁNCHEZ POR EL AUMENTO DE CASOS

 

La Federación Madrileña de Municipios había pedido una reunión del plan regional de emergencias y la presidenta afirma que eso le compete al Gobierno central

 

Política de balones fuera. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha señalado que corresponde al Gobierno central tomar medidas para paliar la sexta ola del coronavirus. La titular del Ejecutivo autonómico ha contestado de esta forma a una petición realizada por el presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), el socialista Guillermo Hita, en la que solicitaba la reunión inmediata del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) ante el elevado número de casos positivos de los últimos días.

 

Guillermo Hita mandó una misiva el lunes a Díaz Ayuso en la que mostraba la preocupación de los alcaldes “no solo la alta incidencia del virus en la población, sino por la rápida propagación y contagio que está produciendo la nueva cepa de la Covid-19 en esta sexta ola”. “Afrontamos unas navidades complicadas en las que desde los Ayuntamientos tratamos de evitar todo tipo de aglomeraciones, pero la incidencia del virus a día de hoy es tan alta, que entendemos que desde el Gobierno Regional deberían tomarse medidas”, añade la misiva, en la que se solicita la reunión del comité asesor del Platercam “con el fin de que podamos poner en común y valorar las distintas actuaciones que se vayan a llevar a cabo”.

 

La respuesta de la presidencia regional no se ha hecho esperar ni 24 horas. En la misma, Díaz Ayuso recuerda que el Platercam es “un instrumento destinado a dar respuesta a emergencias de protección civil” y afirma que, aunque las emergencias sanitarias no están dentro de esa categoría, “ha demostrado ser un medio eficaz en apoyo a la gestión sanitaria de la pandemia”. “Ya solicitamos al Ministerio del Interior la inclusión de las pandemias en el ámbito de la protección civi, con objeto de dar una respuesta homogénea y coordinada en todo el país”, afirma la presidenta. Díaz Ayuso reconoce que se activó el nivel 2 del plan como apoyo de la gestión sanitaria y para coordinar que las Policías Locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil “aseguraran el cumplimiento de lar órdenes e instrucciones dictadas por la Comunidad de Madrid”. “Por lo tanto, si en los próximos días la autoridad sanitaria dictase nuevas órdenes o instrucciones, valoraríamos la elevación del nivel del Platercam y procederíamos a convocar su comité asesor”, añade en la misiva.

 

Tras esta somera descripción, Díaz Ayuso afirma que el objetivo de los alcaldes y, por tanto, de la FMM debe ser el Ejecutivo de Pedro Sánchez, eludiendo todo tipo de responsabilidades: “No obstante, y dado que el aumento de la incidencia del virus se está produciendo en toda España, le sugiero que se dirija al Gobierno de la Nación para que valoren la conveniencia de activar aquellos instrumentos de los que disponen como es el Plan General de Emergencias del Estado –PLEGEM- o la posibilidad de activar el nivel 3 de los diferentes planes territoriales de las Comunidades Autónomas, tal y como establece la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para aquellas situaciones de emergencia que afectan a varias Comunidades Autónomas”.

 

La respuesta no ha gustado nada al presidente de la FMM, que ha visto en la carta de Ayuso una forma de eludir sus responsabilidades en materia sanitaria: “Debe pensar que los alcaldes no sabemos que las competencias de Sanidad recaen directamente en el Gobierno regional”. Guillermo Hita ha recordado que en las fechas navideñas se acumulan los actos, como cabalgatas, pistas de patinaje o eventos deportivos, por lo que ha pedido unas medidas comunes para todos los Ayuntamientos. “Algo tendrá que decir la Comunidad de Madrid porque no todo los alcaldes disponemos por desgracia en nuestras plantillas de personal especializado en epidemias y pandemias. No por dejadez, sino porque no está en nuestras competencias”, protesta el responsable de la FMM y alcalde de Arganda del Rey. Este recuerda además las graves carencias que está sufriendo la atención primaria y el prolongado cierre de los servicios de urgencias en los centros de salud.

 

Las diferencias políticas también se dejan sentir en esta solicitud de la reunión del Platercam. El alcalde de Las Rozas, José de la Uz (PP), defiende la posición de Isabel Díaz Ayuso y de su gobierno: “Tenemos una confianza plena en la Comunidad de Madrid, porque en esta crisis del coronavirus se ha sabido adelantar a los acontecimientos y ha sido un ejemplo de gestión reconocido dentro y fuera de España”. “Nosotros haremos todo lo que nos digan la presidenta como la Consejería de Sanidad”, concluye De la Uz. Las Rozas ha superado el umbral de los 700 casos por cada 100.000 habitantes esta semana.

 

Medidas uniformes

 

El recién nombrado alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza (Ciudadanos), pide por su parte que haya claridad en las instrucciones que dicten los responsables del Ejecutivo central y del Gobierno regional, de forma que no se puedan dar diferencias graves entre unos Ayuntamientos y otros, según su signo político. De hecho, Retolaza está en contacto con los mandatarios del vecino San Sebastián de los Reyes, del que le separa tan solo una calle, para adoptar medidas conjuntas. Su apuesta pasa por reducir el ocio nocturno y aumentar las medidas de seguridad en los espectáculos públicos -reducir el aforo, incrementar el número de vallas y la distancia entre personas-, además de suspender actos si fuera necesario. Para ello, se ha reunido con carácter urgente con la mesa de crisis del coronavirus y ha pedido a los expertos que redacten en 24 o 48 horas planes de actuación que pasen por todos los escenarios posibles -de la situación más favorable a la más perjudicial-. Alcobendas tiene una incidencia acumulada (IA) de 696 casos, con el barrio de La Moraleja a la cabeza (914).

 

Uno de los afectados por la falta de personal es el centro de salud del barrio del Parque de Miraflores, en Fuenlabrada, que atiende a unas 2.000 familias. Tras haber permanecido cerrado un año y medio y llevar abierto poco más de un mes, los vecinos se han enterado de que se cierra para que los facultativos refuercen el del barrio de Loranca. El alcalde fuenlabreño, el socialista Javier Ayala, se ha quejado a Díaz Ayuso de esta medida de la Consejería de Sanidad, de la que se han enterado por los afectados y que ha sido confirmada en una conversación telefónica por los responsables de ese departamento. “Es una agresión más a la sanidad pública, sobre todo cuando permanecen cerrados los servicios de urgencias de atención primaria [los SUAP] con la necesidad que hay ahora mismo de ellos. Y ya la última es culpar a los profesionales de las colas en los centros de salud. Como siga así, vamos a pasar de aplaudir a los sanitarios a estar en contra de ellos”, criticaba Ayala en declaraciones a EL PAÍS.

 

Algunos Ayuntamientos ya están tomado medidas por el incremento de los casos positivos en la región. Es el caso de Valdemorillo, que ayer anunció que suspendía la fiesta prevista celebrar en la plaza de toros de la localidad así como el transporte público previsto para facilitar la asistencia a la misma. El Consistorio mantiene que su prioridad es “salvaguardar la salud de los vecinos”.

 

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-23/ayuso-le-dice-a-los-alcaldes-que-se-dirijan-a-sanchez-por-el-aumento-de-casos.html

 

 

MADRID DEJARÁ DE HACER PCR A QUIENES DEN POSITIVO EN ANTÍGENOS DE FARMACIAS

 

La Comunidad de Madrid anuncia un cambio en el protocolo de detección de casos ante el elevado incremento de casos en la región

 

La Comunidad de Madrid considerará los tests de antígenos de las farmacias como pruebas válidas de detección de la COVID-19, sin necesidad de que se realice una PCR en la sanidad pública, tal como ha confirmado la Consejería de Sanidad este martes por la tarde.

 

Con el nuevo protocolo bastará con que el ciudadano que ha dado positivo en ese test comprado en la farmacia lo comunique al número de atención para la COVID-19. En ese momento, según la Consejería de Sanidad, se considerará un "verdadero positivo" y se le recomendará autoaislarse durante 10 días. En estos casos la cuarentena pasa a ser una recomendación, en lugar de una obligación.

 

Madrid pedirá un cambio en las cuarentenas para que vacunados no se aislen

 

En estos casos tan solo se insta a ponerse en contacto con los centros de salud, si la fiebre supera los 38 grados, o si se tiene dificultad para respirar. Un manejo de casos que contraviene abiertamente el protocolo actual del Ministerio de Sanidad.

 

Tal como asegura la Consejería de Sanidad, estos positivos se reconocerán de cara a las estadísticas autonómica, aunque por el momento no han confirmado si este procedimiento de detección y recuento de casos encaja con los requisitos que el Ministerio de Sanidad exige a las comunidades a la hora de notificar los positivos detectados.

 

https://cadenaser.com/emisora/2021/12/21/radio_madrid/1640109927_475374.html

 

 

AYUSO CULPA DEL COLAPSO DE LOS CENTROS DE SALUD A UN BOICOT INTERNO: "DE REPENTE, NO HAY MÉDICOS"

 

La presidenta anuncia una investigación sobre el "trato al ciudadano" y acusa a los trabajadores de no coger el teléfono o colgar las llamadas

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado esta mañana por los micrófonos de EsRadio, donde ha concedido una entrevista de más de una hora a Federico Jiménez Losantos. Tiempo de sobra para tratar la guerra interna con Genova y Pablo Casado, su relación con Vox, el futuro de los Presupuestos en la Comunidad de Madrid… y la situación de la pandemia en la región. Un punto en el que ha dedicado buena parte del tiempo a hablar del colapso que viven muchos centros de salud, ante lo que ha culpado a los trabajadores y ha insinuado una negligencia: “Los ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar”.

 

Los centros de salud de la Comunidad de Madrid están viviendo en las últimas semanas una situación que roza el colapso. Algo que se observa en las largas colas a sus puertas de personas con contagio positivo en test de antígenos y que esperan una PCR del sistema de salud, pero que también ha sido denunciado por el Colegio Oficial de Médicos de la Comunidad de Madrid, que ha alertado del riesgo de “colapso” que vive la Atención Primaria.

 

Frente a esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra los trabajadores y ha anunciado una investigación “profunda”, al tiempo que ha acusado a la izquierda de que "quiere convertir los centros de salud en sedes electorales".

 

El pie se lo ha dado un mensaje de un oyente de Losantos que le preguntaba “por qué no podemos entrar en los centros de salud cuando en todos los privados se puede”, para después asegurar que “cuando consigues entrar están todas las consultas vacías y no hay nadie en su interior”. “Creo que hay un descontrol y un cachondeo porque te dan cita para dentro de cuatro semanas y luego al entrar no ves absolutamente a nadie”, afirmaba el oyente.

 

Una situación que corroboraba después Ayuso al señalar que “nos está pasando muy frecuentemente” y que “la atención al ciudadano como tal es distinta dependiendo del centro de salud al que acudan”. “Vamos a estar sobre ello porque queremos saber qué está sucediendo”, afirmaba la presidenta madrileña, “quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando o haciendo colas y en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar".

 

Centros de salud, sedes electorales

Sus declaraciones ya venían precedidas de otras palabras en la misma entrevista donde presumía de su gestión sanitaria y acusaba a la izquierda de “convertir los centros de salud en sedes electorales”. Según Ayuso, las comunidades del PP “sabíamos en todo momento lo que teníamos que hacer con el virus" mientras que las gestionadas por la izquierda "no fueron capaces ni de levantar un hospital en condiciones".

 

Según Ayuso, la izquierda "quiere convertir los centros de salud en sedes electorales" y, aunque ha reconocido que estos centros viven ahora con “tensión”, ha denunciado que “utilizan los espacios de todos para colocar pancartas”. “Van a intentar adueñarse de la Atención Primaria”.

 

https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-culpa-colapso-centros-salud-boicot-interno-repente-faltan-medicos_280901102

 

 

MADRID PEDIRÁ UN CAMBIO EN LAS CUARENTENAS PARA QUE VACUNADOS NO SE AISLEN

 

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, asegura que los confinamientos en inmunizados son innecesarios

 

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este martes que la Comunidad de Madrid pedirá al Ministerio de Sanidad un cambio de criterio en las cuarentenas y que los contactos vacunados con pauta completa no tengan que aislarse.

 

"Ahora se están mandando cuarentenas de manera masiva y entonces estamos viendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, están cerrando aulas completas, están mandando por teletrabajo a todo el mundo y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario", ha expresado Ayuso en una entrevista con EsRadio.

 

Por ello, Ayuso apuesta por una vuelta al colegio "con normalidad" tras las vacaciones de Navidad, y acordar con el Ministerio de Sanidad que "en las aulas los niños que den positivos estén en sus casas pero que la vida siga para que no tengamos que estar todos encerrados".

A su juicio, muchas comunidades autónomas llevarían a la Conferencia de Presidentes del miércoles "otra vez los cierres", pero los ciudadanos "no aguantan más".

 

"No pienso, desde luego, olvidar lo que ha pasado aquí y es que nos han cerrado de manera masiva sin alternativa, que han ido contra la economía e, insisto, los ciudadanos no aguantan más y nosotros en todo momento hemos sabido conjugarlo todo. Los cierres masivos no protegen del virus", ha insistido.

 

Con respecto al pasaporte COVID, ha explicado que apostó por ello el año pasado pero "en otro sentido y fue crucificada mediáticamente", y ahora ha considerado que esa medida no sirve para hacer frente a nuevas olas.

 

"El pasaporte no te demuestra si alguien está infectando, que es la clave", ha opinado Ayuso, que ha defendido seguir testeando a la población con pruebas de antígenos y fomentando la vacunación.

 

https://cadenaser.com/emisora/2021/12/21/radio_madrid/1640083121_066858.html

 

EL RODILLO PP-VOX EN MADRID: SÓLO UN 50% DE VOTOS IGUALES PERO TÁNDEM PERFECTO PARA TIRAR LEYES DE OTROS GRUPOS

 

 En lo que va de legislatura la izquierda sólo ha logrado superar el muro de la derecha con once iniciativas, todas ellas proposiciones no de Ley, que solo tienen valor simbólico

 

 Los votos de PP y Vox impiden que se tramite una la ley para reformar la elección de miembros del TSJM, otra para proteger a los alertadores de corrupción y tumban la práctica totalidad de enmiendas a la ley educativa

 

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Las elecciones autonómicas del pasado 4M terminaron por abrir un nuevo ciclo político en Madrid. La cita con las urnas sirvió para eliminar de un plumazo esa tensión que existía en la Puerta del Sol durante la anterior legislatura. La derivada Ciudadanos ha desaparecido por completo. E Isabel Díaz Ayuso gobierna más tranquila que nunca. Aunque los comicios no le otorgaron la mayoría absoluta, es como si la tuviera. La extrema derecha no suele darle demasiados quebraderos de cabeza. Es más, entre ambos han levantado una suerte de muro que frena los intentos de la izquierda de legislar. No hay forma de que las proposiciones de Ley o las enmiendas que ponen sobre la mesa sean aceptadas por el bloque de la derecha. Únicamente las proposiciones no de Ley, iniciativas que simplemente tienen un valor simbólico, logran esquivar el rodillo parlamentario. Y no todas. En concreto, solo una de cada tres.

 

Con los resultados de las autonómicas sobre la mesa, en el bloque progresista reconocían que se abría una etapa complicada en la que, una y otra vez, se encontrarían con los vetos continuos de PP y Vox a sus propuestas. "Claro que estamos atados de pies y manos", reconocía el pasado mes de julio en una entrevista con infoLibre la socialista Hana Jalloul. Una impresión que, cinco meses después, ha quedado confirmada en las diferentes sesiones celebradas en la Asamblea de Madrid.

 

Dos proposiciones de Ley de la izquierda se han llevado a Pleno en la Cámara de Vallecas para su toma en consideración. Y ninguna de ellas ha superado el muro de la derecha. El texto que Unidas Podemos puso sobre la mesa para que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que designa la Asamblea sean elegidos por concurso público fue tumbado con el voto en contra de PP y Vox. Un tándem perfecto que también se encargó de hacer caer la ley de Más Madrid para proteger a los alertadores de corrupción. En este caso, la jugada fue distinta pero el resultado el mismo: el PP pulsa el no mientras la ultraderecha se pone de perfil sabedora de que con el voto contrario de los conservadores es suficiente para que caiga.

 

El rodillo está tan engrasado en la región que hasta las enmiendas de la izquierda se tiran sin tan siquiera mirarlas. Es lo que va a pasar con los Presupuestos para 2022. El acuerdo para sacar adelante las cuentas públicas al que llegaron los de Ayuso y los de Monasterio deja negro sobre blanco el compromiso de Vox a "no apoyar ninguna" de las modificaciones totales o parciales "presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea". Por el momento, la extrema derecha ha cumplido la primera parte del trato. Y todo parece indicar que pasará exactamente lo mismo con la segunda esta semana. Más de 3.700 enmiendas presupuestarias de la izquierda que irán directas a la papelera.

 

"Están ustedes enfermos de sectarismo", decía hace un par de semanas a ambos grupos en el Pleno de la Cámara la líder de la oposición, Mónica García, quien afeaba que las dos formaciones rechazasen "sin mirar" las ideas puestas sobre la mesa. Hay cientos y cientos de propuestas hay inversiones de todo tipo. Para construir nuevos centros escolares, levantar nuevas residencias de mayores, poner en marcha más centros de salud, aumentar el personal del Summa 112, ampliar la red pública educativa de cero a seis años o mejorar la red eléctrica en la Cañada Real.

 

La misma posición mantuvieron ambos grupos durante la tramitación del proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa. Aunque en este caso no existía acuerdo escrito, la primera semana de diciembre ambas formaciones se pusieron de acuerdo durante la sesión de la ponencia legislativa para cambiar el método de trabajo, evitando abordar de forma individual las enmiendas al considerar que el debate estaba quedando reducido a la simple lectura de propuestas de modificación que ya conocían y habían leído.

 

Fue entonces cuando estalló el enfrentamiento en la Cámara. El PP acusó a la izquierda de intentar obstaculizar la tramitación. Y el bloque progresista, que acusó a conservadores y ultraderecha de intentar cercenar el espíritu parlamentario, elevó un escrito a la Mesa de la Asamblea. Una semana más tarde, se procedió a la votación de las enmiendas en bloque. La izquierda llevaba 117. PP y Vox tumbaron de golpe las 30 de Unidas Podemos, las 15 del PSOE y 71 de Más Madrid. Solo aceptaron una de los de Mónica García: la quinta, que afectaba a la exposición de motivos y guardaba relación con las personas con discapacidad.

 

Solo pasan algunos textos más simbólicos

Otra cosa son las proposiciones no de Ley, que no son más que posicionamientos políticos. Ahí, la mano se abre algo más, aunque tampoco mucho. La base de la Asamblea de Madrid recogía hasta este martes la tramitación de 34 de estos textos procedentes del bloque progresista en lo que va de legislatura. De ellos, fueron aprobados en la Cámara autonómica once. Algo menos de una de cada tres de las que pusieron sobre la mesa Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

 

La apisonadora conservadora y de la extrema derecha ha hecho que terminen guardadas en un cajón iniciativas de todo tipo. No importa la materia. En educación, cayó una proposición exigiendo para este curso el mantenimiento de las ratios reducidas en los colegios que se adoptaron en el primer año de la pandemia. En medio ambiente, otra pidiendo la eliminación en la región de los productos de plástico de un solo uso y el diseño y aprobación de una Ley Regional de Cambio Climático y Transición Energética. En materia de vivienda, una más de Unidas Podemos instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a adquirir las viviendas suficientes hasta completar la totalidad de las 2.935 del antiguo Ivima que acabaron en manos de fondos buitre.

 

Y, por supuesto, nada de remover lo sucedido en las residencias madrileñas durante la primera ola. A comienzos de noviembre, PP y Vox se encargaron de tumbar juntos una proposición no de Ley en la que se reclamaba indagar en este sentido. "La investigación ya está hecha, no la necesitamos", zanjó en la Asamblea el diputado de la extrema derecha José Ignacio Arias. Se refería, en concreto, a la comisión de investigación que arrancó durante la pasada legislatura, frenó en seco con la convocatoria electoral y se rechazó reabrir con la nueva composición de la Cámara. Entonces, la ultraderecha sirvió de muleta al PP poniéndose de perfil. Ahora, sin embargo, ya se posiciona en contra junto a los conservadores.

 

Por contra, sí que permitieron la aprobación de una PNL en la que se instaba al Consejo de Gobierno a promover la fusión de Mancomunidades –PSOE, PP, Mas Madrid y Vox registraron una enmienda transaccional–, otra pidiendo el impulso de un Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo o una tercera instando al Ejecutivo autonómico a aprobar un paquete de medidas urgentes a incluir en el nuevo Plan de Salud Mental. De hecho, son las tres únicas iniciativas que han conseguido el voto a favor unánime de la Cámara regional.

 

PP y Vox votan igual en el 50,9% de iniciativas

En este tipo de proposiciones es menos habitual de lo que parece que PP y Vox pulsen el mismo botón a la hora de emitir su voto. De nuevo, datos. De las 57 iniciativas analizadas por este diario –entre proposiciones y proyectos de Ley y PNL–, conservadores y extrema derecha dijeron exactamente lo mismo en 29: el 50,87% del total.

 

Donde más coinciden es en aquellas cuestiones en las que se trabaja especialmente desde la izquierda. Así, ambos votaron en contra a finales de septiembre de una proposición no de ley de Más Madrid instando al Ejecutivo regional a poner en marcha un Plan Integral de Salud Menstrual. "Esto no es una iniciativa solamente delirante, esto es mucho más, ideológicamente. Estamos hablando de valorar dos modelos: el modelo de la libertad o el del comunismo, el del socialismo, el de la intervención", señalaron desde el PP.

 

Una semana antes, ambas formaciones también dijeron no a una propuesta de Podemos exigiendo al Consejo de Gobierno la elaboración y aprobación de una estrategia de agresiones cero al colectivo LGTBI. Y antes del verano, los dos partidos pulsaron juntos el sí a favor de eliminar de la Guía de la Comunicación Clara toda referencia al uso del lenguaje inclusivo.

 

En algunas ocasiones, la extrema derecha recurre a lo que denomina como "abstención crítica": se pone de perfil para criticar al Ejecutivo regional al tiempo que impide, sabedor de la actual aritmética parlamentaria, que la iniciativa de la izquierda llegue a buen puerto o que la propuesta del PP caiga. Es lo que hizo con la reforma legislativa de los conservadores para tomar el control de Telemadrid o con la propuesta de la izquierda para reabrir la comisión de investigación de residencias en la Asamblea: mucha crítica y dureza durante el debate pero abstención en la votación para que la primera prospere y la segunda acabe guardada en un cajón.

 

En muy pocas ocasiones los dos partidos han adoptado posturas radicalmente opuestas. En concreto, en solo en siete de las analizadas. Hay una sobre la remodelación del Matadero de Buitrago de Lozoya y tres más exigiendo máxima transparencia en la gestión de los fondos europeos, reformas para reducir las listas de espera a un máximo de 15 días y que se pida al Gobierno central acometer ya "las reformas estructurales necesarias y pendientes en nuestro país". En estas, Vox dejó solos a los conservadores. Como sola se quedó la ultraderecha en sus iniciativas pidiendo que la Comunidad de Madrid renuncie a los ingresos por la recaudación del impuesto del recibo de la luz o la retirada de las subvenciones a patronal y sindicatos, donde el PP votó junto al bloque progresista.

 

Tampoco se encontraron en una proposición no de Ley sobre la gratuidad de la FP. Sin embargo, en aquel caso la extrema derecha no se quedó sola. A sus votos a favor se sumaron los del PSOE, frente al rechazo de PP, Más Madrid y Unidas Podemos. Era la época en la que esas propuestas de los de Rocío Monasterio eran utópicas. Ahora, sin embargo, el acuerdo presupuestario recoge un plan de inversión con el objetivo de avanzar hacia la gratuidad en los ciclos no obligatorios con la ampliación de las ayudas concedidas a las familias.

 

https://www.infolibre.es/politica/rodillo-pp-vox-madrid-50-votos-identicos-100-noes-leyes-grupos_1_1215124.html

 

 

MADRID AGITA SIN PRUEBAS LA AMENAZA DEL GRAN APAGÓN ENERGÉTICO

 

El Gobierno regional ha presentado un plan ante la posibilidad de un corte del suministro eléctrico, que según el consejero Enrique López “no es descabellada”

 

La Comunidad de Madrid agitó este miércoles la amenaza del gran apagón que desde el pasado octubre sobrevuela Europa, pese a que no existe ningún dato objetivo que avale este riesgo. “La posibilidad de un apagón a gran escala por desabastecimiento energético no es una idea descabellada, según los expertos”, afirmó este miércoles sin pruebas el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que reclamó al Gobierno central durante una rueda de prensa un protocolo conjunto de actuación ante una posible crisis energética y de desabastecimiento. “En Austria, Suiza, o Alemania, por ejemplo, las autoridades ya trabajan con seriedad en estos planes de emergencia o contingencia”, añadió López para reforzar su argumento.

 

Sin embargo, la posibilidad de un apagón energético en España es altamente improbable, tal y como sostienen todos los expertos consultados por este periódico. Estas son las claves:

 

El gran apagón, una idea de la ministra de Defensa austriaca

 

Klaudia Tanner, la responsable de la cartera de Defensa en Austria, encendió el pasado octubre la mecha del “gran apagón” tras lanzar una campaña en la que alertaba a la población de su país de la posibilidad de cortes de electricidad. Sin embargo, no usó ningún argumento técnico que explicara que tal situación podía ocurrir. En el anuncio emitido en las televisiones una voz en off se limita a afirmar: “Siempre hay que contar con que ocurra un apagón, llega por sorpresa y puede pasar en cualquier momento, así que hemos empezado a prepararnos”.

 

Desde entonces, esta idea del gran apagón ha estado presente en los debates de los principales países europeos. En España tomó fuerza tras el anuncio del cierre del gasoducto Magreb-Europa (GME), el pasado 31 de octubre, por el que Argelia proporcionó a España el año pasado 6.000 millones de metros cúbicos de gas, aproximadamente el 30% del total del que llegó a la Península en 2020, según datos de Enagás. De este hidrocarburo depende casi la cuarta parte de la demanda eléctrica del país.

 

Los efectos del cierre del gasoducto Magreb-Europa

 

Sin embargo, el cierre de este gasoducto no ha puesto en riesgo el abastecimiento eléctrico en España. La clausura responde a un conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos (el tubo recorre 540 kilómetros de territorio marroquí antes de llegar a España), y Argelia se ha comprometido a cumplir sus acuerdos con España. La principal alternativa para suplir esos 6.000 millones de metros cúbicos pasa por ampliar la capacidad del segundo gasoducto que une ambos países, el Medgaz, de los 8.000 millones de metros cúbicos actuales a 10.500, a través de unas obras a punto de concluir. El resto, unos 3.500 millones, se tendrán que traer mediante la contratación de buques metaneros.

 

En los últimos meses, el precio de contratación de este tipo de barcos —unos 600 en todo el mundo— se ha disparado por la alta demanda asiática de gas licuado. Pero esto supondrá un problema de encarecimiento y no de abastecimiento: “Las empresas gasísticas españolas tienen mucha experiencia, así que no creo que tengan problemas para encontrar estos buques”, afirma Gonzalo Escribano, director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano.

 

¿España está en la misma situación que Austria, Suiza y Alemania?

 

La comparación que hace Enrique López, citando a Austria, Suiza y Alemania, como ejemplos de países que preparan planes de contingencia, es tramposa. Los países del centro de Europa tienen una alta dependencia del gas ruso, por lo que afrontan un escenario de mayor incertidumbre, especialmente después de que el pasado noviembre el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, amenazara con cortar el tránsito del gas ruso hacia la Unión Europea para evitar nuevas sanciones contra su régimen.

 

España, en cambio, por su posición geoestratégica, cuenta con un mayor número de proveedores de gas a través del mar, como Estados Unidos, Nigeria, Trinidad y Tobago, Noruega, Angola, Perú o Argentina.

 

Además, España llega bien preparada para el invierno con unas reservas de gas natural del 70%, por encima de la media europea (61%) y de países como Alemania (58%) y Austria (39%), según los últimos datos de Gas Infrastructure Europe, la asociación que representa los intereses de las compañías de gas europeas.

 

¿Existen otros indicios objetivos que avalen el riesgo de un gran apagón?

 

Red Eléctrica de España lo niega de forma tajante: “No existe ningún indicio objetivo que haga pensar que pueda producirse un evento de tales características en nuestro país”. La compañía destaca que el sistema eléctrico peninsular español “cuenta con un elevado nivel de cobertura” y que su capacidad de generación, con 107.088 megavatios de potencia instalada duplica “cualquier pico de demanda que se haya producido hasta el momento”. El máximo histórico, registrado a las 18:53 horas del 17 de diciembre de 2007, alcanzó una potencia instantánea de 45.450 megavatios. En 2021, el máximo coincidió con la borrasca Filomena, el 8 de enero a las 14:05, cuando se registró una potencia instantánea de 42.225 megavatios, también muy por debajo de la capacidad de generación de la red eléctrica de la Península.

 

Precisamente, la compañía cita a Filomena como ejemplo que demuestra “la resiliencia del sistema eléctrico español, que no se vio comprometido durante la borrasca y garantizó el suministro eléctrico”. “En los test de estrés que hace la Agencia Internacional de Energía, que simulan eventos que podrían afectar al suministro, España siempre sale muy airosa”, confirma Gonzalo Escribano.

 

¿España carece de un protocolo de actuación ante un posible apagón?

 

“El Estado tiene instrumentos necesarios y suficientes para hacer frente a esta circunstancia en el hipotético caso de que se produjese un gran apagón”, explica un portavoz de la Delegación de Gobierno de Madrid, que subraya que “uno de los principios esenciales de los gobiernos es no alarmar innecesariamente a la población”. Según recuerdan, el 15 de diciembre de 2020, el Gobierno de España aprobó un “Plan Estatal de Emergencias” para afrontar cualquier riesgo que pueda producirse en el país. Y ante la reclamación de la Comunidad de Madrid de un protocolo conjunto autonómico y estatal, la delegación asegura que la normativa ya contempla la implicación del Estado “cuando se activa cualquier protocolo de emergencia”.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-17/madrid-agita-sin-pruebas-la-amenaza-del-gran-apagon-energetico.html

 

 

MOSTOLES-NAVALCARNERO. QUINCE AÑOS ESPERANDO AL TREN: “SOMOS EL DAÑO COLATERAL DE UNA PELEA DE POLÍTICOS Y CONSTRUCTORAS”

 

Cientos de miles de vecinos aguardan desde 2007 el tren de Móstoles a Navalcarnero, una obra sin terminar por la que Madrid quiere pagar 162 millones

 

Lo que queda del tren que debía unir Móstoles con Navalcarnero es como el inmenso esqueleto de una serpiente mitológica. El cascabel de la cola es el túnel que un día horadó una tuneladora y al siguiente se tapió con cemento. La columna vertebral son los kilómetros de tierra vaciada para dejar sitio a la vía, convertidos ahora en una senda asilvestrada que hollan perros, viandantes y ciclistas. La cabeza son las estaciones sin terminar, cemento sobre cemento, y grafiti sobre grafiti. “(...) políticos”, se lee en una pintada convertida en la queja muda que resume lo que pasa en este barrio de Navalcarnero: los vecinos se mudaron atraídos por la promesa de que un tren uniría su barrio con Madrid, lanzada por Esperanza Aguirre con el gancho de que daría servicio a 225.000 personas, y casi quince años después siguen esperando. En medio, han visto cómo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidía pagar 162 millones a la constructora por una obra inacabada. Y no se lo pueden creer.

 

“Nosotros ya hemos pagado. Todos. Y volver a pagar otra vez porque ellos son torpes, es una pena”, lamenta Iván sobre ese pago que no implica finalizar la obra, y que prolonga los que ya se hicieron cuando arrancó el proyecto, adjudicado en 2007 a OHL por más de 300 millones. “Somos un daño colateral de una pelea de titanes, entre políticos y constructoras”, sigue. “La construcción del tren ha sido una eterna promesa. Ahora, como no tengas coche aquí, estás muerto. No haces nada”, añade. “Mucha gente se vino al barrio pensando que sus hijos iban a ir a la universidad en tren, y sus hijos han ido a la universidad en coche o en autobús”.

 

Las burbujas inmobiliarias también se calientan así. A principios de siglo, el gobierno regional empieza a juguetear con la idea de conectar las dos ciudades con un metro ligero a partir de 2007. Y llegan las grúas. En 2006 se cambia el proyecto: ahora será un tren, pero con la misma cobertura, 14 kilómetros con una decena de estaciones. Y llegan más grúas. Con las elecciones de 2007 en el horizonte, Esperanza Aguirre se compromete personalmente con el proyecto. “Lo utilizarán 225.000 personas”, calcula en una de sus numerosas visitas a la zona. Y pone la primera traviesa de la vía.

 

La zona se pone de moda. Casa nueva y conectada al mismo tiempo con el pueblo y la capital. Buenos materiales. Diseños modernos. Bloques de pisos con piscina y bajos comerciales. Chalets de diseño. Un San Chinarro o un Las Tablas al sur de la región. Y llegan los nuevos vecinos. Y empiezan los problemas. En 2010, las obras se paralizan. Para cuando llega 2013, año previsto para la puesta en servicio, la tuneladora dormita en un descampado. En la última década, mientras la justicia investiga en el caso Lezo si elexpresidente Ignacio González cobró una presunta mordida por adjudicar la obra, no se mueve ni una pala. Y los proyectos vitales de los vecinos quedan en pausa.

 

“Cuando dijeron que habría Renfe aquí, me dije: compro”, recuerda Ismael, que vivía en Móstoles. “Ahora nos tratan como a ciudadanos de segunda categoría”, opina. “No entiendo cómo los pueblos del norte, siendo mucho menos poblados, tienen todos Renfe (Navalcarnero tiene 30.000 habitantes). ¡No lo entiendo! Se está premiando a los pueblos del norte con respecto a los del sur. ¿Por qué la zona sur está penalizada?”.

 

En este caso, la respuesta está en los tribunales. La Comunidad y la constructora dirimen en los juzgados de quién es la culpa de los cambios que encarecieron el proyecto (con el soterramiento no previsto de un túnel) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL), hasta provocar su abandono. Como adelantó EL PAÍS, el Gobierno de Díaz Ayuso ha decidido pagar 162 millones a la concesionaria por las partes de la infraestructura que sí están terminadas (faltan unos kilómetros de los 14 previstos). Sin embargo, la empresa prefiere esperar al final del juicio, en el que pide 237 millones por una obra que tiene valorada en 203 en su balance.

 

“Nos han puesto el muro de litigio, de que mientras hubiera litigio no se podía hacer nada”, se queja Leo, otro vecino, sobre cómo han ido pasando los años sin que nadie haya hecho nada por completar la obra. “Nuestra vida diaria se ha ido al traste”, recalca sobre las penalidades pasadas porque no haya habido un autobús que les conectara directamente con la capital hasta el año pasado, o porque la colapsada A-5 sea su única alternativa. “Yo en mi trabajo tengo que ser buenísimo, mejorar cada año, y analizar cada error para no repetirlo dos veces”, ejemplifica. “Esta gente hace lo que le da la gana sin ningún tipo de problema porque pagamos todos. No tiene ningún tipo de repercusión”.

 

Los afectados hablan en una rotonda desde la que se divisa un túnel cegado, el vallado que separa de la carretera el trazado de lo que hubiera sido la vía, y los solares vacíos porque nadie ha acabado construyendo en ellos. Hay varias señales de “Prohibido el paso” y muchos metros de valla para intentar evitar que los vecinos paseen por donde debía circular el tren. Parece un esfuerzo inútil: cada pocos minutos pasa uno con la zancada decidida para calentarse bajo el sol del invierno.

 

“Nos sentimos olvidados. Sentimos indignación. Estamos aquí abandonados”, dice María. “Me mudé con la esperanza de disfrutar de la vida en un pueblo y a la vez estar conectada con la ciudad a través del tren”, recalca. “Años después seguimos a la espera de su llegada con todos los problemas que eso ocasiona: barrios que no terminan de desarrollarse por abandono, falta de servicios, dificultad en el transporte, problemas de conciliación de la vida familiar y laboral debido a los malos horarios derivados de las malas comunicaciones...”

 

No hay centro de salud en el barrio. Tampoco guardería pública. Las amplias avenidas llenas de plazas de aparcamiento pensadas para los coches que irían a las estaciones de tren están vacías. Del proyecto solo queda la promesa. Eso ha convertido a Navalcarnero en un caso excepcional: con 30.000 habitantes, no está en la red de cercanías.

 

Una pérdida de valor exponencial. Al cegar la conexión en tren de Navalcarnero con Móstoles, la segunda ciudad más importante de la región (más de 200.000 habitantes), Madrid se ha quedado sin un nodo de comunicaciones clave para liberar la A-5 al incorporar al transporte público a los residentes de otros municipios madrileños (Arroyomolinos, El Álamo, Sevilla La Nueva, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Aldea del Fresno…) y toledanos (Valmojado, Casarrubios o Ventas de Retamosa). Y así desde hace casi quince años.

 

“Mis hijos tienen 2 años”, dice Iván. “La pregunta es: ¿les veremos a ellos ir en tren a la universidad?”

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-19/quince-anos-esperando-al-tren-somos-el-dano-colateral-de-una-pelea-de-politicos-y-constructoras.html

 

MOSTOLES-NAVALCARNERO. MADRID PAGA 162 MILLONES POR UNA LÍNEA DE TREN ABANDONADA, INCOMPLETA Y QUE NUNCA SE USÓ

 

Tras años de litigios, Díaz Ayuso compensa a la concesionaria de la obra por la parte que sí ha construido del proyecto que debía unir a Móstoles con Navalcarnero

 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el miércoles el gasto de 162.495.773,41 euros a la constructora de la línea de tren que iba a unir Móstoles con Navalcarnero: una infraestructura abandonada desde 2010, sin terminar, y por la que nunca ha circulado ni un solo convoy. El dispendio millonario en un proyecto inconcluso, decidido como compensación de las partes de la obra que sí se han entregado, se ve agravado por la estrategia seguida por la Comunidad frente al problema: 39.106.081,13 euros de los 162.495.773,41 pagados son intereses de demora, ya que la Administración ha dejado pasar tres años entre la recepción de lo construido (2018) y el pago (31 de diciembre de 2021). Una factura multimillonaria por una apuesta electoral de Esperanza Aguirre, impulsora de una vía férrea tan maldita que hasta ha acabado formando parte de los casos de corrupción que afectan a los Gobiernos del PP.

 

Sin embargo, la decisión de la Comunidad es unilateral, y nada garantiza que acabe con el largo litigio judicial que le enfrenta a la constructora (la antigua OHL, hoy OHLA), aún pendiente de resolverse, y en el que la concesionaria reclama mucho más que los 162 millones que ahora quiere pagar el Gobierno: pide alrededor de 300.

 

“¿Cómo no van a aceptarlo?”, se pregunta una fuente con galones en el Ejecutivo regional. “Esta obra ha salido mal, y con este pago se acaba el asunto”, sigue. “Ahora plantearemos al Gobierno central que se haga cargo de su finalización”, asegura, puesto que la infraestructura forma parte de la red estatal de cercanías, pese a haber sido impulsada por el Ejecutivo de Aguirre.

 

En 2007, OHL ganó el concurso de 360 millones de euros para construir y explotar la línea que uniría a Móstoles con Navalcarnero, dando servicio a 200.000 personas. La obra debía estar finalizada en 2013. Sin embargo, los trabajos fueron abandonados en 2010, con 8 de los 14 kilómetros de la infraestructura ya ejecutados, según datos del Gobierno regional. Y desde entonces se suceden los litigios. Económicos y penales.

 

En los primeros se dirimía de quién es la culpa de los cambios que encarecieron el proyecto (con el soterramiento no previsto de un túnel) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL). En ese frente la Comunidad acumulaba decisiones en contra que avanzaban el desembolso que ahora ha tenido que afrontar. De hecho, en octubre dos resoluciones judiciales le obligaron a devolver los 34 millones de euros que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes le cobró a la concesionada entre ejecución de sus avales y penalizaciones por no terminar el recorrido.

 

Y en el frente penal, el magistrado Manuel García-Castellón ha abierto juicio oral en el marco del caso Lezo contra el expresidente Ignacio González al ver “indicios racionales de criminalidad” en la concesión de las obras, ya que presuntamente habría cobrado parte de una comisión de casi 2 millones de euros.

 

El futuro de la infraestructura

 

Ahora, y tras el pago millonario decidido por la Comunidad, queda por resolver qué se hará con la infraestructura. El anterior consejero de transportes, Ángel Garrido, llegó a plantear en febrero la cesión de la obra al Gobierno de España —“la población beneficiada de Móstoles superaría los 210.000 habitantes”, dijo—, pero el adelanto electoral decidido por Isabel Díaz Ayuso en marzo dejó en nada el proyecto. Una idea que ahora retomará su sucesor en el cargo, David Pérez, según una fuente de su confianza.

 

Fue así como empezó todo. Madrid, con Aguirre al frente, propuso un recorrido que el Estado no consideró prioritario. En respuesta, la Comunidad se lanzó a financiarlo con recursos propios, pese a que no era de su competencia: como iba a dar servicio a cientos de miles de personas, fue uno de los grandes reclamos electorales de Aguirre. Ahora Madrid paga 162 millones por un tren que nunca ha circulado. Y lo peor es que no es un ejemplo aislado.

 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya dilapidó 105 millones de euros en iniciar las obras de la Ciudad de la Justicia bajo el mando de Aguirre. Nunca se terminaron, y el Ejecutivo actual quiere retomarlas bajo el polémico modelo concesional que ha convertido en su sello.

 

Así se construyeron siete hospitales en esa época de mayorías absolutas del PP: entre 2008 y 2017 la Administración pagó 1.556.851.738 euros por ellos, un coste revisado continuamente desde entonces por los litigios entre ambas partes. Así se construyó el metro ligero oeste: se calculó tan bondadosamente el beneficio que iba a recibir la adjudicataria como para que el Gobierno de Cristina Cifuentes le redujera luego el canon por viajero en un 22%, con un ahorro de 19 millones al año y de cientos de millones en el tiempo total de la concesión. Y así se llevó a cabo la M-45: iba a costar 300 millones, y el Gobierno ya asume que saldrá por más de 2.000 millones, debido a errores en el cálculo de las expropiaciones para construirla, y a las discrepancias en el cálculo del pago por su uso.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-03/madrid-paga-162-millones-por-una-linea-de-tren-abandonada-incompleta-y-que-nunca-se-uso.html

 

AYUSO PAGARÁ 2 MILLONES MÁS DE LO PREVISTO POR LOS TEST 'GRATUITOS'

 

El presupuesto inicial era de 8 millones de euros, pero han tenido que elevarlo un 25% para poder sortear los problemas de distribución

 

Las pruebas de antígenos ‘gratuitas’ prometidas por Isabel Díaz Ayuso no solo se retrasan, también le saldrán más caras. Según ha confirmado un portavoz de la Consejería de Sanidad a la Cadena SER, el Gobierno madrileño pagará finalmente 10 millones de euros por los 4 millones de test de antígenos que repartirán entre todos los madrileños. Se trata de un incremento del 25%, es decir, el Gobierno de Ayuso pagará 2 millones de euros más de lo previsto – se iba pagar 2 euros por cada test y ahora por cada prueba se abonará 2.5 euros-.

 

El motivo de ese incremento es que la Consejería de Sanidad ha tenido que comprar a “distintos proveedores”, apunta un portavoz de Sanidad de una forma muy escueta. Esa explicación esconde la realidad del contratiempo que ha sufrido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Tenía previsto haber repartido los antígenos en las farmacias el pasado miércoles 15 de diciembre, pero tuvo que aplazarlo “por problemas de suministro con los proveedores”, según explicó el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

 

Ahora, para sortear estar esos problemas de distribución se ha optado por recurrir a varios proveedores, una estrategia que ha encarecido la operación.

 

La Consejería de Sanidad asegura que los test se recibirán “la próxima semana”, pero no concretan ni en el día, ni la cantidad de pruebas que se van a recibir en la primea remesa.

 

https://cadenaser.com/emisora/2021/12/17/videos/1639737197_399246.html

 

AYUSO, DE NO CANCELAR LAS CENAS A PRESAGIAR "SEMANAS DURAS": LA ATENCIÓN PRIMARIA COLAPSA

 

La explosión del covid ha desbordado la sanidad madrileña, siempre al límite de capacidad por su baja financiación

 

Pedro estuvo el sábado de cervezas con amigos y el domingo uno de ellos dio positivo. El día siguiente se acercó a la farmacia más cercana y compró los dos últimos tests de antígenos que había: Pedro dio positivo en ambos. Llamó a su centro de salud y no le respondían. "Llevábamos viendo venir esta situación dos o tres semanas y aun así no se hizo nada", dice a este periódico. En vista de que era imposible contactar con ellos, llamó al teléfono covid de la Comunidad de Madrid y le dijeron que llamarían para hacerle una PCR. No ocurrió. El viernes volvió a ponerse en contacto para "agilizar la situación" pero "me dijeron que iba a ser imposible porque estábamos todos igual". Después consiguió una cita para hacerse la prueba el lunes que viene, una semana después de saber que es positivo. Roberto dio positivo por covid en un test de antígenos y llamó a su centro de salud, en el Ensanche de Vallecas. Le dieron cita para el día 22 de diciembre, más de una semana después. Intentó arreglarlo llamando por teléfono, pero no pudo contactar con ellos después de 20 intentos. Comunicó su situación al centro de incidencias covid, donde le emplazaron a personarse en el centro de salud. Una vez allí, el personal del centro le dijo que no debería haberse presentado y le citó para el día 20. Finalmente, Roberto se vio obligado a poner un reclamación en Salud Madrid.

 

Manuel, del distrito Latina, se empezó a notar enfermo la noche del lunes. Al día siguiente dio positivo en un test de farmacia. Se metió a la página web para conseguir una cita telefónica "después de un rato, porque no es una interfaz amigable, mucho menos para una persona mayor", dice. Contactó con el centro nacional de covid y le dijeron que, si tenía menos de 38,5 grados y no tenía problemas respiratorios, que se quedase en casa hasta que le llamasen. "Yo quería que me llamase un médico, porque no sabía qué hacer y además tengo cierto problema en el trabajo al no tener la baja, pero nada. Estoy medicándome con lo que leo en internet". A Bea, su pareja, que ha dado negativo en antígenos, ni siquiera le han prohibido salir de casa: "Yo no me estoy juntando mucho con la gente por responsabilidad, pero he ido al supermercado y a hacer la colada, nadie me ha dicho que me confine".

 

Madrid se ha llenado de historias de este tipo en las últimas semanas. Personas con covid totalmente desatendidas, otras que obtienen citas para tratar sus afecciones con más de dos meses de espera y otras que tienen que buscarse la vida como pueden de cara a pasar unas navidades seguras con su familia. Los servicios de atención primaria de la Comunidad, siempre al borde del abismo, han colapsado en unos días mientras la presidenta Díaz Ayuso ha pasado de enfrentarse con Génova por las cancelaciones de las cenas de navidad a enviar un comunicado advirtiendo que se vienen "semanas duras " para los madrileños. Además, la Comunidad de Madrid prometió que se repartirían test de antígenos gratuitos en las farmacias de toda la región a partir del miércoles, pero las existencias no han llegado y los farmacéuticos están saturados de peticiones que no pueden satisfacer. En la calle Valderribas, en Retiro, en torno a 80 personas se agolpan en los aledaños de los laboratorios Megalab, uno de los más activos de la ciudad durante toda la pandemia. El centro, desbordado, se ha visto obligado a poner a una empleada en la puerta para evitar aglomeraciones dentro: "¡Turnos para PCR, aquí", grita con tickets en la mano. "Normalmente tenemos un tiempo de espera de media hora, pero desde ayer estamos en más de dos horas de espera, el incremento ha sido salvaje", dice a este periódico. A unos metros, Gonzalo y sus dos hijos esperan su turno trolley en mano. "Tenemos billetes de tren para las 16 (eran las 12 de la mañana en ese momento), pero no tengo nada claro que vayamos a llegar. Nos vamos a ver a los abuelos a Galicia y queremos ir con las PCR hechas, pero a este ritmo...", lamenta. Gonzalo, como tantos otros, ha intentado que su centro de salud se la hiciera, pero no ha visto la posibilidad. "No he conseguido ni hablar con ellos. Me he pasado esta mañana a primera hora y me han dicho que, si tengo prisa, me acerque a un laboratorio privado, pero ni siquiera pagando los casi 300 euros que me piden creo que vaya a llegar a coger el tren".

 

La situación es aún más grave en los centros de salud. Algunos se han visto desbordados de pacientes que intentan llamar pero nadie les responde al teléfono. En el centro de salud de La Palma, en Malasaña, esta mañana la cola para las PCR daba la vuelta a la esquina y seguía por la siguiente manzana. "Por el momento estamos haciendo las PCR solo una vez al día, a las 12 de la mañana, porque además nos hemos quedado sin tests de antígenos y han tardado dos días más de lo previsto en enviárnoslos", dice Javier Torres, médico en el centro.

 

El médico advierte que la situación se está volviendo "altamente preocupante", ya que casi el 50% de los test que hacen acaban dando positivo, la mayor parte por la variante ómicron. "Calculamos que el lunes estaremos registrando en torno al 80% de positivos. Este brote se ha descontrolado y desde los centros de salud no podemos frenar la transmisión. Para colmo, esta gestión 'ayusista' de los recursos nos tiene en cuadro, sin apenas test de antígenos para pasarles a los pacientes, es muy caótico", lamenta Torres. Por su parte, desde la consejería de Salud de la CAM se ha informado de que se ha reforzado en 11.400 profesionales el sistema de salud y se incide en la necesidad de que "realizarse test de las vacunas y tener mucho cuidado en las celebraciones en los domicilios, en los espacios cerrados, en los lugares donde no llega la administración; y seguimos con las mismas recomendaciones: distancias, ventilación y la colaboración de la hostelería y la restauración con los locales".

 

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-12-17/ayuso-colapso-sanidad-madrid-pcr-covid_3343455/

 

 

AYUSO MODULA SU DISCURSO TRAS UN DÍA CON 284.000 CONSULTAS POR COVID

 

Desde el lunes, Madrid acumula 16.892 nuevos contagios, ha duplicado la incidencia acumulada en solo cinco días

 

“No vamos a tener libertad si no tenemos salud”. Tras apostar durante toda la pandemia por mantener la hostelería abierta, Isabel Díaz Ayuso moduló este viernes su discurso por primera vez durante una visita al hospital de La Paz: sin llegar a anunciar restricciones contra el virus, pidió prudencia en los encuentros familiares y anunció un refuerzo de las unidades covid del sistema de atención primaria. Mientras, el puente de la Inmaculada, las reuniones prenavideñas y la variante ómicron formaban el contexto perfecto para la explosión de contagios que ha sucedido esta semana. Solo desde el lunes, Madrid ha sumado 16.892 nuevos contagios; y la incidencia acumulada ha pasado de 240 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, a los 482 de este viernes.

 

Ese incremento exponencial de casos pone a prueba la capacidad del sistema sanitario regional para realizar pruebas diagnósticas, registrar los nuevos positivos y hacer el seguimiento de sus contactos estrechos. Aunque las consecuencias del virus no han llegado aún con fuerza a los hospitales —que mantienen creciente, pero lenta, su curva de ingresos, tanto en planta como en UCI—, sí lo ha hecho ya a los centros de salud, saturados y muchos sin citas disponibles de covid hasta dentro de 14 días. Así, han duplicado el número de pacientes que tienen en seguimiento desde el lunes (de 2.022 a 4.016), y sumando los contactos estrechos de los nuevos positivos, ascienden a 6.441 personas. El jueves Madrid registró el número más alto de consultas por covid en los últimos meses, según informa la propia Comunidad: 284.000.

 

“Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de ómicron, que como estamos viendo es muy contagiosa y lo que tenemos que ir es preparándonos para ver nuevas noticias de nuevos contagios, de nuevos brotes”, ha dicho este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Es importante incidir nuevamente en lo necesario de realizarse test, de las vacunas, y tener mucho cuidado en las celebraciones en los domicilios, en los espacios cerrados, en los lugares donde no llega la administración”, ha seguido. “Estamos viendo que las cifras de contagio seguirán creciendo por esta variante, que es muy contagiosa, pero también recordar que no está incidiendo sobremanera en la presión hospitalaria”, ha añadido. “Estimamos que después de Navidades, unas semanas más tarde, ya la situación vuelva a estar contenida”.

 

Pero, en este momento, la transmisión dista de estar contenida. El número de pruebas diagnósticas para confirmar o descartar la infección fue, solo el jueves, de 27.998, “de las que en concreto 16.661 corresponde a test de antígenos (con tasa de positividad de 21%) y un total de 11.337 pruebas PCR”, informó este viernes la Comunidad en una nota de prensa. Además de los 1.769 positivos de los test de autodiagnóstico de covid (comprados en las farmacias) que confirmaron los profesionales de los centros de salud ese mismo día.

 

Ante esos datos, ¿habrá restricciones de cara a las tres próximas semanas? ¿Aforos u horarios reducidos? No, al menos por ahora. Mientras que cuatro comunidades —Navarra, Galicia, País Vasco y Canarias— han propuesto acotar el número de asistentes a las reuniones familiares, y una quinta —Andalucía— ha activiado la obligatoriedad de tener el certificado covid para disfrutar de la hostelería, en Madrid este viernes no había nada previsto.

 

De hecho, este fin de semana, restaurantes y bares están repletos de reservas. Discotecas y pubs venden entradas para Nochebuena, Navidad y Nochevieja, muchas ya agotadas. Y en espacios como el WiZink Center, donde también se vacuna, hay programados dos grandes eventos —Rock en familia Christmas Party (el 5 enero) y La música con la palma (el 8 de enero)— y seis conciertos de aquí a que termine la Navidad, con entradas agotadas para tres de ellos, los de José Luis Perales, Rafael y Dani Martín.

 

Un tono distinto

 

Sin ser una rectificación, las declaraciones de la líder conservadora sí muestran un tono distinto con respecto al de las últimas semanas. Desde el viernes pasado, cuando el PP mandó una carta a sus organizaciones territoriales recomendando que cancelaran las cenas y copas de Navidad, Díaz Ayuso ha defendido que la situación de Madrid no obligaba a tomar nuevas medidas.

 

Un posicionamiento en favor de no aplicar nuevas restricciones para combatir la pandemia que a Díaz Ayuso también le ha servido en la lucha interna que hay en el PP por controlar la organización de Madrid: como la dirección nacional de Pablo Casado defiende cancelar citas sociales, y el gobierno de la Comunidad lleva meses promocionando lo contrario, la líder conservadora ha encontrado en el conflicto un argumento para ejemplificar que partido y ejecutivo deben estar bajo su mando, para no caer en mensajes contradictorios.

 

“Pero lo que no puede ser es que suba la curva de contagios y las redes sociales del PP de Madrid parezcan un fiestódromo”, lamentó una fuente popular con galones a mediados de semana. “Isabel se empeña en hacer de todo un pulso, pero le estamos haciendo casi un favor con esto, llamando a la prudencia”, añadió. “Sus declaraciones se le van a volver en contra, porque es imposible que en Madrid no suba la incidencia”.

 

Y eso, interpretan en el PP, es precisamente lo que ha ocurrido este viernes, cuando Díaz Ayuso ha rebajado el tono y su Gobierno ha anunciado el refuerzo de la atención primaria: la Comunidad de Madrid ha cursado instrucciones para que se concentre en las 28 unidades covid existentes a la mayor parte de los 1.500 profesionales contratados en Atención Primaria (prácticamente en su totalidad personal de Enfermería) como refuerzos frente a la pandemia, según un comunicado gubernamental, con el objetivo de que se sumen a la labor que estas unidades realizan en el rastreo de contactos, seguimiento de la situación clínica y estudios de confirmación por la mayor utilización de test de autodiagnóstico.

 

Con los últimos datos —los de la estadística diaria del Ministerio de Sanidad, de este viernes—, la previsión es que Madrid continúe viendo crecer el número de contagios: la incidencia acumulada a siete días está en 369, lo que indica que posiblemente la próxima semana en la Comunidad ese marcador supere los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Varios especialistas de Medicina Interna e Intensiva consultados por este diario explican que aún con las cifras de población vacunada que ya se alcanzan en la región (88,6% con la pauta completa) y por muy bajo que sea el porcentaje de personas a los que la enfermedad se les agrave, el volumen de contagios es tal que en mayor o menor medida, los hospitales, como ya ocurre en los centros de salud, se verán afectados.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-18/ayuso-modula-su-discurso-tras-un-dia-con-284000-consultas-por-covid.html

 

TRANSPARENCIA INSTA A AYUSO A REVELAR A QUÉ RESIDENCIAS HA ABIERTO EXPEDIENTES POR EL COVID

 

El Gobierno madrileño negó la información a una ciudadana con el argumento de que su difusión pondría en riesgo la instrucción de los procedimientos en marcha

 

El CTBG rebatió esa justificación y le dio 20 días hábiles para facilitar los datos

 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a facilitar el listado de las residencias de mayores a las que se le ha abierto expediente sancionador por su gestión durante la pandemia del coronavirus, al no concurrir el límite que invocó para negar el acceso a dicha información pública. El Ejecutivo autonómico alegaba que la difusión de esos datos ponía en riesgo la instrucción de los procedimientos en marcha.

 

En una resolución fechada el pasado 4 de noviembre, consultada por El Independiente, la autoridad independiente encargada de promover la transparencia de la actividad pública estimaba la reclamación presentada por una ciudadana y le daba un plazo máximo de 20 días hábiles a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social para proporcionar la información. Este diario ha intentado sin éxito conocer si la Administración ha cumplido ya la resolución -el plazo expiró a principios de este mes- o si, por el contrario, la recurrirá en los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo.

 

La gestión de la crisis sanitaria en los centros de mayores durante los primeros meses fue una de las situaciones críticas de la pandemia, al convertirse en el principal foco de mortalidad. De acuerdo con los datos actualizados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que abarcan hasta el pasado 5 de diciembre, Madrid ha sido la comunidad con más usuarios de residencias fallecidos por Covid: 4.709 con síntomas compatibles con la enfermedad y 1.668 confirmados mediante prueba diagnóstica.

 

El interés público por la gestión llevada a cabo en los centros sociosanitarios y la supervisión llevada a cabo por el Gobierno de Díaz Ayuso ha motivado numerosas peticiones de información a través del portal de la transparencia, como ésta en la que una ciudadana trataba de conocer la identidad de las residencias que eventualmente hubieran podido ser sancionadas. Cuando se registró la solicitud hacía 14 meses que se había declarado el primer estado de alarma para tratar de contener la expansión del virus.

 

Es «información pública»

 

Disconforme con la respuesta recibida, la solicitante formuló reclamación el pasado 28 de junio. Cuando el CTBG le dio traslado de la reclamación para que pudiera presentar alegaciones, la Consejería de Política Social no negó que fuera «información pública», pero argumentó que concurría uno de los límites de acceso previsto en el artículo 14 de la Ley de transparencia. En concreto, el descrito en el punto 1.e: «La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios».

 

«La necesidad de realizar actuaciones de comprobación e investigación de las conductas tipificadas como sancionables hace que la divulgación de la información requerida pueda suponer un perjuicio para la prevención, investigación o sanción de los ilícitos administrativos, ya que conllevaría una previsibilidad sobre las entidades y centros investigados de las actuaciones de inspección y comprobación», razonaba. Para conjurar ese riesgo, añadió, la información sólo podría proporcionarla «una vez finalizada la instrucción».

 

«No puede facilitarse a la reclamante, en este momento procedimental, el acceso a los documentos solicitados, ni a la denominación de las entidades y centros sobre los que concurren los expedientes, habiéndose acreditado por la Administración la concurrencia de los límites de acceso de la LTAIBG [Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno], denegándose el acceso ya que la revelación de la información solicitada puede afectar negativamente a la eficacia de procedimientos administrativos en trámite de investigación de infracciones y de imposición de sanciones», concluyó.

 

El Ejecutivo madrileño, a la hora de ponderar la aplicación de dicho límite de acceso, decía basarse en el propio criterio interpretativo del CTBG y en las resoluciones que habían dictado otros órganos de garantía en materia de transparencia -casos de los de Aragón y Castilla y León- cuando tramitaron reclamaciones relacionadas con procedimientos sancionadores.

 

El CTBG rebate el argumento del Gobierno madrileño y concluye que difundir los datos «en nada entorpece la investigación»

 

Lejos de compartir el argumento, el Consejo de Transparencia se desmarca de la interpretación realizada por el Gobierno de Díaz Ayuso para no ofrecer la información sobre la identidad de las residencias a las que había abierto expediente sancionador por posibles irregularidades en la gestión de la crisis sanitaria durante la pandemia y considera que no hay obstáculo alguno para que se puedan divulgar los datos requeridos.

 

En este sentido, el CTBG recuerda que ya estimó otra reclamación en la que un ciudadano solicitaba copia de todos los expedientes, actas, resoluciones sancionadoras y cualquier otro documento intercambiado entre los responsables de las residencias de mayores, menores y personas con discapacidad gestionadas tanto por la Comunidad Madrid como por una empresa mediante concierto o de forma privada en los expedientes sancionadores emitidos a estos centros sociosanitarios entre 2017 y 2020. Transparencia amparó la reclamación, si bien concedió a la Administración un plazo de respuesta mucho más amplio de lo habitual -hasta 80 días, cuando lo usual son 20- a fin de que dispusiera de margen suficiente para ocultar los datos de carácter personal antes de facilitar la información.

 

A diferencia de aquel caso, la reclamación ahora resuelta no trae causa de una solicitud de expedientes sancionadores, al limitarse a requerir la identidad de las residencias sobre las que se hubiera actuado administrativamente. «Motivo por el cual este Consejo considera que conocer dicho dato en nada entorpece las labores de prevención, investigación o sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios», concluye el organismo.

 

https://www.elindependiente.com/espana/2021/12/16/transparencia-insta-a-ayuso-a-revelar-a-que-residencias-ha-abierto-expedientes-por-el-covid/

 

AYUSO SALTA AL RUEDO: MÁS DINERO A TOROS QUE GONZÁLEZ Y CIFUENTES Y MENOS EXIGENCIAS EN LAS AYUDAS

 

En sus tres años en la Puerta del Sol, las cuentas públicas han recogido 11,34 millones, un 7,6% más que en toda la legislatura anterior y un 76% mayor que en la etapa de González

 

A esto hay que añadir 7,5 millones de euros de ayudas directas al toro de lidia, cuyos requisitos para obtenerlas son mucho más laxos que en Andalucía o Castilla y León, las dos regiones con más ganaderías

 

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lleva meses esforzándose para adueñarse del término "libertad". No hay política que no presente bajo este manto. Si blinda la concertada es para que los padres tengan la "libertad" de "elegir el colegio" al que quieren llevar a sus hijos –aunque la pública se encuentre infradotada en la región–. Si potencia la sanidad privada es, de nuevo, por la "libertad" a la hora de elegir el modelo sanitario –aunque sea la comunidad que menos dedique por habitante al sistema de salud público–. Y si refuerza económicamente la tauromaquia se hace, de nuevo, bajo este mismo mantra. "Cuando hay toros hay libertad", llegaba a decir hace solo unos meses.

 

En su vuelta a ese tradicionalismo conservador más castizo, Díaz Ayuso ha apostado con firmeza por este sector desde su llegada a la Puerta del Sol. En los tres años que lleva como presidenta regional, las cuentas públicas han recogido 11,34 millones de euros para el Centro de Asuntos Taurinos, un órgano creado a finales de los ochenta y que lidera el torero Miguel Abellán –el mismo que fue en la lista electoral de Pablo Casado en marzo de 2019–. A esa cifra habría que añadir, además, el dinero que la Consejería de Medio Ambiente ha puesto sobre la mesa en forma de ayudas directas a las ganaderías en el marco de la crisis del coronavirus: 7,5 millones entre 2020 y 2021.

 

Las cifras contrastan enormemente con las de épocas anteriores. En los cuatro presupuestos elaborados durante la era de Ignacio González, el Centro de Asuntos Taurinos estuvo dotado con 6,4 millones de euros. Unos fondos públicos que comenzaron en los 2,2 millones y que, en plena crisis económica, se fueron reduciendo progresivamente: 1,41 millones en las cuentas de 2013, 1,4 en las de 2014 y 1,38 millones en las de 2015. A pesar de la disminución de los fondos, el entonces presidente siempre defendió a ultranza la "Fiesta". Y con un discurso que recuerda mucho al que ahora utiliza Ayuso: "Todos los amantes de la cultura y de la libertad estamos llamados a defenderla frente a la intransigencia, la imposición y el autoritarismo intolerante de unos pocos".

 

Fue Cristina Cifuentes la encargada de coger el testigo de un González al que acorralaban las sombras de corrupción. Si bien la entonces presidenta siempre mostró su "completo desacuerdo" con festejos como el Toro de la Vega, nunca escondió su gusto por lo que ella consideraba realmente tauromaquia. Pero tardó en incrementar el respaldo económico al sector. En 2016, sus primeras cuentas públicas, tuvo que conformarse con regar el Centro de Asuntos Taurinos con solo 960.000 euros después de que la oposición consiguiese con sus enmiendas recortar esta partida en 414.000 euros para destinarlo a violencia machista.

 

Un tropiezo que luego trató de solventar en sus siguientes presupuestos. En 2017, la asignación fue de 1,34 millones. Y en el siguiente de cuatro millones, una cifra que se mantuvo intacta en las cuentas de 2019 –estas ya con Ángel Garrido–. El incremento se debió, principalmente, a los 2,8 millones de euros que se pusieron sobre la mesa con la vista puesta en la reforma de la Plaza de Las Ventas. En total, el Gobierno regional destinó en sus presupuestos durante los cuatro ejercicios asociados a la era Cifuentes un total de 10,5 millones de euros.

 

Toreando a la ultraderecha

Ayuso, por tanto, ha destinado en las cuentas públicas durante sus tres años en la Puerta del Sol un 7,6% más que en toda la legislatura anterior y un 76% más que en la de González. "Tiene una fijación con el tema taurino", sostiene el diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez, quien recuerda todas las veces que la presidenta se ha dejado ver en corridas de toros, con sonoras ovaciones incluidas. Una fijación que, reflexiona el miembro de Equo, forma parte de "esa deriva conservadora tradicionalista" del PP que se ve "arrastrada" por la extrema derecha.

 

La defensa de la tauromaquia y de la ganadería es uno de los pilares políticos de Vox. Una bandera que siempre han agitado los conservadores y que ahora Ayuso trata de arrebatar a los ultras. Primero, redoblando el respaldo económico al sector. Segundo, intensificando su presencia en aquellas zonas rurales de la región y aumentando sus encuentros con ganaderías. Y tercero, defendiendo cada vez que tiene oportunidad el mundo del toreo. Hasta el punto de llegar a pedir perdón por la suspensión de la actividad en plena pandemia: "Quiero pedir disculpas ante el sector taurino, al que defiendo sin ningún complejo a capa y espada".

 

"El dinero público está para muchas otras cosas. Por ejemplo, para las artes escénicas", sostiene el diputado de Más Madrid, quien defendió esta semana en la Asamblea una proposición no de Ley –que terminó siendo rechazada– exigiendo el cierre del Centro de Asuntos Taurinos y la eliminación de "todas las subvenciones" a una actividad que cada vez tiene menos "apoyo social". A mediados de noviembre, el Ejecutivo regional aprobó 3,2 millones de euros para respaldar la actividad, coreográfica y musical de la comunidad en plena pandemia. Unas semanas antes, había puesto sobre la mesa casi la misma cantidad –tres millones– para el toro de lidia.

 

Menos exigencias que en las grandes regiones del toro de lidia

No ha sido la única ayuda directa concedida a las ganaderías a lo largo de la crisis sanitaria. El Gobierno de Ayuso ya ofreció el pasado año 4,5 millones de euros para dar apoyo al sector. "No se cubrieron totalmente", resalta José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (Avatma). En concreto, solo se canalizaron 1,1 millones de euros a algo más de una veintena de ganaderías de las seis decenas que, según calcula el activista, hay en la región. "Muchas no han tenido acceso porque no han podido acreditar que hubieran tenido pérdidas como consecuencia de la pandemia", resalta.

 

Por eso, el Ejecutivo regional ha decidido ampliar en la nueva convocatoria el grado de cobertura. Si en la de 2020 solo podían ser objeto de la ayuda el 35% del total de ejemplares por explotación que cumplieran unas determinadas características, en la última esa cifra se eleva al 100%. En concreto, las ganaderías pueden percibir 500 euros por cada "vaca madre" mayor de 18 meses, hasta un máximo de 100.000 euros.

 

A Zaldívar le chirría la utilización del término "vaca madre". "Ninguna puede serlo, porque con 18 meses hablamos de becerras. No se les puede considerar como tal hasta los dos años. Y hay que tener en cuenta, además, que las vacas suelen parir a los cuatro", resalta el presidente de Avatma, que además recuerda que a los veinticuatro meses estos animales suelen pasar por lo que se conoce como "plaza de tientas", un proceso del que muchos salen en dirección a los mataderos. "Es decir, que no serán madres nunca", completa.

 

Las condiciones para percibir la ayuda en suelo madrileño son mucho menos estrictas que en otras regiones. En Andalucía, la comunidad con mayor número de ganaderías y reses de esta raza, solo pueden ser objeto de la subvención –250 euros por ejemplar– las hembras mayores de 42 meses y que, además, hayan parido un ternero de la misma raza en el último año. En Castilla y León, el segundo territorio con mayor importancia, la ayuda se reserva para aquellos animales mayores de 24 meses, tanto machos como hembras.

 

https://www.infolibre.es/politica/ayuso-dedica-tres-anos-toros-doble-gonzalez-millon-legislatura-cifuentes_1_1214423.html

 

EL PRESUPUESTO DE AYUSO AFLORA 29 MILLONES EN INTERESES DE DEUDA CON HOSPITALES DE GESTIÓN PRIVADA

 

Un "cambio contable" multiplica por 60 los gastos financieros de la Consejería de Sanidad

 El departamento de Ruiz Escudero oculta el tipo de interés que aplica y el monto de la deuda al que corresponde esa enorme partida de gasto

 

El presupuesto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para 2022 asciende a 8.783 millones de euros, un 8,3% más que la partida asignada en el anterior, el de 2019, prorrogado durante los dos ejercicios siguientes por falta de apoyo en la Asamblea y diferencias con Ciudadanos, entonces socios de gobierno del PP. Sin embargo, una de sus partidas, la de gastos financieros, ha aumentado mucho más, 60 veces más. Ha pasado de 573.179 euros en 2019 a 34,45 millones de euros en los presupuestos del próximo ejercicio. Según explica la propia consejería en la memoria de las cuentas, el crecimiento exponencial de esa partida se debe a la inclusión en ella de los intereses financieros de la deuda que Sanidad mantiene con las empresas concesionarias de los siete hospitales de gestión mixta público-privada: Puerta de Hierro, Henares, Sureste, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina y Tajo.

 

En efecto, según puede comprobarse en los presupuestos de la consejería, los gastos financieros por el pago a las concesionarias de estos siete centros se elevan a 29,16 millones de euros. Se trata de los hospitales que fueron creados siguiendo el modelo PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés): son propiedad de constructoras y fondos de inversión, que gestionan la actividad no sanitaria de los centros –restaurante, lavandería, logística, mantenimiento–. La sanitaria, incluido el personal, es responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Será así durante los 30 años establecidos en las concesiones. Hasta 2035.

 

A cambio de la construcción y de la gestión del edificio, el departamento de Enrique Ruiz Escudero paga a las concesionarias un “arrendamiento operativo” que para los siete hospitales sumará un total de 166,28 millones de euros en 2022. Es la misma cantidad consignada en los anteriores presupuestos.

 

Pero entre ambas cuentas hay una diferencia fundamental. En las de 2019 y ejercicios anteriores no existen gastos financieros relacionados con los siete hospitales de gestión mixta. Sólo se consigna una partida, la de arrendamiento operativo, que incluye el canon pagado por Sanidad a la empresa concesionaria. En el presupuesto de 2022, por primera vez, al arrendamiento operativo se le han añadido los gastos financieros –es decir, los intereses de la deuda de la consejería con las concesionarias–, así como dos nuevos conceptos: adquisición de bienes muebles e inmuebles en pago aplazado, que figuran como “inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios”. Hasta ahora, en cambio, en una misma partida se apuntaban capital e intereses.

 

infoLibre ha preguntado a Sanidad el motivo de que aflore este extraordinario volumen de gastos financieros, así como a qué cuantía de deuda corresponden y cuál es tipo de interés que se aplica. La consejería no ha contestado a esas tres cuestiones, pese a los reiterados intentos de este periódico por obtener una explicación. Sólo señala que debido a “un cambio de normativa contable” se han modificado las partidas presupuestarias, reduciéndose el importe del arrendamiento operativo y “dotándose” los dos nuevos subconceptos antes apuntados: gastos financieros y las inversiones nuevas para adquirir en pago aplazado bienes muebles e inmuebles.

 

Los expertos consultados por este periódico explican que ese “cambio de normativa contable” debe atribuirse a una instrucción de la Intervención de la Comunidad de Madrid para que se apuntaran adecuadamente los pagos a las concesionarias de los hospitales. Es decir, no es que los gastos financieros de Sanidad hayan aumentado de un ejercicio a otro, sino que su verdadero montante estaba oculto en la partida del arrendamiento operativo de las concesionarias. En 2019, el medio millón de euros en intereses que la consejería reconocía en sus cuentas sólo correspondían a los que debía pagar por el arrendamiento financiero de unos aceleradores lineales suministrados a diversos hospitales de la red pública.

 

Aun así, los casi 30 millones de euros de gastos financieros reconocidos en el presupuesto de 2022 es una cantidad considerable que, con el coste medio de la deuda de la Comunidad de Madrid en el segundo trimestre de este año, el 1,83%, correspondería a una deuda con los siete hospitales de gestión mixta de 1.882 millones de euros, no a los 166,28 millones apuntados en las cuentas de la consejería. Para que se abonaran esos intereses por la cantidad que les pagará en 2022, el tipo tendría que ser muy elevado, en el nivel de la usura, aseguran los expertos consultados. Sanidad tampoco ha querido aclarar estas contradicciones sobre las que le ha preguntado infoLibre.

 

Lo que Sanidad paga por cada hospital y a quién

De los siete hospitales de gestión mixta, el más caro es el Puerta de Hierro, al que Sanidad debe pagarle cada año un total de 58,54 millones de euros, de los cuales 7,83 millones corresponden a intereses, 7,34 millones se destinarán a comprar bienes inmuebles y 587.358 euros a comprar bienes muebles. El hospital es propiedad del grupo de inversión canadiense Brookfield, que lo adquirió en septiembre de 2019 al fondo de inversión holandés DIF Capital Partners. Este, a su vez, se había hecho con el 64% de las acciones tras comprar en 2016 un 20% a Sacyr. La constructora, a través de su filial Sufi, fue la edificadora del centro como parte de una UTE en la que también figuraban Dragados –del grupo ACS– y Bovis Lend Lease.

 

El fondo holandés DIF también es el dueño del hospital Infanta Leonor, que lo había comprado en 2019 a Pralesa Concesiones y otros accionistas minoritarios, entre los que se encontraba el Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, condenado por las tarjetas black de Cajamadrid.

 

Estas empresas formaron una UTE con Begar, la constructora de José Luis Ulibarri, implicado en el caso Gürtel, para hacerse con el contrato que levantó el hospital vallecano. Con el fondo DIF, Sanidad tiene comprometido un pago anual de 22,07 millones de euros, de los que 4,44 millones son intereses, 3,79 millones más corresponden a adquisiciones de bienes inmuebles y 199.888 euros a las de bienes muebles.

 

Sacyr también está detrás de las concesiones del Infanta Cristina de Parla y del Hospital del Henares, en Coslada. Al primero, Sanidad debe pagarle al año 16,93 millones de euros, de los que 3,31 millones son intereses, 2,7 millones son compras de bienes inmuebles y 308.824 euros, compras de bienes muebles. Para el Hospital del Henares, el compromiso es de 18,02 millones de euros, con unos intereses de 4,01 millones, 3,32 millones para comprar bienes inmuebles y 293.831 euros para muebles.

 

Al fondo británico Aberdeen, dueño del Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, la consejería le pagará 14,3 millones de euros. De esa cantidad, 3,22 millones son intereses, 2,73 millones son compras de bienes inmuebles y 170.749 euros, de bienes muebles. Aberdeen lo compró a OHL y Globalvia entre 2016 y 2017

 

El Hospital del Tajo fue obra de Constructora Hispánica, otra firma implicada en el caso Gürtel. La empresa fue adquirida por el grupo Essentium en 2009. Desde entonces se denomina Assignia Infraestructuras. Sanidad debe abonarle 12,7 millones de euros, de los cuales 2,07 millones son intereses, 1,76 millones son para adquirir bienes inmuebles y 102.015 para bienes muebles.

 

Finalmente, el Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, fue construido y gestionado por Acciona hasta diciembre de 2020, cuando lo vendió al fondo de inversión francés Meridiam, dejando una participación minoritaria en manos de su propia firma de inversiones, Bestinver. Sanidad debe ingresarle cada año por ese motivo un total de 23,7 millones de euros, de los cuales 4,24 millones corresponden a intereses, 3,63 millones a adquisición de bienes inmuebles y 187.846 euros a la de bienes muebles.

 

Además de estos hospitales de gestión mixta, la Comunidad de Madrid mantiene otros en los que se ha cedido también la gestión sanitaria. El Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Villalba y el Infanta Helena de Valdemoro pertenecen a este modelo, que gestiona Quirón Salud. También corre a su cargo la Fundación Jiménez Díaz, mediante un convenio. Finalmente, Ribera Salud es la responsable de gestionar el Hospital de Torrejón.

 

Polémica de gestión y contable

La polémica ha acompañado durante años a los diferentes modelos de gestión privada de los hospitales madrileños, por sus costes y eficiencia. En 2018, un informe de la Cámara de Cuentas autonómica desveló que la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 722,3 millones de euros con cinco de estos hospitales: los cuatro gestionados por Quirón Salud y el de Torrejón. Hace poco más de un mes El País publicaba que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el 31 de diciembre de 2019 había crecido hasta alcanzar los 944 millones de euros. Según el último informe anual de Fresenius, la multinacional dueña de Quirón Salud, la deuda asciende a 1.250 millones por la asistencia médica a pacientes de la sanidad pública en ejercicios anteriores.

 

Pero lo que Quirón Salud no cobra por un lado lo recibe por otro. Como publicó infoLibre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le ha pagado en algo más de año y medio casi 500 millones (453.963.911 euros) mediante las llamadas convalidaciones de gastos, una figura que permite saltarse los procedimientos administrativos. En total, mediante estas convalidaciones a multitud de empresas, la Comunidad de Madrid ha sumado 804 millones de euros sólo desde enero de 2020 y hasta octubre. Se trata de un mecanismo que permite regularizar pagos por servicios cuya prestación se haya encomendado a una empresa en circunstancias muy excepcionales y sin cumplir los trámites obligados.

 

Casi al mismo tiempo este periódico publicó también las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de 2020, tal y como habían sido enviadas para su aprobación en el consejo de administración. En ellas, y por primera vez en años, se reflejaba un superávit récord de 821,3 millones de euros. Justo en el año de la pandemia. Ese año también crecieron las provisiones –una reserva para afrontar pagos derivados de riesgos futuros– hasta alcanzar los 837,12 millones de euros.

 

https://www.infolibre.es/economia/presupuestos-intereses-deuda-comunidad-de-madrid-gestion-privada-hospitales-quiron-salud-ribera-salud-acciona-acs-sacyr-isabel-diaz-ayuso_1_1215016.html

 

EL GOBIERNO DE AYUSO PIDE POR CARTA A ALMEIDA QUE LE PERDONE 17 MILLONES DEL IBI DE HOSPITALES Y JUZGADOS PARA INVERTIR EN SANIDAD

 

El Ayuntamiento de Madrid se niega argumentando que pondría en "serio riesgo" las arcas municipales. En sus escritos –que se adjuntan en el texto– ambas administraciones admiten sus problemas para cuadrar las cuentas mientras presumen de rebajas fiscales

 

En su carrera para bajar todo tipo impuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han acabado chocando. La disputa es por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) que el Consistorio cobra a los propietarios de edificios o locales en la ciudad, incluidas las administraciones públicas. La Comunidad reclama dejar de abonar 17,2 millones de euros al Ayuntamiento, la factura anual que generan los hospitales y las nuevas sedes judiciales a su cargo.

 

¿Cómo lo razona el Gobierno de Díaz Ayuso? Alega que si la administración que preside Almeida le perdonase esas cantidades, la Comunidad podría "mejorar los servicios públicos" como la sanidad. La petición llega solo unos días después de presentar unos Presupuestos donde el Gobierno regional aplica una rebaja de más de 300 millones de euros en el tramo autonómico del IRPF que beneficia sobre todo a las rentas más altas. La respuesta del Ayuntamiento ha sido un no rotundo que sigue la misma línea argumental: explica que sin recaudar esos fondos "se pondría en riesgo las arcas municipales". La pelea es por 17 millones: el presupuesto regional es de 22.000 millones y el municipal más de 5.000.

 

La disputa se inició el pasado 18 de noviembre. La Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid pide desde ese día al Gobierno municipal que le condone el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los centros sanitarios de titularidad pública y le bonifique además el 95% de este mismo impuesto de las sedes judiciales de nueva construcción ahora que va a recuperar el proyecto de la Ciudad de la Justicia. De esta forma, alega el Gobierno de Ayuso, se podrá contribuir "a la mejora de Madrid de un servicio público como el de la sanidad".

 

La misiva enviada entre las alegaciones a la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid, y a la que ha tenido acceso elDiario.es –que la reproduce más adelante–, la firma el consejero de Presidencia y Justicia, Enrique López. En ella se pide al Gobierno municipal que le perdone un total de 17,2 millones de euros con los que el Gobierno de Ayuso se compromete a sufragar servicios públicos. Dos semanas antes, el Ejecutivo regional aprobaba en Consejo de Gobierno una rebaja del tramo autonómico del IRPF para 2022 que mermará la recaudación regional en 334 millones de euros, según sus propios cálculos, y que salió adelante este jueves en la Asamblea de Madrid gracias al apoyo de Vox.

 

La Covid como excusa

El consejero de Ayuso cifra el IBI de los hospitales de titularidad pública en 15 millones de euros y se explica: "La declaración de la exención permite liberar recursos para sufragar gastos directamente vinculados con la asistencia sanitaria y por tanto coadyuvar a la mejora de un servicio público como el de la sanidad que reviste un carácter esencial para los ciudadanos y cuya promoción, conforme al artículo 43 de nuestra Constitución, compete a todos los poderes públicos". En la misiva, Enrique López hace además hincapié en la situación sanitaria provocada por la Covid-19 y se compromete a que todos los recursos detraídos de los impuestos municipales se destinarán a esta finalidad: "Resulta indispensable asignar de manera preferente los recursos de todas las administraciones públicas a los gastos destinados a sufragar la asistencia sanitaria y de manera especial todos aquellos destinados a combatir la referida enfermedad".

 

En cuanto a las sedes judiciales de nueva construcción en la ciudad de Madrid, para las que el consejero de Presidencia y Justicia demanda la bonificación del 95% del IBI, la Consejería cifra el importe a condonar en otros 2,25 millones de euros. López hace alusión al proyecto de la Ciudad de la Justicia –que proyectó Esperanza Aguirre en Valdebebas y que Ayuso ha rescatado– y defiende que "concentrar la actividad y ubicarla en un desarrollo urbano como Valdebebas supondrá además una clara contribución para la revitalización y el crecimiento de esta nueva zona estratégica de Madrid" algo que "redundará en una mejora en la calidad de la prestación" para los usuarios del servicio.

 

Finalmente, el consejero asegura que otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid ya han declarado la exención del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles para los centros sanitarios de titularidad pública, como son el caso de Villaviciosa de Odón, Collado Villalba, Alcobendas, Bustarviejo o Villanueva del Pardillo. El Ayuntamiento de Madrid se lo niega.

 

No es la primera vez que la Comunidad lo reclama, según fuentes del Ejecutivo regional. Y no es la primera vez que el Ayuntamiento le dice que no. Desde la Consejería de Presidencia aseguran a elDiario.es que el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ya pidió previamente la exención de IBI a hospitales "algo previsto en la ley de haciendas locales". "Entonces no prosperó", añaden. "Nosotros consideramos que también puede haber bonificación en las judiciales ya que son infraestructuras de interés general". "Lo hacemos tratando de beneficiar las arcas regionales", aseguran estas fuentes.

 

 

"Pondría en serio riesgo las arcas municipales"

Ambas peticiones han sido rechazadas por el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción. En su respuesta, el Gobierno municipal asegura que el procedimiento de alegaciones utilizado por el Gobierno regional no es el adecuado y por tanto "no cabe entrar en el análisis de fondo de la misma". No obstante, asegura, "se va a dar respuesta a las alegaciones formuladas a título meramente informativo". A continuación la explicación.

 

El Gobierno de Almeida asegura que acometer una reforma que incluya una exención en el IBI de los hospitales de titularidad pública y una reducción del 95% en la cuota de la que será la futura Ciudad de la Justicia "pondrían en serio riesgo las arcas municipales" y lo justifica con la rebaja del IBI generalizado aprobada en la ordenanza fiscal que debe aprobarse próximamente en el Pleno municipal. Esta bajada de impuestos a todas las rentas por igual mermará la recaudación del consistorio en 60 millones de euros.

 

El área de Hacienda que dirige Engracia Hidalgo en el Ayuntamiento defiende que esta bajada de los tributos sobre bienes inmuebles "intenta contribuir a paliar la crisis económica en la que nos encontramos" para los madrileños por lo que no puede atender a la petición. Se trata de una bajada generalizada que no distingue entre rentas. "Por tanto, se ha querido en este momento de especial dificultad poner todos los esfuerzos en medidas que favorezcan a la generalidad de los madrileños, en es te caso, reduciendo el tipo de gravamen general, aplicable a todos los bienes inmuebles de uso residencial y a la mayoría de los bienes inmuebles de usos distintos de los residenciales".

 

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo recuerda que la propia delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha reconocido en diferentes comparecencias de presupuestos "la extrema incertidumbre" del año 2022, "a pesar de lo cuál no ha dudado en aminorar los ingresos vía IBI en 60 millones de euros". "Para luego reconocer que los 17 millones que pretendía la Comunidad en exenciones de edificios públicos pondría en peligro la estabilidad de las arcas municipales", lamenta el edil de Más Madrid.

 

Montejo asegura sobre estas misivas que "conocer estos detalles de cómo resuelve la cuadratura de las cuentas municipales y autonómicas demuestra la inconsistencia, ausente de cualquier sentido de Estado, del Partido Popular". "Las cuentas municipal y autonómica de Madrid no cuadran y por ello buscan apoyarse irresponsablemente en otras Administraciones, bien en la municipal, bien en el Estado", señala Montejo, que recuerda así cómo desde los gobiernos de Ayuso y Almeida han reclamado más fondos al Gobierno central mientras rebajan impuestos.

 

La teoría del PP siguiendo a algunos de los gurús neoliberales defiende que una rebaja de impuestos hace crecer la economía y como consecuencia dispara la recaudación. "Con la rebaja del IRPF vamos a recaudar más", ha repetido a lo largo de este mes el consejero de Hacienda de Ayuso para defender su rebaja de impuestos en una región que es la más rica pero la que menos invierte en Sanidad y Educación de todo el país. Parte de la llamada teoría de la curva de Laffer, que ha hecho fortuna en el pensamiento neocon. En las cartas entre Comunidad y Ayuntamiento ambas administraciones reconocen que tras sus rebajas de impuestos aprobadas recientemente están en peligro los servicios públicos o "en riesgo" las arcas municipales. Ello no impide seguir adelante con sus planes.

 

"El populismo fiscal, demonizando el pago de impuestos y favoreciendo apenas al 1% de la población más privilegiada en detrimento de los servicios y recursos públicos de todas y todos, es resuelto con mensajes ideológicos de economía mágica, donde reducir impuestos a los ultra ricos favorece la economía de todos, algo que se ha demostrado falso a lo largo de los últimos 50 años, y que al final se traduce en pedirle a otra Administración cubrir sus pérdidas", lamenta Montejo.

 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este lunes que el hecho de no acceder a eximir del IBI a la Comunidad de Madrid para los hospitales y sedes judiciales "no significa" que las dos administraciones "estén enfrentadas a costa del IBI", "sino que es una alegación que todos los años presenta la CAM a los presupuestos del ayuntamiento", pidiendo que no se tenga que pagar este impuesto en los servicios sanitarios y las sedes judiciales.

 

"Nosotros como ya hemos dicho, tenemos que garantizar un principio de suficiencia tributaria y lo que va a ser la rebaja del IBI este año nos parece mucho más razonable que esté en los bolsillos de los madrileños y sean ellos los mas beneficiados en estos momento (de esta rebaja) con la situación económica y social que tenemos en la ciudad de Madrid".

 

Tras pelearse Ayuso y Almeida con el Gobierno central reclamando autonomía para bajar más y más los impuestos, ha llegado el momento en que ambos dirigentes del PP han chocado entre ellos. Ahora por los impuestos.

 

https://www.eldiario.es/madrid/gobierno-ayuso-pide-carta-almeida-le-perdone-17-millones-ibi-hospitales-juzgados-invertir-sanidad_1_8565307.html

 

AYUSO INSISTE EN LA POLÍTICA DE APOYO A LAS CLASES ALTAS QUE EL PP PRACTICA EN MADRID DESDE LA 'ERA AGUIRRE'

 

Madrid, 30 de junio de 2020. Para ser martes, la agenda de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es ligera. A media mañana, tiene previsto participar en el acto de clausura de una de las promociones de ingreso a la Policía Nacional. Pero antes, enciende el ordenador para intervenir en un encuentro digital organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. Durante una hora, la líder del Ejecutivo autonómico habla de la situación de la pandemia, de los rebrotes, de la relajación social. Y, por supuesto, de impuestos. "Si no queremos ver cómo el capital se va tenemos que ser atractivos. Y atractivos no es maltratando. Y, desde luego, efectivamente, dando un trato desigual a muchas personas que probablemente tengan un mayor poder adquisitivo, pero porque también están generando más puestos de trabajo".

 

Aquellas palabras provocaron un enorme revuelo en la oposición. Tanto, que desde la Puerta del Sol se vieron obligados a matizarlas asegurando que la presidenta no defendía "un trato fiscal desigual". "En todo caso sería para los que crean puestos de trabajo, no para los más ricos", dijeron a Nius. Y ahí quedó el asunto, con la duda abierta sobre si lo que dijo era lo que realmente pensaba o solo fruto de una mala explicación. Sea como fuera, de lo que no hay duda alguna es de que en los dos años que lleva al frente del Ejecutivo regional Ayuso ha continuado profundizando en aquellas políticas que premian a las clases altas en Madrid y que se han convertido en el sello de identidad del PP en su principal laboratorio de ideas neoliberal.

 

Este jueves, el Gobierno madrileño sacó adelante con el respaldo de la ultraderecha en la Asamblea autonómica una de sus principales promesas electorales en materia impositiva: la rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a pesar de que el gravamen ya era el más bajo de todo el país. Una bajada que tendrá un coste para las arcas públicas de más de 300 millones de euros y de la que, según se encargó de señalar el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, "se beneficiarán todos los madrileños". Una "cortina de humo" –a ojos de la oposición– de las "gigantescas rebajas fiscales" a los contribuyentes más ricos.

 

En términos relativos, es cierto que el ahorro se concentra en las rentas más bajas. Así, según los cálculos que maneja Hacienda, en el tramo con base liquidable de hasta 12.450 euros el ahorro será, de media, del 5,6% sobre la cuota inicial, mientras que en el tramo con base liquidable superior a 53.407,21 euros será del 2,8%. Pero la cosa cambia, sin embargo, en términos absolutos. En el primero de los casos, los contribuyentes se ahorrarán de media 4,42 euros –36 céntimos al mes–, mientras que en el segundo el beneficio será de 507 euros, cien veces más. En el tramo intermedio, el que va de los 17.707,21 hasta los 33.007,20, el ahorro ascendería a unos 86 euros, siete euros mensuales.

 

Ni Patrimonio ni Sucesiones ni Donaciones

 

La senda impositiva seguida por Ayuso choca de frente con las recetas que en plena crisis sanitaria y económica han puesto sobre la mesa algunos de los principales organismos internacionales. Es el caso, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su informe de monitorización fiscal del pasado mes de abril proponía aplicar a empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuyese a reducir la erosión fiscal y la desigualdad en plena pandemia. “Los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza”, decía el organismo.

 

Pero el actual Ejecutivo regional tiene bien claro el rumbo a seguir. Ese que se encargó de marcar hace algo más tres lustros Esperanza Aguirre y que se ha traducido en más de seis decenas de reducciones fiscales desde 2003, cuatro de ellas sobre el IRPF. Actualmente, en la Comunidad de Madrid apenas queda rastro de aquellos tributos que más preocupan a las clases altas. El de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99%. Es decir, que por una herencia de 800.000 euros –vivienda incluida– se tendrán que pagar menos de 2.000 euros, frente a los 81.000 de Castilla y León. Y el de Patrimonio, directamente, al 100%. Es decir, que uno de 1.000 euros pagará lo mismo que uno de 80 millones: cero euros.

 

Ley para defender la autonomía financiera

 

La OCDE puso el pasado mes de mayo el foco de forma directa sobre la política impositiva madrileña. "Paraíso fiscal interno", llegó a decir en un informe en el que sostenía que un impuesto de sucesiones, sobre todo si está dirigido a rentas altas, "puede ser una herramienta importante para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de riqueza". Justo antes de la pandemia, la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en Madrid era la más elevada de toda España. La comunidad acumulaba entonces dos tercios de los patrimonios superiores a 30 millones de euros. Más del doble que ocho años antes.

 

A pesar de todo ello, Ayuso tiene claro que ese es el camino a seguir. Y que defenderá sus políticas a capa y espada, por más que desde diferentes autonomías y desde el Ejecutivo central se juegue con la idea de una armonización fiscal. De ahí que haya puesto sobre la mesa la denominada Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, un texto que pretenden utilizar como dique de contención frente al establecimiento de unos determinados mínimos impositivos que se pretendan marcar desde Moncloa. Por el momento, el Gobierno madrileño está estudiando las alegaciones recibidas en el trámite de consulta pública para dar luz verde definitiva al texto a la vuelta del parón navideño.

 

Gratuidad de la educación para hogares con 140.000 euros anuales

 

La ultraderecha nunca puso limitaciones al Ejecutivo regional a la hora de bajar impuestos. Es más, presionó siempre que pudo para que se hiciera cuanto antes. De hecho, el acuerdo presupuestario suscrito por PP y Vox no recoge absolutamente nada en materia impositiva. Sí que lo hace, sin embargo, en cuestiones educativas. Así, ambos partidos han pactado incrementar los cheques/bonos educativos y el número de beneficiarios en todas las etapas no obligatorias –infantil de cero a tres años, Bachillerato y FP–. La idea, con aumentos anuales del 33% en la primera y el 25% en las otras dos, es avanzar hacia la gratuidad de todas estas enseñanzas.

 

El acuerdo para incrementar la partida presupuestaria vino acompañado de una ampliación de las rentas que pueden optar a este respaldo de la administración. Frente a los 25.000 euros per cápita en una unidad familiar fijado como límite de renta en la última convocatoria, ahora esa barrera se ha puesto en la media del PIB per cápita en la región: 35.000 euros por cada miembro, según explicaron desde Hacienda. Es decir, que en el caso de una pareja con dos hijos podrán solicitar la ayuda tanto los hogares en los que entren 20.000 euros al año como aquellos en los que entren 140.000 anuales.

 

Desde Podemos llevan días denunciando que este punto oculta realmente un desvío de 62,5 millones de euros –que es lo que costará la medida este curso– hacia los centros privados y concertados a través de estos cheques. Una medida que ven con buenos ojos en los primeros pero que no termina de convencer a parte de los segundos. "Menos es nada, pero lo que nosotros queremos en realidad es que Díaz Ayuso cumpla con su promesa electoral de ampliar los conciertos educativos", decía hace unos días en declaraciones a La Razón el secretario regional de Escuelas Católicas, José Antonio Poveda.

 

Como en materia impositiva, también en lo relativo a la educación concertada la presidenta regional ha seguido al milímetro la línea marcada por sus antecesores. En sus primeras cuentas públicas, el Gobierno de Ayuso ha previsto 1.164,6 millones de euros para los conciertos educativos –111,6 millones más, una subida del 10,6%, respecto a 2019–, frente a los menos de 900 millones que se dedicaban en la región allá por 2009. Y tampoco ha descuidado la privada. Desde que llegó a la Puerta del Sol, el Ejecutivo madrileño ha dado luz verde a la puesta en marcha de cuatro universidades de este tipo.

 

Incluso en la construcción de enormes infraestructuras ha recurrido a las fórmulas de la era Aguirre. La nueva Ciudad de la Justicia, ese proyecto a imagen y semejanza de aquel otro de nombre similar que ha terminado con la imputación de uno de los vicepresidentes del Ejecutivo regional, se levantará bajo un modelo de concesión, sello de identidad de los siete hospitales semiprivatizados de Aguirre. Es decir, la empresa –o empresas– que se hagan con el contrato asumirán la construcción, funcionamiento y mantenimiento y cobrarán un canon anual de la Comunidad de Madrid durante casi cuatro décadas, una especie de tasa que comenzará en los 50 millones de euros.

 

Se prevé que la gestora de la Ciudad de la Justicia pueda sacar un beneficio de 230 millones de euros. No es el único proyecto que se pretende impulsar bajo esta fórmula. También se ha planteado para la ampliación del Hospital Niño Jesús. En ese caso, se propuso que una firma asumiese la obra a cambio de construir en paralelo un aparcamiento subterráneo en el centro que poder explotar durante las cuatro próximas décadas.

 

https://www.infolibre.es/politica/ayuso-continua-politica-apoyo-clases-altas-pp-ensaya-madrid-decada_1_1214964.html

 

LA DERECHA VETA EN MADRID DAR COBERTURA LEGAL A LOS ALERTADORES DE CORRUPCIÓN COMO EXIGE BRUSELAS

 

La Asamblea rechaza, con el voto en contra del PP y la abstención de Vox, una proposición de ley para crear una agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción

 

Esta decisión impide que la región pueda equipararse a Andalucía, Baleares o Comunitat Valenciana, así como a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona

No habrá, por el momento, una norma antifraude en la comunidad autónoma de la Púnica, Gürtel o Lezo. Derecha y ultraderecha han impedido este martes con sus votos –un no de los primeros y una abstención de los segundos– que se pueda tramitar en la Asamblea de Madrid una ley para la creación de una agencia contra el fraude en la región y la protección de los denominados whistleblowers, aquellos alertadores que ponen en conocimiento de las autoridades prácticas corruptas con las que se topan en su día a día. Una cobertura que, precisamente, desde las instituciones europeas llevan exigiendo a los Estados miembro desde hace un par de años y en la que ya han avanzado algunas comunidades autónomas como Andalucía.

 

La proposición de Ley, registrada por Más Madrid, trataba de avanzar en la línea marcada desde Bruselas en materia de lucha contra unas prácticas que, según estima el propio Ejecutivo comunitario, cuestan a la economía europea 120.000 millones de euros. "Se pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la corrupción", se recoge en el texto. La oposición ha sostenido la iniciativa sobre la directiva europea a la que se dio luz verde hace algo más de dos años, un texto que nació al calor de revelaciones tan relevantes como LuxLeaks, los Papeles de Panamá o Football Leaks.

 

"Esta ley trata de igualdad, de democracia, de creerse las instituciones", se arrancó al comienzo de la tarde el diputado de Más Madrid Alberto Oliver, quien ha sido el encargado de defender la iniciativa desde la tribuna de oradores. Una intervención que, desde la grada del Parlamento regional, escuchaba con atención Ana Garrido, quien fuera directora de Juventud en el Ayuntamiento de Boadilla y una de las denunciantes de lo que luego terminaría denominándose caso Gürtel. Una de esas "personas honestas y honradas", en palabras de Oliver, que han visto cómo toda la "vida" que habían "construido" se terminó viniendo abajo cuando decidieron alertar de la existencia de prácticas corruptas.

 

Agencia Antifraude

La norma puesta sobre la mesa por la oposición tenía dos objetivos claros. El primero, la creación en la comunidad autónoma de una Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, un ente al que se atribuye, entre otras funciones, la "prevención e investigación de posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho". No es una ocurrencia. Organismos similares ya existen en Andalucía, Comunitat Valenciana, Cataluña o Baleares, así como en el Ayuntamiento de Madrid o Barcelona.

 

La directiva europea de octubre de 2019 recoge, justamente, la obligación de los Estados de establecer canales de denuncia externa "independientes y autónomos". De ahí, el planteamiento de la oposición de crear en la región una entidad con funciones de "inspección e investigación". "El personal de la agencia que tenga atribuidas funciones inspectoras y de investigación tendrá la condición de agente de la autoridad y los documentos que formalicen en los que se recojan los hechos constatados en el ejercicio de sus funciones servirán de prueba, salvo que se acredite lo contrario", apunta el texto.

 

Un compendio de artículos que regulan su funcionamiento contra los que se cargó con dureza desde la bancada conservadora. "Es la ley más inconsistente, chapucera, ilegal e, incluso, inconstitucional", dijo el diputado del PP Ignacio Catalá. El parlamentario hizo una intervención muy técnica. "Ustedes crean un procedimiento de alerta, que puede ser verbal, anónimo y sobre cuestiones delictivas. Esto ya es propio del Sebin –organismo de inteligencia de Venezuela–", sostuvo Catalá. La denuncia verbal también se contempla en la directiva europea. Y el anonimato en la recién aprobada Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía.

 

Una protección construida sobre las exigencias de Bruselas

La norma aprobada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla ha servido en parte de guía a Más Madrid para el diseño de su propuesta. Es más, no tiene problema en calificarla en su exposición de motivos como el texto "más avanzado" hasta el momento, un "salto de calidad" en la "integración" de los denunciantes de corrupción. Porque más allá de la Oficina Antifraude, el texto andaluz dedica un título entero a los alertadores –desde sus derechos hasta las medidas a adoptar para cubrirlos ante represalias–. Y ese es, justamente, el segundo pilar sobre el que se sostenía la norma registrada en la Asamblea autonómica por la formación que lidera Mónica García.

 

En este sentido, la proposición de Ley puesta sobre la mesa por la oposición contempla el derecho de los whistleblowers a recibir "asesoramiento legal", "asistencia psicológica gratuita", a que no pueda adoptarse durante la investigación "ningún tipo de medida o represalia" que le "perjudique" en su "situación laboral o personal", a que se acuerde su traslado a "otro puesto de similares características al que venía ocupando" y a no incurrir "en responsabilidad" respecto al acceso a la "información" denunciada siempre que dicho acceso no constituyera en sí un delito. Planteamientos que están recogidos en la directiva europea de hace un par de años.

 

"Quedan señalados quienes lo siguen permitiendo"

La izquierda trató de persuadir al bloque de la derecha para evitar que el texto quedara guardado directamente en un cajón. "La corrupción nace como un problema individual. No cabe hacer generalizaciones, salvo que la Asamblea se niegue a adoptar medidas para evitar que vuelvan a producirse estos casos", sostuvo el diputado de Más Madrid Jacinto Morano. Si hay cosas que no convencen, vinieron a decir desde los tres partidos del bloque progresista, dejen que el texto se tramite y presenten enmiendas. "Trabajar juntos y dotarnos de una buena herramienta para combatir la corrupción. Quedan señalados quienes lo siguen permitiendo", señaló el diputado socialista Diego Cruz.

 

Pero no hubo manera. El rodillo de la derecha impidió que el texto pudiera iniciar su camino parlamentario. "No nos opondremos a su tramitación", dijo la parlamentaria ultra Ana Cuartero, quien señaló que desde su grupo no se iba a entorpecer una norma autonómica para proteger a los denunciantes de corrupción mientras se tramita una ley a nivel estatal sobre esta misma cuestión. Pero a la hora de votar, nada de decir sí, lo que hubiese permitido que la iniciativa fuese tomada en consideración. La extrema derecha, una vez más, prefirió ponerse de perfil. Vox se abstuvo. Y lo dejó todo en manos del PP: "Veamos hasta dónde llega su compromiso con la corrupción".

 

Y los conservadores se encargaron de rematar la jugada. "La normativa comunitaria persigue una armonización de estos procedimientos en todos los países, no la creación de 17 chiringuitos en las comunidades autónomas", se despachó Catalá. Horas más tarde, todo su grupo pulsaba el botón de no. Y la protección en la región de los denunciantes de corrupción quedaba guardada en un cajón. Una postura que contrasta con la que se vivió en esa misma Cámara hace justo un año, cuando por unanimidad todos los grupos dieron el visto bueno a la tramitación de un texto también centrado en los alertadores. Entonces, la iniciativa partía de Ciudadanos, su socio de Gobierno. Ahora, de la oposición. Y, ahí, la cosa cambia.

 

https://www.infolibre.es/politica/derecha-veta-madrid-ley-cubre-denunciantes-corrupcion-pesar-exigencias-bruselas_1_1214879.html

 

EL EJECUTIVO DE AYUSO ADJUDICÓ CONTRATOS POR MÁS DE 200.000 EUROS A UNA EMPRESA PRESIDIDA POR UN INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

 

La Consejería de Sanidad ha firmado durante la pandemia dos contratos con Zertem Grupo de Comunicación para campañas de concienciación relacionadas con el coronavirus

 

La empresa de publicidad se encuentra presidida por José Luis De Rojas Toribio, quien figura como investigado en la pieza de 'Púnica' en la que se indaga sobre la financiación del PP de Madrid

 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha adjudicado a lo largo de la pandemia diferentes contratos a una empresa liderada por uno de los investigados en el caso Púnica. En concreto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha otorgado de forma directa dos licitaciones a Zertem Grupo de Comunicación SL, encargos por los que la firma percibirá 236.415,85 euros. La compañía, según los datos que constan tanto en el registro mercantil –consultados por infoLibre– como en su propia página web, está presidida por José Luis de Rojas Toribio, un empresario de la comunicación que figura actualmente como imputado en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. "Se hizo por precio, la más económica de las ofertas", se limitan a decir desde el Gobierno madrileño.

 

La adjudicación más importante que consta en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid es de hace solo unas semanas. El 10 de noviembre, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, suscribía una resolución por la que se adjudicaba por la vía de la emergencia un contrato a Zertem para la elaboración de una campaña sobre medidas preventivas frente al coronavirus. "[La] transmisión comunitaria representa por sí misma un grave riesgo, que se verá potenciado con la inminente llegada de las fiestas navideñas y el invierno. [...] En este escenario, cobra especial relevancia la concienciación de la población", recoge la memoria justificativa asociada a la adjudicación.

 

El encargo gira alrededor de tres objetivos: informar a la población de las nuevas medidas que deban adoptarse, concienciarla de la importancia de seguir manteniendo las actuaciones sanitarias básicas de prevención e incrementar la eficacia de la campaña de vacunación. Para ello, se prevé una acción a través de medios offline y online –material gráfico en prensa, cuñas en radio o espacios publicitarios de treinta segundos para su emisión en televisión y soportes digitales–. Por los trabajos, para los que se han valorado "tres propuestas diferentes", la adjudicataria va a cobrar de la administración regional 188.015,85 euros, impuestos incluidos.

 

No es el único encargo que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha hecho a Zertem Grupo de Comunicación. El 29 de mayo de 2020, también por la vía de emergencia, la Consejería de Sanidad le adjudicó un contrato de 48.400 euros, IVA incluido, para unas labores idénticas: elaborar una campaña de concienciación una vez superado el primer azote de la pandemia. "Se trata de una empresa que cuenta con solvencia suficiente para el desarrollo de este tipo de servicio", recogía la resolución, en la que, a diferencia de la primera, la directora general de Salud Pública no especificaba si se habían solicitado varias propuestas y presupuestos. Algo que, a preguntas de infoLibre, tampoco ha aclarado Sanidad. "Se hizo por precio, la más económica de las ofertas", se limitan a decir.

 

Carat España y Miguel Ángel Rodríguez

La firma que se hizo con ambas adjudicaciones echó a andar hace justo una década. En concreto, comenzó sus operaciones el 23 de noviembre de 2011, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Lo hizo con un capital de 483.249 euros. Y con el siguiente objeto social: "Las inversiones en sociedades que supongan cartera de control y la adquisición de valores mobiliarios, todo ello por cuenta propia". La compañía arrancó con un abogado del Estado al frente. Meses después es José Luis De Rojas Toribio quien entra como consejero. Ahora, este empresario ocupa el cargo de presidente, según la información mercantil consultada por este diario.

 

De Rojas Toribio, señala su biografía en la página web de la compañía, desarrolló su carrera profesional en el mundo de la consultoría tras un breve paso por la banca de inversión. Pero en el año 2000 dio un giro a su vida, reorientándola hacia el mundo de la comunicación. Hizo carrera en la firma de comunicación Carat España, donde llegó hasta lo más alto. "Pinche o no pinche la burbuja financiera, para nosotros va a ser un componente importante de nuestro negocio", decía sobre la compra de parte de Net-Think en mayo de 2001, cuando era ya consejero delegado de la compañía.

 

 Según la información mercantil, el empresario empezó a ocupar este cargo a comienzos de siglo. Por aquel entonces, la sociedad estaba presidida por Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Según consta en su biografía oficial, la que figura en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, quien fuera secretario de Estado de Comunicación durante la primera legislatura de José María Aznar llevó las riendas de la firma entre 1999 y 2006. De hecho, aterrizó en ella solo cuatro meses después de abandonar su puesto como portavoz del Ejecutivo conservador. Y lo hizo con el aval del Ministerio de Administraciones Públicas.

 

De Rojas Toribio forma parte de la larga lista de investigados en el marco de la operación Púnica. En concreto, en la novena pieza, en la que se indaga sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El empresario, de hecho, se encuentra bajo la lupa de la justicia por el papel de Carat durante la campaña de la formación conservadora de cara a las autonómicas de 2011. Pero no solo eso. En el procedimiento judicial también se han escudriñado los trabajos de otra de las compañías que presidía durante aquellos años.

 

"Comida con Borja Sarasola y José Luis de Rojas"

En auto fechado el 2 de septiembre de 2019, el que consumó la entrada de la expresidenta Esperanza Aguirre en la relación de investigados en la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional señalaba que los responsables del PP madrileño habían convenido con otra de las imputadas –María Luisa de Madariaga– que para la "emisión de los acrósticos" que debía realizar la empresa El Laboratorio de Almagro, dicha mercantil "realizase a su vez la compra de medios y espacios para su difusión" a la sociedad Carat, "cuyo administrador participaba en la estrategia pactada para ocultar el gasto por la contratación de publicidad electoral, al sobrepasar su coste el límite de gasto que en tal concepto recoge la Loreg".

 

"Así, la sociedad El Laboratorio de Almagro emitió con fecha 20 de marzo de 2011 la factura nº 31000165 al PPCM –PP de la Comunidad de Madrid– por importe de 118.000 euros, recogiendo como concepto la compra de medios, pero como periodo de la prestación, los meses de enero, febrero y primera semana de marzo de 2011, anteriores a la convocatoria de las elecciones, ocultando de esta forma la naturaleza de gasto de campaña, lo que de nuevo permitió su abono desde la propia cuenta de funcionamiento del partido", continúa la resolución judicial.

 

El relato de hechos sitúa al exconsejero madrileño Borja Sarasola como "interlocutor" con los directivos de Carat "en la contratación de los servicios y emisión de los acrósticos" preparados por la otra firma. "Entre dichos directivos se encontraba el investigado José Luís de Rojas Toribio, quien asistió junto a la investigada Mª Luisa Madariaga –a la que sitúan como consejera delegada de El Laboratorio de Almagro– y Borja Sarasola a las reuniones planificadas. Todos ellos acomodarían los pagos por los servicios electorales y la ocultación de su verdadera naturaleza, por sobrepasar el gasto el límite legal permitido", sentenciaba el auto.

 

Uno de los correos incluidos en el informe de la UCO

 

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado a la causa a comienzos de 2019 realiza esas conexiones en base a correos electrónicos extraídos del buzón corporativo de María Luisa de Madariaga. "Comida con Borja Sarasola y José Luis de Rojas", reza el asunto de uno de los mail recuperados por el Instituto Armado.

 

No es el único. En su informe, la Guardia Civil también recupera otro mensaje enviado por quien sitúan como director de servicios al cliente de El Laboratorio de Almagro, Ignacio Olazabal. "Buenas tardes, José Luis. Esta tarde he hablado con Borja Sarasola y me ha pedido organizar una comida entre tú, Marisa de Madariaga y él para cerrar temas de la campaña. Marisa me comenta que ella tiene su agenda libre el lunes 24 o martes 25 de la próxima semana. ¿Cómo te van esas fechas? Por favor, confírmame cuando puedas, y así cerramos también la agenda de Borja", reza el correo, enviado a las 18.18 horas del 19 de enero de 2011.

 

Equmedia y la "deuda" de Alejandro de Pedro

El nombre del empresario de la comunicación también ha aparecido en el procedimiento en relación con los trabajos de la firma Equmedia XL. En concreto, el auto de septiembre de 2019 señalaba que el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria y Sarasola solicitaron al presidente de dicha empresa y a su directora general, De Rojas y Celia Caño, respectivamente, que "a cargo del presupuesto" del contrato de 4,25 millones –IVA excluido– del Canal de Isabel II con el que se había hecho Equmedia "asumiesen el pago de parte de la deuda" que la Comunidad de Madrid "mantenía" con Alejandro de Pedro, quien fuera director general de Eico y quien se habría encargado de hacer trabajos de reputación online para altos cargos de la administración regional

 

"De esta forma, y de forma encubierta, serían los fondos públicos los que sufragarían parte de la deuda por los trabajos personales realizados por Eico a los dirigentes del PPCM, señalados anteriormente. José Luis de Rojas Toribio y Celia Caño, atendiendo la petición realizada, simularon, desde julio de 2012, la contratación de publicidad a la sociedad Madiva, relacionada con una campaña de la empresa Generali Seguros y con una campaña del Ministerio de Defensa. Con dichos conceptos, y bajo la ficción de la inserción de banners con la publicidad, en los periódicos de Madiva, los trabajadores de la sociedad Eico fueron presentando facturas a la mercantil Equmedia, hasta la cantidad total de 55.660 euros", sostenía el juez en el auto.

 

"Perfectamente justificados"

La defensa del empresario de la comunicación ha mantenido durante el procedimiento que "todos los hechos" que se le imputan "han sido explicados" y están "perfectamente justificados", no acreditándose "ilícito penal alguno". Así, en el caso de Carat, su representación letrada sostenía en un recurso de finales del año pasado que "no se encontraban" entre las funciones de De Rojas "la de facturar o acometer los trabajos contratados con Carat" y que durante el primer trimestre de 2011 –el periodo en el que se contemplan alguna de las reuniones referenciadas por la UCO– se encontraba en una situación médica delicada.

 

Sobre el caso de Equmedia, su abogado puso también sobre la mesa un informe pericial en el que se concluía que si la firma se hizo con la licitación del Canal de Isabel II fue por "ser la oferta económicamente más ventajosa". Además, el estudio apuntaba que no se habían detectado "entre los registros de proveedores relacionados" con los concursos "facturas recibidas" ni de Alejandro de Pedro ni de "sociedades vinculadas a él".

 

"Queda constatado que ni don Alejandro de Pedro ni compañías vinculadas por una relación de socio, administrador o directivo de las mismas, ni las personas físicas con una relación de socio, administrador o directivo en las mentadas compañías, han participado en los concursos públicos adjudicados a Equmedia en los ejercicios de 2012 y 2013 por el Canal de Isabel II y la CAM", sentenciaba el informe aportado, que recalcaba la "ausencia de criminalidad" en el actuar del investigado.

 

Por el momento, la instrucción de Púnica podrá continuar hasta finales del próximo mes de enero, aunque el Ministerio Público ya ha dejado caer que no pedirá que se alarguen más las pesquisas. En el último año, el juez ha decretado dos prórrogas de la instrucción. La primera, en verano y por un plazo de tres meses. La última, por un periodo similar, el pasado 27 de octubre. Lo ha hecho en contra de lo que solicitaban algunos de los investigados. Entre ellos, De Rojas Toribio, que en ambas ocasiones pidió el sobreseimiento de la causa frente a él.

 

Este diario se puso en contacto con el empresario de la publicidad. Sin embargo, rechazó pronunciarse al respecto por recomendación de su abogado. "No puedo hacer ningún comentario porque está sub iudice y en un momento delicado, al final de la instrucción", explica amablemente De Rojas Toribio al otro lado del teléfono.

 

https://www.infolibre.es/politica/ejecutivo-ayuso-adjudico-contratos-200-000-euros-empresa-presidida-investigado-punica_1_1214129.html

 

LAS 3.700 IDEAS PARA MEJORAR MADRID QUE RECHAZAN DÍAZ AYUSO Y VOX

 

La apuesta de los socios presupuestarios por vetar enmiendas de la izquierda sin leerlas deja fuera de la cuentas inversiones en institutos, centros de salud...

 

Es jueves 2 de diciembre, y Mónica García, líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, estalla. “Han puesto un cordón sanitario a las enmiendas (parciales) de los grupos que representamos a un millón y medio de madrileños”, se queja en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea, donde PP y Vox han acordado vetar todas las ideas de la izquierda para sus Presupuestos. Da igual que no haya terminado el plazo de registro. No importa que eso implique que los dos socios deciden sin haber leído el contenido de las propuestas del resto de partidos. PP y Vox explicitan el veto negro sobre blanco en su acuerdo para sacar adelante las cuentas. “Están ustedes enfermos de sectarismo”, recalca la líder de Más Madrid. “Rechazan, sin mirar, un centro de salud en Las Tablas, un instituto en Parla, o una fábrica de automoción en el Sur”, lamenta. Y estalla la bronca en la Cámara.

 

Así, de un plumazo, el PP y Vox descartan las 3.711 propuestas para mejorar las cuentas que registran Podemos (1.655), Más Madrid (1.581) y PSOE (475). No hay otra razón que su origen: con la izquierda, ni a por una herencia. Da igual su contenido, que las enmiendas tengan alguna carga ideológica, o que sean totalmente utilitaristas. Se rechazan de plano.

 

El PP justifica que lo mismo ha ocurrido en el Congreso con sus enmiendas parciales a los presupuestos generales del estado. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aceptado solo una exigua minoría de las de sus socios parlamentarios: en el proyecto ha acabado incluida una de Ciudadanos.

 

En paralelo, Vox ha mantenido una posición radical, y hasta contradictoria, en los dos ámbitos de negociación. Primero, renunció a presentar enmiendas parciales al proyecto estatal, con el argumento de que eso es hacerle el juego al gobierno de Pedro Sánchez. Y luego, vetó que la izquierda presentara enmiendas parciales al regional, con el argumento de que así se impide que su influencia diluya el proyecto del gobierno de Díaz Ayuso.

 

Estos son los ejemplos de algunas de las 3.700 propuestas para mejorar Madrid que han rechazado los dos socios, resumiendo la polarización total de la política madrileña.

 

Más Madrid. Sin tasas en FP, luz en la Cañada Real. El partido de Mónica García propone eliminar las tasas de matriculación en los ciclos superiores de FP, construir un instituto en Arganda, San Fermín, Coslada, Rivas, Valdebebas o Valdemoro; centros de educación infantil y primaria en Tres Cantos; y múltiples infraestructuras para escuelas infantiles y de FP. Se plantea la construcción de residencias de mayores en Rivas, Móstoles o Madrid capital, y la de centros de salud en Fuenlabrada, Parla, Móstoles o Valdemoro; la creación de pisos de acogida para jóvenes LGTBI expulsados de su familia; o aumentar la partida que financia la renta mínima de inserción. Además, el partido que lidera la oposición apuesta por incrementar las estaciones de control de la calidad atmosférica para incluir a todos los municipios de más de 50.000 habitantes; hacer un inventario del amianto presente en la Comunidad; o mejorar la red eléctrica de la Cañada Real, donde no hay luz desde hace más de un año, por lo que también se pide comprar o ceder generadores eléctricos y paneles solares.

 

PSOE. Acabar con el drama de la línea 7B de Metro. El grupo de Juan Lobato ha presentado 476 propuestas con un valor total de 647 millones para cambiar las cuentas. De ese total, 141,5 millones se dedicaría a afrontar los problemas generados en el municipio de San Fernando de Henares por la línea 7B de Metro (que ha afectado a los cimientos de 200 viviendas, según el Ayuntamiento, obligando al derribo de varios edificios y al desalojo de 24 familias), además de a unificar las tarifas de transporte o a mejorar carreteras. El PSOE también propone emplear 123 millones para reducir la lista de espera quirúrgica o cumplir con la ley de salud bucodental, que en teoría permite que los niños de entre 7 y 16 años acudan al dentista gratis. Finalmente, los diputados socialistas proponían dedicar 60 millones a la construcción de centros educativos de primaria, secundaria y de formación profesional, “para paliar la falta de plazas públicas en la región, con miles de personas teniendo que asistir a plazas privadas”.

 

Podemos. Reapertura de las urgencias de atención primaria, inspeccionar pisos turísticos. El partido de Carolina Alonso reclama la reapertura inmediata de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que llevan cerrados más de 600 días (desde el 30 de marzo de 2020); dotar de más personal al SUMMA 112 y construir centros de salud; destinar un millón de euros a que trabajen más inspectores de pisos turísticos; crear un carril Bus-VAO en la carretera M-607 e infraestructuras educativas por toda la región; ampliar la red pública para educación de 0 a 6 años; y multiplicar la renta mínima de inserción. También se plantea que las retribuciones del presidente, vicepresidente y consejeros de Madrid no puedan ser superiores a los de sus homólogos del gobierno de la nación (lo que por ejemplo implica reducir el sueldo de Díaz Ayuso en 18.000 euros). O dedicar los fondos previstos para la tauromaquia que iban a ser transferidos a los ayuntamientos (100.000 euros) a la construcción del Memorial de Víctimas del Terrorismo aprobado por la Asamblea de Madrid.

 

Ninguna de esas propuestas verá la luz. La mayoría de PP y Vox se impondrá en los trabajos de la comisión para que no alteren un proyecto valorado en 23.000 millones de euros, y con un sello indeleble: los presupuestos son solo de los dos partidos de derechas de la Cámara.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-07/las-3700-ideas-para-mejorar-madrid-que-rechazan-diaz-ayuso-y-vox.html

 

EL GOBIERNO MADRILEÑO MANTIENE OCULTAS LAS DECLARACIONES DE BIENES DE SEIS ALTOS CARGOS

En el Portal de Transparencia sigue sin aparecer la información tributaria y patrimonial de cinco directores generales y un comisionado, a pesar de que algunos de ellos la presentaron hace meses, según ha podido comprobar este diario

 

No lo ha hecho aún el director general de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias, Fernando Prados, a pesar de que fue nombrado a mediados de septiembre y de que la normativa les da un plazo "máximo" de dos meses para presentar esta información

 

La Comunidad de Madrid sigue sin poner a disposición del publico todos los documentos sobre actividades, rentas y bienes que tienen obligación de presentar altos cargos y personal directivo cuando acceden al Ejecutivo. Según la información recopilada por infoLibre, este viernes continuaban sin constar en el Portal de Transparencia las declaraciones de media docena de representantes nombrados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses, a pesar de que el plazo que tienen para ponerlas a disposición de la Administración ya cumplió en todos los casos. En concreto, los dirigentes forman parte de las consejerías de Medio Ambiente, Economía y Hacienda, Familia, Administración Local y Sanidad. Algunos de ellos, como ha podido comprobar este diario, entregaron todos los papeles a tiempo, por lo que se muestran sorprendidos de que no consten en la plataforma. Otros, sin embargo, dicen que lo presentarán "en breve", con los plazos para hacerlo ya caducados.

 

La normativa regional establece que altos cargos y personal directivo deben remitir "a la unidad de transparencia" de sus respectivas consejerías cuando entran a formar parte del Ejecutivo una "declaración de bienes, actividades e información tributaria del último ejercicio" y aquella información sobre "actividades públicas y privadas para las que se les haya concedido la compatibilidad". Esto, recogido tanto en la Ley de Transparencia autonómica como en las "Directrices relativas al cumplimiento de las obligaciones documentales", es de aplicación tanto para la presidenta regional como para sus consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos o altos responsables de aquellos organismos autónomos y entidades públicas, entre otros. Y es algo que tienen que hacer "en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de efectos de su nombramiento".

 

A pesar de ello, en el Portal de Transparencia siguen sin constar todavía las declaraciones de bienes y actividades de seis máximos responsables del Gobierno de Ayuso vinculados a cinco consejerías diferentes. Una de ellas es la de Medio Ambiente. De ahí, aún falta la información de la directora general de Economía Circular, Cristina Aparicio, y del Comisionado para la Cañada Real Galiana, Markel Gorbea. Ambos, fueron nombrados por decreto del pasado 7 de julio, por lo que el plazo que tenían para poner sobre la mesa los papeles finalizaba la primera semana de septiembre.

 

Información presentada pero sin publicar

"Los dos lo han presentado, pero no lo han debido reflejar todavía en el portal", explican fuentes de Medio Ambiente. Este diario ha podido comprobar que, ambos responsables públicos hicieron entrega de la información reclamada. El 8 de septiembre, entró en los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos la de la directora general de Economía Circular. Gorbea, sin embargo, llegó algo más tarde. En concreto, a comienzos de noviembre, cuatro meses después de su nombramiento –a pesar de que el plazo máximo es de dos meses–.

Algo similar sucede en la Consejería de Familias. En el Portal de Transparencia aún no se ha hecho pública la declaración tributaria y patrimonial del director general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, Alberto San Juan Llorente, a pesar de que fue nombrado durante el Consejo de Gobierno del pasado 30 de junio. Desde el departamento muestran su sorpresa porque, exponen, quien ya ocupara ese mismo cargo durante el Ejecutivo de Cristina Cifuentes "entregó todos los documentos". "Debe haber un error", explican desde la consejería que dirige Concepción Dancausa. En concreto, según ha podido comprobar este diario, la información fue enviada en tiempo y forma: el pasado 23 de agosto.

 

"En los próximos días"

Este diario también se puso en contacto con Hacienda para interesarse por Belén García, directora general del Servicio Público de Empleo. En este caso, el nombramiento es mucho más reciente que los anteriores. Se produjo el 22 de septiembre. "Hace una semana se cumplieron dos meses. Su declaración de bienes se publicará en los próximos días. Ella viene del Ayuntamiento de Madrid y han estado publicando sus datos. No hay ningún problema", señalan desde el departamento de Javier Fernández-Lasquetty.

 

Mediados de septiembre era la fecha límite que tenía Alejo Miranda de Lara, director general de Inversiones, para cumplir con su obligación. Dos meses y medio después, en el Portal de Transparencia no hay ni rastro de documentos relativos a sus actividades, bienes y rentas. "Su declaración de bienes estuvo siempre colgada como director general en Sanidad. Al cambiar de consejería fue cuando se produjo el problema, que ya ha llamado para subsanar", explican a este diario desde la Consejería de Administración Local y Digitalización.

 

Presentar fuera de plazo

Hay nombramientos todavía más actuales de los que, sin embargo, ya puede consultarse toda esta información. Es el caso, por ejemplo, de Pedro Irigoyen, director general de Gestión Económico-Financiera y Farmacia, que fue nombrado a finales de septiembre.

 

Algo que contrasta, en el ámbito sanitario, con la ausencia de declaración tributaria y patrimonial del actual director general de Infraestructuras Sanitarias, Fernando Prados. Por el momento, quien fuera coordinador del Hospital Enfermera Isabel Zendal no ha presentado la información, a pesar de que los dos meses desde su nombramiento cumplieron el pasado 15 de noviembre. "La presentará en breve", señalan desde la Consejería de Sanidad.

 

https://www.infolibre.es/politica/gobierno-madrileno-mantiene-ocultas-declaraciones-bienes-seis-altos-cargos_1_1214629.html

 

 

AYUSO USA LA FESTIVIDAD DE LA CONSTITUCIÓN PARA REIVINDICAR A JUAN CARLOS I Y ATACAR A SÁNCHEZ

 

La presidenta de Madrid pide “generosidad” con el rey emérito, al que la fiscalía investiga por supuestas irregularidades

 

Solo un día después de que la fiscal general del Estado concediera otros seis meses de prórroga a los fiscales que investigan las supuestas irregularidades financieras cometidas por Juan Carlos I, Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado este viernes la ceremonia por la festividad de la Constitución que organiza la Comunidad de Madrid para reivindicar la figura del rey emérito. En contraste con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que reclama explicaciones al antiguo Jefe del Estado, la líder conservadora ha hecho una encendida defensa de su figura. Una vía más para confrontar con el secretario general del PSOE, que este viernes se ha convertido en la diana de los durísimos ataques de la presidenta regional ―”la libertad está en juego”, ha dicho Ayuso― y de los principales políticos populares presentes.

 

“Me he dejado a dos héroes, a los dos principales, a quienes les debemos el impulso primero y constante, valiente, imaginativo y decidido, que nos trajo la Constitución: el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía”, arranca Díaz Ayuso, vestida al completo de verde, todo un guiño monárquico porque ese color es el acrónimo de la frase “viva el Rey de España”. “Desde aquí, mi agradecimiento a los Reyes y el deseo de que se tenga con don Juan Carlos al menos un poco de la generosidad que él siempre nos demostró”, sigue. “Viva el rey, y viva España”, cierra.

 

Entonces estallan los aplausos, que rebotan contra las paredes recubiertas por los tapices rojos que se cuelgan en la Real Casa de Correos en las grandes ocasiones. Suena Estrella Morente, que desde el escenario lanza el torrente de su voz hacia el público, emocionante su canto, impactante la guitarra que la acompaña. Y nada de eso, sin embargo, logra tapar el ruido estruendoso de las críticas en las que se vuelcan desde primera hora los principales representantes del PP, que ven en el acto de celebración de la Constitución una oportunidad para atacar al presidente del Gobierno.

 

“El partido sanchista debería volver al bloque constitucionalista”, lanza el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que al llegar provoca un estruendoso grito de su compañera de gobierno, la vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs), porque las cámaras que persiguen al regidor casi la atropellan. “El partido sanchista está haciendo un enorme daño a España”, afirma.

 

“La Constitución se tiene que defender y reivindicar los 365 días del año, y eso no lo hace el presidente del Gobierno”, amplía Pablo Montesinos, vicesecretario nacional de comunicación del PP.

 

                                                      Díaz Ayuso corona la estrategia con mano de hierro en guante blanco. La presidenta de la Comunidad de Madrid pega sin mirar, atiza sin gritar y ataca a Sánchez sin mencionarlo ni una sola vez. Su discurso institucional es de lo más subjetivo, y describe una España rodeada de peligros, el fin de un ciclo, crisis sistémica, que vienen los hunos.

 

“La libertad está en juego”

 

“La libertad está en juego”, advierte Díaz Ayuso en su segunda frase de la mañana, cinco palabras como cinco cuchillos para alertar sobre un grupo “que no tiene buenas intenciones” en su propuesta de reformar la Constitución del 78 para “dinamitar el orden constitucional por la puerta de atrás” con “su labor de carcoma de las instituciones”. Y entonces comienzan sus críticas a Sánchez, nunca mencionado y siempre presente en el discurso de la presidenta de Madrid.

 

La primera: “Los socios del gobierno de la nación no asistirán el lunes a la celebración oficial del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados”.

 

La segunda: “Es incomprensible que el pueblo español tenga que soportar tanta ignominia”.

 

La tercera: “Lo es también [una ignominia] que no se sancionen los ataques a la libertad de expresión de los periodistas en el Parlamento como ha sucedido esta semana”.

 

La cuarta: “Una de las peores trampas ha sido la Ley de la Memoria, llamada ‘histórica’ primero, y ‘democrática’ después. Ahora, además, amenazan con una enmienda que pretende revisar la Ley de Amnistía de 1977. No se engañe nadie: el verdadero objetivo de estas leyes nunca fue Franco sino la Transición”.

 

Y la lista sigue. Todas esas críticas veladas a Sánchez las escuchan tres expresidentes regionales: Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón, y Esperanza Aguirre. Acuden también a la cita la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, junto a las principales autoridades de la región. Y todos ven cómo se pasa de reivindicar la Constitución de Almudena Grandes a reivindicar la Constitución de Juan Carlos I.

 

Lo primero lo hace Mercedes González, la delegada del gobierno, que recuerda que el cambio de los tiempos se puede medir porque el acto lo presidan dos mujeres, y luego se lanza a recordar a una tercera, fallecida la pasada semana y olvidada institucionalmente por las autoridades madrileñas.

 

“Termino recordando a Almudena Grandes, una madrileña insigne, digna de todos los reconocimientos, tomando prestada la belleza de sus palabras en su obra Las tres bodas de Manolita para definir el verdadero espíritu constitucional”, dice la socialista González. Y lee: “Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento”.

 

Lo segundo lo hace Díaz Ayuso, que mienta a Juan Carlos I, y a Felipe VI, antes de que el acto acabe al son del himno de España, que repiquetea mientras los políticos comentan en los corrillos todas las críticas que ha recibido Sánchez.

 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-03/ayuso-usa-la-festividad-de-la-constitucion-para-reivindicar-a-juan-carlos-i-y-atacar-a-sanchez.html

 

 

AYUSO CARGA CONTRA SÁNCHEZ EN UN ACTO INSTITUCIONAL Y LE ACUSA DE "DESLEGITIMAR" LA CONSTITUCIÓN CON SUS LEYES

 

La presidenta madrileña ensalza la figura del rey emérito durante el acto por el Día de la Constitución: "Deseo de que se tenga con don Juan Carlos al menos un poco de la generosidad que él siempre nos demostró"

 

Ayuso cree que el Gobierno pretende "dinamitar el orden constitucional por la puerta de atrás" con una "carcoma de las instituciones"

 

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este viernes un acto en la Puerta del Sol por el Día de la Constitución en el que no han faltado los ataques al Gobierno: ha acusado a la coalición PSOE-Unidas Podemos de hacer una labor de "carcoma de las instituciones", de "expulsar a la Guardia Civil o los símbolos de la nación de regiones enteras", de "pactar con los que quieren destruir España", de "polarizar artificial y constantemente a la sociedad", de "inventar agravios", de "atacar a la independencia judicial y a la dignidad de jueces y magistrados" y faltar "respeto al rey".

 

Precisamente la presidenta madrileña ha hecho una encendida defensa de la figura del rey emérito Juan Carlos I, al que ha llamado "héroe" y para el que ha pedido "al menos un poco de la generosidad", la misma, ha dicho, "que él siempre nos demostró".

 

"Me he dejado a dos héroes, a los dos principales, a quienes les debemos el

impulso primero y constante, valiente, imaginativo y decidido, que nos trajo la Constitución: el rey don Juan Carlos y la Reina doña Sofía, que hoy son magníficamente representados en su majestad Felipe VI. La corona ha sido principal defensor y garantía de nuestra Democracia.

 

Uno de los muchos valores que tiene nuestra Constitución de 1978, que hacen de ella algo excepcional, es que el Rey no intervino en ella, sino que dejó hacer a los constituyentes y aceptó el texto que consensuaron los partidos elegidos democráticamente, y luego ratificado en abrumadora mayoría por el pueblo español. Desde aquí, mi agradecimiento a los reyes y el deseo de que se tenga con don Juan Carlos al menos un poco de la generosidad que él siempre nos demostró".

 

Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado tiene abiertas tres investigaciones al rey emérito (AVE a La Meca, uso de tarjetas a cargo de un empresario mexicano y la cuenta en la isla de Jersey). Juan Carlos I se marchó de España en agosto de 2020, coincidiendo con las investigaciones abiertas por fiscales suizos y españoles sobre sus supuestos fondos en paraísos fiscales.

 

Al acto presidido por Díaz Ayuso en la Puerta del Sol no han asistido ni el líder del PP, Pablo Casado, ni el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

 

https://cadenaser.com/emisora/2021/12/03/radio_madrid/1638528814_395798.html

 

AYUSO SE ERIGE COMO LA FIGURA DEL PP QUE MEJOR RELACIÓN TIENE CON VOX

 

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid consideran que la presidenta se ha anotado un tanto político por las dificultades en otras administraciones para sacar adelante sus cuentas. Además, los Presupuestos le servirán a la mandataria madrileña para ejercer de "contrapeso" a los aprobados por Pedro Sánchez

      

Un "claro éxito político". Así conciben en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, el acuerdo anunciado este martes con Vox para que los Presupuestos salgan adelante. Se trata de un pacto con 13 medidas anunciado a primera hora por la formación ultraderechista liderada por Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid. Su firma aparece junto a la del consejero de Economía Javier Fernández-Lasquetty. Las cuentas aprobadas para 2022 son las primeras que llegan en gobiernos de relevancia del PP. Un hecho que confirma que Ayuso es una de las figuras de los populares que guarda mejor relación con Vox.

 

Desde el entorno de la presidenta madrileña, según destacan fuentes consultadas por Público, se fijan en el contexto nacional, con muchas otras administraciones en problemas para aprobar sus cuentas. Además, miran también al Gobierno de Pedro Sánchez. "Sus Presupuestos van en la línea contraria, son opuestos, con lo que nos podemos posicionar políticamente como una administración que hace de contrapeso al Gobierno de España", indican desde Sol. La proyección de la figura de Ayuso como líder estatal, eclipsando a su líder, Pablo Casado, vuelve a emerger.

 

El contexto en el que se llega a este acuerdo entre Vox y Ayuso llama la atención por las relaciones entre ambos partidos. Justo el mismo día del anuncio, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, celebraba un Pleno en el que se vislumbró la tensión actual. El alcalde de Madrid acusó al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, de "secuestrar a los madrileños" y pidió que "se siente" a negociar los Presupuestos de 2022 para la capital. Además, le reprochó su "matonismo político" y de chantajear con sus votos al equipo municipal. La negociación está bloqueada.

 

La situación en Andalucía, tras la crisis vivida hace unos días por la filtración de un audio comprometedor del vicepresidente, Juan Marín, está rota también. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sufrido su primera derrota tras la espantada de Vox, con quien sí pudo pactar, junto a su socio de Gobierno, Cs, las cuentas de los años anteriores. El horizonte electoral anticipado está cada vez más cerca, petición por cierto que la ultraderecha lleva realizando meses.

 

Tampoco la relación entre Vox y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es buena. La formación ultraderechista ha presentado una enmienda a la totalidad de los Presupuestos y PP y Cs negocian con el grupo parlamentario de Por Ávila. Con su apoyo, saldrían adelante. La aritmética parlamentaria actual en la región hace que Mañueco no tenga que depender obligatoriamente de Vox. El partido de ultraderecha, que también reclama elecciones hace meses, ha llegado a usar calificativos hacia el dirigente popular como 'progre' y de "hacer las políticas de la izquierda ahorrándoles el trabajo".

 

La excepción es el Gobierno de Murcia, donde Fernando López Miras, una vez salvada la famosa moción de censura que generó un terremoto político el pasado mes de marzo, cuenta con Vox como aliado. Las cuentas, eso sí, se han retrasado por cuestiones burocráticas unos meses y no serán aprobadas hasta el mes de enero.

 

Tampoco hay que obviar la distancia entre los dos líderes nacionales de PP y Vox. Casado y Santiago Abascal cambiaron su relación hace más de un año tras la moción de censura presentada por la extrema derecha contra Sánchez. Cierto es que la alianza natural no se ha roto pero se intentan evitar directamente. Ambos dirigentes coincidieron la pasada semana en una manifestación de policías contra la reforma de la 'ley mordaza', también con Cs. Una reedición de la famosa "foto de Colón" pero sin imagen conjunta.

 

Casado suele evitar referirse de forma explícita a Vox y no calificarlos como "populistas" para no romper puentes. Su antecesor en el PP, el expresidente Mariano Rajoy, le ha advertido, esta vez sí con nombre y apellidos, del "populismo" de Vox.

 

Las leyes LGTBi, a revisión, pero fuera de los Presupuestos

 

Entre las medidas acordadas por Vox y el PP para aprobar las cuentas públicas no se encuentra nada relacionado con las leyes LGTBi, una de las primeras exigencias de la fuerza ultraderechista. Pero eso no quiere decir que no se vayan a revisar fuera de este acuerdo. Lo anunció este martes el propio Lasquetty. "No las vamos a derogar bajo ningún concepto sino que se abre la opción de modificarlas para mejorarlas", apuntan desde Sol.

 

El acuerdo reduce el presupuesto de Telemadrid o favorece a los centros privados de educación mediante el aumento de cheques-guarderías, "una política que el PP lleva desarrollando muchos años en la región", recuerdan desde el equipo de Ayuso. "La negociación de Lasquetty ha sido bastante productiva y hemos llegado a acuerdos", insisten.

 

Llama la atención el tanto que se han anotado desde la ultraderecha en uno de sus campos de batalla preferidos: los menores extranjeros no acompañados. Monasterio y los suyos han hecho bandera en los ataques racistas a estas personas y la presidenta de la Comunidad les había afeado su actitud en varias ocasiones. Hace unas semanas les acusó de "sembrar miedo" con este asunto y en su momento criticó el cartel electoral en el Metro de Madrid en el que comparaba a estos menores con pensionistas.

 

Desde Sol no consideran que se haya cedido en esta cuestión, pese incluso a usar en el acuerdo el término "menas". "El acuerdo al que se ha llegado es hacer una auditoría, evaluar que la administración está realizando sus actuaciones de manera eficaz y austera desde el punto de vista de la gestión. La Comunidad de Madrid va a seguir cumpliendo con su competencia y obligación, pero abiertos a que se haga un estudio de si lo está haciendo de manera adecuada y gestionando de manera eficiente los recursos", explican desde Sol a este medio.

 

El equipo de Ayuso logra así sacar sus primeros Presupuestos adelante después de tres años. Los que había en vigor eran los prorrogados de la etapa de Ángel Garrido. Durante su primer año de mandato la justificación fue la inestabilidad política a nivel nacional. Y el año pasado, el problema fue la falta de entendimiento en el propio Gobierno regional. Sus diferencias con Cs lo impidieron.

 

El equipo de Ayuso logra así sacar sus primeros Presupuestos adelante después de tres años

El resultado del 4 de mayo cambió mucho las tornas en cuanto al papel de Vox, según señalan desde Sol. Ayuso solo necesitaba 4 abstenciones de los diputados de Monasterio. En este sentido consideran que los ultraderechistas han tenido que "bajar sus pretensiones" respecto a la etapa anterior a las pasadas elecciones. La Cadena SER hizo público este martes el acuerdo que tenían antes de que se convocasen las elecciones anticipadas. La diferencia en la influencia a nivel económico se nota, según dicho documento. Para el Gobierno madrileño, "una de las claves del acuerdo es que está en consonancia con el acuerdo de investidura" que firmaron para aupar a Ayuso a presidenta este año.

 

El bache de los contratos públicos

 

En medio de este proceso, un llamativo suceso hizo sospechar que la negociación podría fracasar. Fue un espejismo. El 11 de noviembre, el Pleno de la Asamblea de Madrid celebraba una sesión monográfica sobre la contratación pública durante la pandemia. Vox y el PP protagonizaron un duro enfrentamiento, agravado además por la expulsión de una diputada del PSOE de la cámara tras mencionar al hermano de la presidenta madrileña. La ultraderecha, que había sido impulsora del Pleno, se alineó con la izquierda protestando y dejando solos a los parlamentarios populares.

 

"Vox le ha regalado a la izquierda este pleno para desgastar al Gobierno", decían entonces desde Sol. En todo caso, Ayuso siguió con la mano tendida para sacar adelante sus cuentas. "Confiamos en que apoyen los Presupuestos y no los bloqueen junto a los partidos de izquierda", añadían. Y pese a la escenificación de aquel día y el ruido, así ha sido.

 

https://www.publico.es/politica/ayuso-erige-figura-pp-mejor-relacion-vox.html

 

 

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