CASO POLOP

LA JUEZ DEL 'CASO POLOP' ABRIRÁ OTRO SUMARIO CON LA TRAMA URBANÍSTICA 

La investigación judicial por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, acabará en dos sumarios. El primero, para investigar estrictamente el crimen, por el que ya hay siete encarcelados, entre ellos, el sucesor de Ponsoda en el cargo, Juan Cano, considerado como el autor intelectual del complot para controlar sin oposición el urbanismo del municipio. Y el segundo indagará la trama urbanística surgida en el pueblo y amparada por Cano, en su calidad de responsable del área de urbanística del consistorio. 

La magistrada del caso, la titular del juzgado número 2 de La Vila Joiosa, ha decidido deducir testimonio de las actuaciones practicadas para remitirlas a otro juzgado con el fin de iniciar otro procedimiento judicial para depurar responsabilidades de las numerosas irregularidades urbanísticas detectadas por la Guardia Civil. Así que la juez María Antonia Raedo llevará todo lo relacionado con el crimen y otro juzgado de La Vila, la investigación urbanística. 

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya solicitó a la juez el 3 de julio de 2008 que ampliara el procedimiento a la investigación de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios. 

Para esclarecer que el móvil fue urbanístico, la investigación de la policía se centró en la actividad que desarrolló la concejalía que dirigía Juan Cano y en los sectores especialmente conflictivos. De todo ello se deriva la sospecha de que hubo un enriquecimiento ilícito del arquitecto técnico José Vicente Martí, íntimamente relacionado con Cano hasta el punto de que cuando dejó de ser concejal en 2003, Martí y otro técnico del consistorio continuaron reuniéndose con Cano en su domicilio. 

Martí creó en 2002, estando en el Ayuntamiento, la empresa Urbanismo e Ingeniería (UEI) La Marina, con la que obligaron a trabajar a todos los agentes con intereses urbanísticos, ya que la misma aprobación de los proyectos dependía de sus informes. Sólo a los del sector llamado PRI Rotonda les llegaron a cobrar 82.576,92 euros.Las diligencias policiales sobre la trama urbanística que dirigía el ex alcalde de Polop Juan Cano y por la que éste acabó ordenando a dos sicarios la ejecución de su antecesor, Alejandro Ponsoda, copan el grueso del sumario. Las diligencias del caso, miles y miles de folios, ocupan ya un total de 30 tomos. 

La documentación más destacada en el apartado urbanístico recae sobre dos sectores de suelo catalogado como no urbanizable en el llamado PAU Matet, en la falda de la montaña del término de Polop. En el registro del despacho de Cano en el consistorio que efectuó la Guardia Civil el día de su detención, el pasado 23 de noviembre, apareció un plano con el avance de la modificación del PGOU de Polop para la inclusión de un nuevo sector de suelo urbanizable residencial y un procedimiento de tramitación del sector para su ampliación. 

El grupo Bahía de Benidorm compró 650.000 metros cuadrados en 2005 por 3.247.000 euros. Grupo Bahía, SL, y la familia Siscar de Polop presentaron un proyecto (en este caso de alrededor de 300.000 metros cuadrados) para urbanizar en Matet, que el pleno del consistorio rechazó, a pesar de las presiones que soportó Ponsoda. Ya en 2003, Román Zurutuza, abogado y presidente del Club Náutico de Altea, había presentado un convenio para urbanizar otros 700.000 metros cuadrados. 

La Guardia Civil estuvo esperando una reunión que se produjo el 21 de julio de 2008 en el Ayuntamiento en la que habrían estado Cano y Montiel por el consistorio, Pedro Agulló en representación de Bahía y el propio Román Zurutuza. Algunas conversaciones grabadas a Cano dejan al descubierto que estaban buscando fórmulas para eludir la intervención de la Generalitat, ya que en Polop no se puede reclasificar terreno si no está desarrollado el 60% del suelo urbanizable existente. Y cuando empezaron a tramar esta operación para construir miles de viviendas, en 2003, ni siquiera se había urbanizado un 10% de los sectores. 

Otro sector investigado en profundidad fue el que se adjudicó en agosto de 2004 a una Agrupación de Interés Urbanístico que animó a crear Ponsoda y que presentó su alternativa técnica contra Balcón de Ponoig, SL, la empresa a la que pretendía adjudicarle la condición de agente urbanizador Juan Cano, que luego ha retrasado la publicación del proyecto de reparcelación que presentaron los propietarios. Es más, le dijo a la presidenta de los propietarios que nunca se aprobaría. Sin embargo, la agrupación alquiló para sus reuniones un local propiedad de la mujer de Cano por el que pagaron casi 12.000 euros entre 2005, 2006 y 2007. 

La justificación dada por la responsable fue que con ese gesto intentaron limar asperezas con Cano, que aunque durante esos años no era concejal, mantenía su capacidad de influencia política en el pueblo. 

(www.elpais.com, 29/01/10)

LA TRAMA DEL 'CASO POLOP' TANTEÓ A OTROS SICARIOS ANTES DE CONTRATAR A LOS CHECOS 

La trama que urdió el mortal complot contra el alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, tanteó el mercado negro de los pistoleros a sueldo antes de realizar el encargo a dos sicarios checos, según consta en las diligencias del sumario. Precisamente, estos contactos preliminares del grupo de asesinos, que encabeza Juan Cano, sucesor en el cargo de Ponsoda, fue la primera pista sobre la que giraron las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

Según las diligencias judiciales, el entorno de la trama contactó inicialmente con dos pistoleros a sueldo. Estos dos sicarios, ahora testigos protegidos de la investigación, solicitaron unos 100.000 euros por ejecutar el asesinato. Los confabulados lo consideraron caro y buscaron a otros. 

Finalmente, los confabulados, que celebraban sus macabras reuniones en un reservado del prostíbulo Mesalina, a las afueras de Benidorm, acabaron contratando a dos pistoleros checos. Estos aceptaron el encargo por la mitad del dinero que exigían sus sanguinarios competidores. Uno de ellos era antiguo trabajador, como portero, del lupanar Mesalina. El segundo también fue portero en locales de prostitución de la comarca de La Marina Baixa. 

Los dos sicarios que aceptaron tirotear a Ponsoda no disponían ni tan siquiera de armas. Las pistolas, siempre según las diligencias del sumario, se las proporcionó Raúl Montero Trevijo, un narcotraficante de La Vega Baja. Éste, que acaba de aceptar una condena de siete años de cárcel por tráfico de drogas, fue el primer arrestado por el asesinato de Ponsoda. La detención de Montero se produjo el pasado 3 de noviembre en su domicilio, en Albatera. 

La declaración de Montero fue clave para los otros seis arrestados por el crimen. El narcotraficante confesó a la policía el lugar donde se urdió el complot (el club Mesalina ) y las personas que asistían. Tras Montero, los agentes arrestaron a un empresario del calzado de Polop, al dueño y al gerente del club Mesalina y a los dos pistoleros checos. La última detención, el pasado 23 de noviembre, fue la del ahora ex alcalde, Juan Cano, como autor intelectual del asesinato. La juez ha enviado a los siete a prisión. El Ayuntamiento de Polop solicitará personarse en calidad de perjudicado en el sumario por el asesinato del alcalde Alejandro Ponsoda, ocurrido el 18 de octubre de 2007. El anuncio de la personación lo realizó ayer la actual alcaldesa, María Dolores Zaragoza, del PP. La regidora, no obstante, declinó avanzar los detalles del "supuesto perjuicio" al consistorio, aunque este extremo estaría relacionado con los motivos urbanísticos que llevaron a la trama a ejecutar a Ponsoda. Por otro, lado la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, confirmó ayer que la investigación por el crimen "sigue abierta". 

La regidora Zaragoza explicó que su intención es que esta personación sea aprobada en el próximo pleno municipal con el apoyo de los otros dos partidos con representación, los independientes de Gent de Polop (GdP) y el PSPV-PSOE. Zaragoza resaltó que el sentido último de la personación estará en función de "1o que haya en el procedimiento judicial", sin especificar si sería por el asesinato de Ponsoda o por las consecuencias económicas que el móvil urbanístico podría haber acarreado a las arcas municipales. 

La investigación policial del crimen de Ponsoda sacó a relucir otro entramado urbanístico, liderado por el autor intelectual del asesinato, el ex alcalde Juan Cano. Juan Cano había sido concejal de Urbanismo entre 1995 y 2003, año en el que fue homologado el Plan General de Polop, que reconocía 11 sectores urbanizables en 7 millones de metros de su término municipal. Pero en las elecciones de 2003 fue apartado de la lista del PP porque unos meses antes llegó a la dirección provincial del PP una grabación (que está incorporada al sumario) en la que el mismo Cano, siendo regidor, solicitaba dinero a un empresario a cambio de la concesión de unos permisos. Entonces Cano se alió con Joaquín Montiel, otro concejal, para obtener en 2004 la dirección del partido en la localidad, lo que le sirvió para volver a ser concejal en 2007 y recuperar el control del urbanismo, aunque la mayoría de los sectores ya habían sido adjudicados en su ausencia. El sucesor de Ponsoda ha aprovechado su paso por la política para conseguir incrementar exponencialmente su patrimonio y mejorar progresivamente el nivel de vida familiar. Mientras Cano figuraba en 2007 en la titularidad de 24 cuentas bancarias, su mujer lo hacía ya en 2006 en 25. En algunas de ellas recibieron ingresos idénticos de hasta 220.000 euros en anualidades diferentes, de empresas con fuertes intereses urbanísticos en Polop. El sumario recoge también ocho informes de la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de Cano y su mujer. 

El sumario del caso Polop está compuesto por una veintena de tomos y miles de folios. Las precarias condiciones de seguridad de la oficina judicial, el juzgado número 2 de La Vila Joiosa, han llevado a la magistrada a depositar una copia de seguridad de las diligencias en un banco. La magistrada levantó el secreto del sumario el lunes. Han sido 27 meses de secreto de las actuaciones. La juez ha ido prorrogando mes a mes el secreto sumarial en función de la evolución de la investigación. 

(www.elpais.com, 13/01/10)

EL ALCALDE DE POLOP REVELA DESDE PRISIÓN QUE DIMITIRÁ PERO SE NIEGA A IRSE DEL PP  

Resuelto el asesinato del ex alcalde popular de Fago, Miguel Grima -con la condena del candidato del PSOE Santiago Mainar- queda pendiente el otro gran crimen de actualidad vinculado a la política local: el del ex máximo mandatario municipal de Polop Alejandro Ponsoda, también del PP. Una historia truculenta que se ha cobrado de momento siete detenciones, entre ellas la del actual alcalde, Juan Cano, quien está en prisión provisional sin fianza desde el pasado 27 de noviembre como imputado en el asesinato de su antecesor. Uno de los efectos colaterales de la tragedia es la crisis de poder local y en la agrupación del Partido Popular, paralela a la conmoción vivida por el municipio. En parte tiene visos de resolverse.  

El alcalde Juan Cano ha expresado su voluntad de renunciar al cargo, según afirmó ayer su familia en un escrito remitido a los medios de comunicación. Su intención de dimitir "con el fin de no entorpecer la gestión municipal" la trasladó durante un encuentro que mantuvo con sus allegados el pasado 1 de diciembre en la prisión donde permanece ingresado, según el escrito hecho público ayer. Su familia ha hecho saber al consistorio de Polop la voluntad de Cano para que se vayan haciendo las "gestiones pertinentes". 

Los familiares de Juan Cano expresaron, además, su malestar con el PP y el Ayuntamiento de Polop porque, según lamentaron, "nadie le ha comunicado nada a él ni a su familia". "Somos los únicos que nos comunicamos con Juan para interesarnos por él", añadían, para advertir que, sin embargo, desde el consistorio y el partido "se han enviado mensajes a la prensa sobre la conveniencia de que dimita". De hecho, el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll, anunció el 27 de noviembre que su formación pediría a Cano su renuncia al acta de concejal para garantizar "la gobernabilidad" del municipio. 

La disposición a dejar el consistorio contrasta con su negativa de plano a renunciar voluntariamente a la condición de militante del PP, según indicaron fuentes del partido a Levante-EMV. Cano fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la madrugada del 23 al 24 de noviembre en su chalé de Polop acusado de haber participado presuntamente en el asesinato de Alejandro Ponsoda, cometido el 19 de octubre de 2007 en la pedanía de Xirles, donde el ex alcalde fue acribillado ante la puerta de su casa. Murió ocho días después en el Hospital General de Alicante. Unas horas después de la detención, la dirección regional popular decidió ir por la vía rápida y suspenderlo cautelarmente de militancia, después de que, según las citadas fuentes, Cano rechazó pedir la baja voluntaria. La mañana del martes 24 de noviembre, mientras Cano estaba en dependencias de la Guardia Civil, el presidente del comité regional de derechos y garantías, Juan Rodríguez Marín, anunció que se había decidido apartar a Cano del PP "a expensas de los resultados de la investigación".  

El órgano homólogo en Madrid, que preside Alfonso Fernández Mañueco, bendijo la propuesta, que se convertirá en expulsión o se devolverán los derechos de militancia en función de cómo se resuelva el caso. Se da la circunstancia de que el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, está, salvando las distancias casuísticas, en el mismo estatus de suspensión temporal de derechos como afiliado a raíz de su actitud de rebeldía contra la dirección nacional cuando se resistió a ser sacrificado por su implicación en el escándalo Gürtel.  

En su declaración ante la Guardia Civil, el todavía alcalde de Polop negó haber tenido ninguna relación con el asesinato de su predecesor. En la misma línea de negar la culpabilidad del aún alcalde se expresó ayer la familia en el comunicado público se pronunció ayer la familia de Cano al tildar de "falsas" las imputaciones y mostrar su esperanza de que en breve quede en libertad. 

(www.levante-emv.com, 11/12/09)

EL ALCALDE DE POLOP COMUNICA QUE RENUNCIARÁ AL CARGO  

El alcalde de Polop, Juan Cano, que desde el pasado 26 de noviembre permanece en prisión en calidad de imputado por el asesinato de su predecesor, ha expresado su voluntad de renunciar al cargo, según afirma su familia en un escrito remitido a los medios de comunicación.

Además, la familia sostiene que las imputaciones sobre Juan Cano son "falsas" y ha mostrado su esperanza de que en breve quede en libertad.

En un encuentro que mantuvo Cano con su familia celebrado el pasado 1 de diciembre en la prisión donde permanece ingresado, el alcalde comunicó a sus familiares "su deseo de dimitir con el fin de no entorpecer la gestión municipal", añade el escrito.

Esta voluntad ha sido trasladada verbalmente por los familiares de Cano al Ayuntamiento para que se inicien "las gestiones pertinentes al efecto de la renuncia solicitada" por Cano.

"Desde el Ayuntamiento y desde el Partido Popular se han enviado mensajes a la prensa" sobre la conveniencia "de que Juan Cano dimita, pero nadie le ha comunicado nada a él ni a su familia", recoge el escrito.

El presidente del PP en la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll, anunció el pasado 27 de noviembre que su partido pediría a Cano su renuncia al acta de concejal para garantizar "la gobernabilidad" del municipio. Asimismo, la familia del alcalde polopino subraya que "en todo este tiempo nadie del PP ni del Ayuntamiento se ha puesto en contacto" con ellos, "los únicos -añaden- que nos comunicamos con Juan para interesarnos por él".

Una juez decretó el pasado 26 de noviembre el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Juan Cano, en calidad de imputado por un supuesto delito de asesinato en relación con el crimen de su predecesor, Alejandro Ponsoda. La juez mantiene el secreto de sumario de la causa abierta por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas por el crimen a tiros de Ponsoda, fallecido en octubre de 2007. 

(www.levante-emv.com, 10/12/09)

CANO OBTUVO INGRESOS BANCARIOS DE PROMOTORES CON INTERESES EN POLOP 

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sospechó que el asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda, tiroteado a las puertas de su casa en octubre de 2007, escondía intereses urbanísticos. Y el principal sospechoso era Juan Cano, actual alcalde encarcelado por este caso. Tras las primeras indagaciones, la policía pidió un informe completo a la Agencia Tributaria sobre las actividades inmobiliarias, las operaciones de compra y venta, los movimientos bancarios y el incremento patrimonial del alcalde, su mujer y las empresas que manejaban. 

La Cadena SER informó ayer de que Cano era titular de 24 cuentas corrientes en 2007, 11 más de las que tenía un año antes. Su mujer, Carmen Berenguer, ya figuraba en la titularidad de 25 cuentas bancarias en 2006. Entre ambos manejaban cuatro empresas. Una de ellas ingresó importes idénticos en dos ejercicios consecutivos procedentes de una de las empresas que trabajaban en el pueblo. 

Cano fue el concejal de Urbanismo que aprobó la homologación del PGOU en marzo de 2003. Pero sólo tres meses después fue apartado por el PP de los puestos de salida. El PP recibió una grabación de un intento de extorsión de Cano a un empresario. Por esta razón también fue apartado Joaquín Montiel, actual edil de Turismo. Entre ambos controlan el partido tras ganar la asamblea local Montiel, que sigue siendo el presidente del PP en Polop. Sólo un mes después de dejar el acta de concejal, Cano y su mujer registraron al 50% la empresa Ofigest Services Costa Blanca, SL, cuyo objeto era ser agente urbanizador. Por delante tenían la adjudicación de 11 planes urbanísticos para construir en 7 millones de metros unas 10.000 viviendas para multiplicar por nueve la población. 

El negocio no debió irles mal, porque el 4 de abril de 2006 constituyeron otras dos empresas: Inversiones Puig Campana, SL, que tiene a Juan Cano como administrador único, y Cano Berenguer, SL, donde comparte cargo con su mujer, que ya disponía de la mercantil MST Líber, SL, con la que gestionaba una agencia de seguros y una inmobiliaria. 

Los ocho informes de Hacienda que forman parte del sumario secreto del caso Polop incluyen todos los movimientos de ambos cónyuges y la contabilidad de sus empresas. En ellos se descubren algunas operaciones comprometedoras a partir de 2005 con empresas que habían conseguido adjudicaciones en el municipio y con las que Cano habría negociado desde la dirección del urbanismo local. En los tres últimos años, la Agencia Tributaria ha detectado facturas de hasta 220.000 euros a cuatro empresas promotoras con intereses en Polop. 

Cano también hizo negocios con el ex concejal del PP Jaime Narbó, otro de los que han sido investigados. Narbó vendió tres parcelas compradas en 1999 por 60.101 euros. Una de naturaleza urbana de 5.153 metros fue vendida a la empresa urbanizadora Blau-Verd, SL, en noviembre de 2005 por 480.000 euros apenas dos semanas después de serle adjudicada a esta mercantil la condición de urbanizadora del sector 8 Teuleria-La Paz. Cano ejerció en la venta de representante del entonces concejal de Turismo Jaime Narbó, que ni siquiera se ausentó de la votación para la adjudicación del plan donde tenía terrenos en el pleno del 11 de noviembre de 2005. Las otras dos parcelas rústicas las había vendido en 2004 a su padre y a Juan Cano por 7.500 euros cada una. Ambos acabaron revendiéndolas también el 25 de noviembre de 2005 a Blauverd por 240.000 y 290.000 euros, respectivamente. Cano había ganado en un año y con una sola parcela 282.250 euros. Blau-Verd detenta además la condición de agente urbanizador de la unidad de ejecución número 1 llamada Nova Polop, de 2.300 viviendas.

Diversas fuentes han confirmado que Cano pretendía impulsar desde su concejalía la construcción de 5.000 viviendas fuera del Plan General en las partidas de Bacorero y Matet del término municipal polopino, tramitación a la que se opuso desde el principio Alejandro Ponsoda. Una más de las diferencias sobre la gestión urbanística que acumularon ambos munícipes. 

(www.elpais.com, 02/12/09)

EL PATRIMONIO DEL ALCALDE DE POLOP SE DISPARÓ CON EL CARGO 

El alcalde encarcelado de Polop no perdió tiempo para invertir en su patrimonio personal. Sólo a título personal y al margen de las dos sociedades que manejaba, Juan Cano, del PP, tiene cuatro locales comerciales, un garaje, un piso, el chalé donde residía y una participación en cinco parcelas entre La Nucia y Polop (Alicante). El valor de las hipotecas pendientes de pago a la CAM es de 585.445 euros. 

Nada más tomar posesión del cargo de concejal de Urbanismo, comenzó la carrera de Cano por acumular bienes. Sólo entre el 19 y 20 de junio de 1995, al poco de acceder al gobierno municipal, él y su mujer, María del Carmen Berenguer, compraron tres locales comerciales de 26, 37 y 100 metros cuadrados y una vivienda de 124 metros, con una carga hipotecaria de 110.201 euros, según recoge el Registro de la Propiedad. El 30 de marzo de ese año habían adquirido otro local de 100 metros con una hipoteca de 25.242 euros. 

En abril de 2004 escrituraron la casa donde viven con una hipoteca de 290.000 euros. El chalé, en la urbanización La Paz de Polop, tiene 487 metros de vivienda en tres plantas en una parcela de 727 metros. 

El último incremento patrimonial de Cano fue entre abril y junio de este año al comprar cinco parcelas de poco más de 1.000 metros en el paraje Torrent, entre La Nucia y Polop. Según el Registro de la Propiedad, Cano dispone de la propiedad del 25% de las parcelas, el concejal de Turismo Joaquín Montiel de otro 25%, mientras Jonia State, SL y Solera SL se repartían la propiedad de la otra mitad. Las parcelas fueron compradas mediante una hipoteca conjunta de 600.650 euros. 

El móvil que manejó la Guardia Civil desde el principio de la investigación para descifrar el asesinato del anterior alcalde, Alejandro Ponsoda, en octubre de 2007, fue el transfondo urbanístico. De la investigación del notable incremento patrimonial de Juan Cano y del concejal de Turismo Joaquín Montiel en su etapa como regidores han derivado las principales consecuencias. Además, ambos fueron grabados en 2002 pidiendo diferentes cantidades por realizar trámites urbanísticos. 

El alcalde de Polop es el séptimo detenido por el asesinato de su antecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda, que se fraguó en un club de alterne. Cano ingresó ayer en el centro penitenciario de Villena imputado de un delito de asesinato, según el auto dictado por la titular del juzgado de instrucción número 2 de La Vila Joiosa que lleva el caso. El todavía regidor se negó a prestar declaración. Su abogado, Carlos Ruiz Manero, justificó la estrategia de su cliente en que "a la vista de que el sumario es secreto y no sabemos qué se le imputa y de qué se le acusa, no declarará en tanto no se levante el secreto del sumario". 

(www.elpais.com,  27/11/09)

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