OPERACIÓN KITCHEN . CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular
LAS NOTICIAS. 29.06.21
EL PSOE NO DESCARTA CITAR A SÁENZ DE SANTAMARÍA EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGA LA 'KITCHEN'
EL SUMARIO SECRETO DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN' IMPLICA A SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
EL PSOE Y SUS SOCIOS PLANEAN LLEVAR LA COMISIÓN KITCHEN HASTA LA ETAPA DE PABLO CASADO
VOX REABRE LA GUERRA CON EL PP Y PIDE LA COMPARECENCIA DE SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA POR 'KITCHEN'
EL CONGRESO ESTUDIA PRORROGAR SEIS MESES MÁS SU INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO KITCHEN’
COSIDÓ: "NO TENÍA CONOCIMIENTO DE QUE SE GRABARA AL MINISTRO DEL INTERIOR"
EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR NIEGA QUE RECIBIESE LA DOCUMENTACIÓN ROBADA A BÁRCENAS
VILLAREJO, UN 'ENCANTADOR DE SERPIENTES' EN EL CONGRESO
VILLAREJO: "INFORMÉ DIRECTAMENTE A RAJOY SOBRE ‘KITCHEN'"
VILLAREJO ASEGURA EN EL CONGRESO QUE INFORMÓ POR SMS A RAJOY DE LA OPERACIÓN KITCHEN
EL PP USA A VILLAREJO PARA TRATAR DE DESACREDITAR LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO GÜRTEL’
VILLAREJO IMPLICA A RAJOY, SANTAMARÍA Y COSPEDAL EN 'KITCHEN' Y ASEGURA QUE LES TENÍA AL CORRIENTE DE LOS PASOS DE LA OPERACIÓN
LOS PARTIDOS TEMEN QUE VILLAREJO “EMBARRE” LA COMISIÓN KITCHEN
LO QUE VILLAREJO SABE DEL ‘CASO KITCHEN’ Y SOLO QUIERE CONTAR A PUERTA CERRADA
EL CONGRESO RECHAZARÁ LA PETICIÓN DE VILLAREJO DE DECLARAR BAJO SECRETO PARA CONTAR "TODO" LO QUE SABE SOBRE 'KITCHEN'
EL CHÓFER DE BÁRCENAS DICE EN EL CONGRESO QUE "UNA PARTE MUY IMPORTANTE" DE KITCHEN SIGUE BAJO SECRETO
EL SILENCIO DE VARIOS IMPLICADOS EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS LASTRA LA INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO
LA AUDIENCIA Y EL CONGRESO CERCAN AL ‘PP DE RAJOY’ POR EL ‘CASO KITCHEN’
EL JEFE DE LA POLICÍA POLÍTICA ADMITE QUE "POR ESPAÑA" ACTUARÍA POR ENCIMA DE LA LEY
EL EXJEFE POLICIAL QUE DIRIGIÓ EL ESPIONAJE A BÁRCENAS PROTEGE LA TRAMA POLÍTICA DE LA KITCHEN
EL COMISARIO OLIVERA ECHA UN CAPOTE A VILLAREJO AL AFIRMAR QUE SUS EMPRESAS TRABAJABAN PARA LA POLICÍA
MARTÍN BLAS: "DE LA OPERACIÓN 'KITCHEN' NO TUVE NI IDEA Y NO ENTIENDO POR QUÉ ESTOY IMPUTADO", DICE EL EXJEFE DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICÍA
UN COMISARIO DESCRIBE EN EL CONGRESO LAS PELEAS EN INTERIOR QUE DESTAPARON EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
EL EXJEFE DE LA POLICÍA JUDICIAL CONFIESA QUE DOMICILIÓ SU EMPRESA EN UN PISO DE VILLAREJO
EL POLICÍA ASESOR DE COSPEDAL DEFIENDE EN EL CONGRESO LA “ABSOLUTA LEGALIDAD” DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS
EL DÍA QUE 'EL GORDO' HABLÓ: EL COMISARIO SACUDE EL CONGRESO CON SU RELATO DE 40 AÑOS DE OPERACIONES SIN CONTROL JUDICIAL
UN COMISARIO DE KITCHEN DECLARA EN EL CONGRESO QUE RAJOY, COSPEDAL Y FERNÁNDEZ DÍAZ CONOCÍAN LA OPERACIÓN
UN EXJEFE POLICIAL QUE ESPIÓ A LUIS BÁRCENAS IMPLICA EN EL CONGRESO A LA CÚPULA DEL PP
EL POLICÍA ARREPENTIDO DEL ‘CASO KITCHEN’ DEBERÁ GUARDAR EL SECRETO EN EL CONGRESO
LA CÚPULA DE INFORMACIÓN DEL PP DA EXPLICACIONES DIFERENTES SOBRE LAS OPERACIONES 'KITCHEN' Y 'CATALUÑA'
EL COMISARIO GARCÍA CASTAÑO RECONOCE QUE ÉL COLOCÓ LA GRABADORA EN EL DESPACHO DEL MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ EN LA 'OPERACIÓN CATALUÑA'
DOS MANDOS DE LA ‘POLICÍA PATRIÓTICA’ DEL PP SE DESMARCAN EN EL CONGRESO DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS
UN INFORME POLICIAL DICE QUE LA KITCHEN FUE “UNA OPERACIÓN PARA ELUDIR EL CONTROL DEL JUEZ”
EL INSPECTOR DEL 'CASO GÜRTEL' CONFIRMA QUE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS EN 2013 FUE ILEGAL PORQUE NO PASÓ POR SUS MANOS
EL POLICÍA DE LA CAJA B RELATA CÓMO EL JEFE DE LA BRIGADA POLÍTICA DEL PP BOICOTEÓ SU INVESTIGACIÓN CON UN TRASLADO FORZOSO
EL INVESTIGADOR POLICIAL DE 'GÜRTEL' DICE QUE LA 'TRAMA KITCHEN' DIO "DATOS ERRÓNEOS" PARA CONFUNDIRLES
PP Y VOX APROVECHAN LA DECLARACIÓN DE PÉREZ DE LOS COBOS PARA ATACAR A MARLASKA
LA COMPARECENCIA DEL CORONEL PÉREZ DE LOS COBOS EN EL CONGRESO DERIVA EN BRONCA
UN ALTO MANDO POLICIAL CONFIRMA QUE LA TRAMA KITCHEN TUVO ACCESO LIBRE A FONDOS RESERVADOS
UN AGENTE CLAVE AFIRMA QUE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD DEBIÓ LLEVAR "EL CONTROL POLÍTICO" DE KITCHEN
MARLASKA NO SE PLANTEA REFORMAR EL SISTEMA DE FONDOS RESERVADOS QUE FACILITÓ EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
UN MANDO DESCRIBE EL CONTROL ABSOLUTO SOBRE LOS FONDOS RESERVADOS DEL JEFE DE LA BRIGADA POLÍTICA DEL PP: "DALE LO QUE PIDA"
EL "HOMBRE DE LOS MALETINES" EN LA POLICÍA SALE DE LA COMISIÓN DE KITCHEN CON UNA DENUNCIA POR MENTIR
BÁRCENAS VUELVE A SEÑALAR A RAJOY COMO MUÑIDOR DE LA OPERACIÓN KITCHEN
BÁRCENAS RECONOCE UNA "ESTRATEGIA COMÚN DE DEFENSA" CON EL PP PARA HACER FRENTE A LA JUSTICIA DESDE MEDIADOS DE 2016 A OCTUBRE DE 2020
BÁRCENAS SITÚA A RAJOY EN LA CÚSPIDE DE LA OPERACIÓN KITCHEN
BÁRCENAS APUNTA A QUE EL PP QUISO ESTABLECER "UNA ESTRATEGIA EN COMÚN" ANTE EL CASO GÜRTEL
GUÍA PARA NO PERDERSE EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO SOBRE LA 'KITCHEN'
¿QUIÉN ES LA X DE LA 'KITCHEN'? LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ARRANCA EN EL CONGRESO CON RAJOY EN EL PUNTO DE MIRA
SECRETO JUDICIAL, DUDAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA AMENAZAN LA COMISIÓN KITCHEN
LA COMISIÓN KITCHEN DEL CONGRESO SE ATASCA AL NEGAR EL JUEZ LA DOCUMENTACIÓN
EL JUICIO POR LA 'CAJA B' DEL PP OBLIGA A RETRASAR AL 17 DE MARZO LA COMPARECENCIA DE BÁRCENAS EN EL CONGRESO
BATET PUENTEA AL JUEZ DEL CASO VILLAREJO Y SOLICITA DATOS RESERVADOS SOBRE KITCHEN A ASUNTOS INTERNOS
EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN SEÑALA AL CONGRESO QUE NO REMITIRÁ LA DOCUMENTACIÓN DE LA 'KITCHEN' POR SU "CARÁCTER RESERVADO"
BÁRCENAS COMPARECERÁ EN EL CONGRESO EL 11 DE MARZO Y RAJOY CERRARÁ LA COMISIÓN KITCHEN
VOX ENTREVISTA A VILLAREJO EN LA CÁRCEL Y EL EXCOMISARIO LE DA ESTE TITULAR: "LAS CLOACAS NO GENERAMOS MIERDA, LA LIMPIAMOS"
LA DIPUTADA DE VOX MACARENA OLONA SE ALINEA CON VILLAREJO Y SIEMBRA DUDAS SOBRE EL TRATO QUE RECIBE EN PRISIÓN
LA JUSTICIA ORDENA QUE LA ENTREVISTA DE VOX Y VILLAREJO SEA GRABADA POR INTERIOR
VOX ADVIERTE AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE ACCIONES LEGALES SI GRABA EL ENCUENTRO DE SUS DIPUTADOS CON VILLAREJO
LA COMISIÓN 'KITCHEN' NO HA RECIBIDO TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A INTERIOR Y A LA FISCALÍA SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
LOS PARTIDOS VEN "MÁS NECESARIA" LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS EN 'KITCHEN' TRAS SUS REVELACIONES SOBRE LA CAJA B DEL PP
LA COMISIÓN 'KITCHEN' APRUEBA POR UNANIMIDAD LA COMPARECENCIA DE VILLAREJO
EL PSOE ACEPTA QUE COMPAREZCA VILLAREJO EN EL CONGRESO TRAS LA PRESIÓN DE LOS SOCIOS Y LA OPOSICIÓN
EL PP BUSCA LAS CLOACAS DEL PSOE PARA TAPAR EL ESCÁNDALO DEL ‘CASO KITCHEN’
PODEMOS Y PP PIDEN CITAR A VILLAREJO EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO SOBRE EL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS
VILLAREJO LAMENTA QUE NO LE CITEN A DECLARAR EN EL CONGRESO: "ALGUIEN TEME QUE CUENTE LA VERDAD"
EL PSOE PIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY Y COSPEDAL EN LA COMISIÓN SOBRE KITCHEN Y UNIDAS PODEMOS INCLUYE A VILLAREJO
PSOE Y PODEMOS ECHAN EL FRENO A LA 'COMISIÓN KITCHEN' Y NO PIDEN AÚN COMPARECENCIAS
PSOE Y UNIDAS PODEMOS NO PIDEN AÚN COMPARECENCIAS PARA LA COMISIÓN KITCHEN Y PREFIEREN QUE ANTES SE RECLAMEN DOCUMENTOS
PSOE Y UP BLOQUEARÁN LA COMPARECENCIA DE VILLAREJO EN LA COMISIÓN KITCHEN
TODO EL CONGRESO, DE VOX A ERC, CARGA CONTRA PODEMOS POR SALVAR A VILLAREJO DE IR A LA 'COMISIÓN KITCHEN'
EL ESPIONAJE A BÁRCENAS LLEGA AL CONGRESO: CASADO INTENTA EVITAR OTRO CALVARIO EN LA CAMPAÑA CATALANA
LAS CLAVES DE LA 'COMISIÓN KITCHEN'
CIUDADANOS Y BILDU PIDEN QUE RAJOY Y COSPEDAL DECLAREN EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS QUE EL PP BUSCA APLAZAR
PSOE Y PODEMOS LLEGAN DESPUÉS DE TRES MESES A LA COMISIÓN KITCHEN SIN ACORDAR LOS COMPARECIENTES
EL PP PIDE QUE SEA GARCÍA-CASTELLÓN QUIEN AUTORICE EL USO DEL SUMARIO EN LA COMISIÓN DE KITCHEN
CS TOMA LA DELANTERA EN KITCHEN: PIDE CITAR A RAJOY Y VILLAREJO Y DEJA FUERA A CASADO
EL PSOE QUIERE QUE LOS SEGUNDOS NIVELES DE INTERIOR DECLAREN EN LA COMISIÓN 'KITCHEN' ANTES QUE RAJOY Y FERNÁNDEZ DÍAZ
PSOE Y UP BUSCAN ACORRALAR AL PP CON LA COMISIÓN KITCHEN EN PLENA CAMPAÑA
EL PP PRETENDE INVESTIGAR A PODEMOS EN LA 'COMISIÓN KITCHEN' AUNQUE NO TIENE CLARO QUE DEBA COMPARECER VILLAREJO
EL PSOE EVITA POR AHORA LLAMAR A RAJOY Y OTROS POLÍTICOS A LA COMISIÓN KITCHEN Y CITA SOLO A POLICÍAS
EL PP CONTRAATACA EN LA COMISIÓN KITCHEN Y PEDIRÁ QUE COMPAREZCAN ROBLES Y DELGADO
PSOE Y PODEMOS SE PROPONEN DESTAPAR “LAS CLOACAS DEL PP” EN LA COMISIÓN DE KITCHEN
LOS PARTIDOS DESPLIEGAN SUS PRINCIPALES BAZAS PARA ACORRALAR AL PP EN LA COMISIÓN KITCHEN
PSOE Y UNIDAS PODEMOS CONTROLARÁN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL 'CASO KITCHEN'
EL CONGRESO PONE EN MARCHA LA COMISIÓN 'KITCHEN', LA INVESTIGACIÓN QUE PONDRÁ CONTRA LAS CUERDAS AL PP DE CASADO
PSOE y Podemos discrepan sobre llamar a Villarejo a la comisión parlamentaria del ‘caso Kitchen’
EL GOBIERNO CONGELA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE KITCHEN
EL CONGRESO APRUEBA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS CON LOS APOYOS DE LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ, CS Y EL PNV
DE LA CAJA B A LA COMISIÓN 'KITCHEN': LA CORRUPCIÓN DEL PP VUELVE AL CONGRESO
LA MESA DEL CONGRESO DA LUZ VERDE A LA TRAMITACIÓN DE LAS DOS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE DEL PP A BÁRCENAS LLAMARÁ A DECLARAR A MARIANO RAJOY Y A PABLO CASADO
El Pleno del Congreso prorroga hasta final de año la investigación sobre la
'Kitchen', con el rechazo del PP
La previsión es que la actividad de la comisión no se retome hasta después
del verano, ya en septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones
La comisión tendrá que decidir si vuelve a citar a algunos de los que ya han
desfilado por la misma y si realiza nuevos interrogatorios, sobre todo si
continúa creciendo la lista de imputados
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el voto en contra del PP,
que la comisión de investigación sobre la denominada operación Kitchen
alargue sus trabajos hasta el próximo 31 de diciembre. En todo caso, la
previsión es que la actividad de la comisión no se retome hasta después del
verano, ya en septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones, ha
informado Europa Press.
La decisión se ha tomado, como ya ocurrió en la propia comisión hace dos
semanas, con el rechazo del PP, que desde el principio se opuso a abrir
pesquisas sobre la trama supuestamente urdida desde el Ministerio del
Interior, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, para espiar al extesorero del
PP Luis Bárcenas y hacerse con pruebas que pudieran implicar a dirigentes
del partido en casos de corrupción.
El Pleno dio el visto bueno a la creación de esta comisión, a instancias del
PSOE y Unidas Podemos, el pasado 1 de octubre, pero el órgano que preside la
socialista Isaura Leal no se constituyó hasta finales de diciembre y las
comparecencias no empezaron hasta marzo.
La comisión nació con un mandato de tres meses por lo que, nada más arrancar
los interrogatorios, hubo de solicitar una nueva prórroga hasta finales de
junio, pero que, al final, tampoco ha sido suficiente.
En este tiempo la comisión ha recibido a 27 comparecientes entre policías y
expolicías, víctimas, implicados en el espionaje y responsables políticos y
llegó a tener programados los interrogatorios a la ex secretaria general del
PP María Dolores de Cospedal; el exministro Jorge Fernández Díaz, y el
expresidente Mariano Rajoy.
Cambio de planes
La previsión a principios de junio todavía era poder aprobar sus
conclusiones a finales de este mes, pero la imputación de Cospedal apenas
horas antes de que tuviera que comparecer en el Congreso provocó un cambio
de planes.
El PSOE planteó suspender su interrogatorio, dada su nueva situación
procesal, la mayoría de la comisión aceptó y, después, las dos formaciones
que integran el Gobierno de coalición apostaron por solicitar la nueva
prórroga. También se suspendieron las comparecencias de Rajoy y Fernández
Díaz, inicialmente previstas para el 10 de junio.
Cuando retome sus trabajos, además de buscar nuevas fechas para los
comparecientes que han quedado pendientes, la comisión tendrá que decidir si
vuelve a citar a algunos de los que ya han desfilado por la misma y si
realiza nuevos interrogatorios, sobre todo si continúa creciendo la lista de
imputados.
La prórroga de los trabajos ha sido objeto de debate en el Pleno, donde el
portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha indicado que todos los
indicios apuntan a que la Kitchen fue una trama urdida directamente desde el
PP y por la que su actual líder, Pablo Casado, debe dar explicaciones.
"Hay que preguntar a Pablo Casado si investigó y depuró responsabilidades de
toda esta cloaca cuando asumió el liderazgo del partido. Si lo hizo, tiene
que mucho que contarle al Parlamento y, si no lo hizo, todavía más", ha
dicho Echenique.
También desde el PSOE David Serrada se ha referido a Casado. Aunque no ha
pedido explícitamente su comparecencia en la comisión sí ha dado por hecho
que Cospedal le dio sus votos en el Congreso del PP "a cambio de su silencio
y de que protegiera al partido" y ha asegurado que la caja b del PP sigue
existiendo ahora.
ERC no ha intervenido en el debate este jueves, pero también defiende llamar
a Casado. De hecho, fue el único partido que incluyó su nombre en su primer
listado de comparecientes, pero su citación no salió adelante para la
primera tanda de interrogatorios. Aunque no lo propuso formalmente, Unidas
Podemos siempre defendió interrogarle y ahora intentará convencer a sus
socios socialistas.
Por lo pronto, el grupo confederal y Vox ya tienen solicitada la
comparecencia de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los de
Santiago Abascal piden también la del exdirector del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, dado que algunos de los
comparecientes han apuntado a la implicación de ambos en la trama.
Vox no quiere una "voladura controlada"
El nombre de la que fuera número dos del Gobierno de Rajoy ya fue incluido
en las peticiones de comparecencia de Unidas Podemos, ERC y Junts, pero
quedó fuera del listado inicial acordado por la comisión. Ahora vuelve a
estar sobre la mesa y el PSOE no descarta apoyar su citación.
Durante el debate, han sido varios los portavoces que han aludido a la
reciente imputación en el caso Villarejo del presidente de Iberdrola,
Ignacio Sánchez Galán. Una de ellas ha sido la secretaria general del grupo
parlamentario de Vox y su portavoz en la comisión de investigación, Macarena
Olona.
Olona ha apoyado la prórroga con la advertencia de que su partido no va a
permitir "una voladura controlada" de este asunto y mostrando su deseo de
que el excomisario José Manuel Villarejo les haya llegar alguna información
de la que se guarda antes de "marcharse de España".
Sanz Roldán y el presidente de Iberdrola
En este contexto, ha insistido en la necesidad de que comparezcan Sáenz de
Santamaría y al exdirector del CNI, a quienes, ha recalcado, el Gobierno
actual evita "mencionar", a su juicio, porque fue el Ejecutivo de Pedro
Sánchez el que, hace un año, autorizó a Sanz Roldán para que pudiera
trabajar como "asesor personal" de Sánchez Galán.
Por su parte, Néstor Rego, del BNG, ha mostrado una foto del empresario
abrazando al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ha recordado
que la Justicia declaró ilegal la anulación del plan eólico impulsado en su
momento por el BNG desde la Xunta y cuya derogación benefició a Iberdrola.
"Hay caso", ha resumido el portavoz de Bildu en la comisión, Oskar Matute,
aludiendo al "carrusel de imputaciones" que se está produciendo en la
Audiencia Nacional en torno a esta causa y mentando también a Sánchez Galán.
Frente a todos ellos, el ponente del PP, Luis Santamaría, ha vuelto a
quejarse de que esta investigación es "una causa general" contra su partido
con las conclusiones ya redactadas y ha mencionado una retahíla de casos de
corrupción que han salpicado al PSOE, Podemos, Convergència y otros
partidos, y que seguirán planteando en la comisión.
Los de Pablo Casado presentan un escrito en el que piden que se dé a la exsecretaria general del PP “por comparecida” en la comisión que investiga la utilización ilegal del Ministerio de Interior para eliminar pruebas de corrupción
Alegan que no se está salvaguardando “el respeto a la intimidad y el honor y los derechos constitucionales” de los comparecientes
El Partido Popular ha presentando en el Congreso un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, en el que entre otras cosas solicita que su exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, no tenga que declarar, tal y como está previsto, en la comisión que investiga la utilización ilegal de recursos del Ministerio del Interior para favorecer intereses del PP y eliminar pruebas en casos de corrupción que afectan a este partido.
Cospedal fue imputada hace dos semanas por el juez que investiga la Operación Kitchen por la supuesta comisión de graves delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, justo el día que debía declarar en la citada comisión, lo que motivó su suspensión. A pesar de que ella sí se presentó en el Congreso y manifestó su deseo de comparecer, ahora el PP pide que se salvaguarde “el respeto a la intimidad y el honor y los derechos constitucionales de las personas que sean llamadas a comparecer en la comisión y especialmente de María Dolores de Cospedal” y que se dé al ex número dos del partido “por comparecida”.
En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, el PP alega que no se salvaguardaron estos derechos al suspender la comparecencia el día que estaba fijada. Y sostiene que la suspensión de su comparecencia vulneró los derechos constitucionales de Cospedal al ponerla “bajo el foco mediático” y modificar “de formas caprichosa” su propia agenda “por mor de intereses partidistas de socialistas, comunistas y demás socios del actual Gobierno”.
El Grupo Parlamentario Popular trata así de dar cobertura a la que fuera número dos del PP con Mariano Rajoy, sin cuya ayuda Pablo Casado no hubiese conseguido ser elegido presidente del partido en el congreso de 2018. Hace apenas unos días, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular acordó no abrirle siquiera expediente informativo alegando que su conducta no resulta del “ejercicio de un cargo público o representativo”. Tampoco cree el PP de Casado, el mismo que aseguró que no dejaría “pasar ni una” en relación con este caso, que las conductas por las que Cospedal ha sido imputada sean incompatibles “con las obligaciones y deberes éticos” del partido.
El escrito presentado por el PP para solicitar que su ex número dos no tenga que dar explicaciones apoya su petición con el argumento de que la suspensión de la comparecencia de Cospedal incumplió las leyes y el reglamento de la Cámara.
Cospedal se presentó en el Congreso el día y a la hora a la que había sido citada alegando que no había sido advertida de la suspensión de su comparecencia. “No me han avisado. Nadie me ha dicho nada. Esto no puede ser”, protestó ante los periodistas en los pasillos del Congreso antes de dirigirse al mostrador de ujieres del edificio que se encuentra frente del Palacio del Congreso para quejarse por que no se le hubiera notificado que su comparecencia había sido aplazada y para pedir cuentas por este proceder.
Por el camino, se encontró con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y otros diputados de su partido, que la acompañaron hasta una de las salas del Congreso. “Esto es más que un atropello. No hay democracia ni hay nada. Es una cosa increíble”, comentaba, visiblemente enojada, con sus compañeros.
El azar hizo coincidir su imputación judicial y la de su marido, Ignacio López del Hierro, con la citación de ambos ante la comisión Kitchen. La noticia se conoció precisamente cuando el esposo de Cospedal estaba presente la comisión. La imputación judicial altera las condiciones en las que se celebran las comparecencias porque otorga a los citados el derecho a no responder las preguntas de los diputados.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a Cospedal y a su marido en la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 y financiado con fondos reservados para hacerse con documentación sensible para el PP que el extesorero Luis Bárcenas se habría llevado del partido tras ser despedido. El magistrado les imputa delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.
EL PSOE NO DESCARTA CITAR A SÁENZ DE SANTAMARÍA EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGA LA 'KITCHEN'
Por el momento, los socialistas no llamarán a Pablo Casado
La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho este martes que su partido no descarta citar a la exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría en la comisión de investigación sobre la conocida como operación Kitchen, y recalca que de momento no va a solicitar la comparecencia del actual líder del PP, Pablo Casado.
Lastra ha iniciado la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces acusando a Casado de ser "incapaz" de romper con las "numerosas" tramas de corrupción que afectan a su partido y pidiéndole que deje de "eludir" sus responsabilidades y "rinda cuentas" por la corrupción en su partido.
Singularmente después de que la semana pasada la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal fuera imputada en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y Casado aún no haya cumplido con sus normas internas.
Preguntada entonces si el PSOE se plantea citar al presidente del PP ante la comisión Kitchen, Lastra ha apuntado que "no parece que, de momento, Casado haya estado vinculado directamente en los hechos que se están investigando". "Era responsable de aquella dirección política del PP -vicesecretario general-, pero ni en las comparecencias ni en la vía judicial aparece el nombre de Casado", ha precisado.
Nuevos comparecientes y repetición de otros
En todo caso, el PSOE quiere ampliar hasta diciembre los trabajos de la comisión de investigación y se abre a pedir nuevos comparecientes o llamar de nuevo a algunos que ya han desfilado por la misma, pero si revelar sus nombres.
Interrogada, en este punto, si piensa reclamar la comparecencia de Sáenz de Santamaría, la dirigente socialista ha destacado que su nombre está apareciendo en algunas investigaciones judiciales y que esa decisión la adoptará la comisión de investigación, si bien ha avanzado que no descarta solicitar su presencia en sede parlamentaria.
Lo que sí mantiene el PSOE es su intención de finalizar la ronda de comparecencias con el expresidente Mariano Rajoy y su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cuyas comparecencias estaban previstas inicialmente para este jueves, pero la comisión las decidió aplazar tras la imputación de Cospedal.
EL SUMARIO SECRETO DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN' IMPLICA A SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
Varios de los coimputados apuntan a que la información obtenida con el espionaje ilícito a Bárcenas era trasladada a la vicepresidenta del Gobierno. También sostienen que estaba implicado el CNI
La apertura del sumario en la parte que permanece secreta de la operación Kitchen va a ser "inmediata", según fuentes jurídicas consultadas por la SER, quienes apuntan que las declaraciones de algunos de los 19 coimputados y testigos en esta pieza, así como las agendas intervenidas al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, señalan también a la implicación de la exvicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al Centro Nacional de Inteligencia.
Los coimputados, según estas fuentes, afirman que la información obtenida con el espionaje a Bárcenas era pasada también "a la enana", como se referían a Soraya Sáenz, y que estaban involucrados en los seguimientos "los cecilios", apelativo escogido para los agentes del CNI, sobre los que la vicepresidenta tenía ascendencia.
Despacho con Villarejo
Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados que investiga las consecuencias políticas de la operación Kitchen, Villarejo aseveró la semana pasada que despachaba el contenido de las investigaciones con el entonces secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y que creía que éste trasladaba las mismas a Soraya Sáenz de Santamaría. Martínez negó ayer este extremo.
https://cadenaser.com/ser/2021/06/02/tribunales/1622629735_513177.html
EL PSOE Y SUS SOCIOS PLANEAN LLEVAR LA COMISIÓN KITCHEN HASTA LA ETAPA DE PABLO CASADO
El PSOE y sus aliados en el Congreso estudian alargar las sesiones hasta diciembre y trasladar a otoño las comparecencias suspendidas
Pablo Casado (en el centro), líder del PP, acompañado por Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, y Yolanda Bel, secretaria general del partido en la ciudad, este viernes. Joaquín Sánchez
El líder del PP, Pablo Casado, no quiere saber nada sobre la corrupción que campó en el PP antes de que fuera elegido presidente, pero ese fantasma le persigue. El PSOE, su socio de Gobierno Unidas Podemos y sus aliados en el Congreso no están dispuestos a pasar página, y así se verá con el futuro de la comisión del caso Kitchen. El plan es trasladar a otoño las comparecencias suspendidas del expresidente Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Dolores de Cospedal, y citar también a Casado y a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El plan del PSOE y sus socios, que cuenta con mayoría para salir adelante, se aprobará el martes que viene. Los socialistas ya han mantenido contactos informales con otros partidos para alargar la duración de esa comisión hasta diciembre.
La mesa de la comisión Kitchen, que investiga en las Cortes la utilización ilegal de medios y recursos del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para beneficiar al PP y ocultar pruebas que le pudieran perjudicar en el caso de la financiación ilegal, se reunió este miércoles para acordar el aplazamiento hasta nueva fecha de las comparecencias del propio expresidente y su mano derecha y exministro, Jorge Fernández Díaz, que estaban ya señaladas para el 10 de junio.
También se dejará para otro momento la llamada a la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que tenía que haber comparecido el pasado miércoles en el Congreso. Su presencia fue anulada porque se conoció en ese mismo día su imputación y la de su marido, Ignacio López del Hierro.
Algún diputado popular llegó a comentar que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía tapar con el ruido de la corrupción del pasado del PP el malestar de muchos ciudadanos con la pretensión de conceder los indultos a los líderes separatistas catalanes presos o incluso el enfado de otros por el encarecimiento del recibo de la luz.
Los miembros de la Mesa de la comisión Kitchen, donde PSOE y Podemos disponen de la mayoría, estudiarán el próximo martes qué hacer con sus próximos trabajos, pero fuentes socialistas apuntan a que ya está tomada la determinación de trasladar al próximo periodo de sesiones, entre septiembre y diciembre, las siguientes reuniones. Será entonces cuando deban programarse las comparecencias pendientes de Rajoy, Fernández y Cospedal, que eran las que quedaban ahora.
La razón oficial es que tras la imputación y citación judicial de Cospedal a finales de junio, es preferible convocarla cuando ya haya expuesto lo que pueda conocer de la Operación Kitchen en la Audiencia Nacional. La comisión de investigación tenía el mandato de sacar sus conclusiones precisamente este 30 de junio. Ese periodo se extenderá ahora hasta diciembre.
Los socialistas ya han mantenido conversaciones, por ahora informales, con otros partidos presentes en la comisión para planear qué tipo de comparecencias se deberían estudiar para la nueva prórroga de sus sesiones de trabajo.
La idea inicial es volver a llamar a algunos de los comparecientes que han incurrido en evidentes contradicciones durante sus exposiciones ante la comisión. Y en ese capítulo entran desde el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, al que el comisario jubilado José Manuel Villarejo señaló como uno de los máximos responsables políticos del montaje de la operación para captar información sobre el tipo de documentación de que pudiera disponer el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Pero no fueron los únicos comparecientes que aportaron visiones totalmente contrapuestas. El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también rechazó algunas acusaciones sobre su participación en el montaje que le hizo el excomisario Enrique García Castaño, quien asegura que compró un ordenador para el uso de Martínez donde volcó la información robada a Bárcenas, o el propio Villarejo.
El PSOE y sus socios principales —y ahí están tanto Unidas Podemos como ERC— contemplan ahora que en el siguiente periodo de funcionamiento de la comisión Kitchen sí podrían ser convocados tanto el actual líder del PP, Pablo Casado, como la entonces vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que Villarejo aseguró que era conocedora de muchos informes en su calidad de interlocutora del Ejecutivo de Rajoy con el Centro Nacional de Inteligencia.
La presencia de Casado en las nuevas comparecencias extendería las implicaciones de este escándalo de corrupción política y policial hasta la etapa más presente del PP, que es algo que la dirección actual popular quiere evitar a toda costa. Cuando se constituyó la comisión Kitchen el pasado diciembre ya se produjo este debate. Podemos, ERC y otras formaciones pretendían entonces llamar e implicar a Casado, porque en aquellos años ejerció como portavoz de la Ejecutiva popular.
El exdirector del CNI y la exvicepresidenta
La última vuelta de tuerca a la comisión de investigación del caso Kitchen la dio este jueves Macarena Olona, portavoz parlamentaria de Vox en este caso. Olona registró una petición para citar a esa comisión de investigación tanto al general Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI cuando ocurrieron los hechos, como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Cuando nació la comisión de investigación, el PSOE no quiso que en las primeras comparecencias estuvieran ni Rajoy, ni Casado, ni Cospedal, ni Villarejo, ni Félix Sanz Roldán. Los socialistas defendieron y lograron pactar finalmente con Podemos que en las primeras sesiones se presentasen solo los jefes policiales operativos que dieron y recibieron las órdenes.
VOX REABRE LA GUERRA CON EL PP Y PIDE LA COMPARECENCIA DE SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA POR 'KITCHEN'
El partido liderado por Santiago Abascal también solicita la presencia del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán en el Congreso de los Diputados
Las relaciones entre PP y Vox no atraviesan su mejor momento. El partido liderado por Santiago Abascal ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados este jueves para solicitar las comparecencias de en virtud de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y del exdirector del CNI Féliz Sanz Roldán en la comisión que investiga la 'operación Kitchen'.
Según el texto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Grupo Parlamentario Vox reclama la presencia en las comisiones de investigación del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras tanto de Sáenz de Santamaría y como de Sanz Roldán "con el fin de aclarar los hechos puestos de manifiesto a lo largo de las reuniones desarrolladas hasta ahora dada su presunta implicación" en estos.
La petición ha sido registrada por la diputada Macarena Olona. Las referencias a la ex dirigente del PP y de Sanz Roldán se produjeron durante la declaración del comisario de Policía José Villarejo. Villarejo acusa a los dos citados por Vox como los responsables de un montaje contra él que se inició en el caso del 'pequeño Nicolás'.
Vox denuncia "amenazas"
La Comisión Kitchen, en la que se investiga una presunta operación ilegal contra Bárcenas desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández, ha vuelto a poner en evidencia los desencuentros entre ambas formaciones. Olona denunció este martes haber recibido "amenazas" por parte de un diputado del PP en la misma comisión y pidió amparo a la presidenta.
"Acabo de sufrir una amenaza por parte de un diputado del PP de la que han sido testigos los compañeros del PP", relató la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox ante la propia comisión, antes de pedir disculpas por haber abandonado la sala en la que se celebra de forma "abrupta" en mitad de la sesión.
Según explicó, un miembro del Grupo Popular, al que no identificó, se acercó a ella al inicio de la comparecencia de Ignacio López del Hierro para preguntarle si estaba "haciendo fotografías" a sus compañeros de partido.
"Es intolerable", se ha quejado Olona, quien ha recalcado que ella no ha sacado foto alguna y que se ha limitado a "trabajar" como hace siempre en el seno de este órgano.
La petición de comparecencias se produce también después de que la Cadena Ser desvelara que en la parte secreta del caso Villarejo hay referencias a la ex vicepresidenta y al ex jefe del Centro Nacional de Inteligencia.
https://www.vozpopuli.com/espana/vox-soraya-kitchen.html
EL CONGRESO ESTUDIA PRORROGAR SEIS MESES MÁS SU INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO KITCHEN’
La comisión parlamentaria decidirá el martes si aplaza las comparecencias de Rajoy y Fernández Díaz, qué día acudirá Cospedal y si se vuelve a citar a otros que ya han acudido
La comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas de la Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas en la etapa del gobierno de Mariano Rajoy, decidirá el próximo martes si prorroga sus trabajos otros seis meses, hasta diciembre, y elabora un nuevo calendario con las comparecencias ya previstas y otras nuevas, entre ellas las de algunos de los que ya han acudido al Congreso, según detallan a EL PAÍS fuentes de la comisión.
Así lo han decidido este jueves los integrantes de la mesa de este órgano parlamentario que, tras aplazar el miércoles la comparecencia de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por su imputación en el caso Kitchen, debe poner fecha a la misma así cómo decidir si mantiene las que ya estaban programadas para el próximo 10 de junio, las del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el expresidente Rajoy, que iban a ser las últimas.
El acuerdo de la mesa, que será abordado a puerta cerrada por los integrantes de la comisión, incluye dos propuestas. En primer lugar, replantar los trabajos para, por un lado, incluir nuevos comparecientes y, por otro, aplazar la fecha en la que debían acudir Rajoy y Fernández Díaz, así como fijar un nuevo día para Cospedal. La mayoría de los grupos consideran que la exdirigente del PP solo debería someterse a las preguntas de los diputados una vez que haya declarado como investigada, el próximo 29 de junio, ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del sumario del caso Kitchen.
Si, finalmente, sale adelante esta propuesta, la mesa propone ampliar el tiempo de la comisión hasta diciembre ante la imposibilidad de terminar los trabajos antes del 22 de junio, fecha límite que hasta ahora tenía la comisión. Varias fuentes de la comisión coinciden en señalar que “casi seguro” se aprobarán ambos puntos, ya que solo el PP se opone a que se prorroguen los trabajos de investigación. No obstante, la ampliación del calendario debe ser ratificado en votación del pleno del Congreso antes de que acabe junio.
Fuentes de la comisión aclaran que, si bien la propuesta de prolongar la comisión hasta final de año se ha producido tras la imputación de Cospedal, algunos grupos ya se planteaban solicitar más tiempo al considerar que los testimonios de varias de las personas que han acudido a responder a los diputados son “contradictorios entre si”. “Se pueden plantear nuevos comparecientes, pero también que vuelvan a hacerlo algunos de los que ya lo han hecho”, señala un diputado de la comisión, que pide mantener el anonimato. Este parlamentario apunta que dos de los que podrían ser llamados de nuevo son el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que en su testimonio aseguró que él informaba directamente por SMS a Rajoy de los avances en el espionaje a Bárcenas, y el exdirector general de la Policía con el PP Ignacio Cosidó. “Villarejo implicó a Cosidó en la Operación Kitchen y este negó estar informado”, señala como ejemplo de esas contradicciones. Y recuerda que los comparecientes tienen derecho a no contestar a las preguntas que se les hace, “pero mentir puede tener consecuencias penales”.
Algunos grupos plantean también que vuelva a ser citado el comisario jubilado Enrique García Castaño, conocido como El Gordo e imputado en la causa, y cuya comparecencia ante la comisión es considerada por los diputados como una de las que más información ha aportado a la investigación. Entre las nuevas comparecencias que algunos grupos quieren pedir están la de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán.
En caso de acordarse nuevas comparecencias, algunos grupos plantearán también que las ya previstas de Fernández Díaz y Rajoy sean las últimas y, por tanto, se aplacen varios meses. “El primer calendario de las comparecencias se ordenó siguiendo el criterio de menor a mayor responsabilidad de las personas citadas, por eso Rajoy era el último. La idea es que se mantenga esta estructura”, añaden fuentes parlamentarias.
La exsecretaria general de PP tenía que comparecer esta tarde para dar explicaciones por la causa en la que ahora está oficialmente imputada
Aún no hay fecha para una nueva comparecencia que deberá fijar la mesa de la comisión de investigación
Los grupos acuerdan prorrogar la comisión hasta el mes de diciembre y poder llamar a nuevos declarantes
Los grupos parlamentarios han decidido que María Dolores de Cospedal no comparezca hoy en la comisión de investigación de la "Operación Kitchen". La cita, prevista para las 15.30, se retrasa sin fecha después de haberse conocido esta misma mañana que la propia Cospedal ha sido formalmente imputada en esa misma causa de la 'Kitchen' por malversación y cohecho.
Su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, también ha sido imputado y aludiendo a esa nueva condición ha evitado responder a ninguna pregunta durante su comparecencia de este miércoles por la mañana. Para evitar que la declaración de Cospedal se desarrollase en los mismos términos y que, en la práctica, la imputación acabase sirviendo como argumento para eludir contestar al interrogatorio de los diputados, la mayoría de la mesa de la comisión de investigación ha decidido aplazar la cita.
Por otra parte, los grupos han acordado alargar los trabajos de la comisión hasta el mes de diciembre con la posibilidad de poder llamar a nuevos declarantes.
COSIDÓ: "NO TENÍA CONOCIMIENTO DE QUE SE GRABARA AL MINISTRO DEL INTERIOR"
El ex director general de la Policía comparece este martes en el Congreso para dar cuenta de "la estructura paralela" que existía en el Ministerio del Interior de Fernández Díaz. Ignacio Cosidó se ha ratificado en las declaraciones que hizo en la anterior comisión de investigación de 2017 y ha afirmado que no hablaba ni con el DAO Eugenio Pino ni con Villarejo.
Este martes le ha tocado el turno al ex director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que ha pasado por el Congreso de los Diputados para explicar en la Comisión Kitchen lo que supiera de "la estructura paralela en el Ministerio del Interior", donde ha dejado claro su desconocimiento "negligente", en palabras del diputado de ERC Gabriel Rufián, aunque deja en tela de juicio la declaración de otros comparecientes, como el comisario Enrique García Castaño, que confesó haber grabado al ministro Jorge Fernández Díaz en su despacho. Cosidó ha sido tajante al responder al diputado catalán que "no tuve conocimiento de que se grabara al ministro en su despacho", de la misma manera que el exministro tampoco la tenía según declaró en la comisión celebrada en 2017.
Rufián también ha preguntado a Cosidó por su conocimiento sobre la extraña vida laboral del comisario José Manuel Villarejo y por el informe sobre la compatibilidad que se hizo en el año 2015, a raíz de hacerse público el emporio empresarial del policía. Cosdió había reconocido que Villarejo estaba destinado en la DAO, "aunque no se le veía mucho por ahí", debido a que su despacho estaba en su oficina de Torre Picasso a donde le solía llamar el propio DAO, Eugenio Pino.
La excedencia y el ascenso de Villarejo
El ex director general de la Policía ha recordado que Villarejo se fue de excedencia en el año 82, siendo inspector, y regreso a la policía en el año 93, siendo más tarde ascendido a comisario. Según la información remitida al juzgado de Tándem, Villarejo fue ascendido a inspector jefe en 1986 estando de excedencia, algo que es completamente irregular según la normativa policial. De hecho, Cosidó se ha quedado extrañado ante la pregunta del diputado Gabriel Rufián: "¿Es normal que a un señor en excedencia se le ascienda?" A lo que se ha quedado pensando y ha terminado por decir: "No es muy normal, pero se aleja mucho de mi etapa como director".
Es más, el propio José Ángel Fuentes Gago, que es quien realizó el informe de compatibilidad, reconoce que esta compatibilidad para crear su emporio empresarial no fue solicitada al Ministerio de Administraciones Públicas por Villarejo, por lo tanto su situación era de infracción grave hasta su jubilación y de ahí que esté procesado por delitos de cohecho. Pero lo cierto es que nadie se ha preocupado hasta el momento de preguntar al mismo ministerio si realmente le fue concedida la excedencia a Villarejo en 1982 o si sólo fue una retirada pactada dentro de Interior y no regularizada por los cauces de cualquier otro funcionario.
El diputado socialista le ha interrogado por lo declarado por el comisario José Manuel Villarejo acerca de que fue el dirigente popular quien le puso en contacto con el ex jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, para encargarse de la Operación Kitchen."Conocí a Marcelino Martín Blas siendo director general de la Policía", le ha contestado Cosidó al diputado socialista. Más tajante ha sido sobre las declaraciones de vertidas por Villarejo sobre la relación que mantenían: "Usted puede creerse todo lo que ese señor ha dicho, pero se lo voy a explicar: jamás he hablado con el señor Villarejo, ni le he llamado ni he comido con él".
Cosidó también ha añadido que él no tuvo nada que ver en el nombramiento del Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, "ya que ese nombramiento lo hace directamente el ministro del Interior". Esta afirmación ya la hizo en la anterior comisión de investigación de 2017, sobre las grabaciones de Fernández Díaz en su despacho, cuando relató que su comunicación con el comisario Pino era nula y que éste hablaba directamente con el ministro y el entonces secretario de Estado, Francisco Martínez, que asimismo comparecerá este martes en el Congreso.
Cosidó ha sido también tajante al afirmar que "no conocí ninguna estructura operativa paralela" y al señalar que el artículo 126 de la Constitución dice que la Policía Judicial depende de jueces, fiscales en términos de investigación del delito. Los únicos que tienen capacidad para dar órdenes son los tribunales y, por lo tanto, "yo tenía pleno conocimiento de lo que entraba dentro de mis competencias, pero no de la policía judicial, que no es mi competencia".
Es decir, "el director de la Policía no dirige las investigaciones judiciales, las investigaciones las dirigen jueces y fiscales", ha recalcado Cosidó.
Sobre PISA y Martín Blas
La diputada de Podemos, Sofía Castañón, le ha preguntado si conocía la existencia de una operación entorno Bárcenas, a lo que el exdirector de la Policía ha ceñido su conocimiento a la que estaba llevando a cabo "la UDEF en relación con Bárcenas en la Audiencia Nacional".
Sin embargo, el 14 de diciembre de 2020 aparece publicado en prensa unas declaraciones de Eugenio Pino que este le había trasladado la existencia de un confidente, a lo que Cosidó ha eludido responder y lo único que ha reiterado es que no tenía conocimiento.
A preguntas de la diputada de Podemos el exdirector general de la Policía ha vuelto a asegurar, como hizo en 2017 a su compañero Rafael Mayoral, que "no encargué ningún trabajo ni ningún informe sobre su formación", desentendiéndose así del conocido Informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) elaborado en la Dirección Adjunta Operativa por el jefe de gabinete de Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago, y por el hombre de María Dolores de Cospedal, el ahora comisario Andrés Gómez Gordo.
Sobre el cese del comisario Marcelino Martín-Blas ha explicado que se debía a "la pérdida de confianza de su jefe inmediato, en este caso el señor Eugenio Pino, y además porque en determinadas unidades especialmente complejas como Asuntos Internos es necesaria una rotación. Se me hizo una propuesta de nombramiento de un jefe que venía de la lucha contra la droga y me pareció un perfil magnífico". Sin embargo, hace seis años su opinión fue más clara "le parecía injusto la destitución del comisario Martín-Blas", ha señalado la diputada de Podemos.
EL EX ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR NIEGA QUE RECIBIESE LA DOCUMENTACIÓN ROBADA A BÁRCENAS
Francisco Martínez se escuda en su situación judicial para evitar explicar en el Congreso los mensajes que intercambió con Fernández Díaz sobre la Operación Kitchen
El ex secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez ha negado este martes, durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga el espionaje a Luis Bárcenas, que recibiera la documentación sustraída en 2013 al extesorero. Martínez, imputado desde enero de 2020 en el caso Kitchen, se ha escudado en esta situación judicial para no aclarar el contenido de los mensajes que intercambió con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que implican a ambos en las actividades ilegales de la trama.
Al inicio de su comparecencia, el que fuera número dos de Interior ha leído una declaración en la que ha negado “de forma contundente y sin ningún matiz” que durante el tiempo que ocupó el cargo, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participara o tuviera conocimiento “de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior” para espiar a Bárcenas, aunque no ha negado que existiera el operativo. “No creo que hacer un seguimiento para obtener información de personas que estaban investigadas [en referencia a Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias] sea delictivo”, ha dicho. Martínez —que ha rechazado que existiera un operativo llamado Kitchen— ha mostrado su convencimiento de que la información que se obtuvo de aquellos seguimientos fue entregada “a la autoridad judicial”, en referencia al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, entonces instructor del caso Gürtel y que, sin embargo, nunca recibió dato alguno obtenido de aquellas pesquisas.
El ex secretario de Estado ha intentado así desmentir las declaraciones de varios de los comparecientes que le han precedido, entre ellos los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, alias El Gordo, ambos también imputados. En el Congreso, Villarejo había dicho que Martínez era una de las personas que supuestamente contactaban con él “periódicamente” para transmitirle “inquietudes del presidente del Gobierno [Mariano Rajoy]” sobre el avance del espionaje a Bárcenas. García Castaño había afirmado ante el juez que el ex número dos le ordenó en persona participar en el operativo y que fue a él a quien le entregó, en un pendrive, el contenido obtenido de los teléfonos móviles que la trama sustrajo al extesorero y su esposa.
Este comisario, que colabora con la justicia, fue quien reveló la existencia de unas actas levantadas por el propio ex secretario de Estado ante notario con los mensajes telefónicos que este intercambió con el ministro Fernández Díaz, mensajes que revelan que ambos estaban al tanto de detalles del espionaje al extesorero. Preguntado por qué había formalizado esas actas cuando las informaciones sobre la Operación Kitchen ya lo salpicaban aunque no había sido imputado, Martínez ha explicado que con ello buscaba “la mejor forma” de defender “la legalidad” de sus actos en Interior. “Forma parte de una determinada estrategia de defensa procesal en la causa”, ha asegurado, antes de criticar la interpretación que de los mismos había hecho la policía en sus informes incorporados al sumario. Martínez ha negado que, como apuntaban algunos de esos mensajes, hubiera hablado del espionaje a Bárcenas con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con la que, ha asegurado, tuvo una relación mínima. “No era militante del PP y no tenía relación con la estructura orgánica [del partido]”, ha afirmado antes de recordar que fue sacado de las listas de los populares en las elecciones de 2019 para mostrar su desvinculación de la formación.
Sobre sus vínculos con Villarejo, ha detallado que lo conoció en 2012, tras reunirse con él en un hotel por indicación de Fernández Díaz, y que desde entonces mantuvo una relación que definió como “absolutamente profesional y policial”, pese a admitir que en una ocasión comieron juntas sus familias. Respecto a la autorización que hizo del pago con fondos reservados de una cantidad mensual a Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas y que facilitaba información a la trama, Martínez ha asegurado que, aunque firmaba las entregas del dinero de esta partida a las diferentes unidades policiales, nunca entraba “ni en el detalle ni es la oportunidad” de los pagos concretos.
El ex secretario de Estado ha evitado este martes cargar contra Fernández Díaz, con el que reconoció haber tenido “un duro careo” con reproches e insultos en la Audiencia Nacional. Sí ha admitido que se sintió decepcionado con él porque no salió en su defensa cuando se le implicó en el caso Kitchen y que tuvo un “sentimiento de abandono” por parte del PP cuando la formación no le incluyó en las listas para las elecciones generales de 2019.
Antes de Francisco Martínez, ha comparecido en el Congreso Ignacio Cosidó, quien fuera director general de la Policía entre 2012 y 2016. Cosidó ha dedicado buena parte de su intervención ante la comisión del caso Kitchen a marcar distancias con los que aquellos años fueron sus superiores en Interior, Fernández Díaz y Francisco Martínez, y con los altos mandos policiales investigados por el espionaje a Luis Bárcenas. Los comisarios Villarejo y Eugenio Pino habían asegurado que el político conoció el operativo ilegal para sustraer documentos al extesorero. Cosidó, que no está imputado ni ha sido llamado a declarar como testigo en el caso Kitchen, lo ha negado y ha esgrimido para ello que entre las funciones del director general no estaba dirigir investigaciones. También ha asegurado que las únicas pesquisas sobre Bárcenas de las que tuvo noticia entonces fueron las del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Tras poner en duda varios diputados que no supiera nada de lo que ocurría a su alrededor —el despacho del comisario Pino era contiguo al suyo—, Cosidó se ha limitado a decir: “Me enteraba de lo que tenía que enterarme y era mi competencia”.
Martínez niega en el Congreso participación o conocimiento de un espionaje ilegal a Bárcenas y alega que los mensajes de su móvil están protegidos por la reciente reforma de la Ley de Protección de Datos. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, responde que una comisión de investigación no está sometida a esa reserva
El que fuera número dos de Interior durante el espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas se ha negado a explicar por qué se sentía traicionado por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y por la antigua secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, tal y como escribió en el teléfono móvil que le incautaron los investigadores del caso Villarejo. Ante la comisión de Interior del Congreso, Martínez ha apelado a la reciente Ley de Protección de Datos aprobada por el Congreso y a la mención que hace a que los datos personales que aparecen en investigaciones judiciales no pueden ser utilizados fuera de ella.
"Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal", escribió el 5 de junio de 2019 en un mensaje al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, cuando ya había sido publicado que el juez Manuel García-Castellón le iba a citar como imputado en el marco del caso Kitchen. Cuando finalmente fue llamado a declarar, Martínez evitó en todo momento establecer responsabilidades de sus superiores y negó haber coordinado el operativo parapolicial, como señalan otros investigados.
Este martes en el Congreso ha esgrimido la misma línea de defensa, pero sin entrar en detalles por tratarse de una investigación judicial en marcha. En el interrogatorio del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Martínez ha pasado al contraataque y ha dicho que si no contestaba a la pregunta por aquel mensaje es por la reforma de la Ley de Protección de Datos que el bloque de apoyo a la investidura de Sánchez había aprobado. "Usted la vota y yo lo acato", ha dicho sobre la reforma de la Ley a Rufián.
La mayoría de los portavoces han intentado que Martínez se explayara afirmando que todo indica que él es una suerte de juguete roto que va a asumir responsabilidades que no le corresponden. En ningún caso han conseguido que Martínez variara de estrategia. Más adelante ha enmarcado el mensaje en su abatimiento personal. "En un momento en el que yo estaba roto se dicen cosas así de un amigo, de un familiar...", ha afirmado. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le ha recordado que la comisión de investigación no se ve afectada por esa reforma de la Ley de Protección de Datos porque está fuera de la instrucción judicial.
"Niego de forma contundente y sin ningún matiz que participase o tuviese conocimiento directo o indirecto" de la operación Kitchen, ha leído Martínez antes de que comenzara a preguntar el portavoz de los socialistas, Felipe Sicilia, que ha sido el primero en advertirle de que puede acabar de "chivo expiatorio" del caso.
Durante su declaración ante el juez García-Castellón en noviembre pasado, éste no le preguntó por María Dolores de Cospedal. Este martes lo han hecho los portavoces. Martínez ha dicho que él no habló de la Kitchen ni de "casi nada" con Cospedal en aquella época. La exsecretaria general del PP comparecerá mañana por la tarde ante la comisión de investigación.
Martínez también ha negado que reconociera en una conversación con el comisario García Castaño la existencia de un pendrive sustraído a Bárcenas. Ha dicho que se ha tergiversado el sentido de esa conversación porque ambos estaban bromeando y que nunca ha sabido nada de ese material, que contendría grabaciones de Bárcenas a Rajoy, entre otros, según trasladó Villarejo en conversaciones grabadas e incorporadas a la causa.
El juez García Castellón había citado a Martínez y a Villarejo para que declararan mañana por la mañana en el marco de la causa Kitchen, pero las citaciones han sido suspendidas para que no coincidan con las declaraciones del empresario Ignacio López del Hierro y el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, que comparecerán en el Congreso antes que Cospedal.
El cura Silverio sobre su ubicuidad: "Es casualidad"
Por la tarde ha prestado declaración el sacerdote Silverio Nieto, quien se ha vuelto a presentar como amigo o asesor espiritual de varios de los imputados por la Audiencia Nacional. Los distintos portavoces, a excepción de los del PP y Vox, mostraron su incredulidad por su insistencia en que no jugó ningún papel en aquel Ministerio del Interior, que encabezaba Jorge Fernández Díaz, pese a la relación con éste, Francisco Martínez y el comisario Enrique García Castaño. “No es causa-efecto. Es casualidad”, ha dicho Nieto ante la comisión de investigación.
Nieto reenvió un mensaje a García Castaño que previamente le había enviado Martínez y en el que advertía de las consecuencias que podría tener para Fernández Díaz y para Mariano Rajoy su imputación en el caso. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le ha dicho al cura Nieto que, si él hubiera recibido ese mensaje, en lugar de reenviárlo a sus amigos García Castaño y Fernández Díaz, se hubiera plantado “en cinco minutos” ante un juez por los indicios de delito que alberga.
El cura Nieto ha lamentado los pesares que le está produciendo dicho mensaje. “Cometí la debilidad y el error de reenviarlo”, ha dicho, aunque ha insistido una y otra vez que lo hizo únicamente a título informativo. También ha negado ser el confesor de Fernández Díaz. Según Nieto, el exministro es miembro del Opus Dei y, por tanto, tiene un confesor de "la obra".
Expolicía, exjuez, antiguo director de los Servicios Jurídicos de la Conferencia Episcopal, Nieto se ha presentado como “un cura de base” que tiene su parroquia en la elitista zona del barrio de Salamanca. Ha reconocido que es amigo personal de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, y que conoce a todos los miembros de ese Alto Tribunal así como del Constitucional, pero que todo se debe a su larga trayectoria como policía y magistrado. Silverio Nieto fue nombrado comisario honorario por parte de Fernández Díaz.
Edmundo Bal le ha preguntado por una afirmación suya en el juzgado, donde declaró como testigo. "Lo único que hice en este caso fue reenviar un mensaje, quizá Paco pensó que el ministro a mí me haría caso, y sería más receptivo, pero no tengo nada que ver con estas historias”, aseguró ante el juez Nieto. Bal le ha preguntado que a qué tenía que ser más receptivo el exministro, pero Nieto no ha concretado. “A mí esto me parece un chantaje”, ha dicho el portavoz sobre el contenido del mensaje.
El sacerdote Silverio Nieto no arroja luz en el Congreso sobre su participación como intermediario entre el exministro del Interior y su número dos a cuenta de los mensajes sobre la operación policial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Ni un ápice de arrepentimiento se ha vislumbrado este martes durante la comparecencia del sacerdote extremeño Silverio Nieto, de 74 años, testigo en la causa judicial sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Nieto ha admitido en la comisión parlamentaria sobre la operación 'Kitchen' que reenvió a su amigo el exministro Jorge Fernández Díaz el 'whatsapp' que le mandó en enero de 2020 el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el que vertía su "preocupación" por tener que entregar a la Justicia los mensajes relacionados con la citada operación entre Fernández Díaz y él mismo. "Reenviar un humilde Whatsapp es lícito", ha dicho el sacerdote, que no ha querido entrar en valorar si el mensaje en sí podía suponer un presunto intento de chantaje.
Se lo reenvió a su "amigo" el exministro del Interior, "para informar, no para prevenir", ha matizado. También se lo mandó al comisario Enrique García Castaño, otro "amigo". El mencionado mensaje contenía "un desahogo" --ha dicho Silverio-- porque Francisco Martínez "se jugaba su futuro profesional".
"Yo no tenía ningún interés en ese mensaje, se lo reenvié a Fernández Díaz sin ningún comentario y a García Castaño sin ningún comentario", ha dicho Nieto, que ha manifestado que respecto al primero se lo mandó "porque le mencionaba" y al segundo porque "era público y notorio que estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional", en relación a la operación 'Kitchen'. "Y no se lo envié a Rajoy porque no lo conocía", ha subrayado.
Silverio Nieto ha sido inspector de policía, de la promoción de 1973, "pero no conozco al comisario Villarejo; no sé si es de la misma promoción, de antes o de después". También ha sido juez, marino mercante y asesor jurídico de la Conferencia Episcopal. En 1999 se ordenó sacerdote.
Ha reconocido una gran amistad con Jorge Fernández Díaz, "un hombre profundamente religioso". Ha negado ser su confesor. " Él es miembro del Opus Dei y ellos tienen como confesores a sacerdotes del Opus Dei". También admite ser muy amigo del comisario Enrique García Castaño, otro de los imputados en la causa 'Kitchen', en la que el sacerdote está considerado testigo por el reenvío del mensaje de Martínez, que también ha comparecido este martes.
Precisamente sobre su relación con el ex secretario de Estado de Seguridad, Nieto ha señalado que había sido alumno suyo en ICADE (Universidad de Pontificia de Comillas).
Por otra parte, también ha comparecido este martes en la comisión Jorge Sanchís, que fue jefe de Gabinete del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ha ratificado su declaración en la Audiencia Nacional en el sentido de negar cualquier conocimiento sobre la operación 'Kitchen'.
Ignacio Cosidó, que fue director de la Policía en tiempos en el operativo, no está imputado ni ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional Francisco Martínez niega la "existencia" de la trama parapolicial de espionaje a Bárcenas Ninguno se hace responsable de los operativos policiales a pesar de ser los superiores directos de comisarios imputados Publicamos esta información en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información que recibes depende de ti.
Ni Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional, ni Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, dicen saber nada de una operación Kitchen. Por no saber, dicen que no saben ni a qué operativos se dedicaban los mandos policiales que estaban a su cargo en tiempos del primer Gobierno de Mariano Rajoy. El primero no está imputado en la causa de la Audiencia Nacional que investiga el operativo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas y su familia y ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo, a pesar de ser el mando político colocado por el PP para estar al frente del Cuerpo Nacional de Policía durante casi cinco años. El segundo sí está investigado, pero ha llegado a calificar Kitchen como "inexistente". Y eso a pesar de que, según el sumario de la causa, para los seguimientos se llegaron a utilizar a hasta setenta efectivos.
Este es el balance de las declaraciones que han prestado este martes Cosidó y Martínez en la comisión de investigación del Congreso sobre el operativo financiado por fondos reservados que se puso en marcha en 2013 para supuestamente robar documentación sensible para el PP que Bárcenas se podría haber llevado del partido cuando fue despedido. Ni uno ni otro han dado pábulo a las afirmaciones que previamente habían realizado los mandos policiales que han pasado también por la Cámara Baja y que les habían señalado como, al menos, conocedores de esta operación e incluso el ex director general de la Policía las ha enmarcado en una estrategia de defensa por estar imputados, explicando veladamente que bajo esta condición se puede mentir en sede judicial.
A Cosidó le señaló el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino en la Audiencia Nacional y la semana pasada también el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Sobre el primero, ha recordado que lo hizo en una declaración judicial como imputado, mientras que sobre el segundo ha negado taxativamente haberle dado ninguna instrucción, pues estaba encuadrado en la estructura de la DAO: "Jamás he despachado con él, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún mensaje con él y jamás le he hecho llegar una instrucción a través de terceras personas", aunque sí ha reconocido que intercambió con él un "saludo protocolario" al inicio de su mandato.
Pero es que incluso se ha desmarcado de esos mandos policiales de los que en teoría era su superior inmediato y de su nombramiento, explicando que tanto Eugenio Pino como los miembros de la Junta de Gobierno de la Policía no los designó él, sino el entonces ministro del Interior Fernández Díaz. Y, de hecho, según Cosidó, todo lo hacía Pino, o al menos eso ha dado a entender: también la concesión de la medalla a Villarejo y el cese de Marcelino Martín Blas como jefe de Asuntos Internos fueron propuesta del DAO aunque la firma estampada en los respectivos documentos fuese la del director de la Policía.
"O negligente o cooperador"
Habiendo sido máximo responsable político de la Policía entre enero de 2012 y noviembre de 2016, algunos diputados han expresado su incredulidad acerca de que él no tuviese ningún control sobre esa misma Policía, sobre todo teniendo en cuenta además que sus entonces superiores, el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Martínez, y subordinados como Pino o comisarios como Villarejo o Enrique García Castaño sí están imputados en la Audiencia Nacional. Como le ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, "o fue un negligente o fue un cooperador necesario".
Martínez, por su parte, ha comenzado su intervención adelantando la que iba a ser su estrategia todo el interrogatorio: "Les avanzo que niego de forma contundente y sin ningún matiz que durante el ejercicio de mi cargo de secretario de Estado de Seguridad, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participase o tuviese conocimiento, directo o indirecto, de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias".
Y en estos términos se ha mantenido. "Niego la existencia de tal operación. No hay ningún papel, ningún documento que hable de esta operación", ha reiterado en varias ocasiones. En parte tiene razón, porque en el Ministerio del Interior no consta ningún informe que hable de una operación Kitchen, pero los investigadores, la Fiscalía Anticorrupción y el propio instructor consideran que se trató de un operativo al margen de la legalidad que nunca fue puesto en conocimiento del juez que entonces investigaba los llamados papeles de Bárcenas, la financiación ilegal del PP.
Firmaba los cheques, pero no sabía para qué
Cosidó y Martínez han sostenido que no sabían nada de operativos policiales. El uno, dice, porque a quien correspondía informar era a juez y fiscales; el segundo le ha matizado y ha reconocido que no siempre pasan por un juez las peraciones policiales, pero ha manifestado que en su caso no las conocía porque no entraba en el detalle cuando firmaba los cheques de los fondos reservados. "Yo tenía la competencia para autorizar fondos reservados y firmaba el cheque en un sistema de firma mancomunada. Ni yo ni ningún secretario de Estado de Seguridad tiene el detalle ni entra en la idoneidad de las operaciones", ha asegurado.
De lo que no ha querido hablar Martínez es de los mensajes de texto que, según él, envió a Fernández Díaz en los que supuestamente hablan de la operación Kitchen y que protocolarizó ante notario cuando el exministro dijo en una entrevista que se había enterado por la prensa de todo el operativo parapolicial. Son mensajes que han sido objeto de informe policial, ha justificado, mientras que otros que también se reflejan en la investigación son de índole "personal" que están sacados de contexto. Lo que sí ha hecho, como ya hiciera en la Audiencia Nacional, es pedir "disculpas" por uno en el que escribió que su "grandísimo error" fue confiar en Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.
Su declaración, en realidad, ha sido bastante parcial, pues tampoco ha contestado a las preguntas más peliagudas y que le pueden poner en apuros por su condición de imputado en la causa judicial. Así, por ejemplo, no ha repetido en el Congreso que fue Fernández Díaz quien le pidió que se enterase sobre la investigación a Bárcenas porque algo le había llegado y no tenía más información. Lo que sí ha reiterado es que nunca habló con Cospedal de un operativo llamado Kitchen y tampoco ha señalado a Rajoy. Y es que, según el ex secretario de Estado, ni siquiera sabe por qué está investigado desde hace más de un año ni qué delitos se le imputan.
VILLAREJO: "INFORMÉ DIRECTAMENTE A RAJOY SOBRE ‘KITCHEN'"
El comisario jubilado declara en la comisión parlamentaria sobre la operación de espionaje a Bárcenas que le contrataron para hacerse con papeles "comprometedores" para el PP y dice que le daba información del operativo al entonces presidente del Gobierno a través de un teléfono que le facilitaron.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha involucrado de lleno al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la operación de espionaje ilegal financiada con fondos públicos para arrebatar pruebas contrarias al PP. "Mauricio Casals [presidente del diario La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia] y María Dolores de Cospedal [exministra de Defensa] mediaban con el presidente hasta que al final yo tuve contacto personal con el señor Rajoy por 'Kitchen'", ha dicho este jueves en la comisión parlamentaria sobre el espionaje a Luis Bárcenas.
"Informaba directamente a Rajoy sobre 'Kitchen'", ha incidido Villarejo, que había solicitado declarar a puerta cerrada, aunque finalmente la presidencia de la comisión no se lo ha permitido. "Me decía Cospedal: "Es que el presidente quiere que le des tu versión"", ha explicado para acabar desvelando que despachaba directamente con Rajoy por este tema, "a través de mensajes con un teléfono que me había facilitado", ha dicho.
Villarejo ha declarado que, para esta operación, en la que participó como agente de inteligencia, según ha dicho, le contactó Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía. "Me dijo que era un tema muy importante, que el propio presidente tenía interés y que tenía que hablar con Eugenio Pino [ex Director Adjunto Operativo de la Policía] para que me contara los detalles". También ha indicado que despachaba habitualmente con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. "Y puntualmente con el ministro Fernández Díaz".
En relación a su participación en la operación 'Kitchen', Villarejo ha dicho que: "Me contratan en plan privado. Mi misión era la captación humana, como se dice en Inteligencia, tras haber fracasado el plan para captar al chófer". Se refiere a Sergio Ríos, que compareció la semana pasada en esta comisión, y que fue el espía de la familia Bárcenas, gracias al cual se pudieron localizar las pruebas que el extesorero del PP guardaba en el estudio de su esposa. "Yo no participé en la extracción de la documentación", ha matizado.
Ha mencionado en su comparecencia a la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, como conocedora de la operación 'Kitchen', a través de la supuesta participación en la misma del Centro Nacional de Inteligencia, dependiente en aquella época del Ministerio de la Presidencia: "El CNI participó en 'Kitchen' y lo conocía la vicepresidenta", ha dicho Villarejo, que siempre involucra a los servicios secretos en las operaciones en las que él supuestamente ha participado.
Villarejo está acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la macrocausa 'Tándem', dividida en 30 piezas de investigación en la Audiencia Nacional. "He estado enjaulado casi cuatro años, hasta los encuentros íntimos con mi esposa... Qué abyecto. Así he sobrevivido y aquí estoy", ha dicho.
El excomisario Carlos Salamanca.
No solo se ha hablado este jueves en el Congreso de la operación 'Kitchen'; también ha salido a relucir la trama 'Gürtel', a través del turno de intervención del diputado Luis Santamaría del PP, que se ha centrado en esta trama de su partido. Villarejo ha dicho al respecto: "Estoy deseando poder hablar en el juicio [segunda época de esta trama corrupta] para explicar cómo se organizó esta operación, diseñada políticamente".
http://www.publico.es/politica/villarejo-informe-directamente-rajoy-kitchen.html
VILLAREJO, UN 'ENCANTADOR DE SERPIENTES' EN EL CONGRESO
La comisión de investigación sobre la operación Kitchen ha dado para mucho más sobre la amplia carrera del comisario jubilado, que ha ido respondiendo a la medida de cada partido
La operación Cataluña, el informe PISA, las operaciones contra ETA, el caso Roldán o los inicios de la investigación de Gürtel... el expolicía ha hablado de casi todo lo que le han planteado y ha afirmado que en su archivo personal está "la Atapuerca de los últimos 50 años en España"
Los diputados han ido a hablar de su libro y José Manuel Villarejo así lo ha entendido y ha entrado en el juego. La comparecencia del comisario jubilado en el Congreso de los Diputados tenía una considerable expectación política y mediática y, como era de esperar, ha ido más allá del objeto de la comisión de investigación en la que ha declarado, la referida a la llamada operación Kitchen, el operativo parapolicial dirigido a espiar a Luis Bárcenas para robarle documentación que se habría llevado del partido cuando fue despedido. Al PP le ha servido para desprestigiar a los gobiernos socialistas para los que también trabajó el expolicía e incluso para poner dudas sobre la investigación del caso Gürtel; a ERC y Junts les ha hablado de la operación Cataluña; a Podemos le ha contestado a preguntas sobre el informe PISA; a Vox y al PSOE les ha dado más datos sobre una posible implicación de Mariano Rajoy en los seguimientos al extesorero del PP...
Como el propio Villarejo ha dicho, ha estado en la Policía desde la Transición, tiempo en el que ha ido apuntando todas las operaciones policiales y de inteligencia en las que, según su versión, ha participado o de las que ha tenido conocimiento. "En mi archivo personal está la Atapuerca de los últimos 50 años de España… la verdad de lo que ha ocurrido en este país. Desde el 23F, el primer agente infiltrado en ETA... desde aquella época", ha presumido. "Desde la dictadura hay estructuras opacas en el Gobierno; otra cosa es que quieran utilizarme a mí para arreglar el tema", ha añadido también. Aunque otra cosa son las pruebas de todo lo que dice, las cuales, ha denunciado, le han "secuestrado". Pero Villarejo no la ha contado todo. Ha dicho que su labor a partir de 1993, cuando reingresó en la Policía Nacional, fue de "agente de inteligencia" y que hay ciertas operaciones sobre las que no puede hablar ante las cámaras del Congreso. Y tampoco ha querido comentar nada sobre la Corona, aunque siempre ha dejado claro que lo que le está pasando a Juan Carlos I es "absolutamente injusto" por todo lo que ha hecho por los españoles.
A lo largo de casi cuatro horas de comisión, ha habido tiempo para todo. Chascarrillos, bromas, asuntos más serios, lamentos porque le han dejado de pagar la pensión de policía, lecciones sobre cómo funcionan los servicios de inteligencia, elogios a los diputados, información sobre su estado de salud, clases de historia... Una tarde de lo más entretenida en la que más de un diputado ha agradecido a Villarejo sus prolijas explicaciones, como Edmundo Bal, de Ciudadanos, que ha valorado que "al menos ha venido a contar cosas porque aquí nadie cuenta nada ni dice la verdad". Incluso, el comisario jubilado, de 70 años, ha llegado a decir que le intentaron "eliminar" en prisión, de lo que hace responsable al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a su exdirector Félix Sanz Roldán, su enemigo declarado y a quien culpa de casi todos los males que le han pasado.
Villarejo ha empezado prudente su intervención en la comisión, pero poco a poco ha ido sintiéndose cómodo. A Felipe Sicilia, portavoz socialista, el primero en intervenir y que sí se ha centrado en la operación Kitchen, no le ha dado mucho detalle y se ha limitado a contestar, a la pregunta de si Rajoy pudo no haber tenido conocimiento del operativo, que duda que lo "desconociera". Era el calentamiento: Villarejo ha preferido esperar a la intervención de la portavoz de Vox, Macarena Olona –que también se ha centrado en el operativo parapolicial–, para decir que se mensajeaba con el expresidente y que altos cargos de su Gobierno y de su partido estuvieron al tanto del espionaje a Bárcenas. Con Olona, el expolicía ha desplegado una complicidad evidente, hasta el punto de bromear con que se le "apareció la Macarena" cuando le pusieron en libertad, hecho que tuvo lugar poco después de que la portavoz fuera a visitarle a prisión.
Ha tenido que llegar el final de la comisión, en la intervención del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, para admitir que no dispone de las pruebas sobre Rajoy porque están entre la documentación que le tienen, según él, "secuestrada", por lo que ha animado a los diputados a que sean ellos quienes los reclamen. Pero también ha lanzado una advertencia: lo contará todo en el juicio que empezará en octubre en la Audiencia Nacional, el tribunal que le investiga en casi una treintena de piezas separadas por sus actividades supuestamente ilegales.
Estrategia del PP, desprestigiar al PSOE
Con el PP, la intervención del comisario jubilado ha ido por otros derroteros, pues el ponente conservador no ha mencionado ni una vez la operación Kitchen y ha desplegado una batería de preguntas sobre episodios pasados de los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero sobre las que Villarejo ha ido dando cumplida cuenta, dejando al ponente conservador satisfecho con las respuestas, incluso cuando el expolicía decía que no le podía hablar de un tema o de otro.
Ha dicho que el caso Gürtel fue una "operación política", que se reunió con el juez Baltasar Garzón, el primer instructor de la causa, antes de que estallara la operación, que daba cuentas de ello al ex secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho, que la operación se montó en un restaurante... Han sido tales las dudas que ha sembrado sobre el caso, que el portavoz de Ciudadanos le ha repreguntado, pero a él sí le ha aclarado que "en ningún momento" ha dicho que el caso se sustentara en pruebas falsas.
En el turno del PP, el esquema ha sido casi todo el tiempo el mismo: el portavoz conservador le hacía una pregunta sobre un asunto sospechoso ocurrido durante los gobiernos socialistas o sobre Podemos y el comisario jubilado le iba dando la razón. Le ha dado tiempo a hablar del caso Faisán, de la actuación de la ex secretaria de Estado de Interior y actual ministra de Defensa, Margarita Robles, en el caso Roldán, acusándola también de encargarle el informe Veritás contra Garzón. "Espero que no se querelle, pero fue así", ha dicho. Ha sembrado la duda sobre un posible encuentro con el exdirigente socialista Óscar López "sobre las saunas" del suegro del presidente Pedro Sánchez, sobre si se llegó a reunir con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o sobre una supuesta operación para recuperar de un país africano una importante suma de dinero para repatriarla a España e ingresarla en la caja del partido morado. Con quien sí se reunió, ha asegurado, fue con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo: "Es falso que diga que no nos hemos visto".
Al PP le ha dicho que este partido siempre ha sido "más blandito que el PSOE, más institucional", afirmación que ha dejado complacido al portavoz conservador. Un rato después, ha manifestado que su "experiencia con el PSOE ha sido mejor que con el PP" porque cree que el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba "no habría permitido" que el exdirector del CNI "hubiese montado" unos servicios de inteligencia tan centralizados, copando todo el "poder".
La operación Cataluña, la Coca Cola en Uruguay y las cloacas
El siguiente turno ha sido de Unidas Podemos. Informe PISA y periodistas a los que el partido morado relaciona con las llamadas cloacas han sido los puntos fuertes del interrogatorio de Pablo Echenique. Villarejo le ha confirmado que el PP le "boicoteó" los trabajos que realizó sobre el partido morado porque pensaba que potenciar la formación haría "daño" al PSOE, y que siguió las "relaciones preocupantes" para España de Podemos con el entorno de ETA y los servicios secretos cubano y venezolano. Y también que conoce al presidente de La Razón, Mauricio Casals; al director de OKdiario, Eduardo Inda; y a la presentadora Ana Rosa Quintana. No le ha debido gustar mucho al expolicía la deriva de las preguntas de Echenique, porque cuando éste le ha dicho que "ha trabajado durante años para intentar acabar con Podemos" sin conseguirlo, su respuesta ha sido que no tiene "mala predisposición" y "prueba de ello" es que se ha "reunido con sus responsables", a pesar de que anteriormente había indicado que no podía hablar de ese asunto porque no lo recordaba exactamente.
Los partidos catalanes, ERC y Junts, y los vascos, PNV y EH Bildu, también han preguntado por Kitchen, pero ha habido momentos para querer saber más sobre la operación Cataluña o los operativos contra ETA. A ellos les ha dicho que efectivamente estuvo implicado en la operación Cataluña, que se puso en marcha cuando el clan Pujol perdió la "impunidad absoluta" que habían sostenido "los gobiernos centrales de turno" y que el objetivo era determinar el "embrión" de la estructura que promovía la separación de España, algo que suponía "un ataque a la unidad nacional". No ha parado aquí, sino que ha vertido más gasolina afirmando que un Estado "debe defenderse de quien intenta agredirlo" y que, por tanto, el operativo era "una política de Estado".
En el caso de la lucha contra ETA, Villarejo no ha dado muchos detalles –ya llevaba tres horas y media de comisión–, pero sí ha comentado que le encomendaron "montar una estructura en Sudamérica para desmontar la estructura" de la banda terrorista en ese continente. "Yo era el que servía la Coca Cola a los restaurantes de ETA en Uruguay", ha llegado a decir en tono jocoso. El portavoz de EH Bildu no le ha dado mucha más cancha y ha pasado a Kitchen, preguntándole sobre la grabación en la que se le escucha hablar de Rajoy como "el Barbas" y las "maldades" que ha hecho por él. Lejos de ponerse serio, el comisario jubilado ha enmarcado esa conversación en una charla de bar, preguntando a Iñarritu cómo está él cuando se toma unos "txacolís".
Y para finalizar, un discurso a medida para la CUP cuando la portavoz de este partido le ha preguntado si la democracia española está sustentada sobre prácticas poco democráticas. "De lo que yo he vivido, España es un estado garantista de Derecho que tiene estructuras opacas como prácticamente todos los países del mundo y sería anómalo que salieran a la luz porque difícilmente se podría defender como país soberano. Cuando ha ocurrido que alguien lo ha usado para sus fines particulares, lo he denunciado y así he acabado". "Entonces, ¿quién rinde cuentas en España?", ha preguntado la diputada. "No lo sé, pero jefes de esas estructuras están tentados de ser ellos el Estado y sus señorías –en alusión a los diputados– podrían remediarlo. Tienen la capacidad de arreglarlo. Pero esto no es la Comisión de Secretos, no puedo extenderme mucho más".
VILLAREJO: "INFORMÉ DIRECTAMENTE A RAJOY SOBRE 'KITCHEN'"
El comisario jubilado declara en la comisión parlamentaria sobre la operación de espionaje a Bárcenas que le contrataron para hacerse con papeles "comprometedores" para el PP y dice que le daba información del operativo al entonces presidente del Gobierno a través de un teléfono que le facilitaron.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha involucrado de lleno al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la operación de espionaje ilegal financiada con fondos públicos para arrebatar pruebas contrarias al PP. "Mauricio Casals [presidente del diario La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia] y María Dolores de Cospedal [exministra de Defensa] mediaban con el presidente hasta que al final yo tuve contacto personal con el señor Rajoy por 'Kitchen'", ha dicho este jueves en la comisión parlamentaria sobre el espionaje a Luis Bárcenas.
"Informaba directamente a Rajoy sobre 'Kitchen'", ha incidido Villarejo, que había solicitado declarar a puerta cerrada, aunque finalmente la presidencia de la comisión no se lo ha permitido. "Me decía Cospedal: "Es que el presidente quiere que le des tu versión"", ha explicado para acabar desvelando que despachaba directamente con Rajoy por este tema, "a través de mensajes con un teléfono que me había facilitado", ha dicho.
Villarejo ha declarado que para esta operación, en la que participó como agente de inteligencia, según ha dicho, le contactó Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía. "Me dijo que era un tema muy importante, que el propio presidente tenía interés y que tenía que hablar con Eugenio Pino [ex Director Adjunto Operativo de la Policía] para que me contara los detalles". También ha indicado que despachaba habitualmente con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. "Y puntualmente con el ministro Fernández Díaz".
En relación a su participación en la operación 'Kitchen', Villarejo ha dicho que: "Me contratan en plan privado. Mi misión era la captación humana, como se dice en Inteligencia, tras haber fracasado el plan para captar al chófer". Se refiere a Sergio Ríos, que compareció la semana pasada en esta comisión, y que fue el espía de la familia Bárcenas, gracias al cual se pudieron localizar las pruebas que el extesorero del PP guardaba en el estudio de su esposa. "Yo no participé en la extracción de la documentación", ha matizado.
Ha mencionado en su comparecencia a la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, como conocedora de la operación 'Kitchen', a través de la supuesta participación en la misma del Centro Nacional de Inteligencia, dependiente en aquella época del Ministerio de la Presidencia: "El CNI participó en 'Kitchen' y lo conocía la vicepresidenta", ha dicho Villarejo, que siempre involucra a los servicios secretos en las operaciones en las que él supuestamente ha participado.
Villarejo está acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la macrocausa 'Tándem', dividida en 30 piezas de investigación en la Audiencia Nacional. "He estado enjaulado casi cuatro años, hasta los encuentros íntimos con mi esposa... Qué abyecto. Así he sobrevivido y aquí estoy", ha dicho.
No solo se ha hablado este jueves en el Congreso de la operación 'Kitchen'; también ha salido a relucir la trama 'Gürtel', a través del turno de intervención del diputado Luis Santamaría del PP, que se ha centrado en esta trama de su partido. Villarejo ha dicho al respecto: "Estoy deseando poder hablar en el juicio [segunda época de esta trama corrupta] para explicar cómo se organizó esta operación, diseñada políticamente".
http://www.publico.es/politica/villarejo-informe-directamente-rajoy-kitchen.html
VILLAREJO ASEGURA EN EL CONGRESO QUE INFORMÓ POR SMS A RAJOY DE LA OPERACIÓN KITCHEN
El comisario asegura en el Congreso que contactaba mediante mensajes de móvil con el entonces presidente del Gobierno y que tiene pruebas, pero no las muestra
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, integrante de la trama policial que orquestó la Operación Kitchen para espiar en 2013 al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha acudido este jueves al Congreso entre grandes expectativas y mayores cautelas de los diputados por lo que pudiera contar. Al final, se ha impuesto el escepticismo entre los miembros de la comisión ante sus afirmaciones sin pruebas. Una de ellas, que intercambió mensajes de teléfono con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre aquel operativo.
Villarejo, que en un primer momento ha apuntado al exlíder del PP de manera tímida al asegurar que dudaba de que “el señor Rajoy no estuviese al tanto” de aquel dispositivo, ha terminado hablando de esos mensajes telefónicos o SMS e, incluso, ha detallado que los envió a un número de teléfono “que empezaba por 650 y termina por 10”. Cuando el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu le ha preguntado si tenía documentación que probase ese intercambio, el comisario se ha limitado a decir que “todo” estaba en sus archivos —intervenidos por la Policía cuando fue detenido en noviembre de 2017— y que lo demostraría en un futuro juicio cuando volviera a tener acceso a ellos.
El “agente encubierto”, como le gusta definirse, ha utilizado su comparecencia ante la comisión para presentarse como un peón secundario de la Operación Kitchen. Así, ha limitado su participación a labores de “inteligencia” para intentar localizar los documentos que pudiera haber guardado el extesorero popular y que, según ha recalcado en varias ocasiones, incluían tanto información comprometedora para al PP, entonces en el Gobierno, como para “altas instituciones del Estado”.
El comisario ha admitido que fue él quien convenció a Sergio Ríos, entonces chófer del extesorero, para que colaborara en la operación, pero se ha desmarcado de la entrada en un taller de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, para intentar sustraerle documentos. Y ha recalcado que él estuvo poco tiempo en el operativo porque, según ha sostenido, fue apartado cuando supuestamente insistió en que toda la información que se obtuviera debía acabar en poder del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que entonces investigaba el caso Gürtel y que nunca tuvo conocimiento de la Operación Kitchen.
Pese a ese supuesto papel secundario, Villarejo ha explicado que “una serie de personas” supuestamente contactaban con él “periódicamente” para transmitirle “inquietudes del presidente del Gobierno” sobre el avance de las pesquisas. En concreto, ha citado al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez —ya investigado en el sumario del caso Kitchen—; a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal —para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió en septiembre la imputación pero que el juez aún no ha acordado—, y al presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, a los que describió como intermediarios “a través de los que estaba informado el presidente del Gobierno”. En su relato, el policía jubilado ha afirmado que el cruce de mensajes con Rajoy que presuntamente propiciaron estas personas se limitó a preguntas cortas y respuestas “monosilábicas”. Y ha reducido sus encuentros con el expresidente a “dos o tres” en actos públicos: “Tengo el complejo de la barragana, que en privado todo el mundo me quiere y en público, nadie se acerca”.
En su comparecencia, Villarejo también ha implicado en la trama al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien hasta ahora no ha sido imputado ni llamado a testificar por el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen. Villarejo ha afirmado que fue un miembro del equipo de Cosidó quien le hizo acudir de manera urgente a la sede de la dirección general para que participara en la operación y que el propio Cosidó le dijo ese día que era un tema “muy importante” en el que Rajoy tenía “interés”. El exjefe político de la Policía también ha sido señalado por otro implicado, el comisario Eugenio Pino, presunto urdidor del espionaje.
El comisario también ha dicho a los diputados que durante su participación en el operativo “reportaba directamente” de sus avances al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, y al entonces ministro Jorge Fernández Díaz, aunque a este “puntualmente, muy poco”. En su relato salpicado de acusaciones, el comisario también ha señalado a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Sobre ella, ha asegurado que estuvo informada tanto por Francisco Martínez como por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sobre este servicio secreto, Villarejo afirmó que tuvo una participación en la operación, algo que hasta ahora no ha revelado la investigación judicial.
“Potencias extranjeras” en Cataluña
El comisario Villarejo ha admitido este jueves en el Congreso que participó en la llamada Operación Cataluña, sobre la que la Policía encontró el pasado octubre una carpeta con 98 documentos en el registro que hizo en la celda que ocupaba en la cárcel de Estremera (Madrid). El policía ha asegurado que sus superiores le encargaron “llegar al fondo de la verdad de determinadas actuaciones de potencias extranjeras en el entorno independentista” que no concretó. Fue, ha insistido, “un trabajo de inteligencia” y que los datos que obtuvo los puso “en manos de unidades operativas [de la Policía] para que siguieran” las pesquisas. Villarejo sí se ha desmarcado de los informes policiales que atribuyeron, en 2012 y 2014, cuentas en Suiza a los entonces dirigentes nacionalistas Artur Mas y Xavier Trias.
EL PP USA A VILLAREJO PARA TRATAR DE DESACREDITAR LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO GÜRTEL’
El partido de Casado, condenado por la trama de Correa, obvia el objeto de la comisión Kitchen
Luis Santamaría, portavoz del PP, ha dejado muy claras sus intenciones nada más tomar la palabra este jueves en la comisión sobre la Operación Kitchen. Durante toda su intervención en la comparecencia del comisario jubilado José Manuel Villarejo, el diputado del partido conservador ha dejado de lado el objeto de la investigación parlamentaria y ha tratado de desacreditar la investigación del caso Gürtel.
El diputado popular ha obviado en sus preguntas toda la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, urdida en 2013 en el Ministerio del Interior para arrebatarle supuestamente documentos comprometedores para altos cargos del partido liderado por Pablo Casado. En su lugar, el diputado se centró en intentar lanzar sombras sobre Gürtel, la trama corrupta y de financiación ilegal que persigue a su partido desde 2009 y que acumula ya 67 condenados, 25 de ellos excargos del partido.
“Señor Villarejo, ¿fue el caso Gürtel una operación política?”, preguntó Santamaría a Villarejo. “Sí, fue una operación política y la explicaré en el juicio”, respondió el policía, antes de que el diputado volviera a la carga. El popular dejó frases como: “Da toda la sensación de que fue una operación perfectamente orquestada. Gobernaba por entonces el PSOE y era ministro [Alfredo Pérez] Rubalcaba” o “¿Era consciente de que el Ministerio del Interior de entonces le estaba encargando una investigación al margen de las estructuras y cauces oficiales sobre el principal partido de la oposición?”. Y luego siguió en la misma línea, al afirmar: “Dudo que sean tácticas democráticas, parecen más propias de las dictaduras, las operaciones paralelas contra la oposición”, o al preguntar al comisario jubilado: “¿Cree que la investigación Gürtel se aceleró porque Rubalcaba se encontraba asediado por el chivatazo del caso Faisán?” y “¿Rubalcaba le dio una distinción por Gürtel?”.
Gürtel estalló tras la denuncia que presentó ante la Policía un exconcejal del PP, José Luis Peñas, que aportó horas de grabaciones a la trama encabezada por Francisco Correa. Villarejo, que dijo este jueves que participó en esa supuesta “operación política”, no aparece por ninguna parte en los sumarios. De hecho, las pesquisas corrieron a cargo de otros agentes. Y, además, de todo el material que se incautó al comisario jubilado, no ha trascendido hasta ahora que se haya encontrado ni una sola prueba que respalde lo que afirmó este jueves sobre Gürtel.
Los tribunales españoles suman ya, en cambio, sentencias condenatorias en siete líneas de investigación de Gürtel y la Audiencia Nacional debe emitir en los próximos meses la resolución sobre el juicio de los papeles de Bárcenas, donde el PP también se sentó en el banquillo.
Afirma que mandaba mensajes al expresidente y que un buen número de altos cargos del Gobierno y del PP tenían conocimiento del operativo El PP se alía con el comisario jubilado para tratar de desprestigiar a los gobiernos del PSOE y sembrar la duda sobre Gürtel.
"Me pedían que mandara mensajes" para transmitir las novedades de la operación Kitchen y al otro lado del teféfono estaba "Mariano Rajoy". Así lo ha afirmado el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el Congreso, en una comparecencia que ha despertado importante expectación política y mediática. Le ha costado arrancar, pero cuando ha empezado, no ha parado de implicar a altos cargos del Gobierno y del PP en el espionaje al extesorero Luis Bárcenas. Aparte del expresidente, ha mencionado a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó...
Villarejo ha comenzado respondiendo al PSOE, pero en esta parte de la comparecencia apenas se ha explayado; se ha limitado a decir que duda de que Rajoy "desconociera" el operativo parapolicial de espionaje a Bárcenas para supuestamente localizar información que se habría llevado del partido al ser despedido. Ha preferido el comisario jubilado esperar al interrogatorio de Vox para detallar cómo, según su versión, informaba a unos y a otros sobre los seguimientos y la información que se iba obteniendo del extesorero.
"Yo consideré la operación como una operación de inteligencia, no sólo para documentos que pudieran comprometer al PP, sino porque me dijeron que Bárcenas podía tener información que afectaba a altas instituciones del Estado. Rajoy tenía interés por una cuestión de Estado, por informaciones de cuentas en el extranjero que afectaban a altas instituciones del Estado", ha declarado el expolicía en respuesta a las preguntas de la diputada de ultraderecha Macarena Olona.
Según Villarejo, "había una serie de personas", como Francisco Martínez, Cospedal y el presidente de La Razón Mauricio Casals que le "trasladaban inquietudes del presidente del Gobierno" y le pedían que mandara mensajes "con lo que ya les había dicho a ellos". Era un número, ha dicho, que empezaba por 650 y al otro lado estaba Rajoy, que le preguntaba si lo que le habían transmitido era así. El comisario jubilado, sin embargo, no ha aportado ninguna prueba de esos mensajes. Los teléfonos, ha matizado, se los hacían llegar.
La versión del expolicía es que numerosos altos cargos del Gobierno de Rajoy y del PP de 2013 estaban al tanto de la operación: Sáenz de Santamaría, quien se informaba a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Martínez y Fernández Díaz por lo que él mismo les reportaba, sobre todo al primero; Cosidó porque fue la persona que supuestamente le llamó para decirle que se pusiera a disposición de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para una misión especial...
Pero Villarejo ha llevado munición para todos y a preguntas del portavoz del PP se ha despachado también sobre sus trabajos con gobiernos del PSOE. El diputado del partido conservador se ha olvidado del objeto de la comisión de investigación sobre la operación Kitchen y se ha centrado en preguntar al compareciente por todas aquellas operaciones que dice haber realizado o conocido antes de la llegada de Rajoy al poder para así desprestigiar a los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. El caso Faisán del chivatazo a ETA; el caso Roldán... Y, una vez más, para sembrar la duda sobre el comienzo de la investigación del caso Gürtel, que ha definido como "operación política".
LOS PARTIDOS TEMEN QUE VILLAREJO “EMBARRE” LA COMISIÓN KITCHEN
Los diputados que interrogarán al comisario se dividen entre los que se ceñirán al espionaje a Bárcenas y los que quieren que también hable de episodios como la Operación Cataluña
El pasado 3 de marzo, el comisario jubilado José Manuel Villarejo abandonaba la cárcel de Estremera (Madrid), donde había permanecido los tres años y medio anteriores acusado de ser el presunto cerebro de la trama parapolicial que ha sacudido España, y lanzaba una advertencia: “¿Ellos han decidido hacer una catarsis de España? Vale, de acuerdo. Yo encantado de que eso ocurra”. Este jueves tiene ocasión de materializar ese aviso durante su comparecencia en el Congreso por el espionaje a Luis Bárcenas. Algunos grupos parlamentarios prevén que trufará su relato de acusaciones sin prueba. Otros, en cambio, consideran su testimonio clave en la investigación parlamentaria del caso Kitchen.
Entre los escépticos se encuentra el diputado socialista Felipe Sicilia, que será el primero en preguntar a Villarejo en la comisión. Sicilia asegura tener claro cuál será la línea de su interrogatorio: “Por más que él intente ir a otros temas, yo solo le preguntaré por Kitchen, porque él es una pieza clave para conocer la conexión entre la trama policial y la política”. El diputado del PSOE se muestra convencido de que Villarejo intentará “enfangar” la sesión y solo responderá a las preguntas “en las que se sienta cómodo. En esos temas en los que puede insinuar, contar medias verdades o, simplemente, difamar”, añade.
También desconfía Edmundo Bal, de Ciudadanos. Y se remite a una experiencia anterior: como abogado del Estado, Bal interrogó al comisario en el caso del Pequeño Nicolás, en una de cuyas piezas está imputado. “Entonces no dijo gran cosa. Creo que tampoco lo hará ahora”, augura. Por ello, el diputado de Ciudadanos dirigirá sus preguntas a que Villarejo “corrobore lo que ya sabemos del espionaje a Bárcenas; si hablaba con el ministro [de Interior, Jorge Fernández Díaz] y con el secretario de Estado [de Seguridad, Francisco Martínez]”.
Mikel Legarda, diputado del PNV, el partido que consiguió que Villarejo fuera incluido en la lista de comparecientes, aspira tan solo a que el comisario “aporte algo de información”, aunque no descarta que el policía “embarre” los trabajos de la comisión. Legarda señala que, por ello, sus preguntas se ceñirán al caso Kitchen: “Se trata de confirmar la hipótesis de que aquella operación, como parece, fue una manifestación más de la policía patriótica”.
También entre la esperanza por conocer nuevos datos y el temor a que todo derive en afirmaciones sin valor se sitúa el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. “Puede aportar mucho, pero también que buena parte de lo que diga no sea cierto”. Para Iñarritu, el mayor peligro es que el policía aproveche para lanzar “globos sondas buscando titulares de los medios”. El parlamentario de EH Bildu anuncia que irá más allá del caso Kitchen en sus preguntas: “Quiero que explique cómo un policía que para muchos gobiernos fue casi un héroe pasó a convertirse en enemigo de Estado”.
Más esperanzado se muestra Gabriel Rufián, portavoz de ERC: “Todos los caminos de la Operación Kitchen llevan a Villarejo”. Rufián apunta a que, pese a ello, su interrogatorio no se centrará en el espionaje a Bárcenas. “Tenemos la esperanza de que hable de más cosas”, añade y apunta a la Operación Cataluña —las maniobras contra el independentismo catalán— y al que denomina caso Juan Carlos I, en referencia al rey emérito y sus cuentas en el extranjero.
Pablo Echenique, diputado de Unidas Podemos, también cree que la comparecencia “puede ser muy útil”, sobre todo para “establecer el enlace con los cargos políticos” ante su convencimiento de que “María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy muy probablemente conocían y estaban informados” de la Operación Kitchen. Echenique señala que preguntará al policía por la que llama “pata mediática” de la trama.
Luis Santamaría, del PP, afirma rotundo que su partido “no teme” el testimonio de Villarejo. Santamaría, que en sus intervenciones plantea pocas preguntas y dedica buena parte del tiempo a cargar contra el PSOE con alusiones a otros escándalos judiciales, detalla que con Villarejo hará algo parecido: “Quiero que nos explique esa expresión [de una de sus grabaciones] en la que él dice que ha ganado más dinero con gobiernos socialistas”.
LO QUE VILLAREJO SABE DEL ‘CASO KITCHEN’ Y SOLO QUIERE CONTAR A PUERTA CERRADA
El comisario declaró a EL PAÍS: “Me dicen que monte la operación desde la señora Cospedal hasta el ministro (…) La idea viene de más arriba”
El comisario José Manuel Villarejo, procesado por sus actividades ilegales como policía que ha pasado tres años y medio en prisión preventiva, comparece este jueves ante la comisión parlamentaria que investiga el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y su familia.
Villarejo ha pedido declarar protegido por el protocolo de secretos oficiales (a puerta cerrada y sin que la sesión pueda ser retransmitida en directo por los servicios de la Cámara ni seguida por los periodistas). Solo en esas condiciones, Villarejo asegura que podrá contar todo lo que sabe de la Operación Kitchen, en la que tuvo una participación decisiva.
La investigación judicial y sus propias confesiones al juez han acreditado que Villarejo fue la persona que convenció a Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, para que participase en el operativo como confidente de los policías que buscaban documentación comprometedora para el Gobierno y para el PP.
Tras captar a Sergio Ríos, Villarejo también se encargó de pagarle cada mes por sus servicios con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz.
Pregunta. ¿De quién fue la idea de la Operación Kitchen?
Respuesta. Se le ocurrió a alguien del Gobierno. A mí me contratan en plan privado. Habían fallado todos los sistemas de acercamiento y de montar el tinglado y dijeron: ‘Hay que avisar a Villarejo, que soluciona siempre los problemas’. Me avisaron y yo puse una serie de condiciones, como he declarado en el juzgado. Prueba de ello, que yo no participé activamente, es que, en los momentos nucleares, a mí me apartaron, yo no soy el que entra en el despacho, el señor que entra en el despacho lo ha declarado. Lo mismo que ha declarado el que accede a los teléfonos. Yo estoy dentro de la cárcel, en teoría soy el inductor, y el autor material está fuera. Fíjese qué aberración jurídica, es como si el asesino confiesa y lo dejan en la calle, y el inductor…
P. ¿Fue una chapuza esta operación?
R. Era una chapuza por todo el equipo que habían montado, era impresentable.
P. ¿Y la idea original era del ministro del Interior?
R. No. De mucho más arriba. Fernández Díaz no tenía capacidad de tomar una decisión de esa envergadura. Mucho más arriba.
P. Si se está refiriendo a Mariano Rajoy, sabe que no hay una sola prueba…
R. Creo que sí las hay, lo que ocurre es que imagino que están esperando a que se cueza en su salsa. Estarán esperando el momento político oportuno. Me temo que sí existen pruebas y ellos lo saben. Él ha intentado buscar de alguna manera una solución, pero la única solución está en sus manos.
P. Usted habla en el sumario de una grabación de Bárcenas a Rajoy en el palacio de La Moncloa. ¿Existe esa grabación?
R. Igual sí. Bárcenas grabó a Rajoy… Pero todo ese tipo de cosas…
P. ¿Pero usted ha oído esa grabación?
R. No. Yo no la llegué a oír porque cuando llegó la operación en sí no me dejaron, me engañaron aprovechando que yo estaba en el extranjero, en el Líbano, e hicieron la operación. Porque yo dije que quería una copia de todo lo que se encontrara porque yo ya había hablado con algunos jueces de la Audiencia Nacional y les había dicho: ‘si sale bien os doy una copia y vosotros veréis lo que hacéis’. Yo me he reunido con jueces y fiscales y les he contado cosas que oficialmente no quería que ellos supieran. Las charlas que yo tengo de la Kitchen con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional están… Otra cosa es que esté encriptado como dicen ellos y no quieren que salga… Pero a mí esa grabación nunca me la dieron, me informaron de que había.
P. ¿Quién filtró los documentos que le robaron a Bárcenas?
R. Esa decisión no fue mía, yo tenía otros planteamientos y por eso… Lo de la Kitchen está documentado que yo no tengo nada que ver en el sentido del tema. Lo que ocurre es que lógicamente me tendrán que acusar de algo, fíjese si es alucinante que la Kitchen en teoría la he preparado yo y en el Congreso se han puesto de acuerdo el PSOE e IU para que yo no vaya. Eso es una pantomima entonces, ¿no?
P. ¿Pero quién le dice a usted que hay que montar la Operación Kitchen para robarle documentos a Bárcenas?
R. Me lo dicen desde la señora Cospedal, hasta el ministro, el secretario de Estado… El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios es con el señor Rajoy.
P. ¿De todo eso hay grabaciones que lo demuestren?
R. Creo que hay documentación, no lo sé. Yo he pedido una copia de todo lo que me contaron y no me la dan.
El comisario jubilado ha enviado un escrito a la Cámara Baja en el que asegura que quiere "colaborar para esclarecer la verdad de los hechos", pero que la Ley de Secretos Oficiales le impide hablar sin "restricciones"
La comisión de investigación aún no ha tomado una decisión oficial, pero fuentes consultadas por infoLibre descartan que se le vaya a conceder su solicitud, al igual que ha ocurrido con otros expolicías imputados
La comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Kitchen rechazará la petición del comisario jubilado José Manuel Villarejo de declarar el próximo jueves bajo secreto, una solicitud que ha dirigido a la Mesa para, según dice, poder contar sin las "restricciones" que le impone la Ley de Secretos Oficiales, lo que le impediría explayarse sobre "todo" lo que sabe del operativo parapolicial que se puso en marcha en 2013, sufragado con fondos reservados, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el partido que se habría llevado al ser despedido. El expolicía, que está citado a las cuatro de la tarde del 27 de mayo, deberá comparecer con luz y taquígrafos ante las preguntas que le dirijan los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
En el escrito que Villarejo dirigió a la Presidencia de la Cámara Baja, al que ha tenido acceso infoLibre, Villarejo confirma que ha recibido la citación de la comisión y que, "como no podía ser de otra manera", muestra "la más firme y decidida voluntad de colaborar en esclarecer la verdad de los hechos" que son objeto de investigación, ya que considera que es "una oportunidad" poder ofrecer su "versión" ante los "representantes de toda la ciudadanía", a los que define como "los máximos garantes, no sólo de la soberanía popular, sino de la Constitución y, con ello, del Estado de Derecho".
No obstante, remarca que pese a su "voluntad de total colaboración", el Ministerio del Interior ha determinado que "todo el contenido de las notas informativas" que elaboró está considerado secreto. Según el comisario jubilado, su actuación cuando era policía y que está siendo investigada se enmarcaba en su actuación como "agente de inteligencia" y que las pesquisas abiertas en la Audiencia Nacional, que constan de casi una treintena de piezas separadas, son una "causa general" en su contra.
"Puesto que en su día elaboré diversas notas sobre la materia objeto de esta comisión, difícilmente podré hablar de ello sin que en adelante pese sobre mí otra acusación de violación de secretos", explica Villarejo en su escrito, en el que apunta que "al existir restricciones que colisionan" con su "firme decisión de declarar sobre todo" lo que conoce, solicita que su testimonio se lleve a cabo "bajo el protocolo de la Comisión de Secretos, salvaguardando así los intereses de las instituciones y, en suma, de la soberanía nacional". Aceptando su petición, añade, se cumpliría el "máximo respeto" a todos los diputados que forman parte de la comisión, al poder declarar sin esas "restricciones", así como la "protección de los intereses" del país al que se debe "como leal servidor del Estado" que, asegura, "siempre" fue.
El expolicía, investigado por la Audiencia Nacional desde noviembre de 2017, momento en el que fue encarcelado de forma provisional aunque desde el pasado marzo ya se encuentra en libertad condicional a la espera de juicio, también pide al Congreso que en su declaración en la comisión se le permita a su abogado estar sentado junto a él en la mesa de los comparecientes, con el objetivo de poder asesorarle "sobre las consecuencias" de sus respuestas y evitar que éstas puedan tener "reproche penal", ya que su intención, según afirma, es "seguir colaborando en la instrucción judicial y también en la actividad parlamentaria".
Otras peticiones similares no han prosperado
El escrito de Villarejo entró en el registro del Congreso este martes y la comisión de investigación aún no ha adoptado una postura oficial sobre la petición. Sin embargo, los antecedentes no son nada favorables a las pretensiones del comisario jubilado: anteriores comparecientes también presentaron una solicitud en esos términos y en todos los casos fue denegada. Hasta la fecha, han declarado los policías que habrían formado parte o habrían tenido algún conocimiento sobre el operativo de seguimiento a Bárcenas y su familia, según la instrucción de la Audiencia Nacional, y todos lo han hecho en abierto.
Eso sí, algunos no han querido responder ninguna de las preguntas que se le han formulado –como el que fuera chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos–, otros se han mostrado muy esquivos y apenas han hecho alguna valoración –caso del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino–, mientras que otros se han explayado con algunas reticencias a la hora de hablar del uso de los fondos reservados –como los comisarios jubilados Enrique García Castaño y Felipe Lacasa–.
Fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre explican que aún tienen que ponerse de acuerdo los grupos sobre la petición de Villarejo, pero dan por hecho que la pretensión del comisario jubilado será rechazada y que, por lo tanto, tendrá que declarar ante las cámaras. Según recuerdan, los trabajos de la comisión de investigación culminarán con un informe que debe ser aprobado en el Pleno del Congreso, pero ese documento no puede incluir cuestiones sujetas a la Ley de Secretos Oficiales ni afirmaciones que un compareciente ha dicho con reserva sin poder citar a esa persona, ya que las conclusiones han de ir bien documentadas, al menos citando la fuente, lo que no podría ocurrir si algo se ha manifestado bajo secreto. Desde la defensa del comisario jubilado apuntan a este periódico que sea como sea, en abierto o en cerrado, la intención del expolicía es declarar.
Villarejo será el último policía implicado en la operación Kitchen en declarar en el Congreso. Tras él, quedarán los platos fuertes: el ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, así como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. A todos ellos se les irá citando en las próximas semanas, ya que la sesión de este jueves con Villarejo será monográfica.
EL CHÓFER DE BÁRCENAS DICE EN EL CONGRESO QUE "UNA PARTE MUY IMPORTANTE" DE KITCHEN SIGUE BAJO SECRETO
El policía nacional Sergio Ríos se niega a contestar a los portavoces de la comisión. El registro de su casa abrió una subpieza cuyo secreto está a punto de ser levantado por el juez del caso Villarejo, que decidirá en los próximos días sobre la petición de imputación de Cospedal que Anticorrupción hizo hace ocho meses
El ex chófer de Luis Bárcenas y su familia, Sergio Ríos Esgueva, se ha negado a declarar esta tarde a las preguntas de los portavoces de la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen. En sus pocas palabras en el Congreso, Ríos ha dicho que se acogía a su derecho a no declarar por consejo de su abogado porque la causa de la Audiencia Nacional, en la que está imputado, sigue abierta y aún está bajo secreto "una parte muy importante".
Ríos Esgueva conoce la relevancia de esa subpieza secreta de Kitchen porque se inició a partir de un registro en su domicilio. Lo que la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de Asuntos Internos aún es secreto, pero incluye la colaboración del antiguo chófer. Ríos Esgueva se había negado a declarar las veces que el juez le había llamado a declarar con anterioridad, pero desde que se abrió esa subpieza ha respondido a las preguntas del juez y los fiscales en varias ocasiones.
Fuentes del caso señalan a que esa parte secreta de la investigación apunta a que Sergio Ríos pudo ser infiltrado en la familia Bárcenas por el Partido Popular para controlar sus movimientos antes incluso de que comenzara la operación parapolicial. En aquellos momentos era secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, sobre la que pesa la petición de Anticorrupción de que sea citada a declarar como imputada desde el mes de septiembre, una solicitud que el magistrado instructor, Manuel García-Castellón, ha ido postergando, al igual que ocurre con el marido de ésta, el empresario Ignacio López del Hierro, vinculado al comisario Villarejo.
La decisión sobre la citación de Cospedal está pendiente de una ampliación de un informe presentado recientemente por la Unidad de Asuntos Internos sobre el contenido de nuevas agendas de Villarejo incautadas el pasado diciembre dentro de la pieza que investiga el intento de venta de información por parte del comisario desde la cárcel. Con esa ampliación del informe policial, García-Castellón decidirá sobre la imputación de Cospedal en los próximos días, señalan las citadas fuentes.
La operación Kitchen trató de sabotear la causa judicial de la caja B del PP para proteger a dirigentes del Partido Popular, entre los que se encontraría la propia Cospedal, según sospechan los investigadores. Para ello, la brigada política pagó 48.000 euros durante dos años a Sergio Ríos a cambio de información robada a la familia y después se facilitó su ingreso en la Policía, donde continúa en activo en un puesto codiciado.
Todos estos hechos fueron recordados por los portavoces a Sergio Ríos que no ha contestado a una sola pregunta durante más de una hora de comparecencia. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha dicho: "Pasa a la historia como uno de los grandes chivatos de este país. Y a nadie le caen bien los chivatos".
EL SILENCIO DE VARIOS IMPLICADOS EN EL ESPIONAJE A BÁRCENAS LASTRA LA INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO
El antiguo chófer del extesorero sigue la estrategia de otros cuatro policías imputados y se escuda en la investigación judicial para no declarar en la comisión Kitchen
La comisión parlamentaria de investigación del caso Kitchen sumó este jueves una nueva sesión presidida por los silencios. Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas y confidente de la trama policial que espió al extesorero del PP sin control judicial a partir de 2013, se negó en una comparecencia de poco más de una hora a contestar a ninguna de las preguntas de los diputados. “Esto se está investigando y una parte muy importante está bajo secreto. Me voy a acoger a mi derecho a no contestar”, ha asegurado Ríos al comienzo de la sesión. A partir de ese momento, silencio o simples negativas con la cabeza ante algunas afirmaciones de los parlamentarios. Ríos, que en la actualidad es policía, se ha convertido así en el quinto imputado en el caso Kitchen que se niega a facilitar información a los diputados. Estos silencios, pero también la escasa documentación que ha llegado al Congreso tras la negativa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a remitir parte del sumario, es señalada por varios diputados de la comisión como la principal causa de los escasos avances en la investigación parlamentaria tras dos meses de sesiones y 20 comparecencias. Solo restan 10.
El testimonio del exchófer de Bárcenas era relevante tras conocerse que, el pasado octubre, mostró su disposición a colaborar en las pesquisas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Hasta entonces, Ríos solo había admitido que dos de los comisarios implicados en la trama, José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo (este último, exasesor de María Dolores de Cospedal cuando la dirigente del PP fue presidenta de Castilla-La Mancha), le habían captado para que colaborase y, a cambio, le hicieron entrega de dinero procedente de los fondos reservados. Sin embargo, tras cambiar su estrategia de defensa, aportó a la causa el teléfono móvil que uno de los policías implicados en la trama le entregó para que contactara con ellos y detalló cuáles fueron las instrucciones que recibió y quién se las dio. García-Castellón abrió con ello una subpieza separada dentro del sumario que mantiene hasta ahora secreta.
Los primeros imputados en escudarse en el silencio durante sus comparecencias ante la comisión fueron los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. Ambos se limitaron a afirmar, el pasado 15 de abril, que ni participaron ni tuvieron conocimiento de aquel operativo policial que tuvo como objetivo sustraer al extesorero la documentación comprometedora para el PP. En otros momentos, ambos mandos policiales se escudaron en la “reserva” que existe sobre las operaciones policiales para no responder a las preguntas que les planteaban los diputados.
Una postura similar de silencios continuos mantuvo, el 5 de mayo, el comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de Cospedal. Gómez Gordo se limitó a asegurar que el espionaje al extesorero se desarrolló dentro de la “absoluta legalidad”. Tras esta manifestación, el alto mando policial rechazó seguir respondiendo “para no perjudicar” su situación judicial. “Mi versión la he dado en sede judicial y me reitero en ella”, afirmó. Ante el juez García-Castellón, el comisario había admitido que fue la persona que captó al chófer de Bárcenas y que, además, le pagó su colaboración con fondos reservados. Gómez Gordo recalcó ante el magistrado que actuó “de buena fe, porque [el extesorero] era el delincuente número uno”.
Igualmente parco en explicaciones fue el comisario Eugenio Pino, señalado por la investigación judicial como el presunto responsable policial de la Operación Kitchen. Pino, que en sus declaraciones como imputado ante el juez admitió que el operativo de espionaje a Bárcenas era conocido por la cúpula de Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy y por dirigentes del PP, justificó su silencio en el Congreso porque considera la investigación parlamentaria “política” y existían unas pesquisas judiciales aún abiertas. Tras una sucesión de “no voy a contestar”, “sin comentarios” o “ya se lo dije al juez”, Pino rompió su silencio en contadas ocasiones. Una de ellas, para negar que existiera una operación llamada Kitchen, nombre que atribuyó al comisario Villarejo. En otra, para rechazar que hubiera existido una Operación Cataluña contra el independentismo. “No nos ordenaron nada por parte del Gobierno”, ha asegurado sobre ambas, exculpando al Ejecutivo de Rajoy de su génesis.
Los que sí respondieron
En el lado contrario se ha situado el comisario Enrique García-Castaño, también imputado, y cuya intervención es calificada por los diputados como la “más valiosa” hasta ahora. García Castaño, conocido como El Gordo, aseguró que recibió instrucciones del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para espiar a Bárcenas y que, “por supuesto”, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba al tanto. El agente, que colabora con la justicia, también mostró su convencimiento de que tanto el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como Cospedal estaban informados de la Operación Kitchen. También aportó información e, incluso, documentación, el comisario jubilado Marcelino Martín-Blas. Imputado en la causa, Martín-Blas facilitó a los diputados detalles del enfrentamiento entre altos mandos policiales que desembocó en la llamada guerra de comisarios que destapó en 2018 el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, cinco años después de que se realizara.
Otra comparecencia calificada de relevante por varios integrantes de la comisión parlamentaria fue la del inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel y que en el sumario de la Operación Kitchen ha declarado como testigo. Morocho detalló a los diputados las trabas que la cúpula policial en la etapa de Fernández Díaz en Interior puso a la investigación de la trama de corrupción. El agente explicó que, en enero de 2015, cuando eran más intensas las pesquisas sobre la caja b del PP, fue destinado por el máximo responsable uniformado de la Policía, el comisario Eugenio Pino, a otras funciones para evitar el avance de la investigación.
El policía nacional Sergio Ríos se niega a contestar a los portavoces de la comisión. El registro de su casa abrió una subpieza cuyo secreto está a punto de ser levantado por el juez del caso Villarejo, que decidirá en los próximos días sobre la petición de imputación de Cospedal que Anticorrupción hizo hace ocho meses
El ex chófer de Luis Bárcenas y su familia, Sergio Ríos Esgueva, se ha negado a declarar esta tarde a las preguntas de los portavoces de la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen. En sus pocas palabras en el Congreso, Ríos ha dicho que se acogía a su derecho a no declarar por consejo de su abogado porque la causa de la Audiencia Nacional, en la que está imputado, sigue abierta y aún está bajo secreto "una parte muy importante".
Ríos Esgueva conoce la relevancia de esa subpieza secreta de Kitchen porque se inició a partir de un registro en su domicilio. Lo que la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de Asuntos Internos aún es secreto, pero incluye la colaboración del antiguo chófer. Ríos Esgueva se había negado a declarar las veces que el juez le había llamado a declarar con anterioridad, pero desde que se abrió esa subpieza ha respondido a las preguntas del juez y los fiscales en varias ocasiones.
Fuentes del caso señalan a que esa parte secreta de la investigación apunta a que Sergio Ríos pudo ser infiltrado en la familia Bárcenas por el Partido Popular para controlar sus movimientos antes incluso de que comenzara la operación parapolicial. En aquellos momentos era secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, sobre la que pesa la petición de Anticorrupción de que sea citada a declarar como imputada desde el mes de septiembre, una solicitud que el magistrado instructor, Manuel García-Castellón, ha ido postergando, al igual que ocurre con el marido de ésta, el empresario Ignacio López del Hierro, vinculado al comisario Villarejo.
La decisión sobre la citación de Cospedal está pendiente de una ampliación de un informe presentado recientemente por la Unidad de Asuntos Internos sobre el contenido de nuevas agendas de Villarejo incautadas el pasado diciembre dentro de la pieza que investiga el intento de venta de información por parte del comisario desde la cárcel. Con esa ampliación del informe policial, García-Castellón decidirá sobre la imputación de Cospedal en los próximos días, señalan las citadas fuentes.
La operación Kitchen trató de sabotear la causa judicial de la caja B del PP para proteger a dirigentes del Partido Popular, entre los que se encontraría la propia Cospedal, según sospechan los investigadores. Para ello, la brigada política pagó 48.000 euros durante dos años a Sergio Ríos a cambio de información robada a la familia y después se facilitó su ingreso en la Policía, donde continúa en activo en un puesto codiciado.
Todos estos hechos fueron recordados por los portavoces a Sergio Ríos que no ha contestado a una sola pregunta durante más de una hora de comparecencia. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha dicho: "Pasa a la historia como uno de los grandes chivatos de este país. Y a nadie le caen bien los chivatos".
LA AUDIENCIA Y EL CONGRESO CERCAN AL ‘PP DE RAJOY’ POR EL ‘CASO KITCHEN’
El juez citará como investigada a Cospedal y los diputados remitirán al fiscal las denuncias de los policías contra la cúpula política
El juez instructor del caso Kitchen —la operación policial, ejecutada sin orden judicial, que espió a la familia del extesorero Luis Bárcenas y le robó documentación incriminatoria para el PP— citará en los próximos días como investigada a María Dolores de Cospedal, secretaria general de la formación conservadora cuando ocurrieron los hechos, según informaron a EL PAÍS fuentes próximas a la investigación. El instructor también interrogará al marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, amigo del comisario José Manuel Villarejo, uno de los policías que participó en la operación Kitchen.
Junto a la iniciativa del juez para profundizar en la investigación mediante nuevos interrogatorios a dirigentes del PP, la comisión parlamentaria que investiga estos hechos en el Congreso de los Diputados también tiene la intención de remitir a la Fiscalía Anticorrupción alguno de los testimonios de policías que participaron en la operación ilegal y que han acusado a la cúpula del PP de Rajoy de estar al tanto de aquel espionaje a la familia de Bárcenas.
El exministro del Interior, Jorge Fernández, y su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, están imputados desde hace seis meses en la causa judicial abierta por este supuesto espionaje ilegal que se pagó con fondos reservados y cuyo objetivo era proteger al PP de los secretos que escondía su extesorero. El juez Pablo Ruz, que entonces era el responsable de investigar el caso, nunca tuvo información de los movimientos policiales en torno a los supuestos secretos que todavía guardaba Bárcenas sobre la caja b y la contabilidad paralela que llevó de su puño y letra entre 1990 y 2008.
La investigación judicial y una sentencia de la Audiencia Nacional ratificada por el Tribunal Supremo han confirmado la existencia de esa caja b, alimentada por empresarios, con la que el PP se financió ilegalmente durante al menos 20 años. Esa caja, que llegó a ingresar al menos ocho millones de euros durante ese tiempo, estaba controlada por Bárcenas y por quien fue su jefe durante muchos años, el también tesorero del PP Álvaro Lapuerta, ya fallecido. El expresidente Mariano Rajoy decidió jubilar a Lapuerta en 2008 y ascender a tesorero nacional a Bárcenas, que hasta entonces ejercía de gerente del partido y que guardaba en su despacho la caja fuerte en la que se ingresaba el dinero negro de las donaciones ilegales.
Tras estallar el caso Gürtel, la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se reunió en junio de 2009, en su despacho de Génova 13, con el comisario de policía José Manuel Villarejo y con Ignacio López del Hierro. En esa reunión, Villarejo informó a Cospedal de distintos detalles sobre la investigación policial y judicial del caso y le informó sobre supuestas maniobras del todavía tesorero del PP: “El Bárcenas ha alardeado de que se ha llevado papeles, que los tiene guardados”. El comisario Villarejo está pendiente de juicio tras pasar más de tres años preso acusado de dirigir una mafia policial que actuó al margen de la ley.
Cuatro años después, policías del Ministerio del Interior pusieron en marcha un operativo de espionaje a la familia del extesorero cuando éste se encontraba en prisión preventiva. Ese dispositivo policial, del que han quedado todo tipo de pruebas documentales y sonoras, dio lugar al robo de la información que tenía almacenada en dos teléfonos móviles y otra documentación que no se puso a disposición del juez que investigaba a Bárcenas.
El ex secretario de Estado Francisco Martínez sostuvo ante el juez que la primera noticia sobre la existencia del operativo policial para espiar a Bárcenas la recibió de su jefe, el ministro del Interior, Jorge Fernández, a través de un mensaje enviado a su teléfono. Fernández ha negado que enviase ese mensaje y rechaza que ordenase esa operación. La policía no ha podido aclarar si el ministro envió esos mensajes porque Fernández asegura que cambió de teléfono y no conserva ese aparato ni los mensajes contenidos en él.
Manuel García Castellón, el juez que investiga estos hechos, rechazó en septiembre pasado la petición de la Fiscalía Anticorrupción que se citara como imputada a Dolores de Cospedal, a la que vinculaba con los hechos; dado que una de las piezas clave del operativo, el policía Andrés Gómez Gordo, era asesor de la secretaria general del PP cuando presidía el Gobierno de Castilla-La Mancha.
En 2013, Gómez Gordo era alto cargo en la administración regional de Castilla-La Mancha y, a la vez, fue el contacto utilizado por la cúpula policial para captar como confidente al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. De hecho, Gómez Gordo fue, junto a Villarejo, quién se encargó de pagar al confidente 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
El juez García Castellón entendió en septiembre pasado que todavía no era el momento de citar a Cospedal como investigada. “Este es el momento de ahondar en indicios tangibles, sustentados en evidencias sólidas sobre las que ir construyendo una investigación de la que se desprenden hechos graves presuntamente cometidos por servidores del Estado y que exigen una investigación profunda”.
En el mismo auto judicial, el juez García Castellón recordaba que el policía Gómez Gordo, había negado en sede judicial que hubiera recibido órdenes de quien fue su jefa, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
El juez consideró entonces “precipitado avanzar hacia hipótesis que apuntan a otras personas y cuya implicación se sustenta en referencias de terceros frente a las evidencias” que ya existen.
Seis meses después, la investigación ha acumulado nuevas pruebas y testimonios que apuntan al supuesto conocimiento por parte de Cospedal de las maniobras policiales para lograr la documentación que Bárcenas sacó de la sede del PP cuando los tribunales comenzaron a investigarle por su implicación en el caso Gürtel.
Estos indicios, según fuentes judiciales de la Audiencia Nacional, han llevado al juez instructor a citar ahora a Cospedal como investigada para conocer su implicación en la operación contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
La documentación incorporada al sumario acredita que Gómez Gordo fue quien entregó al confidente Sergio Ríos parte del dinero procedente de los fondos reservados. También hay numerosas pruebas de la información que Gómez Gordo suministraba a Villarejo. Y los recelos de algunos comisarios que participaron en la operación por el hecho de que un alto cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha, el policía Gómez Gordo, asesor de Cospedal, participara en el plan.
EL JEFE DE LA POLICÍA POLÍTICA ADMITE QUE "POR ESPAÑA" ACTUARÍA POR ENCIMA DE LA LEY
El exDAO de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha comparecido en la comisión del Congreso de los Diputados tras su imputación judicial por destruir y robar pruebas a Bárcenas, supuestamente, para obstruir la acción de la justicia y beneficiar al PP en el caso de su caja b. La esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, confiesa que temió por su vida y la de su familia, durante la operación Kitchen
Comenzó el exDirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, Eugenio Pino, cerrado en banda y negándose a contestar pregunta alguna que le formulasen los grupos parlamentarios en la comisión de investigación del Congreso, que analiza la operación Kitchen: el supuesto operativo montado entre 2013 y 2015, para espiar, robar y destruir las pruebas que guardase Bárcenas sobre la caja B del PP o sus dirigentes, mediante el uso fraudulento de fondos reservados.
"No voy a contestar ni a un saludo", espetó al socialista Felipe Sicilia, quien en vano le expuso la retahíla de pruebas que le involucran en la causa y le afeó si con su silencio, amparado en el secreto del sumario, pretendía proteger a exaltos cargos como el propio Fernández Díaz o la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Pero si el interrogatorio académico y profuso en datos no funcionaba, tal vez lo hiciera la estrategia siempre provocadora del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, consciente de que su estilo y perfil independentista, enervan el carácter de determinados comparecientes.
"La Ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España"
"¿Se considera usted un patriota?", arrancó Rufián, contestado con un "sin duda, sí" por Eugenio Pino. "¿Y haría todo por España?", siguió el parlamentario de ERC, obteniendo un rotundo "todo por España" como respuesta de Pino. En ese punto, Rufián supo que tenía entre sus manos al ex Director Adjunto Operativo y prosiguió "¿y hacer todo es todo?", incluido ir "¿más allá de la ley?", y tras tres segundos de silencio obtuvo la réplica de Pino: "en ese caso la ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España".
Y según la investigación del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, lo hicieron. Aparentemente, por un mal entendido patriotismo, no existió la ley pues de forma fraudulenta emplearon el aparato del Estado para, en una operación encubierta, a modo de guerra sucia, obstruir la investigación del juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso de la caja B del PP, y destruir las pruebas que guardara el extesorero Luis Bárcenas para proteger al partido en aquel momento en el Gobierno y a sus líderes políticos.
A Pino poco más le sacaron los diputados en la comisión. Aseveró al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que "la operación Kitchen no existió".
Rosalía Iglesias temió por su vida
Por su parte, por videoconferencia desde el centro penitenciario de Alcalá de Henares, donde cumple condena por la época primera del caso Gürtel, la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, también se negó a declarar alegando el "secreto del sumario" del caso Kitchen. A preguntas de la socialista Andrea Fernández Benéitez, solo concedió que llegó a temer por su vida, la de su hijo y esposo durante el desarrollo del operativo. Iglesias añadió que es una "víctima" de la actuación de las cloacas del Estado, que sufrió una experiencia "muy dolorosa" y que tanto ella como su familia son los "primeros interesados" en que se esclarezca la verdad.
https://cadenaser.com/ser/2021/05/13/tribunales/1620938503_055975.html
El comisario Pino solo deja una frase sobre el operativo "parapolicial": "Le pregunté a Villarejo por qué la prensa hablaba de la operación Kitchen y me dijo: bueno, alguna cosa hay que decir.
¿Pero no hay operación Kitchen? No". El antiguo número dos de la Policía asegura que "haría todo por España"
El comisario Eugenio Pino, quien fuera número dos de la Policía entre 2012 y 2016, se ha negado a contestar esta tarde a los grupos parlamentarios de la comisión que investiga el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados sobre el objetivo de su comparecencia. Solo la insistencia de los portavoces ha permitido atisbar el perfil del policía cuando ha insistido en la corrección de su método para conceder medallas en la Policía, que hasta al juez del caso Villarejo llegó a escandalizar, o a insistir en que es un patriota y que estaría dispuesto a hacer "todo por España". "La Operación Kitchen no existió (...) La Operación Catalunya tampoco", ha afirmado.
Pino es el artífice de la brigada política que organizó la Operación Kitchen y está imputado por ello en la Audiencia Nacional, dentro del caso Villarejo. Su brigada política organizó otros ataques a la oposición como el informe PISA contra Podemos o las investigaciones extrajudiciales a políticos soberanistas de la Operación Catalunya.
Cuando la presidenta de la comisión, al inicio de la misma, ha intentado dar la palabra al portavoz socialista, Pino se ha adelantado y ha leído un breve comunicado: "Esta comisión, la actitud investigadora de la comisión, no es jurisdiccional y es de naturaleza política y solo emite juicios de oportunidad política. No estoy obligado a declarar. Los argumentos que aquí se exponen carecen de validez jurídica y solo la condición de certeza la garantiza el proceso judicial en base a una tutela judicial efectiva. He declarado bajo secreto de sumario como testigo e investigado".
Sicilia ha insistido y Pino ha contestado: "No voy a contestar a ninguna pregunta. Ni a un saludo". El portavoz socialista ha continuado preguntando cuestiones a Pino como si se cree merecedor de las medallas que ha recibido o si se cree digno merecedor de seguir diciendo que pertenece al Cuerpo Nacional de Policía. Pino respondía a todas las preguntas con un "sin comentarios".
En la misma línea de no responder ha continuado Pino con el PP y Vox, pese a que ambos han agradecido sus servicios a España. Igual ha ocurrido con el portavoz de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, quien ha aprovechado para recriminarle que "sus actitudes no identifican a la Policía" y advertirle: "Ningún grupúsculo que intente subvertir la democracia va a poder evitar que nuestro pueblo pueda seguir profundizando en la democracia y se impondrá la verdad y la profundizaremos en todos los estamentos del Estado".
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, opto por explorar el carácter voluble del compareciente y le advirtió de que podía no contestarle pero que, en todo caso, le iba a hacer "pasar un mal rato". Pino adoptó una postura aún más displicente con Rufián que con el resto y le llegó a decir que estaba trasladando opiniones subjetivas, antes de a apostillar: "Ya le conocemos".
Pino, que estableció como prioridad de su brigada política el combate al independentismo catalán, mantuvo el siguiente cruce con el diputado de ERC:
Rufián: ¿Se considera usted un patriota?
Pino: Sin duda, sí
Rufián: ¿Haría todo por España?
Pino: Todo por España
Rufián: ¿Más allá de la ley?
Pino: En ese caso la ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España
La intervención del portavoz de ERC, entre las sonrisas de policía y las recriminaciones por ni siquiera mirar al diputado, acabó: "Señor Pino, usted no es un patriota, usted es una rémora para este país".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, se llevó una sorpresa durante la comparecencia de Eugenio Pino. Ambos coincidieron en el caso del pendrive de los Pujol, el intento de introducir información robada en la causa de corrupción por el que Pino ha sido absuelto en primera instancia. Bal actuaba como abogado del Estado y Pino ha presumido esta tarde de saber lo que luego comentó sobre el interrogatorio con sus compañeros. "¿Me siguió? ¿Me puso micrófonos en el despacho?", ha preguntado Bal sin obtener respuesta. Fue a Bal a quien Pino se dignó a decir: "Solo voy a decirle que la Operación Kitchen no existió".
Esa explicación tuvo una pequeña extensión en el turno de preguntas del portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu: "En cierta ocasión le pregunté a Villarejo por qué la prensa hablaba de la operación Kitchen y me dijo: bueno, alguna cosa hay que decir. ¿Pero no hay operación Kitchen? No".
En este turno, Pino defendió que él proponía medallas para sus subordinados, pero que era toda la Junta de Gobierno quien la aprobaba para que después pasaran por el secretario de Estado y terminara por concederlas el ministro. Ante el juez, Pino dijo que sufrir "presión mediática" encajaba en el riesgo para la vida que requiere una medalla roja, según la ley que regula su concesión. "¿Usted, de verdad, se cree lo que está diciendo?", le replicó el magistrado Manuel García-Castellón. Pino dijo hoy que la ley incluye "alguna salvedad" a los actos heroicos y que ahí encaja su criterio para repartir medallas pensionadas.
La segunda compareciente de la tarde fue Rosalía Iglesias, que en la causa de Kitchen figura como perjudicada del espionaje parapolicial. Iglesias, en prisión por el caso Gürtel, compareció por videoconferencia, en compañía de su abogada, e igualmente rechazó declarar para no perjudicar el desarrollo de las investigaciones, según dijo.
EL EXJEFE POLICIAL QUE DIRIGIÓ EL ESPIONAJE A BÁRCENAS PROTEGE LA TRAMA POLÍTICA DE LA KITCHEN
El comisario Pino, que ante el juez señaló a altos cargos de Interior y del partido, asegura en el Congreso que el Gobierno no le dio la orden
El comisario Eugenio Pino, señalado por la investigación judicial como el presunto responsable policial de la Operación Kitchen de espionaje, en 2013, al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha asegurado este jueves en el Congreso que nadie del Gobierno le ordenó el operativo. Esta afirmación contrasta con lo que este mando policial declaró como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ante el que afirmó que este operativo sin control judicial era conocido por la cúpula de Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy y por dirigentes del PP.
Pino, que fue el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta su jubilación en junio de 2016, ha iniciado su comparecencia ante la comisión del caso Kitchen con la advertencia de que no iba a contestar. “Con el debido respeto, no voy a responder a ninguna pregunta, ni a un saludo”, ha dicho el ex alto mando policial después de esgrimir para ello que el objetivo de la investigación parlamentaria tenía un carácter “político” y que existían unas pesquisas judiciales aún abiertas. No era la primera vez que el comisario comparecía en el Congreso. En 2017 ya lo hizo en la que investigó la existencia de una brigada patriótica en la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Entonces, el dictamen señaló a Pino como el muñidor de este grupo que supuestamente se dedicó a “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y perseguir a los “adversarios políticos”. Además, en junio del año pasado, el ex alto mando fue juzgado por el intento de introducir en el sumario del caso Pujol un pendrive con documentación de origen sospechoso. Fue absuelto.
En su comparecencia de este jueves, el comisario ha asistido a buena parte de las intervenciones de los diputados en silencio o dando la réplica con frases en la que ha insistido en su postura de no colaborar: “No voy a contestar”, “sin comentarios” o “ya se lo dije al juez”. Solo en algunas ocasiones ha respondido. En un par de momentos, para negar rotundamente que existiera una operación llamada Kitchen, nombre que atribuyó a otro de los implicados, el comisario José Manuel Villarejo. Pero también para rechazar que hubiera existido una Operación Cataluña contra el independentismo. “No nos ordenaron nada por parte del Gobierno”, ha asegurado sobre ambas, exculpando al Ejecutivo de Rajoy de su génesis.
Sin embargo, en su declaración del pasado 14 de diciembre ante el juez García-Castellón, Pino había admitido que hubo espionaje a Bárcenas, cuya legalidad defendió al asegurar que el objetivo final no era ocultar a la justicia documentación comprometedora para del PP, sino localizar los supuestos testaferros que el extesorero pudiera utilizar para ocultar el dinero. Sin embargo, nunca se facilitó la información obtenida en estas pesquisas a los investigadores del caso Gürtel. Entonces, el comisario aseguró que Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y también imputado, e Ignacio Cosidó, antiguo director general de la Policía, estuvieron informados del mismo. En aquella declaración ante el juez, también señaló a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, sobre la que “especuló” que manejaba al comisario José Manuel Villarejo.
Pino ha protagonizado el momento de mayor tensión de la comparecencia durante el interrogatorio del portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Este ha vuelto a plantear al policía las mismas preguntas que, tres años antes, le hizo durante la comisión sobre la policía política. “¿Se considera usted un patriota?”, le ha espetado Rufián.
— Sin duda, sí.
— ¿Y haría todo por España?
— Todo por España [...].
— ¿Todo? ¿Más allá de la ley?
— Seguramente, la ley no existiría cuando tuviéramos que hacer todo por España.
Tras el comisario Pino, ha comparecido Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas y principal objetivo de los agentes que participaron en la Operación Kitchen. Estos siguieron sus pasos entre julio y octubre de 2013, mientras el extesorero estaba encarcelado. Iglesias, que ha intervenido desde la cárcel de Alcalá de Henares (Madrid), donde cumple 13 años y 10 meses de prisión por el caso Gürtel, se ha escudado para no contestar en que una parte del sumario del caso Kitchen, en el que ella está personada como perjudicada, permanece aún secreto. La mujer del extesorero se ha limitado a recordar que vivió momentos “durísimos”, en referencia al asalto que sufrió en su domicilio por un falso sacerdote, y que llegó a temer por su vida y la de su familia. Iglesias ha rechazado responder si, en estos años, había recibido presiones del PP.
Javier Iglesias alega su deber al secreto profesional para no contestar en la comisión del Congreso sobre la trama parapolicial de espionaje ilegal a Bárcenas, pese a que informes policiales le sitúan de lleno, al lado del expresidente del Gobierno, como conocedor de la operación 'Kitchen'.
El abogado Javier Iglesias, vinculado con María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y señalado como hombre cercano a Villarejo, se ha acogido a su deber al secreto profesional, "siguiendo las indicaciones del Colegio de Abogados", para no responder a las cuestiones que se le han planteado en la comisión de investigación sobre la operación parapolicial para sustraer pruebas contra el PP a su extesorero Luis Bárcenas, conocida como operación 'Kitchen'.
"Me está usted preguntando por la operación Cataluña; tengo dos clientes en ese tema y no le puedo contestar", ha dicho el letrado, que hasta hace poco fue el abogado de la esposa del comisario jubilado José Manuel Villarejo. "No tengo intervención alguna en la trama 'Kitchen'. Soy abogado de tres personas en Gürtel --que está instruyendo la segunda época de esta trama--y de dos personas que han sido víctimas de lo que se conoce como operación Cataluña y no le puedo contestar".
Esas dos personas son los hermanos Cierco, dueños de la Banca Privada de Andorra. La conocida como operación Cataluña fue supuestamente apadrinada por el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy; organizada por los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal; y ejecutada por el comisario Villarejo, el abogado Javier Iglesias y los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, según consta en un informe de Asuntos Internos que obra en la causa Tándem, al que ha tenido acceso Público.
Javier Iglesias supuestamente medió con el Gobierno de Rajoy para que se archivaran los procedimientos que tenían abiertos por blanqueo de capitales los hermanos Cierco, según apuntan las investigaciones. Josep Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, señaló a Iglesias como la persona que, junto a Villarejo, le ofreció ayudar a su familia con sus problemas judiciales si se paraban los planes de independencia. Esto lo ha negado Javier Iglesias: "Conocí al señor Pujol por un encargo profesional, por un tema de abrir mercado para una empresa. En un momento dado me traslada una cuestión de carácter privado y me pide conocer al señor Villarejo. En mi despacho se lo presenté, estábamos cinco personas. Allí no se habló de independentismo; si luego hubo otra reunión entre ellos y de lo que hablaran ya no lo sé".
Es lo único que ha respondido Iglesias. Señalado por Bárcenas como el abogado del PP que le advirtió de que si hablaba de Gürtel su mujer acabaría en prisión, como de hecho ha ocurrido, pero Iglesias ha negado esa amenaza. No sólo de la esposa de Villarejo, Iglesias fue abogado del fallecido extesorero del PP Álvaro Lapuerta en el caso Gürtel presuntamente a petición de María Dolores de Cospedal. En su afán de negarse a contestar acogiéndose a al secreto profesional, no ha querido contestar si es amigo del expresidente Rajoy, como le sitúan testimonios y pruebas aportados en el sumario del caso 'Kitchen'. "No puedo contestar si soy amigo de Mariano Rajoy por el secreto profesional", ha alegado. Gabriel Rufián ha insistido sin fortuna: "¿Si no puede contestar es porque Rajoy era su cliente? ¿Trabajó para él?"
Un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía de octubre de 2017 apuntó que el operativo parapolicial estuvo coordinado por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y que era conocido por "El Asturiano", al que los investigadores identifican con el presidente Rajoy, y por "El Largo", que es el abogado Javier Iglesias, según el apodo que le puso Villarejo y que consta en sus agendas y diarios incautados.
El artículo 502 del Código Penal indica que "los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia". Y esto es lo que creen que ha ocurrido con la comparecencia de Iglesias, que se ha negado a contestar aduciendo el secreto profesional; una "excusa barata", según han calificado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y Macarena Olona, de Vox. La presidenta de la comisión ha anunciado que se iniciará un procedimiento para determinar si Javier Iglesias ha recurrido en abuso y falsamente al secreto profesional como abogado. Y no descarta que vuelva a ser llamado a declarar si los letrados de la Cámara determinan que se ha extralimitado en ese derecho.
EL COMISARIO OLIVERA ECHA UN CAPOTE A VILLAREJO AL AFIRMAR QUE SUS EMPRESAS TRABAJABAN PARA LA POLICÍA
José Luis Olivera, exjefe de la UDEF, reconoce que supo de la operación 'Kitchen' por Villarejo, pero niega haber participado en ella y explica que las empresas del comisario investigado trabajaban para la Dirección General de la Policía como empresas de cobertura.
El comisario José Luis Olivera, exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), se ha calificado este miércoles como "ni cercano ni alejado" del comisario José Manuel Villarejo, aunque a tenor de las comidas distendidas que celebró con él parecieran íntimos amigos, como reflejan las conversaciones grabadas por Villarejo y que están aportadas en la Audiencia Nacional. Olivera, que fue jefe de la Unidad de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entre 2006 y 2012, ha señalado en la comisión del Congreso que investiga el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, que "no tuvo conocimiento policial de la operación 'Kitchen', pero sí que lo tuvo extraoficialmente a través de Villarejo, aunque "no le dio importancia".
"Mis citas con villarejo eran con fines policiales, para conseguir información de interés policial", ha dicho Olivera, que fue destituido en 2012 como jefe de la UDEF y nombrado entonces director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Ha negado haber tenido negocios con Villarejo al margen de su actividad policial, pero en octubre de 2020, el juez García-Castellón, al frente de la investigación sobre la macrocausa 'Villarejo' o 'Tándem', ordenó investigar su patrimonio por si se pudiera hallar incrementos no justificados. Este miércoles, Olivera lo ha negado. "Enriquecimiento cero, ya pueden mirar mis cuentas", ha dicho.
Desde su destitución al frente del CITCO por el ministro Grande-Marlaska, en 2018, el comisario principal José Luis Olivera está en segunda actividad, como gestor de riesgos en la Federación Española de Fútbol. Ha admitido que Villarejo, al que conoció en el año 2000, según ha explicado, poseía empresas de cobertura para realizar trabajos policiales, aunque sería más propio decir que contaba con un emporio empresarial, de cerca de 20 millones de euros solo en España.
En este sentido, Olivera le ha echado un capote a Villarejo. "Tenía unas empresas de cobertura que trabajaban para la Dirección General de la Policía como una herramienta más para el servicio policial, con servicios autorizados por la Dirección General". Sobre el coste de esos servicios, no ha dado explicaciones: "Por la actividad privada supongo que le pagaría el Estado, no lo sé. La Policía nunca le pagó nada, que a mí me conste, salvo su nómina como policía". Sobre negocios conjuntos con Villarejo, Olivera los ha negado, aunque hay investigaciones en marcha respecto a este asunto, según ha podido saber Público.
Olivera se ha definido como la "apisonadora de la Gürtel" en relación a la investigación sobre la trama corrupta vinculada al PP que investigó la UDEF bajo su dirección. Sin embargo, la sospecha de que frenó la investigación no se la puede quitar de encima, después de los audios donde Villarejo se refiere a él en estos términos: "La Gürtel les podía haber, vamos, podía haberles mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste, y eso no se puede olvidar", dice Villarejo en 2017 sobre Olivera. Esta y otras grabaciones están aportadas en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Olivera niega que favoreciera al PP desde la UDEF. Y este miércoles no ha tenido reparo en identificar al 'asturiano' y al 'barbas' como Mariano Rajoy, según los motes empleados por Villarejo y su camarilla en sus encuentros, incluido Olivera. Sin embargo, en la primera investigación de la trama Gürtel iniciada por él se produjeron presuntamente presiones para proteger al líder del PP, según manifestó el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, tanto en esta comisión como en la que se desarrolló en 2017 sobre la caja b del PP.
Morocho declaró en aquella comisión en el Congreso que tuvo que soportar las presiones por parte de sus "superiores" que indicaban "cómo plasmar la información en los informes", refiriéndose al comisario José Luis Olivera. Y en la misma comisión, Olivera señaló que las siglas que aparecen en la presunta contabilidad b del PP no tienen por qué corresponder al presidente del Gobierno, a Javier Arenas o a Federico Trillo. Este miércoles se ha desvinculado totalmente de la investigación de los papeles de Bárcenas. "Ya no estaba en la UDEF y no pasaron por mis manos". La investigación de esos papeles se inició en febrero de 2013.
MARTÍN BLAS: "DE LA OPERACIÓN 'KITCHEN' NO TUVE NI IDEA Y NO ENTIENDO POR QUÉ ESTOY IMPUTADO", DICE EL EXJEFE DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICÍA
Marcelino Martín-Blas realiza un alegato de su inocencia respecto al operativo de espionaje ilegal al entorno de Luis Bárcenas por parte de la 'brigada política' del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 y enumera las trampas que supuestamente le tendieron desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para involucrarle.
El exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín-Blas, ha reiterado este miércoles que de la operación 'Bárcenas' o 'Kitchen' "no tuvo ni idea" y que "no entiende por qué está imputado". En 2020 fue citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional por el espionaje ilegal orquestado desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para sustraer pruebas al extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre el Partido Popular, "y fue una sorpresa, porque jamás he sabido nada de esa operación ni he ordenado desde Asuntos Internos hacer nada sobre eso", ha dicho, contundente, Martín-Blas.
"Mi voluntad es declarar en la sede de la soberanía nacional para que la sociedad tenga unas instituciones limpias", ha dicho el exjefe de Asuntos Internos. Este comisario ya jubilado, con 45 años de servicio, ha explicado que ha sido durante años víctima de una campaña de difamación por varios medios de comunicación en connivencia con el comisario Villajero, como el digital Información Sensible; un medio al que llegó a investigar y descubrió que detrás estaba el propio Villarejo, según ha explicado este miércoles.
Ha puesto ejemplos concretos de esa campaña difamatoria. "Se me acusó desde algunos medios de haber sido el responsable, por ejemplo, de la grabación de la conversación entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude catalana [en el contexto de la llamada operación Cataluña, de descrédito de los líderes independentistas]. Y ahora el comisario García Castaño ha reconocido que fue él quien hizo la grabación", ha sostenido Martín-Blas en relación a la reciente confesión en esta comisión del comisario Enrique García Castaño.
La imputación de Marcelino Martín-Blas en la causa Kitchen se produjo, entre otros hechos, por la declaración del inspector Jesús Vicente Galán, entonces jefe de la sección de Vigilancias, que dijo al juez que en verano de 2013 Martín-Blas le dio la orden de seguir a un Citroen C4 negro en el distrito de Salamanca de Madrid, y le advirtió de que por esa zona vivía Bárcenas, pero ni le dijo la finalidad ni él preguntó. También el comisario jubilado Villarejo le ha señalado como conocedor de este asunto, sufragado con fondos reservados.
Marcelino Martín-Blas no ha querido mencionar la expresión "premios por los servicios prestados" otorgados al inspector Jesús Vicente Galán, que llegó a la Unidad de Asuntos Internos por mediación de José Ángel Fuentes Gago, número dos del entonces DAO, Eugenio Pino. Pero ha explicado las circunstancias en las que este policía, que contribuyó supuestamente a involucrarle en la causa 'Kitchen', logró méritos y ascensos. Por ejemplo, sobre la medalla con distintivo rojo, es decir, pensionada, que recibió Galán, su exjefe ha dicho que lo reglamentario es que él le hubiera propuesto para esa medalla, pero no fue así. "Él presumía de que la había conseguido sin mi permiso. Y saquen ustedes conclusiones: se marchó a la embajada de Mauritania y luego pasó a depender directamente del DAO en comisión de servicios".
La caída en desgracia de Martín-Blas, según él mismo ha relatado, comenzó en verano de 2015 cuando inició la investigación ordenada por al Juzgado de Instrucción 2 de Madrid sobre el comisario Villarejo por su relación con una grabación a policías y agentes del CNI en una derivada del caso del 'Pequeño Nicolás'. "Villarejo fue a ver al juez para decirle que me apartara del caso", ha afirmado Martín-Blas.
Unos meses antes ya había sido cesado como responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, cuyo cometido es detener a policías corruptos. "Me cesaron sin explicación alguna y el juez me pidió que me integrara en la comisión judicial, porque me habían destinado al Consejo Asesor de la Policía, donde no se hace nada", ha explicado.
UN COMISARIO DESCRIBE EN EL CONGRESO LAS PELEAS EN INTERIOR QUE DESTAPARON EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El ex alto mando policial explica su pugna con el comisario Villarejo que le costó su destitución como jefe de Asuntos Internos
La comparecencia del comisario jubilado Marcelino Martín-Blas en el Congreso ha permitido este jueves a los diputados de la comisión de investigación de la Operación Kitchen conocer algunos detalles del enfrentamiento entre altos mandos policiales que desembocó en la llamada guerra de comisarios que destapó en 2018 el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, cinco años después de que se realizara. El ex alto mando policial ha explicado que fue cesado, en marzo de 2015, como jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional por indagar sobre las actividades del comisario José Manuel Villarejo tras aparecer su nombre en la documentación intervenida a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, detenido en octubre de 2014 por su presunta participación en varias estafas. En su comparecencia, Martín-Blas ha sacado a relucir los supuestos intentos de sus superiores, entre ellos el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía y presunto muñidor del operativo, por torpedear sus pesquisas sobre Villarejo. “Si hubiera mirado a otro lado, no estaría aquí”, ha asegurado en el Congreso.
Martín-Blas está imputado en el caso Kitchen, pero, en sus dos declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ha negado que participase en el espionaje al extesorero del PP y su familia. Algunos agentes de su departamento han asegurado ante el magistrado que el entonces jefe de Asuntos Internos les dio las instrucciones para acudir al entorno de la vivienda de Bárcenas para localizar un automóvil Citröen C-4 de color negro, pero no para seguir al entorno familiar del político, en aquel momento en prisión preventiva por el caso Gürtel. Sin embargo, los comisarios Villarejo y Pino le han implicado en sus declaraciones en las actividades de la trama policial de espionaje. En su comparecencia ante la comisión parlamentaria, Martín-Blas ha insistido en que no tuvo “absolutamente nada que ver” con la Operación Kitchen y ha achacado las declaraciones de estos dos mandos policiales a una supuesta enemistad que mantiene con ellos por sus investigaciones tanto en el caso del Pequeño Nicolás como en el llamado caso Emperador, sobre la organización criminal presuntamente encabezada por el empresario chino Gao Ping.
En ambas resultaron salpicados tanto Villarejo como otros mandos de su entorno. A partir de ese momento, este último entendió que Martín-Blas era su enemigo y pidió su destitución a sus superiores incluso por escrito. En una de estas denuncias, presentada en enero de 2015, Villarejo dio la primera pista sobre la existencia del caso Kitchen al señalar a Martín-Blas como el agente que captó a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, como confidente de la trama policial. El exjefe de Asuntos Internos ha asegurado en el Congreso que esto era falso y ha esgrimido que el chófer, también imputado en el caso, nunca le ha citado en sus declaraciones como uno de los mandos policiales con los que contactaba para pasar información del extesorero.
Martín-Blas ha acusado al entonces jefe operativo de la Policía, el comisario Pino, de querer implicarle en el llamado caso del pendrive, por el supuesto de incorporar de manera irregular a la causa donde se investiga a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol datos sustraídos de manera irregular. “Nunca, jamás tuve ese pendrive”, ha afirmado rotundo a los diputados. El comisario Pino y uno de los policías de su confianza, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, se sentaron finalmente en el banquillo de los acusados por este hecho, aunque finalmente la Audiencia Provincial de Madrid los absolvió.
Seguimientos “normales”
Antes de Martín-Blas, había comparecido en la sesión de la tarde el comisario Mariano Hervás, que cuando se inició el espionaje a Bárcenas, en 2013, era el segundo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, que comandaba el también comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo y que colabora con la justicia. Hervás ha afirmado que las vigilancias al entorno del extesorero del PP y, en concreto, a su esposa, Rosalía Iglesias, se iniciaron cuando él estaba de vacaciones y que, al regresar de estas, fue informado por uno de sus subordinados sobre las mismas. El comisario recalcó que entonces le aseguraron que el objetivo de las mismas era descubrir los supuestos testaferros de Bárcenas y el lugar en el que podría ocultar dinero, y que en todo momento pensó que la autoridad judicial estaba informada y que los datos que pudieran surgir de las vigilancias eran facilitados a los investigadores del caso Gürtel. En realidad, ni el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ni los policías de la UDEF que dirigían las pesquisas supieron nunca de la existencia de este operativo.
“Era un seguimiento más”, ha añadido para explicar a continuación que los agentes que participaban en el mismo realizaban actas habituales con las novedades más relevantes. También ha detallado que a comienzos de 2014, él mismo propuso a su superior levantar las vigilancias, porque consideraba que no ofrecían resultados, sobre todo después de que supieran que la presencia de uno de los policías había sido detectada en la zona. El alto mando policial ha detallado que, en su unidad, estos seguimientos nunca recibieron el nombre de Operación Kitchen, sino que fueron bautizados con el nombre de un santo, que no ha recordado, porque esa era la costumbre.
Hervás también ha confirmado que, junto a su superior, el comisario García Castaño, y dos agentes de la unidad se desplazaron al Ministerio del Interior para entregar un ordenador al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, imputado por el espionaje a Bárcenas, para entregarle un ordenador con un programa informático que facilitaba la búsqueda de información en volúmenes elevados de documentación. No obstante, ha asegurado que su destino no era rastrear información arrebatada al extesorero del PP, sino otra operación que no ha querido concretar.
EL EXJEFE DE LA POLICÍA JUDICIAL CONFIESA QUE DOMICILIÓ SU EMPRESA EN UN PISO DE VILLAREJO
El comisario jubilado Juan Antonio González desvela en la comisión de investigación sobre 'Kitchen' un dato que ya descubrió 'Público': el uso que hizo del entramado empresarial de Villarejo, al situar como sede social de su consultora un piso en la calle Orense, a nombre del emporio del famoso comisario hoy imputado en el caso 'Tándem'.
La relación entre el comisario Juan Antonio González y José Manuel Villarejo ha copado parte de la comparecencia este miércoles del primero de ellos, que fue comisario general de Policía Judicial entre 2004 y 2012. Jubilado en junio de 2013, un año y medio después de ser cesado tras haber estado investigando la trama Gürtel desde 2007, Juan Antonio González fue superior de Villarejo en la Comisaría General de Policía Judicial. En su comparecencia ha querido quitarle hierro a un dato importante, que ya reveló Público: "Cuando me jubilé, monté una empresa, porque trataba de ganar dinero. Tenía miedo de domiciliarla en mi casa y se lo dije a Villarejo. Y la puse en un piso de él, en la calle Orense. Seis meses después fui al notario y ya la puse en mi casa".
Este medio ya publicó que Juan Antonio González, que figuraba como JAG en las agendas de Villarejo, había domiciliado su consultora, Desarrollos Empresariales Cigales SL, en un piso en la sexta planta del número 12 de la calle Orense de Madrid, que pertenecía a la empresa patrimonial de Villarejo CPD Real Estate SL. Sin embargo, González ha querido desvincularse del emporio empresarial del comisario jubilado Villarejo. "Él no participó en mi empresa ni tuvo nada que ver", ha insistido con notorio malestar por las preguntas sobre este tema que le han formulado varios diputados.
Lo que no ha querido explicar este miércoles González han sido los entresijos de su empresa, que Público desveló y que llevan al Registro Mercantil, donde consta que desde el 28 de agosto de 2013 al 1 de septiembre de 2014 el piso de Villarejo fue sede de la empresa Desarrollos Empresariales Cigales SL, propiedad en un 75% de JAG y en un 25% de su mujer, Concepción. Ambos habían creado la compañía por la vía de comprar una sociedad urgente creada el 23 de julio por dos instrumentales de Affirma, una firma especializada en venta de compañías urgentes. Inmediatamente después de adquirir la empresa González, le cambió la sede social al mencionado piso de Villarejo, quedando además definido el objeto social como "la prestación de toda clase de servicios de asesoramiento en gestión empresarial".
Tampoco ha querido explicar González a qué se dedicaba su consultora y qué clase de clientes tuvo. Este medio ya desveló que fue contratada por el departamento de seguridad de Telefónica en la etapa en que la compañía estaba presidida por César Alierta y el departamento de Seguridad, controlado por el excomisario Florencio San Agapito Ramos. La empresa de JAG dejó de estar activa en 2016, año en el que Alierta y San Agapito dejaron sus cargos, al acceder a la presidencia de Telefónica Jose María Álvarez Pall.
El comisario jubilado Juan Antonio González se ha quejado en la comisión de haber sido destituido cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno por haber sido considerado un hombre de Rubalcaba, en relación al fallecido exministro del Interior socialista, y también debido a su investigación del caso Gürtel. "Investigué Gürtel porque era mi obligación", ha dicho, quejándose de las presiones contra su persona que recibió, "hasta el punto de pedirle al ministro Rubalcaba que me cesara".
"Cuando yo llegué en 2004 a la Comisaría General de Policía Judicial, Villarejo ya estaba allí. Durante un tiempo estuvo bajo mis órdenes hasta que ascendió a comisario. Lo habían adscrito a la comisaria general, porque en algún sitio tenía que estar, pero él despachaba con el DAO", ha dicho González en relación a Villarejo y ha puesto como ejemplo la operación 'Malaya' --caso de corrupción urbanística en Marbella-- como una en las que participó Villarejo como "agente encubierto" para él. "No podíamos ir al Registro de la Propiedad para ver las propiedades de los investigados, porque entonces destapábamos la operación; y mandamos a Villarejo".
Precisamente durante el caso Malaya, el nombre de Juan Antonio González fue mencionado principalmente por medios afines al Partido Popular. Unas siglas, JAG, junto a la cantidad de 200.000 euros, se encontraron en documentación incautada en el registro a un trastero propiedad del principal condenado, el ex gerente de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca. Este miércoles, González ha negado conocer nada de ese dinero.
EL POLICÍA ASESOR DE COSPEDAL DEFIENDE EN EL CONGRESO LA “ABSOLUTA LEGALIDAD” DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El comisario Andrés Gómez Gordo, que admitió ante el juez que captó como confidente al chófer del extesorero del PP y le pagó con fondos reservados, se escuda en su situación judicial para no responder
El comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo asesor de María Dolores de Cospedal e imputado en el caso Kitchen, ha asegurado este miércoles, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga esta trama, que su actuación en el espionaje al que fue sometido el extesorero del PP Luis Bárcenas a partir de 2013 se desarrolló dentro de la “absoluta legalidad”. Tras esta manifestación, el alto mando policial ha eludido responder a las preguntas que le han planteado los parlamentarios “para no perjudicar”, ha dicho, su situación judicial. “Mi versión la he dado en sede judicial y me reitero en ella”, ha afirmado. Ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el comisario admitió que fue la persona que captó a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, para que fuera confidente de la trama policial y que, además, le pagó en varias ocasiones su colaboración con fondos reservados. Gómez Gordo recalcó ante el magistrado que actuó “de buena fe, porque [el extesorero] era el delincuente número uno”.
El alto mando policial, que aparece en la investigación judicial con los alias de Andy y Cospedín, ocupó puestos de confianza con diferentes administraciones gobernadas por el PP entre octubre de 2007 y marzo de 2015, cuando se reincorporó a la Policía Nacional. En este tiempo, fue director de la seguridad del Campus de la Justicia de Madrid (la Fiscalía Anticorrupción le pide seis años de cárcel por su supuesta implicación en las irregularidades detectadas en este macroproyecto del Ejecutivo de Esperanza Aguirre), luego personal de confianza de la Comunidad de Madrid y, finalmente, asesor de Cospedal cuando ella ocupó la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Tras reincorporarse a la policía precisamente durante la Operación Kitchen, fue ascendido a comisario, que se hizo ya efectivo con el PSOE en el Gobierno. En la actualidad, es el responsable de la comisaría de Vallecas (Madrid). La Fiscalía Anticorrupción, que pidió en septiembre la imputación de la expresidenta castellanomanchega —rechazada hasta ahora por el juez—, concluye en sus escritos que Gómez Gordo seguía órdenes en la Operación Kitchen de la antigua secretaria general del PP y de su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro.
En sus declaraciones como imputado ante el juez Manuel García-Castellón, Gómez Gordo admitió el pago con fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas y que, en algunas ocasiones, él mismo le hizo entrega del dinero. “Lo único que se pagaba en la Operación Kitchen con fondos reservados, 2.000 euros mensuales, era al chófer de Bárcenas”, aseguró el alto mando policial al juez. La investigación ha permitido localizar cuatro recibís firmados por Gómez Gordo por estas entregas: de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2015. El comisario aseguró que la persona que dio la autorización para estos pagos fue el también comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy y señalado como muñidor de la llamada brigada patriótica, el grupo de agentes que durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del departamento investigó a los rivales políticos del PP.
Los investigadores creen que la trama pagó al menos 53.000 euros a Ríos por su labor, además de comprarle una pistola con dinero público, según detalló otro de los comisarios imputados, Enrique García Castaño, alias El Gordo, tanto en el juzgado como en la comisión del Congreso. El juez también investiga si la trama maniobró presuntamente para que el confidente superara las oposiciones para entrar en la Policía Nacional. De hecho, Gómez Gordo aseguró ante el magistrado que dejaron de pagar con fondos reservados a Ríos cuando “ingresó en la academia”. García Castaño también señaló al antiguo asesor de Cospedal como la persona que elaboró el llamado Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un documento policial apócrifo en el que se ponía en duda la legalidad de la financiación de Podemos, sin ningún respaldo probatorio, y que fue desechado por la justicia.
EL DÍA QUE 'EL GORDO' HABLÓ: EL COMISARIO SACUDE EL CONGRESO CON SU RELATO DE 40 AÑOS DE OPERACIONES SIN CONTROL JUDICIAL
García Castaño defiende sus operaciones especiales ante la comisión del caso Kitchen y habla del 11M, el Faisán o la negociación con ETA. "La policía trabaja así. Lo hice para salvar vidas", escuchan atónitos los diputados. "Ustedes nos utilizan como a kleenex", reprocha el policía, para quien la Fiscalía solicita decenas de años
Meciéndose al andar por los achaques accedió el jueves al Congreso el noveno compareciente de la comisión que investiga el espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas. Ni los diputados que se habían preocupado por escarbar en el expediente del comisario Enrique García Castaño (Cáceres, 1955) daban crédito tres horas después a lo que acababan de escuchar: episodios estelares y desconocidos de 40 años de actuación policial, en cuatro décadas de democracia, al borde de la ley y también del lado opuesto a ella. Se trataba de "salvar vidas" bajo los criterios de "oportunidad e inmediatez", dijo el comisario jubilado para desconcierto de unos portavoces que presenciaban el testimonio inédito de lo que una parte de ellos llaman "cloacas del Estado".
Si algo distingue a los agentes como García Castaño es el uso de mil caras y su consecuente convivencia con la mentira, lo que convierte en tarea casi imposible acceder al personaje en su dimensión real. Pero en el testimonio ante el Congreso de García Castaño había dos factores que contrarrestaban esas prevenciones: los destinos que ha tenido y que él mismo se implicara en las irregularidades/delitos que desveló en el Parlamento.
García Castaño, 'El Gordo', temido en la Policía, odiado, admirado y, en los últimos años, también repudiado, no tuvo un solo encargo anodino desde que ingresara en el Cuerpo en 1975 procedente de ambientes ultras. Su conocimiento del medio fue una faceta que aprovecharon los mandos de entonces para conocer qué se cocía en el involucionismo. "Poner la zorra a cuidar el gallinero", describe un observador privilegiado de aquellos años.
Entre 1994 y 2017, con un único paréntesis de 15 meses, Enrique García Castaño fue el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que pasaba por ser el grupo que ponía los micrófonos, hacía los seguimientos o captaba las fuentes más inaccesibles en la lucha contra el terrorismo y las mantenía a golpe de fondos reservados. Pero que desde que estalló el caso Villarejo ha emergido también como la unidad a la que acudían todas las unidades cuando los asuntos se atascaban, ya fueran grandes delitos de delincuencia común o de corrupción política, de esos que hacen temblar gobiernos. "Recurrieron a nosotros porque somos buena gente, trabajamos bien… o hacemos cosas que no debemos", le soltó a los diputados con el desparpajo que no le niegan ni sus peores enemigos. En la comisión contó que él acudió a poner los micros a la reunión de Fernández Díaz con el director de Antifrau ("la Fiscalía te lo afina") y que se fueron a tomar una caña hasta que les avisaron de que regresaran a retirarlos.
García Castaño está jubilado desde 2018, enfermo e imputado en múltiples piezas del caso Villarejo por vender presuntamente datos confidenciales al comisario que da nombre al caso. Las peticiones de la Fiscalía suman decenas de años de condena. Él niega las acusaciones y se considera daño colateral de "una guerra interna". Refiriéndose a sí mismo, se quejó amargamente a los diputados: "Han quitado de en medio al que más sabía de inteligencia y de terrorismo de este país”.
Desprovisto del poder el que todo lo sabía, quien a todos conocía, a ‘El Gordo’ le han dado la espalda muchos de sus antiguos compañeros, algunos incluso de los que compartían mesa con él en los caros restaurantes de Madrid donde Enrique siempre tenía una mesa lista, a la que se acercaba a saludar éste y aquel empresario.
A la comisión del Congreso, García Castaño llegó con un papel de su abogado, del despacho de su amigo Baltasar Garzón, excusándose de declarar por la obligación de mantener el secreto profesional sobre materia reservada. Apenas unos segundos duró su continencia. Cuando ya tenía boquiabiertos a los diputados, expuso acaso la razón de su elocuencia: él no se ha dejado la vida en los "servicios al Estado" que defiende a capa y espada para acabar retratado "como el mamporrero de la Kitchen".
A la incredulidad y el agradecimiento de Unidas Podemos, ERC, la CUP y EH Bildu por la sinceridad del compareciente se sumaron algunos momentos incómodos para los dos partidos que gobernaron España cuando Enrique García Castaño estaba en activo: PP y PSOE. "Si el señor Rubalcaba viviera yo no estaría aquí sentado. Era el mejor ministro del Interior que hubo", tuvieron que escuchar en el banco socialista.
"Así se trabaja en la Policía: oportunidad e inmediatez"
Su portavoz, Felipe Sicilia, no había tenido mayor dificultad en que García Castaño explicara lo que ya ha hecho ante el juez del caso Kitchen, pieza del caso Villarejo en la que también está imputado. Afirmó que entró sin orden judicial a un pequeño estudio que tenía para sus cuadros la mujer de Bárcenas engañando a la empleada de la limpieza, ante la que se hizo pasar por un vendedor de arte portando una figura del Cristo de su pueblo.
Lo mismo ocurrió con el clonado de tres teléfonos de Bárcenas que el chófer infiltrado le facilitó en una cafetería para que en media hora los especialistas de la UCAO, con su jefe presente, copiaran todo el contenido. Tampoco había orden judicial. "Si alguien te dice que tiene unos dispositivos electrónicos y que al día siguiente te los puede dejar media hora, esa oportunidad, esa inmediatez no se puede perder. Así se trabaja en la Policía", sentenció el comisario.
El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, le insistió por la necesidad de una orden judicial para allanamientos y clonados de teléfonos. "¿Sabe usted cuántas vidas he salvado yo por actuar de la forma inmediata que he actuado muchas veces… y después he dado la información a la autoridad judicial? Confíe usted en la Policía, por favor, de verdad se lo digo, confíe en la Policía", contestó García Castaño. El micro del portavoz morado se quedó abierto y se le oyó susurrar: "Tela".
"El 11M lo resolví yo rastreando un teléfono sin orden judicial"
Cuando más adelante le insistió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por el mismo asunto, el policía le ofreció un ejemplo y le retó a un juicio moral. "Imagínese que te llaman y te dicen que en el aeropuerto de Barajas acaba de llegar Fulanito, que está relacionado con Al Qaeda, que no tiene orden de busca y captura y que tiene un ordenador y un teléfono? ¿Qué hacen todos los servicios de Información del mundo, teniendo esa oportunidad que no se va a tener nunca, que no tiene orden de detención? ¿Qué haría usted señor Rufián? Esa oportunidad no la puedo perder: hay que sacar los datos porque se puede salvar mañana la vida de mucha gente, o si viene a organizar un atentado aquí. Si usted me dice que eso no es legal…"
Y del ejemplo teórico al práctico: "¿Sabe cómo descubrí a los terroristas del 11M? Pidiendo un rastreo de teléfono sin control judicial". García Castaño se refiere al método en el que la UCAO llegó al piso de Leganés donde el comando de los trenes se escondía y preparaba nuevos atentados. "El 11M lo resolví yo y evité un montón de muertes que iba a haber diez días después", añadió. El portavoz de Vox, José María Martín Figueredo, intentó sacar la teoría de la conspiración en los trenes destruidos. "Eso es un cuento chino. ¿Qué vamos a volver al Titadine y a la Goma 2?", zanjó García Castaño.
El Faisán: "Los policías somos kleenex para ustedes; nos usan y nos tiran"
El Partido Popular decidió adular a García Castaño, como ha hecho con todos los uniformados que han declarado hasta ahora, a excepción del responsable de los casos Gürtel y caja B. Pero la situación tornó en incómoda cuando el portavoz Luis Santamaría recurrió a su costumbre de traer a la comisión de Kitchen una selección de casos que salpican al PSOE, con el consentimiento de la socialista Isaura Leal, la presidenta de la comisión de Kitchen,que actúa de igual modo cuando el resto de grupos se enredan con cuestiones ajenas, caso de la Operación Cataluña.
A Santamaría se le ocurrió sacar el caso Faisán, el chivatazo a una red de extorsión de ETA durante el proceso de paz de 2006 que acabó con dos policías condenados por el Tribunal Supremo. La respuesta de García Castaño fue un compendio del lamento de aquellos que se consideran "servidores del Estado" y que son "cloaca" para sus detractores.
Comisario García Castaño: "Lo que está pasando ahora es una guerra política. Nosotros, como policías, no la entendemos porque nos convertimos en kleenex: nos usan y nos tiran. Ustedes, con el bar Faisán, se lanzaron al cuello del Partido Socialista. Yo fui el que puso el micrófono en el coche del bar Faisán, yo fui el que puse la cámara, yo descubrí todo el entramado del bar Faisán, y había que aclarar todo aquello. Sin embargo, la lucha política convirtió el bar Faisán en una comedia que costó su carrera a dos policías que habían dedicado su vida a luchar contra ETA. Ahora está sucediendo lo contrario, señor del PP, ahora son los del PSOE los que están machacando con este tema (Kitchen). Por medio hay policías. Es muy fácil cogerles y decir: fuera".
Portavoz del PP: "Le entiendo perfectamente".
García Castaño: "Ojalá lo entienda".
"El Gobierno de Aznar me encargó la logística de la negociación con ETA y que no informara a Mayor Oreja. Pregúntele a Otegi"
Antes, el portavoz socialista había preguntado a García Castaño cómo es posible que el director adjunto operativo Eugenio Pino le encargara participar en el espionaje a Bárcenas saltándose la cadena de mando, sin contar con el resto de jefes de García Castaño. Esto, a los policías como García Castaño, les ocurría con frecuencia.
"Le voy a dar un detalle, cuando el Gobierno del señor Aznar, se me encargó la logística de la negociación con ETA –ahí está el señor Otegi que me conoce perfectamente y que se lo puede preguntar-. Orden directa de que ni mi superior ni el ministro del Interior Mayor Oreja supieran nada. Le puedo dar más casos si quiere".
Del líder de la izquierda abertzale habló de nuevo el comisario cuando le preguntó el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu. La pregunta y la respuesta terminaron de cincelar las revelaciones de García Castaño.
Iñarritu: "Era habitual saltarse la legalidad cuando la seguridad del Estado estaba en peligro. ¿A usted le ha ocurrido en más ocasiones?".
Comisario: "Sí, pregúntele al señor Otegi, Iruin, Pernando Barrena… cuando montamos toda la negociación…"
Iñarritu: "No le dé disgustos al PP que ellos dicen que nunca han negociado con ETA".
Comisario: "Cómo que no han negociado con ETA. No hay ningún problema. Se ha conseguido la paz".
Iñarritu: "¿Usted ayudó a que el PP hablara con la izquierda abertzale?".
Comisario: "Sí".
Antes de acabar de responder a Iñarritu, García Castaño, sonriente, le dijo: "Recuérdele al señor Otegi que la última vez que le vi fue en Canillas (servicios centrales) y quedó conmigo en invitarme cuando esto acabara". Se refería a la última detención del líder de la izquierda abertzale, en 2009, por el caso Bateragune, uno de los detonantes del proceso de paz que derivó en el fin de ETA.
Los colaboradores: el suegro de Pedro Sánchez
La exhibición de las costuras del trabajo de García Castaño dejaron algún momento más de incomodidad en la sala. El portavoz del PP preguntó al policía por un supuesto encuentro entre él y Villarejo con el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sauna propiedad del suegro del político, Sabiniano Gómez, en el centro de Madrid.
"Mire, señor diputado, le tengo mucho respeto porque sé que es usted muy buena persona: no entre en ese juego sucio, es todo mentira. Ese señor es amigo mío hace treinta años (Sabiniano), cuando el señor Villarejo no existía. Ese señor lo que ha hecho es ayudar a la Policía Municipal, a la Guardia Civil, a cualquiera que pasara por allí. El tenía unos negocios y si había algún delincuente, que llevara cocaína, ese señor lo que hacía era ayudar. Espionaje ninguno (…) Nunca se ha detenido a nadie de la izquierda abertzale por esas saunas. Todo lo contrario. Y no puedo hablar".
UN COMISARIO DE KITCHEN DECLARA EN EL CONGRESO QUE RAJOY, COSPEDAL Y FERNÁNDEZ DÍAZ CONOCÍAN LA OPERACIÓN
Enrique García Castaño asegura que Villarejo se incorporó al operativo de espionaje a Bárcenas por decisión del ministro Fernández Díaz y de su secretario de Estado, Francisco Martínez. Recorre sus cuarenta años en unidades especiales: "Recurrían a nosotros porque hacemos cosas que no debemos"
El comisario Enrique García Castaño ha dicho en el Congreso que su compañero José Manuel Villarejo entró a participar en la operación de espionaje a Bárcenas por orden del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su segundo, Francisco Martínez. "Por supuesto que el secretario de Estado y el ministro conocían la operación", ha dicho el comisario, antiguo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).
Según ha avanzado su comparecencia ante la comisión de Kitchen, García Castaño ha ampliado la nómina de políticos que conocían el operativo hasta llegar al presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Tanto él como el comisario Villarejo mantenían informado al director adjunto operativo Eugenio Pino y que éste, por "disciplina", debió informar al director de la Policía Ignacio Cosidó, que no está imputado.
Fuera de Interior, el comisario Andrés Gómez Gordo, que trabajaba al principio de la operación en excedencia para María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, también informaba a la secretaria general del PP, según ha dicho García Castaño. Rajoy, ha añadido, era puesto al corriente por Villarejo a través de terceras personas, mencionando al presidente de 'La Razón' y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals. "Yo no lo puedo demostrar. Es una suposición de comentarios", ha dicho sobre el contacto por terceros de Villarejo con Rajoy, si bien ha añadido que esos comentarios no solo se los escuchó a Villarejo sino también "a otras personas". "Villarejo siempre ha actuado con cobertura política", ha afirmado.
García Castaño ha hablado ante la comisión de investigación de Kitchen de una "Operación Bárcenas" porque, según él, nunca hubo una operación Kitchen, simplemente una orden del director adjunto operativo, Eugenio Pino, para recuperar el dinero escondido por el tesorero. Sobre esto ha dicho que informaba semanalmente al entonces jefe de la UDEF, el comisario hoy jubilado Manuel Vázquez; al DAO Pino y en ocasiones al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Estos dos últimos están imputados en la pieza 7 del caso Villarejo, no así el comisario Vázquez. Fernández Díaz también permanece como investigado.
"Así se trabaja en la Policía"
El comisario Enrique García Castaño ha participado durante cuarenta años en las operaciones más delicadas de la Policía. Esta tarde, en la sede de la soberanía popular, ha confesado que en ocasiones no respetó la legalidad y que siempre lo hizo para "salvar vidas". Así, ha explicado cómo llegó a los terroristas del 11-M en Leganés con "rastreo de móvil" sin orden judicial y que con eso evitó que volaran un centro comercial.
También ha confirmado sus declaraciones en sede judicial sobre el volcado de tres teléfonos móviles de Luis Bárcenas que le facilitó su chófer y que actuó sin orden judicial porque “una oportunidad como esa no se puede perder: así se trabaja en la Policía”.
El portavoz socialista, Felipe Sicilia, le ha preguntado con qué orden judicial actuó y García Castaño, hoy jubilado, ha contestado: “Se llama oportunidad. Si una persona te dice que tiene unos dispositivos electrónicos y que al día siguiente te los puede dejar media hora… esa inmediatez esa oportunidad no se puede perder, es como se trabaja en la Policía”.
Ante la incredulidad del portavoz socialista, García Castaño, hoy jubilado, ha matizado que eran terminales sin batería, en desuso, y que su obligación era comprobar qué había en ellos. Según ha declarado ante el juez del caos Kitchen, sus subordinados copiaron en una cafetería el contenido de esos terminales en unos pocos minutos y se los devolvieron al chófer que tenían infiltrado en la familia.
García Castaño también ha confesado, como hizo en el juzgado, que entró sin autorización judicial, "engañando a una señora de la limpieza", en un estudio de Rosalía Iglesias y que allí, en contra de lo que dicen otros implicados en grabaciones, no había nada. En este sentido ha negado la existencia de un pendrive con grabaciones de Bárcenas a Rajoy y Arenas.
Cuando los portavoces de los grupos le han preguntado por las actuaciones de su trayectoria sin control judicial, el veterano comisario ha reiterado que lo hizo para salvar vidas, en operaciones antiterroristas, y que cualquier servicio de Información hace lo propio. Cuando ha sido Rafael Mayoral, de Podemos, quien ha mostrado su perplejidad ante tales confesiones, el comisario jubilado le ha dicho: "¿Sabe cuántas vidas he salvado por actuar de esa forma inmediata? Confié en la Policía, señor Mayoral".
García Castaño ha explicado que su unidad, la UCAO, era a la que recurrían otras estructuras policiales cuando se atascaban sus investigaciones. "Recurrían a nosotros porque somos buena gente, trabajamos bien o hacemos cosas que no debemos", ha dicho para incredulidad de los diputados, que reiteradamente le han agradecido que fuera tan explícito en sus declaraciones.
El comisario también ha admitido que fue a poner los micrófonos en la reunión entre Fernández Díaz y director de Antifrau Daniel de Alfonso en la que ambos confiesan los métodos de la Operación Catalunya. García Castaño dice que le llamó el director adjunto operativo para evitar que el ministro fuera grabado por su invitado sin tener otro audio con el que poder defenderse. Ha descrito que acudió con uno de sus técnicos, colocaron el micro, se fueron "a tomar una caña" y regresaron cuando les avisaron de Interior de que la reunión había acabado para retirar el sistema de grabación y volcar en un dispositivo el audio que le entregaron al comisario Pino.
UN EXJEFE POLICIAL QUE ESPIÓ A LUIS BÁRCENAS IMPLICA EN EL CONGRESO A LA CÚPULA DEL PP
El comisario García Castaño asegura que Fernández Díaz y su ‘número dos’ en Interior participaron en la Operación Kitchen y muestra su convencimiento de que Rajoy y Cospedal la conocían
El comisario jubilado Enrique García Castaño, que participó a partir de 2013 en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha comparecido este jueves en la comisión de investigación de la Operación Kitchen del Congreso. El alto mando policial ha confirmado a preguntas de los diputados, como ya hizo ante el juez, que recibió instrucciones del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y que facilitó a este un pendrive con la información que contenían los teléfonos de Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias.
García Castaño también ha asegurado que, “por supuesto”, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba al tanto del espionaje a Bárcenas. E, incluso, que fueron este y Francisco Martínez quienes supuestamente ordenaron que en el operativo participara el comisario José Manuel Villarejo. Sobre el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no ha sido tan rotundo, aunque ha dicho que suponía que recibía información del comisario Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la Policía.
El agente, que colabora con la justicia, también mostró su convencimiento de que tanto el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, estaban informados de la Operación Kitchen. El primero, por el propio Villarejo, del que García Castaño ha asegurado que “siempre ha tenido acceso a niveles políticos muy altos”. La exministra de Defensa, por otro de los agentes imputados, el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue su asesor cuando fue presidenta de la Castilla-La Mancha.
García Castaño, que recordó su bagaje de varias décadas en la lucha antiterrorista, había iniciado su comparecencia advirtiendo de las limitaciones que tenía para declarar a la vez que recalcaba que los datos que había aportado al juez habían sido “muy relevantes” e, incluso, “absolutamente determinantes” para el avance de las pesquisas. Sus declaraciones han propiciado, de hecho, la imputación tanto del ministro Fernández Díaz como del que era su mano derecha, Francisco Martínez, ya que reveló tanto la existencia de los mensajes telefónicos que implican a ambos en el caso Kitchen como la intervención directa del segundo en la puesta en marcha del operativo. “Hoy no puedo violar la ley de secretos oficiales porque puede tener consecuencias [legales] graves para mi persona”, ha dicho para explicar su inicial reticencia a responder las preguntas que le plantearan.
Sin embargo, el comisario García Castaño ha terminado aportando a los diputados de la comisión abundante información tanto sobre el espionaje a Bárcenas —gran parte ya recogida en sus declaraciones en la Audiencia Nacional— como de otras operaciones policiales realizadas al margen del control judicial. Entre ellas, la que permitió localizar en un piso de Leganés (Madrid) a la célula yihadista que cometió los atentados del 11-M o los preparativos para los encuentros entre los enviados del Gobierno de José María Aznar y dirigentes de Batasuna en 1998 durante la tregua de ETA. También ha afirmado que vio el informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias SA, sobre supuestas irregularidades en la financiación de Podemos nunca demostradas), que calificó de “chapuza” y cuyo autoría ha atribuido al también comisario Gómez Gordo.
Sobre el espionaje a Bárcenas, el alto mando policial ha detallado que fue el comisario Eugenio Pino quien le llamó para encargarle una investigación sobre el extesorero del PP: “Me dice que se buscan los testaferros del señor Bárcenas y dónde tiene el dinero escondido”. A partir de ese momento, el comisario informaba de sus avances tanto a este mando policial como al secretario de Estado, con el que se reunía de manera habitual, según ha explicado. Entre las actividades que desarrolló en el operativo, García Castaño ha admitido, como ya hizo en la Audiencia Nacional, que entró sin orden judicial en un local que Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, tenía cerca de su domicilio para buscar documentación bancaria del extesorero, pero que no encontró “nada”. También que realizó el volcado del contenido de tres viejos teléfonos del matrimonio que les facilitó el chófer de la familia, Sergio Ríos, que se había convertido en el confidente de la trama policial. El comisario ha añadido que grabó el contenido de estos dispositivos en un pendrive que posteriormente entregó en mano al entonces número dos de Interior en su despacho.
García Castaño también se ha mostrado convencido de que, antes de la Operación Kitchen, Bárcenas ya había sido espiado “¿Quién fue? Eso quisiera yo saber”, ha dicho antes de asegurar que mientras los agentes a sus órdenes seguían a la esposa del extesorero, vieron a personas montadas en motocicletas con matrículas falsas que llevaban cámaras de vídeo en los casos como confirmación de sus sospechas. “¿Usted cree que el PP espió, a nivel particular, al señor Bárcenas?”, le ha preguntado a continuación el diputado de ERC Gabriel Rufián. “Yo creo que sí”. Al término de su comparecencia, García Castaño ha mostrado su preocupación por las consecuencias legales que podían tener para él sus declaraciones en el Congreso: “A ver qué me dice el juez”.
Nuevos detalles de la operación Cataluña
Las explicaciones del comisario García Castaño, este jueves, en la comisión del Congreso no se han limitado al 'caso Kitchen'. El mando policial ha aportado datos sobre otros operativos, entre ellos la llamada Operación Cataluña contra el independentismo catalán. El comisario ha asegurado que había intentado declarar sobre ella en tres ocasiones en la Audiencia Nacional, pero que ni el juez García-Castellón ni la Fiscalía Anticorrupción se lo habían permitido.
Ante la comisión parlamentaria, García Castaño ha implicado en aquel operativo al exministro Fernández Díaz y a su antiguo 'número dos', a los que sitúa al frente de la reunión celebrada en la sede Interior, en 2013, para gestarla. El comisario ha asegurado que el objetivo era combatir la corrupción en Cataluña, así como asegurar “la seguridad de las instituciones y de los cargos políticos”.
El comisario también ha afirmado que colocó, por orden de sus superiores, el dispositivo en el despacho de Fernández Díez que grabó el encuentro de este con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. La salida a la luz de esta grabación destapó maniobras contra políticos independentistas.
EL POLICÍA ARREPENTIDO DEL ‘CASO KITCHEN’ DEBERÁ GUARDAR EL SECRETO EN EL CONGRESO
La comisión rechaza pedir al Gobierno que exima al comisario García Castaño del deber de reserva para hablar del espionaje a Bárcenas
La comisión de investigación de la llamada Operación Kitchen en el Congreso ha rechazado la petición del comisario de la Policía Nacional Enrique García Castaño de solicitar al Gobierno que le dispense, para su comparecencia de este jueves, del deber de guardar secreto sobre el operativo parapolicial iniciado en 2013 para arrebatarle al extesorero Luis Bárcenas documentación comprometedora para el PP, según documentación parlamentaria a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El arrepentido García Castaño, conocido con el alias de El Gordo y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que hizo los seguimientos ilegales, remitió en febrero un escrito al Congreso en el que pedía que se solicitase esta autorización al Ejecutivo con el fin de “desplegar una amplia colaboración” ante los diputados, como está haciendo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en la investigación judicial del espionaje a Bárcenas.
El alto mando policial también solicitaba en ese escrito que se hiciera una petición similar a la comisión parlamentaria de secretos oficiales, para que poder contestar a las preguntas sobre la utilización de fondos reservados para financiar la operación. García Castaño, actualmente jubilado, ha declarado en cinco ocasiones como investigado en la Audiencia Nacional y su testimonio ha sido clave para imputar al ex número dos de Interior Francisco Martínez y el ministro Jorge Fernández Díaz. Además de en el caso Kitchen, García Castaño está imputado en, al menos, otras cuatro piezas de la macrocausa del caso Villarejo.
En su respuesta, el Congreso asegura que la comisión de investigación “tiene competencia para recibir información relativa a secretos oficiales y gastos reservados” y, por tanto, descarta pedir a la comisión de secretos oficiales esa dispensa. Sobre la solicitud de autorización al Gobierno, la Cámara baja señala que tampoco “procede ninguna actuación más en relación con los deberes de secreto que, en su caso, pudieran afectar al compareciente”. Fuentes de la mesa de la comisión recalcan que la respuesta, fechada el 6 de abril, se tomó tras consultar a los letrados del Congreso.
En su escrito, García Castaño recordaba que su colaboración en la investigación judicial ha sido posible porque el ejecutivo le autorizó, en noviembre de 2018, a declarar sobre estos asuntos “sin consecuencias penales por vulneración del secreto oficial”. No obstante, el comisario recalcaba que aquella autorización era exclusivamente para declarar en la Audiencia Nacional, “y no ante la comisión de investigación parlamentaria”. El comisario aseguraba que, en caso de tener dicha dispensa, podrá responder a todas las preguntas que le planteen los diputados, incluidas aquellas que “excedan el conocido como Operativo Kitchen” y apunta la posibilidad de aportar información sobre otros operativos policiales desarrollados “en diferentes partes del territorio nacional (Cataluña, País Vasco) y el extranjero”, en clara alusión a la llamada Operación Cataluña, las supuestas maniobras contra dirigentes independentistas catalanes.
García Castaño será el tercer imputado en la causa por el espionaje a Bárcenas que comparezca en el Congreso, después de que la semana pasada lo hicieran los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. Estos dos mandos policiales se desmarcaron en el Congreso de la operación Kitchen y negaron conocer su existencia. Cuando fueron citados como investigados por el juez García-Castellón ambos policías se negaron a declarar.
Por el contrario, el testimonio de García Castaño en las pesquisas de la Audiencia Nacional se ha revelado clave para el avance de estas. El comisario aportó al magistrado numerosos detalles del operativo, entre ellos su participación en la entrada ilegal en dos locales usados por Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, en busca de documentación y cómo adquirió un ordenador con fondos reservados para volcar en él la información que habían obtenido de manera irregular de los teléfonos del extesorero y su mujer. García Castaño afirmó que ese equipo era para el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que señaló ante el juez como la persona que le encargó participar en la operación Kitchen.
LA CÚPULA DE INFORMACIÓN DEL PP DA EXPLICACIONES DIFERENTES SOBRE LAS OPERACIONES 'KITCHEN' Y 'CATALUÑA'
El ex comisario general de Información, Enrique Barón, y su subalterno Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), muestran en el Congreso dos maneras diferentes de entender la labor policial: al primero le dejaron fuera de las operaciones 'Kitchen' y 'Cataluña', y le ocultaron información y el uso de sus recursos; el segundo ha reconocido que fue él quien puso el dispositivo que grabó al exministro Jorge Fernández Díaz en su despacho.
Enrique García Castaño entró en 1975 en la Policía Armada (como se llamaba en el franquismo lo que ahora es el Cuerpo Nacional de Policía). Su primer destino fue la lucha antiterrorista dentro del grupo de Información creado por Roberto Conesa, famoso por sus torturas, en el que también se encontraba el comisario José Manuel Villarejo. Después fue reclamado para el "Grupo Antigolpe del 23F", que recayó en los policías que mejor relación tenían con Fuerza Nueva, y ahí se ganó el alias de Blasillo: "Por mi cercanía con Blas Piñar [el líder del partido de extrema derecha Fuerza Nueva]; claro, que infiltrarse era muy fácil", comenta a quien le pregunte por el sobrenombre. En la Comisaría General de Información se quedó 40 años, viendo cómo cambiaban la denominación de su puesto, hasta que en 1998 el PP le otorgó mando de grupos operativos como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).
Enrique Barón ingresó en la Policía Nacional 1980. Su primer destino fue en Vitoria. Después de un periplo por España le mandaron a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y tres años después entró en la Brigada de Información. Fue jefe superior de Policía del País Vasco y también de Madrid, cuando el conocido como el asesino de la baraja fue dejando cadáveres por la capital. Tenía a Alfredo Pérez Rubalcaba de ministro del Interior hasta que recibió una oferta de la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (cuando se hacía notar el hedor de los charcos llenos de ranas que la enfrentaron a la cúpula del PP). Luego, tras la victoria de Mariano Rajoy en 2011, le nombraron comisario General de Información.
García Castaño, Big, El Gordo o Blasillo (tantos eran sus apelativos que utilizaban "los troncos" de la policía para llamarlo) era el hombre de confianza del exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez; del ex Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, y de los comisarios Carlos Salamanca, José Luis Olivera y José Manuel Villarejo. Todos ellos (menos el exjefe de la DAO Olivera) están imputados en alguna de las 31 piezas de la causa Tándem, y en concreto en la pieza Kitchen, que investiga el robo de documentación al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. "Si el señor Rubalcaba viviera, yo no estaría aquí sentado. El mejor ministro del Interior que ha habido", ha sentenciado este jueves a preguntas del diputado del PP Luis Santamaría, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.
Mientras, Barón, al que insultaban sin pudor esta "camarilla de Interior" (como les ha denominado en la comisión de investigación el diputado socialista y también policía Alberto Sicilia) es testigo del procedimiento. Y, también, posiblemente víctima, si el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska investigara una anotación sobre la instalación de un posible micrófono en su despacho.
Sobre ello le ha preguntado el diputado de Bildu Jon Iñarritu, a lo que el exjefe de la lucha antiterrorista no ha dudado en contestar: "Eso ha aparecido en la agenda de Villarejo, pero desconozco que se haya abierto una investigación; no sé si habrán llamado a uno por decirlo, a otro por oírlo y a otro por escribirlo, pero eso es delictivo".
La 'Operación Cataluña', las mentiras y los micrófonos
Porque la sesión de la comisión de investigación de este jueves ha ido de micrófonos: en el despacho del comisario General de Información, y también en el del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
Éste acusó a Público de mil atrocidades después de que este medio desvelara las grabaciones de su reunión con el responsable de la oficina antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso Laso, en las que quedaba en evidencia que buscaban pruebas para incriminar a ERC y CDC en casos de corrupción. Y gastó fondos públicos en simular un registro del Ministerio del Interior.
Luego, su sucesor, el juez Juan Ignacio Zoido, envió a la comisión de investigación que se celebró en 2017 sobre la denominada Operación Cataluña (las maniobras para tratar de incriminar por casos de corrupción a líderes independentistas) documentación falsa en la que simulaban una investigación que nunca existió y en la que se cargaba sobre Público la imposibilidad de analizar la grabación y solo poder servirse de los cortes publicados, cuando este medio había hecho entrega de los audios a la Fiscalía General del Estado.
Pero como la mentira no puede durar toda la vida, ha sido por las preguntas del diputado de ERC, Gabriel Rufián, cuando se ha cantado 'el gordo'. El diputado catalán ha aludido a que en una de las declaraciones de García Castaño en la Audiencia Nacional (desvelada por Público en la serie previa a esta comisión), el policía aseguró a los fiscales tener la Operación Cataluña entera guardada en su casa. No se ha retractado: "Cuando los fiscales me preguntan, les dije que si no la vieron. Soy yo quien en sede judicial he hablado de la Operación Cataluña, tres veces veces y no me dejaron hablar. La Operación Cataluña que se monta... Sobre algunos políticos vinculados a la corrupción: Félix Millet, los Pujol...".
Rufián ha seguido indagando: "Le han acusado de ser quien graba al ministro del Interior" (en referencia a las grabaciones con De Alfonso ya mencionadas). Y, como en un suspiro, intuyéndose tras su mascarilla la sonrisa traviesa de quien sabe que va a tener un minuto de gloria, García Castaño ha confirmado: "El DAO dice que va a venir un señor y que, por seguridad del ministro, hay que grabarlo; y yo con un técnico le pusimos una minigrabadora debajo de la mesa del despacho".
Queda la duda de qué pensaría sobre esto "el mejor ministro del Interior" que ha tenido España, según su criterio, porque Alfredo Pérez Rubalcaba dejó claro cuando Público desveló la información y Fernández Díaz culpó a este medio como si hubieran sido sus redactores quienes hubieran puesto el micrófono, que "a mí no me grababan nada".
García Castaño ha intentado arreglarlo, asegurando que lo hacían para "proteger al ministro; de hecho le cambiamos el router de la casa porque no ponía mucha seguridad". Sin embargo, en su intervención posterior, Enrique Barón ha vuelto a echarle la excusa abajo. "Yo no he conocido que se pongan micrófonos en despachos de los ministros para protegerlos", ha respondido tajante el excomisario General de Información. "La primera vez que he escuchado lo del micrófono al ministro es esta tarde", ha añadido. Luego, Barón ha reconocido que había "oído" que una de las posibilidades de que le excluyeran de estar detrás de tales grabaciones era porque le situaban en otra facción del PP.
También ha dicho García Castaño que hubo una reunión con dos representantes políticos y todas las personas que formaban parte de esa Operación Cataluña "para proteger a los constitucionalistas", pero en la que se investigó a "Félix Millet o los Pujol".
EL COMISARIO GARCÍA CASTAÑO RECONOCE QUE ÉL COLOCÓ LA GRABADORA EN EL DESPACHO DEL MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ EN LA 'OPERACIÓN CATALUÑA'
El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) declara en la comisión del Congreso por el caso 'Kitchen' que él, junto con un técnico, colocó una minigrabadora bajo la mesa del despacho del ministro del Interior, en 2014, para su reunión con el director de la Oficina Antifrau de Cataluña, con el objeto de incriminar a los líderes soberanistas.
Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información (UCAO), ha admitido este jueves en la comisión sobre la operación 'Kitchen' --el operativo parapolicial iniciado en 2013 para robarle al extesorero Luis Bárcenas documentación comprometedora para el PP-- que él fue quién realizó la grabación entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, que destapó la conocida como 'Operación Cataluña'.
Hasta ahora se creía que la conversación en la que se descubrió que el ministro del Interior intentaba buscar algo incriminatorio contra el hermano de Oriol Junqueras, de cara a las elecciones del 9N en 2014, fue obra de Daniel de Alfonso, pero este jueves el comisario jubilado García Castaño, apodado el Gordo, ha admitido haber sido él el responsable del operativo. "El DAO [Eugenio Pino] dijo que iba a venir un señor y que por seguridad del ministro había que grabarlo. Y yo, con un técnico, le pusimos una minigrabadora debajo de la mesa del despacho", ha admitido García Castaño.
Público tuvo acceso a los archivos de audio de esas entrevistas, en las que Fernández Díaz y De Alfonso discuten cómo conseguir datos para desprestigiar o incluso acusar de prevaricación a dirigentes de los dos grandes partidos soberanistas catalanes.
"El presidente lo sabe", le dijo el ministro del Interior a Daniel de Alfonso en aquella reunión. Con esa frase confirmaba el 16 de octubre de 2014, a pocas semanas de la consulta sobre el referéndum del 9N convocado por la Generalitat, que Mariano Rajoy estaba al tanto del plan tramado hacía dos semanas para desprestigiar a los líderes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), según consta en las grabaciones de las reuniones mantenidas en el despacho del ministro el 2 y el 16 de octubre de 2014, a las que tuvo acceso en exclusiva Público.
Pese a haber advertido al comienzo de su comparecencia que no podría intervenir por estar sujeto a la Ley de Secretos Oficiales, García Castaño ha hablado largo y tendido sobre la operación 'Kitchen' y sobre otras cuestiones relacionadas con Villarejo y las llamadas 'cloacas del Interior'. Este comisario está imputado en, al menos, cuatro piezas de la macrocausa del caso Villarejo. El comisario jubilado Villarejo y García Castaño trabajaron con el traficante de armas Al Kassar (condenado a 30 años en EEUU) para hacer negocios con Riad y Damasco gracias a sus influencias en el Ministerio del Interior español.
DOS MANDOS DE LA ‘POLICÍA PATRIÓTICA’ DEL PP SE DESMARCAN EN EL CONGRESO DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS
Los inspectores jefe Fuentes Gago y Díez Sevillano, imputados en el ‘caso Kitchen’, recibieron recompensas económicas del equipo del ministro Fernández Díaz
Los inspectores jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, presuntos integrantes de la llamada brigada patriótica, negaron de manera reiterada este jueves, durante sus comparecencias en la comisión parlamentaria que investigaba la Operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, haber participado o tenido conocimiento del operativo policial que tuvo como objetivo sustraer la documentación comprometedora que pudiera atesorar en 2013 y 2014 el extesorero del PP para que no llegara a la justicia.
Ambos mandos están imputados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, acusados de un delito de malversación por el supuesto desvío de fondos reservados a esta operación policial. Los dos fueron recompensados en 2014 por Interior con una medalla policial que conlleva una gratificación económica vitalicia y, un año más tarde, fueron destinados a puestos en embajadas con altas retribuciones.
Era la segunda vez que Fuentes Gago comparecía en una comisión de investigación parlamentaria tras hacerlo, en 2017, en la que terminó certificando la existencia de la policía patriótica, el grupo de agentes que, en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, actuó contra rivales políticos del PP. Entonces, el inspector jefe se presentó como “un soldado” que cumplía las órdenes que le daba su superior, el comisario Eugenio Pino, señalado como el muñidor de este grupo desde su puesto como director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Este jueves, Fuentes Gago ha descrito sus funciones a la sombra del comisario Pino de una manera similar, al asegurar que se trataba de un simple “analista” que se dedicaba al “diseño de planes estratégicos” y la elaboración de “informes de asesoramiento en materias administrativas”. En el desempeño de esas funciones, ha recalcado que nunca escuchó hablar de la Operación Kitchen, ni de seguimientos a Bárcenas o de la existencia del chófer de este, Sergio Ríos, que fue confidente de la trama a cambio de recibir con carácter mensual 2.000 euros de los fondos reservados.
Sí ha admitido, sin embargo, su participación en otras operaciones policiales puestas en marcha desde la Dirección Adjunta Operativa, aunque ha rehusado a dar detalles sobre ellas, con el argumento de que eran “reservadas” y desconocía la situación judicial de las mismas. Entre esas actuaciones se encuentra el viaje a Nueva York, en 2016, para convencer al exministro venezolano Rafael Isea de que declarase contra Podemos. “Yo he hablado con el ministro del Interior español [Jorge Fernández Díaz] y el ministro del Interior español habló con el presidente español [Mariano Rajoy]”, se le escuchaba al policía en una grabación que se difundió en 2019. Fuentes Gago fue también la persona que puso en contacto al ministro Fernández Díaz con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Las grabaciones de estos encuentros destaparon maniobras para investigar a políticos independentistas catalanes.
En 2014, cuando aún estaba destinado en la DAO, Fuentes Gago recibió la medalla al mérito policial con distintivo rojo, una condecoración destinada a reconocer a aquellos agentes que han puesto en riesgo su vida y que conlleva un incremento vitalicio del 10% del sueldo base y trienios. El inspector jefe ha asegurado que nunca ha sabido por qué se la dieron, aunque ha aventurado que fue por su participación en la organización del dispositivo de seguridad de la coronación de Felipe VI. Un año después fue destinado como agregado de Interior a la embajada de España en La Haya, con una alta retribución. Fue destituido de este puesto en septiembre de 2018 por el ministro Fernando Grande-Marlaska.
“Chico para todo”
Antes había comparecido el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, que también formó parte del equipo de confianza del comisario Pino cuando este era número dos de la Policía. Díaz Sevillano se sentó en el banquillo de los acusados junto al comisario Pino por el caso del pendrive fantasma con pruebas ilícitas sobre las finanzas de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que se intentó incorporar al sumario en el que se investiga a este. Ambos resultaron absueltos. En su comparecencia de este jueves, Díez Sevillano, ya jubilado, ha seguido la misma línea que su compañero y ha asegurado que nunca supo de la existencia de la Operación Kitchen y ha recalcado que “jamás” le encargaron realizar ninguna gestión sobre Luis Bárcenas o su chófer, de cuya existencia, ha afirmado que se enteró por la prensa.
El inspector jefe se ha escudado en que su función en la Dirección Adjunta Operativa, donde estuvo destinado entre 2014 y 2016, fue la de “un chico para todo” que hacía lo que le indicaba su superior, el comisario Pino, desde asistir a actos protocolarios o cursos, a funciones administrativas. El mando policial, que se ha negado a responder si, como han asegurado otros responsables, manejó fondos reservados durante estos años, se ha mostrado convencido de que su imputación en el caso Kitchen ha sido por “proximidad” al comisario Pino.
Mientras ocupó este puesto, Díez Sevillano recibió también una medalla pensionada y, posteriormente, fue destinado a la embajada de España en México, uno de los puestos en el exterior más ambicionado por los agentes por su alta retribución económica. Díaz Sevillano, como Fuentes Gago, fue destituido por Grande-Marlaska.
UN INFORME POLICIAL DICE QUE LA KITCHEN FUE “UNA OPERACIÓN PARA ELUDIR EL CONTROL DEL JUEZ”
EL PAÍS publica otro informe policial que la Audiencia Nacional se niega a facilitar al Congreso de los Diputados
El inspector Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, denuncia la ilegalidad del espionaje a la familia Bárcenas pagado con fondos reservados.
Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, lleva 13 años dedicado a investigar una trama de corrupción masiva que anidó en el PP. El trabajo de Morocho solo se interrumpió 18 meses cuando el PP llegó al poder y los nuevos jefes policiales le destinaron a tareas burocráticas. El policía ha sido durante este tiempo el principal instrumento investigador al servicio de los distintos jueces instructores –Baltasar Garzón, Pablo Ruz, José de la Mata y, ahora, Santiago Pedraz– que han pasado por el caso Gürtel y sus alrededores. El 17 de diciembre de 2019, Morocho entregó al juez José de la Mata un amplio informe donde analizaba las nuevas pruebas existentes sobre el espionaje policial a Luis Bárcenas, extesorero del PP y uno de los principales condenados del caso Gürtel.
Lo que sigue es un resumen de ese informe que la Audiencia Nacional ha rechazado entregar a los diputados que forman parte de la comisión de investigación del caso Kitchen.
1. La caja b del Partido Popular
El inspector Manuel Morocho considera que existen suficientes indicios del funcionamiento de una caja b con la que el PP se financió ilegalmente entre 1990 y 2008. Y que Luis Bárcenas fue durante ese tiempo quien controló esa contabilidad paralela que se alimentaba de donaciones ilegales para pagar distintos servicios del partido.
“Luis Bárcenas, prevaliéndose al efecto de sus cargos de Gerente y Tesorero de la formación política Partido Popular, procedió a la llevanza de una contabilidad paralela o caja b del referido partido político entre los años 1990 a 2008, nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial destinada –indiciariamente– al pago de gastos generados en campañas electorales, pago de complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al Partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político”.
2. La fortuna ilícita del extesorero
El informe policial detalla las maniobras de Luis Bárcenas para justificar la fortuna que atesoró durante su etapa como gerente y tesorero del PP.
“Por otra parte, a fin de ocultar el origen y propiedad de las rentas procedentes de la actividad descrita anteriormente y poder aflorarlas desvinculándolas de dicho origen, Bárcenas utilizó, en connivencia con su esposa, la imputada Rosalía Iglesias Villar, además de los procedimientos ya referenciados de supuesta facturación ficticia, un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas. Asimismo, procedió a aflorar fondos originados con su presunta ilícita actividad criminal dotándolos de una apariencia lícita al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte; operativa que también utilizó la imputada Rosalía Iglesias al objeto de aflorar recursos propios”.
3. La ocultación de las cuentas suizas en una fundación panameña
El inspector Morocho detalla en su informe todos los movimientos que Bárcenas hizo en sus cuentas suizas para intentar ocultar ese patrimonio a la hacienda pública española.
“Respecto de las cuentas abiertas en Suiza, pueden observarse dos etapas en cuanto a su proceder; hasta mediados de 2005, Luis Bárcenas figuraba como titular de sus cuentas suizas; posteriormente en el segundo semestre de 2005, con motivo de la entrada en vigor del “Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses”, con la eventual finalidad de procurarse un ahorro fiscal ilícito eludiendo el abono en España de los impuestos sobre las rentas del ahorro, Luis Bárcenas procedió a modificar la titularidad formal de sus cuentas, de forma que, cuando continuaba siendo el beneficiario efectivo de las rentas depositadas en aquellas, sustituyó las mismas por otras abiertas a nombre de la fundación panameña Sinequanon.
Los delitos que se imputaban a Luis Bárcenas eran delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho y estafa procesal en grado de tentativa, mientras que su mujer Rosalía Iglesias también estaba imputada por los mismos delitos (junto con el de apropiación indebida) como partícipe necesaria de los delitos tributarios cometidos por su marido. Ambos fueron condenados en el año 2018 por todos estos delitos excepto el de cohecho del que fueron absueltos (sentencia 20/2018 de 17 de mayo de 2018 de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional)”.
4. El espionaje ilegal pagado con fondos reservados
Durante al menos dos años, de julio de 2013 a septiembre de 2015, el chófer de la familia Bárcenas cobró de los fondos reservados del ministerio del Interior más de 50.000 euros. A cambio, facilitó a la cúpula del ministerio información sobre el extesorero del PP y su familia y facilitó determinada documentación que guardaba Bárcenas en dos teléfonos móviles. Esta operación se llevó en secreto sin dar cuenta de sus resultados al juez que investigaba a Bárcenas y que había ordenado su ingreso en prisión provisional unas semanas antes de que la policía comenzara el espionaje ilegal a la familia del extesorero.
“El primer mes del que se tiene constancia documental de los pagos con fondos reservados a Sergio Ríos Esgueva es el mes de julio de 2013, coincidiendo temporalmente con la fecha del primer informe diario de vigilancias efectuado por el Área Especial de Seguimientos de la UCAO, que tiene dos objetivos a controlar; él mismo y Rosalía Iglesias Villar. La situación indica que, a pesar de estar acreditado ya ese mes como beneficiario de fondos reservados de la policía, no se percibía una entera confianza en el trabajo que estuviera realizando, como se deduce de algunos extractos sacados de los informes diarios de vigilancias que se desarrollará con posterioridad.
En resumen, de acuerdo con la información que obra en la causa, han quedado acreditados 25 abonos entre los meses de julio de 2013 y septiembre de 2015, no constando pagos todos los meses (agosto de 2013 y mayo de 2015) y existiendo pagos múltiples algunos de ellos. La periodicidad ha sido mensual, acumulando un total de abonos en el periodo completo analizado de cincuenta y tres mil doscientos sesenta y seis con veintidós (53.266,22) euros. De esa cantidad 50.000 euros corresponden a sueldos y salarios (epígrafe colaboradores) y el resto a gastos de comida (2.574,53 euros), transporte (496,65 euros) y un epígrafe que aparece un mes denominado total gastos (195,04 euros). Las entregas del dinero en efectivo fueron efectuadas por parte de José Manuel Villarejo Pérez entre julio de 2013 y abril de 2015 y de Andrés Gómez Gordo en los meses de junio, julio y agosto y septiembre de 2015 con fondos reservados procedentes de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional.
En resumen, el objetivo de la investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno familiar denominada Kitchen desplegada por el Ministerio del Interior se centró en la localización de documentos en poder de este relacionados con el objeto del procedimiento judicial DP 275/’08 PS Informe UDEF-BLA 22.510 con el fin de apoderarse de los mismos y sustraerlos a la investigación judicial en curso.
La investigación criminal, en el sentido del ejercicio de las funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, corresponde a la policía judicial que depende funcionalmente por mandato constitucional de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal –art. 126 CE– permitiendo que la actividad de la policía se realice con la “neutralidad del investigador” exigida tanto por el Tribunal Supremo (STS 1207/95) como por el Tribunal Constitucional (STC 36/95). De esta forma, las normas de desarrollo, tanto la LO 2/1986 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como el RD 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial, recogen la exclusiva dependencia de la autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal en la investigación y averiguación de los delitos. Con este esquema se pretende evitar la posible injerencia del Poder ejecutivo en una investigación judicial a través de los cuerpos de seguridad”.
5. Una operación “extramuros del procedimiento judicial”
El informe policial concluye que la operación de espionaje a la familia Bárcenas, orquestada desde el ministerio del Interior y pagada con fondos reservados, pretendió eludir el control del juez Pablo Ruz, que entonces investigaba al extesorero, y a espaldas de la unidad policial que trabajaba en esta causa por encargo del instructor.
“Por ello, esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del Juez de instrucción sobre la práctica de las diligencias dirigidas a la averiguación de los hechos que corresponde de manera exclusiva y excluyente al Juez de Instrucción derivando en una ausencia permanente y total de control mediante la omisión de la posición del Juez así como de la Unidad policial a la que por mandato judicial se comisionó en exclusiva para la práctica de diligencias y propuesta de actuaciones”.
EL INSPECTOR DEL 'CASO GÜRTEL' CONFIRMA QUE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS EN 2013 FUE ILEGAL PORQUE NO PASÓ POR SUS MANOS
Manuel Morocho cita un "informe paralelo" sobre Bárcenas de 2015 entre las barreras que se pretendían poner a la investigación
Confirma que cualquier seguimiento o intervención telefónica al extesorero del PP y su entorno familiar no fue solicitado ante la Audiencia Nacional
El inspector principal del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha detallado este jueves en la comisión de investigación por la operación Kitchen del Congreso de los Diputados las diferentes "barreras" a las que se ha enfrentando durante estos años, citando un traslado de destino dentro de la Policía, pasando de la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) bajo las órdenes de Eugenio Pino, y la aparición de un "informe paralelo" sobre Luis Bárcenas. También ha confirmado que cualquier seguimiento o intervención telefónica al extesorero del PP y su entorno familiar en las fechas en que se desplegó el operativo, a partir de 2013, tuvo que ser irregular, esto es, sin control judicial porque él, que era el investigador que estaba al frente en ese momento de las diligencias sobre los papeles de Bárcenas, no los solicitó a la Audiencia Nacional.
El diputado del PSOE David Serrada le ha preguntado si estando en la DAO tuvo alguna sospecha de investigaciones paralelas, mencionando la operación Kitchen. En un principio, Morocho ha dicho que no porque su función fue "decorativa", aunque acto seguido ha pedido perdón y ha relatado que "hubo un momento que tuvo la constatación material de la existencia de una investigación paralela sobre el entorno de Luis Bárcenas". Se trata de una cuestión de la que Morocho –que ha reconocido amenazas y presiones por su investigación, incluso actualmente– ya testificó en la Audiencia Nacional en 2019, cuando habló de esta investigación "secreta" sobre el extesorero que era "coincidente" con el caso Gürtel, pero incluida posteriormente en las bases de datos policiales usando información descontextualizada.
Este jueves en el Congreso ha abundado sobre ello para mencionar este informe en formato Word del que tuvo conocimiento cuando estuvo destinado en la DAO, entre 2015 y mediados de 2016, recordando que el "apogeo" de la operación Kitchen para supuestamente sustraer documentación sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas fue entre julio de 2013 y octubre de 2015. En concreto, se ha referido a una base de datos dentro de una herramienta de inteligencia criminal, un archivo en formato Word, que abrió y leyó tras ser advertido por sus superiores de su existencia, dando cuenta al juez de ello.
"El encartado definía el contenido", ha señalado, explicando que llevaba por título "Luis Bárcenas Gutiérrez". En el mismo se hacía referencia a cuestiones temporales de "personas vinculadas" al extesorero del PP y "su entorno familiar". Luego ha indicado que ese documento fue motivo de desclasificación del Consejo de Ministros, dentro del caso Kitchen. "Los elementos que aparecían allí eran conocidos por nosotros", ha añadido en referencia a este documento que apareció en bases de datos policiales al margen de la investigación del caso Gürtel, una información "sesgada" y que "produjo un cruce buscado sobre una investigación en curso".
"Se graba por un órgano superior que su función es de coordinación, no tiene encomendada la investigación per se, y menos en procedimientos judiciales. Esa investigación se hizo fuera del control judicial", ha enfatizado sobre ese informe de 2015 que, ha insistido, "no era relevante, no aportaba nada" y que "se comunicó a la autoridad judicial". "Como todo lo que yo hago", ha apostillado.
Informes sobre Villarejo, PISA o Pujol
Morocho ha relatado que, siendo Eugenio Pino director adjunto operativo, fue destinado a este lugar, por lo que tuvo que compatibilizar su labor de policía judicial con la revisión de informes remitidos desde la DAO y que afectaban al patrimonio del comisario jubilado José Manuel Villarejo –de quien ha dicho que "no formó parte en ningún momento" de la investigación Gürtel– o el informe PISA, en este caso sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias. También ha citado unos documentos en inglés sobre créditos de la familia Pujol.
Del informe PISA, el inspector ha sido preguntado por el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, al que ha contado que se trataba de un documento "apócrifo" que le entregaron en la DAO, aunque no sabe quién o quiénes fueron los autores, para que evaluara. Las conclusiones a las que llegó es que estaba repleto de información en fuentes cerradas a las que sólo se puede acceder con mandamiento judicial o fiscal y en el que se incluían "notas, titulares con una visión no neutral desde el punto de vista político". Era una "construcción de algo", ha añadido, "con el fin de provocar el inicio de algo más". No tenía, ha apuntado, "las formalidades o protocolos oficiales" que exige la Policía Nacional y fue eso lo que manifestó a sus superiores, que "no cumplía los protocolos mínimos para poder investigar" porque además "no había noticia criminis" y sólo ofrecía una "información desdibujada".
Como ya contó en la Audiencia Nacional, Morocho fue destinado a la DAO en 2015 para "tratar de condicionar" su posición en el grupo de policía judicial que investigaba la Gürtel, pues el objetivo era sacarle de la UDEF y "trasladar el mensaje de que ya no trabajaba ahí a los órganos superiores" del Ministerio del Interior "con el fin de calmar la problemática que se generaba con la elaboración de los informes" sobre la macrocausa de corrupción.
Ataques del PP
El PP ha aprovechado su turno para cuestionar la labor de investigación de Morocho. "Lleva trece años investigando al PP, a nadie se le ha dado tanto tiempo, ¿cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación?", le ha espetado el diputado de este partido Eloy Suárez Lamata. "Yo actúo como policía judicial bajo dirección de tribunales y fiscales, no abro ni cierro investigaciones", ha replicado el inspector.
El diputado del PP ha citado los informes que afectaron a Francisco Camps y también las querellas que motivaron la imputación de Morocho –luego archivadas, según ha recordado éste–. Suárez Lamata le ha acusado de incluir "juicios de valor en sus informes", en concreto mencionando un informe sobre la caja B de la formación conservadora, repitiendo Morocho que sus escritos tienen "un valor de atestado sometido a valoración de órganos judiciales".
Esta intervención del PP ha llevado a la diputada de Vox Macarena Olona a reprender el intento de poner en duda la actuación de un "servidor público", algo que ha repetido luego otro abogado del Estado como ella, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal. Además, han recordado que el inspector fue condecorado tanto por gobiernos socialistas como conservadores.
EL POLICÍA DE LA CAJA B RELATA CÓMO EL JEFE DE LA BRIGADA POLÍTICA DEL PP BOICOTEÓ SU INVESTIGACIÓN CON UN TRASLADO FORZOSO
"El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar al Ministerio que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar", ha dicho el inspector jefe Manuel Morocho ante la comisión de investigación de Kitchen, donde también ha señalado que el informe PISA contra Podemos "no era neutral"
El inspector jefe Manuel Morocho, responsable policial de las investigaciones Gürtel y caja B, ha relatado esta tarde en el Congreso cómo el jefe operativo de la Policía en tiempos del PP, Eugenio Pino, jefe de la brigada política, le obligó a compatibilizar su destino en la UDEF, a cargo de los casos de corrupción de la formación conservadora, con una nueva ocupación en la Dirección Adjunta Operativa. "Suponía una barrera más al curso de la investigación", ha dicho ante la comisión de investigación de Kitchen sobre lo que ha definido como una intencionada "sobrecarga de trabajo".
Morocho es un testigo clave en el caso de espionaje a Bárcenas porque cualquier investigación acerca de dónde escondía el dinero el ex tesorero del PP o sus testaferros debería haberse puesto en su conocimiento y el del juez Pablo Ruz si de verdad esos fueran sus objetivos, como defienden los imputados, y no un operativo "parapolicial" para sabotear la investigación de la financiación irregular del PP en beneficio de dirigentes del PP, como considera el juez y la Fiscalía Anticorrupción. "El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar al Ministerio que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar", ha dicho Morocho.
Los policías imputados intentaron blanquear la maniobra de espionaje a Bárcenas introduciendo datos "sesgados", según el término utilizado por Morocho, en una base de datos policial. Esa maniobra de blanqueo es así denunciada por Fiscalía y juez. Sin embargo, el portavoz del PP, Eloy Suárez, se ha alineado con ese proceder de los imputados y de su condición exculpatoria de los mismos durante su intervención de ataque al compareciente, al que ha acusado de trabajar contra el Partido Popular.
El inspector jefe Morocho ha explicado que puso aquel traslado en conocimiento del juez Ruz y la Fiscalía. También ha explicado que el comisario Pino no le dio ninguna opción y que aquella "sobrecarga de trabajo" dificultó mucho su trabajo de investigación en los casos de corrupción del PP.
El policía ha dicho que en tiempos del PP se le ofrecieron tres destinos desde la cúpula policial para que dejara el caso de corrupción del Partido Popular, incluso en la empresa privada.
El informe contra Podemos "no era neutral"
El traslado fue a la Brigada de Análisis de Revisión de Casos (BARC) de la DAO, uno de los instrumentos de la brigada política que fue disuelto con el cambio de Gobierno. Allí se le encargó, entre otros asuntos, analizar el documento Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA), que Morocho ha dicho que incluía fuentes "cerradas y abiertas" que le impedían construir una "trazabilidad" de las mismas y que desconfió de su procedencia.
"Se incluían una serie de notas, informaciones, titulares con una visión no neutral ante el punto de vista político de lo que se manifestaba", ha dicho sobre el documento "apócrifo" sobre Podemos y Pablo Iglesias. Además, descartó delitos que allí se apuntaban porque Podemos, partido al que no llegó a mencionar, estaba en fase de formación en el periodo aludido y no le afectaba la Ley de Partidos Políticos. El informe PISA contra Podemos, ha dicho, se redactó "con el fin de provocar el inicio de algo más". "Se me dijo que si (el informe) iba con mi carnet profesional iba a tener más credibilidad", ha añadido.
"Presiones" durante el mandato de Marlaska
Morocho ha denunciado la situación actual de la UDEF, ya con el Gobierno del PSOE. Edmundo Bal, de Ciudadanos, le ha preguntado por una información de elDiario.es acerca de que su petición de destino en Huesca se produce después de que los actuales jefes de la Unidad y de la Policía no le han ofrecido ningún puesto en su especialidad. Morocho ha contestado con "un dato revelador" y ha explicado que el juez De la Mata el año pasado, 2020, ordenó que sus informes sobre la caja B del PP no fueran puestos en conocimiento de sus superiores y entregados directamente al juzgado.
A preguntas del portavoz de EH Bildu, Morocho ha dicho que ha tenido "presiones" en su trabajo hasta la actualidad y que el grupo de una decena de agentes que trabajaron con él ya solo quedan cuatro. "No hay un reconocimiento a la labor que se ha hecho, con sus defectos y virtudes. Hay una desafectación y no hay un estatutos (en la UDEF) atrayente a personas que quieran ir allí", ha añadido.
EL INVESTIGADOR POLICIAL DE 'GÜRTEL' DICE QUE LA 'TRAMA KITCHEN' DIO "DATOS ERRÓNEOS" PARA CONFUNDIRLES
Manuel Morocho afirma que tuvo en agosto de 2015 la "constatación material" de que se investigaba al entorno de Bárcenas en una operación "fuera de control judicial" y asegura que la información que se grabó en la base de datos policial era "sesgada"
El inspector jefe Manuel Morocho asegura que la trama Kitchen introdujo «datos erróneos» sobre el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la base de datos policial con objeto de «generar confusión» a la brigada que, comandada por él, investigaba en aquellas fechas el caso Gürtel a instancia del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
Morocho ha declarado este jueves ante la comisión que investiga en el Congreso de los Diputados si el Ministerio del Interior -en la etapa de Jorge Fernández Díaz como titular- destinó de manera ilegal recursos humanos y económicos para favorecer los intereses políticos del PP y anular pruebas inculpatorias en casos de corrupción. Es la operación que investiga el juez García-Castellón en una pieza separada del caso Villarejo.
Tras asegurar que la Operación Kitchen «se hizo fuera del control judicial», el policía ha indicado que tuvo la «constatación material» de la existencia de una investigación paralela al entorno de Bárcenas en el verano de 2015, después de haber sido requerido por Eugenio Pino para que apoyara en cuestiones económico-financieras en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Esa labor la tuvo que compaginar con su labor en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), lo que ha enmarcado en una «estrategia» con la que supuestamente se pretendía «poner una barrera al avance de la investigación judicial» del caso Gürtel mediante la «sobrecarga de trabajo».
Uno de los encargos que recibió fue analizar la información que había facilitado el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) sobre las actividades del entramado empresarial controlado por el comisario Villarejo, para lo que llegó a elaborar un informe que nunca se tuvo en cuenta. Otro fue evaluar el conocido como informe PISA -un documento pseudopolicial que tomaba el acrónimo de Pablo Iglesias SA y con el que se pretendía demostrar que Podemos se financió irregularmente a través de los gobiernos de Irán y Venezuela- y un tercero sobre operaciones de cobertura de crédito de carácter financiero de la familia Pujol.
A preguntas del diputado del PSOE David Serrada, el inspector jefe ha detallado que en agosto de 2015 recibió de la DAO un correo electrónico con un archivo en formato ‘word’ cuyo encartado era «Luis Bárcenas Gutiérrez». En opinión de Morocho, ese documento le permitió constatar lo que venía intuyendo desde hacía «mucho tiempo». «Leí el texto y tuve constatación material en una base de datos policial de una serie de circunstancias personales, temporales y objetivas de personas vinculadas al señor Luis Bárcenas y a su entorno familiar», ha relatado.
Información «sesgada»
El agente ha dicho que la información que se grabó en la base de datos procedente de las pesquisas de lo que Villarejo bautizó como Kitchen -cuyo inicio tuvo lugar en julio de 2013, tras la entrada en prisión preventiva del ex tesorero del PP- estaba «sesgada» y «en un 90%» ya constaba en las actuaciones del caso Gürtel. «No aportaba nada, todo lo contrario. Se introducían datos erróneos con objeto de generar confusión. La información no era relevante, no aportaba nada y no incrementaba la que ya teníamos, y menos en el estadío de 2015», ha añadido.
En este sentido, el funcionario ha llamado la atención sobre la fecha en la que le cedieron aquella información, muy «relevante» para él; tres meses después de que el magistrado hubiera dictado auto de apertura de juicio oral en la pieza en la que se investiga la presunta contabilidad B del Partido Popular. Es la causa que enjuicia actualmente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Morocho ha señalado que el documento que le facilitaron no ofrecía «datos precisos» de cómo se había obtenido la información y ha añadido que la nota en la que se inducía su incorporación al sistema era muy «escueta» y «ni evaluaba la fuente ni la información». Sólo aparecía «una fecha» y el número del «carné profesional» del agente que la volcaba a la base de datos policial.
La trama Kitchen ocultó pistas sobre el botín de Bárcenas a los investigadores de Gürtel
La trama Kitchen ocultó «deliberadamente» a los investigadores policiales del caso Gürtel la existencia del «zulo» en el que Luis Bárcenas ocultaba supuestamente documentación comprometedora para altos cargos del PP […]
En relación con las dificultades que miembros de la Policía pusieron al inspector Morocho para que realizara su trabajo, el portavoz de Ciudadanos, que es abogado del Estado de profesión, le ha preguntado: «Le hacen trabajar de forma estéril y luego le dicen que no es su interés. ¿Lo sintió como un caso de acoso laboral? Porque esto es un caso de acoso laboral de libro. ¿Está resignado? ¿Se siente castigado? ¿Cuál es su estado de ánimo ante esta situación?».
«Mire, mi estado de ánimo se basa en defender lo que un día prometí. La Constitución y el ordenamiento jurídico. Y se basa en tener unos principios de integridad claros y definidos y en saber que dependo de un ámbito judicial al que tengo que reportar. Tengo que guiarme bajo una tendencia de ejemplaridad, buscar el bien público sobre los demás y actuar de forma imparcial aún a costa de mi propio beneficio o rédito personal o las propias dificultades que pueda sentir», contestó. El diputado Bal le agradeció su labor y le dio la enhorabuena por ser un funcionario ejemplar.
«Tres destinos» para que dejara de investigar
El inspector jefe explicó que las injerencias policiales para tratar de enterarse del curso de la investigación hicieron al «juez instructor dar la orden taxativa de que los informes policiales una vez se finalizaran se presentaran directamente en el juzgado y después directamente en los sistemas informáticos de mi grupo, sin que pasaran por nadie más en el Cuerpo, por nadie de la Cúpula de la Policía».
En su interrogatorio, el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, ha tratado de conocer si altos mandos le hicieron ofrecimientos atractivos para que cambiara de destino y dejara de investigar el caso Gürtel. «Me han ofrecido tres destinos, incluso a la carta, incluso irme a lo privado. Algunas venían de la Dirección Adjunta Operativa y otras de otras personas». Morocho estuvo bajo el mando directo de la DAO entre enero de 2014 y agosto de 2015.
El policía concluyó su intervención con una reivindicación de la labor de sus compañeros y suya: «No hay un reconocimiento a la labor y al desarrollo del trabajo que ha habido con sus defectos y sus virtudes. Hay una afectación y no hay un estatus atrayente hacia personas que quieran ir allí».
PP Y VOX APROVECHAN LA DECLARACIÓN DE PÉREZ DE LOS COBOS PARA ATACAR A MARLASKA
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y el portavoz de ERC en la Comisión de Investigación 'Kitchen', Gabriel Rufián, han protagonizado un momento de tensión a cuenta del despliegue policial durante el referéndum ilegal en Cataluña
La comparecencia del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en la comisión de investigación sobre la denominada operación Kitchen en el Congreso de los Diputados se ha convertido en escenario de reproches políticos.
De los Cobos, al que el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska decidió cesar por negarse a dar información de la investigación que abrió y archivó la jueza Carmen Rodríguez Medel al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8-M y otras cuando se conocía la incidencia de la pandemia, estaba citado por los diputados para hablar del uso de fondos reservados del Estado en la mencionada operación policial.
El coronel ha rechazado aportar ninguna información al respecto dado que el Consejo de Ministros no le ha autorizado a hablar de la utilización de fondos reservados, materia secreta. Ha afirmado que nunca oyó hablar de la operación Kitchen ni del comisario José Manuel Villarejo. Pero, de distintas formas, se ha mantenido una y otra vez en que no podía declarar sobre asuntos confidenciales. «Llámeme usted a una comisión de secretos oficiales y vengo», «no puedo declarar aquí, en el Parlamento, sobre asuntos clasificados» o «recuerde que declaré ante el juez instructor [del caso Villarejo de la Audiencia Nacional] porque se desclasificó expresamente para la declaración cierta información», contestó a las preguntas del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia.
En la Audiencia Nacional se investiga al ministro de Interior durante el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y a su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez como máximos responsables de la cúpula policial que entre 2013 y 2015 desplegó un operativo de espionaje alrededor del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas para requisarle información de la financiación irregular del partido que podía ser comprometedora para altos cargos de éste y evitar que llegara al juez que investigaba Gürtel, según los investigadores. Para ello, dispusieron de fondos reservados con los que se pagó al chófer de Bárcenas como confidente, como ya ha quedado demostrado.
Sin poder hablar De los Cobos del funcionamiento de los fondos reservados por el conocimiento que pudo tener de éstos como director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio de Interior, la comisión se ha convertido en un escenario de ataques hacia Marlaska y en un enaltecimiento de su labor por parte de PP y Vox.
«Le odian por defender a España»
La portavoz del Partido Popular, Ana Vázquez, ha preguntado al compareciente si es cierto que los números dos, tres y cuatro del Cuerpo que aspiraban a ascender a general como él le «saltaron» para el cargo, lo que se ha considerado un segundo castigo después de haber recurrido su destitución. Se refería así la parlamentaria a la decisión de Interior de cerrarle la puerta a la promoción sin respetar el orden que arrojó la evaluación previa elaborada por el Consejo Superior del Cuerpo, siendo el coronel el candidato mejor posicionado.
Ante la anterior pregunta de la portavoz popular, Pérez de los Cobos asintió. Ante la siguiente: «¿Le ha dado a usted la directora general de la Guardia Civil alguna explicación?», contestó también con un escueto «no» el compareciente.
«La escalada de destituciones que ha hecho el ministro Marlaska al frente del Ministerio del Interior ha sido el mayor ataque a la Guardia Civil en democracia. Los despidos que Marlaska vendió como un impulso a la Guardia Civil en realidad fue un pulso a la neutralidad e independencia de la Guardia Civil. Hoy le trae aquí PSOE y Podemos a comparecer para que sus socios independentistas y nacionalistas se despachen a gusto con usted. Le odian por defender a España, la democracia y a los españoles arriesgando su propia vida», afirmó la diputada Vázquez.
Por su parte, la portavoz de Vox, Macarena Olona, también hizo varias preguntas al compareciente para dejar en evidencia que su destitución no tiene precedente en ningún otro cambio de Gobierno anterior y para considerar que en Interior ha habido «indignos mandos de un color y de otro, de PP y de PSOE», para terminar pidiendo disculpas a Pérez de los Cobos por traerle a una comisión de investigación «inútil» que «Vox trató de paralizar porque ya avisó de que sólo serviría para el «descrédito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Tensión con Rufián y Mayoral
Durante las intervenciones de los portavoces de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, y de Podemos, Rafael Mayoral, ha habido cierta tensión con el compareciente.
Con el primero en relación al papel de coordinador de la Guardia Civil, Policía y Mossos que tuvo Pérez De los Cobos el día del referéndum ilegal de Cataluña del 1 de octubre de 2017.
Al segundo, el coronel le reprochó que no acotara las preguntas y quisiera que le hablara del uso de los fondos reservados, que ya había insistido en que era materia clasificada, planteándole cuestiones de manera genérica.
LA COMPARECENCIA DEL CORONEL PÉREZ DE LOS COBOS EN EL CONGRESO DERIVA EN BRONCA
El interrogatorio al alto mando en la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen termina en un cruce de acusaciones con el diputado de ERC Gabriel Rufián sobre el referéndum ilegal del 1-O
La comparecencia del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en la comisión parlamentaria que investiga la Operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas ha derivado en una bronca que ha obligado a interrumpir la sesión en varias ocasiones. Los momentos más tensos se han vivido durante el interrogatorio al que han sometido al alto mando los representantes de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, y sobre todo de ERC, Gabriel Rufián. Este último, que ha acusado a Pérez de los Cobos de “mentir” por negarse a responder a sus preguntas sobre el uso de los fondos reservados por parte de miembros de la trama parapolicial, le ha recriminado al coronel su papel como coordinador del dispositivo policial que hizo frente a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que derivó en graves incidentes. Rufián ha afirmado en su intervención que aquel día las fuerzas de seguridad “apalearon” a los que acudían a votar. El coronel ha rechazado la utilización de ese término ante lo que él considera que fue una actuación que ha calificado de “dignísima y extraordinaria” en una situación “dificilísima”.
—1.000 heridos. 1.000 heridos. Vergüenza debería darle —le ha respondido el diputado de ERC.
—Si hablamos de vergüenza..., —ha replicado Pérez de los Cobos.
—Sí, dígame.
—Vergüenza alguna cosa que estamos viendo.
El coronel Pérez de los Cobos ha acudido al Congreso en su condición —en el momento en el que ocurrieron los hechos— de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, desde la que se fiscalizaba el uso de los fondos reservados, utilizados de manera irregular por la trama para financiar la Operación Kitchen. Sin embargo, ante las preguntas de los diferentes grupos sobre el uso y gestión de esta partida, cercana a los seis millones de euros anuales, el alto mando de la Guardia Civil se ha escudado en su consideración de materia clasificada como secreta por la ley para no contestar. “No puedo responder a esa pregunta”, ha respondido de modo casi mecánico.
Esa negativa a responder ha provocado los primeros roces durante la intervención del representante de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, que ha acusado al coronel de “falta de colaboración” con la investigación parlamentaria y “obstruccionismo”. Tras su negativa a responder a las preguntas, Mayoral le ha planteado si tenía “conocimiento de algo” sobre la Operación Kitchen. “No me pida a mí que haga yo su trabajo”, ha sido la contestación del coronel, que inmediatamente después ha recriminado al diputado que lo interrumpiera. El incidente ha obligado a intervenir a la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal. No sería la última vez.
Inmediatamente después de Mayoral ha tomado la palabra el representante de ERC, cuyos 15 minutos de intervención han sido un constante cruce de recriminaciones mutuas por no dejarse hablar el uno al otro. “Otra vez me interrumpe”, le ha recriminado el coronel en una ocasión. “Sí, todas las veces que mienta… es que miente flagrantemente”, ha sido la respuesta de Rufián. “Le agradecería que no me interrumpiera. Voy a intentar contestar por quinta vez”, ha sido la contestación del alto mando. El diputado de ERC ha terminado su intervención con una última pregunta: “¿Cómo se lleva no haber descubierto ninguna urna?”. No ha obtenido respuesta por parte del coronel.
La tensión ha descendido con las intervenciones de los siguientes grupos parlamentarios hasta que ha tomado la palabra Mireia Vehí, de la CUP. Esta ha llamado al coronel “memoria viva de las cloacas del Estado”, lo que ha llevado a este a exigir que se retirase esa expresión del diario de sesiones. Idéntica situación se ha vivido al final. Tras preguntarle por la intervención de las fuerzas de seguridad durante el 1-O, Vehí ha tildado a Pérez de los Cobos de ser “un mero mercenario del Estado que no se merece ni la vergüenza”. El coronel ha pedido amparo a la presidenta de la comisión, que ha pedido a la representante de la CUP que retirase esas palabras. Esta se ha negado.
En su declaración en la Audiencia Nacional, celebrada el pasado noviembre, el alto mando de la Guardia Civil había asegurado que él nunca tuvo conocimiento ni de la Operación Kitchen ni de otras y que su misión era, exclusivamente, autorizar las entregas de dinero a las diferentes unidades de la Policía Nacional y el instituto armado para el pago de confidentes y otros gastos previa justificación de las mismas, aunque sin entrar en los detalles pormenorizados de esas partidas. El coronel ―cesado en mayo como jefe de la Guardia Civil en Madrid por orden del ministro Fernando Grande-Marlaska― también aseguró que, las veces que despachó con Jorge Fernández Díaz, nunca hablaron de seguimientos sin control judicial a Bárcenas y su entorno.
Tras su comparecencia, está prevista la intervención del inspector jefe de la Policía Nacional Manuel Morocho, el máximo responsable de la investigación del caso Gürtel, que intentó ser torpedeada por los mismos agentes que participaron en la Operación Kitchen. Morocho declaró como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Kitchen’, en febrero de 2019, cuando esta aún estaba secreta. El policía —que como responsable del grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado del caso Gürtel firmaba los informes más sensibles de la investigación— aseguró entonces al magistrado que, cuando estas pesquisas estaban en plena ebullición, fue convocado al despacho del comisario Eugenio Pino, máximo mando uniformado de la Policía Nacional en su condición de director adjunto operativo y señalado por el muñidor de la policía patriótica. El alto mando, según Morocho, le ordenó en enero de 2015 trasladarse a la Dirección Adjunta Operativa y ponerse bajo su dirección directa. “Se me dijo que era para apoyar investigaciones o análisis de documentación financiera que estaban trabajando allí y que necesitaban un experto para evaluarlo”, añadió Morocho
UN ALTO MANDO POLICIAL CONFIRMA QUE LA TRAMA KITCHEN TUVO ACCESO LIBRE A FONDOS RESERVADOS
El comisario Lacasa, que tuvo entre 2013 y 2015 el control de esta partida en la Policía Nacional, detalla en el Congreso la entrega de dinero a seis imputados por el espionaje a Bárcenas
El comisario jubilado Felipe Lacasa ha descrito este jueves, en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Kitchen, la falta de control estricto en los fondos reservados que permitió a los integrantes de la llamada policía política acceder a dinero de esta partida para financiar el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas iniciado en 2013. Lacasa ocupó, entre septiembre de 2013 y mayo de 2015, el puesto de secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, desde el que se encargaba de entregar a agentes y unidades estos fondos, destinados al pago, entre otros fines, de confidentes. El alto mano ha confirmado que en ese tiempo dio fondos reservados a seis de los mandos policiales imputados por el caso Kitchen y que lo hizo siempre tras recibir “una orden verbal” del que entonces era el máximo responsable operativo de la Policía, el comisario Eugenio Pino, señalado como el muñidor del grupo parapolicial que operó en el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, también imputado en la causa.
Lacasa, que ya ha declarado como testigo en dos ocasiones ante el juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, ha identificado a los receptores de estos fondos. Se trata de los comisarios Enrique García Castaño (entonces jefe de una unidad especializada en seguimientos y que en la actualidad colabora con la justicia), Andrés Gómez Gordo (que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando esta presidía Castilla-La Mancha), José Manuel Villarejo (presunto cabecilla de la trama desmantelada en la Operación Tándem) y Marcelino Martín Blas (máximo responsable en aquellos años de la Unidad de Asuntos Internos), así como a los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Diez Sevillano, ambos agentes de la máxima confianza del comisario Pino. El alto mando policial ha asegurado que Pino nunca le explicó el destino de esos fondos: “No me tenía que dar ninguna explicación”.
Según la investigación judicial, la trama Kitchen desvió 53.266 euros de los fondos reservados, la mayor parte para abonar 2.000 euros al mes a Sergio Ríos Esgueva, chófer de Bárcenas que se convirtió en el confidente de la policía política. Además, las pesquisas han destapado otros gastos en restaurantes (2.574 euros), transporte (496 euros) y abonos de diferente naturaleza (195 euros), así como la utilización de 700 euros para comprar una pistola y la adquisición de un ordenador con el que el entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, también imputado en la causa, presuntamente consultó la documentación que supuestamente consiguieron arrebatarle de manera irregular al extesorero del PP.
En su comparecencia en el Congreso, Lacasa ha detallado que él nunca tuvo conocimiento de la existencia de una operación bautizada como “Kitchen o cocina”, pero que al saltar el escándalo recordó que en uno de los recibís que le entregó uno de los implicados, el comisario García Castaño, aparecía la palabra “cocinero”. Aunque no ha podido concretar la cantidad, el policía ha asegurado que recordaba que aquella fue una “cantidad extra” y que, para ello, su superior, el comisario Pino, tuvo que hablar previamente con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Lacasa también ha dicho que entregó dinero a los comisarios Villarejo y, sobre todo, a Gómez Gordo para que estos pagaran mensualmente a Sergio Ríos, cuyo nombre figuraba en varios recibos. El comisario ha asegurado que poco antes de jubilarse, en mayo de 2015, supo que Ríos era una persona “del entorno del señor Bárcenas”, pero que creyó que se le pagaba por facilitar información sobre el supuesto lugar donde el extesorero del PP podía esconder dinero, en línea con lo que algunos de los agentes imputados han esgrimido ante el juez para justificar su participación en la Operación Kitchen.
Un simple ‘cajero pagador’
El comisario ha insistido a los diputados con que él era un simple “cajero pagador” que recogía en “un libro bastante antiguo” todo el dinero de los fondos reservados que recibía y que, posteriormente, entregaba esas cantidades siguiendo las instrucciones del entonces director adjunto operativo. “Pino es un hombre muy hermético. Los operativos despachaban con él”, ha asegurado. También, con que nunca le preguntó a este por el destino de los fondos que entregaba a aquellos agentes que formaban parte de lo que definió como equipo “habitual” de su jefe, pese a que la mayoría nunca justificó con facturas a qué destinaban esos fondos.
Lacasa ha detallado que el más “meticuloso” era Villarejo, que presentaba recibos “hasta del aparcamiento”. De los otros cinco agentes ha asegurado que no recordaba si le llegaron a entregar justificantes. Así, del inspector Díaz Sevillano afirmó que creía que le entregó dinero en pocas ocasiones. De Fuentes Gago, que era jefe del Gabinete de Pino, que le dio fondos para abonar un billete de avión y la estancia del hotel, aunque no recordaba a qué ciudad. Del comisario Gómez Gordo, que entonces era inspector jefe y que se había reincorporado a la Policía tras dejar su puesto de asesor de Cospedal, que solo firmaba el recibí y nunca aportó facturas. En su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, Gómez Gordo admitió que con ese dinero pagó al chófer del extesorero.
El silencio del actual gestor de la partida
Tras el comisario Felipe Lacasa, ha comparecido el también comisario José Antonio Rodríguez, actual director general del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, responsable de gestionar los seis millones de euros que anualmente destina este departamento a fondos reservados. Rodríguez, que ocupa el cargo desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al ministerio, ha declinado responder a la mayoría de las preguntas sobre el uso y gestión de esta partida que le han planteado los diputados tras alegar que está sometida a la ley de secretos oficiales. Sin embargo, en el sumario figuran dos escritos remitidos por él a instancias del juez García-Castellón en el que se detalla la supuesta existencia de graves irregularidades en el control de este dinero y que apuntan a presunta ocultación delibera de las cantidades desviadas por la trama para espiar a Bárcenas.
UN AGENTE CLAVE AFIRMA QUE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD DEBIÓ LLEVAR "EL CONTROL POLÍTICO" DE KITCHEN
El comisario jubilado Felipe Lacasa, que repartía los fondos reservados, sostiene que la cúpula política de Interior "era informada de los pormenores" de cada operación y que le correspondía "el control político" de esas acciones
El comisario jubilado Felipe Lacasa fue hasta 2015 el albacea de la caja de los fondos reservados. A él acudían Villarejo, los comisarios Andrés Gómez Gordo o Enrique García Castaño y otros agentes a pedir dinero para la operación Kitchen. Este jueves ha comparecido en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga este operativo y ha desmontado el cortafuegos que en ocasiones ha establecido el PP respecto a que era un operativo exclusivamente policial.
Ha afirmado que, a la Secretaría de Estado de Seguridad, que dirigía el
imputado Francisco Martínez, le correspondía "el control político" y "era
informada de los pormenores" del gasto de cada operación de las respectivas
unidades policiales. También la comisión de estudios, que dirigía el coronel
de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, era informada de los
operativos, ha recalcado Lacasa, porque este departamento le concedía los
fondos que con posterioridad y desde su caja, él repartía a los agentes para
las distintas operaciones.
Felipe Lacasa admite que supo del operativo de espionaje a Bárcenas pero creía que era legal, para "investigar si el tesorero se lo había llevado del PP". Ha dicho que entregó los sueldos de 2.000 euros mensuales para el chófer del extesorero o "el cocinero", como en alguna ocasión le justificó en un recibí el comisario Enrique García Castaño.
Lacasa ha manifestado que el entonces Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, le dijo que diera a Villarejo aquello que pidiese, y que este comisario justificaba, a "diferencia de otros" en las distintas unidades, "hasta el aparcamiento del coche".
https://cadenaser.com/ser/2021/03/18/tribunales/1616095390_356139.html
MARLASKA NO SE PLANTEA REFORMAR EL SISTEMA DE FONDOS RESERVADOS QUE FACILITÓ EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El alto cargo de Interior José Antonio Rodriguez comparece en la comisión
del Congreso que investiga la Operación Kitchen y admite que únicamente se
estudia "alguna modernización" sin cambiar el protocolo
Uno de los principales hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Villarejo, el descontrol sobre los fondos reservados que existe pese a la Ley aprobada en 1995, no tendrá consecuencias en la gestión del Ministerio del Interior. Un alto cargo del actual departamento, José Antonio Rodríguez, ha confirmado esta tarde en el Congreso que el sistema cuya laxitud permitió a los responsables del espionaje a Bárcenas sufragar la operación “parapolicial” con fondos reservados no será reformado por el el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.
El comisario jubilado José Antonio Rodríguez es jefe del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y hoy ha comparecido ante la comisión de investigación del espionaje a Bárcenas. A preguntas del portavoz del PP, Luis Santamaría, Rodríguez ha dicho: “Estamos trabajando en medidas de modernización, pero no hay nada decidido”. Cuando el diputado le ha insistido si se modificará el actual sistema, que deriva de una Ley orgánica, Rodríguez ha confirmado que no se hará .
Los fondos reservados se distribuyen según la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y que desarrollaba a su vez de la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. El poder legislativo reaccionaba entonces a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.
La Fiscalía Anticorrupción, en el escrito que solicitó la imputación del ministro del Interior Jorge Fernández, concluía que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
Luego se ha comprobado que en las partidas no siempre se incluye, por ejemplo, el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí. A Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, no se le anotó en la casilla de colaboradores fijos, pese a estar dos años cobrando todos los meses 2.00 euros.
Esta misma tarde, el antiguo secretario general de la Dirección Adjunta Operativa, comisario jubilado Felipe Lacasa, ha descrito como el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, daba órdenes “verbales” para el reparto de los fondos a sus policías de confianza sin que el sistema fuera capaz de detectar una operación encubierta en ese proceder.
Tras Lacasa ha llegado el turno de Rodríguez que, pese a comparecer a propuesta del PSOE, no ha contestado apenas a las preguntas formuladas por ese grupo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. Tras esta situación, PP y Vox han tenido la oportunidad de reprochar a Rodríguez su histórica vinculación al PSOE en sus turnos de preguntas. Grande-Marlaska acaba de reformar la estructura del Ministerio para que el cargo de jefe del Gabinete de Coordinación pase a ser una dirección general y que Rodríguez pudiera seguir al frente pese a su jubilación como funcionario.
UN MANDO DESCRIBE EL CONTROL ABSOLUTO SOBRE LOS FONDOS RESERVADOS DEL JEFE DE LA BRIGADA POLÍTICA DEL PP: "DALE LO QUE PIDA"
El comisario jubilado Felipe Lacasa declara ante la comisión de Kitchen en el Congreso y relata cómo el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, tenía un grupo de policías que, ajenos a cualquier unidad, recibían dinero de los fondos reservados. Confirma que son el policía asesor de Cospedal o Villarejo, entre otros
El comisario jubilado Felipe Lacasa ha descrito esta tarde en el Congreso de los Diputados el funcionamiento de los fondos reservados en la Policía en el periodo en el que él fue secretario general de su Dirección Adjunta Operativa (DAO), a las órdenes de Eugenio Pino. Lacasa ha explicado cómo Pino, el jefe operativo que el PP eligió para el Cuerpo cuando Rajoy llegó al Gobierno, tenía absoluto control y decisión sobre esas partidas y que no solo las dedicaba a las distintas unidades sino también a un grupo de policías escogidos por él y del que Lacasa ofreció uno por uno los nombres. No son otros que la primera línea de la brigada política del PP.
“Dale lo que le pida”, le decía Pino a Lacasa, “cajero pagador” de los fondos reservados entre 2013 y 2015, fecha de su jubilación, según él mismo se ha descrito. Esa es la expresión que Pino utilizaba para José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y el resto de investigados en la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen: Andrés Gómez Gordo, José Ángel Fuentes Gago, Marcelino Martín-Blas y Bonifiacio Díaz Sevillano. Todos esos nombres fueron confirmados por Lacasa como perceptores de fondos reservados a decisión de Eugenio Pino, igualmente imputado.
En el caso de los fondos reservados con destino al chófer de Bárcenas, Lacasa ha dicho que los recibía en un principio Villarejo y luego Gómez Gordo, el policía asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Ahí, el compareciente se ha contradicho en parte. “El señor Pino tenía su confianza depositada en profesionales de policía de distinta categoría”, ha asegurado Lacasa en referencia a esos miembros de la brigada política. Las entregas, ha añadido, se producían en presencia del receptor, de él mismo y en ocasiones de Pino y las secretarias.
En un primer momento, Lacasa había declarado que supo de la Operación Kitchen por la prensa y, probablemente, estando ya jubilado. Después ha reconocido que cuando veía el nombre de Sergio Ríos lo vinculaba a Bárcenas porque, según él, antes de que estallara el caso Kitchen ya salía el nombre del chófer en la prensa. También ha explicado que en una de las partidas que entregó se mencionaba a un “cocinero”, pero que entonces él no supo vincularlo.
El comisario jubilado Lacasa ha declarado que pensó, como hipótesis, que ese dinero para el chófer era para una investigación acerca de que Bárcenas podría estar robando dinero al PP y que éste lo hubira denunciado, si bien no ha aclarado cómo la Policía podría llevar a cabo una investigación así sin autorización judicial. Descartó, ha añadido, que tuviera nada qeu ver con la política. “Cuando la policía se mezcla en política, nos patina el embrague”, ha añadido.
En todo caso, Lacasa ha declarado que “el dinero estaba muy controlado”, en referencia a los fondos reservados y que todos los que recibían fondos le firmaban un recibí. “Me parecía que el uso era el correcto”, ha añadido. La mayoría de los grupos le han agradecido su colaboración en contraste con el facultativo Miguel Ángel Bayo, el "hombre de los maletines" que compareció ayer y que le sucedió como "cajero pagador".
A preguntas de Enrique Santiago, de Unidas Podemos, Lacasa ha admitido que una vez entregó dinero formalmente a Fuentes Gago para un viaje. “¿A Nueva York?”, le ha preguntado el diputado, a lo que el comisario jubilado ha respondido afirmativamente. Se refiere al viaje que el inspector jefe hizo a la ciudad estadounidense para intentar conseguir una declaración firmada contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez para evitar en 2016 que el partido morado llegara al Gobierno. En una grabación publicada por moncloa.com, Fuentes Gago asegura al exministro venezolano que acude a él con un “mandato” de Mariano Rajoy.
EL "HOMBRE DE LOS MALETINES" EN LA POLICÍA SALE DE LA COMISIÓN DE KITCHEN CON UNA DENUNCIA POR MENTIR
El portavoz de Unidas Podemos Enrique Santiago aprecia indicios de delito en la comparecencia del facultativo jubilado Miguel Ángel Bayo, colaborador del jefe de la brigada política, Eugenio Pino. El compareciente confiesa que estuvo accediendo a material clasificado sin la habilitación legal y expresa del CNI
Miguel Ángel Bayo, un facultativo de la Policía que antes de funcionario sin placa fue agente, comenzó su comparecencia ante la comisión del Congreso por el caso Kitchen declarándose "un cajero de cuarta" y se marchó reconociendo que, como reveló elDiario.es en marzo de 2019, era el "hombre de los maletines" en el Cuerpo y actuaba como mano derecha en diferentes cuestiones para el jefe de la brigada política, Eugenio Pino.
En palabras del propio Bayo, él hizo de "transportista" del dinero que salía del Ministerio del Interior hacia la Policía para sufragar las operaciones secretas y no se limitaba a llevar y traer papeles, sino que los leía y se pronunciaba sobre ellos, también sobre las notas informativas que elaboraba el comisario José Manuel Villarejo.
Para eso tuvieron que pasar cuatro horas de preguntas que Bayo había sorteado "vehemente", como él mismo se describió, y con un mantra: no hablaba de nada porque todo era material reservado. Así sobrevivió a las preguntas del PSOE o de Vox, pero no a las del portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que se plantó a la excusa del material reservado por ser falsa.
Santiago recuperó la orden del Gobierno de desclasificar las cuestiones por las que se le estaba preguntando a Bayo, a petición en su momento de la Audiencia Nacional, y terminó invocando el artículo 502.3 del Código Penal para que se informe a la presidenta de la Cámara de que el diputado apreciaba "claramente indicios de criminalidad" en el facultativo jubilado. El citado artículo recoge que "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses."
Cerró el turno de preguntas, el portavoz de EH Bildu Jon Iñarritu, quien logró que Bayo, descentrado, dejara de hablara de "cajero de cuarta" para reconocer que él llevaba y traía el dinero de los fondos reservados, que era el "transportista" del dinero y que, como dijo Pino en sede judicial, le llevaba las notas informativas de Villarejo sobre cuestiones como la Operación Catalunya a otro destacado miembro de la policía política, Marcelino Martín-Blas. Y no solo que las llevaba, que también las leía y opinaba sobre su contenido.
Pero las preguntas de Iñarritu provocaron que Bayo cometiera otro error. El facultativo jubilado aseguró que él accedía a documentación confidencial sin autorización expresa para ello, una grave irregularidad. El CNI es la autoridad nacional para la protección de la información clasificada, a partir de la Ley que regular el propio Centro desde 2002. Como tal, emite unas normas que debe cumplir cada Ministerio para que su personal acceda y maneje información clasificada, según una norma de 2012.. Para que cualquier funcionario pueda acceder a esa documentación eso tiene que haber una resolución positiva del CNI. Esa es la “habilitación personal de seguridad” que Bayo ha reconocido que nunca tuvo.
Colaboración con el comisario Villarejo
En su turno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, había recuperado el historial de Miguel Ángel Bayo. Se trata del funcionario que firmaba los documentos que eximían a Villarejo de comparecer en rueda de reconocimiento en la causa por el apuñalamiento de la doctora Pinto, alegándose viajes al extranjero.
La medalla pensionada que le concedió el comisario Pino a Bayo, como le había recordado el diputado socialista David Serrada, fue defendida oficialmente por el director adjunto operativo por ser "el encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”. Una imagen ésta muy alejada del "cajero de cuarta" que había intentado ofrecer el compareciente.
Tras hacerle incurrir en varias contradicciones, el diputado Rufián concluyó: "Un patriota tiene que ponerse a temblar y desear que alguien como usted nunca esté en las instituciones".
BÁRCENAS VUELVE A SEÑALAR A RAJOY COMO MUÑIDOR DE LA OPERACIÓN KITCHEN
El PP saca los GAL, ETA y la corrupción de los otros partidos para defenderse del espionaje ilegal a su extesorero
Su comparecencia este miércoles en el congreso como víctima de la operación de espionaje supuestamente orquestada en 2013 por el Ministerio del Interior para arrebatarle documentación comprometedora para los entonces dirigentes del PP ha servido a Luis Bárcenas para volver a apuntar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otros miembros de la cúpula del partido como principales instigadores de aquella trama parapolicial. “Es una suposición, pero así lo creo”, ha recalcado en varias ocasiones. El PP ha utilizado su intervención, en la que no ha hecho preguntas a su extesorero, para citar a los GAL, ETA y los casos de corrupción de otros partidos para defenderse de las acusaciones del espionaje ilegal.
El comienzo de la comparecencia de Luis Bárcenas auguraba muchos silencios y pocas respuestas. El extesorero, que declaraba por videoconferencia acompañado por su abogada desde el Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid), donde cumple condena por el caso Gürtel, ha asegurado al tomar la palabra que se iba a acoger a su derecho a no declarar “por imperativo legal”, ya que en sus últimas declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, este le había advertido de que la causa tenía aún “carácter reservado” y, por tanto, su contenido no se podía hacer público. “Una vez que se abra el juicio oral, el primer interesado en declarar soy yo”, ha añadido.
Sin embargo, el extesorero ha terminado contestando a buena parte de las preguntas, gran parte de las cuales no tenían que ver directamente con el espionaje ilegal que sufrió, y que es el objeto de la comisión, sino sobre la caja b del PP y la “contabilidad extracontable”, como él se refiere a los apuntes manuscritos conocidos como los papeles de Bárcenas. Así, ha señalado desde el primer momento “al PP de Rajoy” y a los entonces máximos responsables del Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, ambos imputados en la causa, como el origen de las órdenes para poner en marcha la trama policial para espiarle. Más adelante, ha concretado esas acusaciones en el propio expresidente del Gobierno y la que fuera su número dos en el partido, María Dolores de Cospedal, y ha añadido a una tercera persona, cuya identidad ha declinado concretar. “Es evidente que eso [la orden del espionaje] tiene que ser de una persona del máximo nivel” dentro del PP, ha dicho.
Además, como ya ha hecho tanto en el escrito que envió recientemente a la Fiscalía Anticorrupción para mostrar su disposición a colaborar como durante su declaración como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la caja b que él gestionaba, Bárcenas ha asegurado que durante aquella operación le sustrajeron documentos comprometedores, entre ellos varios “de campañas [electorales]” que no ha querido especificar. Solo ha asegurado que esa documentación le hubiera sido muy útil para defenderse tanto en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel, por la que cumple una condena de 29 años y un mes de cárcel, como en la vista que se está celebrando.
Audio de Rajoy
Lo que sí ha vuelto a reiterar es que entre esa documentación sustraída había un audio supuestamente incriminatorio para el entonces líder del PP. “¿Hay una grabación en la que se demuestra que Rajoy destruyó los papeles de la contabilidad que usted le entregó?”, le ha preguntado el portavoz del PSOE en la comisión, Felipe Sicilia. “Eso es así, pero desconozco ahora quién tiene esta grabación... lo grabé yo, evidentemente”, ha dicho en referencia al detalle que ya había aportado en el juicio por la caja b de que en ese encuentro el entonces presidente del Gobierno destruyó en una trituradora de papel las dos últimas hojas de la declaración. Cuando el parlamentario socialista le ha inquirido si había también grabaciones de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que se convirtió en su bestia negra dentro del partido, Bárcenas se ha escudado en su derecho a no declarar.
Sobre la caja b que recogía los llamados papeles de Bárcenas que publicó EL PAÍS en 2013, Bárcenas ha mantenido lo que viene declarando desde julio de 2013 ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel. “Son ciertos completamente. Todo lo que hay apuntado ahí es real”, ha contestado al diputado de ERC Gabriel Rufián. Preguntado por sus cuentas bancarias en Suiza, donde llegó a acumular 47 millones de euros. Bárcenas ha insistido reiteradamente que él era el único titular, en respuesta a la diputada de Vox Macarena Olona, que ha asegurado que, en una reciente visita al comisario José Manuel Villarejo cuando este estaba en la cárcel, el policía le había asegurado que esos fondos pertenecían supuestamente a otros dirigentes del PP, entre ellos el exsecretario general Javier Arenas. “Ese dinero es exclusivamente mío y no hay ningún otro titular en la cuenta”, ha respondido tajante.
El interrogatorio de la representante de Vox ha sido, de hecho, uno de los momentos más tensos de la comparecencia. Olona ha llegado a acusar al extesorero del PP de “mentir” en sus últimas declaraciones judiciales y le ha recriminado ser “más colaborativo” en la comisión con el PSOE, como supuesto pago por el reciente permiso penitenciario de 12 días que le ha concedido el juez de vigilancia Penitenciaria.
El otro momento lo ha protagonizado el representante del PP, el diputado Luis Santamaría, quien ha declinado preguntar a Luis Bárcenas para dedicar los 15 minutos de su intervención a intentar desmarcar al actual PP del espionaje a su extesorero. “Hace dos años que nuestras bases optaron por la regeneración, la renovación, la ejemplaridad y el relevo generacional que representa, aplica y exige Pablo Casado”, señaló. Santamaría, que ha tildado la comisión de “juicio paralelo e inquisitorial”, ha criticado que su partido tuviera que “recibir lecciones de partidos como Bildu, los independentistas, Podemos y el PSOE”, a los que ha recriminado los GAL, los atentados de ETA, los casos Pujol y del 3% en Cataluña, el escándalo de los ERE o la investigación sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias. El diputado ha pedido al resto de grupos que reflexionen “sobre las mochilas que cargan sobre sus espaldas y comparen el peso de ellas”.
BÁRCENAS RECONOCE UNA "ESTRATEGIA COMÚN DE DEFENSA" CON EL PP PARA HACER FRENTE A LA JUSTICIA DESDE MEDIADOS DE 2016 A OCTUBRE DE 2020
Insiste en que un abogado vinculado al partido le quiso comprar prometiéndole el cese de Gallardón como ministro de Justicia
Sobre la caja B, afirma: "Son los papeles del PP, no mis papeles"
Sitúa a Rajoy en la cúspide de la 'operación Kitchen' por el interés que tendría en recuperar documentación comprometedora
''Este Gobierno, el PP y el presidente no aceptan chantajes''. Así lo dijo la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal a finales de febrero de 2013, durante la recordada rueda de prensa en la que explicó que la indemnización a Luis Bárcenas había sido "en diferido" y anunció que la formación presentaría acciones judiciales derivadas de la publicación en prensa de los llamados papeles de Bárcenas, la documentación de la contabilidad opaca y pagos de sobresueldos a dirigentes y a la que el PP no daba ninguna credibilidad. Tres años después, ya con el primer juicio del caso Gürtel en ciernes, comenzaron los contactos entre el extesorero y un abogado de la formación política para buscar un "intercambio de información y en algún momento una estrategia común de defensa".
Estas últimas palabras son del propio Bárcenas, quien ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen, el operativo policial sin control judicial que se puso en marcha en 2013 para sustraerle documentación que se pudo llevar del PP y que podía comprometer judicialmente al partido o algunos de sus dirigentes. "Esas reuniones empiezan a mediados de junio de 2016 y tienen una intensidad mayor antes del comienzo del juicio. Participa incluso alguna otra persona en esas conversaciones, y se mantiene la relación prácticamente hasta la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia de instancia (de Gürtel)", ha relatado el extesorero.
Por videoconferencia desde prisión y sentado junto a su abogada, Bárcenas ha remarcado que no se trató de una negociación por la que el PP le ofreciese algo a cambio de no colaborar con la justicia, sino que fue "intercambio de informaciones exclusivamente y en algún momento pues una estrategia común de defensa" consistente en la "no agresión", pero que nunca se negoció nada a cambio. Lo único, ha dicho, fue cuando él personalmente pidió al exconsejero madrileño Alfredo Prada que intercediera en su nombre ante Mariano Rajoy para que su mujer, Rosalía Iglesias, entrara por el garaje cuando tuviera que declarar en la Audiencia Nacional y así evitar el paseíllo ante la prensa. "Se concedió", ha recordado.
Y, en este sentido, ha cambiado de versión alegando un error de su abogado en el escrito que hizo llegar hace un mes y medio a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirmaba que hace años firmó "la paz" con su partido al creer "inocentemente" en la "promesa" que se le hizo llegar sobre que su mujer no entraría en prisión. Tal y como ha matizado ahora, en el escrito no se "precisa" bien este asunto y ha recalcado que él "en ningún momento" pensó que su esposa fuese a ser condenada, al contrario de lo que finalmente ha ocurrido. "No pedí nada y nadie se comprometió en ese sentido. Son planteamientos generales de estrategia de defensa exclusivamente", ha reiterado sobre los contactos con abogados del PP.
Comprar su silencio a cambio de echar a Gallardón
Eso fue a mediados de 2016, según la versión de Bárcenas. Pero años antes, tras la publicación de los papeles de la contabilidad B y su declaración judicial de julio de 2013, asegura que el abogado Javier Iglesias, vinculado al PP, le visitó en la cárcel de Soto del Real para transmitirle que si no colaboraba con la investigación, echarían al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que su caso acabaría en nulidad. El letrado siempre ha negado tales acusaciones.
"¿Se siente difamado por el PP?", ha preguntado el diputado de ERC Gabriel Rufián. Bajando la voz, Bárcenas ha respondido que no porque "en estos momentos" está "en otra dimensión". En este punto, el extesorero ha repetido varias veces que él está en prisión por sus delitos fiscales y blanqueo, condenado por la primera época de actividades de la trama Gürtel, y que en eso el PP "no tiene ninguna responsabilidad". Ya ha cumplido más de cuatro años de cárcel y acaba de obtener su primer permiso penitenciario. Cosa diferente será la causa sobre la caja B que aún está en instrucción, en la que se investiga un presunto delito de cohecho por las donaciones de empresarios, y que podría ponerle a él y al partido, otra vez, contra las cuerdas.
Aunque la comisión de investigación se refiere al espionaje financiado por fondos reservados que se inició en 2013 y que se investiga en la Audiencia Nacional, las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios para preguntar al extesorero han derivado hacia la caja B del PP que gestionó Bárcenas desde principios de los años noventa así como los sobresueldos en negro que habría pagado a algunos dirigentes. De hecho, en algunos momentos el propio extesorero ha tenido que recordar a los diputados el objeto de la comisión, pero todos han justificado sus preguntas en el hecho de que lo que se le sustrajo en la operación Kitchen sería documentación sobre esa contabilidad opaca.
Documentos "útiles" para el caso Gürtel y la causa de la caja B
Aunque Bárcenas ha empezado su intervención en el Congreso diciendo que no iba a declarar al estar secreta parte de la pieza sobre la Kitchen y había sido advertido de ello por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el extesorero finalmente ha accedido a responder. Tras afirmar que no tiene "duda" de que la operación ocurrió y admitir que no sabe a ciencia cierta quién fue el "autor ideológico", ha señalado que éste debió ser "una persona del máximo nivel" porque se había llevado del PP documentación sobre campañas electorales y recibos de la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B. No ha querido continuar, a pesar de la insistencia de los diputados, porque aún está en instrucción una causa penal sobre la contabilidad B, además de la ya mencionada sobre Kitchen. En todo caso, ha dicho que se trataba de documentos que hubieran resultado "útiles" para el juicio de la primera época de Gürtel y para la causa de los papeles de Bárcenas.
El portavoz socialista, Felipe Sicilia, le ha pedido que diera algún nombre sobre quién cree que puede ser ese posible autor ideológico. Para empezar, considera que el secretario de Estado de Seguridad en 2013, Francisco Martínez –imputado en Kitchen–, no tenía "un interés personal" en ordenar seguimientos contra su persona y que por tanto debía contar con el respaldo de su superior jerárquico, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz –también imputado–, y éste, de "alguien preocupado" que, "en términos de suposición", ha dicho, "sería Mariano Rajoy". "Puede haber una tercera persona incluso", ha apuntado, aunque se ha negado a pronunciar el nombre de esa persona porque, dice, no lo tiene acreditado y es lo que trata de dilucidar la investigación de la Audiencia Nacional.
El extesorero grabó a Rajoy
Ese interés que, según el extesorero, tenía el exjefe del Ejecutivo en hacerse con información comprometedora se debería, aparte de los documentos ya mencionados, a los dos audios que, tal y como ya ha asegurado varias veces, tenía en su poder y en los que se escucha cómo entregó la liquidación de la caja B a Rajoy en su despacho junto a varias hojas de esa "contabilidad extracontable", y que el entonces presidente del PP procedió a destruir esos papeles en su presencia. Esta vez, ha revelado que fue él quien grabó la conversación.
Siguiendo la línea que ha mantenido en sus últimas declaraciones en el juicio sobre el supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del PP, Bárcenas ha insistido en que "no cabe en la cabeza de nadie" pensar que él fuese el único que conocía la contabilidad B del partido, crear "toda esa estructura" sin que lo supiesen sus superiores. A la sazón, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. "Son los papeles del PP, no mis papeles", ha espetado.
Pero eso sí, ha querido dejar claro que en las anotaciones contenidas en sus papeles sobre la caja B no quedaban reflejadas contraprestaciones para empresarios que realizaran donaciones al partido, esto es, las supuestas donaciones finalistas que investiga el juez Santiago Pedraz en la causa todavía abierta sobre la contabilidad opaca del PP. "Contraprestaciones claras no existían, nunca ha sido así de claro", ha llegado a decir Bárcenas. En el escrito a Anticorrupción, el extesorero ya mencionaba que la "inmensa mayoría" de los donativos "no tenían una naturaleza finalista", esto es, como "contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado", aunque sí aseguraba que existieron "algunos casos concretos en los que sí concurrió aquella motivación".
Las donaciones, ha apuntado, eran más abundantes cuando el PP estaba en el Gobierno, ya que la mecánica, que según dice se repite en "todos los partidos políticos", es que empresarios aporten cantidades esperando algo a cambio, esto es, adjudicaciones de obras públicas.
BÁRCENAS SITÚA A RAJOY EN LA CÚSPIDE DE LA OPERACIÓN KITCHEN
Aclara que "en términos de suposición", el expresidente "sería" quien "estaba preocupado y ordenó" al ministro Jorge Fernández Díaz la operación para robarle documentos y grabaciones comprometedoras para el PP
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha señalado en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Kitchen, al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el inductor del operativo destinado a robarle documentos y grabaciones, además del "secuestro" a su familia, que pudieran perjudicar al partido y a sus dirigentes en el caso de su caja b.
Después de iniciar su comparecencia comunicando a los diputados que iba a ejercer su derecho a no declarar porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, les ha advertido del secreto de las actuaciones, ha respondido al portavoz socialista, Felipe Sicilia, que la operación no pudo partir del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, porque "ni le conocía ni sabía nada" de él, sino que a su juicio recibió "ordenes" de su inmediato superior, el ministro Jorge Fernández Díaz, y este de "alguien preocupado" que "en términos de suposición", ha dicho, "sería Mariano Rajoy".
Bárcenas ha asegurado que entre el supuesto material robado había "documentación que hubiera sido muy útil" en los procesos sobre financiación ilegal en los que está involucrado el PP, sin citar qué papeles amparándose de nuevo en el carácter reservado de las investigaciones, ha corroborado que también había una grabación al expresidente del Gobierno Rajoy. El extesorero del PP ha aseverado que es "el primer interesado" en saber si "el PP de Rajoy" está detrás del robo de documentación ejecutado por la policía política del Ministerio del Interior de Fernández Díaz.
https://cadenaser.com/ser/2021/03/17/politica/1615994332_918883.html
BÁRCENAS APUNTA A QUE EL PP QUISO ESTABLECER "UNA ESTRATEGIA EN COMÚN" ANTE EL CASO GÜRTEL
Comparece por videoconferencia en la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen
Luis Bárcenas compareció este miércoles por videoconferencia ante la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen, el dispositivo parapolicial que se puso en marcha en 2013 para robarle documentación sensible sobre el PP. Nada más arrancar la sesión, el extesorero anunció que se acogía a su derecho a no declarar, pero las preguntas del socialista Felipe Sicilia no tardaron en abordar cuestiones que iban más allá de esta investigación. En concreto, hacia la 'caja B'. El extesorero aceptó contestar a las mismas y, entre una y otra, apuntó a que el PP quiso establecer "una estrategia común de defensa" con él ante el juicio del caso Gürtel.
Su afirmación llegó en la parte final del interrogatorio de Sicilia: "¿El Partido Popular le ha pedido a usted últimamente algún acuerdo más?". El diputado se refería a las citas de 'emisarios' del PP con un contacto de Bárcenas, encuentros que, como él mismo confirmó, se prolongaron hasta 2020: "Esas reuniones empiezan a mediados de junio de 2016 y tienen una intensidad mayor antes del comienzo del juicio. Participa incluso alguna otra persona en esas conversaciones, y se mantiene la relación prácticamente hasta la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia de instancia [de Gürtel]. Pero, insisto, en ningún momento se ha estado negociando nada a cambio, ha sido intercambio de informaciones exclusivamente y en algún momento pues una estrategia común de defensa".
Como adelantó El Confidencial, una de las cuestiones que se abordaron en estas citas fue la de que el extesorero pidiera apartar al juez Juan José Ricardo de Prada del tribunal que iba a enjuiciar el caso Gürtel. En septiembre de 2016, un mes antes de que comenzara la vista oral por la primera época de actividades de la red que lideraba Francisco Correa, el PP desconfiaba ya de De Prada. Era público que era un magistrado progresista, pero consciente de que atacarle podía ser contraproducente, la formación decidió intentar una vía lateral: sugirió que vería con buenos ojos que fuera Bárcenas u otra acusación quien intentara eliminarle de la ecuación mediante una recusación, estrategia que el extesorero llevó a cabo sin éxito.
Pese a ello, Bárcenas trató de quitar peso a estas citas durante su declaración ante el Congreso. Reconoció que en 2012 pidió al exconsejero madrileño Alfredo Prada que intercediera para que su mujer entrara por el garaje cuando tuviera que declarar en la Audiencia Nacional y que así "se concedió", pero apenas fue más allá: por mucho que el abogado del PP Javier Iglesias supuestamente fuera a verle a prisión en julio de 2013 para advertirle de que su esposa podía acabar en prisión, él mantiene que no le prestó atención porque consideraba que ella "no debía tener ningún problema". Se equivocó. También sugirió que pusieron sobre la mesa la caída del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón a cambio de su silencio: "Se me ofreció pero yo no pacté nada".
Vuelve a disparar contra Rajoy
Pero antes de mencionar la "estrategia común de defensa", Bárcenas dejó caer alguna idea sobre la operación Kitchen. Dijo que, aunque se trate de una "especulación", entiende que el operativo partía de Rajoy y de la "cúpula del PP". Basó esta idea en que uno de los investigados es Francisco Martínez: "El secretario de Estado no puede tener un interés personal en ordenar unos seguimientos de esas características sin contar con el respaldo de un superior jerárquico", argumentó. "Siguiendo con las suposiciones", al entonces ministro de Interior y también imputado, Jorge Fernández Díaz, el encargo de la Kitchen se lo hace la persona "de quien dependía".
También cargó contra el expresidente siguiendo la misma línea que en el juicio de la 'caja B': apuntó a que existe un audio de una reunión con Rajoy en el que se le escucha hablar de la contabilidad paralela y destruir documentación sobre la misma. "Yo no sé si existe ya la grabación, eso se lo preguntan al comisario Gómez Gordo que allanó el estudio de mi mujer y se llevó los audios y la documentación", lanzó en referencia a la operación Kitchen. "El de Javier Arenas y el de Mariano Rajoy, no hay más audios". Pero sobre el ahora senador del PP, ha asegurado que no tenía nada que ver con las cuentas que él tenía en Suiza y en las que llegaron a acumularse 47 millones de euros, negando así el planteamiento de la diputada de Vox Macarena Olona.
A preguntas de Gabriel Rufián sobre el entramado de Villarejo, Bárcenas también mencionó un café que supuestamente mantuvo con el comisario sin saber quién era: "Era en los comienzos prácticamente de la instrucción del caso Gürtel, pero esa es la única vez que yo he estado cerca del señor Villarejo". "Yo no quedé con él, estaba comiendo en el restaurante, entró el señor González, comisario de la Policía, y entonces en presencia del tesorero, Álvaro Lapuerta, me dirigí a él recriminándole su sectarismo al investigar el caso", explicó.
Permiso de 12 días
La comparecencia de Bárcenas se produce el mismo día en el que el extesorero ha conocido que podrá disfrutar del permiso de doce días anuales que recomendó la Junta de Tratamiento Penitenciario de la prisión de Soto, donde cumple condena por la primera etapa de actividades de la trama Gürtel. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional apoyo esta salida tras el cumplimiento de la cuarta parte de su condena, pero deniega que pase a disfrutar ya de un tercer grado y la aplicación del régimen flexibilizado del artículo 100.2.
En el auto en el que se aprueba el permiso, el magistrado destaca que la decisión se propuso por unanimidad por la Junta de Tratamiento, compuesta por “rigurosos profesionales penitenciarios que estudian y valoran las distintas variables que se dan en el penado”, y tiene en cuenta que ha pasado un periodo de tres años y cuatro meses en libertad provisional sin que se proujese incidencia alguna o intento de fuga.
El magistrado destaca, además, su situación familiar, y que cuenta con apoyo externo, especialmente de su hijo, lo que, entiende el juez, “anularía” la posibilidad de fuga en una persona consecuente. No obstante, el magistrado descarta que deban ampliarse los beneficios penitenciarios porque no queda “plenamente acreditada una evolución favorable más allá de circunstancias penales y penitenciarias de normal convivencia”.
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-17/barcenas-congreso-kitchen-caso-gurtel_2996176/
GUÍA PARA NO PERDERSE EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO SOBRE LA 'KITCHEN'
Son treinta las personas citadas en la comisión de investigación sobre la supuesta utilización ilegal de fondos públicos, efectivos y recursos del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien abre este miércoles la ronda de comparecencias. La comisión parlamentaria no ha recibido documentación de la Audiencia Nacional por el carácter reservado de las diligencias de investigación.
Las comparecencias en la comisión de investigación sobre el espionaje a Luis Bárcenas por parte de la cúpula del Ministerio del Interior en los gobiernos de Mariano Rajoy con recursos públicos, entre 2013 y 2016, arrancan este miércoles y podrían durar hasta mediados del mes de mayo.
Son treinta las personas citadas para comparecer en el Parlamento, entre ex altos cargos del Partido Popular; la antigua cúpula del Ministerio del Interior, con el exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza; el comisario jubilado Villarejo; los jefes policiales que intervinieron; así como los policías que participaron en el operativo presuntamente ilegal.
También comparecerán los perjudicados: Luis Bárcenas (este miércoles por la tarde) y su esposa, Rosalía Iglesias, ambos en prisión por la condena por la primera época de la trama corrupta Gürtel. Cerrará la lista de intervinientes el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. En cada sesión de la comisión (habrá una o dos cada semana) están citadas dos personas de esta lista que ofrece Público, en el orden de comparecencia acordado por el Congreso.
Los diputados encargados de investigar el uso fraudulento de los recursos del Ministerio del Interior para fines políticos del PP, en la llamada operación Kitchen, no han recibido del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional la documentación relativa a la causa, debido a que el juez Manuel García-Castellón no la ha permitido en base al carácter reservado de la misma. La causa sigue instruyéndose y existe una pieza secreta que podría quedar expuesta si la documentación llegase a los grupos parlamentarios, según el juez. Aunque dos de ellos, Unidas Podemos y PSOE están personados en la misma, y como tal tienen acceso al sumario.
La operación Kitchen tenía varios tentáculos, y cada funcionario policial implicado, por connivencia con diversos altos cargos del PP, buscaba el tesoro de Bárcenas: discos duros con vídeos de seguridad y con la documentación contable y bancaria que pudiera haberse llevado el extesorero de la sede del PP; sus teléfonos móviles con conversaciones tanto de texto como algunos audios, en especial de una comida entre el extesorero y Javier Arenas, entonces diputado del PP andaluz y que había sido secretario general del PP entre 1999 y 2003. Pretendían hallar también la grabación de una reunión con el presidente Mariano Rajoy. Todo ese material probaría la existencia de la financiación ilegal del PP y sus cuentas en paraísos fiscales.
Esta son las personas que van a comparecer en la comisión de la Kitchen.
Luis Bárcenas
El extesorero, que trabajó para el PP desde 1982 (cuando el partido se llamaba Alianza Popular) hasta 2009, inaugura la lista de comparecientes de la comisión sobre la operación en su contra puesta en marcha por el Ministerio del Interior de Rajoy. Lo hará por videoconferencia desde la prisión madrileña de Soto del Real, aunque es muy probable que se niegue a contestar preguntas que "pudieran afectar a la pieza secreta que se investiga en la causa Kitchen", según comentan a este diario fuentes cercanas a Bárcenas.
Ya ocurrió en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, en 2017, cuando el extesorero se negó a contestar por encontrarse inmerso en varias causas judiciales.
En esta causa que se instruye en la Audiencia Nacional, Bárcenas está personado como perjudicado por el robo de documentación que probaba la caja b del PP, ocurrido en el estudio de pintura de su esposa, y por el espionaje a él y a su familia, a través de su propio chófer, ordenado por la cúpula de Interior.
Miguel Ángel Bayo Herranz
Comisario de Policía adscrito a la Secretaría General de la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Se encargaba tanto de la recepción de las notas informativas de Villarejo (que, en un momento dado, según el entonces DAO Eugenio Pino, se destruyeron por su falsedad) como del pago de recibos, dietas y otras cuestiones de intendencia. Es muy importante saber si en realidad se destruyeron esas notas informativas, y sobre qué versaban tales notas, si era sobre la operación Cataluña o Kitchen. Y también habría que preguntarle a Bayo por el pago al chófer Sergio Ríos de 48.000 euros de los fondos reservados, que fueron entregados presuntamente tanto por Villarejo y el comisario García Castaño, a razón de 2.000 euros al mes.
Felipe Eduardo Lacasa Córdoba
Comisario ya jubilado que estaba adscrito, entre 2013 y 2015, a la Secretaría General de la DAO. Este destino tiene una función administrativa. Su declaración debería explicar, como en el caso anterior de Bayo, cómo se entregaban los fondos reservados.
José Antonio Rodríguez González
Más conocido como Lenin por su supuesta militancia de izquierdas, José Antonio Rodríguez González sustituyó a Diego Pérez de los Cobos como alto mando policial en la secretaria de Estado de Interior. Aunque a priori no tendría nada que ver con Villarejo, la agenda del comisario está plagada de citas con él, ya que comparten un estrecho amigo común (también con el imputado empresario Adrián de la Joya): Manuel González, empresario y abogado con el que Villarejo montaba esas comidas "a calzón quitado" de las que hablaba con Público.
De hecho, precisamente en las fechas en las que Villarejo iba a poner una querella o denuncia a este medio de comunicación o iba a quedar con los periodistas, el comisario jubilado preparaba primero el encuentro con "los rojos" de Manuel González, del despacho Medina Cuadros, y con el comisario José Antonio Rodríguez González, alias Lenin.
Sin embargo, no fue hasta la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior cuando Lenin cogió relevancia en la Policía, puesto que en la época del Partido Popular y mientras se llevó a cabo la Operación Kitchen estaba relegado por su adherencia al PSOE.
Diego Pérez de los Cobos
El coronel de la Guardia Civil ostentaba el cargo de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando se desarrolló la operación Kitchen. Era el encargado de supervisar las peticiones de fondos reservados.
Pérez de los Cobos fue destituido como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en mayo de 2020, por "pérdida de confianza" del ministro del Interior, Grande-Marlaska, después de conocerse que el informe que envió a la jueza que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid por permitir las manifestaciones del 8 M de 2020 estaba plagado de errores que apuntaban a la culpabilidad de José Manuel Franco.
El coronel ya declaró como testigo en la Audiencia Nacional por Kitchen. Entonces negó conocer que la operación de espionaje se financiara con cargo a los fondos reservados, con los que, entre otras cosas, se pagó un sueldo de 2.000 euros al mes al chófer de Bárcenas. Cuesta creer que no revisara los conceptos y destinos a los que iba destinado el dinero de los fondos reservados.
Manuel Morocho Tapia
El inspector Manuel Morocho es el hombre clave en las investigaciones de la UDEF y ya declaró en la anterior comisión de investigación del Congreso sobre la caja B del PP. Allí intentó dejar claro que el comisario José Luis Olivera se negó a que identificara en el informe que enviaría al juzgado a "M. Rajoy" como Mariano Rajoy y a "López Hierro" como a Ignacio López del Hierro, el empresario amigo de Villarejo desde hace más de 30 años y marido de la exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a pesar de que sus indicios indicaban que los apuntes del extesorero Luis Bárcenas hacían referencia a esas dos personas.
El exnúmero 2 de la policía, Eugenio Pino, echó mano de él para que realizara un informe sobre el patrimonio de de Villarejo que ascendía a 25 millones de euros y a 92 inmuebles, solamente con la identidad oficial del comisario, más de lo que hasta ahora ha encontrado la causa Tándem hasta el momento. El informe fue finalmente firmado y enviado a Fiscalía por Asuntos Internos.
Bonifacio Díaz Sevillano
Bonifacio Díaz Sevillano participó de lleno en la Operación Cataluña, no investigada por estar bajo secreto de Estado desde que en 2014 el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy decretase las actuaciones de la Dirección Adjunta Operativa bajo este velo de ostracismo.
Estuvo destinado en Andorra, donde tuvo sus acercamientos a los hermanos Ramón e Higini Cierco de a Banca Privada de Andorra, cuando se obtuvo la cuenta de los Pujol. Sin embargo, nadie le relaciona con la Kitchen porque cuando llegó esta operación en concreto había acabado. Sólo estaba presente para Villarejo y su necesidad de sacar trapos sucios con los que defenderse de la investigación que tenía abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Plaza de Castilla y por el presunto apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto.
José Ángel Fuentes Gago
Era el jefe de gabinete de Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, un puesto que no existía ni en el catálogo de la DAO para el que ejecutó con gusto y cobrando el plus de residencia (su vivienda habitual estaba en Santander). Fuentes Gago, como mano ejecutora, además de tratar con los sindicatos, también trataba con la prensa a la que incluso llegó a amenazar, como es el caso de este diario, cuando las informaciones no salían al gusto de la Policía o cuando los tribunales no admitían sus querellas.
Fue el compañero de elaboración de informes de dudosa autenticidad junto al comisario Andrés Gómez Gordo, Cospedín. Entre estos presuntos documentos fake se encuentra el de la compatibilidad del comisario Villarejo (que, según la investigación de la Audiencia Nacional, no tenía de cierto ni la carátula) o, según Villarejo, el informe PISA contra Pablo Iglesias.
Enrique García Castaño
Es una pieza esencial en la trama Kitchen. Apodado el Gordo, es amigo y socio del comisario jubilado Villarejo. La información obtenida por el chófer de Bárcenas le llegaba a él, como comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información.
En su declaración judicial implica directamente al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, al afirmar que fue a él a quien entregó el clonado de los móviles y del Ipad de Bárcenas.
El comisario jubilado Villarejo y García Castaño trabajaron con el traficante de armas Al Kassar (condenado a 30 años en EEUU) para hacer negocios con Riad y Damasco gracias a sus influencias en el Ministerio del Interior español.
Enrique Barón Castaño
Fue comisario general de Información de enero de 2012 hasta diciembre de 2017. No está imputado en la Operación Kitchen, solo ha ido a declarar en el juzgado en calidad de testigo. Tanto el exDAO Eugenio Pino como su subordinado el comisario jefe de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo) le dejan fuera de la Kitchen por una cuestión de falta de confianza. Es más, cuando le pregunta el juez Pino asegura que "el comisario general de Información no participaba porque yo estaba al cargo; si tenemos comisario general de Información para qué queremos DAO".
Los hombres de seguimiento que se utilizaron de la Comisaría General de Información dependían de García Castaño y los fondos reservados eran facilitados por la DAO al jefe de la UCAO, no por el comisario Barón.
Andrés Gómez Gordo
Otra pieza clave de la operación es el comisario Andrés Gómez Gordo, apodado por Villarejo como Cospedín, por su vinculación a la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.
Fue jefe de seguridad de Francisco Granados, cuando este fue consejero de Interior de la Comunidad de Madrid. Justo antes, Gómez Gordo había dirigido la seguridad de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto ruinoso, por el que está imputado.
Tras su paso por la Comunidad de Madrid, fue fichado por Cospedal como director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015.
En su etapa junto a Granados, Gómez Gordo conoció a Sergio Ríos, que más tarde se convertiría en chófer de la familia Bárcenas. Sergio era el conductor de confianza del consejero Granados y conoció a Cospedal en esa época, cuando ella era la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Juan Antonio González García
Comisario conocido como J.A.G desde que sus iniciales aparecieron en los papales de la operación Malaya, de corrupción de Marbella. Policía considerado como hombre de Rubalcaba, en los inicios de la operación Gürtel era comisario general de Policía Judicial y tenía al comisario Olivera, siendo jefe de la UDEF, bajo sus órdenes.
Sus subordinados han declarado que González no hizo nada por parar los pies tanto a Olivera como a Villarejo, quien también dependió de su comisaría un tiempo hasta pasar a la DAO de Miguel Ángel Fernández Chico. Se hizo pública una conversación con él grabada en un restaurante acompañado por Olivera y Villarejo en la que Bárcenas se le acercaba para aclarar los asuntos de Gürtel. Su nombre aparece en innumerables ocasiones en las agendas del comisario recién salido de prisión.
Durante el tiempo que fue Comisario General de Policía Judicial el tándem Olivera-Villarejo campó a sus anchas con operaciones policiales poco claras como el caso Astapa de Estepona (Málaga), donde se mezclaban los intereses del comisario Villarejo con la detención del ex alcalde Antonio Barrientos; el caso del espionaje en el PP de la Comunidad de Madrid, donde el comisario Jaime Barrado denunció que Olivera estaba informando a los sospechosos; o el caso Interligare, donde se investigaba la corrupción policial que también quedó en nada.
Mariano Hervás Cuevas
Es el número dos del comisario Enrique García Castaño (alias Big o el Gordo) en la UCAO y es el "ingeniero" del que habla Castaño cuando dice que llevó un ordenador al secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y mandó su ingeniero para que además le configurara un buscador con el que trabajara sobre la documentación descargada de los teléfonos que les había proporcionado el chófer de Luis Bárcenas. Lo sorprendente es que aún no ha ido a declarar a la Audiencia por Kitchen ni como testigo.
Mariano Hervás fue quien sustituyó a Enrique García Castaño al frente de la UCAO cuando este fue destituido tras desvelar Público una conversación con él en el que se destapaba el chantaje que la "brigada política" de la policía estaba haciendo al CNI y a la Casa Real para que parasen las investigaciones contra ellos.
Marcelino Martín Blas
Fue comisario de la Unidad de Asuntos Internos hasta que, en abril de 2015 y debido a la investigación sobre Villarejo dentro de la causa del pequeño Nicolás, fue destituido, y el juez de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, se vio obligado a crear una comisión judicial que no respondiera a sus mandos dentro de Interior y tampoco a los políticos al frente del Ministerio.
Aunque está imputado en la Operación Kitchen, el propio chófer de los Bárcenas asegura que jamás habló con Marcelino Martín Blas y que con los únicos policías que trató fue con su amigo Andrés Gómez Gordo y con los comisario Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo.
Javier Iglesias Redondo
El abogado Javier Iglesias es otra pieza clave en este caso y en otros relacionados con el PP y con el comisario Villarejo. Apodado el Largo, en estos momentos es el letrado de la mujer de Villarejo y antes lo fue del extesorero del PP Álvaro Lapuerta.
Precisamente con el encargo de María Dolores de Cospedal para que se encargara de la defensa de Lapuerta por el caso Gürtel, Javier Iglesias se convirtió en el abogado de confianza del PP, hasta el punto que se le encargó, según grabaciones incautadas al comisario Villarejo, un proyecto para remodelar el organigrama de los cargos de la Audiencia Nacional siguiendo los intereses del PP.
Pero en el proyecto estrella en el que participó presuntamente Iglesias, el Largo, fue en Andorra para salvar de sus problemas fiscales a los empresarios y hermanos Higini y Ramón Cierco, mediando entre la Banca Andorrana (BPA) y el Gobierno de Mariano Rajoy.
Villarejo y Javier Iglesias también se reunieron con Josep Pujol Ferrusola para hacerle "la oferta” de que si paraba a ERC se cerraría la investigación sobre su familia en la Audiencia Nacional.
Silverio Nieto Núñez
Sacerdote, exjefe de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Espola, Nieto hizo presuntamente de intermediario entre Francisco Martínez y el exministro Fernández Díaz cuando la operación Kitchen se dio a conocer en la prensa.
El sacerdote, que había sido confesor del exministro, recibió mensajes por WhatsApp del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, detallando cómo había llevado ante notario los mensajes cruzados con Fernández Díaz sobre el supuesto operativo pagado con fondos reservados. Sin embargo, en su declaración como testigo, el sacerdote intentó desvincularse de cualquier conocimiento del operativo.
José Luis Olivera Serrano
José Luis Olivera, según las grabaciones de Villarejo, estaba informado de la operación Kitchen, Cataluña y de todas las operaciones al margen de la ley que efectuó Villarejo ya que tuvo un papel clave en favor del PP en 2009, cuando era jefe de la UDEF y estalló el caso Gürtel.
También lo tuvo en el caso del espionaje de la Comunidad de Madrid a favor de Francisco Granados y fue durante su mandato cuando no se incluyeron en Gürtel las grabaciones entregadas por José Luis Peñas que hubieran podido destapar lo que hoy conocemos como caso Púnica y que investiga la Guardia Civil.
En el sumario aparecen grabaciones de Villarejo y Olivera en 2017, cuando el segundo dirigía el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) hablando de Kitchen y de su papel para ayudar al PP en Gürtel.
Eugenio Pereiro Blanco
Comisario general de Información que sustituyó a Enrique Barón en su puesto tras ser destituido en diciembre de 2017. A priori no tiene relación con la causa Kitchen.
Eugenio Pino Sánchez
La trama Kitchen salpica de lleno a la cúpula policial de la época de Fernández Díaz, conocida como 'brigada política', con el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, al frente, la implicación de subordinados como José Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz, y con Villarejo y García Castaño como principales operativos. Su relación con Eduardo Inda y otros periodistas receptores de los informes policiales ilegales también se ha investigado en los tribunales.
Rosalía Iglesias Villar
Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, cumple condena de trece años, en la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares (Madrid) por su colaboración en la ocultación del patrimonio ilícito de su marido. Según la sentencia de la primera época de la trama Gürtel, confirmada por el Tribunal Supremo, Rosalía Iglesias tenía "pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las que el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular".
En la investigación que emprende ahora el Congreso, Rosalía Iglesias es la víctima de una operación para seguirle los pasos y localizar las pruebas sobre la caja b del PP y sobre las cuentas que cargos del partido, incluido su marido, poseían en Suiza, adonde había ido a parar buena parte de los donativos de empresarios al Partido Popular.
La operación arrancó en 2013, con la contratación por parte del matrimonio Bárcenas-Iglesias del chófer Sergio Ríos, que, en realidad, trabajaba para el comisario Villarejo y para el entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, alias El Gordo, a las órdenes del director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, dependiente del Ministerio del Interior.
Rosalía Iglesias y su hijo, Willy Bárcenas, sufrieron el asalto en su casa, en octubre de 2013, por parte de un falso cura, que le atacó y pidió los pendrives de la caja b.
Sergio Ríos Esgueva
Es el chófer de la Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias que sirvió de topo de la policía bajo el alias de El cocinero, aunque sus conocimientos del Partido Popular son mucho más amplios ya que empezó como conductor de Francisco Granados en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.
Fue bajo las órdenes de Granados que se hizo amigo de Andrés Gómez Gordo, el hombre de María Dolores de Cospedal, y de ahí dio el salto a la Policía, el pago final por su participación en la Operación Kitchen, como publicamos en septiembre de 2015. Ahora es policía, una promesa que le había hecho presuntamente el comisario Villarejo como pago por sus servicios.
Jorge Sanchís Bordetas
El abogado Jorge Sanchís Bordetas fue nombrado director de gabinete de Francisco Martínez en 2015. El pasado mes de noviembre declaró como testigo en la causa abierta por la Kitchen, negando conocer el operativo, pese a ser una persona de confianza del secretario de Estado de Seguridad. Sí que admitió Sanchís haber hablado con Francisco Martínez del tema, cuando comenzaron a salir informaciones de prensa, pero de modo informal.
José Antonio Nieto Ballesteros
Secretario de Estado de Interior con el ministro Juan Ignacio Zoido, cuando ya estaba acabada la Operación Kitchen. Cordobés como Villarejo, el comisario intenta influirle a través de María Dolores de Cospedal como confesó en una comida con el marido de Ana Rosa Quintana y también procesado en la causa Tándem, Juan Muñoz.
Pero a priori, Nieto Ballesteros no tiene nada que ver con el Operativo de Kitchen que llevó en persona su antecesor en el cargo, Francisco Martínez, ya que Villarejo estaba jubilado cuando él entró en Interior.
José Manuel Villarejo Pérez
El comisario jubilado y recién salido de prisión comenzó su andadura en la policía en 1971 y desde su dudosa excedencia del cuerpo en 1983 ha ido de operación siniestra en operación siniestra hasta la cárcel de Estremera de la que acaba de salir.
En la Operación Kitchen, Villarejo recibía instrucciones de los empresarios Ignacio López del Hierro y Mauricio Casals, y no del ministro Fernández Díaz o del Secretario de Estado, Francisco Martínez, que parece que sí se las daban al comisario Enrique García Castaño.
Villarejo está investigado en la causa Tándem, que ya engloba 31 piezas separadas de diferentes proyectos de los que a formado parte desde 2004. Sin duda, con la cantidad de informes hallados en el registro de su casa, se pueden decir muchas cosas menos que no trabaja. De algún lado han tenido que salir los 25 millones de euros y 92 inmuebles que le detectó la UDEF en 2016 solo con su identidad real, porque con el salario de funcionario policial es imposible obtenerlo. Según las grabaciones de ese momento, solo se había localizado el 10% de todo su patrimonio. Sin duda todavía queda una gran investigación por hacer (para más información sobre Villarejo, ver aquí).
Ignacio Cosidó Gutiérrez
Fue director general de la Policía entre 2012 y 2016. Eugenio Pino, exDAO, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón que Cosidó estaba al corriente de la operación Kitchen porque él mismo le informó sobre ello.
La defensa del comisario jubilado Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía, ha pedido que Ignacio Cosidó declare en la Audiencia Nacional sobre si fue él o Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, quien le habló a Eugenio Pino de lo poco conveniente que era que el jefe de Asuntos Internos fuera quien controlara al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente. La petición de Martín-Blas aún no se ha resuelto.
Francisco Martínez Vázquez
Fue secretario de Estado de Seguridad, es decir, el número dos del Ministerio del Interior, entre 2016 y 2018. El entorno de Mariano Rajoy quiere que recaiga sobre él la responsabilidad por haber montado la operación Kitchen en connivencia con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En unas notas halladas en su teléfono, Martínez afirmó que recibió instrucciones "muy concretas" y tuvo "presión diaria para obtener y transmitir la información". Está imputado en esta causa por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación
Ignacio López del Hierro
En el sumario del caso queda constancia de que el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, puso en contacto a Gómez Gordo con Villarejo para que éste contactara con Sergio Ríos y le convenciera de ser un topo. También participó presuntamente en los pagos al chófer en 2015.
María Dolores de Cospedal García
Secretaria general del PP, presidenta de Castilla-La Mancha y ministra de Defensa. A un paso de resultar imputada en la causa Kitchen al tener el juez sospechas de la ex número dos del PP tenía un "interés personal" en conseguir la documentación que guardaba Bárcenas y que supuestamente podría ser comprometedora tanto para ella como para otros exdirigentes del partido.
Amiga de Villarejo, como queda patente en las grabaciones incautadas al comisario jubilado.
Jorge Fernández Díaz
Ministro del Interior entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016. Imputado en la causa por el espionaje a Bárcenas, el 18 de octubre de 2013 comunicó a su segundo, Francisco Martínez, en un mensaje: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 Ipad). Mañana tendremos el informe".
Mariano Rajoy Brey
Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con fecha 29 de octubre de 2018 (que consta en el sumario de la operación Kitchen desde el pasado mes de septiembre), vincula al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy con el espionaje a Luis Bárcenas. En dicho informe, los policías que participaron en la operación citan a Rajoy con el mote de El asturiano.
https://www.publico.es/politica/guia-no-perderse-comision-congreso-kitchen.html
¿QUIÉN ES LA X DE LA 'KITCHEN'? LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ARRANCA EN EL CONGRESO CON RAJOY EN EL PUNTO DE MIRA
Los trabajos comenzarán con la declaración de Bárcenas, que ya ha apuntado a Rajoy y Cospedal como los interesados en poner en marcha el operativo parapolicial
El órgano parlamentario nace lastrado por el déficit de documentación tras la negativa del juez a dar traslado de partes del sumario
Uno de los policías imputados recuerda a la Mesa que los comparecientes no tienen autorización para hablar sobre el uso de los fondos reservados
Luis Bárcenas y su guerra abierta contra el expresidente Mariano Rajoy y lo que él llama "el PP antiguo" inaugurará las comparecencias de la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen. Con la precampaña y, posteriormente, campaña electoral madrileña como telón de fondo político, este órgano parlamentario tratará de ahondar, con sesiones previstas hasta junio, en el operativo policial sin autorización judicial que se puso en marcha en 2013 para robar documentación que el extesorero se había llevado del PP cuando fue despedido y que podía comprometer tanto al partido como a algunos de sus dirigentes.
Los trabajos comienzan este miércoles con la víctima de la trama, Luis Bárcenas, quien la semana pasada ya ofreció un adelanto de lo que será su intervención en la Cámara Baja al señalar directamente a Rajoy y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como centro de sus acusaciones sobre quiénes estaban más interesados en poner en marcha el operativo parapolicial. La incógnita que está aún por despejar es si en las sesiones parlamentarias se podrá intuir quién es la X de la Kitchen, teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional, que lleva investigando este caso desde hace más de dos años, aún no ha logrado aclararlo.
En el juicio que se celebra estos días por la caja B del PP, el extesorero insistió en que "el PP antiguo, no el actual de Pablo Casado, el antiguo, las personas y dirigentes del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy, organizaron una operación parapolicial" para robarle documentos y audios que acreditarían la existencia de la "contabilidad extracontable", como él la llama, y habló de dos grabaciones sustraídas en las que se oirían conversaciones que mantuvo tanto con Rajoy como con el ex secretario general Javier Arenas, que probarían que ambos tenían conocimiento de esa caja B. "Si se ha destruido o no, no lo puedo afirmar", remarcó.
Según el relato de Bárcenas, primero habló con Arenas, a quien comentó que le quedaba "un saldo en la caja B" y que "dadas las circunstancias" entendía que ya no se iba a utilizar. El ex secretario general del partido le instó a "desentenderse de eso" y a entregarle ese "sobre" al entonces presidente del PP porque "él sabe lo que tiene que hacer". Siempre según el relato del extesorero, subió al despacho de Rajoy para entregarle esa cantidad y mostrarle las dos últimas hojas de la contabilidad opaca y el entonces jefe del Ejecutivo le espetó: "Pero Luis, ¿cómo podéis llevar esto?". El extesorero le explicó, según su narración, que "era una indicación de Álvaro Lapuerta y que era una garantía" para ellos, "por si alguna vez se ponía en duda una aportación de algún empresario, que nadie pudiera decir que había habido una apropiación indebida por parte de alguien". Ahí, dijo Bárcenas, terminó la conversación, pues Rajoy cogió los papeles, se "giró" y los "destruyó" en una máquina.
"Organizan una operación para sustraerme los documentos que servirían para respaldar el conocimiento de Rajoy de una contabilidad paralela extracontable", afirmó el extesorero del partido conservador.
Su otro gran objetivo: María Dolores de Cospedal. No es un secreto el enfrentamiento que ambos mantuvieron en el pasado en los tribunales. La semana pasada, Bárcenas también se ocupó de citarla en varias ocasiones durante el juicio, insistiendo en que también cobró sobresueldos en negro, pero también apuntando hacia ella al afirmar que el comisario Andrés Gómez Gordo, uno de los policías imputados en Kitchen y asesor de la ex secretaria general en el gobierno de Castilla-La Mancha, fue el que "se llevó" los audios que implicarían a Rajoy y "debería aportarlos".
La comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen ha preparado una treintena de comparecencias que incluyen, después de Bárcenas, a mandos policiales imputados en esta pieza 7 del caso Villarejo, pero también otros nombres que aparecen en el sumario de la causa que habrían tenido conocimiento de la operación, como el exjefe de la UDEF José Luis Olivera o el abogado Javier Iglesias, ambos grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. También se citará al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del caso Gürtel, Manuel Morocho, quien explicó ante el juez Manuel García Castellón cómo el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le apartó de esa causa en 2015.
Dos políticos imputados
Después, será el turno de los políticos. Aparte de Rajoy y Cospedal, que serán los últimos, también están en la lista de comparecientes el marido de ésta, Ignacio López del Hierro, por la relación con Villarejo; la antigua cúpula de Interior con Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez; el sucesor de éste último, José Antonio Nieto; y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. De todos estos, sólo Fernández Díaz y Martínez están imputados por la operación Kitchen, al estar al frente del departamento que gestionaba los fondos reservados de la Policía. Ninguno de los dos ha apuntado hacia sus superiores en sus declaraciones ante el juez y mientras que el primero asegura que desconocía por completo este operativo, el segundo defiende que creía que era legal y que estaba en conocimiento del juzgado que investigaba el caso Gürtel.
Sin embargo, este órgano parlamentario, que prevé alargar sus sesiones hasta junio –sin perjuicio de que pueda haber más ampliaciones de plazos–, comienza lastrada por la falta de documentación del sumario de la causa que aún se investiga en la Audiencia Nacional y con limitaciones que podrían alegar los comparecientes para hablar sobre el uso de los fondos reservados, que es una de las claves puesto que la trama se financió con este dinero público.
Para realizar los trabajos con toda la información disponible y que los diputados puedan hacer las preguntas pertinentes a los comparecientes, la comisión de investigación, que preside la socialista Isaura Leal, solicitó tanto al juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, como a la Fiscalía Anticorrupción documentación muy concreta del sumario de la causa. Según han informado fuentes parlamentarias, la petición se cursó a través del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado, respectivamente. En el caso del Ministerio Público, no rechazaron hacer entrega de lo solicitado, si bien aclaraban que se trataba de copias, no de los documentos originales –los cuales están a buen recaudo en la Audiencia Nacional–, por lo que no podían asegurar que fueran "íntegras y completas". En lo que respecta al magistrado, éste contestó a la comisión que no remitirá la documentación debido a que "se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado".
Los papeles que requirió la Mesa de la comisión abarcaban desde información relativa al comisario jubilado José Manuel Villarejo y sus agendas incorporadas a la causa, hasta las grabaciones efectuadas por el expolicía a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, así como la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017 en la que comentaron que Rajoy había sido grabado admitiendo conocer la financiación irregular del partido y los sobresueldos en negro. También solicitó tener acceso a los archivos del teléfono móvil del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil del exministro Jorge Fernández Díaz y que hacían mención al operativo. Sumaba a esto todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas fichado como confidente, a la escala básica de la Policía.
Pues bien, el instructor respondió con un breve escrito, consultado por infoLibre, en el que recordaba que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral", y que hay "límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario". Por eso, incidía en que no remitía lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación escudándose en "la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas".
El otro hándicap de este órgano parlamentario es que muchos de los comparecientes son cargos policiales imputados en la Audiencia Nacional y todo aquel que esté investigado está exento de contestar a las preguntas de los diputados para no incriminarse. Además, las diligencias de la pieza 7 del caso Villarejo versan sobre la utilización de dinero público, al menos 53.000 euros provenientes de los fondos reservados, para financiar un operativo policial sin autorización judicial y con el objeto de destruir pruebas de la caja B del PP, un asunto sobre el que el Consejo de Ministros ya tuvo que dar autorización a los imputados para hablar de ello ante el juez.
Los fondos reservados
Sobre esto mismo envió un escrito a la Mesa de la comisión el comisario jubilado Enrique García Castaño, alias El Gordo, uno de los policías investigados y quien se habría hecho con dos dispositivos electrónicos de Bárcenas. Dos agentes han declarado en la Audiencia Nacional que fue el chófer del extesorero quien les facilitó los dispositivos en octubre de 2013 y que los clonaron sin ningún tipo de orden judicial y sin dejar registro de nada, todo por indicación de García Castaño, que entonces era su superior.
Según adelantó ABC y han confirmado fuentes parlamentarias, el comisario remitió un escrito en el que recuerda que no tiene autorización del Consejo de Ministros para revelar secretos oficiales a este órgano del Congreso, sino sólo a la Audiencia Nacional, lo que supone un obstáculo para que explique el uso de los fondos reservados en general, y en el caso de Kitchen en particular. Otros mandos policiales podrían alegar también este impedimento para declarar sobre la gestión de los fondos.
SECRETO JUDICIAL, DUDAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA AMENAZAN LA COMISIÓN KITCHEN
La investigación en la Audiencia Nacional tiene aún partes secretas y los comparecientes están condicionados por sus citaciones ante el juez instructor
Salvo nuevos aplazamientos, el 17 de marzo arrancará en el Congreso la comisión de investigación de Kitchen, la operación parapolicial puesta en marcha durante el Gobierno de Mariano Rajoy para obstaculizar el proceso de Gürtel. Lo hará con la comparecencia del extesorero de Génova Luis Bárcenas, pero con muchas dudas políticas de los partidos y con frenos judiciales. Las intenciones de la comisión, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, han chocado con las limitaciones impuestas desde la Justicia. El motivo es evidente, la pieza sobre el espionaje al extesorero es una de las muchas que instruye en la actualidad la Audiencia Nacional. Es decir, no hay nada cerrado, sino que la investigación está en pleno desarrollo.
Para complicar aún más el resultado, el sumario de Kitchen cuenta con una parte declarada secreta y la línea entre lo que es reservado y no es tremendamente fina. Prueba de ello es la decisión adoptada hace unos días por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, de no remitir documentación alguna a las Cortes. El juez no pudo dejarlo más claro: "Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral", dijo a la Cámara Baja. Para el magistrado, hay "límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario". La comisión pedía acceso a pruebas en pleno análisis de los investigadores, como las agendas de Villarejo o el contenido de los teléfonos incautados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez.
Esta contundencia del juez es un aviso para navegantes. En concreto, para aquellos de los comparecientes que tienen la condición de investigados. El propio José Manuel Villarejo, que acaba de salir de prisión, o el extesorero Luis Bárcenas, cuya declaración está prevista para el 17 de marzo, están obligados a guardar silencio. Sus defensas les aconsejarán que no hablen, ya que —más allá de una cuestión estética— hacerlo puede implicar la comisión de un delito. Lo mismo sucede con el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
Los que no están imputados también medirán al máximo sus palabras. Algunos de ellos aún no han pasado por la sede judicial, como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, pero pueden ser citados; ya que, como destaca el juez, la instrucción se encuentra en pleno desarrollo. En lo político, la comisión ha sido planteada como una forma prolongada de debilitar y desgastar al PP. Sin embargo, algunos partidos no ocultan su preocupación por algunas consecuencias de esa investigación, porque supone abrir en canal de forma pública la seguridad del Estado y porque puede favorecer a partidos de los extremos del espectro, especialmente a Vox.
El partido de la extrema derecha ha planteado su participación como una ocasión única de debilitar al PP, con quien compite por liderar la oposición. Macarena Olona, abogada del Estado con experiencia en investigaciones judiciales, será la portavoz de Vox en los interrogatorios. El PP, por su parte, buscará desligarse de los hechos y, sobre todo, relacionar gobiernos del PSOE con las actividades de policías investigados, como el propio Villarejo. Este último punto preocupa a los socialistas, especialmente a los que proceden de gobiernos anteriores.
LA COMISIÓN KITCHEN DEL CONGRESO SE ATASCA AL NEGAR EL JUEZ LA DOCUMENTACIÓN
Los diputados prorrogan su primer plan de trabajo de tres meses sin tener aún ninguna documentación y sin haber organizado ninguna comparecencia
La comisión de investigación sobre la Operación Kitchen se creó hace dos meses en el Congreso, pero no acaba de arrancar. Los diputados encargados de indagar sobre actuaciones irregulares en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy no han recibido ninguna documentación, y la comparecencia inicial de Luis Bárcenas, el extesorero del PP, se vuelve a aplazar. El juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón, ha notificado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no puede facilitar los documentos requeridos porque” las actuaciones judiciales tienen carácter reservado en sede de instrucción”.
La comisión Kitchen del Congreso parece gafada. La Mesa que debe organizar el plan de trabajo —aprobado no sin demoras y con discusión en enero— se citó este martes otra vez, pero para aprobar una prórroga de su funcionamiento. El plazo inicialmente previsto de tres meses casi se ha cumplido sin que se haya registrado actividad alguna.
El 24 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió formalmente a la presidenta del Congreso la respuesta negativa del titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, a la solicitud de la comisión de investigación Kitchen de una serie de documentos y diligencias del caso. El magistrado basa su negativa en el “carácter reservado” de las actuaciones judiciales en sede de instrucción, “un principio fundamental” sustentado en el artículo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo dispone “que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”.
El magistrado recuerda que el actual procedimiento judicial del caso Kitchen en la Audiencia “se encuentra en fase de instrucción y por tanto con carácter reservado”. García-Castellón alude a ese momento procesal, y a “la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes”, para argumentar que suponen un “límite infranqueable” para remitir esa documentación judicial ahora al Congreso.
Villarejo y Rajoy
La Mesa de la comisión Kitchen discutió este martes esta situación de atasco en sus trabajos provocada por la respuesta judicial, y optó en cualquier caso por seguir adelante, pese a las críticas planteadas por los representantes del Partido Popular. El PSOE y otros partidos, como Vox, defendieron en las primeras discusiones sobre el sentido de la comisión Kitchen que, antes de requerir determinadas comparecencias muy mediáticas y probablemente polémicas (como las del comisario preso José Manuel Villarejo o de los responsables políticos en Interior de aquella etapa que tuvieron alguna relación con el reparto irregular de fondos reservados), podía resultar mejor centrarse en el estudio de las ordenes y las instrucciones policiales. Y así convenció el PSOE a Podemos de dejar para el final las citaciones al expresidente Mariano Rajoy, al exministro Jorge Fernández, a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y a su esposo, Ignacio López del Hierro, y a los exsecretarios de Estado de Seguridad. Podemos, a su vez, insistió con otros partidos en no descartar que se llamase a Villarejo, como querían los socialistas.
El PP fue en su día, el 1 de octubre, el único partido que rechazó en pleno crear esta comisión propuesta por PSOE y Unidas Podemos, y que concitó el apoyo de 206 parlamentarios de esas formaciones y de Ciudadanos, PNV, Junts, Más País, Compromís, BNG, EH-Bildu, CUP, UPN y Nueva Canarias, y 54 abstenciones de Vox, Coalición Canaria y Teruel Existe.
El PP volvió a intentar este martes, como hizo en enero cuando salió adelante el primer plan de comparecencias y de peticiones de documentos, que la comisión pospusiese de nuevo sus sesiones hasta poder recibir todos los partidos la misma información del caso. Los populares entienden que PSOE y Podemos, al estar personados en la causa, disponen de mayor acceso a cómo discurre la investigación judicial. Ese intento de aplazamiento no prosperó, pero sí se acordó postergar una semana más, hasta el 17 de marzo, la esperada primera comparecencia en la comisión, que debe ser la de Luis Bárcenas, el extesorero nacional del PP. Bárcenas ya tiene la semana que viene señaladas varias sesiones del juicio abierto en la Audiencia sobre la caja b del PP que él manejó tantos años y que se tuvieron que suspender al contagiarse de coronavirus uno de los investigados que tenía que declarar.
Un precedente en 2016 con el voto contrario de De Prada
En noviembre de 2016, la Audiencia Nacional ya rechazó entregar al Congreso documentación judicial sobre la financiación ilegal del PP. La sección segunda de la Sala de lo Penal decidió entonces negar lo que pedía la comisión de investigación del Congreso con el argumento de que el “acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales pueden poner en riesgo los derechos” de los procesados. Según la Audiencia, la presunción de inocencia de los acusados “podría verse comprometida” por una “investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal y a la tutela de los derechos propios de la función judicial”.
La sala argumentó que algunos de los informes demandados desde el Congreso se habían obtenido bajo “el control judicial y con el designio de investigar posibles conductas delictivas, permitiendo por ende la investigación de hechos y datos personales a los que no hay acceso por terceros”. Aquel rechazo de la Audiencia fue aprobado por cuatro de sus cinco magistrados, con el único voto particular en contra del juez José Ricardo de Prada, que defendió que se entregase la documentación bajo estrictas condiciones. De Prada es ahora el clavo al que se sujeta el PP para seguir bloqueando la renovación pendiente del caducado Consejo General del Poder Judicial. El PP le clasifica como uno de los vocales próximos a Unidas Podemos y le identifica como el autor de la frase más condenatoria para los populares y Mariano Rajoy en la sentencia del caso Gürtel.
La Mesa de la comisión Kitchen, controlada por la mayoría del PSOE y Unidas Podemos, resolvió ayer volver a reunirse la semana que viene para prorrogar su mandato agotado de tres meses y analizar por dónde deberían comenzar a trabajar, todavía sin documentos judiciales y sin un programa organizado de comparecencias.
EL JUICIO POR LA 'CAJA B' DEL PP OBLIGA A RETRASAR AL 17 DE MARZO LA COMPARECENCIA DE BÁRCENAS EN EL CONGRESO
El juicio por el caso de la caja b del PP, que tiene previsto retomar la próxima semana la Audiencia Nacional, ha obligado al Congreso a desplazar del 11 al 17 de marzo la comparecencia ante la comisión que investiga el caso Kitchen del extesorero del PP Luis Bárcenas.
La comisión había fijado inicialmente el 11 de marzo el arranque de las comparecencias, con la de Bárcenas, pero al coincidir con la vista oral, finalmente este martes la mesa de la comisión ha decidido retrasarla una semana. Según han precisado fuentes parlamentarias, ésta tendrá lugar por videoconferencia el día 17.
Y lo mismo ha hecho con la de Miguel Ángel Bayo Herranz, el funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados, quien sí acudirá al Congreso a prestar testimonio justo después de Bárcenas.
Para el día siguiente, el 18 de marzo, se mantienen las comparecencias de Felipe Eduardo Lacasa, colaborador en Dirección Adjunta Operativa del su entonces máximo responsable, Eugenio Pino, y a José Antonio Rodríguez González conocido como comisario Lenin.
En todas las comparecencias, cada uno de los grupos parlamentarios dispondrá de 15 minutos para formular preguntas al compareciente en un formato de interrogatorio, sin intervención inicial. la Presidencia, que ocupa la socialista Isaura Leal, irá moderando la sesión y los tiempos.
BATET PUENTEA AL JUEZ DEL CASO VILLAREJO Y SOLICITA DATOS RESERVADOS SOBRE KITCHEN A ASUNTOS INTERNOS
La presidente del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha girado una solicitud al la Unidad de Asuntos Internos para que le remita archivos que obran en el sumario de la operación Kitchen El PP exige que Iglesias comparezca en la ‘Comisión Kitchen’ y el PSOE no llama a Villarejo
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha girado una solicitud a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que le remita archivos que obran en el sumario de la operación Kitchen –operativo policial desarrollado entre 2013 y 2015 para sustraer a Luis Bárcenas información sensible que afectaba al PP– y utilizarlos, de esta manera, en la comisión de investigación que tendrán lugar en las próximas semanas. La socialista Batet ha decidido preguntar a la Policía Nacional con el objetivo de puentear al juez Manuel García-Castellón que ha respondido que no atenderá dicha petición porque los documentos «se encuentran en fase de instrucción y por tanto tienen un carácter reservado».
El instructor del caso Villarejo indica en un informe fechado el 22 de febrero que esa reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recuerda que el mismo señala que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral». Por tanto, insiste en que estas diligencias «como es público y notorio» se encuentran en fase de instrucción.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional añade: «Hay límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario». Por ello, incide en «la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas».
Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que «tratar un asunto judicializado, que se está investigando, en las Cortes Generales puede conllevar a un juicio paralelo de los imputados y, por ende, también puede salpicar a aquellos otros que no están siendo investigados en este procedimiento pero que formaban parte del Gobierno durante el desarrollo del operativo policial montado para sustraer información sensible al ex senador Bárcenas». Prosiguen: «El uso de esa documentación podría afectar a la presunción de inocencia de los investigados».
Puentear al juez
La Mesa de la comisión Kitchen del Congreso de los Diputados, con mayoría del PSOE y Podemos, ha optado ahora por puntear al juez –tras la respuesta negativa de éste– y formular la misma petición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas de la investigación y dirigidas por el ministro socialista Fernando Grande-Marlaska.
Tal y como adelantó OKDIARIO, PSOE y Podemos desde el principió pretendieron sortear al juez porque «conocían de antemano cuál sería el veredicto de acuerdo a la ley», explican fuentes consultadas por este periódico.
El problema es que sería ilegal que la Policía enviara los oficios y los informes que han solicitado si previamente el juez del caso no ha dado su beneplácito, pues es el único con autoridad para permitir que salga ningún papel del sumario. Fuentes consultadas por este periódico recalcan: «No pueden enviar ni un solo papel si el juez no lo autoriza. El magistrado es el único que puede decir qué papeles se pueden enviar al Congreso».
Las agendas y la cinta de Cospedal
La presidente del Congreso requirió al Juzgado información relacionada con el ex comisario José Manuel Villarejo, principal investigado en la macrocausa, así como sus agendas y las grabaciones efectuadas por éste a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Hay que recordar que el Ministerio Fiscal ha solicitado la imputación de ambos por presuntos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Sin embargo, García-Castellón ha decidido no dar este paso por ahora.
También se ha solicitado la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017. En esa fecha Villarejo ya estaba jubilado y le quedaban sólo nueve meses para que la Unidad de Asuntos Internos llamase a su puerta para detenerle y realizar un registro domiciliario en su casa de Boadilla del Monte (Madrid).
Acceso a archivos telefónicos
La socialista Batet además requería tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez, ex número 2 de Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz, y las dos actas notariales instadas por él en relación a los mensajes en los que se mencionaba el operativo, que dice haber recibido desde el móvil del ex ministro del Interior de Rajoy. Los investigadores acaban de incorporar un informe con estas conversaciones.
Por último, la comisión también solicitaba todos los oficios policiales de la causa; el informe por el cual el inspector José Ángel Fuentes Gago declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial; los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los agentes implicados; y la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, ex chófer de Bárcenas y que realizó una labor de infiltrado en el operativo, a la escala básica de la Policía.
OKDIARIO adelantó que en el operativo se pagaron sobornos con dinero de los fondos reservados – partida presupuestaria destinada para combatir el terrorismo y el crimen organizado– al chófer de Luis Bárcenas. A cambio, éste debía ejercer la labor de ‘topo’ y conseguir los documentos sensibles que escondía el ex tesorero. El conductor fue premiado con 48.000 euros (2.000 euros mensuales durante dos años) y el acceso a una plaza de la Policía Nacional, según apuntan las investigaciones.
EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN SEÑALA AL CONGRESO QUE NO REMITIRÁ LA DOCUMENTACIÓN DE LA 'KITCHEN' POR SU "CARÁCTER RESERVADO"
El magistrado de la Audiencia Nacional también sostiene que la "necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y terceras personas suponen límites infranqueables que, en el presente caso, se verían afectados por la remisión de documentación judicial".
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa de la Operación Kitchen, ha enviado al Congreso un escrito en el que confirma que no remitirá a la comisión de investigación sobre la trama la documentación que obra en el sumario de la causa judicial, ya que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción y por lo tanto, "con carácter reservado", tal como aseguran fuentes parlamentarias a este medio.
El órgano parlamentario acordó por unanimidad el pasado 28 de enero la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo y del resto de cargos policiales y políticos presuntamente implicados en la trama sobre la operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior, a instancias del PP y pagada con fondos reservados, para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre la corrupción de la formación. Asimismo, los grupos aprobaron la documentación que se debía requerir al Gobierno, sobre asuntos relaciones con Interior, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional.
En este sentido, el Ministerio Público trasladó a la Cámara Baja que, "en cumplimiento de su deber de colaboración institucional", cedería los datos de los que dispone sobre las causas existentes y órganos que las investigan. Si bien, advirtió que, de la documentación solicitada, "el fiscal solo dispone de copias para su propio uso, sin que pueda asegurar que las mismas sean íntegras y completas, pues la custodia de las actuaciones judiciales corresponde a los tribunales y la fe de su autenticidad a los letrados de la Administración de Justicia".
Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha respondido al Congreso que no cederá la información requerida debido al "carácter reservado de las actuaciones judiciales en sede de instrucción", según los datos trasladados a Público. Asimismo, el juez ha dado otro motivo: "La necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y terceras personas, dado el momento procesal en el que nos encontramos y el buen fin del procedimiento, suponen límites infranqueables que, en el presente caso, se verían afectados por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario".
En concreto, la omisión de investigación solicitó los informes de la UDEF sobre las causas de corrupción contra el PP vinculadas a la Gürtel, los papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo o la propia operación Kitchen, "sin vulnerar la reserva de los sumarios que se están instruyendo". Además, la grabación de Villarejo a Cospedal y López del Hierro, en la que éste último aseguró que Rajoy aprobaba los trabajos que encargaba al excomisario; la conversación de Villarejo con sus socios, los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza; la agenda del excomisario; la documentación acreditativa de la financiación de la Operación Kitchen con cargo a los fondos reservados; y los archivos del móvil del número dos de Fernández Díaz. Sobre éste último, también se solicitó dos actas notariales en las que Francisco Martínez certificó los mensajes intercambiados con el exministro de Interior, evidenciando que sabía del espionaje a Bárcenas.
También, se requirió, entre otros documentos, el informe elaborado por Fuentes Gago sobre la incompatibilidad de trabajo de comisario con las actividades empresariales de Villarejo, así como los expedientes de concesión de medallas de oro, plata o roja entregadas, bajo los mandatos de Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente de Interior, a comisarios, inspectores jefes, inspectores y a otras personas ajenas al cuerpo.
Cabe destacar que el juez García-Castellón levantó el secreto de sumario de la pieza 7 del caso Tándem —más conocido como caso Villarejo—, por lo que gran parte de la información se ha hecho pública a través de los medios de comunicación. "Hay una parte que es aún secreta, pero ninguno de los papeles que ha pedido el Congreso forma parte de esa información secreta", sostienen a Público estas fuentes.
Mientras tanto, queda menos de dos semanas para la comparecencia de Luis Bárcenas, que será quien abra el turno de declaraciones en sede parlamentaria el próximo 11 de marzo. Lo hará por videoconferencia, desde la prisión de Soto del Real, a petición de su abogada. Los grupos parlamentarios tendrán 15 minutos para formular las preguntas y ser respondidas por el compareciente que no tendrá intervención inicial, tal como acordó este jueves la mesa y los portavoces de la comisión Kitchen. El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy será el último en comparecer.
BÁRCENAS COMPARECERÁ EN EL CONGRESO EL 11 DE MARZO Y RAJOY CERRARÁ LA COMISIÓN KITCHEN
El excomisario Villarejo será el último en comparecer de los mandos policiales. A Rajoy lo precederán Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, será el primero en comparecer en la comisión de investigación del caso Kitchen. Lo hará el próximo 11 de marzo, en una sesión en la que también está previsto que comparezcan el que fue secretario general de la DAO entre septiembre de 2013 y mayo de 2015, el comisario Felipe Eduardo Lacasa, y el facultativo adscrito a la Policía Nacional Miguel Ángel Bayo. Así lo ha ratificado este miércoles la mesa de la comisión, que ha aprobado el orden de comparecencias según lo previsto, primero los mandos policiales, a excepción de Bárcenas, y en una segunda fase los cargos políticos. De este modo, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será el último en comparecer, después del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El excomisario Villarejo será el último en comparecer de los mandos policiales.
El objetivo de los socialistas era que la comparecencia del comisario ahora en prisión no convirtiera la comisión de investigación en un efecto 'boomerang' contra el partido, e incluso contra Unidas Podemos, embarrando los trabajos y desvirtuando su objeto, según indicaba. Sería lo que buscaría el principal partido de la oposición, indicaban fuentes del grupo, ya que el propio Villarejo anticipó en un escrito dirigido al magistrado que instruye su caso sus intenciones, asegurando tener pruebas comprometedoras contra PSOE y Unidas Podemos y acusándolos de ofrecerle "la libertad a cambio de testificar contra adversarios políticos, exculpando a otros afines, sobre hechos que constan en el sumario". Las declaraciones que realice Bárcenas en la comisión, quien ya mostró su disposición a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y apuntando al expresidente Mariano Rajoy como "perfecto conocedor" del funcionamiento de la contabilidad paralela del PP, serán fundamentales para decidir si finalmente se llama a comparecer al actual líder del PP, Pablo Casado. Este último no figura en la lista de comparecientes de la comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Kitchen, pero las últimas informaciones sobre los contactos del abogado del partido con un enlace de Luis Bárcenas han llevado a los grupos parlamentarios a reconsiderarlo.
Desde el PSOE dejaron la puerta abierta a que comparezca el líder de la oposición, a la espera de que el extesorero del PP ratifique la versión sobre sus contactos con emisarios del partido hasta el pasado mes de septiembre. Otros grupos, como Unidas Podemos, ya han avanzado que pedirán la comparecencia de Casado, al igual que las formaciones que ya lo incluyeron en sus listas, pero que no recibieron los votos suficientes para que saliese adelante. En el grupo socialista explican que todavía no se ha planteado formalmente este extremo, pero recuerdan que en la comisión se reservó la posibilidad de llamar a nuevos comparecientes si así se decidía por mayoría y en función del relato de otros comparecientes. Estas mismas fuentes insisten en dejar la puerta abierta a la comparecencia de Casado.
El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya exigió a Casado que explicase qué emisario de la actual dirección del PP se reunió con Bárcenas. "No puede pasar ni un minuto más sin que Casado dé la cara y diga qué tejemanejes se trae con el extesorero del partido", afirmó, al tiempo que lanzaba la pregunta de "con qué emisario de la actual dirección se reunió Bárcenas y qué se le ofreció a cambio de su silencio".
Las citas del 'emisario' del PP con un contacto de Luis Bárcenas, como publicó este diario, se prolongaron hasta semanas antes de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo, que en el mes de octubre confirmó las penas para el extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias. En estas citas participaron, por un lado, el abogado que representa al PP en los procedimientos penales en los que está implicado el partido, Jesús Santos, y, por otro, un estrecho amigo de Bárcenas, Agustín de Diego.
Las fuentes consultadas aseguraron que la formación aprobó los contactos y se limitó a vetar una propuesta de Bárcenas para encontrarse personalmente con Santos. El primero de los encuentros fue facilitado por el entonces juez de la Audiencia Nacional y ahora consejero de Interior de la Comunidad de Madrid y miembro del comité ejecutivo del PP, Enrique López. Para el vicepresidente de la comisión de investigación y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, estas revelaciones "incrementan los argumentos para que Casado comparezca". "Para nosotros, esas declaraciones ameritan que dé explicaciones", añadía Santiago, recordando que su formación ya se había mostrado dispuesta a incluirlo en su lista de comparecientes, aunque lo retiraron para intentar llegar a un acuerdo de lista conjunta con sus socios.
VOX ENTREVISTA A VILLAREJO EN LA CÁRCEL Y EL EXCOMISARIO LE DA ESTE TITULAR: "LAS CLOACAS NO GENERAMOS MIERDA, LA LIMPIAMOS"
Tras dos horas de entrevista con el comisario, Macarena Olona asegura que las condiciones impuestas para la entrevista son un "atropello" del poder ejecutivo al legislativo por no permitir haber grabado el encuentro
"Habrá una serie de comparecencias a la vista de la numerosa información de la que dispone. No es que le demos veracidad, pero el pueblo español tiene derecho a saber y es importantísimo acceder a fuentes que tengan información relevante", incide la portavoz del grupo de extrema derecha
La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha anunciado tras reunirse en la cárcel de Estremera con el excomisario José Manuel Villarejo que emprenderán acciones contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Ángel Luis Ortiz, por no permitirle haber grabado el encuentro.
Tras dos horas de entrevista con el comisario, que permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como principal investigado en la causa Tándem, Olona ha atendido a los medios concentrados a las puertas de la prisión, recoge Europa Press, para explicar que uno de los tres diputados, vocales de Vox en la comisión de investigación Kitchen, no ha podido acceder finalmente al encuentro y que además les han intervenido la comunicación.
Así, a pesar de agradecer el trato dispensado por el director del centro penitenciario, ha calificado las condiciones impuestas para la entrevista de "atropello" del poder ejecutivo al legislativo. "Es absolutamente improcedente que cuando a unos periodistas de El País se les permitió grabar, esa misma posibilidad se le haya prohibido al poder legislativo, más cuando el objeto de la grabación era aportarla a la comisión de investigación", ha comentado.
La visita de Olona a Villarejo se enmarca en los trabajos para documentarse para la comisión que analizará el operativo parapolicial Kitchen, que se armó, según el juez instructor, para sustraer información sensible del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas, con el objetivo de que no llegara a ser judicializada.
Habrá más encuentros
Pero este primer contacto no ha sido suficiente ya que sólo les ha servido para hacerse una composición de lugar (no han tratado realmente el caso Kitchen) por lo que desde Vox ya avanzan que, como éste, habrá múltiples encuentros con el comisario en Estremera.
"Habrá una serie de comparecencias a la vista de la numerosa información de la que dispone. No es que le demos veracidad, pero el pueblo español tiene derecho a saber y es importantísimo acceder a fuentes que tengan información relevante", ha explicado a la salida, para afirmar acto seguido que, por lo que les ha dicho el comisario, han contactado tanto PP como PSOE y Podemos con él pero de manera "oculta" y que el único partido que ha ido de forma abierta y "transparente" ha sido Vox.
Este extremo le ha "sorprendido" a Olona, quien ha comentado además que la finalidad del PSOE y Podemos ha sido tratar de convencer a Villarejo para que "sacara a la luz toda la porquería que tuviese de adversarios políticos" mientras que los contactos por parte del PP iban encaminados a que "no les perjudicase con su declaración".
“Las cloacas no generamos mierda, la limpiamos”
Si bien se ha guardado lo que han charlado durante las dos horas de encuentro, la portavoz de Vox sí que llevaba dos frases literales de Villarejo. "Nos ha transmitido que las cloacas no generamos mierda, la limpiamos, y que él va a saltar al abismo pero no va a caer solo", ha leído de sus apuntes.
Tras comentar esto, ha apuntado que le ha llamado la atención que hablando con el comisario éste le ha trasladado que su mujer, Gemma Alcalá –encausada en varias de las piezas de Tándem–, está siendo asistida por un abogado vinculado al PP. Por ese motivo, Olona concluye que PSOE y Podemos "tienen que estar muy preocupados" porque la información que maneja afecta a todos los partidos, pero la actitud de Villarejo "es muy diferente" con unos y con otros.
Al hilo, ha indicado que esto puede explicar la "resistencia" de PSOE y Podemos a que el comisario comparezca en la comisión, algo que finalmente sí se ha aprobado por la Mesa, aunque antes de abandonar el lugar, y dejando en el aire la sospecha, ha afirmado que en el caso de los 'papeles de Bárcenas' algún dirigente del PP "del sur" debería estar preocupado.
LA DIPUTADA DE VOX MACARENA OLONA SE ALINEA CON VILLAREJO Y SIEMBRA DUDAS SOBRE EL TRATO QUE RECIBE EN PRISIÓN
La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados ha arremetido contra el ministro del Interior por mantener el protocolo de vigilancia de las comunicaciones respecto a la reunión, este viernes, entre diputados del partido ultra y el excomisario Villarejo, en la prisión madrileña de Estremera.
La entrevista, este viernes, en la prisión madrileña de Estremera entre el recluso José Manuel Villarejo y la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que ha estado acompañada por otro miembro del partido ultraderechista, ha visibilizado la postura que Vox mantendrá en la comisión de investigación sobre la pieza 'Kitchen' en el Congreso de los Diputados: la victimización del excomisario Villajero. Olona ha declarado, a la entrada de la prisión, respecto a Villarejo: "Quieren que comparezca dentro de dos años, que ya veremos como está y si está, a la vista de las informaciones tan preocupantes que conocemos sobre el trato que recibe en el centro penitenciario".
Se suma, así, Macarena Olona a la tesis seguida por el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, que anunció la petición de una investigación sobre el "trato penitenciario" que está recibiendo Villarejo. El excomisario fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, el pasado 2 de febrero, por sufrir molestias en un ojo y fue dado de alta al cabo de cuatro días. Su letrado se quejó de que había sido dado de alta, pese a que "persisten los síntomas que obligaron al ingreso hospitalario". Y difundió un comunicado en el que decía que Villarejo sufría "una intensa cefalea, sensación de mareo, gran dolor en la cuenca del ojo izquierdo, visión doble, pérdida de la movilidad del ojo izquierdo y caída del párpado izquierdo que sólo puede levantar con ayuda de la mano". Según expuso, tras realizársele varias pruebas, "no ha podido ser establecida la causa exacta de las lesiones que presenta, «aunque se relacionan en principio con la hipertensión arterial crónica que padece, así como con una situación de estrés profundo".
La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados ha aprovechado la visita a Villarejo para cargar contra el ministro del Interior por no haber admitido su petición, a la que se sumó el propio Villarejo, de que la reunión dentro de la prisión no fuera intervenida. Ha dicho Olona que "teniendo en cuenta que esta visita se realiza con la finalidad de incorporar el resultado a nuestros trabajos en la Comisión del Congreso, la grabación de la misma por nuestra parte resulta esencial". Y considera que "bajo ningún concepto pueden intervenirse las comunicaciones con autoridades y tampoco limitar el derecho de quienes acudimos a grabar el encuentro".
También ha advertido la diputada de Vox antes de entrar en la prisión de que trataría de grabar la reunión para luego poder trasladarla al Congreso, y que en caso de que no se les permita, irán a los juzgados. El Juzgado de Vigilancia Penitencia decidió este jueves permitir el acceso sólo a dos personas, y no a los tres vocales de Vox más el abogado de Villarejo, tal y como solicitaban en sus alegaciones.
Las tesis de Vox no le deben resultar ajenas a José Manuel Villarejo. Hay que recordar sus vínculos en la juventud con el partido ultra Fuerza Nueva, liderado por Blas Piñar. De hecho, trabajó a las órdenes del comisario Roberto Conesa, jefe de Antonio González Pacheco, Billy el Niño, en la Brigada Político-Social del franquismo. También su amigo y mano derecha, el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, trabajó con Conesa y se le llegó a conocer a García Castaño como el 'blasillo' por su estrecha relación con Blas Piñar.
Macarena Olona ha insistido en la necesidad de que su reunión con Villarejo no fuera grabada por Instituciones Penitenciaras y ha recordado que "existe un precedente en la figura del abogado Miguel Durán", quien se entrevistó con Villarejo en la cárcel y que, tras un intento de que se grabara su comunicación, "citó la norma penitenciaria que dice que es ilegal". "Tendrán que considerar qué medidas adoptan, porque recordemos que hay un juez inhabilitado por hacer algo como lo que se pretende hacer --en referencia al exjuez Garzón--", ha dicho Olona.
LA JUSTICIA ORDENA QUE LA ENTREVISTA DE VOX Y VILLAREJO SEA GRABADA POR INTERIOR
El abogado del comisario jubilado confirma a la cadena SER que no acudirá al encuentro en Estremera
El juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha dado la razón a Instituciones Penitenciarias en las condiciones que había marcado para el encuentro que se va a celebrar mañana entre el ex comisario jubilado, José Antonio Villarejo y la formación política de Vox. El encuentro se celebra mañana a las 09:45 horas en la cárcel de Estremera donde se encuentra Villarejo.
La jueza de Vigilancia Penitenciaria determina en un auto al que ha tenido acceso la cadena SER una serie de condiciones que Prisiones había marcado para celebrar la entrevista. En contra de lo que pedía Vox, Prisiones va a grabar el encuentro porque, según confirma el juez de Castro, Villarejo tiene intervenidas las comunicaciones en prisión.
"La citada condición de diputada de la señora Olona, ni siquiera como diputada vocal de la citada Comisión de Investigación parlamentaria puede condicionar el concreto régimen de control de las comunicaciones del interno puesto que la prohibición de suspensión, intervención o restricción administrativa de ningún tipo predicada por el artículo 49.2 del reglamento penitenciaria no resultaría aplicable a los parlamentarios" subraya el auto.
Además como había marcado Prisiones, solo podrán acudir al encuentro dos personas y no tres como había pedido la formación liderada por Santiago Abascal y el abogado solo podrá ir como una de esas dos personas y nunca en calidad de letrado defensor. "La presencia del abogado que no es preceptiva para la validez de todas y cada una de las diligencias de instrucción, sino solo de las legalmente previstas, carece de todo apoyo constitucional y legal en una actuación como la presente, de naturaleza estrictamente extraprocesal, por lo que la exigencia de que se autorice la presencia del letrado defensor del interno debe ser rechazada".
Ante estas condiciones el letrado de Villarejo confirma a la cadena SER que no va a acudir a este encuentro. Critica que Interior grabe la entrevista y por otro lado, otra de las condiciones que marca Prisiones avalada por el juez: que la entrevista se haga a través del locutorio.
https://cadenaser.com/ser/2021/02/18/tribunales/1613660608_542623.html
VOX ADVIERTE AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE ACCIONES LEGALES SI GRABA EL ENCUENTRO DE SUS DIPUTADOS CON VILLAREJO
“Bajo ningún concepto pueden intervenirse las comunicaciones con autoridades y tampoco limitar el derecho de quienes acudimos a grabar el encuentro”
Macarena Olona, la secretaria general y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, ha remitido una carta al director de la cárcel de Estremera, donde tiene revisto mantener el próximo viernes una entrevista con el ex comisario José Villarejo, en la que le advierte que “bajo ningún concepto pueden intervenirse las comunicaciones con autoridades y tampoco limitar el derecho de quienes acudimos a grabar el encuentro”.
La portavoz adjunta de Vox -abogada del Estado de profesión- le adelanta al director del centro penitenciario de que de no atenerse a su solicitud ejercerá las acciones legales “de todo orden para preservar los derechos y funciones de la representación de la soberanía nacional”. En caso de que las medidas restrictivas sean adoptadas por el Ministerio del Interior, el grupo parlamentario de Vox le exigirá al director de Estremera la entrega de las instrucciones cursadas por el departamento de Fernando Grande-Marlaska.
La reunión de Olona y otros dos diputados de Vox con Villarejo se producirá el próximo viernes a las 10 horas. El ex comisario se convertirá en el invitado estrella de la Comisión de Investigación sobre la operación policial, conocida como Kitchen, encaminada a sustraer y destruir los documentos que guardaba el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Una grabación esencial
Olona, que estará acompañada en la cita con Villarejo del abogado del comisario, le recuerda al director de la cárcel que Villarejo ya mantuvo una entrevista en Estremera con redactores de El País y que “la grabación del encuentro por parte de los periodistas le fue autorizada”.
Así mismo, la portavoz de Vox le explica al director de la prisión: “Teniendo en cuenta que esta visita se realiza con la finalidad de incorporar el resultado a nuestros trabajos en la Comisión del Congreso, la grabación de la misma por nuestra parte resulta esencial”.
El director de la cárcel apeló a la seguridad del Estado y a la calificación de Villarejo como preso FIES-4 (Fichero de Internos de Especial Seguimiento, módulo de Fuerzas de Seguridad del Estado) para justificar la grabación del encuentro del comisario con los diputados. Olona, sin embargo, rechaza con contundencia tal intención: “Las condiciones de celebración del encuentro no pueden regirse por el mismo régimen que les fue aplicado a los diputados de EH Bildu, tal como me indica en su email, porque la misma legislación establece un régimen diferenciado y peculiar para quienes cumplen condena por terrorismo. En el caso presente hablamos de un intento preventivo por presuntos delitos que nada tienen que ver con el terrorismo”.
Villarejo permanece en la cárcel madrileña de Estremera desde la primera semana de noviembre de 2017 acusado de los delitos de falsedad documental, trafico de influencias, extorsión en grado de conspiración, revelación y descubrimiento de secretos y cohecho activo y pasivo, entre otros. Durante su actividad profesional no sólo se infiltró entre las bases de ETA sino que la combatió durante años.
Acudirán como autoridades
Hay que recordar que el ex magistrado Baltasar Garzón fue condenado y apartado de la carrera judicial por ordenar la grabación de los encuentros de algunos de los encarcelados de la Gürtel con sus abogados en la cárcel de Soto del Real. Se da la circunstancia de que en la cita con el ex comisario también estará presente su letrado en la causa Tándem, Antonio García Cabrera.
La secretaria general de la formación de Santiago Abascal le recuerda al director de la cárcel de que los diputados visitarán el centro penitenciario en calidad de “autoridades” por lo que está obligado a aplicar el artículo 49 del reglamento penitenciario sobre “comunicaciones con autoridades o profesionales”. Así mismo, está obligado a respetar los derechos de los tres diputados de Vox, previstos en el artículo 23.2 de la Constitución.
A todo ello habría que contemplar el derecho de defensa del interno, que estará secundado por su letrado para preservar todos sus derechos constitucionales y legales, reclama Vox.
LA COMISIÓN 'KITCHEN' NO HA RECIBIDO TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A INTERIOR Y A LA FISCALÍA SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
Una vez que los grupos tengan toda esta información en sus manos, se dará un plazo de "varias semanas" para que la estudien y analicen a fin de preparar los interrogatorios, por lo que los primeros comparecientes no desfilarán en el Congreso hasta marzo, como mínimo.
La comisión de investigación sobre la Operación Kitchen está a la espera de recibir toda la documentación solicitada al Gobierno, sobre asuntos del Ministerio de Interior, a la Fiscalía y a otras autoridades para poder fijar un calendario de comparecencias. Fuentes parlamentarias apuntan que aún no se ha recibido toda la información requerida desde que se aprobó la solicitud de documentación y la lista de comparecientes, esto es, hace dos semanas.
En concreto, el órgano parlamentario acordó por unanimidad el pasado 28 de enero la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo y del resto de cargos policiales y políticos presuntamente implicados en la trama sobre la operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior, a instancias del PP y pagada con fondos reservados, para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre la corrupción de la formación.
La lista de solicitud de comparecencia del PSOE, que salió adelante además de la del PNV —planteó sólo los nombres de Villarejo y ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño—, incluye a Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias; al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López de Hierro; el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; y el ex secretario de Estado Francisco Martínez.
Asimismo, se requerirá la comparecencia de Eugenio Pino, ex jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO); el ex comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas; Andrés Gómez Gordo, ex comisario jefe de seguridad de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, y los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.
La comisión estudiará las grabaciones de Villarejo
Además de esta lista, el PSOE, grupo impulsor de la comisión de investigación junto a Unidas Podemos, propuso solicitar varios documentos al Gobierno relacionados con el Ministerio de Interior, como la orden de 1995 que desarrollaba la Ley de Fondos Reservados y la relación de miembros que formaron parte del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas y captado posteriormente por Villarejo para espiar a Rosalía Iglesias, a la escala básica de la Policía Nacional.
También, el grupo socialista requirió, entre otros documentos, el informe elaborado por Fuentes Gago sobre la incompatibilidad de trabajo de comisario con las actividades empresariales de Villarejo, así como los expedientes de concesión de medallas de oro, plata o roja entregadas, bajo los mandatos de Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente de Interior, a comisarios, inspectores jefes, inspectores y a otras personas ajenas al cuerpo.
En cuanto al Ministerio Fiscal, el PSOE solicitó los informes de la UDEF sobre las causas de corrupción contra el PP vinculadas a la Gürtel, los papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo o la propia operación Kitchen, "sin vulnerar la reserva de los sumarios que se están instruyendo". Además, la Fiscalía tendrá que aportar la grabación de Villarejo a Cospedal y López del Hierro, en la que éste último aseguró que Rajoy aprobaba los trabajos que encargaba al excomisario; la conversación de Villarejo con sus socios, los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza; la agenda del excomisario; la documentación acreditativa de la financiación de la Operación Kitchen con cargo a los fondos reservados; y los archivos del móvil del número dos de Fernández Díaz. Sobre éste último, el PSOE pidió dos actas notariales en las que Francisco Martínez certificó los mensajes intercambiados con el exministro de Interior, evidenciando que sabía del espionaje a Bárcenas.
Según establece el plan de trabajo del órgano parlamentario, la documentación será "demandada con la mayor celeridad posible, recibida y puesta a disposición inmediata de todos los miembros de la comisión". Una vez que los grupos tengan toda esta información en sus manos, se dará un plazo de "varias semanas" para que la estudien y analicen a fin de preparar los interrogatorios — señalan fuentes parlamentarias—, por lo que los primeros comparecientes no desfilarán en el Congreso hasta marzo, como mínimo.
Bárcenas declarará "de los primeros"
En cuanto al orden de comparecencias, los partidos que impulsaron la comisión se han mostrado abiertamente favorables a que Luis Bárcenas declare "de los primeros". En esta línea, el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, señaló el pasado martes que el exgerente del partido, que supuestamente fue víctima de la Operación Kitchen, sea una de las primeras personas en comparecer ante la comisión de investigación relativa a esa trama. "Tiene muchas cosas que aportar para que luego respondan Rajoy y Cospedal", apostilló Simancas.
Si bien, el grupo socialista sigue manteniendo que los responsables políticos sean los últimos en comparecer en sede parlamentaria para que se les pueda preguntar por lo que antes hayan dicho los policías que montaron el operativo. No obstante, "cada día parece más interesante" que el extesorero sea uno de los "primeros" en desfilar ante este órgano, remató Simancas.
Y es que, según una información adelantada por El Mundo, el actual secretario de Justicia del PP, Enrique López, puso en contacto al abogado del PP en la causa por la caja b del partido, Jesús Santos, con un empresario que hizo de enlace con el extesorero Luis Bárcenas. El propio Enrique López, también consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, admitió que ejerció de intermediario siendo juez de la Audiencia Nacional.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos y vicepresidente de la comisión de investigación, Enrique Santiago, también comentó en rueda de prensa que su grupo ya ha planteado una propuesta al PSOE sobre el orden de las comparecencias. "Propusimos que Bárcenas fuera de los primeros en comparecer, incluso antes de que se supiera esta información. Es obvio que si vamos a investigar una operación sobre alguien a quien se le ha espiado y robado, él y su esposa sean de los primeros", añadió Santiago.
Ya la semana pasada, varios partidos —Unidas Podemos entre ellos— expusieron a este medio que la declaración de Bárcenas se vuelve "más necesaria" en la comisión después del escrito remitido por el extesorero a la Fiscalía en el que señalaba que Mariano Rajoy destruyó en su despacho los papeles que acreditaban la caja B de su partido "sin saber" que el propio Bárcenas guardaba una copia. El extesorero apuntó que "gran parte" de la documentación que se guardó "fue sustraída" del estudio de su mujer "cuando entraron a robar". También señaló que el comisario Andrés Gómez Gordo, "a resultas de la instrucción en la Operación Kitchen, mantuvo contacto con José Manuel Villarejo en relación a los pendrives y papeles" que presuntamente se habían sustraído.
Se deja abierta la comparecencia de Casado
Asimismo, los grupos que sostienen el Gobierno coinciden en que Villarejo "no sea de los primeros" en declarar en sede parlamentaria. "Siempre hemos sido conscientes de que no conviene que un señor que miente tanto venga el primero a llenar de fango la comisión", sostuvo la portavoz socialista en la Cámara Baja, Adriana Lastra, hace unos días. Su partido cedió ante la presión del resto de grupos para llamar a declarar a Villarejo, ya que el PSOE fue la única formación que no incluyó el nombre del excomisario en las propuestas de comparecencias. Unidas Podemos, que sí reclamó al policía encarcelado, también defiende que "lo sensato" es que no sea de los primeros en ser interrogados.
En cuanto a una posible comparecencia del actual presidente del PP, Pablo Casado, quien ha optado por desvincularse de la formación cuando Rajoy estaba al frente, pese a que ocupaba el cargo de vicesecretario general de Comunicación del partido, el PSOE no descartó que se le acabe citando al recordar que la comisión se reservó la posibilidad de abrir una nueva lista de comparecencias. "Ahí lo dejo", zanjó Simancas tras hacer hincapié en que la ciudadanía "tiene derecho a conocer el contenido de las negociaciones del PP de Casado con el delincuente Bárcenas". "¿Qué le pedían a Bárcenas los intermediarios de Casado, qué silencios le reclamaban, a quién protegían esos intermediarios enviados por Casado, qué le ofrecían a cambio de sus silencios y qué papel jugaba en todo esto Enrique López?", cuestionó el pasado martes.
Unidas Podemos ha defendido desde un primer momento que Pablo Casado desfile ante la comisión. El grupo confederal ha insistido siempre en que el objeto de la trama no se trata de un caso aislado, sino de "manzanas podridas" en el seno del partido que actualmente lidera, como llegó a decir el portavoz del grupo, Pablo Echenique, hace unas semanas. "Nos parece evidente que el señor Casado tiene que comparecer. Por ello, cuando acabe la primera ronda de comparecencias, volveremos a plantear al PSOE la necesidad de que comparezca", avisó Enrique Santiago.
LOS PARTIDOS VEN "MÁS NECESARIA" LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS EN 'KITCHEN' TRAS SUS REVELACIONES SOBRE LA CAJA B DEL PP
El calendario de las comparecencias en la comisión parlamentaria se decidirá en dos semanas. No obstante, los cargos políticos vinculados a la presunta trama serán los últimos en comparecer. Antes lo harán Villarejo y el resto de policías que participaron en el operativo diseñado para espiar al extesorero y robar pruebas incriminatorias para el partido de Casado.
La comparecencia del extesorero del PP Luis Bárcenas en la comisión de investigación sobre la trama Kitchen fue una de las más solicitadas por los distintos grupos del Congreso, ya que la investigación parlamentaria tiene por objeto indagar sobre la presunta operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior, a instancias del PP y pagada con fondos reservados, para espiar a Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre la corrupción de partido.
El calendario de las comparecencias se decidirá en dos semanas, después de la elecciones catalanas del 14 de febrero, según han confirmado a Público fuentes de la mesa de la comisión. No obstante, tal como han señalado los grupos impulsores de la investigación en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos, los cargos políticos vinculados a la trama serán previsiblemente los últimos en comparecer en sede parlamentaria para que se les pueda preguntar por lo que antes hayan dicho los policías que montaron el operativo.
Por tanto, el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado Francisco Martínez, y hasta el propio Bárcenas acudirán al Congreso después del interrogatorio al excomisario José Manuel Villarejo, cuya declaración se aprobó por unanimidad pese a las reticencias del PSOE.
Si las previsiones no fallan, aún faltan unos meses para que los antiguos responsables del PP desfilen en el Congreso, unas comparecencias que sin duda alguna generarán gran expectación ante los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza siete de la macrocausa Tándem. No en vano, los grupos ven "más necesaria" la declaración de Bárcenas en sede parlamentaria después del escrito remitido por el extesorero a la Fiscalía en el que señalaba que Mariano Rajoy destruyó en su despacho los papeles que acreditaban la caja B de su partido "sin saber" que el propio Bárcenas guardaba una copia.
Seis días antes del comienzo del juicio por la contabilidad B del partido presidido actualmente por Pablo Casado, Bárcenas, en prisión desde hace cuatro años y medio, envió este escrito con varias revelaciones acerca de la presunta corrupción de la formación, materializando así sus advertencias de colaborar con la Justicia después de que su mujer, Rosalía Iglesias, entrara en la cárcel el pasado mes de noviembre para cumplir condena por el caso Gürtel.
El extesorero apuntó que "gran parte" de la documentación que se guardó "fue sustraída" del estudio de su mujer "cuando entraron a robar". También señaló que el comisario Andrés Gómez Gordo, que también declarará en la comisión, "a resultas de la instrucción en la Operación Kitchen, mantuvo contacto con José Manuel Villarejo en relación a los pendrives y papeles que presuntamente se habían robado en el estudio de mi mujer".
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, asiste este miércoles, a la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso desde el mes de diciembre.
Estos hechos apuntan directamente al objeto de la comisión, por ello, los diferentes partidos del arco parlamentario subrayan que la comparecencia del extesorero en el Congreso es imprescindible. En este sentido, Unidas Podemos defiende que desde un primer momento solicitaron su declaración y votaron la lista que incluía su nombre. "Está claro que nos parece necesario que pase por la comisión", añaden fuentes de la formación morada.
Sobre el escrito de Bárcenas, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, destacó este jueves en la Cámara Ata que, no es el que tema "sea grave", sino que "es siniestro, no tanto por la financiación, por el reparto de comisiones entre las direcciones, sino incluso por la destrucción de todo tipo de pruebas de ordenadores y la sustracción de papeles comprometedores", en referencia a la operación Kitchen.
EH Bildu insiste en que la comparecencia de Luis Bárcenas es ahora "más necesaria porque demuestra que no son casos aislados y sin vinculación alguna entre ellos, sino que la corrupción es sistémica en el PP". En este sentido, su portavoz en el Congreso, Oskar Matute, comentó que las declaraciones del extesorero señalan lo que "algunos intuíamos y veíamos cada vez con más certeza, que es que M. Rajoy era Mariano Rajoy, que la corrupción era sistémica en el PP desde hacía más de una década y que ésta servía para financiar al partido a costa de la concesión de obra pública a grandes empresarios", criticó para después rematar: "Es el momento de que le entremos a saco a toda la corrupción que hay en el Estado español".
Desde el PNV comentan que es "lógico" que Bárcenas, "como sujeto pasivo de la trama Kitchen", declare en el Congreso. "Es lo más razonable. Algo tendrá que decir sobre una presunta actividad del Ministerio del Interior para hacerse con sus papeles", apostillan fuentes de la formación jeltzale. Asimismo, Más País sostiene que las revelaciones de Bárcenas son "gravísimas" y, por ello, "debería explicar en comisión si existe o ha existido, y en ese caso su relación con ella, ese uso de la policía en favor de los corruptos y en contra de la Justicia".
Desde el PP se remiten a las declaraciones realizadas por su actual presidente este viernes en la Cadena Cope. "La credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando su versión diez veces en diez años es absolutamente nula", ha relatado Pablo Casado, quien había evitado en los últimos días hacer valoraciones sobre este asunto. A colación del escrito, el líder del PP ha acusado sin pruebas al presidente del Gobierno de estar detrás de las afirmaciones de Bárcenas: "Tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía que depende, como el propio Sánchez dijo, de él mismo, con una ministra socialista liderando la Fiscalía", ha apuntado en relación a Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado.
El PP incluyó el nombre de la exministra de Justicia en su lista de comparecencias. Así, en un intento de despejar balones fuera, el grupo popular propuso además otros nombres ajenos al PP y al Gobierno de Rajoy y, en definitiva, a los hechos que la comisión trata de indagar. En esta línea, aunque su propuesta no salió adelante, llegó a solicitar el interrogatorio del actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado; la vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo; el abogado que acusó a Podemos de supuesta financiación ilegal –cuya causa se archivó–, José Manuel Calvente; o el juez Baltasar Garzón, entre otros. Y es que, la intención del partido conservador pasa por utilizar la comisión Kitchen, que le pondrá contra las cuerdas, para "investigar a Podemos".
LA COMISIÓN 'KITCHEN' APRUEBA POR UNANIMIDAD LA COMPARECENCIA DE VILLAREJO
Todos los grupos, a excepción del PSOE, habían solicitado llamar a declarar al excomisario. Finalmente, el grupo socialista ha cedido y ha votado a favor de su interrogatorio a través de la lista presentada por el PNV.
La comisión de investigación Kitchen ha acordado por unanimidad la comparecencia de José Manuel Villarejo. Todos los partidos, a excepción del PSOE, habían solicitado llamar a declarar al excomisario, entre otros nombres. Si bien, la presión de los nueve grupos parlamentarios que han votado este jueves la lista de comparecencias ha obligado al PSOE a ceder y dar el visto bueno a su interrogatorio a través de la lista presentada por el PNV.
Así las cosas, han salido adelante las listas cerradas con más apoyos mediante voto ponderado. Esto es, la del PSOE, por 183 votos, y la del PNV, que sólo pedía la comparecencia de Villarejo y de Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Esta última ha tenido el apoyo de todos los diputados de la Cámara Baja: 350 votos.
"Nosotros no llamamos a Villarejo a comparecer porque viene solo a mentir, pero es una comisión suficientemente importante para que si nueve grupos parlamentarios piden la comparecencia de Villarejo, la votemos", sostienen fuentes del PSOE. En este sentido, el portavoz de la comisión del grupo socialista, Felipe Sicilia, ha remarcado tras el término de la reunión que nunca se han negado a convocar al excomisario, sólo que priorizaban otros testimonios con "más credibilidad", en palabras de Sicilia.
Rajoy y Cospedal también comparecerán
La lista de los socialistas que también ha salido adelante contempla las comparecencias del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López de Hierro; el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; y el ex secretario de Estado Francisco Martínez.
Asimismo, aparte de Enrique García Castaño, tendrán que acudir en sede parlamentaria Eugenio Pino, ex jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO); el ex comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas; Andrés Gómez Gordo, ex comisario jefe de seguridad de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, y los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.
Villarejo, "el Vito Corleone de la película"
Con todo, el Congreso investigará la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio de Interior, durante los mandatos del Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción. Y, en este sentido, Villarejo ha sido el más reclamado por todos los partidos.
El policía retirado, "el Vito Corleone de la película" y el "perejil que está en todas estas salsas putrefactas" –como han calificado Gabriel Rufián y Joan Baldoví, respectivamente–, es una de las piezas claves de esta trama que se investiga judicialmente en la Audiencia Nacional, enmarcada en la macrocausa Tándem. Y es que, se le considera el ejecutor de la operación parapolicial organizada por el Ministerio de Interior, a instancias del PP y pagada con fondos reservados, para espiar al extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre el partido.
Además, se han aprobado las listas de documentos del PSOE y Unidas Podemos, que recogen peticiones de información al Gobierno y al Ministerio Fiscal, para arrojar luz en la investigación que se desarrollará en la comisión parlamentaria, la cual tendrá que fijar ahora la fecha de estas comparecencias aprobadas.
https://www.publico.es/politica/comision-kitchen-aprueba-unanimidad-comparecencia-villarejo.html
EL PSOE ACEPTA QUE COMPAREZCA VILLAREJO EN EL CONGRESO TRAS LA PRESIÓN DE LOS SOCIOS Y LA OPOSICIÓN
Los partidos votaron la presencia del comisario en la comisión Kitchen planteada por el PNV y que pedían tanto Podemos, ERC, PP, Cs y Vox
El PSOE ha aceptado finalmente, tras múltiples presiones al Gobierno tanto de algunos de sus socios principales en el Parlamento como de los partidos en la oposición, que el polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo acuda a comparecer a la comisión de investigación Kitchen, sobre el uso irregular de medios desde los ministerios del Interior de los gobiernos de Mariano Rajoy para tapar casos de corrupción del PP. El PSOE ha esperado hasta la reunión de la comisión este jueves, tras el pleno, para corregir su posición de partida y asumir el argumento de que la presencia de Villarejo puede ser polémica y ruidosa, pero también clave para esclarecer cómo se montó esa operación que llegó a promover el espionaje desde Interior al extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. La solución se encontró en que los partidos votaron el planteamiento del PNV para citar a Villarejo y al comisario García Castaño. El listado planteado por el PSOE con otros comparecientes también salió adelante.
La propuesta de comparecencias del PNV era muy escueta y sencilla, para comenzar. Los nacionalistas vascos solo querían, de entrada, que acudieran a la comisión por un lado Villarejo, como la gran pieza central de los entramados de las cloacas policiales del Estado, y el comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, otro de los elementos habituales de esa trama. García Castaño planteó en su última declaración ante el juez Manuel García-Castellón por el caso Kitchen, el pasado 14 de diciembre, que la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy estuvo informada sobre “otros” operativos clandestinos más allá del espionaje a Luis Bárcenas.
Los partidos tenían de plazo hasta este miércoles para presentar sus propuestas de comparecientes a las sesiones de la comisión Kitchen. El PSOE registró la suya y en la misma no estaba Villarejo. El PSOE sí creía conveniente que vaya a la comisión el expresidente del Ejecutivo del PP en aquellos años, entre 2013 y 2016, Mariano Rajoy, pero no muchos más políticos por ahora que los que estaban a cargo del Ministerio de Interior, como el propio ministro, Jorge Fernández Díaz; los ex secretarios de Estado de Seguridad Francisco Martínez y José Antonio Nieto, y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.
Los socialistas también proponían llamar a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP entonces, y a su marido, Ignacio López del Hierro, pero sobre todo a comisarios y mandos policiales que participaron supuestamente en la operación de espionaje ilegal a Bárcenas para saber de quiénes recibían las órdenes. El PSOE entendía que citar a Villarejo y concederle la plataforma mediática y política de una reunión en el Congreso ante los principales portavoces de todos los partidos podría resultar un regalo demasiado arriesgado. Y argumentaban que el comisario jubilado podría aprovechar para mentir, intoxicar y provocar ruido más aportar aclaraciones.
Algunos partidos aliados permanentes o habituales del PSOE, como Unidas Podemos, pero también ERC, concedían que ese riesgo de sobreexposición es más que posible con Villarejo pero razonaban que también se puede provocar con las comparecencias del exministro Jorge Fernández o su exnúmero dos y ahora principal enemigo en este caso, Francisco Martínez. Y, además, sostenían para intentar convencer a los socialistas que el papel de Villarejo en este caso y en varios relacionados con las llamadas cloacas del Estado le hacía absolutamente imprescindible para conceder algún crédito al trabajo de la comisión.
Dirigentes como Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, y otros de Unidas Podemos, desde el anonimato, confesaron durante este jueves en el Congreso que estaban trabajando en privado y a varias bandas con el Gobierno y el PSOE para que asumieran sus razones. Y aunque las listas de comparecientes ya estaban registradas y cerradas debatían soluciones para consensuar algún tipo de enmienda durante la sesión de trabajo de la comisión en la que se aceptase llamar a Villarejo.
Vox, por su parte, también consideró que la presencia del comisario en sus trabajos en la comisión era “clave y nuclear” y anunció por la mañana, antes de la sesión, que si Villarejo era finalmente vetado, por el PSOE con lo que ellos concluyen como la complicidad de Unidas Podemos, llevarían adelante una iniciativa negociada con el abogado defensor del comisario para interrogarle en la cárcel de Estremera (Madrid) en la que lleva preso desde noviembre de 2017 y que grabarían esa charla y la aportarían íntegra a los diputados.
En una entrevista con EL PAÍS, ya en prisión, Villarejo respondió así cuando se le preguntó por quién le ordenó la Operación Kitchen: “Me lo dicen desde la señora Cospedal hasta el ministro, el secretario de Estado... El único con el que no hablo personalmente es con Rajoy, pero sí a través de intermediarios”.
Podemos, al igual que el PSOE, también quiere escuchar a Rajoy, al extesorero Bárcenas, a su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros mandos de Interior, pero también a su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría —como ha solicitado Vox—, y al general y exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. La formación que lidera Pablo Iglesias incluyó en su último punto de su lista la solicitud para llamar al director de OK Diario, Eduardo Inda, una propuesta que no ha respaldado el PSOE, que no ha querido incluir tampoco a otros representantes de medios de comunicación que han investigado sobre esa operación.
El PP, que es el partido que gobernaba y mandaba en Interior durante el montaje de la Operación Kitchen, se siente ahora liberado de las ataduras con ese pasado, porque sus protagonistas políticos ya no están en primera fila, y metió en su listado a Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017. Pero no introdujo a ninguno de los exaltos cargos populares de aquella época porque entiende que ya asumieron responsabilidades políticas al perder en las últimas elecciones o fueron apartados de sus listas electorales. Lo que sí hizo el PP fue confeccionar una lista con dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos para contrarrestar lo que entienden que es un intento del actual Ejecutivo de fiscalizar desde el Gobierno a su formación, que ahora está en la oposición.
El PP querría que pasasen por la comisión Kitchen, así, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; la dirigente de ese partido y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo; varios ministros actuales y pasados socialistas —como Fernando Grande Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Juan Alberto Belloch (Interior y Justicia) o Mariano Fernández Bermejo (Justicia)—, pero también la fiscal general del Estado, Dolores Delgado (exministra de Justicia), el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y hasta un exjefe policial nombrado por el PSOE que investigó los atentados del 11-M. Los populares solicitaron también la presencia de Marta Flor Núñez y José Luis Calvente, exabogados de Podemos relacionados con la investigación judicial del caso del robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham. Nada de eso se ha tenido en cuenta.
EL PP BUSCA LAS CLOACAS DEL PSOE PARA TAPAR EL ESCÁNDALO DEL ‘CASO KITCHEN’
Los populares no citan a ninguno de sus cargos y proponen que comparezcan ministros y exministros socialistas de hace 20 años y Pablo Iglesias
El PP acusa al PSOE y Unidas Podemos de acudir “con las cartas marcadas y el rodillo” a la comisión de investigación Kitchen sobre el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas desde el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy. En su lista de comparecientes, el PP no pide a ningún cargo popular de esa etapa y sí a Pablo Iglesias y ministros socialistas o exministros de hace más de 20 años. El PP busca evitar con sus apelaciones a las cloacas del PSOE y a los supuestos trapos sucios internos de Podemos que se les fiscalice ahora desde el Gobierno cuando ya están en la oposición.
PSOE y Podemos han propuesto la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy, pero difieren sobre citar al polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los protagonistas principales de la Operación Kitchen. El PSOE quiere evitarlo por ahora y Podemos, tras unas dudas iniciales, apoya sin embargo que se le cite ya como varios otros partidos.
”En las democracias normales lo que sucede es que la oposición fiscaliza al Gobierno desde el Parlamento pero aquí se pretende lo contrario, aquí desde los partidos que están en el Gobierno van a utilizar la comisión Kitchen para fiscalizar al PP, que ya está en la oposición y con las cartas marcadas porque ambos ya están personados en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional”, denuncia Luis Santamaría, portavoz popular.
El diputado del PP insiste mucho en el argumento de que su partido ya no gobierna y por lo tanto entiende que ya pagó con su derrota en las urnas la responsabilidad política de lo que hubiera podido suceder entre 2013 y 2016 en el Ministerio del Interior durante la etapa que lo dirigió el exministro Jorge Fernández, amigo y uno de los colaboradores más estrechos durante lustros del expresidente Rajoy.
El PP sostiene así que esas responsabilidades políticas están depuradas en las urnas porque recuerda que los afectados “ya no están en primera línea de su partido”. Rajoy dejó la política y volvió a su registro de la propiedad y el PP abandonó y apartó de sus listas al exministro Fernández Díaz y a su ex número dos, Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad.
PSOE, Unidas Podemos, pero también ERC, Más País, Compromís y hasta Ciudadanos no comparten esa visión y entienden que Rajoy deberá comparecer para explicar qué sabe de ese montaje en el que se utilizaron medios y recursos de Interior para intentar tapar sus casos de corrupción y espiar al extesorero nacional de ese partido, Luis Bárcenas.
Las formaciones socias de Gobierno llevan semanas negociando las primeras comparecencias de esta comisión aprobada en octubre, que acaba de comenzar sus trabajos, y este miércoles registraron sus peticiones con algunas notables divergencias. El PSOE cree conveniente que acuda Rajoy, pero no más políticos por ahora que los que estaban esos años a cargo del Ministerio de Interior, como el propio ministro, Jorge Fernández Díaz; los exsecretarios de Estado de Seguridad Francisco Martínez y José Antonio Nieto, y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó. Los socialistas también quieren llamar a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP entonces, y a su marido, Ignacio López del Hierro, pero sobre todo a comisarios y mandos policiales que participaron supuestamente en la operación de espionaje ilegal a Bárcenas.
Podemos, al igual que el PSOE quiere escuchar a Rajoy, al extesorero Bárcenas, a su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros mandos de Interior, pero también a su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría —como ha solicitado Vox— y al general y exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. La formación de Iglesias ha incluido en el último punto de su lista al director de OK Diario, Eduardo Inda, una propuesta que no respalda el PSOE, que no quiere incluir tampoco a otros representantes de medios de comunicación que han investigado sobre esa operación.
El PP demanda en su listado, además de Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, que pasen por la comisión el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; la dirigente de ese partido y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo; varios ministros actuales y pasados socialistas —como Fernando Grande Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Juan Alberto Belloch (Interior y Justicia) o Mariano Fernández Bermejo (Justicia)—, pero también la fiscal general del Estado, Dolores Delgado (exministra de Justicia), y el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y hasta a un exjefe policial nombrado por el PSOE que investigó los atentados del 11-M. Los populares han solicitado también la presencia de Marta Flor Núñez y José Luis Calvente, exabogados de Podemos relacionados con la investigación judicial del caso del robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham.
El PP sostiene que no tiene miedo a lo que pueda exponer Villarejo en la comisión. Apunta que ese temor lo deben tener el PSOE y Podemos cuando han tardado casi cinco meses en activar la investigación por discrepancias sobre la citación del comisario y recuerda ahora una frase de Villlarejo, recogida en alguna de sus charlas grabadas, en la que habla de su relación con los dos grandes partidos: “A mí el PSOE me ha hecho ganar pasta, me ha dado honores... y el PP nada más que me ha dado por culo”.
Villarejo apunta arriba
En una entrevista con EL PAÍS, ya en prisión, Villarejo respondió así cuando se le preguntó por quién le ordenó la Operación Kitchen: “Me lo dicen desde la señora Cospedal hasta el ministro, el secretario de Estado... El único con el que no hablo personalmente es con Rajoy, pero sí a través de intermediarios”.
El portavoz del PP, Luis Santamaría, justifica así llamar a antiguos ministros del Interior y Justicia socialistas para hablar del manejo en aquellos tiempos de los fondos reservados: “Las investigaciones sobre Kitchen tienen una trayectoria. Pero hay que saber lo qué pasó antes con el uso de fondos reservados”. Y sobre la citación de Pablo Iglesias señala: “Él siempre ha estado muy interesado sobre las cloacas y por lo que piden se ve que han tenido acceso a documentos, porque están personados en la causa judicial”.
Las comparecencias se votarán este jueves en conjunto, no compareciente a compareciente, y con voto ponderado. Lo más probable es que la lista con más apoyos sea la socialista y que Villarejo no acuda a la comisión en un primer momento.
PODEMOS Y PP PIDEN CITAR A VILLAREJO EN LA COMISIÓN DEL CONGRESO SOBRE EL ESPIONAJE ILEGAL A BÁRCENAS
Los socios del Gobierno coinciden en la necesidad de que Rajoy comparezca y el PP reclama que se escuche a Pablo Iglesias y a varios ministros socialistas
Podemos y el PP han descubierto finalmente sus cartas y coinciden en reclamar la comparecencia del polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo en la comisión de investigación del Congreso sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, también conocido como caso Kitchen. El PSOE no lo considera necesario. Los socialistas quieren que acuda el expresidente Mariano Rajoy, pero no más políticos por ahora, porque prefieren centrarse en los cargos policiales. Podemos ha demandado que vaya la exvicepresidenta de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, como ha hecho Vox, y también el exresponsable del CNI Félix Sanz Roldán. La Operación Kitchen fue montada presuntamente desde el Ministerio del Interior en los Gobiernos del PP entre 2013 y 2016 para destruir pruebas sobre asuntos relacionados con la corrupción en ese partido y el espionaje al que fue su tesorero nacional, Luis Bárcenas.
El PP ha presentado un listado en el que además de Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, demanda que vayan a la comisión el actual vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; la dirigente de ese partido y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo; varios ministros actuales y pasados socialistas —como Fernando Grande Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Juan Alberto Belloch (Interior y Justicia) o Mariano Fernández Bermejo (Justicia)—, pero también la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado (exministra de Justicia), y el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Los populares han solicitado también la presencia de Marta Flor Núñez, exabogada de Podemos relacionada con la investigación judicial del caso del robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham.
Los listados de comparecencias en las comisiones de investigación se votan en conjunto, no compareciente a compareciente, y con voto ponderado en la comisión por lo que, en este caso y con respecto a la presencia de Villarejo, Podemos tendrá que decidir cuando llegue la votación si mantiene su vigente mayoría con el PSOE o apoya o se deja apoyar por otros partidos y la oposición. Lo más probable ahora es que la lista que tenga más apoyos sea la socialista y que el comisario Villarejo no acuda al Congreso en un primer momento. Fuentes parlamentarias precisan que durante el transcurso de los trabajos de la comisión cualquier partido puede plantear la necesidad de llamar específicamente a más personas, como Villarejo, y ahí Podemos sí podría sumarse a esa reclamación. Eso está por dilucidar.
Lo que sí parece bastante seguro es que el expresidente Rajoy tendrá que comparecer para explicar qué es lo que sabe sobre la llamada Operación Kitchen. PSOE y Unidas Podemos llevan semanas negociando cuáles deberían de ser las primeras comparecencias de esta comisión aprobada en octubre, y que acaba de comenzar sus trabajos, y este miércoles han registrado sus peticiones oficialmente con algunas notables divergencias, aunque no sobre Rajoy. El PSOE cree conveniente que acuda Rajoy, pero no más responsables políticos por ahora que los que estaban en aquellos años a cargo del Ministerio de Interior, como el propio ministro, Jorge Fernández; los exsecretarios de Estado de Seguridad Francisco Martínez y José Antonio Nieto, y el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó. Los socialistas también quieren llamar a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP entonces, y a su marido, Ignacio López del Hierro, pero sobre todo a comisarios y mandos policiales.
Podemos, al igual que el PSOE quiere escuchar a Rajoy, al extesorero Luis Bárcenas, a su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros mandos de Interior, pero también a su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría ―comparecencia que también ha pedido Vox― y al general y exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. La formación de Iglesias ha incluido en el último punto de su lista al periodista y director de OK Diario Eduardo Inda, una propuesta que no respalda el PSOE, que no ha querido incluir tampoco a otros representantes de medios de comunicación que han investigado sobre esa operación.
La comisión de investigación Kitchen empezó a funcionar la semana pasada tras ser aprobada en pleno en octubre, con el dibujo del calendario de trabajo. En un primer momento se ha puesto la meta de llegar a algunas conclusiones en los próximos tres meses. La Mesa de la comisión fijó para este miércoles el plazo para que los partidos planteasen sus peticiones de comparecientes y en esos primeros listados, que estarán abiertos a incorporaciones en el futuro
VILLAREJO LAMENTA QUE NO LE CITEN A DECLARAR EN EL CONGRESO: "ALGUIEN TEME QUE CUENTE LA VERDAD"
El excomisario de la Policía, José Manuel Villarejo, ha emitido un comnunicado desde prisión después de que ni PSOE ni Unidas Podemos le citaran para comparecer en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga el espionaje a Bárcenas (Operación 'Kitchen). "Alguien teme que cuente la verdad", sentencia en el escrito.
PSOE y Unidas Podemos no han alcanzado un acuerdo en el marco de la lista de comparecientes de la comisión de 'Kitchen'. La formación morada solicitaba más declaraciones que los socialistas, entre las que figuraba la del ex comisario en prisión, José Manuel Villarejo.
En el escrito remitido desde la prisión de Estremera, Villarejo subraya que "alguien teme que cuente la verdad" y que ésta llegue "a la sede de la soberanía popular".
El excomisario argumenta que en el momento "en el que se pretende crear la comisión 'Kitchen para su esclarecimiento en sede parlamentaria" alguien se dedica a "poner vetos". "¿Quién los pone y por qué? ¿A quién le tiemblan las piernas? ¿Quién busca por enésima vez defraudar a los gobernados? ¿Cuáles son sus espurios pero evidentes intereses?", se cuestiona Villarejo.
En este sentido, el expolicía siembra la duda sobre la "transparencia" del PSOE. "¿Han tenido alguna vez compromiso con la verdad o sólo con la táctica y sus intereses partidistas?", continúa el comunicado.
Villarejo asegura que "es la hora de la verdad" y agrega que "pueden ver cómo actúan tapando y ocultando todo lo que no les interesa que se conozca, su cloaca, que, por cierto, he denunciando ante los tribunales sin ningún éxito".
EL PSOE PIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY Y COSPEDAL EN LA COMISIÓN SOBRE KITCHEN Y UNIDAS PODEMOS INCLUYE A VILLAREJO
Los socios presentan listados separados porque los de Iglesias incorporaran a Villarejo y Soraya Sáenz de Santamaría, y van un paso más adelante que el juez de la Audiencia Nacional
PSOE y Unidas Podemos piden la comparecencia de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal en la comisión de investigación sobre el espionaje a Luis Bárcenas -conocida como 'comisión Kitchen'- en el Congreso. Los grupos que sustentan al Gobierno han registrado listados separados porque Unidas Podemos apuesta por incluir, además, al excomisario José Villarejo, a la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría en su calidad de antigua responsable del CNI y al director de Okdiario, Eduardo Inda. Además de la cúpula del Gobierno, los dos grupos quieren que comparezcan en el Congreso los máximos responsables policiales durante la 'Operación Kitchen' - Ignacio Cosidó y Eugenio Pino- así como el requerimiento de documentación al Ministerio del Interior, a la Fiscalía y también a los notarios que recogieron las comunicaciones entre Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez. El PP, que ha tratado de aplazar el arranque de la comisión para que no le perjudiquen las revelaciones en plena campaña catalana, también incluye a Villarejo y miembros del actual Ejecutivo, entre ellos, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
La idea inicial de los socialistas era que la dirigencia del PP figurara en un segundo listado de comparecientes una vez que los cargos con perfil más técnico apuntaran a la cúpula del Gobierno, pero consideran ahora que, además de Fernández Díaz, Cospedal y Rajoy forman parte de esa trama de utilización de fondos reservados para espiar al extesorero del partido. El objetivo, en todo caso, es que declaren primero los mandos policiales y técnicos. Ahora los grupos tienen que debatir y fijar las comparecencias.
El PSOE se opondrá a llamar a Villarejo
El grupo confederal había dejado la puerta abierta a posponer la citación a Villarejo. El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, señaló la semana pasada la poca fiabilidad que tienen las declaraciones del expolicía y apostó por iniciar los trabajos de la comisión con otros testimonios y dejar para más adelante el de Villarejo. Pero en ningún caso, según fuentes consultadas por elDiario.es, se planteó dejarle fuera de la lista.
Los socialistas directamente rechazan que acuda al Congreso porque "no está colaborando con la justicia" y no va a aprovechar la comisión "para esclarecer nada", según las fuentes consultadas. "No va a arrojar ninguna luz", aseguran. Tras haber analizado los pros y contras de su paso por el Congreso, el PSOE se opondrá a llamar a Villarejo. No obstante, la mayoría de grupos -incluido el PP- solicitan que acuda al Parlamento por lo que podría hacerlo por mucho que los de Pedro Sánchez se opongan.
En cuanto a la exvicepresidenta, los mensajes incautados al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, abrieron una línea de investigación nueva sobre el espionaje a Bárcenas: la posible implicación del CNI. El organismo dependía de la Vicepresidencia de Soraya Sáenz de Santamaría, pero el juez que instruye la causa, Manuel García Castellón, eludió profundizar en esa línea de investigación, algo que sí parece querer hacer Unidas Podemos. Fuentes socialistas dicen en este caso que los listados no son algo cerrado y que se podría incluir su declaración más adelante si los trabajos acaban apuntando a Sáenz de Santamaría. Ese mismo argumento utilizan en Unidas Podemos, que finalmente ha dejado fuera a Pablo Casado de su listado inicial.
Los dos socios han negociado hasta el último momento dado que la intención era presentar un listado conjunto, pero las diferencias sobre Villarejo y Sáenz de Santamaría han impedido el acuerdo, por lo que cada grupo ha registrado su petición. Con todo, fuentes de unos y otros destacan que se ha hecho informando a la otra parte y sin conflicto entre ellas.
Un paso más que la Audiencia Nacional
Los listados de PSOE y Unidas Podemos, que son en lo demás prácticamente calcado, supone en la práctica un paso adelante en la investigación que dirige en la Audiencia Nacional García-Castellón. El magistrado lleva desde septiembre de 2020 sin decidir la petición que entonces le hizo la Fiscalía Anticorrupción para que cite como investigados a De Cospedal y su marido, Ignacio López Hierro, que también figura en el listado. El instructor fio esa posibilidad al contenido de la declaración de Francisco Martínez, el que fuera número dos del Ministerio, pero luego no le preguntó por ninguno de los dos referidos en hora y media de preguntas que le formuló el 29 de octubre pasado.
Algo parecido pasa con el que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó, sobre el que también pesa una petición de comparecencia por la defensa de uno de los investigados, aunque en su caso como testigo. Cosidó no ha sido llamado a declarar durante toda la instrucción de la pieza, pese al cargo que ocupaba, y ahora el PSOE quiere que de explicaciones en el Congreso.
En el campo policial se produce igualmente una ampliación de la investigación con la propuesta del PSOE. El comisario José Luis Olivera, al que el Grupo Socialista se negó a llamar a comparecer en la comisión de la actuación de la policía política, pasa a formar parte de sus peticiones en la de Kitchen. Olivera, jefe de la UDEF que arrancó en tiempos de Zapatero, ha emergido en la investigación como comisario muy próximo a Villarejo y en varios audios el policía encarcelado alude a cómo ambos habrían saboteado el caso Gürtel para que no alcanzara a los dirigentes del Partido Popular. Anticorrupción ha desarrollado una investigación patrimonial de Olivera, pero el policía tampoco ha sido llamado a declarar aún.
Completan la lista los investigados que pertenecieron a la primera línea de la brigada política del PP adquiriendo especial relevancia el artífice de ese grupo, el comisario Eugenio Pino. También el policía que fue asesor de Cospedal, comisario Andrés Gómez Gordo, o el que actuó como mano derecha de Pino y viajó a Nueva York en contra de un testimonio de un exministro de Chávez contra Podemos, el inspector José Ángel Fuentes Gago, quien dijo actuar por mandato de Rajoy y Fernández Díaz.
El objetivo de Kitchen, sabotear el caso de la caja B del PP, está presente en la propuesta del PSOE para la comisión. Así, los socialistas piden que declare el jefe de aquella investigación judicial, Manuel Morocho, a quien se le hurtaron las maniobras en torno a Bárcenas y su familia. Morocho es el investigador principal de Gürtel y de la caja B y entonces trabajaba a las órdenes directas de Pablo Ruz.
La falta de explicaciones claras en el juzgado, sumadas a los mensajes intercambiados con Francisco Martínez, han hecho que PSOE y Unidas Podemos se decida por pedir la comparecencia del padre Silverio Nieto, ‘fontanero’ de la Conferencia Episcopal y comisario honorario por decisión de Fernández Díaz. Nieto emerge como una figura con ascendente sobre los protagonistas políticos del espionaje a Bárcenas con fondos reservados. Han incluido, igualmente, al extesorero del PP, su esposa, Rosalía Iglesias, y el que fuera su conductor, Sergio Ríos, a quien presuntamente captó la Policía para espiar a Bárcenas.
La falta de explicaciones claras en el juzgado, sumadas a los mensajes intercambiados con Francisco Martínez, han hecho que PSOE y Unidas Podemos se decidan por pedir la comparecencia del padre Silverio Nieto, ‘fontanero’ de la Conferencia Episcopal y comisario honorario por decisión de Fernández Díaz. Nieto emerge como una figura con ascendente sobre los protagonistas políticos del espionaje a Bárcenas con fondos reservados.
La utilización de los fondos reservados también centra la petición de documentación y algunas peticiones de comparecencia, como la del que fuera ‘hombre de los maletines’, el facultativo Miguel Ángel Bayo, clave en sus respuestas a Anticorrupción para que ésta destapara el descontrol sobre los gastos reservados en el Ministerio del Interior. El entonces jefe del Gabinete de Coordinación, organismo de la Secretaría de Estado, desde el que se repartían los fondos, el coronel Diego Pérez de los Cobos también es llamado a declarar por Podemos y PSOE. El comisario de Policía que ocupa su cargo en la actualidad, José Antonio Rodríguez, también es requerido por socialistas y Unidas Podemos.
El PP apunta al Gobierno
Además de incluir a Villarejo, el PP apunta directamente al Gobierno, en su listado de comparecencias en el que incluyen a miembros del actual Gobierno como el vicepresidente Pablo Iglesias, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior Fernando Grande- Marlaska, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, o la vicepresidenta del Congreso y dirigente de Unidas Podemos Gloria Elizo. Los populares también quieren que declaren del exministro del Interior Juan Alberto Belloch, el extitular de Justicia Mariano Fernández Bermejo o el comisario Enrique García Castaño, entre otros.
En el campo policial se produce igualmente una ampliación de la investigación con la propuesta de PSOE y Unidas Podemos. El comisario José Luis Olivera, al que el Grupo Socialista se negó a llamar a comparecer en la comisión de la actuación de la policía política, pasa a formar parte de sus peticiones en la de Kitchen. Olivera, jefe de la UDEF que arrancó en tiempos de Zapatero, ha emergido en la investigación como comisario muy próximo a Villarejo y en varios audios el policía encarcelado alude a cómo ambos habrían saboteado el caso GÜRTEL PARA que no alcanzara a los dirigentes del Partido Popular.
Completan la lista los investigados que pertenecieron a la primera línea de la brigada política del PP adquiriendo especial relevancia el artífice de ese grupo, el comisario Eugenio Pino. También el policía que fue asesor de Cospedal, comisario Andrés Gómez Gordo, o el que actuó como mano derecha de Pino y viajó a Nueva York en contra de un testimonio de un exministro de Chávez contra Podemos, el inspector José Ángel Fuentes Gago, quien dijo actuar por mandato de Rajoy y Fernández Díaz.
El objetivo de Kitchen, sabotear el caso de la caja B del PP, está presente en la propuesta del PSOE para la comisión. Así, los socialistas piden que declare el jefe de aquella investigación judicial, Manuel Morocho, a quien se le hurtaron las maniobras en torno a Bárcenas y su familia. Morocho es el investigador principal de Gürtel y de la caja B y entonces trabajaba a las órdenes directas de Pablo Ruz.
Fondos reservados y el padre Silverio
La falta de explicaciones claras en el juzgado, sumadas a los mensajes intercambiados con Francisco Martínez, han hecho que el PSOE se decida por pedir la comparecencia del padre Silverio Nieto, ‘fontanero’ de la Conferencia Episcopal y comisario honorario por decisión de Fernández Díaz. Nieto emerge como una figura con ascendente sobre los protagonistas políticos del espionaje a Bárcenas con fondos reservados.
La utilización de los fondos reservados también centra la petición de documentación y algunas peticiones de comparecencia, como la del que fuera ‘hombre de los maletines’, el facultativo Miguel Ángel Bayo, clave en sus respuestas a Anticorrupción para que ésta destapara el descontrol sobre los gastos reservados en el Ministerio del Interior. El entonces jefe del Gabinete de Coordinación, organismo de la Secretaría de Estado, desde el que se repartían los fondos, el coronel Diego Pérez de los Cobos también es llamado a declarar por Podemos y PSOE. El comisario de Policía que ocupa su cargo en la actualidad, José Antonio Rodríguez, solo lo es a petición de Unidas Podemos.
PSOE Y PODEMOS ECHAN EL FRENO A LA 'COMISIÓN KITCHEN' Y NO PIDEN AÚN COMPARECENCIAS
Los socios de Gobierno quieren que la primera fase se dedique a pedir "documentos" e "informes" y, en la segunda, se escuche a los presuntos implicados
Los morados dicen ahora que no es necesario escuchar a Villarejo, uno de los participantes de la operación para beneficiar al PP
Los populares reclaman que este órgano del Congreso no se active hasta que pasen las elecciones en Catalunya
Al PSOE y Unidas Podemos se le han pasado las prisas por activar a fondo la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen', con la que, presuntamente, el Gobierno de Mariano Rajoy intentó obstaculizar la instrucción del 'caso Bárcenas' y otros que afectaban al PP. El viernes, la comisión se reunirá por primera vez y pactarán el plan de trabajo. Los grupos parlamentarios han ido registrando estos días sus propuestas y llama la atención que los dos principales impulsores de esta comisión hayan decidido no pedir comparecencias y quieran que en la primera fase este órgano del Congreso se centre en la petición de "documentos, informes, antecedentes o datos que sean necesarios para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto" de la investigación. Ya, más tarde, llegarán las comparecencias que se acuerden, apuntan, aunque socialistas y morados tienen mayoría en la mesa de la comisión y, por tanto, la última palabra en decidir a quién se llama y en el ritmo de trabajo.
Otros grupos sí que han presentado la lista de nombres de las personas que consideran necesario que deben pasar para aportar información sobre la 'operación Kitchen', que todavía está siendo investigada en los tribunales. Ciudadanos ha solicitado que acudan Rajoy, el excomisario José Manuel Villarejo, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el extesorero de ese partido Luis Bárcenas, entre otros. ERC también incluye a todos ellos y añade al expresidente José María Aznar, al exministro Jorge Fernández Díaz y Pablo Casado.
El factor Villarejo
Además, Unidas Podemos ha sorprendido este miércoles al anunciar que ya no ve urgente que Villarejo acuda a la comisión. El expolicía, encarcelado desde hace tres años por una causa que se ha tenido que dividir en 28 piezas por la cantidad de información y escándalos diferentes que se han ido identificando, no tiene la "mínima credibilidad", ha afirmado el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, vicepresidente también de la comisión. "Las declaraciones de Villarejo varían cada día en función de sus intereses. No creo que sea bueno empezar por Villarejo; habrá que decidir si comparece o no. (...) Lo que ha ocurrido puede reconstruirse sin él", ha declarado en una rueda de prensa.
La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, sugirió en diciembre que su grupo pediría la comparecencia del comisario y, en aquel momento, coincidía con su socio de Gobierno, que lo reclamaba con ahínco. Ahora, los morados se retraen. Entre las múltiples investigaciones a Villarejo se encuentra una que lo relaciona con el vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias: el llamado 'caso Dina', sobre el robo del móvil de su exasesora, Dina Bousselham El juez está investigando si el político usó de forma fraudulenta el procedimiento abierto contra el excomisario y fingió ser "víctima de un hecho que sabía inexistente".
A quien sí querrá escuchar en la comisión Podemos es a Casado, un apellido que el PSOE no incluirá en su propia lista de comparecientes, porque, argumentan los socialistas, no tenía ningún cargo relevante en los años en los que, presuntamente, el Ejecutivo y el PP intentaron destruir pruebas que les perjudicaban.
Dudas legales del PP
En su plan de trabajo, el PP ha rechazado dar a conocer a qué comparecientes propone y exige que la comisión no eche a andar hasta que pasen las elecciones catalanas, para que los debates que se puedan dar no interfieran en la intención del voto. Además, ha solicitado informes a la Audiencia Nacional y a los servicios jurídicos del Congreso sobre la comisión. Se da la circunstancia de que las formaciones del PSOE y Podemos están personadas en la causa y, por tanto, tienen acceso a toda la documentación sobre la 'operación Kitchen'. Entre las numerosas preguntas que creen que debe responder el juzgado que lo investiga se incluye una sobre si socialistas y morados pueden "utilizar los documentos que son parte del expediente judicial".
Fuentes del PP han asegurado estas semanas atrás que estaban pensando pedir que pasaran por la comisión Dolores Delgado, fiscal general del Estado y exministra de Justicia, o al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20210120/psoe-echan-freno-comision-kitchen-11466199
PSOE Y UNIDAS PODEMOS NO PIDEN AÚN COMPARECENCIAS PARA LA COMISIÓN KITCHEN Y PREFIEREN QUE ANTES SE RECLAMEN DOCUMENTOS
El PSOE y Unidas Podemos han optado por no solicitar aún comparecencias para la comisión del Congreso que va a investigar la operación 'Kitchen' dado que prefieren que los trabajos arranquen con la petición de documentación sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.
Así consta en el somero plan de trabajo que han registrado en el Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se someterá a votación este viernes en la que será la primera reunión de la comisión de investigación.
A diferencia de otros grupos, que sí incluyen ya una primera lista de comparecientes, los dos que apoyan al Gobierno y que promovieron esta investigación parlamentaria el pasado mes de octubre, son partidarios de esperar un poco más para que en una primera fase la comisión se centre en la petición de documentos.
Así, plantean que sea la Mesa de la comisión, donde PSOE y UP tienen mayoría, la que acuerde la solicitud de "documentos, informes, antecedentes o datos sean necesarios para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto" de la investigación.
Y, según este plan de trabajo, será ya en una segunda fase cuando se celebren las comparecencias que acuerde en este caso la comisión en pleno. No obstante, las solicitudes de comparecencia se podrán ir ampliando en función del desarrollo de los trabajo, como sucede habitualmente en este tipo de investigaciones parlamentarias.
El PSOE y Unidas Podemos puntualizan, en el documento que han registrado, que cuando la Cámara se dirija a las personas que cite a comparecer tendrá que concretar el tema sobre el que debe versar su testimonio y pudiendo detallar los aspectos concretos que, a priori puedan resultar más interesantes a los comisionados.
Como es habitual, fijan un plazo inicial de tres meses de duración de la comisión que se podrá ampliar por otros tantos si así lo acuerda el Pleno. La tercera fase se dedicará a la redacción de las conclusiones, pudiendo registrarse votos particulares por parte de los grupos, que también se someterán a votación en el hemiciclo.
Por último, puntualizan, como se hace tradicionalmente en todas las comisiones de investigación, que el Pleno podrá acordar, en su caso, que la Mesa del Congreso dé traslado al Ministerio Fiscal de sus conclusiones para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.
PSOE Y UP BLOQUEARÁN LA COMPARECENCIA DE VILLAREJO EN LA COMISIÓN KITCHEN
Desde Unidas Podemos han justificado su cambio de posición aduciendo la "falta de credibilidad" de Villarejo. Los socios de Gobierno siguen negociando una lista conjunta
Las peticiones de distintos grupos parlamentarios como Ciudadanos, ERC, PNV o EH Bildu para que el excomisario José Villarejo comparezca en la comisión de investigación sobre Kitchen, quedarán sin efecto. PSOE y Unidas Podemos han dado marcha atrás en sus intenciones y no consideran ahora que sea idóneo llamar a declarar al comisario jubilado, al menos en el primer tramo de la investigación. Los socialistas ya unieron sus votos al PP en 2017 para vetar su presencia en la comisión de investigación sobre la denominada "policía patriótica", pero en el caso de los morados siempre habían sostenido la necesidad de que compareciese al considerarlo una parte central en la trama de espionaje orquestada desde el ministerio de Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra el extesorero del partido, Luis Bárcenas, para eliminar pruebas sobre la presunta caja B del partido. Desde Unidas Podemos han justificado su cambio de posición aduciendo "falta de credibilidad" de Villarejo y que sus declaraciones "varían en función de sus intereses” para concluir que “cuanta menor intoxicación, mejor”. Fuentes del grupo parlamentario recalcan que no ven prioritario que sea de los primeros en declarar, como reclaman otros grupos. Los socialistas, si bien evitaron descartar esta comparecencia, ya defendieron desde un primer momento que se debía arrancar la investigación llamando en primer término a los técnicos de Interior y exdirigentes del PP en base a la información recabada perfilar el resto de comparecencias.
Fuentes parlamentarias del PSOE argumentan en línea con Unidas Podemos que se pedirá la comparecencia de "todos aquellos que puedan arrojar información". Primero debe interrogarse a las personas que han declarado ya en la Audiencia Nacional, y que tienen un “conocimiento parcial” de lo que ocurrió, a los que se puede dar mayor “credibilidad” que a otros acostumbrados a “inventar y manipular”, explicaba el vicepresidente de la comisión y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago. Villarejo ya mostró sus intenciones en un escrito dirigido el pasado viernes al magistrado que instruye su caso en la Audiencia Nacional, donde cargaba las tintas tanto contra el PSOE como contra Unidas Podemos. A ambos partidos los acusaba, entre otras cuestiones, de ofrecerle "la libertad a cambio de testificar contra adversarios políticos, exculpando a otros afines, sobre hechos que constan en el sumario" y aseguraba tener pruebas comprometedoras contra ambos. Previamente, ya habían dejado caer en una entrevista en 'El País' la posibilidad de revelar, si comparecía, los trabajos que hizo para Gobiernos del PSOE.
La formación liderada por Inés Arrimadas fue la primera en presentar sobre el plan de trabajo y las comparecencias solicitadas. Además de Villarejo, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero también mandos policiales. En los escritos presentados este miércoles por ERC, PNV y Bildu destaca también la prioridad que todos estos grupos otorgan a la comparecencia del excomisario ahora en prisión. Los nacionalistas vacos, de hecho, han solicitado solo dos, la de Villarejo y la de Enrique García Castaño, conocido dentro de la Policía como El Gordo, ex Comisario de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía. Los republicanos catalanes aportan una lista en la que incluyen, al igual que EH BIidu, al actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o a los expresidentes José María Aznar y Felipe González. Unidas Podemos coincide con ERC en la necesidad de que comparezca el actual presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, por formar parte de la cúpula del partido en el periodo investigado como responsable nacional de Comunicación.
Casado no será citado en la comisión de investigación de Kitchen
PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes un plan de trabajo conjunto, pero no aportarán por el momento la lista de comparecientes, como sí han hecho otros grupos. Ambos partidos siguen negociando una lista consensuada y se centrarán de momento en la petición de documentación sobre el espionaje realizado por Interior en los últimos Gobiernos del PP a Bárcenas. Si finalmente no se aplazan las elecciones del 14-F, la comisión de investigación se convertirá en un altavoz en plena campaña electoral de las catalanas que beneficiará especialmente a Vox, formación que mantiene un particular pulso con los populares en Cataluña ante las pretensiones de un sorpaso. No en vano, la formación de ultraderecha ha colocado en esta comisión a una de sus principales caras en el Congreso, la portavoz adjunta y secretaria general del grupo, Macarena Olona, a quien acompañarán los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo. Por parte de los populares estarán presentes el portavoz adjunto del partido, Carlos Rojas, y los diputados Luis Santamaría y Ana Belén Vázquez, el primero, portavoz en la comisión de Justicia y, la segunda, un valor en alza de los populares para enfrentarse a sus rivales políticos en materias delicadas para el partido, en la de Interior.
TODO EL CONGRESO, DE VOX A ERC, CARGA CONTRA PODEMOS POR SALVAR A VILLAREJO DE IR A LA 'COMISIÓN KITCHEN'
El PP denuncia una "causa general" en su contra y el PSOE culpa a los populares de "demorar" la investigación parlamentaria.
El viraje de Podemos en la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen para salvar al comisario Villarejo de acudir a la misma le ha ocasionado a los de Pablo Iglesias el reproche de la práctica totalidad del arco parlamentario.
De Vox a ERC, pasando por Ciudadanos o Más País y otras formaciones minoritarias, todos arremetían este viernes contra esta decisión de la formación morada, que hasta hace poco defendía que era "evidente" que Villarejo tenía que ser interrogado. Así lo sostuvo Pablo Echenique el pasado 9 de diciembre, antes de que su formación cambiase de postura.
Tirando de símiles tanto reales como cinematográficos, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, e Íñigo Errejón, aludían a "Vito Corleone" y a "Al Capone", respectivamente, para concluir que ni se podría hablar "de la mafia" sin ellos ni se puede investigar a las cloacas del Estado sin Villarejo.
La secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, por su parte, aseguraba que se trata de un "testimonio vital si se quiere cumplir con la finalidad propia de esta comisión de investigación". Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, afirmaba que "me extrañaría que aquellos que han propiciado esta comisión, que son los partidos del Gobierno, digan ahora que el señor Villarejo no tiene nada que decir".
El partido naranja también incluyó al comisario, en prisión provisional desde 2017, en el listado de comparecientes que presentó el miércoles. Ese mismo día Podemos confirmaba su viraje. El diputado morado Enrique Santiago, nombrado vicepresidente de la comisión de investigación sobre el espionaje llevado a cabo en Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, aseguró entonces que era fundamental tanto la comparecencia del ex presidente del Gobierno como la del actual líder del PP, Pablo Casado. Para Santiago, sería extraño que Casado, que cuando se produjeron los hechos era vicesecretario de Comunicación de su partido, no estuviera al tanto.
PP y PSOE
Los populares denuncian un intento de convertir la comisión en una "causa general" en su contra. Por la Kitchen -uno de cuyos objetivos fue el ex tesorero del PP Luis Bárcenas- están imputados el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su número dos, Francisco Martínez Vázquez.
Mientras, el designado portavoz del PSOE para la comisión, Felipe Sicilia, acusaba al primer partido de la oposición de poner "excusas" para eludir su responsabilidad en el escándalo, algo que harían "demorando" los trabajos mediante la petición de informes que, a su juicio, no serían necesarios.
En una reunión a puerta cerrada, se aprobaba el plan de trabajo del PSOE con el apoyo de Podemos y sin que otros grupos se opusieran. En principio la comisión extendería sus trabajos durante tres meses aunque prorrogables. Según fuentes conocedoras de la reunión, Ciudadanos propuso infructuosamente un sistema de cupos para las comparecencias en función del peso de cada grupo. Una vía que permitiría llamar a Villarejo, pues bastaría que uno de los grupos que reclama su presencia lo incluyera entre su listado.
Será la semana que viene cuando se apruebe el primer listado de comparecencientes. Pese al veto inicial, incluso Podemos no cierra del todo la puerta a que Villarejo termine acudiendo, aunque relegado a otros testimonios.
EL ESPIONAJE A BÁRCENAS LLEGA AL CONGRESO: CASADO INTENTA EVITAR OTRO CALVARIO EN LA CAMPAÑA CATALANA
El PP ha solicitado aplazar los trabajos de la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen a después de los comicios en Catalunya en los que el líder de los populares esperaba lograr un buen resultado
Desde su llegada a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado ha tratado de distanciar su mandato con los casos de corrupción en los que se ha visto involucrado su partido, consierándolos cosa del "pasado" con el objetivo de paliar la división del centro derecha en tres partidos –PP, Vox y Ciudadanos– a la que abocaron esas corruptelas al final del mandato de Mariano Rajoy. "El PP ha vuelto", dijo Casado cuando ganó las primarias, en 2018, tratando de hacer borrón y cuenta nueva a una etapa convulsa en las filas populares, que estuvo marcada por distintos procesos judiciales y que concluyó precisamente a raíz de uno de ellos: la condena del PP a título lucrativo dentro del caso Gürtel, que motivó la moción de censura que presentó Pedro Sánchez contra Rajoy, desbancándolo de la Moncloa.
Ahora, cuando han pasado dos años y medio de su discurso en el XIX Congreso Nacional de su partido, Casado sigue sin lograr desprenderse de ese lastre de la corrupción. Este viernes se pone en marcha en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas –conocida como Operación Kitchen–, perpetrado presuntamente por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.
El inicio de los trabajos del órgano parlamentario por el que previsiblemente pasarán el propio Rajoy –así lo han solicitado varios partidos– y otros excargos del PP –Unidas Podemos y el PSOE debaten incluso la posibilidad de que comparezca el propio Casado– coincide además con el inicio de la campaña de las elecciones catalanas que, por el momento y a la espera de la decisión definitiva del TSJ catalán sobre el aplazamiento al 30 de mayo solicitado por la Generalitat, tendrán lugar el próximo 14 de febrero.
Casado se ha fijado esos comicios como un punto de inflexión en su mandato, que hasta ahora ha estado marcado por continuas derrotas electorales. Con unas encuestas que auguran un leve crecimiento del PP catalán, que en los comicios anteriores tocó suelo con el peor resultado de la historia –logró solo cuatro escaños en el Parlament–, el líder de los populares confía en conseguir el sorpaso a Ciudadanos, que en 2017 logró ser la primera fuerza en Catalunya aunque no pudo gobernar por la alianza de los independentistas, y ahora se hunde en las encuestas. También quiere superar en votos a Vox, volviendo a convertir al PP en la fuerza hegemónica del constitucionalismo de derechas en Catalunya.
"No interferir en la intención de voto"
El líder del PP no quiere por ello que esa campaña catalana en la que, según sus más estrechos colaboradores, Casado se pretende volcar sean cuando sean los comicios, se vea de nuevo ensombrecida por el fantasma de la corrupción de su propio partido. Esa es la razón por la que este miércoles los populares registraron en el Congreso una propuesta de trabajo para la citada comisión de investigación de la Operación Kitchen en la que solicitan que su actividad no comience hasta que se celebren las elecciones en Catalunya.
"No podrán ser convocadas las sesiones de trabajo [de la comisión de investigación] hasta que finalice el proceso electoral en Cataluña, al objeto de no interferir en la intención de voto del cuerpo electoral", aseguran los populares en el escrito presentado en el registro del Congreso. En ese mismo texto, el PP pide un plazo de cinco días para presentar su listado de comparecientes a partir de que se apruebe el plan de trabajo de la comisión, lo que sucederá, previsiblemente, el mismo viernes, día en el que se constituirá este órgano parlamentario solicitado por la izquierda y al que siempre se opuso el PP.
Por el momento, ni PSOE ni Unidas Podemos han registrado tampoco su listado de comparecientes. Los socialistas apuestan ahora por comenzar las comparecencias por los cargos técnicos y, a partir de ahí, decidir qué políticos tienen que dar explicaciones. Pero en los últimos meses los dos partidos en el Gobierno se han mostrado partidarios de llamar al menos a Rajoy, la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal –la Fiscalía ha pedido su imputación en el caso– y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, máximo responsable político cuando se produjo el presunto espionaje a Bárcenas, y que está imputado por ello en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Grupos como Ciudadanos y EH Bildu ya han solicitado formalmente que los tres declaren en la comisión.
Que tres personalidades que tuvieron cargos de la máxima responsabilidad en el PP declaren en el Congreso sobre un supuesto caso de corrupción que afecta directamente al partido no es, para la dirección del PP, el mejor escaparate para las elecciones en Catalunya. Todo ello a pesar de que la estrategia de la dirección del PP siempre ha sido la de desvincular a su máximo jefe de la Operación Kitchen.
Casado, citado en el careo entre Martínez y Fernández Díaz
El entorno de Casado admite que el currículum de Casado está estrechamente ligado al partido, donde fue primero presidente de Nuevas Generaciones –las juventudes del PP– de la Comunidad de Madrid, entre 2005 y 2013, después diputado en el Congreso (desde 2011) y luego por último vicesecretario de Comunicación de la dirección del expresidente Mariano Rajoy, entre 2015 y 2018, hasta su triunfo en las primarias. Pero, al tiempo, esos mismos dirigentes alegan que en ninguno de esos puestos Casado ejerció labores ejecutivas que puedan vincularle a los asuntos, como el del espionaje a Bárcenas, que se investigan en los tribunales.
El líder del PP, sin embargo, no pudo evitar que su nombre fuera citado en el careo que mantuvieron en la Audiencia Nacional el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuera su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos imputados en la trama, el pasado noviembre.
Durante la tensa conversación en la que hubo un duro cruce de acusaciones, Martínez expresó su disgusto con la dirección de Casado por la sensación de abandono que dice que siente, pese a no haber cometido ningún delito, según su versión. El exsecretario de Estado de Seguridad considera que Génova 13 contribuyó a que pareciera culpable cuando dejó de llevarle en las listas electorales. A este respecto y, según pudo reconstruir elDiario.es de varias fuentes presentes presentes en la declaración, Martínez dijo: "Es una actitud indigna e inmoral del PP. Si el PP del señor Casado no sabe cuidar a la gente que ha trabajado bien, mucho me temo que no sabrán cuidar nunca a los españoles que no conocen".
El líder del PP siempre ha sostenido que cuando se produjo el supuesto espionaje al extesorero él no tenía responsabilidades orgánicas, ya que en ese momento tan solo era "un diputado por Ávila" y su designación como vicesecretario de Comunicación se produjo después de la salida de Fernández Díaz y Martínez del Gobierno, que además no repitieron en las listas electorales. Génova 13 insiste en que Casado ha prometido mano dura ante cualquier implicación de dirigentes o exdirigentes en el espionaje a Bárcenas. "Caerá quien tenga que caer", ha solido recalcar el propio presidente de los populares cada vez que se le ha preguntado por este asunto.
Unos casos que "abochornan" a Génova 13
El equipo de Casado remarca también que los hasta ahora principales implicados en la trama, Martínez y Fernández Díaz, forman parte "del pasado" del PP y que desde su elección como líder del partido, su máximo jefe siempre ha realizado un ejercicio de "regeneración" tratando de romper con algunas de esas prácticas que, según la dirección de los populares, les "abochornan".
El núcleo duro del equipo de Casado insiste en que Martínez "ya no está en el partido", que a Fernández Díaz se le abrió un expediente informativo en cuanto se conoció su imputación, tal y como establecen los estatutos, y que por el momento no temen la imputación de la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal solicitada por la Fiscalía. Cospedal fue uno de los principales apoyos de Casado en las primarias, que decantó su victoria frente a la archienemiga interna de la exdirigente, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
Esas mismas fuentes recalcan, en todo caso, que si finalmente Cospedal fuera imputada el partido seguiría la misma vía que con Fernández Díaz, siempre que en ese momento la también exministra siguiera militando en el PP. Sobre su vinculación con el triunfo de Casado, la dirección popular insiste en que el actual líder del PP planteó "un nuevo tiempo" al ganar las primarias y que desde entonces se han renovado todos los órganos internos con la premisa de "no pasar ni una" en materia de corrupción.
LAS CLAVES DE LA 'COMISIÓN KITCHEN'
PSOE y Unidas Podemos propondrán que comparezcan Rajoy, Fernández Díaz, Cospedal y Villarejo, entre otros
Los populares piden que las sesiones arranquen tras las elecciones catalanas para no influir en la campaña
Los casos judiciales del PP vuelven al Congreso. Tras la sentencia del caso Gürtel que precipitó la moción de censura con Mariano Rajoy, la Cámara baja del Congreso será escenario de la conocida como 'comisión Kitchen'. Una iniciativa del PSOE y Unidas Podemos para investigar los presuntos tejemanejes en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para proteger al PP. La idea de los socios de coalición es que exaltos dirigentes conservadores –y de las llamadas 'cloacas del Estado'- desfilen por el Congreso. Pero ¿quiénes serán estos protagonistas?, ¿qué intereses persigue cada partido?, ¿cuándo arrancarán las sesiones? A continuación desvelamos las claves para comprender la 'comisión Kitchen':
¿Qué es el 'caso Kitchen'?
Se trata de una investigación judicial sobre una supuesta trama de espionaje en el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para sustraer información comprometedora sobre las finanzas del PP al extesorero del partido, Luís Bárcenas. Los principales investigados son el excomisario José Manuel Villarejo, el exnúmero dos de la policía, Eugenio Pino y el antiguo chofer de Bárcenas, Sergio Ríos. A estos nombres, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón añadió a mediados de septiembre la imputación del exministrio del Interior Jorge Fernández Díaz por su posible relación con el espionaje.
¿Qué se pretende investigar?
La propuesta que presentaron PSOE y Unidas Podemos [Aquí en PDF] en septiembre y que fue aprobada por el Congreso tiene como objeto "investigar la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado”. Según detallan socialistas y morados, es necesario esclarecer si los conservadores supuestamente llevaron a cabo estas prácticas “con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción”.
¿Qué propósitos persiguen?
La 'comisión Kitchen' podría dar un poco de aire al Ejecutivo. A nadie se le escapa que el paso de altos exdirigentes del PP, entre ellos un expresidente del Gobierno, por la Cámara baja serviría a socialistas y morados para alejar el foco mediático de su gestión de la pandemia y para desgastar a los conservadores y, sobre todo, a su líder, Pablo Casado.
No obstante, los populares no parecen dispuestos a aceptar sin más esta comisión de investigación y también se preparan para sacar partido. Entre sus planes está solicitar la comparecencia de dirigentes del PSOE e investigar la presunta financiación irregular de Podemos.
¿Quién comparecerá?
La comisión, presidida por la socialista Isaura Leal, ha comenzado ya los trabajos para establecer la lista de comparecientes. Una tarea en la que los partidos, incluido el PP, deberán ponerse de acuerdo, pese a que socialistas y morados tendrán la última palabra al ser mayoría en la mesa de la comisión.
Uno de los pesos pesados que PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo con que acuda al Congreso es Rajoy. El expresidente del Gobierno sería una de las mayores bazas para atacar al PP. Además, los socios del Ejecutivo parecen estar de acuerdo en llamar también a Fernández Díaz y al que fuera su número dos, Francisco Martínez, y a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Fuera de dudas está también la asistencia de Villarejo como pieza clave de este entramado. Pese a la insistencia de los ‘podemistas’, los de Sánchez han salvado a Casado al considerar que no tuvo relación directa con el escándalo.
Por su parte, los conservadores tienen en mente solicitar la comparecencia de la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, ya que entienden que tuvo relación con Villarejo durante su etapa como secretaria de Estado de Interior entre 1994 y 1996, y de la fiscal general del Estado y exministra socialista de Justicia, Dolores Delgado, tras conocerse que se reunió en varias ocasiones con el excomisario. Además, la exdirigente del PSOE mantiene una relación personal con Baltasar Garzón, cuyo bufete de abogados coordina la defensa de varios mandos policiales en el ‘caso Villarejo’.
¿Cuándo arrancará la comisión?
La idea que barajan socialistas y morados es que a lo largo de enero se pueda concretar la lista de comparecientes y que la primera sesión de la comisión tenga lugar a comienzos de febrero. No obstante, los conservadores piden que se retrase hasta después de las elecciones catalanas, que se celebrarán el 14 de febrero, para que la acción del Congreso no interfiera en la campaña electoral.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20210106/claves-comision-kitchen-congreso-11436045
CIUDADANOS Y BILDU PIDEN QUE RAJOY Y COSPEDAL DECLAREN EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS QUE EL PP BUSCA APLAZAR
PSOE y Unidas Podemos confirmaron que también solicitarían las comparecencias del expresidente del Gobierno y la exministra, aunque aún no han presentado su listado, al que podrían sumar a Casado
Varios grupos del Congreso de los Diputados han registrado este miércoles sus respectivos listados de los comparecientes que quieren que acudan a declarar a la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje realizado al extesorero del PP Luis Bárcenas –la conocida como Operación Kitchen– por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, que se va a poner en marcha el próximo viernes. Formaciones antagónicas como Ciudadanos y EH Bildu han solicitado que entre los comparecientes estén, entre otros, el propio Rajoy y la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, además del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, máximo responsable político cuando se produjo el espionaje, y que está imputado por ello en la causa abierta en la Audiencia Nacional.
Por el momento, ni PSOE ni Unidas Podemos han registrado su listado de comparecientes, a la espera de que ambas formaciones socias en el Gobierno acuerden los nombres de quienes, a su juicio, deberían declarar ante el Congreso. Los dos partidos se han mostrado partidarios de llamar a Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz, aunque discrepan a la hora de incluir entre los comparecientes al actual líder del PP, Pablo Casado. Unidas Podemos ha manifestado su intención de convocar al máximo jefe de la oposición, algo que no tienen tan claro en las filas socialistas.
El PP tampoco ha registrado aún su listado de comparecientes. Por el momento, los de Casado han presentado en el registro de la Cámara Baja un plan de trabajo para la comisión, pidiendo aplazar sus trabajos hasta después de las elecciones catalanas cuya fecha sigue sin estar clara por la decisión del Govern de aplazarlas al 30 de mayo, ante el agravamiento de la pandemia, y por la paralización cautelar de ese aplazamiento dictada el martes por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que, atendiendo a varias denuncias, las ha vuelto a situar en la fecha inicialmente prevista, el 14 de febrero.
"No podrán ser convocadas las sesiones de trabajo [de la comisión de investigación] hasta que finalice el proceso electoral en Cataluña, al objeto de no interferir en la intención de voto del cuerpo electoral", aseguran los populares en el escrito presentado en el registro del Congreso. En ese mismo texto, el PP pide un plazo de cinco días para presentar su listado de comparecientes, a partir de que se apruebe el plan de trabajo de la comisión, lo que sucederá, previsiblemente, el mismo viernes, día en el que se constituirá este órgano parlamentario solicitado por la izquierda y al que se opuso el propio PP.
El PP denuncia "intereses políticos"
Los populares consideran que la comisión de investigación "no persigue otro fin diferente al de fiscalizar al anterior Gobierno de España, cuyos principales protagonistas están alejados de la de la actividad política, lo que incide en la clara intencionalidad político/electoral de esta comisión". A su juicio, el PSOE y Unidas Podemos quieren "poner los trabajos de la comisión al servicio de sus intereses políticos", como, sostienen, se demuestra en el propio enunciado de la comisión, donde se habla de "ilegalidades con la finalidad de favorecer al PP.
"Dicha intención resulta aún más evidente al proponer los grupos Socialista y de Unidas Podemos que los trabajos de la comisión sean coincidentes con un periodo electoral en Cataluña donde es evidente que los trabajos de la comisión serán puestos al servicio de los intereses políticos de ambas formaciones en la mencionada cita con las urnas", añaden en el texto registrado este martes.
El PP exige que antes de citar a los comparecientes la comisión haya podido recibir una serie de informes aclaratorios que reclama a los servicios jurídicos del Congreso y también al juez instructor de la Operación Kitchen, Manuel García Castellón.
PSOE Y PODEMOS LLEGAN DESPUÉS DE TRES MESES A LA COMISIÓN KITCHEN SIN ACORDAR LOS COMPARECIENTES
Los grupos parlamentarios del Gobierno prefieren empezar por la fase de recopilación de documentación
Vox y Ciudadanos reclaman la presencia de José Manuel Villarejo
El PSOE y Unidas Podemos (UP) no han cerrado todavía la lista de comparecientes para la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la Operación Kitchen que propusieron en octubre. Así lo han comunicado Sofía Castañón, portavoz de UP, y Enrique Santiago, vicepresidente primero en el órgano y diputado morado.
Podemos y PSOE han chocado en las últimas semanas durante la negociación de nombres. El Grupo Confederal insistió en citar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y al excomisario preso José Manuel Villarejo, ante las reticencias de los socialistas.
Curiosamente, el diputado de UP Enrique Santiago ha señalado este martes que «las declaraciones del señor Villarejo varían en función de sus intereses», así que «cuanta menor intoxicación del señor Villarejo, mejor». Y ha abundado: «No creo que sea bueno empezar por él, pero tendrá que llegar el momento decidir si comparece o no».
En relación con Rajoy y Casado, también con cierto grado de ambigüedad, Santiago y Castañón han explicado que «es evidente que la Kitchen fue una operación política conocida y permitida por la cúpula del PP, que era el señor Rajoy y donde también estaba el señor Casado por ser responsable de Comunicación». En UP buscarán un acuerdo con el PSOE en este sentido para que comparezcan «todos los que permitieron que la Operación Kitchen se llevase adelante».
Otros grupos, como Ciudadanos y Vox, por ejemplo, ya han presentado su listado. Pero PSOE y UP prefieren que la primera etapa se centre en los trabajos de documentación sobre el espionaje del PP a su extesorero Luis Bárcenas.
Después, en la segunda fase, los partidos podrán presentar sus propuestas sin límites y, finalmente, se redactarán las conclusiones. Todo en un plazo de tres meses. Será entonces cuando el Pleno decida si la Mesa del Congreso eleva el informe al Ministerio Fiscal.
El plan de trabajo que han registrado este miércoles se votará el viernes, en la primera reunión del órgano. «Se define perfectamente el objeto de esta comisión de investigación sobre la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones para favorecer los intereses políticos del PP para perseguir ilícitamente a personas y anular pruebas inculpatorias», ha expresado Santiago. «De confirmarse esto que está siendo además investigado por los tribunales y que tiene todos los indicios de verosimilitud, el PP habría actuado como una auténtica organización criminal utilizando las instituciones para perseguir ilegalmente a personas», ha añadido.
Listados del resto de grupos
No tienen dudas en Ciudadanos (Cs), partido que sí pedirá que den explicaciones en el Congreso tanto el expresidente Rajoy como el excomisario Villarejo, cuyo testimonio podría incomodar tanto al PSOE como al PP porque trabajó con gobiernos de ambos signos políticos. Desde el grupo parlamentario de Cs sostienen que llaman a declarar con los «mayores deseos de luchar contra la corrupción, llegar al fondo de la cuestión y avanzar en la imprescindible regeneración democrática».
El partido, que recuerda y lamenta que el PSOE y Unidas Podemos tumbaron todas las comisiones de investigación que les concernían -como las de los casos Delcy o Dina-, pide que en la que afecta a la Operación Kitchen sean llamados Mariano Rajoy, Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias -mujer de Bárcenas-, José Manuel Villarejo, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y Sergio Ríos -antiguo chófer de Bárcenas-.
El listado de Vox es más largo, aunque deja fuera al expresidente Rajoy. Los de Santiago Abascal coinciden con Cs en Jorge Fernández Díaz, José Manuel Villarejo y Sergio Ríos, pero añaden al exnúmero dos de Interior Francisco Martínez y a los exfuncionarios del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, José Ángel Fuentes Gago, Marcelino Martín-Blas, Bonifacio Díaz Sevillano y José Francisco González.
La formación independentista radical EH Bildu aporta un listado mucho mayor, que incorpora, además de los nombres solicitados por Vox y por Cs, a otros exministros y exsecretarios de Estado, pero también a empresarios como Ignacio López del Hierro, al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, a fiscales, a policías y a abogados.
EL PP PIDE QUE SEA GARCÍA-CASTELLÓN QUIEN AUTORICE EL USO DEL SUMARIO EN LA COMISIÓN DE KITCHEN
El Partido Popular entregará, esta mañana, una cuestión previa a la Mesa del Congreso en la que solicita que sea el magistrado del caso Tándem, Manuel García-Castellón, quien marque las líneas sobre qué documentación oficial se puede utilizar en la Comisión de Kitchen. Es decir, quieren que el Congreso pida permiso para saber si se puede hacer uso del sumario, sobre todo porque en la comisión hay dos partidos, el PSOE y Podemos, que están personados y ya tienen acceso a todo el sumario, lo que implica una desigualdad evidente para el resto de formaciones políticas.
En el escrito, al que he tenido acceso OKDIARIO, los ‘populares’ afirman que, “llama poderosamente la atención que en la exposición de motivos del acuerdo votado por el Pleno del Congreso, se haga referencia expresa a documentos que forman parte de las citadas diligencias», y que en consecuencia son parte del expediente de instrucción y de las actuaciones que se siguen en el citado Juzgado como es el caso del informe de la Fiscalía Anticorrupción”, que es la base de la exposición de motivos, y cuyo contenido «se desglosa detalladamente llegándose a entrecomillar palabras y expresiones en él contenidas, e incluso recogiendo el nombre de las personas que son citadas en éste, lo que en todo caso, no sólo es una espuria utilización del contenido del informe de la Fiscalía, sino también una grave vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia que asiste a las personas mencionadas en el mismo”.
Juzgado
Por ello, solicitan que se remita escrito al Juzgado Central de Instrucción número seis y a la atención de su titular Manuel García-Castellón solicitando aclaración sobre los varios extremos. En primer lugar, piden que el juez de Kitchen diga “cuáles son los derechos constitucionales que afectan a las personas que están siendo investigadas en el proceso judicial, y cuál es el alcance del deber de salvaguarda de los citados derechos por parte de la Comisión de Investigación constituida en el Congreso de los Diputados”.
En cuanto a la documentación, también solicitan que se responda, “si pueden las fuerzas políticas personadas en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional utilizar los documentos obrantes en el expediente judicial, en los trabajos de la comisión de investigación.
Y en cualquier caso ¿con qué límites?, y las eventuales responsabilidades en las que podría incurrir si no se produce un adecuado uso del material en su poder”.
Así, apostillan que, respecto a la utilización de los documentos del expediente judicial de Kitchen en las labores de la Comisión de Investigación, y dado el carácter público de los trabajos de ésta, si pudiera, esto, “redundar en una vulneración de los derechos constitucionales que asistan a las personas investigadas en sede judicial cuya presunción de inocencia pudiera verse comprometida”. Y apostillan que se pregunte al magistrado “cuáles son las obligaciones de la Mesa de la Comisión para evitar que tal circunstancia pudiera producirse. Y también cuáles son las responsabilidades en las que podrían incurrir caso de no evitar el que, durante los trabajos de la comisión, pudieran vulnerarse los citados derechos que asisten a las personas investigadas”.
Información
Más allá de la parte referida a la documentación para que se pronuncie el juez de Kitchen, desde el PP también entran en otro punto escabroso, el posible mal uso de la información contenida en el sumario. Así, recuerdan un antecedente sobre la inadecuada utilización de la información judicial en sede parlamentaria.
En este caso, se refiere a la sucedida en el marco de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos con motivo de la comparecencia del inspector jefe de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, por la portavoz de Podemos, Gloria Elizo, hoy vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados.
Recuerdan los ‘populares’ que Elizo “hizo uso de información procedente de sumarios judiciales en curso y en concreto caso conocido como del ‘pequeño Nicolás’ en el que Unidas Podemos estaba personada lo que fue considerado un ‘uso fraudulento’ de la información Judicial lo que llevó al Grupo Parlamentario Popular a solicitar la “imposibilidad de utilizar tales documentos” en un escrito dirigido a la Mesa del Congreso al existir un “evidente abuso de autoridad” por parte de Podemos y una “evidente lesión” a los derechos constitucionales del compareciente.”
Por tanto, dice el escrito que: “Este antecedente justificaría ya de por sí, la necesidad de remitir al Juzgado que instruye las diligencias coincidentes con el objeto de la comisión de investigación el escrito aclaratorio que solicita el Grupo Parlamentario Popular con carácter previo al inicio de los trabajos, unos hechos agravados además por el contenido incluido en la Exposición de Motivos que justificó la creación de la Comisión de Investigación al que ya se ha hecho referencia”.
Sentencia
Por último, el PP recuerda al Congreso que hay una sentencia, en este caso la referida a la Comisión de investigación de Las Cortes Valencianas sobre el accidente del metro, que tumbó las conclusiones de la misma por hacer valoraciones jurídicas sobre personas que, ni si quiera estaban investigadas en el procedimiento judicial.
Sobre este hecho, recuerdan los populares, que las conclusiones de la Comisión Kitchen han de buscar dirimir responsabilidades políticas, pero nunca judiciales, por lo que no se deben incluir delitos o presuntos delitos dentro de las mismas.
CS TOMA LA DELANTERA EN KITCHEN: PIDE CITAR A RAJOY Y VILLAREJO Y DEJA FUERA A CASADO
La formación naranja registra su petición de comparecencias y se centra en los testigos clave de la operación. Consideran que Casado no debe acudir y ven indispensable a Villarejo
Ciudadanos pedirá que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz acudan al Congreso a comparecer en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, la supuesta trama de espionaje orquestada desde el Ejecutivo popular contra el extesorero del partido Luis Bárcenas, que tenía en sus manos información sensible del PP. También solicitará la comparecencia del comisario José Villarejo.
La formación de Inés Arrimadas quiere poner el foco en aquellos actores que realmente puedan arrojar luz sobre lo sucedido. Por eso, aseguran, no han incluido en su propuesta la comparecencia de Pablo Casado, actual líder del PP: “En aquel momento, él no estaba al frente, ni tuvo nada que ver. No vamos a contribuir a un circo político. Vamos a centrarnos en llamar a quienes pueden aportar cosas como si fueran los testigos en un juicio penal. No es política, ni buscar la foto. Es intentar averiguar la verdad”, aseguran desde el grupo parlamentario.
Este miércoles a las 10 de la mañana, los grupos deben presentar sus propuestas de planes de trabajo para la comisión de investigación, que decidirá el plazo de duración de la misma y otras cuestiones técnicas para su funcionamiento. Ciudadanos ha decidido adelantarse y presentar ya una propuesta de comparecientes para dejar claras sus intenciones, aunque será el viernes cuando previsiblemente, a puerta cerrada, los partidos pacten la hoja de ruta de la comisión. No está claro si habrá una lista de consenso sobre las personas que deben ir a declarar o cada grupo hará la guerra por su cuenta. El partido naranja, como ya hizo en la comisión de reconstrucción, insistirá en buscar consensos para el plan de trabajo.
Aun así, la formación naranja insiste en ondear una de sus principales banderas políticas: la regeneración de las instituciones. Critican que otros nuevos partidos como Podemos “ya solo apoyen las comisiones de investigación que les interesan”, dice el diputado Edmundo Bal, recordando que vetaron la planteada sobre la supuesta financiación irregular de su partido, apoyados por el PSOE.
Además de la ex plana mayor del PP, también pedirán que vayan a la comisión el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez (también imputado); el propio extesorero; su mujer, Rosalía Iglesias, y el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, testigo clave. Como otros grupos parlamentarios, los naranjas también ven indispensable que acuda el comisario jubilado, pieza fundamental de la trama, José Villarejo. PP y PSOE coincidían en que debía acudir, pero algunos partidos desconfían de que esa sea su verdadera intención.
Los mandos policiales también figuran en la petición a la que ha tenido acceso este diario. Tanto Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), como Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, e Ignacio Cosidó, ex director general del cuerpo policial. Igual que a Rosalía Iglesias, Ciudadanos llama a declarar a Ignacio López del Hierro, empresario y marido de Cospedal, por entender que, pese a que ambos figuran como piezas secundarias en la trama, su aportación podría ser significativa.
A la espera de conocer los listados que proponen el resto de grupos, como publicó este diario, el PP pretende llamar a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
EL PSOE QUIERE QUE LOS SEGUNDOS NIVELES DE INTERIOR DECLAREN EN LA COMISIÓN 'KITCHEN' ANTES QUE RAJOY Y FERNÁNDEZ DÍAZ
Si la nieve que aún congela la actividad laboral en Madrid no lo impide, la mesa de la comisión de investigación sobre la llamada Operación Kitchen prevé comenzar la próxima semana con los trabajos del órgano parlamentario que pondrá contra las cuerdas al PP de Casado, según afirman fuentes parlamentarias del grupo socialista. Si bien, desde Unidas Podemos reconocen que la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal, "aún no se ha puesto formalmente en contacto con los grupos para establecer un calendario".
La Mesa del Congreso calificó este miércoles la petición del PSOE y Unidas Podemos, que sumó el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias, para que el Congreso celebrara sesiones extraordinarias en enero, un mes que está fuera del calendario de sesiones, para dar salida a los trabajos de la comisión de investigación.
El órgano parlamentario se constituyó a finales de diciembre, casi tres meses después de que la mayoría del Pleno de la Cámara Baja aprobara su creación. La socialista Isaura Leal fue elegida presidenta de la mesa de la comisión que tiene por objeto indagar sobre la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, durante los mandatos de Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.
Fuentes socialistas explican a Público que el órgano rector decidirá el plan de trabajo. "El objetivo es llevar la comisión con la máxima garantía", ahondan estas fuentes. En este sentido, la intención del PSOE, cuya representación en la mesa se completa con la diputada Andrea Fernández, pasa por llamar a comparecer primero a "los responsables técnicos [de Interior] que recibieron las órdenes" para llevar a cabo la presunta operación parapolicial que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
Aunque el PSOE insiste en que aún "no tiene una lista de comparecientes", estas fuentes aclaran que citarán en primer lugar a las personas que desempeñaron funciones "por debajo del secretario de Estado" en aquella época, como podría ser el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, o el jefe del cuerpo con el Gobierno de Rajoy, el comisario Eugenio Pino.
Después de que los segundos escalones de Interior rindan cuentas en sede parlamentaria, la mesa llamará a declarar a los "responsables políticos" de esta operación. Todo apunta a que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, estos dos últimos imputados en la pieza siete de la macrocausa judicial Tándem, no se librarán de comparecer en la Cámara Baja.
La incógnita de las posibles comparecencias del actual líder del PP, Pablo Casado y el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, aún sigue sin despejarse. En el PSOE sólo se limitan a señalar que deberán declarar "todos los personajes que puedan aportar claridad a la hora de determinar qué ocurrió y qué responsabilidades podemos atribuir", mientras que Unidas Podemos, que continúa trabajando en la lista definitiva -tal como señalan fuentes del grupo a Público-, defiende citar a ambos.
"El Congreso levantará la tapa de esa cloaca para ver hasta dónde llega la infección mafiosa del PP en el Ministerio de Interior, la utilización de lo público para hacerle la guerra sucia a los adversarios del PP y destruir pruebas de su corrupción", señaló el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, el día que se constituyó la comisión parlamentaria. En este sentido, añadió: "Pensamos que Cospedal, Rajoy, Villarejo y Casado deberían comparecer".
Por su parte, el PP no descarta "la comparecencia de nadie" y, aunque no aclara si debe citarse a Villarejo, sí abre la puerta a recabar el testimonio "de todos aquellos que hayan podido tener relación". Según ha señalado la portavoz del grupo, Cuca Gamarra, en varias ocasiones, en esta ecuación entraría la actual fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, quien compartió una comida con el excomisario, el exjuez Baltasar Garzón y otros mandos policiales cuyas grabaciones se publicaron hace meses.
Los grupos se arman con sus principales portavoces
Ante este hecho "tan grave" y que apunta a prácticas "censurables", los grupos políticos han escogido a sus principales portavoces como vocales de la comisión parlamentaria para poner contra las cuerdas a la formación conservadora. De esta forma, el portavoz adjunto del grupo socialista Felipe Sicilia y su homólogo en la comisión de Interior, David Serrada, completarán la representación del PSOE en la comisión. Unidas Podemos ha designado a Echenique y a su portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, representará a su grupo junto a la diputada Pilar Vallugera. Íñigo Errejón (Más País) y Miriam Nogueras (Junts) harán lo propio por el Grupo Plural; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, representará a su grupo; Mikel Legarda lo hará por el PNV; Oskar Matute, por EH Bildu, y Carlos García Adanero, de UPN, será el representante del Grupo Mixto.
El PP llevará a al portavoz de la comisión de Justicia, Luis Santamaría, mientras que la formación de extrema derecha está representada por la secretaria general del grupo, Macarena Olona, y los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo.
A pesar de los intentos de la actual dirección del PP de alejarse de los casos de corrupción que sobrevuelan Génova, el "fantasma que siempre vuelve", los trabajos de la comisión que incomoda a la formación de Pablo Casado coincidirán con la campaña y celebración de las elecciones catalanas, una cita prevista en principio para el 14 de febrero, pendiente de la evolución de la tercera ola del coronavirus.
PSOE Y UP BUSCAN ACORRALAR AL PP CON LA COMISIÓN KITCHEN EN PLENA CAMPAÑA
Una de las primeras paradas del nuevo curso político 2021 en el Congreso de los Diputados lleva el nombre de operación Kitchen, la trama parapolicial orquestada, supuestamente, desde el Ministerio del Interior –durante la última era del Partido Popular en el Gobierno– para espiar y robar información comprometedora a, precisamente, su extesorero Luis Bárcenas. Ante la mediática trama, ya en sede judicial, que llega a sede parlamentaria, el PSOE y Unidas Podemos cerrarán filas al unísono contra el PP como único enemigo común para determinar el alcance de la trama corrupta e intentar depurar las responsabilidades políticas del asunto. Y es que, además de socios de gobierno, tienen la mayoría de la Mesa: controlarán el contenido y los comparecientes que asistan.
“Ya sabemos que las cloacas del Estado se dedicaron, no solo a fabricar basura contra los adversarios del PP, sino que también fue utilizada para destruir pruebas de la corrupción”, explica desde Unidas Podemos, Pablo Echenique, a La Vanguardia .
Los populares se niegan a ser un “simple saco de boxeo” y pasarán a la acción, aunque aún no desvelan sus cartas
Esas pruebas a las que se refiere el portavoz de la formación morada son los documentos que, supuestamente, sustrajo el chófer de Bárcenas al extesorero tras ser captado –con fondos reservados– por un grupo de mandos policiales, algunos en activo y otros jubilados como el comisario preso José Manuel Villarejo. Todo ello, tal y como se investiga, bajo la supervisión de la cúpula del Ministerio del Interior: tanto el extitular de la cartera Jorge Fernández Díaz como su ex número dos, Francisco Martínez, están imputados en la Audiencia Nacional.
Según las fuentes consultadas, tanto Fernández Díaz como Martínez serán uno de los comparecientes que serán llamados a declarar en la comisión que la próxima semana echa a rodar definitivamente. Primero se compartirán los documentos de trabajo, se cerrarán lista de comparecientes, quienes, previsiblemente, empiecen a ser interrogados a principios de febrero, coincidiendo con la campaña de las elecciones en Catalunya.
Desde el grupo socialista aseguran que no llevarán a la Mesa de la comisión ninguna lista de comparecientes y están dispuestos “a escuchar” al resto de grupos y, por supuesto, a Unidas Podemos, grupo con el que están preparando la comisión de manera conjunta. El grupo parlamentario de Pablo Iglesias sí ofrece una enumeración de comparecientes. Fuentes de los morados aseguran que, además de Fernández Díaz, no debe faltar la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal –aunque no está imputada en la causa– y apuntan a las más altas esferas: pretenden que se siente en la comisión el expresidente del PP Mariano Rajoy y su sucesor en el cargo, Pablo Casado.
Por su parte, ERC sacará también su artillería más mediática y ha nombrado como portavoz a Gabriel Rufián, quien a preguntas de este periódico ha señalado que la operación Kitchen “parece ser una cara más del poliedro del deep state, nada más y nada menos que una trama para usar a la Policía para hacer chantajes, desprestigiar, amenazar y, en definitiva, proteger de su propia corrupción al Partido Popular”.
Desde las filas populares no han desvelado aún a quiénes les gustaría sentar en los interrogatorios con luz y taquígrafos en una trama que les salpica de lleno, pero, según las fuentes consultadas, no se resignarán a ser un “simple saco de boxeo”, por lo que estudian pasar al ataque y cerrar su lista de comparecientes con nombres como la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a quien también grabó el excomisario Villarejo en unas cintas que salieron a la luz cuando era ministra de Justicia.
EL PP PRETENDE INVESTIGAR A PODEMOS EN LA 'COMISIÓN KITCHEN' AUNQUE NO TIENE CLARO QUE DEBA COMPARECER VILLAREJO
Cuca Gamarra asegura que la creación de la 'comisión Kitchen' es una maniobra para "hacer oposición a la oposición"
La portavoz del PP considera que se debe investigar a podemos porque "es un partido que gobierna hoy" y que tiene "un abanico importante de casos"
El PP pretende que la comisión creada en el Congreso sobre la llamada operación Kitchen investigue los casos relativos a la financiación de Podemos, ya que, según remarca su portavoz, Cuca Gamarra, quien gobierna ahora no es el PP, sino la formación morada en coalición con el PSOE.
En declaraciones a Europa Press, la portavoz del Grupo Popular ha asegurado que la creación de esta comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy es "una maniobra para hacer oposición a la oposición". "Quieren impedir que la oposición controle al gobierno", sostiene.
Según Gamarra, el objetivo del Grupo Popular será por tanto "desmontar y desnudar" esa estrategia de los partidos del gobierno de coalición de crear "una causa general" contra los populares para "tapar sus mentiras e ineficacia".
Quieren una causa general contra el PP
A su juicio, serán los tribunales los que dicten sentencia sobre la supuesta trama organizada en Interior para tratar obstaculizar la investigación de casos contra el PP, y en todo caso las conclusiones de la comisión de investigación "no tendrán trascendencia".
La dirigente del PP considera que lo que se debe investigar es a Podemos, que es "un partido que gobierna hoy", que está imputado por financiación ilegal y que está involucrado en casos de "corrupción" que señalan incluso al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que en próximas semanas se sabrá si es llamado por el tribunal Supremo.
"En Podemos hay un abanico importante de casos -ha señalado-. Además de Iglesias, su portavoz, Pablo Echenique, ha sido condenado por defraudar a la Seguridad Social y su número tres, Alberto Rodríguez, está siendo investigado por el Supremo por apalear a un policía".
Gamarra ha recordado que el PP ya pidió una comisión de investigación sobre los casos que afectan a Podemos, pero el PSOE y la formación morada vetaron siquiera que llegara a debatirse en el Pleno del Congreso. "El PSOE es el colaborador necesario y abogado defensor de Podemos para tapar sus asuntos de corrupción", asegura.
Por todo ello, la dirigente del Partido Popular considera que estos temas de Podemos deben ser también "de interés" para la comisión Kitchen para ver qué opinan sus protagonistas.
No descartan comparecencias
De entrada, el PP no descarta "la comparecencia de nadie" y, aunque no se pronuncia sobre si debe citarse al excomisario José Manuel Villarejo, epicentro de las llamadas cloacas de Interior y ctualmemnte en prisión, sí abre la puerta a recabar el testimonio "de todos aquellos que hayan podido tener relación" con él.
En ese punto se encuadraría, como ya avanzaron hace semanas, la actual fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores delgado, quien compartió un almuerzo con Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y otros mandos policiales cuyas grabaciones se publicaron hace meses.
EL PSOE EVITA POR AHORA LLAMAR A RAJOY Y OTROS POLÍTICOS A LA COMISIÓN KITCHEN Y CITA SOLO A POLICÍAS
Podemos presenta una lista, que no será aceptada por los socialistas, en la que llamaría incluso al exdirector del CNI
Ni el expresidente Mariano Rajoy, ni el líder del PP actual, Pablo Casado, ni la ex secretaria general popular, Dolores de Cospedal, ni el comisario jubilado José Manuel Villarejo ni el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. La comisión parlamentaria de investigación del caso Kitchen, sobre las presuntas actividades irregulares de la actividad de las cloacas en el Ministerio del Interior bajo mandato del PP, empezará a trabajar en enero, pero no citará a políticos. Comenzará con cargos policiales. Esa es la intención del PSOE, que no comparte, sin embargo, su socio de Unidas Podemos.
El martes pasado se constituyó en el Congreso la Mesa que dirigirá los trabajos de la comisión de investigación de la Operación Kitchen, sobre actuaciones irregulares en el Ministerio del Interior en distintos Gobiernos del PP relacionadas con la trama de corrupción del caso Gürtel. Esa jornada apenas quedó conformada la mesa, que tendrá una mayoría de tres componentes del PSOE y Unidas Podemos frente a dos del PP, y quedó pendiente de volver a reunirse ya en enero para presentar un plan de funcionamiento, un calendario y una lista de comparecientes.
Pero el PSOE y Unidas Podemos, que en el Congreso hablan a diario, contactaron inmediatamente para cuadrar una propuesta conjunta de personas a llamar para esclarecer las supuestas irregularidades.
Desde Unidas Podemos enviaron de forma inmediata al PSOE una lista de comparecientes que, en su opinión, deberían pasar por la comisión, encabezada por el expresidente Mariano Rajoy —que supuestamente se benefició de las maniobras policiales para ocultar pruebas contra él— y el exministro del Interior, su amigo de muchos años Jorge Fernández Díaz, jefe del departamento que espió ilegalmente al extesorero Luis Bárcenas.
El grupo de Pablo Iglesias también propone llamar a los exsecretarios de Estado de Seguridad y, dentro del PP, a Pablo Casado, a Dolores de Cospedal y el marido de esta, Ignacio López del Hierro, al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, a un amplio catálogo de cargos policiales y, como novedad de última hora, también al exdirector durante lustros del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, que trabajó para gabinetes del PSOE y el PP.
En el grupo parlamentario socialista estudiaron este miércoles esas peticiones y concluyeron que la mayoría son ahora inviables. Dirigentes socialistas y de Unidas Podemos entablaron contactos discretos y comprobaron que no tienen la misma visión de cuáles deben ser las prioridades, al menos al inicio, de esa comisión.
El PSOE no acordará una lista conjunta de comparecientes a la comisión Kitchen con Unidas Podemos, según fuentes de su dirección. Es más, no tiene pensado presentar de partida una lista propia. Querría acudir a las primeras sesiones y que fuera en el seno de la comisión donde se consensuara cuáles son las personalidades y comparecientes más apropiados para aportar luz sobre el funcionamiento del Ministerio del Interior esos años.
Sin programa cerrado
El PSOE, por tanto, no quiere que acudan en un primer momento, que podría alargarse a todo el mes de enero, ni Rajoy, ni Casado, ni Cospedal, ni Villarejo, ni Sanz Roldán. Los socialistas optarán por pactar con los demás grupos que en las primeras sesiones se presenten los cargos y directores policiales operativos que recibían las órdenes, para que expliquen qué políticos les daban las instrucciones y para qué.
Sobre la petición de Unidas Podemos de llamar al exdirector del CNI, en el PSOE sostienen que ahora no es oportuna y que, si en su momento se constata que tiene sentido, tendría que acudir, en todo caso, a la comisión de Secretos Oficiales, como hacía cuando estaba en el cargo y como hace ahora su sustituta, Paz Esteban, y no a la comisión Kitchen. La comisión de Secretos Oficiales no es pública y los asuntos allí discutidos son reservados.
Lo que sí han pactado socialistas y Unidas Podemos, y que podría concitar consenso con más partidos, es que la comisión empiece en enero con una serie de peticiones de documentos y comparecientes, pero sin un programa cerrado. Con la idea de que, si durante ese mes los cargos policiales que declaren implican a políticos, exista la posibilidad de añadir a nuevos comparecientes.
El PP ya ha avanzado que espera una comisión de contraataque a la oposición por parte de los dos partidos del Ejecutivo y se reserva así la opción de citar por su parte a personalidades como la actual fiscal general del Estado y exministra, Dolores Delgado, y otros responsables del PSOE que hayan tenido conocimiento en el pasado del uso de fondos reservados en Interior.
EL PP CONTRAATACA EN LA COMISIÓN KITCHEN Y PEDIRÁ QUE COMPAREZCAN ROBLES Y DELGADO
El PP no está dispuesto a que la comisión de investigación sea un saco de boxeo para sus rivales y apuesta por llamar a dirigentes del PSOE que expliquen el origen de Villarejo
La comisión de investigación sobre la operación Kitchen —la trama sobre el supuesto espionaje que llevó a cabo el Ministerio del Interior del PP contra Luis Bárcenas para sustraerle información comprometida a través del uso de fondos reservados— quedó constituida este martes en el Congreso con la elección de los miembros de la Mesa que ordenará los trabajos. PSOE y Unidas Podemos tienen la mayoría (tres puestos frente a los dos del PP), lo que supone de facto el control del calendario y de los comparecientes que asistirán. Los populares, sin embargo, insisten en que “no permitirán que se convierta en una caza de brujas” contra su formación, y preparan un elenco propio de peticiones en el que pretenden incluir a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
El pleno del Congreso aprobó el pasado octubre la creación de esta comisión a la que solo se opuso el PP, insistiendo en que la responsabilidad de la Cámara es “controlar al Gobierno y no a la oposición” y recordando que los hechos que se pretenden investigar afectan al Ejecutivo de otra legislatura en el que, además, no estaba el actual líder del PP. Pero en vista de que la comisión sale adelante, el partido de Casado pasará al contraataque para evitar que todo el contenido se centre en su formación.
El grupo popular tiene claro que José Manuel Villarejo tiene que acudir como pieza esencial de todo el caso. Y, a partir de ahí, continúan, otras personas del PSOE “que deben explicar los orígenes” del comisario. “Que al PSOE no se le olvide quién creó a Villarejo”, apuntan.
Uno de los objetivos es la actual ministra de Defensa por su etapa como secretaria de Estado de Interior entre 1994 y 1996 bajo el mando de Juan Alberto Belloch. Entienden que todas las operaciones relacionadas con el comisario parten de ese punto temporal. Incluso el propio Villarejo aseguró en una entrevista en ‘Salvados’, el programa de La Sexta, que Robles le “dio la orden para hacer el informe contra Baltasar Garzón” (en referencia al llamado informe Veritas).
La intención del PP también pasa por que comparezca la fiscal general del Estado, a la que se ha vinculado estrechamente con el polémico comisario, que se encuentra en prisión desde noviembre de 2017. Cuando en 2018 Delgado todavía ocupaba la cartera de Justicia, la publicación de varios audios en los que charlaba con Villarejo la pusieron en la diana. Ciudadanos y Podemos pidieron insistentemente su dimisión. El comisario, además, se refirió a ella como “muy amiga mía”.
A la espera de saber si finalmente el PSOE se unirá al partido morado en la petición de que acuda como compareciente Mariano Rajoy (los socialistas descartarían en principio exigir la presencia de Casado, tal y como publicó este diario), el PP tiene claro que moverá ficha y no permitirá que la comisión sirva como saco de boxeo para los partidos del Gobierno y el resto de la oposición. En todo caso, socialistas y Unidas Podemos tienen la sartén por el mango y podrían oponerse a las comparecencias que pida el PP. La formación de Casado asegura que sería muy difícil de explicar ante la opinión pública que solo permitieran las intervenciones de las personas elegidas por los grupos del Ejecutivo.
Por otro lado, el PP quiere solicitar que los trabajos no arranquen oficialmente hasta después de las elecciones catalanas. Entienden que el calendario y el listado de las personas a las que llamarán podrían estar listos en las próximas semanas (si finalmente se habilita el mes de enero esta comisión y otras funcionarían ese mes en el que normalmente queda suspendida la actividad parlamentaria), pero se proponen convencer a los grupos de que las comparecencias no comiencen hasta después del 14 de febrero, ya que el contenido podría interferir en la campaña.
Alegarán, precisamente, que en vísperas de un periodo electoral no puede tener lugar una comisión de investigación de este tipo. Para el PP la campaña de las catalanas es fundamental y los partidos a su izquierda y derecha preparan toda la artillería pesada. Los trabajos podrían durar al menos tres meses.
Finalmente, la constitución de la Mesa ha dejado como presidenta a la socialista Isaura Leal (que también preside la comisión de Justicia del Congreso desde febrero), mientras que los vicepresidentes elegidos han sido el secretario general del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago; y el portavoz adjunto del PP, Carlos Rojas. Las secretarías recaen en la socialista Andrea Fernández y la popular Ana Vázquez.
PSOE Y PODEMOS SE PROPONEN DESTAPAR “LAS CLOACAS DEL PP” EN LA COMISIÓN DE KITCHEN
Los dos partidos del Gobierno tendrán mayoría en la Mesa
La comisión de investigación sobre la Operación Kitchen se constituyó este martes en el Congreso y, aunque sus trabajos no comenzarán hasta enero, los responsables del PSOE y de Unidas Podemos sí dejaron claro por dónde quieren que se desarrolle. Ambos grupos tendrán mayoría en la Mesa que regulará esa comisión y avanzaron que pretenden centrarse en destapar “las corruptelas” y “la infección de las cloacas del PP en el Ministerio del Interior”. Las comparecencias aún no están definidas. Vox no quiere llamar a Rajoy.
Lo primero que resolvió ayer la comisión —surgida a raíz del caso judicial por el presunto espionaje ordenado por Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas para neutralizar documentos comprometedores para el partido— fue la selección de los cinco miembros de su Mesa, que serán los que decidirán sobre el calendario, plan de trabajo y comparecencias. La mayoría la formarán dos diputados del PSOE y uno de Unidas Podemos, y el PP se quedará con los dos restantes. La presidenta será la socialista Isaura Leal, que ganó esa votación por 168 votos a favor frente a los 88 que sumó el aspirante del PP (los de su grupo).
El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, fijó sus objetivos en “levantar la tapa de esa cloaca para ver hasta dónde llega la infección mafiosa del PP en Interior”. Y reiteró que querrían ver pasar por la comisión al expresidente Mariano Rajoy, al actual líder del PP, Pablo Casado, a la exsecretaria general del partido Dolores de Cospedal y al polémico excomisario José Manuel Villarejo, pero aceptó que ahora se sentarán con el PSOE para negociar sus discrepancias. El PSOE no quiere convocar ni a Casado ni a Villarejo.
El portavoz socialista, Felipe Sicilia, abogó por que la cita sirva para “mejorar y reforzar la calidad democrática” del ministerio y la Policía que, sostuvo, los Ejecutivos del PP usaron para “beneficiarse y ocultar sus corruptelas”. Y agregó: “La trama de corrupción Kitchen quiso tapar a la trama corrupta de Gürtel”.
El portavoz del PP, Luis Santamaría, no aclaró nada sobre qué comparecientes reclamarán, pero sí atacó a PSOE y Podemos por montar “una causa y caza de brujas inquisitorial y anticonstitucional” contra su partido, investigar desde el Gobierno a la oposición y planear “una estrategia de ataque global contra las instituciones del Estado”. Los responsables de Vox no descartaron nada ante “el horror” que han visto en los sumarios del caso, pero sí avisaron de que serán “escudo y dique de contención” si se persigue a los cuerpos policiales, y rechazarán citar a Rajoy porque no está imputado.
LOS PARTIDOS DESPLIEGAN SUS PRINCIPALES BAZAS PARA ACORRALAR AL PP EN LA COMISIÓN KITCHEN
Desde la mayoría de grupos, se coincide en señalar la "trascendencia" de una comisión que investigará la caja B del PP y el supuesto dispositivo policial clandestino para encubrirla
El Congreso arrancará este martes los trabajos de la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, nombrando en su primera sesión constitutiva a los miembros de la mesa. Este órgano rector estará presidido por la diputada socialista Isaura Leal y contará con mayoría de PSOE y Unidas Podemos. A la espera de consensuar la lista de comparecientes, cuyo plato fuerte, según la lista que están negociando los diferentes grupos, será el líder de los populares y expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, los partidos han colocado a sus pesos pesados en una comisión que celebrará sus primeras comparecencias coincidiendo con la campaña de las elecciones catalanas. Un altavoz adicional en plena campaña del 14-F que beneficiará especialmente a Vox, formación que mantiene un particular pulso con los populares en Cataluña ante las pretensiones de un sorpaso. No en vano, la formación de ultraderecha ha colocado en esta comisión a una de sus principales caras en el Congreso, la portavoz adjunta y secretaria general del grupo, Macarena Olona, a quien acompañarán los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo. Por parte de los populares estarán presentes el portavoz adjunto del partido, Carlos Rojas, y los diputados Luis Santamaría y Ana Belén Vázquez, el primero, portavoz en la comisión de Justicia, y la segunda, un valor en alza de los populares para enfrentarse a sus rivales políticos en materias delicadas para el partido, en la de Interior.
La comisión relativa "a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular", se atisba como un espacio ideal para los intereses del partido de Santiago Abascal de presentarse como la alternativa a los populares al ponerse el foco en la corrupción de este partido coincidiendo con el arranque de la campaña electoral. Desde Ciudadanos, que busca taponar fugas electorales hacia diferentes direcciones, esperan también que la comisión ahonde en el "desgaste" del PP. Por su parte, participará en la comisión su portavoz adjunto, Edmundo Bal. Desde la mayoría de grupos, se coincide en señalar la "trascendencia" de una comisión que investigará la caja B del PP y el supuesto dispositivo policial clandestino para encubrirla. Un caso que también está judicializado. La importancia que se otorga a esta comisión se deja entrever por el hecho de que la lista de comparecientes depende del visto bueno de Moncloa. La constitución de esta comisión se realizará al mismo tiempo que la del accidente aéreo de Spanair en 2008, cuyas conclusiones quedaron pendientes de elaborar en la legislatura pasada.
Psoe y UP prevén citar a Rajoy y a Villarejo a la comisión de Kitchen
A falta de consensuar el calendario de los trabajos, que durarían al menos tres meses, la intención de socialistas y morados pasa por habilitar el mes de enero hábil e iniciar así las primeras comparecencias entre finales de ese mes y principios de febrero. Una de las principales incógnitas sigue siendo que se llame o no a comparecer al comisario ahora encarcelado José Luis Villarejo, por las reticencias que genera especialmente en el PSOE, ante el temor a las acusaciones que pueda lanzar. El propio Villarejo, en prisión preventiva, advirtió en una entrevista en 'El País' sobre ese supuesto veto y, al tiempo, dejó caer la posibilidad de revelar, si comparece, los trabajos que hizo para gobiernos del PSOE. En julio de 2016, en la comisión de investigación sobre la llamada policía patriótica, los socialistas ya se aliaron con el PP para evitar su comparecencia, pese a la presión de Unidas Podemos y otros grupos. Desde Unidas Podemos, empujarán para que también comparezca el líder de los populares, Pablo Casado, pero en principio tampoco está en la lista que los socialistas barajan proponer al resto de grupos. El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado, Francisco Martínez, o María Dolores de Cospedal son algunos de los nombres que con total seguridad comparecerán en el Congreso.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-12-22/comision-kitchen_2881863/
PSOE Y UNIDAS PODEMOS CONTROLARÁN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL 'CASO KITCHEN'
La comisión debería emprender sus trabajos en enero ya que la mayoría de PSOE y Podemos más sus aliados pedirán que el primer mes de año se habilite a efectos parlamentarios
PSOE y Unidas Podemos coparán los principales puestos que conformarán la Mesa de la Comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer los intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular, más conocida como la comisión del "caso Kitchen".
La Comisión estará presidida por la socialista Isaura Leal, también presidenta de la Comisión de Justicia, que se ha impuesto con 168 respaldos en segunda votación (para haber resultado elegida en una primera ronda era necesaria la mayoría absoluta). La vicepresidencia primera la ocupará el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago y la segunda, el popularCarlos Rojas.
Por su parte, las secretarías primera y segunda corresponderán a la diputada del PSOE Andrea Fernández Beneitez y a la popularAna Belén Vázquez, respectivamente.
La Comisión de Investigación debería emprender sus trabajos el próximo mes de enero ya que la mayoría conformada por PSOE y Unidas Podemos más sus aliados de investidura pedirán que el primer mes de año se habilite a efectos parlamentarios.
Será entonces cuando las fuerzas de la Cámara decidan el calendario de trabajos de la comisión así como el listado de comparecientes que serán llamados a declarar a la misma.
Unidas Podemos se mantiene firme en su exigencia de que a la misma acuda, por considerarlo "pieza clave" del caso Kitchen, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. También reclamarán la asistencia del actual presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado; no obstante, los morados deberán negociar con los socialistas la lista de comparecientes.
Comparecientes
El portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, celebró la creación finalmente de esta comisión asegurando que con la misma se va a "levantar la tapa de la cloaca para ver hasta dónde llega la infectación mafiosa del PP en el Ministerio del Interior".
Entre los nombres que sin duda serán llamados a comparecer figuran el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Francisco Martínez, así como, previsiblemente, el ex comisario José Manuel Villarejo
Desde Vox, su portavoz en la comisión, Macarena Olona, ha planteado una opción flexible y actualizable de la lista de comparecientes. Ha pedido llamar primero a los investigados y que se vaya renovando la lista según vayan produciéndose los testimonios. Es por ello que todavía no considera relevante que acuda Rajoy.
Vox afirma que acude a la comisión de investigación con el objetivo de "buscar la verdad" ante la "película de terror" que se está viendo sobre el caso en las actuaciones judiciales. "No queremos perjudicar a nadie, pero tampoco vamos a favorecer a nadie", ha señalado Olona, que ha avisado a Unidas Podemos y los partidos independentistas que no permitirá que la comisión sea "causus belli contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
https://www.elmundo.es/espana/2020/12/22/5fe1f1a0fc6c8383768b46a9.html
EL CONGRESO PONE EN MARCHA LA COMISIÓN 'KITCHEN', LA INVESTIGACIÓN QUE PONDRÁ CONTRA LAS CUERDAS AL PP DE CASADO
Los grupos llevan a sus principales portavoces a una comisión que incomoda a la formación conservadora. Los trabajos comenzarán a partir de enero, coincidiendo con la campaña de las elecciones catalanas, así como el desarrollo de la investigación sobre la 'operación Kitchen' y el inicio del juicio por el 'caso Bárcenas'.
El Congreso de los Diputados se prepara para albergar una de las últimas actividades programadas para este año, la constitución de la comisión de investigación sobre la Kitchen, una operación relativa a la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, durante los mandatos del Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.
La constitución de esta comisión, que llega casi tres meses después de que el Congreso aprobara su creación por mayoría absoluta, pondrá contra las cuerdas al partido liderado por Pablo Casado, al que le "incomoda" esta investigación a pesar de los intentos para separase de los casos de corrupción que sobrevuelan Génova. Y es que, la duración de los trabajos de esta comisión será, como mínimo, de tres meses desde su constitución, coincidiendo con la campaña y celebración de las elecciones catalanas, una cita prevista para el 14 de febrero.
Esta será la última gran prueba de fuego para el líder de los conservadores, quien ha multiplicado su agenda en Catalunya para impedir un adelanto de Vox por la derecha. Asimismo, mientras el PP confía en mejorar sus resultados en Catalunya -cuentan con tan solo cuatro diputados en el Parlament-, el partido también tendrá que lidiar con el calendario judicial para 2021, que acoge varias citas relacionadas con la presunta corrupción del PP, un "fantasma que siempre vuelve".
El PSOE propondrá a la diputada Isaura Leal para presidir la comisión de investigación sobre la 'operación Kitchen'
Citas judiciales para 2021 que involucran al PP
En este sentido, los trabajos de la comisión de investigación, que comenzarán a partir de enero, se desarrollarán paralelamente a la investigación que el juez Manuel García Castellón lleva a cabo en la Audiencia Nacional sobre la operación Kitchen, caso por el que están imputados, hasta el momento, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Esta pieza siete de la macrocausa judicial Tándem trata de arrojar luz sobre el dispositivo policial presuntamente ideado por el PP, organizado por el Ministerio de Interior, ejecutado por el excomisario José Manuel Villarejo y pagado con fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre el partido.
También, la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional fijó para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio del caso Bárcenas, cuya causa investiga el presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova (Madrid) con dinero de la caja B del PP. Y, si los trabajos de la comisión de investigación en el Congreso se extienden más de lo previsto, como pasó con la comisión de investigación relativa a la financiación ilegal del Partido Popular -duró cerca de dos años-, las comparecencias por Kitchen podrían coincidir con el el inicio del juicio de la segunda época del caso Gürtel, previsto para septiembre de 2021, una trama de corrupción vinculada al PP por la que el partido ya ha sido condenado a título lucrativo en la sentencia de la primera época.
La diputada Isaura Leal, posible presidenta de la Mesa
En cuanto a la constitución de la comisión, la presidenta de la Mesa del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado para el próximo martes la puesta en marcha de este órgano. Así, en esa sesión constitutiva se elegirá a la mesa que dirigirá los trabajos de investigación, un órgano que aspira a presidir la diputada socialista Isaura Leal, la candidata propuesta por el PSOE y que Unidas Podemos, socio del Gobierno y partido con el que presentó esta iniciativa, ve con buenos ojos.
Fuentes parlamentarias de ERC y Bildu, aliados del Gobierno, tampoco tienen "ningún problema" en que sea Leal quien presida la mesa de la comisión. "Sólo pedimos que sea justa porque va a ser duro", añaden. Isaura Leal, miembro de la Ejecutiva del PSOE y muy cercana a Pedro Sánchez, ya cuenta con experiencia en este campo, pues lleva presidiendo la Comisión de Justicia desde febrero. En cuanto al resto de miembros del órgano de gobierno de la comisión, el plan es que los partidos que sostienen al Ejecutivo cuenten con tres de los cinco votos, dejando las dos plazas restantes al PP.
Por otra parte, los grupos parlamentarios, que tenían de plazo hasta este jueves para registrar los nombres de los diputados que les representarán en este órgano, llevarán a sus principales portavoces para poner contra las cuerdas a la formación conservadora, pues el objeto de la investigación es "muy grave" y apunta hacia prácticas "censurables", defienden varias fuentes de los partidos.
De esta forma, el portavoz adjunto del grupo socialista Felipe Sicilia, la portavoz adjunta en la Comisión de Justicia, Andrea Fernández, y su homólogo en la de Interior, David Serrada, completarán la representación del PSOE en la comisión. Unidas Podemos ha designado a su portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón, y al portavoz de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, charla con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, antes de la celebración de la Junta de Portavoces en la Sala Mariana Pineda de la Cámara Baja, en Madrid (España), a 11 de noviembre de 2020. E
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, representará a su grupo junto a la diputada Pilar Vallugera. Íñigo Errejón (Más País) y Miriam Nogueras (Junts) harán lo propio por el Grupo Plural; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, representará a su grupo; Mikel Legarda lo hará por el PNV; Oskar Matute, por EH Bildu, y Carlos García Adanero, de UPN, será el representante del Grupo Mixto.
Por su parte, el PP ha elegido a su portavoz adjunto Carlos Rojas y sus portavoces en Justicia, Luis Santamaría, y en Interior, Ana Belén Vázquez. La formación de extrema derecha estará representada por la secretaria general del grupo, Macarena Olona, y los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo.
Lista de comparecientes
Después de que se constituya la comisión de investigación, la Mesa acordará el plan de trabajo y la lista de comparecientes en enero, aunque los interrogatorios no empezarían hasta febrero, una vez que comience el periodo ordinario de sesiones. Y en este aspecto es donde hay más discrepancias entre los grupos que impulsaron la comisión. Mientras que Unidas Podemos defiende que hay que citar al excomisario Villarejo y de Casado, en el PSOE sólo se limitan a señalar que deberán declarar "todos los personajes que puedan aportar claridad a la hora de determinar qué ocurrió y qué responsabilidades podemos atribuir", tal y como sostuvo el pasado martes el portavoz adjunto socialista, Rafael Simancas.
Lo que sí parece bastante claro es que se llamará a declarar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el exministro Jorge Fernández Díaz y quien fuera su número dos en Interior, Francisco Martínez.
La Mesa del Congreso ha decidido este martes activar la comisión de
investigación sobre la denominada 'operación Kitchen', la supuesta trama
organizada desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy
para obstaculizar los casos contra el PP. Así, se ha dado de plazo hasta el
jueves para que los grupos inscriban diputados a la comisión con el fin de
proceder a constituirla antes de fin de año.
La Mesa del Congreso ha decidido este martes activar la comisión de
investigación sobre la denominada 'operación Kitchen', la supuesta trama
organizada desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy
para obstaculizar los casos contra el PP. Así, se ha dado de plazo hasta el
jueves para que los grupos inscriban diputados a la comisión con el fin de
proceder a constituirla antes de fin de año.
Esa sesión constitutiva, según acordaron el PSOE y Unidas Podemos, se
celebrará en algunos de los dos próximos martes, o el día 22 o el 29 de
diciembre, y en ese acto se elegirá a la mesa que dirigirá los trabajos de
investigación.
La activación de los prolegómenos de la sesión constitutiva de la comisión
indica que puede haber ya un acuerdo mayoritario sobre el reparto de los
cinco puestos de la mesa, tres de los cuales se calculan para el bloque de
PSOE y Podemos y los otros dos para el PP.
EL PSOE QUIERE PRESIDIRLA
El PSOE ya trasladó su deseo de presidir esta nueva comisión de
investigación, renunciando a delegar esa tarea en un diputado de un grupo
minoritario, como sí ocurrió en la penúltima legislatura con la del caso
Gürtel, que estuvo dirigida por el diputado de Nueva Canarias, Pedro
Quevedo.
Constituida la comisión de investigación, e siguiente paso será a acordar el
plan de trabajo y sus comparecencias, y ahí aún no acaba de haber pleno
consenso entre el PSOE y Unidas Podemos. Los de Pablo Iglesias quiere sentar
en la comisión al excomisario Villarejo, al expresidente Mariano Rajoy y al
actual líder del PP, Pablo Casado, pero los socialistas evitan confirmarlo
PSOE y Podemos discrepan sobre llamar a Villarejo a la comisión
parlamentaria del ‘caso Kitchen’
PSOE y Unidas Podemos se reunieron en la tarde de este miércoles para
impulsar finalmente la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, y el
mal uso de fondos reservados en el Ministerio del Interior en los Gobiernos
del PP, y acordaron que la sesión se constituya en la última semana del año
y que en la misma debería comparecer el expresidente popular, Mariano Rajoy.
Podemos y otros partidos querrían que a la comisión acudiesen, además, el
polémico excomisario José Manuel Villarejo, cerebro de la trama, y el actual
líder del PP, Pablo Casado. El PSOE tiene sus dudas y quiere escuchar antes
a otros de sus socios.
Los portavoces parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra y
Pablo Echenique, llevaban varias semanas de intercambios de llamadas y
mensajes sobre la comisión Kitchen, que se aprobó en el Congreso el pasado 1
de octubre para indagar sobre el uso de fondos reservados de Interior en los
Gobiernos del PP para el espionaje ilegal al extesorero popular, Luis
Bárcenas. Pero en el camino se les habían cruzado otras urgencias, como los
debates sobre el estado de alarma, medidas contra la pandemia y, sobre todo,
la negociación a múltiples bandas de los primeros presupuestos de la
coalición.
Superados todos esos hitos, que tanto en el PSOE como en Unidas Podemos,
consideran las bases que justifican la razón de ser de su mayoría
progresista en el Ejecutivo y en la Cámara, Lastra y Echenique quedaron este
miércoles para cumplir con otro compromiso del capítulo que denominan
“regeneración democrática” del país, tras los ajustes observados y
denunciados en los últimos ejecutivos del PP.
Los dos dirigentes intentaron cerrar la presidencia y la composición de la
Mesa de esta comisión de investigación, el órgano clave para determinar la
organización y duración de sus trabajos. Y también pretendían pactar la
lista de comparecientes que deberán acudir obligatoriamente a la Cámara baja
a explicar lo que pudieran conocer sobre el funcionamiento de las llamadas
cloacas del Estado en el Ministerio del Interior. Pero no lograron ayer
todos esos objetivos.
Lastra y Echenique sí pactaron que la comisión se constituya el día 22 o el
29 de diciembre, y siempre en cualquier caso antes de que concluya este año,
pero no consensuaron ni quién ejercerá la presidencia, ni los demás
componentes de la Mesa, ni el calendario o la lista de las comparecencias.
PSOE y Unidas Podemos, tras comprobar sus diferentes puntos de vista en
algunos aspectos relevantes para la comisión, decidieron abrir una ronda de
contactos con otros partidos que estuvieron a favor de su creación, como
otros socios o incluso Ciudadanos, para recibir más propuestas sobre nombres
para su formación y sobre aspirantes a participar en la misma. Esa ronda se
completará entre esta semana y la siguiente.
Los dos portavoces parlamentarios habían avanzado por la mañana, antes de
reunirse, que debería ser obligada la presencia en la comisión de “todas
aquellas personas que tuvieron una vinculación directa” durante aquellos
años con esa trama. Y de esa frase se interpretó que ambas formaciones
estaban de acuerdo en llamar al comisario Villarejo, en prisión desde
noviembre de 2017. Unidas Podemos así lo concluyó incluso tras la reunión
vespertina con Lastra. El PSOE matizó, sin embargo, que ese punto no está
todavía cerrado y que no puede darse por hecho hasta culminar los sondeos
con todos los partidos que estuvieron en su momento a favor de la comisión,
que fueron todos menos el PP.
En la reunión entre Echenique y Lastra sí se convino que deberán pasar por
la comisión los máximos responsables políticos y policiales de distintos
Gobiernos de Mariano Rajoy. Y en ese último cupo incluyen, además de Rajoy,
a la exsecretaria general del PP en aquella época, María Dolores de
Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro; y exaltos cargos de Interior,
como el exministro Jorge Fernández Díaz o su entonces número dos, el
secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con el que ahora Díaz
ha mantenido duros careos sobre sus respectivas implicaciones en el caso en
la Audiencia Nacional.
El PSOE también tiene dudas sobre si Pablo Casado, el actual presidente del
PP, debe pasar por ese trámite porque entonces no tenía responsabilidades en
el Gobierno y solo ocupaba el cargo de vicesecretario de comunicación en el
partido. Echenique, sin embargo, explicó que Casado fue apoyado para ser
presidente de su partido por Cospedal “y tendría mucho qué explicar sobre
qué ha hecho realmente para limpiar ahora al PP”.
Delicada posición del PP
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aclaró que su formación no
ha decidido aún qué harán ni quiénes estarán en esa delicada comisión, ni
qué comparecencias solicitarán: “No descartamos llamar a nadie, a priori”.
La dirección popular ve esta comisión como una estrategia del Gobierno
actual, del PSOE y Unidas Podemos, para atacar al Ejecutivo anterior de
Mariano Rajoy.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, no anticipó tampoco
su lista de comparecientes, pero sí apuntó que el PP deberá aclarar “hasta
la cocina” el desarrollo en su seno de aquella trama corrupta.
PSOE y Unidas Podemos registraron la petición de la comisión el 10 de
septiembre. La portavoz socialista, Adriana Lastra, la justificó entonces en
la necesidad de que el PP de Pablo Casado rindiera cuentas y asumiera
responsabilidades. La comisión se aprobó en pleno el 1 de octubre con un
respaldo mayoritario: 206 votos afirmativos (PSOE, Podemos, ERC, PNV, BNG,
EH Bildu, la CUP, UPN y Ciudadanos), 88 noes (PP y Foro Asturias) y 54
abstenciones (Vox y Coalición Canaria).
PODEMOS Y VOX PIDEN CITAR A RAJOY Y VILLAREJO EN LA COMISIÓN KITCHEN FRENTE
A LOS RECELOS DE PSOE Y PP
Los socios del Gobierno y la formación ultra presionan para que arranquen
los trabajos frenados de una sesión aprobada hace más de un mes
Vox y Unidas Podemos han avanzado a este periódico que pedirán las
comparecencias del comisario José Manuel Villarejo, preso desde noviembre de
2017 por dirigir una trama policial corrupta, y de los máximos responsables
políticos del Gobierno de Mariano Rajoy en la comisión Kitchen, creada en el
Congreso para investigar el espionaje ilegal ordenado por el Ministerio del
Interior al extesorero del PP, Luis Bárcenas. “En todo caso, coinciden
ellos”, subrayan fuentes de Vox al hablar del interés que les une con
Podemos al considerar “claves e imprescindibles” las comparecencias de
Villarejo y Rajoy frente a las dudas y recelos de PSOE y PP.
Las últimas novedades judiciales del caso Kitchen, con acusaciones cruzadas
entre los máximos responsables del Ministerio del Interior de los Gobiernos
de Mariano Rajoy, y las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo
este lunes en EL PAÍS, en las que apuntó contra el expresidente popular, han
activado de nuevo a varias formaciones políticas para poner en marcha cuanto
antes la comisión de investigación sobre ese escándalo.
Unidas Podemos y otros socios de investidura del Ejecutivo de Pedro Sánchez,
como ERC o PNV, reclaman aclaraciones sobre qué sucedió durante años en esa
trama pagada con fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis
Bárcenas, la pieza nuclear del caso Gürtel que tanto ha perjudicado a ese
partido.
PSOE y Unidas Podemos presentaron el escrito con la petición de la comisión
el 10 de septiembre y la portavoz socialista, Adriana Lastra, lo justificó
en la necesidad de que el PP de Pablo Casado diera explicaciones, rindiera
cuentas y asumiera responsabilidades. El PSOE no avanzó mucho más sobre sus
intenciones en esa comisión y la misma se aprobó finalmente en pleno el 1 de
octubre con un respaldo mayoritario: 206 votos afirmativos (PSOE, Podemos,
ERC, PNV, BNG, EH Bildu, la CUP, pero también UPN y Ciudadanos), 88 noes (PP
y Foro Asturias) y 54 abstenciones (Vox y Coalición Canaria).
Desde entonces no se ha dado un paso más en el Parlamento sobre la formación
de esa comisión tan relevante, pese a que el caso no para de ofrecer
novedades judiciales. El exministro popular, Jorge Fernández Díaz, amigo
personal de Rajoy, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco
Martínez, ya han declarado ante el juez.
Martínez apuntó a EL PAÍS, y aportó varios mensajes ante notario para
demostrarlo, que quién le ordenó ese montaje fue el ministro Fernández Díaz,
aunque éste lo negó. El magistrado ha requerido un careo y el móvil del
exministro. Villarejo también señaló en EL PAÍS a Fernández, y “mucho más
arriba”, entre los responsables de la “chapuza” de la Operación Kitchen. Y
agregó otra enigmática acusación cuando se le preguntó si había hecho algún
trabajo para el PSOE: “Muchísimas cosas. Se ha creado la comisión Kitchen y
se han puesto de acuerdo el PP y el PSOE para que yo no vaya”.
En la dirección del PSOE en el Congreso rechazan como infundada esa
imputación de Villarejo, niegan que la puesta en marcha de la comisión se
haya frenado por ningún pacto de silencio con el PP y explican oficialmente
que el motivo del retraso es que la presidenta de la Cámara baja, la
socialista Meritxell Batet, les ha planteado que querría activar al mismo
tiempo otra comisión de investigación pendiente, la del accidente del avión
de Spanair que sucedió en Barajas en agosto de 2008. Los trabajos de esa
comisión se han interrumpido varias veces en los últimos años por distintas
convocatorias electorales.
En Podemos y en Vox, sin embargo, no se acaban de creer esas justificaciones
oficiales. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha intercambiado
varios mensajes en los últimos días con su homóloga del PSOE para requerir
explicaciones y apenas ha conseguido el compromiso de que ambas comisiones
se crearán “en breve” y “pronto”. Fuentes de Podemos reconocen que para
ellos la comparecencia en esa comisión del excomisario Villarejo es
“evidente” e inexcusable “porque es una pieza central de esa trama de
corrupción en las cloacas del Estado”. Villarejo es quién captó al
confidente para espiar a Bárcenas, le grabó y le pagó un salario mensual con
cargo a los fondos reservados. Podemos también ha avanzado que solicitará la
presencia de Rajoy y de Casado.
Vox, sin quererlo, coincide. La secretaria general de ese grupo en el
Congreso, Macarena Olona, ya apuntó que pedirán que vayan, junto a Villarejo
y los altos cargos de Interior del Gobierno Rajoy, el actual ministro de esa
cartera, Fernando Grande Marlaska y el llamado comisario Lenin, José Antonio
Rodríguez, jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de
Estado de Seguridad. El PP, según fuentes de su dirección, no quiere saber
nada de esa cita y no ha planificado aún ni los componentes que enviará a la
misma. En Vox acusan al PP y al PSOE de “orquestar” juntos un pacto secreto
para aguar esa comisión a cambio de distintos acuerdos judiciales.
https://elpais.com/espana/2020-11-04/podemos-y-vox-piden-citar-a-rajoy-y-villarejo-en-la-comision-kitchen-frente-a-los-recelos-de-psoe-y-pp.html
EL GOBIERNO CONGELA LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE KITCHEN
Los socialistas dudan sobre las comparecencias de Rajoy, Casado y Villarejo.
La del policía jubilado ya fue vetada por el PSOE en 2016 en la comisión
sobre la 'policía patriótica'
El Gobierno mantiene congelada la comisión de investigación sobre la
operación Kitchen que fue aprobada el pasado 1 de octubre en el pleno del
Congreso de los Diputados, con algunas dudas sobre su funcionamiento.
Formalmente, el argumento es que antes debe constituirse otra comisión de
investigación sobre el accidente aéreo que en 2008 sufrió un avión de
Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Esa comisión, continuidad de
otra que trabajó en la anterior legislatura, fue creada a mediados de abril,
pero su constitución se ha ido demorando desde entonces. Y los partidos no
han mostrado especial voluntad de ponerla en marcha desde abril.
En ambos casos, falta que los grupos pidan a la presidenta del Congreso,
Meritxell Batet, que ponga en marcha su constitución, para que se elijan su
presidencia, su mesa y sus normas de funcionamiento, y para que los grupos
pidan comparecencias y documentación.
Fuentes socialistas explican que la comisión de Kitchen está pendiente del
visto bueno de la Moncloa, en función de la estrategia del Gobierno.
Incluso, admiten que es posible que se demore hasta el principio de 2021, ya
que ahora el Congreso está dedicado a la elaboración de los Presupuestos.
Los portavoces parlamentarios de los grupos que sostienen el Gobierno, PSOE
y Unidas Podemos, abordaron la cuestión de la constitución de la comisión,
ante la urgencia expresada por los morados, pero sin llegar a concretar
plazos.
De Moncloa depende también la decisión política del Grupo Socialista sobre
las comparecencias que se autoricen. Especialmente controvertidas por
diferentes motivos son las del comisario José Manuel Villarejo, el
expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el actual líder del PP, Pablo
Casado. Los dos últimos dependen de una decisión del propio presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, por las implicaciones políticas e institucionales.
El de Villarejo provoca muchas más dudas por las acusaciones que puede
lanzar en su comparecencia. Para empezar, habría que pedir autorización al
juez para que sea citado en la comisión.
Casado, obligado a romper con Rajoy para salvar su liderazgo
La explosión del escándalo que afecta a Cospedal y Jorge Fernández Díaz
rompe la agenda y el discurso del líder del PP
En julio de 2016, se constituyó y trabajó una comisión de investigación
sobre la llamada policía patriótica. Entonces, el PSOE se alió con el PP
para evitar la comparecencia de Villarejo, pese a la presión de Unidas
Podemos y otros grupos. Para los morados, es una línea roja que comparezca
Villarejo, además de otros "policías presuntamente corruptos", y consideran
también fundamental que lo haga Rajoy.
Ahora, ha vuelto a haber fuertes presiones para que no comparezca el policía
jubilado, por temor a las acusaciones que pueda lanzar. Otras fuentes
parlamentarias explican que no pueden entenderse Kitchen y el resto de las
llamadas cloacas del Estado sin la declaración de Villarejo.
El propio Villarejo, en prisión preventiva, ha advertido en una entrevista
en 'El País' sobre ese supuesto veto y, al tiempo, dejó caer la posibilidad
de revelar si comparece los trabajos que hizo para gobiernos del PSOE. Ese
temor es el que puede frenar la comparecencia.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-05/gobierno-congela-comision-investigacion-kitchen_2819643/
EL CONGRESO APRUEBA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A
BÁRCENAS CON LOS APOYOS DE LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ, CS Y EL PNV
El PP reclama a PSOE y a Podemos que también se les investigue a ellos
El Congreso indagará sobre la trama parapolicial y política del caso
Kitchen, que también se está investigando en la Audiencia Nacional, que
supuestamente trató de tapar y destruir pruebas de delitos de financiación
ilegal en beneficio de la cúpula popular durante el Gobierno de Mariano
Rajoy. La mayoría parlamentaria que propició la investidura de Pedro Sánchez
ha vuelto a unirse este jueves para crear la comisión de investigación,
junto a Ciudadanos y PNV. El PP la ha rechazado porque considera que todavía
no hay nada probado y el país está para otras ocupaciones. Los números
llevaban inexorablemente a la comisión así que los investigados, el PP, han
arremetido durante la sesión contra el PSOE y Unidas Podemos. Ciudadanos, ha
votado a favor, pero ha exigido que también se investigue el caso Neurona,
abierto tras una denuncia por financiación irregular en Podemos, y que puede
afectar al partido de Pablo Iglesias.
Ahora falta decidir fechas para que eche a andar la comisión, con una
duración de tres meses. Así lo que han querido el PSOE, Unidas Podemos,
Ciudadanos, PNV, ERC, JxCat, EH Bildu, BNG, Más País y la CUP. En contra han
votado el PP, Foro Asturias y Coalición Canaria. Vox se ha abstenido. En
total: 206 votos a favor, 88 en contra y 54 abstenciones.
La sesión ha registrado duros enfrentamientos y cada grupo ha llevado el
discurso a su terreno para no hablar solo de la corrupción, sino, como
continuación del debate del miércoles, de la Corona, la gestión de la
pandemia y, por parte de los portavoces independentistas, de la
conmemoración del tercer aniversario del referéndum que convocaron por la
independencia de Cataluña.
Los argumentos del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, se han resumido en que
con dinero público el Ministerio del Interior ocultó y destruyó pruebas que
involucraban a la cúpula del partido en presunta financiación ilegal. Desde
el aparato del Estado, al menos con la participación imprescindible del
Ministerio del Interior, que dirigía Jorge Fernández Díaz, se despojó al
extesorero del PP Luis Bárcenas de pruebas comprometedoras para la dirección
del partido, presidido por Mariano Rajoy. Los dirigentes populares habrían
recibido sobresueldos de una caja b del PP, nutrida con dinero de origen
ilegal.
Nada está probado, ha argumentado la portavoz del PP en este debate, Ana
Vázquez ―policía de profesión, como Felipe Sicilia―, para considerar
innecesaria la comisión. En un discurso airado y encendido no ha entrado en
el fondo del asunto sino que ha arremetido contra el PSOE y Unidas Podemos,
con cita expresa e individual de varios diputados de la cámara presentes,
que, a su juicio, sí debían ser investigados. Además de enumerar los nombres
de los casos de corrupción del PSOE que están judicializados. La diputada
popular no se ha referido a los de su partido, sino a casos de los demás. En
su listado ha mezclado asuntos procedentes de informaciones periodísticas,
otros en incipiente fase judicial y otros, avanzados o culminados.
“¡Qué vergüenza!”. Esta expresión ha sido muy repetida por la diputada de
Coalición Canaria, Ana Oramas, y con fruición por el portavoz de Ciudadanos,
Edmundo Bal. Este último preguntó al PP por qué se oponía a esta
investigación sobre asuntos tan graves en los que “se verá que el señor
Casado seguramente no tendrá nada que ver, y ya se verá sobre Rajoy”. Con
escepticismo sobre los resultados, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha
anunciado su voto favorable. A Esteban, para quien el reproche judicial “no
anula el reproche político”, lo que más le preocupa es “el clima de
intolerancia” del país y la crisis institucional reinante, con cita expresa
al Poder Judicial.
Los apoyos de Ciudadanos a la comisión, y la abstención de Vox o el no de
Coalición Canaria, llevaron consigo el recordatorio de que ellos quieren
investigar la financiación de Podemos, como le han requerido a su portavoz,
Pablo Echenique. La petición ya se ha formulado, pero el PSOE, y los otros
grupos de investidura de izquierda y nacionalista han impedido que se
tramite.
El comienzo de la sesión, a las 9.00, ha sido bronco pero no solo entre el
PSOE y el PP. Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha conseguido encender a la Cámara
tras la sugerencia de que PP, PSOE y Unidas Podemos, podían montar un
seminario sobre “como corromperse y qué hacer cuándo te pillan”. Lo peor
acogido ha sido la apostilla: “Nosotros no somos corruptos, no todos somos
iguales, no somos corruptos como ustedes”. Esta generalización absoluta ha
sido respondida con sonoras protestas. La presidenta del Congreso, Meritxell
Batet ha echado una mano al portavoz de Ciudadanos. “Señor Bal, se entiende
que su acusación de corrupción a toda la Cámara es en sentido figurado”. Bal
ha respondido: “En sentido completamente figurado, señora presidenta”.
Se verá si es figurado o no el ahínco anunciado por Gabriel Rufián de ERC y
Macarena Olona de Vox en sus actuaciones en esta comisión. El portavoz
republicano aspira a que se sepa quién es “el Barbas, y la pequeñita”, y
otros que cita el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Pero Olona no
quiere quedarse atrás.“Yo seré la portavoz en esa comisión y van a ver
ustedes lo que es un interrogatorio”, ha avisado la portavoz de Vox, abogada
del Estado de profesión.
https://elpais.com/espana/2020-10-01/el-congreso-aprueba-la-creacion-de-la-comision-de-investigacion-sobre-el-espionaje-a-barcenas.html
DE LA CAJA B A LA COMISIÓN 'KITCHEN': LA CORRUPCIÓN DEL PP VUELVE AL
CONGRESO
Este jueves está previsto que el Pleno de la Cámara apruebe la creación de
la comisión de investigación sobre el supuesto uso de recursos y del
Ministerio del Interior por parte del PP para intereses partidistas. Hace
dos legislaturas los grupos no lograron cerrar unas conclusiones en la
comisión que investigaba la supuesta financiación irregular de los
conservadores.
Los casos de corrupción del PP volverán a ser una vez más objeto de una
comisión de investigación parlamentaria. Este jueves el Pleno de la Cámara
Baja debate la creación de una comisión para investigar "la utilización
ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la
finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas
inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos
de Gobierno del Partido Popular".
El PSOE y Unidas Podemos son los dos grupos que registraron la petición para
crear este órgano, que ha sido bautizado como la comisión de la operación
Kitchen, en referencia a a la denominación que recibió el operativo
supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar al
extesorero del PP Luis Bárcenas.
En la exposición de motivos, las dos formaciones proponentes explican que el
levantamiento del secreto de sumario de la investigación "ha sacado a la luz
hechos muy graves de utilización ilegal y partidista" de los recursos de
Interior entre los años 2013 y 2015, por lo que consideran necesario que el
Parlamento esclarezca las responsabilidades políticas de algunos de los
altos cargos que en ese momento formaban parte de la cúpula del PP o de la
estructura del Gobierno.
La mayoría de las formaciones de la Cámara, incluido Ciudadanos, han
manifestado su apoyo para que la iniciativa salga adelante. Durante las
últimas semanas, a medida que se han ido desvelando elementos de la
investigación, el Parlamento ha sido el escenario de debates e
intervenciones parlamentarias que se han centrado en señalar los supuestos
casos de corrupción que estarían cercando al PP en uno de sus momentos
políticos de mayor debilidad.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dedicado buena parte
de sus ruedas de prensa relativas a la Junta de Portavoces a denunciar la
existencia de estos escándalos, acusando al PP de tener "una cultura de
depredación de las instituciones" y de protagonizar casos de corrupción "en
20 de sus 30 años de historia".
Por todo ello, está previsto que este jueves se apruebe la creación de la
comisión de investigación. Si esto sucede, los grupos comenzarán una
negociación para establecer la dinámica de trabajos que seguirá el órgano y
para designar una Mesa y una presidencia, que dirigirá su actividad. En la
iniciativa registrada está previsto que la comisión tenga una duración de
tres meses, un tiempo que se podría prorrogar si así lo decide el Pleno del
Congreso.
Aunque todavía no se ha constituido, desde hace semanas las formaciones de
la Cámara apuntan hacia algunos de los ex altos cargos que podrían
comparecer en el órgano; de hecho, en la petición de creación de la comisión
ya se mencionan algunos de estos nombres. En concreto, el PSOE y Unidas
Podemos recuerdan que el informe de la Fiscalía recoge "contundentes
indicios de la presunta puesta en marcha de una trama parapolicial dirigida
por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera su
secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el antiguo máximo
responsable de la Policía, Eugenio Pino".
Unidas Podemos quiere que comparezca Pablo Casado
Además, añaden que algunas de las "pruebas" aportadas en el informe apuntan
a que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy podría tener conocimiento
de la trama, así como la ex secretaria general del partido, María Dolores de
Cospedal, por su "interés personal" a raíz de la presunta existencia de
documentación "comprometedora para ella misma".
Este martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique,
aseguró que, a su juicio, la comparecencia de Rajoy es ineludible, y apuntó
hacia la posibilidad de que también compareciera el actual líder del PP,
Pablo Casado. "Fue elegido presidente del PP con los votos de María Dolores
de Cospedal y pactó la ejecutiva con ella", alegó el portavoz.
La comisión sobre la operación Kitchen no sería el primer órgano del
Congreso monográfico sobre los escándalos de corrupción de los
conservadores. Hace dos legislaturas, la Cámara mantuvo abierta durante casi
dos años una comisión de investigación sobre la "presunta financiación
irregular del PP", un espacio dedicado a investigar la supuesta existencia
de la denominada caja B del partido por el que pasaron nombres como el de
José María Aznar, el considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco
Correa, o el extesorero de la formación Luis Bárcenas.
La comisión sobre la supuesta financiación ilegal se cerró sin conclusiones.
Sí que tuvo conclusiones la del uso partidista del Ministerio del Interior
En esta comisión también compareció Cospedal, y estuvo a punto de ser citado
Mariano Rajoy tras la moción de censura que forzó su salida del Gobierno,
pero el PSOE, el propio PP y el Grupo Mixto rechazaron que compareciese. A
pesar de que los trabajos de la comisión duraron casi dos años, el adelanto
electoral de abril de 2019 y el desacuerdo entre los grupos provocó un
cierre en falso del órgano, que no sacó adelante unas conclusiones sobre la
supuesta financiación irregular de los conservadores.
La que sí pudo sacar adelante unas conclusiones fue la comisión, también
protagonizada por el PP, sobre el "uso partidista del Ministerio del
Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de medios y recursos
del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con
fines políticos". De hecho, el contenido de esta investigación parlamentaria
se asemeja en algunos aspectos a los hechos que investigaría la comisión de
la operación Kitchen, que también apunta hacia un uso partidista del
Ministerio del Interior, en este caso para "anular pruebas inculpatorias del
partido".
En septiembre de 2017 el Congreso concluyó que el Ministerio de Interior que
dirigía Jorge Fernández Díaz empleó fondos y recursos públicos, así como
funcionarios del Estado para fabricar investigaciones fraudulentas contra
sus adversarios políticos entre los años 2012 y 2017. El dictamen de la
comisión fue aprobado en sesión plenaria por 172 votos a favor (Unidos
Podemos, PSOE, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu) y la abstención de Ciudadanos.
https://www.publico.es/politica/caja-b-comision-kitchen-corrupcion-pp-vuelve-congreso.html
LA MESA DEL CONGRESO DA LUZ VERDE A LA TRAMITACIÓN DE LAS DOS COMISIONES DE
INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS
El PP vota en contra de las iniciativas presentadas por los partidos del
Gobierno y los grupos independentistas y Vox se abstiene
La Mesa del Congreso de los Diputados ha calificado en su reunión de este
martes las dos solicitudes de creación de sendas comisiones de investigación
sobre la Operación Kitchen, la pieza separada del caso Villarejo en la que
se investiga el presunto espionaje del Gobierno de Mariano Rajoy al
extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en la que la Fiscalía
Anticorrupción ha pedido la imputación del exministro del Interior Jorge
Fernández Díaz y la exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores
de Cospedal.
La calificación del máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja supone el
aval para comenzar la tramitación de las citadas propuestas, cuya inclusión
en el orden del día del Pleno deberá ser acordada por la Junta de Portavoces
de la semana que viene. Fuentes parlamentarias explican que previsiblemente
ambas comisiones se debatirán en el Pleno previsto para última semana de
septiembre.
Durante la votación de la Mesa del Congreso los grupos que tienen mayoría en
dicho órgano, PSOE y Unidas Podemos, han votado a favor de calificar las
comisiones, Vox se ha abstenido y el PP ha votado en contra.
El texto registrado por socialistas y Unidas Podemos solicita que la Cámara
investigue "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del
Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos
del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de
corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular".
https://www.eldiario.es/politica/mesa-congreso-avala-tramitacion-comisiones-investigacion-espionaje-barcenas_1_6221797.html
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL
ESPIONAJE DEL PP A BÁRCENAS LLAMARÁ A DECLARAR A MARIANO RAJOY Y A PABLO
CASADO
El PSOE y Unidas Podemos quieren que se
investigue al partido conservador “por anular pruebas inculpatorias” desde
el aparato del Estado
No hay marcha atrás para la comisión de
investigación de las actuaciones del PP en el espionaje a su extesorero Luis
Bárcenas. Los socialistas tienen ya elaborado el texto en el que solicita a
la Mesa del Congreso que se investigue al PP “por la utilización ilegal de
efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras
instituciones del Estado, con la finalidad de favorecer intereses políticos
del PP, perseguir ilícitamente a personas y de anular pruebas inculpatorias
de ese partido en casos de corrupción, durante los mandatos del gobierno del
PP”. Este es el objeto de la comisión, según señalan fuentes del PSOE y del
grupo socialista. Unidas Podemos propone a sus socios que comparezca el
actual presidente del PP, Pablo Casado, además del anterior, el expresidente
del Gobierno Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del PP, Dolores de
Cospedal.
La duración de los trabajos de esta comisión
será de tres meses “prorrogables”. Por tanto, si sale adelante, que es
prácticamente seguro, al menos, durante 90 días, en el Congreso se debatirá
sobre las actuaciones de la cúpula del PP y de su Gobierno, presidido por
Mariano Rajoy, para despojar al extesorero del PP Luis Bárcenas de todas las
pruebas que pudiera tener sobre una caja b en el partido.
En este asunto pueden estar implicados el
exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, aunque el partido trató de que
solo resultara incriminado el número dos de ese ministerio, Francisco
Martínez, para quien su error fue “confiar en miserables Rajoy, Fernández
Díaz y Cospedal”. Hay “contundentes indicios”, de la presunta puesta en
marcha de una “trama parapolicial” dirigida por el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, junto al ex secretario de Estado Francisco Martínez y
el exresponsable de la policía, señalan en el PSOE. Esta operación irregular
“pagada presuntamente con fondos reservados” tenía como finalidad obtener
“material comprometedor para altos dirigentes del PP”, añaden.
Algunas de las declaraciones aportadas en el
informe de la Fiscalía Anticorrupción “apuntan presuntamente al conocimiento
de la trama del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”. El informe
señala también a la ex secretaria general del PP Dolores Cospedal, que dejó
la política tras conocerse su relación con el comisario jubilado José Manuel
Villarejo, actualmente en prisión, presuntamente conocedor y mediador en
numerosas operaciones ilegales. A Cospedal se le atribuye “interés
personal”, además de político en que desaparecieran las pruebas que Bárcenas
tenía en su domicilio.
Los nombres de los comparecientes tendrán
que ser pactados, aunque la cúpula del anterior PP tendrá que pasar por el
Congreso y el debate girará irremediablemente sobre el actual presidente,
Pablo Casado. En Unidas Podemos no tienen duda de la necesidad de que acuda
Casado porque en su elección como presidente obtuvo el apoyo de Cospedal en
la segunda vuelta para que no saliera Soraya Sáenz de Santamaría, que era la
candidata de Rajoy. Si Casado no tuvo apego alguno con Rajoy, tampoco mostró
una especial relación con Cospedal una vez que obtuvo su apoyo.
https://elpais.com/espana/2020-09-10/la-comision-de-investigacion-sobre-el-espionaje-del-pp-a-barcenas-llamara-a-declarar-a-mariano-rajoy-y-a-pablo-casado.html
© Copyright. 1998 - 2021
www.losgenoveses.net . Ningún derecho
reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 9 o
superior a 1024 x 768 píxeles )