OPERACIÓN KITCHEN

 

LAS NOTICIAS 2021 hasta el 05.10.21


ÍNDICE

 

 FRANCISCO MARTÍNEZ, EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR: “EL MINISTRO ME DIJO QUE PIDIERA AL CNI INFORMACIÓN SOBRE BÁRCENAS”

 

COSPEDAL APELA AL "CARÁCTER SOCIAL" DE SUS REUNIONES CON VILLAREJO PARA SER EXONERADA DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS

 

COSPEDAL CALIFICA DE "SOCIALES" SUS CITAS CON VILLAREJO PARA INVESTIGAR A ARENAS O COMPROBAR SI RUBALCABA LE ESPIABA

 

COSPEDAL DEFIENDE A RAJOY EN KITCHEN: “NO HAY PRUEBA DE QUE SE COMUNICARA CON VILLAREJO”

 

BÁRCENAS SE ALINEA CON ANTICORRUPCIÓN Y PIDE REABRIR 'KITCHEN' APUNTANDO A RAJOY Y COSPEDAL

 

BÁRCENAS SE SUMA A LA FISCALÍA Y PIDE IMPUTAR DE NUEVO A COSPEDAL EN LA KITCHEN

 

LOS FISCALES ACUSAN AL JUEZ DE 'KITCHEN' DE PERMITIR CON SU INSTRUCCIÓN EL ÉXITO DE LA TRAMA CORRUPTA

 

LAS TRES PUERTAS DE KITCHEN QUE CERRÓ EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN Y QUE LA AUDIENCIA NACIONAL DECIDIRÁ SI VUELVE A ABRIR

 

LA FISCALÍA BUSCA MÁS PRUEBAS CONTRA COSPEDAL Y RAJOY EN EL ‘CASO KITCHEN’

 

EL JUEZ CERRÓ LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TELÉFONO DE RAJOY CUANDO AÚN FALTABAN DILIGENCIAS POR PRACTICAR

 

EL PSOE PIDE A LA AN QUE BUSQUE A LOS "PRINCIPALES BENEFICIARIOS" DE 'KITCHEN' Y APUNTA A RAJOY Y COSPEDAL

 

ANTICORRUPCIÓN REPROCHA AL JUEZ QUE EXCLUYA DE LA 'KITCHEN' LA "POSIBLE RESPONSABILIDAD DE RAJOY"

 

LA FISCALÍA APUNTA A "UNA POSIBLE RESPONSABILIDAD" DE RAJOY EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

 

LA FISCALÍA RECURRE CONTRA EL CIERRE DEL ‘CASO KITCHEN’ QUE EXCULPA AL PP DE RAJOY Y COSPEDAL

 

PODEMOS Y PSOE TAMBIÉN PIDEN AL JUEZ QUE IMPUTE A COSPEDAL E INVESTIGUE MÁS LA KITCHEN

 

LAS ACUSACIONES DE PODEMOS Y PSOE PIDEN AL JUEZ QUE SIGA INVESTIGANDO EL PAPEL DE COSPEDAL Y RAJOY EN KITCHEN

 

ANTICORRUPCIÓN SOLICITA QUE COSPEDAL VUELVA A SER IMPUTADA POR EL CASO KITCHEN Y SUMAN A COSIDÓ

 

LA FISCALÍA RECURRE CONTRA EL CIERRE DEL ‘CASO KITCHEN’ QUE EXCULPA AL PP DE RAJOY Y COSPEDAL

 

FERNÁNDEZ DÍAZ APUNTA AL PP DE RAJOY COMO RESPONSABLE DE LA KITCHEN

 

FRANCISCO MARTÍNEZ CRITICA LA "IRRACIONAL CONCLUSIÓN" DE EXCULPAR AL PP EN LA OPERACIÓN KITCHEN

 

EL NÚMERO DOS DE INTERIOR CON EL PP REPROCHA AL JUEZ DOBLE RASERO AL PROCESARLO Y EXCULPAR A COSPEDAL

 

EL COMISARIO MARTÍN BLAS PIDE LIBRARSE DE ‘KITCHEN’ ALEGANDO QUE SU «RECTITUD» HACE «INVEROSÍMIL» SU IMPLICACIÓN EN LA OPERACIÓN

 

LOS NEXOS DE CASADO CON LOS ENCAUSADOS POR ESPIAR A BÁRCENAS QUE LA EXCULPACIÓN DE COSPEDAL NO LOGRA BORRAR

 

LOS PRECEDENTES DE KITCHEN Y DE CÓMO VILLAREJO & CIA RENTABILIZAN UN CASO JUDICIAL

 

KITCHEN: EL PLAN PARA SALVAR A COSPEDAL DE LA PIEZA DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

 

EL PP AÚN NO SE HA LIBRADO DE LA 'KITCHEN': TRES JUECES TIENEN LA LLAVE PARA REABRIR LA INVESTIGACIÓN

 

EL ACOSO AL COMISARIO QUE DESTAPÓ A VILLAREJO Y SU ORGANIZACIÓN CULMINA CON SU PROCESAMIENTO EN KITCHEN

 

EL CIERRE EN FALSO DE KITCHEN Y LA EXCULPACIÓN DEL IBEX DESINFLAN EL CASO VILLAREJO

 

LA FISCALÍA PREPARA EL RECURSO PARA ACLARAR LA IMPLICACIÓN DEL PP EN EL ‘CASO KITCHEN’

 

CARPETAZO A LA KITCHEN DEL PP

 

EL JUEZ DE 'KITCHEN' ARCHIVA EL MISMO DÍA LA CAUSA CONTRA LA CÚPULA DEL PP DE RAJOY, CAIXABANK Y REPSOL SIN PRACTICAR PRUEBAS QUE PEDÍA FISCALÍA

 

UNA “MISIÓN” ORDENADA POR EL MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ

 

LOS FLECOS DE KITCHEN QUE LA ACUSACIÓN QUIERE INVESTIGAR

 

LA ACUSACIÓN POPULAR DE LA KITCHEN MUESTRA SU "SORPRESA" POR LA DECISIÓN DEL JUEZ Y ANUNCIA QUE LA RECURRIRÁ

 

EL PP SUSPENDE A FERNÁNDEZ DÍAZ DE MILITANCIA MIENTRAS PODEMOS HABLA DE "CORRUPCIÓN JUDICIAL" POR EXCLUIR A COSPEDAL

 

EL JUEZ PROPONE JUZGAR AL EXMINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ POR ORGANIZAR EL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DEL PP

 

EL JUEZ DESOYE A ANTICORRUPCIÓN Y CIERRA LA INVESTIGACIÓN DE KITCHEN EXCULPANDO A COSPEDAL

 

EL JUEZ RECHAZA PEDIR AL PP QUE IDENTIFIQUE EL NÚMERO DE RAJOY E IMPUTAR A IGNACIO COSIDÓ

 

LA POLICÍA CONCLUYE QUE EL “OBJETIVO ESTRATÉGICO” DE KITCHEN ERA “DESACTIVAR LA CAUSA JUDICIAL” CONTRA EL PP

 

LA UDEF CONFIRMA QUE BÁRCENAS FUE ESPIADO EN PRISIÓN POR LA KITCHEN

 

LA FISCALÍA CUESTIONA AL PERITO QUE AVALA A FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL ‘CASO KITCHEN’

 

MARTÍNEZ RECLAMÓ AL CNI INFORMACIÓN CUANDO INTERIOR TRATABA DE EXCULPAR AL PP DEL ‘CASO BÁRCENAS’

 

EL JUEZ PIDE VERIFICAR LOS SMS ENTRE RAJOY Y VILLAREJO SOBRE EL ESPIONAJE ILÍCITO A BÁRCENAS

 

EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR TILDA DE “ELUCUBRACIONES” LAS NOTAS DE VILLAREJO QUE LO INCRIMINAN EN KITCHEN

 

LAS NOTAS DE VILLAREJO CERCAN AL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR: “CHISCO PLANTEA LÍNEA DURA HACIA BÁRCENAS YA”

 

UNOS SMS DIFÍCILES DE RASTREAR Y UN SECRETARIO DE ESTADO QUE NUNCA HA VENDIDO AL PP, BAZAS DE RAJOY Y COSPEDAL EN 'KITCHEN'

 

EL JUEZ PIDE A VILLAREJO QUE DETALLE POR ESCRITO LOS SUPUESTOS TELÉFONOS A LOS QUE ENVIÓ A RAJOY MENSAJES SOBRE LA OPERACIÓN KITCHEN

 

VILLAREJO SUGIERE QUE EN SUS DIARIOS HAY DATOS QUE IMPLICAN A RAJOY EN EL ‘CASO KITCHEN’

 

VILLAREJO: "LA OPERACIÓN KITCHEN ES IMPOSIBLE SIN RAJOY"

 

CONJURA POLICIAL PARA SALVAR AL PP: QUITAR “PRESIDENTE”; PONER “PERSONA”

 

DE ‘LUIS EL CABRÓN’ A COSPEDAL

 

VILLAREJO ASEGURA QUE TAMBIÉN SE REUNIÓ CON COSPEDAL EN SU DESPACHO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

 

COSPEDAL, DE FAVORITA PARA LIDERAR EL PP A IMPUTADA POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS EN TRES AÑOS

 

COSPEDAL ACUSÓ AL GOBIERNO DE ZAPATERO DE ESPIAR AL PP UN MES DESPUÉS DE REUNIRSE POR PRIMERA VEZ CON VILLAREJO

 

EL EXJEFE DE GABINETE DE COSPEDAL LA DESMIENTE Y HABLA DE ENTRE OCHO Y DIEZ REUNIONES CON VILLAREJO

 

EL JUEZ PONE EN DUDA LA VERSIÓN DE LÓPEZ DEL HIERRO, MARIDO DE COSPEDAL, SOBRE SUS “FRECUENTES” CITAS CON VILLAREJO

 

LOS AUDIOS DE COSPEDAL ANTE EL JUEZ DEL ‘CASO KITCHEN’: “NO LO SÉ, NO ME ACUERDO”

 

COSPEDAL SE DESENTIENDE DE 'KITCHEN' Y NIEGA QUE EL PP TUVIERA INTERÉS EN HACERSE CON DOCUMENTOS DE BÁRCENAS

 

COSPEDAL ADMITE REUNIONES A SOLAS CON VILLAREJO EN LA SEDE DEL PP

 

COSPEDAL CONFIRMA QUE SU MARIDO LE PRESENTÓ A VILLAREJO PERO SE DESLIGA DE LA 'KITCHEN'

 

COSPEDAL DECLARA EN KITCHEN CON EL PP CERCADO POR EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN SOBRE GÜRTEL

 

COSPEDAL DECLARA EN KITCHEN: LAS AGENDAS DE VILLAREJO, LA GRABACIÓN EN GÉNOVA, SU MARIDO Y LOS SUBORDINADOS

 

EL JUEZ SE ADENTRA EN LA IMPLICACIÓN DEL PP EN EL ESPIONAJE DEL ‘CASO KITCHEN’

 

El EXJEFE DE LA UDEF ATRIBUYE AL PP LAS PRESIONES PARA BOICOTEAR LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA GÜRTEL

 

LA TRAMA KITCHEN REVELA EL CATÁLOGO DE MANIOBRAS DEL PP PARA TUMBAR SU MAYOR CASO DE CORRUPCIÓN

 

BÁRCENAS DICE QUE SU CHÓFER SACÓ DE GÉNOVA EL 'PEN' CON LA GRABACIÓN DE RAJOY QUE DEMUESTRA QUE CONOCÍA LA CAJA B

 

LA FISCALÍA PIDE A BÁRCENAS MÁS DATOS DEL SUPUESTO MATERIAL SENSIBLE QUE GUARDABA DEL PP

 

LOS COMISARIOS GONZÁLEZ, OLIVERA Y VILLAREJO OFRECIERON A LOS IMPUTADOS EN GÜRTEL ANULAR EL CASO POR 12 MILLONES

 

LA AGENDA DE VILLAREJO DE 2015: "LO QUE QUITARON A L.B [BÁRCENAS] ESTÁ EN EL DESPACHO DE GAGO [EN LA CÚPULA POLICIAL]"

 

EL JUZGADO INVESTIGA SI CARGOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS FORMABAN PARTE DEL OPERATIVO

 

COSPEDAL DECLARA EN KITCHEN CON EL PP CERCADO POR EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN SOBRE GÜRTEL

 

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL, LA HEREDERA DE LA ‘MOCHILA’ DEL PP

 

EL JUEZ DESCONFÍA DE OLIVERA: "LAS GRABACIONES CONTRADICEN LO QUE HA DICHO"

 

KITCHEN PP: EL PP AFRONTA LOS DÍAS FUERTES DE DECLARACIONES EN LA 'KITCHEN' ANSIANDO LA DESIMPUTACIÓN DE COSPEDAL

 

EL EXJEFE DE LA UDEF SE ALINEA CON VILLAREJO AL AFIRMAR QUE TODOS EN LA POLICÍA CONOCÍAN SUS NEGOCIOS PRIVADOS

 

EL EXJEFE DE LA UDEF NIEGA PRESIONES DE FERNÁNDEZ DÍAZ PARA TORPEDEAR LAS CAUSAS QUE AFECTABAN AL PP

 

EL EXJEFE DE LA UDEF ATRIBUYE AL PP LAS PRESIONES PARA BOICOTEAR LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA GÜRTEL

 

LA NOTAS DE VILLAREJO APUNTAN A QUE LA TRAMA KITCHEN GUARDÓ EN UN EDIFICIO POLICIAL DOCUMENTACIÓN ROBADA A BÁRCENAS

 

LAS AGENDAS DE VILLAREJO CONFIRMAN LA OPERACIÓN ILEGAL PARA SALVAR AL PP Y A RAJOY

 

“HAY QUE LOCALIZAR AL SUJETO QUE TIENE LOS AUDIOS”

 

KITCHEN, LA CORRUPCIÓN DEL PP PARA ESCAPAR DE GÜRTEL QUE ATENAZA A CASADO

 

BÁRCENAS ACUSÓ A SÁENZ DE SANTAMARÍA DE PARTICIPAR EN “LA OPERACIÓN PARA PROTEGER AL CAMARADA RAJOY”

 

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA UNA SEGUNDA KITCHEN PARA ESPIAR A BÁRCENAS DENTRO DE LA CÁRCEL

 

LA POLICÍA APORTA NUEVAS ANOTACIONES DE VILLAREJO QUE VINCULAN A RAJOY CON LA OPERACIÓN CONTRA BÁRCENAS

 

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL, LA HEREDERA DE LA ‘MOCHILA’ DEL PP

 

EL CHÓFER DESVELA LA CARA B DE KITCHEN: "ME PEDÍAN INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE AGUIRRE"

 

BÁRCENAS DETALLA EL SUPUESTO AUDIO DE RAJOY: “ME LO SÉ DE MEMORIA PORQUE ME LO HE OÍDO 800 VECES”

 

LA DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ DE MOROCHO, EL POLICÍA QUE SE NEGÓ A TAPAR LA GÜRTEL: “TRABAJAMOS EN UNAS CONDICIONES PENOSAS”

 

VILLAREJO, DÍAS ANTES DE KITCHEN: “CHISCO DICE QUE MIN. HABLÓ CON RAJ. Y TODO ES OK”

 

EL TOPO DE KITCHEN: “LAS VIGILANCIAS EN EL DOMICILIO DE BÁRCENAS ERAN CONTINUAS”

 

LAS CLOACAS DE INTERIOR: VILLAREJO FILTRA UN AUDIO DE 2009 EN EL QUE SE INCRIMINA JUNTO CON OLIVERA Y UN SOCIO PERO CON UN GAZAPO SOBRE PODEMOS

 

VILLAREJO ANOTÓ UN PLAN CON COSPEDAL Y SU MARIDO PARA AUPAR A JEFE DE LA POLICÍA AL ÚLTIMO IMPUTADO EN KITCHEN

 

MOROCHO RELATA CÓMO LE PIDIERON DEJAR A RAJOY FUERA DE GÜRTEL: "NO QUERÍAN QUE APARECIERA EN EL INFORME"

 

VILLAREJO, DÍAS ANTES DE KITCHEN: “CHISCO DICE QUE MIN. HABLÓ CON RAJ. Y TODO ES OK”

 

LAS 44 VECES QUE EL INSPECTOR DE 'GÜRTEL' CITA A RAJOY EN EL INFORME QUE LA CÚPULA POLICIAL DEL PP QUISO OCULTAR

 

FISCALÍA CREE QUE MANDOS IMPLICADOS EN 'KITCHEN' TIENEN MATERIAL INCAUTADO A BÁRCENAS

 

EL PP BORRÓ LAS CÁMARAS DE SU SEDE PARA OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B, SEGÚN LAS AGENDAS DE VILLAREJO

 

EL JUEZ IMPUTA AL COMISARIO OLIVERA POR SU SUPUESTA IMPLICACIÓN EN EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL

 

EL CASO KITCHEN CERCA A OTRO MANDO POLICIAL: EL JUEZ CITARÁ A JOSÉ LUIS OLIVERA, EXJEFE DE LA UDEF

 

INTERIOR QUISO METER AL POLICÍA DE CONFIANZA DE COSPEDAL JUNTO AL GRUPO DE AGENTES QUE INVESTIGABA AL PP

 

EL INSPECTOR MOROCHO, UN POLICÍA QUE SOBREVIVIÓ A LAS CLOACAS

 

EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE KITCHEN

 

"HAY QUE QUITAR YA" A LÓPEZ DEL HIERRO: AÑOS DE "PRESIONES" AL INSPECTOR CLAVE DE 'GÜRTEL' PARA SALVAR AL PP EN LOS TRIBUNALES

 

COSPEDAL CESA COMO SOCIA DEL BUFETE DE ABOGADOS CMS TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL ‘CASO KITCHEN’

 

LAS NOTAS DE VILLAREJO: “COSPE: APOYO A TOPE EN TODO. ME ENVÍA A ORTI CON 100 Y PROMETE 50 MÁS”

 

SEIS UNIFORMES PARA SALVAR AL PP: EL POLICÍA QUE INVESTIGA LA CAJA B SEÑALA ANTE EL JUEZ A LOS MANDOS QUE OBSTRUYERON EL CASO

 

EL PRINCIPAL INVESTIGADOR DE LA GÜRTEL RELATA AL JUEZ UN CÚMULO DE “ANOMALÍAS Y PRESIONES PARALELAS” PARA TAPAR EL CASO

 

EL INSPECTOR MOROCHO IMPLICA A FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL INTENTO DE APARTARLE DE LA INVESTIGACIÓN AL PP

 

EL POLICÍA QUE INVESTIGA LA CAJA B DEL PP SITÚA A FERNÁNDEZ DÍAZ AL FRENTE DE LAS MANIOBRAS PARA APARTARLE DEL CASO

 

EL INSPECTOR DE LA CAJA B DEL PP APUNTA A FERNÁNDEZ DÍAZ EN LAS MANIOBRAS PARA APARTARLE DEL CASO

 

EL JUEZ DEJA FUERA LA GRABACIÓN DE VILLAREJO A COSPEDAL EN GÉNOVA POR SER DE 2009 Y ANTICORRUPCIÓN INSISTE

 

EL JUEZ INVESTIGA SI EL PP Y LA CÚPULA POLICIAL DE RAJOY MANIOBRARON CON VILLAREJO PARA APARTAR AL INVESTIGADOR CLAVE DE LA CAJA B

 

LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL PONE EN JAQUE A CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO

 

COSPEDAL Y LÓPEZ DEL HIERRO, EL PARAPETO DE RAJOY ANTE EL ‘CASO KITCHEN’

 

EL PP NO EXPEDIENTA A COSPEDAL PORQUE NO ERA CARGO PÚBLICO CUANDO SE PRODUJERON LOS HECHOS POR LOS QUE ESTÁ IMPUTADA

 

LOS CUADERNOS QUE “PERMITEN INFERIR LA PARTICIPACIÓN” DE COSPEDAL

 

LA KITCHEN SERÁ EL CALVARIO JUDICIAL Y POLÍTICO DEL PP EN LOS PRÓXIMOS MESES

 

LAS IMPUTACIONES DE COSPEDAL Y SU MARIDO SACUDEN LA INVESTIGACIÓN EN EL CONGRESO DEL ‘CASO KITCHEN’

 

EL MATRIMONIO DE COSPEDAL-LÓPEZ DE HIERRO: LA ABOGADA POLÍTICA Y EL EMPRESARIO CON CONTACTOS

 

CASADO SE NIEGA A CONTESTAR A LAS PREGUNTAS SOBRE LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL

 

EL JUEZ IMPUTA A COSPEDAL Y A SU MARIDO, EL EMPRESARIO LÓPEZ DEL HIERRO, POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

 

EL JUEZ IMPUTA A COSPEDAL Y LÓPEZ DEL HIERRO POR LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

 

EL JUEZ ESTUDIA RETRASAR LAS DECLARACIONES DE VILLAREJO Y EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR HASTA QUE FINALICE LA COMISIÓN KITCHEN

 

LAS AGENDAS DE VILLAREJO APUNTAN A QUE RAJOY ESTABA INFORMADO DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS

 

EL CASO KITCHEN ENTRA EN ERUPCIÓN CON RAJOY Y COSPEDAL EN EL PUNTO DE MIRA DEL JUEZ Y DEL CONGRESO

 

EL JUEZ CITA A VILLAREJO A DECLARAR OTRA VEZ TRAS AFIRMAR QUE SE CRUZABA MENSAJES CON RAJOY

 

LOS TESTIMONIOS DE KITCHEN QUE CONDUCEN HASTA LA CÚPULA DE INTERIOR Y DEL PP

 

ANTICORRUPCIÓN PASA LA PELOTA AL JUEZ DE ‘KITCHEN’ Y NO VOLVERÁ A PEDIR LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL

 

NUEVAS NOTAS DE VILLAREJO CERCAN A COSPEDAL Y SU MARIDO: "AVISO SOBRE CONTACTO CON CHÓFER"

 

MARTÍN-BLAS PIDE AL JUEZ DE ‘KITCHEN’ QUE INCORPORE LAS AGENDAS Y DIARIOS DE VILLAREJO A LA CAUSA

 

ANDRÉS GÓMEZ GORDO: EL UNIFORME COMO NEGOCIO PARA EL POLICÍA DE COSPEDAL

 

EL SINDICATO DE LOS MANDOS LIBERA A UN JEFE DE LA POLICÍA POLÍTICA IMPUTADO EN KITCHEN

 

UN VIEJO TELÉFONO DEL MINISTRO DEL INTERIOR, CLAVE PARA INVESTIGAR SU IMPLICACIÓN EN EL ‘CASO KITCHEN’

 

LA INVESTIGACIÓN DE LA “OPERACIÓN KITCHEN” SEÑALA A COSPEDAL

 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS ENCARA EL CIERRE PENDIENTE DE UNA POSIBLE CITACIÓN DE COSPEDAL

 

LOS SIETE IMPUTADOS DE LA BRIGADA POLÍTICA FUERON PREMIADOS DURANTE EL GOBIERNO DE RAJOY CON UNA MEDALLA PENSIONADA

 

STAMPA ACUSA A LA FISCALÍA GENERAL DE DILATAR LA INVESTIGACIÓN CONTRA ÉL PARA DEJARLE FUERA DE ANTICORRUPCIÓN

 

STAMPA SE DEFIENDE TRAS EL ARCHIVO DE LAS INVESTIGACIONES QUE LE COSTARON EL PUESTO COMO FISCAL DEL 'CASO VILLAREJO'

 

LA NEGATIVA DE LA AUDIENCIA NACIONAL A EXAMINAR A FONDO EL MÓVIL DE FERNÁNDEZ DÍAZ DIFICULTA LA INVESTIGACIÓN AL EXMINISTRO EN KITCHEN

 

LA AUDIENCIA ANULA EL ANÁLISIS INTEGRAL DEL MÓVIL DE JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL 'CASO KITCHEN'

 

JAVIER IGLESIAS, ABOGADO: PISADAS DE 'EL LARGO' EN LA CARA OCULTA DEL PP

 

EL IMPUTADO EX JEFE DE ASUNTOS INTERNOS PIERDE DEFINITIVAMENTE EL JUICIO CONTRA INDA Y OKDIARIO

 

VILLAREJO PRESUMIÓ EN 2017 DE LOGRAR QUE COSPEDAL ABRONCASE AL MINISTRO DEL INTERIOR POR EL TRATO AL EXCOMISARIO

 

LA DECISIÓN DE JUNTAR TRES JUICIOS EN UNO ACELERÓ LA LIBERTAD DEL COMISARIO VILLAREJO

 

INTERIOR CERTIFICA GRAVES IRREGULARIDADES EN LOS FONDOS RESERVADOS PARA FINANCIAR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

 

EL JUEZ PIDE A ASUNTOS INTERNOS QUE RASTREE LOS CONTACTOS DE COSPEDAL CON VILLAREJO

 

FERNÁNDEZ DÍAZ ALEGA QUE SU MÓVIL CONTIENE INFORMACIÓN “MUY SENSIBLE” PARA IMPEDIR QUE LA POLICÍA LO ANALICE

 

DOS POLICÍAS CONFIRMAN AL JUEZ QUE CLONARON EL MÓVIL DE BÁRCENAS SIN CONTROL JUDICIAL

 

EL EXDAO EUGENIO PINO: "COSIDÓ LO SABÍA TODO" DE LA OPERACIÓN KITCHEN

 

GÓMEZ GORDO, ENTRE LOS COMISARIOS QUE HAN DISFRUTADO DE LAS VIVIENDAS GRATUITAS PARA POLICÍAS QUE ARP PIDEN ABOLIR

 

EL JUEZ INVESTIGA AL EX ‘NÚMERO DOS’ DE FERNÁNDEZ DÍAZ POR REUNIRSE CON UN COLABORADOR DE VILLAREJO QUE VENDÍA SECRETOS

 

EL CHÓFER DE BÁRCENAS DECLARA QUE INFORMÓ A COSPEDAL DEL ESPIONAJE A TRAVÉS DE UN ENLACE

 

VILLAREJO ANOTÓ EN SU AGENDA 28 MENCIONES AL MARIDO DE COSPEDAL EN MENOS DE UN AÑO

 

LUIS BÁRCENAS CONFIESA AL JUEZ QUE LE ROBARON UNA GRABACIÓN DE MARIANO RAJOY SOBRE LA 'CAJA B' DEL PP

 

LOS CUADERNOS SECRETOS DE VILLAREJO: “MUY RECEPTIVA COSPE. PENDIENTE DE SU RESPUESTA”

 

EL EXJEFE DE ASUNTOS INTERNOS NIEGA QUE ORDENARA SEGUIMIENTOS A BÁRCENAS EN EL MARCO DE LA KITCHEN

 

EL JUEZ APARTA DE KITCHEN DOS HORAS DE AUDIOS VINCULADOS CON LA OPERACIÓN CATALUÑA

 

LA GUERRA ENTRE COMISARIOS DESTAPA MÁS PRUEBAS DEL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS

 

LA GUERRA DE COMISARIOS VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL CON 'KITCHEN'

 

EL JUZGADO ELIMINA DE KITCHEN ACUSACIONES CONTRA EL COMISARIO MARTÍN BLAS

 

LA REUNIÓN DEL EMISARIO DE VILLAREJO CON EL EXNÚMERO DOS DE INTERIOR: "TENGO INFORMACIÓN DE RAJOY"

 

EL JUEZ PONE A DISPOSICIÓN DEL CNI UNA VEINTENA DE NUEVOS DOCUMENTOS DE VILLAREJO CON SECRETOS DE ESTADO

 

UN MANDO POLICIAL CONFIRMA UN SEGUNDO OPERATIVO DE VIGILANCIA CERCA DE LA CASA BÁRCENAS DURANTE LA ‘KITCHEN’

 

LA DETENCIÓN DE VILLAREJO PROVOCÓ UNA PROFUNDA PREOCUPACIÓN EN LA CÚPULA DE INTERIOR DEL MINISTRO ZOIDO

 

INTERIOR CONSULTÓ A LA TRAMA KITCHEN A QUIÉN PONER AL FRENTE DE LA UDEF: “UNO CON COJONES”

 

COSPEDAL SEÑALÓ A PACO MARTÍNEZ QUE TODO LO QUE HABLÓ CON VILLAREJO "ERA POR EL BIEN DEL ESTADO"

 

LOS ‘WHATSAPPS’ DEL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR SOBRE EL ‘CASO KITCHEN’: “SI GOBERNAMOS, LA JODIENDA DE LOS FISCALES PUEDE CAMBIAR”

 

FRANCISCO MARTÍNEZ CONFIABA EN QUE UNA VICTORIA DEL PP CAMBIASE "LA JODIENDA" DE LA FISCALÍA EN 'KITCHEN'

 

UN COMISARIO PIDE AL JUEZ DE KITCHEN QUE INVESTIGUE LA SALUD MENTAL DEL EXJEFE DE LA POLICÍA

 

INTERIOR MANTIENE EN SUS PUESTOS A TODOS LOS POLICÍAS EN ACTIVO IMPUTADOS POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

 

VILLAREJO ASEGURA QUE FRANCISCO MARTÍNEZ “COORDINÓ” EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

 

 


 

 

FRANCISCO MARTÍNEZ, EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR: “EL MINISTRO ME DIJO QUE PIDIERA AL CNI INFORMACIÓN SOBRE BÁRCENAS”

 

El ex secretario de Estado de Seguridad involucra al Gobierno de Rajoy en la maniobra para buscar los secretos que guardaba el extesorero

 

El Congreso reanuda la investigación de la Operación Kitchen

 

El Congreso de los Diputados reanuda el próximo martes 5 de octubre la investigación del caso Kitchen, una operación policial dirigida desde el ministerio del Interior para, supuestamente, robar documentación al extesorero Luis Bárcenas que pudiera ser comprometedora para el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy.

 

La comisión parlamentaria de investigación volverá a reunirse el próximo martes cuando se han producido algunas novedades relevantes en el caso. El juez instructor, Manuel García Castellón, considera que existen suficientes indicios de una operación policial ilegal para obstaculizar la investigación judicial sobre la corrupción del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy. El juez decidió procesar y sentar en el banquillo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su número dos y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios que participaron en una operación que usó a confidentes pagados con fondos reservados.

 

El número dos de Interior cuando sucedieron los hechos, Francisco Martínez, compareció por última vez ante el juez instructor el pasado 12 de julio de 2021. En esa declaración, Martínez detalló todos sus movimientos como secretario de Estado a partir de la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso el 1 de agosto de 2013. Ese día, con el Gobierno del PP a punto de caer acorralado por la corrupción que apuntaban los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS y la confesión del extesorero al juez, Rajoy pidió perdón por confiar en Bárcenas, al que nombró tesorero nacional del PP en 2008.

 

Martínez detalló al juez que un día después de aquella comparecencia, con Rajoy, su Gobierno y el PP, acorralados por las revelaciones de Bárcenas, el ministro le hizo un encargo: “El día 2 de agosto, lo que me dice el ministro [del Interior] es que es importante tener toda la información que afecte a cuentas y cuestiones que eran parte de los eventuales delitos del señor Bárcenas y que desde luego esas cuestiones no implicaban a nadie más del Partido Popular”.

 

Cuando Martínez recibe esa orden de su ministro, Jorge Fernández, han pasado casi cinco meses desde que la Audiencia Nacional investiga los papeles de Bárcenas, con la colaboración de los policías de la UDEF y con numerosa documentación procedente de comisiones rogatorias que detallan todos los pasos del dinero de Bárcenas en Suiza. Y aunque la investigación judicial está centrada en documentar y probar todos los delitos cometidos por el extesorero del PP, el Gobierno decide encargar al secretario de Estado de Seguridad una investigación especial sobre Bárcenas cuyos resultados nunca se pusieron a disposición del juez instructor.

 

Martínez continuó su relato al juez: “El ministro me dice que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo establezca una coordinación y que le diga a ese contacto que cualquier información que pudiesen tener la facilitase a la Policía porque entiendo que en ese momento la prioridad del Gobierno es conseguir toda la información sobre las cuentas y las actividades ilícitas del señor Bárcenas”.

 

El ex secretario de Estado de Seguridad, empeñado en la tarea de conseguir información sobre Bárcenas pese a que ese trabajo estaba judicializado desde hacía cinco meses, hace gestiones con el director del CNI, Félix Sanz Roldán, sin informar en ningún momento al juez del caso. “El ministro me dice que llame directamente al director del Centro Nacional de Inteligencia [Félix Sanz Roldán], que era mi interlocutor habitual en estos casos, y yo llamo al director del CNI siguiendo la instrucciones del ministro, tenemos una comunicación muy breve en la que él me dice que en fin, que eso no es parte de la inteligencia que ellos están captando pero que naturalmente si ellos tuviesen algún tipo de información sobre este asunto, pues lo pondrían a disposición de los investigadores, y que colaborarían como en tantas ocasiones colaboraba el Centro Nacional de Inteligencia con la Policía y con la Guardia Civil”. Martínez matiza tras este pormenorizado relato de hechos que todas aquellas gestiones fueron legales pese a hacerse a espaldas del juez que investigaba esos mismos hechos.

 

El ministro del Interior, Jorge Fernández, rechaza esta versión de los hechos y asegura que nunca dio órdenes para investigar al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

 

Las agendas del comisario jubilado sobre la conjura contra Bárcenas: “Chisco [Francisco Martínez] quiere plan para salir del caso L. B.”

La operación policial de espionaje a Bárcenas se inició en julio de 2013, según los documentos oficiales incorporados al sumario de este caso.

 

El 13 de julio de aquel año 2013, el comisario José Manuel Villarejo, que intervino activamente en la Operación Kitchen, apuntó en su diario. “CHISCO [apelativo con el que identificaba a Francisco Martínez] quiere plan estratégico para salir del caso L. B. Comida 14.30, restaurante Guetaria”.

 

El juez preguntó a Martínez por este apunte y el secretario de Estado respondió: “Eso responde a pensamientos y reflexiones del señor Villarejo, él mismo lo ha declarado así. Yo no tenía el más mínimo interés en tener un plan estratégico contra L. B. No he visto en mi vida a ese señor”.

 

La comisión parlamentaria que investiga el caso Kitchen se interrumpió cuando estaba a punto de comparecer Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha en los años que ocurrieron los hechos. El juez había decidido citarla como imputada ese mismo día. Tres meses después y tras oír su declaración, el instructor interpretó que no había indicios suficientes para sentar en el banquillo a la jefa política del PP e interlocutora del comisario Villarejo, uno de los policías que captó como confidente al chófer de la familia Bárcenas y le pagó mensualmente una cantidad de 2.000 euros procedente de los fondos reservados del ministerio del Interior. La imputación de Cospedal duró apenas tres meses.

 

La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto que ponía fin a la investigación y retiraba la imputación a Cospedal. En su escrito, la Fiscalía implicaba a la dirigente del PP en la operación Kitchen: “Otros indicios apuntan a que, de forma paralela, dirigentes del Partido Popular como María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro, habrían tenido conocimiento de la puesta en marcha y desarrollo de la Operación Kitchen, cuya responsabilidad penal en los hechos objetos de investigación está siendo dilucidada a través de diligencias de investigación muy recientemente practicadas, y sobre cuyo resultado resulta imprescindible practicar nuevas diligencias de corroboración”.

 

Aquella operación policial obtuvo escasos frutos. Todos los documentos robados a Bárcenas y su familia no agravaban las acusaciones que ya pesaban sobre el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy. La Fiscalía Anticorrupción resumió así la causa en el escrito con el que recurrió contra el fin de la investigación: “Las actuaciones practicadas han aportado sólidos indicios de los frutos obtenidos en el curso del operativo policial desplegado y conocido como Operación Kitchen, como la entrada en el estudio de Rosalía Iglesias Villar sito en la calle General Díaz Porlier número 32 de Madrid, donde el comisario principal Enrique García Castaño habría accedido sin autorización judicial en busca del material comprometedor para el Partido Popular o la descarga ilegal del contenido de dos dispositivos telefónicos pertenecientes a Luis Bárcenas ejecutadas por este comisario principal jefe de la UCAO”.

 

El comisario José Manuel Villarejo accedió a entrevistarse en la cárcel con un periodista de EL PAÍS y contó su versión sobre la operación policial Kitchen en la que participó desde el principio de una manera activa y a la que puso nombre (”cocina”, en inglés, porque el nombre del confidente era igual al de un famoso cocinero). Villarejo no solo se encargó de captar al colaborador principal del operativo, Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, sino que se encargó de pagarle durante meses por sus servicios con dinero de los fondos reservados. Y todo ese trabajo lo documentó, con recibís firmados por el confidente y con grabaciones de las conversaciones entre ambos para conocer los avances de la operación. Ese material probatorio figura en el sumario.

 

Lo que sigue son todas las respuestas que Villarejo dio a EL PAÍS cuando le preguntó por el caso.

 

Pregunta. ¿De quién fue la idea de la Operación Kitchen?

 

José Manuel Villarejo. Se le ocurrió a alguien del Gobierno. A mí me contratan en plan privado. Habían fallado todos los sistemas de acercamiento y de montar el tinglado y dijeron: ‘hay que avisar a Villarejo, que soluciona siempre los problemas’. Me avisaron y yo puse una serie de condiciones, como he declarado en el juzgado. Prueba de ello: que yo no participe activamente es que en los momentos nucleares a mí me apartaron, yo no soy el que entra en el despacho, el señor que entra en el despacho lo ha declarado. Lo mismo que ha declarado el que accede a los teléfonos. Yo estoy dentro de la cárcel, en teoría soy el inductor, y el autor material está fuera. Fíjese qué aberración jurídica, es como si el asesino confiesa y lo dejan en la calle, y el inductor…

 

P. ¿Fue una chapuza esta operación?

 

J. M. V. Era una chapuza por todo el equipo que habían montado, era impresentable.

 

P. ¿Y la idea original era del ministro del interior?

 

J. M. V. No. De mucho más arriba. Fernández Díaz no tenía capacidad de tomar una decisión de esa envergadura. Mucho más arriba.

 

P. Si se está refiriendo a Mariano Rajoy, sabe que no hay una sola prueba de eso que está diciendo en todo el sumario del caso…

 

J. M. V. Creo que sí las hay, lo que ocurre es que imagino que están esperando a que se cueza en su salsa. Estarán esperando el momento político oportuno. Me temo que sí existen pruebas y ellos lo saben. Él ha intentado buscar de alguna manera una solución, pero la única solución está en sus manos.

 

P. Usted habla en el sumario de una grabación de Bárcenas a Rajoy en el palacio de la Moncloa. ¿Existe esa grabación?

 

J. M. V. Igual sí. Bárcenas grabó a Rajoy… pero todo ese tipo de cosas…

 

P. ¿Pero usted ha oído esa grabación?

 

J. M. V. No. Yo no la llegué a oír porque cuando llegó la operación en sí no me dejaron, me engañaron aprovechando que yo estaba en el extranjero, en el Líbano, e hicieron la operación. Porque yo dije que quería una copia de todo lo que se encontrara porque yo ya había hablado con algunos jueces de la Audiencia Nacional y les había dicho: “si sale bien os doy una copia y vosotros veréis lo que hacéis”. Yo me he reunido con jueces y fiscales y les he contado cosas que oficialmente no quería que ellos supieran. Las charlas que yo tengo de la Kitchen con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional están… Otra cosa es que esté encriptado, como dicen ellos, y no quieren que salga… Pero a mí esa grabación nunca me la dieron, me informaron de que había.

 

P. ¿Quién filtró los documentos que le robaron a Bárcenas?

 

J. M. V. Esa decisión no fue mía, yo tenía otros planteamientos y por eso… Lo de la Kitchen está documentado que yo no tengo nada que ver en el sentido del tema. Lo que ocurre es que lógicamente me tendrán que acusar de algo, fíjese si es alucinante que la Kitchen en teoría la he preparado yo y en el Congreso se han puesto de acuerdo el PSOE e IU para que yo no vaya. Eso es una pantomima entonces, ¿no?

 

P. Pero ¿quién le dice a usted que hay que montar la Operación Kitchen para robarle documentos a Bárcenas?

 

J. M. V. Me lo dicen desde la señora Cospedal, hasta el ministro, el secretario de Estado…, el único con el que no hablo yo personalmente pero sí a través de intermediarios es con el señor Rajoy.

 

P. ¿De todo eso hay grabaciones que lo demuestren?

 

J. M. V. Creo que hay documentación, no lo sé. Yo he pedido una copia de todo lo que me contaron y no me la dan.

 

Un número de teléfono para implicar al presidente del Gobierno y otras pruebas

 

El comisario Villarejo cambió en mayo pasado la versión que dio a EL PAÍS —” con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios, es con el señor Rajoy— en su última comparecencia ante la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados. En esa intervención, Villarejo sorprendió a todos al explicar que se comunicaba con Mariano Rajoy a través de un número de teléfono que le facilitaron para ponerle al día de las novedades del operativo para robar documentación a Bárcenas.

 

Tras esta confesión, Villarejo facilitó al juez instructor del caso varios números de teléfono que, supuestamente, correspondían a sus contactos con el presidente Rajoy. La policía ha investigado ese número de teléfono y en un informe remitido al juez asegura que se trata de un número asociado a los teléfonos corporativos del Partido Popular. La investigación no ha profundizado más, pese al interés de la Fiscalía Anticorrupción por conocer el usuario de ese número.

 

Ese número de teléfono es la última prueba de las que se han presentado durante la investigación judicial para acreditar una operación policial que se hizo a espaldas del juez, sin ninguna cobertura legal, y cuyo objetivo, según el instructor y la Fiscalía, era ocultar pruebas que pudieran agravar la situación judicial del PP en relación con la presunta financiación ilegal de este partido.

 

Casi tres años de investigación judicial en una pieza separada del caso Villarejo han dado lugar a decenas de pruebas de una operación policial en la que participaron media docena de comisarios, decenas de policías (que hicieron seguimientos a la mujer de Bárcenas sin conocer el objetivo real de su trabajo), y con el supuesto conocimiento de los máximos responsables políticos del ministerio del Interior: Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. Las pruebas son, resumidas, las que siguen.

 

1. Registro al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En su teléfono móvil se halló un detallado informe sobre lo ocurrido que escribió el propio Martínez como una supuesta terapia psicológica que le recomendaron para superar el momento que atravesaba como consecuencia de la apertura de la investigación judicial. En esas notas, Martínez admitía que la operación se había hecho y responsabilizaba a sus superiores: “Recibí instrucciones muy concretas y tuve presión diaria para obtener y transmitir la información. A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesaba, pero escuché muchas veces de mi superior que era el asunto más importante que teníamos entre manos”. Para finalizar, Martínez reflexionaba sobre las causas que originaron una situación tan comprometida: “El desastre que supuso la detención del Yeti [apodo de Villarejo] lo provocó F. S. R. [Félix Sanz Roldán], entonces director del CNI) con pleno conocimiento de S. S. S. [la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría] y bajo la pasividad total de [Juan Ignacio] Zoido [entonces ministro del Interior], que no se enteraba de nada”. En ese registro del domicilio de Martínez también se intervinieron las actas notariales donde el ex secretario de Estado de Seguridad dejó constancia de los supuestos mensajes que le envió a su móvil el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidiéndole que se interesase por la operación policial que se había puesto en marcha.

 

2. Pago de fondos reservados del Ministerio del Interior. Recibos por 2.000 euros mensuales con la firma de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, aparecen en el sumario del caso. Corresponden a los pagos al confidente con dinero de los fondos reservados del ministerio del Interior que le hicieron el comisario Villarejo y el inspector Andrés Gómez Gordo, exasesor de Cospedal.

 

3. Grabaciones. El comisario Villarejo grabó sus conversaciones con el chófer de la familia Bárcenas durante los meses en los que este trabajó como confidente para el Ministerio del Interior. En esas conversaciones se delata el plan para sustraer documentación relevante al extesorero del PP.

 

4. Partes de seguimiento del espionaje ilegal. Los policías encargados de seguir durante meses a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, dejaron por escrito unos partes sobre los movimientos de su objetivo. Algunos de ellos explicaron al juez que ignoraban el objetivo perseguido con aquellos seguimientos, los agentes confesaron que se limitaron a seguir las órdenes que les dieron sin preguntar.

 

5. El juez instructor no conoció la investigación policial paralela de Interior. El Ministerio del Interior nunca puso a disposición del juez Pablo Ruz, que investigaba el caso Bárcenas, todo lo descubierto en la Operación Kitchen, según explicó al juez el inspector Morocho, principal investigador del caso a través de la UDEF.

 

6. Compra de ordenadores para facilitar información al ‘número dos’ de Interior. El comisario Enrique García Castaño relató al juez todas sus actividades dentro de la Operación Kitchen. Entre ellas, compró un ordenador para volcar en él toda la información robada a Bárcenas y que pudiera consultarla el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este lo negó. El recibo de la compra de ese ordenador está en el sumario.

 

7. 13 agendas del comisario Villarejo. Durante los años en que estuvo activo el operativo policial Kitchen, el comisario Villarejo apuntó en distintos cuadernos sus actividades diarias, sus charlas con distintas personas y sus citas. Esas agendas, incorporadas al sumario, cuentan una historia de la Operación Kitchen a través de distintos interlocutores, entre ellos el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

 

8. Declaraciones de los participantes en la operación policial. El espionaje a Bárcenas y a su familia para buscar los secretos que supuestamente guardaba sobre la financiación ilegal del PP fue corroborado en la Audiencia Nacional por algunos de los comisarios que participaron en la operación como Enrique García Castaño o José Manuel Villarejo, además de las explicaciones dadas por el confidente Sergio Ríos.

 

https://elpais.com/espana/2021-10-01/francisco-martinez-numero-dos-de-interior-en-el-gobierno-de-rajoy-el-ministro-me-dijo-que-pidiera-al-cni-informacion-sobre-barcenas.html

 

 

 

 

COSPEDAL APELA AL "CARÁCTER SOCIAL" DE SUS REUNIONES CON VILLAREJO PARA SER EXONERADA DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS

 

En su escrito por el que se opone a la reapertura de la causa afirma que sus reuniones con el comisario eran intrascendentes, aunque el juzgado ha probado que le introducía de forma subrepticia en la sede del PP

 

Cospedal niega la "trama política" en Kitchen, rechaza investigar el teléfono de Rajoy y miente sobre Bárcenas

 

La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha presentado junto a su marido, Ignacio López del Hierro, un escrito de 46 páginas ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha accedido la SER, por el que se opone a la reapertura de la investigación de la operación Kitchen reclamada por la Fiscalía Anticorrupción y a que vuelva a tener la condición de imputada en este operativo supuestamente sufragado con fondos reservados, para robar y destruir las pruebas que tuviera el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre la caja B de este partido o sus dirigentes.

 

Cospedal, después de elogiar la “brillante motivación” del juez instructor García Castellón para exculparla, censura los argumentos del Ministerio Público para mantener abierta la causa.

 

Sostiene que las reuniones que mantuvo desde 2009 con el comisario jubilado José Villarejo en la sede del PP eran intrascendentes y tenían un mero “carácter social” porque se limitaban a comentar la “actualidad política y judicial del momento” sin que el comisario le aportara novedad alguna que ella no conociera ya por los medios de comunicación. Sin embargo, esta pretendida vacuidad de esos encuentros contrasta con las precauciones establecidas por María Dolores de Cospedal para mantenerlos, porque enviaba a su coche oficial, con lunas tintadas, a recoger al comisario a la acera de enfrente en la calle Génova y lo introducía a continuación por el garaje de la sede nacional del PP, desde donde subía directamente por el ascensor hasta el despacho en el que ambos se reunían. De esta forma, Villarejo entraba en la sede de forma subrepticia y ni siquiera quedaba constancia de su asistencia en el libro de visitas del Partido Popular.

 

Este extremo fue corroborado ante el juez por el jefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, quien también admitió que hubo más reuniones de las “3 ó 4” que la exsecretaria general reconoció. En su escrito, Cospedal concede que Ortiz puede estar más cerca de la realidad al narrar que hubo entre “8 ó 9 citas” como mínimo y achaca el desfase y el posible fallo de memoria al “tiempo transcurrido”.

 

Rechaza investigar a Rajoy y al PP

 

 

El letrado de María Dolores de Cospedal rechaza la pretensión de la Fiscalía, que quiere investigar el posible teléfono del expresidente Mariano Rajoy con el que según Villarejo, ambos se intercambiaban mensajes sobre la marcha del operativo corrupto. En este sentido, descarta por inveraces las grabaciones que obran en poder del sumario, según las cuales “el Barbas” o “el Asturiano” Rajoy estaba al corriente de la investigación y añade que el comisario pudo obtener de fuentes abiertas el número de teléfono atribuido al expresidente que ha aportado al procedimiento.

 

Niega la evidencia

 

A juicio de la exsecretaria general, la justicia no debe investigar el “supuesto patrocinio político” del PP en la causa porque “no hay razones jurídicas para ello”. Y no hay razones, según el escrito, porque rechaza hasta las más sospechosas. Así, cuando Icíar de Castro, la asistente del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, le escribe “Te han engañado. No eres como ellos. Estoy absolutamente segura de eso. Fuiste leal y agradecido”, la defensa de Cospedal se pregunta “¿por qué el Ministerio Fiscal puede pensar que se está refiriendo a alguien del Partido Popular?”. Icíar de Castro escribió aquellos mensajes a Martínez después de que éste llamase “miserables” a Rajoy y Cospedal.

 

Miente sobre Bárcenas

 

La defensa de Cospedal también miente en su escrito cuando rememora las acciones del PP contra su extesorero, Luis Bárcenas. Afirma que “se le dio de baja como militante en abril del 2010”, pero según documentación bancaria del sumario en poder del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Bárcenas estuvo pagando la cuota de militante del partido hasta abril de 2013, tres meses después de que fueran descubiertas sus cuentas en Suiza, dos meses más tarde de que el diario El País publicase sus célebres papeles manuscritos y cuando faltaban menos de dos meses para el ingreso en prisión del extesorero.

 

https://cadenaser.com/ser/2021/09/23/tribunales/1632390052_440676.html

 

 

COSPEDAL CALIFICA DE "SOCIALES" SUS CITAS CON VILLAREJO PARA INVESTIGAR A ARENAS O COMPROBAR SI RUBALCABA LE ESPIABA

 

Coincide con el juez García Castellón en que la investigación de la operación Kitchen está "agotada" y pide confirmar su exoneración

 

Insiste en que todo fue una trama policial para que los tribunales no indaguen más en el PP

 

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal está completamente de acuerdo con el final de la instrucción de la operación Kitchen, la pieza 7 del caso Tándem. Seguir investigando le supondría continuar imputada y quizá, dar más explicaciones sobre sus reuniones con el comisario José Manuel Villarejo. Esos encuentros son definidos por la exdirigente conservadora, en el escrito en el que se opone a la reapertura de diligencias, como citas "de carácter social" en las que "comentaron cuestiones de la actualidad política y judicial del momento, también alguna noticia de prensa". Sin embargo, tanto lo que ella misma declaró ante el juez como las grabaciones difundidas por Moncloa.com del primer encuentro entre el expolicía y la ex número dos del PP discrepan de lo que se suele considerar una reunión social.

 

Por un lado, la propia Cospedal dijo ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, cuando declaró como investigada, que accedió a recibir a Villarejo en el verano de 2009 porque temía que el partido, entonces en la oposición, estuviera siendo espiado por el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba. En los audios publicados sobre la reunión que mantuvieron en la sede del PP de la calle Génova se revela el interés de la ex secretaria general del PP en conocer el papel de su compañero de partido Javier Arenas en la Fundación de Estudios Europeos, asunto sobre el que su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, encargó al comisario jubilado un "dossier pagado", tal y como se evidencia en otra grabación.

 

En un momento dado de la conversación entre Cospedal, López del Hierro y Villarejo, éste pide discreción al matrimonio sobre el asunto, algo en lo que está de acuerdo la exsecretaria general: "No puede trascender", dijo la exdirigente conservadora, cirunstancia que tampoco parece ajustarse a ese "carácter social" del que habla en su escrito entregado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso infoLibre. El marido de Cospedal, que también estuvo, como ella, imputado menos de dos meses por la operación Kitchen, ha entregado su propio escrito pero adhiriéndose al de su mujer, que tiene 46 páginas, y apuntando únicamente que él nunca ha sido militante del PP y mucho menos dirigente.

 

Según Cospedal, después de ese primer encuentro con Villarejo en julio de 2009 hubo otras "tres o cuatro" reuniones. Su exjefe de gabinete José Luis Ortiz recordaba que fueron más y elevó la cifra de los encuentros a entre "ocho y diez". En cualquier caso, unas citas que también distan bastante de lo que suele ser un encuentro social: el comisario jubilado esperaba en una calle cercana a la sede del PP, un coche oficial con las lunas tintadas iba a buscarle y el vehículo entraba en Génova por el garaje, esto es, sin pasar por el control de seguridad de la entrada.

 

La ex secretaria general aceptó reunirse con Villarejo, según dijo ella misma, por la gran red de contactos que tendría el comisario, pero si bien le pareció importante en 2009 que él le facilitara información, ahora en su escrito pone en duda la credibilidad del expolicía, afirmando que sus declaraciones judiciales tienen "cero" valor probatorio.

 

Insiste en la trama policial para que se descarte al PP

 

Por otra parte, la ex número dos del PP expone en su escrito que no tiene dudas de que las pesquisas en torno a la supuesta trama política, es decir, las que llevaron a apuntar que el cerebro de la operación Kitchen estaría en el partido conservador, están "agotadas" sin "indicios sólidos", lo que conduciría a la conclusión de que sólo fue una "operación policial", como ya dijo en su declaración judicial, en la que limitó el operativo a una actuación policial cuya responsabilidad, en todo caso, sólo se podría atribuir al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz.

 

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, cree que el magistrado debe seguir investigando la llamada "conexión política", que habría dado la cobertura necesaria para que Interior y la cúpula policial pudieran poner en marcha la operación. En este paraguas político, los fiscales incluyen a Cospedal y apuntan también al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y consideran que aún hay hilos de los que tirar para investigar.

 

A la ex secretaria general le parece bien la "línea roja", en palabras de Anticorrupción, que habría puesto el juez García Castellón para seguir indagando en una posible implicación de dirigentes del PP. Por eso, considera improcedente la petición del Ministerio Público de investigar los cinco números de teléfono que Villarejo aportó a la causa asegurando que a través de ellos mantenía a Rajoy al corriente de Kitchen. Aquí, vuelve a cuestionar la credibilidad del comisario jubilado: "Sabido es que la declaración incriminatoria de un imputado por sí sola no puede constituir prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia", sino que debe ser corroborada por "datos objetivos".

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/09/23/cospedal_habla_citas_sociales_con_villarejo_pesar_que_pidio_discrecion_queria_datos_sobre_supuesto_espionaje_124806_1012.html

 

 

COSPEDAL DEFIENDE A RAJOY EN KITCHEN: “NO HAY PRUEBA DE QUE SE COMUNICARA CON VILLAREJO”

 

La ex secretaria general del PP minimiza sus encuentros con el comisario y los define como “reuniones de carácter social”

 

María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, mueve ficha en el caso Kitchen. La exministra de Defensa ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional para contrarrestar la petición de la Fiscalía Anticorrupción de volver a imputarla en este sumario, donde se investiga la operación policial puesta en marcha en 2013 en el Ministerio del Interior con el presunto objetivo de arrebatar al extesorero popular Luis Bárcenas documentos comprometedores para altos cargos de la formación. “No existen indicios de criminalidad contra Cospedal”, subraya la defensa de la antigua política, que aprovecha la ocasión para salir en apoyo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a quien el comisario jubilado José Manuel Villarejo señaló como conocedor de la trama.

 

El movimiento de la ex secretaria general del PP se produce después de que el juez instructor Manuel García-Castellón archivase el pasado julio las pesquisas contra ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. El magistrado circunscribió así toda la responsabilidad al Ministerio del Interior. Pero la Fiscalía, que considera que existe una rama política que conecta con la antigua cúpula del PP, recurrió este septiembre dicha decisión al considerar que constan “suficientes indicios de criminalidad” contra Cospedal, a la que atribuye un “interés personal” en Kitchen. Una tesis que también defienden las acusaciones populares: PSOE y Unidas Podemos.

 

Pero Cospedal se sacude todas esas imputaciones en el escrito enviado a la Audiencia, fechado este 22 de septiembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS. “La Fiscalía tiene una idea preconcebida que a toda costa quiere continuar investigando de forma prospectiva”, arremete su abogado, Jesús Santos. En el documento, además, el letrado resta valor a los sucesivos encuentros que mantuvieron Cospedal y su marido con Villarejo, así como a las agendas del comisario que reflejan continuos contactos telefónicos —ratificados por un informe de Asuntos Internos de la Policía, que detalla más de 70 comunicaciones entre el policía y el entorno de la dirigente popular durante los meses de espionaje a Bárcenas— y supuestas entregas de dinero.

 

Según dice el escrito, la exministra habló por primera vez con Villarejo en 2009. Se lo presentó López del Hierro, que lo había conocido fugazmente en la década de los noventa y que tejió, “a partir del año 2000″, una relación con el comisario tras “encontrar por casualidad en las inmediaciones de la zona Azca de Madrid (Villarejo tenía sus oficinas en la Torre Picasso y el Sr. López de Hierro trabajaba en esa zona)”. “Quedaban de vez en cuando a tomar un café y ponerse al día. Se trataba de una relación puramente social. En esos encuentros, hablaban de política, de anécdotas del mundo policial y judicial, de las cosas que iban apareciendo en prensa, de empresarios... Si bien, Villarejo nunca le contó nada a López de Hierro que este último no supiera, o por la prensa o por otras fuentes”.

 

De esta forma, prosigue la defensa de la expolítica, “Cospedal conoció al Villarejo en julio de 2009, en una visita en la sede de Génova. Villarejo le pidió a López de Hierro que se la presentara, y ella no tuvo inconveniente ninguno en conocerle. Villarejo motivó la visita en que quería trasladarle información interesante sobre determinadas personas del partido”, expone su abogado. Esa fue la primera de varias citas. Pero, según argumenta su letrado, el comisario nunca “le trasladó nada que ella ya no supiera o por la prensa o por otras fuentes”. Según su versión, nunca le proporcionó datos confidenciales del caso Gürtel, como sostiene la acusación. Y, por tanto, estas reuniones eran “de carácter social”.

 

Cospedal aprovecha entonces para lanzar un dardo: “Hoy se conoce que Villarejo se ha reunido y ha conocido a muchísimas personalidades de la sociedad española, ya sea del ámbito político o del ámbito privado, incluidos jueces y fiscales de [la Audiencia Nacional]”.

 

En defensa de Rajoy

 

En su recurso, aún pendiente de resolver, Anticorrupción también pidió que se sigan investigando los datos que apuntan a que Rajoy podía estar al tanto de los manejos de Villarejo. El comisario afirmó en mayo que se comunicaba con el expresidente del Gobierno, a quien dijo que mantenía informado sobre Kitchen. Y aportó el número de teléfono que supuestamente usaba el entonces jefe del Ejecutivo para comunicarse con él. Aunque, en una entrevista previa con EL PAÍS, lo negó: “El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios es con el señor Rajoy”, dijo.

 

Una pista que Anticorrupción quiere seguir, pero que García-Castellón descartó: “No es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba Villarejo”, expuso el magistrado. En esa defensa ahonda también Cospedal. “No constan comunicaciones entre los teléfonos de Villarejo y el teléfono facilitado por el mismo investigado que, según él, sería utilizado por Rajoy”, expone. “Que conozca un número de teléfono titularidad del PP —y, según él afirma, utilizado por Rajoy— no prueba en absoluto, como es natural, que se comunicaran”. “A Villarejo no le es difícil conseguir un concreto número. Podría conseguir fácilmente el teléfono de Rajoy, como el de cualquier otro servidor público o personalidad de nuestro país; [facilitándolo] y [...] afirmando que le informaba de la llamada Operación Kitchen, sin que ello pueda comportar, obvio es, ningún indicio”.

 

La defensa de Cospedal también carga contra los apuntes de las agendas del comisario que la señalan: “Las anotaciones presuntamente efectuadas por el investigado Villarejo, si no se corroboran por ningún otro dato objetivo, no pueden servir por sí solas”. Y resta importancia a la declaración de su antiguo jefe de gabinete, José Luis Ortiz, que elevó a ocho o diez los encuentros de la secretaria general con el policía, después de que ella afirmara en la Audiencia que solo habían sido tres o cuatro: “Lo cierto es que Cospedal nunca manifestó con rotundidad el número de reuniones acontecidas, sino que simplemente dijo que creía recordar que fueron tres o cuatro. Pero que había pasado ya mucho tiempo y que no se acordaba bien. Sea como fuere, mi mandante sigue pensando que fueron tres o cuatro. No recuerda más”.

 

Elogios al juez

 

Cospedal no ahorra elogios a la decisión del instructor, calificando su auto de archivo como un “ejemplo de brillante motivación” o de “motivación impecable”. “El juzgado deja claro, en distintos pasajes, que debe descartarse del objeto del procedimiento la inexistente ‘trama política’ ajena al Ministerio del Interior. Y funda dicha decisión en razones motivadas”, subraya el abogado de la exdirigente popular, que apostilla: “No se han recabado indicios sólidos, solventes, para continuar por esa hipótesis acusatoria fundada en meras sospechas”. De hecho, ante la consideración de la Fiscalía de que la imputación e inmediata desimputación de Cospedal habría implicado cierta contradicción, la ex secretaria general añade: “La actuación del juzgado respecto de mi mandante y de su marido ha sido siempre coherente y transparente”.

 

https://elpais.com/espana/2021-09-23/cospedal-defiende-a-rajoy-en-kitchen-no-hay-prueba-de-que-se-comunicara-con-villarejo.html

 

BÁRCENAS SE ALINEA CON ANTICORRUPCIÓN Y PIDE REABRIR 'KITCHEN' APUNTANDO A RAJOY Y COSPEDAL

 

Los Bárcenas, tanto el extesorero como su mujer e hijo, se suman "íntegramente" a la impugnación formulada por el Ministerio Público así como a todos los argumentos expuestos por el PSOE y Podemos

 

El antiguo responsable de las cuentas del PP sostiene que "hay indicios bastantes" para afirmar la "existencia de la conexión política" que superaría la cúpula policial y el Ministerio de Interior

 

El extesorero del PP Luis Bárcenas se ha adherido al recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción con el propósito de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón reabra la investigación sobre la Operación Kitchen para ahondar en la presunta trama política, apuntando en este sentido a una implicación del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

 

En un escrito presentado este mismo miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, los Bárcenas -tanto el extesorero como su mujer, Rosalía Iglesias, y el hijo de ambos, Guillermo- se suman "íntegramente" a la impugnación formulada por el Ministerio Público y a "todos los argumentos" expuestos por las acusaciones populares de PSOE y Podemos en sus respectivos recursos.

 

Al igual que dichas partes, la defensa del antiguo responsable de las cuentas 'populares' busca revertir el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 con el que puso fin a la investigación de esta pieza separada de Tándem procesando a un total de once personas, entre las que destacan el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el comisario José Manuel Villarejo.

 

Bárcenas sostiene que "hay indicios bastantes" para pensar que "la existencia de la llamada conexión política", que superaría la cúpula policial y al Ministerio de Interior, era "imprescindible" para la "efectiva realización" de la Operación Kitchen, un dispositivo parapolicial que habría funcionado entre 2013 y 2015 con el objetivo de espiar al ex tesorero y su entorno para robarle la documentación comprometedora que pudiera guardar del PP y sus dirigentes.

 

Así, apoya la petición que el Ministerio Fiscal hizo al juez para que siguiera investigando los cinco números de teléfono con los que Villarejo dijo que se comunicaba con Rajoy para tenerle al corriente del espionaje a Bárcenas. "No es la primera ocasión en que a lo largo de la investigación aparecen elementos que revelan una necesaria responsabilidad del presidente del Gobierno en los hechos que se investigan", recuerda.

 

En cualquier caso, señala "el hecho evidente de que se trataba de un Ministerio (Interior) bajo la presidencia de don Mariano Rajoy, siendo los cargos políticos de dicho Ministerio miembros del Partido Popular, al que en bloque afectaba la información que sustrajeron de forma ilícita al señor Barcenas". La defensa advierte de que, si se insiste en rechazar las pesquisas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido, "se impide poder acreditar el conocimiento y la participación del señor Rajoy en los hechos".

 

Indicios "abrumadores" contra Cospedal

 

En la misma línea, ve "prematuro" el archivo de la causa para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que estuvieron imputados ante la sospecha de que podrían haber tenido una participación "decisiva" en la captación del entonces chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía de la Kitchen. Y ello -esgrime- "atendiendo a los abrumadores indicios de su participación en los hechos objeto de investigación, indicios que por otro lado sí se han tenido en cuenta curiosamente para proceder contra otros investigados".

 

Por otro lado, entiende que se debería investigar como parte de la Kitchen tanto el "control irregular" al que fue sometido Bárcenas cuando estuvo encarcelado de forma preventiva en Soto del Real en 2013 y 2014 como el asalto de la vivienda familiar por parte del 'falso cura' Enrique Olivares.

 

Sobre ese incidente, ocurrido el 23 de octubre de 2013, subraya que no solo coincidió temporalmente con el desarrollo del operativo parapolicial sino que tenía "idénticos objetivos, es decir, apoderarse del material documental y sonoro que pudiera tener en su domicilio don Luis Bárcenas". Con todo, reivindica que se debe continuar indagando en esta pieza 7 siguiendo el camino indicado por los fiscales anticorrupción a fin de "esclarecer los hechos y quien participó en los mismos".

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/09/22/barcenas_alinea_con_anticorrupcion_pide_reabrir_kitchen_apuntando_rajoy_cospedal_124779_1012.html

 

BÁRCENAS SE SUMA A LA FISCALÍA Y PIDE IMPUTAR DE NUEVO A COSPEDAL EN LA KITCHEN

 

Anticorrupción, Podemos y PSOE solicitaron al magistrado continuar con la investigación y no exculpar a la exsecretaria general del PP

 

El pasado 29 de julio del 2021 el juez de la operación Kitchen, Manuel García-Castellón, dio carpetazo a la investigación exculpando a la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, así como al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy entre otros. La Fiscalía Anticorrupción, así como Podemos y PSOE, enviaron sendos escritos solicitando la revocación del auto con el que el magistrado salvó a Cospedal del juicio. A ellos se ha sumado también se ha sumado Luis Bárcenas.

 

Según ha adelantado El Confidencial, el extesorero del PP ha se ha adherido al escrito presentado por la Fiscalía en contra de la concusión de la investigación de la Kitchen. Así las cosas, se suma a la petición de ampliar las pesquisas del caso e imputar a la que fuera secretaria general de su formación, Cospedal, con quien mantiene un enfrentamiento desde el estallido del caso Gürtel.

 

Anticorrupción ya había abogado en escritos anteriores por prorrogar la investigación de 'Kitchen' más allá del 29 de julio, cuando caducaba, al tiempo que había solicitado a García-Castellón que llevara a cabo nuevas pesquisas, si bien el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 optó por terminar la instrucción.

 

En total, han sido procesadas once personas, empezando por el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez; y siguiendo con el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino, los comisarios Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo; para terminar con los policías Bonifacio Díez y José Ángel Fuentes Gago, y el ex chofer de la familia Bárcenas Sergio Ríos.

 

El juez ha considerado acreditado, a nivel indiciario, que todos ellos, "puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos que estaban llevando a cabo", pusieron en marcha la Kitchen, lo que sería constitutivo de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.

 

Además, asumió que la Kitchen consiguió sus objetivos, que era robar a Bárcenas la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes para evitar que llegara a manos de la Justicia.

 

https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/barcenas-se-suma-fiscalia-pide-imputar-nuevo-cospedal-en-kitchen_274876102

 

LOS FISCALES ACUSAN AL JUEZ DE 'KITCHEN' DE PERMITIR CON SU INSTRUCCIÓN EL ÉXITO DE LA TRAMA CORRUPTA

 

Advierten de que cerrar la investigación sin agotar todas las vías para encontrar el material robado a Bárcenas sería como asegurar el éxito del operativo ilegal

 

Las otras ramificaciones de la trama, el dinero malversado y la pista del PP: los flecos de una investigación que García Castellón ha dejado a medias

 

"Incomprensible", "caótica", "precipitada", "inconcebible" son algunos de los adjetivos que Anticorrupción usa para calificar la actuación de García Castellón

 

Un cierre en falso de la investigación. Es la conclusión que se extrae de los extensos recursos que han presentado la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares y particulares ante el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, la conocida como operación Kitchen. Uno por uno, los escritos enumeran todos los indicios que, en su opinión, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dejado sin esclarecer, dejando así una buena cantidad de flecos que no han sido aclarados. Uno de ellos, de los más importantes: el material robado a Luis Bárcenas. La negativa del instructor a seguir indagando en su paradero sería, a juicio de los fiscales, como asegurar el éxito de la operación ilegal.

 

No es poco lo que creen las acusaciones que falta por investigar. Desde una mención a la vinculación directa de esta trama parapolicial con la investigación del caso Gürtel, pues eran pruebas de éste lo que se pretendía destruir; pasando por seguir indagando en las otras ramificaciones que tuvo la Kitchen más allá de los inmuebles de la familia Bárcenas y que se extendieron hasta la cárcel de Soto del Real, así como tratar de determinar el dinero público malversado durante los aproximadamente dos años en que estuvo en marcha la operación (2013-2015); hasta llegar a lo que las acusaciones ven como el centro de todo el entramado: el PP que entonces dirigía Mariano Rajoy, donde sospechan que se gestó toda la trama –o al menos tuvo conocimiento– y sobre lo que el magistrado apenas ha indagado. Una imputación exprés de María Dolores de Cospedal, que apenas se prolongó dos meses, son todas las pesquisas que el instructor ha dedicado a esta pista.

 

Era previsible que las acusaciones recurrieran el cierre de la instrucción, visto que el juez había rechazado de plano sus peticiones de alargar las pesquisas y de practicar nuevas pruebas. Ante una actuación procesal que los fiscales llegan a calificar de "caótica", la prueba de fuego se presentará ahora en la Sala de lo Penal, es decir, un tribunal de tres magistrados que tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o confirma el fin de la causa y la envía a juicio. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción. De hecho, todas las partes personadas en este procedimiento, esto es, acusaciones y las defensas de los procesados, han recurrido y unos lo han hecho en reforma, ante el propio magistrado, subsidiario de apelación, ante la Sala, mientras que otros han ido directamente a la Sala. El tribunal resolverá este otoño.

 

¿Y dónde están los papeles?

 

No dejan escapar los fiscales y las acusaciones quizá el quid de la cuestión más importante de esta investigación: ¿qué quería robar a Bárcenas el operativo ilegal? Supuestamente se trata de documentación y grabaciones que implicarían directamente al PP en la financiación ilegal que en aquellos momentos se había comenzado a investigar en la Audiencia Nacional. El juez y las acusaciones coinciden en señalar que la operación Kitchen tuvo éxito, pero ¿dónde están los documentos? En lo que difieren es en la necesidad de seguir indagando para averiguar el paradero. Un fleco más que se ha quedado sin esclarecer y que los fiscales insisten en completar todas las pesquisas posibles, algo que García Castellón ya ve "innecesario".

 

Lo que Anticorrupción traslada a la Sala de lo Penal es que sería conveniente una nueva declaración del inspector José Ángel Fuentes Gago basándose en uno de los apuntes que figuran en los diarios personales del comisario Villarejo: "Lo que le quitaron a LB esta en el despacho de GAGO".

 

"Cómo no va a ser objeto de la presente investigación obtener las evidencias del acceso por parte del operativo policial al material que se encontraba en poder de Luis Bárcenas y, en consecuencia, la recuperación de esa información, cuando es el propio instructor el que afirma que se han efectuado varias diligencias, sin éxito, encaminadas a la búsqueda de este material. La ratificación de la inconcebible posición del instructor a este respecto traería como consecuencia, más allá del enjuiciamiento de los partícipes en este gravísimo hecho delictivo en atención a los numerosos indicios, que la ilícita operación policial (o, si se llega a acreditar, política) conocida como operación Kitchen habría logrado plenamente sus objetivos", afirman los fiscales. En resumen, dejar de investigar hasta las últimas últimas consecuencias sería como contribuir a asegurar que el operativo ilegal consiguió su propósito haciendo desaparecer información comprometedora para el PP.

 

Rajoy y Cospedal, en la mira de Fiscalía

 

Es esa pata política de la operación Kitchen que Anticorrupción ve clara y que el juez García Castellón desdeña la principal que se ha quedado sin investigar por completo. Y es que el instructor tomó declaración a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y no hizo nada más por averiguar si éstos tuvieron alguna relación con la trama. Para la Fiscalía sí está claro, pues considera que era el PP era el principal interesado en robar documentación a su extesorero y, por tanto, la que era la número dos del partido protegía esos intereses.

 

El escrito de la Fiscalía es muy contundente en sus más de 90 páginas y no deja lugar a dudas: la exoneración de Cospedal y su esposo es "precipitada" y "extemporánea", y hacía falta seguir indagando para "el total esclarecimiento de los hechos". ¿La razón? Sencillamente, que Anticorrupción cree que el matrimonio ha mentido en sede judicial o, al menos, ha caído en contradicciones, por lo que ve "incomprensible" que el juez les libre de todo tan fácilmente. No dicen los fiscales que se haya demostrado que la ex secretaria general del PP y el empresario fueran los responsables de la trama Kitchen, pero reprochan al juez que ni siquiera siga indagando vistas las "contradicciones" en las que, en su opinión, cayeron ambos en sus declaraciones como imputados.

 

Así, el Ministerio Público acusa directamente a García Castellón de imponer una especie de "cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación". Un cordón que se extiende hasta la negativa para investigar los posibles contactos que, según el comisario José Manuel Villarejo, éste mantuvo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Según el expolicía, le facilitaron durante varios meses varios teléfonos móviles y él iba enviando mensajes a un teléfono que ha facilitado al juzgado al que contaba las novedades de la operación. Al otro lado de ese teléfono, dice, estaba Rajoy.

 

Según la Cadena Ser, la Policía informó al juez de que uno de los números aportados por Villarejo pertenecía al PP, tal y como han podido corroborar con la compañía telefónica, y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018, periodo que coincide prácticamente con el tiempo en el que Rajoy fue presidente del Gobierno.

 

La Fiscalía Anticorrupción apunta en su recurso a "una posible responsabilidad" del expresidente y afea al magistrado que "se quiere delimitar artificialmente" la operación Kitchen al ámbito del Ministerio de Interior. Que el operativo lo desarrollasen comisarios con "conocimiento y protección" del departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz "no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP, no constituyan el objeto del procedimiento". Por tanto, cree que es "imprescindible" dilucidar "si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior "actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental".

 

Dado que el juez García Castellón dejó claro en su auto de fin de la instrucción que no daba credibilidad a las afirmaciones de Villarejo sobre Rajoy, Anticorrupción ha optado por acudir directamente a la Sala de lo Penal como último intento para obligar al magistrado a reabrir las pesquisas y poder indagar en la responsabilidad política de la trama parapolicial de espionaje a Bárcenas. Y es que no sólo las acusaciones ven al PP como posible centro neurálgico de la Kitchen: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz lo sugiere de forma implícita en su recurso contra su procesamiento.

 

Ya lo venía a apuntar el exministro en el primer recurso que presentó en la Audiencia Nacional, cuando fue imputado hace ahora un año. Ahora, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores de Mariano Rajoy, insiste en que es “realmente preocupante” que el magistrado concluya la instrucción "limitando el objeto de investigación al entorno del Ministerio del Interior” y “considerando que la operación Kitchen se ideó y ejecutó en el marco institucional de dicho ministerio”. “Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”, subraya.

 

Llamativa en toda la investigación de esta pieza 7 del caso Villarejo es la ausencia de Ignacio Cosidó. No ha sido citado a declarar ni una sola vez, ni como testigo ni como imputado, en los casi tres años en que ha estado abierta la instrucción a pesar de que dirigía la Policía en los años del operativo ilegal, ocho mandos policiales de los que era responsable han sido procesados, así como sus superiores inmediatos en el Ministerio del Interior. Ni siquiera para preguntarle si llegó a oír o a conocer la operación. La Fiscalía tiene claro que debe ser citado como investigado.

 

Las otras Kitchen

 

Pero no sólo queda el PP por investigar. La instrucción ha revelado que los tentáculos de la Kitchen se llegaron a extender al ámbito carcelario, concretamente al centro de Soto del Real en el que el extesorero del PP ingresó en julio de 2013. Y sigue planeando la sospecha sobre el falso cura, de nombre Enrique Olivares, que secuestró a la mujer y el hijo de Bárcenas en su domicilio, hechos por los que cumple condena. Las dudas sobre estos dos posibles operativos paralelos no han sido resueltas aún y su confirmación podría sumar nuevos investigados de las fuerzas de seguridad del Estado.

 

No es algo menor, pues cuantos más efectivos, más colaboradores y más medios se destinaran a esta operación ilegal, más dinero público proveniente de los fondos reservados implicó. Más si cabe cuando el propio García Castellón subrayaba en el auto de cierre de la pieza que de la investigación "se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales".

 

Las palabras "fondos reservados" son una constante en el auto del magistrado. Las menciona no pocas veces para exponer la gravedad que supusieron los hechos investigados y para exponer el por qué del delito de malversación por el que propone juzgar a once imputados, todos ellos funcionarios públicos o cargos políticos que tuvieron responsabilidad sobre millones de euros de dinero público que en teoría debían financiar operaciones policiales que pueden afectar a la seguridad del Estado, no para satisfacer los intereses particulares de un partido político, intereses que, además, eran ilegales porque se pretendía sustraer pruebas de una investigación judicial.

 

El juez no llega a cuantificar una cifra aproximada de cuántos fondos reservados se gastaron ilícitamente en la operación Kitchen. Hasta el momento sólo ham quedado acreditados los 2.000 euros al mes, más gastos, que estuvo percibiendo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por hacer de confidente para los comisarios que estaban liderando el operativo. Esto es, al menos 53.000 euros. A esto habría que añadir los 700 euros que costó la pistola que le facilitó el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, más el material informático que éste habría cargado a esos mismos fondos.

 

Por tanto, aún queda mucho por averiguar en este sentido, más aún cuando pudo haber más operativos ilegales en marcha para el "control" de Bárcenas. Los fiscales plantean profundizar en las pesquisas sobre un antiguo compañero de cárcel de Bárcenas, Isidro Sánchez, a quien el extesorero habría dado indicaciones para que en un permiso penitenciario borrara la supuesta grabación del expresidente Rajoy y Javier Arenas hablando de la contabilidad opaca del PP. También quieren volver a investigar al falso cura (encargar un nuevo informe psicológico, rastrear sus cuentas bancarias, etc.).

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/09/09/una_segunda_kitchen_dinero_malversado_pista_del_los_flecos_una_investigacion_que_juez_dejado_medias_124318_1012.html

  

LAS TRES PUERTAS DE KITCHEN QUE CERRÓ EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN Y QUE LA AUDIENCIA NACIONAL DECIDIRÁ SI VUELVE A ABRIR

 

Anticorrupción pide en su recurso investigar "una fase más" del espionaje que Bárcenas sufrió en prisión y romper la "línea roja" que el juez ha trazado alrededor del PP. La Sala de lo Penal tendrá la última palabra sobre los recursos de acusaciones y defensas coincidentes en que el fin de la instrucción fue precipitado

 

Tres jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal decidirán si el caso Kitchen debe ceñirse al sabotaje de la causa de la caja B del PP, ideado y desarrollado dentro de los márgenes del Ministerio del Interior, o si hay que seguir investigando la presunta implicación de la cúpula del partido, a la que pertenecían los mayores beneficiados de la operación. Esta semana han terminado de presentarse los recursos pendientes contra el auto del juez Manuel García Castellón que puso fin a la instrucción, una decisión que acusaciones y defensas coinciden en considerar "precipitada" y un "cierre en falso".

 

En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción recupera los indicios que el juez ha despreciado contra Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, así como otras puertas que el magistrado García Castellón cerró. Entre ellas, quién está detrás del falso cura que asaltó el domicilio de los Bárcenas o el esclarecimiento de "una fase más" de Kitchen desarrollada en el interior de la cárcel donde permanecía el extesorero del PP en régimen de prisión preventiva.

 

La Fiscalía y las acusaciones populares, que ejercen PP y PSOE, han decidido recurrir ante la Sala de lo Penal, la instancia superior a García-Castellón. La Sección que resuelve los recursos contra las decisiones del magistrado en la causa Tándem es la Tercera, presidida por el magistrado Alfonso Guevara. Esta sección ya ha corregido en el pasado relevantes decisiones de García Castellón, entre otras la de retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias en el caso Dina.

 

Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por elDiario.es no se atreven a aproximar la fecha de resolución por parte de la Sección Tercera sobre el auto de procesamiento de Kitchen, al tiempo que recuerdan que aún está pendiente que esa misma Sección se pronuncie sobre la resolución equivalente en el citado caso Dina, dictada por García Castellón en octubre de 2020.

 

"El cordón" que protege al PP

La Fiscalía Anticorrupción reconoce en su escrito que no existen los mismos indicios en la causa contra los responsables del Ministerio del Interior que contra María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Añade que las grabaciones y notas del comisario demuestran el "interés" que la número dos del PP en aquella época tenía en conocer todo lo que pudiera esconder el extesorero o los avances en la investigación de la caja B. Pero que entre ese "interés" y el "conocimiento y patrocinio político de la Operación Kitchen hay un trecho".

 

Es entonces cuando la unidad especializada de la Fiscalía proyecta la más grave duda sobre la actuación del juez: "Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que ya se conocían al inicio de la formación de la presente pieza separada número 7".

 

En este sentido, los fiscales recuerdan cómo el juez les respondió en octubre de 2020 que antes de imputar a Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, había que preguntar al número dos de Interior Francisco Martínez por el conocimiento o participación de ambos en la trama, pero que cuando llegó el momento de su declaración y solo él tuvo oportunidad de preguntar a Martínez, que se negó a responder a los fiscales, García Castellón no le hizo ni una sola pregunta al respecto. Y eso que Martínez había dejado por escrito en uno de los mensajes que se le incautaron que el conocimiento de la Kitchen que tenía Cospedal era "fácil de probar".

 

Además de recurrir a los "múltiples indicios" en el sumario para proseguir la investigación a López del Hierro y Cospedal, Anticorrupción pide a la Sala de lo Penal que enmiende el error de García Castellón de no citar como imputado al director general de la Policía en el momento del espionaje a Bárcenas, Ignacio Cosidó.

 

Es el propio ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, quien en su recurso contra el cierre de la instrucción señala a la cúpula del PP en lo que se presenta como la ruptura definitiva con el partido que le mantiene suspendido de militancia. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", explica el recurso de la defensa de Fernández Díaz.

 

Ese Partido Popular es aquel que presidía Mariano Rajoy, uno de los grandes amigos de Fernández Díaz, al menos entonces, y otro de los eslabones que corta el juez en la cadena de investigación, según la Fiscalía. Anticorrupción quiere que se siga indagando en los números de teléfono que Villarejo facilitó, aquellos a los que, según su relato, escribía para informar personalmente al entonces presidente del Gobierno de los avances de la operación Kitchen. Asuntos Internos estaba pendiente de información de las compañías telefónicas sobre dichos terminales cuando García Castellón cerró sorpresivamente la investigación, según demuestra un informe de la unidad policial que obra en el sumario.

 

El falso cura

La Fiscalía Anticorrupción tampoco se da por vencida en su intento de esclarecer quién puede estar detrás de Enrique Olivares García, el hombre que disfrazado de cura secuestró a la familia de Bárcenas. "No se puede descartar [dicen los fiscales] que el asalto al domicilio de la familia de Luis Bárcenas, que se produjo el día 23 de octubre de 2013, fecha coincidente con el pleno desarrollo de los operativos de vigilancia desplegados por la UCAO como parte esencial de la Operación Kitchen, estuviera directamente relacionada con esta y hubiera sido también planificada y dirigida por los servicios de seguridad del Estado, al obedecer el asalto a los mismos objetivos de apoderamiento del material documental que pudiera encontrarse en poder del anterior tesorero del Partido Popular".

 

Anticorrupción detecta una serie de irregularidades en el carpetazo a este caso y los detalla en su escrito. Una comisión judicial, en la que participó la Fiscalía y también el juez García Castellón y una médico forense de la Audiencia Nacional, visitó a Olivares en prisión el 29 de enero de 2020, después de haber sufrido un ictus y de que sus facultades físicas y psíquicas quedaran mermadas. Le fue encargado un informe a la médico de la comitiva judicial, que tuvo acceso al expediente psiquiátrico en prisión del interno. La doctora cayó enferma antes de emitirlo y en octubre el juez citó en la Audiencia Nacional al recluso. Con un informe de otro forense, dio carpetazo al caso por imposibilidad de que Olivares pudiera declarar.

 

Este mes de septiembre se ha conocido que la Fiscalía había pedido la citación como imputado de Olivares y que se requiriera a la médico forense original del caso el informe pendiente. García Castellón despachó el asunto apoyándose de nuevo en el informe exprés que sirvió para el archivo y rechazó la petición de Anticorrupción.

 

El falso cura, al que se describió como un indigente con las facultades mentales mermadas durante el juicio por el asalto, ha recibido continuos ingresos en su cuenta del peculio de la cárcel cuyo origen la Fiscalía quiere determinar, igual que la identidad de los policías que visitaron en la cárcel a Olivares una vez condenado y por qué lo hicieron.

 

Igualmente, el fiscal se pregunta por la "pluralidad de abogados" que han asistido a una persona aparentemente sin recursos y se interesa especialmente por uno, Andrés Ruiz Cubero, cuyo hermano Javier ha sido compañero de cárcel de Villarejo en el módulo de funcionarios de Estremera. Javier Ruiz Cubero está investigado por su participación en la trama de venta de documentación que el comisario habría dirigido durante su etapa en prisión provisional. Los fiscales también quieren que declare como testigo un recluso que utilizó Instituciones Penitenciarias como una suerte de traductor de Olivares, que apenas podía comunicarse pero que interactuaba con ese citado interno.

 

La Kitchen en prisión

La Fiscalía pide asimismo continuar indagando en la figura de Isidro Sánchez Suárez, el recluso colombiano al que Bárcenas asegura que recurrió para borrar en la nube grabaciones que comprometían a Mariano Rajoy y Javier Arenas en la caja B del PP. Anticorrupción sospecha que Sánchez Suárez acabó siendo dentro de la cárcel un topo de la brigada política que ejecutó la Kitchen dentro de Soto del Real como lo fue el chófer Sergio Ríos fuera y que debe declarar como imputado, otra de las diligencias denegadas por el juez al cerrar la instrucción.

 

Los fiscales presentan una serie de líneas de investigación en torno a Sánchez Suárez sobre las que deberá decidir ahora la Sala de lo Penal y que se desconocían por la decisión de García Castellón de no dar traslado a las partes del escrito de solicitud de diligencias de la Fiscalía en julio, antes del auto de procesamiento. Por ejemplo, los fiscales quieren saber por qué agentes de la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista, hicieron consultas en las bases de datos sobre un individuo al que Isidro Sánchez denunció por el robo de una parte de la cantidad de dinero que previamente el padre del colombiano había entregado a esta persona denunciada.

 

En este sentido, quieren que declare sobre este asunto el comisario procesado Enrique García Castaño, exjefe de la UCAO, y que pase a estar imputado su segundo entonces, Mariano Hervás, sobre el que los fiscales consideran que hay indicios sobrados en el sumario para que se le tome declaración en calidad de investigado.

 

Anticorrupción considera que podría haber seis confidentes de la Policía en la operación Kitchen que aún están sin identificar. El juez García Castellón se negó a requerir a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía la documentación ya desclasificada que pudiera aclararlo en base, dicen los fiscales, a "unas injustificadas prisas, con la pretensión de subordinar las necesidades de una cabal investigación de los complejos hechos delictivos de la pieza 7 al cumplimiento formal y rígido de un plazo procesal perfectamente prorrogable".

 

https://www.eldiario.es/politica/tres-puertas-kitchen-cerro-juez-garcia-castellon-audiencia-nacional-decidira-si-vuelve-abrir_1_8289651.html

 

 

LA FISCALÍA BUSCA MÁS PRUEBAS CONTRA COSPEDAL Y RAJOY EN EL ‘CASO KITCHEN’

 

La policía sostiene que el teléfono al que Villarejo llamaba para informar es del PP

 

La Fiscalía Anticorrupción considera que hay suficientes “indicios de criminalidad” contra la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, “acerca de su participación” en el supuesto espionaje ilegal al extesorero popular, Luis Bárcenas, y su familia, por parte de la cúpula policial del Ministerio del Interior entre julio de 2013 y julio de 2015. La Fiscalía solicita que se les vuelva a imputar tras la decisión del instructor, Manuel García-Castellón, de archivar la causa contra Cospedal y su marido al considerar que no existían suficientes indicios de delito contra ellos.

 

Anticorrupción desgrana, en un escrito de 90 folios conocido este miércoles, decenas de indicios que, supuestamente, demostrarían la implicación del PP —y no solo del exministro del Interior y los altos cargos de ese departamento— en el caso Kitchen, una operación policial sin autorización judicial planificada para robar documentación a Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP entre 1990 y 2009.

 

La Fiscalía tacha de “extemporánea” la decisión del juez García Castellón de retirar la imputación contra la exlíder del PP pese a los indicios que pesaban contra ella y a falta de practicar algunas diligencias de investigación. En el mismo escrito, Anticorrupción pide la imputación de quien fue director general de la Policía, Ignacio Cosidó, a quien posteriormente el actual presidente del PP, Pablo Casado, nombró portavoz en el Senado. Cosidó siempre ha mantenido que nunca ordenó ni conoció la Operación Kitchen, pese a que la ejecutaron varios comisarios bajo su mando.

 

La Fiscalía ha recurrido el auto del juez García-Castellón dictado el pasado 29 de julio en el que no solo retiró la imputación contra Cospedal, sino que rechazó la practica de nuevas diligencias pedidas por las partes, puso fin a la investigación y procesó al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; al ex secretario de Estado, Francisco Martínez; y a nueve agentes, entre ellos varios comisarios y el principal jefe policial entre 2013 y 2015.

 

Anticorrupción explica que las anotaciones de los cuadernos requisados al comisario José Manuel Villarejo; las grabaciones realizadas por éste y los testimonios recabados durante la investigación consolidan la idea de que el operativo Kitchen era conocido por la cúpula del PP, y no solo por la dirección del Ministerio del Interior. En su escrito, la Fiscalía pide la nulidad del auto del juez que pone fin a la investigación y denuncia una “vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva” por cuanto el instructor ha dado por finalizados los trabajos sin responder a los recursos presentados contra la denegación de pruebas o el rechazo a prorrogar el plazo legal de instrucción.

 

La Fiscalía ha cruzado los datos de los cuadernos de Villarejo, una especie de diario donde escribía comentarios sobre sus contactos con distintas personas; sus grabaciones; y los mensajes de su teléfono móvil enviados y recibidos. De ese trabajo, la Fiscalía deduce que la exlíder del PP estaba al tanto de la captación de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, como confidente policial en la operación Kitchen. Sergio Ríos era amigo de Andrés Gómez Gordo, un policía al que Cospedal fichó como director general cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha. La Fiscalía cita en su recurso algunos mensajes enviados por el marido de Cospedal a Villarejo.

 

El 20 de julio de 2013, Ignacio López del Hierro escribe a Villarejo: “Si tienes problemas, habla con mdc”, iniciales del nombre y primer apellido de Cospedal. El 22 de julio de 2013, le contesta Villarejo: “Todo ha mejorado bastante. Andi. Hoy muy bien. Abz”.

 

Andi es, según la investigación policial, Andrés Gómez Gordo, el alto cargo de Cospedal que supuestamente facilitó la captación del chófer de Bárcenas como confidente policial.

 

Teléfono corporativo

 

La Fiscalía Anticorrupción también señala en su escrito que un informe de la Brigada de Asuntos Internos ha investigado los números de teléfono a los que Villarejo, según su propio testimonio, llamaba para informar sobre el desarrollo de la Operación Kitchen. Uno de esos teléfonos, según Asuntos Internos, corresponde al Partido Popular aunque no se ha identificado aún quien era su propietario.

 

Villarejo aseguró que informaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de estos teléfonos. La Fiscalía quiere que se amplíe la investigación para determinar quién era el usuario de ese teléfono corporativo del Partido Popular.

 

La sala de apelaciones y el propio juez García Castellón tendrán que responder en las próximas semanas a todos los recursos que se han presentado contra el auto de procesamiento del caso Kitchen.

 

Tanto los principales acusados en esta causa —el exministro Jorge Fernández; y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez— como las principales acusaciones populares del PSOE y Podemos y la Fiscalía Anticorrupción han criticado con dureza la resolución del juez por distintos motivos, coincidiendo todos en que se cerró la investigación sin que se hubieran practicado las diligencias necesarias.

 

https://elpais.com/espana/2021-09-09/la-fiscalia-busca-mas-pruebas-contra-cospedal-y-rajoy-en-el-caso-kitchen.html

 

EL JUEZ CERRÓ LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TELÉFONO DE RAJOY CUANDO AÚN FALTABAN DILIGENCIAS POR PRACTICAR

 

La policía todavía debía recibir dos comunicaciones de las compañías telefónicas sobre la titularidad y el carácter de las líneas solicitadas

 

Fuentes jurídicas explican que la causa fue clausurada porque era imposible obtener pruebas de que Rajoy se comunicó con Villarejo y continuar las pesquisas suponía un "esfuerzo inútil"

 

El teléfono atribuido a Rajoy pertenecía al PP y el periodo de alta coincidió con su etapa como presidente, según documentación a la que ha accedido la SER

 

El titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dio por cerrada la investigación sobre el supuesto intercambio de mensajes entre el comisario Villarejo y el teléfono atribuido a Mariano Rajoy a pesar de que los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en un informe al que ha tenido acceso a la Cadena SER, le comunicaron que aún estaban pendientes de recibir distinta información sobre los teléfonos bajo sospecha, por parte de las compañías encargadas.

 

En concreto, en ese informe fechado el 26 de julio de 2021, tres días antes de que el juez diera por concluida la causa, los policías le informan de que están esperando a que las empresas titulares de las líneas telefónicas les comuniquen si los teléfonos habían operado durante los años objeto de investigación como oficiales o corporativos, y la titularidad de dos de los tres números en cuestión.

 

Los policías informan que la compañía telefónica sí que ha comunicado que el tercer número, terminado en 10, pertenecía al Partido Popular, y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018. Ese periodo coincide prácticamente cono el tiempo en el que Rajoy fue presidente del Gobierno. Fue investido presidente el 20 de diciembre de 2011 y cesó el 1 de junio de 2018. Dimitió como presidente del PP el 5 de julio de ese mismo año. Siete días después, dieron de baja al teléfono.

 

Fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER afirman que el juzgado decidió cerrar la causa a pesar de este informe porque las compañías habían comunicado verbalmente a los agentes que no guardan ningún dato sobre el registro de llamadas o mensajes pasado un año desde su realización. Sin ese registro, según las mismas fuentes, iba a ser "imposible" probar que el expresidente pidió información a Villarejo sobre los avances de la Kitchen y la investigación estaba destinada al fracaso.

 

La Fiscalía Anticorrupción reprocha al juez que no quiera investigar este aspecto de la causa y ha solicitado a la Sala de lo Penal que revoque el auto y poder preguntar al PP a quién correspondía ese teléfono móvil bajo sospecha. Anticorrupción critica que el magistrado "parece que ha establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar".

 

https://cadenaser.com/ser/2021/09/09/tribunales/1631209290_802761.html

 

EL PSOE PIDE A LA AN QUE BUSQUE A LOS "PRINCIPALES BENEFICIARIOS" DE 'KITCHEN' Y APUNTA A RAJOY Y COSPEDAL

 

El PSOE ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de poner fin a la investigación de la 'Operación Kitchen', al considerar que es necesario seguir indagando para identificar a los "principales beneficiarios" del presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, entre los que señala al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la ex secretaria general del PP María

Dolores de Cospedal.

 

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación que ejerce el Partido Socialista argumenta que las pesquisas de esta pieza separada se la macrocausa 'Tándem' están lejos de haber colmado sus objetivos por cuanto se ha investigado a "quienes transmiten el encargo" de espiar a Bárcenas y su entorno, y aquienes lo reciben y ejecutan, pero no a "quienes dan la orden y resultan ser los principales beneficiarios".

 

Apunta a Rajoy y Cospedal como estos "beneficiarios", dado que --según razona—eran "los principales interesados en boicotear la 'Gürtel'"-- y el objetivo de 'Kitchen', que se habría desarrollado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior con fondos reservados y recursos policiales, era localizar la información comprometedora sobre el PP y sus dirigentes que Bárcenas pudiera guardar para robársela y evitar así que llegara al cauce judicial.

 

El interés de ambos en frustrar las indagaciones sobre los famosos 'papeles' del ex tesorero --continúa-- obedecería a que "estaba en juego la supervivencia del Partido Popular --del que eran los máximos responsables--" y "ello ponía en vilo sus carreras políticas, sus entonces fuentes de ingresos y estilos de vida y de sus familias, su poder e incluso podría hacer peligrar su libertad, pues cabía la posibilidad de condena a prisión, por no hablar de su imagen pública".

 

Además, cimenta esta argumentación en el hecho de que en las agendas manuscritas del comisario José Manuel Villarejo "figuren múltiples apuntes sobre traslado de información de su actividad en la operación o proyecto 'Kitchen' precisamente a estas dos personas, bien sea directamente o a través de terceros".

 

Por ello, ve necesario "practicar diligencias encaminadas a verificar la participación de los principales beneficiarios, los más altos dirigentes del Partido Popular, como su presidente, su secretaria general y otros", que no especifica. En este sentido, reclama reabrir la causa para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.


El matrimonio estuvo imputado porque el magistrado sospechaba que su intervención pudo ser "decisiva" para captar como espía de la 'Kitchen' al entonces chofer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Sin embargo, el juez finalmente optó por no procesar a la pareja concluyendo que las razones que justificaban su incriminación eran demasiado débiles.

 

Defensa del ministerio fiscal


El PSOE se ha adherido en esto y en las demás cuestiones al recurso formulado por la propia Fiscalía Anticorrupción, que solicita revocar el archivo de la causa acordado para Cospedal y López del Hierro al observar "suficientes indicios de criminalidad" contra ambos y profundizar en los mensajes telefónicos que Villarejo dice que se intercambiaba con Rajoy sobre 'Kitchen'.


Aprovecha además el recurso socialista para realizar una firme defensa de la "inmensa labor" del Ministerio Público en esta pieza 7, respondiendo al auto del pasado 29 de julio donde García-Castellón rechazó las diligencias planteadas por los fiscales de 'Kitchen' por no explicar suficientemente su relevancia para las pesquisas.


"Lo que la lógica mas rudimentaria sugiere y, por tanto, creen las partes que no necesita de ulterior justificación, es lo que no parece entrar en la lógica del instructor", dice el escrito, reprochando al magistrado que haya omitido "por completo" lo que entiende como "el principio más básico de la investigación penal de buscar a quien beneficia el delito".


"Bien es verdad que, dado lo alto que apunta el beneficio, y la posible necesidad de afectar a personas aforadas, todas las partes y especialmente el Ministerio Fiscal, como es habitual por otra parte en estos casos, actúa con toda la prudencia posible, y prefiere ir avanzando los pilares de la instrucción, paso a paso, para no dar un salto en el vacío y pedir lo obvio", replica.

 

Al hilo de esto, la acusación socialista expresa "las más oscuras sospechas" que dice que le genera este "precipitado cierre" de la instrucción, desde "la violencia y el desprecio que (el juez) emplea en sus críticas en general a las partes, pero muy específicamente al Ministerio Fiscal, que no se ha plegado a sus presiones", hasta "la prisa que se ha dado, máxime si se tiene en cuenta que está próxima la convención

del Partido Popular".

 

Destaca igualmente que "los potenciales investigados estaban hace nada del otro lado y participaban en otras investigaciones y conservan amigos y contactos, (...) ocupan o han ocupado los más altos cargos de la administración pública o del Partido Popular y conservan claro poder de influencia en estos ámbitos".

 

Los otros espías de 'Kitchen'

 

Con todo ello, opina que hay fundamento suficiente para prorrogar la instrucción otros seis meses, en los que cree que se debe seguir la senda marcada por la Fiscalía Anticorrupción, que implicaría reabrir la causa también para José Luis Ortiz, ex jefe de Gabinete de Cospedal, y Enrique Olivares, el 'falso cura' que asaltó la casa de los Bárcenas.


Aboga asimismo por ahondar en las investigaciones en torno a Olivares y a Isidro Sánchez, preso que estuvo con Bárcenas en la cárcel, con el propósito de identificar a "los múltiples colaboradores de los que existen indicios que existieron, K1 a K7", de los cuales solo se ha localizado como presunto espía de la 'Kitchen' al entonces chofer de los Bárcenas.

 

También ve oportuna la propuesta fiscal de citar a declarar como imputado al ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó porque --sostiene—resulta "francamente increíble" que, dada la "férrea jerarquía" en el Ministerio de Interior, donde el juez sitúa el origen de 'Kitchen', no conociese este operativo.

 

Añade además que tanto sus superiores como sus subordinados ya han comparecido en esta causa.

 

El PSOE respalda también a Anticorrupción en su petición de imputar al comisario Mariano Hervás, que era el 'número dos' de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) en la etapa de la 'Kitchen', y de que el comisario Enrique García Castaño y el inspector José Ángel Fuentes Gago --otros de los procesados-- vuelvan a ser interrogados.

 

"Jaque al Estado"

 

Por otro lado, el PSOE pone de relieve la importancia de seguir investigando hasta esclarecer lo ocurrido debido a la naturaleza de los hechos expuestos, esgrimiendo que "la utilización de los poderes otorgados por la Constitución en actividades contrarias a la ley es extraordinariamente grave y priva de legitimidad a las propias instituciones del Estado, es decir, pone en jaque al propio Estado de Derecho".

 

A su juicio, "la lógica más primaria deduce que el PP y sus dirigentes debían de realizar todos los esfuerzos posibles para entorpecer las instrucciones penales que se estaban llevando a cabo y no paraban de prosperar y multiplicarse" y, aunque "la justicia no puede investigarlo todo, (...) entre eso y ceñirse cicateramente a los años 2013 a 2015 y dentro de ellos únicamente a parte de la actividad desplegada desde el propio Ministerio del Interior, hay un mundo"

 

 "Y ese mundo que nos jugamos es la fe de los ciudadanos en instituciones fundamentales para el Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución. La instrucción de esta causa es el espejo de cómo funciona a ojos de los ciudadanos la administración de justicia cuando se confronta a los poderosos",

advierte.

 

 

ANTICORRUPCIÓN REPROCHA AL JUEZ QUE EXCLUYA DE LA 'KITCHEN' LA "POSIBLE RESPONSABILIDAD DE RAJOY"

 

Acusa al magistrado en su escrito de apelación contra el "cierre precipitado y en falso" de la causa que pretenda "artificialmente delimitar" el procedimiento al ámbito del Ministerio del Interior y que deje fuera la "corrupción política" del PP, "como si hubiera establecido una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar"

 

La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes en la Audiencia Nacional su escrito de apelación con el que recurre el cierre de la investigación del operativo supuestamente regado con fondos reservados, para robar y destruir las pruebas que tuviera el extesorero del PP, Luis Bárcenas, contra el PP o sus dirigentes en la causa judicial de su caja b.

 

Este martes se ha conocido su literalidad. En un durísimo texto de 92 páginas al que ha accedido la SER, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas acusan al juez Manuel García Castellón de clausurar de forma "precipitada y en falso" la causa y de querer "artificialmente delimitar el procedimiento al Ministerio del Interior". "Las posibles responsabilidades del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP [añaden los fiscales], no quedan fuera del procedimiento" y "no es la primera ocasión que en el curso de las actuaciones aparecen elementos que confluirían en una posible responsabilidad" de éste.

Múltiples indicios de que Rajoy conocía el operativo

 

En este sentido, los fiscales critican que el juez ha concluido el caso desoyendo su petición de que el PP identifique el número atribuido al expresidente y con el que supuestamente se mensajeaba con el comisario Villarejo, y relatan en su escrito los múltiples indicios que apuntan al conocimiento que Rajoy podía tener del operativo, al describir las conversaciones entre los imputados en las que se refieren al expresidente como el "barbas" o el "asturiano".

 

Para el Ministerio Público, existen indicios de que al margen de una "trama policial" con la cúpula de Interior como principales responsables, también existió una "trama política" con la participación de "dirigentes" del Partido Popular, y sostienen que resulta "imprescindible dilucidar" esta posible responsabilidad.

 

Los fiscales al juez: "Freudiana proyección de culpas"

 

Una posibilidad que para los fiscales, el juez no quiere investigar a pesar de los indicios, al sostener que "parece que este paso no se quiera dar, hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar".

 

Los fiscales afean al magistrado su "voluntad de terminar a toda costa la instrucción sin tener en cuenta las necesidades materiales de la misma" y contestan al juez, que calificó de "inútiles e impertinentes" las diligencias que solicitaron, que su respuesta es un "claro reflejo de la freudiana proyección de sus culpas".

 

"Cospedal no resultó creíble"

 

Los fiscales piden que Cospedal y su marido vuelvan a tener la condición de imputados porque su participación en la causa "no es una mera hipótesis", existen indicios contra ambos y la declaración como imputada de la exsecretaria general del PP "no ha desvirtuado" las acusaciones iniciales. Recalcan que su comparecencia "no resultó creíble" y fue "abiertamente contradictoria" con la de su jefe de Gabinete, Juan José Ortiz, quien reveló que Cospedal se reunió más veces de las que confesó con Villarejo en la sede del PP y que estos cónclaves se producían a petición de la dirigente política "para obtener información de las responsabilidades que para el PP pudieran presentar las declaraciones" de Bárcenas y sobre todo, datos sobre los "documentos que pudiera tener" el extesorero sobre el Partido Popular.

Nueva "casualidad" no investigada del falso cura en Kitchen

 

El Ministerio Público también censura que el juez ni siquiera citara a declarar como investigado al exdirector de la policía, Ignacio Cosidó, a quien atribuyen "una participación no meramente circunstancial sino de carácter específicamente directivo", e insisten en practicar más diligencias sobre el falso cura que secuestró a la familia de Bárcenas, Enrique Olivares. Al respecto, revelan que el último abogado de Olivares es hermano de Javier Ruiz Cubero, detenido e investigado en la causa porque fue compañero de cárcel de Villarejo y vendía sus documentos, muchos de ellos oficiales y secretos, cuando salía de permiso de prisión. Una "casualidad" que debe investigarse a juicio del Ministerio Público, como también quién depositaba regularmente dinero en la cuenta penitenciaria de peculio de Olivares cuando pertenece a una "familia sin recursos" o quiénes fueron los funcionarios policiales que le visitaban cuando estaba internado en los centros de Valdemoro y Estremera y por qué.

 

https://cadenaser.com/ser/2021/09/07/tribunales/1631039006_029972.html

 

LA FISCALÍA APUNTA A "UNA POSIBLE RESPONSABILIDAD" DE RAJOY EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS

 

Los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano reprochan que este presunto espionaje parapolicial "se quiere delimitar artificialmente en el ámbito del Ministerio de Interior"

 

"Esto no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP no constituyan el objeto del procedimiento", subrayan en el escrito

 

Esta hipótesis no está "vacía de soporte indiciario" y destacan que en el curso de las actuaciones han aparecido "elementos que confluirían en una posible responsabilidad" de Rajoy

 

La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado a "una posible responsabilidad" del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la Operación Kitchen, reprochando que el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas "se quiere delimitar artificialmente en el ámbito del Ministerio de Interior", según señala en el recurso formulado contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación de esta pieza separada de Tándem y que recoge Europa Press.

 

Los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano hablan de esa delimitación artificial porque, a su juicio, aunque las pesquisas reflejan con "contundencia y solidez" que la Operación Kitchen se habría desarrollado por parte de la cúpula policial con "protección" del Ministerio de Interior, "esto no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP no constituyan el objeto del procedimiento".

 

Esta hipótesis, indican los fiscales en su escrito -al que ha tenido acceso Europa Press-, no está "vacía de soporte indiciario". En este sentido, subrayan que en el curso de las actuaciones han aparecido "elementos que confluirían en una posible responsabilidad del presidente del Gobierno" de entonces, Mariano Rajoy.

 

Entre estos "elementos" mencionan los números de teléfono aportados por el comisario José Manuel Villarejo, desde los que dice que se mensajeaba con Rajoy sobre la Kitchen, y las grabaciones de conversaciones en las que se alude a El Asturiano como la persona a la que se reportaba sobre este supuesto operativo ilegal. Por ello, el Ministerio Público cree que resulta "imprescindible" dilucidar "si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental".

 

"No se puede concluir que se hayan perfilado todos los elementos del complejo hecho punible, ni tampoco que se haya determinado la participación en el mismo de todos los partícipes, en unos casos, ante los evidentes indicios de la participación de personas hasta la fecha no investigadas; en otros casos, ante la necesidad de concretar el alcance de la participación en los hechos de personas que ya ostentan la condición procesal de investigadas", sostienen De Rivas y Serrano.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/09/08/la_fiscalia_apunta_una_posible_responsabilidad_rajoy_espionaje_barcenas_124269_1012.html

 

LA FISCALÍA RECURRE CONTRA EL CIERRE DEL ‘CASO KITCHEN’ QUE EXCULPA AL PP DE RAJOY Y COSPEDAL

 

Anticorrupción considera prematuro el fin de la investigación y pide nuevas diligencias

 

La Fiscalía Anticorrupción presentará en las próximas horas un recurso de apelación contra el auto del juez Manuel García Castellón que pone fin a la investigación del caso Kitchen, el supuesto espionaje ilegal al extesorero del PP por parte de la cúpula política y policial del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para robar documentación que pudiera incriminar a la formación conservadora y al Gobierno de Mariano Rajoy.

 

Anticorrupción considera “prematuro” el fin de la investigación que decidió en julio el instructor del caso, Manuel García Castellón, sin que se hubieran llevado a cabo diligencias importantes para la causa que había pedido la propia Fiscalía, según indicaron a EL PAÍS fuentes de la Audiencia Nacional, donde se instruye esta causa.

 

El magistrado dictó auto de procesamiento el 29 de julio pasado contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y nueve policías, entre ellos quien fuera director adjunto operativo, Eugenio Pino, y los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. El mismo magistrado decidió archivar la causa abierta contra María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP cuando ocurrieron los hechos, al considerar que los indicios existentes eran insuficientes para sentarla en el banquillo.

 

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recurrido también la decisión del juez al considerar, como la Fiscalía, que hay que practicar las diligencias solicitadas por Anticorrupción unas semanas antes de que el instructor pusiera fin a la investigación. Fernández Díaz recuerda que su nombre no aparece en los papeles de Bárcenas y por tanto no tiene ningún interés en la causa, a diferencia de lo que ocurre con los principales dirigentes del PP durante el periodo comprendido entre 1990 y 2009. Además, señala en su recurso que Bárcenas era tesorero del PP y no tesorero del Ministerio del Interior, y que su número dos, Francisco Martínez, pudo recibir órdenes para llevar a cabo la operación desde otros ámbitos, como el PP o el propio Gobierno, sin que él lo supiera. Fernández Díaz niega que diera órdenes para espiar a Bárcenas y asegura que las pruebas que presentó su número dos para acusarle son falsas.

 

“El origen de la Operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio. Y precisamente a Jorge Fernández Díaz no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en la Pieza Separada papeles de Bárcenas. No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto, por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial”, señala el abogado del exministro en el recurso presentado.

 

El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha intentado demostrar la participación del exministro en los hechos a través de sendas actas notariales donde se incluyen diversos mensajes de WhatsApp, que probarían que quien le ordenó poner en marcha esa operación de espionaje ilegal a Bárcenas fue su jefe directo, el exministro Jorge Fernández Díaz. Pero este ha intentado demostrar, sin éxito, que no envió los mensajes. El aparato desde el que envió las supuestas órdenes a su número dos sobre la operación ilegal no ha podido ser analizado porque el exministro solo ha aportado el terminal nuevo que todavía conserva, donde no figuran esos mensajes.

 

Respecto a la responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy o de la cúpula del PP en los hechos que se investigan, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, declaró en su última comparecencia ante el juez que la decisión de investigar a fondo a Bárcenas se tomó en un Consejo de Ministros de agosto de 2013 y que de hecho le indicaron que hablase con el director del CNI, entonces Félix Sanz Roldán, por si le podía facilitar información sobre los movimientos del extesorero del PP.

 

La operación Bárcenas, según el 'número dos' de interior

 

Francisco Martínez relató así en su última comparecencia judicial los motivos que llevaron a activar el espionaje a Bárcenas y a su familia en el verano de 2013: “Lo que se plantea, en un nivel en el que desde luego yo ni participaba ni tomaba decisiones, es decir en el nivel del Consejo de Ministros o del Gobierno, es que hay que conseguir que todo lo que pruebe las responsabilidades penales individuales del señor Bárcenas tiene que ponerse a disposición de la justicia y que esa investigación tiene que ser exhaustiva. Y por eso el ministro me dice en esa fecha que me va a dar un contacto con el CNI para que yo coordine, que era mi función coordinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con otros servicios extranjeros o con servicios nacionales, y para que yo coordine la posible puesta a disposición de los investigadores de información sobre esta cuestión que pudiera tener el CNI".

 

"Yo le digo que estaré pendiente, me dice que me lo dará después, cuando hablamos después, y esa parte ya no aparece en los mensajes. Me dice que contacte directamente con el director del Centro Nacional de Inteligencia con el cual yo hablaba con bastante frecuencia por razones elementales. Yo hablo con el CNI que me dice que ciertamente para ellos esa no es una cuestión que esté dentro del ámbito de su actividad de inteligencia y demás, pero que como ellos tienen obviamente acceso a muchísima información, que por supuesto si tuviesen acceso a una información directamente relacionada con dinero en el extranjero, testaferro, etcétera, etcétera, del señor Bárcenas o de su entorno, la pondría por los conductos habituales a disposición de la policía."

 

"Esa es la conversación y el contexto del mensaje. ¿Por qué yo lo protocolizo? Porque a mí desde el inicio de esta pieza, desde el informe de la Unidad de Asuntos Internos de octubre de 2018, se me atribuye un papel de coordinador de lo que se califica como una operación clandestina, parapolicial e ilegal. Y con esto pretendo tratar de acreditar que difícilmente en una operación clandestina, parapolicial e ilegal podría yo tener este tipo de conversación e interlocución con el director del Centro Nacional de Inteligencia. Que eso lejos de ser parapolicial y clandestino era una operativa normal, por la cual los cuerpos comparten información, con todas sus dificultades, con otros servicios y en concreto con el CNI. Ese es el objetivo”.

 

https://elpais.com/espana/2021-09-06/la-fiscalia-recurre-contra-el-cierre-del-caso-kitchen-que-exculpa-al-pp-de-rajoy-y-cospedal.html

 

PODEMOS Y PSOE TAMBIÉN PIDEN AL JUEZ QUE IMPUTE A COSPEDAL E INVESTIGUE MÁS LA KITCHEN

 

"Tiene una incidencia directa sobre el prestigio de la justicia de nuestro país"

 

El pasado 29 de julio del 2021 el juez de la operación Kitchen, Manuel García-Castellón, dio carpetazo a la investigación exculpando a la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, así como al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy entre otros. Sin embargo, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni algunas de las defensas de imputados, ni las acusaciones lo aprueban. Podemos y PSOE han remitido sendos escritos solicitando la revocación del auto con el que el magistrado salvó a Cospedal del juicio e instando a reabrir la investigación, al menos, durante seis meses más.

 

En los escritos, a los que ha tenido acceso ElPlural.com, los morados y los socialistas piden a García-Castellón que revoque el sobreseimiento de la causa no solo para Cospedal, sino también para su marido, Ignacio López del Hierro; su jefe de gabinete, José Luis Ortiz; y el falso cura que asaltó la casa de Bárcenas, Enrique Olivares García.

 

“La decisión de no prorrogar la instrucción de la presente causa pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el resto de acusaciones y las defensas de varios imputados tiene una incidencia directa sobre el prestigio de la justicia de nuestro país, por lo que  si la Sala de lo Penal no corrige el auto ahora recurrido, revocándolo y ordenado continuar con la investigación y la practicar las pruebas que han sido solicitadas las que a buen seguro se concretaran por las partes en los próximos meses, la imagen y crédito de nuestro sistema de justicia volverá a quedar en entredicho”, lamentan los morados.

 

Desde Unidas Podemos consideran que “como ya ocurriera con los GAL en los primeros años de desarrollo de nuestra democracia”, pudiera parecer que “el juez instructor quiere circunscribir al Ministerio del Interior este tipo de acciones ilícitas en las que se usa del aparato policial para la realización de acciones con un claro componente político”. A su juicio, esto no es “admisible” en un estado de derecho, y recuerdan que existen pruebas e indicios que señalan directamente a responsables políticos vinculados al PP. En este punto, entra en escena el nombre de Rajoy, “quien a la postre era el principal beneficiario de la maniobra de sustraer al tesorero del PP la documentación de la caja B”. En consecuencia, “queda mucho aún por investigar y esclarecer”.

 

En la misma tónica se ha movido el PSOE, aunque en su caso, recuerdan que “una imagen vale más que mil palabras”; por lo que se valen de una reproducción del cuaderno de anotaciones de Villarejo en el que se pueden leer varias alusiones a Cospedal: “Tanto COSPE o MD, abreviaturas utilizadas para referirse a Mª Dolores de Cospedal, como ILH (Ignacio López del Hierro) aparecen innumerables veces en las agendas, que damos por supuesto que el Ministerio Fiscal con acceso a las mismas mucho antes que nosotros y confiamos que en mejores condiciones, habrá hecho un extenso repaso de las anotaciones”.

 

La agenda y el doble rasero

El número que fuera número dos del Ministerio de Interior durante la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y Jorge Fernández Díaz como titular de dicha cartera, Francisco Martínez, remitió este lunes un recurso contra el auto de procesamiento del juez Manuel García-Castellón. En el escrito, Martínez acusaba al magistrado de utilizar un doble rasero por dar relevancia a las anotaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo en su diario personal ya que, el contenido de dicha libreta ha exculpado a María Dolores de Cospedal.

 

El recurso, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la defensa de Martínez reduce el diario de Villarejo a “meras anotaciones realizadas por un investigado”; por lo que “la mayor parte del contenido de tales conversaciones” carecen “de credibilidad”. El enfado del exnúmero dos de Interior es tal que ha reprochado al magistrado que “solo se considere relevante la parte de las ‘agendas del Sr. Villarejo’” que le perjudican”; insistiendo en que García Castellón ha actuado de acuerdo a “una idea preconcebida y no al resultado de las pruebas practicadas, como se puede concluir de la existencia de manifestaciones absolutamente erróneas”.

 

Cabe recordar que el polémico excomisario recogió en sus documentos varias reuniones con Cospedal, e incluso, anotó un pago que le habría realizado su jefe de gabinete, José Luis Ortiz. García Castellón exculpó a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro y, a juicio de Martínez, la decisión fue correcta. Sin embargo, afea al juez que tal postura contrasta con la adoptada en lo relativo a su persona: ”Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el Sr. Bárcenas era el Tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”, esgrime el escrito.

 

Francisco Martínez critica que el juez haya desestimado algunas diligencias o haya sobreseído algunas cuestiones de la Kitchen basándose en las agendas de Villarejo, pero en su caso, otorgue valor y credibilidad al contenido. En este sentido, considera que está indefenso; entre otras cosas, porque su defensa solo ha podido analizar debidamente las notas de Villarejo durante un breve periodo de tiempo (un mes y medio aproximadamente), mientras que Asuntos Internos las estudió durante más de ocho.

 

En suma, Martínez opina que se le está aplicando un criterio bien distinto del empleado a otras partes, como la propia Cospedal, y reclama un trato semejante.

 

“Es de una lógica aplastante que ningún interés podría tener la señora Cospedal en idear una operación para hacerse con aquello que durante meses tuvo a su disposición en la propia sede del PP, pero todavía es más aplastante es la lógica que permite afirmar la absoluta falta de cualquier motivación, interés o preocupación, o remota que fuese, de mi mandante en obtener unos documentos que no podían afectarle de ningún modo y a los que directamente afectados podían haber accedido por estar en una sala existente en la sede de su partido”, añade la defensa.

 

https://www.elplural.com/politica/espana/psoe-piden-juez-impute-cospedal-investigue-kitchen_274013102

 

 

 

LAS ACUSACIONES DE PODEMOS Y PSOE PIDEN AL JUEZ QUE SIGA INVESTIGANDO EL PAPEL DE COSPEDAL Y RAJOY EN KITCHEN

 

Los abogados de ambos partidos consideran que la responsabilidad del espionaje a Bárcenas y la destrucción de pruebas incriminatorias para el PP va más allá del Ministerio del Interior y apuntan a la cúpula del partido, que el magistrado García-Castellón ha decidido dejar fuera de la causa

Podemos y PSOE quieren que la Audiencia Nacional no cierre en falso la investigación de Kitchen e indague más allá de la cúpula de Interior en tiempos del ministro Jorge Fernández Díaz. Podemos considera "irracional" que el magistrado Manuel García-Castellón haya concluido que el presunto espionaje a Bárcenas se ideó en el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, instando a la Sala de lo Penal a "desentrañar" el rol de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en este operativo y su "probable connivencia" con el ex presidente Mariano Rajoy.

 

La acusación del partido que lidera Ione Belarra ha formulado un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, contra el auto dictado el 29 de julio donde el juez termina las pesquisas sobre esta pieza separada de 'Tándem' y procesa a 11 personas, Fernández Díaz incluido, por la llamada ‘trama Kitchen’: el espionaje parapolicial que se habría desarrollado entre 2013 y 2015 contra Bárcenas para robarle la información comprometedora que pudiera tener del PP y sus dirigentes y evitar así que cayera en manos de la Justicia.

 

La principal razón que esgrime Podemos es la "errónea e injusta" decisión del instructor de en esa misma resolución archivar la causa para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, a quienes imputó inicialmente por creer que su intervención para captar al entonces chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía de la 'Kitchen' fue "decisiva", si bien después indicó que los motivos para incriminar al matrimonio eran demasiado débiles.

 

"La irracional conclusión del auto es que existió un operativo que empleó recursos públicos en beneficio del Partido Popular, si bien nada tuvo que ver en ello el Partido Popular que gobernaba por aquel entonces; que se ejecutaron una serie de acciones para proteger al Partido Popular, pero que no las ordenó nadie del Partido Popular, sino que toda la ideación como la ejecución se coordinó exclusivamente en el Ministerio de Interior", expone.

 

"Y todo ello", continúa la acusación popular que ejerce la formación política, "pese a la ingente cantidad y calidad de las pruebas e indicios acumulados en contra de la ex secretaria general del Partido Popular y su entorno más allegado", hasta el punto de que estima "plausible" afirmar que Cospedal actuó como "inductora" de la 'Kitchen'.

 

El PSOE pide que se investigue a los "beneficiarios"

 

Por su parte, la acusación del El PSOE considera que es necesario seguir indagando para identificar a los "principales beneficiarios" del presunto espionaje a Bárcenas, entre los que señala a Rajoy y a Cospedal.

 

En el recurso de apelación, al que también ha tenido acceso Europa Press, la acusación que ejerce el Partido Socialista argumenta que las pesquisas de esta pieza separada se la macrocausa 'Tándem' están lejos de haber colmado sus objetivos por cuanto se ha investigado a "quienes transmiten el encargo" de espiar a Bárcenas y su entorno, y a quienes lo reciben y ejecutan, pero no a "quienes dan la orden y resultan ser los principales beneficiarios”, apuntando a Rajoy y a Cospedal.

 

El interés de ambos en frustrar las indagaciones sobre los famosos 'papeles' del ex tesorero –continúa– obedecería a que "estaba en juego la supervivencia del Partido Popular –del que eran los máximos responsables–" y "ello ponía en vilo sus carreras políticas, sus entonces fuentes de ingresos y estilos de vida y de sus familias, su poder e incluso podría hacer peligrar su libertad, pues cabía la posibilidad de condena a prisión, por no hablar de su imagen pública".

 

Además, cimenta esta argumentación en el hecho de que en las agendas manuscritas del comisario José Manuel Villarejo "figuren múltiples apuntes sobre traslado de información de su actividad en la operación o proyecto 'Kitchen' precisamente a estas dos personas, bien sea directamente o a través de terceros".

 

Por ello, ve necesario "practicar diligencias encaminadas a verificar la participación de los principales beneficiarios, los más altos dirigentes del Partido Popular, como su presidente, su secretaria general y otros", que no especifica. En este sentido, reclama reabrir la causa para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

 

El matrimonio estuvo imputado porque el magistrado sospechaba que su intervención pudo ser "decisiva" para captar como espía de la 'Kitchen' al entonces chofer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Sin embargo, el juez finalmente optó por no procesar a la pareja concluyendo que las razones que justificaban su incriminación eran demasiado débiles.

 

https://www.eldiario.es/politica/acusaciones-psoe-piden-juez-siga-investigando-papel-cospedal-rajoy-kitchen_1_8281386.html

 

ANTICORRUPCIÓN SOLICITA QUE COSPEDAL VUELVA A SER IMPUTADA POR EL CASO KITCHEN Y SUMAN A COSIDÓ

 

También pide seguir investigando los números de teléfono que Villarejo dice que usó para hablar con Rajoy de 'Kitchen'

 

La Fiscalía ha presentado este lunes un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación sobre el presunto espionaje parapolicial el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, un escrito donde pide reabrir la causa contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal e imputar al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.

 

Además, ha pedido seguir investigando los número de teléfono que el comisario jubilado José Manuel Villarejo dice que usó para informar al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre el desarrollo de la 'Operación Kitchen'.

 

Anticorrupción ya había abogado en escritos anteriores por prorrogar la investigación de 'Kitchen' más allá del 29 de julio, cuando caducaba, al tiempo que había solicitado a García-Castellón que llevara a cabo nuevas pesquisas, si bien el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 optó por terminar la instrucción.

 

En total, han sido procesadas once personas, empezando por el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez; y siguiendo con el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino, los comisarios Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo; para terminar con los policías Bonifacio Díez y José Ángel Fuentes Gago, y el ex chofer de la familia Bárcenas Sergio Ríos.

 

El juez ha considerado acreditado, a nivel indiciario, que todos ellos, "puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos que estaban llevando a cabo", pusieron en marcha la 'Kitchen', lo que sería constitutivo de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.

 

Además, asumió que la 'Kitchen' consiguió sus objetivos, que era robar a Bárcenas la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes para evitar que llegara a manos de la Justicia.

 

https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/anticorrupcion-solicita-cospedal-vuelva-imputada-caso-kitchen-suman-cosido_273964102

 

 

FERNÁNDEZ DÍAZ APUNTA AL PP DE RAJOY COMO RESPONSABLE DE LA KITCHEN

 

La defensa del exministro ve “simplista y fácil encapsular” las responsabilidades de la operación solo en Interior

 

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha apuntado, si bien de manera implícita, al PP de Mariano Rajoy como responsable de la llamada Operación Kitchen, el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que supuestamente llevó a cabo la cúpula de la Policía Nacional entre 2013 y 2015 y al que, según la investigación, se destinaron fondos reservados. La defensa del exministro ha presentado en la Audiencia Nacional un recurso contra la decisión “precipitada” del juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, de dar por concluida la investigación, en la que Fernández Díaz es el principal imputado junto con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

 

Fernández Díaz, uno de los pocos amigos personales del expresidente popular, rompe amarras con él y se niega a ser el único responsable del operativo parapolicial. En el escrito, el exministro, que ha acompañado a Rajoy por los cinco ministerios que ocupó antes de ser presidente entre 2011 y 2018, solicita que se archive la causa contra él al considerar que “no existe elemento o indicio”, al margen de las declaraciones de su subordinado Martínez, que permita concluir que estuviera al corriente o participara del espionaje a Bárcenas para arrebatarle documentos comprometedores para el PP; ni tampoco de la gestión o reparto de los fondos reservados.

 

En el recurso de reforma y apelación presentado este 2 de septiembre, de 30 folios, al que ha accedido EL PAÍS y que adelantó la Cadena SER, la defensa del exministro Fernández lanza varios mensajes por elevación: para el exministro lo “realmente preocupante” es la decisión del juez García-Castellón de “concluir la instrucción limitando el objeto de investigación al entorno del Ministerio del Interior” y “considerando que la operación Kitchen se ideó y ejecutó en el marco institucional de dicho Ministerio”. Y para sacudirse la responsabilidad penal, en su ejercicio de defensa, Fernández Díaz, apunta, de manera indirecta, a los posibles beneficiados por el espionaje parapolicial a Bárcenas. “Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”, señala el abogado del expolítico, Jesús Mandri.

 

El abogado de Fernández, Jesús Mandri, niega en declaraciones a EL PAÍS que Fernández esté “apuntando o señalando” a nadie en concreto como responsable de organizar esa operación, para rebatir la tesis de que su defendido aluda así a Rajoy, pero reconoce que un asunto de esa complejidad “no puede encapsularse en el Ministerio del Interior”. El letrado acusa al instructor de hacer un planteamiento “simplista” al “encapsular” los hechos en el entorno del Ministerio del Interior y “rechazar la vía de investigación hacia el origen del problema”, esto es hacia el PP de Rajoy, al que nunca cita o señala expresamente, dejando a la Audiencia Nacional que una los puntos.

 

Fernández Díaz insiste en acusar a su exnúmero dos Francisco Martínez de inventarse los supuestos SMS que dan a entender que el exministro conocía la trama de seguimientos a Bárcenas. “Tales mensajes no existen y fueron manipulados, prefabricados y creados ad hoc para incriminar al señor Fernández Díaz y quizá exculpar a otras personas”, dice el letrado, sin citar a qué personas se refiere. La imputación del exministro se basa principalmente en dos actas notariales aportadas por Martínez, en las que figuran esos mensajes atribuidos a Fernández Díaz y que él rechaza como falsos. La defensa de Fernández considera que esos mensajes que figuran en el móvil de Francisco Martínez están en realidad “preconstituidos”, según sus informes periciales.

 

https://elpais.com/espana/2021-09-03/fernandez-diaz-apunta-al-pp-de-rajoy-como-responsable-de-la-kitchen.html

 

FRANCISCO MARTÍNEZ CRITICA LA "IRRACIONAL CONCLUSIÓN" DE EXCULPAR AL PP EN LA OPERACIÓN KITCHEN

 

Considera ilógico que el juez concluya que existió un operativo "que empleó recursos públicos en beneficio del Partido Popular" sin que lo ordenase "nadie" desde el partido. Censura que se mantenga su imputación y que se rechace las de Cospedal o Cosidó

 

El exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, ha presentado un escrito de 136 páginas contra el auto de procesamiento del juez García Castellón, que dio por cerrada la investigación de la operación Kitchen: el supuesto operativo sufragado con fondos reservados para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, la documentación que pudiera perjudicar al partido o a sus dirigentes en el caso de su caja b ante la justicia.

 

"Idea preconcebida"

 

El exnúmero dos del ministro Fernández Díaz critica que el juez le ha acusado porque desde el principio del procedimiento parte de una "idea preconcebida" que colisiona con las pruebas. Censura además que García Castellón da validez a las agendas del comisario jubilado Villarejo para incriminarle, pero les resta veracidad o incluso las desacredita cuando se trata de acusar a la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, a su marido, Ignacio López del Hierro, o al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.

 

"Irracional conclusión" de negar la rama política

 

Francisco Martínez asevera que en su auto, el juez llega a una "irracional conclusión" y es que "existió un operativo que empleó recursos públicos en beneficio del PP, si bien nada tuvo que ver en ello el PP; que se ejecutaron una serie de acciones para proteger al PP, pero no las ordenó nadie del Partido Popular, sino que tanto la ideación como la ejecución las coordinó Francisco Martínez, que no era militante del Partido Popular, pero que en una suerte de inmolación espontánea por una causa que no era suya [dado que ni siquiera aparecía en los papeles de Bárcenas ni le afectaba la documentación que supuestamente guardaba el extesorero] decidió incurrir en flagrantes ilegalidades".

 

Cospedal y Cosidó

 

El exsecretario de Estado también reprocha al juez que concluya que fue él quien influyó para amañar el nombramiento como agente de la Policía Nacional del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, cuando el secretario de Estado carecía de competencias en la materia. Sí las tenía, recalca Martínez, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, de quien dependía el nombramiento de los tribunales, la convocatoria del proceso de selección y velar por su buen funcionamiento.

 

También manifiesta que es de "lógica aplastante" que si Cospedal no fue la "ideóloga" de ninguna operación, "menos puede reputársele" al propio Martínez la ejecución de un operativo "cuyo ilícito fin era beneficiar al PP, en el que no militaba".

 

https://cadenaser.com/ser/2021/09/06/tribunales/1630925998_836351.html

 

EL NÚMERO DOS DE INTERIOR CON EL PP REPROCHA AL JUEZ DOBLE RASERO AL PROCESARLO Y EXCULPAR A COSPEDAL

 

El recurso de Francisco Martínez celebra que la exsecretaria general ya no esté imputada pero critica que García Castellón utilice el diario del comisario Villarejo contra él y cuando se trata de la "rama política" de la operación Kitchen sean "meras anotaciones realizadas por un investigado"

 

El número dos del Ministerio del Interior durante la operación Kitchen, Francisco Martínez, considera que el juez de la causa ha evidenciado un doble rasero al recurrir al diario del comisario Villarejo para dictar su procesamiento al tiempo que ha despreciado el contenido del mismo cuando se trataba de exculpar a María Dolores de Cospedal, antigua secretaria general del PP, entre otros.

 

En su recurso contra el auto de procesamiento, la defensa de Martínez reprocha al magistrado Manuel García Castellón que se refiera al diario del comisario como “meras anotaciones realizadas por un investigado”, y en consecuencia ignore “la mayor parte del contenido de tales conversaciones por carecer de credibilidad”, y luego “solo se considere relevante la parte de las ‘agendas del Sr. Villarejo’ que perjudican” al número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy. La defensa de Martínez cree que García Castellón ha actuado de acuerdo a “una idea preconcebida y no al resultado de las pruebas practicadas, como se puede concluir de la existencia de manifestaciones absolutamente erróneas”.

 

En las agendas de Villarejo, entre las múltiples reuniones con Cospedal, se especificaba un pago materializado a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, también exculpado por el juez junto al empresario y marido de la exsecretaria general del PP, Ignacio López del Hierro. García Castellón alude en su auto al “derecho de reunión” y añade que Cospedal negó en su declaración pagos al comisario “con contundencia”.

 

La defensa de Martínez añade que, en cualquier caso, está “absolutamente de acuerdo” con la decisión de levantar la imputación a Cospedal y su entorno. Contrasta con el recurso presentado por Jorge Fernández Díaz en el que el inmediato superior de Martínez aduce, a través de su defensa: "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el Sr. Bárcenas era el Tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior".

 

En el escrito de su defensa, Martínez critica que con las agendas en la mano el juez desestime las peticiones de algunas diligencias que han formulado las partes o que se acuerde el sobreseimiento de la “rama política” de la operación Kitchen y se utilice su contenido para acusarle a él, pese a que incluyen afirmaciones que se han demostrado falsas, como la alusión a un viaje a Argentina que nunca hizo o que tenía relación con el entonces diputado de Ciudadanos José Manuel Girauta, alega el letrado. Martínez denuncia indefensión, entre otros motivos, porque su defensa solo ha podido estudiar las agendas de Villarejo un mes y medio frente al año en que estuvieron en poder de Asuntos Internos y los ocho meses que han pasado en el juzgado.

 

Martínez cree que a él se le debe aplicar otro razonamiento que se utiliza para exculpar a Cospedal: falta de interés en recuperar unos documentos que, o en el caso de la secretaria general del PP ya había tenido acceso a ellos, o en en el caso del número dos de Interior, aspirante en su momento a suceder a Fernández Díaz, no le afectaban. “Es de una lógica aplastante que ningún interés podría tener la señora Cospedal en idear una operación para hacerse con aquello que durante meses tuvo a su disposición en la propia sede del PP, pero todavía es más aplastante es la lógica que permite afirmar la absoluta falta de cualquier motivación, interés o preocupación, o remota que fuese, de mi mandante en obtener unos documentos que no podían afectarle de ningún modo y a los que directamente afectados podían haber accedido por estar en una sala existente en la sede de su partido”.

 

La denuncia de la defensa de Francisco Martínez respecto a Cospedal y las agendas de Villarejo se extiende al caso de Ignacio Cosidó, que ni siquiera ha sido llamado a declarar como testigo pese a ser el máximo responsable de la Policía en el momento del espionaje a Bárcenas. Sobre Cosidó, el abogado de Martínez no acierta a explicar cómo se puede atribuir a su cliente una “maniobra” para que el chófer de Bárcenas ingresara en la Policía como parte del pago por sus servicios como confidente y se ignore que las resoluciones de convocatoria de la oposición y de acceso de los aprobados van firmada por el entonces director general del Cuerpo.

 

En el escrito se reitera la necesidad de interrogar a los miembros del tribunal de la Policía que examinaron a Sergio Ríos Esgueva y los agentes que puntuaron las pruebas físicas, incluidos en la lista de 198 personas que al defensa de Martínez incluye en su escrito y que habrían participado de una forma u otra en el citado proceso de selección.

 

La utilización de las agendas por parte del juez se reproduce, según Martínez, en el caso de las grabaciones de Villarejo, a las que su abogado tacha de “fanfarronadas de sobremesa”. Sin embargo, el instructor las utiliza contra el exnúmero dos de Interior por supuestos encargos que éste habría hecho al comisario y, sin embargo, ignora mensajes intercambiados con el director adjunto operativo Eugenio Pino en los que, de forma “espontánea”, exponen la imposibilidad de que se les atribuyan actuaciones que no han cometido. Esa conversación con Pino se produce cuando ya se barrunta la imputación de Martínez y están en el teléfono móvil que le intervino Asuntos Internos.

 

Fondos reservados

 

Igualmente, denuncia Martínez, el magistrado ha ignorado declaraciones de testigos que le favorecían, como la del que fuera jefe del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado, Diego Pérez de los Cobos, quien expuso que las partidas de fondos reservados llevaban su firma y la de Martínez y que sólo él comprobaba que esos documentos justificaban las partidas entregadas por adelantado el mes anterior. Martínez pide que se incorpore a la causa la contabilidad de los fondos reservados correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015 preservando en todo momento la identidad de los confidentes o cualquier otro dato delicado. 

 

La defensa del supuesto “coordinador” de la operación Kitchen incide en la negativa del juez a las múltiples peticiones de las partes para que siguiera investigando con el argumento, entre otros, de que ya se habían practicado todas las diligencias acordadas. “No es cierto y el auto debe revocarse y practicarse las mismas, lo que motivaría la necesidad de acordar la prórroga de los plazos máximos de instrucción”, corrige la defensa de Martínez al juez. Y explica que, por ejemplo, una colaboradora en el ministerio del secretario de Estado no pudo prestar declaración como testigo el día que fue citada y se ha cerrado la causa sin volverla a citar.

 

El abogado de Martínez lamenta que el juez rechazara la petición de Asuntos Internos de solicitar a Sitel que acreditara si Fernández Díaz había hecho un “borrado masivo” de mensajes de WhatsApp o que esa misma unidad compruebe si su cliente utilizó dos ordenadores y un pendrive que permanecen precintados en la sede de la Comisaría General de Información. También quiere que se incorporen varios testimonios de la comisión de investigación del Congreso.

 

https://www.eldiario.es/politica/numero-interior-pp-reprocha-juez-doble-rasero-procesarlo-exculpar-cospedal_1_8274721.html

 

EL COMISARIO MARTÍN BLAS PIDE LIBRARSE DE ‘KITCHEN’ ALEGANDO QUE SU «RECTITUD» HACE «INVEROSÍMIL» SU IMPLICACIÓN EN LA OPERACIÓN

 

El exjefe de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarle por su presunta participación en ‘Kitchen’, alegando que su «rectitud» hacía «inverosímil» que sus otrora compañeros contaran con él para un operativo ilegal como el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

 

En un escrito, Martín Blas solicita a la Sala de lo Penal que revoque dicha decisión, librándole así de ser procesado por la ‘Operación Kitchen’, y reclama además que el magistrado Fernando Andreu no forme parte de la sección que vaya a estudiar el recurso debido a su «manifiesta amistad» con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, otro de los procesados en esta pieza separada de la macrocausa ‘Tándem’.

 

García-Castellón señala al exjefe de Asuntos Internos como uno de los mandos policiales que habrían participado en ‘Kitchen’ conociendo «los verdaderos objetivos» de la operación, esto es, espiar a Bárcenas y su familia para robarles la información sensible que pudieran guardar sobre el PP y sus dirigentes y evitar con ello que llegara al cauce judicial.

 

Martín Blas no solo niega que fuera así sino que esgrime que tanto Villarejo como los demás imputados «sabían de su rectitud», porque había «denunciado y perseguido con ahínco» sus presuntas actividades ilícitas, de modo que –afirma– «es inverosímil que contaran con él para una operación de carácter ilícito».

 

«Siendo lo lógico lo contrario: que le ocultasen sus planes por temor a que ordenase a su unidad una investigación», añade.

 

Reprocha al juez instructor que no detalle los indicios que habría en su contra, sugiriendo a renglón seguido que García-Castellón se guiaría solamente por una «intuición», ya que –a su juicio– existen «contraindicios» que respaldarían su presunción de inocencia, entre los que menciona que «durante el desarrollo de la ‘Operación Kitchen’ se producen constantes presiones para que sea cesado» como jefe de Asuntos Internos.

 

El recurso rebate asimismo que Martín Blas diera dinero de los fondos reservados «sin control ni resguardo» a Villarejo para que éste a su vez pagara al entonces chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, que según la investigación judicial fue captado como espía de la ‘Kichen’ cobrando unos 2.000 euros al mes.

 

Nuevamente, apunta a un «descomunal error» del magistrado para aseverar que no correspondía ni a Martín Blas ni a Asuntos Internos abonar «ningún fondo» a Villarejo.

 

En este sentido, recalca que este último dependía «directamente» del entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, de quien dice que retenía dinero para operaciones propias de la DAO.

 

Incide Martín Blas en que no hay ningún informe de Asuntos Internos que indique que en algún momento hiciera un uso irregular de los fondos reservados asignados a esta unidad policial, recalcando que antes y después de su paso por la misma se ha venido actuando del mismo modo: sin libros de contabilidad ni recibís.

 

Por eso, acusa al juez de hacer «una aseveración absurda y gratuita sin respaldo indiciario de ningún tipo».

 

Argumenta contradicciones que probarían que estaba al margen de la operación

 

Refuta igualmente su participación en los seguimientos a Bárcenas y su entorno. «De ser cierto ese operativo», razona, «no podría desde luego entenderse que tiene este vinculación con la ‘Operación Kitchen’, tanto en cuanto ni se puede determinar cuándo ocurrió, ni en qué ubicación, ni cuál era su fin».

 

No obstante, apostilla que, de haberse producido, serían responsabilidad del que fuera jefe de la Sección de Seguimientos Jesús Vicente Galán.

 

Con todo, Martín Blas entiende que su incriminación en esta pieza 7 de ‘Tándem’ se apoya únicamente en los testimonios de Pino y Villarejo, dos personas a las que no da credibilidad ninguna.

 

A Villarejo le acusa de tener una «notoria enemistad» con él porque Martín Blas le investigó junto a sus supuestos «cómplices», incluso trató de detenerlo, por sus supuestas actividades ilícitas, motivo por el cual –continúa– «esa misma trama criminal urdió todo tipo de conspiraciones y campañas de difamación (…) para aniquilarle profesional y personalmente».

 

En cuanto a Pino, defiende que su testimonio no es válido debido a su «acreditada animadversión» hacía él y a su «amistad» con Villarejo, así como a sus «declaraciones incongruentes» y a sus «problemas psicológicos».

 

Además de la escasa fiabilidad que le merecen la palabra de Pino y Villarejo, Martín Blas enuncia a lo largo de su recurso una serie de «contraindicios» que probarían que estaba al margen de ‘Kitchen’, entre ellos las entradas sobre el exjefe de Asuntos Internos que hay en las agendas personales de Villarejo, «en las que este recogía de forma exhaustiva y diaria todas sus conversaciones y reuniones que mantenía con terceros», «amigos y enemigos».

 

https://confilegal.com/20210903-el-comisario-martin-blas-pide-librarse-de-kitchen-alegando-que-su-rectitud-hace-inverosimil-su-implicacion-en-la-operacion/

 

LOS NEXOS DE CASADO CON LOS ENCAUSADOS POR ESPIAR A BÁRCENAS QUE LA EXCULPACIÓN DE COSPEDAL NO LOGRA BORRAR

 

El líder del PP incluyó en su dirección a Jorge Fernández Díaz, el exministro del Interior al que el juez considera el creador de la Operación Kitchen, cuando ya había sido implicado en el caso. Casado también mantuvo como diputado a Francisco Martínez, el exsecretario de Estado al que se acusa de coordinar el plan para borrar pruebas de corrupción

 

La dirección del Partido Popular y, en especial, su máximo líder, Pablo Casado, trataron de pasar página cuando, el pasado 29 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón puso fin a la instrucción de la Operación Kitchen, el caso del espionaje a Luis Bárcenas realizado con fondos reservados desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de borrar cualquier tipo de prueba que pudiera implicar al PP en otra causa por corrupción, la de Gürtel.

 

Ese día respiraron un poco más tranquilos porque, en contra del criterio de la Fiscalía, en su auto el juez Manuel García Castellón había archivado la causa contra la que fuera secretaria general del PP en el momento de los hechos, María Dolores de Cospedal, que fue la gran valedora de Casado en las primarias de 2018. Su apoyo fue decisivo para que el hoy líder de la oposición venciera en el proceso interno a su rival, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría., ya que tras verse eliminada en la primera fase del proceso a raíz de la votación de los militantes –en la que Sáenz de Santamaría resultó vencedora y Casado quedó segundo–, Cospedal desplegó todo su poder orgánico para decantar la balanza a favor del actual presidente del partido.

 

Génova 13 pretende hacer ver que con esa exoneración a Cospedal por parte del juez, que se sumó a la de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro –vinculado desde hace décadas al comisario José Manuel Villarejo– y a la del exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó –al que Casado nombró como portavoz en el Senado nada más ganar las primarias–, el líder del PP quedaba libre de cualquier nexo con la trama corrupta. Sobre todo después de meses en los que la imputación de la que fue su principal apoyo en el proceso interno torpedeó los planes de Casado para romper con el pasado de irregularidades y causas judiciales por corrupción en el que se ha visto envuelto su partido en los últimos años.

 

"El juez ha dicho que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal no tiene ninguna responsabilidad, y creo que esto debería llevar a una reflexión a los partidos que han estado diciendo que no hacíamos nada contra una persona que hoy se ha visto que era inocente. Esta dirección nacional es honesta, es transparente, y ha erradicado cualquier falta de ejemplaridad que pudiera haber en el pasado", aseguró el propio líder del PP el día en el que se conoció el auto de García Castellón.

 

Cuando Casado y García Egea arropaban a Fernández Díaz

 

Casado y su equipo obvian, sin embargo, que los dos principales encausados de la trama a los que el magistrado instructor ha llevado a juicio, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz –ahora suspendido de militancia– y el que fue su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez –que dejó el partido en 2019–, tuvieron puestos en el PP cuando lo presidía el actual líder de los populares pese a que ya se había iniciado la investigación del caso y se conocían indicios de sus responsabilidades en el espionaje a Bárcenas.

 

Pese a su implicación Fernández Díaz, al que el juez considera como el principal responsable de la Operación Kitchen, fue designado por Casado como miembro de su dirección tras ganar las primarias. Le nombró secretario de Interior y Justicia de la cúpula popular aunque, ante el avance de la investigación abierta en los tribunales, el líder del PP se vio obligado después a no renovarle en el cargo tras las elecciones generales de 2019. En octubre de ese año, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, llegó a arropar a Fernández Díaz en la presentación del libro sobre sus memorias políticas al que también asistió Mariano Rajoy.

 

En cuanto a Martínez, Casado le mantuvo en su escaño del PP en el Congreso hasta pasadas las elecciones generales de abril de 2019, a pesar de que la investigación ya le situó en 2018 como uno de los principales responsables de la trama. La dirección de los populares, sin embargo, permitió que permaneciera como diputado del partido hasta el 21 de mayo de 2019, ya que le conservó como representante del PP en la Diputación Permanente, el máximo órgano de la Cámara Baja fuera del periodo de sesiones, aunque Casado no le incluyó en las listas para los comicios.

 

En el auto que se conoció el pasado 29 de julio, el juez considera que fue Jorge Fernández Díaz, y nadie por encima de él, quien "instó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez". Alude a documentación comprometedora para los dirigentes del PP, incluido el propio Mariano Rajoy, al que García Castellón no hizo referencia en su auto.

 

Francisco Martínez Vázquez, prosigue el magistrado en su texto de finales de julio, asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez, otro de los encausados. Pino, a su vez, dice el magistrado, encargó esta operación a José Manuel Villarejo Pérez, quien, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad.

 

Los indicios sobre Cospedal

En su resolución, el magistrado archivó la causa respecto de Cospedal, su marido y su exjefe de Gabinete, José Luis Ortiz al señalar que, a diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, respecto de los que existe una sólida base indiciaria en el caso, de estos tres "resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación", solicitada por la Fiscalía.

 

La decisión de García Castellón se produjo después de que durante meses de instrucción se hubiese estrechado el cerco sobre la exsecretaria general del PP, que en noviembre de 2018 tuvo que renunciar a su escaño tras revelarse sus conversaciones con el excomisario Villarejo. Dos meses antes, en septiembre de ese año, la dirección de Casado la había elegido como representante del PP en el patronato del Instituto Elcano, en el que el pasado febrero fue nombrada vicepresidenta.

 

Durante la instrucción, tanto la Fiscalía, como el juez, como las agendas del comisario Villarejo señalaron a Cospedal como una de las principales responsables de Kitchen. A raíz del levantamiento del secreto de sumario, se conoció que el excomisario anotó en su agenda un plan organizado por la propia Cospedal y por el marido de ésta, Ignacio López del Hierro para colocar como jefe de la Policía al comisario en excedencia José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, la unidad de la que dependían los agentes que investigaron el caso Gürtel y siguen indagando en la caja B del PP.

 

En junio elDiario.es reveló además en exclusiva que Bárcenas encargó a un recluso con el que había compartido encierro en Soto del Real que destruyera las grabaciones que él conservaba en la 'nube' y que había hecho a Mariano Rajoy y Javier Arenas, en las que ambos aparecerían, según el extesorero, implicados en la financiación irregular del partido. Esas revelaciones del sumario concedieron en el espionaje de Bárcenas un papel protagonista a Cospedal, aunque finalmente el juez no vio razones para llevarla a juicio.

 

El silencio de Casado y la marcha de Génova 13

Hasta el pasado 29 de julio, cuando se conoció el archivo de la causa contra la exsecretaria general, Casado evitó en todo momento hablar de la imputación de su gran valedora siendo consecuente con el compromiso que adoptó tras su última gran derrota electoral de hace solo seis meses, la de los comicios catalanes –en los que los populares se quedaron con solo tres escaños de 135 en el Parlament catalán y fueron superados por primera vez en unas elecciones por Vox, que logró 11 representantes–, que el líder del PP atribuyó exclusivamente a que la campaña de esa cita con las urnas estuvo marcada por el juicio sobre la caja B del PP que se estaba celebrando en esos momentos en la Audiencia Nacional.

 

 

Entonces Casado tomó la determinación de escenificar una ruptura con el pasado más reciente de su partido, que se sigue investigando en los tribunales, y en el que sin embargo él también había tenido puestos de responsabilidad. "Ese PP ya no existe", llegó a decir durante la campaña, aludiendo a las etapas de José María Aznar y Mariano Rajoy en las que el propio Casado tuvo cargos orgánicos.

 

Dos días después de la debacle catalana del 14 de febrero, el líder del PP aseguró que él y su dirección dejarían de hablar de los casos de corrupción que afectaban al PP y anunció la marcha de la histórica sede de Génova 13 cuyas obras, presuntamente pagadas con dinero negro, estaban siendo enjuiciadas esos mismos días. La mudanza, seis meses después, sigue no obstante sin materializarse aunque, el pasado 29 de julio, Casado –sin desvelar aún si el PP optará por vender, alquilar o intentar recalificar el edificio de Génova 13–, aseguró que las inmobiliarias y consultoras ya han presentado sus propuestas para la nueva sede, por lo que ahora su equipo deberá decidir cuál es la que más se ciñe a sus intereses.

 

https://www.eldiario.es/politica/nexos-casado-encausados-espiar-barcenas-exculpacion-cospedal-no-logra-borrar_1_8217486.html

 

LOS PRECEDENTES DE KITCHEN Y DE CÓMO VILLAREJO & CIA RENTABILIZAN UN CASO JUDICIAL

 

En el año 2005, el comisario jubilado José Manuel Villarejo ya accionaba su máquina registradora mental, junto a su socio de aventuras el comisario Enrique García Castaño, con respecto del dinero a ganar maniobrando en los casos instruidos por la Audiencia Nacional. Doce años de éxitos más tarde, en febrero de 2017, el modelo de negocio se había expandido más allá de nuestras fronteras y su otro socio Adrián de la Joya presumía ufano ante el todavía asesor aúlico de Donald Trump, Paul Manafort de que, para ellos, los casos judiciales como los que estaba impulsando el colombiano Ivan Velasquez con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se equiparaban a un "gran casino", en referencia a los servicios de gestión de crisis que estaban vendiendo a afectados (o a sus rivales políticos o empresariales) una vez abierto y calentado un caso judicial en su contra.

 

El caso Gürtel, abierto el 4 de agosto de 2008 por el entonces titular del Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (apodado cariñosamente Balta por Villarejo), no fue una excepción. Lo tenía todo: políticos del partido en el poder (en este caso, del Partido Popular) y ricos empresarios implicados. Para ellos suponía un filón, porque podían ofrecer servicios de gestión de crisis tanto a los políticos a cambio de patente de corso, inmunidad y/o ascensos, como protección a los empresarios a cambio de un módico precio. O, también, podía usarse al servicio de rivales empresariales o políticos (internos o externos, según conviniese) de los afectados.

 

La presencia de Villarejo en el caso Gurtel se advierte ya en su propia génesis. El comisario mismo presumió de su papel en una conversación teóricamente grabada el 23 de octubre de 2009 en presencia de Balta, de la ahora pareja de éste, Dolores Delgado (entonces fiscal de la Audiencia Nacional, y hoy fiscal General del Estado) y de otros entonces altos mandos policiales, sin que nadie le corrigiera o matizase (un audio que no fue encontrado en el material requisado en noviembre de 2017 y que sacó a la luz la web moncloa.com), desviando la atención de otros encuentros mucho más recientes de la pareja con Villarejo.

 

La presencia del comisario es una constante durante toda la instrucción de Gürtel y sus diferentes piezas y planea en todos los ámbitos (policial, mediático y procesal). Es especialmente perceptible tras los reveses procesales de Luis Bárcenas (petición de imputación, imputación y reimputación de él y de su mujer Rosalía Iglesias, llegada de rogatorias suizas, entrada en prisión provisional, bloqueo de cuentas, etc.) que abrían ventanas de oportunidad para ofertar servicios urgentes de gestión de crisis ante la idea (que el comisario se ocupaba de intensificar) de que, tras cada golpe, el extesorero entregaría al juez o filtraría a la prensa documentación incriminatoria como elemento de presión en una posible negociación o como estrategia de defensa.

Se aprecian al menos cuatro grupos de clientes: miembros del PP afectados o interesados por el caso; rivales internos o externos de éstos; ricos empresarios imputados o en riesgo de imputación; y empresarios en conflicto con los anteriores.

 

Se aprecian al menos cuatro grupos de clientes objetivo: miembros afectados o interesados por el caso del Partido Popular , rivales internos o externos de estos, ricos empresarios imputados o en riesgo de imputación y empresarios en conflicto con los anteriores.

 

Precedentes similares a Kitchen

 

Entre el primer grupo aparecen Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, supuestamente interesados, como mínimo, en proteger a los afines e informarse sobre la evolución del caso. Cospedal se abría paso en el traicionero avispero del PP y había alcanzado la Secretaría General (la número dos del partido tras Mariano Rajoy) a finales de junio de 2008, tan solo cinco semanas antes de que Baltasar Garzón abriera el caso Gürtel en la Audiencia Nacional.

 

De acuerdo con un audio de 2009 filtrado por la web moncloa.com, la documental incautada, y las anotaciones de 2012 en las agendas recientemente halladas del comisario relacionadas con Gurtel y/o Bárcenas, se identifican al menos dos momentos en las que se ofrece sus servicios a Cospedal y a su consorte y/o a miembros del PP, con relación al devenir del caso Gurtel y/o lo que pudiera guardar y eventualmente sacar Luis Bárcenas de documentación incriminatoria: el primero, en 2009 con relación a supuestos "encargos puntuales" del matrimonio Cospedal-López del Hierro a Villarejo; y otro en 2012, tras la reimputación de Bárcenas donde se suceden los contactos y Villarejo pergeña junto al abogado Ignacio Peláez el denominado Proyecto SMP.

 

Aun cuando los separan tres años, lo tratado en 2009 y 2012 presenta múltiples notas comunes a la Operación Kitchen (que se ejecuta entre 2013 y junio 2015, la única que el juez considera merecedora de atención): los tres giran sobre Gürtel; las tres iniciativas se producen tras un revés procesal del extesorero que hace temer una filtración o entrega al juzgado de documentación sensible; y, en al menos dos (el Proyecto SMP y Kitchen) se prima una estrategia de pacto con Bárcenas y se oferta o co-ejecuta en alianza con abogados del estrecho círculo del comisario, como el ex fiscal Ignacio Peláez y el abogado Javier Iglesias Redondo (a los que apoda Pelayo y El Largo, respectivamente).

 

Los posibles "encargos puntuales" de 2009

 

Las conversaciones sobre Gürtel durante, al menos, los meses de junio y julio de 2009 (que aparecen en unos audios etiquetados en 2009, que no se encontraban dentro del material requisado a Villarejo, y que fueron hechas públicas por moncloa.com) se producen tras el escrito de marzo de ese año de Baltasar Garzón, en el que solicitaba a una instancia superior que se investigase a Bárcenas por hechos apreciados en el caso, ya que era senador y disfrutaba de aforamiento. En esos meses, el Tribunal Supremo tramitaba y decidía sobre la situación del hasta ese momento tesorero del PP (dimitió en julio) que finalmente fue imputado en septiembre. En esas conversaciones, Villarejo, Cospedal y su marido discutían sobre la actitud de Bárcenas, sobre su imputación en trámite, sobre cómo manejar el caso con ayuda de Jose Luis Olivera (el Oli, entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía) para minimizar daños y/o favorecer la situación personal de dirigentes del partido (como Juan Cotino, ex director general de la Policía y y luego delegado del Gobierno en Valencia, que fue imputado en Gürtel en noviembre de 2014). Las conversaciones desveladas concluían con una petición a Villarejo por parte del marido de Cospedal y en presencia de esta, acerca de si podía realizar para ellos "encargos puntuales".

 

Los audios de esas conversaciones se filtraban en la misma fecha en que se databa por la unidad investigadora de Asuntos Internos asignada al Caso Villarejo el oficio con el que el juzgado abre la pieza Kitchen (bajo secreto) pocos días después, el 7 de noviembre de 2018. El citado oficio contenía documental del comisario sobre gestiones suyas con relación a Bárcenas, tales como recibos firmados por la mano de un supuesto chófer de Bárcenas captado para presuntamente localizar documentación en su poder, "notas informativas" e "informes" en formato papel o digital sobre supuestas redes de confidentes, etc; pero no los audios publicados, porque ni entonces ni ahora han sido hallados en lo requisado al comisario.

 

En su auto del pasado 29 de julio de cierre de la pieza Kitchen y su paso a procedimiento abreviado, el juez Manuel García Castellón vuelve a rechazar investigar al matrimonio por estos posibles encargos de 2009 o considerar los audios como indicio de refuerzo para investigarles en la Operación Kitchen. El juez alega que Cospedal ha negado que finalmente le contratase, que no necesitaba informarse por él porque ya los abogados del PP personados le informaban del proceso y califica de "nada más que una sospecha" atribuir a la ex secretaria general "una intención o ánimo determinado cuyo origen no se expresa" y que, según el auto, solo se soporta en unos audios de escaso o nulo valor probatorio o siquiera indiciario: "Audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad; en ningún momento se oye a quien parece ser la investigada expresar los motivos de la reunión; se trata de una grabación que registra solo un fragmento de una conversación, aparentemente, por uno de sus interlocutores, cuya duración y contexto se ignoran", remacha García Castellón dando el asunto por resuelto.

 

El 'Proyecto SMP' de 2012

 

En el archivo digital de Villarejo se encontró una carpeta creada en 2012 llamada Proyecto SMP. Las siglas responden a la combinación de las iniciales del bufete creado por el comisario jubilado en 2011 Stuart Mckenzie (SM) y al apellido del abogado y ex fiscal Ignacio Peláez (fallecido en 2017, un mes antes de la detención de Villarejo).

 

La Fiscalía describe la carpeta digital requisada como "un conjunto documental denominado Proyecto SMP que si no refleja una contratación, sí unos actos previos para ello por parte de un cliente que aparece denominado como 'letrado director' [en referencia a Ignacio Peláez] que actuaría en representación de varios encartados del Sumario G (SG) [en referencia a Sumario Gurtel], encomendando a Cenyt [empresa de Villarejo] un 'proyecto de estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG''. Por el contenido del conjunto documental intervenido, el cliente sería un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular investigados en el Caso Gurtel". La Fiscalía añade que todo se acompaña de un presupuesto de 15 millones de euros y honorarios de éxito adicionales según resultados. No obstante, también matiza que la unidad investigadora no acreditó si el cliente aceptó la propuesta, ni ingresos en cuentas de Cenyt que puedan ser atribuidos a este proyecto (pero sin especificar a qué cuentas bancarias y de cuales empresas de Villarejo se refiere).

 

García Castellón descarta dedicar tiempo al Proyecto SMP, en ausencia de  indicios de ejecución y cobro, así como acerca de la identidad y fines de los clientes últimos del "letrado director" (Ignacio Peláez) por la imposibilidad de oír al abogado en declaración (pues ya ha fallecido).

 

No obstante, existen múltiples indicios indirectos de interacción de Villarejo y afectados concretos por el caso Gürtel en las fechas anteriores y posteriores a la que data el Informe Propuesta SMP (11 de junio de 2012). De una parte, contactos registrados en dicho año con personas implicadas en el caso y con influencia en el PP, según las agendas recién halladas y los registrados en el cuaderno manuscrito de llamadas al teléfono fijo de la oficina de Villarejo en la planta 9 de Torre Picasso de Madrid, requisado en noviembre de 2017 cuando el comisario es detenido (las citadas agendas deben ser tomadas con cautela en tanto no se determine la antigüedad real de cada apunte).

 

Los contactos con temática Gürtel o Bárcenas se intensifican a partir del mes de marzo de 2012, mes en el que el Tribunal Supremo re-imputa al extesorero y pasa la competencia a la Audiencia Nacional que anula el sobreseimiento dictado en septiembre de 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por grado de interacción, destacan Juan Cotino (entonces ya diputado y presidente de las Cortes Valencianas); Arturo González Panero (que fuera alcalde de Boadilla); Eugenio Pino (el director adjunto operativo de la Policía); Jose Luis Olivera (jefe de la UDEF hasta el mes de julio); Francisco Martínez (entonces jefe de Gabinete del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz); los abogados Javier Iglesias, Ignacio Peláez; y el entorno de María Dolores de Cospedal.

 

Según los apuntes de Villarejo, con los mandos policiales se hablaba de las instrucciones y avisos recibidos por Jose Luis Olivera (la UDEF era la unidad asignada a Gurtel) para que "apoyase" y "ayudase" a Bárcenas. Y según las anotaciones referidas a Ignacio López del Hierro, Villarejo iba informando al matrimonio de estas instrucciones y avances en tiempo real, con anotaciones referidas marido de Cospedal en diciembre de 2012 de este tenor ILH "Apoyo a tope en todo. Me envía a Jose L. Ortí con 100 y promete 50 más".

 

El Proyecto SMP buscaba la exoneración de los afectados en el caso, siendo una estrategia principal, según la Fiscalía, tratar de anular grabaciones, en referencia probable a las que realizó el ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, y que aportó en 2007 a la Fiscalía Anticorrupción (que, junto a su denuncia, constituyen el origen procesal del caso Gürtel). Pero no faltan signos de ejecución de otra índole dentro del sumario que pudieran ser parte del plan para dificultar o anular la investigación en todo o parte. Así, obra en el sumario la intervención telefónica solicitada a principios del verano de 2012 por el entonces recién nombrado jefe de asuntos internos Marcelino Martín Blas, sobre las comunicaciones de José Luis Olivera, tras acumular indicios de que se estaba alertando a investigados filtrando órdenes secretas de entrada y registro ordenadas por el juez, de tal forma que la prensa llegaba antes que la policía arruinando el efecto sorpresa y por tanto la eficacia de las actuaciones.

 

Monetización por todas las vías posibles

 

Villarejo y su lobby de socorristas rentabilizaron Gürtel y sus diferentes piezas separadas (tales como la de Valencia, Arganda, Viaje del Papa, Aena, o la Pieza de los Papeles de Bárcenas abierta en 2013) por varias vías y desde las primeras imputaciones, bien ofreciendo gestión de crisis a los empresarios afectados como servicio principal o complementario a otro que ya se les estuviera prestando o, bien a sensu contrario, usando el caso en su contra como elemento de presión en el marco de un conflicto que mantuvieran con otro empresario al que el comisario estuviera asesorando. El negocio no solo estaría en el asesoramiento de la estrategia a seguir sino también en los honorarios pagados a los letrados personados por su defensa.

 

Hay varios empresarios y empresas afectados por el Caso Gürtel que fueron objeto de un interés preferente del comisario según la documentación incautada, entre otros:

 

Fernando Martín. El comisario factura en 2011 a la inmobiliaria Martinsa Fadesa 50.000 euros más IVA según se recoge en la relación de clientes y proveedores de la empresa de Villarejo que se presentó a Hacienda para ese año (el llamado Modelo 347). El 10 de junio de 2011 había sido imputado en Gürtel su mayor accionista Fernando Martín (al que se identifica en agendas como FM) con Villarejo involucrado en varios proyectos que le afectaban: Proyecto Summer y Proyecto Saving , pero también el Proyecto Twist, comercializado desde febrero y con informe propuesta de 26 mayo de 2011, poquitos días antes de ser citado como investigado.

 

Alfonso García Pozuelo, imputado en 2009 en Gürtel y luego también en la Pieza de los Papeles de Bárcenas en 2013. El empresario estuvo defendido en Gürtel por Javier Iglesias Redondo. García Pozuelo fue dueño hasta 2009 de Constructora Hispánica, adquirida en dicho año por Essentium, la constructora que dirigía Susana Monje. Desde febrero de 2012 el empresario mantenía un conflicto con Essentium con origen en la operación de compraventa de 2009 y ese litigio es el centro del Proyecto Crooked que el comisario oferta en octubre de 2012.

 

Joaquín Molpeceres, otro empresario imputado en Gürtel y la Pieza de los Papeles, a quien Villarejo apoda Pig. Así nombra una carpeta de la que cuelga otra subcarpeta abierta en diciembre de 2013 llamada PIG-imputado en la que se recoge su imputación en la pieza separada de los Papeles de Bárcenas. Se trata del accionista mayoritario de la empresa Licuas, dedicada a conducciones hidráulicas, y sobre el que gira también el Proyecto Grass que trata supuestamente de un conflicto con su exyerno, socio de un bufete. Se da la coincidencia de que la mano derecha y asesor fiscal de Molpeceres posee un despacho en la entreplanta de oficinas del edificio de Orense 12 de Madrid donde Villarejo posee un piso y un trastero en el que se domicilió una empresa del mando policial bajo el que se destapa Gürtel. En dicha entreplanta ocupa otra oficina la empresa Inneo Torres, que también contrata con Villarejo (en este caso, por un supuesto conflicto de robo de propiedad industrial con Acciona). La carpeta de Inneo Torres la tuvo un tiempo colgando de la supracarpeta Igles, donde almacenaba asuntos en los que colaboraba con Javier Iglesias Redondo.

 

https://www.publico.es/politica/caso-villarejo-precedentes-kitchen-villarejo-rentabiliza-caso-judicial.html

 

KITCHEN: EL PLAN PARA SALVAR A COSPEDAL DE LA PIEZA DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS

 

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, dictó el pasado 29 de julio un auto en el que procesa al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y parte de su excúpula policial, a la vez que archiva  la imputación de la ex número dos del PP María Dolores de Cospedal, que no era lo que parecía, como todo este macro-caso: "En el auto de 1/06/2021 este instructor no acordó la citación de los investigados Sra. Cospedal y Sr. López del Hierro por entender que existiera un conocimiento y participación en la operación investigada de la dirección del partido [Partido Popular] al que había pertenecido el Sr. Bárcenas, sino para que respondieran sobre las cuestiones que expresamente se señalaron por la Fiscalía". El juez cree que la pieza no da más de sí, por lo que da por terminadas las pesquisas, rechaza diligencias adicionales solicitadas por las partes, y pasa la pieza a "procedimiento abreviado" (antesala de la fase de enjuiciamiento).

 

El juez sobresee para Cospedal, la persona a la que más afectaba el estado procesal en las fechas investigadas de la Pieza de los Papeles de Bárcenas,  el procedimiento clave de Kitchen, según escribe él mismo en el apartado "Hechos" de la página 54 del auto:  "una misión encaminada a la obtención de documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas con el fin de distraerla o sustraerla a la investigación judicial que se llevaba a cabo en el marco de la pieza separada de las DP 275/08 [Caso Gürtel] denominada Pieza de los PAPELES DE BÁRCENAS". Es la única vez, en esa pagina de un total de 70, que el auto menciona el nombre del procedimiento del que se quería desviar la documentación, a pesar de que se remarca al inicio del escrito que "el procedimiento judicial" y "la documentación" a "desviar" son el "vector y fundamento" del operativo investigado; es decir, el móvil del crimen.

 

Partiendo de este ninguneo del procedimiento, el juez reduce el "objeto procesal" al "asalto no consentido a un local" para sustraer unas "cajas" de documentos que Bárcenas había llevado allí desde la sede del PP, donde las tenía, para argumentar seguidamente que "no tiene sentido" que Cospedal lo idease u ordenase porque tuvo esas cajas a su disposición desde que despide al extesorero (31 de enero de 2013) hasta que ella misma le conmina a llevárselas (marzo de 2013). Y por ello la exonera.

 

Pero lo que resulta un sinsentido es, por un lado, asumir un objetivo de "sustracción" cuando Bárcenas podía tener copias u originales protocolizados, y por otro que pase por alto que, precisamente en las fechas investigadas, todo el futuro político de Cospedal pendía de que una documentación concreta no llegase al juez Pablo Ruz, instructor de la Pieza de los Papeles de Bárcenas: pruebas directas en su contra por la donación finalista (a cambio de una adjudicación pública concreta y única punible) de la que Bárcenas la había acusado el 15 de julio de 2013 declarando por esa pieza, pero aportando ese día un primer recibo no firmado por ella y quedando con el juez en que le haría llegar más documentación cuando "ordenase" todo lo que tenía. Y había más, según Villarejo.

 

Los indicios con fecha origen en el periodo investigado apuntan a un plan con dos fases para salvar a Cospedal de su muerte política tras que Bárcenas delatase la donación finalista el 15 de julio de 2013: una primera, que finaliza el 5 de noviembre de 2013 cuando el extesorero aporta al juez datos adicionales sobre la donación (datos de reuniones con el donante pero manuscritos por él mismo) pero no letales; y una segunda, hasta el cierre de la pieza en la Audiencia Nacional (en marzo 2015 por el juzgado y en junio por la Sala de la Audiencia) y posterior envío, pero sin imputar a Cospedal, de la donación finalista en causa a un juzgado de Toledo, donde la expresidenta de Castilla-La Mancha jugaba en casa y todo acaba felizmente para ella. En ambas fases se actuó en dos frentes: un pacto con Bárcenas y un blindaje de Cospedal mientras el asunto se resolvía.

 

En mayo de 2015, tras el cierre por el juzgado, toda la actuación se blanquea como "investigación policial oficial" por la cúpula policial investigada, al darse de alta en diferido en el sistema y la aplicación Investiga, con la "nota de investigación" NIV UN000029/15. Un disfraz  de legalidad para dar cobertura a un tejemaneje del pasado con disposición ilícita de Fondos Reservados.

 

El vector de Kitchen:  la Pieza de "Los Papeles de Bárcenas"

 

El Proyecto Kitchen (llamado hasta junio de 2014 por Villarejo como Papeles, o Barce) se inicia a mediados de 2013. Los indicios con origen en las fechas de autos apuntan a un plan para evitar la muerte política (y eventualmente cárcel) de María Dolores de Cospedal, lo que se produciría si Bárcenas entregaba al juez pruebas directas contra ella tras acusarla de una donación finalista en su primera y celebérrima declaración por la Pieza Separada de los Papeles de Bárcenas el 15 de julio de 2013.

 

La pieza de los Papeles de Bárcenas del Caso Gurtel se había abierto el 7 de marzo de 2013 para investigar la caja B del PP de la que informaron El Mundo y El País a partir del 18 de enero de 2013 (al día siguiente de que el juez comunicase a las partes que Suiza confirmaba que Bárcenas titulaba cuentas millonarias). En esos papeles aparecían, como ingresos, donaciones opacas de 23 ricos empresarios, y como pagos, sobresueldos para miembros del partido (entre estos "M.Rajoy", persona que no ha sido aun judicialmente identificada).

 

El 15 de julio de 2013, Bárcenas defiende ante el juez Pablo Ruz la legalidad de todas las donaciones menos una, la que recibe la campaña electoral de 2007 de María Dolores de Cospedal, poniendo la dirigente del PP al borde del precipicio. "La única operación irregular que se ha hecho aquí es la que ha hecho María Dolores en Castilla-La Mancha", declara Bárcenas, describiendo a continuación una donación finalista (dinero a cambio de adjudicación pública concreta, único tipo de donación con recorrido penal), supuestamente recibida de Luis del Rivero, entonces presidente de la constructora Sacyr, a cambio de la contrata de recogida de basuras de Toledo para su filial Sufi, valorada en 85 millones. El extesorero del PP cuantificó la donación en "600.000 o 700.000 euros" (que según las notas del comisario Villarejo, sería realmente un millón de euros, pagadero en tres fracciones: dos de 200.000 euros y una de 600.000) y entregó al juez una primera prueba: un recibo original por los primeros 200.000 euros, pero no firmado por Cospedal, sino por otra persona. Cospedal salvó ese día la imputación.

 

La cosa quedó pendiente de un hilo cuando el juez Pablo Ruz le pregunta a Bárcenas si tiene más pruebas (los recibos que faltaban) y éste le contesta que tenía mucha documentación aún por "ordenar". También insinuó que podía tener grabaciones de las reuniones mantenidas entre el donante y los receptores:

 

-Juez: Nos habla de que cuenta con documentación que dan explicación a varios de estos apuntes que aparecen aquí, ¿verdad? […]

 Bárcenas: Bueno pues están básicamente, toda la justificación de eso y además el documento que me firmó el gerente regional de Toledo por la entrega de 200.000 euros […], que es el documento este.

-Juez: ¿Y los otros? ¿Los van a aportar?

- Letrada de Bárcenas:  Sí lo vamos a aportar todos, Señoría, lo que pasa es que están desordenados y hay un relativo orden [...]

(Fragmento de la declaración de 15 de julio de 2013 en la Pieza separada de los Papeles de Bárcenas del Caso Gürtel).

 

El fundamento: "5 recibos de Cospe"

 

¿Tenía motivos Cospedal motivos para preocuparse? ¿Tenía Bárcenas pruebas definitivas contra ella? Villarejo sugiere que sí. El 28 de noviembre de 2013, junto a dos menciones sobre el extesorero (al que identifica como "LB" o BARC en sus notas), el comisario jubilado apunta en su agenda: "5 recibos de Cospe". Es un apunte que no solo está en las últimas agendas halladas (cuya validez como indicio dependerá de si se comprueba que todos los apuntes fueron escritos en la fecha que se dice), sino que también, y como se comprueba en la imagen inferior, se halló como recorte suelto, con el mismo formato y estilo como si fuera una versión anterior (referencia judicial R01.08), en el registro realizado en noviembre de 2017 cuando fue detenido.

 

Apunte de Villarejo sobre la existencia de 5 recibos en apariencia firmados por Cospedal , que escribió por duplicado en las mismas fechas en que apuntaba y escribía notas sobre los detalles de la donación finalista de la que Barcenas acusa a Cospedal el 15 de julio de 2013 pero sin entregar recibos firmados por ella.

 

— Sumario Tándem Documentación incautada en 2017 y 2020 a Villarejo.

 

Además, múltiples indicios indican que la preocupación de Cospedal era máxima por lo que pudiera decir y aportar Bárcenas antes y después del 15 de julio de 2013, y que este asunto, y no otro, era la razón de ser de Kitchen.

 

1.- El 11 de julio, cinco días antes de que Bárcenas declarase, Cospedal hizo la única llamada realizada a Villarejo desde su teléfono, tras lo que éste anota: "Cospe: Muy mosca con la citación" [de Bárcenas]. Al día siguiente, 12 de julio en referencia, a su marido, Ignacio López del Hierre, escribe: "ILH: Hablar mañana de lo que declarará el lunes" [el 15 de julio era lunes]. Curiosamente, en los dias anteriores, el 7 y 10 de julio, ElMundo y ElConfidencial hacían un spoiler  de lo que declararía Bárcenas cinco días más tarde sobre la donación fijando como cuantía 200.000 mil euros y el recibo no firmado por ella como única prueba.

 

2.- El periodo de máximo riesgo que discurre entre el 15 de julio y el 5 de noviembre de 2013 (desde la declaración de Bárcenas hasta el día que entrega las "pruebas" adicionales, finalmente inofensivas), coincide con el periodo de contactos telefónicos entre Villarejo  y el entorno directo de Cospedal (ella, su marido, su jefe de gabinete y su secretaria). Estos contactos se inician en los días en que el extesorero es citado a declarar, y finalizan justo el 6 de noviembre de 2013. También coincide con el "operativo policial" de seguimientos y vigilancias al local que se "asalta" y a la familia Bárcenas (25 de julio al 11 de octubre de 2013).

 

3.- Cospedal y la mencionada donación en causa es también la temática de las tres únicas "notas informativas" que produce Villarejo en 2013 con relación a Bárcenas (tituladas las tres NI. Actividades de LB y fechadas el 9 de julio, el 7 de agosto y el 2 de diciembre). Cospedal es también el asunto central de la única conversación de 2013 (2 de octubre) de la que se dispone de grabación entre Villarejo y el supuesto "chófer de Barcenas" infiltrado, en la que se insiste en la conveniencia de que Bárcenas "no saque nada más".

 

El Plan: pacto con Bárcenas y blindaje a Cospedal.

 

Para salvar a la numero dos del PP se implementa un plan de dos años de duración con dos fases: una de julio a noviembre de 2013, que salva la imputación inminente; y otra de enero 2014 hasta junio de 2015, que mantiene la situación hasta que la Audiencia Nacional cierra la pieza. En ambas se trabaja en dos frentes: que Bárcenas no saque nada más y por las buenas (con acuerdos) y en un blindaje político a Cospedal, usando unas supuestas grabaciones realizadas por Bárcenas al número uno y tres del PP que traslucen el mensaje de "si cae ella, caerán otros tan o más poderosos que ella".

 

Un acuerdo con el extesorero, es la opción más segura si de lo que se trata es de distraer pruebas del procedimiento. Porque ¿cómo garantizar que no hay más copias o, caso de originales, protocolos en notarios? No se puede. Por tanto, un botín real o escenificado solo tendría sentido para lo contrario, esto es, para filtrarlo y/o entregarlo al juez, o para usarlo como arma de protección o presión. El propio Bárcenas afirma que recibió múltiples ofertas a lo largo de años; así lo declaró tanto ante el juez Ruz en 2013, como en 2020 ante el juez y fiscales del Caso Villarejo. Según el extesorero,  los negociadores (a los que a veces llama enviados "del PP" y, otras, "de la dirección del PP") le proponían dos cosas a cambio de silencio: dinero (medio millón de euros fue la cantidad que más repitió), y mejoras procesales para él y su mujer.

 

Bárcenas mencionó a varios enviados o intermediarios a lo largo de años, todos ellos con vínculos a proyectos villarejos: Jose Luis Olivera (jefe de la Udef hasta julio 2012); el polémico socio del comisario Carlos Salamanca, Javier Sánchez Lázaro, el exfiscal Ignacio Peláez, Pelayo; y Javier Iglesias, El Largo, a quien el extesorero identificó como el abogado que le visita en la cárcel antes de su mencionada declaración ante el juez Ruz (o sea, al inicio de la Operación Kitchen).

 

A menudo presentado como el "abogado del Partido Popular", Javier Iglesias no se persona por el partido en causas, sino por determinados miembros del partido a la vez que atendía a asuntos de interés de Cospedal en  su ascenso a la cumbre, según fuentes jurídicas próximas al PP. Así, se le ve involucrado en las guerras intestinas del PP según las agendas de Villarejo como los asuntos que abrieron hueco a Cristina Cifuentes en su promoción primero en secreto y "en un despacho de abogados" a la alcaldía de Madrid y luego a la presidencia de la CAM y que fueron el del ático de Estepona que aparta de la carrera a Ignacio González y el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre por el que la lideresa estuvo al borde de no concurrir a las elecciones; en ambos temas Villarejo se personó con su asociación "Transparencia y Justicia" . En el caso Gürtel, Iglesias se personó como defensor de Álvaro Lapuerta (el predecesor de Bárcenas, que supuestamente visaba la Caja B), y de empresarios imputados como Alfonso García Pozuelo exdueño de Constructora Hispánica o del propio Francisco Correa desde 2017. En otro plano, con Villarejo participa en el asunto de los hermanos Cierco y la Banca Privada de Andorra, en el Caso Pujol, así como también, y según las carpetas informáticas del comisario en el pleito de Inneo Torres contra Acciona,  entre muchos otros. La confianza entre Iglesias y Villarejo es tal que hasta hace poco era el defensor de su mujer en esta macro-causa.

 

Pago por "comprobantes" y  grabaciones de advertencia

 

La primera fase del plan discurre entre junio y el 5 noviembre de 2013 (cuando lo que finalmente Bárcenas añade al juez es inofensivo). Según se desprende de las anotaciones de Villarejo se trabaja para lograr un acuerdo con el tesorero y, al tiempo, para dotar de un blindaje a Cospedal mientras descargaba la tormenta.

 

Así se infiere de los dos conjuntos de conversaciones que describen sus agendas: las que tiene con Cospedal y su entorno, que se enfocan en el  problema procesal de ésta y en el extesorero ; y las que mantiene con el secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, al que se trata de convencer (y de que transmita hacia arriba) de la existencia de unas grabaciones letales para Mariano Rajoy y sobre el peligro de que estas se difundan (y, con ello, facilitar un pacto y dar respaldo a Cospedal: "si cae ella, caen todos"). El calendario de los contactos telefónicos entre el tándem Javier Iglesias&Villarejo y el entorno íntimo de Cospedal y el del dispositivo policial ilegal de vigilancias a Bárcenas (de 25 de julio a 11 de octubre) se ajustan como un guante a esta primera fase.

 

Los dos conversaciones de esta primera fase revelan algunos detalles:

 

1.- En los contactos con Cospedal y su entorno la conversación gira inicialmente en torno a su problema procesal y tras el 5 de noviembre, cuando Bárcenas finalmente no aporta nada letal, se habla sobre un asunto vinculado a "un pago pendiente" del marido de Cospedal, en que está involucrado Domingo Diaz de Mera y Adrián de la Joya el cual está "dispuesto a colaborar a tope". Todo ello relacionado con "los comprobantes de pagos" que entregó Bárcenas a Diaz de Mera según anota el comisario, en clara referencia a los recibos de la donación finalista en causa no entregados al juez. Así, el 14 de noviembre de 2013, Villarejo apunta: "DOMINGO DIAZ DE M: Su tronco es LAJOYA. Que tiene los comprobantes de pagos. Se los dio LB hace 2 años para que los moviera y no lo hizo" . Siete días más tarde, el 21, anota sobre De la Joya: "JOY: LAJOYA-. Dispuesto a colaborar a tope". El día 25, anota sobre Ignacio López del Hierro: "ILH: Vernos 14h H.M.Angel. Acepta ver a Dom. D Mera si consigue los datos de DE LA JOYA. Dice que se dedica a sacar dinero".

 

El 2 de diciembre de 2013, Villarejo fecha la nota informativa "NI: Actividades de LB", que describe con pelos y señales la donación finalista, citando a De la Joya como fuente, y ese mismo día apunta: "ILH Vernos mañana para entrega de datos". Tres días más tarde, el 5, escribe: "ILH Nuevo toque con el pago pendiente", seguido de un apunte donde escribe que De la Joya le habla de 500.000 euros, aparentemente relacionado con otro asunto pero coincidente con la cifra que Barcenas declara que se le ofrecía por su silencio, en una visita que se le hace en la cárcel el 8 de julio de 2013, a tan solo 7 días de su famosa declaración ante el juez Ruz (una cantidad que se le triangularía por "empresarios").

 

Se da la circunstancia de que De la Joya, residente fiscal suizo y supuesto prestador de servicios de trasvase de capitales para terceros (señalado en Gurtel con relación a uno para Bárcenas, e imputado en Lezo por otro para OHL), traspasa en 2011 a Díaz de Mera una empresa vacía llamada Asnostrading SL, que cobra vida en 2013 y por la que según sus balances pasa medio millón de euros hasta 2019 (el año en que se ratifica el archivo de la donación) con reflejo en partidas de activo y pasivo que nunca se cancelan. La relación del empresario manchego Díaz de Mera con Ignacio López del Hierro viene de largo: este fue gobernador civil de Toledo y más tarde consejero de la Corporación Industrial de la Caja Castilla-La Mancha, una entidad que regó los negocios de Díaz de Mera.

 

2. Las conversaciones del comisario con el secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, Chisco, y con la cúpula policial (el director adjunto operativo Eugenio Pino y  Olivera) se centran en dos "preocupantes" grabaciones cuya existencia y contenido se habrían confirmado por un "confidente" infiltrado, Sergio Ríos (el llamado "chófer de Bárcenas")que venía avalado por el jefe de seguridad de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Una es a Mariano Rajoy en la que se escucharía al entonces presidente del Gobierno   conocer todo lo referente a lo de la donación a Cospedal y pasar por la trituradora una prueba que Bárcenas le enseñaría, según se infiere de la conversación grabada de Villarejo con el supuesto chófer el 2 de octubre de 2013. La otra grabación afectaría al entonces número tres del PP, y único contrapoder de Cospedal, Javier Arenas, en la que, también según el comisario jubilado, se le oye despacharse sobre asuntos de Cospedal (pero donde Arenas también participó, según apostilla el comisario).

 

Estas grabaciones no han salido todavía a la luz. Reales o no, los continuos avisos sobre  ellas pueden entenderse como todo un aviso a navegantes: si hacen caer a Cospedal, caen todos. Lo mismo si Bárcenas no obtiene lo que pide y las filtra. El 8 de noviembre de 2013, Villarejo apunta que da una copia de la transcripción de la "charla de RaJ" referente "al pago de 200 de Cospe" al jefe de seguridad de Cospedal; el 27 siguiente escribe con relación a un contacto con el secretario de estado de interior "CHISCO: Charla general sobre LB y tensión de RAJOY sobre todo el ministerio. Aviso de acuerdo para entrega a partir del 16 la contab"  siendo que "la contab" o "contab B" pudiera ser el nombre clave para las grabaciones de las que viene alertando de continuo. Al día siguiente, el 28 de noviembre, Villarejo anotaba sobre Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino "PIN :Pacto con Ruz para libertad". Las conversaciones con el secretario de Estado y Pino prosiguen en diciembre con Villarejo avisando del "riesgo de entrega de contab b de Bárcenas" para el día 16, a la vez que anota que Pino realiza gestiones con Felipe de la Casa y Felipe del Pozo, facultativos que administran los fondos reservados en la Dirección Adjunta Operativa. El 18 de diciembre Villarejo anota "PIN: Charla con Felipe del Pozo para cobrar. Ok al final".

 

Segunda fase : mantenimiento de la situación de no imputación.

 

La segunda fase se inicia en enero de 2014 y se prolonga hasta mediados de 2015 cuando se cierra en la Audiencia Nacional toda la pieza de los Papeles y, sin imputar o procesar a Cospedal se envía el asunto de la supuesta donación de Sacyr a un juzgado de Toledo donde todo termina felizmente para la entonces secretaria general del PP. Es un periodo donde ya no se aprecia interacción con el entorno directo de la dirigente del PP, y los contactos son con el secretario de Estado y sus colegas policías. En esos meses, Bárcenas solicita varias veces la libertad provisional. Pero no se la concederán hasta enero de 2015 y previo pago de una fianza de 200.000 euros.

 

El periodo de mayor actividad es el comprendido entre enero y junio de 2014. En ese tiempo, según las agendas, es cuando se interactúa de continuo con el supuesto chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, y para el que Villarejo anota un pago de 2.000 euros cada mes. A diferencia del primer periodo de 2013 (cuando fue captado, y durante el cual Villarejo solo le menciona como garante de la información sobre las grabaciones), en la primera mitad de Villarejo dice que Rios realiza todas las actividades que se encuadraron entre julio a octubre de 2013 (seguimiento de la familia Bárcenas, tratar de hacerse con dispositivos informáticos, identificación para su captación de confidentes carcelarios, etc.) pero de las que el comisario no apuntó nada en sus agendas de dicho año 2013.

 

Es en estos meses, y no antes, es cuando presuntamente crea la supuesta red de confidentes llamados "cocineros" K2, K3, K4, etc. Entre ellos, un informático  al que Bárcenas apenas conoce pero al que sorprendentemente asegura que le confía las claves para acceder a todos los secretos que guarda en la nube. Los supuestos hallazgos de la red de confidentes se vuelcan por Villarejo en "notas informativas" esperpénticas que, a su vez, desaguan en un informe titulado Kitchen-21.6.14.doc (en el que por vez primera se da el nombre de Kitchen al asunto). Se vuelve a poner foco en el riesgo de tener descontrolada posible documentación de Bárcenas que pudiera afectar al mismo Rajoy: a las manidas  "grabaciones" se añaden ahora unos "libros". Villarejo apunta en su agenda tras un contacto con Javier Iglesias: "RAJ está preocupado con los datos sobre él cuando habla de libros" .

 

En el mundo de Villarejo aparentemente nada viene solo y nada es porque sí. Ese informe Kitchen-21.6.14.doc precede en tres días a la publicación por Daniel Montero y Luis Rendueles, periodistas de la máxima confianza de Villarejo, de un reportaje en Interviu, el 24 de junio de 2014, acerca de una supuesta negociación entre Bárcenas y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "con la mediación de un sacerdote" que según lo publicado tiene como fin, limitar años de prisión caso de ir a juicio y ser condenado. Mirando esas fechas en la agenda de Villarejo se observa un apunte de 18 de junio de 2014 (seis días antes de la publicación del reportaje), con relación a Daniel Montero:  "DANI: Más gestiones sobre SILVER", donde "Silver" es Silverio Nieto, el polémico abogado, expolicía y sacerdote y gran amigo de los policías cómplices de Villarejo. Nieto fue citado en calidad de testigo en la pieza Kitchen y también en la Comisión de Investigación del Congreso, pero no para preguntar nada de esto, sino solo para dar juego a lo que tiene aspecto de una estratagema procesal para enredar el caso: la triangulación entre el secretario de Estado, García Castaño y Silverio Nieto para introducir unos SMS supuestamente intercambiados entre Martínez y el ministro que, oportunamente, conferían a éste toda la ideación del tejemaneje Kitchen, algo que ha comprado el magistrado al dejar fuera a María Dolores de Cospedal.

 

https://www.publico.es/politica/caso-villarejo-kitchen-salvar-carrera-politica-cospedal-papeles-barcenas.html

 

EL PP AÚN NO SE HA LIBRADO DE LA 'KITCHEN': TRES JUECES TIENEN LA LLAVE PARA REABRIR LA INVESTIGACIÓN

 

El cierre de la pieza 7 del caso Villarejo se puede recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no resolverá hasta el próximo otoño como pronto Fiscalía y acusaciones populares preparan sus escritos para intentar que se prorrogue la causa y poder aclarar la posible implicación del PP ante los flecos que quedaron pendientes Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.

 

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado la investigación sobre la operación Kitchen procesando a la cúpula del Ministerio del Interior y a ocho mandos policiales, pero sin seguir indagando, como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, en una posible implicación de dirigentes del PP. Sin embargo, este no es el final de la historia, pues contra el auto del instructor caben recursos de reforma, ante él mismo, o de apelación, ante la Sala de lo Penal, es decir, un tribunal de tres magistrados que tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o confirma el fin de la instrucción. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción.

 

Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos ya preparan sus recursos, que presentarán el próximo mes de septiembre –agosto es inhábil, tal y como ha comunicado el Juzgado Central de Instrucción número 6 a las partes personadas–. Las tres acusaciones habían solicitado a García Castellón la prórroga de la investigación por otros seis meses. También lo habían hecho las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ahora recurrirán el auto del cierre de la instrucción pero no por no acordar esa prórroga, sino por su procesamiento como supuestos responsables políticos del operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

 

No sólo rechazó alargar unos meses la investigación. El magistrado se opuso a la práctica de numerosas diligencias que le reclamaban los fiscales del caso para seguir indagando en varios frentes: la posible implicación de la cúpula del PP en la organización de la operación ilegal, con la exsecretaria general María Dolores de Cospedal a la cabeza, aunque también el conocimiento que pudo haber tenido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la localización del material sustraído a Bárcenas por los mandos policiales implicados; la utilización de más confidentes para tratar de averiguar otros pagos con fondos reservados; y más pruebas que permitan argumentar el relato de que Kitchen fue sólo un capítulo más en los intentos por obstruir la investigación del caso Gürtel.

 

Cierre en falso

 

En su petición, consultada por este periódico, el Ministerio Público destacaba que resultaba "necesaria la práctica de nuevas diligencias de investigación para el completo esclarecimiento de los hechos y la identificación de todos los partícipes en los distintos ámbitos en que se puso en marcha y se desarrolló la denominada operación Kitchen". Es decir, los fiscales consideran que la instrucción aún no ha terminado porque no se ha señalado a todos los responsables. Y esto lo que vendría a significar es que las diligencias se han cerrado en falso.

 

Anticorrupción sigue manteniendo que el operativo se dispuso para robar documentación a Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, con el fin último de "proteger a dirigentes del Partido Popular a quienes su contenido podría llegar a involucrar penalmente". Además de la implicación de ocho mandos de la cúpula policial, añade, "otras actuaciones vienen a poner de manifiesto la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial", aparte de Fernández Díaz y Martínez. En este punto, recordaba al juez que se había quedado "pendiente de esclarecimiento la posible participación en los hechos del director general de la Policía en aquellas fechas, Ignacio Cosidó", quien ha sido citado "reiteradamente" en las declaraciones de los imputados José Manuel Villarejo y Eugenio Pino.

 

Efectivamente, Cosidó no ha sido citado a declarar ni una sola vez, ni como testigo ni como imputado, en los casi tres años en que ha estado abierta la instrucción de Kitchen a pesar de que dirigía la Policía en los años del operativo ilegal, ocho mandos policiales de los que era responsable han sido procesados, así como sus superiores inmediatos en el Ministerio del Interior. Ni siquiera para preguntarle si llegó a oír o a conocer el operativo. En el auto de cierre de la causa, García Castellón ve el planteamiento de los fiscales muy general y apunta que no hay ningún "dato, indicio, expresión o afirmación concreta alguna que permita sostener la imputación de esta persona", por lo que les invita a citarle, si quieren, como testigo en el juicio.

 

Imputación fugaz sin apenas diligencias

 

En cuanto a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, Anticorrupción reclamaba al juez seguir indagando en esta línea. Apenas han estado imputados dos meses y casi no se han hecho diligencias sobre su posible implicación, por lo que la Fiscalía veía "imprescindible" practicar nuevas diligencias, al menos para corroborar lo que ellos mismos dijeron en la Audiencia Nacional –negaron saber nada del asunto–, ya que "contrariamente" a esto, "otros indicios apuntan a que de ellos habría partido la iniciativa para reunirse en varias ocasiones con el investigado José Manuel Villarejo y que su interés estaría determinado por la información que este último les habría trasladado acerca de la implicación e inmediata detención de algunos de los principales implicados en la operación Gürtel".

 

La explicación que da el magistrado al archivo de las actuaciones para Cospedal y su marido es que de las reuniones con Villarejo no se puede extraer esta conclusión, que los encuentros no presuponen la "existencia de infracción penal alguna" y que les ampara el "derecho fundamental de reunión". Tampoco da importancia al hecho de que la exdirigente conservadora dijera que fueron "tres o cuatro" reuniones y luego su ex jefe de gabinete José Luis Ortiz elevara el número a "ocho o diez". La intención de las acusaciones, por tanto, será demostrar a la Sala de lo Penal que todo esto se ha quedado sin investigar.

 

Al igual que los números de teléfono que aportó Villarejo y desde los que dice que informaba a Mariano Rajoy de los avances de la operación de espionaje a Bárcenas. Según García Castellón, sólo sobre uno "existen indicios objetivos" de que el comisario era usuario por un terminal que se encontró en el registro de su domicilio, pero informa de que la Unidad de Asuntos Internos ya investigó ese teléfono en otro procedimiento judicial de 2014 y no hubo "conexión alguna" con el supuesto número del expresidente. Y aparte de todo esto, subraya que las compañías telefónicas tiene la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas durante doce meses y los hechos de Kitchen son de hace nueve años.

 

La Fiscalía Anticorrupción también quería seguir indagando en lo que ha revelado el sumario de la operación Kitchen en los últimos meses, y es que este operativo habría sido sólo una parte de una estrategia aún más larga y que habría comenzado mucho antes para hacer fracasar la instrucción del caso Gürtel. Por eso, su intención era profundizar en los soplos que habría recibido Villarejo y que podrían haber llegado al PP a través de este comisario. En los diarios personales que se le incautaron se halló un apunte sobre el aviso que habría dado a uno de los procesados en la macrocausa de corrupción, el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, un chivatazo que el propio exregidor confirmó al diario La Razón este mismo verano. El Ministerio Público quería citarle a declarar, pero el juez se lo ha impedido.

 

Ni otros confidentes, ni otros agentes, ni la documentación robada

 

Tampoco quiere saber nada más el magistrado sobre otros posibles confidentes, aparte del chófer Sergio Ríos, que pudo utilizar la trama parapolicial para espiar a Bárcenas, entre ellos Enrique Olivares, el falso cura que está en la cárcel por el secuestro de la familia del extesorero. Aunque sus capacidades físicas y mentales están seriamente mermadas desde que sufrió un ictus en prisión, y por tanto no puede declarar, los fiscales consideran que no se puede descartar que el asalto fuera obra de la Kitchen y por eso querían que se localizara a agentes de Policía que fueron a visitar a Olivares al centro penitenciario. Esta línea indagatoria podría llevar a más testimonios claves para la investigación y a la posibilidad de localizar más pagos provenientes de los fondos reservados, pues los fiscales creen que no se puede descartar que hubiese otro operativo "bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado".

 

Por otro lado, el magistrado considera que a estas alturas resulta casi imposible la localización del material que le fue robado a Bárcenas, por lo que descarta ordenar más diligencias en este sentido. "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.

 

Estos flecos que quedan pendientes, a juicio de la Fiscalía, de investigar en la pieza 7 del caso Villarejo es lo que lleva a las acusaciones a presentar recurso. Las populares, al menos, tienen intención de acudir a la Sala de lo Penal, concretamente ante la Sección Tercera, que es la que ve los recursos de esta macrocausa. Por eso, el PP no podrá saber hasta el próximo otoño si la operación Kitchen se queda como está (cerrada) o si los magistrados ordenan reabrir la causa para seguir investigando en ese posible papel que pudo tener el partido conservador.

 

Pero es que además, la Kitchen seguirá persiguiendo al PP más allá del plano judicial, pues en otoño también se retomarán las sesiones de la comisión de investigación del Congreso, que aún está pendiente de escuchar las declaraciones de Cospedal –su comparecencia se aplazó después de que se conociera su imputación–, Fernández Díaz y Rajoy. Incluso, se citará a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por esos "otros servicios de seguridad del Estado", ya que más de un imputado ha hablado de posibles agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que en aquel momento estaba en manos de la que fue número dos del Gobierno. No se descarta, además, convocar al exdirector de los servicios secretos Félix Sanz Roldán.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/08/08/el_aun_no_librado_kitchen_tres_jueces_tienen_llave_para_reabrir_causa_123343_1012.html

 

 

EL ACOSO AL COMISARIO QUE DESTAPÓ A VILLAREJO Y SU ORGANIZACIÓN CULMINA CON SU PROCESAMIENTO EN KITCHEN

 

Marcelino Martín Blas, el exjefe de Asuntos Internos que junto al inspector Ruben Eladio López y su equipo destapó y puso coto a los desmanes de la organización delictiva del caso Villarejo, ha sido procesado junto a los mismos a quien investigó. El juez soporta su procesamiento en indicios tergiversados, omisiones y declaraciones en su contra, carentes de base, del resto de investigados.

     

En el reciente auto de transformación de la pieza Kitchen, el juez Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, procesa, sin indicios que merezcan ser llamados como tales según los juristas consultados, a Marcelino Martín Blas, el comisario principal que precisamente puso coto y cercó a la cúpula policial investigada y también procesada en esta pieza, desde el momento que fue nombrado jefe de Asuntos Internos (febrero 2012-marzo 2015), unidad cuya función es velar por la limpieza policial, identificar las manzanas podridas y sacarlas del cesto.

 

Tras su cese fulminante en marzo de 2015 para que dejara de investigar, Martín Blas es recuperado de inmediato por el juez Arturo Zamarriego, primer instructor del caso Nicolás y la grabación ilegal al CNI, para que lidere una Comisión Judicial compuesta por 6 policías y un jefe de equipo  creada por el magistrado, para llevar la investigación en lugar de la unidad de Asuntos Internos bajo el nuevo jefe Francisco Migueláñez, a la que aparta. Con dicho movimiento, muy excepcional en la historia procesal española, el juez Zamarriego enviaba ya un mensaje nítido: la cúpula policial y la del Ministerio del Interior no eran de fiar. Y el tiempo le ha dado toda la razón. Posiblemente, sin el trabajo de Martín Blas y su equipo, contra todo y pese a todos, lo que ahora se conoce como el caso Villarejo nunca se hubiera abierto dos años más tarde en la Audiencia Nacional.

 

García Castellón procesa a buena parte de aquella cúpula policial (y también a Martín Blas) por participar o conocer el hecho delictivo investigado en la conocida como Pieza 7 Kitchen: el contubernio ejecutado entre julio y octubre de 2013 para supuestamente sustraer documentación sensible que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas en su poder, usando recursos públicos (fondos reservados y recursos policiales) de forma ilegal. La operación consiste, según el auto del magistrado, en primero captar al chófer de Bárcenas, Sergio Rios Esgueva y, seguidamente, articular un dispositivo policial de apoyo para seguimiento al extesorero y su familia, con el fin de localizar y sustraer la documentación mencionada.

 

El magistrado responsabiliza al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como ideólogos y coordinadores,  y a la cúpula policial como ejecutora del plan por delegación de los anteriores, comenzando por el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino que, a su vez, según el auto, "se lo encarga primero a Martín Blas" para sustituirle al poco por Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) hasta febrero de 2017.

 

Se encapsula así el asunto en los muros del Ministerio Interior y la cúpula policial, dejando fuera de la causa a la principal potencial interesada y beneficiaria María Dolores de Cospedal (y a su marido, Ignacio López del Hierro, y a su exjefe de gabinete, José Luis Ortiz) entonces número dos del Partido Popular en su condición de secretaria general.

 

El juez sobresee también para los jefes de sección del grupo de vigilancias de la UCAO y Asuntos Internos a los que también, como a Cospedal, citó en calidad de investigados, porque tras procesar a sus jefes máximos (García Castaño y Martín Blas) concluye que obedecían ordenes y actuaron por "obediencia debida". Una apreciación discutible, según explican a Público fuentes policiales, en tanto en cuanto dichos jefes no podían no saber quién era Bárcenas o su mujer y su situación procesal, y en todo caso, tenían la obligación de comprobar si las órdenes de seguimiento recibidas estaban encuadradas en una investigación policial dada de alta en el sistema con su correspondiente referencia NIV (Nota de Investigación) o, bajo tutela judicial en su caso, porque la "obediencia debida" carece de eficacia cuando se trata de ordenes fuera de la normativa, según dispone el apartado d) del  articulo 5 de la Ley Orgánica de 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 

Procesa a Martín Blas con indicios que no son tales

 

El juez imputa y procesa a Martín Blas en ausencia de indicios, como ya informó Público en detalle en artículos anteriores. El magistrado repite en el auto de procesamiento el mismo cuadro "indiciario" que usó para citarle como investigado: lo que llama "conversación" sobre Kitchen entre Villarejo y Martín Blas y que no existe; la declaración de Jesús Vicente Galán, jefe en 2013 del pequeño grupo propio de vigilancias  de Asuntos Internos, sobre una gestión que supuestamente le ordena Martín Blas sobre un vehículo y que nunca se produjo; una única vigilancia atribuida a Asuntos Internos pero de la que no existe ninguna prueba documental y además la agente que la desvela atribuye la orden a Vicente Galán quién a su vez lo niega.

 

El magistrado pone en la lista, además, un informe que Asuntos Internos envía a su juzgado a golpe de orden del fiscal que informa (y el juez lo omite) de que no existe en sus archivos ninguna referencia documental a ningún operativo de vigilancias, cualquier tipo de gestión o informe relativo a Bárcenas, incluyendo las supuestas notas informativas que el DAO Eugenio Pino declaró (como investigado y derecho a mentir) que Villarejo elaboraba y entregaba a Asuntos Internos, porque, según él, es a Martín Blas, entonces jefe de Asuntos Internos a quien confía en un primer momento la ejecución de plan. La relación de "indicios" termina con un documento incautado a Villarejo sobre datos personales y mercantiles de la familia de Martín Blas que apareció en el mismo periodo temporal que fue elaborado y publicado en las páginas de Okdiario, la web de Eduardo Inda, con el objetivo de desprestigiarle.

 

Según las fuentes policiales y jurídicas consultadas, se tratan todos de "indicios" sin base alguna para una imputación y mucho menos para un procesamiento:

 

a) El supuesto primer encargo de Pino a Martín Blas para ejecutar el Plan Kitchen: Solo tiene reflejo en la declaración de Villarejo y Pino. Y los datos demuestran que es falso. Así, del primer paso del Plan, la captación del chófer Sergio Ríos, el sumario acredita que se ocupan García Castaño, el exjefe de seguridad de Cospedal Andrés Gómez Gordo, y el comisario Villarejo. En ninguna de las grabaciones de 2013, año en que tienen lugar los hechos investigados, ni en sus numerosas y extensas declaraciones judiciales por la causa Kitchen, Sergio Ríos menta a Martín Blas, ni como captador, ni como interlocutor, ni como pagador.

 

b) La supuesta orden de Martín Blas, que este niega, al jefe de sección de vigilancias de su unidad, Jesús Vicente Galán, para indagar en un Citroën C4 (modelo usado por la policía) sin detalle de matrícula o color en una zona sobre la que según este, el exjefe de Asuntos Internos le advierte "que cerca vivían los Bárcenas": no solo no hay constancia documental ni de la orden ni de la gestión de indagación sino que, además, el juez no ordena diligencias para verificar la realidad de la misma, localizando y citando al subordinado (solo tenia 8 agentes) al que dijo Vicente Galán haberle encargado a su vez la tarea y al que no identifica. Durante la declaración de éste en sede policial primero y judicial después, no se le pregunta tampoco si verificó antes de proceder a cumplir la supuesta orden si estaba amparada por una investigación dada de alta en el sistema (NIV). 

 

c) La vigilancia a los Bárcenas que supuestamente hace Asuntos Internos bajo mando de Martin Blas: La documentación obrante en el sumario prueba que todas las vigilancias acreditadas las hizo la unidad de Enrique García Castaño, y bajo orden y monitorización directa de éste. La única atribuida a Asuntos Internos es la que declara de palabra una agente, pero sin acta que la ratifique, y cuya orden achaca a Vicente Galán y no a Martín Blas. Por su parte, Vicente Galán negó dicha orden y no habló de ninguna gestión de seguimiento ordenada por su jefe, a quien únicamente le atribuye la gestión para el vehículo C4.

 

d) El juez cita un informe pedido por la fiscalía a la central de Asuntos Internos que en las fechas de autos mandaba Martín Blas, omitiendo que fue exculpatorio como se comprueba en la imagen inferior. En el escrito se informaba al juzgado de la inexistencia en los archivos de documental alguna referida a Bárcenas.

 

Martin Blas Kitchen

 

Indicios sin base considerados por el titular del juzgado para procesar a Martín Blas en la Pieza 7 Kitchen.

e) Lo que el juez y la unidad investigadora llaman "conversación" entre Villarejo y Martín Blas para hablar de Kitchen nunca existió, como ya demostró Público. Se trató de una llamada que el 25 de febrero de 2014 (cuatro meses tras el fin del operativo) Villarejo realiza primero a la secretaria del DAO Eugenio Pino para que ésta le pase al móvil de Martin Blas a sabiendas de que éste está allí mismo reunido con Pino. Tras pasarle y hablar con Martín Blas menos de un minuto de un asunto ajeno a Bárcenas, Villarejo pide a Martín Blas que le pase su móvil a Pino para comentarle un asunto. De la transcripción de lo que entonces hablan Pino y Villarejo se desprende que es imposible que Martín Blas supiera de qué trataban solo escuchando al exDAO. El audio de esa llamada obra en el sumario y además fue reproducido por el fiscal durante una declaración de Pino en presencia del juez. Aún así, el magistrado asume de nuevo la versión falaz que recoge el cuerpo del oficio con el que se informó en su día al juzgado de su existencia, que para más inri, adjuntaba la versión correcta del audio en un kilométrico anexo que adjuntaba. El cuerpo del oficio daba el cambiazo a la parte de la transcripción que resumía el minuto en que Villarejo "conversaba" con Martín Blas, usando además un juego visual de cobertura, como se comprueba en la imagen siguiente.

 

Transcripción conversación Marcelino

Transcripción de la conversación en el cuerpo del oficio y en el anexo. Parecen la misma pero no lo es. La del anexo es la correcta.

 

f) Carpeta INTERIOR que contiene el audio y también un carpeta Kit con 9 notas sobre Bárcenas de la que los investigadores infieren que Kitchen es una operación bajo el mando de "órganos superiores y/o directivos del Ministerio del Interior"  como Martin Blas. Una deducción incluida en el oficio antes mencionado que puede leerse en el margen izquierdo de la imagen superior y que no responde a la realidad. 

 

La carpeta INTERIOR se localiza en el pendrive "disco plateado" incautado a Villarejo y referenciado judicialmente como indicio BE09. Contra lo que dice el oficio, del examen de su contenido se infiere rápidamente y con certeza que la etiqueta INTERIOR refiere a "Prensa de Interior y Tribunales", una sección en la que Villarejo tiene infiltrados a la mayoría de sus periodistas afines y en una parte considerable del espectro de medios de comunicación. La carpeta, a la que Público ha tenido acceso, contiene una veintena de subcarpetas donde Kit es una más, y Marcel (con el audio) otra. Cada subcarpeta trata de un asunto en el que trabaja o trabajó (como por ejemplo el caso Nicolás, el caso Varma, el caso Pinto, el asunto de Podemos, además de Kit), y en los que hizo jugar a la prensa un papel protagonista. Así, en cada subcarpeta almacena las notas informativas que recogen las historias o versiones de historias que quiere difundir junto a los artículos de prensa publicados sobre la cuestión.

 

No es difícil ver que muchos de los artículos de prensa almacenados bajo cada carpeta están firmados por su corte de periodistas y recogen el contenido de las notas de Villarejo. Sin ir más lejos, el contenido de las 9 notas almacenadas bajo la subcarpeta Kit (las que hablan sobre los famosos "cocineros" o confidentes infiltrados en el entorno familiar y de prisión de Bárcenas ) se confecciona en noviembre de 2015 y su contenido es publicado por periodistas afines a Villarejo ese mismo mes así como en años posteriores citando como fuente "notas policiales". La confección y publicación se produce dos años después de sucedidos los supuestos hechos pero coincidiendo con el alta de Kitchen como supuesta investigación oficial en el sistema, con la nota NIV/29,  para amparar en diferido la actuación irregular de vigilancias a Bárcenas y la disposición de fondos reservados y para "regularizar" la situación. Es llamativo que una carpeta tan voluminosa como INTERIOR, cuyo contenido es claro, pueda interpretarse en la Audiencia Nacional de una forma tan distinta.

 

Distintas varas de medir

 

Para sobreseer a Cospedal el magistrado alega que hablar con Villarejo no es un delito, que hablar de manejar los medios es "algo banal" o "una conversación social" y que solo hay una referencia directa sobre su supuesta participación (un apunte en una agenda de Villarejo datado en 2013) y, "más importante", que la ex secretaria general del PP y su marido han negado "categóricamente" su implicación en los hechos investigados. Pues bien, no solo Martín Blas también lo ha negado "categóricamente" sino que además, en esas mismas agendas, el exjefe de Asuntos Internos no es mencionado hasta diciembre de 2013 y por asuntos sin relación con Bárcenas.

 

El juez apoya la estrategia de Villarejo calificando de “enemistad” la relación entre éste y Martín Blas

 

En la página 29 del auto de procesamiento, el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional califica la relación entre Villarejo y Martin Blas de "notoria enemistad" haciendo así suya una de las principales estrategias (falaces) de defensa del comisario jubilado: recrear en los medios una enemistad recíproca con los que le investigan para acto seguido solicitar que sean apartados de las investigaciones por "falta de parcialidad".

 

A Marcelino Martín Blas se le ha incluido en algunos medios en una "guerra de comisarios", expresión que sitúa a Villarejo al mismo nivel que aquel cuya obligación era investigarle como jefe de Asuntos Internos que era, y no por enemistad. El juez instructor del caso Villarejo ve, en cambio, "enemistad" en la labor de Martin Blas y también en la actitud de Villarejo, quien solo buscaba recrear una escena que le permitiera sacarse de encima a su colega y de paso restar credibilidad y objetividad a sus investigaciones. 

 

Las defensas de Villarejo (Ernesto Díaz Bastién) y de Carlos Mier (bufete Boye&Elbal) alegaron exactamente enemistad recíproca entre Villarejo y Martín Blas en diciembre de 2016, para quejarse de "falta de imparcialidad" y pedir al juez Arturo Zamarriego que lo apartara del caso Nicolás y la grabación ilegal al CNI, junto a su jefe de equipo el inspector  Rubén Eladio López y procediese a disolver la Comisión Judicial. Tanto el juez como luego la Audiencia Provincial desestimaron esa petición por entender que dicha "enemistad" solo estaba en la imaginación de Villarejo (y en los textos de sus periodistas).

 

El principal beneficiado por el procesamiento del exjefe de Asuntos Internos  es el inspector jefe Jesús Vicente Galán, quien ve archivada su imputación al asumirse que Martín Blas es responsable y, por tanto, cumple sus ordenes como "obediencia debida". El juez no se plantea, pues, la posibilidad de que pudiera actuar por su cuenta (aprovechando las vacaciones de Martin Blas) o bajo  indicaciones de otra persona ajena a Asuntos Internos como, por ejemplo, de su mentor, el también procesado José Ángel Fuentes Gago o de el jefe de éste el DAO Eugenio Pino.

 

El magistrado soporta también el archivo de la imputación en el desconocimiento que entiende que el inspector tenía del operativo lo que se contradice con el hecho de que una subordinada le señala como ordenante de una vigilancia sobre el "domicilio" de los Bárcenas (en la madrileña calle de Príncipe de Vergara). También de forma contradictoria, se apoya en que Vicente Galán declara que Martin Blas le daba todas las ordenes referidas a gestiones en la "calle General Díaz Porlier " (estudio de la mujer de Bárcenas) una calle diferente de la del domicilio. Además, no se verifica si de verdad se produjeron unas gestiones (vehículo y vigilancia) cuya efectiva realización presenta dudas: no hay actas que ratifiquen, no se identifica al subordinado que debía buscar el vehículo y el conflicto entre declaraciones de la agente y Vicente Galán respecto a la autoría de la orden de vigilar la casa de los Bárcenas.

 

Otro punto llamativo es que los motivos del archivo para Jesus Vicente Galán que se recogen en un auto del juez del 1 de junio, se omiten en el auto de procesamiento de 29 de julio (el que se envía a los medios por el gabinete de prensa), donde el magistrado se limita a informar de este archivo para Vicente Galan en el auto de 1 junio donde sobresee pero citando este auto con una fecha equivocada (2 de junio) . No sucede así, sin embargo, con la otra persona sobre la que también se acuerda el archivo de la causa en el mismo auto de archivo de 1 de junio, el comisario José Francisco González García, otro jefe de sección pero del grupo de vigilancias de la UCAO, la unidad de García Castaño .

 

Vicente Galán es un hombre del ex jefe de gabinete del DAO Eugenio Pino, Jose Ángel Fuentes Gago. Fue Gago quién lo recomienda para Asuntos Internos, y se lo lleva después con él a la DAO, donde presuntamente participa, entre otras misiones, en la construcción de acusaciones falsas contra Podemos. Las agendas de Villarejo recién encontradas (en ausencia de pruebas científicas que corroboren que están escritas en las fecha que se indican) muestran que Villarejo tiene relación con Vicente Galán a partir de, como mínimo, 2014 pero ya en una apunte de 14 de septiembre de 2012, semanas después de que entrase en Asuntos Internos, el comisario apuntaba su nombre y número de teléfono

 

Tras su etapa en la DAO, Vicente Galán es recompensado con un fabuloso destino de agregado de Interior en Mauritania.

 

Y, como el mundo es un pañuelo, y el mundo de Villarejo apenas un retal, resulta que Fuentes Gago comparte con García Castellón a un amigo común también policía: Pedro Agudo Novo, que intimó con el juez cuando ambos coinciden en Roma, Agudo como agregado y Garcia Castellón como juez de enlace. Y las coincidencias no terminan: también se rechaza en Kitchen,  la imputación solicitada por la Fiscalía del que era el director general de la policía (cargo entre el secretario de Estado y ministro), Ignacio Cosidó porque el magistrado no aprecia indicios que señalen su participación efectiva. Agudo era jefe de gabinete de Cosidó hasta septiembre de 2012, mes en el que es relevado tras trascender su presunta vinculación a una academia de preparación de oposiciones para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía.

 

La estrategia del falso culpable es una seña de identidad

 

Los "proyectos" ejecutados durante años por la organización de la que Villarejo es parte están plagados de falsos culpables creados ad-hoc. En cuanto al objetivo perseguido, la casuística es amplia: destruir a un competidor, sea empresarial o contrincante político (interno o externo); reorientar un caso policial-judicial por la vía de desviar las culpas a otro que dé el pego; o bien para anular una causa articulando campañas de desprestigio contra los investigadores, fiscales o jueces que intervengan, como fue el caso de Martin Blas, del fiscal Anticorrupción José Grinda o el del comisario Jaime Barrado, por citar algunos de los más recientes.

 

Se busca la creación de un clima de opinión que trabaje en favor de la aniquilación social, política, de la credibilidad o del prestigio del objetivo a batir. Y eso se logra con un "diseño de medios" (Villarejo dixit) que el comisario alimenta con primero sus "notas informativas policiales" y luego con la parte de los sumarios que le interese fijar. 

 

El acoso a Martin Blas empieza al poco de ser nombrado jefe de Asuntos Internos en febrero de 2012 cuando solicita sin éxito a un juzgado permiso para pinchar a la cúpula de la UDEF (entonces al mando Jose Luis Olivera) al cerciorarse de que los periodistas llegaban antes que los policías a los inmuebles cuyos registros había ordenado el juez del Caso Gurtel (y en  estas operaciones la sorpresa es clave). Al enterarse, la cúpula policial entró en furia. Al poco, le siguió el caso Colombo, que Martín Blas abre al detectarse nuevas  filtraciones de informes de la UDEF bajo secreto del caso Gurtel, que se salda con denuncia en la Fiscalía Anticorrupción tras ser interrogados varios mandos y agentes de esa unidad; unas pesquisas que la cúpula mafiosa filtraba a varios periodistas (y estos así lo publicaban) como "presiones de Martin Blas, a los agentes que investigan al PP" para, en su opinión, amedrentarles y perjudicar el caso, cuando se trataba de todo lo contrario.

 

Al poco llega el caso Emperador y su pieza separada "Funcionarios" y luego el caso del chivatazo de Villarejo a Varma. Culminando en octubre de 2014 con el Caso del Pequeño Nicolás, el principio del fin para Villarejo y el comienzo para Martín Blas, (y para su inspector jefe del equipo Rubén Eladio López), de una verdadera odisea que narró él mismo durante más de dos horas y media en el Parlament de Catalunya y en el documental Las cloacas de Interior  producido por Mediapro y este diario.

 

https://www.publico.es/politica/acoso-comisario-destapo-villarejo-organizacion-culmina-procesamiento-kitchen.html

 

EL CIERRE EN FALSO DE KITCHEN Y LA EXCULPACIÓN DEL IBEX DESINFLAN EL CASO VILLAREJO

 

Las otras dos grandes actuaciones de la brigada política siguen sin investigarse: la Operación Catalunya y las maniobras contra Podemos. El juez limita la operación Kitchen a Interior dejando fuera a Rajoy, al PP y al CNI, mientras empieza a limitar las investigaciones de los contratos de las grandes empresas con el comisario

 

El caso Villarejo, llamado a sacudir a la élite política, empresarial y judicial del país, mengua. El pasado jueves, su nómina de exclusivos imputados se vio reducida por decisión del juez Manuel García Castellón, quien en apenas dos horas cerró inesperadamente la pieza del espionaje a Luis Bárcenas desde el Ministerio del Interior y eximió de responsabilidad en la contratación del policía corrupto a la petrolera Repsol, al gigante bancario Caixabank y a los máximos responsables de ambas.

 

Estas decisiones adoptadas por el instructor afectan a las piezas más relevantes del caso. Con el hilo conductor del comisario, la causa Tándem se había convertido en un rompecabezas de la corrupción que ha habitado en España en las cuatro décadas de democracia. Otra vez, el Ministerio del Interior se veía envuelto en un escándalo solo superado por el terrorismo del Estado: con cargo al erario público, los fondos reservados, se había financiado una operación para sabotear las causas judiciales contra el PP, el partido en se momento en el Gobierno.

 

Como ya ocurriera con los GAL, todo queda circunscrito al Ministerio del Interior. El juez ni siquiera ha llamado a declarar al que otros imputados señalan como perfecto conocedor de la operación "parapolicial", el entonces presidente del Gobierno. Mariano Rajoy fue el principal beneficiario de la maniobra para sustraer al tesorero del PP la documentación de la caja B de la formación que pudiera acabar con su carrera política e incluso sentarlo en el banquillo. Las continuas referencias a "El Barbas" o "El Asturiano", como identifica Asuntos Internos a Rajoy, y el detalle de sus contactos con Villarejo a través del abogado Javier Iglesias, no tienen entidad suficiente para citarlos al menos como testigos, según el juez.

 

La decisión de no prorrogar el caso Kitchen pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el resto de acusaciones y las defensas de varios imputados tiene una incidencia directa en la política nacional: el actual líder de la oposición, Pablo Casado, alcanzó la presidencia del Partido Popular con el apoyo de María Dolores de Cospedal, quien tuvo que dejar después la política por sus tratos con el comisario corrupto y ahora queda eximida de responsabilidad penal.

 

El magistrado considera que no hay indicios contra la secretaria general del PP durante la operación Kitchen, pese a las anotaciones sobre pagos al comisario y la grabación en la que ella y su marido le encargan "trabajos puntuales". El juez apela en su auto al "derecho de reunión" que asistía a la política y al policía, líder de una presunta organización criminal.

 

Con todo, es muy probable que un ministro del Interior y su secretario de Estado se sienten en el banquillo. Pero si la Sala de lo Penal no corrige a García Castellón y le obliga a practicar las pruebas que ha negado a la Fiscalía, la operación Kitchen quedará como una idea de Jorge Fernández Díaz, miembro del reducido círculo de amistades de Rajoy, que fue ejecutada por sus subordinados en el Ministerio. Como recordó Pablo Casado al trascender el auto del juez, Fernández Díaz está cesado de militancia y Cospedal "es inocente".

 

De lo abrupto de la decisión de García Castellón habla un hecho que había pasado desapercibido hasta que dictó su auto de pase a procedimiento abreviado. La Fiscalía solicitó la declaración como investigado del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el único en la escala de mando que escapa a Kitchen. El resto de partes ni lo sabía y no tuvieron tiempo de pronunciarse. El juez instructor les había hurtado el conocimiento de esa petición de declaración de Anticorrupción que ahora deberán respaldar ante la Sala de lo Penal.

 

Así las cosas, la operación Kitchen queda reducida a un político que se extralimitó y que contó con una retahíla de comisarios e inspectores jefes de la Policía Nacional puestos al servicio de un interés partidista e ilegal. Como el propio Villarejo ha declarado, ellos eran los mimos agentes que atacaron a la oposición en la Operación Catalunya. Hay evidencias de que repitieron el 'modus operandi' con Podemos.

 

Mientras, una de las preguntas más incómodas seguirá flotando en el aire: ¿Conocía el servicio de Inteligencia español la operación? ¿La consintió? ¿Participó en ella? Así lo dio a entender, antes de retractarse, el número dos de Interior, Francisco Martínez, con su mensaje depositado ante notario con Fernández Díaz sobre el "contacto cecilio". O en la reflexión del móvil que le arrebataron los investigadores sobre la participación de "otros servicios del Estado".

 

Tendrá que ser la comisión de investigación del Congreso quien realice esas preguntas al responsable del CNI entonces, el general jubilado y a sueldo actualmente de Iberdrola, Félix Sanz Roldán, en un episodio que vuelve a cuestionar su mandato, después del fracaso en el referéndum soberanista de Catalunya y su implicación personal, si no también la del mismo CNI, en los oscuros episodios del rey emérito en los que se mezclan su relación extramatrimonial con Corinna Larsen y el trasiego de dinero opaco. El consenso para la comparecencia del general ha crecido entre los grupos parlamentarios en las últimas semanas.

 

La comisión de investigación del Congreso es un instrumento que ha despreciado ante miembros de su entorno el juez García Castellón. Una prueba es la decisión del magistrado de hacer público el auto de imputación de Cospedal y su marido mientras declaraba éste y a pocas horas de que lo hiciera ella. Manuel García Castellón tenía el auto redactado a falta de firma desde hacía días encima de su mesa, confirman fuentes jurídicas.

 

La Operación Catalunya, el elefante en la habitación

A los archivos decretados por el juez hay que sumar los indicios que nunca se investigaron, vinculados a la extensión de una guerra sucia contra la oposición que el Gobierno del PP practicó durante el mandato de Rajoy y en la que siempre participó el comisario Villarejo. Se trata de las citadas Operación Catalunya y las maniobras contra Podemos.

 

Todos los indicios que han surgido durante la instrucción respecto a la actividad parapolicial contra el procés han acabado en un cajón del Juzgado Central de Instrucción número 6 bajo el nombre de 'Archivo Taja'. Con el argumento del secreto de Estado, el juez rechazó investigar los encargos de Interior a Villarejo en 2013 y 2014, periodo caliente de la Operación Catalunya en la que el propio policía ha confesado su participación.

 

En un auto de abril de 2020, García Castellón justificaba que esas "funciones asignadas" a Villarejo que mantiene bajo secreto van acompañadas de otras atribuciones por parte del Ministerio que dirigía Jorge Fernández Díaz, "principalmente relacionadas con la captación de información de interés policial", sin que el juez ahonde en qué tipo de trabajos se le requerían al policía liberado.

 

En el mismo auto, el juez sacaba de la causa una larga lista de documentos, bajo el supuesto de secreto de Estado, difícilmente identificables porque solo aparecían reseñados con referencias alfanuméricas. Este diario pudo compararlos con otro documentos en el sumario de 2018 y descubrió entre ellos había trabajos del policía sobre Artur Mas y "diversas personas", la "financiación" de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y el ex cónsul honorario de Letonia en Barcelona, Xavier Vinyals.

 

Entre la documentación desclasificada por Interior para la investigación de Kitchen apareció un recibo de 6.700 euros acompañado de la anotación "mossos". Los fondos iban asignados al comisario imputado Enrique García Castaño, a quien Fiscalía y juez no han permitido explicar que se trataba del dinero con el que pagaba por información del procés a un sindicato del cuerpo policial autonómico.

 

Del 'caso Villarejo' al 'caso Pablo Iglesias'

El caso de Podemos es emblemático. La pieza 10 o caso Dina arrancó como el robo de información al partido guardado en el móvil de una colaboradora y su posterior publicación en medios afines a la brigada política. Pero acabó con una intensa instrucción contra el líder de la formación, Pablo Iglesias.

 

García Castellón regresó del confinamiento con un objetivo principal: imputar al vicepresidente del Gobierno en plena situación de tensión social y política fruto de la pandemia. Pero tenía un problema, los dos delitos que se le atribuían, daños informáticos y revelación de secretos, necesitaban que la perjudicara se sintiera como tal y denunciara. Y Dina Bousselham no lo iba a hacer. Así que el juez estiró la causa hasta llevarla al Supremo ignorando la petición de la colaboradora de Iglesias de declarar, lo que hubiera puesto fin a la investigación al líder de Podemos.

 

El juez García Castellón dejó en esos meses de 2020 en segundo plano la instrucción de piezas como Kitchen o BBVA para centrarse en un posible delito de daños informáticos y destrucción de una tarjeta telefónica de una persona que no se sentía perjudicada por ello. Incluso planeó viajar a Gales para interrogar a los técnicos que intentaron recuperar el material contenido en tarjeta.

 

En contra del criterio de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, García Castellón propuso al Tribunal Supremo imputar a Iglesias, que entonces estaba aforado, pero el Alto Tribunal rechazó tal posibilidad y le recordó que lo que tenía que hacer era llamar a Bousselham y escuchar lo que no había querido oír durante meses. Aún no lo ha hecho. A día de hoy, el magistrado espera un informe de la Policía Científica antes de decidir sobre Iglesias, que ya no está aforado.

 

La documentación incautada al comisario ha dado para abrir una treintena de piezas, algunas cerradas ya, pero solo la mitad del material ha sido desencriptado. El CNI traslada al juzgado desde hace meses que no logra avances y el comisario sigue sin facilitar las claves.

 

La repercusión en los juicios de octubre

Otra de las decisiones del intenso 29 de julio de García Castellón anticipa un futuro nublado al caso. El juez archivó la causa contra Repsol y Caixabank porque no tenían por qué saber que estaban contratando a un comisario en activo y, por tanto, no se puede dar el delito de cohecho. Eso mismo podrán alegar los miembros de la jet que se sentarán en el banquillo en octubre en el primer juicio de la causa Tándem que acogerá tres piezas, las denominadas Land, Pintor y Iron. Si el tribunal acepta la tesis de que los clientes no tenían por qué saber que Villarejo era policía la acusación de cohecho, el soborno a un funcionario, se tambalea. 

 

Se da la circunstancia de que las empresas del Ibex acogen la peor cara de la puerta giratoria de unos funcionarios especiales, los comisarios de policía. Las empresas defienden su contratación porque son los expertos más adecuados para dirigir la seguridad de las empresas. El sector privado de la seguridad lo desmiente rotundamente y apunta a otro motivo: sus contactos en el Ministerio del Interior y en las Fuerzas de Seguridad.

 

Esos antiguos altos mandos de la Policía, Miguel Ángel Fernández Rancaño en el caso de Caixabank, y Rafael Araújo, en el de Repsol, siguen imputados. ¿Los antiguos compañeros de Villarejo no sabían de su condición en activo y de cómo accedía a datos confidenciales para sus trabajos? Lo que el juez tiene claro es que, lo supieran o no, nunca se lo trasladaron a los consejeros delegados de las empresas más poderosas del país y que éstas tienen unos programas de prevención que aplicaron y que les protege de cualquier responsabilidad penal.

 

Las acusaciones creen que después de Antoni Brufau e Isidro Fainé el siguiente en salir de la lista imputados del caso Villarejo es el CEO de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Quedan imputados el BBVA y Francisco González, quien salió del segundo banco del país en 2019.

 

https://www.eldiario.es/politica/cierre-falso-kitchen-exculpacion-ibex-desinflan-caso-villarejo_1_8183656.html

 

 

LA FISCALÍA PREPARA EL RECURSO PARA ACLARAR LA IMPLICACIÓN DEL PP EN EL ‘CASO KITCHEN’

 

Un informe de Asuntos Internos de la policía detalla más de 70 comunicaciones entre el comisario Villarejo y el entorno de Cospedal durante los meses de la operación de espionaje a Bárcenas

 

La Fiscalía Anticorrupción, que investiga desde marzo de 2017 una supuesta mafia policial dirigida por el comisario José Manuel Villarejo, se opone al auto dictado el jueves por el juez Manuel García-Castellón con el que pone fin a las pesquisas sobre el caso Kitchen, una operación urdida sin autorización judicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle presuntamente documentación comprometedora para el Gobierno de Mariano Rajoy. Según fuentes jurídicas, el ministerio público prepara el recurso contra esa resolución.

 

Después de tres años de investigación en la Audiencia Nacional y cuando las acusaciones aún creen que quedan muchos hilos de los que tirar, García-Castellón firmó la pasada semana un auto donde da por concluida la instrucción, rechaza la práctica de nuevas pruebas, archiva la causa contra la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y exculpa a la formación conservadora del espionaje ilegal a Bárcenas. Una decisión que adoptó en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, de la Abogacía del Estado, de las acusaciones populares y de varias defensas, que habían pedido prorrogar las pesquisas.

 

De esta forma, el magistrado circunscribe la responsabilidad de Kitchen al Ministerio del Interior y propone enviar al banquillo por seis delitos (descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación) a Jorge Fernández Díaz, que fue responsable de dicha cartera; a Francisco Martínez, su número dos y ex secretario de Estado de Seguridad; a seis comisarios que participaron en los hechos; y a otras tres personas: dos inspectores jefe y el antiguo chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

 

Pero Anticorrupción no piensa tirar la toalla frente al auto de García-Castellón, dictado apenas unos días después de que la Fiscalía presentara un escrito en el que pedía ampliar seis meses más la instrucción para “el completo esclarecimiento de los hechos”. Tanto el ministerio público como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han situado la diana también en el seno del PP, principal beneficiario de la trama.

 

Objetivo, “proteger” al PP

 

En ese escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso EL PAÍS, Anticorrupción describe Kitchen como una operación destinada a “proteger a dirigentes del Partido Popular”, sustrayendo de la causa judicial del caso Gürtel una serie de documentos “en poder de Bárcenas y de su mujer Rosalía Iglesias”, cuyo contenido podía “involucrar penalmente” a dirigentes populares.

 

La Fiscalía apunta la existencia de indicios de responsabilidad penal de María Dolores de Cospedal, y además recuerda que la investigación ha recabado otras pruebas que demuestran que la dirigente popular “habría tenido conocimiento de la puesta en marcha y desarrollo de la Operación Kitchen”. Pese a ello, el juez instructor Manuel García Castellón insistió en su auto de archivo en que las reuniones de la exdirigente con el comisario José Manuel Villarejo no constituyen ningún indicio de delito: “No se puede criminalizar el derecho de reunión”.

 

La Fiscalía también solicitó al juez la imputación de Ignacio Cosido, director general de la Policía cuando ocurrieron los hechos y portavoz del PP en el Senado durante el primer año de mandato de Pablo Casado al frente del partido. El objetivo de Anticorrupción pasaba por investigar “la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial”.

 

Contactos telefónicos

 

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, fechado el pasado 23 de junio y al que ahora ha tenido acceso EL PAÍS, analiza los profusos contactos telefónicos que el comisario José Manuel Villarejo mantuvo durante los primeros meses de la Operación Kitchen con Dolores de Cospedal y su entorno —incluidos su marido, el empresario Ignacio López del Hierro; su jefe de gabinete, José Luis Ortiz; su secretaria; y uno de sus asesores, el comisario Andrés Gómez Gordo—. Entre mayo y noviembre de 2013, los agentes han hallado más 70 comunicaciones entre Villarejo y el entorno de la que era entonces secretaria general del PP: 23 ocasiones en que se cruzan mensajes, 29 llamadas perdidas y 25 conversaciones

 

Villarejo participó activamente en la operación de espionaje ilegal a Luis Bárcenas, extesorero del partido, mediante la captación del principal confidente, al que grabó numerosas conversaciones donde le informaba de los avances de su misión y al que pagó durante más de un año 2.000 euros mensuales de la partida de fondos reservados del Ministerio del Interior. Ese seguimiento tenía por objeto supuestamente espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el partido de Mariano Rajoy.

 

El informe de Asuntos internos relaciona los contactos de Villarejo con Cospedal y su entorno a través de llamadas directas a una decena de teléfonos móviles o fijos y mensajes de Whatsapp. Además, recoge cómo estas comunicaciones coinciden con los apuntes del comisario en sus cuadernos personales, donde anotaba el contenido de cada conversación, en algún caso referido a lo que ahora se denomina caso Kitchen.

 

Entre la información recabada —extraída de uno de los teléfonos intervenidos a Villarejo tras su arresto en 2017—, los agentes señalan que el 11 de julio de 2013, justo el día en que se activa el despliegue parapolicial según el juez, Cospedal llama personalmente al comisario y conversan durante 19 segundos. Ese mismo día, Villarejo anota en su agenda: “Cospe: Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco”. Chisco era Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, a quien la instrucción otorga el papel de coordinador de la operación.

 

El 18 de julio, tres días después de que Bárcenas confesase por primera vez en la Audiencia Nacional, se produce un nuevo contacto entre Villarejo y el entorno de la dirigente popular. “Te está llamando MDC”, le escribe López del Hierro al comisario.

 

El juez instructor, Manuel García-Castellón, archivó la causa contra Cospedal y su marido al considerar que no había indicios suficientes contra ellos, y expuso el siguiente argumento: “Debemos recordar que el hecho de que la señora Cospedal se reuniese con el señor Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna. Ni el señor Villarejo, ni nadie que se hubiera reunido con él, debe responder penalmente por ello, en la medida que supone el ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión. Las grabaciones procedentes del medio digital Moncloa.com, unidas a la presente pieza, no permiten inferir la intención señalada por el fiscal. Son unos audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad; en ningún momento se oye a quien parece ser la investigada [Dolores de Cospedal] expresar los motivos de la reunión; se trata de una grabación que registra solo un fragmento de una conversación, aparentemente, por uno de sus interlocutores, cuya duración y contexto se ignoran”.

 

El magistrado también rechazó otras iniciativas solicitadas por la Fiscalía para buscar las supuestas grabaciones que hizo Bárcenas tras reunirse con el expresidente Mariano Rajoy para tratar de la caja b del PP, así como la recopilación de más pruebas para “avanzar en la identificación de otros individuos captados como confidentes, distintos del conductor Sergio Ríos” y que participaron supuestamente en actividades de control y espionaje al extesorero en la prisión de Soto del Real.

 

https://elpais.com/espana/2021-08-02/la-fiscalia-prepara-el-recurso-para-aclarar-la-implicacion-del-pp-en-el-caso-kitchen.html

 

CARPETAZO A LA KITCHEN DEL PP

 

Un juez que debe gran parte de su carrera a los gobiernos del PP cierra la investigación del espionaje a Bárcenas exculpando a De Cospedal y sin citar a Rajoy

 

"Vamos a ver, Eduardo (Zaplana). Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño"

 

Ignacio González, 22 de noviembre de 2016.

 

¿Recuerdan esta frase de Ignacio González? Es muy pertinente para entender lo que ha ocurrido este jueves. A finales de 2016, el expresidente de Madrid andaba muy preocupado con el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Allí se estaban investigando sus correrías, y también varios de los casos más delicados para el Partido Popular: Lezo, Púnica, más tarde Kitchen… Y en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana que grabó la Guardia Civil, Ignacio González confesó un deseo que, muy pronto, se hizo realidad: que se fuera el juez que había en ese juzgado y que volviera a la plaza el titular. Es justo lo que pasó, apenas siete meses después.

 

Tal y como pronosticó Ignacio González, al juez "provisional" que investigaba los casos que más preocupaban al PP, Eloy Velasco, le ascendieron a un puesto donde pudiera molestar menos; hoy está en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y "el titular" volvió al juzgado número 6. Aún sigue allí. Se llama Manuel García Castellón. Llevaba casi 17 años fuera de ese puesto. Y la historia de este juez, de sus idas y venidas, explica mucho de cómo funciona la justicia en este país.

 

Manuel García Castellón llegó a la Audiencia Nacional en 1993. Primero al Central número 5, como sustituto de Baltasar Garzón. Más tarde como titular del Central número 6. En esos años llevó la instrucción del caso Banesto y también la de varios atentados terroristas de ETA. Entre otros, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el coche-bomba de 1995 contra José María Aznar.

 

Unos años después, fue precisamente el Gobierno de José María Aznar quien lo escogió para uno de los puestos más codiciados de la carrera judicial: el de magistrado de enlace con Francia. En teoría, ese cargo se ocupa de coordinar a la justicia de ambos países para evitar burocracia. Es una suerte de embajador judicial, con pasaporte diplomático. Una bicoca, donde se trabaja poco y se cobra mucho: en 2016, era un sueldo de 9.500 euros netos al mes en 14 pagas, según Confilegal. Es un puesto que se nombra a dedo, sin mucho más requisito previo que ser juez o fiscal con cinco años de experiencia. Y que decide el Gobierno. En este caso concreto, el nombramiento de García Castellón como magistrado de enlace en Francia se publicó en el BOE el 26 de mayo de 2000.

 

Cuando el Gobierno de Aznar le destinó a París, Manuel García Castellón "ni siquiera hablaba bien francés", según asegura un exministro del Gobierno de Zapatero. "Nunca fue de mucha utilidad. La coordinación con Francia la hacíamos a través de los jueces de enlace franceses que estaban destinados en España, porque él pasaba más tiempo en Madrid que en París", afirma ese mismo exministro, que reconoce que nunca quisieron cesarle, y nombrar a otro, para evitar que volviera, cabreado, a su plaza de la Audiencia Nacional, donde podía hacer más daño que en la embajada de París.

 

Tras doce años en Francia, en marzo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy le entregó otro cargo tan bueno como el anterior: magistrado de enlace con Italia. García Castellón se mudó a Roma desde París. Según distintas fuentes, tampoco sabía hablar italiano cuando el Gobierno de Rajoy le nombró.

 

Durante todos estos años en puestos bien pagados y decididos a dedo por gobiernos del PP, Manuel García Castellón mantuvo su plaza en la Audiencia Nacional. Estaba en comisión de servicios, lo que también tenía para la derecha otra utilidad. Ahora el procedimiento ha cambiado, pero en aquel momento, mientras un juez estaba en comisión de servicios, su sustituto era nombrado casi a dedo por el Consejo General del Poder Judicial.

 

Como he explicado en otros artículos, durante las últimas décadas, el CGPJ ha estado la mayor parte del tiempo en manos de la derecha, gracias a los sucesivos bloqueos del PP a su renovación cada vez que pierden las elecciones. Así que nombrar a jueces de la Audiencia Nacional como magistrados de enlace en el extranjero permitía elegir, desde el CGPJ, qué jueces se quedaban con su plaza como sustitutos. Y también cambiarles, si el sustituto se portaba mal.

 

En la Audiencia Nacional hay seis juzgados centrales de instrucción. Solo seis jueces de instrucción, por cuyas manos pasan los principales grandes casos de corrupción. Con Rajoy en La Moncloa, hubo un momento en que tres de ellos –la mitad– estaban como magistrados de enlace en el extranjero, nombrados por el Gobierno del PP. Y así el CGPJ, que también controlaba la derecha, podía decidir quiénes eran sus sustitutos.

 

Esa fue la fórmula, por ejemplo, que permitió apartar al juez Pablo Ruz de la investigación de la Gürtel. Fue nombrado porque parecía el ideal, a ojos de la mayoría conservadora del CGPJ. Estaba en situación precaria, era uno de esos sustitutos, mientras el titular estaba de magistrado de enlace en Londres. El CGPJ le renovaba en el puesto cada seis meses. Todo fue bien hasta que a Ruz se le ocurrió registrar la sede del PP. Poco después de aquella osadía, el CGPJ le apartó.

 

Es habitual que un juez de la Audiencia Nacional se vaya al extranjero, como magistrado de enlace. Es raro que haga el camino contrario. Más extraño aún que lo haga por propia voluntad, porque, en la práctica, abandonar la embajada y volver a la Audiencia Nacional supone un peor sueldo, y una enorme carga laboral.

 

Cobrar mucho menos para trabajar mucho más. Justo fue esa la extraña decisión de Manuel García Castellón. Solo siete meses después de que Ignacio González apuntara esa posibilidad, solicitó la vuelta a su juzgado, en la Audiencia Nacional.

 

"Que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular"

 

Desde que volvió de Italia, el PP no ha tenido muchos motivos para quejarse por cómo le ha ido con este juez de la Audiencia Nacional, a pesar de que algunos de sus dirigentes no han salido muy bien parados. No le ha ido bien a Ignacio González, que sigue jugándose volver a prisión. O a Francisco Granados, que también está procesado. O al exministro Jorge Fernández Díaz, que probablemente se sentará en el banquillo por la Kitchen. Son, todos ellos, daños amortizados para el PP, imposibles de rehabilitar.

 

Fue García Castellón quien intentó imputar a Pablo Iglesias con argumentos bastante endebles, en una causa surrealista donde le quitaron la razón tanto el Tribunal Supremo, como la Fiscalía como sus propios compañeros de la Audiencia Nacional. Es quien imputó a Cifuentes, también por la financiación B del PP, para después archivar la investigación. Es también el juez que hoy ha cerrado la investigación de uno de los mayores escándalos de la historia democrática: el caso Kitchen. Y lo ha dejado en la mínima expresión.

 

Según el propio juez, los hechos son claros. El Ministerio del Interior usó dinero de los fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y robar las pruebas que guardaba sobre la corrupción del PP. Un grupo de policías, bajo las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, compraron a un confidente –el chófer de Bárcenas– con 2.000 euros al mes y la promesa de una plaza de funcionario en la Polícia. Con su ayuda, se colaron en un estudio de pintura de la mujer de Bárcenas, donde el extesorero escondía, en el doble fondo de un armario, todo el material comprometedor contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

 

La operación fue un éxito. Encontraron la información comprometida, que nunca más ha visto la luz.

 

Fue un gravísimo caso de corrupción, para tapar la corrupción y proteger a Rajoy. Es difícil de creer que esto ocurriera como una iniciativa personal del ministro del Interior, por su cuenta y riesgo y sin encomendarse a nadie más. Pero no es solo una mera deducción: a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, hay indicios suficientes como para considerar que en esta operación de la cloaca policial también estaba implicado el Partido Popular y al menos su entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal. Entre otros, las grabaciones de Villarejo en sus reuniones secretas con De Cospedal.

 

A pesar de los indicios, a pesar de las grabaciones, a pesar de la posición de la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón ha decidido desimputar a De Cospedal. Y cerrar del todo la investigación, sin que siquiera haya declarado el principal beneficiado de toda aquel operativo parapolicial: el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

 

Porque no está probado que Rajoy estuviera al tanto. Pero no hay duda alguna de quién fue el máximo beneficiado de aquella operación parapolicial.

 

Tampoco hay muchas dudas de quién era el jefe directo del principal imputado en la causa, el exministro Jorge Fernández Díaz.

 

García Castellón es capaz de archivar la investigación sin llamar siquiera a declarar como testigo al principal beneficiado de todo el operativo y principal responsable del Gobierno bajo el que todo esto ocurrió. En un ejercicio de malabarismo difícil de igualar, cierra la investigación sin mencionar siquiera por su nombre a Mariano Rajoy en los 70 folios del auto que hemos conocido este jueves. "Ninguna diligencia permite sostener" –asegura el juez– "que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro". Ese presidente del que me está usted hablando, que diría M. Rajoy.

 

En otra parte del auto, García Castellón rechaza otra de las pesquisas que le pedía la Fiscalía Anticorrupción: identificar qué persona del Partido Popular usaba un determinado número de teléfono. "Se trata de una diligencia impertinente, en cuanto que no guarda conexión con el objeto del presente procedimiento". En efecto: se trata del móvil de Mariano Rajoy.

 

El auto aún no es firme. Cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y no sería la primera ocasión en la que esta sala le fuerza a reabrir una investigación que García Castellón intentó archivar.

 

Hace unas semanas, la Sala de lo Penal le ordenó reabrir la investigación de la Púnica que afecta a El Corte Inglés. Las acusaciones populares en este caso le pidieron que se inhibiera por un posible conflicto de intereses: García Castellón ha dado clase en una fundación de El Corte Inglés. El juez desestimó esa petición y respondió que "no hay conflicto de interés alguno" porque el CGPJ autorizó que impartiera esas clases.

 

Y en el caso del PP, ¿hay conflicto de interés? García Castellón lleva 38 años en la carrera judicial. De ellos, casi la mitad –17 años– los ha pasado en puestos muy bien pagados, en cargos donde fue promocionado por gobiernos del PP. Su primer nombramiento, como magistrado de enlace en Francia, lo firmó en el BOE Mariano Rajoy Brey. Es el mismo político que hoy duerme más tranquilo, tras leer el auto que acaba de firmar García Castellón.

 

https://www.eldiario.es/escolar/carpetazo-kitchen-pp_132_8182759.html

 

EL JUEZ DE 'KITCHEN' ARCHIVA EL MISMO DÍA LA CAUSA CONTRA LA CÚPULA DEL PP DE RAJOY, CAIXABANK Y REPSOL SIN PRACTICAR PRUEBAS QUE PEDÍA FISCALÍA

 

Día intenso de archivos para el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo. Por un lado, ha cerrado la pieza 7, la de la operación Kitchen, en un auto en el que sobresee las actuaciones contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, rechaza numerosas diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para seguir indagando o de otras partes solicitando una prórroga y ha desdeñado en unos pocos párrafos una posible pista a seguir para una citación del expresidente Mariano Rajoy, limitando la trama a un operativo parapolicial orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Por otra parte, ha archivado la imputación contra Repsol, CaixaBank y sus presidentes por los encargos de espionaje al comisario José Manuel Villarejo, tan sólo dos días después de tomar declaración a las empresas. Y todo en unas pocas horas. Los dos autos se pueden recurrir ante el propio juez o ante la Sala de lo Penal.

 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 cree que ya no hay más hilos de los que tirar en la operación Kitchen. Las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos, así como la familia de Luis Bárcenas –los perjudicados en la causa– y algunos de los investigados solicitaron una prórroga de seis meses en la instrucción. El Ministerio Público, además, interesó numerosas diligencias que incluían nuevas imputaciones –como la del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó–, pruebas periciales y citar de nuevo a algunos investigados. El magistrado lo desestima todo y lanza un duro mensaje: “La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario”.

 

En resumen, el instructor considera indiciariamente acreditado que la trama de espionaje a Bárcenas y su entorno que se puso en marcha en 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que éste se habría llevado tras ser despedido "se habría ideado en el marco institucional del Ministerio del Interior, siguiendo órdenes del ministro y bajo el control de Francisco Martínez". El ex secretario de Estado, "contó con la ayuda" del entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y otros mandos, que habrían encargado el desarrollo del operativo a Villarejo, quien contó con la participación del exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. Para la "ejecución" de la operación, Villarejo se habría servido también de otro policía, Andrés Gómez Gordo –muy cercano a Cospedal– para captar al chófer del extesorero, Sergio Ríos.

 

La "misión" estaba "encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en el poder de Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo " en la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP. Es decir, se trataba de sustraer pruebas para dinamitar la causa judicial que afectaba directamente al partido conservador. Todo ello, financiado con fondos reservados, esto es, dinero público, sin control ninguno. No obstante, la instrucción no ha podido cuantificar cuánto de ese dinero se utilizó para el operativo; el juez sólo habla de los 2.000 euros al mes, más gastos, que llegó a percibir Sergio Ríos durante dos años y los 700 euros que costó la pistola que le compró García Castaño, aunque también menciona otros gastos que percibieron algunos de los comisarios implicados. Tampoco quiere seguir indagando en este asunto y buscar a otros supuestos confidentes captados por la trama parapolicial, como el preso de la cárcel de Soto del Real con el que habría contactado Bárcenas para destruir unos archivos que podrían comprometer a Mariano Rajoy.

 

La implicación de Cospedal, una "inferencia voluntarista"

 

En total, García Castellón propone juzgar a once personas: la cúpula de Interior, ocho altos mandos policiales y el exconductor de la familia de Bárcenas por hecho constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación de fondos públicos. Ni dos meses les ha durado la imputación a Cospedal y su marido, que declararon hace sólo un mes en la Audiencia Nacional. Para archivar las actuaciones para ellos, el magistrado argumenta que achacarles una participación intelectual en la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas no deja de ser “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”. Llega a decir que el hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo, las veces que fueran, "no presupone la existencia de infracción penal alguna" y que ni el comisario jubilado ni nadie que se hubiera reunido con él "debe responder penalmente por ello, en la medida que supone ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión".

 

Y considera que los audios que se publicaron en moncloa.com del primer encuentro entre el comisario y la ex número dos del PP en el despacho de ésta –aparte de mencionar que su origen es desconocido y su fiabilidad, "dudosa", además de ser sólo un fragmento– "no permiten inferir la intención señalada por el fiscal" cuando solicitó su imputación en septiembre de 2020 –en aquella ocasión, denegada por el magistrado–.

 

Sobre todas las diligencias nuevas que pedía el Ministerio Público, García Castellón las califica de "inútiles", en algunos casos, "impertinentes" e incluso recuerda que no se permiten "investigaciones prospectivas". Para él, la X de la Kitchen está clara, y fueron el exministro Fernández Díaz –"vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha"– y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez –con una "activa y continua intervención" que "evidenciaría, presuntamente, órdenes concretas de atender de forma prioritaria a esta cuestión"–, para lo cual se valieron de la cúpula policial en el primer gobierno de Mariano Rajoy. Y eso que hace sólo unos meses preguntaba a Ríos, durante una de sus declaraciones, si no creía que "todo esto" se había "montado desde el partido, no desde el ministerio".

 

Continuos reproches a Fiscalía

 

Una de esas diligencias que proponían los fiscales era investigar qué pasó con la información robada a Bárcenas, pero García Castellón lo ve "innecesario", a pesar de que concluye que la trama parapolicial tuvo éxito y robó efectivamente esa documentación que el extesorero guardaba en un estudio de restauración de su mujer y que, según él, contenía datos sobre la financiación ilegal del PP. "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.

 

Otro planteamiento de Anticorrupción era indagar en los teléfonos móviles que, según Villarejo, utilizó para mensajearse con el que fuera presidente del Gobierno durante varios meses en el punto álgido de la operación par informarle de los avances. El juez no le da ningún crédito y para eso presume de su dilatada experiencia como instructor: "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro. Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades".

 

No ahorra el magistrado en reproches a la Fiscalía. En su opinión, es "preocupante es que se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres años después de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza", de ahí que haga una "valoración sosegada", pues asegura que "no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante de aquello que ni aporta ni añade".

 

Para empezar, que el número al que el comisario supuestamente enviaba los mensajes "hubiera sido titularidad de un partido político nacional no aporta nada relevante, pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba Villarejo". Sobre los tres números que el expolicía asegura que utilizó para informar, el juez afirma que sólo sobre uno "existen indicios objetivos" de que el comisario era usuario por un terminal que se encontró en el registro de su domicilio, pero la Unidad de Asuntos Internos ya investigó ese teléfono en otro procedimiento judicial de 2014 y no hubo "conexión alguna" con el supuesto número de Rajoy. Y aparte de todo esto, subraya que las compañías telefónicas tiene la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas durante doce mese y los hechos de Kitchen empezaron hace nueve años.

 

Repsol y CaixaBank, sólo tres semanas imputadas

 

Sólo un rato después de acordar el cierre de la pieza 7 del caso Villarejo, el mismo juez ha dictado un auto en el que sobresee las actuaciones para cuatro protagonistas de la pieza 21, la que investiga el proyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank habrían hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petrolera a través de la empresa mexicana Pemex. No se ha archivado la instrucción para cualquiera, sino que García Castellón lo ha hecho para las propias compañías, que estaban imputadas como personas jurídicas desde hace tres semanas, y para sus presidentes Antonio Brufau e Isidro Fainé.

 

Como en el caso de la operación Kitchen, el magistrado ha tomado esta decisión sin consultar a Fiscalía Anticorrupción y a pesar de los duros autos en los que muy recientemente imputó a los cuatro: en abril, citó como investigados a Brufau y Fainé por un delito de cohecho al considerar que la reacción frente a Sacyr fue "promovida por los dos presidentes", mientras que el 8 de julio dio el mismo paso con Repsol y CaixaBank por cohecho y revelación de secretos razonando que la contratación a Cenyt, la empresa de Villarejo, se hizo en nombre y beneficio de ambas compañías.

 

Ahora, tras escuchar a todos, presidentes y representantes de las empresas, el juez sorprende con una decisión en la que se corrige de palmo a palmo. Respecto a Fainé y Brufau, dice que "no consta en la causa, más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente, la participación de ambos en la contratación de Cenyt", y que el encargo no recaía en el ámbito de su control. Descarga, así, toda la responsabilidad en los que fueran jefes de seguridad de las compañías, expolicías que habían sido compañeros de Villarejo y que habrían sido su puerta de entrada a este servicio.

 

Pero a lo que el instructor ha dado especial valor es a lo expuesto por los representantes legales de la petrolera y el banco y a la documentación que han aportado las empresas para acreditar que existía una política de control. Así, entiende que "ambas mercantiles tenían implantado, al tiempo de producirse los hechos objetos de la presente pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz", sin que las acusaciones hayan logrado probar lo contrario. Y eso que en el auto de imputación les reprochaba duramente que hubiesen faltado a la "diligencia debida" para comprobar que Villarejo seguía siendo policía en activo y que su empresa de detectives no tenía licencia para realizar labores de seguridad privada. Lo llegó a calificar de "negligencia".

 

"CaixaBank y Repsol contaban con medidas adecuadas para evitar la comisión de los delitos investigados dentro de su actividad, con un plan de cumplimiento normativo y una cultura de cumplimiento implantados en la entidad en el momento de los hechos", asegura ahora García Castellón, que remarca que esos sistemas de cumplimiento no pueden medirse desde la exigencia de una "eficacia absoluta", sino desde la "capacidad del ente corporativo de prevenir, y en su caso, reaccionar de forma eficaz frente a la comisión del delito". En su opinión, "resulta suficiente (...) que se pueda constatar que existía una cultura de cumplimiento normativo debidamente instaurada" y con "rasgos evidentes de eficacia", y por eso desimputa a las empresas, aunque no descarta que puedan responder como responsables civiles subsidiarios respecto de los delitos imputados a las personas físicas.

 

De Repsol, por ejemplo, señala que "para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de cohecho, contaría con 72 controles y para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, 69 controles". Pero la investigación de la Audiencia Nacional ha permitido acreditar que sí hubo cohecho y revelación de secretos y que Villarejo habría recibido por el encargo 413.600 euros que sufragaron tanto Repsol como CaixaBank.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/07/30/la_cupula_interior_rajoy_ira_juicio_por_kitchen_123186_1012.html

 

UNA “MISIÓN” ORDENADA POR EL MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ

 

La Audiencia Nacional, que exculpa a Cospedal, concluye que el Gobierno de Rajoy activó Kitchen para “sustraer” papeles al juez del ‘caso Gürtel’ y espiar a Bárcenas

 

Corría el verano de 2013 cuando, tras varias insinuaciones, el extesorero popular Luis Bárcenas se disponía a dar el paso que desencadenaría la tormenta perfecta contra el PP, entonces en el Gobierno con Mariano Rajoy. El antiguo responsable de las finanzas del partido conservador, que había llevado de su puño y letra durante 20 años la contabilidad de la caja b, se encontraba cercado por el caso Gürtel y decidió tirar de la manta. El 15 de julio, sentado ante Pablo Ruz, entonces juez de la Audiencia Nacional, relató el sistema de financiación irregular que había nutrido las arcas de su formación; los supuestos sobresueldos entregados durante lustros a los principales cargos del partido, y las donaciones de empresarios nunca declaradas a Hacienda. Un relato explosivo que desató las alarmas en la fuerza política que ocupaba La Moncloa con mayoría absoluta.

 

Ocho años después de aquel episodio, otro magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, da por finalizada la investigación sobre la Operación Kitchen, el despliegue “parapolicial” de espionaje precisamente urdido en aquella época contra Bárcenas para evitar que llegaran a manos de Ruz más documentos que pudieran implicar a altos cargos del PP, según explica el juez. Un dispositivo irregular ideado en el seno de las instituciones del Estado; que se activó después de que se enviara al extesorero a prisión provisional y solo cuatro días antes de que este acabara confesando en la Audiencia Nacional. Un entramado que señala directamente como máximo responsable a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y uno de los colaboradores más fieles del expresidente Rajoy.

 

“En una fecha que no se ha podido determinar entre 2012 y 2013, al parecer, Jorge Fernández Díaz, máximo responsable político de Interior, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez —quien fuera primero su jefe de gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad— a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas”, resume García-Castellón, que ha sacado de la ecuación a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP. El objetivo lo deja claro: “Sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza sobre los papeles de Bárcenas”, revelados por EL PAÍS en enero de 2013.

 

 

Una trama para ocultar pruebas de la caja b del PP

 

·       Jorge Fernández Díaz Ministro del interior entre 2011 y 2016

 

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad entre 2011 y 2016

 

·       José Manuel Villarejo. Comisario

 

·       Eugenio Pino. Director adjunto operativo (comisario)

 

·       Enrique García. Castaño Jefe de la UCAO (comisario)

 

·       Andres Gómez Gordo. Ex director general en el Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha (comisario)

 

·       Sergio Ríos. Chófer de la familia Bárcenas, captado con ayuda de Andrés Gómez Gordo y confidente de los tres comisarios para localizar la documentación del extesorero del PP

 

Fondos reservados para la operación de espionaje

 

El chófer de la familia Bárcenas firmaba cada mes un recibí de 2.000 euros que le pagaron el comisario Villarejo o el inspector Gómez Gordo por su trabajo de confidente

 

Planificación y órdenes

 

A partir de ese momento, según los indicios recogidos por el sumario, el secretario de Estado de Seguridad asumió la “coordinación” de Kitchen, cuya “planificación” se encomendó al comisario Eugenio Pino, máximo mando operativo de la Policía Nacional, señalado también como el presunto muñidor de la policía patriótica y a quien el Ejecutivo conservador había situado al frente del Cuerpo. Según García-Castellón, tras recibir las órdenes de la cúpula del Ministerio, Pino “encargó” la materialización de la operación a un grupo de comisarios liderados por José Manuel Villarejo, que contó con la colaboración en un primer momento de Marcelino Martín Blas, al frente de la Unidad de Asuntos Internos; y posteriormente de Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), grupo encargado de las operaciones encubiertas.

 

A ellos se sumó, además, el inspector jefe Andrés Gómez Gordo —ascendido posteriormente a comisario—, que conocía desde hacía tiempo a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas. Entre todos, captaron al conductor como confidente, quien llegó a sustraer presuntamente tres dispositivos móviles al extesorero, que entregó a García-Castaño en un restaurante para que sus agentes descargaran su contenido en un ordenador. A cambio de sus revelaciones, la trama pagó a Ríos un sueldo mensual de 2.000 euros que salía de los fondos reservados, le facilitaron una pistola y amañaron su entrada después en la Policía, según detalla el juez.

 

Un operativo del que nunca se informó al instructor que investigaba a Bárcenas y que incluyó la entrada irregular en un estudio de la mujer del extesorero para buscar los papeles que este podía guardar allí. Y que, además, tuvo éxito. “Dicha documentación se habría localizado e incautado en fecha no determinada, pero que puede situarse en octubre de 2013, y se encontraría, al menos, en poder de García Castaño, al que Villarejo habría reclamado insistentemente una copia”, concluye el juez.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-30/una-mision-ordenada-por-el-ministro-fernandez-diaz.html

 

LOS FLECOS DE KITCHEN QUE LA ACUSACIÓN QUIERE INVESTIGAR

 

Varias partes personadas en la causa recurrirán el auto del juez que cierra la instrucción y exculpa a Cospedal

 

El magistrado Manuel García-Castellón cerró el pasado jueves la investigación sobre la Operación Kitchen de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, pero la partida todavía sigue. Varias partes personadas en el procedimiento han detallado a EL PAÍS que recurrirán la decisión del juez, que exculpa en su auto a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y señala como máximo responsable de la trama a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. García-Castellón tomó la iniciativa de no prorrogar la instrucción en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las acusaciones populares, los perjudicados y distintas defensas.

 

El ministerio público considera que quedan muchos hilos de los que tirar. Sin embargo, “este instructor ha alcanzado la convicción de que la fase preparatoria [previa al juicio oral] ha llegado a su fin”, resumió García-Castellón en su auto, donde reprochó duramente la práctica de nuevas pruebas solicitadas por la Fiscalía: “Todas deben ser desestimadas. Son innecesarias, inútiles y, en algún caso, impertinentes y ausentes de toda fundamentación”. El fallo del juez circunscribió así la trama a Interior y a su antigua cúpula policial. Y deja, según la línea mantenida hasta ahora por Anticorrupción y las acusaciones populares, varios flecos sin resolver.

 

El material “sustraído”. El juez repite que existen “abundantes indicios” de que la trama se hizo con información que “almacenaba” Bárcenas antes de que la consiguiera el juez que investigaba el caso Gürtel, pero no se ha podido concretar qué material “sustrajeron” —solo se cuenta con la versión ofrecida por el extesorero, que afirmó que entre lo robado se encontraba el audio de una supuesta conversación que mantuvo con Mariano Rajoy sobre la caja b del PP—. Con el objetivo de profundizar en este punto, Anticorrupción solicitó interrogar de nuevo al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los policías imputados, sobre un apunte de las agendas del comisario José Manuel Villarejo que dice: “Lo que le quitaron a LB está en el despacho de Gago”. Pero el magistrado lo rechaza: “Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo”.

 

García-Castellón dice que, “visto el tiempo transcurrido”, es “remotamente útil” abrir esa línea de investigación: “Cuando aquel o aquellos que pudieran haber retenido [la información] habrían dispuesto del tiempo y de la capacidad necesaria para deshacerse de la misma, y sin que, hasta el momento, se haya encontrado”.

 

Parte política. El instructor mantiene que Kitchen buscaba evitar que el juez de Gürtel, que cercaba al PP, accediera a más información en poder de Bárcenas. Pero García-Castellón, a la vez, sostiene que no existió ninguna “trama política” más allá de Interior, descartando así implicar a la exdirección del partido. Una tesis que choca frontalmente con la de la Fiscalía, que señala sin paliativos a Cospedal y que pidió sin éxito, “ante las actuaciones que vienen a poner de manifiesto la posible implicación de [más] responsables políticos”, citar también como imputado a Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y exportavoz popular en el Senado, a quien Villarejo y Eugenio Pino, entonces máximo responsable operativo del Cuerpo, señalaron como conocedor de la operación.

 

Además, un informe de la Policía elaborado por el principal investigador de Gürtel también asegura que, dentro de la “estructura” que urdió Kitchen, un “primer nivel o línea corresponde al ámbito político, conformado por la formación que coadyuva a la definición de los objetivos estratégicos y a la puesta en marcha de la operación”.

 

El juez rechaza también indagar más sobre las reuniones entre Villarejo y Cospedal. La Fiscalía cree que el comisario le suministró información secreta de Gürtel, pero el instructor dice que no hay indicios de ello. Además, el magistrado considera que no puede desprenderse ningún ilícito penal de esas citas —amparadas por el “derecho de reunión”, escribe—, que la exsecretaria general redujo a “tres o cuatro” antes de que su antiguo jefe de gabinete la contradijera y ampliara esos encuentros a, al menos, “ocho o diez”.

 

Boicot a Gürtel. El ministerio público está convencido de que Kitchen fue un capítulo más de un largo boicot al caso Gürtel y que incluyó chivatazos de Villarejo, también al PP. En las agendas del comisario se encontró un apunte que revela el supuesto aviso que el policía dio a uno de los procesados por la trama —Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla— días antes de las detenciones de los implicados en la red liderada por Francisco Correa. Un chivatazo que Panero confirmó este mismo julio en declaraciones al diario La Razón y que provocó que Anticorrupción pidiese citarlo a declarar. Una iniciativa que el juez rechaza por “no guardar relación” con Kitchen.

 

Más implicados. La Fiscalía cree que el asalto del falso cura a la vivienda de Bárcenas pudo tener vinculación con Kitchen y que, incluso, “otros servicios de seguridad” del Estado pudieron estar detrás. Por ello, pidió al juez que se identificara a los funcionarios de Policía que visitaron en la cárcel al secuestrador de la familia de Bárcenas, y los “motivos” de esos encuentros. Pero el juez descarta profundizar en ese punto porque, según dice, no existen indicios suficientes que vinculen ese episodio con la trama parapolicial.

 

No es la primera vez que se señala más allá de Interior. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, apuntó en su teléfono que “otros servicios intervinieron”, según consta en los informes elaborados sobre el móvil que le fue intervenido. Además, el ex número dos de Interior aseguró al juez que llegó a contactar con el CNI para ver si tenían información sobre Bárcenas después de que Fernández Díaz se lo dijera.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-31/los-flecos-de-kitchen-que-la-acusacion-quiere-investigar.html

 

 

LA ACUSACIÓN POPULAR DE LA KITCHEN MUESTRA SU "SORPRESA" POR LA DECISIÓN DEL JUEZ Y ANUNCIA QUE LA RECURRIRÁ

 

Gloria Pascual, abogada, representa a una de esas acusaciones, la del PSOE, asegura en Hoy por hoy que el auto del juez les ha producido "enorme sorpresa"

 

La acusación popular de la Kitchen muestra su sorpresa por la decisión del juez y anuncia que la recurrirá

 

El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso kitchen, esa supuesta trama pagada con fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, envía al banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior, incluido el exministro, Jorge Fernández Díaz, quien, tal y como anunciaba ayer Pablo Casado, ya no es militante de la formación.

 

Los manda al banquillo por ordenar y dirigir el espionaje a Bárcenas, con el objetivo de robarle toda la documentación sobre la caja B que pudiera comprometer al PP y al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una operación que se pagó con fondos reservados. En cambio, se libra del banquillo la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. Dice el magistrado que los indicios contra ellos son débiles.

 

Esto ha sorprendido entre las acusaciones, y también el hecho en sí de que el juez haya decidido cerrar la investigación. Porque tanto la Fiscalía, como los perjudicados y las acusaciones populares habían pedido que se alargara seis meses porque aún había pruebas por realizar.

 

Gloria Pascual, abogada, representa a una de esas acusaciones, la del PSOE, asegura en Hoy por hoy que el auto del juez les ha producido "enorme sorpresa". "Los hechos que se investigan son una operación policial para entorpecer una investigación judicial", apunta Pascual.

 

La abogada explica que la investigación tiene tres patas. Por un lado, la técnica que afecta a la policía, por otro lado la administrativa que apunta al ministro y al secretario de Estado y por último al primer beneficiario de la financiación ilegal: el Partido Popular, "que no se encuentra investigado". "El juez encuentra que no hay indicios cuando es el principal beneficiado de la causa que se investiga", añade Gloria Pascual.

 

"Confiamos en la justicia. Se pueden cometer errores, son humanos. Siempre existe una segunda instancia, motivo por el que vamos a recurrir", afirma la abogada de la acusación popular y recuerda que esta imputación no la piden solo ellos, sino también el ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y "las propias defensas".

 

https://cadenaser.com/programa/2021/07/30/hoy_por_hoy/1627620590_745240.html

 

EL PP SUSPENDE A FERNÁNDEZ DÍAZ DE MILITANCIA MIENTRAS PODEMOS HABLA DE "CORRUPCIÓN JUDICIAL" POR EXCLUIR A COSPEDAL

 

"El desprestigio de la justicia es un enorme peligro para la democracia", ha denunciado la ministra de Derechos Sociales del Gobierno Casado celebra que la decisión del juez demuestra que Cospedal es "inocente"

 

El Partido Popular ha comunicado este jueves al exministro de Interior Jorge Fernández la suspensión provisional de militancia del partido tras la decisión del juez de procesarle por la investigación relativa al espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, según han informado fuentes del partido.

 

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha puesto fin a esa investigación de la llamada Operación Kitchen proponiendo juzgar por ello a Jorge Fernández Díaz y a su cúpula policial, si bien al mismo tiempo ha excluido a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

 

Fuentes del PP han informado que el Comité de Derechos y Garantías que preside Andrea Levy ha comunicado al exministro esa suspensión provisional de militancia en aplicación de los Estatutos del partido. En septiembre de 2020, cuando Fernández Díaz fue imputado por el caso Kitchen, el partido ya le abrió un expediente informativo.

 

El presidente del partido, Pablo Casado, ha recordado esta suspensión de militancia de Fernández Díaz mientras ha celebrado que, a su juicio, la decisión de García-Castellón demuestra que Cospedal es "inocente".

 

Unidas Podemos carga contra la "corrupción judicial"

 

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal se vaya "de rositas" tras su exculpación en el caso Kitchen y se ha preguntado si se puede "hablar ya de corrupción judicial".

 

Así lo ha indicado en Twitter después de conocer que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a su cúpula policial por el presunto espionaje que se llevó a cabo entre julio de 2013 y el mismo mes de 2015 contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, pero ha excluido a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, dando por zanjada la investigación sobre la Operación Kitchen.

 

Echenique ha lanzado en redes que en la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Kitchen ha visto "serios indicios" de que "Cospedal ayudó a reclutar al chofer de Bárcenas para Villarejo y que éste informaba puntualmente a 'M. Rajoy'". "Pero se van de rositas. ¿Podemos hablar ya de corrupción judicial?", ha clamado el portavoz parlamentario de la formación morada.

 

En otro mensaje, ha lamentado que en el mismo día que la "justicia" deje que se "vayan de rositas" Cospedal y Rajoy por la operación Kitchen y justo al principio de las vacaciones de verano, sueltan a medio Ibex". "No es ya la sospecha de que trabajan todos juntos en modo trama, es además el descaro y la alevosía", ha espetado Echenique.

 

Por su parte, la secretaria general de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha criticado también que los "máximos responsables de la corrupción del PP se van de rositas en el caso Kitchen", y que también "se libran las grandes empresas y los oligarcas involucrados en el caso Villarejo".

 

"El desprestigio de la Justicia es un enorme peligro para la democracia", ha denunciado la líder de la formación morada.

 

A su vez, el presidente del grupo parlamentario y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha afirmado que como "reveló un pinchazo telefónico por corrupción del PP, Ignacio González y el exministro Zaplana querían sustituir al juez Velasco por García Castellón". "Eso es lo que sucedió. ¿Se entiende mejor ahora esa maniobra, no?", ha cuestionado.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/07/29/el_suspende_fernandez_diaz_militancia_mientras_podemos_habla_corrupcion_judicial_por_excluir_cospedal_123184_1012.html

 

EL JUEZ PROPONE JUZGAR AL EXMINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ POR ORGANIZAR EL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DEL PP

 

También considera acreditada la participación de Francisco Martínez, el número dos de la cúpula de Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy

 

Les imputa delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación Se libran Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro

 

Una decena de mandos policiales, con José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Eugenio a Pino a la cabeza, también han sido procesados.

 

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado la investigación de la operación Kitchen. En un auto, propone juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por la trama de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas por la que también procesa al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Sin embargo, la instrucción no pasa de ahí y queda fuera la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Con este final, se descarta así seguir indagando en la posible implicación de las más altas instancias del partido conservador y la posible pista sobre el expresidente Mariano Rajoy se pierde.

 

Con esta resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que lo que ha quedado indiciariamente acreditado es la participación de la cúpula del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Rajoy, pero también de los mandos policiales imputados, hasta una decena, con los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño a la cabeza, así como el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Igualmente, el instructor procesa al que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera.

 

Como ya apuntaba el magistrado en el auto en el que imputó a Fernández Díaz, y ahora confirma, las investigaciones permiten situar el "centro nuclear de la operación Kitchen en el Ministerio del Interior”, pues en este departamento es donde “se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”. Según el auto, todo fue organizado por el exministro y puesto en práctica por el ex secretario de Estado. Desde la época de los GAL, no se había visto a una cúpula de Interior procesada para sentarse en el banquillo de los acusados.

 

Así, Fernández Díaz y Martínez son los únicos altos cargos políticos que deberán responder por el operativo parapolicial que se puso en marcha a mediados de 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que se habría llevado Bárcenas tras ser despedido. Las operaciones de seguimiento y espionaje, que se alargaron hasta 2015 e implicaron a altos mandos de la Policía Nacional, supusieron también la captación como confidente del chófer del extesorero, Sergio Ríos, como confidente, a razón de 2.000 euros al mes provenientes de los fondos reservados.

 

Pero además, en casi tres años de instrucción, la operación Kitchen ha desbordado las tesis iniciales de los investigadores y lo que empezó como un plan parapolicial sin control judicial dirigido por altos mandos policiales para seguir a Bárcenas y robar información que se hubiese podido llevar del PP tras ser despedido ha acabado convirtiéndose en una trama que abarca varios años y que apunta a altas instancias del Ministerio del Interior del primer gobierno de Rajoy. La conspiración habría ido desde tener controlado al extesorero a través de la captación de su chófer, el robo de documentación sensible sobre la financiación ilegal del PP, presiones para apartar al principal investigador del caso Gürtel y la caja b, así como la estrategia común con Bárcenas para "salvarle" antes de que la confianza se viniera abajo en 2013. El sumario también ha revelado que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en los primeros años en los que el extesorero estuvo en prisión preventiva para seguir el rastro de una supuesta grabación que comprometía a Rajoy en la investigación de la financiación ilegal.

 

El pasado mes de mayo, en el auto en el que imputó a Cospedal y López del Hierro por cohecho, malversación y tráfico de influencias, el juez ya apuntó que esta pieza 7 del caso Villarejo contaba con "la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria". La instrucción caduca este 29 de julio, debido a los nuevos plazos legales, por lo que para continuar con las pesquisas debía prorrogarlas, pero finalmente ha optado por no hacerlo. Tras oír en declaración a la ex secretaria general y su marido, el magistrado ha optado por desimputarles, al no haber podido acreditar indiciariamente su participación o conocimiento en el operativo ilegal.

 

El resumen de la comparecencia de Cospedal es que negó cualquier tipo de conocimiento sobre el operativo parapolicial diseñado para espiar a Luis Bárcenas e incluso en alguna ocasión hasta puso en duda que llegara a existir, se dedicó a atacar al extesorero cuestionando su credibilidad, defendió a su partido, del que fue la número dos durante diez años, y sólo admitió lo que no puede ocultar porque hay grabaciones que lo corroboran, y es que conocía al comisario José Manuel Villarejo.

 

Un mes después, el magistrado exculpa a Cospedal, su marido y su exjefe de gabinete. "A diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio de Interior, (...) respecto de los que existe una sólida base indiciaria, resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican la incriminación" de ellos tres, ha explicado el juez en el auto. A su juicio, la imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja de ser "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones".

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/07/29/el_juez_propone_juzgar_fernandez_diaz_francisco_martinez_por_operacion_kitchen_libra_cospedal_marido_123175_1012.html

 

EL JUEZ DESOYE A ANTICORRUPCIÓN Y CIERRA LA INVESTIGACIÓN DE KITCHEN EXCULPANDO A COSPEDAL

 

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechaza las prórrogas solicitadas por la Fiscalía y otras partes del proceso que pretendían que continuase la investigación sobre el espionaje a Bárcenas para destruir las pruebas que tuviera contra el PP

 

El juez da por concluida la investigación y dicta auto de procesamiento en el que exculpa a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro

 

Las acusaciones consideran que "cierra en falso" la causa y recurrirán la decisión

 

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha presentado el escrito por el que pone fin a la investigación de la operación Kitchen y da paso al procedimiento abreviado, en el que procesa a la mayoría de imputados aunque exculpa a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, al considerar que no existen indicios contra el matrimonio y que su participación en la causa es el “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”.

 

Tampoco observa indicios contra Mariano Rajoy, a pesar de las declaraciones de varios imputados, entre ellos el comisario jubilado Villarejo, quien sostuvo que el expresidente del Gobierno le enviaba mensajes pidiéndole novedades sobre el caso.

 

García Castellón circunscribe el operativo al entorno del Ministerio del Interior y descarta la existencia de una trama política para ejecutar el operativo ordenada por sus superiores o el Partido Popular.

 

En este sentido, propone juzgar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como principal responsable, así como al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a distintos responsables de la policía política como el exDAO Eugenio Pino o el comisario Enrique García Castaño, o al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Les atribuye delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

 

“Cierre en falso”

 

El juez toma esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado una prórroga para que continuara investigando porque considera que faltan diligencias relevantes por practicar. Prórroga reclamada también por otras partes del procedimiento, como las defensas del exsecretrario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, del conductor Sergio Ríos o de las distintas acusaciones populares.

 

Las partes implicadas consideran que García Castellón yerra al exculpar a Cospedal, porque existen indicios de que contactó con Villarejo para acometer el espionaje a Bárcenas, y sostienen que “cierra en falso” las pesquisas porque aún falta por practicar “abundante prueba” y no ha contestado a la solicitud de otras diligencias solicitadas tanto por defensas como por las acusaciones.

 

Censuran que ni siquiera plantee citar al expresidente Mariano Rajoy, que según varios investigados estaba al corriente del operativo y hasta remitía mensajes al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, sobre el avance de la causa, y que tampoco haya citado como imputado al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, que ha sido involucrado en el procedimiento por hasta tres imputados.

 

Distintas partes del proceso anuncian un recurso a la Sala de lo Penal ante este “cierre precipitado” de esta causa, que califican de “escandaloso”.

 

La operación Kitchen fue el operativo desarrollado entre 2013 y 2015 por la policía política del Ministerio del Interior, para espiar a Bárcenas con fondos reservados y robarle y destruir las pruebas que tuviera sobre la caja b del PP o sus dirigentes, con el objetivo de hurtárselas a la acción de la justicia y evitar los daños de aquella investigación.

 

https://cadenaser.com/ser/2021/07/29/tribunales/1627556690_502915.html

 

EL JUEZ RECHAZA PEDIR AL PP QUE IDENTIFIQUE EL NÚMERO DE RAJOY E IMPUTAR A IGNACIO COSIDÓ

 

El juez rechaza una decena de diligencias de investigación solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Considera "innecesario e inútil" citar como imputado a Cosidó y descarta nuevas pesquisas para determinar si Rajoy estaba al corriente del operativo ilícito

 

El auto de cierre de la investigación de la operación Kitchen revela que el juez ha rechazado más de una decena de peticiones de prueba formuladas por la Fiscalía Anticorrupción hace solo unos días y que permanecían inéditas hasta la fecha. Entre ellas, pedir al PP que identifique el número de teléfono atribuido por Villarejo a Rajoy, y desde el que supuestamente, el presidente del gobierno pedía novedades al comisario por el espionaje a Bárcenas.

 

El juez considera inútil e impertinente investigar este teléfono, porque según las bases de datos policiales, entre marzo y abril de 2014, Villarejo no contactó con el mismo. El juez también rechaza la petición del fiscal de imputar al exdirector general de la policía, Ignacio Cosidó, a quien hasta tres coimputados en la causa involucran en el entramado. Dice el juez que es “innecesario e inútil” citar a Cosidó y que no existen indicios contra él, cuando figura en las agendas de Villarejo y le llamó para sumarse al operativo ante el interés del presidente del Gobierno.

 

https://cadenaser.com/ser/2021/07/29/tribunales/1627576193_994131.html

 

LA POLICÍA CONCLUYE QUE EL “OBJETIVO ESTRATÉGICO” DE KITCHEN ERA “DESACTIVAR LA CAUSA JUDICIAL” CONTRA EL PP

 

El principal investigador del ‘caso Gürtel’ señala a la cúpula de Interior y al partido conservador

 

Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía e investigador principal del caso Gürtel, ha enviado a la Audiencia Nacional un nuevo informe de 114 páginas donde concluye que la trama que gestó la Operación Kitchen en 2013 tuvo dos objetivos. Uno de carácter “estratégico”: “desactivar” las pesquisas abiertas por la justicia contra el PP por la red de corrupción liderada por Francisco Correa. Y otro de carácter “operativo”: tener “controlado” al extesorero popular Luis Bárcenas, que entonces amenazaba con tirar de la manta ante el juez Pablo Ruz.

 

Morocho remitió su nuevo informe, fechado este 20 de julio y al que tuvo acceso EL PAÍS, al Juzgado Central de Instrucción número 5, actualmente dirigido por el magistrado Santiago Pedraz y que en su día encabezó Ruz. Este juzgado llevó las pesquisas de Gürtel y fue obstaculizado directamente por la Operación Kitchen, que actualmente investiga Manuel García-Castellón, responsable del Juzgado número 6. De hecho, pese a las excusas de la cúpula del Ministerio del Interior de que el objetivo de esa operación policial era obtener datos para facilitarlos a la justicia, esa información nunca llegó a la Audiencia Nacional ni al grupo de la UDEF que investigaba a Correa y a Bárcenas.

 

“Esa actuación —escribe Morocho sobre Kitchen— se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción [Pablo Ruz]”, resume contundente el inspector jefe de la Policía, que estudia detalladamente las confesiones judiciales del comisario Enrique García Castaño, uno de los imputados, que colabora con la justicia por estos hechos desde 2019 y que no solo participó en la captación del chófer de Bárcenas como confidente, sino que accedió a un estudio de la mujer del extesorero en busca de documentos comprometedores para el PP.

 

La UDEF también ha analizado antes los recibís firmados por el conductor por los pagos efectuados con fondos reservados; los informes de seguimiento de los agentes de a pie al ex responsable de finanzas del partido; y la documentación hallada en poder del comisario José Manuel Villarejo sobre Bárcenas. Y ha tenido en cuenta varios mensajes intervenidos a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, que le implican en la trama junto a su antiguo jefe, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el Gobierno de Rajoy.

 

Tres “entornos”. El informe describe que la “estructura” que urdió Kitchen “está conformada indiciariamente por tres entornos o niveles distintos que convergen a modo de círculos concéntricos sobre el mismo”. El “entorno general”, donde se señala de forma clara al PP: “[Este] primer nivel o línea [...] corresponde al ámbito político, conformado por la formación política que coadyuva a la definición de los objetivos estratégicos y a la puesta en marcha de la operación”. María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido, se encuentra imputada.

 

El “entorno intermedio (segundo nivel)”, que apunta al Gobierno de Rajoy: “Se identifica con el ámbito del poder Ejecutivo, que transmite las órdenes a los órganos de la Administración dependientes jerárquicamente para la aplicación de los medios materiales y financieros oportunos”. Y el “entorno específico”, que pone la diana en la antigua cúpula de la Policía Nacional: “[Al] tercer nivel, relativo al ámbito policial, le corresponde la ejecución directa mediante el empleo de recursos materiales, humanos y financieros para dar cumplimiento a los fines pretendidos, definiendo los objetivos tácticos”.

 

“El modo de relacionarse de las partes del conjunto no responde estrictamente a una estructura organizativa de naturaleza jerárquica, sino que se interrelacionan mediante sistemas interdependientes y líneas de comunicación formales e informales interconectadas”, añade Morocho: “Ello se pone de manifiesto, por ejemplo, mediante el doble circuito interno de la información —tanto el correspondiente al Ministerio como al de carácter político—; [...] en las reuniones realizadas con motivo de la operación, donde traslucían de forma directa las pautas políticas; [...] o en los detalles del operativo como la captación como colaborador [del chófer] por parte [del comisario] Andrés Gómez Gordo cuando éste trabajaba en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha”, entonces presidida por Cospedal.

 

Él juez García-Castellón cree que Kitchen se activó el 11 de julio de 2013, cuatro días antes de la confesión de Bárcenas ante Ruz. Aunque Morocho destaca que García Castaño manifestó que había seguimientos al extesorero y su entorno desde la primavera, aunque el imputado dijo que esa labor de espionaje no la hizo su equipo sino Asuntos Internos.

 

Robar pruebas. El inspector jefe Manuel Morocho enmarca en la Operación Kitchen una serie de “estrategias de protección frente al procedimiento judicial” que se pusieron en marcha supuestamente desde el PP. Eso incluye que la trama se “apoderara de documentos en poder de Bárcenas” —se ha acreditado que se le sustrajeron tres dispositivos móviles—. El objetivo era “evitar” que cualquier material sensible para el partido se “incorporase al procedimiento judicial y, por tanto, incrementara el acervo probatorio”.

 

Las actuaciones. “El comienzo de [Kitchen] se sitúa en la propia Dirección Adjunta Operativa” de la Policía, entonces dirigida por Eugenio Pino, apunta Morocho. García Castaño afirma que este alto cargo le dio instrucciones directas, al igual que el entonces secretario de Estado de Seguridad. Según su versión, Martínez le encargó “la localización de información en poder” de Bárcenas sobre el PP. En concreto, “soportes digitales de almacenamiento de datos, tipo discos duros, que contendrían información sobre la caja b, donaciones recibidas, los pagos efectuados con fondos ajenos al sistema económico y los pagos de sobresueldos”. También “material relativo a la reforma de la sede del PP, grabaciones de las cámaras de la propia sede donde se recogieran las personas que efectuaban donaciones de dinero así como información bancaria”.

 

Este control a Bárcenas se extendió también supuestamente a la cárcel de Soto del Real, donde ingresó en junio de 2013 de forma preventiva. La investigación ha revelado que la trama contactó presuntamente con otros presos que también se encontraban allí encerrados.

 

Fondos reservados. La UDEF ha analizado el uso de fondos reservados —al menos, 53.000 euros— por parte de la trama. La documentación intervenida recoge gastos en “comida, combustible y transporte”, además de pagos mensuales de 2.000 euros al conductor de Bárcenas desde julio de 2013 a septiembre de 2015. En este punto, Morocho recuerda que estos fondos son “entregados por la Secretaría de Estado de Seguridad”. García Castaño aseguró que el máximo jefe policial le explicó que se negoció con el chófer su colaboración y este pidió la entrega de una pistola “ya que estaba amenazado”, el “ingreso en la Policía” y “la recepción de pagos”. Pese a que Kitchen se desactivó presuntamente en 2014, el conductor siguió de “colaborador” hasta que entró al Cuerpo, resalta Morocho.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-24/la-policia-concluye-que-el-objetivo-estrategico-de-kitchen-era-desactivar-la-causa-judicial-contra-el-pp.html

 

LA UDEF CONFIRMA QUE BÁRCENAS FUE ESPIADO EN PRISIÓN POR LA KITCHEN

 

El inspector Morocho señala al número dos de Fernández Díaz como autor de la orden de vigilar al tesorero y a un preso de su confianza

 

El inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, ha entregado al juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional el caso de la Caja B del Partido Popular, un contundente informe donde confirma que Luis Bárcenas sufrió seguimientos y espionaje dentro de la prisión de Soto del Real en 2013, tanto de sus movimientos como de los de un preso de confianza al que encargó el borrado de documentos relativos a la corrupción del PP. En su informe, de 117 páginas y al que ha tenido acceso ElPlural.com, el inspector señala al secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, número dos del ministro de Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz.

 

El informe forma parte del tramo final de la investigación y el juez Santiago Pedraz, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha ordenado el cierre de diligencias del caso de la Caja B para decidir a quién procesa por el caso. El documento de Morocho se basa en las declaraciones que el comisario de la policía patriótica, Enrique García Castaño, realizó dentro de la investigación de la Operación Kitchen, que lleva el magistrado Manuel García Castellón en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

 

Según relata Morocho en el informe, que ha adelantado en Al Rojo Vivo el periodista Alfonso Pérez Medina, Luis Bárcenas fue espiado en el año 2013 dentro de la prisión de Soto del Real. En aquel momento, Bárcenas había amenazado con tirar de la manta y confesar ante el juez Pablo Ruz, pero todavía mantenía negociaciones con el Partido Popular para llegar a un acuerdo y mantener silencio. En ese contexto, se realizaron seguimientos a un preso de confianza a quien el extesorero del PP pagó para que borrase documentación incriminatoria para la formación conservadora. Fue el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que estaba pagado por el Ministerio del Interior para espiar al tesorero, quien le dio 5.000 euros a este preso tras su salida de prisión para cumplir el encargo.

 

En su informe, Morocho también incluye precisamente los pagos de la Kitchen al chófer de Bárcenas para que le traicionase, le espiase y tratase de hacerse con la información que el extesorero guardaba para incriminar al PP. La trama policial, además de conseguirle un puesto en la Policía Nacional, le llegó a pagar 53.000 euros, según el informe del inspector de la UDEF. La encomienda, que según Morocho le fue ordenada a García Castaño por parte del secretario de Estado de Seguridad, era doble y buscaba no solo controlar los movimientos de Bárcenas, sino también los de su preso de confianza.

 

https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/udef-confirma-barcenas-espiado-prision-kitchen_271492102

 

LA FISCALÍA CUESTIONA AL PERITO QUE AVALA A FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL ‘CASO KITCHEN’

 

Anticorrupción resta valor a las conclusiones del analista sobre los mensajes que cercan al exministro

 

La Fiscalía Anticorrupción cuestiona las conclusiones del perito que avala a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior e imputado por el caso Kitchen, la operación parapolicial urdida para espiar a Luis Bárcenas con el objetivo de arrebatarle supuestamente documentos comprometedores para altos cargos del PP. El ministerio público interrogó este miércoles al analista y le reprochó, según detallan fuentes jurídicas presentes en la declaración, que, basándose simplemente en lo que considera “algunas sospechas”, cuestione la veracidad de los mensajes de móvil que cercan al antiguo integrante del Gobierno de Mariano Rajoy.

 

El propio exministro otorgó una gran importancia a este perito informático, Javier Rubio, a quien la Fiscalía pone ahora en duda. Cuando la instrucción aún se encontraba bajo secreto de sumario y cercaba a la vieja cúpula de Interior, uno de los ex altos cargos señalados —Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y mano derecha durante años de Fernández Díaz— acudió a dos notarios para registrar toda una batería de mensajes de móvil que supuestamente le había enviado su jefe al ponerse en marcha Kitchen. Estos SMS demostrarían que el exministro estaba al tanto de la operación de espionaje a Bárcenas, pero el exdirigente del PP negó que fueran suyos ante el magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional.

 

De hecho, para reforzar su tesis, la defensa de Fernández Díaz envió al juez el informe de este perito, que estudió las actas notariales y no solo cuestionó que los mensajes procedieran del exministro, sino que apuntaba que podrían estar manipulados. Pero, para la Fiscalía, sus deducciones carecen de valor, como se desprende del interrogatorio al que le sometió el pasado miércoles. Según varias fuentes jurídicas presentes, el representante de Anticorrupción le recordó que para su análisis solo contó con los escritos del notario y, por tanto, “no hizo un [estudio] forense propiamente dicho sobre un móvil que se vuelca y que establece qué mensajes tiene, qué aplicaciones tiene y qué mensajes se pudieron borrar”.

 

El ministerio público insistió en esa línea y, según las mismas fuentes, subrayó que para “determinar si unos mensajes son fake [falsos]” necesitaría hacer un volcado de los datos del teléfono. “Por lo tanto, aunque usted vierta algunas sospechas sobre algunos SMS, ¿usted no puede certificar que esos SMS hayan sido creados?”, insistió el fiscal al perito, que admitió a regañadientes sus limitaciones: “No puedo certificar que esos SMS hayan sido creados. Lo que sí puedo decir es que, a nivel técnico, eso no son SMS”. Pero Anticorrupción no desistió: “Con las evidencias que usted ha analizado y las técnicas que ha aplicado, no puede concluir que esos mensajes hayan sido creados o manipulados [...] Que existe esa posibilidad, pero no que en este caso [se hiciera]”.

 

—¿Usted puede decir sin hacer un volcado que esos mensajes son mensajes creados? —volvió a la carga Anticorrupción, ante las reticencias del perito.

 

—Vamos a ver, yo le puedo decir que presentan indicios... —contestó Javier Rubio.

 

—¡Pero no es lo mismo!

 

—Categóricamente, no [puedo decir que esos mensajes fueran creados ad hoc].

 

—Porque, para afirmarlo, debería haber hecho un análisis forense del terminal —sentenció el ministerio público.

 

El móvil de Fernández Díaz

 

Durante el interrogatorio, el perito informático reveló un dato desconocido hasta ahora. Según él, el exministro le facilitó uno de sus móviles para que comprobara si los SMS bajo sospecha se encontraban dentro. Ante la sorpresa de la Fiscalía, que le pregunta por qué no incluyó entonces esa información en su estudio, Rubio llega a decir que volcó el contenido de ese teléfono —que, tras alguna contradicción, asegura que no es el que usaba Fernández Díaz cuando se puso en marcha Kitchen— y que todavía guarda una copia del mismo. De inmediato, el ministerio público pidió al juez que requiriera al analista ese volcado, lo que García-Castellón aceptó.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-15/la-fiscalia-cuestiona-al-perito-que-avala-a-fernandez-diaz-en-el-caso-kitchen.html

 

 

MARTÍNEZ RECLAMÓ AL CNI INFORMACIÓN CUANDO INTERIOR TRATABA DE EXCULPAR AL PP DEL ‘CASO BÁRCENAS’

 

El ex secretario de Estado, imputado en Kitchen, defiende ante el juez que su actuación fue legal

 

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, volvió el pasado lunes a declarar como imputado a la Audiencia, cercado por los mensajes de teléfono y las anotaciones de las agendas del comisario José Manuel Villarejo que lo implican en el caso Kitchen, el espionaje a Luis Bárcenas sin autorización judicial.

 

Aunque el ex alto cargo repitió con insistencia al juez que siempre creyó que ese dispositivo parapolicial era legal, durante sus intentos por explicar los mensajes que presuntamente se cruzó con su antiguo jefe sobre la trama, Martínez llegó a relatar que “el Gobierno” de Mariano Rajoy activó en 2013 una operación especial en las fuerzas de seguridad para obtener datos del extesorero, cuando los populares trataban de demostrar que los fondos que manejó no beneficiaron al PP. Para ello, según añadió, contactó con el director del CNI, de lo que nunca informó al juez Pablo Ruz, que entonces investigaba a Bárcenas.

 

Estas palabras del ex secretario de Estado tienen su relevancia. En aquel momento, el PP trataba de desvincularse de los delitos atribuidos al extesorero, cercados ambos por el caso Gürtel y la publicación de los papeles de Bárcenas. Y, aunque Martínez insiste en que nunca tuvo conocimiento de ninguna maniobra ilegal, el juez Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción no solo sostienen que el espionaje a Bárcenas tenía por objetivo arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del PP antes de que Ruz se hiciera con ella, sino que esta operación se ordenó desde las más altas instituciones del Estado.

 

La instrucción ha ascendido hasta la antigua cúpula de Interior, con la imputación del exministro de Interior como máximo responsable; y hasta la dirección del PP, con la imputación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de los populares. Son las dos patas que sostienen la trama, según los escritos del ministerio público, que nunca ha elevado el tiro más arriba.

 

Según explican fuentes jurídicas presentes en la declaración del pasado lunes, Martínez detalló la iniciativa del Gobierno de Rajoy cuando se le preguntó por un presunto cruce de mensajes que tuvo con Fernández Díaz en la madrugada del 1 al 2 de agosto de 2013. Cuando la instrucción comenzaba a cercarle, el ex número dos de Interior registró ante notario esos mensajes, cuya autoría niega el exministro popular.

 

—Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto “cecilio” [apodo usado para referirse a los integrantes del CNI]. Yo estaré viajando, pero totalmente en guardia y conectado —escribió Martínez a su entonces jefe, el ministro del Interior Jorge Fernández, según las actas del notario.

 

—Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado [sic]. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info... —respondió supuestamente el ministro.

 

—Ok. Espero tu llamada después del Consejo. Buenas noches — contestó de nuevo el secretario de Estado de Seguridad.

 

Martínez explicó al juez que el 1 de agosto de 2013, solo un día antes de esos mensajes, Rajoy había comparecido ante el pleno del Congreso —una cita que se celebró físicamente en el Senado porque entonces la Cámara Baja se encontraba en obras— y había admitido que se equivocó al confiar en Luis Bárcenas. “Me engañó. Creí en su inocencia”, dijo el entonces presidente del Gobierno, que desvinculó al PP de todas las irregularidades cometidas por el extesorero popular. El ex secretario de Estado resumió así al juez esa comparecencia, según fuentes jurídicas presentes en su interrogatorio: “[Rajoy] dijo que [Bárcenas] tenía cuentas en el extranjero, pero que no tenía nada que ver con el partido ni con nadie del partido. Y que se iba a llegar hasta el final, a esclarecer todos estos hechos”.

 

Orden del ministro

 

Para cuando se produjo esa comparecencia del jefe del Ejecutivo, la Operación Kitchen ya estaba en marcha —el juez fija su inicio el 11 de julio, cuando comenzaron los movimientos para captar como confidente al chófer de Bárcenas—. Pero, según el relato que ofreció Martínez el lunes, es en agosto cuando le ordenan sus superiores dar el paso al frente. Según su versión, tras la declaración parlamentaria de Rajoy se produjo una reunión al más alto nivel —“a nivel del Consejo de Ministros o del Gobierno”— y se plantea que hay que conseguir “todo lo que pruebe las responsabilidades penales individuales” de Bárcenas. Martínez aseguró que era para darle esos datos al juez.

 

Según dijo el ex número dos de Interior al juez García-Castellón, el ministro le aseguró primero que le iba a facilitar un contacto del CNI para que “coordinase” con este la puesta a disposición de los investigadores de todos los datos que pudiera tener el Centro Nacional de Inteligencia sobre el tema. Pero, tras el Consejo de ministros del día 2 de agosto, Martínez asevera que Fernández Díaz le comentó que contactase con el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, con quien ya solía tratar temas de inteligencia.

 

“Yo hablé con el CNI”, admitió Martínez al juez: “Pero este me dice que esa no es una cuestión que esté dentro de su actividad de inteligencia. Pero que, como ellos tienen obviamente acceso a muchísima información, que por supuesto si tuviesen acceso a una información directamente relacionada con dinero en el extranjero, testaferro, etcétera, de Bárcenas o de su entorno, la pondría por los conductos habituales a disposición de la policía”, relató el ex secretario de Estado al magistrado del caso Kitchen, según fuentes presentes en su declaración.

 

Con estas afirmaciones, Martínez trata de sacudirse las imputaciones que lo colocan en la cima de la toma de decisiones de Kitchen. El ex secretario de Estado niega que participase en una “operación clandestina, parapolicial o ilegal”. Y esgrime que esa conversación con el director del CNI evidencia que todo lo que él hizo se enmarcó dentro de un operativo “normal”: “Por el cual, los cuerpos [de seguridad] comparten información, con todas sus dificultades, con otros servicios y en concreto con el CNI

 

Los supuestos mensajes con Mariano Rajoy

 

El juez Manuel García-Castellón ha solicitado a la Policía Nacional que reclame a las compañías telefónicas el tráfico de mensajes que, según aseguró el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se intercambió con el presidente Mariano Rajoy sobre la Operación Kitchen. Según confirmaron fuentes jurídicas a la agencia Europa Press, el magistrado ha tomado esta decisión después de que el antiguo policía afirmase que a través de cuatro móviles que le facilitó el Ministerio del Interior se cruzó SMS con el entonces jefe del Ejecutivo, que le respondía supuestamente a través de dos números. De ellos, Villarejo ya facilitó uno al juzgado. Pero, según dijo, no recuerda el segundo, por lo que pidió al magistrado que le permita acceder al contenido íntegro de sus agendas para poder identificarlo.

 

Hasta el pasado mayo, el comisario había negado que despachase con Rajoy sobre Kitchen. Pero hace dos meses cambió de versión y lo implicó durante su comparecencia en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre el espionaje ilegal a Luis Bárcenas.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-14/martinez-reclamo-al-cni-informacion-cuando-interior-trataba-de-exculpar-al-pp-del-caso-barcenas.html

 

 

EL JUEZ PIDE VERIFICAR LOS SMS ENTRE RAJOY Y VILLAREJO SOBRE EL ESPIONAJE ILÍCITO A BÁRCENAS

 

Manuel García Castellón pide a la Policía Nacional que reclame a las compañías telefónicas con las que operaron los supuestos teléfonos del presidente del Gobierno y el comisario jubilado, que remitan el tráfico de mensajes entre ambos

 

La diligencia tiene "escasas probabilidades de éxito", según fuentes del caso porque las compañías suelen borrar estos mensajes al año de su emisión

 

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que contacte con las compañías telefónicas y entreguen el posible tráfico de mensajes de texto entre los números de teléfono aportados al juzgado por el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, que supuestamente se corresponden con los que utilizaron tanto éste como Mariano Rajoy, cuando el presidente del Gobierno le reclamaba los avances de la investigación sobre el espionaje ilícito al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

 

Según afirmó Villarejo en su última declaración ante el juez, avanzada por la Cadena SER, la operación Kitchen, mediante la que supuestamente fueron utilizados todos los resortes del Estado para robar y destruir las pruebas que conservase Bárcenas sobre la caja b del PP y sus dirigentes, era “imposible” sin el concurso del presidente del Gobierno.

 

Siempre según Villarejo, el presidente del Ejecutivo estuvo “más de tres meses, sin duda”, reclamándole a través de mensajes de texto información sobre las pesquisas realizadas por la policía política al extesorero del partido.

 

La solicitud del juzgado ya ha sido cursada pero fuentes del caso consideran improbable que la diligencia tenga éxito porque las compañías telefónicas suelen eliminar los mensajes entre clientes al año de emitirse y supuestamente, fueron enviados entre 2013 y 2014.

 

https://cadenaser.com/ser/2021/07/13/tribunales/1626171239_945078.html

 

EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR TILDA DE “ELUCUBRACIONES” LAS NOTAS DE VILLAREJO QUE LO INCRIMINAN EN KITCHEN

 

El juez pregunta a Francisco Martínez si “mantuvo alguna comunicación” con dirigentes del PP para informarles del operativo puesto en marcha para espiar a Bárcenas

 

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha regresado este lunes a la Audiencia Nacional para declarar por el caso Kitchen, la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas urdida en 2013. Cercado por las anotaciones de las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que recogen una profusa relación entre el policía y el antiguo número dos del Ministerio del Interior, Martínez ha centrado buena parte de su defensa en restar valor a esos apuntes y ha asegurado que son falsas todas las referencias que lo implican en la trama. Según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, ha calificado los escritos de Villarejo como simples “reflexiones” y “elucubraciones”.

 

El juez instructor Manuel García-Castellón decidió citar a Martínez —que ya había declarado antes varias veces por estas pesquisas, incluido durante un careo con su exjefe, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior— después de analizar el contenido de las 13 nuevas agendas intervenidas a Villarejo durante el último registro de su vivienda el pasado octubre, cuando el policía aún se encontraba en prisión provisional. Los investigadores, que otorgan credibilidad a esos cuadernos, han hallado numerosas referencias al exsecretario de Estado. Tantas, que el propio magistrado lo reflejó en un auto, en el que escribió: “Llama la atención, de la lectura [de las agendas], la fluida relación que se aprecia entre Villarejo y Martínez, aun antes de que este fuese nombrado secretario de Estado el 11 de enero de 2013”.

 

Según mantiene el juez, la “exposición ordenada” de esas anotaciones no solo dibuja el “cronograma temporal” de los acontecimientos “más relevantes” de Kitchen, sino que apunta a la cúpula de Interior. De hecho, este lunes, García-Castellón le leyó varias al exsecretario de Estado, a quien Villarejo bautizó con el alias de Chisco en sus libretas. “Forzando contacto con chófer LB”, reflejaba uno de los apuntes rememorados por el magistrado, en referencia a Sergio Ríos, el antiguo conductor de Luis Bárcenas, a quien la trama captó como confidente. “Chisco: muy preocupado por datos Chef [apodo que el comisario puso al chófer] sobre grabaciones actualmente en su poder”, reza otro de los apuntes que implican al también exdiputado del PP, a quien el partido dejó fuera de las listas tras estallar el escándalo.

 

Pese a la insistencia del magistrado, que ha repetido varias veces a Martínez que muchos datos de las agendas ya han sido contrastados por otras fuentes, el exsecretario de Estado se ha dedicado a echar balones fuera durante todo el interrogatorio. El ex número dos de Interior, que en declaraciones previas admitió que tuvo conocimiento junto a Fernández Díaz de los intentos de captar al chófer de Bárcenas, ha añadido este lunes que siempre recibió muy pocos datos de esas maniobras y que nunca entró en los pagos al confidente, a quien se premió con cerca de 50.000 euros de los fondos reservados. Pero, además, según ha dicho al juez, el acercamiento de la Policía al conductor no significa que se pusiera en marcha toda una operación irregular denominada Kitchen. Según el político, esto es un sobrenombre que le ha dado la prensa.

 

Martínez ha incidido, a su vez, en que siempre creyó que se actuaba dentro de la legalidad y que el espionaje desplegado por la trama contra el extesorero tenía por objetivo localizar su fortuna en el extranjero. Pero la instrucción ya ha desvelado que este plan nunca se sometió a ningún tipo de control judicial y los datos recabados nunca llegaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que investigaba a Bárcenas por el caso Gürtel.

 

Los vínculos con el PP

 

Esta última declaración de Francisco Martínez llega después de que María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, desfilara también ante el juez como imputada. Tras ascender hasta la cúpula de Interior, la instrucción ha dirigido la investigación hacia los populares. La Fiscalía Anticorrupción cree que la formación también estuvo al tanto de Kitchen y que, incluso, esta operación se enmarca dentro de un boicoteo mucho más amplio a toda las pesquisas del caso Gürtel, que cercan al partido conservador desde 2009.

 

En esta línea, García-Castellón ha preguntado directamente al exsecretario de Estado si mantuvo comunicación con el PP sobre Kitchen. Pero Martínez lo ha negado, según fuentes jurídicas presentes en su interrogatorio. También ha rechazado que hablara con Villarejo sobre el inspector jefe Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, que ha denunciado cómo torpedearon las pesquisas desde la cúpula policial e Interior.

 

El ex alto cargo también ha refutado que, pese a los apuntes del comisario, nunca trató con Rajoy sobre el operativo de espionaje y nunca, para abordar el tema, se reunió con el presidente del Gobierno, la entonces secretaria general o con Javier Iglesias, un abogado próximo al PP. Según ha insistido Martínez, “deben ser elucubraciones” de Villarejo, del que ha sugerido que pudo confeccionar sus agendas en un momento posterior a los hechos. Desde luego, ha remachado, él “no puede explicar” sus anotaciones. No se identifica con lo que reflejan, ha apostillado.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-12/el-ex-numero-dos-de-interior-tilda-de-elucubraciones-las-notas-de-villarejo-que-lo-incriminan-en-kitchen.html

 

EL EXSECRETARIO DE ESTADO INTENTA DESACREDITAR LAS AGENDAS DE VILLAREJO SALVO EN AQUELLO QUE LE BENEFICIA

 

El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, sostiene que el comisario jubilado pudo manipular aquellas anotaciones de sus agendas que le perjudican, pero se escuda en otras cuando le benefician

 

El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha comparecido de nuevo como imputado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el supuesto operativo sufragado con fondos reservados para robar y destruir las pruebas que Bárcenas guardara sobre la caja b del PP o los dirigentes del partido.

 

Martínez ha intentado deslegitimar aquellas anotaciones de las 13 agendas de Villarejo que le incriminan de forma directa, asegurando que el comisario jubilado dejaba espacios en blanco para poderlos rellenar con posterioridad, pero por el contrario las ha esgrimido en beneficio propio cuando ha recalcado que en esos diarios de José Manuel Villarejo no aparece como la persona que ordenase el registro al despacho de la esposa de Bárcenas, o como el cargo político que ejecutó los pagos al chófer espía, Sergio Ríos.

 

Un empleo de las agendas a la carta por parte de Francisco Martínez, que no ha pasado desapercibido para el juez, quien le ha recordado en varias ocasiones que muchas de las anotaciones de esos documentos han sido contrastadas por la investigación y le dan credibilidad.

 

El exsecretario de Estado de Seguridad ha manifestado que siguió órdenes, y ha negado que cometiera ilegalidad alguna en un interrogatorio en el que solo ha contestado al juez y a su defensa.

 

https://cadenaser.com/ser/2021/07/12/tribunales/1626092790_417461.html

 

LAS NOTAS DE VILLAREJO CERCAN AL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR: “CHISCO PLANTEA LÍNEA DURA HACIA BÁRCENAS YA”

 

El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, declara de nuevo en el ‘caso Kitchen’ tras destapar los cuadernos del comisario “la fluida relación” entre ambos, según el juez

 

El jueves 16 de abril de 2012, el comisario José Manuel Villarejo anotaba por primera vez en su diario el nombre de Francisco Martínez Vázquez, entonces jefe de gabinete del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Junto al nombre, el policía escribía el número de teléfono móvil del alto cargo y una dirección de correo electrónico con nombre de mujer. También destacaba que, quien solo unos meses después sería nombrado secretario de Estado de Seguridad, era “letrado en Cortes” y que, en ese primer contacto, se había mostrado “muy receptivo”. A partir de ese apunte, las referencias a Martínez y, sobre todo, a Chisco, apodo que Villarejo puso al ex número dos de Interior, se convertirían en una constante en los 13 cuadernos en los que el comisario reflejó con quién hablaba y se reunía desde el 26 de junio de 2007 hasta el 5 de mayo de 2016, y, por tanto, en el periodo durante el que se puso en marcha la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas.

 

Este lunes, Martínez debe comparecer de nuevo como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por el contenido de estos cuadernos, que el magistrado describe en uno de sus escritos como un “cronograma temporal” de los hechos “más relevantes” que acontecieron durante el espionaje a Bárcenas. EL PAÍS ha tenido acceso a numerosas anotaciones de estas agendas que apuntan a una supuesta implicación de Francisco Martínez en la trama parapolicial mayor de la que él ha reconocido hasta ahora. Así, el 29 de julio de 2013, poco después de que se pusiera en marcha la Operación Kitchen, Villarejo anotó junto al nombre de Chisco: “Insiste en la importancia del tema LB [Luis Bárcenas]. Plantea línea dura hacia él ya. Se va de vacaciones, pero habrá contacto diario”. El juez concluye en uno de sus autos que estas anotaciones reflejan la “fluida relación” entre el policía y el ex número dos de Interior, que este se ha esforzado, hasta ahora, en limitar a “absolutamente profesional”, como afirmó el 1 de junio en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso.

 

Tras la primera anotación de abril de 2012, Villarejo volvió a apuntar un contacto con Martínez el 4 de junio del mismo año. Entonces, el caso Gürtel, en el que se investigaba la trama de corrupción del empresario Francisco Correa y sus conexiones con cargos públicos del PP, estaba en pleno apogeo tras haber sido imputado de nuevo Bárcenas, del que aún se desconocía sus cuentas en Suiza. Ese día, el comisario escribió: “Francisco Chisco. Hablando con ministro. En líneas generales, diría cada vez más confianza”. Una confianza que, siempre según los apuntes de Villarejo, se tradujo en continuas conversaciones y cruce de mensajes. “Llamó para hacer comentarios generales. Estaba algo inquieto, pero no quería nada en concreto. Quedamos en estar pendientes”, escribió el 28 de junio. Y el 10 de agosto: “Mensaje para que le comente lo de mañana. Varias llamadas. Muy mosca Cosi [Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía] y SdE [secretario de Estado, entonces Ignacio Ulloa] por ocultar al Min [ministro] informe”.

 

A finales de ese año, las agendas de Villarejo revelan cómo su relación con “Chisco” se estrecha. El 11 de noviembre, cuando presuntamente el Ministerio del Interior maniobraba para evitar que avanzasen las pesquisas que incriminaban a Bárcenas en el caso Gürtel, el policía refleja esa sintonía entre ambos: “Aviso para hablar antes de mañana. Muy contento y pendiente de todo”. El 27 de diciembre apunta otro contacto en el que hablan de “Bárcenas”. Y el 17 de enero de 2013, también: “Estaba con Oli [alias del comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF y recientemente imputado en el caso Kitchen]. Tratando el tema Bárcenas”. Los cuadernos de Villarejo recogen que los supuestos contactos de este con Martínez, que asumiría el 11 de enero el cargo de secretario de Estado de Seguridad, se hacen más frecuentes a partir de ese momento.

 

A comienzos de 2013, EL PAÍS revela la existencia de los llamados papeles de Bárcenas, que reflejaban la existencia de una caja b en el PP sostenida durante 20 años y la policía entrega al juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, informes que salpican en la trama a altos dirigentes del PP, como la ministra Ana Mato. Así, el 28 de enero, solo unos días después de que se refiera a este documento policial en otro apunte, Villarejo escribe: “Chisco. Quiere modificar ciertos aspectos del informe”. Y el 18 de febrero apunta que el entonces número dos de Interior le ha hecho “varias llamadas, la última a las 22 [horas]”. El 25 de febrero recoge un nuevo contacto con referencias al caso Gürtel y a la “grabación de LB con Raj [Rajoy]”, en referencia a un supuesto archivo de audio de una conversación del extesorero con el entonces presidente del Gobierno y líder del PP que presuntamente implica a este en la financiación irregular de su partido.

 

En julio de ese año, coincidiendo con la decisión del extesorero de confesar ante el juez Ruz la existencia de la contabilidad opaca de su partido, los contactos se intensifican. Villarejo anotó el 6 de ese mes, solo cinco días antes de que Interior pusiera en marcha la Operación Kitchen, los detalles de una supuesta conversación entre ambos: “Dice que Min [supuestamente, ministro] habló con Raj [Rajoy] y todo es ok”. Tres días antes que la declaración del extesorero en la Audiencia Nacional, y cuando el espionaje ilegal a este ya está en marcha, el comisario anota otro supuesto contacto con Martínez: “Comida 14;30 en GUET. Quiere plan estratégico para salir del caso LB [Luis Bárcenas]. SM (Vicente) para el Nº 1 [en referencia, supuestamente, al ministro Fernández Díaz]”.

 

A partir de ese día, las referencias al ex número dos de Interior se disparan: “Problemática por posibles protecciones de LB” (16 de agosto). “Forzando contacto con chófer LB [Sergio Ríos, quien terminaría convirtiéndose en el confidente de la trama parapolicial]. Quedo en cerrar reunión” (18 de julio). “Muy preocupado por datos Chef [apodo que Villarejo puso al conductor de Bárcenas] sobre grabaciones actualmente en su poder”. Y “muchas llamadas, la últ[ima] a las 12:30. Información de todas las actuaciones de Chef. Estaba muy contento” (23 de julio). Siete días más tarde, Villarejo recoge en sus cuadernos que Martínez le informa del enorme interés que presuntamente tenía Fernández Díaz en el operativo: “Llamadas sistemáticas de Minis[tro] sobre LB”.

 

Durante todo el verano de 2013, los diarios del comisario reflejan que el trasiego de llamadas entre ambos continúa. Así, el 1 de agosto anota “varias llamadas” del exnúmero dos de Interior para preguntar sobre “novedades y posición de la mujer de LB [Rosalía Iglesias, entonces ya imputada en el caso Gürtel]. Y añade: “Se vería hoy con MD [en referencia a María Dolores de Cospedal, imputada en el caso Kitchen precisamente por el contenido de estos cuadernos]”. Ocho días más tarde apunta: “Chisco. Varias llamadas informándole de los pasos” y escribe un futuro encuentro entre ambos para la semana siguiente en Marbella.

 

El 12 de agosto, junto al nombre de “Sergi”, con el que se refieren a veces al chófer de Bárcenas, Villarejo destaca que para el secretario de Estado el “objetivo fundamental” era “las conversaciones”, en alusión, presuntamente, a las supuestas grabaciones del extesorero con Rajoy. Unos días más tarde, anota: “Chisco. Llamó para informar que todo iba Ok”. Y, a continuación, enumera una relación de supuestos temas policiales tratados entre ambos: la “corrupción” de Marbella, “Gibraltar”, Barcelona, “medallas” y, de nuevo, “LB”. Para entonces, apenas había pasado un año y medio desde la primera anotación de abril de 2012 en la que Martínez se mostró “muy receptivo”.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-12/las-notas-de-villarejo-cercan-al-ex-numero-dos-de-interior-chisco-plantea-linea-dura-hacia-barcenas-ya.html

 

UNOS SMS DIFÍCILES DE RASTREAR Y UN SECRETARIO DE ESTADO QUE NUNCA HA VENDIDO AL PP, BAZAS DE RAJOY Y COSPEDAL EN 'KITCHEN'

 

El futuro judicial de los dos pasa por los mensajes que dice Villarejo que se intercambió con el expresidente y una nueva declaración de Francisco Martínez prevista para este lunes

 

Fuentes de la investigación ven complicado que se pueda extraer algún dato relevante teniendo sólo los números de teléfono que acaba de aportar el comisario jubilado dado el tiempo transcurrido

 

María Dolores de Cospedal está imputada en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. Mariano Rajoy, no, pero el principal investigado, José Manuel Villarejo, le señala directamente como conocedor del operativo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas, que se habría desarrollado entre 2013 y 2015. Según fuentes de la investigación consultadas por infoLibre, el futuro judicial de los dos exdirigentes del PP pasa por una nueva declaración del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, prevista para este lunes, y de unos SMS que el comisario jubilado asegura que envió al expresidente del Gobierno informándole de las novedades sobre la operación, mensajes que se extendieron, según él, durante unos tres meses, pero que ahora, ocho años después, resultan casi imposibles de rastrear.

 

Casi tres años después de abrirse la pieza 7 del caso Villarejo, la instrucción se centra ahora en la posible participación del PP en la operación Kitchen. Tras ir escalando posiciones y pasar de los mandos policiales implicados para centrar el tiro después en el Ministerio del Interior, los investigadores han llegado ya hasta el partido conservador para indagar si el operativo se organizó desde allí o si, al menos, sus dirigentes lo conocían.

 

Por un lado, están los supuestos SMS que Villarejo asegura que se intercambió con Rajoy en el transcurso del operativo de espionaje a Bárcenas. El comisario jubilado acaba de entregar al juez que instruye la causa, Manuel García Castellón, un escrito con el número completo de uno de los dos teléfonos móviles, como ya dijo la semana pasada. Afirma que ese número es el 650XXX710, el cual, "por expresa indicación" de su defensa, "se había ocultado parcialmente" para preservarlo, aunque ahora dice haberlo entregado completo al juzgado. "Se trata de un número de teléfono que perteneció al Sr. Rajoy mientras era presidente del Gobierno de España, desconociéndose si en la actualidad sigue haciendo uso de ese número", añade.

 

Según Villarejo, de los dos números que afirma que usó para contactar con Rajoy, sólo ha podido localizar uno de ellos tras quedar en libertad y cree que podría encontrar el segundo si García Castellón le devuelve sus diarios personales, que ha reclamado de forma "reiterada" desde su incautación en octubre pasado. Al sumario de la causa no se ha incorporado ningún número de teléfono que esté apuntado como el que usaba para ese posible contacto con el expresidente.

 

¿Cuánto tiempo se guardan los datos de un teléfono?

 

Fuentes de la investigación tienen dudas de que se pueda extraer algún dato relevante para la instrucción teniendo únicamente los números de teléfono. Aun así, confirman que si el comisario ha hablado de ello y ha presentado un escrito, indagarán en esta pista para no cerrar la investigación en falso, sin siquiera tirar de este hilo. Otras fuentes consultadas especializadas en periciales informáticas coinciden en señalar la dificultad que entraña obtener información sólo teniendo los números, no los terminales. Mucho más teniendo en cuenta que, según dice Villarejo, esas líneas se utilizaron para ese fin hace ocho años. Los terminales, según explica el expolicía, se los daba la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) o Asuntos Internos, eran de prepago y se los iban cambiando "con una periodicidad quincenal/mensual".

 

El periodo de tiempo transcurrido también supone un gran impedimento para poder extraer datos útiles a la hora de comprobar si lo que dice el comisario jubilado es cierto. Según el artículo 5 de la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, las obligación de las operadoras de telefonía de conservar datos de clientes "cesa a los doce meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación". "Reglamentariamente, previa consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los operadores", añade la citada norma.

 

Así, según las fuentes consultadas, lo que podría hacer el juez es solicitar información a las operadoras, pero teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, ven esta línea de investigación como una calle sin salida. Y en cualquier caso, aunque se recuperaran los datos de ciertas comunicaciones, el contenido de los SMS no se guarda, sino que lo que queda registrado por un periodo de tiempo limitado son únicamente los metadatos sobre qué tipo de comunicación se realizó, cuándo se envió y cuándo se recibió. Otras fuentes consideran que casi al cien por cien no se podrá recuperar nada útil para la investigación, salvo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la Policía a través del sistema de escuchas telefónicas Sitel hubiese estado pinchando alguna de las líneas de las que habla Villarejo.

 

Martínez, otra vez en el centro

 

Sea cual sea la conclusión de la diligencia que encargue el juez sobre los números de teléfono aportados por el comisario jubilado, aún hay otro paso a dar en la investigación: la declaración este lunes de Francisco Martínez, imputado desde hace año y medio pero que debe volver a comparecer después del hallazgo de los trece cuadernos de Villarejo en los que su nombre es mencionado en no pocas ocasiones en relación con el operativo de espionaje al extesorero del PP. En esos diarios, el ex número dos del Ministerio del Interior ha sido identificado por la Unidad de Asuntos Internos como "Chisco".

 

"CHISCO. Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunidaciones, registros y citación de mujer e hijo"; "CHISCO. Problemática por posibles grabaciones de LB"; "CHISCO. Forzando contacto con chófer LB"; o "CHISCO. Muy preocupado por datos CHEF", son las anotaciones que hacen referencia a Martínez. Pero además, el propio ex secretario de Estado creó una nota en su teléfono móvil un año después de que se abriera la causa, y cuando su imputación parecía muy cerca, en la que resaltó: "El asunto que investiga la Audiencia Nacional, al margen de que sea un disparate lo que están publicando los medios, NO fue iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibí instrucciones MUY CONCRETAS, las primeras el 13/07/2013, y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información"; "Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia".

 

Sin embargo, Martínez nunca ha señalado a los que eran sus jefes, ni en sus declaraciones judiciales ni en sus escritos. Cuando compareció en la Audiencia Nacional en octubre del año pasado, no mencionó a Rajoy ni a Cospedal, y sobre el que su superior en Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que éste fue el que le pidió que se enterase sobre una investigación a Bárcenas porque algo le había llegado y no tenía más información. Es decir, Martínez apuntó que Fernández Díaz conocía que había un operativo, pero no fue más allá y no le implicó en su puesta en marcha o control ni sugirió que el exministro supiera que era ilegal.

 

También aseguró no saber nada de la operación Kitchen, como volvió a hacer el pasado mes de junio en la comisión de investigación del Congreso. "Les avanzo que niego de forma contundente y sin ningún matiz que durante el ejercicio de mi cargo de secretario de Estado de Seguridad, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participase o tuviese conocimiento, directo o indirecto, de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias", dijo.

 

Pero Villarejo apuntó también un encuentro con Martínez del que concluyó que éste estaba "muy mosca porque Cospe le dio gran bronca". La ex secretaria general del PP, que ha negado cualquier conocimiento o implicación en el operativo para espiar a Bárcenas, no fue preguntada directamente por ese apunte sobre Martínez, pero sí afirmó que apenas había tenido relación con él. Es previsible que el ex secretario de Estado sea preguntado también este lunes por su relación con Cospedal y por esa anotación en concreto. Habrá que ver si mantiene su versión de hasta ahora o hace alguna revelación que permita abrir otras líneas de investigación en la causa.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/07/11/unos_sms_dificiles_rastrear_secretario_estado_que_nunca_vendido_bazas_rajoy_cospedal_kitchen_122588_1012.html

 

EL JUEZ PIDE A VILLAREJO QUE DETALLE POR ESCRITO LOS SUPUESTOS TELÉFONOS A LOS QUE ENVIÓ A RAJOY MENSAJES SOBRE LA OPERACIÓN KITCHEN

 

El comisario había acudido a la Audiencia Nacional a facilitar los números de modo verbal y el magistrado lo ha rechazado

 

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, ha pedido al comisario jubilado José Manuel Villarejo que detalle en un escrito el número o números de teléfono con los que, según declaró la semana pasada, supuestamente contactó, en 2013, con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para informarle de los avances del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. El magistrado ha hecho la petición después de que Villarejo, que ha acudido a declarar como imputado en la pieza número 30 del macrosumario en el que se investigan sus actividades presuntamente delictivas, intentara facilitarle esta información de modo verbal, según ha confirmado a EL PAÍS Antonio García Cabrera, abogado del policía. Ese escrito aún no ha sido presentado, ha detallado el letrado.

 

Villarejo implicó por primera vez a Rajoy en el espionaje a Bárcenas en su comparecencia, el pasado 27 de mayo, en la comisión parlamentaria que investiga el caso Kitchen. En el Congreso, el policía jubilado aseguró que había enviado esos mensajes telefónicos o SMS a petición del propio exlíder del PP, que no se fiaba de los datos que sobre el espionaje a Bárcenas le hacían llegar sus colaboradores. Hasta ese momento, el comisario no había implicado en sus múltiples declaraciones judiciales a Rajoy en la trama urdida por el Ministerio del Interior. En una entrevista concedida a EL PAÍS, Villarejo había afirmado que trató sobre Kitchen con diferentes cargos del PP y del Gobierno, pero nunca con Rajoy: “El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios, es con el señor Rajoy”, dijo.

 

En el Congreso, Villarejo detalló que los supuestos mensajes telefónicos que intercambió con el expresidente se limitaron a preguntas cortas y respuestas “monosilábicas”, y añadió que los envió a un número de teléfono “que empezaba por 650 y termina por 10”. Cuando un diputado le preguntó si tenía documentación que probase ese intercambio, el comisario se limitó a decir que “todo” estaba en sus archivos —intervenidos por la Policía cuando fue detenido en noviembre de 2017— y que lo demostraría en un futuro juicio cuando volviera a tener acceso a ellos.

 

Horas después de estas afirmaciones, el juez citaba a Villarejo a declarar como imputado de nuevo por el caso Kitchen. En este interrogatorio, celebrado el pasado viernes, el policía insistió por segunda vez en el envío de mensajes al teléfono móvil de Rajoy y habló, por primera vez, de dos números: “[El presidente] tenía un interés personal en este tema”, dijo. Entonces, el policía tampoco aportó pruebas y se limitó a comprometerse a “buscarlas” y a facilitar los números de teléfono a los que envió esos supuestos mensajes. “[El juez] ya solo tiene que comprobar esos mensajes y esas historias”, ha asegurado el policía este martes al abandonar la Audiencia Nacional. Ante los periodistas, Villarejo ha vuelto a hablar de un único número de teléfono de Rajoy. “Me decían ‘ese es el teléfono del presidente’ y ese es el número que yo he entregado hoy”, ha recalcado.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-06/el-juez-pide-a-villarejo-que-detalle-por-escrito-los-supuestos-telefonos-a-los-que-envio-a-rajoy-mensajes-sobre-la-operacion-kitchen.html

 

VILLAREJO SUGIERE QUE EN SUS DIARIOS HAY DATOS QUE IMPLICAN A RAJOY EN EL ‘CASO KITCHEN’

 

El comisario entrega un escrito al juez solicitando acceder a las agendas que se le intervinieron para identificar uno de los números de teléfono que supuestamente usaba para contactar con el expresidente

 

El comisario jubilado José Manuel Villarejo vuelve a apuntar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el caso Kitchen. En un escrito presentado este viernes en la Audiencia Nacional, el policía pide al juez Manuel García-Castellón que le devuelva los originales de los diarios que le fueron intervenidos el pasado octubre en su casa con el argumento de que solo con ellos podrá recordar uno de los números de teléfono supuestamente usados por Rajoy al que el comisario remitía mensajes con información sobre el desarrollo del espionaje, a partir de 2013, del extesorero del PP Luis Bárcenas. Villarejo, que no había implicado al expresidente en la trama parapolicial Kitchen hasta que compareció el pasado 27 de mayo en el Congreso, asegura desde entonces que puede demostrar que el expresidente estuvo al tanto del operativo ilegal que pretendía recuperar la documentación presuntamente comprometedora para el PP que guardaba Bárcenas.

 

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Villarejo reitera, como ya hizo en el Congreso y, posteriormente, en el juzgado, que uno de los teléfonos con los que supuestamente intercambiaba mensajes con Rajoy comenzaba por 650 y terminaba en 710, y que él utilizaba para enviar los SMS, al menos, cuatro números, todos ellos facilitados por el Ministerio del Interior para sus actividades policiales. El comisario sostiene que había un segundo número de teléfono cuyo uso atribuye al expresidente al que también remitía información sobre el espionaje a Bárcenas, pero asegura que no podrá recordarlo hasta que no tenga “un acceso completo” a los 13 cuadernos que la Policía le intervino en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid) el pasado 20 de octubre, cuando él aún estaba en prisión. “Difícilmente podrá aportar más datos sobre este caso si ni siquiera se le entrega una copia de sus propios diarios personales”, añade el escrito.

 

Estos 13 cuadernos recogen las anotaciones sobre los supuestos contactos que Villarejo mantuvo desde el 26 de junio de 2007 hasta el 5 de mayo de 2016 y, por tanto, incluyen el periodo durante el que se puso en marcha la Operación Kitchen. Se trata, según destacaban en uno de sus informes los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) encargados de la investigación, de un diario personal destinado a “la lectura privada de quien los confeccionó” que, a modo de registro, incluyen las presuntas actividades, citas o comunicaciones mantenidas con terceros, así como las fechas en que se produjeron y una “breve descripción del objeto de las mismas”. En una de sus resoluciones, el magistrado destacaba que sus páginas manuscritas han permitido dibujar un “cronograma temporal” de los hechos más relevantes que acontecieron durante el espionaje a Bárcenas. Su hallazgo fue clave para que el magistrado aceptara la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

 

Ahora, el comisario quiere recuperarlos con el argumento de que igual que el juez los considera claves para mantener las acusaciones contra algunos imputados, también son fundamentales para su defensa. “Al igual que su cerebro, su diario personal no puede serle extirpado a modo de una lobotomía para que no pueda recordar y con ello poder defenderse y, a la vez, seguir colaborando con la administración de justicia para el completo esclarecimiento de los hechos investigados”, recoge el escrito, en el que también reconoce las anotaciones como “íntegramente” suyas.

 

Mensajes “monosilábicos”

 

Villarejo implicó por primera vez a Rajoy en el espionaje a Bárcenas en su comparecencia del pasado 27 de mayo en la comisión parlamentaria que investiga el caso Kitchen. En el Congreso, el policía jubilado aseguró que había enviado esos mensajes telefónicos o SMS a petición del propio exlíder del PP, que no se fiaba de los datos que sobre el espionaje a Bárcenas le hacían llegar sus colaboradores. Hasta ese momento, el comisario no había implicado en sus múltiples declaraciones judiciales al expresidente en la trama urdida por el Ministerio del Interior. En una entrevista concedida a EL PAÍS, Villarejo había afirmado que trató sobre Kitchen con diferentes cargos del PP y del Gobierno, pero nunca con Rajoy: “El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios, es con el señor Rajoy”, dijo.

 

En el Congreso, sin embargo, Villarejo insistió en que intercambió mensajes telefónicos con el entonces presidente y que estos eran, habitualmente, preguntas cortas y respuestas “monosilábicas”. A preguntas de los diputados añadió que el número de teléfono cuyo supuesto uso atribuye a Rajoy “empieza por 650 y termina por 710”. Entonces, el policía afirmó que las pruebas de ese supuesto intercambio estaban en sus archivos —intervenidos por la policía— y que lo demostraría en un futuro juicio cuando volviera a tener acceso a ellos. Horas después de estas afirmaciones, el juez citaba a Villarejo a declarar como imputado de nuevo por el caso Kitchen.

 

En este interrogatorio, celebrado el pasado 2 de julio, el policía insistió en que había enviado mensajes al teléfono móvil de Rajoy y habló, por primera vez, de dos números distintos: “[El presidente] tenía un interés personal en este tema”, dijo. Entonces, el policía tampoco aportó pruebas y se limitó a comprometerse a “buscarlas” y a facilitar los números de teléfono a los que envió esos supuestos mensajes. Hasta ahora no lo ha hecho.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-09/villarejo-sugiere-que-en-sus-diarios-hay-datos-que-implican-a-rajoy-en-el-caso-kitchen.html

 

 

 

 

VILLAREJO: "LA OPERACIÓN KITCHEN ES IMPOSIBLE SIN RAJOY"

 

La Cadena SER accede al interrogatorio del comisario jubilado, practicado el pasado 2 de julio por el juez que instruye el supuesto operativo ilícito para destruir pruebas que guardase Bárcenas sobre la caja b del PP

 

Villarejo incrimina a Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y a Jorge Fernández Díaz en la operación. Sostiene que estuvo "más de tres meses" enviándose mensajes con Rajoy y que la vicepresidenta tuvo una copia de las pruebas robadas a Bárcenas

 

La Cadena SER ha tenido acceso al audio íntegro del interrogatorio practicado el viernes pasado como imputado al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, quien compareció ante el juez que instruye la operación Kitchen, el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

 

Más de tres horas y media ante el magistrado en las que detalló la supuesta participación de la cúpula del PP y del Gobierno, así como de agentes de la policía política y el CNI en la trama desarrollada entre 2013 y 2015 para robar y destruir las pruebas que guardase Bárcenas y pudieran perjudicar a la formación conservadora o a sus dirigentes en el caso de su caja b. Operación e implicaciones que cada vez cobran mayor verosimilitud para los investigadores, al cruzar las confesiones con las declaraciones de otros testigos y con las 13 agendas incautadas al comisario, un exhaustivo diario personal de la época investigada por la justicia, al que conceden credibilidad.

 

En su declaración, Villarejo inculpó al presidente del Gobierno cuando tuvieron lugar los hechos, Mariano Rajoy. Dijo que es captado por el director de la Policía, Ignacio Cosidó, ante el "gran interés" de Rajoy, y que es "imposible" por su experiencia en labores de inteligencia, que una operación de tal calado fuera ejecutada sin la autorización del presidente.

 

Villarejo: "Es imposible que decisiones de tal calado se hagan sin la decisión del presidente del Gobierno"

 

E insiste el comisario jubilado. Imposible sin Rajoy, Fernández Díaz y Soraya Sáenz de Santamaría.

Villarejo: "La Kitchen es imposible sin Rajoy"

 

Villarejo sostiene que le facilitaron dos números de teléfono para informar directamente al presidente, ante la desconfianza de éste en el ministro Jorge Fernández Díaz, y se comprometió ante el juez a facilitar el número de contacto para que pueda investigarlo. Dice Villarejo que no recuerda si fue el Centro Nacional de Inteligencia o la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien a través de Sáenz de Santamaría, le facilitó los números para contactar con Rajoy.

 

Villarejo: "No sé si el número para Rajoy me lo dió el CNI o Cospedal"

 

El comisario jubilado manifestó que los mensajes por sms con Rajoy eran cortos. El presidente del Gobierno era quien tomaba la iniciativa y le pedía verificar determinadas informaciones sobre las pruebas que pudiera tener Bárcenas respecto al PP

 

Villarejo y los mensajes con Mariano Rajoy

 

Villarejo añadió que estuvo "más de tres meses" enviándose mensajes con el presidente del Gobierno sobre la operación Kitchen.

 

Villarejo: más de tres meses mensajeándose con Rajoy

 

Además de los mensajes, Villarejo se reunía de forma periódica con Cospedal en la sede del PP para informarle sobre los avances del espionaje. Reuniones ratificadas por la propia Cospedal. Dice que la exsecretaria general interrumpía en ocasiones esas reuniones y subía al despacho de Rajoy para informarle sobre las pesquisas del comisario.

 

Villarejo: Cospedal interrumpía reuniones para reportar a Rajoy

 

Reuniones a las que el comisario jubilado llegaba en el coche oficial de la propia Cospedal, con lunas tintadas y a través del garaje para que no quedara constancia de sus visitas a la sede del PP.

 

Villarejo entraba en Génova con el coche de Cospedal de cristales tintados

 

Villarejo asevera que el operativo Kitchen tuvo éxito al incautar información a Bárcenas sobre la caja b. Asegura que Cospedal tenía conocimiento de este extremo.

 

Villarejo: Cospedal sabía que se había incautado información a Bárcenas

 

Y añade que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se había quedado con una copia de lo aprehendido al extesorero, según le dijo Cospedal.

 

Villarejo: Soraya se quedó con copia incautada a Bárcenas, según me dijo Cospedal

 

Villarejo afirma que mantenía una relación estrecha con la exsecretaria general del PP, también imputada en la causa. Hasta tal punto que ella se comprometió a abonarle 300.000 euros en fondos reservados que le debían de la operación Cataluña.

 

Villarejo: Cospedal se comprometió a pagarle fondos reservados a través de Soraya

 

que Cospedal había prometido pagarle "50 más 100.000" euros, a través de su jefe de gabinete.

A preguntas del juez, Villarejo narró el papel de otros posibles protagonistas en la trama. Habló del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

 

Villarejo, sobre Fernández Díaz: "Era el hombre de confianza del presidente del Gobierno"

 

Villarejo, sobre Francisco Martínez: "Tenía vínculo absoluto con el ministro"

 

Villarejo: "Cosidó quería quedar bien con la vicepresidenta y el CNI"

 

La intervención de distintos cuerpos policiales y de inteligencia en la Kitchen, tanto la Unidad de Asuntos Internos, como la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la policía o el CNI, provocó tensiones. Dice que había cierto pique sobre quién daba mejor información a Rajoy.

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Villarejo: "Había cierto pique entre Interior y CNI sobre quién daba mejor información a Rajoy"

 

Y que se vio obligado a intervenir porque había tantos cuerpos distintos siguiendo a Bárcenas al mismo tiempo, que aquello parecía "un rally de coches".

 

Uno de los ejemplos de esas tensiones fue cuando la policía detuvo al falso preso colombiano, supuesto colaborador del CNI en el operativo, que consiguió las claves para borrar de una nube informática las grabaciones de Bárcenas a Rajoy y Arenas. Según Villarejo, se inventaron una orden judicial falsa para detenerle. Ante la sorpresa del juez por la ilegalidad manifiesta, Villarejo responde con un lacónico "la vida es muy dura".

 

Villarejo, que se extendió en las supuestas responsabilidades de la cúpula política, fue esquivo al ser preguntado por distintos apuntes de sus agendas que le incriminan o a la hora de evaluar el grado de participación de varios de sus compañeros. Situó como una especie de mandado al Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y exculpó al exjefe de la UDEF y del CITCO, José Luis Olivera.

 

https://cadenaser.com/programa/2021/07/06/hoy_por_hoy/1625551018_467877.html

 

CONJURA POLICIAL PARA SALVAR AL PP: QUITAR “PRESIDENTE”; PONER “PERSONA”

 

Jefes policiales de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) censuraron entre 2012 y 2014 algunos de los informes elaborados por Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, antes de que llegaran al juez que instruía la causa. Las correcciones pretendían, en la mayoría de los casos, proteger a los dirigentes del Partido Popular implicados en la causa y evitar nuevas investigaciones sobre hechos delictivos destapados en el proceso, según Morocho.

 

Este inspector de policía ha puesto las pruebas de la supuesta censura policial en manos del juez que investiga el caso Kitchen, una operación ilegal entre 2013 y 2015 pagada con fondos reservados y supuestamente dirigida por los responsables políticos del Ministerio del Interior para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas, pruebas comprometedoras contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

 

Morocho incorpora junto a correos electrónicos y a los informes censurados, los metadatos de los documentados que permiten identificar a los autores de tachaduras y añadidos. Lo que sigue es tan solo una muestra de las numerosas indicaciones de los jefes policiales para cambiar los informes:

 

Del “presidente y secretarios generales” a “personas”. Morocho escribió en su informe: “Según la declaración [de Bárcenas], solo el tesorero, los secretarios generales, el presidente y el propio Luis Bárcenas tenían conocimiento de la existencia de unas entradas de fondos en efectivo con las que se efectuaban pagos en efectivo, que este plasmaba en una contabilidad ajena a la oficial. Además, el control sobre las cantidades percibidas solo era llevado por los distintos tesoreros y Luis Bárcenas, haciendo hincapié en los distintos tesoreros que ha habido, corroborando la tesis de que esta práctica se extendió en el tiempo anterior a la fecha inicial que figura en la contabilidad manuscrita”.

 

Este párrafo recogía unas declaraciones de Bárcenas ante el juez en las que aseguraba que Rajoy –”el presidente”– y la cúpula nacional del PP (“los secretarios generales” del partido durante 20 años) conocieron la existencia de la caja b.

 

Sin embargo, a Morocho le obligaron a sustituir ese texto por otro: “En su declaración, Luis Bárcenas pone de manifiesto las personas que tenían conocimiento de esta contabilidad y las donaciones se plasmaban en una contabilidad ajena a la oficial y el control sobre las cantidades percibidas solo era llevado por los distintos tesoreros y Luis Bárcenas”. De esta manera, se evita indicar que Rajoy y los secretarios generales que le acompañaron en su mandato al frente del PP conocían desde el primer momento la caja b, según el testimonio de Bárcenas.

 

“Fondos b para financiar sedes regionales”. En el informe de 25 de julio de 2014 sobre la supuesta actuación irregular para financiar sedes regionales del PP, Morocho escribió: “Anotaciones manuscritas que figuran en la contabilidad paralela que llevaba el Partido Popular, es decir, con respecto a los fondos B que circulaban por las manos de la formación política”. El texto alternativo evitaba hablar del dinero negro que supuestamente manejaba el PP y dejó así ese párrafo: “Anotaciones manuscritas que figuran en el estado de ingresos y pagos de la contabilidad llevada por el mismo Luis Bárcenas”.

 

La financiación ilegal del PP. En uno de los informes sobre la contabilidad paralela que el PP utilizó durante casi 20 años, algo que ha quedado fijado por el Tribunal Supremo, Morocho escribió: “Si bien cada uno de estos puntos es independiente, todos reúnen un factor común, que es el empleo de fondos que poseía el PP Nacional ajenos al sistema económico para soportar, asumir o cubrir una serie de gastos o necesidades de dicha formación política”. Cuando sus jefes le devolvieron el informe antes de remitirlo al juez, este párrafo había desaparecido.

 

Morocho ha declarado al juez que su jefe directo le intentó convencer de que la contabilidad paralela que controlaba Bárcenas no era una caja b del PP.

 

La investigación de la compra de participaciones de Libertad Digital. Morocho propuso en su informe varias diligencias de investigación sobre la compra de participaciones de Libertad Digital, el medio de comunicación que entonces defendía la teoría de la conspiración que apoyaba el PP sobre los atentados del 11-M. Los jefes policiales de Morocho eliminaron del informe enviado al juez la propuesta de actuación que implicaba investigar los movimientos de dinero de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, y Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas.

 

“Una supuesta mordida de 200.000 euros, eliminada”. En un informe de Morocho, remitido a sus jefes antes de enviarlo al juez, se puede leer: “Otro documento de interés es un recibí manuscrito que fue entregado por el señor Bárcenas en sede judicial en el momento de la declaración prestada el 15 de julio de 2013 y que refleja una entrega en efectivo de 200.000 euros al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha. En el mismo se encuentra englobado en la tarjeta denominada CARPETA 4 AZUL CARTÓN que forma parte de las diligencias de referencia”. El párrafo fue eliminado. La investigación no ha podido acreditar que, como señalaba el documento de Bárcenas, el PP de Castilla-La Mancha recibió ese dinero en concepto del pago de una mordida por una adjudicación.

 

“Luis el cabrón no es Luis Bárcenas”. Luis Bárcenas intentó por todos los medios y mediante presiones a ministros del Gobierno del PP, según los indicios incorporados al sumario, que la policía informase al juez que él no era la persona que se escondía bajo el nombre Luis el cabrón. El jefe de la trama corrupta apuntó en su contabilidad secreta a Luis el cabrón como beneficiario del pago de una comisión ilegal y los investigadores atribuyeron ese nombre a Bárcenas. El inspector Morocho recoge en la documentación entregada el juez el intercambio de correos con sus jefes policiales para introducir en sus informes que en ninguno de los documentos bancarios aprehendidos durante la investigación se identifica a Luis Bárcenas como Luis el cabrón. “No encontrándose hasta el momento otras expresiones” referidas a Bárcenas, dice el oficio policial.

 

Ningunear los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS. Morocho declaró al juez que sus jefes intentaron en todo momento que ningunease los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS: “Se me conminó a que restara valor a esos papeles, que dijera que eran inveraces para seguir la dinámica que en ese momento el PP estaba exteriorizando ante la opinión pública, que eran cosa de Bárcenas y no del partido. Se trató de que en ningún momento estableciera una vinculación entre los pagos a responsables políticos o cargos públicos del PP y esas salidas de fondos”.

 

El 27 de abril de 2013, casi tres meses después de que EL PAÍS publicara los papeles de Bárcenas, donde se detalla el pago de sobresueldos a toda la cúpula del PP identificaba por su nombre o iniciales, Morocho elaboró un informe sobre esos documentos con esta descripción de hechos: “Y cuyas salidas tienen como destino básicamente personas del ámbito de la formación política que en esos momentos ocupaban cargos públicos o tenían una posición relevante en la misma que les hacía acreedores de una capacidad de actuación”.

 

Los jefes de Morocho cambian ese párrafo y escriben: “Y cuyas salidas tienen como destino básicamente personas del ámbito de la formación política”.

 

“Los favores entre empresas donantes y el PP”. Morocho analiza las donaciones recogidas en los papeles de Bárcenas y escribe: “El conjunto de sociedades mercantiles han recibido en el periodo de tiempo objeto de estudio 2002-2012 adjudicaciones de contratos públicos de Administraciones gobernadas por el Partido Popular generando esta situación una mayor propensión al intercambio de favores”.

 

A los jefes de Morocho no les gusta esa conclusión y eliminan del texto la parte más comprometedora: “generando esta situación una mayor propensión al intercambio de favores”.

 

Cospedal, Bárcenas y Lapuerta, apoderados. En uno de los informes sobre el pago con dinero negro de parte de las obras de reformas de la sede del PP, Morocho escribió: “Esta cantidad fue pagada mediante cheque nominativo asociado a la cuenta del Banco Popular de la que es titular el PP y siendo sus apoderados María Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta a nombre de la sociedad UNIFICA SERVICIO INTEGRAL”. La corrección propuesta por los jefes policiales de Morocho fue eliminar el nombre de Cospedal, que no aparece en el informe finalmente remitido al juez.

 

Propuesta de actuación que no llega al juez. El 23 de septiembre de 2014, Morocho entrega un informe sobre las prácticas delictivas del despacho de arquitectura que ha hecho la reforma de la sede del PP. Y en el capítulo final propone al juez una serie de diligencias para investigar si esa empresa ha movido dinero en el extranjero. Los jefes de Morocho omiten del informe final remitido al juez la propuesta de actuación para que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España informe sobre unas operaciones sospechosas del despacho de arquitectos.

 

De ‘Luis el cabrón’ a Cospedal

 

Las presiones que denunció el inspector de la Policía Nacional Manuel Morocho abarcan los tres primeros años del Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta (de 2012 a 2014). En esta página se reproducen algunos documentos que Morocho entregó al juez como prueba de sus denuncias. En la parte superior, los dos informes que retocó sobre la identidad de Luis el cabrón, un apunte de la trama corrupta.

 

El extesorero del PP negoció con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, según los indicios incorporados al sumario, que la policía debía redactar un informe para negar que Luis Bárcenas fuese ese “Luis el cabrón”, una de las pruebas que utilizaba el juez para imputarle el delito de cohecho.

 

El jefe policial de Morocho le dirigió numerosos correos electrónicos para que incorporase a sus informes que la investigación no había encontrado otras expresiones similares para referirse a Bárcenas.

 

También presentó el inspector Morocho pruebas (imagen inferior) de cómo le obligaron a quitar el nombre de María Dolores de Cospedal como apoderada del PP en un informe sobre las obras de la sede del partido en la madrileña calle Génova y que fueron pagadas con dinero negro. Por esas acusaciones, el actual líder del PP, Pablo Casado, anunció que trasladarán a otro lugar la sede central de la formación. En las imágenes del centro (y subrayado en amarillo) aparece el texto modificado para evitar identificar a Mariano Rajoy y a los secretarios generales del PP como beneficiarios de las salidas de fondos de la caja b, pese a que se trataba de una declaración ante el juez del extesorero.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-05/conjura-policial-para-salvar-al-pp-quitar-presidente-poner-persona.html

 

VILLAREJO ASEGURA QUE TAMBIÉN SE REUNIÓ CON COSPEDAL EN SU DESPACHO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

 

El comisario dice, como ya hizo en el Congreso, que informó por mensajes a Rajoy del espionaje a Bárcenas, pero no aporta pruebas

 

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha vuelto este jueves a la Audiencia Nacional para declarar por la Operación Kitchen y, sin salirse del guion, ha implicado de nuevo a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el despliegue ilegal para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas, iniciado en 2013. Según ha detallado el antiguo policía, mantenía una vieja relación con la política —al menos se remonta a 2009, según las pruebas del sumario— y se reunieron en multitud de ocasiones. “Muchas, ni se sabe [cuántas]”, ha respondido Villarejo a los periodistas al salir del órgano judicial. Antes, sentado ante el magistrado Manuel García-Castellón, se ha explayado más y ha asegurado que sus encuentros con la exdirigente conservadora no se limitaron a las citas en la sede nacional del partido de la calle Génova, como ella aseveró, sino que también se sucedieron en varios restaurantes y en su despacho del Ministerio de Defensa cuando ostentó dicha cartera, según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

 

La diana ha permanecido muy alta durante toda la declaración de Villarejo, que ha apuntado al expresidente Mariano Rajoy como conocedor del operativo de espionaje a Bárcenas. Según ha dicho al juez, le informaba mediante el envío de mensajes a su teléfono móvil: “Tenía un interés personal en este tema”. El pasado 27 de mayo, en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso, el comisario ya señaló al exjefe del Ejecutivo en un testimonio que provocó, precisamente, esta citación ante el magistrado instructor. Pero ahora, como entonces ante los diputados, el policía no ha aportado pruebas y se ha limitado a comprometerse a “buscarlas”.

 

La nueva declaración de Villarejo en la Audiencia Nacional se ha producido días después de que el comisario jubilado presentará un escrito ante García-Castellón, a cargo de la investigación del caso Kitchen, donde se presentaba como un simple actor secundario y anticipaba el contenido de sus acusaciones, entre ellas las referidas a Rajoy y Cospedal. En ese escrito, Villarejo también apuntaba su intención de hablar sobre la llamada Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en el seno del Ministerio del Interior a través de la llamada brigada política para, mediante supuestos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán. Según detallan fuentes jurídicas, su testimonio ha seguido ese guion.

 

Preguntado por el juez si reconocía como suyas las agendas que se intervinieron en su domicilio el pasado octubre, cuando él aún estaba en prisión, y que ha provocado un vuelco tanto en el caso Kitchen como en otra docena de piezas del sumario en el que se investigan sus actividades presuntamente delictivas, el comisario no ha sido contundente y se ha limitado a afirmar que creía que era su letra. Sin embargo, se ha negado a responder a preguntas sobre ellas hasta “tener una copia de las mismas”, tras quejarse de que solo las había podido consultar hasta ahora en el juzgado.

 

Sobre Cospedal, Villarejo ha afirmado que la conoció tras su llegada a la secretaría general del PP, después del congreso del partido en Valencia en 2008, y que fue a través de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, también imputado. El comisario ha asegurado que le presentaron como “un antiguo policía que conocía a todo el mundo”, aunque él entonces estaba en activo. A partir de entonces, ha manifestado que se reunió con ella en multitud de ocasiones, incluso en el despacho que ocupó en Defensa cuando estuvo al cargo de esta cartera entre noviembre de 2016 y junio de 2018. La última cita se produjo “pocos días antes” de su detención, en noviembre de 2017.

 

Según la versión del policía, en esas citas informaba a Cospedal tanto de la Operación Kitchen como de otras actividades. Pero, ha añadido, nunca le hicieron “encargos profesionales” y “nunca” le pagaron. “Había de todo un poco”, ha dicho. Es en ese momento cuando el policía ha hablado de su supuesta participación en la Operación Cataluña, en la que asegura que se implicó personalmente, pero que el Ministerio del Interior no le abonó los gastos que tuvo. Hasta ahora, ni el juez García-Castellón ni la Fiscalía Anticorrupción han querido ahondar en ese operativo, del que han salido numerosas referencias durante la investigación, al considerar que no encaja en ningún artículo del Código Penal.

 

Sobre el espionaje a Bárcenas, Villarejo ha asegurado, como ya hizo en el Congreso, que su participación se limitó a “labores de inteligencia” para intentar localizar los documentos comprometedora para el PP que pudiera guardar el extesorero. El comisario ha admitido de nuevo que fue él quien convenció a Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas, para que colaborara en la operación, pero se ha desmarcado de una de las actuaciones ilegales del operativo: la entrada en un taller de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero, para sustraer documentos. Sí ha admitido que supo de la existencia de un recluso de nacionalidad colombiana, compañero de Bárcenas en la prisión de Soto del Real (Madrid), que supuestamente iba a borrar documentos que este guardaba en la nube [memoria virtual]. Todo ello, ha insistido, lo hizo por encargo de su superior en la Policía, el entonces director adjunto operativo, el comisario Eugenio Pino, después de que fuera convocado a una reunión para ello por el entonces máximo responsable político del Cuerpo, Ignacio Cosidó, quien hasta ahora no ha sido imputado ni llamado a testificar por el juez.

 

Villarejo repite que, sobre todas sus gestiones, hacía “notas de inteligencia” [documentos internos policiales] que trasmitía a sus mandos, los cuales le preguntaban sobre ellas. No eran los únicos. El comisario ha declarado que también informaba “de alguna cosa” al PP. “A veces, Cospedal me decía que el presidente estaba muy preocupado”, ha dicho antes de añadir que, cuando hablaba con la exdirigente popular, estaba convencido de que esta lo hacía “más como Gobierno que como PP”. Sobre sus supuestos contactos con Rajoy, el comisario ha repetido la versión que dio a los diputados. Según esta, “el presidente no acababa de fiarse de la información que le llegaba del ministro [Jorge Fernández Díaz, imputado en la causa] y quería otra vía de información”. Según ha explicado, en un primer momento él hacía llegar esa información a Rajoy a través de Cospedal y de “algún enlace” de la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero finalmente le facilitaron unos números de teléfonos para que se la comunicara directamente, mediante mensajes, al entonces presidente del Gobierno.

 

El comisario también ha aprovechado su declaración para respaldar la versión que el pasado lunes ofreció el que fuera jefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera, sobre las supuestas presiones e intentos de sobornarle que sufrió el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel. Este denunció al juez que Olivera, que había sido su jefe en la UDEF, le ofreció en 2013 un puesto en la embajada de España en Lisboa para sacarle de las pesquisas sobre la caja b del PP, pero que lo rechazó. Olivera negó este extremo e insistió en que fue Morocho quien le pidió que le ayudara a conseguir ese puesto. Este viernes, Villarejo ha respaldado esta última versión y ha asegurado que él hizo “gestiones” para que el inspector jefe “tuviese un mejor destino” dentro de la Policía.

 

https://elpais.com/espana/2021-07-02/villarejo-asegura-que-tambien-se-reunio-con-cospedal-en-su-despacho-del-ministerio-de-defensa.html

 

COSPEDAL, DE FAVORITA PARA LIDERAR EL PP A IMPUTADA POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS EN TRES AÑOS

 

El 5 de julio de 2018 tuvo lugar la votación de los militantes de las primarias en la que ganó Sáenz de Santamaría seguida de Casado, y ambos pasaron a la segunda fase. La exsecretaria general ahora investigada por Kitchen fue eliminada del proceso, pero volcó todo su poder para que ganara el hoy líder del PP

 

El pasado lunes se cumplieron tres años de la inédita votación de los militantes del Partido Popular, el primer paso de las primarias para elegir a su nuevo líder que concluyó dos semanas después, en el XIX Congreso, con el nombramiento como presidente de Pablo Casado tras la segunda votación, en la que solo participaron los compromisarios que asistieron al cónclave de los días 20 y 21 de julio de 2018.

 

Hasta aquel 5 de julio de ese año las favoritas para ganar el proceso eran la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Pero ninguna lo logró. Las dos están hoy fuera de la política y han sido fichadas en los últimos meses por prestigiosos despachos de abogados. Sáenz de Santamaría trabaja en Cuatrecasas y, Cospedal fue contratada por el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo aunque actualmente se encuentra en excedencia, desde el pasado junio.

 

La principal razón para ese cese temporal de su contrato se debe a que en los últimos tres años Cospedal ha pasado de ser la todopoderosa secretaria general del partido y favorita para liderarlo a estar imputada en uno de los asuntos más turbios del pasado reciente del PP: el espionaje al extesorero Luis Bárcenas –la llamada Operación Kitchen– desde el Gobierno de Mariano Rajoy y desde el propio partido para tratar de destruir cualquier tipo de prueba que pudiera incriminar a la formación conservadora en otra causa de corrupción, la Gürtel.

 

Cospedal declaró ante el juez como investigada la semana pasada y reconoció su relación y sus encuentros con el excomisario José Manuel Villarejo aunque, según los audios de esa declaración conocidos esta semana, no le realizó "encargos profesionales". "Las conversaciones con Villarejo eran más que sociales pero no le hice ningún encargo profesional", afirmó la exsecretaria general en la Audiencia Nacional.

 

Esa versión se contradice con la ofrecida por Ignacio López del Hierro, el marido de la exsecretaria general, también imputado, que en su declaración sí reconoció que a Villarejo se le adjudicaron varios "encargos" en las reuniones –entre cuatro y ocho, según han reconocido ante los tribunales los distintos implicados– que él y Cospedal mantuvieron con el policía en la sede nacional de los populares de la calle Génova de Madrid.

 

El PP evita expedientar a su ex 'número dos'

Pese a la imputación, la dirección actual del PP, en manos de Pablo Casado, ni siquiera ha abierto a Cospedal un expediente a pesar de que los estatutos del PP exigen ese tipo de procedimientos para todos aquellos dirigentes o exdirigentes citados como investigados, como ella, en casos de corrupción. En realidad, la decisión de no abrirle expediente fue a principios de junio –cuando se conoció la imputación de la exsecretaria general y exministra– el último pago del líder de los populares a la que fue su principal valedora en el mencionado XIX Congreso de 2018 .

 

En la primera vuelta de las primarias, la de la votación de la militancia, Sáenz de Santamaría fue la más votada, seguida de Casado. Cospedal quedó tercera, por lo que fue eliminada del proceso, ya que las normas internas prevén un sistema de dos votaciones en el que solo pasan a la segunda fase los dos candidatos más votados. Por eso los pasos siguientes de la exscretaria general estuvieron marcados por su relación personal con la exvicepresidenta del Gobierno.

 

Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría habían sido las eternas archienemigas internas en el PP. Entre 2008 y 2018 compitieron abiertamente por el control del partido presidido por Rajoy que, tratando de equilibrar la balanza, nombró a una su 'número dos' en el PP y, a la otra, su mano derecha en el Ejecutivo.

 

En ese contexto se enmarcó la decisión de Cospedal de hacer valer todo su poder orgánico para que Casado ganara en la votación de los compromisarios, volcando a todos sus dirigentes afines a favor del joven candidato, al que al inicio del proceso nadie dentro de las filas populares consideraba con opciones de convertirse en el sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido.

 

Apenas diez días después de quedar eliminada en la votación de la militancia, Cospedal se presentó en un desayuno informativo protagonizado por Casado y le expresó su apoyo de forma pública con las siguientes palabras: "Mi presencia aquí quiere decir que hoy el PP y nosotros tenemos que ofrecer a nuestros militantes y a nuestros votantes un proyecto ilusionante y de futuro. Un PP fuerte y unido, con convicciones, tiene que estar preparado para luchar por España y por los españoles y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción".

 

La relación entre Cospedal y Casado

El interés de la también exministra de Defensa en apoyar a Casado se debía única y exclusivamente a su histórica batalla con Sáenz de Santamaría. Y, finalmente, Cospedal ganó esa guerra, cuando en el XIX Congreso los compromisarios votaron masivamente al hoy líder del PP, su apuesta personal para derrocar a su enemiga interna. Casado, por todo ello, le debe el puesto a Cospedal. Sin ella, el líder del PP no estaría donde hoy está, al frente del principal partido de la oposición.

 

Nada más ser elegido, él mismo agradeció públicamente a la exsecretaria general esa influencia que le llevó a liderar la formación conservadora con las siguientes palabras: "Gracias María Dolores [de Cospedal], secretaria general, por todo lo que has hecho por este partido, por ser una candidata ganadora en Castilla-La Mancha, por ser una ministra excelente, una consejera excelente. Por ser quien ha dado la cara en las peores circunstancias por el partido. Gracias, María Dolores, muchas gracias".

 

Cuando, en noviembre de 2018, la exsecretaria general tuvo que renunciar a su escaño en el Congreso, tras revelarse sus conversaciones con el excomisario Villarejo que motivaron finalmente su imputación por el espionaje a Bárcenas, el ya líder del PP aseguró como despedida que la exsecretaria general había realizado "una labor formidable para el partido, para Castilla-La Mancha y para España". "Desde el Partido Popular reconocemos su gran labor", remachó.

 

Hasta ese momento de la salida de Cospedal de la política, Casado siempre trató de recompensarla por su apoyo en las primarias. La incluyó en las listas de las generales, colocó en puestos estratégicos a los dirigentes más cercanos a la exministra –como Dolors Montserrat o Juan Ignacio Zoido– y, en septiembre de 2018, la dirección de Casado la eligió como representante del PP en el patronato del Instituto Elcano, en el que el pasado febrero fue nombrada vicepresidenta. Tras la imputación, Cospedal mantiene el cargo en el citado organismo.

 

El calendario judicial

Tres años después de las primarias, cada una de las revelaciones del sumario de la Operación Kitchen que se van conociendo en las últimas semanas conceden en el espionaje de Bárcenas un papel protagonista a Cospedal. Pero el presidente de los populares trata de evitar cualquier comentario sobre el caso que ha provocado la imputación de la exsecretaria general por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

 

Pese al silencio de Casado, esa vinculación con la dirigente que le encumbró al liderazgo del partido le sigue y le seguirá persiguiendo porque el calendario judicial prosigue y en el PP no descartan que a la vinculación de Cospedal con Kitchen pueda sumarse la del que, en definitiva, era el máximo responsable político del Gobierno cuando se produjo el espionaje a Bárcenas: el expresidente Mariano Rajoy.

 

Él tendrá que declarar en octubre ante la comisión del Congreso que investiga el caso. Rajoy, que estuvo en la Moncloa durante siete años, fue quien colocó en el Ministerio del Interior a su amigo personal, Jorge Fernández Díaz, a quien apuntan directamente las revelaciones de Kitchen, y la persona que ascendió a Casado a vicesecretario de Comunicación del PP, el cargo que ocupó hasta el mismo momento de su elección en el XIX Congreso del partido de julio de 2018.

 

https://www.eldiario.es/politica/cospedal-favorita-liderar-pp-imputada-espionaje-barcenas-tres-anos_1_8104915.html

 

COSPEDAL ACUSÓ AL GOBIERNO DE ZAPATERO DE ESPIAR AL PP UN MES DESPUÉS DE REUNIRSE POR PRIMERA VEZ CON VILLAREJO

 

La ex secretaria general dijo ante el juez que investiga la operación Kitchen que en julio de 2009 le preocupaba que el partido estuviera siendo objeto de espionajes

 

En agosto, concedió una entrevista en la que llegó a decir que dirigentes del PP tenían los teléfonos pinchados de manera ilegal

 

Un mes antes del encuentro con el comisario, Bárcenas había sido señalado por primera vez en el caso Gürtel

 

La investigación sobre la operación Kitchen, la trama de espionaje parapolicial puesta en marcha en 2013 para hacerse con documentación sensible que se habría llevado Luis Bárcenas del PP cuando fue despedido, está sacando a la luz hechos anteriores y posteriores cuyas piezas empiezan a encajar si se miran en conjunto, para lo cual es necesario tirar de hemeroteca. La ex secretaria general del partido conservador María Dolores de Cospedal declaró este martes en la Audiencia Nacional que se reunió por primera vez con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en julio de 2009 en su despacho de la sede de la calle Génova de Madrid porque, entre otras cosas, le preocupaban las filtraciones del caso Gürtel a la prensa y temía que la formación estaba siendo espiada desde el edificio de enfrente. Al mes siguiente, el 6 de agosto, la agencia EFE publicó una entrevista con la número dos de Mariano Rajoy en la que acusaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la Policía.

 

La grabación del encuentro que mantuvo Cospedal con Villarejo, auspiciado por el marido de la primera, el empresario Ignacio López del Hierro, se conoció en el otoño de 2018. Fue el motivo por el que la ex secretaria general del PP abandonó la política. Dejó su escaño en el Congreso y la ejecutiva del partido con reproches a sus compañeros por no defenderla y justificó su encuentro con el comisario jubilado alegando que sólo buscaba “una visión más clara de lo que estaba ocurriendo” en unos momentos en los que el PP se encontraba sacudido por las noticias que estaban apareciendo con respecto al caso Gürtel, que había estallado sólo unos meses antes.

 

El audio de la conversación entre Cospedal, López del Hierro y Villarejo fue publicado por moncloa.com y El Confidencial más o menos en las mismas fechas en que la Audiencia Nacional abría la pieza 7 del caso Tándem, la macrocausa que investiga las supuestas actividades ilegales del comisario jubilado. La instrucción partió de los efectos incautados a Villarejo en su vivienda tras ser detenido un año antes y ha llevado a confirmar indiciariamente una trama de espionaje al extesorero del PP supuestamente llevada a cabo por mandos policiales que ha acabado apuntando a la cúpula del Ministerio del Interior en 2013, con la imputación del exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, hasta centrar ahora las diligencias en el partido conservador como presunto origen de la operación.

 

Esta nueva línea de investigación ha llevado a la imputación de Cospedal y su marido, quienes aparecen citados en numerosos apuntes de los diarios de Villarejo intervenidos el otoño pasado. Estas anotaciones revelan la presunta estrategia que se habría puesto en marcha en el PP para, primero, "salvar al tesorero" cuando éste estaba imputado en 2012 en el caso Gürtel, y un año después para diseñar un "plan contra LB". El punto de inflexión entre una y otra maniobra, según reflejan los registros de los cuadernos, coincide con los acontecimientos que tuvieron lugar a partir de enero de 2013: la publicación de los llamados papeles de Bárcenas, donde queda reflejada la financiación ilegal del partido, y la posterior declaración del extesorero en la Audiencia Nacional en la que confesó la existencia de esa caja b.

 

Versiones calcadas

 

Cospedal y López del Hierro, a quienes se imputa delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, han contado al juez Manuel García Castellón exactamente la misma versión de por qué empezaron los contactos con Villarejo de la primera en 2009: la preocupación por las filtraciones en prensa de detalles de la investigación de la trama Gürtel y los numerosos contactos que el comisario tenía entre los periodistas y la amplia información que manejaba. Pero Cospedal también ha apuntado que en aquel año temía que el PP estuviera sufriendo espionajes. Unas semanas después del encuentro con Villarejo, la ex secretaria general concedió la entrevista en la que acusó directamente al Gobierno socialista de entonces de espiar al primer partido de la oposición.

 

En aquellas declaraciones, Cospedal aseguraba que a su partido le constaba que "desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios –del caso Gürtel– y a destacados dirigentes nacionales". La ex secretaria general ya había venido haciendo declaraciones en las que señalaba al Gobierno socialista de entonces de usar medios del Estado para perseguir a la oposición, pero en la entrevista llegó a decir que algunos dirigentes de su partido tenían los teléfonos "pinchados".

 

Hay otro hito histórico que rodea a esa primera reunión de Cospedal con Villarejo en julio de 2009. Un mes antes, a mediados de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) remitió la causa Gürtel al Tribunal Supremo, al que pidió que llamara a declarar como imputado al todavía tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, que entonces también era senador y estaba aforado ante este órgano judicial, por un delito fiscal y otro de cohecho. El partido que entonces lideraba Mariano Rajoy respaldó a Bárcenas a pesar de que la investigación de la trama corrupta ya señalaba directamente al corazón de Génova. Un mes después de que esto ocurriera, Cospedal y Villarejo hablaron en el despacho de la primera de algunos de los implicados en la trama corrupta, entre ellos Bárcenas.

 

Entradas discretas en coche oficial

 

Lo que ha revelado la declaración de Cospedal de esta semana en la Audiencia Nacional es que la reunión de julio de 2009 no fue la única que mantuvo con Villarejo. Ella aseguró este martes que hubo otros tres o cuatro encuentros, todos en Génova salvo uno en una cafetería y en ninguno de ellos volvió a estar su marido. José Luis Ortiz, exjefe de gabinete de Cospedal, la ha corregido este miércoles: él calcula que fueron "entre ocho y diez" reuniones y que siempre fueron en la sede central del PP, adonde Villarejo accedía en un coche oficial por el garaje para no ser visto y que su visita no quedara registrada. López del Hierro ha confirmado este último extremo acerca de cómo accedía el comisario al edificio. El vehículo le iba a buscar a una cafetería cercana para lograr esa discreta entrada.

 

En todo caso, Cospedal y López del Hierro niegan haber hecho algún encargo al comisario y haberle pagado y niegan haber ordenado o haber tenido conocimiento de la operación Kitchen para espiar a Bárcenas. La ex secretaria general puso en duda en algún momento incluso que este operativo haya existido, a pesar de lo que ya ha revelado la investigación del caso. Ortiz, lo mismo: él sólo cumplía órdenes de su jefa y no sabe de qué se hablaba en las reuniones que ella mantuvo con Villarejo ni valoraba los mensajes que éste le pasaba para que se los hiciese llegar a la exdirigente conservadora, según han informado fuentes presentes en el interrogatorio.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/07/01/cospedal_acuso_gobierno_zapatero_espiar_mes_despues_reunirse_por_primera_vez_con_villarejo_122277_1012.html

 

 

 

 

EL EXJEFE DE GABINETE DE COSPEDAL LA DESMIENTE Y HABLA DE ENTRE OCHO Y DIEZ REUNIONES CON VILLAREJO

 

Afirma que se limitaba a cumplir órdenes de la ex secretaria general en su interlocución con el comisario, que entraba en coche oficial en Génova para las reuniones López del Hierro dice que mantenía una relación "ligera" con Villarejo y que comentaban el caso Gürtel porque estaba de actualidad, como ahora haría con los indultos Publicamos esta información en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información que recibes depende de ti.

 

José Luis Ortiz, exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, ha contradicho la versión de la ex secretaria general del PP y ha afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que ella se reunió con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en entre ocho y diez ocasiones, no en tres o cuatro. Según han informado fuentes presentes en el interrogatorio, Ortiz, que ha declarado como imputado por la operación Kitchen, ha negado cualquier vinculación con este operativo y ha insistido en que él se limitaba a cumplir órdenes de la que era su jefa cuando hacía de intermediario con el expolicía.

 

El exjefe de gabinete ha contado que cuando Villarejo y Cospedal se iban a reunir, siempre en la sede central del PP en la calle Génova, iba a buscar al comisario a una cafetería cercana y le llevaba hasta el partido en un coche oficial para entrar por el garaje porque el expolicía no quería que le viesen entrando en el principal partido de la oposición. Esta misma versión la ha había dado primero el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, quien también está imputado. El empresario lo ha comentado y el exjefe de gabinete lo ha confirmado.

 

López del Hierro ha estado declarando durante aproximadamente una hora, mientras que Ortiz, sólo unos pocos minutos, según las fuentes consultadas. La imputación del exjefe de gabinete responde a que su nombre aparece en varias anotaciones de los cuadernos de Villarejo como persona que habría hecho de intermediario entre Cospedal y Villarejo. Su explicación es que se limitaba a cumplir órdenes y ha remarcado que nunca estuvo en ninguna de esas reuniones y que desconoce su contenido, cuánto duraban y si hubo encargos o pagos al comisario. "Yo nunca preguntaba para qué eran", ha subrayado.

 

Según Ortiz, la primera de las reuniones con Villarejo fue poco después de que Cospedal llegara a la Secretaría General del partido. Ha contado que era "habitual" que entrara por el garaje porque así lo hacían también otras personas, aunque no ha puesto ningún ejemplo de quiénes. Ha sido el juez García Castellón quien le ha preguntado si fueron unas cuatro reuniones las que mantuvieron su entonces jefa y el comisario jubilado, a lo que Ortiz ha replicado que "fueron más", entre ocho y diez, según ha calculado.

 

Era siempre Villarejo el que solicitaba los encuentros con la ex secretaria general y él se lo transmitía a ella. Otras veces, simplemente le comunicaba algún mensaje para que Ortiz se lo trasladara, pero ha remarcado que no valoraba el contenido. Eso sí, tampoco ha descartado que alguna vez fuera Cospedal la que le ordenara que concertara una reunión con el expolicía, pero no lo ha confirmado al cien por cien. Puede ser, ha añadido, que fuera la entonces secretaria de Cospedal la que concertara las citas porque tenía "autonomía" para hacerlo, han indicado las fuentes consultadas.

 

Por su parte, López del Hierro ha reconocido que en la primera reunión que mantuvieron Cospedal y él con Villarejo, en 2009, le plantearon encargos "puntuales", pero ha especificado que lo hicieron por "cortesía" y que finalmente no hubo ni trabajos ni pagos. De él no podía salir algo así, ha comentado, porque no pertenece al PP y tampoco le consta que el partido le encomendara algún trabajo. El empresario ha admitido que mantenía una relación "personal" con el comisario jubilado, pero "ligera". Le conoció en los años noventa y con él hablaba en aquellos años del caso Gürtel porque en ese momento el tema estaba de plena actualidad, lo mismo que hoy haría con los indultos de los presos del procés. Según López del Hierro, Villarejo nunca le dijo que estaba en servicio activo en la Policía.

 

Como señaló su mujer en su declaración del martes, el empresario, que ha pedido varias veces que se le repitieran las preguntas por problemas de audición, ha dicho que la intención de reunirse con Villarejo siempre fue porque estaban preocupados por las filtraciones en prensa de la investigación del caso Gürtel y, más en concreto, por las informaciones que estaban apareciendo sobre la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. No le consta que el objetivo fuera conocer los pormenores de la investigación de esa macrocausa de corrupción. Y afirma que no es cierto que el comisario le advirtiese de que iba a estallar el caso justo unos días antes de que ocurriera.

 

Tanto López del Hierro como Ortiz han negado haber tenido conocimiento de la operación Kitchen y han negado conocer a Andrés Gómez Gordo, otro comisario imputado en esta causa por haber captado como confidente al chófer de Luis Bárcenas, más allá de que fue jefe de seguridad de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha. El empresario ha rechazado que presentara a este policía y Villarejo, mientras que Ortiz ha explicado que mantenía reuniones semanales con Gómez Gordo sólo para coordinar la agenda de la secretaria general. Tampoco saben nada del fichaje del conductor del extesorero.

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/06/30/el_exjefe_gabinete_cospedal_desmiente_habla_entre_ocho_diez_reuniones_con_villarejo_122256_1012.html

 

EL JUEZ PONE EN DUDA LA VERSIÓN DE LÓPEZ DEL HIERRO, MARIDO DE COSPEDAL, SOBRE SUS “FRECUENTES” CITAS CON VILLAREJO

 

Un antiguo asesor de la política contradice a su exjefa y eleva a “ocho o diez” los encuentros con el comisario en la sede del PP, donde lo llevaban a escondidas

 

Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general popular María Dolores de Cospedal e imputado también en la causa que investiga el espionaje ilegal a Luis Bárcenas por la trama parapolicial Kitchen, no se ha salido este miércoles del guion marcado por su esposa el día anterior. Al igual que hizo la exdirigente del PP en su declaración ante el juez, el empresario ha minimizado el valor de sus reuniones y contactos con el comisario jubilado José Manuel Villarejo —recogidos en varias grabaciones que constan en el sumario— y ha negado que el matrimonio le encargara maniobras para boicotear las pesquisas del caso Gürtel y para espiar al extesorero del PP. El magistrado a cargo de la investigación en el caso Kitchen ha cuestionado la versión de López del Hierro y le ha intentado acorralar con preguntas sobre las numerosas anotaciones de las agendas de Villarejo que revelan sus encuentros y a las que los investigadores otorgan credibilidad.

 

También ha añadido dudas a la versión del matrimonio la declaración que ha prestado, también como imputado este miércoles, José Luis Ortiz, asesor y jefe de gabinete de Cospedal durante lustros. Ortiz ha contradicho en parte el testimonio de su antigua jefa y ha elevado a “ocho o diez” los encuentros de esta con el comisario en la sede del PP en la calle Génova.

 

—Su nombre aparece con cierta frecuencia en las agendas de Villarejo. ¿Usted da alguna explicación a estas menciones? —le ha recalcado el juez Manuel García-Castellón a López del Hierro, según la reconstrucción del interrogatorio que ha hecho EL PAÍS a través de los detalles ofrecidos por diversas fuentes jurídicas. El magistrado ya receló el martes de la versión ofrecida por Cospedal, que calificó de simples contactos “sociales” sus encuentros con el comisario.

 

—No tenía ni idea de que el señor Villarejo anotaba cada vez que te veía. Por tanto, no le veo ninguna explicación a esas agendas.

 

López del Hierro ha levantado una defensa rígida. Durante cerca de una hora, se ha limitado a echar balones fuera y esquivar toda contradicción. Solo ha respondido al juez, a la Fiscalía, a su abogado y al letrado de su esposa. Y, de hecho, ha resumido su postura en un escueto comunicado de apenas 100 palabras remitido a los medios tras la declaración: “Nunca ha sido militante del PP”, “no ha tenido ninguna actividad pública vinculada a gobiernos” de ese partido; “no tuvo ninguna participación ni conocimiento” sobre el espionaje ilegal a Bárcenas que se investiga en el caso Kitchen; “no participó” en la captación del chófer de Bárcenas como confidente; y “no presentó” a Villarejo al comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal y figura clave para que el conductor del extesorero colaborara con la trama parapolicial.

 

El primer contacto con Villarejo

 

El empresario, a quien la Fiscalía considera el interlocutor entre Cospedal y Villarejo, ha detallado que conoció al comisario “hace mucho tiempo”: “En la década de los 90 me lo presentó un abogado”. “Posteriormente estuvimos sin vernos bastante tiempo, pero hace casi 20 años Villarejo tenía una oficina en Torre Picasso, yo la tenía en la Torre Azca [situadas en la misma zona de oficinas de Madrid], y por ese motivo nos volvimos a encontrar, empezamos a charlar y a tener una relación estrecha”, ha contado López del Hierro, después de subrayar que esa relación fue siempre “personal” y nunca profesional.

 

Esos contactos, ha proseguido, se intensificaron “posteriormente”. Tras la boda con Cospedal: “Me caso con la secretaria general del PP y hay una serie de ataques tremendos contra mí en la prensa. El señor Villarejo me había dicho antes que tiene muy buenas relaciones con los periodistas y entonces hablo con él de estos problemas. No sé cómo defenderme de estos ataques. Él me ayudó presentándome a algunos periodistas e, incluso, hablando bien de mí a alguno de ellos”, se ha justificado ante el magistrado, antes de insistir en que nunca pagó “cantidad alguna” al comisario por sus servicios.

 

García-Castellón, que ha repasado durante el interrogatorio una quincena de los apuntes de las agendas de Villarejo en los que se cita a López del Hierro, ha dudado de sus respuestas. Como ya explicó el instructor en un auto, estas libretas dibujan “un cronograma temporal” perfecto de “determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la llamada Operación Kitchen”. También, de la etapa previa al despliegue ilegal contra el extesorero, cuando este aún no había tirado de la manta y el PP trataba de protegerle.

 

En esta línea, el juez ha destacado que Villarejo apunta un supuesto contacto con López del Hierro el 26 de enero de 2009, donde “le transmite que su parienta quiere quedar para tomar decisiones”. Esto ocurre apenas unos días antes del arresto de Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, que cerca al PP desde 2009. “No recuerdo esa conversación, pero no creo que tenga nada que ver una cosa con otra. Que mi mujer tenga datos para tomar decisiones y luego detengan a Correa, no le veo la ligazón”, ha esquivado el empresario. A lo que el juez ha contestado: “Hombre, yo sí se la veo, por eso le pregunto.