Una trama empresarial desvió más de un millón de Aguas de Calpe

El máximo accionista de Obras Hidráulicas confirma la existencia del fraude

Una trama empresarial sirvió para desviar más de un millón de euros de unas obras de mejora en la red de abastecimiento de agua potable de Calp (Alicante) hacia un destino que, seis años después, todavía se desconoce y que está siendo investigado por un juzgado de Dénia.

El caso Aguas de Calpe estalló en 2004 cuando se supo que el Ayuntamiento de esta localidad había adjudicado a una antigua empresa dedicada al buzoneo, que se convirtió en la mercantil Obras Hidráulicas, el proyecto por un valor de 4,7 millones que, tras excluir algunos anexos, se redujo a 3,3. Los trabajos valían, en realidad, 1,7 millones, según la Universidad Politécnica, o 2,2 millones, según la Generalitat. La diferencia entre lo que pagó el consistorio y lo que costó la obra realmente desapareció.

El máximo accionista de Obras Hidráulicas, Francisco Artacho, y el concejal responsable de Aguas en Calp en aquella época, Juan Roselló, son cuñados. Roselló, que está imputado en la causa, es todavía edil de Calp y diputado provincial por el PP en Alicante; pero Artacho, que ha roto su silencio por primera vez, insiste en exonerarle de cualquier responsabilidad porque, según dice, en ningún momento le aportó información privilegiada ni intervino a su favor para que le adjudicara los trabajos.

El responsable de Obras Hidráulicas, que como Roselló está imputado, denuncia la existencia de una trama empresarial para desviar el dinero de las obras, pero afirma que es un estafado más. Artacho culpa de las irregularidades al administrador de su propia empresa, Jesús Lara Santamaría, y al subcontratista que ejecutó las obras, Salvador Ibarra. Les acusa de entregar dinero a testaferros y de orquestar la quiebra simulada de empresas que endosaron las cantidades recibidas de la firma municipal Aguas de Calpe a otras firmas ajenas a la obra.

Artacho ha roto un silencio de seis años para denunciar que existió una trama empresarial que defraudó el dinero de los trabajos de la renovación de la red de suministro de Calp. Insiste, no obstante, en que él no intervino en el fraude y se presenta como un estafado más. El máximo accionista de Obras Hidráulicas de Levante, la mercantil a la que en 2004 Aguas de Calpe adjudicó esas obras cuando su cuñado y diputado provincial del PP Juan Roselló era concejal del abastecimiento, asegura que ese presunto fraude se articuló de dos formas: desviando el dinero que Obras Hidráulicas recibió de la concesionaria del agua a tres testaferros que nada tuvieron que ver con las actuaciones, y a través de quiebras fraudulentas de empresas subcontratadas que endosaron las cantidades recibidas a otras firmas.

¿Y si Artacho era el máximo accionista de Obras Hidráulicas, cómo es posible que no supiera que la mercantil estaba desviando el dinero a hombres de paja? El empresario sostiene que supuestamente era el propio administrador de la firma, Jesús Lara de Santamaría, quien controlaba los movimientos bancarios de la misma y que, por lo tanto, sería el responsable de esa situación. "Yo no conozco a ningún testaferro", asegura Artacho. No obstante, añade que uno de los supuestos hombres de paja, Antonio Céspedes, estaba vinculado a la empresa Buzoneo IRD, la mercantil dedicada a repartir propaganda que el propio Artacho adquirió para reconvertirla en Obras Hidráulicas. "Pero yo nunca he tenido ninguna relación con Céspedes", asegura el cuñado del concejal popular.

El hecho de que con anterioridad a quedarse con la renovación de la red, Obras Hidráulicas se dedicara a una actividad tan peregrina como el buzoneo también ha desatado honda polémica, pero Artacho defiende la normalidad de esa operación: "Se trataba de comprar una empresa que no tenía en ese momento ninguna actividad para dedicarla a la obra hídrica, un campo en el que yo tenía gran experiencia". De ahí que niegue que recibiera las obras porque era cuñado de Roselló: "No tuvo nada que ver. Nosotros estábamos preparados para realizar el trabajo".

En su declaración ante el juzgado, Lara Santamaría también habló de esos testaferros, sobre los que el juez ha dictado una orden de búsqueda al no tener ningún dato para localizarlos. Lara coincidió con Artacho en situar a Céspedes en la órbita de Buzoneo IRD y añadió que otro de los supuestos testaferros, Raimundo Lozano, era "un pintor que fue cliente" suyo "hace muchos años", si bien aseguró desconocer si había tenido relación con Obras Hidráulicas. Es más, Lara aseguró que quien realizaba unos pagos tan extravagantes y, por lo tanto, tenía contactos con los testaferros era Artacho. Sin embargo, el abogado de este último, Francisco López, esgrime: "Mi cliente no ha hablado con ninguna de esas tres personas y enviaremos un oficio a todas las compañías de telefonía móvil del país para demostrarlo".

Este letrado asegura que hubo un segundo método para desviar el dinero: acusa a Montubo -a la que Obras Hidráulicas le subcontrató las actuaciones reales- de simular su propia quiebra, dejando de ingresar las cantidades que le entregaba la firma de Artacho y "realizando endosos cambiarios sin ingresos a una tercera empresa ajena a las obras provocando su propia descapitalización".

El administrador de Montubo, Salvador Ibarra, siempre había contado esta historia de otra manera: acusó a la firma de Artacho de adeudarle casi 700.000 euros y de no hacer efectivos cinco pagarés de 50.000 euros. Ibarra siempre se escudó en este argumento para justificar que no pudiera a su vez pagar los 240.000 euros que debía a otra subcontrata que realizó también trabajos en la red, Excagata, y que por esa deuda está personada en la causa como acusación particular. En cambio, Artacho arguye que Ibarra miente y que Obras Hidráulicas pagó a Montubo todo el dinero pendiente. Así lo demostraría un documento notarial firmado por ambas empresas y una sentencia que le daba la razón a la firma de Artacho en este contencioso, al asegurar que los pagarés sí se habían hecho efectivos, además de declarar a Montubo en rebeldía procesal al no personarse en la vista. Es decir, que, según Artacho, Ibarra cobró y deberá ser quien explique dónde está el dinero y por qué su firma se fue a pique.

Artacho relata que percibió las irregularidades a mediados de 2005, cuando vio "que se acababan las obras y no cobraba nada". Es más, argumenta que a él todo este asunto le ha costado dinero de su bolsillo. Ahora arremete contra los otros dos imputados que le habían implicado en el caso, Lara Santamaría y Salvador Ibarra. Éste último desveló que en febrero de 2004 Artacho le informó durante una feria en Zaragoza de que su cuñado les tenía "preparada una obra en Calp" antes de que la misma se adjudicara en marzo de aquel año. El familiar de Roselló admite que efectivamente esa reunión se celebró, "pero delante de otros empresarios que escucharon la conversación". Y asegura que no disponía de información privilegiada de su cuñado, "ya que desde 2001 todo el mundo sabía en Calp que esas obras se iban a realizar, era algo que estaba en la calle".

Artacho libra de culpa a Roselló: asegura que el edil no supo nada del fraude en todo el proceso y especifica: "He tenido varias empresas hídricas y nunca antes ni después volví a trabajar para una Administración gestionada por mi cuñado, ni en la Diputación de Alicante ni en el Ayuntamiento de Calp".

Otra cuestión es si las obras, adjudicadas por 3,3 millones de euros, estaban sobrevaloradas: así lo dijo la comisión de precios de la Generalitat, que aseguró que en realidad solo valían 2,2 millones, precio que la Universidad Politécnica de Valencia redujo a 1,7 millones. En cambio, Artacho mantiene que las actuaciones se ajustaron a su coste real y esgrime otros dos informes realizados por expertos universitarios que así lo atestiguaban. Uno razonaba que el criterio de la universidad valenciana podía ser incluso "delictivo". Artacho defiende que las obras "han dado un gran resultado", en contra de otro pronunciamiento de la Politécnica que alertaba de notables deficiencias en su ejecución.

www.elpais.es 25.07.10

El alcalde de Calp le sube el sueldo 10.000 euros a un asesor del PP Empleados que recibieron gratificaciones en enero

La crítica situación económica del Ayuntamiento de Calp no ha sido obstáculo para que el alcalde, Ximo Tur, del Bloc, y los concejales del PP y PSD decidieran aumentar el sueldo al gerente del Patronato de Turismo en 10.000 euros. Alberto Urbiola cobrará ahora 30.000 euros al año. Su cargo depende del edil del PP Juan Roselló, imputado en el caso Aguas de Calpe, del que es uno de sus hombres de confianza. Urbiola administró la promotora Explaiin Inmuebles que, desde febrero, controla su esposa. También dirigió la Radio Televisión de Calp.

El portavoz socialista, Luis Serna, denunció en el pleno de ayer este incremento salarial, que Tur justificó por el incremento de la carga de trabajo de Urbiola. Serna volvió a la carga afirmando que el pasado mes de enero el equipo de gobierno pagó gratificaciones a 88 trabajadores municipales. Tur replicó afirmando que Serna, cuando ocupó la alcaldía, mejoró los complementos de productividad a 500 trabajadores. La trifulca entre ambos concluyó cuando Tur ordenó a la Policía Local que desalojara al portavoz del PSPV amenazándole con llevarle a la fiscalía por resistencia a la autoridad.

El debate sobre gratificaciones se produjo después de que el gobierno local aprobara, tras dos intentos fracasados, la redacción de un plan de saneamiento para hacer frente a una deuda cercana a los 60 millones de euros. Hasta el concejal de Hacienda, Fernando Penella, advirtió que, a este ritmo, Calp está abocada a la catástrofe económica. Trabajar en el Ayuntamiento de Calp no tiene la misma rentabilidad para todos los funcionarios municipales. Sólo en el mes de enero, el gobierno local gastó más de 26.000 euros en complementos salariales extraordinarios que recibieron 88 trabajadores del personal laboral de las aproximadamente 600 personas de la plantilla. Aunque se trata de una práctica legal, es también discrecional: depende del criterio del ejecutivo local que preside el nacionalista Ximo Tur, también concejal de Personal. Si se extrapola la cantidad invertida en enero, al cabo del año este sobresueldo le cuesta a las arcas municipales unos 318.000 euros.

De estos complementos se beneficiaron durante aquel mes familiares de dos concejales del PP, funcionarios que realizan labores como secretarios de los concejales del gobierno local o que están vinculados a alguno de los tres partidos que lo componen -Bloc, PP y PSD- y trabajadores del personal laboral que ocupan un lugar destacado en el escalafón jerárquico del consistorio. Estos últimos reciben esta remuneración en algunos casos sólo por realizar el trabajo para el que han sido designados, pero en otras por horas extraordinarias. Hay casos en los que también tienen asignados otros complementos salariales.

El alcalde esgrimió un informe del interventor municipal que asegura que desde que accedió al poder en 2008, tras una moción de censura en la que derrocó al PSPV, no ha abonado ninguna gratificación a asesores circunscritos al personal eventual del Ayuntamiento ni a cargos de confianza. Sin embargo, los sobresueldos sí afectan al personal laboral -fijos o indefinidos no fijos-. Sobre estos últimos, Tur señaló que se están pagando desde hace años, incluida la etapa del alcalde socialista Luis Serna, y que están justificados ya que reconocen el trabajo extraordinario que realizan algunos funcionarios -el edil se refirió a la jefa de personal, quien ejerció como secretaria municipal accidental-, a trabajadores que han asumido una responsabilidad mayor de la que les correspondería -como el técnico que gestiona la Casa de Cultura- o a secretarios de concejales o del propio alcalde que soportan una notable carga de trabajo.

De cualquier forma, esta política de personal no agrada a todos los componentes del tripartito que gobierna Calp. El edil de Hacienda, el popular Fernando Penella, muy crítico con sus socios de gobierno, pidió en diciembre en el transcurso de una junta de gobierno que se anularan los complementos salariales para conseguir aplicar un plan de austeridad, pero su petición fue rechazada.

Entre otros trabajadores, en enero recibieron el complemento el intendente, con 400 euros, o la jefa de personal, con 513 euros. También la secretaria del portavoz del PSD, Antonio Romera, que sólo es auxiliar administrativa pero que, por su cargo al lado del concejal socialdemócrata, percibió 500 euros, la misma cuantía que el secretario del concejal del PP Pedro Jaime. En la nómina de trabajadores también se hallan la hija del portavoz del PP, Javier Morató, que por su puesto de cuidadora en la guardería ingresó una cantidad extra de 300 euros, así como una sobrina de Morató, con un complemento de 200 euros. El mismo emolumento recibió un peón que es hijo de la también edil del PP Lina Crespo.

Asimismo, en esta nómina está incluido un liberado sindical de UGT con 200 euros. El sindicato alega que este trabajador recibe esta cantidad de forma puntual cuando se ve obligado a hacer guardias de las que no está exento por su condición de liberado. Finalmente, también recibieron complementos en enero el secretario municipal en funciones y el director de la Radio Televisión de Calp, con 600 euros cada uno.

Empleados que recibieron gratificaciones en enero

Beatrice Bergsma Cuñarro. Plaza de auxiliar de secretaria, indefinida no fija. Complemento extraordinario de 500 euros. Secretaria personal del concejal del PSD Antonio Romera.

- Antonio Boronad Solivelles. Ocupaba la plaza de conserje del polideportivo. Complemento de 500 euros. Secretario personal del edil del PP Pedro Jaime.

- Manuel Eguilior Mestre. Fijo. Ocupa la plaza de intendente de la Policía Local de Calp. 400 euros de complemento extraordinario.

- José Manuel García Valenzuela. Fijo. Complemento de 200 euros. Militante del PP. Plaza de oficial de primera pero ocupa el puesto de confianza de encargado en Parques y Jardines.

- Mercedes Más González. Fija. Jefa de Personal. 513,60 euros de gratificación en enero.

- Clara Morató Mulet. Fija. Cuidadora en la guardería municipal. Hija del portavoz del PP Javier Morató. 300 euros de gratificación mensual.

- Fernando Pastor Torregrosa. Fijo. Enlace sindical del personal laboral indefinido no fijo del Ayuntamiento. Miembro de UGT. Liberado. 200 euros de complemento que recibe por sus trabajos extraordinarios de electricista.

- Modesto Martínez Muñoz. Fijo. Plaza de Peón de Jardines pero trabaja como oficial en Jardines. Es militante del PP. 200 euros de gratificación.

- Josep Llinares Zaragoza. Indefinido no fijo. Militante del Bloc en Calp. Cargo de confianza de director de la Casa de Cultura. Ocupa plaza de técnico de Cultura. 820 euros.

- Juan Antonio Revert Calabuig. Fijo. Plaza en Urbanismo. Secretario accidental. 600 euros de gratificación.

- Manuel Santas Piqueres. Indefinido no fijo. Plaza de auxiliar técnico en RTV Calp. Trabaja como director de la emisora. 600 euros de complemento extraordinario.

- Tania Segovia Hernández. Fija. Abogada de la Dona. En enero percibió 1.050 euros de complemento extraordinario.

- Remedios Tomas Soler. Fija. Auxiliar administrativa. Nombrada secretaria del alcalde. 1.200 euros.

- Blas Munera Crespo, fijo, Plaza de Peón. Hijo de la concejal Lina Crespo. Complemento extraordinario de 200 euros.

- Salima Parra Martínez, fija, puesto de auxiliar administrativo. Sobrina de Javier Morató. 200 euros de complemento

www.elpais.es 13.03.10

La juez imputa al cuñado de un edil del PP de Calp por unas obras

La juez que investiga el sobrecoste de las obras de renovación de la red de agua potable de Calp ha citado a declarar, en calidad de imputado, a Francisco Artacho Tellado, cuñado del concejal del Consistorio, Juan Roselló, del PP, también imputado por estos hechos. Las obras fueron adjudicadas por 3,5 millones de euros, pero un informe de la Universidad Politécnica tasó el valor real de los trabajos en 1,7 millones.

El familiar del concejal, incluido en la candidatura del PP para las elecciones del próximo día 27, es el propietario de la firma Obras Hidráulicas de Levante, empresa que mediante una subcontrata ejecutó las obras. La imputación de Francisco Artacho se produce a raíz de la declaración del representante de la mencionada mercantil, José Santamaría, el pasado 7 de febrero. Santamaría reveló a la magistrada que el dueño real de la empresa era el cuñado del concejal.

La adjudicación de las obras, sin mediar concurso público, se produjo en marzo de 2004 a la empresa Aguas de Calp. Dos meses más tarde está firma subcontrató el proyecto a la mercantil Obras Hidráulicas de Levante. Esta firma, hasta días antes de hacerse con la subcontrata, se dedicaba al reparto de publicidad mediante el sistema de buzoneo.

Además de Francisco Artacho, la juez ha imputado a José Alberto Mut Noguera, gerente de Aguas de Calp. La magistrada ha requerido a la empresa Aguas de Calp para que le remita el expediente completo de la contratación de las obras, incluidos informes, avales y subcontrataciones. Por último, la juez ha pedido a la CAM un informe de los titulares y movimientos de una cuenta que figura en la entidad a nombre de Obras Hidráulicas de Levante.

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