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CASO MONTROI

EL ALCALDE DE MONTROI SEGUIRÁ EN EL CARGO PESE A ESTAR IMPUTADO

El alcalde de Montroi, Antonio Polo (PSPV), anunció ayer en rueda de prensa que tiene "claro" que va a seguir en la alcaldía, pese a que el juez le haya imputado por la trama de corrupción urbanística de construcción de chalés ilegales, que deja ya, con él, 11 imputados.

Polo avisó, además, de que sólo dejará la militancia si el partido se lo pide, algo que de momento no ha ocurrido. El alcalde socialista habló el lunes con el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y con la secretaria provincial, Carmen Martínez, tras declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número uno de Picassent. Polo apuntó que le gustaría reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta o "personas dentro del partido", para dar su versión de los motivos que han llevado al juez a imputarle por prevaricación urbanística, omisión del deber de persecución de delitos y desobediencia.

El secretario de Política Municipal del PSPV, José María Ángel, adelantó más tarde que la reunión será el jueves y que a ella acudirán él mismo, Carmen Martínez y el propio alcalde de Montroi. Ángel matizó que la situación de Antonio Polo no es la misma que la de su predecesor, el popular Francisco Carrión, principal imputado, ya que éste "pertenecía a la trama" y Polo no, por lo que "primero", dijo, "le escucharemos con sosiego y prudencia, puesto que es un magnífico alcalde y lo ha demostrado". Ángel calló qué medidas podría tomar el partido, aunque no descartó que se suspenda de militancia al primer edil de Montroi.

El escándalo saltó el pasado tres de febrero. La Guardia Civil detuvo al ex alcalde de la localidad Francisco Javier Carrión por la concesión ilegal de licencias para construir 77 chalés en terreno rústico no urbanizable. Otros seis implicados, entre ingenieros, constructores, promotores y notarios, también fueron a prisión. Declararon ante el juez el viernes cinco de febrero, tras lo que este les permitió pagar una fianza y dejar el calabozo. Pasaron 10 días antes de que el juzgado de instrucción número uno de Picassent anunciase la nueva tanda de imputados, entre ellos el actual alcalde de Montroi.

Antonio Polo argumentó ayer que la presunta desobediencia que le imputa el juez se debe a un malentendido. La fiscalía le había solicitado los expedientes sancionadores abiertos por construir en terreno no urbanizable y Polo aclaró ayer que "no sabía exactamente" lo que se le solicitaba. El alcalde explicó además que su "intención" era cumplir con lo que le pedía el fiscal, pero que "Montroi es un municipio pequeño" y se trabaja más despacio. "Además", concluyó, "la fiscalía no había puesto fecha para entregar la documentación".

Antonio Polo también está imputado por omisión del deber de persecución de delitos, y es que cuando aún estaba en la oposición municipal y gobernaba el popular Francisco Carrión, en 2006, ya escuchó las primeras quejas sobre los 77 chalés ilegales construidos. Varios de los perjudicados por la trama de corrupción, la mayoría ingleses y alemanes que habían comprado un chalé ilegal sin saberlo, acudieron a él en auxilio y Polo les prometió hacer algo por ellos. Hasta ahora no ha hecho nada.

(www.elpais.com, 17/02/10)

TERRITORIO AVALÓ LAS CASAS ILEGALES DE MONTROY AL APROBAR EL PLAN GENERAL CUATRO AÑOS DESPUÉS DE CONSTRUIRLAS

Al ex alcalde de Montroy le costó, pero al final lo consiguió. Francisco Carrión logró que la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda aprobara el Plan General de Montroy cuatro años después de permitir que se levantaran más de 80 chalés en suelo rústico en la Canyà de la Murta. Los residentes siguen sin contar con luz, agua ni alcantarillado. Lástima que él ya no estaba de alcalde.

A vendedores, promotores y constructores, Francisco Carrión les aseguraba que la conselleria le apoyaría en su proyecto de convertir los terrenos rústicos de Els Mallars en una nueva zona residencial, como ocurrió con los Balcones de Montroy I y II. El procedimiento era similar. Primero se construye ilegalmente y luego se piden los permisos para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con la aprobación del nuevo PGOU, incluso se reclasificó suelo forestal junto a estas urbanizaciones para ampliarlas.

La Resolución es del 30 de mayo de 2007, y la directora general de Ordenación del Territorio declara "definitivamente aprobado el Plan General de Montroy", subsanadas las deficiencias señaladas en abril del año anterior, un mes antes de que Carrión dejara la alcaldía.

En la misma resolución se explica que las actuaciones más importantes del plan son "la clasificación del suelo urbano incorporando aquellas áreas urbanizables cuya urbanización se encuentra en ejecución". Es decir, se intentaba reparar el delito. Había que declarar urbanizables las zonas que ya estaban construidas para poder realizar la urbanización de un PAI (programa de actuación integrada).
De esta forma, se crearon "dos nuevos sectores de suelo residencial", les Valletes y la Canyà de la Murta. También se aprobó la "ampliación de la oferta de suelo para la vivienda de segunda residencia, planteando un nuevo suelo urbanizable junto a las urbanizaciones Balcón de Montroy I y II, y los dos sectores mencionados, les Valletes y Canyà de la Murta".

La conselleria seguía abriendo la manga al permitir ampliar en "zonas de reserva residencial en suelo no urbanizable" las áreas que presentaban asentamientos residenciales irregulares. Con ello, pretendía posibilitar su "desarrollo posterior" para su "urbanización y conexión con las infraestructuras básicas".
El problema es que el PAI sigue sin aprobarse y los residentes no están dispuestos a pagar los gastos de urbanización, que estaban incluidos en sus contratos cuando compraron los chalés. El alcalde y seis promotores fueron detenidos por ello.

(www.levante-emv.com, 15/02/10)

EL EX ALCALDE DEL PP DE MONTROY ABRIÓ UNA INMOBILIARIA ANTES DE DEJAR EL CARGO

El ex alcalde y actual concejal del PP de Montroy Francisco Javier Carrión abrió una inmobiliaria cuando aún presidía el consistorio a escasas tres puertas de distancia de la promotora Morarim, que construyó decenas de chalets ilegales en Els Mallars en suelo no urbanizable. La Guardia Civil registró el miércoles el ayuntamiento y detuvo al político y a los dos promotores, un empleado, el arquitecto, el aparejador y el constructor por delitos de prevaricación, estafa, falsedad y contra la ordenación del territorio.

El 1 de enero de 2005, con la promoción de Els Mallars vendida a residentes alemanes e ingleses por Morarim SL, el alcalde abrió las puertas de su inmobiliaria en el número 28 de la principal avenida del pueblo, en la calle Blasco Ibáñez. Promostudi 185 SL inició su actividad la víspera de Reyes con dos empleados para dedicarse a la promoción inmobiliaria.

En pleno "boom" urbanístico, Carrión vio pasar por su pueblo a muchos advenedizos, como uno de los promotores detenido, Guillermo A. P., quien aprovechó el momento, y cerró su tienda de muebles y decoración en Beniparrell para dedicarse a construir y vender casas. En su caso, el alcalde compaginó esta actividad con la de su oficio, el de electricista, pero a lo grande, con la empresa Carri Electric, que contaba con 14 empleados trabajando en una nave del polígono de Montroy. La empresa fue constituida en 1996 para dedicarse a las instalaciones eléctricas en general, instalaciones de redes telegráficas, telefónicas y televisión.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Picassent investiga si Francisco Javier Carrión realizó el cableado eléctrico de todas las viviendas de la urbanización que los ingleses llamaban Las Palomas a sabiendas de que se trataba de construcciones ilegales, ya que no tenían licencia. Seis años después carecen de calles, alcantarillado, agua potable y electricidad.

La investigación confirmará su afirmación ante la guardia civil el día que fue detenido, cuando dijo que Morarim le debe dinero, afirmación que debe ser cierta porque la nave está cerrada y sin actividad, y él mismo comunicó a los agentes que había despedido a sus trabajadores.

En un intento por legalizar esta situación, ya que el alcalde no se atrevió a darles licencia de construcción al tratarse de suelo no urbanizable, Carrión utilizó una treta muy común en la Comunitat Valenciana. El propietario pide licencia, no se otorga, se abre expediente sancionador y se impone una multa. El ayuntamiento cobra la sanción y deja que la ilegalidad se consolide por prescripción del delito urbanístico a los cinco años.

Se acababa de aprobar la nueva Ley Urbanística Valenciana de 2005 cuando el entonces alcalde de Montroy, Francisco Javier Carrión, propuso al Pleno "cobrar una tasa" por las construcciones ilegales. Fue aprobada por mayoría de votos socialistas y populares, excepto el del actual alcalde, Antonio Polo, que votó en contra junto con Unión Valenciana, aún socios del PP. Esta "tasa" era en realidad la multa que se imponía cuando se abría un expediente por infracción urbanística.

Al ser detenido en su domicilio, a preguntas de los agentes que realizaron el registro de su casa y de su empresa, Carrión aseguró que se había encargado de "sancionar a la empresa por lo que habían hecho". También insistió en que le abrió "expedientes sancionadores por las construcciones ilegales".
No obstante, el alcalde debía saber por sus técnicos jurídicos y urbanísticos que no basta con sancionar y cobrar la multa, sino que la ley obliga además a paralizar la construcción y a derribarla. La ley dice literalmente que el ayuntamiento está obligado a "restaurar el orden jurídico infringido y la realidad física alterada". Y añade que "ni el expediente sancionador ni la imposición de multas exonera a la Administración de su deber". Por lo que deberá ordenar "la suspensión inmediata de las obras".

O tal vez sí lo sabía y por ello Carrión, conocedor de que las viviendas nunca tendrían electricidad, abrió otra empresa hace tres meses en la nave industrial, Ledelectric-Importa, para producir energía eléctrica. Tal vez pretendía alquilar generadores eléctricos o instalar placas solares.

(www.levante-emv.com, 05/02/10)

DETENIDO EL EX ALCALDE POPULAR DE MONTROI POR PRESUNTOS DELITOS URBANÍSTICOS

La Guardia Civil ha detenido hoy al ex alcalde de la localidad valenciana de Montroi, el popular Francisco Javier Carrión, y a otras seis personas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación. El juez estaría investigando la construcción de unos 80 chalets edificados sin licencia en terrenos rústicos no urbanizables. La Guardia Civil ha realizado registros en el Ayuntamiento y en otros siete domicilios, y la investigación estaría centrada en la gestión durante la etapa de gobierno de Carrión.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el ex primer edil, que dimitió de su cargo en 2006 al no contar con el apoyo de la oposición en la aprobación de los presupuestos municipales, estaría involucrado en presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y otros pendientes de diligencias declaradas secretas. Ni Carrión ni los otros seis detenidos han pasado aún a disposición judicial.

Chalets en sureo rústico

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralte, explicó que los presuntos delitos procederían “de la anterior legislatura”, y estarían relacionados con la construcción de al menos 77 viviendas sin licencia en terrenos rústicos no urbanizables. Los chalets estaban destinados en su mayoría a compradores extranjeros, sobre todo británicos y alemanes.

Registros

La Guardia Civil ha practicado registros en el Ayuntamiento de esta localidad de unos 2.800 habitantes, y también en otros siete domicilios y en tres empresas de Valencia, Silla y Montroi. La investigación, que se encuentra bajo secreto, se centra en una trama en la que habrían participado al menos entre cinco y siete personas, varias de ellas relacionadas con la anterior corporación municipal.

No se dieron licencias

El actual alcalde de la localidad, el socialista Antonio Polo, reconoció que los chalets sobre los que se centra la investigación fueron edificados sin licencia, por lo que la consistorio “está intentando” desarrollar un nuevo Programa de Actuación Integrada (PAI) para regularizar la situación. Según declaró “no hay licencias de edificación, nunca se han dado”, por lo que hay que tratar de poner orden en dicha situación.

(www.elplural.com, 03/02/10)

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