OPERACIÓN KITCHEN
LAS NOTICIAS 2021 hasta el 24.11.21
ÍNDICE
FERNÁNDEZ DÍAZ CRITICA AL JUEZ POR NO INCULPAR A MARIANO RAJOY
ANTICORRUPCIÓN INSISTE EN EL PAPEL "PROTAGÓNICO" DE COSPEDAL EN KITCHEN Y PIDE SU IMPUTACIÓN
COSPEDAL ADMITE EN UNA CONVERSACIÓN CON VILLAREJO QUE “SACYR LE DIO DINERO [A BÁRCENAS]”
COSPEDAL, A VILLAREJO: “SACYR LE DIO DINERO [A BÁRCENAS]”
COSPEDAL ADMITIÓ A VILLAREJO QUE EXISTIERON MORDIDAS EN NEGRO AL PP
EL JUEZ EXCLUYE AL CNI DE LA INVESTIGACIÓN 'KITCHEN' A PESAR DE LOS INDICIOS
COSPEDAL DEFIENDE A RAJOY EN KITCHEN: “NO HAY PRUEBA DE QUE SE COMUNICARA CON VILLAREJO”
BÁRCENAS SE ALINEA CON ANTICORRUPCIÓN Y PIDE REABRIR 'KITCHEN' APUNTANDO A RAJOY Y COSPEDAL
BÁRCENAS SE SUMA A LA FISCALÍA Y PIDE IMPUTAR DE NUEVO A COSPEDAL EN LA KITCHEN
LOS FISCALES ACUSAN AL JUEZ DE 'KITCHEN' DE PERMITIR CON SU INSTRUCCIÓN EL ÉXITO DE LA TRAMA CORRUPTA
LAS TRES PUERTAS DE KITCHEN QUE CERRÓ EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN Y QUE LA AUDIENCIA NACIONAL DECIDIRÁ SI VUELVE A ABRIR
LA FISCALÍA BUSCA MÁS PRUEBAS CONTRA COSPEDAL Y RAJOY EN EL ‘CASO KITCHEN’
EL JUEZ CERRÓ LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TELÉFONO DE RAJOY CUANDO AÚN FALTABAN DILIGENCIAS POR PRACTICAR
EL PSOE PIDE A LA AN QUE BUSQUE A LOS "PRINCIPALES BENEFICIARIOS" DE 'KITCHEN' Y APUNTA A RAJOY Y COSPEDAL
ANTICORRUPCIÓN REPROCHA AL JUEZ QUE EXCLUYA DE LA 'KITCHEN' LA "POSIBLE RESPONSABILIDAD DE RAJOY"
LA FISCALÍA APUNTA A "UNA POSIBLE RESPONSABILIDAD" DE RAJOY EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
LA FISCALÍA RECURRE CONTRA EL CIERRE DEL ‘CASO KITCHEN’ QUE EXCULPA AL PP DE RAJOY Y COSPEDAL
PODEMOS Y PSOE TAMBIÉN PIDEN AL JUEZ QUE IMPUTE A COSPEDAL E INVESTIGUE MÁS LA KITCHEN
LAS ACUSACIONES DE PODEMOS Y PSOE PIDEN AL JUEZ QUE SIGA INVESTIGANDO EL PAPEL DE COSPEDAL Y RAJOY EN KITCHEN
ANTICORRUPCIÓN SOLICITA QUE COSPEDAL VUELVA A SER IMPUTADA POR EL CASO KITCHEN Y SUMAN A COSIDÓ
LA FISCALÍA RECURRE CONTRA EL CIERRE DEL ‘CASO KITCHEN’ QUE EXCULPA AL PP DE RAJOY Y COSPEDAL
FERNÁNDEZ DÍAZ APUNTA AL PP DE RAJOY COMO RESPONSABLE DE LA KITCHEN
FRANCISCO MARTÍNEZ CRITICA LA "IRRACIONAL CONCLUSIÓN" DE EXCULPAR AL PP EN LA OPERACIÓN KITCHEN
EL NÚMERO DOS DE INTERIOR CON EL PP REPROCHA AL JUEZ DOBLE RASERO AL PROCESARLO Y EXCULPAR A COSPEDAL
EL COMISARIO MARTÍN BLAS PIDE LIBRARSE DE ‘KITCHEN’ ALEGANDO QUE SU «RECTITUD» HACE «INVEROSÍMIL» SU IMPLICACIÓN EN LA OPERACIÓN
LOS NEXOS DE CASADO CON LOS ENCAUSADOS POR ESPIAR A BÁRCENAS QUE LA EXCULPACIÓN DE COSPEDAL NO LOGRA BORRAR
LOS PRECEDENTES DE KITCHEN Y DE CÓMO VILLAREJO & CIA RENTABILIZAN UN CASO JUDICIAL
KITCHEN: EL PLAN PARA SALVAR A COSPEDAL DE LA PIEZA DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS
EL PP AÚN NO SE HA LIBRADO DE LA 'KITCHEN': TRES JUECES TIENEN LA LLAVE PARA REABRIR LA INVESTIGACIÓN
EL ACOSO AL COMISARIO QUE DESTAPÓ A VILLAREJO Y SU ORGANIZACIÓN CULMINA CON SU PROCESAMIENTO EN KITCHEN
EL CIERRE EN FALSO DE KITCHEN Y LA EXCULPACIÓN DEL IBEX DESINFLAN EL CASO VILLAREJO
LA FISCALÍA PREPARA EL RECURSO PARA ACLARAR LA IMPLICACIÓN DEL PP EN EL ‘CASO KITCHEN’
CARPETAZO A LA KITCHEN DEL PP
EL JUEZ DE 'KITCHEN' ARCHIVA EL MISMO DÍA LA CAUSA CONTRA LA CÚPULA DEL PP DE RAJOY, CAIXABANK Y REPSOL SIN PRACTICAR PRUEBAS QUE PEDÍA FISCALÍA
UNA “MISIÓN” ORDENADA POR EL MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ
LOS FLECOS DE KITCHEN QUE LA ACUSACIÓN QUIERE INVESTIGAR
LA ACUSACIÓN POPULAR DE LA KITCHEN MUESTRA SU "SORPRESA" POR LA DECISIÓN DEL JUEZ Y ANUNCIA QUE LA RECURRIRÁ
EL PP SUSPENDE A FERNÁNDEZ DÍAZ DE MILITANCIA MIENTRAS PODEMOS HABLA DE "CORRUPCIÓN JUDICIAL" POR EXCLUIR A COSPEDAL
EL JUEZ PROPONE JUZGAR AL EXMINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ POR ORGANIZAR EL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DEL PP
EL JUEZ DESOYE A ANTICORRUPCIÓN Y CIERRA LA INVESTIGACIÓN DE KITCHEN EXCULPANDO A COSPEDAL
EL JUEZ RECHAZA PEDIR AL PP QUE IDENTIFIQUE EL NÚMERO DE RAJOY E IMPUTAR A IGNACIO COSIDÓ
LA POLICÍA CONCLUYE QUE EL “OBJETIVO ESTRATÉGICO” DE KITCHEN ERA “DESACTIVAR LA CAUSA JUDICIAL” CONTRA EL PP
LA UDEF CONFIRMA QUE BÁRCENAS FUE ESPIADO EN PRISIÓN POR LA KITCHEN
LA FISCALÍA CUESTIONA AL PERITO QUE AVALA A FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL ‘CASO KITCHEN’
MARTÍNEZ RECLAMÓ AL CNI INFORMACIÓN CUANDO INTERIOR TRATABA DE EXCULPAR AL PP DEL ‘CASO BÁRCENAS’
EL JUEZ PIDE VERIFICAR LOS SMS ENTRE RAJOY Y VILLAREJO SOBRE EL ESPIONAJE ILÍCITO A BÁRCENAS
EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR TILDA DE “ELUCUBRACIONES” LAS NOTAS DE VILLAREJO QUE LO INCRIMINAN EN KITCHEN
LAS NOTAS DE VILLAREJO CERCAN AL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR: “CHISCO PLANTEA LÍNEA DURA HACIA BÁRCENAS YA”
UNOS SMS DIFÍCILES DE RASTREAR Y UN SECRETARIO DE ESTADO QUE NUNCA HA VENDIDO AL PP, BAZAS DE RAJOY Y COSPEDAL EN 'KITCHEN'
EL JUEZ PIDE A VILLAREJO QUE DETALLE POR ESCRITO LOS SUPUESTOS TELÉFONOS A LOS QUE ENVIÓ A RAJOY MENSAJES SOBRE LA OPERACIÓN KITCHEN
VILLAREJO SUGIERE QUE EN SUS DIARIOS HAY DATOS QUE IMPLICAN A RAJOY EN EL ‘CASO KITCHEN’
VILLAREJO: "LA OPERACIÓN KITCHEN ES IMPOSIBLE SIN RAJOY"
CONJURA POLICIAL PARA SALVAR AL PP: QUITAR “PRESIDENTE”; PONER “PERSONA”
DE ‘LUIS EL CABRÓN’ A COSPEDAL
VILLAREJO ASEGURA QUE TAMBIÉN SE REUNIÓ CON COSPEDAL EN SU DESPACHO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
COSPEDAL, DE FAVORITA PARA LIDERAR EL PP A IMPUTADA POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS EN TRES AÑOS
COSPEDAL ACUSÓ AL GOBIERNO DE ZAPATERO DE ESPIAR AL PP UN MES DESPUÉS DE REUNIRSE POR PRIMERA VEZ CON VILLAREJO
EL EXJEFE DE GABINETE DE COSPEDAL LA DESMIENTE Y HABLA DE ENTRE OCHO Y DIEZ REUNIONES CON VILLAREJO
EL JUEZ PONE EN DUDA LA VERSIÓN DE LÓPEZ DEL HIERRO, MARIDO DE COSPEDAL, SOBRE SUS “FRECUENTES” CITAS CON VILLAREJO
LOS AUDIOS DE COSPEDAL ANTE EL JUEZ DEL ‘CASO KITCHEN’: “NO LO SÉ, NO ME ACUERDO”
COSPEDAL SE DESENTIENDE DE 'KITCHEN' Y NIEGA QUE EL PP TUVIERA INTERÉS EN HACERSE CON DOCUMENTOS DE BÁRCENAS
COSPEDAL ADMITE REUNIONES A SOLAS CON VILLAREJO EN LA SEDE DEL PP
COSPEDAL CONFIRMA QUE SU MARIDO LE PRESENTÓ A VILLAREJO PERO SE DESLIGA DE LA 'KITCHEN'
COSPEDAL DECLARA EN KITCHEN CON EL PP CERCADO POR EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN SOBRE GÜRTEL
COSPEDAL DECLARA EN KITCHEN: LAS AGENDAS DE VILLAREJO, LA GRABACIÓN EN GÉNOVA, SU MARIDO Y LOS SUBORDINADOS
EL JUEZ SE ADENTRA EN LA IMPLICACIÓN DEL PP EN EL ESPIONAJE DEL ‘CASO KITCHEN’
El EXJEFE DE LA UDEF ATRIBUYE AL PP LAS PRESIONES PARA BOICOTEAR LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA GÜRTEL
LA TRAMA KITCHEN REVELA EL CATÁLOGO DE MANIOBRAS DEL PP PARA TUMBAR SU MAYOR CASO DE CORRUPCIÓN
BÁRCENAS DICE QUE SU CHÓFER SACÓ DE GÉNOVA EL 'PEN' CON LA GRABACIÓN DE RAJOY QUE DEMUESTRA QUE CONOCÍA LA CAJA B
LA FISCALÍA PIDE A BÁRCENAS MÁS DATOS DEL SUPUESTO MATERIAL SENSIBLE QUE GUARDABA DEL PP
LOS COMISARIOS GONZÁLEZ, OLIVERA Y VILLAREJO OFRECIERON A LOS IMPUTADOS EN GÜRTEL ANULAR EL CASO POR 12 MILLONES
LA AGENDA DE VILLAREJO DE 2015: "LO QUE QUITARON A L.B [BÁRCENAS] ESTÁ EN EL DESPACHO DE GAGO [EN LA CÚPULA POLICIAL]"
EL JUZGADO INVESTIGA SI CARGOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS FORMABAN PARTE DEL OPERATIVO
COSPEDAL DECLARA EN KITCHEN CON EL PP CERCADO POR EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN SOBRE GÜRTEL
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL, LA HEREDERA DE LA ‘MOCHILA’ DEL PP
EL JUEZ DESCONFÍA DE OLIVERA: "LAS GRABACIONES CONTRADICEN LO QUE HA DICHO"
KITCHEN PP: EL PP AFRONTA LOS DÍAS FUERTES DE DECLARACIONES EN LA 'KITCHEN' ANSIANDO LA DESIMPUTACIÓN DE COSPEDAL
EL EXJEFE DE LA UDEF SE ALINEA CON VILLAREJO AL AFIRMAR QUE TODOS EN LA POLICÍA CONOCÍAN SUS NEGOCIOS PRIVADOS
EL EXJEFE DE LA UDEF NIEGA PRESIONES DE FERNÁNDEZ DÍAZ PARA TORPEDEAR LAS CAUSAS QUE AFECTABAN AL PP
EL EXJEFE DE LA UDEF ATRIBUYE AL PP LAS PRESIONES PARA BOICOTEAR LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA GÜRTEL
LA NOTAS DE VILLAREJO APUNTAN A QUE LA TRAMA KITCHEN GUARDÓ EN UN EDIFICIO POLICIAL DOCUMENTACIÓN ROBADA A BÁRCENAS
LAS AGENDAS DE VILLAREJO CONFIRMAN LA OPERACIÓN ILEGAL PARA SALVAR AL PP Y A RAJOY
“HAY QUE LOCALIZAR AL SUJETO QUE TIENE LOS AUDIOS”
KITCHEN, LA CORRUPCIÓN DEL PP PARA ESCAPAR DE GÜRTEL QUE ATENAZA A CASADO
BÁRCENAS ACUSÓ A SÁENZ DE SANTAMARÍA DE PARTICIPAR EN “LA OPERACIÓN PARA PROTEGER AL CAMARADA RAJOY”
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA UNA SEGUNDA KITCHEN PARA ESPIAR A BÁRCENAS DENTRO DE LA CÁRCEL
LA POLICÍA APORTA NUEVAS ANOTACIONES DE VILLAREJO QUE VINCULAN A RAJOY CON LA OPERACIÓN CONTRA BÁRCENAS
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL, LA HEREDERA DE LA ‘MOCHILA’ DEL PP
EL CHÓFER DESVELA LA CARA B DE KITCHEN: "ME PEDÍAN INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE AGUIRRE"
BÁRCENAS DETALLA EL SUPUESTO AUDIO DE RAJOY: “ME LO SÉ DE MEMORIA PORQUE ME LO HE OÍDO 800 VECES”
LA DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ DE MOROCHO, EL POLICÍA QUE SE NEGÓ A TAPAR LA GÜRTEL: “TRABAJAMOS EN UNAS CONDICIONES PENOSAS”
VILLAREJO, DÍAS ANTES DE KITCHEN: “CHISCO DICE QUE MIN. HABLÓ CON RAJ. Y TODO ES OK”
EL TOPO DE KITCHEN: “LAS VIGILANCIAS EN EL DOMICILIO DE BÁRCENAS ERAN CONTINUAS”
LAS CLOACAS DE INTERIOR: VILLAREJO FILTRA UN AUDIO DE 2009 EN EL QUE SE INCRIMINA JUNTO CON OLIVERA Y UN SOCIO PERO CON UN GAZAPO SOBRE PODEMOS
VILLAREJO ANOTÓ UN PLAN CON COSPEDAL Y SU MARIDO PARA AUPAR A JEFE DE LA POLICÍA AL ÚLTIMO IMPUTADO EN KITCHEN
MOROCHO RELATA CÓMO LE PIDIERON DEJAR A RAJOY FUERA DE GÜRTEL: "NO QUERÍAN QUE APARECIERA EN EL INFORME"
VILLAREJO, DÍAS ANTES DE KITCHEN: “CHISCO DICE QUE MIN. HABLÓ CON RAJ. Y TODO ES OK”
LAS 44 VECES QUE EL INSPECTOR DE 'GÜRTEL' CITA A RAJOY EN EL INFORME QUE LA CÚPULA POLICIAL DEL PP QUISO OCULTAR
FISCALÍA CREE QUE MANDOS IMPLICADOS EN 'KITCHEN' TIENEN MATERIAL INCAUTADO A BÁRCENAS
EL PP BORRÓ LAS CÁMARAS DE SU SEDE PARA OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B, SEGÚN LAS AGENDAS DE VILLAREJO
EL JUEZ IMPUTA AL COMISARIO OLIVERA POR SU SUPUESTA IMPLICACIÓN EN EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL
EL CASO KITCHEN CERCA A OTRO MANDO POLICIAL: EL JUEZ CITARÁ A JOSÉ LUIS OLIVERA, EXJEFE DE LA UDEF
INTERIOR QUISO METER AL POLICÍA DE CONFIANZA DE COSPEDAL JUNTO AL GRUPO DE AGENTES QUE INVESTIGABA AL PP
EL INSPECTOR MOROCHO, UN POLICÍA QUE SOBREVIVIÓ A LAS CLOACAS
EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE KITCHEN
"HAY QUE QUITAR YA" A LÓPEZ DEL HIERRO: AÑOS DE "PRESIONES" AL INSPECTOR CLAVE DE 'GÜRTEL' PARA SALVAR AL PP EN LOS TRIBUNALES
COSPEDAL CESA COMO SOCIA DEL BUFETE DE ABOGADOS CMS TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL ‘CASO KITCHEN’
LAS NOTAS DE VILLAREJO: “COSPE: APOYO A TOPE EN TODO. ME ENVÍA A ORTI CON 100 Y PROMETE 50 MÁS”
SEIS UNIFORMES PARA SALVAR AL PP: EL POLICÍA QUE INVESTIGA LA CAJA B SEÑALA ANTE EL JUEZ A LOS MANDOS QUE OBSTRUYERON EL CASO
EL PRINCIPAL INVESTIGADOR DE LA GÜRTEL RELATA AL JUEZ UN CÚMULO DE “ANOMALÍAS Y PRESIONES PARALELAS” PARA TAPAR EL CASO
EL INSPECTOR MOROCHO IMPLICA A FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL INTENTO DE APARTARLE DE LA INVESTIGACIÓN AL PP
EL POLICÍA QUE INVESTIGA LA CAJA B DEL PP SITÚA A FERNÁNDEZ DÍAZ AL FRENTE DE LAS MANIOBRAS PARA APARTARLE DEL CASO
EL INSPECTOR DE LA CAJA B DEL PP APUNTA A FERNÁNDEZ DÍAZ EN LAS MANIOBRAS PARA APARTARLE DEL CASO
EL JUEZ DEJA FUERA LA GRABACIÓN DE VILLAREJO A COSPEDAL EN GÉNOVA POR SER DE 2009 Y ANTICORRUPCIÓN INSISTE
EL JUEZ INVESTIGA SI EL PP Y LA CÚPULA POLICIAL DE RAJOY MANIOBRARON CON VILLAREJO PARA APARTAR AL INVESTIGADOR CLAVE DE LA CAJA B
LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL PONE EN JAQUE A CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO
COSPEDAL Y LÓPEZ DEL HIERRO, EL PARAPETO DE RAJOY ANTE EL ‘CASO KITCHEN’
EL PP NO EXPEDIENTA A COSPEDAL PORQUE NO ERA CARGO PÚBLICO CUANDO SE PRODUJERON LOS HECHOS POR LOS QUE ESTÁ IMPUTADA
LOS CUADERNOS QUE “PERMITEN INFERIR LA PARTICIPACIÓN” DE COSPEDAL
LA KITCHEN SERÁ EL CALVARIO JUDICIAL Y POLÍTICO DEL PP EN LOS PRÓXIMOS MESES
LAS IMPUTACIONES DE COSPEDAL Y SU MARIDO SACUDEN LA INVESTIGACIÓN EN EL CONGRESO DEL ‘CASO KITCHEN’
EL MATRIMONIO DE COSPEDAL-LÓPEZ DE HIERRO: LA ABOGADA POLÍTICA Y EL EMPRESARIO CON CONTACTOS
CASADO SE NIEGA A CONTESTAR A LAS PREGUNTAS SOBRE LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL
EL JUEZ IMPUTA A COSPEDAL Y A SU MARIDO, EL EMPRESARIO LÓPEZ DEL HIERRO, POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
EL JUEZ IMPUTA A COSPEDAL Y LÓPEZ DEL HIERRO POR LA 'OPERACIÓN KITCHEN'
EL JUEZ ESTUDIA RETRASAR LAS DECLARACIONES DE VILLAREJO Y EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR HASTA QUE FINALICE LA COMISIÓN KITCHEN
LAS AGENDAS DE VILLAREJO APUNTAN A QUE RAJOY ESTABA INFORMADO DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS
EL CASO KITCHEN ENTRA EN ERUPCIÓN CON RAJOY Y COSPEDAL EN EL PUNTO DE MIRA DEL JUEZ Y DEL CONGRESO
EL JUEZ CITA A VILLAREJO A DECLARAR OTRA VEZ TRAS AFIRMAR QUE SE CRUZABA MENSAJES CON RAJOY
LOS TESTIMONIOS DE KITCHEN QUE CONDUCEN HASTA LA CÚPULA DE INTERIOR Y DEL PP
ANTICORRUPCIÓN PASA LA PELOTA AL JUEZ DE ‘KITCHEN’ Y NO VOLVERÁ A PEDIR LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL
NUEVAS NOTAS DE VILLAREJO CERCAN A COSPEDAL Y SU MARIDO: "AVISO SOBRE CONTACTO CON CHÓFER"
MARTÍN-BLAS PIDE AL JUEZ DE ‘KITCHEN’ QUE INCORPORE LAS AGENDAS Y DIARIOS DE VILLAREJO A LA CAUSA
ANDRÉS GÓMEZ GORDO: EL UNIFORME COMO NEGOCIO PARA EL POLICÍA DE COSPEDAL
EL SINDICATO DE LOS MANDOS LIBERA A UN JEFE DE LA POLICÍA POLÍTICA IMPUTADO EN KITCHEN
UN VIEJO TELÉFONO DEL MINISTRO DEL INTERIOR, CLAVE PARA INVESTIGAR SU IMPLICACIÓN EN EL ‘CASO KITCHEN’
LA INVESTIGACIÓN DE LA “OPERACIÓN KITCHEN” SEÑALA A COSPEDAL
LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS ENCARA EL CIERRE PENDIENTE DE UNA POSIBLE CITACIÓN DE COSPEDAL
LOS SIETE IMPUTADOS DE LA BRIGADA POLÍTICA FUERON PREMIADOS DURANTE EL GOBIERNO DE RAJOY CON UNA MEDALLA PENSIONADA
STAMPA ACUSA A LA FISCALÍA GENERAL DE DILATAR LA INVESTIGACIÓN CONTRA ÉL PARA DEJARLE FUERA DE ANTICORRUPCIÓN
STAMPA SE DEFIENDE TRAS EL ARCHIVO DE LAS INVESTIGACIONES QUE LE COSTARON EL PUESTO COMO FISCAL DEL 'CASO VILLAREJO'
LA NEGATIVA DE LA AUDIENCIA NACIONAL A EXAMINAR A FONDO EL MÓVIL DE FERNÁNDEZ DÍAZ DIFICULTA LA INVESTIGACIÓN AL EXMINISTRO EN KITCHEN
LA AUDIENCIA ANULA EL ANÁLISIS INTEGRAL DEL MÓVIL DE JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL 'CASO KITCHEN'
JAVIER IGLESIAS, ABOGADO: PISADAS DE 'EL LARGO' EN LA CARA OCULTA DEL PP
EL IMPUTADO EX JEFE DE ASUNTOS INTERNOS PIERDE DEFINITIVAMENTE EL JUICIO CONTRA INDA Y OKDIARIO
VILLAREJO PRESUMIÓ EN 2017 DE LOGRAR QUE COSPEDAL ABRONCASE AL MINISTRO DEL INTERIOR POR EL TRATO AL EXCOMISARIO
LA DECISIÓN DE JUNTAR TRES JUICIOS EN UNO ACELERÓ LA LIBERTAD DEL COMISARIO VILLAREJO
INTERIOR CERTIFICA GRAVES IRREGULARIDADES EN LOS FONDOS RESERVADOS PARA FINANCIAR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
EL JUEZ PIDE A ASUNTOS INTERNOS QUE RASTREE LOS CONTACTOS DE COSPEDAL CON VILLAREJO
FERNÁNDEZ DÍAZ ALEGA QUE SU MÓVIL CONTIENE INFORMACIÓN “MUY SENSIBLE” PARA IMPEDIR QUE LA POLICÍA LO ANALICE
DOS POLICÍAS CONFIRMAN AL JUEZ QUE CLONARON EL MÓVIL DE BÁRCENAS SIN CONTROL JUDICIAL
EL EXDAO EUGENIO PINO: "COSIDÓ LO SABÍA TODO" DE LA OPERACIÓN KITCHEN
GÓMEZ GORDO, ENTRE LOS COMISARIOS QUE HAN DISFRUTADO DE LAS VIVIENDAS GRATUITAS PARA POLICÍAS QUE ARP PIDEN ABOLIR
EL JUEZ INVESTIGA AL EX ‘NÚMERO DOS’ DE FERNÁNDEZ DÍAZ POR REUNIRSE CON UN COLABORADOR DE VILLAREJO QUE VENDÍA SECRETOS
EL CHÓFER DE BÁRCENAS DECLARA QUE INFORMÓ A COSPEDAL DEL ESPIONAJE A TRAVÉS DE UN ENLACE
VILLAREJO ANOTÓ EN SU AGENDA 28 MENCIONES AL MARIDO DE COSPEDAL EN MENOS DE UN AÑO
LUIS BÁRCENAS CONFIESA AL JUEZ QUE LE ROBARON UNA GRABACIÓN DE MARIANO RAJOY SOBRE LA 'CAJA B' DEL PP
LOS CUADERNOS SECRETOS DE VILLAREJO: “MUY RECEPTIVA COSPE. PENDIENTE DE SU RESPUESTA”
EL EXJEFE DE ASUNTOS INTERNOS NIEGA QUE ORDENARA SEGUIMIENTOS A BÁRCENAS EN EL MARCO DE LA KITCHEN
EL JUEZ APARTA DE KITCHEN DOS HORAS DE AUDIOS VINCULADOS CON LA OPERACIÓN CATALUÑA
LA GUERRA ENTRE COMISARIOS DESTAPA MÁS PRUEBAS DEL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS
LA GUERRA DE COMISARIOS VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL CON 'KITCHEN'
EL JUZGADO ELIMINA DE KITCHEN ACUSACIONES CONTRA EL COMISARIO MARTÍN BLAS
LA REUNIÓN DEL EMISARIO DE VILLAREJO CON EL EXNÚMERO DOS DE INTERIOR: "TENGO INFORMACIÓN DE RAJOY"
EL JUEZ PONE A DISPOSICIÓN DEL CNI UNA VEINTENA DE NUEVOS DOCUMENTOS DE VILLAREJO CON SECRETOS DE ESTADO
UN MANDO POLICIAL CONFIRMA UN SEGUNDO OPERATIVO DE VIGILANCIA CERCA DE LA CASA BÁRCENAS DURANTE LA ‘KITCHEN’
LA DETENCIÓN DE VILLAREJO PROVOCÓ UNA PROFUNDA PREOCUPACIÓN EN LA CÚPULA DE INTERIOR DEL MINISTRO ZOIDO
INTERIOR CONSULTÓ A LA TRAMA KITCHEN A QUIÉN PONER AL FRENTE DE LA UDEF: “UNO CON COJONES”
COSPEDAL SEÑALÓ A PACO MARTÍNEZ QUE TODO LO QUE HABLÓ CON VILLAREJO "ERA POR EL BIEN DEL ESTADO"
LOS ‘WHATSAPPS’ DEL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR SOBRE EL ‘CASO KITCHEN’: “SI GOBERNAMOS, LA JODIENDA DE LOS FISCALES PUEDE CAMBIAR”
FRANCISCO MARTÍNEZ CONFIABA EN QUE UNA VICTORIA DEL PP CAMBIASE "LA JODIENDA" DE LA FISCALÍA EN 'KITCHEN'
UN COMISARIO PIDE AL JUEZ DE KITCHEN QUE INVESTIGUE LA SALUD MENTAL DEL EXJEFE DE LA POLICÍA
INTERIOR MANTIENE EN SUS PUESTOS A TODOS LOS POLICÍAS EN ACTIVO IMPUTADOS POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
VILLAREJO ASEGURA QUE FRANCISCO MARTÍNEZ “COORDINÓ” EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
FERNÁNDEZ DÍAZ CRITICA AL JUEZ POR NO INCULPAR A MARIANO RAJOY
El exministro del Interior censura en su escrito de apelación que el juez "otorgue valor probatorio" para acusarle a los mensajes que se refieren a él y los deseche cuando aluden al expresidente del Gobierno. Fernández Díaz insiste en reprochar al juez que haya "encapsulado" la causa en el Ministerio del Interior desestimando la tesis de la Fiscalía contra la dirección del Partido Popular
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado un recurso de apelación contra el auto de procesamiento dictado por el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que viene a decir que en esta causa, o son todos procesados o ninguno.
Fernández Díaz dice que resulta "paradójico" que para acusarle, se utilicen contra él mensajes del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en los que hace referencia al propio ministro y "a Rajoy".
"Parece razonable pensar", dice la defensa del ministro en su escrito, que si el juez "otorga valor probatorio a determinados mensajes" cuando se refieren a él, también se lo conceda "cuando se refiere a otras personas", en clara alusión al expresidente del Gobierno.
"O se concede valor y credibilidad a todos los mensajes o a ninguno", manifiesta Fernández Díaz, porque es "ajeno a toda lógica seleccionar unos y desechar otros".
En su escrito, Fernández Díaz insiste en reprochar al magistrado que haya decidido "encapsular" las responsabilidades de la causa en la cúpula del Ministerio del Interior, y que haya desestimado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que reclama una prórroga de la investigación, que continúe como imputada la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sea citado en la misma condición el exdirector de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó y se desarrollen las diligencias pertinentes para averiguar si Mariano Rajoy era el titular del teléfono propiedad del PP, con el que supuestamente intercambió mensajes el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, para informarle sobre el avance de las pesquisas para espiar al extesorero, Luis Bárcenas, y destruir las pruebas que tuviere sobre la caja b del PP o sus dirigentes.
Es su escrito, Fernández Díaz suplica a la Sala que archive su procesamiento y le libre de la "pena de banquillo adicional" a la de "telediario" que "ya ha sufrido".
https://cadenaser.com/ser/2021/10/27/tribunales/1635334355_567753.html
ANTICORRUPCIÓN INSISTE EN EL PAPEL "PROTAGÓNICO" DE COSPEDAL EN KITCHEN Y PIDE SU IMPUTACIÓN
La Fiscalía sostiene que participó en la captación del chofer de Bárcenas como espía
La Fiscalía Anticorrupción ha insistido en un nuevo escrito en que la intervención de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en la Operación Kitchen está "claramente reflejada" en las pruebas que obran en esta pieza separada de Tándem. Así lo ha plasmado en su oposición al recurso presentado por el comisario Andrés Gómez Gordo contra su procesamiento por el dispositivo que se habría desplegado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior con recursos policiales y fondos reservados para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle la documentación comprometedora que pudiera tener del partido y sus dirigentes y evitar que llegara a la Justicia.
En el escrito, que ha avanzado El País, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas afirman que Gómez Gordo "tuvo un papel activo y, en algunos casos, protagonista" en la Kitchen, empezando por la captación del entonces chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía de la trama. Sobre esto, Gómez Gordo ha alegado que, siguiendo las instrucciones del entonces jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Eugenio Pino, se limitó a poner en contacto a Ríos con el comisario José Manuel Villarejo, si bien ha negado en todo momento que Cospedal y López del Hierro intervinieran en dicha gestión.
Por contra, Fiscalía considera que "esta intervención queda claramente reflejada" tanto en las agendas personales de Villarejo como en las comunicaciones que mantuvo con López del Hierro por medio de una línea de teléfono que el empresario ha reconocido como propia.
En este sentido, el Ministerio Público recalca que también son "plenamente coincidentes" los apuntes manuscritos de Villarejo relativos a la captación de Ríos con otros tres interlocutores telefónicos: Cospedal, Gómez Gordo y Luis de Grande Ortiz.
Anticorrupción mantiene de este modo la línea argumental expuesta en su recurso de apelación contra el auto del pasado 29 de julio por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, puso fin a la investigación de 'Kitchen'.
Los fiscales acusaron al juez de trazar una "línea roja" para no avanzar hacia la trama política y acotar el espionaje parapolicial a Bárcenas al Ministerio de Interior. Por ello, pidieron reabrir las pesquisas y volver a imputar a Cospedal, apuntando además a una "posible" responsabilidad del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
En este último escrito, abogan por mantener la imputación de Gómez Gordo no solo por su "inestimable colaboración" para captar a Ríos, sino porque señalan que le habría pagado al menos en tres ocasiones -por valor de unos 2.000 euros mensuales a cargo de los fondos reservados- y que habría recibido la información que el chofer conseguía del matrimonio Bárcenas. Afirman asimismo que Gómez Gordo "fue el funcionario policial que grabó en la base de datos policial GATI un 'parte informativo'" para "para dar apariencia de licitud a los seguimientos e interceptación de documentos llevados a cabo en la 'Operación Kitchen'".
COSPEDAL ADMITE EN UNA CONVERSACIÓN CON VILLAREJO QUE “SACYR LE DIO DINERO [A BÁRCENAS]”
El excomisiario informó a la entonces ministra de Defensa de que la Sepblac le estaba investigando por petición de Anticorrupción, según 'Público'
La sombra de la causa sobre la supuesta mordida de 200.000 euros que recibió María Dolores de Cospedal de Sacyr es una de las grandes máculas de su carrera política. El asunto fue archivado por un juzgado de Toledo, pero ahora ha regresado cual búmeran. Según unos audios desvelados por Público, la propia Cospedal admitió en una conversación con José Manuel Villarejo que “Sacyr le dio dinero” al extesorero del partido, Luis Bárcenas.
Los contactos entre el polémico comisario, que afronta desde este miércoles su primer gran juicio, y la que fuera secretaria general del PP se prolongaron durante varios años y, en una de esas citas, Cospedal admitió en el marco de una conversación sobre los Papeles de Bárcenas que la compañía engrosó las cuentas genovesas.
Tal afirmación se produjo en una de sus últimas reuniones, concretamente en septiembre del 2017, cuando Cospedal ya era ministra de Defensa. Entonces, todo el asunto de los 200.000 euros que presuntamente Sufi, la empresa municipal de basuras filial de Sacyr, entregó a Bárcenas ya había sido archivado. Cabe recordar que el propio Luis Bárcenas fue quien aseguró que ese dinero se destinó a financiar la campaña de Cospedal en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha de 2007. La dirigente popular siempre lo ha negado.
Según la grabación de Público, en un momento de la conversación entre Villarejo y Cospedal, esta afirma que a Bárcenas “le debió dar dinero Sacyr; le debió, no, le dio dinero Sacyr. Y entonces hizo un apunte de no sé cuánta pasta en el libro ese que hacíais. Un apunte. Y cuando empezó el lío y cuando me echó a mí la culpa de todo, dijo ‘no, es que ese apunte de Sacyr que estaba’..., pongamos, en diciembre de 2007, pues dijo que ese dinero no se había ingresado en diciembre de 2007, se había ingresado en mayo o en junio del año 2007, en dos partes, y que ese dinero había ido a mí y que había pagado yo la hipoteca de mi casa”.
En otro punto de la conversación, según el citado medio, Villarejo informó a Cospedal de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) le estaba investigando a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Luis de Guindos, entonces ministro de Economía, estaba al tanto. “Lo sabe el director general del Sepblac y lo sabe el ministro. Los del Sepblac están yendo cliente por cliente, banco por banco, para ver mis contratos, a ver qué encuentran”. La ministra dijo entonces que no se podía creer que De Guindos lo supiera: “No, no me lo creo, pero, claro, yo voy a hablarlo”.
“Me gustaría que si es cierto que la Fiscalía Anticorrupción, que no lo puede hacer, le ha ordenado al Sepblac el tema, quiero tener un escrito para ver de qué se me acusa para poder defenderme”, responde Villarejo.
Pese a que el juez de la Operación Kitchen ha salvado a Cospedal, la exsecretaria general del PP deberá comparecer en el Congreso en el marco de la comisión de investigación sobre la trama urdida por los populares para recuperar documentación comprometedora que obraba en manos de Bárcenas. Además, a nivel judicial, se espera que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre su desimputación.
COSPEDAL, A VILLAREJO: “SACYR LE DIO DINERO [A BÁRCENAS]”
Un nuevo audio confirma los continuos contactos entre la exdirigente del PP y el comisario jubilado
Los contactos entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se enfrenta desde este miércoles a su primer gran juicio en la Audiencia Nacional, y la exdirigente popular María Dolores de Cospedal se prolongaron durante años. Uno de sus últimos encuentros se produjo en septiembre de 2017, apenas dos meses antes del arresto del antiguo policía, según plasmó este en sus agendas y según consta en un audio publicado este miércoles por el diario Público. Según la grabación, ambos conversaron sobre el contenido de los papeles de Bárcenas y, en un momento determinado, Cospedal afirma que “Sacyr le dio dinero” al extesorero Luis Bárcenas.
Esta afirmación de la ex secretaria general del PP se produjo cuando Cospedal era ya ministra de Defensa y después de que un juzgado de Toledo archivase provisionalmente la causa abierta por la supuesta mordida de 200.000 euros que recibió el partido a cambio de que el Ayuntamiento de Toledo adjudicase el contrato municipal de basuras a la empresa Sufi, una filial de Sacyr. Bárcenas señaló que ese dinero se destinó a financiar la campaña de Cospedal en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha de 2007. La dirigente popular siempre lo ha negado.
Según la grabación de Público, en un momento de la conversación entre Villarejo y la entonces ministra de Defensa, esta afirma sobre Bárcenas: “Le debió dar dinero Sacyr; le debió, no, le dio dinero Sacyr. Y entonces hizo un apunte de no sé cuánta pasta en el libro ese que hacíais. Un apunte. Y cuando empezó el lío y cuando me echó a mí la culpa de todo, dijo ‘no, es que ese apunte de Sacyr que estaba’..., pongamos, en diciembre de 2007, pues dijo que ese dinero no se había ingresado en diciembre de 2007, se había ingresado en mayo o en junio del año 2007, en dos partes, y que ese dinero había ido a mí y que había pagado yo la hipoteca de mi casa”.
En otro momento de la conversación, según el diario, Villarejo informa a Cospedal de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) le está investigando a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y acusa al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, de estar al tanto. “Lo sabe el director general del Sepblac y lo sabe el ministro”, afirma el comisario jubilado: “Los del Sepblac están yendo cliente por cliente, banco por banco, para ver mis contratos, a ver qué encuentran”. La ministra dijo entonces que no se podía creer que De Guindos lo supiera: “No, no me lo creo, pero, claro, yo voy a hablarlo”. Más adelante, el agente insiste a su interlocutora: “Me gustaría que si es cierto que la Fiscalía Anticorrupción, que no lo puede hacer, le ha ordenado al Sepblac el tema, quiero tener un escrito para ver de qué se me acusa para poder defenderme”.
El encuentro entre ambos se produjo supuestamente el 12 de septiembre de 2017. Ese día, Villarejo apuntó en su agenda un supuesto contacto con Cospedal y su entorno. “Muy receptiva Cospe. Pendiente de su respuesta. Entrega denuncia Sepblac”, escribió el antiguo agente de la Policía Nacional.
Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, ya se refirió a las investigaciones del Sepblac sobre Villarejo durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Este agente, principal investigador del caso Gürtel, aseguró que llegó a analizar un informe sobre el comisario jubilado elaborado por el Servicio de Blanqueo de Capitales. Lo hizo durante su estancia en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo, adonde el jefe de la Policía con Rajoy, Eugenio Pino, destinó a Morocho para tratar de frenar supuestamente las pesquisas contra los populares. Según dijo el inspector jefe, entonces ya encontró “elementos indiciarios” que apuntaban a la existencia de un delito de blanqueo de capitales cometido por Villarejo a través de “operaciones tanto de naturaleza societaria como inmobiliaria básicamente”. De hecho, el investigador de la UDEF evaluó ese informe y comentó sus conclusiones a sus superiores, pero estos avisos cayeron en saco roto.
La exministra debe comparecer en las próximas semanas en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la Operación Kitchen, la trama urdida en el Ministerio del Interior para desplegar una operación de espionaje a Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del PP. Además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre la decisión del juez Manuel García-Castellón de desimputar a Cospedal y que el fiscal ha recurrido.
Ministro del Interior
La publicación este miércoles de este nuevo audio de Villarejo y Cospedal se produjo el mismo día en que el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, rechazó el recurso presentado por Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, contra la decisión de procesarlo y circunscribir exclusivamente al Ministerio toda la responsabilidad del dispositivo de espionaje a Bárcenas. A través de un auto dictado este miércoles mismo, el instructor desestimó las alegaciones de Fernández Díaz e insiste en que existen suficientes indicios para juzgarle, pero no para enviar al banquillo a otros imputados, entre los que se encontraba la exsecretaria general del PP, para la que se archivó la causa a finales de julio.
En el caso de Fernández Díaz, el juez reiteró este miércoles que el exministro era el máximo responsable de dicha cartera durante todo el periodo de ejecución del operativo policial ilícito, “financiado con cargo a partidas de fondos reservados de su departamento y bajo la supervisión directa de su inmediato inferior jerárquico, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, con quien mantuvo comunicaciones directamente relacionados con el volcado de los teléfonos pertenecientes a Luis Bárcenas” y que le fueron sustraídos al extesorero.
Sin embargo, al contrario que el juez, la Fiscalía Anticorrupción cree que la responsabilidad de Kitchen va más allá de Interior y que esta operación ilícita no solo se impulsó desde el Ministerio, sino también desde la dirección del PP. Es en ese punto donde el ministerio público apunta a Cospedal, a la que atribuye un “interés personal” en el dispositivo irregular.
https://elpais.com/espana/2021-10-13/cospedal-a-villarejo-sacyr-le-dio-dinero-a-barcenas.html
COSPEDAL ADMITIÓ A VILLAREJO QUE EXISTIERON MORDIDAS EN NEGRO AL PP
Nuevos audios revelados por el diario Público confirman la supuesta existencia de una reunión desconocida entre la exsecretaria general del PP y el comisario en la que además, Cospedal se comprometió a interceder por él ante la justicia y el ministro De Guindos
Un documento al que ha accedido la SER avala la existencia de la reunión a menos de dos meses de la detención del comisario
Las reuniones de María Dolores de Cospedal con el comisario Villarejo ni fueron “tres o cuatro” como atestiguó en su declaración como imputada ante la justicia, ni en fechas tan remotas que no alcanzaba a recordar. Según revela el diario Público en audios inéditos publicados este miércoles, el 12 de septiembre de 2017, a menos de dos meses de la detención del excomisario, la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP le recibió y en el transcurso de la conversación, admitió que la mordida de la empresa Sacyr de la que fue acusada por el extesorero Luis Bárcenas existió.
En los audios se escucha a Cospedal afirmar que “a este” en referencia a Bárcenas, “le debió dar dinero Sacyr”. “Le debió no”, apostilla la exsecretaria general, “le dio dinero Sacyr”.
Esa supuesta mordida es relevante, supuestamente, fue pagada para la campaña de Cospedal en Castilla La Mancha a cambio de una contrata en Toledo. Bárcenas aportó dos recibís por 200.000 euros firmados por el gerente del PP castellanomanchego, José Ángel Cañas, pero la justicia acabó archivando la causa.
"Cospe muy receptiva"
La SER ha accedido a un documento de la agenda de Villarejo que avala que la reunión con Cospedal existió. Está fechado el 12 de septiembre de 2017 y junto a un apunte referido a “Ortiz JL”, por entonces jefe de gabinete de Cospedal, el comisario anota que quedan en verse en la calle Profesor Waksman y escribe “Cospe muy receptiva”. “Pendiente de respuesta” y “entrega denuncia Sepblac”.
Y es que según Villarejo, que se sabía investigado, Cospedal se comprometió en la reunión a interceder por él ante la Fiscalía Anticorrupción y el ministro Luis de Guindos, de quien dependía el servicio de prevención contra el blanqueo de capitales, que ya analizaba sus cuentas.
https://cadenaser.com/ser/2021/10/13/tribunales/1634121809_042707.html
EL JUEZ EXCLUYE AL CNI DE LA INVESTIGACIÓN 'KITCHEN' A PESAR DE LOS INDICIOS
La Fiscalía descarta que los servicios secretos iniciaran el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a instancia del Gobierno de Rajoy | Podemos, acusación particular en el caso, no ha pedido la testifical de Sanz Roldán pero quiere que vaya al Congreso
«Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilio. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado». En la madrugada del 2 de agosto de 2013, el entonces secretario de Estado de Seguridad (Francisco Martínez) intercambiaba este mensaje SMS con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. «Yo lo tendré al acabar el Consejo [de Ministros], así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info…», le contestó su interlocutor. El mensaje en clave hacía referencia a conseguir el contacto en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cuyos miembros se conoce en el argot policial como cecilios.
La conversación tenía lugar semanas después de que se hubiera puesto en marcha desde el Ministerio del Interior un dispositivo policial -sin conocimiento de la autoridad judicial- para obtener presuntamente documentación que custodiaba Luis Bárcenas aprovechando que éste se encontraba en prisión preventiva por su implicación en el caso Gürtel y utilizando para ello al chófer de la familia del ex tesorero del PP (Sergio Ríos), al que se remuneró su trabajo como topo con pagos procedentes de los fondos reservados. Es la operación bautizada por el comisario Villarejo como Kitchen, puesta en marcha supuestamente para interceptar papeles y lápices de memoria con información que podría comprometer a Mariano Rajoy y a otros cargos del partido entonces en el Gobierno y evitar que llegara a manos de la Justicia.
No es la única mención a los servicios secretos del Estado en el sumario que comenzó a instruir el juez Manuel García-Castellón a finales de 2018 como pieza separada de la macrocausa en la que se investigan los encargos a Villarejo. Con todo, el magistrado dio por concluida la investigación el pasado 29 de julio apreciando sólidos indicios de que el despliegue se decidió en Interior sin la participación de instancias políticas superiores. Así, ha propuesto juzgar a Fernández Díaz, Francisco Martínez, al ex número dos de la Policía Eugenio Pino y a otros agentes, archivando la causa para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y descartando citar siquiera como testigo al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.
Desarrollado entre los años 2013 y 2015, uno de los agentes que participó en aquel dispositivo -calificado como «parapolicial» por la Fiscalía Anticorrupción- fue el comisario Villarejo, entonces en la recta final de su carrera profesional. Las conversaciones que él grabó de forma subrepticia acreditan cómo trató de ganarse la confianza del chófer de Bárcenas para acceder a documentos que éste pudiera custodiar. Él mantiene que el CNI participó en ese despliegue.
Así lo afirmó en un escrito presentado en el juzgado el pasado 19 de julio con el que pedía al instructor de la causa que le devolviera las más de «mil microcintas datadas con anterior al año 2000» y que le levantara el bloqueo de las cuentas para atender diversas obligaciones de pago, entre otras cuestiones. «Como ya se ha manifestado con ocasión de la pieza Kitchen, la intervención en dicha acción del CNI y [la Unidad de] Asuntos Internos ha sido forzosamente desvelada a regañadientes y solo por la insistencia de su Señoría, que debió sospechar desde hace tiempo que algo no cuadra», exponía.
El enfrentamiento entre el comisario ya jubilado y el ex director del CNI Félix Sanz Roldán viene de lejos y es suficientemente conocido. El primero responsabiliza al general conquense de su detención en noviembre de 2017 y la apertura de la macrocausa que instruye la Audiencia Nacional alrededor de sus negocios privados. Sólo en las tres primeras líneas de investigación que irán a juicio este miércoles, la Fiscalía Anticorrupción pide para él más de 100 años de prisión como cabecilla de una organización «parapolicial» con la que se habría enriquecido aprovechando sus contactos en la Policía Nacional y su condición especial en el Cuerpo.
Adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en la última etapa, Villarejo actuaba como un agente encubierto que no tenía despacho propio pero que participó en las operaciones más delicadas para el Estado durante décadas, tanto para gobiernos socialistas como del PP. Él defiende que sus superiores siempre le permitieron desarrollar su negocio de asesoramiento legal e inteligencia para empresas privadas. De hecho, sostiene que sus sociedades se utilizaron en operaciones secretas, también en colaboración con el CNI.
El papel del ex colaborador del CNI
No en vano, como publicó El Independiente, el empresario que presentó la primera denuncia contra José Manuel Villarejo en la Fiscalía Anticorrupción de manera anónima, Francisco Menéndez, afirmó que lo pactó con un ex colaborador del CNI que le ofreció ayudarle con un problema «tributario».
Menéndez aportó información de cuentas asociadas a empresas de Villarejo en sociedades offshore y puso en bandeja su detención por la realización del denominado ‘Informe King’ para un hijo del gobernante de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang sobre trapos sucios de su hermano, que también optaba a la sucesión. El comisario cobró más de 5 millones de euros presuntamente por ese trabajo. La confesión le permitió a Menéndez evitar una acusación con petición de cárcel por introducir a ciudadanos guineanos en España de manera irregular con la ayuda del entonces comisario jefe del puesto fronterizo de Barajas, Carlos Salamanca, que se enfrenta a diez años de prisión y que fue quien puso a Villarejo en contacto con el hijo de Obiang.
Ya como investigado en la Audiencia Nacional, Villarejo sitúa a su némesis Sanz Roldán como muñidor de su caída a los infiernos, así como al CNI que dirigía como impulsor del operativo Kitchen. El comisario ve la mano de los servicios secretos en su detención y envío a la cárcel por denunciar supuestas irregularidades que atribuía a su anterior director.
No es el único investigado en la pieza 7 del caso Tándem que ha mencionado al ex jefe del CNI. Para contextualizar el mensaje relativo al ‘contacto Cecilio’ que el ex secretario de Seguridad Francisco Martínez afirma que le envió el ex ministro Fernández Díaz, el primero dio una explicación ante el juez el pasado mes de julio en la que implicó a Sanz Roldán. Afirmó que el titular de Interior sospechaba que alguien cercano a Luis Bárcenas colaboraba con la Policía. Con la intención de encontrar las pruebas de que sólo el ex tesorero del PP y no otras personas -sostuvo Martínez en sede judicial- había incurrido en conductas perseguibles penalmente, le pidió que hablara con Félix Sanz Roldán para ver si tenía alguna información al respecto.
«El día 1 de agosto [de 2013] se había producido una comparecencia parlamentaria en el pleno [del Congreso], algo bastante poco frecuente, del presidente del Gobierno a propósito de los mensajes que habían salido filtrados en la prensa que al parecer había intercambiado con el señor Bárcenas», declaró Martínez el pasado 13 de julio.
«El presidente del Gobierno dice en varias ocasiones que él se ha equivocado con el señor Bárcenas, pero que el señor Bárcenas es el único que ha utilizado fondos y que tiene cuentas en el extranjero […] Yo creo que en ese momento, lo que se plantea en un nivel en el que yo ni participaba ni tomaba decisiones, en un nivel de Consejo de Gobierno, es que hay que conseguir que todo lo que pruebe las responsabilidades penales individuales del señor Bárcenas tiene que ponerse a disposición de la Justicia y que esa investigación tiene que ser exhaustiva. Y por eso el ministro me dice en esa fecha que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo coordine, que eso era mi función en gran medida, coordinar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con otros servicios extranjeros o nacionales. Y para que yo coordine la posible puesta a disposición de los investigadores de información sobre esta cuestión que pudiese tener el Centro Nacional de Inteligencia. Yo le digo que estaré pendiente, me dice que me lo dará después. Cuando hablamos después, y esa parte ya no aparece en los mensajes, me dice que contacte con el responsable del Centro Nacional de Inteligencia, con el director, con el cual yo hablaba con bastante frecuencia, por razones fundamentales. Yo llamo al director del Centro Nacional de Inteligencia que me dice que ciertamente que ésa no es una cuestión que esté dentro de su ámbito, de su actividad digamos de inteligencia y demás, pero que como ellos tienen efectivamente acceso a mucha información, si tuviesen información sobre dinero en el extranjero, testaferros… del señor Bárcenas o de su entorno, la pondrían por los conductos habituales a disposición de la Policía», amplió.
Fernández Díaz niega directamente que existiera la citada llamada, al tiempo que rechaza que él enviara los mensajes que su subordinado protocolizó ante un notario de Mahón (Menorca), según traslada su defensa a este diario. Cuando el pasado mes de noviembre mantuvo el careo con su número dos, el ex ministro sostuvo que se enteró de que el término ‘Cecilio’ se utilizaba para hablar de los miembros del CNI «por la prensa».
Después de casi tres años de pesquisas, el juez García-Castellón dio por concluido el pasado mes de julio la instrucción del caso Kitchen, si bien la última palabra la tendrá la Sala de lo Penal tras recurrir Anticorrupción el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El Ministerio Público ve motivos para procesar a María Dolores de Cospedal y para que se cite a declarar en la causa a Cosidó, máximo responsable de la Policía entonces. En dicho escrito, la Fiscalía apuntó a un posible origen de la investigación en los «servicios de seguridad del Estado», si bien las fuentes fiscales consultadas por este medio descartan que eso quiera decir que apuntan a que el operativo se inició en el CNI por encargo del Gobierno.
Por su parte, la acusación popular de la causa ejercida por Unidas Podemos no ha pedido al juez que cite a declarar ni como testigo ni como investigado a Félix Sanz Roldán, hoy asesor de la Presidencia de Iberdrola. Y ello a pesar de que el grupo confederal en el Congreso de los Diputados sí ha pedido que el ex director del CNI comparezca en la comisión de investigación Kitchen, en la que se busca determinar eventuales responsabilidades políticas por la utilización de medios económicos y personales del Estado en beneficio del PP.
¿Vigilancia a Bárcenas antes de ‘Kitchen’?
Lo que ha evidenciado la investigación es que quienes participaron en el dispositivo ilegal de seguimiento a Bárcenas y su entorno contaron con la colaboración del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, quien cobró 2.000 euros al mes durante dos años de los fondos reservados del Estado e ingresó en la Policía con 42 años gracias –considera el instructor de la causa– a su participación en Kitchen. Él, entre los procesados, defiende que siempre pensó que se trataba de una operación legal para entregar la información obtenida a la Justicia.
Antes incluso de que comenzara tal operativo -el instructor fecha el arranque en julio de 2013- Bárcenas ya sospechaba que estaba siendo sometido a seguimientos. Así lo manifestó en el juicio por la destrucción de sus ordenadores que quedaron en la sede central del Partido Popular cuando fue despedido. Durante aquél juicio de junio de 2019, en el que declaró como testigo, ubicó la destrucción de los discos duros de sus ordenadores por la que el partido se sentó en el banquillo y acabó absuelto como un episodio más de la operación Kitchen. Aseguró que tales discos duros que quedaron ilegibles contenían información de la caja B de PP entre finales de los 90 y 2009.
Tanto en sede judicial como en su comparecencia en el Congreso, el comisario principal ya jubilado Enrique García Castaño -conocido como El gordo y ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), responsable de los seguimientos y pinchazos en el Cuerpo Nacional- reveló que Luis Bárcenas fue espiado por «motoristas con cámaras» colocadas en los cascos, portando las motocicletas que conducían «matrículas y documentación falsa». En su opinión, esos seguimientos los llevaron a cabo «otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente Guardia Civil y CNI».
García Castaño mantuvo en la Cámara Baja que se trató de una vigilancia paralela «al entramado de la esposa del señor Bárcenas». «Nosotros siempre hemos notado -eso lo he declarado en sede judicial- que éramos los tontos de la película. Así lo he dicho, porque veíamos cosas muy raras, muy extrañas», indicó. Y añadió: «Nosotros lo investigamos y no pudimos llegar a más porque las matrículas eran falsas. Hay fotos, se han publicado en la prensa».
Anticorrupción está acudiendo a la Sala de lo Penal ante las decisiones de García Castellón de cerrar piezas sin consultarle y dejando flecos sin esclarecer
Los escritos del Ministerio Público han ido subiendo de tono ante instrucciones que ve incomprensibles y decisiones precipitadas
La pieza 7, la pieza 21, la pieza 10... El caso Villarejo se está empezando a llenar de líneas de investigación a las que el juez va poniendo fin y propone mandar a juicio sin la opinión favorable de la Fiscalía Anticorrupción, que no sólo recurre al considerar que ha habido un "cierre en falso", sino que va elevando el tono en sus escritos ante la que es, en su opinión, una incomprensible actuación del instructor. No ocurre en todas las piezas –una treintena desde que se abrió esta macrocausa en noviembre de 2017–, pero en los últimos meses se ha repetido el esquema: el magistrado considera que se ha agotado la investigación sin consultar a los fiscales, que rápidamente recurren directamente a la Sala de lo Penal, el tribunal que revisa la actuación instructora, pidiendo una corrección.
Esta situación ha ocurrido en algunas de las piezas más mediáticas y con intereses políticos y económicos en juego como la número 10, la del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos, y la publicación de parte de su contenido en medios de comunicación, que fue cerrada hace un año; y más recientemente la 7, la que investiga la conocida como operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas; y la número 21, el encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo realizado desde Repsol y Caixabank. En los tres casos, Anticorrupción habla de cierres en falso y explica en sus extensos recursos todas las diligencias que, a su modo de ver, han faltado por practicar para agotar todas las vías de investigación antes de enviar las causas a juicio.
El último movimiento del juez Manuel García Castellón ha sido dictar el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– en la pieza 21 sin esperar a que la Sala de lo Penal resuelva los recursos tanto de la Fiscalía como de la acusación particular que ejerce el expresidente de Sacyr Luis del Rivero contra el sobreseimiento ordenado hace menos de dos meses para Caixabank y Repsol y sus respectivos presidentes, Isidro Fainé y Antonio Brufau.
"No resulta procedente dictar un pronunciamiento de clausura de la instrucción, ni siquiera de carácter provisional, como de modo totalmente extemporáneo se ha decidido por el magistrado, de oficio y sin dar previo traslado al Ministerio Fiscal, lo que viene a suponer el cierre en falso de una compleja instrucción que tiene por objeto delitos desarrollados en el marco de la corrupción económica", reprocharon los fiscales del caso Villarejo el pasado mes de julio.
Apenas unas semanas imputadas
Sólo hacía unas semanas que García Castellón había imputado a las empresas como personas jurídicas por los trabajos de espionaje encargados al comisario jubilado y tomó la decisión de exonerarlas apenas transcurridos sólo unos días de tomar declaración a sus representantes. El auto de sobreseimiento para Caixabank y Repsol, dictado a finales del pasado julio, también incluyó a Fainé y Brufau, que estuvieron investigados tres meses. Una decisión que choca frontalmente con los autos en los que fueron citados a declarar como investigados, firmados por el propio juez y muy duros con la supuesta actuación que les atribuía en la contratación de Villarejo.
El objeto de investigación de la pieza 21 es elproyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank hicieron hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petroleraproyecto Wine a través de la empresa mexicana Pemex, un encargo por el que se desembolsaron más de 413.000 euros. Para el magistrado, de lo que se ha instruido sólo ve indicios para enviar a juicio a los jefes de Seguridad de Repsol Rafael Araújo Bernabé y de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño, al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera Rafael Girona, así como a Villarejo, el socio de éste Rafael Redondo y al también comisario jubilado Enrique García Castaño. Para los fiscales, sin embargo, era necesario realizar más diligencias para aclarar la posible implicación de las empresas y de sus presidentes en la contratación, sobre todo en lo que respecta a la eficacia de los sistemas de control de las compañías para evitar actividades corruptas.
Permitir el éxito de la trama corrupta
Algo similar ha ocurrido con la pieza 7, la que indaga en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para robar información sensible que pudiera afectar al partido en los tribunales. La secuencia fue la siguiente: el 2 de junio pasado, el juez imputó a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en un auto en el que apuntaba a que el cerebro de la operación Kitchen estuvo en la séptima planta de la sede central de la calle Génovacerebrooperación Kitchen; ambos fueron a declarar a finales de ese mes; ni treinta días más tarde, y a la vez que Fainé y Brufau, García Castellón les exoneró en el auto en el que dio por concluida la instrucción.
Era más que previsible el recurso que acabó presentando la Fiscalía Anticorrupción, que no se ahorró en palabras gruesas hacia la instrucción del magistrado. "Incomprensible", "caótica", "precipitada", "inconcebible" son algunos de los adjetivos que utilizaron y expusieron ampliamente los flecos que, a su parecer, habían quedado sin investigar, que no son pocos y que convergen en la presunta implicación del PP en la trama. En este recurso elevaron el tono, llegando a advertir de que cerrar la pieza sin agotar todas las vías para encontrar el material robado a Bárcenas sería como asegurar el éxito del operativo ilegal.
El empeño con Pablo Iglesias
Como en el caso de Repsol y Caixabank, los fiscales han acudido directamente a los magistrados de la Sala de lo Penal, saltándose el trámite del recurso de reforma ante el propio instructor, lo que indica que lo consideran inútil dados los argumentos esgrimidos por García Castellón en sus autos. También lo hicieron hace un año, tras el cierre de la pieza 10, la conocida como caso Dina. En aquella ocasión, Anticorrupción también habló de cierre en falso y de "cercenar los derechos" de acusaciones e investigados.
Por un lado, el magistrado de la Audiencia Nacional había propuesto mandar a juicio esta pieza separada "sin practicar una sola diligencia en la dirección" que le marcó la Sala de lo Penal cuando le obligó a devolver al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de perjudicado. En concreto, seguir indagando en cómo acabó la tarjeta del móvil de Bousselham en medios de comunicación como Okdiario meses después de que la revista Interviú se la facilitara a Villarejo. Para los fiscales, el juez descarta los indicios de que fue el comisario o algún miembro de su "organización criminal" quien entregó al medio que dirige Eduardo Inda, así como a El Confidencialy a El Mundo, información contenida en la tarjeta "presuntamente robada" a la exasesora de Podemos.
Mientras cerraba esta pieza sin agotar la investigación, al mismo tiempo García Castellón pedía al Tribunal Supremo investigar a Pablo Iglesias, cosa que el alto tribunal rechazó aduciendo que, efectivamente, quedaban flecos sin esclarecer. Un año después, el instructor sigue esperando informes que encargó a la policía judicial para determinar una posible responsabilidad del exlíder de Podemos en los daños que presentaba la tarjeta de móvil de su excolaboradora. Y aún está pendiente que la Sala de lo Penal resuelva todos los recursos que se presentaron tras el cierre de la instrucción y que incluyen, además del citado de la Fiscalía, los de Bousselham e Iglesias como perjudicados y los de los periodistas de Interviú procesados. El retraso ya ha cumplido los doce meses sin que se sepa muy bien el motivo de esta dilación.
El ex secretario de Estado de Seguridad involucra al Gobierno de Rajoy en la maniobra para buscar los secretos que guardaba el extesorero
El Congreso reanuda la investigación de la Operación Kitchen
El Congreso de los Diputados reanuda el próximo martes 5 de octubre la investigación del caso Kitchen, una operación policial dirigida desde el ministerio del Interior para, supuestamente, robar documentación al extesorero Luis Bárcenas que pudiera ser comprometedora para el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy.
La comisión parlamentaria de investigación volverá a reunirse el próximo martes cuando se han producido algunas novedades relevantes en el caso. El juez instructor, Manuel García Castellón, considera que existen suficientes indicios de una operación policial ilegal para obstaculizar la investigación judicial sobre la corrupción del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy. El juez decidió procesar y sentar en el banquillo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su número dos y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios que participaron en una operación que usó a confidentes pagados con fondos reservados.
El número dos de Interior cuando sucedieron los hechos, Francisco Martínez, compareció por última vez ante el juez instructor el pasado 12 de julio de 2021. En esa declaración, Martínez detalló todos sus movimientos como secretario de Estado a partir de la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso el 1 de agosto de 2013. Ese día, con el Gobierno del PP a punto de caer acorralado por la corrupción que apuntaban los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS y la confesión del extesorero al juez, Rajoy pidió perdón por confiar en Bárcenas, al que nombró tesorero nacional del PP en 2008.
Martínez detalló al juez que un día después de aquella comparecencia, con Rajoy, su Gobierno y el PP, acorralados por las revelaciones de Bárcenas, el ministro le hizo un encargo: “El día 2 de agosto, lo que me dice el ministro [del Interior] es que es importante tener toda la información que afecte a cuentas y cuestiones que eran parte de los eventuales delitos del señor Bárcenas y que desde luego esas cuestiones no implicaban a nadie más del Partido Popular”.
Cuando Martínez recibe esa orden de su ministro, Jorge Fernández, han pasado casi cinco meses desde que la Audiencia Nacional investiga los papeles de Bárcenas, con la colaboración de los policías de la UDEF y con numerosa documentación procedente de comisiones rogatorias que detallan todos los pasos del dinero de Bárcenas en Suiza. Y aunque la investigación judicial está centrada en documentar y probar todos los delitos cometidos por el extesorero del PP, el Gobierno decide encargar al secretario de Estado de Seguridad una investigación especial sobre Bárcenas cuyos resultados nunca se pusieron a disposición del juez instructor.
Martínez continuó su relato al juez: “El ministro me dice que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo establezca una coordinación y que le diga a ese contacto que cualquier información que pudiesen tener la facilitase a la Policía porque entiendo que en ese momento la prioridad del Gobierno es conseguir toda la información sobre las cuentas y las actividades ilícitas del señor Bárcenas”.
El ex secretario de Estado de Seguridad, empeñado en la tarea de conseguir información sobre Bárcenas pese a que ese trabajo estaba judicializado desde hacía cinco meses, hace gestiones con el director del CNI, Félix Sanz Roldán, sin informar en ningún momento al juez del caso. “El ministro me dice que llame directamente al director del Centro Nacional de Inteligencia [Félix Sanz Roldán], que era mi interlocutor habitual en estos casos, y yo llamo al director del CNI siguiendo la instrucciones del ministro, tenemos una comunicación muy breve en la que él me dice que en fin, que eso no es parte de la inteligencia que ellos están captando pero que naturalmente si ellos tuviesen algún tipo de información sobre este asunto, pues lo pondrían a disposición de los investigadores, y que colaborarían como en tantas ocasiones colaboraba el Centro Nacional de Inteligencia con la Policía y con la Guardia Civil”. Martínez matiza tras este pormenorizado relato de hechos que todas aquellas gestiones fueron legales pese a hacerse a espaldas del juez que investigaba esos mismos hechos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, rechaza esta versión de los hechos y asegura que nunca dio órdenes para investigar al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Las agendas del comisario jubilado sobre la conjura contra Bárcenas: “Chisco [Francisco Martínez] quiere plan para salir del caso L. B.”
La operación policial de espionaje a Bárcenas se inició en julio de 2013, según los documentos oficiales incorporados al sumario de este caso.
El 13 de julio de aquel año 2013, el comisario José Manuel Villarejo, que intervino activamente en la Operación Kitchen, apuntó en su diario. “CHISCO [apelativo con el que identificaba a Francisco Martínez] quiere plan estratégico para salir del caso L. B. Comida 14.30, restaurante Guetaria”.
El juez preguntó a Martínez por este apunte y el secretario de Estado respondió: “Eso responde a pensamientos y reflexiones del señor Villarejo, él mismo lo ha declarado así. Yo no tenía el más mínimo interés en tener un plan estratégico contra L. B. No he visto en mi vida a ese señor”.
La comisión parlamentaria que investiga el caso Kitchen se interrumpió cuando estaba a punto de comparecer Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha en los años que ocurrieron los hechos. El juez había decidido citarla como imputada ese mismo día. Tres meses después y tras oír su declaración, el instructor interpretó que no había indicios suficientes para sentar en el banquillo a la jefa política del PP e interlocutora del comisario Villarejo, uno de los policías que captó como confidente al chófer de la familia Bárcenas y le pagó mensualmente una cantidad de 2.000 euros procedente de los fondos reservados del ministerio del Interior. La imputación de Cospedal duró apenas tres meses.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto que ponía fin a la investigación y retiraba la imputación a Cospedal. En su escrito, la Fiscalía implicaba a la dirigente del PP en la operación Kitchen: “Otros indicios apuntan a que, de forma paralela, dirigentes del Partido Popular como María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro, habrían tenido conocimiento de la puesta en marcha y desarrollo de la Operación Kitchen, cuya responsabilidad penal en los hechos objetos de investigación está siendo dilucidada a través de diligencias de investigación muy recientemente practicadas, y sobre cuyo resultado resulta imprescindible practicar nuevas diligencias de corroboración”.
Aquella operación policial obtuvo escasos frutos. Todos los documentos robados a Bárcenas y su familia no agravaban las acusaciones que ya pesaban sobre el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy. La Fiscalía Anticorrupción resumió así la causa en el escrito con el que recurrió contra el fin de la investigación: “Las actuaciones practicadas han aportado sólidos indicios de los frutos obtenidos en el curso del operativo policial desplegado y conocido como Operación Kitchen, como la entrada en el estudio de Rosalía Iglesias Villar sito en la calle General Díaz Porlier número 32 de Madrid, donde el comisario principal Enrique García Castaño habría accedido sin autorización judicial en busca del material comprometedor para el Partido Popular o la descarga ilegal del contenido de dos dispositivos telefónicos pertenecientes a Luis Bárcenas ejecutadas por este comisario principal jefe de la UCAO”.
El comisario José Manuel Villarejo accedió a entrevistarse en la cárcel con un periodista de EL PAÍS y contó su versión sobre la operación policial Kitchen en la que participó desde el principio de una manera activa y a la que puso nombre (”cocina”, en inglés, porque el nombre del confidente era igual al de un famoso cocinero). Villarejo no solo se encargó de captar al colaborador principal del operativo, Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, sino que se encargó de pagarle durante meses por sus servicios con dinero de los fondos reservados. Y todo ese trabajo lo documentó, con recibís firmados por el confidente y con grabaciones de las conversaciones entre ambos para conocer los avances de la operación. Ese material probatorio figura en el sumario.
Lo que sigue son todas las respuestas que Villarejo dio a EL PAÍS cuando le preguntó por el caso.
Pregunta. ¿De quién fue la idea de la Operación Kitchen?
José Manuel Villarejo. Se le ocurrió a alguien del Gobierno. A mí me contratan en plan privado. Habían fallado todos los sistemas de acercamiento y de montar el tinglado y dijeron: ‘hay que avisar a Villarejo, que soluciona siempre los problemas’. Me avisaron y yo puse una serie de condiciones, como he declarado en el juzgado. Prueba de ello: que yo no participe activamente es que en los momentos nucleares a mí me apartaron, yo no soy el que entra en el despacho, el señor que entra en el despacho lo ha declarado. Lo mismo que ha declarado el que accede a los teléfonos. Yo estoy dentro de la cárcel, en teoría soy el inductor, y el autor material está fuera. Fíjese qué aberración jurídica, es como si el asesino confiesa y lo dejan en la calle, y el inductor…
P. ¿Fue una chapuza esta operación?
J. M. V. Era una chapuza por todo el equipo que habían montado, era impresentable.
P. ¿Y la idea original era del ministro del interior?
J. M. V. No. De mucho más arriba. Fernández Díaz no tenía capacidad de tomar una decisión de esa envergadura. Mucho más arriba.
P. Si se está refiriendo a Mariano Rajoy, sabe que no hay una sola prueba de eso que está diciendo en todo el sumario del caso…
J. M. V. Creo que sí las hay, lo que ocurre es que imagino que están esperando a que se cueza en su salsa. Estarán esperando el momento político oportuno. Me temo que sí existen pruebas y ellos lo saben. Él ha intentado buscar de alguna manera una solución, pero la única solución está en sus manos.
P. Usted habla en el sumario de una grabación de Bárcenas a Rajoy en el palacio de la Moncloa. ¿Existe esa grabación?
J. M. V. Igual sí. Bárcenas grabó a Rajoy… pero todo ese tipo de cosas…
P. ¿Pero usted ha oído esa grabación?
J. M. V. No. Yo no la llegué a oír porque cuando llegó la operación en sí no me dejaron, me engañaron aprovechando que yo estaba en el extranjero, en el Líbano, e hicieron la operación. Porque yo dije que quería una copia de todo lo que se encontrara porque yo ya había hablado con algunos jueces de la Audiencia Nacional y les había dicho: “si sale bien os doy una copia y vosotros veréis lo que hacéis”. Yo me he reunido con jueces y fiscales y les he contado cosas que oficialmente no quería que ellos supieran. Las charlas que yo tengo de la Kitchen con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional están… Otra cosa es que esté encriptado, como dicen ellos, y no quieren que salga… Pero a mí esa grabación nunca me la dieron, me informaron de que había.
P. ¿Quién filtró los documentos que le robaron a Bárcenas?
J. M. V. Esa decisión no fue mía, yo tenía otros planteamientos y por eso… Lo de la Kitchen está documentado que yo no tengo nada que ver en el sentido del tema. Lo que ocurre es que lógicamente me tendrán que acusar de algo, fíjese si es alucinante que la Kitchen en teoría la he preparado yo y en el Congreso se han puesto de acuerdo el PSOE e IU para que yo no vaya. Eso es una pantomima entonces, ¿no?
P. Pero ¿quién le dice a usted que hay que montar la Operación Kitchen para robarle documentos a Bárcenas?
J. M. V. Me lo dicen desde la señora Cospedal, hasta el ministro, el secretario de Estado…, el único con el que no hablo yo personalmente pero sí a través de intermediarios es con el señor Rajoy.
P. ¿De todo eso hay grabaciones que lo demuestren?
J. M. V. Creo que hay documentación, no lo sé. Yo he pedido una copia de todo lo que me contaron y no me la dan.
Un número de teléfono para implicar al presidente del Gobierno y otras pruebas
El comisario Villarejo cambió en mayo pasado la versión que dio a EL PAÍS —” con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios, es con el señor Rajoy— en su última comparecencia ante la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados. En esa intervención, Villarejo sorprendió a todos al explicar que se comunicaba con Mariano Rajoy a través de un número de teléfono que le facilitaron para ponerle al día de las novedades del operativo para robar documentación a Bárcenas.
Tras esta confesión, Villarejo facilitó al juez instructor del caso varios números de teléfono que, supuestamente, correspondían a sus contactos con el presidente Rajoy. La policía ha investigado ese número de teléfono y en un informe remitido al juez asegura que se trata de un número asociado a los teléfonos corporativos del Partido Popular. La investigación no ha profundizado más, pese al interés de la Fiscalía Anticorrupción por conocer el usuario de ese número.
Ese número de teléfono es la última prueba de las que se han presentado durante la investigación judicial para acreditar una operación policial que se hizo a espaldas del juez, sin ninguna cobertura legal, y cuyo objetivo, según el instructor y la Fiscalía, era ocultar pruebas que pudieran agravar la situación judicial del PP en relación con la presunta financiación ilegal de este partido.
Casi tres años de investigación judicial en una pieza separada del caso Villarejo han dado lugar a decenas de pruebas de una operación policial en la que participaron media docena de comisarios, decenas de policías (que hicieron seguimientos a la mujer de Bárcenas sin conocer el objetivo real de su trabajo), y con el supuesto conocimiento de los máximos responsables políticos del ministerio del Interior: Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. Las pruebas son, resumidas, las que siguen.
1. Registro al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En su teléfono móvil se halló un detallado informe sobre lo ocurrido que escribió el propio Martínez como una supuesta terapia psicológica que le recomendaron para superar el momento que atravesaba como consecuencia de la apertura de la investigación judicial. En esas notas, Martínez admitía que la operación se había hecho y responsabilizaba a sus superiores: “Recibí instrucciones muy concretas y tuve presión diaria para obtener y transmitir la información. A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesaba, pero escuché muchas veces de mi superior que era el asunto más importante que teníamos entre manos”. Para finalizar, Martínez reflexionaba sobre las causas que originaron una situación tan comprometida: “El desastre que supuso la detención del Yeti [apodo de Villarejo] lo provocó F. S. R. [Félix Sanz Roldán], entonces director del CNI) con pleno conocimiento de S. S. S. [la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría] y bajo la pasividad total de [Juan Ignacio] Zoido [entonces ministro del Interior], que no se enteraba de nada”. En ese registro del domicilio de Martínez también se intervinieron las actas notariales donde el ex secretario de Estado de Seguridad dejó constancia de los supuestos mensajes que le envió a su móvil el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidiéndole que se interesase por la operación policial que se había puesto en marcha.
2. Pago de fondos reservados del Ministerio del Interior. Recibos por 2.000 euros mensuales con la firma de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, aparecen en el sumario del caso. Corresponden a los pagos al confidente con dinero de los fondos reservados del ministerio del Interior que le hicieron el comisario Villarejo y el inspector Andrés Gómez Gordo, exasesor de Cospedal.
3. Grabaciones. El comisario Villarejo grabó sus conversaciones con el chófer de la familia Bárcenas durante los meses en los que este trabajó como confidente para el Ministerio del Interior. En esas conversaciones se delata el plan para sustraer documentación relevante al extesorero del PP.
4. Partes de seguimiento del espionaje ilegal. Los policías encargados de seguir durante meses a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, dejaron por escrito unos partes sobre los movimientos de su objetivo. Algunos de ellos explicaron al juez que ignoraban el objetivo perseguido con aquellos seguimientos, los agentes confesaron que se limitaron a seguir las órdenes que les dieron sin preguntar.
5. El juez instructor no conoció la investigación policial paralela de Interior. El Ministerio del Interior nunca puso a disposición del juez Pablo Ruz, que investigaba el caso Bárcenas, todo lo descubierto en la Operación Kitchen, según explicó al juez el inspector Morocho, principal investigador del caso a través de la UDEF.
6. Compra de ordenadores para facilitar información al ‘número dos’ de Interior. El comisario Enrique García Castaño relató al juez todas sus actividades dentro de la Operación Kitchen. Entre ellas, compró un ordenador para volcar en él toda la información robada a Bárcenas y que pudiera consultarla el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este lo negó. El recibo de la compra de ese ordenador está en el sumario.
7. 13 agendas del comisario Villarejo. Durante los años en que estuvo activo el operativo policial Kitchen, el comisario Villarejo apuntó en distintos cuadernos sus actividades diarias, sus charlas con distintas personas y sus citas. Esas agendas, incorporadas al sumario, cuentan una historia de la Operación Kitchen a través de distintos interlocutores, entre ellos el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.
8. Declaraciones de los participantes en la operación policial. El espionaje a Bárcenas y a su familia para buscar los secretos que supuestamente guardaba sobre la financiación ilegal del PP fue corroborado en la Audiencia Nacional por algunos de los comisarios que participaron en la operación como Enrique García Castaño o José Manuel Villarejo, además de las explicaciones dadas por el confidente Sergio Ríos.
https://elpais.com/espana/2021-10-01/francisco-martinez-numero-dos-de-interior-en-el-gobierno-de-rajoy-el-ministro-me-dijo-que-pidiera-al-cni-informacion-sobre-barcenas.html
En su escrito por el que se opone a la reapertura de la causa afirma que sus reuniones con el comisario eran intrascendentes, aunque el juzgado ha probado que le introducía de forma subrepticia en la sede del PP
Cospedal niega la "trama política" en Kitchen, rechaza investigar el teléfono de Rajoy y miente sobre Bárcenas
La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha presentado junto a su marido, Ignacio López del Hierro, un escrito de 46 páginas ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha accedido la SER, por el que se opone a la reapertura de la investigación de la operación Kitchen reclamada por la Fiscalía Anticorrupción y a que vuelva a tener la condición de imputada en este operativo supuestamente sufragado con fondos reservados, para robar y destruir las pruebas que tuviera el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre la caja B de este partido o sus dirigentes.
Cospedal, después de elogiar la “brillante motivación” del juez instructor García Castellón para exculparla, censura los argumentos del Ministerio Público para mantener abierta la causa.
Sostiene que las reuniones que mantuvo desde 2009 con el comisario jubilado José Villarejo en la sede del PP eran intrascendentes y tenían un mero “carácter social” porque se limitaban a comentar la “actualidad política y judicial del momento” sin que el comisario le aportara novedad alguna que ella no conociera ya por los medios de comunicación. Sin embargo, esta pretendida vacuidad de esos encuentros contrasta con las precauciones establecidas por María Dolores de Cospedal para mantenerlos, porque enviaba a su coche oficial, con lunas tintadas, a recoger al comisario a la acera de enfrente en la calle Génova y lo introducía a continuación por el garaje de la sede nacional del PP, desde donde subía directamente por el ascensor hasta el despacho en el que ambos se reunían. De esta forma, Villarejo entraba en la sede de forma subrepticia y ni siquiera quedaba constancia de su asistencia en el libro de visitas del Partido Popular.
Este extremo fue corroborado ante el juez por el jefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, quien también admitió que hubo más reuniones de las “3 ó 4” que la exsecretaria general reconoció. En su escrito, Cospedal concede que Ortiz puede estar más cerca de la realidad al narrar que hubo entre “8 ó 9 citas” como mínimo y achaca el desfase y el posible fallo de memoria al “tiempo transcurrido”.
Rechaza investigar a Rajoy y al PP
El letrado de María Dolores de Cospedal rechaza la pretensión de la Fiscalía, que quiere investigar el posible teléfono del expresidente Mariano Rajoy con el que según Villarejo, ambos se intercambiaban mensajes sobre la marcha del operativo corrupto. En este sentido, descarta por inveraces las grabaciones que obran en poder del sumario, según las cuales “el Barbas” o “el Asturiano” Rajoy estaba al corriente de la investigación y añade que el comisario pudo obtener de fuentes abiertas el número de teléfono atribuido al expresidente que ha aportado al procedimiento.
Niega la evidencia
A juicio de la exsecretaria general, la justicia no debe investigar el “supuesto patrocinio político” del PP en la causa porque “no hay razones jurídicas para ello”. Y no hay razones, según el escrito, porque rechaza hasta las más sospechosas. Así, cuando Icíar de Castro, la asistente del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, le escribe “Te han engañado. No eres como ellos. Estoy absolutamente segura de eso. Fuiste leal y agradecido”, la defensa de Cospedal se pregunta “¿por qué el Ministerio Fiscal puede pensar que se está refiriendo a alguien del Partido Popular?”. Icíar de Castro escribió aquellos mensajes a Martínez después de que éste llamase “miserables” a Rajoy y Cospedal.
Miente sobre Bárcenas
La defensa de Cospedal también miente en su escrito cuando rememora las acciones del PP contra su extesorero, Luis Bárcenas. Afirma que “se le dio de baja como militante en abril del 2010”, pero según documentación bancaria del sumario en poder del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Bárcenas estuvo pagando la cuota de militante del partido hasta abril de 2013, tres meses después de que fueran descubiertas sus cuentas en Suiza, dos meses más tarde de que el diario El País publicase sus célebres papeles manuscritos y cuando faltaban menos de dos meses para el ingreso en prisión del extesorero.
https://cadenaser.com/ser/2021/09/23/tribunales/1632390052_440676.html
Coincide con el juez García Castellón en que la investigación de la operación Kitchen está "agotada" y pide confirmar su exoneración
Insiste en que todo fue una trama policial para que los tribunales no indaguen más en el PP
La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal está completamente de acuerdo con el final de la instrucción de la operación Kitchen, la pieza 7 del caso Tándem. Seguir investigando le supondría continuar imputada y quizá, dar más explicaciones sobre sus reuniones con el comisario José Manuel Villarejo. Esos encuentros son definidos por la exdirigente conservadora, en el escrito en el que se opone a la reapertura de diligencias, como citas "de carácter social" en las que "comentaron cuestiones de la actualidad política y judicial del momento, también alguna noticia de prensa". Sin embargo, tanto lo que ella misma declaró ante el juez como las grabaciones difundidas por Moncloa.com del primer encuentro entre el expolicía y la ex número dos del PP discrepan de lo que se suele considerar una reunión social.
Por un lado, la propia Cospedal dijo ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, cuando declaró como investigada, que accedió a recibir a Villarejo en el verano de 2009 porque temía que el partido, entonces en la oposición, estuviera siendo espiado por el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba. En los audios publicados sobre la reunión que mantuvieron en la sede del PP de la calle Génova se revela el interés de la ex secretaria general del PP en conocer el papel de su compañero de partido Javier Arenas en la Fundación de Estudios Europeos, asunto sobre el que su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, encargó al comisario jubilado un "dossier pagado", tal y como se evidencia en otra grabación.
En un momento dado de la conversación entre Cospedal, López del Hierro y Villarejo, éste pide discreción al matrimonio sobre el asunto, algo en lo que está de acuerdo la exsecretaria general: "No puede trascender", dijo la exdirigente conservadora, cirunstancia que tampoco parece ajustarse a ese "carácter social" del que habla en su escrito entregado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso infoLibre. El marido de Cospedal, que también estuvo, como ella, imputado menos de dos meses por la operación Kitchen, ha entregado su propio escrito pero adhiriéndose al de su mujer, que tiene 46 páginas, y apuntando únicamente que él nunca ha sido militante del PP y mucho menos dirigente.
Según Cospedal, después de ese primer encuentro con Villarejo en julio de 2009 hubo otras "tres o cuatro" reuniones. Su exjefe de gabinete José Luis Ortiz recordaba que fueron más y elevó la cifra de los encuentros a entre "ocho y diez". En cualquier caso, unas citas que también distan bastante de lo que suele ser un encuentro social: el comisario jubilado esperaba en una calle cercana a la sede del PP, un coche oficial con las lunas tintadas iba a buscarle y el vehículo entraba en Génova por el garaje, esto es, sin pasar por el control de seguridad de la entrada.
La ex secretaria general aceptó reunirse con Villarejo, según dijo ella misma, por la gran red de contactos que tendría el comisario, pero si bien le pareció importante en 2009 que él le facilitara información, ahora en su escrito pone en duda la credibilidad del expolicía, afirmando que sus declaraciones judiciales tienen "cero" valor probatorio.
Insiste en la trama policial para que se descarte al PP
Por otra parte, la ex número dos del PP expone en su escrito que no tiene dudas de que las pesquisas en torno a la supuesta trama política, es decir, las que llevaron a apuntar que el cerebro de la operación Kitchen estaría en el partido conservador, están "agotadas" sin "indicios sólidos", lo que conduciría a la conclusión de que sólo fue una "operación policial", como ya dijo en su declaración judicial, en la que limitó el operativo a una actuación policial cuya responsabilidad, en todo caso, sólo se podría atribuir al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz.
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, cree que el magistrado debe seguir investigando la llamada "conexión política", que habría dado la cobertura necesaria para que Interior y la cúpula policial pudieran poner en marcha la operación. En este paraguas político, los fiscales incluyen a Cospedal y apuntan también al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y consideran que aún hay hilos de los que tirar para investigar.
A la ex secretaria general le parece bien la "línea roja", en palabras de Anticorrupción, que habría puesto el juez García Castellón para seguir indagando en una posible implicación de dirigentes del PP. Por eso, considera improcedente la petición del Ministerio Público de investigar los cinco números de teléfono que Villarejo aportó a la causa asegurando que a través de ellos mantenía a Rajoy al corriente de Kitchen. Aquí, vuelve a cuestionar la credibilidad del comisario jubilado: "Sabido es que la declaración incriminatoria de un imputado por sí sola no puede constituir prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia", sino que debe ser corroborada por "datos objetivos".
COSPEDAL DEFIENDE A RAJOY EN KITCHEN: “NO HAY PRUEBA DE QUE SE COMUNICARA CON VILLAREJO”
La ex secretaria general del PP minimiza sus encuentros con el comisario y los define como “reuniones de carácter social”
María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, mueve ficha en el caso Kitchen. La exministra de Defensa ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional para contrarrestar la petición de la Fiscalía Anticorrupción de volver a imputarla en este sumario, donde se investiga la operación policial puesta en marcha en 2013 en el Ministerio del Interior con el presunto objetivo de arrebatar al extesorero popular Luis Bárcenas documentos comprometedores para altos cargos de la formación. “No existen indicios de criminalidad contra Cospedal”, subraya la defensa de la antigua política, que aprovecha la ocasión para salir en apoyo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a quien el comisario jubilado José Manuel Villarejo señaló como conocedor de la trama.
El movimiento de la ex secretaria general del PP se produce después de que el juez instructor Manuel García-Castellón archivase el pasado julio las pesquisas contra ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. El magistrado circunscribió así toda la responsabilidad al Ministerio del Interior. Pero la Fiscalía, que considera que existe una rama política que conecta con la antigua cúpula del PP, recurrió este septiembre dicha decisión al considerar que constan “suficientes indicios de criminalidad” contra Cospedal, a la que atribuye un “interés personal” en Kitchen. Una tesis que también defienden las acusaciones populares: PSOE y Unidas Podemos.
Pero Cospedal se sacude todas esas imputaciones en el escrito enviado a la Audiencia, fechado este 22 de septiembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS. “La Fiscalía tiene una idea preconcebida que a toda costa quiere continuar investigando de forma prospectiva”, arremete su abogado, Jesús Santos. En el documento, además, el letrado resta valor a los sucesivos encuentros que mantuvieron Cospedal y su marido con Villarejo, así como a las agendas del comisario que reflejan continuos contactos telefónicos —ratificados por un informe de Asuntos Internos de la Policía, que detalla más de 70 comunicaciones entre el policía y el entorno de la dirigente popular durante los meses de espionaje a Bárcenas— y supuestas entregas de dinero.
Según dice el escrito, la exministra habló por primera vez con Villarejo en 2009. Se lo presentó López del Hierro, que lo había conocido fugazmente en la década de los noventa y que tejió, “a partir del año 2000″, una relación con el comisario tras “encontrar por casualidad en las inmediaciones de la zona Azca de Madrid (Villarejo tenía sus oficinas en la Torre Picasso y el Sr. López de Hierro trabajaba en esa zona)”. “Quedaban de vez en cuando a tomar un café y ponerse al día. Se trataba de una relación puramente social. En esos encuentros, hablaban de política, de anécdotas del mundo policial y judicial, de las cosas que iban apareciendo en prensa, de empresarios... Si bien, Villarejo nunca le contó nada a López de Hierro que este último no supiera, o por la prensa o por otras fuentes”.
De esta forma, prosigue la defensa de la expolítica, “Cospedal conoció al Villarejo en julio de 2009, en una visita en la sede de Génova. Villarejo le pidió a López de Hierro que se la presentara, y ella no tuvo inconveniente ninguno en conocerle. Villarejo motivó la visita en que quería trasladarle información interesante sobre determinadas personas del partido”, expone su abogado. Esa fue la primera de varias citas. Pero, según argumenta su letrado, el comisario nunca “le trasladó nada que ella ya no supiera o por la prensa o por otras fuentes”. Según su versión, nunca le proporcionó datos confidenciales del caso Gürtel, como sostiene la acusación. Y, por tanto, estas reuniones eran “de carácter social”.
Cospedal aprovecha entonces para lanzar un dardo: “Hoy se conoce que Villarejo se ha reunido y ha conocido a muchísimas personalidades de la sociedad española, ya sea del ámbito político o del ámbito privado, incluidos jueces y fiscales de [la Audiencia Nacional]”.
En defensa de Rajoy
En su recurso, aún pendiente de resolver, Anticorrupción también pidió que se sigan investigando los datos que apuntan a que Rajoy podía estar al tanto de los manejos de Villarejo. El comisario afirmó en mayo que se comunicaba con el expresidente del Gobierno, a quien dijo que mantenía informado sobre Kitchen. Y aportó el número de teléfono que supuestamente usaba el entonces jefe del Ejecutivo para comunicarse con él. Aunque, en una entrevista previa con EL PAÍS, lo negó: “El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios es con el señor Rajoy”, dijo.
Una pista que Anticorrupción quiere seguir, pero que García-Castellón descartó: “No es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba Villarejo”, expuso el magistrado. En esa defensa ahonda también Cospedal. “No constan comunicaciones entre los teléfonos de Villarejo y el teléfono facilitado por el mismo investigado que, según él, sería utilizado por Rajoy”, expone. “Que conozca un número de teléfono titularidad del PP —y, según él afirma, utilizado por Rajoy— no prueba en absoluto, como es natural, que se comunicaran”. “A Villarejo no le es difícil conseguir un concreto número. Podría conseguir fácilmente el teléfono de Rajoy, como el de cualquier otro servidor público o personalidad de nuestro país; [facilitándolo] y [...] afirmando que le informaba de la llamada Operación Kitchen, sin que ello pueda comportar, obvio es, ningún indicio”.
La defensa de Cospedal también carga contra los apuntes de las agendas del comisario que la señalan: “Las anotaciones presuntamente efectuadas por el investigado Villarejo, si no se corroboran por ningún otro dato objetivo, no pueden servir por sí solas”. Y resta importancia a la declaración de su antiguo jefe de gabinete, José Luis Ortiz, que elevó a ocho o diez los encuentros de la secretaria general con el policía, después de que ella afirmara en la Audiencia que solo habían sido tres o cuatro: “Lo cierto es que Cospedal nunca manifestó con rotundidad el número de reuniones acontecidas, sino que simplemente dijo que creía recordar que fueron tres o cuatro. Pero que había pasado ya mucho tiempo y que no se acordaba bien. Sea como fuere, mi mandante sigue pensando que fueron tres o cuatro. No recuerda más”.
Elogios al juez
Cospedal no ahorra elogios a la decisión del instructor, calificando su auto de archivo como un “ejemplo de brillante motivación” o de “motivación impecable”. “El juzgado deja claro, en distintos pasajes, que debe descartarse del objeto del procedimiento la inexistente ‘trama política’ ajena al Ministerio del Interior. Y funda dicha decisión en razones motivadas”, subraya el abogado de la exdirigente popular, que apostilla: “No se han recabado indicios sólidos, solventes, para continuar por esa hipótesis acusatoria fundada en meras sospechas”. De hecho, ante la consideración de la Fiscalía de que la imputación e inmediata desimputación de Cospedal habría implicado cierta contradicción, la ex secretaria general añade: “La actuación del juzgado respecto de mi mandante y de su marido ha sido siempre coherente y transparente”.
BÁRCENAS SE ALINEA CON ANTICORRUPCIÓN Y PIDE REABRIR 'KITCHEN' APUNTANDO A RAJOY Y COSPEDAL
Los Bárcenas, tanto el extesorero como su mujer e hijo, se suman "íntegramente" a la impugnación formulada por el Ministerio Público así como a todos los argumentos expuestos por el PSOE y Podemos
El antiguo responsable de las cuentas del PP sostiene que "hay indicios bastantes" para afirmar la "existencia de la conexión política" que superaría la cúpula policial y el Ministerio de Interior
El extesorero del PP Luis Bárcenas se ha adherido al recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción con el propósito de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón reabra la investigación sobre la Operación Kitchen para ahondar en la presunta trama política, apuntando en este sentido a una implicación del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
En un escrito presentado este mismo miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, los Bárcenas -tanto el extesorero como su mujer, Rosalía Iglesias, y el hijo de ambos, Guillermo- se suman "íntegramente" a la impugnación formulada por el Ministerio Público y a "todos los argumentos" expuestos por las acusaciones populares de PSOE y Podemos en sus respectivos recursos.
Al igual que dichas partes, la defensa del antiguo responsable de las cuentas 'populares' busca revertir el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 con el que puso fin a la investigación de esta pieza separada de Tándem procesando a un total de once personas, entre las que destacan el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el comisario José Manuel Villarejo.
Bárcenas sostiene que "hay indicios bastantes" para pensar que "la existencia de la llamada conexión política", que superaría la cúpula policial y al Ministerio de Interior, era "imprescindible" para la "efectiva realización" de la Operación Kitchen, un dispositivo parapolicial que habría funcionado entre 2013 y 2015 con el objetivo de espiar al ex tesorero y su entorno para robarle la documentación comprometedora que pudiera guardar del PP y sus dirigentes.
Así, apoya la petición que el Ministerio Fiscal hizo al juez para que siguiera investigando los cinco números de teléfono con los que Villarejo dijo que se comunicaba con Rajoy para tenerle al corriente del espionaje a Bárcenas. "No es la primera ocasión en que a lo largo de la investigación aparecen elementos que revelan una necesaria responsabilidad del presidente del Gobierno en los hechos que se investigan", recuerda.
En cualquier caso, señala "el hecho evidente de que se trataba de un Ministerio (Interior) bajo la presidencia de don Mariano Rajoy, siendo los cargos políticos de dicho Ministerio miembros del Partido Popular, al que en bloque afectaba la información que sustrajeron de forma ilícita al señor Barcenas". La defensa advierte de que, si se insiste en rechazar las pesquisas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido, "se impide poder acreditar el conocimiento y la participación del señor Rajoy en los hechos".
Indicios "abrumadores" contra Cospedal
En la misma línea, ve "prematuro" el archivo de la causa para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que estuvieron imputados ante la sospecha de que podrían haber tenido una participación "decisiva" en la captación del entonces chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía de la Kitchen. Y ello -esgrime- "atendiendo a los abrumadores indicios de su participación en los hechos objeto de investigación, indicios que por otro lado sí se han tenido en cuenta curiosamente para proceder contra otros investigados".
Por otro lado, entiende que se debería investigar como parte de la Kitchen tanto el "control irregular" al que fue sometido Bárcenas cuando estuvo encarcelado de forma preventiva en Soto del Real en 2013 y 2014 como el asalto de la vivienda familiar por parte del 'falso cura' Enrique Olivares.
Sobre ese incidente, ocurrido el 23 de octubre de 2013, subraya que no solo coincidió temporalmente con el desarrollo del operativo parapolicial sino que tenía "idénticos objetivos, es decir, apoderarse del material documental y sonoro que pudiera tener en su domicilio don Luis Bárcenas". Con todo, reivindica que se debe continuar indagando en esta pieza 7 siguiendo el camino indicado por los fiscales anticorrupción a fin de "esclarecer los hechos y quien participó en los mismos".
BÁRCENAS SE SUMA A LA FISCALÍA Y PIDE IMPUTAR DE NUEVO A COSPEDAL EN LA KITCHEN
Anticorrupción, Podemos y PSOE solicitaron al magistrado continuar con la investigación y no exculpar a la exsecretaria general del PP
El pasado 29 de julio del 2021 el juez de la operación Kitchen, Manuel García-Castellón, dio carpetazo a la investigación exculpando a la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, así como al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy entre otros. La Fiscalía Anticorrupción, así como Podemos y PSOE, enviaron sendos escritos solicitando la revocación del auto con el que el magistrado salvó a Cospedal del juicio. A ellos se ha sumado también se ha sumado Luis Bárcenas.
Según ha adelantado El Confidencial, el extesorero del PP ha se ha adherido al escrito presentado por la Fiscalía en contra de la concusión de la investigación de la Kitchen. Así las cosas, se suma a la petición de ampliar las pesquisas del caso e imputar a la que fuera secretaria general de su formación, Cospedal, con quien mantiene un enfrentamiento desde el estallido del caso Gürtel.
Anticorrupción ya había abogado en escritos anteriores por prorrogar la investigación de 'Kitchen' más allá del 29 de julio, cuando caducaba, al tiempo que había solicitado a García-Castellón que llevara a cabo nuevas pesquisas, si bien el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 optó por terminar la instrucción.
En total, han sido procesadas once personas, empezando por el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez; y siguiendo con el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino, los comisarios Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo; para terminar con los policías Bonifacio Díez y José Ángel Fuentes Gago, y el ex chofer de la familia Bárcenas Sergio Ríos.
El juez ha considerado acreditado, a nivel indiciario, que todos ellos, "puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos que estaban llevando a cabo", pusieron en marcha la Kitchen, lo que sería constitutivo de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.
Además, asumió que la Kitchen consiguió sus objetivos, que era robar a Bárcenas la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes para evitar que llegara a manos de la Justicia.
LOS FISCALES ACUSAN AL JUEZ DE 'KITCHEN' DE PERMITIR CON SU INSTRUCCIÓN EL ÉXITO DE LA TRAMA CORRUPTA
Advierten de que cerrar la investigación sin agotar todas las vías para encontrar el material robado a Bárcenas sería como asegurar el éxito del operativo ilegal
Las otras ramificaciones de la trama, el dinero malversado y la pista del PP: los flecos de una investigación que García Castellón ha dejado a medias
"Incomprensible", "caótica", "precipitada", "inconcebible" son algunos de los adjetivos que Anticorrupción usa para calificar la actuación de García Castellón
Un cierre en falso de la investigación. Es la conclusión que se extrae de los extensos recursos que han presentado la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares y particulares ante el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, la conocida como operación Kitchen. Uno por uno, los escritos enumeran todos los indicios que, en su opinión, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dejado sin esclarecer, dejando así una buena cantidad de flecos que no han sido aclarados. Uno de ellos, de los más importantes: el material robado a Luis Bárcenas. La negativa del instructor a seguir indagando en su paradero sería, a juicio de los fiscales, como asegurar el éxito de la operación ilegal.
No es poco lo que creen las acusaciones que falta por investigar. Desde una mención a la vinculación directa de esta trama parapolicial con la investigación del caso Gürtel, pues eran pruebas de éste lo que se pretendía destruir; pasando por seguir indagando en las otras ramificaciones que tuvo la Kitchen más allá de los inmuebles de la familia Bárcenas y que se extendieron hasta la cárcel de Soto del Real, así como tratar de determinar el dinero público malversado durante los aproximadamente dos años en que estuvo en marcha la operación (2013-2015); hasta llegar a lo que las acusaciones ven como el centro de todo el entramado: el PP que entonces dirigía Mariano Rajoy, donde sospechan que se gestó toda la trama –o al menos tuvo conocimiento– y sobre lo que el magistrado apenas ha indagado. Una imputación exprés de María Dolores de Cospedal, que apenas se prolongó dos meses, son todas las pesquisas que el instructor ha dedicado a esta pista.
Era previsible que las acusaciones recurrieran el cierre de la instrucción, visto que el juez había rechazado de plano sus peticiones de alargar las pesquisas y de practicar nuevas pruebas. Ante una actuación procesal que los fiscales llegan a calificar de "caótica", la prueba de fuego se presentará ahora en la Sala de lo Penal, es decir, un tribunal de tres magistrados que tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o confirma el fin de la causa y la envía a juicio. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción. De hecho, todas las partes personadas en este procedimiento, esto es, acusaciones y las defensas de los procesados, han recurrido y unos lo han hecho en reforma, ante el propio magistrado, subsidiario de apelación, ante la Sala, mientras que otros han ido directamente a la Sala. El tribunal resolverá este otoño.
¿Y dónde están los papeles?
No dejan escapar los fiscales y las acusaciones quizá el quid de la cuestión más importante de esta investigación: ¿qué quería robar a Bárcenas el operativo ilegal? Supuestamente se trata de documentación y grabaciones que implicarían directamente al PP en la financiación ilegal que en aquellos momentos se había comenzado a investigar en la Audiencia Nacional. El juez y las acusaciones coinciden en señalar que la operación Kitchen tuvo éxito, pero ¿dónde están los documentos? En lo que difieren es en la necesidad de seguir indagando para averiguar el paradero. Un fleco más que se ha quedado sin esclarecer y que los fiscales insisten en completar todas las pesquisas posibles, algo que García Castellón ya ve "innecesario".
Lo que Anticorrupción traslada a la Sala de lo Penal es que sería conveniente una nueva declaración del inspector José Ángel Fuentes Gago basándose en uno de los apuntes que figuran en los diarios personales del comisario Villarejo: "Lo que le quitaron a LB esta en el despacho de GAGO".
"Cómo no va a ser objeto de la presente investigación obtener las evidencias del acceso por parte del operativo policial al material que se encontraba en poder de Luis Bárcenas y, en consecuencia, la recuperación de esa información, cuando es el propio instructor el que afirma que se han efectuado varias diligencias, sin éxito, encaminadas a la búsqueda de este material. La ratificación de la inconcebible posición del instructor a este respecto traería como consecuencia, más allá del enjuiciamiento de los partícipes en este gravísimo hecho delictivo en atención a los numerosos indicios, que la ilícita operación policial (o, si se llega a acreditar, política) conocida como operación Kitchen habría logrado plenamente sus objetivos", afirman los fiscales. En resumen, dejar de investigar hasta las últimas últimas consecuencias sería como contribuir a asegurar que el operativo ilegal consiguió su propósito haciendo desaparecer información comprometedora para el PP.
Rajoy y Cospedal, en la mira de Fiscalía
Es esa pata política de la operación Kitchen que Anticorrupción ve clara y que el juez García Castellón desdeña la principal que se ha quedado sin investigar por completo. Y es que el instructor tomó declaración a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y no hizo nada más por averiguar si éstos tuvieron alguna relación con la trama. Para la Fiscalía sí está claro, pues considera que era el PP era el principal interesado en robar documentación a su extesorero y, por tanto, la que era la número dos del partido protegía esos intereses.
El escrito de la Fiscalía es muy contundente en sus más de 90 páginas y no deja lugar a dudas: la exoneración de Cospedal y su esposo es "precipitada" y "extemporánea", y hacía falta seguir indagando para "el total esclarecimiento de los hechos". ¿La razón? Sencillamente, que Anticorrupción cree que el matrimonio ha mentido en sede judicial o, al menos, ha caído en contradicciones, por lo que ve "incomprensible" que el juez les libre de todo tan fácilmente. No dicen los fiscales que se haya demostrado que la ex secretaria general del PP y el empresario fueran los responsables de la trama Kitchen, pero reprochan al juez que ni siquiera siga indagando vistas las "contradicciones" en las que, en su opinión, cayeron ambos en sus declaraciones como imputados.
Así, el Ministerio Público acusa directamente a García Castellón de imponer una especie de "cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación". Un cordón que se extiende hasta la negativa para investigar los posibles contactos que, según el comisario José Manuel Villarejo, éste mantuvo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Según el expolicía, le facilitaron durante varios meses varios teléfonos móviles y él iba enviando mensajes a un teléfono que ha facilitado al juzgado al que contaba las novedades de la operación. Al otro lado de ese teléfono, dice, estaba Rajoy.
Según la Cadena Ser, la Policía informó al juez de que uno de los números aportados por Villarejo pertenecía al PP, tal y como han podido corroborar con la compañía telefónica, y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018, periodo que coincide prácticamente con el tiempo en el que Rajoy fue presidente del Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción apunta en su recurso a "una posible responsabilidad" del expresidente y afea al magistrado que "se quiere delimitar artificialmente" la operación Kitchen al ámbito del Ministerio de Interior. Que el operativo lo desarrollasen comisarios con "conocimiento y protección" del departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz "no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP, no constituyan el objeto del procedimiento". Por tanto, cree que es "imprescindible" dilucidar "si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior "actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental".
Dado que el juez García Castellón dejó claro en su auto de fin de la instrucción que no daba credibilidad a las afirmaciones de Villarejo sobre Rajoy, Anticorrupción ha optado por acudir directamente a la Sala de lo Penal como último intento para obligar al magistrado a reabrir las pesquisas y poder indagar en la responsabilidad política de la trama parapolicial de espionaje a Bárcenas. Y es que no sólo las acusaciones ven al PP como posible centro neurálgico de la Kitchen: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz lo sugiere de forma implícita en su recurso contra su procesamiento.
Ya lo venía a apuntar el exministro en el primer recurso que presentó en la Audiencia Nacional, cuando fue imputado hace ahora un año. Ahora, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores de Mariano Rajoy, insiste en que es “realmente preocupante” que el magistrado concluya la instrucción "limitando el objeto de investigación al entorno del Ministerio del Interior” y “considerando que la operación Kitchen se ideó y ejecutó en el marco institucional de dicho ministerio”. “Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”, subraya.
Llamativa en toda la investigación de esta pieza 7 del caso Villarejo es la ausencia de Ignacio Cosidó. No ha sido citado a declarar ni una sola vez, ni como testigo ni como imputado, en los casi tres años en que ha estado abierta la instrucción a pesar de que dirigía la Policía en los años del operativo ilegal, ocho mandos policiales de los que era responsable han sido procesados, así como sus superiores inmediatos en el Ministerio del Interior. Ni siquiera para preguntarle si llegó a oír o a conocer la operación. La Fiscalía tiene claro que debe ser citado como investigado.
Las otras Kitchen
Pero no sólo queda el PP por investigar. La instrucción ha revelado que los tentáculos de la Kitchen se llegaron a extender al ámbito carcelario, concretamente al centro de Soto del Real en el que el extesorero del PP ingresó en julio de 2013. Y sigue planeando la sospecha sobre el falso cura, de nombre Enrique Olivares, que secuestró a la mujer y el hijo de Bárcenas en su domicilio, hechos por los que cumple condena. Las dudas sobre estos dos posibles operativos paralelos no han sido resueltas aún y su confirmación podría sumar nuevos investigados de las fuerzas de seguridad del Estado.
No es algo menor, pues cuantos más efectivos, más colaboradores y más medios se destinaran a esta operación ilegal, más dinero público proveniente de los fondos reservados implicó. Más si cabe cuando el propio García Castellón subrayaba en el auto de cierre de la pieza que de la investigación "se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales".
Las palabras "fondos reservados" son una constante en el auto del magistrado. Las menciona no pocas veces para exponer la gravedad que supusieron los hechos investigados y para exponer el por qué del delito de malversación por el que propone juzgar a once imputados, todos ellos funcionarios públicos o cargos políticos que tuvieron responsabilidad sobre millones de euros de dinero público que en teoría debían financiar operaciones policiales que pueden afectar a la seguridad del Estado, no para satisfacer los intereses particulares de un partido político, intereses que, además, eran ilegales porque se pretendía sustraer pruebas de una investigación judicial.
El juez no llega a cuantificar una cifra aproximada de cuántos fondos reservados se gastaron ilícitamente en la operación Kitchen. Hasta el momento sólo ham quedado acreditados los 2.000 euros al mes, más gastos, que estuvo percibiendo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por hacer de confidente para los comisarios que estaban liderando el operativo. Esto es, al menos 53.000 euros. A esto habría que añadir los 700 euros que costó la pistola que le facilitó el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, más el material informático que éste habría cargado a esos mismos fondos.
Por tanto, aún queda mucho por averiguar en este sentido, más aún cuando pudo haber más operativos ilegales en marcha para el "control" de Bárcenas. Los fiscales plantean profundizar en las pesquisas sobre un antiguo compañero de cárcel de Bárcenas, Isidro Sánchez, a quien el extesorero habría dado indicaciones para que en un permiso penitenciario borrara la supuesta grabación del expresidente Rajoy y Javier Arenas hablando de la contabilidad opaca del PP. También quieren volver a investigar al falso cura (encargar un nuevo informe psicológico, rastrear sus cuentas bancarias, etc.).
Anticorrupción pide en su recurso investigar "una fase más" del espionaje que Bárcenas sufrió en prisión y romper la "línea roja" que el juez ha trazado alrededor del PP. La Sala de lo Penal tendrá la última palabra sobre los recursos de acusaciones y defensas coincidentes en que el fin de la instrucción fue precipitado
Tres jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal decidirán si el caso Kitchen debe ceñirse al sabotaje de la causa de la caja B del PP, ideado y desarrollado dentro de los márgenes del Ministerio del Interior, o si hay que seguir investigando la presunta implicación de la cúpula del partido, a la que pertenecían los mayores beneficiados de la operación. Esta semana han terminado de presentarse los recursos pendientes contra el auto del juez Manuel García Castellón que puso fin a la instrucción, una decisión que acusaciones y defensas coinciden en considerar "precipitada" y un "cierre en falso".
En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción recupera los indicios que el juez ha despreciado contra Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, así como otras puertas que el magistrado García Castellón cerró. Entre ellas, quién está detrás del falso cura que asaltó el domicilio de los Bárcenas o el esclarecimiento de "una fase más" de Kitchen desarrollada en el interior de la cárcel donde permanecía el extesorero del PP en régimen de prisión preventiva.
La Fiscalía y las acusaciones populares, que ejercen PP y PSOE, han decidido recurrir ante la Sala de lo Penal, la instancia superior a García-Castellón. La Sección que resuelve los recursos contra las decisiones del magistrado en la causa Tándem es la Tercera, presidida por el magistrado Alfonso Guevara. Esta sección ya ha corregido en el pasado relevantes decisiones de García Castellón, entre otras la de retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias en el caso Dina.
Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por elDiario.es no se atreven a aproximar la fecha de resolución por parte de la Sección Tercera sobre el auto de procesamiento de Kitchen, al tiempo que recuerdan que aún está pendiente que esa misma Sección se pronuncie sobre la resolución equivalente en el citado caso Dina, dictada por García Castellón en octubre de 2020.
"El cordón" que protege al PP
La Fiscalía Anticorrupción reconoce en su escrito que no existen los mismos indicios en la causa contra los responsables del Ministerio del Interior que contra María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Añade que las grabaciones y notas del comisario demuestran el "interés" que la número dos del PP en aquella época tenía en conocer todo lo que pudiera esconder el extesorero o los avances en la investigación de la caja B. Pero que entre ese "interés" y el "conocimiento y patrocinio político de la Operación Kitchen hay un trecho".
Es entonces cuando la unidad especializada de la Fiscalía proyecta la más grave duda sobre la actuación del juez: "Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que ya se conocían al inicio de la formación de la presente pieza separada número 7".
En este sentido, los fiscales recuerdan cómo el juez les respondió en octubre de 2020 que antes de imputar a Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, había que preguntar al número dos de Interior Francisco Martínez por el conocimiento o participación de ambos en la trama, pero que cuando llegó el momento de su declaración y solo él tuvo oportunidad de preguntar a Martínez, que se negó a responder a los fiscales, García Castellón no le hizo ni una sola pregunta al respecto. Y eso que Martínez había dejado por escrito en uno de los mensajes que se le incautaron que el conocimiento de la Kitchen que tenía Cospedal era "fácil de probar".
Además de recurrir a los "múltiples indicios" en el sumario para proseguir la investigación a López del Hierro y Cospedal, Anticorrupción pide a la Sala de lo Penal que enmiende el error de García Castellón de no citar como imputado al director general de la Policía en el momento del espionaje a Bárcenas, Ignacio Cosidó.
Es el propio ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, quien en su recurso contra el cierre de la instrucción señala a la cúpula del PP en lo que se presenta como la ruptura definitiva con el partido que le mantiene suspendido de militancia. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", explica el recurso de la defensa de Fernández Díaz.
Ese Partido Popular es aquel que presidía Mariano Rajoy, uno de los grandes amigos de Fernández Díaz, al menos entonces, y otro de los eslabones que corta el juez en la cadena de investigación, según la Fiscalía. Anticorrupción quiere que se siga indagando en los números de teléfono que Villarejo facilitó, aquellos a los que, según su relato, escribía para informar personalmente al entonces presidente del Gobierno de los avances de la operación Kitchen. Asuntos Internos estaba pendiente de información de las compañías telefónicas sobre dichos terminales cuando García Castellón cerró sorpresivamente la investigación, según demuestra un informe de la unidad policial que obra en el sumario.
El falso cura
La Fiscalía Anticorrupción tampoco se da por vencida en su intento de esclarecer quién puede estar detrás de Enrique Olivares García, el hombre que disfrazado de cura secuestró a la familia de Bárcenas. "No se puede descartar [dicen los fiscales] que el asalto al domicilio de la familia de Luis Bárcenas, que se produjo el día 23 de octubre de 2013, fecha coincidente con el pleno desarrollo de los operativos de vigilancia desplegados por la UCAO como parte esencial de la Operación Kitchen, estuviera directamente relacionada con esta y hubiera sido también planificada y dirigida por los servicios de seguridad del Estado, al obedecer el asalto a los mismos objetivos de apoderamiento del material documental que pudiera encontrarse en poder del anterior tesorero del Partido Popular".
Anticorrupción detecta una serie de irregularidades en el carpetazo a este caso y los detalla en su escrito. Una comisión judicial, en la que participó la Fiscalía y también el juez García Castellón y una médico forense de la Audiencia Nacional, visitó a Olivares en prisión el 29 de enero de 2020, después de haber sufrido un ictus y de que sus facultades físicas y psíquicas quedaran mermadas. Le fue encargado un informe a la médico de la comitiva judicial, que tuvo acceso al expediente psiquiátrico en prisión del interno. La doctora cayó enferma antes de emitirlo y en octubre el juez citó en la Audiencia Nacional al recluso. Con un informe de otro forense, dio carpetazo al caso por imposibilidad de que Olivares pudiera declarar.
Este mes de septiembre se ha conocido que la Fiscalía había pedido la citación como imputado de Olivares y que se requiriera a la médico forense original del caso el informe pendiente. García Castellón despachó el asunto apoyándose de nuevo en el informe exprés que sirvió para el archivo y rechazó la petición de Anticorrupción.
El falso cura, al que se describió como un indigente con las facultades mentales mermadas durante el juicio por el asalto, ha recibido continuos ingresos en su cuenta del peculio de la cárcel cuyo origen la Fiscalía quiere determinar, igual que la identidad de los policías que visitaron en la cárcel a Olivares una vez condenado y por qué lo hicieron.
Igualmente, el fiscal se pregunta por la "pluralidad de abogados" que han asistido a una persona aparentemente sin recursos y se interesa especialmente por uno, Andrés Ruiz Cubero, cuyo hermano Javier ha sido compañero de cárcel de Villarejo en el módulo de funcionarios de Estremera. Javier Ruiz Cubero está investigado por su participación en la trama de venta de documentación que el comisario habría dirigido durante su etapa en prisión provisional. Los fiscales también quieren que declare como testigo un recluso que utilizó Instituciones Penitenciarias como una suerte de traductor de Olivares, que apenas podía comunicarse pero que interactuaba con ese citado interno.
La Kitchen en prisión
La Fiscalía pide asimismo continuar indagando en la figura de Isidro Sánchez Suárez, el recluso colombiano al que Bárcenas asegura que recurrió para borrar en la nube grabaciones que comprometían a Mariano Rajoy y Javier Arenas en la caja B del PP. Anticorrupción sospecha que Sánchez Suárez acabó siendo dentro de la cárcel un topo de la brigada política que ejecutó la Kitchen dentro de Soto del Real como lo fue el chófer Sergio Ríos fuera y que debe declarar como imputado, otra de las diligencias denegadas por el juez al cerrar la instrucción.
Los fiscales presentan una serie de líneas de investigación en torno a Sánchez Suárez sobre las que deberá decidir ahora la Sala de lo Penal y que se desconocían por la decisión de García Castellón de no dar traslado a las partes del escrito de solicitud de diligencias de la Fiscalía en julio, antes del auto de procesamiento. Por ejemplo, los fiscales quieren saber por qué agentes de la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista, hicieron consultas en las bases de datos sobre un individuo al que Isidro Sánchez denunció por el robo de una parte de la cantidad de dinero que previamente el padre del colombiano había entregado a esta persona denunciada.
En este sentido, quieren que declare sobre este asunto el comisario procesado Enrique García Castaño, exjefe de la UCAO, y que pase a estar imputado su segundo entonces, Mariano Hervás, sobre el que los fiscales consideran que hay indicios sobrados en el sumario para que se le tome declaración en calidad de investigado.
Anticorrupción considera que podría haber seis confidentes de la Policía en la operación Kitchen que aún están sin identificar. El juez García Castellón se negó a requerir a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía la documentación ya desclasificada que pudiera aclararlo en base, dicen los fiscales, a "unas injustificadas prisas, con la pretensión de subordinar las necesidades de una cabal investigación de los complejos hechos delictivos de la pieza 7 al cumplimiento formal y rígido de un plazo procesal perfectamente prorrogable".
LA FISCALÍA BUSCA MÁS PRUEBAS CONTRA COSPEDAL Y RAJOY EN EL ‘CASO KITCHEN’
La policía sostiene que el teléfono al que Villarejo llamaba para informar es del PP
La Fiscalía Anticorrupción considera que hay suficientes “indicios de criminalidad” contra la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, “acerca de su participación” en el supuesto espionaje ilegal al extesorero popular, Luis Bárcenas, y su familia, por parte de la cúpula policial del Ministerio del Interior entre julio de 2013 y julio de 2015. La Fiscalía solicita que se les vuelva a imputar tras la decisión del instructor, Manuel García-Castellón, de archivar la causa contra Cospedal y su marido al considerar que no existían suficientes indicios de delito contra ellos.
Anticorrupción desgrana, en un escrito de 90 folios conocido este miércoles, decenas de indicios que, supuestamente, demostrarían la implicación del PP —y no solo del exministro del Interior y los altos cargos de ese departamento— en el caso Kitchen, una operación policial sin autorización judicial planificada para robar documentación a Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP entre 1990 y 2009.
La Fiscalía tacha de “extemporánea” la decisión del juez García Castellón de retirar la imputación contra la exlíder del PP pese a los indicios que pesaban contra ella y a falta de practicar algunas diligencias de investigación. En el mismo escrito, Anticorrupción pide la imputación de quien fue director general de la Policía, Ignacio Cosidó, a quien posteriormente el actual presidente del PP, Pablo Casado, nombró portavoz en el Senado. Cosidó siempre ha mantenido que nunca ordenó ni conoció la Operación Kitchen, pese a que la ejecutaron varios comisarios bajo su mando.
La Fiscalía ha recurrido el auto del juez García-Castellón dictado el pasado 29 de julio en el que no solo retiró la imputación contra Cospedal, sino que rechazó la practica de nuevas diligencias pedidas por las partes, puso fin a la investigación y procesó al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; al ex secretario de Estado, Francisco Martínez; y a nueve agentes, entre ellos varios comisarios y el principal jefe policial entre 2013 y 2015.
Anticorrupción explica que las anotaciones de los cuadernos requisados al comisario José Manuel Villarejo; las grabaciones realizadas por éste y los testimonios recabados durante la investigación consolidan la idea de que el operativo Kitchen era conocido por la cúpula del PP, y no solo por la dirección del Ministerio del Interior. En su escrito, la Fiscalía pide la nulidad del auto del juez que pone fin a la investigación y denuncia una “vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva” por cuanto el instructor ha dado por finalizados los trabajos sin responder a los recursos presentados contra la denegación de pruebas o el rechazo a prorrogar el plazo legal de instrucción.
La Fiscalía ha cruzado los datos de los cuadernos de Villarejo, una especie de diario donde escribía comentarios sobre sus contactos con distintas personas; sus grabaciones; y los mensajes de su teléfono móvil enviados y recibidos. De ese trabajo, la Fiscalía deduce que la exlíder del PP estaba al tanto de la captación de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, como confidente policial en la operación Kitchen. Sergio Ríos era amigo de Andrés Gómez Gordo, un policía al que Cospedal fichó como director general cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha. La Fiscalía cita en su recurso algunos mensajes enviados por el marido de Cospedal a Villarejo.
El 20 de julio de 2013, Ignacio López del Hierro escribe a Villarejo: “Si tienes problemas, habla con mdc”, iniciales del nombre y primer apellido de Cospedal. El 22 de julio de 2013, le contesta Villarejo: “Todo ha mejorado bastante. Andi. Hoy muy bien. Abz”.
Andi es, según la investigación policial, Andrés Gómez Gordo, el alto cargo de Cospedal que supuestamente facilitó la captación del chófer de Bárcenas como confidente policial.
Teléfono corporativo
La Fiscalía Anticorrupción también señala en su escrito que un informe de la Brigada de Asuntos Internos ha investigado los números de teléfono a los que Villarejo, según su propio testimonio, llamaba para informar sobre el desarrollo de la Operación Kitchen. Uno de esos teléfonos, según Asuntos Internos, corresponde al Partido Popular aunque no se ha identificado aún quien era su propietario.
Villarejo aseguró que informaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de estos teléfonos. La Fiscalía quiere que se amplíe la investigación para determinar quién era el usuario de ese teléfono corporativo del Partido Popular.
La sala de apelaciones y el propio juez García Castellón tendrán que responder en las próximas semanas a todos los recursos que se han presentado contra el auto de procesamiento del caso Kitchen.
Tanto los principales acusados en esta causa —el exministro Jorge Fernández; y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez— como las principales acusaciones populares del PSOE y Podemos y la Fiscalía Anticorrupción han criticado con dureza la resolución del juez por distintos motivos, coincidiendo todos en que se cerró la investigación sin que se hubieran practicado las diligencias necesarias.
EL JUEZ CERRÓ LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TELÉFONO DE RAJOY CUANDO AÚN FALTABAN DILIGENCIAS POR PRACTICAR
La policía todavía debía recibir dos comunicaciones de las compañías telefónicas sobre la titularidad y el carácter de las líneas solicitadas
Fuentes jurídicas explican que la causa fue clausurada porque era imposible obtener pruebas de que Rajoy se comunicó con Villarejo y continuar las pesquisas suponía un "esfuerzo inútil"
El teléfono atribuido a Rajoy pertenecía al PP y el periodo de alta coincidió con su etapa como presidente, según documentación a la que ha accedido la SER
El titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dio por cerrada la investigación sobre el supuesto intercambio de mensajes entre el comisario Villarejo y el teléfono atribuido a Mariano Rajoy a pesar de que los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en un informe al que ha tenido acceso a la Cadena SER, le comunicaron que aún estaban pendientes de recibir distinta información sobre los teléfonos bajo sospecha, por parte de las compañías encargadas.
En concreto, en ese informe fechado el 26 de julio de 2021, tres días antes de que el juez diera por concluida la causa, los policías le informan de que están esperando a que las empresas titulares de las líneas telefónicas les comuniquen si los teléfonos habían operado durante los años objeto de investigación como oficiales o corporativos, y la titularidad de dos de los tres números en cuestión.
Los policías informan que la compañía telefónica sí que ha comunicado que el tercer número, terminado en 10, pertenecía al Partido Popular, y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018. Ese periodo coincide prácticamente cono el tiempo en el que Rajoy fue presidente del Gobierno. Fue investido presidente el 20 de diciembre de 2011 y cesó el 1 de junio de 2018. Dimitió como presidente del PP el 5 de julio de ese mismo año. Siete días después, dieron de baja al teléfono.
Fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER afirman que el juzgado decidió cerrar la causa a pesar de este informe porque las compañías habían comunicado verbalmente a los agentes que no guardan ningún dato sobre el registro de llamadas o mensajes pasado un año desde su realización. Sin ese registro, según las mismas fuentes, iba a ser "imposible" probar que el expresidente pidió información a Villarejo sobre los avances de la Kitchen y la investigación estaba destinada al fracaso.
La Fiscalía Anticorrupción reprocha al juez que no quiera investigar este aspecto de la causa y ha solicitado a la Sala de lo Penal que revoque el auto y poder preguntar al PP a quién correspondía ese teléfono móvil bajo sospecha. Anticorrupción critica que el magistrado "parece que ha establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar".
https://cadenaser.com/ser/2021/09/09/tribunales/1631209290_802761.html
EL PSOE PIDE A LA AN QUE BUSQUE A LOS "PRINCIPALES BENEFICIARIOS" DE 'KITCHEN' Y APUNTA A RAJOY Y COSPEDAL
El PSOE ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de poner fin a la investigación de la 'Operación Kitchen', al considerar que es necesario seguir indagando para identificar a los "principales beneficiarios" del presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, entre los que señala al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la ex secretaria general del PP María
Dolores de Cospedal.
En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación que ejerce el Partido Socialista argumenta que las pesquisas de esta pieza separada se la macrocausa 'Tándem' están lejos de haber colmado sus objetivos por cuanto se ha investigado a "quienes transmiten el encargo" de espiar a Bárcenas y su entorno, y aquienes lo reciben y ejecutan, pero no a "quienes dan la orden y resultan ser los principales beneficiarios".
Apunta a Rajoy y Cospedal como estos "beneficiarios", dado que --según razona—eran "los principales interesados en boicotear la 'Gürtel'"-- y el objetivo de 'Kitchen', que se habría desarrollado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior con fondos reservados y recursos policiales, era localizar la información comprometedora sobre el PP y sus dirigentes que Bárcenas pudiera guardar para robársela y evitar así que llegara al cauce judicial.
El interés de ambos en frustrar las indagaciones sobre los famosos 'papeles' del ex tesorero --continúa-- obedecería a que "estaba en juego la supervivencia del Partido Popular --del que eran los máximos responsables--" y "ello ponía en vilo sus carreras políticas, sus entonces fuentes de ingresos y estilos de vida y de sus familias, su poder e incluso podría hacer peligrar su libertad, pues cabía la posibilidad de condena a prisión, por no hablar de su imagen pública".
Además, cimenta esta argumentación en el hecho de que en las agendas manuscritas del comisario José Manuel Villarejo "figuren múltiples apuntes sobre traslado de información de su actividad en la operación o proyecto 'Kitchen' precisamente a estas dos personas, bien sea directamente o a través de terceros".
Por ello, ve necesario "practicar diligencias encaminadas a verificar la participación de los principales beneficiarios, los más altos dirigentes del Partido Popular, como su presidente, su secretaria general y otros", que no especifica. En este sentido, reclama reabrir la causa para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
El matrimonio estuvo imputado porque el magistrado sospechaba que su intervención pudo ser "decisiva" para captar como espía de la 'Kitchen' al entonces chofer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Sin embargo, el juez finalmente optó por no procesar a la pareja concluyendo que las razones que justificaban su incriminación eran demasiado débiles.
Defensa del ministerio fiscal
El PSOE se ha adherido en esto y en las demás cuestiones al recurso formulado por la propia Fiscalía Anticorrupción, que solicita revocar el archivo de la causa acordado para Cospedal y López del Hierro al observar "suficientes indicios de criminalidad" contra ambos y profundizar en los mensajes telefónicos que Villarejo dice que se intercambiaba con Rajoy sobre 'Kitchen'.
Aprovecha además el recurso socialista para realizar una firme defensa de la "inmensa labor" del Ministerio Público en esta pieza 7, respondiendo al auto del pasado 29 de julio donde García-Castellón rechazó las diligencias planteadas por los fiscales de 'Kitchen' por no explicar suficientemente su relevancia para las pesquisas.
"Lo que la lógica mas rudimentaria sugiere y, por tanto, creen las partes que no necesita de ulterior justificación, es lo que no parece entrar en la lógica del instructor", dice el escrito, reprochando al magistrado que haya omitido "por completo" lo que entiende como "el principio más básico de la investigación penal de buscar a quien beneficia el delito".
"Bien es verdad que, dado lo alto que apunta el beneficio, y la posible necesidad de afectar a personas aforadas, todas las partes y especialmente el Ministerio Fiscal, como es habitual por otra parte en estos casos, actúa con toda la prudencia posible, y prefiere ir avanzando los pilares de la instrucción, paso a paso, para no dar un salto en el vacío y pedir lo obvio", replica.
Al hilo de esto, la acusación socialista expresa "las más oscuras sospechas" que dice que le genera este "precipitado cierre" de la instrucción, desde "la violencia y el desprecio que (el juez) emplea en sus críticas en general a las partes, pero muy específicamente al Ministerio Fiscal, que no se ha plegado a sus presiones", hasta "la prisa que se ha dado, máxime si se tiene en cuenta que está próxima la convención
del Partido Popular".
Destaca igualmente que "los potenciales investigados estaban hace nada del otro lado y participaban en otras investigaciones y conservan amigos y contactos, (...) ocupan o han ocupado los más altos cargos de la administración pública o del Partido Popular y conservan claro poder de influencia en estos ámbitos".
Los otros espías de 'Kitchen'
Con todo ello, opina que hay fundamento suficiente para prorrogar la instrucción otros seis meses, en los que cree que se debe seguir la senda marcada por la Fiscalía Anticorrupción, que implicaría reabrir la causa también para José Luis Ortiz, ex jefe de Gabinete de Cospedal, y Enrique Olivares, el 'falso cura' que asaltó la casa de los Bárcenas.
Aboga asimismo por ahondar en las investigaciones en torno a Olivares y a Isidro Sánchez, preso que estuvo con Bárcenas en la cárcel, con el propósito de identificar a "los múltiples colaboradores de los que existen indicios que existieron, K1 a K7", de los cuales solo se ha localizado como presunto espía de la 'Kitchen' al entonces chofer de los Bárcenas.
También ve oportuna la propuesta fiscal de citar a declarar como imputado al ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó porque --sostiene—resulta "francamente increíble" que, dada la "férrea jerarquía" en el Ministerio de Interior, donde el juez sitúa el origen de 'Kitchen', no conociese este operativo.
Añade además que tanto sus superiores como sus subordinados ya han comparecido en esta causa.
El PSOE respalda también a Anticorrupción en su petición de imputar al comisario Mariano Hervás, que era el 'número dos' de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) en la etapa de la 'Kitchen', y de que el comisario Enrique García Castaño y el inspector José Ángel Fuentes Gago --otros de los procesados-- vuelvan a ser interrogados.
"Jaque al Estado"
Por otro lado, el PSOE pone de relieve la importancia de seguir investigando hasta esclarecer lo ocurrido debido a la naturaleza de los hechos expuestos, esgrimiendo que "la utilización de los poderes otorgados por la Constitución en actividades contrarias a la ley es extraordinariamente grave y priva de legitimidad a las propias instituciones del Estado, es decir, pone en jaque al propio Estado de Derecho".
A su juicio, "la lógica más primaria deduce que el PP y sus dirigentes debían de realizar todos los esfuerzos posibles para entorpecer las instrucciones penales que se estaban llevando a cabo y no paraban de prosperar y multiplicarse" y, aunque "la justicia no puede investigarlo todo, (...) entre eso y ceñirse cicateramente a los años 2013 a 2015 y dentro de ellos únicamente a parte de la actividad desplegada desde el propio Ministerio del Interior, hay un mundo"
"Y ese mundo que nos jugamos es la fe de los ciudadanos en instituciones fundamentales para el Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución. La instrucción de esta causa es el espejo de cómo funciona a ojos de los ciudadanos la administración de justicia cuando se confronta a los poderosos",
advierte.
ANTICORRUPCIÓN REPROCHA AL JUEZ QUE EXCLUYA DE LA 'KITCHEN' LA "POSIBLE RESPONSABILIDAD DE RAJOY"
Acusa al magistrado en su escrito de apelación contra el "cierre precipitado y en falso" de la causa que pretenda "artificialmente delimitar" el procedimiento al ámbito del Ministerio del Interior y que deje fuera la "corrupción política" del PP, "como si hubiera establecido una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar"
La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes en la Audiencia Nacional su escrito de apelación con el que recurre el cierre de la investigación del operativo supuestamente regado con fondos reservados, para robar y destruir las pruebas que tuviera el extesorero del PP, Luis Bárcenas, contra el PP o sus dirigentes en la causa judicial de su caja b.
Este martes se ha conocido su literalidad. En un durísimo texto de 92 páginas al que ha accedido la SER, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas acusan al juez Manuel García Castellón de clausurar de forma "precipitada y en falso" la causa y de querer "artificialmente delimitar el procedimiento al Ministerio del Interior". "Las posibles responsabilidades del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP [añaden los fiscales], no quedan fuera del procedimiento" y "no es la primera ocasión que en el curso de las actuaciones aparecen elementos que confluirían en una posible responsabilidad" de éste.
Múltiples indicios de que Rajoy conocía el operativo
En este sentido, los fiscales critican que el juez ha concluido el caso desoyendo su petición de que el PP identifique el número atribuido al expresidente y con el que supuestamente se mensajeaba con el comisario Villarejo, y relatan en su escrito los múltiples indicios que apuntan al conocimiento que Rajoy podía tener del operativo, al describir las conversaciones entre los imputados en las que se refieren al expresidente como el "barbas" o el "asturiano".
Para el Ministerio Público, existen indicios de que al margen de una "trama policial" con la cúpula de Interior como principales responsables, también existió una "trama política" con la participación de "dirigentes" del Partido Popular, y sostienen que resulta "imprescindible dilucidar" esta posible responsabilidad.
Los fiscales al juez: "Freudiana proyección de culpas"
Una posibilidad que para los fiscales, el juez no quiere investigar a pesar de los indicios, al sostener que "parece que este paso no se quiera dar, hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar".
Los fiscales afean al magistrado su "voluntad de terminar a toda costa la instrucción sin tener en cuenta las necesidades materiales de la misma" y contestan al juez, que calificó de "inútiles e impertinentes" las diligencias que solicitaron, que su respuesta es un "claro reflejo de la freudiana proyección de sus culpas".
"Cospedal no resultó creíble"
Los fiscales piden que Cospedal y su marido vuelvan a tener la condición de imputados porque su participación en la causa "no es una mera hipótesis", existen indicios contra ambos y la declaración como imputada de la exsecretaria general del PP "no ha desvirtuado" las acusaciones iniciales. Recalcan que su comparecencia "no resultó creíble" y fue "abiertamente contradictoria" con la de su jefe de Gabinete, Juan José Ortiz, quien reveló que Cospedal se reunió más veces de las que confesó con Villarejo en la sede del PP y que estos cónclaves se producían a petición de la dirigente política "para obtener información de las responsabilidades que para el PP pudieran presentar las declaraciones" de Bárcenas y sobre todo, datos sobre los "documentos que pudiera tener" el extesorero sobre el Partido Popular.
Nueva "casualidad" no investigada del falso cura en Kitchen
El Ministerio Público también censura que el juez ni siquiera citara a declarar como investigado al exdirector de la policía, Ignacio Cosidó, a quien atribuyen "una participación no meramente circunstancial sino de carácter específicamente directivo", e insisten en practicar más diligencias sobre el falso cura que secuestró a la familia de Bárcenas, Enrique Olivares. Al respecto, revelan que el último abogado de Olivares es hermano de Javier Ruiz Cubero, detenido e investigado en la causa porque fue compañero de cárcel de Villarejo y vendía sus documentos, muchos de ellos oficiales y secretos, cuando salía de permiso de prisión. Una "casualidad" que debe investigarse a juicio del Ministerio Público, como también quién depositaba regularmente dinero en la cuenta penitenciaria de peculio de Olivares cuando pertenece a una "familia sin recursos" o quiénes fueron los funcionarios policiales que le visitaban cuando estaba internado en los centros de Valdemoro y Estremera y por qué.
https://cadenaser.com/ser/2021/09/07/tribunales/1631039006_029972.html
LA FISCALÍA APUNTA A "UNA POSIBLE RESPONSABILIDAD" DE RAJOY EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
Los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano reprochan que este presunto espionaje parapolicial "se quiere delimitar artificialmente en el ámbito del Ministerio de Interior"
"Esto no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP no constituyan el objeto del procedimiento", subrayan en el escrito
Esta hipótesis no está "vacía de soporte indiciario" y destacan que en el curso de las actuaciones han aparecido "elementos que confluirían en una posible responsabilidad" de Rajoy
La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado a "una posible responsabilidad" del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la Operación Kitchen, reprochando que el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas "se quiere delimitar artificialmente en el ámbito del Ministerio de Interior", según señala en el recurso formulado contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación de esta pieza separada de Tándem y que recoge Europa Press.
Los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano hablan de esa delimitación artificial porque, a su juicio, aunque las pesquisas reflejan con "contundencia y solidez" que la Operación Kitchen se habría desarrollado por parte de la cúpula policial con "protección" del Ministerio de Interior, "esto no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP no constituyan el objeto del procedimiento".
Esta hipótesis, indican los fiscales en su escrito -al que ha tenido acceso Europa Press-, no está "vacía de soporte indiciario". En este sentido, subrayan que en el curso de las actuaciones han aparecido "elementos que confluirían en una posible responsabilidad del presidente del Gobierno" de entonces, Mariano Rajoy.
Entre estos "elementos" mencionan los números de teléfono aportados por el comisario José Manuel Villarejo, desde los que dice que se mensajeaba con Rajoy sobre la Kitchen, y las grabaciones de conversaciones en las que se alude a El Asturiano como la persona a la que se reportaba sobre este supuesto operativo ilegal. Por ello, el Ministerio Público cree que resulta "imprescindible" dilucidar "si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental".
"No se puede concluir que se hayan perfilado todos los elementos del complejo hecho punible, ni tampoco que se haya determinado la participación en el mismo de todos los partícipes, en unos casos, ante los evidentes indicios de la participación de personas hasta la fecha no investigadas; en otros casos, ante la necesidad de concretar el alcance de la participación en los hechos de personas que ya ostentan la condición procesal de investigadas", sostienen De Rivas y Serrano.
LA FISCALÍA RECURRE CONTRA EL CIERRE DEL ‘CASO KITCHEN’ QUE EXCULPA AL PP DE RAJOY Y COSPEDAL
Anticorrupción considera prematuro el fin de la investigación y pide nuevas diligencias
La Fiscalía Anticorrupción presentará en las próximas horas un recurso de apelación contra el auto del juez Manuel García Castellón que pone fin a la investigación del caso Kitchen, el supuesto espionaje ilegal al extesorero del PP por parte de la cúpula política y policial del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para robar documentación que pudiera incriminar a la formación conservadora y al Gobierno de Mariano Rajoy.
Anticorrupción considera “prematuro” el fin de la investigación que decidió en julio el instructor del caso, Manuel García Castellón, sin que se hubieran llevado a cabo diligencias importantes para la causa que había pedido la propia Fiscalía, según indicaron a EL PAÍS fuentes de la Audiencia Nacional, donde se instruye esta causa.
El magistrado dictó auto de procesamiento el 29 de julio pasado contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y nueve policías, entre ellos quien fuera director adjunto operativo, Eugenio Pino, y los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. El mismo magistrado decidió archivar la causa abierta contra María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP cuando ocurrieron los hechos, al considerar que los indicios existentes eran insuficientes para sentarla en el banquillo.
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recurrido también la decisión del juez al considerar, como la Fiscalía, que hay que practicar las diligencias solicitadas por Anticorrupción unas semanas antes de que el instructor pusiera fin a la investigación. Fernández Díaz recuerda que su nombre no aparece en los papeles de Bárcenas y por tanto no tiene ningún interés en la causa, a diferencia de lo que ocurre con los principales dirigentes del PP durante el periodo comprendido entre 1990 y 2009. Además, señala en su recurso que Bárcenas era tesorero del PP y no tesorero del Ministerio del Interior, y que su número dos, Francisco Martínez, pudo recibir órdenes para llevar a cabo la operación desde otros ámbitos, como el PP o el propio Gobierno, sin que él lo supiera. Fernández Díaz niega que diera órdenes para espiar a Bárcenas y asegura que las pruebas que presentó su número dos para acusarle son falsas.
“El origen de la Operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio. Y precisamente a Jorge Fernández Díaz no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en la Pieza Separada papeles de Bárcenas. No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto, por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial”, señala el abogado del exministro en el recurso presentado.
El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha intentado demostrar la participación del exministro en los hechos a través de sendas actas notariales donde se incluyen diversos mensajes de WhatsApp, que probarían que quien le ordenó poner en marcha esa operación de espionaje ilegal a Bárcenas fue su jefe directo, el exministro Jorge Fernández Díaz. Pero este ha intentado demostrar, sin éxito, que no envió los mensajes. El aparato desde el que envió las supuestas órdenes a su número dos sobre la operación ilegal no ha podido ser analizado porque el exministro solo ha aportado el terminal nuevo que todavía conserva, donde no figuran esos mensajes.
Respecto a la responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy o de la cúpula del PP en los hechos que se investigan, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, declaró en su última comparecencia ante el juez que la decisión de investigar a fondo a Bárcenas se tomó en un Consejo de Ministros de agosto de 2013 y que de hecho le indicaron que hablase con el director del CNI, entonces Félix Sanz Roldán, por si le podía facilitar información sobre los movimientos del extesorero del PP.
La operación Bárcenas, según el 'número dos' de interior
Francisco Martínez relató así en su última comparecencia judicial los motivos que llevaron a activar el espionaje a Bárcenas y a su familia en el verano de 2013: “Lo que se plantea, en un nivel en el que desde luego yo ni participaba ni tomaba decisiones, es decir en el nivel del Consejo de Ministros o del Gobierno, es que hay que conseguir que todo lo que pruebe las responsabilidades penales individuales del señor Bárcenas tiene que ponerse a disposición de la justicia y que esa investigación tiene que ser exhaustiva. Y por eso el ministro me dice en esa fecha que me va a dar un contacto con el CNI para que yo coordine, que era mi función coordinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con otros servicios extranjeros o con servicios nacionales, y para que yo coordine la posible puesta a disposición de los investigadores de información sobre esta cuestión que pudiera tener el CNI".
"Yo le digo que estaré pendiente, me dice que me lo dará después, cuando hablamos después, y esa parte ya no aparece en los mensajes. Me dice que contacte directamente con el director del Centro Nacional de Inteligencia con el cual yo hablaba con bastante frecuencia por razones elementales. Yo hablo con el CNI que me dice que ciertamente para ellos esa no es una cuestión que esté dentro del ámbito de su actividad de inteligencia y demás, pero que como ellos tienen obviamente acceso a muchísima información, que por supuesto si tuviesen acceso a una información directamente relacionada con dinero en el extranjero, testaferro, etcétera, etcétera, del señor Bárcenas o de su entorno, la pondría por los conductos habituales a disposición de la policía."
"Esa es la conversación y el contexto del mensaje. ¿Por qué yo lo protocolizo? Porque a mí desde el inicio de esta pieza, desde el informe de la Unidad de Asuntos Internos de octubre de 2018, se me atribuye un papel de coordinador de lo que se califica como una operación clandestina, parapolicial e ilegal. Y con esto pretendo tratar de acreditar que difícilmente en una operación clandestina, parapolicial e ilegal podría yo tener este tipo de conversación e interlocución con el director del Centro Nacional de Inteligencia. Que eso lejos de ser parapolicial y clandestino era una operativa normal, por la cual los cuerpos comparten información, con todas sus dificultades, con otros servicios y en concreto con el CNI. Ese es el objetivo”.
PODEMOS Y PSOE TAMBIÉN PIDEN AL JUEZ QUE IMPUTE A COSPEDAL E INVESTIGUE MÁS LA KITCHEN
"Tiene una incidencia directa sobre el prestigio de la justicia de nuestro país"
El pasado 29 de julio del 2021 el juez de la operación Kitchen, Manuel García-Castellón, dio carpetazo a la investigación exculpando a la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, así como al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy entre otros. Sin embargo, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni algunas de las defensas de imputados, ni las acusaciones lo aprueban. Podemos y PSOE han remitido sendos escritos solicitando la revocación del auto con el que el magistrado salvó a Cospedal del juicio e instando a reabrir la investigación, al menos, durante seis meses más.
En los escritos, a los que ha tenido acceso ElPlural.com, los morados y los socialistas piden a García-Castellón que revoque el sobreseimiento de la causa no solo para Cospedal, sino también para su marido, Ignacio López del Hierro; su jefe de gabinete, José Luis Ortiz; y el falso cura que asaltó la casa de Bárcenas, Enrique Olivares García.
“La decisión de no prorrogar la instrucción de la presente causa pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el resto de acusaciones y las defensas de varios imputados tiene una incidencia directa sobre el prestigio de la justicia de nuestro país, por lo que si la Sala de lo Penal no corrige el auto ahora recurrido, revocándolo y ordenado continuar con la investigación y la practicar las pruebas que han sido solicitadas las que a buen seguro se concretaran por las partes en los próximos meses, la imagen y crédito de nuestro sistema de justicia volverá a quedar en entredicho”, lamentan los morados.
Desde Unidas Podemos consideran que “como ya ocurriera con los GAL en los primeros años de desarrollo de nuestra democracia”, pudiera parecer que “el juez instructor quiere circunscribir al Ministerio del Interior este tipo de acciones ilícitas en las que se usa del aparato policial para la realización de acciones con un claro componente político”. A su juicio, esto no es “admisible” en un estado de derecho, y recuerdan que existen pruebas e indicios que señalan directamente a responsables políticos vinculados al PP. En este punto, entra en escena el nombre de Rajoy, “quien a la postre era el principal beneficiario de la maniobra de sustraer al tesorero del PP la documentación de la caja B”. En consecuencia, “queda mucho aún por investigar y esclarecer”.
En la misma tónica se ha movido el PSOE, aunque en su caso, recuerdan que “una imagen vale más que mil palabras”; por lo que se valen de una reproducción del cuaderno de anotaciones de Villarejo en el que se pueden leer varias alusiones a Cospedal: “Tanto COSPE o MD, abreviaturas utilizadas para referirse a Mª Dolores de Cospedal, como ILH (Ignacio López del Hierro) aparecen innumerables veces en las agendas, que damos por supuesto que el Ministerio Fiscal con acceso a las mismas mucho antes que nosotros y confiamos que en mejores condiciones, habrá hecho un extenso repaso de las anotaciones”.
La agenda y el doble rasero
El número que fuera número dos del Ministerio de Interior durante la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y Jorge Fernández Díaz como titular de dicha cartera, Francisco Martínez, remitió este lunes un recurso contra el auto de procesamiento del juez Manuel García-Castellón. En el escrito, Martínez acusaba al magistrado de utilizar un doble rasero por dar relevancia a las anotaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo en su diario personal ya que, el contenido de dicha libreta ha exculpado a María Dolores de Cospedal.
El recurso, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la defensa de Martínez reduce el diario de Villarejo a “meras anotaciones realizadas por un investigado”; por lo que “la mayor parte del contenido de tales conversaciones” carecen “de credibilidad”. El enfado del exnúmero dos de Interior es tal que ha reprochado al magistrado que “solo se considere relevante la parte de las ‘agendas del Sr. Villarejo’” que le perjudican”; insistiendo en que García Castellón ha actuado de acuerdo a “una idea preconcebida y no al resultado de las pruebas practicadas, como se puede concluir de la existencia de manifestaciones absolutamente erróneas”.
Cabe recordar que el polémico excomisario recogió en sus documentos varias reuniones con Cospedal, e incluso, anotó un pago que le habría realizado su jefe de gabinete, José Luis Ortiz. García Castellón exculpó a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro y, a juicio de Martínez, la decisión fue correcta. Sin embargo, afea al juez que tal postura contrasta con la adoptada en lo relativo a su persona: ”Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el Sr. Bárcenas era el Tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”, esgrime el escrito.
Francisco Martínez critica que el juez haya desestimado algunas diligencias o haya sobreseído algunas cuestiones de la Kitchen basándose en las agendas de Villarejo, pero en su caso, otorgue valor y credibilidad al contenido. En este sentido, considera que está indefenso; entre otras cosas, porque su defensa solo ha podido analizar debidamente las notas de Villarejo durante un breve periodo de tiempo (un mes y medio aproximadamente), mientras que Asuntos Internos las estudió durante más de ocho.
En suma, Martínez opina que se le está aplicando un criterio bien distinto del empleado a otras partes, como la propia Cospedal, y reclama un trato semejante.
“Es de una lógica aplastante que ningún interés podría tener la señora Cospedal en idear una operación para hacerse con aquello que durante meses tuvo a su disposición en la propia sede del PP, pero todavía es más aplastante es la lógica que permite afirmar la absoluta falta de cualquier motivación, interés o preocupación, o remota que fuese, de mi mandante en obtener unos documentos que no podían afectarle de ningún modo y a los que directamente afectados podían haber accedido por estar en una sala existente en la sede de su partido”, añade la defensa.
LAS ACUSACIONES DE PODEMOS Y PSOE PIDEN AL JUEZ QUE SIGA INVESTIGANDO EL PAPEL DE COSPEDAL Y RAJOY EN KITCHEN
Los abogados de ambos partidos consideran que la responsabilidad del espionaje a Bárcenas y la destrucción de pruebas incriminatorias para el PP va más allá del Ministerio del Interior y apuntan a la cúpula del partido, que el magistrado García-Castellón ha decidido dejar fuera de la causa
Podemos y PSOE quieren que la Audiencia Nacional no cierre en falso la investigación de Kitchen e indague más allá de la cúpula de Interior en tiempos del ministro Jorge Fernández Díaz. Podemos considera "irracional" que el magistrado Manuel García-Castellón haya concluido que el presunto espionaje a Bárcenas se ideó en el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, instando a la Sala de lo Penal a "desentrañar" el rol de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en este operativo y su "probable connivencia" con el ex presidente Mariano Rajoy.
La acusación del partido que lidera Ione Belarra ha formulado un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, contra el auto dictado el 29 de julio donde el juez termina las pesquisas sobre esta pieza separada de 'Tándem' y procesa a 11 personas, Fernández Díaz incluido, por la llamada ‘trama Kitchen’: el espionaje parapolicial que se habría desarrollado entre 2013 y 2015 contra Bárcenas para robarle la información comprometedora que pudiera tener del PP y sus dirigentes y evitar así que cayera en manos de la Justicia.
La principal razón que esgrime Podemos es la "errónea e injusta" decisión del instructor de en esa misma resolución archivar la causa para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, a quienes imputó inicialmente por creer que su intervención para captar al entonces chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía de la 'Kitchen' fue "decisiva", si bien después indicó que los motivos para incriminar al matrimonio eran demasiado débiles.
"La irracional conclusión del auto es que existió un operativo que empleó recursos públicos en beneficio del Partido Popular, si bien nada tuvo que ver en ello el Partido Popular que gobernaba por aquel entonces; que se ejecutaron una serie de acciones para proteger al Partido Popular, pero que no las ordenó nadie del Partido Popular, sino que toda la ideación como la ejecución se coordinó exclusivamente en el Ministerio de Interior", expone.
"Y todo ello", continúa la acusación popular que ejerce la formación política, "pese a la ingente cantidad y calidad de las pruebas e indicios acumulados en contra de la ex secretaria general del Partido Popular y su entorno más allegado", hasta el punto de que estima "plausible" afirmar que Cospedal actuó como "inductora" de la 'Kitchen'.
El PSOE pide que se investigue a los "beneficiarios"
Por su parte, la acusación del El PSOE considera que es necesario seguir indagando para identificar a los "principales beneficiarios" del presunto espionaje a Bárcenas, entre los que señala a Rajoy y a Cospedal.
En el recurso de apelación, al que también ha tenido acceso Europa Press, la acusación que ejerce el Partido Socialista argumenta que las pesquisas de esta pieza separada se la macrocausa 'Tándem' están lejos de haber colmado sus objetivos por cuanto se ha investigado a "quienes transmiten el encargo" de espiar a Bárcenas y su entorno, y a quienes lo reciben y ejecutan, pero no a "quienes dan la orden y resultan ser los principales beneficiarios”, apuntando a Rajoy y a Cospedal.
El interés de ambos en frustrar las indagaciones sobre los famosos 'papeles' del ex tesorero –continúa– obedecería a que "estaba en juego la supervivencia del Partido Popular –del que eran los máximos responsables–" y "ello ponía en vilo sus carreras políticas, sus entonces fuentes de ingresos y estilos de vida y de sus familias, su poder e incluso podría hacer peligrar su libertad, pues cabía la posibilidad de condena a prisión, por no hablar de su imagen pública".
Además, cimenta esta argumentación en el hecho de que en las agendas manuscritas del comisario José Manuel Villarejo "figuren múltiples apuntes sobre traslado de información de su actividad en la operación o proyecto 'Kitchen' precisamente a estas dos personas, bien sea directamente o a través de terceros".
Por ello, ve necesario "practicar diligencias encaminadas a verificar la participación de los principales beneficiarios, los más altos dirigentes del Partido Popular, como su presidente, su secretaria general y otros", que no especifica. En este sentido, reclama reabrir la causa para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
El matrimonio estuvo imputado porque el magistrado sospechaba que su intervención pudo ser "decisiva" para captar como espía de la 'Kitchen' al entonces chofer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Sin embargo, el juez finalmente optó por no procesar a la pareja concluyendo que las razones que justificaban su incriminación eran demasiado débiles.
ANTICORRUPCIÓN SOLICITA QUE COSPEDAL VUELVA A SER IMPUTADA POR EL CASO KITCHEN Y SUMAN A COSIDÓ
También pide seguir investigando los números de teléfono que Villarejo dice que usó para hablar con Rajoy de 'Kitchen'
La Fiscalía ha presentado este lunes un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación sobre el presunto espionaje parapolicial el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, un escrito donde pide reabrir la causa contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal e imputar al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.
Además, ha pedido seguir investigando los número de teléfono que el comisario jubilado José Manuel Villarejo dice que usó para informar al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre el desarrollo de la 'Operación Kitchen'.
Anticorrupción ya había abogado en escritos anteriores por prorrogar la investigación de 'Kitchen' más allá del 29 de julio, cuando caducaba, al tiempo que había solicitado a García-Castellón que llevara a cabo nuevas pesquisas, si bien el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 optó por terminar la instrucción.
En total, han sido procesadas once personas, empezando por el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez; y siguiendo con el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino, los comisarios Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo; para terminar con los policías Bonifacio Díez y José Ángel Fuentes Gago, y el ex chofer de la familia Bárcenas Sergio Ríos.
El juez ha considerado acreditado, a nivel indiciario, que todos ellos, "puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos que estaban llevando a cabo", pusieron en marcha la 'Kitchen', lo que sería constitutivo de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.
Además, asumió que la 'Kitchen' consiguió sus objetivos, que era robar a Bárcenas la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes para evitar que llegara a manos de la Justicia.
FERNÁNDEZ DÍAZ APUNTA AL PP DE RAJOY COMO RESPONSABLE DE LA KITCHEN
La defensa del exministro ve “simplista y fácil encapsular” las responsabilidades de la operación solo en Interior
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha apuntado, si bien de manera implícita, al PP de Mariano Rajoy como responsable de la llamada Operación Kitchen, el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que supuestamente llevó a cabo la cúpula de la Policía Nacional entre 2013 y 2015 y al que, según la investigación, se destinaron fondos reservados. La defensa del exministro ha presentado en la Audiencia Nacional un recurso contra la decisión “precipitada” del juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, de dar por concluida la investigación, en la que Fernández Díaz es el principal imputado junto con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
Fernández Díaz, uno de los pocos amigos personales del expresidente popular, rompe amarras con él y se niega a ser el único responsable del operativo parapolicial. En el escrito, el exministro, que ha acompañado a Rajoy por los cinco ministerios que ocupó antes de ser presidente entre 2011 y 2018, solicita que se archive la causa contra él al considerar que “no existe elemento o indicio”, al margen de las declaraciones de su subordinado Martínez, que permita concluir que estuviera al corriente o participara del espionaje a Bárcenas para arrebatarle documentos comprometedores para el PP; ni tampoco de la gestión o reparto de los fondos reservados.
En el recurso de reforma y apelación presentado este 2 de septiembre, de 30 folios, al que ha accedido EL PAÍS y que adelantó la Cadena SER, la defensa del exministro Fernández lanza varios mensajes por elevación: para el exministro lo “realmente preocupante” es la decisión del juez García-Castellón de “concluir la instrucción limitando el objeto de investigación al entorno del Ministerio del Interior” y “considerando que la operación Kitchen se ideó y ejecutó en el marco institucional de dicho Ministerio”. Y para sacudirse la responsabilidad penal, en su ejercicio de defensa, Fernández Díaz, apunta, de manera indirecta, a los posibles beneficiados por el espionaje parapolicial a Bárcenas. “Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”, señala el abogado del expolítico, Jesús Mandri.
El abogado de Fernández, Jesús Mandri, niega en declaraciones a EL PAÍS que Fernández esté “apuntando o señalando” a nadie en concreto como responsable de organizar esa operación, para rebatir la tesis de que su defendido aluda así a Rajoy, pero reconoce que un asunto de esa complejidad “no puede encapsularse en el Ministerio del Interior”. El letrado acusa al instructor de hacer un planteamiento “simplista” al “encapsular” los hechos en el entorno del Ministerio del Interior y “rechazar la vía de investigación hacia el origen del problema”, esto es hacia el PP de Rajoy, al que nunca cita o señala expresamente, dejando a la Audiencia Nacional que una los puntos.
Fernández Díaz insiste en acusar a su exnúmero dos Francisco Martínez de inventarse los supuestos SMS que dan a entender que el exministro conocía la trama de seguimientos a Bárcenas. “Tales mensajes no existen y fueron manipulados, prefabricados y creados ad hoc para incriminar al señor Fernández Díaz y quizá exculpar a otras personas”, dice el letrado, sin citar a qué personas se refiere. La imputación del exministro se basa principalmente en dos actas notariales aportadas por Martínez, en las que figuran esos mensajes atribuidos a Fernández Díaz y que él rechaza como falsos. La defensa de Fernández considera que esos mensajes que figuran en el móvil de Francisco Martínez están en realidad “preconstituidos”, según sus informes periciales.
FRANCISCO MARTÍNEZ CRITICA LA "IRRACIONAL CONCLUSIÓN" DE EXCULPAR AL PP EN LA OPERACIÓN KITCHEN
Considera ilógico que el juez concluya que existió un operativo "que empleó recursos públicos en beneficio del Partido Popular" sin que lo ordenase "nadie" desde el partido. Censura que se mantenga su imputación y que se rechace las de Cospedal o Cosidó
El exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, ha presentado un escrito de 136 páginas contra el auto de procesamiento del juez García Castellón, que dio por cerrada la investigación de la operación Kitchen: el supuesto operativo sufragado con fondos reservados para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, la documentación que pudiera perjudicar al partido o a sus dirigentes en el caso de su caja b ante la justicia.
"Idea preconcebida"
El exnúmero dos del ministro Fernández Díaz critica que el juez le ha acusado porque desde el principio del procedimiento parte de una "idea preconcebida" que colisiona con las pruebas. Censura además que García Castellón da validez a las agendas del comisario jubilado Villarejo para incriminarle, pero les resta veracidad o incluso las desacredita cuando se trata de acusar a la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, a su marido, Ignacio López del Hierro, o al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.
"Irracional conclusión" de negar la rama política
Francisco Martínez asevera que en su auto, el juez llega a una "irracional conclusión" y es que "existió un operativo que empleó recursos públicos en beneficio del PP, si bien nada tuvo que ver en ello el PP; que se ejecutaron una serie de acciones para proteger al PP, pero no las ordenó nadie del Partido Popular, sino que tanto la ideación como la ejecución las coordinó Francisco Martínez, que no era militante del Partido Popular, pero que en una suerte de inmolación espontánea por una causa que no era suya [dado que ni siquiera aparecía en los papeles de Bárcenas ni le afectaba la documentación que supuestamente guardaba el extesorero] decidió incurrir en flagrantes ilegalidades".
Cospedal y Cosidó
El exsecretario de Estado también reprocha al juez que concluya que fue él quien influyó para amañar el nombramiento como agente de la Policía Nacional del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, cuando el secretario de Estado carecía de competencias en la materia. Sí las tenía, recalca Martínez, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, de quien dependía el nombramiento de los tribunales, la convocatoria del proceso de selección y velar por su buen funcionamiento.
También manifiesta que es de "lógica aplastante" que si Cospedal no fue la "ideóloga" de ninguna operación, "menos puede reputársele" al propio Martínez la ejecución de un operativo "cuyo ilícito fin era beneficiar al PP, en el que no militaba".
https://cadenaser.com/ser/2021/09/06/tribunales/1630925998_836351.html
EL NÚMERO DOS DE INTERIOR CON EL PP REPROCHA AL JUEZ DOBLE RASERO AL PROCESARLO Y EXCULPAR A COSPEDAL
El recurso de Francisco Martínez celebra que la exsecretaria general ya no esté imputada pero critica que García Castellón utilice el diario del comisario Villarejo contra él y cuando se trata de la "rama política" de la operación Kitchen sean "meras anotaciones realizadas por un investigado"
El número dos del Ministerio del Interior durante la operación Kitchen, Francisco Martínez, considera que el juez de la causa ha evidenciado un doble rasero al recurrir al diario del comisario Villarejo para dictar su procesamiento al tiempo que ha despreciado el contenido del mismo cuando se trataba de exculpar a María Dolores de Cospedal, antigua secretaria general del PP, entre otros.
En su recurso contra el auto de procesamiento, la defensa de Martínez reprocha al magistrado Manuel García Castellón que se refiera al diario del comisario como “meras anotaciones realizadas por un investigado”, y en consecuencia ignore “la mayor parte del contenido de tales conversaciones por carecer de credibilidad”, y luego “solo se considere relevante la parte de las ‘agendas del Sr. Villarejo’ que perjudican” al número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy. La defensa de Martínez cree que García Castellón ha actuado de acuerdo a “una idea preconcebida y no al resultado de las pruebas practicadas, como se puede concluir de la existencia de manifestaciones absolutamente erróneas”.
En las agendas de Villarejo, entre las múltiples reuniones con Cospedal, se especificaba un pago materializado a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, también exculpado por el juez junto al empresario y marido de la exsecretaria general del PP, Ignacio López del Hierro. García Castellón alude en su auto al “derecho de reunión” y añade que Cospedal negó en su declaración pagos al comisario “con contundencia”.
La defensa de Martínez añade que, en cualquier caso, está “absolutamente de acuerdo” con la decisión de levantar la imputación a Cospedal y su entorno. Contrasta con el recurso presentado por Jorge Fernández Díaz en el que el inmediato superior de Martínez aduce, a través de su defensa: "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el Sr. Bárcenas era el Tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior".
En el escrito de su defensa, Martínez critica que con las agendas en la mano el juez desestime las peticiones de algunas diligencias que han formulado las partes o que se acuerde el sobreseimiento de la “rama política” de la operación Kitchen y se utilice su contenido para acusarle a él, pese a que incluyen afirmaciones que se han demostrado falsas, como la alusión a un viaje a Argentina que nunca hizo o que tenía relación con el entonces diputado de Ciudadanos José Manuel Girauta, alega el letrado. Martínez denuncia indefensión, entre otros motivos, porque su defensa solo ha podido estudiar las agendas de Villarejo un mes y medio frente al año en que estuvieron en poder de Asuntos Internos y los ocho meses que han pasado en el juzgado.
Martínez cree que a él se le debe aplicar otro razonamiento que se utiliza para exculpar a Cospedal: falta de interés en recuperar unos documentos que, o en el caso de la secretaria general del PP ya había tenido acceso a ellos, o en en el caso del número dos de Interior, aspirante en su momento a suceder a Fernández Díaz, no le afectaban. “Es de una lógica aplastante que ningún interés podría tener la señora Cospedal en idear una operación para hacerse con aquello que durante meses tuvo a su disposición en la propia sede del PP, pero todavía es más aplastante es la lógica que permite afirmar la absoluta falta de cualquier motivación, interés o preocupación, o remota que fuese, de mi mandante en obtener unos documentos que no podían afectarle de ningún modo y a los que directamente afectados podían haber accedido por estar en una sala existente en la sede de su partido”.
La denuncia de la defensa de Francisco Martínez respecto a Cospedal y las agendas de Villarejo se extiende al caso de Ignacio Cosidó, que ni siquiera ha sido llamado a declarar como testigo pese a ser el máximo responsable de la Policía en el momento del espionaje a Bárcenas. Sobre Cosidó, el abogado de Martínez no acierta a explicar cómo se puede atribuir a su cliente una “maniobra” para que el chófer de Bárcenas ingresara en la Policía como parte del pago por sus servicios como confidente y se ignore que las resoluciones de convocatoria de la oposición y de acceso de los aprobados van firmada por el entonces director general del Cuerpo.
En el escrito se reitera la necesidad de interrogar a los miembros del tribunal de la Policía que examinaron a Sergio Ríos Esgueva y los agentes que puntuaron las pruebas físicas, incluidos en la lista de 198 personas que al defensa de Martínez incluye en su escrito y que habrían participado de una forma u otra en el citado proceso de selección.
La utilización de las agendas por parte del juez se reproduce, según Martínez, en el caso de las grabaciones de Villarejo, a las que su abogado tacha de “fanfarronadas de sobremesa”. Sin embargo, el instructor las utiliza contra el exnúmero dos de Interior por supuestos encargos que éste habría hecho al comisario y, sin embargo, ignora mensajes intercambiados con el director adjunto operativo Eugenio Pino en los que, de forma “espontánea”, exponen la imposibilidad de que se les atribuyan actuaciones que no han cometido. Esa conversación con Pino se produce cuando ya se barrunta la imputación de Martínez y están en el teléfono móvil que le intervino Asuntos Internos.
Fondos reservados
Igualmente, denuncia Martínez, el magistrado ha ignorado declaraciones de testigos que le favorecían, como la del que fuera jefe del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado, Diego Pérez de los Cobos, quien expuso que las partidas de fondos reservados llevaban su firma y la de Martínez y que sólo él comprobaba que esos documentos justificaban las partidas entregadas por adelantado el mes anterior. Martínez pide que se incorpore a la causa la contabilidad de los fondos reservados correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015 preservando en todo momento la identidad de los confidentes o cualquier otro dato delicado.
La defensa del supuesto “coordinador” de la operación Kitchen incide en la negativa del juez a las múltiples peticiones de las partes para que siguiera investigando con el argumento, entre otros, de que ya se habían practicado todas las diligencias acordadas. “No es cierto y el auto debe revocarse y practicarse las mismas, lo que motivaría la necesidad de acordar la prórroga de los plazos máximos de instrucción”, corrige la defensa de Martínez al juez. Y explica que, por ejemplo, una colaboradora en el ministerio del secretario de Estado no pudo prestar declaración como testigo el día que fue citada y se ha cerrado la causa sin volverla a citar.
El abogado de Martínez lamenta que el juez rechazara la petición de Asuntos Internos de solicitar a Sitel que acreditara si Fernández Díaz había hecho un “borrado masivo” de mensajes de WhatsApp o que esa misma unidad compruebe si su cliente utilizó dos ordenadores y un pendrive que permanecen precintados en la sede de la Comisaría General de Información. También quiere que se incorporen varios testimonios de la comisión de investigación del Congreso.
EL COMISARIO MARTÍN BLAS PIDE LIBRARSE DE ‘KITCHEN’ ALEGANDO QUE SU «RECTITUD» HACE «INVEROSÍMIL» SU IMPLICACIÓN EN LA OPERACIÓN
El exjefe de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarle por su presunta participación en ‘Kitchen’, alegando que su «rectitud» hacía «inverosímil» que sus otrora compañeros contaran con él para un operativo ilegal como el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En un escrito, Martín Blas solicita a la Sala de lo Penal que revoque dicha decisión, librándole así de ser procesado por la ‘Operación Kitchen’, y reclama además que el magistrado Fernando Andreu no forme parte de la sección que vaya a estudiar el recurso debido a su «manifiesta amistad» con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, otro de los procesados en esta pieza separada de la macrocausa ‘Tándem’.
García-Castellón señala al exjefe de Asuntos Internos como uno de los mandos policiales que habrían participado en ‘Kitchen’ conociendo «los verdaderos objetivos» de la operación, esto es, espiar a Bárcenas y su familia para robarles la información sensible que pudieran guardar sobre el PP y sus dirigentes y evitar con ello que llegara al cauce judicial.
Martín Blas no solo niega que fuera así sino que esgrime que tanto Villarejo como los demás imputados «sabían de su rectitud», porque había «denunciado y perseguido con ahínco» sus presuntas actividades ilícitas, de modo que –afirma– «es inverosímil que contaran con él para una operación de carácter ilícito».
«Siendo lo lógico lo contrario: que le ocultasen sus planes por temor a que ordenase a su unidad una investigación», añade.
Reprocha al juez instructor que no detalle los indicios que habría en su contra, sugiriendo a renglón seguido que García-Castellón se guiaría solamente por una «intuición», ya que –a su juicio– existen «contraindicios» que respaldarían su presunción de inocencia, entre los que menciona que «durante el desarrollo de la ‘Operación Kitchen’ se producen constantes presiones para que sea cesado» como jefe de Asuntos Internos.
El recurso rebate asimismo que Martín Blas diera dinero de los fondos reservados «sin control ni resguardo» a Villarejo para que éste a su vez pagara al entonces chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, que según la investigación judicial fue captado como espía de la ‘Kichen’ cobrando unos 2.000 euros al mes.
Nuevamente, apunta a un «descomunal error» del magistrado para aseverar que no correspondía ni a Martín Blas ni a Asuntos Internos abonar «ningún fondo» a Villarejo.
En este sentido, recalca que este último dependía «directamente» del entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, de quien dice que retenía dinero para operaciones propias de la DAO.
Incide Martín Blas en que no hay ningún informe de Asuntos Internos que indique que en algún momento hiciera un uso irregular de los fondos reservados asignados a esta unidad policial, recalcando que antes y después de su paso por la misma se ha venido actuando del mismo modo: sin libros de contabilidad ni recibís.
Por eso, acusa al juez de hacer «una aseveración absurda y gratuita sin respaldo indiciario de ningún tipo».
Argumenta contradicciones que probarían que estaba al margen de la operación
Refuta igualmente su participación en los seguimientos a Bárcenas y su entorno. «De ser cierto ese operativo», razona, «no podría desde luego entenderse que tiene este vinculación con la ‘Operación Kitchen’, tanto en cuanto ni se puede determinar cuándo ocurrió, ni en qué ubicación, ni cuál era su fin».
No obstante, apostilla que, de haberse producido, serían responsabilidad del que fuera jefe de la Sección de Seguimientos Jesús Vicente Galán.
Con todo, Martín Blas entiende que su incriminación en esta pieza 7 de ‘Tándem’ se apoya únicamente en los testimonios de Pino y Villarejo, dos personas a las que no da credibilidad ninguna.
A Villarejo le acusa de tener una «notoria enemistad» con él porque Martín Blas le investigó junto a sus supuestos «cómplices», incluso trató de detenerlo, por sus supuestas actividades ilícitas, motivo por el cual –continúa– «esa misma trama criminal urdió todo tipo de conspiraciones y campañas de difamación (…) para aniquilarle profesional y personalmente».
En cuanto a Pino, defiende que su testimonio no es válido debido a su «acreditada animadversión» hacía él y a su «amistad» con Villarejo, así como a sus «declaraciones incongruentes» y a sus «problemas psicológicos».
Además de la escasa fiabilidad que le merecen la palabra de Pino y Villarejo, Martín Blas enuncia a lo largo de su recurso una serie de «contraindicios» que probarían que estaba al margen de ‘Kitchen’, entre ellos las entradas sobre el exjefe de Asuntos Internos que hay en las agendas personales de Villarejo, «en las que este recogía de forma exhaustiva y diaria todas sus conversaciones y reuniones que mantenía con terceros», «amigos y enemigos».
LOS NEXOS DE CASADO CON LOS ENCAUSADOS POR ESPIAR A BÁRCENAS QUE LA EXCULPACIÓN DE COSPEDAL NO LOGRA BORRAR
El líder del PP incluyó en su dirección a Jorge Fernández Díaz, el exministro del Interior al que el juez considera el creador de la Operación Kitchen, cuando ya había sido implicado en el caso. Casado también mantuvo como diputado a Francisco Martínez, el exsecretario de Estado al que se acusa de coordinar el plan para borrar pruebas de corrupción
La dirección del Partido Popular y, en especial, su máximo líder, Pablo Casado, trataron de pasar página cuando, el pasado 29 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón puso fin a la instrucción de la Operación Kitchen, el caso del espionaje a Luis Bárcenas realizado con fondos reservados desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de borrar cualquier tipo de prueba que pudiera implicar al PP en otra causa por corrupción, la de Gürtel.
Ese día respiraron un poco más tranquilos porque, en contra del criterio de la Fiscalía, en su auto el juez Manuel García Castellón había archivado la causa contra la que fuera secretaria general del PP en el momento de los hechos, María Dolores de Cospedal, que fue la gran valedora de Casado en las primarias de 2018. Su apoyo fue decisivo para que el hoy líder de la oposición venciera en el proceso interno a su rival, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría., ya que tras verse eliminada en la primera fase del proceso a raíz de la votación de los militantes –en la que Sáenz de Santamaría resultó vencedora y Casado quedó segundo–, Cospedal desplegó todo su poder orgánico para decantar la balanza a favor del actual presidente del partido.
Génova 13 pretende hacer ver que con esa exoneración a Cospedal por parte del juez, que se sumó a la de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro –vinculado desde hace décadas al comisario José Manuel Villarejo– y a la del exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó –al que Casado nombró como portavoz en el Senado nada más ganar las primarias–, el líder del PP quedaba libre de cualquier nexo con la trama corrupta. Sobre todo después de meses en los que la imputación de la que fue su principal apoyo en el proceso interno torpedeó los planes de Casado para romper con el pasado de irregularidades y causas judiciales por corrupción en el que se ha visto envuelto su partido en los últimos años.
"El juez ha dicho que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal no tiene ninguna responsabilidad, y creo que esto debería llevar a una reflexión a los partidos que han estado diciendo que no hacíamos nada contra una persona que hoy se ha visto que era inocente. Esta dirección nacional es honesta, es transparente, y ha erradicado cualquier falta de ejemplaridad que pudiera haber en el pasado", aseguró el propio líder del PP el día en el que se conoció el auto de García Castellón.
Cuando Casado y García Egea arropaban a Fernández Díaz
Casado y su equipo obvian, sin embargo, que los dos principales encausados de la trama a los que el magistrado instructor ha llevado a juicio, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz –ahora suspendido de militancia– y el que fue su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez –que dejó el partido en 2019–, tuvieron puestos en el PP cuando lo presidía el actual líder de los populares pese a que ya se había iniciado la investigación del caso y se conocían indicios de sus responsabilidades en el espionaje a Bárcenas.
Pese a su implicación Fernández Díaz, al que el juez considera como el principal responsable de la Operación Kitchen, fue designado por Casado como miembro de su dirección tras ganar las primarias. Le nombró secretario de Interior y Justicia de la cúpula popular aunque, ante el avance de la investigación abierta en los tribunales, el líder del PP se vio obligado después a no renovarle en el cargo tras las elecciones generales de 2019. En octubre de ese año, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, llegó a arropar a Fernández Díaz en la presentación del libro sobre sus memorias políticas al que también asistió Mariano Rajoy.
En cuanto a Martínez, Casado le mantuvo en su escaño del PP en el Congreso hasta pasadas las elecciones generales de abril de 2019, a pesar de que la investigación ya le situó en 2018 como uno de los principales responsables de la trama. La dirección de los populares, sin embargo, permitió que permaneciera como diputado del partido hasta el 21 de mayo de 2019, ya que le conservó como representante del PP en la Diputación Permanente, el máximo órgano de la Cámara Baja fuera del periodo de sesiones, aunque Casado no le incluyó en las listas para los comicios.
En el auto que se conoció el pasado 29 de julio, el juez considera que fue Jorge Fernández Díaz, y nadie por encima de él, quien "instó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez". Alude a documentación comprometedora para los dirigentes del PP, incluido el propio Mariano Rajoy, al que García Castellón no hizo referencia en su auto.
Francisco Martínez Vázquez, prosigue el magistrado en su texto de finales de julio, asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez, otro de los encausados. Pino, a su vez, dice el magistrado, encargó esta operación a José Manuel Villarejo Pérez, quien, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad.
Los indicios sobre Cospedal
En su resolución, el magistrado archivó la causa respecto de Cospedal, su marido y su exjefe de Gabinete, José Luis Ortiz al señalar que, a diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, respecto de los que existe una sólida base indiciaria en el caso, de estos tres "resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación", solicitada por la Fiscalía.
La decisión de García Castellón se produjo después de que durante meses de instrucción se hubiese estrechado el cerco sobre la exsecretaria general del PP, que en noviembre de 2018 tuvo que renunciar a su escaño tras revelarse sus conversaciones con el excomisario Villarejo. Dos meses antes, en septiembre de ese año, la dirección de Casado la había elegido como representante del PP en el patronato del Instituto Elcano, en el que el pasado febrero fue nombrada vicepresidenta.
Durante la instrucción, tanto la Fiscalía, como el juez, como las agendas del comisario Villarejo señalaron a Cospedal como una de las principales responsables de Kitchen. A raíz del levantamiento del secreto de sumario, se conoció que el excomisario anotó en su agenda un plan organizado por la propia Cospedal y por el marido de ésta, Ignacio López del Hierro para colocar como jefe de la Policía al comisario en excedencia José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, la unidad de la que dependían los agentes que investigaron el caso Gürtel y siguen indagando en la caja B del PP.
En junio elDiario.es reveló además en exclusiva que Bárcenas encargó a un recluso con el que había compartido encierro en Soto del Real que destruyera las grabaciones que él conservaba en la 'nube' y que había hecho a Mariano Rajoy y Javier Arenas, en las que ambos aparecerían, según el extesorero, implicados en la financiación irregular del partido. Esas revelaciones del sumario concedieron en el espionaje de Bárcenas un papel protagonista a Cospedal, aunque finalmente el juez no vio razones para llevarla a juicio.
El silencio de Casado y la marcha de Génova 13
Hasta el pasado 29 de julio, cuando se conoció el archivo de la causa contra la exsecretaria general, Casado evitó en todo momento hablar de la imputación de su gran valedora siendo consecuente con el compromiso que adoptó tras su última gran derrota electoral de hace solo seis meses, la de los comicios catalanes –en los que los populares se quedaron con solo tres escaños de 135 en el Parlament catalán y fueron superados por primera vez en unas elecciones por Vox, que logró 11 representantes–, que el líder del PP atribuyó exclusivamente a que la campaña de esa cita con las urnas estuvo marcada por el juicio sobre la caja B del PP que se estaba celebrando en esos momentos en la Audiencia Nacional.
Entonces Casado tomó la determinación de escenificar una ruptura con el pasado más reciente de su partido, que se sigue investigando en los tribunales, y en el que sin embargo él también había tenido puestos de responsabilidad. "Ese PP ya no existe", llegó a decir durante la campaña, aludiendo a las etapas de José María Aznar y Mariano Rajoy en las que el propio Casado tuvo cargos orgánicos.
Dos días después de la debacle catalana del 14 de febrero, el líder del PP aseguró que él y su dirección dejarían de hablar de los casos de corrupción que afectaban al PP y anunció la marcha de la histórica sede de Génova 13 cuyas obras, presuntamente pagadas con dinero negro, estaban siendo enjuiciadas esos mismos días. La mudanza, seis meses después, sigue no obstante sin materializarse aunque, el pasado 29 de julio, Casado –sin desvelar aún si el PP optará por vender, alquilar o intentar recalificar el edificio de Génova 13–, aseguró que las inmobiliarias y consultoras ya han presentado sus propuestas para la nueva sede, por lo que ahora su equipo deberá decidir cuál es la que más se ciñe a sus intereses.
LOS PRECEDENTES DE KITCHEN Y DE CÓMO VILLAREJO & CIA RENTABILIZAN UN CASO JUDICIAL
En el año 2005, el comisario jubilado José Manuel Villarejo ya accionaba su máquina registradora mental, junto a su socio de aventuras el comisario Enrique García Castaño, con respecto del dinero a ganar maniobrando en los casos instruidos por la Audiencia Nacional. Doce años de éxitos más tarde, en febrero de 2017, el modelo de negocio se había expandido más allá de nuestras fronteras y su otro socio Adrián de la Joya presumía ufano ante el todavía asesor aúlico de Donald Trump, Paul Manafort de que, para ellos, los casos judiciales como los que estaba impulsando el colombiano Ivan Velasquez con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se equiparaban a un "gran casino", en referencia a los servicios de gestión de crisis que estaban vendiendo a afectados (o a sus rivales políticos o empresariales) una vez abierto y calentado un caso judicial en su contra.
El caso Gürtel, abierto el 4 de agosto de 2008 por el entonces titular del Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (apodado cariñosamente Balta por Villarejo), no fue una excepción. Lo tenía todo: políticos del partido en el poder (en este caso, del Partido Popular) y ricos empresarios implicados. Para ellos suponía un filón, porque podían ofrecer servicios de gestión de crisis tanto a los políticos a cambio de patente de corso, inmunidad y/o ascensos, como protección a los empresarios a cambio de un módico precio. O, también, podía usarse al servicio de rivales empresariales o políticos (internos o externos, según conviniese) de los afectados.
La presencia de Villarejo en el caso Gurtel se advierte ya en su propia génesis. El comisario mismo presumió de su papel en una conversación teóricamente grabada el 23 de octubre de 2009 en presencia de Balta, de la ahora pareja de éste, Dolores Delgado (entonces fiscal de la Audiencia Nacional, y hoy fiscal General del Estado) y de otros entonces altos mandos policiales, sin que nadie le corrigiera o matizase (un audio que no fue encontrado en el material requisado en noviembre de 2017 y que sacó a la luz la web moncloa.com), desviando la atención de otros encuentros mucho más recientes de la pareja con Villarejo.
La presencia del comisario es una constante durante toda la instrucción de Gürtel y sus diferentes piezas y planea en todos los ámbitos (policial, mediático y procesal). Es especialmente perceptible tras los reveses procesales de Luis Bárcenas (petición de imputación, imputación y reimputación de él y de su mujer Rosalía Iglesias, llegada de rogatorias suizas, entrada en prisión provisional, bloqueo de cuentas, etc.) que abrían ventanas de oportunidad para ofertar servicios urgentes de gestión de crisis ante la idea (que el comisario se ocupaba de intensificar) de que, tras cada golpe, el extesorero entregaría al juez o filtraría a la prensa documentación incriminatoria como elemento de presión en una posible negociación o como estrategia de defensa.
Se aprecian al menos cuatro grupos de clientes: miembros del PP afectados o interesados por el caso; rivales internos o externos de éstos; ricos empresarios imputados o en riesgo de imputación; y empresarios en conflicto con los anteriores.
Se aprecian al menos cuatro grupos de clientes objetivo: miembros afectados o interesados por el caso del Partido Popular , rivales internos o externos de estos, ricos empresarios imputados o en riesgo de imputación y empresarios en conflicto con los anteriores.
Precedentes similares a Kitchen
Entre el primer grupo aparecen Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, supuestamente interesados, como mínimo, en proteger a los afines e informarse sobre la evolución del caso. Cospedal se abría paso en el traicionero avispero del PP y había alcanzado la Secretaría General (la número dos del partido tras Mariano Rajoy) a finales de junio de 2008, tan solo cinco semanas antes de que Baltasar Garzón abriera el caso Gürtel en la Audiencia Nacional.
De acuerdo con un audio de 2009 filtrado por la web moncloa.com, la documental incautada, y las anotaciones de 2012 en las agendas recientemente halladas del comisario relacionadas con Gurtel y/o Bárcenas, se identifican al menos dos momentos en las que se ofrece sus servicios a Cospedal y a su consorte y/o a miembros del PP, con relación al devenir del caso Gurtel y/o lo que pudiera guardar y eventualmente sacar Luis Bárcenas de documentación incriminatoria: el primero, en 2009 con relación a supuestos "encargos puntuales" del matrimonio Cospedal-López del Hierro a Villarejo; y otro en 2012, tras la reimputación de Bárcenas donde se suceden los contactos y Villarejo pergeña junto al abogado Ignacio Peláez el denominado Proyecto SMP.
Aun cuando los separan tres años, lo tratado en 2009 y 2012 presenta múltiples notas comunes a la Operación Kitchen (que se ejecuta entre 2013 y junio 2015, la única que el juez considera merecedora de atención): los tres giran sobre Gürtel; las tres iniciativas se producen tras un revés procesal del extesorero que hace temer una filtración o entrega al juzgado de documentación sensible; y, en al menos dos (el Proyecto SMP y Kitchen) se prima una estrategia de pacto con Bárcenas y se oferta o co-ejecuta en alianza con abogados del estrecho círculo del comisario, como el ex fiscal Ignacio Peláez y el abogado Javier Iglesias Redondo (a los que apoda Pelayo y El Largo, respectivamente).
Los posibles "encargos puntuales" de 2009
Las conversaciones sobre Gürtel durante, al menos, los meses de junio y julio de 2009 (que aparecen en unos audios etiquetados en 2009, que no se encontraban dentro del material requisado a Villarejo, y que fueron hechas públicas por moncloa.com) se producen tras el escrito de marzo de ese año de Baltasar Garzón, en el que solicitaba a una instancia superior que se investigase a Bárcenas por hechos apreciados en el caso, ya que era senador y disfrutaba de aforamiento. En esos meses, el Tribunal Supremo tramitaba y decidía sobre la situación del hasta ese momento tesorero del PP (dimitió en julio) que finalmente fue imputado en septiembre. En esas conversaciones, Villarejo, Cospedal y su marido discutían sobre la actitud de Bárcenas, sobre su imputación en trámite, sobre cómo manejar el caso con ayuda de Jose Luis Olivera (el Oli, entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía) para minimizar daños y/o favorecer la situación personal de dirigentes del partido (como Juan Cotino, ex director general de la Policía y y luego delegado del Gobierno en Valencia, que fue imputado en Gürtel en noviembre de 2014). Las conversaciones desveladas concluían con una petición a Villarejo por parte del marido de Cospedal y en presencia de esta, acerca de si podía realizar para ellos "encargos puntuales".
Los audios de esas conversaciones se filtraban en la misma fecha en que se databa por la unidad investigadora de Asuntos Internos asignada al Caso Villarejo el oficio con el que el juzgado abre la pieza Kitchen (bajo secreto) pocos días después, el 7 de noviembre de 2018. El citado oficio contenía documental del comisario sobre gestiones suyas con relación a Bárcenas, tales como recibos firmados por la mano de un supuesto chófer de Bárcenas captado para presuntamente localizar documentación en su poder, "notas informativas" e "informes" en formato papel o digital sobre supuestas redes de confidentes, etc; pero no los audios publicados, porque ni entonces ni ahora han sido hallados en lo requisado al comisario.
En su auto del pasado 29 de julio de cierre de la pieza Kitchen y su paso a procedimiento abreviado, el juez Manuel García Castellón vuelve a rechazar investigar al matrimonio por estos posibles encargos de 2009 o considerar los audios como indicio de refuerzo para investigarles en la Operación Kitchen. El juez alega que Cospedal ha negado que finalmente le contratase, que no necesitaba informarse por él porque ya los abogados del PP personados le informaban del proceso y califica de "nada más que una sospecha" atribuir a la ex secretaria general "una intención o ánimo determinado cuyo origen no se expresa" y que, según el auto, solo se soporta en unos audios de escaso o nulo valor probatorio o siquiera indiciario: "Audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad; en ningún momento se oye a quien parece ser la investigada expresar los motivos de la reunión; se trata de una grabación que registra solo un fragmento de una conversación, aparentemente, por uno de sus interlocutores, cuya duración y contexto se ignoran", remacha García Castellón dando el asunto por resuelto.
El 'Proyecto SMP' de 2012
En el archivo digital de Villarejo se encontró una carpeta creada en 2012 llamada Proyecto SMP. Las siglas responden a la combinación de las iniciales del bufete creado por el comisario jubilado en 2011 Stuart Mckenzie (SM) y al apellido del abogado y ex fiscal Ignacio Peláez (fallecido en 2017, un mes antes de la detención de Villarejo).
La Fiscalía describe la carpeta digital requisada como "un conjunto documental denominado Proyecto SMP que si no refleja una contratación, sí unos actos previos para ello por parte de un cliente que aparece denominado como 'letrado director' [en referencia a Ignacio Peláez] que actuaría en representación de varios encartados del Sumario G (SG) [en referencia a Sumario Gurtel], encomendando a Cenyt [empresa de Villarejo] un 'proyecto de estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG''. Por el contenido del conjunto documental intervenido, el cliente sería un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular investigados en el Caso Gurtel". La Fiscalía añade que todo se acompaña de un presupuesto de 15 millones de euros y honorarios de éxito adicionales según resultados. No obstante, también matiza que la unidad investigadora no acreditó si el cliente aceptó la propuesta, ni ingresos en cuentas de Cenyt que puedan ser atribuidos a este proyecto (pero sin especificar a qué cuentas bancarias y de cuales empresas de Villarejo se refiere).
García Castellón descarta dedicar tiempo al Proyecto SMP, en ausencia de indicios de ejecución y cobro, así como acerca de la identidad y fines de los clientes últimos del "letrado director" (Ignacio Peláez) por la imposibilidad de oír al abogado en declaración (pues ya ha fallecido).
No obstante, existen múltiples indicios indirectos de interacción de Villarejo y afectados concretos por el caso Gürtel en las fechas anteriores y posteriores a la que data el Informe Propuesta SMP (11 de junio de 2012). De una parte, contactos registrados en dicho año con personas implicadas en el caso y con influencia en el PP, según las agendas recién halladas y los registrados en el cuaderno manuscrito de llamadas al teléfono fijo de la oficina de Villarejo en la planta 9 de Torre Picasso de Madrid, requisado en noviembre de 2017 cuando el comisario es detenido (las citadas agendas deben ser tomadas con cautela en tanto no se determine la antigüedad real de cada apunte).
Los contactos con temática Gürtel o Bárcenas se intensifican a partir del mes de marzo de 2012, mes en el que el Tribunal Supremo re-imputa al extesorero y pasa la competencia a la Audiencia Nacional que anula el sobreseimiento dictado en septiembre de 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por grado de interacción, destacan Juan Cotino (entonces ya diputado y presidente de las Cortes Valencianas); Arturo González Panero (que fuera alcalde de Boadilla); Eugenio Pino (el director adjunto operativo de la Policía); Jose Luis Olivera (jefe de la UDEF hasta el mes de julio); Francisco Martínez (entonces jefe de Gabinete del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz); los abogados Javier Iglesias, Ignacio Peláez; y el entorno de María Dolores de Cospedal.
Según los apuntes de Villarejo, con los mandos policiales se hablaba de las instrucciones y avisos recibidos por Jose Luis Olivera (la UDEF era la unidad asignada a Gurtel) para que "apoyase" y "ayudase" a Bárcenas. Y según las anotaciones referidas a Ignacio López del Hierro, Villarejo iba informando al matrimonio de estas instrucciones y avances en tiempo real, con anotaciones referidas marido de Cospedal en diciembre de 2012 de este tenor ILH "Apoyo a tope en todo. Me envía a Jose L. Ortí con 100 y promete 50 más".
El Proyecto SMP buscaba la exoneración de los afectados en el caso, siendo una estrategia principal, según la Fiscalía, tratar de anular grabaciones, en referencia probable a las que realizó el ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, y que aportó en 2007 a la Fiscalía Anticorrupción (que, junto a su denuncia, constituyen el origen procesal del caso Gürtel). Pero no faltan signos de ejecución de otra índole dentro del sumario que pudieran ser parte del plan para dificultar o anular la investigación en todo o parte. Así, obra en el sumario la intervención telefónica solicitada a principios del verano de 2012 por el entonces recién nombrado jefe de asuntos internos Marcelino Martín Blas, sobre las comunicaciones de José Luis Olivera, tras acumular indicios de que se estaba alertando a investigados filtrando órdenes secretas de entrada y registro ordenadas por el juez, de tal forma que la prensa llegaba antes que la policía arruinando el efecto sorpresa y por tanto la eficacia de las actuaciones.
Monetización por todas las vías posibles
Villarejo y su lobby de socorristas rentabilizaron Gürtel y sus diferentes piezas separadas (tales como la de Valencia, Arganda, Viaje del Papa, Aena, o la Pieza de los Papeles de Bárcenas abierta en 2013) por varias vías y desde las primeras imputaciones, bien ofreciendo gestión de crisis a los empresarios afectados como servicio principal o complementario a otro que ya se les estuviera prestando o, bien a sensu contrario, usando el caso en su contra como elemento de presión en el marco de un conflicto que mantuvieran con otro empresario al que el comisario estuviera asesorando. El negocio no solo estaría en el asesoramiento de la estrategia a seguir sino también en los honorarios pagados a los letrados personados por su defensa.
Hay varios empresarios y empresas afectados por el Caso Gürtel que fueron objeto de un interés preferente del comisario según la documentación incautada, entre otros:
Fernando Martín. El comisario factura en 2011 a la inmobiliaria Martinsa Fadesa 50.000 euros más IVA según se recoge en la relación de clientes y proveedores de la empresa de Villarejo que se presentó a Hacienda para ese año (el llamado Modelo 347). El 10 de junio de 2011 había sido imputado en Gürtel su mayor accionista Fernando Martín (al que se identifica en agendas como FM) con Villarejo involucrado en varios proyectos que le afectaban: Proyecto Summer y Proyecto Saving , pero también el Proyecto Twist, comercializado desde febrero y con informe propuesta de 26 mayo de 2011, poquitos días antes de ser citado como investigado.
Alfonso García Pozuelo, imputado en 2009 en Gürtel y luego también en la Pieza de los Papeles de Bárcenas en 2013. El empresario estuvo defendido en Gürtel por Javier Iglesias Redondo. García Pozuelo fue dueño hasta 2009 de Constructora Hispánica, adquirida en dicho año por Essentium, la constructora que dirigía Susana Monje. Desde febrero de 2012 el empresario mantenía un conflicto con Essentium con origen en la operación de compraventa de 2009 y ese litigio es el centro del Proyecto Crooked que el comisario oferta en octubre de 2012.
Joaquín Molpeceres, otro empresario imputado en Gürtel y la Pieza de los Papeles, a quien Villarejo apoda Pig. Así nombra una carpeta de la que cuelga otra subcarpeta abierta en diciembre de 2013 llamada PIG-imputado en la que se recoge su imputación en la pieza separada de los Papeles de Bárcenas. Se trata del accionista mayoritario de la empresa Licuas, dedicada a conducciones hidráulicas, y sobre el que gira también el Proyecto Grass que trata supuestamente de un conflicto con su exyerno, socio de un bufete. Se da la coincidencia de que la mano derecha y asesor fiscal de Molpeceres posee un despacho en la entreplanta de oficinas del edificio de Orense 12 de Madrid donde Villarejo posee un piso y un trastero en el que se domicilió una empresa del mando policial bajo el que se destapa Gürtel. En dicha entreplanta ocupa otra oficina la empresa Inneo Torres, que también contrata con Villarejo (en este caso, por un supuesto conflicto de robo de propiedad industrial con Acciona). La carpeta de Inneo Torres la tuvo un tiempo colgando de la supracarpeta Igles, donde almacenaba asuntos en los que colaboraba con Javier Iglesias Redondo.
KITCHEN: EL PLAN PARA SALVAR A COSPEDAL DE LA PIEZA DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, dictó el pasado 29 de julio un auto en el que procesa al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y parte de su excúpula policial, a la vez que archiva la imputación de la ex número dos del PP María Dolores de Cospedal, que no era lo que parecía, como todo este macro-caso: "En el auto de 1/06/2021 este instructor no acordó la citación de los investigados Sra. Cospedal y Sr. López del Hierro por entender que existiera un conocimiento y participación en la operación investigada de la dirección del partido [Partido Popular] al que había pertenecido el Sr. Bárcenas, sino para que respondieran sobre las cuestiones que expresamente se señalaron por la Fiscalía". El juez cree que la pieza no da más de sí, por lo que da por terminadas las pesquisas, rechaza diligencias adicionales solicitadas por las partes, y pasa la pieza a "procedimiento abreviado" (antesala de la fase de enjuiciamiento).
El juez sobresee para Cospedal, la persona a la que más afectaba el estado procesal en las fechas investigadas de la Pieza de los Papeles de Bárcenas, el procedimiento clave de Kitchen, según escribe él mismo en el apartado "Hechos" de la página 54 del auto: "una misión encaminada a la obtención de documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas con el fin de distraerla o sustraerla a la investigación judicial que se llevaba a cabo en el marco de la pieza separada de las DP 275/08 [Caso Gürtel] denominada Pieza de los PAPELES DE BÁRCENAS". Es la única vez, en esa pagina de un total de 70, que el auto menciona el nombre del procedimiento del que se quería desviar la documentación, a pesar de que se remarca al inicio del escrito que "el procedimiento judicial" y "la documentación" a "desviar" son el "vector y fundamento" del operativo investigado; es decir, el móvil del crimen.
Partiendo de este ninguneo del procedimiento, el juez reduce el "objeto procesal" al "asalto no consentido a un local" para sustraer unas "cajas" de documentos que Bárcenas había llevado allí desde la sede del PP, donde las tenía, para argumentar seguidamente que "no tiene sentido" que Cospedal lo idease u ordenase porque tuvo esas cajas a su disposición desde que despide al extesorero (31 de enero de 2013) hasta que ella misma le conmina a llevárselas (marzo de 2013). Y por ello la exonera.
Pero lo que resulta un sinsentido es, por un lado, asumir un objetivo de "sustracción" cuando Bárcenas podía tener copias u originales protocolizados, y por otro que pase por alto que, precisamente en las fechas investigadas, todo el futuro político de Cospedal pendía de que una documentación concreta no llegase al juez Pablo Ruz, instructor de la Pieza de los Papeles de Bárcenas: pruebas directas en su contra por la donación finalista (a cambio de una adjudicación pública concreta y única punible) de la que Bárcenas la había acusado el 15 de julio de 2013 declarando por esa pieza, pero aportando ese día un primer recibo no firmado por ella y quedando con el juez en que le haría llegar más documentación cuando "ordenase" todo lo que tenía. Y había más, según Villarejo.
Los indicios con fecha origen en el periodo investigado apuntan a un plan con dos fases para salvar a Cospedal de su muerte política tras que Bárcenas delatase la donación finalista el 15 de julio de 2013: una primera, que finaliza el 5 de noviembre de 2013 cuando el extesorero aporta al juez datos adicionales sobre la donación (datos de reuniones con el donante pero manuscritos por él mismo) pero no letales; y una segunda, hasta el cierre de la pieza en la Audiencia Nacional (en marzo 2015 por el juzgado y en junio por la Sala de la Audiencia) y posterior envío, pero sin imputar a Cospedal, de la donación finalista en causa a un juzgado de Toledo, donde la expresidenta de Castilla-La Mancha jugaba en casa y todo acaba felizmente para ella. En ambas fases se actuó en dos frentes: un pacto con Bárcenas y un blindaje de Cospedal mientras el asunto se resolvía.
En mayo de 2015, tras el cierre por el juzgado, toda la actuación se blanquea como "investigación policial oficial" por la cúpula policial investigada, al darse de alta en diferido en el sistema y la aplicación Investiga, con la "nota de investigación" NIV UN000029/15. Un disfraz de legalidad para dar cobertura a un tejemaneje del pasado con disposición ilícita de Fondos Reservados.
El vector de Kitchen: la Pieza de "Los Papeles de Bárcenas"
El Proyecto Kitchen (llamado hasta junio de 2014 por Villarejo como Papeles, o Barce) se inicia a mediados de 2013. Los indicios con origen en las fechas de autos apuntan a un plan para evitar la muerte política (y eventualmente cárcel) de María Dolores de Cospedal, lo que se produciría si Bárcenas entregaba al juez pruebas directas contra ella tras acusarla de una donación finalista en su primera y celebérrima declaración por la Pieza Separada de los Papeles de Bárcenas el 15 de julio de 2013.
La pieza de los Papeles de Bárcenas del Caso Gurtel se había abierto el 7 de marzo de 2013 para investigar la caja B del PP de la que informaron El Mundo y El País a partir del 18 de enero de 2013 (al día siguiente de que el juez comunicase a las partes que Suiza confirmaba que Bárcenas titulaba cuentas millonarias). En esos papeles aparecían, como ingresos, donaciones opacas de 23 ricos empresarios, y como pagos, sobresueldos para miembros del partido (entre estos "M.Rajoy", persona que no ha sido aun judicialmente identificada).
El 15 de julio de 2013, Bárcenas defiende ante el juez Pablo Ruz la legalidad de todas las donaciones menos una, la que recibe la campaña electoral de 2007 de María Dolores de Cospedal, poniendo la dirigente del PP al borde del precipicio. "La única operación irregular que se ha hecho aquí es la que ha hecho María Dolores en Castilla-La Mancha", declara Bárcenas, describiendo a continuación una donación finalista (dinero a cambio de adjudicación pública concreta, único tipo de donación con recorrido penal), supuestamente recibida de Luis del Rivero, entonces presidente de la constructora Sacyr, a cambio de la contrata de recogida de basuras de Toledo para su filial Sufi, valorada en 85 millones. El extesorero del PP cuantificó la donación en "600.000 o 700.000 euros" (que según las notas del comisario Villarejo, sería realmente un millón de euros, pagadero en tres fracciones: dos de 200.000 euros y una de 600.000) y entregó al juez una primera prueba: un recibo original por los primeros 200.000 euros, pero no firmado por Cospedal, sino por otra persona. Cospedal salvó ese día la imputación.
La cosa quedó pendiente de un hilo cuando el juez Pablo Ruz le pregunta a Bárcenas si tiene más pruebas (los recibos que faltaban) y éste le contesta que tenía mucha documentación aún por "ordenar". También insinuó que podía tener grabaciones de las reuniones mantenidas entre el donante y los receptores:
-Juez: Nos habla de que cuenta con documentación que dan explicación a varios de estos apuntes que aparecen aquí, ¿verdad? […]
Bárcenas: Bueno pues están básicamente, toda la justificación de eso y además el documento que me firmó el gerente regional de Toledo por la entrega de 200.000 euros […], que es el documento este.
-Juez: ¿Y los otros? ¿Los van a aportar?
- Letrada de Bárcenas: Sí lo vamos a aportar todos, Señoría, lo que pasa es que están desordenados y hay un relativo orden [...]
(Fragmento de la declaración de 15 de julio de 2013 en la Pieza separada de los Papeles de Bárcenas del Caso Gürtel).
El fundamento: "5 recibos de Cospe"
¿Tenía motivos Cospedal motivos para preocuparse? ¿Tenía Bárcenas pruebas definitivas contra ella? Villarejo sugiere que sí. El 28 de noviembre de 2013, junto a dos menciones sobre el extesorero (al que identifica como "LB" o BARC en sus notas), el comisario jubilado apunta en su agenda: "5 recibos de Cospe". Es un apunte que no solo está en las últimas agendas halladas (cuya validez como indicio dependerá de si se comprueba que todos los apuntes fueron escritos en la fecha que se dice), sino que también, y como se comprueba en la imagen inferior, se halló como recorte suelto, con el mismo formato y estilo como si fuera una versión anterior (referencia judicial R01.08), en el registro realizado en noviembre de 2017 cuando fue detenido.
Apunte de Villarejo sobre la existencia de 5 recibos en apariencia firmados por Cospedal , que escribió por duplicado en las mismas fechas en que apuntaba y escribía notas sobre los detalles de la donación finalista de la que Barcenas acusa a Cospedal el 15 de julio de 2013 pero sin entregar recibos firmados por ella.
— Sumario Tándem Documentación incautada en 2017 y 2020 a Villarejo.
Además, múltiples indicios indican que la preocupación de Cospedal era máxima por lo que pudiera decir y aportar Bárcenas antes y después del 15 de julio de 2013, y que este asunto, y no otro, era la razón de ser de Kitchen.
1.- El 11 de julio, cinco días antes de que Bárcenas declarase, Cospedal hizo la única llamada realizada a Villarejo desde su teléfono, tras lo que éste anota: "Cospe: Muy mosca con la citación" [de Bárcenas]. Al día siguiente, 12 de julio en referencia, a su marido, Ignacio López del Hierre, escribe: "ILH: Hablar mañana de lo que declarará el lunes" [el 15 de julio era lunes]. Curiosamente, en los dias anteriores, el 7 y 10 de julio, ElMundo y ElConfidencial hacían un spoiler de lo que declararía Bárcenas cinco días más tarde sobre la donación fijando como cuantía 200.000 mil euros y el recibo no firmado por ella como única prueba.
2.- El periodo de máximo riesgo que discurre entre el 15 de julio y el 5 de noviembre de 2013 (desde la declaración de Bárcenas hasta el día que entrega las "pruebas" adicionales, finalmente inofensivas), coincide con el periodo de contactos telefónicos entre Villarejo y el entorno directo de Cospedal (ella, su marido, su jefe de gabinete y su secretaria). Estos contactos se inician en los días en que el extesorero es citado a declarar, y finalizan justo el 6 de noviembre de 2013. También coincide con el "operativo policial" de seguimientos y vigilancias al local que se "asalta" y a la familia Bárcenas (25 de julio al 11 de octubre de 2013).
3.- Cospedal y la mencionada donación en causa es también la temática de las tres únicas "notas informativas" que produce Villarejo en 2013 con relación a Bárcenas (tituladas las tres NI. Actividades de LB y fechadas el 9 de julio, el 7 de agosto y el 2 de diciembre). Cospedal es también el asunto central de la única conversación de 2013 (2 de octubre) de la que se dispone de grabación entre Villarejo y el supuesto "chófer de Barcenas" infiltrado, en la que se insiste en la conveniencia de que Bárcenas "no saque nada más".
El Plan: pacto con Bárcenas y blindaje a Cospedal.
Para salvar a la numero dos del PP se implementa un plan de dos años de duración con dos fases: una de julio a noviembre de 2013, que salva la imputación inminente; y otra de enero 2014 hasta junio de 2015, que mantiene la situación hasta que la Audiencia Nacional cierra la pieza. En ambas se trabaja en dos frentes: que Bárcenas no saque nada más y por las buenas (con acuerdos) y en un blindaje político a Cospedal, usando unas supuestas grabaciones realizadas por Bárcenas al número uno y tres del PP que traslucen el mensaje de "si cae ella, caerán otros tan o más poderosos que ella".
Un acuerdo con el extesorero, es la opción más segura si de lo que se trata es de distraer pruebas del procedimiento. Porque ¿cómo garantizar que no hay más copias o, caso de originales, protocolos en notarios? No se puede. Por tanto, un botín real o escenificado solo tendría sentido para lo contrario, esto es, para filtrarlo y/o entregarlo al juez, o para usarlo como arma de protección o presión. El propio Bárcenas afirma que recibió múltiples ofertas a lo largo de años; así lo declaró tanto ante el juez Ruz en 2013, como en 2020 ante el juez y fiscales del Caso Villarejo. Según el extesorero, los negociadores (a los que a veces llama enviados "del PP" y, otras, "de la dirección del PP") le proponían dos cosas a cambio de silencio: dinero (medio millón de euros fue la cantidad que más repitió), y mejoras procesales para él y su mujer.
Bárcenas mencionó a varios enviados o intermediarios a lo largo de años, todos ellos con vínculos a proyectos villarejos: Jose Luis Olivera (jefe de la Udef hasta julio 2012); el polémico socio del comisario Carlos Salamanca, Javier Sánchez Lázaro, el exfiscal Ignacio Peláez, Pelayo; y Javier Iglesias, El Largo, a quien el extesorero identificó como el abogado que le visita en la cárcel antes de su mencionada declaración ante el juez Ruz (o sea, al inicio de la Operación Kitchen).
A menudo presentado como el "abogado del Partido Popular", Javier Iglesias no se persona por el partido en causas, sino por determinados miembros del partido a la vez que atendía a asuntos de interés de Cospedal en su ascenso a la cumbre, según fuentes jurídicas próximas al PP. Así, se le ve involucrado en las guerras intestinas del PP según las agendas de Villarejo como los asuntos que abrieron hueco a Cristina Cifuentes en su promoción primero en secreto y "en un despacho de abogados" a la alcaldía de Madrid y luego a la presidencia de la CAM y que fueron el del ático de Estepona que aparta de la carrera a Ignacio González y el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre por el que la lideresa estuvo al borde de no concurrir a las elecciones; en ambos temas Villarejo se personó con su asociación "Transparencia y Justicia" . En el caso Gürtel, Iglesias se personó como defensor de Álvaro Lapuerta (el predecesor de Bárcenas, que supuestamente visaba la Caja B), y de empresarios imputados como Alfonso García Pozuelo exdueño de Constructora Hispánica o del propio Francisco Correa desde 2017. En otro plano, con Villarejo participa en el asunto de los hermanos Cierco y la Banca Privada de Andorra, en el Caso Pujol, así como también, y según las carpetas informáticas del comisario en el pleito de Inneo Torres contra Acciona, entre muchos otros. La confianza entre Iglesias y Villarejo es tal que hasta hace poco era el defensor de su mujer en esta macro-causa.
Pago por "comprobantes" y grabaciones de advertencia
La primera fase del plan discurre entre junio y el 5 noviembre de 2013 (cuando lo que finalmente Bárcenas añade al juez es inofensivo). Según se desprende de las anotaciones de Villarejo se trabaja para lograr un acuerdo con el tesorero y, al tiempo, para dotar de un blindaje a Cospedal mientras descargaba la tormenta.
Así se infiere de los dos conjuntos de conversaciones que describen sus agendas: las que tiene con Cospedal y su entorno, que se enfocan en el problema procesal de ésta y en el extesorero ; y las que mantiene con el secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, al que se trata de convencer (y de que transmita hacia arriba) de la existencia de unas grabaciones letales para Mariano Rajoy y sobre el peligro de que estas se difundan (y, con ello, facilitar un pacto y dar respaldo a Cospedal: "si cae ella, caen todos"). El calendario de los contactos telefónicos entre el tándem Javier Iglesias&Villarejo y el entorno íntimo de Cospedal y el del dispositivo policial ilegal de vigilancias a Bárcenas (de 25 de julio a 11 de octubre) se ajustan como un guante a esta primera fase.
Los dos conversaciones de esta primera fase revelan algunos detalles:
1.- En los contactos con Cospedal y su entorno la conversación gira inicialmente en torno a su problema procesal y tras el 5 de noviembre, cuando Bárcenas finalmente no aporta nada letal, se habla sobre un asunto vinculado a "un pago pendiente" del marido de Cospedal, en que está involucrado Domingo Diaz de Mera y Adrián de la Joya el cual está "dispuesto a colaborar a tope". Todo ello relacionado con "los comprobantes de pagos" que entregó Bárcenas a Diaz de Mera según anota el comisario, en clara referencia a los recibos de la donación finalista en causa no entregados al juez. Así, el 14 de noviembre de 2013, Villarejo apunta: "DOMINGO DIAZ DE M: Su tronco es LAJOYA. Que tiene los comprobantes de pagos. Se los dio LB hace 2 años para que los moviera y no lo hizo" . Siete días más tarde, el 21, anota sobre De la Joya: "JOY: LAJOYA-. Dispuesto a colaborar a tope". El día 25, anota sobre Ignacio López del Hierro: "ILH: Vernos 14h H.M.Angel. Acepta ver a Dom. D Mera si consigue los datos de DE LA JOYA. Dice que se dedica a sacar dinero".
El 2 de diciembre de 2013, Villarejo fecha la nota informativa "NI: Actividades de LB", que describe con pelos y señales la donación finalista, citando a De la Joya como fuente, y ese mismo día apunta: "ILH Vernos mañana para entrega de datos". Tres días más tarde, el 5, escribe: "ILH Nuevo toque con el pago pendiente", seguido de un apunte donde escribe que De la Joya le habla de 500.000 euros, aparentemente relacionado con otro asunto pero coincidente con la cifra que Barcenas declara que se le ofrecía por su silencio, en una visita que se le hace en la cárcel el 8 de julio de 2013, a tan solo 7 días de su famosa declaración ante el juez Ruz (una cantidad que se le triangularía por "empresarios").
Se da la circunstancia de que De la Joya, residente fiscal suizo y supuesto prestador de servicios de trasvase de capitales para terceros (señalado en Gurtel con relación a uno para Bárcenas, e imputado en Lezo por otro para OHL), traspasa en 2011 a Díaz de Mera una empresa vacía llamada Asnostrading SL, que cobra vida en 2013 y por la que según sus balances pasa medio millón de euros hasta 2019 (el año en que se ratifica el archivo de la donación) con reflejo en partidas de activo y pasivo que nunca se cancelan. La relación del empresario manchego Díaz de Mera con Ignacio López del Hierro viene de largo: este fue gobernador civil de Toledo y más tarde consejero de la Corporación Industrial de la Caja Castilla-La Mancha, una entidad que regó los negocios de Díaz de Mera.
2. Las conversaciones del comisario con el secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, Chisco, y con la cúpula policial (el director adjunto operativo Eugenio Pino y Olivera) se centran en dos "preocupantes" grabaciones cuya existencia y contenido se habrían confirmado por un "confidente" infiltrado, Sergio Ríos (el llamado "chófer de Bárcenas")que venía avalado por el jefe de seguridad de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Una es a Mariano Rajoy en la que se escucharía al entonces presidente del Gobierno conocer todo lo referente a lo de la donación a Cospedal y pasar por la trituradora una prueba que Bárcenas le enseñaría, según se infiere de la conversación grabada de Villarejo con el supuesto chófer el 2 de octubre de 2013. La otra grabación afectaría al entonces número tres del PP, y único contrapoder de Cospedal, Javier Arenas, en la que, también según el comisario jubilado, se le oye despacharse sobre asuntos de Cospedal (pero donde Arenas también participó, según apostilla el comisario).
Estas grabaciones no han salido todavía a la luz. Reales o no, los continuos avisos sobre ellas pueden entenderse como todo un aviso a navegantes: si hacen caer a Cospedal, caen todos. Lo mismo si Bárcenas no obtiene lo que pide y las filtra. El 8 de noviembre de 2013, Villarejo apunta que da una copia de la transcripción de la "charla de RaJ" referente "al pago de 200 de Cospe" al jefe de seguridad de Cospedal; el 27 siguiente escribe con relación a un contacto con el secretario de estado de interior "CHISCO: Charla general sobre LB y tensión de RAJOY sobre todo el ministerio. Aviso de acuerdo para entrega a partir del 16 la contab" siendo que "la contab" o "contab B" pudiera ser el nombre clave para las grabaciones de las que viene alertando de continuo. Al día siguiente, el 28 de noviembre, Villarejo anotaba sobre Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino "PIN :Pacto con Ruz para libertad". Las conversaciones con el secretario de Estado y Pino prosiguen en diciembre con Villarejo avisando del "riesgo de entrega de contab b de Bárcenas" para el día 16, a la vez que anota que Pino realiza gestiones con Felipe de la Casa y Felipe del Pozo, facultativos que administran los fondos reservados en la Dirección Adjunta Operativa. El 18 de diciembre Villarejo anota "PIN: Charla con Felipe del Pozo para cobrar. Ok al final".
Segunda fase : mantenimiento de la situación de no imputación.
La segunda fase se inicia en enero de 2014 y se prolonga hasta mediados de 2015 cuando se cierra en la Audiencia Nacional toda la pieza de los Papeles y, sin imputar o procesar a Cospedal se envía el asunto de la supuesta donación de Sacyr a un juzgado de Toledo donde todo termina felizmente para la entonces secretaria general del PP. Es un periodo donde ya no se aprecia interacción con el entorno directo de la dirigente del PP, y los contactos son con el secretario de Estado y sus colegas policías. En esos meses, Bárcenas solicita varias veces la libertad provisional. Pero no se la concederán hasta enero de 2015 y previo pago de una fianza de 200.000 euros.
El periodo de mayor actividad es el comprendido entre enero y junio de 2014. En ese tiempo, según las agendas, es cuando se interactúa de continuo con el supuesto chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, y para el que Villarejo anota un pago de 2.000 euros cada mes. A diferencia del primer periodo de 2013 (cuando fue captado, y durante el cual Villarejo solo le menciona como garante de la información sobre las grabaciones), en la primera mitad de Villarejo dice que Rios realiza todas las actividades que se encuadraron entre julio a octubre de 2013 (seguimiento de la familia Bárcenas, tratar de hacerse con dispositivos informáticos, identificación para su captación de confidentes carcelarios, etc.) pero de las que el comisario no apuntó nada en sus agendas de dicho año 2013.
Es en estos meses, y no antes, es cuando presuntamente crea la supuesta red de confidentes llamados "cocineros" K2, K3, K4, etc. Entre ellos, un informático al que Bárcenas apenas conoce pero al que sorprendentemente asegura que le confía las claves para acceder a todos los secretos que guarda en la nube. Los supuestos hallazgos de la red de confidentes se vuelcan por Villarejo en "notas informativas" esperpénticas que, a su vez, desaguan en un informe titulado Kitchen-21.6.14.doc (en el que por vez primera se da el nombre de Kitchen al asunto). Se vuelve a poner foco en el riesgo de tener descontrolada posible documentación de Bárcenas que pudiera afectar al mismo Rajoy: a las manidas "grabaciones" se añaden ahora unos "libros". Villarejo apunta en su agenda tras un contacto con Javier Iglesias: "RAJ está preocupado con los datos sobre él cuando habla de libros" .
En el mundo de Villarejo aparentemente nada viene solo y nada es porque sí. Ese informe Kitchen-21.6.14.doc precede en tres días a la publicación por Daniel Montero y Luis Rendueles, periodistas de la máxima confianza de Villarejo, de un reportaje en Interviu, el 24 de junio de 2014, acerca de una supuesta negociación entre Bárcenas y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "con la mediación de un sacerdote" que según lo publicado tiene como fin, limitar años de prisión caso de ir a juicio y ser condenado. Mirando esas fechas en la agenda de Villarejo se observa un apunte de 18 de junio de 2014 (seis días antes de la publicación del reportaje), con relación a Daniel Montero: "DANI: Más gestiones sobre SILVER", donde "Silver" es Silverio Nieto, el polémico abogado, expolicía y sacerdote y gran amigo de los policías cómplices de Villarejo. Nieto fue citado en calidad de testigo en la pieza Kitchen y también en la Comisión de Investigación del Congreso, pero no para preguntar nada de esto, sino solo para dar juego a lo que tiene aspecto de una estratagema procesal para enredar el caso: la triangulación entre el secretario de Estado, García Castaño y Silverio Nieto para introducir unos SMS supuestamente intercambiados entre Martínez y el ministro que, oportunamente, conferían a éste toda la ideación del tejemaneje Kitchen, algo que ha comprado el magistrado al dejar fuera a María Dolores de Cospedal.
EL PP AÚN NO SE HA LIBRADO DE LA 'KITCHEN': TRES JUECES TIENEN LA LLAVE PARA REABRIR LA INVESTIGACIÓN
El cierre de la pieza 7 del caso Villarejo se puede recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no resolverá hasta el próximo otoño como pronto Fiscalía y acusaciones populares preparan sus escritos para intentar que se prorrogue la causa y poder aclarar la posible implicación del PP ante los flecos que quedaron pendientes Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado la investigación sobre la operación Kitchen procesando a la cúpula del Ministerio del Interior y a ocho mandos policiales, pero sin seguir indagando, como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, en una posible implicación de dirigentes del PP. Sin embargo, este no es el final de la historia, pues contra el auto del instructor caben recursos de reforma, ante él mismo, o de apelación, ante la Sala de lo Penal, es decir, un tribunal de tres magistrados que tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o confirma el fin de la instrucción. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción.
Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos ya preparan sus recursos, que presentarán el próximo mes de septiembre –agosto es inhábil, tal y como ha comunicado el Juzgado Central de Instrucción número 6 a las partes personadas–. Las tres acusaciones habían solicitado a García Castellón la prórroga de la investigación por otros seis meses. También lo habían hecho las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ahora recurrirán el auto del cierre de la instrucción pero no por no acordar esa prórroga, sino por su procesamiento como supuestos responsables políticos del operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
No sólo rechazó alargar unos meses la investigación. El magistrado se opuso a la práctica de numerosas diligencias que le reclamaban los fiscales del caso para seguir indagando en varios frentes: la posible implicación de la cúpula del PP en la organización de la operación ilegal, con la exsecretaria general María Dolores de Cospedal a la cabeza, aunque también el conocimiento que pudo haber tenido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la localización del material sustraído a Bárcenas por los mandos policiales implicados; la utilización de más confidentes para tratar de averiguar otros pagos con fondos reservados; y más pruebas que permitan argumentar el relato de que Kitchen fue sólo un capítulo más en los intentos por obstruir la investigación del caso Gürtel.
Cierre en falso
En su petición, consultada por este periódico, el Ministerio Público destacaba que resultaba "necesaria la práctica de nuevas diligencias de investigación para el completo esclarecimiento de los hechos y la identificación de todos los partícipes en los distintos ámbitos en que se puso en marcha y se desarrolló la denominada operación Kitchen". Es decir, los fiscales consideran que la instrucción aún no ha terminado porque no se ha señalado a todos los responsables. Y esto lo que vendría a significar es que las diligencias se han cerrado en falso.
Anticorrupción sigue manteniendo que el operativo se dispuso para robar documentación a Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, con el fin último de "proteger a dirigentes del Partido Popular a quienes su contenido podría llegar a involucrar penalmente". Además de la implicación de ocho mandos de la cúpula policial, añade, "otras actuaciones vienen a poner de manifiesto la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial", aparte de Fernández Díaz y Martínez. En este punto, recordaba al juez que se había quedado "pendiente de esclarecimiento la posible participación en los hechos del director general de la Policía en aquellas fechas, Ignacio Cosidó", quien ha sido citado "reiteradamente" en las declaraciones de los imputados José Manuel Villarejo y Eugenio Pino.
Efectivamente, Cosidó no ha sido citado a declarar ni una sola vez, ni como testigo ni como imputado, en los casi tres años en que ha estado abierta la instrucción de Kitchen a pesar de que dirigía la Policía en los años del operativo ilegal, ocho mandos policiales de los que era responsable han sido procesados, así como sus superiores inmediatos en el Ministerio del Interior. Ni siquiera para preguntarle si llegó a oír o a conocer el operativo. En el auto de cierre de la causa, García Castellón ve el planteamiento de los fiscales muy general y apunta que no hay ningún "dato, indicio, expresión o afirmación concreta alguna que permita sostener la imputación de esta persona", por lo que les invita a citarle, si quieren, como testigo en el juicio.
Imputación fugaz sin apenas diligencias
En cuanto a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, Anticorrupción reclamaba al juez seguir indagando en esta línea. Apenas han estado imputados dos meses y casi no se han hecho diligencias sobre su posible implicación, por lo que la Fiscalía veía "imprescindible" practicar nuevas diligencias, al menos para corroborar lo que ellos mismos dijeron en la Audiencia Nacional –negaron saber nada del asunto–, ya que "contrariamente" a esto, "otros indicios apuntan a que de ellos habría partido la iniciativa para reunirse en varias ocasiones con el investigado José Manuel Villarejo y que su interés estaría determinado por la información que este último les habría trasladado acerca de la implicación e inmediata detención de algunos de los principales implicados en la operación Gürtel".
La explicación que da el magistrado al archivo de las actuaciones para Cospedal y su marido es que de las reuniones con Villarejo no se puede extraer esta conclusión, que los encuentros no presuponen la "existencia de infracción penal alguna" y que les ampara el "derecho fundamental de reunión". Tampoco da importancia al hecho de que la exdirigente conservadora dijera que fueron "tres o cuatro" reuniones y luego su ex jefe de gabinete José Luis Ortiz elevara el número a "ocho o diez". La intención de las acusaciones, por tanto, será demostrar a la Sala de lo Penal que todo esto se ha quedado sin investigar.
Al igual que los números de teléfono que aportó Villarejo y desde los que dice que informaba a Mariano Rajoy de los avances de la operación de espionaje a Bárcenas. Según García Castellón, sólo sobre uno "existen indicios objetivos" de que el comisario era usuario por un terminal que se encontró en el registro de su domicilio, pero informa de que la Unidad de Asuntos Internos ya investigó ese teléfono en otro procedimiento judicial de 2014 y no hubo "conexión alguna" con el supuesto número del expresidente. Y aparte de todo esto, subraya que las compañías telefónicas tiene la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas durante doce meses y los hechos de Kitchen son de hace nueve años.
La Fiscalía Anticorrupción también quería seguir indagando en lo que ha revelado el sumario de la operación Kitchen en los últimos meses, y es que este operativo habría sido sólo una parte de una estrategia aún más larga y que habría comenzado mucho antes para hacer fracasar la instrucción del caso Gürtel. Por eso, su intención era profundizar en los soplos que habría recibido Villarejo y que podrían haber llegado al PP a través de este comisario. En los diarios personales que se le incautaron se halló un apunte sobre el aviso que habría dado a uno de los procesados en la macrocausa de corrupción, el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, un chivatazo que el propio exregidor confirmó al diario La Razón este mismo verano. El Ministerio Público quería citarle a declarar, pero el juez se lo ha impedido.
Ni otros confidentes, ni otros agentes, ni la documentación robada
Tampoco quiere saber nada más el magistrado sobre otros posibles confidentes, aparte del chófer Sergio Ríos, que pudo utilizar la trama parapolicial para espiar a Bárcenas, entre ellos Enrique Olivares, el falso cura que está en la cárcel por el secuestro de la familia del extesorero. Aunque sus capacidades físicas y mentales están seriamente mermadas desde que sufrió un ictus en prisión, y por tanto no puede declarar, los fiscales consideran que no se puede descartar que el asalto fuera obra de la Kitchen y por eso querían que se localizara a agentes de Policía que fueron a visitar a Olivares al centro penitenciario. Esta línea indagatoria podría llevar a más testimonios claves para la investigación y a la posibilidad de localizar más pagos provenientes de los fondos reservados, pues los fiscales creen que no se puede descartar que hubiese otro operativo "bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado".
Por otro lado, el magistrado considera que a estas alturas resulta casi imposible la localización del material que le fue robado a Bárcenas, por lo que descarta ordenar más diligencias en este sentido. "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.
Estos flecos que quedan pendientes, a juicio de la Fiscalía, de investigar en la pieza 7 del caso Villarejo es lo que lleva a las acusaciones a presentar recurso. Las populares, al menos, tienen intención de acudir a la Sala de lo Penal, concretamente ante la Sección Tercera, que es la que ve los recursos de esta macrocausa. Por eso, el PP no podrá saber hasta el próximo otoño si la operación Kitchen se queda como está (cerrada) o si los magistrados ordenan reabrir la causa para seguir investigando en ese posible papel que pudo tener el partido conservador.
Pero es que además, la Kitchen seguirá persiguiendo al PP más allá del plano judicial, pues en otoño también se retomarán las sesiones de la comisión de investigación del Congreso, que aún está pendiente de escuchar las declaraciones de Cospedal –su comparecencia se aplazó después de que se conociera su imputación–, Fernández Díaz y Rajoy. Incluso, se citará a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por esos "otros servicios de seguridad del Estado", ya que más de un imputado ha hablado de posibles agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que en aquel momento estaba en manos de la que fue número dos del Gobierno. No se descarta, además, convocar al exdirector de los servicios secretos Félix Sanz Roldán.
EL ACOSO AL COMISARIO QUE DESTAPÓ A VILLAREJO Y SU ORGANIZACIÓN CULMINA CON SU PROCESAMIENTO EN KITCHEN
Marcelino Martín Blas, el exjefe de Asuntos Internos que junto al inspector Ruben Eladio López y su equipo destapó y puso coto a los desmanes de la organización delictiva del caso Villarejo, ha sido procesado junto a los mismos a quien investigó. El juez soporta su procesamiento en indicios tergiversados, omisiones y declaraciones en su contra, carentes de base, del resto de investigados.
En el reciente auto de transformación de la pieza Kitchen, el juez Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, procesa, sin indicios que merezcan ser llamados como tales según los juristas consultados, a Marcelino Martín Blas, el comisario principal que precisamente puso coto y cercó a la cúpula policial investigada y también procesada en esta pieza, desde el momento que fue nombrado jefe de Asuntos Internos (febrero 2012-marzo 2015), unidad cuya función es velar por la limpieza policial, identificar las manzanas podridas y sacarlas del cesto.
Tras su cese fulminante en marzo de 2015 para que dejara de investigar, Martín Blas es recuperado de inmediato por el juez Arturo Zamarriego, primer instructor del caso Nicolás y la grabación ilegal al CNI, para que lidere una Comisión Judicial compuesta por 6 policías y un jefe de equipo creada por el magistrado, para llevar la investigación en lugar de la unidad de Asuntos Internos bajo el nuevo jefe Francisco Migueláñez, a la que aparta. Con dicho movimiento, muy excepcional en la historia procesal española, el juez Zamarriego enviaba ya un mensaje nítido: la cúpula policial y la del Ministerio del Interior no eran de fiar. Y el tiempo le ha dado toda la razón. Posiblemente, sin el trabajo de Martín Blas y su equipo, contra todo y pese a todos, lo que ahora se conoce como el caso Villarejo nunca se hubiera abierto dos años más tarde en la Audiencia Nacional.
García Castellón procesa a buena parte de aquella cúpula policial (y también a Martín Blas) por participar o conocer el hecho delictivo investigado en la conocida como Pieza 7 Kitchen: el contubernio ejecutado entre julio y octubre de 2013 para supuestamente sustraer documentación sensible que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas en su poder, usando recursos públicos (fondos reservados y recursos policiales) de forma ilegal. La operación consiste, según el auto del magistrado, en primero captar al chófer de Bárcenas, Sergio Rios Esgueva y, seguidamente, articular un dispositivo policial de apoyo para seguimiento al extesorero y su familia, con el fin de localizar y sustraer la documentación mencionada.
El magistrado responsabiliza al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como ideólogos y coordinadores, y a la cúpula policial como ejecutora del plan por delegación de los anteriores, comenzando por el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino que, a su vez, según el auto, "se lo encarga primero a Martín Blas" para sustituirle al poco por Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) hasta febrero de 2017.
Se encapsula así el asunto en los muros del Ministerio Interior y la cúpula policial, dejando fuera de la causa a la principal potencial interesada y beneficiaria María Dolores de Cospedal (y a su marido, Ignacio López del Hierro, y a su exjefe de gabinete, José Luis Ortiz) entonces número dos del Partido Popular en su condición de secretaria general.
El juez sobresee también para los jefes de sección del grupo de vigilancias de la UCAO y Asuntos Internos a los que también, como a Cospedal, citó en calidad de investigados, porque tras procesar a sus jefes máximos (García Castaño y Martín Blas) concluye que obedecían ordenes y actuaron por "obediencia debida". Una apreciación discutible, según explican a Público fuentes policiales, en tanto en cuanto dichos jefes no podían no saber quién era Bárcenas o su mujer y su situación procesal, y en todo caso, tenían la obligación de comprobar si las órdenes de seguimiento recibidas estaban encuadradas en una investigación policial dada de alta en el sistema con su correspondiente referencia NIV (Nota de Investigación) o, bajo tutela judicial en su caso, porque la "obediencia debida" carece de eficacia cuando se trata de ordenes fuera de la normativa, según dispone el apartado d) del articulo 5 de la Ley Orgánica de 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Procesa a Martín Blas con indicios que no son tales
El juez imputa y procesa a Martín Blas en ausencia de indicios, como ya informó Público en detalle en artículos anteriores. El magistrado repite en el auto de procesamiento el mismo cuadro "indiciario" que usó para citarle como investigado: lo que llama "conversación" sobre Kitchen entre Villarejo y Martín Blas y que no existe; la declaración de Jesús Vicente Galán, jefe en 2013 del pequeño grupo propio de vigilancias de Asuntos Internos, sobre una gestión que supuestamente le ordena Martín Blas sobre un vehículo y que nunca se produjo; una única vigilancia atribuida a Asuntos Internos pero de la que no existe ninguna prueba documental y además la agente que la desvela atribuye la orden a Vicente Galán quién a su vez lo niega.
El magistrado pone en la lista, además, un informe que Asuntos Internos envía a su juzgado a golpe de orden del fiscal que informa (y el juez lo omite) de que no existe en sus archivos ninguna referencia documental a ningún operativo de vigilancias, cualquier tipo de gestión o informe relativo a Bárcenas, incluyendo las supuestas notas informativas que el DAO Eugenio Pino declaró (como investigado y derecho a mentir) que Villarejo elaboraba y entregaba a Asuntos Internos, porque, según él, es a Martín Blas, entonces jefe de Asuntos Internos a quien confía en un primer momento la ejecución de plan. La relación de "indicios" termina con un documento incautado a Villarejo sobre datos personales y mercantiles de la familia de Martín Blas que apareció en el mismo periodo temporal que fue elaborado y publicado en las páginas de Okdiario, la web de Eduardo Inda, con el objetivo de desprestigiarle.
Según las fuentes policiales y jurídicas consultadas, se tratan todos de "indicios" sin base alguna para una imputación y mucho menos para un procesamiento:
a) El supuesto primer encargo de Pino a Martín Blas para ejecutar el Plan Kitchen: Solo tiene reflejo en la declaración de Villarejo y Pino. Y los datos demuestran que es falso. Así, del primer paso del Plan, la captación del chófer Sergio Ríos, el sumario acredita que se ocupan García Castaño, el exjefe de seguridad de Cospedal Andrés Gómez Gordo, y el comisario Villarejo. En ninguna de las grabaciones de 2013, año en que tienen lugar los hechos investigados, ni en sus numerosas y extensas declaraciones judiciales por la causa Kitchen, Sergio Ríos menta a Martín Blas, ni como captador, ni como interlocutor, ni como pagador.
b) La supuesta orden de Martín Blas, que este niega, al jefe de sección de vigilancias de su unidad, Jesús Vicente Galán, para indagar en un Citroën C4 (modelo usado por la policía) sin detalle de matrícula o color en una zona sobre la que según este, el exjefe de Asuntos Internos le advierte "que cerca vivían los Bárcenas": no solo no hay constancia documental ni de la orden ni de la gestión de indagación sino que, además, el juez no ordena diligencias para verificar la realidad de la misma, localizando y citando al subordinado (solo tenia 8 agentes) al que dijo Vicente Galán haberle encargado a su vez la tarea y al que no identifica. Durante la declaración de éste en sede policial primero y judicial después, no se le pregunta tampoco si verificó antes de proceder a cumplir la supuesta orden si estaba amparada por una investigación dada de alta en el sistema (NIV).
c) La vigilancia a los Bárcenas que supuestamente hace Asuntos Internos bajo mando de Martin Blas: La documentación obrante en el sumario prueba que todas las vigilancias acreditadas las hizo la unidad de Enrique García Castaño, y bajo orden y monitorización directa de éste. La única atribuida a Asuntos Internos es la que declara de palabra una agente, pero sin acta que la ratifique, y cuya orden achaca a Vicente Galán y no a Martín Blas. Por su parte, Vicente Galán negó dicha orden y no habló de ninguna gestión de seguimiento ordenada por su jefe, a quien únicamente le atribuye la gestión para el vehículo C4.
d) El juez cita un informe pedido por la fiscalía a la central de Asuntos Internos que en las fechas de autos mandaba Martín Blas, omitiendo que fue exculpatorio como se comprueba en la imagen inferior. En el escrito se informaba al juzgado de la inexistencia en los archivos de documental alguna referida a Bárcenas.
Martin Blas Kitchen
Indicios sin base considerados por el titular del juzgado para procesar a Martín Blas en la Pieza 7 Kitchen.
e) Lo que el juez y la unidad investigadora llaman "conversación" entre Villarejo y Martín Blas para hablar de Kitchen nunca existió, como ya demostró Público. Se trató de una llamada que el 25 de febrero de 2014 (cuatro meses tras el fin del operativo) Villarejo realiza primero a la secretaria del DAO Eugenio Pino para que ésta le pase al móvil de Martin Blas a sabiendas de que éste está allí mismo reunido con Pino. Tras pasarle y hablar con Martín Blas menos de un minuto de un asunto ajeno a Bárcenas, Villarejo pide a Martín Blas que le pase su móvil a Pino para comentarle un asunto. De la transcripción de lo que entonces hablan Pino y Villarejo se desprende que es imposible que Martín Blas supiera de qué trataban solo escuchando al exDAO. El audio de esa llamada obra en el sumario y además fue reproducido por el fiscal durante una declaración de Pino en presencia del juez. Aún así, el magistrado asume de nuevo la versión falaz que recoge el cuerpo del oficio con el que se informó en su día al juzgado de su existencia, que para más inri, adjuntaba la versión correcta del audio en un kilométrico anexo que adjuntaba. El cuerpo del oficio daba el cambiazo a la parte de la transcripción que resumía el minuto en que Villarejo "conversaba" con Martín Blas, usando además un juego visual de cobertura, como se comprueba en la imagen siguiente.
Transcripción conversación Marcelino
Transcripción de la conversación en el cuerpo del oficio y en el anexo. Parecen la misma pero no lo es. La del anexo es la correcta.
f) Carpeta INTERIOR que contiene el audio y también un carpeta Kit con 9 notas sobre Bárcenas de la que los investigadores infieren que Kitchen es una operación bajo el mando de "órganos superiores y/o directivos del Ministerio del Interior" como Martin Blas. Una deducción incluida en el oficio antes mencionado que puede leerse en el margen izquierdo de la imagen superior y que no responde a la realidad.
La carpeta INTERIOR se localiza en el pendrive "disco plateado" incautado a Villarejo y referenciado judicialmente como indicio BE09. Contra lo que dice el oficio, del examen de su contenido se infiere rápidamente y con certeza que la etiqueta INTERIOR refiere a "Prensa de Interior y Tribunales", una sección en la que Villarejo tiene infiltrados a la mayoría de sus periodistas afines y en una parte considerable del espectro de medios de comunicación. La carpeta, a la que Público ha tenido acceso, contiene una veintena de subcarpetas donde Kit es una más, y Marcel (con el audio) otra. Cada subcarpeta trata de un asunto en el que trabaja o trabajó (como por ejemplo el caso Nicolás, el caso Varma, el caso Pinto, el asunto de Podemos, además de Kit), y en los que hizo jugar a la prensa un papel protagonista. Así, en cada subcarpeta almacena las notas informativas que recogen las historias o versiones de historias que quiere difundir junto a los artículos de prensa publicados sobre la cuestión.
No es difícil ver que muchos de los artículos de prensa almacenados bajo cada carpeta están firmados por su corte de periodistas y recogen el contenido de las notas de Villarejo. Sin ir más lejos, el contenido de las 9 notas almacenadas bajo la subcarpeta Kit (las que hablan sobre los famosos "cocineros" o confidentes infiltrados en el entorno familiar y de prisión de Bárcenas ) se confecciona en noviembre de 2015 y su contenido es publicado por periodistas afines a Villarejo ese mismo mes así como en años posteriores citando como fuente "notas policiales". La confección y publicación se produce dos años después de sucedidos los supuestos hechos pero coincidiendo con el alta de Kitchen como supuesta investigación oficial en el sistema, con la nota NIV/29, para amparar en diferido la actuación irregular de vigilancias a Bárcenas y la disposición de fondos reservados y para "regularizar" la situación. Es llamativo que una carpeta tan voluminosa como INTERIOR, cuyo contenido es claro, pueda interpretarse en la Audiencia Nacional de una forma tan distinta.
Distintas varas de medir
Para sobreseer a Cospedal el magistrado alega que hablar con Villarejo no es un delito, que hablar de manejar los medios es "algo banal" o "una conversación social" y que solo hay una referencia directa sobre su supuesta participación (un apunte en una agenda de Villarejo datado en 2013) y, "más importante", que la ex secretaria general del PP y su marido han negado "categóricamente" su implicación en los hechos investigados. Pues bien, no solo Martín Blas también lo ha negado "categóricamente" sino que además, en esas mismas agendas, el exjefe de Asuntos Internos no es mencionado hasta diciembre de 2013 y por asuntos sin relación con Bárcenas.
El juez apoya la estrategia de Villarejo calificando de “enemistad” la relación entre éste y Martín Blas
En la página 29 del auto de procesamiento, el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional califica la relación entre Villarejo y Martin Blas de "notoria enemistad" haciendo así suya una de las principales estrategias (falaces) de defensa del comisario jubilado: recrear en los medios una enemistad recíproca con los que le investigan para acto seguido solicitar que sean apartados de las investigaciones por "falta de parcialidad".
A Marcelino Martín Blas se le ha incluido en algunos medios en una "guerra de comisarios", expresión que sitúa a Villarejo al mismo nivel que aquel cuya obligación era investigarle como jefe de Asuntos Internos que era, y no por enemistad. El juez instructor del caso Villarejo ve, en cambio, "enemistad" en la labor de Martin Blas y también en la actitud de Villarejo, quien solo buscaba recrear una escena que le permitiera sacarse de encima a su colega y de paso restar credibilidad y objetividad a sus investigaciones.
Las defensas de Villarejo (Ernesto Díaz Bastién) y de Carlos Mier (bufete Boye&Elbal) alegaron exactamente enemistad recíproca entre Villarejo y Martín Blas en diciembre de 2016, para quejarse de "falta de imparcialidad" y pedir al juez Arturo Zamarriego que lo apartara del caso Nicolás y la grabación ilegal al CNI, junto a su jefe de equipo el inspector Rubén Eladio López y procediese a disolver la Comisión Judicial. Tanto el juez como luego la Audiencia Provincial desestimaron esa petición por entender que dicha "enemistad" solo estaba en la imaginación de Villarejo (y en los textos de sus periodistas).
El principal beneficiado por el procesamiento del exjefe de Asuntos Internos es el inspector jefe Jesús Vicente Galán, quien ve archivada su imputación al asumirse que Martín Blas es responsable y, por tanto, cumple sus ordenes como "obediencia debida". El juez no se plantea, pues, la posibilidad de que pudiera actuar por su cuenta (aprovechando las vacaciones de Martin Blas) o bajo indicaciones de otra persona ajena a Asuntos Internos como, por ejemplo, de su mentor, el también procesado José Ángel Fuentes Gago o de el jefe de éste el DAO Eugenio Pino.
El magistrado soporta también el archivo de la imputación en el desconocimiento que entiende que el inspector tenía del operativo lo que se contradice con el hecho de que una subordinada le señala como ordenante de una vigilancia sobre el "domicilio" de los Bárcenas (en la madrileña calle de Príncipe de Vergara). También de forma contradictoria, se apoya en que Vicente Galán declara que Martin Blas le daba todas las ordenes referidas a gestiones en la "calle General Díaz Porlier " (estudio de la mujer de Bárcenas) una calle diferente de la del domicilio. Además, no se verifica si de verdad se produjeron unas gestiones (vehículo y vigilancia) cuya efectiva realización presenta dudas: no hay actas que ratifiquen, no se identifica al subordinado que debía buscar el vehículo y el conflicto entre declaraciones de la agente y Vicente Galán respecto a la autoría de la orden de vigilar la casa de los Bárcenas.
Otro punto llamativo es que los motivos del archivo para Jesus Vicente Galán que se recogen en un auto del juez del 1 de junio, se omiten en el auto de procesamiento de 29 de julio (el que se envía a los medios por el gabinete de prensa), donde el magistrado se limita a informar de este archivo para Vicente Galan en el auto de 1 junio donde sobresee pero citando este auto con una fecha equivocada (2 de junio) . No sucede así, sin embargo, con la otra persona sobre la que también se acuerda el archivo de la causa en el mismo auto de archivo de 1 de junio, el comisario José Francisco González García, otro jefe de sección pero del grupo de vigilancias de la UCAO, la unidad de García Castaño .
Vicente Galán es un hombre del ex jefe de gabinete del DAO Eugenio Pino, Jose Ángel Fuentes Gago. Fue Gago quién lo recomienda para Asuntos Internos, y se lo lleva después con él a la DAO, donde presuntamente participa, entre otras misiones, en la construcción de acusaciones falsas contra Podemos. Las agendas de Villarejo recién encontradas (en ausencia de pruebas científicas que corroboren que están escritas en las fecha que se indican) muestran que Villarejo tiene relación con Vicente Galán a partir de, como mínimo, 2014 pero ya en una apunte de 14 de septiembre de 2012, semanas después de que entrase en Asuntos Internos, el comisario apuntaba su nombre y número de teléfono
Tras su etapa en la DAO, Vicente Galán es recompensado con un fabuloso destino de agregado de Interior en Mauritania.
Y, como el mundo es un pañuelo, y el mundo de Villarejo apenas un retal, resulta que Fuentes Gago comparte con García Castellón a un amigo común también policía: Pedro Agudo Novo, que intimó con el juez cuando ambos coinciden en Roma, Agudo como agregado y Garcia Castellón como juez de enlace. Y las coincidencias no terminan: también se rechaza en Kitchen, la imputación solicitada por la Fiscalía del que era el director general de la policía (cargo entre el secretario de Estado y ministro), Ignacio Cosidó porque el magistrado no aprecia indicios que señalen su participación efectiva. Agudo era jefe de gabinete de Cosidó hasta septiembre de 2012, mes en el que es relevado tras trascender su presunta vinculación a una academia de preparación de oposiciones para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía.
La estrategia del falso culpable es una seña de identidad
Los "proyectos" ejecutados durante años por la organización de la que Villarejo es parte están plagados de falsos culpables creados ad-hoc. En cuanto al objetivo perseguido, la casuística es amplia: destruir a un competidor, sea empresarial o contrincante político (interno o externo); reorientar un caso policial-judicial por la vía de desviar las culpas a otro que dé el pego; o bien para anular una causa articulando campañas de desprestigio contra los investigadores, fiscales o jueces que intervengan, como fue el caso de Martin Blas, del fiscal Anticorrupción José Grinda o el del comisario Jaime Barrado, por citar algunos de los más recientes.
Se busca la creación de un clima de opinión que trabaje en favor de la aniquilación social, política, de la credibilidad o del prestigio del objetivo a batir. Y eso se logra con un "diseño de medios" (Villarejo dixit) que el comisario alimenta con primero sus "notas informativas policiales" y luego con la parte de los sumarios que le interese fijar.
El acoso a Martin Blas empieza al poco de ser nombrado jefe de Asuntos Internos en febrero de 2012 cuando solicita sin éxito a un juzgado permiso para pinchar a la cúpula de la UDEF (entonces al mando Jose Luis Olivera) al cerciorarse de que los periodistas llegaban antes que los policías a los inmuebles cuyos registros había ordenado el juez del Caso Gurtel (y en estas operaciones la sorpresa es clave). Al enterarse, la cúpula policial entró en furia. Al poco, le siguió el caso Colombo, que Martín Blas abre al detectarse nuevas filtraciones de informes de la UDEF bajo secreto del caso Gurtel, que se salda con denuncia en la Fiscalía Anticorrupción tras ser interrogados varios mandos y agentes de esa unidad; unas pesquisas que la cúpula mafiosa filtraba a varios periodistas (y estos así lo publicaban) como "presiones de Martin Blas, a los agentes que investigan al PP" para, en su opinión, amedrentarles y perjudicar el caso, cuando se trataba de todo lo contrario.
Al poco llega el caso Emperador y su pieza separada "Funcionarios" y luego el caso del chivatazo de Villarejo a Varma. Culminando en octubre de 2014 con el Caso del Pequeño Nicolás, el principio del fin para Villarejo y el comienzo para Martín Blas, (y para su inspector jefe del equipo Rubén Eladio López), de una verdadera odisea que narró él mismo durante más de dos horas y media en el Parlament de Catalunya y en el documental Las cloacas de Interior producido por Mediapro y este diario.
EL CIERRE EN FALSO DE KITCHEN Y LA EXCULPACIÓN DEL IBEX DESINFLAN EL CASO VILLAREJO
Las otras dos grandes actuaciones de la brigada política siguen sin investigarse: la Operación Catalunya y las maniobras contra Podemos. El juez limita la operación Kitchen a Interior dejando fuera a Rajoy, al PP y al CNI, mientras empieza a limitar las investigaciones de los contratos de las grandes empresas con el comisario
El caso Villarejo, llamado a sacudir a la élite política, empresarial y judicial del país, mengua. El pasado jueves, su nómina de exclusivos imputados se vio reducida por decisión del juez Manuel García Castellón, quien en apenas dos horas cerró inesperadamente la pieza del espionaje a Luis Bárcenas desde el Ministerio del Interior y eximió de responsabilidad en la contratación del policía corrupto a la petrolera Repsol, al gigante bancario Caixabank y a los máximos responsables de ambas.
Estas decisiones adoptadas por el instructor afectan a las piezas más relevantes del caso. Con el hilo conductor del comisario, la causa Tándem se había convertido en un rompecabezas de la corrupción que ha habitado en España en las cuatro décadas de democracia. Otra vez, el Ministerio del Interior se veía envuelto en un escándalo solo superado por el terrorismo del Estado: con cargo al erario público, los fondos reservados, se había financiado una operación para sabotear las causas judiciales contra el PP, el partido en se momento en el Gobierno.
Como ya ocurriera con los GAL, todo queda circunscrito al Ministerio del Interior. El juez ni siquiera ha llamado a declarar al que otros imputados señalan como perfecto conocedor de la operación "parapolicial", el entonces presidente del Gobierno. Mariano Rajoy fue el principal beneficiario de la maniobra para sustraer al tesorero del PP la documentación de la caja B de la formación que pudiera acabar con su carrera política e incluso sentarlo en el banquillo. Las continuas referencias a "El Barbas" o "El Asturiano", como identifica Asuntos Internos a Rajoy, y el detalle de sus contactos con Villarejo a través del abogado Javier Iglesias, no tienen entidad suficiente para citarlos al menos como testigos, según el juez.
La decisión de no prorrogar el caso Kitchen pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el resto de acusaciones y las defensas de varios imputados tiene una incidencia directa en la política nacional: el actual líder de la oposición, Pablo Casado, alcanzó la presidencia del Partido Popular con el apoyo de María Dolores de Cospedal, quien tuvo que dejar después la política por sus tratos con el comisario corrupto y ahora queda eximida de responsabilidad penal.
El magistrado considera que no hay indicios contra la secretaria general del PP durante la operación Kitchen, pese a las anotaciones sobre pagos al comisario y la grabación en la que ella y su marido le encargan "trabajos puntuales". El juez apela en su auto al "derecho de reunión" que asistía a la política y al policía, líder de una presunta organización criminal.
Con todo, es muy probable que un ministro del Interior y su secretario de Estado se sienten en el banquillo. Pero si la Sala de lo Penal no corrige a García Castellón y le obliga a practicar las pruebas que ha negado a la Fiscalía, la operación Kitchen quedará como una idea de Jorge Fernández Díaz, miembro del reducido círculo de amistades de Rajoy, que fue ejecutada por sus subordinados en el Ministerio. Como recordó Pablo Casado al trascender el auto del juez, Fernández Díaz está cesado de militancia y Cospedal "es inocente".
De lo abrupto de la decisión de García Castellón habla un hecho que había pasado desapercibido hasta que dictó su auto de pase a procedimiento abreviado. La Fiscalía solicitó la declaración como investigado del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el único en la escala de mando que escapa a Kitchen. El resto de partes ni lo sabía y no tuvieron tiempo de pronunciarse. El juez instructor les había hurtado el conocimiento de esa petición de declaración de Anticorrupción que ahora deberán respaldar ante la Sala de lo Penal.
Así las cosas, la operación Kitchen queda reducida a un político que se extralimitó y que contó con una retahíla de comisarios e inspectores jefes de la Policía Nacional puestos al servicio de un interés partidista e ilegal. Como el propio Villarejo ha declarado, ellos eran los mimos agentes que atacaron a la oposición en la Operación Catalunya. Hay evidencias de que repitieron el 'modus operandi' con Podemos.
Mientras, una de las preguntas más incómodas seguirá flotando en el aire: ¿Conocía el servicio de Inteligencia español la operación? ¿La consintió? ¿Participó en ella? Así lo dio a entender, antes de retractarse, el número dos de Interior, Francisco Martínez, con su mensaje depositado ante notario con Fernández Díaz sobre el "contacto cecilio". O en la reflexión del móvil que le arrebataron los investigadores sobre la participación de "otros servicios del Estado".
Tendrá que ser la comisión de investigación del Congreso quien realice esas preguntas al responsable del CNI entonces, el general jubilado y a sueldo actualmente de Iberdrola, Félix Sanz Roldán, en un episodio que vuelve a cuestionar su mandato, después del fracaso en el referéndum soberanista de Catalunya y su implicación personal, si no también la del mismo CNI, en los oscuros episodios del rey emérito en los que se mezclan su relación extramatrimonial con Corinna Larsen y el trasiego de dinero opaco. El consenso para la comparecencia del general ha crecido entre los grupos parlamentarios en las últimas semanas.
La comisión de investigación del Congreso es un instrumento que ha despreciado ante miembros de su entorno el juez García Castellón. Una prueba es la decisión del magistrado de hacer público el auto de imputación de Cospedal y su marido mientras declaraba éste y a pocas horas de que lo hiciera ella. Manuel García Castellón tenía el auto redactado a falta de firma desde hacía días encima de su mesa, confirman fuentes jurídicas.
La Operación Catalunya, el elefante en la habitación
A los archivos decretados por el juez hay que sumar los indicios que nunca se investigaron, vinculados a la extensión de una guerra sucia contra la oposición que el Gobierno del PP practicó durante el mandato de Rajoy y en la que siempre participó el comisario Villarejo. Se trata de las citadas Operación Catalunya y las maniobras contra Podemos.
Todos los indicios que han surgido durante la instrucción respecto a la actividad parapolicial contra el procés han acabado en un cajón del Juzgado Central de Instrucción número 6 bajo el nombre de 'Archivo Taja'. Con el argumento del secreto de Estado, el juez rechazó investigar los encargos de Interior a Villarejo en 2013 y 2014, periodo caliente de la Operación Catalunya en la que el propio policía ha confesado su participación.
En un auto de abril de 2020, García Castellón justificaba que esas "funciones asignadas" a Villarejo que mantiene bajo secreto van acompañadas de otras atribuciones por parte del Ministerio que dirigía Jorge Fernández Díaz, "principalmente relacionadas con la captación de información de interés policial", sin que el juez ahonde en qué tipo de trabajos se le requerían al policía liberado.
En el mismo auto, el juez sacaba de la causa una larga lista de documentos, bajo el supuesto de secreto de Estado, difícilmente identificables porque solo aparecían reseñados con referencias alfanuméricas. Este diario pudo compararlos con otro documentos en el sumario de 2018 y descubrió entre ellos había trabajos del policía sobre Artur Mas y "diversas personas", la "financiación" de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y el ex cónsul honorario de Letonia en Barcelona, Xavier Vinyals.
Entre la documentación desclasificada por Interior para la investigación de Kitchen apareció un recibo de 6.700 euros acompañado de la anotación "mossos". Los fondos iban asignados al comisario imputado Enrique García Castaño, a quien Fiscalía y juez no han permitido explicar que se trataba del dinero con el que pagaba por información del procés a un sindicato del cuerpo policial autonómico.
Del 'caso Villarejo' al 'caso Pablo Iglesias'
El caso de Podemos es emblemático. La pieza 10 o caso Dina arrancó como el robo de información al partido guardado en el móvil de una colaboradora y su posterior publicación en medios afines a la brigada política. Pero acabó con una intensa instrucción contra el líder de la formación, Pablo Iglesias.
García Castellón regresó del confinamiento con un objetivo principal: imputar al vicepresidente del Gobierno en plena situación de tensión social y política fruto de la pandemia. Pero tenía un problema, los dos delitos que se le atribuían, daños informáticos y revelación de secretos, necesitaban que la perjudicara se sintiera como tal y denunciara. Y Dina Bousselham no lo iba a hacer. Así que el juez estiró la causa hasta llevarla al Supremo ignorando la petición de la colaboradora de Iglesias de declarar, lo que hubiera puesto fin a la investigación al líder de Podemos.
El juez García Castellón dejó en esos meses de 2020 en segundo plano la instrucción de piezas como Kitchen o BBVA para centrarse en un posible delito de daños informáticos y destrucción de una tarjeta telefónica de una persona que no se sentía perjudicada por ello. Incluso planeó viajar a Gales para interrogar a los técnicos que intentaron recuperar el material contenido en tarjeta.
En contra del criterio de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, García Castellón propuso al Tribunal Supremo imputar a Iglesias, que entonces estaba aforado, pero el Alto Tribunal rechazó tal posibilidad y le recordó que lo que tenía que hacer era llamar a Bousselham y escuchar lo que no había querido oír durante meses. Aún no lo ha hecho. A día de hoy, el magistrado espera un informe de la Policía Científica antes de decidir sobre Iglesias, que ya no está aforado.
La documentación incautada al comisario ha dado para abrir una treintena de piezas, algunas cerradas ya, pero solo la mitad del material ha sido desencriptado. El CNI traslada al juzgado desde hace meses que no logra avances y el comisario sigue sin facilitar las claves.
La repercusión en los juicios de octubre
Otra de las decisiones del intenso 29 de julio de García Castellón anticipa un futuro nublado al caso. El juez archivó la causa contra Repsol y Caixabank porque no tenían por qué saber que estaban contratando a un comisario en activo y, por tanto, no se puede dar el delito de cohecho. Eso mismo podrán alegar los miembros de la jet que se sentarán en el banquillo en octubre en el primer juicio de la causa Tándem que acogerá tres piezas, las denominadas Land, Pintor y Iron. Si el tribunal acepta la tesis de que los clientes no tenían por qué saber que Villarejo era policía la acusación de cohecho, el soborno a un funcionario, se tambalea.
Se da la circunstancia de que las empresas del Ibex acogen la peor cara de la puerta giratoria de unos funcionarios especiales, los comisarios de policía. Las empresas defienden su contratación porque son los expertos más adecuados para dirigir la seguridad de las empresas. El sector privado de la seguridad lo desmiente rotundamente y apunta a otro motivo: sus contactos en el Ministerio del Interior y en las Fuerzas de Seguridad.
Esos antiguos altos mandos de la Policía, Miguel Ángel Fernández Rancaño en el caso de Caixabank, y Rafael Araújo, en el de Repsol, siguen imputados. ¿Los antiguos compañeros de Villarejo no sabían de su condición en activo y de cómo accedía a datos confidenciales para sus trabajos? Lo que el juez tiene claro es que, lo supieran o no, nunca se lo trasladaron a los consejeros delegados de las empresas más poderosas del país y que éstas tienen unos programas de prevención que aplicaron y que les protege de cualquier responsabilidad penal.
Las acusaciones creen que después de Antoni Brufau e Isidro Fainé el siguiente en salir de la lista imputados del caso Villarejo es el CEO de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Quedan imputados el BBVA y Francisco González, quien salió del segundo banco del país en 2019.
LA FISCALÍA PREPARA EL RECURSO PARA ACLARAR LA IMPLICACIÓN DEL PP EN EL ‘CASO KITCHEN’
Un informe de Asuntos Internos de la policía detalla más de 70 comunicaciones entre el comisario Villarejo y el entorno de Cospedal durante los meses de la operación de espionaje a Bárcenas
La Fiscalía Anticorrupción, que investiga desde marzo de 2017 una supuesta mafia policial dirigida por el comisario José Manuel Villarejo, se opone al auto dictado el jueves por el juez Manuel García-Castellón con el que pone fin a las pesquisas sobre el caso Kitchen, una operación urdida sin autorización judicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle presuntamente documentación comprometedora para el Gobierno de Mariano Rajoy. Según fuentes jurídicas, el ministerio público prepara el recurso contra esa resolución.
Después de tres años de investigación en la Audiencia Nacional y cuando las acusaciones aún creen que quedan muchos hilos de los que tirar, García-Castellón firmó la pasada semana un auto donde da por concluida la instrucción, rechaza la práctica de nuevas pruebas, archiva la causa contra la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y exculpa a la formación conservadora del espionaje ilegal a Bárcenas. Una decisión que adoptó en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, de la Abogacía del Estado, de las acusaciones populares y de varias defensas, que habían pedido prorrogar las pesquisas.
De esta forma, el magistrado circunscribe la responsabilidad de Kitchen al Ministerio del Interior y propone enviar al banquillo por seis delitos (descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación) a Jorge Fernández Díaz, que fue responsable de dicha cartera; a Francisco Martínez, su número dos y ex secretario de Estado de Seguridad; a seis comisarios que participaron en los hechos; y a otras tres personas: dos inspectores jefe y el antiguo chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
Pero Anticorrupción no piensa tirar la toalla frente al auto de García-Castellón, dictado apenas unos días después de que la Fiscalía presentara un escrito en el que pedía ampliar seis meses más la instrucción para “el completo esclarecimiento de los hechos”. Tanto el ministerio público como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han situado la diana también en el seno del PP, principal beneficiario de la trama.
Objetivo, “proteger” al PP
En ese escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso EL PAÍS, Anticorrupción describe Kitchen como una operación destinada a “proteger a dirigentes del Partido Popular”, sustrayendo de la causa judicial del caso Gürtel una serie de documentos “en poder de Bárcenas y de su mujer Rosalía Iglesias”, cuyo contenido podía “involucrar penalmente” a dirigentes populares.
La Fiscalía apunta la existencia de indicios de responsabilidad penal de María Dolores de Cospedal, y además recuerda que la investigación ha recabado otras pruebas que demuestran que la dirigente popular “habría tenido conocimiento de la puesta en marcha y desarrollo de la Operación Kitchen”. Pese a ello, el juez instructor Manuel García Castellón insistió en su auto de archivo en que las reuniones de la exdirigente con el comisario José Manuel Villarejo no constituyen ningún indicio de delito: “No se puede criminalizar el derecho de reunión”.
La Fiscalía también solicitó al juez la imputación de Ignacio Cosido, director general de la Policía cuando ocurrieron los hechos y portavoz del PP en el Senado durante el primer año de mandato de Pablo Casado al frente del partido. El objetivo de Anticorrupción pasaba por investigar “la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial”.
Contactos telefónicos
Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, fechado el pasado 23 de junio y al que ahora ha tenido acceso EL PAÍS, analiza los profusos contactos telefónicos que el comisario José Manuel Villarejo mantuvo durante los primeros meses de la Operación Kitchen con Dolores de Cospedal y su entorno —incluidos su marido, el empresario Ignacio López del Hierro; su jefe de gabinete, José Luis Ortiz; su secretaria; y uno de sus asesores, el comisario Andrés Gómez Gordo—. Entre mayo y noviembre de 2013, los agentes han hallado más 70 comunicaciones entre Villarejo y el entorno de la que era entonces secretaria general del PP: 23 ocasiones en que se cruzan mensajes, 29 llamadas perdidas y 25 conversaciones
Villarejo participó activamente en la operación de espionaje ilegal a Luis Bárcenas, extesorero del partido, mediante la captación del principal confidente, al que grabó numerosas conversaciones donde le informaba de los avances de su misión y al que pagó durante más de un año 2.000 euros mensuales de la partida de fondos reservados del Ministerio del Interior. Ese seguimiento tenía por objeto supuestamente espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el partido de Mariano Rajoy.
El informe de Asuntos internos relaciona los contactos de Villarejo con Cospedal y su entorno a través de llamadas directas a una decena de teléfonos móviles o fijos y mensajes de Whatsapp. Además, recoge cómo estas comunicaciones coinciden con los apuntes del comisario en sus cuadernos personales, donde anotaba el contenido de cada conversación, en algún caso referido a lo que ahora se denomina caso Kitchen.
Entre la información recabada —extraída de uno de los teléfonos intervenidos a Villarejo tras su arresto en 2017—, los agentes señalan que el 11 de julio de 2013, justo el día en que se activa el despliegue parapolicial según el juez, Cospedal llama personalmente al comisario y conversan durante 19 segundos. Ese mismo día, Villarejo anota en su agenda: “Cospe: Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco”. Chisco era Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, a quien la instrucción otorga el papel de coordinador de la operación.
El 18 de julio, tres días después de que Bárcenas confesase por primera vez en la Audiencia Nacional, se produce un nuevo contacto entre Villarejo y el entorno de la dirigente popular. “Te está llamando MDC”, le escribe López del Hierro al comisario.
El juez instructor, Manuel García-Castellón, archivó la causa contra Cospedal y su marido al considerar que no había indicios suficientes contra ellos, y expuso el siguiente argumento: “Debemos recordar que el hecho de que la señora Cospedal se reuniese con el señor Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna. Ni el señor Villarejo, ni nadie que se hubiera reunido con él, debe responder penalmente por ello, en la medida que supone el ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión. Las grabaciones procedentes del medio digital Moncloa.com, unidas a la presente pieza, no permiten inferir la intención señalada por el fiscal. Son unos audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad; en ningún momento se oye a quien parece ser la investigada [Dolores de Cospedal] expresar los motivos de la reunión; se trata de una grabación que registra solo un fragmento de una conversación, aparentemente, por uno de sus interlocutores, cuya duración y contexto se ignoran”.
El magistrado también rechazó otras iniciativas solicitadas por la Fiscalía para buscar las supuestas grabaciones que hizo Bárcenas tras reunirse con el expresidente Mariano Rajoy para tratar de la caja b del PP, así como la recopilación de más pruebas para “avanzar en la identificación de otros individuos captados como confidentes, distintos del conductor Sergio Ríos” y que participaron supuestamente en actividades de control y espionaje al extesorero en la prisión de Soto del Real.
CARPETAZO A LA KITCHEN DEL PP
Un juez que debe gran parte de su carrera a los gobiernos del PP cierra la investigación del espionaje a Bárcenas exculpando a De Cospedal y sin citar a Rajoy
"Vamos a ver, Eduardo (Zaplana). Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño"
Ignacio González, 22 de noviembre de 2016.
¿Recuerdan esta frase de Ignacio González? Es muy pertinente para entender lo que ha ocurrido este jueves. A finales de 2016, el expresidente de Madrid andaba muy preocupado con el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Allí se estaban investigando sus correrías, y también varios de los casos más delicados para el Partido Popular: Lezo, Púnica, más tarde Kitchen… Y en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana que grabó la Guardia Civil, Ignacio González confesó un deseo que, muy pronto, se hizo realidad: que se fuera el juez que había en ese juzgado y que volviera a la plaza el titular. Es justo lo que pasó, apenas siete meses después.
Tal y como pronosticó Ignacio González, al juez "provisional" que investigaba los casos que más preocupaban al PP, Eloy Velasco, le ascendieron a un puesto donde pudiera molestar menos; hoy está en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y "el titular" volvió al juzgado número 6. Aún sigue allí. Se llama Manuel García Castellón. Llevaba casi 17 años fuera de ese puesto. Y la historia de este juez, de sus idas y venidas, explica mucho de cómo funciona la justicia en este país.
Manuel García Castellón llegó a la Audiencia Nacional en 1993. Primero al Central número 5, como sustituto de Baltasar Garzón. Más tarde como titular del Central número 6. En esos años llevó la instrucción del caso Banesto y también la de varios atentados terroristas de ETA. Entre otros, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el coche-bomba de 1995 contra José María Aznar.
Unos años después, fue precisamente el Gobierno de José María Aznar quien lo escogió para uno de los puestos más codiciados de la carrera judicial: el de magistrado de enlace con Francia. En teoría, ese cargo se ocupa de coordinar a la justicia de ambos países para evitar burocracia. Es una suerte de embajador judicial, con pasaporte diplomático. Una bicoca, donde se trabaja poco y se cobra mucho: en 2016, era un sueldo de 9.500 euros netos al mes en 14 pagas, según Confilegal. Es un puesto que se nombra a dedo, sin mucho más requisito previo que ser juez o fiscal con cinco años de experiencia. Y que decide el Gobierno. En este caso concreto, el nombramiento de García Castellón como magistrado de enlace en Francia se publicó en el BOE el 26 de mayo de 2000.
Cuando el Gobierno de Aznar le destinó a París, Manuel García Castellón "ni siquiera hablaba bien francés", según asegura un exministro del Gobierno de Zapatero. "Nunca fue de mucha utilidad. La coordinación con Francia la hacíamos a través de los jueces de enlace franceses que estaban destinados en España, porque él pasaba más tiempo en Madrid que en París", afirma ese mismo exministro, que reconoce que nunca quisieron cesarle, y nombrar a otro, para evitar que volviera, cabreado, a su plaza de la Audiencia Nacional, donde podía hacer más daño que en la embajada de París.
Tras doce años en Francia, en marzo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy le entregó otro cargo tan bueno como el anterior: magistrado de enlace con Italia. García Castellón se mudó a Roma desde París. Según distintas fuentes, tampoco sabía hablar italiano cuando el Gobierno de Rajoy le nombró.
Durante todos estos años en puestos bien pagados y decididos a dedo por gobiernos del PP, Manuel García Castellón mantuvo su plaza en la Audiencia Nacional. Estaba en comisión de servicios, lo que también tenía para la derecha otra utilidad. Ahora el procedimiento ha cambiado, pero en aquel momento, mientras un juez estaba en comisión de servicios, su sustituto era nombrado casi a dedo por el Consejo General del Poder Judicial.
Como he explicado en otros artículos, durante las últimas décadas, el CGPJ ha estado la mayor parte del tiempo en manos de la derecha, gracias a los sucesivos bloqueos del PP a su renovación cada vez que pierden las elecciones. Así que nombrar a jueces de la Audiencia Nacional como magistrados de enlace en el extranjero permitía elegir, desde el CGPJ, qué jueces se quedaban con su plaza como sustitutos. Y también cambiarles, si el sustituto se portaba mal.
En la Audiencia Nacional hay seis juzgados centrales de instrucción. Solo seis jueces de instrucción, por cuyas manos pasan los principales grandes casos de corrupción. Con Rajoy en La Moncloa, hubo un momento en que tres de ellos –la mitad– estaban como magistrados de enlace en el extranjero, nombrados por el Gobierno del PP. Y así el CGPJ, que también controlaba la derecha, podía decidir quiénes eran sus sustitutos.
Esa fue la fórmula, por ejemplo, que permitió apartar al juez Pablo Ruz de la investigación de la Gürtel. Fue nombrado porque parecía el ideal, a ojos de la mayoría conservadora del CGPJ. Estaba en situación precaria, era uno de esos sustitutos, mientras el titular estaba de magistrado de enlace en Londres. El CGPJ le renovaba en el puesto cada seis meses. Todo fue bien hasta que a Ruz se le ocurrió registrar la sede del PP. Poco después de aquella osadía, el CGPJ le apartó.
Es habitual que un juez de la Audiencia Nacional se vaya al extranjero, como magistrado de enlace. Es raro que haga el camino contrario. Más extraño aún que lo haga por propia voluntad, porque, en la práctica, abandonar la embajada y volver a la Audiencia Nacional supone un peor sueldo, y una enorme carga laboral.
Cobrar mucho menos para trabajar mucho más. Justo fue esa la extraña decisión de Manuel García Castellón. Solo siete meses después de que Ignacio González apuntara esa posibilidad, solicitó la vuelta a su juzgado, en la Audiencia Nacional.
"Que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular"
Desde que volvió de Italia, el PP no ha tenido muchos motivos para quejarse por cómo le ha ido con este juez de la Audiencia Nacional, a pesar de que algunos de sus dirigentes no han salido muy bien parados. No le ha ido bien a Ignacio González, que sigue jugándose volver a prisión. O a Francisco Granados, que también está procesado. O al exministro Jorge Fernández Díaz, que probablemente se sentará en el banquillo por la Kitchen. Son, todos ellos, daños amortizados para el PP, imposibles de rehabilitar.
Fue García Castellón quien intentó imputar a Pablo Iglesias con argumentos bastante endebles, en una causa surrealista donde le quitaron la razón tanto el Tribunal Supremo, como la Fiscalía como sus propios compañeros de la Audiencia Nacional. Es quien imputó a Cifuentes, también por la financiación B del PP, para después archivar la investigación. Es también el juez que hoy ha cerrado la investigación de uno de los mayores escándalos de la historia democrática: el caso Kitchen. Y lo ha dejado en la mínima expresión.
Según el propio juez, los hechos son claros. El Ministerio del Interior usó dinero de los fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y robar las pruebas que guardaba sobre la corrupción del PP. Un grupo de policías, bajo las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, compraron a un confidente –el chófer de Bárcenas– con 2.000 euros al mes y la promesa de una plaza de funcionario en la Polícia. Con su ayuda, se colaron en un estudio de pintura de la mujer de Bárcenas, donde el extesorero escondía, en el doble fondo de un armario, todo el material comprometedor contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La operación fue un éxito. Encontraron la información comprometida, que nunca más ha visto la luz.
Fue un gravísimo caso de corrupción, para tapar la corrupción y proteger a Rajoy. Es difícil de creer que esto ocurriera como una iniciativa personal del ministro del Interior, por su cuenta y riesgo y sin encomendarse a nadie más. Pero no es solo una mera deducción: a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, hay indicios suficientes como para considerar que en esta operación de la cloaca policial también estaba implicado el Partido Popular y al menos su entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal. Entre otros, las grabaciones de Villarejo en sus reuniones secretas con De Cospedal.
A pesar de los indicios, a pesar de las grabaciones, a pesar de la posición de la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón ha decidido desimputar a De Cospedal. Y cerrar del todo la investigación, sin que siquiera haya declarado el principal beneficiado de toda aquel operativo parapolicial: el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Porque no está probado que Rajoy estuviera al tanto. Pero no hay duda alguna de quién fue el máximo beneficiado de aquella operación parapolicial.
Tampoco hay muchas dudas de quién era el jefe directo del principal imputado en la causa, el exministro Jorge Fernández Díaz.
García Castellón es capaz de archivar la investigación sin llamar siquiera a declarar como testigo al principal beneficiado de todo el operativo y principal responsable del Gobierno bajo el que todo esto ocurrió. En un ejercicio de malabarismo difícil de igualar, cierra la investigación sin mencionar siquiera por su nombre a Mariano Rajoy en los 70 folios del auto que hemos conocido este jueves. "Ninguna diligencia permite sostener" –asegura el juez– "que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro". Ese presidente del que me está usted hablando, que diría M. Rajoy.
En otra parte del auto, García Castellón rechaza otra de las pesquisas que le pedía la Fiscalía Anticorrupción: identificar qué persona del Partido Popular usaba un determinado número de teléfono. "Se trata de una diligencia impertinente, en cuanto que no guarda conexión con el objeto del presente procedimiento". En efecto: se trata del móvil de Mariano Rajoy.
El auto aún no es firme. Cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y no sería la primera ocasión en la que esta sala le fuerza a reabrir una investigación que García Castellón intentó archivar.
Hace unas semanas, la Sala de lo Penal le ordenó reabrir la investigación de la Púnica que afecta a El Corte Inglés. Las acusaciones populares en este caso le pidieron que se inhibiera por un posible conflicto de intereses: García Castellón ha dado clase en una fundación de El Corte Inglés. El juez desestimó esa petición y respondió que "no hay conflicto de interés alguno" porque el CGPJ autorizó que impartiera esas clases.
Y en el caso del PP, ¿hay conflicto de interés? García Castellón lleva 38 años en la carrera judicial. De ellos, casi la mitad –17 años– los ha pasado en puestos muy bien pagados, en cargos donde fue promocionado por gobiernos del PP. Su primer nombramiento, como magistrado de enlace en Francia, lo firmó en el BOE Mariano Rajoy Brey. Es el mismo político que hoy duerme más tranquilo, tras leer el auto que acaba de firmar García Castellón.
https://www.eldiario.es/escolar/carpetazo-kitchen-pp_132_8182759.html
EL JUEZ DE 'KITCHEN' ARCHIVA EL MISMO DÍA LA CAUSA CONTRA LA CÚPULA DEL PP DE RAJOY, CAIXABANK Y REPSOL SIN PRACTICAR PRUEBAS QUE PEDÍA FISCALÍA
Día intenso de archivos para el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo. Por un lado, ha cerrado la pieza 7, la de la operación Kitchen, en un auto en el que sobresee las actuaciones contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, rechaza numerosas diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para seguir indagando o de otras partes solicitando una prórroga y ha desdeñado en unos pocos párrafos una posible pista a seguir para una citación del expresidente Mariano Rajoy, limitando la trama a un operativo parapolicial orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Por otra parte, ha archivado la imputación contra Repsol, CaixaBank y sus presidentes por los encargos de espionaje al comisario José Manuel Villarejo, tan sólo dos días después de tomar declaración a las empresas. Y todo en unas pocas horas. Los dos autos se pueden recurrir ante el propio juez o ante la Sala de lo Penal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 cree que ya no hay más hilos de los que tirar en la operación Kitchen. Las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos, así como la familia de Luis Bárcenas –los perjudicados en la causa– y algunos de los investigados solicitaron una prórroga de seis meses en la instrucción. El Ministerio Público, además, interesó numerosas diligencias que incluían nuevas imputaciones –como la del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó–, pruebas periciales y citar de nuevo a algunos investigados. El magistrado lo desestima todo y lanza un duro mensaje: “La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario”.
En resumen, el instructor considera indiciariamente acreditado que la trama de espionaje a Bárcenas y su entorno que se puso en marcha en 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que éste se habría llevado tras ser despedido "se habría ideado en el marco institucional del Ministerio del Interior, siguiendo órdenes del ministro y bajo el control de Francisco Martínez". El ex secretario de Estado, "contó con la ayuda" del entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y otros mandos, que habrían encargado el desarrollo del operativo a Villarejo, quien contó con la participación del exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. Para la "ejecución" de la operación, Villarejo se habría servido también de otro policía, Andrés Gómez Gordo –muy cercano a Cospedal– para captar al chófer del extesorero, Sergio Ríos.
La "misión" estaba "encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en el poder de Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo " en la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP. Es decir, se trataba de sustraer pruebas para dinamitar la causa judicial que afectaba directamente al partido conservador. Todo ello, financiado con fondos reservados, esto es, dinero público, sin control ninguno. No obstante, la instrucción no ha podido cuantificar cuánto de ese dinero se utilizó para el operativo; el juez sólo habla de los 2.000 euros al mes, más gastos, que llegó a percibir Sergio Ríos durante dos años y los 700 euros que costó la pistola que le compró García Castaño, aunque también menciona otros gastos que percibieron algunos de los comisarios implicados. Tampoco quiere seguir indagando en este asunto y buscar a otros supuestos confidentes captados por la trama parapolicial, como el preso de la cárcel de Soto del Real con el que habría contactado Bárcenas para destruir unos archivos que podrían comprometer a Mariano Rajoy.
La implicación de Cospedal, una "inferencia voluntarista"
En total, García Castellón propone juzgar a once personas: la cúpula de Interior, ocho altos mandos policiales y el exconductor de la familia de Bárcenas por hecho constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación de fondos públicos. Ni dos meses les ha durado la imputación a Cospedal y su marido, que declararon hace sólo un mes en la Audiencia Nacional. Para archivar las actuaciones para ellos, el magistrado argumenta que achacarles una participación intelectual en la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas no deja de ser “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”. Llega a decir que el hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo, las veces que fueran, "no presupone la existencia de infracción penal alguna" y que ni el comisario jubilado ni nadie que se hubiera reunido con él "debe responder penalmente por ello, en la medida que supone ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión".
Y considera que los audios que se publicaron en moncloa.com del primer encuentro entre el comisario y la ex número dos del PP en el despacho de ésta –aparte de mencionar que su origen es desconocido y su fiabilidad, "dudosa", además de ser sólo un fragmento– "no permiten inferir la intención señalada por el fiscal" cuando solicitó su imputación en septiembre de 2020 –en aquella ocasión, denegada por el magistrado–.
Sobre todas las diligencias nuevas que pedía el Ministerio Público, García Castellón las califica de "inútiles", en algunos casos, "impertinentes" e incluso recuerda que no se permiten "investigaciones prospectivas". Para él, la X de la Kitchen está clara, y fueron el exministro Fernández Díaz –"vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha"– y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez –con una "activa y continua intervención" que "evidenciaría, presuntamente, órdenes concretas de atender de forma prioritaria a esta cuestión"–, para lo cual se valieron de la cúpula policial en el primer gobierno de Mariano Rajoy. Y eso que hace sólo unos meses preguntaba a Ríos, durante una de sus declaraciones, si no creía que "todo esto" se había "montado desde el partido, no desde el ministerio".
Continuos reproches a Fiscalía
Una de esas diligencias que proponían los fiscales era investigar qué pasó con la información robada a Bárcenas, pero García Castellón lo ve "innecesario", a pesar de que concluye que la trama parapolicial tuvo éxito y robó efectivamente esa documentación que el extesorero guardaba en un estudio de restauración de su mujer y que, según él, contenía datos sobre la financiación ilegal del PP. "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.
Otro planteamiento de Anticorrupción era indagar en los teléfonos móviles que, según Villarejo, utilizó para mensajearse con el que fuera presidente del Gobierno durante varios meses en el punto álgido de la operación par informarle de los avances. El juez no le da ningún crédito y para eso presume de su dilatada experiencia como instructor: "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro. Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades".
No ahorra el magistrado en reproches a la Fiscalía. En su opinión, es "preocupante es que se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres años después de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza", de ahí que haga una "valoración sosegada", pues asegura que "no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante de aquello que ni aporta ni añade".
Para empezar, que el número al que el comisario supuestamente enviaba los mensajes "hubiera sido titularidad de un partido político nacional no aporta nada relevante, pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba Villarejo". Sobre los tres números que el expolicía asegura que utilizó para informar, el juez afirma que sólo sobre uno "existen indicios objetivos" de que el comisario era usuario por un terminal que se encontró en el registro de su domicilio, pero la Unidad de Asuntos Internos ya investigó ese teléfono en otro procedimiento judicial de 2014 y no hubo "conexión alguna" con el supuesto número de Rajoy. Y aparte de todo esto, subraya que las compañías telefónicas tiene la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas durante doce mese y los hechos de Kitchen empezaron hace nueve años.
Repsol y CaixaBank, sólo tres semanas imputadas
Sólo un rato después de acordar el cierre de la pieza 7 del caso Villarejo, el mismo juez ha dictado un auto en el que sobresee las actuaciones para cuatro protagonistas de la pieza 21, la que investiga el proyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank habrían hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petrolera a través de la empresa mexicana Pemex. No se ha archivado la instrucción para cualquiera, sino que García Castellón lo ha hecho para las propias compañías, que estaban imputadas como personas jurídicas desde hace tres semanas, y para sus presidentes Antonio Brufau e Isidro Fainé.
Como en el caso de la operación Kitchen, el magistrado ha tomado esta decisión sin consultar a Fiscalía Anticorrupción y a pesar de los duros autos en los que muy recientemente imputó a los cuatro: en abril, citó como investigados a Brufau y Fainé por un delito de cohecho al considerar que la reacción frente a Sacyr fue "promovida por los dos presidentes", mientras que el 8 de julio dio el mismo paso con Repsol y CaixaBank por cohecho y revelación de secretos razonando que la contratación a Cenyt, la empresa de Villarejo, se hizo en nombre y beneficio de ambas compañías.
Ahora, tras escuchar a todos, presidentes y representantes de las empresas, el juez sorprende con una decisión en la que se corrige de palmo a palmo. Respecto a Fainé y Brufau, dice que "no consta en la causa, más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente, la participación de ambos en la contratación de Cenyt", y que el encargo no recaía en el ámbito de su control. Descarga, así, toda la responsabilidad en los que fueran jefes de seguridad de las compañías, expolicías que habían sido compañeros de Villarejo y que habrían sido su puerta de entrada a este servicio.
Pero a lo que el instructor ha dado especial valor es a lo expuesto por los representantes legales de la petrolera y el banco y a la documentación que han aportado las empresas para acreditar que existía una política de control. Así, entiende que "ambas mercantiles tenían implantado, al tiempo de producirse los hechos objetos de la presente pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz", sin que las acusaciones hayan logrado probar lo contrario. Y eso que en el auto de imputación les reprochaba duramente que hubiesen faltado a la "diligencia debida" para comprobar que Villarejo seguía siendo policía en activo y que su empresa de detectives no tenía licencia para realizar labores de seguridad privada. Lo llegó a calificar de "negligencia".
"CaixaBank y Repsol contaban con medidas adecuadas para evitar la comisión de los delitos investigados dentro de su actividad, con un plan de cumplimiento normativo y una cultura de cumplimiento implantados en la entidad en el momento de los hechos", asegura ahora García Castellón, que remarca que esos sistemas de cumplimiento no pueden medirse desde la exigencia de una "eficacia absoluta", sino desde la "capacidad del ente corporativo de prevenir, y en su caso, reaccionar de forma eficaz frente a la comisión del delito". En su opinión, "resulta suficiente (...) que se pueda constatar que existía una cultura de cumplimiento normativo debidamente instaurada" y con "rasgos evidentes de eficacia", y por eso desimputa a las empresas, aunque no descarta que puedan responder como responsables civiles subsidiarios respecto de los delitos imputados a las personas físicas.
De Repsol, por ejemplo, señala que "para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de cohecho, contaría con 72 controles y para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, 69 controles". Pero la investigación de la Audiencia Nacional ha permitido acreditar que sí hubo cohecho y revelación de secretos y que Villarejo habría recibido por el encargo 413.600 euros que sufragaron tanto Repsol como CaixaBank.
UNA “MISIÓN” ORDENADA POR EL MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ
La Audiencia Nacional, que exculpa a Cospedal, concluye que el Gobierno de Rajoy activó Kitchen para “sustraer” papeles al juez del ‘caso Gürtel’ y espiar a Bárcenas
Corría el verano de 2013 cuando, tras varias insinuaciones, el extesorero popular Luis Bárcenas se disponía a dar el paso que desencadenaría la tormenta perfecta contra el PP, entonces en el Gobierno con Mariano Rajoy. El antiguo responsable de las finanzas del partido conservador, que había llevado de su puño y letra durante 20 años la contabilidad de la caja b, se encontraba cercado por el caso Gürtel y decidió tirar de la manta. El 15 de julio, sentado ante Pablo Ruz, entonces juez de la Audiencia Nacional, relató el sistema de financiación irregular que había nutrido las arcas de su formación; los supuestos sobresueldos entregados durante lustros a los principales cargos del partido, y las donaciones de empresarios nunca declaradas a Hacienda. Un relato explosivo que desató las alarmas en la fuerza política que ocupaba La Moncloa con mayoría absoluta.
Ocho años después de aquel episodio, otro magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, da por finalizada la investigación sobre la Operación Kitchen, el despliegue “parapolicial” de espionaje precisamente urdido en aquella época contra Bárcenas para evitar que llegaran a manos de Ruz más documentos que pudieran implicar a altos cargos del PP, según explica el juez. Un dispositivo irregular ideado en el seno de las instituciones del Estado; que se activó después de que se enviara al extesorero a prisión provisional y solo cuatro días antes de que este acabara confesando en la Audiencia Nacional. Un entramado que señala directamente como máximo responsable a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y uno de los colaboradores más fieles del expresidente Rajoy.
“En una fecha que no se ha podido determinar entre 2012 y 2013, al parecer, Jorge Fernández Díaz, máximo responsable político de Interior, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez —quien fuera primero su jefe de gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad— a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas”, resume García-Castellón, que ha sacado de la ecuación a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP. El objetivo lo deja claro: “Sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza sobre los papeles de Bárcenas”, revelados por EL PAÍS en enero de 2013.
Una trama para ocultar pruebas de la caja b del PP
· Jorge Fernández Díaz Ministro del interior entre 2011 y 2016
Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad entre 2011 y 2016
· José Manuel Villarejo. Comisario
· Eugenio Pino. Director adjunto operativo (comisario)
· Enrique García. Castaño Jefe de la UCAO (comisario)
· Andres Gómez Gordo. Ex director general en el Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha (comisario)
· Sergio Ríos. Chófer de la familia Bárcenas, captado con ayuda de Andrés Gómez Gordo y confidente de los tres comisarios para localizar la documentación del extesorero del PP
Fondos reservados para la operación de espionaje
El chófer de la familia Bárcenas firmaba cada mes un recibí de 2.000 euros que le pagaron el comisario Villarejo o el inspector Gómez Gordo por su trabajo de confidente
Planificación y órdenes
A partir de ese momento, según los indicios recogidos por el sumario, el secretario de Estado de Seguridad asumió la “coordinación” de Kitchen, cuya “planificación” se encomendó al comisario Eugenio Pino, máximo mando operativo de la Policía Nacional, señalado también como el presunto muñidor de la policía patriótica y a quien el Ejecutivo conservador había situado al frente del Cuerpo. Según García-Castellón, tras recibir las órdenes de la cúpula del Ministerio, Pino “encargó” la materialización de la operación a un grupo de comisarios liderados por José Manuel Villarejo, que contó con la colaboración en un primer momento de Marcelino Martín Blas, al frente de la Unidad de Asuntos Internos; y posteriormente de Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), grupo encargado de las operaciones encubiertas.
A ellos se sumó, además, el inspector jefe Andrés Gómez Gordo —ascendido posteriormente a comisario—, que conocía desde hacía tiempo a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas. Entre todos, captaron al conductor como confidente, quien llegó a sustraer presuntamente tres dispositivos móviles al extesorero, que entregó a García-Castaño en un restaurante para que sus agentes descargaran su contenido en un ordenador. A cambio de sus revelaciones, la trama pagó a Ríos un sueldo mensual de 2.000 euros que salía de los fondos reservados, le facilitaron una pistola y amañaron su entrada después en la Policía, según detalla el juez.
Un operativo del que nunca se informó al instructor que investigaba a Bárcenas y que incluyó la entrada irregular en un estudio de la mujer del extesorero para buscar los papeles que este podía guardar allí. Y que, además, tuvo éxito. “Dicha documentación se habría localizado e incautado en fecha no determinada, pero que puede situarse en octubre de 2013, y se encontraría, al menos, en poder de García Castaño, al que Villarejo habría reclamado insistentemente una copia”, concluye el juez.
https://elpais.com/espana/2021-07-30/una-mision-ordenada-por-el-ministro-fernandez-diaz.html
LOS FLECOS DE KITCHEN QUE LA ACUSACIÓN QUIERE INVESTIGAR
Varias partes personadas en la causa recurrirán el auto del juez que cierra la instrucción y exculpa a Cospedal
El magistrado Manuel García-Castellón cerró el pasado jueves la investigación sobre la Operación Kitchen de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, pero la partida todavía sigue. Varias partes personadas en el procedimiento han detallado a EL PAÍS que recurrirán la decisión del juez, que exculpa en su auto a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y señala como máximo responsable de la trama a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. García-Castellón tomó la iniciativa de no prorrogar la instrucción en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las acusaciones populares, los perjudicados y distintas defensas.
El ministerio público considera que quedan muchos hilos de los que tirar. Sin embargo, “este instructor ha alcanzado la convicción de que la fase preparatoria [previa al juicio oral] ha llegado a su fin”, resumió García-Castellón en su auto, donde reprochó duramente la práctica de nuevas pruebas solicitadas por la Fiscalía: “Todas deben ser desestimadas. Son innecesarias, inútiles y, en algún caso, impertinentes y ausentes de toda fundamentación”. El fallo del juez circunscribió así la trama a Interior y a su antigua cúpula policial. Y deja, según la línea mantenida hasta ahora por Anticorrupción y las acusaciones populares, varios flecos sin resolver.
El material “sustraído”. El juez repite que existen “abundantes indicios” de que la trama se hizo con información que “almacenaba” Bárcenas antes de que la consiguiera el juez que investigaba el caso Gürtel, pero no se ha podido concretar qué material “sustrajeron” —solo se cuenta con la versión ofrecida por el extesorero, que afirmó que entre lo robado se encontraba el audio de una supuesta conversación que mantuvo con Mariano Rajoy sobre la caja b del PP—. Con el objetivo de profundizar en este punto, Anticorrupción solicitó interrogar de nuevo al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los policías imputados, sobre un apunte de las agendas del comisario José Manuel Villarejo que dice: “Lo que le quitaron a LB está en el despacho de Gago”. Pero el magistrado lo rechaza: “Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo”.
García-Castellón dice que, “visto el tiempo transcurrido”, es “remotamente útil” abrir esa línea de investigación: “Cuando aquel o aquellos que pudieran haber retenido [la información] habrían dispuesto del tiempo y de la capacidad necesaria para deshacerse de la misma, y sin que, hasta el momento, se haya encontrado”.
Parte política. El instructor mantiene que Kitchen buscaba evitar que el juez de Gürtel, que cercaba al PP, accediera a más información en poder de Bárcenas. Pero García-Castellón, a la vez, sostiene que no existió ninguna “trama política” más allá de Interior, descartando así implicar a la exdirección del partido. Una tesis que choca frontalmente con la de la Fiscalía, que señala sin paliativos a Cospedal y que pidió sin éxito, “ante las actuaciones que vienen a poner de manifiesto la posible implicación de [más] responsables políticos”, citar también como imputado a Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y exportavoz popular en el Senado, a quien Villarejo y Eugenio Pino, entonces máximo responsable operativo del Cuerpo, señalaron como conocedor de la operación.
Además, un informe de la Policía elaborado por el principal investigador de Gürtel también asegura que, dentro de la “estructura” que urdió Kitchen, un “primer nivel o línea corresponde al ámbito político, conformado por la formación que coadyuva a la definición de los objetivos estratégicos y a la puesta en marcha de la operación”.
El juez rechaza también indagar más sobre las reuniones entre Villarejo y Cospedal. La Fiscalía cree que el comisario le suministró información secreta de Gürtel, pero el instructor dice que no hay indicios de ello. Además, el magistrado considera que no puede desprenderse ningún ilícito penal de esas citas —amparadas por el “derecho de reunión”, escribe—, que la exsecretaria general redujo a “tres o cuatro” antes de que su antiguo jefe de gabinete la contradijera y ampliara esos encuentros a, al menos, “ocho o diez”.
Boicot a Gürtel. El ministerio público está convencido de que Kitchen fue un capítulo más de un largo boicot al caso Gürtel y que incluyó chivatazos de Villarejo, también al PP. En las agendas del comisario se encontró un apunte que revela el supuesto aviso que el policía dio a uno de los procesados por la trama —Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla— días antes de las detenciones de los implicados en la red liderada por Francisco Correa. Un chivatazo que Panero confirmó este mismo julio en declaraciones al diario La Razón y que provocó que Anticorrupción pidiese citarlo a declarar. Una iniciativa que el juez rechaza por “no guardar relación” con Kitchen.
Más implicados. La Fiscalía cree que el asalto del falso cura a la vivienda de Bárcenas pudo tener vinculación con Kitchen y que, incluso, “otros servicios de seguridad” del Estado pudieron estar detrás. Por ello, pidió al juez que se identificara a los funcionarios de Policía que visitaron en la cárcel al secuestrador de la familia de Bárcenas, y los “motivos” de esos encuentros. Pero el juez descarta profundizar en ese punto porque, según dice, no existen indicios suficientes que vinculen ese episodio con la trama parapolicial.
No es la primera vez que se señala más allá de Interior. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, apuntó en su teléfono que “otros servicios intervinieron”, según consta en los informes elaborados sobre el móvil que le fue intervenido. Además, el ex número dos de Interior aseguró al juez que llegó a contactar con el CNI para ver si tenían información sobre Bárcenas después de que Fernández Díaz se lo dijera.
https://elpais.com/espana/2021-07-31/los-flecos-de-kitchen-que-la-acusacion-quiere-investigar.html
LA ACUSACIÓN POPULAR DE LA KITCHEN MUESTRA SU "SORPRESA" POR LA DECISIÓN DEL JUEZ Y ANUNCIA QUE LA RECURRIRÁ
Gloria Pascual, abogada, representa a una de esas acusaciones, la del PSOE, asegura en Hoy por hoy que el auto del juez les ha producido "enorme sorpresa"
La acusación popular de la Kitchen muestra su sorpresa por la decisión del juez y anuncia que la recurrirá
El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso kitchen, esa supuesta trama pagada con fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, envía al banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior, incluido el exministro, Jorge Fernández Díaz, quien, tal y como anunciaba ayer Pablo Casado, ya no es militante de la formación.
Los manda al banquillo por ordenar y dirigir el espionaje a Bárcenas, con el objetivo de robarle toda la documentación sobre la caja B que pudiera comprometer al PP y al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una operación que se pagó con fondos reservados. En cambio, se libra del banquillo la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. Dice el magistrado que los indicios contra ellos son débiles.
Esto ha sorprendido entre las acusaciones, y también el hecho en sí de que el juez haya decidido cerrar la investigación. Porque tanto la Fiscalía, como los perjudicados y las acusaciones populares habían pedido que se alargara seis meses porque aún había pruebas por realizar.
Gloria Pascual, abogada, representa a una de esas acusaciones, la del PSOE, asegura en Hoy por hoy que el auto del juez les ha producido "enorme sorpresa". "Los hechos que se investigan son una operación policial para entorpecer una investigación judicial", apunta Pascual.
La abogada explica que la investigación tiene tres patas. Por un lado, la técnica que afecta a la policía, por otro lado la administrativa que apunta al ministro y al secretario de Estado y por último al primer beneficiario de la financiación ilegal: el Partido Popular, "que no se encuentra investigado". "El juez encuentra que no hay indicios cuando es el principal beneficiado de la causa que se investiga", añade Gloria Pascual.
"Confiamos en la justicia. Se pueden cometer errores, son humanos. Siempre existe una segunda instancia, motivo por el que vamos a recurrir", afirma la abogada de la acusación popular y recuerda que esta imputación no la piden solo ellos, sino también el ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y "las propias defensas".
https://cadenaser.com/programa/2021/07/30/hoy_por_hoy/1627620590_745240.html
EL PP SUSPENDE A FERNÁNDEZ DÍAZ DE MILITANCIA MIENTRAS PODEMOS HABLA DE "CORRUPCIÓN JUDICIAL" POR EXCLUIR A COSPEDAL
"El desprestigio de la justicia es un enorme peligro para la democracia", ha denunciado la ministra de Derechos Sociales del Gobierno Casado celebra que la decisión del juez demuestra que Cospedal es "inocente"
El Partido Popular ha comunicado este jueves al exministro de Interior Jorge Fernández la suspensión provisional de militancia del partido tras la decisión del juez de procesarle por la investigación relativa al espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, según han informado fuentes del partido.
En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha puesto fin a esa investigación de la llamada Operación Kitchen proponiendo juzgar por ello a Jorge Fernández Díaz y a su cúpula policial, si bien al mismo tiempo ha excluido a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
Fuentes del PP han informado que el Comité de Derechos y Garantías que preside Andrea Levy ha comunicado al exministro esa suspensión provisional de militancia en aplicación de los Estatutos del partido. En septiembre de 2020, cuando Fernández Díaz fue imputado por el caso Kitchen, el partido ya le abrió un expediente informativo.
El presidente del partido, Pablo Casado, ha recordado esta suspensión de militancia de Fernández Díaz mientras ha celebrado que, a su juicio, la decisión de García-Castellón demuestra que Cospedal es "inocente".
Unidas Podemos carga contra la "corrupción judicial"
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal se vaya "de rositas" tras su exculpación en el caso Kitchen y se ha preguntado si se puede "hablar ya de corrupción judicial".
Así lo ha indicado en Twitter después de conocer que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a su cúpula policial por el presunto espionaje que se llevó a cabo entre julio de 2013 y el mismo mes de 2015 contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, pero ha excluido a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, dando por zanjada la investigación sobre la Operación Kitchen.
Echenique ha lanzado en redes que en la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Kitchen ha visto "serios indicios" de que "Cospedal ayudó a reclutar al chofer de Bárcenas para Villarejo y que éste informaba puntualmente a 'M. Rajoy'". "Pero se van de rositas. ¿Podemos hablar ya de corrupción judicial?", ha clamado el portavoz parlamentario de la formación morada.
En otro mensaje, ha lamentado que en el mismo día que la "justicia" deje que se "vayan de rositas" Cospedal y Rajoy por la operación Kitchen y justo al principio de las vacaciones de verano, sueltan a medio Ibex". "No es ya la sospecha de que trabajan todos juntos en modo trama, es además el descaro y la alevosía", ha espetado Echenique.
Por su parte, la secretaria general de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha criticado también que los "máximos responsables de la corrupción del PP se van de rositas en el caso Kitchen", y que también "se libran las grandes empresas y los oligarcas involucrados en el caso Villarejo".
"El desprestigio de la Justicia es un enorme peligro para la democracia", ha denunciado la líder de la formación morada.
A su vez, el presidente del grupo parlamentario y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha afirmado que como "reveló un pinchazo telefónico por corrupción del PP, Ignacio González y el exministro Zaplana querían sustituir al juez Velasco por García Castellón". "Eso es lo que sucedió. ¿Se entiende mejor ahora esa maniobra, no?", ha cuestionado.
EL JUEZ PROPONE JUZGAR AL EXMINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ POR ORGANIZAR EL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DEL PP
También considera acreditada la participación de Francisco Martínez, el número dos de la cúpula de Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy
Les imputa delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación Se libran Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro
Una decena de mandos policiales, con José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Eugenio a Pino a la cabeza, también han sido procesados.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado la investigación de la operación Kitchen. En un auto, propone juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por la trama de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas por la que también procesa al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Sin embargo, la instrucción no pasa de ahí y queda fuera la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Con este final, se descarta así seguir indagando en la posible implicación de las más altas instancias del partido conservador y la posible pista sobre el expresidente Mariano Rajoy se pierde.
Con esta resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que lo que ha quedado indiciariamente acreditado es la participación de la cúpula del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Rajoy, pero también de los mandos policiales imputados, hasta una decena, con los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño a la cabeza, así como el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Igualmente, el instructor procesa al que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera.
Como ya apuntaba el magistrado en el auto en el que imputó a Fernández Díaz, y ahora confirma, las investigaciones permiten situar el "centro nuclear de la operación Kitchen en el Ministerio del Interior”, pues en este departamento es donde “se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”. Según el auto, todo fue organizado por el exministro y puesto en práctica por el ex secretario de Estado. Desde la época de los GAL, no se había visto a una cúpula de Interior procesada para sentarse en el banquillo de los acusados.
Así, Fernández Díaz y Martínez son los únicos altos cargos políticos que deberán responder por el operativo parapolicial que se puso en marcha a mediados de 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que se habría llevado Bárcenas tras ser despedido. Las operaciones de seguimiento y espionaje, que se alargaron hasta 2015 e implicaron a altos mandos de la Policía Nacional, supusieron también la captación como confidente del chófer del extesorero, Sergio Ríos, como confidente, a razón de 2.000 euros al mes provenientes de los fondos reservados.
Pero además, en casi tres años de instrucción, la operación Kitchen ha desbordado las tesis iniciales de los investigadores y lo que empezó como un plan parapolicial sin control judicial dirigido por altos mandos policiales para seguir a Bárcenas y robar información que se hubiese podido llevar del PP tras ser despedido ha acabado convirtiéndose en una trama que abarca varios años y que apunta a altas instancias del Ministerio del Interior del primer gobierno de Rajoy. La conspiración habría ido desde tener controlado al extesorero a través de la captación de su chófer, el robo de documentación sensible sobre la financiación ilegal del PP, presiones para apartar al principal investigador del caso Gürtel y la caja b, así como la estrategia común con Bárcenas para "salvarle" antes de que la confianza se viniera abajo en 2013. El sumario también ha revelado que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en los primeros años en los que el extesorero estuvo en prisión preventiva para seguir el rastro de una supuesta grabación que comprometía a Rajoy en la investigación de la financiación ilegal.
El pasado mes de mayo, en el auto en el que imputó a Cospedal y López del Hierro por cohecho, malversación y tráfico de influencias, el juez ya apuntó que esta pieza 7 del caso Villarejo contaba con "la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria". La instrucción caduca este 29 de julio, debido a los nuevos plazos legales, por lo que para continuar con las pesquisas debía prorrogarlas, pero finalmente ha optado por no hacerlo. Tras oír en declaración a la ex secretaria general y su marido, el magistrado ha optado por desimputarles, al no haber podido acreditar indiciariamente su participación o conocimiento en el operativo ilegal.
El resumen de la comparecencia de Cospedal es que negó cualquier tipo de conocimiento sobre el operativo parapolicial diseñado para espiar a Luis Bárcenas e incluso en alguna ocasión hasta puso en duda que llegara a existir, se dedicó a atacar al extesorero cuestionando su credibilidad, defendió a su partido, del que fue la número dos durante diez años, y sólo admitió lo que no puede ocultar porque hay grabaciones que lo corroboran, y es que conocía al comisario José Manuel Villarejo.
Un mes después, el magistrado exculpa a Cospedal, su marido y su exjefe de gabinete. "A diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio de Interior, (...) respecto de los que existe una sólida base indiciaria, resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican la incriminación" de ellos tres, ha explicado el juez en el auto. A su juicio, la imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja de ser "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones".
EL JUEZ DESOYE A ANTICORRUPCIÓN Y CIERRA LA INVESTIGACIÓN DE KITCHEN EXCULPANDO A COSPEDAL
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechaza las prórrogas solicitadas por la Fiscalía y otras partes del proceso que pretendían que continuase la investigación sobre el espionaje a Bárcenas para destruir las pruebas que tuviera contra el PP
El juez da por concluida la investigación y dicta auto de procesamiento en el que exculpa a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro
Las acusaciones consideran que "cierra en falso" la causa y recurrirán la decisión
El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha presentado el escrito por el que pone fin a la investigación de la operación Kitchen y da paso al procedimiento abreviado, en el que procesa a la mayoría de imputados aunque exculpa a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, al considerar que no existen indicios contra el matrimonio y que su participación en la causa es el “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”.
Tampoco observa indicios contra Mariano Rajoy, a pesar de las declaraciones de varios imputados, entre ellos el comisario jubilado Villarejo, quien sostuvo que el expresidente del Gobierno le enviaba mensajes pidiéndole novedades sobre el caso.
García Castellón circunscribe el operativo al entorno del Ministerio del Interior y descarta la existencia de una trama política para ejecutar el operativo ordenada por sus superiores o el Partido Popular.
En este sentido, propone juzgar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como principal responsable, así como al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a distintos responsables de la policía política como el exDAO Eugenio Pino o el comisario Enrique García Castaño, o al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Les atribuye delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
“Cierre en falso”
El juez toma esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado una prórroga para que continuara investigando porque considera que faltan diligencias relevantes por practicar. Prórroga reclamada también por otras partes del procedimiento, como las defensas del exsecretrario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, del conductor Sergio Ríos o de las distintas acusaciones populares.
Las partes implicadas consideran que García Castellón yerra al exculpar a Cospedal, porque existen indicios de que contactó con Villarejo para acometer el espionaje a Bárcenas, y sostienen que “cierra en falso” las pesquisas porque aún falta por practicar “abundante prueba” y no ha contestado a la solicitud de otras diligencias solicitadas tanto por defensas como por las acusaciones.
Censuran que ni siquiera plantee citar al expresidente Mariano Rajoy, que según varios investigados estaba al corriente del operativo y hasta remitía mensajes al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, sobre el avance de la causa, y que tampoco haya citado como imputado al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, que ha sido involucrado en el procedimiento por hasta tres imputados.
Distintas partes del proceso anuncian un recurso a la Sala de lo Penal ante este “cierre precipitado” de esta causa, que califican de “escandaloso”.
La operación Kitchen fue el operativo desarrollado entre 2013 y 2015 por la policía política del Ministerio del Interior, para espiar a Bárcenas con fondos reservados y robarle y destruir las pruebas que tuviera sobre la caja b del PP o sus dirigentes, con el objetivo de hurtárselas a la acción de la justicia y evitar los daños de aquella investigación.
https://cadenaser.com/ser/2021/07/29/tribunales/1627556690_502915.html
EL JUEZ RECHAZA PEDIR AL PP QUE IDENTIFIQUE EL NÚMERO DE RAJOY E IMPUTAR A IGNACIO COSIDÓ
El juez rechaza una decena de diligencias de investigación solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Considera "innecesario e inútil" citar como imputado a Cosidó y descarta nuevas pesquisas para determinar si Rajoy estaba al corriente del operativo ilícito
El auto de cierre de la investigación de la operación Kitchen revela que el juez ha rechazado más de una decena de peticiones de prueba formuladas por la Fiscalía Anticorrupción hace solo unos días y que permanecían inéditas hasta la fecha. Entre ellas, pedir al PP que identifique el número de teléfono atribuido por Villarejo a Rajoy, y desde el que supuestamente, el presidente del gobierno pedía novedades al comisario por el espionaje a Bárcenas.
El juez considera inútil e impertinente investigar este teléfono, porque según las bases de datos policiales, entre marzo y abril de 2014, Villarejo no contactó con el mismo. El juez también rechaza la petición del fiscal de imputar al exdirector general de la policía, Ignacio Cosidó, a quien hasta tres coimputados en la causa involucran en el entramado. Dice el juez que es “innecesario e inútil” citar a Cosidó y que no existen indicios contra él, cuando figura en las agendas de Villarejo y le llamó para sumarse al operativo ante el interés del presidente del Gobierno.
https://cadenaser.com/ser/2021/07/29/tribunales/1627576193_994131.html
LA POLICÍA CONCLUYE QUE EL “OBJETIVO ESTRATÉGICO” DE KITCHEN ERA “DESACTIVAR LA CAUSA JUDICIAL” CONTRA EL PP
El principal investigador del ‘caso Gürtel’ señala a la cúpula de Interior y al partido conservador
Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía e investigador principal del caso Gürtel, ha enviado a la Audiencia Nacional un nuevo informe de 114 páginas donde concluye que la trama que gestó la Operación Kitchen en 2013 tuvo dos objetivos. Uno de carácter “estratégico”: “desactivar” las pesquisas abiertas por la justicia contra el PP por la red de corrupción liderada por Francisco Correa. Y otro de carácter “operativo”: tener “controlado” al extesorero popular Luis Bárcenas, que entonces amenazaba con tirar de la manta ante el juez Pablo Ruz.
Morocho remitió su nuevo informe, fechado este 20 de julio y al que tuvo acceso EL PAÍS, al Juzgado Central de Instrucción número 5, actualmente dirigido por el magistrado Santiago Pedraz y que en su día encabezó Ruz. Este juzgado llevó las pesquisas de Gürtel y fue obstaculizado directamente por la Operación Kitchen, que actualmente investiga Manuel García-Castellón, responsable del Juzgado número 6. De hecho, pese a las excusas de la cúpula del Ministerio del Interior de que el objetivo de esa operación policial era obtener datos para facilitarlos a la justicia, esa información nunca llegó a la Audiencia Nacional ni al grupo de la UDEF que investigaba a Correa y a Bárcenas.
“Esa actuación —escribe Morocho sobre Kitchen— se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción [Pablo Ruz]”, resume contundente el inspector jefe de la Policía, que estudia detalladamente las confesiones judiciales del comisario Enrique García Castaño, uno de los imputados, que colabora con la justicia por estos hechos desde 2019 y que no solo participó en la captación del chófer de Bárcenas como confidente, sino que accedió a un estudio de la mujer del extesorero en busca de documentos comprometedores para el PP.
La UDEF también ha analizado antes los recibís firmados por el conductor por los pagos efectuados con fondos reservados; los informes de seguimiento de los agentes de a pie al ex responsable de finanzas del partido; y la documentación hallada en poder del comisario José Manuel Villarejo sobre Bárcenas. Y ha tenido en cuenta varios mensajes intervenidos a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, que le implican en la trama junto a su antiguo jefe, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el Gobierno de Rajoy.
Tres “entornos”. El informe describe que la “estructura” que urdió Kitchen “está conformada indiciariamente por tres entornos o niveles distintos que convergen a modo de círculos concéntricos sobre el mismo”. El “entorno general”, donde se señala de forma clara al PP: “[Este] primer nivel o línea [...] corresponde al ámbito político, conformado por la formación política que coadyuva a la definición de los objetivos estratégicos y a la puesta en marcha de la operación”. María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido, se encuentra imputada.
El “entorno intermedio (segundo nivel)”, que apunta al Gobierno de Rajoy: “Se identifica con el ámbito del poder Ejecutivo, que transmite las órdenes a los órganos de la Administración dependientes jerárquicamente para la aplicación de los medios materiales y financieros oportunos”. Y el “entorno específico”, que pone la diana en la antigua cúpula de la Policía Nacional: “[Al] tercer nivel, relativo al ámbito policial, le corresponde la ejecución directa mediante el empleo de recursos materiales, humanos y financieros para dar cumplimiento a los fines pretendidos, definiendo los objetivos tácticos”.
“El modo de relacionarse de las partes del conjunto no responde estrictamente a una estructura organizativa de naturaleza jerárquica, sino que se interrelacionan mediante sistemas interdependientes y líneas de comunicación formales e informales interconectadas”, añade Morocho: “Ello se pone de manifiesto, por ejemplo, mediante el doble circuito interno de la información —tanto el correspondiente al Ministerio como al de carácter político—; [...] en las reuniones realizadas con motivo de la operación, donde traslucían de forma directa las pautas políticas; [...] o en los detalles del operativo como la captación como colaborador [del chófer] por parte [del comisario] Andrés Gómez Gordo cuando éste trabajaba en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha”, entonces presidida por Cospedal.
Él juez García-Castellón cree que Kitchen se activó el 11 de julio de 2013, cuatro días antes de la confesión de Bárcenas ante Ruz. Aunque Morocho destaca que García Castaño manifestó que había seguimientos al extesorero y su entorno desde la primavera, aunque el imputado dijo que esa labor de espionaje no la hizo su equipo sino Asuntos Internos.
Robar pruebas. El inspector jefe Manuel Morocho enmarca en la Operación Kitchen una serie de “estrategias de protección frente al procedimiento judicial” que se pusieron en marcha supuestamente desde el PP. Eso incluye que la trama se “apoderara de documentos en poder de Bárcenas” —se ha acreditado que se le sustrajeron tres dispositivos móviles—. El objetivo era “evitar” que cualquier material sensible para el partido se “incorporase al procedimiento judicial y, por tanto, incrementara el acervo probatorio”.
Las actuaciones. “El comienzo de [Kitchen] se sitúa en la propia Dirección Adjunta Operativa” de la Policía, entonces dirigida por Eugenio Pino, apunta Morocho. García Castaño afirma que este alto cargo le dio instrucciones directas, al igual que el entonces secretario de Estado de Seguridad. Según su versión, Martínez le encargó “la localización de información en poder” de Bárcenas sobre el PP. En concreto, “soportes digitales de almacenamiento de datos, tipo discos duros, que contendrían información sobre la caja b, donaciones recibidas, los pagos efectuados con fondos ajenos al sistema económico y los pagos de sobresueldos”. También “material relativo a la reforma de la sede del PP, grabaciones de las cámaras de la propia sede donde se recogieran las personas que efectuaban donaciones de dinero así como información bancaria”.
Este control a Bárcenas se extendió también supuestamente a la cárcel de Soto del Real, donde ingresó en junio de 2013 de forma preventiva. La investigación ha revelado que la trama contactó presuntamente con otros presos que también se encontraban allí encerrados.
Fondos reservados. La UDEF ha analizado el uso de fondos reservados —al menos, 53.000 euros— por parte de la trama. La documentación intervenida recoge gastos en “comida, combustible y transporte”, además de pagos mensuales de 2.000 euros al conductor de Bárcenas desde julio de 2013 a septiembre de 2015. En este punto, Morocho recuerda que estos fondos son “entregados por la Secretaría de Estado de Seguridad”. García Castaño aseguró que el máximo jefe policial le explicó que se negoció con el chófer su colaboración y este pidió la entrega de una pistola “ya que estaba amenazado”, el “ingreso en la Policía” y “la recepción de pagos”. Pese a que Kitchen se desactivó presuntamente en 2014, el conductor siguió de “colaborador” hasta que entró al Cuerpo, resalta Morocho.
LA UDEF CONFIRMA QUE BÁRCENAS FUE ESPIADO EN PRISIÓN POR LA KITCHEN
El inspector Morocho señala al número dos de Fernández Díaz como autor de la orden de vigilar al tesorero y a un preso de su confianza
El inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, ha entregado al juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional el caso de la Caja B del Partido Popular, un contundente informe donde confirma que Luis Bárcenas sufrió seguimientos y espionaje dentro de la prisión de Soto del Real en 2013, tanto de sus movimientos como de los de un preso de confianza al que encargó el borrado de documentos relativos a la corrupción del PP. En su informe, de 117 páginas y al que ha tenido acceso ElPlural.com, el inspector señala al secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, número dos del ministro de Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz.
El informe forma parte del tramo final de la investigación y el juez Santiago Pedraz, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha ordenado el cierre de diligencias del caso de la Caja B para decidir a quién procesa por el caso. El documento de Morocho se basa en las declaraciones que el comisario de la policía patriótica, Enrique García Castaño, realizó dentro de la investigación de la Operación Kitchen, que lleva el magistrado Manuel García Castellón en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Según relata Morocho en el informe, que ha adelantado en Al Rojo Vivo el periodista Alfonso Pérez Medina, Luis Bárcenas fue espiado en el año 2013 dentro de la prisión de Soto del Real. En aquel momento, Bárcenas había amenazado con tirar de la manta y confesar ante el juez Pablo Ruz, pero todavía mantenía negociaciones con el Partido Popular para llegar a un acuerdo y mantener silencio. En ese contexto, se realizaron seguimientos a un preso de confianza a quien el extesorero del PP pagó para que borrase documentación incriminatoria para la formación conservadora. Fue el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que estaba pagado por el Ministerio del Interior para espiar al tesorero, quien le dio 5.000 euros a este preso tras su salida de prisión para cumplir el encargo.
En su informe, Morocho también incluye precisamente los pagos de la Kitchen al chófer de Bárcenas para que le traicionase, le espiase y tratase de hacerse con la información que el extesorero guardaba para incriminar al PP. La trama policial, además de conseguirle un puesto en la Policía Nacional, le llegó a pagar 53.000 euros, según el informe del inspector de la UDEF. La encomienda, que según Morocho le fue ordenada a García Castaño por parte del secretario de Estado de Seguridad, era doble y buscaba no solo controlar los movimientos de Bárcenas, sino también los de su preso de confianza.
LA FISCALÍA CUESTIONA AL PERITO QUE AVALA A FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL ‘CASO KITCHEN’
Anticorrupción resta valor a las conclusiones del analista sobre los mensajes que cercan al exministro
La Fiscalía Anticorrupción cuestiona las conclusiones del perito que avala a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior e imputado por el caso Kitchen, la operación parapolicial urdida para espiar a Luis Bárcenas con el objetivo de arrebatarle supuestamente documentos comprometedores para altos cargos del PP. El ministerio público interrogó este miércoles al analista y le reprochó, según detallan fuentes jurídicas presentes en la declaración, que, basándose simplemente en lo que considera “algunas sospechas”, cuestione la veracidad de los mensajes de móvil que cercan al antiguo integrante del Gobierno de Mariano Rajoy.
El propio exministro otorgó una gran importancia a este perito informático, Javier Rubio, a quien la Fiscalía pone ahora en duda. Cuando la instrucción aún se encontraba bajo secreto de sumario y cercaba a la vieja cúpula de Interior, uno de los ex altos cargos señalados —Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y mano derecha durante años de Fernández Díaz— acudió a dos notarios para registrar toda una batería de mensajes de móvil que supuestamente le había enviado su jefe al ponerse en marcha Kitchen. Estos SMS demostrarían que el exministro estaba al tanto de la operación de espionaje a Bárcenas, pero el exdirigente del PP negó que fueran suyos ante el magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional.
De hecho, para reforzar su tesis, la defensa de Fernández Díaz envió al juez el informe de este perito, que estudió las actas notariales y no solo cuestionó que los mensajes procedieran del exministro, sino que apuntaba que podrían estar manipulados. Pero, para la Fiscalía, sus deducciones carecen de valor, como se desprende del interrogatorio al que le sometió el pasado miércoles. Según varias fuentes jurídicas presentes, el representante de Anticorrupción le recordó que para su análisis solo contó con los escritos del notario y, por tanto, “no hizo un [estudio] forense propiamente dicho sobre un móvil que se vuelca y que establece qué mensajes tiene, qué aplicaciones tiene y qué mensajes se pudieron borrar”.
El ministerio público insistió en esa línea y, según las mismas fuentes, subrayó que para “determinar si unos mensajes son fake [falsos]” necesitaría hacer un volcado de los datos del teléfono. “Por lo tanto, aunque usted vierta algunas sospechas sobre algunos SMS, ¿usted no puede certificar que esos SMS hayan sido creados?”, insistió el fiscal al perito, que admitió a regañadientes sus limitaciones: “No puedo certificar que esos SMS hayan sido creados. Lo que sí puedo decir es que, a nivel técnico, eso no son SMS”. Pero Anticorrupción no desistió: “Con las evidencias que usted ha analizado y las técnicas que ha aplicado, no puede concluir que esos mensajes hayan sido creados o manipulados [...] Que existe esa posibilidad, pero no que en este caso [se hiciera]”.
—¿Usted puede decir sin hacer un volcado que esos mensajes son mensajes creados? —volvió a la carga Anticorrupción, ante las reticencias del perito.
—Vamos a ver, yo le puedo decir que presentan indicios... —contestó Javier Rubio.
—¡Pero no es lo mismo!
—Categóricamente, no [puedo decir que esos mensajes fueran creados ad hoc].
—Porque, para afirmarlo, debería haber hecho un análisis forense del terminal —sentenció el ministerio público.
El móvil de Fernández Díaz
Durante el interrogatorio, el perito informático reveló un dato desconocido hasta ahora. Según él, el exministro le facilitó uno de sus móviles para que comprobara si los SMS bajo sospecha se encontraban dentro. Ante la sorpresa de la Fiscalía, que le pregunta por qué no incluyó entonces esa información en su estudio, Rubio llega a decir que volcó el contenido de ese teléfono —que, tras alguna contradicción, asegura que no es el que usaba Fernández Díaz cuando se puso en marcha Kitchen— y que todavía guarda una copia del mismo. De inmediato, el ministerio público pidió al juez que requiriera al analista ese volcado, lo que García-Castellón aceptó.
MARTÍNEZ RECLAMÓ AL CNI INFORMACIÓN CUANDO INTERIOR TRATABA DE EXCULPAR AL PP DEL ‘CASO BÁRCENAS’
El ex secretario de Estado, imputado en Kitchen, defiende ante el juez que su actuación fue legal
Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, volvió el pasado lunes a declarar como imputado a la Audiencia, cercado por los mensajes de teléfono y las anotaciones de las agendas del comisario José Manuel Villarejo que lo implican en el caso Kitchen, el espionaje a Luis Bárcenas sin autorización judicial.
Aunque el ex alto cargo repitió con insistencia al juez que siempre creyó que ese dispositivo parapolicial era legal, durante sus intentos por explicar los mensajes que presuntamente se cruzó con su antiguo jefe sobre la trama, Martínez llegó a relatar que “el Gobierno” de Mariano Rajoy activó en 2013 una operación especial en las fuerzas de seguridad para obtener datos del extesorero, cuando los populares trataban de demostrar que los fondos que manejó no beneficiaron al PP. Para ello, según añadió, contactó con el director del CNI, de lo que nunca informó al juez Pablo Ruz, que entonces investigaba a Bárcenas.
Estas palabras del ex secretario de Estado tienen su relevancia. En aquel momento, el PP trataba de desvincularse de los delitos atribuidos al extesorero, cercados ambos por el caso Gürtel y la publicación de los papeles de Bárcenas. Y, aunque Martínez insiste en que nunca tuvo conocimiento de ninguna maniobra ilegal, el juez Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción no solo sostienen que el espionaje a Bárcenas tenía por objetivo arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del PP antes de que Ruz se hiciera con ella, sino que esta operación se ordenó desde las más altas instituciones del Estado.
La instrucción ha ascendido hasta la antigua cúpula de Interior, con la imputación del exministro de Interior como máximo responsable; y hasta la dirección del PP, con la imputación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de los populares. Son las dos patas que sostienen la trama, según los escritos del ministerio público, que nunca ha elevado el tiro más arriba.
Según explican fuentes jurídicas presentes en la declaración del pasado lunes, Martínez detalló la iniciativa del Gobierno de Rajoy cuando se le preguntó por un presunto cruce de mensajes que tuvo con Fernández Díaz en la madrugada del 1 al 2 de agosto de 2013. Cuando la instrucción comenzaba a cercarle, el ex número dos de Interior registró ante notario esos mensajes, cuya autoría niega el exministro popular.
—Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto “cecilio” [apodo usado para referirse a los integrantes del CNI]. Yo estaré viajando, pero totalmente en guardia y conectado —escribió Martínez a su entonces jefe, el ministro del Interior Jorge Fernández, según las actas del notario.
—Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado [sic]. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info... —respondió supuestamente el ministro.
—Ok. Espero tu llamada después del Consejo. Buenas noches — contestó de nuevo el secretario de Estado de Seguridad.
Martínez explicó al juez que el 1 de agosto de 2013, solo un día antes de esos mensajes, Rajoy había comparecido ante el pleno del Congreso —una cita que se celebró físicamente en el Senado porque entonces la Cámara Baja se encontraba en obras— y había admitido que se equivocó al confiar en Luis Bárcenas. “Me engañó. Creí en su inocencia”, dijo el entonces presidente del Gobierno, que desvinculó al PP de todas las irregularidades cometidas por el extesorero popular. El ex secretario de Estado resumió así al juez esa comparecencia, según fuentes jurídicas presentes en su interrogatorio: “[Rajoy] dijo que [Bárcenas] tenía cuentas en el extranjero, pero que no tenía nada que ver con el partido ni con nadie del partido. Y que se iba a llegar hasta el final, a esclarecer todos estos hechos”.
Orden del ministro
Para cuando se produjo esa comparecencia del jefe del Ejecutivo, la Operación Kitchen ya estaba en marcha —el juez fija su inicio el 11 de julio, cuando comenzaron los movimientos para captar como confidente al chófer de Bárcenas—. Pero, según el relato que ofreció Martínez el lunes, es en agosto cuando le ordenan sus superiores dar el paso al frente. Según su versión, tras la declaración parlamentaria de Rajoy se produjo una reunión al más alto nivel —“a nivel del Consejo de Ministros o del Gobierno”— y se plantea que hay que conseguir “todo lo que pruebe las responsabilidades penales individuales” de Bárcenas. Martínez aseguró que era para darle esos datos al juez.
Según dijo el ex número dos de Interior al juez García-Castellón, el ministro le aseguró primero que le iba a facilitar un contacto del CNI para que “coordinase” con este la puesta a disposición de los investigadores de todos los datos que pudiera tener el Centro Nacional de Inteligencia sobre el tema. Pero, tras el Consejo de ministros del día 2 de agosto, Martínez asevera que Fernández Díaz le comentó que contactase con el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, con quien ya solía tratar temas de inteligencia.
“Yo hablé con el CNI”, admitió Martínez al juez: “Pero este me dice que esa no es una cuestión que esté dentro de su actividad de inteligencia. Pero que, como ellos tienen obviamente acceso a muchísima información, que por supuesto si tuviesen acceso a una información directamente relacionada con dinero en el extranjero, testaferro, etcétera, de Bárcenas o de su entorno, la pondría por los conductos habituales a disposición de la policía”, relató el ex secretario de Estado al magistrado del caso Kitchen, según fuentes presentes en su declaración.
Con estas afirmaciones, Martínez trata de sacudirse las imputaciones que lo colocan en la cima de la toma de decisiones de Kitchen. El ex secretario de Estado niega que participase en una “operación clandestina, parapolicial o ilegal”. Y esgrime que esa conversación con el director del CNI evidencia que todo lo que él hizo se enmarcó dentro de un operativo “normal”: “Por el cual, los cuerpos [de seguridad] comparten información, con todas sus dificultades, con otros servicios y en concreto con el CNI
Los supuestos mensajes con Mariano Rajoy
El juez Manuel García-Castellón ha solicitado a la Policía Nacional que reclame a las compañías telefónicas el tráfico de mensajes que, según aseguró el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se intercambió con el presidente Mariano Rajoy sobre la Operación Kitchen. Según confirmaron fuentes jurídicas a la agencia Europa Press, el magistrado ha tomado esta decisión después de que el antiguo policía afirmase que a través de cuatro móviles que le facilitó el Ministerio del Interior se cruzó SMS con el entonces jefe del Ejecutivo, que le respondía supuestamente a través de dos números. De ellos, Villarejo ya facilitó uno al juzgado. Pero, según dijo, no recuerda el segundo, por lo que pidió al magistrado que le permita acceder al contenido íntegro de sus agendas para poder identificarlo.
Hasta el pasado mayo, el comisario había negado que despachase con Rajoy sobre Kitchen. Pero hace dos meses cambió de versión y lo implicó durante su comparecencia en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre el espionaje ilegal a Luis Bárcenas.
EL JUEZ PIDE VERIFICAR LOS SMS ENTRE RAJOY Y VILLAREJO SOBRE EL ESPIONAJE ILÍCITO A BÁRCENAS
Manuel García Castellón pide a la Policía Nacional que reclame a las compañías telefónicas con las que operaron los supuestos teléfonos del presidente del Gobierno y el comisario jubilado, que remitan el tráfico de mensajes entre ambos
La diligencia tiene "escasas probabilidades de éxito", según fuentes del caso porque las compañías suelen borrar estos mensajes al año de su emisión
El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que contacte con las compañías telefónicas y entreguen el posible tráfico de mensajes de texto entre los números de teléfono aportados al juzgado por el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, que supuestamente se corresponden con los que utilizaron tanto éste como Mariano Rajoy, cuando el presidente del Gobierno le reclamaba los avances de la investigación sobre el espionaje ilícito al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Según afirmó Villarejo en su última declaración ante el juez, avanzada por la Cadena SER, la operación Kitchen, mediante la que supuestamente fueron utilizados todos los resortes del Estado para robar y destruir las pruebas que conservase Bárcenas sobre la caja b del PP y sus dirigentes, era “imposible” sin el concurso del presidente del Gobierno.
Siempre según Villarejo, el presidente del Ejecutivo estuvo “más de tres meses, sin duda”, reclamándole a través de mensajes de texto información sobre las pesquisas realizadas por la policía política al extesorero del partido.
La solicitud del juzgado ya ha sido cursada pero fuentes del caso consideran improbable que la diligencia tenga éxito porque las compañías telefónicas suelen eliminar los mensajes entre clientes al año de emitirse y supuestamente, fueron enviados entre 2013 y 2014.
https://cadenaser.com/ser/2021/07/13/tribunales/1626171239_945078.html
EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR TILDA DE “ELUCUBRACIONES” LAS NOTAS DE VILLAREJO QUE LO INCRIMINAN EN KITCHEN
El juez pregunta a Francisco Martínez si “mantuvo alguna comunicación” con dirigentes del PP para informarles del operativo puesto en marcha para espiar a Bárcenas
Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha regresado este lunes a la Audiencia Nacional para declarar por el caso Kitchen, la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas urdida en 2013. Cercado por las anotaciones de las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que recogen una profusa relación entre el policía y el antiguo número dos del Ministerio del Interior, Martínez ha centrado buena parte de su defensa en restar valor a esos apuntes y ha asegurado que son falsas todas las referencias que lo implican en la trama. Según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, ha calificado los escritos de Villarejo como simples “reflexiones” y “elucubraciones”.
El juez instructor Manuel García-Castellón decidió citar a Martínez —que ya había declarado antes varias veces por estas pesquisas, incluido durante un careo con su exjefe, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior— después de analizar el contenido de las 13 nuevas agendas intervenidas a Villarejo durante el último registro de su vivienda el pasado octubre, cuando el policía aún se encontraba en prisión provisional. Los investigadores, que otorgan credibilidad a esos cuadernos, han hallado numerosas referencias al exsecretario de Estado. Tantas, que el propio magistrado lo reflejó en un auto, en el que escribió: “Llama la atención, de la lectura [de las agendas], la fluida relación que se aprecia entre Villarejo y Martínez, aun antes de que este fuese nombrado secretario de Estado el 11 de enero de 2013”.
Según mantiene el juez, la “exposición ordenada” de esas anotaciones no solo dibuja el “cronograma temporal” de los acontecimientos “más relevantes” de Kitchen, sino que apunta a la cúpula de Interior. De hecho, este lunes, García-Castellón le leyó varias al exsecretario de Estado, a quien Villarejo bautizó con el alias de Chisco en sus libretas. “Forzando contacto con chófer LB”, reflejaba uno de los apuntes rememorados por el magistrado, en referencia a Sergio Ríos, el antiguo conductor de Luis Bárcenas, a quien la trama captó como confidente. “Chisco: muy preocupado por datos Chef [apodo que el comisario puso al chófer] sobre grabaciones actualmente en su poder”, reza otro de los apuntes que implican al también exdiputado del PP, a quien el partido dejó fuera de las listas tras estallar el escándalo.
Pese a la insistencia del magistrado, que ha repetido varias veces a Martínez que muchos datos de las agendas ya han sido contrastados por otras fuentes, el exsecretario de Estado se ha dedicado a echar balones fuera durante todo el interrogatorio. El ex número dos de Interior, que en declaraciones previas admitió que tuvo conocimiento junto a Fernández Díaz de los intentos de captar al chófer de Bárcenas, ha añadido este lunes que siempre recibió muy pocos datos de esas maniobras y que nunca entró en los pagos al confidente, a quien se premió con cerca de 50.000 euros de los fondos reservados. Pero, además, según ha dicho al juez, el acercamiento de la Policía al conductor no significa que se pusiera en marcha toda una operación irregular denominada Kitchen. Según el político, esto es un sobrenombre que le ha dado la prensa.
Martínez ha incidido, a su vez, en que siempre creyó que se actuaba dentro de la legalidad y que el espionaje desplegado por la trama contra el extesorero tenía por objetivo localizar su fortuna en el extranjero. Pero la instrucción ya ha desvelado que este plan nunca se sometió a ningún tipo de control judicial y los datos recabados nunca llegaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que investigaba a Bárcenas por el caso Gürtel.
Los vínculos con el PP
Esta última declaración de Francisco Martínez llega después de que María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, desfilara también ante el juez como imputada. Tras ascender hasta la cúpula de Interior, la instrucción ha dirigido la investigación hacia los populares. La Fiscalía Anticorrupción cree que la formación también estuvo al tanto de Kitchen y que, incluso, esta operación se enmarca dentro de un boicoteo mucho más amplio a toda las pesquisas del caso Gürtel, que cercan al partido conservador desde 2009.
En esta línea, García-Castellón ha preguntado directamente al exsecretario de Estado si mantuvo comunicación con el PP sobre Kitchen. Pero Martínez lo ha negado, según fuentes jurídicas presentes en su interrogatorio. También ha rechazado que hablara con Villarejo sobre el inspector jefe Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, que ha denunciado cómo torpedearon las pesquisas desde la cúpula policial e Interior.
El ex alto cargo también ha refutado que, pese a los apuntes del comisario, nunca trató con Rajoy sobre el operativo de espionaje y nunca, para abordar el tema, se reunió con el presidente del Gobierno, la entonces secretaria general o con Javier Iglesias, un abogado próximo al PP. Según ha insistido Martínez, “deben ser elucubraciones” de Villarejo, del que ha sugerido que pudo confeccionar sus agendas en un momento posterior a los hechos. Desde luego, ha remachado, él “no puede explicar” sus anotaciones. No se identifica con lo que reflejan, ha apostillado.
EL EXSECRETARIO DE ESTADO INTENTA DESACREDITAR LAS AGENDAS DE VILLAREJO SALVO EN AQUELLO QUE LE BENEFICIA
El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, sostiene que el comisario jubilado pudo manipular aquellas anotaciones de sus agendas que le perjudican, pero se escuda en otras cuando le benefician
El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha comparecido de nuevo como imputado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el supuesto operativo sufragado con fondos reservados para robar y destruir las pruebas que Bárcenas guardara sobre la caja b del PP o los dirigentes del partido.
Martínez ha intentado deslegitimar aquellas anotaciones de las 13 agendas de Villarejo que le incriminan de forma directa, asegurando que el comisario jubilado dejaba espacios en blanco para poderlos rellenar con posterioridad, pero por el contrario las ha esgrimido en beneficio propio cuando ha recalcado que en esos diarios de José Manuel Villarejo no aparece como la persona que ordenase el registro al despacho de la esposa de Bárcenas, o como el cargo político que ejecutó los pagos al chófer espía, Sergio Ríos.
Un empleo de las agendas a la carta por parte de Francisco Martínez, que no ha pasado desapercibido para el juez, quien le ha recordado en varias ocasiones que muchas de las anotaciones de esos documentos han sido contrastadas por la investigación y le dan credibilidad.
El exsecretario de Estado de Seguridad ha manifestado que siguió órdenes, y ha negado que cometiera ilegalidad alguna en un interrogatorio en el que solo ha contestado al juez y a su defensa.
https://cadenaser.com/ser/2021/07/12/tribunales/1626092790_417461.html
LAS NOTAS DE VILLAREJO CERCAN AL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR: “CHISCO PLANTEA LÍNEA DURA HACIA BÁRCENAS YA”
El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, declara de nuevo en el ‘caso Kitchen’ tras destapar los cuadernos del comisario “la fluida relación” entre ambos, según el juez
El jueves 16 de abril de 2012, el comisario José Manuel Villarejo anotaba por primera vez en su diario el nombre de Francisco Martínez Vázquez, entonces jefe de gabinete del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Junto al nombre, el policía escribía el número de teléfono móvil del alto cargo y una dirección de correo electrónico con nombre de mujer. También destacaba que, quien solo unos meses después sería nombrado secretario de Estado de Seguridad, era “letrado en Cortes” y que, en ese primer contacto, se había mostrado “muy receptivo”. A partir de ese apunte, las referencias a Martínez y, sobre todo, a Chisco, apodo que Villarejo puso al ex número dos de Interior, se convertirían en una constante en los 13 cuadernos en los que el comisario reflejó con quién hablaba y se reunía desde el 26 de junio de 2007 hasta el 5 de mayo de 2016, y, por tanto, en el periodo durante el que se puso en marcha la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Este lunes, Martínez debe comparecer de nuevo como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por el contenido de estos cuadernos, que el magistrado describe en uno de sus escritos como un “cronograma temporal” de los hechos “más relevantes” que acontecieron durante el espionaje a Bárcenas. EL PAÍS ha tenido acceso a numerosas anotaciones de estas agendas que apuntan a una supuesta implicación de Francisco Martínez en la trama parapolicial mayor de la que él ha reconocido hasta ahora. Así, el 29 de julio de 2013, poco después de que se pusiera en marcha la Operación Kitchen, Villarejo anotó junto al nombre de Chisco: “Insiste en la importancia del tema LB [Luis Bárcenas]. Plantea línea dura hacia él ya. Se va de vacaciones, pero habrá contacto diario”. El juez concluye en uno de sus autos que estas anotaciones reflejan la “fluida relación” entre el policía y el ex número dos de Interior, que este se ha esforzado, hasta ahora, en limitar a “absolutamente profesional”, como afirmó el 1 de junio en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso.
Tras la primera anotación de abril de 2012, Villarejo volvió a apuntar un contacto con Martínez el 4 de junio del mismo año. Entonces, el caso Gürtel, en el que se investigaba la trama de corrupción del empresario Francisco Correa y sus conexiones con cargos públicos del PP, estaba en pleno apogeo tras haber sido imputado de nuevo Bárcenas, del que aún se desconocía sus cuentas en Suiza. Ese día, el comisario escribió: “Francisco Chisco. Hablando con ministro. En líneas generales, diría cada vez más confianza”. Una confianza que, siempre según los apuntes de Villarejo, se tradujo en continuas conversaciones y cruce de mensajes. “Llamó para hacer comentarios generales. Estaba algo inquieto, pero no quería nada en concreto. Quedamos en estar pendientes”, escribió el 28 de junio. Y el 10 de agosto: “Mensaje para que le comente lo de mañana. Varias llamadas. Muy mosca Cosi [Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía] y SdE [secretario de Estado, entonces Ignacio Ulloa] por ocultar al Min [ministro] informe”.
A finales de ese año, las agendas de Villarejo revelan cómo su relación con “Chisco” se estrecha. El 11 de noviembre, cuando presuntamente el Ministerio del Interior maniobraba para evitar que avanzasen las pesquisas que incriminaban a Bárcenas en el caso Gürtel, el policía refleja esa sintonía entre ambos: “Aviso para hablar antes de mañana. Muy contento y pendiente de todo”. El 27 de diciembre apunta otro contacto en el que hablan de “Bárcenas”. Y el 17 de enero de 2013, también: “Estaba con Oli [alias del comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF y recientemente imputado en el caso Kitchen]. Tratando el tema Bárcenas”. Los cuadernos de Villarejo recogen que los supuestos contactos de este con Martínez, que asumiría el 11 de enero el cargo de secretario de Estado de Seguridad, se hacen más frecuentes a partir de ese momento.
A comienzos de 2013, EL PAÍS revela la existencia de los llamados papeles de Bárcenas, que reflejaban la existencia de una caja b en el PP sostenida durante 20 años y la policía entrega al juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, informes que salpican en la trama a altos dirigentes del PP, como la ministra Ana Mato. Así, el 28 de enero, solo unos días después de que se refiera a este documento policial en otro apunte, Villarejo escribe: “Chisco. Quiere modificar ciertos aspectos del informe”. Y el 18 de febrero apunta que el entonces número dos de Interior le ha hecho “varias llamadas, la última a las 22 [horas]”. El 25 de febrero recoge un nuevo contacto con referencias al caso Gürtel y a la “grabación de LB con Raj [Rajoy]”, en referencia a un supuesto archivo de audio de una conversación del extesorero con el entonces presidente del Gobierno y líder del PP que presuntamente implica a este en la financiación irregular de su partido.
En julio de ese año, coincidiendo con la decisión del extesorero de confesar ante el juez Ruz la existencia de la contabilidad opaca de su partido, los contactos se intensifican. Villarejo anotó el 6 de ese mes, solo cinco días antes de que Interior pusiera en marcha la Operación Kitchen, los detalles de una supuesta conversación entre ambos: “Dice que Min [supuestamente, ministro] habló con Raj [Rajoy] y todo es ok”. Tres días antes que la declaración del extesorero en la Audiencia Nacional, y cuando el espionaje ilegal a este ya está en marcha, el comisario anota otro supuesto contacto con Martínez: “Comida 14;30 en GUET. Quiere plan estratégico para salir del caso LB [Luis Bárcenas]. SM (Vicente) para el Nº 1 [en referencia, supuestamente, al ministro Fernández Díaz]”.
A partir de ese día, las referencias al ex número dos de Interior se disparan: “Problemática por posibles protecciones de LB” (16 de agosto). “Forzando contacto con chófer LB [Sergio Ríos, quien terminaría convirtiéndose en el confidente de la trama parapolicial]. Quedo en cerrar reunión” (18 de julio). “Muy preocupado por datos Chef [apodo que Villarejo puso al conductor de Bárcenas] sobre grabaciones actualmente en su poder”. Y “muchas llamadas, la últ[ima] a las 12:30. Información de todas las actuaciones de Chef. Estaba muy contento” (23 de julio). Siete días más tarde, Villarejo recoge en sus cuadernos que Martínez le informa del enorme interés que presuntamente tenía Fernández Díaz en el operativo: “Llamadas sistemáticas de Minis[tro] sobre LB”.
Durante todo el verano de 2013, los diarios del comisario reflejan que el trasiego de llamadas entre ambos continúa. Así, el 1 de agosto anota “varias llamadas” del exnúmero dos de Interior para preguntar sobre “novedades y posición de la mujer de LB [Rosalía Iglesias, entonces ya imputada en el caso Gürtel]. Y añade: “Se vería hoy con MD [en referencia a María Dolores de Cospedal, imputada en el caso Kitchen precisamente por el contenido de estos cuadernos]”. Ocho días más tarde apunta: “Chisco. Varias llamadas informándole de los pasos” y escribe un futuro encuentro entre ambos para la semana siguiente en Marbella.
El 12 de agosto, junto al nombre de “Sergi”, con el que se refieren a veces al chófer de Bárcenas, Villarejo destaca que para el secretario de Estado el “objetivo fundamental” era “las conversaciones”, en alusión, presuntamente, a las supuestas grabaciones del extesorero con Rajoy. Unos días más tarde, anota: “Chisco. Llamó para informar que todo iba Ok”. Y, a continuación, enumera una relación de supuestos temas policiales tratados entre ambos: la “corrupción” de Marbella, “Gibraltar”, Barcelona, “medallas” y, de nuevo, “LB”. Para entonces, apenas había pasado un año y medio desde la primera anotación de abril de 2012 en la que Martínez se mostró “muy receptivo”.
UNOS SMS DIFÍCILES DE RASTREAR Y UN SECRETARIO DE ESTADO QUE NUNCA HA VENDIDO AL PP, BAZAS DE RAJOY Y COSPEDAL EN 'KITCHEN'
El futuro judicial de los dos pasa por los mensajes que dice Villarejo que se intercambió con el expresidente y una nueva declaración de Francisco Martínez prevista para este lunes
Fuentes de la investigación ven complicado que se pueda extraer algún dato relevante teniendo sólo los números de teléfono que acaba de aportar el comisario jubilado dado el tiempo transcurrido
María Dolores de Cospedal está imputada en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. Mariano Rajoy, no, pero el principal investigado, José Manuel Villarejo, le señala directamente como conocedor del operativo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas, que se habría desarrollado entre 2013 y 2015. Según fuentes de la investigación consultadas por infoLibre, el futuro judicial de los dos exdirigentes del PP pasa por una nueva declaración del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, prevista para este lunes, y de unos SMS que el comisario jubilado asegura que envió al expresidente del Gobierno informándole de las novedades sobre la operación, mensajes que se extendieron, según él, durante unos tres meses, pero que ahora, ocho años después, resultan casi imposibles de rastrear.
Casi tres años después de abrirse la pieza 7 del caso Villarejo, la instrucción se centra ahora en la posible participación del PP en la operación Kitchen. Tras ir escalando posiciones y pasar de los mandos policiales implicados para centrar el tiro después en el Ministerio del Interior, los investigadores han llegado ya hasta el partido conservador para indagar si el operativo se organizó desde allí o si, al menos, sus dirigentes lo conocían.
Por un lado, están los supuestos SMS que Villarejo asegura que se intercambió con Rajoy en el transcurso del operativo de espionaje a Bárcenas. El comisario jubilado acaba de entregar al juez que instruye la causa, Manuel García Castellón, un escrito con el número completo de uno de los dos teléfonos móviles, como ya dijo la semana pasada. Afirma que ese número es el 650XXX710, el cual, "por expresa indicación" de su defensa, "se había ocultado parcialmente" para preservarlo, aunque ahora dice haberlo entregado completo al juzgado. "Se trata de un número de teléfono que perteneció al Sr. Rajoy mientras era presidente del Gobierno de España, desconociéndose si en la actualidad sigue haciendo uso de ese número", añade.
Según Villarejo, de los dos números que afirma que usó para contactar con Rajoy, sólo ha podido localizar uno de ellos tras quedar en libertad y cree que podría encontrar el segundo si García Castellón le devuelve sus diarios personales, que ha reclamado de forma "reiterada" desde su incautación en octubre pasado. Al sumario de la causa no se ha incorporado ningún número de teléfono que esté apuntado como el que usaba para ese posible contacto con el expresidente.
¿Cuánto tiempo se guardan los datos de un teléfono?
Fuentes de la investigación tienen dudas de que se pueda extraer algún dato relevante para la instrucción teniendo únicamente los números de teléfono. Aun así, confirman que si el comisario ha hablado de ello y ha presentado un escrito, indagarán en esta pista para no cerrar la investigación en falso, sin siquiera tirar de este hilo. Otras fuentes consultadas especializadas en periciales informáticas coinciden en señalar la dificultad que entraña obtener información sólo teniendo los números, no los terminales. Mucho más teniendo en cuenta que, según dice Villarejo, esas líneas se utilizaron para ese fin hace ocho años. Los terminales, según explica el expolicía, se los daba la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) o Asuntos Internos, eran de prepago y se los iban cambiando "con una periodicidad quincenal/mensual".
El periodo de tiempo transcurrido también supone un gran impedimento para poder extraer datos útiles a la hora de comprobar si lo que dice el comisario jubilado es cierto. Según el artículo 5 de la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, las obligación de las operadoras de telefonía de conservar datos de clientes "cesa a los doce meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación". "Reglamentariamente, previa consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los operadores", añade la citada norma.
Así, según las fuentes consultadas, lo que podría hacer el juez es solicitar información a las operadoras, pero teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, ven esta línea de investigación como una calle sin salida. Y en cualquier caso, aunque se recuperaran los datos de ciertas comunicaciones, el contenido de los SMS no se guarda, sino que lo que queda registrado por un periodo de tiempo limitado son únicamente los metadatos sobre qué tipo de comunicación se realizó, cuándo se envió y cuándo se recibió. Otras fuentes consideran que casi al cien por cien no se podrá recuperar nada útil para la investigación, salvo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la Policía a través del sistema de escuchas telefónicas Sitel hubiese estado pinchando alguna de las líneas de las que habla Villarejo.
Martínez, otra vez en el centro
Sea cual sea la conclusión de la diligencia que encargue el juez sobre los números de teléfono aportados por el comisario jubilado, aún hay otro paso a dar en la investigación: la declaración este lunes de Francisco Martínez, imputado desde hace año y medio pero que debe volver a comparecer después del hallazgo de los trece cuadernos de Villarejo en los que su nombre es mencionado en no pocas ocasiones en relación con el operativo de espionaje al extesorero del PP. En esos diarios, el ex número dos del Ministerio del Interior ha sido identificado por la Unidad de Asuntos Internos como "Chisco".
"CHISCO. Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunidaciones, registros y citación de mujer e hijo"; "CHISCO. Problemática por posibles grabaciones de LB"; "CHISCO. Forzando contacto con chófer LB"; o "CHISCO. Muy preocupado por datos CHEF", son las anotaciones que hacen referencia a Martínez. Pero además, el propio ex secretario de Estado creó una nota en su teléfono móvil un año después de que se abriera la causa, y cuando su imputación parecía muy cerca, en la que resaltó: "El asunto que investiga la Audiencia Nacional, al margen de que sea un disparate lo que están publicando los medios, NO fue iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibí instrucciones MUY CONCRETAS, las primeras el 13/07/2013, y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información"; "Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia".
Sin embargo, Martínez nunca ha señalado a los que eran sus jefes, ni en sus declaraciones judiciales ni en sus escritos. Cuando compareció en la Audiencia Nacional en octubre del año pasado, no mencionó a Rajoy ni a Cospedal, y sobre el que su superior en Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que éste fue el que le pidió que se enterase sobre una investigación a Bárcenas porque algo le había llegado y no tenía más información. Es decir, Martínez apuntó que Fernández Díaz conocía que había un operativo, pero no fue más allá y no le implicó en su puesta en marcha o control ni sugirió que el exministro supiera que era ilegal.
También aseguró no saber nada de la operación Kitchen, como volvió a hacer el pasado mes de junio en la comisión de investigación del Congreso. "Les avanzo que niego de forma contundente y sin ningún matiz que durante el ejercicio de mi cargo de secretario de Estado de Seguridad, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participase o tuviese conocimiento, directo o indirecto, de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias", dijo.
Pero Villarejo apuntó también un encuentro con Martínez del que concluyó que éste estaba "muy mosca porque Cospe le dio gran bronca". La ex secretaria general del PP, que ha negado cualquier conocimiento o implicación en el operativo para espiar a Bárcenas, no fue preguntada directamente por ese apunte sobre Martínez, pero sí afirmó que apenas había tenido relación con él. Es previsible que el ex secretario de Estado sea preguntado también este lunes por su relación con Cospedal y por esa anotación en concreto. Habrá que ver si mantiene su versión de hasta ahora o hace alguna revelación que permita abrir otras líneas de investigación en la causa.
EL JUEZ PIDE A VILLAREJO QUE DETALLE POR ESCRITO LOS SUPUESTOS TELÉFONOS A LOS QUE ENVIÓ A RAJOY MENSAJES SOBRE LA OPERACIÓN KITCHEN
El comisario había acudido a la Audiencia Nacional a facilitar los números de modo verbal y el magistrado lo ha rechazado
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, ha pedido al comisario jubilado José Manuel Villarejo que detalle en un escrito el número o números de teléfono con los que, según declaró la semana pasada, supuestamente contactó, en 2013, con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para informarle de los avances del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. El magistrado ha hecho la petición después de que Villarejo, que ha acudido a declarar como imputado en la pieza número 30 del macrosumario en el que se investigan sus actividades presuntamente delictivas, intentara facilitarle esta información de modo verbal, según ha confirmado a EL PAÍS Antonio García Cabrera, abogado del policía. Ese escrito aún no ha sido presentado, ha detallado el letrado.
Villarejo implicó por primera vez a Rajoy en el espionaje a Bárcenas en su comparecencia, el pasado 27 de mayo, en la comisión parlamentaria que investiga el caso Kitchen. En el Congreso, el policía jubilado aseguró que había enviado esos mensajes telefónicos o SMS a petición del propio exlíder del PP, que no se fiaba de los datos que sobre el espionaje a Bárcenas le hacían llegar sus colaboradores. Hasta ese momento, el comisario no había implicado en sus múltiples declaraciones judiciales a Rajoy en la trama urdida por el Ministerio del Interior. En una entrevista concedida a EL PAÍS, Villarejo había afirmado que trató sobre Kitchen con diferentes cargos del PP y del Gobierno, pero nunca con Rajoy: “El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios, es con el señor Rajoy”, dijo.
En el Congreso, Villarejo detalló que los supuestos mensajes telefónicos que intercambió con el expresidente se limitaron a preguntas cortas y respuestas “monosilábicas”, y añadió que los envió a un número de teléfono “que empezaba por 650 y termina por 10”. Cuando un diputado le preguntó si tenía documentación que probase ese intercambio, el comisario se limitó a decir que “todo” estaba en sus archivos —intervenidos por la Policía cuando fue detenido en noviembre de 2017— y que lo demostraría en un futuro juicio cuando volviera a tener acceso a ellos.
Horas después de estas afirmaciones, el juez citaba a Villarejo a declarar como imputado de nuevo por el caso Kitchen. En este interrogatorio, celebrado el pasado viernes, el policía insistió por segunda vez en el envío de mensajes al teléfono móvil de Rajoy y habló, por primera vez, de dos números: “[El presidente] tenía un interés personal en este tema”, dijo. Entonces, el policía tampoco aportó pruebas y se limitó a comprometerse a “buscarlas” y a facilitar los números de teléfono a los que envió esos supuestos mensajes. “[El juez] ya solo tiene que comprobar esos mensajes y esas historias”, ha asegurado el policía este martes al abandonar la Audiencia Nacional. Ante los periodistas, Villarejo ha vuelto a hablar de un único número de teléfono de Rajoy. “Me decían ‘ese es el teléfono del presidente’ y ese es el número que yo he entregado hoy”, ha recalcado.
VILLAREJO SUGIERE QUE EN SUS DIARIOS HAY DATOS QUE IMPLICAN A RAJOY EN EL ‘CASO KITCHEN’
El comisario entrega un escrito al juez solicitando acceder a las agendas que se le intervinieron para identificar uno de los números de teléfono que supuestamente usaba para contactar con el expresidente
El comisario jubilado José Manuel Villarejo vuelve a apuntar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el caso Kitchen. En un escrito presentado este viernes en la Audiencia Nacional, el policía pide al juez Manuel García-Castellón que le devuelva los originales de los diarios que le fueron intervenidos el pasado octubre en su casa con el argumento de que solo con ellos podrá recordar uno de los números de teléfono supuestamente usados por Rajoy al que el comisario remitía mensajes con información sobre el desarrollo del espionaje, a partir de 2013, del extesorero del PP Luis Bárcenas. Villarejo, que no había implicado al expresidente en la trama parapolicial Kitchen hasta que compareció el pasado 27 de mayo en el Congreso, asegura desde entonces que puede demostrar que el expresidente estuvo al tanto del operativo ilegal que pretendía recuperar la documentación presuntamente comprometedora para el PP que guardaba Bárcenas.
En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Villarejo reitera, como ya hizo en el Congreso y, posteriormente, en el juzgado, que uno de los teléfonos con los que supuestamente intercambiaba mensajes con Rajoy comenzaba por 650 y terminaba en 710, y que él utilizaba para enviar los SMS, al menos, cuatro números, todos ellos facilitados por el Ministerio del Interior para sus actividades policiales. El comisario sostiene que había un segundo número de teléfono cuyo uso atribuye al expresidente al que también remitía información sobre el espionaje a Bárcenas, pero asegura que no podrá recordarlo hasta que no tenga “un acceso completo” a los 13 cuadernos que la Policía le intervino en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid) el pasado 20 de octubre, cuando él aún estaba en prisión. “Difícilmente podrá aportar más datos sobre este caso si ni siquiera se le entrega una copia de sus propios diarios personales”, añade el escrito.
Estos 13 cuadernos recogen las anotaciones sobre los supuestos contactos que Villarejo mantuvo desde el 26 de junio de 2007 hasta el 5 de mayo de 2016 y, por tanto, incluyen el periodo durante el que se puso en marcha la Operación Kitchen. Se trata, según destacaban en uno de sus informes los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) encargados de la investigación, de un diario personal destinado a “la lectura privada de quien los confeccionó” que, a modo de registro, incluyen las presuntas actividades, citas o comunicaciones mantenidas con terceros, así como las fechas en que se produjeron y una “breve descripción del objeto de las mismas”. En una de sus resoluciones, el magistrado destacaba que sus páginas manuscritas han permitido dibujar un “cronograma temporal” de los hechos más relevantes que acontecieron durante el espionaje a Bárcenas. Su hallazgo fue clave para que el magistrado aceptara la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
Ahora, el comisario quiere recuperarlos con el argumento de que igual que el juez los considera claves para mantener las acusaciones contra algunos imputados, también son fundamentales para su defensa. “Al igual que su cerebro, su diario personal no puede serle extirpado a modo de una lobotomía para que no pueda recordar y con ello poder defenderse y, a la vez, seguir colaborando con la administración de justicia para el completo esclarecimiento de los hechos investigados”, recoge el escrito, en el que también reconoce las anotaciones como “íntegramente” suyas.
Mensajes “monosilábicos”
Villarejo implicó por primera vez a Rajoy en el espionaje a Bárcenas en su comparecencia del pasado 27 de mayo en la comisión parlamentaria que investiga el caso Kitchen. En el Congreso, el policía jubilado aseguró que había enviado esos mensajes telefónicos o SMS a petición del propio exlíder del PP, que no se fiaba de los datos que sobre el espionaje a Bárcenas le hacían llegar sus colaboradores. Hasta ese momento, el comisario no había implicado en sus múltiples declaraciones judiciales al expresidente en la trama urdida por el Ministerio del Interior. En una entrevista concedida a EL PAÍS, Villarejo había afirmado que trató sobre Kitchen con diferentes cargos del PP y del Gobierno, pero nunca con Rajoy: “El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios, es con el señor Rajoy”, dijo.
En el Congreso, sin embargo, Villarejo insistió en que intercambió mensajes telefónicos con el entonces presidente y que estos eran, habitualmente, preguntas cortas y respuestas “monosilábicas”. A preguntas de los diputados añadió que el número de teléfono cuyo supuesto uso atribuye a Rajoy “empieza por 650 y termina por 710”. Entonces, el policía afirmó que las pruebas de ese supuesto intercambio estaban en sus archivos —intervenidos por la policía— y que lo demostraría en un futuro juicio cuando volviera a tener acceso a ellos. Horas después de estas afirmaciones, el juez citaba a Villarejo a declarar como imputado de nuevo por el caso Kitchen.
En este interrogatorio, celebrado el pasado 2 de julio, el policía insistió en que había enviado mensajes al teléfono móvil de Rajoy y habló, por primera vez, de dos números distintos: “[El presidente] tenía un interés personal en este tema”, dijo. Entonces, el policía tampoco aportó pruebas y se limitó a comprometerse a “buscarlas” y a facilitar los números de teléfono a los que envió esos supuestos mensajes. Hasta ahora no lo ha hecho.
VILLAREJO: "LA OPERACIÓN KITCHEN ES IMPOSIBLE SIN RAJOY"
La Cadena SER accede al interrogatorio del comisario jubilado, practicado el pasado 2 de julio por el juez que instruye el supuesto operativo ilícito para destruir pruebas que guardase Bárcenas sobre la caja b del PP
Villarejo incrimina a Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y a Jorge Fernández Díaz en la operación. Sostiene que estuvo "más de tres meses" enviándose mensajes con Rajoy y que la vicepresidenta tuvo una copia de las pruebas robadas a Bárcenas
La Cadena SER ha tenido acceso al audio íntegro del interrogatorio practicado el viernes pasado como imputado al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, quien compareció ante el juez que instruye la operación Kitchen, el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
Más de tres horas y media ante el magistrado en las que detalló la supuesta participación de la cúpula del PP y del Gobierno, así como de agentes de la policía política y el CNI en la trama desarrollada entre 2013 y 2015 para robar y destruir las pruebas que guardase Bárcenas y pudieran perjudicar a la formación conservadora o a sus dirigentes en el caso de su caja b. Operación e implicaciones que cada vez cobran mayor verosimilitud para los investigadores, al cruzar las confesiones con las declaraciones de otros testigos y con las 13 agendas incautadas al comisario, un exhaustivo diario personal de la época investigada por la justicia, al que conceden credibilidad.
En su declaración, Villarejo inculpó al presidente del Gobierno cuando tuvieron lugar los hechos, Mariano Rajoy. Dijo que es captado por el director de la Policía, Ignacio Cosidó, ante el "gran interés" de Rajoy, y que es "imposible" por su experiencia en labores de inteligencia, que una operación de tal calado fuera ejecutada sin la autorización del presidente.
Villarejo: "Es imposible que decisiones de tal calado se hagan sin la decisión del presidente del Gobierno"
E insiste el comisario jubilado. Imposible sin Rajoy, Fernández Díaz y Soraya Sáenz de Santamaría.
Villarejo: "La Kitchen es imposible sin Rajoy"
Villarejo sostiene que le facilitaron dos números de teléfono para informar directamente al presidente, ante la desconfianza de éste en el ministro Jorge Fernández Díaz, y se comprometió ante el juez a facilitar el número de contacto para que pueda investigarlo. Dice Villarejo que no recuerda si fue el Centro Nacional de Inteligencia o la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien a través de Sáenz de Santamaría, le facilitó los números para contactar con Rajoy.
Villarejo: "No sé si el número para Rajoy me lo dió el CNI o Cospedal"
El comisario jubilado manifestó que los mensajes por sms con Rajoy eran cortos. El presidente del Gobierno era quien tomaba la iniciativa y le pedía verificar determinadas informaciones sobre las pruebas que pudiera tener Bárcenas respecto al PP
Villarejo y los mensajes con Mariano Rajoy
Villarejo añadió que estuvo "más de tres meses" enviándose mensajes con el presidente del Gobierno sobre la operación Kitchen.
Villarejo: más de tres meses mensajeándose con Rajoy
Además de los mensajes, Villarejo se reunía de forma periódica con Cospedal en la sede del PP para informarle sobre los avances del espionaje. Reuniones ratificadas por la propia Cospedal. Dice que la exsecretaria general interrumpía en ocasiones esas reuniones y subía al despacho de Rajoy para informarle sobre las pesquisas del comisario.
Villarejo: Cospedal interrumpía reuniones para reportar a Rajoy
Reuniones a las que el comisario jubilado llegaba en el coche oficial de la propia Cospedal, con lunas tintadas y a través del garaje para que no quedara constancia de sus visitas a la sede del PP.
Villarejo entraba en Génova con el coche de Cospedal de cristales tintados
Villarejo asevera que el operativo Kitchen tuvo éxito al incautar información a Bárcenas sobre la caja b. Asegura que Cospedal tenía conocimiento de este extremo.
Villarejo: Cospedal sabía que se había incautado información a Bárcenas
Y añade que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se había quedado con una copia de lo aprehendido al extesorero, según le dijo Cospedal.
Villarejo: Soraya se quedó con copia incautada a Bárcenas, según me dijo Cospedal
Villarejo afirma que mantenía una relación estrecha con la exsecretaria general del PP, también imputada en la causa. Hasta tal punto que ella se comprometió a abonarle 300.000 euros en fondos reservados que le debían de la operación Cataluña.
Villarejo: Cospedal se comprometió a pagarle fondos reservados a través de Soraya
que Cospedal había prometido pagarle "50 más 100.000" euros, a través de su jefe de gabinete.
A preguntas del juez, Villarejo narró el papel de otros posibles protagonistas en la trama. Habló del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Villarejo, sobre Fernández Díaz: "Era el hombre de confianza del presidente del Gobierno"
Villarejo, sobre Francisco Martínez: "Tenía vínculo absoluto con el ministro"
Villarejo: "Cosidó quería quedar bien con la vicepresidenta y el CNI"
La intervención de distintos cuerpos policiales y de inteligencia en la Kitchen, tanto la Unidad de Asuntos Internos, como la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la policía o el CNI, provocó tensiones. Dice que había cierto pique sobre quién daba mejor información a Rajoy.
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Villarejo: "Había cierto pique entre Interior y CNI sobre quién daba mejor información a Rajoy"
Y que se vio obligado a intervenir porque había tantos cuerpos distintos siguiendo a Bárcenas al mismo tiempo, que aquello parecía "un rally de coches".
Uno de los ejemplos de esas tensiones fue cuando la policía detuvo al falso preso colombiano, supuesto colaborador del CNI en el operativo, que consiguió las claves para borrar de una nube informática las grabaciones de Bárcenas a Rajoy y Arenas. Según Villarejo, se inventaron una orden judicial falsa para detenerle. Ante la sorpresa del juez por la ilegalidad manifiesta, Villarejo responde con un lacónico "la vida es muy dura".
Villarejo, que se extendió en las supuestas responsabilidades de la cúpula política, fue esquivo al ser preguntado por distintos apuntes de sus agendas que le incriminan o a la hora de evaluar el grado de participación de varios de sus compañeros. Situó como una especie de mandado al Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y exculpó al exjefe de la UDEF y del CITCO, José Luis Olivera.
https://cadenaser.com/programa/2021/07/06/hoy_por_hoy/1625551018_467877.html
CONJURA POLICIAL PARA SALVAR AL PP: QUITAR “PRESIDENTE”; PONER “PERSONA”
Jefes policiales de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) censuraron entre 2012 y 2014 algunos de los informes elaborados por Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, antes de que llegaran al juez que instruía la causa. Las correcciones pretendían, en la mayoría de los casos, proteger a los dirigentes del Partido Popular implicados en la causa y evitar nuevas investigaciones sobre hechos delictivos destapados en el proceso, según Morocho.
Este inspector de policía ha puesto las pruebas de la supuesta censura policial en manos del juez que investiga el caso Kitchen, una operación ilegal entre 2013 y 2015 pagada con fondos reservados y supuestamente dirigida por los responsables políticos del Ministerio del Interior para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas, pruebas comprometedoras contra el Gobierno de Mariano Rajoy.
Morocho incorpora junto a correos electrónicos y a los informes censurados, los metadatos de los documentados que permiten identificar a los autores de tachaduras y añadidos. Lo que sigue es tan solo una muestra de las numerosas indicaciones de los jefes policiales para cambiar los informes:
Del “presidente y secretarios generales” a “personas”. Morocho escribió en su informe: “Según la declaración [de Bárcenas], solo el tesorero, los secretarios generales, el presidente y el propio Luis Bárcenas tenían conocimiento de la existencia de unas entradas de fondos en efectivo con las que se efectuaban pagos en efectivo, que este plasmaba en una contabilidad ajena a la oficial. Además, el control sobre las cantidades percibidas solo era llevado por los distintos tesoreros y Luis Bárcenas, haciendo hincapié en los distintos tesoreros que ha habido, corroborando la tesis de que esta práctica se extendió en el tiempo anterior a la fecha inicial que figura en la contabilidad manuscrita”.
Este párrafo recogía unas declaraciones de Bárcenas ante el juez en las que aseguraba que Rajoy –”el presidente”– y la cúpula nacional del PP (“los secretarios generales” del partido durante 20 años) conocieron la existencia de la caja b.
Sin embargo, a Morocho le obligaron a sustituir ese texto por otro: “En su declaración, Luis Bárcenas pone de manifiesto las personas que tenían conocimiento de esta contabilidad y las donaciones se plasmaban en una contabilidad ajena a la oficial y el control sobre las cantidades percibidas solo era llevado por los distintos tesoreros y Luis Bárcenas”. De esta manera, se evita indicar que Rajoy y los secretarios generales que le acompañaron en su mandato al frente del PP conocían desde el primer momento la caja b, según el testimonio de Bárcenas.
“Fondos b para financiar sedes regionales”. En el informe de 25 de julio de 2014 sobre la supuesta actuación irregular para financiar sedes regionales del PP, Morocho escribió: “Anotaciones manuscritas que figuran en la contabilidad paralela que llevaba el Partido Popular, es decir, con respecto a los fondos B que circulaban por las manos de la formación política”. El texto alternativo evitaba hablar del dinero negro que supuestamente manejaba el PP y dejó así ese párrafo: “Anotaciones manuscritas que figuran en el estado de ingresos y pagos de la contabilidad llevada por el mismo Luis Bárcenas”.
La financiación ilegal del PP. En uno de los informes sobre la contabilidad paralela que el PP utilizó durante casi 20 años, algo que ha quedado fijado por el Tribunal Supremo, Morocho escribió: “Si bien cada uno de estos puntos es independiente, todos reúnen un factor común, que es el empleo de fondos que poseía el PP Nacional ajenos al sistema económico para soportar, asumir o cubrir una serie de gastos o necesidades de dicha formación política”. Cuando sus jefes le devolvieron el informe antes de remitirlo al juez, este párrafo había desaparecido.
Morocho ha declarado al juez que su jefe directo le intentó convencer de que la contabilidad paralela que controlaba Bárcenas no era una caja b del PP.
La investigación de la compra de participaciones de Libertad Digital. Morocho propuso en su informe varias diligencias de investigación sobre la compra de participaciones de Libertad Digital, el medio de comunicación que entonces defendía la teoría de la conspiración que apoyaba el PP sobre los atentados del 11-M. Los jefes policiales de Morocho eliminaron del informe enviado al juez la propuesta de actuación que implicaba investigar los movimientos de dinero de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, y Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas.
“Una supuesta mordida de 200.000 euros, eliminada”. En un informe de Morocho, remitido a sus jefes antes de enviarlo al juez, se puede leer: “Otro documento de interés es un recibí manuscrito que fue entregado por el señor Bárcenas en sede judicial en el momento de la declaración prestada el 15 de julio de 2013 y que refleja una entrega en efectivo de 200.000 euros al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha. En el mismo se encuentra englobado en la tarjeta denominada CARPETA 4 AZUL CARTÓN que forma parte de las diligencias de referencia”. El párrafo fue eliminado. La investigación no ha podido acreditar que, como señalaba el documento de Bárcenas, el PP de Castilla-La Mancha recibió ese dinero en concepto del pago de una mordida por una adjudicación.
“Luis el cabrón no es Luis Bárcenas”. Luis Bárcenas intentó por todos los medios y mediante presiones a ministros del Gobierno del PP, según los indicios incorporados al sumario, que la policía informase al juez que él no era la persona que se escondía bajo el nombre Luis el cabrón. El jefe de la trama corrupta apuntó en su contabilidad secreta a Luis el cabrón como beneficiario del pago de una comisión ilegal y los investigadores atribuyeron ese nombre a Bárcenas. El inspector Morocho recoge en la documentación entregada el juez el intercambio de correos con sus jefes policiales para introducir en sus informes que en ninguno de los documentos bancarios aprehendidos durante la investigación se identifica a Luis Bárcenas como Luis el cabrón. “No encontrándose hasta el momento otras expresiones” referidas a Bárcenas, dice el oficio policial.
Ningunear los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS. Morocho declaró al juez que sus jefes intentaron en todo momento que ningunease los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS: “Se me conminó a que restara valor a esos papeles, que dijera que eran inveraces para seguir la dinámica que en ese momento el PP estaba exteriorizando ante la opinión pública, que eran cosa de Bárcenas y no del partido. Se trató de que en ningún momento estableciera una vinculación entre los pagos a responsables políticos o cargos públicos del PP y esas salidas de fondos”.
El 27 de abril de 2013, casi tres meses después de que EL PAÍS publicara los papeles de Bárcenas, donde se detalla el pago de sobresueldos a toda la cúpula del PP identificaba por su nombre o iniciales, Morocho elaboró un informe sobre esos documentos con esta descripción de hechos: “Y cuyas salidas tienen como destino básicamente personas del ámbito de la formación política que en esos momentos ocupaban cargos públicos o tenían una posición relevante en la misma que les hacía acreedores de una capacidad de actuación”.
Los jefes de Morocho cambian ese párrafo y escriben: “Y cuyas salidas tienen como destino básicamente personas del ámbito de la formación política”.
“Los favores entre empresas donantes y el PP”. Morocho analiza las donaciones recogidas en los papeles de Bárcenas y escribe: “El conjunto de sociedades mercantiles han recibido en el periodo de tiempo objeto de estudio 2002-2012 adjudicaciones de contratos públicos de Administraciones gobernadas por el Partido Popular generando esta situación una mayor propensión al intercambio de favores”.
A los jefes de Morocho no les gusta esa conclusión y eliminan del texto la parte más comprometedora: “generando esta situación una mayor propensión al intercambio de favores”.
Cospedal, Bárcenas y Lapuerta, apoderados. En uno de los informes sobre el pago con dinero negro de parte de las obras de reformas de la sede del PP, Morocho escribió: “Esta cantidad fue pagada mediante cheque nominativo asociado a la cuenta del Banco Popular de la que es titular el PP y siendo sus apoderados María Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta a nombre de la sociedad UNIFICA SERVICIO INTEGRAL”. La corrección propuesta por los jefes policiales de Morocho fue eliminar el nombre de Cospedal, que no aparece en el informe finalmente remitido al juez.
Propuesta de actuación que no llega al juez. El 23 de septiembre de 2014, Morocho entrega un informe sobre las prácticas delictivas del despacho de arquitectura que ha hecho la reforma de la sede del PP. Y en el capítulo final propone al juez una serie de diligencias para investigar si esa empresa ha movido dinero en el extranjero. Los jefes de Morocho omiten del informe final remitido al juez la propuesta de actuación para que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España informe sobre unas operaciones sospechosas del despacho de arquitectos.
De ‘Luis el cabrón’ a Cospedal
Las presiones que denunció el inspector de la Policía Nacional Manuel Morocho abarcan los tres primeros años del Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta (de 2012 a 2014). En esta página se reproducen algunos documentos que Morocho entregó al juez como prueba de sus denuncias. En la parte superior, los dos informes que retocó sobre la identidad de Luis el cabrón, un apunte de la trama corrupta.
El extesorero del PP negoció con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, según los indicios incorporados al sumario, que la policía debía redactar un informe para negar que Luis Bárcenas fuese ese “Luis el cabrón”, una de las pruebas que utilizaba el juez para imputarle el delito de cohecho.
El jefe policial de Morocho le dirigió numerosos correos electrónicos para que incorporase a sus informes que la investigación no había encontrado otras expresiones similares para referirse a Bárcenas.
También presentó el inspector Morocho pruebas (imagen inferior) de cómo le obligaron a quitar el nombre de María Dolores de Cospedal como apoderada del PP en un informe sobre las obras de la sede del partido en la madrileña calle Génova y que fueron pagadas con dinero negro. Por esas acusaciones, el actual líder del PP, Pablo Casado, anunció que trasladarán a otro lugar la sede central de la formación. En las imágenes del centro (y subrayado en amarillo) aparece el texto modificado para evitar identificar a Mariano Rajoy y a los secretarios generales del PP como beneficiarios de las salidas de fondos de la caja b, pese a que se trataba de una declaración ante el juez del extesorero.
VILLAREJO ASEGURA QUE TAMBIÉN SE REUNIÓ CON COSPEDAL EN SU DESPACHO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
El comisario dice, como ya hizo en el Congreso, que informó por mensajes a Rajoy del espionaje a Bárcenas, pero no aporta pruebas
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha vuelto este jueves a la Audiencia Nacional para declarar por la Operación Kitchen y, sin salirse del guion, ha implicado de nuevo a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el despliegue ilegal para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas, iniciado en 2013. Según ha detallado el antiguo policía, mantenía una vieja relación con la política —al menos se remonta a 2009, según las pruebas del sumario— y se reunieron en multitud de ocasiones. “Muchas, ni se sabe [cuántas]”, ha respondido Villarejo a los periodistas al salir del órgano judicial. Antes, sentado ante el magistrado Manuel García-Castellón, se ha explayado más y ha asegurado que sus encuentros con la exdirigente conservadora no se limitaron a las citas en la sede nacional del partido de la calle Génova, como ella aseveró, sino que también se sucedieron en varios restaurantes y en su despacho del Ministerio de Defensa cuando ostentó dicha cartera, según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.
La diana ha permanecido muy alta durante toda la declaración de Villarejo, que ha apuntado al expresidente Mariano Rajoy como conocedor del operativo de espionaje a Bárcenas. Según ha dicho al juez, le informaba mediante el envío de mensajes a su teléfono móvil: “Tenía un interés personal en este tema”. El pasado 27 de mayo, en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso, el comisario ya señaló al exjefe del Ejecutivo en un testimonio que provocó, precisamente, esta citación ante el magistrado instructor. Pero ahora, como entonces ante los diputados, el policía no ha aportado pruebas y se ha limitado a comprometerse a “buscarlas”.
La nueva declaración de Villarejo en la Audiencia Nacional se ha producido días después de que el comisario jubilado presentará un escrito ante García-Castellón, a cargo de la investigación del caso Kitchen, donde se presentaba como un simple actor secundario y anticipaba el contenido de sus acusaciones, entre ellas las referidas a Rajoy y Cospedal. En ese escrito, Villarejo también apuntaba su intención de hablar sobre la llamada Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en el seno del Ministerio del Interior a través de la llamada brigada política para, mediante supuestos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán. Según detallan fuentes jurídicas, su testimonio ha seguido ese guion.
Preguntado por el juez si reconocía como suyas las agendas que se intervinieron en su domicilio el pasado octubre, cuando él aún estaba en prisión, y que ha provocado un vuelco tanto en el caso Kitchen como en otra docena de piezas del sumario en el que se investigan sus actividades presuntamente delictivas, el comisario no ha sido contundente y se ha limitado a afirmar que creía que era su letra. Sin embargo, se ha negado a responder a preguntas sobre ellas hasta “tener una copia de las mismas”, tras quejarse de que solo las había podido consultar hasta ahora en el juzgado.
Sobre Cospedal, Villarejo ha afirmado que la conoció tras su llegada a la secretaría general del PP, después del congreso del partido en Valencia en 2008, y que fue a través de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, también imputado. El comisario ha asegurado que le presentaron como “un antiguo policía que conocía a todo el mundo”, aunque él entonces estaba en activo. A partir de entonces, ha manifestado que se reunió con ella en multitud de ocasiones, incluso en el despacho que ocupó en Defensa cuando estuvo al cargo de esta cartera entre noviembre de 2016 y junio de 2018. La última cita se produjo “pocos días antes” de su detención, en noviembre de 2017.
Según la versión del policía, en esas citas informaba a Cospedal tanto de la Operación Kitchen como de otras actividades. Pero, ha añadido, nunca le hicieron “encargos profesionales” y “nunca” le pagaron. “Había de todo un poco”, ha dicho. Es en ese momento cuando el policía ha hablado de su supuesta participación en la Operación Cataluña, en la que asegura que se implicó personalmente, pero que el Ministerio del Interior no le abonó los gastos que tuvo. Hasta ahora, ni el juez García-Castellón ni la Fiscalía Anticorrupción han querido ahondar en ese operativo, del que han salido numerosas referencias durante la investigación, al considerar que no encaja en ningún artículo del Código Penal.
Sobre el espionaje a Bárcenas, Villarejo ha asegurado, como ya hizo en el Congreso, que su participación se limitó a “labores de inteligencia” para intentar localizar los documentos comprometedora para el PP que pudiera guardar el extesorero. El comisario ha admitido de nuevo que fue él quien convenció a Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas, para que colaborara en la operación, pero se ha desmarcado de una de las actuaciones ilegales del operativo: la entrada en un taller de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero, para sustraer documentos. Sí ha admitido que supo de la existencia de un recluso de nacionalidad colombiana, compañero de Bárcenas en la prisión de Soto del Real (Madrid), que supuestamente iba a borrar documentos que este guardaba en la nube [memoria virtual]. Todo ello, ha insistido, lo hizo por encargo de su superior en la Policía, el entonces director adjunto operativo, el comisario Eugenio Pino, después de que fuera convocado a una reunión para ello por el entonces máximo responsable político del Cuerpo, Ignacio Cosidó, quien hasta ahora no ha sido imputado ni llamado a testificar por el juez.
Villarejo repite que, sobre todas sus gestiones, hacía “notas de inteligencia” [documentos internos policiales] que trasmitía a sus mandos, los cuales le preguntaban sobre ellas. No eran los únicos. El comisario ha declarado que también informaba “de alguna cosa” al PP. “A veces, Cospedal me decía que el presidente estaba muy preocupado”, ha dicho antes de añadir que, cuando hablaba con la exdirigente popular, estaba convencido de que esta lo hacía “más como Gobierno que como PP”. Sobre sus supuestos contactos con Rajoy, el comisario ha repetido la versión que dio a los diputados. Según esta, “el presidente no acababa de fiarse de la información que le llegaba del ministro [Jorge Fernández Díaz, imputado en la causa] y quería otra vía de información”. Según ha explicado, en un primer momento él hacía llegar esa información a Rajoy a través de Cospedal y de “algún enlace” de la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero finalmente le facilitaron unos números de teléfonos para que se la comunicara directamente, mediante mensajes, al entonces presidente del Gobierno.
El comisario también ha aprovechado su declaración para respaldar la versión que el pasado lunes ofreció el que fuera jefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera, sobre las supuestas presiones e intentos de sobornarle que sufrió el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel. Este denunció al juez que Olivera, que había sido su jefe en la UDEF, le ofreció en 2013 un puesto en la embajada de España en Lisboa para sacarle de las pesquisas sobre la caja b del PP, pero que lo rechazó. Olivera negó este extremo e insistió en que fue Morocho quien le pidió que le ayudara a conseguir ese puesto. Este viernes, Villarejo ha respaldado esta última versión y ha asegurado que él hizo “gestiones” para que el inspector jefe “tuviese un mejor destino” dentro de la Policía.
COSPEDAL, DE FAVORITA PARA LIDERAR EL PP A IMPUTADA POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS EN TRES AÑOS
El 5 de julio de 2018 tuvo lugar la votación de los militantes de las primarias en la que ganó Sáenz de Santamaría seguida de Casado, y ambos pasaron a la segunda fase. La exsecretaria general ahora investigada por Kitchen fue eliminada del proceso, pero volcó todo su poder para que ganara el hoy líder del PP
El pasado lunes se cumplieron tres años de la inédita votación de los militantes del Partido Popular, el primer paso de las primarias para elegir a su nuevo líder que concluyó dos semanas después, en el XIX Congreso, con el nombramiento como presidente de Pablo Casado tras la segunda votación, en la que solo participaron los compromisarios que asistieron al cónclave de los días 20 y 21 de julio de 2018.
Hasta aquel 5 de julio de ese año las favoritas para ganar el proceso eran la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Pero ninguna lo logró. Las dos están hoy fuera de la política y han sido fichadas en los últimos meses por prestigiosos despachos de abogados. Sáenz de Santamaría trabaja en Cuatrecasas y, Cospedal fue contratada por el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo aunque actualmente se encuentra en excedencia, desde el pasado junio.
La principal razón para ese cese temporal de su contrato se debe a que en los últimos tres años Cospedal ha pasado de ser la todopoderosa secretaria general del partido y favorita para liderarlo a estar imputada en uno de los asuntos más turbios del pasado reciente del PP: el espionaje al extesorero Luis Bárcenas –la llamada Operación Kitchen– desde el Gobierno de Mariano Rajoy y desde el propio partido para tratar de destruir cualquier tipo de prueba que pudiera incriminar a la formación conservadora en otra causa de corrupción, la Gürtel.
Cospedal declaró ante el juez como investigada la semana pasada y reconoció su relación y sus encuentros con el excomisario José Manuel Villarejo aunque, según los audios de esa declaración conocidos esta semana, no le realizó "encargos profesionales". "Las conversaciones con Villarejo eran más que sociales pero no le hice ningún encargo profesional", afirmó la exsecretaria general en la Audiencia Nacional.
Esa versión se contradice con la ofrecida por Ignacio López del Hierro, el marido de la exsecretaria general, también imputado, que en su declaración sí reconoció que a Villarejo se le adjudicaron varios "encargos" en las reuniones –entre cuatro y ocho, según han reconocido ante los tribunales los distintos implicados– que él y Cospedal mantuvieron con el policía en la sede nacional de los populares de la calle Génova de Madrid.
El PP evita expedientar a su ex 'número dos'
Pese a la imputación, la dirección actual del PP, en manos de Pablo Casado, ni siquiera ha abierto a Cospedal un expediente a pesar de que los estatutos del PP exigen ese tipo de procedimientos para todos aquellos dirigentes o exdirigentes citados como investigados, como ella, en casos de corrupción. En realidad, la decisión de no abrirle expediente fue a principios de junio –cuando se conoció la imputación de la exsecretaria general y exministra– el último pago del líder de los populares a la que fue su principal valedora en el mencionado XIX Congreso de 2018 .
En la primera vuelta de las primarias, la de la votación de la militancia, Sáenz de Santamaría fue la más votada, seguida de Casado. Cospedal quedó tercera, por lo que fue eliminada del proceso, ya que las normas internas prevén un sistema de dos votaciones en el que solo pasan a la segunda fase los dos candidatos más votados. Por eso los pasos siguientes de la exscretaria general estuvieron marcados por su relación personal con la exvicepresidenta del Gobierno.
Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría habían sido las eternas archienemigas internas en el PP. Entre 2008 y 2018 compitieron abiertamente por el control del partido presidido por Rajoy que, tratando de equilibrar la balanza, nombró a una su 'número dos' en el PP y, a la otra, su mano derecha en el Ejecutivo.
En ese contexto se enmarcó la decisión de Cospedal de hacer valer todo su poder orgánico para que Casado ganara en la votación de los compromisarios, volcando a todos sus dirigentes afines a favor del joven candidato, al que al inicio del proceso nadie dentro de las filas populares consideraba con opciones de convertirse en el sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido.
Apenas diez días después de quedar eliminada en la votación de la militancia, Cospedal se presentó en un desayuno informativo protagonizado por Casado y le expresó su apoyo de forma pública con las siguientes palabras: "Mi presencia aquí quiere decir que hoy el PP y nosotros tenemos que ofrecer a nuestros militantes y a nuestros votantes un proyecto ilusionante y de futuro. Un PP fuerte y unido, con convicciones, tiene que estar preparado para luchar por España y por los españoles y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción".
La relación entre Cospedal y Casado
El interés de la también exministra de Defensa en apoyar a Casado se debía única y exclusivamente a su histórica batalla con Sáenz de Santamaría. Y, finalmente, Cospedal ganó esa guerra, cuando en el XIX Congreso los compromisarios votaron masivamente al hoy líder del PP, su apuesta personal para derrocar a su enemiga interna. Casado, por todo ello, le debe el puesto a Cospedal. Sin ella, el líder del PP no estaría donde hoy está, al frente del principal partido de la oposición.
Nada más ser elegido, él mismo agradeció públicamente a la exsecretaria general esa influencia que le llevó a liderar la formación conservadora con las siguientes palabras: "Gracias María Dolores [de Cospedal], secretaria general, por todo lo que has hecho por este partido, por ser una candidata ganadora en Castilla-La Mancha, por ser una ministra excelente, una consejera excelente. Por ser quien ha dado la cara en las peores circunstancias por el partido. Gracias, María Dolores, muchas gracias".
Cuando, en noviembre de 2018, la exsecretaria general tuvo que renunciar a su escaño en el Congreso, tras revelarse sus conversaciones con el excomisario Villarejo que motivaron finalmente su imputación por el espionaje a Bárcenas, el ya líder del PP aseguró como despedida que la exsecretaria general había realizado "una labor formidable para el partido, para Castilla-La Mancha y para España". "Desde el Partido Popular reconocemos su gran labor", remachó.
Hasta ese momento de la salida de Cospedal de la política, Casado siempre trató de recompensarla por su apoyo en las primarias. La incluyó en las listas de las generales, colocó en puestos estratégicos a los dirigentes más cercanos a la exministra –como Dolors Montserrat o Juan Ignacio Zoido– y, en septiembre de 2018, la dirección de Casado la eligió como representante del PP en el patronato del Instituto Elcano, en el que el pasado febrero fue nombrada vicepresidenta. Tras la imputación, Cospedal mantiene el cargo en el citado organismo.
El calendario judicial
Tres años después de las primarias, cada una de las revelaciones del sumario de la Operación Kitchen que se van conociendo en las últimas semanas conceden en el espionaje de Bárcenas un papel protagonista a Cospedal. Pero el presidente de los populares trata de evitar cualquier comentario sobre el caso que ha provocado la imputación de la exsecretaria general por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Pese al silencio de Casado, esa vinculación con la dirigente que le encumbró al liderazgo del partido le sigue y le seguirá persiguiendo porque el calendario judicial prosigue y en el PP no descartan que a la vinculación de Cospedal con Kitchen pueda sumarse la del que, en definitiva, era el máximo responsable político del Gobierno cuando se produjo el espionaje a Bárcenas: el expresidente Mariano Rajoy.
Él tendrá que declarar en octubre ante la comisión del Congreso que investiga el caso. Rajoy, que estuvo en la Moncloa durante siete años, fue quien colocó en el Ministerio del Interior a su amigo personal, Jorge Fernández Díaz, a quien apuntan directamente las revelaciones de Kitchen, y la persona que ascendió a Casado a vicesecretario de Comunicación del PP, el cargo que ocupó hasta el mismo momento de su elección en el XIX Congreso del partido de julio de 2018.
COSPEDAL ACUSÓ AL GOBIERNO DE ZAPATERO DE ESPIAR AL PP UN MES DESPUÉS DE REUNIRSE POR PRIMERA VEZ CON VILLAREJO
La ex secretaria general dijo ante el juez que investiga la operación Kitchen que en julio de 2009 le preocupaba que el partido estuviera siendo objeto de espionajes
En agosto, concedió una entrevista en la que llegó a decir que dirigentes del PP tenían los teléfonos pinchados de manera ilegal
Un mes antes del encuentro con el comisario, Bárcenas había sido señalado por primera vez en el caso Gürtel
La investigación sobre la operación Kitchen, la trama de espionaje parapolicial puesta en marcha en 2013 para hacerse con documentación sensible que se habría llevado Luis Bárcenas del PP cuando fue despedido, está sacando a la luz hechos anteriores y posteriores cuyas piezas empiezan a encajar si se miran en conjunto, para lo cual es necesario tirar de hemeroteca. La ex secretaria general del partido conservador María Dolores de Cospedal declaró este martes en la Audiencia Nacional que se reunió por primera vez con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en julio de 2009 en su despacho de la sede de la calle Génova de Madrid porque, entre otras cosas, le preocupaban las filtraciones del caso Gürtel a la prensa y temía que la formación estaba siendo espiada desde el edificio de enfrente. Al mes siguiente, el 6 de agosto, la agencia EFE publicó una entrevista con la número dos de Mariano Rajoy en la que acusaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la Policía.
La grabación del encuentro que mantuvo Cospedal con Villarejo, auspiciado por el marido de la primera, el empresario Ignacio López del Hierro, se conoció en el otoño de 2018. Fue el motivo por el que la ex secretaria general del PP abandonó la política. Dejó su escaño en el Congreso y la ejecutiva del partido con reproches a sus compañeros por no defenderla y justificó su encuentro con el comisario jubilado alegando que sólo buscaba “una visión más clara de lo que estaba ocurriendo” en unos momentos en los que el PP se encontraba sacudido por las noticias que estaban apareciendo con respecto al caso Gürtel, que había estallado sólo unos meses antes.
El audio de la conversación entre Cospedal, López del Hierro y Villarejo fue publicado por moncloa.com y El Confidencial más o menos en las mismas fechas en que la Audiencia Nacional abría la pieza 7 del caso Tándem, la macrocausa que investiga las supuestas actividades ilegales del comisario jubilado. La instrucción partió de los efectos incautados a Villarejo en su vivienda tras ser detenido un año antes y ha llevado a confirmar indiciariamente una trama de espionaje al extesorero del PP supuestamente llevada a cabo por mandos policiales que ha acabado apuntando a la cúpula del Ministerio del Interior en 2013, con la imputación del exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, hasta centrar ahora las diligencias en el partido conservador como presunto origen de la operación.
Esta nueva línea de investigación ha llevado a la imputación de Cospedal y su marido, quienes aparecen citados en numerosos apuntes de los diarios de Villarejo intervenidos el otoño pasado. Estas anotaciones revelan la presunta estrategia que se habría puesto en marcha en el PP para, primero, "salvar al tesorero" cuando éste estaba imputado en 2012 en el caso Gürtel, y un año después para diseñar un "plan contra LB". El punto de inflexión entre una y otra maniobra, según reflejan los registros de los cuadernos, coincide con los acontecimientos que tuvieron lugar a partir de enero de 2013: la publicación de los llamados papeles de Bárcenas, donde queda reflejada la financiación ilegal del partido, y la posterior declaración del extesorero en la Audiencia Nacional en la que confesó la existencia de esa caja b.
Versiones calcadas
Cospedal y López del Hierro, a quienes se imputa delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, han contado al juez Manuel García Castellón exactamente la misma versión de por qué empezaron los contactos con Villarejo de la primera en 2009: la preocupación por las filtraciones en prensa de detalles de la investigación de la trama Gürtel y los numerosos contactos que el comisario tenía entre los periodistas y la amplia información que manejaba. Pero Cospedal también ha apuntado que en aquel año temía que el PP estuviera sufriendo espionajes. Unas semanas después del encuentro con Villarejo, la ex secretaria general concedió la entrevista en la que acusó directamente al Gobierno socialista de entonces de espiar al primer partido de la oposición.
En aquellas declaraciones, Cospedal aseguraba que a su partido le constaba que "desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios –del caso Gürtel– y a destacados dirigentes nacionales". La ex secretaria general ya había venido haciendo declaraciones en las que señalaba al Gobierno socialista de entonces de usar medios del Estado para perseguir a la oposición, pero en la entrevista llegó a decir que algunos dirigentes de su partido tenían los teléfonos "pinchados".
Hay otro hito histórico que rodea a esa primera reunión de Cospedal con Villarejo en julio de 2009. Un mes antes, a mediados de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) remitió la causa Gürtel al Tribunal Supremo, al que pidió que llamara a declarar como imputado al todavía tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, que entonces también era senador y estaba aforado ante este órgano judicial, por un delito fiscal y otro de cohecho. El partido que entonces lideraba Mariano Rajoy respaldó a Bárcenas a pesar de que la investigación de la trama corrupta ya señalaba directamente al corazón de Génova. Un mes después de que esto ocurriera, Cospedal y Villarejo hablaron en el despacho de la primera de algunos de los implicados en la trama corrupta, entre ellos Bárcenas.
Entradas discretas en coche oficial
Lo que ha revelado la declaración de Cospedal de esta semana en la Audiencia Nacional es que la reunión de julio de 2009 no fue la única que mantuvo con Villarejo. Ella aseguró este martes que hubo otros tres o cuatro encuentros, todos en Génova salvo uno en una cafetería y en ninguno de ellos volvió a estar su marido. José Luis Ortiz, exjefe de gabinete de Cospedal, la ha corregido este miércoles: él calcula que fueron "entre ocho y diez" reuniones y que siempre fueron en la sede central del PP, adonde Villarejo accedía en un coche oficial por el garaje para no ser visto y que su visita no quedara registrada. López del Hierro ha confirmado este último extremo acerca de cómo accedía el comisario al edificio. El vehículo le iba a buscar a una cafetería cercana para lograr esa discreta entrada.
En todo caso, Cospedal y López del Hierro niegan haber hecho algún encargo al comisario y haberle pagado y niegan haber ordenado o haber tenido conocimiento de la operación Kitchen para espiar a Bárcenas. La ex secretaria general puso en duda en algún momento incluso que este operativo haya existido, a pesar de lo que ya ha revelado la investigación del caso. Ortiz, lo mismo: él sólo cumplía órdenes de su jefa y no sabe de qué se hablaba en las reuniones que ella mantuvo con Villarejo ni valoraba los mensajes que éste le pasaba para que se los hiciese llegar a la exdirigente conservadora, según han informado fuentes presentes en el interrogatorio.
EL EXJEFE DE GABINETE DE COSPEDAL LA DESMIENTE Y HABLA DE ENTRE OCHO Y DIEZ REUNIONES CON VILLAREJO
Afirma que se limitaba a cumplir órdenes de la ex secretaria general en su interlocución con el comisario, que entraba en coche oficial en Génova para las reuniones López del Hierro dice que mantenía una relación "ligera" con Villarejo y que comentaban el caso Gürtel porque estaba de actualidad, como ahora haría con los indultos Publicamos esta información en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información que recibes depende de ti.
José Luis Ortiz, exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, ha contradicho la versión de la ex secretaria general del PP y ha afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que ella se reunió con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en entre ocho y diez ocasiones, no en tres o cuatro. Según han informado fuentes presentes en el interrogatorio, Ortiz, que ha declarado como imputado por la operación Kitchen, ha negado cualquier vinculación con este operativo y ha insistido en que él se limitaba a cumplir órdenes de la que era su jefa cuando hacía de intermediario con el expolicía.
El exjefe de gabinete ha contado que cuando Villarejo y Cospedal se iban a reunir, siempre en la sede central del PP en la calle Génova, iba a buscar al comisario a una cafetería cercana y le llevaba hasta el partido en un coche oficial para entrar por el garaje porque el expolicía no quería que le viesen entrando en el principal partido de la oposición. Esta misma versión la ha había dado primero el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, quien también está imputado. El empresario lo ha comentado y el exjefe de gabinete lo ha confirmado.
López del Hierro ha estado declarando durante aproximadamente una hora, mientras que Ortiz, sólo unos pocos minutos, según las fuentes consultadas. La imputación del exjefe de gabinete responde a que su nombre aparece en varias anotaciones de los cuadernos de Villarejo como persona que habría hecho de intermediario entre Cospedal y Villarejo. Su explicación es que se limitaba a cumplir órdenes y ha remarcado que nunca estuvo en ninguna de esas reuniones y que desconoce su contenido, cuánto duraban y si hubo encargos o pagos al comisario. "Yo nunca preguntaba para qué eran", ha subrayado.
Según Ortiz, la primera de las reuniones con Villarejo fue poco después de que Cospedal llegara a la Secretaría General del partido. Ha contado que era "habitual" que entrara por el garaje porque así lo hacían también otras personas, aunque no ha puesto ningún ejemplo de quiénes. Ha sido el juez García Castellón quien le ha preguntado si fueron unas cuatro reuniones las que mantuvieron su entonces jefa y el comisario jubilado, a lo que Ortiz ha replicado que "fueron más", entre ocho y diez, según ha calculado.
Era siempre Villarejo el que solicitaba los encuentros con la ex secretaria general y él se lo transmitía a ella. Otras veces, simplemente le comunicaba algún mensaje para que Ortiz se lo trasladara, pero ha remarcado que no valoraba el contenido. Eso sí, tampoco ha descartado que alguna vez fuera Cospedal la que le ordenara que concertara una reunión con el expolicía, pero no lo ha confirmado al cien por cien. Puede ser, ha añadido, que fuera la entonces secretaria de Cospedal la que concertara las citas porque tenía "autonomía" para hacerlo, han indicado las fuentes consultadas.
Por su parte, López del Hierro ha reconocido que en la primera reunión que mantuvieron Cospedal y él con Villarejo, en 2009, le plantearon encargos "puntuales", pero ha especificado que lo hicieron por "cortesía" y que finalmente no hubo ni trabajos ni pagos. De él no podía salir algo así, ha comentado, porque no pertenece al PP y tampoco le consta que el partido le encomendara algún trabajo. El empresario ha admitido que mantenía una relación "personal" con el comisario jubilado, pero "ligera". Le conoció en los años noventa y con él hablaba en aquellos años del caso Gürtel porque en ese momento el tema estaba de plena actualidad, lo mismo que hoy haría con los indultos de los presos del procés. Según López del Hierro, Villarejo nunca le dijo que estaba en servicio activo en la Policía.
Como señaló su mujer en su declaración del martes, el empresario, que ha pedido varias veces que se le repitieran las preguntas por problemas de audición, ha dicho que la intención de reunirse con Villarejo siempre fue porque estaban preocupados por las filtraciones en prensa de la investigación del caso Gürtel y, más en concreto, por las informaciones que estaban apareciendo sobre la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. No le consta que el objetivo fuera conocer los pormenores de la investigación de esa macrocausa de corrupción. Y afirma que no es cierto que el comisario le advirtiese de que iba a estallar el caso justo unos días antes de que ocurriera.
Tanto López del Hierro como Ortiz han negado haber tenido conocimiento de la operación Kitchen y han negado conocer a Andrés Gómez Gordo, otro comisario imputado en esta causa por haber captado como confidente al chófer de Luis Bárcenas, más allá de que fue jefe de seguridad de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha. El empresario ha rechazado que presentara a este policía y Villarejo, mientras que Ortiz ha explicado que mantenía reuniones semanales con Gómez Gordo sólo para coordinar la agenda de la secretaria general. Tampoco saben nada del fichaje del conductor del extesorero.
EL JUEZ PONE EN DUDA LA VERSIÓN DE LÓPEZ DEL HIERRO, MARIDO DE COSPEDAL, SOBRE SUS “FRECUENTES” CITAS CON VILLAREJO
Un antiguo asesor de la política contradice a su exjefa y eleva a “ocho o diez” los encuentros con el comisario en la sede del PP, donde lo llevaban a escondidas
Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general popular María Dolores de Cospedal e imputado también en la causa que investiga el espionaje ilegal a Luis Bárcenas por la trama parapolicial Kitchen, no se ha salido este miércoles del guion marcado por su esposa el día anterior. Al igual que hizo la exdirigente del PP en su declaración ante el juez, el empresario ha minimizado el valor de sus reuniones y contactos con el comisario jubilado José Manuel Villarejo —recogidos en varias grabaciones que constan en el sumario— y ha negado que el matrimonio le encargara maniobras para boicotear las pesquisas del caso Gürtel y para espiar al extesorero del PP. El magistrado a cargo de la investigación en el caso Kitchen ha cuestionado la versión de López del Hierro y le ha intentado acorralar con preguntas sobre las numerosas anotaciones de las agendas de Villarejo que revelan sus encuentros y a las que los investigadores otorgan credibilidad.
También ha añadido dudas a la versión del matrimonio la declaración que ha prestado, también como imputado este miércoles, José Luis Ortiz, asesor y jefe de gabinete de Cospedal durante lustros. Ortiz ha contradicho en parte el testimonio de su antigua jefa y ha elevado a “ocho o diez” los encuentros de esta con el comisario en la sede del PP en la calle Génova.
—Su nombre aparece con cierta frecuencia en las agendas de Villarejo. ¿Usted da alguna explicación a estas menciones? —le ha recalcado el juez Manuel García-Castellón a López del Hierro, según la reconstrucción del interrogatorio que ha hecho EL PAÍS a través de los detalles ofrecidos por diversas fuentes jurídicas. El magistrado ya receló el martes de la versión ofrecida por Cospedal, que calificó de simples contactos “sociales” sus encuentros con el comisario.
—No tenía ni idea de que el señor Villarejo anotaba cada vez que te veía. Por tanto, no le veo ninguna explicación a esas agendas.
López del Hierro ha levantado una defensa rígida. Durante cerca de una hora, se ha limitado a echar balones fuera y esquivar toda contradicción. Solo ha respondido al juez, a la Fiscalía, a su abogado y al letrado de su esposa. Y, de hecho, ha resumido su postura en un escueto comunicado de apenas 100 palabras remitido a los medios tras la declaración: “Nunca ha sido militante del PP”, “no ha tenido ninguna actividad pública vinculada a gobiernos” de ese partido; “no tuvo ninguna participación ni conocimiento” sobre el espionaje ilegal a Bárcenas que se investiga en el caso Kitchen; “no participó” en la captación del chófer de Bárcenas como confidente; y “no presentó” a Villarejo al comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal y figura clave para que el conductor del extesorero colaborara con la trama parapolicial.
El primer contacto con Villarejo
El empresario, a quien la Fiscalía considera el interlocutor entre Cospedal y Villarejo, ha detallado que conoció al comisario “hace mucho tiempo”: “En la década de los 90 me lo presentó un abogado”. “Posteriormente estuvimos sin vernos bastante tiempo, pero hace casi 20 años Villarejo tenía una oficina en Torre Picasso, yo la tenía en la Torre Azca [situadas en la misma zona de oficinas de Madrid], y por ese motivo nos volvimos a encontrar, empezamos a charlar y a tener una relación estrecha”, ha contado López del Hierro, después de subrayar que esa relación fue siempre “personal” y nunca profesional.
Esos contactos, ha proseguido, se intensificaron “posteriormente”. Tras la boda con Cospedal: “Me caso con la secretaria general del PP y hay una serie de ataques tremendos contra mí en la prensa. El señor Villarejo me había dicho antes que tiene muy buenas relaciones con los periodistas y entonces hablo con él de estos problemas. No sé cómo defenderme de estos ataques. Él me ayudó presentándome a algunos periodistas e, incluso, hablando bien de mí a alguno de ellos”, se ha justificado ante el magistrado, antes de insistir en que nunca pagó “cantidad alguna” al comisario por sus servicios.
García-Castellón, que ha repasado durante el interrogatorio una quincena de los apuntes de las agendas de Villarejo en los que se cita a López del Hierro, ha dudado de sus respuestas. Como ya explicó el instructor en un auto, estas libretas dibujan “un cronograma temporal” perfecto de “determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la llamada Operación Kitchen”. También, de la etapa previa al despliegue ilegal contra el extesorero, cuando este aún no había tirado de la manta y el PP trataba de protegerle.
En esta línea, el juez ha destacado que Villarejo apunta un supuesto contacto con López del Hierro el 26 de enero de 2009, donde “le transmite que su parienta quiere quedar para tomar decisiones”. Esto ocurre apenas unos días antes del arresto de Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, que cerca al PP desde 2009. “No recuerdo esa conversación, pero no creo que tenga nada que ver una cosa con otra. Que mi mujer tenga datos para tomar decisiones y luego detengan a Correa, no le veo la ligazón”, ha esquivado el empresario. A lo que el juez ha contestado: “Hombre, yo sí se la veo, por eso le pregunto. Correa afecta al PP, su mujer es secretaria general… No le digo que sea verdad o mentira, pero ligazón hay, reconózcamelo”. “Para mí no tiene que ver. Son dos cosas distintas”, ha sido la respuesta de López del Hierro.
—¿No es cierto que el interés de Cospedal de recibir información del señor Villarejo se inicia en febrero de 2009, cuando este conoce que va a explotar la Operación Gürtel con la detención de Correa y la posible imputación del señor González Panero [entonces alcalde del PP en la localidad madrileña de Boadilla del Monte]?— ha remachado después la Fiscalía Anticorrupción.
—No me consta— ha repetido López del Hierro.
Pese a ello, el magistrado ha vuelto a la carga, según indican fuentes jurídicas. El juez ha leído otro apunte del 5 de febrero de 2009, un día antes de la detención de Correa: “Toque sutil de la situación. Habla con su parienta”, escribió Villarejo tras un presunto contacto con López del Hierro. “¿Lo que le he leído hasta ahora no le suena a usted de nada...?”, le ha remarcado el magistrado. Pero López del Hierro no se ha movido ni un ápice de su posición: “Han pasado muchos años y no lo recuerdo”, ha dicho, antes de admitir que en verano de 2009 organizó un encuentro del comisario con su mujer en la sede del PP de la calle Génova: “El señor Villarejo me pide que quería ver a mi mujer, que tenía cosas interesantes que decirle. Mi mujer me dice que sí, que le parece bien porque había algunas informaciones que quería aclarar”.
López del Hierro ha seguido así la línea de Cospedal: “Ella tenía la sospecha en aquel momento de que estaban espiando al partido desde un piso que había enfrente y había unas filtraciones en prensa sobre Rita Barberá, y me dice que quiere hablar con Villarejo”. El empresario ha negado cualquier reunión con el comisario José Luis Olivera, también imputado en Kitchen y señalado como otro de los presuntos boicoteadores de las pesquisas de Gürtel; y cualquier intervención en la captación del chófer de Bárcenas.
—¿Qué sabe usted de la contratación de Sergio Ríos?— le ha preguntado el juez.
—Absolutamente nada. De su existencia me he enterado hace muy poco por la prensa.
—Pues no sé por qué el señor Villarejo se lo inventa... Como tenían ustedes una relación personal, ¿qué necesidad tenía de perjudicarle a usted?
El asesor contradice a Cospedal
Este miércoles también ha declarado José Luis Ortiz, asesor y jefe de gabinete de Cospedal durante lustros. Según fuentes jurídicas, este ha admitido que conocía a Villarejo por las reuniones que mantenía con la exdirigente del PP en la sede del partido de la calle Génova. Según ha detallado, la primera se produjo nada más llegar ella a la secretaría general. Él mismo fue a buscar al policía con el coche oficial, lo metió en el edificio a través del garaje, subió junto a él en el ascensor y lo dejó ante el despacho de la dirigente popular. ¿Era normal no entrar por el control?, le han preguntado los investigadores. A lo que él ha asegurado que “era normal entrar por el garaje, aunque hay cámaras de seguridad”, y ha elevado el número de citas entre el policía y la política: “Unas ocho o diez reuniones”. Cospedal dijo el martes tres o cuatro.
Aun así, Ortiz ha insistido en que no sabe nada sobre el contenido de esos encuentros, porque él no entraba a la sala. Según ha añadido, el comisario solía pedirle a través de él poder contactar con Cospedal, aunque la entonces secretaria general también propició en algún caso esas citas. También ha negado que participara en cualquier tipo de pago, aunque en las agendas de Villarejo se anotan supuestas entregas de dinero en las que él estuvo implicado. López del Hierro ha mantenido un discurso similar.
—¿Le pidió dinero Villarejo?— ha insistido la Fiscalía al empresario.
“No tengo la más mínima capacidad de encargar nada en un partido en que no soy ni militante”, ha dicho López del Hierro antes de apuntar que creía que, al término de la única reunión en la que asegura que participó, se le dijo al comisario, como “una norma de cortesía”, que alguna vez se le encargaría algo. “Que a mí me conste, mi mujer nunca le ha encargado nada”, ha añadido.
LOS AUDIOS DE COSPEDAL ANTE EL JUEZ DEL ‘CASO KITCHEN’: “NO LO SÉ, NO ME ACUERDO”
La ex secretaria general del PP evitó responder a cuestiones claves del magistrado y la Fiscalía sobre su relación con el comisario Villarejo
La exministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negó durante su declaración como imputada en el caso Kitchen, el pasado 29 de junio, que encargara a partir de 2009 trabajos al comisario José Manuel Villarejo para torpedear el caso Gürtel que salpicaba a su partido o que estuviera al tanto del espionaje ilegal, en 2013, al extesorero Luis Bárcenas convertido en objetivo de la trama parapolicial Kitchen. Los audios de su comparecencia de hora y media ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan que la que también fue presidenta de Castilla-La Mancha se escudó en el “no me acuerdo” o “no me consta” para evitar responder a algunas de las preguntas más comprometedoras que le plantearon tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción. Parte de ellas hacían referencia a las agendas intervenidas el pasado octubre al policía en su domicilio, y en las que este recogía los detalles de sus contactos. Estos son algunos de los pasajes de la declaración de la exdirigente del PP.
Sus contactos con Villarejo. Tras detallar que fue su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, también imputado en la causa, quien le presentó al comisario Villarejo en 2009, Cospedal aseguró que sus contactos con el policía fueron puntuales, no más de tres o cuatro veces, y casi siempre en la sede de su partido. Sin embargo, las agendas apuntan a más encuentros y, también, que contactaron por otros medios. El pasado viernes, Villarejo aseguró a los periodistas tras declarar que esas citas fueron “muchas, ni se sabe [cuántas]” y que algunas tuvieron lugar en el despacho del Ministerio de Defensa cuando la dirigente del PP asumió esta cartera entre 2016 y 2018. El asesor y jefe de gabinete de la política durante años, José Luis Ortiz, también imputado en la causa, contradijo a Cospedal al elevar el número de reuniones de esta con el policía a “unas ocho o diez reuniones”. Cospedal, sin embargo, intentó minimizar su relación con el policía.
Juez. ¿Y cómo hablaba [con el comisario Villarejo] ¿Con el teléfono, por correo…?
Cospedal. La inmensa mayoría de las veces que hablé con él, que fueron en tres o cuatro ocasiones, fue en persona. Quizá alguna vez por teléfono, puede ser, pero, señoría, no se lo puedo decir con seguridad. Quizás alguna vez por teléfono. De eso soy muy poco consciente. Hace mucho tiempo.
En otro momento del interrogatorio, el juez insiste en el sistema utilizado por la política para contactar con Villarejo.
J. Es decir, ¿[su correo electrónico] era completamente público y no tuvieron correspondencia ustedes?
C. Que yo recuerde no.
Encuentro en Toledo. El 27 septiembre de 2011, Villarejo anota sendos contactos con López del Hierro y Cospedal. Sobre esta última, escribe. “Muy receptiva a todo. Le parece muy importante el tema de los TC y desviaciones al partido. Propone vernos 14 jueves en Tole. Quedo en comunicarme a través del marido”. El juez deduce en el interrogatorio que el punto de encuentro es Toledo, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha que entonces ella presidía. El 5 de octubre anota otro encuentro con la popular: “Al principio, un poco fría. Después fue muy positiva y dio consejos. Aprovechó para agradecer la info”. Estos apuntes adquieren importancia porque, según Cospedal, solo se vieron en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, y en una cafetería cercana.
Juez. ¿Se desplazó [Villarejo] allí [Toledo]?
Cospedal. Que yo recuerde, no, pero no se lo puedo decir con total seguridad.
Nombramientos en Interior. Las anotaciones de la agenda de policía recogen las supuestas gestiones que este hizo ante Cospedal para que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nombrase director adjunto de la Policía, máximo puesto de responsabilidad al que puede aspirar un agente, al también comisario José Luis Olivera, amigo de Villarejo y exjefe de la UDEF cuando estalló el caso Gürtel, la trama encabezada por Francisco Correa y que implicó a numerosos cargos públicos del PP.
Juez. ¿En algún momento le solicitó a usted el señor Villarejo que le nombraran director adjunto operativo?
Cospedal. No, nunca
J. Perdón, al señor Olivera, quiero decir.
C. Pues, sinceramente señoría, no lo recuerdo. No le digo que no lo pudiera haber pedido, pero yo no tenía ninguna capacidad para hacer cosa semejante, no le puedo asegurar que no me lo dijera alguna vez.
Los pagos a Villarejo. Algunas anotaciones que hizo Villarejo en sus cuadernos apuntan a que el comisario recibió dinero del PP por sus supuestos trabajos para perjudicar la investigación del caso Gürtel. “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti [su jefe de gabinete] con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”, escribió el comisario de diciembre de 2012. Los investigadores sospechan que las cifras referidas son de 100.000 y 50.000 euros, respectivamente. Cospedal negó ante el haber realizado hecho ningún encargo a Villarejo ni haberle pagado cantidad alguna.
Juez. Hay otra anotación del 6 de diciembre de 2013 que también hace referencia al coste: ‘Muy preocupada, con los cinco pagos de 200. Me pide que la mantenga informada’.
Cospedal. Pues mire, señoría, yo no sé lo que son los cinco pagos de 200, se lo digo con toda tranquilidad. No tengo idea a qué se puede referir, pero a mí cinco pagos de 200, ni hay nadie que yo conozca, no se han hecho.
El interlocutor con Bárcenas. Luis Bárcenas, que declaró como perjudicado en el caso Kitchen ― la causa que investiga el espionaje ilegal al extesorero por una trama parapolicial― afirmó en una de sus declaraciones ante el juez que, entre 2013 y 2014, una vez que había ingresado en prisión por el caso Gürtel, el PP inició una interlocución con él a través de un miembro del partido, el exsenador Javier López Lázaro. En estos contactos, él acordó destruir una supuesta grabación que incriminaba al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la presunta financiación irregular del PP a cambio de mejoras en su situación penitenciaria. Cospedal negó ante el juez saber nada de esa supuesta negociación con el tesorero.
Juez. ¿En el año 2012 se nombra a algún interlocutor del partido con Bárcenas?
Cospedal. Que yo sepa, no […]
J. ¿Tampoco [el exsenador del PP] Javier Sánchez Lázaro?
C. Desde luego, que yo sepa, y desde luego por mí, en ningún caso, pero que yo sepa tampoco.
J. ¿Qué relación tenía usted con este señor [Sánchez Lázaro]?
C. No sé quién es [...]
Fiscal. ¿No se trató de beneficiar la situación penitenciaria [de Luis Bárcenas] ofreciendo algún tipo de tratamiento de régimen diferente y beneficioso?
Cospedal. Pues yo creo que no, francamente se lo digo.
COSPEDAL SE DESENTIENDE DE 'KITCHEN' Y NIEGA QUE EL PP TUVIERA INTERÉS EN HACERSE CON DOCUMENTOS DE BÁRCENAS
Ha dicho no saber nada de la captación del chófer del extesorero como confidente Reconoce que se reunió varias veces con Villarejo, siempre a petición de él, porque le preocupaban las filtraciones sobre el caso Gürtel Publicamos esta información en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información que recibes depende de ti.
La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se ha desmarcado totalmente de la operación Kitchen y ha asegurado no haber tenido ningún tipo de conocimiento sobre este operativo que se puso en marcha en 2013 para espiar al extesorero Luis Bárcenas y así sustraerle documentación que se habría llevado del partido tras ser despedido y que podía comprometer a dirigentes de la formación como el propio expresidente Mariano Rajoy. Es más, ha llegado a decir que el PP no tenía ningún interés en la información que pudiera tener Bárcenas y cree que grabaciones que el extesorero dice haber tenido sobre Rajoy son "mentira".
Según han informado a infoLibre fuentes presentes en el interrogatorio como imputada de Cospedal ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, la exdirigente también ha negado haber contratado al comisario jubilado José Manuel Villarejo, aunque sí ha reconocido que se reunió con él varias veces, siempre a petición del expolicía. Tampoco podía decir otra cosa, ya que existe al menos una grabación de una conversación entre ambos en 2009, cuando Cospedal recibió al expolicía en su despacho de la sede central del PP.
En esa charla, en la que estuvo presente el marido de ella, el empresario Ignacio López del Hierro, y que tuvo lugar meses después de que estallara el caso Gürtel, Villarejo le facilitó información sobre el caso y le dijo que los investigadores tenían múltiples indicios contra Bárcenas. También hablaron de encargos “puntuales”. Sin embargo, según las fuentes consultadas, Cospedal ha afirmado que jamás le contrató o le pagó y que su interés en reunirse con él es porque éste parecía tener muchos contactos con periodistas y a ella le preocupaban las filtraciones que estaban saliendo en prensa.
Ha explicado que a Villarejo se lo presentó su marido porque el comisario tenía "una consultora muy importante" con la que hacía labores de investigación, ya que se encontraba en excedencia en la Policía. El expolicía sí estaba en activo en ese momento, ya que había vuelto al Cuerpo a principios de los noventa. Según Cospedal, López del Hierro también le había hablado de las "magníficas relaciones" de Villarejo con medios de comunicación y que "conocía a todo el mundo".
La ex secretaria general ha estado declarando algo más de hora y media en la Audiencia Nacional y ha contestado a las preguntas del juez, los fiscales anticorrupción y su defensa. Ha aprovechado para subrayar que Bárcenas es un "mentiroso", por lo que no da credibilidad a nada de lo que pueda decir, y para manifestar sus sospechas de que no se haya investigado a fondo el origen de la fortuna del extesorero en Suiza. Como ya ha dicho en anteriores ocasiones, ha defendido que los apuntes de Bárcenas con la contabilidad opaca son los papeles del extesorero, no del partido.
Su interés, ha insistido, cuando estalló el caso Gürtel es que se depurasen responsabilidades y que Bárcenas asumiese su responsabilidad por las graves imputaciones que pesaban contra él, que se conociera "la verdad". Según las fuentes consultadas, Cospedal no ha mencionado en ningún momento el nombre del extesorero, sino que se ha referido a él como "esa persona".
Defensa de su comisario de confianza
En cuando a los pormenores de la operación Kitchen por los que le han preguntado tanto el juez como los fiscales, Cospedal ha dicho que no tiene ni idea de la contratación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente de los policías implicados en el espionaje al extesorero y que no había oído hablar de él hasta que su nombre empezó a salir en la prensa con la apertura de esta causa. Incluso, duda de la posible implicación de su comisario de confianza, Andrés Gömez Gordo, en las maniobras para colocar a Ríos como conductor.
Tampoco sabe decir qué significan las anotaciones de Villarejo que apuntan a que la informaba de los avances de la operación a través de terceros. En todo momento, la exdirigente conservadora ha querido dejar claro que si ha habido otros imputados que han reconocido el fichaje de Ríos para el espionaje es un asunto que tiene que ver con la Policía, pero no con el PP.
De igual modo, Cospedal dice desconocer la interlocución de abogados del PP con Bárcenas en la cárcel y que ella sólo comentaba con la defensa del partido los pormenores que le afectaban en el caso Gürtel, información que luego trasladaba a su "superior", esto es, Mariano Rajoy.
De los dos políticos aparte de ella imputados por la operación Kitchen, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, Cospedal ha venido a decir que no tenía una estrecha relación con ninguno de ellos. Sobre Martínez, asegura que la "única vez" que se reunió con él fue con motivo de unas elecciones, cree que las de 2016; mientras que sobre Fernández Díaz, ha afirmado que le aprecia "mucho" y considera que está siendo tratado "injustamente", pero que su relación era de "compañeros de partido".
COSPEDAL ADMITE REUNIONES A SOLAS CON VILLAREJO EN LA SEDE DEL PP
La ex secretaria general del partido, que ha declarado como imputada en la Audiencia Nacional por Kitchen, niega su implicación en la trama para boicotear la investigación del ‘caso Gürtel’
La Audiencia Nacional, convertida en un calvario para el PP por sus sucesivos escándalos de corrupción, ha vuelto a acoger este martes la llegada de un ex alto dirigente de la formación. A las 9.53, apenas siete minutos antes de su cita ante el juez, María Dolores de Cospedal (ex secretaria general del partido, exministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha y exconsejera de la Comunidad de Madrid) ha desfilado ante las cámaras de televisión para sentarse ante el magistrado Manuel García-Castellón para declarar como imputada por Kitchen, la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas. A lo largo de cerca de hora y media de interrogatorio, la política ha admitido que se reunió varias veces a solas con el comisario José Manuel Villarejo en la sede del PP de la calle Génova, de Madrid, pero ha negado que le encargara trabajos para torpedear el caso Gürtel, según confirman varias fuentes jurídicas. El instructor ha fijado el interrogatorio de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, para el miércoles.
Cospedal —que solo ha contestado al juez, a la Fiscalía y a su abogado— ha detallado que fue su marido quien le presentó a Villarejo como propietario de una consultora “muy importante” con “magníficas relaciones” con la prensa y la propia policía. Fue en 2009, año del estallido del caso Gürtel. Según ha añadido la exdirigente del PP, López del Hierro le dijo que el comisario se dedicaba a labores de investigación y que estaba en excedencia de la Policía Nacional, aunque en realidad entonces se encontraba en activo. La ex secretaria general ha asegurado que en la primera reunión estuvo su esposo, pero que el resto de encuentros se desarrolló a solas con el comisario. Unas citas que no se recogían nunca en su agenda oficial y a las que, según ha relatado, el principal sospechoso de la trama llegaba en coche para acceder al edificio a través del garaje. Cospedal ha justificado dichos encuentros en su preocupación por que el PP estuviera siendo espiado.
La exdirigente del PP ha negado tajantemente cualquier implicación en la trama Kitchen, financiada con fondos reservados durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha marcado distancia con el resto de investigados. Así, sobre el comisario Andrés Gómez Gordo, alias Cospedín y asesor de la política durante su etapa en Castilla-La Mancha, ha afirmado que “casi nunca despachaba” con él. Sobre Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas captado como confidente tras las gestiones de Gómez Gordo, ha negado haber oído hablar de él hasta que estalló el escándalo. También ha marcado distancias con Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y su entonces número dos, Francisco Martínez. Del primero ha afirmado que su relación era “la de un compañero de partido” con el que se veía en el comité ejecutivo del PP. De Martínez ha asegurado que solo se reunió en una ocasión con él con motivo de las elecciones de 2016, en la que el primero fue candidato en las listas de la formación conservadora.
Preguntada sobre si sabía quién era el inspector jefe Manuel Morocho, el responsable de la investigación del caso Gürtel que ha denunciado presiones para torpedear estas pesquisas, Cospedal se ha limitado a decir: “Hoy sé quién es. Hace unos años, ni idea”.
La ex secretaria general ha rechazado que, como apunta el juez, hubiera un interés del PP por arrebatar a Bárcenas documentación comprometedora para el partido y sus dirigentes, como las supuestas grabaciones de Mariano Rajoy y Javier Arenas que presuntamente los incriminan en la financiación irregular. “Kitchen no tiene nada que ver con el PP”, ha insistido Cospedal. “Esta persona —la política ha evitado en varias ocasiones citar a Bárcenas por su nombre— ha dado muchas versiones sobre lo que tenía y no tenía, y queda como lo que es, un mentiroso. El PP no tenía necesidad de arrebatar nada”. También ha negado que ella supiera que el chófer había sido captado o que la trama entrase en un local de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero, para sustraer material sensible. Para Cospedal, “eso tiene que ver con la policía”, exculpando a su partido y a los cargos políticos de Interior de cualquier responsabilidad.
El juez ha preguntado sobre algunas anotaciones de las últimas agendas intervenidas a Villarejo, entre ellas las que hacían referencia a José Luis Ortiz, su jefe de gabinete durante años. Así, sobre el apunte “Orti. Problemas Morocho”, la popular ha asegurado no saber nada, aunque ha admitido que en aquellos meses estaba “indignada” por las referencias a su marido como presunto donante en los papeles de Bárcenas, que reflejan la existencia de una caja b en el PP durante 20 años. Sobre el apunte “Cospe muy preocupada 5 pagos de 200”, ha insistido en que no sabía a qué se podía referir. “Durante toda esa época [verano de 2013, tras conocerse la contabilidad opaca], mi interés había sido siempre que se depuraran responsabilidades y que el tesorero asumiese su responsabilidad, que se conociese la verdad”, ha dicho.
Dos años de investigación
Cospedal ha aterrizado en la Audiencia Nacional tras una instrucción de más de dos años, durante la que se han acumulado indicios contra ella. El sumario rebosa referencias a la ex secretaria general, a quien la Fiscalía Anticorrupción apunta como otra pieza más del entramado de Kitchen. Según sus investigaciones, ella tenía un “doble interés” en el éxito del espionaje a Bárcenas: como secretaria general del partido y como alto cargo. Su nombre consta en los papeles de Bárcenas como supuesta perceptora de sobresueldos y el de su marido, como donante a la caja b del PP. De hecho, el ministerio público sospecha que sus maniobras se extienden más allá de esta operación contra el extesorero y se remontan a 2009, cuando presuntamente puso en marcha distintas estratagemas para boicotear las pesquisas del caso Gürtel, la investigación sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y que afectó directamente al partido conservador.
Las agendas de Villarejo están llenas de supuestos contactos con Cospedal, su marido y su entorno. No solo recogen presuntas reuniones con el matrimonio —verificadas a través de audios incorporados a la causa—, sino conversaciones con Gómez Gordo y José Luis Ortiz, su jefe de gabinete durante lustros. Este último, que declara también como imputado el miércoles, consta en las libretas de Villarejo como otro de los enlaces con la secretaria general e, incluso, se le vincula con supuestas entregas de dinero.
La exdirigente popular, que dejó la política tras revelarse en prensa los audios de sus reuniones con Villarejo, ha admitido sus contactos con el comisario jubiladoex pero ha rechazado que cometiese cualquier ilegalidad. El propio expolicía la menciona de pasada en el último escrito enviado a la Audiencia Nacional esta misma semana, donde se refiere a ella en tres ocasiones. Pero, en ningún caso por su supuesta vinculación con Kitchen o el boicot a Gürtel, sino por un tema relacionado con la guerra de Villarejo con el CNI y como interlocutora del Gobierno de Mariano Rajoy en la denominada Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en el Ministerio del Interior por la llamada brigada política para, mediante supuestos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán.
COSPEDAL CONFIRMA QUE SU MARIDO LE PRESENTÓ A VILLAREJO PERO SE DESLIGA DE LA 'KITCHEN'
Descarta ante el juez pagos al comisario, dice que no conocía al chófer de Bárcenas, defiende a Fernández Díaz y niega las anotaciones personales del comisario
María Dolores de Cospedal ha admitido en su declaración en la Audiencia Nacional que conoce al comisario José Manuel Villarejo. La exsecretaria general del PP ha confirmado ante el magistrado instructor del caso Tándem, Manuel García Castellón, que conocía al espía y que se llegó a reunir con él en la sede del Partido Popular, aunque ha descartado haber formado parte de cualquier operativo ilegal para sustraer información al extesorero del partido, Luis Bárcenas, según confirman fuentes presentes en el interrogatorio a Vozpópuli.
La exsecretaria general del PP, citada para este martes en calidad de imputada por su presunta implicación esta trama, ha asegurado que no tuvo nada que ver con la contratación de Sergio Ríos Esgueva como chófer del exgerente del partido. De esta forma descarta la versión que prestó el propio escolta, captado en calidad de topo para este operativo, el cual explicó en diciembre ante el magistrado que sospechaba que el PP medió para que Bárcenas le contratara como conductor con el fin último de utilizarle para robarle información.
Cospedal, que solo ha respondido a las preguntas del magistrado, de los fiscales Anticorrupción y de su letrado Jesús Santos, ha negado por completo pago alguno al entramado del comisario y ha desligado de esta trama al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De hecho, ha atribuido a Luis Bárcenas la promoción de la famosa grabación en la que se implica a Rajoy en la caja B del PP calificándola de falsa. Del comisario ha dicho que su marido le dijo que tenía una consultora muy importante, que conocía a todo el mundo y que creía que estaba en excedencia.
Los encuentros en el PP con Villarejo
Sobre los encuentros ha precisado que se reunió en la sede del PP varias veces. En el primero de los encuentros estaba su marido Ignacio López del Hierro pero el resto de encuentros (que no se identificaron en su agenda oficial) ya fueron a solas. El objetivo por el cual se le contactó fue para saber si el PP estaba siendo espiado desde un edificio cercano a la sede (en referencia a una trama de corrupción que se achacó al Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba) pero que nunca tuvo información judicial sino que Villarejo le trasladó lo que se publicaba en prensa.
En relación a las anotaciones que el comisario transcribió en sus agendas y en las que se le implica en este operativo, Cospedal asegura que no sabe “nada” sobre el asunto y que tampoco tiene nada que ver con las mismas. El magistrado García Castellón le ha leído algunos de los manuscritos redactados por el espía en aquellos años y su respuesta ha sido que, en aquella época, su único interés es que se depuraran responsabilidades en relación a los papeles de Bárcenas y que éste último asumiera lo que había hecho.
Con todo, sí ha admitido que se vio con el comisario jubilado como así lo atestiguan algunas de las grabaciones que forman parte de esta pieza séptima de la causa, bautizada como Kitchen. Ahora bien, siempre según su testimonio, nunca escuchó hablar de Sergio Ríos Esgueva. Tampoco de que el escolta terminara trabajando para Bárcenas, con quien ha confirmado que no mantuvo buena relación. También ha defendido al que fuera su jefe de seguridad en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo, igualmente imputado en la causa." Dudo que tuviera algo que ver", ha precisado, según las fuentes consultadas por este medio.
De los audios y las pesquisas realizadas, los investigadores concluyeron que Gómez Gordo –apodado como Cospedín- fue el que medió para que la policía patriótica, con Villarejo a la cabeza, pudiera captar al chófer de Bárcenas. El objetivo en aquel verano de 2013, era hacerse con la documentación que el otrora máximo responsable de finanzas del PP se llevó consigo tras su salida del partido sobre una financiación opaca. La trama, que se achaca a la excúpula del Ministerio del Interior, se costeó con fondos reservados del Estado y a espaldas del juez al frente del caso Gürtel.
Intermediación del PP con Bárcenas
El avance de la causa ha llevado al magistrado a sospechar que el PP jugó un papel activo en la entrada en escena de Ríos Esgueva, especialmente después de que el propio Bárcenas explicara en diciembre que una persona del área de seguridad de la formación le recomendó que le contratara ya que antes había ejercido como chófer de Granados. Cospedal ha explicado este martes que no intervino para nada en este asunto. También ha cuestionado que, como ha defendido el extesorero popular, existiera una intermediación entre éste y el partido a través de un abogado vinculado a la formación.
Igualmente no ha esquivado las preguntas sobre Jorge Fernández Díaz. De él ha dicho que era su compañero de partido y que le aprecia mucho. "Es un hombre tratado injustamente", ha aseverado. Menos relación ha dicho tener con Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, bautizado por Villarejo como Chisco e imputado también en esta causa. Sobre él ha dicho que la única vez que se reunieron fue con ocasión de unas elecciones. Idéntica respuesta para el inspector jefe de la Policía, Manuel Morocho.
El agente que estuvo al frente de la Gürtel se ha convertido en uno de los testigos estrella de esta trama tras confesar en sede judicial que le modificaron sus informes sobre la caja B en aras a que la cúpula del PP y el marido de Cospedal no aparecieran en los mismos. "Hoy sé quien es, hace unos años ni idea", ha respondido al ser preguntada por el mando policial. Con todo, no ha negado su indignación con el hecho de que su esposo, que declara mañana por estos hechos mismos, se identificara como posible pagador en los papeles de Bárcenas.
"Queda como un mentiroso"
Gran parte de su declaración ha estado centrada en el contenido de las agendas de Villarejo. El minucioso relato que hizo el espía en sus cuadernos han servido de fuente de prueba a los investigadores. En el auto de imputación de la propia Cospedal, el magistrado ya aludió a los mismos y habló de una estrategia del PP en 2012 para proteger al tesorero que decayó en 2013 tras descubrirse su fortuna oculta en Suiza. "Alfredo Prada interlocutor de Bárcenas con Interior. Cosp habló con Cosidó del tema", "Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a Cospe", o "Dice que MD hablará con Chisco", son algunas de las notas por las que se les ha preguntado.
Al respecto Cospedal ha negado esos manuscritos aunque ha dejado claro que en aquel entonces ya no se celebraron más encuentros con el comisario. También ha dicho que cuando Bárcenas abandonó el partido fue ella la que le llamó para que fuera recoger todas sus cosas hasta el punto de que las dejaría en la calle si no mandaba a alguien. Por ello, ha dicho, no cabe la posibilidad de que el PP quisiera arrebatarle documentación sensible cuando se la llevó, ya que lo hubiera hecho antes. "Esa persona ha dado muchas versiones sobre lo que tenía y no que no, y queda como un mentiroso", ha añadido para negar también que se ordenara un espionaje mientras estuvo en prisión.
Cospedal, que antes de comenzar su declaración había remitido un escrito en el que anunciaba la entrega de una ingente documental, ha lanzado un comunicado al término de su comparecencia. El mismo insiste en la teoría de que fue ella la que promovió las investigaciones por los papeles de Bárcenas y que nunca comentó nada con su entonces jefe de seguridad en relación a un posible espionaje al extesorero ni a una contratación de Ríos Esgueva. También ha rechazado que la estrategia inicial de la formación fuera protegerle tras su implicación en la trama Gürtel.
https://www.vozpopuli.com/espana/cospedal-marido-villarejo-kitchen.html
COSPEDAL DECLARA EN KITCHEN CON EL PP CERCADO POR EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN SOBRE GÜRTEL
Las agendas del comisario Villarejo, y sus grabaciones a la política y su marido, amplían los indicios contra la formación conservadora
Las sospechas que cercan al PP en la investigación sobre Kitchen se extienden ya mucho más allá del despliegue parapolicial de espionaje al extesorero Luis Bárcenas urdido para arrebatarle presuntamente documentos comprometedores para cargos del partido. La Audiencia Nacional acumula pruebas que dibujan una operación continuada durante años para boicotear las pesquisas sobre la red de corrupción Gürtel, que explotó en 2009, cuando el magistrado Baltasar Garzón desarticuló la trama y encarceló a sus cabecillas. María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de la formación conservadora, está citada este martes para declarar como imputada: entre los indicios que la señalan, los continuos contactos con ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que el comisario José Manuel Villarejo anotó en sus agendas; así como los audios de varias conversaciones entre la pareja y el policía.
La Fiscalía Anticorrupción está convencida de que, desde 2009, el PP puso en marcha una serie de maniobras ilegales para “reducir daños” por Gürtel y “proteger” a sus altos cargos. También, que Villarejo filtró a Cospedal y su esposo datos confidenciales sobre investigaciones judiciales que se encontraban bajo secreto: por ejemplo, sobre la Operación Brugal, contra el entonces presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), y sobre la rama valenciana del caso Gürtel. Para acreditarlo, el ministerio público solicitó incorporar al sumario las grabaciones del comisario de sus conversaciones con el matrimonio, incluidas por la Agrupación Reformista de Policías en una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Alicante por un delito de “revelación de secretos” y publicadas en muchos casos por el portal digital Moncloa.com.
Estos audios, datados entre julio y noviembre de 2009, evidencian la relación que tenían y los tejemanejes que se traían entre manos. Así, el 21 de julio de dicho año, Villarejo le relata a Cospedal: “[José Luis] Olivera, [jefe de la UDEF, la unidad policial que investigó Gürtel], me avisa siempre. Gracias a él he boicoteado mil cosas”. Olivera se encuentra imputado también por el magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen.
En esa cita con Villarejo, según la grabación, López del Hierro también pregunta “¿cómo debería el PP reaccionar?”: “¿Cómo le pegaría el apretón a Garzón, si es él quién lo está filtrando?”, afirma el empresario, a quien la instrucción otorga el papel de intermediario entre el comisario y la política. “La discreción es fundamental. López del Hierro y yo nos conocemos desde hace 30 años. Hemos hecho maldades juntos. Yo hace muchos años que tengo mis negocios y mis cosas”, admite el policía a la dirigente popular.
Villarejo va mucho más allá: no solo informa al matrimonio, sino que le aconseja sobre cómo maniobrar: “Hay movidas de Bárcenas muy acreditadas haciendo negocios con Arenas. Bárcenas está pringado hasta el culo”, le dice a la secretaria general: “Hay que hacer lo posible por no contaminar a Francisco Camps [presidente de la Comunidad Valenciana] con esto de la financiación ilegal del partido, porque si no estamos jodidos”. “Hay que tener preparado a Costa para que se coma lo de la financiación ilegal. Y decir que no tiene ninguna vinculación con que esté imputado el presidente”. El 13 de octubre (menos de tres meses después de esta conversación), Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, se niega a dimitir de su cargo. Un día después, el PP nacional destituye a Costa.
López del Hierro, que está citado a declarar este miércoles como imputado, también pregunta a Villarejo en octubre de 2009 directamente por el caso Brugal, entonces bajo secreto: “¿Sabes algo de un tema muy gordo que se investiga en Alicante?”. El comisario le responde: “Ya te dije, es un tema del presidente de la Diputación de Alicante, [José Joaquín Ripoll], y sale mucho [Eduardo] Zaplana en los pinchazos [telefónicos a los sospechosos]”. En efecto, un mes antes ya le había alertado de ello, según otra grabación incorporada a la causa: “Hay una investigación abierta al presidente de la diputación de Alicante. En los pinchazos entra mucho Zaplana. Le dije a Juan [Cotino], háblate con el de la Diputación de Alicante. Habla con tu parienta. Es bueno que tenga una visión global de lo que está pasando”, advierte el comisario al empresario para que lo comente con Cospedal.
El extesorero se convierte en otro tema recurrente. “Bárcenas se fue el lunes a cazar una cabra montés por la que ha pagado 7.000 euros y ya lo sabe todo Madrid”, dijo López del Hierro al policía en noviembre de 2009. “Tenéis que darle un toque al Barbas, [en referencia a Mariano Rajoy], para que le diga a Bárcenas que se tranquilice”, añade Villarejo, que también comenta a su interlocutor: “Gallardón está conspirando contra tu parienta. Quiere su puesto”. Y hablan sobre cómo contrarrestar los escándalos de corrupción que cercan al PP: “Hay que fomentar Astapa, [caso de corrupción urbanística del alcalde socialista de Estepona], para que no se hable de Gürtel”, recomienda el agente al marido de la entonces secretaria general de los populares.
COSPEDAL DECLARA EN KITCHEN: LAS AGENDAS DE VILLAREJO, LA GRABACIÓN EN GÉNOVA, SU MARIDO Y LOS SUBORDINADOS
La ex secretaria general del PP tuvo que abandonar la política por aparecer en una grabación encargando "trabajos puntuales" a Villarejo para sabotear el caso Gürtel. Las agendas del comisario recogen: "Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla". Este martes declara ante el juez
María Dolores de Cospedal, número dos del Partido Popular durante una década, declarará este martes como investigada en el caso Villarejo. Su imputación se enmarca en la pieza que indaga en el espionaje "parapolicial" al extesorero del PP Luis Bárcenas, con el fin de sabotear la investigación judicial del caso más grave de corrupción que ha afectado a los conservadores, la financiación irregular de la formación durante al menos veinte años.
Desde los primeros autos de esa pieza separada, abierta en 2018, el juez Manuel García-Castellón alude a una operación para beneficiar a "dirigentes del Partido Popular", esto es, a los que se verían salpicados por la caja B, tanto como conocedores del sistema irregular de financiación como por ser perceptores de sobresueldos.
La Fiscalía Anticorrupción concreta en la figura de María Dolores de Cospedal, que sería beneficiaria del operativo "de forma directa", al buscar la brigada política documentos comprometedores para ella y otros dirigentes como Mariano Rajoy; y "de forma indirecta", como secretaria general del partido en el momento en que se desarrolla la operación Kitchen.
María Dolores de Cospedal tuvo que abandonar la política por la publicación en 2018 de una conversación grabada en 2009 por el comisario Villarejo en la planta séptima de Génova, en la que ella y su marido, Ignacio López del Hierro, proponen "trabajos puntuales" al policía presuntamente corrupto en pleno estallido del caso Gürtel, la causa madre que derivó en la caja B. Estos son los indicios que hay contra Cospedal en el sumario del caso Kitchen y de los que deberá responder en su declaración como investigada de este martes.
Las grabaciones
"¿Aceptarías trabajos puntuales?"
Julio de 2009. Villarejo, una suerte de agente liberado de la Comisaría General de Policía Judicial, la misma estructura que alberga a los agentes que investigan Gürtel, accede por el garaje a la sede nacional del PP. En la séptima planta, la misma en la que tiene su despacho Mariano Rajoy, le reciben María Dolores de Cospedal, número dos del partido, y su marido, Ignacio López del Hierro, que conoce de hace tiempo a Villarejo. Es la primera vez que Cospedal ve al comisario. El encuentro se produce en el despacho de la número dos del PP.
En la reunión, la secretaria general y López del Hierro preguntan al policía en activo si aceptaría "encargos puntuales" y él contesta afirmativamente. Toda la operación Kitchen no se explica sin esta grabación. Es en ella donde arranca la relación entre la política y el comisario presuntamente corrupto.
Cospedal está preocupada por el caso Gürtel, que había estallado en febrero, y que nueve años después desalojaría al PP del poder con su primera sentencia. Para ese caso resulta clave el pendrive que la UDEF se había incautado en poder del contable de la Gürtel. Villarejo dice en un momento de la conversación: "Hemos hecho todo lo posible por romperlo". También habla del jefe de la UDEF, el ahora imputado José Luis Olivera, como "un hombre nuestro". La grabación fue publicada por moncloa.com y ya está incorporada a la causa, según un escrito de Anticorrupción.
"La Cospe, me la pasó el Polla… estaba de una mala hostia"
25 de enero de 2017. El grupo de Villarejo actúa para que uno de sus miembros, José Luis Olivera, investigado que declara este lunes, se convierta en director adjunto operativo la Policía (DAO) y así controlar cualquier investigación contra ellos. El comisario apunta que recurren al matrimonio Cospedal-López del Hierro y que éstos interceden, finalmente sin éxito. En esta grabación hablan Villarejo y los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza Jorde. Villarejo relata una reunión que ha mantenido con el marido de Cospedal sobre el enfrentamiento de ésta con Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicrpresidenta: "Estaba la Cospe cuando me la pasó el Polla [López del Hierro], porque creía… en el Villamagna también, y estaba de una mala hostia… Pero qué pinta la vicepresidenta en el nombramiento del DAO".
"La Cospe dice que ya hablaron con el presidente"
17 de febrero de 2017. Villarejo graba la conversación que mantiene con el también comisario Enrique García Castaño. Las informaciones sobre la Kitchen y otros casos de presunta corrupción policial arrecian y el primero habla de sus contactos con el Gobierno y el PP. El comisario García Castaño había sido destituido de su puesto al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) por el equipo de Interior que sustituyó al de Jorge Fernández Díaz. Enrique García Castaño pregunta: ¿La Cospe, qué dice de todo esto? Y Villarejo responde: "No, la Cospe tal, que no se qué, que ya hablaron con el presidente…".
Los mensajes en los teléfonos
"Me encontré con la Cospe y su marido. Me dijeron que el tema se tenía que haber arreglado ya"
15 de febrero de 2017. Dos días antes de la anterior conversación, García Castaño habla con el también investigado Francisco Martínez, exnúmero dos de Interior. García Castaño asegura sobre su cese: "Me encontré con la Cospe y su marido. Me dijeron que el tema se tenía que haber arreglado ya, que hablaría conmigo. Según el SES [el nuevo secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, próximo a Cospedal en el PP] ya dio orden de que me cambiaran y de forma clandestina volviera a montar el tema catalán. No sé si fiarme".
"No hace falta que le cuente porque ella sabe de sobra lo que hay"
25 de septiembre de 2018. Francisco Martínez habla por WhatsApp con su esposa sobre una conversación que el primero ha tenido con Cospedal sobre los supuestos archivos de audio de Bárcenas con Rajoy. Martínez contesta: "No hace falta que le cuente porque ella sabe de sobra lo que hay".
"La principal culpable de lo que está pasando es la señora que aupó al líder"
22 de octubre de 2018. Francisco Martínez habla con un antiguo y estrecho colaborador del Ministerio. Este se preocupa por la situación personal de Martínez cuando ya se rumia su imputación. El excolaborador afirma: "La principal culpable de lo que está pasando es la señora que aupó al líder"
"Mi grandísimo error en el Ministerio fue ser leal a miserables como Jorge o Rajoy o Cospedal"
23 de octubre de 2019. Martínez mantiene una conversación por WhatsApp con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Martínez escribe: "Como sabes muy bien, mi grandísimo error en el Ministerio fue ser leal a miserables como Jorge o Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo último que quería hacer."
"Quedó en transmitirle a la parienta. Ella quedó en ver a Peláez por la tarde"
9 de noviembre de 2012. En el transcurso de la investigación a Villarejo han aparecido indicios del proyecto que redactó para un abogado, ya fallecido, Ignacio Peláez, defensor de investigados entonces en el caso Gürtel. El proyecto SMP buscaba la nulidad de la instrucción judicial del caso que más daño ha hecho al PP. El juez dice que no hay indicios de la participación de Cospedal en ese encargo, pero elDiario.es ha encontrado una anotación en la agenda de Villarejo que alude a un contacto entre el citado abogado y la secretaria general el PP. Villarejo se ha reunido con López del Hierro y anota: "Quedó en transmitirle a la parienta. Ella vería a IGN PELAEZ por la tarde".
"Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla"
6 de diciembre de 2012. Menos de un mes después del encuentro referido en la anterior nota, Villarejo apunta: "Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla". La anotación, que alude a un presunto pago de la secretaria general al comisario investigado por corrupto y que adelantó El País, alude al jefe de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz Grande, quien también declarará como investigado esta semana.
"Han propuesto al Oli de DAO"
16 de noviembre de 2016. Villarejo resume el contenido de once conversaciones mantenidas ese día con políticos, empresarios y con el comisario Olivera, el último de los implicados que ha sido imputado. Una de las anotaciones alude a lo hablado con Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal: "Transmití mi pesar por el trato al exministro. Insiste en que han propuesto al Oli de DAO".
"Dice que la Cospe llamó a Zoilo y le abroncó por el tratamiento hacia mi"
24 de mayo de 2017. "ILH: 13 H. Villamagna. Dice que la Cospe llamó a Zoilo [en alusión a Juan Ignacio Zoido] y le abroncó por el tratamiento hacia mi". Esta anotación en las agendas de Villarejo refleja una reunón del comisario con López del Hierro. Juan Ignacio Zoido era el ministro del Interior que sucedió a Fernández Díaz y en esa fecha los indicios contra Villarejo en distintos casos de corrupción policial afloraban. Seis meses después sería detenido e ingresaría en prisión acusado de liderar una organización criminal.
El círculo de Cospedal
Ignacio López del Hierro. "ILH" en las agendas; "El Polla", en las conversaciones entre Villarejo y sus colaboradores. El marido de Cospedal es un viejo conocido del comisario, de antes de que el empresario contrajera matrimonio con María Dolores de Cospedal. Las referencias a él son constantes en las agendas del policía. A él recurre Villarejo constantemente para pedir la intermediación de la secretaria general del PP, incluso cuando ésta ya era miembro del Gobierno, en el puesto de ministra de Defensa. López del Hierro no estuvo nunca antes imputado pese a sobrevolar varios sumarios de corrupción. En los papeles de Bárcenas aparece como donante de la caja B, pero él negó en el juicio ser ese "López Hierro" o "López H". Una acusación popular le denunció por falso testimonio.
Andrés Gómez Gordo. "Andy" o "Cospedín" en las agendas. El policía que ha hecho negocio durante años por su proximidad al Partido Popular [ver este perfil] es clave en la operación Kitchen. Comenzó a participar en ella estando en excedencia, cuando era la sombra de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Reingresó en la Policía para monitorizar al topo infiltrado en la familia Bárcenas, el chófer Sergio Ríos, al que conocía de años atrás.
José Luis Ortiz Grande. "JL Orti" en las agendas. El jefe de gabinete de Cospedal en Castilla-La Mancha, en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría General del PP. Su nombre ha irrumpido en este último tramo de la investigación con la incautación de nuevas agendas a Villarejo como presunto conocedor e intermediario de la Kitchen y en otro de los negocios del comisario.
EL JUEZ SE ADENTRA EN LA IMPLICACIÓN DEL PP EN EL ESPIONAJE DEL ‘CASO KITCHEN’
Cospedal declara esta semana ante el juez Manuel García-Castellón por las supuestas maniobras de su formación contra la investigación sobre la trama Gürtel
La investigación judicial sobre Kitchen, la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, se adentra esta semana en una nueva fase con una batería de declaraciones de imputados que incluye a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP; a su marido Ignacio López del Hierro; y a su antiguo asesor José Luis Ortiz. Tras escalar hasta la cúpula del Ministerio del Interior, desde donde se dieron presuntamente las órdenes al grupo de comisarios que llevó a la práctica el despliegue irregular, el juez Manuel García-Castellón centra ahora la mirada en el seno de la formación conservadora. La Fiscalía sospecha que el encargo también partió del propio partido con el objetivo de “proteger” a sus dirigentes de las pesquisas sobre la trama Gürtel, que asolan a la fuerza política desde 2009.
—Si es así, [como usted cuenta]. ¿Se monta el asunto desde el partido, no desde el Ministerio del Interior en ese primer momento, aunque hubiera conocimiento? ¿Eso es lo que me quiere usted decir? —llegó a preguntar el magistrado el pasado 25 de noviembre a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, a quien la trama captó como confidente para seguir los pasos del extesorero.
—Señoría, no creo en las casualidades —contestó contundente el conductor.
La instrucción, abierta en la Audiencia Nacional en noviembre de 2018, ha ampliado su diana en las últimas semanas y ya señala de lleno al PP, incapaz de sacudirse de encima los escándalos de corrupción que le persiguen. La Fiscalía hace meses —desde que pidió imputar a Cospedal en septiembre de 2020— que dibuja Kitchen como una trama asentada sobre dos patas: el departamento de Interior, donde sitúa como cabecillas al exministro Jorge Fernández Díaz y a su número dos, Francisco Martínez; y el partido, con el foco apuntando directamente a la ex secretaria general. El ministerio público cree, además, que el despliegue contra Bárcenas fue un capitulo más del continuado intento de boicotear la investigación judicial de Gürtel.
Esta tesis sale reforzada tras la larga declaración como testigo del agente Manuel Morocho, que compareció ante el juez los pasados 15 y 18 de junio. El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), principal investigador de la red de corrupción liderada por Francisco Correa y que implicó a altos cargos del PP, narró durante horas cómo trataron de sabotear las pesquisas de Gürtel desde la cúpula policial y de Interior: cómo le presionaron, cómo modificaron sus informes, cómo intentaron comprarlo y cómo le apartaron de su puesto. También, cómo el magistrado Pablo Ruz, instructor del caso, temía que le estuviesen espiando y le pidió que buscara micrófonos en su despacho. Toda una serie de maniobras que se encuentra también reflejada en las agendas intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, implicado e imputado en Kitchen.
Los investigadores acumulan otros indicios que también señalan al partido. La Unidad de Asuntos Internos interceptó a Villarejo documentos sobre un supuesto proyecto, bautizado como SMP, que tenía por objetivo “evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. Según el ministerio público, este fue un encargo que se llegó a plantear a la trama del comisario por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”, con un coste medio de 15 millones. En este sentido, el extesorero relató que el letrado Ignacio Peláez le visitó un día en la cárcel: “Y me puso por escrito que existía la posibilidad de desmontar todo el caso [...] En ese tema participaban los comisarios José Antonio González, José Luis Olivera y José Manuel Villarejo. Y para que ese tema prosperase, la cantidad que pedían no sé si eran 10 o 12 millones de euros”.
Javier Iglesias, otro abogado próximo al PP también vio a Bárcenas en prisión el 8 de abril de 2013. Una visita de la que estaba al tanto el Ministerio del Interior, según las agendas de Villarejo. Dos días antes, el comisario apunta un supuesto contacto con Francisco Martínez sobre “varias llamadas sobre cita Igles[ias] con Barc[enas] el lunes en prisión”. De seguido, añade: “Dice que Min [supuestamente, ministro] habló con Raj [Rajoy] y todo es ok”. El exsenador Javier Sánchez Lázaro, amigo del extesorero, también acudió a la cárcel a verlo y, según Bárcenas, le aseguró que había dirigentes del PP dispuestos a pagar para que no tirara de la manta. La Fiscalía ha pedido la declaración como testigo de Lázaro, pero el magistrado la ha denegado.
Desfile de imputados
José Luis Olivera. El calendario fijado por García-Castellón comienza este lunes con el interrogatorio al comisario Olivera, jefe de la UDEF hasta 2012 y posterior responsable del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), que después se renombraría como Citco. Un cargo del que salió en 2018, cesado por el actual Gobierno; y que anticiparía su salto a la Federación Española de Fútbol, donde ejerce actualmente como asesor. El juez lo imputó tras la declaración de Morocho, que lo señaló como la persona que trató de comprarlo en 2013 ofreciéndole un puesto mejor remunerado.
Muy cercano a Villarejo, el sumario acumula más indicios contra Olivera: por ejemplo, varios audios donde se escucha a ambos hablando sobre Kitchen. En ese sentido, según mantiene la Fiscalía, el actual asesor de la Federación estaba al tanto de la operación de espionaje y mantenía una larga alianza con el principal sospechoso de esta macrosumario. Es más, añade el ministerio público, él era la presunta fuente que facilitó datos confidenciales a Villarejo para que este se los suministrase después a Cospedal sobre investigaciones que afectaban al PP y se encontraban bajo secreto de sumario.
Las agendas de Villarejo también rebosan referencias a Olivera. Entre otras, el comisario jubilado apunta un presunto contacto con el exjefe de la UDEF el 22 de abril de 2012, cuando el partido todavía protegía a un Bárcenas que no había tirado aún de la manta: “Le piden ayuda para salvar al tesorero”, anota. “[Eugenio Pino, máximo mando policial del Cuerpo], le pide ayudar a tope a Bárcenas”, apunta también otro día.
María Dolores de Cospedal. Los presuntos vínculos con Kitchen de la ex secretaria general del PP, que declara como imputada el martes, se han multiplicado a medida que han avanzado las pesquisas. La Fiscalía destaca un primer audio donde ella y su marido conversan en 2009 con Villarejo durante una reunión en la sede del parido, y le ofrecen “la ejecución de encargos puntuales que serían sufragados con fondos” de la formación. Una relación que se intensificaría durante los años siguientes y se prolongaría hasta poco antes del arresto del comisario jubilado en noviembre de 2017, según se desprende también de sus agendas, que recoge supuestas conversaciones con López del Hierro y la política.
El 3 de noviembre de 2016, víspera de la toma de posesión de Cospedal como ministra de Defensa, Villarejo escribe en uno de sus cuadernos: “Contesta mi SMS con otro muy afectuoso. Le aviso del café con ILH [iniciales de Ignacio López del Hierro]”. Poco antes de su detención, también anota: “MD: vernos 15h. Vips. Velázquez. Lista. Estuvo muy correcta y nos veremos en directo”. En sus agendas, el comisario se refiere a ella como “Cospe” o “MD”.
Aunque los apuntes más comprometedoras se producen en pleno boicot a las pesquisas de Gürtel: “Charla breve. MD agradeció aviso de Barc.”, anotó en abril de 2012. “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”, escribió el comisario el 6 de diciembre de 2012 sobre los supuestos “pagos pendientes” de Cospedal, solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero.
Tres figuras, además, conectan a la también exministra de Defensa con Kitchen: el comisario Andrés Gómez Gordo, su asesor cuando ocupó la presidencia de Castilla-La Mancha y hombre clave en la captación del chófer como confidente; José Luis Ortiz, su jefe de gabinete durante años y, según las agendas, un habitual interlocutor con Villarejo; e Ignacio López del Hierro.
Ignacio López del Hierro. El sumario incluye varias grabaciones entre el marido de Cospedal y Villarejo, donde el comisario se refiere a López del Hierro como intermediario con la política. Citado este miércoles como imputado, la Fiscalía lo considera un transmisor de las órdenes de su mujer. “Él se encarga de hablar con Andrés [Gómez] Gordo”, escribe el comisario en sus agendas, a las que el magistrado y la Fiscalía dan credibilidad.
Según el juez, la importancia de estos cuadernos “radica, especialmente, en su virtualidad para reflejar datos de los que se tiene noticia a través de otras diligencias de investigación”: “Su exposición ordenada de forma sucesiva permite conformar un cronograma temporal de determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la llamada Operación Kitchen”, dice el instructor.
José Luis Ortiz. Citado también a declarar el miércoles, este jefe de gabinete de Cospedal ha irrumpido en la última fase de la investigación. Aunque su nombre ya aparecía en las primeras agendas incautadas a Villarejo en 2017, donde se le menciona como “JL” u “Orti”, el hallazgo el pasado octubre de otras 13 libretas lo ha colocado en la picota. Estos cuadernos abarcan el periodo de Kitchen y su presencia es constante. Así, por ejemplo, el 8 de enero de 2013, el comisario jubilado escribe junto a las siglas de López del Hierro: “Propone que llame a JL, aunque él recordará a [Cospedal] la conveniencia de vernos lo antes posible”. El 15 de enero añade junto a la palabra Orti: “Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a Cospe”.
También se le menciona al tratar el boicot a Morocho: ”Aviso de problemas sobre el último informe de Moroc.”. “Esta dación de cuenta de Villarejo al que fuera jefe de gabinete de la presidenta de una comunidad autónoma carece de toda lógica y sería conveniente que se recabara declaración a Ortiz sobre su participación en la trama”, resume el juez en el auto donde lo imputa.
José Manuel Villarejo. El comisario vuelve a declarar a la Audiencia Nacional. Su interrogatorio estaba fijado para el jueves, pero finalmente se ha retrasado al viernes. “Eso de que voy a huir es mentira”, dijo el pasado 3 de marzo, al salir de la cárcel de Estremera (Madrid), donde permanecía en prisión provisional. Desde entonces ha mantenido un perfil discreto y ha evitado a los periodistas. Su última intervención pública se produjo el pasado 27 de mayo, cuando acudió a la comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen.
Francisco Martínez. La declaración del ex secretario de Estado de Seguridad, prevista para el jueves, también se ha pospuesto. En su caso, hasta el 12 de julio, según un escrito dictado por el juez. Tras negarse a responder en dos ocasiones a las preguntas de los investigadores, Martínez admitió a la tercera que conocía la existencia de la operación de espionaje a Bárcenas, aunque afirmó que creía que todo era legal. Además, apuntó al exministro Fernández Díaz, de quien dijo que también estaba al tanto.
El ex número dos de Interior sale muy mal parado de las agendas de Villarejo. Su nombre aparece tanto que hasta el juez muestra su sorpresa en sus resoluciones: “Llama la atención, de la lectura [de las agendas], la fluida relación que se aprecia entre Villarejo y Martínez, aun antes de que este fuese nombrado secretario de Estado de Seguridad el 11 de enero de 2013”.
El EXJEFE DE LA UDEF ATRIBUYE AL PP LAS PRESIONES PARA BOICOTEAR LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA GÜRTEL
El comisario José Luis Olivera, imputado por la Audiencia Nacional en el ‘caso Kitchen’, niega ante el juez su participación en el espionaje ilegal a Bárcenas
El comisario José Luis Olivera, imputado en el caso Kitchen, ha negado este lunes ante el juez Manuel García-Castellón su implicación en cualquier irregularidad, tanto en la trama parapolicial de espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas como en el continuado boicot a las pesquisas sobre la trama Gürtel, que asola al PP desde 2009, según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. El que fuera mando de la Policía, que actualmente trabaja como asesor de seguridad para la Real Federación Española de Fútbol, ha rechazado que él participara en los intentos de torpedear la instrucción judicial que dirigió Pablo Ruz, entonces magistrado en la Audiencia Nacional, y también ha refutado la denuncia del inspector jefe Manuel Morocho, que relató hace dos semanas cómo Olivera trató de apartarlo de la causa ofreciéndole un destino mejor remunerado económicamente.
Eso sí, el imputado ha asegurado que la llegada del PP en 2011 al palacio de la Moncloa supuso un antes y un después en el día a día de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que él dirigió hasta principios de 2012 y que fue la encargada de investigar la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa. ”No se trabajaba igual [...] Eran todo pegas, todo presión, no te daban lo que pedías”, ha dicho. “Querían desintegrarla”, ha afirmado en otro momento antes de asegurar que la unidad policial y sus integrantes eran considerados “la bestia negra del PP”. Ha llegado a presentarse como una víctima más al achacar “totalmente” su destitución como jefe de la misma a la llegada de los populares al Gobierno.
Según coinciden en señalar fuentes presentes en el interrogatorio, el comisario ha optado por responder solo a su abogado y al juez García-Castellón. Al abordar la Operación Kitchen, el despliegue de espionaje urdido en 2013 por el Ministerio del Interior para arrebatar presuntamente a Bárcenas todos los documentos comprometedores para altos cargos del PP que pudiera guardar, Olivera ha afirmado que “poco” podía saber sobre un operativo en el que, ha insistido, no participó. Además, tampoco ha querido pronunciarse sobre los indicios del sumario que lo señalan —como audios y las agendas de Villarejo— hasta que no haya podido escuchar y ver todo eso. Preguntado uno por uno por su relación con los otros mandos policiales y cargos políticos imputados en la causa, Olivera ha reducido esta a “cuestiones profesionales” o, en algún caso, de “tomarse cañas”. También ha negado vínculos con la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal (que declara como imputada este martes en la causa) y con su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro (que lo hará el miércoles), aunque ha afirmado que sabía que el matrimonio tenía amistad con Villarejo.
Durante su declaración, el alto mando policial se ha mostrado especialmente duro contra Morocho, inspector jefe de la UDEF que dirigía la investigación del caso Gürtel. Morocho denunció ante el juez cómo trataron de sabotear sus pesquisas desde la cúpula de la Policía y del Ministerio del Interior en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy: modificaron sus informes, le presionaron, le sobrecargaron de trabajo con otro destino para que no avanzara en sus pesquisas e, incluso, trataron de ganársele ofreciéndole un puesto en la Policía mejor retribuido. Sin embargo, Olivera ha perfilado al que fuera su subordinado como un mentiroso que llegaba a conclusiones “demagógicas” que, en su opinión, a veces “no tenían base real”. El comisario ha añadido que Morocho tenía un carácter “difícil” y que, por ello, no hacía caso de las observaciones que sus superiores hacían de los informes: “La mayoría salían como él decía. Era difícil convencerle”.
Según Olivera, él nunca paralizó ningún informe de Gürtel sobre dirigentes del PP. Entre otros, se ha referido al que Morocho redactó sobre la exministra Ana Mato y su exmarido, Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y condenado por la trama de corrupción liderada por Francisco Correa: “En 2012, [Morocho] me enseña un borrador que no estaba completo… ‘Madre mía, con la que está cayendo’, [pienso]. Él no sabía que a mí me estaban cesando. [Y le digo]: ‘Mira, este informe, tal como está, necesita el 101% de rigor, y el 0% de error. Quiero que se compruebe todo, las empresas… No se te ocurra mandarlo [el informe de Mato y Sepúlveda] directamente [al juez], porque te van a fusilar”, ha asegurado que le dijo al inspector jefe.
“Podía ser que le pidiera corregir, que ampliara, que mirara más cuestiones, que completara... Pero presionar, no”, ha insistido Olivera, a quien Morocho situó en una reunión en junio de 2013 donde, según la versión del agente de la UDEF, le ofreció el traslado a distintos destinos en el extranjero para intentar apartarlo así de las pesquisas de Gürtel. Según narró al magistrado, trataron de comprarlo con un puesto suculento en la Embajada de Lisboa. También en Viena y la ONU. Y, durante esa reunión en una cafetería de Madrid, Olivera recibió una supuesta llamada del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para interesarse por el tema: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, afirmó Morocho que dijo el comisario a su interlocutor.
El imputado ha negado este lunes esta versión de los hechos y ha adjudicado al propio Morocho la iniciativa de aquel encuentro y de la idea de optar al puesto en Portugal. “¿[Morocho] se pensaba que era tan importante para que el ministro se preocupara por él?”, ha cuestionado Olivera ante el magistrado García-Castellón, a quien ha repetido que la llamada que recibió durante la cita no fue de Fernández Díaz, sino de su propia esposa, que les propuso subir a casa a continuarla allí, según fuentes jurídicas. El comisario ha vuelto a la carga entonces contra el inspector jefe de la UDEF, a quien acusa de considerarse más importante para las pesquisas de Gürtel “de lo que realmente era”. Sin embargo, el juez ha puesto en duda su versión, vistos los indicios que constan en el sumario, sobre todo las grabaciones de sus conversaciones con el también comisario José Manuel Villarejo.
La relación con Villarejo
La investigación ha revelado la cercana relación que mantenía Olivera con Villarejo. Las agendas del comisario jubilado rebosan supuestos contactos y conversaciones con Olivera, al que se refiere con el apodo de Oli, quien también aparece en distintos audios incorporados a la instrucción —entre ellos, alguno en los que conversan sobre Kitchen—. La Fiscalía sospecha que el exjefe de la UDEF hasta 2012 y posterior responsable del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, que después se renombraría como CITCO al asumir también funciones antiterroristas, mantenía una estrecha relación con Villarejo y que, incluso, participaba de sus negocios.
Pero Olivera ha negado este lunes esas acusaciones. Según las mismas fuentes jurídicas, el comisario ha dicho que nunca cobró de la trama encabezada por Villarejo y que, además, creía que este se encontraba en excedencia. En esa línea, ha añadido que la estructura empresarial del principal imputado sí prestó cobertura al Estado en algunas investigaciones, como el caso Malaya, sobre la red de corrupción urbanística urdida en Marbella (Málaga).
LA TRAMA KITCHEN REVELA EL CATÁLOGO DE MANIOBRAS DEL PP PARA TUMBAR SU MAYOR CASO DE CORRUPCIÓN
La investigación de Kitchen ha sacado a la luz el recurso de los conservadores a las cloacas del Estado para aplacar las pesquisas de la trama Gürtel y sus derivadas, aunque la estrategia de sabotaje de los conservadores también incluye presiones a policías y jueces
La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción desentrañan desde hace casi tres años los detalles de la "operación parapolicial" supuestamente ordenada en 2013 desde el núcleo del Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear la instrucción judicial que amenazaba con sacar a la luz dos décadas de dinero negro en el Partido Popular. Las pruebas y testimonios contenidos en el sumario apuntan a que se cumplió con el "objetivo marcado", que no era otro que evitar que información comprometedora para el partido y sus dirigentes llegara a los investigadores de Gürtel, el caso que a la postre, en 2018, acabó provocando su desalojo de la Moncloa a través de la moción de censura de Pedro Sánchez.
Esa operación, orquestada por policías que trabajaban sin mandato judicial y sufragada supuestamente con fondos reservados, es la cúspide de unas maniobras por las que están imputados todos los mandos de la primera línea de la brigada política que se alojó en la Policía de 2012 a 2016. Pero también algunos de los máximos responsables políticos de la época como la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que por entonces era su número dos, Francisco Martínez. Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, también imputado, declararán la próxima semana en la Audiencia Nacional.
En el marco de estas pesquisas ha aflorado el intento de "apoderarse" de las pruebas que el extesorero Luis Bárcenas tenía en su poder sobre la financiación irregular del partido para que no llegaran a la Justicia. La operación recibe el nombre de Kitchen en referencia al "cocinero" o "K2", el apodo con el que los agentes implicados se referían al chófer y hombre de confianza de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. El conductor fue captado como topo para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio, recibió más de 50.000 euros de los fondos reservados y una plaza en la Policía.
Los indicios que señalan a la cúpula del PP
Precisamente la declaración voluntaria que realizó el chófer el pasado noviembre —conocida en las últimas semanas tras levantarse el secreto sobre parte del sumario— apuntala los indicios que señalan a la cúpula del PP. Según reveló elDiario.es, Ríos declaró hace siete meses su convencimiento de que el partido le envió a trabajar con Bárcenas para su posterior captación por la brigada política; mientras que el entonces jefe de seguridad del PP, Guillermo Barroso, amigo del barrio de Ríos, reconoció a Asuntos Internos que fue decisión suya recomendarle cuando el extesorero le preguntó por alguien de confianza.
Estas declaraciones se suman a otro informe de 2018 de esta misma unidad que señaló que el propio Rajoy tuvo "conocimiento" del espionaje al extesorero. Además, las agendas incautadas el pasado octubre al comisario José Manuel Villarejo, figura clave de la brigada política de la Policía, han puesto al descubierto nuevas pruebas que refuerzan las sospechas contra la anterior cúpula del PP. Asuntos Internos incorporó recientemente a un informe del pasado mayo las notas del policía según las cuales el expresidente conocería la oferta y amenazas a Bárcenas en prisión para que no confesara la caja B.
"Chisco. Dice que el MIN habló con RAJ y todo es OK" y "Charla general sobre LB y tensión de Rajoy sobre todo el Ministerio", anotó el policía los días 6 y 27 de julio de 2013. Los agentes de Asuntos Internos relacionan ambas conversaciones entre Villarejo y Martínez, el número dos de Interior al que el agente llama "Chisco", con la oferta que Luis Bárcenas habría recibido en prisión por parte de un abogado para que guardara silencio sobre el sistema de financiación irregular del PP y los sobresueldos de sus dirigentes —hecha en nombre de aquel Ejecutivo— y las amenazas en el caso de que no lo hiciera.
La primera de esas anotaciones se produjo dos días antes de que el abogado Javier Iglesias visitara en la cárcel al extesorero del PP. Según la versión de Bárcenas, recibió del letrado unas "amenazas muy serias" y un "ofrecimiento formal" de que si se mantenía callado el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sería cesado con las consecuencias que eso podía tener para el caso. "Si hablas tu mujer irá a prisión; si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso", le dijo Iglesias a Bárcenas, según publicó El Mundo. El abogado ha negado siempre esta versión del encuentro. La última vez, en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la trama Kitchen del Congreso, en la que aseguró que visitó a Bárcenas por sus funciones de letrado de dos investigados en el caso Gürtel y afirmó que el PP nunca ha contratado sus servicios como letrado.
La segunda Kitchen
Pero, a pesar de esas supuestas amenazas, finalmente Bárcenas habló. Lo hizo el 15 de julio de 2013, cuando admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la autoría de los papeles que El País había publicado el 31 de enero de ese año y que recogían decenas de entradas y salidas de dinero opaco entre 1990 y 2008. Tras negar durante casi seis meses que él fuera el autor de los apuntes, confesó, apuntó directamente a la cúpula del PP y aportó un pendrive cargado de documentación. Para entonces, y ante el temor de que el extesorero tirara de la manta, altos mandos policiales ya estaban maquinando la operación de espionaje contra él y su familia que investiga desde 2018 la Audiencia Nacional.
Los seguimientos al entorno de Bárcenas —con informes sobre los movimientos de su mujer y las personas con las que tenía contacto— se prolongaron hasta otoño de 2013, según han revelado las pesquisas. El 23 de octubre, un delincuente habitual, Enrique Olivares, asaltó vestido de cura el domicilio familiar de los Bárcenas. La sospecha de los investigadores es que fue captado por los mandos policiales que dirigieron el espionaje al extesorero y cobró 10.000 euros por el asalto a la vivienda en busca de la documentación sobre el PP. Fue condenado a 22 años de cárcel por esos hechos.
Los investigadores indagan ahora si esas maniobras traspasaron incluso las puertas de la prisión de Soto del Real, donde Bárcenas ingresó el 26 de junio de 2013. Según reveló este periódico, el extesorero detalló al juez Manuel García Castellón cómo un recluso al que habían suministrado una identidad carcelaria falsa le siguió y tomó notas durante mes y medio. Además, la brigada política contactó en la calle con otro preso al que Bárcenas había dado acceso a la 'nube' donde supuestamente guardaba una copia de las grabación que había realizado a Rajoy hablando de la caja B y al que dio orden en 2014 de destruir ese audio cuando saliera de permiso, según la documentación que obra en la causa.
La existencia de esa grabación, que podría suponer la puntilla definitiva para el que fue presidente del Gobierno, es una de las grandes incógnitas del caso. Bárcenas declaró que cuando salió de la cárcel los audios ya no estaban en la ‘nube’, pero insistió al juez en que él tenía otra copia escondida en el estudio de su mujer que le fue sustraída por la brigada política. Según el testimonio del extesorero, en esa conversación, surgida a raíz del estallido del caso Gürtel, se escucha cómo hace una entrega de dinero a Rajoy, le muestra papeles de la contabilidad y cómo él, "espantado", le reprocha que guarde ese material y lo destruye en una trituradora de papel. El expresidente negó estos hechos en su declaración como testigo el pasado marzo en el juicio de la caja B. "A mí no me han entregado ninguna contabilidad B (...). Es metafísicamente imposible, por tanto, que haya podido destruir esos papeles", aseguró ante el tribunal.
Presiones a policías y jueces
La operación Kitchen ha aflorado el recurso del PP a las cloacas del Estado para reventar la investigación sobre sus finanzas opacas, pero no son las únicas maniobras que han salido a la luz. La estrategia del PP en el caso Gürtel y sus derivadas incluye presiones a funcionarios policiales y de la Administración de justicia como las que ha revelado recientemente en sede judicial el inspector jefe Manuel Morocho, que hizo un relato pormenorizado de qué mandos policiales, altos e intermedios, intentaron sabotear su trabajo.
Su testimonio provocó la semana pasada la imputación del comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, al que acusó de convertirse en un agente doble a favor de los investigados parando informes u ofreciéndole a él destinos bien remunerados en el extranjero para que se apartara de la investigación. Amigo de Villarejo, Olivera trabaja en la actualidad en la Real Federación Española de Fútbol. Morocho también señaló al inspector jefe José Manuel Álvarez Luna, que sigue destinado en la Brigada Anticorrupción y que, según su relato, habría intentado modificar los informes que iban al juez.
El interés del PP por controlar la investigación policial se tradujo, cuando estaba en el Gobierno, en continuos ceses y nombramientos de policías afines. La más sonada de las destituciones fue la del comisario general de Policía Judicial, José Losada, en octubre de 2013, por no controlar las pesquisas del caso Gürtel sobre la exministra Ana Mato y otros dirigentes de la formación.
Pero las interferencias para sabotear el caso Gürtel se remontan prácticamente a su estallido, en 2009. El PP intentó entonces reducir la que acabaría siendo una de las causas de corrupción más graves de la democracia a las simples fechorías de un empresario que habría utilizado a la formación para cobrar comisiones. Bajo una estrategia dirigida por Federico Trillo, el PP consiguió mantener una secreta y continua comunicación con el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid antes de que Bárcenas dejara de estar aforado. Este juez llegó incluso a levantar la imputación del tesorero.
No es esta la única maniobra en el ámbito de la instrucción judicial que ha trascendido en los últimos años. El primer instructor de la caja B, Pablo Ruz, no pudo culminar su trabajo porque el Consejo General del Poder Judicial decidió no renovar su puesto interino en la Audiencia Nacional. Antes había tomado la decisión histórica de registrar la sede del PP tras negarse la formación a entregar la documentación que le requería y había expulsado al partido de la acusación popular que venía ejerciendo por pervertir esa figura y dedicarse, en su lugar, a defender subrepticiamente a Bárcenas, el hombre que guardó hasta 2010 la llave de la caja del partido, una caja rebosante de dinero negro.
BÁRCENAS DICE QUE SU CHÓFER SACÓ DE GÉNOVA EL 'PEN' CON LA GRABACIÓN DE RAJOY QUE DEMUESTRA QUE CONOCÍA LA CAJA B
Los audios demostrarían que el expresidente del Gobierno era perfectamente conocedor de la contabilidad paralela
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas confirmó este miércoles, en una nueva declaración ante el juez que investiga la Operación Kitchen, que el pendrive donde supuestamente guardaba las grabaciones que habría hecho al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y que demostrarían que éste conocía la caja B, salieron de la sede de Génova con otro material sensible hacia el estudio de su mujer, Rosalía Iglesias, donde habrían desparecido.
Bárcenas ha comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, para aclarar el destino de esa y otra grabación, esta segunda de una conversación similar con el ex secretario general del PP Javier Arenas, que habría guardado en dos pendrives y en una nube online.
El antiguo responsable de las finanzas del PP atribuye la desaparición de esas grabaciones al espionaje parapolicial del que habría sido víctima con la Operación Kitchen, presuntamente ideada desde el Ministerio de Interior, y costeada con fondos reservados, con el objetivo de sustraer a Bárcenas y su entorno la documentación comprometedora que pudieran tener sobre el partido y sus dirigentes.
En esta ocasión, según las fuentes jurídicas consultadas, ha relatado a García-Castellón que, en su despacho en el cuartel general del PP, en la Sala Andalucía, almacenaba una serie de cajas con diverso material, incluidos los dos prendrives. Una vez materializado su despido, su chófer, Sergio Ríos -investigado como espía de la trama-, las trasladó al taller de restauración de arte que su mujer tenía en la calle General Díaz-Porlier de Madrid.
Bárcenas ha asegurado que los pendrives se movieron con esa mudanza. Sin embargo, dos años después de salir de prisión, hacia principios de 2015, cuando empezó a revisar las cajas, advirtió que las grabaciones no estaban. Inicialmente pensó que faltaban cajas que el propio PP habría intervenido en 2013, con su ingreso en prisión provisional. No se le ocurrió que hubieran llegado y extraviado en el estudio de su mujer hasta que un periodista le comentó algo de una operación policial.
Un seguro para Bárcenas
En esas cajas, además de los dos pendrives, habría varios teléfonos y material sensible como donaciones que no aparecen en sus 'papeles' y documentación de campañas, como pagos de 'mailing' electoral e imprentas. Entre esos archivos habría también información sobre la financiación de las elecciones gallegas que Pablo Crespo, ex dirigente del PP gallego que figura como uno de los conseguidores de la Gürtel, habría entregado al predecesor de Bárcenas, Álvaro Lapuerta.
Las grabaciones, conforme contó al juez en una declaración del pasado mes de diciembre, eran una especie de seguro ante el "desmarque" que el partido y sus responsables parecían haber iniciado respecto a su figura.
En ese contexto de transición en las relaciones entre él y el PP se habrían producido varios altibajos. Durante su primera estancia en la cárcel, sostiene que primero un abogado cercano al partido, Javier Iglesias, le ofreció 500.000 euros si no sacaba nada a la luz, negocio que rechazó exigiendo más dinero. Después, sufrió un trato muy duro que incluiría seguimientos de un falso recluso que sería agente del CNI.
En un segundo giro, hacia octubre de 2013, otro intermediario, Javier Sánchez Lázaro, le habría vuelto a ofrecer ese dinero, 500.000 euros, y una mejora en las condiciones carcelarias que pasaría por más horas de conversaciones telefónicas y 'vis a vis' extra con su mujer, que se materializaron sin que él los pidiera y sin que quedara constancia escrita, siempre se los comunicaban verbalmente.
Eliminados también de la nube
Él achacó estos beneficios penitenciarios a sus relaciones con el PP, por lo que, como gesto de buena voluntad, encargó a un preso de su confianza, Isidro S.S., de origen colombiano y experto informático, que eliminara de la 'nube' archivos comprometedores para el PP, entre ellos los audios que podían poner en jaque al presidente del partido. A cambio le daría un buen dinero.
Si bien en otras ocasiones Bárcenas especificó cantidades distintas, este miércoles ha aseverado que pactaron el pago de 4.000 euros y que debía acceder a la nube, borrar los archivos y que para eso le facilitó un papel con instrucciones que incluía una clave para tener acceso a los correos. Esto choca una vez más con lo que sostuvo en sede judicial el preso colombiano, que señaló que acordaron 5.000 euros por trabajos de borrado de Google de información y vídeos relativos a Rosalía Iglesias.
Las fuentes consultadas han explicado que, durante su declaración, Rosalía habría asegurado que no supo nada de ese encargo carcelario de su marido y ha negado haber participado en entrega de dinero alguno. Según el relato de Isidro S.S., un amigo habría recibido la cantidad de manos del chófer de la familia y se lo habría quedado. Aunque Bárcenas ha reconocido que no sabe si el encargo acabó bien, ha indicado que cuando salió de Soto del Real la información ya no estaba en la 'nube'.
No obstante, interrogada sobre la existencia de esas grabaciones a Rajoy y Arenas, la mujer de Bárcenas ha afirmado que tuvo conocimiento de las mismas por su marido, que la mantenía al corriente de esas cuestiones, si bien ha matizado que nunca supo dónde las guardaba
LA FISCALÍA PIDE A BÁRCENAS MÁS DATOS DEL SUPUESTO MATERIAL SENSIBLE QUE GUARDABA DEL PP
El extesorero popular y su mujer, Rosalía Iglesias, vuelven a declarar como testigos en la investigación sobre la trama Kitchen
El extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, han vuelto este miércoles a la Audiencia Nacional para declarar como perjudicados por Kitchen, la operación urdida en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero popular con el presunto objetivo de arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP. La Fiscalía y el magistrado Manuel García-Castellón han interrogado al matrimonio sobre el material sensible que guardaba Bárcenas y que, según su versión, le arrebató el grupo de comisarios que controló sus movimientos entre 2013 y 2015 sin ningún tipo de autorización judicial.
Los investigadores, bastante convencidos de que la trama llegó a robar documentos al extesorero, quieren profundizar en esta línea de las pesquisas. Aunque, eso sí, recelan de la palabra de Bárcenas, que en los últimos años ha ofrecido diferentes versiones sobre el contenido de aquellos papeles que se reservaba para utilizarlos como arma contra su antigua formación. Según fuentes jurídicas, este miércoles, el juez y el ministerio público han preguntado por las cajas que se llevó del despacho que le habían dejado en la sede nacional del PP hasta que lo echaron del partido. También, por el pendrive donde guardaba una copia de las supuestas grabaciones de las conversaciones con Mariano Rajoy y Javier Arenas, expresidente y ex secretario general del PP respectivamente, donde mencionaban la caja b de la formación.
Así, según han añadido las mismas fuentes, el expolítico ha asegurado que las cajas contenían documentación sobre campañas electorales, donaciones que no constan en los papeles de Bárcenas y dos clasificadores con parte de la contabilidad de los populares gallegos que Pablo Crespo, ex secretario de Organización del partido en dicha comunidad y condenado por Gürtel, entregó a Álvaro Lapuerta, que ocupó el puesto de tesorero del PP antes que él.
Bárcenas también ha insistido en que ordenó en 2014 destruir una de las copias de las grabaciones de Rajoy y Arenas. Para ello, contactó con otro recluso de la cárcel de Soto del Real, donde el extesorero se encontraba en prisión preventiva. Según su versión, el expolítico pagó a este preso colombiano —a través de su chófer, Sergio Ríos, confidente de la trama Kitchen— para que las borrara de la nube [sistema de almacenamiento informático].
Antes de Bárcenas, ha declarado, también como testigo, su esposa, Rosalía Iglesias, en prisión como él por el caso Gürtel. Iglesias ha defendido la versión de su marido sobre el supuesto robo de parte de la documentación que este guardaba en el local en el que ella hacía trabajos de restauración, aunque ha insistido en varias ocasiones que nunca supo realmente cuál era su contenido de la misma, según detallas fuentes presentes en el interrogatorio.
La mujer de Bárcenas, a la que tanto el juez como el fiscal han hecho ver en varias ocasiones que estaba dando versiones contradictorias, ha asegurado que ella echó en falta varias cajas que había en un altillo y algunas carpetas que habían guardado en un arcón, pero ha dicho no haber visto el pendrive en el que estaban las supuestas grabaciones que Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas. La esposa de Bárcenas ha admitido que sabía cuál era el contenido de ambos audios —”la [grabación] de Rajoy me la ha contado muchas veces”—, pero ha insistido que no conoció en ningún momento donde se guardaban. “Nunca me dijo donde estaban porque nunca quiso ponerme en riesgo”, se ha justificado.
Durante su declaración, Iglesias se ha desmarcado de la presunta contratación de un preso colombiano para destruir estas grabaciones, aunque ha admitido conocer algunos detalles. Así, ha afirmado no sabía quién era el preso ni la cantidad de dinero que supuestamente se le entregó —en sus declaraciones Bárcenas ha hecho bailar la cifra entre los 2.500 y los 4.000 euros—, aunque sí ha dicho que supo que fue el chófer, Sergio Ríos, el encargado de entregárselo. Sobre la procedencia de los fondos para hacer ese pago, que se realizó cuando el matrimonio ya tenía las cuentas intervenidas por orden judicial, Iglesias ha dicho que “había gente que nos ayudaba”. Finalmente, ha afirmado que fue su marido el que le dijo, sin entrar en detalles, que el recluso le había engañado.
LOS COMISARIOS GONZÁLEZ, OLIVERA Y VILLAREJO OFRECIERON A LOS IMPUTADOS EN GÜRTEL ANULAR EL CASO POR 12 MILLONES
La propuesta llegó a Luis Bárcenas por diferentes vías; la más clara, cuando ya estaba dentro de prisión en septiembre de 2013 a través del fallecido letrado Ignacio Peláez. Pero ya a finales de 2012, Rajoy le puso en contacto con el ministro de Interior, que le indicó que hablara con Mauricio Casals, presidente de 'La Razón', que podía ayudarle con el jefe de a UDEF, José Luis Olivera, para que modificaran los informes contra el extesorero.
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, estuvo toda la tarde de este miércoles declarando en la Audiencia Nacional ante las defensas y acusaciones personadas en la causa Kitchen, que investiga la utilización por parte del Partido Popular y del Gobierno que presidía Mariano Rajoy, de comisarios y unidades de la Policía para robar y destruir pruebas sobre el PP que podían conducir a una condena por diferentes delitos de corrupción.
No es su primera declaración. Hasta en dos ocasiones han declarado antes Bárcenas, su hijo e incluso su mujer, en esta subpieza que se instruye dentro del sumario Tándem, que investiga a los comisarios José Manuel Villarejo Pérez, Enrique García Castaño, Carlos Salamanca y José Luis Olivera, por posibles delitos de cohecho y malversación de caudales públicos. Público ha tenido acceso a esas dos declaraciones anteriores. En una de ellas, el juez Manuel García Castellón y el fiscal Miguel Serrano tuvieron que trasladarse a la prisión de Soto del Real, donde el extesorero del PP había sido trasladado mientras cumple condena por la llamada etapa 1 de Gürtel.
Sin duda, en los recursos ante el Tribunal Supremo los condenados de la Gürtel utilizarán las presuntas malas artes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para intentar anular sus sentencias. Porque desde 2009, según el testimonio de Bárcenas, el entonces comisario jefe de la UDEF José Luis Olivera sabía que lo que estaba escribiendo en sus informes no era cierto, o estaban incompletos al excluirse a personas de renombre, o simplemente por no incluir los negocios de Francisco Granados con Marjaliza (que también grabó José Luis Peñas), o los de la inmobiliaria DICO, cuyo jefe de Seguridad era el exnúmero 2 de la Policía, Pedro Díaz Pintado (para quien trabajaban en ese momento sus troncos los comisarios Villarejo y El Gordo [García Castaño]).
"La grabación a Rajoy la he oído 300 veces"
Sin embargo, Luis Bárcenas (que siempre fue un chico listo desde que entró en Alianza Popular, y conocía que la contabilidad del PP no era limpia) decide en 2009 informar a Mariano Rajoy del saldo que quedaba en las cuentas y llevarle el dinero y un papel a su despacho. El extesorero grabaría también tiempo después a su amigo, el exsecretario general del partido Javier Arenas.
Bárcenas grabó tanto a Rajoy como a Arenas, y la búsqueda de esas grabaciones llevó en 2013 a que le robaran, le entraran en casa, retuvieran a su mujer y a su hijo hasta dar con ellas para destruirlas, mientras eran escondidas en la dirección general de la Policía, como desveló Público el pasado lunes. Como explica el extesorero en su declaración de diciembre de 2020:
Fiscal: ¿Las grabaciones puede usted determinar qué contenido tenían?
Luis Bárcenas: La del señor Rajoy me la sé de memoria, porque la he oído 300 veces. La del señor [Javier] Arenas, al ser una conversación más larga, porque es una comida, me desplacé a Sevilla, comimos en Oriza cerca de la sede del partido, y es una conversación larga. Pero la conversación con el señor Mariano Rajoy la recuerdo perfectamente porque la he oído.
Entro en el despacho, "Luis qué tal, cómo estás", y entro directamente y le digo "Oye, vengo a verte porque a Javier Arenas le he planteado lo siguiente. Nos queda un saldo en la contabilidad extracontable del partido a disposición. Como es evidente, con la que está cayendo, no vamos a seguir haciendo uso de esto. Le he preguntado a Javier qué hago con el remanente y me ha dicho 'yo creo que debes de meterlo en un sobre y entregárselo al señor Rajoy'. Eso es exactamente lo que yo le traslado y entonces le voy con el papel con el saldo final y le entrego una fotocopia y él me dice: "¡Pero Luis, pero cómo guardas estos papeles!", pues por una razón muy sencilla "porque esto tanto Álvaro [Lapuerta, el anterior tesorero] como yo hemos querido tenerlo documentado por si en algún momento surgía alguna duda en cuanto al correcto empleo de las cantidades o en cuanto a las percepciones que un empresario o una persona particular haya entregado al partido que no quede ninguna duda de que están anotadas y que el empleo ha sido el que tenía que ser, un empleo correcto".
Entonces coge la nota y dice "¿pero estás notas?", coge las notas, se da la vuelta en el sillón, y eso se oye en la cinta, la mete en la destructora de papeles y se oye el ruido de la destructora pues destruyendo el papel en cuestión. Le hago entrega del sobre y yo creo que poco más, me voy del despacho.
Fiscal: ¿En esa grabación se dan nombres de personas receptoras de sobresueldos?
Bárcenas guardó el secreto de estas grabaciones tanto y tan bien que a finales de 2012, antes de que se hiciera pública la primera cuenta en Suiza del extesorero en la que guardaba más de 20 millones de euros, sus relaciones con Mariano Rajoy todavía eran buenas, hasta el punto de que el entonces presidente del Gobierno le dijo que hablara con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que le ayudara a solucionar sus problemas con la UDEF. El titular del Interior no opuso resistencia, pero le pasó la pelota a un gran amigo del Ejecutivo de los populares y también de la cloaca policial, el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Mauricio Casals.
Antes de este circuito de ayudas entre el PP, el Gobierno y la Policía, Luis Bárcenas ya había conocido a otro personaje importante del lobby de socorristas, el empresario y socio del comisario José Manuel Villarejo, Adrián de la Joya (que aparece junto Rajoy, Bárcenas y otros personajes de la trama en la mencionada cuenta de Suiza del extesorero). Adrián de la Joya fue el primero en presentarle a Casals, antes incluso que Fernández Díaz, pero, como explica en su declaración, todos los caminos acabaron confluyendo:
L.B: A través de Adrián yo conozco a Mauricio Casals. Adrián tiene mucha amistad con Mauricio y me organiza una comida con él, que si me puede echar una mano y tal... y, al poco tiempo, y eso sí se lo pido a Mariano Rajoy insistiendo en lo de Luis El Cabrón que me de un interlocutor con quien hablar en Interior, y me da de interlocutor a Jorge Fernández. Llamo a Jorge Fernández al teléfono fijo del Ministerio; le preocupa la llamada y me dice "Oye, no me vuelvas a llamar al teléfono fijo del ministerio, te doy el móvil". Nos mandamos algún whatsapp y me dice "Oye, a través de Mauricio estaremos en contacto". Y a partir de ese momento, además me parece una persona muy agradable, con Mauricio Casals, que a su vez tiene una relación directísima con José Luis Olivera. Y es José Luis Olivera quien le dice a Mauricio y él me traslada a mi: "Oye, dile a Bárcenas que se olvide de Luis el Cabrón, que lo importante es la grabación, la grabación está manipulada [refiriéndose a las entregadas por el exconcejal del PP, José Luis Peñas] y esa es la vía que tiene". No sé si estaba preparando el terreno para que luego llegara Peláez [el abogado Ignacio Pelaez].
Sin embargo, con el comienzo del año 2013, Luis Bárcenas y el PP van rompiendo relaciones. El partido le consigue colocar a quien había sido chófer de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos Esgueva, quien a su vez era una persona de confianza del policía Andrés Gómez Gordo, mano derecha de la secretaria general María Dolores de Cospedal,
Pero además, la Policía consigue que alguien más entre en el círculo de confianza de Luis Bárcenas: la periodista Marisa Gallero (actualmente en el Ayuntamiento de Madrid junto a Andrea Levy). El extesorero le cuenta a la periodista el más oculto de sus secretos, que había grabado al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, como se escucha a continuación.
L.B: Con relación a una pregunta que me hizo el fiscal el pasado viernes sobre qué personas conocían la existencia de las grabaciones que yo había hecho, yo contesté que en principio no se lo había comentado a nadie, pero haciendo memoria recordé a una periodista que se llama Marisa Gallero, que luego escribió un libro con una parte del tema este. Yo creo que en el mes de mayo de 2013, en la cafetería que había en el gimnasio del ABC de Serrano, yo creo que le hablé por primera vez de las grabaciones, yo creo que sin entrar a hablar del contenido. Por lo que sí he podido comprobar es que lo que ella saca en el 2015, habla de la conversación mía con el señor Rajoy y habla de la destructora de papel.
Javier Iglesias Redondo es un hombre de confianza de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y abogado de los hermanos Cierco, dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA).
Javier Iglesias 'El Largo', el hombre de los Cierco y Cospedal en la 'Operación Cataluña'
Es en esas fechas cuando el chófer y el comisario Enrique García Castaño entran al "zulo" de Rosalía Iglesias, mujer del extesorero, y en un mueble hueco cogen diversos documentos y el pendrive con las grabaciones, como ha relatado ya en diversas ocasiones al juez y la Fiscalía.
Poco después, en septiembre de 2013, tras ser detenido, Bárcenas es visitado en la cárcel de Soto del Real por el fallecido abogado Ignacio Peláez, relacionado con el Partido Popular. El abogado le hace una curiosa propuesta, que al extesorero le recuerda a lo comentado por Olivera a través de Mauricio Casals tiempo antes, como se escucha a continuación:
Fiscal: ¿Usted se entrevistó con el abogado Ignacio Peláez a petición de...?
L.B: Yo tenía mis abogados, pero Ignacio Peláez autónomamente, sin hablar con Javier Gómez de Liaño, se presentó allí. Pidió verme, yo sabía quien era porque tenía muy buena relación con Federico Trillo (...), tuvo una conversación conmigo que guarda relación con eso que se llama en el pendrive de Villarejo Proyecto JMP o algo así. A mi el planteamiento que me hizo, y todo eso lo ponía en un papel por escrito, existía la posibilidad de desmontar todo el caso Gürtel porque las personas que llevaban el tema estaba convencidas de que las grabaciones que dan origen a este procedimiento estaban manipuladas y que esa manipulación podía producir la nulidad de todo el procedimiento. En este tema, y eso me lo apuntó en un papel, participaban los comisarios en cuestión, José Antonio González, José Luis Olivera y Villarejo, los tres. Y para que el tema prosperase la cantidad que pedían no sé si eran 10 o 12 millones de euros y que si entre nosotros nos poníamos de acuerdo y aportábamos esa cantidad, que se podía salir adelante perfectamente. Yo le dije "si este es un tema general, la información es cierta, eso está manipulado y alguien ofrece eso, la parte alícuota que me corresponda yo estoy dispuesta a pagarla".
Precisamente esta manipulación de pruebas y audios (como la desvelada por Público y que contenía un gazapo sobre Podemos) es la estrategia que los expertos comisarios Villarejo y Olivera quieren utilizar para cerrar si pueden esta causa.
LA AGENDA DE VILLAREJO DE 2015: "LO QUE QUITARON A L.B [BÁRCENAS] ESTÁ EN EL DESPACHO DE GAGO [EN LA CÚPULA POLICIAL]"
Las agendas incautadas en la casa del comisario José Manuel Villarejo Pérez en 2020, tres años después de su detención, no dejan de dar sorpresas, a pesar de que su durante el tiempo que estuvo en la cárcel de Estremera (cuando se apenaba de que sus únicas armas era "un boli y un papel"). Pero hasta que el juez Manuel García Castellón decida cotejarlas, seguramente a petición de alguna acusación, y mientras Asuntos Internos de la Policía siga realizando informes basados en extractos de esos 13 cuadernos que comprenden espacios temporales entre 2007 a 2017, defensas y acusaciones toman nota de lo escrito dándole veracidad.
Una de estas anotaciones, realizada a principios de junio de 2015, aportaría más datos sobre quiénes estaban al tanto sobre la denominada , orquestada al margen de la ley para robar pruebas al extesorero del PP Luis Bárcenas, y que podrían guardar parte de ese material hurtado. Concretamente, entre otro material, serían supuestamente dos grabaciones de Bárcenas: una al entonces presidente Mariano Rajoy, y otra a su antiguo amigo y exsecretario general de los populares, Javier Arenas. Tales grabaciones nunca fueron entregadas ni al juzgado ni al grupo policial de la UDEF encargado de la causa, como en varias declaraciones tanto ante el magistrado García Castellón como recientemente en la comisión Kitchen del Congreso de los Diputados.
Las anotaciones de una de esas agendas, datada en 2015, señalan al que fuera director adjunto Operativo (DAO) del Ministerio de Interior Eugenio Pino y a , como otras dos de las personas que habrían tenido en su poder el material robado a Luis Bárcenas. Y asientan las acusaciones contra el exsecretario de Estado, Francisco Martínez; el chófer de Bárcenas y actual policía, Sergio Ríos; el comisario Enrique García Castaño y el también comisario Andrés Gómez Gordo, así como a la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. De todos ellos, el único que aún no está imputado es el exjefe de gabinete del DAO, Fuentes Gago.
"Lo que quitaron a L.B está en el despacho de GAGO. Este verano lo va a copiar"
El 8 de junio de 2015 tiene varias anotaciones relacionadas con la Operación Kitchen. En primer lugar apunta "ANDY COSPE", lo que significaría que Villarejo habría hablado con su compañero Andrés Gómez Gordo, quien fue director de Documentación [Seguridad] en la Junta de Castilla-La Mancha, quien le habría transmitido las inquietudes de su 'jefa', María Dolores de Cospedal. El mensaje era: "Estaba preocupado con la evolución de todo. Quiere darme datos de interés. Avisarle".
Prosigue con una anotación sobre el jefe de gabinete de Eugenio Pino, que es quien elabora el informe de compatibilidad de Villarejo en 2015 dando el visto bueno a sus actividades privadas. Sobe él apunta el comisario actualmente acusado por cohecho: "GAGO/ Sigue muy a favor mío y muy preocupado por mi. Me vuelve a insistir en que cuide el tfno".
Entremedias, tiene un hueco para atender al abogado e hijo de policía David Macías, que en ese momento estaba personado en la causa del pequeño Nicolás como letrado de la asociación que utilizaba Villarejo para personarse como acusación popular, pero ejerciendo de defensa encubierta (como hizo en otras ocasiones, como en el caso de la Policía Municipal contra la exlideresa del PP Esperanza Aguirre, en el caso Campeón contra el socialista José Blanco, o en el caso Castor contra el empresario Florentino Pérez). En este caso, queda patente la connivencia con los abogados del presunto estafador: "DAVID/ Envió a Víctor Sunkel copia de denuncias".
Y finalmente vuelve a hablar o a recordar el asunto relacionado con el emisario de Cospedal, Andrés Gómez Gordo (Andy), sobre el que apunta: "ANDY COSP/ Lo que quitaron a L.B está en el despacho de GAGO. Este verano lo va a copiar. CHISCO fue quien ordenó que dejara yo los contactos con SERGI [el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva]. BIG [el comisario Enrique García Castaño] es el puto amo".
"Gago me hace una copia"
Un año después, en junio de 2016, cuando la comisión judicial de la causa del pequeño Nicolás entrega el informe sobre la grabación ilegal realizada al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al juez Arturo Zamarriego y a los investigadores de la causa del presunto estafador (que solicitaban la detención y la entrada y registro de la cúpula de la Policía y de siete periodistas), todos se ponen en marcha, desde el secretario de Estado, Francisco Martínez, hasta el consejero de Atresmedia Mauricio Casals, el director de La Sexta Antonio García Ferreras o la presentadora de las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana, pasando por Villarejo, Pino, Gago, García Castaño.
Las anotaciones de esos días hablan de que Gago le entrega a Villarejo por dos veces la copia de una grabación. Público no ha podido confirmar si se trata de los audios robados a Bárcenas que se guardaban en el despacho del jefe de gabinete de Eugenio Pino o si era la grabación al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en su despacho (que grabaron ellos, como ha reconocido el propio comisario García Castaño en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, y que por aquellas fechas llegaron a este periódico).
En la grabación del extitular de Interior que se puede escuchar en Público (), y que fueron entregadas a la fiscalía y al Congreso, se percibe a Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude catalana, antes de entrar al despacho de Fernández Díaz. Según reconoció De Alfonso en su momento, lo único extraño es que poco antes le había dado su teléfono a Gago para que le hicieran una revisión por si estaba pinchado, al igual que explicó el comisario Marcelino Martín Blas tras ser grabado reunido con el CNI.
Así, Villarejo apunta en su agenda sobre Gago: "Entrega de copia. Está decidido a dar caña a Marce [por el excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas] y a Rubén [el inspector, jefe de la investigación]. Van a personarse todos como afectados".
A los pocos días, Villarejo vuelve a escribir: "GAGO/ Entrega de nueva copia. Dice que va a ir a tope contra Marcel y Rubén. Sabe el tema de Oli", en referencia a José Luis Olivera, en ese momento director del CITCO (Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) y que aspiraba a ser DAO después de Pino.
EL JUZGADO INVESTIGA SI CARGOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS FORMABAN PARTE DEL OPERATIVO
El juez García Castellón reprendió al exdirector de la cárcel de Soto del Real: "¡Compórtese con el fiscal!, ¡Lo digo una vez pero no dos!". Los investigadores constatan que la trama tenía acceso inmediato a los movimientos de Bárcenas cuando se encontraba en prisión
¡Compórtese con el fiscal!, ¡Lo digo una vez pero no dos!
La operación Kitchen, que investiga si un grupo de policías y cargos políticos espiaron y sustrajeron información relevante a Luis Bárcenas que pudiera perjudicar al PP y a sus dirigentes en el caso de su caja b, puede dar un nuevo salto cualitativo.
Al cruzar los indicios recabados con las 13 agendas incautadas al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, los investigadores han constatado que supuestamente, el imputado exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, tenía conocimiento puntual de todos los movimientos del extesorero del PP mientras se encontraba ingresado en el centro penitenciario de Soto del Real de forma preventiva, desde el 27 de junio de 2013.
Tanto de sus posibles colaboradores e incluso cómplices en la cárcel como de las visitas o actitud que mostrara el interno. Hasta han sido intervenidas notas informativas de seguimiento a Luis Bárcenas, en las que se detalla la existencia de posibles grabaciones sobre altos cargos del PP y diversa documentación que pudiera guardar.
El juez citó como testigo en esta pieza hasta ahora secreta, a quien fuera director del centro penitenciario de Soto del Real entre 2013 y 2015, José Luis Argenta, quien negó que informara al Ministerio del Interior sobre los movimientos de Bárcenas. Pero tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez interpretaron que no colaboró en aquel interrogatorio y contestó con evasivas. El fiscal le acusó de “estar a la defensiva” y de “no colaborar” con la investigación, y ante la actitud del testigo, que interrumpía e incluso no dejaba concluir las preguntas al representante del Ministerio Público, el juez Manuel García Castellón le espetó “¡compórtese con el señor fiscal!, ¡lo digo una vez pero no dos!”.
Argenta concedió que si bien él no había pasado información a nadie sobre Bárcenas, era “posible” que a través de la inspección del centro, hubiera sido facilitada a la unidad de Coordinación de Seguridad Penitencia, dirigida por un teniente coronel de la Guardia Civil y que depende de forma directa de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias.
https://cadenaser.com/ser/2021/06/21/tribunales/1624294683_446587.html
COSPEDAL DECLARA EN KITCHEN CON EL PP CERCADO POR EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN SOBRE GÜRTEL
Las agendas del comisario Villarejo, y sus grabaciones a la política y su marido, amplían los indicios contra la formación conservadora
Las sospechas que cercan al PP en la investigación sobre Kitchen se extienden ya mucho más allá del despliegue parapolicial de espionaje al extesorero Luis Bárcenas urdido para arrebatarle presuntamente documentos comprometedores para cargos del partido. La Audiencia Nacional acumula pruebas que dibujan una operación continuada durante años para boicotear las pesquisas sobre la red de corrupción Gürtel, que explotó en 2009, cuando el magistrado Baltasar Garzón desarticuló la trama y encarceló a sus cabecillas. María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de la formación conservadora, está citada este martes para declarar como imputada: entre los indicios que la señalan, los continuos contactos con ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que el comisario José Manuel Villarejo anotó en sus agendas; así como los audios de varias conversaciones entre la pareja y el policía.
La Fiscalía Anticorrupción está convencida de que, desde 2009, el PP puso en marcha una serie de maniobras ilegales para “reducir daños” por Gürtel y “proteger” a sus altos cargos. También, que Villarejo filtró a Cospedal y su esposo datos confidenciales sobre investigaciones judiciales que se encontraban bajo secreto: por ejemplo, sobre la Operación Brugal, contra el entonces presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), y sobre la rama valenciana del caso Gürtel. Para acreditarlo, el ministerio público solicitó incorporar al sumario las grabaciones del comisario de sus conversaciones con el matrimonio, incluidas por la Agrupación Reformista de Policías en una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Alicante por un delito de “revelación de secretos” y publicadas en muchos casos por el portal digital Moncloa.com.
Estos audios, datados entre julio y noviembre de 2009, evidencian la relación que tenían y los tejemanejes que se traían entre manos. Así, el 21 de julio de dicho año, Villarejo le relata a Cospedal: “[José Luis] Olivera, [jefe de la UDEF, la unidad policial que investigó Gürtel], me avisa siempre. Gracias a él he boicoteado mil cosas”. Olivera se encuentra imputado también por el magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen.
En esa cita con Villarejo, según la grabación, López del Hierro también pregunta “¿cómo debería el PP reaccionar?”: “¿Cómo le pegaría el apretón a Garzón, si es él quién lo está filtrando?”, afirma el empresario, a quien la instrucción otorga el papel de intermediario entre el comisario y la política. “La discreción es fundamental. López del Hierro y yo nos conocemos desde hace 30 años. Hemos hecho maldades juntos. Yo hace muchos años que tengo mis negocios y mis cosas”, admite el policía a la dirigente popular.
Villarejo va mucho más allá: no solo informa al matrimonio, sino que le aconseja sobre cómo maniobrar: “Hay movidas de Bárcenas muy acreditadas haciendo negocios con Arenas. Bárcenas está pringado hasta el culo”, le dice a la secretaria general: “Hay que hacer lo posible por no contaminar a Francisco Camps [presidente de la Comunidad Valenciana] con esto de la financiación ilegal del partido, porque si no estamos jodidos”. “Hay que tener preparado a Costa para que se coma lo de la financiación ilegal. Y decir que no tiene ninguna vinculación con que esté imputado el presidente”. El 13 de octubre (menos de tres meses después de esta conversación), Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, se niega a dimitir de su cargo. Un día después, el PP nacional destituye a Costa.
López del Hierro, que está citado a declarar este miércoles como imputado, también pregunta a Villarejo en octubre de 2009 directamente por el caso Brugal, entonces bajo secreto: “¿Sabes algo de un tema muy gordo que se investiga en Alicante?”. El comisario le responde: “Ya te dije, es un tema del presidente de la Diputación de Alicante, [José Joaquín Ripoll], y sale mucho [Eduardo] Zaplana en los pinchazos [telefónicos a los sospechosos]”. En efecto, un mes antes ya le había alertado de ello, según otra grabación incorporada a la causa: “Hay una investigación abierta al presidente de la diputación de Alicante. En los pinchazos entra mucho Zaplana. Le dije a Juan [Cotino], háblate con el de la Diputación de Alicante. Habla con tu parienta. Es bueno que tenga una visión global de lo que está pasando”, advierte el comisario al empresario para que lo comente con Cospedal.
El extesorero se convierte en otro tema recurrente. “Bárcenas se fue el lunes a cazar una cabra montés por la que ha pagado 7.000 euros y ya lo sabe todo Madrid”, dijo López del Hierro al policía en noviembre de 2009. “Tenéis que darle un toque al Barbas, [en referencia a Mariano Rajoy], para que le diga a Bárcenas que se tranquilice”, añade Villarejo, que también comenta a su interlocutor: “Gallardón está conspirando contra tu parienta. Quiere su puesto”. Y hablan sobre cómo contrarrestar los escándalos de corrupción que cercan al PP: “Hay que fomentar Astapa, [caso de corrupción urbanística del alcalde socialista de Estepona], para que no se hable de Gürtel”, recomienda el agente al marido de la entonces secretaria general de los populares.
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL, LA HEREDERA DE LA ‘MOCHILA’ DEL PP
La ex secretaria general popular declara a finales de mes como imputada en el ‘caso Kitchen’. Rajoy la eligió para enterrar el aznarismo; ahora Casado la vincula a “vergonzantes prácticas del pasado”
Un partido que no defiende a los suyos no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”. Es miércoles 7 de noviembre de 2018, y María Dolores de Cospedal (Madrid, 1965) incluye en su despedida de la política ese amargo reproche. El lunes había abandonado la ejecutiva del PP por el escándalo de los audios entre ella, su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y el comisario José Manuel Villarejo sobre el caso Gürtel y la posibilidad de investigar a Javier Arenas. Pensaba que el gesto sería suficiente, pero la dirección del PP calificó de “inaceptable” su conducta y terminó renunciando también al escaño. Mariano Rajoy la había nombrado secretaria general del partido en el congreso de 2008, donde quiso enterrar el aznarismo y modernizar a la cúpula —Cospedal era entonces madre soltera por fecundación in vitro—. Y 10 años después, Pablo Casado, que le debía la presidencia de la formación, la dejó caer para desvincularse de “las vergonzantes prácticas del pasado”.
La hija de Ricardo de Cospedal, uno de los impulsores del Partido Reformista Democrático, dejó la política dolida y lo sigue estando, según fuentes de su entorno. “Ella”, recuerda un veterano exdirigente del PP, “no tenía nada que ver con los casos de corrupción y detestaba a Luis Bárcenas, pero como secretaria general le tocó dar la cara por el partido”. Su enrevesada explicación de la “indemnización en diferido en forma de simulación” al extesorero la perseguirá a su pesar en todas las semblanzas. “Bárcenas”, añade este antiguo cargo popular, “sí tenía relación con Rajoy [evidenciada en aquel SMS del que se arrepintió públicamente, ‘Luis, sé fuerte’] y sobre todo con Javier Arenas, con el que compartía planta en la sede de Génova, pero no con ella”. Otro exdirigente coincide en que Cospedal sufrió el desgaste por “casos de corrupción en los que no había intervenido”, pero añade que también endosó “el marrón” de ruedas de prensa incómodas a portavoces “a los que no daba información porque no se fiaba de nadie”. La secretaria general del PP recurrió, según los investigadores, a las cloacas del Estado para tapar la cascada de escándalos que erosionaban las siglas. “Era mi deber”, insistió en el comunicado en el que explica sus conversaciones con Villarejo, “para tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo”.
Fue su marido, Ignacio López del Hierro, quien le presentó al comisario y este los alertó de la apertura de dos investigaciones bajo secreto de sumario. El empresario, recuerda un exdirigente del PP, “se dedicaba a hacer lobby y a aprovechar sus contactos para crecer. Él sí manejaba esos códigos de la vieja política. Ella no. Era una abogada del Estado, una técnica”, afirma. Entre otros consejos de administración, López del Hierro fue elegido para el de Red Eléctrica, empresa privada controlada por la participación pública, pero tuvo que renunciar. Fuentes del PP creen que la enemistad con Soraya Sáenz de Santamaría arrancó en ese momento, al atribuirle las presiones para evitar que accediese al cargo.
Era habitual ver a López del Hierro por la sede de Génova y esa presencia en la vida del partido provocó malestar en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando Cospedal le sentó a su lado, separado solo por una silla de Rajoy, en la convención del PP en 2014, cuando estaba siendo investigado por un contrato con Liberbank en el que, según los denunciantes, cobraba por no hacer nada. La causa fue archivada.
Las primarias de 2018 para elegir al sucesor de Rajoy evidenciaron que esa lista de “enemigos” o “cobardes”, como se refirió a compañeros, era larga y poderosa. Cospedal no controlaba al aparato del partido y cayó eliminada en la primera vuelta. El candidato con menos galones ganó el Congreso porque los aliados de la número dos del PP se unieron para impedir la victoria de su eterna rival. “Casado no ganó las primarias. Habríamos votado a cualquiera que no fuera Soraya”, resume el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo. Las maniobras de Cospedal para apuntalar el triunfo de Casado frente a Santamaría y las críticas a la gestión del desafío independentista —”me hubiera gustado aplicar antes el 155″— la distanciaron de Rajoy. Se había enemistado con Arenas, con quien trabajó en el Ministerio de Trabajo antes de que su carrera política despegara y se convirtiera en presidenta de Castilla-La Mancha (2011-2015) —The Wall Street Journal calificó sus recortes de “cruzada de la austeridad” y el PSOE la comparó con Thatcher— y en ministra de Defensa (2016-2018). También se distanció de Esperanza Aguirre, que en 2004 la había nombrado consejera de Transportes de Madrid en sustitución de Granados, posteriormente encarcelado. “Prácticamente su única persona de confianza era su jefe de gabinete, José Luis Ortiz”, afirma un exdirigente popular. Según la Unidad de Asuntos Internos de la Policía es el “José L. Orti” que aparece en las notas de Villarejo y que la Fiscalía sospecha que envió Cospedal para pagar encargos al comisario con fondos del partido.
“En el PP, quien la hace la paga. Que cada palo aguante su vela”, declaró Cospedal en 2013. La justicia investiga ahora si ese afán regenerador del que presumió tantas veces se acercaba más a un plan para ocultar pruebas de corrupción. A finales de mes declara como imputada, como su marido, en el caso Kitchen, que investiga el espionaje a Bárcenas con fondos reservados.
https://elpais.com/ideas/2021-06-20/maria-dolores-de-cospedal-la-heredera-de-la-mochila-del-pp.html
EL JUEZ DESCONFÍA DE OLIVERA: "LAS GRABACIONES CONTRADICEN LO QUE HA DICHO"
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, resta crédito al testimonio del exjefe de la UDEF y del CITCO, José Luis Olivera, imputado por formar parte del operativo para impedir la investigación contra la caja b del PP
La Cadena SER ha tenido acceso al contenido de los votos concurrentes que dos consejeros del Tribunal de Cuentas emitieron durante la elaboración del informe de fiscalización de la acción exterior del Govern durante el procés de 2011 a 2017, la fórmula que utilizan los miembros del organismo cuando discrepan de los argumentos, pero comparten la resolución. En este caso, además del voto particular de la consejera María Dolores Genaro, el informe contó con duras críticas sobre los procedimientos técnicos y el contenido.
Según recoge el acta del proyecto de elaboración del informe, ambos consejeros critican que no se les diera “el mínimo plazo" para llevar a “el necesario control de calidad”. En estas condiciones, formularon una queja y solicitaron una prórroga por parte de dos Departamentos y hubo un “rechazo sistemático” a darles más tiempo. “No se alcanza a comprender la urgencia en la tramitación” reprocha uno de los consejeros, en un informe de “la relevancia, complejidad y extensión” como el que iba a aprobarse.
“La innecesaria urgencia en su tramitación, la confusa puesta de manifiesto de los resultados de fiscalización, las deficiencias de las que adolece el trámite de alegaciones” así como los “numerosos casos de imprecisión y falta de rigor en la redacción”, además de la “falta de datos” que cuando se reclamaron por los consejeros fueron “simplemente rechazados sin la debida contestación” y “todo ello por una celeridad innecesaria, sino más bien perjudicial” para “la tramitación de este informe” apuntan.
Según su criterio, las deficiencias afectaron al procedimiento y al contenido ya que se saltaron procedimientos básicos. Por ejemplo, no hubo intención de dar trámite de alegaciones a las entidades públicas fiscalizadas, ni al Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La tramitación de este informe “genera incertidumbre e inseguridad jurídica” una restricción, se llega a señalar, contraria a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la UE.
En sendos escritos recogidos en las actas piden que se incluyan “en lo posible documentos oficiales” y “no notas de prensa”. Además, el informe también carecía de una comparativa con gastos sobre la acción exterior de otras comunidades autónomas.
En uno de los viajes fiscalizados del consejero de asuntos exteriores “es del todo impropio de un informe del Tribunal de Cuentas detallar las actividades informales de los fiscalizados, labor más propia de un atestado policial". En este caso, además de la "inconcreción de los asistentes a la comida y su relación con el objeto del informe son absolutamente inadecuados”, señalan.
En esas condiciones, “se ha impedido a los consejeros un adecuado proceso de debate, proceso que garantiza el control de calidad de los informes”. Y “la proliferación de deficiencias técnicas en el texto cuestiona la calidad del resultado final”, advierten.
Los consejeros llegaron a detallar más de 60 actividades no contables e incluso actividades dentro del “ejercicio derecho de libertad de expresión”. Un informe, en definitiva, que incurre en términos genéricos, contrario a las normas del tribunal, llegan a decir.
https://cadenaser.com/ser/2021/06/28/tribunales/1624887316_158192.html
KITCHEN PP: EL PP AFRONTA LOS DÍAS FUERTES DE DECLARACIONES EN LA 'KITCHEN' ANSIANDO LA DESIMPUTACIÓN DE COSPEDAL
La cúpula directiva del Partido Popular se enfrenta a otro calvario judicial a cuenta de la Kitchen, la trama que investiga el presunto espionaje ilegal desplegado en torno al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Esta semana deberán comparecer en la Audiencia Nacional la exnúmero dos del PP, María Dolores de Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro y el que fuera jefe de gabinete de la 'popular' en el Ministerio de Defensa, José Luis Ortiz, entre otros cargos. La exministra comparecerá este martes, un día antes que su marido y su antiguo subordinado. Los tres están investigados por cohecho, malversación y tráfico de influencias
En el PP anhelan su desimputación. Los cargos consultados por Público creen que las explicaciones de la exsecretaria general del partido bastarán para convencer al juez Manuel García Castellón de su "inocencia", aunque pronostican que el caso se alargará con la comisión de investigación en el Congreso. El mismo día en el que se levantó el secreto de sumario la expolítica acudió a la Cámara Baja a rendir cuentas ante los diputados, pese a que horas antes se decidió aplazar su comparecencia. "Verla allí sola, perdida, con los ujieres, fue un 'shock'. Ella, que lo fue todo en el partido", señalan voces de la dirección del Congreso.
Otros temen que sus declaraciones "frenen el crecimiento" que ha experimentado el PP en intención de voto en los últimos meses, según algunos sondeos, aunque en ese sentido exponen que sus declaraciones se producen en "un buen momento" a inicios del verano. "La gente no está a la política, sino a sus vacaciones. Y más después de un año pandémico", razonan.
A Cospedal se le atribuye "el montaje" del dispositivo parapolicial para robar a Bárcenas información comprometida que pudiera implicar a la dirección del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza. El juez sospecha que la intervención de Cospedal y López del Hierro pudo ser "decisiva" para captar como confidente policial en la operación a Sergio Ríos, entonces chófer de la familia Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de Cospedal en noviembre de 2020.
Las deudas de Casado con Cospedal
Su imputación cayó como un jarro de agua fría en Génova: Cospedal fue la clave para que el actual líder popular, Pablo Casado, llegara al poder en el año 2018. Una deuda que el conservador saldó colocando a la exsecretaria general dentro del Comité Ejecutivo del PP y premiando con cargos de relevancia a sus afines. Unos meses después, renunció a su puesto en el órgano de dirección del PP tras hacerse públicas las grabaciones entre ella y el comisario jubilado José Manuel Villarejo y días más tarde dejó también su escaño en el Congreso.
El presidente popular le agradeció su decisivo apoyo en las primarias con estas palabras: "Gracias María Dolores por todo lo que has hecho por este partido, por ser una candidata ganadora en Castilla La-Mancha, por ser una ministra y una consejera excelente, por ser quién ha dado la cara en las peores circunstancias por el partido. Muchas gracias", le espetó frente a un auditorio que irrumpió en aplausos.
Pese a su salida de la política activa, Cospedal siempre será la valedora de Casado. Por ese motivo el PP no le abrió expediente informativo tras conocerse su imputación, alegando que en el momento de los hechos la exnúmero dos de Génova no tenía un cargo público. Un razonamiento que contrasta con las medidas ejercidas contra el exministro Jorge Fernández Díaz al poco de conocerse que había sido imputado por este mismo caso. A él sí se le abrió expediente.
El voto de silencio de Casado con la corrupción del PP
"Hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad de presidente del PP", esas fueron las declaraciones del presidente popular cuando trascendió públicamente la imputación de Cospedal. Esas palabras se produjeron en respuesta a las insistentes preguntas de la prensa mientras simpatizantes del PP increpaban a las periodistas que las formulaban. Lejos de censurar esa actitud, el presidente del Partido Popular señaló que estaba "bastante de acuerdo con esos señores" que querían censurar las preguntas.
Casado anunció que no iba a responder a más preguntas sobre la corrupción de su partido, que enmarca en "épocas pasadas" en las que él era un "estudiante de BUP" o un simple "diputado raso", pese a que la Kitchen data del año 2013. El conservador realizó esa declaración de intenciones en el mes de febrero, tras la debacle de su formación en las elecciones catalanas, en las que pasó de 4 a 3 diputados. La interpretación de Génova fue que Bárcenas había entrado de lleno en la campaña autonómica por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.
El líder de la oposición realizó otro sorpresivo anuncio que ya se venía barruntando desde hace meses: el cambio de la sede de Génova a otro emplazamiento para "desvincularse" de la corrupción del partido. Una mudanza que se vendió como "inminente" y a la que todavía no se le ha puesto fecha, a la espera de que les llegue una oferta convincente por el edificio.
EL EXJEFE DE LA UDEF SE ALINEA CON VILLAREJO AL AFIRMAR QUE TODOS EN LA POLICÍA CONOCÍAN SUS NEGOCIOS PRIVADOS
José Luis Olivera asegura que todos los mandos policiales han sabido siempre de las empresas de Villarejo y que incluso se usaron en importantes operaciones, como el caso Malaya
El comisario jubilado siempre ha defendido que sus superiores eran conocedores de su actividad privada y que incluso el CNI le encargaba trabajos de inteligencia
José Luis Olivera, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), es el más reciente imputado en el caso Villarejo, pero un personaje más crucial de lo que a priori pudiera parecer en esta macrocausa sobre las supuestas actividades ilícitas del comisario jubilado. De ilegalidades no ha hablado Olivera en su primera declaración ante el juez, pero sí ha aportado una nueva versión de la que otros antiguos compañeros del Cuerpo ahora reniegan. Según ha afirmado, en la Policía era sobradamente conocido que Villarejo tenía negocios privados de espionaje al tiempo que seguía ejerciendo como comisario y que esos negocios se utilizaban también en operaciones oficiales para conseguir información que, por otros medios, los investigadores eran incapaces de obtener.
Esta es una de las líneas de defensa que viene manteniendo Villarejo desde que fue detenido en noviembre de 2017: que sus actividades en lo privado con sus empresas de detectives eran perfectamente conocidas por sus superiores y que tenía autorización y encargos incluso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para labores de tipo operativo.
Según han informado a infoLibre fuentes presentes en el interrogatorio de este lunes en la Audiencia Nacional, Olivera no recuerda bien el año que conoció a Villarejo, pero sí que fueron presentados por el que entonces era el comisario general de policía judicial Jesús Espigares, quien le comunicó que era un "compañero en excedencia", pero que colaboraba con la Policía y que se utilizaban sus empresas de detectives para determinadas misiones. Una de las primeras operaciones de las que fue testigo fue la detención en Grecia del conocido narcotraficante Laureano Oubiña y, según Olivera, la "información tan buena" que permitió esto provino de Villarejo, algo que le dejó "impresionado". Esto tuvo lugar en octubre de 2000.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Olivera ha explicado al juez Manuel García Castellón que fue unos años después cuando se enteró de que Villarejo no estaba en excedencia y que era un compañero más en activo. Se enteró, ha dicho, por "casualidad" al ver su nómina, que ha definido como bastante baja para un puesto de comisario. Fue nuevamente Espigares quien le confirmó que Villarejo era propietario de unas empresas que la Policía podía utilizar para cobertura en operativos, dejándole claro también que no era "el único".
El patrimonio de Juan Antonio Roca
Como ejemplos de esta cobertura, Olivera ha recordado casos tan importantes como la operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Su colaboración habría servido para localizar el patrimonio de Juan Antonio Roca, una información que, según ha indicado, la Policía no podía conseguir porque era detectada en los servidores del registro de la localidad malagueña. También habría ayudado a lograr documentación patrimonial de Roca en Madrid y, según el exjefe de la UDEF, todos estos datos Villarejo los ponía a disposición de investigadores, jueces y fiscales. De igual modo habría hecho en los inicios del caso Gürtel.
Olivera ha subrayado que la actividad privada que desarrollaba Villarejo al tiempo que mantenía su puesto de comisario lo sabían los mandos policiales y también otros compañeros. Incluso, los directores adjuntos operativos (DAO) que han ido cambiando con los gobiernos desde entonces, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas. Y por eso el exjefe de la UDEF ha añadido que le sorprende que otros imputados en la macrocausa, expolicías que conocían a Villarejo, nieguen ahora que estaban al corriente de su doble actividad pública y privada. Entre esos policías que, según él, lo sabían ha citado a Julio Corrochano, exjefe de seguridad en BBVA.
Aparte de los puestos de responsabilidad que ostentó en la Policía, a Olivera le une una relación de confianza desde hace más de veinte años con el comisario jubilado, o eso se deduce de las grabaciones que éste realizó en sus múltiples encuentros, conversaciones, comidas que ambos mantuvieron y que obran en el sumario de la macrocausa que se instruye en la Audiencia Nacional. De hecho, el magistrado García Castellón ya ordenó investigar sus cuentas y patrimonio ante la posible colaboración que habría prestado a Villarejo en sus negocios privados, pues la Fiscalía Anticorrupción veía indicios de un “concierto económico permanente” entre ambos, “a modo de iguala o comisión”. El primero llegó a alardear ante un posible cliente de sus empresas de detectives “su amistad” con el exjefe de la UDEF, al que definía como “tronquete”, insinuando que éste podría facilitarle información por su condición policial.
Olivera, quien en el otoño de 2019 fue fichado por la Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales como gestor de riesgos, ha preferido no comentar ante el juez las grabaciones que le comprometen, alegando que no ha tenido aún acceso a todo el sumario de la causa –lo que apunta a una nueva citación judicial en un futuro–, pero ha apuntado que lo que decía Villarejo hay que ponerlo en cuarentena porque le gustaba "alardear". El exjefe de la UDEF ha preferido también contestar únicamente al instructor y a su defensa, obviando así al Ministerio Público y a los representantes de otros investigados y de las acusaciones populares.
Olivera ha sido imputado en la operación Kitchen, la pieza número siete que investiga el operativo parapolicial financiado con fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y poder robarle documentación que se podría haber llevado del partido cuando fue despedido, información sobre la contabilidad opaca que manejó y sobresueldos en b a dirigentes conservadores, e incluso dos posibles audios que incriminarían al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el ex secretario general Javier Arenas. Según los cuadernos intervenidos a Villarejo, el exjefe de la UDEF habría tenido conocimiento del operativo y el juez le sitúa como uno de los comisarios a los que se les encomendó el espionaje. De ahí que su citación como investigado haya sido inevitable.
Sin embargo, Olivera ha negado saber nada de la ilegalidad de la operación Kitchen, aunque sí ha dejado caer que Villarejo le había comentado algo respecto a un operativo para buscar patrimonio oculto de Bárcenas en el extranjero, por lo que esto no le extrañó, ya que él, que había sido jefe de la UDEF, sabía por dónde iban los derroteros del caso Gürtel, en el que el extesorero del PP también estaba investigado por delitos fiscales y blanqueo de capitales. El juez, no obstante, no ha quedado muy convencido: "Los audios contradicen casi todo lo que ha dicho usted", le ha advertido, según las fuentes consultadas.
La versión de Morocho, una "fantasía"
La instrucción de Kitchen, que lleva abierta desde el otoño de 2018, ha desbordado los años en los que esta trama estuvo en marcha, entre 2013 y 2015 según los investigadores, y ha sacado a la palestra otros supuestos intentos para boicotear la otra gran causa que esos años cercaba al PP: el caso Gürtel. Aquí también está señalado Olivera, a quien el inspector al mando de esta investigación que arrancó en 2008, Manuel Morocho, ha situado como uno de los superiores que intentó apartarle y retrasar las pesquisas. Para el comisario ya retirado, la versión de Morocho de que le ofreció un puesto en Lisboa para alejarle del caso es una "fantasía", ya que entonces, en junio de 2013, ya no estaba en la UDEF, sino en el CITCO, y no tenía capacidad para asignar un puesto así aunque luego sí dependiera "funcionalmente" de él, según las fuentes presentes en el interrogatorio. También ha acusado a Morocho de ser un "narcisista".
Ha negado haber presionado al inspector para que cambiara informes que afectaban a dirigentes del PP; en todo caso, ha remarcado, se trataba de "corregir" o "revisar" ciertas cosas porque, según su relato, Morocho daba por sentadas conclusiones que podían comprometer el trabajo policial. "La palabra presionar, no", ha insistido, para también afirmar que esos informes "nunca" los pusiera en conocimiento o copia de personas equivocadas. Eso sí, ha comentado que es algo habitual que los informes de cualquier investigación pasen por varias manos antes de llegar al juez instructor: del inspector, al jefe de sección, después al jefe de brigada y por último al jefe de unidad.
Es más, por lo que ha dicho se considera una víctima más de la llegada al poder del PP a finales de 2011, pues según ha contado fue apartado de la UDEF meses después porque esta unidad policial era "la bestia negra" del partido conservador por las investigaciones que habían llevado a cabo, como Gürtel. Se creó un "clima", ha dicho, en el que ya no se podía "trabajar igual".
EL EXJEFE DE LA UDEF NIEGA PRESIONES DE FERNÁNDEZ DÍAZ PARA TORPEDEAR LAS CAUSAS QUE AFECTABAN AL PP
Asegura que todos los mandos policiales han sabido siempre de los negocios privados de Villarejo y que incluso se usaron para importantes operaciones
El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional José Luis Olivera ha desmentido este lunes en la Audiencia Nacional las "presiones" de las que habló el inspector Manuel Morocho, quien aseguró ante este mismo tribunal que durante sus años de investigación de la trama Gürtel y la contabilidad b del PP sus superiores maniobraron para apartarle del caso y retrasar las diligencias, según han informado a infoLibre fuentes jurídicas. Ha llegado a acusar a Morocho de ser un "narcisista".
Olivera comparece como investigado ante el juez Manuel García Castellón en relación con la operación Kitchen, el operativo parapolicial que se puso en marcha en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas después de que salieran a la luz sus anotaciones sobre la caja b y los sobresueldos a dirigentes del partido. Los imputados tienen derecho a mentir en sus declaraciones. Morocho compareció como testigo y, como tal, estaba obligado a decir la verdad.
Entre las muchas "presiones" de las que habló Morocho, una de ellas fue que Olivera le citó en junio de 2013 en una cafetería para ofrecerle un puesto mejor en Lisboa y que cuando estaban reunidos dijo recibir una llamada del mismísimo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. "Ministro, estoy ahora con él", dijo Morocho que escuchó decir a Olivera cuando recibió esa llamada. El exjefe de la UDEF ha negado este lunes ante el magistrado este extremo y ha asegurado que quien llamó fue su mujer. Según su versión, él no tenía ni el teléfono del ministro y que su cargo de ese momento, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), no le otorgaba ninguna capacidad para hacer ofrecimientos como el que dice Morocho.
El inspector estuvo declarando hace dos semanas durante varias horas en las que aseguró que las maniobras para torpedear Gürtel y caja b incluyeron instrucciones de sus superiores para que modificara los informes que debían entregarse al juez que instruía ambas causas en la Audiencia Nacional. Olivera lo ha negado y ha explicado que es algo habitual que los informes de cualquier investigación pasen por varias manos antes de ir al instructor: del inspector, al jefe de sección, después al jefe de brigada y por último al jefe de unidad. Olivera fue el jefe de unidad, la UDEF que investigaba Gürtel, hasta 2013.
Según las fuentes consultadas, Olivera ha decidido contestar únicamente a las preguntas del juez y a las de su defensa, obviando así a la Fiscalía Anticorrupción y a los representantes de otros investigados y de las acusaciones populares. Su declaración ha sido bastante general y ha manifestado que de la operación Kitchen no tuvo ningón conocimiento. También ha negado conocer a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien declara este martes en la Audiencia Nacional, y al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ambos también están imputados por el espionaje a Bárcenas.
García Castellón ha llamado la atención a Olivera de que las anotaciones de la agenda del comisario jubilado José Manuel Villarejo contradicen lo que está contando, ya que le implican directamente en esas posibles maniobras contra Morocho. El exjefe de la UDEF se ha ratificado en lo dicho, pero ha reconocido que no ha tenido tiempo de leer y analizar todo el sumario de la causa, así que no ha descartado volver a comparecer para seguir explicándose.
De su relación con Villarejo, evidenciada en la multitud de apuntes de los cuadernos del comisario jubilado y en numerosas grabaciones en las que aparece, Olivera ha contado que le conoció hace más de veinte años y que les presentó el entonces comisario general de policía judicial Jesús Espigares. Éste, según Olivera, le comentó que Villarejo colaboraba con ellos y que utilizaban sus empresas de detectives para determinadas misiones. El exjefe de la UDEF ha querido dejar claro que todos los mandos policiales y todos los directores adjuntos operativos (DAO) han conocido siempre la doble actividad de Villarejo, como comisario y en el ámbito privado.
Según su relato, la primera vez que colaboró con Villarejo fue porque, ha dicho, facilitó la detención del conocido narcotraficante Laureano Oubiña, entonces de los más buscados. Después, ha añadido, la estructura empresarial del comisario jubilado se llegó a utilizar en otras operaciones importantes como el caso Malaya, de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Su colaboración habría servido para localizar el patrimonio de Juan Antonio Roca.
EL EXJEFE DE LA UDEF ATRIBUYE AL PP LAS PRESIONES PARA BOICOTEAR LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA GÜRTEL
El comisario José Luis Olivera, imputado por la Audiencia Nacional en el ‘caso Kitchen’, niega ante el juez su participación en el espionaje ilegal a Bárcenas
El comisario José Luis Olivera, imputado en el caso Kitchen, ha negado este lunes ante el juez Manuel García-Castellón su implicación en cualquier irregularidad, tanto en la trama parapolicial de espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas como en el continuado boicot a las pesquisas sobre la trama Gürtel, que asola al PP desde 2009, según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. El que fuera mando de la Policía, que actualmente trabaja como asesor de seguridad para la Real Federación Española de Fútbol, ha rechazado que él participara en los intentos de torpedear la instrucción judicial que dirigió Pablo Ruz, entonces magistrado en la Audiencia Nacional, y también ha refutado la denuncia del inspector jefe Manuel Morocho, que relató hace dos semanas cómo Olivera trató de apartarlo de la causa ofreciéndole un destino mejor remunerado económicamente.
Eso sí, el imputado ha asegurado que la llegada del PP en 2011 al palacio de la Moncloa supuso un antes y un después en el día a día de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que él dirigió hasta principios de 2012 y que fue la encargada de investigar la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa. ”No se trabajaba igual [...] Eran todo pegas, todo presión, no te daban lo que pedías”, ha dicho. “Querían desintegrarla”, ha afirmado en otro momento antes de asegurar que la unidad policial y sus integrantes eran considerados “la bestia negra del PP”. Ha llegado a presentarse como una víctima más al achacar “totalmente” su destitución como jefe de la misma a la llegada de los populares al Gobierno.
Según coinciden en señalar fuentes presentes en el interrogatorio, el comisario ha optado por responder solo a su abogado y al juez García-Castellón. Al abordar la Operación Kitchen, el despliegue de espionaje urdido en 2013 por el Ministerio del Interior para arrebatar presuntamente a Bárcenas todos los documentos comprometedores para altos cargos del PP que pudiera guardar, Olivera ha afirmado que “poco” podía saber sobre un operativo en el que, ha insistido, no participó. Además, tampoco ha querido pronunciarse sobre los indicios del sumario que lo señalan —como audios y las agendas de Villarejo— hasta que no haya podido escuchar y ver todo eso. Preguntado uno por uno por su relación con los otros mandos policiales y cargos políticos imputados en la causa, Olivera ha reducido esta a “cuestiones profesionales” o, en algún caso, de “tomarse cañas”. También ha negado vínculos con la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal (que declara como imputada este martes en la causa) y con su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro (que lo hará el miércoles), aunque ha afirmado que sabía que el matrimonio tenía amistad con Villarejo.
Durante su declaración, el alto mando policial se ha mostrado especialmente duro contra Morocho, inspector jefe de la UDEF que dirigía la investigación del caso Gürtel. Morocho denunció ante el juez cómo trataron de sabotear sus pesquisas desde la cúpula de la Policía y del Ministerio del Interior en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy: modificaron sus informes, le presionaron, le sobrecargaron de trabajo con otro destino para que no avanzara en sus pesquisas e, incluso, trataron de ganársele ofreciéndole un puesto en la Policía mejor retribuido. Sin embargo, Olivera ha perfilado al que fuera su subordinado como un mentiroso que llegaba a conclusiones “demagógicas” que, en su opinión, a veces “no tenían base real”. El comisario ha añadido que Morocho tenía un carácter “difícil” y que, por ello, no hacía caso de las observaciones que sus superiores hacían de los informes: “La mayoría salían como él decía. Era difícil convencerle”.
Según Olivera, él nunca paralizó ningún informe de Gürtel sobre dirigentes del PP. Entre otros, se ha referido al que Morocho redactó sobre la exministra Ana Mato y su exmarido, Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y condenado por la trama de corrupción liderada por Francisco Correa: “En 2012, [Morocho] me enseña un borrador que no estaba completo… ‘Madre mía, con la que está cayendo’, [pienso]. Él no sabía que a mí me estaban cesando. [Y le digo]: ‘Mira, este informe, tal como está, necesita el 101% de rigor, y el 0% de error. Quiero que se compruebe todo, las empresas… No se te ocurra mandarlo [el informe de Mato y Sepúlveda] directamente [al juez], porque te van a fusilar”, ha asegurado que le dijo al inspector jefe.
“Podía ser que le pidiera corregir, que ampliara, que mirara más cuestiones, que completara... Pero presionar, no”, ha insistido Olivera, a quien Morocho situó en una reunión en junio de 2013 donde, según la versión del agente de la UDEF, le ofreció el traslado a distintos destinos en el extranjero para intentar apartarlo así de las pesquisas de Gürtel. Según narró al magistrado, trataron de comprarlo con un puesto suculento en la Embajada de Lisboa. También en Viena y la ONU. Y, durante esa reunión en una cafetería de Madrid, Olivera recibió una supuesta llamada del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para interesarse por el tema: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, afirmó Morocho que dijo el comisario a su interlocutor.
El imputado ha negado este lunes esta versión de los hechos y ha adjudicado al propio Morocho la iniciativa de aquel encuentro y de la idea de optar al puesto en Portugal. “¿[Morocho] se pensaba que era tan importante para que el ministro se preocupara por él?”, ha cuestionado Olivera ante el magistrado García-Castellón, a quien ha repetido que la llamada que recibió durante la cita no fue de Fernández Díaz, sino de su propia esposa, que les propuso subir a casa a continuarla allí, según fuentes jurídicas. El comisario ha vuelto a la carga entonces contra el inspector jefe de la UDEF, a quien acusa de considerarse más importante para las pesquisas de Gürtel “de lo que realmente era”. Sin embargo, el juez ha puesto en duda su versión, vistos los indicios que constan en el sumario, sobre todo las grabaciones de sus conversaciones con el también comisario José Manuel Villarejo.
La relación con Villarejo
La investigación ha revelado la cercana relación que mantenía Olivera con Villarejo. Las agendas del comisario jubilado rebosan supuestos contactos y conversaciones con Olivera, al que se refiere con el apodo de Oli, quien también aparece en distintos audios incorporados a la instrucción —entre ellos, alguno en los que conversan sobre Kitchen—. La Fiscalía sospecha que el exjefe de la UDEF hasta 2012 y posterior responsable del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, que después se renombraría como CITCO al asumir también funciones antiterroristas, mantenía una estrecha relación con Villarejo y que, incluso, participaba de sus negocios.
Pero Olivera ha negado este lunes esas acusaciones. Según las mismas fuentes jurídicas, el comisario ha dicho que nunca cobró de la trama encabezada por Villarejo y que, además, creía que este se encontraba en excedencia. En esa línea, ha añadido que la estructura empresarial del principal imputado sí prestó cobertura al Estado en algunas investigaciones, como el caso Malaya, sobre la red de corrupción urbanística urdida en Marbella (Málaga).
LA NOTAS DE VILLAREJO APUNTAN A QUE LA TRAMA KITCHEN GUARDÓ EN UN EDIFICIO POLICIAL DOCUMENTACIÓN ROBADA A BÁRCENAS
El comisario recogió en sus agendas que la información supuestamente sustraída al extesorero estuvo, al menos hasta 2015, en el despacho en la Dirección General de la Policía de uno de los imputados
La documentación supuestamente sustraída al extesorero del PP Luis Bárcenas durante la llamada Operación Kitchen permaneció oculta en un edificio anexo a la Dirección General de la Policía al menos hasta 2015, según se desprende del contenido de las 13 últimas agendas intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Según esas anotaciones, los datos robados a Bárcenas permanecieron hasta ese año en el despacho oficial que ocupaba en una comisaría colindante el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los investigados en la trama. Este era entonces una persona de confianza del comisario Eugenio Pino, máximo responsable uniformado de la Policía Nacional y señalado como supuesto urdidor del operativo de espionaje ilegal al extesorero. Tanto el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como la Fiscalía Anticorrupción dan credibilidad a los apuntes de Villarejo porque su contenido es corroborado por otras pruebas recabadas en la investigación.
Bárcenas ha asegurado en sus declaraciones que, mientras estuvo en prisión provisional, alguien sustrajo documentación en papel y un pincho de un local para restaurar muebles que tenía su esposa, Rosalía Iglesias, también condenada en el caso Gürtel, la trama encabezada por Francisco Correa y que implicó a numerosos cargos públicos del PP. En la pequeña memoria informática, Barcenas aseguró que tenía guardadas dos grabaciones, una con la supuesta conversación que mantuvo con el presidente de su partido, Mariano Rajoy, en 2009, y que presuntamente incrimina al presidente popular en la caja b del PP. Bárcenas, que en anteriores declaraciones había negado que existiera ese archivo sonoro, asegura ahora que alojó otra copia de este audio en la nube [almacenamiento virtual] y que encargó a un recluso que salía de permiso que lo destruyera, pero que este no llegó a completar el encargo.
El extesorero afirma que, cuando salió en libertad provisional en 2015, toda la documentación que tenía había desaparecido. Sin embargo, todos los policías imputados en la causa han negado hasta ahora haber logrado sustraer documentación al extesorero, aunque uno de ellos, el comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo y que colabora con la justicia, ha admitido haber entrado de manera irregular en el local de Rosalía Iglesias, pero ha insistido en que no encontró nada. Este ex alto mando policial sí ha reconocido que se hicieron con dos móviles del matrimonio y que accedieron a su contenido e hicieron copia del mismo.
Las agendas intervenidas el pasado octubre a Villarejo, y cuyo contenido se está conociendo en los últimos días, apuntan en el sentido contrario a lo afirmado hasta ahora por los policías investigados. El 8 de junio de 2015, cuando la trama había dado ya por concluida la Operación Kitchen, el comisario jubilado anotó los detalles de una conversación telefónica mantenida con Andy, el apodo con el que se refería al ahora también comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando esta fue presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha. De hecho, justo debajo del alias del agente, Villarejo anotó “Cosp” y una referencia a un denominado “informe Caronte”, desconocido hasta ahora.
Junto a ello, la siguiente anotación: “Lo que le quitaron a LB [Luis Bárcenas] está en el despacho de Gago”, en referencia al inspector jefe Fuentes Gago, imputado en la causa por tener “pleno conocimiento de la puesta en marcha y ejecución de la llamada Operación Kitchen”, como recoge el juez García Castellón en el auto por el que imputó a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. La anotación continúa con la frase “este verano lo va a copiar” y una referencia al entonces secretario de Estado de Seguridad y también imputado en la causa, Francisco Martínez: “Chisco [apodo que usaba Villarejo con Martínez] fue quien ordenó que dejara yo los contactos con Sergi [Sergio Ríos, chófer de Bárcenas]-Big [apodo del comisario Enrique García Castaño] es el puto amo”.
En junio 2015, cuando está datada esta nota, Fuentes Gago figuraba como adscrito a la Comisaría de la Casa de Su Majestad el Rey, aunque en realidad ejercía de jefe de gabinete del comisario Pino en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y, por ello, tenía un despacho en un edificio anexo a la sede de la Dirección General de la Policía, en la calle Miguel Ángel, de Madrid. En concreto, junto a las dependencias de la comisaría del distrito de Chamberí, a la que se accedía por la calle Rafael Calvo, según detallan fuentes policiales. Allí también tenían sus puestos de trabajo otro de los hombres de confianza del jefe de la Policía, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, también imputado en la causa, y desde comienzos de aquel año el entonces inspector Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel. Según denunció Morocho la pasada semana en su declaración como testigo ante el juez del caso Kitchen, él fue trasladado en enero de ese año a estas dependencias dentro del plan del Ministerio del Interior para sobrecargarle de trabajo y dificultar sus pesquisas sobre la caja b del PP iniciada tras publicar EL PAÍS los llamados papeles de Bárcenas.
La anotación de Villarejo se produce, además, solo unas semanas después de que la trama Kitchen hubiera intentado blanquear el espionaje ilegal al extesorero incluyendo, en la base de datos policial GATI (siglas de Grupo de Análisis y Tratamiento de Información) una nota con algunos datos genéricos sobre sus pesquisas sin control judicial para darle apariencia de que era una investigación policial al uso. En realidad, la nota, con el número de registro NIV UNO00029/15, recogía información ya conocida por los investigadores del caso Gürtel y, por tanto, sin ningún valor. De hecho, la misma recogía que la esposa de Bárcenas visitaba frecuentemente un estudio ―donde, según el extesorero, le sustrajeron documentación―, aunque la dirección que reflejaba la nota era errónea. El encargado de incluirla en la base de datos fue el comisario Gómez Gordo, el hombre de confianza de Cospedal, y el interlocutor con el que Villarejo supuestamente comentó el lugar exacto en el que se encontraba el material presuntamente sustraído a Bárcenas.
LAS AGENDAS DE VILLAREJO CONFIRMAN LA OPERACIÓN ILEGAL PARA SALVAR AL PP Y A RAJOY
El comisario anotó el interés del ministro Fernández Díaz por las grabaciones y los recibís que pudiera guardar Bárcenas
El 17 de julio de 2013, sólo dos días después de que Luis Bárcenas, tesorero del PP, protagonizase ante el juez Pablo Ruz la confesión más explosiva de la democracia sobre 20 años de corrupción en su partido, altos mandos policiales maquinaron de urgencia una operación ilegal para evitar más daño al Gobierno de Mariano Rajoy.
Aquella confesión de Bárcenas dejó algunas preguntas sin respuesta sobre la existencia de grabaciones o más pruebas documentales de la corrupción del PP. Y los comisarios de policía con más poder, alentados por sus jefes políticos de Interior, se pusieron a buscar esos nuevos indicios para que no llegaran al magistrado instructor, según la investigación judicial.
Esas oscuras maniobras, conocidas como Operación Kitchen, han desencadenado la imputación de media docena de mandos policiales y de los dos principales responsables políticos de Interior en aquel momento, el ministro, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado, Francisco Martínez.
El juez que instruye el caso acumula numerosos indicios de aquellas actividades supuestamente delictivas. Pero ahora las agendas de Villarejo, incautadas en octubre pasado en uno de los domicilios del comisario, han destapado nuevas pruebas para apuntalar todas las sospechas.
Jorge Fernández Díaz, uno de los ministros más leales al entonces presidente Mariano Rajoy, estaba al tanto de todo el plan policial para buscar los secretos que Bárcenas aún no habían confesado al juez. Para demostrar este hecho, Francisco Martínez, número dos de Interior, levantó acta notarial de los mensajes telefónicos que le envió el ministro sobre la operación ilegal en marcha.
El sábado 13 de julio de 2013 ya se sabía que el lunes siguiente Bárcenas iba a tirar de la manta ante el juez. Ese sábado, el ministro envió este mensaje a su secretario de Estado: “Chófer B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con la mujer). Es importante”. El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, era una pieza clave de toda la trama policial porque se convirtió en confidente de la policía para conocer lo que podía guardar el extesorero.
Pero el ministro sostuvo ante el juez que nunca envió ese mensaje ni conoció ni ordenó ninguna operación policial para robar documentación a Bárcenas que pudiera comprometer al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los cuadernos encontrados en un registro dirigido por la Fiscalía Anticorrupción en la casa de Villarejo apuntalan ahora la versión de Martínez y comprometen al ministro del Interior.
Lo que sigue resume dos semanas de la agenda de Villarejo desde el 17 de julio de 2013, dos días después de la confesión explosiva de Bárcenas ante el juez y cuatro días después de que el ministro del Interior alertara supuestamente a su número dos del papel clave que podía desempeñar el chófer de la familia Bárcenas.
17 de julio de 2013. “Sobre grabación LB. Pendiente conductor”. Enrique García Castaño, entonces comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), al que se encarga la operación de espionaje ilegal a Bárcenas, según él mismo ha confesado, habla con su compañero José Manuel Villarejo. Este comisario apunta en su agenda de ese día bajo el nombre BIG, con el que denominaba a García Castaño: “Sobre grabación LB – pendiente conductor LB. Gabinete de crisis. Seguimiento para ver donde están los temas”.
La captación del chófer como confidente de la policía todavía estaba pendiente. García Castaño se había aproximado al conductor sin demasiado éxito. Y Villarejo lo registró en su agenda.
18 de julio de 2013. “Forzando contacto con chófer L. B.” Villarejo apunta en su agenda una clave para lograr que el chófer de Bárcenas colabore en la Operación Kitchen. La clave se llama Andrés Gómez Gordo, un policía de confianza de Dolores de Cospedal, que le ha nombrado director general en Castilla-La Mancha. Villarejo escribe: “ANDRES GÓMEZ ha recurrido SERGIO el conductor para contarle que se le han acercado”. Ese mismo día, Villarejo habla supuestamente con Ignacio López del Hierro, pareja de Cospedal, y escribe: “Él se encarga de hablar con ANDRES GORDO”. A la vez, el comisario Villarejo registra en su agenda otra conversación con el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez: “Forzando contacto con chófer LB. Quedo en cerrar la reunión”.
22 de julio de 2013. “CHEF. Al principio desconfiado. Después más receptivo”. Villarejo presumió ante el juez de su éxito al captar al chófer de Bárcenas como confidente tras el fracaso de García Castaño para convencerle. Y así lo anota en su agenda: “SERGI CHEF. Al principio desconfiado. Después de ha mostrado más receptivo. Quedo en darle mañana 2000 y teléfono. Después todo lo demás”.
La investigación judicial ha descubierto y acreditado con documentos el pago de 2.000 euros mensuales al chófer de Bárcenas durante dos años por su colaboración. Ese dinero salió de la partida de fondos reservados de Interior. Villarejo puso el nombre de CHEF o COCINERO para denominar a Sergio Ríos en sus apuntes. Sólo tres días después de esa anotación, escribe otra: “CHEF. Llamada últ. Hora para reactivar todo. A partir de ahora todo OK”.
22 de julio de 2013. “CHISCO. Muy preocupado por datos CHEF”. Chisco es el nombre que Villarejo utiliza en sus anotaciones para identificar al secretario de Estado Francisco Martínez. Habla con Villarejo y éste anota:
“Muy preocupado por datos CHEF. Sobre grabaciones actualmente en su poder”. Bárcenas puede tener guardadas grabaciones con líderes del PP sobre la financiación ilegal del partido. Pero aún no las han encontrado. Tres días después de esa conversación, Martínez vuelve a hablar con Villarejo y el comisario anota que el ministro del Interior está muy interesado por conversar sobre recibís y grabaciones, las dos pruebas que, de existir, pueden hundir al Gobierno de Rajoy.
30 de julio de 2013. “Llamadas sistemáticas del minis sobre L. B.”. El 30 de julio, sólo dos días antes de que el presidente del Gobierno acuda al Parlamento acosado por el escándalo de la financiación ilegal de su partido y la confesión judicial de Bárcenas, el número dos de Interior vuelve a hablar con Villarejo, quién recoge así su preocupación: “Llamadas sistemáticas del minis sobre L.B.”.
Villarejo retrata en su agenda un mes trepidante para el futuro del Gobierno de Rajoy y del PP. Otras pruebas destapadas durante la investigación apuntalan la veracidad de lo recogido en las agendas del comisario.
“HAY QUE LOCALIZAR AL SUJETO QUE TIENE LOS AUDIOS”
Las agendas de Villarejo señalan que Interior intentó encontrar la supuesta grabación con Rajoy que guardaba Bárcenas y que, según una nota intervenida a otro preso, mandó destruir en 2014
Es 3 de marzo de 2014 cuando un grupo de funcionarios de la cárcel de Soto del Real (Madrid) cachea al preso colombiano Isidro Sánchez. Escondida, le encuentran una nota manuscrita, “al parecer por Luis Bárcenas”, donde se lee junto a la palabra “email”: “Álex, hay que destruir todos los audios de M. R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos”, según los informes de la prisión enviados a la Audiencia Nacional. Apenas un día después, 4 de marzo, el comisario José Manuel Villarejo refleja en su agenda personal una presunta conversación con el entonces secretario de Estado de Seguridad, número dos del ministro Jorge Fernández Díaz, al que se refiere con el alias de Chisco: “Varias llamadas sobre papel interceptado a Sánchez, colega de LB. Hay que localizar al sujeto que tiene los audios que dice que hay que anular”.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía destaca este apunte de Villarejo, además de otros, en uno de sus últimos informes sobre Kitchen, la operación urdida en el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle material sensible para altos cargos del PP que pudiera ocultar. Para entonces, este despliegue irregular sin control judicial ya llevaba meses en marcha —el magistrado Manuel García-Castellón fija su inicio en julio de 2013— y, según la instrucción, la trama buscaba, entre otras cosas, las supuestas grabaciones que creían que el extesorero podía tener de una reunión con Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en aquel momento, donde le informaba de la caja b. Una tesis que queda ahora reforzada con la última documentación incorporada al sumario, incluidas las 13 agendas interceptadas a Villarejo durante un registro en su casa el pasado octubre, que apuntan a que la cúpula de Interior también impulsó el intento de hallar esos audios.
Los nuevos indicios, que han permanecido bajo secreto de sumario hasta el pasado 15 de junio, evidencian que las fechas encajan al compararse los hechos que se suceden en el interior de la cárcel de Soto, donde Bárcenas permanecía en prisión provisional desde junio 2013 por el caso Gürtel, con las anotaciones que va haciendo Villarejo en sus cuadernos. En ese sentido, en uno de sus autos, el juez ya subrayó que la importancia de estas libretas del comisario radica en que, “su exposición ordenada de forma sucesiva, permite conformar un cronograma temporal de determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la llamada Operación Kitchen”.
Los investigadores otorgan credibilidad a estas agendas, al considerarlas una especie de “diario personal” destinado a “la lectura privada de quien las confeccionó”, donde anotó a modo de “registro”, entre 2007 y 2016, las supuestas “actividades”, “citas o comunicaciones mantenidas con terceros”, así como las fechas y una “breve descripción del objeto de las mismas”.
“Preocupado por si sus gestiones son una trampa”
La instrucción desvela que los comisarios implicados tenían muy controlado al extesorero popular y su entorno. No solo habían captado como confidente al chófer de la familia, Sergio Ríos, al que pagaron con fondos reservados y en un documento incautado a Villarejo en 2017 denominan “K2”. Sino que también estaban al tanto de los movimientos de Bárcenas en prisión. Así, por ejemplo, el 8 de enero de 2014, el extesorero protagoniza un enfrentamiento con la Guardia Civil en un traslado, y Villarejo apunta ese mismo día en su agenda una supuesta conversación con Eugenio Pino, jefe de la Policía con el PP: “Dice que le contará a Chisco el incidente de LB”. También, anota otra charla con el secretario de Estado: “Sobre incidente de LB con Guardia Civil de custodia. Ya lo sabía y va a tratar de bajar la tensión”.
Pero a la cúpula policial, que actuaba presuntamente a las órdenes de Interior —tanto Martínez como Fernández Díaz están imputados—, le preocupaba más los “colegas” que el extesorero podía hacer dentro de la cárcel. Bárcenas había entrado en contacto con Isidro Sánchez. “Coinciden en la actividad de spinning y, como ordenanza auxiliar de comunicaciones interiores, suele acercarse a él cada vez que acude a comunicar”, explicaba un funcionario en una nota interna de Soto del Real, a la que tuvo acceso EL PAÍS, donde añade: “El interno Isidro Sánchez presume de tener un alto nivel de conocimientos informáticos, jactándose ante otros internos”. Según Bárcenas, fue a este recluso a quien pagó para destruir una copia del supuesto audio que incriminaba a Rajoy y que tenía en la nube [almacenaje virtual informático]. Aunque ha cambiado de versión sobre esta grabación y en otras ocasiones ha aseverado que no existía.
Todo se gestó en 2014. Sánchez iba a disfrutar de un permiso de salida. Y, según la declaración del extesorero el pasado 18 de diciembre ante el juez, le encargó que accediera a la nube para recuperar datos de movimientos bancarios y, además, rescatar la grabación con el expresidente (y otra con Javier Arenas, ex secretario general del PP) con la idea de eliminarla. “Le dije si podría tener acceso a esos audios. Él me dijo que sí, que con determinados parámetros que yo le tenía que proporcionar y que tenía que hacerlo con un equipo, con un equipo absolutamente nuevo”, aseguró Bárcenas al fiscal durante el interrogatorio, cuando añadió que le entregó, a través de su chófer, 2.500 euros para comprar ese equipo.
La trama parapolicial ya estaba supuestamente alerta. El 13 de enero, Villarejo refleja en su agenda una presunta conversación con Ríos, el conductor de la familia Bárcenas: “Entrega de dinero el miércoles a cambio de un trabajo”, escribe el comisario junto a un número de teléfono: el de la hermana del recluso colombiano, encarcelado por tráfico de drogas. El 15 de enero, anota otra charla con el chófer: “Preocupado por si sus gestiones son una trampa. Tiene que preguntar por LUZ y decir que de parte de su hermano. Ve a LB muy tensionado”. El 16 de enero, otra con el secretario de Estado: “Aviso de que LB ha cerrado contrato con el hacker”. “Muy interesado en movimientos de LB”, anota también que le dice Francisco Martínez el día 17.
“Aviso de salida de objetivo”
El plan de Bárcenas continúa, pero el 3 de marzo ocurre un contratiempo. Los funcionarios cachean a su compañero de prisión y le encuentran la nota que le había dado. “Yo puse [las órdenes] en un papel con una letra que no era la mía. Ese documento se lo entrego a este señor y, como prueba de que a mí me estaban haciendo un seguimiento aquí dentro y había alguna persona, digamos, infiltrada dentro de la prisión que estaba al tanto de todo lo que yo hacía, ese documento, a este señor, a los pocos días antes de irse de permiso le hacen un cacheo en la habitación [celda] y le localizan la carta”, detalló el extesorero popular el 18 de diciembre. La dirección de la prisión de Soto del Real ha encontrado una copia en formato PDF de aquel escrito donde decía “hay que destruir todos los audios de M. R. cuando yo te dé la orden”. Pero, según ha informado a los investigadores, “desconoce dónde puede estar el original y a qué autoridad ha sido elevado”.
Según el sumario, los implicados en Kitchen conocían la existencia de ese papel. Según las agendas de Villarejo, este anota el 4 de marzo la conversación con Martínez, mano derecha de Fernández Díaz, donde habla de “varias llamadas sobre papel interceptado a Sánchez, colega de LB. Hay que localizar al sujeto que tiene los audios que dice que hay que anular”. El 7 de marzo, apunta otro contacto con el comisario Enrique García Castaño, alias Big o El Gordo, también imputado y quien accedió al estudio de la mujer de Bárcenas donde este guardaba otra copia de las supuestas grabaciones: “Varios toques para organizar control del amigo de LB”, escribe.
Fotografía carcelaria de Isidro Sánchez, enviada por Instituciones Penitenciarias a Asuntos Internos.
Fotografía carcelaria de Isidro Sánchez, enviada por Instituciones Penitenciarias a Asuntos Internos.
El recluso colombiano sale finalmente de permiso el 10 de marzo, como recogen los registros de Instituciones Penitenciarias. La trama lo sabe. “[Big] avisó de salida del objetivo, amigo de LB”, escribe Villarejo en su agenda ese mismo día. Pero Isidro Sánchez es detenido a la jornada siguiente en un hostal de Madrid al tener pendiente una orden de detención de un juzgado de Málaga tras el aviso de la comisaria de Chamberí, según el acta de su arresto. Villarejo también deja constancia del incidente ese mismo 11 de marzo tras una supuesta conversación con García Castaño: “Al final, al amigo de LB lo detuvieron en la comi. de Chamberí”. También conversa con el número dos de Interior: “Localizado Alex y aviso de su detención. En líneas generales muy contento”.
El espía de prisión
Los investigadores sospechan que la trama contaba con más confidentes. Tras su arresto en 2017, Asuntos Internos intervino un documento a Villarejo sobre la operación donde hablaba de hasta siete colaboradores, a los que bautizaron como K1, K2, K3, K4, K5, K6 y K7. El chófer Sergio Ríos era K2. Y, según ese escrito, K7 era un preso que había compartido cárcel con Bárcenas y que había informado de que otro recluso —hablaba de un “dominicano” en lugar de un colombiano, nacionalidad de Isidro Sánchez— que coincidió con el extesorero iba a emplear un permiso para encriptar información que Bárcenas supuestamente escondía.
“Respecto a los datos facilitados por K7, se confirma que LB, con ocasión del tiempo de internamiento, contactó con un sujeto dominicano quien le había asegurado que por una cifra cercana a 50.000 € podría encriptar y/o desactivar todos los datos que en su día LB escondió en un espacio en Internet (nube), no estando aún claro si pretende con dicha actuación ocultar o recuperar dichos datos. Por tal motivo, LB le ha facilitado una larga lista de diferentes datos con el fin de que informáticamente se actúe sobre ellos”, dejó apuntado Villarejo.
—Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento —relató Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción en 2019.
—¿Era dominicano? —inquirió el representante del ministerio público.
—Era dominicano. No. La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco blanquísimo y no de color café con leche, como era el dominicano. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que, en un lugar de fabricar un NIS [Número de Identificación Sistemático, compuesto de diez cifras y que se asigna a cada recluso al entrar por primera vez en la cárcel] nuevo, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el centro penitenciario y que era un dominicano.
En un reciente escrito, la Fiscalía apuntaba que “se han aportado indicios de que Kitchen sí habría logrado sus objetivos y que alguno o algunos de los mandos policiales implicados en su puesta en marcha y posterior ejecución tendría en su poder los citados documentos después de haberlos sustraído a Luis Bárcenas o a su esposa, Rosalía Iglesias”. También recogía mensajes de teléfonos cruzados entre Francisco Martínez y Eugenio Pino, donde el jefe de la Policía de Rajoy informaba a su interlocutor de que conocía, al menos, a cuatro colaboradores: “Escolta, preso, empresario, familia”.
https://elpais.com/espana/2021-06-21/hay-que-localizar-al-sujeto-que-tiene-los-audios.html
KITCHEN, LA CORRUPCIÓN DEL PP PARA ESCAPAR DE GÜRTEL QUE ATENAZA A CASADO
El líder de los populares ha tratado de desvincularse de todos los escándalos del partido alegando que él no tiene ninguna relación con esos casos, pero en el espionaje a Bárcenas el sumario apunta a un papel clave de Cospedal, la dirigente a la que le debe la presidencia del partido
"Hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad de presidente del PP". Estas fueron las últimas palabras que pronunció sobre corrupción el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Fue el pasado día 3, cuando en una comparecencia en Ceuta –en la que fue jaleado por los mismos simpatizantes que abuchearon a los periodistas– fue preguntado por la imputación de María Dolores de Cospedal, su gran valedora en las primarias de 2018 y a la que debe la presidencia del PP, en la Operación Kitchen. Dos semanas después de esas declaraciones, sin embargo, el fantasma de la corrupción vuelve amenazar a Casado que, desde su triunfo en aquel proceso interno de hace tres años, trata sin éxito de dejar atrás los casos que afectan a su propia formación política al considerarlos "asuntos del pasado".
A diferencia de lo que defiende el presidente del PP, no todas esas causas por las que se sigue investigando a dirigentes del partido corresponden a una época remota en la que Casado no tenía ningún papel en la organización. Las actuaciones judiciales siguen su curso y el cerco sobre el actual líder de los populares se estrecha ante las últimas revelaciones sobre la conocida como Operación Kitchen, la trama urdida desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y desde la propia formación conservadora para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas con el objetivo de destruir cualquier tipo de prueba que pudiera implicar al PP en el caso Gürtel y demostrara su financiación ilegal durante décadas.
La instrucción judicial cerca a la exsecretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, en ese espionaje a Bárcenas por el que está imputada ella, su marido, Ignacio López del Hierro y quien fue su jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa, José Luis Ortiz. A diferencia de otros escándalos que sucedieron hace décadas, como ha recordado el propio Casado que llegó a argumentar que algunas de las conductas de sus compañeros de partido ocurrieron cuando él estaba en BUP, el caso Kitchen, una operación parapolicial para tratar de obstruir las investigaciones sobre otras tramas de corrupción, es reciente y tanto la Fiscalía, como el juez, como las agendas del comisario Villarejo señalan a una persona clave en la vida política de Casado: la dirigente que lo aupó a la presidencia del partido.
La exministra de Defensa y anterior número dos del PP, quien, tras verse eliminada en la primera fase del proceso a raíz de la votación de los militantes –en la que Soraya Sáenz de Santamaría resultó vencedora y el hoy líder del PP quedó segundo– puso a disposición del entonces candidato todo su poder orgánico para que el actual líder pudiera ganar las primarias y, por tanto, Casado le debe el puesto. Pese a ello, el líder del PP que evitó abrirle un expediente alega que también este caso forma parte del pasado que hace daño al partido y que no va a comentar en sus comparecencias públicas.
A raíz del levantamiento del secreto de sumario, este jueves se conoció que el excomisario José Manuel Villarejo anotó en su agenda un plan organizado por la propia Cospedal y por el marido de ésta, Ignacio López del Hierro para colocar como jefe de la Policía al comisario en excedencia José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, la unidad de la que dependían los agentes que investigaron el caso Gürtel y siguen indagando en la caja B del PP. Se trata de un policía de confianza de Cospedal que esta semana también fue imputado en la Kitchen por el juez del caso, Manuel García Castellón, precisamente por obstruir la investigación de las cuentas ilegales de la formación conservadora.
El viernes, elDiario.es reveló además en exclusiva que Bárcenas encargó a un recluso con el que había compartido encierro en Soto del Real que destruyera las grabaciones que él conservaba en la 'nube' y que había hecho a Mariano Rajoy y Javier Arenas, en las que ambos aparecerían, según el extesorero, implicados en la financiación irregular del partido. Así lo admitió el pasado 9 de abril el propio Bárcenas a dos agentes de Asuntos Internos que le preguntaban por una nota manuscrita incautada en prisión, en la que Bárcenas escribe las instrucciones al recluso y a la que tuvo acceso este diario. No obstante, el extesorero insiste en que la Policía le robó otra copia de esas grabaciones.
Lo que Casado debe a Cospedal
Todas esas nuevas revelaciones del sumario conceden en el espionaje de Bárcenas un papel protagonista a Cospedal. Para conocer la importancia de la dirigente manchega en la vida política de Casado hay que remontarse a las primarias de 2018. Entonces las favoritas eran Cospedal y Sáenz de Santamaría, las eternas archienemigas internas, que entre 2008 y 2018 compitieron abiertamente por el control del partido presidido por Rajoy que, tratando de equilibrar la balanza, nombró a una su 'número dos' en el PP y, a la otra, su mano derecha en el Ejecutivo. En la primera vuelta de las primarias, la de la votación de la militancia, Sáenz de Santamaría fue la más votada, seguida de Casado. Cospedal quedó tercera, por lo que fue eliminada del proceso, ya que las normas internas prevén un sistema de dos votaciones en el que solo pasan a la segunda fase los dos candidatos más votados.
Entonces Cospedal hizo valer todo su poder orgánico para que Casado ganara en la votación de los compromisarios del XIX Congreso, volcando a todos sus dirigentes afines a favor del joven candidato, al que al inicio del proceso nadie dentro de las filas populares consideraba con opciones de convertirse en el sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido. Apenas diez días después de quedar eliminada en la votación de la militancia, Cospedal se presentó en un desayuno informativo protagonizado por Casado y le expresó su apoyo de forma pública con las siguientes palabras: "Mi presencia aquí quiere decir que hoy el PP y nosotros tenemos que ofrecer a nuestros militantes y a nuestros votantes un proyecto ilusionante y de futuro. Un PP fuerte y unido, con convicciones, tiene que estar preparado para luchar por España y por los españoles y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción".
En realidad, el interés de la también exministra de Defensa en apoyar a Casado se debía única y exclusivamente a su histórica batalla con Sáenz de Santamaría. Y, finalmente, Cospedal ganó, cuando en el XIX Congreso los compromisarios votaron masivamente al hoy líder del PP, su apuesta personal para derrocar a su enemiga interna. Casado le debe el puesto a Cospedal. Sin ella, el líder del PP no estaría donde hoy está, al frente del principal partido de la oposición.
Nada más ser elegido, él mismo agradeció públicamente a la exsecretaria general esa influencia que le llevó a liderar la formación conservadora con las siguientes palabras: "Gracias María Dolores [de Cospedal], secretaria general, por todo lo que has hecho por este partido, por ser una candidata ganadora en Castilla-La Mancha, por ser una ministra excelente, una consejera excelente. Por ser quien ha dado la cara en las peores circunstancias por el partido. Gracias, María Dolores, muchas gracias".
Pese a ello, el presidente de los populares trata ahora de evitar cualquier comentario sobre el caso que ha provocado la imputación de la exsecretaria general por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al antiguo tesorero de la formación Luis Bárcenas, esa vinculación con la dirigente que le encumbró al liderazgo del partido le sigue y le seguirá persiguiendo.
La "formidable labor" de la exsecretaria general
Una evidencia de la estrecha relación entre Cospedal y Casado se dio en noviembre de 2018, cuando la exsecretaria general tuvo que renunciar a su escaño en el Congreso tras revelarse sus conversaciones con el excomisario Villarejo que han motivado finalmente su imputación por el espionaje a Bárcenas. Entonces, el ya líder del PP aseguró como despedida que la exsecretaria general había realizado "una labor formidable para el partido, para Castilla-La Mancha y para España". "Desde el Partido Popular reconocemos su gran labor", remachó.
Hasta ese momento de la salida de Cospedal de la política, Casado siempre trató de recompensarla por su apoyo en las primarias. La incluyó en las listas de las generales, colocó en puestos estratégicos a los dirigentes más cercanos a la exministra –como Dolors Montserrat o Juan Ignacio Zoido– y, en septiembre de 2018, la dirección de Casado la eligió como representante del PP en el patronato del Instituto Elcano, en el que el pasado febrero fue nombrada vicepresidenta. Tras la imputación, Cospedal mantiene el cargo en el citado organismo.
El último gesto de Casado a Cospedal por su apoyo en las primarias fue que la dirección del PP incumplió a principios de mes los estatutos que obligan a abrir un expediente informativo a cualquier militante que sea imputado en un caso de corrupción. Lo que dicen las normas internas del PP es que "en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo", y "se tenga conocimiento que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial (...) el Comité de Derechos y Garantías que resulte competente, a tenor de lo establecido en el artículo 55 procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente".
El dia 5 se reunió el citado Comité de Derechos y Garantías y argumentó que no procedía abrir expediente a Cospedal por no ejercer cargo público alguno cuando se produjo la Operación Kitchen. En realidad, cuando se produjo el espionaje a Bárcenas, Cospedal era la 'número dos' del PP, el segundo cargo más importante del partido por detrás del presidente, además de presidenta de Castilla-La Mancha, un cargo público y representativo.
"Ese PP ya no existe"
El argumento de Casado para no hablar de la imputación de la exsecretaria general es el compromiso que adoptó tras su última gran derrota electoral de hace solo cuatro meses, la de los comicios catalanes –en los que los populares se quedaron con solo tres escaños de 135 en el Parlament catalán y fueron superados por primera vez en unas elecciones por Vox, que logró 11 representantes–, que el líder del PP atribuyó exclusivamente a que la campaña de esa cita con las urnas estuvo marcada por el juicio sobre la caja B del PP que se estaba celebrando en esos momentos en la Audiencia Nacional. Entonces tomó la determinación de escenificar una ruptura con el pasado más reciente de su partido, que se sigue investigando en los tribunales, y en el que sin embargo él también había tenido puestos de responsabilidad.
"Ese PP ya no existe", llegó a decir durante la campaña, aludiendo a las etapas de José María Aznar y Mariano Rajoy en las que el propio Casado tuvo cargos orgánicos. Dos días después de la debacle catalana del 14 de febrero, el líder del PP anunció la marcha de la histórica sede de Génova 13 cuyas obras, presuntamente pagadas con dinero negro, estaban siendo enjuiciadas esos mismos días. La mudanza, cuatro meses después, sigue no obstante paralizada. Y aseguró que él y su dirección dejarían de hablar de los casos de corrupción que afectaban al PP, al considerarlas cosa del pasado: "Desde hoy esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina", aseguró, ante la plana mayor de su partido.
El calendario judicial prosigue y en el PP no descartan que a la vinculación de Cospedal con Kitchen pueda sumarse la del que, en definitiva, era el máximo responsable político del Gobierno cuando se produjo el espionaje a Bárcenas: el expresidente Mariano Rajoy. Él tendrá que declarar en octubre ante la comisión del Congreso que investiga el caso. Rajoy, que estuvo en la Moncloa durante siete años, fue quien colocó en el Ministerio del Interior a su amigo personal, Jorge Fernández Díaz, a quien apuntan directamente las revelaciones de Kitchen, y la persona que ascendió a Casado a vicesecretario de Comunicación del PP, el cargo que ocupó hasta el mismo momento de su elección en el XIX Congreso del partido de julio de 2018.
https://www.eldiario.es/politica/kitchen-corrupcion-pp-escapar-gurtel-atenaza-casado_1_8053529.html
BÁRCENAS ACUSÓ A SÁENZ DE SANTAMARÍA DE PARTICIPAR EN “LA OPERACIÓN PARA PROTEGER AL CAMARADA RAJOY”
El extesorero del PP declaró al juez que tres comisarios le pidieron 10 millones de euros a cambio de conseguir anular las primeras grabaciones del “caso Gürtel”
Luis Bárcenas aseguró durante su declaración ante el juez que investiga el “caso Kitchen”, Manuel García Castellón, que la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría participó en una “operación para proteger al camarada Rajoy”, en directa alusión al entonces presidente del Gobierno del PP: “Nunca he tenido con ella ningún problema, pero teniendo en cuenta que [...] se movilizó todo el mundo, estoy convencido de que Soraya Sáenz de Santamaría, y además aspiraba a la sucesión con Rajoy, porque tenía una relación muy estrecha, puso su parte en esta historia. Yo estoy convencido de que el CNI tuvo una participación en seguimientos familiares y sobre todo en el control aquí dentro [la cárcel de Soto del Real]”, dijo el exsenador del PP por Cantabria.
La vicepresidenta del Gobierno tenía bajo su control el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el espionaje español. Sin embargo, Sáenz de Santamaría no está imputada en “Kitchen”, y las fuentes jurídicas consultadas descartan que con las pruebas actuales pueda ser investigada.
Sin embargo, Bárcenas sostuvo que el CNI estaba detrás de la supuesta monitorización que habría sufrido en prisión mientras estaba recluido de forma preventiva. En concreto, el extesorero del PP declaró que le impidieron charlar en la cárcel con otro preso, que era “especialista en ‘hackeo’ y delitos económicos”: “Me prohibieron hablar con esta persona. Yo he tenido un seguimiento permanente y siempre me acompañaba un funcionario a cualquier sitio”, lamentó el excargo del PP.
“Una agenda pequeña”
En el mismo sentido, Bárcenas informó al juez y a los fiscales en su testimonio de que “alguien del CNI” habría entrado en la prisión, para hacer “un seguimiento con una agenda pequeña y se dedica a tomar nota de todos los pasos que hago, con quien tengo relación”, completó, según consta en su declaración, a cuyo audio ha tenido acceso LA RAZÓN.
El extesorero del PP llegó a la conclusión de que el CNI estaba implicado porque consiguió en el economato de la cárcel la fotografía de un tique de compra del supuesto espía, en el que se podía ver su número de recluso: “Y la foto es de un señor negro, probablemente, por el aspecto, dominicano, y el que estaba aquí era un señor blanco, blanquísimo, es decir, no había una correspondencia entre las fotos de los individuos y los NIS [el número de recluso], es decir que era una persona a la que se había infiltrado”, concluyó Bárcenas.
En el mismo sentido, relató en su declaración un episodio, hasta ahora desconocido. Precisó que le pidió a un interno con el que compartió prisión que, durante un permiso, destruyera la grabación que había realizado a Mariano Rajoy, y que había guardado en la nube de internet, ya que se encontraba en medio de una “negociación” que mantenía con el PP en la que le habían ofrecido 500.000 euros.
2.500 euros por borrar un audio
En concreto, aseguró que le entregó una nota al interno en la que precisaba “dónde tenía eso en la nube” y que a través de Sergio Ríos -su entonces chófer y actual investigado en la causa por sustraerle información y documentos- le dio hasta 2.500 euros para que se hiciera con los equipos informáticos necesarios. Pero, según Bárcenas, a este hombre le suspendieron el permiso y le sustrajeron la nota, según informa Europa Press.
El extesorero también relató sus sospechas sobre la vinculación al CNI de otro preso, este de origen mexicano, con el que compartió celda, y que también había sido compañero del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Quedó libre poco después de que él saliera de la cárcel.
Por otra parte, los agentes de Asuntos Internos descubrieron en las agendas incautadas en octubre a José Manuel Villarejo que junto a los alias utilizados para designar al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y a otros mandos policiales implicados en la “Kitchen”, aparecen anotaciones de Villarejo que aluden a algunos presos y la operación de borrado de los archivos de audio mencionados por Bárcenas en su denuncia de espionaje, según adelantó eldiario.es. Los miembros de la brigada política, según estas anotaciones, contactaron con el preso encargado de borrar la grabación a Rajoy cuando éste salió de la cárcel.
12 millones por anular la “Gürtel”
Luis Bárcenas también trasladó al juez y a los fiscales que el abogado Ignacio Peláez, ya fallecido, le hizo “un planteamiento que guarda relación con proyecto SMP” de Villarejo, también denominado “control de daños”. Con él el comisario habría reclamado a los imputados del “caso Gürtel” una importante cantidad a cambio de anular la investigación:
“Me puso en un papel por escrito que existía la posibilidad de desmontar todo el caso porque las personas que controlaban el tema tenían la información de que las grabaciones que dan origen a este procedimiento estaban manipuladas y eso podía producir la nulidad de todo el procedimiento”, prosiguió.
El comisario José Luis Olivera
Los comisarios que según Bárcenas participaban en estos hechos eran “José Antonio González, José Luis Olivera y José Manuel Villarejo”. Sin embargo, el ex comisario general de la Policía Judicial Juan Antonio González no está imputado en la causa, y hasta la fecha no ha sido implicado en ninguna de las actividades del clan policial, con quien no mantenía una buena relación. Olivera fue imputado la semana pasada.
Para que la anulación del “caso Gürtel” prosperara, completó Bárcenas, el abogado Peláez, vinculado con el PP, le dijo que si los imputados se ponían de acuerdo “ese tema podía salir adelante perfectamente. Yo le dije que si es un tema general y la información es cierta, que todo está manipulado, yo la parte alícuota que me corresponda, si es así, estoy dispuesto a pagarla, y esa fue la contestación que yo le di”, concluyó el extesorero del PP.
Bárcenas también se refirió a otro abogado de la esfera del PP, Javier Iglesias, quien supuestamente le habría ofrecido 500.000 euros a cambio de abandonar su enfrentamiento con el partido. El extesorero explicó que conoció a este letrado, que trabajaba para el empresario Alfonso García-Pozuelo Asins, condenado en el “caso Gürtel”, en una reunión con este constructor murciano, que le pidió ayuda. En otra reunión con Iglesias, a quien Villarejo llamaba con el apodo de “El Largo”, le reclamaron que “hiciese en el mismo formato unos papeles nuevos en los que variase conceptos para crear la duda con relación a si los papeles de ‘El País’ eran una manipulación y si los buenos eran los otros. En fin, querían crear una incertidumbre en cuanto a la verosimilitud de los documentos que se estaban publicando. Pero mis abogados dijeron que en ningún caso”, zanjó el extesorero del PP en su declaración como testigo.
https://www.larazon.es/espana/20210621/iifr4tnk7vf23clayjjz2kz7qu.html
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA UNA SEGUNDA KITCHEN PARA ESPIAR A BÁRCENAS DENTRO DE LA CÁRCEL
El extesorero detalló al juez cómo un recluso al que habían suministrado una identidad carcelaria falsa le siguió y tomó notas durante mes y medio. La brigada política contactó en la calle con otro recluso al que Bárcenas había dado acceso a la 'nube' donde guardaba una copia de la grabación de Rajoy hablando de la caja B
Los investigadores del caso Kitchen investigan en secreto, desde hace meses, una operación de espionaje paralela a la que vivió la familia de Luis Bárcenas cuando éste entró en prisión en el verano de 2013. El objetivo de esta segunda Kitchen fue el propio Bárcenas, al que los servicios de Información habrían espiado en la misma cárcel, sin control judicial, para recuperar la información de la caja B en poder del extesorero que pudiera perjudicar a los dirigentes del Partido Popular, la formación entonces en el Gobierno.
Fue el propio Bárcenas quien reveló a los investigadores las extrañas circunstancias que rodearon su primera estancia en la cárcel, durante las declaraciones que ha prestado en secreto ante el juez, los fiscales y los agentes de Asuntos Internos en los últimos meses.
Luis Bárcenas descubrió a un preso que no era quien decía ser y que, sorprendentemente, estuvo en prisión con una identidad falsa antes de desaparecer repentinamente. El extesorero vincula los seguimientos que le realizó durante un mes y medio este misterioso interno a la incautación por parte de los funcionarios de la nota manuscrita que reveló elDiario.es este viernes, en la que Bárcenas daba instrucciones a un tercer recluso para que destruyera el audio que implicaba a Mariano Rajoy en la caja B del PP cuando saliera de permiso.
Por su parte, los agentes de Asuntos Internos han cotejado las afirmaciones de Bárcenas con las agendas incautadas a Villarejo el pasado mes de octubre. Junto a los alias utilizados para designar al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a otros mandos policiales implicados aparecen anotaciones de Villarejo que aluden a los presos y la operación de borrado de los archivos de audio mencionados por Bárcenas en su denuncia de espionaje. Los miembros de la brigada política, según estas anotaciones, contactaron con el preso encargado de borrar la grabación a Rajoy cuando éste salió de la cárcel.
Y una tercera pata de la investigación sobre esta nueva presunta operación ilegal de espionaje: el director de la prisión de Soto del Real en esa época negó en su declaración ante los agentes de Asuntos Internos que recibiera ninguna instrucción del Ministerio del Interior o de la autoridad judicial para cualquier actividad de seguimiento o control sobre el interno Luis Bárcenas Gutiérrez. El 20 de abril pasado, los agentes escriben: "Dice que en este caso concreto no le llegó ningún requerimiento por ninguna de las dos vías".
Un preso espía español con carnet de dominicano
Así comienza el relato de Bárcenas: "Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento". "Me seguía y tomaba notas", afirmó el extesorero del Partido Popular. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel.
Bárcenas describe ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía en prisión: "La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano".
Luis Bárcenas le dice al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy.
La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pide que, de permiso, acceda a la 'nube' y borre las grabaciones que el extesorero había realizado a Mariano Rajoy y Javier Arenas. Se trata de un experto informático que se ofrece a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Bárcenas pacta darle una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requiere para comprar material informático. Él acepta y pacta que se lo entregaría su mujer, a través del chófer infiiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparecen reflejadas en la agenda de Villarejo.
El ciudadano colombiano contó a Bárcenas que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación del hotel que ocupaba de permiso por una reclamación de un juzgado por otra causa pendiente. Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: "Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo". Cuando Bárcenas salió de la cárcel acudió a la 'nube' y comprobó que los archivos ya no estaban. El extesorero asegura que otra copia le fue sustraida por la brigada política del estudio de su mujer y que no hay una tercera.
La agenda de Villarejo: "Datos de colombiano colaborador de maco"
Hace apenas tres semanas, los agentes de Asuntos Internos elaboraron un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que recogen las declaraciones de Bárcenas y añaden las notas incautadas a Villarejo en las agendas. El 13 de agosto de 2013, el comisario escribe en su diario, junto al apelativo "Andi" (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y exasesor de Cospedal): "Datos de colombiano colaborador de MACO", en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre "Chisco" (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguuridad), Villarejo apunta: "Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono". El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño, también imputado en Kitchen): "2 paquetes con notas a un preso tercer grado".
Anotaciones contenidas en el sumario de Kitchen
Otras anotaciones demuestran que los responsables de Interior y los policías de la brigada política están al tanto de los incidentes que Bárcenas protagoniza con los funcionarios y guardias civiles de la prisión. El 13 de enero de 2014, Villarejo alude a una conversación esta vez con el abogado relacionado con Mariano Rajoy y varios de los imputados Javier Iglesias: "Hakers. Óscar Jiménez es el abogado que lo lleva. Está en Soto".
Ese mismo día, junto al nombre del chófer, "Sergi", Villarejo apunta un móvil del "informático" y añade: "Entrega de dinero el miércoles a cambio de un trabajo". El móvil, según comprueban los agentes, corresponde a la hermana de Isidro Sánchez Suárez, la identidad del colombiano que se compromete con Bárcenas a borrar las grabaciones a Rajoy y Bárcenas.
El número dos de Interior ordenó activar "Plan contra LB", según las notas
En contra de la declaración como testigo del director de Soto asegurando que no recibió instrucciones de Interior sobre Bárcenas, Villarejo escribió el 11 de julio de 2013 lo que habría hablado con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al que apoda 'Chisco': "Plan contra LB. Intervención comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo".
Otros dos reclusos que tienen contacto aquellos días con Bárcenas son los rumanos Dragos Luican Osanu y Lucatus Gabor. Sus nombres aparecen en las agendas de Villarejo. El comisario atribuye al secretario de Estado de Seguridad la información que obtiene el 15 de enero de 2014 de Drago ("Haker de Iglesias") y de Lukatos Gabor ("dice que a LB se le acerca un rumano muy fuerte. Su abogado se llama Oskar Zein").
Los agentes de Asuntos Internos han reclamado hasta ahora notas internas de los funcionarios de la prisión, datos sobre los dominicanos que estuvieron en el módulo de Bárcenas con él y han buscado antecedentes y conexiones de los reclusos que más contacto tuvieron con el extesorero.
LA POLICÍA APORTA NUEVAS ANOTACIONES DE VILLAREJO QUE VINCULAN A RAJOY CON LA OPERACIÓN CONTRA BÁRCENAS
Asuntos Internos incorpora a un informe de mayo las notas según las cuales el expresidente conocería la oferta y amenazas a Bárcenas en prisión para que no confesara la caja B. "Chisco. Dice que el MIN habló con RAJ y todo es OK" y "Charla general sobre LB y tensión de Rajoy sobre todo el Ministerio", anotó el policía en julio de 2013
El nombre de Mariano Rajoy regresa a un informe policial del caso Kitchen. El expresidente del Gobierno aparece en las anotaciones del comisario Villarejo sobre dos conversaciones con el número dos de Interior, Francisco Martínez, en julio de 2013, que los agentes de Asuntos Internos relacionan con la oferta que Luis Bárcenas habría recibido en prisión por parte de un abogado para que guardara silencio sobre la caja B del Partido Popular, hecha en nombre de aquel Ejecutivo, y las amenazas en el caso de que no lo hiciera.
La visita a la cárcel de Soto del Real por parte del letrado Javier Iglesias, apodado El Largo por los protagonistas de la trama Kitchen, se produjo el 8 de julio de 2013. Dos días antes, el sábado 6 de julio, Villarejo anotó su conversación con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. "Chisco. Varias llamadas sobre cita Igles con BARC el lunes en prisión. Dice que el MIN habló con RAJ y todo es OK".
En marzo del año pasado, dentro de la subpieza de Kitchen que ha permanecido secreta hasta esta semana, el juez Manuel García-Castellón solicitó a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que redactara un informe sobre las declaraciones que había hecho Bárcenas en el marco de las citadas pesquisas. Los agentes responden el 25 de mayo pasado, hace tres semanas, con un atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que contextualizan las afirmaciones del extesorero del PP con la última documentación incautada a Villarejo, ya sean diarios o notas informativas que redactó en su momento.
Las alusiones a Rajoy aparecen cuando los policías transcriben las afirmaciones de Luis Bárcenas acerca de las amenazas recibidas en prisión para que no desvelara el sistema de financiación irregular del PP y los sobresueldos de sus dirigentes. Esa anotación del 6 de julio de 2013 se produce cuando Bárcenas cumple una semana en prisión, donde ha ingresado por orden del juez Pablo Ruz en el marco del caso de la caja B. Ese mismo 6 de julio, y debajo de la anotación de la conversación con Martínez, Villarejo anota: "Iglesias Jav. Varios cambios de la hora prevista. Al final todo se cierra a las 10H". Efectivamente, aquel lunes por la mañana, Javier Iglesias visitó a Bárcenas en Soto del Real.
Esta es la versión del extesorero ante el juez que analizan los policías en su informe: "Nada más entrar en Soto del Real, en mi primera estancia en este centro, a los pocos días, tuve la visita del abogado del PP en aquel momento que se llamaba Javier Iglesias, en las que recibí unas amenazas claras. Se me dijo, antes del 15 de julio de 2013, día de mi declaración en la Audiencia Nacional [en la que confesó la financiación irregular del PP] algo así como Luis, no te conviene declarar no vayas a meter la pata y tal porque tu mujer puede acabar en prisión. Recibí amenazas muy serias y un ofrecimiento formal además, que era que si no hablaba, en fin, que Gallardón estaba cesado a finales de julio, que en fin, que las fiscales del caso era (ininteligible) y que estuviese tranquilo que en septiembre estaba en mi casa".
Por su parte, el abogado Javier Iglesias ha negado siempre esta versión del encuentro, la última vez en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso: asegura que visitó a Bárcenas dentro de sus funciones de letrado de dos investigados en el caso Gürtel y añade que el PP nunca ha contratado sus servicios como letrado.
En este tramo del informe de Asuntos Internos, los policías reproducen varios extractos de las anotaciones de Villarejo sobre la visita de Iglesias a prisión. El 15 de julio, una semana después del encuentro en Soto del Real, Bárcenas comparece ante Ruz y confiesa veinte años de financiación irregular del entonces partido en el Gobierno. El 27 de julio, Villarejo anota otra charla con el número dos de Interior que los policías reproducen en su informe: "Chisco. Charla general sobre LB y tensión de Rajoy sobre todo el Ministerio".
Rajoy aparece en el sumario de la causa Kitchen desde los primeros informes de Asuntos Internos a partir de las grabaciones incautadas a Villarejo. El 29 de octubre de 2018, los agentes dejaron por escrito que de aquellos audios se desprendía que el espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas era una operación "coordinada" por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, "con conocimiento del Asturiano y del Largo". En ese mismo informe de 2018, los policías identificaban las alusiones de los implicados al Asturiano y al Barbas como referencias al entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey.
El atestado de Asuntos Internos que incluye la nueva referencia a Rajoy analiza también la denuncia de Bárcenas sobre una trama Kitchen paralela a la que sufrió su familia cuando él entró en la cárcel y que se habría centrado en espiar al propio extesorero dentro de la prisión, tal y como desveló el viernes elDiario.es. Según ha acreditado indiciariamente la investigación, la decisión de activar el espionaje a la familia de Bárcenas se produce inmediatamente después de la visita de Javier Iglesias a la cárcel.
Las citadas anotaciones de Villarejo aparecen en las agendas incautadas al comisario en el marco de la pieza 28, que investiga un intento de venta de información coordinado desde la cárcel por el policía. Los agentes registraron de nuevo su domicilio en octubre y hallaron estos cuadernos que afectan a varias piezas. Su contenido ha servido para apuntalar, entre otras, la imputación de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, que declararán los días 29 y 30 de este mes de junio
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL, LA HEREDERA DE LA ‘MOCHILA’ DEL PP
La ex secretaria general popular declara a finales de mes como imputada en el ‘caso Kitchen’. Rajoy la eligió para enterrar el aznarismo; ahora Casado la vincula a “vergonzantes prácticas del pasado”
Un partido que no defiende a los suyos no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”. Es miércoles 7 de noviembre de 2018, y María Dolores de Cospedal (Madrid, 1965) incluye en su despedida de la política ese amargo reproche. El lunes había abandonado la ejecutiva del PP por el escándalo de los audios entre ella, su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y el comisario José Manuel Villarejo sobre el caso Gürtel y la posibilidad de investigar a Javier Arenas. Pensaba que el gesto sería suficiente, pero la dirección del PP calificó de “inaceptable” su conducta y terminó renunciando también al escaño. Mariano Rajoy la había nombrado secretaria general del partido en el congreso de 2008, donde quiso enterrar el aznarismo y modernizar a la cúpula —Cospedal era entonces madre soltera por fecundación in vitro—. Y 10 años después, Pablo Casado, que le debía la presidencia de la formación, la dejó caer para desvincularse de “las vergonzantes prácticas del pasado”.
La hija de Ricardo de Cospedal, uno de los impulsores del Partido Reformista Democrático, dejó la política dolida y lo sigue estando, según fuentes de su entorno. “Ella”, recuerda un veterano exdirigente del PP, “no tenía nada que ver con los casos de corrupción y detestaba a Luis Bárcenas, pero como secretaria general le tocó dar la cara por el partido”. Su enrevesada explicación de la “indemnización en diferido en forma de simulación” al extesorero la perseguirá a su pesar en todas las semblanzas. “Bárcenas”, añade este antiguo cargo popular, “sí tenía relación con Rajoy [evidenciada en aquel SMS del que se arrepintió públicamente, ‘Luis, sé fuerte’] y sobre todo con Javier Arenas, con el que compartía planta en la sede de Génova, pero no con ella”. Otro exdirigente coincide en que Cospedal sufrió el desgaste por “casos de corrupción en los que no había intervenido”, pero añade que también endosó “el marrón” de ruedas de prensa incómodas a portavoces “a los que no daba información porque no se fiaba de nadie”. La secretaria general del PP recurrió, según los investigadores, a las cloacas del Estado para tapar la cascada de escándalos que erosionaban las siglas. “Era mi deber”, insistió en el comunicado en el que explica sus conversaciones con Villarejo, “para tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo”.
Fue su marido, Ignacio López del Hierro, quien le presentó al comisario y este los alertó de la apertura de dos investigaciones bajo secreto de sumario. El empresario, recuerda un exdirigente del PP, “se dedicaba a hacer lobby y a aprovechar sus contactos para crecer. Él sí manejaba esos códigos de la vieja política. Ella no. Era una abogada del Estado, una técnica”, afirma. Entre otros consejos de administración, López del Hierro fue elegido para el de Red Eléctrica, empresa privada controlada por la participación pública, pero tuvo que renunciar. Fuentes del PP creen que la enemistad con Soraya Sáenz de Santamaría arrancó en ese momento, al atribuirle las presiones para evitar que accediese al cargo.
Era habitual ver a López del Hierro por la sede de Génova y esa presencia en la vida del partido provocó malestar en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando Cospedal le sentó a su lado, separado solo por una silla de Rajoy, en la convención del PP en 2014, cuando estaba siendo investigado por un contrato con Liberbank en el que, según los denunciantes, cobraba por no hacer nada. La causa fue archivada.
Las primarias de 2018 para elegir al sucesor de Rajoy evidenciaron que esa lista de “enemigos” o “cobardes”, como se refirió a compañeros, era larga y poderosa. Cospedal no controlaba al aparato del partido y cayó eliminada en la primera vuelta. El candidato con menos galones ganó el Congreso porque los aliados de la número dos del PP se unieron para impedir la victoria de su eterna rival. “Casado no ganó las primarias. Habríamos votado a cualquiera que no fuera Soraya”, resume el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo. Las maniobras de Cospedal para apuntalar el triunfo de Casado frente a Santamaría y las críticas a la gestión del desafío independentista —”me hubiera gustado aplicar antes el 155″— la distanciaron de Rajoy. Se había enemistado con Arenas, con quien trabajó en el Ministerio de Trabajo antes de que su carrera política despegara y se convirtiera en presidenta de Castilla-La Mancha (2011-2015) —The Wall Street Journal calificó sus recortes de “cruzada de la austeridad” y el PSOE la comparó con Thatcher— y en ministra de Defensa (2016-2018). También se distanció de Esperanza Aguirre, que en 2004 la había nombrado consejera de Transportes de Madrid en sustitución de Granados, posteriormente encarcelado. “Prácticamente su única persona de confianza era su jefe de gabinete, José Luis Ortiz”, afirma un exdirigente popular. Según la Unidad de Asuntos Internos de la Policía es el “José L. Orti” que aparece en las notas de Villarejo y que la Fiscalía sospecha que envió Cospedal para pagar encargos al comisario con fondos del partido.
“En el PP, quien la hace la paga. Que cada palo aguante su vela”, declaró Cospedal en 2013. La justicia investiga ahora si ese afán regenerador del que presumió tantas veces se acercaba más a un plan para ocultar pruebas de corrupción. A finales de mes declara como imputada, como su marido, en el caso Kitchen, que investiga el espionaje a Bárcenas con fondos reservados.
https://elpais.com/ideas/2021-06-20/maria-dolores-de-cospedal-la-heredera-de-la-mochila-del-pp.html
EL CHÓFER DESVELA LA CARA B DE KITCHEN: "ME PEDÍAN INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE AGUIRRE"
Implicó en el espionaje a Bárcenas a la cúpula de Interior y dijo que Villarejo le hizo alusiones continuas a Rajoy y a Cospedal. "Si es así se monta desde el partido", respondió el juez
El chófer desvela la cara B de Kitchen: "Me pedían información de la campaña de Aguirre" Sergio Ríos, el que fuera chófer de Luis Bárcenas, ante la comision Kitchen EP
El ex chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, protagonizó en diciembre del año pasado declaraciones clave para el avance en la causa por el espionaje ilegal al extesorero del PP. El 'topo' de la brigada patriótica que le sustrajo pruebas clave de la caja B confesó que lo hizo porque era un operativo legal, "autorizado por el Ministerio del Interior" y del que eran conocedores el Gobierno de Mariano Rajoy y la cúpula del PP. De hecho, confesó que le utilizaron no solo para la trama Kitchen sino también para sacarle información de los pagos de campañas electorales de Esperanza Aguirre o detalles de la boda de la hija de Aznar, entre otros asuntos.
"Me pidieron toda la información. Me pedían de Fundescam sobre la financiación de la campaña de Esperanza Aguirre", confesó el escolta en su declaración voluntaria de diciembre de 2020 y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. "¿Le pidieron información del PP?"; le preguntó su abogado Javier Vasallo a lo qu éste respondió: "Me preguntaban por la secretaria general (María Dolores de Cospedal) sobre si había escuchado algo del presidente", añade. "¿Del presidente del actual o del anterior?". "Del actual y del anterior", respondió Ríos Esgueva en referencia a Mariano Rajoy y a Aznar. De este último dijo que también pusieron el foco en su yerno Alejandro Agag.
El chófer de Bárcenas que le acabó espiando y cobrando de los fondos reservados del Estado confirmó ante el juez al frente del caso Villarejo que los policías implicados en la Kitchen no solo querían acceder a las pruebas que tuviera Bárcenas sobre el PP sino que también le intentaron sacar temas clave del partido en plena investigación por la trama Gürtel. Según dijo, querían saber qué conocimiento exacto tenía Bárcenas de todos estos asuntos en un momento en que el extesorero rompía lazos con el partido en el que había trabajado tres décadas y al que delató ante el juez Pablo Ruz con sus papeles sobre la contabilidad B.
El juez: "Eso es importante"
Su revelación hizo que el juez le advirtiera la nueva dimensión que estaba tomando la causa. "Lo que no estaba tan claro, hasta ahora, es que no solo querían información no ya el Partido Popular sino el Ministerio del Interior sobre otros personajes y otras situaciones. Eso es importante", se escucha decir al magistrado en la grabación. Se trata de un testimonio que prestó a petición propia de Ríos Esgueva y tras el registro que Agentes de Asuntos Internos llevaron a cabo en su domicilio en el que se incautaron de agendas y de dispositivos móviles.
De hecho la declaración -que se dividió en dos días- versó en un primer momento en relación a los pormenores de su captación como chófer de la policía patriótica y, en segundo lugar, en relación a las agendas en las que anotó todo lo acontecido entonces. Con todo, no era la primera vez que Ríos Esgueva hablaba ante los investigadores del caso Tándem. Ya lo hizo tras su imputación en enero de 2019. Sin embargo, en esta ocasión explicó que accedió a reunirse con Villarejo y con Enrique García Castaño porque éstos le dijeron que tenían "buena relación" con María Dolores de Cospedal y con su marido, Ignacio López del Hierro.
"Fui a la reunión porque me lo dijo el señor Gomez Gordo y porque era importante para la Policía (...). Me dijeron que era un operativo autorizado por el Ministerio del interior", respondió de acuerdo con los audios de su declaración. Ríos Esgueva demostró de esta forma la tesis del propio Villarejo acerca de que intermedió López del Hierro para captarle a través del inspector Andrés Gómez Gordo, exjefe de seguridad de Cospedal en Castilla La-Mancha. Además, también confesó que, con el tiempo, su contrato como chófer y su posterior captación como topo guardaban relación. "Si usted me pregunta si me buscaron a posta... sí señoría. Cada vez me doy más cuenta", sentenció.
"Se monta desde el partido"
"Villarejo me dijo que no era delito, que no me preocupase", relata en relación al momento en que fue captado como topo a mediados de 2013. Llevaba desde febrero trabajando para la familia Bárcenas-Iglesias en calidad de chófer/escolta pero entonces le encargaron rastrear todos sus movimientos para, según le dijeron, dar parte de esa información a la investigación penal abierta en la Audiencia Nacional por sus famosos manuscritos. Pero no fue así. De hecho, los investigadores de esa causa denunciaron que se hizo "extramuros" de ese procedimiento penal.
"Ahora ve claro que al final podríamos denominarlo un montaje organizado para que usted vaya a un sitio concreto y cierren el círculo", le explica el instructor a lo que éste responde: "Señoría, todo lo que me vaya usted a decir, lo sé yo". El magistrado insiste apuntando a que la orden de espiar a Bárcenas saldría del partido y no tanto del departamento que dirigía el también imputado Jorge Fernández Díaz: "De lo que me está diciendo, si es así, está claro que se monta desde el partido, no desde el Ministerio del Interior, eso es lo que usted me está queriendo decir", a lo que el ahora policía respondió: "Yo no tengo pruebas. Pero no creo en las casualidades".
Las pruebas contra Rajoy
Ríos Esgueva, que explicó que los teléfonos que le incautaron en su casa se los habían facilitado desde el Ministerio del Interior, relató que se le pidió muy en concreto que averiguara qué información tenía el también exsenador de Cospedal; de Mariano Rajoy (al que Villarejo apodaba 'el barbas'); de su exnúmero dos en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría o del CNI. "Era objetivo de investigación todo lo que lo que pudiera captar de mi trabajo", dijo. También se interesaron por las pruebas de Bárcenas que implicarían a Rajoy en la caja B. "Me han preguntado si yo tenía constancia de que existiera. No me han pedido ningún papel", apostilló.
El testimonio del chófer se celebró a puerta cerrada y en el marco de la subpieza del caso Villarejo cuyo secreto se acaba de alzar. En estos meses de pesquisas secretas, los investigadores estrecharon el cerco no solo en la cúpula de Interior sino también en Cospedal y su marido, cuya declaración está fijada para los próximos 29 y 30 de junio. Su imputación se produjo a tenor de lo manifestado por Ríos Esgueva y de las anotaciones de la agenda personal de Villarejo. El magistrado se interesará especialmente en el papel que jugaron en la captación de este chófer que terminó cobrando 48.000 euros de los fondos reservados.
https://www.vozpopuli.com/espana/chofer-kitchen-aguirre.html
BÁRCENAS DETALLA EL SUPUESTO AUDIO DE RAJOY: “ME LO SÉ DE MEMORIA PORQUE ME LO HE OÍDO 800 VECES”
EL PAÍS reproduce parte del interrogatorio al extesorero por parte de la Fiscalía Anticorrupción
Luis Bárcenas detalló el pasado 18 de diciembre al magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen —la trama parapolicial urdida en el Ministerio del Interior para presuntamente arrebatar al extesorero popular documentos comprometedores para el PP—, el contenido de la supuesta conversación que, según su versión, mantuvo en 2009 con Mariano Rajoy en su despacho, cuando le entregó una copia con datos de la caja b y este los destruyó en una trituradora de papeles. Bárcenas insiste ahora que captó ese episodio en audio, que llegó incluso a encargar sin éxito la destrucción de una de las copias, pero que otra que tenía se la robó el grupo de policías que le espió. Eso sí, ha cambiado de versión sobre esta grabación del expresidente del Gobierno y en otras ocasiones ha aseverado que no existía.
Rajoy ha negado siempre esta escena: “A mí no me ha entregado ninguna contabilidad. La primera vez que vi [los papeles de Bárcenas] fue publicados en un diario nacional, [EL PAÍS], el 31 de enero de 2013. Por tanto, es metafísicamente imposible que los destruyera”, dijo el expresidente en el juicio de la caja b, el pasado 24 de marzo: “Yo no he triturado lo que no ha estado en mis manos”.
Esta es la reproducción exacta de la conversación entre el extesorero y el fiscal que se produjo el pasado 18 de diciembre, que ha permanecido bajo secreto de sumario hasta esta semana:
Fiscal. Esto dice que estaría... se puede llamar un doble fondo, tal como usted lo ha descrito, de un banco.
Bárcenas. Bueno, sí, sí. Sería un doble fondo, pero no un doble fondo preparado. Se da la casualidad de que es un banco grande acolchado de color marrón con un asiento muy cómodo, pero como es un rectángulo, al abrir la tapa, el espacio lo han mantenido hueco pues para que tenga una segunda utilidad. Y la utilidad que yo le di, porque coincidían las carpetas a lo ancho, fue guardar documentos dentro.
F. ¿Y eso no lo mueve usted de allí hasta que entra en prisión?
B. Y eso no lo muevo de allí hasta que entro en prisión, efectivamente.
F. Desde que entra usted en prisión, ¿ordena usted a Rosalía [Iglesias, su mujer] o al conductor que ese material que está en ese doble fondo del banco se mueva del lugar o vaya a otro sitio?
B. No, no. Primero, porque ninguno de ellos sabía que yo había hecho esa selección. Bueno, mi mujer vería que había cosas que había metido ahí, pero yo nunca le di ninguna explicación, como se puede imaginar. Y, por supuesto, al conductor no. Mi mujer podría habérsela dado, ¿no?, pero no dije el porqué había hecho esa separación. Y, desde luego, al conductor en ningún caso.
F. ¿Esas grabaciones puede usted determinar qué contenido tenían?
B. Las grabaciones, la del señor Rajoy me la sé de memoria porque me la he oído 800 veces. La del señor Arenas, al ser una grabación más larga, porque fue el resultado de una comida que tuvimos... Yo me desplacé a Sevilla expresamente para poder vernos, comimos en un restaurante que se llama Oliza, muy cerca de la sede del partido. Es una conversación larga, pero la conversación con el señor Rajoy la recuerdo perfectamente. Insisto, porque la he vivido, la conversación [...] Entró en el despacho: ‘Luis, qué tal, ¿Cómo estás?’ [Yo le digo]: ‘Vengo a verte porque Javier Arenas me ha planteado lo siguiente: nos queda un saldo en la contabilidad extracontable del partido a disposición, como es evidente, en función. No vamos a seguir con la que está cayendo. No vamos a seguir haciendo uso de esto. Le he preguntado a Javier qué hago con el remanente y me ha dicho: ‘yo creo que lo debes meter en un sobre y entregárselo a Rajoy’. Eso es exactamente lo que yo le traslado. Entonces él me dice: ‘Pero Luis...’. Y voy con el papel con el saldo final y le entrego una fotocopia, y le entrego una fotocopia del papel. ‘Pero Luis cómo guardas estos papeles’. Y digo: ‘Bueno, pues por una razón muy sencilla. Porque tanto Álvaro [Lapuerta] como yo hemos querido esto tenerlo documentado, por si en algún momento surgía alguna duda en cuanto al correcto empleo de las cantidades o en cuanto a que las percepciones que un determinado empresario o persona particular ha dicho que entregaba al partido, que no surgiese ninguna duda que estaban anotadas y que el empleo ha sido el que tenía que ser, ¿no? Un empleo correcto’. Entonces coge la nota y claro: ‘Esas notas y tal’, [dice Rajoy]. Se da la vuelta en el sillón y, esto se oye en la cinta, la mete en la destructora de papeles y se oye el ruido de la destructora destruyendo el papel en cuestión. Le hago entrega del sobre, se queda con el sobre... y yo creo que poco más. No sé. Yo creo que ahí termina mi conversación y me voy del despacho.
F. ¿En esa grabación se dan nombres de personas receptoras de esos sobresueldos?
B. No, en absoluto. La conversación es prácticamente literal lo que yo le acabo de contar.
F. ¿La grabación corresponde a toda la entrevista con el señor Rajoy o solo un tiempo de ella?
B. Corresponde a toda la entrevista.
F. ¿Qué duración tiene?
B. Pues no creo que sean más de tres minutos. Es una visita rápida, sin cita previa, en la que yo subo después de ver al señor Arenas. Subo a su secretaria, le digo si está solo, si puedo pasar un momento. Yo no sé si llego a sentarme siquiera, me imagino que sí... Pero no debe durar más de tres minutos.
F. ¿Confirma usted que estaba solo entonces con el señor Rajoy en ese momento?
B. Absolutamente.
AUDIOS | LA DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ DE MOROCHO, EL POLICÍA QUE SE NEGÓ A TAPAR LA GÜRTEL: “TRABAJAMOS EN UNAS CONDICIONES PENOSAS”
Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y principal investigador de Gürtel, la trama encabezada por Francisco Correa y que implicó a numerosos cargos públicos del PP, regresa este viernes a las 9.30 a la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón lo ha citado dentro de la causa que investiga el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, conocida como caso Kitchen, para que prosiga con el devastador relato que inició el pasado martes, cuando narró el cúmulo de presiones al que fue sometido para tratar de torpedear las pesquisas judiciales sobre la red de corrupción. Una narración de cerca de tres horas que impresionó al propio magistrado, como detalló EL PAÍS y como evidencian los audios de aquel interrogatorio: “A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsables políticos, concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy”.
—Me deja usted un panorama desolador —le llegó a decir el juez en un momento.
—Pues se lo puedo dejar peor todavía… —respondió Morocho.
—Siga, siga…
Extracto de la declaración de Morocho del pasado martes, donde el juez afirma: "Me deja un panorama desolador".
El testimonio del agente de la UDEF ha irrumpido con una fuerza imparable en la instrucción de Kitchen, la trama parapolicial urdida en el Ministerio del Interior para espiar sin control judicial al extesorero popular Luis Bárcenas tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle documentos sensibles para altos cargos del PP. Hasta ahora, el magistrado García-Castellón había centrado su mirada en los meses próximos a julio de 2013, cuando sitúa el inicio de ese despliegue irregular. Pero el relato de Morocho evidencia que las maniobras para torpedear el caso Gürtel se sucedían desde mucho antes y, además, estas procedían desde la propia cúpula policial y el ministerio, controlados por el partido conservador.
Los detalles facilitados por el inspector jefe fueron profusos. El policía narró cómo sus superiores modificaban sus informes sobre Gürtel y la caja b de los populares, dada ya por acreditada por el Tribunal Supremo. Y cómo le instaban a que sacara de ellos a los dirigentes del PP o a sus familiares: entre otros, a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno y que aparece como perceptor de sobresueldos en los papeles de Bárcenas; o el empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general de la formación, que aparece cómo donante de la contabilidad paralela. “Hemos trabajado en unas condiciones penosas”, asevera el agente de la UDEF.
“[Al juez, esos datos], le llegaron en un anexo”, explicó Morocho a García-Castellón: “Hicimos una tabla sumatoria de todo lo percibido, pero en el cuerpo [del informe] no estaban. El juez, si leía únicamente el contenido del cuerpo del informe, no tenía conocimiento realmente de quiénes eran los perceptores. Lo que pasa es que yo, durante todo este tiempo, tenía la documentación formal que se entregaba al juez y luego le tenía que decir al juez qué era lo que me habían obligado a quitar. O [le decía]: ‘Esto no lo he puesto aquí y lo he tenido que poner allí, en el anexo, porque me impedían ponerlo’. Entonces, el juez tenía conocimiento subrepticio de aquello que yo no podía aflorar en el cuerpo del informe. Entre ello, la identificación plena de estas personas a nivel indiciario”.
El juez le pide al inspector jefe que especifique quiénes le pedían aquello: “Eso me lo sugiere toda la cadena de mando, desde el que entonces era comisario general, [José García] Losada, hasta Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, jefe de brigada, y los dos jefes de sección”. “Las reuniones eran colectivas y en ellas se conminaba a que cambiara y quitara determinadas cuestiones, que yo ponía a nivel indiciario. Yo simplemente lo que hacía era cumplir lo que el magistrado nos pedía: que era analizar unos documentos y exponer lo que allí aparecía sin entrar en más consideraciones”, apostilló.
Extracto de la declaración de Morocho: "Le tenía que decir al juez qué era lo que me habían obligado a quitar".
Pero Morocho, que responderá este viernes a las preguntas de la Fiscalía y del resto de partes personadas en la causa (defensas, perjudicados y acusaciones), disparó todavía más arriba durante su declaración y apunta a la cúpula policial y de Interior, a quienes considera que se encontraba detrás de las presiones. El inspector jefe detalla cómo Eugenio Pino, director adjunto operativo y máximo mando policial durante el Gobierno de Rajoy, lo trasladó de puesto y lo sobrecargó de trabajo para tratar de frenar el caso Gürtel. También explicó que intentaron mantener cerca de su grupo de la UDEF al comisario Andrés Gómez Gordo, persona de la máxima confianza de Cospedal y asesor de la política durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha: de hecho, querían introducirle en su equipo de investigadores a un hombre próximo a Gómez Gordo, pero Morocho asegura que se negó.
El episodio más evidente se produjo en junio de 2013, cuando el grupo de agentes de Morocho trabajaba a pleno rendimiento después de que EL PAÍS publicara en enero de ese año los papeles de Bárcenas y llegaran las comisiones rogatorias con la información de las cuentas en Suiza del extesorero. Según Morocho, entonces trataron directamente de comprarle y le ofrecieron el traslado como agregado de Interior a alguna embajada, proponiéndole entre varias la de Lisboa, un puesto con una mejor remuneración económica. El inspector jefe contó al juez que esta oferta le llegó de boca del comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF y posterior responsable del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.
La cita se produjo en una cafetería de Madrid, según subrayó Morocho. Allí, Olivera le puso las cartas sobre la mesa: “¿A dónde quieres irte? ¿A una embajada? ¿A cuál?”. Incluso durante la conversación, según la versión del agente de la UDEF, el comisario recibió una supuesta llamada del entonces ministro Jorge Fernández Díaz, de la que dedujo que este se interesaba precisamente por el asunto que estaban tratando: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, narró Morocho que dijo Olivera a su interlocutor. “Ves, me llama hasta el ministro”, remachó al colgar. El abogado de Fernández Díaz negó que se produjese esta llamada entre su cliente y el mando policial. Por su parte, el juez imputó este jueves a Olivera.
Extracto de la declaración de Morocho: "A mí se conminó a que desvalorara los documentos de EL PAÍS".
Entre otros extremos, el inspector Morocho expuso: “A mí se me conminó a que desvalorara los documentos que sacó EL PAÍS, a que siguiera la dinámica que en aquel momento el PP estaba exteriorizando ante la opinión pública de que esos documentos eran inveraces, de que la única contabilidad que había era la del Tribunal de Cuentas; y a que [dijera] que ‘sabrá Luis Bárcenas qué sentido tienen esos documentos y a quiénes afectan, pero en ningún caso al PP’. Eso se me transmitía a mí y pretendían que yo lo incorporara sin más al informe y yo les dije que no”.
VILLAREJO, DÍAS ANTES DE KITCHEN: “CHISCO DICE QUE MIN. HABLÓ CON RAJ. Y TODO ES OK”
Una anotación del comisario de julio de 2013 señala al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy
Los últimos 13 cuadernos intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo arrojan nuevos indicios sobre el alcance de las relaciones políticas de este, uno de los principales implicados en la operación supuestamente urdida en el Ministerio del Interior en 2013 para espiar al extesorero Luis Bárcenas e impedir que la documentación comprometedora para dirigentes del PP llegara a la justicia. Villarejo anotó el 6 de julio de 2013, solo cinco días antes de que Interior pusiera en marcha la Operación Kitchen, los detalles de una conversación que presuntamente mantuvo con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al que se refiere con el alias de Chisco. Entre esas anotaciones, el comisario escribe: “Dice que Min [supuestamente, ministro] habló con Raj [Rajoy] y todo es ok”.
Justo antes, el policía había anotado, también como parte del contenido de su conversación con el número dos de Jorge Fernández Díaz, una referencia a “varias llamadas sobre cita Igles[ias] con Barc[enas] el lunes en prisión”. Supuestamente se refiere al encuentro que el abogado Javier Iglesias, cercano al PP, iba a mantener con el extesorero, entonces en prisión, y que se materializó dos días después, el 8 de julio. Los investigadores dan una alta credibilidad al contenido de las agendas, que consideran una especie de “diario personal” destinado a “la lectura privada de quien las confeccionó” en las que Villarejo anotó a modo de “registro”, entre 2007 y 2016, las supuestas “actividades”, “citas o comunicaciones mantenidas con terceros”, así como las fechas en que se produjeron y una “breve descripción del objeto de las mismas”.
No es la primera vez que el nombre de Rajoy aparece en el sumario del caso Kitchen. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ya señalaba en un informe en el que analizaba una de las grabaciones incautadas a Villarejo, la posibilidad de que el expresidente del Gobierno tuviera “conocimiento” del entramado parapolicial para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos. De aquellos audios, los agentes concluían que la operación estuvo “coordinada” por Francisco Martínez, ya imputado en la causa, y que alguien al que los implicados se referían como el Asturiano tuvo conocimiento de la misma. En un escrito posterior, la Fiscalía Anticorrupción atribuía este apodo a Rajoy.
También lo hizo el pasado mayo, en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, el comisario José Luis Olivera, al que este jueves el juez Manuel García-Castellón ha citado como imputado en la causa. A preguntas de los diputados, el alto mando policial confirmó que Villarejo utilizaba tanto ese alias como el Barbas para referirse al expresidente del Gobierno. En la Cámara baja, un segundo ex alto mando policial, el comisario Enrique García Castaño, conocido como el Gordo y que colabora con la justicia, mostró su convencimiento de que Rajoy estaba informado de la operación a través de Villarejo del que dijo que “siempre ha tenido acceso a niveles políticos muy altos”.
En otras anotaciones dispersas de sus cuadernos, el comisario jubilado recoge referencias a las supuestas grabaciones de las cámaras de seguridad de la sede del PP en la calle Génova, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS. Así, el 23 de julio de 2013, Villarejo anota: “68 cámaras-visitas ult. 4-5 años” y, a continuación, “Villar Mir el identificado (subiendo con maletines)”. Solo un mes antes, el PP había contestado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, que no guardaba imágenes de su circuito de videovigilancia cuando este se las requirió para comprobar si los empresarios que aparecían en los papeles de Bárcenas como supuestos donantes de la caja b acudían a la sede de la formación. El empresario Juan Miguel Villar Mir era uno de ellos. Unos días más tarde, el comisario recoge una nueva anotación: “Borrado disco duro. Imágenes 6 y 7 y ascensor”. La sexta planta es donde se encontraban los despachos de los entonces tesoreros, Álvaro Lapuerta —ya fallecido— y Bárcenas.
AUDIO | EL TOPO DE KITCHEN: “LAS VIGILANCIAS EN EL DOMICILIO DE BÁRCENAS ERAN CONTINUAS”
El juez preguntó al exchófer del extesorero si la trama de espionaje la había gestado el propio PP
A principios de julio de 2013, cuando Luis Bárcenas amenazaba con tirar de la manta por primera vez, el Ministerio del Interior puso en marcha la Operación Kitchen, una trama policial financiada con fondos públicos de espionaje al extesorero popular sin ningún tipo de control judicial y que tenía por presunto objetivo arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del partido conservador. Ese despliegue incluyó la captación como confidente de su chófer, Sergio Ríos, quien detalló el pasado 25 de noviembre los permanentes seguimientos que se hicieron al también exsenador y su entorno. “Las vigilancias en el domicilio de Bárcenas eran continuas”, detalló a Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, según el audio de su declaración, al que tuvo acceso EL PAÍS.
A lo largo de cerca de dos horas y durante dos días seguidos, Ríos relató al juez que los agentes bajo las órdenes de dos de los comisarios imputados —José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño— le solían dar el alto para registrar el vehículo del extesorero. “En una semana me podían parar tres, cuatro o cinco veces”, aseguró: “Normalmente era cuando iba a hacer un recado o me llamaban o algo. Me paraban y yo ya sabía quiénes eran. Unas veces estaba García Castaño y otras Villarejo. Y mientras yo despachaba con ellos, me revisaban el coche: maleteros, los asientos... Nunca vi que se llevaran ninguna documentación”, contó al magistrado del caso Kitchen.
En su declaración, donde el juez le llega a preguntar si cree que la operación parapolicial se pudo gestar en el propio PP y no en Interior —“Señoría, no creo en las casualidades”, respondió el antiguo chófer—, Ríos comenta que Villarejo siempre aseguraba que recibía órdenes de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, y que solía despachar con él. Además, tras admitir que cobró cerca de 50.000 euros de los fondos reservados, el conductor especificó que sus controladores le preguntaban mucho si Bárcenas guardaba información de cargos populares como Rajoy; María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP; o José María Aznar, expresidente del Ejecutivo.
¿Qué personalidades le dijeron que sabían que cobraba de los fondos reservados? “Villarejo me explicó, y esto era una garantía, que [el uso de este dinero público] demostraba lo importante de este operativo y lo alto que estaba autorizado desde el Ministerio del Interior. Y que la partida estaba firmada por la Secretaría de Estado”, responde el chófer a su abogado en un momento del interrogatorio. ¿Le dijo que el ministro y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tenían conocimiento? “Sí. Y que si no, no podían efectuarse”, remachó Ríos, que narró cómo le enseñaron también fotografías de vigilancias prácticas en la puerta del despacho del abogado de Bárcenas para que intentara “reconocer quien salía”.
La investigación de la trama Kitchen se ha convertido en un terremoto. El inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador de la trama Gürtel, ha relatado también esta semana todas las “presiones” y trabas que recibió para intentar frenar la investigación que cerca al PP desde 2009. El agente ha contado al juez cómo le instaban a modificar sus informes; cómo le conminaban a eliminar los nombres de los dirigentes populares; cómo trataron de comprarlo; cómo quisieron colocarle un topo en su grupo; y cómo lo sobrecargaban de trabajo para frenar los avances de las pesquisas. A tal dimensión llegó el boicot, que Morocho ha desvelado este viernes que el juez instructor de Gürtel, Pablo Ruz, temía que le estuviesen espiando y le pidió buscar micrófonos en su despacho. Fuentes del entorno de Ruz lo confirman.
LAS CLOACAS DE INTERIOR: VILLAREJO FILTRA UN AUDIO DE 2009 EN EL QUE SE INCRIMINA JUNTO CON OLIVERA Y UN SOCIO PERO CON UN GAZAPO SOBRE PODEMOS
El comisario José Manuel Villarejo comenzó a preparar su detención el 25 de enero de 2017 (su arresto se produjo el 3 de noviembre de ese año) después de que Público desvelase el chantaje a la Casa Real y al CNI que estaba haciendo junto con otros mandos policiales, como el ex director adjunto operativo (DAO) del Ministerio del Interior, Eugenio Pino, como se desprende de sus agendas y audios que constan en el sumario del caso.
Lo confesó el comisario Enrique García Castaño, imputado junto con los anteriores en la macrocausa Tándem que se instruye la Audiencia Nacional. Señaló El Gordo (como apodan a ese exmando de la Comisaría General de Información) a Eduardo Inda y Manuel Cerdán como depositarios de información tan comprometedora, que finalmente publicaron en agosto de 2018, después de que el multimillonario policía hubiera sido detenido en noviembre de 2017 y enviado a la prisión de Estremera junto con el exjefe de la comisaría del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca.
Pocos días después, otro de sus chicos, Esteban Urreiztieta, aseguraba en una información en El Mundo que la Policía involucraba a Juan Carlos I en el caso Pujol con una cuenta en Andorra, y confirmaba este chantaje con unas declaraciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en el que fuentes oficiales del espionaje español advertían que cuando se les echaba un órdago siempre decían que sí y que "o se acaba con Villarejo, o Villarejo acaba con el Estado de Derecho". Con este aviso el comisario marchó a Nueva York con sus amigos Adrián de la Joya y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, ambos al tanto y partícipes de los tratos con Corinna zu Sayn-Wittgenstein que les suministró abundante información sobre las presuntas amenazas del general Félix Sánz Roldán contra ella y sobre los negocios de Juan Carlos I fuera de España.
Lo pensado en ese viaje a Nueva York de principios de febrero, donde se vieron con Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, se resumió en una conversación mantenida el 17 de febrero de 2017 con otro apadrinado y exsocio del comisario jubilado, Daniel Montero, a quien le dejó claro que sabía que iba a haber un registro en su casa y que iba a dejar "siete copias" distribuidas dentro y fuera de España: "Le diré a la secretaria 'abra ese cajón que hay una cosa de una persona muy relacionada con una alta personalidad'...", aludiendo a sus grabaciones con la examante del rey emérito.
Conociendo este plan es como se entiende que el juzgado no haya conseguido desencriptar los 40 teras de audios e información, ni encontrara entonces las 13 agendas que se hallaron luego en un segundo registro a Villarejo en 2020 que forman la denominada pieza 28. Es una documentación que, sin embargo, el comisario Villarejo, su mujer Gemma Alcalá, su compañero de prisión Alfonso Pazos y dos delincuentes de medio pelo de Alicante han intentado vender a los mejores despachos de abogados de Madrid, Barcelona y Málaga con el cebo de que podrían anular sus causas.
Público ha tenido acceso en exclusiva a uno de los audios que se intentaba vender en el paquete que dio origen a esa Pieza 28 (denominado Oli.09113.mp3) que fue facilitado por el entorno de Villarejo y un medio afín que los difundió, hasta que el juzgado se lo prohibió, a un empresario de Estepona (Málaga) imputado en el caso Astapa. Son casi cuatro horas de una comida que mantiene el 3 de noviembre de 2009 con el entonces jefe de la UDEF, José Luis Olivera, y con su socio y policía en segunda actividad, Antonio Giménez Raso, algunos de cuyos extractos han sido publicados la cadena SER o La Razón. Lo publicado trataba sobre el caso Astapa, la Operación Pretoria de Catalunya, o el intento de montaje contra el jefe de los Mossos de Esquadra, Josep Lluis Trapero.
Sin embargo, según ha podido confirmar Público tras un exhaustivo análisis y hablar con más de una decena de personas que son citadas en esa conversación, el audio difundido por Villarejo y que les involucraría a todos en las malas prácticas de la UDEF está manipulado, al menos en 10 segundos, en una frase en la que se habla sobre Podemos. Pero en 2009, cuando se celebró ese almuerzo, la formación morada no estaba ni siquiera pensada, por lo que no podría tratarse de ellos. Es lo que vulgarmente se conoce como un gazapo, como se escucha a continuación.
Villarejo: Las dos o tres consignas duras, ¿quién las transmite? Pues los de Podemos.
Es evidente que esa frase ha tenido que ser introducida a posteriori, porque en 2009 no había ocurrido ni el 15-M (la acampada en la Puerta del Sol sucedió en mayo de 2011), ni Podemos se había creado (comenzó a germinar como idea en diciembre de 2013), ni sus dirigentes como Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero lanzaban "dos o tres consignas duras" puesto que aún no participaban en las tertulias de ninguna cadena nacional.
Más aún, en el mismo audio, el propio Villarejo, hablando de un informe que le había encargado Alfonso Carrascosa (dueño de Legalitas, que se vio involucrado en la pelea entre Florentino Pérez y Ramón Calderón, cuando el segundo era presidente del Real Madrid), explica cómo puede manipularse un audio y como él mismo lo ha hecho con un abogado con el que seguirá teniendo obsesión a lo largo de los años, José Anibal Álvarez. Este abogado ha relatado a Público que "la única vez que me senté con Villarejo, y que me pudo grabar y luego manipular ese audio, fue cuando me vino a reclamar unos servicios que supuestamente había hecho para Juan Antonio Roca por la Operación Malaya. Se lo trasladé a mi cliente, me dijo que me olvidara; y nunca más me ha podido grabar porque nunca más me he sentado con él, a no ser que me hayan intervenido el teléfono ilegalmente".
Como se escucha a continuación, el método de Villarejo es presuntamente indetectable:
Villarejo: Para pedirle que hiciera una pericia y no sé qué, le dijo que le tenía un miedo de cojones a Florentino... ¡Ah, no sabes eso!
Antonio Giménez Raso: No, no, eso no.
V: Yo te cuento, por hacer un lapsus. KPMG, ¡nada menos! Hay un tema donde han falsificado unas grabaciones de tal... que nosotros por el morro a dos o tres amiguetes (inteligible) Entonces hay ahí unas falsificaciones que presenta un periodista, uno que es muy amigo de Carlitos [Carlos Salamanca], Alfonso Carrascosa, con el que ya hemos hablado alguna vez, es un tío muy interesante, muy López Hidalgo, ¿te acuerdas de aquella anécdota? Entonces presentó unas grabaciones y este dijo "he comido con él, el hijo puta me ha grabado, lo ha presentado al juez, el juez lo ha admitido, pero es que esa grabación no fue así. Yo le digo una cosa, él dice otra, pero al final la cantidad que hay en medio él la ha cortado". ¿Cómo se puede esto arreglar? No es fácil... Tienes que ir al análisis petrográfico [que a priori es un estudio de las rocas], que es un salto cualitativo. El análisis petrográfico es un equipo que vale una pasta. Es una especie de nube donde tú ves si casan o no casan esas nubes, más o menos densidad en función del sonido... una historia. La verdad, no puedo explicar el tema porque no lo conozco pero hay ingenieros de sonido que saben...
José Luis Olivera: Si lo has tocado o no lo has tocado...
V: Pero muy difícilmente. Los primeros análisis que se hacen con la normativa que hay no aparece. Porque eso se sueldan, son ceros y unos, y tú metes el código y no sabes dónde empieza un 0 y donde acaba un 1 (...) Esto tú y yo [dirigiéndose a Olivera, entonces jefe de la UDEF] lo hemos hecho con algún audio que hemos dicho "corta aquí", ¿te acuerdas?, Cuando el hijo puta del abogado del maricón del Aníbal [refiriéndose al letrado José Aníbal Álvarez, que en ese momento llevaba la defensa del cabecilla de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca] y, efectivamente, cuando eso ocurre eso va a misa. (...)
Entonces, este hombre nos pide una pericia y le decimos "nosotros tenemos quién pero qué te interesa, págate a un KPMG de la vida, que te van a dar una entidad, un caché y como es un tema jodido pues te va a venir bien". El tío dice "yo pago, no hay ningún problema", el de Legalitas. Vamos al de KPMG y dice "un momento, todo lo que sea Real Madrid y Florentino se considera en nuestra empresa de alto riesgo, por lo tanto... que os den". Dice "vosotros porque estáis locos, pero las cosas de riesgo para qué vas a cometerlas si hay gente que te paga lo mismo y no hay riesgo" y tiene razón el hijoputa.
J.L.O: (inteligible)
Olivera: "Guárdalo [el dinero] como si estuviera a plazo fijo"
¿Pero cuál sería el motivo por el que Villarejo filtraría un audio auténtico pero manipulado? La idea, de sencilla, es compleja. "Es un nuevo órdago al procedimiento", analizan algunas fuentes consultadas. Al igual que las 13 agendas que no fueron encontradas en el primer registro de 2017, pero que se hallaron en 2020 a raíz de que el detective Francisco Marco denunciara esta venta extrasumarial de documentación, si el audio es admitido como prueba sin analizar si está manipulado, muchos acusados por la UDEF tendrían la puerta abierta para pedir la anulación de su causa: desde los imputados en Malaya, Astapa, los Pujol, Gürtel... y un largo etcétera que se le puede atragantar a la fiscalía Anticorrupción.
Si el audio y las agendas son analizados y tras ello son excluidos de la causa, las pruebas contra Villarejo y contra el exjefe de la UDEF y del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), José Luis Olivera, se verían debilitadas y anuladas al estar manipuladas. Y con ellos también las personas que han sido imputadas a raíz del hallazgo de estas agendas, como, por ejemplo, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido Ignacio López del Hierro (El Polla para su amigo de hace tres décadas, el comisario Villarejo).
Y es que el negocio que se traían Olivera, Giménez Raso y Villarejo [a través de Servicios de Investigación y Detección SL en la que se reconoce un 5% a Olivera y que funcionaría con la marca ImásD, no directamente con el Grupo Cenyt] gracias a los imputados por la UDEF queda más que claro, como se escucha a continuación:
José Luis Olivera: eso te lo hace otro...
Villarejo: Por supuesto, nosotros tenemos una empresa, socia nuestra que funciona de puta madre y está haciendo unas cosas de puta madre, pero por el mismo criterio va a... No, no, si el tema va a ir para delante, es el tema de los votos esos, lo de la denuncia falsa y toda esa historia. Que te lo juro, fíjate que ahí esta Rafa [Rafael Redondo, socio y presunto testaferro de Villarejo según la causa Tándem] ejerciendo como abogado...
Olivera: Tengo el móvil de él, lo iba a borrar el otro día...
Villarejo: Pues fíjate que a este Alfonso que está en el tema, el de Legalitas, le hemos cobrado cero porque él tiene de abogado además al Horacio [Horacio Oliva, que fue también letrado en el caso Malaya], es Horacio quien nos recomienda, qué cosas, después de aquello y tal... (...) ¿Qué le vas a cobrar?
Olivera: Eso tiene que ser un pelotazo un día...
Villarejo: Claro, si eso lo hablo yo con Toni [Antonio Giménez Raso], que se preocupa siempre por la facturación, y le digo "no te preocupes que ya vendrán oportunidades". La semana que viene te voy organizando lo del tema del 'buga'.
Olivera: Lo tengo ya organizado.
Villarejo: Pero no seas maricón...
Olivera: Ya lo tengo organizado, lo tengo organizado...
Villarejo: Oli, el año pasado me dijiste "guárdame..."
Olivera: Pero tú déjalo.
Villarejo: Yo lo tengo.
Olivera: Pero ¿por qué? Porque cuando yo aparezca con un buga soy objetivo, entonces mientras yo en cuenta tenga la pasta...
Las alusiones a que Villarejo es quién le guarda el dinero a Olivera, ante las sospechas que el enriquecimiento del jefe de la UDEF pudiera generar dentro de la Policía son explícitas, aparecen en el siguiente audio:
Villarejo: Yo lo tengo ahí [el dinero]...
Olivera: Tú déjalo ahí, como si estuviera a plazo fijo...
Villarejo: Yo lo tengo ahí, no rinde porque está en el ladrillo...
Olivera: Tampoco rinde fuera.
Villarejo: Pero que sepas que eso está ahí, yo lo estaba organizando... Bueno, bueno, que sepas que eso está ahí y que si a final de año te hace falta para algo pues... Además, insisto, es un tema tuyo y mío...
Olivera: Si hace falta ya te lo diría.
Villarejo: Que ese es un tema que no existe. Ni Toni, ni Rafa, ni la parienta nosotros dos.
Olivera: ¿Yo qué le tengo que decir a la parienta? Si la va a dar su padre ahora no sé qué... Lo del coche lo he hecho yo y eso que lo va a llevar ella.
Villarejo: Bueno, pero que sepas que el tema ese está ahí. A mi ni se me olvidan las cosas ni cambio de criterio. A mi me pasa lo que a ti, que no cambio de criterio. Bueno, yo por si acaso, que lo tenía organizado y lo tengo. Lo guardo en el ladrillo...
Olivera: Guárdalo en el ladrillo.
Compra y venta de bases de datos entre la UDEF y Villarejo
Pero el negocio no es solamente con los imputados por la UDEF a quienes se les puede gestionar la modificación de informes, como ya desveló Público con otros audios. Antonio Giménez Raso (conocido como El Bigotes en el mundo de la investigación privada, a quien Villarejo hacía pasar por agente de la UDEF entre denunciantes de corrupción), un policía en segunda actividad y absuelto en un caso de narcotráfico en el Puerto de Barcelona, le vende a Olivera bases de datos personales (lo que sería un delito), como puede comprobarse a continuación:
Villarejo: Oye, véndele a tu tronco las bases de datos esas que hemos conseguido...
Antonio Giménez Raso: Te hemos traído aquí los CD's de la base de datos de las elecciones al Parlamento Europeo de todos los españoles residentes en España y en el resto del mundo.
V: ¿Puede de ser interesante o no?
A.G.R: Más los anteriores desde 1992...
V: ¿Para localizar a los españoles en todo el mundo puede estar bien, no?
A.G.R: Y te sale con los familiares y además puedes picar...
José Luis Olivera: ¿Los que han votado?
V: No, no, no...
J.L.O: Los que están inscritos...
V: ¿Cuánto nos ha costado?
A.G.R: El primero nos costó 400 y este 600.
V: Te lo damos por 700... ¿no?
J.L.O: No, 1.000 euros.
V: Pues 1.000 euros está genial. Pues hazle una copia aquí mañana...
A.G.R: No, yo le doy los CD's y que se haga una copia...
J.L.O: Yo me hago un par de copias y te doy 1.000 eurillos.
V: No te quejes, joder.
A.G.R: No, no, yo de este no me quejo nunca.
J.L.O: Te lo doy en dinero, para la cuesta de enero...
V: No, pero está bien...
J.L.O: Me harás un recibito y ya está.
A.G.R: Pero hay más. La de los extranjeros que están en España, la de los teléfonos fijos de telefónica... y luego además tú por ejemplo pones la calle Santa Amelia y te salen todos los que están viviendo en Santa Amelia y si pones por nombre, Rafael Redondo Rodríguez te salen todos los Rafael Redondo Rodríguez y cuantos más datos más...
J.L.O: Me explicas cómo va eso o viene con instrucciones...
A.G.R: Esta base de datos ahí [en la Policía] no la tenéis, tenéis que hacer secciones para localizar a gente.
V: Lo cual está bien.
J.L.O: Yo tengo el censo de las últimas elecciones.
V: Pues nosotros tenemos el censo de las últimas elecciones y de las anteriores, todo mezclado. Un contacto vía Toni...
A.G.R: Y este último es muy bueno porque es el último es de 2009, de junio de 2009...
V: Y además con los antecedentes de los anteriores, con lo que cual si hay cambios...
A.G.R: Y la familia. Te sale Rafael Redondo, siempre que sean mayores de edad los menores de edad no, el año pasado con uno de los niños, con el mayor...
V: Y hace cinco años con otro domicilio...
A.G.R: Claro, el histórico.
J.L.O: Además estoy gastando poco últimamente tengo que gastarme más.
V: Tienes que gastarte un poquito más, porque si no la gente se cabrea y te reduce.
Olivera habla de dinero gastado en la UDEF pero no se entiende bien.
Villarejo dice que hay que poner remedio a que la UDEF facture poco, y comienzan a idear la posibilidad de que sus empresas sean las que facturen a la unidad de delincuencia económica, a la que debería servir y por la que ya cobra su salario público. Olivera le explica que esas facturas van a la comisión de secretos del Congreso de los Diputados, pero parece que todo tiene solución, como se escucha en la conversación que prosigue:
Villarejo: Eso no puede ser, cuando tú me digas yo te presento facturas de lo que tú me digas...
Olivera: Jajajajajaja
Antonio Giménez Raso: Te presentamos una factura de 250.000 euros rápido.
V: De alguna manera, joder, hay informaciones y cosas que en un momento determinado... en la información se hace factura de todo, eh... Pero de todo.
O: Ya lo sé, ya lo sé. No... si se puede facturar. Alguna cuestión que sea interesante. ¡Hostia, al primo de Marbella lo lleva pagando todos los meses!
V: Claro.
O: Le he puesto yo un piso, una pasta todos los meses, tun, tun, tun, tun...
(...) Pero alguna cosa que busquemos, de registros...
V: Todas las gestiones esas de registros dímelo y acuérdate que cuando hablamos con el Oscar le pareció de puta madre, que le dijiste "este el que ha hecho lo de la sociedad"...
O: Pero vamos, yo te lo puedo pagar si a mi no me va a costar nada y está totalmente justificado, todo lo que esté justificado porque en la mayoría de las operaciones te pide luego el Parlamente gastos y va a la comisión de secretos oficiales...
A.G.R: Bueno, pero tú lo justificas y no hay ningún problema... Mira [vuelve a las bases de datos], este te interesará porque este no es muy común...
O: Pero a ver, ¿tú puedes hacer ahí copias? Pues hazme cinco copias y yo le doy una a la UDYCO, otra a no sé quién, otra a tal...
V: Y a cada uno le repercute en 150...
O: No, no, no, lo pago yo...
V: Y quedas como Dios.
A.G.R: Esta muy bien...
O: Y una base buena rápida es cuando se legalicen todos los móviles...
V: Ahora los prepago, ¿no?
A.G.R: ¿Sigue mi primo ahí en Telefónica?
O: Ya se ha ido.
V: Y lo que es rastreo de llamadas, ¿es complicado?
O: Yo te puedo conseguir una, pero tiene que ser una que nos interese a ti, a mi y a él...
V: Pero más rastreo no, por favor...
A.G.R: ¿Las [llamadas] salientes?
O: Las salientes es complicado. Se pueden conseguir, pero tiene que ser una cosa muy puntual. En la base de datos se queda registrado, entonces, si hay alguien que cobra por eso hay que pagarle. A mi no me cobran, pero yo le he dado una Cruz Blanca [distintivo honorífico de la Policía].
V: Oli, hay que pagarle a la gente y no pasa nada...
O: Si no es por pasta. Yo tengo a dos tíos que sigo manteniendo ahí, entonces, yo puedo conseguir entrantes y salientes pero hay que... con la Gürtel el tío alucinaba, no me pregunta para qué es. Además no hay rastreo, ni un papel, por canuto lo apunto y ya está... Eso que hacía El Gordo [Enrique García Castaño]... porque siempre puede decir "yo lo he mirado en la pantalla porque me han preguntado, pero no le he dicho nada".
VILLAREJO ANOTÓ UN PLAN CON COSPEDAL Y SU MARIDO PARA AUPAR A JEFE DE LA POLICÍA AL ÚLTIMO IMPUTADO EN KITCHEN
En su agenda aparece junto a las iniciales de Ignacio López del Hierro: "Insiste en que han propuesto al Oli de DAO", en referencia al interés de los investigados por que el comisario José Luis Olivera, recién imputado por obstruir la investigación de la caja B del PP, se convirtiera en 'número dos' de la Policía Nacional
El comisario en excedencia José Luis Olivera es el último policía en incorporarse a la lista de investigados por sabotear la investigación de la caja B del Partido Popular. Relevante con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, muy influyente en el de Mariano Rajoy, a punto estuvo de ser el jefe operativo de la Policía. La maniobra se vio frustrada, tal y como refleja el dietario del Villarejo, donde también aparecen las maniobras del comisario y sus colaboradores por poner a uno de los suyos en la cúspide del Cuerpo, con la intermediación de María Dolores de Cospedal, secretaria general entonces del PP.
El 16 de noviembre de 2016, Villarejo resume el contenido de once conversaciones mantenidas ese día con políticos, empresarios y con el propio Olivera. Una de las anotaciones alude a lo hablado con Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal: "Transmití mi pesar por el trato al exministro. Insiste en que han propuesto al Oli de DAO".
Anotación de Villarejo en su diario correspondiente al 16 de noviembre de 2016
Tanto el contenido de los mensajes como el momento son relevantes de acuerdo al principio que está guiando el análisis de las agendas por la Unidad de Asuntos Internos. Los policías que investigan a Villarejo están tomando las anotaciones y cruzándolas con hechos públicos o acreditados durante la instrucción para concederles credibilidad. Este criterio ha sido asumido por el juez en el auto de imputación de Cospedal, su marido y el ex jefe de gabinete de la primera, José Luis Ortiz Grande.
Doce días antes de la anotación, el 4 de noviembre de 2016, Juan Ignacio Zoido había tomado posesión como ministro del Interior. La amistad que unía a Jorge Fernández Díaz con Rajoy ya no era suficiente para sostener en el puesto al primero, salpicado por los escándalos de Villarejo y otros miembros la brigada política que había actuado durante su mandato de cuatro años. La elección de su sustituto apuntó de inmediato a María Dolores de Cospedal: Juan Ignacio Zoido era el líder de los partidarios de la secretaria general en Andalucía.
La anotación de la conversación de Villarejo y López del Hierro se produce la víspera de que se conozca quién será el número dos de Zoido en la poderosa Secretaría de Estado de Seguridad. El elegido será José Antonio Nieto, quien fuera el candidato de Cospedal para enfrentarse a Juan Manuel Moreno Bonilla por el liderazgo del PP andaluz. Ese 16 de noviembre, Villarejo traslada a López del Hierro su pesar por la marcha de Fernández Díaz, y en seguida se pone a trabajar: el policía ya está imputado en dos casos y las informaciones sobre sus negocios turbios se suceden, por lo que urge colocar al frente de la Policía a alguien de su máxima confianza.
Según las grabaciones desveladas por moncloa.com hace tres años, López del Hierro presentó a su mujer a Villarejo en la planta séptima de Génova en 2009, en pleno apogeo del caso Gürtel. En presencia de la secretaria general, López del Hierro pregunta al policía, en activo, si está dispuesto a aceptarles "trabajos puntuales". En una conversación posterior, también grabada e incorporada al sumario, Villarejo dice, en presencia de Olivera, que ellos dos evitaron que la investigación de la Gürtel salpicara a la cúpula del PP y habla del robo de unas cajas. Eso se habría producido cuando Olivera era precisamente jefe de la Unidad encargada del caso Gürtel y, en general, de la lucha contra la corrupción, la UDEF.
En la segunda legislatura de Mariano Rajoy, Cospedal gana peso. Además de secretaria general, entra en el Consejo de Ministros al ser nombrada titular de Defensa el 3 de noviembre de 2016. Ese día, Villarejo escribe: "Cospe. Contesta mi SMS con otro muy afectuoso. Le aviso del café con ILH".
Anotación de Villarejo correspondiente al 3 de noviembre de 2016, día del anuncio de Cospedal como nueva ministra de Defensa
Efectivamente, de acuerdo a las agendas de Villarejo, el marido de Cospedal se ve con el comisario en el hotel Villamagna de Madrid cuatro días después. "Muy receptivo a nombrar a Oli DAO", apunta el comisario sobre su encuentro con "ILH". José Luis Olivera declarará como imputado el próximo día 28, un día antes que Cospedal, después de que el policía a sus órdenes en la UDEF, Manuel Morocho, le haya contado al juez de Kitchen cómo intentó apartarlo de la investigación o cómo se guardó informes secretos cuando salió de la Unidad para poder negociar su posición con ellos en la mesa.
El nivel de conocimiento de todo lo que pasa en la cúpula de Interior por parte de Villarejo es tal que el día antes de que se conozca que José Antonio Nieto sustituirá a Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad, el comisario apunta su conversación con éste último, al que se refiere como "Chisco", según ha acreditado Asuntos Internos. "Aviso de que ya no va a seguir. Le muestro mi pesar por el mal trato al exministro. Contestó enseguida".
José Luis Olivera estuvo muy cerca de ser el director adjunto operativo de la Policía. En aquel otoño varios medios informaron de ello después de que el junio anterior, Ok Diario lo hubiera dado por seguro. Ese puesto había sido ocupado por Eugenio Pino, el artífice de la brigada política, durante el mandato de Fernández Díaz, y un sustituto provisional, Antonio Rodríguez, ocupó el puesto durante unas semanas. Las luchas de poder internas retrasaron la elección hasta el 30 de enero de 2017, cuando se hizo pública la elección de Florentino Villabona. Su mandato, destinado a limpiar el rastro de la brigada política, se limitó a algunos cambios estéticos.
Olivera, sin embargo, no perdió poder. Continuó al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), encargado de aglutinar la información sobre esos dos relevantes fenómenos delictivos. Hasta que llegó la moción de censura y el cambio de Gobierno. Pese a su pasado como jefe de la UDEF durante el anterior gobierno del PSOE, el de Olivera fue el primer nombre en la lista de cargos que cesar con la que llegó al Ministerio la entonces secretaria de Estado de Seguridad socialista, Ana Botella Gómez. Unos meses después, Olivera fue fichado por Luis Rubiales para un puesto de alta dirección en la Real Federación Española de Fútbol.
MOROCHO RELATA CÓMO LE PIDIERON DEJAR A RAJOY FUERA DE GÜRTEL: "NO QUERÍAN QUE APARECIERA EN EL INFORME"
La Cadena SER ha tenido acceso a la grabación de la declaración del inspector de Policía Nacional Manuel Morocho que ayer relató en la Audiencia Nacional cómo el Partido Popular maniobró para que no incluyera el nombre de Mariano Rajoy en sus informes sobre la trama Gürtel y, sobre todo, cómo intentaron comprar su silencio ofreciéndole jugosos puestos en embajadas, todo bajo la supervisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Ayer ante el juez que investiga la 'operación Kitchen' Morocho explicó que "a mi se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsables políticos, concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención", dijo Morocho sobre el expresidente del Gobierno. Incluso "compras de ropa, en fin, que se transcribieron literalmente sin más".
"A mi se me conminó a que no pusiera el nombre de Rajoy"
A preguntas del juez García Castellón, el inspector Morocho relata cómo conseguía superar la censura a la que le sometían sus mandos directos en la UDEF, que le conminaban a no introducir en sus informes al juez Ruz, los nombres de los políticos del Partido Popular que como Rajoy y de manera indiciaria, figuraban como receptores de esos fondos en negro. Morocho dice que "le tenía que decir al juez esto es lo que me han obligado a quitar y esta es mi percepción", o esto "no lo he puesto en el cuerpo del informe y lo he tenido que poner en el anexo porque me impedían ponerlo". "Entonces", continúa Morocho, "el juez tenía conocimiento subrepticio de aquello que yo no podía aflorar en el cuerpo del informe".
Morocho: "El juez tenía conocimiento subrepticio de aquello que yo no podía aflorar en el cuerpo del informe"
Ha relatado también cómo le ofrecieron destinos fuera de España con sueldos altos. "Seis mil euros al mes, más o menos", le ofrecieron, a lo que él se negó: "Yo le digo que, bueno, que estamos con mucho trabajo, con las comisiones rogatorias de Suiza, y que no voy a ir". Fue entonces cuando el recién imputado José Luis Olivera, jefe de la UDEF, le dice textualmente que "dónde quieres irte, a una embajada, a cuál, a Pekín".
Morocho: "Seis mil euros al mes, más o menos"
En ese momento, describe Morocho en los audios, Olivera recibió la llamada de Jorge Fernández Díaz. "Estoy con él", le dijo por teléfono antes de colgar y decir a Morocho, "ves, me llama el ministro", indicios que han llevado al juez Manuel García Castellón a imputar a Olivera tal y como adelantó la SER que haría. Fernández Díaz ya compareció como imputado en noviembre del año pasado en un tenso careo con Francisco Martínez, en ese momento su 'número 2' en Interior.
"Un panorama desolador"
"Me deja usted un panorama desolador", le dijo el juez al inspector. "Estas honestidad me cuesta mucho mantenerla, la tengo porque tengo confianza en magistrados y el Ministerio Fiscal y tengo un grupo de policías que confían en mi y hemos trabajado en condiciones penosas", le contestó Morocho. La declaración de Morocho, que seguirá su comparecencia este viernes, se produce en el marco de la conocida como 'operación Kitchen', la investigación por parte del juez del caso Villarejo sobre si el Partido Popular puso en marcha un operativo para intentar destruir pruebas que incriminasen a la formación conservadora en casos como Gürtel.
https://cadenaser.com/ser/2021/06/17/tribunales/1623941819_465990.html
VILLAREJO, DÍAS ANTES DE KITCHEN: “CHISCO DICE QUE MIN. HABLÓ CON RAJ. Y TODO ES OK”
Una anotación del comisario de julio de 2013 señala al expresidente del Gobierno
Los últimos 13 cuadernos intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo arrojan nuevos indicios sobre el alcance de las relaciones políticas de este, uno de los principales implicados en la operación supuestamente urdida en el Ministerio del Interior en 2013 para espiar al extesorero Luis Bárcenas e impedir que la documentación comprometedora para dirigentes del PP llegara a la justicia. Villarejo anotó el 6 de julio de 2013, solo cinco días antes que Interior pusiera en marcha la Operación Kitchen, los detalles de una conversación que presuntamente mantuvo con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al que se refiere con el alias de Chisco. Entre esas anotaciones, el comisario escribe: “Dice que Min [supuestamente, ministro] habló con Raj [Rajoy] y todo es ok”.
Justo antes, el policía había anotado, también como parte del contenido de su conversación con el número dos de Fernández Díaz, una referencia a “varias llamadas sobre cita Igles[ias] con Barc[enas] el lunes en prisión”. Supuestamente se refiere al encuentro que el abogado Javier Iglesias, cercano al PP, iba a mantener con el extesorero, entonces en prisión, y que se materializó dos días después, el 8 de julio. Los investigadores dan una alta credibilidad al contenido de las agendas, que consideran una especie de “diario personal” destinado a “la lectura privada de quien las confeccionó” en las que Villarejo anotó a modo de “registro”, entre 2007 y 2016, las supuestas “actividades”, “citas o comunicaciones mantenidas con terceros”, así como las fechas en que se produjeron y una “breve descripción del objeto de las mismas”.
No es la primera vez que el nombre de Rajoy aparece en el sumario del caso Kitchen. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ya señalaba en un informe en el que analizaba una de las grabaciones incautadas a Villarejo, la posibilidad de que el expresidente del Gobierno tuviera “conocimiento” del entramado parapolicial para arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos. De aquellos audios, los agentes concluían que la operación estuvo “coordinada” por Francisco Martínez, ya imputado en la causa, y que alguien al que los implicados se referían como El Asturiano tuvo conocimiento de la misma. En un escrito posterior, la Fiscalía Anticorrupción atribuía este apodo a Rajoy.
También lo hizo el pasado mayo, en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, el comisario José Luis Olivera, al que este jueves el juez Manuel García-Castellón ha citado como imputado en la causa. A preguntas de los diputados, el alto mando policial confirmó que Villarejo utilizaba tanto ese alias como El Barbas para referirse al expresidente del Gobierno. En la Cámara baja, un segundo ex alto mando policial, el comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo y que colabora con la justicia, mostró su convencimiento de que Rajoy estaba informado de la operación a través de Villarejo del que dijo que “siempre ha tenido acceso a niveles políticos muy altos”.
En otras anotaciones dispersas de sus cuadernos, el comisario jubilado recoge referencias a las supuestas grabaciones de las cámaras de seguridad de la sede del PP en la calle Génova, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado EL PAÍS. Así, el 23 de julio de 2013, Villarejo anota: “68 cámaras-visitas ult. 4-5 años” y, a continuación, “Villar Mir el identificado (subiendo con maletines)”. Solo un mes antes, el PP había contestado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, que no guardaba imágenes de su circuito de videovigilancia cuando este se las requirió para comprobar si los empresarios que aparecían en los papeles de Bárcenas como supuestos donantes de la caja b acudían a la sede de la formación. El empresario Juan Miguel Villar Mir era uno de ellos. Unos días más tarde, el comisario recoge una nueva anotación: “Borrado disco duro. Imágenes 6 y 7 y ascensor”. La sexta planta es donde se encontraban los despachos de los entonces tesoreros, Álvaro Lapuerta —ya fallecido— y Bárcenas.
LAS 44 VECES QUE EL INSPECTOR DE 'GÜRTEL' CITA A RAJOY EN EL INFORME QUE LA CÚPULA POLICIAL DEL PP QUISO OCULTAR
Los investigadores tuvieron que "buscar la manera" de dejar constancia del nombre de los dirigentes políticos que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero de "una manera menos directa" ante las "presiones" de sus superiores para eliminarlos
La solución fue incluirlos en un anexo al informe principal en el que la UDEF concluía: “Mariano se infiere que es Mariano RAJOY BREY"
Enero de 2013, publicación en el diario El País de los papeles de Bárcenas. Después, apertura de diligencias en la Audiencia Nacional que llevaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a elaborar un informe al respecto. Al frente de estas pesquisas, el inspector Manuel Morocho, que acaba de revelar toda clase de "presiones" y maniobras de sus superiores para que borrara de ese informe los nombres de altos cargos del PP que aparecían en la documentación de la caja b que había elaborado el extesorero del partido. El policía, entonces, optó por incluirlos en un anexo que también entregó al juez instructor, entonces Pablo Ruz. En el informe principal apenas aparece el nombre del expresidente Mariano Rajoy; en el anexo, un total de 44 veces.
Este fue sólo uno de los numerosos ejemplos que Morocho relató al juez Manuel García Castellón esta misma semana dentro de una estrategia más parecida a obstaculizar la investigación de la caja b del PP que a facilitarla. Y detrás de estas maniobras, el inspector citó varios nombres, algunos de sus entonces jefes en la UDEF, incluido el comisario principal José Luis Olivera, quien había sido máximo responsable de la unidad policial. Estas revelaciones han llevado a la imputación de Olivera, a quien el magistrado que investiga la operación Kitchen sitúa como uno de los comisarios a quien el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino habría encomendado en 2013 "el desarrollo de labores operativas para obtener" del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, "información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo". Las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo revelan que previamente habría participado en una estrategia del PP para "salvar" en 2012 al extesorero en el caso Gürtel.
Primero había que "salvar al tesorero". Meses después se puso en marcha un "plan contra LB" (Luis Bárcenas), según los apuntes de Villarejo que llevaron a García Castellón a citar como testigo a Morocho. En más de tres horas de comparecencia, reveló la imposición de sus jefes para que no incluyera en el informe que debía entregar a Ruz los nombres de altos cargos del PP como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes o Javier Arenas: "Simplemente se puso que había personas vinculadas a la formación política, no se expresó quienes eran, no me dejaron que se pusiera". El inspector, según explicó, optó por incluirlos en el anexo V, un documento de 40 páginas titulado "Análisis correlacional con la documentación contable de la formación política", en el que figuran las anotaciones de Bárcenas con las entradas y salidas de dinero de la contabilidad b que manejó durante casi veinte años.
"Mariano se infiere que es Mariano Rajoy Brey"
En ese anexo, consultado por infoLibre, el nombre de Mariano Rajoy se repite un total de 44 veces, incluidas las alusiones que hizo Bárcenas y la explicación que dan los investigadores. Por ejemplo, el extesorero apuntó en una entrada "1º semestre Mariano" y a continuación, en la casilla de "salidas" anotó "12.600". Después, la UDEF recalcaba que “Mariano se infiere que es Mariano RAJOY BREY". Así en todas las ocasiones en que el nombre del expresidente sale a relucir en los papeles de Bárcenas.
El informe data de 2013 y años después la caja b del PP ha sido acreditada por sentencias tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, pero a día de hoy el expresidente del Gobierno sigue negando su existencia. Como Rajoy, también se desmarcan de los papeles de Bárcenas otros exdirigentes como José María Aznar, Cospedal, Arenas, Acebes o Álvarez-Cascos. Los tres últimos también aparecen en el anexo V: Arenas, un total de doce veces; Acebes, catorce, y Álvarez-Cascos, cinco.
"A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsables políticos, concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención", aseguró Morocho al juez García Castellón en su declaración del pasado lunes en la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso infoLibre de forma íntegra. De ahí que se decantara por incluirlos en el anexo: "Se trató de que en ningún momento estableciera una vinculación entre los pagos a dirigentes políticos del PP y esas salidas de fondos anotadas en esa contabilidad. Aspectos sustantivos que tuvimos que limar, buscar la manera en la que pudiéramos aportar esos resultados de una manera menos directa, pero sin permitir que dejaran que aflorar".
Pero no sólo eso. Se le "conminó" además a que "desvalorara los documentos que sacó El País" y que plasmara en sus informes la estrategia que estaba exponiendo el PP ante la opinión pública, que la única financiación del partido era la aportada al Tribunal de Cuentas y que los papeles de Bárcenas eran del extesorero, no del partido. La misma maniobra que han desplegado en el reciente juicio por el pago en negro de la sede central del PP en la calle Génova tanto el abogado de la formación como los ex altos cargos que han comparecido como testigos. "Yo dije que no", explicó Morocho.
Eliminar la relación con el delito de cohecho
El informe tras la publicación de los papeles de Bárcenas es de los primeros que el equipo de Morocho ha elaborado en la causa sobre la caja b del PP que aún sigue instruyéndose en el Juzgado Central de Instrucción número 5 que ahora dirige Santiago Pedraz. En este marco, el magistrado tomará declaración al propio extesorero el próximo 16 de julio a raíz de que éste enviara un escrito hace pocos meses en el que aseguraba que Rajoy era "perfecto conocedor" de la contabilidad opaca. La caja se nutría, según Bárcenas y según sospechan también los investigadores, de donativos que procedían de "personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".
En esta causa se investiga un posible delito de cohecho, pero en 2013 al inspector de la UDEF se le indicó por parte de sus superiores que "eliminara aquellos elementos que metodológica e indiciariamente pudieran relacionar las adjudicaciones de obras públicas a las empresas que aparecían como donantes".
Debido a todas estas órdenes que iba recibiendo Morocho, el informe estuvo "más de veinte días" retenido en la UDEF sin poder entregarlo al juez Pablo Ruz. No obstante, éste estaba "permanentemente informado" de lo que ocurría y en todo momento le transmitió al inspector la directriz de que su trabajo "no podía ser sometido a cambios" que pretendieran modificar la "carga indiciaria", tan sólo que obedecieran a instrucciones técnicas". "Se me incidía sobre elementos nucleares de la investigación, pero yo no construyo cosas que no existen", afirmó el policía.
La intención en todo momento, concluyó Morocho ante la estupefacción del juez García Castellón por lo que estaba escuchando, era que "la autoridad judicial", esto es, la Audiencia Nacional, no tuviera conocimiento de los resultados de la investigación de la UDEF y así "le impidiera adoptar decisiones sobre los hechos". ¿Y quiénes le hacían todos estos requerimientos? "Toda la cadena de mando", que iba desde el comisario general de Policía Judicial José García Losada al que fuera jefe de la UDEF Manuel Vázquez y a sus superiores directos.
Las negativas del inspector a cumplir las indicaciones de sus superiores sobre este informe fueron reflejadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo en uno de sus cuadernos en los que apuntaba escrupulosamente encuentros, conversaciones o información que le llegaba. "Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC", anotó el 29 de abril de 2013 tras, supuestamente, hablar con José Luis Ortiz, el entonces jefe de gabinete de Cospedal.
FISCALÍA CREE QUE MANDOS IMPLICADOS EN 'KITCHEN' TIENEN MATERIAL INCAUTADO A BÁRCENAS
Los fiscales informaron en diciembre a favor de la personación en la pieza del hijo el ex tesorero del PP, Willy Bárcenas
Los fiscales Anticorrupción César de Rivas y Miguel Serrano, adscritos a la pieza 'Kitchen' del 'caso Villarejo', señalan en un escrito obrante en el sumario de este asunto sobre el que se alzó el secreto este miércoles que el operativo 'Kitchen' "habría logrado sus objetivos" y que "alguno o algunos de los mandos policiales implicados" en este asunto tendría en su poder documentos sustraídos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas o a su mujer Rosalía Iglesias.
Así se señala en un escrito fechado el pasado 17 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ambos informaban a favor de que el hijo del extesorero, Guillermo 'Willy' Bárcenas, fuera admitido como acusación particular en este asunto.
Según los fiscales, la diferencia de esta pieza con otras del macrosumario estriba en que en este caso no se trataría de un encargo de clientes particulares al ex comisario investigado José Manuel Villarejo, sino que en esta ocasión el encargo habría sido asumido por "Órganos Superiores y/o Directivos de la Administración General del Estado", en cuyo ámbito se encomendó su ejecución a individuos ya investigados en la Pieza Principal y otras piezas separadas de la causa.
Ese proyecto, continúan los fiscales, se habría desarrollado bajo la denominación 'Kitchen', y habría tenido como objetivo la sustracción del procedimiento penal conocido como "caso Gürtel" documentación en poder de Bárcenas y su esposa "para así proteger a dirigentes del Partido Popular a los que su contenido podría llegar a involucrar penalmente en dicha causa".
"Las actuaciones hasta la fecha practicadas solamente han permitido encontrar todos los documentos que se buscaban y, por lo tanto, solo obran parcialmente en el presente procedimiento los materialmente encontrados", añaden en este punto, para afirmar que "aunque se han aportado indicios de que la operación policial Kitchen sí habría logrado sus objetivos, y que alguno o alguno de los mandos policiales
implicados en su puesta en marcha y posterior ejecución tendría en su poder los citados documentos, después de haberlos sustraído a Luis Bárcenas o a su esposa Rosalía Iglesias".
Los fiscales recordaban en este punto que Willy Bárcenas ya fue declarado como perjudicado que juzgó la Audiencia Provincial de Madrid por el asalto a su vivienda en octubre 23 de octubre de 2013, algo que en la Audiencia Nacional investiga si "constituía también parte del operativo policía ilícito denominado Operación Kitchen".
LOS COLABORADORES 'K'
Entre la actuaciones practicadas, según añaden figuran indicios de que además del conductor de la familia captado como colaborador Sergio RÍOS -"K2"- habría otros colaboradores, también designados como "K" en la notas informativas sobre este operativo intervenidas en el registro de la vivienda de Villarejo.
Además, según las comunicaciones de mensajería entre el ex secretario de Seguridad Francisco Martínez y el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, este último informó al primero que conocía al menos a cuatro de estos colaboradores, "escolta, preso, empresario, familia".
"Por lo tanto, debe tomarse en consideración que estos presuntos
colaboradores bien pudieran haber afectado, por su proximidad, como
partícipes en un operativo policial ilícito a los intereses de Willy Bárcenas", agregan, al convivir éste en sus padres y ser objeto de constantes vigilancias y movimientos durante los meses en
que se ejecutó la operación parapolicial.
EL PP BORRÓ LAS CÁMARAS DE SU SEDE PARA OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B, SEGÚN LAS AGENDAS DE VILLAREJO
Dos meses después de que el juez Ruz reclamara el registro de visitas a la sede central del PP para investigar a los supuestos donantes en b y de que el partido afirmara que carecía de información, Villarejo anotó "68 cámaras, Villar Mir es identificado subiendo con maletines, borrado imágenes 6, 7ª planta y ascensor"
Las 13 agendas incautadas por el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre al comisario jubilado José Manuel Villarejo, han supuesto un salto cualitativo en la investigación de las distintas piezas separadas. Entre ellas, en la operación Kitchen, que analiza el supuesto espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, para destruir pruebas que pudieran perjudicar al Partido Popular o a sus dirigentes en el caso de su caja b.
El registro detallado de las andanzas del comisario jubilado revela que en agosto de 2013, supuestamente, el Partido Popular borró las imágenes de las cámaras de seguridad de la sede central en la madrileña calle Génova 13, para impedir que la justicia accediera a las mismas y comprobara la veracidad de las visitas de empresarios donantes de dinero negro a la sede del partido, denunciada por el extesorero, Luis Bárcenas.
El PP afirmó al juez que no conservaba las grabaciones
En mayo de 2013, el juez que instruía la caja b en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dictó un auto mediante el que solicitó al Partido Popular el registro de visitas a su sede central hasta el año 2008, fecha en la que concluyen los papeles de Bárcenas, con el objetivo de comprobar si los empresarios citados en la contabilidad manuscrita habían accedido a la sede.
Un mes más tarde, en junio de 2013, el PP contestó al juez que no conservaba registro alguno porque la Ley de Protección de Datos les obligaba a su destrucción y que tampoco tenían imágenes de sus cámaras de seguridad porque eran borradas cada 30 días.
"Villar Mir es identificado (subiendo con maletines)" a la sede del PP
Pero según las agendas de Villarejo esto es falso porque el comisario jubilado anotó el 23 de julio de ese mismo año, pasado un mes de la respuesta negativa del PP, "68 cámaras-visitas ult. 4-5 años" y a continuación "Villar Mir es identificado (subiendo con maletines)".
Juan Miguel Villar Mir es uno de los empresarios que figuran en los papeles de Bárcenas como donante de 530.000 euros a la caja b del PP, y según el extesorero, sus visitas con dinero negro a la sede central eran frecuentes.
El comisario jubilado anotó que este empresario fue grabado y visto "con maletines" en la sede del partido, después de que la formación política afirmara al juzgado que no existían imágenes.
"Borrado disco duro- imágenes 6 y 7ª y ascensor"
Unos días más tarde, el 3 de agosto de 2013, Villarejo refleja una nueva anotación, tras reunirse con Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de María Dolores de Cospedal. Villarejo escribe "Borrado disco duro- imágenes 6 y 7ª y ascensor".
La anotación es relevante, a juicio de los investigadores, porque la cámara del ascensor reflejaba todas las visitas, y las de las plantas sexta y séptima de la sede central del PP eran los espacios clave donde se reunían con los empresarios donantes. En la planta sexta se encontraba la tesorería y la gerencia del partido, donde el tesorero Lapuerta y el gerente Bárcenas recibían a estas visitas, y en la séptima planta estaba el despacho del presidente del partido.
El borrado coincide con el incremento de la preocupación del PP
El borrado de las imágenes tiene lugar en agosto, según las agendas de Villarejo, y es solo unos días después de la confesión del extesorero Bárcenas ante el juez Ruz, y del incremento de la preocupación en el Partido Popular tras aflorar los primeros indicios de los pagos en b por su sede, que condujo al magistrado a efectuar distintos requerimientos contestados de forma incompleta por parte de la formación conservadora, que provocaron el registro del edificio sede del partido en aquel momento en el Gobierno, en diciembre de 2013.
Los agentes no hallaron jamás grabación alguna. Todas las imágenes habían sido borradas.
Los investigadores conceden más credibilidad a estos apuntes del comisario jubilado, que a su testimonio en las grabaciones que él mismo practicaba, al entender que las notas son un registro de su actividad diaria que necesitaba para sus negocios o pesquisas, mientras que en sus autograbaciones, muchas de ellas en comidas y entre copas, era dado a exagerar la realidad.
https://cadenaser.com/ser/2021/06/17/tribunales/1623909003_139011.html
EL JUEZ IMPUTA AL COMISARIO OLIVERA POR SU SUPUESTA IMPLICACIÓN EN EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL
El inspector Morocho contó que el policía intentó comprarle con destinos mejor remunerados
El magistrado Manuel García-Castellón ha imputado al comisario José Luis Olivera por su supuesta implicación en las maniobras para boicotear la investigación sobre Gürtel, que asola al PP desde 2009. El juez ha tomado esta decisión dentro del caso Kitchen, la causa que investiga el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, después de que Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado de indagar sobre la red de corrupción, narrase el pasado martes cómo sus superiores intentaron apartarle de las pesquisas judiciales y cómo Olivera trató de comprarle ofreciéndole el traslado a destinos mejor dotados económicamente. La Fiscalía Anticorrupción hace meses que señaló ya al recién imputado como sospechoso por su supuesta implicación en la trama liderada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
García-Castellón ha fijado el interrogatorio de Olivera a las 10.00 del próximo 28 de junio. Según ha previsto el juez, su declaración se producirá un día antes de que también desfile por la Audiencia Nacional la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, citada el 29. Además, el 30 de junio, lo hará el marido de la expolítica, el empresario Ignacio López del Hierro; y el 1 de julio, el propio Villarejo y Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad durante la época de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Todos ellos se encuentran imputados por la bautizada como Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas cuando estalló el escándalo de los papeles de Bárcenas y con el presunto objetivo de robarle material sensible que afectara a altos cargos del PP.
Morocho, principal investigador de la trama Gürtel y autor de gran parte de los informes que han llevado al partido conservador al banquillo, relató el pasado martes al juez cómo le presionaron durante años para que quitara los nombres de dirigentes del PP de los informes que elaboraba; cómo lo sobrecargaron de trabajo y lo movieron de sitio para frenar las investigaciones; y cómo trataron de comprarlo con un destino mejor dotado económicamente. Y también cómo intentaron colarle junto a su grupo de confianza al policía Andrés Gómez Gordo, hombre de confianza de Cospedal. “Me deja usted un panorama desolador”, llegó a afirmar el magistrado durante la declaración.
El relato del inspector jefe de la UDEF impactó de lleno en la investigación de la Operación Kitchen, cuyo inicio se fija en julio de 2013 y evidencia que los intentos del entorno del PP de torpedear las pesquisas sobre Gürtel se remontan a mucho antes. Morocho afirma que en 2009 ya comenzaron las presiones públicas, pero que estas adquirieron otra dimensión en 2012 tras la llegada de los populares a La Moncloa. Según él, entonces, la cúpula policial empezó a tratar de frenar sus indagaciones. Y, ante los intentos infructuosos, trataron de comprarlo. En ese sentido, el agente narró cómo en el verano de 2013, cuando ya había estallado el escándalo de la caja b tras publicar EL PAÍS los conocidos como papeles de Bárcenas, sus superiores le ofrecieron el traslado como agregado de Interior a alguna embajada, ofreciéndole entre varias la de Lisboa, un puesto con una remuneración que supera los 10.000 euros mensuales.
Según la versión de Morocho, este intento de comprarlo llegó a través del comisario José Luis Olivera, en un encuentro que mantuvieron en junio de 2013 en una cafetería de Madrid. Durante la conversación, según ha explicado el inspector al juez, Olivera recibió una supuesta llamada del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de la que dedujo que este le preguntaba precisamente por su conversación con el responsable de la investigación del caso Gürtel: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, ha asegurado Morocho que dijo Olivera a su interlocutor. El abogado de Fernández Díaz negó que se produjese esta llamada entre su cliente y el mando policial, y ha repetido que Olivera pudo inventársela.
EL JUEZ IMPUTA AL EXJEFE DE LA UDEF POR FORMAR PARTE DEL ENGRANAJE PARA DESTRUIR PRUEBAS CONTRA EL PP
El juez García Castellón cita a José Luis Olivera como imputado el próximo 28 de junio
El exjefe de la UDEF es citado la víspera de la declaración como investigada de María Dolores de Cospedal
El juez ha acordado citar como imputado al exjefe de la UDEF y del CITCO de la Policía Nacional, José Luis Olivera, tal y como avanzó la SER, al constatar la existencia de indicios sólidos de que formó parte del engranaje para destruir pruebas que perjudicaran al PP. Todo tras el relato del inspector Morocho, quien afirmó que el exjefe de la UDEF le presionó para acceder a sus informes secretos sobre la Gürtel y la caja b, o puso trabas a implicar a cargos del PP.
Además, Olivera fue la herramienta del ministro Fernández Díaz para intentar comprar a Morocho y sacarle del caso. Morocho afirmó que Olivera, en la actualidad responsable de seguridad de la Federación Española de Fútbol, le ofreció un jugoso destino a Lisboa para apartarle de la investigación al PP: “Son 6.000 euros al mes y relajado”, le dijo.
https://cadenaser.com/ser/2021/06/17/tribunales/1623930260_960481.html
EL CASO KITCHEN CERCA A OTRO MANDO POLICIAL: EL JUEZ CITARÁ A JOSÉ LUIS OLIVERA, EXJEFE DE LA UDEF
García-Castellón le llamará como investigado tras la afirmación del inspector jefe Morocho de que intentó apartarle de la investigación del caso Gürtel.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, llamará a declarar como investigado al comisario principal José Luis Olivera para que aclare su intervención en las presuntas maniobras realizadas desde el Ministerio del Interior para controlar en beneficio del PP el caso Gürtel, relativo a una trama de corrupción de exaltos cargos del partido.
Olivera ha ocupado algunos de los puestos más sensibles de la Policía. Hasta julio de 2012 fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y en enero de 2015 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le nombró director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). En julio de 2018 pasó a formar parte del Consejo Asesor del Cuerpo Nacional de Policía. En octubre de 2019 solicitó una excedencia tras ser fichado como gestor de riesgos en el área de seguridad de la Federación Española de Fútbol, cargo que ocupa en la actualidad.
La citación de Olivera, íntimo amigo y estrecho colaborador de José Manuel Villarejo, es una "consecuencia obligada" -dijeron a EL ESPAÑOL fuentes de la Audiencia Nacional- de la declaración prestada ayer ante el juez por el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho.
Morocho, que seguirá declarando el próximo viernes, implicó al comisario en el intento de apartarle de la investigación del caso Gürtel y de controlar los informes encargados por el entonces juez instructor, Pablo Ruz.
La citación de Olivera, adelantada por la Cadena Ser, se veía venir desde hace tiempo. Su nombre apareció ya profusamente en el primer oficio de la Unidad de Asuntos Internos que dio lugar a la apertura de la pieza Kitchen, dentro del caso Tándem.
En ese primer informe, fechado el 29 de octubre de 2018, se aportaban audios de encuentros celebrados por Villarejo y Olivera, grabados a escondidas por el primero e intervenidos en su domicilio, de los que se desprende que el comisario principal conoció la operación parapolicial realizada para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas información sobre la financiación ilegal del partido que comprometería a exaltos dirigentes como Mariano Rajoy.
"Toda la operación para que el señor tal, todos los papeles y todas las pruebas que tenía Bárcenas, finiquitado. Se empleó a la Policía para destruir pruebas, en vez de para aportarlas al juez", se oye decir a Villarejo en una comida con Olivera celebrada, supuestamente, el 16 de febrero de 2017.
El pasado julio, la Fiscalía Anticorrupción pidió al instructor que ordenara a la Unidad de Asuntos Internos un informe patrimonial sobre Olivera al apreciar "serios indicios" de que pudo tener relaciones económicas con las empresas de Villarejo. Según Anticorrupción, Olivera habría "amparado actuaciones ilícitas” de Villarejo y le habría facilitado información de operaciones policiales secretas, además de "permitir la planificación y ejecución de la operación Kitchen a pesar de conocer su carácter ilícito”.
"Sí, ministro, estoy con él"
Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el testimonio de Morocho, que ha asegurado al juez que en el verano de 2013 se reunió en una cafetería con Olivera y que éste le ofreció un puesto en la Embajada en Lisboa e incluso en la ONU para apartarle de la investigación de los llamados papeles de Bárcenas sobre la 'caja B' del PP.
Morocho añadió que mientras Olivera le ofrecía atractivos destinos bien remunerados, el comisario recibió una llamada en el móvil, que atendió. Morocho le oyó decir "Sí, ministro, estoy con él".
El momento de la reunión relatada por el principal investigador policial del caso Gürtel coincide con el comienzo de la operación Kitchen, para la que Villarejo captó como confidente al chófer de los Bárcenas. Sergio Ríos desveló que el extesorero del PP guardaba documentación en el estudio de su mujer, lugar que habría sido objeto de una entrada ilegal en la que estuvo implicado el entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño. Este comisario, amigo de Villarejo, está también investigado en el caso Kitchen.
INTERIOR QUISO METER AL POLICÍA DE CONFIANZA DE COSPEDAL JUNTO AL GRUPO DE AGENTES QUE INVESTIGABA AL PP
El inspector jefe Morocho narró la maniobra al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso sobre el boicot a las pesquisas de Gürtel
El inspector jefe Manuel Morocho reveló el martes al juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, que el Ministerio del Interior quiso colocar junto a su grupo de efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a Andrés Gómez Gordo, uno de los hombres de máxima confianza de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP. Este movimiento no resulta baladí. Según detallan fuentes jurídicas presentes en su declaración, el policía enmarcó esta maniobra dentro del boicot a las pesquisas que asedian desde 2009 al partido y que corren desde entonces a cargo del equipo de agentes que él lidera.
El testimonio de Morocho ha irrumpido con una enorme fuerza en la instrucción que mantiene abierta García-Castellón por la Operación Kitchen, la trama urdida en Interior para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas y con el presunto objetivo de robarle documentos comprometedores para altos cargos del PP antes de que llegaran a la Audiencia Nacional. Este despliegue “parapolicial” —según lo definió el propio juez— se puso en marcha en julio de 2013, pero la declaración del inspector jefe incidió en que las trabas para torpedear las pesquisas comenzaron mucho antes.
El agente de la UDEF narró el martes cómo le presionaron durante años para que quitara los nombres de dirigentes del PP de los informes que elaboraba sobre Gürtel; cómo lo sobrecargaron de trabajo y lo movieron de sitio para frenar las investigaciones; y cómo trataron de comprarlo con un destino mejor dotado económicamente. Y también cómo intentaron colarle junto a su grupo de confianza a Gómez Gordo, a lo que él se negó de forma tajante, según contó al juez García-Castellón. “Me deja usted un panorama desolador”, llegó a afirmar el magistrado durante la declaración.
El comisario Gómez Gordo, que acabó de jefe de seguimientos de la UDEF, no es un personaje más de la trama. Morocho mantiene que este policía tenía acceso a sus informes de Gürtel antes de que se los enviasen al juzgado, pese a que no tenía autorización para ello. Además, Gómez Gordo fue una pieza clave en la captación como confidente del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a quien conocía de mucho antes de que comenzara como conductor del extesorero y a quien pagó con fondos reservados, según él mismo confesó en la Audiencia Nacional. Este comisario permanece actualmente activo en la Policía, pero cuando se puso en marcha Kitchen se encontraba de excedencia y trabajaba como asesor a las órdenes de Cospedal. La política lo había colocado en el Gobierno de Castilla-La Mancha como director general de Documentación y Análisis. Su despacho se encontraba a solo unos pocos pasos del de la entonces presidenta regional.
Pero la relación de Gómez Gordo con el PP viene de antes. El agente de la Policía trabajó para el Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2007 y 2010. Fue director de seguridad del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, una obra que nunca llegó a finalizarse y que provocó la apertura de otra investigación judicial por irregularidades en las adjudicaciones de contratos. El juez ha llegado a procesar al comisario por una parte de esas pesquisas y la Fiscalía Anticorrupción pide que se le imponga una condena de seis años de cárcel por ello.
Imputado también por la Operación Kitchen, el ministerio público considera a Gómez Gordo como una “persona de máxima confianza de Cospedal”, para quien ejercía como intermediario ante terceras personas. Sus contactos con el comisario jubilado José Manuel Villarejo fueron habituales, según se desprende de las agendas del principal sospechoso de la trama, que lo bautizó con el mote de Andy o Cospedín.
EL INSPECTOR MOROCHO, UN POLICÍA QUE SOBREVIVIÓ A LAS CLOACAS
El principal investigador de la trama Gürtel sacude el ‘caso Kitchen’ tras denunciar las presiones que sufrió durante las pesquisas de la caja b del PP
El 6 de noviembre de 2007 dos personas se encontraron por primera vez sin saber que iban a provocar un terremoto en la política española cuyas réplicas llegan hasta hoy. Fue en una impersonal sala de reuniones del complejo policial de Canillas, en Madrid. Uno era José Luis Peñas, un antiguo concejal del PP en Majadahonda que acudía a denunciar una trama de corrupción encabezada por Francisco Correa, un empresario muy próximo a los dirigentes del PP. El otro era un inspector de la Policía Nacional que acababa de cumplir los 40 años, Manuel Morocho. Peñas aún hoy recuerda aquel encuentro: “Me escuchó, leyó la denuncia y me hizo unas pocas preguntas”, señala. El exconcejal asegura que, tras aquel día, solo le volvió a ver una vez en los pasillos de la Audiencia Nacional y, más tarde, durante el juicio por la primera etapa del caso Gürtel. “En todas ellas fue amable, aunque nunca se quitó su coraza de policía”, añade.
Más de 13 años y medio después, Peñas, que fue condenado a cuatro años y nueve meses en el juicio por la red de corrupción que ayudó a destapar, espera que el Gobierno se pronuncie sobre su petición de indulto. Y Morocho, que hace poco más de un año ascendió a inspector jefe, sigue investigando los últimos flecos de la trama Gürtel mientras ha perdido el anonimato que le daba el número profesional 81.067 con el que firmaba sus informes. Su apellido acapara ahora titulares tras denunciar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas, las trabas que, desde el Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy, le pusieron para dificultar las pesquisas sobre la caja b del PP. Este viernes tiene de nuevo una cita ante el juez.
Para algunos, Morocho es un héroe que sobrevivió a las cloacas policiales. Para otros, un policía con sombras. Una agente que coincidió con él en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y que pide mantener el anonimato, asegura que, efectivamente, Morocho “recibió presiones, pero como muchos de los que estuvimos allí, tanto desde los gobiernos del PP como del PSOE. Unas veces, para difuminar el contenido de un informe; en otras, para lo contrario. Trabajar en esa unidad ha quemado a muchos que terminan marchándose”, añade antes de admitir que fue uno de estos últimos. ¿Por qué no lo ha hecho Morocho? “No lo sé, pero tampoco entiendo por qué no denunció antes lo que ahora está contando al juez”, añade.
Morocho ingresó en la Policía Nacional en junio de 1999 y, en marzo de 2006, ascendió a inspector. Su condición de licenciado en Económicas le abrió entonces las puertas de la UDEF, una unidad que tenía entonces solo un año de existencia y que se estrenó ese mismo mes en Marbella con el caso Malaya, la primera gran operación contra la corrupción en España. Poco después, arrancaba la Gürtel. Un compañero suyo de aquella etapa, que también pide que no se le identifique, asegura que el inspector se resistía a que sus superiores modificaran sus informes: “Siempre fue muy crítico con los cambios que le proponían. Llegaba a amenazar con no firmarlos si se le corregían”. Uno de sus superiores, recuerda este policía, le recordó más de una vez que “la policía es un cuerpo jerarquizado” y que el entonces máximo jefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera, señalado ahora por Morocho como uno de los que le presionó, le llegó a decir: “Con esa actitud, tienes poco porvenir en esta unidad”. Olivera, ya jubilado en la policía, fue relevado al frente de la UDEF en 2012. Ahora es asesor de riesgos en la Federación Española de Fútbol.
Uno de los abogados personados en el caso Gürtel como acusación alaba los informes de Morocho, aunque coincide con algunos excompañeros del agente que en el trato personal es distante: “Tiene bastante ego, en gran medida justificado, porque su formación está muy por encima de la de su unidad y, sobre todo, de la de sus jefes. Es metódico y no parte de hipótesis preconcebidas”. También dejó buena impresión entre la mayoría de los diputados de la comisión que investiga en el Congreso la Operación Kitchen y ante la que Morocho compareció el pasado 25 de marzo y en la que también denunció las presiones sufridas. Jon Iñarritu, el portavoz de EH Bildu en la misma, asegura que aquel día “transmitió sinceridad y la imagen de un policía que hace su trabajo”.
Esa opinión es compartida por varios agentes consultados, que tildan sus informes de “escrupulosos”. Sin embargo, también hay policías que le critican que “haya superado alguna línea de investigación sin salida con demasiada imaginación”. Otro agente recuerda que en cierta ocasión le preguntó por qué nunca solicitó al juez registrar la casa de Bárcenas o el chalé que este tenía en la estación de esquí de Baqueira en busca de pruebas. “Sorprendentemente me dijo que no lo considero importante”.
Condecorado en dos ocasiones —en 2009, con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de Interior, y en 2013, en la etapa de Jorge Fernández Díaz—, Morocho ha recibido durante el caso Gürtel ocho denuncias en los juzgados y Asuntos Internos le investigó —luego se archivó— como sospechoso de filtrar a la prensa sus informes. Son algunas de las secuelas de aquel encuentro con el exconcejal Peñas en 2007: “Ninguno de los dos sabíamos entonces lo que se nos venía encima”, señala este.
EL BOICOT A LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE KITCHEN
El inspector jefe Morocho relata al juez las maniobras del entorno del PP para torpedear las pesquisas sobre el caso de corrupción, que se suman a otros indicios acumulados en la causa
La Audiencia Nacional acumula ya una batería de indicios sobre las maniobras realizadas desde el PP y su entorno para torpedear toda la investigación judicial sobre la red de corrupción Gürtel, que cerca al partido conservador desde 2009. Según los avances de la instrucción del caso Villarejo, este supuesto boicot no solo implicó a altos dirigentes del PP y a la cúpula de la policía que se puso a las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy, sino que incluyó presuntos encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo; presiones e intentos de comprar a los investigadores de la trama, como relató el martes uno de ellos al juez Manuel García-Castellón; y, por supuesto, el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas cuando se disponía a confesar por primera vez ante el magistrado Pablo Ruz —lo que se bautizó como Operación Kitchen—.
“Me deja usted un panorama desolador”, resumió el martes García-Castellón tras escuchar el testimonio de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía. Este agente, que lidera desde hace más de una década las pesquisas sobre Gürtel y que ha firmado los principales informes que han llevado al banquillo al PP, relató durante cerca de tres horas al juez las “anomalías y presiones paralelas” que sufrió para tratar de frenar y desbaratar las pesquisas.
Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el inspector jefe fue muy profuso en detalles. Tanto, que no dio tiempo a acabar el interrogatorio y continuará el próximo viernes, según ha previsto el magistrado. Morocho, que acudía citado como testigo, contó cómo sus superiores maniobraban para tratar de modificar los informes donde señalaba a los dirigentes del PP; cómo le impidieron poner sus nombres —entre ellos, el de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno— en los documentos que enviaba al juez sobre los presuntos perceptores de sobresueldos reflejados en los papeles de Bárcenas y tuvo que incluir las menciones a ellos en los anexos; y cómo le instigaron para que “minusvalorara los papeles” publicados por EL PAÍS en enero de 2013, que documentaron la existencia de una caja b en el partido, según ha dado ya por acreditado el Tribunal Supremo.
Morocho explicó el martes al juez que las “presiones” nacieron el mismo 2009 al abrirse el caso en la Audiencia Nacional —el PP ya lanzó entonces sus primeros ataques públicos contra los investigadores—, pero adquirieron otra dimensión con la llegada de los populares a La Moncloa tras las elecciones de noviembre de 2011. Rajoy eligió a Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y al comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, máximo mando no político del Cuerpo —ambos están imputados por Kitchen—. Y las maniobras desde las instituciones del Estado, según la versión del inspector jefe, comenzaron ya a notarse en 2012, cuando Pino le endosa, por ejemplo, otra investigación para tratar de frenar Gürtel. Pero, ante el avance implacable de las pesquisas en los meses siguientes, la cúpula de la policía cambió de estrategia y optó por tratar de comprar al agente ofreciéndole el traslado a destinos mejor remunerados económicamente, según dijo.
Morocho narró una reunión con el comisario José Luis Olivera en junio de 2013 en una cafetería de Madrid. El Gobierno había puesto a Olivera, muy cercano a Villarejo, al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y, según dijo el martes el inspector jefe, este le ofreció ese día un puesto de agregado de Interior en la Embajada de Lisboa. “Son 6.000 euros al mes y relajado”, afirmó este martes Morocho que le dijo el comisario —aunque fuentes policiales explican que la dotación mensual supera los 10.000 euros—. Entonces, ante las sucesivas negativas del investigador de Gürtel a aceptar un traslado, también le ofreció irse a Viena o a la ONU. E incluso, durante la conversación, Olivera recibió una supuesta llamada de Fernández Díaz para interesarse por el tema: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, dijo a su interlocutor el comisario, según subrayó Morocho, que apostilló que Olivera le dijo nada más colgar: “Ves, me llama hasta el ministro”. El abogado de Fernández Díaz negó este martes que se hiciese esa llamada.
Las piezas del sumario
El relato de Morocho, que ya avanzó al juez en febrero de 2019 que Pino también lo trasladó a la DAO en 2015 para sobrecargarlo de trabajo con la idea de boicotear la parte de la investigación de Gürtel que seguía viva, encaja con el resto de indicios que se acumulan en el sumario del caso Villarejo. García-Castellón abrió en 2018 una línea de investigación sobre Kitchen, la trama policial de espionaje a Bárcenas sin control judicial pagada con fondos reservados con el presunto objetivo de arrebatarle material sensible sobre altos cargos del PP. El magistrado ha centrado desde entonces la mirada en los meses posteriores a julio de 2013, cuando fija el inicio de ese despliegue, pero cada vez resulta más complicado no echar la vista hacia atrás.
De hecho, la Fiscalía hace meses que enmarca Kitchen dentro de una trama más prolongada en el tiempo para boicotear las pesquisas. El ministerio público recalca que en 2009 se produjo un encuentro de Villarejo con María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, en la sede de la calle Génova, donde se le ofreció al comisario acometer “encargos puntuales” que “serían sufragados” con fondos del partido. Al poco tiempo, según la instrucción, Villarejo telefoneó al marido de la política para informarle de dos investigaciones de corrupción sobre el PP (una de ellas, una rama de Gürtel) que se encontraban bajo secreto de sumario.
Los investigadores también intervinieron a Villarejo documentos sobre un supuesto proyecto, bautizado como SMP, que tenía por objetivo “evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. La Fiscalía considera que este fue otro encargo más concreto que se llegó a plantear a la trama de Villarejo por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”, pero no constan más pruebas de momento de que se ejecutara finalmente y se pagaran los 15 millones de euros que preveía como “coste medio”.
Sin embargo, se han encontrado 13 nuevas agendas del comisario con apuntes sobre los contactos que mantuvo esos años con dirigentes del PP y su entorno: entre ellos, Cospedal y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Fernández Díaz. A lo largo de los cientos de páginas de estos cuadernos manuscritos, a los que el juez y Anticorrupción otorgan enorme credibilidad y que también respaldan al resto de indicios, se recogen menciones a las supuestas maniobras contra Morocho —el principal sospechoso de la trama escribe, por ejemplo, la palabra “Lisboa” junto al nombre del inspector jefe de la UDEF— y presuntos “pagos pendientes” atribuidos a Cospedal.
Maniobras contra Morocho
“Se me conminó a minusvalorar los papeles de EL PAÍS”. El inspector Manuel Morocho contó al juez que, desde la cúpula de la policía, se le “conminó a minusvalorar los papeles [de Bárcenas]” publicados por EL PAÍS. Estos documentos recogían la entrega de supuestos sobresueldos a dirigentes del PP: entre ellos, al entonces presidente Mariano Rajoy.
Los informes paralizados. Según fuentes jurídicas, Morocho relató que acabaron en 2011 un informe que implicaba al matrimonio formado entre Jesús Sepúlveda, alcalde del PP, y Ana Mato, que fue ministra; pero el comisario Olivera lo paralizó durante un año.
En línea con la defensa del PP. Morocho añadió el martes que le presionaron para que mantuviese que, de haber algo ilegal, era responsabilidad de Bárcenas y no tenía nada que ver con el PP. Esa es la estrategia de defensa que mantienen los populares desde que estalló el caso.
Quitar al marido de Cospedal. Según Morocho, le presionaron para quitar el nombre del empresario Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, de los informes. Según dijo, uno de sus jefes se lo justificó alegando que era “amigo de Villarejo”.
La llamada del ministro. El inspector de la UDEF explicó que, mientras un alto mando trataba de comprarle en una reunión, recibió una supuesta llamada de Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, para interesarse por el tema. El exministro lo niega. Años más tarde, Enrique García Castaño, otro comisario implicado en la trama, se sorprendió al verlo en un puesto en la DAO (adonde le trasladaron para, según su versión, tratar de apartarlo de Gürtel) y exclamó: “Y tú qué haces aquí si tú tenías que estar muerto”.
"HAY QUE QUITAR YA" A LÓPEZ DEL HIERRO: AÑOS DE "PRESIONES" AL INSPECTOR CLAVE DE 'GÜRTEL' PARA SALVAR AL PP EN LOS TRIBUNALES
Manuel Morocho hace ante el juez un prolijo relato de los intentos de sabotaje de la investigación de Gürtel y generosas ofertas de trabajo para evitar que siguiera al frente
Los apuntes de Villarejo han llevado al policía a declarar nuevamente en la Audiencia Nacional, donde ha revelado una auténtica estrategia de mandos policiales del PP para apartarle
Trataron de que transmitiera en la Audiencia Nacional que los papeles de Bárcenas "eran cosa" del extesorero, "no del PP", la misma estrategia de defensa que ha mantenido el partido en el juicio de la contabilidad b
–Me deja usted un panorama desolador.
–Si sigo hablando, lo puedo dejar aún peor.
El primero que habla es el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El segundo, el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Morocho, quien ha declarado este martes como testigo en relación con todos los años de "presiones" e intentos de sabotajes de su investigación sobre Gürtel y la caja b del PP que sufrió por parte de la cúpula policial del primer gobierno de Mariano Rajoy. Más de tres horas de declaración que aún no ha concluido, pues continuará el próximo viernes, según han informado a infoLibre fuentes presentes en la comparecencia.
Esas presiones de las que habla han ido saliendo poco a poco a la luz, a raíz de la investigación de la operación Kitchen, el operativo parapolicial financiado con fondos reservados para hacerse con documentación que el extesorero del PP Luis Bárcenas se habría llevado del partido tras ser despedido. En esta pieza separada del caso Villarejo, Bárcenas es el perjudicado de los actos de espionaje, pero Morocho, que como testigo estaba obligado a decir la verdad, se revela como una nueva víctima de una estrategia que parecía encaminada a acabar, o al menos entorpecer, las pesquisas del equipo del inspector tras la apertura, primero, del caso Gürtel y la publicación, después, de la financiación irregular del partido conservador.
En este panorama de "presiones", como las ha llamado el inspector, éste ha situado a los que entre 2012 y 2016 fueron sus superiores en la UDEF, como el comisario José Luis Olivera, pero también al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, el máximo mando policial. Ha hablado de sobrecargas de trabajo con otros asuntos que le hacían ralentizar la investigación de Gürtel, intentos para que no señalara en sus informes a cargos políticos del PP –incluido el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal– y atractivas ofertas de cambios de destino mucho mejor remunerados para apartarle definitivamente de las pesquisas.
Los apuntes de Villarejo encajan
Morocho ya había dado detalles en una anterior declaración judicial, en febrero de 2019, pocos meses después de que se abriera la investigación de Kitchen, pero esta nueva citación se ha producido a raíz del hallazgo de varios apuntes de los que el comisario jubilado José Manuel Villarejo dejó constancia en sus agendas recientemente incautadas. Para el inspector, esas anotaciones "encajan" ahora perfectamente en varios de los episodios que ha narrado en la Audiencia Nacional y que vivió hace años.
"ORTI. Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC (Morocho)" es un ejemplo de esos apuntes. "ORTI" es José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal, según los investigadores. La anotación es de abril de 2013, justo cuando el inspector estrechaba el cerco sobre los dirigentes del PP que aparecían citados en los papeles de Bárcenas. Fue, según Morocho, en las mismas fechas en que sus jefes le impidieron que incluyera en sus informes los nombres de los políticos del PP que habrían cobrado de la caja b, incluido Mariano Rajoy, lo que le llevó a incluirlos en los anexos y no en el documento principal que entregó al juez instructor del caso, que entonces era Pablo Ruz. Uno de los oficios de la UDEF también incluía a López del Hierro, pues para él era claramente el "López H" y el "López Hierro" de los apuntes del extesorero, pero sus superiores le volvieron a presionar: "Eso hay que cambiarlo ya".
La consigna que desde los mandos policiales intentaron que transmitiera al juez instructor era que si había algo detrás de los papeles de Bárcenas, "era cosa" del extesorero, "no del PP". Precisamente esta es la estrategia que han desplegado los antiguos dirigentes del partido en el último juicio en la Audiencia Nacional, donde han declarado como testigos, entre otros, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos. Es la defensa que ha mantenido el abogado de la formación, que está acusada como responsable civil subsidiaria.
Un mes después, otro apunte de Villarejo: "Morocho-Lisboa", lo que vuelve a cuadrar para Morocho: en junio de ese año, Olivera, ya como responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le ofreció un destacado puesto en la capital portuguesa de enlace para la lucha contra el narcotráfico, un área que nada tenía que ver con las responsabilidades que había desempeñado el inspector, por lo que no daba el perfil, tal y como han precisado las fuentes consultadas.
Según Olivera, el entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, quería nombrar a alguien allí, pero Morocho lo rechazó. "Son 6.000 euros al mes y un puesto relajado", le insistió el director del CITCO. Morocho vuelve a declinar. "¿Dónde quieres irte? ¿A una embajada? ¿A cuál?", dice el inspector que le volvió a insistir. Y en esa cita, Olivera recibió una llamada telefónica, a la que contestó: "Hola, ministro. Estoy con él". El ministro era Jorge Fernández Díaz, ahora imputado en Kitchen. Esto llevó a Morocho a pensar que Fernández Díaz estaba al tanto. No obstante, cuando el juez le ha preguntado si aquello no podría ser un "teatrillo" de Olivera para impresionarle, el investigador ha concedido que eso no lo sabía. Pero no fue el único puesto que se le ofreció, pues según ha contado le tantearon hasta para la representación española en Naciones Unidas. Incluso, le llegaron ofertas de empresas privadas.
"Problemas" con sus informes
Morocho ha contado un sinfín de episodios que, aislados, podrían no tener importancia, pero que se sucedieron en el tiempo y que comenzaron ya en 2011 y siguieron hasta 2016. Y vinieron de todo tipo de personas en la escala policial. Olivera le llegó a decir en 2013 que sus informes sobre la contabilidad en b del PP estaban generando "problemas" y hasta le pidió que se los reenviara aunque él ya no era su jefe en la UDEF. También supo por casualidad que esos mismos informes estaban llegando al DAO Eugenio Pino, a pesar de que él sólo debía dar cuentas ante el juez Ruz, y que el comisario de confianza de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, los estaba revisando. A Gómez Gordo, ha dicho, se lo intentaron asignar a su equipo de la investigación de la caja b, pero el inspector se opuso, siempre según las fuentes presentes en la declaración.
La presión llegó a tal punto que el inspector tuvo que llevar con especial sigilo la preparación del registro en la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. Según asegura, se le llegó a plantear desde los mandos que debía cuestionar en sus informes la información del diario El País con los papeles de Bárcenas y que evitara relacionar un posible cohecho por la supuesta relación entre los empresarios donantes y la adjudicación de obra pública, a lo que se tuvo que volver a negar, defendiendo su investigación y garantizando que había indicios que apuntaban a esa contabilidad en negro que había manejado el extesorero durante casi veinte años. La caja b ya ha sido ratificada por dos sentencias judiciales, en la Audiencia Nacional y después en el Tribunal Supremo, y aún sigue abierta una causa sobre el posible cohecho.
Su trabajo para la Audiencia Nacional se vio seriamente ralentizado en 2015, cuando incomprensiblemente le trasladaron a la DAO, a las órdenes directas de Pino. Allí estuvo algo más de año y medio, tiempo en el que "no sabían ni dónde" colocarlo y le pedían, entre otras cosas, que revisara informes apócrifos como el falso sobre las finanzas de Podemos (Informe PISA). Clarificador de lo que le estaba ocurriendo es lo que le comentó un día otro comisario, Enrique García Castaño, con quien se cruzó un día que había ido a tomar café con su jefe. "Tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto", asegura Morocho que le llegó a decir este policía ya jubilado al que apodaban El Gordo y que también está imputado en Kitchen.
Fue en ese tiempo en la DAO cuando dedujo que había en marcha una investigación paralela sobre Luis Bárcenas. Siendo el inspector jefe de Gürtel y caja b, Morocho sabía que el juez instructor no había encargado ningún seguimiento o informe en esos términos, lo que le llevó a concluir, para su sorpresa, que se trataba de un operativo al margen del juzgado. Su desconfianza, ha dicho, se acrecentó, pues eso podía arruinar toda su investigación y llevar a la nulidad del procedimiento. No fue así, y años después la macrocausa Gürtel encara su recta final de juicios en la Audiencia Nacional, todos los que se han celebrado han acabado en condenas para sus principales acusados y se ha acreditado la existencia de la caja b del PP.
COSPEDAL CESA COMO SOCIA DEL BUFETE DE ABOGADOS CMS TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL ‘CASO KITCHEN’
La exsecretaria general del PP pide una excedencia “temporal y voluntaria” en el despacho, según ‘Expansión’
La exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal ha cesado como socia del despacho de abogados CMS Albiñana y Suárez de Lezo tras ser imputada en el caso Kitchen de corrupción. Según ha informado el diario Expansión este lunes, la ex número dos del PP se ha acogido a una “excedencia temporal y voluntaria” en el despacho, al que se unió en enero de 2020, tras verse implicada en la trama sobre el supuesto espionaje policial al extesorero del PP Luis Bárcenas. La petición de excedencia se produjo el pasado 7 de junio, según Europa Press, y se conoce el mismo día en que EL PAÍS ha publicado unas anotaciones de las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, cerebro de la trama policial corrupta, de la que se desprende que el policía supuestamente recibió encargos y pagos del Partido Popular durante la etapa de Cospedal y a través de gente cercana a esta, según sospecha la Fiscalía Anticorrupción desde hace meses.
Una de las anotaciones que hizo Villarejo en sus cuadernos, desconocida hasta ahora, ahonda en la tesis del ministerio público: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”, escribió el comisario el 6 de diciembre de 2012, según detallan a EL PAÍS fuentes de la investigación. Las mismas fuentes sospechan que las cifras referidas son de 100.000 y 50.000 euros, respectivamente.
“José L. Orti” es, según la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal durante la etapa en que presidió la comunidad de Castilla-La Mancha (2011-2015) y luego en la Secretaría General del PP. Los agentes que han analizado los cuadernos de Villarejo conceden credibilidad a su contenido al relacionarlos con otros indicios existentes en la causa. La policía describe las agendas como una especie de “diario personal” destinado a “la lectura privada de quien las confeccionó”, donde se incluyen las presuntas “actividades”, “citas o comunicaciones mantenidas con terceros”, así como las fechas en que se produjeron y una “breve descripción del objeto de las mismas”.
Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro, fueron imputados por el juez instructor del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, el pasado 1 de junio. Tras incorporar al sumario una ingente cantidad de indicios recabados de las agendas interceptadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, el juez firmó un auto de 16 páginas para llamar a ambos a declarar como investigados. Las citas se han fijado para el 29 y 30 de junio, respectivamente.
Desde hace meses, la Fiscalía Anticorrupción consideraba a Cospedal una pata fundamental de la estructura de Kitchen. Ella, según el ministerio público, tenía un “doble interés” en sustraer material sensible a Bárcenas: tanto “como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma”, como por ser la número dos del PP. A esa tesis se suma el auto del juez del 1 de junio, donde se incide en que la expolítica habría estado al tanto de la trama y habría intervenido: “Se detecta una cadena de anotaciones [en las agendas de Villarejo] que permiten inferir su participación y la de su marido”, destaca el magistrado.
LAS NOTAS DE VILLAREJO: “COSPE: APOYO A TOPE EN TODO. ME ENVÍA A ORTI CON 100 Y PROMETE 50 MÁS”
La Fiscalía sospecha de supuestos encargos del PP al comisario jubilado que “serían sufragados” con fondos del partido para tapar el ‘caso Gürtel’. La investigación apunta al que fue jefe de gabinete de la exdirigente y que las cifras se refieren a pagos de 100.000 y 50.000 euros
Los 13 cuadernos donde el comisario jubilado José Manuel Villarejo registraba sus citas, conversaciones y actividades, localizados durante un registro de su domicilio en octubre de 2020, estrechan el cerco sobre María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, imputada en el caso Kitchen y señalada desde hace meses por la Fiscalía Anticorrupción por los “puntuales encargos” que habría encomendado al policía que “serían sufragados” a cargo de fondos del partido. Una de las anotaciones que hizo Villarejo en sus cuadernos, desconocida hasta ahora, ahonda en la tesis del ministerio público: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”, escribió el comisario el 6 de diciembre de 2012, según detallan a EL PAÍS fuentes de la investigación. Las mismas fuentes sospechan que las cifras referidas son de 100.000 y 50.000 euros, respectivamente.
“José L. Orti” es, según la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal durante la etapa en que presidió la comunidad de Castilla-La Mancha (2011-2015) y luego en la Secretaría General del PP. Los agentes que han analizado los cuadernos de Villarejo conceden credibilidad a su contenido al relacionarlos con otros indicios existentes en la causa. La policía describe las agendas como una especie de “diario personal” destinado a “la lectura privada de quien las confeccionó”, donde se incluyen las presuntas “actividades”, “citas o comunicaciones mantenidas con terceros”, así como las fechas en que se produjeron y una “breve descripción del objeto de las mismas”.
EL PAÍS contactó este domingo con José Luis Ortiz y con Dolores de Cospedal. Ortiz dijo que no tenía nada que comentar. Cospedal no ofreció ningún comentario, informa Javier Casqueiro.
El apunte de la supuesta entrega al comisario refleja una presunta conversación de Villarejo con Cospedal, a quien el policía bautiza en sus manuscritos con el mote de “Cospe” o “MD”. La fecha, además, no resulta baladí: la supuesta entrega se produjo solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero popular Luis Bárcenas y cuando, según los investigadores, ya se trataba de torpedear la instrucción que había abierta sobre la trama Gürtel, que asediaba al PP desde 2009.
Estas relaciones profesionales que recogió Villarejo en sus cuadernos precedieron a la bautizada como Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida en el Ministerio del Interior para espiar al extesorero tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP. Según la instrucción de la Audiencia Nacional, Kitchen se activó presuntamente el 11 de julio de 2013, cuando el partido ya había dejado de proteger a Bárcenas y este se disponía a tirar de la manta ante el juez Pablo Ruz —su primera confesión se produjo finalmente el 15 de julio—.
Anticorrupción sostiene que Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, mantuvieron una larga relación con Villarejo. Al menos desde 2009, cuando se reunieron los tres en la sede del PP, como consta en una grabación revelada en otoño de 2018. Según el ministerio público, el matrimonio aprovechó esa cita para ofrecer al comisario “la ejecución de encargos puntuales que serían sufragados con fondos del PP”. La Fiscalía sospecha que, desde entonces, el policía les facilitaba información de investigaciones sobre casos de corrupción que afectaban a su partido. De hecho, han detectado dos comunicaciones entre Villarejo y López del Hierro donde el primero “advierte” a su interlocutor de dos instrucciones penales que se encontraban bajo secreto de sumario.
Esos contactos continuaron, según los investigadores. También en 2012, año clave. Entre los apuntes de las agendas, el juez destaca una presunta conversación de Villarejo con López del Hierro el 23 de abril de aquel año, cuando el comisario anota en su cuaderno: “Aviso ayuda a Barc”. Al día siguiente, habla supuestamente de nuevo con el empresario y escribe: “Charla breve. MD agradeció aviso de Barc.”. El magistrado subrayó que el 26 de octubre se produjo un presunto encuentro entre los tres y, pocos días más tarde, el comisario recogió la dirección de correo electrónico de la política y el teléfono móvil de su secretaria: “Sería necesario preguntar a Cospedal si fue ella quien facilitó estos datos a Villarejo y, en ese caso, el motivo por el que lo hizo”, recalca el auto de imputación de la pareja. Ambos están citados a declarar ante el juez a finales de este mes.
Fluido contacto
El juez considera que la cadena de anotaciones del comisario “permiten inferir” que la pareja tuvo un fluido contacto con Villarejo y que participó después, al menos, en la captación del chófer de Bárcenas como confidente de la Operación Kitchen.
Para ello, el matrimonio usó presuntamente como intermediarios a dos hombres muy cercanos a la secretaria general: el comisario Andrés Gómez Gordo, a quien Cospedal fichó como asesor durante su etapa como presidenta en Castilla-La Mancha; y el citado José Luis Ortiz.
Ortiz aparece en el apunte del 6 de diciembre de 2012 como enlace entre Cospedal y Villarejo. “Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes”, escribió el policía, que suma en sus agendas más contactos con él: “Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a Cospe”, recogió el 15 de enero de 2013. Una relación que levanta los recelos del juez: “Esta dación de cuenta de Villarejo al que fuera jefe de gabinete de la presidenta de una comunidad autónoma carece de toda lógica y sería conveniente que se recabara declaración a Orti sobre su participación en la trama”.
El hallazgo de las 13 nuevas agendas ha supuesto una revolución en el caso Villarejo, que se instruye en la Audiencia desde 2017. Los cuadernos han sacudido al menos 12 de las 30 líneas de investigación abiertas en el sumario. Y el juez Manuel García-Castellón les otorga importancia por “su virtualidad para reflejar datos de los que se tiene noticia a través de otras diligencias de investigación”.
Los apuntes de pagos pendientes de la ‘número dos’
La investigación judicial ha descubierto otros apuntes del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre la fecha de la supuesta entrega de “100” (6 de diciembre de 2012), y la confesión de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional (15 de julio de 2013) donde el polémico expolicía se refiere a los “pagos pendientes” de la entonces número dos del PP, Dolores de Cospedal. El 31 de diciembre de 2012, Villarejo escribe: “Orti: Recordar pagos pendientes”. El 21 de junio de 2013: “Toque para hablar. Aviso que pago pendiente. Queda en comentarlo con la Cospe”. El 1 de julio de 2013, Villarejo apunta “MD. Charla larga desde las 18.30. Comprende que hay que pagar lo pendiente. Valora que si sigo con el tema Cataluña y hablará con Chisco sobre los cambios”. MD es, según la policía, María Dolores de Cospedal. Y Chisco es el nombre con el que Villarejo identificaba a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad del Gobierno del PP.
SEIS UNIFORMES PARA SALVAR AL PP: EL POLICÍA QUE INVESTIGA LA CAJA B SEÑALA ANTE EL JUEZ A LOS MANDOS QUE OBSTRUYERON EL CASO
El inspector jefe Morocho, principal investigador de la Gürtel, relata cómo el comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, se convirtió en un agente doble a favor de los investigados. Aparecen nuevos nombres como Álvarez Luna, quien sigue destinado en la Brigada Anticorrupción y que habría intentado modificar los informes que iban al juez
El inspector jefe que investigaba el caso Gürtel y continúa con el de la caja B, Manuel Morocho, ha ofrecido este martes al magistrado que instruye Kitchen el relato pormenorizado de qué mandos policiales, altos e intermedios, intentaron sabotear su trabajo en las causas judiciales más graves de la historia del Partido Popular, las mismas que a la postre provocaron que la formación de Mariano Rajoy perdiera el Gobierno.
Todos esos mandos actuaron durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, el político al que Morocho ha señalado al frente de los intentos por apartarle de la investigación durante su declaración como testigo en la pieza que investiga el espionaje a Luis Bárcenas.
Lo que sigue es un repaso por el testimonio del inspector jefe Manuel Morocho a través de los seis nombres de mandos policiales más relevantes mencionados durante más de dos horas. La declaración del policía se retomará el viernes.
José Luis Olivera. El comisario trabaja en la actualidad para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Fue jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde su creación por el Gobierno de Zapatero hasta 2013, cuando con Mariano Rajoy ya en La Moncloa pasó a director del Centro de Investigación contra el Crimen Organizado (CICO), puesto que fue ampliando sus atribuciones hasta conseguir también la competencia de la coordinación antiterrorista.
El salto de un Gobierno a otro por parte de Olivera es uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la Policía. Este martes, Morocho ha puesto en conocimiento del juez, según testigos presentes en su declaración, algunas de sus claves. El policía ha dicho que su jefe en la UDEF se guardó una copia de un informe secreto sobre la corrupción del PP en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid) "por si lo necesitaba para negociar su posición".
Morocho ha denunciado también que otro informe sobre Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo y marido de la que después sería ministra de Sanidad Ana Mato, se concluyó en enero de 2011 pero que no fue entregado al juzgado hasta 2012 porque Olivera lo paró.
El PP terminó ganando las elecciones y Olivera, que esperaba ser defenestrado, acabó como director del CICO. Según Morocho, la elección de Fernández Díaz resultó fundamental porque el comisario era "amigo personal del ministro por razones familiares".
La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El policía que investigaba la caja B cree que utilizaba también a otros mandos suyos para obtener los detalles.
Morocho ha relatado cómo Olivera le ofreció un puesto en la Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP, y que en medio de la conversación le sonó el móvil y el comisario le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó. Olivera no está imputado en el caso Villarejo ni siquiera ha sido llamado como testigo.
En las agendas de Villarejo aparecen dos anotaciones sobre el ofrecimiento para apartar a Morocho de la investigación por las que se ha interesado el juez. "Aviso problemas ultimo inf MOROC" (30 de abril de 2014), "Hablar sobre Morocho transmitir presión" (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: "MOROCHO-LISBOA".
José García Losada. Ya jubilado, era comisario general de Policía Judicial, la estructura a la que pertenecía la UDEF. Fue destituido en octubre de 2013 por no ser capaz, o negarse, a parar los informes de Morocho contra el Partido Popular. Este hecho, nunca reconocido por aquel Gobierno, había situado a Losada como ajeno a las maniobras contra el policía que investigaba al PP.
Sin embargo, Morocho ha dicho al juez García-Castellón que Losada le conminaba a que no se refiriera en sus informes a una caja B del PP sino únicamente a unos papeles de Luis Bárcenas y que, cuando se negaba, le recriminaba que no fuera capaz de entrar en razón.
Manuel Vázquez. Comisario jubilado, sustituyó a Olivera al frente de la UDEF. Según Morocho, Vázquez no quería que se cursara la comisión rogatoria a Suiza que terminó desvelando la fortuna de Bárcenas en Suiza porque era agosto, pero que el empeño de la Fiscalía y el juez Ruz lograron sortear su oposición.
Vázquez fue el comisario que instó a Morocho a quitar el nombre de Ignacio López del Hierro de un informe sobe la caja B, en la que el empresario aparecía como donante del PP bajo los apuntes de "López Hierro" y "López H". A Vázquez no le parecía suficiente para nombrarlo a nivel indiciario.
Manuel Vázquez telefoneó a magistrados del Tribunal Supremo para que valoraran el pseudoinforme PISA contra Podemos, elaborado por la brigada política, que había aportado Manos Limpias en una querella contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón. Fue recompensado en sus últimos años en activo con la Jefatura Superior de Galicia, tierra natal del comisario.
José Manuel Álvarez Luna. De confirmarse, la denuncia de Morocho retrataría una forma de actuar en el seno de la Policía, al servicio de los mandos y el partido en el poder, con independencia de quiénes sean éstos. El inspector jefe Luna formó parte de la "camarilla" que según Francisco Álvarez Cascos habría fabricado pruebas contra el PP en el caso Gürtel, cuya sentencia de la Audiencia Nacional ya ha ratificado el Tribunal Supremo. Y después, en tiempos del PP, Luna habría intentando aminorar el daño que el caso de la caja B pudiera hacer al nuevo partido en el Gobierno.
Según ha dicho Morocho al juez, el inspector jefe Luna intentaba "censurar" sus informes añadiendo un "texto alternativo". Álvarez Luna continúa en activo como jefe de sección en la Brigada Anticorrupción de la UDEF, es decir, que el actual Gobierno le ha mantenido en su puesto, al igual que ha hecho con el propio jefe de la UDEF, Fernando Moré, quien procede de la época del ministro Zoido.
Andrés Gómez Gordo. La investigación del caso Villarejo ha puesto al descubierto el verdadero papel del que fuera asesor de Cospedal en Castilla-La Mancha. Sin embargo, Morocho ha revelado dos datos nuevos en su declaración ante el juez. Gómez Gordo recibía todos los informes que el policía de Gürtel y caja B realizaba, sin tener funciones para ello. Por otra parte, el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, intentó introducirlo en el reducido grupo de policías que trabajaban con Morocho, a lo que éste se negó taxativamente.
Esto se produjo cuando Gómez Gordo regresó al servicio activo para controlar al chófer de Bárcenas, según ha revelado la investigación. Pino terminó por ubicarle como jefe de Vigilancias de la UDEF y le dejó compaginar ese puesto con trabajos parapolicales en la Dirección Adjunta Operativa. Gómez Gordo es actualmente comisario jefe del distrito madrileño de Villa de Vallecas.
Pedro Agudo. El comisario, ascendido por el actual Gobierno, fue jefe de Gabinete de Ignacio Cosidó, pero antes ya era un policía muy próximo al PP. Tanto que, según Morocho, enviaba mensajes a la UDEF, y a él mismo, a través de terceros con todos los cambios que se iban a producir cuando Mariano Rajoy ganara las elecciones de finales de 2012.
Agudo fue destinado a Roma después de verse envuelto en una polémica por la agencia de preparación de oposiciones que regenta su mujer y en la capital italiana conoció al juez de los casos Villarejo y Kitchen, Manuel García-Castellón. Conocedor de esta circunstancia, Francisco Martínez recurre a él para que interceda ante el juez, según consta en el teléfono incautado al número dos de Interior.
EL PRINCIPAL INVESTIGADOR DE LA GÜRTEL RELATA AL JUEZ UN CÚMULO DE “ANOMALÍAS Y PRESIONES PARALELAS” PARA TAPAR EL CASO
El inspector jefe Manuel Morocho asegura que le conminaron a restar importancia a los papeles de Bárcenas que publicó EL PAÍS
Manuel Morocho, inspector jefe de la Policía Nacional, ha desatado este martes una enorme tormenta en la Audiencia Nacional. El agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que lleva durante una década al frente de la investigación sobre la trama Gürtel que asola al PP, ha explicado durante casi tres horas al juez Manuel García-Castellón ―instructor del caso Kitchen, sobre el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas― todo el cúmulo de “anomalías y presiones paralelas” que recibió desde la cúpula del cuerpo y del Ministerio del Interior para tratar de boicotear las pesquisas. Con profusos detalles, Morocho ha narrado las maniobras para tratar de modificar sus informes para que no señalaran a dirigentes del partido conservador e, incluso, los intentos de comprarlo con su traslado a destinos mejor dotados económicamente, según confirman varias fuentes jurídicas.
“Me deja usted un panorama desolador”, ha llegado a afirmar el juez durante la declaración como testigo de Morocho, que se reanudará el próximo viernes. El magistrado lo había citado este martes después de encontrar supuestas referencias a las maniobras urdidas contra él en las 13 nuevas agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, localizadas durante un registro de su domicilio en octubre de 2020. Además, en febrero de 2019, el inspector jefe ya había esbozado al instructor cómo trataron de apartarlo de la investigación de Gürtel, la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa y que implicó a numerosos cargos del PP que entonces lideraba Mariano Rajoy.
Un relato que este martes se ha convertido en una apisonadora contra los intereses del PP. El testimonio de Morocho se ha producido en la línea de investigación abierta por la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida en Interior para espiar al extesorero popular tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas con el supuesto objetivo de arrebatarle material sensible sobre importantes dirigentes del partido. La instrucción de la Audiencia apunta a que ese despliegue comenzó en julio de 2013 —cuando Bárcenas se disponía a confesar por primera vez—, pero también a que las maniobras para torpedear la investigación de Gürtel se sucedían desde mucho antes.
En ese sentido, el inspector jefe de la UDEF ha especificado que, en el verano de 2013, cuando ya había estallado el escándalo de la caja b tras publicar EL PAÍS los papeles que reflejaban la contabilidad opaca del partido, la cúpula policial le ofreció trasladarlo como agregado de Interior a alguna embajada, ofreciéndole entre varias la de Lisboa, un puesto con una remuneración que supera los 10.000 euros mensuales. “Se me conminó a que minusvalorara los papeles de EL PAÍS”, ha manifestado también el agente, que ha insistido en que rechazó la propuesta.
Según la versión de Morocho, este intento de comprarlo llegó a través del comisario José Luis Olivera, en un encuentro que mantuvieron en junio de 2013 en una cafetería de Madrid. Durante la conversación, según ha explicado el inspector al juez, Olivera recibió una supuesta llamada del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de la que dedujo que este le preguntaba precisamente por su conversación con el responsable de la investigación del caso Gürtel: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, ha asegurado Morocho que dijo Olivera a su interlocutor. El abogado de Fernández Díaz niega que se produjese esta llamada entre su cliente y el mando policial, y ha repetido que Olivera pudo inventársela.
Quitar nombres de los informes
En su primera declaración ante el juez en febrero de 2019, Morocho contó también que, cuando la investigación de Gürtel estaba en marcha, trataron de sobrecargarlo de trabajo trasladándolo a la Dirección Adjunta Operativa, encabezada por Eugenio Pino, máximo mando policial en aquella época e imputado por el caso Kitchen. Allí le pusieron a hacer labores que siempre quedaban en nada y que debía compaginar con sus pesquisas sobre Gürtel. A esas palabras añade este martes más acusaciones: ha asegurado que sus superiores le impidieron poner en sus informes los nombres de cargos del PP —entre ellos, el de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno— que, según los papeles de Bárcenas, fueron perceptores de sobresueldos.
Según Morocho, también le presionaron para quitar el nombre del empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y recientemente imputado en el caso Kitchen. Según ha explicado, uno de sus jefes se lo justificó alegando que “López del Hierro es amigo [del comisario José Manuel] Villarejo”. El inspector jefe de la UDEF ha apostillado que logró esquivar todas estas trabas añadiendo los nombres en los anexos de uno de sus informes.
La referencia a López del Hierro se ha producido a preguntas del juez, que intenta aclarar el significado de las anotaciones detectadas en las 13 agendas intervenidas a Villarejo, donde se menciona a Morocho. Así, el 29 de abril de 2013, el comisario apuntaba: “Problemas sobre el último informe de Moroc.”. Ese mismo día, el inspector había firmado un informe donde aseguraba que el “M. R.” que aparecía en los papeles de Bárcenas era supuestamente Rajoy y donde se señalaba al marido de Cospedal como donante de la caja b del PP. Villarejo también escribió en sus cuadernos otra “entrada significativa”, según el juez, cuando situaba el nombre de Morocho junto a la palabra “Lisboa”, en supuesta referencia al destino en la embajada de España en Portugal.
Lisboa, Viena y la ONU
El principal investigador de Gürtel ha explicado al juez que, durante la reunión con Olivera para comprarlo, no solo le ofrecieron un puesto suculento en Lisboa. También en Viena y la ONU. Además, su superior aprovechó esa cita para pedirle que le enviase los informes que hiciese a un correo electrónico para que los pudiera valorar antes de remitírselos finalmente al juez Pablo Ruz, que investigaba la trama de corrupción en la Audiencia Nacional. “No lo hice”, ha señalado Morocho, que ha detallado cómo, a partir de entonces, su grupo de la UDEF extremó las medidas de seguridad “ante el riesgo evidente de filtración”. De hecho, está convencido de que la dirección de la Policía monitorizaba sus movimientos para saber cuándo acudía a ver al magistrado.
Durante el juicio sobre la caja b del PP, celebrado este año en la Audiencia, un perito de Hacienda ya apuntó en esa línea e insinuó que los populares y su entorno manejaban información confidencial de la investigación. Como la intención de entrar a registrar la sede del partido en la calle Génova y el estudio de arquitectura Unifica, responsable de la remodelación del edificio y que supuestamente fue pagada con dinero extraído de la contabilidad opaca.
Dentro de las presiones narradas, Morocho ha detallado que también le conminaron a eliminar de sus informes “los elementos indiciarios” que pudieran apuntar a la existencia de un delito de cohecho por la supuesta relación directa entre las donaciones ilegales que hacían empresarios a la caja b y la adjudicación de obra pública desde administraciones controladas por los populares. De hecho, ha indicado que su superior de la UDEF leía con carácter previo los documentos y subrayaba en ellos los párrafos que debían ser eliminados. Este fleco de las pesquisas del caso Gürtel aún sigue abierto y actualmente lo investiga el propio inspector jefe bajo las órdenes del actual titular del Juzgado Central de Instrucción 5, Santiago Pedraz.
Morocho ha abordado su traslado temporal a la Dirección Adjunta Operativa, ordenado por Pino. Como ya había declarado anteriormente ante el juez y, el pasado marzo, en la comisión de investigación del Congreso, el inspector jefe ha insistido en que el objetivo final de ese destino era apartarle de las pesquisas de Gürtel o, al menos, dificultar su avance. En este punto ha rememorado que, estando ya allí, el comisario Pino le presentó al también comisario Enrique García Castaño, otro de los mandos policiales claves en el espionaje a Bárcenas y que ahora colabora con la justicia, y que este le dijo: “Y tú qué haces aquí si tú tenías que estar muerto”.
EL INSPECTOR MOROCHO IMPLICA A FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL INTENTO DE APARTARLE DE LA INVESTIGACIÓN AL PP
Afirma ante el juez que el ministro del Interior llamó durante el encuentro en el que le propusieron un destino a Lisboa, interesándose por si aceptaba la oferta. El principal investigador de la Gürtel y la caja b del PP revela presiones para que en sus informes no aparecieran Rajoy, Cospedal, Arenas o Ana Mato, y amenazas de sus superiores: "Tú qué haces aquí, tendrías que estar muerto"
La declaración de este martes ante el juez del inspector de la Policía Nacional con el número 81.067, Manuel Morocho Tapia, cuyos informes sobre la Gürtel y la caja b del PP han sido decisivos en las distintas condenas, ha “helado la sangre” y revelado que la Kitchen "se conducía como la mafia italiana", según fuentes de la investigación presentes en el interrogatorio.
Morocho ha manifestado que quien fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, José Luis Olivera, le citó para proponerle un nuevo destino como agregado de Interior en Lisboa, con un considerable incremento del sueldo, con el objetivo de apartarle de la investigación al Partido Popular.
Mientras conversaban, el inspector Morocho ha dicho que Olivera recibió una llamada a su teléfono, que éste identificó como "el ministro" Jorge Fernández Díaz. El jefe de la UDEF respondió al teléfono con un "estamos en ello" y después le trasladó a Morocho que observará la "importancia" que tenía, que hasta un ministro telefoneaba para interesarse por su destino.
Este hecho, además de confirmar que la anotación en la agenda de Villarejo respecto a que pretendían despacharle a Lisboa es cierta, implica de forma directa al ministro del Interior en la operación, a juicio de los investigadores.
Como la oferta a Morocho fracasó, le propusieron otros jugosos destinos como agregado en Naciones Unidas, Viena o un curso del FBI en Quantico (Virginia). Los rechazó todos por concluir su deber de auxilio judicial en los casos de la caja b y Gürtel. Solo cuando finalizó las investigaciones, aceptó practicar el cursillo en Estados Unidos.
Presiones para no implicar a Rajoy o Cospedal
La declaración del agente ha sido esclarecedora. Ha declarado ante el juez amenazas y presiones de sus superiores para no citar en sus informes a Rajoy, Arenas, Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro o Ana Mato, o para descartar que hubiera caja b en el PP. La consigna que intentaron que transmitiera al juez es que "de haber algo era cosa de Bárcenas y no del PP". Justo el argumento empleado por la formación conservadora en su defensa.
Los intentos de influir en sus informes para proteger al PP fueron tales, que llegaron a retrasar un año la entrega del documento clave sobre la implicación del exsenador Jesús Sepúlveda y su esposa, la exministra Ana Mato, sobre los regalos que percibieron de la trama y su implicación en el procedimiento, que ha concluido con su condena, según Manuel Morocho.
Espiaban sus movimientos
El agente ha manifestado que estaba "monitorizado" por la policía política, y que cuando le trasladaron a la Dirección Adjunta Operativa, en otro intento por sobrecargarle de trabajo y que no pudiera ayudar en la resolución de las causas del PP, el entonces DAO, Eugenio Pino, le presentó un día a otro de los principales implicados, el comisario principal, Enrique García Castaño, quien le espetó: "Tú qué haces aquí, tendrías que estar muerto". Sorprendido, el juez le ha repreguntado si esas fueron las palabras, y el inspector Morocho ha vuelto a repetir la frase.
El inspector 81.067 ha dicho además que le "colocaron" cerca al agente Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que estaba convencido de que "revisaba" sus informes al juzgado. También ha admitido presiones de sus superiores para que no vinculara la donación de dinero negro de empresarios al PP con la obtención de adjudicaciones públicas.
https://cadenaser.com/ser/2021/06/15/tribunales/1623763335_050952.html
EL JUEZ DEJA FUERA LA GRABACIÓN DE VILLAREJO A COSPEDAL EN GÉNOVA POR SER DE 2009 Y ANTICORRUPCIÓN INSISTE
García-Castellón no incluye en su auto de imputación esos audios del comisario con la número dos del PP por ser anteriores a la operación Kitchen. La Fiscalía vuelve a destacarlos en un escrito reciente en el que solicita diligencias relacionadas con la investigación del espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas
La lista de indicios contra María Dolores de Cospedal que traslada el juez del caso Kitchen en el auto de imputación no incluye la grabación que obligó a la secretaria general del PP a abandonar la política y que fue realizada en 2009 en su despacho de Génova por el comisario José Manuel Villarejo. Por contra, la Fiscalía Anticorrupción recurrió al audio en su solicitud de imputación de septiembre de 2009 y ha vuelto a hacerlo hace poco más de una semana en un escrito presentado al magistrado y al que ha tenido acceso elDiario.es.
En aquella grabación, publicada por moncloa.com y elconfidencial.com en varias entregas, aparecen Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, conversando con el comisario en la planta noble de la sede nacional del PP. Han acordado que el policía acceda en secreto al edificio y durante la reunión, y en presencia de la número dos del PP, López del Hierro pregunta a Villarejo si está dispuesto a aceptar “trabajos puntuales”.
Los tres están hablando de Gürtel y otras causas judiciales de corrupción que afectaban al partido en ese momento y el ofrecimiento es a un mando de la Policía en activo destinado en entonces en la estructura policial que se encargaba de dichas investigaciones, la Comisaría General de Policía Judicial.
Pese a ello, el magistrado no considera que afecten a la investigación de la operación “parapolicial” que organizó el Ministerio del Interior para sabotear el caso de la caja B, una pieza separada de Gürtel, en el año 2013, por haberse producido cuatro años antes, según fuentes jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, enuncia en el escrito del 24 de mayo las 15 informaciones aparecidas en los dos citados medios y que aluden a ello.
Y a eso añade que fueron publicadas “a finales de 2018” y que los audios que incluían ya están “unidos a las presentes actuaciones tras los correspondientes requerimientos judiciales”. Las grabaciones pondrían de manifiesto que Villarejo “habría revelado” a Cospedal y López del Hierro “información reservada que conocería por medio de sus contactos en el Cuerpo Nacional de Policía, y en concreto de José Luis Olivera Serrano, sobre operaciones policiales vinculadas a la corrupción en el Partido Popular para controlar daños”. Esos audios, especifica Anticorrupción, “no se encuentran entre el material incautado” en los registros judiciales.
Manuel García-Castellón asegura en su auto de imputación de Cospedal, López del Hierro y el jefe de gabinete de la primera, José Luis Ortiz, que la participación del matrimonio en la operación Kitchen “se podía reconducir en esencia a su implicación en la captación del señor Ríos Esgueva [el chófer de Bárcenas]” y que además, el policía que fue asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, ha negado la participación de su anterior jefa y del empresario, con el que está vinculado desde hace décadas, en los hechos investigados.
A continuación, el juez recupera ocho menciones a Cospedal y López del Hierro en conversaciones de otros implicados o testigos que aporta Anticorrupción para concluir que ninguna de ellas “contiene una referencia específica a la participación” del matrimonio en los hechos investigados.
Ocurre distinto con las anotaciones en las últimas agendas incautadas a Villarejo, motivo principal de la citación, según el juez. En ellas, López del Hierro aparece mencionado por conversaciones y encuentros con el comisario y se alude a que Cospedal los conoce, que en una ocasión se ve con el policía y que éste guarda su correo electrónico y el número de móvil de la secretaria de la número dos del PP. “Sería necesario preguntar a María Dolores de Cospedal si fue ella quien facilitó estos datos al señor Villarejo y en ese caso por qué lo hizo”, escribe el magistrado instructor.
La posible cita con el abogado que tumbó a Garzón
Otra divergencia entre las conclusiones provisionales del juez y la Fiscalía Anticorrupción es la posible participación de Cospedal en el proyecto SMP, “un proyecto de estrategia jurídica (…) con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG [Sumario Gürtel]”. Dicho proyecto habría sido encargado por el abogado fallecido Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional, próximo al PP y autor de la querella que terminó costando la carrera a Baltasar Garzón por autorizar escuchas ilegales en prisión a investigados en el citado caso Gürtel.
En su escrito de septiembre, Anticorrupción considera que ese proyecto podría estar vinculado a un encargo de “dirigentes” del Partido Popular que no especifica. En su auto del pasado 1 de junio. García-Castellón descarta que Cospedal o su marido estén relacionados con el mismo gracias, en parte, a que Bárcenas desvinculó el proyecto de un encargo del Partido Popular en una de sus declaraciones.
En una anotación de la agenda de Villarejo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, correspondiente al 9 de noviembre de 2012, el comisario alude a ILH, Ignacio López del Hierro, y escribe: “Quedó en transmitirle a la parienta. Ella vería a IGN PELAEZ por la tarde” en lo que parece una alusión a un encuentro entre Cospedal y el abogado que encargó el proyecto para anular Gürtel a Villarejo.
EL JUEZ INVESTIGA SI EL PP Y LA CÚPULA POLICIAL DE RAJOY MANIOBRARON CON VILLAREJO PARA APARTAR AL INVESTIGADOR CLAVE DE LA CAJA B
Las agendas de Villarejo reflejan nuevos apuntes sobre los que García Castellón quiere preguntar a Manuel Morocho, quien ya denunció los movimientos para apartarle del caso En la Audiencia Nacional y en el Congreso, el inspector de la UDEF habló de tentativas para "doblegarle", de un traslado temporal "para calmar" al PP y una "sobrecarga" de trabajo para que no se centrara en las causas de corrupción
–¿Ha sufrido intentos de apartarle de esta investigación o presiones?
–Sí. A varios de los que estamos aquí. Lo que se buscaba era generarnos tensión para que nos doblegáramos y no esclareciéramos los hechos. Han intentado que me apartara de la investigación.
El que responde es el inspector jefe Manuel Morocho, el policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que lideró la investigación del caso Gürtel y de la caja b del PP y que aún sigue aportando informes sobre esa financiación irregular a la Audiencia Nacional. Pronunció estas palabras, en respuesta a las preguntas de una acusación popular, en el reciente juicio por la utilización de los fondos de esa contabilidad paralela que gestionó Luis Bárcenas a lo largo de casi veinte años en el partido conservador, pero no era la primera vez que contaba los episodios en que se intentó boicotear una investigación de la que él estaba a los mandos desde 2008, cuando comenzaron las pesquisas sobre la macrocausa de corrupción.
En este juicio, en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen y ante el juez instructor de este último procedimiento, el inspector el inspector 81.067 ha contado una serie de sucesos que vienen la confirmar la tesis tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del magistrado Manuel García Castellón: que sus superiores en la Policía Nacional, tras la llegada del PP a la Moncloa a finales de 2011, pusieron en marcha una serie de movimientos "para calmar" a los dirigentes del PP, unos movimientos que pasaban por dejarle fuera de juego en Gürtel y en caja b. El auto de imputación de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, revela un posible nuevo intento: la posibilidad de un traslado a Lisboa, quizá para alejarle aún más de las diligencias judiciales.
Morocho está citado a declarar como testigo el próximo 15 de junio en la Audiencia Nacional. El juez quiere preguntar al policía si conocía este posible intento que reflejan las agendas intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo. No es descartable, vistos los antecedentes: un operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 dirigido a robar a Bárcenas documentación que se podría haber llevado del PP tras ser despedido y que podría afectar gravemente al partido y a algunos de sus dirigentes en las causas judiciales abiertas como Gürtel o la caja b, pero también las propias manifestaciones de Morocho sobre los empeños de sus superiores en apartarle de las pesquisas. Por eso, García Castellón ve necesario "escucharle de nuevo para preguntarle sobre las referencias que se hacen en la agenda en relación con Lisboa por si puede aportar alguna aclaración al respecto".
El primer apunte de la agenda sobre este asunto está fechado el 29 de abril de 2013. "ORTI. Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC (Morocho)". ORTI es el entonces jefe de gabinete de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha, sobre el que Villarejo anotó varias conversaciones –razón por la cual también está imputado–. Otras entradas "significativas" para el juez sobre el inspector se apuntaron ya en mayo de 2013. El día 13: "ILH (López del Hierro). Dice que MD (Cospedal) hablará con CHISCO (Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad) y con OLI (José Luis Olivera, comisario y el antiguo jefe de Morocho en la UDEF) y si puede también conmigo. Muy decidido a todo". Y diez días más tarde: "CHISCO. Morocho-Lisboa", y "COSPE (Cospedal). Este MOROC nos necesita a Losa y a mí. Morocho-Lisboa".
Las "barreras" y el traslado de la UDEF
El contexto es importante: sólo hacía dos meses que Morocho había recibido el encargo del entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de investigar los papeles de Bárcenas. Según el relato del inspector en el juicio de la caja b, en el Congreso y en sede judicial, empezaron entonces los movimientos para apartarle. Lo ha dicho con unas palabras o con otras, pero la conclusión a la que llega es la que resumió en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen a finales del pasado marzo: "El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar a los órganos superiores del ministerio (del Interior) que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar".
En la Cámara Baja, explicó que se ha enfrentado a diferentes "barreras" en su investigación, como la "sobrecarga" de trabajo, valoración de informes "apócrifos" como el de las finanzas de Podemos, a los que pretendían que estampara su firma para darles veracidad, o un traslado de destino dentro de la Policía en enero de 2015, y por un año y medio, pasando de la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que entonces dirigía Eugenio Pino, uno de los principales investigados en la causa sobre el espionaje a Bárcenas. Todo para que no pudiera seguir desarrollando su "actividad normal" en la investigación de Gürtel y en las diligencias sobre la contabilidad en negro del PP.
Otra barrera: en agosto de 2015 sospechó de que la DAO estaba realizando una investigación paralela "secreta" sobre Bárcenas, ya que recibió un correo electrónico con información sobre el extesorero que era "coincidente" con Gürtel y sobre la que él, investigador principal, no tenía conocimiento. Y una última observación muy clarificadora: si hubo seguimientos a Bárcenas a partir de 2013, él no los ordenó, y si él no los ordenó por orden de un juez siendo el inspector al mando, fueron ilegales.
"Es un hecho que el tiempo que estuve allí (en la DAO), a pesar de que intenté compatibilizar ambas cosas, al final lo que generó es que el procedimiento fuera decayendo y se generaron retrasos en la elaboración de informes que se iban acumulando en el tiempo", dijo en su declaración en la Audiencia Nacional recordando un periodo, entre 2013 y 2015, de lo más "convulso" en cuanto a la carga de trabajo en la macrocausa de corrupción: la información que llegaba de Suiza –"en francés, inglés y alemán"– sobre la estructura financiera de Bárcenas y las nuevas revelaciones sobre la caja b que había manejado el PP desde, al menos, 1989.
El traslado que le comunicaron en 2015 implicó que tuviese que compaginar su trabajo para la Audiencia Nacional con otras obligaciones que le encargaban y para las que, según le dijeron, era necesaria su pericia en investigaciones de tipo financiero. Así, se le pidió que valorara informes realizados en el entorno del DAO, como uno relativo a los Pujol o al incremento patrimonial del comisario Villarejo, pero "ni siquiera quisieron conocer" las conclusiones, tal y como explicó el propio Morocho en el Congreso. Y llegaron a ofrecerle "desde la DAO y otras personas", cuya identidad no quiso revelar, hasta "tres destinos" distintos que él rechazó. El juez quiere saber si uno de esos destinos era Lisboa, la ciudad apuntada en la agenda de Villarejo.
El PP no ha parado de cuestionarle
El inspector sigue soportando a día de hoy las críticas y los cuestionamientos a su labor al frente de la investigación policial del caso Gürtel y de la caja b del PP. Doce años después de que se abriera la causa y varias sentencias judiciales condenatorias después. Llegan desde las filas del partido conservador y las tuvo que escuchar en vivo y en directo hace pocos meses durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. "Lleva trece años investigando al PP, a nadie se le ha dado tanto tiempo, ¿Cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación?", le llegó a preguntar un diputado. Está visto que Morocho ya está acostumbrado y no perdió la oportunidad de aclarar el error del parlamentario: "Yo actúo como policía judicial bajo dirección de tribunales y fiscales, no abro ni cierro investigaciones". Otro portavoz del PP puso en duda su investigación, gracias a la ayuda de Villarejo, que dijo también en la comisión que los inicios de Gürtel habían sido una "operación política".
También le han acusado de incluir "juicios de valor en sus informes", en concreto mencionando un informe sobre la caja b. Una vez más, el inspector tuvo que puntualizar que sus escritos tienen "un valor de atestado sometido a valoración de órganos judiciales". La valoración es de sobra conocida: condenas a los responsables de la trama Gürtel, incluido el PP como beneficiario a título lucrativo, y dos sentencias que dan la razón a Morocho y avalan sus conclusiones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el partido conservador.
Aún estando destinado actualmente en Canfranc (en el Pirineo de Huesca), sigue entregando informes, como policía judicial, al magistrado Santiago Pedraz, ahora titular del juzgado de la Audiencia Nacional que ha heredado la última de las investigaciones sobre la caja b: un posible cohecho por las donaciones en negro de empresarios al PP a cambio de contratos en la administración pública. Les pesquisas se han dirigido ahora a la etapa de José María Aznar al frente del partido y del Gobierno.
LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL PONE EN JAQUE A CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO
Dolores de Cospedal es socia de procesal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo y miembro del consejo de administración. El despacho se desvincula del caso
Los peores temores de CMS Albiñana & Suárez de Lezo se han cumplido. Este miércoles, el juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, acordó imputar a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP; y a su marido, Ignacio López del Hierro, por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas, extesorero del partido.
Cospedal es socia de la firma de abogados desde hace año y medio y poco después se unió al consejo de administración, como desveló este diario. La publicación de las grabaciones con el comisario Villarejo frustraron su fichaje por otro despacho internacional, pero poco después encontró acomodo en las filas de CMS, despacho cercano al PP por el que han pasado otros nombres ‘populares’ como Ignacio Astarloa, que es consultor; el exconcejal Percival Manglano o la exdirectora de gabinete de Alberto Ruiz-Gallardón, Cristina Coto.
Muchos despachos (como por ejemplo, Uría Menéndez) tienen una política estricta de cero fichajes procedentes de la arena política. Además del posible coste reputacional, las grandes agendas que traen consigo luego no siempre se traducen necesariamente en clientes. Tras calcular riesgos, muchos optan por dejar pasar la oportunidad de engrosar sus filas con un antiguo servidor público.
Cospedal, cercana al socio director César Albiñana, comparte membresía con él en el selecto club de abogados del Estado, un cuerpo presente en CMS con socios como Alfonso Codes, Ignacio Grangel o Jorge Sánchez.
La incorporación de Cospedal fue anunciada a través de un comunicado que causó sorpresa en la comunidad jurídica por el contenido del mismo. CMS subrayó que Cospedal había sido elegida tras un “minucioso proceso de selección” efectuado por una firma de cazatalentos (SearchPartners, como desveló este diario poco después) y que Cospedal había tenido que presentar “un completo plan de acción”. Dos apuntes que resultan del todo inusuales a la hora de comunicar una incorporación a un bufete.
Desde la firma señalan a Vopópuli que “los hechos a los que se refiere la investigación son totalmente ajenos al despacho y muy anteriores a la incorporación al despacho de María Dolores de Cospedal”. CMS asegura desconocer “el contenido exacto de la resolución judicial” pero avanza que “llegado el momento” hará “una valoración de la misma”. El PP por ahora no va a tomar ninguna medida y solo suspenderá de militancia a Cospedal si finalmente es procesada.
El caso de Emilio Cuatrecasas
La imputación de Cospedal y cómo afecte a su futuro en CMS ha recordado el caso de Emilio Cuatrecasas, nieto del fundador del histórico despacho catalán que fue condenado por delito fiscal en 2015. En el caso de Cospedal todavía no hay ninguna condena o incluso podría acabar archivado, pero la implicación de un socio en un asunto judicial no es habitual y los despachos no son amigos de los escándalos reputacionales.
El abogado, especializado en materia fiscal, reconoció ocho delitos fiscales y aceptó una pena de dos años de prisión, así como el abono de una multa de 1,5 millones tras regularizar su situación con Hacienda con el pago de 4,1 millones. Cuatrecasas, según el escrito de conformidad, intentó deducir gastos personales como si fueran empresariales para evitar el pago de impuestos.
Un año antes de conocerse la condena, el conocido letrado abandonó la presidencia del despacho en manos de Rafael Fontana. En el despacho también siguen con atención el desarrollo del llamado caso Kitchen por las implicaciones que podría tener para su fichaje estrella y enemiga íntima de Cospedal, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Según publicó este martes la Cadena SER, el sumario secreto incluye información en la que se apunta que Santamaría, socia de mercantil de la firma, estaba al tanto de las labores de espionaje al extesorero.
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/cospedal-cms-imputada.html
COSPEDAL Y LÓPEZ DEL HIERRO, EL PARAPETO DE RAJOY ANTE EL ‘CASO KITCHEN’
La imputación de la ex secretaria general del PP y su marido por el espionaje ilegal a Bárcenas rescata los años más convulsos de la política en el partido
“Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, no son un matrimonio sin más, son una sociedad anónima”. La definición la aportan al máximo nivel político en Castilla-La Mancha para explicar el sentido de la relación entre la ex secretaria general del PP y su marido, exmiembro de varios consejos de administración de importantes empresas durante décadas. Tras la imputación judicial de Cospedal y López del Hierro esta semana, justo cuando debían comparecer en la comisión Kitchen del Congreso para esclarecer sus vínculos con el polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo, resurgió el interrogante de para qué la había fichado realmente Mariano Rajoy en el partido en 2008 y cómo se fraguó su extraña relación con el policía que ejerció su oscuro papel con hasta 10 ministros del Interior tanto del PSOE como del PP. La respuesta es la reconstrucción del perfil de una política con formación de abogada del Estado.
Hasta dejarse atrapar por el virus de la política, la trayectoria de Cospedal es la de una mujer, hija de clase media, con un padre militante de UCD entusiasta de la Operación Roca, y que compaginó sin contradicciones ser por un lado miss Feria de Albacete con sacarse brillantemente una muy dura oposición.
En 1996, cuando José María Aznar desbanca a Felipe González y logra gobernar, nombra a su alter ego Javier Arenas ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales. La fusión de esos dos departamentos provoca que la abogada del Estado Cospedal se quede sin puesto, porque solo hay una subsercretaría y la asume Marino Díaz Guerra. Arenas le ofrece entonces un lugar en su gabinete. Al poco tiempo ella busca un cambio radical de vida con su traslado a la oficina laboral en Washington. Cuando regresa, con el PP aún en el poder, trabaja en funciones de relevancia para ministros como Manuel Pimentel, Jesús Posada o Ángel Acebes, con el que le toca gestionar como subsecretaria en Interior el caos de los atentados yihadistas del 11-M de 2004. La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre la ficha entonces como consejera de Transportes y en 2006 se sitúa en el mapa del partido al dar, primero, el salto a candidata a la Comunidad de Castilla-La Mancha. Dos años más tarde, en el conflictivo congreso nacional de Valencia, es aupada por el propio Mariano Rajoy, sin conocerla demasiado, a la secretaría general del PP, el segundo despacho, y de mucho mando, en el partido.
Diversas fuentes del partido apuntan que Rajoy buscaba para la secretaría general a una mujer, bien preparada, con carácter y muy trabajadora. Antes le había ofrecido otra vez el cargo a su amigo Arenas, que lo rechazó porque no podía compatibilizarlo con la candidatura a la presidencia de Andalucía. A favor de Cospedal intermediaron con Rajoy, según distintas fuentes, el veterano político toledano Arturo García Tizón, también abogado del Estado; Francisco Villar, de la máxima confianza del líder, y el propio Arenas, con el que más tarde acabaría distanciándose mucho.
Cospedal fue impulsada a la secretaría general del PP en el verano de 2008 y unos meses más tarde, en febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón destapó el caso Gürtel, que trastocó todo su mandato y le persigue aún política y judicialmente. Cospedal nunca llevó bien haberse convertido de pronto en el parapeto mediático de Rajoy y, menos aún, de Luis Bárcenas, el entonces tesorero nacional del partido, un personaje al que aborreció desde que se lo topó la primera vez que apareció casi sin avisar en su despacho. No le gustaba nada de Bárcenas, ni sus maneras personales, que entendía como un punto misóginas y despóticas, ni su gestión profesional, de la que desconfiaba por oscura. En esos meses, los enfrentamientos eran casi diarios. Cospedal llegó a retirar algunos poderes de firma a Bárcenas, que había campado hasta entonces a sus anchas.
En esa época, la trascendencia de Gürtel todavía no está totalmente al descubierto, pese a su gravedad, y Bárcenas se atreve a quejarse ante Rajoy de que su jefa en el partido filtra informaciones a medios afines para perjudicarle. Fuentes de la dirección del PP recuerdan que Bárcenas llegó a mencionarle a Rajoy que el partido había aportado hasta 200.000 euros, luego investigados como procedentes de la caja b, para una campaña electoral en Castilla-La Mancha. La relación se encona al máximo. Cospedal no se siente totalmente respaldada por el presidente, se lo hace saber y hasta presenta varias veces su dimisión. Rajoy no se la acepta, escucha y no hace nada. La estrategia, como siempre, es defensiva. Pero el caso se complicaba cada vez más. El líder comparece arropado de toda su cúpula y sostiene que hay una trama contra el PP.
El 28 de febrero de 2013, con Bárcenas en la picota por todos los frentes y Cospedal cada vez más desaparecida, la secretaria general hace una de las declaraciones más alambicadas de la historia política del país. Defiende el despido “en diferido pero en simulación de lo que antes era una retribución” de Bárcenas. No pide consejo para esa aparición en la dirección del PP porque en el partido apenas se fía de nadie. Sabe que los demás portavoces, vicesecretarios y responsables de organización (Arenas, Ana Mato, Esteban González Pons, Juan Carlos Vera, Carlos Floriano) disfrutan de interlocución directa con el gran jefe y eso le molesta.
En esos años de sufrimiento, una íntima amiga canaria invita a Cospedal a una boda con un sobrino del exalcalde popular de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y de su primo, Ignacio López del Hierro. Como el propio López del Hierro confesó esta semana en su comparecencia ante la comisión Kitchen del Congreso, su trayectoria política no está ligada al PP. Fue con 27 años gobernador civil de Toledo en la Transición con UCD. Y así conoció a otros compañeros, como Pedro Ñuñez Morgades, luego diputado y delegado del Gobierno en Madrid con el PP. Morgades introduce a López del Hierro en el mundo de El Verde, el bar de compadreos para muchos dirigentes del PP junto a Génova 13, donde se ubica la sede de la formación política.
Cuando López del Hierro y Cospedal inician su relación, y se casan en 2009, el veterano expolítico es ya un conseguidor de contactos. Ha pasado por los consejos de administración de media docena de importantes empresas y, de su etapa de gobernador aporta la conexión con conocidos comisarios. No es solo Villarejo. También Andrés Gómez Gordo, al que Cospedal se llevó del entorno de Francisco Granados, exconsejero de Transportes de Madrid, y su “gestapillo” a Castilla-La Mancha como director de Documentación y Análisis, a 20 metros de su despacho en el palacio de Fuensalida. Gómez Gordo fue quien, en 2013, puso en contacto a la trama Kitchen con Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, para convertirle en confidente.
López del Hierro participó en esos años con Cospedal en reuniones secretas y grabadas en la planta noble de Génova 13 con Villarejo para que les pusiera al día sobre sus pesquisas sobre Bárcenas. El miércoles, ante el Congreso, López del Hierro compareció dos horas y media, y apenas contestó a nada. Cospedal no llegó a ser interrogada, pero se molestó ante el desplante de la Cámara, que no la avisó en tiempo y forma de que había sido desconvocada su comparecencia. Luego, el matrimonio se reunió y se marcharon juntos de paseo por la calle de Alcalá.
EL PP NO EXPEDIENTA A COSPEDAL PORQUE NO ERA CARGO PÚBLICO CUANDO SE PRODUJERON LOS HECHOS POR LOS QUE ESTÁ IMPUTADA
El Comité de Derechos y Garantías del partido entiende que será el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el que deba dilucidar si la ex secretaria general ha incurrido en delito o no.
El Comité de Derechos y Garantías del PP, presidido por Andrea Levy, ha acordado no abrir expediente informativo a María Dolores de Cospedal, imputada en el caso Kitchen, porque "la presunta conducta no resulta del ejercicio de un cargo público o representativo”.
El PP ha informado de la resolución adoptada en la reunión de este órgano del partido para analizar la situación de la ex secretaria general, que, al igual que su marido, Ignacio López del Hierro, han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Kitchen sobre el espionaje al extesorero Luis Bárcenas en 2013, en una de las piezas separadas del caso Tamdem, sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Cospedal y López del Hierro han sido imputados por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, al tiempo que han sido emplazados a declarar los próximos días 29 y 30 de junio, respectivamente.
Fuentes del PP explican que la decisión del Comité de Derechos se basa en el artículo 22.1 de los estatutos del partido y en el 19.2.
Concretamente, en el artículo 22.1, que se refiere a "supuestos especiales del régimen sancionador a afiliados", se señala que se sancionaría "en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo". En este sentido, el Comité de Derechos entiende que será el juzgado encargado de la instrucción el que deba dilucidar si la ex secretaria general ha incurrido en este extremo "y en algún ilícito penal o no".
Asimismo, el Comité de Derechos y Garantías señala que el artículo 19.2 de los Estatutos establece los plazos de prescripción de las supuestas infracciones cometidas por un afiliado desde que se pudo cometer.
El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ya vinculaba este viernes la posible apertura de un expediente a Cospedal a la decisión del juez tras su declaración en la Audiencia Nacional.
En una entrevista en RNE, López explicaba que lo que se ha producido ahora es "una llamada de un juez", luego "habrá una declaración", y a continuación "tendrá que determinar si hay una imputación, ya no solo formal como es el caso, si no material". Será en ese momento, respondió López, cuando se decidirá si se le abre un expediente, "como a cualquier otro militante".
Sí abrió expediente a Fernández Díaz
El PP anunció en septiembre del año pasado la apertura de expediente informativo al exministro Jorge Fernández Díaz tras ser imputado en el caso Kitchen tras conocer que había sido citado como imputado.
Cuando se abrió ese expediente informativo, Fernández Díaz ya no ocupaba cargo público porque el PP lo había dejado fuera de las listas electorales a las elecciones generales de noviembre de 2019. Tras anunciar ese expediente, fuentes del PP precisaron además que ese expediente podría convertirse en disciplinario si había apertura del juicio oral.
Cuando se produjo la imputación de Fernández Díaz, la dirección del PP reaccionó sin dilación, después de que el propio Pablo Casado prometiese ejemplaridad y no dejar "pasar ni una" en el caso Kitchen. "Caerá quien tenga que caer", había dicho pocos días antes en una entrevista en la Cope.
https://www.publico.es/politica/pp-no-expedienta-cospedal-no.html
LOS CUADERNOS QUE “PERMITEN INFERIR LA PARTICIPACIÓN” DE COSPEDAL
Las 13 últimas agendas intervenidas a Villarejo, localizadas en un armario de su dormitorio en un registro en 2020, evidencian la relación que mantuvo con la política y su marido durante un decenio
Son las 8.40 del pasado 23 de octubre. El comisario jubilado José Manuel Villarejo se encuentra todavía en prisión provisional —saldría el 3 de marzo de 2021— cuando un grupo de seis agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y un funcionario judicial se plantan ante su casa de Boadilla del Monte (Madrid) y observan cómo su mujer, Gemma Alcalá, llega abordo de un Range Rover granate. No hay tiempo que perder. Inmediatamente la detienen, comienza un registro que se prolongará hasta las 16.00 y acabará con un hallazgo que revolucionará toda la investigación: 13 “cuadernillos manuscritos” de color negro, marrón o naranja, que permanecían guardados dentro de un armario del dormitorio y se unen a otros tres hallados en 2017, según los informes policiales a los que tuvo acceso EL PAÍS.
Esas libretas no solo se encuentran plagadas de anotaciones y cubren los supuestos contactos que Villarejo mantuvo desde el 26 de junio de 2007 hasta el 5 de mayo de 2016, según dejó por escrito el funcionario judicial, sino que incluyen el periodo durante el que se puso en marcha la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida en el Ministerio del Interior en 2013 para espiar al extesorero Luis Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle material sensible para altos cargos del PP tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas. Unos apuntes que, como destacó el juez Manuel García-Castellón en un auto dictado el pasado martes, han resultado claves para imputar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP entre 2008 y 2018, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
El magistrado lo deja muy claro en su resolución: un recorrido por esas 13 nuevas agendas permite dibujar un “cronograma temporal” de los incidentes “más relevantes” que acontecieron durante la Operación Kitchen y de los que se tiene conocimiento a través de otras pruebas recabadas en la instrucción. Además, completan la línea temporal recogida en las otras tres libretas que intervinieron al comisario cuando le arrestaron en 2017, donde se plasmaban sus contactos desde el 9 de mayo de 2016 hasta semanas antes de su detención. Y todas juntas evidencian que la relación entre Villarejo y el matrimonio Cospedal-López del Hierro fue habitual a lo largo de casi una década. Como mínimo comienza en 2009, cuando el agente de la policía se reúne con la pareja en la sede del PP en la calle Génova, según reveló una grabación publicada por la prensa. Y duró, según las anotaciones de Villarejo y audios reflejados en el sumario, al menos hasta mediados de 2017, apenas unos meses antes del arresto del comisario en noviembre de ese año.
Las anotaciones
Las 13 nuevas libretas incluyen presuntos contactos hasta ahora desconocidos entre Villarejo y el matrimonio, así como con su entorno. El juez incide, además, en que la “cadena de anotaciones” “permite inferir la participación” de la expolítica y su marido en Kitchen, una tesis que mantiene la Fiscalía Anticorrupción desde hace meses. Aunque el magistrado no detalla en su auto todas las anotaciones localizadas, sí esboza algunos de los apuntes más comprometedores para la ex secretaria general.
El 23 de abril de 2012, cuando el PP se encontraba asediado por la investigación de Gürtel y protegía a Bárcenas —este aún no había tirado de la manta, cosa que haría en julio de 2013—, Villarejo anota una presunta charla con López del Hierro: “Aviso ayuda a Barc.”. Al día siguiente, vuelve a hablar supuestamente con el empresario: “Charla breve. MD (María Dolores de Cospedal) agradeció aviso Barc.”. No sería la primera vez que el agente les facilitaba información. La Fiscalía mantiene que el comisario ya telefoneó en 2009 al marido para “advertirle” sobre dos pesquisas judiciales que entonces se encontraban bajo secreto y que afectaban al partido: la Operación Brugal y la rama valenciana de Gürtel.
Villarejo también refleja el 26 de octubre de 2012 un supuesto encuentro con Cospedal donde “estaba López del Hierro”. Días más tarde, el comisario anotaría el e-mail de la dirigente popular y el teléfono de su secretaria. El número de móvil de la número dos del PP se halló en otra de las agendas intervenidas al policía, donde también se recogía otra supuesta cita acordada en verano de 2017 con MD, las siglas con las que se refería a ella: “MD: vernos 15h. Vips. Velázquez. Lista. Estuvo muy correcta y nos veremos en directo”.
Una operación policial de “carácter ilícito”
Tres días después de que Luis Bárcenas confesara por primera vez en la Audiencia Nacional, José Manuel Villarejo apuntó una supuesta conversación con Ignacio López del Hierro sobre el chófer del extesorero y Andrés Gómez Gordo, un comisario fichado como asesor por María Dolores de Cospedal que resultó clave para captar al conductor. Así consta en el informe policial elaborado sobre las 13 últimas agendas localizadas, que el juez mantiene a resguardo. No se lo facilitará a los abogados digitalmente y solo podrán acceder a él en persona, sin posibilidad de “obtener copia” o fotografiarlo.
El juez ve este documento —donde también se lee otro supuesto contacto del comisario con un asesor de la expolítica que se queda “muy contento con los datos que le doy para Cospe”— como una pieza clave de una operación policial de “carácter ilícito”, que “tenía como objetivo la sustracción de pruebas” de la investigación sobre Gürtel. Cospedal y su marido defienden su inocencia: “Nunca he negado que conociera a este señor”, dijo la ex secretaria general hace unos meses.
LA KITCHEN SERÁ EL CALVARIO JUDICIAL Y POLÍTICO DEL PP EN LOS PRÓXIMOS MESES
La ex secretaria general del PP y ex ministra María Dolores de Cospedal, sale del Congreso de los Diputados tras comparecer en la Comisión de Investigación relativa a la ‘Operación ‘Kitchen’, a 2 de junio de 2021, en Madrid (España). Cospedal ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre la utilización de medios de Interior para favorecer al PP y anular pruebas en casos de corrupción por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a través de la denominada 'Operación Kitchen'. El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional atribuye a Cospedal y a su marido - quien ha comparecido en la misma comisión horas antes-, delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo.
La luna de miel en la que vivía el Partido Popular desde la abrumadora victoria de Isabel Díaz Ayuso en la contienda madrileña –aderezada con un vertiginoso ascenso en todas las encuestas electores y con el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de los indultos y la crisis diplomática con Marruecos– se ha interrumpido en seco con la imputación de María Dolores de Cospedal en la causa del espionaje a Bárcenas. De nuevo el fantasma de la corrupción sobrevuela Génova 13, pese a que la que fuese secretaria general del partido durante una década –de los 14 años de mandato de Mariano Rajoy– ya no tiene despacho en la sede.
Tras la citación como investigada –al igual que su marido, Ignacio López del Hierro– por los delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias, el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón revela que la operación Kitchen fue una trama de partido al máximo nivel. Más de un año ha tardado instructor en unir la “cadena de apuntes” del excomisario José Manuel Villarejo que salpican al matrimonio. Unas notas que le llevan a dejar patente que el Ministerio del Interior solo fue el instrumento –con medios económicos y humanos– para materializar el plan: robar información comprometedora para la cúpula de la formación conservadora a quien fue el máximo guardián de sus cuentas, Luis Bárcenas.
Es decir, el seno de Kitchen pudo estar en Génova 13 y no en Interior, con Jorge Fernández Díaz en la cúspide: un giro del guion que la oposición está dispuesto a usar para disparar de nuevo a la línea de flotación más gruesa del PP: la corrupción. Prueba de ello fue el carrusel de acusaciones que se sucedieron ayer. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, apuntó a lo más alto y señaló a líder de los populares, Pablo Casado, quien –como recordó la también ministra de Hacienda– era secretario de comunicación durante la ticket Rajoy-Cospedal. “Tiene mucho que callar”, deslizó Montero tras mostrase “absolutamente sorprendida” ante el silencio de Pablo Casado.
La comisión se prolongará hasta final de año y se estudia pedir que acudan Casado y Sáenz de Santamaría
A ella se sumó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien acusó a Casado de “jugar al despiste” por la falta de explicaciones que le reclaman desde el PSOE, desde donde se encargaron de recordar que el apoyo de la exministra de Defensa fue fundamental para aupar a Casado como líder de la derecha, tras imponerse en la segunda vuelta a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. También el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, avivó las críticas y emplazó al presidente popular de “dar la cara” y decir “si sigue poniendo la mano en el fuego por la señora Cospedal, como decía”.
En la misma mañana salieron en su defensa la presidenta madrileña Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. La primera pidió respetar la presunción de inocencia y quiso recordar que “la mayoría de las imputaciones después se quedan en nada”. El segundo avisó de que no aceptará “ni una lección del PSOE” y exigió a los socialistas que sean “coherentes” y dejen de intentar “desviar la atención del escándalo de los indultos”.
Pese a sus palabras, la trama Kitchen seguirá acechando al Partido Popular ya sea en sede judicial –donde se levantará el secreto de sumario de manera “inminente”, según fuentes de la investigación– o en sede parlamentaria –donde se prorrogará la comisión de investigación del espionaje a Bárcenas hasta finales de año–. La Mesa –que controla PSOE y Unidas Podemos– aprobará una prórroga el próximo martes de otros seis meses para continuar con los trabajos, además de posponer la declaración de Rajoy y Fernández Díaz previstas para el próximo jueves.
El PSOE emplaza al líder popular a “dar la cara” y decir “si sigue poniendo la mano en el fuego por Cospedal”
Fuentes de la comisión consultadas por La Vanguardia apuntan a que tras la pausa de verano, se plantee la posibilidad de citar también a Casado o Sáenz de Santamaría, además de a otros altos mandos policiales que ya han desfilado por el Congreso, pero que se parapetaron en el secreto judicial aún vigente para mantener su silencio y no responder a las preguntas de los portavoces.
Unos meses en los que se prolongará el calvario de la corrupción en el PP, pese a que antes tendrán otra cita con ella: la sentencia del juicio de los Papeles de Bárcenas
LAS IMPUTACIONES DE COSPEDAL Y SU MARIDO SACUDEN LA INVESTIGACIÓN EN EL CONGRESO DEL ‘CASO KITCHEN’
La comisión parlamentaria acuerda aplazar la declaración de la exdirigente del PP tras su citación como investigada por el espionaje ilegal a Bárcenas
La decisión del juez Manuel García-Castellón de imputar por cohecho, malversación y tráfico de influencias a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por el espionaje ilegal a Bárcenas no solo ha trastocado la sesión de este miércoles de la comisión parlamentaria del caso Kitchen, sino también el calendario de sus futuros trabajos. Los diputados, que han conocido la noticia cuando interrogaban a López del Hierro, han acordado aplazar la comparecencia de Cospedal a un día aún por concretar.
López del Hierro ha comenzado su comparecencia en el Congreso leyendo un texto en el que ha asegurado que no iba a contestar las preguntas de los diputados. Ha alegado que nunca había tenido vinculación con el Ministerio del Interior ni había militado en el PP ni ocupado cargos políticos con este partido. El empresario ha añadido que estaba abierto “un procedimiento judicial” en el que su nombre aparecía “bastante en la prensa”, en referencia al caso Kitchen. “Por indicaciones jurídicas, no voy a contestar a las preguntas”, ha concluido su primera intervención.
Y con el silencio y respuestas del tipo “me remito a lo que he dicho anteriormente”, el marido de Cospedal ha eludido contestar al diputado socialista Felipe Sicilia, el primero en tomar la palabra, que ha terminado su intervención con dos preguntas que han resultado premonitorias: “¿Qué pasa? ¿Que teme usted ser imputado?”. Instantes después, la Audiencia Nacional ha comunicado la decisión del juez García-Castellón de citar a López del Hierro y la exdirigente del PP para que acudan los días 29 y 30 de junio a declarar como investigados por el espionaje a Bárcenas. Según el auto, el magistrado ha tomado la decisión tras localizar, el pasado octubre, siete agendas en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo con “una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la señora Cospedal y el señor López del Hierro en la captación de Sergio Ríos”, chófer del extesorero que actuó de confidente para la trama parapolicial.
La noticia ha trastocado el guion de los grupos parlamentarios para interrogar al empresario. No lo ha hecho la actitud de López del Hierro, quien, tras asegurar que la noticia de su imputación no le había sorprendido porque “venía mucho tiempo saliendo en la prensa”, se ha limitado a contestar a unas pocas preguntas, ninguna de ellas relacionadas con la Operación Kitchen o su estrecha relación con Villarejo, una amistad de más de 30 años, según el policía.
Varios diputados, además de preguntarle por el contenido de las grabaciones del comisario que le implican tanto a él como a Cospedal en la trama Kitchen, le han interrogado por las supuestas gestiones que hizo con el policía para conocer los avances de las investigaciones sobre la rama valenciana del caso Gürtel y la Operación Brugal, también de corrupción, y hacérselas llegar al PP. El marido de Cospedal también ha sido cuestionado sobre los llamados papeles de Bárcenas y, en concreto, por las anotaciones de donantes con iniciales que coincidían con su nombre y apellidos. “No soy yo”, ha respondido.
López del Hierro rompió su silencio ante las preguntas que el diputado de ERC Gabriel Rufián y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le ha hechosobre su vinculación con la sociedad Ibadesa Cat, de la que fue fundador y que terminó controlada por Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y principal encausado del sumario contra la familia. “Usted ha oído campanas y no sabe dónde”, le ha contestado a Rufián antes de asegurar que “ese caso ya se vio en su día judicialmente y quedó sobreseído”. A Bal le ha acusado de ser poco riguroso en sus preguntas y de “hacer acusaciones falsas”.
Tras López del Hierro ha comparecido José Antonio Nieto, quien sustituyó en noviembre de 2016 en la Secretaría de Estado de Seguridad a Francisco Martínez, imputado en el caso Kitchen. Nieto ha negado haber conocido el espionaje a Bárcenas cuando asumió el cargo y ha desligado de ese operativo los mensajes que intercambió con su antecesor y que figuran en la investigación judicial. “Si lo hubiese conocido [los seguimientos al entorno del extesorero], hubiese informado inmediatamente al juez, porque es un delito”, ha dicho.
Cospedal, tras la suspensión: “nadie me ha dicho nada”
La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal acudió este miércoles al Congreso pese a haberse suspendido, tras conocerse su imputación por el espionaje ilegal a Bárcenas, su comparecencia en la comisión del 'caso Kitchen'. Cospedal, que ha estado reunida con diputados de su partido, ha asegurado a TVE que nadie la avisó del aplazamiento. Fuentes oficiales del Congreso y de la comisión han negado este extremo: “Se le ha mandado un email, se la ha llamado a su teléfono y no lo ha cogido ni devuelto la llamada, y se ha avisado a su secretaria, que ha cogido el aviso y ha dicho que la avisaría”.
La imputación de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, se ha conocido media hora después de que se iniciara la comparecencia de este último, que ha continuado. Al término de la sesión de la mañana, la comisión ha celebrado una reunión a puerta cerrada y, a propuesta del PSOE, ha acordado suspender la comparecencia de la exdirigente popular. Fuentes de la comisión han señalado que la semana que viene se fijará la fecha para que acuda. Algunos diputados son partidarios de posponerla a una fecha posterior a su declaración en la Audiencia, el 29 de junio. La comisión también debe decidir si mantiene, para el 10 de junio, las que iban a ser las dos últimas comparecencias, las del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el expresidente Mariano Rajoy.
EL MATRIMONIO DE COSPEDAL-LÓPEZ DE HIERRO: LA ABOGADA POLÍTICA Y EL EMPRESARIO CON CONTACTOS
La ex secretaria general del PP y su marido forman un tándem completo desde la UCD de la transición al último PP
No es una pareja al uso, pero se han complementado perfectamente en sus intereses. La marcada diferencia de edad, casi 19 años, no ha sido ningún obstáculo. Dolores de Cospedal nació en Madrid hace 55 años, pero se crio en Albacete. Opositó a la Abogacía del Estado e inició una carrera por puestos elevados en varios ministerios hasta que se topó con la política. El PP la fichó e hizo carrera en varios departamentos. Esperanza Aguirre la captó para su primer cargo como consejera de Transportes. Y de ahí, Mariano Rajoy la aupó en 2006 a candidata a presidenta de Castilla-La Mancha. Dos años después, la nominó secretaria general del PP en el conflictivo Congreso de Valencia. Unos meses más tarde, casi sin haberse acomodado al despacho, saltó el caso Gürtel y el escándalo le desbordó.
Desde su primer día en Génova 13 no congenió con Luis Bárcenas, del que no se fiaba nada y al que intentó encauzar porque campaba por la sede del PP a sus anchas, casi sin rendir cuentas. Estuvo más tiempo que nadie en ese puesto, como número dos del partido, pero nunca lo disfrutó. Se sintió muy cuestionada internamente y no formó su equipo. A Rajoy le presentó varias veces su dimisión, sin éxito. Al final logró compaginar el potro de tortura en Génova 13 con la función institucional de ministra de Defensa, en la que considera la etapa más feliz de su carrera política.
En el Gobierno de Rajoy chocó rápido con la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La espoleta de su rivalidad se fraguó en 2012 cuando Cospedal achacó al entorno de Santamaría la salida de su marido, Ignacio López del Hierro, del consejo de Red Eléctrica, en el que le había colocado Rajoy. Se lo tomó como una afrenta. Esa relación nunca se recondujo y fue a peor.
A Ignacio López del Hierro, que cumple ahora 74 años, le conocía desde joven, por una amistad familiar. Ambos se habían casado antes y llegaron al nuevo matrimonio con hijos y una envidiable agenda de contactos. Ella, de políticos de la última etapa del PP. Él, de la transición, donde fue con UCD en 1977 el gobernador civil más joven de la democracia, y tras pasar por consejos de administración de muchas empresas.
En 2018 Cospedal se atrevió a competir de frente contra Santamaría en el congreso de las primeras primarias del PP. Ganó Casado. Luego lo apoyó y a los pocos meses Casado la empujó de su ejecutiva y el escaño por unas conversaciones comprometidas del matrimonio precisamente con el polémico comisario Villarejo. Dejó la política y pasó a un despacho privado. A Cospedal le chiflan el chocolate, Andalucía y los toros. En una entrevista, confesó que el personaje que mejor la identificaba era Elizabeth Bennet, la protagonista de la novela Orgullo y prejuicio de Jane Austen.
https://elpais.com/espana/2021-06-03/la-abogada-politica-y-el-empresario-con-contactos.html
CASADO SE NIEGA A CONTESTAR A LAS PREGUNTAS SOBRE LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL
Asistentes a un acto del PP en Ceuta abuchean a los periodistas cuando interpelan sobre corrupción al líder popular
Pablo Casado mantiene su silencio sobre los casos de corrupción del PP. El líder del PP se ha negado a contestar este jueves a las preguntas sobre la imputación de la ex secretaria general de su partido María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen, la causa que investiga el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Casado sigue la estrategia que definió el pasado febrero tras el fiasco de las elecciones catalanas. Entonces anunció que no volvería a hablar sobre los problemas de corrupción pasados del PP y que el partido vendería la sede de Génova, 13, marcada por esas investigaciones. El PP opta de momento por no actuar disciplinariamente contra la exministra de Defensa, que sigue siendo afiliada, a diferencia de lo que hizo con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz cuando fue imputado en la misma trama Kitchen en septiembre de 2020.
El líder del PP defiende que no le corresponde hablar sobre la operación Kitchen porque es una etapa pasada del partido y que a los españoles les preocupan otros asuntos. “Yo hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del PP y mucho menos tienen que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones que hoy hemos venido a aportar”, ha afirmado Casado en Ceuta, donde se ha desplazado para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, del PP, en plena crisis diplomática con Marruecos. El PP quiso centrar este jueves el foco en esta crisis en la que ha responsabilizado al Gobierno pidiendo la dimisión de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, pero la corrupción volvió a estropearle los planes.
La visita de Casado a Ceuta ha estado marcada, además, por el comportamiento contra los periodistas de un grupo de simpatizantes del partido, que se congregaron en torno a la comparecencia del líder del PP y abuchearon a los reporteros cuando preguntaron por el caso Kitchen. Los informadores querían saber si el PP va a abrir expediente a Cospedal por su imputación, ya que la exministra de Defensa es militante del partido, pero este ha evitado responder, mientras los asistentes al acto han increpado a los informadores con gritos de “¡hablad de Ceuta!”. Casado ha mostrado complicidad con esa protesta. “Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros”, ha expresado. Los simpatizantes le han aplaudido cuando ha afirmado que no hablaría del tema.
Los abucheos han subido de tono cuando otra periodista ha insistido en la pregunta de si se abriría ese expediente a Cospedal, como estipulan los estatutos del PP para el caso de que un afiliado resulte imputado por conductas contrarias al código ético del partido. “Le agradezco la pregunta y respeto muchísimo que insista, pero de verdad que mi compromiso con los valores que representa el PP en su servicio público siempre han estado vinculados a hablar de lo que yo puedo valorar y a mí me corresponde valorar, y no de cuestiones de las que no tengo ninguna información”, ha respondido de nuevo Casado, sin mencionar en ningún momento a Cospedal. “Le agradezco la pregunta, pero no le puedo responder nada más”, ha remachado, mientras los congregados volvían a aplaudir.
El PP se ha querido desvincular de la protesta contra los periodistas en Ceuta afirmando que en ningún caso se trataba de un mitin , sino de una rueda de prensa abierta a los medios al aire libre, “por lo que el público que haya podido presenciar la rueda eran ciudadanos que se han parado espontáneamente”. “Las quejas escuchadas ante las preguntas de algunos medios no se han producido por parte de ningún militante del PP, sino por ciudadanos anónimos que se han parado a presenciar las intervenciones de ambos presidentes”, han insistido fuentes del PP.
A pesar de su imputación, el PP no ha abierto un expediente informativo a la ex secretaria general, a diferencia de como operó con la imputación de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, cuando fue imputado en la misma trama Kitchen. Entonces, en septiembre del año pasado, el PP abrió de forma inmediata expediente informativo a Fernández Díaz. Lo hizo en aplicación del artículo 22 de sus estatutos. Este precepto establece que el Comité de Derechos y Garantías abrirá un “expediente informativo” en los siguientes supuestos: cuando “un afiliado” incurra “en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo”; cuando “realice conductas (...) incompatibles con las obligaciones o deberes éticos” que marca el partido; o cuando “se tenga conocimiento que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial”.
El PP sostiene que en el caso de Cospedal los estatutos no serían de aplicación . “El reglamento disciplinario del partido dice que si es cargo público aplica el reglamento. En el caso de Cospedal no era un cargo público y, por tanto, no aplica el reglamento. Jorge Fernández Díaz en ese momento ocupaba responsabilidades públicas”, ha defendido la presidenta del Comité de Garantías, Andrea Levy. “Hay que ver las diferencias, no poner a todo el mundo en el mismo saco y, sobre todo, hacer juicios paralelos, intencionados para cargarse al PP”. Cospedal era cargo público ―presidenta de Castilla- La Mancha― cuando sucedieron los hechos por los que se la investiga: en el auto dictado el martes, conocido ayer, el juez Manuel García-Castellón atribuye a hasta tres delitos a la que en 2013 era secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha: cohecho, malversación y tráfico de influencias. Para no aplicar el estatuto, el PP se agarra a que Cospedal no habría estado implicada en los hechos investigados ―el espionaje ilegal a Bárcenas― en el ejercicio de su cargo de presidenta autonómica, sino solo como secretaria general del PP. Una interpretación muy restrictiva de la normativa interna, que el Comité de Garantías sigue estudiando.
La imputación de Cospedal ha torpedeado la estrategia de oposición del PP, centrada en la batalla contra los indultos a los líderes del procés, un asunto que los populares creen que despierta un rechazo transversal en la sociedad española y puede desgastar mucho al PSOE. Cospedal, secretaria general del PP durante 10 de los 14 años de mandato de Mariano Rajoy, ha aparecido en la agenda del PP devolviendo la corrupción a primer plano, por más que el partido hace esfuerzos por pasar página. Después de la campaña de las elecciones catalanas ―en las que el PP obtuvo solo tres de los 135 escaños―, Casado llegó a la conclusión de que Bárcenas había sepultado sus expectativas electorales y que debía dejar de hablar de ello, y hasta ahora mantiene esa estrategia de silencio.
Un mutismo que en el partido solo ha sido interrumpido por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que está “convencido” de que Cospedal “es una persona limpia” y confía plenamente en su honorabilidad. Los adversarios políticos del PP le recuerdan a Casado que ganó su liderazgo en el Congreso del PP gracias a Cospedal. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado hoy que si el líder popular calla es “porque tiene mucho que callar”, mientras la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas ―que comparte varios Gobiernos con el PP― ha reprochado a los populares que no den la cara. “Tienen que ser algo más contundentes que decir que no valoran estas cuestiones. El PP tendrá que dar explicaciones”.
https://elpais.com/espana/2021-06-03/casado-se-niega-a-contestar-a-las-preguntas-sobre-cospedal.html
EL JUEZ IMPUTA A COSPEDAL Y A SU MARIDO, EL EMPRESARIO LÓPEZ DEL HIERRO, POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El magistrado atribuye a la exministra tres presuntos delitos en la Operación Kitchen: cohecho, malversación y tráfico de influencias
Manuel García-Castellón, juez del caso Villarejo, ha imputado a María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del PP, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por la Operación Kitchen, la trama urdida en 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del partido conservador tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas. El magistrado de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión después de tener sobre la mesa durante meses la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó interrogar a ambos en septiembre del pasado año. Entonces, la medida fue rechazada por el instructor por “precipitada”, pero luego ha ido recibiendo nuevos indicios.
A través de un auto dictado el martes —que se ha conocido este miércoles, apenas unas horas antes de la comparecencia de Cospedal en la comisión de investigación del Congreso, fijada para las 15.30—, García-Castellón atribuye a hasta tres delitos a la que en 2013 era secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha: cohecho, malversación y tráfico de influencias. El juez ha señalado su interrogatorio para las 10.00 del próximo 29 de junio. El 30 de junio le tocará el turno a López del Hierro, que justo se encontraba en el Parlamento cuando se ha difundido su imputación. Segundos antes de saberse, ante el silencio del marido de la exdirigente popular, el diputado Felipe Sicilia (PSOE) le ha preguntado: “¿Qué pasa?, ¿que teme usted ser imputado?”, informa Óscar López-Fonseca.
La investigación del caso Kitchen da así un salto mayúsculo, al apuntar ya de forma clara a la pata política del supuesto entramado. Hasta ahora, las pesquisas del magistrado se habían centrado en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional, donde se urdió el operativo “parapolicial” que siguió al entorno de Bárcenas y que captó a su chófer como confidente sin ningún tipo de control judicial. Como máximos responsables del despliegue, el magistrado mantiene imputados a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo del Cuerpo. También al comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de este macrosumario de corrupción.
A este listado se suma ahora la ex secretaria general de los populares. De hecho, en el escrito enviado en septiembre de 2020 por la Fiscalía para pedir su imputación, donde también se solicitaba la de Fernández Díaz que sí se aceptó a los pocos días, el ministerio público ya destacaba que Cospedal también “tendría un interés personal” en el éxito de la Operación Kitchen “desde una doble perspectiva”. “Directa: como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. E indirecta: como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”, incidía el documento de Anticorrupción.
Cospedal ocupó el puesto de secretaria general del PP entre 2008 y 2018. Durante su etapa como número dos del partido, compaginó sus funciones orgánicas con cargos públicos: ostentó la presidencia de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015; y la cartera de Defensa entre 2016 y 2018.
El juez también cita como imputado por primera vez a José Luis Ortiz, exjefe de gabinete de Cospedal: su interrogatorio está fijado para el mediodía del 30 de junio. Por su parte, García-Castellón quiere volver a escuchar a Villarejo y a Francisco Martínez, a quienes llama el 1 de julio. Estos dos últimos ya tenían previsto comparecer ante el magistrado este mismo miércoles, pero el instructor decidió aplazar sus declaraciones.
Las 13 nuevas agendas de Villarejo
Tras negar la imputación de Cospedal y su marido hace meses, el instructor da ahora un paso al frente: “Cuando la pieza se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria”, justifica en su resolución. Según el auto, la investigación ha permitido descubrir que la trama captó como confidente a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas. En esa maniobra participó el comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal, y todo un “círculo de policías implicados”, bajo la dirección de Pino. Gómez Gordo era una “persona de máxima confianza” de la dirigente del PP, subraya el juez.
La instrucción ha acumulado nuevos indicios contra Cospedal y su entorno en las últimas semanas. El juez destaca un informe policial del 8 de abril sobre las 13 nuevas agendas manuscritas intervenidas a Villarejo en el último registro de su domicilio, acometido el 20 de octubre del pasado año. “La relevancia de estas agendas radica, especialmente, en su virtualidad para reflejar datos de los que se tiene noticia a través de otras diligencias de investigación”, explica el juez: “Su exposición ordenada de forma sucesiva permite conformar un cronograma temporal de determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la llamada Operación Kitchen”, remacha.
“Llama la atención, de la lectura [de las agendas], la fluida relación que se aprecia entre Villarejo y Francisco Martínez, aun antes de que este fuese nombrado secretario de Estado de Seguridad el 11 de enero de 2013”, incide el magistrado en primer lugar, antes de enumerar varias anotaciones del comisario jubilado sobre los principales implicados en la trama: “Villarejo refleja en una nota del 23 de octubre de 2012 que el entonces jefe de gabinete del ministro, Francisco Martínez, avisa a Pino de que ‘solo informe al N1”, en referencia a Fernández Díaz. “Las agendas contienen también aparentes referencias a [Cospedal y su esposo]”, sigue el juez: “Se puede vincular a Cospedal con las siglas ‘MD’ y ‘Cospe’; y a su marido con las letras ‘ILH”.
A partir de ese momento, el juez detalla una serie de entradas de las agendas sobre los presuntos contactos entre Cospedal y su entorno con la trama. El 22 de abril de 2012, en plena investigación de Gürtel, Villarejo escribe “Le piden ayuda para salvar al tesorero”, que reflejaría un supuesto contacto con el comisario José Luis Olivera, entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investigaba la trama de corrupción que cercaba al PP. El 23 de abril, detalla el instructor, “hay una entrada de López del Hierro en la que se refiere: ‘Aviso ayuda a Barc’. “Seguidamente, el 24 de abril, hay una nueva entrada de ILH donde se lee ‘charla breve. MD (María Dolores de Cospedal) agradeció aviso de Barc.”.
El auto prosigue enumerando indicios. En 26 de octubre de 2012 se produce un presunto encuentro entre Villarejo y Cospedal donde estaba López del Hierro. Pocos días más tarde, el comisario jubilado apunta la dirección de correo electrónico de la secretaria general y el teléfono móvil de su secretaria: “Sería necesario preguntar a Cospedal si fue ella quien facilitó estos datos a Villarejo y, en ese caso, el motivo por el que lo hizo”.
Hasta ese momento, el PP había protegido a Luis Bárcenas. Pero todo cambia entre finales de 2012 y principios de 2013, cuando llega a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria de las cuentas en Suiza del extesorero y EL PAÍS publica los papeles de Bárcenas. Es justo cuando empieza a aparecer en las agendas de Villarejo otro personaje clave: el jefe de gabinete de la exministra, José Luis Ortiz, que consta como JL u Orti. Así, el 8 de enero de 2013, el comisario jubilado escribe junto a las siglas de López del Hierro: “Propone que llame a JL, aunque él recordará a [Cospedal] la conveniencia de vernos lo antes posible”. El 15 de enero añade junto a la palabra Orti: “Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a Cospe”.
El juez incide en este vínculo de Cospedal. “Otra anotación que debe resaltarse de Orti se observa con fecha de 29 de abril de 2013, en la que se lee ‘Aviso de problemas sobre el último informe de Moroc”. Morocho era, en aquel momento, el jefe del grupo de la UDEF que investigaba Gürtel de la mano del juez Pablo Ruz, instructor de la Audiencia Nacional. A Morocho, posteriormente, el Ministerio del Interior trató de apartarlo de las pesquisas e, incluso, le puso trabas para que desempeñase su trabajo, según él mismo ha contado en la Audiencia Nacional y en le Congreso.
Las anotaciones sobre Morocho se multiplican en las agendas de Villarejo. Según apuntó el principal imputado en esta macrosumario, López del Hierro le dijo en mayo de 2013 que Cospedal hablaría con Francisco Martínez sobre este tema. E incluso que la entonces secretaria general del PP le echó una “bronca” al ya secretario de Estado. “Sería conveniente pregunta a Cospedal si, como reflejan las agendas, [todo ello] estaba relacionado con el señor Morocho y los ‘problemas’ derivados de su informe [sobre Gürtel]”, detalla García-Castellón.
Las anotaciones más comprometedores para Cospedal llegan a mediados de julio de 2013, cuando Bárcenas se prepara para tirar de la manta ante el juez Ruz —su confesión se produciría el 15 de ese mes—. El 11 de julio, Villarejo escribe junto a las siglas “Chiso”, en referencia a Francisco Martínez: “Charla de 45 minutos. Plan contra LB (Luis Bárcenas). Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”. El juez carga aquí ya sin paliativos contra la exdirigente del PP: “Se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir su participación y la de su marido”. Y el instructor destaca entonces más apuntes de la trama: “[Chiso] quiere plan estratégico para salir del caso LB”; “Problemática por posibles grabaciones de LB”; “pendiente conductor LB”; “Aviso [a López del Hierro] contacto Sergio [Ríos]. Él se encarga de hablar con Andrés [Gómez] Gordo”; “Cospe: varios contactos y posible cita”.
EL JUEZ IMPUTA A COSPEDAL Y LÓPEZ DEL HIERRO POR LA 'OPERACIÓN KITCHEN'
La ex secretaria general del PP está citada para declarar el 29 de junio y su marido, al día siguiente. Se les investiga por cohecho, malversación y tráfico de influencias
García Castellón también ha citado al exjefe de gabinete de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha
El instructor quiere interrogarles sobre un momento fundamental en la trama, la captación del chófer de Bárcenas
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado este miércoles a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 y financiado con fondos reservados para hacerse con documentación sensible para el PP que el extesorero Luis Bárcenas se habría llevado del partido tras ser despedido. El magistrado les imputa delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a Cospedal para el próximo 29 de junio a las diez de la mañana, mientras que su marido lo hará al día siguiente a la misma hora. También está imputado desde este miércoles el exjefe de gabinete de la también expresidenta de Castilla-La Mancha José Luis Ortiz, quien deberá comparecer en la Audiencia Nacional justo después de López del Hierro. García Castellón también ha citado para el 1 de julio al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos ya investigados en esta causa.
La imputación de Cospedal y su marido ya había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2020, pero el instructor no la acordó entonces al considerar que aún no existían suficientes indicios contra ellos. Ahora, el juez explica que procede acordarla en este momento una vez que se han tomado las declaraciones necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos (una veintena de investigados y testigos) y estudiado la documentación recibida. Es en este momento, según afirma, “cuando la pieza se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria, estando ya en condiciones para resolver sobre las declaraciones interesadas por el fiscal en su día”.
El auto relata que la investigación abierta ha permitido conocer aspectos clave de la trama, como la captación de Sergio Ríos, el que fuera chofer de la familia Bárcenas, los pagos efectuados al conductor a cambio de colaboración, el círculo de policías implicados, así como la implicación del ex secretario de Estado de Seguridad y del exministro del Interior en el momento, Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, respectivamente.
Los agentes involucrados, según el magistrado, desarrollaron labores operativas para obtener de Sergio Ríos “información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado (en algún momento se refieren a este espacio como zulo) documentación comprometedora para el Partido Popular y para altos cargos del mismo en posesión de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias”. El auto añade que los policías habrían tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha de la llamada operación Kitchen y de su carácter ilícito “al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados del Ministerio del Interior, que serían de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso”.
"Charla 45 minutos. Plan contra LB"
La resolución recoge las grabaciones efectuadas por Villarejo relacionadas con los hechos investigados en esta pieza, un oficio policial que analiza las anotaciones contenidas en las agendas incautadas al comisario jubilado en su domicilio en otoño de 2020, así como determinados pasajes de la declaración prestada en sede judicial por Bárcenas. Según García Castellón, las agendas del expolicía permiten ubicar temporalmente el nacimiento de la llamada operación Kitchen, que se sitúa el 11 de julio de 2013 con una anotación junto a las siglas CHISCO (Francisco Martínez), en la que se lee: “Charla 45 minutos. Plan contra LB. Interv.Comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”.
Es en este momento cuando, según el instructor, “se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la señora Cospedal y el señor López Hierro en la captación de Sergio Ríos”. Por eso, concluye que “resultaría conveniente" escuchar a ambos "sobre su participación en la captación" del chófer para la trama, pues su intervención, a través de otro comisario y colaborador estrecho de Cospedal, Andrés Gómez Gordo –también imputado–, "al parecer pudo ser decisiva" para que el conductor "se decidiera a participar”.
En el contexto de los hechos investigados, según García Castellón, también resulta llamativa la aparición del exjefe de gabinete de Cospedal en las agendas de Villarejo. “Esta dación de cuenta del comisario investigado al que fuera jefe de gabinete de la presidenta de una comunidad autónoma (Castilla-La Mancha) carece de toda lógica y sería conveniente que se recabara declaración al señor Ortiz sobre su participación en la trama”, explica.
Sobre la citación de Francisco Martínez, el instructor ve necesario volver a interrogarle para corroborar los pasajes de las agendas de Villarejo en los que llama la atención, según indica, la fluida relación que ambos mantenían, aun antes de que el ex secretario de Estado ejerciera este cargo. De la lectura de los mensajes analizados, el juez señala la importancia que el asunto, la operación Kitchen, tuvo para Martínez, “quien asume de forma directa la obtención de información de forma diaria, resultando especialmente sorprendente que el secretario de Estado se involucre hasta ese nivel en un asunto de esta naturaleza”.
EL JUEZ ESTUDIA RETRASAR LAS DECLARACIONES DE VILLAREJO Y EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR HASTA QUE FINALICE LA COMISIÓN KITCHEN
García-Castellón llamó al comisario y a Francisco Martínez tras asegurar el primero en el Congreso que había informado a Rajoy por SMS del espionaje a Bárcenas
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen en el que se investiga el espionaje ilegal, en 2013, al extesorero del PP Luis Bárcenas, estudia suspender las declaraciones como imputados previstas para este miércoles del comisario jubilado José Manuel Villarejo y del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y retrasarlas para dentro de “unas semanas”, según señalan a EL PAÍS fuentes jurídicas. La decisión del magistrado evitaría que el interrogatorio de dos de los personajes claves en la trama parapolicial coincida con el desarrollo de las sesiones del la comisión parlamentaria en la que se investiga el uso de medios del Ministerio del Interior en este operativo sin control judicial y que incluía la comparecencia en el Congreso, este martes, del propio Martínez. El calendario de la comisión tiene previsto finalizar esta fase de sus trabajos el próximo 10 de junio, con la presencia del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, imputado en la causa, y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, por lo que Villarejo y el ex número dos de Interior acudirían a la Audiencia Nacional una vez terminadas las comparecencias parlamentarias.
La decisión del juez García-Castellón de citar a Villarejo se produjo el pasado viernes, menos de 24 horas después de que el comisario acudiese al Congreso y afirmase que informó directamente a Rajoy mediante mensajes de teléfono móvil del desarrollo de la Operación Kitchen. El policía, que en sus declaraciones ante el juez nunca había implicado al entonces presidente del Gobierno, llegó a asegurar que guardaba supuestas pruebas de estos SMS en el archivo informático que se le intervino cuando fue detenido, en noviembre de 2017, y al que no había vuelto a tener acceso desde entonces. Ese mismo día, el magistrado también citaba a declarar al ex número dos de Interior, quien ya reconoció en una de sus declaraciones ante el juez que conocía la puesta en marcha del espionaje a Bárcenas, pero que siempre creyó que fue legal. Martínez implicó a su inmediato superior, Jorge Fernández Díaz, persona muy cercana al expresidente, aunque el exministro del Interior lo negó cuando declaró como imputado. En el Congreso, Villarejo dijo que el ex secretario de Estado era una de las personas que supuestamente contactaban con él “periódicamente” para transmitirle “inquietudes del presidente del Gobierno” sobre el avance de la Operación Kitchen.
Las citaciones judiciales de Villarejo y Martínez cayeron el pasado viernes como un jarro de agua fría entre los miembros de la comisión parlamentaria, al considerar que la del ex secretario de Estado podía condicionar su testimonio en el Congreso. Este es considerado clave para el avance de unos trabajos que, según coinciden en señalar varios diputados consultados, se han visto lastrados por el silencio de varios policiales imputados y la negativa de la Audiencia Nacional a enviar la documentación que se le ha reclamado. Un miembro de la comisión, que pide no ser identificado, admite que esta “nació ya tocada al coexistir en el tiempo con una investigación judicial en marcha, a pesar de que aquí [en el Congreso] solo se dirimen las responsabilidades políticas”. Este parlamentario considera “lógico” que aquello comparecientes que están encausados “vigilen sus palabras para evitar agravar sus responsabilidades penales”. Otro diputado que participa en la comisión considera, sin embargo, que la decisión de juez de citar a Villarejo y Martínez constata que “el impacto de la comisión es mayor del que parece”.
La fase más política
La comisión entra, con las comparecencias de este martes, en su fase más política. Por la mañana está citado, además de ex secretario de Estado de Seguridad, el que fuera director general de la Policía durante el espionaje a Bárcenas, Ignacio Cosidó. Este, que fue hombre de la máxima confianza de Pablo Casado cuando asumió el liderazgo del PP, no ha sido citado a declarar hasta la fecha por el juez ni como imputado ni como testigo. Tampoco lo ha pedido la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, uno de los principales implicados, el comisario Eugenio Pino, máximo responsable de la Policía en aquel momento y señalado como el presunto urdidor de la Operación Kitchen, lo implicó en su declaración ante el juez del pasado diciembre. “A mí, el secretario de Estado [Francisco Martínez] me llamó preguntándome por si había algún confidente, y yo le dije que sí. Y yo se lo conté al director [Cosidó]. O sea, los dos lo sabían”, señaló el comisario en referencia al papel que en la trama jugaba Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas y al que se había captado para que les facilitase información del extesorero y su familia.
Por la tarde, está previsto que acuda al Congreso el sacerdote Silverio Nieto, muy cercano al exministro Jorge Fernández Díaz y que conocía la existencia de los mensajes de móvil que incriminaban a este en la trama. Su presencia ante la comisión parlamentaria estaba prevista para hace unas semanas, pero hubo que retrasarla por problemas de salud. El último en responder a las preguntas de los diputados será el abogado Jorge Sanchís Bordetas, exdirector de gabinete de Francisco Martínez cuando este era el número dos de Interior. Sanchís declaró como testigo ante el juez tras conocerse su intercambio de mensajes con el ex número dos de Interior cuando este supo que era investigado y temía ser imputado. Ante el juez, el antiguo colaborador de Martínez negó saber nada de la Operación Kitchen.
Para el miércoles están citados el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y el actual parlamentario andaluz José Antonio Nieto, que fue quien sustituyó a Martínez al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando llegó a Interior Juan Ignacio Zoido. La Fiscalía Anticorrupción pidió en septiembre la imputación de López del Hierro y de Cospedal, pero el juez no la acordó entonces. Ahora está a la espera de finalizar una subpieza secreta que abrió en el caso Kitchen y en el que se investiga las revelaciones del chófer de Bárcenas y la documentación que contenían los dispositivos que este guardaba en su casa y que, supuestamente, contienen información sobre sus contactos con el comisario Andrés Gómez Gordo, también imputado en la causa, y que fue asesor de Cospedal cuando esta fue presidenta de Castilla-La Mancha.
La ex secretaria general del PP también está citada a comparecer en el Congreso, pero en su caso se ha anulado la fecha prevista en un primer momento y aún está por determinar el día que lo hará. Las que sí están en el calendario son las comparecencias de Fernández Díaz y Rajoy, previstas inicialmente para el 10 de junio. La intención de la comisión es que estas sean las últimas antes de iniciar los trabajos para elaborar el dictamen con las conclusiones que se someterá a la votación del pleno. No obstante, fuentes parlamentarias apuntan la posibilidad de que se puedan prorrogar las sesiones de la comisión hasta julio y, con ello, incluir nuevas comparecencias.
LAS AGENDAS DE VILLAREJO APUNTAN A QUE RAJOY ESTABA INFORMADO DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El juez del caso Kitchen cita a declarar al excomisario el próximo miércoles para que aclare la posible vinculación del expresidente
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy estaba informado de las actividades policiales de la operación Kitchen para robar a Luis Bárcenas la documentación sobre la caja B del partido, según las anotaciones en las agendas del excomisario José Manuel Villarejo intervenidas en el marco de la investigación de este caso.
La documentación requisada al exjefe policial, que está bajo secreto de sumario, contendría numerosas alusiones a que el expresidente Rajoy estaba al corriente del operativo conocido como Kitchen, según adelanta este lunes el diario El Mundo.
El juez que instruye el caso, José Manuel García Castellón, ha citado el próximo miércoles a declarar al excomisario Villarejo para que explique la supuesta implicación del expresidente popular. Actualmente se encuentra imputada la antigua cúpula policial y están siendo investigados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de su exnúmero dos, Francisco Martínez.
Villarejo dijo que contactaba con Rajoy por teléfono
El excomisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión, declaró que mantuvo contacto con Rajoy a través de mensajes telefónicos mediante un teléfono "que empezaba por 650 y termina por 10", aunque no aportó ninguna prueba.
También indicó que canalizó la información a través de "una serie de personas" que hicieron las veces de intermediarios y entre las que sitúa a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Según el expolicía, le informaba puntualmente del desarrollo del operativo a través de su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro.
La Audiencia Nacional ultima la citación de Cospedal y de su marido para determinar si participaron en Kitchen, extremo que fue ya solicitado por la Fiscalía el pasado mes de septiembre.
El expolicía García Castaño también apunta a Rajoy
El exresponsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, otro de los mandos de Kitchen, ha declarado en varias ocasiones que Rajoy y Cospedal estaban al corriente del operativo para rescatar la documentación sensible para el partido en poder de Bárcenas.
Según su versión, el expresidente del Gobierno recibía información de Villarejo a través de intermediarios. En el caso de Cospedal, señala directamente como canal de información a otro comisario, Andrés Gómez Gordo, que participó en la captación del chófer de Bárcenas como confidente y ocupó el puesto de jefe de Seguridad de la expresidenta de Castilla-La Mancha.
EL CASO KITCHEN ENTRA EN ERUPCIÓN CON RAJOY Y COSPEDAL EN EL PUNTO DE MIRA DEL JUEZ Y DEL CONGRESO
La Audiencia Nacional y la comisión de investigación del Congreso albergarán un desfile del Gobierno de Rajoy en las próximas dos semanas: el propio expresidente, Fernández Díaz, el número dos de éste por ración doble y la que fuera secretaria general María Dolores de Cospedal, que aguarda ser imputada. La investigación judicial se juega dar un salto hasta el propio Mariano Rajoy
El caso del espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados durante el último Gobierno del Partido Popular entra en una fase de máxima agitación. Coincidiendo con la reunificación de las derechas en un nuevo frente de oposición por los indultos a los líderes del procés, el bloque que facilitó la investidura de Pedro Sánchez tendrá en las dos próximas semanas la oportunidad de interrogar en el Congreso al anterior presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y a la que fuera su número dos, María Dolores de Cospedal, con cuyo apoyo el actual líder de los conservadores, Pablo Casado, se impuso en las elecciones internas a Soraya Sáenz de Santamaría.
El inesperado acelerón de los acontecimientos alrededor de Kitchen comenzó este jueves por la tarde, cuando el comisario alrededor del que gravita el caso, José Manuel Villarejo, aseguró ante la comisión del Congreso que se intercambió mensajes con Rajoy cuando éste era presidente del Gobierno acerca del avance del espionaje parapolicial a Bárcenas.
A la mañana siguiente, el juez del caso, Manuel García-Castellón decidió que esa afirmación, otra vez sin pruebas, debía precipitar un nuevo interrogatorio en el marco de la pieza 7 del caso que lleva el nombre del policía. Así que el magistrado citó a Villarejo a través de una providencia sin consultar a la Fiscalía. La declaración será el próximo miércoles, 2 de junio. Para esa mañana, el juez ha citado a un segundo imputado, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y otra pieza clave en el espionaje, según la instrucción. En el caso de Martínez, el juez cuenta con que la Fiscalía Anticorrupción iba a solicitar su interrogatorio para este mismo mes de junio, según fuentes jurídicas.
Ambas declaraciones apuntan a un principal perjudicado: Mariano Rajoy Brey. Hasta ahora, el expresidente aparecía mencionado en los informes policiales del caso que le identificaban como ‘El Barbas’ o ‘El Asturiano’, los sobrenombres con los que Villarejo y otros miembros de su banda aludían a él como conocedor de sus manejos.
El comisario Enrique García Castaño había declarado ante el juez que Villarejo presumía de tener contacto con el presidente del Gobierno a través del presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals. En el Congreso, el jueves, Villarejo unió a ese nombre de puente con Rajoy los de Cospedal y Francisco Martínez. Pero añadió que utilizaba uno de sus teléfonos corporativos para informar al entonces presidente del Gobierno, que se interesaba por los avances del operativo parapolicial contra Bárcenas.
Villarejo llegó a decir que trasladó quejas a sus superiores por tener que informar al presidente a través de terceros y después por mensaje directo. De nuevo, el comisario no aportó pruebas y cuando el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu le conminó a enseñar los mensajes dijo que están entre la documentación que se le ha incautado e invitó a los diputados a que la reclamaran.
Rajoy también está presente en otro punto del sumario, concretamente en el teléfono móvil clonado por los agentes a Francisco Martínez. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Rajoy, Jorge o Cospedal”, escribió en una de sus reflexiones el exnúmero dos del Ministerio. Cuando fue llamado a declarar como imputado, Martínez negó haber participado en nada ilegal y evitó señalar a nadie por encima de él. El martes, García-Castellón tendrá oportunidad de volver a preguntarle por aquellas lealtades.
En el caso de María Dolores de Cospedal, la Fiscalía Anticorrupción pidió en septiembre de 2020 su imputación, pero el juez resolvió que antes debía declarar Martínez y aclarar la vinculación con los hechos de la secretaria general del PP. Sin embargo, cuando el exnúmero dos aceptó contestar a las preguntas del magistrado, en el interrogatorio de noviembre de 2020, García-Castellón no le preguntó por Cospedal. Ahora, el escenario ha cambiado. Las agendas incautadas a Villarejo en octubre pasado, mientras intentaba vender desde la cárcel parte de su material, abundan en el conocimiento y la presunta participación de la secretaria general del PP en la operación contra Bárcenas, así como la de su marido, señalan fuentes del caso.
El mismo miércoles día 2, en el que Villarejo y Martínez declaran por la mañana ante el juez, Cospedal comparecerá por la tarde en la comisión de investigación del Congreso. Las fuentes consultadas descartan que en ese momento ya tenga la condición de investigada, por lo que no podrá atenerse a la misma para negarse a contestar. Por la mañana habrá declarado en el Congreso su marido, Ignacio López del Hierro, empresario y antiguo amigo de Villarejo que igualmente aparece de forma constante en la documentación incautada al policía como participante activo de la operación contra Bárcenas.
Abre el turno Cosidó
La primera cita del caso Kitchen es anterior a ese miércoles, día 2 de junio. El martes, primero de mes, están citados en la comisión del Congreso el propio Martínez e Ignacio Cosidó. Será la primera oportunidad de que el que fuera director general de la Policía responda sobre su conocimiento de la Operación Kitchen y de todas las maniobras de la brigada política en sus años al frente del Cuerpo.
Cosidó ha escapado hasta ahora de declarar, ni como testigo ni como imputado, pese a estar justo por encima en el organigrama del comisario Eugenio Pino, artífice de la brigada política, y justo por debajo de Francisco Martínez, el secretario de Estado. García Castaño y Villarejo le han situado al tanto de la Operación Kitchen y otras actividades parapoliciales de la época.
El calendario de la comisión de Kitchen, que disponía de tres meses que fueron prorrogados, ha obligado a concentrar las declaraciones en la próxima semana y la siguiente. El 10 de junio, viernes, están citados Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz. Se trata, según fuentes parlamentarias, de contar con el tiempo suficiente para que cada grupo elabore sus conclusiones, se negocien y voten. El domingo posterior a la declaración de Rajoy, tres días después, volverán a manifestarse PP y Vox en la Plaza de Colón, en respuesta a la convocatoria de una plataforma de Rosa Díez.
EL JUEZ CITA A VILLAREJO A DECLARAR OTRA VEZ TRAS AFIRMAR QUE SE CRUZABA MENSAJES CON RAJOY
El magistrado García-Castellón también interrogará de nuevo a Francisco Martínez, ex secretario de Estado
El magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, mueve ficha menos de 24 horas después de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo compareciera en la comisión parlamentaria de la Operación Kitchen y asegurase, al contrario de lo que había mantenido hasta ahora, que cruzó mensajes de móvil con el expresidente Mariano Rajoy para informarle de esta trama policial, urdida en el Ministerio del Interior para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el objetivo de arrebatarle presuntamente material comprometedor para altos cargos del PP. El juez ha acordado este viernes citar de nuevo a declarar al antiguo agente de policía como imputado: el interrogatorio lo ha fijado el 2 de junio.
Pero Villarejo no será el único que desfile la semana próxima por la Audiencia Nacional. García-Castellón también ha llamado ese mismo día a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, quien ya reconoció ante el juez que conocía la puesta en marcha del operativo, pero que siempre creyó que fue legal. En esa ocasión, además, Martínez aseveró que su inmediato superior, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Rajoy, también estaba al tanto, pero el exmiembro del Ejecutivo lo negó. Ambos están imputados desde hace meses.
Martínez también está citado a declarar el próximo martes en la comisión del Congreso. Según Villarejo, el ex secretario de Estado era una de las personas que supuestamente contactaban con él “periódicamente” para transmitirle “inquietudes del presidente del Gobierno” sobre el avance de Kitchen.
La declaración del comisario jubilado en el Congreso contradice sus propias palabras. En una entrevista concedida a EL PAÍS, Villarejo afirmó que trató sobre Kitchen con diferentes cargos del PP y del Gobierno. Pero nunca con Rajoy: “El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios es con el señor Rajoy”, dijo. Una versión que cambió este jueves. A preguntas de los diputados, aseguró primero que dudaba de que “el señor Rajoy no estuviese al tanto” del dispositivo de espionaje. Pero, más tarde, terminó relatando que intercambió mensajes de teléfono con el entonces presidente del Gobierno. Eso sí, cuando un parlamentario le pidió pruebas de ello, se limitó a decir que “todo” estaba en sus archivos —incautados por la Policía cuando fue detenido en noviembre de 2017— y que no tiene acceso a ellos.
Paralelamente, el juez también ha dictado este viernes un auto para archivar la investigación contra el periodista Miguel Ángel Liso, que fue imputado este mismo mayo en las pesquisas sobre el denominado Proyecto Brod, un encargo contratado a la trama de Villarejo para espiar a los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset. Según el juez, no existen indicios suficientes contra Liso, que también negó su participación en los hechos.
LOS TESTIMONIOS DE KITCHEN QUE CONDUCEN HASTA LA CÚPULA DE INTERIOR Y DEL PP
Los policías imputados describieron al juez la operación para captar al chófer de Bárcenas, al que pagaron con fondos reservados
Tres días antes de su esperada comparecencia en la comisión Kitchen, José Manuel Villarejo sale a pie de la Audiencia Nacional. Sin cámaras y periodistas que lo persigan, camina tranquilo por la calle junto a su abogado. Acaba de firmar la comparecencia semanal que se le impuso como medida preventiva para evitar su fuga, según explican fuentes de su entorno. Su mundo ha dado un giro drástico en solo dos meses y medio. Desde noviembre de 2017 y hasta el pasado 2 de marzo, el comisario jubilado pasaba las horas entre rejas, con las comunicaciones intervenidas. Desde el 3 de marzo, cuando sale de prisión, se mueve con libertad y dedica parte de su tiempo a estudiar un sumario que lo sitúa a él como epicentro de una macrotrama de corrupción que incluye la operación para espiar sin control al extesorero Luis Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle papales comprometedores para altos cargos del PP.
El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, abrió la investigación el 7 de noviembre de 2018: la pieza número 7 del caso Villarejo. El día 2 se lo había solicitado la Fiscalía tras recibir un informe de más de 300 páginas de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional donde detallaban la gran cantidad de audios y documentos intervenidos a la trama que evidenciaban la existencia del despliegue urdido en el Ministerio del Interior. Dos años y medio después, las pesquisas dejan ya 13 imputados: Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; diez policías —cuatro inspectores jefe; cuatro comisarios condecorados; el jefe del Cuerpo con el Gobierno de Mariano Rajoy, Eugenio Pino; y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que ingresó en la Policía después de participar en Kitchen—; y el falso cura que asaltó la casa del extesorero y secuestró a su familia, que fue desimputado tras no poder tomarle declaración por los problemas mentales que padece.
Las miles de páginas del sumario de la Operación Kitchen —que investiga delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal— señalan también a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Los fiscales pidieron el pasado año su imputación, que el juez rechazó en un primer momento y que ahora vuelve a estar sobre la mesa tras las nuevas averiguaciones del caso, donde se acumulan los testimonios de los protagonistas que apuntan a las cúpulas de Interior y del PP. Estas son algunas de las declaraciones clave:
Martínez señala al exministro
El ex secretario de Estado, que admitió que conocía la existencia de la operación de espionaje a Bárcenas aunque afirmó que creía que todo era legal, aseguró que el exministro estaba también al tanto. Así lo repitió durante el tenso careo que mantuvieron ambos ante el juez: “Yo lo único que [hice] fue informarme sobre algo que tú, [en referencia a Jorge Fernández Díaz], me habías pedido [...] Me llamabas los viernes, los sábados, los domingos... Por la mañana, por la tarde, por la noche… Y me parece normal. A veces un poco insistente, tú también lo reconocías, pero me parece normal [...] Yo era tu mano derecha, tu persona de confianza y a mucha honra”.
García Castaño y la captación del chófer
El comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, fue el primero que se acercó a Sergio Ríos para tratar de captarle. Fracasó en el intento. Pero, según contó, la trama consiguió su objetivo gracias a la irrupción en escena de Andrés Gómez Gordo, entonces inspector jefe y asesor de Cospedal: “Comienza el tema con la figura del conductor. Me acerco al conductor, le ofrezco que trabaje por el bien del Estado y que me dé información. Me pregunta qué tipo de información y le digo que su jefe, Bárcenas, estaba investigado por corrupción y hay... Pero, como ya dije, el conductor no quiso saber nada de mí. Yo le doy un teléfono y al día siguiente me llama por teléfono Gómez Gordo, y me pregunta ‘quién eres tú'. Y me encuentro que aparece en la dirección adjunta de la Policía un señor que está fuera de la policía y que trae de la mano al conductor. Y dice: ‘Este está dispuesto a colaborar, a dar información, pero solamente trabaja conmigo”.
Sergio Ríos detalla los encuentros
Tras la intermediación de Gómez Gordo, entra en escena Villarejo, que asume la interlocución con el chófer. Así lo resumió Ríos al juez: “En un principio no me propone nada y me dice que continúe el trabajo. Me dijo: ‘Tú no te preocupes, tienes que quedarte, tienes que echarnos una mano. Estás pegado a él. Es importante’. Y yo le pregunté: ‘¿En qué yo puedo ayudar?’. Y me dijo: ‘Mira, lo principal que te voy a pedir es que no obstaculices’, entiendo que en los seguimientos y tal. ‘Y yo te pediría que colabores de otra manera: todo lo que veas y nos puedas ir diciendo, te lo vamos a agradecer. Con quién se reúne, a dónde vais, si escuchas algo en el coche, si sabes tú algo de más...”.
Pino reconoce el uso de fondos reservados
Eugenio Pino admitió al juez que se pagó con fondos reservados al chófer. El jefe de la Policía con el Gobierno de Rajoy también explicó que él mismo puso fin a la operación, aunque defiende que el objetivo de la misma era encontrar las cuentas en Suiza de Bárcenas y otros dirigentes del PP para ponerlas a disposición del juez: “A mí me pidieron fondos... El señor [Sergio] Ríos Esgueva trabajó un tiempo sin recibir fondos. Pero de la noche a la mañana, parece ser, se quedó sin trabajo. Y pretendían los controladores, que siguiera informando, se pidió una ayuda para que siguiera sin necesidad de que tuviera que dejar el trabajo”. “La iniciativa de seguir [al entorno de Bárcenas] fue del inspector Gómez Gordo”. “Sí, di la orden de finalizar [la operación Kitchen]. Antes lo consulté con el secretario de Estado de Seguridad. Le dije: ‘Esto no pinta bien, vamos a cortar”.
ANTICORRUPCIÓN PASA LA PELOTA AL JUEZ DE ‘KITCHEN’ Y NO VOLVERÁ A PEDIR LA IMPUTACIÓN DE COSPEDAL
La Fiscalía no considera que deba reiterar la solicitud que hizo en septiembre para investigar a la exsecretaria del PP y a su marido Ignacio López del Hierro
La Fiscalía Anticorrupción hizo un gran movimiento en el tablero de la investigación del caso ‘Kitchen’ el pasado 4 de septiembre de 2020 al pedir la citación en calidad de investigados del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, de la exsecretaria general del PP María Dolores De Cospedal y de su marido el empresario Ignacio López del Hierro. El Ministerio Fiscal ya no va a mover ficha en esta dirección y, según confirman fuentes de la investigación, deja en manos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación de los dos últimos que todavía no han sido llamados.
En un extenso informe, los por entonces fiscales Anticorrupción encargados del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano justificaron las razones de su petición, con conversaciones e indicios en 52 páginas en las que aparecían Cospedal, del Hierro y Fernández Díaz, como conocedores del operativo parapolicial que se montó con el objetivo de sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. En ese momento, el único político investigado en esta pieza número 7 del macrocaso ‘Tándem’ -relativo a todas las actividades del comisario Villarejo - era el exsercretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
Como obra en el sumario, al que tuvo acceso Confidencial Digital, unos días más tarde García Castellón confirmó la imputación del exministro Fernández Díaz por considerar “especialmente revelador” la importancia de la cúpula del Ministerio en el desarrollo de esta operación en la que se pagó con fondos reservados al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por conseguir información.
Sin embargo, sobre Cospedal y del Hierro hubo silencio por parte del magistrado. La investigación siguió virando hacia Fernández Díaz y Martínez quienes enfrentaron sendas declaraciones y, más tarde confrontaron en un careo negando que ninguno de los dos fuera quien daba las órdenes del operativo.
El juez mantiene secreta una ‘subpieza’, tal y como informó este diario, desde el pasado mes de diciembre en cuyo interior permanece a buen recaudo todo lo incautado en el registro a casa del exchófer Sergio Ríos, así como su declaración, otra del extesorero Luis Bárcenas desde la cárcel y, al menos una más, de su hijo Guillermo Bárcenas. No se conocen detalles sobre el contenido de esto, pero fuentes de la investigación aseguran que la exsecretaria del PP y su marido aparecen señalados.
En este sentido, Anticorrupción no volverá a solicitar nuevamente la imputación de Cospedal y del Hierro cuando el juez decida levantar el secreto de sumario que será, según varias fuentes, dentro de unas semanas. La pelota queda, por tanto, en el tejado de García-Castellón que, si bien en su momento no se pronunció al respecto, ahora parece inclinarse por llamar a declarar al matrimonio.
Las razones de Anticorrupción
Una de las líneas de investigación se centra en conocer los vínculos entre el ahora comisario Andrés Gómez Gordo con la operación ‘Kitchen’. Gómez Gordo, a quien Villarejo apoda ‘Cospedín’ o ‘Andy’, fue el responsable de Seguridad de Cospedal en Castilla-La Mancha y fue supuestamente una de las personas que captaron al chófer para que se convirtiera en confidente de la Policía.
Según Anticorrupción es precisamente Ignacio López del Hierro el que pone en contacto a Gómez Gordo con Villarejo para que hablen a Sergio Ríos. Los fiscales explican que Cospedal era quien tenía interés en que la operación prosperara por dos motivos: “Directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma” e “indirecta, como Secretaria General del partido, de existir material comprometedor de otros altos cargos dirigente”.
La agenda de Villarejo revela contactos entre el comisario jubilado y López del Hierro de forma habitual entre 2016 y 2017. En sus escritos también constan anotaciones de la exministra de Defensa como: “Contesta a mi SMS con otro muy afectuoso. Le avisa del café con ILG [Ignacio López del Hierro]”.
Cabe recordar que la operación ‘Kitchen’ se desarrolló, según acota el abundante material de la Audiencia Nacional, entre 2013 y 2015. Hasta el momento solo no se conocen las anotaciones de Villarejo de esos años concretos, pero la Policía tiene ya en su poder 13 agendas que García-Castellón está a la espera de recibir esta semana. Esta es otra de las piezas claves para terminar de encajar el puzzle sobre cómo y quién organizó el operativo parapolicial.
NUEVAS NOTAS DE VILLAREJO CERCAN A COSPEDAL Y SU MARIDO: "AVISO SOBRE CONTACTO CON CHÓFER"
Los investigadores hallan en un lote nuevo de 13 agendas apuntes sobre la operación Kitchen, la exdirigente popular y personas de su confianza, como su director de gabinete
Los investigadores del caso Villarejo han hallado nuevos apuntes del comisario sobre la operación Kitchen que refuerzan los indicios en torno a la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Estas anotaciones, inéditas hasta el momento, afianzan las sospechas de que la pareja estaba al tanto de los seguimientos al círculo familiar del extesorero popular Luis Bárcenas y la captación como confidente de su chófer, Sergio Ríos.
Según informan a El Confidencial fuentes de la investigación, se trata de múltiples anotaciones durante los años en que se llevó a cabo esta operación, ahora bajo el foco de la Audiencia Nacional. El plan era arrebatar a Bárcenas información sensible que pudiese afectar al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy. El 18 de julio de 2013, Villarejo apuntó de su puño y letra en una de sus agendas información que alude directamente a López del Hierro: “ILH. Aviso sobre contacto con Sergio [el chófer]. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo”.
Andrés Gómez Gordo —ya imputado por estos hechos— era el policía que ejerció como jefe seguridad de Cospedal en Castilla-La Mancha. Villarejo anotó su teléfono junto al siguiente comentario: “Ha recurrido Sergio el conductor para contarle que se le han acercado”. El comisario estaba dejando constancia en ese momento del origen de la operación Kitchen, que ya le ha costado la imputación incluso al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Solo tres días antes de esas anotaciones, Bárcenas había declarado durante cuatro horas ante el juez. El extesorero había detallado por primera vez la existencia de una contabilidad B del partido junto a documentos para acreditarlo. Su confesión provocó el pánico en el PP y, según creen los investigadores, la cúpula de la Policía se puso manos a la obra para mitigar daños. El 17 de julio, Villarejo anotó el siguiente comentario: “Sobre grabar LB [Luis Bárcenas]. Gabinete de crisis. Pendiente de conductor de LB. Seguimiento para ver dónde están los temas”.
Estas nuevas anotaciones del polémico comisario aluden a decenas de personas, según las fuentes consultadas. Entre ellas, figura también el nombre de "Orti" o "JL Orti", a quien los investigadores identifican como José Luis Ortiz Grande, el que fuera director de gabinete de María Dolores de Cospedal en el Ministerio de Defensa. Ese mismo cargo lo desempeñó el tiempo que la dirigente popular presidió la Junta de Castilla-La Mancha y ejerció de asesor suyo en la Secretaría General del PP, según la información que obra en las pesquisas.
13 agendas nuevas (2007-2016)
Los investigadores hallaron esta información en un nuevo lote de agendas incautadas en el domicilio de Villarejo el 23 de octubre del año pasado. Aquel día, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción se llevaron un total de 13 cuadernos nuevos llenos de anotaciones del comisario. El primer apunte es del 26 de marzo de 2007 y el último es del 5 de mayo de 2016. Casi una década de reuniones y secretos del polémico mando que hasta ahora permanecían ocultos a los investigadores.
Con esta información, tratan de completar el puzle de las piezas todavía en curso. La incautación se produjo en el marco de la operación desplegada a finales del año pasado por la Pieza 28 de la macrocausa que se instruye en la Audiencia Nacional contra el intento de Villarejo de vender desde prisión información sensible de sus investigaciones. Hubo varios detenidos, entre ellos, dos excompañeros de prisión del comisario y su mujer, Gemma Alcalá. Se registraron la celda del polémico mando y su casa de la finca El Montecillo, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Ahí fue donde aparecieron las 13 agendas.
Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía estudian desde hace meses estos cuadernos y todavía falta por analizar en torno al 50%. En lo que tiene que ver con la trama Kitchen, cuentan en su poder con anotaciones que van desde el 12 de enero de 2012 hasta el 5 de mayo de 2016, cuando ya se habían terminado los seguimientos al entorno del extesorero del PP. Los apuntes conforman una suerte de diario personal en el que Villarejo apuntaba la fecha, la persona a la que hace referencia y un breve comentario, ya fuese la hora de una futura reunión o las confidencias compartidas en una comida.
Un plan para boicotear la Gürtel
En los cuadernos, hay numerosas alusiones a Kitchen (Pieza 7), pero también a un proyecto denominado SMP. Este último tiene que ver con el diseño de una estrategia jurídica con el objetivo de anular la trama Gürtel. En relación con este plan, los investigadores atribuyen algunas anotaciones de Villarejo asociadas al que fuera jefe de la UDEF José Luis Olivera, como la que escribió el 22 de abril de 2012 y que decía “ayuda para salvar tesorero”. Un día después, apuntó “ayuda a BARC” en otro comentario de su puño y letra que los investigadores asocian al marido de María Dolores de Cospedal.
Meses después, el 18 de septiembre, anotó de nuevo “apoyar a tope a Bárcenas” en otro apunte asociado a Olivera. Se da la circunstancia de que estas anotaciones se produjeron tres años después de que Villarejo se reuniese con Cospedal en su despacho de la calle Génova y le ofreciera los servicios del jefe Olivera para boicotear la trama Gürtel.
Algo cambió en los planes de Villarejo, a juzgar por la evolución de sus apuntes. Activó el “Plan contra LB”, según un comentario escrito el 11 de julio de 2013 asociado al secretario de Estado de Seguridad, el investigado Francisco Martínez. En los días posteriores, escribió otros apuntes similares vinculados al que fuera número dos del ministro Jorge Fernández Díaz, como “la problemática por posibles grabaciones de LB” o el inicio de una “línea dura”. Era el verano de 2013 y estaba naciendo la operación Kitchen.
El trabajo de los investigadores pasa por cruzar estos apuntes con las horas y horas de conversaciones grabadas durante años por el comisario. Los trabajos están permitiendo afianzar a través de las agendas muchas de las informaciones en poder de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. En algunos casos, incluso coinciden las fechas de las reuniones acreditadas en la fonoteca con las fechas de las anotaciones.
Cospedal y su imputación
En el marco del caso Kitchen, hay una parte que permanece secreta y que afecta directamente a la intervención de Cospedal y su marido, para los que la Fiscalía Anticorrupción pidió hace meses su imputación. El juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Manuel García-Castellón, prevé levantar el secreto próximamente. Fuentes de la investigación consultadas por este periódico dan por hecho que el matrimonio será imputado en próximas fechas.
En las anotaciones, también figuran el propio Bárcenas y el exsenador de Alianza Popular Javier Sánchez Lázaro-Carrasco. Tal y como informó El Confidencial, el chófer de Bárcenas aportó detalles que llevaron a la Policía a sospechar que esta persona estaba ayudando económicamente a la familia de Bárcenas mientras el extesorero se encontraba en Soto del Real y todas sus cuentas bancarias habían sido bloqueadas. El conductor facilitó el contenido de conversaciones telefónicas que permitieron identificar negocios en los que el tesorero podía haber participado utilizando la cobertura del empresario, si bien de las pesquisas oficiales no se desprende que se haya podido acreditar esta relación.
Entre otros nombres escritos en las agendas, están habituales como los empresarios Mauricio Casals (“Horry”) y Adrián de la Joya; los comisarios Enrique García Castaño (“Big”) y Carlos Salamanca (“Salas”); ex responsables policiales ya retirados como Agustín Linares (“Agil”), Pedro Díaz Pintado (“Pintor”) e Ignacio Cosidó (“Cosi”). También el abogado de Álvaro Lapuerta, Javier Iglesias (“Igles Jav”).
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-05-10/notas-villarejo-cospedal-marido-chofer_3070327/
MARTÍN-BLAS PIDE AL JUEZ DE ‘KITCHEN’ QUE INCORPORE LAS AGENDAS Y DIARIOS DE VILLAREJO A LA CAUSA
La defensa del que fuera comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín-Blas, investigado en la pieza ‘Kitchen’ del caso Tándem, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso que se incorporen a la causa las agendas y diarios intervenidos al comisario José Manuel Villarejo, así como las grabaciones y documentos que hagan referencia a su representado.
En un escrito, fechado a 12 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Martín-Blas solicita estas diligencias denunciando que ha podido conocer «por medios extraprocesales una vez más» de la existencia en poder del Grupo III de la Unidad de Asuntos Internos de «mucho mas material documental relativo a los graves hechos denunciados» por el exjefe de UAI y que la actual unidad «no ha aportado a la presente pieza tal y como se le requirió».
Fundamentalmente se refiere a las agendas del comisario, a las que tuvo acceso Europa Press, y en las que Villarejo hacía múltiples alusiones a Marcelino Martín-Blas.
Cabe recordar que dejó anotado en su agenda personal el día a día de sus movimientos en la conocida como ‘guerra de comisarios’ que le enfrentó a él y a su entorno con el que fuera jefe de Asuntos Internos.
Ahora, la defensa quiere que todo lo que aparezca en esa agenda en referencia a ‘Marcel’ o ‘Marce’, así denominaba Villarejo a Martín-Blas, se incorpore a la ‘Kitchen’. Y en el escrito de 20 páginas hace un recorrido por todas las anotaciones que en 2016 y 2017 hacían referencia a él.
También incluye en su escrito anotaciones de la agenda del comisario sobre Rubén Eladio López, su mano derecha en la UAI. En parte, esa animadversión entre el entorno de Villarejo y Martín-Blas surgió después de que el comisario (ahora en libertad tras su salida de Estremera en marzo) fuera investigado en el juzgado de instrucción 2 de Plaza de Castilla por su relación con una grabación a policías y agentes del CNI en una derivada del caso del ‘Pequeño Nicolás’.
Era el conocido como ‘caso Nicolay’, y el propio Martín-Blas y Rubén Eladio López dirigieron las pesquisas al frente de la comisión judicial por asignación del juez que instruía la causa, Arturo Zamarriego.
Corría el año 2016 y, comparando el avance de esas pesquisas con la agenda de Villarejo, se observa que era un asunto que le inquietaba en su día a día y del que hablaba con asiduidad con sus colaboradores y allegados.
Entre las anotaciones que la defensa de Martín-Blas destaca de la agenda de Villarejo está la de 22 de junio de 2016, en la que se alude a la grabación realizada en el despacho del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y en la que éste departía con el responsable de la Oficina Anti Fraude de Cataluña Daniel de Alfonso.
Martín-Blas lamenta que Villarejo orquestara «una terrible campaña de difamación» contra él atribuyéndole esa grabación del ministro a pesar de que ya sospechaba que el filtrador a la prensa era el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño.
De hecho, en este mes de abril, García Castaño, que en la agenda de Villarejo aparece bajo el apodo de ‘Big’, confesó ante los diputados en la comisión de investigación relativa a la ‘Kitchen’ que fue él quien colocó ese micrófono en el despacho del ministro y que mientras grababa se fue a tomar unas cañas con un subalterno.
Pero además de ese apunte, el escrito hace un pormenorizado recorrido por todas las anotaciones que el comisario realizó durante meses en su agenda y en los que dejó constancia de supuestos contactos tanto con periodistas muy mediáticos como con responsables policiales (como el Director Adjunto Operativo Eugenio Pino) y con los que buscaba aparentemente quitarse de en medio a Martín-Blas.
En el escrito, la defensa hace referencia al informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (UAI) de octubre de 2020, al que tuvo acceso Europa Press, gracias al cual se supo que Villarejo investigó el patrimonio personal y familiar del que fuera comisario jefe de esta unidad Marcelino Martín-Blas. Al ‘proyecto’ en el que recogía documentación sobre éste lo denominó ‘Party’.
Cabe recordar que ese informe policial es fruto del requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón quien acordó que se remitieran todos los documentos depositados en esa unidad que pudieran relacionar a Martín-Blas con el operativo Kitchen.
Ahora, en el escrito de la defensa de Martín-Blas se deja constancia de que en la agenda de Villarejo también queda anotada una conversación de 18 de septiembre de 2017 con un periodista de investigación apodado ‘Lucyman’ en la que habrían hablado sobre el patrimonio del jefe de UAI y de su familia.
Tras una larga enumeración de anotaciones de la agenda en las que incluso sale a relucir el caso del ‘pendrive’ de los Pujol, y tras mencionar publicaciones en las que se habla de la animadversión de Villarejo hacia Martín-Blas, la defensa del exjefe de UAI indica que es de suponer que «existe mucho más material que obra en manos de la Unidad de Asuntos Internos que pondría de manifiesto las maniobras de obstrucción a la justicia de la organización criminal objeto del presente procedimiento».
Esas maniobras, indica, iban encaminadas a impedir las investigaciones dirigidas por Marcelino Martín-Blas, y consistieron en el «acoso y aniquilación personal y profesional» por medio de la interposición de denuncias falsas y de orquestar junto a periodistas
campañas de difamación.
ANDRÉS GÓMEZ GORDO: EL UNIFORME COMO NEGOCIO PARA EL POLICÍA DE COSPEDAL
El actual comisario de Villa de Vallecas se niega a declarar en la comisión Kitchen del Congreso. Sus trabajos para el PP dentro y fuera de la Policía le han valido una petición de seis años de cárcel en un caso de corrupción y estar imputado en el caso Villarejo por controlar y pagar con fondos reservados al chófer de Bárcenas
En el catálogo de estampas ocultas que han aflorado con el caso Villarejo hay una sección entera dedicada a los reservados de los restaurantes caros de Madrid y la inquietante pregunta de qué hacía siempre un policía allí. Podía ser el propio Villarejo o cualquiera de los mandos que integran la lista de imputados, ávidos de tomar el ascensor social y olvidarse de atestados, trienios y la dichosa vocación de servicio público. El uniforme y la placa como oportunidad de negocio. Que le pregunten al comisario Andrés Gómez Gordo, al servicio del Partido Popular y de lo que el señor López del Hierro y su esposa, María Dolores de Cospedal, tuvieran oportuno requerir.
El comisario Andrés Gómez Gordo transitó por el poder del PP en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha disfrutando de excedencias, y en el Gobierno central, de uniforme y en primera línea de la brigada política. La Fiscalía Anticorrupción pide para él seis años de cárcel por los amaños de los contratos de seguridad en el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, otra serie de obras faraónicas que dilapidaron millones y se quedaron en casi nada. En el caso Villarejo está imputado como "controlador" del chófer el extesorero, al que pagaba de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sabotear la investigación de la caja B del PP.
Entre un periodo y otro, el por entonces inspector jefe Gómez Gordo fue fichado por María Dolores de Cospedal como director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un subterfugio para ejercer otras funciones al servicio de la entonces presidenta autonómica, de las que solo era visible la organización de su escolta. Aunque en mayo de 2015 nada hacía prever que Cospedal perdería el Gobierno castellano-manchego en las dos semanas siguientes, Gómez Gordo regresó al servicio activo de la Policía. El porqué tardaría tres años en descubrirse.
Gómez Gordo conocía desde hace años al empresario Ignacio López del Hierro, donante de la caja B del PP, mencionado en varios sumarios, imputado en ninguno. En 2009 logró el puesto de jefe de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en pleno estallido del caso Gürtel. Su cometido era trasladar a los periodistas la actividad del Cuerpo en la Comunidad de Madrid, informar de los sucesos… pero eso no parecía interesarle mucho. Él se las ingeniaba para mercadear con la información, dedicado a conseguir las claves de la plataforma que daban acceso al sumario del caso Gürtel y alertar a López del Hierro si algún periodista intentaba meter las narices en sus negocios.
Hasta que en 2012 dejó la Policía para ir a Castilla-La Mancha a servir a la esposa del empresario, María Dolores de Cospedal, junto a la que permaneció tres años antes de su regreso triunfal a la Policía en el Gobierno de Mariano Rajoy. De vuelta al Cuerpo, el puesto asignado volvía a ser un pretexto: jefe de la sección de Vigilancias de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Su cometido real: integrar el grupo de policías que el director adjunto operativo Eugenio Pino había reunido para atacar a la oposición y sabotear el caso de la caja B que se instruía contra el Partido Popular. Otro comisario imputado, Enrique García Castaño, ha acusado a Gómez Gordo, primero ante el juez y hace unos días en el Congreso, de participar en la confección del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), el documento apócrifo con el que la brigada política intentó socavar a Podemos, que difundieron varios medios de comunicación y que encalló en los tribunales.
En el sumario de Kitchen hay evidencias de que participó también en la maniobra de Interior para torpedear el caso de la doctora Pinto y lograr que Villarejo no fuera imputado por apuñalar a la dermatóloga que trataba a personalidades de la élite madrileña. Gómez Gordo firmaba el informe por el que la Dirección de la Policía defenestró profesionalmente al comisario que comenzó a investigar a Villarejo como agresor de la médico a sueldo del empresario Javier López Madrid. De su participación en la maniobra apareció constancia en el teléfono incautado al número dos de Interior Francisco Martínez. "El 16 de julio reconocimiento fotográfico de Pp [Villarejo} en el caso de la loca, llegó el jueves la citación, lo habíamos parado, pero alguien lo ha reactivado… Ya me dices algo. Un saludo", le dice en un mensaje Gómez Gordo al secretario de Estado de Interior en la primera etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.
6.000 euros de sueldo, 100.000 de indemnización
Pero como ha desvelado la pieza 7 del caso Villarejo, el regreso de Gómez Gordo a la Policía escondía otro motivo aún más relevante. Sergio Ríos Esgueva, el chófer que el Partido Popular había puesto a Luis Bárcenas no encajaba con los comisarios que el Ministerio del Interior había puesto a "manipularle". El chófer prefería a un antiguo amigo suyo, de la época en la que era conductor de Granados. Después de fracasar la Ciudad de la Justicia, donde el policía cobró 6.000 euros mensuales y 100.000 de indemnización como director de seguridad de un proyecto que Esperanza Aguirre presentó en medio mundo pero que no se llegó a inaugurar, Francisco Granados lo había acogido como asesor en la Comunidad de Madrid. Ríos Esgueva era entonces el chófer de Granados y con el policía pasaba los ratos muertos. Era el momento de que Andrés Gómez Gordo entrara en la Operación Kitchen.
A su regreso a Madrid, el policía puso sus habilidades sociales a trabajar. Como ha desvelado el teléfono móvil del entonces número dos de Interior, el policía contó en poco tiempo con el favor de Francisco Martínez. El 22 de julio ambos se intercambian mensajes de Whatsapp. El entonces inspector jefe no repara en atenciones. El inspector jefe invita a comer a Martínez "al Villamagna", uno de los cinco entrellas más lujosos de Madrid, en el Paseo de La Castellana. "En todo caso invito yo", le contesta el secretario de Estado. El 30 de agosto vuelven a hablar. Lo hacen con familiaridad sobre una noticia aparecida en los medios. El siempre correcto secretario de Estado, licenciado por la elitista universidad privada de ICADE, comenta al policía sobre una periodista que firma una información: "A ésta te la has ligado… Los uniformes le ponen a las progres también". En esa época, sus colegas de la brigada política le apodaban "Cospedín".
No habían pasado seis meses de su regreso procedente de Castilla-La Mancha cuando Gómez Gordo recibió una medalla pensionada en el cuerpo. La Dirección de la Policía nunca informa de los motivos de las condecoraciones, pero el caso Kitchen ha desvelado que el policía tenía en sus manos al confidente más importante para el ministro del Interior en ese momento: el chófer que podía acceder al material escondido por Bárcenas tras entrar en prisión y que podía comprometer a la cúpula del partido y al propio presidente del Gobierno.
En Gómez Gordo reside uno de los grandes interrogantes de la Operación Kitchen: ¿Robó la brigada política un disco duro con grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy? Los policías se acusan entre ellos. Ninguno reconoce haberlo tenido. En los papeles que el chófer robó a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas había escrito: "Sergio ha creado a través jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo".
"¿Quién le paga el abogado?"
El miércoles pasado, ante la comisión del Congreso que investiga Kitchen, Gómez Gordo apareció con una mascarilla que le tapaba el rostro hasta las pestañas y gafas de leer. Titubeando, el policía se disculpó una y otra vez por no poder contestar a las preguntas de los diputados por consejo de su abogado. La portavoz de Vox, Macarena Olona, reparó en un detalle. El letrado pertenece al despacho del ex juez José Antonio Choclán, letrado de Ronaldo o Corinna Larsen. "Quién le paga el abogado", preguntó la diputada al policía sin obtener respuesta. Al terminar la comparecencia, Gómez Gordo recuperó repentinamente su desparpajo. Se dirigió uno por uno a los portavoces para chocar puños y dar un toque en el brazo de pretendida familiaridad a alguno de ellos.
Andrés Gómez Gordo ascendió a comisario en la última etapa del PP en el Gobierno y juró el cargo ya con Grande-Marlaska en el Ministerio. Tiene un hermano policía que ha sido dos veces juzgado y absuelto por sus tratos con la mafia china, a la que estaba encargado de investigar. Ambos siguen en activo. A día de hoy, Andrés Gómez Gordo es jefe de la comisaría madrileña de Villa de Vallecas.
https://www.eldiario.es/politica/andres-gomez-gordo-uniforme-negocio-policia-cospedal_1_7911207.html
EL SINDICATO DE LOS MANDOS LIBERA A UN JEFE DE LA POLICÍA POLÍTICA IMPUTADO EN KITCHEN
El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago había sido relegado a un puesto burocrático con el cambio de Gobierno y seguía en activo pese a su imputación. Desde el 1 de enero es "asesor jurídico" del Sindicato Profesional de Policía, organización que presidió durante siete años
El Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que aglutina a la mayoría de mandos del Cuerpo, ha concedido la condición de liberado al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, activo miembro de la brigada política en tiempos de Mariano Rajoy e imputado en la Audiencia Nacional por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. El dato fue suministrado de forma confusa por el protagonista durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso y aclarado posteriormente a preguntas del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu.
Una de las primeras medidas del departamento de Grande-Marlaska en 2018 fue cesar a Fuentes Gago y otros miembros de la brigada política de sus destinos en embajadas, altamente remunerados, y enviarlos a puestos burocráticos. José Ángel Fuentes Gago fue destinado a la Jefatura Superior de Policía, lo que levantó suspicacias en Podemos, víctima de las maniobras del policía en el pasado, por considerarlo un destino relevante. En realidad, el policía se encargaba de la gestión del material informático, uniformes, vehículos y armamento, si bien esto no se conoció hasta este jueves cuando él mismo lo contó en el Congreso.
Así fue hasta el pasado 1 de enero de 2021 cuando Fuentes Gago se convirtió en liberado sindical como "asesor jurídico" del SPP, el sindicato que presidió durante siete años (2006-2013), periodo en el que colaboró activamente con el PP en la oposición. El SPP siempre ha actuado como una suerte de "agencia de colocación" de los mandos de la Policía, especialmente cuando gobierna el Partido Popular, coinciden fuentes policiales.
Al SPP pertenecía el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, y varios de los implicados en las maniobras contra la oposición ahora imputados en Kitchen, como Bonifacio Díaz Sevillano, que fue tesorero, o el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas. El propio José Manuel Villarejo fue dirigente del SPP en los años ochenta. Al finalizar su declaración en la comisión del Congreso, Fuentes Gago fue acompañado hasta la salida por la diputada del PP y portavoz de Interior en el Congreso, Ana Vázquez.
Tras la imputación de Fuentes Gago en la pieza 7 del caso Villarejo o Kitchen, el Ministerio del Interior decidió no suspenderle por completo –enviarlo a su casa– alegando que jurisprudencia del Tribunal Supremo lo impedía. Según esa argumentación, las medidas cautelares dictadas por el juez contra Fuentes Gago no eran de la entidad suficiente para aplicar una medida tan gravosa a uno de los responsables del espionaje a la oposición democrática. Fuentes Gago evitaba perder una parte sustancial del sueldo que sigue percibiendo en la Jefatura Superior de Policía de Madrid mientras Unidas Podemos pedía explicaciones por un destino en lo que consideraba un puesto de dirección que no era tal.
En cualquier caso, el Ministerio y la Dirección General de la Policía mantenían el secretismo sobre las funciones reales de Fuentes Gago hasta que elDiario.es desveló un documento en agosto de 2019 que situaba a Fuentes Gago en la comisión policial que se reunió con la auditora para la implementación de la subida salarial pactada entre la Administración y los sindicatos.
En abril de 2019, moncloa.com publicó la grabación de una reunión en Nueva York entre Fuentes Gago y un exministro chavista ofreciéndole residencia y protección en España a él y a su familia si le suministraba información que pudiera evitar que Podemos llegara al Gobierno. Corría el verano de 2016 y Fuentes Gago trasladaba a su interlocutor que actuaba con un "mandato" del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La información que suministró el antiguo cargo chavista fue incorporada a un informe policial, en el que no aparece la firma de Fuentes Gago y que inmediatamente fue filtrado al diario ABC.
UN VIEJO TELÉFONO DEL MINISTRO DEL INTERIOR, CLAVE PARA INVESTIGAR SU IMPLICACIÓN EN EL ‘CASO KITCHEN’
EL PAÍS publica el informe policial que la Audiencia rechaza enviar al Congreso sobre la responsabilidad de Jorge Fernández Díaz en la operación secreta contra el extesorero del PP
Un viejo teléfono perdido, propiedad del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, contiene la clave para completar la negra historia del espionaje policial al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aportó al juez una prueba notarial de que su jefe, el ministro Jorge Fernández, le envió en el verano de 2013 unos mensajes que supuestamente demostraban el conocimiento que tenía el ministro de la operación policial, ejecutada a espaldas del juez que investigaba el caso de la caja b que durante 20 años controló Luis Bárcenas.
Pero esos mensajes no pudieron ser comprobados en el buzón de mensajes enviados a Francisco Martínez desde el teléfono de Jorge Fernández Díaz. El exministro explicó al juez que ya no tenía ese aparato, que lo había cambiado por otro y que no había pasado los mensajes del teléfono antiguo al nuevo. Fernández Díaz negó que hubiera enviado esos mensajes a su principal colaborador en el ministerio y que ignoraba la operación Kitchen.
El Congreso de los Diputados investiga esa operación policial planificada supuestamente desde el ministerio del Interior. El espionaje ilegal, perpetrado entre 2013 y 2015 cuando el extesorero estaba en la cárcel, contó con la ayuda directa de Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, a quién se premió con casi 50.000 euros de los fondos reservados en dos años y que logró en ese tiempo un puesto fijo como funcionario de la policía.
La Audiencia Nacional tiene un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la policía sobre la implicación del ministro que no ha querido entregar al Congreso de los Diputados para la comisión de investigación del caso Kitchen.
Lo que sigue, resume el contenido de ese informe:
Múltiples indicios de la operación ilegal. “Hasta la fecha se han tramitado en la presente pieza numerosos oficios que contienen múltiples y sólidos indicios que apuntan a que en los años 2013 a 2015 se desarrolló en el ámbito del ministerio del Interior una operación denominada por sus principales intervinientes como KITCHEN o COCINA, encaminada a la localización y apoderamiento (al margen del procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5) de documentación atesorada entonces por Luis Bárcenas y que resultaba especialmente comprometedora para terceros, para lo cual, además, se ejecutaron concretas diligencias restrictivas de derechos fundamentales sin cobertura legal ni judicial (extracción de datos de instrumentos de comunicación telefónica de BÁRCENAS, registro en el estudio ubicado en Díaz Porlier, 32) y se utilizaron fondos reservados (entre otros pagos, mensualidades abonadas con carácter periódico a Sergio Rios Esgueva).
Espionaje conocido por el número dos de Interior. “Dicha operación o proyecto, desarrollado principalmente en el seno de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía y en la que participaron activamente, entre otros, JOSÉ MANUEL VILLAREJO PÉREZ o ENRIQUE GARCÍA CASTAÑO, se realizó al menos con el conocimiento y supervisión del entonces Secretario de Estado de Seguridad con dependencia directa del ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ.
La incógnita sobre la participación del ministro. “Sobre la posible participación de Jorge FERNÁNDEZ DÍAZ en la mencionada operación KITCHEN se han incorporado al presente procedimiento elementos de carácter indiciario (principalmente, INDICIOS MJ1, MJ2 y MJ7, intervenidos en el domicilio particular de Francisco MARTÍNEZ VÁZQUEZ) que sugieren, al menos, el conocimiento del entonces titular del Ministerio respecto a la planificación, desarrollo y ejecución de la mencionada operación.
Si bien se desconoce por parte de esta Unidad Policial si el teléfono entregado por FERNÁNDEZ DÍAZ se corresponde con el utilizado por éste en los años 2013 a 2015, a tenor de los datos objetivos incorporados al procedimiento (particularmente, las numerosas manifestaciones ―descritas en el Oficio UAI 717/2020―, del entonces Secretario de Estado de Seguridad que, amén de los indicios precitados MJ1, MJ2 y MJ7, lo relacionan con la operación objeto de investigación), se somete a su consideración la práctica de la diligencia descrita a continuación, y ello teniendo en cuenta la gravedad de lo expuesto y la inexistencia de otro medio menos lesivo y que suponga una menor injerencia en los derechos de los investigados que permita, en el estado actual de la investigación, profundizar en la misma, en el sentido de determinar de forma precisa el alcance y los responsables de la mencionada operación”.
Una petición de los investigadores que cayó en saco roto. “MANDAMIENTO dirigido al SERVICIO SITEL del Cuerpo Nacional de Policía en el que se ordene la RECUPERACIÓN de los datos e información contenida en el teléfono móvil aportado por FERNÁNDEZ DÍAZ que pudiera haber sido borrada previamente a su entrega en sede judicial; la EXTRACCIÓN de la misma y REMISIÓN a la UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS para su análisis en las condiciones que determine V.I., que podrán limitarse, atendidas las especiales funciones desempeñadas por su usuario, exclusivamente a aquellos archivos concretos que guarden vinculación directa con los hechos objeto de investigación”.
El ministro no entregó el teléfono utilizado en el verano de 2013. Solo puso a disposición del juez su teléfono actual donde no figuraban los mensajes que supuestamente envió a su número dos en el ministerio, Francisco Martínez.
LA INVESTIGACIÓN DE LA “OPERACIÓN KITCHEN” SEÑALA A COSPEDAL
El juez Manuel García Castellón sopesa llamar como investigada a la ex secretaria general del PP tras las elecciones a la Comunidad de Madrid
Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que investigan el “caso Kitchen” han entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un informe sobre las agendas y los diarios de José Manuel Villarejo de los años 2013, 2014 y 2015, que guardaba el comisario jubilado en su vivienda, y en los que se da cuenta del espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Y en estos dietarios se ponen de manifiesto las supuestas relaciones de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, con las actividades presuntamente ilegales desarrolladas por el ex mando policial para espiar a Bárcenas, según informan fuentes jurídicas a LA RAZÓN.
Los agentes han analizado durante seis meses las notas redactadas el comisario en unas 14 agendas y diarios que fueron descubiertos durante el segundo registro de la vivienda de Villarejo, que se llevó a cabo en el marco de la pieza número 28 del “caso Tándem”. En esta causa se investiga la presunta venta fraudulenta de documentos y grabaciones de Villarejo a cambio de fuertes sumas de dinero.
La inspección de la casa se llevó a cabo el 23 de octubre pasado tras la detención de Gemma Alcalá, mujer de Villarejo. Y tras el hallazgo de estos documentos los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa reclamaron al juez la ampliación de la intervención policial, gracias a la cual se pudo descubrir la documentación en la que aparece el nombre de la ex secretaria general del PP.
Sopesa llamarla como investigada
El juez de la Audiencia Nacional que instruye la “Kitchen” sopesa seriamente llamar a declarar en calidad de investigada a la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa, según la información adelantada por Europa Press y confirmada por esta redacción.
No obstante, y dado que el 4 de mayo se celebran las elecciones de la Comunidad de Madrid, Manuel García Castellón, no quiere interferir en política con sus resoluciones y con toda probabilidad postergará la decisión a después de los comicios autonómicos.
Según confesó Villarejo en una de sus grabaciones la “Kitchen” fue “una operación para quitarle al ex tesorero del PP los papeles que comprometían al presidente”, en alusión a Mariano Rajoy, entonces jefe del Ejecutivo, según consta en un informe de 4 de septiembre de 56 páginas de la Fiscalía Anticorrupción.
Rechazó imputarla
Los fiscales Serrano y Stampa ya reclamaron la imputación de María Dolores de Cospedal y de su marido, Ignacio López del Hierro, al juez García Castellón, quien inicialmente rechazó citarles a declarar como investigados, aunque no descartó hacerlo tras profundizar en las pesquisas del operativo parapolicial.
La vinculación al caso de la ex ministra de Defensa deriva, según apuntaron los fiscales, del interés personal que tenía en la operación, ya que era una de las personas supuestamente afectadas por la documentación de “Gürtel” que Luis Bárcenas aseguraba tener de los dirigentes del PP.
Además, otro de los vínculos de Cospedal con la “operación Kitchen” es que un cargo de su Gobierno en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo, imputado en la causa, fue quien captó al chófer del extesorero del PP Sergio Ríos como confidente, y al que se le pagaron 2.000 euros al mes con fondos reservados del Ministerio del Interior a cambio de sustraer información a Bárcenas. Una vez iniciado el espionaje del ex tesorero del PP, Gómez Gordo abandonó el Ejecutivo de Toledo.
https://www.larazon.es/espana/20210413/oidsmhav7vhxje7p5nyf5wx2pm.html
LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS ENCARA EL CIERRE PENDIENTE DE UNA POSIBLE CITACIÓN DE COSPEDAL
La pieza 7 del caso Villarejo está cerca de su conclusión tras más de dos años y medio de diligencias y con una docena de imputados
Las pesquisas se centran ahora en el análisis de las agendas del comisario jubilado para terminar de pulir la instrucción
La investigación de la operación Kitchen tiene los días contados. Más de dos años y medio después del inicio de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, que indaga en la operación sin control judicial de espionaje y robo de información al extesorero del PP Luis Bárcenas tras ser despedido del partido en 2013, las pesquisas están cerca de su conclusión, lo que tendrá lugar en los meses próximos, según han informado a infoLibre fuentes del caso. En esta última fase de las diligencias, aún está pendiente de concretar si la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal será citada a declarar en la Audiencia Nacional por el posible interés que pudiera haber tenido para que se desarrollara el operativo ilegal.
Los investigadores se están centrando ahora en el análisis de nuevas agendas incautadas en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo y que fueron halladas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional el pasado otoño, en el marco de otra de las piezas de la macrocausa que indaga en sus actividades ilícitas. El estudio de estos documentos llevará a la elaboración de un informe que puede ser útil para muchas de la cerca de una treintena de piezas que siguen abiertas en el caso Tándem, incluida la número 7 que investiga la operación Kitchen.
No obstante, según las fuentes consultadas, no existen elementos para pensar que de estas agendas puedan salir nuevas líneas de investigación, sino que podrían servir para reforzar la argumentación tanto del juez instructor como de la Fiscalía Anticorrupción sobre los indicios ya recabados durante la instrucción a la hora de definir los hechos que irán en un futuro auto de transformación en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento–.
Así las cosas, la pieza que indaga en el espionaje a Bárcenas, que estuvo dirigido a robar documentos incriminatorios para el PP que se habría llevado el extesorero, cuenta ya con una docena de investigados, entre ellos mandos policiales –unos jubilados, otros todavía en activo–, el que fuera chófer del extesorero –fichado por los policías como confidente– y dos cargos políticos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Las pesquisas que ha ido ordenando el magistrado Manuel García Castellón han ido de abajo a arriba, es decir, desde los agentes que se movieron sobre el terreno con los seguimientos o los que gestionaron los fondos reservados con los que se financió el operativo hasta los políticos que, según las pesquisas, habrían tenido conocimiento de los hechos.
En el paso que se consumó en 2020 de pasar del nivel policial al político, el instructor imputó a Martínez, primero, y a Fernández Díaz, después, y dejó fuera a Cospedal a pesar de que Anticorrupción se lo había solicitado al considerar que tenía un “interés personal” en la operación de espionaje a Bárcenas por dos razones: directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma, e indirecta, como secretaria general del PP. El juez descartó imputar a Cospedal el pasado septiembre, aunque no lo descartó por completo, sino que en ese momento prefería tomar declaración a los exresponsables de Interior antes de tomar más decisiones.
No cerrar en falso la investigación
Las comparecencias de Fernández Díaz y Martínez se celebraron, incluido un careo entre ambos que no arrojó demasiada luz a las pesquisas. Y entretanto, se iniciaron nuevas diligencias que aún siguen bajo secreto sumarial a raíz de la intervención policial en el domicilio del exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, donde se le incautaron móviles y documentación, incluida una agenda en la que aparecen anotados detalles de las conversaciones telefónicas que el extesorero mantenía durante los trayectos en coche. De esa parte secreta, poco –o más bien nada– se sabe, pero El Confidencial publicó el pasado mes de enero que el futuro procesal se estaba complicando para Cospedal en el marco de esas diligencias. Ahora, fuentes del caso consultadas por infoLibre no descartan una próxima citación de la ex secretaria general antes del fin de la instrucción para no cerrar en falso la investigación.
Una línea que puede unir la operación Kitchen con Cospedal es el comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía, imputado en la pieza 7 del caso Villarejo, fue uno de los hombres clave en la captación de Sergio Ríos como confidente del operativo, en el que aceptó participar a razón de 2.000 euros al mes que procedían de los fondos reservados. Es decir, dinero público sobre el que no hubo ningún tipo de control. Aunque ahora sigue en activo en la Policía Nacional, se apartó del cuerpo en varias ocasiones en la que estuvo trabajando en cometidos vinculados al PP: por un lado, como asesor de seguridad de la propia Cospedal cuando ésta fue presidenta de Castilla-La Mancha y, por otro, en el proyecto del Campus de la Justicia que impulsó la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y por el que ahora está procesado, también en la Audiencia Nacional.
Gómez Gordo, apodado Cospedín por Villarejo, nunca ha negado su implicación en la operación de espionaje a Bárcenas, incluso ante el juez dijo que actuó "de buena fe e ilusionado" porque en esos días, en 2013, el extesorero del PP "era el delincuente número uno". También reconoció que pagó con dinero en efectivo a Ríos, pero afirmó que el conductor nunca le entregó "absolutamente nada" de material sobre documentos o audios que se habría llevado Bárcenas del partido, según las grabaciones de sus declaraciones judiciales que obran en el sumario de la causa.
La relación Villarejo-López del Hierro
La otra línea es la relación que el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, mantenía con Villarejo, relación de la que éste dejó constancia en conversaciones grabadas que después fueron incautadas por los investigadores de Asuntos Internos. En al menos una de esas conversaciones, publicada por el digital moncloa.com, estuvo presente la ex secretaria general del PP, que recibió al comisario jubilado en su propio despacho de la sede de Génova en julio de 2009, unos meses después de que estallara el caso Gürtel. En esa conversación no se hablaba de Kitchen, pues para entonces Bárcenas aún trabajaba en el PP como tesorero, aunque ya estaba siendo investigado por la macrocausa de corrupción. Tras la publicación de los audios, Cospedal dimitió de sus cargos políticos en el partido y en el Congreso.
Para Anticorrupción, esa reunión resulta clave para demostrar el vínculo de altos dirigentes del PP "con la gestación" del operativo Kitchen. La vinculación, se lee en el informe en el que el Ministerio Público pidió la imputación de Cospedal, "vino inicialmente constatada con una grabación efectuada por el investigado José Manuel Villarejo en julio del año 2009 a la entonces secretaria general del Partido Popular y al marido de ésta en la sede central del Partido Popular de la calle Génova de Madrid". Esa grabación –proseguía el informe– "tendría por contenido, entre otros, el ofrecimiento a Villarejo, con la aceptación por parte de este funcionario policial, de la ejecución de 'encargos puntuales' que serían sufragados con fondos del Partido Popular, por lo que no puede descartarse que uno de estos encargos estuviera directamente o indirectamente relacionado con la investigación policial y judicial del denominado como caso Gürtel".
El sumario del caso Tándem revela numerosas conversaciones entre Villarejo y López del Hierro que fueron grabadas por el comisario, encuentros de los que éste también dejó constancia en sus agendas, donde apuntaba de forma pormenorizada las citas, profesionales o personales, y un pequeño resumen del contenido. El comisario apuntaba los encuentros o llamadas con el empresario con las iniciales "ILH".
LOS SIETE IMPUTADOS DE LA BRIGADA POLÍTICA FUERON PREMIADOS DURANTE EL GOBIERNO DE RAJOY CON UNA MEDALLA PENSIONADA
La Dirección de la Policía informó al Congreso de que la mayoría de ellos habían sido condecorados por su "meritoria trayectoria profesional"
La reforma frustrada para retirar las medallas a Billy el Niño hubiera servido para anular condecoraciones y asignaciones vitalicias a la policía política del PP
Seis de ellos recibieron una medalla roja con el 10% de aumento; el jefe de todos, Eugenio Pino, se jubiló con la más alta distinción y un 15% de incremento salarial
Los inspectores jefe Fuentes Gago y Díez Sevillano fueron además destinados a embajadas con sueldos brutos mensuales de más de 10.000 euros
Los trabajos parapoliciales de los agentes que ocuparon la primera línea de la brigada política tuvieron recompensa económica. En los primeros cuatro años de Mariano Rajoy en el Gobierno, periodo en el que se efectuaron los principales encargos contra los independentistas catalanes y Podemos, seis de los siete imputados en la Audiencia Nacional fueron condecorados con una 'medalla roja', que supone una asignación mensual de por vida del 10% de su salario. Para el séptimo, Eugenio Pino, el jefe de todos ellos, Fernández Díaz reservó la más alta condecoración para un policía en vida, la Medalla de Plata al Mérito Policial que el director adjunto operativo recibió al jubilarse, con el aumento de un 15% vitalicio que conlleva.
Los siete inspectores jefes y comisarios están imputados en el marco de la pieza 7 del caso Villarejo, en la que se investiga el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Dos de ellos, además, el jefe Pino y Bonifacio Díaz, se sentarán en el banquillo por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. Los nombres de la mayoría aparecen también vinculados a la Operación Catalunya o, como en el caso de José Ángel Fuentes Gago, a las maniobras policiales contra Podemos. Fuentes Gago es el policía que dice en abril de 2016, en una grabación publicada ahora por Moncloa.com, que tiene un "mandato" de Rajoy para ofrecer residencia y protección a un exministro chavista a cambio de información contra Pablo Iglesias y otros líderes del partido. El ofrecimiento fue una maniobra extrajudicial, pero sirvió para levantar acta de unas afirmaciones y que las publicara el diario Abc.
La concesión de medallas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está sometida a una ley franquista de 1964. Una Cruz al Mérito con Distintivo Rojo, la 'roja', está reservada a servicios en los que el policía ha puesto en riesgo su vida, según el texto legal. En la práctica se utiliza para reconocer relevantes intervenciones, aunque no haya habido riesgo físico, y también para recompensar lealtades o afinidades personales o políticas. La subida salarial de una medalla roja se suma a otra, es decir, tres medallas rojas suponen que un policía cobre un 30% de su salario extra. Las unidades de investigación y los puestos de dirección siempre han sido más proclives a recibirlas. Un policía de la calle solo puede aspirar a una si demuestra su pericia o valentía en una situación excepcional de riesgo.
La Dirección General de la Policía siempre ha negado a los medios de comunicación el motivo por el que se concede una medalla roja o de cualquier otro tipo. Ocurrió, por ejemplo, cuando eldiario.es desveló en 2015 que el comisario José Manuel Villarejo, entonces en activo, había sido recompensado por su participación en la Operación Catalunya. Sin embargo, la comisión de investigación del uso partidista de la Policía por el Gobierno del PP obligó a la Dirección General de la Policía a remitir un documento al Congreso que confirma la perversión del sistema de premios.
Uno de los casos más escandalosos es el del hoy comisario Andrés Gómez Gordo. El policía ha dejado en varias ocasiones el servicio activo para irse a trabajar con el PP. Gómez Gordo, al que la investigación sobre la Operación Kitchen sitúa como el captador del confidente en casa de los Bárcenas, regresó a la Policía con esa valiosa pieza en su poder. A los seis meses de reingresar fue recompensado con una 'roja' y la Policía alegó ante el Congreso que había premiado su "meritoria trayectoria profesional".
Lo decía de un policía que hacía años que no vestía el uniforme, mientras se embolsaba un sueldo de 6.000 euros mensuales como director de seguridad de un proyecto, la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que no llegó a arrancar. Se fue con una indemnización de 100.000 euros y pasó a ser asesor de Francisco Granados antes de convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Hoy le defiende en la Audiencia Nacional uno de los abogados más caros de Madrid.
Las últimas revelaciones sobre el espionaje a Podemos con funcionarios y recursos públicos han provocado que la formación denuncie la situación de estos policías y pida la retirada de sus medallas. El Gobierno se enfrenta al mismo problema legal del que se percató después de que Pedro Sánchez prometiera retirar todas las condecoraciones al torturador Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño'. La Ley 5/1964 establece los requisitos para otorgar las medallas, pero no incluye un apartado con los motivos para retirarlas, explican desde Interior. Después de un intenso debate jurídico, el Ejecutivo socialista se planteó incluir una disposición adicional en la Ley de Memoria Histórica, que podría haber sido aplicada para todos los policías aludidos en esta información, pero la reforma no ha llegado a ser aprobada.
Estos son los policías imputados en la Audiencia Nacional a los que distintos sumarios y revelaciones periodística atribuyen un papel en la brigada política y la condecoración que recibieron durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.
Villarejo
Al patrimonio millonario del comisario, fruto de su investigada actividad empresarial, hay que sumar su pensión –se jubiló en agosto de 2016– con un 20% más de lo que le correspondería al haber sido condecorado en dos ocasiones con la medalla roja. Cada una de esas cruces corresponden a un gobierno de distinto signo. El del PSOE se la impuso en 2009, con Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior; y el del Partido Popular lo volvió a hacer en 2013. Con la primera, Villarejo estaba destinado en la Comisaría General de Policía Judicial, como agente liberado, y había suministrado información relevante en operaciones anticorrupción, según cuenta un superior suyo de la época. El motivo de su última medalla roja, ya adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, es su participación en la Operación Catalunya. La explicación oficial remitida al Congreso dice que ésta última condecoración se debió a su "meritoria trayectoria profesional".
Eugenio Pino
Por haber "sobresalido en el cumplimiento de los deberes de su cargo" y "haber protagonizado una actuación que ha redundado en el prestigio de la Corporación", el ministro Fernández Díaz otorgó al director adjunto operativo de su Policía la Medalla de Plata al Mérito Policial en junio de 2016, el mes de su jubilación. La actuación de la justicia dibuja un panorama diferente de la aportación de Pino a la imagen de la Policía. El comisario está pendiente de que se fije fecha para el juicio contra él por haber intentado introducir información robada de los Pujol en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. El comisario responderá por los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secretos. En la pieza 7 del caso Villarejo, la del espionaje a Bárcenas, Pino está imputado por malversación, prevaricación, cohecho, robo y allanamiento de morada. La medalla le supone una paga de 3.725 euros al año que se deben sumar a las de otras condecoraciones.
García Castaño
Se ha jubilado recientemente después de un periodo prolongado de baja por razones médicas. García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo, era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de seguimientos, escuchas y captación de fuentes, entre otros cometidos. Está imputado en dos piezas del caso Villarejo por haber suministrado presuntamente información confidencial con la que el comisario en prisión elaboraba dosieres que luego vendía. También es investigado por el espionaje a Bárcenas. Recibió una medalla roja –tiene varias– en 2013 por "detención miembros ETA", según la documentación remitida a la comisión de investigación. La unidad que dirigió durante más de dos décadas es clave en la lucha antiterrorista y presta servicio a grupos que investigan otros delitos especializados.
Martín Blas
Condecorado en 2013 con una medalla roja por su "meritoria trayectoria profesional". Desde principios de 2012 era jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, utilizada por Pino para trabajar sobre el terreno en la Operación Catalunya. Con Fernández Díaz se ampliaron irregularmente las funciones de la unidad destinada a investigar delitos cometidos por policías y se la implicó en encargos políticos, como rastrear información sobre presunta corrupción de líderes independentistas. Martín-Blas fue destituido como consecuencia de su enfrentamiento con José Manuel Villarejo y está jubilado. Recientemente ha sido imputado en la causa por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados.
Fuentes Gago
"No hay propuesta". Así consta en el apartado donde deberían justificarse los méritos para la medalla pensionada que recibió en 2014, en la documentación remitida al Congreso. El inspector jefe está de máxima actualidad tras la publicación de la grabación del encuentro mantenido con un exministro chavista en Nueva York en abril de 2016. Fuentes Gago dice que la oferta para que colabore es un "mandato" de Fernández Díaz y del mismo Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno.
Mano derecha de Eugenio Pino, el 10% de aumento con la medalla roja no fue la gratificación económica más importante que recibió Fuentes Gago. Antes de que Pino se jubilara fue enviado como agregado de Interior en La Haya para que coincidiera con su mujer, a la que el director adjunto operativo había destinado esa ciudad meses antes. Ambos estuvieron cobrando 10.000 euros brutos mensuales hasta que el actual equipo de Interior les cesó al poco de tomar posesión. Cuando viajó a Nueva York ya estaba destinado en La Haya y cobraba dietas por sus desplazamientos dentro de la brigada política. También está imputado por la Operación Kithchen.
Díez Sevillano
Con una trayectoria paralela a la de Fuentes Gago, este inspector jefe fue condecorado con la medalla roja en 2014. En su caso se justificó con "investigación tramas dedicadas a evadir dinero de Andorra". Díez Sevillano había sido agregado de Interior en la Embajada española en el país vecino. Según han denunciado los dueños de Banca Privada de Andorra, fue uno de los policías que participó en la campaña de amenazas en la primavera anterior a la condecoración para que los banqueros facilitaran los datos con las cuentas de los Pujol o la entidad sería intervenida. El inspector jefe Díez Sevillano se sentará en el banquillo junto a Eugenio Pino por el caso de los pendrive de los Pujol y está imputado por la Operación Kitchen. Después de ejercer como el jefe de gabinete de Pino fue enviado a la Embajada española en México con un sueldo bruto de 11.000 euros mensuales.
Gómez Gordo
La "meritoria carrera profesional" que alegó Interior ante la comisión de investigación al referirse a Gómez Gordo es digna de repaso. El recién ascendido a comisario -aprobó bajo el mandato de Zoido- se fue de la Policía para trabajar, por este orden, para Alfredo Prada, Francisco Granados y María Dolores de Cospedal. Regresó al Cuerpo apenas unas semanas antes de que ésta última perdiera el Gobierno de Castilla-La Mancha. Pino le puso a dirigir las vigilancias de la UDEF aunque le tenía la mitad del tiempo en la Dirección Adjunta Operativa para participar directamente en los manejos de la brigada política. A los seis meses de regresar, fue premiado con una medalla roja.
Imputado en la Operación Kitchen, los investigadores creen que fue el policía que reclutó a Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, con el que había coincidido cuando ambos estaban al servicio de Granados en la Comunidad de Madrid. El objetivo era que el chófer vigilara a la familia y robara documentación susceptible de perjudicar a los dirigentes del Partido Popular. A Ríos le pagaron 48.000 euros de los fondos reservados e ingresó después a un destino privilegiado de la Policía con 42 años. El topo también está imputado en la pieza 7 del caso Villarejo.
https://www.eldiario.es/politica/imputados-politica-recibieron-pensionada-rajoy_1_1610488.html
STAMPA ACUSA A LA FISCALÍA GENERAL DE DILATAR LA INVESTIGACIÓN CONTRA ÉL PARA DEJARLE FUERA DE ANTICORRUPCIÓN
El fiscal señala directamente a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y a su mano derecha
El choque entre el fiscal Ignacio Stampa y la Fiscalía General del Estado se recrudece después de que la Inspección General haya cerrado la investigación interna contra él por supuestamente filtrar a Podemos información del caso Dina. Stampa ha enviado una carta a la Asociación de Fiscales en la que acusa a la Fiscalía General de dilatar la investigación penal para perjudicarle. El departamento de Dolores Delgado lo niega.
El fiscal Stampa, a quien el Consejo Fiscal rechazó adjudicar en octubre la plaza que ocupaba en comisión de servicio en Anticorrupción —lo que supuso su salida también del caso Villarejo—, ha decidido dar la batalla contra la Fiscalía General del Estado una vez que la Inspección ha cerrado la investigación interna que mantenía abierta contra él. A Stampa lo ha investigado tanto la Fiscalía de Madrid como la Inspección General por supuestamente filtrar información a Podemos sobre el caso Dina. En él se investiga el robo del móvil a Dina Bousselham, antigua asistente de Pablo Iglesias, y cuyo contenido acabó publicado en varios medios. Sin embargo, ambas actuaciones se han cerrado sin que se hayan encontrado indicios de ese supuesto traspaso de información.
Tras estos dos archivos, Stampa, que hasta ahora había guardado silencio, ha enviado una carta a la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera y a la que él perteneció hasta hace uso meses. En la misiva acusa a la Fiscalía General del Estado de maniobrar en su contra para dejarle fuera de Anticorrupción.
Dolores Delgado
En su carta, Stampa señala directamente a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y a su mano derecha, el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García. Según cuenta el fiscal en su escrito, fue García quien en dos ocasiones rechazó las propuestas de archivo del fiscal superior de Madrid sobre la investigación penal abierta contra él. En la primera ocasión, según Stampa, la Fiscalía General vetó el cierre porque consideraba que había que ordenar nuevas diligencias. Pero en la segunda, siempre según el fiscal, se denegó el archivo “sin motivo alguno”.
El departamento que dirige Dolores Delgado no hace valoraciones sobre el escrito de Stampa. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que los archivos se rechazaron porque quedaban por practicar pruebas relevantes para poder dar por terminada la investigación. Entre otras, la toma de declaración al antiguo abogado de Podemos José Manuel Calvente, que fue quien denunció la supuesta relación entre Stampa y una abogada de Podemos que, supuestamente, estaba en el origen de las filtraciones. Esa declaración, según ha podido confirmar este periódico, se prestó el 21 de octubre, 18 días después de la primera propuesta de archivo.
Dos días después, el fiscal superior de Madrid volvió a proponer el cierre, pero la Fiscalía General, según las fuentes consultadas, advirtió de que no se habían incorporado a la causa algunas actuaciones que constaban en el juzgado que instruye el caso Villarejo y que el ministerio público consideraba necesarias para la investigación contra Stampa. Entre otras, el chat de abogados de Podemos en el que se revelaban las supuestas filtraciones.
Esa segunda propuesta de archivo se produjo el viernes 23 de octubre, cuatro días antes del Consejo Fiscal que supuso la salida de Stampa de Anticorrupción, al no conseguir ninguna de las ocho plazas fijas que se asignaban en esa Fiscalía. No recibió el voto de ninguno de los cuatro vocales de la Unión Progresista de Fiscales, pero tampoco de ninguno de los cinco de la Asociación de Fiscales, a la que entonces pertenecía y a la que dirige la carta. Esta asociación asegura que recibió la misiva el jueves por la tarde y no ha tenido tiempo de debatirla en su comisión ejecutiva. Miembros de la misma conocedores de cómo se decidió aquella votación admiten que la “polémica” en torno a Stampa influyó en la decisión, pero aseguran que la investigación abierta no fue “determinante”.
STAMPA SE DEFIENDE TRAS EL ARCHIVO DE LAS INVESTIGACIONES QUE LE COSTARON EL PUESTO COMO FISCAL DEL 'CASO VILLAREJO'
El fiscal denuncia maniobras en la tramitación de los expedientes abiertos contra él en una carta a la Asociación de Fiscales
En la misiva asegura que no se puede concluir la existencia de ningún tipo de connivencia entre los fiscales y los abogados de Unidas Podemos y menos aún concluir que hay delito de filtraciones
El fiscal Ignacio Stampa, apartado del caso Villarejo a raíz de los expedientes disciplinarios abiertos contra él por supuestas revelaciones de secretos a Podemos en este procedimiento, ha roto su silencio este jueves en una carta a la Asociación de Fiscales en las que denuncia maniobras de la Fiscalía General en la tramitación de estos expedientes. Lo hace un día después de que se conociera el archivo del último de ellos que aún se mantenía abierto.
En la misiva, de 9 páginas y a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que se pone en contacto con la asociación de la que ha formado parte durante 16 años después de haber estado dando cuenta "puntual y detallada" de lo acontecido "a través de múltiples escritos" al Fiscal Jefe Anticorrupción, la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Madrid. "Esta única vía que decidí emplear en defensa de mi reputación personal y profesional ha implicado durante este tiempo, como coste añadido, que no se conociera lo realmente acontecido", agrega.
Stampa reprocha en esta misiva que los vocales del Consejo Fiscal rechazaran el pasado 27 de octubre proponer que le fuera adjudicada una de las nuevas ocho plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, dado que en ese momento se les hurtó una información clave: que para esa fecha ya habían sido archivadas las diligencias de investigación penal que habían sido abiertas contra él por una posible revelación de secretos en la pieza Dina de la causa contra el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo, derivada de los contactos que pudo mantener con Marta Flor, una de las abogadas de Podemos.
"Y, aun cuando no fuera preceptivo informar a los vocales de lo anterior, también consta que no fueran informados de que dicho archivo había sido rechazado por la Fiscalía General del Estado, en la primera ocasión para sugerir el 8 de octubre la práctica de más diligencias, pero en la segunda ocasión sin motivo alguno", añade Stampa en la carta.
En ambos casos, según añade, el fiscal Superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, había remitido tales decretos de archivo a la Secretaría Técnica "para su conocimiento", pero también "para su aprobación", acogiendo íntegramente las propuestas del instructor de las citadas diligencias.
En dichos decretos se decía que resultaba de todo punto insostenible, las deducciones que en las conversaciones de chats (...), llevan al partido Vox a concluir la existencia de ningún tipo de connivencia entre los fiscales y los abogados de Unidas Podemos, "y menos aún la conclusión de la existencia de indicios que avalaran la presunta comisión por parte de los Fiscales del delito de filtraciones y revelación de secretos".
Tras conocer estos decretos y remitir a la Secretaría Técnica un escrito a petición expresa de Stampa para que se aprobara finalmente tal archivo, "se volvió a sugerir desde la Fiscalía General del Estado la práctica de diligencias el día 2 de diciembre, que no guardaban relación con las nuevas denuncias acumuladas sino con la misma que dio origen a la investigación".
Intervención de Delgado
Mientras tanto, se prorrogarían las Diligencias de Investigación por decreto de 23 de diciembre de la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, para la práctica de esa exclusiva diligencia ante su vencimiento el 9 de enero de 2021, añade la carta.
Según Stampa, "es notorio que no se ha comunicado a toda la opinión pública el archivo de ninguno de los múltiples procedimientos que se han incoado, ni lo que aquí se menciona ni el resultado de lo practicado sobre el fondo del asunto investigado, a pesar de la alarma social creada respecto de la actuación de dos miembros de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada".
Finalmente, la decisión de archivar las diligencias de investigación fue publicada en la tarde del día 15 de febrero de 2021 "por un medio de comunicación digital concreto", pero sin el detalle de que el decreto de archivo lo firmó digitalmente el fiscal superior de Madrid "a las 09:08:52 horas del día siguiente, 16 de febrero de 2021", señala, apuntando una última irregularidad que sugiere una filtración de esta información antes de la firma del archivo.
LA NEGATIVA DE LA AUDIENCIA NACIONAL A EXAMINAR A FONDO EL MÓVIL DE FERNÁNDEZ DÍAZ DIFICULTA LA INVESTIGACIÓN AL EXMINISTRO EN KITCHEN
Asuntos Internos, en virtud de una resolución del juzgado que ha quedado "sin efecto", había solicitado autorización para rastrear a través de Sitel si el exministro borró los mensajes que lo incriminarían en el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados
No habrá un análisis a fondo del contenido del teléfono del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que su ex número dos atribuye mensajes incriminatorios en la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas para recuperar documentos de la financiación ilegal del PP. La disección de ese terminal, rechazada la semana pasada por la Audiencia Nacional, resulta clave para tratar de confirmar si Fernández Díaz, imputado en esta causa, remitió a Francisco Martínez esos mensajes que recogían detalles e instrucciones sobre el operativo, admiten fuentes de las acusaciones populares, que ven en esta decisión un "contratiempo" que "impide tener un mayor conocimiento" del papel que el exministro jugó en la trama.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 que lleva adelante estas pesquisas en el marco de la operación Kitchen dejó el pasado 24 de marzo "sin efecto, ni valor alguno" la resolución por la que había propuesto un mes antes a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que dijera qué hacer con ese teléfono, tras constatar en un primer análisis que ni en la aplicación de mensajería ni en la de WhatsApp se conservaban los mensajes incautados a Martínez que evidencian que Fernández Díaz habría conocido y controlado esa operación con fondos reservados.
Tras esa resolución, los agentes habían propuesto al juez poder buscar en el Servicio de Interceptación Telefónica, Sitel, la información contenida en ese teléfono que pudiera "haber sido borrada" antes de su entrega en sede judicial. Esa consulta podría haber recuperado la memoria del número de teléfono asignado y dar con los mensajes si es que estos hubieran sido borrados del terminal. Conscientes del carácter intrusivo de la medida, desde Asuntos Internos pidieron al juez que, de aceptar su petición, estableciera las condiciones que considerara y que ese análisis se ciñera "exclusivamente a aquellos archivos concretos que guarden vinculación directa con los hechos objeto de investigación".
Pero la resolución que ponía ese terminal a disposición de la Unidad de Asuntos Internos fue impugnada por la defensa de Fernández Díaz, que presentó un escrito en el que se negaba a que los agentes indagaran en su contenido. El abogado Jesús Mandri alegó que dada su anterior condición de ministro, el móvil podía "contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos que son objeto de investigación en la causa". El recurso también tachaba el requerimiento de "absolutamente" improcedente e "inútil", además de "genérico" y "ambiguo", y alegaba una supuesta "indefensión" para el al exministro.
Además, subrayaba el recurso, dicha diligencia debería haberla ordenado el juez y no el letrado de la administración de justicia, ya que acordaba un requerimiento "de suma relevancia". En la resolución del pasado 24 de marzo, el letrado reconoce que "se excedió" al admitir la intervención de la Policía "fuera del marco establecido" en un auto anterior en el que el juez había limitado el rastreo a la existencia de posibles mensajes entre el exministro y el que fuera su número dos. Y, en consecuencia, dejó "sin efecto, ni valor alguno" su decreto anterior, del 23 de febrero. Fuentes de las acusaciones populares admiten que esta manera de proceder del juzgado no fue "garantista".
Dos meses para aportar el teléfono
La disección de ese terminal habría resultado clave para tratar de comprobar si realmente Fernández Díaz envió los cuatro mensajes que le implican en la operación de vigilancia y seguimiento del entorno de Bárcenas y que fueron depositados ante notario el 13 de junio de 2019 por su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tal y como adelantó elDiario.es.
En esas conversaciones, el titular de la cartera de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy pone en conocimiento de su subalterno la existencia de un dispositivo policial que incluía la infiltración de un topo en el entorno de Bárcenas y que resultó ser el chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, hoy policía nacional.
Tras su careo con Francisco Martínez, el 13 de noviembre, el exministro Fernández Díaz aseguró que no tenía inconveniente en depositar en sede judicial su teléfono móvil para que pudiera constatarse su versión de que nunca envió esos mensajes. Pero a esa inicial disposición, ha ido obstaculizando las pesquisas en torno al terminal. El juez Manuel García-Castellón se lo reclamó una vez concluyó el careo. Entonces, el exministro dijo que no conservaba el teléfono de la época de los mensajes pero que no tenía inconveniente en entregar el que le había sustituido. Al final tardó más de dos meses en depositarlo en la Audiencia Nacional, el pasado 22 de enero.
Tras acceder al servicio de mensajería y de la aplicación de WhatsApp de ese terminal —el que usó después de 2013 y hasta abril de 2020, incluida parte de su etapa como ministro—, los funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 6 no encontraron los mensajes que Martínez protocolizó ante notario y que asegura que le envió Fernández Díaz. Y cuando el juzgado preguntó a Asuntos Internos qué se podía hacer con el teléfono, la defensa del exministro se adelantó y alegó que ese terminal contenía "información muy sensible" intentando impedir así que los agentes indagaran en su contenido.
No obstante, Asuntos Internos había solicitado al juez que, en caso de aceptar su petición de rastrear a fondo del teléfono, pusiera las condiciones para que ese análisis se limitara a los archivos relacionados con la causa. Así se ha procedido, por ejemplo, con el examen del teléfono de Francisco Martínez, que también fue aportado al juzgado.
LA AUDIENCIA ANULA EL ANÁLISIS INTEGRAL DEL MÓVIL DE JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ EN EL 'CASO KITCHEN'
La defensa del ex ministro alegó que su teléfono contenía información protegida por la Ley de Secretos Oficiales relacionada con numerosos operativos policiales
El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dejado sin efecto la orden de analizar a fondo el terminal de teléfono móvil del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el marco de la Investigación de la operación Kitchen. El letrado de la Administración de Justicia acordó el pasado mes de febrero que el teléfono entregado voluntariamente por el ex alto cargo del PP fuera chequeado a fondo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para determinar si, además de los supuestos mensajes que se intercambiaron el ex ministro y el ex secretario de Estado de Interior sobre el operativo para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, albergaba otros mensajes de interés para la causa.
La defensa de Fernández Díaz, dirigida por el letrado Jesús Mandri, recurrió la decisión alegando que el teléfono, uno de los terminales que Fernández Díaz empleó durante su etapa al frente de Interior, contenía información protegida por la Ley de Secretos Oficiales relacionada con numerosos operativos policiales.
El Juzgado que dirige Manuel García Castellón admite ahora que "se excedió" al acordar la referida diligencia y "admitir la intervención de la fuerza actuante fuera del marco establecido" por un auto anterior en el que se limitaba el análisis a la existencia de posibles mensajes entre el ministro y su número dos.
Cabe recordar que la Policía intervino a Martínez mensajes que él asegura que recibió de Fernández Díaz en los que éste le facilitaba datos sobre el chófer de Bárcenas, al que captaron como confidente a cambio de fondos reservados o en los que se aludía a que se había llevado a cabo el clonado de los teléfonos móviles de Bárcenas sin orden judicial.
El ex ministro del Interior ha negado que esos mensajes fueran suyos y sostiene que nunca tuvo conocimiento de un operativo para espiar y robar material sensible a Bárcenas. Las diferentes versiones sostenidas por ambos ex altos cargos de Mariano Rajoy obligaron al juez García Castellón a ordenar la práctica de un careo entre ambos.
El juzgado ordena ahora "dejar sin efecto y sin valor alguno" en chequeo completo del teléfono de Fernández Díaz, diligencia que sí se llevó a cabo con el móvil de Martínez, llegando al extremo de volcar en el sumario todo tipo de conversaciones personales y profesionales sin interés alguno para la causa.
https://www.elmundo.es/espana/2021/03/25/605c54f9fdddff858a8b45d6.html
JAVIER IGLESIAS, ABOGADO: PISADAS DE 'EL LARGO' EN LA CARA OCULTA DEL PP
Defensor del exdirector del CESID Calderón y de Pinochet, Iglesias emerge en los episodios más turbios del PP: amenazando a Bárcenas o anticipando el silencio de Paco Correa. La banda de Villarejo le tenía por su contacto con Rajoy. Su entorno le defiende: "Actúa en interés de sus clientes y nunca ha trabajado para el partido"
La lenta cadencia con la que aparecía su nombre en informaciones sobre los casos caja B y Kitchen o en la Operación Catalunya hacía difícil saber quién era en realidad Javier Iglesias Redondo (Madrid, 1960), más allá de su participación formal como abogado en esas causas. Aquellas alusiones, tan inquietantes, eran piezas sueltas de un puzle incompleto hasta que se abrió la puerta del almacén sonoro de Villarejo. Las grabaciones del comisario han aportado el material suficiente para reconstruir el tríptico del poder corrupto que habita en la zona noble de Madrid. Luis Bárcenas lo aseguró esta semana en la Audiencia Nacional: El Largo siempre estuvo ahí. Con el Partido Popular. Aunque no se viera.
Los abogados de los grandes casos conocen a Iglesias desde los tiempos de las torres KIO o Banesto, aunque sus clientes no fueran los principales acusados. O como parte de la defensa inglesa del dictador chileno Augusto Pinochet. Pero si Javier Iglesias participó en un juicio irrepetible fue en 2003 como abogado defensor del teniente general Javier Calderón, antiguo director del CESID, por las escuchas ilegales del servicio de Inteligencia español a la sede de Herri Batasuna en Vitoria. Calderón y su antecesor, Emilio Alonso Manglano, fueron condenados por la Audiencia de Álava y absueltos después por el Tribunal Supremo.
Uno de los muchos clientes que tiene en la actualidad Javier Iglesias es Beatriz García Paesa, sobrina del agente del servicio secreto que se quedó con el botín de Luis Roldán. La cliente de Iglesias dirige desde Luxemburgo el entramado societario creado en aquella época y la Fiscalía pide para ella 50 años de cárcel por su participación en el caso Defex, la compañía pública de armamento. Fuentes de otros servicios de Información aseguran que ya en los noventa Iglesias se presentaba como interlocutor del espionaje español, algo que niegan taxativamente desde el entorno del abogado, donde aseguran que su trabajo se ha ceñido siempre a la representación letrada y al “interés exclusivo de sus clientes”, entre los que nunca se ha encontrado, añaden, el Partido Popular.
Hijo del catedrático de Derecho Romano Juan Iglesias, autor del manual con el que se han formado varias generaciones de abogados en esa especialidad, el entorno de Francisco Javier Iglesias Redondo afirma que ha defendido a políticos de todo signo político. “Hasta a dos acusados de terrorismo de Terra Lliure”, explican. Un letrado que ha compartido la defensa con algunos clientes se dice incapaz de identificarle con las informaciones que aparecen en la prensa en los últimos tiempos: “Es un magnífico profesional, con valores de la abogacía tradicionales, con dedicación al cliente, deontología, profesionalidad… No me lo imagino haciendo ninguna ilegalidad”.
Javier Iglesias comienza a frecuentar las crónicas del lado oscuro de la política a partir de 2013, pero son las grabaciones del caso Villarejo las que le otorgan altas cotas de poder. El comisario y el resto de componentes de su banda hablan en 2017 de El Largo como su vía de contacto con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Estas son las piezas del puzle que alumbran la silueta de Javier Iglesias en los últimos ocho años.
Pieza 1. Despacho de Javier Iglesias. Invierno de 2013. A falta de documentos inéditos, Luis Bárcenas había reservado varios titulares para el juicio de la caja B en su ajuste de cuentas con el PP de Mariano Rajoy. Ante el tribunal habló de una reunión en el despacho de El Largo en 2013 en la que el abogado, en nombre del PP, le habría ofrecido 500.000 euros en metálico, procedente de donaciones de empresarios, a cambio de que fabricara unos papeles distintos a los que había publicado El País y que así la formación política pudiera denunciar en público una maniobra en su contra.
Al encuentro habrían asistido también el fallecido Álvaro Lapuerta y Ana Gutiérrez, antigua socia de Bárcenas y esposa de Jesús Merino, exvicepresidente de Castilla y León, condenado en el caso Gürtel. “El Largo, aunque no es el John Silver de 'La Isla del Tesoro', es Javier Iglesias, el abogado que en esta causa aparece por todos lados, en todas partes”, soltó el extesorero. Fuentes del entorno de Iglesias aseguran que la revelación no es nueva y que, como hace ocho años, resulta falsa.
Pieza 2. Prisión de Solo del Real. Julio de 2013. La primera participación de Iglesias, al menos pública, en el caso de la caja B es como abogado de Álvaro Lapuerta, el otro guardián del dinero negro del PP. Al ya por entonces octogenario Lapuerta le había facilitado los servicios del abogado la propia formación política, con Rajoy de presidente y María Dolores de Cospedal como secretaria general, según confirman fuentes del entorno del tesorero fallecido.
El 15 de julio de 2013, el día de la confesión de Bárcenas ante el juez Pablo Ruz, El Mundo publicó que Javier Iglesias había visitado una semana antes al extesorero en prisión para trasladarle un mensaje: “Si hablas, tu mujer irá a la cárcel. Si callas, Alberto Ruiz-Gallardón será destituido en el último Consejo de Ministros antes de vacaciones y tu tema se archivará en septiembre por nulidad”. Iglesias hizo público un comunicado en el que aseguraba: “Jamás me he prestado ni me prestaría a una actuación del tipo como la que se describe en la noticia”. Su círculo niega que llegara a defender a Lapuerta por indicación del partido y sí a través de una persona muy próxima al anciano tesorero.
Tres semanas después de la confesión de Bárcenas y de la publicación de la noticia, Lapuerta cambió de abogado, alertado por el papel de Iglesias en la visita a la cárcel. El letrado explicó que se hacía incompatible la defensa de Lapuerta con la del constructor Alfonso García Pozuelo, quien después pactaría con Anticorrupción una confesión a cambio de una condena reducida en Gürtel y que aparece como uno de los donantes en el caso de la caja B del PP.
Pieza 3. Despacho de Javier Iglesias. Febrero de 2014. Josep Pujol, uno de los hijos del expresident, contó al juez Pablo Ruz que en el invierno de 2014 se reunió con el comisario Villarejo en el despacho de Javier Iglesias y que el policía le ofreció reventar el caso de corrupción que afecta a su familia a cambio de que el patriarca realizara una “proclama” en contra del proceso soberanista, según consta en el sumario. Javier Iglesias aseguró que no tiene nada que ver con ese ofrecimiento y que se limitó a ceder el despacho para el encuentro.
En la actualidad, Iglesias representa a los dueños de la Banca Privada de Andorra en una querella contra los responsables de la brigada política del PP que habrían extorsionado a los Cierco para conseguir las cuentas de la familia Pujol en su entidad. Es uno de los argumentos que esgrimen desde el círculo de Iglesias para defenderse de las acusaciones de ser parte de la Operación Catalunya.
Uno de los testigos que ha utilizado Iglesias contra Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas en esa causa en los juzgados andorranos ha sido José Manuel Villarejo, enemigo declarado de esos otros comisarios. Un audio incautado a Villarejo muestra al comisario y a sus compinches planeando “un asalto de 50 millones de euros” a los dueños de la banca rival de los Cierco, mezclando los intereses políticos de la Operación Catalunya con su afán crematístico. Villarejo y sus colaboradores implican a Javier Iglesias en el plan.
Pieza 4. El reservado de un restaurante de Madrid. Enero de 2017. José Manuel Villarejo y el también imputado en la causa Tándem Adrián de la Joya quedaron para comer ese 19 de enero de 2017 en el reservado de un restaurante de Madrid y durante media hora se les unió Alberto Pedraza, que acudió a contarles novedades. Pedraza, afincado en Andorra, afirma: "Javier (Iglesias) está preparando un documento con las implicaciones penales que ha cometido Andbank, y decir Andbank es decir el presidente del Gobierno (andorrano) porque es su puto hermano, y tengo las conexiones preparadas, documentadas... y les vamos a meter una hostia allí, en la Audiencia Nacional con la autorización del ministro de Justicia, del Mazo, del Maza, de su puta madre, de Moix y de todos".
En ese momento, el ministro de Justicia era Rafael Catalá; el fallecido José Manuel Maza era el fiscal general del Estado; y a Manuel Moix le quedaba un mes para ser nombrado fiscal jefe Anticorrupción. Villarejo también dice que ha amenazado a El Largo con "levantar el pie a" Esperanza Aguirre en el caso de la fuga de la expresidenta madrileña con su coche de la Policía municipal, en la que una asociación del comisario ejercía la acusación popular.
En el audio aludido, el empresario Alberto Pedraza añade: "Le ha dicho el presidente al ministro: Oye, Rafael, me gustaría una Audiencia Nacional nueva. Utiliza a Javier que él lleva treinta años trabajando ahí y que te diga cómo lo haríamos”. En el momento de la publicación de esta información, en el verano de 2019, Iglesias declaró a elDiario.es que no conoce a Mariano Rajoy y que solo ha tratado con Catalá en una ocasión al defender los intereses de un Estado extranjero en una causa. Catalá, por su parte, afirmó: "En mi vida he hablado de rediseñar la Audiencia Nacional. Pedirle a un abogado eso es bastante idiota”.
Pieza 5. Cárcel de Valdemoro. Abril de 2017. El abogado Javier Iglesias visita a Francisco Correa en un momento clave del caso de la caja B. El cabecilla de la Gürtel había contado en el juicio de la Primera Época de la trama de corrupción ue la gran obra pública del Gobierno de Aznar era concedida a cambio de una mordida de entre el 2 y el 3% para el partido. En ese momento, el caso de la caja B estaba en fase de instrucción y el juez José de la Mata quería que Correa, presto a colaborar para reducir su condena, le ratificara unos hechos que afectaban de lleno a la investigación que él dirigía. Tras la visita de Iglesias, Francisco Correa se echó atrás y ante el juez se negó a confirmar lo que había dicho en el juicio. Javier Iglesias asegura que el abogado valenciano de Correa le escribió un correo electrónico transmitiéndole el interés de su cliente por que se incorporara a su defensa y que a eso se debió exclusivamente su visita. Iglesias escribió un mes después al juez para comunicar que se incorporaba a la representación letrada del jefe de Gürtel.
Pieza 6. Informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Octubre de 2018. Uno de los informes incorporados a la pieza 7 del caso Villarejo, conocida como Kitchen, recoge las conclusiones de la Unidad de Asuntos Internos a partir de otras grabaciones incautadas al comisario. El informe dice acerca del operativo: "Se colige que en realidad se trataría de una operación encaminada a la localización de documentos y archivos comprometedores con dirigentes del Partido Popular, la cual habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano y El Largo) sin que exista constancia hasta el momento de que el material incautado haya sido obtenido en el procedimiento judicial”.
En su informe, Asuntos Internos identifica a El Asturiano como Mariano Rajoy y a El Largo, como Javier Iglesias. En el escrito de Anticorrupción solicitando la imputación de Jorge Fernández Díaz y de su número dos -ambas ya acordadas- y de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, la Fiscalía Anticorrupción hace suyas estas conclusiones. El mismo entorno de Javier Iglesias reconoce que el abogado supo del operativo por Villarejo, pero que nunca de su carácter ilegal y rechazan que hubiera participado en él. Javier Iglesias es el abogado de Gemma Alcalá, esposa de Villarejo, en la causa Tándem y en la que investiga la grabación ilegal a policías y miembros del CNI en la investigación al Pequeño Nicolás.
https://www.eldiario.es/politica/javier-iglesias-reflejos-abogado-cara-oculta-pp_1_7304778.html
EL IMPUTADO EX JEFE DE ASUNTOS INTERNOS PIERDE DEFINITIVAMENTE EL JUICIO CONTRA INDA Y OKDIARIO
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la querella que el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, Marcelino Martín Blas, y su ex número dos, el inspector Rubén Eladio López, interpusieron contra OKDIARIO, su director, Eduardo Inda, y varios profesionales de este periódico.
La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, Susana Trujillano, ya dictó el pasado 28 de mayo el sobreseimiento provisional y archivo de la querella, al no apreciar en las informaciones publicadas por OKDIARIO ningún elemento de injurias o calumnias contra ambos funcionarios policiales.
La Audiencia Provincial confirma ahora el archivo definitivo de las actuaciones, en una resolución dictada el pasado 15 de enero. En el auto del que ha sido ponente el magistrado Joaquín Delgado Martín, la Sección Segunda señala que aunque algunas de las noticias publicadas por OKDIARIO pudieran incluir «expresiones con componentes exorbitantes o destemplados, lo cierto y verdad es que no concurren indicios suficientes de que las informaciones objetos de este proceso excedan del contenido del ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de comunicación».
El comisario jubilado Marcelino Martín Blas –que está imputado en la operación Kitchen por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia– y el inspector Rubén Eladio López habían llevado ante los tribunales varias informaciones y editoriales publicados en OKDIARIO entre 2015 y 2017, así como distintas intervenciones de su director, Eduardo Inda, en televisión.
Una «crítica destemplada o ácida»
En su querella, Martín Blas sostenía que OKDIARIO puso en marcha una «campaña de difamación» contra él con el objetivo de «matarle informativamente» y apartarle de la investigación del llamado caso Nicolay.
Al respecto, la Audiencia Provincial recuerda que con frecuencia se entremezclan en cualquier texto periodístico elementos propios de la libertad de expresión (que tiene por objeto «la expresión de pensamientos, ideas y opiniones», incluyendo creencias y juicios de valor) con otros propios de la libertad de información, que persigue «comunicar y recibir libremente información sobre hechos que puedan considerarse noticiables».
La Audiencia Provincial de Madrid cita como jurisprudencia la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de mayo de 2020, según la cual «en los casos reales que la vida ofrece no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la estricta comunicación informativa. Pues la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y a la inversa: la comunicación de hechos o de noticias no se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de una opinión».
Como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si bien «la libertad de expresión no ampara el insulto, ello no significa que no deban tolerarse ciertas expresiones o frases, aunque sean formalmente injuriosas o estén imbuidas de una innecesaria carga vejatoria o despectiva, cuando del conjunto del texto quepa detectar el predominio de otros aspectos que otorguen una eficacia prevalente a la libertad de expresión. Ciertos excesos son permisibles siempre que aparezcan como una forma de reforzar la crítica, aunque sea destemplada, exagerada, abrupta o ácida», recalca.
La entrevista a Villarejo
Así ocurre en las informaciones de OKDIARIO que eran objeto de la querella, en las que «aparecen juicios de valor y calificativos (…) junto con el suministro de información sobre hechos (desaparición de documentos, grabaciones, intervención de correos electrónicos…)», señala la Audiencia Provincial en el auto que confirma el archivo de la causa y rechaza los recursos de apelación presentados por Martín Blas y Rubén Eladio.
El auto recuerda que la presentación de una noticia «constituye por lo general el resultado de una reconstrucción o interpretación de hechos reales en la que intervienen distintos factores, que pueden conducir a versiones dispares sobre una misma realidad».
Martín Blas había incluido en su querella la entrevista al comisario José Manuel Villarejo publicada por OKDIARIO en junio de 2017, por considerar que éste le imputaba hechos delictivos como «la infidelidad en la custodia de documentos, la descubrimiento y revelación de secretos o la falsedad en documentos públicos (al elaborar un atestado)». También en este caso, la Audiencia Provincial de Madrid considera que las declaraciones de Villarejo a OKDIARIO no constituyen ningún delito de injurias o calumnias.
Por último, el auto recuerda que la libertad de información alcanza su «máximo nivel» cuando «es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa».
Enchufan a Eladio en un Ministerio
Esto no significa, aclara, que «los profesionales de la información tuvieran un derecho fundamental reforzado respecto a los demás ciudadanos, sino que, al hallarse sometidos a mayores rigores en el ejercicio de sus libertades de expresión e información, precisaban –y gozaban de– una protección específica. Protección que enlaza directamente con el reconocimiento a aquellos profesionales del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional para asegurar el modo de ejercicio de su fundamental libertad de información», tal como prevé la Constitución española. También en este caso, la Audiencia Provincial de Madrid cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Martín Blas y Rubén Eladio López eran los responsables de la comisión judicial del caso Nicolay, en la que eran juez y parte, ya que investigaban la grabación realizada de una reunión que ambos habían mantenido con agentes del CNI sobre las andanzas del Pequeño Nicolás.
La juez del caso Nicolay imputó a Rubén Eladio López por incumplir con sus obligaciones y desobedecer sus órdenes. El inspector de Policía ocupa en la actualidad el cargo de jefe de Seguridad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un destino otorgado a dedo para premiar los servicios prestados en su día.
El comisario Marcelino Martín Blas fue imputado en Andorra en 2017 por presionar a los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener datos de las cuentas bancarias de la familia Pujol. Actualmente está imputado en la operación Kitchen por dirigir el dispositivo para espiar ilegalmente a la familia del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, para arrebatarles documentos comprometedores sobre la contabilidad b del partido.
Las grabaciones desmienten a Martín Blas
Ante el juez que instruye el caso Tándem, Martín Blas aseguró que apenas conocía al comisario Villarejo. Sin embargo, los audios que ha publicado OKDIARIO acreditan que ambos mantenían una relación muy fluida y habían colaborado en la llamada Operación Cataluña.
Durante el juicio celebrado contra OKDIARIO y su director, los abogados de Martín Blas y Rubén Eladio, Francisco Javier Díaz Dapena y Antonio José García Cabrera, mostraron una actitud absolutamente agresiva contra los profesionales de este diario. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid determina ahora que las informaciones publicadas por OKDIARIO están plenamente amparadas por la libertad de expresión y el derecho de la información, consagrados por la Constitución española.
VILLAREJO PRESUMIÓ EN 2017 DE LOGRAR QUE COSPEDAL ABRONCASE AL MINISTRO DEL INTERIOR POR EL TRATO AL EXCOMISARIO
Las agendas intervenidas al antiguo comisario hablan de una relación fluida y constante con Ignacio López del Hierro, marido de la que hasta el verano de 2018 fue número 2 del PP: ya se había reunido en secreto con ambos en 2009 para informarles de los casos de corrupción vinculados al partido y que se estaban investigando
El 23 de mayo de 2017, meses antes de su arresto y tras verse con López del Hierro, el policía hizo esta anotación: "Dice que la Cospe llamó ayer a Zoilo [José Ignacio Zoido] y le abroncó por el tratamiento hacia mí"
Las agendas intervenidas al antiguo comisario José Manuel Villarejo durante los registros policiales en su casa y sus oficinas han dejado al descubierto datos que generan de nuevo dudas sobre su grado de confianza con María Dolores de Cospedal, número 2 del PP hasta el verano de 2018. Múltiples anotaciones de Villarejo, todas ellas fechadas entre 2016 y 2017, hablan de una relación fluida y constante con el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro. A él, Villarejo se refiere siempre por sus iniciales: ILH. Una de esas anotaciones muestra que, basándose en lo que supuestamente acababa de contarle López del Hierro, el comisario presumía de que Cospedal "abroncó" en mayo de 2017 al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por cómo estaba tratando al expolicía.
Fue en un apunte fechado el 13 de mayo de 2017 cuando Villarejo dejó constancia de que se había visto ese día con López del Hierro en el madrileño hotel Villamagna. Justamente a la una de la tarde. Y a modo de resumen escribió lo siguiente: "Dice que la Cospe llamó ayer a Zoilo y le abroncó por el tratamiento hacia mí". El contexto indica de manera inequívoca que "Zoilo" es Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior desde noviembre de 2016 y sucesor así de Jorge Fernández Díaz. En febrero, el digital El Independiente ya publicó que los cuadernos que Villarejo usaba a modo de dietario recogen 28 menciones al marido de Cospedal en el plazo de un año. Quien durante lustros había sido un poderoso comisario que creó un auténtico emporio empresarial mientras ejercía como funcionario público fue detenido el 2 de noviembre de 2017.
Ahora en libertad después de tres años y medio como preso preventivo, Villarejo llevaba jubilado casi un año en mayo de 2017. Con Cospedal y López del Hierro se había reunido en secreto al menos una vez ocho años antes: el 21 de julio de 2009 en la sede central del PP, la de la calle Génova. En ese encuentro, y así lo acredita un audio grabado por él mismo que desveló el digital moncloa.com, el policía aportó datos sobre las investigaciones por corrupción que entonces estaban en marcha. La principal de todas ellas era entonces el caso Gürtel. En un momento de la reunión, Cospedal preguntó a Villarejo por el pendrive que la Policía cazó cuando el contable de la trama Gürtel trataba de esconderlo. El policía respondió que sí, que en el dispositivo había "mucha chicha, mucha chicha". Y añadió una frase demoledora: "Hemos hecho todo lo posible por romperlo".
Este periódico no ha logrado este lunes contactar con Cospedal ni con su marido. Fuentes que desde hace años se mantienen al tanto de las investigaciones sobre Villarejo entienden que la nota sobre el supuesto maltrato de Interior a Villarejo durante la etapa de Juan Ignacio Zoido se refiere a esto: que en la primavera de 2017 Villarejo no había logrado apartar a su enemigo interno, el comisario Marcelino Martín Blas, de las pesquisas judiciales sobre el caso del Pequeño Nicolás y el audio grabado a agentes del CNI y de Asuntos Internos.
En un informe del caso Kitchen –el espionaje a Luis Bárcenas– la Fiscalía Anticorrupción expuso hace un año su convicción de que aquella reunión secreta de 2009 resultaba clave para demostrar el vínculo de altos dirigentes del PP "con la gestación" de ese operativo policial y parapolicial, dirigido a evitar que el extesorero conservara documentos incriminatorios para el PP. La vinculación, se lee en el informe, "vino inicialmente constatada con una grabación efectuada por el investigado José Manuel Villarejo Pérez en julio del año 2009 a la entonces Secretaria General del Partido Popular María Dolores de Cospedal, y al marido de ésta, Ignacio López del Hierro, en la sede central del Partido Popular de la calle Génova de Madrid".
Esa grabación –proseguía el informe– "tendría por contenido, entre otros, el ofrecimiento a Villarejo, con la aceptación por parte de este funcionario policial, de la ejecución de «encargos puntuales» que serían sufragados con fondos del Partido Popular, por lo que no puede descartarse que uno de estos encargos estuviera directamente o indirectamente relacionado con la investigación policial y judicial del denominado como caso Gürtel". En septiembre, la Fiscalía pidió imputar a Cospedal y López del Hierro en la pieza Kitchen. El juez que investiga el espionaje a Bárcenas dentro del denominado caso Tándem, Manuel García Castellón, lo denegó. Si el examen de las agendas de Villarejo modificará o no su posición pertenece al terreno de las incógnitas.
La relación de Villarejo con Gürtel no es nueva. Como desveló infoLibre la semana pasada, sus agendas señalan que Ignacio Peláez, uno de los abogados clave en el plantel de las defensas del caso, seguía pidiéndole "ayuda" en vísperas del primer macrojuicio a la trama corrupta, que comenzó en octubre de 2016. Peláez fue quien, cuando la instrucción del caso arrancó en 2009, interpuso contra Baltasar Garzón la querella que en 2012 se saldó con su expulsión de la carrera judicial. Según la Fiscalía, Peláez también era aquel a quien Villarejo se refería como "el letrado director" en un documento que, fechado en 2012 –cuatro meses después de la sentencia contra Garzón–, iba dirigido a un cliente que el policía no identificaba. En sus cinco páginas, el documento exponía cómo conseguir la "anulación total" del sumario Gürtel.
LA DECISIÓN DE JUNTAR TRES JUICIOS EN UNO ACELERÓ LA LIBERTAD DEL COMISARIO VILLAREJO
La Audiencia Nacional alegó falta de salas grandes para juzgarlo antes de noviembre, fecha en la que el policía cumplía el máximo de prisión provisional
Una sorprendente decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional para juntar en un solo juicio tres piezas separadas del caso Villarejo desencadenó la excarcelación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. La falta de salas grandes para juzgarlo antes de noviembre, fecha en la que Villarejo cumplía los cuatro años que la ley fija como tope máximo de prisión provisional, aceleró su libertad provisional. Cualquiera de los tres juicios previstos, por los que Anticorrupción pide para el policía un total de 109 años de cárcel, se podía haber celebrar en una sala pequeña y en pocos días.
La investigación de los delitos cometidos supuestamente por Villarejo comenzó en marzo de 2017 y permitió desarticular una red empresarial corrupta apoyada en una mafia policial. El juez ordenó en noviembre de 2017, tras una investigación secreta de ocho meses por parte de los fiscales anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa, la detención del comisario, el registro de sus propiedades y su prisión provisional.
El juez abrió entonces una macrocausa con todo el material incautado para investigar más de 20 años de corrupción en España con el comisario Villarejo como protagonista. El instructor ha abierto hasta 30 piezas distintas que salpican y manchan a políticos, empresarios, periodistas y jueces.
El sumario afecta a uno de los principales bancos del país, BBVA, cuyo antiguo presidente está imputado por contratar a Villarejo para espiar a un adversario; a la cúpula de Interior durante el Gobierno del PP, con el ministro, el secretario de Estado y los principales cargos policiales investigados; y al rey emérito, cuya causa se archivó por dos veces pero desencadenó la marcha de España de Juan Carlos I.
Villarejo ingresó en prisión el 3 de noviembre de 2017 y la Audiencia mantuvo esa situación hasta el pasado 3 de marzo, prorrogando en 2019 la medida dos años más ante el grave riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Sin embargo, ocho meses antes de llegar al plazo máximo que se puede mantener a una persona en prisión provisional sin sentencia condenatoria, el juez que instruye la causa ha decidido dejarle en libertad previa solicitud de la Fiscalía.
Antes de que se diera esta situación, Anticorrupción presentó todo tipo de iniciativas para evitar que el comisario quedara libre antes de la celebración de, al menos, uno de los muchos juicios previstos contra él. La Fiscalía recurrió la decisión de juntar los tres juicios en uno con fuertes críticas a la sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que fue quien adoptó ese acuerdo.
En una macrocausa, explican fiscales consultados por EL PAÍS, lo más ventajoso para agilizar la tramitación y celebrar juicios es formar piezas separadas. Hay ejemplos de esta situación.
El caso Gürtel, una extensa trama de corrupción vinculada a gobiernos del PP desarticulada en 2009, se repartió en más de una decena de piezas separadas de las que 12 años después se ha juzgado aproximadamente la mitad.
El caso Nóos se dividió en 26 piezas distintas, y una de ellas llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, y sentó en el banquillo a su mujer, la infanta Cristina. La diferencia entre aquellos procesos y el caso Tándem es que la sección de la Audiencia Nacional encargada de celebrar el juicio resolvió, hace unas semanas, juntar en una sola vista oral tres de las piezas cuya instrucción estaba finalizada. Esa decisión alteró todas las previsiones.
Un abogado personado en la causa lo explica así: “La Fiscalía actuó rápido con el objetivo de evitar la excarcelación de Villarejo antes de la celebración del primer juicio. En apenas dos años y medio finalizó la investigación de tres de las piezas separadas y presentó su calificación al juez, que dictó tres autos de procesamiento entre mayo y junio de 2020 para celebrar los tres juicios”.
La Fiscalía reclamó penas altísimas para Villarejo: 57 años de cárcel por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental en la pieza 2 (denominada Iron, correspondiente a la batalla de un bufete de abogados contra antiguos socios por el supuesto robo de clientes); 38 años y 10 meses de cárcel por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental en la pieza 3 (llamada Land, que investiga las peleas por la herencia de la familia García Cereceda); y 14 años más por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración en la pieza 6 (caso Pintor, el intento de un empresario por cobrar una deuda a otro).
“Pero después de los autos de procesamiento del juez, los trámites necesarios para poner todo en orden y dar acceso a las partes se prolongaron más meses de los necesarios, y de remate llegó en febrero la decisión de la sección cuarta de juntar las tres piezas separadas en un juicio. Antes tenían piezas que no eran grandes y en dos de ellas había acusados que habían firmado la conformidad reconociendo el delito. ¿Qué hace la sala? En vez de marcar un juicio con pocos acusados que iba a durar una semana o cuatro tardes, se saca de la manga juntar tres juicios en uno y convierten en complicadísimo algo muy sencillo, porque no es lo mismo hacer un juicio con 10 acusados que con 30, y dicen que para este juicio grande ya no pueden hacerlo hasta noviembre, con lo cual, ordenan poner en libertad a Villarejo porque no le van a poder juzgar como preso preventivo”.
La decisión de la sección cuarta de excarcelar a Villarejo por las tres piezas que iban a juicio no implicaba, aparentemente, la salida de prisión del comisario, que tiene otras 23 causas en instrucción por delitos muy graves. Pero esa interpretación era errónea, según explica el mismo abogado: “La finalidad de la prisión preventiva se cae cuando la sección encargada de celebrar el juicio dice que éste nunca podrá ser antes de que se cumplan los cuatro años máximo de prisión provisional. En esa circunstancia, al fiscal no le queda otra que pedir la libertad. Si la finalidad que se perseguía con la prisión provisional es que Villarejo no se fugue y no reincida de cara al juicio, si el tribunal que le va a juzgar te está diciendo que no le quiere preso, y en ninguna de las demás piezas separadas se puede terminar la instrucción de aquí a noviembre ni por supuesto celebrar juicio, la decisión es la lógica y la coherente, puesta en libertad, por pura doctrina constitucional que rechaza la prisión provisional como una medida de pena anticipada. Por eso, la Fiscalía pide su libertad con un montón de medidas
INTERIOR CERTIFICA GRAVES IRREGULARIDADES EN LOS FONDOS RESERVADOS PARA FINANCIAR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El ministerio documenta que la trama parapolicial del ‘caso Kitchen’ ocultó intencionadamente los pagos al chófer del extesorero
El Ministerio del Interior ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un escrito en el que certifica que se cometieron graves irregularidades en el uso de los fondos reservados con el único objetivo de financiar, en 2013, la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. El documento, clasificado como “secreto” y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que tanto los pagos a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas que facilitaba información a la trama e imputado en la causa, como la adquisición de una pistola y un ordenador, nunca se anotaron en las partidas de gastos correspondientes.
La respuesta se produce después de que el 21 de diciembre el magistrado requiriera nueva documentación a Interior sobre estos fondos, sometidos a la ley de secretos oficiales, tras constatar que la trama parapolicial dispuso libremente de ellos. El magistrado quería saber cómo se ocultó el desvío de miles de euros procedentes de una partida que mueve seis millones de euros al año y que, sobre el papel, está sometida a especiales medidas de control. El juez hacía la petición tras comprobar que, en un anterior requerimiento, Interior no había localizado los documentos que justificaran las entregas de fondos con los que la trama pagó al chófer de Bárcenas más de 50.000 euros en efectivo y le compró una pistola, o adquirió un ordenador para que el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, supuestamente consultara la información que la trama arrebató a Bárcenas.
El magistrado recogía en aquel auto su sospecha de que los implicados en la Operación Kitchen no solo dispusieron de fondos reservados “sin cumplimentar debidamente” la documentación requerida para hacerlo, sino que ese dinero se pudo solicitar “bajo la cobertura de otra investigación policial completamente ajena al operativo conocido como Kitchen”. El magistrado ya hablaba de “disfunciones e irregularidades”. Interior confirma ahora las sospechas del juez.
En su escrito, el ministerio explica que los pagos a una persona que se hacen “de forma regular y sucesiva en el tiempo”, como fue el caso del chófer (al que se le entregaron 2.000 euros mensuales entre julio de 2013 y septiembre de 2015), deben reflejarse como abonados a “colaborador fijo”, ya sea dinero en efectivo, comidas, consumiciones o regalos. Estos desembolsos se anotan en la cuenta de “gastos de operaciones (cuenta 1.03)”, si es para un operativo concreto, o en la de “gastos de información (cuenta 2.03)”, si es para la captación de datos que pueden desembocar en una investigación posteriormente.
El escrito aclara que si la colaboración y los pagos son esporádicos, el importe se debe consignar como “pago a colaboradores ocasionales (cuentas 1.04 y 2.04)”. Tras analizar la documentación que se conserva en el Centro Gestor de Fondos Reservados, Interior ha constatado que nada de estos se hizo, ya que los pagos al conductor no figuran en ninguna de estas partidas ni “documental ni referenciados explícitamente”.
Algo similar ocurrió con la pistola y el ordenador. Interior detalla que solo se puede cargar a los fondos reservados la adquisición de material cuando, “por su urgencia y motivos de seguridad”, no pueda adquirir a través de las partidas presupuestarias ordinarias. En ese caso, deberán ser consignados a la “cuenta 06″, de “adquisición de equipos y materiales”. Ni el equipo informático y ni el arma cumplían los requisitos ni fueron anotados.
EL JUEZ PIDE A ASUNTOS INTERNOS QUE RASTREE LOS CONTACTOS DE COSPEDAL CON VILLAREJO
El juez quiere localizar todas las citas o conversaciones que este anotaba tanto con ella como con su marido, Ignacio López del Hierro
La pieza del caso Villarejo sobre el espionaje a Luis Bárcenas y a su entorno familiar continúa avanzando. A la espera de concretar una futura citación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el instructor Manuel García-Castellón ha reclamado nuevas diligencias. Entre ellas, el juez ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos que analice las agendas del comisario para localizar las citas o conversaciones que este anotaba tanto con ella como con su marido, Ignacio López del Hierro. El centro de atención de los investigadores es el año 2015, informan fuentes del caso. El magistrado no solo quiere conocer los hipotéticos encuentros que mantuvieron. También ha solicitado que se cotejen estos con la actividad de la trama policial implicada en la conocida como operación Kitchen. El juez tiene pendiente revisar la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de citarla como imputada junto al exministro Jorge Fernández Díaz, que precisamente se basaba en los contactos mantenidos.
La pieza secreta de la Kitchen complica el futuro procesal de Cospedal
Al menos uno de esos encuentros fue grabado. Cospedal se reunió con el comisario en su despacho en la sexta planta de Génova solo unos meses después de que estallara el caso Gürtel. La ex secretaria general cerró el encuentro con el policía utilizando como intermediario a su marido. Esta reunión —que difundió El Confidencial y fue adelantada por 'Moncloa.com'— se produjo concretamente el 21 de julio de 2009, cuando el entonces senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, ya había sido imputado provisionalmente por el Tribunal Supremo y las pesquisas de Gürtel amenazaban con llevarse por delante toda la cúpula del partido. Ese día, a las 18:00, cuando ya no quedaba casi nadie en Génova, López del Hierro introdujo al comisario en el edificio por el garaje dentro de un coche con los cristales tintados. Luego, el agente encubierto fue subido directamente en ascensor desde el aparcamiento hasta la planta noble. El motivo principal del espionaje irregular a Bárcenas era, precisamente, acceder a documentación e información que pudiera estar en posesión del extesorero. En una pieza secreta, el magistrado estudia nuevos datos que afectan a Cospedal. El antiguo chófer del extesorero Sergio Ríos —empleado por la trama como agente doble— ha confesado que proporcionó información del antiguo contable del PP a la entonces secretaria general del partido a través de un policía de su confianza, el comisario Andrés Gómez Gordo.
La instrucción se centraba hasta ahora en la relación del conductor con los policías del dispositivo presuntamente clandestino que dirigió el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para anticiparse a los movimientos de Bárcenas y tratar de sustraerle pruebas comprometedoras para el Gobierno de Mariano Rajoy. Ríos ha reconocido ante el juez del caso, Manuel García-Castellón, que efectivamente cooperó con los agentes de esa operación, bautizada con el nombre de Kitchen. Los policías tuvieron acceso a tres teléfonos antiguos de su jefe. Los aparatos fueron clonados. No obstante, los nuevos datos apuntan a que existía una segunda vía de comunicación que enlazaba directamente con el partido.
Las agendas
Las agendas de Villarejo apuntan —en caso de ser ciertas— que después de aquella primera cita de 2009, Villarejo continuó manteniendo con la exministra popular una relación que se prolongó varios años. En noviembre de 2016 anotó, por ejemplo, lo que parece un recordatorio de encuentro. "Contesta mi SMS con otro muy afectuoso. Le aviso del café", consta en estos apuntes. Como adelantó 'La Información', en los cuadernos hay otras menciones aún más recientes. Tras destacar el nombre de Cospedal y escribir "llamar mañana", Villarejo se refiere al nombramiento de un nuevo jefe superior al frente de la Unidad Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). La nota se registró en julio de 2017 solo unos días antes de que se nombrara para este puesto a Fernando Moré.
FERNÁNDEZ DÍAZ ALEGA QUE SU MÓVIL CONTIENE INFORMACIÓN “MUY SENSIBLE” PARA IMPEDIR QUE LA POLICÍA LO ANALICE
El exministro argumenta que la terminal ya fue examinada, sin éxito, en busca de los mensajes que le incriminan en el ‘caso Kitchen’
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un escrito en el que se opone a que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional analice su teléfono móvil en busca de información sobre la Operación Kitchen, la trama parapolicial que espió ilegalmente, en 2013, al extesorero del PP Luis Bárcenas. Fernández Díaz, imputado en la causa, considera que en enero ya se hizo una comprobación del contenido en el juzgado y que plantear nuevas pesquisas resulta “improcedente”. También destaca que, dada su condición de antiguo titular de la cartera de Interior, la terminal “puede contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos que son objeto de investigación en la causa”.
El magistrado solicitó a Fernández Díaz que entregase su móvil el pasado 13 de noviembre, tras terminar el tenso careo judicial que había mantenido con su antiguo número dos en el ministerio, Francisco Martínez, y en la que el exministro negó ser el autor de los mensajes enviados al móvil de su excolaborador en el que se recogían detalles e instrucciones sobre el operativo de espionaje a Bárcenas. El juez consideró entonces que examinar el contenido del teléfono móvil era “esencial” para confirmar si Fernández Díaz había remitido esos mensajes y, por tanto, estaba al tanto de la Operación Kitchen, que fue financiada con fondos reservados y que se acometió a espaldas del juez Pablo Ruz, instructor en aquel momento de la pieza separada del caso Gürtel sobre los papeles de Bárcenas.
El mismo día en que el magistrado pidió el móvil, Fernández Díaz aclaró que ya no tenía el terminal que había usado en la etapa de los supuestos mensajes, pero sí el que lo sustituyó. No obstante, la defensa del político optó por no depositarlo en ese momento, aunque se mostró dispuesta a hacerlo en los días siguientes. Al final, lo entregó más de dos meses después, el pasado 22 de enero. Según afirma ahora en el escrito con el que pretende impedir que la Policía rastree su contenido, lo hizo de “de buena fe” y sirvió para comprobar que “efectivamente no existían los mensajes” que presuntamente intercambio con su antiguo número dos “en ninguna de las dos aplicaciones de mensajería SMS y Whatsapp”. Pese a ello, el teléfono quedó depositado en el juzgado, al considerarlo el magistrado “verdadero cuerpo del delito” en una resolución anterior.
El pasado 23 de febrero, un mes después de la entrega del móvil, una diligencia de ordenación de la causa pidió a los policías que participan en la investigación que informasen al juzgado sobre posibles diligencias con el teléfono “que puedan ser objeto de interés para la investigación” antes de devolvérselo al exministro. Este escrito es el que ahora ha provocado la respuesta de la defensa del político, que en un recurso del pasado lunes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera la medida como “una diligencia de investigación claramente prospectiva” que puede derivar en “una investigación genérica del teléfono móvil del señor Fernández Díaz sin límites ni fines concretos”, lo que considera que vulnera su derecho a la intimidad.
En el recurso, el abogado de Fernández Díaz alega que este tipo de diligencias no lo puede acordar el letrado de la Administración de Justicia, que es quien firma la diligencia de ordenación, sino el magistrado. E insiste en que tampoco se puede dejar en manos de la Policía la decisión sobre esas diligencias. El escrito recuerda que, cuando se entregó el móvil, el exministro ya pidió que se adoptaran “las medidas de seguridad oportunas y necesarias para garantizar la confidencialidad y reserva respecto al contenido del teléfono móvil”, porque podía contener “información muy sensible” dado el cargo que Fernández Díaz ocupó en el gobierno de Mariano Rajoy. El texto añade que la medida sería “improcedente e inútil” para la investigación. Por todo ello, pide que se declare la nulidad de la diligencia de ordenación y quede sin efecto el requerimiento hecho en ella a la Policía.
Frente a la posición de Fernández Díaz de impedir que se la Policía analice el contenido del móvil, su antiguo número dos en Interior solicitó en diciembre al juez que se rastreara el tráfico de llamadas y mensajes del teléfono móvil de su exjefe entre los meses de julio y octubre de 2013. En esas fechas, Fernández Díaz supuestamente le envió los SMS en los que le informaba, en primer lugar, de la existencia de Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas que se convirtió en confidente policial; y, en segundo, del éxito en la operación para acceder al contenido de dos teléfonos móviles del extesorero. Martínez levantó dos actas notariales meses antes de su imputación para dejar constancia de la existencia de los mismos.
Para ello, Martínez solicitó al magistrado que reclamase a Interior copia de la factura correspondiente al número de teléfono que tuvo asignado Fernández Díaz mientras estuvo al frente del departamento, y en la que deben figurar tanto la fecha y la hora de las llamadas y mensajes entrantes y salientes que se hicieron desde el terminal. En caso de que no se guardase dicho documento, el ex secretario de Estado pedía que el ministerio informase de qué compañía de telefonía prestaba el servicio para solicitarle la misma información. Hasta el momento, el magistrado no ha resuelto sobre esta petición de diligencias.
DOS POLICÍAS CONFIRMAN AL JUEZ QUE CLONARON EL MÓVIL DE BÁRCENAS SIN CONTROL JUDICIAL
Los agentes relatan que usaron un programa israelí para extraer los datos de los dispositivos sustraídos al extesorero del PP
Dos agentes de la Policía Nacional han confirmado al juez del caso Kitchen que en octubre de 2013 se encontraron en un restaurante de la cadena VIPS con Sergio Ríos, entonces chófer de la familia de Luis Bárcenas, y que duplicaron, sin ningún tipo de control judicial y sin dejar registro de nada, el contenido de al menos dos dispositivos electrónicos (una tableta y un teléfono móvil) que les facilitó el conductor del extesorero popular. Según han detallado fuentes jurídicas, ambos han contado que esta cita se produjo por orden de su entonces superior, el comisario Enrique García-Castaño, conocido como El Gordo e imputado en esta causa abierta en la Audiencia Nacional, donde se investiga la trama de espionaje urdida en el Ministerio del Interior tras estallar el caso de los papeles de Bárcenas para arrebatarle supuestamente material comprometedor para altos cargos del PP.
El magistrado instructor Manuel García-Castellón ha escuchado este lunes a los dos agentes, un jefe de sección y un técnico que trabajaban en 2013 a las órdenes de García-Castaño, que ejercía entonces como máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de las operaciones encubiertas. El juez los ha citado como testigos y, según han detallado fuentes jurídicas presentes durante sus declaraciones, ambos han mantenido la misma versión que ofrecieron en junio de 2019 ante la Unidad de Asuntos Internos que investiga Kitchen.
Según el relato de los dos policías, aunque no recuerdan el día exacto, el comisario llamó a uno de ellos en octubre de 2013 —apenas tres meses después de que Bárcenas tirara de la manta por primera vez ante al juez Pablo Ruz— para que se dirigieran inmediatamente hasta la cafetería VIPS de la calle de Velázquez, en Madrid. Una vez allí, tras sentarse en una mesa, esperaron a García-Castaño, que llegó a los pocos minutos acompañado de un varón al que “en ese momento no conocían de nada”, pero que ahora reconocen como Sergio Ríos. El conductor de Bárcenas, al que su superior presentó simplemente como un “confidente”, sacó entonces de una bolsa dos dispositivos electrónicos y se los entregó.
El técnico procedió en la misma cafetería al volcado del móvil y la tableta en un ordenador. Según contó en 2019, ese proceso duró apenas una hora. Y para llevarlo a cabo, según ha añadido este lunes, utilizó un sofisticado programa israelí denominado Cellebrite que permite extraer los datos sin necesidad de tener las contraseñas de acceso. Según han explicado fuentes jurídicas, el agente ha especificado que ni siquiera hace falta que los aparatos estén encendidos y que, una vez que finalizaron la operación, él y su compañero se marcharon del restaurante hacia al complejo policial de Canillas.
Al día siguiente, el mismo técnico descodificó la información extraída de ambos dispositivos y la guardó en un pincho, que entregó a su jefe de sección, quien a su vez se lo dio a García-Castaño. Este último ha asegurado que en ese momento acudió a ver al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a quien facilitó la tarjeta de memoria. Según mantiene el ex comisario jefe de la UCAO, Martínez estaba al tanto y dirigía todo este entramado para sustraer material sensible a Bárcenas. “Él me dijo en su despacho que la preocupación que hay es que Bárcenas se ha llevado, no sé como lo ha hecho, unos discos duros. Y que en esos discos duros está toda la contabilidad. Las donaciones que se daban, no se sabe cuántas recibía y cuántas se quedaba...”, narró El Gordo, que fue el primero en desvelar esta cita en el restaurante tras comenzar hace dos años a colaborar con la justicia.
Los agentes han asegurado al juez este lunes que ellos no llegaron a analizar el contenido extraído de los dispositivos sustraídos a Bárcenas. Uno de ellos, además, explicó a Asuntos Internos que, tras entregar la memoria electrónica a García-Castaño, eliminó todos los datos volcados a su ordenador. Lo hizo mediante un ”procedimiento de borrado seguro, tras el cual resulta imposible la recuperación de dichos datos”.
Nuevo informe de Asuntos Internos
La Unidad de Asuntos Internos ha informado al juez que ninguna de las empresas del grupo encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, conocido como Cenyt y que se encargaba de elaborar informes de espionaje a cambio de dinero, estaba autorizada para la prestación de servicios como detectives privados. “Ninguna de las mercantiles está inscrita ni lo ha estado en el Registro Nacional de Seguridad Privada”, apunta el informe de la Unidad.
EL EXDAO EUGENIO PINO: "COSIDÓ LO SABÍA TODO" DE LA OPERACIÓN KITCHEN
La SER accede a los audios inéditos de la declaración del exDAO de la Policía Nacional, Eugenio Pino, quien afirmó ante el juez que tanto el exdirector del cuerpo policial como el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, conocían el operativo para espiar a Bárcenas. Pino también identifica las siglas "MC" como las de "María Dolores de Cospedal" pero afirma que solo la implicó en un chat por "especulación"
El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, declaró como imputado el pasado mes de diciembre ante el juez que instruye la investigación de la supuesta operación de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, mediante fondos reservados.
Los audios de aquel interrogatorio, a los que ha accedido la SER, eran desconocidos hasta la fecha, y confirman que la cúpula del Ministerio del Interior, según el jefe policial, estaba al corriente de todo el operativo desde el principio.
Pino afirma que el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, no solo estaba al tanto, sino que recibía información de más personas a parte de él mismo, porque "a las dos horas" de haberle comunicado los seguimientos, Martínez ya le habló de la existencia de un confidente.
Eugenio Pino asevera además que el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó "lo sabía todo" sobre Kitchen, porque despachaba de forma habitual con él y "yo se lo contaba todo", concluye rotundo el exdirector adjunto operativo.
El exDAO, quien afirma que "jamás" habló del asunto con el entonces Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también imputado en la causa, identifica además las siglas "MC" y el apelativo "el maridísimo", que escribe en una cadena de chats con Francisco Martínez. Dice Eugenio Pino que el acrónimo se corresponde con "María Dolores de Cospedal", la exministra y exsecretaria general del PP, y que "el maridísimo" era su esposo, Ignacio López del Hierro. En el chat, Martínez y Pino se refieren a ellos como personas que estaban al tanto de la operación, pero ante el juez, el exdirector general de la policía dijo que su afirmación era una "mera especulación".
Preguntado Eugenio Pino si Francisco Martínez estaba preocupado porque Villarejo hubiera grabado sus conversaciones, el exDAO contestó lacónico que estaba convencido de que era así porque el comisario jubilado estaba grabando "desde que el mundo es mundo".
Eugenio Pino también relató ante el juez cómo comenzó, según su opinión, el conocido como caso Villarejo. A preguntas del fiscal afirmó que todo empieza cuando el comisario jubilado le revela un día que había llegado a su despacho de abogados el asunto de la princesa Corinna, y le pide apoyo para desde la dirección general de la Policía Nacional para investigar el caso. Pino, según su relato, se niega y emite un decreto mediante el que prohíbe a Villarejo cualquier pesquisa al respecto porque "afectaba a un aforado" como Juan Carlos I y Corinna era "una ciudadana extranjera" contra la que España carecía de jurisdicción.
El exDAO sostiene que acude a la Casa Real y cuenta los hechos al "segundo jefe de seguridad, para que lo comunique a su superioridad" y también al general "Sanz Roldán, del CNI", comunicándole que Villarejo "tiene las cintas preparadas".
Eugenio Pino afirma que Sanz Roldán le pide que le diga dónde guarda las grabaciones para intervenírselas y Pino trata de disuadirle porque estaba seguro de que tenía muchas copias y las iba a "soltar por todo el mundo". Pino asevera que le dijo a Sanz Roldán que no "entrara ahí" porque "iba a perjudicar a la monarquía".
"Inmediatamente" después, siempre según Pino, en una operación "típica de los servicios de información", el Centro Nacional de Inteligencia hizo estallar el caso Villarejo mediante una "denuncia anónima" de un ciudadano guineano "que debía mucho dinero" y que según Pino, se prestó a colaborar.
https://cadenaser.com/ser/2021/03/01/tribunales/1614623280_290086.html
GÓMEZ GORDO, ENTRE LOS COMISARIOS QUE HAN DISFRUTADO DE LAS VIVIENDAS GRATUITAS PARA POLICÍAS QUE ARP PIDEN ABOLIR
Se trata de inmuebles oficiales cuyo coste para el erario público se desconoce y que incluyen todo tipo de servicios gratuitos
Esta semana, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha concedido un plazo de diez días hábiles al Ministerio del Interior para que detalle cuántos policías nacionales residen en viviendas oficiales y qué carga supone esto para el erario público.
Se trata de inmuebles de cuyo uso, mantenimiento y servicios (agua, luz, gas, etc) disfrutan algunos funcionarios de la Escala Superior, cuya concesión, heredada de tiempos no democráticos, no está regulada en ningún tipo de norma de la Dirección General de la Policía o disposición ministerial.
En algunos casos se les atribuye a funcionarios “más por actuaciones al servicio de los políticos de turno, que por sus méritos profesionales”, denuncia a ELPLURAL.COM Luis Miguel Lorente, Coordinador General de la Agrupación Reformista de Policías (ARP), quien pone como ejemplo el caso del comisario Andrés Gómez Gordo, exjefe de Seguridad de la ex presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, investigado en el Caso Kitchen por el espionaje a Bárcenas e imputado por las presuntas irregularidades que rodearon la proyección de la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid, en la firma de tres contratos relacionados con la seguridad del recinto cuando era su director de Seguridad.
“Su primer destino como comisario en 2019 fue en la Brigada provincial de Seguridad Ciudadana de Alicante y a su llegada pudo disfrutar de la vivienda que está en la parte superior de la comisaría de distrito centro, antiguamente comisaría provincial”, recuerda Lorente, quien llama la atención también sobre las dificultades que entonces tenían muchos compañeros para encontrar casa en una ciudad marcada por el alquiler turístico. Por eso “ya en su día lo denunciamos”.
Y es que, aunque ahora se ha vuelto a poner el foco en este asunto, este sindicato ya dirigió un escrito en octubre de 2020, solicitando al ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska la abolición de este tipo de concesiones que “chocan con los derechos e igualdades del resto de funcionarios dependientes de la Administración General del Estado”.
En ese mismo texto, ARP proponía transformar estas viviendas en dependencias de uso común para el resto de funcionarios, lugares de descanso durante la jornada laboral, vestuarios, dado el hacinamiento de taquillas que hay en muchas instalaciones o guarderías para hijos de policías, con el fin de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
Estos centros de educación infantil, precisaban, deberían ser atendidos por personal docente contratados por el Ministerio del Interior, con cargo al Programa de Acción Social de la Dirección General de la Policía, y una cuantía simbólica, por parte de los funcionarios.
Y con el dinero que se ahorraría, además, se podría incrementar el presupuesto para material de antibalas-anticortes, pistolas eléctricas taser, etc).
Una policía del S. XXI
El de las viviendas es solo uno de los muchos aspectos sobre los que la Agrupación Reformista de Policías ha llamado la atención desde su creación a finales de 2016. Este sindicato lucha por dejar atrás algunas de las prácticas de épocas preconstitucionales que todavía perduran en el cuerpo, “los vicios del pasado”, y por consolidar la policía del futuro.
El camino no está siendo nada fácil y es que su denuncia sobre algunos de los privilegios y abusos de altos cargos le ha supuesto a su coordinador, Luis Miguel Lorente, la apertura de varios procedimientos disciplinarios que, finalmente se han resuelto de forma favorable para este policía que cuenta con varias condecoraciones y es integrante de la Orden al Mérito Policial y que llegó a ser intimidado con un revólver por un inspector.
“La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del año 1986 estuvo bien para su tiempo, pero ahora hay varios aspectos de la misma que es necesario cambiar y adaptar a las nuevas sensibilidades de la ciudadanía”, subraya Lorente.
“Nuestro modelo de seguridad pública apuesta por la creación de una Comisión Parlamentaria para el estudio, elaboración y aprobación de una Ley de Seguridad Estatal basada en los principios de defensa de los derechos y las libertades de los españoles, así como la defensa de los derechos humanos de todos los residentes en territorio nacional bajo el concepto de actuación de un cuerpo civil, es decir, no sujetos a otras intenciones”, recalca.
Los sucesos de las últimas semanas que han tenido como protagonista a la Policía no son, a su juicio, casualidad, sino un síntoma más de la situación actual y de la necesidad de cambio.
EL JUEZ INVESTIGA AL EX ‘NÚMERO DOS’ DE FERNÁNDEZ DÍAZ POR REUNIRSE CON UN COLABORADOR DE VILLAREJO QUE VENDÍA SECRETOS
La Policía detectó el pasado 11 de septiembre el encuentro en Madrid de Francisco Martínez, ya entonces imputado, con un preso cercano al comisario
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado citar a declarar como investigado al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por la reunión que mantuvo, hace cinco meses, con un presunto integrante de la trama urdida por el comisario jubilado José Manuel Villarejo desde la cárcel para vender secretos de Estado, según ha adelantado La Razón y ha confirmado EL PAÍS en fuentes jurídicas. La citación de Martínez, ya imputado por la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional en el que se desvelaba la celebración de un encuentro, el pasado 11 de septiembre, entre el ex número dos de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy y Alfonso Pazos, un recluso que compartió celda con Villarejo en la cárcel de Estremera (Madrid) y que presuntamente intentaba vender documentación policial, parte de ella sometida a la ley de secretos oficiales, bajo las directrices de este último.
Según el informe policial, al que ha tenido acceso este diario, los agentes detectaron que Pazos y su pareja sentimental, María Ascensión Fernández, también investigada en la causa, se desplazaron ese día desde su domicilio en Andoain (Gipuzkoa) a Madrid en su coche particular. Tras llegar a la capital sobre las 17.45, ambos se dirigieron al Hotel Meliá Torre, situado en la céntrica Plaza de España, donde llegaron sobre las 18.10. Los agentes destacan que el recluso portaba una mochila de color negro y su compañera, una “maleta tipo trolley”.
Una vez en el hotel, los agentes detallan que Pazos se dirigió a la cafetería para reunirse allí, en una mesa separada del resto de los clientes, con Martínez, quien ese momento ya estaba imputado por el espionaje a Bárcenas en 2013, pero que aún no había declarado como tal ante la Audiencia Nacional. Lo haría a finales de octubre. Más tarde, también participó en un careo con quien había sido su jefe, el exministro Jorge Fernández Díaz. Días antes de su encuentro con el colaborador de Villarejo, el ex número dos de Interior había asegurado a periodistas de EL PAÍS iba a contar el juez “todo” lo que sabía.
Los policías destacan en su informe que el recluso y el ex alto cargo del Gobierno de Rajoy conversaron “durante un tiempo aproximado de una hora”. “A las 19.18, Francisco Martínez abona con tarjeta de crédito las consumiciones que ambos estaban tomando y, tras despedirse de Alfonso Pazos, procede a abandonar el hotel por el hall principal. Alfonso Pazos permanece en la cafetería del hotel pidiendo otra consumición”, recoge el documento policial. Uno de los agentes siguió durante unos minutos al ex secretario de Estado, al que observa entrar en una estación de Metro próxima.
Tras incorporarse a la causa el documento policial, Anticorrupción pidió al juez que citase a Martínez en calidad de investigado para poder interrogarle sobre el objeto de la reunión y si el supuesto colaborador de Villarejo le facilitó algún tipo de información. Las pesquisas han revelado que Pazos, un exmilitar que ejerce de abogado y que en aquel momento cumplía condena en semilibertad en la cárcel de Logroño, “aprovechaba las salidas realizadas con ocasión de los permisos penitenciarios de que disfrutaba para mantener reuniones y contactos con diferentes personas, a fin de distribuir, facilitar o negociar con la documentación a disposición del investigado José Manuel Villarejo”, en prisión desde su detención en noviembre de 2017, según destaca la Fiscalía en su último escrito. Anticorrupción destaca en el mismo que era el comisario quién supervisaba estas gestiones.
Esta trama se investiga en una pieza aparte, la número 28, de la macrocausa abierta tras la detención de Villarejo dentro de la Operación Tándem. Los investigadores señalan que el presunto objetivo de la trama, que fue desmantelada el pasado octubre, era conseguir fondos, ya que supuestamente pedían dinero por documentación confidencial, en parte procedente de la propia policía y catalogada como secreto oficial, que había atesorado Villarejo antes de su arresto. De hecho, sus integrantes habían enviado a varios periodistas, entre ellos uno de EL PAÍS, y a otras personas documentación sobre la Operación Cataluña —actuaciones policiales contra el independentismo—, el rey Juan Carlos, o sobre Podemos y su líder, Pablo Iglesias, entre otros.
Villarejo siempre ha alardeado de conservar material comprometedor para personas e instituciones. En febrero de 2017 —nueve meses antes de su arresto— y cuando el comisario ya intuía que era investigado y se mostraba convencido de que en cualquier momento un juez iba a ordenar el registro de su vivienda, presumía ante un periodista de que tenía grabaciones escondidas: “Le diré al secretario [judicial]: tome nota, que se llevan esto, una declaración jurada de una señora que se llama Corinna [en referencia a Corinna Larsen, examiga íntima de Juan Carlos I], no sé qué dice esto, aquí está”. En ese mismo audio el comisario se jactaba de tener copias: “No se preocupe porque la rompa porque tengo muchas copias (...) ¡Pero tonto, si tengo siete copias obviamente! Tengo siete copias y tres de ellas, en el extranjero”.
Tres meses después, aún en libertad, Villarejo amagó por primera vez con utilizar documentos confidenciales ante la justicia. Fue en la denuncia que presentó en mayo de 2017 en la Audiencia Nacional contra el entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán. En aquella denuncia —que finalmente no fue admitida a trámite— el comisario aseguraba tener 23 dosieres sobre otras tantas actuaciones presuntamente irregulares del servicio secreto.
EL CHÓFER DE BÁRCENAS DECLARA QUE INFORMÓ A COSPEDAL DEL ESPIONAJE A TRAVÉS DE UN ENLACE
Sergio Ríos ha asegurado al juez García-Castellón que proporcionó información a la ex secretaria general a través de un policía de su confianza, el comisario Andrés Gómez Gordo
La investigación de la operación Kitchen sobre el presunto espionaje ilegal a Bárcenas apunta ya directamente a María Dolores de Cospedal. El antiguo chófer del extesorero, Sergio Ríos, ha confesado que proporcionó información del antiguo contable del PP a la entonces secretaria general del partido a través de un policía de su confianza, el comisario Andrés Gómez Gordo. El empleado de Bárcenas también ha implicado en la operación al marido de la expresidenta de Castilla-La Mancha (2011-2015) y exministra de Defensa (2016-2018), el empresario Ignacio López del Hierro, aseguran a El Confidencial fuentes próximas al procedimiento. Las revelaciones de Ríos han provocado un salto en las diligencias. La instrucción se centraba hasta ahora en la relación del conductor con los policías del dispositivo presuntamente clandestino que dirigió el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para anticiparse a los movimientos de Bárcenas y tratar de sustraerle pruebas comprometedoras para el Gobierno de Mariano Rajoy. Ríos ha reconocido ante el juez del caso, Manuel García-Castellón, que efectivamente cooperó con los agentes de esa operación, bautizada con el nombre de Kitchen. Los policías tuvieron acceso a tres teléfonos antiguos de su jefe. Los aparatos fueron clonados.
Sin embargo, el chófer de Bárcenas también ha revelado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 que mantuvo un segundo canal de colaboración con el entorno de Rajoy en el que habría tenido un papel clave Cospedal y que funcionó en paralelo al dispositivo de Interior. Según Ríos, por esa otra vía que no había trascendido hasta el momento, facilitó el grueso de la información que obtuvo durante la vigilancia y los seguimientos a Bárcenas y su familia. Su enlace con la ex secretaria general de Génova fue supuestamente el policía Gómez Gordo, que previamente había trabajado para la dirigente como jefe de Seguridad durante su etapa como presidenta del Ejecutivo castellanomanchego. El nombre de este funcionario ya había aparecido en las diligencias. Varios investigados aseguran que se encargó de captar al conductor y participó en el espionaje. Pero Ríos le atribuye un rol más relevante, al situarlo como el enlace designado por Cospedal para hacerle llegar la información más sensible sobre el extesorero. En sus declaraciones, Ríos ha llegado a indicar que no tenía "duda alguna" de que la máxima responsable del PP en la etapa se encontraba al tanto de los datos que iba proporcionando.
Ríos también habría explicado que la operación de vigilancia arrancó antes de lo que se creía hasta ahora. El espionaje de Interior comenzó teóricamente coincidiendo con la entrada de Bárcenas en la cárcel, en junio de 2013. Sin embargo, según el chófer, el Partido Popular se habría movilizado meses antes para convencer al antiguo contable de que era una persona de confianza y podía contratarlo como conductor. Fue Génova quién logró situarlo en una posición privilegiada para controlar la estrategia de Bárcenas. En el marco de esta pieza, el instructor Manuel García-Castellón tomará declaración este lunes a Bárcenas. En su confesión, remitida a Anticorrupción, asegura que le han resultado "desalentadores" los hechos desvelados en Kitchen. "Estas actuaciones han llegado hasta el punto de lograr la sustracción de documentación sensible al Partido Popular". "Desaparecieron 'pendrives' y diversos papeles que eran comprometedores en esta pieza y en otras", añadía.
El futuro de Cospedal
La información proporcionada por Ríos compromete el futuro procesal de la exministra de Defensa. La Fiscalía solicitó al inicio de la causa su imputación, al considerar que tenía un "interés personal en que la operación tuviera éxito" por dos motivos: uno "directo, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma"; y otro "indirecto, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor de otros altos dirigentes del mismo". Sin embargo, el instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón, consideró que no había suficientes pruebas para incriminarla y centró las pesquisas en su compañero Fernández Díaz y el resto de la cadena de mando de Interior. El grueso de la instrucción se centraba hasta ahora precisamente en la presunta operación policial para captar al conductor en pleno escándalo de la caja B. Las primeras pistas de este operativo fueron localizadas en noviembre de 2017 en los registros de las viviendas y oficinas del comisario Villarejo.
La policía halló los comprobantes del pago a Ríos de 2.000 euros mensuales de fondos reservados a cambio supuestamente de que facilitara datos sobre los planes de su jefe y su círculo de confianza. Los recibos destaparon la existencia de un dispositivo de seguimientos liderado por Interior, con Fernández Díaz a la cabeza Los recibos destaparon la existencia de un dispositivo de seguimientos liderado por Interior, con Fernández Díaz a la cabeza, y en el que tuvieron un papel clave los comisarios Enrique García Castaño, alias 'el Gordo', y el entonces responsable de Asuntos Internos y principal enlace policial con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Marcelino Martín-Blas. Villarejo se habría encargado de pagar los 2.000 euros mensuales a Ríos y reunirse periódicamente con él para mantener engrasada la relación.
Varios de esos encuentros fueron grabados por el presunto cabecilla de Tándem y los audios están incorporados al sumario. El testimonio de Ríos dibuja un escenario distinto al introducir a Cospedal como principal destinataria de la información que obtuvo durante el espionaje a Bárcenas. El chófer comenzó a colaborar con la Justicia el pasado octubre, tras cambiar su representación letrada en el procedimiento. Junto con su nuevo abogado, Javier Vasallo, había elaborado un guion con la documentación y material obtenidos con la intención de entregarlos en el juzgado.
Cuando Asuntos Internos registró su vivienda y encontró dos teléfonos móviles y un disco duro con archivos supuestamente relacionados con este caso, localizó también estos apuntes, aseguran las fuentes consultadas.
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-02-15/chofer-barcenas-informo-cospedal-espionaje_2950591/
VILLAREJO ANOTÓ EN SU AGENDA 28 MENCIONES AL MARIDO DE COSPEDAL EN MENOS DE UN AÑO
El macrosumario que instruye la Audiencia Nacional incluye el cuadernillo en el que el comisario anotaba las gestiones que realizaba y con quién hablaba / El juez no ve indicios sólidos para imputar ni a López del Hierro ni a la ex dirigente del PP
El comisario ya jubilado José Manuel Villarejo anotó 28 veces en el plazo de un año las iniciales «ILH» en el cuadernillo negro en el que escribía de su puño y letra las gestiones que realizaba y detallaba la identidad de las personas con las que hablaba telefónicamente o se reunía. «ILH» es la abreviatura de Ignacio López del Hierro, esposo de la ex número dos del PP María Dolores de Cospedal.
En las actuaciones que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón consta una copia digitalizada de la agenda que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional intervino al antiguo agente encubierto cuando registró su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid) el día de su detención, el 3 de noviembre de 2017. Los investigadores han rastreado pistas en ese documento acerca de los negocios privados que Villarejo compaginó con su papel como funcionario y sobre los que se indaga en una treintena de piezas separadas del caso Tándem.
De momento, frente a la posición mantenida por la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha descartado imputar a De Cospedal y López del Hierro en el caso Kitchen -el operativo «parapolicial» puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 2013 para robar presuntamente a Luis Bárcenas documentación comprometedora del PP- al no apreciar «indicios tangibles» de una actuación penalmente reprochable por parte del matrimonio y existir tan sólo «hipótesis» sustentadas por ahora en «referencias de terceros».
El 13 de julio de 2016, cuando ya llevaba casi un mes jubilado, Villarejo anotó en su libreta: «Café en [el hotel] Villamagna a las 16.45. Aviso para que pongan orden y cesen ya a Cosi [en alusión a Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía]. Quedó en transmitirlo todo». Su interlocutor aquel miércoles por la tarde en el conocido establecimiento de lujo madrileño había sido López del Hierro, al que conocía desde al menos siete años antes y al que se refiere en conversaciones con terceros con el apodo de El Polla.
El empresario sevillano fue la persona que se encargó de los preparativos y que estuvo presente en la reunión que María Dolores de Cospedal -entonces secretaria general del PP- mantuvo con Villarejo el 21 de julio de 2009 en la sede nacional del partido, en la madrileña calle Génova. Aquella cita tuvo lugar meses después de que el juez Baltasar Garzón hubiera detenido a los cabecillas de la trama Gürtel y justo en la víspera de que Luis Bárcenas -senador en aquellas fechas- compareciera en el Tribunal Supremo como «imputado provisional» tras conocerse que había multiplicado por cuatro su patrimonio en cinco años y no había declarado 1,3 millones de euros en ingresos entre 2002 y 2003.
El juez del ‘caso Kitchen’ no aprecia por ahora indicios sólidos para imputar ni a López del Hierro ni a De Cospedal
«Yo te recojo en un coche con los cristales tintados donde tú me digas, vamos a Génova, entramos en el garaje y de ahí a un ascensor al despacho de María Dolores. Luego sales por el garaje y el coche te lleva donde tú digas. Y punto», le indicó López del Hierro a Villarejo, que grabó aquella conversación a espaldas de su interlocutor. La difusión de las cintas por parte del portal moncloa.com a finales de octubre de 2018 precipitó la salida de la política de De Cospedal, que dimitió como miembro de la ejecutiva del partido ya liderado por Pablo Casado y renunció a su acta de diputada.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene también que fue López del Hierro la persona que en 2013 puso en contacto al entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo -responsable de la seguridad de María Dolores de Cospedal como presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha- con Villarejo para que éste «manipule» al chófer de la familia Bárcenas Iglesias y accediera a colaborar en la Operación Kitchen, a lo que accedió a cambio de cobrar de los fondos reservados del Ministerio del Interior 2.000 euros al mes durante dos años.
Cita en el Hotel Villa Magna
El 7 de noviembre de 2016, tres días antes de que la ex presidenta castellano-manchega hubiese asumido la cartera de Defensa, Villarejo y López del Hierro volvieron a verse en el mismo hotel madrileño (Villa Magna) y a la misma hora (16.45). «Hoy receptivo a nombrar a Oli DAO». El policía entonces ya retirado se estaba refiriendo a José Luis Olivera, ex director del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que aspiraba a suceder a Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional. No fue el mando finalmente elegido por el ministro Juan Ignacio Zoido para desempeñar dicha responsabilidad sino Florentino Villabona, hoy al frente de la Dirección de Integridad y Seguridad de Laliga.
La cobertura de la plaza del DAO y la pretensión de que fuera ocupada por el comisario principal Olivera volvió a salir a relucir en el encuentro que, a la luz de la anotación reflejada en el citado cuadernillo, debieron mantener el 23 de noviembre de 2016 en el bar-restaurante Milford de Madrid. «El número 2 es a tope de MD», redactó.
Anotación de Villarejo de un encuentro con Ignacio López del Hierro (‘ILH’) el 23 de noviembre de 2016.
Villarejo dejaba constancia de que el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, pertenecía al sector del PP afín a María Dolores de Cospedal y ello teóricamente jugaba a favor del nombramiento de José Luis Olivera. Ex alcalde de Córdoba, Nieto fue la persona elegida por Zoido como mano derecha en Interior tras su designación como ministro el 4 de noviembre de aquel año y sustituía a Francisco Martínez, número dos en la etapa de Jorge Fernández Díaz e imputado en el caso Kitchen.
El hecho de que el tándem Zoido-Nieto estuviera alineado con María Dolores de Cospedal en el partido trató de utilizarlo Villarejo en su favor ante López del Hierro. De las 13 anotaciones que hizo en su agenda el 15 de febrero de 2017, dos semanas después de que Interior anunciara el nombramiento de Villabona como DAO, la primera detalla lo siguiente: «IHL: Queda en contestar una posible entrevista con el sec. Estado o con el ministro».
Referencia a un encuentro mantenido por José Manuel Villarejo con el esposo de De Cospedal el 15 de febrero de 2017.
Según se ha conocido con las grabaciones que le intervino Asuntos Internos, José Manuel Villarejo ya iba aireando en aquellas fechas que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había abierto un «caso ya formal» contra él y que un juez habría autorizado la intervención telefónica «para hacer lo de la seguridad del Estado». Así se lo trasladó al comisario principal Enrique García Castaño, El gordo, en una conversación tras la destitución de éste como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía. «Yo estoy deseando que registren mi casa, eh. ¡Que la registren!», comentó desafiante.
Semanas antes, concretamente la víspera del día de Reyes, Villarejo ya había constatado que Ignacio López del Hierro estaba «mosca con la vice y Pico», sin reflejar más detalles. La «vice» era Soraya Sáenz de Santamaría, de la que dependían los servicios secretos, y «Pico» era María González Pico, la directora de gabinete de la número dos del Gobierno de Rajoy.
«IHL: Hoy mosca con la Vice y Pico. Quedamos en vernos después de Reyes», anotó el antiguo agente encubierto
«Propone tomar café (le mandé mensaje duro). Le doy largas a mañana», consignó el antiguo agente encubierto el 23 de mayo de 2017. Al día siguiente debió verse con el marido de María Dolores de Cospedal nuevamente en el Hotel Villa Magna. En su dietario, aquella cita la resumió en 16 palabras: «Dice que la Cospe llamó ayer a Zoilo [en alusión a Juan Ignacio Zoido] y le abroncó por el tratamiento hacia mí».
Más enigmática es la referencia que hizo constar el 24 de junio de 2017 tras otra cita con López del Hierro. «Aparentemente muy tranquilo y espera que con esto se acabe la guerra de S. Roldán». La persona aludida era Félix Sanz Roldán, entonces al frente del CNI y con quien mantenía una guerra abierta. De hecho, Villarejo ve la mano del general conquense tras el procedimiento que propició su detención en noviembre de 2017.
Según ha podido comprobar este diario, la última referencia que aparece en el cuadernillo negro está fechada el 3 de julio de 2017. El comisario jubilado y López del Hierro volvieron a encontrarse en el hotel de costumbre. «Dice que hablará para que MAZ y el Ministro de I. actúen para que me dejen en paz. Tema Cataluña«, escribió.
Última referencia a encuentros mantenidos con Ignacio López del Hierro que se detalla en la agenda del comisario jubilado.
Justo cuatro meses después, agentes de la Unidad de Asuntos Internos se personaron con una orden judicial en su domicilio de Boadilla del Monte y detuvieron a José Manuel Villarejo, que dos días después fue enviado a prisión por la juez Carmen Lamela. Desde entonces sólo ha salido de la prisión de Estremera para ir al hospital y a la Audiencia Nacional o a los juzgados de Madrid para declarar en diversos procedimientos.
LUIS BÁRCENAS CONFIESA AL JUEZ QUE LE ROBARON UNA GRABACIÓN DE MARIANO RAJOY SOBRE LA 'CAJA B' DEL PP
El extesorero declara como testigo durante más de hora y media sobre la operación Kitchen. Afirma que la policía política del PP le robó una grabación a Rajoy que probaría que conocía la doble contabilidad de la formación conservadora y documentos que involucran al partido
En su declaración como testigo al titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que permanece bajo secreto, Bárcenas ha manifestado que le fue sustraído un pendrive con documentación sensible y grabaciones. La más relevante, según el extesorero, la realizada al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el momento en el que Bárcenas le entregó los últimos apuntes de la caja b del PP y una copia de recibís y otras pruebas de esa caja negra, que supuestamente, Rajoy destruyó con la trituradora de papeles de su despacho en la sede central de la formación conservadora.
El extesorero también dice que la 'policía política' del PP que le espió durante meses, le robó documentación comprometedora para la formación política en distintos procedimientos. Entre ellos, sobre la caja b del partido.
Bárcenas ha explicado al juez que si ahora ha decidido contar la que sabe, en contra de sus anteriores declaraciones, ha sido por confiar en el partido, que le prometió que su esposa no entraría en prisión si guardaba silencio.
https://cadenaser.com/ser/2021/02/15/tribunales/1613388171_675193.html
LOS CUADERNOS SECRETOS DE VILLAREJO: “MUY RECEPTIVA COSPE. PENDIENTE DE SU RESPUESTA”
El comisario jubilado anotó en tres libretas de manera detallada sus contactos y conversaciones con empresarios, policías, políticos y periodistas
El comisario jubilado José Manuel Villarejo anotaba minuciosamente en cuadernos las reuniones, mensajes y llamadas que intercambiaba con empresarios, policías, periodistas y políticos. Tres de estas libretas cayeron, junto a otros documentos en formato papel y digital, en manos de la Policía cuando, en noviembre de 2017, registró su domicilio en Boadilla del Monte (Madrid) tras detener al comisario como presunto cabecilla de la trama parapolicial desmantelada en la Operación Tándem. EL PAÍS ha tenido acceso al contenido íntegro de estos documentos, que recogen notas desde el 9 de mayo de 2016 hasta semanas antes de su arresto, año y medio después. Estos cuadernos contienen numerosos indicios que la Fiscalía Anticorrupción y la Policía han incluido en sus informes para sostener las graves acusaciones que mantienen en prisión al comisario.
Las anotaciones de las libretas, todas fechadas, revelan los intereses y obsesiones de Villarejo. En sus primeras páginas, hay menciones a gestiones policiales y políticas para jubilarse de la Policía —lo hizo en junio de 2016, poco antes de cumplir 65 años— con la condición de comisario honorario y su deseo de conservar sus armas autorizadas. Otras veces, recogen citas. “A los enemigos se les aplica la ley. A los amigos, se les interpreta”, escribe en julio de 2017. Pero en la mayoría de los casos, son comentarios sobre sus contactos que evidencian la madeja de influencias que el policía supuestamente tejió en las altas esferas políticas, policiales y mediáticas.
El 3 de noviembre de 2016 Villarejo deja constancia de sus vínculos con el Gobierno de Mariano Rajoy. “Cospe: Contesta mi mensaje con otro muy afectuoso. Le aviso del café con ILH”, escribe la víspera de la toma de posesión de María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa. El mensaje muestra el hilo directo que supuestamente tenía con la entonces secretaria general del PP y su marido, Ignacio López del Hierro, al que identifica siempre con sus iniciales. Villarejo anota decenas de referencias sobre él y, en menor medida, sobre la exministra. “ILH: Estuvo muy cercano a mí. Fue él quien se acercó. Propuso empezar a hacer negocios a partir de febrero. No le importa comer con Joy pronto”, señala el 12 de diciembre de 2016. Alude presuntamente a la celebración de un almuerzo en el que también intervino supuestamente el empresario Adrián de la Joya, imputado en una de las piezas separadas de la Operación Tándem por colaborar con el policía en sus negocios presuntamente fraudulentos.
Nexo mantenido en el tiempo
El nexo entre Villarejo, la exministra Cospedal y López del Hierro se mantuvo en el tiempo, pese a los escándalos que comenzaban a salpicar públicamente al policía, hasta poco antes de la detención de este a finales de 2017. El 3 de julio de ese año, anota: “IHL: Vernos a las 11 h en el Villa. Dice que hablará para que MD [supuestamente María Dolores de Cospedal] y el M de I [Ministerio del Interior] actúen y me dejen en paz. Tema Cataluña”. Dos días después, vuelve a referirse al empresario: “15 h mañana [cafetería] VIPS de Lista con Velázquez [dos calles de Madrid]. Cita con MD”. Y al día siguiente, anota que alguien ha llamado “en nombre de MD para cambiar de sitio la cita”. El 11 de septiembre de ese mismo año, menos de dos meses antes de su detención, escribe: “Muy receptiva Cospe. Pendiente de su respuesta”. Es la penúltima página del cuaderno.
“Nunca he negado que conociera a este señor [Villarejo]. Estoy segura de que no hizo negocios con mi marido”, asegura por teléfono la exministra a EL PAÍS para precisar después que su marido no le informaba sobre todos sus encuentros. El pasado septiembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el que solicitaba que fueran citados para declarar como imputados Cospedal y su pareja en la parte del sumario conocida como caso Kitchen, en el que se investiga el espionaje ilegal, en 2013, al extesorero del PP Luis Bárcenas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha desoído la petición hasta ahora.
La empresaria alemana Corinna Larsen, examiga íntima del rey emérito Juan Carlos I, concita otra de las obsesiones de Villarejo. El comisario recurrió al empresario Juan Villalonga para establecer el contacto con ella y después enviarle mensajes directos al móvil. El cuaderno recoge los singulares SMS del comisario. “Thank Jou. Same to Jou (sic)” [Gracias. Igualmente], escribe el policía a Larsen en enero de 2017. “Wonderful. Thank you too!” [Maravilloso. ¡Gracias a ti!], responde ella. La examiga de Juan Carlos I, según interpreta Villarejo, manifestaba así su reacción a la “oferta de temas pendientes” expuesta por el comisario en mensajes anteriores.
También aparece retratado en el diario en junio de 2016 el extesorero del PP Luis Bárcenas a quien, tres años antes, Villarejo espía de forma ilegal en la Operación Kitchen para sustraerle material sensible de dirigentes del partido conservador. Villarejo anota: “Hotel Mesón. Luis Bárcenas. 606XXXXXX. Usa este número con ciertos contactos”. El abogado Gustavo Galán, que ha asumido recientemente la defensa del extesorero, dice desconocer si existió aquel contacto y se celebró el encuentro.
Más numerosas son las referencias a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) como ministro del Interior. Villarejo se refiere a Martínez –imputado en el caso Kitchen– con el alias de “Chisco” en unas anotaciones que reflejan la estrecha relación entre ambos. El 6 de junio de 2017, apunta. “Chisco: Llamó para dar ánimos. Le agradezco la llamada”. Trece días más tarde, recoge otra supuesta conversación telefónica con Martínez: “Muy preocupado de su imagen. Lo único que le tiene asustado”. En sus declaraciones como investigado en el caso Kitchen, el exsecretario de Estado admitió haber tratado con Villarejo, aunque aseguró que lo hizo por orden del ministro Fernández Díaz.
También frecuentes son las menciones al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, con el que el comisario estaba enfrentado y que le llevó recientemente a juicio del que el policía salió absuelto. Villarejo se dirige a él con el apelativo despectivo de “troll”. “Oli: aviso sobre la conducta del troll citando a comer a jueces para hablar mal de mí”, escribe en mayo de 2016 en referencia a una supuesta conversación con el también comisario José Luis Olivera, quien fue máximo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía durante la investigación del caso Gürtel y en ese momento era jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de Interior.
En noviembre de 2016, Villarejo deja constancia de un supuesto encuentro con representantes del CNI al que también asiste Olivera. “Oli: 14.15 en punto de encuentro. Comida con CNI a propuesta de ellos. Iremos a un restaurante de Alcobendas”, reza el mensaje. Olivera, que se jubiló de la Policía en octubre de 2019 y hoy trabaja como asesor de seguridad de la Federación Española de Fútbol, indica a este periódico que “duda de la veracidad” de las anotaciones.
El comisario deja constancia también de las informaciones judiciales remitidas por los integrantes de la brigada política, el grupo de agentes que, en la etapa de Fernández Díaz en Interior (2011-2016), investigó a rivales del PP. El 5 de mayo de 2016 escribe sobre un mensaje que le ha enviado el comisario Eugenio Pino, entonces número dos de la Policía en su condición de director Adjunto Operativo (DAO): “Pin: dijo que temía lo peor. Y que la UDEF había enviado un informe a la Fiscalía Anticorrupción y no habían encontrado nada”. Un mes después, Villarejo recoge que Pino le ha enviado “muchos mensajes”. “Está preocupado por lo que declararía contra Cosi. Al final le dije que iba con perfil bajo y que estuviera tranquilo”, indica en alusión a Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. “Villarejo nunca vio directamente a Cosidó, más allá de una breve conversación en las escalinatas de la Dirección General de la Policía. Si hubo un contacto entre ellos a través de terceras personas, lo desconozco”, indica Pino en conversación telefónica con este diario.
Sobre el diario también planean otros escándalos de la brigada política. Así, hay alusiones al caso Pendrive, el intento de introducir de manera irregular documentos contenidos en un dispositivo electrónico de origen desconocido en el sumario que investiga al clan del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y que sentó en el banquillo a dos mandos policiales que finalmente fueron absueltos. A veces, algunos de los supuestos integrantes de este controvertido grupo policial no salen bien parados en las anotaciones. Tras recibir supuestamente una llamada del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del comisario Pino, Villarejo anota: “Acojonado y poco de fiar”.
La búsqueda de trapos sucios del adversario es otra fijación. Sus escritos confirman que Villarejo recurrió a informantes para indagar en la vida personal del inspector de Policía Rubén Eladio, que coordinó en 2016, como integrante de la Unidad de Asuntos Internos, las pesquisas del Pequeño Nicolás, donde afloraron, por primera vez de manera pública, las maniobras presuntamente irregulares del comisario. “Tony: Dice Rubén que tiene un contacto que usa para cosas chungas”, anotó. Eladio confirma a este diario que sospechó de estos movimientos. “Cuando investigaba el caso [del Pequeño Nicolás], un conductor se chocó contra mi vehículo. Su coche era propiedad de una agencia de detectives”, recuerda.
EL EXJEFE DE ASUNTOS INTERNOS NIEGA QUE ORDENARA SEGUIMIENTOS A BÁRCENAS EN EL MARCO DE LA KITCHEN
Señala al juez que, si los hubo, sería por iniciativa de su 'número dos' o del DAO
El que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas ha negado que recibiera instrucciones o las diera para que se hicieran seguimientos policiales al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia, en el marco de la Operación Kitchen, indicando que si los hubo serían por iniciativa de su 'número dos' Jesús Galán o por órdenes del Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino.
Martín Blas estaba citado para este lunes para declarar como investigado en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional por las vigilancias que, según consta en la causa, su unidad habría realizado en 2013 en las inmediaciones del piso de los Bárcenas y en la calle General Díaz Porlier de Madrid, donde la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, tenía un estudio de arte.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Martín Blas ha negado cualquier relación con dichos seguimientos. Así, ha asegurado que ni él recibió órdenes de que los hiciera ni ordenó hacerlos, apuntando que, si las vigilancias se realizaron, sería por iniciativa del propio Galán o porque el mismo DAO se lo diría a Galán, ex jefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos de la UAI.
De esta forma ha rebatido lo declaración por Galán ante el mismo juzgado el pasado 18 de enero, cuando sostuvo que su unidad participó en el seguimiento de un Citroën C4 negro en el entorno de las calles General Díaz Porlier, Padilla y Hermosilla - cerca del domicilio de los Bárcenas -, y que se hizo por orden de su superior: Martín Blas. Enfatizó además que no recibió orden alguna por parte del DAO.
Por su parte, la agente de Asuntos Internos que participó en las vigilancias testificó en noviembre que realizó seguimientos en dos ocasiones y que estaban vinculados al ex tesorero del PP, precisando que uno era para verificar si se encontraba el mencionado vehículo por las inmediaciones del estudio de arte y el otro, para comprobar si la mujer de Bárcenas estaba "en peligro".
Una relación "esporádica"
El antiguo responsable de la UAI ha aseverado este lunes al juez instructor que no tuvo nada que ver con 'Kitchen', una supuesta operación destinada a espiar a los Bárcenas para encontrar pruebas que pudieran inculpar al PP y evitar que llegaran a los juzgados y que se habría costeado con fondos reservados.
Martín Blas ha defendido asimismo que su relación con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, supuesto 'cerebro' de la trama de espionaje, era esporádica, por las veces que le vio en el DAO, concretando que nunca le pagó ni a él ni a Sergio Ríos - ex chófer de los Bárcenas al que se señala como espía de la 'Kitchen' - con fondos reservados.
Por otro lado, el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos ha sostenido que no informaba al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los operativos realizados, y se ha desvinculado de la llamad 'Operación Cataluña', la supuesta campaña de intoxicación informativa que se habría gestado en el Ministerio de Interior para desacreditar a los líderes independentistas.
EL JUEZ APARTA DE KITCHEN DOS HORAS DE AUDIOS VINCULADOS CON LA OPERACIÓN CATALUÑA
García-Castellón saca de la causa conversaciones del policía con el empresario Javier de la Rosa acerca de Jordi Pujol y otros dirigentes nacionalistas
El juez del caso Kitchen, que investiga el presunto espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha apartado del sumario una hora y 55 minutos de grabaciones de audio que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo durante la llamada Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en el Ministerio del Interior por la llamada brigada política para, mediante supuestos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán.
Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha tomado la decisión tras considerar que esas grabaciones, repartidas en cinco archivos de audios, se encuentran protegidas por la ley de secretos oficiales —al igual que otros 14 documentos digitales (13 de texto y uno de audio) que los investigadores intervinieron también a Villarejo tras su detención en noviembre de 2017—. La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía ya elaboró el pasado octubre un informe donde alertaba de que podían contener datos confidenciales, por lo que el juez dictó este enero un auto para sacarlos de la causa y ponerlos a disposición del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
De esta forma, los archivos han quedado “precintados y custodiados en condiciones de máxima seguridad” en el juzgado de la Audiencia. Y, pese a que García-Castellón no detallaba su contenido, los anexos del informe policial de octubre sí reflejan detalles sobre ellos. Así, los cinco audios en los que Villarejo recogió parte de sus gestiones sobre la Operación Cataluña se encuentran fechados entre el 23 de noviembre y 10 de diciembre de 2012, justo cuando se celebraron elecciones al Parlamento de Cataluña, que sirvieron para que Artur Mas (CiU) revalidara su mayoría en la Cámara, aunque perdiendo 12 escaños.
La Fiscalía describe estos cinco archivos —bautizados como JR-5.12.12, JR-10.12.12, JR-Ariz-9.12.12, JR-MP-23.11.12 y PiVi-23.11.12— como conversaciones relacionadas “con las funciones encomendadas a Villarejo de captación de información de interés policial”. Fueron localizados en una carpeta denominada Music, encontrada en un equipo informático que el comisario guardaba en su domicilio.
Cuatro de las grabaciones, que tienen en su nombre las iniciales “JR”, recogen conversaciones de Villarejo con el empresario Javier de la Rosa, pieza clave en la apertura del caso Pujol al denunciar ante la policía la existencia de cuentas en el extranjero de la familia (aunque después se desdijo ante el juez y negó en el Parlament haber cobrado de los fondos reservados). Parte de esos audios sirvieron para que Villarejo elaborase distintas “notas informativas” (documentos de uso interno dentro del Cuerpo) que remitía a sus superiores. En uno de ellos, de una hora y 23 minutos de duración, De la Rosa asegura que él había llevado “maletas de la Generalitat por una puerta que había detrás del despacho de [Jordi Pujol] y se las bajaba a su hijo, que las metía en su coche”.
De la Rosa, que se mostraba claramente enfrentado a los dirigentes nacionalistas, también habla de David Madí, quien fuera secretario de Comunicación de la Generalitat con Mas como presidente y hombre de su máxima confianza, del que afirma que en aquel momento estaba “recabando dinero para la causa independentista”. En el transcurso de la conversación, Villarejo pide al empresario que aporte “algo” y le pregunta si sabe de cuentas que los dirigentes de CiU pudieran tener en el extranjero “para ver si se puede hacer un rastreo”. De la Rosa afirma que tiene documentación guardada.
Más documentos
En otra conversación con De la Rosa, fechada el 23 de noviembre de 2012 y de poco más de 15 minutos, Villarejo anticipa a su interlocutor que un sindicato policial va a hacer público en rueda de prensa varios informes apócrifos sobre las finanzas de la formación nacionalista para denunciar que los agentes que los han elaborado “han recibido presiones del Gobierno para no investigar a los de CiU”. Esa rueda de prensa se produjo finalmente en esos términos. En esa misma charla, el comisario se muestra también dispuesto a “estar a su lado” cuando el empresario le insiste en que transmita a alguien, que no concreta, que “va a colaborar”, pero que quiere una serie de compromisos que quiere que se cumplan y que se los había cuantificado.
Aunque la Operación Cataluña ha planeado sobre el caso Villarejo desde el inicio de la investigación, los dos jueces que han estado al frente de su instrucción desde que se inició en 2017 —Diego de Egea en primer lugar y, ahora, García-Castellón— no han iniciado pesquisas sobre ella. Tampoco lo ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, que considera que no encajan en ningún artículo del Código Penal todas las actividades de la brigada política (el grupo de agentes que, durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio de Interior, investigó a los rivales políticos del PP) que revelan estas grabaciones y otros documentos intervenidos.
Además, no es la primera vez que el magistrado aparta de la causa documentación intervenida a Villarejo relacionada con la Operación Cataluña. El pasado abril, también con el visto bueno del ministerio público, García Castellón dio la misma consideración de secreto oficial a tres documentos intervenidos durante los registros de la casa y despacho del comisario jubilado y su socio, el abogado Rafael Redondo. Se trataba de un informe de 34 páginas elaborado por el policía sobre varias personas, entre ellas el expresidente de la Generalitat Artur Mas; otro sobre la financiación de Unió Democrática de Catalunya, la formación política ya extinta y que, junto a Convergència, integró la federación de partidos CiU; y un tercero referido a Xavier Viñals Capdepon, presidente de la Plataforma ProSelecciones Deportivas Catalanas y que fue cesado de su cargo de cónsul honorífico de Letonia en Barcelona tras exhibir una bandera independentista durante la celebración de una Diada.
Detalles de las grabaciones
“Relación con Pujol”. En los anexos de su informe de octubre, la policía detalla parte de las conversaciones entre José Manuel Villarejo y Javier de la Rosa. “Javier continúa contando su relación con Pujol y con Trías y cómo, en los últimos años, financió los cierre de campaña de CIU hasta 1994”, escriben los investigadores, que añaden cómo el empresario aseguró que “personalmente le llevó dinero a Pujol”.
“Cuentas en el extranjero”. Villarejo pregunta a su interlocutor “si sabe de las cuentas que pudiesen tener en el extranjero para ver si se puede hacer un rastreo”. Y De la Rosa le narra, según el informe policial, “diversos detalles”. El comisario pide entonces “máxima discreción”.
“Cifras”. Ambos negocian una “cifra”. “De La Rosa le dice que en total lo que necesitaría serían seis y medio. Más lo que sería para su familia, un total de 20. Y Villarejo le dice que, por lo que él ya había hablado, estarían en el umbral de los 9 o 10”.
“Único interlocutor”. “De la Rosa dice que ellos tienen miedo de lo que él sabe sobre la corrupción del partido político que quiere la independencia”. “Villarejo le dice que él es su único interlocutor con los que mandan, que le diga qué es lo que quiere que les diga”, y “que no se preocupe, que todo va a fructificar”.
LA GUERRA ENTRE COMISARIOS DESTAPA MÁS PRUEBAS DEL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS
Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional en octubre recoge los documentos relacionados con la ‘Operación Kitchen’ encontrados en registros a los archivos de Villarejo
El juez que investiga el espionaje ilegal por parte del Ministerio del Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas acumula más pruebas de una operación policial que se prolongó dos años, se hizo a espaldas del juez y se pagó con fondos reservados. La guerra abierta entre el comisario José Manuel Villarejo y el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas desencadenó una serie de denuncias en enero de 2015 que señalaban la existencia de la Operación Kitchen. El juez ha incorporado ahora esas pruebas al sumario.
Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional el pasado octubre recoge todos los documentos relacionados con la Operación Kitchen encontrados en los registros de las viviendas y oficinas del comisario Villarejo tras su detención en noviembre de 2017.
Entre esos documentos, algunos de ellos no incorporados a la causa debido a que podrían estar bajo la protección de la Ley de Secretos Oficiales, la policía destaca dos denuncias de principios de 2015 presentadas por Villarejo contra un compañero, el entonces comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. En aquel tiempo, ambos comisarios ya se habían declarado la guerra. Martín Blas investigaba las actividades delictivas de Villarejo por orden de un juez de instrucción de Plaza de Castilla. Y Villarejo se defendía de aquella investigación lanzando acusaciones contra Martín Blas.
El 19 de enero de 2015, Villarejo presentó una denuncia contra Martín Blas en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía con número de registro 884. “El comisario Marcelino”, escribió Villarejo, “sabe perfectamente que los números a los que se refiere los empleo para ocultar mi identidad con colaboradores de gran nivel de riesgo y sensibilidad como es SERGIO LÓPEZ (Cocinero)”. En esta denuncia, Villarejo se refiere a que uno de los informadores que tiene y con el que utiliza un hombre falso, es El Cocinero, apodo que le puso a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que acabó siendo el confidente de la policía para averiguar dónde guardaba el extesorero del PP documentación que pudiera implicar a dirigentes populares en los delitos que investigaba la Audiencia Nacional.
En la misma denuncia, Villarejo asegura que Marcelino Martín Blas estaba cediendo “datos fundamentales a otros organismos sin autorización del Cuerpo Nacional de Policía como la identidad e informaciones que El Cocinero facilita”.
Cuando Villarejo escribió esta denuncia, el chófer de Bárcenas, alias El Cocinero, había facilitado información a los comisarios que había permitido conseguir algunos documentos en poder del extesorero, según la investigación judicial. Y Villarejo reprochaba a Martín Blas haber facilitado esa información a “otros organismos”.
Martín Blas está imputado en la Operación Kitchen, pero ha negado que participase en el operativo policial de espionaje al extesorero del PP y a su familia. Pese a ello, algunos agentes de su departamento hicieron de manera esporádica seguimientos a la mujer de Bárcenas, según han reconocido ante el juez los implicados en esa operación.
El nombre de Martín Blas no aparece en la mayoría de las pruebas que acreditan la existencia de la Operación Kitchen pero algunos comisarios, entre ellos Villarejo, le implican en el espionaje ilegal a Bárcenas.
José Manuel Villarejo amplió su denuncia contra Marcelino Martín Blas algunos meses después. El 5 de mayo de 2015 aseguró en la denuncia registrada con el número 193 que Martín Blas “junto con ciertos mandos del CNI reportan continuamente a la Jefa de Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno y está utilizando los medios de su departamento para labores contrarias a su misión”. “Entre otras”, continuaba, “vigilancia de políticos de ciertas tendencias o acoso a policías relacionados con temas de corrupción como la Gürtel, entre otros a objeto de que dejen de investigar en cierto sentido”. Esta denuncia nunca se demostró cierta.
LA GUERRA DE COMISARIOS VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL CON 'KITCHEN'
El antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino implica en el operativo al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, igual que dejó escrito Villarejo cuando aún estaba en activo
La investigación sobre el operativo de espionaje desplegado desde la Policía alrededor del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia entre 2013 y 2015 para recuperar, supuestamente, documentación comprometedora para dicho partido en sus manos y evitar que llegara al juez que investigaba el caso Gürtel reaviva las históricas rencillas entre quienes ocuparon los puestos de máxima responsabilidad en la cúpula policial durante el Gobierno de Rajoy y ahora están jubilados e investigados en la Audiencia Nacional por su presunta participación en dicha operación, denominada Kitchen.
Se trata del comisario ya jubilado y hoy en prisión preventiva José Manuel Villarejo y del ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (área dedicada a investigar a otros policías) Marcelino Martín-Blas. Precisamente en las fechas que se habría llevado a cabo la operación Kitchen, Martín-Blas impulsó dos investigaciones -la del caso Emperador alrededor de la organización criminal del empresario chino Gao Ping y la del caso Nicolás, sobre las andanzas del joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias que se hizo pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y asesor de vicepresidencia del Gobierno- en las que apuntó hacia prácticas corruptas de Villarejo y otros agentes de su órbita.
Algunos de esos agentes están ahora investigados en el caso Tándem de la Audiencia Nacional como miembros de una «red mafiosa policial» o «red parapolicial» -según la describen los fiscales Anticorrupción- liderada por Villarejo. Según la acusación, éstos habrían recibido dádivas y dinero en efectivo por facilitar al comisario datos confidenciales a los que podían acceder por sus puestos para que sacara adelante trabajos privados a empresas del Ibex-35 pagados con cantidades millonarias en su empresa privada Cenyt mientras seguía en activo en el Cuerpo. Así lo sostienen los investigadores en las distintas piezas en las que se desgrana la macrocausa contra él y en la que ya se le piden penas de 100 años de cárcel.
Desde las investigaciones Emperador y Nicolás, Villarejo entendió que Martín-Blas era su enemigo y denunció ante sus responsables en la Policía, que finalmente le destituyeron, que «trabajaba para el CNI», que «fabricaba pruebas en causas criminales» o que hacía «gestiones de máximo secreto para la dirección del PP ajenas a funciones policiales».
Así se puede leer en una denuncia redactada por Villarejo en enero de 2015 en la que también dejó caer que Martín-Blas sabía que la Policía captó a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y persona de su máxima confianza, como confidente o informador del operativo Kitchen. «Sabe perfectamente que los números a que se refiere los emplea el denunciante (refiriéndose a sí mismo) para ocultar su identidad, entre otros, con colaboradores de gran nivel de riesgo y sensibilidad como es Sergio López (‘Cocinero’) y otros» se puede leer en dicho escrito que ha salido a la luz esta semana, cuando Martín-Blas tenía que volver a declarar en la Audiencia Nacional como investigado para despejar si participó en el operativo de espionaje policial a Bárcenas o no. Forma parte de un informe que la Policía realizó, buscando en los archivos requisados a Villarejo en su detención, y en el que recogió la información que hubiera de la posible relación de Martín Blas con Kitchen, como pidió el juez. Un informe, por cierto, del que García-Castellón ha ordenado retirar información por contener secretos de Estado.
Pino, jefe de los dos comisarios enfrentados
Martín-Blas asegura que no participó en el operativo. El juez le mantiene imputado y quiere escucharle porque unos documentos del Ministerio del Interior sitúan un coche de la Unidad de Asuntos Internos que él dirigía en las proximidades de la casa de los Bárcenas en las fechas en que otros policías vigilaban la zona. Un agente de dicha unidad que utilizó el mencionado coche declaró como testigo que sí hizo algún seguimiento a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Su jefe Jesús Vicente Galán, subordinado de Martín-Blas, dijo que éste le había encargado ir a vigilar un Citroën C4 negro por la zona de casa de Bárcenas en esas fechas.
Cuando el juez citó como investigado a Martín-Blas en febrero de 2019 lo hizo basándose en la declaración del ex Director Adjunto Operativo (DAO), o número dos de la Policía, Eugenio Pino, a quien atribuye haber puesto en marcha el operativo. Bajo su mando estaban tanto Villarejo como Martín-Blas, puesto que era el máximo responsable operativo de la Policía. A partir de 2013 el ex jefe de Asuntos Internos entendió que Pino y Villarejo estaban compinchados y le tendían trampas para apartarle de su responsabilidad.
Mientras el enfrentamiento que mediáticamente ya se conoce como la guerra de comisarios entre Martín-Blas y Villarejo es conocido, hasta la investigación de Kitchen Pino y el ex jefe de Asuntos Internos nunca habían entrado en liza. Sin embargo, durante sus declaraciones en sede judicial Pino implicó a Martín-Blas en el operativo llegando a afirmar que había hecho entregas de dinero al chófer Sergio Ríos, aunque después se desdijo.
Martín-Blas pide que un médico forense reconozca a Pino para ver si padece un «trastorno psicológico» que «condicione su percepción de la realidad o sus recuerdos»
Martín-Blas, a través de su defensa, ha presentado un escrito ante el instructor Manuel García-Castellón -al que tuvo acceso El Independiente– en el que pide que un médico forense reconozca a Pino para ver si «padece algún trastorno neurológico, psiquiátrico, psíquico o de la personalidad que condicione su percepción de la realidad o sus recuerdos, de tal forma que el relato de los hechos que hace en sus declaraciones no se corresponde con lo realmente sucedido». También recuerda que Pino, además, en declaraciones de otras causas judiciales se ha referido a la «manifiesta animadversión que reconoce sentir hacia D. Marcelino Martín-Blas». Éste dice que la propia defensa de Pino puso de manifiesto «episodios de amnesia global transitoria».
En cuanto a lo que declaró su subordinado Galán, dice que es mentira y le relaciona con Pino, quien le propuso, según expone también en su escrito, como agregado en la Embajada de España en Mauritania y para que se le concediera una cruz al mérito policial con distintivo rojo (pensionada).
Vuelven los fantasmas del pasado
Así, la investigación alrededor del operativo policial de espionaje a Bárcenas (se investiga si encargado por el Gobierno de Rajoy) trae de nuevo a escenario los fantasmas del pasado de los comisarios que tuvieron el mayor control de la Policía y ahora están jubilados, como son los casos del pendrive de Pujol (ya juzgado y con sentencia absolutoria para Pino), caso Nicolás o doctora Pinto y Javier López Madrid.
No en vano en noviembre, meses antes de someterse al primer juicio por calumnias contra el ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, Villarejo presentó al juez de Tándem un escrito de 100 páginas en el que relata su propia versión de un sinfín de hechos en los que se presenta como protagonista de las operaciones más sensibles de Estado ocultadas de manera conspiranoica por poderes oscuros que quieren mantenerle preso, según asegura. De paso, volvió a hacer un traje a Martín-Blas insinuando que se sintió maltratado por la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, a la que la Fiscalía pidió investigar también en la operación Kitchen.
Villarejo afirmó en dicho escrito que Martín-Blas se disputó el puesto de DAO con Pino pero que el segundo fue nombrado por Cosidó en detrimento de Martín-Blas, que «carecía de la mínima formación universitaria y por el historial de fracasos en los anteriores destinos, pese a ser de un bajo rango como Comisario de distrito».
Los casos que desataron la «guerra»
El enfrentamiento entre Martín-Blas y Villarejo tiene su origen en 2013, cuando el segundo era un agente operativo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa -al frente de la que se encontraba Eugenio Pino- y el primero dirigía la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.
En septiembre de aquel año, Martín-Blas presentó un informe ante la Fiscalía Anticorrupción en el que exponía una supuesta connivencia de varios comisarios de Policía -entre ellos Carlos Salamanca, próximo a Villarejo- con el empresario chino Gao Ping. Incluyó en la relación presuntamente delictiva al hijo de Villarejo, José Manuel Villarejo Gil.
A partir de entonces, el jefe de Asuntos Internos sospechó que Pino y Villarejo le tendían trampas para atribuirle comportamientos irregulares en su trabajo. En 2014, Eugenio Pino encargó a Martín-Blas que investigara a un joven (Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás) que se hacía pasar por asesor de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y agente del CNI.
El trabajo le costó a éste el puesto como jefe de Asuntos Internos, después de que enviara al juzgado que instruía las diligencias un informe «falso a sabiendas» -dijo Eugenio Pino- en el que identificaba a Villarejo como la persona que aparecía junto a Gómez Iglesias en un parque madrileño y destacaba que el joven había declarado que conocía al comisario. Por eso tenía algunas anotaciones sobre él.
Menos de un mes después de haberle cesado, el entonces instructor del caso, Arturo Zamarriego, puso a Martín-Blas y al inspector jefe Rubén Eladio López, subordinado suyo, en una comisión judicial para que siguieran con la investigación del Pequeño Nicolás prohibiéndoles comunicar a sus superiores cualquier dato que consiguieran.
Otra de las razones por las que Pino había pedido que el director general de la Policía que apartara a Martín Blas como jefe de Asuntos Internos fue su participación en una reunión con dos agentes del CNI -celebrada en la tarde del 20 de octubre de 2014– que fue grabada y posteriormente difundida por los medios de comunicación. El esclarecimiento de la autoría de dicha grabación centró el trabajo de la comisión judicial del caso Nicolás, cuya disolución había solicitado sin éxito el fiscal en varias ocasiones al apreciar falta de apariencia de imparcialidad: dos de los tres policías víctimas de la grabación eran los que investigaban los hechos. Sólo se desmanteló tras la marcha del juez Zamarriego a la Sección 23 de la Audiencia de Madrid en marzo de 2017 y la llegada de una nueva magistrada.
La grabación de la reunión con el CNI
Previamente, en un informe presentado antes del verano de 2016, Martín-Blas había pedido al instructor que citara a declarar como responsables de haber hecho esa grabación tanto a Eugenio Pino como a José Manuel Villarejo. Mantuvo que se había analizado el tráfico de llamadas y la única que «había entrado en el entorno de esa reunión a esa hora y ese día» procedía de un periodista de Información Sensible (Carlos Mier), diario digital vinculado a la esposa del comisario José Manuel Villarejo. Ello demostraría, desde su punto de vista, que el policía hoy preso estaba detrás de esa grabación.
Aunque la investigación de los hechos fue polémica y la Fiscalía consideró que era prospectiva, en el escrito de acusación mantuvo que al llamar el periodista al comisario se «activó algún tipo de aplicación informática sin que pudiera ser advertido por el sr. Martín-Blas». Fue después de que una empresa proveedora del Centro Criptológico Nacional (CCN) expusiera en un informe que hay programas que permiten instalar software espía en los teléfonos.
En el escrito que Villarejo entregó al juez en noviembre de este año, también quiso dar su versión sobre estos hechos. «Acusarme de haber empleado un programa espía que había puesto el DAO Pino y el comisario García Castaño en el teléfono de Martín Blas para grabar una conversación con miembros del CNI sobre el sumario secreto que investigaban demuestra el grado de desprecio a la verdad que impera en un país, en teoría con un garantista estado de derecho. Al final, aunque no había programa cuando analizaron el teléfono, se me ha imputado como inductor de la colocación del programa ‘fantasma’ y no se persiga a los autores en teoría materiales que según dicen fueron quienes instalaron y que nunca fueron imputados a diferencia de a mí que lo fui siempre. Siguiendo la consigna de mis perseguidores, nunca se acusa a los supuestos autores materiales de los hechos, pero sí a mí por ser el supuesto inductor al convencerlos de que delinquieran para mí … planteamientos que exponen sin ningún atisbo de rubor».
Los comisarios jubilados parecen no estar dispuestos a bajar sus lanzas, tampoco en el último caso que les enfrenta, la investigación que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional instruye desde hace más de dos años con el nombre de Kitchen.
EL JUZGADO ELIMINA DE KITCHEN ACUSACIONES CONTRA EL COMISARIO MARTÍN BLAS
La declaración del comisario jubilado Marcelino Martín Blas se ha vuelto a suspender a petición suya y con apoyo de la acusación popular del PSOE, después de que el informe de la Unidad de Asuntos Internos que le acusa fuera filtrado a la prensa sin ser repartido a las partes. Es la segunda vez que pasa. La mayoría del contenido del informe filtrado se ha eliminado de la causa por vulnerar la ley de secretos que regula al CNI.
Es la segunda vez que se suspende la comparecencia como imputado en la causa Kitchen —que investiga el robo y seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas por parte de policías a las órdenes del anterior Gobierno—, de quien fuera comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos desde la llegada de Mariano Rajoy al poder, el comisario Marcelino Martín Blas, hasta que en abril de 2015 durante la investigación del Pequeño Nicolás volvió a toparse con el comisario más oscuro de la Policía, José Manuel Villarejo Pérez, y toda la cúpula de Interior se puso en su contra.
Le sustituyó en el puesto Francisco Migueláñez, hombre de confianza de la anterior Dirección Adjunta Operativa que dirigía Eugenio Pino —también imputado en esta pieza de la causa Tándem que instruye el juez Manuel García Castellón—. Desde 2015, Migueláñez "no dudó en intentar influir sobre otros jueces, como Arturo Zamarriego, que llevaba caso del Pequeño Nicolás, para que se lo quitara a Martín Blas, cuando el magistrado decidió formar la comisión judicial en la que prohibía informar a Interior de las investigaciones. Ya se apuntaba entonces a Villarejo, Pino, Gago, García Castaño, al secretario de Estado de Interior Francisco Martínez y hasta al ministro Jorge Fernández Díaz en la pieza sobre la grabación de una reunión a agentes del CNI y Asuntos Internos", recuerdan agentes que participaron en dicha investigación.
"Incluso —añaden estas fuentes— cuando hizo falta formar el equipo de la comisión judicial, Migueláñez presionó para que nos quedáramos en Asuntos Internos y no siguiéramos la investigación a las órdenes del juez Zamarriego y de Martín Blas".
Por eso, la defensa del comisario jubilado solicitó la suspensión de la declaración, que ha sido concedida por el juez y apoyada por la acusación popular del PSOE, ya que "las situaciones incómodas respecto a mi cliente no paran de sucederse. Nos enteramos de la imputación por la prensa, antes de que el juzgado la tuviese redactada, es decir, cuando sólo la conocían los investigadores, y ahora la prensa ha sido también quien nos ha hecho llegar un informe muy discutible sobre mi cliente que debería haber repartido el juzgado", explica Antonio Alberca, letrado de Martín Blas.
Audios y denuncias de Villarejo contra Martín Blas
El informe en concreto por el que debería haber declarado como imputado Martín Blas, y cuyo contenido ha sido eliminado casi en su totalidad, está fechado en el mes de octubre y elaborado con audios y notas informativas fabricadas por Villarejo a lo largo de 2014, 2015 y 2016.
A pesar de los meses transcurridos, el abogado explica en su escrito de solicitud de suspensión que: "Esta defensa ha acudido a la secretaria del Juzgado en varias ocasiones a fin de que se nos diese vista o copia de dicho informe de 28 de octubre, siendo así que ayer día 18 de enero de 2021 por parte del letrado de la Administración se nos pone de manifiesto que no se nos da copia en el momento del mismo para que no se filtre a la prensa, pero será colgado en la nube al día siguiente (es decir hoy día 19). Sin embargo a pesar de lo anterior resulta que a día de hoy no está a disposición de las partes y a esta defensa le ha llegado "extraprocesalmente" una supuesta copia del mismo, y que adjuntamos al presente".
Añade además que "no tenemos la certeza de que ese informe que hemos recibido por vía extraprocesal sea el auténtico y por otra parte al no darse traslado del disco y documentación anexa al mencionado informe de la Unidad de Asuntos Internos, no se tiene conocimiento suficiente acerca de los hechos objeto de la investigación, tanto en cuanto aquel es una mera relación
de documentación e indicios, en los que solo ocasionalmente se transcribe un párrafo o se hace una mera descripción, y así se menciona una falsa denuncia del SR. Villarejo (como todas las suyas) 19.1.15 en la que se refleja solo una parte de la misma relativa a que D. MARCELINO MARTIN BLAS hubiese cedido a otros órganos del Estado datos relativos a la identidad del "cocinero", sin que podamos acceder al CD en que consta completa la misma".
Por lo que se entiende del informe filtrado a la prensa, a partir de enero de 2015, Villarejo comenzó a escribir una serie de notas informativas o denuncias internas en las que supuestamente revelaba las perversas maniobras del jefe de la investigación del caso Pequeño Nicolás o caso Nicolay, en las que no podían faltar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Público. En total encontraron en el registro: "Seis documentos en pdf con diferentes denuncias interpuestas (en sede judicial y policial) por VILLAREJO relacionadas con Marcelino MARTÍN-BLAS y diferentes actuaciones que atribuye a la UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS durante los años en que MARTÍN-BLAS - ostentó la Jefatura: (desde el 23.02.2012-hasta el 07.04.2015)".
Apuntan a que "de esas denuncias cabe destacar la denominada Denuncia 19.1.15.pdf (interpuesta en sede policial, registro de entrada 884 de la Dirección Adjunta Operativa), que contiene referencias a datos objeto de la presente investigación", es decir, que serían creíbles para sustentar la imputación de Martín Blas. Migueláñez selecciona unos cuantos extractos del escrito de siete páginas de Villarejo en los que afirma que "el Comisario MARCELINO sabe perfectamente, que los números a que se refiere los emplea el DENUNCIANTE para ocultar su identidad, entre otros, con colaboradores de gran nivel de riesgo y sensibilidad como es SERGIO LOPEZ (Cocinero)[se refiere a Sergio Ríos Esgueva, el chófer confidente, quien ha negado conocer al comisario de Asuntos Internos pero sí haber tratado con Villarejo, Enrique García Castaño y el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo], y otros, así como los informadores que durante 2012 (Extracto página 5 Denuncia-19.1.15.pdf)".
Villarejo prosigue en sus acusaciones sin pruebas, como él mismo reconoce, que son recuperadas en el informe de la Unidad que dirige Migueláñez: "Este DENUNCIANTE si le fueren facilitados la décima parte de los medios y efectivos que el Comisario MARCELINO está empleando contra su persona, le aportaría pruebas de las ilegalidades que él si está cometiendo, aprovechándose de su condición de funcionario policial. Gestiones que se dirigirían a demostrar que existiría una "cesión de datos fundamentales a otros organismos sin autorización del CNP, como la identidad e informaciones qué "El Cocinero" facilita" o grabaciones de una persona de la cual se oculta su nombre por estar protegida por la ley de secretos y que también serían enviadas al CNI "con datos que comprometen investigaciones en curso". Según esta nota-denuncia que sirve de prueba de cargo contra Martín Blas, "gracias a ello, recientemente su Director en persona [se refiere al general Félix Sanz Roldán] le ha impuesto una medalla del Centro [CNI]".
Informes sin pruebas de descargo
Pero en esa nota del 19 de enero, emitida después de que Público le vinculara con la causa del Pequeño Nicolás cuatro días antes, Villarejo hace un recorrido por una supuesta conspiración para destruirle que es fácilmente desmontable con pruebas y que los agentes de Asuntos Internos omiten, "algo que deja en desventaja al acusado, trata de inducir al ministerio fiscal y a su señoría y pone en duda la imparcialidad del investigador al darle una información sesgada al juzgador", explica la defensa de otro de los policías acusados.
En esa nota de enero de 2015 asegura que una periodista de Público acompañada de un abogado, que en la actualidad pertenece a las defensas, "autoproclamado como "gran colaborador" del CNI, fueron recibidos en la sede de la UAI [Unidad de Asuntos Internos], gracias a solicitarlo un antiguo Jefe policial ahora en segunda actividad y un Comisario de la CGI [Comisaría General de Información y se estaría refiriendo a Gabriel Fuentes, investigado en el caso Interligare], ambos vinculados estrechamente, tanto personal como profesionalmente con dicho abogado". En dicho encuentro celebrado en enero de 2015, prosigue Villarejo, "el Inspector RUBEN les facilitó un dato aún no publicado, como era la supuesta copia falsa de un DNI por parte del tal NICOLAS, así como el resto del Sumario. En los últimos días, varios responsables policiales, entre ellos, miembros de la UAI, le han pedido a la tal PATRICIA LÓPEZ que pague los favores, máxime cuando su amigo el letrado XXXXX se había enterado que figura como presunto corrupto que se aprovecha de la amistad de ciertos mandos policiales para pedir dinero en su nombre, en una denuncia de una persona, que en su día habló con el DENUNCIANTE".
Y culmina la nota de Villarejo, donde también ataca a los fiscales anticorrupción José Grinda y Juanjo Rosa que en ese momento investigaban la causa Varma y que investigaron el caso Emperador, "a modo de venganza, la referida PATRICIA LÓPEZ publicó en el referido medio digital ya mencionado, el pasado 16.1.15 la información titulada Nicolás se presentaba como empleado del comisario que investigó a Garzón, aclarando más tarde que se trataba del Comisario JOSE VILLAREJO".
La unidad de Asuntos Internos omite este parte del relato que demostraría que Villarejo miente en su denuncia contra Marcelino. Público desveló el 15 de diciembre de 2014 los DNI del pequeño Nicolás, motivo por el cual el director general de la Policía Ignacio Cosidó dio una rueda de prensa diciendo que se enviaría a Asuntos Internos a pesar de que la oficina de prensa difundiera que dicha información era falsa. Fue por ese motivo por el que la Unidad de Asuntos Internos se puso en contacto con el diario en enero de 2015, una vez levantado el secreto de sumario del caso Nicolás, en el que se incluía la declaración del presunto estafador en la que mencionaba al comisario Villarejo y sus andanzas con Javier de la Rosa por Catalunya. Ese fue el motivo de acudir al encuentro con el comisario Marcelino Martín Blas y su inspector Rubén López, donde solicitaron a Público los DNI que este medio se negó a dar y que se entregaron en abril de 2015 ante el juez Zamarriego, el mismo día que Villarejo entraba también a ese juzgado a declarar como testigo a favor del pequeño Nicolás.
Tan falsas son las acusaciones que hace Villarejo en la nota del 19 de enero de 2015, que la Fiscalía pide cuatro años y seis meses de cárcel para el pequeño Nicolás y para una funcionaria de Policía por el DNI falso desvelado por Público, juicio al que le queda poco tiempo para celebrarse.
Pero a pesar de los conocimientos del actual jefe de la Unidad de Asuntos Internos sobre el caso del Pequeño Nicolás y la fantástica guerra de comisarios que se inició en ese año, ninguna mención hace para desmontar estas afirmaciones y sólo se ha quedado con las que hacen alusión a supuestas filtraciones al CNI que han tenido que ser expurgadas del procedimiento, no sin antes haber sido filtradas.
Algo similar pasa con los audios que presuntamente incriminarían a Martín Blas en la Operación Kitchen o en la Operación Cataluña y que se encontraron en el registro de Villarejo. "En el informe no se exponen las contradicciones de Villarejo que por un lado dice que la guerra con Marcelino empieza en 2013 porque involucró a su hijo en el caso Emperador, Pino en su declaración llega a decir que esta enemistad se remonta a 2012, pero luego quieren hacer creer que mantenían unas relaciones estupendas y que hicieron juntos el caso Varma, Kitchen, Cataluña... a la vez que le está denunciando por filtrar supuestamente al CNI información de Kitchen. No tiene ni pies ni cabeza", se indigna el abogado de Martín Blas.
Olivera, el hombre a quienes todos apuntan
Las acusaciones populares también ven movimientos extraños, pues los testigos e imputados han dejado en segundo plano el papel de Martín Blas en los hechos. "Los testimonios que ha habido hasta el momento no le señalan a él como conocedor de la trama, apuntan al comisario de Información Enrique García Castaño y a José Luis Olivera, que estaba en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEf) y luego en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que era a quien Villarejo quería que pusieran de DAO y que sorprendentemente ni está imputado ni le han llamado a declarar como testigo aunque está grabado con la mayoría de los acusados: come con Adrián de la Joya, cuya empresa aparece en la cuenta de Bárcenas en Suiza mientras tendría que estar interrogándole por lo menos; es conocedor de las corruptelas del PP y de los encargos que Cospedal y López del Hierro le hacen a Villarejo", señala otra de las defensas de uno de los policías imputados por seguir las órdenes de estos mandos.
En el escrito por el que se pedía la suspensión antes de que el juez decretara el expurgo de la mayoría de los audios y documentos, el abogado Antonio Alberca alegaba que en el informe de Asuntos Internos "también se transcribe un extracto del testimonio de la Funcionaria policial número 122.395, pero no se nos da traslado de la declaración completa y que figura en el anexo II, o tampoco podemos tener vista de las transcripciones telefónicas reseñadas".
En dicha declaración una agente asegura que fue enviada a vigilar a Rosalía Iglesias (la mujer de Bárcenas) en una ocasión y también a los alrededores de la casa, sin embargo esa orden no fue dada por el comisario Martín Blas, como explicó este lunes el agente Jesús Galán, quien volvió a reiterar que a quienes informaban las decenas de agentes imputados era al jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, y a José Luis Olivera, comisario jefe de la UDEF y director del CITCO, ahora en la Real Federación Española de Fútbol.
LA REUNIÓN DEL EMISARIO DE VILLAREJO CON EL EXNÚMERO DOS DE INTERIOR: "TENGO INFORMACIÓN DE RAJOY"
Se celebró en un hotel situado en la Plaza de España cuando el preso disfrutaba de un permiso
El abogado Alfonso Pazos, el preso que ofrecía información del excomisario José Manuel Villarejo, se reunió con el exsecretario de Estado de Seguridad Fancisco Martínez en un hotel situado en la Plaza de España, en Madrid, tras el verano pasado, para ofrecerle material comprometedor sobre el expresidente Mariano Rajoy y la exministra de Defensa y exnúmero dos del PP, María Dolores de Cospedal, según adelanta El Mundo.
Pazos llamó en varias ocasiones al exnúmero dos de Interior antes de aquella reunión en el hotel. Francisco Martínez se encuentra actualmente investigado en el marco del caso Kitchen sobre el espionaje policial al extesorero Luis Bárcenas, que perseguía recuperar material sensible para el PP.
Villarejo no quería meterle en ningún lío
El verano pasado, el exsecretario de Estado de Seguridad recibió dos nuevas llamadas de Pazos en las que el abogado le insistía que Villarejo tenía un mensaje para él. Francisco Martínez accedió a reunirse con el preso, que disfrutaba de uno de sus permisos penitenciarios, al encontrarse clasificado en tercer grado en otro procedimiento.
En aquella reunión Pazos no llegó a pedir dinero a Martínez a cambio de ofrecer documentación y simplemente se limitó a decirle que Villarejo "no lo había querido meterlo en ningún lío" y que quería que supiese que atribuía la delicada situación que padece a las maniobras del ex jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, según el citado diario.
Este encuentro consta en la separada pieza número 28 de la operación Tándem, donde se investigan los intentos de vender a terceras personas material grabado y guardado por Villarejo sobre el 'caso Gürtel', los Pujol o el desafío separatista catalán.
Alfonso Pazos compartió celda con José Manuel Villarejo en la prisión de Estremera (Madrid) y en la actualidad está siendo investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, y la Fiscalía Anticorrupción por ofrecer documentación y audios grabados por el policía.
EL JUEZ PONE A DISPOSICIÓN DEL CNI UNA VEINTENA DE NUEVOS DOCUMENTOS DE VILLAREJO CON SECRETOS DE ESTADO
El magistrado ordena apartar el hallazgo del sumario del ‘caso Kitchen’ y ponerlo bajo custodia en la Audiencia Nacional
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictó el pasado miércoles un auto en el que detalla el reciente hallazgo, durante la investigación del caso Kitchen, de una veintena de documentos en soporte digital, intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo tras su detención en noviembre de 2017, cuyo contenido está protegido por la ley de secretos oficiales. Según el documento judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se trata de 13 documentos de texto y seis archivos de audio en los que se hace referencia a cuestiones internas de la policía, el terrorismo yihadista y cuentas bancarias de terceras personas. En el escrito, el magistrado ordena informar del descubrimiento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y poner los archivos a su disposición. El juez también ha dado instrucciones, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, para que la información quede “precintada y custodiada en condiciones de máxima seguridad” en el juzgado y que las partes personadas en el sumario no puedan acceder a ella.
El hallazgo de la nueva documentación se ha producido durante la investigación realizada por la Policía sobre la relación entre Villarejo y el también comisario Marcelino Martín-Blas, imputados ambos por el espionaje en 2013 al extesorero Luis Bárcenas para sustraerle documentación comprometedora para el PP. Las pesquisas de los agentes han permitido localizar recientemente, entre la ingente documentación intervenida a Villarejo, archivos de audios grabados por este de sus conversaciones con el otro agente, así como denuncias interpuestas ante la policía y la justicia, y documentos relacionados con una supuesta investigación denominada Party realizada por la empresa Cenyt —epicentro del entramado societario del comisario— sobre el patrimonio personal y familiar del comisario Martín-Blas. Todo ello, ya incorporado a la causa.
Sin embargo, durante el rastreo, la Policía también ha localizado otros documentos que, “por su formato o contenido, tendrían la clasificación legal de secreto [...] En tanto que los documentos contienen datos concretos sobre fuentes, datos o informaciones que puedan revelar aquellas de los servicios policiales de información”, según detalla la Fiscalía Anticorrupción en el escrito donde solicitaba al juez tomar la medida. El Ministerio Público recuerda al magistrado que la ley de secretos oficiales de 1968, así como el acuerdo del Consejo de Ministros de 2014 que la regula, incluye como información sensible lo “relativo a medios y técnicas operativas utilizados en las luchas contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas”.
Los documentos
En un informe del pasado 27 de octubre, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía hizo una breve descripción de estos documentos sensibles.
Denuncia 19.1.15.pdf. Contiene datos sobre la Operación Kitchen y, en dos de sus párrafos (que quedarán ocultos a las partes), incluye las identidades de dos supuestos informadores de la trama policial.
Denuncia DAO 5.5.15.pdf. En la página dos de este documento se hace “referencia a unos supuestos hechos (cuya verosimilitud se ignora) relacionados con las actividades atribuidas al CNl”.
NI.-CNI-11.5.14.doc. Es un documento en formato Word, fechado el 11 de mayo de 2014 bajo el título Filtración de información sensible del CNl, “en el que se da cuenta de informaciones relacionadas con el Cuerpo Nacional de Policía, diferentes periodistas y con el CNI”.
NI.-CNI-17.3.14.doc. Contiene una nota del 17 de marzo de 2014 donde se exponen una serie de informaciones que relacionan al CNl con el “control de las actividades de los órganos Judiciales, así como del Cuerpo Nacional de Policía y en menor medida de la Guardia Civil”.
Denuncia-14.12.15.doc. Es un “borrador” que contiene información sobre el periodista Javier Ayuso, antiguo adjunto a la dirección de EL PAÍS y autor de las primeras informaciones que destaparon los sucios negocios de Villarejo; datos sobre la pieza 5 de la Operación Tándem, que se inició tras la filtración de un audio de Corinna Larsen, examante del rey emérito Juan Carlos I, donde hablaba de la fortuna oculta del antiguo monarca; y otras “informaciones que pudieran afectar a la legislación sobre secretos oficiales (recopilación de informaciones sobre terrorismo yihadista, principalmente)”.
DenunciaMarcel-8.1.15.doc. “Presenta un contenido similar a la Denuncia en formato PDF de fecha 19.01.2015, antes analizada”, expuso la Unidad de Asuntos Internos en su informe.
PT-5.11.12.doc. Es un documento con un “plan de trabajo” con referencias a “funciones de captación de información de interés policial”.
Dos PDF de la carpeta denominada Actal. Esta carpeta contiene dos documentos en formato PDF “con información bancaria sobre un tercero”.
CNI-4.2.15.m4a. Es un archivo de audio que recoge una conversación de nueve minutos y 17 segundos entre Villarejo y “un funcionario que pudiera estar adscrito al CNI”.
JR-5.12.12.mp3. “Se trata de una conversación relacionada aparentemente con las funciones encomendadas a Villarejo de captación de información de interés policial”, dicen los investigadores.
JR-10.12.12.mp3, JR-Ariz-9.12.12.nlp3, JR-MP-23.11.12.mp3 y PiVi-23.11.12.mp3. Conversaciones relacionadas con la anterior. Todos estos audios fueron localizados en una carpeta bautizada como Music, encontrada en un equipo informático que Villarejo tenía en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid).
Cuatro PDF en los indicios BE28 y BE24. Con estos nombres se refieren a dos carpetas denominadas Marcel, alias con la que los investigadores sospechan que Villarejo se refería al comisario Martín-Blas. Estas contienen, entre otros archivos, cuatro documentos en PDF “con información bancaria sobre un tercero”.
En su auto, el juez concluye que, a la vista de su contenido, “se hace inaplazable la necesidad de excluir del procedimiento la indicada información”. Y recuerda que “desde el comienzo de la presente investigación se ha puesto de manifiesto que, entre la documentación intervenida a Villarejo, se encontraría un ingente material documental e informático que este mantenía depositado sin ninguna habilitación legal para ello después de su jubilación” en 2016. Entre ese material, recalca el magistrado, había “archivos y documentos especialmente sensibles, afectos a la legislación de secretos de Estado o que de cualquier otro modo afecta gravemente a la seguridad de las personas o que perjudica a los legítimos intereses de terceras personas ajenas al procedimiento”.
García-Castellón recuerda que por ello, desde el inicio de la investigación sobre las actividades presuntamente delictivas de Villarejo, “se han adoptado sucesivas cautelas para preservar el carácter reservado de la documentación intervenida”. De este modo, se dieron instrucciones a los policías encargados de la investigación de que informasen al juez de cualquier archivo que pudiera “comprometer la seguridad del Estado” o estar legalmente clasificado como secreto. Solo una vez que se evalúa por parte del juez y Fiscalía el posible “impacto de los documentos” se decide si se entrega o no a las partes personadas. No obstante, el juez deja abierta la puerta a que si se justifica durante la investigación “un interés concreto y legítimo” pueda solicitar al Gobierno la desclasificación de todos o parte de estos documentos, como ya se ha hecho en dos ocasiones durante la instrucción.
UN MANDO POLICIAL CONFIRMA UN SEGUNDO OPERATIVO DE VIGILANCIA CERCA DE LA CASA BÁRCENAS DURANTE LA ‘KITCHEN’
El inspector jefe Vicente Galán señala a su superior, el comisario Martín-Blas, ya imputado en la causa, como el responsable del mismo
El inspector jefe de la Policía Nacional Jesús Vicente Galán ha confirmado este lunes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que, en el verano de 2013, en plena Operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas para arrebatarle información comprometedora para el PP, el Ministerio del Interior montó un segundo dispositivo de vigilancia cerca del domicilio del extesorero del partido conservador, según confirman fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. El mando policial, que comparecía como imputado tras caer en su anterior declaración como testigo en numerosas contradicciones, ha asegurado que él dio las instrucciones para ello por orden de un superior, aunque ha afirmado que el objetivo final del operativo era supuestamente localizar un automóvil Citröen C-4 de color negro y no el político, en aquel momento en prisión preventiva por el caso Gürtel.
Vicente Galán sí ha admitido que sabía que la zona que ordenó vigilar era próxima al domicilio de Bárcenas, ya que así se lo indicó el que entonces era su jefe, el comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos y también imputado en la causa. Martín-Blas, que declarará por estos hechos el próximo jueves, ha negado en anteriores comparecencias que él diera las órdenes para montar este segundo operativo.
La imputación de Vicente Galán, quien en 2013 acababa de asumir la jefatura de la sección encargada de vigilancias y seguimientos en la Unidad de Asuntos Internos, se produjo el pasado noviembre después de que una de las policías bajo sus órdenes lo señalase como el mando que le dio instrucciones para acudir en, al menos, dos ocasiones a las cercanías del domicilio de Bárcenas e informarle del resultado de sus pesquisas. Esta agente indicó que Vicente Galán justificó los seguimientos porque la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, “estaba en peligro”, sin darle más explicaciones. La policía añadió ante el juez que levantó actas de aquellos seguimientos y que, incluso, tomó fotografías.
En su declaración de este lunes, el mando policial solo ha confirmado que él dio las instrucciones a sus subordinados para desplegar el operativo en las cercanías del domicilio del extesorero del PP, pero ha insistido que lo hizo por órdenes del que entonces era su superior, el comisario Martín-Blas. Vicente Galán también ha asegurado que fue este el que le indicó que el objetivo era localizar un vehículo que merodeaba en una zona comprendida entre las calles Padilla, Hermosilla y General Díaz Porlier, en el madrileño barrio de Salamanca, con la advertencia de que “tuviera cuidado” porque allí estaba el domicilio de Bárcenas. El inspector jefe no ha sido capaz de concretar por qué interesaba policialmente localizar aquel automóvil concreto y en varias ocasiones se ha escudado en que no recordaba ni las fechas ni los detalles ni siquiera si se hicieron informes sobre el mismo.
Vicente Galán, que está imputado por los delitos de prevaricación, malversación y obstrucción a la justicia, ha añadido que sus subordinados le alertaron de que durante el operativo detectaron en la zona bajo vigilancia la presencia de vehículos sospechosos que resultaron ser de otra unidad policial y que, por ello, tras comentárselo a su superior, ordenó que finalizara el dispositivo de vigilancia. Aquellos vehículos resultaron ser parte del operativo desplegado por otro de los imputados, el comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, para vigilar los movimientos de Bárcenas, como ha admitido este alto mando policial, que colabora con la justicia.
El inspector jefe ha negado también que recibiera órdenes directas de montar este operativo del entonces máximo responsable operativo de la Policía, el comisario Eugenio Pino, también imputado en la causa y señalado como el presunto muñidor de la llamada brigada política, el grupo de agentes que en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior supuestamente investigó a rivales políticos del PP. No obstante, fuentes policiales destacan la cercanía de Vicente Galán con el comisario Pino y, sobre todo, con la mano derecha de este, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, también imputado en la causa. Tras la Operación Kitchen, Vicente Galán fue condecorado con una medalla con recompensa económica y obtuvo un destino en una Embajada de España en el extranjero, la de Mauritania, uno de los puestos más codiciados por los agentes por su elevada retribución económica. En agosto de 2018, el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska, lo destituyó de ese puesto.
La decisión del juez García-Castellón de investigar la posible existencia de un segundo dispositivo policial de vigilancia a Bárcenas se produjo después de que recibiera, el pasado octubre, un informe policial que reveló que un vehículo adscrito a Asuntos Internos fue enviado a vigilar las inmediaciones del domicilio de Bárcenas el 25 de julio de 2013. “La existencia de este vehículo permite inferir que funcionarios policiales adscritos a la Unidad de Asuntos Internos, cuando esta estaba bajo la jefatura [del comisario] Marcelino Martín Blas [ya imputado en la causa], realizaron labores de vigilancia en un inmueble relacionado con Rosalía Iglesias, la esposa del señor Bárcenas, cometido totalmente ajeno a la función de la Unidad de Asuntos Internos”, recalcaba el juez en el auto de noviembre por el que citaba, entonces como testigo, al inspector jefe Vicente Galán.
LA DETENCIÓN DE VILLAREJO PROVOCÓ UNA PROFUNDA PREOCUPACIÓN EN LA CÚPULA DE INTERIOR DEL MINISTRO ZOIDO
"Puede ser demoledor si no se encapsula", trasladó el exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, a su sucesor en el cargo, José Antonio Nieto, quien se mostró "totalmente de acuerdo" y manifestó que el ministro Zoido se encontraba "preocupado" y convocó una reunión.
La detención del comisario jubilado Villarejo, el 3 de noviembre de 2017, no solo preocupó a los altos cargos del Ministerio del Interior que supuestamente ordenaron la operación Kitchen y hoy están imputados en la causa, como el exministro Jorge Fernández Díaz o su secretario de Estado, Francisco Martínez, sino también a sus sucesores en el cargo, cuando a priori, nada habían tenido que ver con el operativo.
El informe completo de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sobre el tráfico de mensajes de Martínez revela conversaciones el 5 y 6 de noviembre, solo dos días después de la detención de Villarejo, entre aquel y su sucesor en la Secretaría de Estado de Interior, José Antonio Nieto.
El domingo 5 de noviembre, Nieto se pone en contacto con Martínez para comunicarle que el ministro Zoido le ha citado el día siguiente "preocupado" por varios temas. Uno de ellos, "sin duda", dice Nieto, es el que el nuevo secretario de Estado habló con Martínez solo dos días antes, y que según los agentes redactores del informe se trata con toda probabilidad de la detención de Villarejo.
Martínez le responde que "puede ser demoledor si no se encapsula" y Nieto contesta que está "totalmente de acuerdo" con esa apreciación. A continuación, Nieto le expone que "ese es el objetivo y de lo que quería conocer tu opinión. En cuanto pueda (hable con el ministro) te llamo y buscamos un momento".
Nuevo contacto con Martínez
Un día más tarde, Nieto vuelve a ponerse en contacto con Martínez y le escribe: "Hola Paco. Ya he terminado los temas de agenda. Si tienes un hueco me adapto en hora y sitio. Un abrazo".
El 25 de febrero de 2019, al mismo tiempo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecía a petición propia en el Congreso de los Diputados para hablar, entre otros asuntos, del cese del jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, éste cruzaba mensajes de WhatsApp con el exsecretario de Estado, Francisco Martínez.
Corbí: Lleva tres horas Marlaska en el Congreso. Le va a dar algo
Martínez: Ojalá. Lo tuyo va muy bien preparado. He escrito yo toda la intervención y con la entrevista del Huffington Post delante es un escándalo lo que ha hecho.
Martínez: Me preocupa más que quiera esparcir mierda en kitchen
Implicar a Marlaska
Al día siguiente retoman la conversación sobre Grande-Marlaska y Martínez sugiere a Corbí que habría que investigar si el ministro tuvo que ver con Villarejo, y el coronel de la Guardia Civil acepta el encargo.
Martínez: Sería interesante saber si él habló alguna vez con Villarejo, cosa que no me extrañaría nada
Corbí: No tengo información. Preguntaré.
Martínez: Sería muy interesante. O con el Gordo [el comisario Enrique García Castaño]
Corbí: Preguntaré
El informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sobre el teléfono móvil de Francisco Martínez también revela la estrecha relación que mantenía con Villarejo, y otros agentes implicados como García Castaño o Carlos Salamanca.
Sorpresa de Martínez
El exsecretario de Estado se sorprende en una conversación con Salamanca al conocer por éste que la madre de Villarejo ha enfermado y responde "¡si ayer estuve con él!", para a continuación preguntarle si puede citarle cuando vuelva a verle y le pregunte por este asunto.
Un mes más tarde, de nuevo Salamanca envía un mensaje a Martínez comunicándole que "acaba de fallecer" la madre de Villarejo, y el secretario de Estado contesta con un "sí, ya lo sé" y pregunta si acudirá al sepelio en Estepona.
https://cadenaser.com/ser/2021/01/15/tribunales/1610691835_791607.html
INTERIOR CONSULTÓ A LA TRAMA KITCHEN A QUIÉN PONER AL FRENTE DE LA UDEF: “UNO CON COJONES”
Los mensajes de móvil del exsecretario de Estado revelan cómo le pidió a uno de los comisarios investigados que eligiera al responsable de la unidad de élite contra la corrupción
Un análisis de la Policía sobre el teléfono móvil del exnúmero dos de Interior, Francisco Martínez, recoge años de conversaciones que arrojan luz sobre sus maniobras para tratar de frenar el caso Kitchen en el que está investigado. Pero también se aprecia el nivel de confianza que depositaba el Ministerio sobre alguno de los mandos de la trama implicada en los seguimientos a Luis Bárcenas hasta el punto concederle la potestad de decisión sobre un puesto clave en la Policía como es el jefe de la UDEF, unidad de élite contra la corrupción.
“¿Quién a la UDEF?”. Esta fue la pregunta que le hizo vía WhatsApp el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo. Este mando policial es uno de los principales investigados en la Audiencia Nacional por colaborar con el polémico José Manuel Villarejo. La respuesta que le dio al número dos de Interior fue que había que poner a alguien “de confianza y con cojones”. Según el informe de 262 folios al que ha tenido acceso Vozpópuli, este intercambio se produjo a las 13.18 horas del 11 de julio de 2015.
En aquellas fechas se había decidido relevar al hasta entonces máximo responsable de la Unidad de Delincuencia y Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, el comisario Manuel Vázquez, alias Fiti. Durante años fue la punta de lanza de la Policía Nacional contra la corrupción política y se encargó de investigar casos como la Gürtel, los papeles de Bárcenas, la familia Pujol. También una presunta financiación iraní de Podemos a partir de un informe sin fecha ni sello llamado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que ni siquiera llegó a judicializarse por su escaso nivel probatorio.
"Es un flojo y acojonao"
El comisario Vázquez había sido nombrado por el ministro Jorge Fernández Díaz nuevo jefe superior de Policía de Galicia -de donde es natural- para agotar sus últimos años de carrera. Había que nombrar un sustituto. En la conversación intervenida por Asuntos Internos en el marco de las pesquisas de Kitchen, el secretario de Estado insistió a el Gordo en que le diese un nombre para ocupar tan delicado puesto: “¿Que se llama?”.
El comisario García Castaño se comprometió a ello: “Te digo”. En ese punto, el alto cargo de Interior le planteó nombrar al frente de la UDEF al entonces jefe superior de Castilla La Mancha, Juan Carlos Ortiz, pero el Gordo descartó esa opción de plano: “Ortiz es un flojo y acojonao”. “Piensa alguien…”, le pidió Francisco Martínez. García Castaño no tenía, en teoría, ningún poder de decisión.
En esos momentos era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una estructura integrada en la Comisaría General de Información dedicada a suministrar aparatos de escuchas y seguimientos a las unidades investigadores y también al control de confidentes. La UDEF ni siquiera forma parte del organigrama de Información, sino que depende de la Comisaría General de Policía Judicial, es decir, que es una unidad que trabaja siguiendo las órdenes de jueces y fiscales.
La plaza quedó desierta
La plaza del comisario Vázquez estuvo meses ocupada de forma interina por el que había sido su segundo, el comisario García Catalán. No fue hasta la salida del ministro Jorge Fernández Díaz y la llegada de Juan Ignacio Zoido cuando se produjo el relevo. Finalmente fue nombrado en enero de 2017 el comisario principal Fernando Moré, procedente de la Comisaría del aeropuerto de Barajas.
Fueron necesarios 16 meses de vacío de poder y dos convocatorias de la plaza porque la primera se declaró desierta. A los nuevos responsables de Interior no les convencía ninguno de los candidatos, entre ellos el propio Moré, quien sigue al frente de la UDEF actualmente. Es un cargo de confianza, es decir, que entre la terna de aspirantes se elige uno desde el Ministerio. Es necesario, eso sí, tener el rango de comisario principal, el máximo en el escalafón de la Policía. Por eso Francisco Martínez buscaba que García Castaño le diera un nombre que poder nombrar a dedo.
En cuanto al comisario Ortiz, a quien el Gordo describió como “flojo y acojonao” acabó ascendido por el ministro Zoido a la cúpula del Cuerpo como máximo responsable de la Jefatura Central de Información. Lo enmarcó en una restructuración de la Policía en el que suprimía la figura de Director Adjunto Operativo para dividirlo en cuatro jefes. En la Policía se vinculó este nombramiento de Ortiz a sus buenas relaciones con la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal durante el tiempo que ambos coincidieron en Castilla-La Mancha.
Boicotear la Gürtel
La UDEF fue creada en el año 2005 por el entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su primer responsable fue el comisario José Luis Olivera, también en el ojo del huracán del caso Villarejo y un habitual de las conversaciones del polémico mando. Consta una grabación del año 2009 entre Villarejo y María Dolores de Cospedal en la que el comisario le ofrecía los servicios de su amigo Olivera para boicotear la investigación de la trama Gürtelen favor del PP.
Además, las pesquisas policiales han aportado evidencias sobre las maniobras de los comisarios bajo sospecha para ocupar puestos claves en la Policía, incluido el de la Dirección Adjunta Operativa. Según consta en la investigación, Villarejo intentó medrar para que en ese puesto se nombrase a su amigo Olivera.
https://www.vozpopuli.com/espana/interior-kitchen-udef_0_1428458561.html
COSPEDAL SEÑALÓ A PACO MARTÍNEZ QUE TODO LO QUE HABLÓ CON VILLAREJO "ERA POR EL BIEN DEL ESTADO"
Así se refirió el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante una conversación con su mujer en septiembre de 2018, haciendo referencia a la relación entre Cospedal y Villarejo En la citada conversación sobre Cospedal, Martínez responde a su mujer que "no hace falta que le cuenta porque ella sabe de sobra lo que hay", haciendo referencia al contenido los archivos que encontraron de Villarejo
El ex secretario de Estado de Seguridad investigado en la pieza Kitchen, Francisco Martínez, se refirió en septiembre de 2018 durante una conversación particular con su pareja a la relación entre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo cuando fueron encontrados los archivos del policía, señalando que "a ella le da igual lo que salga porque todo lo que habló con él era por el bien del Estado, pero tiene cara de preocupada", según informa Europa Press.
Esta conversación consta en el informe redactado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (UAI), al que ha tenido acceso Europa Press, recoge los datos del volcado del teléfono móvil intervenido a Martínez en el marco de la pieza separada que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre esa operación sufragada con fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En la citada conversación sobre Cospedal destacada por los investigadores, y ante las preguntas de su esposa señalando "¿Y le has contado?", Martínez responde que "no hace falta que le cuenta porque ella sabe de sobra lo que hay".
Según otras conversaciones obrantes en el informe, en febrero de 2017 Martínez intercambió varios mensajes con el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño cuando éste fue cesado y trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Madrid como coordinador Zonal, lo que generó malestar tanto a él como al excomisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo. Este malestar lo traslada García Castaño a Martínez, que en dicha fecha ya había sido relevado por José Antonio Nieto.
En esta conversación el ex UCAO también le da cuenta a Martínez de sus contactos con Cospedal y su marido llegando a manifestar "si saco el pendrive de Bárcenas ¿Qué pasa?".
"Como no espabile el PP le van a dar del pulpo"
"¿Nos matarán a todos?" se lamenta el mando policial, para añadir que "López del Hierro se cabreó hoy porque siguen sin dar la cara conmigo, como no espabile el PP le van a dar la del pulpo, aunque me dice un amigo de Susana que antes se matarán entre ellos". Martínez responde ante estas afirmaciones : "Sí, eso es muy probable".
Seguidamente es cuando García Castaño le dice al ex número dos: "Me encontré con la Cospe y su marido, me dijeron que el tema se tenía que haber arreglado ya, que hablaría conmigo. Según el ses (secretario de Estado) ya dio orden que me cambiaran y de forma clandestina volviera a montar el tema catalán". "No se si fiarme", añade el policía, a lo que Martínez apostilla: "yo ya no me fío de naiden".
Igualmente se cita a Cospedal en una conversación ya en abril de 2019 con su jefe de prensa, señalándola como "la señora que aupó al líder" y "principal culpable de lo que está pasando".
Otro de los capítulos del informe refleja las comunicaciones previas a la incoación de la pieza kitchen por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, de las que el informe destaca la reiterada petición de Villarejo acerca de la necesidad de nombrar como nuevo DAO a Olivera y la presión que ejerció sobre responsables políticos y ministeriales, sobre lo que Martínez parece tener pleno conocimiento: "No hace falta que recuerde quien metió a Villarejo en escena ¿no?", señala el número 2 de Interior en uno de ellos
Tanteando periodistas sobre Kitchen
El que fuera número 2 de Interior se puso en contacto en noviembre de 2018 con periodistas de cabeceras importantes para conocer si sus medios se harían eco de la apertura de la pieza número 7 del caso Tándem. Al tiempo, trataba de que cundiera la idea de que todo el operativo era "otro montaje que viene de V" –refiriéndose al comisario José Manuel Villarejo.
En los mismos, no obstante, y según señala el informe de Asuntos Internos, Martínez no oculta su preocupación porque finalmente las pesquisas acaben siendo investigadas en al Audiencia Nacional: "¿Crees que la Audiencia puede entrarle a esto?".
Durante esos días en los que los medios comienzan a escribir sobre ese operativo urdido para sustraer información al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario de Estado mantiene reuniones con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y otras personas al respecto. Algo que queda reflejado en mensajes que intercambia incluso con su pareja.
Además, en los meses de noviembre y diciembre incrementa contactos tanto con el que fue su jefe de prensa –que le aconseja que de responder públicamente a las informaciones sea en los pasillos del Congreso y de forma escueta– como con periodistas a los que traslada que la Kitchen "es una invención".
En una conversación de diciembre de 2018 con un periodista, éste le llega a decir que si le acaban imputando en la pieza 7 que espera que le pase "los papeles", aunque segundos después le aclara que se trata de "una broma".
Ya cuando comienzan las primeras declaraciones en sede judicial de perjudicados e investigados, Martínez idea una estrategia, "marcar y delimitar le problema, V y P", en relación a Villarejo y Pino. Al tiempo, se queja de que el que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó "está como loco metiendo mierda" contra él y le llega a calificar de "cabronazo" por sus declaraciones.
Ya en febrero de 2019, en conversación con su asistente Iciar de Castro desliza su indignación por las declaraciones de Fernández Díaz y Cosidó y subraya que los denominados papeles de Bárcenas no eran su problema o preocupación. "Y los papeles de Bárcenas o su puta madre no me importaban una higa. Que busquen entre los que sí le importaban", añade.
De hecho, en una conversación registrada en octubre de 2017 entre Martínez y el sacerdote Silverio Nieto señala que su buena opinión sobre García Castaño sólo es superada por su afecto personal hacia él. "Creo que el despropósito que se ha ido generando por darle satisfacción a los periodistas que hablaban de siniestras maniobras en el Ministerio ha llevado a esta estúpida situación en la que quienes de verdad podrían aportar información valiosa han sido excluidos (*) y eso sucede cuando te mueves a ritmo de los digitales".
LOS ‘WHATSAPPS’ DEL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR SOBRE EL ‘CASO KITCHEN’: “SI GOBERNAMOS, LA JODIENDA DE LOS FISCALES PUEDE CAMBIAR”
Las conversaciones de cinco años reflejan la existencia de operaciones policiales ajenas a cualquier control judicial y preocupación cuando Anticorrupción impulsó la detención del comisario Villarejo. Francisco Martínez, a los periodistas: “Bárcenas y el PPP (Puto PP) me importan un bledo”
El 13 de marzo de 2020, un día antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma en España por la pandemia, policías de la Unidad de Asuntos Internos entraron en el domicilio de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Los agentes copiaron y grabaron en dos pendrives de 32 gigas de capacidad la información contenida en el teléfono móvil de Martínez. Cinco semanas después del registro, la Unidad de Asuntos Internos entregó al juez un informe de 262 páginas con diversos análisis donde la policía analizaba algunas de las conversaciones mantenidas por Martínez desde 2013 hasta 2019 relacionadas con una operación policial, conocida como Operación Kitchen, para espiar sin mandato judicial al extesorero del PP, Luis Bárcenas, e intentar sustraerle documentación comprometedora para dirigentes del partido en el Gobierno. Martínez, número dos de Interior entre enero de 2013 y noviembre de 2016, y su jefe, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante aquellos años, están imputados por esta operación policial ejecutada a espaldas del juez que investigaba al extesorero del PP.
Las comunicaciones de quien fue secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, a través de su teléfono móvil, reflejan la existencia de operaciones policiales secretas, ajenas a cualquier control judicial y dirigidas por comisarios veteranos así como situaciones de extrema preocupación cuando la Fiscalía Anticorrupción destapó las oscuras maniobras dirigidas desde el Ministerio del Interior o impulsó la detención del comisario José Manuel Villarejo. Lo que sigue es un resumen del informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional tras examinar el contenido de los mensajes de whatsapps enviados y recibidos por Francisco Martínez durante cinco años, desde comienzos de 2015 hasta marzo de 2020, cuando se produjo el registro de su domicilio.
La operación policial secreta para espiar y sustraer documentación a Bárcenas y su familia se llevó a cabo entre junio de 2013 y junio de 2015. Los pagos de fondos reservados al principal confidente de la operación, Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, se hicieron entre esas dos fechas, según la documentación incorporada a la investigación del caso. La Unidad de Asuntos Internos aclara que la información obtenida del teléfono móvil de Martínez solo comprende los meses finales de la Operación Kitchen, pero nada relacionado con el año 2013, “cuando tienen lugar la planificación de la operación, la captación de Sergio Ríos como colaborador, las vigilancias y seguimientos sobre la familia de Bárcenas y la ejecución de volcados de teléfonos”.
Febrero de 2015. Cracovia, escondite del dinero de Bárcenas.
El comisario Enrique García Castaño, uno de los principales autores de la Operación Kitchen, informa al secretario de Estado, Francisco Martínez, sobre el lugar donde supuestamente Bárcenas esconde su dinero (una información que nunca se demostró cierta).
Comisario García Castaño. El dinero, en Antillas Holandesas y en Cracovia, donde tiene un negocio con Sánchez Lázaro.
Ex secretario de Estado. ¿Cuánto?
Comisario García Castaño. No lo sabe el hermano, si sabe que ya le ha pedido dinero tb.
Año y medio después, García Castaño, volvería sobre esta idea al hablar por Whatsapp con Martínez.
Comisario García Castaño. Por cierto Bárcenas quiere que no le toquen lo que le queda de su dinero, lo tiene en Cracovia y Canadá. Con testaferros.
Ex secretario de Estado. Cracovia¡ Vaya sitio…¡
Comisario García Castaño. Quién investiga ese sitio?
Ex secretario de Estado. Villarejo?
Comisario García Castaño. Jaaaaaa. Cracovia es la capital del voivodato de Pequeña Polonia y una de las ciudades más grandes, antiguas e importantes de Polonia. Wikipedia. Y muy turística.
Ex secretario de Estado. Si, si. Yo he estado…pero mira q tener la pasta ahí..
Comisario García Castaño. Iba mucho también a Canadá. En sus notas tiene los mejores restaurantes de ambos sitios. Es que tú y yo somos pobres, ya te dejaré su agenda que es mejor que la guía michelín. Creo te la di…
Ex secretario de Estado. No me la diste… Y me tienes que dar lo otro…y lo del chinito.
El ex secretario de Estado comenta con el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel que condenó a Bárcenas a 29 años de prisión y a su mujer, Rosalía Iglesias, a 13 años.
Enrique García Castaño. La venganza de Garzón. Y espera la reacción de Bárcenas por lo de su mujer
Ex secretario de Estado. ¿Bárcenas juró venganza por lo de Rosalía?
Enrique García Castaño. Pregunta a los periodistas.
Ex secretario de Estado. ¿Y qué tiene? ¿Qué puede hacer?
Enrique García Castaño. Pues joder a Rajoy y a más de uno
Ex secretario de Estado. ¿Pero tiene material explosivo?
Enrique García Castaño. Lleva tanto tiempo amenazando. A ver qué le queda.
Ex secretario de Estado. Lo que no haya usado ya…
La conversación se produce tres años después de que el Ministerio del Interior, donde Martínez era el segundo jefe tras el ministro, Jorge Fernández Díaz, pusiera fin a una operación policial de espionaje ilegal a Bárcenas y su familia para sustraerle documentación que pudiera implicar al Gobierno en el caso de la financiación ilegal del PP que investigaba la Audiencia Nacional.
En junio de 2015, en plena Operación Kitchen, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, conversa con Andrés Gómez Gordo, un inspector de policía que Dolores de Cospedal se llevó como director general al Gobierno de Castilla-La Mancha y que fue clave en la Operación Kitchen. Gómez Gordo fue la persona que captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que apodaban El Coci, como confidente de la policía a cambio de un salario mensual de 2.000 euros pagado con fondos reservados.
Inspector Gómez Gordo. Se me pasó decirte que ayer se confirmó que El Coci ha aprobado. Hoy se ha visto con el del hotel en la planta -2 del garaje de calle Ayala. L quiere que para septiembre haga de testigo de los seguimientos, duda de él pero sobre todo de Sepúlveda. Estaba muy cabreado por lo del juicio de lo laboral. Un saludo.
Ex secretario de Estado. ¿Cabreado con intención de hacer daño?
Inspector Gómez Gordo. No puede. Lo intenta con los periodistas pero ya no le hacen caso sin pruebas. Le queda Marisa Gallero y poco más. Lo de la grabación lo pensaba utilizar para la negociación del juicio pero… Del Coci no se fía. El martes durmió en el domicilio donde hizo el intercambio del famoso cuadro??? Dice que para que no le viera salir la prensa para ir al juzgado.
El chófer de Bárcenas logró plaza como policía nacional tras aprobar la oposición. Cuando el diario Público contó la noticia, Gómez Gordo escribió a Francisco Martínez.
Gómez Gordo. Jorobas, acaba de salir. Sale que entra en la poli.
Ex secretario de Estado. Lo he visto…de todo lo que podía salir no me parece lo peor, la verdad…
El secretario de Estado sobre Villarejo. Habla de putas La Tacones.
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En noviembre de 2015, El Español publica la Operación Kitchen bajo el título Policías se apoderaron de papeles de los Bárcenas que no entregaron al juez. Cuando un periodista de otro medio intenta averiguar qué hay de cierto en la noticia y escribe al secretario de estado, Francisco Martínez, este le miente.
Periodista. ¿Qué opinas del asunto Bárcenas y El Español?
Ex secretario de Estado. Caca…no entres, es un pufo.
Periodista. Lo sé. Paso. Pero no sé a qué juegan
Ex secretario de Estado. Ni yo, pero es todo una trola usada como arma de guerra del uno contra el otro. Ni robo, ni rabo, ni Kitchen, ni pollas. Pues vaya información… si es una cacorra de papela a mano escrito por Rosalía. Menudo “documento”…
Periodista. Mañana cuenta Pedro J que el ministro negoció con Bárcenas.
Ex secretario de Estado. Eso es mentira. Totalmente falso.
Periodista. Ya imagino. Y Villarejo diciendo que se daban órdenes ilegales…
Ex secretario de Estado. Habló de putas La Tacones.
García Castaño: “Las notas mencionan a todos, Rajoy, Arenas, Cospedal….”
Los documentos robados a Bárcenas preocupan al secretario de Estado, que escribe al comisario Enrique García Castaño, que colaboró en el robo de documentos al extesorero del PP.
Ex secretario de Estado. ¿Qué sabes de esto?
Comisario García Castaño. Son papeles viejos con recibís de Arenas y otros, nada nuevo.
Ex secretario de Estado. Entiendo que no son recibís firmados por Arenas sino un manuscrito de Bárcenas diciendo que les pago esas cantidades, verdad?
Comisario García Castaño. Una agenda con notas que me dicen son del verano de 2013, o sea montaje, puede escribir lo que le dé la gana, pero es más de lo mismo, lo grave es que sale de Marcelino y no sé por qué quería dárselo a Público.
Ex secretario de Estado. A quién mencionan esas notas?
Comisario García Castaño. A todos, Rajoy, Cospedal, Arenas, el propio Bárcenas les dijo que no quería líos.
Ex secretario de Estado. Pues menos mal que no quería líos.
Comisario García Castaño. Me dicen que es un manuscrito hecho por la mujer de Bárcenas anotando los documentos que tienen contra el PP. O sea que se puede desmontar fácilmente...
Ex secretario de Estado. Sería muy bueno saber por dónde van los tiros mañana…
Comisario García Castaño. La mujer dice que tiene mensajes de su marido con el ministro del Interior. Le pedía que dijera que él no era Luis el Cabrón.
La amenaza del comisario García Castaño: “¿Y si saco el pendrive de Bárcenas?”
Al comisario García Castaño le quitó de su puesto el nuevo ministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Y García Castaño escribió en marzo de 2018 a Francisco Martínez para quejarse y amenazar…
Comisario García Castaño. ¿Y si saco el pendrive de Bárcenas qué pasa?
Ex secretario de Estado. Lo peor es lo de tu mujer. Lo siento mucho. Intenta buscar algo fuera. Nos matarán a todos??
Comisario García Castaño. A casi todos. López del Hierro se cabreó hoy porque siguen sin dar la cara conmigo como no espabile el PP le van a dar la del pulpo, aunque me dice un amigo de Susana que primero se matarán entre ellos…
Ex secretario de Estado. Si, eso es muy probable.
Comisario García Castaño. Me encontré con la Cospe y su marido. Me dijeron que el tema se tenía que haber arreglado ya. Que hablaría conmigo. Según el Secretario de Estado ya dio orden que me cambiaran y de forma clandestina volviera a montar el tema catalán. No sé si fiarme.
Ex secretario de Estado. Yo ya no me fío de naiden
Nervios por la detención de Villarejo: “Tómate un alprazolam”
El día de la detención del comisario José Manuel Villarejo (3 de noviembre de 2017), Francisco Martínez manifiesta su preocupación en el intercambio de mensajes con su pareja.
Ex secretario de Estado. Estoy super nervioso, amor.
Pareja. Mi vida, todo va a estar bien¡¡¡¡ Estoy segura.
Ex secretario de Estado. Estoy en casa, pero no me concentro.
Pareja. Tomate medio alprazolam. Te va a venir bien. Esto no tiene nada que ver contigo.
La preocupación crece ese día, y Martínez llama a José Antonio Nieto, la persona que le ha sustituido en el cargo de secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Ex secretario de Estado. José sobre lo que hablamos, creo que puede ser demoledor si no se “encapsula”.
José Antonio Nieto. Totalmente de acuerdo. Ese es el objetivo y de lo que quería conocer tu opinión. En cuanto pueda (hable con el ministro) te llamo y buscamos un momento.
Ex secretario de Estado: “Si no fuera por V.[Villarejo] yo tendría opciones de entrar en el Gobierno de Casado”
El 25 de septiembre de 2018, cuando empiezan a hacerse públicas algunas de las grabaciones de Villarejo, que lleva casi un año en la cárcel, Martínez habla con su pareja sobre las noticias que se publican.
Ex secretario de Estado. He estado hablando un rato con Cospedal. Dice que V [Villarejo] ha comido con media España. Que a ella le da igual lo que salga porque todo lo que habló con él era por el bien del Estado. Pero tiene cara de preocupada claro.
Pareja. Y tú le has contado?
Ex secretario de Estado. No hace falta que le cuente porque ella sabe de sobra lo que hay.
En noviembre de 2018, diversos medios cuentan la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la Operación Kitchen. El 19 de febrero de 2019, Francisco Martínez habla con el policía Pedro Agudo, que estuvo destinado en Italia y coincidió cinco años con el juez Manuel García Castellón.
Ex secretario de Estado. Habla con Manolo [García Castellón] para que cierre esa mierda.
Policía Pedro Agudo. Jaaa. Lo hará.
Ex secretario de Estado. Si no fuese por tema V yo tendría buenas opciones en un gobierno de Casado.
Policía Pedro Agudo. Seguro. Pero esto acabará.
Ex secretario de Estado. Eso es lo que tengo que agradecerle a V y a quienes me pidieron tratar con el.
Policía Pedro Agudo. Mala suerte también. Imagina lo que aprendiste.
Ex secretario de Estado. Espero que antes del 23 de mayo le den un empujón a la pieza y si gobernamos la jodienda de los fiscales puede cambiar. También creo que el asunto después de elecciones perderá interés y más para los que estamos afuera…digo yo.
La petición de ayuda a Mariano Rajoy
El 24 de marzo de 2018, el ex secretario de Estado sabe que no irá en las listas y escribe a Mariano Rajoy: “Por razones que conoces, he pasado de ser alguien valioso para el partido a ser apartado como una especie de apestado. Creo que no es justo y que no me lo merezco. Tanto tu Gobierno como el partido solo han tenido lealtad y compromiso por mi parte en momentos muy difíciles. Creo que no me merezco que me dejen tirado en estas condiciones. Nadie me ha llamado y solo pido que el partido me ayude en este momento, con la fórmula que sea (si no puede ser el Congreso, que sea el Senado, Asamblea de Madrid etcétera). Creo que tú sabes que he sido leal y he trabajado con enorme coste personal. Soy muy consciente que no es tu decisión, pero quería compartirlo contigo y pedirte ayuda, en la medida de tus posibilidades y con mi agradecimiento por delante”.
No obtuvo respuesta. Y al día siguiente escribió al secretario general del PP, Teodoro García Egea: “Quedarme tirado y marcado como un corrupto por los míos me hace un daño irreparable. Hay opciones de las que podíamos haber hablado. Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Precisamente por eso me he metido en este lío. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Mariano Rajoy. La misma que os tendría al presidente y a ti”.
El 22 de marzo de 2019, Martínez vuelve a mensajearse con el policía Pedro Agudo.
Ex secretario de Estado. Tiene cojones que nos purguen a nosotros por, supuestamente, según la prensa, robarle documentos a Bárcenas (todavía no sabemos cuáles, por cierto…) y sigan en las listas los que aparecen en los papeles de Bárcenas o los que recibieron regalos de Correa y su trama… curioso, no??
Policía Pedro Agudo. Eso es innegable. Ese argumento es incontestable.
Ex secretario de Estado. Pues es así, siguen Pío García Escudero, Matarí, Vera… todos ellos salen en los papeles.
Pedro Agudo. No tiene sentido.
Ex secretario de Estado. Y el nuevo referente ético. Aznar. Precisamente el que llevó a Correa de chaqué a la boda de la Niña.
El 9 de junio de 2019, Francisco Martínez habla con un periodista y se queja de la versión que Enrique García Castaño ha dado sobre la Operación Kitchen.
Ex secretario de Estado. Alguien quiere que yo sea el chivo expiatorio. No he visto a Bárcenas en mi vida ni he tenido jamás relación con el PP hasta enero de 2017 (en que me afilié como afiliado de base). Sinceramente, Bárcenas y el PPP (puto PP) me importan un bledo. Como habrás visto en El mundo, la estrategia es hacer un sándwich entre Cosidó que no sabía nada y el hijo puta de Jorge, que no solo va diciendo que no sabía nada sino que encima deja caer el mensaje de que “no habría autorizado” nada… cuando obviamente es el origen de todos los líos… ahora va de víctima y dice que yo manejaba el ministerio a sus espaldas. Precisamente yo, el único que tiene vida fuera del partido y que no he hecho más que palmar dinero. El Gordo, otro fenómeno…te vende cada día tres motos y luego dice que a él se lo ordenaron. Tiene cojones¡¡¡¡
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díez, asegura en julio de 2019 que no sabe nada de la Operación Kitchen: “No tengo ni tuve conocimiento. Me estoy enterando ahora. No me consta para nada”. Martínez escribe entonces a quien fue jefe de prensa del ministerio del Interior y le comenta las palabras del exministro.
Ex secretario de Estado. Esta en campaña el muy cabrón. Tu crees que se puede tener tan poca vergüenza??? Tendrá que ir corriendo a confesarse… Está haciendo lo mismo que con las grabaciones. Pero esta vez SÍ se va a arrepentir. Ni se imagina la que le espera.
Martínez se refiere a las grabaciones en el despacho del ministro del Interior con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Aunque Jorge Fernández ordenó grabar las conversaciones, cuando éstas se hicieron públicas denunció que alguien le había grabado y que eso era especialmente grave. Dos años después, escribió un libro en el que recuperó la memoria y Fernández confesó que él mismo había dado la orden de que se grabaran las conversaciones.
“No he vuelto a hablar con Jorge Fernández. Su actitud es cobarde y ruin”
En septiembre de 2019, Martínez vuelve a mensajearse con su ex jefe de prensa en el ministerio y le confiesa su decepción.
Ex secretario de Estado. La jugada traicionera del Gordo me pareció infumable, pero casi me molestó más la actitud cobarde y ruin de JFD, con quien no he vuelto a hablar desde entonces (y pretendo no volver a hacerlo).
Durante los últimos meses, Francisco Martínez se mensajea de manera compulsiva con quien fue Director Adjunto Operativo de la policía, Eugenio Pino, para interesarse por los movimientos de Enrique García Castaño, el comisario que ha declarado al juez que toda la Operación Kitchen la hizo a las órdenes del secretario de Estado, a quién facilitaba la información que conseguía a través de un ordenador portátil que se compró expresamente para esa función. Pino siempre tranquilizaba a Martínez y atribuía a los fiscales anticorrupción las maniobras de filtraciones de información para perjudicar al secretario de Estado de Seguridad.
FRANCISCO MARTÍNEZ CONFIABA EN QUE UNA VICTORIA DEL PP CAMBIASE "LA JODIENDA" DE LA FISCALÍA EN 'KITCHEN'
El exsecretario de Estado de Seguridad confiaba en un cambio de gobierno para rebajar la presión de los fiscales Anticorrupción, a los que calificó de "talibanes" y "politizados"
Son las 262 páginas del informe completo de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sobre el teléfono móvil del exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, imputado en la operación Kitchen.
Martínez habla con implicados por WhatsApp y carga contra los fiscales Anticorrupción, a los que califica de "talibanes" y "politizados" y añade que esperaba que su "jodienda" cambiase después de las elecciones de 2019 si el PP lograba el Gobierno.
Se trata de años de mensajes guardados en su teléfono móvil, que revelan cómo el exsecretario de Estado recibía información sobre la supuesta fortuna de Bárcenas en el extranjero que jamás llegó al juzgado que investigaba al extesorero del PP, o que estaba al corriente de tenía un chófer que actuaba como confidente de la policía, ajeno a la instrucción judicial y pagado con fondos reservados.
La preocupación de Martínez crece cuando la SER avanza el 12 de abril de 2019 que será imputado en el proceso que investiga el supuesto espionaje a Bárcenas con fondos reservados para destruir pruebas que perjudicasen al PP o a sus dirigentes, en el caso de su caja b. A diario pregunta por el procedimiento a varios de sus interlocutores, sobre todo al exDAO también implicado, Eugenio Pino, y confiesa que si el exjefe de la UCAO de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, vuelve a implicarle en la causa "el asunto escalará inmediatamente a JFD y a MR", supuestos acrónimos del exministro Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy.
También se queja de que Pablo Casado o Teodoro García Egea no cuenten con él para las listas. "así recompensan la lealtad. Que se metan el carné [del PP] por el culo".
https://cadenaser.com/ser/2021/01/14/tribunales/1610652870_255486.html
UN COMISARIO PIDE AL JUEZ DE KITCHEN QUE INVESTIGUE LA SALUD MENTAL DEL EXJEFE DE LA POLICÍA
Solicita que se recabe el expediente de la medalla pensionada que recibió «sin mérito reseñable» un subordinado de Asuntos Internos ahora imputado
El comisario retirado y en tiempos jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas ha solicitado al juez que investiga la operación Kitchen que someta al ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional a un reconocimiento para establecer si sufre algún tipo de trastorno mental que esté distorsionando sus recuerdos.
En un escrito al que tuvo acceso ABC, la defensa de Martín Blas solicita en concreto que Pino, el uniformado con más poder en la Policía bajo gobierno de Mariano Rajoy, sea ahora reconocido por un médico forense «a los efectos de determinar si aquel padece algún trastorno neurológico, psiquiátrico, psíquico o de la personalidad que condicione su percepción de la realidad o sus recuerdos».
Quiere saber si Pino padece de alguno de estos trastornos «de tal forma que el relato de los hechos que hace en sus declaraciones no se corresponda con lo realmente sucedido», pero también que se aporte un informe médico en el que se determine «si la medicación que toma dicho investigado como consecuencia de los distintos padecimientos que sufre distorsiona sus recuerdos».
Para la defensa de Martín Blas es una diligencia relevante, habida cuenta de que el otrora comisario Principal jefe de Asuntos Internos ha acabado investigado en la causa sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, entre otras razones, porque Eugenio Pino le señaló. Sin embargo, ni el principal confidente de la trama, el chófer Sergio Ríos, ni el comisario que trabajaba con él, Andrés Gómez Gordo, le han involucrado en la operación.
El escrito parte de un audio de Villarejo recogido en el sumario de la operación Kitchen, en el que un periodista cuenta al comisario que Pino «es bipolar medicado» y «está como una cabra». No obstante, recoge también la documentación aportada por la defensa del exjefe policial en enero de 2020 que alegaba «episodios de amnesia global transitoria» tras un problema de salud. «Podría ser que sus recuerdos respecto a los hechos objeto de la investigación, estén alterados o sean difusos o inexistentes», dice el escrito.
«Añoranza de jubilado»
Para apuntalar la petición, la defensa de Martín Blas añade que el propio Pino se desdijo de una declaración ante otro procedimiento judicial alegando que su «imaginación poderosa como policía«, su »añoranza de jubilado« y un defecto personal consistente en »dar por sentadas las cosas«. «Son recuerdos atemporales, no en una unidad de acción», apuntó en aquel momento, tal y como transcribe el escrito.
«La posible alteración o confusión mental de Pino junto con la manifiesta animadversión que reconoce sentir hacia Martín Blas, da explicación a las incongruentes y contradictorias declaraciones de aquel implicando a mi mandante en los hechos objeto de la presente instrucción en las que finalmente acaba reconociendo el 14 de diciembre último que no recuerda si realmente llevó el responsable de Asuntos Internos a cabo las ordenes que le impartió», detalla.
La medalla pensionada que pidió Pino
No es la única diligencia que solicita. Para intentar acreditar que, contra lo que afirma Pino, Martín Blas no era el destinatario de las notas informativas que elaboraba Villarejo, solicita que se incorporen a la causa documentos de otros procedimientos judiciales, como la querella interpuesta por el andorrano Higini Cierco, de la Banca Privada de Andorra por coacciones.
Considera que puede acreditar por un lado, la dependencia jerárquica de Villarejo respecto de Pino y, por otro, la relación de Villarejo con determinados funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos que podrían haber obrado a espaldas de su jefe. Esto tiene que ver con que uno de los subalternos de Martín Blas, el exjefe de Seguimientos Jesús Vicente Galán ha sido imputado en Kitchen por ordenar vigilancias a la familia de Bárcenas.
La defensa de Martín Blas pide al juez que recabe el expediente de la medalla pensionada que recibió Galán, una Cruz al Mérito policial con distintivo rojo, así como el expediente por el que se aprobó su destino como agregado a la Embajada de España en Mauritania.
«Con ello se pretende acreditar la íntima relación entre aquel y el entonces DAO Eugenio Pino, en tanto en cuanto fue este último quien le propuso al primero para la condecoración y no su superior, Martín Blas, como hubiera sido lo procedente, y sin ningún mérito reseñable».
INTERIOR MANTIENE EN SUS PUESTOS A TODOS LOS POLICÍAS EN ACTIVO IMPUTADOS POR EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
Los comisarios Andrés Gómez Gordo y Francisco González están al frente de dos distritos en Madrid que suman 260.000 habitantes. El exchófer Sergio Ríos consiguió plaza fija en la capital en 2019
El mayor escándalo en el Ministerio del Interior desde el terrorismo de los GAL no tiene por el momento consecuencias disciplinarias para sus principales protagonistas. De los nueve miembros de la Policía Nacional investigados en el espionaje a Luis Bárcenas, seis siguen en sus puestos y otros tres se han jubilado. Uno de los comisarios, Andrés Gómez Gordo, está en estos momentos al frente de la comisaría del distrito de Villa de Vallecas, en Madrid, donde residen cerca de 100.000 personas. Otro de ellos, Francisco González, ha sido nombrado recientemente jefe de la comisaría de San Blas, un distrito con unos 160.000 habitantes.
Siete de los nueve imputados por la Operación Kitchen ya lo estaban en febrero de 2019. Próximamente se cumplirán dos años sin que los responsables del Ministerio del Interior y la Policía hayan decidido apartar del servicio activo a los policías, pese a que los indicios contra ellos han crecido, se han conocido al detalle por el levantamiento del secreto del sumario y siguen pesando sobre ellos distintas medidas cautelares, como la retirada del pasaporte en unos casos y en otros la prohibición de salir del país.
La Dirección General de la Policía se limita a citar la Ley 4/2010 de Régimen Disciplinario cuando se pregunta oficialmente por la situación de los policías investigados. Un portavoz alude genéricamente al artículo 18, que señala que los procedimientos penales impiden que haya una resolución definitiva de los expedientes hasta que no haya una sentencia firme, pero tampoco precisa qué expedientes han podido abrirse hasta ahora.
Además, otro artículo de esa misma ley, el 33, capacita al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, para adoptar "medidas cautelares" que faciliten "la tramitación del expediente y asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer". "El director general de la Policía [dice ese artículo en otro punto] podrá acordar excepcionalmente, como medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procedimiento penal, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial, y podrá prolongarse hasta la conclusión del procedimiento penal".
Andrés Gómez Gordo. Comisario jefe del distrito de Villa de Vallecas
Este policía arrancó su participación en la Operación Kitchen siendo inspector jefe en excedencia. Gómez Gordo había dejado el Cuerpo por segunda vez para trabajar a las órdenes de otra administración en manos del PP, en este caso al lado de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Semanas antes de que Cospedal perdiera la Presidencia de la Junta de Comunidades, Andrés Gómez Gordo se reincorporó a la Policía. Entonces se desconocía que lo hacía sirviéndose de un salvoconducto para el éxito en su carrera: el chófer infiltrado en la familia Bárcenas era conocido suyo de la época en la que ambos trabajaban para Francisco Granados en la Comunidad de Madrid y él sería el encargado de "manipular" al confidente.
Gómez Gordo fue destinado formalmente como jefe de Sección en la Unidad de Delitos Económicos y Financieros aunque pasaba la mayor parte del tiempo en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, concretamente en un local de la calle Rafael Calvo de Madrid, nido de la brigada política que había montado el comisario Eugenio Pino y que ha fabricado informes contra el independentismo, Podemos y otros rivales del PP. A los seis meses de regresar fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial, que lleva asignado un incremento mensual y de por vida del 10% en la nómina.
Andrés Gómez Gordo aprobó para el rango de comisario en la época de Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior y juró el cargo ya con el PSOE en el Gobierno cuando la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado su imputación por el caso del espionaje a Bárcenas. Fue destinado a Alicante, pero regresó a Madrid con derecho a ocupar una comisaría de distrito. La Dirección de la Policía le envió a Villa de Vallecas, una plaza difícil por sus índices de delincuencia, de las más elevadas de la capital.
La participación de Gómez Gordo en la Operación Kitchen está acreditada indiciariamente desde su mismo origen y hasta después de que concluyera. Se trata, de hecho, del policía que intenta blanquear los resultados del espionaje introduciendo en mayo de 2015 una serie de supuestos resultados del mismo en un fichero policial para hacerlo pasar por una investigación más. Con esa maniobra, los responsables de la Kitchen intentaron cubrirse haciendo creer que compartían sus hallazgos con los policías que realmente estaban persiguiendo la financiación irregular del PP a las órdenes del juez Ruz.
En su declaración ante el juez del caso Villarejo, Gómez Gordo intentó desvincular a María Dolores de Cospedal y al marido de ésta, Ignacio López del Hierro, de la Operación Kitchen. Gómez Gordo ha podido contratar los servicios del despacho del exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, uno de los abogados penalistas más reputados de Madrid.
Sergio Ríos Esgueva. Policía en la Brigada Móvil de la Jefatura Superior de Policía de Madrid
El chófer de la familia Bárcenas cobró, al menos, 48.000 euros y una pistola con cargo a los fondos reservados y un ingreso en la Policía a los 42 años por su labor como topo siguiendo los pasos de la familia del tesorero del PP cuando la cúpula del partido temía que este tirase de la manta. Una vez entró en el Cuerpo, en tiempos de Zoido, fue destinado a Lleida, pero a los pocos meses regresó a Madrid en comisión de servicio, un mecanismo excepcional que se suele aplicar a los investigadores y que, en el caso de Ríos Esgueva, se justificó porque tenía dos hijos en edad escolar que residían en un pueblo de Madrid y estaba divorciado.
Además se le destinó a la Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, un destino codiciado por sus complementos y condiciones de trabajo por muchos policías. Según han informado a elDiario.es fuentes policiales, ese no es el destino de Ríos Esgueva en la Policía actualmente. En 2019 accedió por un procedimiento ordinario a la misma especialidad pero ya dependiendo de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, lo que le evita desplazamientos fuera de la Comunidad. Fuentes oficiales de la Policía confirman que Sergio Ríos Esgueva continúa en servicio activo, pese a todo lo que consta en el sumario sobre él.
Recientemente, el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha abierto una subpieza de la Kitchen que mantiene en secreto a raíz de los hallazgos en el registro del piso de Ríos Esgueva. El exchófer ha cambiado de estrategia con un nuevo abogado y ha declarado en las dos últimas ocasiones que le ha requerido el juez. En el marco de esa subpieza, García-Castellón tomó declaración a Bárcenas en dos ocasiones con un lapso de tres días hace dos semanas.
Inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. Jefatura Superior de Policía de Madrid
Los dos actuaron como una suerte de jefes de gabinete de Eugenio Pino, en distintos momentos dentro del organigrama de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, en tiempos de la brigada política. Eran el núcleo de confianza de Pino y están investigados como él por su participación en el espionaje a Bárcenas. A ambos los recompensó Pino con medallas rojas pensionadas y destinos dorados en embajadas. Y los dos fueron cesados de sus puestos con el cambio de Gobierno.
El actual Ministerio del Interior les envió a un puesto sin exposición en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, donde continúan. Ni Interior ni la Dirección General de la Policía revelan el trabajo que desempeñan Fuentes Gago ni Díaz Sevillano si bien elDiario.es publicó en febrero pasado que el primero había participado en las reuniones con la consultora que colaboraba en las tareas de aplicación de la subida salarial a los policías y se relacionaba con los sindicatos. Como con el resto, el hecho de que sigan en servicio activo supone mantener unas condiciones laborales sobre todo económicas que perderían en parte si fueran apartados temporalmente.
Fuentes Gago llegó a cobrar 14.000 euros brutos mensuales por el ‘premio’ de su destino en La Haya, a donde había sido enviada con un sueldo similar su mujer, también policía. Ambos traslados fueron decisión de Eugenio Pino. Durante su estancia en La Haya, Fuentes Gago viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener información contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. El inspector jefe dijo a Rafael Isea que se presentaba ante él con "un mandato" de Mariano Rajoy y del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también investigado por el uso de fondos públicos para espiar a Bárcenas. En su nueva etapa en la Jefatura Superior, Fuentes Gago ha intentado ascender a comisario sin éxito. "Si nos ayuda a que Podemos no llegue al Gobierno, mejor para todos", dice Fuentes Gago durante esa cita con el alto cargo venezolano, según un audio publicado por moncloa.com.
Por su parte, Díaz Sevillano fue enviado a la embajada de México con una retribución parecida a la de Fuentes Gago. Recientemente fue juzgado y absuelto por la Audiencia de Madrid en el caso del intento de introducción de un pen drive de Jordi Pujol Ferrusola, con información robada, en la causa que sigue la Audiencia Nacional. La defensa del hijo del expresident ha recurrido el fallo.
Inspector jefe Jesús Vicente Galán. Jefe de sección operativa en una comisaría de distrito de Madrid
El que fuera jefe de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos es el imputado más reciente. La declaración el pasado 23 de noviembre de una subordinada, que admitió haber cumplidos órdenes de seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, propició que Galán pasara de testigo a imputado en la causa y que los investigadores obtuvieran un nuevo indicio de cómo el Gobierno de Rajoy utilizó a la unidad que debe dedicarse a investigar a policías corruptos para otro tipo de encargos, de tipo político, ya sea el intento de sabotaje del caso de la caja B del PP o la Operación Catalunya contra dirigentes independentistas.
Esa perversión en las funciones de la Unidad de Asuntos Internos y, en particular, del cometido de Jesús Vicente Galán aflora en un documento incluido entre los miles de la pieza denominada 7 o Kitchen del caso Villarejo. En la misma aparece el atestado que elabora el jefe de la Unidad de Sistemas Especiales cuando en julio de 2016 se le involucra en la representación de ir a comprobar si hay micrófonos en el despacho del ministro Fernández Díaz. Acababan de aparecen las conversaciones entre éste y Daniel de Alfonso desveladas por publico.es y el ministro mantenía entonces la versión, que cambió después, de que no sabía que le habían grabado. Los mandos policiales enviaron a Sistemas Especiales a hacer un "análisis radioléctrico y barrido electrónico" al Ministerio. En el citado documento, el jefe de Sistemas Especiales escribe que sus especialistas "fueron recibidos por el IJ D. Jesús Galán, que dijo ser de la UAI (Unidad de Asuntos Internos), el cual les indicó las dependencias que tenían que ser examinadas".
En el expediente de Galán hay otro indicio de su participación en la brigada política. Fue, como los anteriores, condecorado con una medalla pensionada y destinado a una embajada, concretamente a Mauritania, donde estuvo percibiendo más de 10.000 euros brutos de asignación mensual. elDiario.es ha podido saber que en la actualidad es jefe de una sección operativa en un distrito de Madrid, pero la Dirección General de la Policía se niega a precisar en cuál.
Comisario José Francisco González. Comisario jefe del distrito de San Blas
González está imputado por ser el jefe del Área Especial de Seguimientos de la UCAO durante el espionaje a Bárcenas. La UCAO estaba dirigida por Enrique García Castaño, uno de los tres comisarios imputados que ya están jubilados (los otros dos son Pino y el ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas). La AES desplegó a sus cerca de 70 agentes en distintos días y turnos para seguir a Rosalía Iglesias y otros miembros de la familia Bárcenas entre junio y octubre de 2013, después de que el ex tesorero entrara en prisión y confesara la financiación irregular del PP durante al menos veinte años. Hace aproximadamente dos meses y sin que haya trascendido, José Francisco González dejó la UCAO para convertirse en jefe de la comisaría del distrito de San Blas la Jefatura de Madrid.
El comisario de distrito Centro y la pieza de la doctora Pinto
La más importante de las comisarías de distrito de Madrid, la de Centro, está dirigida por el comisario Alberto Carba. Este mando no está imputado en Kitchen ni en ningún otra pieza del caso Villarejo, pero la defensa de la doctora Elisa Pinto ha solicitado que se incorpore a la número 24, la que indaga en la contratación de Villarejo por parte de Javier López Madrid, el informe de la Guardia Civil en el que se recuperan los mensajes entre el comisario Carba y el empresario. En ellos, el policía le dice al investigado López Madrid: “Este partido lo vamos a ganar”.
El comisario Carba había recibido el encargo de revisar el caso de la doctora Pinto y su trabajo derivó en la exculpación de López Madrid y de Villarejo y en el señalamiento de la dermatóloga, que lleva años denunciando un montaje policial. Finalmente, López Madrid y Villarejo están próximos a sentarse en el banquillo de los acusados, en contra de las conclusiones de Carba.
La Dirección General de la Policía evitó abrir un expediente a Carba cuando elDiario.es hace un año publicó el informe de la UCO de Guardia Civil con los mensajes de connivencia entre policía e investigado que habían aparecido en el teléfono de López Madrid. Fuentes policiales confirman que con posterioridad tampoco se ha abierto información reservada o expediente al comisario al mando del distrito Centro de la capital.
VILLAREJO ASEGURA QUE FRANCISCO MARTÍNEZ “COORDINÓ” EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El ex comisario aconsejó al ex secretario de Estado de Seguridad que amenazara al PP para conseguir un cargo
El ex comisario José Manuel Villarejo aconsejó al ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior Francisco Martínez que amenazara con contar su participación en la denominada «Operación Kitchen» para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y así obtener un cargo del partido, según consta en una grabación, de 17 de febrero de 2017, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Villarejo, quien en otro audio reconoce a Sergio Ríos, el ex chófer de Bárcenas, que él era «el director de la orquesta» de la «Kitchen», aseguró a su compañero Enrique García Castaño que había dicho a Martínez lo que debía hacer para que no fuera apartado de las listas del PP: «Yo se lo dije el otro día; Paco, vete a hablar con el otro y le dices ¿cómo?, ¿si yo soy el que ha coordinado toda la operación del «cocinero [Sergio Ríos]»? ¿Qué no me vais a dar a mí no sé qué?, pues bueno...”, relata de forma literal Villarejo en la grabación.
La versión del ex comisario contradice la que dio en sede judicial el que fuera «número dos» del Ministerio del Interior entre el 11 de enero de 2013 y el 18 de noviembre de 2016. Tanto en su declaración como en el careo que mantuvo con el ex ministro Jorge Fernández Díaz aseguró que «jamás había oído hablar de una operación llamada ‘Kitchen».
Un confidente policial
No obstante, Martínez afirmó ante el juez que su entonces jefe en el Ministerio le encomendó que se enterara de la existencia de un confidente policial, en referencia al ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos, quien cobró 40.000 euros de fondos reservados. Por su parte, el ex ministro ha negado en varias ocasiones haber realizado este encargo.
Martínez sí reconoció haberse ocupado de la interlocución con Villarejo, quien, según dijo, suministraba datos de interés: «Siempre que hablé con él fue porque tenía información relevante», declaró el ex secretario de Estado, quien en el careo trató de responsabilizar a Fernández Díaz de los contactos con el ex comisario : «Yo te dije que me gustaría que de la interlocución con Villarejo se encargara otra persona».
Pero esta última aseveración enfadó al ex ministro, quien se dirigió a Martínez: «¿Tú me dijiste eso? ¿Y si tú eras el secretario de Estado y me pides a mí que quieres dejar la interlocución con el comisario Villarejo... yo qué razón tengo para decirte....? Entonces el ex secretario de Estado interrumpió a Fernández Díaz para decirle: «Pues que la información que traía era interesante.... y punto».
Le llamaba “mucho”
La grabación de 17 de febrero de 2017 también pone de manifiesto que Martínez mantenía contactos continuos con otro comisario imputado: García Castaño. En el audio «El Gordo» explica al presunto cabecilla de la trama que «Paco», en alusión a Francisco Martínez, le llamaba «mucho».
«Te llama todos los días para mirarte la temperatura, por si vas a derrotarle [delatarle] o no. Porque es otro mierda», responde a García Castaño el comisario Villarejo quien critica después al PP por no haber apoyado a los responsables de Interior: «Al secretario de Estado y al ministro, «El Barbas» [Mariano Rajoy] ha dicho que no los quiere porque le han fallado. Como le han jodido la historia, pues fuera», concluye Villarejo.
En otra grabación, esta de 14 de febrero de 2017, que fue adelantada por «Vozpópuli», Villarejo también alude a su estrecha relación con el ex secretario de Estado de Seguridad, ya que asegura: «Yo la información se la daba al Choco [Francisco Martínez], sobre todas las movidas de quitar papeles y quemar cosas, y él era el que estaba ahí. Y le abandonan, es que son así de cretinos».
“Lealtad y compromiso”
El comisario se refiere a que Martínez es excluido de las listas del PP para las elecciones generales de 28 de abril de 2019, por lo que pierde su aforamiento. El «ex número dos» de Interior llegó incluso a escribir un mensaje a Mariano Rajoy para que el partido no le «dejara tirado». No obtuvo respuesta y tampoco consiguió su objetivo, que era ser candidato en la Asamblea de Madrid en «compensación por la lealtad y compromiso demostrado».
En otro audio, de 19 de enero de 2017, el empresario Alberto Pedraza ahonda en el descontento de Martínez con el PP. Dice a Villarejo que «está en el equipo. Ha dicho que digamos lo que queremos que diga, que está de funcionario, que no le han hecho embajador y está encabronado».
Las declaraciones del comisario García Castaño como imputado también profundizan en la implicación de Martínez en el espionaje a Bárcenas. En concreto, «El Gordo» reconoció la «directa» participación del ex secretario de Estado en la puesta en marcha y control de la «Kitchen». Relató al juez que la información que consiguió tras el «volcado» del contenido de dos teléfonos móviles que le dio el ex chófer de Bárcenas «se la entregó posteriormente al citado Francisco Martínez», según especifica un informe de 4 de septiembre de 2020 de Anticorrupción.
La amnesia del ex DAO de la Policía Nacional
El abogado del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino aportó el 22 de enero de 2019, tras la declaración como imputado de su cliente, un informe médico en el que aseguraba que su defendido había sufrido al menos dos episodios de amnesia, según consta en los documentos, con los que el letrado consiguió que el juez no agravara las medidas cautelares contra el ex mando policial. En el primer informe, de 14 de julio de 2013, se indica que Pino había ingresado en Urgencias tras una siesta, y porque estaba sometido «a mucho estrés laboral durante los últimos días». «Al ir recuperándose», prosigue el documento, «contaba el episodio estresante del día previo. Está pasando una época de mucho estrés, tiene un puesto de responsabilidad y los días previos había tenido tensión laboral importante». El segundo informe, de 18 de enero de 2019, especifica que Pino «no recordaba haber declarado el día anterior».
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